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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 272, de 14/05/2021
cve: BOCG-14-D-272
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
14 de mayo de 2021
Núm. 272
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000666 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, por la que se insta al Gobierno a preservar el modelo de caja única de la Seguridad Social... (Página2)
162/000667 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a la erradicación de la pobreza menstrual ... (Página4)
162/000668 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a un Pacto Nacional del Agua... (Página6)
162/000669 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a la compra y liberación de las patentes de vacunas anti-COVID-19 ...
162/000670 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la declaración del 9 de mayo, Día de Europa, como festivo nacional ... (Página10)
162/000671 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el suministro de materia primas críticas ... (Página11)
Otros textos
INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR
120/000009 Proposición de Ley para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca. Prórroga del plazo para la recogida de firmas ... (Página12)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
162/000666
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Iván Espinosa de los Monteros de Simón, D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Inés Cañizares Pacheco, D. Juan José Aizcorbe Torra, D. Pablo Sáez Alonso-Muñumer, D.ª Rocío de Meer Méndez en su condición de Portavoz, Portavoz adjunta y Diputados
del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley instando al Gobierno a preservar el modelo de caja
única de la Seguridad Social, para su discusión en Pleno.
Exposición de motivos
Primero. La Constitución Española de 1978, pilar de nuestro sistema democrático y garantía de los derechos y libertades de los españoles, manifiesta en su artículo primero que España se constituye en un Estado social y democrático de
Derecho, y sitúa la igualdad como valor superior de nuestro ordenamiento jurídico.
Junto al precepto anteriormente mencionado, el artículo 14 consagra, de nuevo, la igualdad de todos los españoles como un derecho fundamental, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por ninguna condición o circunstancia personal o
social. Esta igualdad, configurada como derecho y valor superior, se articula y garantiza en todos los ámbitos de nuestro sistema constitucional y legal. También en el orden social y en una de sus principales manifestaciones: el Sistema Nacional
de la Seguridad Social.
En coherencia con ello, el artículo segundo de la Ley General de Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, delimita como principios fundamentales de la acción protectora del sistema de la Seguridad
Social la universalidad, la unidad, la solidaridad y, nuevamente, la igualdad.
Los principios anteriormente citados configuran, de manera indisoluble, nuestro sistema de Seguridad Social. Un sistema que nació con la firme vocación de ser instrumento de solidaridad y elemento catalizador del estado del bienestar en
nuestro país, y que desempeña una función indispensable para la cohesión económica y social de toda la nación.
Son muy diferentes los mecanismos que, en las diversas manifestaciones de nuestro ordenamiento, han querido, no solo garantizar la igualdad de todos los españoles en materia social, sino también el carácter único e indisoluble del sistema.
Uno de los más representativos es el principio de 'la caja única' de la Seguridad Social, consagrado hoy en el artículo 21 de la Ley General de Seguridad Social del año 2015, pero con una larga tradición histórica y jurídica en nuestro
ordenamiento.
Este mecanismo de la 'caja única' se ha planteado, desde su origen, como una de las garantías del sistema, convirtiéndose, junto a la solidaridad intergeneracional, en uno de los elementos nucleares en la configuración del modelo. No existe
igualdad entre todos los españoles sin esta solidaridad interterritorial,
y Esta presupone al Estado como único titular de todos los recursos, obligaciones y prestaciones de la Seguridad Social.
Así se desprende de la atribución constitucional de competencias recogida en el artículo 149 apartado 17.º, que contempla que el Estado tiene competencia exclusiva en materia de 'legislación básica y régimen económico de la Seguridad
Social'.
Ésta competencia exclusiva estatal garantiza la unidad del sistema público de Seguridad Social y la igualdad de todos los españoles, y representa una pieza fundamental para la defensa y garantía de los principios de unidad, igualdad y
solidaridad, con independencia de cualquier circunstancia ajena al propio sistema.
Así lo ha indicado en múltiples ocasiones el Tribunal Constitucional. En la Sentencia 124/1989, de 7 de julio, aborda la cuestión y concluye que 'del artículo 149.1.17.a de la Constitución no puede extraerse la apresurada conclusión de que
en materia de régimen económico de Seguridad Social el Estado retenga solo potestades normativas. Que ello no es así se deduce sin dificultad de un análisis sistemático, histórico y teleológico del precepto constitucional. El designio perseguido
con el acantonamiento del ''régimen económico'' dentro de la competencia exclusiva del Estado no ha sido otro, con toda claridad, que el de preservar la unidad del sistema español de Seguridad Social y el mantenimiento de ''un régimen público'', es
decir, único y unitario de Seguridad Social para todos los ciudadanos (artículo 41 de la Constitución), que garantice al tiempo la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y deberes en materia de Seguridad Social (artículo
149.1.1.a de la Constitución)'.
