El señor PRESIDENTE: Señorías, reanudamos la sesión.

Pasamos a la moción número 544, del Grupo Parlamentario Mixto, por
la que se insta al Gobierno a que garantice la preferencia del consumo de
carbón nacional por las empresas eléctricas, presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Gracias a todos los miembros de la comisión por haber alterado el
orden del debate de las mociones, lo cual me ha permitido llegar mal,
pero llegar a defenderlas.

En relación con la moción que someto a la consideración de la
comisión, hay un problema inicial, y es, como sus señorías habrán podido
comprobar al leer la misma, que hace referencia a la situación del 2014.
Lo que se pide en la moción es el cumplimiento del Plan del carbón en el
año 2014. Mantengo la moción contando con el buen criterio de sus
señorías y del Gobierno, en el sentido de que si la misma prosperara todo
el mundo debiera entender que lo que se solicita no tiene sentido que se
recabe para el ejercicio 2014, sino para el 2015 y sí tiene sentido,
aunque también la fecha que se señalaba como plazo para su elaboración,
que se recabe un régimen de ayudas al carbón nacional que permita el
mantenimiento de la actividad extractiva del mismo. Lo cierto es que en
el 2014 no se cumplió el plan. Si en el año 2013 los objetivos fijados de
extracción de carbón nacional no se alcanzaron ni tan siquiera en
el 50 %, en el ejercicio 2014 la situación aún fue peor, no se alcanzó ni
tan siquiera el 38 % y ello, curiosamente, a pesar de que el uso por las
térmicas de carbón nacional, fundamentalmente como sistema de respaldo de
las energías renovables, se vio incrementado por el consumo de carbón de
importación. Ello significó unas dificultades evidentes para el
mantenimiento de las empresas que sostienen la actividad, la mayoría de
ellas entraron en procesos o de suspensión de pagos o en expedientes de
regulación de empleo a lo largo del 2014, ya que ni tan siquiera la
empresa pública Hunosa mantuvo los compromisos de extracción ni de
inversión que aparecían reflejados en la concreción del Plan nacional del
carbón, en el plan de empresa de Hunosa.

El Gobierno se había comprometido a que al menos antes del 1 de
enero del 2015 existiría un sistema, que anunciaba ya que iba a ser
diferente, de fomento del consumo de carbón nacional por las térmicas. A
día de hoy, lo que hay al parecer son borradores, que han sido
presentados en términos muy genéricos por el ministerio a las
organizaciones sindicales y a los empresarios del sector, que parecen
apuntar por una modificación sustancial del sistema de ayudas, a pesar de
que hace pocos meses se contó con una sentencia favorable del tribunal
europeo dando validez al régimen de ayudas que hasta el momento se había
mantenido.

El nuevo mecanismo que se pretende introducir, vuelvo a decir al
parecer, es el de no establecer una ayuda específica por tonelada
consumida de carbón nacional, sino un régimen de subvención a las
empresas térmicas por las inversiones que las mismas tienen que realizar
para el cumplimiento de las exigencias medioambientales, primero en el
ámbito europeo y después en el ámbito de nuestro país, donde se ha dado
traslado de las directivas correspondientes. Este sistema, insisto, hasta
que no lo conozcamos resulta difícil de evaluar, pero a primera vista
plantea riesgos, porque o se articula una exigencia de mantenimiento en
un tiempo razonable del consumo de carbón nacional, o nos podemos
encontrar con la paradoja de que se subvencionen esas inversiones
imprescindibles para la actividad de las térmicas, consuman carbón
nacional o consuman carbón de importación, porque ahora están consumiendo
carbón nacional y que en muy poco tiempo dejen de consumir carbón
nacional y aprovechen esas inversiones subvencionadas en sus
instalaciones para consumir carbón de importación, con lo cual al final
no habremos conseguido mantener la actividad de la minería del carbón en
nuestro país, sino que acabaremos fomentando el consumo de carbón de
importación y favoreciendo, fundamentalmente, a las empresas eléctricas,
que son titulares de las térmicas.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

No se ha presentado ninguna enmienda.

¿Turno en contra?

Tiene la palabra el senador Vallines.

El señor VALLINES DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.

Brevemente, para decir que no podemos votar favorablemente la
moción porque es una moción genérica, que hace firme una estimación. En
el marco de la minería del carbón, se establece como suficiente el 7,5 %
del mix de generación de energía eléctrica, medido en términos anuales en
la participación del carbón autóctono o carbón nacional.

Entendemos la preocupación del senador Iglesias, como asturiano
que es, ya que prácticamente el 50 % del empleo de la minería del carbón
es de Hunosa y su incidencia en la comarca asturiana es muy importante.
Ha anunciado que el Gobierno está empezando a desarrollar un proyecto de
inversiones, de ayudas referidas a inversiones medioambientales, que
tanto preocupan, por otra parte, porque el equilibrio siempre es muy
difícil de establecer entre el medioambiente, las energías renovables, el
carbón autóctono y una energía barata y competitiva, barata para los
consumidores y competitiva para los consumidores industriales para que
puedan exportar y mantener empleo en tantas y tantas áreas, por lo que
les anuncio que no vamos a votar favorablemente la moción.

El señor PRESIDENTE: Pasamos al turno de portavoces

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador
Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Intervendré muy brevemente porque no
se trata de abundar en los mismos argumentos.

Cuando una de las exigencias de la política energética de nuestro
país es el mantenimiento de un cierto nivel de autonomía en el
suministro, desarrollar políticas que renuncien en la práctica al único
producto mineral —hasta ahora— que da una garantía de esa
autonomía energética, nos parece que en ningún caso es adecuado.

Es cierto que el sector del carbón vive una larga decadencia, no
imputable exclusivamente ni a los gobiernos del Partido Popular ni tan
siquiera a las demandas de la Unión Europea, que no siempre mantuvo el
mismo discurso. No hay que remontarse tanto en la historia para poder
recordar el famoso libro verde del carbón que, si no me equivoco, en
torno al año 2000 planteaba un escenario de sostenibilidad del suministro
de un porcentaje que entonces era del 15 % atendiendo al reconocimiento
del carácter estratégico de ese carbón como algo imprescindible a la hora
de generar energía eléctrica. Los últimos datos que se han conocido
recientemente apuntaban a que si en 1985 había más de 50 000 mineros del
carbón en nuestro país, en el año 2013 —hoy son aún menos—
eran algo más de 3200 los trabajadores de la minería del carbón. Por
tanto, se ha perdido aproximadamente un 97 % del empleo en este sector.
Pero cuando precisamente la investigación y la evolución tecnológica
están dando resultados en el sentido de conseguir mecanismos que permitan
reducir al mínimo los efectos contaminantes de la quema de carbón, en
muchos casos como consecuencia de la inversión de recursos públicos en
esa investigación, parece poco inteligente no intentar conseguir los dos
objetivos a que hacía referencia acertadamente el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular: mantener el respeto al medioambiente —nunca
contaminó menos el carbón que en estos momentos—, y a la vez
mantener una actividad que garantiza un porcentaje de autonomía en la
producción energética y además el empleo. En todo caso, quiero insistir
únicamente en la urgencia, ya que estamos fuera de todos los plazos
previstos incluso por el propio Gobierno en la definición de ese
mecanismo de apoyo al consumo del carbón nacional.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Los grupos parlamentarios Vasco, Entesa y Catalán de Convergència
i Unió no hacen uso de la palabra.

Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario, el senador
Arrufat.

El señor ARRUFAT GASCÓN: Gracias, presidente.

Nosotros coincidimos con el senador Iglesias en que es un tema
urgente. El famoso Real Decreto 134/2010 sobre restricciones por garantía
de suministro tuvo su fin el 31 de diciembre, y estamos en unos momentos
en que podríamos hablar de que aunque hay documentos y propuestas no se
remata ningún tema. Yo, como aragonés, como turolense, debo decir que
también estamos afectados por el carbón por la central térmica que
tenemos en el municipio de Andorra y por dos minas, una de ellas a cielo
abierto. La verdad sea dicha, existe por ello preocupación e
incertidumbre. Quiero recordar que ese famoso Real Decreto sobre
restricciones fue aprobado en 2010 por el Gobierno socialista con una
participación importante, una autorización de la Unión Europea y por un
acuerdo de Red Eléctrica y la Comisión Nacional de la Competencia. Y a
partir de ahí se publicaron las órdenes ministeriales correspondientes en
las que especifican las cantidades a suministrar por cada una de las
empresas productoras de carbón.

El caso de la provincia de Teruel no es comparable en este aspecto
con otros de la geografía española porque en esa provincia existe una
empresa que trabaja a cielo abierto y los costes de producción son
inferiores a empresas que están establecidas en otras partes del
territorio. Esa misma empresa firmó un contrato con la térmica de
Andorra, muy cerca del municipio de Ariño durante el pasado trimestre,
pero en estos momentos puede decirse que no hay ningún acuerdo para
continuarlo. También hay que recordar que, como consecuencia del Plan del
carbón, este decreto de restricciones trajo consigo el cumplimiento de
un 82 % en el caso de la térmica de Andorra en la provincia de Teruel, y
es que había un entendimiento entre las dos empresas y ese marco estatal
permitía el acuerdo entre ambas.

Tenemos que recordar que el carbón, lo queramos o no, es un
monocultivo en el sentido de que es igual en Asturias, en León, en
Palencia, en Teruel o en Zaragoza, y es que difícilmente en los
territorios en que hay carbón existen otras alternativas económicas, con
lo cual, a partir de ahí se sustentan todos los servicios, y aparte de
los puestos directos surgen los indirectos. Está claro que tener ese
marco nacional de consumo que reivindicamos de un 7,5 % de energías
fósiles, en este caso de carbón nacional, así como las medidas
ambientales por todo lo que supone la eliminación de la normativa
medioambiental con la deselectrificación, son temas fundamentales. El
caso es que hoy, térmicas que están ubicadas en la zona interior de
España, no contemplan inversiones dentro de su folleto informativo, de su
hoja de ruta, si no compran el carbón de fuera. Esta es la actitud que
estamos viendo. Endesa es una empresa que tiene cuatro centrales, dos en
la costa y dos en el interior, y en su folleto informativo aparecen
esos 400 millones de euros de inversión medioambiental que tiene
previstos para adaptarse a la normativa comunitaria. No lo van a hacer si
no es en el caso de carbón importado; así figura en el folleto
informativo, con lo cual, es fundamental ese 7 % mínimo dentro del mix
energético de energía nacional para luego adaptar las centrales con las
ayudas correspondientes a esta normativa medioambiental.

En resumen, nosotros vemos lentitud por parte del Gobierno
—vemos que está enredando— y que no resuelve prácticamente
nada desde finales de año, y eso que anunció el año pasado que habría
reuniones antes de fin de año. Por otra parte, siempre está con
incertidumbre y con dudas y no asume un compromiso con las comarcas
mineras en las que, como he dicho, el carbón es un monocultivo.

Por tanto, nosotros vamos a apoyar la moción que presenta el
senador Iglesias entendiendo que se trata de un recurso endógeno y que es
un monocultivo que no podemos dejar de la mano porque si no, las comarcas
mineras sufrirán mucho más de lo que están sufriendo hasta ahora.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Arrufat.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
Vallines.

El señor VALLINES DÍAZ: En primer lugar quiero decir que el
Gobierno se está comportando, más que lentamente, con cautela. Y es que
el asunto no es fácil, si lo fuera ya se hubiese resuelto. Son muchos
elementos a tener en cuenta, como veremos a continuación.

En cuanto al propio texto de la moción, el senador Iglesias ha
sido más suave al hablar de boicot, aunque a mí me ha sonado a aquello de
la conspiración judeomasónica. No parece razonable que las empresas
compren carbón extranjero porque quieran boicotear a los trabajadores
españoles o por otros intereses más o menos espurios. Estamos hablando de
productos distintos. El carbón nacional es el que es, cuesta lo que
cuesta, y el carbón de importación es también el que es y cuesta lo que
cuesta. Y en ese mix de suministro son las empresas las que deciden, y es
en ese marco de la minería donde se intenta que se sostenga el 7,5 % de
consumo de carbón autóctono en el mix de consumos energéticos.

Ese es el problema. Y hay que considerar exactamente de lo que
estamos hablando, porque en ese mismo marco de la minería se define
—y está suscrito por todos— que al final de 2012 había 3407
empleados en las minas, más 1487 en subcontratas. En el año 1990 había
una población mucho más importante: 45 912 empleados, con 234 empresas;
y, como he dicho, a finales de 2012, 3407 empleados, con 15 empresas. De
las 234 quedan 15. Estamos hablando de lo que estamos hablando, es decir,
no hay duda de que eso será trascendente para algunas zonas, pero para
enmarcar el proceso al que nos referimos debemos comparar esas cifras
—y todo empleo que se pierda nos debe apenar, entristecer, mientras
que todo empleo que se cree nos debe alegrar— con los 60 000
empleos creados, con el descenso del paro en el mes de marzo, o con
las 160 000 nuevas altas en la Seguridad Social, esto es, el descenso
de 45 000 empleos a los 3400 en la actualidad y las cifras a las que me
he referido.

Es obvio que el problema no es fácil, porque, por un lado,
queremos y necesitamos energía barata. La queremos los consumidores y la
industria la necesita para poder ser competitivos, exportar y ofrecer
productos a buen precio por la competencia de las importaciones. Queremos
carbón nacional, que contamina. Queremos renovables, que hay que
subvencionar. Y queremos proteger el medioambiente y mejorarlo. Se trata
de toda una serie de equilibrios, pensando que estamos en una economía
global que, como digo, afecta al mix del precio del consumo energético. Y
siempre nos quejamos del precio de la luz, como se dice vulgarmente. Por
tanto, con todos esos datos hay que conseguir un equilibrio que garantice
el suministro, que lo garantice a un precio competitivo y que lo
garantice con un impacto medioambiental razonable —no es poco
trabajo—, y además, que se consuma carbón autóctono hasta el 7,5 %
del mix energético.

Con todas esas medidas tomadas en el marco de actuación 2013-2018
para la minería del carbón, el Gobierno, como ha dicho el portavoz del
Grupo Mixto, está trabajando en un mecanismo que permita incentivar el
consumo de carbón nacional o autóctono por parte de las centrales
térmicas a cambio de realizar inversiones de carácter medioambiental
distintas de aquellas a las que están obligadas cuando se produzcan los
cierres. Es decir, son medidas de carácter medioambiental,
independientemente de las que se tengan que hacer por obligación legal.
Todo ello, derivado de la Directiva 2009/72 y de la Ley 24/2013, del
sector eléctrico. Se está preparando, por tanto, una orden ministerial
para establecer incentivos para el consumo de carbón nacional o
autóctono, cuyo borrador se ha terminado a finales de marzo y se va a
pasar a informe de la Comisión Nacional de la Competencia y de la
Comisión Europea, que también tiene que aprobar que esas ayudas no estén
prohibidas por la Unión Europea. Si eso es así, con esa orden, que
favorecerá el objetivo del 7,5 % —parece que todas las partes
implicadas están de acuerdo en que es un objetivo satisfactorio para el
estado actual del empleo y de las 15 empresas existentes—,
estaremos mejorando la situación.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente moción, con el
número 552, por la que se insta al Gobierno a que recabe de Red Eléctrica
Española la retirada de las 50 torres del tendido paralizado de la línea
de alta tensión entre Sama —Asturias— y Velilla del Río
Carrión —Palencia—, por el Puerto de Tarna, antes de que
finalice el año 2014, moción que presenta el Grupo Parlamentario
Mixto.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

La moción intenta ser bastante descriptiva de la situación que se
ha creado en torno a este tendido de Red Eléctrica Española. Estamos
hablando de una situación que se inicia hace prácticamente treinta años,
cuando se diseña una salida de la energía producida en Asturias hacia la
central del norte de Palencia, la central de Velilla, con un trazado que
recorría varios concejos y penetraba en una zona de alto valor ambiental,
que tiene en este momento la calificación de parque natural y en la que
para llegar a esa calificación se ha valorado especialmente la presencia
de especies importantes y emblemáticas en peligro de extinción de la
fauna asturiana, como el urogallo o el oso.

