El señor presidente da lectura a los puntos 5. y 5.1.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado dos enmiendas
del Grupo Parlamentario Mixto: una por iniciativa de los senadores
Alegre, Crisol y Marcos, y otra por iniciativa de los senadores Mulet y
Navarrete.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Popular, el senador Rodríguez.

El señor RODRÍGUEZ PÉREZ: Gracias, señor presidente. Señorías,
buenos días.

Comparezco ante esta tribuna para presentar la moción del Grupo
Parlamentario Popular relativa al apoyo que merece la figura de la
prisión permanente revisable, ya incorporada, como bien saben ustedes, a
nuestro ordenamiento jurídico por Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo,
del Código Penal.

Ha sido necesaria esta moción para combatir una suerte de obsesión
que aqueja a todos los grupos políticos de izquierda y también al Partido
Nacionalista Vasco. Acaso habrá que recordar a todas sus señorías que la
Unión Europea se ha convertido en un motor de cambios legislativos que
incluyen la materia penal, con la consolidación de un espacio de
libertad, seguridad y justicia. Y la integración de España en los
organismos europeos nos obliga de forma continuada a adaptar el
ordenamiento jurídico español a los compromisos adquiridos con el fin de
combatir el creciente problema de delincuencia organizada, los abusos
sexuales y la explotación sexual de los menores, la pornografía infantil
y también la trata de seres humanos.

La pena de prisión permanente revisable, señorías, incorporada,
como digo, a nuestro ordenamiento jurídico, es la respuesta adecuada a
determinados fenómenos delictivos gravísimos, especialmente en materia de
terrorismo y en delitos contra la vida y contra la libertad sexual, en
muchos casos dirigidos contra menores de edad y personas especialmente
desamparadas, cuya crueldad y reprochabilidad habían puesto en cuestión
la eficacia represiva y preventiva de nuestras normas penales que exigían
y exigen también, cómo no, una respuesta proporcionada en gravedad.

Ya sabemos que a algunos grupos de esta Cámara no les gusta esta
pena que está incluida en el Estatuto de la Corte Penal Internacional,
ratificado por España y en vigor en nuestro país desde el año 2002.
Cuando este estatuto fue ratificado por España, el Consejo de Estado se
pronunció sobre la constitucionalidad de esta pena revisable a los
veinticinco años. También cuenta con el refrendo del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos que ha declarado en reiteradísimas ocasiones que es una
pena plenamente compatible con el artículo 3 de la Convención de Roma,
que es aquel que prohíbe las penas y tratos inhumanos o degradantes. De
modo que sus dudas acerca de la constitucionalidad deberían despejarlas
sus señorías acudiendo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional
sobre los artículos 10, 15 y 25.2 de nuestra Constitución, así como a los
informes del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo Fiscal y
también del Consejo de Estado. En todos ellos encontrarán que la pena de
prisión permanente revisable es ajustada a los parámetros de
constitucionalidad, ratificando que se ajusta a los principios de
reeducación y reinserción y es compatible con la Convención de Roma,
además de ser —lo saben ustedes bien— un instrumento que está
en los ordenamientos jurídicos de muchos países de nuestro entorno, de
muchos países de la Unión Europea.

Señorías, la sociedad española debe tener confianza en que la
respuesta del sistema penal al delito va a ser suficiente en todos los
casos, empezando por aquellos cuya gravedad extraordinaria atenta contra
los valores esenciales de nuestra convivencia. Y somos perfectamente
conscientes de que el sistema de ejecución de esas penas debe permitir la
reeducación del penado siempre, señorías, siempre. Por eso, la prisión
permanente revisable no renuncia a la reinserción del penado, y eso lo
saben ustedes. Una vez cumplida una parte necesaria mínima de la condena,
un tribunal deberá valorar nuevamente las circunstancias y su situación
personal. Si el tribunal considera que concurren los requisitos
necesarios para que el penado pueda recuperar la libertad, se fijará un
plazo para una nueva revisión y si, por el contrario, el tribunal valora
que cumple los requisitos para quedar en libertad, se establecerá un
plazo de libertad condicional en el que se impondrán condiciones y
medidas de control destinadas tanto a garantizar la seguridad de la
sociedad como a asistir al penado en esa fase final de su reinserción,
que es una exigencia constitucional. No creo, señorías, que sin cumplir
tal exigencia la pena de prisión permanente revisable hubiera logrado el
aval de los altos organismos del Estado, y especialmente del Consejo de
Estado, por cierto, también con el voto del señor Rodríguez Zapatero y de
la señora Fernández de la Vega.

Señorías, las condenas han de servir para que aquel que ha
agredido a la sociedad tenga la oportunidad de modificar su actitud y su
conducta, de tal manera que sea posible su reingreso en ella, su
reingreso con plenas garantías para él, pero también para la sociedad. Y
la prisión permanente revisable, repito, es un instrumento que existe en
toda la Europa civilizada, en gobiernos de todo tipo de corte y cuyo fin
último, como digo, es garantizar la rehabilitación del delincuente.

Señorías, la prisión permanente revisable se separa de la cadena
perpetua precisamente porque puede dejar de ser perpetua, accediendo o
acudiendo el condenado a la libertad en alguna de las sucesivas y
periódicas revisiones que la ley ordena realizar al tribunal
sentenciador, sistema que está vigente en los más importantes países de
la Unión Europea. Y, señorías, no hay que olvidar que la justificación de
que se tipifique como delito una conducta y se sancione con una pena está
más en el reproche social del que son titulares el conjunto de los
ciudadanos y no en los eruditos del derecho.

La pena de prisión permanente revisable no constituye, señorías,
una suerte de pena definitiva o perpetua en la que el Estado se
desentiende del penado. Al contrario, se trata de una institución que
compatibiliza la existencia de una respuesta penal ajustada a la gravedad
de la culpabilidad con la finalidad de reeducación a la que debe obedecer
el sistema de las penas de prisión. Una pena, señorías, que está
reservada, como dije antes, a los crímenes, a los asesinatos más
execrables, los que más dolor y más repugnancia causan a la sociedad
española. Es una pena democrática, es una pena constitucional, es una
pena proporcionada y es garantista, señorías. No cometan sus señorías el
error de referir la pena de prisión permanente revisable como cadena
perpetua, porque las únicas que han sufrido cadena perpetua en nuestro
país son las víctimas, son ellas las que han tenido en nuestro país un
dolor perpetuo, y esa injusticia histórica había que corregirla.

Por tanto, y sin perjuicio del respeto y el acatamiento al fallo
del Tribunal Constitucional que deba emitirse en su día a los recursos
que penden sobre este particular, el Grupo Parlamentario Popular se
pronuncia a favor de la idoneidad de la pena de prisión permanente
revisable en nuestro actual catálogo de penas y propone a todas sus
señorías la aprobación por esta Cámara de la moción por la que el Senado
manifiesta su apoyo a la figura de la prisión permanente revisable
incorporada al ordenamiento jurídico a través de la Ley Orgánica 1/2015,
de 30 de marzo, del Código Penal.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto,
tiene la palabra, en primer lugar, el senador Crisol.

El señor CRISOL LAFRONT: Gracias, presidente. Buenos días.

Señorías, muy brevemente. Ni derogar ni mantener. Proponer y
avanzar. Esta es nuestra máxima.

Nuestra enmienda va encaminada a llegar a acuerdos en el ámbito
del derecho penal. Ustedes, señorías, aprobaron en solitario la figura de
la prisión permanente revisable —cadena perpetua— sin contar
con el resto de grupos parlamentarios ni con los sectores de la
judicatura española. Debemos cambiar esa manera de trabajar
unilateralmente que ustedes impusieron en la X Legislatura. Estamos aquí
para llegar a acuerdos, para mejorar las leyes existentes; los ciudadanos
nos han dado su confianza para eso.

En veinte años el Código Penal ha sufrido 25 reformas; esto no es
de recibo. Ustedes plantean apoyar la figura de la prisión permanente
revisable, otros grupos optan por su derogación. Pues bien, ni una cosa
ni otra. Ciudadanos manifiesta la necesidad de que un grupo de expertos
de reconocido prestigio elabore un informe sobre los efectos que genera
la aplicación de esta norma. Este es el sentir de nuestra enmienda.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Crisol.

Para la defensa de su enmienda, tiene la palabra el senador
Navarrete.

El señor NAVARRETE PLA: Muchas gracias, señor presidente.

Senadors, senadores, senadors del PP, llegint la seua moció, el
que m’ha arribat a l’ànima és, al final de la mateixa, quan
indiquen, «eso sí, con pleno respeto al pronunciamiento del Tribunal
Constitucional». Només faltaria! No podria ser d’una altra manera.
Ah, perdonen, vostès els del PP són els que tenen experiència en
incomplir sentències del Tribunal Constitucional o no fer-los ni cas.
Semblaria, amb la seua manera d’actuar, que respecten el
pronunciament del Tribunal Constitucional quan els convé. Gràcies per
aclarir-nos que en aquest cas sí que el respectaran.

Miren, la introducció de la pena de presó permanent revisable
amaga la possibilitat d’una pena a perpetuïtat, que busca apartar
indefinidament les persones, en lloc d’aconseguir reinserir-les. La
denominació utilitzada per vostès buscava burlar les limitacions que
imposa l’article 15 de la Constitució, que prohibeix les penes i
sancions inhumanes i degradants, i l’article 25 que exigeix que les
penes privatives de llibertat han d’estar orientades cap a la
reeducació i la reinserció social. Però, la introducció de la cadena
perpètua, encara que en diferent denominació, suposa separar-se
d’aquests principis que han d’inspirar qualsevol sistema
penal renunciant justament a la reeducació i a la reinserció social.
Quina societat avançada pot renunciar a aquests principis? Què volen en
aquesta moció, els senyors del PP? Volen un recolzament d’aquesta
Cambra a la presó permanent revisable? Ja saben tots fa temps, com ha dit
el company del PP, les opinions d’uns i d’altres. Per tant,
què volen? En aquest recolzament, crec personalment, que busquen dues
coses: una, sortir d’aquí avui en un recolzament del Senat a la
seva mesura, que segurament serà inconstitucional, tot i que siga només
en el recolzament del seu partit; i segona, pressionar el Tribunal
Constitucional perquè recolze les seues tesis. Senyors del PP, no en
tenen prou amb tindre un Tribunal Constitucional de la seva corda? Potser
voldria dir això que no estan del tot segurs que el Constitucional, tot i
ser de la seva corda, digui que la cadena perpètua revisable és
anticonstitucional.

Per tot això, des de Compromís hem presentat aquesta esmena
senzilla, clara i contundent, que va en el sentit contrari i que suposem
que no serà acceptada. Però no perdem l’esperança: tornin al seny i
a la cohesió entre tots.

Gràcies.

Senadoras, senadores del PP, leyendo su moción me ha llegado al
alma que al final del texto indiquen —eso sí— «y con pleno
respeto al pronunciamiento del Tribunal Constitucional». ¡Solo faltaría!
No podría ser de otra forma. ¡Ah!, perdonen, ustedes los del PP son los
que tienen experiencia en incumplir las sentencias del Tribunal
Constitucional o en no hacerles ni caso. Puede parecer con su manera de
actuar que respetan el pronunciamiento del Tribunal Constitucional cuando
les conviene; gracias por aclararnos que en este caso sí que lo
respetarán.

La introducción de la pena de prisión permanente revisable esconde
la posibilidad de una pena a perpetuidad, que busca apartar
indefinidamente a las personas, en lugar de conseguir su reinserción. La
denominación utilizada por ustedes buscaba burlar las limitaciones que
imponen el artículo 15 de la Constitución, que prohíbe las penas y
sanciones inhumanas y degradantes, y el artículo 25, que exige que las
penas privativas de libertad han de estar orientadas hacia la reeducación
y la reinserción social, pero la introducción de la cadena perpetua,
aunque con diferente denominación, supone separarse de estos principios
que tienen que inspirar cualquier sistema penal, renunciando justamente a
la reeducación y a la reinserción social. ¿Qué sociedad avanzada puede
renunciar a estos principios? ¿Qué quieren con esta moción los señores
del PP? ¿Un apoyo de esta Cámara a la prisión perpetua? Ya hace tiempo,
como ha dicho el compañero del PP, que saben las opiniones de unos y
otros. Por tanto, ¿qué quieren con este apoyo? Yo creo que buscan dos
cosas: una, salir de aquí hoy con un apoyo del Senado a su medida, que
seguramente será inconstitucional, aunque sea solo con el apoyo de su
partido; y otra, presionar al Tribunal Constitucional para que respalde
sus tesis. Señores del Grupo Popular, ¿no tienen suficiente con tener un
Tribunal Constitucional de su cuerda? Quizá esto quiera decir que no
están del todo seguros de que el Constitucional, aunque sea de su cuerda,
diga que la cadena perpetua revisable es inconstitucional.

Por todo esto, Compromís ha presentado esta enmienda sencilla,
clara y contundente que va en el sentido contrario y que suponemos que no
será aceptada, pero no perdemos la esperanza. Vuelvan a la cordura y a la
cohesión entre todos.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Navarrete.

Tiene la palabra el senador Rodríguez, para indicar si acepta o no
las enmiendas.

El señor RODRÍGUEZ PÉREZ: Gracias, señor presidente.

Insistiré, señorías, en que el Tribunal Constitucional ha
considerado suficiente para defender la constitucionalidad de penas como
la prisión permanente revisable la previsión de la revisión judicial
periódica de la situación personal del penado, aunque la libertad no
llegue a alcanzarse nunca, y ha calificado dicha posibilidad de idónea
para garantizar el cumplimiento de los artículos 10, 15 y 25.2 de la
Constitución, negando la calificación de pena inhumana que impida al
penado conseguir su libertad.

Así pues, señor presidente, señorías, no vamos a aceptar las
enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, ni de Compromís ni de
Ciudadanos, porque hacerlo sería algo así como reconocer que lo hemos
hecho mal, que el Gobierno lo ha hecho mal, y no es así. Nuestra política
es la de los buenos resultados.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora
Abad.

La señora ABAD GIRALT: Gràcies, president.

El PDCAT, per coherència, no donarà suport a aquesta moció per una
raó molt senzilla. Nosaltres entenem que és un atemptat contra el
principi de proporcionalitat i, per descomptat, contra principis tan
valuosos com els de la reinserció i la rehabilitació, molt importants en
el nostre sistema penitenciari català.

Amb aquesta llei és malmet la possibilitat de qualsevol política
de reinserció, de donar segones oportunitats i, per descomptat, és més
que qüestionable si no hi ha una vulneració fins i tot de la nostra
Constitució, perquè és un concepte tan superflu, això de
‘revisable’, que atempta contra les línies bàsiques del
nostre ordenament jurídic.

Com he dit, el nostre grup està a favor de la derogació de la pena
de presó revisable permanent, ho vam estar a la legislatura passada, en
el Congrés i en el Senat, ho tornem a estar avui també en el Senat perquè
entenem que és un atemptat al dret penal modern actual.

Moltes gràcies.

Gracias, señor presidente.

El PDCAT no va a apoyar esta moción por un motivo muy simple, y es
que entendemos que se trata de un atentado contra el principio de
proporcionalidad y evidentemente contra principios tan importantes como
el de la reinserción y el de la rehabilitación, clave en nuestro sistema
penitenciario catalán.

Con esta ley se perjudica la posibilidad de cualquier política de
reinserción, de dar segundas oportunidades y, por tanto, es más que
cuestionable si no existe una vulneración incluso de nuestra
Constitución, puesto que el concepto revisable es tan superfluo que
atenta contra las líneas básicas de nuestro ordenamiento jurídico.

Como digo, mi grupo está por la derogación de la pena de prisión
revisable permanente abierto hasta la legislatura pasada en el Congreso y
en el Senado, y está hoy en el Senado porque entendemos que es un
atentado contra el derecho penal moderno actual.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Abad.

Tiene la palabra el senador Marcos.

El señor MARCOS ARIAS: Gracias, señor presidente.

Señorías, parece que va siendo habitual que el Grupo Popular
traiga a la Cámara aquellas iniciativas que no logra sacar adelante en el
Congreso de los Diputados, y por tanto, utiliza el Senado como arma
arrojadiza con esta y otras iniciativas.

El pasado mes de noviembre la Cámara Baja aprobó derogar la
prisión permanente revisable y, ¡qué casualidad! —o no—, el
grupo mayoritario nos sorprende con una moción para mantener esta figura.
Señorías del Grupo Popular, flaco favor hacen a esta Cámara con estas
prácticas. Utilizan el Senado, como otras cosas, cuando en el Congreso no
se les da la razón.

Pero vayamos a la cuestión. El Gobierno introdujo la figura de la
prisión permanente revisable —en otros países lo llaman cadena
perpetua— en la anterior legislatura. Aprobaron esta norma en
solitario y con severas críticas del Consejo de Europa, del Consejo
General del Poder Judicial y del Consejo General de la Abogacía, pero
ustedes dale que dale, erre que erre, siguen trayéndolo al Senado. En
veinte años se han hecho 25 reformas del Código Penal, como ya le ha
adelantado mi compañero de Ciudadanos.

En otros ámbitos, como educación o violencia de género, estamos en
el camino de lograr un consenso. ¿Por qué no lo intentamos también en el
derecho penal? En Ciudadanos no somos partidarios ni de mantener leyes
por mantener ni de derogar por derogar, preferimos hacer propuestas,
consensuar acuerdos con el objetivo de mejorar la vida del conjunto de la
ciudadanía. Empecemos a trabajar de una manera diferente, señorías,
contando con la opinión de todos y alejándonos de planteamientos
estándares y electoralistas y de la utilización cicatera siempre por sus
señorías del Senado.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Marcos.

Tiene la palabra el senador Iñarritu.

El señor IÑARRITU GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.

