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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 224, de 19/02/2021
cve: BOCG-14-D-224
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
19 de febrero de 2021
Núm. 224
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000327 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, sobre rechazo a los planes de anexión de los territorios de Cisjordania, del valle del Jordán
y Jerusalén-Este anunciados por el Gobierno de Israel. Retirada de firma ... (Página3)
162/000425 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, sobre la Carta Social Europea. Retirada
3
162/000467 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Mixto y Plural, sobre la reapertura del caso de Pedro Álvarez. Retirada de firma ... (Página4)
162/000471 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Euskal Herria Bildu, Vasco (EAJ-PNV), Plural y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, sobre la realidad plurilingüe e igualdad lingüística.
Retirada de firma ... (Página4)
162/000536 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la reprobación del Ministro de Consumo por sus declaraciones sobre las mascarillas FFP2 ... (Página5)
162/000537 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa al impulso y reactivación del sector turístico y la hostelería ... (Página6)
162/000538 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la reprobación del Vicepresidente Segundo del Gobierno por sus declaraciones sobre la calidad democrática de España ...
162/000539 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre medidas de apoyo al sector del comercio ambulante ... (Página8)
162/000540 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre enfermedades raras ... (Página11)
162/000541 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre medidas de apoyo al sector feriante ... (Página12)
162/000542 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a promover la apertura urgente de todos los establecimientos del sector hostelero ... (Página14)
162/000543 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre medidas para promover una mayor incorporación de la mujer al estudio de disciplinas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas ...
162/000544 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a garantizar la máxima transparencia y cumplimiento del protocolo de vacunación y asegurar el cese de los políticos que se lo salten o cometan
cualquier tipo de irregularidad asociada al proceso o al orden de vacunación ... (Página19)
162/000545 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre una aplicación consensuada, progresiva y justa de la nueva Política Agrícola Común (PAC) ... (Página21)
162/000546 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a acelerar la vacunación contra el COVID-19 de personas con factores de riesgo ... (Página22)
Competencias en relación con otros órganos e instituciones
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
232/000040 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 3848/2015, promovido por el Parlamento de Cataluña contra los artículos 20; 35.1; 36.1, 2, 8, 22 y 23; 37.7 y la disposición final
primera de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana ... (Página23)
233/000011 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada 1478/2020, planteada por la Sección 4.ª de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, respecto del artículo 153.1 LOREG, en relación con los artículos 53 y 50.4
LOREG y artículos 34 y 39 de la Ley 14/1966, de 18 de marzo, de Prensa e Imprenta, por posible vulneración de los artículos 9.3 y 25.1 de la Constitución española ... (Página24)
Otros textos
INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR
120/000015 Acuerdo de la Mesa de la Cámara admitiendo el escrito presentado por don Tomás Vizcaíno Recio y otro, por el que se ejercita el trámite inicial de la iniciativa legislativa popular sobre modificación del Real Decreto Legislativo
1/2007, de 16 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias y de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y
del comercio electrónico ... (Página26)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000327
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
Autor: Grupo Parlamentario Republicano.
Retirada de la firma de dicho Grupo Parlamentario de la Proposición no de Ley sobre rechazo a los planes de anexión de los territorios de Cisjordania, del valle del Jordán y Jerusalén-Este anunciados por el Gobierno de Israel.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la firma de la iniciativa de referencia,así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
162/000425
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
Autor: Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu.
Retirada de su Proposición no de Ley sobre la Carta Social Europea.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
162/000467
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
Autor: Grupo Parlamentario Republicano.
Retirada de la firma de dicho Grupo Parlamentario de la Proposición no de Ley sobre la reapertura del caso de Pedro Álvarez.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la firma de la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
162/000471
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
Autor: Grupo Parlamentario Republicano.
Retirada de la firma de dicho Grupo Parlamentario de la Proposición no de Ley sobre la realidad plurilingüe e igualdad lingüística.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la firma de la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por este, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
162/000536
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para reprobación del Ministro de Consumo por sus
declaraciones sobre las mascarillas FFP2, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto negativo de gran magnitud sobre el sistema sanitario español. No solo se trata de una enfermedad extremadamente contagiosa y con una tasa de mortalidad relativamente alta, sino que también deja
unas secuelas cardiovasculares que exigen un nivel de seguimiento muy concienzudo. No en vano, los efectos de la pandemia en nuestro país se han cobrado ya en torno a 120.000 personas, según los datos de exceso de mortalidad de los servicios
funerarios.
La falta de previsión del Gobierno, así como sus intereses partidistas, hicieron que la toma de medidas fuera tardía y dubitativa, lo que conllevó costes humanos y económicos inasumibles y evitables si se hubieran tomado medidas cuando
instaron a ello la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés). Por ejemplo, desde el Gobierno se disuadió a los españoles de que utilizaran mascarilla
argumentando que era innecesario, cuando la razón real es que el Gobierno no contaba con suministro adecuado ni para el personal sanitario ni para la población general.
El pasado mayo, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), el Sr Fernando Simón, llegó a calificar las mascarillas FFP2 como 'egoístas', y por tanto desincentivando su uso. Sin embargo, se ha probado
que las mascarillas FFP2 son las más seguras, puesto que las mascarillas quirúrgicas solo protegen de la emisión de gotículas por parte del portador, mientras que estas protegen también frente a la inoculación de aerosoles, como ha recordado en
varias ocasiones la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG). Son, además, las más recomendables para su uso en interiores poco ventilados si por cuestiones de fuerza mayor nos vemos obligados a permanecer en alguno de esos
espacios en los que no está recomendado aventurarse por el alto riesgo de contagio.
Es más, varios gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea han emitido recomendaciones de uso de mascarillas FFP2 debido a la extensión de cepas del SARS-CoV-2 más contagiosas, debido a la protección extra que aportan estas
mascarillas. En España, el Gobierno ni siquiera incluyó estas mascarillas, más caras, en los productos sanitarios afectados por las bajadas de IVA que permite la Comisión Europea, por lo que el Gobierno está obligando a una familia española de
cuatro miembros a gastar 240 euros al mes si quiere utilizar estas mascarillas de mayor protección. Desde el GP Ciudadanos hemos registrado una proposición no de ley para instar al Gobierno a que elimine ese IVA mientras dure la pandemia de
COVID-19, al considerar estas mascarillas como un producto esencial.
Pese a ello, y pese a la evidencia científica respecto al uso de mascarillas FFP2 y al avance de la pandemia, el Gobierno no solo no ha actuado para garantizar su uso, sino que ha ido un paso más allá y ha emitido una recomendación
contraria. Así pues, el Ministro de Consumo declaró públicamente que 'no parece que haya una fuente científica suficientemente rigurosa que acredite' que las mascarillas FFP2 protegen mejor contra el COVID-19. En definitiva, una vez más el
negacionismo y la irresponsabilidad del Gobierno puede conllevar importantes costes en términos económicos, pero, y sobre todo, en vidas humanas.
Por este motivo, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados acuerda la reprobación del Ministro de Consumo, el Sr. D. Alberto Carlos Garzón Espinosa, e insta al Presidente del Gobierno a su cese inmediato por sus declaraciones en contra de la evidencia científica sobre
el uso de las mascarillas FFP2 como protección frente al COVID-19.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2021.-Guillermo Díaz Gómez, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000537
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el impulso y reactivación del sector
turístico y la hostelería para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Cuando España se encerró en marzo de 2020 para ponerle freno a la pandemia de COVID-19 no sabía cuándo iba a salir. En la mente de muchos, tanto ciudadanos como quienes estaban en posiciones de responsabilidad, esa situación y las medidas
de control de la pandemia iban a ser de carácter eminentemente excepcional y temporal. En consecuencia, las medidas económicas que las acompañaron también fueron pensadas para una crisis muy intensa pero también de muy corta duración.
El primer problema que querían evitar muchas de esas medidas era que una situación de repentina falta de liquidez en la economía llevara a la insolvencia de miles de empresas. Se aprueban así varias medidas encaminadas a facilitar la
liquidez como moratorias en los pagos de deudas tributarias o las facilidades de crédito, incluidos los 2.500 millones de euros en créditos ICO para el sector turístico impulsados por Ciudadanos.
El otro problema que se quería evitar, que en el fondo no deja de ser una derivada del anterior, es que la falta de ingresos y liquidez de las empresas llevara a una destrucción masiva de empleo por la imposibilidad de pagar las nóminas de
los trabajadores. Como es conocido, los ERTE en particular han jugado un papel clave para el sostenimiento del empleo en los sectores más afectados.
Sin embargo, transcurrido casi un año desde que nos confinamos por primera vez en casa, la pandemia y la crisis de ella derivada no solo no ha remitido, sino que por desgracia sabemos ya que quedan muchos meses por delante antes de que la
situación vuelva a una relativa normalidad social y económica.
