CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2020 XIV LEGISLATURA Núm. 215

JUSTICIA

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ISAURA LEAL FERNÁNDEZ

Sesión núm. 12

celebrada el jueves,

5 de noviembre de 2020

Comparecencias de personalidades y funcionarios de la Administración del Estado, al objeto de informar sobre temas relativos al proyecto de ley de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2021. (Número de expediente 121/000035):


- Del señor secretario de Estado de Justicia (Zapatero Miguel). A solicitud de los grupos parlamentarios Ciudadanos (número de expediente 212/000819); Plural (número de expediente 212/000963); VOX (número de expediente 212/000700);
Popular en el Congreso (número de expediente 212/000558); Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común (número de expediente 212/000845)... (Página2)


- Del señor subsecretario de Justicia (Bueno Sánchez). A solicitud de los grupos parlamentarios Ciudadanos (número de expediente 212/000821); VOX (número de expediente 212/000710); Popular en el Congreso (número de expediente 212/000559);
Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común (número de expediente 212/000846)... (Página18)

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Se abre la sesión a las diez de la mañana.


COMPARECENCIAS DE PERSONALIDADES Y DE FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE TEMAS RELATIVOS AL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2021. (Número de expediente 12/000035).


- DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (ZAPATERO MIGUEL). A SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CIUDADANOS (Número de expediente 212/000819); PLURAL (Número de expediente 212/000963); VOX (Número de expediente 212/000700);
POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 212/000558); SOCIALISTA Y CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN (Número de expediente 212/000845).


La señora PRESIDENTA: Buenos días, señorías.


Vamos a dar inicio a la sesión de la Comisión de Justicia con las comparecencias correspondientes a los altos cargos del ministerio al objeto de informar sobre temas relativos al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2021. Las comparecencias, como ustedes conocen, serán las del secretario de Estado de Justicia, don Pedro Zapatero Miguel, y del subsecretario de Justicia, don José Miguel Bueno Sánchez.


En primer lugar, intervendrá el secretario de Estado de Justicia por un tiempo de quince minutos y, a continuación, intervendrán los portavoces de los distintos grupos parlamentarios, por orden de menor a mayor, por un tiempo de cinco
minutos cada uno de ellos. A su finalización, el secretario de Estado dará contestación por un tiempo de cinco minutos.


Sin más demoras, procedemos, por tanto, a darle la palabra y la bienvenida al señor Zapatero. Bienvenido, tiene la palabra.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Zapatero Miguel): Muchas gracias, presidenta.


Comparezco ante esta Comisión para exponerles las previsiones presupuestarias del Ministerio de Justicia contenidas en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021. (Apoya su presentación en un Power-Point).


Durante mi intervención, presentaré las líneas generales de la sección 13, abordando las partidas más destacadas dentro de cada uno de los capítulos, para finalizar con una breve referencia al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia,
expresada en el programa 110.A de estos presupuestos. Por su parte, el subsecretario les dará información sobre el Programa de Dirección y Servicios Generales de Justicia, de la Abogacía General del Estado y de la Agencia Española de Protección de
Datos.


El proyecto de ley de presupuestos de 2021 es el más expansivo de los últimos años y contiene el mayor gasto social de esta década, para contribuir a la recuperación social y económica ante la crisis provocada por el COVID-19. Incluye un
presupuesto consolidado del Ministerio de Justicia y sus organismos que alcanza los 2144017 millones de euros, un 7,5 % más que en el ejercicio anterior. El gasto del Estado para políticas de Justicia para 2021, con un total de 2048 millones de
euros presupuestados, asciende al 7,6 %, 144,3 millones de euros adicionales respecto al ejercicio anterior. De este importe, la participación del Ministerio de Justicia para estas políticas, incluido el CEJ, el Centro de Estudios Jurídicos,
alcanza los 1975 millones de euros, que suponen un incremento de 136 millones de euros respecto del ejercicio anterior. Por su parte, la participación del Consejo General del Poder Judicial es de 73 millones de euros, con un incremento de 8
millones, el 12 %. Por tanto, el presupuesto agregado del Ministerio de Justicia y sus organismos autónomos y entidades dependientes alcanzan los 2154,4 millones de euros, un 77 % más que en el presupuesto base de 2020. Por su parte, los
organismos autónomos tienen desglosado el siguiente presupuesto: MUGEJU, un 111,7 millones de euros, un 6,8 % más; CEJ, 12,8, un 27 % más y, por su parte, de las entidades, el presupuesto específicamente de la Agencia Española de Protección de
Datos es de 15,8 millones, un 10,8 % más. El proyecto de presupuestos del Ministerio de Justicia para 2021 asciende a 2014 millones de euros, lo que representa un incremento del 7,6 %, es decir, 142,5 millones de euros adicionales respecto al
presupuesto base del ejercicio anterior. La justicia, por tanto, avanza y se configura como un servicio público esencial cuyo desarrollo se impulsará a través del nuevo programa 110.A que incorporan estos presupuestos en el marco del Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, del que hablaré más adelante al ser uno de sus grandes hitos.


Procedo, en primer lugar, a presentar las principales partidas presupuestarias de nuestra sección 13. La dotación del global del capítulo 1, gastos de personal, es de 1604 millones de euros. Esta cuantía

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supone incrementar un 6,6 el crédito del año anterior. La relevancia de este capítulo refleja su peso en el conjunto del presupuesto del ministerio. En concreto, este capítulo tendrá las retribuciones de personal de la Administración de
Justicia que representan el 80 % del presupuesto del ministerio. La partida para el personal al servicio de la Administración de Justicia aumenta en 99,03 millones, debido principalmente al plan de reactivación de la jurisdicción, que todos
conocemos, el plan de choque, regulado en la disposición adicional decimonovena del Real Decreto-ley 11/2020, cuyo importe asciende a 43,78 millones de euros en 2021, y al incremento retributivo acordado por el Gobierno para los funcionarios que
ustedes conocen.


En lo que respecta a la Carrera Judicial y Fiscal, en el año 2019 se convocaron 300 plazas para el acceso a la Carrera Judicial y para el acceso a la Carrera Fiscal, 180 y 120, respectivamente. En la actualidad se está desarrollando el
tercer ejercicio, que finalizará a primeros de diciembre de 2020. En un contexto como el actual, la convocatoria para 2021 de 240 nuevas plazas de ingreso para jueces y abogados fiscales es una buena noticia, sin duda. Debemos mantener un ritmo
estable de creación que ojalá podamos continuar y, en su caso, aumentar más adelante.


En lo que se refiere al personal funcionario de la Administración de Justicia, el sistema general de acceso libre y promoción interna asciende a un total de 1452 plazas; acceso libre asciende a 1169 plazas totales y promoción interna
asciende a 283 plazas totales. En el caso, tanto de los LAJ como de este personal, la propuesta de oferta de plazas representa -esto yo creo que es muy importante destacarlo- el 10 % de la tasa de reposición de efectivos y, para 2021, se prevé una
tasa adicional, lo cual es una gran noticia en mi opinión, del 10 %, al estar incluida Justicia dentro de los ámbitos que requieren un refuerzo de efectivos. Por tanto, se cubre la diferencia entre el número de empleados fijos, que durante 2019
dejaron de prestar servicios en cada uno de los ámbitos y cuerpos, y el número de empleados fijos que se incorporó a los mismos. Estas medidas dan curso la programación de desarrollo de la planta judicial y contribuirán al cambio del modelo
organizativo que impulsa la implantación programada de los tribunales de instancia, de la evolución de la Oficina Judicial y Fiscal y de la optimización de la ejecución de la que ya les hemos hablado el ministro y yo en anteriores comparecencias.


En lo que respecta al capítulo 2, gastos corrientes en bienes y servicios, para 2021, el importe es de 141,16 millones de euros, un 5,2 % más, 7,04 millones adicionales; superior, por tanto, al crédito del año anterior de manera
significativa. En este capítulo se incluye, entre otras partidas, la dotación para salarios de tramitación, por un importe de 15 millones de euros, dando cobertura a los gastos derivados de las reclamaciones por juicios de despido cuando la
sentencia, como saben, declara la improcedencia del despido, dictada tras más de noventa días hábiles desde la demanda del trabajador.


En cuanto al capítulo 4, transferencias corrientes, el presupuesto asciende a 65,03 millones de euros, lo que representa un incremento del 11,2 % del total. De los proyectos consolidados en este capítulo, destaca la partida de asistencia
jurídica gratuita, ya que representa el 75,6 % del presupuesto de este capítulo.


Por el lado de las inversiones reales cubiertas en el capítulo 6, se produce un incremento de 22,5 millones de euros, a resultas en gran medida del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. En total son 194,95 millones de euros, de los que
el 62 % se dedicará a la digitalización de la Justicia, en total, 120 millones de euros, y un 24 %, es decir, 47 millones, a infraestructuras, equipamientos en edificios de juzgados, sedes judiciales y, obviamente, Instituto Toxicológico e IML. En
este ámbito, en lo que respecta a reformas estructurales, hago especial mención al proyecto de transformación del Registro Civil, dotado con 12,3 millones de euros, que implantará un modelo de Registro Civil basado en las personas, como saben, hoja
personal y código personal público, gratuito e íntegramente digital, que es la clave y la piedra de bóveda de la transformación de este servicio.


En términos organizativos, como saben, planteamos, en este ámbito, partir de 431 oficinas generales en las localidades que son cabezas de partidos judiciales. Por tanto, es un proyecto con el que se alinearán fácilmente los 431 tribunales
de instancia que esperamos implantar a través de la nueva ley de eficiencia organizativa de la que les hemos hablado con anterioridad. Esto, obviamente, se complementará con las oficinas de justicia en los municipios. Desde el primer momento, como
establece la disposición final séptima de la norma que está ahora mismo en el Parlamento, las comunidades autónomas participarán plenamente en su implantación y gestión.


Aprovecho para recordarles que el día 10 de noviembre es el aniversario de la Oficina Judicial. Yo creo que lo planteamos a la anterior comparecencia. Ese mismo día lanzaremos la consulta pública del futuro anteproyecto de ley de
eficiencia organizativa del servicio público de Justicia, que complementa el anteproyecto de ley de eficiencia procesal del servicio público de Justicia que activaremos en los próximos días.

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Paso, a continuación, a referirme al presupuesto de transformación digital y, por tanto, a la enorme palanca para la mejora de procesos que nos ofrece el cambio digital, con un significado reflejo en estos presupuestos, lógicamente. El
presupuesto global de la transformación digital pasa a ser de 110,49 millones de euros, es decir, un incremento respecto a 2020 de un 2,1 %. Destaca, en este punto, la importancia de la creación de la Dirección General de Transformación Digital,
como solo ocurre en un ministerio del Gobierno, el Ministerio de Hacienda. Este es uno de los grandes retos de Justicia 2030 y, para nosotros, se basa en cuatro principios. La transformación digital no es un fin, sino un medio para la eficiencia
del servicio público de Justicia. Debe crear un proyecto país, gestionándose en cogobernanza e integrarse con el resto de administraciones públicas, fortaleciendo así el ecosistema TIC y, obviamente, orientarse a la prestación de servicios de
calidad para profesionales y ciudadanos.


Me referiré a la transformación tecnológica de la Administración de Justicia y del Ministerio Fiscal dentro del programa 112.A, que para nosotros es muy relevante, con una inversión total prevista de 102,09 millones de euros. En este punto,
la digitalización de los órganos judiciales, a la que asignaremos 72,4 millones de euros, abarca la partida más importante, comprendiendo la mejora de los sistemas de gestión procesal y sistemas asociados. Aquí destacan, por ejemplo, la
actualización de las bases tecnológicas, de los sistemas de aplicaciones, son 35 millones de euros justos, que básicamente han de orientarnos a un expediente judicial electrónico sostenible, pues lo que pretendemos hacer es crear sistemas
interrelacionados a través de la adopción de documentos y expedientes judiciales basados en datos y también, obviamente, ahora ya, con los nuevos avances tecnológicos en inteligencia artificial. Creemos que esto es factible y, por tanto, nos
movemos de la gestión de documentos a la gestión de datos. La actualización integral de los servicios audiovisuales de las salas de vistas, con 4 millones de euros, también es un ámbito en el que vamos a actuar, renovando las infraestructuras y
estableciendo un nuevo sistema de videograbación y textualización de grabaciones con sistemas de transcripción automática. Esto va a ser muy relevante, en concreto, para toda la pieza de sentencias in voce que se incorpora en el anteproyecto de ley
de eficiencia procesal del que tendremos oportunidad de hablar en detalle más adelante. Por extensión, se continuará con el proyecto de celebración de juicios telemáticos y el de retransmisión en directo de las vistas judiciales iniciadas en 2020.


Otro de los ejemplos es el Centro de Atención Tecnológico a Usuarios Judiciales, con 7,5 millones de euros, en el que avanzaremos con el programa Conecta Justicia para acercar a los usuarios, a través del móvil, tanto al propio centro como a
la resolución de problemas técnicos y a la formación. También queremos, en esta partida, finalizar la implantación de la solución de la Justicia digital en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo, con 1,2 millones de euros. La Justicia
digital, obviamente, es una realidad en el 99 % de los órganos judiciales en el territorio del Estado, pero quedan pendientes los órganos centrales, que se culminarán en 2021. Aprovecharemos, asimismo, para transformar la tramitación tradicional de
las comunicaciones con terceros países y para hacerla, por fin, totalmente telemática. Igualmente, si bien la Policía y la Guardia Civil ya se comunicaban telemáticamente con los órganos judiciales, faltaban algunas unidades, en concreto Asuntos
Internos, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, la Unidad de Drogas y Crimen Organizado, la UDYCO, y algunas otras más que, por su especialidad, trabajaban en papel. Gracias a este proyecto, creemos que en este año nos podremos comunicar
plenamente por medios digitales.


Otro ejemplo es la firma manuscrita con tinta digital en los órganos judiciales, con 2 millones de euros asignados, que es una iniciativa que facilitará la firma a los usuarios, haciendo innecesarios los lectores del certificado. Eso es un
paso más en la usabilidad de todas estas infraestructuras. Creo que también son destacables los nuevos servicios tecnológicos a profesionales y ciudadanos, con 1,2 millones de euros. En 2021, aquí, avanzaremos en lo que hemos denominado justicia
veinticuatro horas, ofreciendo nuevos servicios que mejoren la atención y ahorren tiempo en la tramitación con una gestión individualizada. Aquí abarcamos la extensión del servicio de cita previa para órganos judiciales, registros civiles y
gerencias territoriales, la implantación del escritorio judicial digital para profesionales y ciudadanos, la descarga de la apostilla a través de nuestra sede electrónica y/o la nueva carpeta ciudadana que vamos a implantar. Otro ámbito relevante
es el refuerzo de la formación de usuarios de servicios digitales en sedes judiciales, con 3 millones de euros. En 2020 pusimos en marcha la plataforma Aula en Línea para optimizar la gestión de la formación y mejorar la experiencia de usuarios y
ahora lo que vamos a hacer es continuar para terminar de implantarla plenamente. Por otro lado, tenemos las mejoras en las aplicaciones que conforman el expediente judicial electrónico, 18,5. No estamos hablando de mejorar específicamente el
expediente, sino las múltiples aplicaciones que lo complementan, por ejemplo, visualizadores avanzados, así como sistemas para garantizar la seguridad.

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En relación con la digitalización de las fiscalías, 15 millones de euros, comprenden las siguientes inversiones. Por un lado, el Centro de Atención Tecnológico a Usuarios Fiscales, con 3, 2 millones, que es una réplica o un reflejo del
anterior. La finalización de la implantación de la Fiscalía digital, con 4,8 millones, que es una culminación de la solución de Justicia digital, antes referida, aplicada para el sector fiscal. Mejoras en las aplicaciones del Ministerio Fiscal,
con 5,5 millones de euros, comprendiendo un conjunto de evolutivos del sistema de gestión procesal Fortuny, evidentemente consensuados con el equipo directivo de la Fiscalía, como no podía ser de otro modo. Por último, en este ámbito, el refuerzo
de la formación de los usuarios de servicios digitales de las fiscalías con 1,5 millones de euros.


