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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 105, de 20/02/2018
cve: DSCD-12-PL-105
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 105
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ANA MARÍA PASTOR JULIÁN
Sesión plenaria núm. 100
celebrada el martes,
20 de febrero de 2018
ORDEN DEL DÍA:
Inclusión en el orden del día:
- Avocación de iniciativas legislativas ... (Página5)
- Solicitud del Grupo Parlamentario Socialista, de avocación por el Pleno de la Cámara de la deliberación y votación final de la proposición de ley sobre establecimiento de una prestación de ingresos mínimos en el ámbito de protección de la
Seguridad Social. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 3-1, de 9 de septiembre de 2016. (Número de expediente 120/000002) ... (Página5)
- Solicitud del Grupo Parlamentario Socialista, de avocación por el Pleno de la Cámara de la deliberación y votación final de la proposición de ley de modificación del artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores para garantizar la
igualdad en las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 25-1, de 9 de septiembre de 2016. (Número de expediente 122/000015) ... (Página5)
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 171-1, de 10 de noviembre de 2017. (Número de expediente
122/000138) ... (Página5)
- Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de modificación de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 135-1, de 16 de junio de 2017.
(Número de expediente 122/000105) ... (Página17)
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre el no reconocimiento oficial de las distinciones y títulos nobiliarios. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 11, de 12 de septiembre de 2016. (Número de expediente
162/000035) ... (Página27)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Campuzano), relativa a derogar el Real Decreto-Ley 15/2017 de medidas urgentes en materia de movilidad de operadores económicos dentro del territorio nacional. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie
D, número 250, de 17 de noviembre de 2017. (Número de expediente 162/000497) ... (Página33)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Bataller), sobre el nivel de compromiso del Gobierno con la reforma de la financiación autonómica. (Número de expediente 173/000077) ... (Página41)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para asegurar unas condiciones de trabajo dignas y de calidad en la economía digital. (Número de expediente 173/000078) ...
- Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la liquidación y extinción de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y de la calidad de los servicios (AEVAL) y la falta de
evaluación de políticas públicas. (Número de expediente 173/000079) ... (Página57)
SUMARIO
Se abre la sesión a las tres de la tarde.
Inclusión en el orden del día ... (Página5)
La Presidencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y lo acordado en la Junta de Portavoces, somete al Pleno de la Cámara la inclusión en el orden del día de un nuevo punto en la sesión del jueves 22 de
febrero relativo a la avocación por el Pleno de la deliberación y votación final de las proposiciones de ley sobre establecimiento de una prestación de ingresos mínimos en el ámbito de protección de la Seguridad Social, y de modificación del
artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores para garantizar la igualdad en las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados, lo que se aprueba por asentimiento.
Asimismo, la Presidencia informa de que todas las votaciones se realizarán en la sesión del jueves.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página5)
Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres ... (Página5)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley la señora Montero Gil, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Martínez Oblanca, la señora Beitialarrangoitia Lizarralde y los señores Baldoví Roda y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Barandiaran Benito, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y las señoras Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; Reyes Rivera, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Cancela Rodríguez, del Grupo Parlamentario Socialista, y Villalobos Talero, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de modificación de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal ... (Página17)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Prendes Prendes, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Martínez Oblanca y la señora Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Capella i Farré, del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana; y los señores Santos Itoiz, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; Campo Moreno, del Grupo Parlamentario Socialista, y Molinero Hoyos, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
Proposiciones no de ley ... (Página27)
Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre el no reconocimiento oficial de las distinciones y títulos nobiliarios ... (Página27)
Defiende la proposición no de ley el señor Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca y Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Rivera de la Cruz, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; los señores Expósito Prieto, del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y Muñoz González, del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Esteller Ruedas, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Campuzano), relativa a derogar el Real Decreto-ley 15/2017 de medidas urgentes en materia de movilidad de operadores económicos dentro del territorio nacional ... (Página33)
Defiende la proposición no de ley el señor Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Rufián Romero, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; Roldán Monés, del Grupo
Parlamentario Ciudadanos; Vendrell Gardeñes, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; Zaragoza Alonso, del Grupo Parlamentario Socialista, y Roca Mas, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página41)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Bataller), sobre el nivel de compromiso del Gobierno con la reforma de la financiación autonómica ... (Página41)
Defiende la moción el señor Bataller i Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Capella i Farré, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; Pastor Muñoz, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y Madrazo Díaz, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor De la Torre Díaz, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y la señora Blanquer Alcaraz, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, vuelve a hacer uso de la palabra el señor Bataller i Ruiz.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para asegurar unas condiciones de trabajo dignas y de calidad en la economía digital ... (Página49)
Defiende la moción la señora Peña Camarero, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de portavoces interviene el señor Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto. En defensa de su enmienda interviene el señor Campuzano i Canadés, del mismo grupo.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Del Campo Estaún, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y la señora Vidal Sáez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Salvador i Duch, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y Candón Adán, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra la señora Peña Camarero.
Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la liquidación y extinción de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y de la calidad de los servicios (AEVAL) y la falta de
evaluación de políticas públicas ... (Página57)
Defiende la moción el señor Monereo Pérez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Ramírez Freire, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y la señora Serrano Jiménez, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca y Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV); el señor Olòriz Serra, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y la señora López Ares, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, vuelve a hacer uso de la palabra el señor Monereo Pérez.
Se suspende la sesión a las ocho y cuarenta minutos de la noche.
Se abre la sesión a las tres de la tarde.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:
INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA:
- AVOCACIÓN DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE AVOCACIÓN POR EL PLENO DE LA CÁMARA DE LA DELIBERACIÓN Y VOTACIÓN FINAL DE LA PROPOSICIÓN DE LEY SOBRE ESTABLECIMIENTO DE UNA PRESTACIÓN DE INGRESOS MÍNIMOS EN EL ÁMBITO DE PROTECCIÓN DE LA
SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente 120/000002).
- SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE AVOCACIÓN POR EL PLENO DE LA CÁMARA DE LA DELIBERACIÓN Y VOTACIÓN FINAL DE LA PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 42.1 DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES PARA GARANTIZAR LA
IGUALDAD EN LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES SUBCONTRATADOS. (Número de expediente 122/000015).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Se abre la sesión.
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 68.1 del Reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces, esta Presidencia propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de incluir como último punto de
la sesión del próximo jueves 22 de febrero un nuevo apartado relativo a la avocación por el Pleno de la Cámara de la deliberación y votación final de las proposiciones de ley sobre establecimiento de una prestación de ingresos mínimos en el ámbito
de protección de la Seguridad Social y de modificación del artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores para garantizar la igualdad en las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento).
En consecuencia, queda aprobada la modificación del orden del día.
Por otra parte, les informo de que en la sesión del día de hoy no habrá votaciones por coincidir con el Pleno del Senado, por lo que las mismas tendrán lugar en la sesión del jueves.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚN PODEM-EN MAREA, DE IGUALDAD RETRIBUTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES. (Número de expediente 122/000138).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Pasamos a tratar el primer punto del orden del día, punto relativo a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
de igualdad retributiva entre mujeres y hombres.
Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra la señora Montero Gil.
La señora MONTERO GIL: Buenas tardes, señorías. Permítanme que mis primeras palabras vayan para mujeres que están en la tribuna hoy y además para algunas diputadas que han hecho posible esta ley. En primer lugar, para Yolanda Díaz, que es
amiga, compañera, diputada de mi grupo parlamentario (Aplausos), que saca adelante un trabajo siempre honesto, dedicado y riguroso y que se ha ocupado de buscar todas las herramientas para que esta ley sea posible. También al equipo redactor de
esta ley, a Mireia Llobera, a Héctor Illueca, a Juan López Gandía, a Carmen Castro y especialmente a la coordinadora
de este equipo, la catedrática Amparo Ballester, que dará nombre a esta ley, la ley Ballester (Aplausos), gracias a la cual hoy podemos presentar esta ley pionera en Europa en materia de igualdad retributiva. Gracias de verdad.
Esta ley es, señorías, una ley patriota. Quizá muchas de las diputadas de mi grupo parlamentario no llevemos la bandera de España en una pulsera, pero preferimos demostrar el amor a nuestro pueblo y a nuestro país proponiendo que la mitad
de la población deje de ser discriminada y deje de cobrar menos que los hombres solamente por el hecho de ser mujeres. Hoy en día a los 8,5 millones de mujeres de este país que tienen un empleo todavía les faltan como mínimo, según los cálculos más
conservadores, cuatro días para empezar a cobrar por su trabajo, porque los niveles de brecha salarial actualmente existentes implican que las mujeres españolas trabajan al año al menos cincuenta y cuatro días gratis en comparación con los hombres.
Insisto, esto según los cálculos más conservadores. Hablamos de que las mujeres en España cobran casi 6000 euros menos de media cada año respecto a los hombres, según un informe del sindicato UGT. Es importante mirar la realidad laboral que viven
las mujeres en España. ¿Saben cuál es el resumen? Que tienen menos trabajo, más precario y en peores condiciones y solamente por el hecho de ser mujeres. Traigo los datos, para que no digan que esto es mentira. Según la última EPA, la del cuarto
trimestre de 2017, los hombres se llevan el 54 % del nuevo empleo; las mujeres solamente el 46. El empleo, por tanto, crece menos entre las mujeres. Sin embargo, en el desempleo sí que las mujeres somos campeonas; la tasa de desempleo femenino
pasa del 18 %, mientras que la de los hombres es casi cuatro puntos inferior. Pero es que los hombres no solamente encuentran más trabajo, lo encuentran de mayor calidad; 6 de cada 10 contratos indefinidos son para los hombres y, por contra, las
mujeres somos las campeonas en contratos temporales. El 24 % de las mujeres tiene un contrato a tiempo parcial, mientras que en el caso de los hombres este porcentaje es tres veces y media menos, del 7 %.
Esta realidad laboral se concreta también en la existencia de una enorme brecha salarial real en España que está en torno al 22 o al 24 %, no en un 14 % como dicen ustedes y como hoy repetía su portavoz parlamentario que, por cierto, ha
dicho que estaban ustedes pendientes del debate para decidir su voto, pero creo que muy pocos de ustedes se van a enterar del debate que demos en esta Cámara a la luz de lo vacía que está su bancada. (Aplausos). Ustedes en los cálculos -la señora
Villalobos sí se va a enterar- cuentan solamente con el salario base para hacer el cálculo, pero las fuentes de la desigualdad y la brecha salarial en España no se encuentran tanto en el salario base como en otros factores que forman parte de la
retribución económica en los empleos. Por eso esta ley no se llama ley de igualdad salarial, se llama ley de igualdad retributiva, porque la clave de la brecha salarial se encuentra en los complementos y pluses -fíjense, ahí la brecha alcanza el 30
%-, en las horas extra -donde la brecha salarial se dispara hasta el 80 %- o en que los sectores laborales feminizados ofrecen salarios menores, o en la imposibilidad de conciliar. Por eso 7 de cada 10 contratos a tiempo parcial en España lo
desempeñan mujeres y por eso 8 de cada 10 personas que están en paro por cuidar a sus hijos son mujeres, que son las que solicitan el 90 % de las excedencias para el cuidado de niños y de niñas. La mayor precariedad en el empleo y las retribuciones
más bajas hacen que las cotizaciones sean peores, que sean menores y además eso deriva en mayor desigualdad y en mayor pobreza general. Así ocurre que 6 de cada 10 personas en situación de vulnerabilidad laboral son mujeres y cuando se jubilan,
señora Villalobos, millones de mujeres se encuentran con pensiones de verdadera miseria. Las mujeres cobran una media de pensión casi el 40 % más baja que los hombres; 8 de cada 10 pensiones menores de 400 euros las reciben las mujeres mientras
que de las pensiones superiores a 2500 euros no les corresponden ni 2 de cada 10.
A todo esto debemos sumar los millones de horas de trabajo dedicadas, que no son consideradas empleos y por tanto no están remuneradas y que fundamentalmente realizan las mujeres, a los cuidados en este país. Les hablo del trabajo
reproductivo. ¿Saben cuánto valor económico atribuyen los estudios disponibles al trabajo reproductivo, al trabajo no remunerado, realizado fundamentalmente por mujeres? El 53 % del producto interior bruto, señoría. Hablamos de trabajos
reproductivos que equivaldrían a más de la mitad del producto interior bruto del país. (Aplausos). Esto quiere decir que hay un tercio de la riqueza del país básicamente producida por mujeres y que ni siquiera aparece en las estadísticas
oficiales. Según el Instituto Nacional de Estadística las mujeres realizan, de media, dos horas y media más de trabajo doméstico diario que los hombres. Diferentes estudios indican que las mujeres dedican entre cuatro y cinco horas diarias a las
tareas reproductivas. En un año las mujeres dedican setenta y seis días a las tareas reproductivas y de cuidados; dos meses y medio cada año, señorías, dedicado a tareas de cuidados solamente por el hecho de ser mujeres.
Por eso, cuando hablamos de repartir los cuidados no solamente hablamos de una cuestión moral o ideológica; es una cuestión también económica, también política, de vértebra del sistema político, económico y social español, de convivencia.
Se trata de distribuir el trabajo y también la riqueza, señorías, de manera más igualitaria en la sociedad. Por eso siempre les decimos que el feminismo no es un punto y aparte de la política de este país, que es su columna vertebral. Porque se
trata de preguntarnos si la forma en la que queremos organizar la sociedad es democrática o igualitaria o si, por el contrario, va a seguir discriminando a la mitad de la población que somos las mujeres y si podemos cambiar nuestras normas de
convivencia para poner la vida en el centro y no los intereses de los poderosos, como hacen ustedes cada vez que gobiernan y que están sentados en esa bancada azul. (Aplausos). ¿Saben una cosa? La brecha salarial sí genera beneficios, señorías,
el problema es que no los genera para España ni para los españoles, mucho menos para las mujeres, pero hay quienes sí ganan con la brecha salarial. ¿Saben quién? La patronal sí gana, 42 000 millones de euros al año más por pagar menos a las
mujeres por el hecho de serlo. Quizás con este dato se entienda mejor por qué su presidente hoy ausente, el señor M. Rajoy, decía eso de no nos metamos en eso, porque ustedes gobiernan siempre para defender los bolsillos de los poderosos aunque eso
vaya a favor del sufrimiento de la mayoría de la población en España. (Aplausos).
¿Cuáles son las principales medidas de la propuesta? A ver si conseguimos convencerles de que voten a favor. Una, terminar con la opacidad de los criterios retributivos que facilitan a las empresas que la brecha salarial siga existiendo, y
no solamente en el salario base, sino en las retribuciones extras, pluses y en las horas extra. Para ello la empresa tendrá la obligación de incluir en la nómina de cada trabajador y de cada trabajadora la información promediada de los salarios
distribuidos por sexos, las retribuciones que se dan a hombres y mujeres, es decir, la información de brecha salarial de la empresa en la nómina de cada trabajador. El convenio deberá contener de forma obligatoria los criterios específicos que
justifican una determina retribución y cualquier pago de complemento. Se presupondrá discriminación a partir de una brecha salarial mayor al 20 % y se crea una unidad especializada para garantizar el cumplimiento de estas obligaciones, competente
para investigar y también sancionar, en todas las inspecciones provinciales de trabajo. Se sancionará también a las empresas que incumplan la obligación de realizar una auditoría salarial. Esta sanción debe ser equivalente al incumplimiento del
Plan de Igualdad, que constituye una infracción muy grave que puede llegar a casi los 200 000 euros de multa. Aseguramos por ley el principio de igualdad retributiva entre trabajadores y trabajadoras que prestan servicio a la misma empresa, lo
hagan contratadas por la empresa principal o a través de subcontratas. Aseguramos por ley que cuando se produzca una condena por discriminación no se producirá equiparación salarial a la baja, como está ocurriendo ahora. Insistimos en la necesidad
de hacer los permisos de maternidad y paternidad iguales, intransferibles y cien por cien remunerados, algo que ustedes han vetado dos veces, la primera de ellas el 8 de marzo del año pasado. Esto clama al cielo, señorías, pues es esencial para que
deje de ocurrir esa situación vergonzosa que sufren millones de mujeres en este país que cuando van a pedir un empleo les preguntan si tienen pensado quedarse embarazadas (Aplausos), para ver si les dan el empleo o no. Por eso son importantes los
permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles. (Aplausos). Asimismo, visibilizar el trabajo reproductivo no remunerado elaborando cuentas satélite al producto interior bruto para cuantificar el valor económico de ese trabajo
reproductivo no remunerado que realizan fundamentalmente las mujeres.
Nosotras esperamos tener el apoyo mayoritario de esta Cámara para sacar esta iniciativa adelante. De corazón les pido que reconsideren su posicionamiento, creo que si se lo están pensando es que no tienen muy claro votar a favor pero,
créanlo, esta ley va a favor del interés general de España y va a favor del interés general de los españoles y de las españolas. Se lo dije a la señora Báñez la semana pasada y se lo digo a ustedes de nuevo, ustedes no solo no se han metido en esto
durante sus seis años de Gobierno -como decía el otro día el señor M. Rajoy-, sino que les molesta que otras personas lo hagamos. En mi grupo parlamentario estamos muy cansadas de quienes se llaman patriotas pero en el fondo desprecian todas y cada
una de las cosas propias de la forma de vivir que tenemos en España; de quienes dicen ser patriotas pero después desprecian el sistema público de pensiones y se cargan la hucha de las pensiones (Aplausos) y les dicen a las familias que ahorren y
que se hagan un plan de pensiones privado. (Aplausos). Estoy harta de quien se llama patriota pero después desprecia a las personas dependientes y permite que en España cada día mueran noventa personas sin recibir ese derecho que tienen en forma
de ayuda económica por el hecho de ser dependientes. Estoy harta de quien dice ser patriota pero después desprecia la sanidad y la educación públicas de nuestro país y siempre recurre a la sanidad y a la educación privada porque no confía ni en la
educación ni en la sanidad de su
país. (Aplausos). Estoy harta de quien se dice patriota pero permite durante más de seis años de Gobierno que haya una brecha salarial de más del 24 % en nuestro país.
Señorías, nuestras madres, nuestras abuelas, todas las que han venido antes nos han enseñado a las nuevas generaciones, a las nuevas mujeres, a amar nuestra forma de vivir, que es defender los servicios públicos, que es defender la vida en
comunidad, que es poner la vida en el centro y no los intereses de los buitres financieros y de los poderosos, como hacen ustedes. (Aplausos). Y nos han enseñado también que si nosotras no peleamos, nadie lo va a hacer por nosotras. Esta pelea no
es de mi grupo parlamentario contra el suyo, señorías, es de la España feminista, democrática, igualitaria, contra un Gobierno machista que perpetúa y aumenta la desigualdad mientras sigue sentado en esos bancos azules. (Aplausos). Su Gobierno es
un gobierno machista -y con esto termino, presidente-; su Gobierno es un gobierno machista porque aplica políticas que mantienen y agudizan la desigualdad entre hombres y mujeres. Pero la España de hoy, que es una España feminista, que es también
la España del mañana, tiene millones de mujeres que hoy están fregando suelos, barriendo casas, haciendo compras, preparando las comidas, recogiendo la mesa después de cada cena, que quieren un país con plenos derechos y sin ustedes en el Gobierno
para que España sea un país verdaderamente democrático, feminista e igualitario. El 8 de marzo hay huelga feminista y tienen ustedes una ocasión muy importante para pensar en todo ello.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Montero.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.
Buenas tardes. Estamos ante una iniciativa que responde a una necesidad histórica que no es de ayer, que ha sido y que será de constante preocupación. Por significativo, viene al caso recordar que hace casi un cuarto de siglo, en 1994,
precisamente un día 8 de marzo, el Tribunal Constitucional dio amparo a 140 trabajadoras que, ostentando categorías superiores o equivalentes a las de los hombres, percibían retribuciones sensiblemente inferiores en la misma empresa. La sentencia
fue tan concluyente como contundente. Por lo tanto no se puede partir de la base de que en España carecemos de mecanismos legales para afrontar la discriminación laboral por sexos porque no es verdad. Sin embargo hay cifras elocuentes. En
Asturias -datos divulgados recientísimamente por los técnicos de Hacienda (Gestha)-, las mujeres cobran un 37,8 % menos de media que los hombres y ello supone la mayor brecha salarial de todas las comunidades autónomas. Lo recalco: la mayor de
toda España. El extenso texto de esta iniciativa plantea reformas de gran calado. Hace solo cuatro meses aprobamos unánimemente una moción amplísima en su contenido instando a la presentación de medidas dirigidas a dar cumplimiento a la
recomendación de la Comisión Europea de 2014 de establecer los mecanismos necesarios para corregir la desigualdad retributiva entre hombres y mujeres en España.
Desde Foro creemos que no es justo depreciar nuestro marco legislativo y normativo ya que en España no está permitido que en una empresa a igual trabajo, igual horario e iguales condiciones, haya diferentes sueldos. De ahí que no nos
parezca mal que se incida legislativamente en el respaldo a la misma retribución del trabajo de idéntico valor; de hecho es nuestro compromiso la promoción de medidas para favorecer la estabilidad laboral de las mujeres y su justa remuneración
implementando políticas con las que superar el impacto de la división de sexos en la estructura de empleo. Todo ello sin olvidar, por otra parte, que la igualdad es algo que, como tantas veces se repite desde esta tribuna, va mucho más allá del
ámbito laboral porque implica a la Administración, a factores educativos para implantar la corresponsabilidad de los hombres con sus parejas y a la sociedad en su conjunto.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Oblanca.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene ahora la palabra la señora Beitialarrangoitia Lizarralde.
La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Arratsalde on.
Para quienes como Euskal Herria Bildu aspiramos a vivir en una república vasca independiente y feminista es primordial construir un futuro en el que desaparezcan las múltiples discriminaciones que padecemos la mitad de la población: las
mujeres.
Corregir la brecha salarial es un paso en esa dirección entendiendo que no solo estamos reclamando mismo sueldo por mismo trabajo, y es que la precarización y la feminización del trabajo parcial no han hecho más que agudizar la situación y,
lejos de mejorar, entre 2009 y 2014 la brecha salarial ha aumentado a causa de las políticas de austeridad. Los datos exigen actuar ya. En la Comunidad autónoma de Navarra el sueldo de las mujeres es un 33 % más bajo. El Foro Económico Social
apunta a que se necesitarán dos siglos para poder llegar a la igualdad salarial, y no hay un solo país en el mundo que lo haya conseguido. Y todo ello, sin olvidar que la igualdad laboral no será posible hasta que no resolvamos el conflicto laboral
y el social, y miremos a la esfera reproductiva poniendo en el centro de las políticas la sostenibilidad de la vida. Los hombres y la sociedad deben hacerse responsables del trabajo reproductivo que les corresponde; es una cuestión de justicia.
Mientras esto no suceda y se supere la división sexual del trabajo en todos los ámbitos y las relaciones de poder entre hombres y mujeres, no podremos hablar de igualdad en los salarios. Y aunque sabemos que el sistema no va a permitir que se
modifique aquello que garantiza su existencia, es decir, la acumulación de capital a través de la apropiación por unos pocos del trabajo de muchas -entre ellos, el trabajo que realizamos gratuitamente las mujeres en el hogar o a muy bajo precio en
el mercado-, estamos dispuestas a actuar contra las relaciones de dominación imperantes. En esa tarea, todo paso que vayamos dando, por parcial e insuficiente que sea, nos ayudará a lograr nuestro objetivo por lo que, aun sin estar de acuerdo en
todo con el texto propuesto, apoyaremos, cómo no, la admisión a trámite de la proposición de ley a debate. Lo hacemos en coherencia con lo que recientemente hemos apoyado en el Parlamento de Gasteiz, para que se agilizara el debate de la ley en el
Congreso, mientras en nuestro territorio comenzamos a actuar sin esperar a Madrid. Más aún cuando esperar a que el Gobierno presente un proyecto de ley sobre la materia es algo similar a no avanzar.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Beitialarrangoitia.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Baldoví Roda.
El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyor president.
Irene, nosotros, a diferencia del Partido Popular, no tenemos ninguna duda, vamos a votar a favor. Cuando nos planteamos quién salía a defender esta propuesta de entre los miembros de nuestro grupo, donde somos tres hombres y una mujer,
decidimos que el debate era lo suficientemente importante como para que se implicara un hombre en él y lo suficientemente serio como para que fuera el portavoz quien saliera a defender el voto afirmativo a la toma consideración. Por tanto, lo hemos
tenido muy claro.
Ayer, en una entrevista y al hilo de que Marta Sánchez había puesto una letra al himno de España, yo dije una frase que siento: menos himnos y más cumplir la Constitución. Insisto, menos himnos y más cumplir la Constitución. Artículo 14:
Los españoles son iguales ante la ley sin discriminación por sexo, raza, lugar de nacimiento, opinión, etcétera. Por tanto, menos himnos y más cumplir la Constitución.
El debate de la brecha salarial, a nuestro modo de entender, es necesario y absolutamente justo; es un debate que está en la calle y en el que, en principio, todos podemos estar de acuerdo, pero las cosas se cambian legislando. Con buena
voluntad se avanza, pero se avanza más rápido legislando. Para eso estamos aquí, para legislar, y por eso es importante que a esta ley no le pase lo que le está ocurriendo a tantas leyes, que llevan esperando seis, siete, ocho, nueve, diez, once o
doce años.
Acabo porque el presidente me lo está indicando. Acabo, además, con esa supuesta letra del himno, y digo que, frente a un patriotismo de bandera y de himno, reivindicamos una patria de personas; frente al orgullo de nacer en un sitio,
reivindicamos el orgullo de nacer en un sitio donde todos seamos iguales, hombres y mujeres; y frente a esa estrofa que dice 'Y si algún día no puedo volver,...' yo quiero que los jóvenes y los científicos puedan volver, frente a esa última estrofa
que dice '... guárdame un sitio para descansar al fin', yo no quiero un sitio para descansar, sino un sitio para vivir en libertad y en igualdad. Esa es mi patria, la patria de las mujeres que viven en igualdad, en libertad junto con los hombres.
Moltes gràcies, senyor president.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Baldoví.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, finalmente tiene la palabra el señor Campuzano i Canadés.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Gracias, señora Montero. Vaya por delante el apoyo del Partit Demòcrata a su iniciativa. La ha defendido con convicción. Podemos compartir la cuestión de fondo que usted nos plantea en tanto en
cuanto a problema, pero también estará de acuerdo conmigo en que este no es un asunto exclusivo de la economía o del mercado de trabajo en España -forma parte de una agenda en todas las economías avanzadas- y eso quizá nos debe hacer ser un
punto más modestos en la aproximación a las políticas y a las legislaciones que necesitamos en esta materia. Por ejemplo, en su discurso he echado en falta un aspecto fundamental, que es el papel que tiene la negociación colectiva para hacer frente
a esta problemática. Ahora que nos empezamos a aproximar un poco más en serio a esta cuestión, evidenciamos que los convenios colectivos configuran también un régimen discriminatorio según la categoría profesional de una misma actividad se asigne a
mujeres o a hombres. Por tanto, sería bueno también que reforzásemos ese papel de la negociación colectiva. No ha hecho referencia hoy en su discurso -aunque sí figura en su proposición de ley y es importante- a los aspectos vinculados a la
conciliación y a las políticas de igualdad. Ahí ustedes hacen referencia a una cuestión que nuestra compañera, la señora Ciuró, viene defendiendo desde hace tiempo en esta Cámara, que es la necesidad de un régimen de permisos igualitarios e
intransferibles. Porque, probablemente, el gran reto en materia de igualdad, y quizás una de las explicaciones de los problemas de la brecha salarial, tiene que ver con un fracaso colectivo que es el fracaso de las políticas de conciliación, que
básicamente ha consistido en que las mujeres concilien más que aquello de que los hombres seamos capaces de implicarnos de manera seria y responsable en los asuntos de la vida cotidiana de los hogares y en el cuidado de hijos y personas
dependientes. En este sentido, las iniciativas legislativas que están en marcha en materia de igualdad, en materia de permisos retributivos, son fundamentales.
Finalmente, una cuestión a la que usted hacía referencia y que no es menor -creo que ahí los portavoces del Grupo Popular podrían estar de acuerdo con usted- es la inspiración que nos debe mostrar Alemania con su política de transparencia
salarial. Alemania ha anunciado una legislación en esta materia y debemos avanzar en esa dirección. Espero, señora Montero, que nos pongamos de acuerdo en el trámite parlamentario y que, como decía el señor Baldoví, esta no sea una ley frustrada,
que esta ley acabe en el BOE y que sea un instrumento más para esa causa de la igualdad entre hombres y mujeres, que es una causa que todos compartimos.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.
El señor BARANDIARAN BENITO: Buenas tardes, señorías; buenas tardes, señor presidente.
La semana pasada nos encontramos para hablar también de la misma cuestión a través de una moción por la que se instaba al Gobierno a presentar un proyecto de ley precisamente sobre la misma materia, sobre la eliminación de la brecha
salarial, sobre la eliminación de las diferencias de género, sobre la eliminación de las diferencias retributivas entre hombres y mujeres. (La señora vicepresidenta, Elizo Serrano, ocupa la Presidencia). Pero también recordaba en aquella
intervención que no era la primera vez, porque un año antes nos habíamos visto en este mismo estrado para requerir en otra moción al Gobierno para que presentara un proyecto de ley sobre esta cuestión y, sin embargo, no ha habido contestación, no ha
habido iniciativa, no ha habido ningún tipo de intervención. Eso es algo que resulta realmente lamentable: que haya un Ejecutivo que, a pesar de que resulta mandatado por el Legislativo, no actúe en consonancia no ya con esa sensibilidad sino con
un problema del calado y las características como el que hoy estamos analizando aquí. Hace solo diez días también el Parlamento vasco -lo recordaba Marian Beitialarrangoitia hace un momento- aprobó una proposición no de ley instando también a este
Congreso a la aprobación de una ley de igualdad salarial y retributiva y de la transparencia salarial, elemento además que es definidor de la necesidad de adopción de una medida sustantiva, la de la transparencia. Hoy, en vísperas del 22 de
febrero, que es la fecha en la que se conmemora el Día internacional de la igualdad salarial, se nos presenta una proposición de ley de igualdad retributiva entre mujeres y hombres cuyo contenido, con ser discutible como todo, nos abre al menos una
batería de propuestas legislativas que afectan a diez diferentes leyes y a numerosos preceptos. También decía la semana pasada que el siglo XXI está llamado a ser el de la mayor revolución jamás intentada en la historia, que es aquella donde
conseguir que el 50 % de la humanidad empiece a ser titular de los mismos derechos que el otro 50 %. Pero lo cierto es que desde el marco normativo y salvo declaraciones solemnes, poco se ha hecho, no se ha actuado de una forma fehaciente y no se
ha hecho de una manera garantista y transparente. Y aunque esta es una cuestión capital, vuelvo al inicio, es que resulta que no hemos tenido respuesta de proposiciones legislativas de ningún tipo, y aunque al presidente del Gobierno esta es una
cuestión en la que le pueda parecer que no hay que meterse, conviene recordar que este es un asunto capital en toda Europa, es capital en el entorno de la OIT, es capital en nuestro entorno social, es capital en esta Cámara y es capital
entre los agentes sociales, y a pesar de ello, hasta que hemos tenido esta propuesta legislativa, no ha habido forma de encarar la posibilidad de debatir algunas medidas. Son muchas las actuaciones que se han conocido, la OIT en su convenio 110 ya
empezó recordando la necesidad de contemplar la igualdad de salarios retributivos entre hombres y mujeres, pero hace relativamente poco la Comisión del 7 de marzo de 2014 aprobó una recomendación sobre reforzar el principio de igualdad de
retribución entre hombres y mujeres; lo hicieron los artículos 2 y 3 del Tratado de la Unión Europea para consagrar el derecho de igualdad; lo hicieron los artículos 8 y 10 del TFUE, del Tratado de Funcionamiento, para eliminar las desigualdades
entre hombres y mujeres; el mismo artículo 157 de este tratado obligaba a garantizar la igualdad en la retribución. Y así una sucesión de actos legislativos de carácter internacional en algún caso como el de la OIT o interno como el del tratado de
la Unión Europea que nos han impulsado a removernos de este asiento donde quedarnos quietos resultaba una posición absolutamente inaceptable.
En esta proposición se aborda en ese sentido un amplio elenco de modificaciones -lo he dicho antes, diez textos legislativos-, muchas de ellas aceptables, otras discutibles, pero en general bien encaminadas, atendiendo a un modelo
legislativo que ya se ha puesto en práctica en otros países, fundamentalmente en Alemania y en Finlandia. Aborda la modificación de la legislación laboral y del Estatuto de la Función Pública, la modificación del ámbito de representación en estos
dos aspectos sustantivos, la modificación de la legislación procesal, tanto de orden social como de orden contencioso, la legislación de cooperativas, la legislación de pensiones y algunas otras cuestiones respecto a las que, como he dicho, podemos
estar más o menos de acuerdo, pero que tienen la virtualidad de poner negro sobre blanco algunas medidas que hace falta abordar; fundamentalmente una, que es a la que se han referido también en otra legislación, de hecho la legislación finlandesa
se titula de esta manera: la transparencia, la de desenmascarar de alguna manera aquellos aspectos legislativos que podrían ocultar diferencias de trato en materia retributiva que hoy no solo resultan inadmisibles sino que deben ser además
reprobadas.
Adelanto por todo ello, como ustedes entenderán, que nuestro voto será favorable a la toma en consideración de la proposición de ley, sin perjuicio de hacer constar que no compartimos algún aspecto de su contenido, no obstante lo cual no
podemos dejar de valorar el esfuerzo y la oportunidad de sus redactores, de los que, como poco, debo decir que han hecho un trabajo ímprobo.
Muchas gracias, señorías.
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias, señor Barandiaran.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Jordà i Roura.
La señora JORDÀ I ROURA: Muchas gracias, presidenta. Molt bona tarda a totes i a tots, senyores i senyors diputats. (Comienza su intervención en catalán.-Aplausos).
El 1 de enero de 2018, hace cuatro días, en Islandia entró en vigor la ley que exige que tanto en el sector público como en el sector privado cualquier empresa que cuente con más de veinticinco trabajadores obtenga unos certificados
gubernamentales que garanticen el cumplimiento de las políticas de igualdad salarial. Si esto no sucede, ergo estos certificados no se obtienen, las compañías se enfrentarán a multas y a auditorías. En Alemania, hará poco más de un mes que las
grandes empresas alemanas están obligadas a informar a sus empleados de cuánto cobran sus compañeros, hombres, por el mismo trabajo. Señorías -me dirijo a todos en general, pero sobre todo a las señorías del Grupo Popular-, la brecha salarial debe
prohibirse por ley y deben aplicarse sanciones cuando se incumpla. Es una absoluta injusticia que afecta nada más y nada menos que al 50 % de la población. Legislar a favor de la igualdad no es una novedad; de hecho, lo intenté explicar la semana
pasada. No les van a dar el premio a la originalidad por hacerlo ni tampoco les van a dejar de enviar bombones, turrones, cava o lo que sea por Navidad. Háganlo porque no es tan difícil; lo verán. Países como Alemania, Islandia o Reino Unido ya
aplican estas medidas legislativas para igualar los salarios y las oportunidades entre ambos géneros. ¿Y saben qué? Que al final a ustedes también les va a ir mucho mejor.
