BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES


SECCIÓN CORTES GENERALES


XIV LEGISLATURA


Serie A: ACTIVIDADES PARLAMENTARIAS


4 de abril de 2023

Núm. 306

ÍNDICE


Control de la acción del Gobierno


PROPOSICIONES NO DE LEY/MOCIONES


Comisión Mixta de Seguridad Nacional


161/004935 (CD) 663/000248 (S);Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre la prohibición de contratar a empresas que han espiado o hackeado a Administraciones Públicas ... href='#(Página2)'>(Página2)


Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones


161/004936 (CD) 663/000249 (S);Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la reducción del consumo de tranquilizantes sin receta en centros penitenciarios ... Página 4)

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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO


PROPOSICIONES NO DE LEY/MOCIONES


Comisión Mixta de Seguridad Nacional


161/004935 (CD)


663/000248 (S)


La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia.


(161) Proposición no de Ley en Comisión.


Autor: Grupo Parlamentario Republicano.


Proposición no de Ley sobre la prohibición de contratar a empresas que han espiado o hackeado a Administraciones Públicas.


Acuerdo:


Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que es la Comisión Mixta la que insta al Gobierno a la adopción de las medidas correspondientes, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al
artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión Mixta de Seguridad Nacional. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Senado, al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación.


Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de marzo de 2023.-P.D. El Letrado Mayor de las Cortes Generales, Carlos Gutiérrez Vicén.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la Diputada Montserrat Bassa i Coll, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la prohibición
de contratar a empresas que han espiado o hackeado a Administraciones Públicas para su debate en instancia en la Comisión de Seguridad Nacional.


Exposición de motivos


Las investigaciones de los laboratorios forenses Citizen Lab (Universidad de Toronto) y Amnesty International Security Lab, publicadas en The New Yorker y el diario El País, destaparon una gran trama de espionaje en el Estado español, de la
que fueron víctimas líderes políticos, activistas sociales, abogados y periodistas (así como familiares y allegados).


Fueron objeto de espionaje ilegal a través de sus teléfonos móviles. La investigación de Citizen Lab demuestra técnicamente la utilización de vectores de infección diversos, con utilización de sistemas de ocultación del malware y de
infiltración de máxima sofisticación (infección inadvertida a través de sistemas de zero-click), que generan una monitorización del terminal espiado que va más allá de la interceptación de comunicaciones, para suponer un acceso absoluto a todo su
contenido.


Las investigaciones publicadas señalaron esencialmente al software Pegasus, fabricado por la compañía israelí NSO y que permite la monitorización y extracción de datos de la mensajería instantánea, geolocalización, captura de pantalla,
escucha de llamadas e incluso activación remota de cámara y micrófono. Al parecer, otros malware como Candiru también fueron utilizados en esta trama de espionaje.


Mediante estos sistemas han sido espiados, entre otros, los Presidents de la Generalitat Pere Aragonès, Quim Torra y Artur Mas, o los Presidents del Parlament Roger Torrent y Laura Borràs; líderes de partidos políticos como Arnaldo Otegi,
Marta Rovira, Jordi Sánchez o Anna Gabriel; líderes sociales

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como Marcel Mauri (Òmnium Cultural) o Elisenda Paluzie (ANC); abogados como Andreu Van den Eynde o Gonzalo Boye; e incluso parlamentarios europeos, del Congreso de los Diputados y del Parlament de Catalunya, como Jordi Solé, Antoni Comín,
Diana Riba, Míriam Nogueras, Jon Iñarritu, Albert Botran, Ferran Bel, Albert Batet o Josep Maria Jové. Asimismo, también se han espiado a personas del entorno del President Puigdemont, el President d'ERC, Oriol Junqueras, o del expresidente de
Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.


Ciertamente, estos espionajes no preocupan en una autoproclamada 'Democracia plena' como la española. Es más, políticamente, son aplaudidos, normalizados y justificados, de manera que se legitima y, en consecuencia, se perpetúa el espionaje
al disidente. Ni siquiera ha existido interés político, ¡democrático!, para crear una Comisión de investigación que estableciera quién espiaba, con qué finalidad y, sobre todo, si lo hacía con amparo legal o no y a las órdenes de quién.


No obstante, en un Estado donde se espía impunemente a la oposición política, a activistas sociales, a abogados que trabajan en la defensa de un caso penal de naturaleza política o incluso a periodistas que hacen incómodas noticias o
investigaciones, cualquiera puede ser espiado por su actividad política. Porque es un Estado donde el espionaje está legitimado y normalizado como herramienta policial y política, de información y de chantaje.


Y tanto es así que han sido objeto de espionaje el propio Presidente del Gobierno de España y algunos de sus Ministros, entre los cuales, el Ministro del Interior y la Ministra de Defensa. A pesar de eso, tampoco ha habido ninguna
investigación que se haya hecho pública al respecto.


En este sentido, no sabemos hasta qué punto sigue actuando la enorme trama de espionaje y quiénes son las víctimas. Pero la pasividad del Estado español convierte a la Democracia en la mayor de todas las víctimas.


Por otro lado, recientemente, la organización Forbidden Stories (de la cual forma parte el diario El País junto a medios como Der Spiegel, Le Monde, The Washington Post o The Guardian), hizo público que un excomandante del ejército israelí,
Tal Hanan, se vanagloriaba ante posibles clientes de haber sido responsable de una ofensiva en la red contra la Generalitat de Catalunya con la intención de boikotear la consulta del 9N de 2014 en Catalunya.


Los ataques informáticos, que se llevaron a cabo intermitentemente durante tres días y que fueron denunciados por el Govern de la Generalitat de Catalunya, así como por Òmnium Cultural y la Assemblea Nacional Catalana, llegaron a afectar el
funcionamiento de portales gubernamentales tan sensibles como el Servei d'Emergències Mèdiques, que fue bloqueado obligando al aplazamiento de intervenciones quirúrgicas, o e-justícia.