En lo que se refiere a la consolidación de comunicaciones electrónicas, con 7,4 millones de euros, la partida se centra principalmente en la mejora y consolidación de estas comunicaciones con las aplicaciones LexNET, Hermes, sede judicial
electrónica y punto de acceso general a la Administración de Justicia. En relación con los registros administrativos de apoyo a la actividad judicial, con 6,3 millones de euros, se continuará con el soporte, mantenimiento y evolución de las
aplicaciones que conforman el sistema SIRAJ para su correcto funcionamiento y adaptación a las necesidades del sistema. Finalmente, entre los créditos consignados en este capítulo, se incluye también la inversión en infraestructuras y
equipamientos, para la que se prevé una dotación de 47 millones de euros. El subsecretario de Justicia presentará de forma más detallada la información relevante sobre esta partida y yo me limitaré simplemente a señalar que los créditos consignados
a este respecto permitirán sentar las bases del despliegue de un ambicioso programa de sedes sostenibles de la Administración de Justicia para los años 2022 y 2023, incluyendo el diseño e implantación de las nuevas oficinas de justicia en el
municipio.


Finalmente, respecto al capítulo 7, correspondiente a los créditos destinados a transferencias de capital, tiene una dotación presupuestaria de 8 millones de euros. Este es un crédito que se dedica en su totalidad a transferencias internas
a la Generalitat de Catalunya, 7298000 euros, por los órganos judiciales puestos en funcionamiento entre los años 2018, 2019 y 2020, que estaban pendientes de ser transferidos y que están asociados, evidentemente, al acuerdo de transferencia y al
CEJ, para realizar inversiones por 711 euros.


Por último, haré una breve mención a los organismos públicos adscritos al ministerio: MUGEJU y CEJ. En lo que respecta a MUGEJU, su presupuesto se concreta en unos 24,5 millones de euros para las prestaciones económicas del mutualismo y
algo más de 87 millones para asistencia sanitaria, lo que supone un incremento de 6,83 respecto a 2020. En concreto, se incrementa en un 2,3 la cuantía destinada a la asistencia sanitaria por la incorporación de alrededor de 8250 mutualistas
procedentes de los procesos selectivos que se incorporan, efectivamente, a lo largo de 2021. Asimismo, se han incrementado los costes sanitarios por la incorporación de los nuevos avances médicos, farmacológicos y tecnológicos por el envejecimiento
de la población en general y el incremento de los precios de la asistencia sanitaria en el medio rural. El gasto social de MUGEJU también se incrementa en un 15,05 %, más de 5 millones, destinándose especialmente a los subsidios por incapacidad,
hijos a cargo con discapacidad, maternidad, subsidio por jubilación y otras ayudas. Finalmente, debo destacar el esfuerzo que la mutualidad está realizando en el desarrollo de sistemas informáticos para la implantación de la receta electrónica, que
yo creo que es una iniciativa muy novedosa, y la integración de los mutualistas en las bases de datos del INSS que permiten, obviamente, hacer un mejor seguimiento de los asegurados, para lo cual se destinará una partida de 300000 euros, un 222 %
más que en 2020.


En lo que respecta al Centro de Estudios Jurídicos, impulsaremos un servicio público de Justicia de calidad. Para hacerlo realidad, debemos actuar, obviamente, en un marco profesional plenamente efectivo. Para ello es necesario reorientar
el CEJ y estos presupuestos se dirigen a este objetivo. Si bien, en relación con el capítulo 6, se mantiene el esfuerzo inversor de 2020, algo más de 700000 euros, se va a concentrar en adaptar las instalaciones a los requerimientos de un centro de
formación avanzada, como el incremento de las aulas de informática o la creación de un aula de simulación de juicios. Como señalaba anteriormente, para la transformación de los profesionales de la justicia, se destinarán en torno a 500000 euros
para actuaciones como la definición de una estrategia de aprendizaje basada en competencias, la creación de un laboratorio de ideas o el desarrollo de un plan de atracción de talento al sector de justicia, que es bastante novedoso y yo creo que
puede ser muy efectivo. Estas iniciativas permitirán conectar al CEJ con la sociedad, impulsar su potencial transformador, en el que creemos, creando espacios de diálogo para la toma de decisiones, al tiempo que se adapta a la digitalización del
servicio.


En relación con la información relativa a la Agencia Española de Protección de Datos, la dará el subsecretario. Yo, una vez presentados los capítulos básicos del proyecto de presupuestos de 2021,

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quisiera destacar que estos presupuestos ya son unos presupuestos de transformación de la Administración de Justicia, tanto por lo que contemplan como por lo que apunta a su nuevo programa 110.A, que permitirá empezar a programar reformas
estructurales en un esquema de cogobernanza. Coincidirán conmigo en que se abre algo más que una ventana de oportunidad, con el decisivo impulso de Europa, para la calidad del servicio público de Justicia.


La Conferencia de Presidentes Autonómicos del pasado 16 de octubre, ante la presidenta de la Comisión Europea, Von der Leyen, ya ha identificado Justicia 2030 como un proyecto tractor para la recuperación económica. La partida que se asigna
a Justicia, específicamente, es de 410 millones de euros en tres ámbitos: reformas estructurales, calidad del servicio público de Justicia y, en definitiva, algo que para la Unión Europea es muy importante, rule of law. Ahora más que nunca, por
tanto, debemos continuar desarrollando y ejecutando proyectos comunes en cogobernanza. En una sociedad que no quiere conflictos, sino grandes acuerdos, este esquema de trabajo en justicia ya ha dado importantes resultados. El programa 110.A
permitirá, durante el año entrante, impulsar, de forma significativa en todo el territorio de Estado, las medidas tecnológicas del Proyecto Cero de Justicia 2030 que se acordaron con las comunidades autónomas para la gestión de la pandemia:
inmediación digital, puestos de trabajo deslocalizados y cita previa. Las tres medidas tecnológicas son para la seguridad sanitaria frente al COVID y requieren un último impulso de implantación, a ser posible con compromisos de horquillas de
desempeño, ante la evolución de la pandemia y el actual Real Decreto de Estado de Alarma. Esta partida de 27,74 millones, centrada en implantar infraestructuras digitales homogéneas en todo el territorio del Estado, hardware, licencias, servidores,
espacios de almacenamiento, bases de datos, así como nuevos servidores del sistema interoperable del servicio público de Justicia, permitirá que todos los órganos, oficinas judiciales y fiscalías, dispongan de medios, instrumentos y sistemas de
información preparados para la nueva arquitectura de la Administración de Justicia que, entre todos, estamos impulsando. Al tiempo permitirá que una parte importante de las tareas administrativas de soporte a la actividad de los tribunales pueda
llevarse a cabo de forma deslocalizada mediante el teletrabajo o, muy importante, desde ubicaciones físicas de la propia Administración situadas en lugares distintos a las sedes físicas de los tribunales. El año 2021 debería terminar, por tanto,
con la implantación territoralizada significativa de estas medidas del Proyecto Cero de forma coordinada con las comunidades autónomas con competencias transferidas, que son con las que lo hemos diseñado. De esta forma, no solo se garantizará la
continuidad del servicio de Justicia en todo el territorio ante los eventuales cambios de la coyuntura sanitaria, sino que también habremos logrado implantar las que serán de facto las infraestructuras digitales de la nueva arquitectura de la
Administración de Justicia. Una arquitectura que se regulará en los siguientes instrumentos legales a los que hice referencia en la anterior sesión: el anteproyecto de ley de eficiencia procesal del servicio público de Justicia que tendremos en
noviembre, iniciada la tramitación; el anteproyecto de ley de eficiencia organizativa del servicio público de Justicia en el primer trimestre 2021 y el anteproyecto de ley de eficiencia digital del servicio público de Justicia que tendremos en
tramitación el segundo trimestre de 2021.


El año 2021 será también el año de la tramitación de estos instrumentos, así como de la LECrim. De esta forma, implantando estas infraestructuras digitales básicas y tramitando estas tres leyes de eficiencia que dan soporte a la nueva
arquitectura legal de la Administración de Justicia durante los doce meses 2021, podremos ya concentrar la ejecución del grueso de los fondos del programa 110.A durante los veinticuatro meses de los años 2022 y 2023, de forma realista y plenamente
coordinada y consensuada, 383 millones de euros. Esta apuesta ministerial, propia de metodologías básicas de gestión de proyecto, permitirá minimizar o reducir riesgos de ejecución presupuestaria en la actual coyuntura sanitaria, mitigando, así
mismo, las limitaciones propias del actual régimen de contratación pública. De este modo, crearemos las condiciones para ejecutar de forma puntual, precisa y responsable la totalidad de los 410 millones comprometidos en los próximos tres años y
evitando, así, cosas perdidas en el fuego.


La Conferencia Sectorial de Justicia del pasado viernes, el 30 de octubre, ha acordado avanzar en este esquema de cogobernanza de proyectos basados en la corresponsabilidad. Por ello, en 2021, desplegaremos una nueva Oficina de Proyectos,
reforzada, y concentraremos parte del esfuerzo del ministerio en definir, de forma conjunta con las comunidades autónomas, la letra pequeña de los grandes programas de implantación progresiva de Justicia 2030, los pliegos de las licitaciones
regionalizadas asociadas al programa presupuestario anual 110.A y sus cronogramas vinculados. Al tiempo, por supuesto, implantaremos una contabilidad analítica para gestionar nuestros presupuestos, porque una ejecución ineficiente de los fondos
resultaría en una pérdida de estas partidas, así como en una rendición de cuentas negativa ante Europa.

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Cito textualmente al ministro Justicia -y termino- en la pasada conferencia: El éxito de nuestros proyectos dependerá de nuestra musculatura en el diseño, desarrollo, ejecución de los proyectos, así como en la rendición de cuentas. Por
tanto, lo que tenemos por delante es un gran reto que podemos lograr cogobernando y con corresponsabilidad, una oportunidad para Justicia que no podemos desaprovechar. Con su ayuda, esperamos conseguirlo.


Quedo a su disposición para las preguntas que estimen pertinentes.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor secretario de Estado.


A continuación, iniciamos el turno de intervención de los portavoces de los grupos parlamentarios. Por el Grupo Vasco, tiene la palabra el señor Legarda.


El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias también a nuestro compareciente por las explicaciones que nos ha dado relación con el presupuesto. Expondré simplemente dos cuestiones para no alargar. La primera es
relativa al capítulo 1. Nos ha hablado de nuevas plazas de jueces, fiscales y del resto del personal al servicio de la Administración de Justicia. Habla de promoción interna y de una serie de plazas. Yo le quería hacer una pregunta. ¿En este
ejercicio presupuestario tienen contemplada alguna medida para regularización de los interinos a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de los incumplimientos del acuerdo marco? La segunda cuestión es relativa al
expediente judicial electrónico, que lo vinculaba a usted al 110.A y luego decía que se iba a ir articulando en distintos aspectos en las tres leyes de eficiencia que nos ha anunciado. La pregunta que yo le hago es si este expediente judicial
electrónico, que ya estaba un poco anunciado en el decreto ley durante la pandemia, se concibe como un expediente judicial electrónico único. ¿Qué va a pasar con el conjunto de expedientes judiciales que estaban coordinados por el Ceteage, con
algunas quejas de que no había suficiente coordinación? ¿Qué significa esto, que todas las aplicaciones informáticas para la gestión de los expedientes judiciales que se habían ido realizando en las comunidades autónomas con medios humanos y
materiales trasferidos quedan, digamos, en vía muerta y se pone un nuevo mecanismo en marcha, que es este expediente judicial electrónico, que entiendo que es único? Me gustaría que me aclarara qué significa exactamente esto del expediente judicial
electrónico respecto a lo que teníamos.


Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: A continuación, por el Grupo Ciudadanos, tomará la palabra la señora Giménez.


La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Muchas gracias, presidenta.


Muchas gracias, secretario de Estado por su exposición. Iniciaré mi intervención haciendo una referencia a la preocupación y al cansancio de la ciudadanía en relación al espectáculo de la lucha partidista que estamos viviendo por controlar
el Poder Judicial, conscientes cada vez más, los ciudadanos, de que no hay democracia sin separación de poderes. Este es el contundente primer párrafo que, como bien sabe, firman todas las asociaciones judiciales en un comunicado conjunto del
pasado 30 de octubre de 2020. La situación de su ministerio, señor secretario de Estado, es, sencillamente, vergonzosa. No nos cabe duda de que la justicia es la eterna olvidada. Quienes pertenecemos a este sector hemos visto que tradicionalmente
es el que menos dinero recibe, pero la voluntad del Gobierno, del que usted forma parte, de doblegar al Poder Judicial, es indignante. Por ello quería hacer esta primera reflexión.


Junto a ello queremos insistir, igual que lo hacen en ese comunicado, en la necesidad de que se retire definitivamente la proposición de ley del PSOE y de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados que pretende reformar la Ley Orgánica
del Poder Judicial reduciendo las mayorías parlamentarias para elegir a los doce vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial. El Partido Socialista llegó a nuestro Gobierno prometiendo cambios sustanciales que creemos que, además, son
muy necesarios en el ámbito de la justicia. Hemos visto cómo en el año 2018 ha habido huelgas de los letrados de la Administración de Justicia, solicitando unas retribuciones dignas. Igualmente, hemos visto huelgas de fiscales y de jueces por el
incumplimiento y la falta de atención de sus demandas. Por tanto, tenemos muy claro dónde están esos retos pendientes en el ámbito de la justicia.


Lamentamos que, mientras todo esto ocurría, la exministra de Justicia andaba demasiado ocupada gestionando sus diversas crisis con el excomisario Villarejo, por las que no ha asumido ninguna responsabilidad, sino que, más bien, se ha visto
recompensada siendo fiscal general del Estado. Hemos visto también cómo se han comenzado a tramitar indultos a favor de los líderes secesionistas, cómo la

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coalición de Gobierno propone una reforma infame para nombrar a dedo a los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial. Por tanto, este es un contexto que lo que ofrece es la necesidad de mejorar nuestro sistema de Justicia, una
creciente desafección en la carrera judicial y una crisis en la imagen de justicia que actualmente está teniendo sociedad.


Se ha hablado de la cogobernanza, de las voluntades de acuerdo, con las que nosotros estamos totalmente de acuerdo, pero nos parece muy indignante que los propios partidos políticos parecen no mostrar ningún interés por lograr acuerdos
pacíficos y sólidos respecto a las mejoras de las condiciones en la carrera judicial cuando, por el contrario, en lo que sí se está llegando a un acuerdo es en cómo repartirse y controlar el Consejo General del Poder Judicial.


En relación con las cuestiones presupuestarias y con el incremento presupuestario en el ámbito de la justicia, lo vemos totalmente necesario dentro de lo que son los Presupuestos Generales del Estado, porque realmente nuestro punto de
partida, en relación a nuestros homólogos europeos en el ámbito de la justicia, deja mucho que desear. En España tenemos 111,6 jueces por cada 100000 habitantes cuando la media europea es casi del doble. Igual sucede con los fiscales: la media
europea se encuentra en 11 fiscales por cada 100000 habitantes, cuando España solo cuenta con cinco. Con lo cual, ahí tenemos una circunstancia que nos hace distar bastante de los países europeos. Por otro lado, también hay que recordar la
importancia de tener un personal con retribuciones dignas en el ámbito de la justicia. Es importante a este respecto el complemento de carrera profesional y garantizar la retribución de las guardias y las sustituciones.


Dentro de las cuestiones que se abordan en los propios presupuestos, hacemos una referencia a que la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial emitió un informe favorable para crear 33 unidades judiciales en el plazo de tres
años. Se prevé esa creación de 30 juzgados y tres plazas de magistrado. Me gustaría saber si tienen un plan concreto para el desarrollo de esta medida.


Se ha hablado del Mecanismo de Recuperación y de Resiliencia del tomo 3, sección 13. Son 27 millones destinados a este mecanismo que tiene que ejecutar la política del Gobierno en relación a un instrumento temporal de recuperación de la
Unión Europea, el Next Generation. Un 80 % de este trabajo se dirige a la transformación digital de la justicia. Nos gustaría saber si sabe cómo está implementado en otros países este Mecanismo de Recuperación y de Resiliencia.


Estamos totalmente de acuerdo con la necesidad de digitalización y modernización de nuestro sistema de justicia y, para ello, es necesario que sea un plan de inversión suficiente, prolongado, estable en el tiempo y que haya una dotación
financiera. Por eso nos gustaría saber, para dar esa agilidad e implementar el propio expediente judicial electrónico, cuál va a ser el coste de desvincularlo del Plan Minerva y si puede asegurar que a lo largo del año 2021 estará operativo el
índice digital, al igual que cómo van a conseguir la interoperabilidad entre las distintas comunidades autónomas.


