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BOCG. Sección Cortes Generales, serie A, núm. 141, de 25/05/2021
cve: BOCG-14-CG-A-141
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
SECCIÓN CORTES GENERALES
XIV LEGISLATURA
Serie A: ACTIVIDADES PARLAMENTARIAS
25 de mayo de 2021
Núm. 141
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY/MOCIONES
Comisión Mixta para la Unión Europea
161/002556 (CD) 663/000118 (S);Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al desarrollo de un sistema de avión entrenador avanzado para el Ejército del Aire español en el marco de los fondos de la Cooperación
Estructura Permanente de Defensa (PESCO) de la Unión Europea ... (Página3)
Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades
161/002605 (CD) 663/000124 (S);Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta a la Corporación RTVE a emitir una programación especial con motivo de la celebración del Orgullo LGTBI ...
Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones
161/002601 (CD) 663/000122 (S);Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al control del uso de las pipas de agua entre los menores... (Página8)
161/002616 (CD) 663/000127 (S);Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a la realización de estudios sobre las adicciones tecnológicas...
Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
161/002584 (CD) 663/000119 (S);Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a una economía circular y descarbonizada... (Página13)
161/002585 (CD)
663/000120 (S);Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la defensa de una educación de calidad (4 ODS) en el medio rural de España... (Página15)
161/002599 (CD) 663/000121 (S);Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la participación en iniciativas internacionales de Educación en cumplimiento del ODS4... (Página18)
161/002602 (CD) 663/000123 (S);Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la naturaleza política de la Agenda 2030, al cese de la misma como eje transversal de la acción del Gobierno y al examen de sus
consecuencias económicas... (Página19)
161/002608 (CD) 663/000125 (S);Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el fomento de las bicicletas y los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) como alternativa de movilidad sostenible...
161/002614 (CD) 663/000126 (S);Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, por la que se insta al Gobierno a no ratificar el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur por incumplir los
Objetivos de Desarrollo Sostenible... (Página25)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY/MOCIONES
Comisión Mixta para la Unión Europea
161/002556 (CD)
663/000118 (S)
La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario VOX.
Proposición no de Ley relativa al desarrollo de un sistema de avión entrenador avanzado para el Ejército del Aire español en el marco de los fondos de la Cooperación Estructura Permanente de Defensa (PESCO) de la Unión Europea.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que es la Comisión Mixta la que insta al Gobierno a la adopción de las medidas correspondientes, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al
artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión Mixta para la Unión Europea. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Senado, al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2021.-P.D. El Letrado Mayor de las Cortes Generales, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Iván Espinosa de los Monteros y de Simón, D.ª Macarena Olona Choclán, D. José María Sánchez García, D. Agustín Rosety Fernández de Castro, D. Manuel Mestre Barea, D. Alberto Asarta Cuevas, D. Víctor González Coello de Portugal y D. Luis
Gestoso de Miguel, en sus respectivas condiciones de Portavoz, Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa al desarrollo de un sistema de avión entrenador avanzado para el Ejército del Aire español en el marco de los fondos de la Cooperación Estructura Permanente de Defensa (PESCO) de la Unión
Europea, para su discusión en la Comisión Mixta para la Unión Europea.
Exposición de motivos
Primero. No resulta difícil observar que el mundo se encuentra inmerso en un proceso de rearme global. De hecho, según el Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), en el año 2019 el gasto militar mundial alcanzó los 1.917
billones de dólares, suponiendo un incremento del 3,6% en relación con el año 2018, y el mayor incremento anual desde 2010 1.
1 'Global military expenditure sees largest annual increase in a decade -says SIPRI- reaching $1917 billion in 2019', Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). 27.04.2020. Disponible [en línea]: https:/ /
www.sipri.org/media/press-release 72020/global-militarv- expenditure-sees-lareest-annual-increase-decade-says-sipri-reaching-1917-billion.
Cabe resaltar que este rearme global no está siendo únicamente propiciado por el aumento de la inversión en Defensa de potencias como China o India. Así, países europeos como el Reino Unido, Alemania, Francia, Grecia, Finlandia o Suecia van
a incrementar de forma considerable sus fondos destinados a la Defensa Nacional.
En particular, el Reino Unido se dispone a invertir en Defensa 16.500 millones de libras en los cuatro próximos ejercicios presupuestarios, y Alemania tiene proyectado un incremento cercano al 3% para el presente ejercicio. Por su parte,
Francia va a aumentar su inversión en Defensa en un 4,5 %. La República Helénica -debido a su disputa con Turquía- va a doblar su inversión 2. Noruega, por ejemplo, ha previsto un aumento de sus gastos en Defensa del 27 % en los próximos
ocho años.
Así las cosas, resulta especialmente preocupante que países vecinos como Marruecos y Argelia también estén siguiendo sus propios procesos de rearme, y comienzan a poner en riesgo la hegemonía española sobre el Estrecho de Gibraltar. La
anterior situación se observa claramente con varios ejemplos: en primer lugar, en el arma submarina. Así, según informaciones publicadas, el Reino de Marruecos tiene como objetivo reforzar su Armada, para lo cual planea adquirir su primer
submarino, y parece ser que el elegido es el modelo francés Scorpene 3. No obstante, este no pretende ser el único sumergible con el que opere la armada marroquí, puesto que el reino alauita está manteniendo negociaciones con el Reino Unido para la
adquisición de un submarino más. De hecho, el objetivo final de Marruecos es contar con cuatro submarinos. Con ello, nuestro vecino del sur pretende contrarrestar el poder que Argelia, su sempiterno antagonista, posee en dicho arma.
Concretamente, Argelia ha comprado dos buques rusos Kilo tipo 636M, diésel-eléctricos multipropósito, que se suman a otros cuatro submarinos que ya posee en la actualidad 4.
Sin embargo, no solo la superioridad en el arma submarina por parte de España está en riesgo. En el caso marroquí, la compra de 25 cazas de combate F-16C/D Bloque 72 por un importe de 3.787 millones de dólares (3.332 millones de euros) y la
actualización de los 23 aparatos de este modelo que ya están en servicio en la Real Fuerza Aérea a la versión F-16 V 5, pone también en serio riesgo la superioridad aérea española.
Segundo. Estas últimas adquisiciones militares por parte de Marruecos o Argelia ponen de manifiesto la imperativa necesidad de mejorar los sistemas de armas de nuestro Ejército del Aire, al objeto de seguir reforzando sus capacidades.
A tenor de las respuestas del Gobierno y de lo publicado en prensa, la sustitución de los F-18 más antiguos, los (C-15A) del Ala 46 sita en Canarias, parece responder -aunque de manera insuficiente- a esta necesidad de refuerzo. Recordemos
que estos aviones serán reemplazados por 20 cazas de combate Eurofighter, que portarán la configuración de armamento más avanzada de la Tronche 3 y que estarían preparados para su integración en el Futuro Sistema Aéreo de Combate 6 (FCAS, por sus
siglas en inglés).
De hecho, es en el FCAS en el que están puestas todas las expectativas para la fabricación de un caza europeo de sexta generación. A pesar de todas las discrepancias que están surgiendo -sobre todo en materia industrial 7- entre los países
participantes (Alemania, Francia y España), lo cierto es que esta es la apuesta que está realizando el Gobierno español para garantizar a las Fuerzas Armadas un sistema de última tecnología en el largo plazo.
Sin perjuicio de lo anterior, resulta asimismo imperativo dotar al Ejército del Aire de un nuevo avión entrenador que sustituya a los ya veteranos F-5M, sitos en la Base Aérea de Talavera la Real (Badajoz). En particular, este avión
permitiría completar la modernización del proceso de adiestramiento de los
2 'La defensa europea busca tomar impulso este nuevo año', Infodefensa, 04.01.2020. Disponible [en línea]: https://www.infodefensa.com/mundo72021/01704/noticia-defensa-europea-busca- tomar-impulso-nuevo.html
3 HALIMI, Mohammed: 'Real Armada de Marruecos y submarino Scorpene: la opción con más posibilidades y aún sin confirmar', Defensa.com. 18.03.2021. Disponible [en línea]:
https://vvww.defensa.com/africa-asia-pacifico/real-armada-marruecos-submarino-scorpene- opcion-mas-aun-sin.
4 VILLAREJO, Esteban: 'Argelia, segundo país mediterráneo con capacidad de ataque a tierra de un submarino', ABC. 02.10.19. Disponible [en línea]: https://abcblogs.abc.es/tierra-mar- aire/otros-temas/ argelia-submarino-misiles.html.
5 CARRASCO, B: 'Marruecos y sus diez grandes programas de compras', Infodefensa, 16.07.20. Disponible [en línea]: https://www.infodefensa.com/es/2020/07/16/noticia-marruecos- grandes-programas-compras.html.
6 CARRASCO, B: 'España negocia con Airbus la compra de 20 Eurofighter a entregar a partir de 2025', Infodefensa, 09.07.2020. Disponible [en línea]:
https://www.infodefensa.com/es/2020/07/09/noticia-espana-negocia-airbus-compra-eurofighter-entregar-partir.html.
7 SORIANO FORTE, Ginés: 'Caza del futuro: socios y a la vez enemigos en el desarrollo del avión de combate europeo', La Razón, 16.04.21. Disponible [en línea]: https://www,larazon.es/espana/20210416/rmrc75vmvbbr7okoateo5z6t5e.html.
futuros pilotos, iniciado con la reciente adquisición de los PC-21 Pilatus que cubren la formación básica (Fase II), mientras que el sustituto de los F-5M abarcaría la formación avanzada de caza y ataque (Fases III y IV) 8.
Así las cosas, la empresa Airbus -de la que el Estado Español es accionista-, ha presentado su programa Airbus Future Jet Trniner (en adelante, 'AFJT'), al objeto de desarrollar un avión 'adaptado a los requisitos de la Fuerza Aérea y
elaborar un plan industrial que involucrará en el proyecto a la mayor parte de la industria aeroespacial española' 9. En concreto, el concepto de la aeronave se basa en 'tecnologías flexibles y sistemas de última generación, lo que se traduce en
una capacidad de crecimiento y evolución para poder desarrollar en un futuro otras misiones avanzadas y adicionales' 10.
Por tanto, además de cubrir plenamente las necesidades operativas del Ejército del Aire, el AFJT permitiría reducir los costes en las bases, ya que sería posible que el aparato asumiese una parte del adiestramiento que se realiza en los F-18
y los Eurofighter. Incluso el citado avión entrenador propuesto por Airbus tendría la capacidad de ser adaptado para entrenar a los pilotos del futuro FCAS.
Tercero. Además de por las razones ya expuestas en los expositivos anteriores, la necesidad de este avión entrenador, crítico para el mantenimiento de capacidades de nuestras Fuerzas Armadas, tendría un impacto muy positivo para la
industria aeronáutica española, ya que este subsector lidera las cifras de ventas de Defensa con 4.331 M (70,0 % del total de las mismas), muy por encima de los siguientes subsectores: el naval, con unas ventas de defensa de 564 M (9,1% del
total) y el terrestre, con 526 M (8,5% del total) 11.
Así pues, cabe resaltar que la industria de Defensa Nacional española es un sector que se caracteriza por (i) la innovación -un 10 % del total de la cifra de negocio se dedica a I+D+i-; (ii) la alta productividad -115.000 euros por
empleado-; y (iii) un gran retorno -se generan 2,5 euros por cada euro invertido-.
En este sentido, resulta procedente destacar la contestación del Gobierno a una iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario VOX -con n.° de registro 48329-, en la cual se preguntaba por la utilización del Fondo de Reconstrucción Europeo
para el programa del nuevo avión entrenador del Ejército del Aire y por las medidas que el Ejecutivo iba a proponer para evitar los despidos en Airbus España. En particular, la contestación efectuada por el Gobierno -con n.° de registro de entrada
55404- señalaba lo siguiente:
'El pasado 30 de julio, el Gobierno y la empresa Airbus acordaron adoptar una serie de acciones para el futuro crecimiento y desarrollo de tecnologías y capacidades sectoriales, y como contribución para minimizar el impacto sobre el empleo
en las factorías españolas.
En lo que respecta al lanzamiento de nuevas iniciativas en programas de defensa, se indica que se incluyó analizar la posibilidad de lanzar un estudio de concepto y viabilidad para el desarrollo de un avión entrenador avanzado, como programa
estratégico abierto a otros países aliados, Francia y Alemania, que refuerce las capacidades de la industria española de diseñar, certificar, producir y mantener un avión completo, orientado al futuro entrenador para el NGWS/FCAS (Futuro Sistema de
Combate Aéreo)'.
En vista de lo anterior, pareciera que el Gobierno tiene la intención de desarrollar un avión entrenador al objeto de reforzar esas capacidades críticas de nuestras Fuerzas Armadas, por lo que este grupo parlamentario lo anima a que prospere
en dicha misión y otorgue esa mejora cualitativa al sector tanto industrial como del Ejército del Aire, para que pueda hacer frente a los nuevos retos que se presentan en materia de Defensa. Por tanto, a los efectos de ayudar a la financiación de
este proyecto, el Grupo Parlamentario VOX recuerda al Gobierno la posibilidad que tiene de acogerse a los fondos de la Cooperación Estructura Permanente de Defensa (PESCO, siglas en ingles) 12 de la Unión Europea, los cuales están previstos
precisamente para ayudar al desarrollo de la industria de Defensa y mejora de las capacidades militares de los Estados miembros.
8 CANCIO, Fernando: 'El nuevo avión entrenador del Ejército del Aire llegará tras el verano', La Razón, 09.01.21. Disponible [en línea]: https:/ / www.larazon.es/espana/20210109/2tw5d4ne6bgbtob2b4tg7unl3u.html .
9 CARRASCO, Benjamín: 'Airbus propone un avión entrenador español capaz de portar armamento', La Razón, 19.10.20. Disponible [en línea]: https: / / www.larazon.es / espana/20201019/wgzdecknundb7c5ef6cmgziufq .html.
10
11 'Perspectiva de la Industria de Defensa', Secretaría General Técnica-Ministerio de Defensa, 2019. Disponible [en línea]: https://www.defensa.gob.es/Galerías/dgamdocs/Perspectiva-de-la- Industria-de-Defensa.pdf.
