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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 498, de 16/09/2022
cve: BOCG-14-D-498 PDF



BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES


CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


XIV LEGISLATURA


Serie D: GENERAL


16 de septiembre de 2022


Núm. 498



ÍNDICE


Composición y organización de la Cámara


JUNTA DE PORTAVOCES


031/000013 Composición de la Junta de Portavoces. Altas y bajas ... (Página2)


Composición de la Junta de Portavoces ... (Página2)


Control de la acción del Gobierno


PROPOSICIONES NO DE LEY


Pleno


162/001084 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre la revalorización de salarios y prestaciones asistenciales... (Página3)


162/001085 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre reducción de la contaminación lumínica... (Página5)



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COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA


JUNTA DE PORTAVOCES


031/000013


De conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de los cambios habidos en la composición de la Junta de Portavoces.


Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


Grupo Parlamentario Socialista


(031/000001)


Portavoz:


Baja:


GÓMEZ HERNÁNDEZ, Héctor 12-09-2022


Alta:


LÓPEZ ÁLVAREZ, Patxi 12-09-2022


Portavoces adjuntos:


Baja:


CRESPÍN RUBIO, Rafaela 12-09-2022


Alta:


MEIJÓN COUSELO, Guillermo Antonio 12-09-2022


Portavoces sustitutos:


Baja:


MEIJÓN COUSELO, Guillermo Antonio 12-09-2022


Alta:


PADILLA RUIZ, Esther 12-09-2022


De conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de los cambios habidos en la composición de la Junta de Portavoces.


Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


Grupo Parlamentario Mixto


(031/000012)


Mes;Portavoz;Portavoz adjunto


Octubre 2022;Mazón Ramos, José María (PRC);Botran i Pahissa, Albert (CUP)


Noviembre 2022;Martínez Oblanca, Isidro Manuel (FORO);Fernández Pérez, María (CCa-NC)


Diciembre 2022;Guitarte Gimeno, Tomás (Teruel Existe);Fernández Pérez, María (CCa-NC)



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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO


PROPOSICIONES NO DE LEY


Pleno


La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


162/001084


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la diputada Marta Rosique i Saltor y el diputado Jordi Salvador i Duch, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley de la revalorización de salarios y prestaciones asistenciales para su debate en el Pleno.


Exposición de motivos


Según los últimos datos disponibles en el Instituto Nacional de Estadística, en el plazo de un año el IPC de Catalunya y de las Illes Balears, ha aumentado un 10,3 % y, el del País Valencià, un 10,9 %. Estas realidades no son ajenas a las
cifras manejadas en el conjunto del Estado Español, donde el IPC ha experimentado un incremento del 10,8 %. Como es bien sabido, todas estas cifras, ya muy comentadas y presentes en el debate público, son la simple expresión y consecuencia directa
de la subida de precios de productos básicos. Así, según las estadísticas oficiales, durante el periodo de referencia, los precios que más han subido son los de la vivienda, la alimentación y las prendas de vestido y calzado.


Todo lo expuesto implica, inevitablemente, un encarecimiento del coste de la vida: como consecuencia de la inflación hoy habría que contar con un 10 % más de ingresos para poder continuar comprando los mismos productos en la tienda de
alimentación o para poder continuar viviendo en el mismo piso.


Sin embargo, pese a tal situación, durante el plazo de un año al inicio referenciado (julio de 2021 a julio de 2022), en el conjunto del Estado los salarios únicamente han subido un 2,56 %. Es decir, el incremento medio de precios de los
productos básicos supone un 400 % del incremento medio de los salarios. Como es bien sabido, esto supone pura y simplemente un empobrecimiento directo de las clases trabajadoras, que ven reducida su capacidad de consumo.