Finalmente, para ir terminando, que veo que se ha acabado el tiempo, únicamente quiero saber qué medidas concretas piensan emprender desde la Secretaría de Estado de Justicia para modernizar eficazmente la justicia con esta digitalización
del expediente judicial; cómo piensan garantizar la unificación de los sistemas de gestión procesal al efecto de que sea de aplicación en todo el territorio nacional; de qué forma van a ejecutar la partida presupuestaria prevista para garantizar
la efectividad de las comunicaciones y las notificaciones entre los juzgados y los demás operadores de justicia; cómo piensan promover el conocimiento y el uso eficaz de las nuevas tecnologías por parte de todas las personas que se desarrollan con
la Administración de Justicia. También quisiera saber si han pensado en la posibilidad aprobar un plan de recursos y de inversiones anualizado.


Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Giménez.


Por el Grupo Parlamentario Plural, tomará la palabra la señora Illamola.


La señora ILLAMOLA DAUSÀ: Moltes gràcies, señora presidenta. Bon día.


Nos congratulamos de que por fin se vaya a pagar lo que se debe a la Generalitat, aunque sea tarde, pero lo que se debe desde el 2018. Esto ya es una buena noticia. En relación con las nuevas plazas que usted ha indicado, también nos
parece bien que se vaya incrementando, se vaya dotando de jueces, fiscales y del resto de personal. Nos sumamos a la pregunta que ha hecho el portavoz del PNV en relación con los interinos, porque también nos interesa saberlo y veremos si así,
aumentando estas tasas, pasamos de tener 11 jueces por cada 100000 habitantes y lo vamos aumentando a unas ratios que serían mucho más necesarias para garantizar una correcta tutela judicial.

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En relación con al otro tema que usted ha destacado, la justicia digital, nos parece una iniciativa perfecta. Parece que por fin el siglo XXI está llegando y, tal y como hemos expresado en otras comisiones, nos gustaría que el siglo XXI y
la adaptación a las nuevas tecnologías llegasen también a este Congreso; por ejemplo, que esta Comisión parlamentaria la pudiésemos celebrar telemáticamente y no contribuir a expandir el virus. Por tanto, les insto a que lo expliquen a las
autoridades competentes del Congreso.


No obstante, estas medidas de digitalización que usted nos ha ido especificando nos parecen insuficientes porque, por ejemplo, se habla de 72 millones de euros para digitalizar los órganos judiciales, lo cual nos parece poco, una miseria,
igual que los 35 millones para actualizar los programas. Serán pequeñas acciones, pero no suficientes. Tampoco entendemos por qué la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo tienen 1,2 millones, mientras que en el resto de los órganos judiciales
la cantidad es de 2,8 millones, cuando hay muchos más y son realmente quienes están sustentando todo el Poder Judicial.


Toda esta justicia digital se sustenta en unos fondos europeos. Si estos fondos no llegan o si no hubiese estos fondos, ¿cuál sería el presupuesto del Estado español para digitalizar la justicia española y el Poder Judicial? Esto es
importante. En relación con las medidas para hacer frente a la COVID-19, ¿qué cantidades dedican ustedes a los proyectos que expuso el ministro en anteriores comparecencias?


Por último, es cierto que usted ha dicho que esto va a suponer una transformación de la Administración de Justicia y que la justicia avance. Podemos compartirlo o no. Nosotros consideramos que la justicia avanza si se la dota de más
recursos económicos, evidentemente, y de más recursos humanos, pero la justicia no avanza únicamente con esto. La justicia avanza si es eficiente. El portavoz de Junts per Catalunya en esta Comisión, Jaume Alonso-Cuevillas, lo dijo en su
intervención cuando compareció el ministro: La justicia debe ser eficiente. Por tanto, en lo que también se tiene que trabajar es en disminuir la duración de los procesos, en la tasa de resolución para que sea más elevada y en que se aplique
correctamente el derecho. Hay parte del Poder Judicial que aplica correctamente el derecho y que garantiza la tutela judicial efectiva y hay otra parte que no; hay una parte de la justicia que está politizada. Esto también debería ser un avance
en la justicia y, por esto, nosotros consideramos que debe trabajarse más en garantizar la tutela judicial efectiva.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Illamola.


Por el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Muñoz.


La señora MUÑOZ DALDA: Muchas gracias, presidenta.


Buenos días a todas y todos. Antes de nada, quiero agradecer las explicaciones del secretario de Estado de Justicia y excusar la asistencia de mis compañeros y compañeras adscritos a la Comisión de Justicia. Como saben, están siendo días
en los que se están solapando este tipo de comparecencias.


Como ya hemos tenido ocasión de comentar, estos son unos buenos presupuestos que van en una buena dirección y también lo son para la Administración de Justicia en general. El incremento del presupuesto en un 7,6 % es un esfuerzo muy grande
en un contexto extraordinario. Sin embargo, nuestro sistema judicial adolece todavía de importantes obstáculos para cumplir su finalidad de ser un poder del Estado esencial para la protección y la garantía de los derechos de la ciudadanía, sobre
todo de la más débil.


Necesitamos un servicio público de Justicia que funcione con eficacia y eficiencia, con unas leyes procesales y unos modos de funcionamiento del siglo XXI. La ciudadanía, las personas, las empresas, las asociaciones y colectivos necesitan
que el Estado, a través del Poder Judicial, proteja sus derechos, intereses y reclamaciones de una manera rápida y eficaz. Hoy en día España sigue siendo, a pesar de los esfuerzos, una de las justicias más lentas de Europa, por lo que una parte
importante de estos presupuestos deberán ir dirigidos a dotar de más recursos a los profesionales y a agilizar la Administración.


Debemos acercarnos progresivamente a las medias europeas en ratios de juzgados y fiscales. Por ejemplo, España tiene 12 jueces por cada 100000 habitantes, poco más de la mitad de la media europea y, en fiscales, algo menos de la mitad de la
media. A esta situación, han contribuido de manera decisiva los Gobiernos del Partido Popular. Los hechos confirman que, a pesar de los recientes aspavientos con los que pretende justificar su bloqueo del Consejo General por General del Poder
Judicial, la justicia les importaba y les importa bien poco. Señorías del Partido Popular, el Consejo General del Poder Judicial ni es su cortijo ni es su comité de empresa de la judicatura, es un órgano de Gobierno de un poder del Estado, el
Judicial, que necesita elementos de una legitimación democrática que ustedes niegan a los demás porque ni asumen el resultado de las urnas ni el principio de que la justicia emana del pueblo,

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como marca la Constitución. Ustedes utilizan los órganos constitucionales para influir en la función de juzgar que tiene el Consejo General del Poder Judicial, como han hecho recientemente con nombramientos de altas instancias, incluso
estando con el mandato caducado. Ustedes, en realidad, usan el Consejo General del Poder Judicial para menoscabar la independencia y la imparcialidad judicial. Recordemos el famoso wasap en el que obscenamente reconocía su portavoz en el Senado,
el señor Cosidó, cómo su partido pretendía controlar el Poder Judicial por la puerta de atrás o cómo fue el Partido Popular quien aprobó en solitario el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, más conocida como Ley Berlusconi, que sirvió
para que se archivarán causas contra cargos del Partido Popular, como el presidente de Murcia, generando una intolerable impunidad. También cómo a su ministro de Justicia, señor Catalá, ahora reconvertido en flamante directivo de una casa de
apuestas, le plantearon una huelga promovida por todas las asociaciones judiciales y fiscales, toda una proeza, que pedían a su Gobierno modernizar la Justicia, su despolitización, más medios materiales y humanos, mejoras retributivas e
independencia judicial respecto del Ejecutivo. Su Gobierno nunca les escuchó ni se interesó por sus demandas.


A esto se suma el compromiso cero con la digitalización en el sistema judicial. El compromiso cero en el modelo digital y de papel cero en Justicia del Gobierno del Partido Popular era directamente proporcional al aumento incontrolado del
consumo de papel y de tóner durante el mandato del exministro Catalá. En solo un año, en 2016, el gasto de papel de estos juzgados ascendió casi un 40 % más respecto de 2015; el tóner subió un 23 % más.


Celebramos el esfuerzo que va a hacer este Gobierno para la transformación digital. Creemos que responde a la necesidad que tenemos de un servicio público de Justicia que funcione con eficacia, eficiencia y con unos modos propios del siglo
XXI.


Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Muñoz.


A continuación, le corresponde el turno de intervención al portavoz del Grupo Parlamentario Vox, señor Ortega Smith.


El señor ORTEGA SMITH-MOLINA: Muchísimas gracias, señora presidenta.


Muchísimas gracias por su comparecencia, señor secretario de Estado de Justicia. Quisiera empezar con una afirmación que creo que es de principio para luego entender todo lo demás. Sin división de poderes, sin una justicia independiente y
con medios suficientes no se puede hablar de ninguna manera de que exista justicia, de que exista Estado derecho y, que por tanto, exista democracia.


Hablar de presupuestos es hablar de la mitad del problema o, si me apura, de una condición necesaria, pero no suficiente. Una justicia con medios y eficaz no es suficiente porque, además, ha de ser independiente. Ya se ha comentado esta
mañana, evidentemente, seguir con la intención por parte de los viejos partidos de controlar los órganos de Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial y las salas principales del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, de la Audiencia
Nacional o de la Fiscalía General del Estado, no es de recibo porque conculca el principio fundamental de que la justicia ha de ser independiente de los otros poderes para poder ser un contrapoder.


Hablemos, por tanto, de la segunda condición, la de que, además, ha de ser eficaz. Usted habla de unos presupuestos de 2145000 euros aproximadamente y nos dice que hay un aumento de 7,5 % sobre los presupuestos anteriores, que se crean 240
plazas de jueces y fiscales y que aumenta, por ejemplo, el presupuesto del Consejo General Poder Judicial un 12 %. La Comisión Europea y, en concreto, el Cepej, la Comisión para la Eficacia de la Justicia, nos habla de que en España se están
invirtiendo, y estos presupuestos siguen esa misma línea, 78,8 euros por habitante cuando la media europea es de 40,79. Por tanto, deberíamos todos ponernos en pie y aplaudir. España es de los países donde más dinero se gasta en Justicia, pero
aquí hay un problema. El problema está, también se ha mencionado esta mañana, en que somos de los que más gastamos y de los que peor servicio judicial o peor administración judicial tenemos. Cada 100000 habitantes, España tiene 11,5 jueces; la
media europea, 17,7. Fiscales, España 5,2; la media europea, 11,25. Esto supone una sobrecarga de trabajo. Son más de mil asuntos al año por juez, más de tres asuntos por día. ¿Alguien de los que nos están escuchando puede pensar que un
magistrado puede resolver en un día tres asuntos de los que depende, a lo mejor, la libertad de una persona, su patrimonio o su seguridad? La lentitud de nuestras leyes procesales, los recursos infinitos, la burocracia, el colapso de la Oficina
Judicial son asuntos que se deben encarar de manera prioritaria antes de empezar a hablar de gastar más dinero en Justicia. Por supuesto, hay cuestiones como la desconexión absoluta de las plataformas digitales entre distintas comunidades
autónomas, la inexistencia real de un

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expediente judicial digital. ¿Una justicia ha de ser más rápida? Sí, pero no por eso debe perder sus garantías, no por eso debe perder su rigor, no por eso debe perder su fundamentación.


El cuadro de indicadores para la justicia de la Unión Europea nos dijo que solo cuando hay seguridad jurídica, que solo cuando hay una justicia eficaz, hay un entorno favorable para la inversión, para el desarrollo económico, para las
garantías de los ciudadanos. Por tanto, señor secretario de Estado, si atendemos a estos presupuestos, como también a los presupuestos que durante décadas hemos tenido que sufrir en la Administración de Justicia - digo sufrir porque me ha tocado
durante muchos años ejercer en la Administración de Justicia- provenientes de Gobiernos socialistas y Gobiernos populares, al final vemos que nos han llevado a una tasa de resolución de asuntos que nos pone a la cola de Europa. Somos el país
veinticinco de veintisiete en la ratio de tiempo o tardanza en resolución de asuntos, más de doscientos días para resolver, como media, un asunto en primera instancia. No existe una respuesta judicial eficaz. No es cuestión de gastar más, señor
secretario de Estado, es cuestión de gastar mejor, porque, cuanto más sigan metiendo dinero en la justicia sin hacer esas reformas necesarias para que los procesos sean rápidos, para que la Oficina Judicial trámite con medios modernos y no con
medios decimonónicos, con esas acumulaciones que todos hemos visto en los juzgados de toneladas de papeles encima de las mesas, de espacios inadecuados para el trabajo, no podrá hablarse jamás de justicia. Por tanto, ustedes podrán decir que han
elevado el presupuesto de Justicia, pero cuenten los datos reales. Con esa elevación de presupuestos que sigue la línea de los presupuestos anteriores, no se ha conseguido y, como decía aquel: si, para resolver un problema que no has conseguido
resolver antes, aplicas las mismas recetas de antes, tendrás el mismo fracaso. Eso es lo que desgraciadamente se prevé con estos presupuestos.


La Justicia en España seguirá siendo la gran abandonada en los presupuestos, seguirá siendo esa absoluta administración ineficaz que no resuelve los problemas de los ciudadanos, de las empresas y que no logra ese fin con el que comenzaba mi
intervención y con el que termino, de lograr la justicia, el Estado de derecho y, por tanto la democracia, el derecho y las garantías de todos.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ortega Smith.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tomará la palabra su portavoz, el señor Santamaría.


El señor SANTAMARÍA RUIZ: Muchas gracias, presidenta.


Apelo a su benevolencia en el uso del tiempo, dada la amabilidad con la que se ha tratado el secretario de Estado. Comenzaré refiriéndome a la portavoz del Grupo Parlamentario Podemos. Entiendo que los problemas judiciales de su partido la
confundan, pero hay que recordarle que es su partido quien está en el Gobierno y no corresponde al Gobierno ejercer la función de oposición de la oposición. Eso dejémoslo a nosotros, que ya haremos la función de oposición al Gobierno.


Por lo que se refiere a los presupuestos que presenta el señor secretario de Estado, ayer pensaba que eran muy decepcionantes y después de escuchar al director del Banco de España hoy tengo la convicción de que estamos perdiendo
absolutamente el tiempo, porque estos presupuestos no valen para nada, por cuanto son papel mojado. Además, no me ha gustado, debo decirlo con todo el respeto, la grandilocuencia del tono empleado en la intervención en relación con un texto que
presenta enormes carencias. En primer lugar, en un horizonte enormemente expansivo del gasto, es muy triste confirmar que el servicio público de justicia va a seguir siendo, va a ser el gran olvidado y la cenicienta del presupuesto. Lo digo,
porque de los 27000 millones de euros que vendrán de Europa a Justicia se le asignan únicamente 27, es decir, una milésima parte, o lo que es lo mismo, el 0,1 % de esa cantidad, lo que es tanto como la raspa de la sardina que acompañaba al
entrañable Carpanta, personaje que igual, como usted es joven, no conoce. Además, es un presupuesto con menos jueces, con menos inversiones, con menos solidaridad y con más tasas.


Empiezo por esta última cuestión, en primer lugar, felicitándole porque, si, en el año 2013, un ministro ganaba 68981 euros, se va usted embolsar 128532 euros más el 0,9 % que se van a incrementar ustedes los sueldos. Yo me pregunto si no
va a sentir usted algún rubor o cómo va a explicar usted a los miles y miles de abogados y de procuradores en ejercicio de nuestro país, a los abogados del turno de oficio, cuyas partidas son insuficientes, con los 43,7 millones de euros, gente que
tanto está sufriendo, la subida del sueldo de los altos cargos de su ministerio. Nos da la sensación de que para ustedes quedan las mullidas moquetas, los altos sueldos y los coches oficiales y para el resto, los abogados, quedan las
preocupaciones.


En segundo lugar, en relación con la creación del número de jueces, hay menos jueces. En el presupuesto de 2018 se crearon 300 plazas; ahora se convocan 240. Me pregunto cómo se va a hacer frente al incremento de asuntos que usted anunció
en su comparecencia ante la Comisión de Justicia y

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que, como consecuencia de esta crisis económica, van a tener que afrontar los tribunales. Usted dijo que iban a aumentar, antes de que llegara esta segunda ola de la pandemia, un 140 % los asuntos en la jurisdicción social, un 145 % en la
civil, un 125 % en de la contencioso, y un 66 % lo penal. ¿Cómo se hace esto compatible, señor secretario de Estado, con un descenso en la convocatoria de plazas que también parece que se va a extender a los letrados de la Administración de
Justicia y que va a ser inferior a la de ejercicios precedentes? ¿Han hecho ustedes alguna previsión sobre cómo se va a traducir, en términos de carga de trabajo, para unos juzgados que ya están saturados?