Este trazado tuvo un cuestionamiento, no solamente en Asturias,
sino también en la comunidad autónoma limítrofe, Castilla y León; y, como
consecuencia de un recurso presentado por las juntas vecinales del norte
de Palencia, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León acabó declarando su ilegalidad, lo que conllevó la paralización de
las obras de ejecución en el territorio de Palencia, de Castilla y León,
pero cuando ya se habían construido todas las torres necesarias —83
torres de unos 50 metros de alto— a lo largo del recorrido por la
comunidad autónoma asturiana. Con posterioridad también hubo
pronunciamientos de los órganos competentes de la Unión Europea,
cuestionando ese tema. Eso ha llevado a que a día de hoy, casi treinta
años más tarde, la situación sea irreversible. La salida energética de
electricidad desde Asturias en ningún caso va a seguir el trazado fijado
a partir del proyecto iniciado en el año 1986, y por eso a lo largo de
estos años se han estudiado y se siguen estudiando trazados alternativos.
Y lo incomprensible es que a día de hoy no se haya hecho nada para
retirar esas torres, la mayor parte de las cuales —como he dicho,
son 50— están en el ámbito del parque natural; y las que están
fuera carecen igualmente de cualquier utilidad.

Durante la primavera pasada pregunté al Gobierno cuándo se iban a
retirar, y la respuesta que se me trasladó a principios del mes de julio,
recabando la información que aportaba Red Eléctrica, fue que la retirada
de esas torres no era posible mientras no se hubiera aprobado un trazado
alternativo definitivo. En mi opinión la respuesta carece de lógica,
porque, sea cual sea el trazado alternativo, nunca va a poder seguir el
que se fijó en el año 1986. Por otra parte, incluso cabe cuestionar la
utilidad y sostenibilidad de las propias torres después de casi treinta
años; aunque fuera el mismo trazado, probablemente ya no podrían ser las
mismas. Y el impacto visual que eso tiene en una zona de una belleza
paisajística innegable es muy importante. En esa misma respuesta se
insistía en que sería la planificación del Gobierno, de Red Eléctrica
Española, en relación con sus inversiones la que condicionaría la
retirada o no de dichas torres. A la escasa lógica de la primera parte de
la respuesta sumamos aquí una incertidumbre clara, puesto que en este
momento no hay ningún plazo establecido para que se concrete ese trazado
alternativo, con lo cual nos podemos encontrar con una espera sin límite
temporal.

Por ello —acabo ya—, lo que recaba la moción es que se
solicite del Gobierno de España que Red Eléctrica Española proceda de la
forma más urgente a la retirada de esas torres, inútiles para la
finalidad para la que fueron instaladas y que suponen en este momento un
impacto ambiental y visual absolutamente injustificado.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

A esta moción se ha presentado una enmienda por parte del Grupo
Parlamentario Socialista.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Álvarez Areces.

El señor ÁLVAREZ ARECES: Gracias.

Aunque el tema que estamos tratando tiene un planteamiento
específico, como es la retirada de las torres, pone sobre la mesa un
asunto de gran trascendencia para Asturias desde el punto de vista
económico, de la evacuación de la energía de la industria asturiana, pero
no solamente para Asturias, sino para el sistema eléctrico español en su
conjunto. Para entender esta trascendencia, en la enmienda se incluye,
como es lógico, el planteamiento que hace el Grupo Mixto, pero antes se
enfatizan dos aspectos que ahora voy a tratar de justificar.

Como se ha dicho, la tramitación de la línea Sama-Velilla se
inicia en el año 1984 —fíjense en lo que eso ha sido— y fue
declarada de utilidad pública en 1986. Y ahora —esta es una parte
nueva en el debate, pero muy importante y, en definitiva, relacionada con
lo que plantea la moción del Grupo Mixto— está en marcha una nueva
planificación. Y precisamente ahí es donde se acentúa la
preocupación.

En esa nueva planificación del Gobierno para el periodo 2015-2020,
que todavía no tiene carácter definitivo, aunque ya se ha avanzado en
gran parte de su trámite, y en la que se establecen las prioridades,
desaparece la línea de Velilla por vez primera en la planificación
energética de nuestro país, que fue precedida por todos estos trámites de
declaración de utilidad pública, etcétera. Podríamos decir que el trazado
en sí fue objeto de controversia, pero lo que nadie puso en duda nunca
fue la necesidad de que existiese una evacuación de la energía. Y no
solamente Asturias es la afectada, sino que ahora también lo estarían
Galicia y Castilla y León, ya que en la nueva planificación se incluye,
por ejemplo, la línea Boimente-Pesoz, que penetraría por la red en la que
la comunidad asturiana colaboró en que así fuese, pensando en que se
mantendría Sama-Velilla. Por tanto, se pueden producir colapsos, y no
solamente de la industria asturiana, lo que sería dramático para nuestra
comunidad. Tengan en cuenta la gran dependencia de la energía eléctrica
de empresas como Asturiana de Zinc, Arcelor Mittal o Alcoa —saben
ustedes que recientemente tuvo un gran conflicto—, que tienen allí
factorías. Y si a ello se añade toda la evacuación de los eólicos de
Galicia, que se incluirían en el mismo corredor, la urgencia de que esa
línea figure en la actual planificación es absoluta, como es lógico.
Además, curiosamente se desplaza más allá de 2020, lo que desde mi punto
de vista es intolerable e incomprensible y no tiene justificación
técnica.

Hablamos de la desaparición de todos los documentos previamente
aprobados, incluso mucho antes que la línea Boimente-Pesoz, cuya fecha de
puesta en servicio inicialmente se preveía para 2005, aunque después se
retrasó para 2011. Les explico esto, porque durante mi periodo de
presidencia —fueron doce años— conseguimos, dialogando,
ponernos de acuerdo con la comunidad de Castilla y León. Así, firmamos un
acuerdo, ratificado por el Ministerio de Industria, siendo entonces
ministro de Industria el señor Montilla, para elaborar un nuevo trazado
partiendo de la base de que este, que ya había sido criticado e incluso
reflejado en resoluciones de la Unión Europea y en algunas resoluciones
judiciales, no servía y había que reconstruirlo. En definitiva, en abril
de 2005, hace exactamente diez años, los dos presidentes, a través del
ministro de Industria, llegaron a un acuerdo para desbloquear el
proyecto, que consistía en elaborar una nueva línea, Lada-Velilla, pero
sin definir exactamente por dónde tenía que pasar; no había un trazado
definitivo, sino un conjunto de diez posibles corredores entre los que se
iba a elegir el de menor impacto ambiental. Parece razonable que fuera
así. A partir de ahí, la declaración de impacto ambiental que debía
tramitar el Ministerio de Medio Ambiente tenía que dar luego una salida
concreta que obviase los elementos medioambientales, de impacto, de
protección paisajística, de la fauna que exigía protección,
etcétera.

La exclusión de esta infraestructura del listado 2015-2020 supone
la pérdida de un costosísimo esfuerzo en la tramitación de la declaración
de impacto ambiental, ya de por sí injustificadamente prorrogada durante
varios años. En los numerosos escritos que se dirigieron al Ministerio de
Industria, Energía y Turismo por parte del Gobierno asturiano, y en
particular a la Secretaría de Estado de Energía, se hizo especial
hincapié en la importancia excepcional de esa línea para todo el sistema,
pero especialmente para la comunidad asturiana, con los argumentos que la
sustentan y le otorgan el calificativo de línea estratégica y prioritaria
para el sistema eléctrico español. Como se decía, se incluye
incomprensiblemente en el anexo 2 de las actuaciones previstas a partir
del año 2020, así como sus instalaciones asociadas, que serían la
subestación de Sama y la entrada en Sama de las líneas de Soto de Ribera
y La Robla.

Nosotros queremos plantear aquí un problema de excepcional
importancia: estamos en un contexto en el que España está avanzando en la
justa reivindicación de las interconexiones entre los países miembros de
la Unión. Estamos en un contexto en el que Europa tiene una gran
dependencia energética. Y las interconexiones son fundamentales para que
España, además, juegue un gran papel como plataforma logística
importante, tanto en electricidad como en gas, para toda la Unión
Europea. Se ha fijado el objetivo de llegar hasta el 10 % de
interconexión. Se llegó a un acuerdo en marzo, excepcionalmente
importante, con los Gobiernos de Francia y Portugal y con la Comisión
Europea. Y resulta que no somos capaces de cumplir en el ámbito
autonómico lo que demandamos en el ámbito internacional. Es decir,
estamos demandando interconexiones internacionales pero no generamos
interconexiones en la Península. Es una contradicción absolutamente
imposible de entender y que además echa por tierra el trabajo de
muchísimos años.

Por otro lado, el Consejo de Ministros concede de forma
excepcional la declaración de utilidad pública y la aprobación del
proyecto de ejecución de la línea de alta tensión de 400 kilovoltios
Boimente (Lugo)-Pesoz (Asturias), actualmente en construcción y con su
puesta en servicio prevista para 2016, sin que previamente se haya
autorizado la línea Sama-Velilla, haciéndola desaparecer, como decía,
para el período 2015-2020. Repito que es una gran contradicción. Desde
Asturias, donde ostenté la presidencia del Gobierno asturiano, durante
muchos años nos pareció razonable que había que colaborar en que Galicia
evacuase también su generación eólica. Además, la previsión del Gobierno
de España es aumentar la generación eólica en Galicia. Pero cuando
accedemos a crear ese corredor y facilitarlo a través de las redes que
hay en la comunidad asturiana, resulta que el sistema de evacuación
fundamental se nos tapona.

Bien, cualquier circunstancia que haya podido ser considerada en
el caso de la línea Boimente-Pesoz es una razón a añadir a todas las que
ya había para que lo solicitado se haga con absoluta urgencia. Y conviene
recordar que la necesidad de la línea Lada-Velilla se contempló siempre
en todos los documentos de planificación del sector eléctrico español
como un objetivo básico y prioritario para desarrollar la red de
transporte de energía eléctrica.

El señor PRESIDENTE: Le ruego que vaya finalizando, señoría.

El señor ÁLVAREZ ARECES: Finalizo ya, señor presidente.

Por todo ello, hemos presentado una enmienda en la que, aceptando
la petición de que en la línea que ya está fuera de servicio se retiren
esas torres, solicitamos que se incluya la línea Sama-Velilla en el
anexo 1, con una financiación adecuada se indica en el segundo
párrafo—, y además se urja al Ministerio de Medio Ambiente, el
ahora llamado Magrama —Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente—, a que emita la declaración de impacto ambiental y
ello se contemple como una prioridad irrenunciable. En el documento de
planificación que acabo de mencionar, que todavía no está cerrado, pero
sí a punto de cerrarse, se indican unas cantidades orientativas de
inversión. Fíjense en que solo pongo la que se prevé para Asturias
después de quitar la línea Sama-Velilla: 15 millones de euros para esos
cinco años.

En fin, son obvios los argumentos para decir que esto es
absolutamente inaceptable, y poner este tema encima de la mesa, aunque
solo sea un aspecto parcial, creo que es importantísimo y que nos debería
llevar a la reflexión, porque repito que no hablamos solo del sistema
eléctrico asturiano. Aquí no hay sistemas eléctricos por comunidades. En
España todos estamos en red, una red que además nos conecta con Europa, y
de ahí la urgencia de resolver este problema.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Álvarez Areces.

Para manifestar si acepta o no la enmienda, tiene la palabra el
senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

No puedo aceptar la enmienda, porque se me plantean tres
problemas. El primero es que va mucho más allá del objetivo de la moción,
que propone de forma clara simplemente la retirada de un tendido que ha
devenido en absolutamente inútil.

En segundo lugar, aun compartiendo la importancia de garantizar la
conectividad del sistema eléctrico español, lo cierto es que la enmienda
entra precisamente en la lógica de la respuesta que se me trasladó en el
mes de julio: la retirada de ese tendido inútil se condicionaba a la
definición de la alternativa, de un nuevo trazado.

Y la última razón que me impide aceptar la enmienda se refiere al
punto tercero, el que hace referencia expresa al motivo de la moción, a
la retirada del tendido Lada-Velilla; por cierto, cambiamos la
terminología, porque lo que se construyó a partir de 1986 era
Lada-Velilla, y ahora la alternativa que se baraja, como consecuencia de
los cambios que se han producido en las instalaciones eléctricas de la
zona, ya no es Lada-Velilla sino Sama-Velilla. En dicho punto se habla
expresamente de compensación. Sin embargo, nosotros pensamos que esta
retirada por Red Eléctrica de España no tiene que ser una compensación a
nada, sino que es una obligación que se deriva de haber realizado un
trazado que fue tumbado, por utilizar un término coloquial, por los
tribunales. En consecuencia, quien hizo esa instalación, que no solamente
no tiene sentido, sino que además no es acorde a derecho, tiene la
obligación de llevar a cabo su retirada sin ninguna compensación.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

¿Turno en contra? (Denegaciones).

Pasamos al turno de portavoces.

Senador Iglesias, tiene la palabra.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: No voy a decir nada más.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Senador Álvarez Areces, tiene la palabra.

El señor ÁLVAREZ ARECES: No quiero alargarme mucho, pero voy a
referirme a una cuestión casi irónica. Lada y Sama —lo digo para
los que no lo conozcan, porque el señor Iglesias sí lo sabe— son lo
mismo. Lada está en Sama, en el mismo concejo. Estamos hablando de lo
mismo; lo que pasa es que a veces esos nombres se utilizan
indistintamente.

Quiero enfatizar lo sustantivo del tema, y quizá haya que hacer
una moción específica y global sobre lo importante y urgente de lo que he
presentado aquí como enmienda. Como digo, probablemente tenga que
retomarlo como una moción directamente, porque esto puede originar
gravísimos trastornos a nuestra comunidad.

En los años 2002, 2004, 2007 y 2011 se produjo en Asturias un
riesgo de colapso gravísimo. Hubo que utilizar sistemas de emergencia
para poder actuar ante el riesgo de averías que colapsasen el
funcionamiento industrial; sobre todo recuerdo —creo que fue en el
mes de marzo de 2011— la amenaza de un gran apagón en la línea
Soto-La Robla por una avería, que puso en evidencia la precariedad del
suministro eléctrico. Desde esa época, e incluso antes, cuando habíamos
demandado no solamente Lada-Velilla o Sama-Velilla, sino también
Soto-Penagos, que afortunadamente se terminó, hemos tenido un riesgo
elevado a la enésima potencia. Y ahora lo seguimos teniendo, porque
estamos hablando de la interconexión con la meseta, pero esa
interconexión no solo es de Asturias, sino que también se refiere a la
evacuación de energía que procede de Galicia. Y en cuanto a las
previsiones de producción, sobre todo para renovables, en los documentos
oficiales del Gobierno de España se prevé que aumente la producción de
renovables por la vía de Galicia. Pero ¿por dónde la evacuamos? ¿O es que
cuando haya que evacuarla habrá que dar prioridades? Fíjense ustedes en
el disparate que sería que, por no poder evacuarla, cada vez que hubiera
que evacuar la energía proveniente de Galicia tuviéramos que dirimir qué
es prioritario: si la que se produce en Asturias o la que se produce en
Galicia.

A mí todo esto me parece disparatado. Nosotros no queremos entrar
en guerras de ese tipo, sino que creemos en un país interconexionado en
su conjunto, como se ha establecido ahora, en lo que se ha avanzado a
nivel peninsular con Portugal, con Francia, y como predice la estrategia
energética de la Unión Europea. Me parece que estamos ante un tema de
gran trascendencia que probablemente exija, repito, la presentación de
una moción específica. Por tanto, mantenemos la enmienda.

En cuanto a la financiación prevista, les pido que se lean el
documento, porque 15 millones de euros en cinco años, con las necesidades
que tiene el sistema, es algo ridículo. Y si esto se compara con
cualquier otra de las comunidades afectadas vemos que estamos en niveles
diez veces inferiores a los de algunas de ellas.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Álvarez Areces. Usted
mantendrá la enmienda, pero, como no ha sido aceptada, se votará la
moción tal como se presentó. (Asentimiento).

Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Palacios.

El señor PALACIOS ZUASTI: Muchas gracias, señor presidente.

Como han dicho los dos senadores que han intervenido, que además
son asturianos y conocen en profundidad el terreno y el asunto mucho
mejor que este senador por Navarra, que no conoce esa zona, que debe ser
preciosa, lo que se pretende con esta moción —y más después de no
haber sido aceptada la enmienda de sustitución— es la retirada de
esas 50 torres de tendido de la línea de alta tensión Sama-Velilla en el
puerto de Tarna.

