DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES


COMISIONES MIXTAS

Año 2019 XII LEGISLATURA Núm. 138

PARA LA UNIÓN EUROPEA

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MARÍA SORAYA RODRÍGUEZ RAMOS

Sesión núm. 38

celebrada el jueves,

21 de febrero de 2019

en el Palacio del Congreso de los Diputados

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del comisario europeo, responsable de Acción por el Clima y Energía (Arias Cañete), para informar sobre la estrategia de la Unión Europea para la descarbonización de la economía. Por acuerdo de la Comisión Mixta para la Unión
Europea. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 219/001616 y número de expediente del Senado 713/001154) ... (Página2)

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Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


La señora PRESIDENTA: Buenas tardes a todas y a todos.


Vamos a comenzar la sesión de la Comisión Mixta para la Unión Europea con la comparecencia del comisario europeo responsable de Acción por el Clima y Energía, don Miguel Ángel Arias Cañete, para informar sobre la estrategia de la Unión
Europea para la descarbonización de la economía. Señor comisario, estimado colega, estás en tu casa, nunca mejor dicho, y además en tu Comisión. Muchas gracias por finalizar con tu intervención todas las comparecencias, que han sido múltiples, de
los distintos miembros del Colegio de Comisarios. Es un placer finalizar con tu intervención.


Tienes la palabra.


El señor COMISARIO EUROPEO RESPONSABLE DE ACCIÓN POR EL CLIMA Y ENERGÍA (Arias Cañete): Muchas gracias señora presidenta.


Señorías para mí es una satisfacción volver a comparecer en esta comisión en la que tan buenos ratos pasé en otras legislaturas. Debo recordar que hace un año comparecí en la Comisión para el Estudio del Cambio Climático de este Congreso de
los Diputados y afirmaba que la Unión Europea estaba determinada a poner en marcha el Acuerdo de París lo antes posible y a acelerar la transición hacia un modelo económico sostenible y bajo en emisiones, y tuve la ocasión de detallar todas las
acciones que la Comisión Europea había puesto o estaba poniendo en marcha para ello.


Hoy, en esta comparecencia, quisiera analizar cinco temas. En primer lugar, la situación en que se encuentra la Unión Europea respecto del cumplimiento de los objetivos 20-20-20 asumidos en virtud de lo acordado en el Consejo Europeo de
marzo de 2007. En segundo lugar, la situación actual del paquete normativo puesto en marcha por la Comisión Europea para cumplir en el horizonte 2030 los nuevos objetivos asumidos bajo el Acuerdo de París. En tercer lugar, me referiré al informe
del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y la estrategia para descarbonizar la Unión Europea a largo plazo. Me referiré, a continuación, a la COP 24 celebrada en Katowice y al proceso de preparación de la COP 25.
Culminaré con los planes nacionales integrados Energía y Clima. Creo que ello permitirá a sus señorías tener una visión clara de dónde se encuentran en la actualidad las políticas climáticas y energéticas de la Unión Europea que pueden ser de
utilidad para enriquecer el debate nacional sobre estas cuestiones, especialmente de cara a los periodos electorales que España deberá afrontar en los próximos meses.


Comenzaré por la situación en que se encuentra hoy la Unión Europea respecto del cumplimiento de los objetivos asumidos en virtud de lo acordado por el Consejo Europeo de los días 8 y 9 de marzo de 2007. En ese Consejo se consideró que los
desafíos en relación con el cambio climático debían abordarse urgentemente y con eficacia. Para ello, se fijaron unos objetivos precisos para la Unión Europea, los llamados 20-20-20, que son: lograr al menos una reducción del 20 % de las emisiones
de gases de efecto invernadero desde 2007 a 2020 en comparación con 1990; incrementar la eficiencia energética para lograr el objetivo de ahorrar un 20 % del consumo de energía en comparación con los valores proyectados para 2020; y un objetivo
vinculante del 20 % de energías renovables en el consumo total de energía en 2020.


La Unión Europea incorporó ya en el año 2009 estos objetivos en legislación comunitaria y puso a punto diversos instrumentos, entre ellos, el régimen de comercio de derechos de emisión, conocido como ETS por sus siglas en inglés, que es el
principal instrumento para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del sector de la aviación y de las grandes instalaciones de los sectores eléctrico e industrial, y abarca, aproximadamente, el 45 % de las emisiones de gases
de efecto invernadero de la Unión Europea. El objetivo para 2020 era entonces que las emisiones de esos sectores fueran un 21 % más bajas que las registradas en 2005. Se establecían objetivos nacionales de reducción de emisiones en sectores no
incluidos en el régimen de comercio de derechos de emisión, que son un 55 % del total de emisiones de la Unión Europea, y en los sectores de la vivienda, agricultura, residuos y el transporte, excluida la aviación. Todos los países tenían objetivos
nacionales vinculantes que iban desde reducciones del 20 % en los países más ricos, hasta un incremento máximo de emisiones del 20 % en los menos ricos. También los países europeos asumieron objetivos nacionales vinculantes para incrementar de aquí
a 2020 el porcentaje de energías renovables que consumen, según lo dispuesto en la Directiva sobre las fuentes de energía renovables. Esos objetivos varían según las situaciones de cada país y van desde el 10 % en Malta hasta un 40 % en Suecia.
Con estas medidas, el conjunto de la Unión Europea debería poder conseguir un objetivo del 20 % de energías renovables en 2020, es decir, más del doble del 9,8 % que

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existía en 2010, así como una cuota del 10 % de energías renovables en el sector del transporte. En eficiencia energética, había también un objetivo de ahorrar un 20 % del consumo de energía de la Unión Europea.


Es interesante ver dónde está en estos momentos la Unión Europea para conseguir los objetivos para el año 2020. En relación con las emisiones, entre 1990 y 2017 las emisiones de gases de efecto invernadero se redujeron un 22 %, mientras que
el producto interior bruto de la Unión Europea creció un 57,5 %; es decir, ha habido un crecimiento económico y se han reducido las emisiones, lo cual demuestra que se pueden tener ambiciosas políticas de sostenibilidad y de protección ambiental
manteniendo el crecimiento económico.


En materia de renovables, a nivel europeo en 2016 ya estábamos en un 17 %, a 3 puntos del objetivo. Las estimaciones más recientes de las que dispongo, publicadas por Eurostat el pasado 12 de febrero, apuntan a que en 2017 el porcentaje de
renovables alcanzará un 17,5 %; es decir, de un año a otro se incrementa un 0,45 % más que en 2016. En España en 2016 las renovables alcanzaron un porcentaje del 17,4 %, que estaba por encima de la trayectoria indicativa establecida para 2017 y
2018, que era del 16 %, y las estimaciones para 2017 son de un 17,5 %, que todavía está por encima de la trayectoria indicativa prevista. La reciente desaceleración del incremento de participación de las renovables en el consumo de energía se debe
en parte al aumento del consumo final de energía que se viene registrando desde el año 2015 al recuperarse crecimiento económico y generación de empleo en la Unión Europea.


Si vemos el panorama a nivel europeo, en 2017 once Estados miembros ya habían alcanzado los objetivos para 2020; nueve, entre ellos España, están dentro de las trayectorias establecidas en la directiva para los años 2017 y 2018 como
necesarias para alcanzar los objetivos, y hay ocho que tienen que incrementar sus esfuerzos porque están muy por debajo de la trayectoria, y no son países menores, son: Holanda, que está a 7,4 puntos de la trayectoria, Francia, nuestro vecino, que
está a 6,7, Irlanda a 5,3, Reino Unido a 4,8, Luxemburgo a 4,6, Polonia a 4,1 y Bélgica a 3,9. Lo que esto demuestra es que incluso un objetivo del 20 % es complicado de alcanzar para ciertos países comunitarios, algunos con economías muy potentes.


En materia de eficiencia energética, según las estimaciones de las que dispongo, la Unión Europea no está siguiendo una senda que le permita alcanzar sus objetivos de eficiencia energética en 2020. En 2017 nuestras estimaciones apuntaban a
un consumo final de energía de 1119 millones de toneladas equivalentes de petróleo frente a un objetivo para 2020 de 1086, y los datos de consumo primario de energía no son mejores. Es evidente que de los tres objetivos 20-20-20 hay dos que la
Unión Europea está en condiciones de alcanzar, reducción de emisiones y renovables, pero hay uno, que es eficiencia energética, donde hay que incrementar los esfuerzos a todos los niveles en todos los países. Esta es, por tanto, la situación en la
que se encuentra la Unión Europea respecto del cumplimiento de los objetivos 20-20 asumidos en el marco del Protocolo de Kioto. Es evidente que el Protocolo de Kioto cubre una época, pero las decisiones del Consejo Europeo de octubre de 2014 y la
conclusión del Acuerdo de París en 2015 implicaban la necesidad de actualizar toda la política climática y energética de la Unión Europea. Como comisario europeo responsable de esta cartera, esta ha sido mi labor principal durante el mandato de la
Comisión Europea del Presidente Juncker.


En lo que se refiere a la política de cambio climático, hemos adaptado los reglamentos del mercado de derechos de emisiones, los de esfuerzo compartido y el de cambio de uso de la tierra y la silvicultura. La reforma del Reglamento del
mercado de derechos de emisiones entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2021 y con él, una nueva fase, la denominada cuarta fase, en la que el factor anual de reducción de emisiones se incrementará desde el 1,74 % actual hasta el 2,2 % para que
los sectores que cubre este reglamento alcancen una reducción del 43 % en 2030 comparado con los niveles de 2005. Es curioso, hemos reformado el reglamento, pero incluso antes de la entrada formal en vigor de la nueva normativa esta ha comenzado a
tener efectos positivos en los mercados. Como botón de muestra, la tonelada de CO2 cotizaba el año pasado, en febrero de 2018, a 9,48 euros y en febrero de este año cotiza a 23,31 euros. Es decir, el sistema empieza a dar señales a los
industriales, a los fabricantes, a los agentes económicos de que hay que invertir en procesos que tengan reducción de emisiones, porque si no el coste de las toneladas de carbón es suficientemente poderoso como para incentivar esta transformación en
el sector energético.


