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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 190, de 26/10/2020
cve: DSCD-14-CO-190
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2020 XIV LEGISLATURA Núm. 190
TRABAJO, INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ANTONIO GOMÉZ-REINO VARELA
Sesión núm. 8
celebrada el lunes,
26 de octubre de 2020
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Por la que se insta al Gobierno a adoptar medidas para que los trabajadores autónomos puedan hacer aportaciones extraordinarias a la Seguridad Social que computen a efectos de cotización. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso. (Número de expediente 161/000373) ... (Página2)
- Por la que se insta al Gobierno a desarrollar el artículo 8.5 del Estatuto de los Trabajadores de modo que se establezca un sistema eficaz de información a los trabajadores de los elementos esenciales de la prestación laboral, que
sustituya la regulación del RD 1659/1998 y que sea acorde a las nuevas tecnologías de la comunicación manteniendo un gasto de seguridad jurídica que permita un efectivo control jurisdiccional. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de
Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común. (Número de expediente 161/000815) ... (Página7)
- Sobre la prórroga de los ERTE en el sector turístico de Canarias, ante la crisis económica y social provocada por el COVID-19. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000891) ...
- Relativa a las consecuencias del incumplimiento del compromiso de mantenimiento del empleo. Presentada por el Grupo Parlamentario VOX. (Número de expediente 161/000978) ... (Página16)
- Relativa a garantizar las protecciones socioeconómicas de los trabajadores y trabajadoras de plataformas digitales. Presentada por el Grupo Parlamentario Plural. (Número de expediente 161/001022) ... (Página21)
- Relativa a rechazar las regularizaciones masivas de inmigrantes irregulares, en línea con el compromiso europeo de 2008. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001211) ...
- Sobre la necesidad de garantizar la conciliación de las familias en circunstancias excepcionales relacionadas con la emergencia sanitaria de la COVID-19. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 161/001303)
... (Página36)
- Sobre apoyo al colectivo de feriantes para afrontar las graves consecuencias económicas derivadas del COVID-19. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001329) ... (Página42)
Transcripción literal al no ser posible la presencia ni corrección por parte del personal del Departamento de Redacción del Diario de Sesiones.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías.
Abrimos la sesión, si les parece oportuno. Como saben, tenemos una sesión de debate de proposiciones no de ley. Señorías.
Como saben, tenemos una sesión de debates de proposiciones no de ley. Les anuncio ya que vamos a ser optimistas y no votaremos antes de las 6:30. Digo que voy a ser optimista, porque supongo que votaremos más tarde. Pero, en todo caso,
antes de las 10:30 nunca votaríamos. Saben que, para la ordenación de los debates, en Mesa de portavoces se decidió que los tiempos sean siete, cinco y tres. Siete el grupo que defiende su proposición no de ley. Cinco para los grupos que hayan
presentado enmienda. Tres para los grupos que fijan posición.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ADOPTAR MEDIDAS PARA QUE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS PUEDAN HACER APORTACIONES EXTRAORDINARIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL QUE COMPUTEN A EFECTOS DE COTIZACIÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000373).
El señor PRESIDENTE: Por lo tanto, iniciamos con el punto 1 del orden del día. La proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a adoptar medidas para que los trabajadores autónomos puedan hacer aportaciones extraordinarias a la
Seguridad Social, que computen a efectos de cotización del Grupo Parlamentario Popular.
El propio Grupo Popular ha presentado una enmienda a su propio texto, que se incorpora al mismo en el apartado número 2.
Para la defensa de la PNL, tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.
El señor MOVELLÁN LOMBILLA: Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, señorías.
Hoy el Grupo Parlamentario Popular presenta esta proposición no de ley para seguir ofreciendo alternativas y futuro a los más de 3 millones de autónomos con los que contamos en nuestro país. Como todos ustedes saben, esta es la primera
proposición no de ley que se va a debatir en esta legislatura, en el seno de la Comisión de Trabajo, y no es casualidad que sea una iniciativa sobre autónomos. Tampoco es casualidad que seamos nosotros, el Grupo Parlamentario Popular, quien la
presenta. Porque el Partido Popular es el partido de los autónomos y lo va a seguir siendo.
Las grandes conquistas, los grandes avances de los trabajadores autónomos en España siempre se ha producido bajo Gobiernos del Partido Popular.
Durante la décima y duodécima legislatura, con el Partido Popular se han aprobado más leyes y medidas para apoyar a los autónomos y a los emprendedores en cualquier otro Gobierno democrático. Fruto de estas reformas, España es el segundo
país de la Unión Europea donde los autónomos gozan de mayor protección social, solo detrás de Luxemburgo. Pero hoy queremos dar un paso más allá, y lo queremos hacer con esta PNL, porque a pesar de que los autónomos disfrutan hoy en día de las
mismas prestaciones que los trabajadores asalariados, las cuantías que perciben son de media un 40 % más bajas que los trabajadores por cuenta ajena. Datos que se visualizan en cifras reales, como esos 523 euros menos de pensión media de jubilación
de los autónomos.
Nuestro deber como legisladores, por lo tanto, ha de ser ofrecer alternativas que mejoren las condiciones del futuro de un colectivo que, como ustedes saben, en nuestro país genera más de 4 millones de puestos de trabajo de forma directa e
indirecta. Hoy en día, los autónomos siguen viendo la cuota que mensualmente pagan a la Seguridad Social como un impuesto, en lugar de como una inversión. Son numerosos los trabajadores de este régimen que denuncian verse abocados a contratar
planes de pensiones privados a largo plazo para depositar sus ahorros con cierto atractivo fiscal, ante la falta de incentivos y la imposibilidad de incrementar su paga de jubilación pública por la vía de cotizaciones.
Frente al abandono, las trabas y la dejadez del Gobierno actual, defendemos que este aspecto requiere de un cambio en nuestra legislación, para que estos trabajadores cuenten con más y mejores alternativas, pero ya no solo para garantizar,
sino para ver fortalecido su sistema de protección social.
La Ley de Autónomos, aprobada en el año 2017, ya permite que el autónomo pueda adaptar la base de su cotización a los ingresos del momento, autorizándoles a cambiar hasta en cuatro ocasiones, cuatro veces al año su base de cotización.
Esto permite a los autónomos optar por una base mayor en aquellos períodos en los que obtienen más ingresos y escoger una base menor cuando la facturación flaquee. Es en este camino donde debemos seguir avanzando. Es decir, señorías, se
trata de dar a los autónomos opciones para poder decidir libremente si hacen un mayor esfuerzo hoy para poder gozar de un mayor bienestar mañana.
Ese esfuerzo voluntario debe ir acompañado de un sistema de cotizaciones basado en la flexibilidad, que no solo será buena para el colectivo de los autónomos, sino que favorecerá el crecimiento económico y a la creación de empleo en nuestro
país.
Hay que decir alto y claro que los autónomos son los mejores aliados para la reconstrucción económica y social que nuestro país necesita. Ya lo fueron en el pasado y lo volverán a ser en el futuro.
Por ello, pedimos al Gobierno que adopte las medidas que sean necesarias para que los trabajadores autónomos puedan, al inicio de cada ejercicio, realizar aportaciones voluntarias a la Seguridad Social, que computen como si estuvieran
cotizando por una base mayor. Para ello no será necesario modificar su cuota mensual, sino que se trata de aportaciones extraordinarias que deben ir acompañadas, asimismo, de incentivos y deducciones fiscales.
Sin duda, un sistema más flexible y atractivo producirá un incremento de los ingresos de la Seguridad Social por esta vía. Generará una mayor confianza de los autónomos en el sistema, e incentivará mayores niveles de aportación regular más
próximos a los ingresos reales de los autónomos.
Además, señorías, de esta forma estaríamos en consonancia con las recomendaciones del Pacto de Toledo, que mañana mismo debatiremos aquí en el Congreso. Este sistema de aportaciones voluntarias sí es lo que los autónomos demandan. No las
pretensiones del Gobierno, que, en el peor de los momentos, cuando cientos de miles de autónomos están con la soga al cuello, quieren apretársela vía impuestos y subidas de cotizaciones.
Debemos hacer todo lo posible porque cada mañana se levanten más personas de negocios, en vez de que se cierren con el toque de queda para nunca más levantarte.
Créanme si les digo que esta iniciativa que hoy traemos también va de eso, de garantizar que quienes han sido autónomos, quienes han arriesgado su dinero y su patrimonio personal para generar riqueza y empleo en este país, puedan gozar de
una mayor protección social durante y después de su vida laboral.
Dejemos que sean los propios autónomos, emprendedores por naturaleza, quienes manejen su futuro, y en momentos extremadamente adversos, como los que estamos viviendo ahora, sientan el apoyo y el respaldo de los que les debemos representar.
Por eso es de justicia que aquellos que en estos momentos ven que sus ingresos son inexistentes, pero los gastos de alquileres, hipotecas, suministros, siguen
llegando, estén exonerados totalmente de cotización. Es de justicia, y así lo pedimos. A ingresos cero, cuota cero.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Movellán.
Ha presentado a esta iniciativa, a esta PNL, el Grupo Socialista enmienda. Por lo tanto, tiene la palabra por cinco minutos su portavoz, la señora Perea.
La señora PEREA I CONILLAS: Muchas gracias, presidente.
Miren, le tenemos que decir al portavoz del Partido Popular que no acabamos de entender la presentación de esta iniciativa para debate en comisión. No lo acabamos de entender, porque ellos mismos están reclamando, justamente, en el Pacto de
Toledo, que se someta toda decisión sobre autónomos al diálogo social, que cualquier decisión se someta al marco del diálogo social. Con lo cual, esto ya digamos que no acabamos de ver claro, ¿no?
Claro, cuando escucho la intervención del portavoz, cuando dice y se arroga esta actitud del Partido Popular con los autónomos, pues veo el oportunismo. Creo que en estos momentos que estamos intentando llegar a acuerdos en temas muy
importantes, pues utilizar el regate corto, utilizar el oportunismo, creo que no facilita las cosas.
Claro, que me hablen de abandono y dejadez del Gobierno actual, bueno, pues no lo sé, pero la prestación extraordinaria por cese de actividad que se ha adoptado en esta situación de pandemia, y lo ha dicho el mismo portavoz, que los
autónomos españoles son de los que gozan de mayor protección, pues no acabo de entender esa intervención. No sé si es para poder hacer luego un tuit o Facebook. No lo sé.
Pero es que tampoco acabo de entender cómo puede ser que plantee esto hoy, aquí, en comisión, cuando hay una mesa de trabajo en el diálogo social, con autónomos, sobre autónomos.
Por otra parte, lo que plantea en la primera enmienda, perdón, en la PNL el Grupo Popular, pues es que va en contra del Pacto de Toledo. Porque en el Pacto de Toledo, la recomendación 4 lo que pretende es la convergencia de los regímenes.
Aquí lo que se está planteando en el punto 1 es que los autónomos vayan cotizando en función de cómo les vaya bien.
Me ha parecido un poco rigurosa -y lo digo con el debido respeto- la proposición no de ley. Es que además cometen un error de base. Es que ustedes hablan en la PNL que la cotización de la Seguridad Social no es de carácter voluntario.
Perdón, es de carácter voluntario. Es que es obligatorio.
Entonces, no acabamos de entender cuál es la pretensión del Partido Popular. Lo peor de todo, que es lo que creo que es lo más grave, es cuando se está planteando un cambio de modelo por la puerta de atrás. Ustedes plantean con esta
propuesta una capitalización encubierta, de manera que se está descuajeringando el sistema.
Yendo a la cuestión -mire, y lo decía al inicio- nunca ante los autónomos habían gozado de un grado de cobertura como ahora. Fíjense. Cuando se acordó la obligatoriedad de la prestación por cese, hace un año y diez meses, hubo algún grupo
político que dijo que era una ocurrencia. Menos mal de la ocurrencia, porque precisamente esto nos ha servido de instrumento de protección social de los autónomos. Es más, han felicitado al Gobierno. Por eso no me gusta que el Partido Popular, a
estas alturas, estando las cosas como están, diga 'la dejadez del Gobierno'. No es justo, y lo sabe el portavoz.
La creación de esta prestación extraordinaria es la constatación de la esencialidad del mismo, y es un ejemplo de manual de las políticas socialdemócratas adoptadas por el Gobierno de coalición contra el COVID.
A mayor abundamiento, se plantea ahora con una enmienda segunda, el contador a cero, el no cotizar. Es que estamos en el principio de contributividad. Es que ustedes confunden la base. El régimen de autónomos, como la Seguridad Social,
régimen general, el principio de contributividad es el que rige. Esto no es un impuesto, no es un gasto. Es una inversión. Hoy más que nunca se ha puesto en evidencia. Es decir, aquellos que estaban cotizando han podido recibir una prestación
que de otra manera no hubieran podido recibir.
Por ejemplo, los profesionales acogidos a una mutualidad. Estos profesionales se han quejado por el hecho de no haber podido tener esta prestación por cese, pero es que no han cotizado a la Seguridad Social. En cambio, aquellos que sí que
han cotizado, bueno, pues han tenido, evidentemente, una respuesta, como no podía ser de otra manera, por parte del Estado. Un gran porcentaje, una gran protección a un sector muy importante para la economía española.
Es cierto, tenemos un 85 % de los 3 millones, un 85 % de los autónomos que cotizan por la base mínima, y esto no puede ser. Es evidente que además ellos lo han manifestado: 'Queremos cotizar por ingresos'. Bien, el Gobierno está en
negociación en este momento con las asociaciones de autónomos. Es que no entendemos a qué viene esta PNL. Insisto, si no es por una cuestión de oportunismo.
Voy acabando. Creo que lo que plantea -y siendo muy elegante diciendo- lo que plantea el Partido Popular no es ajustado. Primero, porque además plantean un trato diferenciado. O sea, si estamos viendo una convergencia de regímenes, no
entendemos por qué los autónomos pueden cotizar cuando les venga en gana, y los trabajadores de régimen general, los empresarios tengan que estar mensualmente cotizando de una forma regular. Eso no lo acabamos de entender.
Pero además se podría deducir que el autónomo cotiza a su libre albedrío. Ahora me interesa, ahora no me interesa. Eso la Seguridad Social no se lo puede permitir. Por eso entendemos que no podemos admitir esta proposición no de ley.
Hemos hecho una propuesta en los términos que precisamente el Partido Popular nos ha pedido en la recomendación del Pacto de Toledo, y es: 'Oiga, váyanse al marco del diálogo social para acordar cualquier medida de autónomos'.
Por otra parte, no acabamos de entender esta ocurrencia, esto sí que pienso que es una ocurrencia esta PNL, más que nada porque no lo han planteado en el Pacto de Toledo. Es que me sorprende que hoy por hoy planteen una PNL en un debate,
que cuando lo presentaron en marzo tenía un sentido, pero que hoy por hoy, máxime si mañana se votan las recomendaciones en las que ustedes han pedido que, por favor, el diálogo social rija a la hora de debatir, de trabajar, de estudiar y de adoptar
medidas de autónomos, que vengan hoy con esta proposición no de ley.
Miren, yo creo que admítannos la enmienda, les votaremos a favor, si no, creo que este grupo, evidentemente, se reserva el voto para el final de la comisión. Pero hablemos primero. Creo que es una ocurrencia y que está fuera de lugar en
los momentos en los que estamos.
Muchas gracias.
(Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Perea.
Si no me equivoco, no están en la sala ni el Grupo Mixto ni el Grupo Euskal Herria Bildu ni el Grupo Vasco. Por lo tanto, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, la señora Muñoz.
La señora MUÑOZ VIDAL: Muchas gracias, presidente.
Bueno, seré breve en los tres minutos que me corresponden para marcar el posicionamiento de mi grupo parlamentario a la iniciativa que debatimos ahora. Se trata de una situación que, desde nuestro grupo parlamentario, que desde Ciudadanos
hemos venido reclamando para los autónomos. Es una situación que nos preocupa, y hablamos de la menor pensión de media que cobran los autónomos en relación con los trabajadores asalariados con cargo al sistema público de la Seguridad Social.
Según los últimos datos, se trata de una pensión de 532 euros, más baja la de los autónomos que la media de la pensión de la media de los asalariados. Son unas cuantías que son escasas y comprometen de verdad el poder adquisitivo de muchos
de ellos, de muchos autónomos, a partir del momento en el que entran en la jubilación.
La verdad es que, en la mayoría de los casos, los autónomos optan por la base de cotización inferior a la que les correspondería, porque sus ingresos normalmente, por su cuantía y por su regularidad, porque se otorgan ese margen para poder
elegir otras opciones. Pero la verdad es que es imposible que puedan abordar con mayor solvencia unas cotizaciones superiores, que se traduzcan en una pensión más generosa en el futuro, si sus salarios, como recoge las últimas estadísticas de la
Agencia Tributaria, el salario, los ingresos de media de los autónomos son inferiores, incluso al salario mínimo interprofesional para el 2020.
Entonces, debemos ser conscientes de esta realidad. Este es el país en el que vivimos y antes de juzgar a los autónomos, debemos ser conscientes de esta situación.
Desde Ciudadanos venimos reclamando reformas que permitan promover un incremento de la protección de los autónomos durante su jubilación. Medidas que el grupo proponente trae en esta proposición no de ley, que también es una propuesta
defendida y compartida por mi grupo, y también por la Asociación de Trabajadores Autónomos, por ATA, y es la petición de que se permita a los autónomos poder hacer aportaciones extraordinarias al inicio de cada ejercicio y que computen como si
estuvieran cotizando por una base mayor, y que estas aportaciones, además estén bonificadas fiscalmente.
Votaremos a favor de la iniciativa, y desde nuestro grupo parlamentario, desde Ciudadanos seguiremos trabajando por poder hacer más fácil la vida de nuestros autónomos y apoyarles para que puedan seguir dedicándose a lo que mejor saben
hacer, que es trabajar, genera riqueza y generar empleo.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Muñoz.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos- En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Franco Carmona.
El señor FRANCO CARMONA: Gracias, presidente.
Esta proposición no de ley la podríamos llamar la PNL de la autocomplacencia del Partido Popular. No solamente se vanaglorian de lo que han hecho, sino que no acometieron cuando gobernaban la reforma del RETA, por ejemplo. Piden más
burocracia a cargo de los autónomos, como si no tuviesen ya demasiada burocracia. Vienen a decir que sí se lo pueden permitir, que coticen más, que paguen más como cotización a la Seguridad Social, y si no se lo pueden permitir, pues nada, cuando
se jubilen que se queden sin pensión.
Hay algunos datos que da la PNL y hay otros datos que no da, que le falta. Por ejemplo, no habla de la situación de precariedad de muchos de nuestros autónomos y de nuestras autónomas. No habla de que siete de cada diez cotiza solo por la
base mínima. No habla de que el 73 % tiene más de 40 años. No habla de que el 85 % no supera la base mínima de cotización. No habla de que solo pasa al 27 % a partir de los que cotizan por más de la base mínima, a partir de los 55 años, cuando ya
están cerca de la jubilación. No habla tampoco de que solo la mitad de las personas que entran al régimen de autónomos está por más de cinco años en el RETA. Tampoco parece que el Partido Popular tenga muy claro cuál es la legislación sobre los
autónomos. Parece que no tiene muy claro que el artículo 15 de la Orden (No se entiende lo que dice) sobre las bases mínimas y máximas de la Seguridad Social da libertad de elección a los autónomos, a la mayoría de los autónomos, entre la base
mínima de 744 euros y la base máxima de 4070.
Tampoco habla -y parece que no tiene muy claro- que se permiten cuatro cambios sobre el artículo, el que está en el artículo 43 del Reglamento de liquidaciones y cotizaciones de la Seguridad Social. Lo que le pasa al Partido Popular es que
tiene ese tono que suele tener la derecha, de que las cotizaciones a la Seguridad Social no valen para nada, que son un impuesto. Lo ven como un impuesto y no como una inversión.
Ustedes lo que defienden -díganlo claramente- lo que están defendiendo es un sistema de capitalización voluntaria, porque dicen voluntario, sistema de capitalización. Esto es la privatización del sistema de la Seguridad Social.
Ustedes lo que quieren es que se compren las pensiones. Invertir, eso es lo que hacen los fondos de inversiones, no lo que hace un sistema de seguridad social.
Por terminar, inflar las pensiones artificialmente puede lastrar -y ustedes lo deberían saber porque han gobernado- puede lastrar nuestro sistema público de pensiones y de Seguridad Social, que es contributivo, no se olvida de ello.
Contributivo, no voluntario, contributivo.
Además, para ya el colmo de esa privatización, dice que tiene que ser, que sean deducibles fiscalmente. O sea, que compras tu pensión, una pensión para tu beneficio y no pagas impuestos de ese beneficio. Privatización pura y dura de la más
pura derecha retrógrada.
Por decirle en último lugar. En último lugar. Si ustedes fueran una buena oposición harían una cosa, que es en la que viene trabajando ya este Gobierno, que es en cambiar precisamente ese sistema de cotizaciones, para que los autónomos que
menos cobran, que menos ingresan, paguen menos, y para que los que más ingresan, paguen más. Además, en consonancia con nuestra Constitución, que dice que los españoles deberían pagar en función de sus ingresos, con un sistema impositivo
proporcional a los ingresos de cada uno. Váyanse estudiándose la Constitución y vayan empezando a pensar en el bien de los españoles y no en el suyo propio.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Franco.
Por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra la señora Toscano.
La señora TOSCANO DE BALBÍN: Gracias.
España cuenta aproximadamente con 3,2 millones de autónomos. Esa cifra supone el 18 % de la población que representa la importancia de este sector en el tejido empresarial y social de nuestro país.
Sin embargo, gracias al Gobierno social comunista, en torno a 370 000 autónomos mantienen sus actividades cerradas en estos momentos, y otros 300 000 autónomos, es decir, el 9,9 %, prevén que este año tendrán que cerrar.
Estos datos se deben al retraso y a la gestión ineficaz del Gobierno, como, por ejemplo, de la prestación extraordinaria de fiesta y de actividad y de los expedientes de regulación temporal de empleo, que han llegado tarde y mal a todos
aquellos autónomos que se han visto obligados a suspender sus actividades como consecuencia del COVID-19.
Es más que evidente que se avecina la peor crisis económica de la historia, y por ello los autónomos reclaman más medidas al Gobierno.
La situación en España es crítica. Uno de cada cuatro autónomos mantiene el 100 % de su plantilla. Por este motivo, es prioritario adoptar todas las medidas necesarias para que el tejido productivo y empresarial de este país pueda
contribuir con su labor.
Desde que comenzó el estado de alarma, el Grupo Parlamentario Vox ha elaborado numerosas propuestas para proteger a los trabajadores por cuenta propia. Entre ellas, cabe destacar la proposición no de ley por la que se instaba al Gobierno de
España a prorrogar de forma automática los Expedientes de Regulación de Empleo tramitados a causa del COVID-19, hasta el 31 de diciembre de 2020, manteniendo las medidas extraordinarias inherentes a los mismos y, en particular, la exoneración al
empresario del abono de la aportación empresarial para cotización a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, de acuerdo con los porcentajes previstos en el Real Decreto Ley 24/2020.
También se ha instado al Gobierno a prorrogar los ERTE hasta junio de 2021, reducir el IVA al 4 % y proporcionar créditos al 0 % para todos aquellos trabajadores por cuenta propia del sector nocturno.
Aprovechando la presente intervención, tampoco está de más recordar que durante los últimos seis años de Gobierno del Partido Popular, tampoco se adoptaron las medidas necesarias para proteger y favorecer a los autónomos. Es más, en el año
2016 se elevó la cuota de los autónomos propietarios, sin ningún motivo económico que lo justificara. Pero el Grupo Parlamentario Vox siempre aboga y vela para proteger a todos los autónomos.
Por ello, nuestra justificación del sentido del voto a emitir sobre la proposición va a ser a favor, por los siguientes motivos. Porque se trata de una situación que beneficiaría a los autónomos. Les permitiría ajustar su base de
cotización a sus rendimientos netos, y de esta manera podrían adaptar su cotización a sus circunstancias empresariales. Porque supondría una mejora en las cuantías que perciben los autónomos.
Por último, porque la adaptación de esta medida va a permitir que los trabajadores por cuenta propia encuentren una mayor protección por parte de la Seguridad Social, al considerar la cuota que abonan a la misma como una inversión y no como
un impuesto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Toscano.