La atribución de la competencia exclusiva del Estado en materia de 'régimen económico' que proclama el artículo 149 de la Constitución garantiza la solidaridad financiera del sistema y la 'caja única', como mecanismos de unidad e igualdad en
derechos y deberes sociales para todos los españoles. Otras sentencias del Alto Tribunal así lo han reiterado, como por ejemplo la Sentencia 7/2016 de 21 enero, que subraya: 'de los antecedentes y de los debates parlamentarios que culminaron en la
aprobación del texto del citado precepto constitucional, la mención separada del 'régimen económico' como función exclusiva del Estado trataba de garantizar la unidad del sistema de la Seguridad Social, y no solo la unidad de su regulación jurídica,
impidiendo diversas políticas territoriales de Seguridad Social en cada una de las Comunidades Autónomas...'
Segundo. En contra de este planteamiento que defiende la 'caja única' de la Seguridad Social como uno de los elementos esenciales del sistema, el 30 de diciembre de 2019, el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista Obrero Español
firmaron un acuerdo para favorecer la investidura del entonces candidato Pedro Sánchez a cambio de compromisos.
Entre estos acuerdos se firmó, en el punto tercero, proceder a la negociación y traspaso a la Comunidad Autónoma vasca de las competencias estatutarias pendientes, entre las que se halla la atribución de competencias en materia de Seguridad
Social, reivindicación histórica del nacionalismo, basándose en lo dispuesto en el Estatuto de Guernica. Para ello se ha fijado como horizonte temporal para la culminación del traspaso el año 2022.
Desde el Gobierno autonómico vasco se ha señalado que ve posible materializar de forma inminente la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social. Así lo ha declarado recientemente Olatz Garamendi, Consejera Gobernanza Pública
y Autogobierno, indicando que 'la seguridad social vendrá al País Vasco en 2022'.
Este pacto atenta contra uno de los elementos configuradores del sistema poniendo en riesgo la solidaridad interterritorial. Así lo puso de manifiesto la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Letrados de la Seguridad Social, Cuerpo
especializado en el asesoramiento y asistencia jurídica en materia de Seguridad Social, que en febrero de 2020 alertaron del posible comienzo de la ruptura de la solidaridad del Sistema y de la igualdad de todos los españoles en materia
prestacional.
Tercero. El Proyecto de Ley por la que se establece el Ingreso Mínimo Vital (IMV), procedente del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo que actualmente se está tramitando en el seno de la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones, supone un primer paso en el traspaso competencial.
La norma configura el IMV como una prestación económica no contributiva dentro de la acción protectora del Sistema de Seguridad Social. Su delimitación como prestación no contributiva de la Seguridad Social tiene una especial significación
toda vez que estas se abonarán con aportaciones del Estado a la 'caja única' de la Seguridad Social, es decir, a su presupuesto propio. Las aportaciones estatales para el abono de las prestaciones no contributivas pasan a integrar la 'caja única'
-y, por
tanto, competencia exclusiva estatal- como se ha defendido por numerosos pronunciamientos del Tribunal Constitucional (por ejemplo la Sentencia 239/2002, de 11 de diciembre).
Por otro lado, la competencia, tanto de reconocimiento como de control del mismo, se asigna expresamente por la norma al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Se reconoce a las Comunidades Autónomas la posibilidad de suscribir
un convenio (en la forma prevista legalmente) con el INSS para dar inicio a la tramitación del expediente administrativo, así como también podrán asumir competencias de posterior tramitación y gestión previas a la resolución del expediente.
No obstante, con carácter particular reconoce la posibilidad de que 'en razón de la especificidad que supone la existencia de haciendas forales', País Vasco y Navarra puedan asumir, en su ámbito territorial, las funciones y servicios que se
atribuyen al Instituto Nacional de la Seguridad Social en relación con el IMV. Esto supone, en definitiva, un alejamiento de los criterios de gestión única en todo el territorio nacional, y un quebranto de los principios básicos que inspiran
nuestro modelo de Seguridad Social, principalmente la igualdad y la unidad.
Esta diferenciación por razón de la especificidad foral se aparta, además, de la doctrina constitucional que se establece en diversas Sentencias, entre otras, las Sentencias 40/2014, de 11 de marzo y 7/2016 de 21 enero, en las que se
sostiene que 'la determinación de una prestación de la Seguridad Social constituye una norma básica que corresponde establecer al Estado ex artículo 149.1.17 CE, y debe hacerlo deforma unitaria para todos los sujetos comprendidos dentro de su ámbito
de cobertura, salvo razones excepcionales debidamente justificadas y vinculadas a la situación de necesidad que se trata de proteger'.
Con esta configuración, por primera vez se le atribuyen competencias a una Comunidad Autónoma sobre la 'caja única' de la Seguridad Social. Se realiza en la dirección de lo pactado entre el PSOE y el PNV y representa un primer paso en favor
de la transferencia de competencias en materia de seguridad social al País Vasco y Navarra.