También la nueva normativa reguladora de los sectores llamados difusos, agricultura, transporte, edificios y residuos, ha sido adoptada por la Unión Europea, y los veintiocho Estados tienen objetivos nacionales vinculantes, pero no está
desagregado por sectores para que los Estados tengan mayor

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flexibilidad; es decir, los Estados pueden decidir si hacen más esfuerzos en el transporte, en la agricultura, en los residuos o en los edificios, pueden elegir el nivel de intensidad, pero siempre consiguiendo el objetivo global de
reducciones. Cada país tiene un objetivo en función, básicamente, de su producto interior bruto, y así Alemania, por ejemplo, tiene que reducir un 38 %, España un 26 % y Bulgaria un 0 %, de acuerdo con la capacidad de cada país. Finalmente, el
reglamento sobre cambio del uso de la tierra y silvicultura contribuirá a que se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión durante el período 2021-2030 mediante una mejora de la protección y gestión de la tierra y los bosques
en toda la Unión.


Por lo que se refiere a las políticas de movilidad sostenible, que son enormemente importantes, y para facilitar la reducción de emisiones en el sector del transporte, responsable de una cuarta parte de las emisiones de gases de efecto
invernadero en la Unión Europea, el 8 noviembre de 2017 lancé una propuesta de reglamento estableciendo las normas de comportamiento en materia de emisiones de turismos nuevos y vehículos comerciales ligeros. Los colegisladores, el Parlamento
Europeo y el Consejo de Ministros, el pasado 17 de diciembre de 2018 alcanzaron un acuerdo sobre esta propuesta. A partir de ahí, los turismos nuevos tienen que reducir sus emisiones de CO2 un 15 % en el año 2025 y un 37,50 % en el año 2030
respecto de los niveles del año 2021, y los vehículos comerciales ligeros un 15 % en 2025 y un 31 % en 2030. Además, se establecía un sistema para incentivar el despliegue de vehículos de cero y bajas emisiones, de modo que los niveles de reducción
de emisiones de CO2 se reducían hasta un máximo del 5 % si el porcentaje de vehículos de cero y bajas emisiones en el total de la flota de cada fabricante sobrepasara un umbral del 15 % para turismos y vehículos comerciales ligeros en 2025 o un 35 %
en 2030 para turismos y 30 % para vehículos comerciales ligeros. Estos objetivos de reducción de CO2 van a llevar a una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el transporte del 23 % en 2030, en comparación con 2005, y pueden
conducir a que en 2030 haya más de 35 millones de vehículos de cero o bajas emisiones en circulación en la Unión Europea


Para España, las proyecciones de la Comisión apuntan a que con estos nuevos objetivos de reducción de emisiones en 2030 estén en circulación alrededor de 373000 vehículos eléctricos a baterías y 2746000 vehículos híbridos enchufables. Esto
tiene una consecuencia en las infraestructuras, porque va a exigir la instalación masiva de puntos públicos de recarga, ya que en 2017 en España teníamos 4600 puntos de recarga, en 2025 serían necesarios 80000 y en 2030 cerca de 312000. Por tanto,
las administraciones públicas tienen que velar por facilitar estas infraestructuras para hacer posible un despliegue de vehículos de ceros y bajas emisiones de la envergadura necesaria para cumplir nuestros objetivos de reducción de emisiones.


Además, y por primera vez en la Unión Europea, el pasado 17 de mayo de 2018 propuse un reglamento estableciendo normas de comportamiento en materia de emisiones de vehículos pesados nuevos. Esta propuesta de la Comisión se basaba en unos
criterios de reducción de emisiones del 15 % en 2025, vinculantes, y un 30 % indicativo a partir de 2030, y había incentivos para estimular el desarrollo de vehículos pesados de baja emisión y de emisión cero.


El Consejo de Ministros asumió los objetivos propuestos por la Comisión, pero estableció el objetivo del 30 % con carácter vinculante, y el Parlamento Europeo, con más ambición, establecía un objetivo de reducción de emisiones del 20 % en
2025 y del 35 % en 2030, y además, un sistema de bonus-malus estableciendo unos umbrales mínimos para el despliegue de vehículos de cero y bajas emisiones con un límite máximo de reducción de emisiones del 3 % sobre el objetivo, y del 20 % en 2030.
El lunes y la madrugada del martes se hizo el último trílogo en Bruselas y los colegisladores acordaron unos objetivos de reducción del 15 % para 2025 y del 30 % para 2030, y se establece un sistema de bonus con umbrales mínimos de despliegue de
vehículos de cero y bajas emisiones. En los próximos días se formalizará este acuerdo y por primera vez la Unión Europea tendrá normas de reducción de emisiones para los vehículos pesados.


En lo que se refiere a la política energética, la Comisión Europea adoptó en noviembre de 2016 un paquete legislativo denominado Energía limpia para todos los europeos -probablemente es el paquete más importante adoptado nunca en esta
materia-, que establece las bases para la creación de la Unión de la Energía, y facilita la necesaria e imparable transición energética. Las ocho propuestas legislativas incluidas en el paquete abarcan desde la eficiencia energética, energías
renovables y el diseño del mercado de la electricidad, hasta la seguridad del suministro de electricidad, el regulador europeo y las normas de gobernanza de la Unión Europea. Con este paquete establecemos un marco regulador estable en Europa para
la inversión en energías limpias, favorecemos una mayor penetración de renovables en el

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mercado, fomentamos las inversiones en eficiencia energética y situamos a los consumidores europeos como elementos centrales del sistema energético.


Cuando comparecí el pasado 5 de febrero ante la Comisión para el Estudio del Cambio Climático, solamente se había logrado el acuerdo del Consejo y del Parlamento Europeo respecto de la Directiva de Eficiencia Energética de Edificios. A lo
largo del año 2018, se han concluido los acuerdos sobre las restantes propuestas y finalizando el mes de diciembre pasado las propuestas relativas al diseño del mercado de la electricidad.


Son muchos los elementos del paquete que van a ser cruciales para posibilitar el proceso de transición energética, pero yo quisiera destacar el impacto que sobre la reducción de las emisiones tienen algunas de las propuestas. La negociación
con los colegisladores en el proceso legislativo ordinario de la Unión Europea ha supuesto un incremento de los objetivos propuestos por la Comisión. En renovables se ha aprobado un porcentaje del 32 % en eficiencia energética, del 32,5 % para
2030. Y en ambos casos se prevé en 2023 una revisión de las directivas que podrían suponer incrementos al alza de dichos porcentajes. Quisiera destacar hoy aquí el importante papel que ha jugado en estas negociaciones el ponente del Parlamento
Europeo para las energías renovables, Don José Blanco, que ha sido determinante para lograr un acuerdo que va mucho más allá de lo establecido en 2014 por el Consejo Europeo.


De acuerdo con las estimaciones realizadas por la Comisión Europea en base a los programas de modelización que utilizamos en el proceso de preparación de las propuestas legislativas, podemos estimar que, conforme a los nuevos objetivos que
se acuerdan en estos dos ámbitos, la Unión Europea estaría en condiciones de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 45 % en el año 2030, por encima del objetivo acordado del 40 % que depositamos en Naciones Unidas. Por tanto,
nuestro nivel actual de reducción de emisiones con las políticas de las que ya disponemos, estaría situado en un 45 % para el año 2030.


Si esta legislación que hemos puesto en marcha la continuáramos aplicando hasta el año 2050, inmodificada, podríamos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 60 %, a todas luces claramente insuficiente para cumplir los
objetivos de París. Por eso, culminado este paquete legislativo hasta 2030, la Unión Europea tiene que plantearse con el tiempo necesario metas climáticas más ambiciosas.


En este contexto, quiero destacar que en octubre del pasado año, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, publicó su informe especial sobre el calentamiento global de 1,5 ?ºC, aceptando las invitaciones contenidas
en decisiones de la COP 21 de París, que invitaban a este grupo a presentar en 2018 un informe especial sobre los efectos que produciría un calentamiento global de 1,5 ºC con respecto a los niveles preindustriales y cuáles serían las trayectorias
correspondientes que deberían seguir las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Este informe pone de manifiesto que el calentamiento global derivado de emisiones antropogénicas, debidas a la acción humana, ya supera 1?ºC sobre los
niveles preindustriales, y que con los actuales esfuerzos globales de mitigación de emisiones la temperatura global crecerá a razón de 0,2?ºC por década, lo que nos llevaría a alcanzar un nivel de calentamiento de 1,5?ºC entre 2030 y 2050 y
alcanzaríamos los 2?ºC en 2070, lo cual implica que si no se actúan se incumplirían radicalmente los Acuerdos de París, y evidencia que globalmente hay que redoblar los esfuerzos de descarbonización y poner en marcha políticas más ambiciosas de
reducción de emisiones.


En todos los escenarios de este informe las energías renovables en 2050 tendrían que suministrar entre el 70 y el 85 % de la producción global de electricidad. Lo que nos dice el informe es que para que se cumpla el objetivo de limitar el
calentamiento global alrededor de 2050 habría que conseguir la neutralidad de emisiones de CO2 a nivel global y la neutralidad climática o el balance neto de cero gases de efecto invernadero en el periodo 2060-2080. Es decir, a nivel global, en
2050 balance neto cero de CO2, entre 2060 y 2080 balance neto de gases de efecto invernadero, a nivel global.


Pero basándonos, entre otros elementos, en el citado informe y siendo muy consecuentes con sus conclusiones, el pasado 28 de noviembre la Comisión Europea presentó su estrategia denominada Un planeta limpio para todos. La visión estratégica
europea a largo plazo para una economía próspera, moderna, competitiva y climáticamente neutra. Respondíamos a invitaciones hechas tanto por el Consejo, el Parlamento Europeo, como a lo establecido en el Reglamento de Gobernanza de la Unión de la
Energía que decía que la estrategia tenía que contener análisis de varios escenarios, incluido un escenario para conseguir un balance neto de cero emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión Europea hacia el año 2050 y de emisiones
negativas a partir de dicha fecha.

