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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 246, de 25/03/2021
cve: BOCG-14-D-246
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
25 de marzo de 2021
Núm. 246
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
152/000001 Comisión de Investigación relativa al accidente del vuelo JK 5022 de Spanair. Ampliación del plazo para finalizar sus trabajos .... (Página3)
152/000002 Comisión de Investigación relativa a la utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior, con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP y de anular pruebas inculpatorias para este partido
en casos de corrupción, durante los mandatos de Gobierno del Partido Popular. Ampliación del plazo para finalizar sus trabajos .... (Página3)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000074 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el cumplimiento del artículo 27.1 y 27.2 de la Constitución española y la promoción de la libertad de pensamiento y el desarrollo de la capacidad
crítica del alumnado.
Enmiendas ... (Página3)
Aprobación con modificaciones ... (Página5)
162/000552 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la creación de un mecanismo de garantía, para el medio y las sociedades rurales, en el diseño y aplicación de leyes y desarrollo normativo, así como en el
conjunto de las políticas del Gobierno y de las Comunidades Autónomas.
Enmiendas ... (Página6)
Aprobación con modificaciones ... (Página9)
INTERPELACIONES
Urgentes
172/000085 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno en orden a esclarecer la verdad sobre la muerte de Mikel Zabalza Gárate ... (Página9)
172/000087 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que el Gobierno aclare su posición respecto a la ausencia de Presidencia de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) durante 17
meses,
la escasa adjudicación, después de 9 meses del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, y el incumplimiento de información de la única operación aprobada en la que ha transcurrido el plazo legal ...
172/000088 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para garantizar la adecuada inversión del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por SEPI ...
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES
Urgentes
173/000057 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la política del Gobierno en materia de acercamiento de presos etarras a cárceles próximas al País Vasco, así como sobre el
traspaso a dicha Comunidad Autónoma de las competencias en materia penitenciaria. Texto de la moción, enmiendas formuladas y rechazo por el Pleno de la Cámara ... (Página12)
173/000058 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la aprobación en el Consejo de Ministros del 2 de marzo de 2021 de las Directrices Generales de la Estrategia de
Desarrollo Sostenible 2030 y sus consecuencias en la futura Ley de Vivienda. Texto de la moción, enmienda formulada y rechazo por el Pleno de la Cámara ... (Página16)
173/000059 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre qué medidas va a adoptar el Gobierno para dejar de humillar a las víctimas del terrorismo de ETA. Texto de la moción, enmienda
formulada y rechazo por el Pleno de la Cámara ... (Página19)
Secretaría General
292/000015 Convocatoria de 23 de febrero de 2021 de concurso, entre el personal laboral del Congreso de los Diputados que ostente la condición de Analista, para la provisión de diversas plazas en la Dirección de Tecnologías de la Información
y de las Comunicaciones del Congreso de los Diputados. Resolución del concurso ... (Página22)
292/000016 Convocatoria de 23 de febrero de 2021 de concurso, entre el personal laboral del Congreso de los Diputados que ostente la condición de Auxiliar de Informática, para la provisión de la plaza de Supervisor en el Área de Atención a
Usuarios de la Dirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la Secretaría General del Congreso de los Diputados. Resolución del concurso ... (Página23)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
152/000001
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha acordado ampliar el plazo para la realización del Dictamen de la Comisión de Investigación relativa al accidente del vuelo JK 5022 de Spanair, por un mes.
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
152/000002
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha acordado ampliar el plazo para la realización del Dictamen de la Comisión de Investigación relativa a la utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del
Ministerio del Interior, con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP y de anular pruebas inculpatorias para este partido en casos de corrupción, durante los mandatos de Gobierno del Partido Popular, hasta el día 30 de junio de 2021.
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000074
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las enmiendas formuladas a la Proposición no de Ley del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre el cumplimiento del artículo 27.1 y 27.2 de la Constitución española y la promoción de la libertad de pensamiento y el desarrollo de la capacidad crítica del alumnado , publicada en el 'BOCG. Congreso de los
Diputados', serie D, núm. 23, 31 de enero de 2020.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, a través de su portavoz adjunto, Edmundo Bal Francés, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley sobre el cumplimiento del artículo 27.1 y 27.2 de la
Constitución española y la promoción de la libertad de pensamiento y el desarrollo de la capacidad crítica del alumnado, cuyo debate tendrá lugar en el Pleno.
Enmienda
De modificación.
Se modifica el subapartado primero de la parte propositiva y se añaden cuatro nuevos subapartados.
Texto que se propone:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Velar por el cumplimiento del artículo 14 que establece que los españoles serán iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, opinión o cualquier otra circunstancia personal o
social, del 27.1 que reconoce el derecho de todos a la educación y la libertad de enseñanza y 27.2 de la Constitución española que tiene como fundamento el pleno el desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de
convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.
2. Garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban una formación de acuerdo a sus convicciones, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 27.3 de la Constitución Española.
3. Reforzar el cumplimiento de los planes de igualdad, protocolos LGTBI y formación en igualdad en los centros educativos para la prevención de la violencia de género superar el sexismo.
4. Rechazar cualquier tipo de instrumentalización política de la escuela, e instar al conjunto de fuerzas políticas a no poner en riesgo la convivencia en los centros educativos.
5. Reforzar, legal y materialmente, la Alta Inspección Educativa para que puedan realizar, de manera eficaz y eficiente, sus funciones de garantía del cumplimiento de la legislación educativa del Estado y para que pueda verificar que los
libros de texto y los materiales docentes se adecuan a las enseñanzas comunes conforme a la legislación del Estado.
6. Garantizar la pluralidad de pensamiento, la enseñanza de principios de convivencia, respeto y tolerancia que una sociedad democrática debe compartir a todos los alumnos y alumnas en la educación obligatoria tal y como recomienda el
Consejo de Europa.
7. Promover una campaña de apoyo a la profesionalidad, independencia y libertad de cátedra del docente para que fomente una educación basada en la libertad de pensamiento y el desarrollo de la capacidad crítica del alumnado.
8. Reforzar la autonomía de los órganos directivos de los centros educativos como piezas claves para la mejora de nuestro sistema educativo y como medio para garantizar el cumplimiento del artículo 27 sobre el Derecho a la educación y su
desarrollo, recogido en la Constitución.
9. Manifestar el apoyo a los alumnos que se hayan sentido humillados y cuya dignidad y la de sus familias se ha visto vulnerada por la profesión de sus progenitores, por sus ideas políticas, su lengua materna o cualquier otra condición.
10. Desarrollar los cambios normativos necesarios, previo acuerdo con las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Educación, para que los centros educativos, independientemente de su titularidad, faciliten haciéndolo público y
accesible el Plan Anual Educativo a la inspección, los padres, madres y tutores del alumnado al inicio del curso educativo.
11. Impulsar, a través del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, un análisis sobre la adecuación de los Planes Anuales Normativos de los centros educativos al principio de igualdad previsto en el artículo 14 de la Constitución
Española'.
Justificación.
Mejora técnica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2021.-Marta Martín Llaguno, Diputada.- Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ferran Bel i Accensi, en su calidad de Diputado del PDeCAT, integrado en el Grupo Parlamentario Plural, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda de modificación a la Proposición no
de Ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre el cumplimiento del artículo 27.1 y 27.2 de la Constitución española y la promoción de la libertad de pensamiento y el desarrollo de la capacidad crítica del alumnado.
Enmienda
De modificación.