En sectores como el turismo y la hostelería, hace tiempo que la crisis dejó de ser un problema de liquidez para pasar a ser un grave problema de solvencia y medidas como las moratorias se vuelven insuficientes cuando no hay recuperación de
la actividad a la vista. España no puede permitir que una acción poco ambiciosa de sus gobernantes lleve a la destrucción irreversible del tejido empresarial de uno de los sectores más importantes de su economía como es el turismo y sectores
relacionados, que suponen casi 3 millones de puestos de trabajo y el 11 % de todas las empresas, siendo pymes la gran mayoría de ellas.
Ante una situación extraordinaria como la que vive el sector turístico español, es imprescindible que las Administraciones Públicas presten su ayuda también de forma extraordinaria. Cuando gobiernos de países de nuestro entorno sí están
actuando para reforzar y renovar sus sectores turísticos, la inacción del Gobierno español pone en riesgo el liderazgo de los sectores turístico y hostelero españoles y causa una inasumible pérdida de competitividad internacional del que son unos de
los sectores de nuestra economía más competitivos y profesionalizados.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las siguientes medidas para el impulso y reactivación del sector turístico y la hostelería:
1. Crear un Fondo Plurianual 2021-2023 de Reactivación del Sector Turístico y la Hostelería, recogido en los PGE, de 20.000 millones de euros en ayudas directas para inversiones dirigidas a:
a. Modernización, crecimiento y fortalecimiento empresarial;
b. Digitalización e implementación de servicios online y a distancia;
c. Formación y sostenibilidad del sector;
d. Asistencia al sector hostelero para el sostenimiento del tejido empresarial y laboral en dificultades a causa de la situación socio-sanitaria.
Del conjunto del fondo, 15.000 millones quedarán reservados para empresas cuya facturación no exceda de 800.000 euros.
2. Fijar, con carácter excepcional y vigencia durante todo el tiempo que estén en vigor las medidas de control sanitario contra la COVID-19 y, en cualquier caso, durante todo el año 2021, el tipo del 4 por 100 del Impuesto sobre el Valor
Añadido a los servicios prestados por las actividades del sector del turismo o vinculadas al mismo.
3. Tomar medidas especialmente encaminadas a ayudar los elementos más vulnerables del tejido empresarial turístico como son los autónomos y las pymes, incluyendo:
a. Establecer una tarifa plana de 60 euros para todos los autónomos que reanuden su actividad durante 2020 y 2021;
b. Permitir que los autónomos con una caída en la facturación de su negocio igual o superior al 40% puedan acceder a la prestación extraordinaria por cese de actividad como consecuencias de las medidas sanitarias de control de la COVID-19;
c. Exención de la totalidad de la cuota de autónomos para aquellos que no estén percibiendo ingresos con motivo de las medidas sanitarias de control de la COVID-19.
4. Diseñar e implementar un Bono Turístico con el que todas las personas podrán recuperar los gastos que realicen en la compra de paquetes turísticos en agencias de viaje o en estancias en hoteles o alojamientos turísticos dentro de España,
con un tope máximo de 500 euros por persona, para, ante el cierre de gran parte de los mercados internacionales, fomentar el turismo doméstico y facilitar los viajes dentro del territorio nacional.
5. Trabajar desde ya en la implementación de corredores turísticos entre los principales países emisores de turistas y destinos nacionales, especialmente con los Archipiélagos Canario y Balear, para que estén operativos antes del inicio de
la temporada alta estival.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2021.-María Carmen Martínez Granados, Diputada.-Inés Arrimadas García, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000538
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la reprobación del Vicepresidente Segundo
del Gobierno por sus declaraciones sobre la calidad democrática de España, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
El Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad Común, el Sr. D. Josep Borrell, acudió en los últimos días en viaje oficial a Rusia encomendando a ello por el Consejo de la Unión Europea, donde están
representados los Gobiernos de los 27 Estados miembros. Muchos consideraron desafortunada esta visita debido a la reciente detención y encarcelamiento del líder opositor Alexei Navalny, que había sufrido previamente un intento de asesinato por
envenenamiento y cuyas pruebas parecen apuntar a los servicios secretos rusos.
En el marco de esa visita, además, el Alto Representante Borrell compareció en rueda de prensa junto al Ministro de Asuntos Exteriores ruso, el Sr. Lavrov, donde este se dedicó a criticar abiertamente a la Unión Europea, calificándola de
'socio poco fiable', y a España. En este caso, el ministro Lavrov afirmó que la Unión Europea no podía dar lecciones sobre democracia a Rusia cuando permite una situación como la de los políticos independentistas presos. Esta afrenta fue
rápidamente respondida por la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, la Sra. González Laya, que recordó que España es una de las pocas democracias plenas del mundo, situándose en una mejor posición en cuanto a calidad
democrática que otras democracias como Estados Unidos, Francia o Italia, y muy por delante de Rusia, que ocupa el puesto 124 de 167 países examinados por The Economist Intelligence Unit en su Índice de Democracia 2020.
La respuesta del Gobierno ruso tampoco se hizo esperar y, por boca de su portavoz para asuntos exteriores la Sra. Zajarova, se burló de las declaraciones de la ministra González Laya afirmando de forma sarcástica en su página oficial de la
red social Facebook que 'Ahora tengo un nuevo ídolo democrático. Esta vez es una mujer. La ministra de Exteriores de España Arancha González Laya'.
Sin embargo, las burlas a las declaraciones de la ministra González Laya también han venido del propio Gobierno de España, puesto que el Vicepresidente Segundo del Gobierno, el Sr. Iglesias Turrión, la ha desautorizado. En una entrevista
con el diario ARA, el Vicepresidente Segundo ha afirmado que 'en España no hay una situación de plena normalidad democrática' en alusión a la situación de los políticos independentistas presos y a la entrada en prisión del rapero Pablo Hasel por
injurias y enaltecimiento del terrorismo. Por tanto, el Vicepresidente Segundo, jerárquicamente superior a la ministra González Laya, contradecía directamente las declaraciones que la ministra había realizado sobre que España es una democracia
plena. Esta no es la primera vez que el Vicepresidente Segundo enmienda la plana a la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, pero sí la primera vez que lo hace a la vez que inflige un terrible daño reputacional directo a
España, al interés nacional y a nuestras instituciones democráticas.
Por este motivo, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados acuerda la reprobación del Vicepresidente Segundo del Gobierno, el Sr. D. Pablo Iglesias Turrión, e insta al Presidente del Gobierno a su cese inmediato por sus declaraciones en contra de la imagen de España,
del interés nacional y de la reputación de sus instituciones democráticas en el exterior.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2021.-Marta Martín Llaguno, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000539
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley de medidas de apoyo al sector del comercio ambulante, para su debate en
el Pleno.
Exposición de motivos
En el año 2006, se aprobó la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior, que imponía a los estados la obligación de eliminar trabas jurídicas y barreras administrativas
injustificadas a la libertad de establecimiento y de la prestación de servicios contemplada en los artículos 48 y 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La incorporación de estas obligaciones al ordenamiento jurídico de España se
realizó a través de la modificación de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, por la que se establecía que, como norma general, las actividades de servicio comercial no estarían sometidas a autorización previa a
excepción de la venta ambulante o no sedentaria, y en atención a que esta actividad comercial requiera de la utilización de servicio público entre otras razones de interés general, tales como de orden público, seguridad y salud.
Actualmente, según lo previsto en el artículo 53 de la Ley 7/1996 'se considera venta ambulante o no sedentaria la realizada por comerciantes, fuera de un establecimiento comercial permanente'. En lo que respecta a su autorización, los
Ayuntamientos son las instituciones competentes para 'otorgar las autorizaciones para el ejercicio de la venta ambulante en sus respectivos términos municipales, de acuerdo con sus normas específicas y las contenidas en la legislación vigente, de
acuerdo con el marco respectivo de competencias'.
Esta modificación legislativa provocó el desarrollo por parte del Gobierno de España del Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria. Entre las aportaciones más
significativas que el mencionado Real Decreto cabe destacar el establecimiento de
un procedimiento común para la autorización de esta actividad o la fijación de un régimen de inspección y sancionador.
Según las últimas cifras oficiales proporcionadas por el Gobierno de España a través del informe La situación y perspectivas del trabajo autónomo, especialmente la venta ambulante de la población gitana, el Ministerio de Economía y Hacienda
estimaba que existían en España entre 3.500 y 4.000 mercadillos que generaban 50.000 empleos a jornada completa, localizados mayoritariamente en Andalucía, la Comunidad Valenciana y Cataluña. Asimismo, el volumen estimado de ventas en aquel momento
por el comercio ambulante suponía en torno al 2,5-3,5% del total de ventas del sector comercial minorista.