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La estrategia que he presentado desarrolla ocho escenarios que consiguen diferentes niveles de reducción de emisiones y que cubren el abanico potencial de reducciones necesarias en la Unión Europea para contribuir a los objetivos de
temperatura de entre muy por debajo de 2?º y de continuar los esfuerzos para conseguir un incremento máximo de temperatura de 1,5? º Esto se traduce en una reducción de las emisiones en la Unión Europea en 2050, comparadas con 1990, entre un 80 %
y un 100 %. El punto de partida de la estrategia es una base común de referencia que refleja los objetivos y políticas climáticas para 2030 acordados recientemente, así como el Reglamento sobre la Gobernanza de la Unión de la Energía y Acción por
el Clima. Se incluyen, por tanto, el régimen de comercio de derechos de emisión reformado, los objetivos nacionales de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores difusos, la legislación para mantener el sumidero
terrestre y forestal de la Unión Europea, los objetivos acordados para 2030 en materia de eficiencia energética y energía renovable, y toda la legislación que hemos propuesto para mejorar la eficiencia de coches y camiones en cuanto a CO2. La
estrategia avanza que con estas políticas y estos objetivos la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero estará en torno a un 45 % de aquí a 2030 y a un 60 % a 2050.


Para cubrir la diferencia hasta los niveles de descarbonización total, la estrategia evalúa ocho escenarios adicionales. Todos se basan en políticas positivas, como la amplia utilización de energías renovables y la eficiencia energética.
Cinco de ellos examinan diferentes tecnologías y acciones que promueven la transición hacia una economía con cero emisiones netas de gases de efecto invernadero. En los escenarios, lo que varía es la intensidad con que se aplica la electrificación,
el hidrógeno y los electro-combustibles, es decir, la reconversión de la electricidad en otro producto, así como la eficiencia energética de los usuarios finales y el papel de la economía circular. Combinan estos elementos con distintos grados de
intensidad. En todas estas vías, lo que aumenta claramente es el consumo de electricidad. Las vías que utilizan mayores cantidades de electricidad son aquellas en las que se da una expansión de los electro-combustibles, lo que se traduce en una
producción de electricidad que será un 50 % mayor en 2050 que en la actualidad. En cambio, las vías que se centran en el lado de la demanda, como es la eficiencia energética elevada de los usuarios finales y la economía circular, son las que
requieren el menor incremento en generación de electricidad, en torno a un 35 % más en 2050 que en la actualidad. Es decir, todos los escenarios llevan a incremento en la generación de electricidad; el escenario menos ambicioso un 35 % y los más
ambiciosos un 50 %. La transición hacia esa energía limpia dará lugar a un sistema energético en el que el suministro primario de energía provendría en gran medida de fuentes de energía renovable. El despliegue a gran escala de las energías
renovables conducirá a una electrificación de nuestra economía. Para 2050 la proporción de la electricidad en la demanda final de energía por lo menos se habrá duplicado hasta llegar al 53 %, pero lo que es más importante es que para 2050 más del
80 % de la electricidad a nivel de la Unión Europea provendrá de fuentes renovables; junto con una proporción del 15 % de energía nuclear, esta será la piedra angular de un sistema energético europeo sin carbono.


Con estas cinco hipótesis se conseguiría reducir algo más del 80 % de las emisiones de gases de efecto invernadero, excluidos el uso de la tierra y la silvicultura de aquí a 2050, en comparación con 1990. Si se incluye el sumidero del uso
de la tierra y la silvicultura, que absorbe más CO2 que emite -anualmente en la Unión Europea 300 millones de toneladas de CO2-, con estos escenarios se podrían reducir hasta un 85 % las emisiones netas de gases de efecto invernadero.


Hay un sexto escenario que combina las cinco opciones anteriores, pero a niveles inferiores, y con esta combinación se lograrían reducciones netas del 90 %. El séptimo escenario promueve todos los sectores energéticos sin carbono y la
eficiencia energética, y se basa en una tecnología de emisiones negativas en forma de bioenergía combinada con captura y almacenamiento de carbono para compensar las emisiones restantes. Es decir, a diferencia de los escenarios que teníamos en los
mapas de 2011, en los que la captura y secuestro de carbono era un elemento crucial de la descarbonizacion; con estas estrategias la electrificación se convierte en un eje fundamental, y la captura y secuestro de carbono queda para algunos procesos
industriales muy intensivos en energía que no son tan fáciles de descarbonizar, incluso con la utilización de hidrógeno.


Y el último escenario se basa en la misma hipótesis que el escenario séptimo, pero evalúa el impacto de una economía más altamente circular y, también, el papel potencialmente beneficioso de un cambio en las opciones escogidas por los
consumidores hacia alternativas menos intensas en carbono, y examina la manera de reforzar el sumidero del uso de la tierra para ver en qué medida se reduce la necesidad de tecnologías de emisiones negativas. Los escenarios séptimo y octavo
permiten frenar el calentamiento

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global al nivel de 1,51º y alcanzar la neutralidad climática, es decir, el balance neto de cero gases de efecto invernadero en el horizonte 2050.


El objetivo de la estrategia que presenta la Comisión es confirmar el compromiso de Europa de liderar la acción por el clima a escala mundial, y presentar una visión que pueda llevarnos a conseguir de aquí a 2050 las cero emisiones netas de
gases de efecto invernadero, pero a través de una transición socialmente justa y realizada de forma rentable. Y ello porque los retos de esta transición pueden dar lugar a un aumento de las disparidades sociales y regionales en la Unión Europea.
Por lo tanto, todo el proceso de profunda modernización de la economía europea tiene que estar bien gestionado, garantizando una transición justa y socialmente aceptable para todos con un espíritu de inclusividad y solidaridad. Las consecuencias de
esta transición no se pueden abordar post factum, porque sabemos lo que va ocurrir en los sectores en que va a ser más intensa la transición energética. Tanto la Unión Europea como los Estados miembros tienen que tener en cuenta las implicaciones
sociales desde el principio y desplegar al máximo todas las políticas pertinentes para mitigar este problema.


La estrategia no pretende iniciar nuevas políticas, ni la Comisión Europea tiene intención de revisar los objetivos para 2030 más allá de las cláusulas de revisión que están previstas en la legislación ya aprobada. La finalidad de la
estrategia es indicar en qué dirección debe ir la política de la Unión Europea en materia de clima y energía, y servir de marco a lo que la unión considera su contribución a largo plazo para lograr los objetivos de temperatura del Acuerdo de París.
La estrategia abre un exhaustivo debate para que los responsables de la toma de decisiones, Gobiernos, Parlamentos nacionales y los ciudadanos europeos, discutan la manera en que la Unión Europea debe prepararse para 2050, así como para la
presentación de la estrategia europea a largo plazo ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático a más tardar en 2020. Para dar respuesta al reciente informe del IPCC y contribuir a estabilizar el clima en este siglo
hacia 2050, la Unión Europea debería ser la primera de las grandes economías en conseguir cero emisiones netas de gases de efecto invernadero, y tendría que demostrar que unas emisiones netas cero pueden ir de la mano de prosperidad y desarrollo
económico. Es verdad que la estrategia tiene ocho escenarios, pero la Comisión Europea defiende los escenarios más ambiciosos. Ahora se abre un debate y en los consejos sectoriales y en el Consejo Europeo habrá que decidir cuál es el nivel de
ambición de la Unión Europea. Yo desearía que en las elecciones nacionales, en las elecciones europeas, estos temas de ambición climática, de transición energética, fueran uno de los ejes de debate fundamentales porque van a condicionar los modelos
económicos del futuro.


Pero no es suficiente que la Unión Europea asuma sus responsabilidades y lidere la lucha contra el cambio climático, porque somos responsables de apenas menos del 10 % de las emisiones globales. Por lo tanto, frenar el calentamiento global
requiere que todos los países, desde el más pequeño, desde los remotos Estados insulares del Pacífico hasta las economías más desarrolladas, realicen sus esfuerzos y eleven progresivamente el nivel de ambición de sus compromisos de mitigación. Por
eso en el año 2015, acordamos en París que en 2018 tendríamos que haber completado todas las reglas y orientaciones necesarias para poner en marcha el Acuerdo de París, y por ello, la Unión Europea acudió a la XXIV Conferencia de las Partes en
Katowice con un objetivo muy claro, el adoptar el llamado Paris rulebook, el código de reglas de aplicación, pero queríamos normas claras, transparentes y ambiciosas que permitieran a las partes hacer operativo el Acuerdo de París. En Katowice no
negociábamos un nuevo tratado internacional, sino el manual para implementar los objetivos de París a nivel global. No fue una tarea fácil y hubo que superar muchas dificultades para conseguir acuerdos sólidos y equilibrados. Pudieron cerrarse la
práctica totalidad de los capítulos centrales de la negociación y se adoptaron normas y directrices comunes en todas las áreas claves, como mitigación, adaptación, financiación y transferencia de tecnología. Se logró acordar un sistema universal
único de transparencia y rendición de cuentas con las necesarias flexibilidades para los países que tuvieran menor capacidad, y con los compromisos de apoyar a tales países para alcanzar los niveles de capacidad necesarios para participar en este
proceso al máximo nivel.


Sí hubo un tema que bloqueó la negociación, que retrasó el acuerdo final y requirió largas negociaciones; se trataba del artículo 6.º del Acuerdo de París que establecía un mecanismo de mercado de emisiones, y cuyas reglas de
funcionamiento, transparencia, contabilidad, sostenibilidad e integridad ambiental tenían que haber sido acordadas. Pero la dura posición de Brasil hizo que no se pudiera avanzar en esta cuestión que tendrá que ser resuelta en la COP 25, que se
celebrará en Chile. Es decir, se avanzó en todos los ámbitos, salvo en el artículo 6.º que quedó aplazado para Chile. Por eso he tomado la decisión de organizar una gran conferencia internacional sobre los mercados de emisiones y el

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desarrollo del artículo 6.º del Tratado de París, para poder analizar con el máximo rigor técnico, científico y ambiental cómo han funcionado los mecanismos de desarrollo limpio y otras figuras durante la vigencia del Protocolo de Kyoto;
qué enseñanzas podemos sacar para garantizar que los futuros mecanismos respeten los criterios de integridad medioambiental, y para que haya transparencia en su contabilización.


Creo oportuno recordar aquí y ahora que el objetivo de la Unión Europea de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 40 % respecto al año 1990, se tiene que lograr con acciones puramente domésticas y sin recurrir a
la utilización de mecanismos de flexibilidad como los que establece el artículo 6.º del Acuerdo de París, pero en el futuro, y para que otros países los puedan utilizar, hacen falta unos mecanismos que tengan rigor y haya sostenibilidad
medioambiental en su utilización. La situación ahora es muy distinta respecto a lo que sucedió durante el primer periodo del Protocolo de Kyoto, en el que muchos países no podían alcanzar los objetivos de Kyoto con acciones puramente domésticas, y
muchos de ellos, entre los que estaba España, tuvieron que adquirir cantidades importantes de unidades de los mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kyoto que, según la Agencia Europea de Medio Ambiente, suponían entre un 13 y un 20 % de sus
emisiones en el año base frente a una media europea del 1,9 %. Ahora la Unión Europea tiene que afrontar la reducción de emisiones con acciones puramente domésticas, lo cual quiere decir que es más duro porque hay que poner en marcha políticas
efectivas sobre el territorio que contribuyan a reducir las emisiones.