12 El 11 de diciembre de 2017, el Consejo adoptó una Decisión por la que se creaba la cooperación estructurada permanente (PESCO). La PESCO permite a los Estados miembros de la UE colaborar de manera más estrecha en el ámbito de la
seguridad y la defensa. Este marco permanente para la cooperación en materia de defensa permite que los Estados miembros que lo deseen y puedan hacerlo desarrollen conjuntamente capacidades de defensa, inviertan en proyectos compartidos y mejoren
la contribución y la disponibilidad operativa de sus fuerzas armadas. https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/11/12/defence-cooperation-council-launches-13-new-pesco-projects/.
Por todo ello, y al amparo de lo expuesto anteriormente, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a presentar, en el seno de las instituciones europeas y en el marco de los fondos de la Cooperación Estructura Permanente de Defensa (PESCO) de la Unión Europea, el proyecto del
avión entrenador avanzado Airbus Future Jet Trainer (AFJT) para el Ejército del Aire español, con el objeto de que se destinen parte de estos fondos al desarrollo de dicho avión.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril de 2021.-Agustín Rosety Fernández de Castro, José María Sánchez García, Alberto Asarta Cuevas, Manuel Mestre Barea, Luis Gestoso de Miguel y Víctor González Coello de Portugal,
Diputados.-Macarena Olona Choclán e lván Espinosa de los Monteros de Simón, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades
161/002605 (CD)
663/000124 (S)
La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición no de Ley por la que se insta a la Corporación RTVE a emitir una programación especial con motivo de la celebración del Orgullo LGTBI.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la
Corporación RTVE y sus Sociedades. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Senado y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2021.-P.D. El Letrado Mayor de las Cortes Generales, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar a la Corporación RTVE a emitir una programación especial con motivo de
la celebración del Orgullo LGTBI, para su debate en la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades.
Exposición de motivos
El 28 de junio de 1969 tuvo lugar una revuelta en el pub neoyorquino Stonewall Inn, que daría inicio a la reivindicación de derechos por parte del colectivo LGTBI en Estados Unidos y en el resto del mundo.
En España, no es hasta 1977 que se celebra la primera manifestación a favor de los derechos del colectivo, en Barcelona, y en 1978 en Madrid. Pero la reivindicación ha cambiado mucho desde finales de los 70 del siglo pasado hasta nuestros
días.
Si entonces España conservaba leyes que penalizaban la homosexualidad y la transexualidad y eran pocas las personas que se atrevían a salir a la calle a mostrar su identidad de genero o su condición sexual. En la actualidad, España es uno
de los países del mundo que más acepta socialmente a las personas LGTBI (por encima de un 90 % según encuestas de la Unión Europea). Además de que nuestro ordenamiento jurídico es uno de los más respetuosos con los derechos de las personas LGTBI.
En torno al 28 de junio, día del Orgullo, y los días siguientes la ciudad de Madrid recibe a más de dos millones de personas para celebrar y reivindicar los derechos LGTBI en lo que se conoce como 'la semana del Orgullo'
Dentro de la semana del Orgullo, destaca sin duda la gran manifestación que se produce en Madrid el primer sábado de julio y que congrega cada año a más de un millón de personas. Pero además de la reivindicación política y de derechos, tan
necesaria en nuestros días, el Orgullo es cultura, ocio, arte, proyección internacional, turismo, dinamismo económico, reconocimiento social.
Es un evento que transciende más allá de la ciudad de Madrid y son muchas las ciudades y pueblos de nuestro país que se suman a la celebración del 'Orgullo LGTBI' llenando nuestras calles de arcoíris, respeto y libertad.
Cabe resaltar que el pasado año, debido a la pandemia, este evento reivindicativo no pudo celebrarse en la calle como era habitual. Y en el caso de la ciudad de Madrid, las entidades organizadoras del Orgullo, COGAM, AEGAL y FELGTB, fueron
responsables y ofrecieron a la ciudadanía una extensa programación online, animando a reivindicar los derechos desde la responsabilidad, en las redes sociales y en ventanas y balcones.
La RTVE como servicio público debe disponer, no solo de espacios en los que se dé una información veraz e independiente, también debe tener programas y espacios en los que se ofrezca al conjunto de la ciudadanía contenidos que impulsen la
libertad de opinión, la convivencia y la cohesión de ciudadanos y comunidades como miembros de un espacio democrático compartido.
Por ello, desde la pluralidad de los contenidos y la atención a los intereses de toda la sociedad que determinan el valor social de RTVE, esta tiene la obligación de recoger la realidad social de nuestro país en su programación, más allá del
espacio de informativos. Por eso hay que aplaudir a programas de difusión como Nosotrxs Somos, que repasaba la historia del colectivo y del movimiento LGTBI en nuestro país y la reivindicación de sus derechos y libertades.
Sin duda, la celebración del Orgullo LGTBI es una realidad en nuestro país y uno de los mayores acontecimientos que se dan en ciudades como Madrid, Barcelona, Maspalomas o Torremolinos entre otras. Un acontecimiento que trasciende de lo
meramente informativo pues esta celebración promueve valores como el respeto, la diversidad y la igualdad.
Son muchas las personas de nuestro país que no pueden acudir, ni participar en algunas de las celebraciones del Orgullo que se desarrollan en diferentes ciudades de nuestro país. Y por eso es muy importante que RTVE recoja en su
programación y canales lo que se está produciendo en la calle, pero ademas nuestro ente público tiene que recoger y contar las distintas realidades que viven las personas LGTBI: las mujeres del colectivo, los mayores, las personas migrantes, las
personas con discapacidad, las que viven en un entorno rural etc.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso y del Senado presentan la siguiente
Proposición no de Ley
'La Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, insta a la Corporación RTVE a:
1. Elaborar y emitir una programación especial con motivo de la semana del Orgullo LGBTI estatal dando participación a las principales asociaciones y entidades que trabajan en la protección y extensión de los derechos del colectivo LGTBI.
2. Producir y emitir un programa especial con motivo de la celebración del Orgullo LGTBI estatal que se emita el sábado en el que se produce la manifestación estatal del Orgullo LGTBI.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 2021.-Felipe Jesús Sicilia Alférez y María Tamara Raya Rodríguez, Diputados.-José Zaragoza Alonso y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones
161/002601 (CD)
663/000122 (S)
La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario VOX.
Proposición no de Ley relativa al control del uso de las pipas de agua entre los menores.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que es la Comisión Mixta la que insta al Gobierno a la adopción de las medidas correspondientes, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al
artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Senado, al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2021.-P.D. El Letrado Mayor de las Cortes Generales, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Tomás Fernández Ríos, D. Juan Luis Steegmann Olmedillas y D. Antonio Salvá Verd, en sus condiciones respectivas de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa al control del uso de las pipas de agua entre los menores, para su discusión en la Comisión Mixta de
Adicciones.
Exposición de motivos
Primero. Una 'hookah', pipa de agua o cachimba es un método para fumar inventado por médicos árabes de la corte del imperio mongol que dominó la India y Persia en el siglo XVI; y que, con el tiempo, se ha convertido en un método
tradicional para fumar tabaco de las culturas orientales y del este del Mediterráneo.
Para fumar en ellas, se utiliza una mezcla llamada 'shisha', que normalmente contiene una cierta cantidad de tabaco con diferentes conservantes, aromas y algún aglutinante; y aderezados con diferentes aditivos de frutas o plantas aromáticas
que ayudan a endulzar y a darles sabor.
Para inhalar la 'shisha', se introduce en una cazoleta de cerámica con agujeros y se cubre con papel de aluminio perforado sobre el que se coloca carbón caliente. Esa cazoleta se une al cuerpo de la pipa de agua, que cuenta con una base que
tiene una válvula de aire y un conector para la manguera. Bajo la base hay un recipiente de vidrio que contiene agua; y el humo entra en contacto con el agua y es aspirado a través de la manguera.
Segundo. En las últimas décadas las cachimbas o pipas de agua se han popularizado y extendido también de forma muy significativa en los países occidentales, debido a varios factores que las han hecho muy atractivas sobre todo entre los
sectores más jóvenes de nuestra población.
El más importante de ellos, es la creencia generalizada, de que la utilización de la pipa de agua no es tan perjudicial como otros consumos tradicionales del tabaco, ya que al ser aspirado a través de agua, esta de alguna manera ayuda a
filtrar los componentes del mismo; a lo que ayuda también que por sus
sabores exóticos se tenga la falsa sensación de estar consumiendo un producto diferente y menos nocivo para la salud.
Sin embargo, diferentes estudios médicos, como el publicado en 2018 en la revista 'Chest' por la Sociedad de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) 13, utilizando la metodología de la Colaboración Cochrane, y en la que se compararon los
efectos en la función pulmonar en fumadores de pipas de agua con no fumadores y fumadores de cigarrillos, ha revelado que fumar en pipas de agua 'afecta a esta función (evaluada mediante espirometrías respecto a los no fumadores, sin que hayan
diferencias estadísticamente significativas respecto a los resultados observados en fumadores de cigarrillos'. El estudio concluye que 'son tan nocivas como fumar en tabaco y que puede ser otra causa del desarrollo de la enfermedad pulmonar
obstructiva crónica (EPOC)'.
Además, asegura la SEPAR, 'que fumar en pipas de agua también es un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer, puesto que llevan sustancias carcinógenas'. De hecho, un estudio publicado en la revista científica de la Public Library of
Science 'PLOS ONE', ha concluido que las pipas de agua son un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer gástrico.
Tercero. Aunque la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dicho expresamente que no hay razones objetivas que nos induzcan a creer que fumar tabaco en shisha es menos perjudicial que hacerlo en cigarrillo, esta creencia no está
calando en la mayor parte de la sociedad. Según una revisión de The Cochrane Database of Systematic Reviews, datos epidemiológicos recientes muestran que fumar en pipa de agua se ha convertido en el segundo método de uso de tabaco en los Estados
Unidos, y en el más extendido entre los jóvenes menores de dieciocho años.
En lo que se refiere a nuestro país, y por nombrar solo el estudio realizado por el Grupo de investigación en Educación y Promoción de la Salud de la Universidad de Las Palmas 14, '(...) aproximadamente una tercera parte (el 33,7 %) de los
estudiantes de secundaria y bachillerato consumen en la actualidad tabaco en pipa de agua, siendo la prevalencia de este tipo de consumo mayor entre las mujeres'.
En este estudio se ha puesto de manifiesto 'la fácil accesibilidad a los productos empleados para fumar en pipa de agua, a pesar de ser la mayoría de la población encuestada menor de edad, al declarar casi la mitad de los jóvenes encuestados
(un 43,7 %) que estos son adquiridos en tiendas de tabaco'. Del mismo modo, cabe destacar también 'que si bien una minoría (el 10,7 %) ha obtenido la pipa de agua como regalo, en un 15,9 % de los casos este regalo ha procedido de sus padres', un
dato que a juicio de los investigadores indica '(...) cierto grado de tolerancia y de desconocimiento de sus efectos por parte de las familias', aspecto que señalan otros autores al indicar que estas incluso alientan el consumo de tabaco en pipa de
agua en las reuniones familiares, mientras que prohíben el de cigarrillos al considerarlos más nocivos.
De acuerdo a esta investigación realizada en España, '(...) la edad media de inicio al consumo de tabaco en pipa de agua se sitúa en los 14,9 años, siendo el consumo más frecuente en primero de bachillerato (en torno a los 16 años). El
patrón de consumo más frecuente es de tipo mensual (43,3 %),y habitualmente durante los fines de semana (89,4 %), pauta de consumo que coincide con la observada por otros autores en población adolescente de otros países. Este patrón de consumo
mensual y de fin de semana se produce de manera habitual en casa de un amigo (46,9%) y en lugares abiertos como parques (38,2%). Por el contrario, el consumo en teterías o salones de pipas de agua, tan habituales en otros entornos, solo es elegido
como lugar frecuente de consumo por una minoría de la población'.
De otra parte, debe tenerse en consideración que el humo del tabaco de las pipas de agua contiene sustancias dañinas que también se encuentran en el humo de los cigarrillos (monóxido de carbono y partículas) o adictivas como la nicotina.
Las pruebas indirectas y directas sugieren que fumar en pipa de agua tiene efectos cardiovasculares similares a los del tabaco tradicional. En un estudio, por ejemplo, fumar pipa de agua durante quince a treinta minutos aumentó de forma rápida la
frecuencia cardíaca (en 6 latidos por minuto) y la presión sistólica (en 3 mmHg) 15.
13 https://www.separ.es/sites/default/files/SEPAR_NP_%20nocividad_de_las_pipas_de_agua.pdf.
14 Enferm. glob. vol.17 no.50 Murcia abr. 2018 Epub 14-DÍC-2020.
15 Azar RR, Frangieh AH, MrouéJ, Bassila L, Kasty M, Hage G, Kadri Z . Acute effects of waterpipe smoking on blood pressure and heart rate: a real-life trial. Inhal Toxicol. 2016;28(8):339. Epub 2016 Apr 25.
En estudios de observación, se asoció a un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica 16 y a una mayor prevalencia de hipertensión 17.
También, fumar en pipa de agua se asocia con el cáncer de pulmón, la intoxicación por monóxido de carbono y otras enfermedades respiratorias 18. En un meta-análisis de seis estudios, fumar en pipa de agua se asoció con efectos negativos en
la función pulmonar, incluyendo una reducción del volumen espiratorio forzado en un segundo (FEV1). Es probable que fumar en pipa de agua cause de enfermedad pulmonar obstructiva.
Cuarto. El Real Decreto-ley 17/2017 de 17 de noviembre, por el que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los
productos del tabaco, para transponer la Directiva 2014/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, establece entre otras cuestiones:
1. La prohibición de las ventas a distancia de los productos del tabaco, incluidos los dispositivos susceptibles de liberación de nicotina y envases de recarga.
2. La prohibición de comercialización del tabaco de uso oral.
3. La prohibición de comunicaciones comerciales (prensa, internet, radio), publicidad o promoción de los dispositivos susceptibles de liberación de nicotina y envases de recarga.