Excusatio non petita, accusatio manifesta. Esto es lo que pensé al
ver esta moción presentada por el Grupo Popular, ya que precisamente esta
norma carece de todo lo que presume. Es propia de un sistema vengativo,
punitivo, que carece de seguridad jurídica, que además no va dirigida a
la resocialización y a la reinserción; es justamente —como ya se ha
dicho— un modelo de cadena perpetua, por mucho que se utilicen
eufemismos para calificarla.

La semana pasada, un informe del Consejo de Europa ya señalaba que
la media de estancia en prisión en el Estado era el doble que en otros
países de Europa. Pero, además, ahora se fija como pena de prisión máxima
cuarenta años, y para buscar cuarenta años de cumplimiento de prisión hay
que ir a sistemas de África, de Latinoamérica o de Texas, pero no a
sistemas del entorno europeo. Ya antes de la aprobación de esta norma, en
el Estado se cumplían penas muchísimo más altas que en el resto de Europa
sin tener una cadena perpetua.

Como ha mencionado el defensor de la moción, es cierto que existen
modelos de cadena perpetua en Europa, que no es contraria al Tribunal de
Derechos Humanos de Estrasburgo, pero como un mero ejemplo veamos cuánto
es el cumplimiento efectivo en Estados como Alemania, donde el
cumplimiento de cadenas perpetuas no suele superar los dieciocho años, en
Reino Unido, catorce y en Francia, veinte. Tengo en la cabeza numerosos
ejemplos, cientos de ejemplos de ciudadanos vascos y no vascos que han
cumplido más de veinte, incluso treinta años de prisión, cuando no
existía cadena perpetua, que ahora sí existe. Eso sí, otros señores con
penas similares eran indultados, y tengo en la cabeza también a los
señores del GAL y torturadores. Pero, como decía, este método es más
propio de un sistema medieval o de países lejanos a Europa, porque aspira
a un modelo punitivo y vengativo. Por eso votaremos en contra.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iñarritu.

¿Alguna intervención más del Grupo Parlamentario Mixto?

Senadora Castilla, tiene la palabra.

La señora CASTILLA HERRERA: Muchas gracias, presidente. Buenos
días, señorías.

La Agrupación Socialista Gomera muestra su disconformidad con la
prisión permanente revisable habida cuenta de que, a nuestro entender,
vulnera, entre otros, los artículos 10, 15 y 25 de nuestra carta magna.
En primer lugar, no se fija un límite de cumplimiento de la pena de
prisión, lo que vulnera los artículos 10, 15 y 25 citados. El artículo 25
es determinante, al establecer que las penas privativas de libertad deben
estar orientadas hacia la reeducación y reinserción social de los
penados. En consecuencia, toda pena que no cumpla con estos requisitos va
en contra del artículo 15 de la Constitución española, que repudia
cualquier trato inhumano y degradante y sería contrario a la dignidad de
la persona, a sus derechos inviolables y al libre desarrollo de la
personalidad, recogidos en el artículo 10.

Señorías, la prisión permanente revisable deja fuera de juego la
reeducación y la reinserción social del reo, al quedar supeditada a que
este vuelva a ser juzgado, para que, en función de si cumple o no
determinados requisitos, se le otorgue o no el derecho a la libertad. Con
esta figura novedosa se plantea la resocialización en última instancia,
siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos, y cabe la
posibilidad de que una persona culpable de un delito castigado con una
pena excesivamente larga con prisión permanente revisable no tenga
ninguna motivación para desarrollarse personal ni profesionalmente,
incluso no muestre ninguna actitud de arrepentimiento, ya que se enfrenta
a una inseguridad en cuanto a lo que a su libertad futura se
refiere.

Por supuesto es posible que, aun cuando cumpla la pena de prisión,
no se haya conseguido alcanzar la reinserción social, porque no olvidemos
que la reinserción depende en su mayor parte de la voluntad del penado.
En cualquier caso, no estaríamos vulnerando el mandato constitucional.
Ahora bien, sí lo conculcaría un precepto como el que nos ocupa, que
impide abiertamente la reinserción social, convirtiendo la prisión
permanente revisable en una suerte de cadena perpetua, pues en ninguno de
los casos se da la posibilidad al penado de expectativas sólidas de
libertad. Esto tiene especial relevancia en el caso de las penas de larga
duración, en particular en los concursos de delito, con el artículo 76
del Código Penal, ya que se podría alcanzar incluso la pena de cuarenta
años de prisión, algo a todas luces excesivo y contradictorio con el
principio de resocialización.

Señorías, no podemos legislar a golpe de impulso. Legislar es un
acto de responsabilidad hacia todas las personas, máxime cuando estamos
exigiendo el cumplimiento de la Constitución —yo, la primera—
a todas ellas. Señorías, la Constitución española vincula absolutamente
al legislador, nos vincula a todos, a las Cortes Generales y,
especialmente, al Senado.

Por todo lo anterior, y con absoluto respeto a la sentencia que en
su día dicte el Tribunal Constitucional, la Agrupación Socialista Gomera
votará en contra de la presente moción.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Castilla.

¿Hay alguna intervención más del Grupo Mixto? (Denegaciones).
Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor
Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Buenos días, señor presidente,
señorías.

El portavoz del Grupo Popular nos acusaba de una cierta obsesión
como partido, como grupo parlamentario, con este tema. No sé si es
obsesión, pero sí es una gran preocupación por el cumplimiento del
artículo 3 del Convenio de los Derechos Humanos, sobre el que hablaremos.
Insisto, nos genera una gran preocupación.

Nos gustaría saber cuál es, en su opinión, el fin que tienen las
penas. ¿Es atormentar? ¿Es afligir al delincuente? ¿Es deshacer un delito
ya cometido? Entiendo que no. Evidentemente, el objeto de las penas es
impedir al reo que cause nuevos daños a los ciudadanos y retraer a otras
personas a la comisión de otros delitos similares; es decir, el sentido
de las penas consiste en un tratamiento y, cómo no, en una
resocialización de los delincuentes.

Hablando de obsesiones, me preocupa la debilidad que ustedes
muestran con este texto. ¿Por qué digo que ustedes muestran debilidad?
Porque es la primera vez que veo que un partido mayoritario, que es el
que soporta al Gobierno, vaya a aprobar algo que ya está aprobado; es
decir, hay un texto que está vigente y hoy ustedes vienen aquí a decirnos
que hay que cumplir lo aprobado. Una de dos, o, como saben sus señorías
que este tema está en el Constitucional, quieren presionar al Tribunal
Constitucional o, como antes ha dicho el representante de Ciudadanos, es
lo que nos espera para toda la legislatura: minoría en el Congreso,
mayoría aquí; allí perdemos, aquí ganamos.

Evidentemente, este no es el juego que preocupa a la ciudadanía.
Me gustaría saber qué pensarán ustedes si los ciudadanos ven que estamos
debatiendo términos que ya están vigentes, que no aportan nada. Dicho de
otra manera, cuando hoy se apruebe esta moción —porque se va a
aprobar—, ¿en qué mejora este texto a la vida, al bienestar de los
ciudadanos? ¿En qué? Me gustaría que el Grupo Popular me contestara en
qué nos va a mejorar, en qué va a mejorar a la ciudadanía este texto que
ya está aprobado; es decir, aprobar lo aprobado. Quiero ver la utilidad
de las Cámaras —utilidad que queremos demostrar a la
ciudadanía— a la hora de decir a los ciudadanos en qué va a mejorar
su vida.

Hay otro tema que me preocupa, y es la falta de rigor al elaborar
el texto de la moción. Porque el defensor de la moción ha dicho: tenemos
la garantía del cumplimiento del artículo 3 del Convenio de los Derechos
Humanos. Pero el Tribunal de Derechos Humanos no pide únicamente que la
condena de duración indeterminada con vistas a su conmutación, remisión
territorial y libertad condicional del penado sea suficiente para dar
satisfacción, sino que también manifiesta —a este respecto podemos
ver la doctrina Vinter— la necesidad de que exista una expectativa
de puesta en libertad, cuestión que no se da en este caso, porque, como
ustedes saben, en estos momentos es de duración indeterminada, cosa que
imposibilita la resocialización.

Si algún reo no sabe a qué número de años se enfrenta, a qué pena
se enfrenta su vida, es muy complicado que pueda resocializarse. Por
tanto, ustedes han venido únicamente a contar la mitad del razonamiento,
porque en la otra mitad no cumplen con el precepto marcado por el
Tribunal de Derechos Humanos. Y si no cumplen, ustedes mismos ven que no
están haciendo un planteamiento de rigor y serio. La cuestión no es que
enfrentemos al Congreso con el Senado, la cuestión es que acepten que en
el Congreso y en el Senado no cuentan con la mayoría suficiente para
gobernar solos. Si ustedes quieren mejorar la justicia, si quieren
mejorar el bienestar de los ciudadanos...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor BILDARRATZ SORRON: Termino, señor presidente.

... van a tener que aplicarse el cuento de verdad y el concepto
que tan bien se han aprendido: el del diálogo. Diálogo, negociación,
acuerdo y, para todos, una buena firma que, evidentemente, mejorará el
bienestar de todos los ciudadanos. Ese es el fin al que nos tenemos que
enfrentar.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bildarratz.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la
palabra la senadora Castel.

La señora CASTEL FORT: Gracias, presidente.

Señorías, la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, ha supuesto la
introducción de penas y medidas que estaban desterradas del sistema
jurídico penal español. Desde el más absoluto populismo punitivo,
enaltece el endurecimiento del Código Penal, conduciendo a reformas que
han supuesto el retroceso del sistema español de derechos y libertades.
Esta política regresiva de agravamiento de las penas tiene como máximo
exponente la introducción de la cadena perpetua, aunque esto se oculte
con el eufemismo de prisión permanente revisable.

El Estado español presenta uno de los índices de criminalidad más
bajos de Europa y, sin embargo, una de las tasas más altas de población
reclusa, circunstancia que no parece corresponderse con el discurso que
propugna un derecho penal más gravoso y contundente. Según el propio
Ministerio del Interior, la tasa de criminalidad en 2010 fue de 45
delitos por cada 1000 habitantes, muy inferior a la media europea, de 67;
o de Suecia, 121; Bélgica, 95; o Reino Unido, 84. Los 87 centros
penitenciarios del Estado albergan actualmente a más de 76 000 internos,
frente a los 33 000 de 1990, lo que supone un incremento del 130 %,
cuando el aumento de la población ha sido de solo del 20 %. El 130 %
frente al 20 % es un incremento muy dispar y muy significativo. Datos que
recoge Eurostat: si en el Estado español hay 160 internos por
cada 100 000 habitantes, en Alemania hay 88; en Italia, 108; en
Francia, 102; y en Suecia, 68. Recordemos: en España, 160.

La aprobación del Código Penal de 1995 ya supuso un grave
endurecimiento del sistema punitivo debido al aumento de la duración de
las condenas de prisión y la eliminación de la redención de penas por
trabajo sin disminución equivalente de las penas. Como muestran las
estadísticas del Consejo de Europa, el Estado español se sitúa entre los
Estados de la Unión en los que el período medio de estancia de la cárcel
es mayor: trece meses, frente a los ocho de media de la Unión Europea.
Esta tendencia de endurecimiento de las penas se ha mantenido en las
posteriores reformas del Código Penal. Resumiendo: cada vez entran más y
salen menos internos, lo que provoca unos elevados costes para la
sociedad que no resuelven los problemas y da una falsa imagen de
seguridad.

La citada Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, persiste en esta
concepción política regresiva de agravamiento de las penas introduciendo
una nueva modalidad: la pena de prisión permanente revisable, que oculta
una pena a perpetuidad que busca apartar indefinidamente a las personas
en lugar de la reinserción social. Esta denominación pretende burlar las
limitaciones que impone el artículo 25 de la Constitución española, que
exige, como ya han recordado otros senadores, que las penas privativas de
libertad estén orientadas hacia la reeducación y la reinserción social.
La introducción de la cadena perpetua supone, pues, apartarse de los
principios que deben inspirar cualquier sistema penal, renunciando a la
reeducación y la reinserción.

Si, tal como defiende el Partido Popular, esta figura penal es
homologable y está avalada por los principios que inspiran los sistemas
penales europeos y, de hecho, ya se encuentra incorporada en el Código
Penal, a pesar del rechazo del resto de las fuerzas políticas españolas,
es absurdo que se presente esta moción para dar apoyo a algo que ya está
en vigor.

Por todo lo expuesto, nuestro grupo parlamentario votará en contra
de su moción, y esta figura penal será eliminada por completo del marco
legislativo de la república catalana.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Castel.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
tiene la palabra la senadora Mora.

La señora MORA GRANDE: Gracias, señor presidente.

Hoy vamos a hacer un ejercicio de trasparencia, esa palabra que
tan poco les gusta a ustedes, señorías del Grupo Parlamentario Popular.
Vamos a hablar claro del sistema penal en nuestro país. Vamos a
explicarle a la gente, a los ciudadanos, cómo el PP utiliza el miedo para
legislar a golpe de titular, sin que en realidad eso sirva para prevenir
delitos.

Lo primero que tenemos que hacer es llamar a las cosas por su
nombre. De lo que tratamos hoy es de una moción del Grupo Popular para
apoyar la cadena perpetua —sí, la cadena perpetua—, esa
condena que introdujeron ustedes en la reforma del Código Penal de 2015
con la oposición de toda la oposición y, además, de la mayoría de los
expertos, que dicen que de revisable no tiene nada en la práctica
—no puede ser revisable— y que no es acorde con la
orientación de reinserción de las condenas, que se establece en el
artículo 25 de la Constitución española. Por otro lado, la cadena
perpetua ya existía y existe en España. De hecho, antes de esta reforma,
en la que es posible acumular condenas de manera infinita, según los
últimos datos de Instituciones Penitenciarias, de mayo de 2013,
existían 251 personas condenadas con penas de más de cuarenta años de
prisión, sin tener en cuenta a los que están condenados por delitos de
terrorismo, a los que precisamente no se les va a aplicar esa
revisión.

¿Cuál es la realidad de este país? La realidad es diferente según
leamos las portadas de la prensa o veamos los datos oficiales de
criminalidad y cumplimiento de las penas en nuestro país. Si atendemos a
esos datos, vemos que tenemos un sistema penal de los más duros de
Europa, ya que el 84 % de las personas cumple su condena íntegramente
dentro de la prisión y solo el 16 % la cumple en tercer grado. Nuestra
tasa de criminalidad es de las más bajas y, sin embargo, somos los que
más personas metemos en prisión; y encima tenemos uno de los niveles de
reincidencia más altos. Obviamente, algo no hacemos bien y algo no
funciona.

Si su Gobierno realmente estuviera interesado en luchar por la
criminalidad apostaría por la prevención, por mejorar la convivencia y la
cohesión social, por acabar con las desigualdades y la marginalidad y
apostar de manera prioritaria por la reinserción y la reeducación. Sin
embargo, eso no es así. Cada paso que se da es justo en sentido
contrario. De hecho, en los últimos veinte años ha habido casi 30
reformas del Código Penal y siempre han sido para endurecerlo. ¿Para qué
ha servido, cuando tenemos uno de los índices más altos de reincidencia?
La realidad de esta reforma es que no previene la comisión de delitos.
Pero ustedes tampoco pretendían eso, como deja claro la exposición de
motivos de la ley, que dice exactamente que lo que se buscaba era
fortalecer la confianza en la Administración de Justicia haciendo preciso
poner a su disposición un sistema legal que garantizara resoluciones
judiciales previsibles que además fueran percibidas por la sociedad como
justas. Fortalecer la confianza en la Administración de la Justicia. Eso
tiene un nombre, señorías: populismo punitivo. Amenacemos y castiguemos,
aunque eso no sirva para nada. (Rumores).

Si lo que quieren es mejorar la confianza en la justicia, deberían
dotarla de medios para que los procedimientos no fueran infinitos,
dotarla de medios para que los jueces, por ejemplo, pudieran investigar
delitos de corrupción. Quizá podríamos tener en nuestro país algo
parecido a la separación de poderes si ustedes y el Partido Socialista no
utilizaran a su conveniencia los nombramientos del Tribunal
Constitucional o del Consejo General del Poder Judicial. ¿Cómo queda la
justicia después de Urdangarín, Blesa y Rato?

Se olvidan completamente de atender a las víctimas, confunden
justicia con venganza y ni siquiera son capaces de ser sinceros. Sean
sinceros: lo que han implantado es la cadena perpetua sin el apoyo de
nadie y sin que además sirva para prevenir delitos. Esa es la
realidad.

Algún día hablaremos en nuestro país de las muertes que han
ocasionado sus recortes en dependencia y en sanidad. Algún día podremos
hablar de eso. Mientras tanto, su Gobierno amparaba a corruptos y
defraudadores por igual. Ese día llegará, pero hasta entonces voy a traer
a colación las palabras del señor Lesmes, presidente del Tribunal
Supremo: La ley está pensada para el robagallinas. Esa es la realidad.






Mientras tanto, no se equivoquen, esta cadena perpetua que ustedes han
impuesto tiene los días contados, primero, porque es desproporcionada,
segundo, porque es inhumana, y tercero, porque es inconstitucional.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Mora.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
senadora Moreno.