Los republicanos independentistas vamos a votar a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley, evidentemente, pues se trata de una iniciativa justa y valiente que esperamos que huya de la política declarativa de los dos
partidos de esta Cámara que han tenido responsabilidades de gestión en las últimas décadas y que, en definitiva, han contribuido a construir el pésimo escenario en el que nos encontramos hoy y que hoy denunciamos. De hecho, lo hemos denunciado mil
veces, millones de veces,
multitud de veces, y nos hemos preguntado en millones de ocasiones -a pesar de todo, seguimos haciéndolo- por qué narices si una mujer y un hombre hacen el mismo trabajo no cobran lo mismo. (Aplausos). Es una pregunta que parece estúpida,
pero seguimos haciéndonosla hoy. Según un informe de la UGT, las trabajadoras en el Estado español ganan un 24 % menos que los trabajadores y deben trabajar nada más y nada menos que 11,5 años más que los hombres para conseguir la misma pensión que
ellos. Es decir, ¡olé tú! ¡Increíble! ¡Increíble! Tenemos una de las brechas salariales más grandes de la Unión Europea y es evidente que la crisis de las políticas de austeridad no han hecho más que agravar esta extrema injusticia, pero está
claro, como siempre, señorías del Grupo Popular, que lo mejor es no meterse en eso. Lo mejor es no meterse en eso y esperar a que alguien o algo lo corrijan. Lo mejor es, como siempre, que alguien de vez en cuando, en su Consejo de Ministros o
donde sea ponga algo de voluntad, haga alguna declaración, ponga algo de buenismo -palabrería, en definitiva- y, claro está, no meterse en ese berenjenal. En Cataluña ya les conocemos, ya sabemos cómo actúan. De hecho, lo sabemos perfectamente.
Conocemos todas sus fórmulas para dar solución a los conflictos y lo que hacen es justamente esto: nada. No hacen absolutamente nada, no se meten en nada y dejan pasar el tiempo, aunque la injusticia sea cada vez mayor. Tendrían que cambiar de
estrategia porque ya no se puede reprimir más. Cambien de estrategia y basta ya de políticas declarativas, de informes, de estadísticas y de estudios, porque estamos muy hartos de debatir siempre lo mismo. Ya conocemos los números, las
estadísticas y todos los cuadros habidos y por haber. Pónganse a legislar de una vez por todas para acabar con esta locura retrógrada y absolutamente absurda. Es cierto que la brecha salarial es una cuestión de discriminación, una consecuencia de
los prejuicios machistas de los empresarios que pagan menos a las mujeres que a los hombres por hacer el mismo trabajo. De hecho, es un auténtico atentado a la justicia y a la igualdad, pero en definitiva es fruto de una sociedad -la española- y de
un Gobierno -el del Partido Popular- patriarcales y machistas. Esta es la realidad y lo son en todos los sentidos, una sociedad que bebe aún de los principios caducos del tardofranquismo. Lo tenemos que decir alto y claro porque esta es la única
causa, si no la causa principal. Es imprescindible legislar; lo es. Se necesitan medidas para aumentar la cuantía de las pensiones de las mujeres, igualar de una vez por todas los permisos de maternidad y paternidad y hacerlos intransferibles,
escuelas de 0 a 3 años gratuitas o cumplir aquello a lo que ustedes se comprometieron: la Ley de igualdad. La música de esta PL nos gusta, señorías de Podemos; de hecho, la letra también. Les diré más: nos encanta. Trabajaremos en ella a
través de alguna enmienda, porque a nuestro entender seguramente podría mejorar el texto.
Dejen que lea algún dato más. Ya puestos, como tengo fe en que va a ser la última vez que lo debatamos, voy a dar unos datos rápidos. En 2014 la Comisión Europea emitió una recomendación para los Estados miembros de la Unión Europea para
atajar la desigualdad salarial. Las mujeres sufrimos más precariedad laboral que los hombres. La gran mayoría de las nuevas contrataciones de mujeres corresponden a contratos temporales. Además, tres de cada cuatro contratos a tiempo parcial son
ocupados por trabajadoras mujeres. Estos datos nos demuestran el machismo en el mercado laboral y el reparto desigual del trabajo de cuidados entre hombres y mujeres. Es, pues, imprescindible y necesario establecer permisos de nacimiento y
adopción iguales e intransferibles, porque solo de esta manera los hombres verán garantizado su derecho a cuidar a sus hijos recién nacidos y las mujeres nos libraremos del estigma de ser intrusas en el mercado laboral, dejando a los empresarios sin
ninguna excusa para discriminar a la hora de contratar, de ascendernos o de subirnos el salario.
Voy acabando. También es importante introducir medidas en el sistema educativo orientadas a combatir los prejuicios sexistas. Si reducimos la segregación de género en la educación, reduciremos a la vez la segregación de género en el
mercado laboral y, por lo tanto, la brecha salarial. Ya lo ven, tienen ustedes dos opciones; de hecho, las mismas dos opciones que tienen ustedes en todos los problemas que atañen al Estado español: una solución sería meterse en eso y trabajar y
la otra es seguir no metiéndose en eso y no hacer nada. Estas son las dos opciones. Hagan ustedes lo que les parezca. Yo de usted, señor Rajoy, me metería en eso.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias, señora Jordà.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Reyes Rivera.
La señora REYES RIVERA: Gracias, presidenta.
Señorías, lo decía la semana pasada en el debate de la moción del Grupo Parlamentario Socialista, de nuevo volvemos a hablar de brecha salarial, y hoy lo tengo que repetir, dos semanas seguidas. Además,
ya llevamos más de cinco iniciativas aprobadas por esta Cámara que el Gobierno no ha puesto en marcha. Por otra parte, como también decía la semana pasada, no está de más que sigamos hablando de ello, porque aunque, dados los antecedentes,
solo servirá para intentar hacer cierta pedagogía frente a los negacionistas, espero que sirva de algo. Repito lo que decía el otro día: la brecha salarial existe y se debe a una cuestión estructural, que es la desigualdad que existe en la
sociedad y también en el mercado de trabajo. ¿A qué creen ustedes que nos llevará este debate? Puede ser que se apruebe la admisión a trámite y que continúe el procedimiento, pero el Grupo Parlamentario Socialista ya ha presentado otra proposición
de ley de igualdad salarial y sospecho que comenzará una guerra velada entre los dos grupos para que se apruebe antes una que otra y así apuntarse el tanto. De hecho, ahora mismo leía que ya se están acusando de copiones los unos a los otros.
¿Saben después que pasará? Ocurrirá lo que está pasando hasta ahora, que el Gobierno no hará nada. Está pasando con el Pacto de Estado contra la violencia machista, con todas estas iniciativas de las que hablaba, con la regeneración, etcétera. El
Gobierno no arranca, no cumple. Ojalá me equivoque, señorías del Partido Popular. Ojalá ustedes cumplan, aunque solo sea para llevarnos la contraria a los diputados de Ciudadanos, que parece que últimamente es su deporte favorito. Si el fin
último es bueno para todos los españoles, hasta asumiremos con elegancia los ataques. Al Grupo Parlamentario Socialista ya le decía el otro día que se sienten a negociar los presupuestos con el Gobierno. Visto lo visto, es la única manera de que
una medida se ponga en marcha. Háganlo como hemos hecho nosotros con los permisos paternales, que es una de las medidas básicas para luchar contra la brecha salarial. Hoy también se lo digo a Unidos Podemos. Negocien los presupuestos, aunque en
este caso lo digo con menor esperanza aún -y siento que sea así-, porque su grupo fue incapaz siquiera de suscribir el Pacto de Estado contra la violencia machista, un pacto con medidas muy positivas para las mujeres que la están sufriendo. A
ustedes todo lo que huele a estabilidad, utilidad o consenso les da alergia, porque prefieren la famosa dialéctica amigoenemigo de Carl Schmitt, que tanto gusta al señor Iglesias. Pues miren, si me permiten, en mi humilde opinión les diré que no
estamos en ese momento de la historia en el que este tipo de dialéctica pueda funcionar, señorías. Por supuesto, compartimos la finalidad de esta proposición de ley. Es necesario que se establezcan medidas para luchar contra esa desigualdad
retributiva. Esto lo están haciendo ya la mayoría de los países de la Unión Europea, incluso países en los que existe mayor igualdad en datos que en España. Y de datos, en concreto, quería hablar, porque ¿qué pasa con nuestro país? ¿No hay
indicadores fiables? El Gobierno siempre da una cifra antigua de Eurostat, de un 14,9 %, mientras que los sindicatos dan otra cercana a un 25 %. También tenemos la última de hace poquito, de la semana pasada, del sindicato de técnicos de Hacienda,
del ministerio del señor Montoro, suponemos que son datos fiables, y daban una cifra de nada más y nada menos que un 30 %. Además, curiosamente, en el último informe sobre brecha de género del Foro Económico Mundial, había muchas casillas referidas
a España que estaban vacías. ¿Qué pasa, no proporcionamos datos? ¿No le interesa al Gobierno? ¿Solamente tenemos ese estudio del INE del año 2014? Yo creo que se está quedando un poco antiguo. Va tocando ya actualizarlo. A mi grupo,
Ciudadanos, le preocupa que no existan indicadores rigurosos y oficiales, porque si no es así, ¿cómo podemos evaluar qué brecha existe? ¿Cómo podemos establecer medidas y legislar para combatirla? Sean serios, señorías del Grupo Popular, hay que
meterse. Los informes del foro dicen que esa desigualdad, esa brecha, ahora mismo está estancada y que tardará más de un siglo en cerrarse. Y las causas de esta desigualdad son diversas y muchas estructurales. Esto es algo que la proposición de
ley del Grupo Podemos no contempla apenas, o al menos no lo hace con la suficiente profundidad que requiere.
El grueso de las medidas va destinado a la negociación colectiva, a la transparencia de salarios, a la igualdad en la promoción profesional y políticas públicas en materia de igualdad retributiva estricta. Y sí, también hay que abordarlas,
pero igualmente tenemos que emprender medidas que incidan en las causas accesorias y estructurales que determinan que exista esa brecha, esa diferencia de salarios. Por ejemplo, el hecho de que las mujeres tengamos trabajos menos cualificados, y
que esto continúe siendo así a pesar de que nuestra formación ahora mismo es ligeramente superior a la de los hombres. También están los problemas de acceso al empleo en igualdad de condiciones, curriculum vitae o entrevistas de trabajo. Echamos
un poco de menos en esta proposición de ley esa etapa laboral. Asimismo, el mayor uso de excedencias o permisos laborales para la atención de hijos y familiares. El 93 % de esas excedencias nos las cogemos nosotras; en definitiva, la falta de
corresponsabilidad; el hecho de que las mujeres empleamos el doble de tiempo que los hombres en las tareas de cuidado y hogar. Por supuesto, también los techos de cristal para acceder a puestos de dirección y de toma de decisiones. Si bien es
cierto que introduce una disposición adicional que tiene que ver con esto, en relación con la ampliación e igualación de los permisos
de paternidad y de maternidad les recuerdo, aunque ustedes siempre lo pasen por alto, que quien está consiguiendo que esos permisos se vayan igualando es mi grupo, Ciudadanos. Señora Montero, los permisos no están vetados. Ya se han
comenzado a poner en marcha; se lo exigimos en el acuerdo de investidura al Partido Popular; lo negociamos en los presupuestos generales de 2017. El fruto de ello todavía no es suficiente, pero como saben -aunque ustedes lo obvien- los padres
españoles han podido disfrutar de dos semanas más de permiso. Y los permisos los están vetando partidos como ustedes, que siguen bloqueando los presupuestos. Y si siguen haciéndolo, los permisos no se van a igualar, ténganlo presente. Aquí lanzo
también un guante al Partido Nacionalista Vasco. Yo leía este fin de semana que el Gobierno vasco ha anunciado que incluirá una equiparación de los permisos para los funcionarios y los elevará hasta dieciocho semanas. De verdad, señorías,
encantados de que así sea; muy bien por su parte; muy bien hecho, ustedes se lo pueden permitir porque tienen más dinero, les tocó el cuponazo. (Aplausos). Pero, por favor, si no es demasiado pedir, piensen también en el resto de padres
españoles, igualdad y solidaridad, ¿les suena?
Para finalizar, quiero decir que esta proposición de ley podría ser una oportunidad para iniciar un camino contra la desigualdad retributiva, pero, desde luego, las medidas nos parecen insuficientes, nos parece una proposición de ley poco
ambiciosa y que no aborda el problema de raíz.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Gracias, señora Reyes.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Cancela Rodríguez.
La señora CANCELA RODRÍGUEZ: Moitas grazas, presidenta; moi boa tarde.
En las últimas sesiones parlamentarias hemos tratado el tema que nos ocupa hoy, la brecha salarial entre mujeres y hombres, constatando una realidad evidente que todas y todos compartimos y que además es contraria al propio marco
constitucional en sus artículos 14 y 35.1, en el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores y en la propia Ley Orgánica 3/2007. Por tanto, partimos de una situación real que podemos catalogar de inconstitucional; la desigualdad de la mujer
en el mercado de trabajo existe y persiste a pesar de un marco legislativo y normativo ambicioso, complementado además con disposiciones de la OIT, de la propia Unión Europea y declarada como un derecho por parte de sentencias reiteradas del
Tribunal Constitucional.
En cuanto a la intervención que ha hecho la señora Montero, creo que compartimos la diagnosis del mercado de trabajo en términos generales. Estamos hablando de un porcentaje tremendamente alto en cuanto a brecha salarial entre mujeres y
hombres, que en muchos casos llega incluso al 30 %. Hablamos de 414 euros al mes menos de salario que los hombres; hablamos de un 18,4 % de mujeres con salarios medios inferiores al salario mínimo interprofesional; la EPA del cuarto trimestre de
2017 habla de un 45,56 % de personas ocupadas que son mujeres, y son ellas las que desempeñan el 75 % de las jornadas a tiempo parcial en este país. Si esto lo trasladamos al ámbito de las pensiones, esa brecha se dispara prácticamente al 38 %.
Todo esto, evidentemente, se produce por la suma de una serie de condicionantes y de elementos estructurales de nuestro mercado de trabajo que son perniciosos y que frenan o que impiden las condiciones de igualdad. Una mayor dificultad no solamente
para acceder, sino para permanecer y promocionarnos en el mercado de trabajo; la segregación horizontal y vertical. No es cierto que las mujeres no estemos preparadas para afrontar nuestro reto profesional; de hecho, la formación cualificada de
las mujeres en el ámbito de las universidades y de la formación profesional cualificada es la más alta que ha existido en la historia de nuestro país y, sin embargo, nos seguimos topando con ese techo de cristal que nos impide acceder a los puestos
de dirección y de responsabilidad. El lastre que supone la asunción de tareas de cuidados familiares; la no equivalencia de los permisos de paternidad y maternidad; el debilitamiento de la negociación colectiva y la temporalidad y precariedad en
la relación laboral, que llevan nombre de mujer.
La gran pregunta es: ¿cómo impedimos entonces que esta situación persista? La solución no es otra que legislando. No existe otra forma de terminar con esta situación, y coincidimos en que los ejes fundamentales sobre los que debe girar
ese texto legislativo son al menos los siguientes: por un lado, el reforzamiento de la negociación colectiva, debilitada tras la reforma laboral del Partido Popular; son los convenios colectivos a través de los cuales se debe autonormar el mundo
de las relaciones laborales, porque son los resquicios que tienen los agentes sociales y económicos de este país para poner en marcha su autonomía normativa en el ejercicio del derecho que le atribuye el propio marco constitucional. Sería, pues,
con el amparo de una ley, un acuerdo marco intersectorial en materia de negociación colectiva
el que podría establecer unas condiciones generales que después tendrían que desarrollar los ámbitos inferiores de la negociación colectiva cuando se tratara de ello.
En cuanto a la transparencia retributiva, el modelo de Islandia es un modelo ejemplarizante en cuanto a la exigencia por ley de la transparencia de los conceptos retributivos que forman la masa salarial. Es precisamente en los complementos,
como usted bien decía, donde está la cuestión, y la falta de control y seguimiento de esos complementos salariales, que son los que marcan la diferencia, contribuye a la opacidad de las retribuciones. El desconocimiento y la falta de información
alimentan, por tanto, las diferencias retributivas, sobre todo en la aplicación de los complementos salariales, la cuantificación de las horas extraordinarias y otros pluses. El acceso a esta información por parte de los representantes de los
trabajadores fundamentalmente, pero también por parte de los trabajadores y trabajadoras en aquellos ámbitos donde no exista representación sindical, es clave y es fundamental para poder aportar también información y tener una estadística rigurosa
que nos permita después incidir de una manera mucho más efectiva en la eliminación de la brecha salarial. Actuar no solamente en el sector privado sino en el sector público también es de recibo y además es de primordial necesidad, así como reforzar
el papel de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en cuánto órgano de control en el cumplimiento del marco legislativo en materia de legislación laboral, valga la redundancia, que sería mucho más factible si existiera esta transparencia y esa
permeabilidad en todos los conceptos retributivos que integran la masa salarial y, por supuesto, información, información e información.
Señorías, este grupo parlamentario dará su apoyo a la tramitación de esta proposición de ley, como no puede ser de otra manera. Nunca encontrarán al Partido Socialista en otra posición que no sea la defensa incisiva y propositiva de la
igualdad de las mujeres en este país sea en el ámbito que sea. Así lo hemos demostrado siempre. Señora Reyes, para su tranquilidad -se ha preocupado porque nosotros hemos presentado una proposición de ley también-, he de decirle que no se preocupe
usted. Nosotros hemos presentado una proposición de ley porque lo venimos manifestando así durante mucho tiempo en esta Cámara. De hecho, en el anterior periodo legislativo, en la anterior legislatura, ya lo mencionamos y, es más, en esta
legislatura hemos presentado doce proposiciones en relación con este tema. Hemos venido trabajando en ello y, por tanto, lo vamos a presentar, pero no va a ser ningún impedimento para que nos pongamos de acuerdo con el Grupo Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea para conseguir un proyecto de ley, porque al final el objetivo es el mismo, es el que compartimos, y es la lucha efectiva contra la discriminación de las mujeres en el mercado de trabajo y en muchos otros ámbitos;
vamos a empezar por aquí. Por supuesto que sí. (Aplausos).
Para terminar, simplemente quiero decir, señorías, que esta ha sido la legislatura de la lucha denodada contra la violencia de género. Nos hemos puesto de acuerdo todos los grupos parlamentarios en ese objetivo común que compartimos. Esta
tiene que ser también la legislatura de la lucha contra la discriminación en el mercado de trabajo de las mujeres, y en eso también deberemos hacer un esfuerzo para erradicar definitivamente la brecha salarial. Hace exactamente un año esta Cámara
acordó por unanimidad que el Gobierno debía traer a la misma un proyecto de ley para erradicar la brecha salarial. Ha incumplido ese acuerdo unánime de esta Cámara. Por tanto, como el Gobierno incumple, no nos queda más remedio a la oposición, en
este caso al principal grupo de la oposición, reivindicar y poner encima de la mesa proyectos de ley que suplan la inacción y la falta de voluntad política de este Gobierno. (Aplausos). Ahí siempre encontrarán al Partido Socialista Obrero Español
por ideología, por convencimiento, porque lo hemos demostrado con los hechos y, señorías, siempre por ellas y siempre junto a ellas.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias, señora Cancela.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Villalobos Talero.
La señora VILLALOBOS TALERO: Muchísimas gracias, señora presidenta.
Una vez más analizamos en esta Cámara una cuestión que afecta al conjunto de la sociedad. En los años cincuenta y tantos ya se plantearon los problemas derivados de las diferencias salariales entre hombres y mujeres. Hemos hablado de esto
en la OIT, en las Naciones Unidas, en la Unión Europea, etcétera, al igual que llevamos hablando muchos años de la necesidad de la igualdad real de las mujeres. Este es un tema bastante más complicado que lo que se pueda expresar simplemente en un
texto legal con doce modificaciones de diferentes artículos porque tiene mucho más que ver con el punto de vista de una mujer, como yo, que llevo muchos años luchando -muchos- para conseguir esa igualdad y que ve
con auténtica preocupación cómo la sociedad actual, la gente joven es cada vez más machista y cree menos en la igualdad. (Rumores.-Aplausos). Eso me preocupa profundamente y os debería de preocupar también a vosotras, que sois jóvenes.
Eso de que me pide mi novio el móvil porque quiere verlo y no me deja que me ponga minifalda, eso lo hace la gente joven, y siento en el alma tener que decirlo, pero es una realidad. Pero hoy vamos a analizar un tema muy concreto, que es el que se
refiere a la discriminación en la retribución de las mujeres respecto al conjunto de los hombres. Como decía antes, es un tema complejo y difícil. Aquí se está analizando desde un punto de vista profundamente voluntarioso, con un objetivo
clarísimo de intentar resolver el problema, estoy convencida de ello, no me tiene que convencer nadie. Estoy convencida de que las medidas que propone en este momento el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Marea y las confluencias, todas ellas,
lo que pretenden es algo que todos queremos, que todos pretendemos que suceda, pero desde mi punto de vista carecen a veces de realidad.
El jueves pasado aprobamos en este mismo Pleno una moción planteada a raíz de una interpelación del Grupo Socialista, que se aprobó por unanimidad con una enmienda del Grupo Podemos y otra del grupo del PDeCAT, donde se decía algo que para
mí es fundamental: la necesidad de que la solución a este problema venga vía diálogo social. El papel que el diálogo social ha jugado en la democracia nuestra ha sido fundamental para avanzar en la igualdad, para avanzar en un Estatuto de los
Trabajadores cada vez más protector de los trabajadores. En este momento no se puede plantear que una ley, al margen de algo que hemos aprobado hace una semana, vaya a ser la panacea universal, siento decir que no, que creo que esto no va por esa
línea. Creo que es necesario recuperar el diálogo social. Aquí no he oído a la portavoz de Podemos hablar en ningún momento de diálogo social. No sé si es que no cree en el diálogo social, no sé si es que cree que todos tenemos que ser iguales,
no sé si es que la empresa privada le parece un monstruo y todos tenemos que ser funcionarios. No lo sé muy bien porque no llego a entender cuál es la ideología real de los señores diputados de Podemos.
Hablaba la portavoz del Partido Socialista de la negociación colectiva. ¿Cómo que no existe negociación colectiva? En este momento se firman más convenios que nunca. Lo que ocurre es que en la negociación colectiva el papel de los
sindicatos es fundamental para la defensa de esos derechos. Yo echo de menos en los convenios colectivos muchísimas medidas que regulen esa igualdad salarial. A mí me parece increíble que se diga que el Gobierno no hace nada, que el Gobierno no se
mueve, porque creo sinceramente que ustedes saben que mienten. Hace ya tiempo la señora ministra de Empleo vino a decir claramente lo que se estaba hablando en este momento en la Mesa del Diálogo Social sobre la igualdad. Los papeles que tengo en
mi mano son del mes de noviembre y en ellos lo que plantea el Gobierno para el diálogo social son precisamente las medidas que todos ustedes, portavoces, han dicho aquí y que compartimos todos. En el diálogo social se está hablando precisamente de
esto; se está hablando de terminar con el abuso de los contratos temporales; se está hablando de cuestiones que afectan mucho a las mujeres, como al conjunto de los trabajadores.
Hablando de datos, señora Reyes, aquí cada cual utiliza los datos que le da la gana, pero yo entiendo que hay unos datos europeos, de Eurostat, donde vienen reflejados, en comparación, el conjunto de los países de la Unión. Pues en este
caso en concreto Eurostat dice que en este momento la brecha salarial en España es del 14,4 %. Son siete puntos menos, por ejemplo, que en Alemania. Esto puede gustar a unos o a otros, pero es la comparativa con el conjunto de los países de la
Unión Europea. (Aplausos). Sigue siendo alta, muy alta, la diferencia tiene que ser cero, tenemos que ir a cero, pero no son ciertos otros datos que se pueden utilizar, por muchos catedráticos o muchos números que ustedes quieran traer aquí.
¡Claro que existe esa brecha! Claro que existe, lo sabemos todos, pero una de las fórmulas para acabar con ella es empleo para las mujeres, formación para las mujeres y mayor educación para las mujeres, y yo creo que eso se está llevando a cabo y de
forma importante en estos últimos años, al margen de la demagogia.
Sinceramente, señora Montero, usted es experta en demagogia. (Rumores). Lo que ha hecho usted aquí esta tarde es auténtica demagogia. Yo no sé lo que su madre la enseñó a usted. Yo sí sé lo que mi madre me enseñó a mí. Mi madre me
enseñó a luchar por mis derechos; mi madre, una mujer que no pudo formarse, me enseñó a luchar por la igualdad de las mujeres, como yo enseño a mis hijas e intento que mis hijas enseñen a mis nietos. Por lo menos no me venga usted a decir que las
madres de Podemos ser mejores que las madres de los demás. Somos todas iguales, señora Montero, iguales. (Aplausos). No conozco a su madre, pero debe de ser una mujer magnífica y una luchadora nata, seguro. Ya está bien de tanta demagogia
barata, ya está bien de que el Partido Popular es absolutamente machista. Esta sociedad, por desgracia, es machista. Y si hablamos de machismo, señora Montero, usted está rodeada de
machistas, porque alguien que dice que lo que haría con una señora periodista es azotarla hasta que sangrara... Yo no sabía que eso no fuera machismo. (Protestas.-Aplausos). Esa persona se pelea con una señora periodista y, cuando ve que
ya se ha puesto muy brava, le guiña como diciendo: Hombre, que soy Pablo Iglesias. ¡Ya está bien, hombre! ¡Ya está bien de dar lecciones de lo que ustedes carecen! (Aplausos). Una frase que me encanta: Feminizar la política es construir
comunidad en los centros de estudio, en los centros sanitarios; es lo que tradicionalmente conocemos porque hemos tenido madre, es decir, cuidar. Ustedes lo que quieren es que las mujeres sigamos cuidando, y las mujeres no estamos dispuestas a
seguir cuidando, queremos trabajo igual. (Protestas). Así que, señora Montero, menos demagogia, más realidad y más trabajar en conjunto por algo que queremos todos: la igualdad salarial, en lo que este Gobierno lleva trabajando desde que está
hace seis años. Seguiremos luchando por conseguir esa igualdad, y ustedes déjense ya de tanta demagogia. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Gracias, señora Villalobos.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 50/1981, DE 30 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE REGULA EL ESTATUTO ORGÁNICO DEL MINISTERIO FISCAL. (Número de expediente 122/000105).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Continuamos con el punto del orden del día correspondiente a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de modificación de la Ley 50/1981, de 30 de
diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra el señor Prendes Prendes.
El señor PRENDES PRENDES: Presidenta, señorías, abordamos una proposición de ley que presenta mi grupo y que plantea una profunda reforma en una institución clave en nuestro Estado de derecho: el ministerio fiscal. Una ley, la del
Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que data del año 1981, que ha sufrido sucesivas reformas, probablemente la más importante la del año 2007, una reforma que configuró importantes avances pero que para nosotros es absolutamente insuficiente.
Lo primero que tenemos que hacer en relación con una institución como esta es señalar cuál es el papel constitucionalmente reconocido al ministerio fiscal. El ministerio fiscal se encuentra regulado en el título VI de nuestra Constitución,
en el artículo 124, y está por lo tanto dentro del Poder Judicial, en el que se integra con autonomía funcional, esto es muy importante que lo digamos; el ministerio fiscal es Poder Judicial. En ningún caso nuestra Constitución lo configura como
una correa de transmisión entre el Poder Ejecutivo y los tribunales; algunos tienen esa consideración, pero desde luego no es lo que se recoge en el artículo 124 de nuestra Constitución. Pues bien, ¿cuál es el drama en el que vive esta
institución? Que a pesar de esta configuración, desde hace cuarenta años, en todo nuestro régimen constitucional, hemos tenido una institución sometida permanentemente al debate y a la crítica política; hemos tenido una institución en relación con
la cual los ciudadanos han llegado a la convicción de que el fiscal general del Estado es el fiscal general del Gobierno y no del Estado. (Aplausos). Eso es lo que pretendemos cambiar, en primer lugar, con esta proposición de ley que, vuelvo a
decir, parte del reconocimiento expreso de cuál es la condición constitucional de nuestro ministerio fiscal. Ustedes recordarán a lo largo de estos cuarenta años casos como el del fiscal general del Estado don Eligio Hernández, con su nombramiento
declarado nulo por la Sala Tercera del Tribunal Supremo; recordarán ustedes aquellas frases de las togas y el polvo del camino; recordarán, más recientemente, lo que ha sucedido con los nombramientos en el ámbito de la Fiscalía Anticorrupción, que
llegó incluso a la reprobación del anterior fiscal general del Estado, o incluso algunas cuestiones muy poco explicadas, como los ceses de los dos fiscales generales del Estado en la etapa anterior, en algunos casos después de haber vertido
importantes críticas a la actuación del Gobierno. Esto, vuelvo a decir, viene a señalar que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular han considerado que esta era una institución -una más- que estaba a su servicio y no al servicio de los
ciudadanos. Pero el principio por el que se tiene que guiar el ministerio fiscal es la defensa de la legalidad y del interés general, la defensa de los derechos de los ciudadanos y también -¡fíjense qué paradoja!- la defensa de la independencia del
Poder Judicial. Esas son las funciones que le atribuye la Constitución.
¿Cuál es el contenido de esta reforma? Abarca fundamentalmente tres cuestiones. La primera, como les he dicho, es desanclar al fiscal general del Estado del Ejecutivo, del Gobierno. Para eso tenemos que abordar el sistema del nombramiento
y el sistema del cese, no tenemos ninguna duda. Lo hemos hecho
buscando ser respetuosos con nuestra Constitución. Se puede discutir, se puede valorar si unas u otras mayorías son necesarias, pero es principal conseguir esa doble legitimidad; es decir, la capacidad de propuesta sigue residenciada,
porque así lo señala la Constitución, en el Ejecutivo, pero que cuente también con el aval de una amplísima mayoría política, con el aval de esta Cámara. Esto no lo pensamos como un privilegio para los partidos políticos, no, es precisamente el
principal escudo de defensa para sacar a esa institución del debate político y dotarla de la consideración necesaria. (Aplausos). Por eso abordamos ese método de nombramiento que concita esa doble legitimidad. Ya en el año 2017, con la última
reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, se dio un paso introduciendo su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, una comparecencia puramente formal, sin capacidad decisoria alguna, pero ya es un paso que
se dio en la buena línea. Continuemos dando pasos y lleguemos de verdad a esa doble decisión. Nosotros establecemos una mayoría de dos tercios pero en esto, como en otros aspectos de la ley, estamos abiertos a que se puedan configurar otras
mayorías, pero desde luego esa doble legitimidad nos parece absolutamente imprescindible.
Siguiente bloque de asuntos que trata esta ley. Tratar de verdad de construir un auténtico cursus honorum en la carrera fiscal, que los nombramientos dentro de la carrera fiscal estén presididos por los criterios de mérito y capacidad.
Fíjense qué paradoja, señorías, en la actualidad los nombramientos de la carrera fiscal los hace el Gobierno. De ahí esa idea que subyace en todo el estatuto orgánico de que el fiscal es del Gobierno. Son a propuesta del fiscal general del Estado
pero nombrados por el Gobierno. Me refiero a la cúpula de la carrera fiscal. Nosotros creemos que en esto hay que conseguir un equilibrio interno mucho mayor de las funciones del fiscal general del Estado, con un papel mucho más relevante del
Consejo Fiscal, un Consejo Fiscal que de verdad sea el reflejo de la opinión de la carrera fiscal y que por lo tanto tenga un papel decisivo en esos nombramientos. Otra cosa que no se ha querido desarrollar pero que ya aparece en el actual Estatuto
Orgánico del Ministerio Fiscal es la comisión, ese servicio permanente de valoración que de verdad establezca criterios de mérito y capacidad, que son los que tienen que regir el nombramiento de los fiscales. También, como les decía, un equilibrio
interno dentro de la carrera, y el tercer objetivo, fundamental, es dotar de medios materiales. Fíjense que en esta Cámara tuvimos que aprobar de forma rauda y veloz una moratoria de la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil porque las
oficinas de fiscalía no pueden asumir todavía las notificaciones igual que el resto de operadores jurídicos. Esto da idea del abandono en el que ha sumido el Gobierno a esta institución durante tanto tiempo; no la ha dotado de los medios
suficientes y por eso tuvimos que acordar aquella moratoria, esa excepcionalidad, a petición precisamente de la propia carrera fiscal.
Pero no solo estamos hablando de medios, no solo estamos hablando de una verdadera oficina fiscal, estamos hablando de dotarla de independencia orgánica, funcional y presupuestaria. Voy a leerles unas palabras pronunciadas en esta Cámara no
hace tanto tiempo, en concreto el 5 de diciembre de 2017: ¿Cómo creo yo que el fiscal debe ser más independiente? Pues creo que será más independiente cuando tenga una estructura funcional, organizativa, de medios e incluso presupuestaria que no
le haga depender para nada del Gobierno. Si no depende para nada del Gobierno, ni presupuestariamente ni desde el punto de vista de su estructura ni desde el punto de vista de poder recibir ninguna indicación, entonces será independiente. Por lo
tanto, planteamos desanclar al ministerio fiscal del Ministerio de Justicia. Hasta aquí la cita; estas son las palabras, esta es la petición que en su comparecencia nos hizo el actual fiscal general del Estado y en esta línea va la reforma que hoy
plantea Ciudadanos. Fíjense, una cosa tan sencilla como que para acordar, por ejemplo, una comisión de servicio o las dietas de desplazamiento de unos fiscales que tienen que acudir a investigar en una determinada provincia o ciudad un caso de
corrupción tienen que ser autorizadas por el Ministerio de Justicia. ¿Ustedes se creen que en esas circunstancias tenemos un verdadero ministerio fiscal independiente del Gobierno? Yo creo que no. Por lo tanto atendamos a lo que nos ha pedido
incluso el fiscal general del Estado en su última comparecencia.