Redacción que se propone:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el marco de sus competencias y en colaboración con las CCAA, a:
(resto igual).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 2021.-Ferran Bel Accensi, Diputado.- Mirian Noguera i Camero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
162/000074
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el cumplimiento del artículo 27.1 y 27.2 de la Constitución
española y la promoción de la libertad de pensamiento y el desarrollo de la capacidad crítica del alumnado, publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 23, 31 de enero de 2020, en los siguientes términos:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el marco de sus competencias y en colaboración con las CCAA a:
1. Velar por el cumplimiento del artículo 14 que establece que los españoles serán iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, opinión o cualquier otra circunstancia personal o
social, del 27.1 que reconoce el derecho de todos a la educación y la libertad de enseñanza y 27.2 de la Constitución española que tiene como fundamento el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de
convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.
2. Garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban una formación religiosa y moral de acuerdo a sus convicciones, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 27.3 de la Constitución española.
3. Reforzar el cumplimiento de los planes de igualdad, protocolos LGTBI y formación en igualdad en los centros educativos para la prevención de la violencia de género y superar el sexismo.
4. Rechazar cualquier tipo de instrumentalización política de la escuela, e instar al conjunto de fuerzas políticas a no poner en riesgo la convivencia en los centros educativos.
5. Garantizar la pluralidad de pensamiento, la enseñanza de principios de convivencia, respeto y tolerancia que una sociedad democrática debe compartir a todos los alumnos y alumnas en la educación obligatoria tal y como recomienda el
Consejo de Europa.
6. Promover una campaña de apoyo a la profesionalidad, independencia y libertad de cátedra del docente para que fomente una educación basada en la libertad de pensamiento y el desarrollo de la capacidad crítica del alumnado.
7. Reforzar la autonomía de los órganos directivos de los centros educativos como piezas claves para la mejora de nuestro sistema educativo y como medio para garantizar el cumplimiento del artículo 27 sobre el Derecho a la educación y su
desarrollo, recogido en la Constitución.
8. Tomar medidas para prevenir y combatir cualquier situación de acoso escolar o discriminación provocada por ideología política, situación familiar, origen social o por cualquier otra condición.
9. Impulsar, previo acuerdo con las Comunidades Autónomas en la Conferencia Sectorial de Educación, que los centros educativos, independientemente de su titularidad, faciliten el conocimiento y acceso entre la comunidad educativa al
Proyecto educativo del Centro y a la Programación General Anual de Centro de cada curso educativo.'
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
162/000552
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las enmiendas formuladas a la Proposición no de Ley del Grupo
Parlamentario Mixto, sobre la creación de un mecanismo de garantía, para el medio y las sociedades rurales, en el diseño y aplicación de leyes y desarrollo normativo, así como en el conjunto de las políticas del Gobierno y de las Comunidades
Autónomas, publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 229, de 26 de febrero de 2021.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes Enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Mixto (Teruel Existe)
sobre la creación de un mecanismo de garantía, para el medio y las sociedades rurales, en el diseño y aplicación de leyes y desarrollo normativo, así como en el conjunto de las políticas del Gobierno y de las Comunidades Autónomas.
Enmienda
De modificación a la parte dispositiva.
Texto que se propone:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
La creación de un mecanismo de garantía para el medio y las sociedades rurales, en el diseño y aplicación de leyes y desarrollo normativo, así como en el conjunto de las políticas del Gobierno y de las Comunidades Autónomas:
- Que integre los principios, las recomendaciones y las herramientas relativas al 'proofing rural' que está desarrollando la Unión Europea, así como los casos de éxito puestos en marcha en otros Estados miembros.
- Se incorpore a toda iniciativa legislativa o reglamentaria, de ámbito estatal o autonómico, evaluando los efectos territoriales de las mismas sobre el medio rural y las sociedades rurales.
- Posibilite la adopción de medidas de discriminación positiva, en el marco del principio de solidaridad territorial del artículo 138 de la Constitución, para alcanzar la sostenibilidad del medio y las sociedades rurales.'
Justificación:
Mejora técnica.
'Acción política' incluye la acción llevada a cabo por partidos o asociaciones privadas sin vinculación con la administración ni sus medios. Si bien sería deseable que también tengan en cuenta su impacto en el mundo rural, la inclusión en
un mecanismo como el propuesto se antoja impracticable.
El 'principio de sostenibilidad territorial' no es un término comúnmente aceptado por la doctrina constitucional. Se propone referirse mejor al de solidaridad, que sí está expresamente recogido por el artículo 138 de la Constitución, e
incluir la sostenibilidad rural como fin último de la ejecución de aquel.
Finalmente, se propone incorporar también aquellos elementos que ya hayan demostrado su efectividad en países de nuestro entorno.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 2021.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 194.2 y 110.4 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Enmienda en relación con la Proposición no de Ley sobre la creación de un
mecanismo de garantía, para el medio y las sociedades rurales, en el diseño y aplicación de leyes y desarrollo normativo, así como en el conjunto de las políticas del Gobierno y de las Comunidades Autónomas, presentado por el Grupo Parlamentario
Mixto, incluido en el Punto núm. II.3 del orden del día correspondiente a la Sesión núm. 83 del Pleno del Congreso de los Diputados que se celebra este martes, 16 de marzo de 2021.
Enmienda
De modificación.
Se modifica el punto tres de la parte dispositiva, que quedaría redactado de la siguiente manera:
'Adoptar el plano del defensor del pueblo que figura en la memoria demográfica del año 2018 como indicador de las zonas de despoblación en España, y continuar la negociación con la Unión Europea de la definición de zona de especial
despoblación, con el objetivo de que se establezcan las agrupaciones de municipios como nueva unidad, de tal manera que se posibilite la adopción de medidas de discriminación positiva para alcanzar el principio de sostenibilidad territorial, como
promulga el artículo 138 de la Constitución.'
Justificación.
Mejora técnica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 2021.- Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Guitarte),
sobre la creación de un mecanismo de garantía, para el medio y las sociedades rurales, en el diseño y aplicación de leyes y desarrollo normativo, así como en el conjunto de las políticas del Gobierno y de las Comunidades.
Enmienda
De adición.
Se propone añadir tres nuevos puntos, quedando redactado de la siguiente forma:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. La creación de un mecanismo de garantía para el medio y las sociedades rurales, en el diseño y aplicación de leyes y desarrollo normativo, así como en el conjunto de las políticas del Gobierno y de las Comunidades Autónomas:
- Que integre los principios, las recomendaciones y las herramientas relativas al 'proofing rural' que está desarrollando la Unión Europea.
- Se incorpore a toda medida legislativa, presupuestaria y de acción política, de ámbito estatal o autonómico, evaluando los efectos territoriales de las mismas sobre el medio rural y las sociedades rurales.
- Posibilite la adopción de medidas de discriminación positiva para alcanzar el principio de sostenibilidad territorial, como promulga el artículo 138 de la Constitución.
2. Presentar una Evaluación de Impacto Estratégico del Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, sobre el medio rural y la España menos poblada, que tenga en cuenta su contribución al desarrollo sostenible, a la lucha
contra el cambio climático, y ofrezca garantías y alternativas desde el punto de vista socioeconómico y de creación de empleo.
3. Crear un Fondo de Reto Demográfico para impulsar las actuaciones urgentes en el ámbito rural, dotado con recursos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
4. Respetar las actividades tradicionales del mundo rural, y de las que depende en buena medida tanto su supervivencia como la protección del patrimonio natural y la biodiversidad, y renunciar a adoptar medidas contra las poblaciones de
esos territorios, y contra el criterio de las Comunidades Autónomas que más sufren los problemas de despoblación'.
Justificación.
Mejora técnica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 2021.- Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes, al amparo de lo establecido en el artículo 184 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario
Mixto, sobre la creación de un mecanismo de garantía, para el medio y las sociedades rurales, en el diseño y aplicación de leyes y desarrollo normativo, así como en el conjunto de las políticas del Gobierno y de las Comunidades Autónomas.