Se refiere usted también, y nos preocupa, a la aplicación del plan de choque. Sabemos que se está ejecutando, sabemos la cuantía que tiene y los juzgados en los que está, pero yo quisiera preguntarle otra cuestión. ¿Cómo se va a aplicar la
segunda fase que entraba en vigor en el mes de enero? ¿Podría detallarnos donde están las previsiones presupuestarias para la ejecución de esta segunda fase? ¿Cuáles son, pero, sobre todo, cómo se van a implementar?


Señor secretario de Estado, como le decía, este es un presupuesto carpántico, insolidario, con menos jueces, pero también con menos inversiones. En el 2018, hubo 100 millones de inversión para obras y, en este, 47 millones de euros que se
van a destinar, ojo, señorías, a licitar, a redactar proyectos y a comenzar a rehabilitar, es decir, nada va a influir en el ejercicio práctico de los profesionales, de los operadores jurídicos y de los funcionarios al servicio de Administración de
Justicia. No hay nada que hayan ustedes añadido a lo dejado por el Partido Popular. En ese sentido, y también en otro orden de cosas, le recuerdo que, tal y como usted reconoció en la citada comparecencia, el Partido Popular arrancó de la
negociación la creación de cien nuevas unidades judiciales. Le preguntamos cuándo se van a poner en marcha, en qué horizonte, las previsiones presupuestarias y el emplazamiento de dichas sedes.


En relación con lo que usted calificaba como el proyecto cero, que creemos que es acertado el nombre si se refiere a la esperanza que tenemos de que se cumplan sus previsiones, ha hablado de inmediación judicial, de cita previa y también del
teletrabajo. Nos gustaría saber el número de equipos que se van a comprar en el 2021 y cuándo se va a alcanzar el cien por cien del objetivo. Con respecto a la cita previa, nos gustaría que nos dijera si no considera que llegan ustedes tarde en
cuanto que sería necesario que estos servicios estuvieran implantados antes de que se ponga fin a la segunda ola de esta pandemia. Lo pregunto de otra manera. ¿Cuántas pandemias o cuántas olas de esta pandemia vamos a tener que sufrir hasta que
por fin pueda aplicarse plenamente el servicio de cita previa y el servicio de teletrabajo y de mediación judicial?


Por lo que se refiere a nueva Oficina Judicial, usted hablaba de la necesidad de adecuar determinadas infraestructuras judiciales para poder ser implantada, y sin embargo en el presupuesto no hay ninguna referencia a ese tipo de obras. Por
tanto, va a ser un año perdido en tiempos de implantación o en términos de implantación de la nueva Oficina Judicial.


Sobre los programas del Consejo General del Poder Judicial, simplemente una pregunta. ¿Las partidas consignadas lo son para perpetrar el ataque a la Constitución que la proposición de ley de los grupos Socialista y Podemos persigue o ya han
retirado la citada proposición que ha encendido todas las alarmas en nuestro Estado de derecho con un rechazo unánime, tanto en España como fuera de España?


Terminaré, y con esto concluyo, con una referencia al Registro Civil, que es el gran olvidado de estos presupuestos. Los funcionarios se quejan de cuatro cuestiones: no hay dotación presupuestaria para la creación del órgano administrativo
que prevé la ley, no hay partidas presupuestarias para la coordinación con el resto de administraciones ni tampoco para la formación del personal de los registros, pero lo más grave es que se produce una desviación plurianual en las inversiones
hasta el año 2025, lo que hará que no estén implementados hasta la fecha ni los procesos registrales, ni los procedimientos electrónicos, ni la digitalización, ni los sistemas informáticos. Un desastre, señor secretario de Estado, que los
funcionarios del registro, que han estado y siguen estando al pie del cañón en esta pandemia, no merecen.


Concluyo ya, simplemente, pidiéndole que le traslade al ministro un mensaje, y es que, por favor, deje de practicar el escapismo con esta Cámara. Hemos solicitado cinco veces que venga, entre ellas a dar cuenta, porque asumió la
responsabilidad, de lo que está sucediendo la Fiscalía General del Estado, y todavía estamos pendientes de que comparezca. Le solicito, le ruego, le pido que le transmita al ministro que cumpla, si no con la solicitud del Partido Popular, por lo
menos con su palabra, porque se comprometió a comparecer en esta Cámara dentro de los seis primeros meses del ejercicio de su mandato y no lo hará sino transcurrido más de un año.


Muchas gracias, señor secretario de Estado.


Muchas gracias, presidenta.

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La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Santamaría.


Finalizará el turno de intervención de portavoces el señor Aranda, por el Grupo Parlamentario Socialista.


El señor ARANDA VARGAS: Gracias, señora presidenta.


Señor secretario, señor Zapatero, gracias. Una previa, me llama la atención este potaje dialéctico que practican las derechas incluso en una Comisión como esta, tan técnica, pero lo que ya no me esperaba es lo que he oído hoy. Lo que
tienen estos días en los que estamos todos en más de una Comisión es que vas oyendo intervenciones. Ayer, en la Comisión de Interior, la portavoz del Partido Popular también usó la misma expresión, incluso la misma palabra, para referirse al sueldo
de la directora de la Guardia Civil. Yo lo que les pido es que se dejen de argumentarios de Génova, que se preparen un poquito más las intervenciones y que no vengan con el argumentario de la demagogia y el populismo hacia los altos cargos.
(Aplausos).


Intervengo para agradecerle su intervención, señor secretario, acotada en el tiempo, evidentemente, y para agradecerle a su persona las explicaciones que nos ha dado. Una comparecencia, que es una prolongación, creo yo, de la que usted
realizó el 14 de octubre. Allí, con objeto de analizar su plan de trabajo y la agenda legislativa y organizativa del ministerio, ya tuve ocasión de felicitarle por su visión, que hoy ha reforzado, así como por la metodología de trabajo, con
especial énfasis en los mecanismos de cogobernarza. Sin duda, la apuesta del ministerio por la colaboración, la coordinación, la comunicación y la cogobernarza es una apuesta que funciona y da resultados. Entonces decía usted aquello de la
eficiencia procesal, la eficiencia organizativa y la eficiencia basada en datos. Recordará que yo le añadí lo de la eficiencia legislativa que esta Comisión ha tenido a bien añadir. No en vano, ya nos avanzó sus ejes de acción: reforma de leyes
procesales, transformación digital y solución adecuada de las diferencias. Hoy, escuchada su intervención, creo que podemos añadir la eficiencia presupuestaria, porque estos presupuestos extraordinarios, en un momento extraordinario, responden
perfectamente a lo que nos planteó en su comparecencia. Son una evidente continuación y demuestran que hay un hilo conductor en el ministerio. Usted lo ha dicho: son unos buenos presupuestos. Repito, son unos buenos presupuestos, buenos para la
Justicia o, lo que es lo mismo, buenos para todo el sector de la justicia y para los últimos herederos de la misma, que no son más que los ciudadanos y las ciudadanas. Un aumento, que usted comentaba, del 7 %, 140 millones de euros, para estos
presupuestos. Nos gusta la letra de este presupuesto, pero nos gusta casi aún más la música, señor Zapatero. Una música que nos transmite seriedad, compromiso y planificación. Frente a la tentación de presentar, como algunos de los Gobiernos
anteriores, presupuestos con escasa capacidad de llevarse a cabo, ustedes presentan un presupuesto pensado, reflexionado y que responde a lo que ya en febrero nos avanzó el ministro cuando nos habló del proyecto Justicia 2030. Los primeros compases
de entonces, esa música de aquel mes de febrero, tienen hoy continuidad y yo se lo quiero agradecer. Le quiero agradecer que haga de Justicia 2030 el proyecto tractor, como usted decía, sobre el que pivota toda la transformación de la justicia y
que ha de ayudar también a la recuperación económica y a la transformación del país. Le quiero agradecer que nos plantee una arquitectura integral, global, de un edificio que están construyendo sin dejar nada al azar, planificando y avanzando paso
a paso para poder, por ejemplo, aprovechar los fondos COVID en su cantidad más significativa para los años 2022 y 2023, porque antes hay que tener el edificio armado. Ahí sí que también les quiero felicitar. Eso, según nos ha explicado hoy aquí y
nos explicó en su comparecencia, está avanzando de modo seguro e incansable. Lo está haciendo, como decía al principio, desde la búsqueda del consenso y la cogobernarza. Usted lo ha dicho, estamos delante de un sector con complejidades y cuya
reforma requiere temple, habilidad, destreza y capacidad. Le decía que nos gustaba la música y nos gusta la letra, porque estos presupuestos, señor secretario, sientan la base de lo que ha de ser la segunda parte de este mandato, con un 2021 que
apueste por implementar las leyes de eficiencia, que usted decía, procesal, organizativa y digital y con un 2022 como el horizonte para la implementación de esa partida, que usted también ha explicado, del programa 110.A, donde, además, ya ha dejado
claro que sigue con la mano abierta para usar también aquí la cogobernanza con las comunidades autónomas. Por cierto, yo también me sumo a lo que decía la portavoz del Grupo Plural sobre el pago de las cantidades adeudadas a Cataluña.


Señor secretario de Estado, algunas cosas ya se han dicho, pero no quiero dejar de, al menos, someramente, referirme a la subida del 0,9 del salario de los funcionarios públicos. Especialmente destacable es el enorme peso de la inversión en
personal. Por ello, saludamos la decisión y creemos que

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atiende las reivindicaciones justas que venimos escuchando durante estos meses de sectores de empleados públicos en el ámbito de la justicia. Es, sin duda, la clara muestra de que este departamento y este Gobierno son sensibles al diálogo.
También los más de 40 millones de euros para planes de choque de jurisdicción o 28 millones de euros del 110.A destinados en este año que viene a la transformación digital de la Administración de Justicia. Partidas también del 8,4 % de aumento para
colectivos vulnerables o 41 millones de euros para la justicia gratuita.


Señor secretario, veo que se me acaba el tiempo, por lo que voy acabando, pero no sin antes incidir en dos temas que, para este grupo, son importantes. En primer lugar, la transformación digital. Sin duda, este ministerio está trabajando
para la modernización e implementación integral de mecanismos tecnológicos en la justicia, el verdadero salto cualitativo. En segundo lugar, un tema que, para mi grupo, es especialmente capital: el presupuesto produce un significativo avance en
materia de violencia de género. Nos congratula que el presupuesto del pacto de Estado ascienda a casi 70 millones de euros, con un incremento del 13,8 %. Por ello, me gustaría que se detuviera un poco más en su intervención posterior para detallar
este aspecto.


Así que acabo como empecé, agradeciendo una vez más, no solo su presencia, no solo estos presupuestos, sino la reflexión, la música que hay detrás de ellos y el trabajo del ministerio. Sin duda, están haciendo ustedes una labor excelente y
este grupo se congratula por ello.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Aranda.


Señor secretario de Estado, es su tiempo para dar contestación, en la medida de lo posible, a las múltiples cuestiones que le han planteado los portavoces de los grupos parlamentarios.


Señor Zapatero, tiene la palabra.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Zapatero Miguel): Muchas gracias, señora presidenta.


Procederé a contestar a cada uno de los representantes de los grupos parlamentarios. En relación con la intervención del señor Legarda, respecto a la regularización derivada de la sentencia del TJUE, evidentemente la estabilización del
empleo temporal a la que hace usted referencia se está haciendo efectiva mediante los procesos selectivos en las ofertas públicas de empleo de los ejercicios de 2018 y 2020. No obstante, obviamente, el objetivo no se ha alcanzado en la fecha
prevista por las dificultades para finalizar los procesos selectivos en el contexto actual de la pandemia del COVID, en concreto, los procesos selectivos de 2017/2018. Actualmente, están en proceso de finalización los procesos para cubrir 7430
plazas de las ofertas del 2017 y del 2018 y están pendientes de arrancar los derivados de las ofertas públicas de empleo del 2019, que son 3117 plazas.


En relación con el expediente judicial electrónico, esa es la gran pregunta a la que tenemos que contestar entre todos y, cuando digo entre todos, digo todos aquellos que estamos participando en este proceso de cogobernanza. La pregunta es
si interoperabilidad o integración. En este punto, yo quiero destacar que ahí hay un problema de concepto que está asociado a la eficiencia del servicio público y a la gestión racional de unos presupuestos públicos que, ya sean del Ministerio de
Justicia operando como Consejería de Justicia en los territorios no transferidos, ya sean de las consejerías de justicia en territorios transferidos, son finitos. Entonces, en ese sentido, hay que discutir y hay que hablar entre todos. De hecho,
en el día de mañana, tenemos una reunión técnica de nuestro proceso de cogobernanza con los responsables de las consejerías de justicia a los efectos de ver cómo vamos a activar los proyectos derivados del 110.A y, en concreto, de los trabajos que
ya estamos desarrollando en materia de Proyecto Cero con ellas. En concreto, en la sesión de mañana, abordaremos las cuestiones relativas al teletrabajo, es decir, una norma común, una norma espejo conectada con todo eso que va a ser la
infraestructura normativa que va a permitir hacer realidad todo ello. Con las partidas asignadas en el 110.A podremos financiar conjuntamente unas horquillas de implantación en esta materia y creemos que, sin duda, hay que acelerarlas a los efectos
de que puedan dar resultados en un contexto incierto como en el que nos encontramos. Concretamente, hay distintas opciones en relación con la interoperabilidad e integración. Podemos obtener la interoperabilidad de los sistemas de gestión procesal
migrando todos los sistemas a metadatos, que es la forma de evitar tener que hacer conexiones continuas, o podemos integrarnos todos en un mismo sistema de gestión procesal que parta de una suficiente masa crítica y que pueda administrarse
conjuntamente. A mí, sinceramente, ambas opciones me parecen funcionales y hay que analizarlas, porque es una combinación politécnica si queremos analizarla de alguna manera. Politécnica, en el sentido de

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que políticamente sería un cambio sustancial de concepto que entre todos gestionaremos algo conjuntamente en el ámbito de la tecnología de justicia, y, técnica, en el sentido de que, sin duda, tenemos que cambiar la forma en la que
trabajamos con tecnología, de conectar herramientas que gestionan documentos a conectar herramientas que gestionan datos. Por tanto, podemos generar la integración o, si quieren, la interoperabilidad a través de metadatos. Este es un asunto de
concepto que hay que discutir. Hay distintas concepciones o visiones, incluso en el interior de nuestro ministerio, y este es el gran asunto. Una parte de nuestro equipo plantea que hay que migrar Minerva a un formato que permita convertirlo en un
nodo y otros plantean que hay otras opciones. En esta materia, para mí, los criterios son políticos, técnicos y financieros.


Quiero destacar el concepto que ha planteado el señor Aranda en relación con la eficiencia presupuestaria, porque es un concepto con el que me quedo porque creo que tenemos que movernos en ese sentido. A mí me preocupa, muy sinceramente,
dónde estamos en materia de gestión económica de la tecnología en el campo de la justicia. No tengo mucho tiempo para hablar de ello, pero estaría encantado hablar con usted cuando terminemos en esta sesión porque he trabajado en ello con cierta
intensidad y es un tema que me preocupa. Por tanto, vamos a hacer todo lo posible para asignar de manera eficiente los recursos escasos.


Paso rápidamente a la intervención de la señora Giménez. Sin duda, me voy a ceñir en esta intervención a las cuestiones relativas a presupuestos. Con lo cual, si le parece, dejamos los temas de separación de poderes, etcétera, para otro
momento, pero sí que le diría que no hay ninguna vocación de doblegar al Poder Judicial en relación con esta iniciativa parlamentaria suspendida. Respecto a las unidades, a efectos de no consumir el poco tiempo del que disponemos, si le parece, ya
hicimos algunos apuntes en la anterior sesión, han sido publicados, pero yo me comprometo a remitirles toda la información relativa a esas unidades.


El planteamiento que nos hace respecto a qué están haciendo los países con los fondos y cómo están operando no le puedo contestar porque todavía no lo sé, pero sí le puedo asegurar que vamos a estar muy pendientes porque somos unos firmes
creyentes, en un sentido laico de la palabra, en el análisis de las prácticas comparadas administrativas. ¿Por qué? Porque consideramos que es la forma de mejorar las cosas y no inventar la rueda. A ese respecto, de hecho, hemos modificado el
Reglamento de la Conferencia Sectorial para que sea un foro de compartición de buenas prácticas. Obviamente, vamos a estar muy pendientes de lo que hagan nuestros colegas europeos, porque, a lo mejor, lo hacen mejor que nosotros y tenemos que
reorientar cosas.