En el año 2019 tendremos muchas oportunidades para avanzar a nivel ministerial en la gestación de consensos políticos que faciliten los acuerdos en la COP 25. En mayo se celebrará en Berlín el llamado Petersberg Dialogue; en junio en China
la llamada Reunión Ministerial de Acción Climática, MOCA, que organizamos conjuntamente Canadá, China y la Unión Europea; igualmente la Precop que se celebrará en Costa Rica en octubre de 2019, que junto a las reuniones del G7 en Francia en agosto
y del G20 en Japón en junio, además de la Cumbre del Clima en septiembre en Nueva York, serán todos hitos que van a permitir preparar la COP 25 y cerrar definitivamente los últimos flecos del Acuerdo de París.


Para hacer efectiva la transición energética -voy terminando, señoría- y permitir a la Unión Europea cumplir sus compromisos y objetivos, nos hemos dotado de un potente Reglamento sobre Gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por
el Clima. Cuando había objetivos vinculantes a nivel nacional, no era necesario un reglamento de gobernanza porque si el país no cumplía sus objetivos, la Comisión Europea iniciaba un proceso de infracción y, en último término, el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea decidía y los países ejecutaban las sentencias del tribunal. Como ahora tenemos objetivos que son europeos únicamente o vinculantes a nivel europeo, pues tenemos que tener en marcha un sistema de gobernanza para
garantizar que el esfuerzo agregado de todos los Estados miembros conduce a alcanzar el objetivo europeo.


Esta gobernanza se basa en los planes nacionales integrados de energía y clima que deberán elaborar los Estados miembros, y que tendrían que haber comunicado a la Comisión a más tardar el 31 de diciembre de 2019. El proceso para su
elaboración comenzaba, como he dicho, con la obligación de cada Estado miembro de comunicar a la Comisión Europea antes del 31 de diciembre de 2018 el proyecto de Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Es la primera vez que hacemos este
ejercicio que tiene cierta complejidad y, a fecha de hoy, de los Veintiocho Estados miembros veintisiete han presentado sus proyectos de planes nacionales, todavía España no ha presentado el suyo. Ya hemos empezado a evaluar los proyectos de planes
nacionales integrados de energía y clima, y estaremos en condiciones de dictar recomendaciones a los Estados miembros antes del 30 de junio de 2019. A partir de esas recomendaciones que tiene que hacer la Comisión analizando, por una parte, si hay
la ambición necesaria y, por otra, si existen medidas suficientes para los porcentajes de ambición que se establecen, cada Estado miembro tiene que tenerlas en cuenta, y si no tiene en cuenta estas recomendaciones o una parte sustancial de las
mismas, debe explicar sus razones y hacer públicos los motivos de no incorporar las reflexiones de la Comisión. Por lo tanto, es un proceso interactivo de diálogo entre Gobiernos y Comisión para que los planes tengan el máximo rigor, la máxima
ambición y el máximo realismo. Junto a estos planes decenales, los Estados miembros a más tardar el 1 de enero de 2020 y, posteriormente, a más tardar el 1 de enero de 2029 y luego cada diez años, tienen que comunicar a la Comisión Europea sus
estrategias a largo plazo con una perspectiva de al menos treinta años, que también serán evaluadas por la Comisión Europea.


Para concluir esta comparecencia quisiera destacar que la Unión Europea no solo ha asumido los objetivos más ambiciosos de reducción de emisiones presentados en el marco del Acuerdo de París -la contribución nacional determinada de la Unión
Europea es la más ambiciosa de todas las que se han

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presentado-, sino que, a diferencia de otros países, nos hemos dotado de un arsenal legislativo muy potente para la consecución de los objetivos 2030. Este factor es importante porque este año, por ejemplo, se celebran en la Unión Europea
diez elecciones generales y van a cambiar los Gobiernos en todos los países, pues aunque se produzca el cambio de todos los Gobiernos, la política sigue siendo la misma. A diferencia de los Estados Unidos donde si cambia el presidente, cambia la
política energética, cambia la política climática; nuestras políticas son permanentes, constantes, sostenibles y ambiciosas. Y luego nos hemos dotado de esta gobernanza europea que es muy sólida y sofisticada, que nos va a permitir garantizar el
cumplimiento de nuestros objetivos actuales y su progresivo incremento hasta llegar a los escenarios más ambiciosos que la Estrategia 2050 ofrece, como es que la Unión Europea sea la primera gran economía mundial que en 2050 alcance un balance neto
de cero gases de efecto invernadero, es decir, la neutralidad climática.


Muchas gracias, señora presidenta, y quedo a disposición de sus señorías.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


A continuación, corresponde el turno de intervenciones de los distintos portavoces. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca, pero antes de nada, le voy a pedir que transmita las
disculpas de esta Presidencia a su compañera de grupo por la intervención del otro día. Efectivamente, había un problema enorme de tiempo, sé que ella se sintió molesta y le pido que, en nombre de esta Presidencia, le transmita mis disculpas por si
la pude molestar. Tiene usted ahora la palabra por tiempo de cinco minutos, como hemos acordado para otras comparecencias de comisarios.


El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Así lo haré, señora presidenta.


Muchas gracias y buenas tardes a todos, particularmente a nuestro compareciente, el señor comisario europeo Responsable de Acción por el Clima y Energía. Le agradezco su cuarta comparecencia en el Congreso de los Diputados en esta XII
Legislatura, que acredita el compromiso de proximidad de la Comisión Europea con el Parlamento español y particularmente su compromiso.


Señor comisario europeo, el presidente del Gobierno de España, don Pedro Sánchez, anunció el pasado viernes la disolución de las Cortes Generales el próximo 5 de marzo, es decir, en menos de dos semanas. Pues bien, en este proceso que se
prolongará hasta el día 29 de abril, fecha en la que entrará en funciones tras las elecciones, el Gobierno pretende adoptar decisiones muy relevantes que por su trascendencia deberían corresponder al próximo Gobierno que salga de las urnas. Una de
esas decisiones afecta a las materias de las que usted es responsable europeo, ya que el mismo día que se anunció la disolución del Parlamento nacional hemos conocido simultáneamente la pretensión del Ministerio para la Transición Ecológica de
presentar mañana viernes, día 22 de febrero, para su aprobación en el Consejo de Ministros el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, y su posterior remisión a la Comisión Europea. Ayer el propio presidente del Gobierno
lo anunció con gran despliegue y boato mediático cual publirreportaje electoral.


¿Qué significa esto? Pues que un Gobierno interino -lo subrayo, un Gobierno interino- toma una decisión de excepcional repercusión singularmente para Asturias, como es un plan integrado que pretende abordar un proceso raudo y precipitado de
descarbonización exprés que de forma improvisada, sin diálogo, sin negociación y sin estudio previo viene anunciando el ministerio desde hace ocho meses. Mírese por donde se mire estamos ante una irresponsabilidad administrativa y una burla
democrática, ya que este plan se presenta deslegitimado por no responder ante el Parlamento nacional de unas decisiones que tendrán efectos irrevocables para nuestro futuro, eludiendo el control constitucional del Poder Legislativo sobre el Poder
Ejecutivo.


Este anteproyecto del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 es el remate de la política energética que comenzó a finales del mes de mayo, recién elegido el Gobierno. Nos enteramos entonces por un periódico, sin estar
constituido aún el Consejo de Ministros, que la Moncloa había comunicado al Consejo de la Unión Europea, donde están representados los Gobiernos de los Veintiocho países miembros, un giro copernicano en la política energética española, lo que
explica que España no presentase aún su Plan Nacional Integrado porque aquí en mayo con el cambio de Gobierno, señor comisario europeo, se hizo borrón y cuenta nueva; se desperdició el trabajo realizado durante más de medio año por una comisión de
expertos energéticos, en la que además estaban representados todos los partidos políticos con presencia en las Cortes Generales. Desde entonces se han tomado decisiones por el Ministerio para la Transición Ecológica que están abocando a la
desertización, a las deslocalizaciones y a los cierres, o sea, a la ruina; está en ciernes para Asturias una tragedia laboral y social, no es un

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proceso de descarbonización, es un proceso de desertización. A finales del 2018 el Gobierno socialista le pegó la puntilla al carbón y a las cuencas mineras, rematando aquella Decisión 2010/787/UE impulsada por el comisario europeo de
Competencia, don Joaquín Almunia, que puso fecha de caducidad al sector y que ha supuesto la renuncia a nuestra soberanía energética porque el carbón es el único combustible fósil autóctono que tenemos en España.


Subrayaba usted en su intervención la necesidad de una transición socialmente justa para evitar la disparidad social y abordar consecuencias post factum. Pues bien, el Gobierno de España está arrastrando al cerrojazo a las centrales
térmicas de generación eléctrica, sin alternativa laboral para sus trabajadores y los de las empresas auxiliares ni alternativa económica para sus áreas de influencia. La crisis de Alcoa es asimismo el síntoma del fracaso que la política energética
tiene en la industria electrointensiva que, como usted sabrá, viene reclamando tarifas eléctricas competitivas y también aranceles ambientales para los productos importados desde fuera de Europa, que se elaboran sin cumplir el Acuerdo de París.
Aquí en España nuestro Gobierno del ecologismo fundamentalista promueve el paro, promueve la disparidad social -por usar sus propios términos, señor comisario-, a la par que se importan productos desde países que no respetan las restricciones
medioambientales para mejorar la salud del planeta y cumplir los objetivos europeos. El último absurdo es que nuestras carencias energéticas se palían comprando electricidad a una central térmica de Marruecos y a las centrales nucleares francesas.
Absurdo precedido del desperdicio de las consignaciones presupuestarias aprobadas en estas Cortes Generales para promover el control y reducción de emisiones medio ambientales en las centrales térmicas y para compensar costes indirectos del CO2 en
la industria electrointensiva, de la que dependen decenas de miles de puestos de trabajo estables y de calidad.