Enmienda
De modificación.
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Desarrollar los trabajos necesarios para elaborar y aprobar una metodología de análisis del impacto demográfico, en los términos recogidos en las Directrices Generales de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, aprobadas en
2019:
- Que permita evaluar los efectos territoriales de toda medida legislativa, presupuestaria y de acción política, de ámbito estatal, autonómico o local, especialmente sobre el medio y la sociedad rural.
- Que integre los principios, las recomendaciones y las herramientas relativas al 'proofing rural' que está desarrollando la Unión Europea.
2. Promover, mediante la colaboración y cooperación con todos los niveles de gobierno, la definición de un mecanismo rural de garantía en la acción pública del gobierno, las comunidades autónomas y las entidades locales.
3. Impulsar, en el ámbito de la Unión Europea, la incorporación del rural proofing en la política comunitaria, especialmente para abordar el reto demográfico y la lucha contra la despoblación de las áreas rurales y en declive demográfico.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 2021.- Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas-Podemos-En Comú Podem-Galicia en
Común.
162/000552
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la creación de un mecanismo de garantía, para el medio y las sociedades
rurales, en el diseño y aplicación de leyes y desarrollo normativo, así como en el conjunto de las políticas del Gobierno y de las Comunidades Autónomas, publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 229, de 26 de febrero de
2021, en los siguientes términos:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
La creación de un mecanismo de garantía rural, que debe lograr la adaptación de las políticas públicas al medio y a las sociedades rurales, atendiendo al impacto de la acción política y al diseño y aplicación de leyes y desarrollos
normativos.
- Que permita evaluar los efectos territoriales de toda medida legislativa, presupuestaria y de acción política, de ámbito estatal, autonómico o local, sobre el medio y la sociedad rural.
- Que integre los principios, las recomendaciones y las herramientas relativas al 'proofing rural' que está desarrollando la Unión Europea.
- Que promueva, mediante la colaboración y cooperación con todos los niveles de gobierno, la definición legal de un mecanismo rural de garantía, en las políticas públicas, en la acción del gobierno, las comunidades autónomas y las entidades
locales.
- Que incorpore la participación de las comunidades locales, en el diseño y aplicación del mecanismo de garantía rural.'
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
INTERPELACIONES
Urgentes
172/000085
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre qué medidas piensa adoptar el Gobierno en orden a esclarecer la verdad sobre la muerte de
Mikel Zabalza Gárate, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Interpelación urgente sobre qué medidas piensa adoptar el Gobierno en orden
a esclarecer la verdad sobre la muerte de Mikel Zabalza Gárate.
El 26 de noviembre de 1985, en el marco de una operación antiterrorista de la Guardia Civil, fueron detenidos Mikel Zabalza, conductor de autobuses en Donostia, su pareja, Idoia Aierbe, su primo Manuel Vizcay, y sus hermanos, Patxi y Aitor.
En Errenteria se detuvo también a Ion Arretxe. Cuatro de ellos, entre los que se encontraba Mikel Zabalza, fueron trasladados al cuartel de Intxaurrondo. Todos, salvo Zabalza, fueron puestos en libertad sin cargos y sin fianza días después. El 15
de diciembre fue hallado en el río Bidasoa el cadáver de Mikel Zabalza.
La versión de la Guardia Civil, asumida por el Gobierno entonces, fue que no tuvo ninguna relación con la muerte de Zabalza y que este huyó. Las manifestaciones del resto de detenidos sobre lo que vieron y escucharon en el cuartel de
Intxaurrondo, las denuncias de las torturas sufridas los días en que los detenidos estuvieron incomunicados, la contradicción en las versiones dadas por el entonces Gobernador Civil de Gipuzkoa e incluso la transcripción de una conversación entre el
entonces coronel del CESID Juan Alberto Perote y el capitán de la Guardia Civil Pedro Gómez Nieto admitiendo que Mikel Zabalza murió mientras era torturado en el cuartel de Intxaurrondo desmentían y desmienten aquella versión oficial. El Estado,
sin embargo, ha evitado cualquier reconocimiento en este sentido.
35 años después, han salido a la luz los audios de la conversación entre Perote y Gómez Nieto, cuya existencia negó el propio Nieto. En esta misma línea, el que fuera Ministro de Defensa en 1996 indicó que 'no existe en el centro documento
alguno que contenga información que pueda contribuir al esclarecimiento de las circunstancias en que se produjo la muerte de Mikel Zabalza'.
Por todo lo anterior, se presenta la siguiente Interpelación urgente sobre qué medidas piensa adoptar el Gobierno en orden a esclarecer la verdad sobre la muerte de Mikel Zabalza Gárate.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo de 2021.-Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
172/000087
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que el Gobierno aclare su posición respecto a la ausencia de Presidencia de la
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) durante 17 meses, la escasa adjudicación, después de 9 meses del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, y el incumplimiento de información de la única operación aprobada en la
que ha transcurrido el plazo legal, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 180 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Interpelación urgente al Gobierno, para que aclare su
posición respecto a la ausencia de Presidencia de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) durante 17 meses, la escasa adjudicación, después de 9 meses del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, y el incumplimiento
de información de la única operación aprobada en la que ha transcurrido el plazo legal.
Exposición de motivos
El 5 de octubre de 2019 se publicaba en el BOE el cese del presidente de la SEPI, don Vicente Fernández Guerrero tras ser imputado en el caso Aznalcóllar. Han pasado 17 meses desde entonces, y la SEPI aún sigue sin presidente. Algo
totalmente inaudito. Y más teniendo en cuenta la situación de las empresas del grupo, en
un momento crítico como el ocasionado por la pandemia y la crisis económica derivada de ella. Además, siendo la SEPI la encargada de gestionar el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.
Este fondo fue aprobado por el Consejo de Ministros a principios de julio, a través del Real Decreto-ley de Medidas Urgentes para Apoyar la Reactivación Económica y el Empleo. Se trata de un nuevo instrumento que estará dotado inicialmente
con 10.000 millones de euros y cuyo objetivo es aportar apoyo público temporal para reforzar la solvencia empresarial de empresas no financieras afectadas por la pandemia del COVID-19 que sean consideradas estratégicas para el tejido productivo
nacional o regional.
Esta medida va destinada a sociedades que atraviesen severas dificultades de carácter temporal como consecuencia del COVID-19 y que sean consideradas estratégicas por diversos motivos, como pueden ser su sensible impacto social y económico,
su relevancia para la seguridad, la salud de las personas, las infraestructuras, las comunicaciones o su contribución al buen funcionamiento de los mercados. Hace 9 meses que fue aprobado y hasta hace unos días solo había una operación aprobada.
Instrumento urgente y crítico de forma teórica. En la práctica, ni hay urgencia, ni se valora las consecuencias tan negativas para la economía española del retraso en la aprobación de operaciones.
Los datos de paro, de destrucción de empresas, de los autónomos en cese de actividad son tan terribles, que las escasas medidas que ha puesto en marcha este gobierno deben ser aplicadas de forma inmediata, al menos rapidez. Pero ocurre lo
mismo que con el Ingreso Mínimo Vital y con la gestión y el pago de los ERTE's: lentitud, retrasos y la consecuencia, la desazón y la pérdida de esperanza de cientos de miles de españoles.
Por otra parte la Orden PCM/679/2020, de 23 de julio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de julio de 2020, por el que se establece el funcionamiento del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas
establece en su punto 7.1 del Anexo II que en un plazo máximo de tres meses desde la realización de la operación de recapitalización de la empresa, el Estado hará pública información relevante, como la identidad de la empresa, los importes nominales
de ayuda concedida y sus términos.