La señora MORENO RUIZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, buenos días. Creo que esta mañana ya se han expuesto
muchas razones de corte jurídico y de corte político. Quiero anunciarles
que el Grupo Socialista va a votar en contra de esta moción, como no
puede ser de otra manera; y lo va a hacer por razones jurídicas, en las
que no voy a insistir porque tengo poco tiempo, y por razones de
coherencia política. Baste señalar simplemente, por complementar los muy
adecuados argumentos que se han dado hasta ahora, que autores tan
reputados como Lascuraín, Conde-Pumpido o Díez Ripollés ya han calificado
esta pena de inhumana, de imprecisa, como la reforma penal más agresiva
de la etapa democrática, que atenta contra la dignidad, que es cruel,
degradante, etcétera. De entre los argumentos jurídicos me quedo con dos
muy relevantes. En primer lugar, el Consejo General de la Abogacía
Española ha considerado inconstitucional esta pena de prisión permanente
revisable o esta cadena perpetua. Y el propio Consejo de Estado, al que
efectivamente pertenecen la señora Fernández de la Vega y el señor
Zapatero, también fue extraordinariamente crítico con la reforma y dijo
literalmente que discrepaba en la forma en que se había presentado esta
importante decisión de política penal y penitenciaria y que era necesario
que una reforma de esta envergadura, de esta gravedad, fuera acompañada
de una justificación profunda, detallada, respaldada con datos precisos
de las razones que la motivaban, recomendaciones y críticas que la ley
desoyó por completo, que el Partido Popular desoyó por completo.

Pero estamos en el Senado y me corresponde esgrimir sobre todo
argumentos políticos. Con esta posición el Partido Socialista es, desde
luego, plenamente coherente, en primer lugar, con los valores que han
inspirado la reformas y las leyes penales que ha impulsado cuando ha
tenido la confianza de la mayoría de los españoles. Jamás, nunca los
socialistas incluimos la cadena perpetua ni la cadena perpetua disfrazada
en el ordenamiento jurídico español. Jamás en veinte años de Gobierno de
mayoría socialista planteamos una reforma semejante. Nosotros llevamos a
cabo la reforma urgente del Código Penal del año 1983; dimos a luz el
llamado Código Penal de la democracia; hemos impulsado multitud de
reformas, y jamás, con más o menos acierto, hemos aprobado nada parecido.
Ni en los momentos en los que arreciaba el terrorismo de ETA ni en los
momentos en los que empezó a arreciar el terrorismo yihadista. No importó
la gravedad que tuvieran los asuntos mediáticamente; jamás caímos en este
tipo de populismo penal, que es tan lesivo para la dignidad humana. Como
aquí se ha dicho, con ese sistema penal profundamente garantista de
nuestro país España sigue siendo uno de los más seguros del mundo y con
uno de los índices de criminalidad más bajos.

Como decía, somos coherentes con la posición que mantuvimos en el
año 2015, con nuestra posición en el debate de esta reforma. Lo somos con
el recurso de inconstitucionalidad que tenemos planteado junto al
conjunto de los grupos políticos que en aquel momento configurábamos la
oposición. Y somos coherentes también con nuestra posición expresada en
el pacto antiyihadista, cuando hicimos que no figurara la denominación de
pena de prisión permanente revisable y ya anunciábamos nuestra voluntad
política de cambiar esa reforma, de acometer un nuevo cambio en el
sistema de penas y anunciábamos con total formalidad nuestro compromiso
con la derogación de esa figura. Por tanto, hemos sido coherentes también
con nuestra posición hace pocos meses en el debate del Congreso. Y, sobre
todo, somos coherentes con nuestra posición humanista histórica. La
figura de la prisión permanente revisable será o no será inconstitucional
—nosotros creemos que es inconstitucional—, pero no es eso lo
que nos mueve a su derogación, lo que nos mueve a la derogación de esta
figura es nuestro compromiso político histórico con la razón y con la
prudencia punitiva. Desde el siglo XVIII el humanismo ha procurado la
dignidad de las personas, y el derecho penal es el ámbito que con mayor
intensidad puede salvaguardar o vulnerar esa dignidad. El socialismo
democrático es heredero de esa tradición ilustrada y humanista; por
tanto, cuando arrecia la tormenta del populismo nos aferramos con más
fuerza que nunca a la razón.

Por eso, señorías, señor Rodríguez y señores del Grupo Popular,
creo que deben dejar de poner en marcha iniciativas tan huecas como esta
y ponerse a trabajar en el mandato que tienen de la ciudadanía.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora MORENO RUIZ: Son el grupo mayoritario y les corresponde
nuclear grandes acuerdos. Pónganse a trabajar para nuclear un consenso
con los grupos políticos y cambiar esta figura o, en cualquier caso, para
acometer una reforma que responda a la nueva mayoría política y social
española.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Moreno.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora
Muñoz.

La señora MUÑOZ DE LA IGLESIA: Gracias, señor presidente.

Señorías, en España, como en el resto de países democráticos,
nadie se toma la justicia por su mano, y eso es porque los españoles
entienden que nuestro sistema penal les protege frente a las conductas
que más gravemente lesionan los intereses sociales. Este deber de
protección y seguridad que asume el Estado tiene dos límites, que son la
Constitución y la normativa internacional en materia de derechos humanos,
algo que, como hemos visto, preocupa sobremanera a la mayoría de
portavoces que han intervenido hoy en esta sesión.

Antes de nada, me gustaría hacer ciertas precisiones a algunas
intervenciones que hemos escuchado. Por ejemplo, la de la señoría
portavoz de Podemos, quien creo que ha dicho literalmente que la reforma
que hicimos hace dos años era populismo punitivo. Pues, señoría,
demagogia y populismo es traer a una moción sobre la pena de prisión
permanente revisable la corrupción. Déjeme que le recuerde que el único
plan integral contra la corrupción que se ha aprobado en la democracia ha
sido bajo el Gobierno del Partido Popular, en la anterior
legislatura: más de 70 medidas contra la corrupción, señoría. (Aplausos).
Más de 70 medidas.

Y quiero decir otra cosa, señorías: me gusta mucho ver a los
portavoces de Esquerra Republicana y del PNV defender con tanto ahínco el
cumplimiento de la Constitución. Me gusta verles abanderar el
cumplimiento constitucional. Pero quiero recordarles, señorías, que el
cumplimiento constitucional no se hace a beneficio de inventario, así que
espero verles más en esa línea cuando debatamos sobre otras
cuestiones.

Señorías, a la mayoría de ustedes les preocupa sobremanera la
supuesta inconstitucionalidad de esta figura penal. De ahí que hace casi
dos años el Partido Socialista presentase ante el Tribunal Constitucional
un recurso de inconstitucionalidad, al que después se sumaron la mayoría
de grupos parlamentarios de la oposición. Pero no han querido ustedes
esperar al fallo, señorías. Hace unos meses presentaron en el Congreso
dos mociones —una del PSOE y otra del PNV—, tanto en comisión
como en Pleno, para hablar sobre este asunto. ¿Y saben por qué no han
esperado al fallo? Porque seguramente ya les ha dado tiempo a revisar la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional y se han dado cuenta de que ya
se ha pronunciado sobre algunos de los aspectos que ustedes creen
inconstitucionales.

Con respecto al artículo 15, el Tribunal Constitucional nos
recuerda en su jurisprudencia que el carácter inhumano o degradante de
una pena depende de la ejecución de la pena y sus modalidades, aclarando
que pena inhumana es la que por su propia naturaleza acarrea sufrimientos
de especial intensidad y que pena degradante es la que provoca
humillación. Esto no lo digo yo ni mi grupo parlamentario, lo dice la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Les diré más. El Tribunal
Constitucional lleva más de una década admitiendo sentencias que permiten
la extradición de personas que podían ser condenadas en sus países a
penas de prisión permanente revisable, que eran figuras similares a la
que tenemos en nuestra legislación; y el Constitucional lo hace porque
entiende que esas penas ni son inhumanas ni son degradantes.

Otro artículo que les preocupa, señorías, es el artículo 25.2 de
la Constitución, sobre el que también se ha pronunciado el Tribunal
Constitucional, que dice que la orientación de las penas hacia la
resocialización y la reeducación no es un derecho fundamental ni un
derecho subjetivo, sino una orientación que el constituyente da a los
legisladores —es decir, a todos nosotros, señorías— para que
orientemos nuestra política penal y criminal hacia la reeducación y la
resocialización. Por cierto, también añade el Tribunal Constitucional que
no son los únicos fines de la pena.

Señorías, si el Estado es el garante de la seguridad de los
ciudadanos, si el Estado debe proteger a las personas de los crímenes más
execrables, déjenme que comparta con ustedes algunos ejemplos que están
en la mente de la mayoría de nosotros y que nos pueden ayudar a entender
la necesidad que tenía nuestra legislación de alinearse a las
legislaciones de otros países democráticos de nuestro entorno. ¿Saben
quién ha sido la primera persona para la que la Fiscalía ha solicitado la
pena de prisión permanente revisable? Ha sido el parricida de Moraña, que
asesinó a sus dos hijas con una sierra radial. ¿Recuerdan ustedes a José
Bretón, que mató a sus dos hijos y después los calcinó? También me viene
a la mente el caso de Sandra Palo, la adolescente a la que 4 delincuentes
habituales —3 de los cuales eran menores y uno, adulto—
violaron, atropellaron hasta en 7 ocasiones, rociaron con gasolina y
quemaron. Y déjenme que les ponga un último ejemplo, señorías: el del
etarra De Juana Chaos. Tras acreditarse que había participado en la
muerte y asesinato de 25 personas, fue condenado a 3129 años de prisión.
¿Saben sus señorías cuántos años cumplió con respecto a la legislación
vigente del momento? Cumplió dieciocho años; ocho meses y medio por cada
persona a la que mató. Y cuando salió de prisión, señorías, lejos de
arrepentirse, ¿saben lo que hizo? Dedicarse a escribir artículos
enalteciendo el terrorismo. Hoy está en busca y captura por la Audiencia
Nacional; pero, como todos sabemos, está en Venezuela, disfrutando de una
vida y regentando un bar, disfrutando de esa vida que deberían haber
tenido las 25 personas a las que asesinó. (Aplausos).

Podría seguir, señorías, porque hay tantos casos y tantas vidas
rotas y tantas familias que no se merecen que nos resignemos ante tanto
dolor y tanto sufrimiento…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora MUÑOZ DE LA IGLESIA: Termino ya, señor presidente.

Este grupo parlamentario defendió, defiende y defenderá la pena de
prisión permanente revisable. Si, como hemos visto, ni es inhumana ni
degradante; si, como hemos visto, era justa, necesaria y además acorde
con nuestra legislación y la legislación internacional, les pido,
señorías, que no se resignen y se sumen a esta moción para que podemos
proteger a nuestra sociedad de todos aquellos que solo quieren sembrar
terror y odio, para que protejamos a los españoles de aquellos para los
que la vida no significa nada y para que sigamos haciendo de España un
país más seguro y más justo en el que todo el mundo quiera vivir.

Gracias, señorías. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Muñoz.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, votamos la moción del Grupo Parlamentario Popular tal
como ha sido presentada.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 243;
votos emitidos, 240; a favor, 141; en contra, 96; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Rumores).

El señor presidente da lectura al punto 5.2.

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

A esta moción se han presentado cinco enmiendas: cuatro del Grupo
Parlamentario Mixto —una por iniciativa de la senadora Castilla, y
tres por iniciativa de los senadores Mulet y Navarrete—, y una del
Grupo Parlamentario Socialista.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador
Ramírez.

El señor RAMÍREZ RODRÍGUEZ: Con la venia, señor presidente.

Señorías, el desarrollo de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación, de las llamadas TIC, supone un importante
avance para la sociedad con efectos positivos —qué duda cabe—
en prácticamente todos los ámbitos de actividad. La accesibilidad y la
conectividad que traen los desarrollos de internet ofrecen importantes
oportunidades para el progreso social y económico de un país, así como
para la vida cotidiana de sus ciudadanos. Sin embargo, esas oportunidades
también traen aparejados —todos lo saben— ciertos riesgos. Y
es que hoy sabemos que cualquier aparato electrónico con conexión a
internet puede ser hackeado. De ahí las dudas sobre las garantías del
respeto a las esferas de la privacidad y el honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen, previstas, además, en el
artículo 18.1 de la Constitución española.

Una vez más nos encontramos ante la reiterada constatación de que
la capacidad de anticipación que pueda tener el Legislativo se puede ver
superada por la vertiginosa irrupción del desarrollo tecnológico y la
innovación digital, biomédica, electrónica, física, aeronáutica,
espacial, etcétera.

Señorías, el futuro que nos prometían los libros y películas de
ciencia ficción —y casi no dábamos crédito— ya está aquí. Muy
pronto una lámina de grafeno polimérico, 200 veces más fina que un folio
y cien veces más fuerte que el acero, plantada en medio de un cauce de
agua salada podrá dejar pasar el agua y bloquear in situ la sal, con lo
cual la desalación será un asunto simple, casi cosa de niños. Una
bioimpresora 3D puede ya, con una mínima información a modo de biotinta y
células madre y especificidad genética, sintetizar, imprimir o crear
hasta 2 metros cuadrados de piel alogénica del individuo que se desee.
(Rumores).

El señor PRESIDENTE: Senador Ramírez, espere un momento.

Señorías, guarden silencio, por favor.

El señor RAMÍREZ RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.

La carrera legislativa, en pos de controlar los excesos del
progreso, no ha hecho más que empezar. ¿Es tolerable, deseable o
permisible que se implanten chips en la dermis de los empleados para
fichar la entrada al trabajo? Ya se hace en determinados casos. ¿Estamos
a punto de abordar el estudio y aprobación de las leyes de la robótica
con que nos fascinó Isaac Asimov? Pues no es una broma. Parte de los
sueños de los más avanzados e imaginativos creadores que se ocuparon del
futuro tecnológico son hoy una realidad o están al borde de serlo. Por
ello, volviendo a los avances en el área de la información y la
comunicación, como ustedes saben, señorías, la mayoría de los teléfonos
móviles tienen una cámara delante y otra detrás, que pueden ser activadas
para fines de ilegal vigilancia desde voluntades ajenas a la nuestra; y
también todos sabemos que las pantallas planas con smart TV son
susceptibles de uso para espionaje, si se dispone de la tecnología
necesaria.

Es cierto que nuestro ordenamiento ha previsto asegurar el respeto
a los derechos constitucionales. Ya en el artículo 18.4 de la
Constitución del año 1978 se dice que la ley limitará el uso de la
informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar
de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Prueba del
esfuerzo legislativo de sus señorías es la última reforma del Código
Penal, Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, donde se recogen
importantes avances para garantizar la protección de los derechos de los
ciudadanos en el ámbito de las NTIC, en particular, respecto a la
exposición de los menores a los abusos cometidos a través de internet.
Del mismo modo, se modifican los delitos relativos a la intromisión en la
intimidad de los ciudadanos con imágenes y grabaciones de personas en
situación consentida pero divulgadas contra su voluntad.

Señorías, la necesidad de garantizar la libertad de expresión y
hacerla compatible con cualquier otro derecho y con los derechos de los
demás, la protección de nuestros hijos en la red, la ciberseguridad, los
derechos al honor o la protección de la intimidad están protegidos por
nuestras leyes en un sistema de tecnología analógico, pero ¿de igual modo
lo están en el especialmente omnipresente ámbito digital? Para lograr
disipar estas dudas, la acción político-legislativa ha sido constante.
Ahí están documentos como la Estrategia de seguridad nacional, de 31 de
mayo de 2013; la Estrategia de ciberseguridad, de diciembre de 2013, que
dio paso a la creación del Consejo Nacional de Ciberseguridad; el Plan
nacional de ciberseguridad, aprobado por el citado Consejo el 31 de
octubre de 2014; los 9 planes derivados de ciberseguridad, también de
este Consejo y aprobados el pasado 14 de julio de 2015. Por último, el
pasado 20 de febrero de este mismo año el Consejo de Seguridad Nacional
aprobó 3 acuerdos y, de ellos, 2 están estrechamente vinculados a seguir
garantizando la ciberseguridad en nuestro país. Es el caso del acuerdo
por el que se dictan directrices para la regulación de los órganos de
apoyo del Consejo de Seguridad Nacional, uno de los cuales es el propio
Consejo Nacional de Seguridad, al que ya me he referido.

Por otro lado, cabe hablar de la pionera aprobación de la primera
guía clínica sobre ciberacoso para profesionales de la salud, puesta en
marcha por nuestras instituciones a nivel mundial.

Señorías, hay muchas más acciones e iniciativas, como la
Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a
la infancia y a la adolescencia, que introduce, por primera vez en
nuestra historia, una mención expresa a la alfabetización digital y
mediática como herramienta genuina para que los menores puedan
desarrollar su pensamiento crítico y tomar parte activa en una sociedad
participativa en un mundo que no puede entenderse, lógicamente, al margen
de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

Por tanto, señorías, se ha reaccionado con una probada rapidez y
oportunidad, pero en materia de avances tecnológicos, siendo el cambio y
el avance constantes, el dinamismo legislativo y la acción del Ejecutivo
habrán también de serlo para poder afrontar los riesgos para el efectivo
respeto y ejercicio de los derechos de los ciudadanos.

Señoras y señores senadores, esta moción, para la que apelo el
voto favorable de esta Cámara, busca, tal y como expone en su parte
dispositiva, que el Senado inste al Gobierno a impulsar y respaldar las
iniciativas que contribuyan a garantizar los derechos constitucionales de
los españoles en el ámbito de las redes digitales, y a apoyar y coordinar
los avances que se puedan producir en este sentido en el marco de la
Unión Europea y de la Agenda Digital. Se trata de una carrera para
competir con estos avances que son tan buenos y tan positivos para
nuestra sociedad pero que tienen muchos inconvenientes, y ustedes,
señorías, y el Estado español, el Gobierno de España y las instituciones
han de estar a la altura de las circunstancias para controlar todos los
inconvenientes que puedan ser objeto de menoscabo de los derechos
legítimos de los ciudadanos, en este caso, de los constitucionales.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Ramírez.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto,
tiene la palabra, en primer lugar, el senador Navarrete.

El señor NAVARRETE PLA: Senyores i senyors senadors, hem presentat
tres esmenes, una de substitució i dos d’addició. La de substitució
fa puntualitzacions que creiem necessàries i al mateix temps fa una
aposta clara per a fer de l’Estat espanyol un capdavanter en les
polítiques de ciberdret mundial.