Al grupo proponente, si acepta o no las enmiendas propuestas.
El señor MOVELLÁN LOMBILLA: No, no vamos a aceptar la enmienda presentada por el Partido Socialista.
El señor PRESIDENTE: Vale, señor Movellán.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A DESARROLLAR EL ARTÍCULO 8.5 DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES DE MODO QUE SE ESTABLEZCA UN SISTEMA EFICAZ DE INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES DE LOS ELEMENTOS ESENCIALES DE LA PRESTACIÓN LABORAL, QUE
SUSTITUYA LA REGULACIÓN DEL RD 1659/1998 Y QUE SEA ACORDE A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN MANTENIENDO UN GASTO DE SEGURIDAD JURÍDICA QUE PERMITA UN EFECTIVO CONTROL JURISDICCIONAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE
UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN. (Número de expediente 161/000815).
El señor PRESIDENTE: Pues pasamos al siguiente punto del orden del día. La proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a desarrollar el artículo 8.5 del Estatuto de los Trabajadores. El Grupo Parlamentario Confederal tiene por
siete minutos la palabra su portavoz, el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Bueno, la incertidumbre sobre las condiciones aplicables a un contrato de trabajo es uno de los problemas más comunes que nos encontramos a la hora de determinar los derechos y los deberes de las personas trabajadoras y también de los
empresarios, en el marco, como ya digo, de una prestación laboral.
En la inmensa mayoría de los casos, esta incertidumbre viene provocada por la indefinición en las condiciones contractuales y por su mera remisión a la ley o al convenio colectivo aplicable. Todos lo conocemos, todos los que hayamos tenido
un contrato de trabajo, (No se entiende lo que dice) que pone jornada, horarios, etcétera, pues según convenio. Eso al final se traduce en que no sabe qué le corresponde.
Nuestro ordenamiento jurídico rige el principio de libertad de forma en la celebración de un contrato de trabajo. Se presume que existe un contrato de trabajo, siempre que de falsos sean los elementos esenciales del mismo. Básicamente,
prestación de trabajo a cambio de un salario en régimen de (No se entiende lo que dice).
Ahora bien, la libertad de forma en la celebración del contrato de trabajo es la norma general, pero las excepciones a esta norma constituyen la gran mayoría de los contratos celebrados, en los que la ley exige que sean por escrito y con un
determinado contenido.
En el imaginario colectivo, un contrato de trabajo es un documento físico, un papel, que regula la relación laboral y no una institución jurídica. Por ello, a la hora de comprobar qué derechos y obligaciones tiene la persona trabajadora,
esta acude a su contrato y solo encuentra generalidades, menos referencia a la ley o convenios colectivos aplicables, lo cual es problemático, ya que la ley no es fácilmente interpretable en muchos casos. También, los convenios colectivos, puede
que los convenios colectivos hayan perdido vigencia, que directamente no existe o que no se correspondan con la actividad realizada.
Todo ello se traduce en incertidumbre a la hora de conocer derechos y obligaciones de cada cual. En muchas ocasiones provoca una elevada litigiosidad o, en el peor de los casos, empuja a que la persona trabajadora haga dejación de sus
derechos, bien por no conocerlos o bien porque quiera evitar meterse en el berenjenal que suponen los tribunales.
La principal regulación en la materia fue el Real Decreto 1659 del 24 de julio de 1998, por el que se desarrolla el artículo 8.5 del Estatuto de los Trabajadores en materia de información para el trabajador, sobre los elementos esenciales
del contrato de trabajo.
Dicha regulación, antiguo, excluye de su ámbito de aplicación los contratos de duración inferior a cuatro semanas, precisamente, donde es más necesario clarificar las condiciones para evitar abuso.
Hoy en día, esta regulación ha quedado completamente desfasada, entre otras cosas, por el avance de los medios de comunicación, que emplean habitualmente empresas y trabajadoras.
En el contexto actual de crisis sanitaria, la incertidumbre en cuanto a derechos y obligaciones laborales de las partes es más acusada que nunca. Cuestiones tales como turnos, cambios de turno, horarios, jornadas máximas, horas extras,
horas complementarias, preavisos para cambios de turno, derechos durante el trabajo de instancias, derechos a la desconexión sindical, perdón, digital. Aunque sindical también hay unos cuantos que les gustaría que hubiera desconexión sindical.
Obligación de prestación extraordinarias, vacaciones, etcétera, no pueden quedar en el aire, porque provoca situaciones de indefensión a millones de personas trabajadoras en nuestro país.
El principio de obediencia a las órdenes empresariales, salvo, por supuesto, de los casos de derecho a la resistencia, juega a favor de la parte empresarial. Esto es una obviedad.
Muchas veces, la comunicación de estas decisiones se hace por teléfono o mediante aplicaciones como WhatsApp, que no aportan seguridad jurídica suficiente y no permiten a la persona trabajadora dar una respuesta adecuada acorde a sus
derechos; a lo que hay que sumar, además, un temor creciente a perder el empleo en el contexto de crisis en el que estamos.
El control jurisdiccional no es ágil ni eficaz para solucionar estos problemas. De nada sirve que dentro de cinco meses el juez considere un cambio de turno no ajustado a derecho, o que se declare el derecho a no contestar al móvil después
de las ocho de la noche, si eso ya ha pasado.
Por ello es necesario articular un mecanismo por el cual los trabajadores puedan conocer sus derechos, y las trabajadoras, sus derechos de forma concreta y precisa, especialmente, en una situación de anormalidad como la actual.
Queremos desarrollar el artículo 8.5 del Estatuto de los Trabajadores, de modo que se establezca un sistema eficaz de información a las personas trabajadoras, de los elementos esenciales de la prestación
laboral. Debe adaptarse, por supuesto, a las nuevas tecnologías de la información, manteniendo un grado de seguridad jurídica que permita un efectivo control jurisdiccional.
Para ello proponemos -y con esto ya termino- establece la obligación de la parte empresarial de informar a la persona trabajadora sobre los siguientes extremos de la relación laboral. Centro de trabajo, jornada, horario e información sobre
el registro del mismo. Descanso semanal, categoría y puesto de trabajo concreto, detallando las tareas concretas. Sistema de cambio de turno, incluyendo el preaviso para realizarlo. Horas complementarias en trabajos a tiempo parcial, incluyendo
el preaviso para realizarlas también. Vacaciones anuales y qué sistema se usa para su fijación y su disfrute. Salario, incluyendo la estructura salarial aplicable, así como el módulo de cálculo, en caso de que sean sistemas de retribución
variable. Régimen económico en caso de IT, de Incapacidad Temporal aplicable a la empresa. Días de asuntos propios y la forma de solicitarlo. Permisos, licencias, la forma de solicitarlo, y cualquier otra información que la persona trabajadora
solicita a la parte empresarial por los medios que se establezcan y que pueda ser relevante a la hora de prestación de servicios.
Creemos que esta iniciativa es de sentido común. Es simplemente adaptar nuestra estructura laboral y nuestro marco jurídico laboral a la realidad del siglo XXI, y que tanto la parte empresarial como la gente trabajadora, tengan claro cuáles
son sus derechos, y cuáles son sus deberes y cuáles son sus obligaciones.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.
No se han presentado enmiendas a esta PNL. Por lo tanto, iniciamos por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, con la señora Muñoz.
La señora MUÑOZ VIDAL: ¿No va antes el señor Baldoví?
El señor PRESIDENTE: Va después el señor Baldoví. Perdón.
La señora MUÑOZ VIDAL: No, que como antes hemos saltado dos grupos, porque ya no sabía. Gracias, presidente.
Bueno, la iniciativa que debatimos tiene por objeto actualizar el régimen de la información a los trabajadores sobre las condiciones especiales, esenciales, perdón, de su prestación laboral por parte de sus empleadores.
Es cierto, como señala la propia iniciativa, que el desarrollo reglamentario de este precepto que se realiza por el Real Decreto 1659/1998, de 24 de julio, ha quedado completamente desfasado.
Está desfasado porque basa la aportación de información al trabajador por la empresa, exclusivamente en papel y abunda en referencias cruzadas a otras normas que hoy en día se encuentran al alcance de un clic, podría decirse, y que no habría
mayor inconveniente en poner al alcance del trabajador, al mismo tiempo que el resto de la información.
Así que, bueno, el contenido de la información facilitada al trabajador, de esta manera podría ser más prolijo y detallado de lo que solía ser antes. En algunos casos, por inercias del pasado que, por falta de medios técnicos, en el
presente sigue haciéndose así, sin haber avanzado en este aspecto en este sentido.
Sin ánimo de extenderme más allá, en una iniciativa cuya conveniencia compartimos, les adelanto que votaremos a favor de la misma.
Lo que sí que me gustaría recordar es lo evidente de que las iniciativas que se presentan en estas o en otras comisiones, tanto por el Grupo Parlamentario Socialista como de Unidas Podemos, está bien que ustedes trasladen a los senos de
estas comisiones sus propuestas de impulso al Gobierno, pero tienen que recordar que ustedes son el Gobierno que ahora forman parte del Gobierno. Por tanto, si realmente quieren plantear algún cambio, pues hablamos, debatimos, pero también hay que
actuar y poner los hechos encima de la mesa, para aprobar de verdad las propuestas y no hacerlo solo con las proposiciones no de ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Muñoz.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Rosique.
La señora ROSIQUE I SALTOR: Gracias, presidente.
Nosotros, desde el Grupo Republicano compartimos el análisis realizado en la exposición de motivos por parte del grupo proponente, de Podemos. Es cierto que la multitud de fuentes del derecho que existen en el ámbito del derecho de trabajo
puede dar esta apariencia de traba burocrática para una persona trabajadora que pretenda entender cuáles son sus derechos. Por eso vamos a apoyarla.
En lo que no podemos estar de acuerdo es en todas aquellas iniciativas que el mismo grupo que propone esta proposición no de ley está dejando de llevar a cabo desde los cargos de Gobierno que ocupa. Es decir, no deja de sorprender que el
grupo que tiene el Ministerio de Trabajo nos solicite que instemos al Gobierno a aprobar un real decreto específico en materia de trabajo.
Es una iniciativa que creemos que debería estar liderando también la misma ministra, y que, si lo hace, podrá contar, sin duda, con nuestro apoyo. Incluso, yendo más allá, en el propio redacto de la proposición no de ley se especifica que
los perjuicios de la falta de conocimiento de las condiciones de trabajo por parte de los trabajadores se ven empeorados como consecuencia de la falta de retroactividad de los convenios colectivos.
Nuevamente, estamos plenamente de acuerdo con este análisis. Pero si esto sigue pasando es precisa y únicamente porque todavía no se han derogado las reformas laborales, que es lo que de hecho también proponía Podemos al principio de la
legislatura.
El problema, en definitiva, es que si el Gobierno, autodenominado más progresista de la historia se escuda en sus incumplimientos en ese ámbito, diciendo que van a redactar el Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI, seguramente no vamos
a llegar a hacerlo. Porque no es que sea una mala idea, pero todos conocemos la dinámica parlamentaria y podemos imaginar que esto no va a suceder en corto plazo. Mientras, vamos aplicando la Normativa laboral de Mariano Rajoy.
Por tanto, no es excusa válida la excepcionalidad de los tiempos, especialmente, en la crisis social y económica que se avecina y que ya estamos viviendo, sino que lo que necesitamos es una legislación laboral que proteja a los trabajadores
y trabajadoras.
Como saben, sería distinta la realidad de los trabajadores durante estos meses, si la misma autoridad laboral tuviera que aprobar todos los ERTE, y los ERTE, y que no tuvieran la presión de negociar convenios colectivos partiendo desde cero,
porque ha caído su aplicabilidad.
Insisto en que vamos a apoyar esta iniciativa. Pero, sobre todo, también nos gustaría añadir que hay que trabajar también en la línea de hacer políticas estructurales y, por tanto, de una nueva legislativa laboral.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rosique.
Por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra la señora Toscano.
La señora TOSCANO DE BALBÍN: Gracias, presidente.
Por esta propuesta se insta al Gobierno a desarrollar el artículo 8.5 del Estatuto de los Trabajadores, obligando al empresario a comunicar al trabajador una serie de datos fundamentales para las relaciones laborales, que son datos que ya
constan como obligatorios, tanto en los contratos de trabajo como en los convenios colectivos correspondientes.
La mayoría de los contratos se establecen en torno al convenio colectivo de referencia, indicándolo en el propio contrato. De igual manera, en el SEPE existe una guía de contratos que recoge toda la Normativa vigente en materia de contratos
de trabajo e incentivos a la contratación. Los datos que ya constan en los contratos de trabajo son: centro de trabajo, jornada, horario, información sobre registro del mismo, descanso semanal, categoría y puesto de trabajo concreto. Los datos
que ya constan en los convenios colectivos son: sistema de cambio de turnos; incluyendo el preaviso para realizarlo; horas complementarias en trabajo a tiempo parcial; vacaciones anuales y sistema para su fijación y disfrute. Salario,
incluyendo la estructura salarial aplicable, así como el módulo de cálculo en casos de sistemas de retribución variables. Régimen económico en situación de incapacidad temporal, aplicable a la empresa. Días de asuntos propios y forma de
solicitarlos, permisos, licencias y formas de solicitarlas, y cualquier otra información que el trabajador solicite al empresario por los medios que se establezcan y que pueda ser relevante a la hora de la prestación de servicios.
En conclusión, todos estos datos ya son comunicados por los trabajadores en sus relaciones laborales. El motivo de todos aquellos datos que no son comunicados es porque no están contemplados o no existen en la negociación colectiva. Por
ejemplo, días de asuntos propios o cambio de turnos o licencias.
En ese sentido, también esta proposición no de ley carece de sentido, al proponer que se comunique a los trabajadores las vacaciones anuales, cuando la actual legislación, concretamente, el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores,
obliga a las empresas a comunicar ese calendario con dos meses de antelación. Además, ya existe un registro oficial, mediante el cual los contratos laborales pueden darse de alta a través de Internet, mediante el modelo oficial del Servicio de
Empleo Público Estatal. Es decir, en la propia página web del SEPE, en el apartado de empresas existe un enlace a la web Contrata, que facilita la comunicación de la contratación online.
Esta aplicación permite a los empresarios que actúen en nombre propio y a las empresas y profesionales colegiados comunicar el contenido de la contratación laboral a los servicios públicos de empleo, desde su propio despacho o sede
profesional.
Consideramos que esta proposición no aporta nada en la práctica de la realidad laboral, dado que estos datos ya están en poder de los trabajadores, a través de los contratos de trabajo y los convenios de aplicación.
A ustedes, señores de Podemos, realmente no les importan los trabajadores, por eso presentan este brindis al sol. Al sol es donde deberían estar ustedes cada lunes.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Toscano.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Narváez.
La señora NARVÁEZ BANDERA: Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Espere. Perdón.
Sí, efectivamente, señora Narváez, me salté el Grupo Popular.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra, si no me equivoco, la señora De Luna.
La señora DE LUNA TOBARRA: Muchas gracias, señor presidente.
Respecto a la primera proposición no de ley que presenta el Grupo de Unidas Podemos en esta legislatura, quiero decirles que estoy perpleja. Me llama enormemente la atención que sea uno de los partidos que forman parte del Gobierno los que
vengan a esta comisión parlamentaria a solicitar a su Gobierno que ejerza su competencia por excelencia, como es la competencia reglamentaria.
Es curioso que, además, el desarrollo reglamentario que proponen lo tenga precisamente una de las ministras de Podemos, la única con contenido en su ministerio. Por eso les decía que me había sorprendido sobremanera que traigan a esta
Cámara la petición a la ministra de Trabajo, de que ejerza su competencia normativa natural, que es la de desarrollar reglamentariamente una ley laboral. Salvo que sea, porque como el Consejo de Ministros, en vez de aprobar decretos, se dedica a
legislar mediante la utilización abusiva de los decretos leyes, tiene que ser uno de los partidos que lo sustentan, el que le diga que aprueben un decreto en desarrollo del Estatuto de los Trabajadores.
Respecto a la exposición de motivos, no podemos estar más de acuerdo en lo que señalan. Dicen que durante los meses de marzo y abril del 2020 se ha producido infinidad de situaciones en las que trabajadores y empresarios no sabían realmente
qué tenían que hacer, qué derechos tenían y cuáles no; cambios de turno, horarios, etcétera.
Efectivamente, el Ministerio de Trabajo ha creado un auténtico caos en las relaciones laborales, y una gran inseguridad jurídica, a base, como decía, del abuso del decreto ley, en los que vemos que cada semana modifican lo que han acordado
la semana anterior.
Desde nuestro grupo abogamos por la seguridad jurídica y porque se regulen y se establezcan de manera clara y concisa los derechos y obligaciones de empresarios y trabajadores en todos los contratos, y de la forma más eficaz, ágil y
sencilla, utilizando también para ello, como es lógico, las nuevas tecnologías.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora De Luna.
Ahora sí, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Narváez.
La señora NARVÁEZ BANDERA: Gracias, señor presidente. Buenas tardes.
Sí, nuestro grupo se posiciona a favor de la PNL de Unidas Podemos. Votará a favor. Es cierto que, durante el estado de alarma y el confinamiento, tanto trabajadores como empresario se han visto
sorprendidos por una situación que no venía recogida en ningún convenio ni en ningún contrato y que sí provocaba incertidumbres. Pero eso hay que regularlo, y hay que regularlo de manera efectiva.
Si bien es cierto que el artículo 81 del estatuto recoge que los contratos de trabajo se puedan formalizar de manera escrita o de palabra, la mayoría de los contratos se formalizan hoy por hoy de manera escrita, porque, entre otras cosas, si
no es así, se presumirán celebrados a jornada completa y por tiempo indefinido. Por eso los empresarios, si no es así, rápidamente lo recogen de forma escrita.
Sí me gustaría decirle que es poco riguroso decir que la remisión a la ley, al contrato y a los convenios, provoca incertidumbre en el trabajador. Si me parece un poco riguroso, porque ya se ha recogido aquí que la mayoría de las peticiones
del centro de trabajo, lugar de ejecución del contrato, la jornada, el horario, el descanso semanal, la categoría, las vacaciones anuales, ya vienen recogidas en distintas normas. Viene recogido en el estatuto y en algunas otras normas. Aun así,
vemos positivo que se modifique el Real Decreto 1659 del año 1998, sobre todo, para incluir la información a través de los medios telemáticos, que no viene recogida, y es mucho más rápido y ágil para el trabajador, y para incluir a los contratos de
duración de menos de cuatro semanas, que tampoco viene incluido. En ese sentido lo vemos positivo y nuestro voto será favorable a la PNL.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Narváez.
- SOBRE LA PRÓRROGA DE LOS ERTE EN EL SECTOR TURÍSTICO DE CANARIAS, ANTE LA CRISIS ECONÓMICA Y SOCIAL PROVOCADA POR EL COVID-19. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000891).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al tercer punto del orden del día. La proposición no de ley sobre la prórroga de los ERTE en el sector turístico de Canarias, del Grupo Parlamentario Socialista.
Tiene por siete minutos la palabra su portavoz, la señora Raya.
La señora RAYA RODRÍGUEZ: Muchas gracias, presidente.
Buenas tardes, señoría. La crisis que ha originado la pandemia es, sin duda, una crisis sin precedentes que estamos viviendo a nivel mundial y que ha tenido consecuencias negativas en los distintos sectores productivos. Pero si ha habido
un sector que se ha visto especialmente afectado ese sin duda es el sector turístico.
Como ya conocen sus señorías, Canarias tiene una alta dependencia de este sector, que aporta en términos de riqueza al Producto Interior Bruto, un 35 % y representa un 40 % del empleo directo. Digo directo, porque lo cierto es que otros
muchos sectores dependen de alguna manera también del sector turístico.
En Canarias, familias enteras viven y trabajan en este sector. Por aportar un dato, tan solo en 2018 se generaron 343 899 puestos de trabajo. Lamentablemente, no es la primera crisis que sufre el sector. En años recientes, cabe destacar,
en 2019, la quiebra de Thomas Cook, que se subsanó de manera rápida con la aprobación de un paquete de medidas del Gobierno, y que en apenas dos meses nos sacó de una atolladera que amenazaba con un 6 % del Producto Interior Bruto regional.
Pero, lamentablemente, meses más tarde estamos sufriendo una nueva crisis, cuya única solución, lamentablemente, depende de la experiencia de una vacuna. Por lo tanto, nos obliga a crear medidas excepcionales de protección social y
económica.
El ejemplo más claro de la adopción de estas medidas es, sin duda, la aprobación de los ERTE. Si bien es cierto que desde que se registró esta PNL, en mayo de 2020, hasta ahora ya se han sucedido dos prórrogas de los ERTE, acordados en el
marco del diálogo social. Quiero destacar que el Grupo Parlamentario Socialista está intentando llegar a una transaccional con otros grupos de la Cámara, como el caso de Ciudadanos y Partido Popular, porque en esto hay un amplio consenso y acuerdo
para actualizar la PNL.
Como todos saben, la primera prórroga se aprobó hasta el 30 de septiembre de 2020, por el Real Decreto 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector
industrial, y fue el resultado del segundo acuerdo en defensa del empleo entre agentes sociales y Gobierno. La segunda prórroga, que es la que se ha aprobado recientemente, el 31, perdón, el pasado mes de septiembre, va hasta el 31 de enero de 2021
y se aprobó por el Real Decreto 30/2020, de 29 de septiembre, también de medidas sociales en defensa del empleo, y fue producto del tercer acuerdo social en defensa del empleo entre agentes sociales y Gobierno.
Por otro lado, también hay que destacar que dentro de este decreto ya se prevén nuevas medidas de supresión y reducción de jornada causada por impedimentos o limitaciones en el desarrollo de la actividad de las empresas, como consecuencia de
las medidas restrictivas o de contención adoptadas por las autoridades competentes.
En estos tiempos, en los que están perfectamente identificados aquellos que no casan con el argumento exclusivo de su clara intención de virtualizar la validez de las medidas gubernamentales, los ERTE son un claro ejemplo de respuesta
certera de la política a los problemas que requieren soluciones urgentes.
Los ERTE han demostrado su incuestionable condición de antídoto eficaz y eficiente contra la quiebra social. Es más, la evidente preocupación entre los beneficiarios sobre la durabilidad de esta medida ratifica el acierto que ha supuesto la
misma en el ámbito social y económico.
Me gustaría destacar que, en la actualidad, 110 000 trabajadores canarios están en ERTE, y el 70 % de los mismos son trabajadores del sector de hostelería y de comercio.
Hace apenas unos días conocíamos con cierto grado de optimismo la noticia del levantamiento del veto para viajar a Canarias, de Alemania y Reino Unido. Esto también ha sido gracias al esfuerzo del Gobierno español, para abrir corredores
turísticos seguros que conecten a los grandes mercados emisores, Reino Unido y Alemania, con Canarias.
También me gustaría reconocer el esfuerzo que ha llevado a cabo el Gobierno de Canarias en materia sanitaria, para convertir al archipiélago en un espacio seguro y, por supuesto, también agradecer a la sociedad canaria los sacrificios que
han llevado a cabo para mantener a raya el virus y que hoy se traduzca en una oportunidad para los canarios y canarias y que podamos seguir adelante con aquello que nos da la vida, que es el sector turístico.
Por último, y para finalizar, agradecer al resto de grupos que se han sumado a esta iniciativa, porque estoy convencida que hoteleros, trabajadores y la sociedad canaria en general se lo agradece de corazón, porque, entre otras cosas, todos
los sectores lo han pasado mal. El sector turístico lo está pasando mal, y es previsible que esta situación, lamentablemente, vaya más allá del propio 31 de enero. Bueno, este sector requiere una atención especial, y Canarias, en particular,
también.
Muchas gracias.
(Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Raya.
Se han presentado dos enmiendas a esta PNL.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, para defender la enmienda, tiene la palabra la señora Muñoz.
La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidente.
Cierto es que he hablado ya con la portavoz del PSOE, era una enmienda para actualizar el contenido de su propuesta, y es lo que estamos transaccionando con otros grupos. Bueno, pues comento un poco nuestro posicionamiento, que ya saben que
será a favor de la propuesta.