Así lo ha señalado recientemente el portavoz de la formación nacionalista en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, quien afirmó que la cesión del IMV 'es un primer paso de cara al traspaso del régimen económico de la Seguridad Social,
y un avance para seguir profundizando en la negociación de esta transferencia'.
El sistema público de pensiones sufre en la actualidad un grave déficit estructural y se enfrenta a importantes amenazas que afectan a su sostenibilidad. La ruptura de la 'caja única' supondría un ataque a uno de los pilares que lo
sostienen, un quebrando a la igualdad de los españoles y, sobre todo, un factor de deterioro adicional en el peor momento posible.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a preservar la 'caja única' de la Seguridad Social como garantía del sistema público de pensiones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2021.-Inés María Cañizares Pacheco, Juan José Aizcorbe Torra, Pablo Sáez Alonso-Muñumer y Rocío de Meer Méndez, Diputados.-Iván Espinosa de los Monteros de Simón y Macarena Olona Choclán,
Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.
162/000667
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancias de la diputada de Junts Per Catalunya, Miriam Nogueras i Camero, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su debate en el Pleno de
esta Cámara, una Proposición no de Ley para la erradicación de la pobreza menstrual.
Exposición de motivos
Se define como pobreza menstrual como la dificultad de acceso no solo a los productos menstruales, sino también a todos aquellos elementos de higiene básica como puede ser el jabón, el agua, y otros productos necesarios para la higiene y la
salud íntima de las mujeres y las personas trans.
El alto coste de los productos menstruales es uno de los principales problemas que arrastra a una situación de pobreza menstrual ya que, en la mayor parte del mundo, se consideran bienes de lujo, si nos fijamos en los impuestos que se les
aplica, lo cual lo convierte en un bien aún más inaccesible para muchas personas. Se calcula que 1 de cada 4 mujeres europeas debe decidir entre comprar productos menstruales o alimentos, por causa de sus problemas económicos.
En el Estado español, los productos menstruales no están catalogados como productos de primera necesidad, aplicándoles un tipo del 10 % del IVA. Por el contrario, un producto como la Viagra si se le aplica un IVA superreducido del 4 %. Dos
de cada 10 mujeres vive en el umbral de la pobreza, motivo que las hace candidatas a vivir una menstruación poco saludable y a sufrir el llamado 'analfabetismo menstrual', como consecuencia de la baja o inexistente política de salud pública en esta
materia.
El estigma alrededor de la menstruación es un problema estructural de género que hace referencia a una pobreza educativa, cultural y social que sufre el conjunto de la población a causa de la inexistencia de políticas de salud pública en
ámbitos como la formación y la educación sobre la menstruación, especialmente entre las mujeres más vulnerables.
Garantizar una gestión menstrual adecuada entra dentro del ámbito de la salud pública ya que la falta de cobertura de estas necesidades básicas empuja a estas mujeres a recorrer a métodos antihigiénicos para gestionar su menstruación,
utilizando cartones, papeles de periódico o tejidos varios, lo cual las expone a sufrir infecciones y diferentes patologías relacionadas, no solo con la salud física, sino también con su salud emocional. Es importante tener en cuenta que el ciclo
menstrual sano es un indicador de buena salud y contribuye a un buen equilibrio hormonal y emocional. Es un contrasentido que estos productos menstruales sean gravados con un IVA del 10 % pero la medicación necesaria para paliar o curar las
enfermedades relacionadas con su deficiente gestión se graven con el 4 % de dicho impuesto.
La prevención es un factor de importancia capital en el ámbito de salud, y ha sido el motivo por el que se ha valorado la pertinencia de la libre dispensación de ciertos productos a los colectivos necesarios. Invertir en prevención
multiplica los efectos positivos en la salud física y emocional de la comunidad.
Amika George, con 21 años y fundadora de Freeperiods, empezó a investigar y forzó al Gobierno británico a ofrecer gratuitamente en las escuelas productos menstruales. En el mismo sentido, la norteamericana Nadya Okomato a los 16 años creó
la organización Period.org, con la que consiguió eliminar los impuestos sobre los productos menstruales en 15 Estados.
Por todo ello, los diputados y diputadas de Junts per Catalunya presentan la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados considera que una adecuada gestión del ciclo menstrual es un tema de salud pública que debe priorizarse en la agenda de este Gobierno, por ello, le insta a desplegar una serie de medidas enfocadas a la
erradicación del analfabetismo menstrual consistente en:
1. Traspasar los recursos necesarios a las Comunidades Autónomas que ostentan competencias propias en los ámbitos de salud y educación, para que puedan:
a) realizar la formación y las campañas divulgativas de la importancia de un ciclo menstrual saludable, destinada a los colectivos de jóvenes, de mujeres en situación de vulnerabilidad y de personas trans, para extender el conocimiento de
los tipos de materiales y productos menstruales y riesgos del mal uso de los mismos, así como las medidas dirigidas a la sostenibilidad y a los productos reutilizables;
b) dar a conocer los efectos secundarios de la menstruación des de un punto de vista médico como emocional y de las negativas consecuencias de la medicación crónica;
c) sensibilizar y normalizar la menstruación como una realidad cotidiana de las mujeres y las personas trans.