En las definiciones del texto original de la ley, no se incluían los dispositivos susceptibles de liberación de nicotina (cartuchos, depósitos, productos que se puedan utilizar para el consumo de vapor que contenga nicotina...). Tampoco lo
incorporaba la modificación de la Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 28/ 2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los
productos del tabaco. Sin embargo el citado Real Decreto-ley 17/2017, de 17 de noviembre, sí incluye los dispositivos susceptibles de liberación de nicotina y envases de recarga, prohibiendo la venta de estos productos mediante venta a distancia
transfronterizas, así como su publicidad, promoción y comunicaciones comerciales.
La duda que se plantea es qué productos son considerados dispositivos susceptibles de liberación de nicotina.
Si analizamos la Directiva 2014/40UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 3 de abril de 2.014, podemos afirmar que en la citada norma no aparece el concepto de 'dispositivo susceptible de liberación de nicotina', aunque si aparecen las
definiciones de cigarrillo electrónico, envase de recarga, tabaco de pipa, etc.
A nuestro juicio entendemos que el legislador español ha utilizado un concepto más amplio que el simple cigarrillo electrónico, pero no ha dejado claro si en este incluye también a las pipas de agua.
Las pipas de agua en sí mismo no son susceptibles de liberación de nicotina ya que, al contrario de lo que ocurre con los cigarrillos electrónicos, necesitan carbón, agua y tabaco, en definitiva requieren una manipulación del consumidor, y
que igualmente pueden ser utilizados para inhalar productos carentes de nicotina.
Quinto. El que la Ley no especifique expresamente la prohibición, no solo de vender, sino también de consumir tabaco en pipas de agua, a los menores, o la venta a estos de productos que no contengan nicotina, ha derivado de que, en la
realidad, nos estamos encontrando con una situación de clara confusión sobre este tema.
Tanto entre los jóvenes, como entre sus progenitores, o entre el propio sector, en muchos casos, consideran que existe 'un vacío legal' en la normativa vigente, recogida principalmente en la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, que prohíbe
tajantemente 'vender o entregar a personas menores de 18 años productos del tabaco, así como cualquier otro producto que le imite e induzca a fumar', por lo que no
16 Sibai AM, Tohme RA, Almedawar MM, Itani T, Yassine SI, Nohra EA, Isma'eel HA Lifetime cumulative exposure to waterpipe smoking is associated with coronary artery disease.Atherosclerosis. 2014;234(2):454. Epub 2014 Apr 15.
17 Shafique K, Mirza SS, Mughal MK, Arain ZI, Khan NA, Tareen MF, Ahmad I Water-pipe smoking and metabolic syndrome: a population-based study. PLoS One. 2012;7(7):e39734. Epub 2012 Jul 27.
18 Akl EA, Gaddam S, Gunukula SK, Honeine R, Jaoude PA, Irani ] The effects of waterpipe tobáceo smoking on health outeomes: a systematic review.Int J Epidemiol. 2010;39(3):834. Raad D, Gaddam S, Schunemann HJ, Irani J, Abou Jaoude P,
Honeine R, Akl EA Effects of water-pipe smoking on lung function: a systematic review and meta-analysis.Chest. 2011;139(4):764. Epub 2010 Jul 29. Eichhom L, Michaelis D, Kemmerer M, Jüttner B, Tetzlaff K Carbón monoxide poisoning from waterpipe
smoking: a retrospective cohort study.Clin Toxicol (Phila). 2018;56(4):264. Epub 2017 Sep 14.
debería estar permitida la venta de pipas de agua y de productos para inhalar en ellas, incluso en el supuesto de que no contengan tabaco.
La propia Asociación de Expendedores de Tabacos y Timbre, ha manifestado, que aunque sí que ha quedado claro que está prohibida la venta de cualquier producto que contenga tabaco a los menores; no sucede lo mismo con la venta de pipas de
agua y de sus componentes, que es una tendencia que ha ido en aumento en los últimos años y que están al alcance de cualquiera, ya que se venden no solo en los estancos, sino también en bazares y establecimientos especializados que aparte de las
cachimbas, ofertan también diferentes hierbas de sabores que no contienen nicotina.
Por todos estas razones, están siendo los propios expertos en sanidad o del propio sector, lo que están instando a las administraciones, tanto a la concienciación de la sociedad, como a la adecuación de la legislación vigente en cuanto al
consumo de las pipas de agua y de los diferentes productos que se utilizan en ellas, y a velar por el cumplimiento de la normativa, para prevenir así que los menores puedan tener un fácil acceso a estos productos.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en desarrollo de las competencias que la Constitución Española le reconoce en el artículo 149.1.16.ª, a:
1. Promover campañas de información y formación -destinadas a los adolescentes, a sus familias y a los educadores- sobre los riesgos de la utilización de las pipas de agua por parte de los menores, consuman o no en ellas productos que
contengan nicotina.
2. Urgir la modificación legal necesaria que recoja, específicamente, de manera clara y concisa, que las pipas de agua también están incluidas en el Real Decreto-ley 17/2017, de 17 de noviembre.
3. Velar de un manera más efectiva por el cumplimiento de la normativa vigente según la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, en cuanto a la venta a menores por cualquier tipo de establecimientos, de pipas de agua y de sustancias para su
utilización en ellas.
4. Prohibir el consumo de pipas de agua por menores, en cualquier espacio público.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de abril de 2021.-Tomás Fernández Ríos, Juan Luis Steegmann Olmedillas y Antonio Salvá Verd, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/002616 (CD)
663/000127 (S)
La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Proposición no de Ley relativa a la realización de estudios sobre las adicciones tecnológicas.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas
de las Adicciones. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Senado y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2021.-P.D. El Letrado Mayor de las Cortes Generales, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley para su debate en la Comisión Mixta
para el Estudio de los Problemas de las Adicciones, relativa a la realización de estudios sobre las adicciones tecnológicas.
Exposición de motivos
Las tecnologías de la información y la comunicación comportan numerosas ventajas para el acceso a la cultura, la difusión de información o la eficiencia económica. Sin embargo, entre otros inconvenientes, un uso abusivo de estas
tecnológicas también conlleva riesgos para la salud física y mental.
En las sociedades actuales proliferan las denominadas tecnoadicciones, que consisten en deseos impulsivos o incontrolables de usar dispositivos tecnológicos como los teléfonos inteligentes, las tabletas o los ordenadores portátiles.
Uno de los fenómenos más preocupantes es el de la nomofobia o miedo incontrolable que tienen las personas a salir de casa sin sus teléfonos móviles. Este término es una abreviatura de expresión no-mobile-phone phobia (no-mí-phobia).
Algunos estudios constatan que estar sin teléfono móvil por olvido, por el agotamiento de la batería o por decisión propia provoca ansiedad o malestar.
En el ámbito laboral, la exigencia de disponibilidad tecnológica está poniendo en cuestión conquistas históricas de la clase trabajadora como los derechos al descanso y a las vacaciones.
El legislador ya ha proporcionado algunas respuestas a esta realidad laboral. La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en su artículo 88, incorporó el derecho a la
desconexión digital en el ámbito laboral. Así, las personas trabajadoras tienen derecho a desconectar digitalmente 'a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso,
permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar'.
Asimismo, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales introdujo un nuevo artículo 20 bis en el Estatuto de los Trabajadores sobre los derechos de los trabajadores a la intimidad en relación con el entorno digital y a la desconexión.
Y, con posterioridad, el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia, en su artículo 18, también añadió el derecho a la desconexión digital.
En cualquier caso, dada gravedad, persistencia y generalidad de las adicciones tecnológicas, resulta necesario seguir estudiando el alcance de estos problemas y adoptar nuevas medidas preventivas.
Por todo ello el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'La Comisión Mixta para el Estudio de las Adicciones insta al Gobierno a:
1. Realizar nuevos estudios sobre los riesgos de adicción que generan las tecnologías de la información y la comunicación y, en particular, sobre la adicción a los teléfonos móviles y la nomofobia.
2. Analizar en el marco de las instituciones públicas especializadas (Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo) la realidad de las adicciones tecnológicas y, en su caso, la adopción de medidas para reforzar el deber de
prevención de riesgos laborales atribuido legalmente al empresario, contribuyendo a hacer efectivo el derecho a la desconexión digital.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 2021.-Lucía Muñoz Dalda, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
161/002584 (CD)
663/000119 (S)
La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposición no de Ley relativa a una economía circular y descarbonizada.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que es la Comisión Mixta la que insta al Gobierno a la adopción de las medidas correspondientes, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al
artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno,
al Senado, al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2021.-P.D. El Letrado Mayor de las Cortes Generales, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley por una economía circular y descarbonizada, para su
debate en la Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Exposición de motivos
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 se elaboraron durante más de dos años de consultas públicas, interacción con la sociedad civil y negociaciones entre los países. El 25 de septiembre de 2015, 193 países nos
comprometimos con estos objetivos de Naciones Unidas y su cumplimiento para el año 2030.
La Agenda 2030 supone una oportunidad única para sentar las bases de una transformación global que conduzca hacia modelos de desarrollo, incluyentes y sostenibles, a nivel nacional e internacional.
En este momento de la historia, es nuestra responsabilidad actuar con sensatez, ambición y justicia. Porque es más que probable que las futuras generaciones no tengan tiempo para discutir sobre todo esto, y se vean obligadas a convivir con
muchas de las consecuencias de las decisiones que tomemos hoy.
La economía circular es una palanca clave para alcanzar muchos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a los que nuestro país se comprometió en el año 2015.
Esta proposición no de ley tiene el objetivo de reunir a los distintos grupos parlamentarios para impulsar la Economía Circular como un pilar básico y esencial para hacer frente al Cambio Climático y ofrecer a nuestra sociedad una economía
sostenible, competitiva, resiliente, capaz de ofrecer nuevos empleos y bienestar social y medioambiental.
El actual modelo de consumo basado en la economía lineal: fabricar-consumir- usar y tirar está agotado. Dado que nuestros recursos naturales son finitos y el cambio climático se ha convertido en
una de nuestras mayores amenazas, urge implantar un modelo de economía circular que base su patrón de desarrollo en fabricar-consumir-usar y recuperar, para volver a empezar a fabricar-consumir-usar y recuperar.
La mayor parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se encuentran muy ligados a la economía circular, pero destacan algunos especialmente, como puede ser el ODS6: Agua limpia y saneamiento, el ODS7: Energía asequible y no
contaminante, el ODS8: Trabajo decente y crecimiento económico, el ODS12: Producción y consumo responsables, el ODS15: Vida de ecosistemas terrestres o indirectamente el ODS1: Fin de la pobreza, el ODS2: Hambre cero o el ODS14: Vida submarina.
Por otro lado, si analizamos las 169 metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible podremos observar inmediatamente que decenas de ellas están íntimamente ligadas con las actividades que plantea la economía circular, como pueden ser el
reciclaje y la reutilización de aguas (metas 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 y 14.1), la reducción de residuos (metas 12.3 y 12.5), la reducción del consumo y producción excesiva (metas 8.4 y 9.4), la transición hacia sistemas sostenibles de obtención de
alimentos (metas 2.4 y 2.5), la evolución hacia fuentes de energías renovables (metas 7.2 y 7.3), conservación de las capacidades y funciones de los materiales, permitiendo salvaguardar e incluso optimizar la calidad de los productos (metas 8.4 y
12.4), la preservación y recuperación de los entornos y recursos naturales (meta 12.2), etc.
Una economía circular sostenible y exitosa requiere de la participación de todos los actores sociales y económicos, administraciones, pequeñas y grandes empresas y la sociedad civil en su conjunto, para generar nuevas fuentes de
oportunidades, nuevos empleos, así como bienestar social y medioambiental en nuestra sociedad.
La economía circular constituye una auténtica oportunidad para hacer compatible la sostenibilidad y el crecimiento económico, los escenarios y proyecciones realizados con el horizonte 2030 prevén que la Economía Circular generaría unos
beneficios de 1.8 billones de euros, lo que supone 0.9 billones más que con el actual modelo lineal, estimación que sumada a los Fondos de Recuperación que la UE va a poner en circulación, son una gran oportunidad para el cambio y la consolidación
de un modelo de oportunidades, nuevos empleos y bienestar.
Es necesario, por tanto, convertir las propuestas que establece la Estrategia de Economía Circular Española en políticas concretas para luchar contra el cambio climático, acelerar la transición hacia energías limpias, acercarnos a ía ansiada
descabornización de nuestra sociedad y cumplir con el mandato de la Agenda 2030.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Poner en marcha en el marco de la próxima Ley de Cambio Climático y Transición Energética las siguientes medidas, programas y planes de acción para que nuestro país pueda afrontar desde una política integral y transversal la emergencia
climática, los compromisos internacionales y la transición hacia una economía sostenible, resiliente y prospera, contando con las administraciones, instituciones públicas y/o privadas y la sociedad civil en su conjunto.
a) El Gobierno pondrá en marcha, en el plazo de 6 meses, un Programa Nacional para una Economía Circular, con medidas y planes de acción sectorial, alienados con los objetivos climáticos acordados por el Acuerdo de París, las líneas de
actuación del Green New Deal y la Estrategia Nacional de Economía Circular.
b) Antes del 1 de enero de 2022 se creará la Comisión por la Economía Circular Española compuesta por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, la FEMP y las CC.AA., así como organismos de coordinación interadministrativa de
las actuaciones que emanen del Programa, como las comisiones y grupos de trabajo integrados en la Estrategia Española de Economía Circular y especialmente aquellas dirigidas a la transición energética y la descarbonización de la economía.
2. Estructurar el Programa Nacional para una Economía Circular en los siguientes planes de acción sectoriales:
a) Plan Sectorial por una Administración Circular, que potenciará la compra pública de productos, servicios y bienes circulares, y se pondrán en marcha beneficios fiscales para empresas que adquieran la Etiqueta Circular. Se fortalecerá la
información al consumidor sobre las cualidades y características ambientales de los productos.
b) Plan Sectorial Ciudad 100% Circular. Se impulsarán modelos de economía circular en la planificación estratégica de la ordenación urbana, la edificación, las infraestructuras, el transporte público, la calidad del aire, la gestión de los
residuos, la gestión del agua, la conservación de los ecosistemas urbanos y su biodiversidad, además de impulsar el modelo de Producto como Servicio (PaaS).
c) Plan Sectorial AgroCircular, de apoyo al sistema agroalimentario español para convertirlo en una pieza clave dentro del nuevo modelo de economía circular.
d) Plan Sectorial por una Industria Circular, que promoverá políticas encaminadas a la eliminación de residuos desde el diseño, y a potenciar la reutilización de productos y componentes, la recirculación de materiales y una transición a
procesos de producción limpios, favoreciendo el uso y el tiempo de vida de los productos, incorporando soluciones tecnológicas como el Blockchain para el seguimiento, rastreo y mapeo de los recursos.
e) Plan Sectorial Bioeconomía Circular, incorporando la actividad económica forestal a los procesos de economía circular.
f) Plan Sectorial por un Turismo Circular.