Como ha dicho la compañera, la portavoz del Grupo Socialista, pues si el peso del turismo y las actividades relacionadas, especialmente hostelería y turismo, ha tenido como consecuencia un mayor impacto en nuestro país, por la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID, pues es lógico que ciudades o comunidades, en este caso, como son las islas Canarias o las Islas Baleares, que viven, básicamente, del turismo, hayan sufrido todavía más estas consecuencias. Ya que, por ejemplo,
también lo ha dicho la portavoz, el sector aporta el 35 % del PIB de Canarias y el 40 % del empleo. Baleares presenta cifras similares en términos de contribución del PIB, un 36, en concreto. Además, la crisis del COVID, esta crisis sanitaria es
un golpe adicional a estas dos comunidades, que todavía no habían terminado de recuperarse de la situación de la quiebra del turoperador Thomas Cook, el año pasado.
Baleares y Canarias son las dos comunidades donde una mayor parte de los trabajadores se han visto afectados por un ERTE, o el 12 % en Baleares y un 11 % en Canarias. Así que, bueno, estamos convencidos de que todas las medidas adoptadas,
sobre todo, en relación con los ERTE, desde el principio, que han tenido como fin amortiguar este impacto de la crisis sanitaria en el empleo, pues han tenido sentido. Nos sentimos satisfechos de haber podido contribuir a tejer esa red de
protección, ya que a principios del mes de marzo reclamamos al Gobierno, en una carta dirigida a la Moncloa, la adopción de estas medidas, para ser capaces de proteger el empleo, mientras poníamos la economía en el congelador, durante el
confinamiento.
Me ha llamado la atención que en anteriores propuestas, algún grupo en su posicionamiento ha defendido a capa y espada su postura en la defensa de los trabajadores, en la defensa de los autónomos, en la defensa de determinadas medidas,
cuando no hicieron nada por defender a esos trabajadores y estas medidas cuando estaban ligadas a la duración o a la perduración del estado de alarma y votaron en contra sin tener en cuenta que podían decaer estas medidas, pero ahora se dan en el
pecho como que hicieron todo lo posible.
Fuimos nosotros los que exigimos la extensión de los ERTE y su desvinculación al estado de alarma, todo, por todo el tiempo que fuese necesario.
Somos conscientes que el sector del turismo está muy afectado, y que, posiblemente, por sí solas, estas medidas de los ERTE no sirvan para sostener el sector y poder impulsar de nuevo la recuperación progresiva que necesitan, aunque mejore
la evolución de la pandemia. Como también será necesario adoptar otras medidas que trasciendan del ámbito del empleo, tanto como estímulos económicos como con medidas de seguridad, protección sanitaria, para que esta vez no cerremos en falso esta
segunda ola que estamos viviendo.
Por no hablar de los esfuerzos que habrá que hacer a nivel internacional para recuperar la confianza en España, seriamente dañada. Lo hemos visto durante estos meses atrás, por esa errática gestión diplomática, digamos, del Gobierno, o por
la falta de la misma.
Votaremos a favor de la iniciativa, como he comentado con la portavoz, habida cuenta de que sus términos han quedado desfasados, y por eso estamos negociando una transaccional para poder actualizar el contenido de la misma.
Muchas gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Muñoz.
Para defender la enmienda del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Ledesma.
El señor LEDESMA MARTÍN: Muchas gracias, presidente, señorías.
Es evidente la importancia creciente que ha ido asumiendo los expedientes de regulación de empleo temporal como mecanismo de ajuste y amortiguamiento social, tras la paralización de las actividades, derivadas por la crisis económica que
siguió a la crisis sanitaria derivada del COVID-19.
Por lo tanto, desde el Grupo Popular defendemos que ha sido todo un acierto introducir los ERTE en la reforma laboral del 2012, porque ha supuesto un flotador de supervivencia para millones de trabajadores y evitar así la quiebra social.
Está claro que en Canarias hay unanimidad del sector y de las fuerzas políticas, sindicales, etcétera, para que haya un acuerdo sobre los ERTE. Entendemos, y no podíamos haberlo aprobado tal como venía la PNL, porque estaba totalmente
desfasada, como la propia ponente lo ha reconocido. Por lo tanto, era necesario llegar a esa transaccional, en la que estamos totalmente de acuerdo, porque desde Canarias ya se estaba hablando de la importancia. La misma fuerza política que
propone el Partido Socialista y el presidente del Gobierno de Canarias, defendía que los ERTE, el carácter indefinido que debían tener. Aparte, un tema que también es importante desde el punto de vista de los propios trabajadores, que las personas
sujetas a este expediente no se vean mermadas sus prestaciones, una vez superados los 180 días, que tal como se ha modificado.
Creo que la propia PNL lo expresaba claramente, el turismo es el principal sector económico en Canarias, que supone, como se ha dicho, el 35 % del PIB y el 40 % del empleo, contribuyendo en 16 000 millones de euros y genera unos 344 000
puestos de trabajo.
La pandemia ha provocado en el sector turístico una verdadera tragedia, en general, y en Canarias en particular. Las islas han pasado de recibir 15 millones de turistas en el 2019 a apenas unas cifras de, llevamos un acumulado de 7 millones
de turistas. Una disminución que eso va a suponer que ahora mismo, sin los ERTE, la mayoría de los trabajadores estuvieron ahora mismo en el paro.
Sin lugar a duda, desgraciadamente, es una comunidad autónoma de las más castigadas por esta pandemia. De ahí la necesidad de esta prórroga de los ERTE, por fuerza mayor. Entendíamos nosotros hasta el 1 de junio del 2021, porque entendemos
que el inicio de la temporada veraniega. Pero entendemos que, si por parte de los proponentes hablan de carácter indefinido, tampoco nos vamos a poner.
Entendíamos que, oiga, si el 1 de junio seguíamos en la misma circunstancia, había que prorrogarlos. Si la evolución de la pandemia era la misma, está claro que había que prorrogarlo.
Está claro que nosotros entendemos, desde el punto de vista del Partido Popular, que este ha sido uno de los pilares básicos para sostener, desde el punto de vista social, pues una tranquilidad de muchos
trabajadores. Aunque es verdad que ha habido muchos fallos desde el punto de vista y tardanza a la hora de cobrar, y exigimos al Gobierno que intente por todos los medios agilizar los trámites del ERTE.
Está claro que ahora mismo esa cuarentena, ese punto de no despido de los seis meses, pues ya va a desaparecer, y vamos a ver si realmente el empleo en Canarias puede persistir. Porque si no fuera por los ERTE, ahora mismo estaríamos, como
dije, en una verdadera quiebra social.
Nuestra buena voluntad por intentar por todos los medios aprobar y que haya esta unanimidad de las fuerzas políticas para que esos ERTE puedan ser prorrogados, nosotros vamos a votar a favor.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ledesma.
Por el Grupo Parlamentario Plural, no está el señor Baldoví, por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Rosique.
La señora ROSIQUE I SALTOR: Gracias, presidente.
A nosotros, evidentemente, nos parece perfecto que se lleguen a negociaciones en Canarias y, por tanto, en esto no vamos a entrar, pero sí que queríamos aprovechar esta intervención para expresar nuestra preocupación por el menosprecio
constante que sufren las Islas Baleares y Pitiusas, que parece que se olvidan desde el Gobierno reiteradamente de las (No se entiende lo que dice), cuando son precisamente la comunidad autónoma más dependiente del turismo.
De hecho, el paro registrado en las Islas Baleares y Pitiusas ha aumentado un 91 % en relación con los datos de estas mismas fechas en 2019. Los afiliados a la Seguridad Social del sector turístico han disminuido un 30 %. El PIB de las
Baleares caerá más de un 20 % este año. La mayor caída de todas las comunidades autónomas. Por lo que se refiere al (No se entiende lo que dice) turístico, las Baleares lideran la caída con más de 13 000 millones de euros, un 82 % de pérdidas. La
siguen Cataluña, Madrid, País Valenciano, Canarias. Que se entienda bien que con esta intervención no queremos entrar en discusión con la negociación de Canarias, al revés, nos parece positivo, sino destacar que las Islas Baleares y Pitiusas
también deberían estar incluidas en esta moción, no descuidadas, como pasa de forma reiterada.
Por tanto, viendo las enmiendas presentadas, viendo la concreción en el territorio de Canarias, les propondríamos una enmienda in voce que añada Islas Baleares y Pitiusas, aparte también de Canarias.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rosique.
Por el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Gracias, presidente.
Bueno, ya lo hemos dicho aquí en anteriores ocasiones, y lo han dicho intervinientes antes de mi turno de palabra, el turismo es el 35 % del Producto Interior Bruto de nuestras islas, y depende de un 40 % de los empleos y las familias
trabajadoras del mismo. Por eso es clave la fortaleza del escudo social en su conjunto y de una herramienta como los ERTE, que por mucho que cuenten historias, la implementó este Gobierno de coalición con las herramientas necesarias para que
pudiera utilizarse, si no, hubiera sido imposible. Que esto, aunque las mentiras se repitan muchas veces, no por eso se convierten en verdad.
El último real decreto ley, como todos saben, nace del diálogo social y contiene los mecanismos necesarios para adaptar estos ERTE a los distintos territorios y a las diferentes necesidades de los sectores. Si aun así surgiera una necesidad
nueva, pues se legislaría para adaptarlo sin ningún problema.
Creemos que toca, y Canarias es una evidencia de ello, que toca superar la falsa dicotomía entre salud y economía. Canarias, ahora mismo, sin tirar las campanas al vuelo, está empezando a levantar cabeza de esta segunda ola, precisamente,
porque se han hecho las cosas bien, ¿que seguro que se podrían haber hecho mejor? Seguro, ¿pero que se han hecho las cosas bien en lo que respecta al sistema sanitario, rastreo y demás, y que se han puesto energías en políticas sociales para evitar
que la pandemia fuera a más? Pues creo que es una evidencia. ¿Que eso permite que se cuide la salud de la población y que es condición de posibilidad para que ahora la economía pueda empezar a levantar cabeza? Pues creo que es una evidencia. Por
eso, hacer un llamado a superar esa falsa dicotomía que se hace muchas veces desde otras voces, entre tener que elegir entre salud y economía.
Como ya dije, los ERTE son clave para que muchas familias lleguen a fin de mes, pero no podemos dejar que todo dependa de esta única herramienta. Primero, porque no llega a todo el mundo. Porque hay gente que la pidió sin contrato en ese
momento, por mil casuísticas de familias trabajadoras de nuestra
tierra y del resto del Estado, a la que esta herramienta no llega, y también por otra cosa bastante evidente. Sabemos que no es normal que un político, (No se entiende lo que dice) un cargo público, pero que hay que decirlo, que es que los
recursos públicos son finitos.
Entonces, o nosotros aprovechamos el momento histórico y usamos los recursos que vienen para reconstrucción de la Unión Europea, para modificar el tejido productivo canario y para modificar el modelo de desarrollo y dejar de tener un
monocultivo del turismo, o va a llegar un momento en el que las herramientas del cuórum social no van a dar y vamos a sopesar una y otra vez con la misma histórica piedra en la que nuestras islas llevan tropezando, podría decir que casi 500 años.
Muchísimas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra el señor Aizcorbe.
El señor AIZCORBE TORRA: Con la venia, señor presidente.
Muchas gracias.
En primer lugar, quisiera hacer una referencia a lo manifestado por la representante del Grupo Republicano, porque, efectivamente, esta proposición no de ley no describe el ámbito territorial de la misma. Si bien la exposición de motivos
sí, pero no en la fase expositiva, con lo cual, sí que podría aplicarse perfectamente a nuestras Islas Baleares y a las Pitiusas. Como aclaración de técnica legislativa y como reconocimiento jurídico.
Nosotros votaremos que sí, con todas las transaccionales que existan, por supuesto, porque, bueno, bienvenidos a la posición de Vox desde el principio. Nosotros manifestamos desde el principio, y por eso votamos no a la segunda prórroga, o
a la primera prórroga del estado de alarma, porque, entre otras cosas, en el Real Decreto 27 de marzo 9/2020, se decía que se cambió el criterio. Ahora resulta que todos los que votaron sí a esa prórroga y estuvieron de acuerdo con este Real
Decreto 9/2020, con el Partido Socialista a la cabeza, cambian de opinión y solicitan lo que se solicita en esta PNL. Es de una cara dura tremenda lo que estamos viendo durante estos tiempos en el Congreso de los Diputados.
Por un lado, sobre este tema se chantajeó a un partido de forma irredenta, al Partido Popular, para que prorrogase, y todos recordamos que, si no se prorrogaba el estado de alarma, pues se suspendían los ERTE. Otros aparecieron como grandes
salvadores, bueno, del universo, prácticamente, y como partido de Estado para no prorrogar. Fíjense, ¿con esta PNL dónde volvemos?
¿Me pueden decir qué decía el artículo 28 del Real Decreto 8/2020? ¿Qué nos decía? ¿Qué duración tenían los ERTE? ¿Se acuerdan ustedes, los que lo escribieron y los que votaron que sí? ¿Se acuerdan, el artículo 28 del Real Decreto
8/2020? Pues mientras durase la situación provocada por el COVID.
En el momento en que las distintas comisiones del 13 de abril y el 21 de abril, se dijo por parte de algunos grupos, recuerdo perfectamente el del Partido Popular y Ciudadanos, por ejemplo, que se prorrogasen los ERTE hasta que acabasen las
situaciones en la que era provocada. Desde el Gobierno se dijo que no por parte de la ministra, y por parte de la ministra, en diversas situaciones, también se dijo que se tenía que negociar con los agentes sociales en lo que consideramos un
chantaje.
Así que volvemos con la aprobación de esta PNL que nosotros votaremos a favor, con las transaccionales que se quiera, al punto de inicio, a lo que se dijo en el artículo 28 del Real Decreto 8/2020. De ahí queremos subrayar la incongruencia
y pérdida de tiempo en muchas ocasiones y en muchos debates que se han realizado.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aizcorbe.
Entiendo que están trabajando una transaccional que después nos lo harán llegar a la Mesa.
- RELATIVA A LAS CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE MANTENIMIENTO DEL EMPLEO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO VOX. (Número de expediente 161/000978).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 4 del orden del día. La proposición no de ley relativa a las consecuencias del incumplimiento del compromiso al mantenimiento del empleo, también por parte del Grupo Parlamentario Vox. Si no me
equivoco, tiene la palabra el señor Aizcorbe.
El señor AIZCORBE TORRA: Muchas gracias, señor presidente.
Venimos a solicitar, a través de esta PNL, una aclaración. Una aclaración que hemos intentado hacerla en distintas ocasiones, tanto al ministro Esquival como a la señora Yolanda Díaz, y ha sido imposible. En conversación privada con la
ministra, pero como ha sido privada se me han dado las causas, pero tenemos que exponerlo de forma pública.
La disposición adicional sexta 8/2020 adolece, como bien saben, de graves carencias jurídicas que implican una gran incertidumbre en las empresas. Vamos cuál, principalmente en dos aspectos. Uno, en cuanto a la reanudación de la actividad,
cuándo se considera que se reanuda la actividad, y otro en cuanto al incumplimiento de la salvaguarda del empleo. Hay dos tesis en cuanto a la reanudación de la actividad. Una, desde que el primer trabajador que se rescata del ERTE por parte de la
empresa y ya se reanuda la actividad, y por él, ya todos sus compañeros. Una segunda, que cada uno de los trabajadores se van rescatando del ERTE de forma anticipada, que abra un periodo personal por cada uno de ellos, de seis meses. Es decir, si
se rescata a una persona al 1 de octubre, se abre un periodo de seis meses desde esa fecha.
Esto no queda claro, nada claro, y hoy en día supone una gran inseguridad jurídica y duda para todas las empresas y agentes del entorno laboral, y no tan solo asesores, abogados, gestores, empresas.
El sentido común nos señala que sería esta segunda tesis la validad, pero habida cuenta de que dicho sentido está ausente de casi todas las decisiones, por eso solicitamos que urge aclararlo.
La primera, hemos dicho, reanudación de la actividad, cuándo se produce, y la segunda, en caso de incumplimiento, cuándo se incumple. ¿Afecta solo la devolución de las cuotas y exoneraciones, respecto al trabajador despedido? Exoneración
más intereses y recargos.
Una vez más el sentido común y el principio de proporcionalidad en analogía con el artículo 461 de la Ley de Infracciones y Sanciones, (LISOS), que habla solo del trabajador perjudicado de la orden social, nos daría una pista y
correspondería como aplicación a dicho principio, al de seguridad jurídica y artículo 92 y 93 de la Constitución española.
Pero solo se deberán devolver las exoneraciones más intereses, más recargos del trabajador despedido, por el que se incumple la salvaguarda de seis meses o de todos los miembros que han formado parte del ERTE.
Dicha adicional se cita de forma muy ambigua en la totalidad de las cotizaciones, lo que hace pensar que deben devolverse las cotizaciones de todo el ERTE. Pensemos en un ERTE de 100 trabajadores, si se incumple con uno, ¿se tienen que
devolver las cuotas de ese centenar de trabajadores? ¿O solo de ese que se ha incumplido en la salvaguarda? Si fueran los 100 trabajadores, estamos de acuerdo que sería una auténtica barbaridad. Pero el estar de acuerdo no supone que fuera así.
Ya lo dijimos el 13 de abril, lo volvimos a decir el 21 de abril, y dijimos que dicha disposición adicional sexta, además de atacar directamente a la libertad de empresa, evitaba la reestructuración de las empresas en momentos en el que se
les ha obligado a cerrar o a hacer una serie de modificaciones.
Tampoco está aclarado esto, ni por ninguna comparecencia pública, ni en ningún real decreto. Incluso, en el último Real Decreto 30/2020 de septiembre, vuelve a dirigirse a la disposición adicional sexta del Real Decreto 8/2020, y
voluntariamente de nuevo no aclara estos puntos. Esto está provocando un desconcierto absoluto en las empresas, que necesitan necesariamente reestructurar sus plantillas, y lo estamos viendo en cada momento. En base a eso, muchas están
paralizadas, obligándoles a mantener artificialmente estructuras que defendían sin remedio al concurso de acreedores, que es la única vía que ha dado el Gobierno para esta salida. Única vía que es muy fácil de utilizar, como cualquier letrado que
está aquí sabrá.
Las empresas están absolutamente bloqueadas por el hecho de que se tuviera que devolver la totalidad del ERTE, y eso hay que aclararlo. Porque si esto ocurriera, estaríamos automáticamente abocados a un cierre de empresas masivo.
Otros puntos que aclarar serían que la disposición adicional sexta, cuando no se produce el incumplimiento, concretamente, por ejemplo, en despidos disciplinarios declarados procedentes, que son consecuencia de una resolución judicial como
excepción. Por ejemplo, alguien que comete un robo en la empresa u observa un comportamiento violento, perturba la paz de la empresa, o cualquier motivo grave para un despido disciplinario, y ya saben cuál es, lo que se realiza normalmente. La
persona involucrada podría estar inmersa incluso en un delito penal.
Muchas empresas y trabajadores ante errores o fallos cometidos, o cosas hechas a propósito por estos trabajadores, evitan procedimientos judiciales, penales, no se presentan querellas ni denuncias, y
se va a la vía de la conciliación. Esa persona, por lo tanto, lo que hace es no impugnar el despido, que es procedente. Nunca habrá una sentencia que declare el despido procedente, y va a ser un despido procedente por la vía de los hechos,
por la no impugnación, pero nunca será una declaración. Es decir, despido declarado procedente o no impugnado por el trabajador. Estas situaciones se pueden dar, y se dan en la práctica habitual y hay que aclararlo.
Otro tema que aclarar es la extinción por finalización del periodo de prueba. Miles de empresas se preguntan si están incumpliendo en virtud del artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores. No recoge la finalización de prueba, ya que es
una extinción muy sui géneris. Debería expresamente aclararse si es por finalización, por no superar el periodo de prueba, y se dice de manera muy ambigua lo que produce el bloqueo también e incógnita en las empresas.
Modificación, cuando se produce la modificación sustancial de las condiciones o el traslado recogido en el artículo 40 o 41 del Estatuto de los Trabajadores. Una de las opciones de un trabajador al que modifican sus condiciones, se le
traslada o se le pretende trasladar, es extinguir el contrato con una indemnización de 20 días. En este caso, lo que sucede es que, si el trabajador extingue y la empresa hace una modificación de rebaja salarial o de cambio de turnos, o se traslada
de una ciudad a otra, ¿se está incumpliendo el contrato?
Hay que indicar expresamente, en este caso, que se opte por una rescisión del contrato, por parte del trabajador no se incumple. Estos aspectos, entendemos que deben ser aclarados urgentemente en dicha disposición adicional sexta, la
conocida como la salvaguarda de empleo. Muchas gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aizcorbe.
No hay enmiendas a esta proposición no de ley. Por lo tanto, vamos a una fijación de posición. No sé si el señor Barandiarán. No. Vale.
Pues por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Muñoz.
La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidente.
Ya he señalado anteriormente que, bueno, pues el terrible impacto de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID ha tenido consecuencias terribles en nuestra economía. Somos el país que más empleo ha destruido de la OCDE y el segundo donde
más ha caído el Producto Interior Bruto. Se estima que el número de empleos destruidos no serán capaces de recuperarse en el medio plazo y superará el millón. Pero esa cifra puede aumentar si no somos capaces de controlar la transmisión de la
pandemia, como por desgracia estamos viendo y estamos demostrando en esta segunda ola.
También, en mi intervención anterior señalaba el papel protagonista que han desempeñado los ERTE y que ha marcado la diferencia, al menos hasta el momento, entre la evolución del empleo en esta crisis y en la crisis anterior, la crisis del
2008. Insisto en la contribución muy positiva que ha tenido la figura de los ERTE, y estamos convencidos de que este instrumento ocupará un papel mucho más central en nuestro ordenamiento laboral, de cara al futuro.
Ahora bien, no podemos negar tampoco que nos queda la duda de si estos ERTE, aplicados tal como están ahora mismo en la legislación, durante estos meses, igual podrían haber dado más de sí. En concreto, por la famosa condicionalidad que
obliga a las empresas que se benefician de estas exoneraciones a la Seguridad Social, pues les obligan a mantener el empleo durante los seis meses posteriores a que se produzca la reincorporación del primer trabajador a su puesto.
Como ya dijimos, cuando entró en vigor el Real Decreto Ley 9 de 2020, no llegamos a entender qué razones justifican esta condicionalidad. Si el objetivo era que todas las empresas se acogiesen a los ERTE, porque el objetivo prioritario era
mantener el empleo durante esta crisis sanitaria, ¿qué sentido tiene poner condiciones que solo pueden dificultar esta aplicación? En el peor de los casos, hacer que empresas que podrían haberse acogido a esos procedimientos, pues no lo hicieran y
optasen en su lugar por despidos.
No sé quién redactó este real decreto o quién lo pensó, cree que las empresas que están inmersas en esta crisis están así por gusto y que prefieren estar sujetas a un ERTE que funcionar con normalidad. Porque la verdad es que nunca llegaré
a entender, ni yo personalmente ni, por supuesto, mi grupo parlamentario, determinados discursos, como el que se proclama habitualmente desde la izquierda, que parecen dar a entender que las empresas, por alguna razón que nunca se explica, lo que
realmente buscan no es producir, no es crecer, no es ganar más dinero, ni siquiera, sino despedir.
Entonces, creo que está claro que la consecuencia del incumplimiento de esta condicionalidad, pues necesita una explicación. O sea, que cabría de interpretar, ver qué se puede interpretar de esa devolución,
porque no queda clara esa obligación de devolver todas las bonificaciones de las que ha disfrutado el empresario, el empleador.
Votaremos a favor de esta enmienda, y ya está, porque no tengo más tiempo para seguir hablando.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Muñoz.
Por el Grupo Parlamentario Confederal, tiene la palabra la señora Franco Carmona.
El señor FRANCO CARMONA: Muchas gracias, presidente.
Yo entiendo que esta disposición adicional les pueda generar confusión a algunas personas. Lo entiendo, pero, señorías de Vox, ustedes tienen a unos abogados del Estado, creo que deberían estar preparados y preparadas como para que a
ustedes no les genere tanta confusión.
En ningún momento de hecho la patronal, en ningún momento, ha dicho o ha pedido ninguna aclaración sobre esta disposición, sobre la devolución de las cuotas de la Seguridad Social, en caso de que han sido exoneradas, en casos de ERTE. En
ningún momento han pedido aclaración. Es más, han ratificado hasta tres veces este compromiso.