Els professionals en ciberdret alerten que hi ha xarxes socials
que estan realitzant el paper que les lleis estatals no estan fent:
regular les conductes que estan permeses i les que no, a internet. A
través de les seues polítiques d’ús, les operadores
d’internet prohibeixen determinats continguts que entenen abusius.
Prohibeixen la difusió d’algunes idees, comentaris o imatges com la
d’una mare donant el pit; situacions que no estan prohibides a
Espanya. Es tracta, sense cap mena de dubte, d’interpretacions no
consensuades socialment i subjectives que vénen de l’altra punta de
món, amb la regulació i en valors diferents als nostres. Per tant,
l’Estat espanyol ha de legislar en aquestes situacions segons els
nostres valors socials però també estar allà on es decideixen les
regulacions mundials per aportar el nostre punt de vista.

La primera esmena d’addició fa èmfasi en la situació de
l’analfabetisme digital. Podríem dir que no disposar
d’Internet és l’analfabetisme del futur per la incapacitat
d’accés a eines electròniques i aplicacions de relació entre les
administracions i els ciutadans, així com la perpetuació de
l’escletxa digital existent, que s’agreuja a zones rurals per
la distància amb els nuclis administratius. S’ha d’apostar
per alfabetitzar digitalment esta població i posar els recursos a
l’abast perquè arribe la informació i pugui millorar la qualitat de
vida d’estes persones. Considerem que hauria d’existir, a
més, un punt d’accés wifi gratuït, a càrrec dels Pressupostos
Generals de l’Estat o dels pressupostos de les operadores en
telecomunicacions i el Govern hauria de vetllar per aconseguir un preu
mínim accessible per a les persones amb pocs recursos, pensionistes i
aturats. Perquè com deia un dels pares d’Internet, Vinton Cerf,
«internet es un derecho civil, una herramienta de poder para acceder a
todo el resto de derechos».

La tercera esmena busca la creació d’una plataforma pareguda
en repercussió i en recolzament per part del Govern actual a la del
castellà com és l’Institut Cervantes o d’altres paregudes,
per a recolzar la resta de llengües oficials de l’Estat espanyol.
Des de Compromís, com a força representant del País Valencià, pensem que
s’ha de protegir i potenciar el valencià i la resta de llengües
oficials, per tant, presentem esta tercera esmena.

Des de Compromís esperem que ens les accepten perquè considerem
que són raonables.

Gràcies.

Gracias, señor presidente.

Señoras y señores senadores, hemos presentado tres enmiendas, una
de sustitución y dos de adición. En la de sustitución se hacen una serie
de puntualizaciones que creemos necesarias y, al mismo tiempo, se apuesta
claramente por que el Estado español sea pionero en las políticas de
ciberderecho mundial.

Los profesionales en ciberderecho alertan de que hay redes
sociales que están realizando el papel que las leyes estatales no están
llevando a cabo, el de regular las conductas que están permitidas y las
que no en internet. A través de sus políticas de uso, las operadoras de
internet prohíben determinados contenidos que entienden abusivos, como la
difusión de algunas ideas y comentarios o de la imagen de una madre dando
el pecho; situaciones que no están prohibidas en España. Se trata, sin
ningún tipo de dudas, de interpretaciones no consensuadas socialmente y
subjetivas que vienen de la otra punta del mundo, donde existen una
regulación y unos valores diferentes a los nuestros. Por tanto, el Estado
español tiene que legislar estas situaciones según nuestros valores
sociales y estar presente donde se deciden las regulaciones mundiales
para aportar nuestro punto de vista.

La primera enmienda de adición enfatiza en la solución del
analfabetismo digital. Podríamos decir que no disponer de internet es
analfabetismo de futuro por la incapacidad de acceso a herramientas
electrónicas y aplicaciones de relación entre la Administración y los
ciudadanos, así como por la perpetuación de la brecha digital existente,
que se agrava en las zonas rurales por la distancia con los núcleos
administrativos. Se tiene que apostar por alfabetizar digitalmente a la
población y dotar de recursos a todos para que llegue la información y
pueda mejorar la calidad de vida de estas personas. Consideramos que
tendría que existir, además, un punto de acceso a wifi gratuito a cargo
de los Presupuestos Generales del Estado o de las operadoras de
telecomunicaciones, y el Gobierno tendría que velar por conseguir un
precio mínimo y accesible para las personas con pocos recursos,
pensionistas y parados. Porque, como decía uno de los padres de internet,
Vinton Cerf, la red es un derecho civil, una herramienta de poder para
acceder a todo el resto de derechos.

La tercera enmienda busca la creación de una plataforma en
internet parecida, en repercusión y apoyo del Gobierno actual, a la
existente en castellano, como el Instituto Cervantes u otras, para dar
apoyo al resto de lenguas del Estado español. Compromís, como fuerza
representante del País Valenciano, piensa que hay que potenciar y
proteger tanto el valenciano como el resto de lenguas oficiales, por eso
presentamos esta enmienda.

En Compromís esperamos que acepten nuestras enmiendas porque
creemos que son razonables.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Navarrete.

Para la defensa de su enmienda, tiene la palabra la senadora
Castilla.

La señora CASTILLA HERRERA: Gracias, presidente.

Buenos días. Señorías, el acceso rápido y directo a internet, la
evolución de las comunicaciones y los imparables avances en el campo de
la información nos brindan, indudablemente, un elenco enorme de
oportunidades, pero a la par un uso de internet cada vez más extensivo y
accesible, así como el alto nivel de alcance o proyección de los
contenidos que allí se publican, entrañan nuevos peligros a los que
nuestra legislación tiene la obligación de responder.

En este sentido, la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, que
modificó el Código Penal, trató de dar respuesta a los nuevos riesgos que
estaban produciéndose en las redes sociales, incluyendo delitos
vinculados con el uso de internet y castigando la piratería y la difusión
de imágenes o vídeos íntimos sin autorización. Pero, a pesar de la
reforma llevada a cabo a través de esta ley, se mantuvo el artículo 401
del Código Penal. Y digo esto porque no hemos conseguido —sin duda
alguna, reconocemos que es muy complejo— dar solución a las
usurpaciones de identidad en internet. Y me explico. No desconocemos que
la usurpación del estado civil se encuentra englobado dentro del
artículo 401 del Código Penal, eso sí, con un carácter muy general, y por
parte de la jurisprudencia del Tribunal Supremo se exige el requisito de
cierta permanencia en la usurpación propiamente dicha.

Vaya por delante que la Agrupación Socialista Gomera es firme
defensora del principio de intervención mínima que consagra nuestro
derecho penal, ahora bien, todo lo anterior no obsta para que exista una
evolución en la sociedad a la que hay que dar respuesta adaptando nuestra
regulación. De ahí el sentido de nuestra enmienda de adición, puesto que
entendemos que no puede existir un desvalor de la acción en el caso de
las usurpaciones del estado civil en el ámbito de las nuevas tecnologías;
desvalor que pensamos que se produce si mantenemos el artículo tal cual
está, ya que se desprotege el bien jurídico protegido. Además, el alcance
que puede tener una usurpación de identidad en internet, incluso puntual,
o sea, cuando no cumple el requisito de cierta permanencia exigido por la
jurisprudencia, hace que deba revisarse, analizarse y valorarse la
posibilidad de un mayor reproche penal ante esta actitud.

Hemos observado situaciones absolutamente insostenibles, pues
todos somos conocedores de ejemplos en los que una única usurpación de
identidad en internet puede cambiar drásticamente la vida de una persona.
Se puede dañar nuestra dignidad personal y malograr nuestro honor; es
más, el alto nivel de alcance que tiene todo lo publicado en internet,
puede incluso hacernos perder una oportunidad laboral y menoscabar
nuestras relaciones sentimentales, familiares y sociales. ¿Qué ocurre si
se usurpa una sola vez la identidad de un niño o una niña? ¿Qué ocurre si
se usurpa una sola vez la identidad de una mujer víctima de violencia de
género ofreciéndose como profesional del sexo? ¿Si se hace una única vez
no debe ser considerado delito? Señorías, entendemos que debemos ofrecer
un concepto claro de lo que debe entenderse por usurpación de la
identidad en internet. ¿No debemos valorar la conveniencia de un mayor
reproche penal en este tipo de conductas, de forma que no se requiera el
requisito de cierta permanencia?

Esto es precisamente lo que la Agrupación Socialista Gomera
pretende con la presentación de esta enmienda. ¿Por qué decimos esto?
Porque, desgraciadamente y a pesar de los grandes avances, en un entorno
como el actual el derecho al olvido no es un derecho absoluto y no es una
realidad palpable, pues con la sentencia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea lo que se ha conseguido es desindexar de un buscador
concreto de internet una publicación dañina, pero así no se elimina todo
el rastro en internet.

Señorías, la identidad, el honor, la intimidad personal, la
imagen, la protección de la infancia y otros valores y principios
constitucionales deben prevalecer siempre.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora CASTILLA HERRERA: Sí, disculpe.

Por ello debemos hacer todo lo posible por salvaguardar los bienes
jurídicos afectados por los nuevos cambios, así que esperamos que la
enmienda sea aceptada.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Castilla.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra la senadora Nasarre.

La señora NASARRE OLIVA: Gracias, presidente.

Buenos días, señorías. Estamos debatiendo una moción del Grupo
Popular en cuyo fondo vemos buenas intenciones, pero le falta la forma,
esa forma convertida en norma. Nuestro grupo, en un tema de esta
importancia y en el que la sociedad ha sufrido profundos cambios, no se
conforma con una moción que impulse y respalde iniciativas. La sociedad
digital evoluciona a velocidad de vértigo, pero ustedes durante los años
que han gobernado con mayoría han actuado con velocidad analógica en este
ámbito.

Por eso, por inconformismo y responsabilidad, nuestro grupo
presenta una enmienda para articular un debate público y alcanzar
consensos e impulsar las reformas necesarias que protejan al consumidor.
Les pedimos, señorías, que se pongan a legislar en este tema, ahí nos
encontrarán; es importante y muy necesario. Todos tenemos móvil y otros
dispositivos y el uso de internet y de las comunicaciones electrónicas se
ha implantado de tal manera que hay que desarrollar una serie de derechos
que debemos tener muy en cuenta. Hay que impulsar las reformas
legislativas necesarias para actualizar y proteger al usuario. Hay que
proteger al ciudadano y sus derechos como consumidor en la utilización y
uso de internet y de las comunicaciones electrónicas, dado el actual
momento.

El Grupo Socialista considera, dada la importancia, el alcance y
el ámbito, en ocasiones un tanto desconocido, que nuestra enmienda debe
reflejar una posición clara y poner negro sobre blanco el desarrollo de
una serie de derechos que es necesario actualizar para proteger
adecuadamente a los ciudadanos y usuarios. Así pues, el derecho de acceso
a internet ha de entenderse como un elemento vertebrador del territorio,
y en muchos pueblos no hay ni banda ancha ni fibra; ante esta
desigualdad, la política debe responder y actuar. Derecho a la formación
en competencias y habilidades digitales, especialmente entre personas en
riesgo de exclusión digital; la educación e igualdad de género en el
mundo digital se consigue ofreciendo igualdad de oportunidades. Derecho a
la información, formación, difusión de la propiedad intelectual de los
creadores y privacidad en internet, mediante un marco legal efectivo de
protección de datos personales y metadatos que incremente la confianza de
la ciudadanía en el ámbito digital. Derecho a la inviolabilidad de los
dispositivos, sistemas de telecomunicaciones, libertad de expresión,
seguridad, confidencialidad y el secreto absoluto de las comunicaciones
electrónicas y de los datos que circulan por internet.

Señorías, se trata de protección de acuerdo a la legalidad.
¿Cuántos de nosotros, cuando bajamos una aplicación, leemos el contrato o
las condiciones legales? Nadie. Se generan muchos datos, no millones,
billones de datos en la red, y hay que adoptar una estrategia integral de
datos abiertos. Y no podemos olvidarnos del derecho al patrimonio
digital, la huella digital y por supuesto el derecho al olvido. Muchos de
los conceptos y situaciones que hoy nos encontramos son derechos,
señorías.

Pero si hablamos de derechos, también hay que hacerlo de deberes,
y el nuestro, el más importante, es dar respuesta y actuar cuanto antes
para desarrollar estos derechos. Nuestra enmienda es y pretende ser una
declaración de intenciones, una hoja de ruta del Grupo Socialista en el
ámbito digital. Debemos ser conscientes del entorno que nos rodea y
proteger al usuario. Tenemos que protegernos todos, señorías.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Nasarre.

Tiene la palabra el senador Ramírez, para indicar si acepta o no
las enmiendas.

El señor RAMÍREZ RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, respecto al Grupo Parlamentario Socialista, tengo que
decir que la enmienda de sustitución está redactada correctamente, en la
línea del texto y del espíritu de la moción. Así que ya les informo que
hemos llegado a un acuerdo con el Grupo Parlamentario Socialista para
alcanzar una transaccional, de forma que la parte dispositiva tiene dos
puntos. El primero de ellos recoge exactamente el texto de la moción del
Grupo Parlamentario Popular, y el segundo punto dice así: Articular un
debate público y alcanzar consensos en torno a definir e impulsar
reformas legislativas necesarias para actualizar y proteger adecuadamente
los derechos como ciudadanos y como consumidores en la utilización y el
uso de internet y de las comunicaciones electrónicas adaptando
derechos.

Señorías, en cuanto al resto de las enmiendas, rechazamos la
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, concretamente por la
senadora Yaiza Castilla Herrera, de la Agrupación Socialista Gomera, que
se refiere a la modificación del artículo 401 del Código Penal. No vamos
a aceptarla porque consideramos que los delitos de falsedad y expedición
de falsos certificados no afectan solo al artículo 401, sino también a
los artículos 391, 394, 395, 397, 399, 402 y 403 del Código Penal, así
como por no encajar en el espíritu de esta moción.

Por su parte, Compromís, también del Grupo Mixto, ha presentado
otras enmiendas de sustitución. En cuanto a la que se refiere a la
regulación del ciberderecho mundial, nosotros entendemos que es positivo
que lo haya, pero entendemos que no es nuestra competencia —estamos
en el Senado del Reino de España— y que ello sobrepasa el espíritu
de la propia moción. Por eso no vamos a aceptarla.

Respecto a la enmienda de los senadores Mulet y Navarrete que
habla de proteger y promover externamente el plurilingüismo del Estado
español en igualdad ofreciendo recursos lingüísticos, etcétera, quisiera
decirles que los derechos lingüísticos forman parte de las competencias
transferidas por el Estado a las comunidades autónomas, así que a este no
le corresponde protegerlos. Asimismo, considero que se pide algo ajeno al
espíritu de esta moción y que no tiene demasiado sentido, por tanto
también la vamos a rechazar.

Por último, y con respecto a la enmienda...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor RAMÍREZ RODRÍGUEZ: Sí, voy terminando, señor presidente.
Muchas gracias.

En cuanto a la enmienda que habla de reconocer como derecho
constitucional la inclusión del acceso a internet, cabe decir que los
derechos constitucionales están recogidos en la Constitución y que no
corresponde regularlos en este procedimiento. Desde luego, si se pretende
que se recoja como derecho constitucional hay que seguir el procedimiento
adecuado, pero aquí no estamos haciendo una reforma de ese tipo y no
podemos aprobar un derecho constitucional que no esté recogido en la
propia Constitución.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ramírez.

Efectivamente, a esta moción ha sido presentada una propuesta de
modificación firmada por el Grupo Parlamentario Popular, el Grupo
Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea y el Grupo Parlamentario Vasco.

A continuación, pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora
Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, president.

Si bé és cert que les noves tecnologies de la informació i de la
comunicació ens obren tot un món d’oportunitats, també ho és que
suposen uns nous riscos que es tradueixen en una major control de la vida
de les persones i de la seva intimitat. El que es coneix com la nuesa de
la vida privada.

La informació sobre la nostra salut, les nostres pautes de consum,
les nostres inclinacions polítiques, sexuals, religioses han esdevingut
una important font de poder que pot vulnerar els nostres drets
fonamentals i altres. Estem d’acord amb el que planteja la moció,
cal establir una relació equilibrada entre la vàlua d’aquestes
noves tecnologies de la informació i la comunicació, i la protecció de la
nostra vida privada i dels nostres drets fonamentals i aquells que
se’n puguin derivar d’aquesta nova realitat en què estem
vivint.

La moció, de fet, és molt inconcreta i en les esmenes s’ha
parlat de molts temes. No és un tema senzill. No només ens afecta en
vida, també fins i tot —i ara a Catalunya ens trobem que estem
regulant això— ens afecta quan morim, com queda el nostre llegat a
les xarxes un cop hem mort. Per tant, nosaltres estem a favor del que
proposa la moció però ja veurem quines iniciatives es fan, perquè és molt
complex, i anirem veient com s’hi dóna solució a cadascun dels
temes tan transversals que proposa aquesta moció tan inconcreta.

Moltes gràcies.

Gracias, señor presidente.

Si bien es cierto que las nuevas tecnologías de la información y
la comunicación nos abren un abanico de posibilidades, también lo es que
suponen nuevos riesgos que se traducen en un mayor control de la vida de
las personas y de su intimidad, lo que se reconoce como la desnudez de la
vida privada.

La información sobre nuestra salud, nuestras pautas de consumo,
nuestras inclinaciones políticas, sexuales y religiosas se ha convertido
en una fuente importante de poder que puede vulnerar nuestros derechos
fundamentales y otros. Estamos de acuerdo con lo que plantea la moción.
Hay que establecer una relación equilibrada entre el valor de estas
nuevas tecnologías de la comunicación y la protección de nuestra vida
privada y de nuestros derechos fundamentales y de aquellos que puedan
derivar de la nueva realidad que estamos viviendo.