Una de las consecuencias de las medidas de distanciamiento social y de limitación del derecho a la circulación para controlar la expansión de la Covid-19 en España fue el cierre de los mercadillos durante los meses que el confinamiento se
mantuvo en vigor. Posteriormente, tras la relajación de las medidas, una parte de los vendedores ambulantes han vuelto a desarrollar su actividad dentro del marco de las limitaciones impuestas por las diferentes Comunidades Autónomas y
Ayuntamientos. Sin embargo, las restricciones sanitarias, fijadas en forma de reducción de los aforos o establecimientos de distancias mínimas de separación en los recintos donde desarrollan su actividad, dificultan de manera considerable cualquier
tipo de recuperación de los ingresos perdidos por el sector desde el inicio de la actual crisis sanitaria.
Desde el primer momento, las asociaciones más representativas del sector pidieron ayudas económicas a las distintas administraciones para paliar el impacto económico que supondría el cierre de los mercadillos donde desarrollan su actividad.
En particular, el pasado 18 de marzo la Unión Nacional de Empresas del Comercio Ambulante (Uneca) ya advertía del enorme impacto que las medidas que se estaban adoptando para controlar el avance de la pandemia tendrían sobre el sector y reclamaban
al Gobierno un plan de ayudas para modernizar el sector y compensar la reducción de las numerosas pérdida que esta situación iba a generar.
Sin embargo, y a pesar de los ingresos de miles familias de este país dependen del comercio ambulante, el Gobierno de España no ha adoptado ninguna medida específica para paliar los efectos que la actual crisis sanitaria y económica está
teniendo este sector en particular.
La ausencia de compromiso del actual Ejecutivo con el sector quedo patente durante la tramitación de los Presupuestos Generales para el año 2021 en el Congreso de los Diputados.
En este sentido, desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos presentamos una serie de enmiendas que hubieran permitido aliviar de manera muy considerable las dificultades por las que atraviesa el sector del comercio ambulante. Así, en
particular, planteamos una modificación del régimen específico de cotización a la Seguridad Social al que pueden acogerse los trabajadores autónomos dedicados a la venta ambulante o domicilio, actualmente consistente en una base de cotización
minorada, por una tarifa plana de 60 euros mensuales con carácter general para aquellos que optasen por la base mínima de cotización o una bonificación del 80% de la base de cotización en caso de que optasen por una base mayor. La medida perseguía
incentivar el alta en la Seguridad Social de estos trabajadores por cuenta propia, habida cuenta de que una parte importante de los mismos en la actualidad operan en el ámbito de la economía informal, lo que no solo supone una merma de los recursos
públicos sino que también hace que estos trabajadores se encuentren desprovistos de todo tipo de protección social, cuestión cuyos perjuicios quedan de manifiesto en momentos de crisis como el actual.
Igualmente, otra de nuestras enmiendas planteaba una modificación del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales, para garantizar el acceso a la prestación por cese de actividad también a aquellos trabajadores
autónomos que hubieran visto limitado el desarrollo normal de su actividad, aunque esta no se hubiera llegado a suspender. Esta propuesta tenía por objeto solucionar los problemas que estaba encontrando el comercio minorista, también el ambulante,
para poder acceder a esta prestación.
Del mismo modo, una tercera enmienda modificaba la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo, con la finalidad de hacer extensibles las ayudas para trabajadores autónomos a los 'familiares colaboradores' del autónomo principal. Este aspecto es
muy relevante, dado que en la actualidad los familiares más inmediatos del autónomo que trabajen con él en su negocio no pueden ser legalmente considerados trabajadores por cuenta ajena, los que les priva de la protección social reconocida al resto
de trabajadores, en particular, la de desempleo.
Todas estas medidas, pese al salvavidas que hubieran supuesto para las miles de familias españoles que viven del comercio ambulante, sin embargo, fueron rechazadas por los dos grupos parlamentarios que actualmente participan del Gobierno de
España.
El actual contexto económico, marcado por la crisis sanitaria de la Covid-19, es un momento propicio para impulsar un paquete de medidas que contemplen la elaboración de un marco legislativo estatal más extenso que al actual sobre el
comercio ambulante hasta el desarrollo de un sistema de incentivos económicos que proporcione a los autónomos y trabajadores del sector herramientas para ser más competitivos en el actual contexto global y tecnológico.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Impulsar un Plan de Rescate del Comercio Ambulante que tenga como objetivos:
a) La concesión de ayudas directas extraordinarias no reembolsables para las empresas y a los autónomos dedicados a la venta ambulante o a domicilio que hayan sufrido pérdidas como consecuencia del impacto de la emergencia sanitaria causada
por la covid-19.
b) El establecimiento de líneas de financiación a los entidades locales para facilitar la exención de tasas en mercadillos a las empresas y autónomos dedicados a la venta ambulante.
c) La modernización del sector mediante la creación de incentivos para mejorar su imagen y promocionar su actividad a través de las redes sociales.
d) El reconocimiento de la prestación extraordinaria por cese de actividad a los trabajadores dedicados a la venta ambulante o a domicilio que hayan visto limitado el desarrollo ordinario de su actividad, haciéndola extensible a los
familiares colaboradores del autónomo que trabajen con él en el mismo negocio.
e) La garantía de formación y adquisición de nuevas competencias por parte de los empresarios, autónomos y trabajadores del sector.
f) El fomento del asociacionismo de los vendedores ambulantes como herramienta para mejorar la reputación de sector, dinamizar la actividad económica y fomentar el aprendizaje conjunto en lo relativo a la actividad económica que desarrollan.
2. Impulsar un Proyecto de Ley marco del comercio ambulante o no sedentario, que establezca que las condiciones básicas para el desarrollo de la actividad en toda España, para cuya elaboración se deberá contar con la participación de todos
los agentes implicados.
3. Flexibilizar el sistema de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores autónomos dedicados a la venta ambulante o a domicilio, con el objetivo de favorecer el alta en el Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos (RETA) y
que estas actividades operen en el ámbito de la economía formal, incluyendo la posibilidad de establecer una tarifa plana con carácter permanente para aquellos autónomos que coticen por la base mínima.
4. Promover, en colaboración con los Ayuntamientos, la eliminación de las tasas municipales, como mínimo, durante el tiempo que dure la crisis sanitaria y económica provocada por la Covid-19.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2021.-Sara Giménez Giménez y María Carmen Martínez Granados, Diputadas.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000540
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre Enfermedades Raras, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Según datos de la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), se calcula que en nuestro país viven, actualmente, alrededor de tres millones de personas con enfermedades raras.
Estas personas constituyen un colectivo de gran vulnerabilidad, al convivir con patologías genéticas, crónicas, multisistémicas y degenerativas, de difícil diagnóstico y tratamiento, que requieren de importantes esfuerzos de cara a prevenir
la morbilidad, la mortalidad temprana asociada y la reducción de la calidad de vida de estas personas y de sus familias.
Esa vulnerabilidad se ha visto agravada durante la crisis sanitaria derivada de la COVID-19. En estos meses de pandemia, muchas de estas personas han visto dificultada la atención a su patología, especialmente en lo relativo a terapias,
pruebas diagnósticas, consultas con especialistas e intervenciones quirúrgicas, lo que está suponiendo que muchas de estas personas estén teniendo problemas a la hora de controlar y paliar su enfermedad.
A esto se une la incertidumbre añadida al desconocer los efectos que el virus SARS-CoV-2 puede tener en la enfermedad con la que conviven, en el caso de contraerlo.
Desde que la Organización Mundial de la Salud declarara pandemia internacional la situación de emergencia ocasionada por el brote epidémico de COVID-19, el Gobierno de España, en coordinación con las Comunidades Autónomas, viene
desarrollando múltiples actuaciones. Concretamente, con el objetivo de garantizar las capacidades del sistema sanitario, fue aprobado el Real Decreto-ley 21/2020, que establece la necesidad de disponer de recursos suficientes para afrontar el
control de la pandemia, y el tratamiento de los casos y la obligación de las Comunidades Autónomas de disponer de profesionales sanitarios suficientes, y de planes de contingencia ante la COVID-19. Información que debe de ser remitida al Ministerio
de Sanidad.
En este sentido, desde la Administración General de Estado se dispuso la creación del Fondo COVID-19, mediante el Real Decreto-ley 22/2220, que establece un crédito extraordinario de 16.000 millones de euros, de los cuales 9.000 destinados a
la sanidad, cuyo objetivo es dotar de mayor financiación mediante transferencias a las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía.
Esta crisis sanitaria, pone en evidencia la necesidad de ofrecer una mejor atención a los pacientes con enfermedades raras, de manera que sea integrada y continua.
A los problemas derivados del contexto actual de pandemia, se unen múltiples desafíos en torno al abordaje de estas enfermedades, relativos a:
- La prevención y diagnóstico precoz.