Para la exoneración de las cuotas, según el Real Decreto 8/2020, se tienen que producir ERTE de suspensión o reducción de empleo por causas de fuerza mayor. No causas económica, ni técnicas, ni organizativas, ni de producción. Es más, en
caso de que se acogieran a ello por causas económicas, técnicas, productivas o de organización, estarían incumpliendo ese compromiso de mantenimiento del empleo.
Usted ha preguntado que no sabe cuál es el compromiso o cuándo se incumple el compromiso. Aquí tiene una causa de incumplimiento.
La norma, en su literalidad es muy clara. Se la leo: 'En caso de incumplimientos, se obliga al reintegro de la totalidad de las cotizaciones de cuyo pago fueron exoneradas las empresas con el recargo e intereses de demora correspondiente'.
No ha supuesto ninguna controversia ni esa gran discrecionalidad de la que ustedes hablan.
Por tanto, creo que esto demuestra que los empresarios de nuestro país no piensan en cómo incumplir las leyes, porque conocen el carácter tuitivo, protector del derecho del trabajo. Sin embargo, ustedes, son ustedes los que no están
pensando como los empresarios de nuestro país. Se lo deberían hacer mirar.
Una cosa más. Como sabrán, o como deberían saber, este real decreto ha pasado a ser proyecto de ley, se encuentra en fase de trámite como proyecto de ley de enmiendas. Presenten una enmienda, en vez de una proposición no de ley.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Carmona.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Romero.
El señor ROMERO HERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.
La seguridad jurídica es uno de los principios que la Constitución garantiza, concretamente, en el artículo 9.3. Este principio es uno de los más ansiados por parte de los administrados, frente a los abusos que pueda acometer la propia
Administración.
El asunto que hoy tratamos aquí es uno de los que debiera de no haber venido a esta comisión, de no haber llegado a esta comisión. Porque debieran haberse resuelto ya por parte del Gobierno con anterioridad. No es difícil hacerlo esa
aclaración, basta con que el Gobierno haga la aclaración de esa redacción del real decreto; aunque la representante del Grupo Podemos dice que está suficientemente claro. Pero cuando se están suscitando dudas, es mejor aclararlo, sobre todo,
cuando estamos haciendo por parte del Gobierno una y otra vez, cada dos o tres días, una ley y un decreto totalmente distinto de unos de otros. Sí, tres en pocos días, en pocos meses.
Tal como está ahora mismo redactado, puede confundir a las empresas, y hay que evitar que se termine acudiendo a los tribunales. Los tribunales, que está suficientemente colapsado por otros asuntos. Hay que evitar que termine acudiendo a
los tribunales, para no tener que devolver lo subvencionado. Ahí está el quid de la cuestión. No tener que devolver lo subvencionado. A no ser que de propósito se haga esta redacción para hacer que las empresas y los autónomos tengan que
devolverlo, cuando termine el periodo en el que todavía están.
Hay grupos que tienen una especial animadversión hacia los empresarios y a los autónomos. Eso es una realidad constatable por todo el mundo, desde hace ya muchísimo tiempo. Por ello, no llego a entender que después de varios meses, desde
junio, según lo publicado en el Congreso de los Diputados, desde junio, aun cuando aquí se ha hablado desde abril, directamente hacia la ministra de Trabajo, no logro entender que después de varios meses estas dudas planteadas no hayan sido
clarificadas lo suficiente, y haya sido clarificada para no tener después que lamentar que los tribunales tengan que decidir.
Hay una cosa que cuando proponemos los parlamentarios, los concejales y demás, proponemos algo a la Administración, siempre decimos lo mismo. 'Es que esto cuesta dinero, y como no hay suficiente dinero, pues probablemente no tengamos que
hacerlo. No podemos hacerlo'.
Pues bien, esta cuestión que tratamos hoy no cuesta dinero. No cuesta dinero, solo un rato de dedicación de los funcionarios y de los asesores para que en esta materia lo aclare lo suficientemente y no tenga luego que verse en los
tribunales para que sean los tribunales quien lo aclare y tenga en cuenta que hay muchísimas empresas que se han acogido a esos ERTE.
Me da la impresión de que -pensando un poquito mal- me da la impresión de que se haya hecho así por una mera trampa. Pregunto. Pregunta retórica, no para que me la conteste usted. Pregunta retórica. Las trampas, al final de todo, es un
engaño. Las trampas son un engaño. Señoría, esta declaración es buena que se haga. Es positiva que se haga. No cuesta dinero, que se haga para las empresas y que se haga para los autónomos. Por eso, nosotros vamos a apoyar para que el Gobierno
lo haga. Dice que se ha presentado un proyecto de ley. Estupendo. Muy bien. Ahí habrá que hacer las distintas enmiendas para que esté suficientemente clara. Pero ¿por qué no se ha aclarado con anterioridad, cuando desde abril ya se está
planteando esta cuestión?
Por lo tanto, ¿será porque es el Ministerio de Trabajo, que una compañera de usted lleva entre sus manos?
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Baños.
La señora BAÑOS RUIZ: Gracias, presidente.
Buenas tardes, señorías.
Bueno, después de las palabras de la intervención de su señoría del Partido Popular, no sé si la PNL es a propuesta suya o a propuesta de la otra derecha de la sala. Porque la verdad que esa inquina con la que ha cogido a defender la PNL de
Vox, no sé si felicitarlo o no.
Señorías de Vox, que son los que han presentado ustedes la iniciativa, me voy a dirigir a ustedes, porque no entiendo muy bien el sentido de esta PNL, aunque a lo mejor ha sido porque me lo debería haber explicado su señoría del Partido
Popular.
Mire, no hablo del entendimiento a la que aduce en la misma, sino a la necesidad constante de hacer que los ciudadanos, tanto los empresarios como los trabajadores, los que están ahí fuera sufriendo realmente las consecuencias de esta
pandemia se líen y no sepan realmente a qué atenerse.
Si yo fuera mal pensada, que tampoco, como dice su señoría del Partido Popular, podría llegar a la conclusión de que a ustedes les gusta generar el caos y la confusión como sistema y modo de actuar. Pero no lo voy a pensar. Como no lo voy
a pensar, le voy a aclarar las dudas que ustedes tienen. Saben sus señorías que los objetivos de este Gobierno, y especialmente de los ministerios de los que estamos hablando, ha sido gestionar esta crisis, teniendo como prioridad absoluta y
poniendo siempre en el centro a las personas. Dar una respuesta diferente, precisamente, al austericidio que sufrimos con la crisis de 2008, cuando estaba el Partido Popular al frente de la misma.
Los principales objetivos de esta gestión han sido. (Murmullos).
Disculpen, señorías, estoy en el turno de intervención.
Los principales objetivos de esta gestión han sido mantenimiento del empleo, salvar a las empresas, coordinar y poner encima de la mesa las medidas que reduzcan el impacto y la (No se entiende lo que dice) de la actividad y ayudas
permanentemente a los trabajadores para que, ante medidas drásticas.
El señor PRESIDENTE: (No se entiende lo que dice), por favor.
La señora BAÑOS RUIZ: Es que me cuesta estar con la interrupción ahí debajo, de fondo.
El señor PRESIDENTE: Guarden silencio, por favor.
(Murmullos).
La señora BAÑOS RUIZ: Miren, señorías de Vox, lo sencillo hubiese sido aplicar ERE, que todos los trabajadores fueran a la calle, que la actividad se paralizara, y ya veríamos cómo reincorporábamos a toda esta gente otra vez al mercado
laboral en esos supuestos.
Su respuesta me la conozco. Más despido, mayor vulnerabilidad, y como consecuencia, mayor precariedad a la hora de la reincorporación. Pero ¿cuáles serían entonces las diferencias entre ustedes y nosotros? Nosotros ponemos por delante a
las personas y luchamos para que en este país nadie se quede atrás, pese a todo lo que estamos viendo.
Si su interpretación depende de una coma, solo puede recalcarle ya el texto, porque para eso estamos aquí, en el Poder Legislativo, en el Congreso de los Diputados. No sé si se acuerdan ustedes dónde están. No se agarren a argumentos
estériles y trabajen para sacar adelante a la sociedad de una crisis inaudita y sobrevenida.
Además, como comprenderán, y si conocen un poco, aunque sea de oídas, los procesos de aplicación y puesta en marcha de las políticas públicas, todas estas persiguen una finalidad pública.
En este momento, con este Gobierno, ha sido la salvaguarda de seis meses de empleo y salario, empleo para las empresas y salario para los y las trabajadoras. A lo que les (No se entiende lo que dice) por responsabilidad, pero sobre todo por
cumplir con nuestra obligación en la búsqueda de soluciones, es a dejar de confundir a todos con iniciativas como esta, que son bastante torticeras. La ciudadanía exige unidad, que es la mejor manera de generar confianza.
Por lo tanto, le voy a decir muy claro para que no me tergiversen y ver si entre todos somos capaces de no confundir. Ni se percibe que se despidan a todos ni este real decreto causa ninguna inseguridad jurídica. Si alguna empresa incumple
alguno de los supuestos, hay penalizaciones y tienen que devolver aquellos de los que hayan sido exonerados.
Por tanto, voy a ir concluyendo. El Gobierno ya ha cumplido con su misión. Ha inyectado ayudas a las empresas, a autónomos, trabajadores, empleadas del hogar. 25 reales decretos leyes. Como legisladores, ahora nos corresponde a nosotros
a darle seguridad jurídica.
Si concluyen con que hay indeterminación, trabajen y presenten las enmiendas al proyecto de ley, que para nosotros la redacción, por otro lado, es bastante clara.
Como estamos en plazo de enmiendas, como bien han dicho antes, cumplan con su función y no le pidan al Gobierno que lo interprete, porque eso podemos aclararlo nosotros en este trámite de enmienda.
Volviendo al comienzo de mi intervención, si lo que realmente les preocupa es la seguridad jurídica, la pelota la tenemos nosotros ahora mismo aquí en esta Cámara, en el Poder Legislativo, en el periodo de enmiendas, y este es nuestro
trabajo. Las redacciones de las leyes las da el Parlamento, y es aquí donde tendremos que hacernos y ponernos a trabajar y no hacer los procesos interminables, devolviendo ahora la pelota al Gobierno para que el Gobierno vuelva a pronunciarse, y
que cuando vuelva aquí, si tampoco nos gusta, volvamos otra vez a mandarlo y no (No se entiende lo que dice) suficientemente claro. Actuemos para ser eficaces.
Les propongo, por lo tanto, celeridad, señorías. Les propongo que generemos más certezas y, finalmente, les propongo unidad, porque la crispación ni salva vidas ni da trabajo ni soluciona problemas.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Baños.
- RELATIVA A GARANTIZAR LAS PROTECCIONES SOCIOECONÓMICAS DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE PLATAFORMAS DIGITALES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO PLURAL. (Número de expediente 161/001022).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 5 del orden del día, a la proposición no de ley relativa a garantizar la protección socioeconómica de los trabajadores y trabajadoras de las plataformas digitales. El Grupo Plural, para defender esta
PNL, tiene la palabra el señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.
Sabemos que desde el ministerio se está trabajando en esto, pero creo que es un debate que debe estar presente siempre que podamos para que tomemos conciencia de lo importante que es regular esto.
Hay un tópico de la derecha que dice que la izquierda tenemos animadversión por los empresarios y los autónomos. No, animadversión no, lo único que queremos es que haya relaciones justas, y esto es un ejemplo.
El (No se entiende lo que dice) habitual que tenemos muchos de pedir comida a domicilio un sábado por la noche, oculta detrás una realidad que deberíamos preguntarnos. Detrás está una empresa, una plataforma digital que tiene una apariencia
de nueva empresa tecnológica, pero que encubre situaciones laborales indignas para sus trabajadores o trabajadoras y que suponen precariedad y explotación. Esa es la animadversión que tenemos algunos. No a la creación de riqueza. No solo en el
reparto de comidas, sino en el reparto del transporte, en la limpieza, en los cuidados. En definitiva, un fenómeno actual pero que supone, insistimos, situaciones laborales absolutamente indignas.
Pensemos un momento que muchos de estos trabajadores no tienen derechos legales en materia de jornada laboral, de salarios, de periodo de descansos, de permisos, de vacaciones, de salud laboral y de seguridad. Es ahora cuando están
aflorando a la luz pública todas esas situaciones y todas esas prácticas laborales. Es decir, que estas nuevas, entre comillas, empresas tecnológicas, están utilizando prácticas laborales muy viejas. Camuflan relaciones laborales, haciéndolas
pasar por mercantiles, cuando en realidad los trabajadores son falsos autónomos pagados por tarea y no por jornada laboral, que tienen que luchar para poder completar sus ingresos, y que, además, siempre tienen encima la espada de Damocles, de que
pueden ser reemplazados por otro trabajador o trabajadora en cualquier momento.
Por eso, nosotros presentamos en su momento esta proposición no de ley, porque entendemos que es necesario legislar, y nos consta que el Gobierno lo está haciendo, y además por el buen camino. Es decir, con concertación social, hablando con
los diferentes agentes sociales, y eso que es la izquierda. Por tanto, es así como se tiene que hacer, y además llegando a acuerdos. Que está preparando la Normativa, para que todos estos falsos autónomos de las plataformas digitales afloren y
sean reconocidos como lo que deben ser. Trabajadores de unas empresas con todos sus derechos.
La cátedra de Economía de la Universidad de Valencia, el Servicio Valenciano de Ocupación, ya dijeron en un informe que era necesario regularizar la figura del falso autónomo y reconocer la laboralidad de estos trabajadores y de los derechos
laborales. Por eso aplaudimos, primero, que los trabajadores se estén organizando. Aplaudimos su lucha, porque sin su lucha, probablemente, esta realidad pasaría desapercibida como tantas y tantas otras. En este sentido, en el País Valenciano
tenemos los (No se entiende lo que dice) por derechos, que están además constituyendo una cooperativa, la cooperativa Rodany.
Además, aplaudimos las sentencias que se han producido últimamente, en el que deben ser reconocidos como empleados, como la sentencia pionera del Juzgado de lo Social número 5 de Valencia, sobre la empresa (No se entiende lo que dice), o la
última sentencia donde el tribunal supone, que dice claramente que se deben aplicar los derechos del Estatuto de los Trabajadores y tener su convenio correspondiente.
Por tanto, esta PNL lo que hace es instar al Gobierno para que regule esas relaciones laborales, insistimos, entre una empresa y sus trabajadores, y para que se dote de recursos humanos y económicos a la Inspección, para que se detecten
cualquier tipo de situación anormal.
En este sentido, decimos que vamos a hacer una transaccional, aceptando la enmienda al punto 1 de Podemos. En esta transaccional, nosotros renunciaríamos en el segundo punto a los apartados e y f. Por tanto, la transaccional sería con el
texto de Unidas Podemos, en el primer punto, y renunciando a los apartados e y f, para que, en definitiva, que es lo que nos importa, que esta iniciativa pueda salir adelante y que muestre que este Congreso está dispuesto y apoya esta regulación de
los trabajadores, de los falsos autónomos en estas nuevas empresas digitales.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Baldoví. Si pueden hacer llegar a la Mesa la transaccional, se lo agradeceríamos.
Se han presentado cuatro enmiendas a esta PNL. Empezamos por los portavoces que defenderán las posiciones del Grupo Parlamentario Confederal. Tiene la palabra la señora Saavedra.
La señora SAAVEDRA MUÑOZ: Muchas gracias, presidente (No se entiende lo que dice).
Desde el Grupo Parlamentario Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, consideramos necesario, urgente, regular estas nuevas formas de prestación laboral, que surgen al hilo de las nuevas tecnologías y en el marco de la mal llamada, en
este caso, economía colaborativa, con el fin de garantizar
los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Eso aparecía ya en el acuerdo de Gobierno. Es un compromiso que tenemos con este colectivo y con la ciudadanía.
Los derechos de estos trabajadores están vulnerados, en muchos casos, pues sin oposición alguna, y aprovechando la situación de necesidad de personas que necesitan trabajo y que no pueden permitirse rechazar unas condiciones laborales
indignas, en muchas ocasiones.
El principal problema es que, generalmente, se considera trabajadores autónomos a personas que en absoluto lo son. Dependen al cien por cien del medio tecnológico digital de la empresa para realizar su trabajo. Toda su jornada está a
disposición de la empresa, que es la que establece cuándo trabajar, cómo, dónde, qué ganar, qué precios. Por tanto, carecen de cualquier poder de decisión sobre las condiciones de trabajo.
En muchas ocasiones, se aduce que esos trabajadores son autónomos porque aportan sus medios para prestar los servicios. Pero esto en realidad lo que es, es un abuso empresarial y, bueno, el verdadero medio que no está en sus manos es la
plataforma y la aplicación de la empresa, que es la que determina todas unas condiciones de trabajo.
Finalmente, un indicador claro del carácter laboral de la relación de estos trabajadores con la empresa es el poder sancionador de la empresa, a través de su plataforma, que se ejerce de manera unilateral, sin ningún tipo de control ni
posibilidad de defensa ni de tutela judicial efectiva de estos trabajadores.
En definitiva, lo que subyace en esta relación laboral no reconocida es la existencia, por un lado, de trabajadores que buscan empleo y, por otro, de una empresa que trata de evitar costes de personal, no reconociendo derechos a sus
trabajadores. Subyace precariedad, condiciones contractuales y salariales difíciles e inhumanas en muchos casos, la peligrosidad de su trabajo y la nula inversión en prevención en riesgos laborales. Eso se ha puesto en evidencia, especialmente, en
esta crisis actual de COVID, en la que estos trabajadores y trabajadoras han tenido que trabajar en condiciones, en fin, sin las mínimas medidas de seguridad y de salud.
Bueno, ante esto, el Ministerio de Trabajo está desarrollando diversas actuaciones, una clara iniciativa legal en esta materia. Todo esto en el marco del diálogo social con los interlocutores sociales. El miércoles pasado, en el marco del
diálogo social, se inició, empezó el trabajo en relación con esta cuestión.
Este es el principal aspecto que hemos introducido en nuestra enmienda desde Unidas Podemos. El compromiso de diálogo y de negociación del ministerio y del Gobierno es explícito y fundamental, para alcanzar una regulación que acabe con el
fraude de este tipo de trabajos y permita acabar con los falsos autónomos.
Además, planteamos en la enmienda el sustituir el término 'plataformas y aplicaciones' por 'trabajo realizado por medios tecnológicos y digitales'. En fin, buscando una mayor seguridad técnica desde el punto de vista jurídico.
También sustituir los términos, cuando se habla de 'poner fin a la actual relación de trabajo no mercantil', nosotros la propuesta es 'evitar su utilización para ocultar la existencia de relaciones laborales'. Es decir, dejar claro el
objetivo de esta PNL, tal como se señala en la exposición de motivos.
En cuanto al punto relativo a la dotación de medios personales y económicos para aumentar la eficacia de la Inspección de Trabajo, consideramos que el actual Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, tiene composición competencial
plena y lo suficientemente asentada para ejercer sus funciones de fiscalización, de derechos y obligaciones nacidas del ordenamiento jurídico laboral. Pero también somos conscientes de que el fraude en nuestro país es una realidad que debe ser
atajada cuanto antes. No solo porque precariza las condiciones de trabajo de estas personas, sino porque pone en peligro la continuidad del sistema de Seguridad Social y el mismo estado de bienestar, y también la economía de las empresas
responsables, que ven amenazada su viabilidad por estar obligadas a competir en un plano de desigualdad.
Para lograr el objetivo deseado hay que continuar, efectivamente, dotando de recursos humanos y materiales al Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con la incorporación de nuevos funcionarios y también de medios informáticos y
sistemas tecnológicos para sus actuaciones de inspección.
Aún con los medios actualmente disponibles, los funcionarios que conforman este organismo siguen, están desarrollando con mucha eficacia, como lo han venido haciendo hasta hoy, las actuaciones inspectoras correspondientes, para garantizar
los aspectos que contempla esta PNL, a excepción de una en el punto e, que habla de una regulación de la fiscalidad adecuada. Ahí podemos plantearnos nosotros
también una enmienda, no porque no estemos de acuerdo. Por supuesto que hay que avanzar en la lucha contra la evasión fiscal, pero no es competencia del Ministerio de Trabajo.
En definitiva, nosotros vamos a apoyar, cómo no, esta PNL. Lo planteábamos en el acuerdo de Gobierno. El Gobierno de coalición está trabajando ya en este sentido y, desde luego, hay que avanzar en reconocer los derechos de estos
trabajadores y trabajadoras, de acuerdo, desde luego, a las sentencias recientes que dejan bien claro que son trabajadores por cuenta ajena, y también de acuerdo con lo que están reclamando los colectivos afectados, que se han organizado, como se ha
dicho, para defender sus derechos, a los que saludamos desde aquí.
Hasta aquí. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Saavedra.
Para defender la enmienda del Grupo Socialista, tiene la palabra su portavoz, la señora Esther Peña.
La señora PEÑA CAMARERO: Muy bien. Muy buenas tardes. Gracias, presidente.
La plataforma Delivery (No se entiende lo que dice) no es una mera intermediaria en la contratación de servicios entre comercio y repartidor, sino que es una empresa que presta servicios de recadería y mensajería, fijando las condiciones
esenciales para la prestación del servicio.
La empresa es titular de los activos esenciales para la realización de la actividad, y para ello se sirve de repartidores que no disponen de una organización empresarial propia y autónoma, los cuales prestan su servicio insertadas en la
organización de trabajo del empleador.
Estas son algunas de las conclusiones de la sentencia del Tribunal Supremo, que por primera vez y hace pocas fechas se pronunció sobre el conflicto laboral que tratamos hoy aquí. Una sentencia que da respuesta a muchas preguntas que algunos
nos hacíamos cuando gobernaba la señora Báñez, que no lo supo contestar, y otros que se lo han hecho tras reconocer a estos trabajadores como esenciales, tras la bofetada de realidad que nos ha dado el COVID-19.
Esta sentencia, además, marca nítidamente una serie de ideas para tener en cuenta. En primer lugar, que no es verdad lo que nos han hecho creer, de que no existe un vacío normativo al respecto. De hecho, esta sentencia y otras anteriores,
se constata que los trabajadores de las plataformas digitales tienen una relación laboral clara con la empresa en los términos que marca la ley, de ajenidad, de subordinación, o dependencia, remuneración y voluntariedad.
No obstante, es verdad que esa nueva realidad productiva obliga a adaptar las cuestiones de dependencia y ajenidad, principalmente, que definen la relación laboral a la relación social del tiempo en que deben aplicarse las normas. Es que,
además, esto es un compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez, no podemos tolerar que, bajo una falsa apariencia de modernidad y una supuesta autorregulación, se excuse la pérdida de derechos laborales, la mala remuneración o la incertidumbre
permanente que tienen muchísimos trabajadores en la mal llamada economía colaborativa.
Por tanto, tenemos el compromiso del Gobierno en adaptar y mejorar la Normativa laboral y la protección de los trabajadores. Tenemos esta sentencia del Tribunal Supremo, que ha considerado a estos trabajadores como falsos autónomos, y
existe la voluntad de hacerlo por consenso, escuchando a todos. Entre otras cosas, porque además de que existe conflicto, España es el país de la Unión Europea con más trabajadores en las plataformas digitales. Por eso queremos que la aportación
del Grupo Socialista a este debate de hoy sea de todo lo referido a esta regulación. Ha de someterse al diálogo social para clarificar la naturaleza laboral de la relación entre trabajadores y empresas, y también entendemos que hay que hacer un
esfuerzo en la Inspección, en lo que de verdad compete a la Inspección, para que esto sea así.
Desde ya que teníamos esta serie de ingredientes y tenemos algo más. Tenemos también las recomendaciones del Pacto de Toledo a este respecto, y así lo marcan. Que, si bien las novedosas formas de la economía digitalizada abren grandes
posibilidades y oportunidades para empresas, para trabajadores y para la sociedad en su conjunto, también representan importantes desafíos, la necesidad de combatir la economía informal, de garantizar la protección ante situaciones de necesidad, de
luchar contra el recurso de la figura del falso autónomo, con la atención al trabajo autónomo, económicamente dependiente. La necesidad de redefinir la centralidad del trabajo asalariado o autónomo, garantizando unas condiciones laborales o de
actividad dignas y suficientes que eviten la precariedad. En eso estamos absolutamente todos.