Decía el senador Álvarez Areces que en el Plan de desarrollo de la
red de transporte de energía eléctrica 2015-2020, que es la planificación
energética que hace el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y que
se publicó en el año 2014, no aparecía esta línea, que ya está
parcialmente construida. Como él manifestaba, este proyecto empieza en el
año 1984 y afecta al espacio natural protegido del Parque Natural de
Redes y al Paisaje Protegido de las Cuencas Mineras. Por ese motivo, Red
Eléctrica de España ha hecho un replanteamiento del trazado y ha previsto
el desmontaje de esos apoyos, una actuación que se tiene que llevar a
cabo con el máximo respeto medioambiental. Así, antes de proceder a la
retirada de los apoyos Red Eléctrica de España ha sometido la actuación
al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, y lo ha hecho junto
al proyecto de la subestación de Sama, de la línea eléctrica a 400
kilovoltios Sama-Velilla, y la línea, también de 400 kilovoltios, de
entrada/salida de la subestación de Sama, las líneas Lada-Robla y
Soto-Lada.

Como digo, el anteproyecto de la nueva línea Sama-Velilla se ha
sometido a autorización administrativa y evaluación de impacto ambiental.
En el correspondiente estudio de impacto ambiental se ha incluido el
estudio informativo ambiental para el desmontaje de la línea parcialmente
construida; y este, como consecuencia del replanteamiento, y según indica
el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, debe volver
a ser sometido a nueva información pública. Por ello, la declaración de
impacto ambiental se emitirá —y en la enmienda de sustitución se
hablaba de urgir al ministerio a que lo haga cuanto antes— tan
pronto como se cumplan todos los pasos previstos en la legislación.

Según me han informado, el alcance de los trabajos de
desmantelamiento contemplados son los siguientes. En el tramo de
Asturias, que tiene una longitud de 53 kilómetros, se van a retirar
los 83 apoyos izados y con tendido realizado; en el tramo de León, de 39
kilómetros, se van a retirar 5 apoyos izados; y en el de Palencia, con
una longitud de 5 kilómetros, 3 apoyos izados.

Por tanto, cuando Red Eléctrica de España tenga esa declaración de
impacto ambiental podrá hacerlo, y previamente debe solicitar al
Ministerio de Industria, Energía y Turismo la preceptiva autorización de
cierre, que tiene que facilitar la Dirección General de Política
Energética y Minas. Cuando ya tenga esa autorización, y cumpliendo con
todas y cada una de las directrices que resulten de la declaración de
impacto ambiental, acometerá los trabajos de desmontaje. Y una vez que
acabe deberá solicitar a la Dirección General de Política Energética y
Minas que emita la correspondiente acta de cierre.

En definitiva, me da la impresión de que la actuación que se va a
llevar a cabo, cuando se pueda, cuando se acaben todos los trámites
legales, es mucho más amplia que la que se pide en esta moción, que es la
retirada de las 50 torres.

Por consiguiente, esta moción no tiene sentido pues la actuación
ya está en marcha. Por ello, votaremos en contra de la misma.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Palacios.

El señor PRESIDENTE: Pasamos entonces a los asuntos a debatir en
esta mañana. La primera petición que debo hacer a los miembros de la
comisión es que, si tienen enmiendas a las mociones que se van a tratar,
las presenten a la Mesa.

También ha acordado la Mesa cambiar el orden de debate de las
mociones. Primero se van a ver las presentadas por el Grupo Parlamentario
Socialista, la referente al tema de Navantia, con número de
expediente 661/000558, y la relativa al ATC, y luego debatiremos las del
Grupo Parlamentario Mixto. Y les repito que, si existe alguna enmienda a
las mociones, la presenten a la Mesa antes de su debate.

En consecuencia, la primera moción que vamos a debatir es la
número 661/000558, por la que se insta al Gobierno a la adopción de
medidas para la puesta en marcha del comprometido dique flotante de
Navantia en Ferrol, en A Coruña, y que ha sido presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista.

Para su defensa, tiene la palabra su portavoz.

El señor LOSADA DE AZPIAZU: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, vamos a debatir una moción que se refiere a una
infraestructura necesaria para un sector que precisa de innovación y de
inversiones y que, además, es consecuencia de una reflexión del Grupo
Parlamentario Socialista acerca de la gran mentira del Partido Popular
con Ferrol, con Galicia y con el sector naval. Esta es una moción
presentada hace meses, pero tiene hoy plena vigencia política, económica
e industrial. Política, porque significa la concreción en esta Cámara del
apoyo positivo —esperamos— a una intensa reclamación de los
ferrolanos: definir con los votos este compromiso, pues en la calle se
dice una cosa y en las Cámaras legislativas, otra. Económica, porque,
como demostraré, nada impide que el Gobierno impulse económicamente esta
infraestructura industrial. El dique flotante permitirá que
Navantia-Ferrol tenga una estructura fundamental para poder incrementar
su competitividad, la cual es muy necesaria. Los ferrolanos no pueden
seguir con esta mentira continua del Partido Popular respecto a una
infraestructura básica y con futuro para el sector naval ferrolano, que
causalmente tiene lugar en cada proceso electoral, e, incluso, en la
acción de Gobierno, tan diferente de cuando estaba en la oposición. Decía
que esta era una promesa electoral continua, pero también del Gobierno
—como podré demostrar con documentación—, de los responsables
del Partido Popular para conseguir los votos de Ferrol y luego
olvidarlos, cuando no una forma de actuar torticera —como también
demostraré con documentación de la Unión Europea— y manipular la
información para no hacer nada y echar la culpa a los otros, como
siempre. Lo han hecho en 2008 —casualmente, elecciones—, lo
han hecho en 2011 —casualmente, elecciones— y lo acaban de
hacer hace unos meses, en 2014, con respecto a un buque
—casualmente, elecciones—. Por eso, creo que hoy tienen la
oportunidad de acompañar al Grupo Parlamentario Socialista y exigir al
Gobierno del PP que cumpla sus compromisos.

Estamos ante una infraestructura que creará empleo durante su
construcción, que dota de capacidad tecnológica a Navantia-Ferrol, que le
permite modernizarse y abrirse a nuevos proyectos, como es la
construcción de este dique flotante. Se trata de una inversión próxima
a 200 millones, que generará una carga de trabajo cercana a 2 millones de
horas durante los 29 meses de su construcción y la ocupación del dique se
estima que será de entre 280 y 300 días anuales durante los próximos 25
años. Por otra parte, no solo emplearía a la plantilla actual de
Navantia, que está sin trabajo, sino que también daría trabajo a los
auxiliares, permitiría asimismo el trabajo de construcción de buques y
posibilitaría que Ferrol pudiese entrar en el gran negocio de las
reparaciones en seco de buques en una de las vías más intensas de
navegación como es la europea. El Partido Popular y su máximos
representantes —en Galicia, el señor Feijóo, y en España, el señor
Rajoy— están en deuda en Ferrol respecto a esta infraestructura,
pues de todo lo prometido —o, como les gusta a ustedes,
blindado— en Ferrol solo hay una mínima expresión: nada de las
decenas de buques que iba a encargar Pemex, nada de los remolcadores,
nada de los cargueros, solo hay un flotel que se está construyendo a
medias con Navantia en Cádiz; todo promesas que luego se van desinflando.
Como dice un alcalde de la zona de Ferrol —por cierto, del Partido
Popular—: aquí siempre estamos empezando. Y con el dique, si me
permiten la expresión sus señorías, estamos ante una humillante promesa.
Tengo aquí grandes titulares de prensa con sus promesas. Incluso, una muy
curiosa del presidente Feijóo, que no solo dice que está en disposición
de ayudar económicamente, sino que, además, trasladó a Navantia un
estudio sobre el dique flotante avalado por ingenieros navales que dicen
que no solo es necesario, sino viable —cito textualmente—. Y
sigue el presidente del PP: hecho con rigor, para mejorar las opciones de
convertir una parte de Navantia en un gran centro de reparaciones. Decía
Feijóo que el PP lo hacía por inacción del Gobierno, y cito textualmente:
era una doble responsabilidad. Pero, claro, estábamos hablando de
elecciones autonómicas y tocaba decir eso. Y tengo aquí más titulares,
todos en la misma dirección: sí al dique, sí a la financiación y sí
porque es necesario. Por eso hoy espero que no me digan que no es
rentable ni económicamente viable. Es más, recuerdo que el estudio que el
presidente Feijóo dijo trasladar a Navantia avalaba la rentabilidad y la
viabilidad. Es más, los compañeros de su grupo del Parlamento gallego
exigían del Gobierno que introdujera en esta Cámara una enmienda a los
presupuestos de 2015, hace escasamente unos meses, y ustedes se negaron.
El Gobierno de Rajoy le daba la espalda al dique.

Pero hay más acciones contra los intereses de los trabajadores de
Navantia-Ferrol: la sospecha bajo la que se encuentra toda esta
negociación. Y digo bajo sospecha porque, fíjense ustedes, hemos tenido
que conseguir, y lo hemos conseguido —pocas veces se ha logrado
esto—, el amparo de la Mesa del Senado para que el Gobierno nos
remita el informe completo de la Unión Europea, porque hasta ahora se han
negado a tramitarlo. ¿Qué estaban ocultando en ese informe? Les daré
algunos datos de por qué se estaba ocultando. (Rumores).

Señorías, Ferrol necesita este dique flotante; Ferrol necesita que
seamos consecuentes con lo prometido. Y una vez que ustedes se cansaron
de decir que el comisario Almunia estaba negando la posibilidad de hacer
este dique flotante, se vieron obligados a presentar una información no
oficiosa a la Unión Europea, y de ella quedó constancia el 10 de julio
de 2013. Pues bien, voy a citar textualmente cómo contestó en la Cámara
en nombre de la Comisión Europea respecto a la ayuda estatal:
correspondería a las autoridades españolas estructurar la financiación,
de forma que la ayuda sea compatible con el mercado interior. Es decir,
que la Unión Europea no niega la posibilidad, ni informa
desfavorablemente. Lo que tiene que hacer el Gobierno es financiarlo de
acuerdo con la compatibilidad establecida en el artículo 107 del Tratado
fundacional de la Unión Europea. Es decir, no existe ningún veto para
financiar con presupuestos públicos el dique flotante. Esta es la
demostración de una falta de interés, de las medias verdades y las
grandes mentiras que sobre Ferrol y sus trabajadores hemos tenido que
escuchar. Primero, hicieron que la SEPI ordenara crear 3 comisiones que
determinaran la viabilidad técnica, económica y jurídica del dique
flotante. Luego, cuando las conclusiones dijeron que era viable,
obligaron a Navantia a decir que había problemas sin financiación, que no
había crédito, y se negaron a incluirlo en los Presupuestos Generales del
Estado. Por último, dijeron que los culpables eran la Unión Europea, los
tecnócratas europeos o el comisario Almunia, mientras que el mismo había
contestado que se podía estructurar financieramente esa ayuda y que la
misma era compatible.

Señorías, el propio alcalde del Partido Popular Ferrol afirma
—y vuelvo a citar textualmente—: Se trata de un proyecto
estratégico viable técnica y financieramente, y apela a que Rajoy había
dicho que habría dique en Ferrol. Y ahora ya no pueden más. Mejor dicho,
ahora que se demuestra que es viable, que es factible, que solo necesita
tener el presupuesto en los Presupuestos Generales del Estado y que
Navantia tome esa decisión, ahora resulta que sale el señor Juan José
Porras, que es el responsable de planificación y control del grupo
público de Navantia, y dice que no cree en el dique flotante. Ahora no
creen, pero cuando estaban en la oposición o cuando coincidían procesos
electorales sí que creían perfectamente en el dique flotante.

Por eso, hoy —y voy terminando, señor presidente— les
pedimos que sean coherentes con todas las declaraciones que han hecho a
lo largo de estos años y voten favorablemente nuestra moción, una moción
que posibilita dar la oportunidad a Ferrol para que su división de
Carenas pueda incorporar una capacidad para avalar petroleros del tipo Q2
CC, o los Very Longe Carrier o el Q-Max, que en este momento solo pueden
recalar en la ría y solo se pueden hacer trabajos de reparación a flote.
Quiero insistir en que se pueden pedir ayudas europeas y, en caso de que
estas no sean factibles, incluirlas en los presupuestos con los fondos
públicos, como dijeron ustedes hasta la saciedad. Este es el fundamento
de nuestra moción, para que Ferrol no pueda seguir diciendo que les han
mentido, para que no se pueda decir que se les promete el dique flotante
en el 2008, en el 2011, en el 2012 y en el 2014, casualmente periodos
electorales, y para que se haga realidad lo que ustedes mismos dijeron
por activa y por pasiva, que era viable, que era necesario, que era
preciso y que lo iban a hacer. Señorías, lo han dicho y está en todas las
hemerotecas, desde el presidente Rajoy, desde el presidente Feijóo, desde
el alcalde de Ferrol, señorías, yo creo que si votan en contra no solo
estarán negando la credibilidad al presidente del Gobierno y a sus
dirigentes de Ferrol, cuestión que al final posiblemente poco le importa
a este portavoz del Grupo Socialista, lo que le importa es que se está
dando un portazo al naval ferrolano y que quiere salir de la
desesperación en la que están sumidos, y no son palabras mías, sino del
propio presidente de la Xunta de Galicia que reconoce que Navantia-Ferrol
atraviesa un pésimo momento.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Losada.

¿Turno en contra? (Denegaciones).

Pasamos al turno de portavoces.

¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa).

¿Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado? (Pausa).

¿Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya?
(Pausa).

¿Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió? (Pausa).

¿Por el Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa).

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, el senador Juncal
tiene la palabra.

El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Como sabe el senador Losada, somos compañeros de provincia y me va
a doler decir algunas cosas, espero que a nivel personal no me lo tenga
en cuenta ya que sabe el aprecio mutuo que creo nos tenemos. Pero si
hablamos de gran mentira..., como diría un presidente de las Cortes,
tendríamos que hablar de la gran mentira del PP. O hablar de la mentira
del Partido Socialista, como diría el señor Trillo.

El objeto de esta moción —y usted decía que tenía el informe
y que disponía de documentación nueva— pensé que iba a aportar algo
distinto, pero la verdad es que no aporta absolutamente nada nuevo y,
permítame la expresión, a lo único que viene esta moción es a embarrar o,
como decimos en nuestra tierra —si es un poco fuerte la
retiro—, enmerdar. No voy a decir que usted miente, pero juega con
las fechas, no dice en qué fechas se han hecho esas declaraciones o esos
recortes de prensa, después le enseñaré uno mío, en la oposición,
de 2011. ¿Que hay problema en Navantia? ¡Claro que hay problema en
Navantia! ¿Me va a contar usted a mí los problemas de Navantia y de la
reconversión naval que se generaron en 1982 y en 2004 por el Partido
Socialista?

Yo voy a ser coherente y voy a hablar del tema; usted quiere
hablar del dique, pues vamos a hablar del dique. Primero, lo que proponen
ustedes en la enmienda no solo no es la única solución sino que ni con
mucho es la mejor, porque la mejor tiene que centrarse en los contratos,
y la mejor ha sido conseguir un contrato con Pemex que permite la
construcción de dos floteles, contratar igualmente con la Armada española
la construcción de dos BAM y aprovechando que se levantaba el veto
de 2004 —Gobierno del Partido Socialista— que se impuso en
Fene, ni ustedes ni nosotros en los tres años de gobierno que tuvimos
oportunidad fuimos capaces de levantar ese veto anticipadamente, pero
ustedes que en ocho años no fueron capaces lo impusieron en el 2004, y se
ha conseguido un contrato con Iberdrola para la construcción de los
jackets del parque eólico naval marino, que abre unas expectativas
importantes. Como decía, si ustedes leen la moción, supongo que la habrán
leído —yo pensé que le iban a escribir un papelón a otro compañero,
por eso digo que siento que sea usted—, verán que ustedes dicen
literalmente lo siguiente: Lo cierto es que la Unión Europea ha informado
de la falta de viabilidad económica de este proyecto al no poder
ejecutarse con ayuda pública estatal. Ustedes lo dicen en su exposición
de motivos, salvo que yo tenga otra copia y que me haya engañado el pdf
del Senado y me haya descargado otra moción, pero la que tengo en mi
poder en el primer párrafo señala eso —repito—: Lo cierto es
que la Unión Europea ha informado de la falta de viabilidad económica en
este proyecto. Señor Losada, si lo está buscando hay que ir a la
exposición de motivos en su primera página. Y con ese antecedente después
piden dos cosas: Proponen que se redacte un nuevo proyecto y que cumpla
con las reglas de mercado, es decir, de la Unión Europea, eso es lo que
piden en el primer punto de su moción. Don Javier, ¿tenemos el mismo
texto no? (El señor Losada de Azpiazu: No). Pues esto está firmado por
usted y los demás, y estamos hablando de esto, me habrán engañado otra
vez.