2. Considerar los productos menstruales como bienes de primera necesidad y que estén disponibles gratuitamente para las personas en situación de vulnerabilidad, incluyendo este concepto como parte del
gasto que deberán hacer las comunidades autónomas, por las que se requerirá la inyección de recursos precisos por parte del Gobierno.
3. Reducir el tipo del 10 % del IVA aplicado actualmente por el superreducido del 4 %.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2021-Miriam Nogueras i Camero, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Plural.
162/000668
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para un Pacto Nacional del Agua, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La Ley del Plan Hidrológico Nacional data del año 2001 y su redacción no ha sufrido grandes cambios desde 2005. La quietud de la norma, deseable en la gran mayoría de los casos, deviene anquilosamiento cuando la realidad social, político o
medioambiental que tiene vocación de regular cambia dramáticamente. Este es el caso, sin duda, de la gestión de los recursos naturales y, muy especialmente, de la gestión del agua.
El cambio climático y sus efectos, de los que tenemos creciente evidencia científica, se ha posicionado en la última década como una de las prioridades absolutas del debate público. La sostenibilidad del planeta exige, y nuestra sociedad
demanda, una acción contundente de los gobernantes para abordar de forma eficaz los retos del cambio climático.
Tradicionalmente el enfoque en la lucha contra el cambio climático ha sido el de su prevención. Desde el célebre Protocolo de Kioto de 1997, el más reciente Acuerdo de París de 2016, o incluso la Ley de Cambio Climático que aprobarán las
Cortes Generales próximamente, tienen como objetivo principal la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y poner freno a la acción humana causante del cambio climático. Medidas preventivas fundamentales, pero que se quedan cojas sin
otro tipo de enfoque imprescindible: la adaptación al cambio climático.
La problemática hídrica asociada a los escenarios previsibles del cambio climático (afectando a la aportación natural al ciclo hidrológico y su distribución espacio-temporal) no puede menospreciarse ni sustraerse por más tiempo de las
acciones que configuran la política hidráulica de nuestro país. Sin embargo, el debate público en torno al agua es actualmente en España débil y circunstancial.
El cambio climático y la gestión medioambiental no conoce de fronteras. Esta máxima que, por fortuna, es bien entendida a nivel internacional y que da impulso a grandes pactos europeos o incluso globales, parece no haber tenido la necesaria
traslación un debate nacional que parece más centrado en crear juegos de suma cero entre comarcas, provincias y comunidades autónomas, en lugar de plantear un proyecto de país que ponga las necesidades colectivas, la protección de la biodiversidad y
la sostenibilidad económica y medioambiental en el centro del mismo.
Los expertos en la problemática del cambio climático prevén una disminución en España durante los próximos anos (2011-2040) de dos variables muy importantes del ciclo: la aportación de agua en régimen natural (precipitaciones), que se
reduciría en un 5 %; y del agua de lluvia que circula libremente sobre la superficie de un terreno (escorrentía), que lo haría en un 8 %. De ahí en adelante, la disminución sería aún más acusada: 2041-2070, -9 % y -16 %, respectivamente;
2071-2100, -17 % y -26 %.
Por tanto, es preciso situar la preocupación por el futuro del agua en el centro de la agenda política y de las administraciones públicas e involucrar en el debate a la sociedad civil, a las organizaciones sectoriales y profesionales
concernidas. El instrumento idóneo para ello es la elaboración de un nuevo Plan Hidrológico Nacional de 2001 en el que participarían no solo las diferentes Administraciones públicas, sino también la sociedad civil a través de un amplio proceso de
participación social.
Adicionalmente, España, en una gran parte, es un país especialmente afectado por el fenómeno de la sequía, pues durante el período 1880-2000 más de la mitad de los años se han calificado como de secos o muy secos. En este contexto vemos que
desde las Administraciones se plantean medidas coyunturales como los Planes Especiales de Sequía para paliar las consecuencias del déficit hídrico del momento -es lógico- y poco más, como es costumbre.
La Base de Datos Internacional sobre Desastres gestionada por la Universidad de Lovaina nos ofrece unas estimaciones de coste directo de pasados episodios de sequía en España que pueden servirnos de referencia a qué nos enfrentamos a futuro.
En dólares constantes de 2002, la sequía de 1980-1982 costó 5.100 millones, la de 1990-1995, 5.900 millones y la de 1998-1999, 3.550 millones. Estos costes directos se concentran fundamentalmente en el sector primario por un lado y en el descenso
de la producción de energía hidroeléctrica por otro.