La moción es muy inconcreta, y de hecho en las enmiendas se habla
de muchos temas. No es un asunto sencillo —ahora en Cataluña lo
estamos regulando— porque no solo nos afecta en vida, sino también
cuando morimos. ¿Cómo queda nuestro legado en las redes cuando morimos?
Por tanto, estamos a favor de lo que propone la moción, pero ya veremos
qué iniciativas se llevan a cabo porque, como digo, es un asunto muy
complejo. Ya iremos viendo cómo vamos dando solución a cada uno de los
temas tan trasversales que propone esta moción tan inconcreta.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rivero.

Tiene la palabra el senador Navarrete. (Denegaciones).

¿Alguna intervención más del Grupo Mixto? (Denegaciones).

Muchas gracias.

Pasamos entonces al Grupo Parlamentario Vasco. Tiene la palabra el
senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on mahaiburu jauna. Egun on
senatori jaun-andreok.

Hoy nos trae el Grupo Popular una moción sobre seguridad en la
red, que es a lo que desgraciadamente creemos que se limita el concepto
de Agenda Digital para dicho grupo, porque siempre que hablamos de la
Agenda Digital lo hacemos de seguridad en la red. Desde luego, no se
trata solo de la obligación de preservar la protección de los ciudadanos
a través de mejoras legales, que es importantísimo y vital, sino que
también se trata de otro tipo de cuestiones y de iniciativas que tenemos
que tomar. La protección empieza, primero, por garantizar el derecho de
los ciudadanos al acceso a la red. Después, por la necesidad de mejorar
la capacitación y la alfabetización digital de todos los ciudadanos,
menores y mayores, porque esa es la base para la protección de todos los
ciudadanos, vuelvo a repetir, menores y mayores.

Por lo tanto, podían habernos traído un sinfín de iniciativas a
ese respecto, y todos podemos tenerlas en mente e incluso llegar a
acordarlas. Podríamos empezar por analizar el informe DESI de 2017, que
pone al Estado español en el puesto decimocuarto en cuanto a
digitalización de los 28 países europeos. A ustedes les gusta mucho decir
que España es la quinta potencia económica en Europa; después del brexit,
la cuarta. Pero, como digo, ocupa el puesto decimocuarto en cuanto a
capacidades digitales. Hay algo que no encaja. Pero es todavía mucho peor
cuando hablamos del precio del acceso a la banda ancha fija, donde
pasamos del puesto decimocuarto al vigesimosexto, solo tenemos por debajo
Chipre y Rumania. Y ocupamos el puesto vigesimoprimero en lo que supone
el acceso a la banda ancha móvil, y nos situamos 3 puntos por debajo de
la media europea en cuanto a las habilidades digitales básicas de los
ciudadanos.

También podríamos haber hablado de nuestro propio libro, y me
refiero a la comisión especial sobre despoblación en la que concluimos la
necesidad de un acceso a las redes en todos los lugares del territorio. O
podríamos hablar de temas que tienen una mayor coincidencia con lo que
estamos debatiendo, como las conclusiones recogidas en el informe de la
ponencia conjunta sobre el riesgo derivado del uso de la red por parte de
los menores; una ponencia conjunta de las comisiones de Interior,
Industria y Educación.

Podríamos hablar de todo eso, pero no, no lo hacemos. El Grupo
Popular nos trae una moción en la que curiosamente nos habla de
iniciativas que contribuyan a garantizar los derechos constitucionales de
los españoles en el ámbito de las redes digitales y a apoyar y coordinar
los avances que se puedan producir en ese sentido en el marco de la Unión
Europea y de la Agenda Digital. Como se dice en el país vecino, en
Francia, ça va de soi. Yo no creo que ningún Gobierno se vaya a saltar la
obligación que tiene de garantizar los derechos constitucionales de los
españoles y de los residentes no españoles. Y tampoco creo que se vaya a
saltar la obligación de apoyar —no queda otro remedio, hay que
cumplirlo— aquellas decisiones que se tomen en el marco de la Unión
Europea. Por lo tanto, creo que la moción no aporta nada, va de soi. A lo
mejor lo de la garantía de los derechos constitucionales podría servir
para otros temas.

En fin, como ha dicho el ponente, nos parece una moción amable,
pero no nos aporta gran cosa. Creemos que se deben tomar acuerdos mucho
más concretos. No es el momento de hablar de generalidades, y usted mismo
nos ha ofrecido una retahíla de las normas actuales y yo le he contado
algunas de las iniciativas parlamentarias que existen.

Es el momento de llegar a acuerdos en cosas concretas y reales
para buscar el equilibrio entre libertad y seguridad en la red, de
mayores y de menores. Lo que hoy se presenta se parece más a una
declaración de intenciones que a una línea de trabajo.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la
palabra el senador Castellana.

El señor CASTELLANA GAMISANS: President, senyories.

El Grup d’Esquerra Republicana votarà a favor
d’aquesta moció que, com han dit els companys que han intervingut
anteriorment, és una declaració de bones intencions, que no es mulla
gaire en el fons de la qüestió.

Però aprofitarem aquesta intervenció per fer un toc
d’atenció sobre dues qüestions que s’han esmentat prèviament,
com són el poder i com són la seguretat.

Diuen que les dades són el petroli del segle XXI. El petroli per
la seva capacitat d’incrementar la productivitat, per generar noves
indústries o crear noves activitats. A mi m’agradaria dir que les
dades són l’or del segle XXI. I no perquè arribem a cap cim de la
història de la humanitat sinó com a recordatori d’una de les etapes
més tristes de la història de la humanitat com va ser la febre de
l’or. Recordem que, durant la febre de l’or, l’ambició
va demostrar fins a quins límits podia desbordar l’ètica, la llei i
els fonaments més bàsics de la condició humana. Or i ambició. Avui tenim
dades, tecnologia i ambició. Tenim la concentració de capacitats
tecnològiques amb poques mans, privatives. Tenim una acumulació de poder
com no s’havia vist mai a la història de la humanitat. Si,
tradicionalment el poder polític és un nan, al costat del poder econòmic,
amenaça de ser microscòpic o completament invisible.

Han parlat de seguretat, els nostres companys. La seguretat va
aparellada a la inseguretat. Suposo que els sona el concepte
d’exploits. Els exploits, l’ explotació de vulnerabilitats,
és el concepte en què es basa la inseguretat al món cibernètic. Les
vulnerabilitats són el resultat d’errors de disseny i construcció
amb programes, sistemes i plataformes digitals. L’ànim de lucre que
caracteritza la construcció d’aquests productes demana treure amb
màxima rapidesa aquests artefactes, amb l’anomenat time to market.
I aquesta rapidesa es fa per sobre de la seva seguretat. A més a més, la
propietat dels productes dificulta l’auditoria i la prevenció
d’aquestes debilitats.

Senyories, sense vulnerabilitats no hi hauria cibercriminalitat.
Bé, també és cert que, sense vulnerabilitats, la NSA, l’Agència
Nacional de Seguretat dels Estats Units, tampoc no hauria pogut crear les
seves eines d’espionatge i de vulneració de drets civils. I
aquestes vulnerabilitats són producte d’






una estructura econòmica i
productiva que no està al servei, precisament, dels drets de les
persones.

Companys, democràcia és poder popular. La tecnologia i la gestió
de dades són poder. Per això cal un control democràtic que posi aquest
poder a les mans del poble.

Moltes gràcies. (Aplausos).

Gracias, señor presidente,

Señorías, el Grupo de Esquerra Republicana va a votar a favor de
esta moción ya que, como han dicho los compañeros que han intervenido
anteriormente, es una declaración de buenas intenciones que no se moja
demasiado en el fondo de la cuestión.

Aprovechamos esta intervención para dar un toque de atención sobre
dos cuestiones que se han mencionado previamente: el poder y la
seguridad.

Dicen que los datos son el petróleo del siglo XXI por su capacidad
de aumentar la productividad, generar nuevas industrias y crear nuevas
actividades. Yo digo que los datos son el oro del siglo XXI, y no porque
lleguemos a ninguna cumbre de la historia de la humanidad, sino por
recordar una de las etapas más tristes de la historia de la humanidad: la
fiebre del oro. Durante la fiebre del oro, la ambición demostró hasta qué
límites se podría desbordar la ética, la ley y los fundamentos más
básicos de la condición humana. Oro y ambición. Hoy tenemos datos,
tecnología y ambición; tenemos la concentración de capacidades
tecnológicas en pocas manos, privativas; tenemos una acumulación de poder
como no se había visto nunca en la historia de la humanidad. Si
tradicionalmente el poder político es un enano al lado del poder
económico, podría llegar a ser microscópico o completamente
invisible.

Hemos hablado de seguridad. Como han dicho nuestros compañeros, la
seguridad va aparejada a la inseguridad. Supongo que les suena el
concepto de exploit. La explotación de vulnerabilidades es el concepto en
el que se basa la inseguridad en el mundo cibernético. Las
vulnerabilidades son el resultado de errores de diseño y construcción en
programas, sistemas y plataformas digitales. El ánimo de lucro que
caracteriza la construcción de estos productos requiere sacarlos con la
máxima rapidez, el llamado time to market. Esta rapidez se consigue por
encima de su seguridad. Además, la propiedad de los productos dificulta
la auditoría y la prevención de estas debilidades.

Señorías, sin vulnerabilidades no habría cibercrimen. También es
cierto que sin vulnerabilidades la NSA, la Agencia Nacional de Seguridad
de los Estados Unidos, tampoco habría podido crear sus herramientas de
espionaje y vulneración de los derechos civiles. Estas vulnerabilidades
son producto de una estructura económica y productiva que no está al
servicio precisamente de los derechos de las personas.

Compañeros, democracia es poder popular. La tecnología y la
gestión de datos son poder. Por eso es necesario un control democrático
que ponga este poder en manos del pueblo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Castellana.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
tiene la palabra la senadora Gorrochategui.

La señora GORROCHATEGUI AZURMENDI: Buenos días.

La moción que se nos presenta hoy trata de la Agenda Digital
Europea, sin embargo, la exposición de motivos de la moción se refiere a
los derechos del artículo 18 de la Constitución.

Es cierto que hay una intersección entre estos dos ámbitos, pero
cada uno nos lleva a caminos distintos, a distintas reflexiones. Al
aludir a la Agenda Digital nos referimos a aprovechar las posibilidades
que ofrecen las tecnologías de la información —internet en
concreto— en el mercado por su capacidad de aportar conocimientos.
Si esto lo trasladamos al ámbito de los derechos, pensamos, sobre todo,
en el concepto de ciudadanía digital, un concepto centrado en las normas
de conducta en este nuevo ámbito de vida digitalizado que tenemos. Ahí
hablaríamos de los derechos, tanto personales como políticos, de los
ciudadanos; hablaríamos de los deberes, tanto de las empresas como de los
poderes públicos; estaríamos hablando de esos derechos constitucionales.
Sin embargo, los derechos del artículo 18 nos llevan a una reflexión
distinta. En el artículo 18 se protegen el honor, la intimidad y la
propia imagen. ¿Qué es el honor? El honor se define como la propia estima
o el público aprecio. Poder defender esa cuestión. ¿De dónde pueden venir
las afrentas al honor? Del ejercicio de la libertad de expresión y de la
libertad de información.

Tenemos ya una jurisprudencia constitucional que ha balanceado
bastante bien, cuando se contraponen estos dos derechos, qué criterios
hay que tener en cuenta para hacer prevalecer uno u otro. Así, sabemos,
por ejemplo, que la libertad de expresión frente al honor no protege el
derecho al insulto; lo sabemos. Pero también sabemos que el honor es un
concepto que cambia con el tiempo, que se adapta a los nuevos tiempos, y
que, por ejemplo, declarar non grata a una persona, no atenta contra el
honor de nadie. Si pensamos en este tipo de honor, que la afrenta al
honor se lleve a cabo por medios escritos, orales o digitales es lo
mismo, no importa, salvo que estemos hablando de la reputación digital.
Pero entonces, estamos hablando de otra cosa, porque la reputación
digital tiene más que ver con la marca que nos hacemos en el ámbito de
internet, marca que viene a ser la manera en que nos vendemos; de forma
que atentar contra esa marca, atentar contra la reputación digital, viene
por otro tipo de conductas, como, por ejemplo, la usurpación de la
identidad. Estamos hablando de universos absolutamente distintos. (El
señor vicepresidente, Sanz Alonso, ocupa la Presidencia).

El derecho a la intimidad constitucional supone el derecho a
preservar el ámbito de nuestra vida privada y dejarlo a salvo del
conocimiento de terceras personas; de eso es de lo que nos protege. ¿Cómo
se puede vulnerar este derecho? Otra vez, con la libertad de expresión y
la libertad de información. Sabemos que la información que es chismorreo
no prevalece ante la intimidad. También tenemos un balanceo
jurisprudencial que nos ayuda a saber cuándo estamos o no estamos
vulnerando el derecho a la intimidad. Da igual que se ejerza por medios
escritos, orales o por internet, salvo que estemos hablando de la
privacidad en términos digitales. Pero entonces, ya no estaríamos
hablando de ese ámbito que queremos mantener en secreto y que no sea
público, sino que estamos hablando de cómo ciertos poderes que no
publicitan en abierto esa información, pueden manejarla con lo que
llamamos el internet de las cosas, el internet del dinero y con la
capacidad que ello supone. Es decir, no estamos protegiendo que no se
hagan públicos esos datos, que no aparezcan en los periódicos ni en los
programas de televisión, sino que no sean utilizados de forma
indebida.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando,
señoría.

La señora GORROCHATEGUI AZURMENDI: Termino.

Es decir, si vamos por el camino del artículo 18, nos movemos en
un mundo, pero si vamos por la Agenda Digital, nos movemos en otro. Y
esta moción no deja muy claro qué es lo que pretende. Por eso, como no lo
vemos muy claro, vamos a abstenernos.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora
Gorrochategui.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
senadora Nasarre.

La señora NASARRE OLIVA: Buenos días, señorías. Gracias, señor
presidente.

Hoy, el mundo digital que nos rodea nos envuelve. El mundo digital
ha dejado de ser un complemento para mimetizarse con nuestros hábitos
paulatinamente: móviles, dispositivos electrónicos, etcétera. Estamos
permanentemente conectados, es la era del internet de las cosas;
desarrollo, unido a tecnología con sensación de progreso. Hemos
experimentado un crecimiento vertiginoso que nos ha hecho evolucionar muy
deprisa para adaptarnos. Esto, además de oportunidades de avance y de
desarrollo económico y social en nuestra vida cotidiana, también conlleva
riesgos y nuevas amenazas. (El señor presidente ocupa la
Presidencia).

Desde el punto de vista de valores y derechos de los ciudadanos,
en el ámbito digital se debe ofrecer la misma protección que en nuestro
ámbito cotidiano, y debemos adaptarnos a sus peculiaridades y a la
convivencia de distintas generaciones. Tenemos que ser capaces de
articular procedimientos para defender con eficacia los derechos y
valores de la era digital, a la vez que facilitar el desarrollo de
servicios digitales que sigan mejorando el bienestar general de nuestra
sociedad.

Para el Grupo Socialista es fundamental abrir el debate sobre los
derechos en internet y el desarrollo de los mal llamados derechos
digitales, porque son derechos fundamentales. Señorías, derecho digital y
derecho fundamental es lo mismo; no existe un mundo paralelo. Hoy el
mundo es digital.

Quiero recordar y poner en valor que hace dos años una Cámara fue
pionera en abrir el debate sobre la red, y esa Cámara es de todos
conocida: fue este Senado. Fue la primera Cámara de Europa en la que se
elaboró un informe muy profundo sobre los riesgos derivados del uso de la
red por los menores. Comparecieron más de 50 expertos, y se llegó a un
informe potente, en el que se recomendaba una estrategia nacional
involucrando la colaboración público-privada. Pero, lamentablemente, se
fue a la estantería. Señorías del Grupo Popular, no puede ser. Se ha
perdido un tiempo que en política es valiosísimo. Hay que legislar y no
perder más tiempo en estudios, ni, por supuesto, empezar otra vez, como
nos anuncia esta moción. Para actuar con responsabilidad nos encontrarán,
pero para volver al punto de partida, no.

Las conclusiones de las ponencias deben tener retorno. En el
ámbito internacional, siendo los primeros en crear esta ponencia, hoy
vamos a la cola del desarrollo normativo. Nos hemos quedado atrás.
Brasil, en este ámbito, está a la cabeza normativa, y en Europa hay
preocupación por los derechos de la ciudadanía en el ámbito digital, pero
no existe una única norma. Debemos trabajar en una estrategia digital
europea que se dote de medios normativos y financieros claros, ya que se
limitan aspectos concretos, como transparencia, protección de datos,
ciberseguridad, sociedad de la información, comunicaciones, etcétera.
Tanto Italia, con la aprobación de una declaración de derechos, como
Francia, con un proyecto de ley digital, tienen normativas ya en
funcionamiento.

El Grupo Socialista considera que nuestras normas están elaboradas
desde una perspectiva de usuarios y consumidores de servicios, y creemos
que el debate público se debe abrir más allá e implicar a distintos
sectores y a la sociedad, y debe tener un carácter global, con análisis y
retorno de normativas en el marco de la protección y garantía de los
derechos fundamentales.

Señorías, la red hoy forma parte de la vida; la vida hoy es una
oda al algoritmo, para relacionarnos, para desplazarnos, para comprar,
etcétera. En realidad, el propósito de un algoritmo es la solución de
problemas. Hagamos que el algoritmo de la política sea la clave para
garantizar la protección del ciudadano en la red.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Nasarre.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora
Pérez.