En el punto segundo vuelven a pedir que, si fracasan
definitivamente las ayudas europeas, se mantenga el compromiso de
construir, con fondos propios, un dique flotante en Ferrol. Si en el
primer apartado se reconoce la falta de viabilidad económica del
proyecto, por parte de la Unión Europea, y después se dice con fondos
propios, estamos hablando de ayudas de Estado, estamos haciendo una cosa
que está prohibida tanto por la normativa estatal como por la normativa
comunitaria. Posteriormente, han elaborado una especie de adenda por una
aclaración del coste del proyecto porque como dicen que se va a elaborar
un proyecto y que se va a cumplir, por lo que su coste sería cero. Es
otra falacia. Si analizaran el tema del dique, que es de lo que estamos
hablando —y ahora entraré en esta cuestión—, se darían cuenta
de que no tiene sentido y retirarían la moción por sentido común, es lo
que deberían hacer, pero, como dije al principio, ustedes lo único que
pretenden es embarrar.

Le voy a dar unas razones técnicas que creo le he dicho alguna vez
en privado, lo que pasa es que usted no debe de tener memoria. Un dique
flotante tiene una vida útil de 25-30 años, y hablamos del proyecto en
sí. Como usted sabe, yo soy economista y pregunto a un ingeniero naval
experto en el tema. Un dique flotante es un barco. Yo le digo que no
puede ser de hormigón sino que tiene que ser de acero, lo cual me
confirma. Y como todo barco, si no tiene un mantenimiento y carenado
total su vida útil es complicada porque en el mar se hacen importantes
agujeros en las chapas. Me dice que esto está previsto. Eso se mete y se
hace un gran carenado. ¿En dónde se mete? En un dique. En Ferrol no hay
ningún dique que pueda acoger a este dique flotante por su tamaño.
Piénsese que estamos hablando de un dique que tendría unos 60 metros de
ancho, es decir más que de aquí a la pared del edificio que tenemos
enfrente y unos 200 y pico metros de largo; y de altura, si comparamos
con la altura a la que estamos ahora aquí en el tercer piso, estaríamos a
la mitad del dique aproximadamente. Eso se arregla muy fácilmente: se
lonchea, se giran las piezas, se meten en ocho o diez piezas, se
chorrean, se pintan y se vuelven a soldar. Bueno, pues vale. Si ese es el
mantenimiento para que dure entre 25 y 30 años, pues vamos bien.

Después, ha citado usted lo del Q-Max y el Q-Flex, que era una de
las ventajas. Se decía que se iba a ampliar el canal de Panamá y que, por
lo tanto, teníamos ese mercado. Usted debería de saber que el canal de
Panamá va a utilizar barcos de 49 metros de manga, y tanto los Q-Flex
como los Q-Max tienen 50 metros y 55, respectivamente, de manga. El canal
de Panamá se habrá ampliado, pero no se ha descubierto la vaselina que
pueda aplicarse a una estructura metálica de acero naval que permita que
un barco de 55 metros pase por un canal o por un dique de 49. Hay 45
Q-Flex y Q-Max funcionando en el mar, 43 son de Qatar Gas Transport, que
forma una joint venture con el astillero N-Qom de Singapur Keppel, que
están destinados a la gasificadora de Qatar Ras Laffan, que es en donde
está el astillero que le citaba. Es fácil comprender que una flota que
tiene un astillero propio vaya a reparar a su astillero y no lo haga en
otro ajeno. Para que se haga una idea le doy el dato: solamente uno ha
reparado en Europa, uno ha hecho mantenimiento en Europa, y lo ha hecho
en un astillero precisamente porque también ha firmado una joint venture
con los qataríes.

En términos económicos —vamos a hablar un poco de
cifras—, si ustedes se toman la molestia —yo lo hice en su
momento— de preguntar, si ustedes preguntan desde Alemania hasta
Cádiz qué tarifas tiene por ocupación un dique de esas características,
la respuesta es que las tarifas suelen ser de 5000 a 6000 euros/día. Esta
es la tarifa que se cobra por usar un dique. La multiplicación es fácil.
Esos 5000 o 6000 euros/día por 365 días que tiene un año —vamos a
suponer que esté ocupado los 365 días—, los multiplicamos por 25
o 30 años de vida útil —no voy a descontar el tiempo de lonchear la
estructura de la que estamos hablando, que para mí no es ninguna
broma—, y eso nos da 45 625 000 euros en un caso y 65 700 000 en
otro, con lo cual hasta 212, que es la cifra de construcción del dique
flotante, tenemos un agujero de 167 millones en un caso y de 147 en el
otro, más favorable si el dique flotante vive 30 años. Ya me dirá usted
si esa diferencia, aparte de que son pérdidas para la compañía y de que
iniciar un negocio sabiendo que vas a palmar, perdón por la expresión, o
a perder 147 millones, no sé si es tal, si esas pérdidas, que no son
ayuda de Estado, no darían lugar a un nuevo expediente de la Unión
Europea, y a un nuevo, no lo quiero ni decir, veto a la construcción en
mi comarca, en Ferrol, que, vuelvo a decirlo, hemos ya padecido y
seguimos padeciendo, comarca que conozco no voy a decir que mejor que
nadie, pero tan bien como cualquiera de los expertos porque allí nací,
allí viví y allí quiero morir, como se dice vulgarmente.

¿Usted no se ha preguntado, por casualidad, por qué no hay, entre
estos taxis que cogemos para desplazarnos del aeropuerto al Senado,
ningún Rolls? Pues porque —lo voy a explicar muy fácilmente con un
ejemplo— un Rolls vale 300 000 euros aproximadamente y un Skoda
—y no es que quiera hacer publicidad de una marca ni de
otra—, o un Renault valen 60 000. Si tengo que cobrar lo mismo
porque no voy a poder cobrar más de los 30 euros, y Navantia, con ese
dique flotante, no va a poder cobrar 40 000 euros y pico al día cuando la
competencia cobra de 5000 a 6000, lógicamente el dique no se va a
amortizar y lo que producirá serán pérdidas.

Lo que hizo el PP después de seis años sin un solo contrato, seis
años en los que la dirección socialista de Navantia no ha sido capaz de
firmar un contrato, fue arreglar el problema de tax lease, que ustedes
tampoco fueron capaces de arreglarlo, firmar los floteles, los BAM y,
terminado el veto, los Jackets. Le puedo informar de que en los últimos
años se han más que duplicado las ofertas que ha presentado Navantia a
distintos sectores en distintas partes del mundo, y esperamos que
fructifiquen.

La noticia saldrá probablemente en campaña o en precampaña
electoral —el problema es que cada cierto tiempo se repiten las
campañas electorales, municipales, generales o autonómicas—, aunque
ya se viene diciendo desde meses en la prensa —le iba a traer el
recorte pero no pensé que iba a ir por ahí y no lo traje—, que
Navantia está muy bien posicionada para la construcción de un gasero y
para la construcción de tres o cuatro petroleros. Esto es lo que hace
falta: trabajo, carga de trabajo para nuestros astilleros.

El 15 de noviembre de 2011 —tengo aquí el documento y si
quiere usted después se lo paso—, el cabeza de lista del PP al
Senado, Juan Juncal —antes de las elecciones de 2011—, dije:
«El dique flotante es un invento de la dirección de Navantia». Eso fue un
invento de la dirección socialista —no le miento, no ponga esa cara
porque tengo aquí ese recorte de prensa y o me engañó el PDF o es
así—, porque ustedes se dieron cuenta de que venían las elecciones
y de que habían acumulado pérdidas. Hay una pregunta mía, formulada
precisamente en esta Cámara, a la vicepresidenta económica del Gobierno,
a la señora Salgado, y en ese momento en el que a Navantia le salía la
carga de trabajo por las orejas en construcción, que alertaba ya de que
Navantia tenía cientos de millones de pérdidas. Ustedes se dieron cuenta
de que venían las elecciones y de que durante seis meses la sección de
contratación o estuvo de vacaciones o no le salió nada, voy a ser bien
pensado. Más que de vacaciones, creo que fallaron esos contratos. Pero lo
cierto y verdad es que en seis años ustedes, la gerencia socialista, no
fue capaz de cerrar un solo contrato que suministrase carga de trabajo al
astillero Navantia. Por eso nos lo encontramos en esas condiciones.

Vuelvo a insistir en que el Partido Socialista confunde buscar
acopios de financiación con la viabilidad económica de este proyecto. Por
lo tanto, no se puede presentar una moción —voy terminando ya,
señor presidente— pretendiendo el interés de la comarca de Ferrol,
que realmente se solucionen los problemas y, en vez de empujar y ayudar
en una situación complicada, embarrar como ustedes pretenden hacer.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Juncal.

Con arreglo a lo acordado en Mesa y Portavoces, las votaciones se
harán no antes de las 12 de la mañana. En consecuencia, pasamos a la
segunda moción, que es la número 595.

El señor LOSADA DE AZPIAZU: ¿No hay turno de réplica, señor
presidente?

El señor PRESIDENTE: En las mociones no hay réplica, senador
Losada, perdóneme. Usted ha tenido un turno de portavoces que va por
orden de menor a mayor, que es el que ha habido, el último turno. Esto es
lo que está legislado para las mociones. El Reglamento no lo hace este
presidente.

El señor LOSADA AZPIAZU: Señor presidente, yo le entendí que
habría un primer turno y que, posteriormente, los portavoces podríamos
intervenir en un segundo turno.

El señor PRESIDENTE: Eso es para las comparecencias, pero, en fin,
si nadie se opone, podemos dar un pequeñísimo turno al señor Losada y
otro pequeñísimo turno al señor Juncal, que es quien tiene que
acabar.

Tiene usted un par de minutos.

El señor LOSADA DE AZPIAZU: Muchas gracias, señor presidente, por
su amabilidad.

Con todo el cariño que le tengo, doble, por ser colega en la
alcaldía y por ser senador, le digo que lo que señala nuestra moción es
que la Unión Europea concluyó que corresponde a las autoridades españolas
estructurar de nuevo el proyecto para que satisfaga las reglas
pertinentes.

Señoría, no voy a hablarle de los contratos porque usted va por
Ferrol y sabe que en estos momentos solo hay 140 personas trabajando en
el flotel, que no hay que cortar chapa y que casualmente cortaron chapa
en las elecciones europeas —por cierto un paripé porque ni había
chapa que cortar del que ustedes llaman buque de la Armada, que es un
pequeño buque del tipo de los BAM, una patrullera, ni nada—, y que
desde que cortaron chapa, que no había, y los sindicatos se negaron a
cortar lo que no había, no se ha vuelto a construir nada y en estos
momentos ni hay gaseros ni hay nada. Y ahora vienen con el jacket de
Iberdrola; y, por cierto, el alcalde de Fene, del Partido Popular, dijo
sobre esta noticia: «Aquí siempre estamos comenzando algo.» Nunca se
comienza. Pero le voy a decir más. Sus palabras son la demostración de lo
que dije al principio. ¿Por qué nos mintieron entonces? ¿Por qué Feijóo
confirma financiar el dique flotante? ¿Por qué Feijóo encarta al comité
de empresa y dice que apoya la construcción del dique flotante? ¿Por qué
Feijóo dice que está en disposición de ayudar a financiar el dique
flotante? ¿Por qué Feijóo dice que tiene estudios de rigor que avalan que
es factible financieramente construir un dique flotante, que es el futuro
de Ferrol? ¿Por qué lo dice entonces, señor Juncal?

Este es el problema que le traslado. Son ustedes los que se
hartaron de decir que el dique flotante era factible. Usted dice que el
Gobierno socialista se inventó un proyecto que ustedes acogieron como el
proyecto más maravilloso del mundo, en el que nosotros creemos, porque
creo que es viable económicamente, tecnológicamente y para el futuro. Lo
que tenemos que hacer ahora es contestar adecuadamente a la Unión Europea
para conseguir ayudas de acuerdo...

El señor PRESIDENTE: Le ruego que vaya finalizando, señor
Losada.

El señor LOSADA DE AZPIAZU: ...con lo que dice el Reglamento
—ya termino, señor Presidente— de la Unión Europea y, en caso
contrario, hacer un esfuerzo para, como prometieron los señores Rajoy y
Feijóo, que se incluya en los Presupuestos Generales del Estado.

Ese es nuestro interés y es lo que pedimos para Ferrol, y espero
su apoyo.

Muchas gracias, señor presidente, por su amabilidad.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Losada.

Senador Juncal, tiene usted 2 minutos, 53 segundos.

El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.

Vuelve usted a jugar con las fechas porque no las da y mezcla. La
historia —y la conozco bien— se remonta a antes de 2011. Hay
una moción del Congreso de los Diputados del año 2011, antes de las
elecciones generales que ganó el Partido Popular, en la que se aprobaron
por unanimidad una serie de puntos sobre el sector naval, entre ellos, el
del dique flotante. Vuelvo a insistir en que es una idea que se lanza
entonces. Ahí están mis declaraciones de 2011, que no son de ahora. Dije
entonces que fue un invento para quitarse de encima el marrón de la carga
de trabajo por la mala gestión que había hecho el Partido
Socialista.

En ese contexto se dudaba primero de la viabilidad técnica porque,
como le decía antes, no estamos hablando, con una estructura de 60 metros
de manga, 220 metros de eslora y 30 o 40 metros de altura, de un dique
pequeño. En ese contexto se hacen esas declaraciones. Ante una situación
de emergencia, porque no se conseguía ni un solo contrato, se estudia la
posibilidad de construir el dique, pero no se tenían datos económicos, ni
datos de compatibilidad de la Unión Europea, etcétera. Se realizan todos
esos estudios pero, le vuelvo a hacer la cuenta que le hice antes,
sencillamente faltan 150 millones de euros para equilibrar la cuenta de
resultados si no queremos meter a Navantia en pérdidas o directamente en
vena esos 150 millones de euros. Hay que ser bastante poco responsable
para imputarle esas pérdidas a una empresa pública.

Ustedes llegaron a pedir en esta Cámara y en todas los contratos
de Pemex. Usted al menos reconoce que hay ciento y pico personas
trabajando. Hay más. Yo le aseguro que hay más, que esa cifra se la han
dado mal. Usted dice que el BAM es una lanchita. Ustedes presumieron de
esos barcos cuando el gobierno socialista se los vendió a Venezuela. Le
puedo decir que ese BAM ha quedado finalista en un concurso con la US
Navy que, en caso de ganar ese contrato, sería la plataforma militar de
defensa de guardacostas de Estados Unidos. No creo que sea un barquito o
una lanchita, la lancha de Mugardos, porque puede disponer de un
helicóptero.

Señor Losada, seamos serios, sean serios por una vez en su vida,
rectifiquen y retiren la moción porque indudablemente no han dado hasta
ahora ningún argumento que cambie sustancialmente nuestra posición. Sería
un suicidio para el sector naval de Ferrol enfrentarse a otra sanción de
la Unión Europea.

El señor PRESIDENTE: Vaya finalizando, señor Juncal.

El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Termino, señor Presidente. Ustedes
proponen que Navantia produzca con pérdidas, y eso, señor Losada, por muy
socialista que usted sea, sabe que es un suicidio para todos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Juncal.

El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la última moción del
orden del día: moción por la que se insta al Gobierno a crear un bono
social para los consumidores de gas natural y a reconsiderar la
regulación del bono social común al consumo de electricidad y de gas, con
número 581, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Mixto.

Para la defensa de la misma, tiene la palabra el senador
Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Hace 13 días justos debatíamos una moción en el Pleno presentada
por el Grupo de Convergència i Unió sobre pobreza energética, a la que
formulé como enmiendas lo que ya tenía elaborado fundamentalmente para la
presentación de esta moción. Por lo tanto, no me extenderé en exceso en
su defensa para no castigar a sus señorías con los mismos argumentos
barajados en el Pleno de hace menos de dos semanas.

La pobreza energética es un problema serio en nuestro país, como
una manifestación más de la pobreza. Entre 4 y 7 millones de ciudadanos
—depende de quién realice la aproximación— padecen esta
situación de pobreza energética. Curiosamente, mientras tanto, los
cambios normativos establecidos en relación con la regulación del bono
social hacen que se haya producido una disminución en el número de
beneficiarios. Por contra, como saben sus señorías, las eléctricas pagan
dividendos suculentos con relación a sus resultados en 2014.