Señorías, esas son las líneas básicas sobre las que está construida esta reforma. Estamos hablando, por lo tanto, de un ministerio fiscal respetuoso con la Constitución, que sea capaz de cumplir su misión de defensa de la legalidad y de los
derechos y deberes de los ciudadanos y que tenga también la dotación necesaria para combatir la corrupción. ¿Y por qué decimos esto? Porque no podemos seguir con esta institución en el debate político permanente. Ustedes lo han utilizado como un
pimpampum a lo largo de todos estos años de Gobierno; cada vez que había un fiscal general del Estado nombrado por el Partido Socialista era criticado por parcialidad por el Partido Popular y, a la inversa, cuando el fiscal era del Partido Popular,
lo criticaban ustedes por las mismas razones. Tenemos que sacar a esa institución, para que cumpla verdaderamente su función, de ese debate político, y eso es lo que estamos pretendiendo.
Dos reformas que van en esa línea y que son sencillas son, por ejemplo, que la duración del cargo de fiscal general del Estado no vaya unida inescindiblemente, como sucede ahora, con la legislatura, de tal manera que es nombrado por el
Gobierno y cesa también con él. Y, señorías, si somos capaces de hacer esta reforma -que yo sé que a algunos de ustedes les costará mucho porque llevan demasiados años manejando las interioridades del Poder Judicial y de la fiscalía, llevan
demasiados años en los cuales no han querido renunciar a la politización de la justicia- pero, como decía, si somos capaces de abordar esta reforma, también se nos abrirá la posibilidad de abordar la tan retrasada reforma del proceso penal. Pero,
desde luego, si no somos capaces de cambiar la actual configuración del ministerio fiscal, ese será un debate absolutamente vedado; por lo tanto, la modernización de nuestro proceso penal pasa también por esta reforma del Estatuto Orgánico del
Ministerio Fiscal.
Para finalizar quiero dirigirme a los señores diputados del Partido Popular. Miren, más allá de todas estas consideraciones lo que les estamos pidiendo es que cumplan por una vez el pacto de investidura, las 150 medidas que permitieron que
Mariano Rajoy fuese investido como presidente del Gobierno, ese pacto que nosotros cumplimos; no fue fácil, pero lo cumplimos y por lo tanto hoy tenemos presidente del Gobierno y se llama Mariano Rajoy y es del Partido Popular. Lo que les pedimos
es que por una vez cumplan su pacto con nosotros, que abandonen el marasmo, el inmovilismo, que abandonen los incumplimientos y que cumplan el punto 143. Tan sencillo como esto. Para ustedes ya no es solo una cuestión de criterio político más o
menos discutible, es que si ustedes deciden bloquear la tramitación de esta ley, estarán demostrando que no tienen la más mínima voluntad de cumplimiento de ese pacto de legislatura que les ha permitido conservar el Gobierno. (Aplausos). El punto
143, señor Hernando; ahí lo tiene, léaselo. (El señor Hernando Fraile: ¡Lo he leído!). Es muy sencillo y yo creo que eso le tiene que obligar a usted a cumplir ese acuerdo.
Y, señores del Partido Socialista, miren, cuando alcanzamos un acuerdo con el señor Pedro Sánchez, también con el ánimo de desbloquear aquella legislatura enquistada, asimismo acordamos con ustedes la reforma del Estatuto Orgánico del
Ministerio Fiscal y en una línea muy parecida a esta; muy parecida. Ahí ya recogíamos precisamente que este Congreso de los Diputados pudiese rechazar por una mayoría la propuesta que hiciese el Ministerio de Justicia, el Gobierno. Seguimos
planteando lo mismo. Seguimos opinando lo mismo que cuando firmamos con Pedro Sánchez aquel acuerdo. Yo no sé si ustedes hoy, a la altura a la que nos encontramos, piensan lo mismo, pero si fuesen un poco coherentes desde luego no nos tacharían a
nosotros de incumplir la Constitución cuando fueron ustedes mismos los que firmaron eso que hoy presentamos nosotros como proposición de ley. (Aplausos).
Señorías del Partido Popular, señorías del Partido Socialista, tienen ustedes hoy una magnífica oportunidad para demostrar que la despolitización de la justicia en su caso es algo más que palabras, que son capaces de traducirlo en hechos.
Demuéstrenlo con hechos y voten a favor de esta proposición de ley, que no deja de ser además el cumplimiento de sus respectivos compromisos. (Aplausos).
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias, señor Prendes.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.
A principios del mes de junio de 2017 se produjo un singular correteo para registrar dos propuestas de toma en consideración legislativa, ambas relativas al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Tomó la delantera por cuestión de horas el
Grupo Parlamentario de Unidos Podemos, si bien hoy, por aquello de los cupos, debatimos la propuesta de Ciudadanos, que a su vez se anticipa al acuerdo preinvestidura firmado con el Partido Popular. Sin duda, estamos ante una reforma que se precisa
acometer, pero por la materia de que se trata, nada menos que sobre la justicia, materia que es muy delicada, se viene dilatando en el tiempo, aunque no por indolencia o capricho. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). En su artículo 124 la
Constitución española hace referencia al ministerio fiscal, otorgándole una garantía institucional que fue la base para que en 1981 viera la luz la ley ordinaria para dotar de estatuto a ese órgano y dotarlo también de personalidad jurídica propia.
Precisamente esa garantía institucional es la que tenemos la obligación de salvaguardar para fortalecer la autonomía y eficacia del ministerio fiscal, y para ello es básico hacerlo con vocación de unidad y pretensión de buscar los mayores y más
amplios acuerdos. La carrerilla hacia el registro que recordé al principio ya evidencia dos fórmulas dispares para acometer una tarea crucial como es la de modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, una labor necesariamente sosegada para
la que también resulta imprescindible dar participación a la Fiscalía
General del Estado y asimismo, además de a otros ámbitos del Poder Judicial, del Consejo Fiscal y del mundo jurídico, a las asociaciones de fiscales. Sus portavoces ya anticiparon interesantes puntos de vista y consideraciones ante la
Comisión de Justicia, diagnosticaron problemas y apuntaron posibles remedios.
Señorías, hace casi once años la última reforma de la ley reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal se hizo desde la discordia y despreciando una parte sustancial de las Cortes Generales, lo cual implicó no pocos aspectos
negativos, algunos ciertamente indeseables y nocivos, como es la mácula de politización que arrastra hacia el descrédito y el recelo. Reiniciar hoy por puro oportunismo la vuelta a aquellas andadas sería lo peor que se puede hacer y la compleja
aritmética parlamentaria, por no decir la actitud parlamentaria de enconamiento y enfrentamiento, no augura ese trabajo templado y en búsqueda del mayor acuerdo posible. Siendo necesario, como dije antes, oxigenar el Estatuto Orgánico del
Ministerio Fiscal, esta tramitación que nos proponen tiene visos de acabar como el rosario de la aurora.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
También por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Ciuró i Buldó.
La señora CIURÓ I BULDÓ: Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes.
Señorías, hoy Ciudadanos nos trae una iniciativa a favor de despolitizar la figura del fiscal general del Estado; en definitiva, la despolitización de la institución del ministerio fiscal. Por tanto, Ciudadanos considera -y así lo ha
dicho- que la figura del fiscal general del Estado está politizada, está en demasiada conexión con el Gobierno, con el poder gubernamental. Lo cree tanto que incluso le da una estocada letal hoy al pacto por la Justicia presentando una iniciativa
singular, individual e individualista sobre esta cuestión. Parece lógico; si el fiscal general del Estado viene nombrado por el Gobierno, parece lógico pensar que el Gobierno nombrará a alguien que se acerque a su leal saber y entender, y si, a su
vez, el fiscal general del Estado nombra a otros fiscales, la red de pareceres similares está servida. Y hasta aquí estaríamos de acuerdo o podríamos estarlo. Sin embargo, Ciudadanos predican lo que no practica, porque resulta que Ciudadanos es un
palmero -que no el único- de la labor judicializadora de la política que, de la mano del fiscal general del Estado, ha iniciado el Gobierno en la cuestión catalana; palmero también de la persecución de ideas políticas que difieren del pensamiento
único; palmero en la elaboración de conductas penales específicas para poder encarcelar ideas.
Hoy, señorías, subo una vez más triste a esta tribuna, triste porque acabamos de acompañar a cuatro personas buenas y demócratas a prestar declaración ante el Tribunal Supremo, a instancias del Gobierno de la mano del fiscal general del
Estado, por sus ideas, por haber cumplido con el mandato democrático emanado de las urnas y revalidado el 21 de diciembre en las elecciones catalanas. (Aplausos). Hoy, como consecuencia de esta acción politizadora del Gobierno de la mano del
fiscal general del Estado, que Ciudadanos considera efectivamente que está politizado, sigue habiendo cuatro presos políticos sin juicio, sin sentencia, en prisión preventiva, Jordi Sanchez, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras y Joaquim Forn, cuya
libertad exigimos. Por tanto, señorías de Ciudadanos, sin condenar tal atropello de derechos fundamentales y de libertades fundamentales, ¿cómo se atreven a presentar semejante iniciativa? (El señor Rivera Díaz: Porque somos demócratas). No son
creíbles, no saldrá adelante con nuestro apoyo.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.
Se nos presenta por el Grupo Parlamentario Ciudadanos una proposición de ley de reforma parcial del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que, ya adelanto, no apoyaremos, por los mismos motivos que no hemos apoyado buena parte de las
iniciativas parlamentarias que han sido presentadas por este mismo grupo parlamentario y otros grupos -el último de ellos Unidos Podemos en diciembre del año pasado- en la medida en que fueran coetáneas y su contenido objeto de tratamiento por la
subcomisión constituida en el seno de la Comisión de Justicia para el establecimiento de unos acuerdos parlamentarios básicos y lo más transversales posibles que inspiren y guíen la adecuación de la Administración de Justicia a la realidad de las
necesidades actuales. Y no compartimos el modo de proceder de Ciudadanos ya que la iniciativa ahora debatida fue presentada en junio pasado, apenas quince días después de que en la
Comisión de Justicia comparecieran las tres asociaciones fiscales a fin de exponer su parecer en relación con los trabajos de la subcomisión. Es decir, nada más escuchar a las asociaciones de fiscales Ciudadanos presenta esta proposición de
ley, al margen de los trabajos de la subcomisión en los que estaba participando. A esto solo lo podemos calificar, al menos desde nuestro punto de vista, como oportunismo político y nos informa sobre cuál es el interés de Ciudadanos en lograr unos
acuerdos básicos y lo más compartidos posible sobre las necesidades actuales del servicio público de la Administración de Justicia. Su entendimiento en esta cuestión, al parecer, no pasa por una concepción de los acuerdos que concite la adhesión de
sensibilidades distintas a través de respectivas renuncias de aquellas posiciones que, por motivos diversos, no pueden ser asumidas por los demás; en definitiva, buscando lo que une y separando lo que divide. Lo que ahora nos presenta Ciudadanos,
por el tiempo, modo de proceder y por su contenido, no deja de ser un trágala, un o lo tomas o lo dejas. Por ello, como ya adelantamos, no apoyaremos esta proposición, sin menoscabo de nuestra percepción sobre el ministerio fiscal. Ciertamente,
este ministerio tiene, a nuestro juicio, entre sus principales problemas el de su politización por las interferencias del Gobierno en su actividad, siendo la reforma de su estatuto orgánico una necesidad para revertir esta situación. El
cumplimiento más acabado del artículo 124 de la Constitución reclama instaurar un ministerio fiscal que no se vea como una correa de transmisión del Gobierno en los tribunales porque, como se ha dicho en numerosos foros, el ministerio fiscal no es
la Abogacía del Estado. Toca por ello fortalecer la autonomía del ministerio fiscal, cuya falta es vista como su mayor carencia y que afecta de manera directa a su percepción de imparcialidad, principio de autonomía que ha de tener plena
realización tanto ad extra, hacia el Gobierno y el Ministerio de Justicia, como ad intra, puesto que el criterio de unidad de actuación y su instrumento, la dependencia jerárquica, ha de lograrse de manera objetiva y transparente. La seguridad
jurídica, de la que son deudores aquellos dos criterios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, ha de conseguirse a través de órdenes generales escritas y motivadas y no con órdenes particulares de las jefaturas a los fiscales del caso.
Esta autonomía ad intra del ministerio fiscal reclama también articular contrapesos internos a través de los órganos colegiados que modulen las facultades de las jefaturas individuales, singularmente a través de las juntas y del Consejo Fiscal, por
ser este último, como también se ha dicho, el contrapeso interno del fiscal general, la voz y amparo último de la carrera y la correa de transmisión entre esta y el fiscal general.
Los trabajos de la subcomisión ya han avanzado en este sentido, en el que se considera debe reorientarse el ministerio fiscal, que es reforzar y garantizar su autonomía ad intra y ad extra, como he señalado, y muy singularmente como
requisito inexcusable para atribuirle la dirección de la investigación en el proceso penal, a fin de que las funciones de investigación y garantía de derechos no recaigan en la misma institución. Determinación esta en el proceso penal que es
acompañada por otras muchas medidas acordadas provisionalmente en el seno de la subcomisión para reforzar y garantizar la autonomía del ministerio fiscal sin menoscabo de la unidad de actuación y el principio de jerarquía. En este contexto, se
entiende mal que Ciudadanos nos presente esta proposición de ley, salvo que haya decidido subordinar el logro de un impulso modernizador y con vocación de permanencia en un servicio público esencial para la ciudadanía y el progreso económico como es
la Administración de Justicia a una posición partidista, oportunista y sobre todo mediática, cosa a la que, por otra parte, ya nos tiene acostumbrados.
Voy finalizando, presidenta. Ciudadanos, la semana pasada, en la sesión de control al Gobierno, nos comunicó que había abandonado la subcomisión para la modernización de la justicia porque el sistema de elección de los vocales de
procedencia judicial del Consejo General del Poder Judicial no sustraía a esta Cámara de manera total, absoluta y radical de ese proceso de elección, sin admitir propuestas del resto de miembros de la subcomisión, que reconducían la situación actual
a unas facultades de esta Cámara muchísimo más limitadas. Ahora, Ciudadanos nos presenta una proposición de ley en la que residencia de manera determinante en esta Cámara la elección del fiscal general del Estado que, como nos ha dicho, es Poder
Judicial también, contrariando lo que dice la Constitución en su artículo 124. Por eso decíamos, creo que sin exageración, que la posición de Ciudadanos es partidista, oportunista y mediática, pero sobre todo contradictoria.
Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Capella i Farré.
La señora CAPELLA I FARRÉ: Molt bona tarda. Gràcies, presidenta.
Senyores i senyors diputats, el Estado español es el tercero a la cola de Europa en independencia de sistemas judiciales de la Unión Europea, según datos de la propia Comisión Europea. Ocupa el número 25 de 28 Estados. El Consejo de Europa
sitúa a España como el Estado que menos ha cumplido en luchar contra la politización de la justicia; de los 21 países analizados es el número 21; ha ignorado tres de cada cuatro recomendaciones del Grupo Anticorrupción del Consejo de Europa, el
grupo Greco, y respecto del informe del Foro Económico Mundial, publicado en septiembre del año pasado, exactamente lo mismo. Por tanto, concluimos que en España no hay independencia judicial; no la hay según los datos de la Unión Europea, del
Consejo de Europa y del Foro Económico Mundial. Lo que sí hay en España son presos políticos, como anteriormente se decía. El Reino de España es una democracia imperfecta. En España existe confusión de poderes, que no separación de poderes. El
Tribunal Supremo y el ministerio fiscal han organizado un verdadero circo judicial al que someten a los líderes independentistas catalanes. Pretenden escarmentarlos por ser independentistas, por actuar de forma pacífica, por creer que un conflicto
político en un Estado que se llama democrático se podría resolver política y democráticamente. En el Estado español no existe, como decía, separación de poderes; insisto, existe confusión de poderes. Ustedes, señorías, el trío del 155, han
sacrificado cualquier mínima reminiscencia de la ya frágil separación de poderes existente. Han preferido sacrificarlo todo para negar el derecho de las catalanas y de los catalanes a decidir su futuro. Digo todo esto -toca que lo diga- porque el
ministerio fiscal, el ministerio público, ha contribuido sin duda al desprestigio del Estado de derecho en el Estado español. La fiscalía española, con el fiscal general del Estado, el ya reprobado y fallecido señor Maza, a la cabeza, retorciendo
la ley y persiguiendo intenciones, pensamientos e ideologías, ha convertido el derecho penal en un derecho más propio de los regímenes totalitarios que de una democracia de larga tradición y avanzada, en la que lo que debería perseguirse son las
acciones y hechos típicos y punibles. A nadie se le escapa que en los juzgados y tribunales españoles, por la ineficacia de la Fiscalía General del Estado, prescriben delitos. Existen condenados que se pasean por céntricas capitales europeas
estando condenados, o esquiando en Baqueira; entre ellos, el cuñado del rey, pero, claro está, su proposición de ley no pretende afrontar todo esto.
Ustedes, señorías de Ciudadanos, no están en contra de que el ministerio fiscal, absolutamente politizado, actúe a toque de llamada telefónica y siguiendo las directrices del Gobierno del Estado si esto sirve para erradicar el
independentismo. Ustedes no presentan esta proposición de ley porque estén preocupados por los derroteros que la Fiscalía General del Estado ha tomado, por ejemplo, en relación con el ejercicio del derecho de defensa del artículo 24.2 de la
Constitución o con el pleno ejercicio del derecho de defensa del artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en relación con la macrocausa abierta contra el independentismo. Ustedes están encantados con este sistema inquisitorial, en el que
se exige a determinados investigados que deban contestar siempre al ministerio público y que deban abjurar de sus ideas. Mientras el ministerio fiscal está ocupado persiguiendo a raperos, como a Valtonyc, condenado hoy a tres años y medio por la
letra de una canción, a ustedes lo que les debería preocupar es si se defiende o no la libertad de expresión; o retorciendo la legalidad, como está ocurriendo con el vicepresident Oriol Junqueras y el conseller Joaquim Forn, que se encuentran en
prisión preventiva, acusados de delitos de rebelión y sedición, sin que se haya producido ningún tipo de violencia, personas absolutamente pacíficas encarceladas como medida cautelar, rompiendo cualquier tipo de principio de presunción de inocencia,
que además, como si de terroristas se tratase, están a cientos de kilómetros de sus familias; o personas como Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, líderes de organizaciones que han promovido las movilizaciones pacíficas más importantes de Europa,
absolutamente pacíficas y democráticas. Estas personas están en prisión por un delito que no han cometido, acusados de una violencia que no se ha producido; obligan a desfilar por el Tribunal Supremo a los líderes independentistas y la fiscalía,
mientras tanto, se ha negado a investigar...
La señora PRESIDENTA: Señora Capella, tiene que ir a la cuestión. Muchas gracias.
La señora CAPELLA I FARRÉ: Entro en la cuestión, señoría. Es que estoy hablando del ministerio público.
La fiscalía se ha negado a investigar la actuación global...
La señora PRESIDENTA: Señora Capella, cuando la Presidencia llama a la cuestión, le ha llamado a la cuestión.
La señora CAPELLA I FARRÉ: Voy a la cuestión, señoría.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
La señora CAPELLA I FARRÉ: La fiscalía se ha negado siempre a actuar contra los grupos violentos que actúan impunemente en las calles de Cataluña en las manifestaciones unionistas. Mientras todo esto ha pasado, ustedes, señores de
Ciudadanos, no han dicho absolutamente nada, y hoy, utilizando los trabajos de la subcomisión de Justicia, utilizando el trabajo de otros de forma desleal, presentan un proyecto de ley que no es suyo sino el proyecto fruto del trabajo de la
subcomisión de Justicia; ustedes, aprovechándose de esta situación, van y lo presentan. Por tanto, a ustedes no les preocupa el modelo que debe tener el ministerio público en el Estado español ni les preocupa la independencia judicial ni si
defiende o no defiende la libertad de expresión, la libertad de asociación, el derecho de huelga y otras cosas más que se están vulnerando. Hoy, de forma desleal con el resto de los miembros de la Comisión de Justicia, presentan un proyecto con una
única finalidad: intentar colgarse una medalla que no les pertenece. Ante esta deslealtad, Esquerra Republicana no puede decir otra cosa que aixi no; por tanto, no vamos a votar a favor de esta proposición de ley de Ciudadanos.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos PodemosEn Comú PodemEn Marea, tiene la palabra el señor Santos Itoiz.
El señor SANTOS ITOIZ: Mila esker, presidenta andrea. Arratsalde on.
A nadie se le escapa la importante función que cumple el ministerio fiscal en un Estado de derecho. El ministerio fiscal cumple la función de proteger los derechos de las personas que son más vulnerables, las víctimas del delito, o la
protección de los bienes jurídicos que toda la sociedad estima como más deseables y que en cada momento son expresión de una política criminal que el Gobierno dirige como expresión democrática legítima de la voluntad de los ciudadanos. Esto es así
y jamás pensé que un abogado penalista como yo, acostumbrado a pegarse con los fiscales, tuviera que decirlo. Realmente es así, es decir, son los fiscales que día a día llevan el trabajo de los juzgados los que soportan el peso de la defensa de los
derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos y materializan su exigencia en los juzgados y los tribunales con mejor o peor fortuna. Es a estas personas a las que debemos atención, porque su trabajo es importante en ese día a día y porque son
los que realmente están defendiendo estos derechos y materializándolos en personas concretas que tienen cara y ojos, que es lo que importa en la cotidianeidad de la aplicación del derecho. Luego hay otras cosas que nos preocupan a un nivel un poco
más macro, como sería la independencia del ministerio fiscal, etcétera, pero realmente, cuando hablas con las asociaciones de fiscales, a los fiscales de a pie les preocupan dos cosas. En primer lugar, la política criminal de este Gobierno, que con
el principio de tolerancia cero lo que ha hecho es dedicar todos sus esfuerzos a ilegalidades populares, delitos bagatela, juicios rápidos, etcétera; dedica muchísimo esfuerzo a la persecución de cuestiones que en el ámbito social representan una
gran masa de delitos pero no de gran gravedad en detrimento de otros. Si hablamos con ellos y ellas, lo que nos dicen es que necesitan más medios, otro Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, otra carga de trabajo, una distribución más democrática
de los asuntos y que el Ministerio de Justicia no cercene su autonomía. (Rumores). En fin, que el día a día de estas personas que trabajan sea más agradable y que puedan cumplir su función con independencia, porque la independencia muchas veces no
la da la coacción o las directrices de un jefe, sino que la da las condiciones materiales del trabajo diario que para ellos y para ellas es lo que determina su calidad. Esa es la primera demanda, que no es de ahora, sino que es de hace mucho tipo;
una demanda de modernización del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que permita todo esto. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Un momento.
Silencio, señorías.
Continúe.
El señor SANTOS ITOIZ: Aquí han hablado varios ponentes sobre el Pacto de Estado por la Justicia y cómo este debate de alguna manera viene sesgado y viene a interrumpir este pacto de Estado en el que supuestamente todos y todas nos íbamos a
poner de acuerdo para generar un nuevo Estatuto Orgánico
del Ministerio Fiscal. En realidad esto es mucho más sencillo. Los acuerdos que teníamos, y los acuerdos sobre los cuales todos los grupos estábamos generando un determinado consenso, eran que, evidentemente, necesitamos un nuevo estatuto
orgánico en el ministerio fiscal como paso previo para asumir nuevas funciones de la fiscalía en una hipotética ley de enjuiciamiento criminal, en la cual el ministerio fiscal asuma de una vez las cuestiones de investigación y de persecución de los
delitos, en lugar del juez instructor. Para eso necesitamos este estatuto orgánico y necesitamos también reforzar, evidentemente, la desconexión del ministerio fiscal por parte del Gobierno. Porque, no nos equivoquemos, este debate no es de ahora;
este debate lleva mucho tiempo y este debate ha puesto una larga sombra de sospecha sobre las actuaciones del ministerio fiscal, que es nombrado directamente por el Gobierno, en lo cual nadie tiene absolutamente nada que decir, que no solo dirige la
política en general -como ya hemos hablado-, sino que, desgraciadamente, incide en casos particulares, como estamos viendo día a día en los medios de comunicación en temas que afectan al Gobierno. Por lo tanto, es urgente abordarlo, porque si no,
la pregunta es muy sencilla: ¿Cuándo lo hacemos? ¿En qué momento vamos a no ser oportunistas, vamos a poder abrir el debate y vamos a poder generar un estado de burbuja ideal, en el cual el debate vaya a ser limpio y claro y nadie estemos
interesados en otra cuestión? ¿En qué momento va a ocurrir eso? En política no existe ese momento. El momento puede ser ahora mismo, que necesitamos con urgencia esa modernización y ese pasar de las palabras a los hechos. En eso estamos de
acuerdo, no solo porque nos lo reclaman las asociaciones y los fiscales de a pie, sino porque el momento político, especialmente el momento actual con casos de corrupción muy aparatosos y contundentes, nos está exigiendo una respuesta en el sentido
de generar esa independencia.
Dicho esto, nosotros y nosotras registramos una proposición de ley que planteaba la posibilidad de desconectar la figura del fiscal general del Estado del Gobierno, pero no estamos para nada de acuerdo con la posición de Ciudadanos en este
aspecto, ya que entendemos que puede ser de una constitucionalidad dudosa, a tenor de la sentencia del Tribunal Constitucional 49/2008. Por lo tanto, mantendremos nuestra propuesta de que sea esta Cámara la que pueda proponer una terna y así
controlar la idoneidad. Asimismo, hay dos cosas bastante importantes; lo primero sería, ya que hemos tenido un debate anterior sobre la paridad, que sea obligatorio que haya mujeres en esa terna para romper el techo de cristal que tiene el Poder
Judicial; y segundo, asegurar la idoneidad en cuanto a mérito y capacidad del ministerio fiscal. Estando de acuerdo en abrir ese debate, no estamos de acuerdo en esta proposición concreta. Podremos entrar a discutir algunas otras cuestiones, como
la existencia de equipos especializados, la autonomía administrativa, el reforzamiento de los consejos y, sobre todo, que las instrucciones sean públicas y por escrito para asegurar que no vuelva a haber ese oscurantismo y que no demos los
espectáculos que todos los días se están viendo en los medios de comunicación.
Mila esker. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Campo Moreno.
El señor CAMPO MORENO: Señora presidenta, señorías, abordamos esta tarde una proposición de ley que pretende modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Lo hace desde una exposición de motivos llamativa, pero a la vez
clarificadora. Nos dice que el gran problema reside en que sobre el ministerio fiscal y sobre su actuación se enmaraña una sombra que afecta a su buen funcionamiento. Señorías de Ciudadanos, sobre la actuación de los 3000 fiscales y fiscalas que
día a día se baten el cobre no hay ninguna sombra, sobre lo que hay una sombra es por la carestía de medios, por la falta de recursos humanos y por unos procedimientos que arrancan del siglo XIX. (Aplausos). Y cuando uno sigue leyendo, la
perplejidad le invade. Nos dicen que la solución es muy simple, que ustedes la tienen y como siempre es fácil: sustraer al ministerio fiscal del debate partidista. Y se quedan tan panchos. Uno lee el artículo único, que afecta a 17 artículos del
Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, su disposición transitoria, su disposición derogatoria y sus dos disposiciones finales, y ahí es donde ya uno se da cuenta de que realmente ese es el núcleo de toda la modificación del Estatuto Orgánico del
Ministerio Fiscal en cuanto a la designación del fiscal general del Estado y las competencias del Consejo Fiscal. Me van a permitir una pequeña reflexión que creo que viene al caso para abordar aquello de lo que estamos hablando. El constituyente
del setenta y ocho -es verdad que hoy está cuestionado pero para muchos sigue siendo un gran constituyente- establece en el artículo 97 que el Gobierno dirige la política interior y exterior del Estado, y política interior es también política
criminal. Después, el 124 nos dice qué se espera
constitucionalmente del ministerio fiscal: Promover la acción de la justicia. Asimismo, en el apartado 4 se establece que lo nombra el rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.
Señores de Ciudadanos y todos aquellos que han manifestado su voto a favor de esta propuesta, es lógico que quien dirige la política interior nombre a las personas al frente de las instituciones. No es nada vergonzoso que el Gobierno pueda
nombrar al fiscal general del Estado; no es nada vergonzoso ni deteriora la calidad del sistema democrático, porque para eso están los sistemas de la democracia, cual es el juego del control del Gobierno. Pero antes de entrar en los detalles del
articulado, vamos a entrar en otro aspecto puntual. Cuando hablamos de autonomía funcional, señor Prendes, hablamos de dos cuestiones relativas al ministerio fiscal: de autonomía funcional y de autonomía orgánica. La autonomía funcional es la que
hace referencia al nombramiento, a cómo ejerce su inamovilidad, a cómo ejerce su cometido y a cómo blindamos el hecho de que esté sujeto únicamente al imperio de la ley. Y después está la parte orgánica, que a ustedes les interesa mucho menos, que
es la carrera, la promoción, los ámbitos disciplinarios y otros dos ámbitos fundamentales... (El señor Prendes Prendes pronuncia palabras que no se perciben). Espere, señor Prendes, se lo voy a decir; no tenga prisa. Dos aspectos; uno, que
proporciona autonomía funcional y verdadera operatividad al ministerio fiscal, cual es su capacidad normativa, es decir, autorregularse; y dos, su singularidad presupuestaria. Pues bien, ustedes a esto último lo hacen muy poco caso. Repase la
segunda disposición final -se le debe de haber olvidado, porque esperaba oír por qué lo justifican-, donde nos dicen que el Gobierno en seis meses dictará el reglamento. ¿Pero no estamos dándole autonomía? Dénsela de verdad, porque, qué es
realmente lo que ustedes nos proponen, qué es lo que propone el Grupo Ciudadanos a la Cámara: una consideración sobre el nombramiento del fiscal general del Estado.
Me encantaría entrar en todo el articulado pero no tengo tiempo; me voy a quedar solo con el punto 15 y el siguiente. El punto 15 nos dice que lo nombra el rey, a propuesta del Gobierno, oído -introducción- el Consejo Fiscal y el Consejo
General del Poder Judicial, y con los trámites previstos en el punto siguiente. ¿Cuáles son los trámites del punto siguiente? Aquellos que dicen que son las Cámaras las que tienen que elegirlos con dos tercios. (El señor Prendes Prendes pronuncia
palabras que no se perciben). Sí, analizarlo. Y si con esos dos tercios no pasa en la Comisión de Justicia, el Gobierno tendrá que remitir otro. Cuidado. Repasen -porque las hemerotecas están para eso- la página 239 -apúntenlo- del programa
electoral con el que concurrieron a las elecciones de 2015: No podemos hacer esto porque provocaría una modificación de la Constitución. (Aplausos). Ahora eso ya no es necesario. No, ustedes, con la idea del fiscal parlamentario, lo que están
haciendo es alterar todo el sistema democrático porque realmente lo único que les interesa es el dislate jurídico rayando en la inconstitucionalidad, según su 239, y desde luego lo que sí les puedo decir es que con unos claros tintes populistas. No
está ahí el reforzamiento del ministerio fiscal, está precisamente en otorgarles esos mecanismos orgánicos. Hable con los 3000 fiscales y verá cómo le dicen que lo que hace falta es tener capacidad normativa y capacidad autogestionaria, es decir,
presupuesto, singularidad e individualización presupuestaria, potenciar el artículo 72, y eso es lo que ustedes no hacen.
Le voy a decir una cosa, con los temas del Consejo General del Poder Judicial y de la Fiscalía General del Estado -o del fiscal general del Estado, que es lo único que les preocupa- encarnan la obra de Stevenson El extraño caso del doctor
Jekyll y mister Hyde. Eso son ustedes. Cuando hablamos del Consejo General del Poder Judicial, los elegidos directamente por los jueces vienen aquí y se han envilecido -esos jueces ya no pueden formar parte del Consejo General del Poder Judicial-;
en cambio, respecto a los del ministerio fiscal, benditos sean porque se purifican cuando pasan por aquí. A ustedes no hay quien les entienda. (Aplausos). Por este camino no fortaleceremos el sistema democrático porque se hace no levantándose y
yéndose a la francesa de las comisiones. Por eso mi grupo parlamentario les dice un no rotundo.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Molinero Hoyos.
El señor MOLINERO HOYOS: Gracias, presidenta.
Buenas tardes, señorías. Subo a esta tribuna para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular respecto a la proposición de ley presentada por Ciudadanos, no sin antes mostrarle al ministro -aunque no este aquí- el apoyo del Partido
Popular a toda la gestión que viene realizando y agradecerle su compromiso y su actitud dialogante, así como la búsqueda del consenso que continuamente está trayendo
a esta Cámara, pese a las deslealtades de algunos partidos. La reforma que ustedes presentan es mediática, como muy bien ha definido el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco. Es una reforma de prensa, no es una reforma de calado.
Señores de Ciudadanos, si tuviera que definir su intervención en la Comisión, lo haría con tres palabras: deslealtad, incoherencia e incumplimiento de los pactos que suscribieron con el Partido Popular. (Risas.-Aplausos). Ríanse, ríanse.
Léanse el acuerdo 131 y el 143. Léanselos. Recientemente he escuchado decir a su líder, el señor Rivera, que hay que trabajar por España, y la verdad es que suscribo íntegramente esa expresión, pero es eso, una expresión; no es la realidad. La
realidad es su salida de la subcomisión de Justicia para no trabajar por España. Esa es la auténtica realidad. Ustedes se salen de la subcomisión de Justicia no sin antes haber convocado una rueda de prensa y nos dejan con un año de trabajo
tirado. Esa es la postura que ustedes están tomando en la subcomisión de Justicia. Eso es una auténtica deslealtad. Estar trabajando durante un año para que ustedes, sin motivo ni razón justificada, abandonen la Comisión es una auténtica
deslealtad.
El ministro de Justicia, señor Catalá, se comprometió en repetidas ocasiones -se lo quiero recordar- a no acometer ninguna reforma estructural de la justicia en tanto en cuanto no se sacaran la conclusiones de la subcomisión de Justicia.
Ustedes no han permitido que salgan las conclusiones de la Comisión de Justicia y han presentado una reforma que ahora calificaré desde el punto de vista global y del articulado. Han incumplido el pacto 131 porque se han salido de la subcomisión de
Justicia sin firmar el plan estratégico nacional de la justicia. Además, han dicho ustedes que nosotros incumplimos. Nosotros no podemos cumplir un pacto en el que ustedes pretenden violar la Constitución española, como hace esta reforma, y le
explicaré por qué la vulnera. Por esa razón no podemos seguir ese pacto. Yo que ustedes me preocuparía por quién apoya esta iniciativa, quién apoya esta reforma que ustedes están proponiendo. Muchas veces me pregunto que, con unos amigos como
ustedes, ¿para qué queremos enemigos? Porque no salimos de un disgusto tras otro.