Respecto a los tiempos de resolución y la pendencia, no tengo mucho tiempo para abordarlo, pero sí quiero decirle que tenemos un proyecto en el que consideramos que podremos abordar empíricamente la pendencia y nos comprometemos con ustedes,
en próximas sesiones, en 2021, a hacer un análisis sistemático de dónde estamos en materia de pendencia. Ahí, el referente, en mi opinión, probablemente sea el CEPEJ, el grupo de trabajo Saturno, el cual está tratando de buscar pendencias
razonables. Yo creo que esa es la clave de la gestión de la Administración de Justicia. Primero, tenemos que saber, por instancia, cuáles son los tiempos razonables para que haya una pendencia en tiempo debido y, por tanto, no haya dilaciones y,
después, asignar recursos a todo ello. A eso lo llamamos el sistema de asignación dinámica de cargas, que lo estamos construyendo a partir del concepto de justicia basada en datos. No tengo tiempo para hablar de ello en detalle, pero estaría
encantado de que lo hablemos en sesiones ad hoc o en una comparecencia específica.


Si es una sesión ad hoc es casi mejor porque estaremos todos un poco menos tensos y, por tanto, será más fácil explicarlo.


Respecto al plan anualizado, sin duda, ahora mismo no tenemos un plan anualizado para este cambio de concepto que implica el 110.A, pero ese es nuestro objetivo. De hecho, la razón por la que la partida es algo más de cero, que plantea el
representante del Partido Popular que es la raspa de la sardina o no sé qué concepto ha empleado, es porque consideramos que hay que ser rigurosos y solventes. Por tanto, consideramos que los proyectos hay que diseñarlos, conformarlos y
consensuarlos con los operadores, que es una cosa a la que hay que asignarle mucho tiempo y muchos recursos y, a partir de ahí, desplegarlos. Por eso creemos que estamos haciendo lo correcto y, de hecho, les puedo asegurar que hemos tenido
contactos a nivel de Gobierno planteando que no nos parecía que era una cantidad muy escasa para el punto de partida. Esta es una reunión técnica al máximo nivel en el ministerio, en lo que se refiere a responsables técnico-económicos de las
distintas unidades, su subsecretaria de Estado, y nos hemos dado cuenta de que lo más operativo, en nuestra opinión, dada la fragmentación competencial de

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este sector, era invertir en cogobernanza y en construir los proyectos conjuntamente, diseñarlos, definirlos e implantarlos en 2022 y 2023. Lo vamos a hacer y le vamos a demostrar que vamos a ser capaces de hacerlo y nos vamos a gastar las
partidas presupuestarias asignadas al completo, 410. Si tenemos la necesidad de gastar algo más, que yo espero que no, porque tampoco pienso que todo sea cuestión de dinero, ya buscaremos pasarelas con otros ministerios, porque los fondos son
realmente sustanciosos. En mi opinión, no se trata solo de fondos, se trata de gestión, de trabajar, de hablar las cosas y de conformar proyectos de manera conjunta, que, en mi opinión, es uno de los grandes problemas a los que se enfrenta este
sector, que es un sector muy fragmentado, lo que nos dificulta la toma decisiones. Yo creo que vamos por la buena senda y vamos a trabajar en ese sentido.


Quiero apuntar, señora Giménez, que en relación con el plan anualizado, la razón por la que queremos implantar contabilidad analítica en el ministerio, que es un proceso muy complejo, es exactamente para poder hacer esto y también para que
podamos darles cuentas y para que ustedes nos puedan fiscalizar de una manera todavía más operativa a la que lo hacen en este momento, porque van a tener más datos desagregados que en este momento no tienen. Esa información nos comprometemos a
dársela para el tramo 2021 y vamos a trabajar en ese sentido. Creemos que es esencial porque es bueno para todos.


En relación con la intervención de la señora Illamola. Miserias, sinceramente, no comparto esa opinión, como le digo. Estoy encantado de disponer de 410 millones del 110.A, como el resto de nuestros compañeros de equipo. Creemos que
incluso podríamos haberlo hecho con menos dinero y, lo siento mucho, pero esa es la opinión que tenemos. Ahora sí, lo que queremos hacer es gastarlo de la manera más eficiente posible porque se trata de reasignación. Simplemente le voy a apuntar
que en el ámbito de la tecnología estamos duplicando esfuerzos por parte de todas las administraciones ejecutivas, como le suele gustar definirlas al vicesecretario de la Consejería de Justicia catalana, no prestacionales, sino ejecutivas.
Siguiendo esa denominación, en las administraciones ejecutivas, que nosotros lo somos en la trayectoria del ministerio, estamos duplicando muchos esfuerzos y estamos duplicando muchos recursos de la ciudadanía. Creemos que si trabajamos las cosas
conjuntamente podremos hacer más por menos y reasignar las partidas presupuestarias de las que ya disponemos en presupuestos operativos a otras cosas. Creemos que es posible. Si trabajamos como estamos trabajando, lealmente y con continuidad en el
marco de nuestras reuniones mensuales y de nuestros grupos de trabajo, creemos que es factible hacerlo. Por lo menos, vamos a luchar en ese sentido. Yo creo que con eso le contesto un poco. En el territorio del ministerio tenemos el 99 % de la
Oficina Judicial digitalizada. Hay otros ámbitos en los que no es así y lo que vamos a intentar es que todos la tengamos, que es lo suyo.


Voy a conectar la intervención de la señora Muñoz con la intervención del señor Ortega Smith en cuanto a las medidas de resolución. Voy a volver a la idea del sistema de asignación dinámica de cargas. Nosotros no teníamos los datos
compartidos. Estamos tratando de construir eso. La justicia basada en datos consiste precisamente en eso, en compartir datos de los sistemas procesales de nuestras distintas consejerías, operando nosotros como consejería, y, con todos esos datos
más los que tengamos que hacer a mano, es decir, con entregas en diferido, no en tiempo real, construir un gran sistema de información relativa a los procedimientos de funcionamiento de la Administración de Justicia, tanto en términos de personal
como en términos de tiempos de resolución, como en materia económica. Con todo eso, me voy a centrar fundamentalmente en el punto intermedio, en los temas de la resolución, creemos que, si trabajáramos las cosas de una manera más organizada entre
todos, esa es una cosa que yo creo que tenemos clara algunos compañeros de las comunidades y nosotros, podríamos ser más efectivos. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de conectar la creación de órganos con la transformación de órganos, con
hubs, con refuerzos, con la colegiación propia de los tribunales de instancia y con la operativa de las oficinas de justicia deslocalizadas, que permiten que gente que no está en un sitio pueda estar trabajando, dando servicio y dando soporte. Todo
eso es reasignación de cargas. Si lo trabajamos seriamente, introduciéndole tramitación electrónica, no automatizada, creo que, haciendo tramitación electrónica interadministrativa, podremos acelerar los tiempos de respuesta del sistema, hacerlo
dinámico, como un sistema de válvulas y eso es totalmente factible. Para eso, lo primero que hay que hacer es trabajar en datos y, por eso, uno de nuestros primeros protocolos en la Conferencia Sectorial de Lerma se llama protocolo de justicia
basada en datos, porque creemos que es la base de todo. Vamos a compartir los datos, vamos a hacerlos transparentes. Por cierto, una cosa importante, para las comisiones de justicia que fiscalizan es la transparencia, y en ello estamos. A partir
de ahí, hay que introducir gestión. No se trata solo de dinero.

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Respecto a los datos europeos que planteaba el señor Ortega Smith, según los informes de la Unión Europea sobre el gasto en Justicia, CEPEJ en concreto, España gasta 79,1 euros por habitante, más del 15 % por encima de la media europea,
establecida en 64. No son datos nuestros, son datos europeos. Asimismo, según este mismo informe, la media de jueces y letrados de la Administración de Justicia es de 10,9 por cada 100000 habitantes. Hay que tomar en consideración que, cuando se
hace el análisis, está el problema de que no son de la generación de indicadores, que hay que afinarlos un poco más y tenemos que trabajar todos en eso. No computamos a los LAJ y los LAJ tienen una participación muy importante en los
procedimientos, admiten las demandas en las jurisdicciones judicial, social, civil y contenciosa y han asumido importantes competencias en materia de ejecución. Ya no les voy a hablar de la conciliación que, por cierto, en la ley de eficiencia
procesal, en la tarde de hoy, se va a discutir, dentro del ministerio, el último ajuste relativo a la ley de eficiencia procesal que está conectado con la conciliación de los LAJ y hasta dónde llega. Entonces, yo creo que es una cosa que es
importante plantear.


La Comisión Europea específicamente, señor Ortega Smith, nos ha reconocido, esto no es un reconocimiento a este equipo de Gobierno, es un reconocimiento a los distintos equipos de Gobierno de distintos colores políticos que hemos hecho un
esfuerzo significativo en materia de desarrollo tecnológico en la Administración de Justicia. Ahora bien, como le digo, el problema es la fragmentación competencial, que no digo que haya que eliminarla, lo que digo es que tenemos que generar
infraestructuras que permitan hacerla efectiva. Como le digo, en tecnología, hemos recibido importantes reconocimientos a ese respecto.


Coincido absolutamente con usted en lo que se refiere a los recursos, que hay que gastar mejor. En eso estamos y le aseguro que vamos a hacer todo lo posible para que eso sea así. Por eso todos estos planteamientos que hacemos en materia
de eficiencia, conectados con la generación de una arquitectura legal que facilite la reasignación. Nuevamente, no son toneladas de papel. El 99 %, por lo menos en territorio del ministerio, de nuestros órganos judiciales están plenamente
informatizados. Coincido también con usted en el concepto de seguridad jurídica. Coincido tanto, igual que el ministro, que hemos generado la primera Dirección General de Seguridad Jurídica, que, hasta donde sabemos, existe en este momento en los
países de nuestro entorno. Hemos transformado la Dirección General de Registros de Notariado en una Dirección General de Seguridad Jurídica, porque creemos firmemente en la seguridad jurídica, que es una derivada total del imperio de la ley. Para
nosotros, el planteamiento que usted hace es una piedra de bóveda. Sin seguridad jurídica no hay un entorno favorable para el desarrollo, no puedo más que coincidir con usted y por eso planteamos la idea de rule of law. El rule of law son varias
cosas. Es una especie de pequeña ecuación, calidad formal de las leyes y aplicación no dispar por autoridades administrativas y judiciales, así como aplicación en tiempo razonable de las resoluciones por las autoridades administrativas o
judiciales. Este segundo punto es un punto que tenemos que trabajar, porque, si tardamos en resolver las cosas en la jurisdicción, no hay seguridad jurídica y, por tanto, no hay crecimiento económico, no hay atracción de inversiones y tenemos
problemas. Esto hay que introducirlo en la ecuación. Hay que tener como referente el proyecto de los indicadores del Banco Mundial de doing business y hay que trabajar con esto, porque es que el rule of law va más allá de los derechos y libertades
y también está conectado con el desarrollo y la estabilidad económica. Vamos a trabajar en ese sentido y estamos construyendo cosas en este momento de las que podremos hablar más adelante si tienen interés.


En relación con la intervención del señor Santamaría, papel mojado, grandilocuencia, yo realmente creo que no. Yo simplemente estoy orgulloso del trabajo en equipo que estamos realizando con todos nuestros compañeros de las comunidades
autónomas, así como con todos mis compañeros del ministerio. Como me lo creo y nos lo creemos, lógicamente, lo defiendo con cierta, espero que no sea vehemencia, convicción, sin duda. Veintisiete millones, la raspa de la sardina, como ya lo he
apuntado con anterioridad brevemente, nuestra idea es trabajar incrementalmente, entre otras cosas, porque tenemos cierta experiencia a ese respecto en pasadas operaciones en el Ministerio de Justicia en las que gestionamos 600 millones de euros y
sabemos la complejidad que tiene una gestión de estas características. Por tanto, vamos a hacer un particular esfuerzo por ser rigurosos y solventes. Contamos con que nos van a meter toda la presión que nos deben meter como responsables de los
ciudadanos en el marco de esta Comisión y haremos todo lo posible por darles cuenta y mantener el tipo con unos resultados dignos en esta materia.


Respecto a la segunda fase del plan de choque, nuevamente, como todo, lo hacemos en consultas con todos los operadores. La semana que viene tenemos nuestras reuniones específicas con el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía
General Estado, en el marco de la Trista, en las que vamos a

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abordar la revisión del plan y también lo vamos a hacer con asociaciones. Hemos integrado ya planteamientos de las asociaciones y, obviamente, del Consejo General del Poder Judicial y de la Fiscalía, así como de los propios presidentes del
TSJ, a través del Consejo General del Poder Judicial, para hacer que el sistema sea más granular y para que sea más eficiente. Nuestra idea y nuestra vocación, obligación de medios, que no dé resultados, es lograr que esta pequeña herramienta de
reasignación de recursos, totalmente coyuntural, pase a régimen y forme parte del presupuesto operativo del ministerio. Para eso queremos demostrar, con datos, que ha tenido resultados. No tengo la certeza de que vaya a ser así porque no depende
de nosotros, como ministerio, pero le digo que, si fuera posible, sería un gran dato y vamos a luchar por que esto lo tengamos así.


Por lo que se refiere a la cita previa y al teletrabajo, ya están implantados en el territorio del ministerio y estamos impulsándolos ahora mismo con nuestros colegas de las comunidades autónomas. Por eso, en nuestra opinión, no es un año
perdido, es un año ganado en términos de implantación.


Respecto al Registro Civil, nosotros llevamos en este equipo ministerial unos cuantos meses, que han sido muy intensos, pero el Registro Civil lleva en el mapa de la reforma del Estado civil, en el mapa del Estado, bastante tiempo y con
proyectos que ha validado el Parlamento y que no han visto la luz. Nosotros vamos a hacer todo lo posible por acelerar este proceso, pero yo creo que, cuando menos, hay responsabilidades compartidas, conectadas, con el desarrollo de esta
institución que define una parte importante de los derechos de ciudadanía.


Por último, para no extenderme más, agradezco que me hayan permitido hablar un poco más y pido excusas al respecto, porque no me he dado cuenta de ello. En relación con la intervención del señor Aranda, voy a ser muy breve, pero le digo que
me tomo el concepto de eficiencia presupuestaria como lo que debe ser, una concepción que debe de guiar a nuestros compañeros de la Subsecretaría de Estado, a la Secretaría de Estado y, por supuesto, a las órdenes de nuestro ministro, para hacer más
por menos en tiempo y forma.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor secretario de Estado, por su comparecencia, por el alcance y contenido de su intervención.


Agradecemos que haga llegar a los portavoces de los grupos parlamentarios la respuesta a alguna de las preguntas a las que no ha podido dar contestación, tal como lo ha ofrecido, por escrito.


Tomamos buena nota y agradecemos también la oferta que ha realizado a los miembros de esta Comisión para futuros encuentros, para trabajos, no solo dentro del formato formal de la Comisión, sino también para sesiones de trabajo sobre temas
concretos.


Muchas gracias, señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Zapatero Miguel): Muchas gracias a ustedes.


La señora PRESIDENTA: Pido que se vaya incorporando a la Mesa y, mientras tanto, haremos dos minutos de receso para continuar con el resto de la sesión.


(Pausa).


- DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE JUSTICIA (BUENO SÁNCHEZ). A SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CIUDADANOS (Número de expediente 212/000821); VOX (Número de expediente 212/000710); POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 212/000559);
SOCIALISTA Y CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN (Número de expediente 212/000846).


La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a ir tomando posiciones, por favor.


La segunda y última de las comparecencias de los altos cargos del Ministerio de Justicia corresponde al subsecretario de Justicia, don José Miguel Bueno Sánchez.


Tiene la palabra, señor subsecretario. Bienvenido.


El señor SUBSECRETARIO DE JUSTICIA (Bueno Sánchez): Muchas gracias, señora presidenta.


Señores miembros de la Mesa, señorías. Me complace comparecer ante esta Comisión de Justicia para continuar informándoles acerca del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021, concretamente en relación con la sección 13, que
corresponde al Ministerio de Justicia. El secretario de

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Estado ya mencionado que estos presupuestos suponen un incremento respecto a los vigentes de en torno al 7,6 %. Añado ahora que este dato implica que se superarían, en caso de aprobarse los presupuestos, los niveles de dotaciones de todos
los programas de la sección 13 si atendemos a la serie histórica de los últimos diez años.