Todavía en el día de ayer, un grupo de bomberos de Cataluña
presentaba un informe en el que constataban que el 70 % de los incendios
domésticos que se produjeron a lo largo de 2014 respondían en su origen a
situaciones de pobreza energética, en relación con personas que no podían
mantener el pago del coste del suministro eléctrico y de gas. Creemos,
tal y como apunta la moción y reseñaban las enmiendas presentadas a la
debatida en el Pleno, que, en primer lugar, debería extenderse el
concepto de bono social al suministro de gas natural; creo recordar que
no hace mucho escuché decir a fuentes del ministerio, incluso al propio
ministro, que estaban planteándose esta posibilidad. Y, en segundo lugar,
que el reconocimiento de los beneficios correspondientes se realice a
tenor de los criterios que los países de nuestro entorno barajan para
definir el concepto de pobreza energética que, como saben sus señorías
—y concluyo ya—, se da en aquellas familias que se ven
obligadas a dedicar más del 10 % de sus ingresos al pago de los
suministros energéticos.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

A esta moción se ha presentado una enmienda por parte del Grupo
Parlamentario Socialista.

Para la defensa de la misma, tiene la palabra el senador
Manchado.

El señor MANCHADO LOZANO: Gracias, señor presidente.

Como es obvio, nuestra enmienda de adición va en la línea de la
enmienda que presentamos a la moción a la que se refería el senador
Iglesias, y con ella perseguimos tres objetivos. La primera adición que
se propone es añadir un párrafo al punto 1 que deje claramente
explicitado en el texto de la moción el objetivo de la misma —que
estamos seguros de compartir con el senador Iglesias—: que
garantice condiciones mínimas de vida digna asociadas a la vivienda
habitual. Desde nuestro punto de vista, ese es el objetivo de la moción.
Con la segunda adición, añadir un punto 3 a la moción presentada por el
senador Iglesias, pretendemos garantizar que precisamente se den esas
condiciones mínimas de vida digna. Por tanto, independientemente de todo
lo demás, decimos que se tomen las medidas necesarias para que no se vea
interrumpido el suministro de gas natural a personas en situación de
pobreza energética durante el periodo estacional en que las temperaturas
sean bajas o cuando el suministro sea indispensable para garantizar la
salud de las mismas. El párrafo se autoexplica y tiene mucho que ver con
los datos que después daré en el turno de portavoces. La tercera adición
que hacemos a esta moción es para explicar cómo se debe financiar no
solamente el bono social del gas, sino, como ya dijimos en el Pleno
aludido, cómo debe financiarse cualquier medida que se tome para luchar
contra la pobreza energética. En este punto decimos, básicamente, que el
bono social sea sufragado por el conjunto del sistema y no exclusivamente
por los consumidores energéticos.

Estos son los tres puntos de la enmienda de adición que
presentamos. Consideramos que está en línea con la moción presentada por
el senador Iglesias. En cualquier caso, haya o no haya aceptación de la
enmienda, nosotros votaremos a favor de la moción tal y como está
—si el senador Iglesias decidiera no aceptar la enmienda—, o
tal y como quede en función de que sea aceptada dicha enmienda.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Manchado.

Senador Iglesias, tiene la palabra para indicar si acepta o no la
enmienda.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Aunque es verdad que es una enmienda muy amplia y que, al ser de
adición, dará como resultado un texto complejo, como comparto los
contenidos de la misma, prefiero que padezca la literatura a que padezca
la política y, por lo tanto, aceptaré la enmienda.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Pasamos al turno de portavoces.

Senador Iglesias, tiene la palabra nuevamente.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Solo intervendré 15 segundos para
insistir en la necesidad de afrontar el problema de la pobreza energética
también desde la perspectiva del suministro de gas. Se habla de 1 200 000
cortes de luz durante el pasado año, se barajan en torno a 500 000 cortes
en el suministro de gas y, además, como tuve la oportunidad de afirmar en
el Pleno, esta realidad no afecta de forma exclusiva a las personas que a
su vez viven situaciones de exclusión social, sino que, según datos de
diferentes organizaciones, como por ejemplo Cáritas, en este momento
afecta ya prácticamente a un 17 % de hogares que están reconocidos como
socialmente integrados, es decir, que no reúnen los requisitos de la
exclusión social, sino que se trataría únicamente de una realidad de
exclusión social energética.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

¿Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado? (Pausa).

¿Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya?
(Pausa).

¿Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió? (Pausa).

Por el Grupo Parlamentario Socialista, el senador Manchado tiene
nuevamente la palabra.

El señor MANCHADO LOZANO: Gracias, señor presidente.

Intervendré también de forma breve. En esta y en otras mociones
parecidas estamos hablando en definitiva de reaccionar, pues es
obligatorio hacerlo frente a una situación que no nos gusta como sociedad
y como país. Algunos datos resumen cómo hemos salido de la crisis, pero,
diga lo que diga la propaganda oficial, uno de cada dos trabajadores de
menos de 25 años está parado en España; uno de cada tres parados no cobra
en este momento prestación alguna; uno de cada dos trabajadores con
empleo cobra menos de 1000 euros cada mes, y uno de cada tres de esos
trabajadores con empleo cobra menos de 645 euros al mes. Según todos los
estudios, hay 700 000 hogares con ingresos 0: ningún ingreso; el doble
del que había al inicio de la crisis. Uno de cada cinco españoles se
encuentra por debajo del umbral de la pobreza. Estas son cifras que nadie
puede discutir, que están ahí y son las que son y, si no son esas, seguro
que se parecen mucho. Por lo tanto, hay que reaccionar ante esta
situación.

Si hablamos de temas energéticos, resulta que en este momento
tenemos un 20 % más de familias en situación de pobreza energética; y no
voy a entrar en la definición, pues ustedes la conocen. Y, como decía el
senador Iglesias, aproximadamente el 17 % de los hogares está en esa
situación. En el mismo estudio de ese 17 % se indica que hay unos cuatro
millones de españoles, es decir, el 9 % de los hogares, que dicen que no
pueden mantener su vivienda a temperatura adecuada cuando hace frío en
las distintas estaciones, no solo en invierno. Como último dato, si me
permiten, somos el cuarto país de Europa con más pobreza energética,
repito, según la definición al uso.

Sin ánimo de ser exhaustivo, y simplemente repitiendo para que
quede constancia en el acta de la sesión de esos datos que ya explicó mi
compañero el senador Alique en el Pleno al que hacíamos referencia, estas
mociones no son solamente una reacción a una política energética del
Gobierno, son una reacción a una política global del Gobierno. La
política que este Gobierno ha llevado a cabo en esta legislatura es la
que ha provocado esos incrementos y esa situación que entendemos
desesperada, y de un concepto del que no se hablaba hasta la entrada en
la crisis que era el tema de la pobreza, ahora no solamente hablamos de
pobreza sino que también hablamos de pobreza energética, y este tipo de
mociones pretenden reaccionar ante un problema que creo que nadie puede
negar, y sea esta la solución o sea otra, desde luego, esta Cámara
debería tomar alguna para instar al Gobierno a que reaccionase ante eso.
No hacerlo sería ser cómplice de las muertes que provoca esa pobreza
energética, y estamos seguros de que algo hay que hacer y de que el
Gobierno no lo está realizando o no está llevando a cabo todo lo que se
debería hacer porque la situación no se corrige y porque sigue habiendo
españoles y españolas que lo pasan muy mal simplemente por no poder pagar
el recibo de la luz, en esta moción hablamos del gas pero hemos hablado
en otros casos de la luz. Como entendemos que ese es un objetivo loable y
que ningún grupo político puede dejar de señalar vamos a apoyar esta
moción del Grupo Parlamentario Mixto presentado por los senadores de
Izquierda Unida, el señor Iglesias y el señor Mariscal Cifuentes.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Manchado.

Por parte del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el
senador Palacios.

El señor PALACIOS ZUASTI: Muchas gracias, señor presidente.

Como decía el senador Iglesias, hace 13 días en el Pleno debatimos
una moción sobre la pobreza energética y el bono social. Ahora, cuando
escuchaba al senador Manchado decir que se ha empezado a hablar de la
pobreza energética con la crisis, me gustaría saber cuándo empezó la
crisis, si la crisis empezó en el año 2012 o empezó antes, en el
año 2008, porque tengo que decirle que en ninguna de las comparecencias,
ni del anterior ministro ni de los anteriores secretarios de Estado de
Energía en la legislatura pasada, jamás, hablaron de pobreza energética.
Por lo tanto, esto es una sensibilidad nueva que le ha entrado al Grupo
Socialista, sobre todo porque, como digo, en el Gobierno anterior no se
hablaba de ello.

Aquí lo que pretenden es que se cree un bono social para los
consumidores de gas natural, como sucedió con el caso eléctrico, cuando
se transpuso la directiva comunitaria que regula el mercado interior de
gas que se tuvo que hacer por un real decreto ley del año 2012, del mes
de marzo, en ese momento ya se modificaron los artículos 57 y 57 bis que
eran los relativos a suministro y derechos de los consumidores con objeto
de poder establecer condiciones específicas de suministro para
determinados consumidores que por sus características económicas,
sociales o de suministro tuviesen la consideración de clientes
vulnerables. A esas condiciones específicas se acogen los consumidores de
la bombona de butano que presentan especiales características de
vulnerabilidad tanto en términos económicos como energéticos, porque la
bombona de butano entra dentro del suministro de gases licuados del
petróleo que está regulado por la Ley del sector de hidrocarburos del
año 1998. La regulación contenida en esa ley fue actualizada a través de
la aprobación de la Ley de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia del año 2014 con la que se ha impulsado la
competencia y la liberalización en el sector del propano y del butano.
Con ella se han consolidado los mecanismos de protección al consumidor,
se ha mantenido la obligación de reparto domiciliario de la tradicional
bombona a un precio regulado y se ha obligado a los comercializadores a
granel a suministrar a todos los consumidores que lo soliciten de su
misma provincia.

Como ya indiqué en mi intervención en el Pleno pasado, el precio
regulado de la bombona de butano ha bajado desde los 17,5 euros,
impuestos incluidos, hasta 15,8 euros, lo que ha supuesto un descenso de
casi el 10 %. Como saben, este sistema de precios máximos regulados es
una excepción al régimen general de precios libres de los productos
derivados del petróleo que está dispuesto en esa ley del año 98 a la que
antes hacía mención. Yo creo que una cosa que tiene que quedar clara es
que el consumo de gas natural no es asimilable al consumo de electricidad
por una razón muy simple: el gas sí tiene bienes sustitutivos como, por
ejemplo, el butano, mientras que la electricidad no los tiene. Por eso no
se puede hablar de un bono social para el gas natural porque este, a
diferencia de la electricidad, no está implantado en todo el territorio
nacional, además, una instalación de agua caliente más calefacción en gas
natural implica unos costes de inversión más unos costes de utilización
superiores a otras alternativas más económicas como puede ser esa de la
bombona de butano. Pues bien, a pesar de esto, los consumidores
domésticos de gas natural pueden acogerse a la tarifa TUR, aunque esta no
constituye un bono social. Como saben ustedes, a partir del pasado día 1
la TUR de gas natural ha bajado un 2,4 % y de esta forma la TUR 1, que es
para un usuario de gas para cocina y agua caliente con un consumo anual
inferior o igual a 5000 kilovatios/hora al año, tiene un precio de 4,36
euros al mes, ese es el precio fijo, y el precio variable es de 5,37
céntimos por kilovatio/hora. En la TUR 2 que es para consumos superiores
a 5000 kilovatios al año, es decir, para los usuarios de gas, cocina,
agua caliente y calefacción el precio fijo es de 8,84 euros y el variable
de 4,68 euros. Con este abaratamiento la TUR media ha encadenado ya dos
trimestres consecutivos de bajadas, en el primero el recibo se redujo en
un 3,3 %, es decir, que en lo que llevamos de 2015 la bajada acumulada ha
sido ya del 5,7 %.

Por otro lado y en lo que al propano y butano se refiere, tengo
que decir que el concepto de consumidor vulnerable está implícito en el
sistema de precios máximos regulado que limita el precio de venta al
consumidor final de este suministro, que es la bombona de butano de carga
entre 8 y 20 kilos. Además, en esta moción se pide que se reconsidere la
regulación de bono social y también tengo que decir que, de acuerdo con
lo establecido en esa directiva comunitaria del año 2009 que regula el
mercado interior de la electricidad, el artículo 45, consumidores
vulnerables, de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, que es la Ley del
sector eléctrico, determina que serán considerados como consumidores
vulnerables los consumidores de electricidad que cumplan con las
características sociales de consumo y poder adquisitivo que se determinen
y, en todo caso, se circunscribirá a personas físicas en su vivienda
habitual. Lo que en dicho artículo 45 se dispone es que podrán acogerse a
él los consumidores de electricidad que cumplan con las características
sociales de consumo y poder adquisitivo que se determinen y se dice que
la definición de los consumidores vulnerables y los requisitos que deben
cumplir, así como las medidas a adoptar para este colectivo, se tienen
que determinar reglamentariamente por el Gobierno —y está en
tramitación—, se dice también que el bono social resultará de la
aplicación a los consumidores vulnerables que cumplan con las
características sociales de consumo y poder adquisitivo que se determinen
en un real decreto. Se dice que a estos efectos se establecerá un umbral
referenciado a un indicador de renta per cápita familiar. Y se dice que,
en todo caso, se circunscribirá a personas físicas —como les
digo— en su vivienda habitual. Esto es lo que se establece.

Por tanto, el bono social es la diferencia entre el valor del
precio voluntario para el pequeño consumidor y un valor base, que se
denominará tarifa de último recurso, y será aplicado por el
correspondiente comercializador de referencia en las facturas de los
consumidores que puedan quedar acogidos al mismo.

La disposición transitoria décima de esa Ley del sector eléctrico
del año 2013 establece, además, que se sigue manteniendo a los
beneficiarios del bono social, así como su procedimiento de solicitud,
que fue desarrollada por la Resolución, de 26 de junio de 2009, de la
Secretaría de Estado de Energía, que fue la que determinó el
procedimiento de puesta en marcha del bono social.

Por tanto, el nuevo marco regulatorio que se ha establecido con la
Ley del sector eléctrico no ha modificado a los beneficiarios que son
susceptibles de este instrumento de protección, los cuales tienen que
cumplir alguna de las siguientes condiciones: tener una potencia
contratada en su vivienda inferior a 3 kilovatios; tener 60 o más años de
edad y acreditar que son pensionistas; ser familias numerosas o ser los
consumidores que acrediten formar parte de una unidad familiar que tenga
a todos sus miembros en situación de desempleo.

Como saben, el bono social se concreta en un descuento del 25 %
frente al precio de venta al público y, según los datos publicados por la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en el Boletín mensual
de indicadores eléctricos de diciembre de 2014, a este mecanismo de
protección se acogen en torno a 2,5 millones de consumidores.

En la moción —con esto termino, señor presidente— se
dice que se reconozca a quienes padecen una situación de pobreza
energética, entendiendo por tal la dedicación al consumo de energía de
más de un 10 % de la renta disponible. Creemos que este criterio es de
difícil aplicabilidad y cuantificación, y que es variable en el tiempo.
Además, al ser un criterio porcentual, no garantiza por sí mismo una
situación de pobreza y no hay certeza de que pueda suponer una mayor
cobertura de bono social.

Por estas razones, señor presidente, votaremos en contra de esta
moción y de la enmienda que ha sido presentada.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Palacios.

Finalizado el debate de las mociones, vamos a proceder a las
votaciones, y lo vamos a hacer por el orden en que se han debatido, no
por el que figuraban en el orden del día.

Por tanto, la primera moción que se va a votar es la 558, relativa
a Navantia.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 6; en contra, 16; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la siguiente moción, la 595 del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre el cementerio nuclear de Villar de Cañas.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 6; en contra, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la siguiente, la 544 del Grupo Parlamentario Mixto,
relativa al carbón.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 7; en contra, 15; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la siguiente, la 552, también del Grupo Parlamentario
Mixto, sobre la línea de alta tensión entre Sama y Velilla del Río
Carrión.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: en contra, 16;
abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda, igualmente, rechazada.

Finalmente, votamos la moción 581, con la enmienda incorporada del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre el bono social eléctrico.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 7; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda, igualmente, rechazada.

Se suspende la sesión hasta las dieciséis horas y treinta minutos,
que reanudaremos con la comparecencia que figura en el orden del
día.

Muchas gracias, señorías.

Eran las doce horas y cuarenta minutos.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y treinta minutos.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. Buenas tardes,
señorías

El señor PRESIDENTE: Pasamos, ahora sí, a la siguiente moción, la
número 595, por la que se insta al Gobierno a paralizar las obras del
almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares de Villar de
Cañas, en Cuenca. Esta moción ha sido presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista. Para su defensa, tiene la palabra el senador
Toledo.

El señor TOLEDO DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar, me gustaría agradecer a mis compañeros que me
permitan presentar y defender esta moción en esta comisión que afecta a
mi región y, en concreto, a mi provincia, Cuenca, sobre el ATC de Villar
de Cañas.