3. Incorporar los principios de la economía circular a la enseñanza de todas las edades de aprendizaje y se fomentará la colaboración público-privada en el ámbito universitario y la Formación Profesional.
4. Dotar de recursos y proporcionar transparencia a las actuaciones del Programa Nacional para una Economía Circular y descarbonizada:
a) El Plan de recuperación que apruebe el Reino de España en el marco de los fondos que se transfieran del Plan de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea precisará proyectos públicos y privados vinculados al desarrollo de la economía
circular, el crecimiento económico y el yacimiento de nuevos empleos.
b) Con carácter semestral el Gobierno dará cuenta en el Congreso del grado de ejecución los Planes Sectoriales del Programa Nacional de Economía Circular.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo 2021.-José Ángel Alonso Pérez, César Sánchez Pérez, Guillermo Mariscal Anaya, Diego Gago Bugarín, Pilar Marcos Domínguez, José Ortiz Galván y Alberto Casero Ávila, Diputados.-Alberto Fabra
Part, Jesús Vázquez Abad, Ana Camins Martínez, Juan Manuel Juncal Rodríguez, José Domingo Martínez Antolín y Vicente Martínez Mus, Senadores.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002585 (CD)
663/000120 (S)
La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposición no de Ley relativa a la defensa de una educación de calidad (4 ODS) en el medio rural de España.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que es la Comisión Mixta la que insta al Gobierno a la adopción de las medidas correspondientes, admitirla a trámite como
Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Senado, al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2021.-P.D. El Letrado Mayor de las Cortes Generales, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley en defensa de una educación de calidad
(4 ODS) en el medio rural de España, para su debate en la Comisión Mixta para coordinación y seguimiento de la estrategia española de ODS.
Exposición de motivos
El 25 de septiembre de 2015, 193 líderes mundiales aprobaron en la cumbre de la UNESCO, en asamblea general celebrada en Nueva York, una Agenda que lleva por título 'Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible',
que entró en vigor el 1 de enero de 2016, y que incluye la consecución de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015-2030), también conocidos por sus siglas ODS, y 169 metas, muchos de ellos relacionados directa o indirectamente con la consecución
de una educación de calidad para todos, que deben guiar las actuaciones de los gobiernos en las distintas áreas, a partir de la propia realidad de cada país.
La situación provocada por la actual pandemia ha puesto aún más de manifiesto las grandes diferencias existentes entre la España urbana y la España rural, y por ello se hace necesario actuar de manera inmediata y garantizar la eliminación de
dichas injustas desigualdades (ODS 10), dando cumplimiento a lo acordado en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, para lo cual se hace necesario llevar a cabo políticas y medidas adecuadas a este respecto.
Uno de los ámbitos, en los que ha quedado patente la gran diferencia existente dentro de nuestro territorio nacional, ha sido el educativo, siendo necesario diseñar y ejecutar políticas que garanticen una educación gratuita, de calidad y en
libertad. Es imperioso promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos, persiguiendo resultados escolares pertinentes y eficaces de cara al futuro.Es necesario que todos, sin excepción, adquieran las competencias necesarias, en
particular técnicas y profesionales, para acceder a un empleo en esas zonas, favoreciendo el desarrollo sostenible del medio rural español, hoy por hoy ineludible, a través del emprendimiento y de la creación de pequeñas y medianas empresas.
Todo ello va unido al desarrollo de las infraestructuras de comunicaciones de banda ancha de muy alta velocidad, piedra angular de la transformación digital de la economía y de la sociedad a la que también aspiramos en el medio rural.
El logro de estos objetivos en la denominada España rural pasa inexcusablemente por obtener un sistema educativo de calidad, unido al desarrollo y acceso a las nuevas tecnologías, que refuerce las posibilidades presentes y futuras de los
habitantes de la misma.
Si queremos dar una respuesta rápida a los problemas existentes en el medio rural español debemos adoptar decisiones en positivo y eficientes, que den respuesta a las necesidades vigentes. Pero difícilmente podrá conseguirse si las acciones
del actual Gobierno van en sentido contrario. Un ejemplo claro lo tenemos en la anulación del Plan 300 x 100 que se puso en marcha en marzo-abril de 2008 y que hubiese permitido que nuestro medio rural, especialmente la España más despoblada,
estuviera mejor dotado para acceder a internet, permitiendo el despliegue de la tecnología 5G. Dicho plan constituyó una de las más importantes iniciativas de nuestro país para impulsar la transformación digital. Con él se daba un renovado impulso
a la conectividad de banda ancha ultra rápida, contribuyendo a reducir la brecha digital geográfica y a hacer frente al reto demográfico, tan necesario para poder dar solución a parte de los problemas de la España rural. Este acceso a las redes de
muy alta velocidad hubiese situado a las
pequeñas poblaciones en igualdad de condiciones respecto a las áreas urbanas, reduciendo la desigualdad entre territorios.
En paralelo al desarrollo de las nuevas tecnologías de la información el Gobierno debe ofrecer una educación de calidad, lo que exige una dotación de medios suficientes y acordes a cada circunstancia así como, muy especialmente, la formación
del profesorado de las escuelas rurales. Otro de los aspectos donde es imprescindible actuares en la necesidad de asegurar la sostenibilidad y suficiencia de las becas, garantizando el derecho a la educación como herramienta fundamental para la
generación de oportunidades y para favorecer el desarrollo futuro de la España más castigada por la despoblación.
Por último, debemos garantizar el acceso en condiciones de igualdad al sistema universitario y, especialmente, garantizarlo en el caso de las mujeres del mundo rural, que son las que contribuyen de forma más intensa a fijar la población.
Eso implica la necesidad de dotar de los mismos recursos tecnológicos y al mismo coste que en una gran ciudad. Sin ello, la formación presencial no será posible por razones de organización, pero la formación a distancia supondría un sobrecoste que
directamente descansaría sobre las mismas personas que contribuyen como el resto a la riqueza económica, cultural y social de nuestro país, pero que no son receptoras de sus derechos como ciudadanos en igualdad de condiciones, de forma razonable y
sostenible.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Desarrollar con carácter urgente programas especiales, con el oportuno apoyo económico, que permitan a las CC.AA. consolidar una educación de calidad y en libertad en la España rural con la finalidad de dar cumplimiento al cuarto ODS,
garantizando la accesibilidad de los alumnos a todos los niveles de enseñanza, sean o no obligatorias. A tal efecto, el programa Educa en Digital atenderá de manera específica la transformación digital de la educación en el mundo rural de todos los
centros.
- Impulsar la adquisición de competencias digitales que permitan en los casos que así se determinen la escolarización online e impulsar la capacitación en conocimientos de hardware y software, de conformidad con la propuesta de la UNESCO de
ampliar en estos términos el Objetivo de Desarrollo Sostenible de garantizar una educación de calidad y equitativa.
- Arbitrar un sistema de becas que haga posible el acceso y la permanencia en los estudios, teniendo en cuenta las circunstancias de las España rural y eliminando los obstáculos existentes -educativos, de oportunidades, laborales, etc.-
- Garantizar la conexión de alta velocidad (fibra o ADSL) de última generación en todos los núcleos de población de España, sin que la extensión de la línea pueda suponer incrementos del coste para el usuario, directos o indirectos. Se dará
prioridad a la extensión de la línea en los núcleos de población donde existan alumnos matriculados en enseñanzas oficiales. Mientras no exista la red que garantice la conectividad suficiente, se arbitrarán y financiarán mecanismos que ofrezcan la
conectividad de los alumnos de forma gratuita.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 2021.-José Ángel Alonso Pérez, Guillermo Mariscal Anaya, Diego Gago Bugarín, Alberto Casero Ávila, María Valentina Martínez Ferro, César Sánchez Pérez, Óscar Clavell López, Beatriz Jiménez
Linuesa, María del Carmen González Guinda, María Soledad Cruz-Guzmán García y Sandra Moneo Díez, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002599 (CD)
663/000121 (S)
La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición no de Ley relativa a la participación en iniciativas internacionales de Educación en cumplimiento del ODS4.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que es la Comisión Mixta la que insta al Gobierno a la adopción de las medidas correspondientes, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al
artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno,
al Senado, al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2021.-P.D. El Letrado Mayor de las Cortes Generales, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la Participación en Iniciativas internacionales de Educación en
cumplimiento del ODS4, para su debate en la Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Exposición de motivos
Afirmaría Paulo Freire que si bien 'la educación no es la palanca de la transformación social ni global, sin ella esa transformación no alcanza a producirse'. Esta afirmación recoge la doble necesidad, identificada por el Gobierno de
España, de situar, en primer lugar, la educación como un pilar fundamental para el progreso social colectivo y, segundo, la imperiosa necesidad de abordar el conjunto de la acción gubernamental desde una mirada integral, esto es, asumiendo la
coherencia de políticas que rige la Agenda 2030 como hoja de ruta para un desarrollo humano sostenible.
En sintonía con las Naciones Unidas, que mandataron los años que siguen de 2020 a 2030 como la Década de la Acción para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las Cortes Generales ratificaban el pasado mes de diciembre la
Ley Orgánica de modificación de la LOE con la mirada puesta en una educación para el siglo XXI. Este horizonte de educación pública, inclusiva, equitativa y de calidad, vertebrado en el cumplimiento del ODS4, es un compromiso del Gobierno de España
dentro y también fuera de nuestras fronteras, donde la cooperación para el desarrollo ha sido un acicate imprescindible para disminuir la estratificación social que deriva en gran medida de las dificultades para la escolarización.
Por su capacidad veladora de la coherencia de políticas y por su voluntad multilateral y transformadora, las y los Socialistas no hemos cesado en nuestro empeño por devolver y resituar a la política de cooperación en el centro de la acción
exterior de nuestro país. Hablamos de una cooperación defensora de los derechos humanos que es garantía de la protección de bienes públicos globales tales como la educación pública. Precisamente, y consciente de que 260 millones de niñas y niños
aún estaban fuera de la escuela en 2018, España retornaba ese mismo año de la mano de un Gobierno Socialista a la
Alianza Mundial para la Educación (AME-GPE por sus siglas en inglés), principal mecanismo multilateral de ayuda a la educación en los países empobrecidos.
Hoy día, a medida que la pandemia de la COVID-19 ha venido a propagarse por todo el planeta, más de 1.500 millones de niñas, niños y jóvenes de 188 países han visto afectado su derecho a la educación en detrimento del progreso económico,
social y cultural de sus sociedades. Una situación que se agrava en el caso de las niñas y adolescentes, de quienes sufren algún tipo de discapacidad y de las personas desplazadas y refugiadas que aumentan, en contextos de crisis, de manera
desproporcionada sus brechas de aprendizaje. Frente a ello, el Gobierno de España ha venido potenciando, en cumplimiento de la Estrategia de Respuesta Conjunta de la Cooperación Española a la Crisis del COVID-19, el apoyo a los sistemas de
educación en países empobrecidos mediante el desarrollo y oferta de infraestructura, equipamiento y contenidos gratuitos, seguros y accesibles.
Asimismo, desde la AME se ha propuesto un programa de recaudación internacional de fondos que busca intervenir en 87 países. Dicha recaudación pretende lograr 5.000 millones de dólares americanos para la financiación de proyectos entre 2021
y 2025, a fin de abordar la mejora de la educación de 175 millones de niñas y niños y lograr un efecto palanca para el siguiente periodo 2025-2030 que multiplique dicha inversión.
En definitiva, y en su compromiso por no dejar a nadie atrás, las y los Socialistas consideramos que el Gobierno de España debe desempeñar a nivel nacional, bilateral y multilateral, un liderazgo clave en la defensa de una educación pública,
universal y de calidad para todas las personas.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Contribuir en aquellos países con mayores índices de pobreza, desigualdad e inequidad al fortalecimiento del sistema público de educación y de las organizaciones de la sociedad civil, a fin de promover el derecho humano a una educación
inclusiva, gratuita y de calidad para todas las personas (ODS4).
2. Apoyar decididamente a la Alianza Mundial por la Educación en su plan de acción para la mejora educativa de hasta 175 millones de niños y niñas en 87 países, la escolarización de 88 millones y el ahorro de 16.000 millones de dólares para
los países empobrecidos.
3. Seguir trabajando por la escolarización completa en nuestro país e impulsando medidas para la erradicación de las desigualdades y discriminaciones educativas del alumnado, poniendo especial énfasis en aquellas que son fruto de la renta,
origen, etnia, discapacidad, género, orientación e identidad sexual.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2021.-Noemí Villagrasa Quero, María Guijarro Ceballos y María Luz Martínez Seijo, Diputadas.-Ana Belén Fernández Casero, Guillermo Antonio Meijón Couselo y Rafael Simancas Simancas,
Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002602 (CD)
663/000123 (S)
La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario VOX.
Proposición no de Ley relativa a la naturaleza política de la Agenda 2030, al cese de la misma como eje transversal de la acción del Gobierno y al examen de sus consecuencias económicas.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión Mixta
para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Senado y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2021.-P.D. El Letrado Mayor de las Cortes Generales, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, doña María Magdalena Nevado del Campo, don Ángel López Maraver, doña Patricia Rueda Perelló, don Francisco José Contreras Peláez y doña Rocío de Meer Méndez, en su condición de Diputados del Grupo Parlamentario
VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la naturaleza política de la Agenda 2030, al cese de la misma como eje transversal de la
acción del Gobierno y al examen de sus consecuencias económicas, para su discusión en la Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Exposición de motivos
Primero. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (en adelante, 'ODS') son 17 objetivos concretados en 169 metas, aprobados mediante Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015, bajo el título 'Transformar nuestro
mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible'. En esta Agenda vienen a converger los contenidos emanados de las cumbres sobre medio ambiente y desarrollo sostenible, al mismo tiempo que se retoman los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(naturalmente, no alcanzados) 19.