Nos encontramos ante un presupuesto adecuado para iniciar un proceso de transformación completa del servicio público de justicia, coherente con la Agenda 30 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tal y como ha descrito anteriormente el
secretario de Estado, pero también es un presupuesto que ha de estar regido por un principio de ejecución responsable y realista. En el Ministerio de Justicia estamos todos de acuerdo en que no solo hay que gastar más allá, donde sea necesario,
sino también gastar mejor entre todos siguiendo este modelo de cogobernanza al que también se ha hecho referencia, entre el Estado y las comunidades autónomas que tienen competencias en esta materia.


Voy a referirme fundamentalmente a los programas presupuestarios, proyectos y datos esenciales más destacados que corresponden al área de mi responsabilidad como subsecretario de Justicia. Comenzando por lo que se refiere al programa 111.N,
dirección y servicios generales de la Administración de Justicia, cabe decir que se trata del programa nuclear de los medios y servicios comunes del ministerio. Este programa cuenta con 75,7 millones de euros de dotación, lo cual supone un
incremento notable respecto a la cifra de la que hasta ahora se disponía. En primer lugar, en relación con este programa, los gastos en materia de gestión de los recursos humanos de la Administración General del Estado en relación con Justicia
cuentan con una dotación en el capítulo 1 de 53,14 millones de euros. Esta dotación incluye, obviamente, el incremento previsto del 0,9 % en las retribuciones de los empleados públicos, contempladas en el proyecto que han recibido, y para las
nuevas incorporaciones previstas en el ejercicio 2021. A este respecto, señorías, como subsecretario de Justicia, me corresponde expresar mi gratitud y reconocimiento a los 1880 empleados y empleadas públicas que prestan servicio en el ministerio y
al personal de sus organismos adscritos, así como poner en valor su profesionalidad y desempeño, especialmente en estos tiempos de pandemia en los que el trabajo no ha decaído en lo esencial, sin perjuicio de los inevitables retrasos.


Los equipos han respondido con ejemplaridad a su compromiso con el servicio público y creo que es un momento adecuado para reconocerlo públicamente.


Por lo que se refiere al capítulo 2 de este programa, gastos corrientes en bienes y servicios, se propone una cifra de casi 14 millones de euros, lo que representa una subida del 15,4 % respecto del presupuesto vigente. En el desglose del
capítulo destaca la dotación más relevante, los 10,2 millones destinados a material, suministros y otros, entre los que cabe reseñar los 3,5 millones que, bajo la rúbrica de estudios y trabajos técnicos, se destinan a la financiación de instrumentos
esenciales para el funcionamiento del ministerio, como el expediente de soporte técnico al usuario, CAU, o el desarrollo de aplicaciones informáticas en el ámbito de los servicios centrales del ministerio. También encontramos en este capítulo la
cobertura presupuestaria de los suministros necesarios para lograr puestos de trabajo seguros para los empleados públicos frente a la COVID-19.


Por lo que se refiere al capítulo 6, inversiones reales, con una dotación de 8,3 millones de euros, se incrementa en un 7,8 %. Uno de los ejes esenciales de este capítulo es la mejora y la consolidación de los medios tecnológicos que nos
permitan mantener el pulso del futuro. Junto con los proyectos que ya ha explicado anteriormente el secretario de Estado, en el ámbito de la subsecretaría se van a dedicar 7,1 millones de euros, un 9,2 % más que el año anterior, a inversiones en
nuevos equipos y licencias de programas que redundarán en una mejor prestación del servicio.


En cuanto a proyectos concretos, merece la pena destacar la implantación del tramitador electrónico de expedientes. Este proyecto permitirá una gestión interna más ágil y un seguimiento adecuado de la evolución del expediente, lo que
redundará, en última instancia, en una mejor prestación del servicio al ciudadano. Asimismo, vamos a proceder a realizar una mejora de la sede electrónica del ministerio para que sea más accesible y sencilla para la ciudadanía. Se implantarán
nuevas funcionalidades, como la ampliación de medios de pago, el uso de firmas electrónicas no criptográficas y la integración de los servicios de sede electrónica en la aplicación llamada Representa para convertir la vía electrónica en la
preferente para la ciudadanía. En esta línea, se está trabajando en la prestación de nuevos servicios por la sede electrónica, como en la emisión de certificados de antecedentes penales y de delitos sexuales o del Registro de últimas voluntades.
Se trata de que estos procesos estén automatizados, de modo que la sede electrónica sea el canal preferente a la hora de obtener estos certificados, tanto para los ciudadanos como para los profesionales que habitualmente los representan en este tipo
de trámites. Esta mejora

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permitirá reducir la carga de trabajo durante el año 2021 de las oficinas de atención al ciudadano y de los propios registros. Hemos previsto, para ello, 600000 euros para el ejercicio 2021.


Señorías, hemos experimentado un cierre parcial de ventanillas por aplicación de las medidas pos-COVID-19 sobre limitación de aforos y distancias de seguridad. Esto, unido a las bajas, cuarentenas y elevado porcentaje de personal de riesgo
en la plantilla de atención al público, ha originado una reducción de las citas previas que se ofrecen. Por ello, se ha acometido un refuerzo de los canales de atención no presencial, como la información telefónica, correos electrónicos, chats y
mensajería instantánea a través de dispositivos móviles. Para seguir reforzando esta línea, proponemos pasar de los 1,2 millones de euros de este año para atención multicanal y las labores auxiliares del registro del ministerio a los más de 1,5
millones de euros en el año 2021. Esta medida presupuestaria se complementará con la suscripción de convenios con profesionales que habitualmente realizan servicios de representación de los ciudadanos para el intercambio automatizado y masivo de
información. Con este refuerzo, se prevé un incremento de más de dos millones de gestiones anuales no presenciales. De esta manera, pensamos seguir mejorando los datos de valoración. Actualmente, más del 77 % de las personas encuestadas han
considerado que la atención recibida en atención al público del Ministerio de Justicia es muy buena o buena. Es un buen dato, pero queremos mejorarlo.


Continuando con los proyectos tecnológicos, pero ya dentro del programa 113.M, relativo a registros vinculados con la Fe Pública, Registro Civil y nacionalidad, hay que reseñar que el importe de la inversión que se va a hacer desde esta
subsecretaría ascenderá a 8 millones de euros para proyectos tecnológicos vinculados a registros. Por su importancia estratégica y en coherencia con lo que ya ha explicado el secretario de Estado, les voy a añadir unas referencias específicas al
trabajo tecnológico de soporte que hacemos en mi área respecto del Registro Civil. El desarrollo tecnológico necesario para que la Ley 20/2011 pueda ser una realidad es una aplicación que se denomina de Dicireg. Esta herramienta se adapta a los
requerimientos legales de creación de un Registro Civil electrónico y de hoja personal. Para nuevos desarrollos de Dicireg hemos previsto una inversión de 2,1 millones de euros en 2021, a los que se suman los 9 millones que ya se han aplicado desde
el año 2018 en este proyecto. Para su puesta en funcionamiento hay previstos 1,3 millones de euros en este ejercicio de 2021. Tanto este despliegue e implantación de Dicireg como la digitalización de los libros físicos, son proyectos que se
incluyen entre los susceptibles de financiación mediante fondos europeos, lo que ayudará a incrementar el ritmo y la intensificación de su puesta en marcha.


Pasaríamos ahora al programa 112, tribunales de justicia y ministerio fiscal, y en particular a hablar de lo presupuestado para financiar las infraestructuras y equipamientos de Administración de Justicia. La subsecretaría contará con 33,23
millones de euros. Con estas dotaciones, se mantienen inversiones ya comprometidas que continuarán ejecutándose y se pondrá en marcha la construcción de nuevas sedes, al tiempo que se apuesta por la rehabilitación de sedes de órganos judiciales y
fiscalías. De esta cifra global, un 55,1 % se destina a obra nueva y un 44,9 % a obras de reposición, reforma y rehabilitación.


El anexo de inversiones que tienen a su disposición contiene el listado de todos los proyectos previstos para 2021 de obras de reposición y de obra nueva. Este gasto del capítulo 6 es de vital importancia, no solo para una adecuada
prestación del servicio público de justicia, sino como elemento de vertebración del Estado a través de sus infraestructuras de justicia.


Les destaco, por razones de limitación de tiempo, las actuaciones previstas más significativas que se encuentran en muy diferentes fases de ejecución y que, en total, suman aproximadamente 27 millones de euros para 2021. En el próximo año
se licitará la redacción de los proyectos de los nuevos edificios de los juzgados de Lorca, Murcia, Navalmoral de la Mata, Cáceres; la ampliación del nuevo edificio judicial de Cáceres y la construcción de un nuevo edificio para la sede en Sevilla
del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Se iniciarán las obras de los nuevos edificios judiciales de Torrijos, en Toledo; Manacor, Baleares, y del Instituto de Medicina Legal, en Toledo. Se iniciará la rehabilitación y reforma
de los edificios judiciales de Salamanca, Ocaña, en Toledo, Manzanares, en Toledo, y Puertollano, Ciudad Real. Se finalizarán las obras de construcción del nuevo edificio judicial de Casas Ibáñez, Albacete, Badajoz y Vitigudino, Salamanca. Se
continuarán las obras de construcción del nuevo edificio judicial de Segovia. Se finalizarán las obras de rehabilitación y reforma de la Audiencia Provincial de Toledo, de los Juzgados de Motilla del Palancar, en Cuenca, así como el edificio para
juzgados de Ceuta y del Burgo de Osma, en Soria.


Además de los créditos ya referidos del capítulo 6 para obras, este ministerio contará con la financiación de proyectos de transición energética y para la descarbonización de sedes judiciales y administrativas a

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través de los créditos de la Secretaría de Estado de Energía, del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, procedentes del Fondo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea.


Por su parte, la inversión en equipamiento para los servicios judiciales, dirigida a la adquisición de nueva dotación y reposición de mobiliario, enseres, maquinaria y equipos, tendrá una dotación que asciende a 6 millones de euros, tanto
para nuevos edificios que se terminan como para la reposición corriente.


A continuación, paso a abordar el programa 921.S, asesoramiento jurídico y defensa de los intereses del Estado. Nos referimos al presupuesto de la Abogacía del Estado para el ejercicio 2021, que asciende a 42,05 millones de euros y, por
tanto, presenta un incremento de 6,11 millones de euros. Les destacaré las dotaciones principales. La dotación del capítulo 1 asciende a 36,89 millones de euros, cifra en la que se incorporan el incremento retributivo propuesto para el año 2021 y
los costes derivados de la ampliación de las relaciones de puestos de trabajo por la creación de los puestos de Abogacía del Estado-jefe en los distintos ministerios derivados de la reestructuración ministerial, así como sus respectivas secretarías
y la prevista creación de la oficina centralizada de gestión y tramitación procesal y administrativa en la Abogacía del Estado.


Por lo que se refiere al capítulo 2, la dotación proyectada asciende a 3,3 millones de euros, es decir, 0,29 millones de euros más que en 2020, lo que representa un incremento del 9,55 %.


Finalmente, en el capítulo 6, encontramos un incremento de casi medio millón de euros, alcanzándose la cifra de 1,8 millones de euros, con los que se va a dar continuidad a los proyectos que se iniciaron a finales del año 2017, dentro del
denominado Plan de Innovación Digital de las Abogacías, con el desarrollo de la aplicación informática de gestión de expedientes jurídicos en el ámbito de la Abogacía General del Estado y de la aplicación de gestión de recursos humanos.


Para finalizar, abordaré el programa 135.M, relativo a la Agencia Española de Protección de Datos. En relación con este programa, hay que tener en cuenta que la entrada en vigor del Reglamento Comunitario y de la Ley Orgánica de protección
de datos de carácter personal ha implicado para la agencia nuevas funciones y nuevos modos de funcionamiento, en general más complejos. La normativa de la Unión Europea establecía la obligación de dotar a las autoridades de control de los medios
personales, materiales, técnicos y financieros necesarios para desarrollar adecuadamente su función, garantizando asimismo su autonomía. Esto explica que en su capítulo 1 encontremos un incremento para 2021 de 765000 euros para alcanzar la cifra
global de más de 8,7 millones de euros.


En el capítulo 2 del presupuesto de gastos de la agencia se observa un incremento de 279250 euros respecto a 2020, alcanzándose la cifra de 5,2 millones de euros, con el objetivo de continuar con la transformación digital del organismo,
especialmente de su plataforma tecnológica de servicios digitales.


Señorías, con esto ya termino. Solo quiero manifestarles que después de tres años de gestionar un presupuesto prorrogado, resulta imprescindible disponer de un nuevo documento presupuestario que oriente las políticas de Justicia.


Quedo a su disposición para preguntas o comentarios. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor subsecretario.


Procedemos a iniciar el turno de intervención de los portavoces de los grupos parlamentarios y lo hará, en primer lugar, el señor Legarda, por el Grupo Vasco.


El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.


Muchas gracias también al subsecretario por las amplias explicaciones que nos ha dado. Simplemente haré una pregunta, al hilo de la mención que usted ha hecho del Registro Civil. Tenemos pendiente aquí en Comisión el debate de la reforma,
pero con las características que usted decía, de electrónico, de hoja personal, etcétera. También tenemos entre manos el proyecto de capacidad. El Registro, lógicamente, es único de llevanza descentralizada para aquellas comunidades autónomas con
competencias, pero único en su diseño dentro de la fase normativa. Mi pregunta, a ver si me la puede responder, es qué consideración le merece a usted, digamos, que en esta Ley de discapacidad se cree un registro bis para situaciones de la persona,
el libro único informatizado de la Ley Hipotecaria, el artículo 2.4 y el 222 bis. ¿Qué opinión le merece que haya un Registro Civil en ciertos aspectos duplicado, en cuanto a situaciones de la persona, a cuestiones de capacidad?


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Legarda.


Por el Grupo Parlamentario Plural, tomará la palabra la señora Illamola.

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La señora ILLAMOLA DAUSÀ: Moltes gràcies, señora presidenta.


Bienvenido, señor subsecretario. Le agradezco el exhaustivo detalle que nos ha dado de todas las partidas. Yo le quería plantear algunas cosas concretas. Una primera hace referencia a una cuestión que el PNV ha planteado al secretario de
Estado, que no ha contestado y que nosotros también hemos preguntado adhiriéndonos a su cuestión, que está relacionada con la situación de los interinos. Quisiera saber si tienen previsto hacer alguna cosa al respecto.


Usted ha hablado de que hay una partida sobre estudios. Le pregunto si pretenden hacer un estudio sobre cambiar el modelo de examen de acceso a la Abogacía, porque es un examen tipo test que quizás no es el más adecuado; bueno, en Junts
per Catalunya pensamos que no es el modelo más adecuado. También en relación con la Ley 3/2020, de convalidación del Real Decreto 16/2020, sobre medidas para hacer frente a la COVID. Nos gustaría que nos detallara cómo se va a llevar a cabo esa
creación prevista de nuevos juzgados o de reconversión de juzgados, y qué van a invertir en este tema. El programa LexNET ha sido objeto de múltiples quejas por errores, por fugas en la información, y como ha hablado usted de que habrá nuevos
equipos y licencias de programas, nos gustaría que nos aclarase si piensan sustituirlo.


Una reivindicación que nosotros tenemos es la asistencia jurídica gratuita, los abogados del turno de oficio, nos gustaría conocer si piensan agilizar el mecanismo para que cobren realmente con más celeridad. Hablábamos en la primera
comparecencia del secretario de Estado de la eficiencia, pues esto para los profesionales del derecho sería una eficiencia de la justicia.


En protección de datos, ¿incluyen medidas antiescuchas, por ejemplo, el programa Pegasus? ¿Qué acciones hay al respecto?


Por último, hay una pregunta que le he hecho al secretario de Estado y que no me ha contestado, por lo que le agradecería que usted me lo aclarara. Si estos fondos de la Unión Europea, que forman parte, quizás, es todo futurible, del
presupuesto que se nos presenta, no estuviesen, ¿cuál sería la cantidad que realmente tendría este ministerio y qué acciones podrían o no podrían llevar a cabo?


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Illamola.


Por el Grupo Parlamentario Republicano, tomará la palabra la señora Telechea.


La señora TELECHEA I LOZANO: Gracias, presidenta.


Nuestra intervención simplemente es para agradecer la presencia aquí del subsecretario, las informaciones que nos ha trasladado hoy, como también la del secretario de Estado a la que, lamentablemente, no hemos podido asistir por
incompatibilidad con otra reunión.


Nada más. Le agradecemos sus explicaciones.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Telechea.