No obstante, en esta ocasión además deberemos afrontar un auténtico problema estructural del sistema hidráulico de nuestro país a medio plazo: garantizar la seguridad hídrica a un coste razonable, superando las condiciones adversas que
supondrán las afecciones del cambio climático (disminución probable de la aportación anual del ciclo hidrológico y mayor irregularidad pluviométrica), en un contexto de demanda creciente en términos cuantitativos y cualitativos. En tales
condiciones, la resiliencia del sistema hidráulico es además otro objetivo general de primera importancia.
Según estimaciones de la Dra. Jenkins del Cambridge Centre for Climate Change Mitigation Research de posibles impactos de la sequía en varios países, entre ellos España, bajo distintos escenarios de avance del cambio climático, en el caso
de España, el coste medio anual en el período 2003-2050 sería de entre el 0,1 y el 0,2 % del PIB. Si a eso se añaden costes indirectos (pérdidas de producción y empleo en otros sectores) el coste total podría casi doblarse.
El cambio climático es una amenaza a tomarse en serio, e implica un planteamiento renovador de la vetusta política hidráulica nacional. La gestión del agua se encuentra aquejada en España no solo de problemas físicos e intereses
contrapuestos, mal resueltos desde la política, sino que también sufre de inercia conceptual y bloqueo dogmático. Todos esos defectos dificultan el alumbramiento de ideas nuevas para un debate enriquecedor e inhiben actuaciones necesarias para
afrontar en las mejores condiciones posibles el futuro de un recurso tan importante.
Ciudadanos reclama que se ponga en marcha un Plan Nacional del Agua para la adaptación de la gestión hidrológica de España al cambio climático y que siente las bases de una gestión hídrica estable y consensuada en pos de la sostenibilidad
medioambiental y económica a largo plazo del país.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar un Pacto Nacional del Agua adaptado al cambio climático, de forma consensuada con la sociedad civil, las fuerzas políticas con representación parlamentaria y las Comunidades Autónomas que incluya, al menos, las siguientes líneas
de actuación:
a) Presentación de una reforma de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, con el fin de actualizar sus previsiones a la nueva realidad medioambiental de España, de manera que garantice la gestión eficiente de los
recursos hídricos basada en criterios eminentemente técnicos, la plena disponibilidad como recurso en todo el territorio, la protección de la biodiversidad y la adaptación al cambio climático.
b) El rediseño institucional de la gobernanza y gestión del agua como bien general, teniendo en cuenta la problemática de la interrelación de cuencas, demarcaciones hidrográficas y administraciones territoriales, así como la puesta en marcha
de procedimientos de resolución de disputas y conflictos.
c) La adaptación de la infraestructura hidráulica, nueva y existente, a los riesgos y condicionantes del clima.
2. Acelerar los trabajos para la aprobación de los planes hidrológicos de las cuencas españolas, en línea con los objetivos de la Unión Europea en materia de recursos naturales, así como la futura Ley de Cambio Climático y, en su caso, la
reformada Ley del Plan Hidrológico Nacional, garantizando que cualquier cambio sustancial respecto del régimen vigente cuenta con el necesario consenso de las partes afectadas.
3. Suspender cualquier modificación de las normas de explotación de las infraestructuras hidráulicas hasta la aprobación del plan hidrológico correspondiente, a menos que dicha modificación cuente con el respaldo de la totalidad de las
Comunidades Autónomas afectadas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2021.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000669
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para
su debate y aprobación en Pleno, relativa a la compra y liberación de las patentes de vacunas anti-COVID-19.
Exposición de motivos
La pandemia pone de relieve que las cosas esenciales para la vida no pueden tratarse como un bien de mercado. Aunque tenemos la posibilidad de crear vacunas, el principal problema con el que nos encontramos es referente al volumen de
producción y a la opaca distribución por países. Esto establece una clara relación de incompatibilidad entre la dinámica lucrativa de la realidad empresarial y la apremiante necesidad de vacunar a la población mundial.
Para entender cómo hemos llegado a este impasse político en la gestión de una problemática que debería generar consensos, hay que señalar la tendencia que el proyecto europeo ha tenido hasta el momento. En este sentido, pese a que la base
de investigación necesaria para crear la vacuna ha corrido a cargo de fondos públicos, la Unión Europea decidió financiar con dinero público a la industria farmacéutica privada para que pudiera efectuar la producción de vacunas. Se han negociado y
se están negociando contratos multimillonarios y secretos; sin embargo, pese a toda esta inversión, por el momento la industria está siendo incapaz de producir a la velocidad necesaria, sin mencionar la opacidad en las negociaciones y trasiegos de
vacunas de unos países a otros.