La resolución se elaboró en el marco de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, cuya reunión plenaria contó con la presencia e intervención de Su Majestad el Rey Felipe VI. En su discurso, S. M. el Rey reconocía
que:
'Es esencial conseguir un desarrollo con equidad, el disfrute, real y efectivo, de derechos y la igualdad de oportunidades para todos. Para ello es necesario generar oportunidades, tanto en la educación [...] como en la creación de puestos
de trabajo, especialmente de empleo juvenil, ámbito en el que España es particularmente sensible.'
Asimismo, hizo referencia a la Carta Encíclica Laudato Si', del papa Francisco 20, y a fray Francisco de Vitoria como 'uno de los fundadores del Derecho Internacional' 21.
19 Casanovas, O. y Rodrigo, A.J., Casos y textos de Derecho Internacional Público, Tecnos, Madrid, 2016, p. 841.
20 El 24 de mayo de 2015 Su Santidad publicaba la Carta Encíclica Laudato Si', sobre el cuidado de la casa común. En ella, tal y como recordaba Felipe VI, abogaba por un 'proyecto común'. Cinco años más tarde publicaba su encíclica
Fratteli Tutti, donde alertaba: 'Hay un modelo de globalización que 'conscientemente apunta a la uniformidad unidimensional y busca eliminar todas las diferencias y tradiciones en una búsqueda superficial de la unidad. [...] Sí una globalización
pretende igualar a todos, como si fuera una esfera, esa globalización destruye la riqueza y la particularidad de cada persona y de cada pueblo'. Ese falso sueño universalista termina quitando al mundo su variado colorido, su belleza y en definitiva
su humanidad'. De igual modo, frente a la apertura como valor per se, desprovista de consideraciones más profundas, advierte: 'La solución no es una apertura que renuncia al propio tesoro. Así como no hay diálogo con el otro sin identidad
personal, del mismo modo no hay apertura entre pueblos sino desde el amor a la tierra, al pueblo, a los propios rasgos culturales. No me encuentro con el otro si no poseo un sustrato donde estoy firme y arraigado, porque desde allí puedo acoger el
don del otro y ofrecerle algo verdadero. Sólo es posible acoger al diferente y percibir su aporte original si estoy afianzado en mi pueblo con su cultura. Cada uno ama y cuida con especial responsabilidad su tierra y se preocupa por su país, así
como cada uno debe amar y cuidar su casa para que no se venga abajo, porque no lo harán los vecinos. También el bien del universo requiere que cada uno proteja y ame su propia tierra. De lo contrario, las consecuencias del desastre de un país
terminarán afectando a todo el planeta. Esto se fundamenta en el sentido positivo que tiene el derecho de propiedad: cuido y cultivo algo que poseo, de manera que pueda ser un aporte al bien de todos'.
21 'La idea de que todos formamos parte de una comunidad global regida por el derecho y orientada al bien común -señalaba Felipe VI- fue avanzada por algunas de las mejores mentes españolas en los inicios de la Modernidad, entre ellas la del
Padre Francisco de Vitoria, uno de los fundadores del Derecho Internacional'. En la primera mitad del siglo XVI, el dominico sentaba las bases del ius gentium o derecho internacional en obras como De potestate civili o De indis, y lo hacía tomando
el derecho natural como fundamento de las relaciones jurídicas entre las naciones. Hay quienes han visto en los derechos humanos una modernización del derecho natural. Sin embargo, unos 'derechos humanos' desligados de la persona humana como
centro de los mismos degeneran en un concepto vaporoso y sin soporte real. Así, son recurrentemente invocados para dispensar 'derechos individuales' o como coartada para la negación práctica de derechos (v.gr., la vida, por vía de los denominados
'derechos sexuales y reproductivos'). Alvaro d'Ors puntualiza el error al que nos referimos: 'el derecho natural no consiste en 'derechos subjetivos' sino en 'deberes' ['deberes naturales de la persona', se entiende]'. D'ORS, A., Derecho y
sentido Común: siete lecciones de derecho natural como límite del derecho positivo, Civitas, Madrid, 1995, p. 17.
Segundo. La no obligatoriedad de los ods y su incorporación a nuestro ordenamiento jurídico.
Las resoluciones emanadas de la Asamblea General no son vinculantes para los Estados Miembros, sino que tienen naturaleza de recomendaciones políticas y, por tanto, no constituyen un acto jurídico obligatorio. Esta es la regla general de su
actuación, en concordancia con el respeto a la soberanía de las naciones 22, exceptuada por la existencia de amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión 23. Lo contrario no se ajustaría a la Carta de Naciones Unidas, y supondría
reconocer que la Asamblea General es una suerte de 'legislativo mundial' 24.
La Agenda 2030 se enmarca en la denominada soft law, que 'no tiene de todos modos la virtualidad de crear por sí solo normas positivas, y por tanto obligatorias, de Derecho Internacional' 25. Por ende, la cuestión en torno a su ausencia
absoluta de efectos es, cuando menos, una cuestión de debate y, por tanto, presentarla como un nuevo contrato social es un auténtico disparate ideológico sin soporte jurídico alguno.
Por tanto, solo aquellos objetivos incorporados a nuestro ordenamiento jurídico tienen, como tal, carácter jurídico obligatorio. Sin ir más lejos, en la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación (la conocida como 'Ley Celaá) el 'desarrollo sostenible' se menciona en más de una veintena de ocasiones. En su Exposición de motivos encontramos incorporada la meta 4.7 del cuarto objetivo de los ODS 26:
'La educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial ha de incardinarse en los planes y programas educativos de la totalidad de la enseñanza obligatoria, incorporando los conocimientos, capacidades, valores y actitudes que
necesitan todas las personas para vivir una vida fructífera, adoptar decisiones findamentadas y asumir un papel activo -tanto en el ámbito local como mundial- a la hora de afrontar y resolver los problemas comunes a todos los ciudadanos del mundo.
La educación para el desarrollo sostenible y para la ciudadanía mundial incluye la educación para la paz y los derechos humanos, la comprensión internacional y la educación Ínter cultural, así como la educación para la transición ecológica, sin
descuidar la acción local, imprescindibles para abordar la emergencia climática, de modo que el alumnado conozca qué consecuencias tienen nuestras acciones diarias en el planeta y generar, por consigidente, empatia hacia su entorno natural y
social.'
Este es un ejemplo de cómo lo que se enuncia bajo un rótulo atractivo -'Educación de calidad'- se concreta en una serie de términos vagos y vaporosos ('ciudadanía mundial', 'educación intercultural', etc.): ideología que, por decisión del
Gobierno adquiere su eficacia normativa a nivel estatal.
Precisamente, la transformación de las personas en individuos globales, desarraigados, nómadas, guarda una íntima relación con la evolución del consenso establecido en Occidente tras la Segunda Guerra Mundial, en cuya deriva palabras como
familia, hogar o patria han ido, poco a poco, convirtiéndose en obstáculos para la 'sociedad abierta'. Es en este punto donde han venido a confluir la plutocracia y la izquierda 27.
22 'Todo Estado tiene el derecho inalienable a elegir su sistema político, económico, social y cultural, sin injerencia en ninguna forma por parte de ningún otro Estado' (Resolución 2131 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Declaración sobre la inadmisibilidad de la intervención en los asuntos internos de los Estados y protección de su independencia y soberanía).
23 Así, la Carta de Naciones Unidas establece: 'La Asamblea General podrá discutir cualesquier asuntos o cuestiones dentro de los límites de esta Carta o que se refieran a los poderes y funciones de cualquiera de los órganos creados por
esta Carta, y salvo lo dispuesto en el Artícido 12 podrá hacer recomendaciones sobre tales asuntos o cuestiones a los Miembros de las Naciones Unidas' (artículo 10). El capítulo VII de la Carta se ocupa de la Acción en caso de amenazas a la paz,
quebrantamientos de la paz o actos de agresión.
24 PASTOR RUIDRUEJO, J.A., Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones Internacionales, Tecnos, Madrid, 2016, p. 156.
25 Ibidem, p. 160.
26 https://www.agenda2030.gob.es/objetivos/objetivo4.htm
27 Sólo así se explica la coincidencia de que el nuevo secretario de Estado para la Agenda 2030 sea, precisamente, el secretario del Partido Comunista de España, D. Enrique Fernando Santiago Romero (el cual, como él mismo confesó, tomaría el
Palacio de la Zarzuela y haría con el Rey lo mismo que Lenin hizo con el zar Nicolás II 'si se dieran las condiciones'. A partir del minuto 30:42 D. Enrique Santiago profesa su admiración por Lenin y expresa abiertamente su deseo de replicar su
revolución en España: https://www.youtube.com/ watch?v=BI IhLm-8TKIc.
La realidad social discurre por una senda, pero la oligarquía emplea todos sus recursos para plegar el mundo a sus pretensiones de transformación mediante el pensamiento único, azuzando pasiones igualitarias, como una expresión de lo que
Tocqueville describía como 'tiranía de la mayoría'. Qué mejor modo de hacerlo que tomando como referencia metas de escenarios utópicos con apariencia de bien común, que en la práctica se vienen concretando como un ejercicio neto de 'biopolítica'
(Foucault) y de sostenimiento de redes clientelares.
En este sentido, la dramática pandemia que asola España es un caldo de cultivo para el ejercicio o la aceleración de nuevas formas de totalitarismo (v.gr., la propuesta de 'El Gran Reseteo' del Foro Económico Mundial). Esta retórica
impregna, entre otros el 'Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030' 28 y el 'Informe de Progreso 2020' 29.
Cuarto. Conclusiones.
El Grupo Parlamentario VOX aboga por el rechazo a la incorporación de la Agenda 2030 y los ODS a nuestro ordenamiento jurídico, ya que los mismos constituyen una coartada para doblegar la soberanía de la nación, su riqueza y diversidad, toda
vez que podemos advertir cómo en su despliegue la Agenda 2030 y sus ODS operan por nivelación, de forma casi idolátrica, sin aceptar disenso alguno. No obstante, el pin con el logo de la Agenda 2030, tan extendido entre las élites, no encuentra su
reflejo en la realidad social, ya que se ha elaborado a pesar de las personas, de forma impuesta, verticalmente, lo que evidencia su falta de aceptación social.
Desde el Grupo Parlamentario VOX instamos al Gobierno a que abandone la ideología y las pretensiones de transformación social globalista como fundamento de sus políticas y dedique sus esfuerzos a combatir los problemas reales que afectan a
los españoles. Entre otros, una deuda pública que alcanza cotas nunca vistas (120 % del PIB), unas cifras de paro que superan los 4.000.000 millones (cifra maquillada por los ERTE), un acuciante invierno demográfico y un tejido social devastado.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'La Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) insta al Gobierno a:
1. Reconocer y difundir en los comunicados oficiales y en toda campaña de comunicación o publicidad institucionales que se lleven a cabo en la materia, que la Agenda 2030 y sus ODS tienen naturaleza de recomendación política y no de norma
jurídica.
2. Renunciar a la Agenda 2030 y los ODS como 'eje transversal de toda la acción del Gobierno', toda vez que, bajo apariencia de bien, sirven a intereses globalistas, en detrimento de la soberanía nacional y del bien común.
3. Elaborar un informe acerca de las repercusiones económicas de la aplicación de las normas derivadas de la Agenda 2030 en el ordenamiento jurídico español, cuyo contenido integre, como mínimo, sus consecuencias en los indicadores de la
economía española y la economía de las familias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril de 2021.-María Magdalena Nevado del Campo, Ángel López Maraver, Patricia Rueda Perelló, Francisco José Contreras Peláez y Rocío de Meer Méndez, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz
del Grupo Parlamentario VOX.
28 http://www.exteriores.gob.es/portal/es/saladeprensa/ multimedia/publicaciones/docume nts / plan% 20de % 20accion% 20para % 201a % 20implementacion% 20de % 201a % 20agenda % 202030.pdf.
29 https://www.agenda2030.gob.es/recursos/docs/Informe de Progreso_2020_Reconstruir_lo _Comun_.pdf.
161/002608 (CD)
663/000125 (S)
La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición no de Ley sobre el fomento de las bicicletas y los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) como alternativa de movilidad sostenible.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que es la Comisión Mixta la que insta al Gobierno a la adopción de las medidas correspondientes, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al
artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión Mixta para la Coordinación y el Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Asimismo, dar traslado del acuerdo al
Gobierno, al Senado, al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2021.-P.D. El Letrado Mayor de las Cortes Generales, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el fomento de las bicicletas y los VMP como alternativa de movilidad
sostenible, para su debate en la Comisión Mixta para la Coordinación y el Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Exposición de motivos
Según la Estrategia Estatal por la Bicicleta elaborada en 2019 y con exposición pública en 2020 por la DGT, con el apoyo de la Red de Ciudades por la Bicicleta, la Federación Española de Municipios y Provincias, la Mesa Española de la
Bicicleta, Con bici y los Ministerios para la Transición Ecológica; Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Industria, Comercio y Turismo; Agricultura, Pesca y Alimentación, y Sanidad y Consumo, así como el organismo Agenda 2030 del Gobierno de
España:
'Cada vez es más urgente la necesidad, especialmente en las grandes áreas urbanas, aunque también en otros entornos, de avanzar hacia nuevos paradigmas de movilidad. Los altos niveles de congestión y de contaminación, como aspectos más
tangibles de nuestros desplazamientos diarios, están llevando a muchas ciudades a tomar medidas concretas que nos encaminan a modos de transportes diferentes, más sostenibles.'
Además, esta estrategia afirma en su preámbulo que 'la bicicleta aporta valor para la sociedad en muchos ámbitos, como por ejemplo la movilidad, la salud, el medio ambiente, la economía o el turismo'.
Esta estrategia tiene cinco prioridades principales para el diseño de políticas públicas: Conseguir un cambio modal a la bicicleta, promover la vida saludable de las personas, fomentar y proteger el ocio y el deporte en bicicleta,
aprovechar el potencial del turismo en bicicleta y coordinar la acción del Estado.