En cuanto a la valoración general del contenido de la reforma, me parece una frivolidad parlamentaria presentar una iniciativa legislativa de la magnitud del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal sin haber pasado por el filtro de los
órganos consultivos del Estado. No ha dictaminado ni el Consejo de Estado, ni el Consejo Fiscal, ni el Consejo General del Poder Judicial, no hay ningún informe. Me parece una auténtica temeridad, además de que están hablando incluso de llegar a
la reforma de la Constitución. Pero es que además presenta determinados defectos o deficiencias relevantes, y se los voy a decir. Tiene una redacción precipitada, aparecen antinomias y redundancias en los preceptos. Refuerza la dependencia
jerárquica del fiscal general del Estado, pero da órdenes y avocaciones sin control alguno. Ignora las recomendaciones de Greco -de las seis recomendaciones Greco solo contiene dos- e incumple las recomendaciones de transparencia internacional -de
las doce recomendaciones su reforma solo contiene una-. Desde una valoración particular, hablan ustedes de autonomía presupuestaria. Si se hubieran leído el artículo 72.3 del estatuto habrían comprendido que aparece esa autonomía presupuestaria.
La necesidad, como muy bien ha expuesto el portavoz del Partido Socialista, no está solo en la singularidad presupuestaria, que viene recogida en los Presupuestos Generales del Estado desde el año 2010, sino en la autogestión presupuestaria, y su
reforma no contiene nada de eso, no aborda ese tema.
Con respecto al fiscal general del Estado, aquí reconozco que nos han sorprendido. La reforma del fiscal general del Estado es una sorpresa. Proponen que el nombramiento del fiscal general del Estado se realice por el consenso de dos
tercios de esta Cámara, y dicen que es para despolitizar la justicia. Precisamente se salieron ustedes de la subcomisión de Justicia porque no quisieron que los vocales del Consejo General del Poder Judicial se nombraran por esta Cámara. ¡Fíjense
la coherencia que tienen ustedes! (Aplausos). Por un lado dicen que el fiscal sea nombrado por la Cámara y, por otro lado, que sea nombrado por el Consejo. Es más, cuando hablan de quorum ponen un quorum de dos tercios. Usted sabe muy bien que
eso es un bloqueo, que el fiscal general del Estado que sea nombrado la primera vez lamentablemente se va a jubilar siendo fiscal general del Estado porque va a quedar bloqueado, igual que quedarán bloqueados miembros del Tribunal Constitucional y
del Consejo General del Poder Judicial.
En cuanto al Consejo Fiscal, el sistema de elección que plantean es una verdadera barbaridad. Si el sistema de elección de los vocales es mediante implantación de las listas abiertas y nombrando dos vocales de los nueve elegibles -aquí les
ha traicionado el subconsciente porque se trata de funcionarios-, el resultado será desastroso porque para los nombramientos se requiere el 70 % de los votos. Por lo tanto, las minorías van a bloquear esos nombramientos fácilmente y no va a salir
adelante ningún nombramiento. Es una de las pegas que tiene. Por otra parte, les recuerdo el incumplimiento del pacto 143. Se
comprometieron a exigir veinte años de profesión para el fiscal general del Estado; ahora han puesto veinticinco.
En definitiva, no podemos apoyar la reforma; no podemos, de verdad. No obstante, apelamos a su responsabilidad política y les pedimos que vuelvan a la subcomisión, que hablemos allí, que dialoguemos, que consensuemos y que saquemos un
estatuto orgánico del ministerio fiscal acorde con las reales necesidades del mismo y que, por lo menos, perdure en el tiempo.
Muchas gracias. (Aplausos).
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA, SOBRE EL NO RECONOCIMIENTO OFICIAL DE LAS DISTINCIONES Y TÍTULOS NOBILIARIOS. (Número de expediente 162/000035).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley. Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre el no reconocimiento oficial de las
distinciones y títulos nobiliarios. Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Tardà i Coma.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, vaya por delante que conocemos los argumentos del Partido Popular y del Partido Socialista por los cuales van a rechazar esta iniciativa de Esquerra Republicana que reclama que el Estado español no reconozca distinciones ni títulos
nobiliarios vigentes y que no otorgue nuevos títulos. Se nos dirá que no suponen ningún estatuto de privilegio, que se trata de un recuerdo histórico por el que queda justificada su concesión, que tienen un mero valor simbólico y que premian
exclusivamente méritos y servicios. En definitiva, que se trata de algo marginal, que se trata de un ámbito institucional, no troncal, en relación con el sistema de valores democráticos. Pero, de entrada, todo ello no debe ser tan lineal, tan
sencillo ni tan simple porque en el año 2005, en pleno apogeo de Rodríguez Zapatero como paladín del progreso y comprometidos, sí, en enterrar el aznarismo, el Partido Popular y el Partido Socialista presentaron conjuntamente una proposición de ley
para garantizar la igualdad de hombres y mujeres en la transmisión de los títulos nobiliarios. O sea, que derecha e izquierda no solo no optaron por cuestionar los títulos nobiliarios sino todo lo contrario, se conjuraron para adecuarlos a los
nuevos tiempos a fin y efecto de perpetuarlos. En definitiva, incrustar en el siglo XXI una institución periclitada por el mismo progreso. Luego, repito, ni deben ser tan simbólicos ni deben ser tan marginales.
Evidentemente, por supuesto que no lo son, porque, señorías, contienen un legado histórico no democrático que al asumirse se convierte en un parapeto a la modernidad. Se trata de una anomalía -una más- de las muchas anomalías democráticas
hoy instaladas y cronificadas en el Reino de España, como tantas otras, desde la corrupción sistémica al deterioro de los derechos civiles pasando por la represión ante las demandas democráticas del pueblo de Cataluña o la misma existencia de presos
políticos. Nada de lo planteado es baladí. ¿Acaso los títulos de grande de España -por ejemplo, Casa de Alba- no son la expresión de la dominación, de la explotación del campesinado andaluz? ¿Acaso no es irrefutable y paradigmática la asociación
de título nobiliario a reacción? Solamente hace falta remontarnos al siglo XX con Alfonso XIII concediendo honores nobiliarios al dictador Primo de Rivera; Franco, genocida Franco, desde el año 1948 concediendo títulos nobiliarios a delincuentes,
a personas a las cuales se les pueden imputar crímenes de guerra como Mola, Moscardó, Queipo de Llano, Yagüe o a ideólogos del fascismo como Onésimo Redondo y José Antonio Primo de Rivera, o el mismo Juan Carlos I concediendo títulos nobiliarios a
sus amigos empresarios o a la familia Franco. ¿Qué meritos, señorías, qué honores se pretendían reconocer y cómo se justifica hoy que se pretenda mantenerlos?
Frente a ello, un recordatorio elemental: en los periodos más democráticos o bien se suprimieron o bien se ponderaron: Cortes de Cádiz, I República y II República. Hoy hay 2700 títulos nobiliarios en el Estado español. Lo que me pregunto
es cómo a un demócrata como lo son todos ustedes o cómo a un diputado o una diputada socialista no se les retuercen las entrañas cuando se trata de retirar o no el título nobiliario a un golpista cuando estos asesinaron a miles de republicanos, de
los cuales muchos eran socialistas. Supongo, señorías, que la respuesta se halla en el hecho de que no se trata de algo simbólico, sino que se trata de algo profundo porque el debate está ligado intrínsecamente a la institución monárquica, una
institución medieval no democrática, basada en la transmisión del poder por vía hereditaria, que la Constitución española resuelve con la mayor de las contradicciones. En el artículo 14 se afirma que todos los españoles son iguales ante la
ley, sin distinción por razón de nacimiento o circunstancia social, mientras que, a la vez, otros artículos consagran que la Corona es hereditaria, que el Jefe del Estado es irresponsable y que el varón prevalece sobre la mujer en la línea
sucesoria. Todo ello obviando la ilegitimidad de la reinstauración borbónica, la ilegitimidad de Juan Carlos I y, por ende, de Felipe VI; transmisión hereditaria, señorías, de la ilegitimidad. Una monarquía reinstaurada por el dictador, negando
la posibilidad de decidir a los ciudadanos libres del actual Estado español, ¿porque en los años 1977 y 1978 éramos o no éramos libres? Luego, si éramos libres, ¿por qué razón los ciudadanos no tuvieron el derecho de decidir si optaban por la
monarquía reinstaurada por el dictador, por un rey que había jurado los principios fundamentales del Movimiento y cómplice de la dictadura, o bien por la legalidad republicana abortada por las armas en 1936? Ante esta flagrante ilegitimidad está su
necesidad de elevar un discurso constitucionalista que pervierte, amaga y silencia la realidad de la institución monárquica reinstaurada. Razón por la cual hoy ustedes mantendrán los títulos nobiliarios, siempre vigilantes en la defensa de las
atribuciones del monarca.
Acabo. Señorías, nosotros nos debemos a aquellos republicanos y republicanas injustamente olvidados en la Transición y a aquellos que hoy continúan siéndolo en todas las naciones del actual Estado español, desde Galiza a Canarias, desde
Andalucía al conjunto de los Països Catalans. También a aquellos republicanos que vendrán, de los cuales nosotros hoy somos la simiente. Porque, señorías, nadie es más que nadie, razón por la cual hoy aquí espero tener el apoyo de todos aquellos
hombres y mujeres presentes en esta Cámara que sienten profundamente los valores republicanos.
Señorías, republicanismo.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Al no haberse presentado enmiendas a esta iniciativa, pasamos al turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.
En España la concesión de títulos, honores y distinciones nobiliarias tiene carácter simbólico, está reglada, sometida a las leyes y también a su refrendo por el Gobierno, de ahí que intervenga para expresar mi total desacuerdo con esta
iniciativa que trata de desbaratar todo homenaje del Estado ligado al reconocimiento por la participación trascendente en un hecho histórico, el tributo por unos méritos y una trayectoria de extraordinaria relevancia o la recompensa por
sobresalientes servicios prestados a la nación.
En su articulado la Constitución española dispone que corresponde al rey, como jefe del Estado, su otorgamiento con arreglo a nuestro Estado de derecho, en el que son las Cortes Generales quienes aprueban las leyes y todos los españoles sin
excepción tenemos la obligación de respetarlas y cumplirlas. Resulta pertinente recalcar algo tan elemental como el deber de cumplir la ley porque en estos últimos tiempos la actitud antagónica de responsables políticos en Cataluña está
perjudicando seriamente a todos los españoles, comenzando por los que viven allí y dañando nuestra buena imagen ante el mundo. Todo lo contrario, por cierto, señor Tardà, que un pretérito correligionario suyo, cofundador de Esquerra Republicana de
Catalunya, el president Tarradellas, que precisamente por su participación activa en el ejemplar proceso de la transición política y su contribución a la unidad de España fue distinguido en 1986 por el rey Juan Carlos con un título nobiliario, el
marquesado de Tarradellas. Normal que para entonces tan relevante e histórico miembro de Esquerra Republicana de Catalunya lo aceptase, porque ya el propio Tribunal Constitucional había determinado de manera inequívoca que este tipo de distinciones
no tiene más prerrogativas que su uso y protección frente a reclamaciones de terceros. De anomalía, nada. Hoy, en pleno siglo XXI, en una España consagrada democráticamente, su posesión no otorga ningún estado de privilegio al tratarse de una
distinción meramente honorífica, tal como señala en su exposición de motivos la ley que hace casi doce años -usted la recordaba- igualó al hombre y a la mujer en el orden de sucesión de los títulos nobiliarios eliminando la discriminación de la
mujer. Por cierto, entonces usted, señor Tardà, y sus compañeros se abstuvieron de aquella votación de la conjura. Tal vez lo recuerde.
Finalizo, señora presidenta. Ahora quieren ustedes, señores de Esquerra Republicana, echarse al monte y pretenden que otros les sigamos en un periplo anacrónico, a la vista de esta proposición no de ley y de su intervención desacertada.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
También por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Xuclà i Costa.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, voy a defender la posición del Partit Demòcrata, que será el voto favorable a esta iniciativa de Esquerra Republicana, no desde el monte, como apuntaba el señor Martínez Oblanca, sino en nombre de los valores liberales.
Fue un debate de las constitucionales liberales, fue un debate de las Cortes de Cádiz e incluso de antes, del inicio de la Edad Moderna, el de la superación de la Edad Media con lo que suponía de sistema nobiliario y aristocrático,
caracterizado por valores como la fuerza, el fatalismo del destino o la valentía. Y como muy bien me apuntaba mi compañero Feliu Guillaumes -diputado y filósofo-, llegó una nueva etapa y esta era la de las revoluciones liberales y burguesas que
cruzaron toda Europa, donde se impulsó el comercio, la industria; la cultura del pacto, la cultura de la transacción; los valores de la igualdad entre ciudadanos: ciudadanos libres e iguales ante la ley; la cultura de la igualdad de
oportunidades, el respeto a la palabra dada, la cultura del esfuerzo. En definitiva, la Edad Moderna, la revolución liberal y burguesa, se podía resumir en la palabra virtud: virtud frente a la fuerza.
Es por esto, señor Oblanca, que no vamos a citar al president Tarradellas, vamos a citar a Adam Smith para decir que sí, que la Edad Moderna va vinculada, no con Gobiernos que ennoblecen a ciudadanos, sino con Gobiernos que apuestan por los
valores liberales. Por cierto, señora presidenta -y con esto termino-, en este Parlamento hay otro grupo parlamentario que se reivindica liberal. Vamos a ver también sus argumentos en este interesante debate que nos plantea el grupo proponente.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Rivera de la Cruz.
La señora RIVERA DE LA CRUZ: Gracias, señora presidenta.
El 28 de octubre de 1746 un terremoto seguido de un tsunami devastó completamente la ciudad de Lima. Entonces, un español, José Antonio Manso de Velasco, acababa de tomar posesión como virrey del Perú. Él creía que iba a vivir en una
ciudad próspera y rica y lo que se encontró fue un lugar reducido a escombros. Manso de Velasco se impuso entonces la tarea titánica de reconstruir Lima y lo hizo en dos años, un tiempo récord. El rey de España le distinguió por ello con el título
de conde de Superunda, para que su nombre recordase por siempre que había conseguido que la ciudad resurgiera sobre las olas. Tres siglos después, por ciento, los limeños siguen recordando su nombre y aquella gesta.
Esta biografía es una de las de tantos personajes que enriquecen nuestra historia común, como la de la condesa de Benavente, que encargó sus primeras pinturas un joven pintor sin suerte entonces que se llamaba Francisco de Goya; o las de
Paio Gómez Chariño, señor de Rianxo, quien en el siglo XIII puso las primeras piedras de la literatura gallega; o la de la condesa de Pardo Bazán, doña Emilia, que se enfrentó a su clase, a su tiempo y a su condición de mujer para ser novelista; o
la del duque de Suárez, que llevó de la mano una democracia frágil, o la del marqués de Del Bosque, que puso de acuerdo a un país entero ganando un mundial de fútbol. Los títulos nobiliarios no son nada más que la expresión de nuestra historia.
Hace un tiempo mi sobrina me preguntó si un marqués cobraba un sueldo por el hecho de serlo. Le expliqué que tener un título nobiliario no da derecho a ningún privilegio. Los nobles son gente corriente que lleva un nombre más unido al que
tienen y conservan así el recuerdo de alguien que ha hecho algo bueno por nuestro país. Mi sobrina tenía diez años, mientras que los autores de esta proposición no de ley son unos señores diputados a los que se les supone un mínimo de formación y
de sentido común pero, vista la PNL, da la sensación de que los señores de Esquerra Republicana creen de buena fe que los titulados gozan de exenciones de impuestos, rentas vitalicias, castillos con almenas y, a lo mejor, hasta derecho de pernada.
Yo no sé en qué mundo viven. (Aplausos).
Dicen que los títulos nobiliarios son cosas de la Edad Media. Yo no sé muy bien cómo se combina esa manía persecutoria del pasado remoto con esa obsesión tan suya de presumir de tradiciones ancestrales, de instituciones feudales.
(Aplausos). Les he escuchado hablar hasta la saciedad del presidente número 130 de la Generalitat, de presumir de las hazañas de Wifredo el Velloso, de organizar cada año aquelarres en Fossar de les Moreres para quemar los decretos de nueva planta
de Felipe V. No quieren oír ustedes hablar de herencia de sangre ni de árboles genealógicos, pero luego su líder, Oriol Junqueras, se harta de hablar de la proximidad genética de los catalanes con los franceses. (Aplausos). Perdonen
que les diga esto, porque van de modernos, pero me parece que no hay nada más anacrónico que las batallitas genéticas. ¿En qué quedamos?
Pese a su apariencia de charada revolucionaria, su proposición no es inofensiva. En el fondo buscan lo de siempre: eliminar todo aquello que recuerde de alguna forma lo que nos vertebra. Les molesta que algo pueda recordar episodios de la
historia que nos hacen más grandes, sea la reconstrucción de una ciudad devastada o el triunfo en un campeonato de fútbol.
Señores de Esquerra, el cupo de iniciativas que pueden ustedes traer aquí es muy limitado por cuestión de número. ¿Creen de verdad que es de recibo traer este tema al Pleno? ¿No creen que las personas a las que representan se merecen un
poco más que esta pataleta esnob que han traído hoy aquí? (Aplausos). ¿Acaso piensan que ahí fuera hay una mayoría preocupada por que existan unos pocos hombres y mujeres cuyo único privilegio -señor Xuclà, claro que son iguales ante la ley- es
que llevan un nombre más unido al suyo? ¡Ya ven ustedes qué gran cosa! Les propongo algo, vayamos a hacer una encuesta adonde quieran, a la Carrera de San Jerónimo o a las Ramblas de Barcelona, vamos a preguntar a la gente que nos encontremos las
veinte cosas que más les preocupan, a ver cuántos dicen que lo que les preocupa es que haya condes, duques y marqueses, a ver cuántos nos contestan eso. (Aplausos). ¿Saben cuál es el problema? Que a ustedes hace mucho tiempo que dejó de
interesarles lo que de verdad le preocupa a la gente. Vienen aquí a pasar el menor tiempo posible -el otro día un reportaje de un periódico recordaba que son ustedes de los parlamentarios más absentistas en esta Cámara- y cuando les toca subir a la
tribuna salen a contarnos estas cosas; un día se traen una impresora y hoy vienen proponiendo arrancar nombres del mundo de la historia común. Respeten un poco su condición de servidores públicos, pónganse a trabajar en cosas serias y dejen de
tomar el pelo a los que les pagan el sueldo.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Expósito Prieto.
El señor EXPÓSITO PRIETO: Muchas gracias, presidenta.
Buenas tardes, señorías. O, mejor dicho, dado el carácter de este debate, buenas tardes, compañeros diputados, buenas tardes, compañeras diputadas. Según el último informe de la Red europea de la lucha contra la pobreza y la exclusión
social, los índices de personas en riesgo de pobreza en nuestro país rondan casi el 28 %, prácticamente el 38 % en personas adultas jóvenes. Frente a tales urgencias, como ya se ha dicho en esta tribuna, ¿qué sentido tiene debatir los títulos
nobiliarios? Aunque parezca una cuestión banal, la relación entre los nombres propios y el reconocimiento institucional de distinciones no es necesariamente un tema menor y quizás algo tenga que ver también con la existencia de desigualdades
sociales que arrastramos en la historia. Esta propuesta del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana propone instar al Gobierno a que deje de reconocer las distinciones y los títulos nobiliarios existentes, comprometiéndose asimismo a no otorgar
otros nuevos en el futuro, y lo plantea trazando un vínculo con otros tres momentos de la historia moderna de España -el trienio liberal, la I y la II República-, momentos en los que el Estado se desentendió de reconocer este tipo de ensalzamientos
que tienen su origen, como ya se ha dicho, en la Edad Media. A diferencia de estos otros tres impulsos de democratización, con el advenimiento de la democracia después de la dictadura franquista el Estado no solo no se desinteresó por reconocer
este tipo de distinciones sino que, al contrario, ratificó la legislación franquista de 1948 y revalidó los mecanismos hereditarios de tales distinciones. Eso es lo que permitió al rey Juan Carlos I crear u otorgar otras nuevas, potestad que ha
heredado el actual monarca Felipe VI.
Nuestro grupo parlamentario confederal coincide en reconocer la importancia que tiene vincular simbólicamente esta propuesta con aquellos otros momentos históricos de avance en igualdad de derechos. Estamos también convencidos de que
debemos eliminar al máximo las diferencias de reconocimiento oficial entre las personas por razón de origen, nacimiento o herencia. Pero si vamos a votar a favor de esta proposición no de ley es sobre todo porque consideramos que no tenemos por qué
mantener este residuo medievalista en el seno de un Estado democrático avanzado. Durante su mandato, el rey Juan Carlos I concedió más de medio centenar de nuevos títulos, siendo los primeros el Señorío de Meirás y el Ducado de Franco con Grandeza
de España, títulos que detentaron como primeros titulares, respectivamente, la viuda y la hija del dictador. Esto nos recuerda que en la existencia de títulos nobiliarios está inscrito el reconocimiento de privilegios históricos, muchos de los
cuales se sustentan en regímenes o comportamientos contrarios, por decirlo de manera amable, a los valores democráticos.
No sé si se trata de una humorada o de un gesto de justicia poética que la dirección de mi grupo haya encargado defender en esta tribuna el sentido de nuestro voto en este debate sobre títulos nobiliarios a un diputado de apellido Expósito.
En este punto me van a permitir que relate una breve historia personal. Cuando, siendo muy joven, empecé a interesarme por el origen de mi apellido, alguien me contó una historia que nunca he podido corroborar. En algún momento de finales de la
dictadura, algunos asistentes sociales antifranquistas ejecutaron una acción simbólica sobre los nombres de los niños y las niñas que tenían a su cargo. Liberados de la obligación que durante muchas décadas estuvo vigente de marcar a los
hospicianos y a los incluseros con apellidos como Expósito o Iglesia, decidieron nombrarlos en el Registro Civil con apellidos de nobles de España. Descubierto el pastel, estos desamparados fueron obligados a registrarse de nuevo, esta vez con
apellidos banales. Seguramente se trata de una historia apócrifa, pero creo que hoy viene a cuento de lo siguiente: quienes llevamos inscrito en nuestro nombre nuestros orígenes plebeyos sabemos que la Ley 33/2006, de 30 de octubre, se contradice
en sus términos cuando afirma que actualmente la posesión de un título nobiliario no otorga ningún estatuto de privilegio. Miente esta ley y miente porque el mero reconocimiento de unos apellidos sobre otros por parte del Estado es ya de por sí una
forma de privilegio con la que tenemos que acabar. (Aplausos).
Voy acabando, presidenta. Uno de los pasajes más popularizados del Quijote es aquel en el que Rodrigo Díaz aconseja a Sancho cuando se encamina a gobernar la ínsula Barataria: '... la sangre se hereda y la virtud se aquista, y la virtud
vale por sí sola lo que la sangre no vale'. Esta cita nos recuerda que en el seno de la modernidad ha existido siempre una pugna entre el reconocimiento elitista que hereda la cuna y el reconocimiento socialmente consensuado que emana de las
virtudes cívicas. Los momentos más virtuosos de esta Cámara los han protagonizado personas de origen plebeyo: la modista hija de una costurera que precipitó el reconocimiento del voto femenino, la primera diputada afrodescendiente, la voz digna de
los jornaleros andaluces, la mujer de la zona minera de Gallarta, que se sentó aquí, detrás de mí, en la Mesa de edad de las primeras Cortes democráticas tras la Dictadura, y el primer diputado socialista en la historia del Parlamento español.
Estos dos últimos casos, fíjense por dónde, ambos con padres marcados como expósitos.
En junio de 1985 esta Cámara votó una proposición semejante a esta. Toda la oposición la suscribió unánimemente, pero fue derrotada por la mayoría absoluta del Partido Popular. Hoy, con otras proporciones en el hemiciclo, tenemos una nueva
oportunidad de dar un reconocimiento a esos virtuosos momentos plebeyos de esta Cámara instando a que nuestra legislación garantice un poco más para el futuro la igualdad sin distinción de origen entre todos los ciudadanos y todas las ciudadanas.
Gracias, presidenta. Gracias, compañeros diputados; gracias, compañeras diputadas. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Muñoz González.
El señor MUÑOZ GONZÁLEZ: Buenas tardes, señora presidenta.
Señorías, subo a la tribuna para fijar la posición del Grupo Socialista en este asunto de rabiosa actualidad y de tanto interés para los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país, que están esperando que el Congreso dedique la tarde de los
martes a este tipo de cuestiones. De todas formas, al menos nos vale para traer a la legalidad nuevamente a Esquerra Republicana, porque solo se pretende la modificación, derogación o enmienda de aquello sobre lo que se reconoce que se puede
actuar. Si bien es cierto, señor Tardà, que yo le reconozco poca originalidad en este tema, ya que coincidí con usted en el año 2005 y esto no es más que un ejercicio de corta y pega de la enmienda que en su momento usted presentó, aquella
iniciativa que luego salió para la igualdad en la sucesión de títulos nobiliarios en la proposición de ley que se aprobó con su abstención, por cierto. Usted no defendió en la Comisión aquella iniciativa y solamente se dedicó a tomarla en
consideración, pero no acudió usted ni ningún representante de Esquerra Republicana a fijar la posición en aquella Comisión de Justicia donde se debatió sobre este asunto.
Entonces y ahora continúa cometiendo el mismo error en relación con la legitimidad del régimen político del que gozamos los españoles y las españolas. La legitimidad de nuestro régimen político de la Constitución de 1978 deviene
precisamente de ahí, de la aprobación por la inmensa mayoría de las y los españoles, y de entre ellos muy especialmente en Cataluña, mediante un referéndum; un referéndum que en el año 1978 aprobaba una Constitución que en su preámbulo establece
que España es un Estado de derecho y que ese Estado de derecho asegura el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular; y establece una disposición derogatoria, la tercera, que es la que permite decir que su afirmación en el
texto, como lo era entonces y lo es hoy, es absolutamente grosera; no existe una legitimidad que suponga ir contra la Constitución. Es verdad -se ha dicho aquí también- que en el año 1997 el Tribunal Constitucional resolvía sobre una
cuestión de inconstitucionalidad que le planteó entonces la Audiencia Provincial de Madrid y nosotros no estamos muy orgullosos de aquello que resolvió en su momento. Nosotros estamos más orgullosos de los votos particulares, entre otros, de un
magistrado del Tribunal Constitucional entonces, don Carlos Viver Pi-Sunyer -que a usted le debe sonar-, que tuvo un voto disidente con aquel que lo fue mayoritario en el Pleno del Tribunal Constitucional. En aquel momento, por aquellas
circunstancias, cuando el Partido Socialista llegó al poder nuevamente propusimos esa iniciativa, que creíamos que tenía su lógica, toda vez que quedó fijado por el Tribunal Constitucional el alcance de qué significaban los títulos nobiliarios,
aunque ya había habido sentencias anteriores. Ante esa cuestión, era necesario fijar que al menos imperase el principio de igualdad y por eso presentamos aquella proposición no de ley.
Señor Tardà, está usted confundiendo las cosas. No dé más importancia a este tema porque no la tiene; ni tan siquiera le dé más importancia que aquella que le dio el Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional estableció
claramente que ostentar un título nobiliario no supone en modo alguno un estatus o una condición estamental o privilegiada ni conlleva ejercicio de función pública alguna. Eso lo dictó el Tribunal Constitucional en sentencia del año 1982. Señor
Tardà, esta es una iniciativa que no tiene ningún sentido. Si quiere -porque esta es una facultad del artículo 62, conceder distinciones con arreglo a las leyes-, presente una proposición de ley para que en alguna de las medidas se acote que eso
pueda hacerse, pues este es uno de aquellos actos en los cuales el jefe del Estado tiene que actuar con arreglo a la ley. Señor Tardà, como le digo, esta es una iniciativa que carece de todo sentido.
En relación con algunas de las iniciativas de las que se ha hablado o alguno de los títulos que se han mencionado, he de manifestar que repugnan tanto a los compañeros y compañeras que lo han dicho como a quien actualmente está hablando
desde esta tribuna. Las que hacen referencia a la Dictadura o al dictador, tendrán que reconvenirse a través de la modificación de la legislación de la memoria histórica, que, por cierto, la trajo a esta Cámara un Gobierno del Partido Socialista,
el de José Luis Rodríguez Zapatero. El Partido Socialista, señor Tardà, es un partido radicalmente democrático, absolutamente involucrado en la Constitución de 1978 y nos parece que este tipo de afirmaciones pueden ser grandilocuentes, proporcionar
una tarde de cierto relax en este Parlamento, pero nadie pone en cuestión que Inglaterra no sea una democracia porque haya una Cámara de los Lores, por cierto, una Cámara conformada por los muy honorables lores espirituales y temporales. Nadie dice
que por ello no sea una democracia. O como ocurre en un sitio que a ustedes les parecerá más cercano: en Bélgica, un país al que aprecian mucho, existe el Consejo de la Nobleza, que depende ni más ni menos que del Ministerio de Asuntos Exteriores
belga, y no por ello cuestionan su democracia. Por tanto, ocupémonos de cuestiones importantes, como ha dicho el representante de Foro Asturias. Cuando se otorgó el marquesado a Josep Tarradellas se hizo una justicia histórica por parte de quien
hoy es el rey emérito y nosotros estamos muy de acuerdo con lo que en aquel decreto de concesión se dijo. Lo grave es que aquel que era un exiliado de verdad hizo cosas para ser reconocido por el entonces rey, un exiliado de verdad y no exiliados a
4000 euros en mansiones en Waterloo.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Esteller Ruedas.
La señora ESTELLER RUEDAS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, subo a esta tribuna para fijar la posición del Grupo Popular. Señor Tardà, ustedes piden al Estado que no reconozca los títulos nobiliarios alegando que es una institución de la Edad Media. Hemos evolucionado mucho hasta aquí,
señor Tardà, y ustedes siempre interpretan la historia o se quedan en el capítulo que más les interesa para manipularla y dar a entender que en España no hay una democracia de calidad cuando es todo lo contrario. El objetivo de esta propuesta se ha
visto con su intervención: su voluntad de desprestigiar las instituciones. En este sentido, su intervención demuestra que la razón política de esta propuesta es deslegitimar las instituciones. Por otro lado, también hay una gran voluntad de
destruir lo que es y lo que representa España, y como los títulos nobiliarios representan la llamada historia común, ustedes quieren eliminarlos. Además, son consustanciales a la monarquía y, por lo tanto, los utilizan para erosionarla. Esta es la
realidad y la razón política por la que usted hoy nos presenta aquí esta propuesta, porque no tiene ningún sentido en estos momentos. En España no hay privilegios, todos
somos iguales, todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. En un Estado social y democrático de derecho todos tenemos igualdad y dignidad. Por lo tanto, no hay ningún tipo de prelación o de privilegio. Los títulos
nobiliarios no son ningún privilegio. Desde el año 1820 el título nobiliario tiene un significado simbólico y un carácter meramente honorífico. Van ligados a la tradición y a la historia sin que haya ningún reconocimiento de un estatus específico
ni tampoco ninguna contraprestación por parte del Estado. Cuentan con toda la legitimidad democrática y están avalados por el artículo 62 de la Constitución. En España los títulos se consideran un reconocimiento a una trayectoria vital o
profesional ligada al servicio a España por ser un ejemplo de lealtad, entrega y compromiso. Hay títulos nobiliarios sobre la base de trayectorias de todo tipo y condición: grandes científicos, militares, creadores, escritores... Para la mayoría
de ellos comporta un gran honor que implica responsabilidades y obligaciones para con sus antepasados y también para con España.
Repasemos los títulos que se han concedido recientemente, sobre todo los que concedió el rey Juan Carlos I: ustedes ya han destacado el marquesado de Tarradellas, por la Transición; Adolfo Suárez, también por la Transición; Camilo José
Cela, premio Nobel; Valentín Fuster, por la investigación cardiovascular; Vicente del Bosque, por el fomento de los valores deportivos; José Manuel Lara, por los servicios prestados a la cultura; Roser Rahola, baronesa de Perpiñá, por su labor
en el ámbito cultural en Vicens Vives; el marqués de Samaranch, porque consiguió traer los Juegos Olímpicos a la ciudad de Barcelona, en la que ha habido un cambio sustancial. ¿Usted considera que estos títulos suponen un privilegio o una clase
social, como también alegaba en sus manifestaciones? Para nada. Las sociedades agradecen a aquellas personas que han tenido un vínculo que han aportado a la sociedad y cuya trayectoria ha beneficiado al conjunto, en este caso, a España. En
Cataluña también tenemos la Creu de Sant Jordi, que también es un reconocimiento para valorar una trayectoria y que no tiene ningún otro tipo de connotación, porque la connotación que usted dice implica una discriminación hacia otros y en España,
como he dicho, hay igualdad y no hay ningún tipo de discriminación, de trato de favor o de estatus por el hecho de tener un título.
No pretenda a través de esta propuesta deslegitimar la democracia o la monarquía. No pretenda en este caso deslegitimar la monarquía. La monarquía está reconocida en la Constitución. Es una forma de Estado votada por el 90,5 % de los
catalanes y por todos los españoles, pero me refiero especialmente a los catalanes porque la monarquía es querida en Cataluña. Es una institución vertebradora del orden constitucional, símbolo de unidad y artífice de la transformación de nuestro
país para pasar a una democracia consolidada, una democracia con valores como la convivencia, la justicia, la libertad, la igualdad y el pluralismo político. El rey Felipe VI es un rey del siglo XXI comprometido con el ejercicio de sus funciones
constitucionales en defensa de la legalidad, como pudimos ver ante el desafío independentista del Gobierno de la Generalitat, cuando amparó a todos los que estamos en Cataluña y nos sentimos españoles. Por lo tanto, es un rey a la altura de las
circunstancias y a la altura de la institución que representa.
Señor Tardà, a usted lo que le molesta es que los títulos nobiliarios representan la trayectoria y la historia de España. Asumamos España, respetemos la historia moderna, la historia de la España actual. Ahora que celebramos el 40.º
Aniversario de la Constitución, valoremos la gran capacidad de entendimiento y el espíritu de reconciliación y de superación de la Transición. Si hacemos un repaso a la historia, podemos ver que los episodios más oscuros y devastadores fueron
causados por la intolerancia, la desobediencia, la falta de respeto y la imposición de unos sobre otros. Por lo tanto, respetemos la historia, respetemos a España, respetemos las tradiciones y a todas aquellas personas que la han hecho grande y que
a través de sus acciones y actividades se han hecho beneficiarias de estos títulos. Muchos de ellos son catalanes que han trabajado intensamente para servir a España. Por lo tanto, orgullosos podemos estar de nuestra historia y de formar parte de
la España moderna de hoy en día. (Aplausos).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SEÑOR CAMPUZANO, RELATIVA A DEROGAR EL REAL DECRETO LEY 15/2017 DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE MOVILIDAD DE OPERADORES ECONÓMICOS DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL. (Número de expediente 162/000497).