España ante esta política energética está abocada también a la inseguridad del suministro, toda vez que las centrales de generación eléctrica con carbón son un elemento clave para el suministro por tener disponibilidad para dar cobertura a
la demanda de electricidad, por tener su abastecimiento garantizado. El precio de la luz en España es de los más altos de la Unión Europea y ya nos advierten de que seguirá subiendo. Las industrias electrointensivas y sus miles de empleos directos
e indirectos están sumidas en la incertidumbre. La logística y el transporte de graneles sólidos, tanto marítimo como por carretera, también se van a ver muy penalizados; más paro. El Gobierno ha perseverado en los aldabonazos contra la minería
del carbón, en lugar de tomar el ejemplo de otros países como Polonia o Alemania. Veo que se me acaba el tiempo y quiero subrayar simplemente que aquí en España; cruz y raya, y eso que el pasado año el carbón en el mix energético supuso nada menos
que el 14 % del total de la generación, pese a ser 2018 un gran año hidrológico.


Señor comisario europeo, el pasado lunes le dirigí respetuosamente una carta en la que señalo estos pormenores y le ruego que, ante la antidemocrática e irresponsable tramitación del anteproyecto del Plan Nacional Integrado de Energía y
Clima español, estudie y atienda estas consideraciones para evitar en su calidad de responsable europeo un desafuero social, medioambiental e industrial en España y un atropello democrático de graves consecuencias, sobre un asunto de tanta
trascendencia para el futuro de España y muy particularmente de mi tierra, Asturias. Le agradezco de antemano su interés.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra don Fernando Maura.


El señor MAURA BARANDIARÁN: Gracias, señora presidenta.


Gracias, señor comisario, por su comparecencia. Como le ha dicho muy bien la presidenta, esta es su casa y esta es su Comisión. Como estamos en formato europeo, voy a hacerle dos preguntas y una reflexión. Como usted sabe, España es uno
de los países europeos que más afectados se ven por los impactos de fenómenos extremos como son las sequías, las olas de calor y las riadas. He sabido que el Tribunal de Cuentas Europeo ha afirmado en sus informes que los Gobiernos de los países de
la Unión Europea no están utilizando bien las inversiones en adaptación, y que actualmente ningún país está realmente preparado para hacer frente a estos riesgos. Sabemos que usted ha propuesto aumentar la cantidad de recursos destinados a cambio
climático en el Marco Financiero Plurianual a un 25 %, pero ¿cómo va a asegurarnos que los recursos destinados se utilizan de manera eficiente y eficaz? ¿Mejorarán la forma en que se evalúan esas inversiones? Cuando fue usted elegido comisario
había la sensación de que un español al frente de su departamento haría bastante por las interconexiones energéticas, salvando la muralla geográfica que en este caso siguen siendo los Pirineos. En este sentido, ¿cómo valora usted la

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situación de la seguridad energética de la Unión Europea? También nos preocupa la lentitud en el proceso de interconexión energética; ¿existe una prioridad ejecutiva real con una agenda clara?


Y ahora la reflexión, celebramos que como respuesta al anuncio de la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, usted haya decidido fortalecer la diplomacia climática con China y Canadá para mostrar que el mundo sigue avanzando de forma
imparable hacia un futuro más sostenible. Sin embargo, las emisiones en la Unión Europea continúan creciendo, y eso puede afectar a nuestra capacidad para liderar -entre comillas- mediante la acción de cara al resto del mundo. No bajemos la
guardia en este punto, señor comisario, ni en la Unión Europea ni en esta casa.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Maura.


Por el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Luis Bail.


El señor LUIS BAIL: Gracias, señora presidenta.


Bienvenido, señor comisario. La pregunta que yo y nuestro grupo le querríamos hacer sería: ¿usted como español y comisario europeo responsable de acción contra el cambio climático cómo se siente sabiendo que su Gobierno, el Gobierno de
España, no ha hecho los deberes? Su exposición que ha sido básicamente sobre los escenarios, las réplicas y los argumentos que se encuentran en la Comisión Europea, nos hace caer un poco en la frustración, como la mayoría de la gente que ahora
mismo se está movilizando en toda Europa, como los estudiantes que en muchas ciudades de toda Europa, también de España, van a ir a la huelga el 15 de marzo pidiendo acciones concretas y específicas para luchar contra el cambio climático. Pero esa
sensación, esa frustración que nace en los corazones de gente muy joven, es la que tenemos ahora mismo cuando nos hace este relato de los sucesos, de cómo han ido las tramitaciones; cuando nos dice que en 2018 deberíamos haber tenido ya un Plan
Nacional Integrado de Energía y Clima, y todavía seguimos con anuncios de unas tramitaciones que no se van a producir porque las Cortes Generales se van a disolver. Vemos que de los Veintiocho Estados, veintisiete han hecho sus deberes, pero España
sigue sin aceptar que tiene que realizar acciones para la lucha contra el cambio climático.


Nuestro grupo ha puesto de manifiesto su posición, y hace muchos meses presentamos la proposición de ley de cambio climático y transición energética en esta Cámara para hacer propuestas reales y concretas al resto de los grupos. Sin
embargo, vimos, primero con el Gobierno del Partido Popular y ahora con el Gobierno del Partido Socialista, que esas aportaciones que hicimos al debate político del ámbito público no han tenido reflejo y los Gobiernos siguen sin tomar ninguna
acción. Por eso, porque tenemos la certeza de que esas acciones siguen sin llegar, se retrasan, nuestra preocupación aumenta. Por ejemplo, los informes de la Organización Meteorológica Mundial señalan que los últimos años han sido los más calidos
de los que se tienen registros; la situación de la Península Ibérica con alta vulnerabilidad, la mayor de la Unión Europea; y el aumento de temperaturas, sequías, episodios de trombas de agua, los incendios, la reducción del agua disponible, el
aumento del nivel del mar, que son impactos que ya estamos viendo. Ya estamos viendo que no nieva en nuestras montañas, cómo falta agua para regar nuestros campos y cómo poco a poco ese cambio climático se va trasladando en el empeoramiento de la
salud de nuestros ciudadanos. Los científicos de Naciones Unidas han advertido que en 2030 las emisiones globales se tienen que reducir en un 45 %, y aunque nuestros grupos en el Parlamento Europeo han apoyado objetivos mucho más ambiciosos que los
de la Comisión, al final estamos viendo la falta de compromiso de nuestro propio Gobierno. La descarbonización de la economía no es solo necesaria, es una urgencia. En España en esta legislatura hemos logrado el contexto político, la conciencia
social necesaria para aprobar una ley de cambio climático y transición energética. Hemos dado poder a una formación que decía estar comprometida y parecía sonar bien en este aspecto; no ha podido, no ha sabido o no ha querido, pero el poder lo
tenía.


Finalmente, hemos comenzado con estas movilizaciones que se van a producir el 15 de marzo en toda Europa. El inmenso desafío que supone el cambio climático, la descarbonización de la economía y los avances en la política de adaptación deben
lograrse en pocos años; en menos de once años tendremos que demostrar la madurez de haber aceptado o no que los Gobiernos no han hecho los deberes a tiempo, que solo mediante medidas técnicas sectoriales inconexas o a través de la aplicación de
incentivos económicos indirectos basados en la lógica de mercado, no vamos a llegar a esos objetivos que nos hemos marcado y, por el contrario, es necesario un cambio estructural en el modelo productivo hacia la

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economía circular basada en la recuperación de las materias primas, fundamentalmente a través de las energías renovables. ¿Qué debe perseguirse para ese cambio? Lo hemos puesto negro sobre blanco en nuestra proposición de ley sobre cambio
climático y transición energética: la mitigación del cambio climático, esto es la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero; el fomento de planificación de transición energética en España entendida como la transformación de un sistema
energético fósil; la adaptación al cambio climático entendida como la reducción de la vulneración de los sistemas naturales y humanos respecto a los efectos actuales o esperados en el cambio climático; el fomento de la cultura ciudadana respecto a
la transición ecológica y el cambio climático; e imprescindibles como planes de transición justa, con los correspondientes elementos de financiación de modo que se generen empleos locales -sabemos que el Gobierno sí ha ido trabajando en esto, pero
no garantiza en términos netos la pérdida de empleos también con la globalización económica y la deslocalización de empresas-; el rediseño del bono social eléctrico y la creación del bono social térmico que es una reivindicación que seguimos
haciendo, aunque el Gobierno sigue sin hacernos caso -estamos en la Semana Europea de Lucha Contra la Pobreza Energética-. Entre lo concreto y lo urgente vamos a intentar la adecuada retribución de la energía vertida en la red por las instalaciones
de autoconsumo; la recuperación de la gestión de las centrales hidroeléctricas por parte de las administraciones públicas a medida de la caducidad de las concesiones que permiten la mayor penetración de las energías renovables, sobre lo cual hubo
consenso en esta cámara; el fomento de la renovación de los edificios existentes, públicos y privados, con la mayor eficiencia energética y la descarbonización en 2050; la adecuada regularización de los pagos por capacidad, que me gustaría que
también explicara cuál es la posición del resto de Estados de la Unión Europea; los planes de transición justa que movilizan el volumen de financiación para evitar la desertización de nuestras comarcas; la movilidad sostenible con reglamentos de
los mínimos de venta y la temporalidad a la que están sometidos este tipo de planes cuando se agotan y los requisitos en los que están.


La señora PRESIDENTA: Le recuerdo que se ha acabado su tiempo.


El señor LUIS BAIL: Acabo, señora presidenta, haciendo hincapié en que el cambio climático se puede ver como un ejemplo paradigmático del conflicto ecológico distribuido en el que son unos pocos -son una minoría- los que tienen beneficios a
cambio de esto. Lo único que le pido es que cuando escuche esas argumentaciones de si va a frenar o va a posibilitar el desarrollo económico, la lucha contra el cambio climático, diga claramente que sin lucha contra el cambio climático no va a
haber sociedad, no va a haber democracia y, por supuesto, no va a haber mercados. Lo tiene que decir a las claras?...


La señora PRESIDENTA: Le pido que concluya.


El señor LUIS BAIL:?...porque lo que estamos viendo es una negativa total de la sociedad a la lucha contra el cambio climático, a asumir responsabilidades.


Seamos maduros, aceptemos la realidad y luchemos contra el cambio climático.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Lucas.