- La atención sanitaria adecuada a las necesidades de las y los pacientes y continuada a lo largo de todas las etapas de la enfermedad, de manera coordinada entre los diferentes servicios asistenciales.
- Acceso en términos de equidad a tratamientos y uso de terapias avanzadas.
- Reforzar la investigación.
- Formación, sensibilización y conocimiento de estas enfermedades, tanto por parte de los profesionales sanitarios, como de la sociedad en general.
Algunas de estas cuestiones forman parte de las líneas de la Estrategia en Enfermedades Raras del Sistema Nacional de Salud, actualizada en el año 2014 por el Consejo Interterritorial del SNS, y del Plan de Calidad para el Sistema de Salud.
Este Grupo Parlamentario comparte con las asociaciones que forman parte de la comunidad de las enfermedades raras o poco frecuentes, la importancia de ofrecer la mejor atención sanitaria a estas personas, que pasa entre otras cuestiones, por
facilitar y agilizar la atención, promover la formación continuada relativa a estas enfermedades entre el personal sanitario, mejorar la coordinación entre los centros sanitarios y llevar a cabo una designación suficiente de Centros, Servicios y
Unidades de Referencia (CSUR), con carácter multidisciplinar.
A estas recomendaciones, en el contexto actual, se une la necesidad de incorporar la telemedicina como fórmula para intercambiar datos más allá de cualquier circunstancia, sin perjuicio de que se garantice la presencialidad de la atención
sanitaria con la mayor periodicidad posible.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista considera prioritario desarrollar las medidas necesarias para garantizar la mejor atención sanitaria a las personas con enfermedades raras desde un enfoque multidisciplinar, que posibilite la
vuelta a la nueva normalidad asistencial, dentro de la situación de excepcionalidad y de emergencia sanitaria que estamos viviendo como consecuencia de la situación de pandemia.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a integrar las necesidades de las enfermedades raras en la planificación global de la cobertura universal de forma efectiva, garantizando el acceso al diagnóstico y tratamiento de todas las
personas, independientemente de la enfermedad que padezcan y de acuerdo a criterios de equidad. Para la consecución de este objetivo se debe proceder a:
- Llevar a cabo un nuevo informe de seguimiento y evaluación de la Estrategia en Enfermedades Raras del Sistema Nacional de Salud.
- Con la recuperación de la dotación del Fondo de Cohesión Sanitaria en los PGE 2021, impulsar la red de Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR).
- Impulsar la Estrategia en Enfermedades Raras del Sistema Nacional de Salud, manteniendo las subvenciones a las Comunidades Autónomas para su adecuada implementación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2021.-Ana Prieto Nieto, Julio Navalpotro Gómez, Marisol Sánchez Jodar, Carmen Andrés Añon, José Ramón Ortega Domínguez, Josefa Andrés Barea, Laura Berja Vega, María Luisa Carcedo Roces,
Sandra Guaita Esteruelas, Elvira Ramón Utrabo, Daniel Vicenta Viondi, Agustín Zamarrón Moreno y Andrea Fernández Benítez, Diputados.-Guillermo Antonio Meijón Couselo y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000541
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley de medidas de apoyo al sector feriante, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
La emergencia sanitaria causada por la Covid-19 está afectando de forma muy directa a múltiples sectores, amenazando incluso la supervivencia de muchos de ellos debido a que el desempeño de la actividad no es posible como consecuencia de las
restricciones decretadas por las autoridades sanitarias para tratar de controlar la difusión del virus.
En el caso de las atracciones de feria, el coronavirus ha agravado unas dificultades que ya padecían con anterioridad a esta crisis sanitaria en forma de trabas administrativas, elevados costes de mantenimiento o cambios en la forma de
consumo, que ya complicaban el desempeño de las personas dedicadas a estas actividades en un contexto de normalidad. La naturaleza de esta actividad hace que su actividad se concentre en los meses de primavera y verano, periodos que, en el año
2020, se establecieron una serie de limitaciones en lo relativo del derecho a la movilidad y de reunión para frenar el avance de la Covid-19. La actual evolución epidemiológica lleva a pensar a que muchos feriantes no podrán retomar su actividad
con total normalidad hasta verano del año 2021.
Durante todos estos meses, sin embargo, los empresarios del sector feriante deberán mantener licencias y permisos e incurrir en gastos derivados de su negocio, como los de alquileres o de mantenimiento de las atracciones, todos los cuales
suponen costes muy notables en momentos en los que no estas personas no están pudiendo obtener apenas ningún ingreso. A esta situación hay que sumarle que las personas dedicadas a estas actividades tienen muchas dificultades para llegar a fin de
mes con sus ingresos ordinarios, lo que hace que una parte importante de las familias que dependen de la actividad del sector se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad.
El esfuerzo y el trabajo de los feriantes, si la administración no colabora, quizá no sea suficiente para garantizar la supervivencia de un sector que resulta esencial para nuestros municipios, como dinamizador de eventos, fiestas populares
y que genera actividad comercial en muchos negocios locales durante el periodo en el que la feria permanece instalada.
El sector también reivindica que esta actividad sea considerada de tipo cultural. No en vano, las ferias de atracciones son uno de los principales reclamos que ofrecen los municipios para hacer que sus habitantes y vecinos disfruten de las
fiestas patronales, ferias comerciales, ferias agrícolas y ganaderas, motivo por el cual parece lógico pensar que forman parte de la cultura y tradición de todos los entes municipales. Numerosas asociaciones de feriantes de toda España llevan años
defendiendo este reconocimiento para las actividades relacionadas con los diversos establecimientos que conforman las ferias de atracciones debido a su innegable vinculación a eventos culturales y por su tradición histórica, estando documentada esta
actividad en España desde hace varios siglos.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Destinar una línea de ayudas económicas directas no reembolsables dirigidas a las empresas y autónomos del sector de las ferias de atracciones que hayan sufrido pérdidas como consecuencia de la emergencia sanitaria causada por la
pandemia de covid-19.
2. Establecer líneas de financiación dirigidas a las entidades locales específicas para facilitar la exención de tasas y garantías a las empresas y autónomos del sector feriante.
3. Dictar las instrucciones que resulten precisas para la inclusión en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) de un código específico para las 'actividades recreativas, de entretenimiento y atracciones en ferias y
fiestas populares', que permita recoger de manera fidedigna las actividades que realizan las empresas y autónomos del sector feriante.
4. Reconocer la contribución de la actividad del sector de las ferias de atracciones a la dinamización cultural y económica de los municipios y del conjunto de España.
5. Realizar los estudios y trámites necesarios para que las actividades realizadas en el marco de las ferias de atracciones tengan la consideración de actividad cultural a todos los efectos previstos en la normativa vigente que resulte de
aplicación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2021.-Sara Giménez Giménez y María Carmen Martínez Granados, Diputadas.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000542
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán y doña Patricia Rueda Perelló en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputada, ambas del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición No de Ley dirigida a promover la apertura urgente de todos los establecimientos del sector hostelero para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Primero. Restricciones a la hostelería desde el inicio de la pandemia.
1. Desde que se decretara el primer estado de alarma mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y
posteriormente con la declaración del segundo estado de alarma de ámbito nacional a través del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, del Consejo de Ministros, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones
causadas por el SARS-CoV-2 1 ('RD 926/2020'), el sector hostelero 2 se ha visto sometido a numerosas restricciones de horario y aforo.
2. El artículo 2.2 del RD 926/2020 dispone que la presidencia de cada comunidad autónoma o ciudad con estatuto de autonomía será la autoridad competente delegada en el territorio de esa comunidad en los términos establecidos en el
mencionado Real Decreto. Ello ha provocado una disparidad de normas de restricción en todo el territorio nacional, entre las que se destacan las limitaciones de cierre impuestas a la hostelería. Veamos algunos ejemplos a grandes rasgos 3:
(i) Cataluña: las actividades de hostelería solo podrán abrir de 7:30 horas a 10:30 horas y de 13:00 horas a 16:30 horas. En el resto de horarios, pueden seguir funcionando para recogida o para entrega a domicilio 4.
(ii) Comunidad Vasca: los establecimientos de hostelería deberán cerrar en cualquier caso como máximo a las 20:00 horas, incluido el desalojo de los clientes, y no podrán abrir al público antes de las 06:00 horas 5.
(iii) Andalucía: los bares y restaurantes podrán abrir hasta las 18:00 horas, aunque las cafeterías podrán hacerlo hasta las 20:00 horas, pero sin servir alcohol 6.
1 1 Prorrogado por el Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por un periodo de 6 meses, desde las 00:00 horas del 9 de noviembre de 2020 hasta las 00:00 horas del 9 de mayo de 2021.
2 2 A lo largo de este escrito toda referencia a la hostelería o sector hostelero engloba la prestación de servidos ligados tanto al alojamiento como a la restauración.