La señora PÉREZ DÍAZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, como se ha expuesto aquí, la proliferación de las
llamadas redes sociales es una característica esencial de la sociedad de
la información de hoy. Las redes se han convertido en un instrumento
habitual de comunicación y transferencia instantánea de información. Son
una herramienta de alto índice de penetración en una parte mayoritaria de
la sociedad.

En España se han llevado a cabo muchas reformas legales, y en
estudio se encuentran otras muchas que necesariamente habrán de
acometerse, dada la celeridad con que evolucionan estos nuevos medios o
formas de comunicación. La senadora Nasarre nos ha pedido leyes y yo le
animo a presentar proposiciones de ley para trabajar juntos en esta
materia.

Sin duda, son muchos los aspectos que deben ser considerados en la
acción del Gobierno en defensa de los derechos e intereses legítimos de
los ciudadanos. La importante toma de conciencia social respecto de la
titularidad de los llamados derechos de tercera generación, como
evolución del derecho al honor y a la intimidad familiar y personal, debe
encaminarnos por la línea ya emprendida de cambios legislativos y debe
dotarnos de los medios necesarios para la anticipación e investigación de
las nuevas formas de delincuencia, a fin de garantizar los derechos de
los ciudadanos.

La moción que hoy se presenta, señorías, pone de manifiesto que
los enormes retos que tenemos por delante son muchos y muy variados, y es
que, a pesar de los grandes avances conseguidos, como ya se ha expuesto
aquí, tenemos que ser conscientes de la necesidad imperiosa de seguir
trabajando para abordar nuevas regulaciones jurídicas que mantengan el
listón de las garantías plenas de los derechos constitucionales de los
españoles en el ámbito de las redes sociales.

Como ejemplos en los que actualmente se trabaja, he de citar la
Directiva 2014/14, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de abril
de 2014, relativa a la orden europea de investigación en materia penal.
También el Reglamento 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas
en lo que respecta al tratamiento de datos personales, a la libre
circulación de esos datos y al refuerzo del derecho al olvido; o la
primera directiva comunitaria en materia de ciberseguridad, la
Directiva 2016/1148, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio
de 2016, relativa a medidas destinadas a garantizar un elevado nivel de
seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión
Europea.

Señorías, tenemos que ver la revolución digital a través de un
prisma positivo. Sin duda, es una enorme oportunidad para construir un
mundo mejor, pero no hay que dejar de lado que viene acompañada de retos
nuevos y amenazas a las que hacer frente. La rapidez con la que las
tecnologías de la información y la comunicación están transformando
nuestra forma de relacionarnos, de trabajar y, en definitiva, de vivir,
reaviva la exigencia de contar con un marco regulatorio que permita crear
las condiciones adecuadas para que la nueva era digital prospere sin
merma y con absoluto respeto a los derechos y libertades de los
ciudadanos.

En este momento histórico confluyen dos mundos: el físico,
altamente regulado, y el virtual, que se encuentra escasamente sometido a
regulación. Sin embargo, será necesario acometer un esfuerzo, tanto por
parte de las organizaciones internacionales como de los propios Estados,
para disciplinar y equilibrar desde el punto de vista normativo o
regulatorio ambos mundos.

Por todo ello, hemos decidido presentar esta moción, para impulsar
y respaldar las iniciativas que contribuyan a garantizar los derechos
constitucionales de los españoles también en el ámbito de las redes
digitales y apoyar los avances que se produzcan en este sentido en el
marco de la Unión Europea y de la Agenda Digital.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Pérez.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

El señor PRESIDENTE: Señorías, se ha presentado una declaración
institucional, firmada por todos los grupos, y, si guardan silencio,
procedo a su lectura: «Perú está sufriendo consecuencias demoledoras en
su población y en sus recursos a raíz de los fenómenos meteorológicos
extremos que están golpeando su territorio en las últimas fechas. Como
consecuencia de los desastres naturales, hasta el momento se tienen
noticias de 75 fallecidos, 20 desaparecidos y 263 heridos, más de 100 000
damnificados y cientos de miles de afectados. Además, se han producido
cuantiosísimos daños materiales, que incluyen más de 10 000 viviendas
hundidas y más de 12 000 viviendas inhabitables, junto con otras 134 000
dañadas. 159 puentes han sido destruidos y 4000 kilómetros de carreteras
se han visto afectados.

El Senado de España quiere expresar su más profundo pesar por la
pérdida de vidas humanas, quiere trasladar a los familiares y allegados
de los fallecidos así como a las autoridades y a todo el pueblo peruano
sus más sinceras condolencias, y quiere reafirmar su completo apoyo y
solidaridad a este pueblo hermano en estos difíciles momentos.

Igualmente, con esta declaración, el Senado hace un llamamiento al
conjunto de administraciones para ayudar a las autoridades y afectados de
esta situación en Perú, y especialmente al Gobierno de España, para que
canalice y haga llegar oportunamente la ayuda humanitaria necesaria en
estos momentos.

Por último, el Senado de España expresa su deseo de que, cuanto
antes, esta emergencia climática finalice, de que la población afectada
pueda recomponer sus vidas y se puedan iniciar las labores de
reconstrucción para que el país pueda recuperar su normalidad.

Palacio del Senado, 21 de marzo de 2017.»

El señor PRESIDENTE: A continuación vamos a votar la propuesta de
modificación a la moción del Grupo Parlamentario Popular, presentada por
los Grupos Parlamentarios Popular, Socialista, Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea, y Vasco.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 250;
votos emitidos, 250; a favor, 222; abstenciones, 28.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

El señor presidente da lectura a los puntos 7. y 7.1.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado tres
enmiendas: dos del Grupo Parlamentario Mixto —por iniciativa de los
senadores Mulet y Navarrete—, y una del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado.

Para la defensa de la moción, por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el senador Zelaya. (Rumores).

Señorías, guarden silencio. Abandonen el hemiciclo en silencio.
(Continúan los rumores).

Senador Zelaya, espere un momento, por favor.

Señorías, guarden silencio. (Pausa).

Cuando quiera, senador Zelaya.

El señor ZELAYA CASTRO: Gracias, señor presidente. Buenos días,
señorías.

El 28 de marzo de este año se va a conmemorar el 75 aniversario
del fallecimiento del poeta Miguel Hernández. El comité organizador de
las actividades de esta efeméride está integrado por los ayuntamientos de
Quesada, Orihuela, Elche, Murcia, Cox, Rojales, Torrevieja y San Vicente
del Raspeig, la Diputación de Jaén, la Junta de Andalucía, la Generalitat
Valenciana, la Universidad de Jaén, el Instituto de Estudios Giennenses,
el Centro Andaluz de la Letras y los herederos del poeta. (El señor
vicepresidente, Sanz Alonso, ocupa la Presidencia).

Ya existen más de un centenar de actividades que se van a
desarrollar en el año 2017, actividades que pretenden honrar la memoria,
recordar y dar mayor difusión y realce a la figura y obra de Miguel
Hernández, poeta nacido en Orihuela, pero que recorrió diversos lugares
del país, llevando su humildad, su talento y su poesía y también su
calvario personal, de cárcel en cárcel. Pero particularmente, está ligado
a la provincia de Jaén. Por ello, la Diputación de Jaén ha adquirido el
legado del poeta alicantino para su posterior digitalización, a efectos
de una mayor difusión y comprensión, y de la creación del Museo Miguel
Hernández y Josefina Manresa en la localidad de Quesada, en Jaén. Porque
fue durante este período de estancia en Jaén cuando escribió alguno de
sus poemas más señalados, contenidos en su libro Viento del pueblo. Uno
de ellos, Aceituneros, es un claro ejemplo de la función del arte en la
cultura de los pueblos, nombrando, e incluso identificando, la condición
de los hombres y mujeres de Jaén, tanto, que Aceituneros ha dado letra al
himno oficial del provincia de Jaén. Y ¡cómo no serlo!: «Andaluces de
Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma: ¿quién, quién levantó los
olivos? No los levantó la nada, ni el dinero, ni el señor, sino la tierra
callada, el trabajo y el sudor.» (Aplausos).

Señorías, una parte importante de la obra de Miguel Hernández se
desarrolla bordeando el horror mismo de la guerra civil. Él fue un firme
defensor de la república y la democracia. Este poeta, a quien dejaron
morir arrinconado, enfermo, en la cárcel, por sus convicciones personales
y políticas, es hoy en día una referencia ineludible de las letras
españolas, por su valor literario y humano.

Su obra y su ejemplo de vida son un reflejo de los grandes valores
universales de la humanidad: la lucha por la libertad, la justicia social
y la solidaridad. Representa, sin lugar a dudas, la expresión genuina de
la cultura popular, a la vez que ha alcanzado la literatura universal,
confirmando, como en muchos escritores de su generación, aquello de que
todo acto o voz genial viene del pueblo o va hacia él.

Señorías, hablar de la obra de este poeta es hablar de esos
lugares privilegiados de la palabra, de esa palabra que puede tocar un
cuerpo, afectándolo, y provocar una emoción, un sentimiento o una
identificación; esa palabra que puede tocar lo social para nombrar un
sentir y la manera de estar de un pueblo. Nosotros mismos, aquí, somos un
Parlamento y, con menos arte, desde luego, el lugar de privilegio de
nuestra palabra nos viene dado por la expresión soberana, y tenemos el
reto de hacer que esta palabra, dicha aquí, toque lo social allá fuera
para modificarlo y mejorar la vida de las personas. Eso es la cosa
política. Si solo llenamos esta Cámara de palabras y discursos vacíos que
no se traducen en hechos, solo seremos palabrería, porque aquí, en esta
Cámara, un sí, un no o una abstención no son palabras cualesquiera;
pueden ser letra escrita, como en una ley, por ejemplo, que lleve a una
acción que un gobierno ejecute o una medida de la justicia que luego
usará un tribunal; una palabra que, en definitiva, beneficiará o
perjudicará a gente real.

Con esta moción este grupo parlamentario insta al Gobierno a
impulsar al máximo las actividades conmemorativas del 75 aniversario de
la muerte del poeta y a participar en cuantas iniciativas se organicen
para promover el estudio y la difusión de su vida y obra; a cooperar,
proporcionando tanto apoyo institucional como económico, con las
administraciones y entidades que han programado actividades para la
celebración de este aniversario; y a establecer la consideración de
acontecimiento de excepcional interés público para dicho aniversario, a
los efectos de aplicar beneficios fiscales de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal
de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo.

Debo confesar que es muy emocionante hablar de poesía en el
Senado. Señorías, aprendamos de este poeta que supo elevar la amistad a
la categoría de una elegía y quien, aun desde su realidad de muerte, pudo
lanzar un canto de esperanza y libertad anteponiendo en su letra escrita
el amor al odio y al rencor. «Tristes guerras si no es amor la empresa.
Tristes, tristes. Tristes armas si no son las palabras. Tristes, tristes.
Tristes hombres si no mueren de amores. Tristes, tristes.»

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador
Zelaya.

Para la defensa de las enmiendas, por el Grupo Parlamentario
Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, el senador Mulet.

El señor MULET GARCÍA: Gracias.

En primer lugar, quiero agradecer la aceptación de nuestras
enmiendas. Chirriaba un poco la exposición de motivos: desde errores
entendibles en el nombre de algunos municipios valencianos hasta una
redacción que más parecía que hablábamos de un poeta jiennense que de un
poeta valenciano. Eso es lo que tiene su partido, un partido andaluz con
alguna franquicia en el resto del territorio español y cada vez con menos
fuelle, que igual presenta mociones como esta, apropiándose de un poeta
valenciano, que presenta mociones reivindicando ayudas para los cítricos
andaluces y se olvida de los valencianos, o cuya presidenta autonómica
andaluza reivindica el corredor mediterráneo por la meseta y no por el
territorio valenciano. Así les va y así nos va a nosotros,
desgraciadamente. De todas formas, les agradezco que reconozcan que
Miguel Hernández era un poeta valenciano.

Miguel Hernández murió en una cárcel de los golpistas, donde cogió
bronquitis, tifus y tuberculosis. Falleció el 28 de marzo de 1942, con
tan solo 31 años de edad, por un alzamiento militar que robó la vida a
miles de hombres y mujeres. Fue condenado a pena de muerte, conmutada por
treinta años de prisión que no llegó a cumplir, ya que murió en la
cárcel. ¿Saben por qué? Según su expediente de responsabilidad política,
con todas sus consecuencias legales, por estimar plenamente acreditado
que dicho individuo, de tendencia notoriamente contraria al Movimiento
Nacional, desarrolló —apenas iniciada esta actividad— labor
literaria en contra de los ideales que lo encarnaban, injuriando tanto a
los ideales como a las figuras más prestigiosas, apareciendo como
firmante de varios manifiestos destinados a sembrar en España y en el
extranjero la idea de que el tan glorioso Movimiento no era sino una
vulgar invasión plagada de crímenes y alentando al mismo tiempo a la
resistencia armada contra las fuerzas nacionales. Se le condenó por lo
que escribió.

Hernández murió en prisión pocos años después de que muriera
asesinado, fusilado, Federico García Lorca, con solo 38 años —el 18
de agosto de 1936—. El día 2 de febrero de 1939, con 63 años, moría
en el exilio, huyendo de la guerra y de una muerte segura, Antonio
Machado. Miles de intelectuales, poetas, escritores o personas leales a
la democracia republicana morían en las cárceles, en los campos de
concentración de Francia o fusilados en los paredones. Algunos son
recordados hoy por sus obras, como Miguel Hernández; obra que hubiera
sido todavía más inmensa si no le hubieran segado la vida. Otros siguen
la suerte de García Lorca y están en las fosas anónimas sin posibilidad
de rescatarlos, ya que este Gobierno —este que ustedes, señores del
Partido Socialista, han puesto de nuevo al frente de España— retiró
los fondos para exhumar los restos.

Hernández, alicantino, murió en la cárcel condenado por sus obras;
un legado que hoy nadie —me imagino— se negará a reconocer.
Hernández es hoy un símbolo universal, a quien le segaron la vida unos
golpistas. Esos golpistas, gracias al Partido Popular de Alacant, vuelven
a estar hoy en las placas y calles de esta ciudad —la segunda
ciudad del País Valencià, la undécima del Estado—. Hoy, gracias al
Partido Popular, la plaza de la Igualdad de Alacant se llama plaza de la
División Azul. Hoy, María Teresa de León, escritora exiliada, deja de
tener calle en Alacant para que la tenga el comandante Franco —hoy,
en marzo de 2017—. Hoy, la escritora Carmen Burgos ya no tiene
calle en Alacant, la tiene el general Varela. Decenas de escritoras y
escritores e intelectuales dejan de tener calles en Alacant gracias al
Partido Popular para que las tengan militares, golpistas, genocidas,
falangistas y demás basura. Eso es gracias al Partido Popular.
(Rumores).

Ahora se llenarán la boca reivindicando a Miguel Hernández...
(Rumores y protestas). Tranquilas, tranquilas, franquistas. Llénense la
boca hoy reivindicando a Miguel Hernández mientras Alacant vuelve a tener
calles franquistas y falangistas gracias a ustedes. (Rumores).

Hoy no tienen más remedio que reivindicar al poeta mientras el
Estado mantiene un mausoleo del responsable político de su muerte, de la
suya y de la de miles de españoles. Dinamiten ya de una vez el Valle de
los Caídos. Mientras que nadie sabe dónde está Lorca, tenemos a pocos
metros el Arco del Triunfo. Mientras el Congreso ha declarado el año de
Miguel Hernández, continuamos con miles de calles y placas dedicadas a
los cómplices de su muerte. Esto es España y esto es el Partido Popular,
con un Gobierno que deniega la extradición de 8 ministros franquistas que
no han pagado por sus crímenes, pedida por Argentina, porque aquí si un
juez pide actuar contra los restos del franquismo se le aparta de la
carrera judicial.

Con nuestras enmiendas queríamos equipararnos a lo aprobado en el
Congreso con su transaccionada proposición no de ley. Entendemos que el
texto transaccionado recoge nuestras posiciones. Para poder celebrar el
año de Miguel Hernández lo que hace falta son, simplemente, recursos del
Gobierno; un Gobierno que podrá cumplir o no la moción que hoy aprobemos
aquí, o no...

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Termine ya, señoría.

El señor MULET GARCÍA: Termino ya.

Será el Partido Popular que ustedes han puesto en el
Gobierno.

Gracias. (Aplausos. —Un senador del Grupo Parlamentario
Popular: ¡Rojo!).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias,
señoría.

Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la
senadora Torrado.

La señora TORRADO DE CASTRO: Gracias, señor presidente.

Señorías, el Grupo Parlamentario Popular se va a ceñir al texto de
la enmienda y a esta moción: hablar de Miguel Hernández. (Aplausos).
Cuando quiera, señor Mulet, hablamos de todo lo demás, porque el Grupo
Parlamentario Popular admira profundamente a Miguel Hernández, uno de los
grandes poetas de la generación del 27.

De forma autodidacta aprendió las bases de la buena literatura,
dejándose guiar por maestros como Miguel de Cervantes, Calderón de la
Barca y, sobre todo, por Góngora. Este extraordinario poeta español
destacó por la hondura y autenticidad de sus versos, reflejo de su
compromiso social y político. Por eso presentamos una enmienda, porque
queremos instar al Gobierno a que continúe apoyando e impulsando todas
las actividades que se están desarrollando con motivo del 75 aniversario
de su fallecimiento, que precisamente se cumple el próximo martes.

El Grupo Parlamentario Popular es consciente de la importancia de
la figura de Miguel Hernández, considerándolo uno de los escritores de
lengua española más reconocidos e influyentes del siglo XX, y nos consta
que también lo es para el Gobierno, dada la programación de innumerables
actuaciones que se están desarrollando como, por ejemplo, que el Premio
Nacional de Poesía Joven, que anualmente otorga el Ministerio de Cultura,
lleve su nombre, o la difusión de toda la información bibliográfica sobre
este gran autor alicantino a través de la página web y de las redes
sociales, como ocurre en los centenarios literarios más importantes.