En definitiva, tenemos un Gobierno que tiene claros los pilares, claros el camino hacia dónde ir respecto a este conflicto, para acabar con la precariedad, para acabar con la unilateralidad y la pérdida de derechos.
Es que es verdad que los socialistas, desde este grupo parlamentario, queremos abordar los cambios que la revolución tecnológica está produciendo sobre el propio trabajo y las relaciones laborales. Es que estamos hablando de la economía
colaborativa, de las plataformas, pero es que hay que hablar de la desfiguración del tiempo y el lugar de trabajo y cómo afecta la tecnología los derechos de intimidad y protección de datos de los trabajadores. Es que tenemos que abordar qué sucede
con los nuevos riesgos físicos, como el tecnoestrés, la infobesidad o la adicción a Internet, o qué va a pasar con esa posible segregación y brecha digital por razón de sexo, que puede estar en ciernes si no hacemos nada, si hombres y mujeres no nos
formamos en igual medida en aquellas disciplinas necesarias para el avance en ciencia y de la tecnología. En eso estamos los socialistas, en abordar los retos del nuevo mercado de trabajo. Abordarlos, el trabajarlos y el legislar, como hemos hecho
siempre.
Legislar en el diálogo social, y legislar para todos y para todas, y legislar para sentirnos orgullosos de las leyes que hacemos. Así lo hicimos con la legislación que hoy por hoy protege a un millón y medio de autónomos en este país,
gracias a la ministra Magdalena Valerio. Porque en este país no olvidemos que, en las anteriores crisis, el Gobierno del Partido Popular jamás tomó una medida en beneficio de los autónomos de este país, y así lo hacemos con orgullo también, porque
ya esta es la décima vez que lo repito. La Ley 35/2010, que procuró los ERTE que hoy protegen a cuatro millones y medio, que han protegido en esta crisis a 4 millones de trabajadores y trabajadoras españolas, la produjo un Gobierno socialista, por
más que hoy un diputado del Partido Popular se le haya vuelto a arrogar a esa reforma lamentable del Partido Popular.
Por tanto, orgullosos de la Normativa laboral, pero, sobre todo, con muchas ganas de legislar para el nuevo tiempo, para la revolución tecnológica, y siempre con la base y el denominador común de defender los derechos de los trabajadores.
Muchas gracias.
(Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Peña.
Para defender la enmienda del Grupo Ciudadanos, tiene la palabra la señora Muñoz.
La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidente.
La iniciativa que debatimos guarda relación con el debate muy de actualidad sobre los servicios que se prestan a través de plataformas digitales, más en concreto, sobre la vinculación que quienes prestan estos servicios de manera directa
tienen con esas plataformas, y, en particular, sobre si estos trabajadores son trabajadores por cuenta propia o por cuenta ajena.
No me cabe ninguna duda de que esta proposición que se trae a comisión hoy viene a colación de la reciente sentencia del Tribunal Supremo, del 23 de septiembre de 2020, en la que este falló, que un (No se entiende lo que dice) del que presta
servicios para la plataforma Globo, en realidad mantenía una vinculación de tipo laboral.
La sentencia del Supremo venía así a poner fin a un contencioso judicial que se había alargado durante años, con sentencias contradictorias por parte de juzgados y tribunales de instancias inferiores, en nuestra particular peripecia nacional
sobre cuestiones que han generado litigios, como también en otros países.
Creo que como grupo político no nos corresponde a nosotros, y tampoco creo que, a sus señorías de otros grupos políticos, valorar ni mucho menos cuestionar el fondo de una sentencia. Son otros aquí presentes los que están queriendo
cuestionar la legitimidad de los órganos judiciales, en función de que les convenga o no sus pronunciamientos.
Pero nosotros, desde Ciudadanos nunca vamos a hacer esto, ni socavar la justicia, sino reforzarla y apuntalar su independencia y separación de poderes que la sustenta y que es garantía del correcto funcionamiento de un Estado democrático,
como es España.
Pero con esto solo quiero destacar que no me vale aquí aplicar una doble vara de medir. Si reconocemos a los tribunales legitimidad, cuando sus fallos nos convienen o se corresponden con lo que pensamos, pues también debemos hacerlo cuando
no, y así es la democracia, señorías. Lo demás es propio de populismos y de totalitarismos.
Pero bueno, sin entrar a valorar la sentencia, es cierto que las sentencias de referencia de la situación concreta de un trabajador, y por analogía es plausible que de este punto se pueda acabar derivando, eventualmente, que otros
prestadores de servicios, en el marco de la actividad de plataformas digitales, pues tengan exactamente la misma vinculación.
No podemos estar seguros de que sucederá así, porque frente a las visiones simplificadoras de algunos, nosotros somos conscientes de que nos encontramos ante una realidad compleja, conformada por distintos modelos de negocio y con
vinculaciones con notas muy diferenciadas que deberían llevar a la extrema prudencia, antes de un pronunciamiento radical, o tan, bueno, no con amplitud de miras. De hecho, estamos seguros en que habrá inseguridad jurídica si seguimos por esta vía.
Nosotros venimos advirtiendo desde hace años que de no hacer nada con esta situación de estos trabajadores, pues la solución frente al conflicto estaba servida, y que había que regular. Por tanto, reclamábamos tanto a todos los Gobiernos,
diría, primero, al Gobierno del Partido Popular, y después al del PSOE, como hacemos ahora, al Gobierno de coalición, que por favor no se crucen de abrazos y dejen que este tema siga retorciéndose y que aportemos de una vez una solución que acabe
con la incertidumbre y con la conflictividad, y que ponga encima de la mesa ya una regulación que confiera la necesaria seguridad jurídica a unas cantidades que promueven la creación de riqueza y el empleo. Siempre que sea una relación que
garantice el cumplimiento de la ley en todos sus sentidos, el laboral, el fiscal y, por supuesto, el de la protección de los derechos de los trabajadores, ya sea por cuenta propia o por cuenta ajena, que prestan sus servicios a través de estas
plataformas.
La fragilidad de la actual situación lo que debería hacernos es hacernos mover para impulsar ya cuanto antes las soluciones necesarias para garantizar esta seguridad jurídica.
En este sentido, les adelanto que no creo que esta proposición que debatimos vaya en la línea de restaurar esa seguridad jurídica y esa confianza que son tan necesarias en estos momentos. Porque estamos hablando de muchos empleos,
demasiados, como para jugar con ellos, poniéndolos en el disparadero, como hace esta proposición. Porque no creo que de verdad ustedes crean que la solución para el sector pase por instrumentalizar a la Inspección de Trabajo, refiriéndose a ella
poco menos que como si se tratara del sabueso al servicio de la Administración.
Es necesaria una regulación, y eso es lo que defendemos desde Ciudadanos, pero que garantice la seguridad jurídica, y de ahí que hayamos exigido y volvamos a hacerlo ahora, que el Gobierno traiga a esta Cámara una norma que regule la
prestación de estos servicios bajo demanda, a través de plataformas digitales, y que a su vez modifique nuestra legislación laboral para definir con mayor precisión las notas características que diferencian una relación laboral de una mercantil.
Muchas gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Muñoz.
Para defender la enmienda del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Bas.
El señor BAS CORUGEIRA: Hola, buenas tardes.
Bien, en relación con el tema que nos ocupa, efectivamente, es una realidad que las nuevas tecnologías están revolucionando prácticamente todos los órdenes de nuestra vida. Las plataformas digitales, bueno, están imponiendo, como ya se
dijo, como nuevos modelos de negocio. Como consecuencia de ello, tanto el mundo empresarial como el mercado laboral son dos de los ámbitos que más se están viendo afectados por lo que se está llamando ya la denominada revolución industrial 4.0.
Se ha comprobado que la evolución del mundo laboral en los últimos años está siendo vertiginosa, que avanza a un ritmo frenético, y es una realidad que las nuevas tecnologías, bueno, pues determinarán y están determinando las características
de los empleos del presente pero también los del futuro. Los raiders son uno de los exponentes de este tipo de empleos, que trabajan bajo esa demanda, a través de las plataformas digitales. Pero, como también es de todos sabido, no son los únicos.
Tenemos servicios como la limpieza, las reparaciones, el mantenimiento, y hasta el cuidado de mascotas, que participan también de este modelo. Por eso valoramos de forma positiva el anuncio que esta ley a desarrollar no se va a ceñir solo al ámbito
de los raiders. Desde el Grupo Popular entendemos necesario y urgente elaborar una ley que regule de forma específica esta nueva forma de negocio, como son las plataformas digitales, y que contemple todas las opciones para sus trabajadores. Para
nosotros este es un tema importante en nuestro planteamiento.
Como ya se dijo también, por fortuna, ya contamos con sentencias judiciales que aclaran el panorama y que incluso unifican doctrinas, como la sentencia reciente, que ya se citó, de la sala de lo Social del Tribunal Supremo. Esta sentencia,
efectivamente, ha sido aplaudida por muchos trabajadores que esperaban que se laboralizase su situación. Pero también es cierto que hay otro sector, también amplio, que prefiere ejercer su actividad como trabajadores autónomos, ya que priorizan la
flexibilidad, la libertad y la autonomía que les da este tipo de régimen.
Por tanto, desde el Partido Popular entendemos que la legislación que se elabore debe contemplar a todos aquellos trabajadores que se verán afectados por esta ley, y no solo a una parte.
Por ello, proponemos un enfoque de la ley que regule esta nueva forma de negocio, para que contemple y valore la libertad individual del trabajador, para que este pueda optar entre tener una relación laboral como asalariado, o para que, si
así lo estima pertinente, pueda elegir ejercer su actividad como trabajador autónomo, con todos los derechos y todas las obligaciones que legalmente le corresponden, sea cual sea la opción elegida. Por eso, señor Baldoví, estando de acuerdo con
todo lo que se recoge en la exposición de motivos de la PNL, en lo relativo a la defensa de los derechos de los trabajadores, entendemos que su propuesta da una respuesta parcial. No atiende a todas las demandas de los trabajadores afectados. Se
centran en dar cabida únicamente a las reivindicaciones de un grupo de trabajadores afectados, dejando de lado las reivindicaciones de otros trabajadores también que quieren seguir siendo autónomos, ya que entienden que este régimen le permite
tener, como ya dije anteriormente, una mayor flexibilidad, una mayor libertad, una mayor autonomía y, sobre todo, la posibilidad de trabajar para más de una empresa. Algo que valora muy especialmente este colectivo de trabajadores.
Quiero citar su parte final del expositivo, que dicen que hay que profundizar en el desarrollo de otro tipo de modelo laboral que sea justo y respetuoso con los derechos de las personas que participan en ella. De todos. Reflexión con la
que coincidimos, porque una mala solución hoy pondría, una mala solución, además, legislativa, porque estamos haciendo ya que el futuro dependa de esta legislación, pues una mala solución legislativa pondría en riesgo el empleo de este tipo de
trabajadores, en donde la flexibilidad, además, es uno de los principales alicientes.
Por tanto, le proponíamos, le proponemos la siguiente enmienda, que sí recogería todas las sensibilidades de los trabajadores afectados. Además, los propios trabajadores, bueno, como ya se dijo, serían partícipes de la solución. La
redacción sería que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno para que en el seno del diálogo social -que se citó- y en el consenso de las asociaciones implicadas -que también se citó- apruebe de manera urgente -la necesidad está ahí- una ley
específica que regule el nuevo modelo de negocio de las plataformas digitales, que, en todo caso, contemple y valore la libertad individual del trabajador, para que este pueda optar entre tener una relación laboral como asalariado o ejercer su
actividad como trabajador autónomo, con todos los derechos y obligaciones que legalmente le corresponden, sea cual sea la opción elegida. Todo ello a fin de adaptar la ley a la realidad social de todo el colectivo, para lograr un mercado de trabajo
más justo y flexible y para atajar las conductas que atenten contra los derechos de los trabajadores y nuestro sistema de la Seguridad Social.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bas.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Barandiarán.
El señor BARANDIARAN BENITO: Muchas gracias, señor presidente, señorías. Bien, este es un debate que no por repetido ha dejado de ser actual, ni que va a dejar de ser actual en las próximas fechas, y que además se sitúa en un doble
contexto. Por una parte, el del anuncio que se hizo, ya hacía bastante tiempo, por parte de la propia ministra de Trabajo, de que se iba a anticipar una legislación, un proyecto de ley sobre esta concreta cuestión. Por otra, la de la sentencia de
la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, la 805/2020, de 25 de septiembre, que de alguna manera ya, al menos, define determinado marco de debate jurídico, en el que se esbozan, de alguna manera, cuáles son los caracteres de aquellos empleos o de
aquellas actividades que va a someter o que el Tribunal Supremo ha entendido que deben de ser sometidas al ámbito de la relación laboral.
Sobre esa cuestión y sobre esa concreta sentencia, conviene, de alguna manera, recalcar algunos aspectos. Algunos ya lo han señalado antes. No me acuerdo quién es, la representante, creo que de Podemos, que no estoy seguro. Sí. Pero es
importante estas determinadas cuestiones. Dice la sentencia que, en ese tipo de actividad, la de los raiders, aquellos dependientes de plataformas digitales, quien actúa y califica como empresario no es mera intermediaria, porque no se limita a
prestar un servicio de intermediación. Es decir, hay alguna actividad diferenciada en la intermediación.
Dice que tiene, además, como actividades, como concreción de esas funciones que identifica como labores propiamente empresariales, que ejercen una labor de coordinación y organización del servicio y, sobre todo, que fija el precio y
condiciones de pago, como elementos sustantivos respecto de los que lo diferencia de una actividad que podría ser propiamente autónoma. Entiende por ello -y esa es una conclusión a la que les conviene prestar atención- entiende por ello que se
ejerce poder empresarial, y
que, por lo tanto, entiende que existe una relación de dependencia. Este discurso tiene sentido desde el punto de vista, no tanto de la reflexión que hace también la propia proposición no de ley, sino incluso de la que acaba de realizar el
portavoz del Partido Popular, pero para alcanzar conclusiones justamente contrarias.
Es decir, es cierto, y así se ha manifestado, por ejemplo, en diferentes comparecencias que ha habido en el seno del Pacto de Toledo, que los nuevos empleos que van a existir, van a ser, seis de cada diez empleos que van a existir de aquí a
10, 15 años, son nuevas formas de trabajo. No es en número, pero sí en nuevas formas de trabajo.
Sin embargo, también sabemos que la vinculación que la existencia de esos nuevos empleos va a tener a la utilización de mecanismos digitales, va a ser la que va a marcarles la diferencia entre las nuevas formas de trabajo y las existentes
con anterioridad. Pero con una concreción diferente, a diferencia de lo que ha señalado el representante del Partido Popular, creo que es opción, es una opción que debe realizar el Legislativo, la de señalar que determinadas actividades que reúnan
determinadas características, como por ejemplo señala el Tribunal Supremo, respecto a los raiders, deben de ser calificadas como laborales. Deben de estar enmarcadas en el ámbito de dependencia. Deben de estar señaladas como sujetas al poder
empresarial.
Por eso, en principio, aun cuando entiendo que esta es un debate que se ha de posponer, de alguna manera, participo de la iniciativa de la proposición no de ley, solo que creo que hay que enmarcarla en ese contexto de debate y no en el de la
reivindicación de la mera, una mera reivindicación, por decirlo de alguna manera.
Por cierto, y como curiosidad, señalaré que, ya que ha eliminado los apartados e y s, atendiendo a la enmienda de Podemos, curiosamente, las garantías que señala la a, b, c y d, son propias también de la ley de trabajo, el proyecto de ley de
trabajo digital. Con lo cual, de alguna manera, lo que estamos es reforzando la idea de que la utilización de elementos electrónicos digitales para prestar determinados servicios sea cual sea la forma, sea cual sea el poder empresarial que se vaya
a ejercer, sí va a estar vinculado o va a estar engarzado por determinadas características que van a ser comunes a todas.
Por lo tanto, entiendo que, de alguna manera, aun cuando, permítame, señor Baldoví, es casi innecesaria la proposición no de ley, porque es un debate que está ya presente, participo de ella y, desde luego, no la voy a apoyar.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barandiarán.
Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Rosique.
La señora ROSIQUE I SALTOR: Gracias, presidente.
Nosotros compartimos el análisis que hace el compañero de (No se entiende lo que dice). En ese sentido, sí que vemos que existe una realidad en el sector de las plataformas digitales, que es la siguiente. Que se está amparando bajo una
supuesta nueva economía, la vieja tendencia a la maximización del beneficio empresarial a costa de la vulneración de los derechos de los trabajadores.
Unas personas precarizadas, con grandes dificultades para la sindicación y organización, debido a la naturaleza de su trabajo, y con una temporalidad y parcialidad inasumibles. A todo ello hay que añadir los miles de casos de falsos
autónomos, como ya se ha comentado también en otras intervenciones.
Por tanto, no se trata de realizar una cruzada contra la economía de plataformas, que es legítima, como cualquier otro sector empresarial, sino que únicamente se trata de garantizar que los puestos de trabajo que se generen no reproduzcan
los viejos patrones de vulneración de derechos. Cualquier trabajador debe tener un contrato de trabajo, poder negociar, aplicar un convenio colectivo y estar protegido por el derecho laboral. Esa no es una reivindicación revolucionaria, ni mucho
menos, sino que únicamente es una reivindicación que implica un compromiso con un Estado social y democrático.
A fin de combatir este tipo de situaciones vulneradoras, resulta urgente -y a eso también le damos apoyo- dotar al órgano encargado de velar por el cumplimiento de la Normativa laboral, la Inspección del Trabajo, de estos recursos
necesarios. No solamente la estatal, sino todas ellas, por medio de transferencia de recursos a las Administraciones territoriales competentes en tal materia. Porque hacer cumplir la ley en materia de protección de los derechos sociales y
laborales, debería ser una obligación para cualquier Administración, y más todavía si se reivindica esta como progresista.
Sin embargo, nada de ello quita que sería útil una acción legislativa del Gobierno, que tomara la iniciativa para acabar con esta incertidumbre creada por algunas decisiones judiciales. Por ello, también
estamos esperando poder negociar este proyecto de ley, que ya se está informando en los medios de comunicación.
Por tanto, creemos que hay que desarrollar una ley que acabe con el debate sobre el encaje jurídico de estos raiders. Esta ley, como en cualquier otro ámbito de trabajo, se deberá redactar con un diálogo social que incluya a todos los
sectores representativos del sector, también con las comunidades autónomas.
Así, pues, vamos a dar apoyo a la proposición no de ley de (No se entiende lo que dice), y esperamos poder negociar pronto también la ley que se ha anticipado desde el Gobierno.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rosique.
Por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra el señor Aizcorbe.
El señor AIZCORBE TORRA: Muchas gracias, señor presidente.
Vamos a ver. En esta proposición no de ley, el compartir en parte lo que ha dicho el señor Barandiarán que, como siempre, ha hecho una atinada, pero creo parcial interpretación de la sentencia de la Sala Cuarta del Supremo, de septiembre,
marcando solo sus caracteres de cohesión o de relación laboral, en el caso que nos ocupa. A ello es evidente que hay una discusión que aquí ha aparecido, en los distintos grupos, y una apreciación que, en línea con lo que decía el portavoz del PNV,
pues son nuevos empleos que están surgiendo, nuevos trabajos que están surgiendo y nuevas iniciativas que están surgiendo. Me da la sensación de que el aroma que se desprende de esta PNL, parece que se solicita una mayor presión a las empresas, a
los autónomos, por supuesto, en este sector, bajo unos parámetros que ya están controlados, bajo una sola sentencia que todavía no crea jurisprudencia, y en relación, sobre todo, al reforzamiento de la Inspección de Trabajo. O sea, si estamos ante
la línea Inspección, Inspección, Inspección. Yo creo que también ante una línea de regulación, regulación, regulación, con carencia, eso sí, de la autonomía de la voluntad, del artículo 1255 del Código Civil, y lo que decimos en nuevas profesiones
y actividades que van a surgir.
Incluso, en la enmienda que presenta el Partido Socialista, manifiesta que reforzar la protección de los trabajadores en aquellos casos en que la relación no es de carácter laboral, sino mercantil. Sino que el propio Partido Socialista
admite que dicha relación, en el ámbito de la voluntad, de la autonomía privada, de la autonomía de la voluntad, del artículo que he citado anteriormente del Código Civil, pues se pueden producir dichas relaciones.
Bueno, nosotros votaremos en contra porque, entre otras cosas, como también ha dicho la enmendante del Partido de Unidas Podemos, dicha cuestión se está ya actuando por la vía normativa. El Gobierno está en ello. Entendemos que no tiene
encaje en este momento en esta comisión. Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aizcorbe.
Señor Baldoví. (Murmullos).
No, presentado la transnacional, la hemos recibido. Perfecto, gracias.
- RELATIVA A RECHAZAR LAS REGULARIZACIONES MASIVAS DE INMIGRANTES IRREGULARES, EN LÍNEA CON EL COMPROMISO EUROPEO DE 2008. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001211).
El señor PRESIDENTE: Vamos entonces al punto 6 del orden del día, que es la proposición no de ley relativa a rechazar las regularizaciones masivas de inmigrantes irregulares, del Grupo Parlamentario Popular.
Para defenderla tiene la palabra el señor Ortiz.
El señor ORTIZ GALVÁN: Gracias, presidente, señorías.
Desde el Grupo Parlamentario Popular le damos mucha importancia a la PNL que debatimos en estos momentos, y más aún si se aprueba, por el mensaje de responsabilidad y de seriedad que trasladaríamos dentro y fuera de nuestras fronteras.
Debatimos una PNL que hemos elaborado y preparado a conciencia, para poner algo de orden dentro del desorden existente en la política migratoria del Gobierno, entre los dos partidos que lo integran.
Es importante que haya una sola voz, que haya un solo criterio, y no dos, o incluso tres, si tenemos en cuenta las familias políticas que hay dentro de Podemos. Lo que solicitamos es muy fácil de entender. Papeles para todos no, que es lo
mismo que decir no a la inmigración irregular en nuestro país, que tantos problemas genera, y ahí está el ejemplo de lo que está sucediendo en Canarias, a cuyos vecinos y vecinas trasladamos un mensaje de apoyo y agradecimiento por su paciencia,
pero también por su solidaridad ante la indiferencia del Gobierno.
Nuestra postura respecto a la inmigración es clara. Coincide además con lo que defiende la mayoría de los españoles y de las españolas, lo que defiende la mayoría moderada de nuestro país. Queremos una inmigración regular, ordenada y
orientada al mercado laboral. Lo vuelvo a decir. Desde el Grupo Popular estamos a favor de la inmigración, pero de manera regular, ordenada y orientada al mercado de trabajo.
Señorías, no queremos, y España tampoco, que se repita la historia que vivimos en el año 2005, cuando el Gobierno socialista aprobó una regularización masiva. ¿Cuál fue el resultado? Pues que cuando finalizó el proceso de regularización,
había en España más inmigrantes irregulares que cuando se inició. Es decir, un efecto llamada, como el que volvió a hacer el actual Gobierno socialista y de Podemos, con el llamado Acuarios.
No nos cansaremos de decirlo. La inmigración irregular no es buena para nadie, excepto para las mafias, y por eso hay que acabar con cualquier efecto llamada, como es pretender una regularización masiva y, por supuesto, nunca se debe
deslegitimar la irregularidad. No es buena para nadie, ni para los inmigrantes que arriesgan su vida y son engañados por las mafias ni, por supuesto, para un país serio como es España.
Por eso, el Pacto Europeo del año 2008, dedicado en su artículo 2 a combatir la inmigración irregular, y que dice literalmente: 'A tal fin, el Consejo de Europa conviene lo siguiente. Limitarse a regularizaciones caso por caso y nunca
general'. Más claro es imposible. Pero aún hay quien no lo ha leído, quien no lo ha visto, quien no lo comprende, o lo peor, no quiere comprenderlo y opta por la política antisistema, no respetando las leyes y los acuerdas.
Un primer ejemplo es Esquerra Republicana, partido en el que se apoya el Partido Socialista. Un senador de Esquerra Republicana solicitó en mayo de este año una regularización masiva y literalmente exigió al Gobierno papeles para todos.