La dinámica de libre mercado y de la libre competencia con la que opera la UE ha prevalecido sobre su función como espacio social unificado. Europa ha sido capaz de generar 'atractivos' mercados de inversión, sin embargo, no ha resultado
funcional cuando se trata de afrontar crisis económicas, sociales, políticas o sanitarias como la actual. La condición identitaria de ser un gigante económico hace difícil la colaboración comunitaria interna para afrontar problemáticas de gran
envergadura, porque la cooperación por el interés general no está en su diseño estructural, ni en sus prioridades.
En este contexto, se están enfrentando por una parte los intereses de la gran industria farmacéutica y empresas de tecnología y, por otra parte, el interés de la ciudadanía europea.
Los dirigentes de la UE han decidido financiar con dinero público a la Big Pharma y, al mismo tiempo, permiten a determinadas empresas farmacéuticas mantener la exclusividad de las patentes, es decir, la propiedad intelectual, lo que impide
la producción masiva de vacunas por parte de los Estados. Se antepone así el beneficio multimillonario de las empresas al interés general y la producción masiva de un medicamento esencial.
La defensa de la industria privada frente al bienestar de los ciudadanos es un comportamiento que casa con la tendencia neoliberal que ha dominado la forma de gestionar diferentes crisis. La Comisión Europea, en épocas no muy lejanas,
defendió la reducción del gasto público y lo recomendaba así a todos los países. En cambio, también se han escuchado voces contrarias a este planteamiento como la del eurodiputado Marc Botenga, quien denunciaba que, a pesar de que Europa ha
financiado con dinero público las vacunas, la propiedad intelectual es 100 % propiedad de la empresa privada, lo que permite que la farmacéutica controle y decida sobre la producción y el número de dosis. A este eurodiputado se le permitió
consultar durante cincuenta minutos de reloj, bajo supervisión, y tan solo con lápiz y papel, el contrato de la Unión Europea con la farmacéutica alemana Curevac. Este comportamiento poco transparente y excesivamente protector con la industria
farmacéutica explica en gran medida porque el contenido de los contratos es secreto.
El Parlamento Europeo ha visibilizado esta problemática, ya que 115 eurodiputados han propuesto a la Comisión Europea y a los miembros del ADPIC (Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio), de la OMC (Organización mundial del comercio), que todos los países puedan producir vacunas.
Entre los criterios de 'patentabilidad' del Acuerdo sobre los ADPIC, se establece en el artículo 27 que los Gobiernos pueden excluir de patentabilidad 'los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o
animales'. Asimismo, algo que no aparece en los acuerdos de la ADPIC pero que se incluye en el Artículo 31 con la expresión 'otros usos sin autorización del titular de los derechos', es que los gobiernos también pueden dar 'Licencias Obligatorias',
un permiso que da un gobierno para producir un producto patentado sin el consentimiento del titular de la patente. Así pues, vemos que ADPIC contempla la situación de liberar patentes en las circunstancias que los gobiernos consideren que deben
hacerlo.
Existen además varias iniciativas en el seno de la UE, como la Right2Cure, que están recogiendo un millón de firmas solicitar la apertura de las patentes. También la OMS y Médicos sin Fronteras lo piden, así como países como la India o
Sudáfrica. En este sentido, el director general de la OMS afirmó que 'es el momento de usar todas las herramientas para aumentar la producción, lo que incluye la transferencia de licencias y la exención de los derechos de propiedad intelectual'.
El director general dio este apoyo a tres días de que se debatiera nuevamente en el Consejo General de la OMC la iniciativa lanzada por India y Sudáfrica, a la que se opusieron EEUU, Australia, Noruega, Suiza, Brasil, Canadá, Japón, GB y la propia
UE.
La OMS también ha pedido que no se hagan compras unilaterales mediante acuerdos con las farmacéuticas (como ha sido el conocido caso de Israel). En este sentido y siguiendo con una actitud estrictamente contraria a cualquier medida adoptada
por el Gobierno de España y la UE, la Comunidad de Madrid procura adquirir vacunas rusas en solitario en el mercado internacional. La vacuna rusa Sputnik V es conocida por no haber sido aprobada por la Agencia Española del Medicamento, lo que
podría poner en juego la salud de miles de madrileños y madrileñas y desestabilizar los planes de compra masiva. Sin embargo esta remesa de vacunas para Madrid, negociada a espaldas del Gobierno y de la UE, ha sido tratada por el compromisario de
la candidatura de Pablo Casado en las primarias del Partido Popular, Pedro Mouriño, poniendo una vez más intereses particulares por encima de intereses comunes.
Por su parte, el Gobierno madrileño ha señalado que no llegan suficientes vacunas, aunque ha abierto un nuevo centro de vacunación en el WiZink Center de Madrid, incurriendo en otra abierta contradicción. Sin embargo, la vacunación en la
Comunidad de Madrid está teniendo serios problemas no solo por la falta de contratación de personal, sino también por las lamentables medidas tomadas (como cerrar los centros de salud durante festivos), que alejan a la Comunidad de Madrid del
objetivo de vacunación a la población mayor de 80, situándose a 11 y 38 puntos por debajo de los objetivos de primera y segunda vacunación para el mes de marzo respectivamente.