La señora PRESIDENTA: Continuamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, señor Campuzano, relativa a derogar el Real Decreto-ley 15/2017, de medidas urgentes en materia de movilidad de operadores económicos dentro del
territorio nacional. Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Bel Accensi. (Rumores).
Silencio, señorías.
El señor BEL ACCENSI: Muchísimas gracias, presidenta.
Señorías, esta proposición no de ley tiene un fundamento básico, que quedó apuntado aquí, en esta tribuna, el día 19 de octubre, que es cuando se debatió la convalidación del Real Decreto-ley 15/2017. Si ustedes se leen este real
decreto-ley apreciarán unos motivos meramente técnicos para modificar el apartado segundo del artículo 285 de la Ley de Sociedades de Capital. Ahora bien, si ustedes atienden al debate del real decreto, inmediatamente, cuando leen la intervención
el señor ministro les queda patente que había otra motivación; y esta motivación no era otra que el día 1 de octubre se había celebrado un referéndum en Cataluña. ¿Se acuerdan? Aquel referéndum que no se tenía que haber celebrado nunca, ¿se
acuerdan? (Aplausos). ¿Aquel referéndum en el que las urnas no llegarían a su sitio, que nadie iba a ir a votar? Pues sí, se celebró aquel referéndum no como queríamos, porque, evidentemente, se celebró mediante una dura represión a la gente que
libre, democrática y pacíficamente lo único que pretendía era ejercer su derecho a decidir, su derecho a expresar democráticamente la voluntad colectiva de lo que debía ser el pueblo de Cataluña y el país de Cataluña.
Pues bien, se celebró el referéndum y, evidentemente, el Gobierno, que había manifestado claramente que el referéndum no se iba a celebrar, tenía que reaccionar ante tal fracaso. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
El señor BEL ACCENSI: Y, ¿qué ocurrencia tuvieron?
La señora PRESIDENTA: Un momento, señoría.
Señorías, les ruego silencio. Ocupen sus escaños; si no quieren ocupar sus escaños pueden salir del hemiciclo, pero hay que escuchar al orador.
Continúe, señor Bel.
El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidenta.
Yo entiendo que a una parte de la Cámara no le interesa mucho escuchar lo que va a decir este orador, pero voy a insistir en ello. Decía que, ante la imposibilidad de frenar el referéndum, se tenía que intentar actuar. Y, como dijo el
ministro, si las personas votaron lo que votaron, pues vamos a facilitar que las empresas voten, y que voten con los pies -palabras textuales del señor ministro-. Y lo que hicieron fue modificar un artículo de la Ley de Sociedades de Capital, que
más allá de intentar fomentar que las empresas se fueran de Cataluña rápidamente, lo que hizo realmente, y lo que intentamos modificar mediante esta PNL, fue expropiar a los accionistas la capacidad de decisión en relación con lo que es básico, que
es la modificación de los estatutos.
Las leyes de sociedades de capital, en España y en la mayoría de los países desarrollados, establecen que cualquier modificación de estatutos, incluido el domicilio social, corresponde a los accionistas; es decir, a los propietarios; es
decir, a los que invierten y arriesgan su capital para desarrollar el proyecto empresarial. Y esto se modifica; y se modifica cambiando una parte de este artículo 285. Se dice que la modificación de estatutos corresponde a la junta general, pero
que en el caso del domicilio social corresponde al consejo de administración, con una pequeña matización, porque es verdad que en 2015 se modificó esta cuestión. Antes correspondía al consejo de administración la modificación del domicilio
únicamente dentro de la misma población y esto se extendió al territorio nacional, siempre y cuando los estatutos no establecieran lo contrario. ¿Qué les están diciendo a los accionistas con esta modificación? Señores, los estatutos tienen que
decir lo contrario, pero, ¿saben qué pasa? Que no tienen que decirlo hasta el día de entrada en vigor del real decreto, sino que tienen que volver a decirlo, tienen que volver a hacer otra junta general para acordar otra vez que el cambio de
domicilio no corresponde al consejo de administración. Fíjense lo que están diciendo, y eso tenían que hacerlo antes de la entrada en vigor del real decreto. Incongruente absolutamente. Aquí hubo muchos accionistas que vieron limitados sus
derechos, sus posibilidades de oponerse a un cambio de domicilio propuesto por el consejo de administración.
Lo que les pedimos en esta PNL es restituir la situación, así como otra cuestión esencial, y es que aquellos cambios de domicilio que no hayan sido avalados por parte de las juntas de accionistas lo sean a partir de ahora. Se trata de un
tema sencillo, razonable y que si lo eliminamos del contexto del mes de diciembre, seguro que la mayoría podría compartir. Según ustedes, esta situación ya ha pasado, se han celebrado unas elecciones democráticas convocadas por el señor Rajoy que
ganaron los que seguramente ustedes no querían que ganasen, pero los resultados electorales hay que aceptarlos. (Rumores). Sí,
ganaron los que van a presentar candidato a la Presidencia a la Generalitat; aquellos que se esconden y no presentan candidato a la Presidencia de la Generalitat no pueden decir que ganaron. (Aplausos). ¿Saben qué pasa? Que la señora
Arrimadas se está marcando un Rajoy. Lo que hizo el señor Rajoy no presentándose a la investidura es lo que está haciendo en estos momentos la señora Arrimadas en Cataluña. Por tanto, no ganó las elecciones; gana quien suma. Recuérdenlo.
(Aplausos).
En todo caso, no voy a entrar en guerras de cifras. Yo sé que ustedes van a decir que han desaparecido de Cataluña unas 30 000 empresas, lo cual ha generado una gran debacle en el empleo. Yo quisiera que no se hubiese marchado ni una sola
de Cataluña, y seguro que ustedes también, pero tampoco habrían querido que se hubiese marchado ninguna de Madrid. En el último año de Cataluña se marcharon 2536 empresas. ¿Son todos los casos imputables al procés? Señorías, ¿saben cuántas se
marcharon de Madrid? Se marcharon 1279. ¿Está proclamando la independencia la señora Cifuentes en Madrid? No, ¿verdad? Pues se marcharon 1279, de las cuales el 21 % se fueron a Cataluña, lo que también es sorprendente. Por tanto, ¿no ha habido
efecto? Claro que lo ha habido, porque ha existido un incentivo claro. Si de estas 2536 empresas ustedes analizan cuáles son de capital o matriz multinacional, no españolas, van a encontrar muy poquitas, por no decir ninguna. Seguramente eso
también les hará reflexionar.
En todo caso, nosotros queremos que cuando las empresas decidan volver a Cataluña no lo hagan por decisión unilateral del consejo de administración, sino que esta cuestión también la acuerden, como cualquier modificación de estatutos, sus
accionistas, que son los verdaderos propietarios, los que invierten y los que arriesgan su capital, y no solo los consejos de administración. En todo caso, quiero terminar mi intervención pidiéndoles, obviamente, su voto y recordando, una semana
más desde esta tribuna, que hay presos políticos: el vicepresident y conseller Forn, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, en prisión todos ellos por sus ideas políticas, y que también hay miembros del Govern de la Generalitat exiliados.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Al no haberse presentado enmiendas a esta iniciativa, pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta. Arratsalde on. Buenas tardes.
Nosotros ya nos posicionamos en contra del Decreto-ley 15/2017 que hoy nos trae el Grupo Mixto para su derogación y, por lo tanto, siendo consecuentes con aquella decisión, hoy votaremos a favor de esa derogación. Dijimos que facilitar el
cambio social a las empresas no atendía ni a criterio jurídico ni a criterio económico alguno porque ya en su exposición de motivos hablaba de una serie de circunstancias especiales, circunstancias que, obviamente, se referían a la situación
catalana.
El domicilio para las personas jurídicas, como el lugar para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, es uno de los elementos fundamentales en el momento de su constitución y por ello ha de constar en sus estatutos
y, al formar parte de estos, su modificación compete a la junta general de accionistas. Como también ha dicho el señor Bel, hay que recordar que ya en 1956, 1989 y 2010 se venía a decir que, salvo disposición contraria a los estatutos, el cambio de
domicilio dentro del mismo término municipal podía ser acordado por el órgano de administración. Asimismo, en el año 2015, una ley que abordaba medidas urgentes de reforma concursal amplió esta competencia al órgano de administración pero dentro de
todo el territorio nacional, siempre que no existiese una disposición contraria a los estatutos, y además era el propio Gobierno quien justificaba la importancia de dejar en manos de la propiedad y de las juntas generales de accionistas la
aprobación y, como decían -entre comillas-, de algo tan sensible y vinculado al espíritu de empresa y su vinculación real a los centros de administración como es la sede de domicilio social y fiscal. Por eso, cuando se produjo el decreto exprés,
desconocíamos qué era lo que había cambiado, por lo menos en términos jurídicos o económicos, para variar de opinión. Por lo tanto, no era necesario un decreto exprés para tal modificación. No nos olvidemos, además, de que permitir un cambio de
este tipo abre la puerta a que todas las empresas del Estado lo puedan hacer y, aunque el cambio social no tiene impacto económico alguno, en el caso de que las empresas trasladen su domicilio social a un lugar del territorio común porque no implica
una deslocalización del centro de trabajo a otro territorio, sí lo podría tener en el caso de que trasladasen ese domicilio social, por ejemplo, al extranjero o a territorio foral. Por lo tanto, lo que hay que valorar son las consecuencias a la
hora de abordar regulaciones basadas en el corto plazo y que obedecen a situaciones coyunturales, a intereses partidistas,
poniendo en riesgo incluso la imagen de unas comunidades autónomas, en este caso de cara a inversores y también a mercados, porque se hace un flaco favor tanto al crecimiento económico como a la economía en general.
De lo que hay que preocuparse es de medidas a largo plazo que impidan o acaben con las deslocalizaciones de empresas que sí tienen un impacto importante, a pesar de mantener la sede social en una determinada comunidad autónoma, porque lo
que, efectivamente, se está deslocalizando es el centro de trabajo, con la consiguiente pérdida de inversión, como, por ejemplo, ocurre en Galicia, donde un número importante de empresas asientan o están asentando sus centros de producción en
Portugal. Esto sí debería preocupar a las administraciones, porque no se trata de situaciones coyunturales sino más bien estructurales.
En definitiva, nuestro grupo va a votar a favor de la derogación de dicho decreto, como ya dijimos anteriormente, porque no ha obedecido a una necesidad de las empresas ni tampoco a una necesidad jurídica, sino a una necesidad política ante
una coyuntura determinada, porque la regulación del año 2015 era suficiente para que el órgano de administración de las empresas pudiese acordar un cambio de sede social ajustando sus estatutos, porque tanto la Ley de sociedades como el código
unitario de recomendaciones voluntarias de la Comisión Nacional del Mercado de Valores establecen a la junta general como órgano supremo en la toma de decisiones corporativas, porque se ponen en peligro los derechos del socio, porque abre la vía
rápida a que cualquier empresa con sede social en cualquier territorio pueda salir del mismo y fijar un domicilio jurídico en otra comunidad autónoma, saltándose incluso la junta de accionistas aunque en su estatuto se establezca esa obligación;
porque se pueden dar conflictos societarios derivados del nuevo ámbito de decisión y ejecución del órgano de administración -acciones de responsabilidad-; porque era una medida que obedecía más a una utilización de los mercados como medida de
presión contra el soberanismo o la situación catalana que a una necesidad de las empresas, y porque, en definitiva, no se puede regular basándose en impulsos políticos.
Eskerrik asko. Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Rufián Romero.
El señor RUFIÁN ROMERO: Muchas gracias, presidenta.
Señorías, hace más o menos unos cuatro meses que PP, PSOE y Ciudadanos votaron en esta Cámara el Real Decreto 15/2017, de medidas urgentes, en materia de movilidad de operadores económicos dentro del territorio nacional. Para que todo el
mundo lo entienda, viene a ser un 'a por ellos' económico del Gobierno, una iniciativa más de la campaña mediática, política y judicial contra la soberanía del pueblo de Cataluña, que servía de atrezzo a esa mentira cacareada en las televisiones,
diarios y radios del régimen que venía a decir que si en Cataluña se votaba el referéndum las diez plagas bíblicas caerían sobre su territorio. Una de esas plagas bíblicas era que una urna en Cataluña provocaría una reducción del 30 % del PIB
catalán -repito, un 30 % del PIB catalán- simplemente porque la gente votara el 1 de octubre. Y PP, PSOE y Ciudadanos, en un acto absolutamente autolesivo e irresponsable, fomentaron esta iniciativa, esta barbaridad legislativa, para intentar
maquillar esa falsedad.
Cuatro meses después, nosotros tenemos ciertas cuestiones, ciertas preguntas que queremos hacer a PP, PSOE y Ciudadanos. ¿Es cierto que Felipe VI, el jefe del Estado, llamó a empresas catalanas de manera personal para, siendo generosos,
recomendarles que salieran de Cataluña? La verdad es que no lo digo yo, sino que lo dijo la propia Seat. Si tanto les interesa la economía española, si tanto les interesa la economía catalana, ¿por qué nunca, señores del PP, de PSOE y de
Ciudadanos, han hecho un real decreto así contra las 969 sedes en paraísos fiscales -repito, 969 sedes en paraísos fiscales- del Ibex 35? (Aplausos). Nosotros -igual son manías nuestras, manías de secesionistas bolivarianos- consideramos que el
peligro para la economía española y catalana no es votar, el peligro para la economía catalana y española es evadir impuestos. También nos preguntamos que si en Cataluña hay 197 000 empresas, el 98,9 % de ellas pymes y autónomos -es decir, pymes y
autónomos son aquellos que suben la persiana cada mañana en la calle y no suben una copa en un círculo ecuestre-, y si de esas 197 000 empresas solamente han anunciado -que no han hecho- que cambiaban su sede 3000 -eso rápidamente es un cálculo de
un 1,4 %-, ¿por qué siguen diciendo en sus medios de comunicación que Cataluña es una especie de Mordor en el cual simplemente comemos papeletas y urnas después del referéndum del 1 de octubre, cuando es un motor económico, no solamente del Estado
español sino también de Europa?
El 20 de diciembre -ya no respetan ni tan siquiera las jornadas de reflexión- anunciaron en sus medios de comunicación que la inversión extranjera en Cataluña había bajado un 75 % en el tercer trimestre, es decir, nadie quería invertir en
Cataluña porque se estaba votando. ¿Por qué entonces en el Financial Times se acaba de señalar a Cataluña y a Barcelona como una de las regiones y ciudades del sur de Europa mejores para invertir en este 2018 y en el próximo 2019? ¿Por qué
Cataluña sigue siendo líder en inversión extranjera, señores del PP, del PSOE y de Ciudadanos? Si Cataluña va tan mal, no quiero ni imaginar cómo va el resto del Estado. Si el PIB en Cataluña creció un 3,4 % en el año 2017 por cuarto año
consecutivo, tres décimas más que en España y un punto más que en Europa, ¿por qué siguen diciendo que en Cataluña se sufren las consecuencias del referéndum? Señores del PP, del PSOE y de Ciudadanos, Cataluña no sufre las consecuencias de un
referéndum; Cataluña sufre a PP, a PSOE, a Ciudadanos y a su brigada Aranzadi mediática.
Señores del PP, del PSOE y de Ciudadanos el peligro de la economía española y catalana son sus políticas; el peligro para la economía catalana y española no es una urna, es perder 42 590 millones de euros en un rescate bancario que acabó
siendo un fraude y un robo. Quien quiera saber cómo se gestiona una economía que vaya a Estremera y pase cuarenta minutos con Oriol Junqueras.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Roldán Monés.
El señor ROLDÁN MONÉS: Gracias, presidenta.
Señorías, es una pena que el señor Rufián, después de esta maravillosa lección de economía que nos ha dado, se vaya justamente del Pleno cuando le iba a contestar. (Protestas.-El señor Rufián Romero está hablando con la señora presidenta).
La Caixa, Banco Sabadell, Gas Natural, Aigües de Barcelona, Colonial, Cellnex, Abertis, Edreams, Pastas Gallo, Grupo Planeta, Catalana Occidente, San Miguel, Natur House, Bimbo, Eurona, Codorníu y hasta el dueño de las loterías de La Bruixa d'Or se
han ido de Cataluña por su culpa, señores de Esquerra Republicana y señores de Convergència. (Aplausos.-Protestas). Les voy a enseñar la hoja de servicio... Ahora viene el señor Rufián. Les voy a enseñar la hoja de servicio de lo que ha hecho
usted por Cataluña y su partido, señor Rufián. (El señor Rufián Romero levanta el pulgar). Esta es la hoja de servicio que les han dejado a los catalanes: empobrecimiento y huida masiva de empresas por políticas incompetentes hechas por políticos
incompetentes y dogmáticos. (Aplausos). Son 3208 empresas, un tercio o más de la riqueza de la comunidad autónoma; un 80 % de la capitalización bursátil; bancos que han financiado todo el crecimiento y la industrialización en Cataluña, la
Cataluña que ustedes quieren tanto. (Rumores). Empresas con hondísimas raíces históricas, editoriales emblemáticas que han publicado los mejores libros...
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
El señor ROLDÁN MONÉS: ... en literatura catalana; compañías eléctricas que conectaron a Cataluña y a España con el continente africano. Codorníu -lo recordaba el otro día en la intervención que hicimos sobre este mismo asunto- sobrevivió
a la Guerra de los Segadors -fue creada en 1551-, a la de Sucesión, sobrevivió a Napoleón, a las Guerras Carlistas, a la Guerra Civil española, a la crisis económica de 2007, pero ha sido incapaz de sobrevivirles a ustedes, señores de Convergència y
de Esquerra Republicana; los estadistas y liberadores de Convergència y los amigos del señor Rufián.
¿Quieren que les recuerde lo que decían el señor Mas y el señor Junqueras unos días antes de que se fueran las empresas? Decían que no solo no se iban a ir sino que iban a venir más empresas. ¡Imagínense lo visionarios que son dinamitando
en una legislatura el emprendimiento de cientos de años de catalanes en mi tierra! (La señora Jordà i Roura pronuncia palabras que no se perciben). Pero eso no es todo, además -si quieren le doy algunos datos de los resultados de finales de 2017-,
una caída del comercio minorista del 20 %; un desplome del turismo del 15 %, que continúa -ayer salían los últimos datos-; una caída de las transacciones hipotecarias del 10 %; pérdida de enormes oportunidades para los catalanes como la Agencia
Europea del Medicamento; subida del desempleo; caída de las afiliaciones; huida de los autónomos. Esa es la Cataluña social que usted defiende, Rufián. Esa es la Cataluña social que usted defiende.
Pero lo increíble de todo esto no es que ustedes hayan dinamitado la economía catalana, es que vienen aquí para hacerle todavía más daño. Quieren derogar el decreto que permitió que las empresas y
los bancos pudieran irse para no arruinarse dentro del panorama político que ustedes montaron. ¿Por qué? Se lo voy a explicar de manera muy sencilla, señor Bel, y usted lo sabe tan bien como yo. Cuando no son cuestiones sobre Cataluña le
aprecio, además de a nivel personal, a nivel intelectual en muchas cosas. (Una señora diputada: ¡Menos mal!). Usted entiende que para que las empresas y los grandes bancos puedan funcionar en un país necesitan acceder al crédito que les ofrece el
Banco Central Europeo. ¿Por qué se cree que se van? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido este decreto, señor Bel? Que hubiera habido un corralito en Cataluña, señor Bel. (Protestas.-Aplausos). Eso es lo que está usted pidiendo con esta
derogación, señor Bel. (Una señora diputada: ¡Hala!). No se puede vivir en el mundo del siglo XXI de las economías abiertas sin seguridad jurídica, a ver si lo entienden. No se puede decir a la gente que les vas a crear una hacienda pública
paralela porque se van, no se puede vivir sin acceso a la liquidez si eres un banco, no se puede vivir fuera de la Unión Europea, señor Bel. Por eso se van, por su culpa, porque son unos irresponsables y han echado a estas empresas de Cataluña.
El relato que construyen me recuerda un poco -se lo digo honestamente- al que construyen los populistas en muchos lugares del mundo: el enemigo es siempre externo, el enemigo siempre viene de fuera. El señor Maduro dice que los yanquies y
el capitalismo fascista y opresor son la causa de todos sus problemas. (Aplausos). Ustedes se han construido un enemigo externo y todas sus responsabilidades se las aplican al enemigo externo. ¡Así les va! Me entristece muchísimo todo esto, señor
Bel, se lo digo honestamente, porque la Cataluña en la que yo crecí era una tierra abierta, cosmopolita y plural y ustedes la están convirtiendo en un lugar irrespirable, cerrado, pequeño y cada vez más pobre, señor Bel. (Aplausos). Sobre todo,
señor Bel, me entristece pensar que dentro de diez o quince años -miren el caso de Montreal y lo comparen con Toronto-, que dentro de diez o quince años los catalanes -que yo soy tan catalán como usted, déjeme que se lo recuerde seguiremos sufriendo
las consecuencias del desastre económico que han montado en esta legislatura. Finalmente, me entristece que, después de todo lo que ha sucedido, no hayan aprendido absolutamente nada del desastre que han montado en Cataluña.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Ciudadanos, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra el señor Vendrell Gardeñes.
El señor VENDRELL GARDEÑES: Gracias, presidenta.
El Real Decreto-ley de medidas urgentes en materia de movilidad de operadores dentro del territorio nacional debería llamarse real decreto-ley para señalar a grandes empresas el camino de salida de Cataluña y provocar miedo económico, pues
ese era el objetivo real de este real decreto-ley. (La señora vicepresidenta, Elizo Serrano, ocupa la Presidencia).
Siempre que se trata esta cuestión se produce un debate ridículo, unos dicen que apenas se marcharon 300 empresas y otros dicen que más de 3000. Nosotros no queremos que centros de decisión empresarial se marchen de Cataluña por razones
políticas, ni 300 ni 3000. Rechazamos la irresponsabilidad del Gobierno, sus llamadas telefónicas a directivos de grandes empresas y la aprobación de este real decreto-ley, que propiciaron que muchas empresas trasladaran su sede social. No fue la
amenaza de ningún corralito, fue el clima que se generó y que el propio Gobierno ayudó a generar, así como la falta de sentido de la realidad que demostró el Govern de la Generalitat, con declaraciones de líderes afirmando que la independencia
traería a empresas o negando la importancia de que grandes bancos y empresas trasladaran su sede social. Fue puro pensamiento mágico. El Estado ha seguido la estrategia del castigo y no del diálogo para hacer frente a la situación política de
Cataluña. Esta es la realidad. Castigo judicial porque es vergonzoso y degrada a la democracia española que se aplique una prisión provisional abusiva e injusta a Junqueras, Sánchez, Cuixart y Forn, como han señalado recientemente el exfiscal jefe
de Cataluña, don José María Mena, o Amnistía Internacional. Castigo e intento de asfixia económica con el real decreto-ley del que estamos hablando, para facilitar la marcha de las empresas. Paradójicamente, el Gobierno en lugar de ofrecer
seguridad a las empresas, se embarcó en una campaña de declaraciones sobre las desgracias que caerían sobre una posible Cataluña independiente, como si fuera un hecho posible, y aprobó este decreto que animaba a las empresas a marcharse. En lugar
de generar seguridad, que es lo que debe hacer un Gobierno, lo que hizo fue generar inseguridad. Y ahora, otro nuevo intento de castigo porque, en esta carrera de la irresponsabilidad, entre el Partido Popular y Ciudadanos quieren abrir un
conflicto educativo que tiene por objetivo acabar con el sistema de inmersión lingüística, una
conquista social reivindicada históricamente por familias venidas de otras partes de España que querían que sus hijos e hijas fueran realmente bilingües. Con esta medida que no saben ni cómo aplicar, lo que pretenden es que una división
política se convierta en una división lingüística y en una fractura social. Y eso no lo vamos a consentir. En respuesta a estos ataques económicos, lingüísticos, judiciales, debemos reconstruir el catalanismo; un catalanismo popular, transversal,
inclusivo, para defender el autogobierno y la escuela catalana. El catalanismo popular que se reconoce en la pluralidad del país y antepone la cohesión social y la defensa del autogobierno a cualquier proyecto partidista.
Miren: en otros países los conflictos nacionales se afrontan de una manera muy distinta. La reivindicación de la independencia por parte del Gobierno escocés no tuvo como respuesta ni el intento de asfixia ni el castigo. El Gobierno
británico no lanzó un '¡a por ellos!', sino un 'con ellos' pactando un referéndum donde los contrarios a la independencia pudieron argumentar que era mejor permanecer juntos apelando, como dijo Cameron, a la unidad de la familia de naciones que
forma el Reino Unido. Familia de naciones: en plural. Ustedes, PP y Ciudadanos, siempre han utilizado el argumento del miedo y de la amenaza. Nunca han planteado una propuesta real de 'mejor juntos', de diálogo y de nuevo acuerdo.
Y ahora, ¿cuál es la situación? En estos momentos Cataluña no tiene Gobierno de ningún tipo. No tiene Gobierno del Estado porque es un Gobierno hostil. Tampoco tenemos un Govern de la Generalitat que asuma la responsabilidad de defender
el autogobierno, de proteger la escuela, de recuperar centros de decisión económica o de poner en el centro la agenda social. La irresponsabilidad de las élites del Estado y de Cataluña la paga la gente común, la que vive con angustia la falta de
soluciones y el riesgo de que este conflicto se convierta en una enfermedad crónica. Parece que estas élites nada tienen que decir a las 420 000 personas que se encuentran en paro en Cataluña, el 56 % mujeres. Nada tienen que decir al 12 % de
trabajadores y trabajadoras cuyo salario les sitúa por debajo del nivel de la pobreza. Nada le tienen que decir a las clases populares de Cataluña. Quien está haciendo de Gobierno asumiendo sus responsabilidades es el ayuntamiento de Barcelona,
con una campaña internacional para atraer inversiones y generar actividad económica, con un plan de promoción económica internacional -Barcelona, ciutat oberta-. El 58 % de las inversiones de todo el Estado en espera se concentra en Barcelona.
Para terminar, ya es hora de poner fin a tanta irresponsabilidad. Si de verdad quieren que vuelva la normalidad a Cataluña, deroguen este decreto de asfixia económica, pongan fin a la persecución judicial y dejen en paz nuestro modelo
educativo.
Gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Gracias, señor Vendrell.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Zaragoza Alonso.
El señor ZARAGOZA ALONSO: Gracias, presidenta.
Señoras y señores diputados. Señores de Convergència, PDeCAT o Junts per Catalunya, ustedes no deberían venir al Congreso con una propuesta para obligar a las empresas a volver a Cataluña, ustedes deberían venir al Congreso con un gobierno
estable, que respetase la ley, que diese garantías jurídicas a las empresas y a sus trabajadores en el mantenimiento de sus puestos de trabajo. (Aplausos). ¿Por qué derogar ninguna ley española ahora? ¿No habían aprobado una nueva legalidad con
la república catalana? ¿No les sirve para esto? Y más importante: ¿Por qué Puigdemont y compañía pueden huir a Bruselas, a Waterloo o a Suiza y las empresas catalanas no pueden huir de Puigdemont, de ustedes y de toda la irresponsabilidad que han
demostrado? (Aplausos).
Por si eso fuera poco, no se han dado cuenta ustedes de que el cambio que pretenden impulsar ahora no soluciona ninguno de los problemas que ustedes mismos han creado. El real decreto-ley precisamente serviría para que cualquier empresa,
sea catalana o no, haya cambiado su sede social o fiscal recientemente o no, pudiera instalarse en Cataluña si así lo decide su consejo de administración. Irónicamente, de hecho, si derogan este real decreto-ley, las empresas que ustedes pretenden
recuperar para Cataluña tendrían que acudir al procedimiento anterior al cambio normativo, más largo y quizás ahora mismo más incierto y, como ya bien saben, no podría derogarse con efectos retroactivos. Las empresas que desearan volver quedarían
atrapadas si hoy la Cámara aprobara su propuesta. En resumen, lo que ustedes están haciendo es, una vez más, perjudicial para la economía catalana. No aciertan ni una. Pero más allá de las leyes, ¿se han preguntado ustedes por qué se han marchado
más de 3200 empresas catalanas desde el pasado octubre? Ustedes y sus socios las echaron. Ustedes son los responsables. Ustedes han contribuido a crear un ambiente de inestabilidad, tanto política como social y también económica; una
inestabilidad
total y permanente en la cual todo aquel que no estaba de acuerdo o dudaba de sus acciones era tachado de traidor o enemigo. Ustedes, señores diputados del PDeCAT, dibujaron una república creada a partir de una decisión ilegal que situaba a
Cataluña fuera de Europa y fuera de los tratados internacionales. Primero dijeron que no se iba a marchar ninguna empresa y que, de hecho, las empresas extranjeras se pelearían por ir a una Cataluña independiente; mentira. Luego las empresas que
no se iban a ir se fueron, y ustedes dijeron que no pasaba nada, que no tendría ningún efecto sobre la economía; mentira. Por cierto, si no tiene ningún efecto, como ustedes declararon, ¿por qué es necesario derogar este decreto? También dijeron
que algunas empresas traidoras al procés y a Cataluña podrían marchar, pero que otras vendrían y ocuparían su lugar; mentira. Con semejante secuencia, ¿aún les extraña que se quisieran marchar? Sus mentiras nos han perjudicado a todos, a ustedes
también. ¿También debemos obligar a todos los pequeños ahorradores, que, preocupados, fueron a abrir cuentas fuera de Cataluña por miedo a perder los ahorros de toda una vida por su irresponsabilidad, a tener los dineros donde les digan los
independentistas a base de propuestas como las que hoy nos presentan?
Ciertamente, mi grupo considera que nadie debería estar contento con la situación en la que nos encontramos. Ojalá nunca se hubiera llegado a esto, por supuesto. Tenemos que hacer una gran reflexión todos sobre los últimos meses y años,
pero creemos sinceramente, señores diputados del PDeCAT, que esta reflexión urge en su caso. Ojalá la aprobación de este decreto no hubiera tenido ningún efecto sobre la economía catalana, ojalá ninguna empresa catalana hubiera hecho uso de este
decreto. ¿No creen? Esta reflexión no era de las más urgentes, señoras diputadas. Por cierto, paradojas de la política, escuchar a la señora Arrimadas usar los mismos argumentos de la lista más votada que usaba el señor Artur Mas en 2003 y 2006
debe ser de estas cosas de la política curiosas y divertidas. (Aplausos). Es verdad que ustedes se han identificado tanto con Esquerra Republicana asumiendo la independencia que también asumen los argumentos de Esquerra Republicana en 2003 y 2006.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias, señor Zaragoza.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra el señor Roca Mas.
El señor ROCA MAS: Gracias, señora presidenta.
Debatimos una proposición del PDeCAT contra el decreto de libertad de movimiento de las empresas. Reconozco que me sorprendió, porque ya han dicho ustedes que no les importa la economía catalana, solo la independencia; no les importa la
economía de 'Tractoria', mucho menos la de Tabarnia, y me chocó hasta que supe algo que no he visto nunca en TV3, y es que unos cuantos de los suyos están siendo juzgados por cobrar comisiones en 2011 a empresas que se querían ir a Cataluña.
Supongo que deben estar ustedes decepcionados por no hacer caja. (Aplausos). La verdad es que si hablamos de trincar de empresas que se quieren ir de una región, hay que reconocer que son ustedes un poco golfos pero bastante creativos. Lo que
pasa es que choca con aquello que decían cuando se ponen supremacistas, aquello de que eran business friendly, o incluso un Pujol decía que era un dinamizador económico. Golfería, creatividad, supremacismo y, entre comillas, dinamización económica:
todo por el módico precio de un 3 per cent. Son ustedes un chollo. No sé cómo en vez de al futbolista no se los llevaron a ustedes en verano. (Risas).
Esta proposición que nos traen ustedes aquí es mentira, como era mentira el España nos roba, como era mentira el déficit fiscal, como era mentira que no se iban a ir las empresas. Ustedes presentan esta proposición para inventarse el
enésimo falso agravio, para alimentar el resentimiento porque es de lo que viven ustedes.
Pero, vayamos al debate: ¿por qué creen que las empresas -las que pueden- huyen de ustedes? ¿Es porque el PP aprobó un decreto que les da libertad o porque ustedes intentaron demoler en unas horas el 6 y el 7 de septiembre el estatut, la
Constitución, la democracia y pisotearon los derechos de la oposición? ¿O porque ustedes intentaron establecer una república totalitaria en la que el presidente hasta nombraría a los jueces? ¿Por qué creen que huyen las empresas de ustedes?
(Aplausos). ¿O es porque están ustedes empeñados en eliminar todo lo español de Cataluña? Si es que para las empresas lo español son sus clientes, sus proveedores, sus trabajadores, una parte sustancial de su identidad. ¿No saben que si nos roban
una parte de nuestra identidad nos la roban toda? ¿No saben que la hispanofobia es una forma de xenofobia? ¿Cómo no van a huir de ustedes todos los que pueden?
Señorías, el procés ha roto Cataluña: cenas de empresa, comidas familiares, grupos de chat... En Cataluña sufrimos un conflicto. No es un conflicto entre catalanes y gallegos, andaluces o aragoneses, es
un conflicto entre catalanes. ¿Cómo no vamos a tener un conflicto entre catalanes si ustedes han conseguido que muchos débiles de espíritu se avergüencen de sus padres y de sus abuelos no porque pudieran haber hecho algo mal sino por lo que
son, por ser españoles? ¿Cómo no vamos a tener un conflicto en Cataluña si profesores han acusado a niños por lo que son sus padres, no por ser policías sino por ser españoles? Con su silencio, por cierto, han hecho que toda la maquinaria de poder
que ustedes ocupan sea cómplice del acoso a niños. Todo eso está muy mal, señorías, moral y humanamente, porque lo que nos humaniza es respetar a nuestros mayores y proteger a nuestros niños. ¿Cómo no van a huir las empresas de ustedes, las que
pueden? Pero si se han hecho ustedes selfies con un terrorista. ¡Eso está fatal! Por eso nadie les hace caso en este mundo, y quiero aprovechar para felicitar humildemente al Gobierno de España por su buena labor internacional.
Quiero acabar siendo un poco temerario en el país campeón del mundo de la autoflagelación. Soy optimista, estoy convencido de que vamos a superar el procés. Tenemos antecedentes en los que hemos participado activamente: participamos en la
construcción europea en la que los europeos nos hemos perdonado dos guerras mundiales, y podemos estar muy orgullosos de la transición española en la que los españoles nos perdonamos una guerra civil y una dictadura. ¿Cómo no vamos a poder superar
el procés? Deberemos ser todos generosos, abandonar los reproches, la mentira y el resentimiento, tendiendo puentes entre catalanes, construyendo espacios que a todos convoquen y a nadie excluyan. Creo que así volverán las empresas y, sobre todo,
la convivencia en armonía. Algunos nos dedicamos humildemente a eso y espero que el primer paso sea votar que no a esta proposición que lo que busca es el resentimiento.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias, señor Roca.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR BATALLER), SOBRE EL NIVEL DE COMPROMISO DEL GOBIERNO CON LA REFORMA DE LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA. (Número de expediente 173/000077).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): A continuación, pasamos a debatir la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, señor Bataller, sobre el nivel de compromiso del Gobierno con la reforma de la
financiación autonómica. Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción tiene la palabra el señor Bataller i Ruiz.