El 3 de noviembre de 2020 fue aprobada en el Consejo de Ministros, la primera y única, hasta hace 2 días, de las operaciones. Han pasado más de 4 meses y aún no hemos tenido acceso a la información relevante de la operación que la orden
anterior obligaba.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente Interpelación urgente para que el Gobierno aclare su posición respecto a la ausencia de Presidencia de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) durante 17
meses, la escasa adjudicación, después de 9 meses del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, y el incumplimiento de información de la única operación aprobada en la que ha transcurrido el plazo legal.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo de 2021.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
172/000088
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre qué medidas va a adoptar el Gobierno para garantizar la adecuada inversión del Fondo de Apoyo a la
Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por SEPI, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario VOX en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 180 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente Interpelación urgente al Gobierno sobre qué medidas va a adoptar el Gobierno para
garantizar la adecuada inversión del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas gestionado por SEPI.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo de 2021.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES
Urgentes
173/000057
El Pleno de la Cámara, en su sesión del día de hoy, rechazó la Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la política del Gobierno en materia de acercamiento de presos etarras a
cárceles próximas al País Vasco, así como sobre el traspaso a dicha Comunidad Autónoma de las competencias en materia penitenciaria, cuyo texto se inserta a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Asimismo se insertan las enmiendas formuladas a la misma.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 184 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Moción consecuencia de interpelación urgente sobre la política del Gobierno en materia
de acercamiento de presos etarras a cárceles del País Vasco o próximas a dicha comunidad autónoma.
Exposición de motivos
Recientemente, en la tribuna del Parlamento Vasco, el PNV insinuó la existencia de un pacto entre EHBildu y el Gobierno de España para aprobar el acercamiento de cinco presos de la banda terrorista ETA a cárceles del País Vasco, o próximas,
cada semana. El acercamiento de presos etarras es un movimiento que se aceleró ostensiblemente con la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno de la Nación en junio de 2018, pero que se ha multiplicado exponencialmente desde el pasado verano,
coincidiendo con la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 y con la necesidad del Ejecutivo nacional de contar con apoyos parlamentarios para sacar adelante muchas de sus principales medidas, como el decreto para la
gestión de los fondos europeos, recientemente.
Así, por ejemplo, el mismo día del pasado octubre en que el Gobierno presentaba su proyecto de cuentas públicas para 2021, se aprobaba el trasladado a cárceles del País Vasco, o cercanas, de ocho presos de la banda terrorista ETA condenados,
entre todos, a cientos de años de cárcel por la muerte de guardias civiles, policías, miembros del Ejército o políticos. Con este movimiento se alcanzó el indigno récord de acercamiento de presos etarras en un mes, veinte de ellos solo en octubre,
lo que supuso más que en los años 2018 y 2019 conjuntamente.
Este masivo acercamiento de presos etarras, que se acerca a los 160 con Pedro Sánchez en el Gobierno, incluidos algunos de los terroristas más sanguinarios de la banda, coincide también con el previsible traspaso al País Vasco de las
competencias en materia de prisiones, lo que presumiblemente ocurrirá esta primavera. Nada sabemos en realidad sobre este traspaso de competencias, en un nuevo reflejo de la total ausencia de transparencia con la que se maneja este Gobierno.
El Gobierno debería dar respuesta concreta e información detallada sobre si existe un pacto entre el Gobierno de España y EHBildu para proceder al acercamiento de un número determinado de presos etarras a cárceles del País Vasco con
frecuencia semanal; sobre si existe correlación entre la aproximación de algunos de estos presos terroristas y la búsqueda de apoyos parlamentarios al Gobierno para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2021 o el Decreto sobre
la gestión de los fondos europeos; sobre cuántos presos etarras han sido acercados a prisiones del País Vasco o cercanas, en particular, desde el pasado verano de 2020; sobre con qué criterios se está llevando a cabo el acercamiento de presos
etarras teniendo en cuenta que han sido aproximados muchos de los asesinos más sanguinarios de la banda terrorista; sobre cuántos presos de ETA se están agrupando masivamente, en concreto, en las cárceles de Logroño y Santoña; sobre en qué fechas
concretas se producirá la definitiva cesión de las competencias en materia penitenciaria al Gobierno Vasco y cuál será su alcance; y, en suma, sobre todas las cuestiones que, por suponer la indigna demostración de una mayor empatía
con la situación de los asesinos que con la de sus víctimas, preocupan y escandalizan a la gran mayoría de los ciudadanos.
Teniendo presente todo lo anterior, se formula la siguiente
Moción
'El Congreso de los Diputados:
1. Reprueba la política de acercamiento de presos etarras puesta en marcha por el Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y, en especial, aquella que afecta a los terroristas más sanguinarios de la banda terrorista.
2. Insta al Gobierno a aclarar si esta política de acercamiento y el trato a los presos terroristas lo es a cambio de apoyos parlamentarios de EHBildu, partido político heredero del terrorismo y que aún no ha condenado su violencia.
3. Insta al Gobierno a comprometerse a no acercar a ningún preso de la banda terrorista ETA que no acredite de manera explícita e indubitada y más allá de cartas tipo y formularios estandarizados, su arrepentimiento por los crímenes
cometidos.
4. Insta al Gobierno, igualmente, a comprometerse a no acercar a ningún preso de la banda terrorista ETA que no muestre su total disposición a colaborar con la justicia en el esclarecimiento de los crímenes aún pendientes de resolver
asociados con el terrorismo etarra, suministrando información veraz y eficaz desconocida por el Estado en todo aquello de lo que pudieran tener conocimiento.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo de 2021.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, a instancia de su Diputado Jon Iñarritu Garcia, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Enmienda al articulado a la Moción, consecuencia de interpelación
urgente, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la política del Gobierno en materia de acercamiento de presos etarras a cárceles próximas al País Vasco, así como sobre el traspaso a dicha Comunidad Autónoma de las competencias en
materia penitenciaria.
Enmienda
De supresión.
Se suprimen los puntos 1, 2, 3 y 4.
Enmienda
De adición.
Se añade el siguiente punto:
'Acabar con la política penitenciaria de excepción aplicada a los y las presas vascas, aplicando la legalidad penitenciaria ordinaria basada en el respeto a todos los derechos que les asisten.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 2021.-Jon Iñarritu García, Diputado.-Mertxe Aizpurua Arzallus, Portavoz del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en los artículos 184.2 y 110.4 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Enmienda de modificación en relación
a la Moción consecuencia de la interpelación urgente sobre la política del Gobierno en materia de acercamientos de presos etarras a cárceles del País Vasco, así como sobre el traspaso a dicha Comunidad Autónoma de las competencias en materia
penitenciaria, incluida en el punto III.5 del Orden del Día del Pleno que se celebrará el martes 16 de marzo de 2021.
Enmienda
De modificación.
Texto que se propone:
Se modifica la parte dispositiva de la Moción, que pasaría a estar redactada de la siguiente manera:
'El Congreso de los Diputados:
1. Acuerda la reprobación del Sr. ministro del Interior, por su incapacidad e incompetencia para gestionar y dirigir las funciones y responsabilidades que le son propias por razón de su cargo, por su política de acercamientos y
progresiones en grado y demás beneficios penitenciarios otorgados a los presos de la organización terrorista ETA, por su permisividad con la celebración de actos de homenaje a los mismos, traicionando a las víctimas del terrorismo.
2. Insta al Sr. Presidente del Gobierno a que destituya al Sr. Ministro del Interior, don Fernando Grande-Marlaska.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
3. Mantener la política de dispersión de los presos de la organización terrorista ETA y la no concesión de privilegios penitenciarios como moneda de cambio política en los pactos políticos con Partido Nacionalista Vasco y EH Bildu.