Para estar a la altura del momento, se requiere una verdadera cooperación europea, y eso pasa por tener una estrategia conjunta, dirigida por los Estados. No podemos volver a incurrir en los errores cometidos durante el último año, cuando
cada Comunidad Autónoma o región europea fracasaron al salir a buscar soluciones individuales en el mercado internacional.
El proyecto europeo tiene que virar en su trayectoria, de forma que tenga capacidad para responder las cuestiones que la pandemia ha puesto encima de la mesa y que requieren de respuesta conjunta. Nos hemos enfrentado a un problema global
que ha causado un gran número de muertes. Esto nos obliga a replantearnos nuestras prioridades y a modificar nuestra forma de interactuar con nuestro entorno.
Por tanto, debemos evitar la dispersión en la compra de vacunas y asumir, como parte del bloque comunitario, que tenemos capacidad para pedir la suspensión de la exclusividad de las patentes y facilitar la producción de vacunas por parte de
los diferentes Estados europeos, porque nuestra capacidad para vencer al virus depende de ello.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Instar a la Unión Europea, a unirse a la solicitud de apertura de patentes llevada a cabo por India y Sudáfrica en el seno de la OMC, con miras a la liberalización de las patentes de las vacunas anti-
COVID-19 mientras dure la pandemia, con el objetivo de facilitar la producción de estas vacunas por parte de los Estados.
2. Exigir, en el seno de la Unión Europea, a que se inste a la Agencia Europea del Medicamento a tomar una decisión de forma inmediata sobre la autorización de todas las vacunas contra la COVID-19 disponibles, con el objetivo de salvar el
mayor número de vidas posible y, de esta manera, evitar que la enfermedad se convierta en endémica.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2021.-Rosa María Medel Pérez y María Márquez Guerrero, Diputadas.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
162/000670
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la Declaración del 9 de mayo, Día de
Europa, como festivo nacional, para su debate el Pleno.
Exposición de motivos
El Día de Europa se celebra cada año el 9 de mayo para conmemorar la paz y la unidad del continente europeo. Esta fecha marca el aniversario de la histórica Declaración Schuman, un discurso del entonces Ministro de Asuntos Exteriores de
Francia, Robert Schuman, que en 1950 expuso su idea para una nueva forma de cooperación política en Europa que hiciera imposible el estallido de una nueva guerra entre europeos.
Esta visión consistía en la creación de una institución común europea que pusiera en común y gestionara de forma conjunta la producción de carbón y acero, materiales esenciales para la fabricación de armamento. De este modo, ningún país
podría llevar a cabo una carrera armamentística que provocara tensiones militares en Europa. Esta idea tuvo tal acogida que, un año más tarde, se firmó el Tratado que Establece la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, que entró en vigor en
1952. Esta organización se considera el germen de la actual Unión Europea.
Actualmente, el 9 de mayo es objeto de celebraciones a lo largo y ancho del continente y en el exterior, organizadas normalmente por las instituciones europeas y sus representaciones, así como por asociaciones vinculadas a ellas. Además,
las instituciones abren sus puertas al público la primera semana de mayo para favorecer la divulgación de la importancia de la Unión Europea tanto en la vida cotidiana de los ciudadanos como en las grandes decisiones que marcan el rumbo de la agenda
internacional.
Aparte de estas celebraciones, el día 9 de mayo es un día festivo para las instituciones europeas y para sus trabajadores, de forma similar a los diferentes días nacionales de cada Estado miembro. Sin embargo, el Día de Europa no es festivo
nacional en los diferentes países de la Unión. En un contexto en el que la acción conjunta de la Unión Europea ha sido clave para dar una respuesta sanitaria y económica efectiva a la pandemia de COVID-19 no debemos minusvalorar la importancia de
los símbolos y del sentimiento de pertenencia a una comunidad de libertad como es la Unión Europea. La eurodiputada de la delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundúa, fue la primera figura política en poner sobre la mesa
esta posibilidad en febrero de 2019.
Por ejemplo, de la misma forma que la bandera de la Unión Europea luce junto a las banderas nacionales, autonómicas y municipales en nuestras instituciones ha ayudado a los ciudadanos en España a identificar mejor ese marco institucional de
derechos y libertades, contar con el Día de Europa como festivo nacional reforzaría ese sentimiento de pertenencia a un proyecto común, tal y como lo es actualmente el Día de la Hispanidad. En 2019, Luxemburgo aprobó declarar el Día de Europa como
festivo nacional para todos sus ciudadanos, convirtiéndose desde entonces en el primer Estado miembro de la Unión Europea en hacerlo.