Pero es que dos meses más tarde, otra senadora de Esquerra Republicana lo volvió a solicitar en un Pleno de control en el Senado. Pero es que Pablo Echenique, portavoz del Grupo Parlamentario Podemos -insisto, el partido que gobierna España en
coalición con el Partido Socialista anunció no hace cinco años, no hace tres, sino en julio de este mismo año, una iniciativa abierta por la que propone regularizar de manera inmediata a todos los inmigrantes irregulares en España, calculando que
esta medida beneficiaría a 600 000 personas.
Señorías, esto no se puede tolerar en un país serio como es España, sobre todo, porque es conocido que el vicepresidente del Gobierno de España, Pablo Iglesias, comparte al cien por cien de que en España hay que llevar a cabo una
regularización masiva de inmigrantes irregulares.
Hoy, con esta PNL queremos poner punto y final a este debate que existe en nuestro país, provocado por las diferencias dentro del Gobierno de coalición. De ahí que solicitemos a sus señorías aprobar esta PNL para que de manera mayoritaria
impulsemos al Gobierno a que lleve a cabo una política de inmigración ordenada, responsable, vinculada al mercado laboral; a rechazar la propuesta de Unidas Podemos y de Esquerra Republicana, de regularizar de manera masiva a la inmigración
irregular; abandonar definitivamente la demagogia, que no conduce a nada, 'papeles para todos'; a comprometerse públicamente con el Pacto Europeo de 2008, sencillamente, es cumplir lo que firmamos en el año 2008. Por último, asegurar una mínima
coordinación, que esto es de lógica, entre los distintos grupos políticos que forman el Gobierno de coalición, para no dar esa imagen de contradicción constante que estáis dando al exterior.
Señoras y señores del Grupo Socialista, me dirijo a ustedes, tenéis hoy una gran oportunidad para manifestar vuestro compromiso con una inmigración irregular en España y, por supuesto, con el cumplimiento de los acuerdos europeos. Sumado
vuestro voto favorable al nuestro, lanzamos un gran mensaje de responsabilidad y de unidad en torno a la migración fuera y dentro de nuestras fronteras.
Pero también tienen ustedes, señorías del Grupo Socialista, una gran oportunidad para decirles hoy en sede parlamentaria a vuestro socio de Gobierno, a Podemos, que dejen de engañar, que dejen de crear falsas expectativas a la población
migrante. Una gran oportunidad tenéis hoy, señorías del Grupo Socialista, de manifestarle a Podemos que no va a haber regularizaciones masivas. Según ellos, y lo digo
a ustedes, es que no le ha quedado clara la postura del PSOE, y por eso siguen insistiendo en que en España va a haber regularizaciones masivas.
Me gustaría, y nos gustaría desde el Grupo Popular que se lo dejen claro, al igual que nosotros le hemos dejado claro a Vox que no está bien y que no apoyamos lo de criminalizar a la inmigración.
Concluyo, señor presidente, solicitando encarecidamente desde el Grupo Popular el sí a esta PNL, el sí a la inmigración regular y ordenada, que supone decir no a la inmigración irregular y el no a 'papeles para todos'.
Muchas gracias.
(Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ortiz.
Para la defensa de la enmienda que se ha presentado a esta PNL, tiene la palabra la señora De Meer.
La señora DE MEER MÉNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.
La verdad es que qué ejercicio de cinismo por parte del Partido Popular, que es el partido por excelencia de las regularizaciones. Señorías del Partido Popular, durante el mandato popular 480 185 inmigrantes fueron legalizados por vía
idéntica a la de los socialistas, señoría, casi medio millón. El Partido de Unidas Podemos prometía solo un pelín más de los que ustedes ya han regularizado hasta ahora. Así que la verdad que considero un ejercicio de hipocresía y de cinismo este
brindis al sol por su parte, cuando ustedes no han hecho otra cosa en su práctica de Gobierno, que regularizar masivamente inmigrantes que han llegado a nuestras costas de manera irregular.
Sus regularizaciones es que además tuvieron muchísimas consecuencias, su regularización. La tercera que se hizo ya en el año 1996 fue muy numerosa. La del año 2000 fue también numerosa. La consecuencia más grave, que yo considero casi a
nivel institucional, de sus regularizaciones, señores del Partido Popular, fue la propia declaración de la Organización Internacional de Trabajo, que decía que existía el efecto llamada ya en España por parte del ejercicio político de sus
regularizaciones.
Por lo tanto, la propia Organización Internacional de Trabajo es la que llegó a la conclusión de que en España se estaba provocando este ingente efecto llamada por las políticas que ustedes estaban aplicando, señorías.
La regularización, en eso sí coincido con sus señorías del Partido Popular, con su ponencia de ahora, es irresponsable. La regularización masiva es absolutamente irresponsable. Pero además, no solo lo han dicho señorías del Partido
Popular, ahora mismo, aunque en otros tiempos se hicieran otras cosas, sino que lo han declarado, también, señorías, como el portavoz del Partido Socialista, el señor (No se entiende lo que dice), en una entrevista que ya le mencioné la otra vez en
nuestra nuestro anterior comisión, del 4 de junio del año 2016, para El Confidencial, en la cual él afirmaba literalmente que no se puede prometer papeles para todos porque no es posible.
Creo que en este tema ha habido, por lo menos un consenso teórico. Otra cosa es en la práctica lo que se haya ejercido. El efecto llamada es criminal. Para empezar, el efecto llamada es la compañía aseguradora de las mafias. Las mafias
no podrían actuar. El tráfico internacional de personas no sería viable si no existiera efecto llamada.
Gracias al efecto llamada las mafias trabajan gracias al efecto llamada. Gracias al efecto llamada se enriquecen. Gracias al efecto llamada funcionan. Gracias al efecto llamada se provoca que toda la gente que abandona sus países se
juegue la vida, con dramáticos resultados en muchísimas ocasiones, para venir a algo que se les promete y que no existe. Que, además, en un país como España, ahora mismo, con la actual circunstancia socioeconómica y de actual depresión que se viene
encima, crisis tras crisis, no puede asumir.
Por lo tanto, en tema de inmigración, señorías, tenemos que descender al terreno de la realidad. Descender al terreno de lo que España necesita. Descender al terreno de la realidad socioeconómica, de la realidad laboral, y las políticas
migratorias tienen que ser absolutamente responsables. Por supuesto, en eso estamos absolutamente de acuerdo. Porque lo contrario sería absolutamente injusto. Sería injusto para los nacionales, porque se precariza su situación, pero también
injusto para todos aquellos a los que se les promete ese paraíso que no existe.
Señorías, varias del Partido Popular y del resto de partidos, que en esta materia parece que ahora estamos en desacuerdo. Hay que ser realistas con la inmigración ilegal. Hay que ser absolutamente realistas. Yo hago una llamada para que
de verdad comprueben en los barrios la realidad de la inmigración ilegal, la realidad de quienes la sufren, la realidad de quien tiene un centro de menas cerca de casa, la
realidad de quien tiene cerca un piso patera. La realidad de quien en su calle detienen a un yihadista. La realidad de todos aquellos que lo están pasando tan mal con estas políticas absolutamente irresponsables e injustas al respecto.
Señorías del Partido Popular, no se puede regularizar más que ustedes lo han hecho en la historia. Por lo tanto, también les hago ese llamamiento a terminar con el cinismo o por lo menos escoger una de las dos opciones.
Esta religión del buenismo, señorías, es absolutamente insostenible, pero es que además es un suicidio cultural.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Para dar fijación de posiciones, tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vasco, el señor Barandiarán.
El señor BARANDIARAN BENITO: Muchas gracias, señor presidente.
Reconozco que cuando leía esta proposición no de ley me puse de muy mal talante, por no emplear otro término. Hablar de regularización masiva y no tener en cuenta, primero, la declaración de Nueva York de (No se entiende lo que dice) de
septiembre de 2016, y luego, la convención, aunque no es más que una redacción de principios que suscribieron 164 países en Marrakech, los días 10 y 11 de diciembre de 2018, es ignorar que la existencia de inmigración, inmigración forzada,
inmigración legal, inmigración ilegal, inmigración necesitada de oportunidades, como hemos hecho todos los pueblos en todos los momentos de la historia y en todos los lugares, es una realidad a la que se le pretende dar una respuesta, como dice el
convenio de Marrakech, segura, ordenada y regular.
Es verdad que ese desiderátum, muchas veces se quedará en un término medio, en un término inexacto. Pero vamos a ver, cuando hablamos de inmigración ilegal, cuando hablamos de otros defectos del sistema, lo que no se puede es negar la
evidencia.
Miren, señorías de Vox, sobre todo, a los que de una forma muy triste se han sumado en esta iniciativa del Partido Popular, de verdad, que en una proposición no de ley que no se corresponde con su cultura política.
Les voy a decir una cosa, no sobran los desempleados, porque ustedes han aludido en muchas ocasiones a la falta de oportunidades de quienes están hoy en desempleo, vinculándola a la inmigración ilegal. No sobran los desempleados, sobre el
desempleo. No sobran los migrantes, sino que lo que sobran son la falta de oportunidades, y lo que sobra es la demagogia, que es la herramienta de la xenofobia. Son estos discursos, y no otros, los que justifican la existencia de la intolerancia,
con términos mayúsculos, que es lo que se está planteando en esta ocasión.
Hablar de regularización masiva es simplemente falso. Eso no es verdad. Podrá ocurrir que ahora más (No se entiende lo que dice), lo hemos visto con la ocasión de la pandemia, en la que, a determinados colectivos de jóvenes, a determinados
colectivos de personas que trabajan en el mundo agrario, se les ha pretendido abrir determinada puerta, solo ante nuestra posición egoísta de que necesitábamos su mano de obra. Esa es la realidad, esa es la verdad. Hablar de regularización masiva
es simplemente falso. Hablar de inmigración ilegal como amenaza, que es lo que sostiene esta proposición no de ley, al fin y al cabo, es ni más ni menos que un recurso de la xenofobia, a la xenofobia y por la xenofobia.
No, esto es de verdad que es auténticamente vergonzosa esta proposición no de ley. Desde luego, mi voto no es no, es muchas veces no.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barandiarán.
Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, tiene la palabra su portavoz, la señora Muñoz.
La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidente.
Bueno, pues debatimos ahora una iniciativa que creemos que es una aclaración necesaria, y necesaria, porque en el fondo no pretende más que introducir un poco de cordura en un debate que, como el de la inmigración, y en particular el de la
inmigración irregular, como estamos viendo, se presta al pasto de la demagogia de ambos extremos del arco parlamentario. La verdad es que esta iniciativa, pues nosotros estamos de acuerdo con su contenido; razón por la que les adelanto que
votaremos a favor de la misma. Porque ya hemos expuesto como grupo parlamentario en múltiples ocasiones, que en
Ciudadanos estamos de acuerdo con la necesidad de promover una inmigración legal, segura y ordenada, a la vez que de reforzar los medios para luchar contra las mafias que se lucran con el tráfico de personas. La mayoría de las veces
mediante engaños, y no en pocas ocasiones, incluso a costa de poner en riesgo su vida, lanzándolos al mar, y que muchas veces no logran cruzar.
Por supuesto, rechazamos declaraciones, bueno, proferidas por algunos portavoces de los grupos parlamentarios, como Unidas Podemos o como la senadora de Esquerra Republicana, como rechazamos el populismo que se esconde detrás de propuestas
del tipo 'papeles para todos', sin atender a ninguna circunstancia ni, por supuesto, a sus posibles consecuencias.
Nos atenemos, por tanto, al espíritu y a la letra del Pacto Europeo de 2008, como entendemos que deberían hacer igualmente el resto de los grupos de esta Cámara.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Muñoz.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Rosique.
La señora ROSIQUE I SALTOR: Gracias.
Hoy estamos viendo un claro ejemplo de cómo la extrema derecha está ganando la batalla dialéctica, y esto preocupa, y debería preocuparnos a todos nosotros. El Partido Popular nos presenta una moción racista y xenófoba que va en la línea,
claramente, en la misma línea que Vox.
Hablan de inmigración ordenada y responsable. ¿Saben quién pedía una inmigración ordenada y responsable? Trump. Luego también lo hizo Abascal. Luego salió también, incluso la ministra de Asuntos Exteriores, a decir que quería una
inmigración ordenada y regular. Ahí deberíamos preocuparnos todos, porque no solo la extrema derecha está defendiendo esto, sino que esto pasa a la derecha extrema, incluso llega también en discursos de la izquierda, y eso no lo podemos tolerar.
No podemos tolerarlo, de ningún modo.
Lo que tenemos que hacer aquí es garantizar los derechos de las personas, sean migrantes o no lo sean, tengan papeles o no los tengan, porque lo que debería pasar por encima de todos nosotros son los derechos humanos, y esto es lo que
deberíamos respetar.
Hablan en su moción de retorno y expulsión y de combatir la inmigración irregular. Les responderé unas cuantas preguntas, al Partido Popular, a Ciudadanos, a Vox, y por si acaso hay alguien más que les vote a favor, pues también le añadiría
aquí. ¿Se han preguntado alguna vez por qué existen inmigrantes irregulares? ¿Se han preguntado alguna vez si han contribuido a ello? Si no lo han hecho, les propongo que reflexionen qué provocan las armas y los tanques que el Estado español
exporta. Por ejemplo, el hecho de que el Estado español sea el primer vendedor de armas blancas en el continente africano. ¿Qué provocan las guerras en las que el Estado español contribuye? ¿Qué provoca el (No se entiende lo que dice) del sur
global, en el que el Estado español contribuye?
¿Qué provoca sobreexplotación de la tierra, que ha sido provocada por distintos Gobiernos, también en el Partido Popular y, especialmente, el Partido Popular? Básicamente, les hago estas reflexiones para que observen que aquí no llegamos
ante esta situación si no hay una voluntad política por parte de los Gobiernos, de dejar atrás a ciertas personas. Ciertas personas que acaban huyendo de su país de origen, en busca de una vida mejor o, mejor dicho, de una vida.
Es que el racismo llega a tal punto que, en plena pandemia mundial, ustedes están proponiendo la deportación de estas personas, en vez de garantizarles un acceso a la Seguridad Social para que el virus no se expanda, que sería lo lógico que
cualquier grupo político plantearía. Nosotros aquí vamos a seguir defendiendo los derechos de las personas migrantes, defendiendo aquello que reivindica la Plataforma de Regularización Ya, que es una plataforma que hace de altavoz de unas 1500
entidades. Vamos a seguir reivindicando el trabajo que han hecho nuestros senadores, también nuestros diputados, en esa línea. Vamos a seguir avanzando para combatir de una vez por todas a la extrema derecha, y aquel discurso de la extrema derecha
que otros grupos políticos acaban adoptando como propio. Porque aquí hay algo que debemos tener todos muy claro, que es que pase lo que pase, 'no pasarán'.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rosique.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Franco Carmona.
El señor FRANCO CARMONA: Gracias, presidente.
Qué feo utilizar a personas tan vulnerables para intentar desestabilizar a este Gobierno. Lo único que van a intentar o van a conseguir, y ya están consiguiendo, es darle a la ultraderecha, quizá es que la ultraderecha haya entrado con
fuerza en su partido, en el Partido Popular.
Esta proposición no de ley dice, hace una ocultación y dice varias mentiras. La ocultación. Dice en su PNL que Zapatero regularizó a 600 000 personas migrantes, pero no dice que Aznar regularizó a más de 450 000 personas migrantes. Tengan
cuidado, vaya a ser que en cuestiones migratorias vaya a pasar su gurú, el del señor Casado, y también el de señora Abascal, por la izquierda de ustedes.
Las mentiras. Primera, no hay una llegada masiva de personas migrantes. Escrivá, el ministro, el día 7 de octubre lo dijo claramente, las llegadas están por debajo de 20 000, y eso significa un descenso de llegadas. Segunda, no hay un
efecto llamada. Lo que hay es un efecto salida de personas que viven, desgraciadamente, una vulneración brutal de sus derechos humanos, persecuciones y una pobreza extrema.
En tercer lugar, sobre la regularización orientada al mercado de trabajo. Ya se ha hecho durante la pandemia, a los temporeros y temporeras para asegurar el abastecimiento de alimento.
En cuarto lugar, sobre la Normativa europea. Se intenta instalar el marco de que el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo de 2008 no permite una regularización de personas migrantes. Pues no, no lo impide. Además, tendrían ustedes que
saber que se tiene que ratificar, tiene que provocar modificaciones en nuestro marco legal, marco jurídico. Tiene que ser también adaptado y aprobado por el Parlamento Europeo o el Consejo. Es más, que sí existe un marco legal que permite las
regularizaciones de personas migrantes, que es nuestro Reglamento, que dice que los Estados son soberanos.
Es más, el artículo 127 de la Ley de Extranjería, no somos nosotras ni yo, precisamente, muy favorables a la Ley de Extranjería, posibilita la regularización extraordinaria por razones de interés público y seguridad nacional. ¿No es acaso
interés público y seguridad nacional una pandemia, proteger a personas de una pandemia?
Decía María Garcés, hace muy poco, investigadora del (No se entiende lo que dice), que no se puede poner en marcha políticas de salud pública para controlar la pandemia, con miles de personas excluidas en la calle.
Les voy a decir una cosa para que cojan agua y beban agua, porque les va a doler, para que, a ver si así, haciendo pedagogía, entienden mejor la historia de las migraciones y la necesidad de la multiculturalidad. Sobre el himno de España,
Antonio Manuel Rodríguez Ramos, que es profesor de Derecho Civil en la Universidad de Córdoba, doctorado en Derecho, presidente de los ateneos de Andalucía y escritor, hizo una investigación importante sobre el himno de España. Se suele decir o se
dijo que proviene de una marcha proustiana, pero la realidad es que no proviene de una marcha militar extranjera del siglo XVIII. La realidad es que el himno de España proviene de una melodía para dar la bienvenida a los visitantes. Un preludio,
una nuba andalusí que recopiló en el siglo XI el pensador, médico, músico y poeta, Ebn-Badjeh, también llamado Aben-Pace, también conocido como Aben-Pace, y que Alfonso X, conocido como El Sabio, copió. Este preludio es la tradición andalusí
denominaba (No se entiende lo que dice), y era instrumental. Por eso el himno español no tiene letra, por más que Marta Sánchez lo intente y por más que os guste esa letra al Partido Popular y a Ciudadanos. Por cierto, una pena que hoy vayamos a
volver a ver aquí la foto de Colón. Por eso nunca tuvo letra, porque es un trozo instrumental, un anuncio, una nuba que precede a las estrofas cantadas.
Termino. El himno de España lo que representa es a una España laica, multicultural, humanista y pacifista, apréndanse la historia.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Franco.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Diouf.
El señor DIOUF DIOH: Gracias, presidente. Señorías, la moción de censura está surtiendo sus efectos. Se nota. A ver si ya os dais cuenta de que el pueblo está al tanto de la falacia, de las mentiras y de los bulos.
Volviendo a lo que nos ocupa, leyendo la proposición no de ley del Partido Popular, me han surgido dudas, preguntándome el objeto de la presente. ¿Tratan de impulsar medidas relacionadas con la inmigración? No, más bien tratan de medrar y,
sobre todo, de desgastar al Gobierno de coalición.
Dentro de la PNL, ustedes se contestan solos, cuando dicen al Gobierno, y cito literalmente la exposición de motivos: 'El ministro responsable de inmigraciones, el señor Escrivá, rechazó en mayo la posibilidad de una regularización masiva
planteada por Esquerra Republicana de Cataluña'. Ustedes lo
redactaron. Sí, el ministro en su comparecencia, en esta comisión y en el Senado, ha reiterado la posición del Gobierno en política migratoria, la cual se está llevando a cabo de forma legal, ordenada y segura.
Permítanme refrescarles la memoria. El 27 de febrero de este año, primera comparecencia del ministro ante la comisión, cuando presenta las líneas generales del ministerio. ¿Les suena? Pueden escucharla y ver las grabaciones de esta
comisión, por si acaso.
Cuando ustedes instan al Gobierno, cito, 'abandonar la demagogia de papeles para todos', dígannos, de verdad, dígannos aquí en qué momento la persona responsable de migraciones de este Gobierno en el año 2020 que no sea otro que escriba, ha
mencionado el 'papeles para todos', ¿cuándo?
Me habla de mensaje responsable, ustedes siempre queriendo desmontar una historia que nunca sucedió. Le voy a decir lo que sucedió con su Gobierno, ya que habla que el Partido Socialista nada más que hace regularización y llamamiento a que
la gente venga. ¿Les suena el haloperidol? ¿No? Pues en 1996, el que les habla en aquella época trabajaba en CC.OO., es un sedante que se dio a 103 inmigrantes que iban a ser deportados hasta Senegal, Malí y Camerún. Por aquel entonces, el
presidente Aznar resolvió la polémica con esta frase: 'Había un problema y lo hemos solucionado'.
Gobierno de Rajoy. Suprimieron los fondos para la acogida, integración y refuerzo educativo para los inmigrantes. Redujeron las cantidades de las políticas de cooperación al desarrollo, y, también, dejaron a casi un millón de inmigrantes
sin tarjeta sanitaria; algunas personas fallecieron en Valencia y en Madrid.
Estas sí que son sus políticas. Me pregunto qué hubiera pasado con esta emergencia sanitaria si esta nación siguiese gobernada por ustedes con sus socios de la ultraderecha.
Ustedes, tienen razón, han procedido a regularizar a inmigrantes tanto en el Gobierno de Rajoy como en el de Aznar, eso es cierto. Modificaron cuatro veces la legislación: Código Penal, Ley de Extranjería, Ley de Enjuiciamiento Criminal, y
no pararon porque no sabían por dónde dar por sus políticas migratorias de contención, control y, a veces, expulsión de dudosa legalidad.
La derecha y la ultraderecha debéis de comprender y entender que los movimientos migratorios han existido siempre desde tiempos remotos. El clima, las guerras, las persecuciones producen hambre, desesperación y, muchas de las veces, muerte
en las costas africanas y en las costas europeas.
Miren, señores del Partido Popular, escuchen al ministro Escrivá, al ministro del Interior, a la ministra de Asuntos Exteriores, y lean, por favor, lo que se está realizando desde este Gobierno. Existe un plan de choque que trabaja de forma
coordinada tanto a nivel internacional europeo como a nivel nacional y autonómico para disponer de las medidas necesarias para atender y adecuar el fenómeno migratorio con respeto a los valores y a los derechos humanos.
Este Gobierno lucha contra la delincuencia organizada que trafica con personas mediante la firma de acuerdos de cooperación con los países de salida y de tránsito, el intercambio de información entre las fuerzas de seguridad del Estado y las
fuerzas de seguridad de los países de tránsito y de origen, con la colaboración de las Agencias Europeas Europol y Frontex.
También la coordinación que se está haciendo, hace poco que se trasladó Marlaska, con la responsable Comisaria Europea de Asuntos Internos, a Mauritania confirmando el trabajo que se está haciendo, además de la participación del presidente
del Gobierno en el G-5 que tuvo lugar en el mes de julio.
Por favor, lean los tratados bilaterales que hemos firmado en políticas migratorias. La potenciación de las Unidades contra las Redes de Inmigración y Falsedad de Documento.
El señor PRESIDENTE: Tiene que acabar, señor Diouf.
El señor DIOUF DIOH: Voy terminando.
Instalación del Centro de Atención Temporal; la Casa de las Madres, porque nos habías dejado después de haber montado infraestructura en el 2006 con alrededor de 100 plazas de emergencia, que hemos llevado hoy en día a más de 3700.
Quédense con este pequeño resumen, porque hay un plan de choque, porque hay un Gobierno que vela para que la población inmigrante esté asentada en este país, reconociendo la diversidad plural.
El señor PRESIDENTE: Tiene que acabar, señor Diouf. Acabe ya, por favor.
El señor DIOUF DIOH: Reconociendo (No se entiende lo que dice) una aportación económica.
Por favor, trabajemos entre todos para un nuevo pacto sobre inmigración en España.
Gracias.
(Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Diouf.
Grupo Parlamentario Popular para ver si acepta las enmiendas o no.
(Sin identificar): Muchas gracias, presidente.
En la exposición de motivos explicamos de manera nítida cuál es nuestra postura. La propuesta de acuerdo creo que es una propuesta bastante equilibrada y, por lo tanto, rechazamos la enmienda de VOX.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Rogaría a los diputados que tienen que hablar de cuestiones relativas o no a las PNL, que lo hagan fuera, porque si no se hace incómodo para el resto de los diputados y para la persona que está en el uso de la palabra.