4. Promover todas las modificaciones legislativas pertinentes para que las víctimas del terrorismo, Asociaciones de víctimas y el Ministerio Fiscal tengan una participación plena en la ejecución penitenciaria de las condenas impuestas a los
condenados por delitos de terrorismo, de manera que, haciendo efectivo el derecho de información, notificación y acceso al recurso, los mismos participen en cualquiera de las progresiones de grado respecto de los condenados por delitos de
terrorismo.
5. Promover las modificaciones legislativas pertinentes para que los traslados penitenciarios de los condenados por delitos de terrorismo se lleven a cabo en atención a criterios legalmente establecidos y no se trate de una potestad
discrecional de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias basada en criterios políticos y no técnicos.
6. Promover las modificaciones legislativas pertinentes para que los acuerdos adoptados por las Juntas de Tratamiento de la prisión, en relación a los traslados penitenciarios y las progresiones en grado de los condenados por delitos de
terrorismo tengan carácter vinculante y preceptivo para la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, como garantía de que las resoluciones adoptadas se basen en criterios técnicos y no políticos.
7. Promover las modificaciones legislativas pertinentes para que no proceda la concesión del indulto, total o parcial, a quienes hubieren sido condenados por alguno de los delitos de terrorismo ubicados en la Sección II, Capítulo VII,
Título XXII, del Libro II del Código Penal.'
Justificación.
La política de dispersión de los presos de la organización terrorista ETA se ha configurado como el instrumento más eficaz para conseguir la reeducación y la reinserción de los mismos, en tanto que ha permitido romper la vinculación de esta
con aquellos, facilitando un procedimiento de reflexión y autocrítica individual que permitan al individuo la necesidad de la lucha violenta para la defensa de una determinada ideología.
La misma cuenta con numerosos pronunciamientos judiciales tanto a nivel nacional como internacional, que avalan la legalidad de dicho instrumento para combatir el terrorismo. Tal y como establece la jurisprudencia contencioso-administrativa
en la materia, 'no existe entre los derechos reconocidos a los internos por la legislación penitenciaria, ni desde luego, en la Constitución, el derecho a ser destinado o mantenido en un Centro Penitenciario, ni siquiera a uno próximo al lugar de
residencia habitual (art. 3
LOGP), ni tampoco mandato alguno en tal sentido para la Administración' (STSJ de Madrid. Sala de lo Contencioso Administrativo de 23 de julio de 2013).
Del mismo modo se ha pronunciado la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la cual avala el mantenimiento de la política de dispersión de los presos de ETA, al considerar que la misma goza de una sólida base legal y no quiebra derecho
fundamental alguno.
Y en este mismo sentido se ha pronunciado recientemente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en su Sentencia de 28 de mayo de 2019, inadmitiendo, por unanimidad, una demanda contra España, por parte de un preso de ETA, por cumplir
condena en una cárcel lejana a su familia y amigos al considerar que el objetivo de las autoridades españolas era garantizar la adecuada disciplina en prisiones y aplicar su política con respeto a los presos de ETA, aceptando que la injerencia era
proporcional y perseguía objetivos legítimos como la prevención del desorden y la delincuencia y la protección de los derechos y libertades de otros.
El hecho de que un alto porcentaje de presos de la organización terrorista ETA se hayan acogido a la legalidad penitenciaria, no es fruto de su voluntad de reinsertarse, sino una estrategia colectiva diseñada en 2017, por dicho colectivo de
presos, siguiendo las directrices de la banda terrorista, para acabar con la dispersión de los presos de ETA, reagrupando a los mismos, su acercamiento a las cárceles del País Vasco y Navarra y vaciar las cárceles mediante su excarcelación.
De ahí que no se deba permitir la concesión beneficios penitenciarios tales como el acercamiento a cárceles del País Vasco o Navarra, o próximas a dichas Comunidades, o progresiones en grado, como moneda de cambio en pactos con los partidos
políticos nacionalistas.
Por ello, la política penitenciaria en general y la de la dispersión de los presos de ETA en particular, debe seguir manteniéndose como un instrumento eficaz en la lucha contra el terrorismo, absolutamente legítimo y legal y respaldado
judicialmente, no solo a nivel nacional sino también por instancias internacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no solo para garantizar el respeto debido a la dignidad de las víctimas, que se vería vulnerado si sus victimarios
residieran en instituciones próximas, sino también para neutralizar el riesgo latente de desestabilización del sistema penitenciario y de la seguridad colectiva en general.
A ello hay que añadir la necesidad de llevar a cabo las modificaciones legislativas pertinentes para que los traslados y las progresiones en grado de los condenados por delitos de terrorismo se amparen en requisitos legalmente establecidos y
no dependan de la potestad discrecional de la que, a día de hoy, goza la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, permitiendo que puedan basar el otorgamiento de progresiones en grado y acercamientos de presos de ETA a cárceles próximas
al País Vasco y Navarra, en criterios políticos y no técnicos.
Prueba de ello es como la Secretaría General de Instituciones penitenciarias que, desde agosto de 2020 depende directamente del Ministro del Interior, está llevando a cabo progresiones de grado y traslados de presos de la organización
terrorista ETA en contra de los acuerdos unánimes o por mayoría de la Junta de Tratamiento de la prisión que rechazan dichos traslados y/o progresiones de grado, esto es, en contra de la evaluación llevada a cabo por el director de la prisión, el
subdirector del tratamiento, del responsable médico, el psicólogo, el psiquiatra, el asesor jurídico, el educador y el coordinador de servicios. Y ello no puede obedecer más que a criterios políticos cuando se desechan los técnicos.
Es necesario que se lleve a cabo una reforma legislativa que permita la plena participación en la ejecución penal de la víctima del terrorismo y del Ministerio Fiscal, pues hasta ahora la primera, en virtud de la Ley 4/ 2015, de 27 de abril
que regula el Estatuto de la Víctima, tan sólo le reconoce el derecho al recurso contra determinadas resoluciones del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria previstas en el artículo 13, sin posibilidad de participar en la progresión de primer a
segundo grado y de recurrir las decisiones de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, posibilidad de la que adolece también el Ministerio Fiscal, el cual solo conoce por vía de recurso y, evidentemente si al preso le es concedido el
segundo grado no interpone recurso alguno y por lo tanto se veda la posibilidad de intervención del Ministerio Fiscal y de la víctima. Circunstancia de la que se está valiendo el actual Gobierno para llevar a cabo los acercamientos y las
progresiones en grado de los presos de la organización terrorista ETA, pues legalmente no tiene enfrente a nadie con legitimación activa que pueda recurrir las decisiones adoptadas en materia de acercamientos y progresiones de primer a segundo grado
de los presos de la organización terrorista ETA, incluso contando con el voto en contra por unanimidad de los técnicos que forman parte de la Junta de Tratamiento, urgiendo por ello la reforma legislativa puesta de manifiesto basada única y
exclusivamente en criterios legalmente establecidos y técnicos y sometidos a control judicial y no en la potestad discrecional de un órgano dependiente del Ministerio del Interior.
Finalmente es necesario regular la exclusión de la concesión del indulto, total o parcial, a quienes hubieren sido condenados por alguno de los delitos de terrorismo ubicados en la Sección II, Capítulo VII, Título XXII, del Libro II del
Código Penal, en atención a que, en atención a la gravedad de los delitos por los que son condenados en atención a los cuales se ha intentado alterar gravemente la paz pública el orden constitucional, ningún beneficio ni gracia proveniente del Poder
Ejecutivo puede ser otorgado a los condenados por estos delitos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 2021.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
173/000058
El Pleno de la Cámara, en su sesión del día de hoy, rechazó la Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la aprobación en el Consejo de Ministros del 2 de marzo de 2021
de las Directrices Generales de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 y sus consecuencias en la futura Ley de Vivienda, cuyo texto se inserta a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Asimismo se inserta la enmienda formulada a la misma.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 180 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Moción consecuencia de Interpelación urgente sobre la
aprobación en el Consejo de Ministros del 2 de marzo de 2021 de las Directrices Generales de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 y sus consecuencias en la futura Ley de Vivienda.