Además, cuenta con seis ejes de trabajo: Promoción y fomento de la bicicleta; Seguridad y regulación de la bicicleta; Impulso de la movilidad en bicicleta; Desarrollo del turismo en bicicleta; Iniciativa empresarial sobre la bicicleta y
Acción institucional por la bicicleta.
Debe ser, por tanto, una iniciativa clave para los Ministerios involucrados en el fomento de la bicicleta y otros medios alternativos de transporte que consigan perseguir las prioridades buscadas con prácticas políticas en los distintos ejes
de la estrategia.
Hay planes parciales para la financiación de elementos de movilidad eléctrica, puestos en marcha por diversas CC.AA. y entidades locales. También hay diversos tipos de subvenciones para la instalación de islas de alquiler público de
bicicletas (en modalidad convencional o eléctrica). Todos estos planes necesitan una estrategia común de inversión definida desde el Gobierno central y en colaboración con CC.AA .y FEMP para conseguir una verdadera implementación de la Estrategia
Estatal de la bicicleta.
Lograr una movilidad sostenible es parte de la Transformación Ecológica que el Gobierno de España tiene como objetivo, que se ve esencial en el nuevo escenario del Plan de Recuperación y Resiliencia como consecuencia para paliar las crisis
social y económica que puedan darse tras la COVID-19. Así pues, está en la agenda del mismo la Ley de Movilidad Sostenible y financiación del transporte público, que debe contar con la bicicleta y la Estrategia Estatal como uno de sus ejes.
La tecnología ha permitido avanzar en los modelos de bicicleta hacia la electrificación que debe ser tomado como un modelo de últimos kilómetros (última milla en el mundo anglosajón) como alternativa a otros modos de transporte, no solo como
alternativa a la bicicleta convencional o de tracción humana.
Dicho lo anterior, se puede llegar a la conclusión de que la bicicleta, ya sea de su modo convencional de tracción humana o tracción eléctrica, es un elemento transversal a los ODS en objetivos como el ODS 7, Energía asequible y no
contaminantes; ODS 9, Industria, innovación e infraestructura; ODS 3, Salud y Bienestar; ODS 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles; y ODS 13, Acción por el clima.
Incluso podría decirse que hay colectivos con problemas severos para la movilidad en las que ésta influye en carencias de igualdad de género y en la consecución de derechos humanos como el derecho a una educación de calidad o la sanidad. La
bicicleta también es una solución para conseguir los ODS 4, Educación de Calidad y el ODS 5, Igualdad de Género.
Por su parte, el mayor uso de la bicicleta en el entorno europeo puede hacer que la Estrategia Estatal sirva incluso para una homogeneización cultural de los hábitos en España para acercarlos a buenas prácticas públicas en Movilidad
sostenible. Ejemplos de ellos son el tratamiento de ciudades como Florencia para fomentar el uso de bicicletas, carriles bici e infraestructuras de alquiler de bicicletas. Ciudades españolas como Bilbao o Donostia/San Sebastián también han
avanzado en este sentido. España tiene mucho espacio para esta progresión y es una oportunidad la utilización de los fondos Next Generation para hacer un cambio en el modelo de movilidad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'Las Cortes Generales instan al Gobierno de España a la adopción de los siguientes acuerdos para el fomento del uso de las bicicletas y los VMP como alternativa de movilidad sostenible:
1. Promover, a través de subvenciones u otras fórmulas a Comunidades Autónomas y Entidades Locales, actuaciones que impulsen:
- La creación de servicios públicos de alquiler de Bicicletas o de VMP (Vehículos de movilidad personal).
- La adaptación del espacio urbano para el uso de la bicicleta (Carril bici, aparcamientos, adaptación de infraestructuras, comercios, edificios públicos, transportes públicos, etc.).
2. Fomentar la industria de la bicicleta eléctrica y el comercio resultante de la reparación.
3. Estudiar el impulso de medidas específicas de financiación en empresas públicas a través de ENISA o fondos ICO específicos para la industria y comercialización de la bicicleta y la movilidad sostenible.
4. Estudiar el impulso de bonificaciones para el uso de la bicicleta eléctrica y el desuso de vehículos de combustión tradicional para equipararlo a la financiación que el Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales destinan al
transporte público.
5. Promover la actividad ciclista en el sistema educativo para desarrollar hábitos cotidianos de movilidad activa autónoma saludable, fomentando la educación vial y actitudes de respecto que mejoren la seguridad de sus usuarios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 2021.-Noemí Villagrasa Quero, César Joaquín Ramos Esteban, Daniel Senderos Oraá y Helena Caballero Gutiérrez, Diputados.-Ana Belén Fernández Casero y Rafael Simancas Simancas, Portavoces
del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002614 (CD)
663/000126 (S)
La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Republicano
Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a no ratificar el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur por incumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que es la Comisión Mixta la que insta al Gobierno a la adopción de las medidas correspondientes, así como que la previsión contenida en el punto 2 procedería
hacerla, en todo caso, por el cauce reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la
Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Senado, al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2021.-P.D. El Letrado Mayor de las Cortes Generales, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la Diputada Maria Carvalho Dantas, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley por la que se insta al
Gobierno a no ratificar el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur por incumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para su debate en la Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Exposición de motivos
El 28 de junio de 2019 una foto de los líderes europeos y del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) simbolizaba el fin de dos décadas de negociaciones para un acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur (en adelante
Acuerdo UE-Mercosur).
El tratado, aunque todavía no es público, tiene como punto central la liberalización total de la mayor parte del comercio de bienes, junto con la inclusión de cláusulas de no discriminación en el comercio de servicios y la eliminación de
algunas barreras no arancelarias. La ratificación del acuerdo por parte de las instituciones europeas y de los parlamentos nacionales supondrá la creación de uno de los mercados más
grandes del mundo, con más de 800 millones de personas y alrededor del 25% del PIB mundial. Sin embargo, el efecto concreto que este acuerdo tendrá sobre las economías firmantes es incierto.
El Acuerdo UE-Mercosur es un tratado de carácter mixto, integrado por tres pilares relativos a comercio, cooperación y diálogo político, que debe ser ratificado por el Consejo de la UE, el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales
antes de su entrada en vigor.
El pilar comercial es uno de los más relevantes porque además es el único que contiene disposiciones de obligado cumplimiento por ambas partes. El objetivo central del capítulo comercial es liberalizar el comercio entre ambos bloques.
Por un lado, la Unión Europea es el resultado de un largo proceso de integración europeo económico y político. En la primera etapa se desarrolla la integración a partir de 1951 con la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), y
especialmente con el Tratado de Roma de 1957 que crea la Comunidad Económica Europea (CEE) donde se incluye la Unión Aduanera o 'Mercado Común', y la Política Agraria Común (PAC). A partir de los ochenta se intensifica la integración con la
aprobación del Libro Blanco sobre el Mercado Único (1985) y el Acta Única Europea (1986) y en los noventa con el Tratado de Maastricht (1993) y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (1997). Con la entrada del euro como la moneda comunitaria de la
Unión Económica y Monetaria. Así el Mercado Único europeo es una unión aduanera y zona de libre comercio que incluye la libre circulación de bienes y servicios, un régimen tributario y arancelario común respecto al exterior, la libre circulación de
flujos financieros, la libre circulación de personas y la coordinación de políticas económicas fiscales y monetarias. De acuerdo al artículo 207 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, son el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo, con
arreglo al procedimiento legislativo ordinario, los organismos que adoptarán mediante reglamentos las medidas por las que se defina el marco de aplicación de la política comercial común. En el caso de acuerdos comerciales con terceros países será
el Parlamento Europeo, y posteriormente los parlamentos nacionales, los que ratifiquen el tratado, aunque cuando el contenido del acuerdo exceda las competencias comerciales deberá ser también ratificado por los parlamentos de los estados miembro.
Este es el caso del acuerdo UE-Mercosur, que además de la parte comercial, incluye un apartado político y otro de cooperación. Por otra parte, el Mercosur es el proceso de integración regional en el subcontinente sudamericano, constituido a raíz
del Tratado de Asunción en 1991, ratificado inicialmente por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y posteriormente por Venezuela y Bolivia (en adhesión). Tiene como objetivo principal generar oportunidades comerciales y de inversiones en el
mercado internacional, aunque también promueve acuerdos en otras materias como migraciones, laboral, cultural y social, entra otras cuestiones. Para garantizar la libre circulación de mercancías y factores productivos, el Mercosur ha establecido un
Arancel Externo Común y suprimido las barreras y restricciones entre sus miembros. Además, se ha acompañado de un proceso de armonización y coordinación de las políticas macroeconómicas y del régimen jurídico. La República Bolivariana de Venezuela
se encuentra suspendida como miembro del Mercosur desde 2017, por decisión del resto de países. Sin embargo, el grado de integración del Mercosur es inferior al de la UE, en lo que en ocasiones se ha denominado una 'unión aduanera imperfecta' y que
ha generado importantes diferencias en los objetivos de cada uno de los países que componen el bloque. Hasta ahora, los aranceles y obstáculos al comercio existentes entre bloques son, en términos comparados, relativamente elevados, en especial en
algunas industrias como la alimentación o la industria textil.
El nuevo acuerdo comercial busca derribar la mayoría de ellos y hacer más fluidas las relaciones comerciales. Ante la caída de barreras comerciales, la especialización productiva y ventajas competitivas de los dos bloques serán
determinantes en los impactos sobre la producción y el empleo agregado y, a su vez, de las diferentes industrias. Además, las relaciones comerciales previas entre ambos bloques también serán determinantes a la hora de estipular los efectos
económicos del acuerdo. Las economías que forman ambos bloques comerciales son muy heterogéneas entre sí en lo relativo a su especialización productiva y características de su comercio exterior y, por tanto, también lo serán los efectos que tenga
la firma del acuerdo. Este informe tiene por objetivo analizar las características y evolución de las relaciones comerciales existentes entre España y los países del Mercosur, y estimar el impacto que tendrá el acuerdo comercial sobre el empleo en
España.
Los resultados indican que el efecto esperado de este acuerdo sobre la economía española será muy reducido y, en todo caso, negativo. Dada la naturaleza de las relaciones comerciales entre España y el bloque latinoamericano (muy reducidas
en cuantía y concentradas en el sector agropecuario y las industrias del textil y de la alimentación) y las diferentes elasticidades de las importaciones y las
exportaciones a variaciones en los precios relativos, los resultados apuntan a que el impacto sobre el PIB español será de un -0.08 %, aproximadamente. Mientras tanto, la destrucción de empleo tendrá un alcance de alrededor de 1.000 puestos
de trabajo, casi todos ellos localizados en el sector primario y las industrias alimentarias y textiles.
Los resultados indican que, en el peor de los escenarios, podrían perderse hasta 4000 puestos de trabajo en España y producirse un impacto del -0.15% en el PIB.
En conclusión, con estos resultados, la firma del tratado comercial no sería beneficiosa para España. Siendo tan reducido el impacto sobre el empleo, y negativo en todo caso, cobran mucha más importancia las cuestiones relativas a la
protección de las condiciones laborales (que podrían verse dañadas por la intensificación de la competencia a través de los precios) y medioambientales (que derivan de la intensificación del comercio de larga distancia y de la explotación
agroforestal).
Del mismo modo, cobra relevancia la posible pérdida de ingresos por aranceles que se dejarían de percibir al liberalizar las relaciones comerciales. Asimismo, la firma de este tratado debe ser cuestionada basándonos en su influencia en el
modelo de crecimiento español, que en los últimos años ha buscado crecer a través las exportaciones por la vía de la devaluación salarial y la desregulación laboral.
Diversos estudios científicos alertan sobre los graves peligros de la entrada en vigor de este acuerdo en cuestiones como el cambio climático, los derechos humanos, la seguridad alimentaria o el sector rural, tanto en los países del bloque
Mercosur como en los países europeos, incluida España. A continuación, señalamos algunos impactos.
1. Impacto del tratado comercial entre la UE y el Mercosur sobre el empleo de la economía española.
En el reciente informe 'Efectos sobre la economía española del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea', publicado por el Sindicato Unión General de Trabajadores (UGT), se ha hecho un importantísimo análisis de impacto
del tratado comercial entre el Mercosur y la UE sobre el empleo español, y los resultados de dicho análisis han arrojado un efecto negativo, aunque muy reducido. De acuerdo a sus estimaciones, la firma de este tratado supondrá una pérdida directa
de menos de 1.000 puestos de trabajo en España, la mayoría de ellos concentrados en la agricultura, la ganadería y las industrias de la alimentación, la bebida y el tabaco. Este es el escenario base de las estimaciones, en el que se asume que la
caída arancelaria no supondrá una intensificación de las relaciones comerciales entre ambos bloques. Adicionalmente, se han estimado otros escenarios, en los que, como consecuencia de la liberalización, las relaciones comerciales entre ambos
bloques se intensifican. No obstante, en todos ellos el efecto es negativo y de un bajo tamaño.
Las industrias alimentarias y del tabaco, la química y la agricultura, la ganadería y la silvicultura serán sobre las que mayor impacto tendrá el tratado comercial, dada la combinación de fuerte caída esperada de los aranceles y por el peso
del comercio con el Mercosur sobre su VAB industrial.
Según el informe, se profundiza en el impacto sobre las dos principales ramas en las que se concentra la destrucción de empleo (agricultura, ganadería e industria de la alimentación), se deduce que las regiones españolas que más sufrirán los
efectos de la liberalización comercial son Andalucía, Galicia y Murcia, en el primer sector, y Cataluña, Andalucía y la Comunitat Valenciana, en el segundo. Esto se debe a que es en ellas donde se concentra predominantemente el empleo de las
industrias afectadas.
- El comercio de servicios y el desplazamiento de personas.
La liberalización comercial tendrá un impacto directo sobre el empleo a ambos lados del Atlántico. El comercio de servicios incluye el desplazamiento de personas físicas residentes en una de las partes del Acuerdo para prestar servicios en
la otra, bien como profesionales independientes bien como personal contratado por el prestador de servicios. Es el conocido como Modo 4 del Acuerdo General del Comercio de Servicios de la Organización Mundial del Comercio. La sección 2 del Título
XXX del Acuerdo (Presencia temporal de las personas físicas proveedores de servicios y para propósitos de negocios), señala a qué tipo de trabajadores se aplica el acuerdo, agrupándolos en una serie de categorías.