El Grupo Parlamentario Socialista presenta esta moción firmada por
todos los senadores socialistas de Castilla-La Mancha porque creemos
importante y por encima de cualquier otra consideración que la seguridad
de nuestros ciudadanos, de nuestros vecinos, debe estar siempre por
encima de cualquier otro interés, bien sea político o económico. Y esto
que parece de todo punto obvio, no deja de ser menos significativo si de
lo que hablamos es de la seguridad en la construcción de un almacén, pero
no de un almacén cualquiera sino de un almacén de residuos nucleares. Y
aunque esta moción fue presentada hace ya casi cinco meses, han surgido
nuevos datos desde entonces que hacen hoy día, si cabe, más oportuna la
presentación de la misma.

Señorías, ¿qué pueden pensar los ciudadanos de mi provincia, de
Cuenca, cuando ya en septiembre de 2014 el Consejo de Seguridad Nuclear
elabora un informe remitido a Enresa, Empresa Nacional de Residuos
Radiactivos, Sociedad Anónima, en el que señala que han surgido una serie
de cuestiones que deben ser objeto de estudio y contestación por esta
empresa en relación con la documentación de solicitud de autorización
previa del ATC? El informe pone además el foco en la necesidad de nuevos
estudios complementarios y aclaraciones para realizar una valoración
íntegra y resolver las dudas sobre la idoneidad del emplazamiento de este
almacén temporal centralizado.

Señorías, el informe considera, en relación con la caracterización
del emplazamiento, que es necesario que Enresa elabore al menos tres
nuevos informes, todos ellos relacionados, todos, con la estabilidad del
terreno en cuestión. Es el propio Consejo de Seguridad Nuclear el que
señala que es preciso demostrar claramente la estabilidad y competencia
del terreno, acotando los posibles riesgos de colapso y subsistencia, el
comportamiento de las aguas subterráneas, y su contribución a posibles
riesgos.

Señorías, profundizando en este asunto, en las conclusiones del
informe de avance de evaluación, de 24 de octubre del año 2014, de la
Empresa de Ingeniería estadounidense URS, contratada por el propio
Consejo de Seguridad Nuclear para supervisar el proyecto, se alerta de lo
siguiente, y leo textualmente: «Por todo ello, dada la excepcionalidad de
las condiciones de expansividad potencial que presenta el terreno de
cimentación y la imposibilidad de efectuar una cimentación estable para
la vida útil de estas estructuras, se considera que, sobre la base de la
información presentada por Enresa hasta la fecha, el emplazamiento
previsto es inadecuado, desde el punto de vista geotécnico, para albergar
unos edificios de estas características». Esto no lo dice el Grupo
Parlamentario Socialista, lo dice esta empresa estadounidense. En esta
situación es necesario recordar las palabras del propio presidente del
Consejo de Seguridad Nuclear, el señor Marti Scharfhausen, que, el
pasado 3 de diciembre en el Congreso de los Diputados, aseveraba, leo
textualmente: «En la actualidad, el consejo se encuentra en fase de
estudio para la emisión del informe preceptivo sobre la solicitud de
autorización previa o de emplazamiento y también para la autorización de
construcción». Más adelante añadió el presidente de este Consejo de
Seguridad Nuclear: «Por ahora, no se puede hacer ninguna obra, no se
pueden mover tierras en la zona donde va a estar ubicado el ATC. Cuando
tengan la previa, podrán mover tierras, y cuando tengan la de
construcción, podrán construir».

Señorías, mi grupo considera que se podrá decir más alto pero,
desde luego, no más claro. Y así, además, lo confirmaba el propio
ministro Soria en la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados,
el pasado 25 de marzo de 2015, que decía que la tramitación de la
autorización previa para el emplazamiento de la ATC que concede el
Ministerio de Industria, Energía y Turismo mediante orden ministerial,
requiere informe previo, preceptivo y vinculante del Consejo de Seguridad
Nuclear. Pero, a la vez, el ministro Soria informaba de que, en relación
con la situación del expediente para la contratación de la obra civil del
almacén temporal centralizado, el Consejo de Administración —de
Enresa, se entiende— aprobó el pliego de licitación de la obra
civil el pasado 2 de septiembre de 2014. El 4 de septiembre de 2014 se
inició el plazo para la presentación de ofertas, que terminó el 27 de
octubre del año pasado. El importe máximo de licitación de la obra civil
es de 274 millones de euros, impuestos incluidos. El ministro Soria nos
informa, además, de que se han presentado 8 ofertas, que en este momento
están en fase de evaluación por parte de la empresa.

Todo lo expuesto indica que tanto el Gobierno como la empresa
pública Enresa están actuando, como mínimo, con precipitación, asumiendo
riesgos innecesarios y, tal vez, irreversibles, señorías. Y, desde luego,
no puedo dejar de pensar en los riesgos que a corto, medio y largo plazo
una infraestructura como esta puede suponernos a los ciudadanos que
vivimos en la provincia de Cuenca. Al Grupo Parlamentario Socialista no
le parece razonable ni adecuado que se continúe con el proyecto del ATC
hasta que queden completa y absolutamente resueltas todas, todas
señorías, y cada una de las dudas que se presentan en este momento sobre
la seguridad del emplazamiento elegido. Por otro lado, es lógico que
estas noticias hayan causado una enorme preocupación y una gran alarma
social en gran parte de la población de Cuenca. Señorías, seguro que si
preguntamos a todos y cada uno de ustedes de los que están aquí y de los
que no están aquí presentes sobre si desean que se instale un almacén de
este tipo, un almacén de residuos nucleares cerca de su casa, cerca de
sus hijos, o cerca de sus vecinos, la respuesta será bastante clara,
¿verdad?

Por todos estos motivos y estas razones, pedimos el apoyo de todos
los grupos de esta Cámara para solicitar que la Comisión de Industria,
Energía y Turismo del Senado inste al Gobierno a paralizar inmediatamente
el proyecto y las obras del almacén temporal centralizado de residuos
nucleares de Villar de Cañas, en Cuenca.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Toledo.

¿Turno en contra? (Denegaciones).

No se ha presentado ninguna enmienda. Por tanto, pasamos al turno
de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones).

¿Grupo Parlamentario Vasco? (Denegaciones).

¿Entesa? (Denegaciones).

¿Convergència i Unió? (Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
Toledo.

El señor TOLEDO DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.

Antes de empezar a argumentar la moción que ha presentado el Grupo
Parlamentario Socialista, sabiendo, entendiendo y conociendo el
Reglamento de esta Cámara que todos los grupos parlamentarios hemos
aprobado, no deja de resultar chocante, irónico, anecdótico y ridículo
que tenga que debatir yo conmigo mismo una moción que ha presentado el
Grupo Parlamentario Socialista, habida cuenta de que el grupo mayoritario
en esta Cámara no ha presentado ninguna enmienda, en su derecho está, y
no ha utilizado el turno en contra, que en su derecho está. Y ahora
tengo, señor presidente, que debatir o hacer una simulación de debate o
un debate en diferido sobre esta moción que ha presentado el Grupo
Parlamentario Socialista. He hecho esta aseveración, señor presidente,
con todos los respetos, porque el Reglamento, que nos hemos dado todos,
resulta ridículo en estos aspectos.

Es evidente que la empresa pública Enresa tiene muchas prisas en
adjudicar la obra civil de construcción de la ATC de Villar de Cañas. En
principio, estaba prevista su adjudicación en febrero de este año, algo
habrá tenido que ver la destitución o la dimisión, en todo caso, del
anterior presidente de Enresa. ¿Qué otros intereses puede tener una
empresa pública para querer agilizar al máximo la contratación de estas
obras cuando existen dudas muy serias, señorías, sobre la idoneidad del
emplazamiento? Pueden ser intereses económicos, señorías, o intereses
políticos. ¿Cómo puede llegar el expediente de contratación de esta obra
a este nivel cuando la propia Enresa ha sacado a concurso recientemente
un contrato por importe de 1,4 millones de euros que contempla la
realización, a estas alturas, de más de una veintena de sondeos nuevos
para la caracterización geotécnica y para completar el análisis
hidrogeológico de los suelos en los que está previsto que se construya
este almacén temporal centralizado, repito, de residuos nucleares?

Señorías, hasta la fecha, se han realizado estudios de
caracterización geotécnica y geofísica hasta profundidades inferiores
a 75 metros. Pero, según el pliego de contratación que ha publicado
Enresa, es necesario alcanzar profundidades mayores, de hasta 200 metros.
Todo ello, además, puede ocasionar, evidentemente, cambios por el aumento
de las dimensiones de la cimentación de los edificios que se encuentran
en la fase de diseño de la zona nuclear, es decir, un aumento de
presupuesto. Estamos hablando, señorías, de que es necesario de nuevo
hacer estudios geotécnicos a más de 200 metros de profundidad. Y llegados
a este punto, es necesario que nos hagamos una pregunta: ¿Son realmente
seguros los terrenos para construir el ATC en Villar de Cañas? O si se
quiere, ¿es Villar de Cañas la mejor y más segura ubicación para un
almacén temporal centralizado de residuos nucleares en nuestro país?

Una de las primeras decisiones que el Gobierno del señor Rajoy
tomó, precisamente una semana después de constituirse, fue un acuerdo del
Consejo de Ministros, de 30 de diciembre de 2011, donde se aprueba la
designación del emplazamiento del ATC en Villar de Cañas, en Cuenca,
según la resolución posterior de 18 de enero de 2012 de la Secretaría de
Estado de Energía y la publicación de dicho acuerdo en el BOE, de 20 de
enero de 2014. En dicho acuerdo se decía que se ha tenido en cuenta el
informe sobre las evaluaciones técnicas realizadas sobre la idoneidad de
los emplazamientos y las conclusiones del mismo sobre las distintas
candidaturas, así como la consecución del mayor consenso social,
territorial e institucional, por lo que se acuerda designar este
emplazamiento en el municipio de Villar de Cañas, en Cuenca. ¿El Gobierno
del presidente Rajoy tomó esta determinación pensando únicamente en
intereses generales, o existían otro tipo de intereses en juego?

Señorías, parece ser que dicha decisión sobre su emplazamiento no
fue la más acertada, por lo menos no lo es ahora, habida cuenta de los
serios problemas de idoneidad de los terrenos, y más después del último
terremoto que tuvimos a escasamente 80 kilómetros de donde se va a
instalar el ATC. Además, dicha decisión no se tomó con el amplio consenso
social, territorial e institucional, que era lo que, según el mandato que
el Parlamento hizo al Gobierno en sesión plenaria de 23 de febrero
de 2010, se acordó, además por unanimidad de todos los grupos, excepto
con la abstención de la única diputada de UPyD, un amplio consenso
social, territorial, institucional como requisito fundamental a la hora
de tomar la decisión de su ubicación.

Según un informe técnico del propio Ministerio de Industria del 16
de septiembre de 2010, Villar de Cañas estaba en el cuarto lugar en el
orden de prelación que establecía la idoneidad de la ubicación del nuevo
almacén temporal centralizado. ¿En qué se basó —me pregunto—
el Consejo de Ministros al saltarse este informe y situar a Villar de
Cañas en el primer lugar el día 30 de diciembre de 2011? No existía,
señorías, ni existe un amplio consenso social. Por ejemplo, la Plataforma
contra el ATC de Villar de Cañas incluye una gran cantidad de
organizaciones sociales y políticas de mi provincia que están en contra
de esta decisión de la instalación del ATC. Pero tampoco, señorías,
existía un consenso institucional. Hay diversos acuerdos de las Cortes de
Castilla-La Mancha de febrero de 2010, en los que se decía que no
queríamos esa instalación en ningún municipio de Cuenca ni de
Guadalajara. Hay acuerdo en la diputación provincial, por cierto, también
por unanimidad, con los votos a favor de los miembros del Partido Popular
de la «Diputación de Cuenca. Hay acuerdos de mociones de una gran
cantidad de municipios de la comarca donde está situado Villar de Cañas
en contra de la instalación. Pero, señorías, en diciembre de 2011 no
existía en absoluto este amplio consenso social y territorial para
instalación de este ATC. Sin embargo, esto es muy interesante, señorías
—cito textualmente—, «el consenso social es un aspecto
fundamental en un tema tan delicado como es el establecimiento de
instalaciones nucleares», declaración de 27 enero de 2010, María Dolores
de Cospedal, presidenta del Partido Popular de Castilla-La Mancha.

Otros fueron los motivos, desde luego, y mucho han cambiado las
cosas, ¿verdad, señorías? Caro nos va a costar a los castellanomanchegos,
y en particular a los conquenses, que la señora De Cospedal sea
presidenta de Castilla-La Mancha y tenga la aspiración política de
continuar como secretaria general del Partido Popular por el dedo de
Rajoy, porque mucho nos tememos que las verdaderas razones sobre la
ubicación del ATC en mi provincia tienen mucho más que ver con esto que
con lo anterior. ¿Fuimos los conquenses moneda de cambio para las
aspiraciones políticas de la señora De Cospedal dentro de su partido?
Ciertamente así nos sentimos muchos de los ciudadanos de mi provincia.
Pero, señorías, a tiempo estamos de rectificar, de no cometer un nuevo
error —termino, señor presidente—, y no quiero citar aquí
asuntos como el del proyecto Castor o el del lucro cesante y todo este
tipo de cosas.

Evidentemente, como ya he dicho, estoy debatiendo conmigo mismo y
difícilmente podré contestarles. Me dirán que el proyecto Castor es un
tema socialista, que la culpa es nuestra, la herencia, etcétera. Pues
bien, termino mi debate conmigo mismo, señor presidente. Ahora es el
momento de corregir errores, de rectificar y de dar un primer paso
conforme a las circunstancias que tenemos actualmente, y paralizar
inmediatamente el proyecto del ATC. De verdad, los ciudadanos de mi
provincia se lo agradecerán de todo corazón.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Toledo.

Permítame decirle con respecto a sus manifestaciones, con las que
incluso hasta la Presidencia podría estar de acuerdo, que hay unos cauces
legales como es pedir una modificación del Reglamento. En fin, para
evitar tentaciones, esta Presidencia ya advierte que no va a dar más
turnos adicionales porque, si no, sería turno contra turno y estaríamos
aquí ya incluso ocupando la comparecencia del ministro de esta tarde. En
fin, lamento que el Reglamento sea lo que es.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su portavoz
en este asunto, la senadora Paloma Inés Sanz Jerónimo.

La señora SANZ JERÓNIMO: Muchas gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías. Señor Toledo, como ya se ha dicho y usted
conoce, la situación del expediente para la contratación de la obra civil
del almacén temporal centralizado, ATC, es la siguiente: el Consejo de
Administración aprobó el pliego de licitación de la obra civil el día 2
de septiembre de 2014. El día 4 de septiembre se inició el plazo para la
presentación de la oferta, plazo que terminó el 27 de octubre, como usted
sabe. Se han presentado ocho ofertas y en este momento se encuentran en
la fase de evaluación por parte de Enresa.

La financiación de este proyecto de ATC, al igual que el resto de
los costes relacionados con la gestión del combustible gastado y los
residuos radiactivos generados por las centrales nucleares, así como su
desmantelamiento, se lleva a cabo a través del Fondo para la financiación
de las actividades del Plan general de residuos radiactivos. Este fondo
se nutre a través de las tasas que entraron en vigor a partir del 1 de
enero de 2010, y se imputan a los titulares de las centrales nucleares
que se encuentran en operación.

Como ya se ha dicho, la autorización previa que concede el
Minetur, mediante orden ministerial, requiere el informe previo
preceptivo y vinculante del Consejo de Seguridad Nuclear y la declaración
de impacto ambiental por parte del Magrama. El 13 de enero de 2014,
Enresa presentó en el Minetur la documentación relativa a la solicitud
para la obtención de esta autorización, que el Minetur ha remitido al
Consejo de Seguridad Nuclear para su preceptivo informe. Dentro del
proceso de evaluación que el Consejo de Seguridad Nuclear está llevando a
cabo, el pasado 15 de septiembre este organismo remitió a Enresa una
petición de información adicional en relación con la citada
documentación, en la que se requería a dicha empresa información
adicional sobre distintos aspectos relativos al estudio de
caracterización del emplazamiento. La mayor parte de estas peticiones se
refieren a aclaraciones relativas a las características del
emplazamiento, siendo las más relevantes las relacionadas con posibles
riesgos de inundación, inestabilidad del terreno por fenómenos de
expansividad y colapso por disolución de yesos. Hay que tener en cuenta
que en todo este proceso de licenciamiento, es habitual que el Consejo de
Seguridad Nuclear requiera a los licenciatarios de instalaciones
nucleares información adicional o aclaraciones específicas en relación
con la documentación presentada, con el objeto de disponer de un mayor
conocimiento en base al cual poder elaborar su informe. Hasta la fecha el
Consejo de Seguridad Nuclear en ningún momento ha manifestado que el
emplazamiento no sea válido para la construcción del ATC. Además,
mediante envíos de documentación realizados los pasados días 30 de
diciembre y 20 de enero, Enresa remitió a este organismo la información
solicitada. Actualmente el Consejo de Seguridad Nuclear está analizando
esta documentación, y de acuerdo con la normativa nuclear no se puede
iniciar ninguna actividad en el emplazamiento hasta que el Minetur
conceda la autorización previa, que además permite la realización de
obras preliminares de infraestructuras.