También quiero destacar especialmente el convenio con la
Confederación Estatal de Personas Sordas para la edición especial en el
lenguaje de signos de 20 poemas del poeta de la vega baja, con la
grabación del video de los poemas en el lenguaje de signos. En el
Ministerio de Cultura existe una clara disposición a colaborar con las
propuestas y actividades que puedan presentar otras administraciones,
fundaciones y entidades públicas y privadas mediante el apoyo a
conferencias en institutos y universidades, en congresos, en mesas
redondas, jornadas, encuentros y otras actividades culturales, así como
en la Biblioteca Nacional de España, que celebrará este año 2017
diferentes actividades.

Asimismo, para apoyar las actuaciones, eventos o acontecimientos
que las diferentes instituciones públicas o privadas pudieran programar,
se ponen a disposición de los organizadores los fondos documentales que
custodian los archivos estatales españoles sobre la figura de este gran
poeta alicantino y su círculo cultural. Además, el ministerio también
puede apoyar la conmemoración, adicionalmente, a través de algunas de sus
líneas de ayudas y, más concretamente, a través de la convocatoria de
subvenciones para la edición de libros o para el fomento de la lectura
con ayudas a la traducción a lenguas extranjeras, fomentando una mayor
presencia literaria en la universidad o con actividades en los
institutos.

Por todos estos motivos, señorías, presentamos esta enmienda,
además de para instar al Gobierno a promover nuevas actuaciones en el
ámbito educativo, también en el ámbito de los medios de comunicación, a
través del ente público de Radiotelevisión Española, para divulgar la
obra y vida de Miguel Hernández, especialmente entre la gente joven, y
para que se estudie con especial cariño declarar este importante evento
como un acontecimiento de excepcional interés público y poder así
incentivar fiscalmente las actividades que se programen con este
fin.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora
Torrado.

Para manifestar si acepta o no las enmiendas, por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Zelaya.

El señor ZELAYA CASTRO: Gracias, señor presidente.

En un esfuerzo de poesía, hemos redactado una enmienda
transaccional que voy a presentar a la Mesa.

El contenido de esta enmienda es impulsar todas las actividades
relacionadas con el 75 aniversario de Miguel Hernández de una manera
amplia, dando cobertura a los diferentes territorios que están
organizando actividades y, como ya se ha mencionado, instar al Gobierno a
que considere su declaración de actividad de interés cultural, así como
que se le dé difusión en los medios de comunicación y se colabore al
máximo con todas las administraciones que las están realizando.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador
Zelaya.

A continuación, procede la intervención de la representante del
Grupo Territorial Podem a la Valenciana, que ha solicitado la
palabra.

Tiene la palabra la senadora Jiménez. (Pausa).

No está. (La señora Mora Grande pide la palabra).

Dígame, senadora Mora.

La señora MORA GRANDE: Debe de estar en su despacho.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Si no está, se le pasa el
turno, señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer
lugar, el senador Crisol.

El señor CRISOL LAFRONT: Gracias, presidente.

Señorías, Miguel Hernández Gilabert, el poeta del pueblo, nació en
Orihuela y murió en una fría prisión de Alicante un 28 de marzo de 1942,
a la temprana edad de 31 años. Este mes hará, por tanto, 75 años de su
muerte física, pero también del momento en que nació como un símbolo
social y poético.

Miguel Hernández pasó su infancia y su adolescencia en su ciudad
natal, Orihuela, donde se inició en su producción poética, totalmente
autodidacta. No en vano sus temas principales eran el paisaje y las
gentes de su tierra levantina. Con tan solo 20 años empieza a publicar
sus poemas en revistas como El Pueblo de Orihuela o El Día de Alicante. A
pesar de que fue perseguido, encarcelado y condenado a muerte, Hernández
nunca dejó de plasmar sus vivencias con pasión, con libertad, con
justicia y con fraternidad.

Como recuerda muy bien la moción del Grupo Socialista, Hernández
escribió en Jaén algunos de sus poemas más emblemáticos y allí, en Jaén,
en Quesada, ciudad natal de la esposa del poeta, Josefina Manresa, se
conservan más de 5000 documentos y objetos que integran el legado del
poeta.

El pasado 7 de marzo se celebró en Orihuela el acto de apertura de
la conmemoración del 75 aniversario de la muerte de su poeta en
este 2017. Con ello, la ciudad alicantina albergará multitud de
actividades para dar a conocer al mundo la obra del gran poeta
oriolano.

Como senador de la Comunidad Valenciana, pido en esta tribuna un
apoyo incondicional al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y al
Instituto Cervantes para difundir la obra de Miguel Hernández tanto en el
ámbito educativo como en el cultural. Nos congratulamos del acuerdo de
todos los grupos parlamentarios en esta moción, y en particular de la
inclusión de nuestra enmienda, presentada en el Congreso de los Diputados
a instancias del grupo municipal de Ciudadanos en Orihuela. Esa enmienda
pretendía ya entonces, como ahora igualmente, dar eficacia a esa
declaración de 2017 como año de Miguel Hernández, declarándolo como
evento de excepcional interés público a fin de lograr beneficios fiscales
para las personas e instituciones que participen en los actos que se
realicen.

Acabo, señorías, como homenaje al poeta que se decía alto de mirar
a las palmeras, con uno de sus versos más bellos y que mencionan a su
pueblo y a su compañero del alma: «En Orihuela, su pueblo y el mío, se me
ha muerto como del rayo Ramón Sijé, con quien tanto quería».

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador
Crisol.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador
Mulet.

El señor MULET GARCÍA: Gracias.

Que me llamen rojo en este hemiciclo es un halago. Imagino que a
ustedes tampoco les molestará que les llamen franquistas. Que me llamen
rojo como a Miguel Hernández es un piropo. Por cierto, qué acto de
hipocresía. (Rumores).

Hernández vio como su primer hijo moría, y en la cárcel, esperando
ser ejecutado por los franquistas, recibió una carta de su mujer,
Josefina Manresa, en la que le recordaba que su único hijo se alimentaba
únicamente con pan y cebolla. Esto ocasionó uno de los poemas más
demoledores y cumbres de la literatura española, la conocida Nana de la
cebolla: «La cebolla es escarcha cerrada y pobre: escarcha de tus días y
de mis noches. Hambre y cebolla: hielo negro y escarcha grande y
redonda». Hoy en día tenemos en el mundo todavía miles de millones de
niños de pan y cebolla, niños que mueren en los brazos de sus padres y de
sus madres por el hambre de las guerras, tristes guerras; niños y niñas
de pan y cebolla que mueren ahogados en las costas de Europa huyendo de
las tristes guerras, mientras España vende armas para que mueran niños de
pan y cebolla, mueren en tristes guerras y continuamos sembrando los
mares de muertos.

Por eso Miguel Hernández tiene hoy pleno vigor, sus textos son
inmortales. Hoy en día todavía hay niños de pan y cebolla que mueren en
los mares y que los valencianos hemos pedido acoger dentro de nuestras
posibilidades, pero el Gobierno central nos lo ha negado alegando que
nuestros albergues están apartados 2 o 3 kilómetros de las escuelas.
Seguramente, para el Partido Popular están mejor bajo las bombas o los
campos de concentración turcos que en albergues valencianos sin bombas
(Rumores y protestas).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Señorías, por favor.

Señor Mulet, continúe.

El señor MULET GARCÍA: Es una suposición.

Miguel Hernández nos enseñó a no bajar nunca la frente, buscando
justicia siempre y, a pesar de todo, la esperanza. Hay ruiseñores que
cantan encima de los fusiles y encima de las batallas.

Gracias. (Rumores y protestas).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora
Ahedo.

La señora AHEDO CEZA: Muchas gracias, señor presidente. Buenos
días a todos y a todas.

Para que no haya malentendidos con mi intervención, voy a empezar
diciendo que vamos a votar que sí, y vamos a votar que sí, en parte, para
que no haya malentendidos, y me explico. La vida, la obra, el compromiso,
el legado de Miguel Hernández nadie lo pone en duda, y creo que no es
necesario que añada nada a lo que se ha dicho, pero que el 2017 sea el
año de Miguel Hernández, el apoyo institucional a los actos programados
en su memoria, etcétera, o sea, lo que se solicita en la moción, ya se
aprobó en el Congreso en diciembre, por unanimidad, mediante una
transaccional que hoy trae aquí el Grupo Popular como enmienda y no
entiendo por qué aquí hoy no vale lo que sí valía en diciembre y hay que
transaccionar otra cosa diferente. Después de aprobada en diciembre en el
Congreso, se presentan dos iniciativas aquí en el Senado, una en enero
para debate en comisión y otra en marzo, que es la que estamos debatiendo
en este momento, y entenderán que nos parezca un poco moción pose, porque
a priori parece totalmente innecesaria ya que ya está aprobada en las
Cortes Generales.

Lo que literalmente pretende la moción es honrar la memoria y
recordar y dar mayor difusión y realce a la figura y a la obra de Miguel
Hernández. Totalmente merecido. Pero esto nos lleva a algunas
reflexiones. ¿Cuántas personas lo merecerían igualmente? Y les voy a
poner dos ejemplos. El próximo 25 de junio hará ochenta años del
fusilamiento de Esteban Urkiaga, tras ser detenido en Gernika por las
tropas franquistas cuando mostraba a corresponsales de guerra franceses
cuáles eran las consecuencias del bombardeo. Tal vez Esteban Urkiaga no
les suene absolutamente de nada, era Lauaxeta, el poeta vasco, que en una
de sus obras decía: «Dana emon behar jako maite dan askatasunari», es
decir: «Hay que darlo todo por la libertad que se ama».

Por eso colaboró con el Gobierno vasco en labores de propaganda y
no dudó en ocultar a algunos sacerdotes que huían de los republicanos y
que él tenía muy claro cómo iban a terminar.

Pero a lo mejor hay que poner también otros ejemplos, y no solo el
de Lauaxeta. Están, por ejemplo, las Sinsombrero, mujeres pensadoras,
artistas de la generación del 27, abiertas, comprometidas,
transformadoras, que no es que no sean reconocidas, es que ni siquiera
son conocidas, ni siquiera aparecen en los libros de texto, probablemente
por ser mujeres. Y otros tantos ejemplos.

Esto nos hace pensar si lo que se pretende honrar, recordar y dar
mayor difusión depende solo de si a alguien se le ocurre traerlo a esta
Cámara. O quizá hay que interpretar que consideramos y clasificamos de
primera o de segunda según el nivel de las instituciones que promueven
los actos de conmemoración. ¿Es diferente si lo conmemora el
ayuntamiento, la diputación o el gobierno central? O dándole la vuelta,
¿se va a apoyar cualquier propuesta futura que se pueda traer en este
sentido? Y si no es cualquiera, ¿qué criterios vamos a tener? Porque esto
nos llevaría a una segunda reflexión: ¿tenemos un millón de euros para
cada una de estas hipotéticas iniciativas?

Y aquí entramos en el tema de la financiación de esta moción, que
habla de más de un centenar de actividades que se van a desarrollar
en 2017, o de la transaccional, que pide apoyo económico para la
celebración de actividades que se han programado.

En Euskadi, cuando decimos que ya están programadas y que se van a
desarrollar es porque ya tienen financiación. De lo contrario, decimos
que nos gustaría hacer, que tenemos pensado, pero pendiente. Por tanto,
no sabemos si están organizadas y no tienen financiación. Nos cuesta
entenderlo un poquito.

Y como curiosidad, he dicho que esta moción se presenta a debate
tanto en comisión como en Pleno. Para la moción en comisión, que se
presentó el 21 de febrero, el coste estimado era de medio millón de
euros; cuando llega a Pleno el 13 de marzo ya es de un millón de euros.
Dense cuenta, por tanto, cómo sube el caché este Pleno.

Estas son todas nuestras reflexiones y todas nuestras dudas. Pero
dicho todo esto, vuelvo al principio: vamos a votar que sí, entre otras
razones, para que no haya malentendidos, porque ya hemos expuesto las
dudas y reflexiones que nos genera la moción en sí y podrían llegar a
plantearnos otra postura, pero es probable que alguien se encargase de
malinterpretar. Vamos a votar que sí por eso, pero también porque, además
del innegable valor literario de Miguel Hernández, creemos que representa
acercamiento al sufrimiento, compromiso social, lucha contra la
injusticia y compromiso con la libertad, y eso hay que recordarlo.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora
Ahedo.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la
palabra el senador Picornell.

El señor PICORNELL GRENZNER: President, senadores, senadors,

Des d’Esquerra Republicana celebrem que avui intentem
dignificar una d’aquelles figures que, si avui visquessin,
seguirien fent el que van fer a la seva època. Denunciar, lluitar i
sobretot no callar.

Miguel Hernández, nascut a Oriola, al País Valencià, va lluitar
per denunciar les injustícies antidemocràtiques d’uns quants, va
lluitar per defensar els anhels i les llibertats de la república i,
sobretot, va plantar clara davant d’un bàndol de la guerra que
volia fer-ho callar absolutament tot. Mireu, si la història
d’aquells anys a l’Estat espanyol ha de tenir un color, si
haguéssim de triar un color, clarament jo triaria el negre, un negre molt
i molt profund, que a hores d’ara segueix sent molt i molt
fosc.

La foscor fa por. No saps què hi ha al teu voltant, no saps què
passarà, no tens llibertat de moviments, no pots viure amb normalitat.
Doncs això és el que va passar a milions de persones durant els anys de
la guerra civil i els llarguíssims anys de dictadura, foscor sense saber
qui es movia al teu voltant, foscor per no saber si et trobaran i et
detindran, foscor per saber que en cap cas tens llibertat de
moviments.

Doncs Miguel Hernández, com tants altres, va ser una de les
víctimes d’aquesta foscor. Molts d’ells van ser assassinats
amb fredor, odi, acarnissament i covardia. Després de la mort del
dictador, van arribar uns anys de pensar que aquella època fosca podria
tenir, per fi, una mica de llum, però no. Encara ara els hem
d’implorar que es rescabali la memòria de milers i milers de
persones, i avui intentem posar-hi una mica de claror, però de ben segur
que quedarem ben lluny de rescabalar tota la memòria perduda.

Perquè avui, com ahir, tots aquells que no pensen com el grup
majoritari de la cambra, com el Partit Popular, encara que hagin aportat
el seu gra de sorra a la cultura, no tenen espai per a cap homenatge. I
deixeu-me que citi dos exemples més enllà de Miguel Hernández que em
semblen molt gràfics. Deixeu-me que citi a Joan Fuster, el millor
assagista en català del segle XX, del que vam demanar també en comissió
la celebració de l’any Fuster. El Partit Popular s’hi va
negar amb el tristíssim argument que senzillament no s’havia
sol·licitat cap ajuda econòmica en aquest sentit. Saben qui sí va demanar
ajuda econòmica i no la va rebre? L’any d’homenatge a Ramon
Llull. Com poden tenir diferents vares de mesurar? Com poden utilitzar
uns arguments a un lloc i no a l’altre? Serà que, en realitat, els
és igual i intenten passar-hi de puntetes? I per què he volgut recordar
els casos de l’any Fuster i l’any Llull? Per manifestar la
nostra indignació pel fet que, a dia d’avui, l’Estat espanyol
segueix triant aquells que són dignes de ser recordats en funció de la
seva ideologia. Els sona? Fa vuitanta anys es perseguia, es torturava i
es matava en funció de la ideologia; actualment, es tria qui té dret a
ser recordat en funció de la seva ideologia, no per mèrits propis, no per
rellevància, no per transcendència històrica, es tria per ideologia.
Miguel Hernández va ser un exemple de compromís, de defensa dels propis
valors fins a les últimes conseqüències, va ser un exemple de lluita per
allò que creia, fins al punt d’entregar la seva vida per no
renunciar al seus ideals, i jo crec que caldria prendre nota d’això
últim, entregar la seva vida per no renunciar als seus ideals i als seus
principis.

Això d’avui és una espurna de llum enmig de la foscor
d’una cova molt, molt fosca que es diu franquisme. Tinguem clar,
però, que ni rescabalarem, com dèiem abans, res de la història, ni
rescabalarem del tot la figura de Miguel Hernández, ja que sense anar més
lluny l’any 2011 el Tribuna Suprem va denegar la revisió de la seva
sentència. De la mateixa manera que l’Estat es nega anul·lar el
sumaríssim a l’únic president escollit democràticament i
posteriorment assassinat Lluís Companys, com ell i tants altres
represaliats dels Països Catalans.

Miguel Hernández tenia molt clar quins eren els culpables de la
situació des de l’any 36 fins a la seva mort. Deixin que els
llegeixi unes quantes estrofes del poema Jornaleros que defineix el seu
pensament i això que hem defensat en aquesta moció. «Jornaleros que
habéis cobrado en plomo sufrimientos, trabajos y dineros. Cuerpos de
sometido y alto lomo: jornaleros. Los verdugos, ejemplo de tiranos,
Hitler y Mussolini labran yugos. Sumid en un retrete de gusanos los
verdugos. Ellos, ellos nos traen una cadena de cárceles, miserias y
atropellos. ¿Quién España destruye y desordena? ¡Ellos! ¡Ellos! Arrojados
seréis como basura de todas partes y de todos lados. No habrá para
vosotros sepultura, arrojados.»

Moltes gràcies. (Aplausos).

Señor presidente, senadoras, senadores, en Esquerra Republicana
celebramos que hoy intentamos dignificar una de esas figuras que si
vivieran hoy seguirían haciendo lo que hicieron en su época: denunciar,
luchar y, sobre todo, no callar.