El señor LUCAS PARRÓN: Muchas gracias.


Señor comisario, gracias por su comparecencia en esta Comisión. Antes de formularle las preguntas, quiero exponer algunas cuestiones para que nos ilustre sobre diferentes problemáticas. Tengo que decir que estamos ante uno de los retos más
importantes que tiene en estos momentos no solamente la Unión Europea sino todo el planeta, es a nivel planetario, y la verdad es que es encomiable escucharle manifestar que la Unión Europea quiere liderar este proceso y que esperemos que todos los
países puedan afrontarlo con el mismo éxito.


Creo que con un problema tan ambicioso y con retos tan importantes como los que se avecinan, los debates tienen que ser rigurosos, serios y estar alejados de demagogias que no conducen hacia ningún sitio. Cuando los debates se contaminan
por procesos electorales que son inminentes es evidente que no se pueden hacer con la seriedad y el rigor que es necesario.


Es cierto, como bien ha dicho el comisario, que España no ha presentado el plan nacional, pero también lo es que el Gobierno actual lleva escasamente ocho meses y quizás habría que preguntar a los

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Gobiernos anteriores del Partido Popular por qué no hicieron los deberes, por qué no presentaron el plan nacional o por qué dejaron abandonada la política de transición energética, la apuesta por las energías renovables o todo lo que tuviera
que ver con la lucha contra el cambio climático. Por eso creo que el debate tiene que ser serio, riguroso y servir para aproximarnos a las soluciones más factibles y más efectivas.


En este sentido, me gustaría plantearle algunas cuestiones que sé que preocupan a la Unión Europea y también a los Estados. Recuerdo que cuando se presentó la normativa relativa al transporte de vehículos y de vehículos pesados esto
trasladó una alerta a los productores de vehículos europeos, no tanto por las medidas en sí, sino por el temor a que otros países, también muy agresivos en la producción de vehículos como pueden ser Estados Unidos o China, no cumplieran ninguno de
los parámetros a los que se estaba comprometiendo la Unión Europea.


Sé que ha habido muchísimas conversaciones entre la Unión Europea y los fabricantes de vehículos. Esto nos preocupa mucho, porque España es uno de los mayores productores de vehículos de toda la Unión Europea. Me gustaría que nos dijera en
qué momento están esas conversaciones, cómo están las relaciones con el sector y cómo puede afectar la normativa, la regulación existente en cuanto a las emisiones de CO2 a la producción de vehículos.


Segunda cuestión. Creo que es importante conocer la opinión del comisario, independientemente de la oportunidad del debate político, no tanto sobre la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que ha planteado el Gobierno de España,
sobre el plan, independientemente del momento en el que llega, sino sobre las medidas que se plantean dentro de ambos instrumentos para poder cumplir con los objetivos que se ha marcado la Unión Europea. Creo que el Gobierno de España está haciendo
una política muy ambiciosa en lo que es economía circular, tanto en la transición hacia nuevas fórmulas de utilización de la energía como en la apuesta por las energías renovables.


La tercera cuestión que le quiero plantear es que yo estuve en la COP 21 en París y uno de los debates más intensos fue que las medidas que se pudieran aplicar por la Unión Europea pudieran localizarse, es decir, que tuvieran su traslado a
los gobiernos regionales y a los gobiernos locales; hasta tal punto, que hubo un encuentro paralelo de gobiernos locales y gobiernos regionales para poder asegurarse la localización de esas medidas. Me gustaría saber qué piensa la Unión Europea
sobre cómo trasladar estas medidas a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales porque entiendo que muchas de las que ya se han puesto en marcha no han tenido el éxito suficiente y necesario por la falta implicación de gobiernos regionales y
gobiernos locales. También me gustaría conocer si esos planes que están presentando los países miembros son acordes con la apuesta que está haciendo la Unión Europea, con el reto tan importante que supone el cambio climático.


Finalmente, porque sé que ya voy muy ajustado en el tiempo, me gustaría preguntarle cuál es su opinión respecto a la política norteamericana. Creo que la acción que está llevando a cabo Trump con la negación permanente y constante del
cambio climático, la retirada de Estados Unidos de diferentes estamentos internacionales que apuestan y luchan contra el cambio climático, va en detrimento de la eficacia de las medidas adoptadas no solamente a nivel mundial, sino por parte de la
Unión Europea. Repito que me gustaría conocer su opinión.


Agradezco su esfuerzo y esperemos que las medidas que plantea la Unión Europea tengan la importante efectividad que se quiere alcanzar y que podamos cumplir los objetivos que se han expuesto en esta Comisión.


Muchísimas gracias. Suerte en su labor.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias señor Lucas.


Finalmente, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Santa Ana Fernández.


La señora SANTA ANA FERNÁNDEZ: Muchas gracias señora presidenta.


Señor comisario, muchas gracias también por su comparecencia y por visitar de nuevo este Parlamento, lo que sin duda pone en evidencia la importancia que da la Comisión al diálogo político y al intercambio de impresiones con los parlamentos
nacionales que, en definitiva, también es con los ciudadanos de la Unión Europea. Para nosotros es especialmente importante que lo haga al final del mandato de esta Comisión, lo que sin duda nos permite poner en valor el balance de estos cinco años
de gestión; un balance positivo, con unos objetivos cumplidos en una materia tan importante a escala mundial.

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El cambio climático es un problema de primera magnitud, y cada vez hay una mayor concienciación por parte de la ciudadanía europea; pero además, la lucha contra el cambio climático y un uso eficiente de la energía, como usted nos ha dicho,
puede crear crecimiento económico y también puestos de trabajo en Europa.


La Unión Europea ha estado a la vanguardia de la acción climática durante las últimas dos décadas, trabajando para crear y para implementar una serie de políticas que puedan reducir las emisiones y acercarnos así a una economía sostenible
baja en carbón. Desde luego, es un éxito de los europeos que el crecimiento económico no haya ido unido a las emisiones de gases de efecto invernadero gracias a las políticas de eficiencia energética, de sustitución de combustibles fósiles y a la
penetración de las energías renovables. Europa está liderando la transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono y aplicando el Acuerdo de París. Se ha ultimado un marco regulador moderno, avanzado y eficiente para lograr este
objetivo, al tiempo que se avanza hacia la unión de la energía.


Señor comisario, queremos poner en valor el importante trabajo de la Comisión durante estos años, desde la modernización de nuestro sistema de comercio de emisiones, la normativa de esfuerzo compartido y las diferentes propuestas para
avanzar en la movilidad de bajas emisiones; iniciativas que sin duda alguna han sido beneficiosas no solo para el cambio climático, sino también para las empresas y para los ciudadanos. Debemos liderar la acción por el clima y seguir trabajando
para conseguir de aquí a 2050 las cero emisiones netas de gases de efecto invernadero a través de una transición económicamente rentable y, por supuesto, socialmente justa.


Celebramos también el papel fundamental que han tenido en el medio ambiente y la eficiencia energética el Plan Juncker, que se va a ver reforzado con el nuevo Programa Invest European Union, y otras iniciativas como la propuesta de la
Comisión de incrementar la dimensión climática hasta el 25 % en el próximo marco financiero plurianual o el Plan de Acción sobre Financiación Sostenible, que favorecerán, sin duda alguna, estos objetivos al tiempo que reforzarán la credibilidad
europea en este sentido.


Pensamos que la campaña electoral para las próximas elecciones al Parlamento Europeo, también para las elecciones generales, por supuesto, será sin duda la ocasión de explicar a los ciudadanos europeos y españoles los enormes avances que se
han producido en estas dos áreas claves para su futuro gracias a la acción determinada de la Comisión Europea durante este mandato.


Nuestro compromiso en la lucha contra el cambio climático es firme. El Gobierno del Partido Popular ratificó el Acuerdo de París y dejó encaminado el cumplimiento de los compromisos de la enmienda de Doha de reducción de emisiones de gases
de efecto invernadero en 2020, como usted bien conoce. La estrategia seguida durante su mandato estuvo inspirada en la idea de hacer del medio ambiente un aliado del desarrollo económico y del desarrollo social de España, y como consecuencia de
ello, este periodo fue especialmente productivo. Señor portavoz del Grupo Socialista -le aseguro que esto no es demagogia-, España fue capaz de redirigir la política de incentivos a las renovables, que resultó ser ineficaz y que generó un
importantísimo déficit de tarifa en el sistema, para poder volver a invertir en energías renovables.


A nivel legislativo mi grupo parlamentario presentó en esta casa una proposición de ley de cambio climático y transición energética; una propuesta que contenía los objetivos marcados por la Unión Europea para España en materia de reducción
de emisiones, tanto a 2030 como a 2050. Con la fecha electoral ya establecida, ya conocida, ayer supimos también que el próximo Consejo de Ministros va a presentar un paquete de energía y clima, algo que hacen en plena precampaña, y sin tan
siquiera esperar a mañana ya lo está vendiendo el señor Sánchez. Esto sí que es demagogia y esto sí que es oportunismo político.


Señor comisario, entendemos que el señor Sánchez ha sido informado de su visita hoy a España, y es consciente de que en estos nueve meses fallidos no se ha avanzado absolutamente nada en este importantísimo asunto. El señor Sánchez lo
anuncia con gran autobombo, pero sin importarle que sea un paquete que no se puede tramitar en estos momentos por la disolución de las Cortes, y que ni siquiera ha sido enviado a Bruselas. Es obvio que la legislatura ha llegado a su fin y las
propuestas del señor Sánchez no solamente llegan tarde, y llegan para la precampaña y la campaña electoral, sino que además las tendrá que aprobar el próximo Legislativo que salga de las urnas, que estoy absolutamente convencida de que será de nuevo
un Gobierno del Partido Popular. Por tanto, una vez más las propuestas del señor Sánchez, también en materia de cambio climático, son puro marketing y desgraciadamente vuelven a ser papel mojado.


Como sé que tengo poquísimo tiempo, me gustaría terminar felicitándole, señor comisario, ya que sin su visión, sin su trabajo, sin su dedicación todo esto desde luego no hubiese sido posible. Viene usted a esta Cámara, a esta casa con los
objetivos cumplidos y nunca antes un comisario había hecho tanto en

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Europa por esta política. Créame que es un honor para este país -estoy convencida de que hablo en nombre de todos los portavoces de todos los grupos políticos- que usted haya sido comisario europeo.


Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias señora Santa Ana.


Ahora tiene de nuevo la palabra el señor comisario para responder a las intervenciones de los portavoces.


El señor COMISARIO EUROPEO RESPONSABLE DE ACCIÓN POR EL CLIMA Y LA ENERGÍA (Arias Cañete): Quiero hacer una reflexión inicial. En primer lugar, doy las gracias a todos los portavoces. Comparto prácticamente la totalidad de lo que han
dicho los señores portavoces y no es casual que eso sea así. Si ustedes leen lo que establece el Eurobarómetro sobre cambio climático, el último que se publicó en septiembre de 2017, verán que tres cuartas partes de los ciudadanos de la Unión
Europea, un 74 %, consideran que el cambio climático es un problema muy grave y nueve de cada diez, el 92 %, lo ven como un problema grave. Luego los ciudadanos europeos son plenamente conscientes de que uno de los grandes temas que tenemos que
resolver a lo largo de las próximas generaciones es el del calentamiento global. Eso explica que esta Comisión haya podido desarrollar en este mandato el cien por cien del programa electoral, por llamarlo de alguna manera, el programa de trabajo,
porque lo que hace la Comisión no es un programa electoral. Una vez elegida pone encima de la mesa un programa de trabajo, se comparece en las comisiones parlamentarias y se desarrolla con posterioridad. Como ustedes, yo he estado en política
-empecé en el año 1981, llevo treinta y ocho años, he participado en Gobiernos y he estado en la oposición a otros Gobiernos- y nunca he visto que sea posible cumplir un programa al cien por cien. La única vez que me ha ocurrido esto ha sido ahora.
¿Por qué? Porque todo el mundo está de acuerdo en que esta es una prioridad política, porque todo el mundo está de acuerdo en que hay que legislar en la materia. Tanto el Consejo como el Parlamento han entrado en los trílogos con la voluntad
decidida de lograr acuerdos. Hay veces que vas a una negociación y la gente no quiere pactar, se encastilla en las posiciones políticas. Aquí a veces han ido más lejos que la Comisión, otras veces más cerca, pero ha habido voluntad de avanzar en
el diseño de una política climática en la que somos absolutamente líderes mundiales, y hay que decirlo con humildad, pero con la seguridad de que estamos haciendo un trabajo riguroso.


Nuestro trabajo será riguroso o no, pero no en función de la legislación que tenemos, porque ya la tenemos. Otros no la tienen; es decir, si ven ustedes los ciento setenta y nueve compromisos nacionales determinados de mitigación que hay
por el mundo y luego miran detrás a ver si hay planes efectivos o legislación verán que no la hay. Y vuelvo a la pregunta de Estados Unidos que me ha formulado el portavoz socialista. La diferencia de la Unión Europea con Estados Unidos es que
aquí, pase lo que pase en los procesos electorales, la política es la misma. En Estados Unidos, cuando hay cambio de presidente del Gobierno, se produce un cambio de política, cambio en la Agencia de Medio Ambiente, cambio en el apoyo a
hidrocarburos o cambio de renovables. Eso es dramático para los inversores, para las empresas, para los ciudadanos, para todos. La grandeza de la Unión Europea es la estabilidad del marco regulatorio.


Eso es lo que explica que hayamos podido desarrollar un programa al cien por cien en esta Comisión, que en los trílogos hayamos llegado a acuerdo y que tengamos hechos los deberes. Bueno, no los tenemos hechos, perdón señorías, lo que
tenemos es la legislación necesaria para hacer los deberes, porque, como les he dicho antes, en 2020 no estaremos en los objetivos 2020. Cuando la gente me dice: Estos objetivos son fáciles, digo: Yo no digo que sean fáciles o difíciles, digo que
en el año 2007 se fijaron unos objetivos para 2020 y que no estamos ahí; vamos a estar probablemente en renovables, globalmente, vamos a estar justos en emisiones, pero vamos a estar, pero no vamos a estar en eficiencia energética, que es la mejor
política. ¿Por qué digo que la eficiencia energética es la mejor política? Señorías, porque en este momento tenemos una dependencia energética de casi el 55 %, tenemos una factura de hidrocarburos de 166.000 millones de euros al año, en
combustibles fósiles, y tenemos una subvención en la Unión Europea a los combustibles fósiles de 55000 millones de euros. ¿Cómo damos 55000 millones de euros a combustibles fósiles y queremos descarbonizar la economía? Es evidente que tenemos que
ir en este proceso de descarbonización.


Por tanto, tenemos la legislación y tenemos que aplicarla. Si la aplicamos estaremos en un umbral de partida, pero tenemos que incrementar la ambición del 2030 al 2050 y elegir cuál es el objetivo climático. Estoy viajando a todos los
países de la Unión Europea para tener debates con los parlamentos, con las ONG con dos objetivos fundamentales: poner el debate de la estrategia en el debate político y conseguir

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que los Estados miembros apoyen los objetivos de máxima ambición. Necesitamos un acuerdo del Consejo Europeo, necesitamos que el Consejo Europeo establezca una nueva contribución nacional determinada -estamos en condiciones de ir a Naciones
Unidas con un 45 % en septiembre-. Es una decisión política que tienen que tomar los Estados miembros, que tienen que posicionarse sobre los escenarios más ambiciosos de la estrategia.


Las manifestaciones de los jóvenes lo que están creando es un estado de opinión que debe mover a las fuerzas políticas a avanzar hacia referencias más ambiciosas, sabiendo, señorías, y eso es fundamental, que una transición energética es una
revolución en el modelo económico y supone un cambio en los comportamientos de los ciudadanos. Pero esto no lo hacen solo las empresas, esto lo hacemos todos los días. Cuando un ciudadano se levanta por la mañana cuando tiene el control de los
electrodomésticos, cuando usa las tarifas en los momentos valle, cuando puede reducir su consumo, cuando va andando al centro de trabajo, en las decisiones individuales hay acciones contra el cambio climático. Esto no son grandes políticas, sino
gran legislación y cambios de comportamiento en los ciudadanos. La economía circular es un gran cambio de comportamiento y es fundamental en los escenarios más ambiciosos.


Esta transición energética que tenemos hasta el 2020 -treinta años para hacerla, no es de hoy para mañana- produce unos impactos sociales. Está claro que se va a estimular el crecimiento en nuevos sectores, que el crecimiento del PIB va a
ser prácticamente del orden del 2 %, y el empleo neto va a crecer -es verdad que el empleo verde tiene un enorme futuro-, el empleo va a aumentar en la construcción, en el sector agropecuario, en el silvícola, en las energías renovables, pero,
claro, hay sectores como la minería del carbón, la prospección de petróleo y de gas, otros que consumen mucha energía, como el acero, el cemento y los productos químicos o la fabricación de muebles que tienen que vivir cambios hacia modelos de
producción que van a exigir menos intensidad energética y nuevas capacidades a los trabajadores.


El tema de la capacitación de los trabajadores para la economía verde tiene enorme importancia, porque tenemos que hacer una recapacitación para afrontar los procesos de digitalización, de automatización, que hay que prepararlos con tiempo
porque, por ejemplo, en un país muy potente en el sector de automoción, vamos a pasar del motor de combustión externa a plantas motrices eléctricas, sabiendo que un motor de combustión interna tiene más de 1300 elementos o piezas a su alrededor y
una planta eléctrica tiene menos de 300 y además distintas. Eso afecta a toda la industria auxiliar del automóvil que tiene que prepararse para el vehículo autónomo, el vehículo conectado, el vehículo eléctrico. Todo eso hay que prepararlo con
tiempo y afrontar los procesos de reindustrialización. Ya hemos empezado a trabajar en las plataformas para las regiones carboníferas en transición; estamos trabajando con muchos proyectos piloto en la Unión Europea y tratando de tener la mayor
experiencia en ver cómo se pueden reindustrializar las zonas y hacia qué actividades económicas reorientarlas. Pero esta tiene que ser una transición socialmente justa y hay que prepararse en la utilización de fondos estructurales, del fondo de
cohesión, de las inversiones del nuevo EUInvest, como ha dicho la portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Incluso el Parlamento Europeo ha puesto encima de la mesa una idea que vale la pena explorar, que es crear un fondo autónomo para una
transición social justa, que lo quieren dotar con cerca de 5000 millones de euros. Es una idea que está en el debate del marco financiero plurianual y los Estados miembros tendrán que posicionarse. El Parlamento Europeo claramente ha apostado por
esa idea.


Estamos en una transición que es enormemente ambiciosa, que produce impactos desiguales en el territorio, que ya sabemos cuáles van a ser los sectores afectados, incluso los mapas de las zonas afectadas y, por tanto, hay que prepararla y no
ir a posteriori. Esto no es una crisis industrial que surge súbitamente y que, por lo tanto, hay que atajarla con cirugía, sino que hay que hacer medicina preventiva. La estrategia es una llamada a la ambición climática, pero es una llamada a la
responsabilidad social, porque como no se ajuste a la transición no hay transición, como ha dicho el portavoz de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, si no afrontamos los procesos de mitigación no hay competitividad ni hay sociedad, porque los
impactos del cambio climático, aparte del que genera sobre la biodiversidad, el incremento de temperaturas, la acentuación de fenómenos meteorológicos, producen otros impactos geopolíticos como las migraciones climáticas cuya intensidad es difícil
de prever.


¿Cuál es la responsabilidad de la Unión Europea? Liderar este proceso. No hay nadie que pueda liderar este proceso. ¿Por qué? Porque Estados Unidos en este momento, como dice el gobernador de California, están en vacaciones climáticas
federales. Jerry Brown, el gobernador de California, que se ha retirado hace muy poco, es un personaje muy singular pero ha plantado cara a la Administración

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republicana y ha puesto en pie de guerra a los gobernadores de más de once Estados de la Unión y a los alcaldes de las grandes ciudades. En Estados Unidos se da un doble fenómeno, el Gobierno federal ha desaparecido del protagonismo de la
negociación climática internacional, pero los Estados más potentes de la Unión -comparen ustedes California con cualquier economía europea, California sería la quinta economía del mundo- están realizando una acción climática muy ambiciosa. Por
tanto la acción climática sigue bien.