Para nada hay precipitación, señoría, ya que para el inicio de las
actividades de construcción se requiere la autorización de construcción
que igualmente concede, como digo, el Minetur por orden ministerial,
previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear. Además, le tengo que
decir, señoría, que este es un proyecto que adjudicó el propio Partido
Socialista. Y ahora mismo todo se está haciendo dentro de la legalidad
vigente. Por todo lo expuesto, no vamos a votar a favor de su
moción.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Finalizado el debate de las dos mociones presentadas por el Grupo
Parlamentario Socialista, pasaríamos a las mociones del Grupo
Parlamentario Mixto. Me comunican que el senador Iglesias está subiendo
las escaleras. Entonces, suspendemos momentáneamente la comisión durante
cinco minutos. (Pausa).

El señor PRESIDENTE: El siguiente punto, aprobado también por la
Mesa y Portavoces, es la eliminación del orden del día de la designación
de la ponencia. La ley prevista no ha entrado aún, lo hará el viernes,
con lo que la comisión celebrará una sesión el martes día 14, que también
hay Pleno, a las catorce horas y quince minutos de la tarde. Ya recibirán
ustedes la correspondiente convocatoria.

El señor PRESIDENTE: Octavo punto del orden día: comparecencia del
señor ministro de Industria, Energía y Turismo, a petición propia, ante
la Comisión de Industria para informar sobre los cambios legislativos en
relación con el mercado eléctrico y otros aspectos de la política
energética. A esta comparecencia, según el acuerdo de la Mesa de esta
mañana, se unen otras 22 peticiones de comparecencia que existían, 21 del
Grupo Socialista y una del Grupo Entesa pel Progrés de Catalunya.

Damos la bienvenida al ministro en esta su cuarta comparecencia en
esta comisión y ya, sin más dilación, le damos la palabra con el
agradecimiento de su comparecencia.

Tiene la palabra, señor ministro.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López):
Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, comparezco, tal como acaba de decir el señor presidente,
a petición propia y también, de acuerdo con lo que se me ha trasladado
por parte del presidente, vamos a tratar de agrupar varias de las
peticiones sobre distintas comparecencias, todas ellas referidas a
materias relacionadas con la energía.

En primer lugar, me voy a referir estrictamente a mi petición de
comparecencia y a todas aquellas cuestiones que tienen relación con los
cambios legislativos en el mercado eléctrico a lo largo de estos primeros
tres años y tres meses de legislatura, y a continuación trataré el resto
de las cuestiones por las que sus señorías han solicitado mi
comparecencia.Por tanto, en el primer bloque de esta comparecencia voy a
tratar particularmente las cuestiones relativas a competencias en el
sector eléctrico, por parte del Grupo Socialista; también por parte del
Grupo Socialista, al déficit de tarifa eléctrica para el año 2013; al
mercado mayorista eléctrico, comparecencia solicita también por parte del
Grupo Socialista; déficit de tarifa, también por parte del Grupo
Socialista; recibo de la luz, por parte del Grupo Socialista; término
fijo de potencia en la factura eléctrica, por parte del Grupo Socialista;
cuota fija mensual por conectarse a la red, del mismo grupo; medidas del
Gobierno después de que la Unión Europea haya amonestado a España por el
recorte —se dice— a las energías renovables, del Grupo
Socialista; también en relación con la cuestión de la empresa Alcoa y la
interrumpibilidad, planteada también por parte del Grupo Socialista, así
como en relación con el Plan del carbón 2013 a 20118, por parte del mismo
Grupo Socialista. En la segunda parte abordaré el resto de las
cuestiones.

Empezaré con una serie de consideraciones de carácter general en
relación con cuál es la situación de la economía, en la que se inserta
también la situación del sector de la energía. La situación hoy es muy
diferente de la que había a principios de esta legislatura; se ha
procedido a corregir los importantes desequilibrios macroeconómicos que
había en España y se han corregido en virtud de la política económica
aplicada tanto de consolidación fiscal como de reformas estructurales.
Todo ello ha llevado a que hayamos pasado de una situación de recesión a
otra de crecimiento económico y de una situación de destrucción de empleo
a otra de creación de empleo.

Recordarán sus señorías que hace tres años estábamos en pleno
colapso de las cuentas públicas. La noticia sobre la economía española
dentro y fuera de España era cuándo iba a solicitar el Gobierno el
rescate de la economía española; había una caída muy importante,
evidente, de la reputación internacional de la economía española, con
pérdida de confianza y de credibilidad. Y dentro del conjunto de reformas
que se han llevado a cabo destaca la reforma del sector energético para
afrontar los problemas que tenía este sector: problemas de seguridad de
suministro, problemas de competitividad por la evolución al alza de los
precios y problemas de sostenibilidad financiera, con un creciente
déficit producto del desfase entre los ingresos y costes de las
actividades reguladas del sistema. A partir de ahí, el Gobierno se
propuso como objetivo solucionar esos problemas introduciendo mayor
seguridad en el sistema energético; por ello hemos procedido a autorizar
distintas investigaciones en materia de hidrocarburos para disminuir la
vulnerabilidad y la dependencia de España respecto a las importaciones, y
ello no solo desde el punto de vista de las prospecciones de carácter
convencional, sino también de las no convencionales, así como también
aprovechar todo tipo de fuentes de suministro energético, incluidas, por
descontado, las fuentes de energía nuclear.

Desde el punto de vista de la competitividad, hemos hecho un
cambio en el mecanismo de fijación de los precios en el sistema
eléctrico, hay un nuevo sistema que viene dado por el precio voluntario
para el pequeño consumidor, aunque los consumidores también tienen otras
dos opciones: en primer lugar, poder contratar de manera bilateral con
las compañías o, en segundo lugar, acogerse al contrato estándar que
forzosamente, de acuerdo con la nueva ley, han de ofrecer a los
consumidores. Todo esto ha supuesto un ahorro en el coste financiero y ha
supuesto también una disminución de precios tanto en el año 2013 como en
el año 2014 y en lo que llevamos del año 2015.

Respecto al déficit del sector eléctrico, en el año 2013 había
previsto un déficit estructural —solo para ese año— de 10 500
millones de euros adicionales, pero fue de 3400 millones, frente a la
previsión de 10 500 millones que venía con la inercia de atrás. En cuanto
al año 2014, falta tener la liquidación definitiva que se hará en el mes
de noviembre de este mismo año 2015, pero ya les adelanto que va a haber
un equilibro; es posible que ese equilibrio sea un pequeño superávit o un
pequeño déficit, pero el Gobierno se inclina por que va a hacer, incluso,
un pequeño superávit. Y, en todo caso, a lo largo de este año 2015 va a
haber un claro superávit entre los ingresos y los costes del sistema
eléctrico.

La alternativa a todas estas medidas era proceder a un incremento
en los peajes del sistema eléctrico del 80 %, lo cual se hubiese
traducido en un incremento del precio de la factura eléctrica de un 42 %
aproximadamente. ¿Cómo se llegó a esa situación? Pues como todo en la
vida, por una mezcla de distintas cuestiones: por una parte, buenas
intenciones, una planificación energética deficiente y también algunas
decisiones erróneas, amén de algún otro despropósito por el camino. Desde
el año 2004 se suceden una serie de disposiciones normativas de distinto
rango en el sistema eléctrico para aumentar la penetración de las
energías renovables en nuestro sistema eléctrico y para aumentar las
inversiones en los sistemas de transporte y distribución; en definitiva,
se hizo una planificación sobre unas previsiones que marcaban entre 2005
y 20115 un crecimiento económico del 25 % acumulado en la economía
española y un crecimiento en la demanda eléctrica del 24 % durante ese
período. Se procedió a impulsar las inversiones en energías renovables
con distintos incentivos y también en infraestructuras de gas, con más
regasificadoras, más almacenamientos subterráneos, más gasoductos, más
ciclos combinados de gas y, aparte de todo ello, también un incremento en
los incentivos a la quema del carbón nacional. Decisiones todas ellas
contradictorias entre sí, decisiones que llevaron a un exceso de
capacidad, de tal forma que a principios de esta legislatura los
desequilibrios acumulados en el sector energético eran absolutamente
desconocidos hasta ese momento: se había acumulado un incremento en los
precios cercano al 70 % entre 2004 y 2011; los costes regulados del
sistema habían aumentado hasta llegar a ser un 40 % más elevados
—insisto, los costes de las actividades reguladas un 40 % más
elevados que en el entorno—; había habido un aumento de más
del 200 % entre el año 2005 y el año 2011 de los costes y de ese
incremento solamente los incentivos a las energías renovables habían
aumentado un 760 %.

Por todo ello, desde el año 2005 aumentaron los desequilibrios
entre ingresos y costes del sistema eléctrico y se dispararon
fundamentalmente desde el año 2008, de forma que entre el año 2008 y el
año 2011 hubo un déficit medio anual de 5000 millones de euros; solamente
para el año 2013 estaba previsto un déficit adicional de 10 500 millones
de euros, lo cual supone algo más del 1 % del PIB. Todo ello se hacía
insostenible para la economía, con un impacto que podríamos calificar de
demoledor sobre los consumidores y sobre las empresas, amén de la
absoluta inestabilidad e inseguridad jurídica del sistema, por lo cual se
empezaron a tomar medidas desde el primer año de la legislatura.

La primera medida que se adoptó fue el Real Decreto Ley 1/2012, el
primer real decreto del año 2012, que tuvo como finalidad la suspensión
temporal de las preasignaciones, lo cual trajo consigo ya una disminución
en los costes del sistema. Luego se aprobó el Real Decreto Ley 13/2012,
para continuar disminuyendo los costes y aumentar los ingresos; se
disminuyeron los costes, se disminuyó la retribución tanto a las
actividades de transporte como a la distribución, y se incrementaron los
ingresos del sistema eléctrico a través de los remanentes del IDAE y de
la antigua Comisión Nacional de la Energía. En abril del año 2012 se
procedió a aprobar una orden ministerial de peajes para aumentar los
ingresos —eran los tiempos en los que todavía, cuando se hacían las
órdenes ministeriales de peaje, se aumentaban los peajes; eso ya no ha
ocurrido para este año 2015— y posteriormente se aprobó el Real
Decreto Ley 20/2012, para proseguir con las disminuciones de costes,
disminuyendo las retribuciones de nuevo del transporte y de la
distribución. A pesar de todo ello seguía habiendo un déficit estructural
anual, si bien con las medidas anteriores la disminución del déficit fue
aproximadamente de unos 3600 millones de euros.

El 27 diciembre del año 2012 se aprobaba la Ley 15, de medidas
fiscales para la sostenibilidad energética, en la cual se introdujeron
distintas figuras tributarias. En primer lugar, el impuesto sobre la
producción de residuos radioactivos por la generación nuclear. En segundo
lugar, el impuesto sobre el almacenamiento de residuos radioactivos. En
tercer lugar, se creó el céntimo verde sobre gas natural, carbón, fueloil
y gasóleo; se estableció el canon sobre la generación hidroeléctrica; se
creó el impuesto sobre el valor de la producción de energía y también se
establecieron las subastas de derechos de emisión de los gases de efecto
invernadero. Con el conjunto de reformas que se llevaron a cabo durante
el año 2012 aumentaron los ingresos del sistema, disminuyeron los costes
y disminuyó el déficit del sistema eléctrico. De hecho, en el año 2013,
como antes le decía, el déficit no fue de los 10 500 millones de euros
proyectados, sino de 3400 millones de euros, mientras que ya en el
año 2014 estaba en equilibrio y este año 2015 habrá, de acuerdo con las
previsiones, un pequeño superávit.

Pero el objetivo marcado con la reforma que se hizo a lo largo de
los años 2012, 2013 y 2014 perseguía también garantizar el suministro al
mínimo coste posible para el consumidor y fomentar la competencia, todo
ello con disminuciones en la factura del consumidor, así como para
propiciar un mayor grado de competencia y un mayor grado de protección al
consumidor.

Desde el punto de vista de las medidas que se adoptaron para
reducir las facturas de los consumidores, hay que señalar que la reforma
ha favorecido a los consumidores, en especial a las familias, que ven que
lo que pagan por la electricidad está cada vez más controlado y pasará a
representar una parte más pequeña de su presupuesto familiar. Hay un
nuevo sistema de fijación de los precios de la electricidad para el
consumidor, el conocido como precio voluntario para el pequeño
consumidor. El nuevo sistema es más eficiente, es más transparente al
basarse directamente en los precios del mercado sin intermediarios.
Además, las compañías eléctricas han devuelto por primera vez a lo largo
del año 2014, particularmente a lo largo del primer semestre, algo más
de 400 millones de euros a los consumidores por habérseles cobrado de más
en la primera mitad del año. Insisto, es la primera vez que este hecho se
produce. Asimismo, de no haberse eliminado la última subasta Cesur de
diciembre del año 2013 los consumidores no solo no nos hubiésemos
ahorrado esos más de 400 millones de euros, sino que habríamos tenido que
pagar solo en el primer trimestre del año 392 millones de euros
adicionales, ello, repito, de haberse manteniendo la anterior
subasta.

Desde que el anterior Gobierno creó el sistema de subastas en el
año 2009 para fijar el precio de los consumidores domésticos hasta
diciembre del año 2013, cuando fue eliminado, los consumidores hemos
estado pagando un 4,3 % más en nuestra factura de electricidad; es decir,
hemos estado pagando 1671 millones de euros de sobreprecio como
consecuencia del anterior sistema de subastas. Por tanto, la reforma ha
favorecido a los consumidores y especialmente a las familias, pero para
ello también se ha procedido a la reponderación entre la parte fija y la
parte variable de los peajes. El Gobierno ha modificado el peso relativo
entre la parte fija y la parte variable del peaje para corregir el
desequilibrio que existía en la factura eléctrica en contra de las
primeras residencias y a favor, justamente lo contrario, de las segundas
residencias y de las viviendas vacías. Esta nueva ponderación beneficia a
los consumidores que tengan un mayor consumo con una misma potencia
contratada, como es el caso, efectivamente, de las familias numerosas, y
las segundas residencias y las viviendas vacías en cambio sí se ven
penalizadas, pero se ven penalizadas en favor de las primeras residencias
y de las familias que más consumen.

Durante el periodo 2004 a 2011, sin embargo, las familias
sufrieron una subida en la luz superior a la media de consumidores,
mientras que la subida para la segunda residencia y la vivienda vacía fue
menor a la media; en definitiva, lo que hemos cambiado es una tendencia
en la evolución de los precios, según la cual durante las últimas dos
legislaturas con anterioridad a la actual las familias eran penalizadas
en comparación con el resto de consumidores, mientras que ahora no se
penaliza a las familias y sí las segundas residencias y las viviendas
vacías. Desde luego, creo que esto lo podemos calificar como una
auténtica política social, con argumentos y con fundamentos.

Por todo ello, en relación con la evolución de la factura
eléctrica para un consumidor doméstico medio, podemos decir lo siguiente:
la reforma eléctrica llevada a cabo por el Gobierno ha evitado no solo
que la factura de la luz continuara disparándose, como ocurría en las dos
legislaturas anteriores, sino que, incluso, los precios hayan descendido
en los años 2013 y 2014. Y se prevé que para toda esta legislatura
—estamos incluyendo, por tanto, el primer año de legislatura, en
promedio 2012, 2013, 2014 y 2015— la factura eléctrica para un
consumidor doméstico medio haya disminuido un 7,5 %, frente a lo que
ocurrió en el periodo 2004 a 2011 del anterior Gobierno, cuando la
factura eléctrica se incrementó, como antes les decía, aproximadamente
un 70 %.