Durante los meses precedentes se han adoptado algunas medidas útiles con el fin de presionar al alza los salarios, entre las que destaca la subida del Salario Mínimo Interprofesional. Esta constituye una propuesta acertada y eficaz en la
que resulta necesario continuar incidiendo: resulta necesario y urgente volver a incrementar el SMI para proteger a los trabajadores con peores condiciones salariales y habilitar las distintas administraciones territoriales para que puedan fijar
Salarios Mínimos que den respuesta a las distintas realidades socioeconómicas. No obstante, esta subida, con independencia de su cuantía, resultará insuficiente para proteger al conjunto de la clase trabajadora de la inflación desbocada que estamos
sufriendo. Ello porque, pese a existir una suerte de 'efecto arrastre' de la subida del SMI, esta se ha demostrado incapaz de alcanzar incrementos comparables a los del IPC.



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Asimismo, no obviamos que el mecanismo ordinario de mejora de las condiciones de trabajo de las personas asalariadas es la lucha sindical y la negociación colectiva. Eso ha sido y es históricamente cierto. Sin embargo, existen coyunturas
excepcionales como la actual, que exigen y justifican una intervención extraordinaria por parte de los poderes públicos. Cuando la correlación de fuerzas negociadoras entre los distintos actores sociales se sitúa en escenarios como el actual, se
hace necesario que el Gobierno y las Cortes Generales adopten directamente las medidas necesarias para garantizar el mantenimiento de la capacidad de consumo de la clase trabajadora.


Esta necesidad de intervención en el mercado de trabajo encuentra amparo incluso en la propia definición del estado en el primer artículo de su texto constitucional. Así, al definirse el Estado español como un estado social, este se mandata
a adoptar una posición activa que garantice la existencia material de las personas y las condiciones básicas para poder desenvolverse en sociedad. Del mismo modo, el artículo 9.2 explicita que 'corresponde a los poderes públicos promover las
condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida
política, económica, cultural y social'. Finalmente, cabe destacar también lo dispuesto en el artículo 40 de la misma norma, según el cual 'Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una
distribución de la renta regional y personal más equitativa (...)'.


En el mismo sentido que los mencionados preceptos constitucionales se pronuncia la legislación internacional y comunitaria que exige la garantía de una remuneración equitativa y suficiente a las personas trabajadoras. Entre otros textos,
destaca lo dispuesto en el artículo 4 de la Carta Social Europea y el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.


Finalmente, la adopción de medidas legislativas y ejecutivas directas para garantizar la revalorización de percepciones salariales según el aumento del IPC, resulta concordante con las Metas 1.2, 8.3 y 10.4 de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, relativas, de manera respectiva, a la erradicación de la pobreza, la promoción de políticas orientadas a la creación de puestos de trabajo decentes y a la adopción de políticas salariales que logren de manera progresiva una mayor
igualdad, en especial entre mujeres y hombres, y a una mayor cohesión social.


Proposición no de Ley


'Por todo ello se insta al Gobierno a:


1. Adoptar las medidas necesarias para disponer mediante norma con rango de ley y con efectos 1 de enero de 2023, la necesaria revalorización de los salarios de aquellos trabajadores definidos en el artículo 1.1 del Estatuto de los
Trabajadores que cuenten con percepciones salariales inferiores a tres veces el SMI, por porcentaje equivalente a la variación interanual del IPC de su comunidad autónoma.


2. Crear, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, un fondo suficiente para financiar, mediante transferencias corrientes a las administraciones competentes, el incremento de los salarios de todos los trabajadores del sector
público en porcentaje equivalente a la variación interanual del IPC de su comunidad autónoma, con efectos 1 de enero de 2023.


3. Adoptar las iniciativas legislativas necesarias para incrementar el IPREM hasta la cantidad equivalente al umbral de pobreza propio de cada comunidad autónoma con el fin de garantizar unas condiciones materiales de existencia suficientes
y dignas para las personas perceptoras de prestaciones asistenciales y demás políticas sociales vinculadas a tal índice.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de septiembre de 2022.-Marta Rosique i Saltor y Jordi Salvador i Duch, Diputados.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.



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162/001085


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre reducción de la contaminación lumínica, para su debate en Pleno.