El señor BATALLER I RUIZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Gobierno decrépito que estamos padeciendo no puede retrasar por más tiempo una reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas que se asiente en criterios de justicia e igualdad para todos los territorios,
porque cuando hablamos de financiación autonómica hemos de recordar que hablamos de la capacidad de cada una de las comunidades autónomas para hacer frente a servicios públicos básicos como son sanidad, educación, servicios sociales y dependencia,
para atender a las personas más vulnerables de la sociedad, para mantener en suma el Estado social de las autonomías, el Estado del bienestar. ¿Y qué podemos hacer cuando estos recursos se nos niegan, cuando se demoran, cuando nos encontramos
frente a un modelo de financiación agotado? Las diferentes comunidades autónomas -ustedes lo saben- han ofrecido diálogo, han presentado sus alegaciones, sus demandas, sus propuestas, pero ¿qué está haciendo el Estado?
La semana pasada tuvimos la oportunidad de interpelar al ministro de Hacienda, el señor Montoro, sobre la necesidad urgente de reforma del sistema de financiación, pero no obtuvimos de él más que vaguedades, y la realidad es que a día de hoy
no tenemos nada, no tenemos propuestas encima de la mesa. Tenemos sus promesas, pero ¿dónde están sus acciones? Porque no contentos con mantener un sistema de financiación caducado, además nos topamos con la indignante obstrucción de la labor
legislativa, del funcionamiento normal del Parlamento y, por ello, de la capacidad de hacer política. La realidad es que a día de hoy nos encontramos con que cada día es igual que el día anterior, no hay avances, porque aquí hay ciertos grupos
parlamentarios que parece que estén durmiendo el sueño de los justos. Entiendan nuestro grado de indignación cuando, además, las valencianas y valencianos seguimos reclamando una y otra vez la urgencia de la necesidad de reforma de nuestro estatut,
relacionada precisamente con la necesidad de reformar el sistema de financiación y con la demanda de inversiones.
Se trata simplemente de tener en cuenta el aumento de la población valenciana, que en los quince años inmediatamente anteriores al estallido de la crisis pasó de no llegar a 4 millones a superar los 5 millones de habitantes, y la realidad es
que la Comunidad Valenciana representa casi el 11 % de la población total del Estado, pero las inversiones que recibe nunca alcanzan el 7 %. Por eso queremos que la inversión del Estado en nuestro territorio sea equivalente al peso de su población,
como ocurre en otras comunidades. ¿Les parece esto un disparate? Porque a nosotros lo que nos parece es simplemente una cuestión de justicia.
¿En qué situación se encuentra la reforma del Estatuto valenciano? Se encuentra paralizada esperando desde el 13 de diciembre de 2011, cuando por primera vez se registró en el Congreso la propuesta de reforma de su disposición adicional
primera. Fíjense, en 2013 la Generalitat valenciana, gobernada entonces por el Partido Popular, promovió un Manifest per un finançament just per a la Comunitat Valenciana, que fue apoyado por las diferentes fuerzas políticas con representación en
Cortes Valencianas y con las organizaciones representativas de la sociedad civil. Y nosotros, además, porque a convicción no nos gana nadie, pensamos que después de tres veces que había acudido a esta sede una delegación de las Cortes Valencianas
para defender la reforma del estatuto, pensamos que a la tercera, repito, que fue el 4 de octubre de 2016, iría la vencida. Ese día, tres representantes de las Cortes Valencianas, uno de Compromís, otro del Partido Socialista y otro del Partido
Popular valenciano, explicaron en esta sede la urgente necesidad que tenemos de ver aumentada nuestra financiación y las inversiones. Se trata, como ellos defendieron, de una cuestión de respeto hacia las valencianas y los valencianos y de
reconocimiento de la situación presente de discriminación. Esta propuesta de reforma -les recuerdo- salió adelante con 298 votos a favor y ninguno en contra. Pero a pesar de esto, ¿dónde nos encontramos ahora? Nos encontramos con que esta
propuesta de reforma estatutaria está paralizada, flotando en el limbo parlamentario por culpa de la obstrucción semana tras semana del Partido Popular y de Ciudadanos a través de la Mesa de este Congreso, decidiendo ampliar -y ya van cuarenta y
siete veces, señorías- el plazo de enmiendas, sin aportar ninguna enmienda. ¿Qué clase de falta de respeto es esta, señorías? ¿Y qué les explican, señorías del Partido Popular, a sus diputados valencianos cada vez que dicen no a su propuesta? ¿Y
por qué los diputados y diputadas valencianos del Partido Popular o también de Ciudadanos se resignan y se limitan a asentir en contra de los intereses de su población? ¡Ja estem farts! A veces parece que desde el Gobierno central quieren ahogarnos
porque en realidad lo que temen es que demostremos al Estado que podemos hacer milagros simplemente gestionando bien los recursos. Imagínense lo que haríamos si recibiéramos lo que nos corresponde en justicia. Les da miedo que quede en evidencia
el despilfarro de otras épocas con el Partido Popular al frente de la Generalitat frente a la buena gestión que estamos haciendo ahora. Quizá sea eso, pero entonces sería muy grave porque supondría reconocer que tenemos un Gobierno del Estado que
no se preocupa por el interés general, sino que simplemente se mueve por su avaricia partidista. Esto -insisto- sería muy grave. Por todo esto y porque estamos viviendo de primera mano el incumplimiento de un compromiso de reforma de nuestro
estatut es por lo que recabamos el apoyo de los diferentes grupos parlamentarios, para urgir al Gobierno a la reforma inmediata del sistema de financiación, que haga posible tener unos servicios públicos esenciales dignos, para que las inversiones
se correspondan con el peso poblacional de nuestra comunidad y de todas las demás y para que se reconozca el déficit de financiación que se ha acumulado directamente por el mal funcionamiento de los diferentes sistemas que hemos tenido, así como una
compensación para que el nuevo modelo no nazca ya lastrado por la injusticia diferida de los anteriores.
Se han presentado diversas enmiendas a nuestra moción, las cuales agradezco en lo que valen, pero ya les anticipo que no vamos a aceptar ninguna por una simple cuestión de coherencia. El texto que ahora les presento no hace más que
transcribir la declaración institucional que aprobaron las Cortes Valencianas el 26 de octubre de 2017, suscrita por unanimidad por los grupos parlamentarios allí presentes. Es esta que les muestro, en la cual estamparon su firma los portavoces de
los cinco grupos parlamentarios de las Cortes Valencianas: PSOE, Podemos, Partido Popular, Ciudadanos y Compromís. Y ahora invitamos a todos los grupos parlamentarios de este Congreso a que tengan en cuenta aquella unanimidad valenciana.
Compromís defiende la misma política en todas las instituciones en las que está presente. Desgraciadamente, algunas formaciones han venido abusando de la doble verdad, de la doble moral y de la doble contabilidad, y esperemos que a la hora de votar
nuestra moción no nos encontremos también con un doble discurso, porque la suma de todos esos dobleces es lo que verdaderamente rompe España. Apelamos asimismo a todos aquellos que pensáis que la Constitución se defiende imponiendo, reprimiendo o
negando la pluralidad en vez de como se debe defender: dialogando y construyendo entre todos un futuro donde la
diversidad esté cómoda y donde todos tengamos nuestras necesidades cubiertas. Esto empieza por aplicar precisamente el artículo 156 de la Constitución, ese que defiende el interés general garantizando la suficiencia financiera a todas las
comunidades autónomas. Y si el problema de fondo es que el Estado social molesta, entonces que se nos diga claramente.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Gracias, señor Bataller.
Para la defensa de las enmiendas formuladas por los grupos, interviene, en primer lugar, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Tiene la palabra la señora Capella i Farré.
La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, señora presidenta.
Senyoras y senyors diputats, Esquerra Republicana del País Valencià, Esquerra valenciana, Esquerra Republicana desde el soberanismo valenciano, coincide con el análisis de Compromís y con el conseller socialista Vicent Soler cuando en
diversos foros alerta de que la ciudadanía valenciana no dispone de las herramientas necesarias para mejorar su calidad de vida. Esto es, el País Valencià no cuenta con la financiación adecuada para hacer frente a los gastos de los servicios
sociales y de las políticas que soberanamente decidan las Corts Valencianes y el Consell del País Valencià. Coincidimos en la grave situación de financiación que padece el País Valenciano, que es consecuencia tanto del modelo como de la falta de
inversión histórica que los diferentes Gobiernos españoles, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista Obrero Español, han practicado. La inversión del Gobierno español por habitante en el País Valencià nunca ha llegado a la media
española. Si se hubiera aplicado el criterio de población desde el año 2000 hasta la actualidad, tal y como reclamó en su momento Esquerra Republicana mediante diferentes enmiendas que presentó a los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno
debería haber invertido más de 6000 millones de euros, inversión que habría permitido financiar, por ejemplo, el corredor del Mediterráneo. Por cierto, ahora al presidente Rajoy le vienen las prisas y se acuerda que estaría bien que esto se llevase
a cabo. Se habría podido financiar también el tren GandíaDenia de la línea XàtivaAlcoy, el desdoblamiento de la N332 a su paso por la Marina Alta o el completo reasfaltado y adecuación de la antigua N340 a su paso por Benicarló y Vinaròs. El País
Valencià es un territorio con una renta por habitante inferior a la media y que, sin embargo, aporta al Estado más ingresos vía impuestos que lo que después recibe en gasto o en inversión. Es intolerable que el País Valencià aporte más de lo que
recibe, cuando el sistema de financiación no cubre la inversión en educación, sanidad y servicios sociales. Es un clásico de los paisös catalans. Resulta indecente que la solución que adopta el Gobierno del Reino de España hasta la fecha no haya
sido modificar el sistema de financiación, sino que lo que se les ocurre es ofrecer préstamos, como es el caso del FLA, que lejos de resolver el problema, ha contribuido a aumentar una deuda que supera ya los 40 000 millones de euros; deuda en
buena parte ilegítima, en tanto que es la consecuencia del déficit de financiación y de inversión.
El País Valencià no solo padece infrafinanciación, padece también expolio fiscal y ello afecta a la vida de sus ciudadanos y de sus ciudadanas, a su bienestar y a sus derechos. Esquerra Republicana del País Valencià no se ha cansado de
proponer reformas para solucionarlo. Sin ir más lejos, en el debate del Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana del año 2006 el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana presentó enmiendas para la creación de la agencia tributaria
valenciana; por cierto, rechazadas tanto por el Partit Popular como por el Partido Socialista Obrero Español. Es por ello que hoy, a diferencia de los compañeros de Compromís, en Esquerra Republicana defendemos la soberanía fiscal valenciana que
permita la creación de una hacienda valenciana, de una agencia tributaria propia para que los valencianos y las valencianas puedan gestionar sus propios impuestos y decidan sus propias inversiones y sus prioridades y, en todo caso, negociar con el
Estado de qué manera se va a contribuir a la solidaridad interterritorial. Nos gustaría que en Compromís fueran más ambiciosos. Entendemos que seguramente en estos momentos no pueden, pero nos gustaría que lo fuesen y que reclamaran la propia
soberanía fiscal. Compañeros de Compromís, no rebajemos exigencias. Ya vendrán las rebajas; vienen siempre del PP o del Partido Socialista Obrero Español. Mientras el País Valencià siga estando a merced de la arbitrariedad del Consejo de
Política Fiscal y Financiera y de los intereses de otros territorios que son beneficiarios netos del expolio al que se somete tanto a las valencianas como a los valencianos, no conseguirán superar la discriminación que padecen. Por ello, en
Esquerra Republicana defendemos la soberanía fiscal, porque el País Valencià no necesita un Estado español supervisor que decida sus inversiones y prioridades, necesita soberanía fiscal y política. Desde la fraternidad de los paisös catalans
consideramos que las valencianas y los valencianos lo que necesitan es ser dueños de su destino y de los
frutos de su trabajo, porque la llibertat és un hàbit i no resulta fàcil d'adquirir, només s'adquireix per la pràctica.
Gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Gracias, señora Capella.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos PodemosEn Comú PodemEn Marea, tiene la palabra la señora Pastor Muñoz.
La señora PASTOR MUÑOZ: Moltes gràcies, senyora presidenta. Bona vesprada.
Compromís nos presenta hoy una moción que es consecuencia de un acuerdo unánime alcanzado en la Comunitat Valenciana por los diferentes partidos políticos. El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos PodemosEn Comú PodemEn Marea ha
presentado una moción en clave estatal que creemos que permite mejorar la financiación en función no solo del peso poblacional, sino también de las variables que ajustan el coste real de la provisión de servicios públicos en los diferentes
territorios. Aunque entendemos sus razones para no aceptar ninguna de las enmiendas, pensamos que si ampliamos la mirada podemos abarcar más. No obstante, votaremos a favor.
Entendemos que la reforma del sistema de financiación autonómica ha sido y es una de las asignaturas pendientes del Gobierno del Partido Popular y de los Gobiernos presididos por el señor M. Rajoy, que hoy no tenemos la suerte de que nos
acompañe. Este Gobierno ha incumplido de forma reiterada la propia Ley de financiación autonómica, que establecía que en el año 2013 se revisaría todo el modelo. Llevamos, por tanto, años de retraso; años acumulando asimetrías, desigualdades
territoriales, recortando servicios públicos fundamentales, sanidad, educación, protección social, ayuda a la dependencia. El Gobierno no tiene prisa. Claro, son los Gobiernos autonómicos los que articulan y gestionan el sistema del bienestar;
los que concentran las competencias de los servicios públicos fundamentales; los que necesitan de una financiación adecuada para no naufragar en las políticas de austeridad que nos han impuesto el Gobierno y el señor Montoro. Dentro de este
esquema, la Comunitat Valenciana ha sufrido un mayor agravio comparativo, porque partía de un nivel de traspasos iniciales muy bajo, que nos ha condenado a una creciente infrafinanciación. Tras cinco modelos sucesivos de financiación autonómica, no
ha sido posible resolver los desequilibrios entre territorios ni corregir una asignación de recursos que no se rige por un patrón racional. El Estado padece una insuficiencia de ingresos públicos, que se ha agravado considerablemente con las
políticas impuestas por el Partido Popular. Esta insuficiencia se plasma en ocho puntos menos de ingresos públicos sobre el PIB; ocho puntos menos sobre la media de la eurozona, que significan 80 000 millones de euros menos para financiar los
servicios públicos fundamentales.
La escasez de fondos ha obligado también a las administraciones autonómicas a endeudarse para evitar mayores recortes en los servicios públicos, y ha generado tensiones entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas.
Pero también ha generado tensiones entre las propias comunidades autónomas. Esta es una política que, al parecer, agrada al Partido Popular, porque genera tensiones en los territorios para, así, poder tener un poder de negociación bilateral. Muy
particularmente grave es la discriminación a la que se ha visto sometida la Comunitat Valenciana en términos de inversión real y supone que, desde que accede al Gobierno el señor M. Rajoy, la inversión en la Comunitat Valenciana se reduce en más del
80 % respecto a la época anterior. Pero el problema, lamentablemente, va más allá de la Comunitat Valenciana. (El señor vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la Presidencia). Según el informe de expertos, se estima que hay una insuficiencia en
el sistema de financiación autonómica del entorno de 24 000 millones de euros anuales; esto es casi 200 000 millones desde 2009, y esa infrafinanciación es, precisamente, la causante del elevado endeudamiento de las comunidades autónomas. El
efecto directo de estas políticas es el deterioro de las condiciones de vida de la ciudadanía. El gasto público en sanidad, en educación es, en porcentaje del PIB, muy inferior a la media de los principales países de la Unión Europea. De la
dependencia casi ni hablamos. Ustedes saben que se queda la gente en la cuneta esperando a que lleguen las ayudas. Esto es precisamente lo que una reforma del sistema de financiación autonómica debería corregir. Por tanto, ¿cuáles serían los
principios que deberían regir dicho sistema? La propuesta inicial pasa necesariamente por un incremento de los recursos del sistema que nos permita acercarnos a los estándares europeos en la provisión de servicios públicos fundamentales. Es
urgente acabar con la mal llamada política de consolidación fiscal. Necesitamos implementar un modelo que pueda basarse en las necesidades de gasto estimadas en sanidad, en educación, en pensiones, en dependencia y en el establecimiento de un suelo
estable de ingresos con el
que poder financiarlas. El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea propone un suelo de ingresos frente al techo de gastos que nos impone el Gobierno.
Por todo ello, necesitamos una reforma que permita aumentar la autonomía financiera de las comunidades autónomas; que dote de mayor transparencia al sistema; que nos ayude a converger con Europa y con las comunidades autónomas; que
establezca unos mínimos de tributación con el fin de evitar la competencia desleal. En definitiva, una reforma del sistema de financiación autonómica ligada a una reforma fiscal progresiva que incremente los recursos del sistema, porque queremos
blindar los servicios públicos fundamentales para no sufrir nunca más recortes en sanidad, en educación y en dependencia. Señor Montoro, aborde de una vez la reforma, incremente los recursos del sistema y deje de secuestrar el dinero de las
comunidades autónomas, el dinero de nuestra sanidad, el dinero de nuestras escuelas, de nuestras profesoras y, en definitiva, el dinero de todas nuestras familias.
Moltes gràcies. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Pastor.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Madrazo Díaz.
La señora MADRAZO DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.
El señor Bataller concluía su intervención en la interpelación de la semana pasada al ministro de Hacienda pidiendo un nuevo sistema de financiación que debe estar basado en criterios de suficiencia y equidad que eviten situaciones de
desigualdad, y desde el Grupo Parlamentario Popular no podemos estar más de acuerdo con esta afirmación, pero pensamos que el enfoque que le dan a su moción tiene que ser mucho más amplio. Desde el Grupo Parlamentario Popular queremos centrar el
debate sobre un tema tan complejo como el sistema de financiación autonómico en las personas y en las necesidades de las personas, y no en los territorios. Ese es nuestro interés y por eso hemos planteado una enmienda.
Señorías, yo soy cántabra, pero mi forma de ser cántabra es ser profundamente española, porque creo que formamos parte de un proyecto común. En ese proyecto común el Partido Popular quiere que todos los ciudadanos, vivan en el territorio en
el que vivan, tengan la misma calidad en la prestación de sus servicios públicos, y ese es el interés que tenemos en reformar este sistema de financiación. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). Por tanto, señor Bataller, coincidencias
tenemos muchas. La primera, que el Gobierno está de acuerdo en que hay que reformar el sistema actual; no nos gusta el actual sistema de financiación, de hecho el Partido Popular votó en contra del actual sistema de financiación que aprobó el
Gobierno socialista, por tanto, nos sorprende que el Partido Socialista apoye mociones que reconocen expresamente el fracaso de su modelo de financiación. El Gobierno está decidido y apuesta decididamente por reformar ese sistema. Más
coincidencias: ahora es el momento oportuno. ¿Por qué? Porque la recaudación tributaria crece gracias al crecimiento económico y a la creación de empleo que han generado la política fiscal y presupuestaria de los Gobiernos del Partido Popular. Y
tercera coincidencia -creo que en esto tenemos que estar también todos de acuerdo-: es necesario hacerlo con el consenso de las comunidades autónomas, gobernadas en muchos casos por otros partidos políticos. No se puede hacer la reforma de
espaldas a esas comunidades autónomas y sin contar con su criterio, porque entonces estaría abocada al fracaso. A partir de todas estas coincidencias, nuestra enmienda plantea promover un nuevo modelo de financiación basado en los principios de
solidaridad, suficiencia, equidad, transparencia, corresponsabilidad fiscal y sobre todo en lo que decía al principio: garantizar el acceso de todos los ciudadanos españoles, vivan en el territorio en el que vivan, a los servicios públicos
fundamentales, a la misma calidad de la sanidad, de la educación y de los servicios sociales, porque todos los ciudadanos españoles contribuyen con sus impuestos a pagar y mantener el Estado del bienestar y por tanto todos deben recibir la misma
calidad en los servicios públicos. Esta es la premisa fundamental a la que no vamos a renunciar desde el Partido Popular porque es el centro de nuestra preocupación: las personas.
Señorías, el Estado de las autonomías ha atravesado la crisis fiscal más grave de su historia; eso es cierto y lo hemos podido comprobar. El Gobierno de España, a lo largo de la tremenda crisis fiscal, no ha dejado sola a ninguna comunidad
autónoma y ha garantizado la prestación de los servicios públicos. Entre los años 2012 y 2017 se ha facilitado a las comunidades autónomas ayuda financiera a través de distintos mecanismos: más de 251 000 millones de euros, de los que casi 95 000
millones de euros han servido para pagar facturas de sus proveedores, fundamentalmente de la sanidad. Y también la Comunidad Valenciana se ha beneficiado de estos mecanismos, recibiendo 57 334 millones de euros, casi 21 000 millones para pagos
directos a proveedores y más del 65 % de esos pagos iban destinados a servicios sanitarios. Por tanto, el Gobierno de España no ha dejado caer a ninguna comunidad autónoma y ha
puesto en marcha mecanismos de financiación, pero está claro que la recuperación económica está aportando mayores ingresos. Las comunidades autónomas, y también la Comunidad Valenciana, están hoy mucho mejor que en el año 2012, prestan sus
servicios y además cumplen con los objetivos de estabilidad presupuestaria y, sobre todo, crecen también sus propios ingresos gracias a esa mayor actividad económica y a ese mayor empleo. Y gracias a esa recuperación económica España alcanzará este
año la cifra más alta del sistema de financiación autonómica que ha habido en la historia: más de 104 000 millones de euros. Las comunidades autónomas tienen más ingresos y una situación financiera mucho más saneada, cumpliendo sus objetivos de
déficit. Por tanto, aprovechemos la oportunidad y las coincidencias y no busquemos las diferencias.
Termino ya. El Gobierno está abierto al acuerdo con todos los partidos y grupos políticos para que juntos podamos realizar la evaluación del modelo de financiación autonómica, que ya he dicho que no nos gusta y que es muy mejorable, y
negociar su futuro, pero pensando siempre en que lo que debemos mejorar es la vida de todos los españoles, que tiene que ser nuestro objetivo común, y siempre desde la máxima lealtad institucional.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra la señora Sagastizabal.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta. Arratsalde on. Buenas tardes.
En primer lugar, quiero decir que nosotros en este tipo de mociones, en lo que se refiere a la financiación autonómica de las comunidades autónomas no forales, no solemos intervenir por cuanto entendemos que son las propias comunidades
autónomas las que han de decidir sobre su reforma y su sistema de financiación. Pero hoy nos hemos visto en la obligación de intervenir porque Compromís nos ha traído una moción para reformar el sistema de financiación autonómica, una moción que
tal y como está redactada no vamos a apoyar, y no porque no estemos de acuerdo en que el resto de comunidades autónomas tengan un sistema más justo, con mejor financiación para poder hacer frente a los servicios públicos esenciales -educación,
sanidad y servicios sociales- de forma eficaz y eficiente, sino porque la justificación esgrimida en su punto uno se refiere -y así lo dice- a la discriminación por el hecho de pertenecer a un determinado territorio y por la injusticia. Es decir,
deja entrever una vez más el supuesto privilegio en este caso del concierto de Euskadi y el convenio navarro. Nuevamente demuestran un gran desconocimiento acerca de los mismos, sistemas distintos en los que no hay vasos comunicantes. Mientras el
sistema foral se asienta en un criterio de capacidad económica, en el que se aporta a los gastos comunes del Estado sobre la base de su riqueza relativa, el sistema de las autonomías integradas en el régimen común está basado en un criterio de
necesidad en el que reciben financiación del Estado para sufragar las competencias que les han sido transferidas. La diferencia es que los sistemas forales implican responsabilidad y riesgo unilateral y, por otro lado, también una concordancia
entre el ingreso y el gasto público, que es inexistente en las comunidades de régimen común. Definitivamente, lo que no entendemos de esta moción es que traten de justificar a través de la supuesta discriminación por el hecho de pertenecer a un
territorio la deficiente financiación de los territorios de régimen común porque entendemos que es una responsabilidad política. No entendemos que ustedes crean que el hecho de intentar perjudicar a una serie de comunidades autónomas pueda
beneficiar al resto de las comunidades autónomas de régimen común. El contexto político en España desde luego no debe hacer de los sistemas diferenciados de financiación una lucha partidista, y lo que ustedes demuestran con estas justificaciones es
que en estos momentos en España es más rentable exigir la igualdad de derechos -es decir, la uniformidad- que defender las especificidades locales, y lo que nos choca además de ustedes, señores de Compromís, es que por un lado pidan más
independencia y mayor autonomía, pero resulta que parece que están exigiendo centralizar y homogeneizar los impuestos de todas las comunidades autónomas. Como ya dije en su día, un hecho diferencial no equivale a privilegio alguno y tampoco el
reconocimiento de una diferencia equivale a desigualdad, y es que la centralización fiscal no es más eficiente si, como he dicho antes, no va acompañada de una responsabilidad crediticia. En definitiva, con este tipo de justificaciones parece que
tratan de buscar en las diferencias el acoplo de sus carencias. La búsqueda de soluciones al problema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común es legítima y necesaria, pero déjenme decirles que ha de ir acompañada de rigor, no
solo en la asunción de
responsabilidades, sino también de rigor político y respetando los sistemas diferenciados, tal y como nosotros lo venimos haciendo.
Eskerrik asko. Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor De la Torre Díaz.
El señor DE LA TORRE DÍAZ: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías.
Nos trae el señor Bataller, de Compromís, un tema crucial, muy importante, como es la financiación de los servicios públicos esenciales de sanidad, educación y servicios sociales, que de esto trata la financiación autonómica. Efectivamente,
el anterior modelo de financiación autonómica -lo dice ya prácticamente todo el mundo- es un modelo fallido. De hecho, nosotros en principio vemos la justificación y el punto 1 de la moción que trae Compromís con mucha simpatía porque refleja los
principios del artículo 156 de la Constitución que recogimos en el acuerdo de investidura que les gusta tanto cumplir a los señores del Partido Popular en el punto 123. (Aplausos). Ahí se establece que debemos reformar la Ley Orgánica de
Financiación de las Comunidades Autónomas, la Lofca, para buscar un sistema que sí cumpla con la autonomía, con la coordinación, con la corresponsabilidad fiscal y fundamentalmente con la solidaridad y la igualdad. Eso es un sistema justo que da a
cada uno lo suyo y en el que no existen diferencias, o no son apreciables, más que por la gestión de cada responsable público en la comunidad autónoma de la que se hace responsable por los votos de los ciudadanos en el acceso a los servicios
públicos.
¿Qué nos hemos encontrado ahora mismo? Lo que nos encontramos ahora, con datos oficiales de 2014, es la financiación por habitante (Muestra un gráfico) -datos oficiales del ministerio- en función del territorio donde esté. Aquí,
efectivamente Valencia es el territorio con menor financiación, está en un 80 % en la financiación de régimen común, y el más elevado de ellos, a igualdad de esfuerzo fiscal, que casi está en un 240 %, cerca del triple, es el caso del País Vasco. Y
Navarra está en un 180 %. Todo esto se debe al sistema de financiación; al sistema de financiación que había antes del cuponazo y del cambio en la aportación navarra. (Aplausos). Estos son lisa y llanamente los datos, los hechos. Evidentemente
hay ciudadanos que por vivir en un territorio que tiene régimen foral tienen una financiación por habitante para las competencias de educación, sanidad y servicios sociales muy superior a los que viven en otro territorio. Esto hay que reformarlo.
¿Cuál ha sido la respuesta de estos señores del Partido Popular, a los que les gusta tanto el acuerdo de investidura? Pues no cumplir el punto 123, no cumplir con el artículo 156, sino mejorar y mucho la financiación, a costa de los
impuestos del resto de los españoles, primero de la comunidad autónoma mejor financiada, que es la segunda en renta per cápita, el País Vasco, a través del cuponazo, que vino a esta Cámara en noviembre, y después mejorar la financiación de la
segunda comunidad mejor financiada, la tercera en renta per cápita, que es Navarra, que ya ni siquiera se trae a la Cámara y se les incrementa la aportación. Luego este gráfico, que puede no ser muy agradable en cuanto a diferencias territoriales,
ahora es mucho peor por lo que han hecho los Gobiernos del Partido Popular con el apoyo del Partido Socialista -por cierto, los socios de Compromís en el Botànic- y con el apoyo también, sorprendente e increíblemente, de Podemos. (Aplausos). En
este sentido, el orden es importante y nosotros creemos que todos los ciudadanos españoles deben tener acceso a los mismos servicios públicos en condiciones de igualdad. En la situación anterior no era así y en la que hay actualmente todavía menos.
¿Qué se puede hacer para mejorar esto, señorías de Compromís? Traen ustedes una proposición no de ley derivada de una declaración institucional del Parlamento Valenciano, pero hay que hacer algo más, y es desbloquear los presupuestos.
Porque ustedes se quejan de la falta de inversiones en la Comunidad Valenciana, pero los presupuestos continúan bloqueados debido a que el Partido Socialista no quiere negociar, el Partido Nacionalista Vasco considera que no se va a sentar hasta que
se acabe el artículo 155 en Cataluña -ahí se ve el gran éxito de regalarles el cuponazo antes de que apoyasen los presupuestos- y el Partido Popular ni siquiera trae los presupuestos. Evidentemente esto está bloqueado. ¿Eso qué significa? Menores
inversiones para todo porque no se pueden acometer nuevas inversiones si no hay presupuestos.
Por otra parte, las comunidades autónomas que no han tenido la suerte de tener un incremento en su financiación el año pasado, es decir, todas menos el País Vasco y Navarra, tendrán cuatro mil millones de euros más de financiación si hay
presupuestos. Evidentemente, las comunidades autónomas han mejorado, como decía la señora Madrazo -en eso sí tenía razón-, porque la actividad económica ha mejorado, pero esta mejora no se refleja en la financiación autonómica en sus principales
fuentes de
ingreso. Es decir, todos los ciudadanos se ven discriminados en su acceso a los servicios públicos esenciales precisamente por el bloqueo presupuestario. Por tanto, sí estamos de acuerdo -y es una exigencia que nosotros compartimos- en que
hay que reformar el sistema de financiación autonómica, pero antes hay que sacar a España del bloqueo y el marasmo presupuestario. Pongámonos todos a ello.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Blanquer Alcaraz.
La señora BLANQUER ALCARAZ: Gracias, presidenta.
Señorías, les adelanto nuestro voto favorable a esta moción. Con ella hoy reivindicamos de nuevo la reforma inmediata del sistema de financiación autonómica. En esta legislatura hemos debatido su urgencia hasta cuatro veces, una en Pleno y
hasta tres en Comisión, y a iniciativa de distintos grupos parlamentarios. De hecho, dos de los puntos de la propuesta de acuerdo que hoy debatimos ya los hemos aprobado en la Comisión de Hacienda; recogen el sentir del pueblo valenciano, sí, pero
también el de la mayoría de los españoles porque lo que se pretende es que de manera inmediata se reforme el sistema de financiación para que se garantice la autonomía financiera de las comunidades autónomas, como se recoge en el artículo 156 de la
Constitución española, y cumplir con la Lofca en lo que respecta al principio de lealtad institucional. En definitiva, se pretende garantizar que las personas sean atendidas de manera igual con independencia del territorio donde vivan. En su
conjunto, se trata de una reivindicación legítima que debe ser escuchada, deber ser respetada y tenida en cuenta.
Pero por mucho que nos empeñemos en traer esta cuestión al Parlamento no vamos a poder avanzar si el Gobierno no asume su responsabilidad y presenta de manera inmediata una propuesta de reforma de financiación en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera, que es donde se encuentran representados los Gobiernos autonómicos y el Gobierno central. (Aplausos). Y no avanzaremos tampoco si el grupo que sustenta al Gobierno no deja de paralizar la modificación del Estatuto de Autonomía
de la Comunidad Valenciana, que está en tramitación y que, como se comentaba antes, ya cuenta con cuarenta y siete ampliaciones de plazos de enmienda. Es urgente, señorías, reformar el modelo de financiación para corregir la insuficiencia
financiera que sufren comunidades como la Valenciana, y no es un tema menor. Es insostenible que el Gobierno permanezca paralizado ante un asunto que cada día que pasa se convierte en un polvorín a punto de estallar.
El Gobierno ha permitido calificar irresponsablemente a las comunidades como cumplidoras y no cumplidoras sin tener en cuenta su situación financiera de partida, castigándolas con intereses que no hacen más que agrandar su endeudamiento y
estableciendo objetivos de estabilidad presupuestaria y una distribución de déficit inalcanzables para algunas de ellas. La propia Airef ha reiterado que esta fijación y distribución no ha atendido a criterios razonables de factibilidad y equidad,
una distribución que el Gobierno ha impuesto unilateralmente, que no ha acordado y que tampoco ha justificado. El Gobierno ha preferido mantener en el tiempo un sistema de préstamos condicionados a las comunidades autónomas sin abordar la verdadera
problemática de fondo, lo que ha permitido al Gobierno recortar la autonomía de las comunidades a cambio de darles liquidez. Menos autonomía, señorías, es menos autogobierno y mayor dependencia de la Hacienda central, lo que genera tensiones que
debilitan el Estado de las autonomías del que nos hemos dotado y que pueden acabar tensionando la cohesión y la convivencia entre las personas. A pesar de todo ello, el Gobierno no tiene prisa para reformar el sistema de financiación. En realidad
nunca fue un tema prioritario para el Gobierno, algo que no nos sorprende porque son las comunidades autónomas quienes sustentan la mayor parte de nuestro Estado del bienestar, son las encargadas de prestar la sanidad, la educación y los servicios
sociales, así como el sistema de dependencia. Es indignante que no esté entre las prioridades del Gobierno garantizar de manera estable que estas políticas dispongan de suficientes recursos para atender, en términos de igualdad, a los ciudadanos,
con independencia de dónde vivan. Nunca fue una prioridad para el Gobierno el fortalecimiento del Estado del bienestar. En realidad esa es la verdadera razón por la cual a día de hoy todavía no ha revisado el modelo de financiación autonómica. En
2014 ya conocía la insuficiencia que padecían los entes autonómicos y, sin embargo, no se revisó. La consecuencia de esta no revisión es hoy la insuficiencia generalizada de las comunidades autónomas para financiar sus servicios públicos y un
crecimiento importante de su endeudamiento, que dificulta el cumplimiento de sus objetivos de deuda. Y ahora sí o sí urge adoptar medidas correctoras ante esta situación. En este sentido, el Gobierno no puede eludir su responsabilidad y debe
actuar ya. De momento, el ministro de Hacienda lo único que está ganando es el
premio a la ocurrencia y con ello, de manera irresponsable, está tensionando los distintos territorios. Dependiendo del interlocutor se muestra más proclive a unas soluciones o a otras, mostrándose incapaz de definir y defender una
propuesta seria y formal sobre la que empezar a negociar. La semana pasada el ministro volvió a eludir su responsabilidad, trasladándola a los grupos parlamentarios de esta Cámara y, así, una vez más, se rió de todos nosotros y de todos los
españoles. Dijo que la responsabilidad de reformar la financiación es de los partidos de esta Cámara, cuando sabe muy bien que la llave de la negociación la tiene en su mano. Si el Gobierno quiere, habrá reforma. Está en sus manos promover de
manera inmediata una financiación justa para garantizar el bienestar de todas las personas, y hacerlo con las comunidades autónomas. En nuestras manos está exigirle que así sea. Y si no quiere, el Gobierno será, una vez más, el responsable del
deterioro del Estado del bienestar y de la cohesión social.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Pregunto al señor Bataller i Ruiz si su grupo acepta alguna de las enmiendas presentadas.