Por lo tanto, y pese a que parte de las críticas que en materia de regulación de flujos migratorios se hacen a los acuerdos comerciales es que estos permiten la migración para ocupar puestos de trabajo cualificados, pero no la migración no
cualificada, la realidad es que, por lo que respecta a trabajadores por cuenta ajena, la clasificación de proveedores de servicios contractuales permitiría el desplazamiento de trabajadores sea cual sea su cualificación, al igual que en el caso de
los profesionales independientes.
Cierto es que no conocemos el listado de compromisos específicos de cada una de las partes y por tanto los sectores en los que se permitirá el suministro de servicios. Pero en cualquier caso, y bajo la figura del 'especialista', pueden
tener cabida tanto la alta como la baja cualificación.
Es preciso resaltar otros aspectos de interés en materia de nuestra regulación laboral y de extranjería:
A) El ya mencionado de que la única remuneración que pueden percibir las personas físicas desplazadas a la otra Parte por cuenta de un proveedor de servicios es la que este proveedor les paga. El inciso en artículo 1 de que las
disposiciones de este capítulo no afectaran a los Sistemas de Seguridad Social respectivos de las Partes. Respecto tanto a los proveedores de servicios contractuales como a los profesionales independientes, el contrato entre las Partes debe ser de
buena fe y cumplir con las normas, regulaciones y requisitos de la Parte en la que se ejecute el contrato. Sin duda es difícil de interpretar qué papel juegan las normas laborales de la Parte destino de los trabajadores. Si el proveedor de
servicios es el único que puede pagarles la remuneración, el Acuerdo no afecta a los sistemas de Seguridad Social y la bona fide se refiere al contrato de servicios, pero no a los contratos laborales de los trabajadores desplazados, las dudas surgen
respecto a las condiciones de empleo de los trabajadores en el país de destino. ¿Los trabajadores desplazados están sometidos tanto a las normas laborales y de seguridad social del lugar de origen?
Una libre entrada (exceptuando los lógicos trámites de extranjería) de profesionales, trabajadores y trabajadoras, de manera temporal y sin que esté claro, desde el punto laboral, qué norma sería de aplicación.
En el caso de España, la regla general para la contratación en el exterior es la comprobación de la situación nacional de empleo, es decir que, o bien se trate de ocupaciones incluidas en el Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura, o
que, no figurando en el Catálogo, se haya gestionado la oferta en los Servicios Públicos de Empleo y se haya certificado la ausencia de candidatos adecuados y disponibles para cubrir el puesto de trabajo. Pero esta regla general tiene excepciones,
entre otras, la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y para su internacionalización, ley especial con respecto a la LO 4/2000 de derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y no sometida a ella, incluye en su
sección de movilidad internacional procedimientos de entrada que no se condicionan a la situación nacional de empleo, entre ellos: profesionales altamente cualificados y trabajadores que efectúen movimientos intraempresariales dentro de la misma
empresa o grupo de empresa.
Por lo tanto, la afectación al empleo en España que implique este Acuerdo tiene elementos principales:
a) La entrada de trabajadores y trabajadoras, tanto en el caso de los traslados intraempresariales como de la prestación de servicios no va a estar sometida a la comprobación de si esos puestos de trabajo pueden ser ocupados por personas en
situación de desempleo residentes en España con independencia de su nacionalidad.
b) La incertidumbre acerca de las condiciones de empleo de las personas desplazadas y la aplicación del convenio colectivo en la empresa en la que vayan a tener destino.
c) La posible conversión en temporales, mediante la contratación de una prestación de servicios que obligatoriamente ha de ser temporal, de puestos de trabajo fijos.
El informe no trae datos desagregados, pero las autorizaciones de trabajo concedidas al amparo de la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores alcanzaron en el año 2019 un total de 14.028, el 12,2 % de la totalidad de autorizaciones de
trabajo concedidas ese año.
- Conclusiones y recomendaciones de política económica de acuerdo con el impacto del tratado comercial entre la UE y el Mercosur sobre el empleo de la economía española.
La liberalización de las relaciones comerciales entre la UE y el Mercosur a la que conduciría la firma del tratado comercial tendrían un impacto negativo sobre el PIB español y conducirían, según las estimaciones de este informe, a una
destrucción neta de empleo, que se encontraría entre 1.000 y 4.000 puestos de trabajo, siendo las actividades del sector primario y la industria de la alimentación las peor afectadas.
Habrá ganadores y perdedores del acuerdo. Es previsible que entre los ganadores se encuentren aquellas economías europeas que, como Alemania, cuenten con mayor fortaleza industrial, especializadas en la producción y comercio de bienes
manufacturados avanzados, que incorporen altos niveles de tecnología.
De producirse la firma, urgiría introducirse mecanismos específicos de compensación y de redistribución a estos colectivos afectados. Hasta el momento, aunque propia Comisión Europea ha señalado que destinará 1.000 millones para las medidas
de compensación a grupos perjudicados, no se han debatido ni analizado adecuadamente estas medidas. En concreto, no hay un análisis detallado de los impactos regionales que podría tener la firma del acuerdo (sobre todo, en productos especialmente
sensibles).
Economías como España, con una estructura productiva y un perfil exportador más débil, sacarán menos provecho del acuerdo, tal y como muestran las estimaciones del extenso informe de UGT. A su vez, dentro de las propias economías habrá
industrias que se vean particularmente afectadas. Incorporar esta heterogeneidad en los efectos, no solo el análisis, sino también en las posiciones de los agentes interesados ante el acuerdo, y particularmente en los sindicatos, resulta
fundamental.
Los sistemas de relaciones laborales de los cuatro países del Mercosur están mucho menos organizados que el español, y la informalidad es mucho más alta. A esto se suma que, en España, las condiciones laborales en estas industrias ya están
muy deterioradas y también existen altos niveles de informalidad. La intensificación de la competencia a través de los precios provocará, como consecuencia y con toda probabilidad, que los trabajadores se vean presionados para ajustar sus salarios
a las nuevas condiciones de competencia.
2. Brasil. La política agraria y medioambiental de la extrema derecha y los datos de expertos brasileños e internacionales.
La agroindustria, el sector industrial y el gobierno de extrema derecha de Brasil apoyan el acuerdo UE-Mercosur.
Brasil ha estado ocupado haciendo lo contrario de la conservación: ha destruido el sistema de protección ambiental del país, socavado los derechos de los indígenas y defendido a las industrias que impulsan la destrucción de la selva
tropical.
Bajo el mandato de Jair Bolsonaro, la deforestación en la selva amazónica, de lejos la mayor del mundo, ha aumentado hasta el nivel más alto en más de una década. La destrucción, que ha sido impulsada por los madereros que despejan la
tierra para el pastoreo de ganado y para las operaciones mineras ilegales, provocó la indignación mundial en 2019, cuando enormes incendios forestales hicieron estragos durante semanas.
El cambio de rumbo y la exigencia de dinero en efectivo por adelantado, por parte del Ejecutivo brasileño, hace pocos días, se recibieron con escepticismo entre los diplomáticos extranjeros en Brasil y los ecologistas, que sostienen que el
único déficit real de Brasil es el de la voluntad política. Las organizaciones ambientales e indígenas han expresado un profundo escepticismo sobre la voluntad profesada por Bolsonaro de luchar contra la deforestación y han advertido a los donantes
internacionales que se abstengan de dar al gobierno brasileño un dinero que temen pueda ser utilizado para socavar la protección del medioambiente.
De acuerdo con los dados de la Comisión de Expertos encargada de evaluar los impactos ecológicos del proyecto de acuerdo comercial entre la UE y los países del Mercosur, que emitió su informe en septiembre del 2020, el Instituto Veblen y la
Fundación Nicolas Hulot instaron solemnemente a Francia a exigir su absoluto abandono. Las conclusiones del comité son ciertamente irrevocables: más allá de la política de Jair Bolsonaro, es la propia naturaleza del proyecto de acuerdo para
promover las exportaciones de carne del Mercosur a cambio de automóviles, maquinaria y productos químicos europeos, sin ninguna obligación ambiental, lo que conducirá a un desastre para el clima y la biodiversidad.
Según sus datos, los países europeos ya son responsables de más de un tercio de la deforestación mundial vinculada al comercio de productos agrícolas. Solo por el aumento de la producción de carne vacuna previsto en el acuerdo, la
deforestación en el Mercosur podría aumentar al menos un 25 % anual durante los próximos seis años. De hecho, la cifra del 5 % propuesta por la Comisión solo tiene en cuenta la superficie de deforestación necesaria para criar el solomillo
(exportado a Europa) y no todo el animal. Y a pesar de la prohibición de la UE sobre el 27 % de los 190 ingredientes activos autorizados en Brasil, el acuerdo facilitará aún más la entrada de productos agrícolas tratados con estos pesticidas
prohibidos en el mercado de la UE. Estas conclusiones están ampliamente en línea con los análisis llevada a cabo durante varios años por el Instituto Veblen y la Fundación Nicolas Hulot.
Si un acuerdo comercial entre estas dos regiones del mundo va a ver la luz del día, debe ser repensado y construido sobre bases completamente diferentes, compatibles con el Pacto Verde Europeo y las
fronteras planetarias. En particular, la reducción de las barreras comerciales debe estar estrictamente condicionada al cumplimiento de una serie de criterios estrictos de salud y medio ambiente, como se sugiere en el informe. Y deben
eliminarse todas las disposiciones que puedan conducir al debilitamiento de las normas existentes o en desarrollo.
El tratado UE-Mercosur profundizará las asimetrías entre los países de los bloques y repite la relación colonial: los europeos venden productos con alto valor agregado, los sudamericanos exportan commodities.
La devastación ambiental promovida por el gobierno de Bolsonaro reduce las posibilidades de ratificación del tratado. La asimetría es bastante explícita al comparar la lista de los principales productos exportados desde la Unión Europea al
Mercosur. Son medicamentos, aviones, piezas y accesorios, productos inmunológicos, vehículos de motor, lanchas ligeras, grúas flotantes, aceites, carrocerías y accesorios para vehículos de motor, fungicidas, partes de aviones o helicópteros,
vacunas. Es decir, bienes industriales. Los principales productos exportados desde el Mercosur a la UE son el bagazo de soja y los residuos, resultantes de la extracción de aceite, soja, pulpa de madera química, mineral de hierro, café (excluyendo
descafeinados y tostados), minerales y concentrados de cobre, petróleo y aceites obtenidos de minerales bituminosos, jugo de naranja, carne de vacuno fresca refrigerada y deshuesada, oro y aviones. Dichos bienes tendrán el 90% de sus impuestos de
importación a cero (en algunos casos, cuotas de importación establecido) en virtud del acuerdo.
La lista de productos indica por qué los opositores al acuerdo afirman que se trata de un 'tratado neocolonial'. 'Es un modelo arcaico', dice la politóloga Maureen Santos, coordinadora del Grupo Asesor Nacional, la organización no
gubernamental Federación de Organismos de Asistencia Social y Educativa (FASE). Arcaico por el uso de territorios colonizados como grandes reservas de minerales, energía, agua, bienes naturales y el trabajo, en beneficio de las empresas
'metrópolis', es parte de la historia de los países de América del Sur. Este modelo es actualizado por el convenio, que profundizará la extracción de minerales, la agroindustria y el uso de plaguicidas, mientras que la mayor parte de la riqueza
generada por este comercio es apropiada por empresas transnacionales, con sede fuera del Mercosur.
La profundización del modelo extractivo primario puede verse como consecuencia de otros acuerdos comerciales suscritos por la UE con países latinoamericanos. Otro efecto es la expansión de la agroindustria, responsable de la destrucción de
biomas, como señala el Dossier Crítico de Soy Logística, publicado recientemente por Fase. Según el documento, 'la agroindustria ha devastado más de la mitad del Cerrado, especialmente en los últimos 40 años. Y sigue avanzando en la llamada
Matopiba, región entre Maranhão, Tocantins, Piauí y Bahía, y la Selva Amazónica -especialmente en la transición Cerrado- Amazonas, en el llamado 'arco de deforestación''.
El tratado también reducirá o eliminará más del 90 % de los aranceles a los productos químicos y la industria europea apoya su ratificación, apostando por el constante crecimiento de las exportaciones al Mercosur. Según Sharon Treat, del
Instituto para el Mercosur. Según Sharon Treat, del Instituto de Políticas Agrícolas y Comerciales en Europa, en un estudio para la Fundación Heinrich Boll, el comercio de productos químicos entre la UE y Mercosur representa 6.300 millones de euros
anuales. 'Reducir los aranceles de importación en Europa sobre cultivos dependientes de plaguicidas puede conducir a un mayor uso de estos productos a medida que el cultivo se expande para satisfacer la mayor demanda. El arancel de la caña de
azúcar utilizado para la producción de etanol se reducirá a cero, y la tarifa del etanol también se reducirá significativamente', dice el estudio.
En las últimas décadas, una serie de cambios ha permitido a las empresas transnacionales distribuir su producción y aprovechar las ventajas competitivas que necesita cada sector en diferentes territorios del mundo. Los sectores intensivos
en mano de obra han establecido fábricas en países con bajos derechos laborales y bajos salarios. Actualmente, observa Adhemar Mineiro, de la Red Brasileña para la Integración de los Pueblos, el 80% del comercio mundial es intraempresarial. Son
partes y piezas que circulan en una cadena de producción y suministro global, de acuerdo con las necesidades de las empresas transnacionales. Los tratados de libre comercio sirven para garantizar tal flujo.
Según Dupré (2020), es previsible una aceleración de la deforestación del 5 % anual durante 6 años, debido únicamente al aumento de las exportaciones de carne de vacuno generadas por el Acuerdo. Esta estimación es incluso más elevada si se
mantiene el número de hectáreas necesarias para producir la carne adicional prevista en el tratado, por lo cual habría una aceleración de la deforestación cercana al 25 % anual durante 6 años. A lo que habría que añadir otros productos como la caña
de azúcar que también se espera que aumenten la producción. Otros estudios señalan el incremento en emisiones de
CO2 y la huella ecológica que supondrá la intensificación de las relaciones comerciales (Ghiotto & Echaide, 2020; Greenpeace, 2020). Puesto que el impacto sobre el empleo es negativo, este tipo de consideraciones cobran más importancia a
la hora de tomar una posición ante el acuerdo.