Exposición de motivos
En los últimos meses el Gobierno ha reiterado a través de distintos documentos tales como el Acuerdo de Gobierno del año 2019 o el Acuerdo de los Presupuestos Generales del Estado del año 2020, todos ellos ratificados por el Presidente del
Gobierno, su intención de incluir la regulación de los precios del alquiler en una futura Ley de Vivienda.
Desde la semana pasada, y con la aprobación por el Consejo de Ministros de las Directrices Generales de la Estrategia de Desarrollo Sostenible, parece que dicho compromiso adquiere carácter definitivo, a pesar del fracaso de experiencias
similares como la de la ciudad de Berlín donde, un año después de su implantación, esta restricción ha desbocado los precios, liquidado las inversiones y fulminado la oferta con una caída del 60 %.
Los continuos anuncios por parte del Gobierno de una posible intervención del mercado de la vivienda podrían generar a corto plazo un caos e inseguridad jurídica injustificados, como viene a demostrar incluso la propia percepción de la
ciudadanía: así en el CIS del mes de febrero a la pregunta de '¿Cuál es a su juicio el principal problema que existe en España?', los españoles han situado la vivienda en el puesto 27, por detrás de la crisis económica, el COVID, el paro, la
educación, la independencia de Cataluña, el funcionamiento de la democracia o incluso la crisis de valores; además el 27,7 % de los encuestados considera que el precio de la vivienda bajará. Por tanto, si bien es clara la relevancia vital de la
vivienda para el conjunto de la sociedad, los pasos a dar deben regirse por la transparencia, el rigor y el respeto al estado de derecho para poder consolidar de esta forma avances reales.
Desde el Grupo Popular se considera que la 'batalla cultural' que quiere plantear el Gobierno en torno a la cuestión de la vivienda con argumentos como 'aprovechar la situación de pandemia para demostrar que sin vivienda estás abocado a la
muerte', distorsionan las Directrices Generales de la
Estrategia de Desarrollo Sostenible, son incompatibles con el Reto País que abordan para 'Acabar con la pobreza y la desigualdad'y socavan la validez de cualquier futura Ley de Vivienda.
El resto de propuestas presentadas a lo largo de los últimos meses como apoyar y no penalizar ni perseguir la okupación y bloquear la batalla preventiva contra la misma, perseguir a los grandes tenedores de viviendas aunque se trate en
muchos casos de pequeños ahorradores agrupados, valorar la expropiación de viviendas deshabitadas desde el ámbito estatal o eliminar todo tipo de incentivo fiscal, no responden tampoco a las necesidades reales de los ciudadanos en este ámbito ni al
interés general. El apoyo del Gobierno por acción u omisión a distintas normas autonómicas que defienden y fomentan la okupación y las consecuentes sentencias que se vienen conociendo del Tribunal Constitucional, tras las obligadas acciones de
responsabilidad ejercidas por este Grupo, así lo vienen demostrando.
Sin embargo, otras normas impulsadas directamente por el Gobierno en el mismo sentido, amparadas por ejemplo bajo la figura del consumidor vulnerable, o el reciente anuncio de la presidenta socialista balear de la expropiación de 56
viviendas, no vienen sino a confirmar que este Ejecutivo, lejos de rectificar, redobla sus acciones contra el derecho a la propiedad privada y la libertad de empresa en el marco de una economía de mercado.
Estos reiterados ataques al derecho a la propiedad, la seguridad jurídica, al mercado del alquiler y a la confianza de los inversores son la antítesis de la verdadera política pública de vivienda que necesita España, una política de vivienda
que debe dinamizar el mercado y no paralizar la economía española, porque a más libertad, hay más igualdad de oportunidades, y esa es la clave de bóveda que hay que trasladar directamente de la Constitución a la acción de gobierno.
En base a lo expuesto, desde el Grupo Popular, entendemos que hay que aplicar medidas principalmente orientadas al incremento de la oferta de vivienda y en base a los siguientes objetivos prioritarios:
- Disponer de toda la oferta de vivienda potencial.
- Incrementar el parque de vivienda social y asequible.
- Huir de medidas populistas y cortoplacistas como el control de rentas de alquiler.
- Y buscar soluciones coordinadas entre diferentes estamentos de la administración garantizando su resolución de forma efectiva.
Moción.
'Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular insta al Gobierno a:
1. Impulsar las Modificaciones Legales oportunas para incrementar la oferta de vivienda en alquiler a través de las medidas siguientes en materia de Fiscalidad:
- Incorporar al mercado residencial de manera inmediata todos aquellos inmuebles que quedan vacíos y vacantes del alquiler vacacional, con medidas que incentiven su utilización: seguros de alquiler e incentivos fiscales.
- Incrementar la deducción fiscal a los arrendadores por los ingresos derivados de la renta de alquileres de las viviendas que sirvan de residencia habitual, especialmente con arrendatarios jóvenes o mayores de 65 años con bajos ingresos.
- Incrementar la deducción fiscal por inversiones en obras y reparaciones destinadas a mejorar la eficiencia energética y las condiciones de accesibilidad a las edificaciones, realizadas por propietarios de bienes inmuebles destinados a
vivienda en régimen de arrendamiento urbano.
- Fraccionamiento del pago del IVA para la compra de primera vivienda, con el fin de incentivar la compra y reducir la alta presión fiscal sobre la vivienda en España, que cuenta con las tasas más altas de la OCDE.
Estas medidas se incorporarían además en la concreción de las políticas prioritarias para el país que queremos ser en 2030 plasmándose en el borrador de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 que será objeto de contraste a finales del
mes de abril de 2021.
2. Impulsar las Modificaciones Legales oportunas para incrementar la oferta de vivienda en alquiler a través de las medidas siguientes un Nuevo Marco Urbanístico:
- Reorientando componentes de la regulación urbanística que dificultan la disponibilidad de viviendas en áreas tensionadas, que tengan como efecto el otorgamiento de licencias de obras de manera inmediata,
de forma que las obras que estén en construcción produzcan viviendas de rápida incorporación al mercado y creación de empleo.
- Permitiendo cambios de uso sin modificaciones engorrosas de planes generales municipales.
- Poniendo en marcha la Ley de Seguridad Jurídica del Planeamiento Urbanístico, a efectos de impedir la nulidad total del Planeamiento y sus instrumentos de desarrollo.
Estas medidas se incorporarían además en la concreción de las políticas prioritarias para el país que queremos ser en 2030 plasmándose en el borrador de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 que será objeto de contraste a finales del
mes de abril de 2021.
3. Impulsar las Modificaciones Legales oportunas para incrementar la oferta de vivienda en alquiler a través de las medidas siguientes mediante la Agilización Administrativa:
- Con la modernización de los procesos urbanísticos previos a la concesión de licencias de obras municipales para reducir sus plazos, permitiendo la obtención simultánea de todos los permisos en un solo acto administrativo.
- Desbloqueando todo el suelo que pueda estar destinado a Vivienda social, patrimonio de las Administraciones Públicas.
- Impulsando Convenios para la incorporación al parque de vivienda en alquiler de la vivienda construida en colaboración público-privada, cuyo objeto sea la adjudicación mediante concurso público para vivienda social.
Estas medidas se incorporarían además en la concreción de las políticas prioritarias para el país que queremos ser en 2030 plasmándose en el borrador de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 que será objeto de contraste a finales del
mes de abril de 2021.