Exposición de motivos


El exceso de iluminación artificial nocturna, no justificada, dirigida de forma no adecuada y en rangos espectrales perjudiciales, debe ser considerada como un tipo de contaminación medioambiental. Aunque no es tan conocida como la
contaminación del aire, del agua, de la tierra, térmica o acústica, es importante prestarle atención. Se trata de un tipo de contaminación que existe en grandes ciudades debido a las luces en edificios, el tráfico rodado.


Está demostrado con estudios técnicos y científicos que la contaminación lumínica no solo produce la pérdida del paisaje nocturno y cielo estrellado, sino que existen numerosas repercusiones negativas a nivel energético, medioambiental y
sobre la salud de las personas.


El exceso de luz artificial nocturna procedente del alumbrado exterior contamina, invade nuestras viviendas, trastoca nuestro ritmo circadiano, pudiendo provocar distintos tipos de enfermedades, puede generar una falsa sensación de
seguridad, impacta en los hábitats nocturnos y en la biodiversidad, y contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero, además de suponer un gasto energético y económico.


Los perjuicios de la contaminación lumínica derivan principalmente de que la alternancia entre noche y día se ha establecido como una necesidad esencial en el funcionamiento de la gran mayoría de los seres vivos y ecosistemas.


Respecto de los efectos negativos en la salud, numerosos estudios apuntan a que el exceso de luz artificial por las noches puede provocar desde alteraciones del sueño y ansiedad, a un aumento del riesgo de padecer cáncer.


También existen repercusiones sobre el medioambiente y la biodiversidad. Como ejemplo, según un reporte de 2017 elaborado por una treintena de investigadores de todo el mundo, con la participación de la Estación Biológica de Doñana (EBD),
centro del CSIC en Sevilla, la contaminación lumínica es responsable de la desaparición de miles de ejemplares de aves cada año.


España lidera el ranking de gasto en iluminación por habitante. Mientras la media europea alcanza los 70 kilovatios producidos por habitante, en España se consumen más de 115 kilovatios. Este consumo de energía se traduce en una factura
anual de más de 1.000 millones de euros, pero también en una contaminación por gases de efecto invernadero. La lucha por evitar el cambio climático también pasa por evitar el consumo injustificado de energía.


Es necesario rediseñar nuestras ciudades y pueblos, apostando por reducir la contaminación lumínica. La contaminación lumínica es el reto medioambiental, energético y cultural en los municipios del siglo XXI.


Esta realidad ya fue tenida en cuenta en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, cuya disposición adicional cuarta contiene un mandato a las administraciones públicas, en el ámbito de sus
competencias, dirigido a promover la prevención y reducción de la contaminación lumínica. Sin embargo, es preciso continuar trabajando en este sentido.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en coordinación con las comunidades autónomas y entidades locales, en el marco de sus competencias, a impulsar un conjunto de medidas dirigidas a promover la prevención y reducción de la
contaminación lumínica, en coherencia con la disposición adicional cuarta de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. Entre otras actuaciones se incluirán las siguientes:


1. Aprobar normativa encaminada a la reducción de este tipo de contaminación.


2. Fomentar ayudas destinadas a la eficiencia lumínica en los municipios, vinculadas a la reducción de contaminación lumínica.



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3. Impulsar la investigación y la participación de entidades científicas y sociales, a través de Light pollution initiatives (LPIs) de grupos locales y globales, para luchar contra los impactos negativos de la luz artificial de noche, con
iniciativas como la REECL (Red española de investigación en contaminación lumínica).'


Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiembre de 2022.-Daniel Senderos Oraá, Eva Patricia Bueno Campanario, Germán Renau Martínez, Antidio Fagúndez Campo, Helena Caballero Gutiérrez, María Montserrat García Chavarría, María
Inmaculada Oria López, Esther Padilla Ruiz, Sandra Guaita Esteruelas, Omar Anguita Pérez, Herminio Rufino Sancho Íñiguez, Daniel Vicente Viondi y Javier Antón Cacho, Diputados.-José Zaragoza Alonso y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo
Parlamentario Socialista.