- SOBRE LA NECESIDAD DE GARANTIZAR LA CONCILIACIÓN DE LAS FAMILIAS EN CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES RELACIONADAS CON LA EMERGENCIA SANITARIA DE LA COVID-19. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente
161/001303).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al séptimo punto del orden del día. Proposición no de ley sobre la necesidad de garantizar la conciliación de las familias en circunstancias excepcionales relacionadas con la emergencia sanitaria de la
COVID-19, presentado por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Para la defensa, tiene la palabra la señora Muñoz.
La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidente.
Debatimos la proposición no de ley presentada por mi grupo parlamentario, que trata sobre uno de los temas que en nuestra formación hemos hecho bandera desde su existencia, como es la garantía del derecho a la conciliación de la vida
familiar y laboral.
Una garantía que no puede quedarse solo en un mero reconocimiento legal, sino que hay que trabajar día a día para que sea efectivo en la práctica. Con este objetivo en mente trabajamos desde mi grupo parlamentario, desde Ciudadanos, y como
muestra, sin ir más lejos, esta proposición que ahora que defiendo.
Mirando los datos alguien podría pensar que España no es un país para familias, al menos si a la vez quiere trabajar y tener una carrera profesional, sobre todo si, además, quien está en la tesitura es una mujer. Atendiendo a esos datos,
los españoles tenemos muchos problemas para conciliar el tiempo de trabajo con la familia. El 68 % de los trabajadores declaran que tienen problemas para conciliar; el 81 %, en el caso de las mujeres con hijos menores de edad a cargo.
Estas barreras conllevan que, para poder atender sus obligaciones familiares, los trabajadores tengan que hacer sacrificios que, también, en este caso, suelen ser asumidos por las mujeres en su totalidad. Como muestra de esta brecha de
género, el 68 % de las adaptaciones de la jornada, el 89 % de las excedencias y el 95 % de las jornadas reducidas están reconocidas a mujeres trabajadoras.
Estas dificultades, por cierto, ya existían de manera estructural de nuestro mercado laboral, pero ahora se han agravado enormemente como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, de ahí que ya desde el mes de marzo, como muestra la carta
que remitimos a la Moncloa, desde Ciudadanos hayamos reclamado que se tomasen con carácter urgente medidas para garantizar la conciliación de las personas que tuvieran que seguir trabajando, especialmente en actividades esenciales. Necesidad que
resultó más acuciante después de que se declarase el cierre general de los centros educativos.
Como primera respuesta para tratar de paliar esta situación, desde el Gobierno se aprobó el Real Decreto Ley 8/2020, de Medidas Urgentes, que en sus artículos 5 y 6 recogía una serie de disposiciones dirigidas a facilitar la conciliación
entre la vida laboral y familiar de las personas trabajadoras con necesidades de cuidado por circunstancias relacionadas con la COVID.
La primera de ellas establecía carácter preferente del teletrabajo durante la vigencia de la emergencia sanitaria, siempre que la conversión a esta modalidad de trabajo fuese técnica y razonablemente posible. La segunda de estas de medidas
regulaba el denominado Plan MeCuida.
A estas medidas anteriores que se ha sumado recientemente la aprobación del Real Decreto número 28/2020, de 22 de septiembre, de Trabajo a Distancia, que regula el régimen jurídico de esta modalidad de trabajo cuando se ejerce de manera
habitual, buscando una mayor seguridad jurídica en aspectos determinados como es la voluntariedad de la prestación.
No obstante, todas estas medidas expuestas están constituyendo, tanto de manera individual como en su conjunto, un avance positivo, no resultan suficientes para abordar las necesidades de conciliación de las familias ni con carácter general
ni tampoco atendiendo a la situación excepcional provocada por la emergencia sanitaria ocasionada por la COVID.
Esto se debe a que estas medidas, o bien no están al alcance de todo el mundo o bien adoptarlas conlleva una renuncia a parte del salario que, en muchos casos, es inviable.
Como señalamos desde Ciudadanos en el mes de marzo mediante esa carta remitida al Gobierno, estas limitaciones no hacen necesario articular medidas excepcionales oportunas, al menos, mientras que persista la emergencia sanitaria de la COVID,
que permitan ofrecer una alternativa a las personas trabajadoras que no puedan teletrabajar, que no implique reducción salarial o bien que compensen esa reducción cuando la misma resulte ineludible.
La necesidad de estas soluciones se ha vuelto acuciante ante el inicio del nuevo curso escolar, marcado justamente por esta segunda ola de la pandemia. El problema surge porque si bien en el caso de contagio los progenitores deben guardar a
su vez, junto con los menores, una cuarentena preventiva, situación que se asimila a una baja médica por accidente de trabajo y, por tanto, con derecho a la prestación económica por incapacidad temporal, en el segundo caso, en el caso en el que el
hijo no dispone de una PCR positiva, los padres no cuentan con ningún tipo de cobertura que les permita atender su cuidado en el domicilio sin tener que hacer renuncias en su trabajo o en su remuneración, con el perjuicio que esto supone.
Admitimos que en su momento nos sorprendió, como nos sigue sorprendiendo, que el Gobierno no haya adoptado ninguna medida en este sentido. Bien es verdad que hace poco más de un mes amagó con impulsar un permiso laboral retribuido u otra
fórmula similar para dar respuesta a estas necesidades de conciliación, pero después de varias declaraciones cruzadas y contradictorias entre los miembros del Ejecutivo de coalición, la propuesta parece que, definitivamente, ha quedado en un cajón
sin que nadie haya explicado el porqué.
Por ello, dada la laguna de protección que todavía sigue existiendo, desde mi grupo parlamentario hemos decidido presentar esta iniciativa para su consideración en comisión. También, como habrán podido sus señorías comprobar, la hemos
acompañado de una autoenmienda que busca actualizar el contenido de la misma, pero sin alterar su objetivo ni su sentido original.
En esta proposición planteamos dos medidas muy sencillas. La primera es la extensión temporal de la duración de las medidas aprobadas por el Real Decreto Ley 8 de 2020, tanto la preferencia del trabajo, cuando sea posible, como la del Plan
MeCuida. Cierto es que incluimos esta petición antes de que fuese aprobado el Real Decreto Ley 28/2020, cuya disposición adicional tercera prórroga estas medidas hasta el 31 de enero de 2021. Pero, no obstante, hemos decidido mantenerla pese a esa
prórroga, porque sus términos siguen siendo válidos y creemos que lo mejor sería, en vez de encadenar prórrogas sucesivas y detener este debate de nuevo en las cercanías del próximo 31 de enero, que la vigencia de estas medidas se extendiese de
forma indefinida hasta que se declare oficialmente la finalización de la emergencia sanitaria ocasionada por la COVID en nuestro país.
No parece que exista ninguna razón para pensar que antes de ese momento estas medidas excepcionales de conciliación no vayan a ser necesarias, por lo que no tiene sentido, a nuestro modo de ver, acotar innecesariamente su duración.
La segunda petición que hacemos es la que hemos reformulado con la enmienda que hemos presentado, pero manteniendo su sentido. Que el Gobierno, en consonancia con aquel anuncio que lanzaron a finales de agosto, articule las medidas
necesarias para que las personas trabajadoras que acrediten deberes de cuidado de hijos o familiares dependientes, que tengan que quedarse en casa guardando cuarentena por contacto estrecho con un caso confirmado por contagio de coronavirus, tengan
o no confirmación propia mediante una PCR positiva, puedan acogerse a un permiso laboral con derecho a prestación económica por toda o por parte de la jornada de trabajo, y por el tiempo que dure la cuarentena decretada por el servicio sanitario.
Nadie debería verse forzado a renunciar a su salario o a sus vacaciones para poder atender a sus hijos o familiares dependientes en unas circunstancias tan excepcionales como las actuales, o, al menos, es lo que creemos desde nuestro grupo
parlamentario.
Por eso mismo presentamos esta proposición esperando que si comparten este mismo objetivo, voten a favor de la iniciativa.
Les informo que ya hay presentada una propuesta transaccional con el Grupo Socialista y con el Grupo Popular.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Muñoz.
Se han presentado dos enmiendas a esta proposición no de ley.
Para defender las enmiendas tiene en primer lugar la palabra, por el Grupo Socialista, la señora Vilches.
La señora VILCHES RUIZ: Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías.
Debatimos en el seno de esta comisión la PNL propuesta por el Grupo Ciudadanos que plantea la necesidad de garantizar la conciliación de la familia en circunstancias excepcionales relacionadas con la emergencia sanitaria de la COVID-19.
Desde el Grupo Socialista compartimos la preocupación por esta cuestión que, efectivamente, y tal y como ha planteado con acierto su señoría del Grupo Ciudadanos, preocupa a las familias españolas en circunstancias tan complejas como las
actuales.
Lo que primero quiero hacer, es poner en valor el hecho de que el Gobierno, desde que se originó la pandemia y se redujo la movilidad como medida inmediata para atajarla, ha ido estableciendo diferentes marcos legales en el ámbito laboral
para proteger la salud de los trabajadores, sostener su renta y mantener el empleo.
Con este ánimo, los artículos 5 y 6 del Real Decreto Ley 8/2020, de medidas urgentes y extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, que tenían una duración inicial de un mes desde la finalización del estado
de alarma, fue ampliada posteriormente dos meses adicionales en el Real Decreto Ley 15/2020, fijando su duración, como recordarán, hasta el día 30 de septiembre.
Sin embargo, eso es cierto, una vez superada la peor fase de la crisis sanitaria, el objetivo prioritario era la reactivación y la recuperación de la economía mediante el impulso a una vuelta gradual a la actividad laboral, aunando seguridad
para los trabajadores y recuperación paulatina de la actividad económica.
Por esto, todas las medidas adoptadas en este sentido han ido siempre acompañadas de una limitación temporal en líneas con su carácter excepcional, y con el objetivo de impulsar esa recuperación de la normalidad cuanto antes.
No obstante, ello no ha sido ni será en el futuro, óbice para mantener abierta la posibilidad de establecer nuevas prórrogas limitadas en el tiempo cuando se considere pertinente. De hecho, desde mi grupo, y valorando lo acertado y oportuno
de la proposición de ley de Ciudadanos, hemos propuesto una enmienda de modificación.
En ella, ponemos el foco en la solidez y garantías que otorga el consenso en el espacio de la negociación colectiva. Por ello, instamos al Gobierno a continuar valorando en el seno de la Comisión de Seguimiento Tripartita Laboral, según lo
que establece el Real Decreto Ley 30/2020, de Medidas Sociales en Defensa del Empleo, la oportunidad de prorrogar las medidas en materia de regulación temporal de empleo con motivo de la emergencia sanitaria, con especial atención al Plan MeCuida, y
una vez concluida su vigencia el día 31 de enero.
En este sentido, el Real Decreto Ley 28/2020, además de prorrogar la vigencia del Plan MeCuida hasta el día 31 de enero, regula, como saben, el trabajo a distancia y establece el marco jurídico unitario, con carácter ordinario, pero también
como medida relacionada con la COVID-19, ya que efectivamente, se ha puesto de manifiesto que esta modalidad de trabajo es el mecanismo más eficaz para asegurar la actividad y garantizar la prevención frente al contagio.
De hecho, en la disposición transitoria tercera establece el trabajo a distancia como medida de contención sanitaria derivada de la COVID-19.
En lo que respecta al segundo punto planteado en la PNL de Ciudadanos, nuestra propuesta mediante enmienda de modificación es el estudio y abordaje en la Mesa del Diálogo Social con carácter excepcional como situación asimilada a accidente
de trabajo para la prestación económica por incapacidad temporal dentro del sistema de Seguridad Social, los periodos durante los cuales las personas trabajadoras deban ejercer labores de cuidado a quienes se encuentren en cuarentena acordada por el
centro escolar, por haber mantenido un contrato directo con alguna persona diagnosticada o con síntomas compatibles con la COVID-19.
Por lo tanto, ante esta iniciativa que plantea Ciudadanos, con la que coincidimos, les hemos invitado a que consideren nuestra enmienda, y agradecemos su incorporación, ya que viene a seguir emplazando en el marco del diálogo social las
prórrogas en materia de regulación de empleo, especificando el Plan MeCuida, así como a considerar con carácter excepcional los periodos de cuidados por COVID como situación asimilada a accidente de trabajo, para la prestación económica por
incapacidad temporal de la Seguridad Social.
Gracias, presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
La señora Vázquez, del Grupo Popular, tiene la palabra.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: Gracias, señor presidente.
Aplaudimos esta iniciativa del grupo de Ciudadanos, consideramos que en estos momentos la conciliación es más oportuna que nunca. Cuando en los años 90 se hablaba de conciliación de la vida laboral y familiar, (No se entiende lo que dice)
se ha convertido en un tema que todos los Gobiernos pusieron esto en marcha políticas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, pero ahora, en estos momentos, ya no solo es entre hombres y mujeres, sino ya es simplemente en poder
trabajar. La pandemia no es neutral en términos de género y afecta más a las mujeres y, en particular a las que trabajan en los sectores económicamente más vulnerables.
Según el barómetro GAD3, un tercio de la población española ha estado teletrabajando durante la pandemia, ocasionando un cambio en el mercado laboral hacia una mayor flexibilidad y que nosotros, los grupos parlamentarios, debemos de
elaborar.
Es verdad que el cierre de los centros escolares ha conllevado mayores responsabilidades y más responsabilidades a las mujeres que a los hombres. Esto ha supuesto un deterioro de las oportunidades laborales, y por eso nosotros presentamos
esta enmienda en la que pedíamos no solo ese reconocimiento a los trabajadores por cuenta ajena para conciliar, si no que incluíamos también a los trabajadores autónomos, que se incluyeran dentro de estas garantías y de la seguridad jurídica que
daba el Plan MeCuida.
Al mismo tiempo, pedíamos desarrollar por ley nuevas fórmulas para facilitar la conciliación, la corresponsabilidad, el teletrabajo, y la racionalización y flexibilización de horarios, con vocación de permanencia, incluso más allá de la
crisis sanitaria que estamos viviendo, es decir, consideramos que es algo positivo y que debe de permanecer en el tiempo.
En otro punto pedíamos apoyar con medidas específicas que perduren también más allá de la crisis sanitaria a las mujeres rurales, para favorecer su acceso en igualdad de condiciones a todos los recursos, a la formación en nuevas tecnologías
y a la titularidad compartida de explotaciones agrarias. En definitiva, ayudarles a emprender.
¿Por qué hacía esta mención? Al igual que el presidente, somos de una tierra muy rural en la que vemos cómo las mujeres sufren más la desigualdad de oportunidades y tienen una mayor movilidad a la hora de tener que trabajar, pues en los
entornos rurales la oportunidad laboral es mucho más reducida que en una ciudad.
Por eso pedíamos que se tuviese en cuenta a la hora de hacer este plan de conciliación la problemática de las personas, en concreto de las mujeres rurales, que durante esta pandemia han sufrido la desigualdad de una manera más grande.
Creemos que con esto es de recibo además esta proposición no de ley se iba a debatir el 15 de octubre, que era el Día Internacional de la Mujer Rural. Por eso consideramos oportuno que se hiciera esta incorporación en este texto de la
iniciativa de control de conciliación. Ahora vamos a ver si llegamos a una transnacional, y si se pudiera incluir lo de la mención a la igualdad en el medio rural, porque veo que no está y era un poco la esencia de nuestra iniciativa; porque el
entorno rural en esta pandemia ha vivido de una manera más desigual, y las mujeres muchísimo peor, que otras que otras mujeres en las ciudades o en otras zonas, porque la movilidad para poder trabajar es mucho más grande, el trabajo rural es poco
dinámico, con lo cual, han sufrido las consecuencias de la pandemia de una manera más exagerada.
Por eso, pongo que, si está bien el Grupo Socialista y el Grupo Ciudadano, y quiere hacer esa mención y ese reconocimiento a las mujeres rurales, yo se lo agradecería.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Fijación de posiciones.
Señora Rosique del Grupo Republicano.
La señora ROSIQUE I SALTOR: Gracias, presidente.
Como sabrán, este fue un caballo de batalla de Esquerra Republicana durante el estado de alarma de la primavera, y así seguimos ahora. Lo preguntamos en sesiones de control, en las comisiones de Sanidad, prácticamente en cada sesión, lo
negociamos en distintas PNL, votaciones de estado de alarma; presentamos una moción al respecto y la Generalitat de Catalunya lo ha pedido en reiteradas ocasiones, especialmente para prever el inicio del curso escolar.
Si bien es cierto que ahora se da la baja a aquellas familias con un hijo o hija que haya dado positivo, siguen habiendo problemas. Hay un problema con aquellas familias cuyos niños y niñas han dado negativo, pero han estado con un contacto
positivo y, por tanto, deben estar confinados.
A esas familias no se les garantiza que sigan cobrando. Se respaldan en el Plan MeCuida, que les permite reducir su jornada laboral, pero sin ninguna prestación añadida.
Insistimos, si el Gobierno es incapaz de gestionarlo, les pedimos, como hemos repetido en distintas ocasiones, que nos transfieran las competencias y los recursos, que desde la Generalitat de Catalunya asumiremos la responsabilidad con
actitud proactiva.
El Plan MeCuida no es la solución para los padres y madres. En primer lugar, obliga a pedir permisos, y quienes lo acostumbran a pedir son las mujeres, con un salario, generalmente, más bajo, contribuyendo así a aumentar la brecha salarial.
En segundo lugar, genera conflictos laborales por la gestión interna con la empresa, que no permite una reacción inmediata y pragmática.
En tercer lugar, es una medida inasequible para las familias más vulnerables y con menos ingresos.
La conciliación familiar se consigue acompañándola de condiciones materiales, por eso hoy íbamos a votar a favor de esta proposición no de ley, pero viendo esta enmienda transaccional, vemos que seguramente el Gobierno solo se ha
comprometido a valorar, deliberar, a plantear, lo que rebaja, absolutamente, esta proposición no de ley planteada en un inicio.
Si bien lo íbamos a votar a favor, ahora no nos queda otra que abstenernos. Parece que seguramente el Gobierno no quiere asumir sus compromisos en esta línea y, por tanto, insistimos otra vez en que si no quieren asumirlo desde la
Generalitat de Catalunya estaremos encantados de asumirlo como propio.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rosique.
Por el Grupo Parlamentario Confederal tiene la palabra la señora Saavedra.
La señora SAAVEDRA MUÑOZ: Gràcies, president.
En esta proposición no de ley el Grupo Ciudadanos propone, en primer lugar, extender de manera indefinida el teletrabajo y el Plan MeCuida. Esta son dos demandas ya atendidas por el Gobierno de coalición.
Con respecto al teletrabajo, ya conocen ustedes que se aprobó el Real Decreto 28/2020, de 22 de septiembre, de Trabajo a Distancia, como explicó la ministra de Trabajo, tras un dilatado proceso de reflexión, debate, del Gobierno y los
agentes sociales que culminó con el acuerdo de trabajo a distancia.
Este real decreto en su exposición de motivos ya plantea que se trata de una regulación que, sin duda, determinará su perdurabilidad en el tiempo. Se justifica y se motiva en la situación originada por el COVID-19 y por la intensificación
del trabajo a distancia.
Con el último real decreto de 22 de septiembre, se configura un marco jurídico unitario con el objeto de que se aplique no solo con carácter ordinario, sino también aquel trabajo a distancia que se pretende implantar como medida relacionada
con la COVID-19, a partir de la publicación de esta nueva norma.
Finalmente, con lo que respecta al teletrabajo, el que ya se está implantando como consecuencia del COVID, se seguirá aplicando la normativa laboral ordinaria, las empresas estarán obligadas a dotar de los medios, equipos, herramientas y
consumibles, y al mantenimiento que exija el desarrollo de su actividad laboral. La negociación colectiva establecerá la forma de compensación de los gastos que se deriven para la persona trabajadora.
Por lo tanto, la potenciación del teletrabajo en situación de pandemia y su regularización de manera permanente es una realidad ya.
Por lo que respecta al Plan MeCuida, prorrogado hasta enero del 2021 en el marco del diálogo social, este Gobierno planteará la prórroga si se dan las circunstancias que concurren para que esto sea así. De hecho, en el Real Decreto 18/2020,
en mayo, ya se acordó en el Acuerdo de Defensa de Empleo; con los interlocutores sociales se estableció una Comisión de Seguimiento Tripartita Laboral con el objetivo específico de valorar la prórroga de las medidas, y esto, sin duda, se tendrá en
cuenta.
Con lo cual, realmente son medidas las que se plantean que ya están implementadas.
En cuanto a la prestación extraordinaria propuesta en el punto 2 de la PNL, este Gobierno está adoptando las medidas precisas para apoyar a la población afectada por las situaciones derivadas de la COVID. En esta línea se seguirá actuando,
sin duda, analizando, chequeando, todos los supuestos que exigen una atención y, desde luego, entre ellos está esta cuestión en la que se apunta en la iniciativa, esta necesidad de conciliación.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones está estudiando ya una prestación económica de incapacidad temporal del sistema de Seguridad Social, como situación asimilada al accidente de trabajo, durante los periodos en que las
familias, los padres o las madres, tengan que cuidar, atender a sus hijos menores en situación de cuarentena por motivos relacionados con el COVID. Esto se está estableciendo, se están estudiando los requisitos y la viabilidad desde el punto de
vista financiero.
Esta cuestión de la viabilidad no es ninguna broma porque estamos todavía arrastrando los presupuestos del Gobierno del PP, unos presupuestos austericidas, de recortes de gasto público que nos han condicionado durante todos estos años,
mientras el dinero público iba a bolsillos de corruptos o se iban a paraísos fiscales, pero bueno, son los presupuestos que tenemos hasta hoy.
En este momento estamos trabajando desde el Gobierno, también estamos ahí empujando desde el grupo parlamentario, por unos nuevos presupuestos; un partido como Ciudadanos debería tener muy en cuenta las propuestas que realiza porque, por
ejemplo, su líder en el País Valencià, en mi tierra, afirmaba que Ciudadanos en el congreso peleará para evitar una subida de impuestos.
Es una grave contradicción solicitar prestaciones económicas crecientes cuando se lleva en el programa electoral la necesidad de rebajar impuestos de manera generalizada; o cuando se critica toda propuesta de aumentar los ingresos del
Estado grabando de manera justa, proporcional y progresiva a los que más tienen que, proporcionalmente, menos aportan.
Es decir, hay que apoyar una fiscalidad más justa si se quieren prestaciones como las que ustedes están planteando.
Los impuestos o las cotizaciones a la Seguridad Social son aportaciones necesarias para atender las necesidades de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, pero, también, para atender circunstancias como de las que
estamos hablando, cuando las personas tienen que conciliar su vida laboral con los cuidados permanentes o puntuales.
Este Gobierno quiere atender las necesidades reales de la población, y la provisión de cuidados para que no suponga la pobreza de quienes lo realizan. Articular medidas y prestaciones, pero siempre a partir, tenemos que pensar en un futuro
y en lo que...
El señor PRESIDENTE: Tiene que ir acabando.
La señora SAAVEDRA MUÑOZ: Y a partir de la justicia fiscal necesaria que establece la Constitución para que pague más quien más tiene, que es lo que exige.
Animo al Grupo de Ciudadanos a apoyar estas medidas de justicia fiscal para que sean posibles respuestas como las que estamos planteando, que suponen un aumento de gasto.
En los términos de la enmienda que ha planteado el Partido Socialista, en que el Gobierno estudiará y valorará estas medidas, apoyaremos la PNL.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Saavedra.
Por el Grupo Parlamentario VOX tiene la palabra su portavoz, el señor Aizcorbe.
El señor AIZCORBE TORRA: Muchas gracias, señor presidente.
Aquí se está discutiendo sobre unas circunstancias muy especiales por la pandemia, por el tema del COVID, y el debate va degenerando sobre la conciliación familiar, sobre cuestiones que van más allá del tema de la pandemia.
Por supuesto que este grupo cree en la conciliación del padre y de la madre con los hijos, de los hijos, con el padre o la madre, y lo cree de verdad. Pero es que el problema de esta PNL es, primero, que ya
está legislado, lo acabamos de oír por parte de los grupos, tanto Socialista como de Podemos, que forman parte del Gobierno, que ya está previsto.