Asimismo, Hanan se atribuye haber filtrado documentación falsa sobre surrealistas supuestos vínculos entre el independentismo catalán y Estado Islámico.


Hanan, vinculado con la polémica consultora británica Cambridge Analytica y que trabaja para organismos de seguridad e inteligencia gubernamentales a nivel internacional con la empresa de seguridad DemoMan International Ltd, de la que es
director general, ha impartido cursos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, según presume, ha participado en sucias campañas electorales.


Los espionajes a políticos, el hackeo a páginas tan sensibles como la de Justicia o la del servicio de emergencias médicas o la filtración de 'fake news' con pretensión de guerra sucia política, son actitudes que deben ser perseguidas y
combatidas por la democracia.


Por todo ello se presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:


1. Enviar, en el plazo máximo de tres meses, un informe a la Comisión Mixta de Seguridad Nacional sobre las contrataciones públicas efectuadas con las empresas que han espiado o hackeado a alguna Administración Pública del Estado.


2. Realizar las modificaciones legales oportunas para prohibir la contratación de empresas, así como sus matrices o filiales, que hayan espiado o hackeado a alguna Administración Pública del Estado.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 2023.-Montserrat Bassa Coll, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.

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Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones


161/004936 (CD)


663/000249 (S)


La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia.


(161) Proposición no de Ley en Comisión.


Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Proposición no de Ley relativa a la reducción del consumo de tranquilizantes sin receta en centros penitenciarios.


Acuerdo:


Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas
de las Adicciones. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Senado y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación.


Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de marzo de 2023.-P.D. El Letrado Mayor de las Cortes Generales, Carlos Gutiérrez Vicén.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la reducción del consumo de
tranquilizantes sin receta en centros penitenciarios, para su debate en la Comisión Mixta para el estudio del problema de las Adicciones.


Exposición de motivos


La Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas, dependiente del Ministerio de Sanidad, hizo pública el pasado 30 de enero de 2023 la última actualización de la 'Encuesta sobre Salud y Consumo de Drogas en Población Interna en
Instituciones Penitenciarias'.


Dicha encuesta -elaborada por la citada Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas, en coordinación con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, la Dirección General de Asuntos
Penitenciarios del Departamento de Justicia, Derechos y Memoria de la Generalitat de Cataluña y la Dirección de Justicia de la Consejería de Igualdad, Justicia y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco- hace referencia al periodo temporal comprendido
entre los años 2016 y 2022, y fue realizada en 78 centros penitenciarios de toda España -de Andalucía, 13 centros, de Cataluña 9, y de Castilla y León 8- sobre una muestra poblacional de 5.512 internos, de los que el 73,7 % tienen nacionalidad
española, el 65,9 % tienen 35 años o más, y únicamente el 6,3 % son mujeres.


De acuerdo con las cifras incluidas en la encuesta, los consumos realizados en prisión 'en los últimos 30 días' -de tabaco (70,9 % de los reclusos), cannabis (11,2 %), alcohol (2 %), heroína (1,4 %), cocaína polvo y base (1,3 % y 1,2 %,
respectivamente), heroína y cocaína mezcladas (0,7 %), y metadona sin receta (0,7 %)- se han reducido con respecto a 2016. Por su parte, las anfetaminas (0,4 % de los presos), los alucinógenos (0,2 %), el éxtasis (0,2 %) y los inhalables (0,1 %),
mantienen sus niveles de ingesta. Finalmente, los tranquilizantes no recetados son referidos en la encuesta como la única sustancia psicoactiva -la más empleada por detrás de tabaco y cannabis- cuyo uso se ha visto incrementado en los últimos años,
con una evolución del 6,2 % al 7,8 %. Aunque no llega a alcanzar el máximo de 9,1 % que se obtuvo en el sondeo realizado en 2006, esta proporción del consumo de tranquilizantes sin receta representa además un aumento del 3,7 % con respecto al dato
registrado en 2011.

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En este contexto, y tomando en consideración otros hechos, como que el 18 % de los reclusos ha sido diagnosticado con depresión, la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas concluye de forma literal en la mencionada
encuesta que 'la estancia en prisión es una oportunidad para mejorar la salud de la población penitenciaria y llevar a cabo programas de prevención y tratamiento', que el problema de las adicciones en los centros penitenciarios requiere 'un abordaje
multidisciplinar y la coordinación de los diferentes agentes e instituciones implicados', y que 'se debe continuar trabajando para reducir el consumo de drogas y los riesgos y problemas asociados' a la propia ingesta.


Por todo lo anterior, en convergencia con el posicionamiento general para mejorar el abordaje de las adicciones de la Organización de las Naciones Unidas; tomando en consideración las distintas iniciativas para la reducción de las
adicciones vigentes en la Unión Europea, y de conformidad con las líneas globales de trabajo establecidas en la 'Estrategia Nacional sobre Adicciones 2017-2024' y en el 'Plan de Acción sobre Adicciones 2021-2024', el Grupo Parlamentario Popular
presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'La Comisión Mixta Congreso de los Diputados-Senado para el estudio del Problema de las Adicciones insta al Gobierno a desarrollar desde el consenso real con las Comunidades Autónomas, así como desde la plena coordinación con los
representantes de los profesionales sanitarios, cuantas acciones integrales y multidisciplinares sean necesarias -con los recursos humanos, económicos y materiales que resulten pertinentes- para mejorar la prevención y reducir el consumo de
tranquilizantes sin receta en centros penitenciarios.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 2023.-Elvira Velasco Morillo, Diputada.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.