Por todo esto, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Declarar el 9 de mayo, Día de Europa, como festivo en todo el territorio nacional.
2. Impulsar, en las instituciones de la Unión Europea, que el 9 de mayo, Día de Europa, sea declarado como festivo nacional en los demás Estados miembros, convirtiéndose así en un día festivo común a toda la ciudadanía europea.
3. Reforzar el apoyo institucional por parte del Gobierno a las actividades que se realicen con motivo del Día de Europa, especialmente aquellas organizadas por asociaciones de la sociedad civil para poner en valor la pertenencia de España
a la Unión Europea.
4. Fomentar el mejor conocimiento de las instituciones de la Unión Europea y sus valores fundacionales mediante actividades formativas en los centros educativos en los días próximos a la celebración del Día de Europa, siempre en
colaboración con las Comunidades Autónomas y dentro del marco competencial vigente.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2021.-María Muñoz Vidal, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000671
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el suministro de materias primas críticas, para su debate
en Pleno.
Exposición de motivos
En septiembre de 2020 la Comisión Europea publicó la Comunicación sobre Materias Primas Fundamentales. En ella se pone de relieve la alta vulnerabilidad de la Unión Europea respecto del suministro de materias primas de carácter esencial. A
modo de ejemplo, el 98 % de las tierras raras que importa la UE proviene de China, el 98 % del borato de Turquía o los numerosos metales del grupo del platino de los que dependemos de Sudáfrica. Una nota positiva es la condición de España como
principal productor mundial de estroncio, lo que garantiza la seguridad de suministro para toda la UE.
Los ambiciosos objetivos climáticos del Pacto Verde Europeo y la Ley de Cambio Climático y Transición Energética suponen un reto adicional en la gestión de materias primas. La progresiva electrificación del sistema energético y el parque
móvil conlleva un notable incremento tanto de la demanda de las materias primas necesarias para la elaboración de baterías y otros componentes, como de la dependencia de las mismas.
El caso del litio resulta paradigmático. Se trata de un componente indispensable en la gran mayoría de las baterías que dominan actualmente el mercado, pero el 78 % es importado de un único país: Chile. La buena relación con el país
transandino no reduce en absoluto la necesidad de diversificar en la medida de lo posible la importación de litio y otras materias primas y reducir, así, los riesgos.
En la misma línea se expresa la Revisión de la Política Comercial de la Unión Europea culminada en febrero de 2021: 'Para que la UE refuerce su resiliencia y apoye la competitividad de sus variados sectores económicos, necesitamos asegurar
un acceso abierto y sin distorsiones a los mercados internacionales, incluyendo acceso a nuevos mercados y flujos comerciales abiertos para el beneficio de tanto nuestra industria como nuestros trabajadores y ciudadanos'. En este contexto, cobran
especial importancia los esfuerzos por poner en marcha proyectos de extracción de materias primas fundamentales en territorio comunitario no dependientes de los vaivenes de la política exterior.
La ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y, en particular, de los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica (PERTE), corre el riesgo de no lograr la resiliencia buscada de nuestra
economía si no se asegura también un suministro de las materias primas más importantes. Más al contrario, potenciar industrias estratégicas de alto valor añadido (baterías, placas
fotovoltaicas, componentes electrónicos...) sin la correspondiente potenciación de la obtención segura de las materias primas necesarias puede tener el efecto indeseado de aumentar nuestra dependencia y, en consecuencia, volver nuestra
economía menos resistente a shocks externos de lo que es ahora.
Finalmente, la transición de la economía a un modelo descarbonizado requiere el fomento, en la medida de lo posible y razonable, de una producción de mayor proximidad que reduzca la importación innecesaria de materias primas de otros
continentes cuando existe una alternativa más cercana igual de eficiente.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar la diversificación en la importación de materias primas críticas.
2. Facilitar la exploración y explotación de yacimientos nacionales de materias primas críticas como medida para reducir la elevada huella de carbono, así como el riesgo geopolítico que supone su importación.
3. Con el fin de crear sinergias, garantizar su resiliencia y dar la máxima viabilidad a largo plazo de los PERTE, priorizar la aprobación combinada de proyectos de producción industrial con el correspondiente proyecto de obtención de
materias primas en territorio nacional.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2021.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
OTROS TEXTOS
INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR
120/000009
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(120) Iniciativa legislativa popular.
Autor: Don Alfonso Manzano Ruiz.
Solicitud de prórroga del plazo previsto para la recogida de firmas en relación con la Proposición de Ley para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca.
Acuerdo:
Prorrogar por tres meses y, por lo tanto, hasta el día 28 de octubre de 2021, el plazo para la finalización del procedimiento de recogida de firmas en relación con la referida Proposición de Ley de iniciativa popular. Asimismo, comunicar
este acuerdo a la Comisión Promotora y a la Junta Electoral Central y publicar en el Boletín Oficial de la Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.