3 3 Todos estos datos están actualizados a fecha de 10 de febrero de 2021, por lo que durante la tramitación de esta iniciativa pueden variar.
4 4 Resolución SLT/275/2021, de 5 de febrero, por la que se prorrogan y se modifican las medidas en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña.
5 5 Decreto n.º 44/2020, de 10 de diciembre, del Lehendakari, de refundición en un único texto y actualización de medidas específicas de prevención, en el ámbito de la declaración del estado de alarma, como consecuencia de la evolución de la
situación epidemiológica y para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 y Decreto 4/2021, de 22 de enero, del Lehendakari, de tercera modificación del Decreto 44/2020, de 10 de diciembre, de refundición en un único texto y
actualización de medidas específicas de prevención, en el ámbito de la declaración del estado de alarma, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica y para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
6 6 Orden de 29 de octubre de 2020, por la que se establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía, para la contención de la COVID-19 y Orden de 16 de enero de
2021, por la que se modifica la Orden de 29 de octubre de 2020, por la que se establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía y la Orden de 8 de noviembre de 2020,
por la que se modulan los niveles de alerta 3 y 4 como consecuencia de la situación crítica epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía para la contención de la COVID-19, y se deja sin efecto la Orden de 8 de enero de
2021, por la que se establecen medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la contención del COVID-19 en relación a los horarios de actividades y servicios.
(iv) Madrid: el cierre de bares y restaurantes se fija a las 21:00 horas. A partir de esa hora podrán realizar, exclusivamente, servicios de entrega a domicilio hasta las 00:00 horas 7.
(v) Galicia: cierre temporal de la hostelería. Solo podrán hacer entrega a domicilio o recogida en el local con las correspondientes medidas de seguridad hasta las 00:00. Se exceptúan los servicios de cafetería y restaurante de centros
sanitarios, escolares o de trabajo con ciertas restricciones 8.
(vi) Comunidad Valenciana: hasta el 15 de febrero se establece el cierre de la hostelería. Las actividades de servicio a domicilio, o de recogida por la clientela en el establecimiento con cita previa, se podrán llevar a cabo hasta las 22
horas 9.
Segundo. La crisis del Sector de la Hostelería.
3. De acuerdo con el 'Anuario de la Hostelería de España 2020', publicado por la Confederación Empresarial de Hostelería de España ('CEHE'), en 2019 la hostelería aportó a la economía española un total de 129.341 millones de euros. Ello
supuso un 6,2% del PIB nacional 10.
4. Igualmente, según el referido anuario de la CEHE, el sector hostelero está formado por más de 315.000 establecimientos, entre restaurantes, bares, alojamientos, pubs y cafeterías, de los que aproximadamente el 90% son de restauración.
En relación con el empleo, el impacto de la hostelería también es considerable, pues en 2019 se calcula que dio trabajo a más de 1,7 millones de empleados 11
5. Pues bien, este valioso sector para España se ha visto totalmente abandonado por el Gobierno desde el inicio de la emergencia de salud pública. Su situación actual es insostenible.
6. La facturación del sector, según se publicó en el Anuario de la Hostelería en España de 2020 12, descendió un 50%. Las pérdidas pueden superar los 67.000 millones de euros. Según este mismo informe, en el mejor de los escenarios, la
recuperación de las cifras de ventas no llegaría hasta finales de 2021 o principios de 2022 13.
7. Las cifras de empleo también reflejan una situación crítica. En 2020 se ha producido un descenso del número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en la hostelería del 11,65% lo que equivale a una pérdida de 194.695 empleos.
Asimismo, son 363.657 los trabajadores del sector que, aunque están dados de alta en la Seguridad Social, se encuentran inmersos en un ERTE 14.
8. Es destacable que los datos varían en función de la comunidad autónoma. De esta manera, Andalucía se situaría en el peor puesto, con una caída de 37.017 cotizantes (-16,34%) durante el 2020, seguida de Cataluña, con una bajada de 34.905
afiliados (-15,69%). El tercer lugar lo ocupa Baleares, con un descenso de 27.420 empleados 15.
9. Las previsiones del sector a futuro tampoco son positivas. Tal y como indica la CEHE en el Anuario 2020, citado anteriormente, se calcula que a cierre del año habían desaparecido aproximadamente 85.000 establecimientos, cifra que puede
alcanzar los 100.000 en febrero. En el conjunto del año está prevista una pérdida de entre 900.000 y 1.100.000 de empleos, tanto directos como indirectos 16.
7 7 Orden 116/2021, de 5 de febrero, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorrogan los efectos del apartado primero de la Orden 46/2021, de 22 de enero, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de
salud pública para la contención del COVID-19 en la Comunidad de Madrid y se modifica la Orden 1405/2020, de 22 de octubre, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del
COVID-19 en determinados núcleos de población, como consecuencia de la evolución epidemiológica.
8 8 Orden de 26 de enero de 2021 por la que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia.
9 9 Resolución de 19 de enero de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se establecen medidas excepcionales y adicionales en el ámbito de la Comunitat Valenciana como consecuencia del agravamiento de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19.
10 10 Anuario de la Hostelería en España de 2020 elaborado por la CEHE a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística ('INE').
11 11 Idem.
12 12 Anuario de la Hostelería en España de 2020 elaborado por la CEHE (pág. 31).
13 13 Ibid., pág. 33.
14 14 https://www.hosteltur.com/141891-medio-millón-de-trabajadores-de-la-hostelería-se-han-quedado-sin-empleo.html [fecha de consulta: 10 de febrero de 2021].
15 15 Idem.
16 16 En el mismo sentido: https://www.europapress.es/economia/noticia-hosteleria-cerro-2020- perdidas-70000-millones-cierre-definitivo-85000-establecimientos-20210204113613.html [fecha de consulta: 10 de febrero de 2021].
Tercero. La realidad de la epidemia en la hostelería.
10. Como se ha venido reivindicando por este sector, la realidad es que en los establecimientos hosteleros no se ha producido un alto índice de contagios que justifique las restricciones impuestas por las Comunidades Autónomas.
11. El propio Ministerio de Sanidad así lo confirma en su informe 'Actualización 265. Enfermedad por coronavirus (COVID-19)' , de 4 de diciembre de 2020. Según este estudio, en este sector, sumando el ámbito laboral y social, solo se
habrían producido aproximadamente el 2,1% de los casos de contagio por coronavirus (págs.16 y 17).
12. No debe desconocerse, asimismo, que una amplia mayoría de los establecimientos de hostelería han realizado grandes inversiones para que sus instalaciones no sean fuentes de contagio. Así, ventilación suficiente, filtros HEPA de aire,
humidificadores, limitación de aforo o estrictos protocolos en el manejo de cubiertos o alimentos. Ello determina que la mayor parte de la hostelería sea, indudable-mente, un lugar seguro.
13. No obstante, como se ha hecho referencia, tras la declaración del segundo estado de alarma de ámbito nacional han sido numerosas las normas autonómicas dictadas para establecer restricciones de apertura al público a los locales
hosteleros. Limitaciones diversas, estrictas, irrazonables e injustificadas, en tanto que no han tenido en consideración los bajos índices de contagio existentes en este sector. Normas que han parecido promulgarse para aparentar que se hacía algo,
aunque ese algo no tuviese sentido lógico ni epidemiológico y haya condenado a la ruina a cientos de miles de familias.
14. Estamos una vez más ante un caso que ilustra muy bien la espiral nefasta en la que nos ha sumido el sistema autonómico desde hace cuatro décadas. Ahora, empujados por el Gobierno a través del artículo 2.2 del RD 926/2020, cuya
constitucionalidad se encuentra cuestionada, cada reyezuelo taifa decide bajo su criterio hacia que dirección remar en función de los concretos intereses que pretende satisfacer. Todo esto solo trae consigo inestabilidad, desigualdad e inseguridad
entre los españoles.
15. Entre estas normas autonómicas encontramos el Decreto 44/2020, de 10 de diciembre, del Lehendakari, de refundición en un único texto y actualización de medidas específicas de prevención, en el ámbito de la declaración del estado de
alarma, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica y para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, en cuyo Anexo, apartado 9.1), se recoge lo siguiente:
'1) Podrá procederse a la reapertura al público de los establecimientos de hostelería y restauración conforme a las siguientes reglas: En los municipios de más de 5.000 habitantes, la reapertura requerirá la presencia de una Tasa de
Incidencia Acumulada de casos positivos por COVID-19 en los últimos 14 días que sea inferior a 500 por cada 100.000 habitantes, debiendo permanecer cerrados los establecimientos si dicha Tasa es igual o superior a la citada. En la página web del
Departamento de Salud (https://www.euskadi.eus) se divulgará los lunes y jueves de cada semana una resolución de la Directora de Salud Pública y Adicciones con la relación de las Tasas por municipio, siendo eficaz su referencia a efectos de la
apertura o cierre de los establecimientos a partir del día siguiente'.