Miguel Hernández, nacido en Orihuela, País Valenciano, luchó para
denunciar las injusticias antidemocráticas de unos cuantos; luchó para
defender los anhelos y la libertad de la República y, sobre todo, plantó
cara ante un bando de la guerra que quería hacerle callar absolutamente
todo. Si la historia de esos años en el Estado español tuviera que tener
un color, sin duda escogería el negro, un negro muy profundo que ahora
mismo sigue siendo muy oscuro.

La oscuridad da miedo. No sabes qué hay a tu alrededor, no sabes
qué sucederá, no hay libertad de movimiento, no puedes vivir con
normalidad. Pues bien, eso es lo que les pasó a millones de personas
durante los años de la guerra civil y los larguísimos años de dictadura:
oscuridad sin saber quién se movía a tu alrededor; oscuridad por no saber
si te encontrarían y te detendrían; oscuridad por saber que en ningún
caso tenías libertad de movimiento.

Miguel Hernández, como muchos otros, fue una de las víctimas de
esta oscuridad. Muchos de ellos fueron asesinados fríamente, con horror,
encarnizamiento y cobardía. Después de ese horror llegaron unos años en
los que se podía pensar que, tras esa época oscura, podría haber un poco
de luz, pero no. Todavía ahora tenemos que implorar que se recupere la
memoria de miles y miles de personas, y hoy intentamos arrojar un poco de
luz, pero sin duda estaremos muy lejos de rescatar toda la memoria
perdida.

Hoy, como ayer, todos aquellos que no piensan como el grupo
mayoritario de la Cámara, como el Partido Popular, aunque hayan aportado
su grano de arena a la cultura, no tienen espacio para ningún homenaje.
Voy a citar otros ejemplos más allá de Miguel Hernández, que me parecen
muy gráficos. Joan Fuster, el mejor ensayista en catalán del siglo XX,
del que pedimos también en comisión la celebración del año Fuster y el
Partido Popular se negó, con el muy triste argumento de que no se había
pedido ninguna ayuda económica en este sentido. ¿Saben quién sí pidió
ayuda económica y no la recibió? Los organizadores del año a Ramon Llull.
¿Cómo pueden tener diversas varas de medir? ¿Cómo pueden utilizar
distintos argumentos en un lugar o en otro? ¿Será que en realidad les da
igual e intentan pasar de puntillas?

¿Por qué he querido recordar los casos de los años Fuster y Llull?
Para manifestar nuestra indignación ante el hecho de que el Estado
español sigue escogiendo a quién hay que recordar en función de la
ideología. Hace ochenta años se perseguía y se torturaba en función de la
ideología.






En la actualidad, se escoge quién tiene derecho a ser
recordado en función de su ideología, no por méritos propios, no por
relevancia, no por trascendencia histórica. Se escoge por ideología.
Miguel Hernández fue un ejemplo de compromiso, de defensa de los propios
valores hasta las últimas consecuencias. Fue un ejemplo de lucha en lo
que creía, hasta el punto de entregar su vida por no renunciar a sus
ideales. Creo que deberíamos tomar nota precisamente de esto último:
entregó su vida por no renunciar a los ideales y principios.

Esta es una chispa de luz en medio de la oscuridad, de una cueva
muy oscura que se llama franquismo. Sin embargo, tengamos claro que no
vamos a recuperar nada de la historia ni la figura de Miguel Hernández,
ya que, sin ir más lejos, en el año 2011 el Tribunal Supremo negó la
revisión de su sentencia. Del mismo modo que el Estado se niega a
eliminar el proceso sumarísimo a Lluís Companys, el presidente Companys,
y tantos otros represaliados de los Países Catalanes.

Miguel Hernández tenía muy claro quiénes eran los culpables de la
situación desde el año 36 hasta su muerte. Permítanme que les lea algunas
estrofas del poema Jornaleros, que define su pensamiento y lo que hemos
defendido en esta moción. «Jornaleros que habéis cobrado en plomo
sufrimientos, trabajos y dineros. Cuerpos de sometido y alto lomo:
jornaleros. Los verdugos, ejemplo de tiranos, Hitler y Mussolini labran
yugos. Sumid en un retrete de gusanos los verdugos. Ellos, ellos nos
traen una cadena de cárceles, miserias y atropellos. ¿Quién España
destruye y desordena? ¡Ellos! ¡Ellos! Arrojados seréis como basura de
todas partes y de todos lados. No habrá para vosotros sepultura,
arrojados.»

Moltes gràcies. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador
Picornell.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
tiene la palabra la senadora Angustia.

La señora ANGUSTIA GÓMEZ: Gracias, presidente.

«Yo trato que de mí queden una memoria de sol y un sonido de
valiente. Si cada boca de España de su juventud, pusiese estas palabras,
mordiéndolas, en lo mejor de sus dientes: si la juventud de España, de un
impulso solo y verde, alzara su gallardía, sus músculos extendiese contra
los desenfrenados que apropiarse España quieren, sería el mar arrojando a
la arena muda siempre varios caballos de estiércol de sus pueblos
transparentes, con un brazo inacabable de perpetua espuma fuerte.»

Poesía, señorías, poesía para conocernos; poesía para crecer;
poesía para tener memoria; poesía para construir identidad. Cultura para
dar respuestas, para llenarnos de significados, para recoger identidades
individuales en colectivas, para saber que una memoria individual se
convierte en memoria colectiva. Poeta, dramaturgo, humilde, obrero,
militante del Partido Comunista, con ganas siempre de vivir la vida,
analizándola y congelándola para siempre en sus poemas. Así era Miguel
Hernández, la magnitud de su legado solo puede analizarse desde su
compromiso como vanguardia de la clase obrera, compromiso que le hizo
luchar en Andalucía, en Madrid, en Teruel, en Extremadura, por la
libertad. Acabada la guerra, fue encarcelado y podría haber salvado su
vida redimiéndose de sus ideas, pero, consecuente con su defensa de
estas, finalmente murió encarcelado el 28 de marzo de 1942. Permítanme
que lo recuerde también como un camarada modelo.

Miguel Hernández forma parte del patrimonio cultural de la
humanidad. Su poesía se sostiene en el tiempo para denunciar la
injusticia y luchar por la libertad. Nunca entendió su papel de poeta y
de intelectual si no estaba arraigado a un compromiso social. Nunca
desertó de su clase, de su condición de campesino pobre, ni del poder
transformador que tenía la palabra.

Nuestro compromiso será dar apoyo a todos los homenajes a Miguel
Hernández que se puedan hacer este año por parte de la sociedad civil y
las instituciones. Igualmente, esperamos el reconocimiento siempre, no
solo en este día y este año, de su voz honesta, de su voz comprometida y
de su voz valiosa. Que tenga toda la difusión que se merece. Que no nos
quedemos al margen de esos más de 100 actos que en todo el territorio del
poeta del pueblo, a caballo entre las generaciones del 27 y el 36, a
caballo entre Valencia y Andalucía, se han convocado. Agradecemos además
al Grupo Socialista su generosidad para aceptar todas las mejoras
introducidas en la enmienda transaccional acordada. Especialmente,
saludamos aquellas que se refieren al sector de la educación y a la
televisión y radio públicas al servicio de todo el pueblo español.

Señorías, las razones que explican la conexión entre Miguel
Hernández y su público son también las razones por las que su legado debe
ser transmitido: porque siempre, a través de su vida y de su obra,
reivindicó su origen, su vinculación con la tierra y los oficios de esta.
Siempre su esperanza en la juventud y siempre su confianza en la lucha
revolucionaria contra la explotación capitalista y el fascismo.
Defendemos el legado de un poeta al que, tras su muerte, fue imposible
cerrarle los ojos. Reconocemos al poeta porque, en sus propias palabras,
una gota de pura valentía vale mucho más que un océano cobarde.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora
Angustia.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
Zelaya.

El señor ZELAYA CASTRO: Gracias, señor presidente.

Señorías, esta moción no es la misma que la del Congreso de los
Diputados, aunque se refiere al mismo tema: Miguel Hernández. Esta moción
ha sido presentada por un grupo de senadores de la provincia de Jaén,
entre los cuales me cuento y me honro de ello.

Felizmente, la poesía de Miguel Hernández habla por sí sola,
también contra la mezquindad. Señorías, la cultura es ya una inversión,
pero sabemos que moviliza un gran entorno económico y que le hace falta
muchos recursos. Para realizar 100 actividades en un año se ha movilizado
una gran cantidad de dinero, de esfuerzo y mucho trabajo, pero sabemos
que no es suficiente. Debemos crear una marca duradera que mantenga viva
la obra de este poeta universal. Ya se han dado pasos importantes, por
ejemplo, se ha mencionado el legado de Miguel Hernández, más de 5000
objetos y productos de la creación de este poeta. Este legado se
encuentra bajo custodia, fue inventariado en el año 2012 por el Instituto
de Estudios Jienenses y se encuentra precisamente en el Hospital San Juan
de Dios de Jaén. También hay una exposición muy enriquecedora —les
invito a visitarla— en el museo de Miguel Hernández en la localidad
de Quesada, en Jaén; museo que también lleva el nombre de Josefina
Manresa. Además, como se ha mencionado, hay muchas iniciativas de
instituciones públicas como universidades, fundaciones y, por supuesto,
de los herederos.

Son muchas las ciudades y pueblos que han sido tocados por la
huella directa de Miguel Hernández: la Comunidad Valenciana, la Comunidad
de Madrid, Andalucía, Extremadura y Aragón. Incluso su cautiverio también
está documentado, su paso por las cárceles de Rosal de la Frontera, en
Huelva; de Sevilla, de Torrijos, en Madrid, así como de Orihuela,
Palencia, Ocaña y Alicante.

Señorías, actualmente hay un gran entusiasmo por honrar a este
poeta cuyo 75 aniversario se cumple el 28 de marzo. Hay una serie de
iniciativas espontáneas a las que tenemos que dar visibilidad y también
recursos. Vemos con emoción cómo en plazas, en colegios, en institutos,
en ayuntamientos, se presentan iniciativas, incluso para cambiar nombres
a plazas de pueblos para ponerles el nombre de Miguel Hernández; hay
recitales, obras de teatro, y reediciones de libros.

Señorías, me alegro de que el Senado se sume a este 75 aniversario
de la muerte de Miguel Hernández. Esta es una Cámara territorial.
Señorías, los vientos del pueblo me llevan.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador
Zelaya.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora
Torrado.

La señora TORRADO DE CASTRO: Gracias, señor presidente.

No sabía que íbamos a celebrar un certamen de poesía aquí en el
Senado. (Rumores). Parece ser que les ha afectado, y nadie lo ha dicho,
que ayer se conmemorara el Día Internacional de la Poesía. Tal vez ha
sido por eso.

Señorías, el universal poeta Miguel Hernández, conocido como el
poeta del pueblo, destacó por la hondura y autenticidad de sus versos,
reflejo de su compromiso social. Nacido en el seno de una familia humilde
y criado en el ambiente campesino de Orihuela, de niño fue pastor de
cabras y no tuvo acceso más que a estudios muy elementales, por lo que su
formación fue autodidacta. El amor, la muerte, lo cotidiano o los
estigmas del paso del tiempo son claves en su obra, un altavoz de las
reivindicaciones de justicia, igualdad y fraternidad que le hacen
mantener su actualidad y ser objeto de constantes e innumerables
reconocimientos. Por tanto, tenemos que utilizar la trayectoria de Miguel
Hernández y su enorme legado para desarrollar importantes proyectos, no
solo para su ciudad de nacimiento, Orihuela, sino también para otras
localidades en las que dejó huella como, por ejemplo, la provincia de
Jaén, o en ciudades de mi tierra, la Comunitat Valenciana, no País
Valencià, la Comunitat Valenciana (Aplausos). Ciudades tan importantes
como Elche, San Vicente del Raspeig o Quesada, recuerdan a Miguel
Hernández, o la provincia de Jaén, donde nació su esposa, Josefina
Manresa, que cuenta con un importante museo que alberga el legado de este
poeta universal.

Son muchos los proyectos y actuaciones que sobrepasarán con creces
el ámbito de lo cultural, pero es, sin duda, una gran oportunidad,
fundamentalmente para Orihuela y para la provincia de Alicante, para
realizar y potenciar, además, su imagen turística la celebración del año
hernandiano Orihuela 2017, con motivo del 75 aniversario de la muerte de
este poeta universal, que se cumple precisamente el martes que viene y
tendrá una gran repercusión cultural, económica y turística. Un
acontecimiento de excepcional interés.

Tras la constitución de la comisión encargada de organizar y
perfilar los actos y eventos conmemorativos en la que están representadas
instituciones, como puede ser el Ministerio de Cultura, la Generalitat de
la Comunitat Valenciana, la Diputación de Alicante, la Fundación Cultural
Miguel Hernández, los representantes del poeta, así como una amplia
representación del tejido social y cultural de la ciudad, fruto del
trabajo de dicha comisión ya se han elaborado innumerables proyectos,
notables propuestas que también se están desarrollando y que tienen como
propósito rendir un homenaje sincero y comprometido con Miguel
Hernández.

La participación y el apoyo de instituciones tan relevantes como
el Instituto Cervantes, cuyo director abrió en Orihuela el año
hernandiano, así como la colaboración destacadísima del Ministerio de
Cultura, materializan el firme compromiso de la ciudad de Orihuela por
difundir la obra del poeta por España y también por mundo, a fin de dar a
conocer su poesía y dar vida a uno de los autores más queridos en lengua
española. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

De entre la amplia programación que ya se ha puesto en marcha, por
su relevancia me gustaría destacar actividades como, por ejemplo, el
cupón de la ONCE, que se presentó ayer mismo y cuyo sorteo se realizará
el 29 de marzo; el sorteo conmemorativo de un décimo de la Lotería
Nacional para el próximo 4 de noviembre; la organización de una
exposición bibliográfica de este importante autor universal, que reunirá
primeras ediciones y obras de especial relevancia, o la celebración del
Congreso Internacional sobre Miguel Hernández, cuya sede será
Orihuela.

Este es un claro ejemplo de la apuesta y el apoyo decidido de las
administraciones culturales. También, la Diputación de Alicante ha
ofrecido un ciclo de conciertos de las orquestas de la provincia, que
este año incorporarán en su programación obras dedicadas a Miguel
Hernández. Además, los próximos 31 de marzo y 1 y 2 de abril se
celebrarán los Murales de San Isidro, una importante iniciativa que ha
recuperado la ciudad de Orihuela, un auténtico museo al aire libre. En
definitiva, un homenaje de los pueblos de España a Miguel Hernández.

Por todo ello y dada la relevancia y especial interés local,
provincial y nacional que la celebración de este 75 aniversario de la
muerte de este insigne y universal poeta supone para todos nosotros y,
especialmente, para el Grupo Popular, celebramos que hayamos podido
llegar a un acuerdo, que se hayan aceptado nuestras enmiendas, y
esperamos que se pueda aprobar esta iniciativa por unanimidad del
Senado.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Torrado.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

El señor PRESIDENTE: Señorías, se ha presentado otra declaración
institucional, firmada por todos los grupos, que dice lo siguiente:

«Declaración institucional para declarar 2017 como Año de la Salud
Mental. La salud mental es un componente integral y esencial de la salud.
La constitución de la Organización Mundial de la Salud dice que la salud
es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, por lo tanto, la
salud mental es algo más que la ausencia de trastornos o discapacidades
mentales. Es uno de los principales problemas que afectan a nuestro
sistema sanitario, en particular, y al bienestar y a la economía de
nuestro país, en general.

Salud mental es, en términos generales, el estado de equilibrio
entre una persona y su entorno socio-cultural que garantiza su
participación laboral, intelectual y de relaciones para alcanzar un
bienestar y calidad de vida. En este sentido positivo, la salud mental es
el fundamento del bienestar individual y del funcionamiento eficaz de la
comunidad.

Existe una gran proporción de personas que sufren este problema y
las repercusiones en absentismo laboral, incapacidades, gasto
farmacéutico son muy importantes para la sociedad. Las sociedades médicas
especializadas en psiquiatría han detectado el incremento de los
trastornos mentales más comunes, como la ansiedad y la depresión que,
según la Organización Mundial de la Salud, serán, en 2020 la causa
principal de baja en el trabajo.

250 000 personas padecen un trastorno mental grave en España. Sin
embargo, las enfermedades mentales siguen siendo, significativa y
socialmente poco conocidas.

Demasiada gente cree que la enfermedad mental es una debilidad o
una culpa de la persona que la padece y no se reconoce como una
enfermedad más, lo que verdaderamente es. Miles de personas viven con una
enfermedad que altera sus relaciones sociales, su trabajo, su educación,
etcétera. La mayoría de las personas con enfermedad mental pueden llevar
una vida llena y normalizada, siempre y cuando cuenten con un tratamiento
y soporte social adecuado.

Una de cada dos personas precisará a lo largo de su vida
asistencia por algún tipo de enfermedad mental, pero los pacientes y sus
familias siguen sufriendo una estigmatización social que dificulta el
diagnóstico precoz, un tratamiento adecuado y continuado y el disfrute de
políticas sanitarias y sociales, en iguales condiciones que el resto de
ciudadanos. Siguen siendo víctimas directas de la discriminación.

El Senado, al amparo de las competencias que la Constitución le
atribuye, propone que el año 2017 sea declarado Año de la Salud Mental en
España, con el fin de dar visibilidad a este colectivo y mejorar la
imagen de estas personas al igual que lo han conseguido en estas últimas
décadas otros grupos de personas con algún tipo de discapacidad.

Palacio del Senado, 7 de marzo de 2017». (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: En cuanto a la enmienda transaccional a la
moción del Grupo Parlamentario Socialista presentada por todos los
grupos, ¿algún senador desea que se someta a votación o se puede aprobar
por asentimiento? (Asentimiento).

Queda aprobada. (Aplausos).