4. Que se de cumplimiento inmediato a la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la
vivienda y en materia de transportes, con objeto de garantizar la efectividad de la aplicación del derecho de propietarios y arrendadores a solicitar una compensación, procediendo para ello a la aprobación de un Real Decreto para definir las medidas
necesarias para que las comunidades autónomas puedan utilizar los recursos del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 para hacer frente a las compensaciones que puedan proceder en su ámbito territorial.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo de 2021.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 184.2 y 110.4 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguientes enmiendas a la Moción consecuencia de Interpelación urgente sobre la aprobación
en el Consejo de Ministros del 2 de marzo de 2021 de las Directrices Generales de la Estrategia de Desarrollo Sostenible y sus consecuencias en la futura Ley de Vivienda, cuyo debate está incluido el Pleno del Congreso de los Diputados, sesión n.°
83, punto 111.6 que se celebrará el 16 de marzo de 2021.
Enmienda
De modificación.
Se propone la modificación del punto 1 de la parte dispositiva, que quedaría redactado de la siguiente manera:
'1. Impulsar las Modificaciones oportunas para incrementar la oferta de vivienda en alquiler a través de las medidas siguientes en materia de Fiscalidad:
- Incentivar la incorporación al mercado residencial de todos aquellos inmuebles vacíos, con medidas que incentiven su utilización: seguros de alquiler e incentivos fiscales.
- Incrementar la deducción fiscal a los arrendadores por los ingresos derivados de la renta de alquileres de las viviendas que sirvan de residencia habitual, especialmente a jóvenes, familias o mayores de 65 años.
- Incrementar la deducción fiscal por inversiones en obras y reparaciones destinadas a mejorar la eficiencia energética y las condiciones de accesibilidad a las edificaciones, realizadas por propietarios de bienes inmuebles destinados a
arrendamientos de vivienda habitual.
- Promover la reducción del IVA y del ITP al 4 % para la compra de primera vivienda, así como su abono fraccionado, con el fin de incentivar la compra y reducir la alta presión fiscal sobre la vivienda en España, que cuenta con las tasas más
altas de la OCDE.
- Promover las medidas necesarias para garantizar la autonomía de la voluntad de las partes en la determinación de las rentas de los contratos de arrendamientos urbanos en los términos establecidos en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre de
Arrendamientos Urbanos.
- Abstenerse de llevar a cabo cualquier regulación que implique un control de los precios de los contratos de arrendamiento, dejando la determinación de las rentas al libre pacto entre las partes en los términos establecidos en la Ley
29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.
- Abstenerse de llevar a cabo cualquier regularización que implique la penalización de tenencia de viviendas vacías.
- Fomentar la colaboración entre la administración pública y las entidades privadas a efectos de aumentar el parque de VPO.'
Justificación.
Mejora técnica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2021.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
173/000059
El Pleno de la Cámara, en su sesión del día de hoy, rechazó la Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre qué medidas va a adoptar el Gobierno para dejar de humillar a las víctimas del
terrorismo de ETA, cuyo texto se inserta a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara. Asimismo se inserta la enmienda formulada a la misma.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
El Grupo Parlamentario VOX (GPVOX) en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184.2 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Moción consecuencia de interpelación urgente sobre qué medidas va a
adoptar el Gobierno para dejar de humillar a las víctimas del terrorismo.
Exposición de motivos
Primero. Si algo ha marcado de manera trágica la historia reciente de España, desde los años setenta del siglo XX, ha sido el terrorismo llevado a cabo por la organización terrorista ETA.
Esta banda terrorista ha tenido como principal objetivo desde su constitución la construcción de un Estado socialista en el País Vasco, independiente del Estado español. Nació como una supuesta alternativa ideológica a los postulados del
PNV, con cuatro pilares básicos: la defensa del euskara, el etnicismo (como fase superadora del racismo), el antiespañolismo y la independencia de los territorios que, según reivindican, pertenecen a 'Euskadi': Álava, Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra
(en España), Lapurdi, Baja Navarra y Zuberoa (en Francia). Se autodefinían como una 'organización clandestina revolucionaria' que defendía la lucha armada como el medio de conseguir la independencia del País
Vasco. Sus integrantes, consecuentemente, utilizaron el asesinato, el secuestro y la extorsión económica para tratar de lograr ese fin.
En sus 50 años de historia, la banda terrorista ETA ha cometido más de 3500 atentados, ha asesinado a 857 personas y causado más de 7000 víctimas. Sin embargo, y a pesar de las atrocidades que cometieron, los asesinos de esta organización
nunca consiguieron alcanzar sus objetivos políticos pues el Estado de Derecho y la encomiable labor y sacrificio de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han acabado con la mayor barbarie sufrida en España en la reciente etapa
democrática.
A pesar de lo expuesto, hoy en día en nuestras instituciones permanecen intactos e impunes vestigios del grupo terrorista ETA, cuyo fin es blanquear el histórico delictivo de los mismos, disfrazándose de demócratas y articulando falazmente
diferentes denominaciones, apoyados, además, por los partidos políticos del ala izquierda del actual espectro político.
Segundo. En los últimos años, desde que Pedro Sánchez Pérez-Castejón entró en la Moncloa, el Gobierno de la Nación ha dado un giro radical en su política de dispersión de la banda terrorista ETA. Es más, han sido varios los actos oficiales
en los que el Presidente del Gobierno ha humillado a las víctimas del terrorismo y a su memoria.
El último agravio a las víctimas y sus familias lo conocimos el pasado 4 de marzo del presente año. Siguiendo su estilo propagandístico, el Gobierno decidió celebrar en Valdemoro (Madrid) un 'indigno show mediático'. El espectáculo
consistió en presenciar cómo una apisonadora destruía 1.400 armas incautadas a la ETA y al GRAPO como símbolo de la derrota del terrorismo. Un acto indigno para la memoria de las víctimas y sus familias, donde ni siquiera sonó el himno nacional ni
se vio una bandera de España.
Pero a este acto le han precedido otros muchos. Es conocida la política de acercamiento de los presos etarras al País Vasco como moneda de cambio para pactar con los herederos de ETA. Esta estrategia ha permitido acercamientos,
progresiones en grado y excarcelaciones de los etarras sin arrepentimiento y, lo que es más importante, sin colaboración con la justicia.
Asimismo, han sido numerosos los actos de enaltecimiento y justificación de los delitos de terrorismo y de quienes los cometen, esencialmente en las Comunidades Autónomas del País Vasco y Navarra.
En definitiva, se están permitiendo actos que humillan y menosprecian el honor y la dignidad de las víctimas del terrorismo, y todo ello con la aquiescencia del Gobierno y de Ministro de Interior, el Sr. Grande-Marlaska.
Tercero. Tal y como establece la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, éstas constituyen una referencia ética para nuestro sistema democrático, al simbolizar la defensa de
la libertad y del Estado de derecho frente a quienes amenazan con destruirlo. Son el exponente de una sociedad que se ha otorgado un régimen de convivencia en paz basado en unos derechos, libertades y obligaciones que sirven de base para una
sociedad democrática que no se doblega ante nada ni nadie que pretenda contrariar este orden de progreso que nos hemos otorgado, construido desde el diálogo, el consenso y el respeto recíproco entre todas y todos.
Por el sacrificio realizado por las víctimas del terrorismo en favor de toda la sociedad, no sólo ésta sino, fundamentalmente, los poderes públicos, siempre estarán en deuda con ellas y por ello, deben mantener el deber, no solo legal sino
ético de procurar una protección integral a las mismas, porque, como establece la exposición de motivos de la citada Ley, la dignidad de la sociedad se mide también por la dignidad con la que ampara y protege a quienes han sido víctimas de las
acciones del terrorismo.