16. De esta forma, en la Comunidad Autónoma Vasca se establecía la posibilidad de reapertura de los establecimientos de hostelería en los municipios de más de 5.000 habitantes solo cuando la tasa de incidencia acumulada de casos positivos
por COVID-19 en los últimos 14 días fuese inferior a 500 por cada 100.000 habitantes, debiendo permanecer cerrados si la tasa es igual o superior a la citada.
17. Sin embargo, este precepto fue recurrido en vía contenciosa-administrativa por las Asociaciones de Hostelería de Vizcaya, de Guipúzcoa y SEA, Empresas Alavesas, solicitándose al mismo tiempo como medida cautelarísima la suspensión de su
vigencia. El resultado ha sido el auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad autónoma de 9 de febrero de 2021 (el 'Auto').
Cuarto. El primer pronunciamiento judicial contra el cierre injustificado de la hostelería.
18. El Auto acuerda lo siguiente:
'Adoptar la medida cautelar instada por la parte recurrente consistente en la suspensión de la vigencia del inciso relativo a reglas de reapertura del apartado 9.1) del anexo del Decreto 44/2020, de 10 de diciembre, del Lehendakari,
prorrogado por Decreto 4/2021, de 22 de enero, del Lehendakari' [énfasis añadido].
19. En primer lugar, la parte dispositiva se inicia de la siguiente consideración:
'Que, entrando en el análisis de los requisitos exigidos por la adopción de una medida cautelar, el primero de ellos es el periculum in mora. Ciertamente, en los muy numerosos municipios en la denominada ''zona roja'' el cierre de las
actividades hosteleras es total hasta que salgan de tal zona con lo que, al carecer de ingresos, se genera un grave quebranto económico.
Es notorio y resulta muy difícil reparación ante la realidad del cierre definitivo de un número no desdeñable de negocios, de forma tal que una posible indemnización futura, de producirse, no restablecería la situación fáctica actual'
[énfasis añadido].
20. Por tanto, a la hora de estudiar la existencia o no del periculum in mora, se afirma por el Tribunal que los cierres totales de la actividad hostelera implican directamente un perjuicio económico para estos empresarios. Perjuicios que
muy difícilmente podrán ser reparados con indemnización alguna.
21. Asimismo, se expone en el Auto cómo el 80% de los contagios se han producido precisamente en el ámbito privado, y no en la hostelería, sin que nada parezca apuntar a que el aumento de casos positivos encuentre su justificación en la
apertura de los establecimientos hosteleros:
'Tampoco puede desconocerse que días antes de la escalada del nivel de contagios se adoptaron diversas medidas en relación, fundamentalmente, con la movilidad y, sobre todo, comenzaron a producirse encuentros de familiares y amigos en
espacios privados con motivo de las celebraciones navideñas. Tales encuentros, según una parte importante de los epidemiólogos, puede producir en torno al 80 % de los contagios. De tal forma, la primera conclusión a la que ha de llegarse es que no
aparece con claridad la influencia de la apertura de los establecimientos hosteleros con el elevado nivel de incidencia del virus tras la celebración de la Navidad. Por otra parte, tal apertura queda sometida a importantes medidas de corrección de
la actividad que permiten minimizar los riesgos de su desarrollo para la salud pública. Dichas medidas, recogidas por la propia Administración demandada cuando la incidencia 5 es inferior a 500 sobre 100.000 habitantes, limitan de forma importante
la actividad en cuanto a horarios, aforos, distancia entre mesas, ocupación de mesas, prohibición de uso de la barra o consumo de pie. Ha de indicarse que, durante el mes de diciembre, se han considerado medidas adecuadas al no aparecer en dicho
mes subida de contagios con la hostelería abierta en estas condiciones. En definitiva, la conjugación de los intereses en conflicto hace que la Sala lo entienda que la apertura de la actividad hostelera, en las condiciones antedichas, no aparece en
este momento como un elemento de riesgo cierto y grave para la salud pública por lo que se accederá a la medida cautelar en estos términos' [énfasis añadido].
22. En definitiva, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco confirma que los bajos índices de contagio en el sector hostelero hacen que las restricciones impuestas sean claramente injustificadas, con independencia del número de casos
positivos existente en una región.
23. Con ello, implícitamente se reconoce que, en el balance de los intereses en conflicto y analizando todos los elementos concurrentes, prima impedir la generación de graves quebrantos económicos injustificados consecuencia del cierre
total de los establecimientos. Ello, claro está, siempre que se cumpla de manera estricta con el resto de las medidas de seguridad en el ámbito sanitario.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover, con fundamento en la resolución dictada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, las medidas necesarias que fomenten y aseguren la inmediata apertura de los
establecimientos hosteleros de forma inmediata e igual en todo el territorio nacional, indemnizando a sus titulares por la pérdida de ingresos que hayan sufrido durante el periodo que se hayan visto obligados a permanecer cerrados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2021.-Patricia Rueda Perelló, Diputada.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
162/000543
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas para promover una mayor incorporación de la mujer al
estudio de disciplinas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
En los últimos años, diversos estudios han puesto de manifiesto la importancia de la formación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, en sus siglas en inglés) para la economía de los países. Un elevado nivel formativo en
disciplinas STEM se asocia con incrementos de productividad en sectores de alta tecnología y ha tenido un innegable impacto positivo en el empleo en la última década: mientras que el empleo total creció un 8 % entre 2000 y 2011 en la Unión Europea,
el empleo en áreas STEM aumentó a tasas significativa mente mayores (34 %), llegando a suponer el 7 % de la oferta global en 2011.
Además, es relevante destacar la transcendencia que la formación en estas materias también tienen a nivel del mercado laboral: los graduados en carreras STEM se benefician de tasas de empleo superiores (hasta un 7 % más que en otras áreas,
según la OCDE) y salarios medios más altos. Esta situación no parece que vaya a modificarse en los próximos años, ya que se espera una creciente demanda de personal especializado para cubrir las necesidades propias de una economía cada vez más
innovadora y basada en las tecnologías de la información y la comunicación.
A pesar de los aspectos positivos mencionados, los últimos datos indican que existe una fuerte desproporción en la incorporación de hombres y mujeres al estudio de carreras STEM. Aunque la universidad española cuenta con una mayoría de
estudiantes mujeres en estudios de grados (55,2 %), solo representan el 25,14 % del total de personas matriculadas de primer y segundo ciclo y egresadas en enseñanza en Ingeniería y Arquitectura, según la estadística publicada por el Ministerio de
Educación y FP para el curso 2019-2020. A su vez, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) para el año 2018 en lo relativo al número de personas graduadas en educación superior por campo de estudio, solo el 2,6 % de las mujeres
tenían un título de ciencias naturales, matemáticas o estadística frente al 4,1 % de la UE-28, donde también existe una brecha muy importante en lo relativo a la matriculación de estudiantes femeninas respecto a los hombres en carreras STEM.
Desde Ciudadanos apoyamos firmemente la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, especialmente en un ámbito en el que brecha de género sigue muy presente como es el mercado laboral. Por tanto, consideramos prioritario el
establecimiento de un plan de promoción de la incorporación de las mujeres en el ámbito educativo de disciplinas STEM.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a:
1. Impulsar una comisión de estudio, con la participación de todos los agentes relevantes en el sector, para estudiar medidas que fomenten la incorporación de las mujeres al estudio de disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas).
2. Elaborar, en el plazo máximo de un año, un plan de promoción en el ámbito educativo de disciplinas STEM, con especial atención a la incorporación de las mujeres en estas áreas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2021.-Sara Giménez Giménez, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000544
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para garantizar la máxima transparencia y
cumplimiento del protocolo de vacunación y asegurar el cese de los políticos que se lo salten o cometan cualquier tipo de irregularidad asociada al proceso o al orden de vacunación para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El protocolo de vacunación del Ministerio de Sanidad, que se actualizó el pasado 18 de diciembre, establece cuáles son los grupos prioritarios en esta primera fase de la inmunización: residentes y personal sociosanitario que trabaja en
residencias de personas mayores y de atención a grandes dependientes y personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario. Tras completar esos grupos, cosa que aún no ha ocurrido, les siguen por orden de prioridad otro personal
sanitario y sociosanitario y personas consideradas como grandes dependientes.
Los objetivos iniciales, en relación con la vacunación de la población, fijados por el propio Ministerio de Sanidad, establecían como objetivo llegar al menos al 60 % de la población, lo que supone un ritmo de un millón de dosis
administradas cada semana. Un objetivo incompatible con las desigualdades regionales y la total falta de coordinación por parte del Gobierno de España que, de no remediarse, no permitirá alcanzar un porcentaje adecuado de población vacunada. El
resultado exitoso de la vacunación, así como la rapidez con la que en toda España seamos capaces de completar el proceso, serán determinantes para superar la crisis sanitaria, económica y social causada por la pandemia. Miles de vidas y puestos de
trabajo dependen, en consecuencia, del éxito de la estrategia de vacunación.