Estamos hablando de dos cuestiones. Por un lado, es cuando un niño tiene un PCR positivo, ha de ir a casa y necesita el cuidado del padre o de la madre, ya está legislado y está previsto. Lo que sucede es que puede suceder la situación de
que un niño o una niña vayan a su casa sin tener el PCR positivo, porque alguien lo ha tenido positivo, y su padre o su madre tengan también que estar en casa sin tener el PCR positivo.
Al final, estamos abordando unos pagos, sobre alguien que no ha pasado o no está pasando la pandemia y, en teoría, en base a unos criterios de prudencia.
Nos vamos a abstener en esta proposición no de ley porque entendemos que hay un pecado original: que la causa del mal causado es inicial. Entendemos que la gestión que se está haciendo de la pandemia a efectos médicos es una gestión del
siglo XVI, y lo que estamos pidiendo de forma reiterada es que esos PCR masivos que se tengan que hacer a la población se hagan; y no partir de una base errónea, que es el que todo el mundo se vaya a su casa cuando exista una sospecha.
El coste que nos está suponiendo a todos los españoles es tremendo, así que nosotros nos vamos a abstener en esta proposición no de ley.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aizcorbe.
Entiendo que están trabajando en esa transaccional que nos harán llegar a la Mesa.
(Sin identificar): Así es.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
- SOBRE APOYO AL COLECTIVO DE FERIANTES PARA AFRONTAR LAS GRAVES CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DERIVADAS DEL COVID-19. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001329).
El señor PRESIDENTE: Vamos con el último punto del orden del día, la proposición no de ley sobre el apoyo al colectivo de feriantes para afrontar las graves consecuencias económicas derivadas del COVID-19, del Grupo Socialista.
Para defenderla tiene la palabra su portavoz.
La señora CRESPÍN RUBIO: Gracias, presidente.
Señorías, desde que estalló la crisis sanitaria, económica y también social, el Grupo Parlamentario Socialista ha tenido diferentes reuniones con los colectivos de feriantes, en el ánimo siempre de ayudarles y de estar cerca de sus demandas
y, sobre todo, de sus necesidades.
En ellas hemos podido analizar que esta crisis afecta a todos los sectores productivos, como desgraciadamente estamos viendo, pero que tiene consecuencias mucho más graves en determinados sectores, como son los culturales, los de ocio, entre
los que se encuentran los feriantes.
Es de los sectores que no ha llegado aún a esa nueva normalidad. Están en estado de alarma permanente porque no pueden reiniciar su actividad ni trabajar; con un horizonte, como vemos, de cara a la próxima primavera, muy negativo.
Esto hace que se enfrenten a una difícil situación, encadenando demasiados meses sin ingresos. Añadiendo, como nos cuentan ellos, que no existe tampoco en este caso la red de apoyo y auxilio familiar ante una crisis o situación extrema como
esta, porque son familias enteras las que se dedican a la misma actividad.
En la gestión de la crisis anterior, cuando gobernaba el Partido Popular, dejó en manos de la familia y, sobre todo, de los pensionistas, la subsistencia de muchas familias. Todos recordamos eso, señorías.
Queremos mandar un mensaje de tranquilidad porque ahora, con un Gobierno progresista, será diferente.
La gestión de esta triste es diferente. Ahora sí sabemos que necesitan ayuda y apoyo, y que tenemos, como gobernantes y parlamentarios, una obligación con ellos. Por eso, este Gobierno aprobó el Real Decreto-Ley 30/2020, de 29 de
septiembre, donde su artículo 14 recoge la prestación extraordinaria de cese de actividad, esta vez también para los trabajadores de temporada. Así, se da respuesta con nuevas medidas y con la flexibilización de requisitos para beneficiar al mayor
número posible.
El Gobierno ha mostrado su compromiso con el colectivo, pero lo más importante es que quiere seguir manteniéndolo, por eso debemos seguir en ese camino.
Quiero manifestar que este grupo político manifiesta la necesidad de seguir avanzando en medidas que alivien la situación de este colectivo, y planteamos que es necesario desde la coordinación e implicación de distintas Administraciones y,
sobre todo, desde el diálogo social, con consensos para avanzar.
Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta esta proposición no de ley en esta comisión, donde se insta al Gobierno a proteger al colectivo de feriantes autónomos con actividad estacional; donde pedimos que se adopten una serie de
medidas que nos ayudarán a mejorar todo lo que estamos poniendo sobre la mesa.
La primera es evaluar las medidas normativas puestas en marcha al objeto de adecuarlas a este sector de actividad, fundamentalmente las relativas a sustitución de rentas y las referidas a las cotizaciones sociales, considerando, entre otros
extremos, los días de alta en los periodos de máxima actividad de años inmediatamente anteriores al estallido de la pandemia. Solo evaluando, sabemos el impacto de las medidas.
Analizará la posibilidad de modular la frecuencia de la inspección de los vehículos adaptados para maquinaria de feria, de conformidad con la directiva europea de ITV, regulada en el Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, de Inspección
Técnica de Vehículos; así como otras medidas de exoneración o bonificación.
Promoverá, junto a la Federación Española de Municipios y Provincias, la articulación de apoyo al colectivo en la devolución de tasas y en la exoneración, así como en la dotación de protocolos y medidas de seguridad para poder reanudar las
ferias y verbena.
Es de reconocer aquí que muchos ayuntamientos ya lo han hecho, han devuelto las tasas que estos feriantes pagaron, y muchos ayuntamientos, con medidas garantistas, están retomando algunas verbenas y fiestas populares.
Las comunidades autónomas tienen también mucho que decir, elaborando especialmente esas instrucciones claras para los ayuntamientos respecto a protocolos y condiciones para poder reanudar y plantear ciertas actividades, siempre con la máxima
garantía.
También deben de poner a disposición de los ayuntamientos y de sus comunidades recursos para atender a este sector.
Igualmente, la propuesta que aquí se trae es examinar dentro de la Mesa de Diálogo Social, abierta con los representantes de los autónomos, nuevas propuestas para la reactivación del sector. Es en dicha mesa donde se deben evaluar y donde
se deben consensuar todas aquellas medidas que nos ayuden a que los feriantes puedan, de alguna manera, ver algo de luz.
Estoy convencida que esta comisión dará luz verde a esta PNL para seguir avanzando y ayudando a muchas familias que nos necesitan, y nos necesitan mucho.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Crespín.
Se han presentado dos enmiendas a esta PNL.
Para defender, en primer lugar, la suya, por el Grupo Parlamentario VOX tiene la palabra el señor Aizcorbe.
El señor AIZCORBE TORRA: Muchas gracias, señor presidente.
Hemos presentado una enmienda de adición a esta PNL del Partido Socialista que nos gustaría votar que sí. Creo que en algunos temas de los que proponemos se tocan de forma genérica en la PNL presentada por el Partido Socialista, y es
evidente que desde el pasado mes de marzo el estallido de la epidemia ocasionada por el COVID, (No se entiende lo que dice) Gobierno de España no ha optado ni adoptado ninguna medida dirigida especialmente a este sector de los feriantes.
Este sector ha sufrido particularmente dichas consecuencias nefastas de esta crisis sanitaria, toda vez que las medidas restrictivas han coincidido en el periodo del año en el que se produce el mayor número de actividades y prestación de
servicios.
Es por lo tanto un sector especialmente afectado por la temporalidad, por lo que únicamente tienen ingresos durante estas temporadas de festejos, y el resto del año deben asumir, única y exclusivamente, costes.
A los malos datos económicos, el sector de los feriantes se encuentra sumiso en la incertidumbre generalizada, sin saber cuándo podrán reanudar sus actividades y mucho menos en qué condiciones podrán hacerlo. Con las últimas decisiones
adoptadas por el Gobierno, creo que corroboran dicha afirmación.
El colectivo de feriantes comprende entre 50 000 y 70 000 empresarios, depende de las fuentes, que, a su vez, comprende a familias que contribuyen a esa economía local y a esos presupuestos municipales, a través de esos impuestos, y que
tienen presencia en todo el ámbito nacional.
Por todo ello, entendemos que estas medidas deberían ser más concretas. Se habla concretamente de evaluará, analizará, promoverá, examinará. Nosotros en la enmienda que proponemos añadir, sé que es difícil que se pueda hablar con nosotros
hasta en cosas que son evidentes, hablamos de cuestiones más concretas: de la devolución íntegra de las tasas anticipadas, de la agrupación del impuesto de actividades económicas en el epígrafe del IAE, en el 98; también el tema del IVA que se
vaya al tipo reducido; que exista una prestación extraordinaria para los trabajadores; establecer las reducciones a las contribuciones empresariales y Seguridad Social.
También, todo lo relacionado con la política de hidrocarburos, las cuales también manifestemos las bonificaciones, incluso, la bonificación en la Ley de Haciendas Locales del impuesto y la de la ITV.
Nos gustaría que nos dijera el Partido Socialista si acepta o no acepta todas o algunas de estas propuestas más concretas, porque entendemos que el colectivo de los feriantes debe ser apoyado, VOX está en esa línea, por supuesto, igual que
todos los grupos, pues hemos tenido reuniones con un grupo de personas, empresarios, autónomos, que pueden ser tangenciales y que muchas veces no se tiene en cuenta, y que forman parte de la idiosincrasia española, y nos gustaría ayudar en todas su
sus circunstancias.
Así pues, a la espera de que el Partido Socialista nos puede decir si incorpora alguna de las cuestiones que nosotros planteamos, esta es nuestra profesión de fe, de ayuda indubitada a este sector necesitado.
Muchas gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aizcorbe.
Por el Grupo Parlamentario Popular, para defender su enmienda tiene la palabra la señora Angulo.
La señora ANGULO ROMERO: Gracias, presidente.
Debatimos una iniciativa del Partido Socialista que, permítame que le diga, es el reconocimiento expreso de que el Gobierno ha dejado atrás a los feriantes españoles, para quienes meses después de iniciada esta crisis, se limita a proponer
en su iniciativa medidas sin ninguna concreción para lo que realmente necesitan.
Pongámonos en situación, señorías, porque detrás de las luces, las músicas, el olor a feria, hay mucho trabajo e inversión; miles de familias que enteras viven de la feria y lo hacen todo el año con los ingresos de meses, y, por ello, con
poca capacidad de ahorro.
Autónomos, trabajadores con una vida difícil, a quién el primer estado de alarma, y con ello la suspensión en cascada de todas las ferias de España, les pilló cuando iban a comenzar su temporada y ya endeudados por los gastos necesarios para
empezar.
Miles de familias que llevan ya prácticamente un año sin ingresos y que no están, permítame señoría, para simples brindis al sol. Usted en su intervención y, sobre todo en su PNL, reconoce, y cito literalmente: 'el drama de un importante
número de familias que se han quedado sin ingresos, posiblemente sin ahorros, y que no pueden beneficiarse de las ayudas puestas en marcha por el Gobierno'.
Es decir, reconocen que el Gobierno no ha tomado medidas, después de tantos meses, para el colectivo de feriantes; algo que corroboran también las cifras, porque apenas han podido beneficiarse de las aprobadas un 1 %.
Lo que hoy el Partido Socialista le propone, lo que dice su PNL, más allá de lo que usted dice, lo que somete a votación, es analizar, evaluar, pensar. ¿Si ustedes se han reunido, y no me cabe la menor duda, con el colectivo de feriantes,
como hemos hecho los demás, no saben, siete meses después de iniciar esta crisis, cuáles son las necesidades? ¿Las tienen que evaluar, pensar, o es que traen aquí esta iniciativa, señorías, solo para cubrir el expediente delante de los feriantes y
la lavarle la cara al Gobierno ante su inacción?
Desde el Partido Popular nos unimos al SOS lanzado por los feriantes, porque si su situación ya era difícil, el anuncio hecho ayer por el presidente del Gobierno para los próximos seis meses, y la
incertidumbre que crea para las ferias y fiestas del próximo año, la convierte en una situación de emergencia ante la que hay que actuar con medidas concretas.
Medidas de choque para el presente, como considerar a los feriantes autónomos que estuvieran dados de alta en las pasadas temporadas y que este año no han podido trabajar como beneficiarios de por sí de la prestación por cese, que habrá que
pedir que se extiendan hasta que las restricciones del Gobierno terminen, y aprobar para ello todas las modificaciones que sean necesarias.
Aprobar medidas económicas y fiscales específicas para el sector, como ayudas para los gastos de la actividad, reducción de impuestos, de los tipos fiscales aplicables a la actividad ferial, ampliación de las moratorias para pagar las deudas
tributarias y amortizar los préstamos ICO, como, por cierto, mañana, el Partido Popular someterá a votación en Pleno.
Aumentar el plazo de vigencia de las ITV de sus vehículos, y algo fundamental para todos los autónomos, también para los feriantes, que, si antes nos parecía importante, ahora no parece vital: a ingresos cero, cuota cero.
El sector va a tardar en recuperarse, incluso cuando esa normalidad para su actividad vuelva. Ahora, más que nunca, el Gobierno tiene que evitar la destrucción en masa de nuestros autónomos, importante fuente de empleo en España.
Medidas de emergencia que pedimos que el Gobierno apruebe ya y que forman parte de un paquete amplio que el Partido Popular propone para el colectivo de los feriantes, y que pedimos la misma urgencia que se ha tomado el Gobierno para aprobar
otras cosas.
Señorías, los feriantes lo que quieren es poder trabajar como los demás; si antes había incertidumbre sobre cuándo volverían las ferias y fiestas a nuestros pueblos, el anuncio de ayer del presidente del Gobierno ha supuesto un mazazo para
las esperanzas de muchos feriantes que no pueden permitirse otra temporada sin actividad.
Hay que ofrecerles soluciones y alternativas. Un plan de reactivación, como a los demás sectores, y por eso pedimos en nuestra enmienda que, en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias, se apruebe ese protocolo
común para que, haya o no haya fiestas, puedan instalar sus atracciones en espacios abiertos, con las medidas de seguridad y prevención que fijen las autoridades sanitarias, como ya se está haciendo en alguno lugares.
Sabemos que puede existir desconfianza o miedo, pero estas familias tienen derecho a trabajar, es lo que quieren, porque ya no pueden aguantar más sin ingresos.
Señores del PSOE, les pedimos que se dejen de iniciativas que no dicen nada y que nada proponen para una (No se entiende lo que dice) de tanta urgencia. Admitan nuestra enmienda y continuemos trabajando, porque les anuncio que vamos a
seguir presentando medidas para este colectivo, sobre todo ante el panorama que se presenta desde el anuncio de ayer.
Evitar la muerte, la desaparición de un sector tan característico e importante para nuestro país está en manos del Gobierno, no necesita una PNL del Grupo Socialista. Aprueben con urgencia lo que nosotros le proponemos, y seguiremos
trabajando ante la que se avecina, ante esta nefasta gestión del Gobierno, también, en esta segunda ola.
Señorías, si ustedes quieren ayudar y apoyar al colectivo de feriante, pasen de las palabras a los hechos y lleven todas estas medidas, no a una PNL sino al Boletín Oficial del Estado.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Angulo.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Muñoz.
La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidente.
La iniciativa que votamos a continuación hace referencia a un sector, como ya se ha dicho aquí, que ha sufrido de manera directa y con especial crudeza, el impacto de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID, como es el colectivo de los
feriantes.
Para ellos, la pandemia ha supuesto la suspensión indefinida de su actividad, que por los meses en los que se produjo, ha supuesto una pérdida de ingresos prácticamente para todo este año, para todo 2020.
Este es el caso de los feriantes, que se dedican a una actividad que para ellos es casi siempre la única fuente de ingresos que tienen, no solo como empresa, sino también para sus familias. Son familias trabajadoras, luchadoras, muchas
veces emprendedoras, que van con su hogar allá donde tienen trabajo, donde pueden llevar tu negocio, y el problema, como sucede ahora, es que el trabajo no surge. No lo hace
porque se ha suspendido indefinidamente por las autoridades sanitarias ese trabajo, para poder controlar la pandemia que asola nuestro país.
El Gobierno no debe ni puede dejar en la cuneta a cientos de familias que trabajan en este sector y que están sufriendo los efectos colaterales de los esfuerzos por vencer la pandemia, eso lo tenemos todos claro.
También tenemos claro que son necesarias ayudas y apoyos porque, por ejemplo, la mayoría de los feriantes que se quedaron fuera en un primer momento, y muchos se siguen quedando ahora, de estas medidas extraordinarias de protección del
empleo, como la prestación extraordinaria por cese de actividad de los autónomos, o, incluso, de la de los trabajadores de temporada, porque no han reunido algunos de los requisitos que se exigen para cobrarlas.
Estas ayudas tampoco llegan a los familiares que trabajan junto a esos autónomos feriantes, que están dados de alta en la Seguridad Social como familiares colaboradores, y que, por esta razón, no están pudiendo beneficiarse de las
prestaciones extraordinarias antes citadas.
Es, por tanto, preciso adaptarlas para que puedan beneficiarse de las mismas, pero no es la única medida que se puede adoptar porque, por ejemplo, este colectivo se ve atrapado presentando el mismo papel, que acredita el cumplimiento de los
requisitos para poder cobrar las ayudas, en ayuntamientos diferentes, muchas veces en municipios limítrofes entre sí.
Y es que la asfixia de las trabas administrativas es uno de los principales problemas que también está afectando al sector en estos momentos.
Por otra parte, algunos de los empresarios, como también se ha dicho aquí, no han podido recuperar todavía las garantías que depositaron en los ayuntamientos para poder participar en eventos que finalmente fueron suspendidos.
Por tanto, desde Ciudadanos compartimos la necesidad de adoptar medidas que permitan prestar un apoyo efectivo al sector feriante. El mismo apoyo, por cierto, que han recibido y están recibiendo el resto de los trabajadores y autónomos, con
las peculiaridades de determinadas actividades y, sin embargo, no está llegando a los feriantes.
Por eso mismo, ya les adelanto que votaremos a favor, pero esperamos, por otra parte, que el PSOE, aunque está bien que nos presente aquí esta propuesta, traslade la misma al Gobierno, porque son ustedes Gobierno, para que se haga realidad y
no se quede en meras intenciones, si quieren instar al Gobierno a hacer una cosa, pues háganla, porque de nada servirá que votemos aquí si el Gobierno no hace nada para llevarla a la práctica.
Gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Muñoz.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos tiene la palabra la señora Saavedra.
La señora SAAVEDRA MUÑOZ: Moltes gràcies.
Esta PNL que presenta el Grupo Socialista alude al colectivo feriante, que ha sufrido de manera muy especial las restricciones de actividad social y económica derivadas de la situación de pandemia.
Les recuerdo a los señores y a las señoras de la derecha que están hablando, que estamos padeciendo una situación de pandemia mundial y que se están tomando medidas restrictivas de la actividad en muchos países, en casi todos los países.
Son 30 000 familias, unas 200 000 personas, que dependen de una actividad de temporada que este año no se ha podido desarrollar. Familias y personas a las que el Estado debe proteger y dar amparo en las actuales circunstancias.
Yendo al contenido de la PNL y con relación a sus disposiciones 1 y 4, hay que decir que por parte del Gobierno sí se han planteado distintas medidas que han servido de protección a este sector. Aunque limitadas, se han tomado medidas.
Entre ellas podemos destacar, en materia financiera e impositiva, las contenidas en los Reales Decretos 7, 14 y 15, que ofrecen una mayor flexibilidad del pago de diversas figuras tributarias; y en el ámbito de la protección a trabajadores
por cuenta propia y por cuenta ajena, el Real Decreto 8 y sus posteriores prórrogas y desarrollos, que incluyen los ERTE, las prestaciones por cese de actividad y otras medidas de apoyo.
En este marco, es de resaltar, por la importancia que tiene para el sector feriante, la reciente aprobación del Real Decreto 30/2020, de 29 de septiembre, que establece nuevas medidas de apoyo y la prolongación de otras existentes, con la
flexibilización de ciertos requisitos.
En su artículo 13 se regula una nueva prestación extraordinaria por cese de actividad o reducción de ingresos; y su artículo 14 atiende específicamente al caso de los trabajadores de temporada, tomando en consideración a efectos de alta los
periodos equivalentes de los años 2018 y 2019, con lo cual, se extiende la cobertura de las prestaciones a aquellos y aquellas profesionales que no llegaron a darse de alta por coincidir la pandemia con el periodo de preparación de la campaña.
En lo tocante a la disposición segunda de esta PNL, por parte del Ministerio de Industria ya se han adoptado disposiciones dirigidas a prorrogar la validez de los certificados de inspección técnica, periodo cuyo vencimiento se produjo en
este tiempo de pandemia.
Por último, en lo que respecta a la tercera propuesta, el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales regula bonificaciones potestativas para el impuesto sobre bienes inmuebles y el impuesto sobre actividades económicas. Se
trata de beneficios fiscales que están siendo utilizados en la situación actual por muchas entidades locales, en apoyo de este y de otros sectores.
Como conclusión, desde Unidas Podemos creemos que el Gobierno ha impulsado medidas de apoyo que han servido al sector feriante, pero estamos absolutamente de acuerdo con la necesidad de evaluar estas políticas para adaptarlas a las
necesidades y a la situación actual del colectivo, así como para diseñar y aplicar cuántas nuevas propuestas sean necesarias de cara a su protección y a la próxima reactivación de la actividad.
Para ello, como no puede ser de otra manera, se requiere la máxima coordinación de las autoridades competentes en esta materia: Gobierno central, comunidades autónomas y entes locales, cada cual en el ámbito de sus responsabilidades, y más
importante, si cabe, la participación de representantes del sector en estos procesos de evaluación, seguimiento y adecuación normativa.
Por tanto, votaremos a favor de la PNL del Grupo Socialista si se mantiene en los términos expuestos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Saavedra.
Para acabar, preguntarle a portavoz socialista si aceptan las enmiendas o no del resto de grupos.
La señora CRESPÍN RUBIO: No aceptaremos las enmiendas y, si me permite, presidente, pidiendo que tengan más fe en este Gobierno, pero, principalmente, porque en todo el relato y en todas las medidas que se ponen sobre la mesa, tienen que
saber ustedes, que hay conflicto de competencias, pero hay voluntad manifiesta en esta PNL para que el Gobierno siga atendiendo al colectivo de feriantes.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Si les parece, votamos en un minuto.
(Asentimiento.-Pausa).
VOTACIONES.
El señor PRESIDENTE: Empezamos la votación.
Punto 1. Proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a adoptar medidas para que los trabajadores autónomos puedan hacer aportaciones extraordinarias a la Seguridad Social y que compute a efectos de cotización, del Grupo
Parlamentario Popular. Se somete a votación en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 20; abstenciones, 0.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Punto 2. Proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a desarrollar el artículo 8.5 del Estatuto de los Trabajadores, de modo que se establezca un sistema eficaz de información a los trabajadores de los elementos esenciales de la
prestación laboral, etcétera. Se somete a votación en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 5; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Punto 3. Proposición no de ley sobre la prórroga de los ERTE en el sector turístico de Canarias ante la crisis económica y social provocada por el COVID-19. Se votará en los términos de la enmienda transaccional presentada por los Grupos
Socialista, Popular y Ciudadanos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; en contra, 0; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Punto 4. Proposición no de ley relativa a las consecuencias del incumplimiento del compromiso de mantenimiento del empleo, del Grupo Parlamentario VOX. Se somete en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 20; abstenciones, 0.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Punto 5. Proposición no de ley relativa a garantizar las protecciones socioeconómicas de los trabajadores y trabajadoras de plataformas digitales. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por los Grupos Plural,
Unidas Podemos y Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 5; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Punto 6. Proposición no de ley relativa a rechazar las regularizaciones masivas de inmigrantes irregulares en línea con el compromiso europeo de 2008. Se vota en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 20; abstenciones, 0.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Punto 7. Proposición no de ley sobre la necesidad de garantizar la conciliación de las familias en circunstancias excepcionales relacionadas con la emergencia sanitaria de la COVID-19, del Grupo Ciudadanos. Se vota en los términos de la
transaccional presentada por el Grupo Ciudadanos, el Grupo Popular y el Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; en contra, 0; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Punto 8. Proposición no de ley sobre el apoyo al colectivo de feriantes para afrontar la grave crisis de consecuencias económicas derivadas del COVID-19, del Grupo Socialistas. Se vota en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, ...; en contra, ...; abstenciones, ....
Se levanta la sesión.