En China están haciendo unas políticas climáticas también ambiciosas. Han puesto en marcha un mercado de derechos de emisiones, tienen el liderazgo en los paneles fotovoltaicos, en las baterías de ion de litio, tienen el liderazgo en
inversiones en renovables, per cápita estamos por delante de ellos, en volumen lo tienen y lo tienen también en desarrollo de plantas nucleares. Por tanto, el mundo se mueve. Hay otros países que no se mueven y hay grandes incógnitas sobre cómo se
va a electrificar el continente africano, porque en África hay 800 millones de personas sin acceso a la electricidad; habrá que ver cómo se van a electrificar. Esto tiene impacto en el cambio climático.


Aquí hay que hacer dos cosas, ser muy ambiciosos en nuestras políticas -yo he puesto un granito de arena para que optemos por la máxima ambición- y crear en el resto de los países en vías de desarrollo las capacidades suficientes para que
puedan ser tan ambiciosos como nosotros, lo cual supone, primero, capacitar a los cuadros y a los funcionarios de los países para que sean capaces de evaluar sus emisiones, segundo, hacer sus planes de adaptación -se refiere a la adaptación de la
que ahora hablaré- y de mitigación, y, tercero, poner los marco regulatorios que permitan atraer inversión privada.


Para que nos hagamos una idea de la envergadura de las inversiones que requiere una transición energética solo en la Unión Europea, les diré ahora mismo las inversiones en el sector energético suponen un 2 % del PIB europeo. Para hacer
frente a una transición energética con escenarios de ambición tenemos que ir al 2,8 % del PIB, es decir, invertir anualmente entre 178000 y 260000 millones de euros adicionales, esto en la Unión Europea; luego hay que ver lo que hay que hacer en
otros países en vías de desarrollo, que también son complicados, y la transferencia en tecnología que hay que hacer para posibilitar que ellos se incorporen a estos mismos procesos. Por tanto, hay que hacer mucha diplomacia climática, hay que tener
liderazgo, hay que desarrollar las nuevas patentes, hay que conseguir abaratar los modelos de producción, hay que desarrollar la captura de secuestro de carbono para posibilitar emisiones negativas, etcétera. En la Unión Europea tenemos una gran
tarea por delante. Esta Comisión ha sido la de la legislación, la próxima Comisión es la de la puesta en marcha de las políticas de la implementación y de verificar que los planes nacionales se cumplen.


Algunas de sus señorías se han quejado del proceso de elaboración de planes nacionales, unos de la tardanza, otros de la poca participación y otros del momento procesal. La Comisión no entra en los debates políticos nacionales. Cuando a la
Comisión le presentan un plan lo evalúa; cuando presenten el plan español, igual que con los otros veintisiete, procederé con los mismos criterios objetivos a una evaluación de si son ambiciosos, si tienen las suficientes medidas potentes para
conseguir los objetivos y qué carencias tienen que no se han considerado.


También hay un elemento al que yo me quiero referir, que es el tema de las consultas públicas. Según el Reglamento de Gobernanza es responsabilidad de los Estados miembros implicar a todas las partes interesadas a nivel nacional en la
elaboración de sus planes nacionales. Este reglamento provee una serie de pasos y etapas que incluyen la necesidad de llevar a cabo consultas públicas, completas e inclusivas, e incluso incorporar a los países vecinos para la elaboración de los
planes. Como los planes tienen impacto transregional hay que involucrar también a los países vecinos. Hay un modelo obligatorio sobre los planes nacionales con una sección específica de consultas a nivel nacional que tienen que hacerse con
participación de los parlamentos nacionales, autoridades locales y regionales -lo ha planteado alguna de sus señorías-, así como de las partes interesadas, interlocutores sociales y sociedad civil. Es fundamental que los planes tengan todo el apoyo
de la sociedad, porque van a condicionar al desarrollo futuro. Ahora se han presentado los proyectos y la Comisión hará sus observaciones. Tenemos todo el año 2019 para hacer los planes definitivos. Espero que haya unas consultas públicas lo
suficientemente potentes como para que puedan tenerse en cuenta todas las preocupaciones que se ponen encima de la mesa.


Es verdad que muchas veces pensamos -el portavoz de Ciudadanos lo ha puesto encima de la mesa- exclusivamente en temas de mitigación y pensamos menos en adaptación. Hemos revisado las estrategias nacionales de adaptación y se han explorado
algunas carencias que tiene, porque no se ha dado la suficiente importancia a las inversiones que hay que hacer en la adaptación para evitar luego

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mayores impactos con más resultados económicos adversos. La Unión Europea está en este momento en un proceso de reflexión. En esa movilización de recursos para llegar al 25 % de fondos destinados a acción climática, tendremos que verificar
que en el desarrollo de los fondos estructurales de la política regional europea esté presente el componente adaptación en las acciones de los territorios a la hora de discutir bilateralmente el contenido de estos planes. Es verdad que para que un
país pueda desarrollar su potencial de renovables necesita un nivel de interconexión eléctrica, y es verdad que para tener un nivel de seguridad energética necesita interconexiones eléctrica y gasísticas, y también es verdad que la Península Ibérica
es una isla y que no tendrá ese nivel de interconexión ni del 10 % en 2020, y no lo va a tener, ni del 15 % en 2030. Modestamente, yo he puesto en marcha los mecanismos de apoyo, primero, para lograr un impulso político, celebrando por primera vez
cumbres a nivel de jefes de Estado y de Gobierno, presidentes y primeros ministro, entre Francia, Portugal y España para llegar a compromisos políticos de impulsar las interconexiones. Hasta ahora hemos logrado que vaya a una velocidad razonable el
proyecto Golfo de Vizcaya-Aquitania, que es un cable submarino a gran profundidad, una nueva tecnología, que ha recibido del Mecanismo Conectar Europa una subvención de 578 millones de euros. En cuanto a las conexiones transpirenaicas estamos en la
fase administrativa de distribución de costes entre Francia y España y todos los temas medioambientales necesarios para hacerlas van más lentos, para ser honesto, señoría.


Yo tengo la enorme preocupación de que la conexión gasística, el Proyecto Step, no haya recibido el apoyo de los reguladores. Yo creo que es bueno en términos de seguridad de abastecimiento tener el mayor número de interconexiones, ya sean
eléctricas o gasísticas, y poder participar en los mercados centrales europeos que reciben un gas en mejores condiciones que el gas natural licuado, para el cual estamos muy bien preparados, pero que en estos momentos tiene un diferencial de coste
con el gas que viene, por ejemplo, a través del gaseoducto Nord Stream que suministra Gazprom a todo el norte de Europa, singularmente a Alemania. Por tanto, tenemos que competir en costos energéticos y algunos de sus señorías han planteado ese
problema.


Yo comparto con el portavoz de Unidos Podemos que estamos ante un cambio estructural, un cambio que necesita respuestas urgentes. Pero creo que la Unión Europea ha hecho bastante bien los deberes en este tema, porque es un asunto
complicado. El proceso de elaboración de normas nos lleva casi veintisiete meses en la Unión Europea y tiene un enorme debate interno en el Colegio de Comisarios, en el Parlamento Europeo y en Consejo de Ministros, con una negociación Parlamento
Europeo-Consejo de Ministros muy dura, en la que la Comisión actúa de amigable componedor, pero hemos avanzado.


Se ha referido a un tema importante: los pagos por capacidad. En un mundo ideal en el que las renovables empiezan a ser competitivas no habría necesidad de pagos por capacidad, si fuéramos capaces de resolver el sistema de abastecimiento,
de almacenamiento de energía, porque no habría que tener energía de respaldo. Si ven ustedes nuestro modelo, en 2050 el 80 % a nivel europeo será renovable y habrá un 15 % nuclear. Probablemente ya para 2050 el problema del sistema de
almacenamiento de energía lo tendremos resuelto, incluso en la conversión de energía en almacenables de hidrógeno, porque tendremos unas posibilidades que ahora no tenemos. En este momento procesal en el que estamos es posible que hagan falta pagos
de capacidad. La posición de la Comisión es muy clara. En primer lugar, la capacidad no se mide solo a nivel de un Estado, sino a nivel regional y a nivel europeo, porque si tú tienes interconexiones y te falta capacidad, tiras de la energía del
vecino sobrante y te sobra en los pagos por capacidad; por tanto, determinación a nivel regional. En segundo lugar, los pagos de capacidad se utilizan como último recurso y cuando además no funcione ningún otro recurso de mercado. Y, en tercer
lugar, que los pagos de capacidad que sean sostenibles. Por tanto, hemos puesto un límite de 550 gramos CO2/kilovatio/hora, diciendo a las centrales más contaminantes que no las metan como energía de apoyo y encima se les dé una ayuda del Estado.
Estamos en ese proceso de que por primera vez hemos puesto en marcha limitaciones y cierto orden en el tema de los pagos por capacidad y ya tenemos la legislación necesaria. Básicamente he contestado a muchas de las preguntas de su señoría.


Yo termino haciendo una reflexión final. Es fundamental poner en marcha políticas estables y que tengan el máximo apoyo de todas las fuerzas políticas en todo el país, porque la legislación europea es estable, pero los planes nacionales
tienen que serlo también. Si cada vez que cambia un Gobierno, cambia la política energética, es imposible funcionar. Por tanto, los planes tienen que tener el máximo nivel de consenso político. ¿Que es muy complicado? Yo ya sé que es muy
complicado, pero yo he aprendido mucho de consenso. Cuando salí de la política nacional y terminé en el sistema multilateral de Naciones Unidas acudí a mis primeras COP y vi que si Nicaragua no estaba a bordo, no había acuerdo.

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Me dije que eso era otra cosa, que había que ponerse de acuerdo. Se aprende a ser mucho más flexible, cuando el fin es importante. Yo creo que frenar el calentamiento global es lo suficientemente importante como para que todos fuéramos
capaces de lograr un consenso político que diera estabilidad a la política energética, en todos y cada uno de los veintiocho o veintisiete Estados de la Unión Europea.


Muchas gracias, señorías. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, comisario.


Sería una buena escuela que todo político nacional pasara antes por el Parlamento Europeo, vendrían mucho más preparados para el consenso.


El señor COMISARIO EUROPEO RESPONSABLE DE ACCIÓN POR EL CLIMA Y ENERGÍA (Arias Cañete): ¡Cómo lo sabe su señoría! (Risas).


La señora PRESIDENTA: Ha sido un placer, comisario. Muchas gracias.


Se levanta la sesión.


Eran las cinco y treinta y cinco minutos de la tarde.