En ese sentido, los profesionales sanitarios, colegios profesionales de médicos y enfermería, han hecho hincapié en la importancia de la vacunación, señalando que es importante acelerar el proceso de vacunación ante el repunte de casos que
estamos viviendo en los últimos días. Asimismo, tanto personal de enfermería como farmacéuticos y otros profesionales sanitarios han expresado su voluntad de participar de forma más activa en la campaña de vacunación. Teniendo en cuenta las
circunstancias actuales es necesario seguir una estrategia acordada y consensuada con las comunidades autónomas para garantizar que la vacuna llega a los grupos prioritarios en esta primera etapa, así como para poder acelerar este proceso. Hasta el
momento en España se han administrado un millón de dosis, solo el 2,17 % de la población la ha recibido.
Sin embargo, la falta de información y rendición de cuentas por parte del Ministerio de Sanidad es incomprensible, y más si tenemos en cuenta el incremento constante de los casos de contagios y fallecidos en todo el conjunto del territorio.
Necesitamos un plan de vacunación nacional urgente, coordinado con todas las Comunidades Autónomas para unificar los esfuerzos y acelerar el proceso de vacunación para poder vacunar en esta primera etapa a todos los grupos de riesgo, incluyendo el
personal sanitario y socio-sanitario como colectivos más sensibles y expuestos debido a la atención directa a los pacientes con Covid-19. La consecución de este objetivo, no obstante, se ve comprometida por la falta de transparencia y la ausencia
de un control exhaustivo del cumplimiento del protocolo y del proceso de vacunación, motivo por el que nuestro grupo parlamentario ya solicitó la comparecencia en el Congreso del Ministro de Sanidad para aportar la máxima claridad a la situación
real en la que se encuentra España respecto al plan de vacunación.
Por si fuera poco, se han dado comportamientos políticos muy graves como los que hemos presenciado recientemente por parte del consejero y funcionarios de la Consejería de Salud de Murcia, así como los de diferentes alcaldes (de distintos
colores políticos, también de formaciones nacionalistas) y miembros de equipos de gobierno de diferentes territorios, siendo estos vacunados frente a la Covid-19 saltándose completamente el protocolo de vacunación del Ministerio de Sanidad, el cual
contempla que: 'en esta primera etapa, la vacunación se centrará solamente en el personal que de manera específica realiza actividades que exigen contacto estrecho con personas que puedan estar infectadas por SARS-CoV-2, es decir, en función del
riesgo de exposición y transmisión'.
No solo se trata de un comportamiento totalmente irresponsable y lejos de toda ética, sino que, la consecuencia directa de que estas personas hayan utilizado vacunas en un momento de absoluta
escasez, implica que en estos momentos haya personal sanitario en contacto diario con el virus o enfermos crónicos y colectivos de riesgo que se encuentran sin salir de sus casas por miedo a contagio mientras esperan su turno para ser
vacunados que se han quedado sin recibir una de las dosis que les corresponden de acuerdo con el protocolo de vacunación.
Todo ello redunda en una mayor indignación y malestar por parte de la ciudadanía, que observa como este tipo de prácticas irresponsables, sumado a la gran descoordinación entre el gobierno central con el resto de autonomías para la
implementación del plan de vacunación, atrasa el proceso de vacunación a la vez que desconoce la información real de registros y situación actual del proceso de vacunación del territorio.
Es por todo ello se hace imperativo asegurar, desde las instituciones, el porvenir de la estrategia de vacunación en cada autonomía, tanto para ofrecer certidumbres a una ciudadanía que confía en el éxito de este plan para la superación
definitiva de la pandemia, como para devolver la confianza en las instituciones que deben hacer efectivo dicho plan. El goteo de políticos saltándose el protocolo y beneficiándose de su cargo para obtener la vacuna antes de que se le suministre a
muchas personas que realmente la necesitan no puede volver a repetirse en ningún municipio ni comunidad de toda España. Son urgentes tanto la transparencia de los gobiernos autonómicos como el compromiso ético de todas las fuerzas políticas para
garantizar que todo cargo que se salte un protocolo asumirá sus responsabilidades y abandonará su puesto de manera automática.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la publicación de toda la información sobre los criterios y protocolos de vacunación, así como la creación de un registro único de vacunación a nivel nacional.
2. Manifestar la necesidad de que el Ejecutivo y todas las formaciones políticas con presencia institucional en todos los niveles de la Administración asuman el compromiso ético de pedir la dimisión o cesar de manera inmediata a
cualesquiera de sus cargos públicos, sean representantes electos o altos cargos, que se salten el plan de vacunación o que incumplan el protocolo de vacunación establecido en provecho propio o beneficiándose de su posición, perjudicando con ello a
las personas que realmente necesitaban con prioridad esa vacuna y han visto retrasadas su dosis a causa de estas irregularidades inadmisibles.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2021.-Inés Arrimadas García, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000545
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para una aplicación consensuada, progresiva y justa de la nueva
Política Agrícola Común (PAC) para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La profesionalidad y buen hacer de nuestros agricultores y ganaderos han convertido a España en una potencia agroalimentaria, con productos que son un verdadero ejemplo de calidad, sostenibilidad y compromiso medioambiental. El sector
primario español ha sido, además, un pilar fundamental durante lo más duro de la pandemia, garantizando en todo momento el suministro de mejor calidad. En este contexto, la Política Agrícola Común (PAC) constituye un elemento esencial para el
desarrollo económico, social, territorial y medioambiental de nuestro país.
Debido a que la nueva reforma de la PAC, negociada en el marco de la Unión Europea (UE), no ha podido ser aprobada antes del 1 de enero de 2021 tal y como estaba previsto, ha sido necesario aprobar
un 'Paquete de Transición' para asegurar su continuidad, aunque sea manteniendo provisionalmente el régimen previo. Así, la UE aprobó el Reglamento (UE) 2020/2220 con el objetivo de extender la aplicación de la antigua PAC 2014-2020 hasta
2022 y ofrecer la certidumbre necesaria a los agricultores y ganaderos.
Por su parte, el Gobierno aprobó el Real Decreto 41/2021, de 26 de enero de 2021, para trasponer al ordenamiento jurídico nacional lo acordado a nivel europeo y establecer el mecanismo de aplicación de la PAC para los años 2021 y 2022. Este
Real Decreto, sin embargo, fue aprobado sin la transparencia y el consenso con las organizaciones agrarias que medidas de este calado requieren.
En particular, el régimen de convergencia previsto, sin límite o moderación alguna en las pérdidas que miles de explotaciones agrícolas y ganaderas pudieran sufrir, resulta mejorable y peca de falta de empatía con el sector en un contexto de
grave crisis económica a causa de la pandemia.
Si bien la convergencia de los derechos de pago es un requisito de la PAC que no cabe eludir, esto no implica que se pueda hacer de cualquier manera y sin tener en consideración las circunstancias en las que se regula. De forma
incomprensible para gran parte del sector agrícola y ganadero español, el Gobierno ha decidido renunciar al margen de maniobra que le ofrece la norma comunitaria para facilitar la transición gradual suave al próximo periodo de la PAC y pone en
dificultades innecesarias a algunos de nuestros agricultores más productivos.
Desde Ciudadanos creemos que es posible un mejor y más justo modelo de convergencia en la política agraria que, sin renunciar al objetivo final, pueda garantizar un reparto equitativo de los costes de transición y que tenga en cuenta las
circunstancias particulares del sector agrario español.
Teniendo esto en cuenta, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reiniciar inmediatamente el diálogo con las Comunidades Autónomas, las organizaciones agrarias y demás sectores afectados para garantizar que las decisiones relacionadas con la aplicación de la nueva Política Agraria Común (PAC) en
España sean tomadas con el mayor consenso posible y con la antelación suficiente para minimizar los efectos contraproducentes de estos cambios y permitir a los afectados adaptarse a los mismos.
2. Modificar de manera urgente el Real Decreto 41/2020 para, haciendo uso de la habilitación prevista en el Reglamento (UE) 2020/2220, fijar un límite máximo a la reducción que pueden sufrir los agricultores durante el proceso de
convergencia de los derechos de pago.