En definitiva, es necesario, en defensa de los derechos e intereses de las víctimas y, en general, de toda la sociedad española, que los poderes públicos, especialmente el Gobierno de la Nación, combatan el intento de blanquear la historia
delictiva del terrorismo. Por respeto debido a la dignidad de las víctimas del terrorismo etarra, se debe garantizar que su memoria no caiga en el olvido. Memoria, dignidad y justicia.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Moción.
'El Congreso de los Diputados acuerda la reprobación del Sr. Ministro del Interior, por su incapacidad e incompetencia para gestionar y dirigir las funciones y responsabilidades que le son propias por razón de su cargo, por su política de
acercamientos y progresiones en grado y demás beneficios penitenciarios otorgados a los presos de la organización terrorista ETA, por su permisividad con la celebración de actos de homenaje a los mismos, traicionando a las víctimas del terrorismo'.
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Mantener la política de dispersión de los presos de la organización terrorista ETA y la no concesión de privilegios penitenciarios como moneda de cambio política en los pactos políticos con Partido Nacionalista Vasco y EH Bildu.
2. Que dé inmediato cumplimiento a los mandatos contenidos en la Ley 29/2011, de 22 de septiembre de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del terrorismo y prohíba todos y cada uno de los actos de enaltecimiento y/o
justificación del terrorismo y sus autores y los actos que entrañen descrédito o menosprecio a las víctimas del terrorismo y sus familiares se producen con especial incidencia en el País Vasco y Navarra, en todas y cada una de sus manifestaciones,
ya sean homenajes a miembros de ETA fallecidos, por el aniversario de su óbito, sustraídos a la acción de la justicia, actos de bienvenida a los presos de la organización terrorista ETA puestos en libertad, etc.
3. Que inste a sus Delegados de Gobierno en las Comunidades Autónomas, especialmente en las del País Vasco y Navarra, en cumplimiento con las disposiciones de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, a la prohibición de todos los actos de
enaltecimiento del terrorismo y/o justificación de los delitos terroristas y sus autores y los actos que entrañen descrédito o menosprecio a las víctimas del terrorismo y sus familiares, en todas sus manifestaciones, ya sean homenajes a miembros de
ETA fallecidos, por el aniversario de su óbito, sustraídos a la acción de la justicia, actos de bienvenida a los presos de la organización terrorista ETA puestos en libertad, etc.
4. Que dé cumplimiento inmediato a las Recomendaciones del Informe de conclusiones de la Comisión Especial de Terrorismo, del Parlamento Europeo, de diciembre de 2018 y prohíba los homenajes a las personas declaradas culpables de llevar a
cabo actividades terroristas mediante sentencia firme y proporcione las salvaguardias necesarias para evitar que se produzca una victimización posterior derivada de humillaciones y ataques a la imagen de las víctimas por parte de sectores sociales
relacionados con el agresor.
5. Que se lleve a cabo una deslegitimación del terrorismo ejercido por parte de la organización terrorista ETA durante más de cinco décadas, mediante la utilización de un lenguaje claro y nítido que no deje la más mínima duda de la
existencia de una organización terrorista llamada ETA que utilizó la violencia terrorista para la consecución de sus fines políticos dejando a su paso 856 víctimas mortales, miles de heridos y miles de amenazados y desplazados forzosos internos.
7. Que promueva la modificación de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, e incluya en el título séptimo, relativo a la Tutela institucional y apoyo a las víctimas del
terrorismo capítulo primero, un régimen sancionador regulador de las infracciones y sanciones, en garantía del cumplimiento de los preceptos de la ley, para quienes, ya sean personas físicas o jurídicas, realicen actos de enaltecimiento del
terrorismo y/ o justificación de los delitos terroristas y sus autores y quienes realicen actos que entrañen menosprecio y humillación a las víctimas del terrorismo y sus familiares, no constitutivos de delito, todo ello, en atención a la defensa de
las víctimas del terrorismo y de la dignidad de los principios y valores constitucionales en el espacio público, incorporando multas que vayan desde los 200 euros para las infracciones más leves hasta los 150.000 euros para las muy graves.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo de 2021.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, a instancia de su diputada Mertxe Aizpurua Arzallus, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Enmienda al articulado a la Moción, consecuencia de interpelación
urgente, presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre qué medidas va a adoptar el Gobierno para dejar de humillar a las víctimas del terrorismo de ETA.
Enmienda
De supresión.
Se suprimen los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 7 (6).
Enmienda
De adición.
Se añade el siguiente punto:
'Reconocer a todas las víctimas de la violencia ocurrida en el Estado Español y asegurar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación para todas ellas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 2021.-Mertxe Aizpurua Arzallus, Portavoz del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu.
SECRETARÍA GENERAL
292/000015
Examinada la solicitud y documentación anexa presentada por D. Antonio Jesús Sepúlveda Galiano, único aspirante que ha participado en el concurso para la provisión, entre personal laboral que ostente la condición de Analista, de la plaza de
Jefe del Área de Explotación de la Dirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la Secretaría General del Congreso de los Diputados, convocado el día 23 de febrero de 2021,
Visto el informe de adecuación del Director de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, de fecha 15 de marzo de 2021,
He resuelto adjudicar dicha plaza con efectos del día 17 de marzo de 2021 a D. Antonio Jesús Sepúlveda Galiano, personal laboral de Categoría Profesional de Analista, quien queda adscrito a la misma en régimen de jornada completa, con
horario ordinario, con dedicación especial y complemento de destino (el de Jefe de Área).
Contra esta resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del Estatuto de Personal de las Cortes Generales, podrá interponerse recurso ante la Mesa del Congreso de los Diputados dentro del plazo de un mes contado a partir del
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 2021.-El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Examinada la solicitud y documentación anexa presentada por D. Álvaro Ávila Arribas, único aspirante que ha participado en el concurso para la provisión, entre personal laboral que ostente la condición de Analista, de la plaza de Jefe de
Proyecto en el Área de Sistemas de la Dirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la Secretaría General del Congreso de los Diputados, convocado el día 23 de febrero de 2021,
Visto el informe de adecuación del Director de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, de fecha 15 de marzo de 2021,
He resuelto adjudicar dicha plaza con efectos del día 17 de marzo de 2021 a D. Álvaro Ávila Arribas, personal laboral de Categoría Profesional de Analista, quien queda adscrito a la misma en régimen de jornada completa, con horario
ordinario, con dedicación especial y complemento de destino (el de Jefe de Proyecto).
Contra esta resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del Estatuto de Personal de las Cortes Generales, podrá interponerse recurso ante la Mesa del Congreso de los Diputados dentro del plazo de un mes contado a partir del
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 2021.-El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
292/000016
Examinada la solicitud y documentación anexa presentada por D. Nelson Orobio Caballero, único aspirante que ha participado en el concurso para la provisión, entre personal laboral que ostente la condición de Auxiliar de Informática, de la
plaza de Supervisor en el Área de Atención a Usuarios de la Dirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la Secretaría General del Congreso de los Diputados, convocado el día 23 de febrero de 2021,
Visto el informe de adecuación del Director de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, de fecha 15 de marzo de 2021,
He resuelto adjudicar dicha plaza con efectos del día 17 de marzo de 2021 a D. Nelson Orobio Caballero, personal laboral de Categoría Profesional de Auxiliar de Informática, quien queda adscrito a la misma en régimen de jornada completa, con
horario ordinario, con dedicación especial y complemento de destino (el de Supervisor).
Contra esta resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del Estatuto de Personal de las Cortes Generales, podrá interponerse recurso ante la Mesa del Congreso de los Diputados dentro del plazo de un mes contado a partir del
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 2021.-El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.