Por el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Muñoz.


La señora MUÑOZ DALDA: Gracias, presidenta.


Antes de nada, quiero agradecer al subsecretario de Estado de Justicia el detalle con el que ha expuesto las partidas presupuestarias. Como decíamos en la anterior comparecencia, en este devastador contexto, con una pandemia todavía
presente en nuestro día a día, este Gobierno permitirá, con estos presupuestos, ir dando los primeros pasos para revertir esta situación y todas las necesidades y demandas que requiere el sistema de justicia.


El incremento del presupuesto en un 7,6 %, anunciado por su ministerio, es un esfuerzo en un contexto extraordinariamente difícil en el que, junto con la aportación del proyecto 110.A de los fondos de recuperación, transformación y
resiliencia, proporcionará los elementos de base para poder reactivar nuestro sistema judicial, pero también para reformularlo a un verdadero sistema judicial del siglo XXI que sirva como elemento de garantía democrática y de protección de la
ciudadanía, atendiendo, sobre todo, a la más desfavorecida. Además, se reforzará la oferta de empleo público, con lo que el sector de justicia conseguirá reducir la interinidad, dar curso a la programación de desarrollo de la planta judicial,
reduciendo la sobrecarga y los tiempos de espera, y dar respuesta a las nuevas necesidades organizativas, procesales y estructurales de la justicia a medio y largo plazo.

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Las 240 nuevas plazas previstas para el ingreso en las carreras Judicial y Fiscal permitirán irnos acercando cada vez más a la media europea en ratio de juzgados y fiscales y, en definitiva, a una justicia más ágil y más cercana para la
ciudadanía. Se incrementan también las partidas en formación para fiscales, juezas y jueces, algo que viene siendo demandado por la sociedad en materias muy relevantes como violencia de género. Se aumenta también el presupuesto para las mejoras
del funcionamiento del sistema de asistencia jurídica gratuita, que es, sin duda, un pilar básico del derecho de defensa como elemento vertebrador del Estado democrático de derecho. Son también muy importantes las iniciativas con las que este
Gobierno pretende avanzar en la justicia veinticuatro horas y en el nuevo sistema de soporte a la Oficina de Atención a las Víctimas. Así, y guiadas por la Directiva de la Unión Europea 2012/29, nuestro derecho penal trabaja desde hace varios años
en un cambio de foco del sistema de Justicia del victimario a la víctima. En el proceso judicial tradicional, las víctimas tenían un protagonismo secundario, relegado en ocasiones al de meros testigos del delito, que debían trasladar todo al Estado
para que este fuera quien se encargara de vigilar y castigar, mientras que recaían en el victimario las principales garantías procesales. Sin desatender estas últimas, en los últimos tiempos se ha venido a reconocer la atención que se requiere
dispensar también a las víctimas en todos los procesos judiciales, lo cual implica a todas las autoridades, instituciones y profesionales, incluyendo, por supuesto, a los jueces y juezas, tribunales y fiscales. Los presupuestos de este ministerio
siguen apuntando en esa necesaria tendencia.


Como también se ha apuntado, el proyecto Justicia 2030 es un proyecto tractor de la recuperación y de transformación del país. Este proyecto vendrá acompañado de leyes clave para trabajar en la eficiencia procesal, organizativa y en la
transformación digital de la justicia; compromiso que, con la situación sanitaria generada por el COVID, deviene ya en ineludible. Son tiempos en los que, además, necesitaremos grandes consensos en justicia, como el que conseguimos en ambas
Cámaras para tramitar el proyecto de ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID y la reactivación del sistema judicial; nos lo reclama la ciudadanía.


La inversión en eficientes y seguros sistemas de videoconferencia es más necesaria que nunca con el fin de evitar aglomeraciones en juzgados y tribunales, pero asegurando siempre los derechos de todas las partes y, especialmente, el derecho
de defensa y de las víctimas. Además de la necesidad de abordar de una vez, como hacen estos presupuestos, la modernización de nuestra justicia y la adaptación a las nuevas tecnologías para convertirlo en un servicio público eficaz.


También hay varios proyectos normativos que se citan en la memoria de los Presupuestos Generales del Estado y entre los que queremos mencionar los proyectos de ley del derecho de defensa y de modificación de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal. Ambas herramientas serán imprescindibles para el avance de los derechos fundamentales y la tutela judicial efectiva. En este plano programático normativo, para nosotros, es también imprescindible que, cuanto antes, se pueda abordar la
reforma del Código Penal que, como saben, hace meses que está encima de la mesa.


Por último, en el ámbito de Justicia, también queríamos mencionar cuestiones que están ocurriendo con el Registro Civil, relacionadas con las personas migrantes, así como los problemas para la dotación de citas, que también dependen de este
ministerio, en materia de nacionalidad. Somos conocedores de que este Gobierno y este ministerio están preocupados por esta situación y que se están haciendo las gestiones oportunas para acabar con este cuello de botella de solicitudes, lo que
agradecemos. No quería acabar sin hacer un apunte. Es imprescindible que cuanto antes se pueda abordar la reforma del Código Penal que, como saben, hace meses que lo tienen encima de la mesa. Delitos como el de sedición, de origen medieval, sin
parangón en los países de nuestro entorno, precisan de una urgente revisión, tal y como nos ha señalado recientemente Amnistía Internacional a propósito de los tres años de encarcelamiento de Los Jordis.


Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Muñoz.


Corresponde el turno de intervención al Grupo Parlamentario VOX. Lo hará en este en este turno, el señor Ruiz Navarro.


Muchas gracias.


El señor RUIZ NAVARRO: Muchas gracias.


Señor subsecretario, muchas gracias por venir. Quería comenzar, en primer lugar, comentando lo que usted ha dicho aquí relativo a la atención telefónica del ministerio. Usted ha obtenido datos favorables o encuestas favorables por parte de
los usuarios. Yo quería comentarle, para que lo tenga usted en cuenta,

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que los operadores jurídicos, los que trabajamos en la Administración de Justicia, tenemos graves dificultades para contactar con el Ministerio de Justicia telefónicamente. Es imposible. No puede uno encontrar una forma, aunque sea por
medio interno, de contactar con departamentos que gestionan nuestro día a día en la relación funcionarial.


Entrando ya en el tema de personal, en primer lugar, quería comentarle que usted ha hecho referencia a que los gastos en personal de su departamento, de la Subsecretaría de Estado, ascienden a 53,14 millones de euros, pero no nos ha
detallado que, de esta cantidad, aproximadamente 1600000 van destinados a pagar a eventuales y a altos cargos de su departamento, lo que supone un incremento aproximado de un 10,5 % respecto al presupuesto actualmente vigente. La pregunta que me
hago es: ¿Por qué este incremento? ¿La Subsecretaría de Estado va a modificar la RPT para introducir nuevo personal eventual o van todos ustedes a subirse el sueldo?


En segundo lugar, también quería comentarle que nos llama la atención, en el proyecto de presupuestos, que en los gastos corrientes de bienes y servicios nos encontramos con la partida de arrendamientos y cánones, que, aunque efectivamente
viene decreciendo año tras año, lo cierto es que supera los 2 millones de euros y desconocemos qué clase de arrendamientos mobiliarios o inmobiliarios tiene comprometidos el Ministerio de Justicia y por qué razón no es posible utilizar bienes que
son propiedad del Estado en lugar de tener que arrendarlos.


En tercer lugar, tampoco resulta conocida la razón por la que en la distribución por capítulos del presupuesto consolidado de gastos se refleja un incremento del 459 % de los gastos financieros, desde 68000 euros en 2020, a los proyectados
para 2021, que serían 382000 euros. Sería conveniente que nos explicara por qué.


En cuarto lugar, nos gustaría preguntarle por las gerencias territoriales del ministerio. No sabemos por qué en pleno siglo XXI realmente hacen falta estas oficinas, sobre todo en los territorios que tienen transferidas las competencias en
Justicia, para gestionar aspectos que probablemente podrían ser gestionados telemáticamente o pudieran ser asumidos por las subdelegaciones del Gobierno. Supongo que usted nos podrá explicar, efectivamente, qué papel indispensable tienen las
gerencias territoriales para poder seguir subsistiendo. Como decimos, son veinte más cuatro oficinas delegadas.


Celebramos que usted haga referencia a la normativa en materia de protección de datos para dar cumplimiento al Reglamento de la Unión Europea 2016/679, porque, efectivamente, usted, en su función de subsecretario, como responsable del
asesoramiento jurídico, quizá sería conveniente que al ministro de Justicia, en el ejercicio de sus funciones, le sugiriera que cumpliera el considerando 20 del citado reglamento, el cual hace referencia a la necesidad de crear, lo cual implica
modificaciones legales, un organismo específico, establecido dentro del sistema judicial, que realice funciones específicas y concretas de autoridad y control de datos en materia de la Administración de Justicia. También, en este sentido, sería
conveniente que le sugiriera al señor ministro de Justicia que introdujera los cambios necesarios en la Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 236 bis y siguientes, para adaptarla a la normativa actual en materia de protección de datos y,
especialmente, para que determine, en relación con los ficheros de naturaleza no jurisdiccional, quiénes van a asumir los roles de responsable de tratamiento, encargado del tratamiento y delegado de protección de datos, puesto que, como bien sabe,
este reglamento obliga a que en la Administración exista protección específica para la protección datos con este tipo de figuras.


Por último, ya acabando, también me gustaría que nos explicara, efectivamente, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que prevé el proyecto de presupuestos, que hace referencia a la palanca fundamental para relanzar el crecimiento
económico y la reducción de la desigualdad. ¿Cómo entiende usted que, utilizando este tipo de lenguaje tan pomposo, tan complicado y existiendo un grupo de trabajo para modernizar el lenguaje judicial, esto casa con la necesidad de que la gente
normal entienda las normas que estamos aprobando desde aquí o desde los decretos del Gobierno?


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ruiz Navarro.


Por el Grupo Popular, le corresponde el turno de intervención al señor Jerez Juan.


El señor JEREZ JUAN: Muchas gracias, señora presidenta.


Muchas gracias y buenos días, señor subsecretario de Estado. Yo seré muy breve. Me centraré básicamente en tres cuestiones que nos preocupan enormemente en relación con su departamento o con su negociado, básicamente sobre las funciones y
la responsabilidad que tienen ustedes, usted en

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concreto, de la tramitación legislativa, en relación con el derecho de gracia, que también nos importa de qué manera y también, obviamente, al ámbito internacional de la Subsecretaría de Estado.


En primer lugar, en lo que hace referencia a la primera cuestión, en materia de desarrollo del ordenamiento jurídico y, en concreto, en lo que hace referencia a la tramitación legislativa, hemos detectado y hemos prestado atención a la
programación que tienen ustedes prevista en relación con la tramitación legislativa en el año 2021. Entre todas estas cuestiones, de todo este acervo legislativo que ustedes pretenden desarrollar, nos ha llamado la atención, no lo que pretenden
hacer, sino lo que no van a hacer. Le quiero recordar que en la Ley 3/2020, en la disposición final decimoprimera, hay un mandato, que directamente implica al Gobierno, para tramitar un proyecto de ley telemático en materia notarial y registral.
También recordará que en esa misma Ley 3/2020 se estableció una disposición final obligando al Gobierno a remitir a las Cortes un proyecto de ley sobre la celebración de actos procesales telemáticos. Recordará también que en la Ley 3/2020 se
interpela al Gobierno para que, en el plazo de tres meses, presente en las Cortes un análisis en relación con la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico y, en concreto, al Código Civil, de la cláusula rebus sic stantibus. Estos son tres
mandatos y tres interpelaciones directas al Gobierno del Estado, en relación con la Ley 3/2020, que deberían estar en la programación de la Subsecretaría del Estado a fin de desarrollar la tramitación legislativa de estos proyectos de ley, pero nada
se dice en la memoria y nada se dice en la exposición que usted ha desarrollado en esta Comisión. Por tanto, nos preocupa que esos mandatos legislativos no se acaben cumpliendo y llegue el año 2021 sin la tramitación de estas leyes, que, a nuestro
entender, son importantísimas, en concreto, para el desarrollo, la gestión y la eficacia de la propia Administración de Justicia, porque muchas de ellas, en concreto dos, hacen referencia a cuestiones telemáticas.


En segundo lugar, me gustaría también comentarle sobre el derecho de gracia, esas cuestiones sobre las que también ustedes son responsables de gestionar: las solicitudes relativas a ese derecho de indulto. Es verdad que usted tiene la
responsabilidad y la obligación de comparecer en este Congreso cada seis meses, de remitir un informe a esta Cámara cada seis meses, y le recuerdo que la última vez que usted lo hizo fue en febrero. Le recuerdo que estamos en noviembre. Le
recuerdo que de febrero a noviembre van nueve meses, no van seis. Por tanto, llevamos tres meses de retraso. (El señor Aranda Vargas: Pandemia). Durante esos tres meses, si no entiendo mal, salvo error u omisión, a esta Cámara no ha llegado al
informe preceptivo que usted tiene que mandar. Por tanto, nosotros lo que hemos hecho - ya hace tiempo que lo hemos hecho- ha sido presentar un escrito requiriendo ese informe y requiriendo también, como no puede ser otra manera, su presencia en
esta Cámara para que usted no se retrase en su deber, en la rendición de cuentas en relación con la sustanciación de ese derecho de gracia. Por tanto, la pregunta es: ¿Si tiene pensado usted comparecer en breve en esta Cámara para dar cuenta de
esta cuestión?


En segundo lugar, puestos a hablar del derecho de gracia, yo le tengo que decir que no tuve suerte en la anterior ocasión, cuando usted compareció, porque le hice una serie de preguntas que usted no me contestó. Preguntas que hacían
relación directamente con lo que preocupa a mucha gente después del anuncio del ministro de Justicia, que dijo que se estaban tramitando los derechos de gracia de las personas que en este momento están condenadas por sedición a resultas de un
referéndum ilegal y de la proclamación de la república. Le voy a insistir de nuevo, visto que el ministro ya ha anunciado que se están tramitando esas solicitudes de indulto, yo le pregunto: ¿En qué fase están? ¿Cómo están? ¿Qué velocidad les
están dando? (El señor Aranda Vargas pronuncia palabras que no se perciben). Me gustaría saber si se ha pronunciado ya el tribunal sentenciador, que es uno de los registros imprescindibles, a fin de que se desarrolle el procedimiento con todas las
garantías. Si se ha pronunciado el tribunal sentenciador, me gustaría saber en qué sentido, precisamente, se ha pronunciado el mismo.


En tercer lugar, en el ámbito internacional de la Subsecretaría de Estado, es cierto que tiene una proyección exterior importante en relación con la cooperación en materia de justicia en el ámbito internacional y también en la participación
en esos organismos de los que es miembro, como pueden ser Naciones Unidas o la Organización de Estados contra la Corrupción, conocida más comúnmente como GRECO. Me quería centrar precisamente en esta organización, en el Grupo de Estados contra la
Corrupción, en el GRECO, para que me conteste usted a lo siguiente. Como Estado miembro del GRECO, al parecer, el ministerio ha recibido, usted me lo confirmará, creo que es así porque en medios de comunicación ya hemos tenido oportunidad de
leerlo, una queja de este organismo requiriendo información y advirtiendo de que, de perpetrarse la proposición que ha llegado a esta Cámara para reformar el Consejo de General del Poder Judicial, se podrían violar, en el ámbito europeo, normas
anticorrupción. Eso parece ser que es así, que GRECO se ha dirigido a ustedes en ese mismo sentido. Hace unas semanas, el presidente del Gobierno

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anunció que paraba el reloj, que no iba a desarrollar esta iniciativa, que la iba a dejar en suspenso. Las preguntas que le tenemos que hacer en ese sentido son: primero, ¿si es cierto que el GRECO está alertándoles de los riesgos que
comporta esta reforma? Segundo, ¿si considera usted que se violan las normas anticorrupción, como advierte GRECO? Tercero, ¿si usted sabe y conoce que esta reforma la ha paralizado el señor Sánchez precisamente o a resultas de la advertencia que
hace GRECO en relación con los riesgos en materia de violación de parámetros relacionados con la corrupción en el ámbito europeo?


Acabo con una cuestión relacionada con el Registro Civil. Ya se ha dicho aquí que tenemos un cuello de botella importante en materia de nacionalidad. Hay expedientes que no se están tramitando. Esta falta de tramitación está provocando un
nuevo cuello de botella en la Audiencia Nacional. Hay muchísimos de los peticionarios que lo que hacen es recurrir a la jurisdicción ordinaria a fin de ver resueltas sus peticiones que se están retrasando por años. Las podemos contar de cinco en
cinco años. Por tanto, yo lo único que quería preguntarles es: ¿Qué tienen ustedes pensado hacer para agilizar la tramitación de los expedientes en materia de nacionalidad?