3. Tomar cuantas medidas sean necesarias para que los costes de la transición a un nuevo modelo de la PAC se repercutan de forma progresiva y equitativa, evitando que recaigan sobre los agricultores y ganaderos más vulnerables.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2021.-María Carmen Martínez Granados, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000546
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para acelerar la vacunación contra el COVID-19
de personas con factores de riesgo, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto negativo de gran magnitud sobre el sistema sanitario español. No solo se trata de una enfermedad extremadamente contagiosa y con una tasa de mortalidad relativamente alta, sino que también deja
unas secuelas cardiovasculares que exigen un nivel de seguimiento muy concienzudo. No en vano, los efectos de la pandemia en nuestro país se han cobrado ya en torno a 120.000 personas, según los datos de exceso de mortalidad de los servicios
funerarios.
Este riesgo, que todos los ciudadanos estamos viviendo tan de cerca, es particularmente alto para algunas familias. La COVID-19 es especialmente dañina para personas que cuentan con algún factor de riesgo que les hacen aún más vulnerables a
los estragos que causa el SARS-CoV-2. Por ejemplo, hay evidencia sólida de que las afecciones cardíacas graves, el cáncer, la enfermedad renal crónica, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, la obesidad o la diabetes tipo 2 son un
importante factor de riesgo frente al COVID-19. Asimismo, hay también evidencia significativa de otros factores de riesgo también muy extendidos, como el asma, el uso de corticoides u otros inmunodepresores, la enfermedad hepática, enfermedades
pulmonares crónicas, personas con trasplantes de órganos sólidos o de médula ósea, o diabetes tipo 1. Es más, algunas de estas condiciones se solapan entre ellas.
Más recientemente, algunos estudios han demostrado que otro tipo de situaciones también pueden suponer un riesgo adicional. Por ejemplo, gracias a un estudio difundido por DOWN España tenemos una mejor comprensión de cómo el Síndrome de
Down puede suponer un riesgo adicional frente a la pandemia. De acuerdo a ese estudio, el riesgo de fallecimiento en pacientes con Síndrome de Down contagiados por COVID-19 aumenta a partir de los 40 años de edad, mientras que ese riesgo en la
población sin discapacidad aumenta únicamente a partir de los 60-65 años de edad.
Esta vulnerabilidad extrema ha llevado a las personas con factores de riesgo y a sus familias a un confinamiento extremo por el miedo al contagio. Esto supone que hay miles de personas que tienen que elegir entre acudir a su puesto de
trabajo o mantener a salvo a su familia, o miles de niños y jóvenes que no pueden acudir a la escuela o recibir la formación para evitar cualquier posible riesgo de contagio. Dada esta situación, y sus consecuencias para el bienestar físico, mental
y cognitivo de estas personas, especialmente de aquellas con discapacidad o movilidad reducida, es evidente la urgencia existente para que la vacunación llegue con la mayor celeridad posible a estas personas. Pese a ello, la Estrategia de
Vacunación COVID-19 en España presentada por el Gobierno de España no recoge aún la vacunación de las personas con factores de riesgo. Tampoco se detalla cuándo y cómo se vacunará a personas que aúnan varios factores de riesgo y cuya vulnerabilidad
es extrema, lo que aumenta la desesperación en ellos y sus familias.
Además, dada esta vulnerabilidad, estas personas se enfrentan a un riesgo extremo incluso si acuden a ser vacunados en los términos en los que el Gobierno de España ha diseñado la campaña. Por ejemplo, si estas personas deben acudir a un
centro de salud o una clínica para vacunarse, están expuestos a contraer el SARS-CoV-2. Sin embargo, que estas personas sean vacunadas en sus domicilios puede suponer una ralentización de la campaña de vacunación, al necesitar profesionales
sanitarios que se dediquen específicamente a visitar domicilios, limitando el número de dosis que pueden administrar en cada turno. Por tanto, es necesario revisar la campaña de vacunación para priorizar a estas personas con factores de riesgo y
para asegurar que pueden recibir sus dosis de forma segura.
Por este motivo, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Incluir a las personas con factores de riesgo frente al COVID-19 como personal prioritario para la vacunación con carácter inmediato.
2. Acondicionar pabellones, polideportivos, centros culturales y otro tipo de espacios similares de gran amplitud para administrar vacunas contra el COVID-19, comenzando a operar como centros de vacunación para personas con factores de
riesgo para evitar que tengan que acudir a centros de salud o clínicas donde puedan exponerse al SARS-CoV-2.
3. Establecer un sistema digital de citación para la vacunación de personas con factores de riesgo en este tipo de instalaciones amplias, evitando así que se formen colas o aglomeraciones en las entradas a estos centros de vacunación y
facilitando así la conciliación de sus acompañantes en caso de necesitarlos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2021.-Guillermo Díaz Gómez, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
COMPETENCIAS EN RELACIÓN CON OTROS ÓRGANOS E INSTITUCIONES
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
232/000040
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(232) Recurso de inconstitucionalidad.
Autor: Tribunal Constitucional.
Sentencia dictada por el citado Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 3848/2015, promovido por el Parlamento de Cataluña contra los artículos 20; 35.1; 36.1, 2, 8, 22 y 23; 37.7 y la disposición final primera de la Ley
Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, así como votos particulares formulados a la misma.
Acuerdo:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la
sentencia.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José González Rivas, presidente; la magistrada doña Encarnación Roca Trías; los magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan
Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 3848-2015, promovido por el Parlamento de Cataluña contra los arts. 20, 35.1, 36.1, 2, 8, 22 y 23, 37.7, así como la disposición final primera de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de
protección de la seguridad ciudadana. Ha comparecido y formulado alegaciones el Gobierno. Ha sido ponente el Presidente don Juan José González Rivas.
[...]
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española, ha decidido:
1.º Desestimar la pretensión de inadmisión de la impugnación dirigida contra la disposición final primera de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
2.º Declarar la pérdida de objeto del presente recurso de inconstitucionalidad en lo que hace a la impugnación del inciso 'no autorizado' del art. 36.23 LOPSC.
3.º Declarar que los arts. 36.23 y 37.7 LOPSC no son inconstitucionales siempre que se interpreten en el sentido establecido en el FJ 2 c) el art. 36.23 y en el FJ 2 d) el art. 37.7.
4.º Declarar que la disposición final primera por la que se introduce la disposición adicional décima en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, es conforme a
la Constitución, siempre que se interprete tal y como se ha indicado en el fundamento jurídico 2 e).
5.º Declarar que el art. 36.22 LOPSC no es inconstitucional siempre que se interprete que la conducta que tipifica consiste en (a) el incumplimiento de las restricciones a la navegación en esos sectores impuestas por motivos de seguridad
ciudadana (b) que produjese como resultado un perjuicio real para la seguridad ciudadana o una amenaza concreta de la que razonablemente se pueda seguir aquel perjuicio.
6.º Desestimar el recurso de inconstitucionalidad en todo lo demás.
Publíquese esta Sentencia en el 'Boletín Oficial del Estado'.
Dada en Madrid, a 28 de enero de 2021.
233/000011
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(233) Cuestión de inconstitucionalidad.
Autor: Tribunal Constitucional.
Sentencia dictada por el citado Tribunal en la cuestión de inconstitucionalidad número 1478/2020, planteada por la Sección 4.ª de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, respecto del artículo 153.1 LOREG, en relación
con los artículos 53 y 50.4 LOREG y artículos 34 y 39 de la Ley 14/1966, de 18 de marzo, de Prensa e Imprenta, por posible vulneración de los artículos 9.3 y 25.1 de la Constitución española, así como votos particulares formulados a la misma.
Acuerdo:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la
sentencia.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José González Rivas, presidente, la magistrada doña Encarnación Roca Trías; los magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan
Antonio Xiol Ríos, don Pedro González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho y don Cándido Conde-Pumpido Tourón, y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 1478-2020, promovida por la Sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, respecto del art. 153.1 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General (en adelante LOREG), en relación con los artículos 53 y 50.4 de la propia LOREG y los artículos 34 y 39 de la Ley 14/1966, de 18 de marzo, de Prensa e Imprenta, por posible vulneración de los artículos 9.3 y 25.1 CE. Han
comparecido y formulado alegaciones el abogado del Estado, el letrado de la Junta Electoral Central, don Bieito Rubido Ramonde y la Fiscal general del Estado. Ha sido Ponente el magistrado don Cándido Conde-Pumpido Tourón.
[...]
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española, ha decidido desestimar la presente cuestión de inconstitucionalidad.
Publíquese esta sentencia en el 'Boletín Oficial del Estado'.
Dada en Madrid, a 28 de enero de 2021.
OTROS TEXTOS
INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR
120/000015
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(120) Iniciativa Legislativa Popular.
Autor: Don Tomás Vizcaíno Recio y otro.
Proposición de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, y de la Ley
34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico.
Acuerdo:
Admitir a trámite el escrito por el que se ejercita el trámite inicial de la iniciativa legislativa popular, comunicando este acuerdo a la Comisión Promotora, a la Junta Electoral Central y al Senado, publicándolo en el Boletín Oficial de la
Cortes Generales, conforme a los artículos 5.3 y 7.1 de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.