El señor BATALLER I RUIZ: No, señora presidenta, no aceptamos ninguna.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA ASEGURAR UNAS CONDICIONES DE TRABAJO DIGNAS Y DE CALIDAD EN LA ECONOMÍA DIGITAL. (Número de expediente 173/000078).
La señora PRESIDENTA: Pasamos, señorías, a debatir la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para asegurar unas condiciones de trabajo dignas y de
calidad en la economía digital. Por el grupo autor de la iniciativa tiene la palabra la señora Peña Camarero.
La señora PEÑA CAMARERO: Gracias, presidenta. Buenas tardes.
El Grupo Parlamentario Socialista quiere poner en primer plano de la agenda política el futuro del empleo y la economía digital, una nueva economía digital que nos trae las oportunidades que para el crecimiento económico y el empleo implica
el proceso de digitalización pero también los riesgos sobre la calidad del empleo y la exclusión social que puede producir, y es nuestra obligación aquí enfrentarnos a las consecuencias de este modo diferente de concebir las relaciones laborales.
(El señor vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la Presidencia). Así que, ¿cuál es nuestro objetivo con esta propuesta? Pasar de un mercado de trabajo precario e injusto a otro más estable y más justo es pasar de una economía débil y frágil a una
economía más sólida y competitiva. Porque las economías más sólidas y competitivas no son las que tiran los salarios y precarizan los empleos, sino las que apuestan por la innovación, la digitalización, la formación y la modernización, y las que
cuidan de sus trabajadores como un activo fundamental para aportar valor a sus productos y servicios. Con todo esto, ante la nueva economía digital entendemos que es el Gobierno el que tiene que liderar, junto al diálogo social, una estrategia
integral para la gobernanza digital sostenible, sobre todo en lo relativo al ámbito de las relaciones laborales. Es este Gobierno el que tiene que velar por crear nuevos empleos de calidad y un sistema de protección social inclusivo, máxime cuando
sabemos que en el futuro inmediato desaparecerán el 12 % de los puestos de trabajo tal y como hoy los conocemos. Y es este Gobierno el que nos preocupa porque, ante esta nueva realidad que es la adaptación a la economía digital, ante algo que
irrumpe con fuerza y no tiene pasado, este Gobierno no tiene la excusa de siempre, la que usa cuando normalmente hacen las cosas mal, sí, esa de echar la culpa al de antes. Ahora que la responsabilidad es total de este Gobierno pasa lo que pasa:
la nada. La absoluta nada, que es lo que la ministra de Empleo nos contó el otro día, que nada están haciendo para afrontar estos nuevos retos. (Aplausos).
Y aunque al Gobierno le parezca que esto no va con ellos, tiene que actuar porque vamos por detrás, porque nuestros datos sobre digitalización son malos, son muy malos en conectividad, en competencias digitales y en uso de Internet. Porque
hace una década algunos de los que hoy forman este Gobierno decían que había que cambiar el modelo económico, invertir en ciencia, en innovación, en crear valor añadido. Y lo que ha pasado diez años después es que algunos de ellos, en el Gobierno,
han provocado que estemos todavía peor, que no hayamos aprendido nada de esta crisis y que con recorte tras recorte en investigación y desarrollo hayamos llegado tarde a la digitalización de la economía quedándonos una
vez más a la cola de Europa. Vamos por detrás, sí, porque el resto de países ya tienen planes, acciones concretas y un debate público sobre la transformación tecnológica, y aquí, como diría aquel, el Gobierno y su ministra están a por uvas.
Y es que hay actuaciones que pueden hacerse ya o que este Gobierno perezoso debería estar cumpliendo ya: respecto a la formación, respecto a la creación de una renta pública y en el cambio de la normativa laboral. Nuestro modelo laboral no está
adaptado a las innovaciones tecnológicas y al desempleo estructural que sufrimos habrá que sumarle en breve el desempleo tecnológico. Hay que señalar los elementos de la precarización donde inciden las nuevas tecnologías; hay que atender a una
nueva y mayor precariedad, y tenemos que hacerlo además con perspectiva de género, así que no podemos pasar de puntillas por la legislación laboral, por la reforma laboral de este Gobierno. Por tanto nuestra obligación es garantizar un marco de
calidad normativa y el paso previo, sí o sí, es acabar y derogar las reformas laborales y devolver la calidad en el empleo. Aunque esto, evidentemente, no lo comparten todos aquí, no lo comparte el Gobierno, lógicamente, y tampoco Ciudadanos, que a
través de sus enmiendas obvia derogar la reforma laboral.
Además debe ser una prioridad política acabar con la brecha digital. La mitad de los españoles no tienen las competencias digitales necesarias para afrontar esta transformación. También hay que aumentar la digitalización del tejido
empresarial para mejorar la competitividad y facilitar la transición digital a las pymes con incentivos para proyectos basados en nuevas tecnologías o en la internacionalización. (Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Un momento, señora Peña.
Les ruego silencio, señorías. (Pausa).
Continúe.
La señora PEÑA CAMARERO: Necesitamos empresas, pymes y autónomos cómplices de este nuevo modelo; cómplices en la competitividad y no en la precariedad. Y es que el 25 % de los empleos actuales experimentarán además cambios en sus
contenidos actuales. Por eso es fundamental articular políticas activas de empleo y preparar a los trabajadores para los cambios en los contenidos y ante los riesgos de la futura automatización. Es imprescindible desarrollar capacidades
científicas y técnicas, potenciar las vocaciones STEM en ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas. Porque además aquí hay dos brechas, la digital, pero también la de género. Así que es nuestra obligación procurar una mayor participación de las
mujeres en los estudios científicos y tecnológicos. Evidentemente es imprescindible acabar acordándose de una generación que no lo va a tener tan fácil para adaptarse a esta transformación, de todos esos mayores de 52 años, muchos de ellos parados
de larga duración, a los que este Gobierno quitó el subsidio. Por tanto, ante este riesgo hay una obligación: la protección de las personas expulsadas del mercado laboral o con recursos insuficientes. Nuevos derechos sociales y prestaciones de
largo alcance serán y tienen que ser las piedras angulares de una sociedad sana en esta economía digital. Solo espero que lo compartan Ciudadanos y Partido Popular y dejen de poner la zancadilla a la tramitación de la iniciativa del ingreso mínimo
vital en este Congreso.
En definitiva, el Grupo Parlamentario Socialista presenta una propuesta concreta con una estrategia de país que ponga en marcha todos los instrumentos y herramientas para impulsar la transformación digital en todos los ciudadanos, en todos
los miembros de la sociedad, pero sobre todo una estrategia que nos adapte a este cambio y que limite los impactos negativos que puede tener en las relaciones laborales y en el mercado de trabajo. Visto que el Gobierno ni está ni se le espera, es
nuestra obligación impulsar, regular y equilibrar esta transición digital.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Peña.
Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, tiene la palabra en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, aunque en este turno también fijará posición, el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.
Resulta siempre adecuado que las Cortes Generales se interesen por las oportunidades profesionales que aparecen con las nuevas tecnologías y también en atajar los aspectos negativos que se derivan de ellas como secuela de la redefinición de
los puestos de trabajo o la sustitución de mano de obra por maquinaria robotizada, cuestiones que nos obligan sí o sí a reciclarnos, a actualizar nuestras habilidades digitales y a velar por la seguridad laboral. El amplísimo texto de esta moción
recoge aspectos que el
Gobierno ya está acometiendo. Además, quiero reseñar que en España supimos estar a la altura de las exigencias tecnológicas que se avecinaban con el siglo XXI; de hecho, un Gobierno del Partido Popular, el que presidió José María Aznar,
dotó al Ejecutivo de un Ministerio de Ciencia y Tecnología, que en 2004 fue suprimido por el señor Rodríguez Zapatero, y hasta hoy. Hemos perdido comba desde entonces. Incluso aún hoy crujen las cuadernas por la liberalización de las
telecomunicaciones, y España no puede transitar adecuadamente hacia la digitalización si hay quien se dedica a poner obstáculos. Sirva de muestra que la CNMC impuso hace un año una cuantiosa multa por infracción muy grave a la antaño compañía del
monopolio telefónico por perjuicios a consumidores y empresas.
Me ha sorprendido mucho que en una moción de tanto contenido no haya una sola referencia el desafío más importante que tenemos en términos de economía y de empleo, y que pasa de manera ineludible por la estrategia, los pilares y la hoja de
ruta para la integración de España en el mercado único digital europeo y en la competitividad. Ahí están las grandes claves de nuestro inmediato futuro que ustedes ni mencionan en su texto, señora Peña Camarero, mientras dan la matraca con las
presuntas maldades de una reforma laboral que ya nos encamina hacia los veinte millones de trabajadores frente al erial laboral, económico y social en que los socialistas convirtieron España en 2011, incluida la innecesaria reforma del artículo 135
de la Constitución española. Entre otras lagunas de la iniciativa socialista, también se han olvidado de una llamada a la transformación del concepto de seguridad y gestión de riesgos laborales, ya que las nuevas tecnologías entrañan también nuevos
riesgos y estamos obligados a cultivar una cultura de seguridad laboral que ustedes ni mencionan. En definitiva, por lacerar al Gobierno se ha desperdiciado una buena oportunidad de hacer mejores propuestas, sensatas, realistas y novedosas en una
cuestión, la de la economía y el trabajo derivados de la digitalización, que es una de las grandes prioridades de España.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Martínez Oblanca.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene ahora la palabra el señor Campuzano i Canadés.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Señora Peña, agradecemos el texto de su moción. Conocemos una transacción que vamos a apoyar, que recoge aspectos sustanciales de nuestra enmienda. No nos ponemos de acuerdo, efectivamente, en una cuestión que tiene que ver con la
regulación del trabajo a tiempo parcial, pero en aras del progreso de la moción votaremos a favor de la transacción que usted nos ha ofrecido.
En estos tres minutos escasos quisiera remarcar dos consideraciones. Quizá sería bueno que fuésemos capaces de distinguir dos de los debates subyacentes en su interpelación y en esta moción. Un primer debate es el de los impactos que las
nuevas tecnologías, que las tecnologías disruptivas tienen en la regulación del mercado de trabajo y en los mercados de trabajo. Nos encontramos ante una de las transformaciones más grandes a las que hacen frente nuestras economías, una acumulación
de cambios tecnológicos, que son múltiples, que se acumulan, que son de carácter universal y que no solo transforman el mundo del trabajo sino el mundo de los negocios. El esfuerzo político que debe hacerse -de hecho, se está haciendo en el
conjunto de los países avanzados- está en cómo adaptamos nuestras instituciones laborales y de protección social a esos cambios que se están produciendo ya y que se van a producir con mayor intensidad en el futuro. Es bueno que en este debate no
tengamos una posición estrictamente a la defensiva, porque los cambios se están produciendo y se van a producir, y tampoco tengamos una posición nostálgica, porque no van a ser las instituciones que han funcionado durante el siglo XX en el ámbito
del derecho del trabajo y en el ámbito de la Seguridad Social las que nos van a dar respuesta a esas cuestiones. Ahí, señorías, el reto es sustancial y quizá todavía estamos instalados en viejas ideas que funcionaron adecuadamente en el siglo XX
pero que no son las ideas adecuadas para hacer frente a estas cuestiones. Este es el reto que su moción poco o mucho apunta.
La segunda cuestión empalma con un elemento que desde la perspectiva del Partit Demòcrata nos ha preocupado, la regulación específica de las personas vinculadas económica y laboralmente a las denominadas plataformas tecnológicas, donde
además no se trata tan solo de que abramos una reflexión de carácter global sino de que seamos capaces de ofrecer soluciones concretas a problemas concretos, a empresas que exigen seguridad jurídica para poder operar en el mercado español y a
trabajadores que exigen protección social para poder desarrollar esas actividades en el seno de esas empresas. En este sentido, el texto que hemos pactado se hace eco de una proposición no de ley que se aprobó en la Comisión de Empleo hace unos
pocos meses que insta al Gobierno a que antes de que finalice el actual
periodo de sesiones presente un informe con propuestas concretas para dar esa seguridad jurídica que las plataformas tecnológicas exigen. Espero que ese mandato que hoy el Pleno va a reafirmar invite al Gobierno a hacer ese trabajo y que a
finales de este periodo de sesiones tengamos una hoja de ruta para hacer frente a los retos en esta materia. En cualquier caso, va a contar con nuestro apoyo.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Del Campo Estaún.
El señor DEL CAMPO ESTAÚN: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías.
Hace unas semanas la ministra de Empleo compareció en esta Cámara para poner encima de la mesa, entre otras cuestiones, cómo afrontar los retos del futuro del trabajo. En dicha comparecencia el Grupo Socialista pidió explicaciones sobre las
medidas que el Gobierno tenía planteado adoptar con el objetivo de evitar -y cito textualmente- las situaciones de explotación laboral que sufre buena parte de los trabajadores de la llamada economía digital. De las intervenciones, tanto de la
ministra como de los demás portavoces parlamentarios, sacamos varias conclusiones. La primera de ellas es que por fin se va a abrir un debate serio en materia de economía digital y trabajo, un debate que desde nuestro punto de vista era totalmente
necesario y urgente abrir teniendo en cuenta la implantación y el desarrollo de nuevos modelos de negocio bajo la forma de plataformas digitales, la transformación de los modelos productivos, la inteligencia artificial, la robotización, etcétera, y
que por tanto ya no estamos hablando de futuro sino del presente del trabajo con mayúsculas. La segunda conclusión era que este debate no iba a ser pacífico viendo el grado de estigmatización con el que algunos partidos políticos iniciaban desde el
principio este debate. Nosotros no creemos que sea justo ni realista generalizar, así que celebramos este cambio de paradigma del Partido Socialista -el cambio de paradigma que llega con esta moción- y que no inicie el debate asociando ya desde el
principio economía digital con precariedad sino hablando de digitalización de la economía como fuente de oportunidades para el crecimiento económico y del empleo.
Señorías, la economía digital está aquí, ha llegado para quedarse y, desde nuestro punto de vista, una economía como la española, que lleva demasiado tiempo en tasas de desempleo muy altas, de las más altas de nuestro entorno, no puede
permitirse mirar hacia otro lado. Es cierto que esta nueva realidad no está exenta de riesgos, es cierto también que debemos vigilar que se cumple la normativa y debemos vigilar que se respeten las reglas del juego, pero la necesidad de
actualización y adaptación de nuestra normativa no puede ser una excusa para precarizar aún más uno de los mercados de trabajo más azotados por esta lacra. Aceptando el carácter supranacional del problema y la necesidad de una armonización de la
normativa a nivel europeo, desde el ámbito nacional es necesario realizar los ajustes pertinentes para que esto no ocurra. Pero, señorías del Partido Socialista, haremos esto mirando hacia delante y no mirando hacia atrás, como suelen hacer ustedes
cada vez que traen una iniciativa en materia laboral o de Seguridad Social a este Pleno. (Aplausos).
Estamos de acuerdo con muchos de los puntos de esta larga moción; de hecho, le diré que ha sido Ciudadanos quien está tratando de impulsar el cambio del modelo productivo, ha sido Ciudadanos el que ha conseguido arrancar en los presupuestos
de 2017 hasta 2200 millones para impulsar la innovación y la economía del futuro, para modernizar los servicios públicos de empleo con herramientas novedosas como el perfilado estadístico, para poner en manos de los trabajadores la formación en
competencias digitales a través del cheque formación o para revolucionar el modelo educativo. Pero ustedes insisten en derogar y derogar en vez de plantear soluciones y a veces se pasan de frenada. Digo esto porque leyendo su moción no sabemos si
dicen que quieren derogar la reforma del Partido Popular o quieren derogar también la reforma que hicieron ustedes en 2010, como dijo hace poco su secretario de empleo Toni Ferrer, que calificó de error estratégico su reforma de 2010. Señora Peña,
¿es un error estratégico su reforma de 2010? Nosotros no pensamos que sea un error estratégico la reforma de 2010. Hablan ustedes de volver al pasado como si cualquier tiempo pasado hubiese sido mejor, pero saben que esto no es cierto. ¿Cuál es
entonces el modelo que ustedes quieren recuperar? ¿Un modelo que nos ha llevado a tasas de temporalidad del 30 %? ¿Un modelo que ni en sus mejores momentos ha sido capaz de reducir el desempleo por debajo del 8 %? Si ese es su modelo no cuenten
con los votos de mi grupo parlamentario. (Aplausos).
Nosotros, señoría, no queremos mirar hacia atrás, nosotros queremos mirar hacia el futuro, trabajar por un cambio del modelo productivo de nuestro país fomentando sectores innovadores con empleo de alto valor añadido. Nosotros -se lo
dijimos a la ministra y lo dijimos en la Comisión-, vemos la economía
digital con esperanza, como una oportunidad más que como un problema para la sociedad. Ahora bien, es cierto que debemos actuar, ser valientes y llevar a cabo los encajes necesarios para adaptar nuestra normativa a esta nueva realidad. Les
ofrecemos, señorías del Partido Socialista, una mano tendida como muestra la enmienda que les hemos presentado. Si ustedes quieren avanzar, sepan que podrán contar con nuestro grupo parlamentario; si lo que quieren es mirar hacia el pasado,
destruir lo existente o competir en pureza ideológica con otros partidos, sepan que no van a tener nuestro apoyo porque España necesita partidos políticos que tengan un proyecto para este país y no partidos que no hagan más que mirarse el ombligo
pensando en lo que un día fueron y que quizá nunca vuelvan a ser.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Del Campo.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Vidal Sáez.
La señora VIDAL SÁEZ: Bona tarda.
La economía digital ha transformado nuestra forma de comunicarnos y de consumir información, productos y servicios, también nuestro ocio, no cabe duda, pero hasta el momento la revolución de la productividad que se esperaba no se ha
producido y tampoco está dando pie a una nueva generación de empleos mejor retribuidos. Las mejoras que puede y debe conllevar la economía digital y la digitalización no pueden ocultar en este caso las vulneraciones flagrantes que se están
generando principalmente en tres ámbitos: el de competencias, el laboral y también el fiscal. Tenemos una economía digital que, pese al valor que está generando, no ha mejorado el crecimiento económico ni el de los sueldos de los trabajadores, y
además parte de esta economía está controlada por un grupo muy reducido de actores. La digitalización será una oportunidad siempre y cuando se dé en términos justos y es obligación, por tanto, de este Gobierno garantizar las normas que lo hagan
posible. El big data, la inteligencia artificial, la robotización o las plataformas de la mal llamada economía de la colaboración ya no son carne de película de ciencia ficción sino que forman parte de nuestro día a día. La digitalización abarata
el acceso, el transporte, el almacenamiento de la información y los procesos de producción, pero subyacen las mismas relaciones de poder habituales. Determinar, por ejemplo, a quién pertenecen estas nuevas autopistas de la información o quién y
cómo puede acceder a ellas o cómo se condicionan las relaciones en los derechos laborales es fundamental. No hacer nada en este caso es apostar básicamente por la ley de la selva, es actuar en favor del poder de las grandes corporaciones y avanzar
hacia un modelo privado en manos de unos pocos y sin derechos laborales. En este sentido, los recientes cambios aprobados en Estados Unidos son muy preocupantes. Permitirán básicamente que los proveedores de Internet estadounidenses bloqueen y
frenen a su antojo el tráfico de datos. ¿Esto qué quiere decir? Que quienes puedan pagar más -básicamente, las empresas y los particulares más ricos- acelerarán su velocidad de conexión mientras que los que no puedan pagar estos precios recibirán
un servicio mucho más lento. Si lo público no entra, lo que nos estamos jugando es un desarrollo económico a dos velocidades, donde las grandes empresas dominarán y jugarán básicamente con las oportunidades de crecimiento de las pequeñas y medianas
empresas. Hablamos, por tanto, de competencia desleal, como la de Uber sin ir más lejos, que entró saltándose la normativa, sin negociar, intentando modificar la normativa para sus intereses, sin garantías, sin pagar impuestos, etcétera.
Recientemente se ha conocido la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que básicamente dice que es una empresa que presta servicios de transporte. ¡Oh, qué sorpresa! Por desgracia, parece que nos estamos acostumbrando a ver cómo
disfrazan a supuestos nuevos negocios de innovadores y rompedores cuando son básicamente viejas prácticas que solo buscan explotar lagunas legales. Una cosa es defender la innovación y otra muy distinta, señorías, es pretender hacer pasar por
innovadora la prestación de servicios más baratos a costa básicamente de la precarización del empleo y del ninguneo de nuestras leyes.
Para un desarrollo democrático de la economía digital debemos garantizar la igualdad de oportunidades, es decir, normas justas y el cumplimiento de las mismas. Son muchos los países que han abordado la regulación de las nuevas situaciones
derivadas de los usos, como puede ser la ley de desconexión francesa, así como las relaciones laborales, y yo me pregunto a qué está esperando España para reaccionar. La innovación tecnológica no conlleva per se ni una mayor desigualdad social ni
más precariedad ni un Gran Hermano al estilo Orwell. Son las decisiones políticas las que nos llevan a sociedades más desiguales, más pobres, más opacas y más precarias. Son sus reformas laborales, señorías del Grupo Popular. Que los trabajadores
de Deliveroo, por ejemplo, corran por las calles cobrando
un salario absolutamente miserable, sin Seguridad Social, sin prevención de riesgos laborales y arriesgando su vida para llegar a final de mes no es culpa de Internet, sino de este Gobierno, de sus reformas laborales y de su estrategia
deliberada de precarización y de externalización. El problema de la economía digital colaborativa es que está convirtiendo en masiva y normal la fórmula de los falsos autónomos y hay que poner fin a esta estrategia de precarización y de
externalización de este Gobierno. Falsos autónomos, falsas cooperativas, falsos becarios, un sinfín de fórmulas que básicamente dejan sin cobertura, sin derechos a la mayoría de los trabajadores.
Hemos presentado enmiendas a esta moción porque creemos que le falta concreción. El desarrollo del crecimiento pasa por que la comunicación digital y las infraestructuras sean accesibles y eso solo lo puede garantizar la esfera pública,
señorías. Somos un país exportador de talento y si bien la formación continua es algo absolutamente fundamental, también lo es evitar que nuestro talento, el que ya tenemos, no emigre por tierra, mar y aire. También hay que dar respuesta en este
caso a las diferentes brechas: la territorial, la generacional y por supuesto la de género. Por último, el desarrollo digital no puede ser, evidentemente, una excusa para seguir externalizando y precarizando nuestras vidas. En conclusión, es
necesario gobernar la digitalización en favor de la mayoría, básicamente para asegurar que las transformaciones tecnológicas contribuyan a la transformación de nuestro modelo productivo y para garantizar que los frutos de las mejoras de la
productividad se repartan de manera equitativa y mejoren las condiciones laborales.
Moltes gràcies. (Termina su intervención en catalán.-Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Vidal.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.
El señor BARANDIARAN BENITO: Buenas tardes, señor presidente, señorías, la digitalización de la economía y el empleo, o mejor dicho intentar delimitar lo que entendemos por economía digital y los efectos que puede tener ese conjunto de
innovaciones tecnológicas sobre el ámbito sociolaboral no es solo un reto, sino que es casi un enigma. Un enigma necesario, porque solo conocemos una parte de las innovaciones tecnológicas que sirven ya para ofrecer una diferente visión e incluso
un diferente contenido de las actividades y servicios del futuro. Para empezar, como hemos visto, hoy en día no somos capaces de delimitar si muchas de ellas tienen carácter empresarial o son simplemente instrumentales de otra actividad. Como
reverso, tampoco somos capaces de deslindar si esas nuevas actividades son propias en algunos casos del derecho laboral o, por el contrario, tienen sustantividad propia para entenderlas diferenciadas. Lo que sabemos en algunos casos e intuimos en
otros es que la digitalización de la economía está afectando de forma muy intensa al modelo de relación laboral, al menos tal y como lo conocemos con los parámetros del artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores. Ese modelo está caracterizado por
la existencia de un inequívoco régimen de dependencia de un empresario al que atribuimos la capacidad de organización y dirección y a quien hacemos deudor de un conjunto de obligaciones, pero parece que ha nacido otro modelo en el que esos
caracteres están ocultos y su descripción posiblemente sea más confusa.
La cuestión es de verdad muy compleja, pero es demasiado importante y debemos ser claros. Han existido siempre, existen y existirán intentos claros de huir de la naturaleza del derecho laboral de una actividad prestacional como consecuencia
de estrategias empresariales que son indeseables y que pretenden huir del derecho del trabajo. Esa es una consecuencia que debemos tener en cuenta y regular cuanto antes para atajar sus efectos. Por tanto, no conviene confundir el proceso de
digitalización de la economía, que es tan inconcreto y real como imprevisible e imparable, con hechos particulares fraudulentos de utilización de la tecnología a través de plataformas digitales como herramienta para eludir la aplicación del derecho
del trabajo. Ese no puede ser solo el debate al que debe hacer frente el derecho para adecuarse a los retos que le va a imponer la economía digital. Ese solo es un debate paradigmático de lo que es el fraude del derecho, que no va a merecer otra
respuesta que su sanción social y legal. Sin embargo, el derecho y la economía digital nos plantean varios retos que, con todos los respetos, no se están terminando de abordar de una forma cohesionada y consecuente. En primer lugar, según las
fuentes analizadas, van del 60 al 85 % los trabajos que existirán dentro de diez o quince años y que aún no han sido creados. Sea o no cierta o exagerada esa afirmación, lo indudable es que esos nuevos trabajos, que se supone que serán cualificados
y, por ello, con mayor valor añadido, solo podrán surgir en estructuras económicas aptas; esto es, en sectores capaces de sostener la aplicación de nuevas tecnologías no solo
en el sector industrial, sino también en otros de nueva implantación. Lo que podemos comprobar es que el modelo productivo en España está sostenido solo en un 16 % por la industria; en Euskadi ronda el 25 %, pero también en este aspecto
tenemos el reto de mejorar. Esto es, o se admite un claro reto relativo a la necesidad de cambiar la estructura económica del Estado o no va a existir plataforma económica desde la que crear empleos que sean de calidad tras interiorizar las nuevas
tecnologías. En segundo lugar, está la cualificación de la formación y de la empresa. O se hace una apuesta decidida por modelos de formación basados en la cualificación tecnológica y se vincula dicho proceso formativo -bien el básico o bien el
universitario- con ese tejido empresarial o será absurdo hablar de calidad en el empleo. La calidad en el empleo no vendrá en lo fundamental de modelos de protección laboral, sino de la cualificación y del valor añadido. Mientras no cambie la
mentalidad de que el precio es el elemento diferencial en lugar de la calidad del servicio de la actividad, seguiremos dependiendo de modelos precarizados de relación laboral y ese es el problema. El empleo del futuro será de calidad, porque se
prestará por personas cualificadas en empresas adaptadas a una estructura competitiva basada en la calidad del producto y no en su precio y tal hecho exige a los agentes realizar un esfuerzo más importante, sobre todo, en la formación cualificada,
en la formación dual. En tercer lugar, lo dice la moción, está la adaptación del medio jurídico laboral a nuestro entorno; evitar el fraude e identificar cuáles son sus caracteres. No me voy a extender porque no tengo tiempo, pero la moción
insiste en ello. Yo solamente quiero incidir en uno más ligado a este último, el de la negociación colectiva.
En un mundo tan complejo, vital y en adaptación continua se necesitan mecanismos de vigilancia y control igualmente hábiles, y a ese efecto hace falta un empoderamiento de la negociación colectiva como agente impulsor, precursor y
controlador de esa realidad. Por eso, aun cuando tengo que reconocer que la moción no nos ha satisfecho, esperaremos a su debate para poder apoyarla, pero creemos que es francamente mejorable.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Barandiaran.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Salvador i Duch.
El señor SALVADOR I DUCH: Buenas tardes, presidente. Bona tarda a totes i a tots.
Apoyaremos su moción, señora Peña, en la que se insta al Gobierno a presentar una estrategia integral a corto, medio y largo plazo sobre la digitalización de la economía, sus oportunidades, sus riesgos y cómo paliarlos. No deja de ser
paradójico y preocupante pedir a un Gobierno que en el siglo XXI presente una estrategia integral sobre la economía digitalizada, pues creemos que llega un poco tarde para los súbditos del Reino de España.
La moción es importante y necesaria, por eso agradecemos su presentación, ya que pone en debate parlamentario la digitalización de la economía como oportunidad, pero también como riesgo por el tipo de relaciones laborales que se pueden
establecer en un futuro. La moción pone el énfasis en que debemos adaptarnos sí o sí a la revolución digital, cierto, estamos de acuerdo, puesto que todos los estudios afirman que el 90 % de los puestos de trabajo existentes en 2025 necesitarán
estar dotados de competencias digitales. No me voy a extender en las medidas educativas ya que están bien enumeradas en su moción: evitar la brecha digital entre individuos, garantizar la alfabetización digital, etcétera. Sí me voy a extender en
lo más urgente, por la realidad que también esconde la economía digitalizada, en los puntos 2 y 3 de su moción, que hacen referencia a la economía digital y a las relaciones laborales que están produciendo.
Teniendo en cuenta que la responsabilidad social de las empresas es, a mi parecer, una fábula, mientras que la sed de beneficios es una realidad, mientras sabemos que el capital ha utilizado la legislación laboral vigente, la reglada por el
Partido Socialista y por el Partido Popular para aumentar el grado de explotación laboral, estamos muy de acuerdo con el punto 2 de su moción, en el que insta al Gobierno a derogar las reformas laborales en plural -digo las reformas laborales en
plural porque cuando aquí ha defendido la moción ha dicho solamente la reforma laboral; por eso, repito, en plural-, que han permitido y facilitado la precariedad laboral. Derogar las reformas laborales -algunos partidos no entienden por qué hay
que derogarlas; son los antisindicales de siempre- significa devolver y fortalecer la negociación colectiva, como ustedes mismos reconocen en el punto 3 de su moción; y acto seguido, no antes, un proyecto de ley ad hoc para las nuevas economías
digitales, sin lo cual será imposible luchar contra las nuevas formas de explotación que se presentan ya hoy.
Sin entrar en el detalle y en el debate obligado porque no es este el momento, y sin ser ludistas sobre si la nueva economía digitalizada va a destruir más empleo del que construye -debate que hay que
tener- pondré un ejemplo, la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, que cuenta con mil millones de usuarios, da empleo ni más ni menos que a treinta y dos informáticos y, en cambio, fue comprada por Facebook por 16 000 millones de
dólares en 2014. Como tampoco es menor analizar la tendencia a los monopolios en este tipo de economía. Google, Facebook, Amazon, Airbnb, Uber, Twitter, Booking, Tripadvisor, son ejemplos de empresas que impusieron o están imponiendo su tecnología
al mundo entero después de haber eliminado a la competencia. Las otras empresas acaban por desaparecer antes o después y, en cambio, las sociedades ganadoras utilizan sus crecientes monopolios para subir los precios sin aportar ganancias
proporcionales a sus empleados.
Sobre lo que ya no queda la menor duda es de que con la llegada de la tecnología digital ha venido un cambio radical en las formas de organización y de gestión de las empresas. Los ordenadores portátiles sustituyen a los ordenadores fijos;
los trabajadores pueden estar conectados a sus empresas las veinticuatro horas del día, siete días a la semana; recibir correos electrónicos de su responsable o de sus colegas en plena noche o durante el fin de semana es ya moneda corriente. Toda
una nueva forma de trabajar y una nueva forma de vivir muy bienvenida por los neoliberales, que saben mucho de conceptos como autonomía, independencia, libertad, flexibilidad... Palabras muy bonitas que con un gran despliegue de discursos
mediáticos no buscan más que aumentar la desregularización del trabajo. La misma moción va por ahí cuando insta a instaurar un derecho de desconexión con el propósito de asegurar el respeto de los tiempos de descanso y de vacaciones, así como la
vida personal y familiar. Por cierto, ¿qué sociedad estamos construyendo para que se tenga que legislar un derecho a la desconexión?
Lo que es imprescindible, porque ya lo sufrimos, es regular la externalización en cadena y el cambio de asalariados a autónomos, ya que son trabajadores que salen más baratos y entran y salen de la economía sin más lógica que la del mercado.
Es mucho más rentable para un patrón sustituir a un empleado, que conlleva todo un conjunto de obligaciones ligadas a la existencia de un contrato, que potenciar a los autónomos: nada de permisos pagados, protección social, respetar la legalidad
vigente, etcétera. Como indica un reciente informe, casi la mitad de los pilotos de Ryanair que trabajan exclusivamente para la compañía se han visto obligados a crear su propia sociedad de prestación de servicios registrada en Irlanda. Ya no son
asalariados. Otro tema a regular son los efectos de las plataformas digitales, una economía mal llamada colaborativa cuando es una máquina de crear falsos autónomos y un paraíso para el fraude a la Seguridad Social; la regularización efectiva del
teletrabajo; la clarificación reglamentaria de los métodos de control e información a los trabajadores en el caso de vigilancia o seguimiento de sus comunicaciones o la hiperconectividad de trabajadores que deben estar permanentemente enganchados a
su actividad laboral. En resumen, apoyaremos esta moción, seguiremos con interés lo que haga el Gobierno con ella y damos las gracias a la diputada señora Peña por haberla presentado.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Salvador.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Candón Adán.
El señor CANDÓN ADÁN: Gracias, señor presidente.