3. Profundización de la crisis climática y la deforestación en ecosistemas clave como la Amazonia.
Según datos de Ecologistas en Acción, que forma parte de las 450 organizaciones de la sociedad civil que lanzaron un manifiesto para detener el acuerdo comercial UE-Mercosur (puntos 3, 4 y 5), la ratificación del Acuerdo UE-Mercosur se
plantea, sin ningún tipo de debate público y en un momento clave en el que los países de la UE y el Gobierno de España se enfrentan al gran reto de cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. En esta línea, recientemente el Consejo Europeo ha
aprobado aumentar el objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) al 55 % en 2030, en relación con el nivel de 1990. Por su parte, el Gobierno de España está en vías de aprobación de una Ley de Cambio Climático y
Transición Energética.
En este sentido, los impactos del Acuerdo UE-Mercosur pueden ir en detrimento de cualquier esfuerzo institucional para paliar el cambio climático, ya que la reducción de las emisiones en España y la UE no puede ser a costa de la
externalización de las mismas en países del Sur Global.
Un estudio de impacto ambiental independiente, encargado por el Gobierno francés, estima que la deforestación en los países del bloque Mercosur aumentará un 5 % anual debido a la nueva demanda de productos en Europa, mientras que las
emisiones de GEI adicionales se incrementarían entre 4,7 y 6,8 millones de toneladas equivalentes de CO2.
- Incremento de la deforestación.
El Acuerdo UE-Mercosur impulsará las importaciones de la UE de productos agrícolas y ganaderos vinculados a la deforestación en la Amazonia, El Cerrado o el Pantanal. Algunos de estos productos son la carne de vacuno para consumo humano, la
soja para la producción de piensos de ganado o la caña de azúcar y el etanol para la producción de biocombustibles.
Un estudio de la revista Nature, publicado en julio de 2020, estima que al menos entre el 17 % y el 22 % de las importaciones anuales de la UE de soja y carne bovina procedentes de Brasil están vinculadas a la deforestación ilegal en las
regiones de la Amazonía y el Cerrado.
Estos ecosistemas, clave en la regulación del ciclo del agua, el clima o la protección ante nuevas pandemias, ya están sometidos a fuertes presiones y registran tasas de deforestación e incendios muy elevadas. Según el Instituto Nacional de
Investigaciones Espaciales (INPE), la Amazonía ha perdido 11.088 kilómetros cuadrados de árboles en el último año, una superficie equivalente a tres campos de fútbol cada minuto. Esto supone que la deforestación ha aumentado un 9,5 % con respecto a
2019, la cifra más alta en los últimos 12 años. La sabana tropical de El Cerrado en Brasil o el bosque seco del Gran Chaco en Argentina y Paraguay, también se están destruyendo a una velocidad cada vez mayor.
- Incremento de las emisiones de GEI.
La entrada en vigor del Acuerdo favorecerá el aumento de las emisiones de GEI debido a diferentes causas. Por un lado, los cambios en el uso del suelo, esto es la conversión de bosques y otro tipo de vegetación en pastos para ganado y
monocultivos, juegan un papel crucial. Según el Observatório do Clima de Brasil, la destrucción de la Amazonía es el principal factor responsable de emisiones de GEI en Brasil. A esto hay que sumar otros aspectos del Acuerdo, como el
fortalecimiento de industrias que contribuyen de forma importante al calentamiento global como la industria automovilística o la ganadería industrial, y el incremento del transporte entre ambas regiones. Según algunos estudios entre el 26 % y 33 %
de las emisiones de GEI están ligadas a la producción para los mercados internacionales.
4. Seguridad alimentaria e impactos en la salud.
Este Acuerdo incentiva un modelo agroindustrial basado en la utilización de grandes cantidades de productos tóxicos que se vinculan a la contaminación de acuíferos, el deterioro del bienestar animal y los riesgos para la salud de la
población.
Los estándares sanitarios y fitosanitarios de la UE y los países del bloque Mercosur son muy diferentes. Por ejemplo, 149 de los pesticidas empleados en Brasil están prohibidos en la UE.
El Acuerdo UE-Mercosur busca facilitar el comercio y el reconocimiento de los estándares entre ambas regiones, lo que previsiblemente supondrá una aceptación por parte de la UE de las normas sanitarias y fitosanitarias del bloque Mercosur.
Aunque la UE sostiene que se implementarán mecanismos de control, el propio texto del Acuerdo indica que la parte exportadora será responsable de regular estos mecanismos.
Por lo tanto, las personas consumidoras podrían quedar expuestas a sustancias nocivas para la salud, como la hormona de crecimiento ractopamina, permitida en Argentina y Brasil, pero prohibida en 160 países, incluidos todos los de la UE.
5. Aumento de la agroindustria en detrimento de las explotaciones agrícolas familiares y la ganadería extensiva.
El Acuerdo UE-Mercosur impulsará las grandes superficies agroindustriales a ambos lados del Atlántico en detrimento de las pequeñas explotaciones agrícolas y de la ganadería extensiva.
Según el estudio de impacto sobre la sostenibilidad (SIA) del Acuerdo UE- Mercosur encargado por la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea, todas las producciones agrarias europeas se verían negativamente afectadas por el
aumento de las importaciones desde Mercosur, siendo los sectores del azúcar y el de la carne de ganado bovino los que acumularían mayores pérdidas. En España, los productores de carne de vacuno (con una nueva cuota importación de 99.000 tn), aves
(cuota de 180.000 tn), azúcar (cuota de 190.000 tn), arroz (cuota de 60.00 tn) y miel (cuota de 45.000 tn) serían los más perjudicados.
Sindicatos como la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos denuncian que los bajos costes de producción y de exportación del bloque Mercosur, son en parte debidos a una menor exigencia ambiental y social. El Acuerdo podría afectar
negativamente a las poblaciones locales, generando trabajo no regulado y una pérdida significativa de empleos.
Los impactos anteriormente descritos son más graves si se tiene en cuenta la falta de mecanismos vinculantes con el medio ambiente, el clima y los derechos humanos
A diferencia de las cláusulas comerciales del Acuerdo UE-Mercosur, el capítulo sobre Comercio y Desarrollo Sostenible, en el que se recogen las condiciones de respeto a los compromisos internacionales en materia de clima, biodiversidad y
derechos humanos, carece de mecanismos ejecutables, exigibles y sancionadores que permitan proteger de forma efectiva estos puntos. El cumplimiento de estas disposiciones se deja en manos de empresas y Estados, por lo que la supuesta
condicionalidad climática recogida en el Acuerdo UE-Mercosur carece de eficacia jurídica real.
A día de hoy, Austria, Holanda y la región belga de Valonia han aprobado mociones parlamentarias para rechazar la ratificación del Acuerdo UE- Mercosur. Otros países, como Alemania, Irlanda, Luxemburgo o Francia, han expresado de forma
pública su oposición a la entrada en vigor del Acuerdo. Además, durante la revisión del informe de la 'Aplicación de la política comercial común' el pasado 6 de octubre, el Parlamento Europeo aprobó una enmienda para no ratificar el Acuerdo
UE-Mercosur en su estado actual. A diferencia de estos países, el Estado español no ha mostrado ningún posicionamiento al respecto en lo que va de año, si bien siempre se ha mostrado favorable y ha sido un claro promotor del acuerdo.
El Estado español no puede ratificar el Acuerdo UE-Mercosur:
- Teniendo en cuenta la evaluación del acuerdo realizada a través de modelos de equilibrio general computable o CGE con otros modelos que se fundamentan en supuestos más realistas y que no presentan importantes limitaciones como asumir el
pleno empleo por definición, según define el Objetivo 8 de los ODS, de promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos.
- Teniendo en cuenta los posibles impactos negativos sobre colectivos que van a verse perjudicados, puesto que ya se ha valorado que los potenciales efectos positivos no justifican la ratificación del acuerdo, según define el Objetivo 10 de
los ODS, de reducir la desigualdad en y entre los países.
- Teniendo en cuenta la defensa de las condiciones laborales de los trabajadores de las industrias afectadas, no solo en el Estado español, sino también en el Mercosur, puesto que un contexto en el que los efectos estimados para España son
claramente negativos, y concentrados en dos industrias específicas, y donde los estudios hechos hasta la fecha señalan un impacto también negativo sobre las economías del Mercosur (Ghiotto, 2020; LSE, 2020), según define el Objetivo 8 de los ODS,
de promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos.
- Teniendo en cuenta la intensificación de la competencia a través de los precios provocará, como consecuencia y con toda probabilidad, que los trabajadores se vean presionados para ajustar sus salarios a las nuevas condiciones de
competencia, debido a las grandes diferencias de los sistemas de relaciones laborales y la informalidad de los cuatro países del Mercosur con el español. A esto se suma que, en España, las condiciones laborales en estas industrias ya están muy
deterioradas y también existen altos niveles de informalidad. La intensificación de la competencia a través de los precios provocará, como consecuencia y con toda probabilidad, que los trabajadores se vean presionados para ajustar sus salarios a
las nuevas condiciones de competencia, según define el Objetivo 8 de los ODS, de promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos.
- Teniendo en cuenta que las condiciones del acuerdo no permiten conocer cuál será el nivel de comprobación respecto de la entrada de trabajadores y trabajadoras a través de traslados intraempresariales y la prestación de servicios. Además,
no existen certezas acerca de las condiciones de empleo de las personas desplazadas y la aplicación de los convenios colectivos en destino, según define el Objetivo 8 de los ODS, de promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo
y el trabajo decente para todos.
- Para evitar el llamado 'dumping social' en los países del Mercosur mediante la ratificación de convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como es el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de
sindicación de 1948 (núm. 87) que todavía no ha sido ratificado por Brasil o el Convenio sobre las plantaciones de 1958 (núm. 110), según define el Objetivo 8 de los ODS, de promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el
trabajo decente para todos.
- Porque no existen cláusulas que garanticen la protección del empleo en los acuerdos de libre comercio, que sirvan para establecer una normativa común. Ya que la desregulación, aunque puede parecer beneficiosa desde el punto de vista de un
solo Estado al reducir salarios y abaratar las exportaciones, conduce a una brutal 'carrera hacia abajo' (race-tothe-bottom) en las normas laborales cuando se aplica por todas las naciones. El resultado final es que se han deteriorado los derechos
laborales y también se ha perjudicado al crecimiento económico y al desarrollo, según define el Objetivo 8 de los ODS, de promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos.
- Porque hay un escasísimo número de industrias que se verían positivamente afectadas por el acuerdo, y no hay razones para que los trabajadores de ninguna industria en el Estado español apoyen la firma del acuerdo.
- Porque las industrias se verían afectadas negativamente, sobre todo las ubicadas en las regiones donde los niveles de desempleo estructural son más elevados, como Andalucía, Galicia o Murcia. Además, el tipo de trabajador que se emplea en
ellas presenta las características típicas que le abocan al desempleo (baja cualificación, poca capacidad de empleo de las nuevas tecnologías), según define el Objetivo 8 de los ODS, de promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el
empleo y el trabajo decente para todos.
- Porque los efectos de la desregulación han reducido los salarios y, en consecuencia, también lo han hecho el consumo y la inversión. Todo ello ha provocado una ralentización del crecimiento debido al peso que tiene la demanda doméstica.
Los intentos de crear un modelo de crecimiento basado en las exportaciones por la vía de la devaluación salarial y la desregulación laboral han dado como resultado una caída de la demanda doméstica, un mayor desempleo, y una profundización en la
segmentación y la inestabilidad laboral, según define el Objetivo 8 de los ODS, de promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos.
- Porque una gran parte del pilar comercial del acuerdo responde a una importante reducción de los aranceles (los derechos de importación desaparecen para el 92% de productos importados desde el Mercosur), lo que lógicamente generará una
disminución en la recaudación por ese concepto. Hay que considerar que este tipo de ingresos arancelarios suponen el 13% del presupuesto de la Unión Europea (unos 20 mil millones de euros como consecuencia de derechos arancelarios transferidos a su
presupuesto). La reducción de estos aranceles se compensaría con el incremento de otras fuentes de financiación de la UE (como el IVA) si el consumo y la actividad económica de la UE aumentaran por el acuerdo. Sin embargo, no se ha comunicado el
saldo neto que generará este acuerdo para el presupuesto de la UE.
- Debido a las cuestiones relativas al impacto sobre el PIB y el empleo, según define el Objetivo 8 de los ODS, de promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos,según define el Objetivo 8
de los ODS, de promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos.
- Debido a los elementos que suponen un perjuicio general es el impacto ecológico que tiene un acuerdo de este tipo en general, y en concreto los cambios señalados sobre productos como la carne, el azúcar o el etanol que sirve como
biocombustible pueden intensificar la deforestación que se está producido en el Amazonas, según define el Objetivo 15 de los ODS, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las
tierras, detener la pérdida de biodiversidad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Republicano presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. No ratificar el Acuerdo UE-Mercosur, en aras de cumplir con todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el 8, el 10 y el 15.
2. Informar a la Cámara con urgencia sobre el contenido de las revisiones técnicas y legales a las que está siendo sometido el Acuerdo de Asociación entre la UE y Mercosur tras alcanzar un acuerdo de principio el 28 de junio de 2019.
3. Realizar un estudio independiente de impacto ambiental, económico y social sobre las consecuencias del Tratado de Asociación UE-Mercosur en la agricultura y la ganadería, otros sectores económicos, la seguridad alimentaria, el medio
ambiente y el bienestar animal en España.
4. Evaluar, a la luz del estudio de impacto ambiental encargado por el gobierno francés a una comisión independiente, la coherencia del acuerdo UE-Mercosur con la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética y los compromisos
climáticos y medioambientales del Estado español y de la Unión Europea, así como con los objetivos del Pacto Verde presentado por la Comisión Europea en diciembre de 2019.
5. Comprometerse a consultar al conjunto de Comunidades Autónomas respecto de su posición sobre el acuerdo UE-Mercosur.
6. No autorizar -en el marco del Consejo de la Unión Europea- la ratificación del Acuerdo de Asociación UE-Mercosur, en el caso de que las anteriores disposiciones no se cumplan.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 2021.-María Carvalho Dantas, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.