Señora presidenta, muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jerez.


Cierra el turno de intervención de los grupos parlamentarios, en esta ocasión el Grupo Socialista, su portavoz, la señora Fernández Benéitez.


La señora FERNÁNDEZ BENÉITEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Señor subsecretario de Estado, muchas gracias por la explicación que nos ha ofrecido sobre el presupuesto de Justicia para el próximo ejercicio de 2021. Su exposición nos ha resultado especialmente clara, porque no solo se ha referido usted
a las cifras, sino que ha incidido especialmente en los objetivos que traen aparejados estas cuentas y a los que debemos hacer frente, lo cual es de agradecer en esta Cámara.


Es natural que, en el seno de esta comparecencia, los diferentes grupos políticos tengan posiciones variadas e, incluso, algunas que ni siquiera tienen nada que ver con lo que tratamos en esta Comisión, pero, como ya ha indicado mi compañero
durante la comparecencia del secretario de Estado, el Grupo Parlamentario Socialista considera que objetivamente estamos ante un buen presupuesto para la Justicia. Siguiendo esta línea, es evidente que todo siempre es poco. Sería ingenuo creer que
el desarrollo de las políticas no está condicionado por su dotación económica, pero no sería justo negar que este presupuesto es uno de los más beneficiosos para la Justicia de los últimos tiempos. Lo ha dicho mi compañero, el presupuesto, en este
ámbito, ha aumentado más de un 7 % con respecto al anterior y supone un 3 % más de media con respecto al resto de departamentos ministeriales.


Señor subsecretario, de su intervención se desprende que este presupuesto es coherente con los numerosos anuncios que han ido haciendo ustedes durante la legislatura. Como todos sabemos, estos presupuestos tienen un carácter extraordinario,
dada la situación sanitaria en la que nos encontramos. Las cifras que nos ha presentado hoy son coherentes y concuerdan con este gran reto al que nos enfrentamos. Ha llamado especialmente la atención sobre los esfuerzos digitalizadores, que son
más que evidentes y que tienen un gran valor, más allá, incluso, de este contexto de excepción.


Como ya se ha comentado, los desafíos que plantea la justicia no son menores ni pueden afrontarse con una visión corta. De esta propuesta se deduce que el próximo año será un año de transición y estará dedicado a alcanzar el horizonte de un
nuevo modelo de justicia en el futuro. Para eso necesitamos un basamento fuerte y sólido que nos permita construir una justicia eficaz, rápida, garantista, accesible y que saque todo el juego posible a las tecnologías, algo que está perfectamente
plasmado en estas cuentas. Apuestas como la de incentivar el trabajo deslocalizado, los sistemas de cita previa o la digitalización son pilares fundamentales de la Agenda 2030, lo cual evidencia que estos presupuestos caminan en la buena dirección.
Queremos también poner en valor los pasos hacia adelante que se están dando en materia de modernización del Registro Civil. Aunque el trabajo está localizado aún en esta Cámara, la buena disposición de este departamento es evidente. Prueba de ello
es la partida que trae aparejada, más de 8 millones de euros dedicados a su digitalización. Celebramos también la fuerte apuesta que se hace por la Agencia Española de Protección de Datos que, sin duda, es una bisagra imprescindible en la
modernización de la justicia.


Señor subsecretario, los objetivos generales que nos ha planteado usted aquí reflejan unas prioridades políticas que compartimos plenamente y estamos seguros de que esta satisfacción encontrará el reflejo también entre los profesionales del
sector de la justicia.

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No voy a detenerme en cuestiones que ya se han tratado, pero sí considero necesario incidir en algún tema para plantearle algunas preguntas, señor subsecretario. Todos sabemos que las funciones de la Abogacía del Estado son fundamentales.
Por ello, nos gustaría que ahondara un poco más en las partidas presupuestarias dedicadas al asesoramiento y defensa de los intereses del Estado. Según hemos entendido, el programa 921.S contará con una partida de 42,5 millones de euros, lo que
supone unos 6,11 millones de euros más que en las cuentas actuales.


Expuesto todo lo anterior, queremos subrayar la importancia de que esta Comisión siga trabajando por los acuerdos. El trabajo que realizamos es vital para que la ejecución de esta propuesta presupuestaria vaya acompasada con las políticas a
las que van dirigidas. Debemos insistir en la importancia que tiene que, precisamente este año, actuemos con altura de miras, con lealtad y con honestidad. La coordinación entre ambos poderes, Ejecutivo y Legislativo, es más determinante que
nunca. Del trabajo conjunto y constructivo depende que salgamos de esta situación con la fuerza y la capacidad de lograr la justicia que merecemos como país.


Señor subsecretario, creo que estará de acuerdo conmigo. Entiendo que muchas de las medidas que, con mucho acierto, ha expuesto dependen de estas cuentas. Por eso debemos incidir en la capacidad de consenso de esta Comisión para construir
acuerdos en torno a la producción normativa, por lo que quiero llamar a la responsabilidad de todas las fuerzas políticas para apoyar unos presupuestos que, más que nunca, son de Estado.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Fernández Benéitez.


En aras del desarrollo de esta sesión, no necesito recordarles, señorías, que el objeto de la misma se desarrolla en el marco de las comparecencias de altos cargos del Gobierno en la tramitación del proyecto de ley de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2021 y, por tanto, sobre los temas relativos al mismo. No tengo tampoco la menor duda de que, en futuras comparecencias, los miembros del Gobierno y, en este caso los cargos del Ministerio de Justicia, darán respuesta a
algunos de los temas que se han planteado.


Tiene usted la palabra, señor subsecretario.


El señor SUBCRETARIO DE JUSTICIA (Bueno Sánchez): Gracias, presidenta.


Gracias, señorías, por sus intervenciones y por sus comentarios. Efectivamente, voy a intentar ceñirme a los aspectos presupuestarios, incluso, intentando responder a aquellos que, de alguna forma, aunque sea indirecta, puedan tener
implicación presupuestaria y dejando a un lado lo que no es objeto de esta comparecencia siguiendo las indicaciones de la presidenta.


Respecto a la existencia del libro en el Registro de la Propiedad relativo a las personas con discapacidad, como conoce el señor diputado, la nueva ley cambia totalmente de filosofía. Hablamos de instrumentos de apoyo a las personas con
discapacidad y eliminando, en la medida de lo posible, las situaciones de sometimiento a formas o instituciones más intensas de protección. Eso no quiere decir que no haya, para garantizar la seguridad en el tráfico jurídico, que mantener un libro
que ya existía hasta el momento, que es al que ha hecho referencia. Lo único que ha cambiado es el nombre y es un libro en el Registro de la Propiedad que no tiene una conexión directa con el Registro Civil.


Señora Illamola, en relación con la situación de los interinos en la parte de la Administración de Justicia, ya le respondió anteriormente el secretario de Estado. Entiendo que su referencia se refiere a los interinos en el ámbito de la
Administración General del Estado. Es una cuestión objeto de negociación en la Mesa General de Negociación que lidera el Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Desde el año 2015, me consta que ha habido varios acuerdos de la Mesa
General de Negociación relativo a lo mismo, el último en relación con el periodo 2017/2019, en el que de una forma progresiva se está intentando, efectivamente, superar esa situación o esa problemática a la que usted ha hecho referencia. También
intentando expurgar las cuestiones presupuestarias en relación con la asistencia jurídica gratuita, una novedad que introduce la ley de presupuestos este año es la creación de un subconcepto específico para el turno de oficio, distinto al de la
asistencia jurídica gratuita. Son dos conceptos que no son coincidentes precisamente con el objeto de remover cualquier obstáculo y cualquier imposibilidad que se nos pueda plantear en la gestión a la hora de cubrir esos servicios que son prestados
por la Abogacía, que, evidentemente, es un actor importantísimo en el ámbito de la Administración de Justicia.


En relación con la pregunta de qué ocurriría si finalmente no se recibieran, en este caso, en este primer ejercicio de 2021, que es al que nos estamos refiriendo, los casi 28 millones de euros de los fondos

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europeos, a este respecto he de decir que creo que vamos a presentar proyectos serios, vamos a presentar proyectos que van dirigidos a lo que es necesario para establecer un servicio público de Justicia y que, por tanto, los vamos a recibir.
Como ha comentado anteriormente el secretario de Estado de Justicia, imaginando esa otra situación que usted plantea, se ha hecho un planteamiento muy medido, muy serio y muy responsable de un año dirigido a la planificación para garantizar una
ejecución y una absorción de los fondos en los ejercicios presupuestarios subsiguientes. Con lo cual, si ese dinero, esos 28 millones de euros, no llegaran por la razón que fuera y que no atisbo ahora mismo a imaginar, simplemente tendríamos que
seguir realizando el esfuerzo sin esos 28 millones de euros que hemos planteado en este primer ejercicio presupuestario, pero la filosofía del proyecto y los objetivos no se alterarían, obviamente.


En relación con los planteamientos que ha manifestado la señora Muñoz, estamos totalmente de acuerdo: modernización de la justicia; tecnologías; impulso de proyectos normativos, como la Ley Orgánica del Derecho de Defensa; la LECrim, en
la que está trabajando el ministerio, y eliminar los cuellos de botella. Precisamente, todo eso, con esa intensificación de los medios tecnológicos, para permitir, a través de la Oficina de Datos, mediante la justicia, tener datos para saber dónde
se encuentran las necesidades y poder responder de una forma más rápida y adecuada. Efectivamente, estas son las prioridades de este Gobierno y en lo que estamos trabajando.


Señor Ruiz Navarro, manifiesta problemas en relación con las consultas telefónicas. Aquí diferenciaría, porque no sé a qué nos estamos refiriendo exactamente, en lo que se refiere a la atención telefónica del Ministerio de Justicia se
gestionan un total de 3 millones de llamadas telefónicas al año y no tenemos ningún índice de reclamaciones en ese sentido que nos puedan plantear problemas. No sé si usted se está refiriendo a la comunicación telefónica al hablar los profesionales
con los tribunales de justicia, sobre lo que también se están adoptando medidas en los nuevos proyectos normativos. En cualquier caso, como he manifestado en mi exposición, vamos a incrementar hasta los 1,5 millones de euros el gasto destinado a
este tipo de actuaciones, con lo cual, evidentemente, somos conscientes de que la situación poscoronavirus va a generar una intensificación en el uso de estos medios y, de forma preventiva, estamos incrementando esta partida.


Respecto de los incrementos retributivos a eventuales y altos cargos, tal y como usted lo cuenta, da la sensación de que o el ministro o yo hemos decidido subir los sueldos. Las subidas de sueldos, como usted sabe, se determinan, a través
del Ministerio de Hacienda y de acuerdo al Misterio de Función Pública, en este año se ha fijado en el 0,9 %. Esas son las subidas que contemplamos, ni un euro más ni un euro menos.


Estoy totalmente de acuerdo en relación con la gestión de los arrendamientos. Es una cosa en la que estamos trabajando, en intentar reducir y eliminar la utilización de los arrendamientos o, al menos, en aprovechar edificios que pertenezcan
a entidades del sector público. Somos conscientes, además, de que esa es una política que aparece también, incluso, en la memoria de los presupuestos de la Dirección General de Patrimonio y, de hecho, en las próximas semanas tenemos una reunión con
el director general de Patrimonio para abordar todas las posibilidades de reducir al máximo posible esa partida de arrendamientos y aprovechar, en la medida de lo posible, el patrimonio del Estado. A veces, no es fácil porque las necesidades de los
edificios judiciales normalmente son muy grandes y encontrar edificios adecuados, a veces, es complejo. A veces, los tiempos también obligan a soluciones transitorias, pero, en cualquier caso, estoy de acuerdo con que esa debe de ser la política
general del ministerio y, en ese sentido, queremos trabajar.


En relación con las gerencias territoriales, he de romper una lanza en favor del trabajo que realiza la Administración de Justicia. Es una Administración con unas peculiaridades y unas especificidades que requieren de este tipo de órganos,
los cuales tienen una conexión directa con el Misterio de Justicia y que, además, permiten ayudar a la vertebración de la justicia en el territorio. Con lo cual, no sé exactamente cuál es la propuesta, pero, desde luego, yo he de decir que su
trabajo ha de ponerse en valor, desde mi punto de vista.


En relación con las modificaciones normativas en materia protección de datos, en la Administración de Justicia, efectivamente, somos conscientes y se abordarán las modificaciones que sean pertinentes para adaptarse a la normativa de la Unión
Europea.


Señor Jerez, respecto a las cuestiones que, de alguna manera, pudieran entenderse vinculadas por sus implicaciones presupuestarias, los proyectos normativos a los que ha hecho referencia en el ámbito de la seguridad jurídica digital, ya ha
hablado el secretario de Estado de la ley de eficiencia digital. Por tanto, esa será la sede normativa adecuada para abordar algunas de las cuestiones a las que usted se refiere.

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En relación con la cláusula rebus sic standibus, lo que hay es un mandato dirigido a la elaboración de un estudio. Estamos trabajando en ello, en el seno del Ministerio de Justicia para su tranquilidad.


En cuanto a la programación normativa, si hay algún desajuste en la que no se haya incorporado, de las últimas modificaciones normativas o de las últimas demandas dirigidas al Gobierno para realizar proyectos normativos, puede que tenga que
ver con la revisión del programa anual normativo en un momento anterior a la aprobación de esa ley, pero, evidentemente, no se preocupe, porque, si está en una norma legal, en un mandato dirigido al Gobierno, en la parte que corresponde al
Ministerio de Justicia trabajaremos en ello.


Simplemente, por una alusión personal, tampoco se preocupe porque compareceré, efectivamente, en esta Cámara antes de que acabe el semestre. En la vez anterior di cuenta de los últimos dos años en los que no se había producido dicha
comparecencia y tenemos que esperar, para tener unos datos que yo pueda explicar, seis meses para tener esos datos, elaborar el informe y, en la segunda parte del año, que es donde estamos, hacer el análisis correspondiente de esa parte en la que
entiendo que usted podrá preguntar las cuestiones a las que ha hecho referencia y que les inquietan y otras que se le puedan ocurrir en esa Comisión, que es la sede adecuada.


Finalmente, doña Andrea Fernández, gracias por sus palabras. En relación con la Abogacía General del Estado, no me ha dado tiempo a desarrollarlo adecuadamente por la limitación de tiempo a la que he intentado ceñirme, que no sé si he
cumplido, la verdad, pero con esto ya voy terminando. Efectivamente, consideramos que la creación de una Oficina Central de Tramitación y Gestión Procesal en el seno de la Abogacía del Estado es un proyecto muy importante. Como ustedes saben, los
abogados del Estado, además de ejercer la defensa en juicio, asumen también la representación realizando actuaciones de procuraduría. A consecuencia de los problemas que hay con la reducción de plantillas en el ámbito de la función pública, por el
envejecimiento, las jubilaciones y los problemas que ha habido de reposición en los años subsiguientes a la crisis financiera, se están produciendo situaciones de reducción de personal que necesitamos abordar con soluciones imaginativas y adecuadas,
como la creación de este tipo de servicios comunes que permiten aprovechar economías de escala para hacer más con menos recursos, como también ha dicho el secretario de Estado anteriormente. Ese proyecto y la continuación de los proyectos digitales
para el establecimiento de una aplicación informática, que se denomina REGES, para que efectivamente la Abogacía del Estado pueda tener centralizada toda la información de los expedientes judiciales y ministeriales jurídicos, son fundamentales.
También estamos en la línea de tener unos datos adecuados, con los cuales poder manejar informaciones tan importantes como las que se refieren a eso precisamente, a los intereses económicos del Estado. Por tanto, entendemos que también es un
proyecto fundamental. Estas dos líneas, aparte de los incrementos derivados de la creación de esas nuevas unidades de la Abogacía del Estado, derivadas de la nueva reestructuración ministerial, son las cuestiones que yo creo que debemos destacar.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor subsecretario, por su comparecencia, por la información facilitada, así como por su disponibilidad para comparecer en esta comisión próximamente, tal y como le han solicitado algunos de los
portavoces de los grupos parlamentarios.


Muchas gracias.


Señorías, terminamos la sesión correspondiente a la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado.


Gracias a todos.


Se levanta la sesión.


Eran las doce y treinta y cinco minutos de la mañana.