Señorías, trae el Grupo Socialista una moción sobre condiciones de trabajo dignas y calidad en la economía digital. Pues bien, hemos comenzado el año 2018 con datos que ratifican la intensa creación de empleo en nuestro país. Se mire por
donde se mire, por mucho que algunos quieran y se empeñen en teñir de otro color la realidad o les moleste escucharlo, el empleo ha llegado para quedarse. Parece que algunos ya no se acuerdan de que teníamos una tasa de paro de casi el 30 % y que
ahora, gracias al esfuerzo que han realizado todos los españoles, está en el 16,55 %. Los últimos datos del paro registrado y de afiliación a la Seguridad Social correspondientes a enero de 2018 establecen que en los últimos doce meses se han
creado 607 856 nuevos empleos. Durante 2017 se crearon 1700 empleos diarios, frente a los 1500 que se destruían diariamente en 2011. Hoy podemos decir que España lidera la creación de empleo en la zona euro, la creación de empleo joven, de empleo
femenino, de empleo autónomo y a tiempo completo. ¡Quién lo hubiese dicho en 2011! Además, se está creando el empleo que ustedes tanto demandan, empleo de calidad; hoy 3 de cada 4 personas tienen un contrato indefinido.
¿Cuál es la diferencia con ustedes, señores del Partido Socialista? Se lo voy a decir. Con ustedes se aportaban 6 de cada 10 parados en Europa; con nuestra reforma laboral España es responsable de uno de cada 4 empleos creados en Europa
en 2017. Sus políticas generan empleo precario e injusto y las nuestras crean empleo de calidad. Esa es la diferencia con ustedes, señorías.
Derogar, como dicen ustedes, la reforma laboral es derogar la creación de empleo, es anular y suprimir el marco de relaciones laborales que ha permitido a España pasar de generar la mitad del paro en Europa a liderar la creación de empleo en
la zona euro. También tenemos que poner en valor otras medidas que se llevan a cabo desde distintos ministerios, como el de Economía, Industria y Competitividad o el de Educación en el tema de la calidad en la economía digital; también desde la
Secretaría de Estado de Comercio, con medidas para fomentar el cambio de modelo productivo y la organización y funcionamiento en empresas, con incentivos para la modernización de los sectores tradicionales y el desarrollo de los emergentes basados
en la innovación e inversión productiva, el valor añadido de los productos y la calidad en el empleo, así como la formación continua de las personas trabajadoras en competencias digitales, ayudas a pymes y autónomos en su proceso de digitalización
tanto para su implantación como para su renovación tecnológica o incentivos para fomentar proyectos basados en las nuevas tecnologías y la internacionalización de las empresas; también desde la Secretaría General de Industria y Pymes, con la
estrategia Industria Conectada 4.0 o el programa Activa Industria 4.0, entre otros.
La economía digital es un reto que debemos afrontar entre todos. No debemos perder ninguna oportunidad de emprendimiento ni vamos a dejar que se menoscaben los derechos de los trabajadores por esta nueva realidad. Tenemos que seguir
adoptando medidas para que nuestra economía siga creciendo y creando empleo. Debemos seguir sumando para continuar mejorando nuestro mercado de trabajo, potenciando, como hemos hecho, la formación, especialmente la digital para que nadie se quede
atrás. Y seguimos impulsando más acciones por parte del Gobierno del Partido Popular. Queremos garantizar que Internet llegue a todo el territorio nacional; hemos aprobado dos planes nacionales, dotado cada uno de ellos con 60 millones de euros
para 2018 de formación de trabajadores en competencias digitales; se ha aprobado un programa destinado especialmente a pymes, dotado con 10 millones de euros, para dar apoyo a la transformación digital, y pensando en el empleo juvenil se invertirán
20 millones de euros en un programa para impulsar proyectos de formación en el ámbito de las TIC con compromiso de contratación. Si eso es no hacer nada, si eso no es compromiso serio, si eso no es trabajar para mejorar y si eso es ser un Gobierno
perezoso, que baje Dios y lo vea porque aquí no sabemos lo que estamos haciendo. (Aplausos).
Termino, señor presidente. Desde el Ministerio de Empleo se trabaja intensamente en el marco del diálogo social, así como con las comunidades autónomas, para dar respuesta al resto del cambio que supone globalización y digitalización, que
no solo afecta a nuestro país. Tenemos que seguir trabajando, eso es evidente, pero, señorías, hoy el futuro se escribe con tres e, de emprendedores, empleo y España.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Gracias, señor Candón.
En turno de aceptación o rechazo de las enmiendas, le pregunto a la señora Peña Camarero si su grupo acepta alguna de las enmiendas presentadas.
La señora PEÑA CAMARERO: Sí, hemos preparado una transaccional que vamos a proceder a firmar.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muy bien. Lo tendremos en cuenta para la votación. Muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, RELATIVA A LA LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA AGENCIA ESTATAL DE EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS (AEVAL) Y LA FALTA DE
EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS. (Número de expediente 173/000079).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Pasamos al siguiente punto del orden del día: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la liquidación y
extinción de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y de la Calidad de los Servicios y la falta de evaluación de políticas públicas. Por el grupo autor de la iniciativa, tiene la palabra el señor Monereo Pérez. (Rumores).
Silencio, señorías. Les rogaría silencio y atención.
El señor MONEREO PÉREZ: Gracias, señor presidente.
Hay una palabra que se emplea o se empleaba mucho en el sur, que es la palabra regomello, regomelloso. Se decía que una persona tenía regomello porque se quedaba intranquila ante una posible solución de un problema o ante un evento. Yo
subo aquí un poco regomellosamente porque creo que en este debate se juegan problemas reales para nuestro país y tengo la impresión, regomellosamente, de que no van a tener una buena salida.
Hay tres cosas que están íntimamente conectadas: las políticas públicas, la Administración del Estado y su reforma y la evaluación de las políticas públicas. Las tres son una sola cosa, porque hay una demanda creciente de servicios
públicos de calidad, de servicios más heterogéneos; hay una demanda creciente de una reforma de la Administración capaz de gestionar de nuevas formas viejos y nuevos problemas, y luego hay la necesidad de evaluar la calidad de los servicios que se
prestan, su eficiencia y, sobre todo, su capacidad de satisfacer las necesidades básicas de las personas.
Creo que es muy importante partir del tema de las prestaciones públicas y de los servicios públicos, porque hay una demanda creciente. ¿Y por qué hay una demanda creciente de servicios públicos? Porque se ha roto la relación entre cuestión
social, cuestión democrática y Estado social. Esa relación se ha roto, se ha fragmentado, la gente la vive como una inseguridad permanente y hay un reclamo creciente en toda la sociedad europea, en todos los países europeos, de protección, de
seguridad, de orden y de futuro. El futuro se ha convertido en un problema político para las mayorías, se ha convertido en un problema político para los jóvenes. La carencia de futuro, el bloqueo del futuro, se ha convertido en un elemento
político fundamental.
Detrás de eso, ¿qué hay? Es lo que se ha llamado el trilema de Rodrick. Está funcionando el trilema de Rodrick con toda su fuerza hoy en Europa. Ustedes lo conocen bien, se trata de tres problemas, de los cuales la globalización solamente
permite resolver dos, no los tres a la vez. ¿Qué nos viene a decir el trilema de Rodrick? Que hiperglobalización, Estado nación y democracia no se pueden conseguir a la vez. ¿Y qué es lo que se está consiguiendo? Erradicar la democracia. ¿Y qué
se está consiguiendo? Erradicar los derechos sociales. ¿Y qué se está consiguiendo? Romper el nexo entre justicia social, democracia y, en este caso, Unión Europea. En eso estamos, esos son los problemas: dónde estamos, dónde nos centramos, y
de ahí viene una enorme demanda de seguridad en la gente. La extrema derecha crece y se fortalece precisamente por eso, porque no se les da seguridad ni futuro a las mayorías sociales, porque en esta guerra económica hay ganadores y perdedores y
los perdedores no tienen quien les proteja del desorden creciente de un mundo gobernado por el capitalismo financializado. En esas estamos.
La otra cosa muy importante, que no es pequeña, es no solo la necesidad de prestaciones públicas, sino de la reforma del Estado, de la gestión del Estado. Yo noto que el debate de la gestión del Estado y su reforma desaparece de nosotros, y
es fundamental hoy, precisamente hoy, en un proyecto de país, entrar a fondo en qué tipo de Administración, qué modernización de la Administración y qué capacidad de gestión tiene esta Administración. Y cuando digo eso y lo señalo con la Agencia de
Evaluación de las Políticas Públicas es por lo siguiente, porque evaluando las políticas públicas hay una oportunidad de modernizar la propia Administración pública, de hacerla más democrática, más igualitaria, más capaz de solucionar los problemas
de la gente, y a su vez hacer que la Administración del Estado sea capaz de hacerlo de una manera eficiente, que es también el mejor mecanismo para acabar con la corrupción. Por eso y desde esa perspectiva nosotros defendemos esta moción, que no es
otra cosa que la defensa de lo público, las nuevas formas de gestión de la Administración y la necesidad de dar a la ciudadanía derechos constitucionalizados y constitucionalizables, una nueva vida constitucional.
Termino. Se han presentado dos enmiendas. La primera, del Partido Socialista, la aceptamos sin ninguna dificultad; no vamos a aceptar, sin embargo, la de Ciudadanos. Me cuesta trabajo que tenga yo que decir esto, me cuesta mucho trabajo,
no se pueden imaginar, pero si se es reformista habrá que serlo de verdad. (Aplausos.-Un señor diputado: Ahí le has dado). Es decir, en un acuerdo político entre el Partido Popular y Ciudadanos no se puede liquidar una agencia estatal y decir que
sí, que la liquidamos pero en un futuro habrá una mejor agencia estatal. Que eso lo dijera yo a lo mejor tendría alguna justificación; yo estoy por algo más que por un reformismo blando, pero me parece importante tomar nota de esto. Si hay una
agencia que funcionaba y funciona, seamos capaces de discutir cómo funciona, de mejorarla y desarrollarla. Pero ¿qué queda de la Agencia estatal de evaluación de políticas públicas? Una subdirección general en un arcano del Ministerio de Hacienda.
¿Ustedes creen que en este asunto el Partido Popular va a llegar a un acuerdo con ustedes para crear un organismo independiente que evalúe
las políticas públicas dirigido por este Parlamento? Yo creo que así, lo digo sinceramente, es más fácil que ustedes gobiernen con nosotros. (Risas y aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Gracias, señor Monereo.
Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos intervienen, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Ramírez Freire.
El señor RAMÍREZ FREIRE: Señorías, cualquier acción, plan, programa, medida, en definitiva, cualquier acción de la ejecución de una política pública conlleva el uso de recursos limitados, por consiguiente, obtenidos en virtud de un sistema
tributario del conjunto de la ciudadanía, lo que nos obliga a ser escrupulosos en el uso de los mismos. Todas las sociedades modernas -y, por supuesto, nuestros vecinos europeos más avanzados- entienden la necesidad de evaluar las políticas
públicas desde el punto de vista de la eficacia, de la eficiencia y de la necesidad, dentro de la excelencia de la gobernanza pública. La Aeval nació originariamente para ese fin en 2007, bajo la Presidencia de Rodríguez Zapatero y con el auspicio
del ministro Jordi Sevilla. Lo que ocurre es que, como bastantes de las propuestas de esa época, si bien nos puede parecer muy buena idea al principio, a la hora de materializarse nació carente de los recursos necesarios para poder desempeñar sus,
por otro lado, importantísimas funciones. Desde Ciudadanos seguiremos insistiendo en que el diseño óptimo de las políticas públicas pasa por una evaluación rigurosa de las medidas realizadas previamente. Dicha evaluación se debería hacer tasada de
manera esencial y que demuestre a base de datos y no de intuiciones o de iluminaciones marianas que un programa o medida está funcionando. Como ejemplo podríamos hablar del famoso cheque bebé -todos tenemos claro que hay un problema de natalidad en
este país pero el cheque bebé no lo solucionó- o de nuestras políticas activas de empleo que a lo largo de la historia no han mejorado la tasa de paro estructural. Son especialmente graves las carencias en la evaluación del impacto de nuestro país.
Ya saben, ese modelo basado en métodos experimentales o cuasi experimentales y que establece una relación clara y directa causa-efecto entre política y problema, por ejemplo, las RCT. Por supuesto, todo esto solo puede ser abordado por una agencia
independiente, de ahí que en el acuerdo con el PSOE introdujéramos reforzar la Aeval con mayores medios humanos, materiales y, por supuesto, ampliándole los ámbitos competenciales. En definitiva, fortalecer la Agencia estatal de evaluación de las
políticas públicas y la calidad de los servicios.
En nuestro acuerdo con el Partido Popular, en el punto 17, propusimos la creación de un instituto independiente, profesional y efectivo que tenga competencias para evaluar la eficacia y el coste de las políticas y de los programas sociales,
incluyendo la educación y la sanidad. Ante esto solo me queda pedir al grupo proponente que acepte nuestra enmienda. Señor Monereo, podemos compartir el diagnóstico, nos suele pasar muchas veces. Usted dice que no nos podemos fiar del Partido
Popular y yo le voy a dejar claro que nuestro punto 17 no hablaba de suprimir la agencia estatal; es más, si se ha demostrado algo es que la Aeval ya nació viciada y carente de recursos y no podía conseguir el objetivo que buscábamos ambos grupos,
que era evaluar de forma profunda y rigurosa el impacto de las necesidades de las políticas públicas. Puedo compartir con usted totalmente la necesidad de dichas políticas públicas y su evaluación, pero lo que está claro es que la Aeval no lo ha
conseguido. Fue una agencia que nació carente de esos recursos.
Al Partido Popular déjenme que les pregunte si de una vez por todas van a cumplir con lo firmado en el punto 17, y se lo reitero por si tienen algún tipo de problema para recordar: Suprimir la Agencia estatal de evaluación de las políticas
públicas y de la calidad de los servicios, cuyas funciones y presupuesto serán asumidas por un nuevo instituto independiente para el análisis y evaluación de políticas sociales, para evaluar la eficacia y el coste de las políticas y programas de
gasto público, incluyendo políticas educativas, sanitarias y sociales, a nivel nacional, y de forma independiente, profesional y efectiva. Con todo esto solo me queda decirles que si el elemento que han utilizado como sustituto de la Aeval es el
Instituto para la evaluación de políticas públicas -que reza en su página web que es un elemento con rango de subsecretaría de Estado, dependiente del secretario de Estado de Función Pública y, por consiguiente, del Ministerio de Hacienda y Función
Pública-, si esta es su forma de entender la independencia, entonces entenderemos mejor su forma de proceder y su escaso interés en dejar de instrumentalizar todos y cada uno de los poderes del Estado.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Ramírez.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Serrano Jiménez. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).
La señora SERRANO JIMÉNEZ: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías.
Después del debate de la semana pasada sobre la evaluación de las políticas públicas y el instrumento para realizar dicha evaluación, el Grupo Parlamentario Socialista cree necesario aclarar los términos y no caer en la confusión que buscaba
el Gobierno. No está el señor Montoro pero, aun así, le diré que sí, es cierto, aprobaron una ley sobre transparencia pero la semana pasada y hoy hemos estado hablando de la evaluación de las políticas públicas y de la liquidación de la agencia que
aprobó un gobierno socialista para realizar dicha evaluación. Señorías del PP, ni la transparencia es evaluación ni el análisis del impacto normativo es evaluación. Todo ello forma parte de un término muy ajeno a sus políticas, la rendición de
cuentas. Publicar datos sobre la ejecución presupuestaria no es evaluar, pedir un análisis del impacto normativo de una propuesta no es suficiente. Se lo dice el Grupo Socialista porque fue el Gobierno socialista el que aprobó la normativa
estableciendo este análisis. Hay que ser transparentes para ser evaluados, hay que fijar unos objetivos para poder ser evaluados y hay que otorgar esa competencia a un organismo autónomo para que sea creíble.
Señorías, nada de eso cumple el Gobierno del Partido Popular, ¿se ha evaluado acaso el rescate financiero?, ¿se ha evaluado acaso el rescate de las autopistas de peaje?, ¿se han evaluado los recortes de las administraciones públicas?, ¿se
ha evaluado el supuesto ahorro por el recorte de los derechos de los empleados públicos? En la agenda del señor Montoro no está hacerse estas preguntas ni dar esta información ni tener un organismo para realizar esa evaluación. El Gobierno del
Partido Popular ha liquidado la única agencia que tenía competencia para hacerlo. Es una broma decir que la Airef realiza estas funciones, ni por asomo están entre sus competencias. Les invito a que se lean la norma de creación, por favor. Para
la evaluación de políticas públicas había una agencia creada por ley, hoy esa función se minusvalora y se entrega a una subdirección general y se le llama pomposamente instituto. (Aplausos). Y fíjense la importancia que el Gobierno da a esta
evaluación que ni siquiera ha sido nombrada una persona para ocupar este puesto. Señor portavoz de Ciudadanos, Zapatero no la dotaría de recursos, pero el Gobierno del Partido Popular no ha puesto siquiera un responsable para el instituto.
(Aplausos).
Hoy, señorías, tenemos que volver a lo realmente importante: huyamos de la confusión deliberada y habitual del Gobierno que lo más cerca que está de la transparencia y de la evaluación es en los reiterados autos judiciales relacionados con
su endémica corrupción. Tanto en lo público como en lo privado ha surgido la necesidad de transparentar acciones y decisiones, de dar cuenta a la sociedad de políticas de administración, de gobierno y de funciones, de informar y de ser
transparentes. Por ello la rendición de cuentas urge como una herramienta para lograr tales fines. La rendición de cuentas abarca tres maneras diferentes para prevenir y corregir abusos de poder. Obliga al poder a abrirse a la inspección pública,
lo fuerza a explicar y justificar sus actos y lo supedita a la amenaza de sanciones. Los beneficios de incorporar la cultura de la rendición de cuentas en la Administración pública son evidentes: incremento de la legitimidad, credibilidad y
confianza, así como el aprendizaje continuo de las organizaciones públicas.
Señorías, la rendición de cuentas supone un aumento de las capacidades técnicas y organizativas conducentes a la eficiencia en el uso de los recursos disponibles, supone un verdadero compromiso con la evaluación de las políticas públicas y
la calidad de los servicios y además contribuye a los principios que deben defender las sociedades modernas, como la ciudadanía, la democracia y el desarrollo. La rendición de cuentas debe dejar de ser un ejercicio necesario en la administración
para constituir el eje de un nuevo modelo de prestación pública basado en la transparencia y la eficacia. El 92 % de los españoles considera que las administraciones públicas deben evaluar sus actuaciones. Tenemos que reforzar la evaluación de los
resultados y el impacto de las políticas públicas como garantía de eficacia y calidad y como mecanismo para asegurar que los recursos públicos están siempre bien empleados al servicio del bienestar de los ciudadanos.
La propuesta que realiza el Grupo Parlamentario Socialista a la moción presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea es la creación de un órgano independiente del Gobierno que evalúe políticas
públicas. Es imprescindible una autonomía y una competencia plenas que le permitan acceder a toda la información necesaria para ejercer esa evaluación. La legislación actual, aprobada por el Gobierno del Partido Popular, ha laminado esta
posibilidad. Emplacémonos para dotarnos de esa norma y situemos ese órgano donde tenga la mayor independencia
y la mayor competencia para realizar la evaluación de las políticas públicas. Instemos al Gobierno a dar a esta Cámara la información de los informes de evaluación realizados desde la supresión de la Agencia estatal de evaluación de las
políticas públicas y de la calidad de los servicios. Pero trabajemos para dotarnos de una norma que permita tener un organismo que verdaderamente lleve a cabo una evaluación de las políticas públicas para tener seguridad de que los servicios que se
prestan son eficientes, eficaces y de calidad para los ciudadanos y ciudadanas.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra en primer lugar el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.
Con esta moción pretende el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea restaurar la Aeval, una agencia estatal que tenía una función muy importante hasta que fue disuelta hace siete meses. Su estatuto le
atribuía la promoción y realización de evaluaciones de las políticas y programas públicos cuya gestión corresponde a la Administración General del Estado.
Aquí, esta tarde, al igual que durante la interpelación de la semana pasada, se ha descrito un panorama muy sombrío derivado de la eliminación de esta agencia que nació de la mano del Gobierno del señor Zapatero. He repasado varios de los
informes generales de actividad que normalmente presentaba la Aeval y se percibe que su funcionamiento estuvo muy condicionado y muy lastrado por la crisis económica porque se creó en 2007 y es conocido lo que pasó inmediatamente después. Esto
limitó los trabajos analíticos, muy especializados, de un organismo como este, que no pudo ser dotado de recursos humanos y económicos suficientes, lo que no ha sido obstáculo para que hiciesen aportaciones relevantes también en sede parlamentaria,
tal y como consta en el Diario de Sesiones, a propósito, por ejemplo, de una ley para el mantenimiento del empleo, de protección a los desempleados y sobre el sistema de bonificaciones.
No comparto, sin embargo, señor Monereo, la percepción de que no hay organismos ni mecanismos de control que impulsen el cumplimiento de la gobernanza de nuestras administraciones. De hecho, la legislación ha venido incorporando
paulatinamente autoexigencias de evaluación de calidad, y esa ya es una pauta legislativa que no tiene marcha atrás, al igual que tampoco la tiene la cooperación interadministrativa en estos asuntos. Por cierto, la Comunidad autónoma de Asturias
fue de las últimas en suscribir un convenio con la Aeval a propósito de la implantación de la Carta de compromisos con la calidad de las administraciones públicas españolas. Lo hizo tardíamente, a finales de 2016, siete años después de promoverse
la carta. Sí puedo compartir, sin embargo, que, efectivamente, cuantos más recursos y agencias independientes y bien dotadas, mucho mejor para una mayor calidad y eficacia en el desarrollo de las políticas públicas, pero el Estado dispone
actualmente de suficientes mecanismos protectores, comenzando por los legislativos, para combatir la opacidad, fomentar la transparencia y asumir el irrenunciable decálogo para implantar los compromisos de calidad en todos los niveles
administrativos, teniendo en cuenta, eso sí, que cada vez hay mayores exigencias de los ciudadanos del siglo XXI y que también hay creciente demanda de servicios y de información. Aun así, no estaría de más que el Gobierno dotase de estímulos a los
funcionarios para diseñar, participar e intervenir activamente en las políticas para alcanzar las mayores cotas de calidad en los servicios públicos.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
También por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Bel Accensi.
El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidenta.
Les avanzamos que vamos a votar favorablemente la moción consecuencia de interpelación. Es una propuesta que compartimos, en tanto en cuanto tiene que ser un organismo independiente. El modelo de agencia estatal no es exactamente el
nuestro; nosotros compartimos más el modelo que hay de Cataluña de un Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques, donde participa la Generalitat, participa el mundo municipal, como la Diputación de Barcelona, la Universidad Pompeu Fabra,
el Consorci Interuniversitari y el Consell del Treball, Econòmic i Social de Catalunya. Este es más transversal. Consideramos que las funciones deben ir más allá, no solo la evaluación, que es básica, sino también la formación, la evaluación
de la propia evaluación, valga la redundancia. En todo caso, nos parece mucho mejor la propuesta que tenemos hoy encima de la mesa que la existente desde mediados de 2017.
Antes de terminar quisiera hacer una reflexión cordial -y no se me enfaden- a los diputados de Ciudadanos. Esto parece el dúo Pimpinela. (Risas y aplausos). ¿Se acuerdan de la canción Olvídame y pega la vuelta? Eso es lo que parece que
constantemente le están diciendo al PP. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio.
El señor BEL ACCENSI: Si uno solo ve y oye las intervenciones, puede pensar que es verdad, pero, claro, cuando uno repasa las votaciones no de las mociones sino de los reales decretos y de las leyes, ve que sí, que es una ficción, como el
dúo Pimpinela.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, señora presidenta. Arratsalde on, buenas tardes.
Nosotros estamos de acuerdo con el planteamiento que hace la moción en cuanto a que es necesario evaluar las políticas públicas, pero para ello no vemos indispensable el contar con una agencia estatal de evaluación de las mismas. La
finalidad de la evaluación de las políticas públicas no solo es determinar la importancia del cumplimiento de una serie de objetivos, sino también la eficacia y la eficiencia de un programa y también medir el impacto conseguido respecto al progreso
social y el bienestar de la ciudadanía. Y es que la evaluación de políticas públicas contribuye a generar confianza, transparencia y participación social y, por tanto, ha de enmarcarse también en el desarrollo democrático.
Dicho esto, la interpelación criticaba, por un lado, la eliminación de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y nos decía que había que restaurarla, cuando, por otro lado, nos decía que se desconoce si estaba bien diseñada,
si era más o menos racional, si le faltaban cosas o habría que añadirle algo. La verdad es que esto resulta un tanto contradictorio... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Es contradictorio porque se quiere restaurar algo cuando se desconocen aspectos relevantes para su buen funcionamiento. Nos parecería más lógico debatir si ha de existir o no este organismo como
tal, cuáles son los objetivos, qué políticas ha de evaluar y de qué administraciones. Además, les recuerdo -como ustedes dijeron en la interpelación- que ya hay comunidades autónomas, como la de Euskadi, que miden la eficacia y la eficiencia de sus
políticas públicas y lo hacen de forma diferente: Gobierno, diputaciones y ayuntamientos. Así, por ejemplo, Vizcaya ha firmado un convenio con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico para evaluar esas políticas públicas. Con
esto lo que quiero decir es que esta evaluación debería ir en el ADN de cada Administración, no tanto como un medio de control sino como un medio o mecanismo de evaluación innovador, que permita conocer si las acciones son eficientes, las que
funcionan, de tal manera que el presupuesto público pueda elaborarse y destinarse en función de los resultados obtenidos. Por eso tampoco compartimos la crítica de que la evaluación se está llevando a cabo por la Secretaría de Estado de Función
Pública, porque no sabemos si están sugiriendo que esta no es independiente, que no se están evaluando las mismas o que las personas técnicas que tienen encomendada esta función no la hacen correctamente. Desde luego, no nos ha dado datos que
corroboren estas suposiciones. Además, en la interpelación hacían alusión a las buenas prácticas que en este sentido realizaba Euskadi, la Dirección de Coordinación, junto con la Dirección de Economía del Gobierno vasco, que son las que trabajan en
la evaluación de las políticas públicas. Por tanto, organismos internos que aplican este mecanismo con rigor, con independencia y con profesionalidad, porque de ello depende que se mejore la eficacia y la eficiencia de las acciones de un Gobierno.
No creemos indispensable, por estos motivos, poner una agencia de este tipo. También tengo que decir que, si bien ha desaparecido esta agencia, ello no quiere decir a lo mejor que no se vaya a realizar evaluación alguna, porque la Airef, que ha
demostrado su independencia en numerosas ocasiones, va a realizar una auditoría basada en los principios del
spending review en lo referente a estrategias, procedimientos, eficacia y eficiencia en siete áreas de actuación. Algo parece que se está moviendo en este sentido, habrá que verlo.
El planteamiento de esta moción, a nuestro entender, pretende un control o una supervisión que no compartimos porque parece que persigue una evaluación de esas políticas públicas de todas las administraciones, autonómicas y locales
inclusive. Nosotros aquí diferimos porque estas tienen capacidad de gestionarse y de decidir por ellas mismas, lo cual incluye también esta evaluación sin necesidad de tutela alguna por otros organismos. Por todo ello, nosotros, en principio,
vamos a votar en contra de esta moción.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Olòriz Serra. (Rumores). Silencio, señorías, por favor, silencio.
El señor OLÒRIZ SERRA: Diputadas, diputados, presidenta, cuando uno hace balance de la sesión de esta tarde piensa qué elementos positivos o negativos puede tener. Yo, al menos, me puedo llevar uno positivo y es que he escuchado a Manuel
Monereo y, por tanto, me llevo un bagaje que me servirá para otras cuitas parlamentarias.
Dicen que la mejor manera de destruir una buena idea es aplicarla mal. Sin duda, la evaluación, tener una agencia, que las políticas públicas sean evaluadas es una excelente idea y no la hemos inventado en este Congreso; existe en muchos
países europeos, en cada uno a su manera. Y es cierto que, si se habla de cantantes, aquí también se ha hecho a su manera, a mi manera. Y a mi manera, a su manera, es -cómo diría yo- hacer lo contrario a lo que se proponían. Es cierto que el
primer Gobierno Zapatero se propuso la creación de la agencia pero sin excesivo entusiasmo; y han cambiado de opinión porque en su momento se adscribió al Ministerio de Administraciones Públicas, es decir, juez y parte, nos evaluamos a partir de la
propia Administración, y ha sido la crónica de una muerte anunciada que ha rematado quien menos creía en la evaluación, que es el Partido Popular. La ha rematado, pero yo diría que el enfermo tiene buena salud; es decir, hay posibilidades de hacer
una agencia, hay posibilidades de hacer una agencia independiente, pero atención, señores del PSOE, con otro Gobierno. Esta moción a nadie se le escapa que si la ha de aplicar el Partido Popular se pondrá en el cajón de los recuerdos, que también
era una canción.
Estamos en un momento que yo diría de balance y perspectivas. Llevamos dos años con dos legislaturas. Señores del PSOE, atrévanse. ¿Por qué no? Atrévanse y propongan un proyecto donde alternativas como las de hoy serían factibles.
Cierto que todo tiene coste, incluso puede ser un coste alto, pero no hay peor coste que continuar en esta larga agonía legislativa y gubernamental. Ustedes decidirán.
Esta mañana hablaba con el diputado Díaz Trillo y me citaba a Celaya. Tenía ganas de acabar mi intervención con Celaya pero he cambiado de opinión, y haré algo parafraseando a otro autor en un momento difícil; seguro que a mi amigo Monereo
le gustará. Primero fueron a buscar a los independentistas catalanes y no hice nada, luego a por los tuiteros y no hice nada, después a por los raperos y no hice nada, cuando vinieron a por mí no quedaba nadie. Free Valtonyc, la teva llibertad és
la nostra. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora López Ares. (Rumores). Les ruego silencio, señorías.
La señora LÓPEZ ARES: Gracias, señora presidenta.
En el Grupo Parlamentario Popular creemos firmemente en la transparencia, en la rendición de cuentas y en la participación de los ciudadanos en las políticas públicas. Consideramos que tenemos la obligación de trabajar para construir
Gobiernos más abiertos y potenciar los mecanismos de escrutinio y evaluación, porque sin ese escrutinio y esa evaluación no seremos capaces de medir el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas, pero sobre todo porque no les
sería posible a los ciudadanos exigirnos la mejora en la calidad de los servicios públicos.
Señorías, he comenzado así mi intervención porque la evaluación de las políticas públicas no es un fin en sí mismo, sino que debe acompañar todo el proceso que va desde el diseño de una política pública que nos demandan los ciudadanos hasta
la posterior rendición de cuentas sobre el grado en que se ha dado respuesta a los demandantes. Sin embargo, hoy en esta moción ustedes no van a lo grande, no van
a lo importante, que es todo este proceso, sino que se quedan en lo pequeño, se quedan únicamente en la sustitución de la Agencia Estatal de Evaluación por el Instituto para la Evaluación de las Políticas Públicas, una nueva estructura
orgánica que dispone de los recursos necesarios y que garantiza la independencia y la calidad de la evaluación de las políticas públicas en sus diferentes fases. Pues, señorías, no se preocupen que les voy a explicar el porqué de este cambio. Este
cambio se ha realizado, en primer lugar, porque es uno de los compromisos que adquirimos en el acuerdo de investidura de Ciudadanos y el Partido Popular cumple sus compromisos, creando un instituto de evaluación independiente suprimiendo la Aeval;
independiente. Señor portavoz de Ciudadanos, ¿acaso ustedes no fueron informados y se les pidió opinión sobre este instituto? Pregunte, señor portavoz, a sus compañeros, a más de un compañero. (Aplausos). Y en segundo lugar -esto es lo realmente
importante-, porque encaja dentro de la estrategia defendida por el Grupo Parlamentario Popular y por el Gobierno de Mariano Rajoy para la mejora de la calidad de los servicios públicos en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto, asociación
formada por setenta y cinco países que pretende que los Gobiernos sean más transparentes, rindan cuentas y mejoren la capacidad de respuesta a sus ciudadanos con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios.
Desde su incorporación, España ha presentado tres planes de acción de Gobierno abierto, planes que se someten voluntariamente a la evaluación de dicha alianza junto al escrutinio que realizan múltiples actores públicos, privados y de
sociedad civil. Fruto del primer plan se aprobó la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que ha sido reconocida como una de las medidas fundamentales para restaurar la confianza en las instituciones y mejorar la
calidad de nuestra democracia. Entre los compromisos del segundo plan, destacó el desarrollo del portal de transparencia, cuyo fin es que sea pública la información de carácter institucional, de relevancia jurídica y de naturaleza económica,
presupuestaria y estadística, portal que cuenta con el reconocimiento de distintas instituciones, entre ellas la OCDE. El III Plan de Gobierno Abierto, presentado el pasado mes de junio, tiene cinco grandes ejes: colaboración, participación,
transparencia, rendición de cuentas y formación -hoy aquí se ha hablado de formación-, y persigue tres grandes objetivos. En primer lugar, potenciar los mecanismos de participación y diálogo con la sociedad civil, situándola en el centro de las
decisiones y fortaleciendo la evaluación directa por los ciudadanos. El segundo objetivo es asegurar la cooperación entre los tres niveles de la Administración, impulsando la Comisión sectorial de Gobierno Abierto. Y el tercer objetivo pretende
sentar las bases de Gobierno abierto continuando con el desarrollo de la Ley de transparencia e incorporando -se ha hablado hoy aquí y ya está incorporada- la formación de los empleados públicos, la sensibilización de la sociedad civil y la
educación en Gobierno abierto en la propia escuela. En suma, se trata de afianzar las herramientas y conocimientos que garanticen unas administraciones públicas y una sociedad civil preparadas para avanzar y que la evaluación permanente y legítima
de la actuación de los poderes públicos esté en todos los ciudadanos.
Señorías, como pueden observar, en el Partido Popular hablamos de algo más. Hablamos de un todo en el que la evaluación de la acción pública interviene en todas las fases. Frente a los que trabajamos en mejorar ese todo hay quienes
únicamente se centran en un solo órgano administrativo de evaluación. Ustedes, señores de Podemos, señor Monereo, deberán explicar si existe alguna razón oculta. ¿Puede ser que el hecho de que el padre del señor Errejón ocupe un puesto de libre
designación o, mejor dicho, ocupase un puesto de libre designación en esa agencia sea la razón para que lo único que les ocupa y les preocupa de las políticas públicas sea que la Agencia de Evaluación haya sido sustituida por un instituto de
evaluación independiente?
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Pregunto al señor Monereo Pérez si acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas.
El señor MONEREO PÉREZ: Aceptamos la del Partido Socialista, pero no la de Ciudadanos porque no hemos sido convencidos.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Muchas gracias, señorías.
Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve horas.
Eran las ocho y cuarenta minutos de la noche.