Adicionalmente, con la reforma se ha simplificado y se ha
clarificado la factura eléctrica, de tal forma que desde el último
trimestre del año 2014 las compañías eléctricas utilizan un nuevo modelo
de factura más sencillo y más transparente que el que existía con
anterioridad. Además, se ha agilizado el proceso de cambio de
suministrador y se han reforzado los mecanismos de atención al cliente,
garantizando su gratuidad. Se han habilitado nuevas comercializadoras
para el suministro de los consumidores domésticos, con lo que se permite
la competencia entre ellas al poder realizar ofertas y descuentos. Los
consumidores más vulnerables continúan acogiéndose al descuento del bono
social. Las familias con todos sus miembros en situación de desempleo,
los pensionistas y las familias numerosas tienen un descuento del 25 %
sobre su facturación. Se han reforzado los mecanismos de atención al
cliente garantizando su gratuidad y la lucha contra el fraude. Se han
creado y reforzado distintas herramientas para que el consumidor
comprenda su factura y pueda comparar las distintas ofertas, lo que ha
aumentado su capacidad de elección. Para todo ello cuentan tanto con la
página web controlastuenergia.gob.es como con un simulador de energía,
facturaluz.cnmc.es, de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia; de la propia Comisión Nacional de Mercados y la Competencia
está la página web del comparador de ofertas de energía y, finalmente, la
campaña de comunicación Ahorro de energía y nueva factura eléctrica, que
llevó a cabo el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía.

En cuanto al segundo objetivo de la Ley del sector eléctrico del
año 2013, se ha encauzado el problema del déficit del sistema eléctrico y
se ha establecido un marco normativo que garantiza además la estabilidad
financiera del nuevo sistema eléctrico con carácter definitivo.

Respecto al déficit, se ha eliminado el problema del déficit y se
ha establecido ese marco claro que da estabilidad al sector; se impide
que se vuelvan a generar nuevos desequilibrios en el futuro y con el
mínimo impacto sobre los peajes que paga el consumidor. Para que se hagan
una idea, del año 2000 a 2003 la evolución del déficit del sistema
eléctrico fue de 200 millones en el año 2000, 200 millones en 2001, 1300
millones en el año 2002, para bajar nuevamente en el año 2003 a 100
millones; en el año 2004 fue del entorno de otros 200 millones y ya en el
año 2005 subió hasta los 4000 millones; en el año 2006 fue de 3000
millones y en el año 2007 fue 1800 millones de euros.

En lo que respecta al período 2008 a 2011, la evolución del
déficit del sistema eléctrico fue: 6500 millones de euros en el
año 2008, 4700 en el año 2009, 5500 en el año 2010 y 3800 en el año 2011.
Por tanto, en la pasada legislatura el promedio de la cifra de déficit
del sistema eléctrico entre los años 2008 y 2011 fue de 5100 millones de
euros cada año, con una previsión de continuidad en el crecimiento
hasta 10 500 millones de euros en el año 2013. Pues bien, en el año 2012
el déficit fue de unos 5000 millones de euros, 3400 en el año 2013,
equilibrio en 2014 y para este año 2015 tendremos por primera vez
superávit en el sistema eléctrico. Además, se establece una nueva regla
de estabilidad financiera mediante un sistema automático de revisión que
va a impedir que en el futuro surjan nuevamente estos desajustes. Por
otra parte, se limita la introducción de nuevos costes en el sistema
eléctrico sin que esos nuevos costes vayan acompañados de un aumento
equivalente en los ingresos; la retribución de las actividades reguladas
se basa en criterios objetivos, transparentes y homogéneos. Finalmente,
dentro de la reforma se ha procedido a adaptar las retribuciones de las
actividades reguladas del sistema eléctrico, garantizando tanto una
rentabilidad razonable para las instalaciones renovables —las de
cogeneración, las de biomasa— como una retribución adecuada para el
resto de las actividades, dentro de las cuales están el transporte y la
distribución; para ello se han revisado y se han adaptado por primera vez
todas las retribuciones de las actividades reguladas.

En cuanto a las nuevas retribuciones de las renovables,
cogeneración y residuos, van a recibir un complemento por sus costes de
inversión basados en estándares por tecnología. Se garantiza una
rentabilidad razonable basada en lo que eran las obligaciones del Tesoro
en julio del año 2013: 4,5 % más 300 puntos básicos. Señorías, esto es
muy importante, porque quiere decir que la rentabilidad razonable está
calculada sobre un coste de emisión de 4,5 % y saben ustedes que el
Tesoro hoy está haciendo emisiones a diez años por debajo del 1,5 %; por
primera vez en la historia, para períodos más cortos a España le están
pagando quienes compran bonos del Tesoro, y no me estoy refiriendo a los
bonos de tres y seis meses, me estoy refiriendo a los de diez años, que
ya no están al 4,5 %, están al 1,5 %. Por tanto, esta rentabilidad
del 4,5, fijada en julio de 2013 sobre un coste de emisión, tiene una
rentabilidad muy superior incluso a la que correspondería hoy en
condiciones de mercado: 7,5 %, que en el caso de las actividades de
transporte y de distribución es un 6,5 %.

¿Cuáles han sido los principales resultados de esta reforma? En
primer lugar, con esta reforma se ha evitado no solo que la factura de la
luz continúe disparándose como ocurría, ininterrumpidamente, durante las
dos legislaturas anteriores, sino que incluso los precios han empezado a
descender en los años 2013 y 2014, y esa es la misma evolución que llevan
en el año 2015. Se han revisado y ajustado todos los costes de las
actividades reguladas garantizando una rentabilidad razonable para las
instalaciones renovables de cogeneración y de residuos y una retribución
adecuada para el resto de las actividades reguladas del sistema. Se ha
eliminado de una vez por todas el problema del déficit del sistema
eléctrico. Señorías, quiero hacer hincapié en esto, porque a principios
de esta legislatura nadie, absolutamente nadie daba un voto de confianza
porque esto fuera a conseguirse en esta legislatura, y se ha conseguido,
se ha eliminado el déficit estructural que se generaba año a año en el
sistema eléctrico. Esto es pura evidencia empírica y cuando se haga la
liquidación definitiva en el mes de noviembre de este año, en los
términos que antes les he señalado, veremos cómo habrá un pequeño
superávit o a lo mejor un pequeño déficit en el año 2014, pero, en todo
caso, se puede considerar de equilibrio en comparación
—insisto— con la evolución de esta magnitud a lo largo de
todos los años anteriores. Lo más importante: en el año 2015 habrá
superávit en el sistema.

Señorías, se han puesto los mecanismos necesarios para evitar que
vuelvan a producirse desequilibrios en el futuro y, por tanto, también se
establecen mecanismos de previsibilidad. Téngase en cuenta que desde el
año 1998 —la Ley del sector eléctrico era de 1997— hasta el
año 2013 las instalaciones renovables de cogeneración y residuos han
percibido más de 56 000 millones de euros en primas, adicionales a lo que
estas instalaciones han percibido, lógicamente, por su participación en
el mercado y por la venta de energía eléctrica, y estas primas, que
forman parte de los costes de las actividades reguladas del sistema, se
financiaban justamente con cargo al sistema. Y esto es exactamente lo que
se ha encauzado, no quitándoles incentivos a las tecnologías de energías
renovables, sino dándoles la rentabilidad razonable en los términos que
establece, por cierto, la doctrina del Tribunal Constitucional.

En cuanto al nuevo mecanismo de cálculo del precio voluntario para
el pequeño consumidor, la aprobación de ese nuevo mecanismo mediante el
Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, que entró en vigor el 1 de abril
del año 2014, sustituye al antiguo sistema de subastas Cesur y tiene como
objetivo abaratar el coste de la energía, mejorar la competencia y
aumentar la transparencia y la capacidad de elección del consumidor a la
hora de contratar el consumo de electricidad. Por cierto, a lo largo del
año 2014 —estos son datos de la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia— todos los consumidores, absolutamente todos los
consumidores que se acogieron a la modalidad de precio voluntario para el
pequeño consumidor y en relación con las otras dos modalidades —de
contrato bilateral o contrato estándar—, en todos los casos
obtuvieron en su factura disminuciones respecto a las otras dos
modalidades en torno a un 9 o un 10 %. Por consiguiente, parece que este
sistema también es un sistema eficaz desde el punto de vista de sus
resultados.

El nuevo sistema toma como referencia el precio de la electricidad
en el mercado, que varía, como saben sus señorías, cada hora en función
de la oferta y la demanda —información que se puede consultar
diariamente en el web de Red Eléctrica—. El nuevo sistema de
financiación de precios de la electricidad ha reducido la factura de la
electricidad, veamos por qué. El anterior sistema de subasta fijaba un
precio fijo para todo un trimestre, un seguro que ha supuesto en los
últimos cinco años —como antes les decía— más de 1600
millones de euros de coste adicional para los consumidores. Esos 1600
millones de euros los hemos pagado todos los consumidores en las facturas
eléctricas desde el año 2009 —año en el que se montó el
sistema— hasta diciembre del año 2013, que fue el año en el que se
suspendió el sistema de subastas.

Señorías, por primera vez en España las compañías eléctricas han
devuelto a los consumidores más de 400 millones de euros correspondientes
a lo que se les había facturado en exceso en el primer semestre a los
pequeños consumidores, de acuerdo con el real decreto ley que fijó el
precio para los tres primeros meses del año. El precio voluntario para el
pequeño consumidor ha sido mejor que cualquier otra oferta en el
año 2014, tal y como les decía anteriormente. Adicionalmente, en este
nuevo sistema se obliga a las comercializadoras de referencia a que
oferten un precio fijo anual de la energía para aquellos consumidores que
así lo deseen. Estas ofertas anuales incluyen unas condiciones y
parámetros estándar de ahí, como antes les decía, la denominación de los
contratos estándar para facilitar su comprensión y comparación y son
comunicadas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Además, con este sistema se aumenta el número de comercializadoras de
referencia: seguirán siendo comercializadoras de referencia las cinco que
había con anterioridad y se han designado además tres nuevas, al tiempo
que se permite que, voluntariamente, las comercializadoras con más
de 25 000 clientes puedan ser también de referencia, lo que supone,
potencialmente, unas siete comercializadoras adicionales.

Me refiero ahora a las cuestiones que se han planteado en las
distintas peticiones de comparecencia sobre el nuevo mecanismo de subasta
para asignar la interrumpibilidad. La Orden de 31 de octubre de 2013 es
la que regula un nuevo mecanismo competitivo de asignación a través de
subastas del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad a
partir del año 2015. Y, como es sabido, señorías, el servicio de gestión
de la demanda de interrumpibilidad es una herramienta que viene a
flexibilizar la operación del sistema eléctrico, permitiendo una
respuesta rápida ante determinadas situaciones de emergencia. En
definitiva, consiste en que los grandes consumidores de electricidad, en
respuesta a una orden que dé el operador del sistema, puedan reducir su
consumo en un momento determinado para mantener el equilibrio entre
generación y demanda y así no ocurra que el resto de los consumidores
tengan escasez o falta de suministro de energía eléctrica. Como decía
antes, el mecanismo está gestionado por Red Eléctrica, bajo la
supervisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Por
este motivo, los grandes consumidores perciben a cambio una retribución
económica, que en el año 2014 ascendió a unos 550 millones de euros.

En noviembre del año 2014 y, posteriormente, en diciembre de ese
mismo año, mediante una subasta extraordinaria, tuvo lugar la celebración
de tales subastas de interrumpibilidad en aplicación del nuevo sistema
competitivo, y todo ello para la asignación de interrumpibilidad para
todo este año 2015. El resultado de estas subastas ha supuesto un ahorro
para el sistema eléctrico en comparación con el año 2014 por la
utilización de este mecanismo de mercado. Tengamos en cuenta que teníamos
un grave problema en el sistema eléctrico, derivado del desajuste entre
ingresos y costes del sistema, porque los costes de las actividades
reguladas y otros costes regulados eran excesivos en comparación con esos
ingresos. Pues bien, una parte de esos costes que venían dados de la
interrumpibilidad han bajado también gracias a este nuevo sistema de
subastas, con lo cual estamos contribuyendo al objetivo final de
disminución, primero, y estabilidad, después, del déficit en el sistema
eléctrico.

Por otra parte, estas grandes industrias electrointensivas
interrumpibles se han visto beneficiadas por la sustancial reducción en
el impuesto especial sobre la electricidad. En efecto, señorías, la
Ley 28, de 27 de noviembre de 2014, contempla que la base liquidable del
impuesto especial sobre la electricidad será el resultado de practicar,
solo en el caso de estas industrias electrointensivas, una reducción
del 85 % sobre la base imponible. Por tanto, se ayuda, en este caso desde
el punto de vista fiscal, a este tipo de empresas, considerando la
importancia que tienen.

En cuanto al caso concreto de Alcoa, objeto de una de las
comparecencia que se me han planteado, tras la última de las subastas que
se celebró en diciembre de 2014, Alcoa anunció su intención —y así
lo materializó— de retirar el expediente de regulación de empleo
que afectaba a sus plantas de Avilés y A Coruña, poniéndose de
manifiesto, por tanto, aquello que decía el Gobierno de que todos los
agentes interrumpibles, empresas electrointensivas, que realmente
hicieran la puja que debían hacer para obtener bloques iban a estar
ciertamente en condiciones de obtenerlos, tal y como ocurrió en la
segunda puja. Actualmente se está trabajando en la regulación para el
año 2015, que se va a basar en los mismos principios competitivos en que
se basó la subasta para el año 2014.

Me refiero ahora a otra de las cuestiones que se han planteado en
distintas solicitudes de comparecencia sobre la retribución en los
sistemas extrapeninsulares e insulares. La Ley 17, de 29 de octubre
de 2013, para la garantía, suministro e incremento de la competencia en
los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares y el real decreto
de retribución de la actividad de producción en esos territorios,
actualmente en fase de elaboración pretenden mejorar la eficiencia
energética en la generación y la operación en los sistemas eléctricos no
peninsulares, aumentando la competencia en estos sistemas y reforzando la
colaboración entre administraciones con el objetivo de mantener la
seguridad de suministro; en definitiva, aumentar la eficiencia y
disminuir costes de generación en estos sistemas, porque eso está
disminuyendo el coste de generación y los costes de las actividades
reguladas del sistema en todo el sistema eléctrico, puesto que, como
saben ustedes, una parte de estos costes regulados va destinada a
financiar el extracoste de producir, de generar en definitiva, en estos
sistemas.

Este tipo de sistemas presentan singularidades respecto al sistema
peninsular, que derivan justamente de su carácter aislado y reducido, y
esta situación provoca mayor riesgo en la garantía de suministro,
encarece el coste de generación eléctrica y, por ello, obliga a tener
mayor capacidad instalada. Por eso y a pesar de las permanentes trabas,
de los permanentes frenos y de los permanentes obstáculos del Gobierno
regional de la Comunidad Autónoma de Canarias, se han llevado a cabo por
el Gobierno de la nación las siguientes medidas encaminadas a mejorar la
garantía de suministro, incrementando la competencia y reduciendo el
coste de generación: se fomenta la instalación de energías renovables, al
ser más baratas que la generación actual en los sistemas no peninsulares;
se disminuye la dependencia energética, al ser una fuente de energía
autóctona; se reducen las importaciones de productos petrolíferos y se
incrementa la competencia en la generación de electricidad; se impulsan
las interconexiones entre islas, lo que permite mejorar la estabilidad y
la fiabilidad de los sistemas —lógicamente, entre las islas en que
sea posible con el estado de la tecnología actual—; además se
revisan y se ajustan los regímenes retributivos de la actividad de
generación, se establecen mecanismos para incentivar el mantenimiento de
las centrales y se favorece la entrada de nuevos operadores y mayor
competencia, por lo que no se podrá otorgar con carácter general régimen
retributivo primado para la producción eléctrica a nuevas instalaciones
que sean titularidad de una empresa que posea más del 40 % de la
generación.

Me refiero ahora a la situación financiera del sistema eléctrico
para el año 2015, que también es objeto de una de las comparecencias
solicitadas. Como antes les decía, en 2013 el déficit fue en torno a
unos 3400 millones de euros frente al déficit estructural previsto,
los 10 500 millones, puesto que, con la inercia del aumento de costes de
años anteriores, si no se hubiesen adoptado las medidas que se tomaron,
lógicamente el déficit estructural habría estado en ese nivel de 10 500
millones de euros. Cuestión muy importante es la previsión creíble de
déficit 0 para el año 2014, que hace posible que en la orden ministerial
de peaje para este año no se hayan incrementado los peajes. Difícilmente
se puede encontrar mayor credibilidad que esta, porque, como saben
ustedes, la orden de peaje siempre establecía la variación en esos peajes
para compensar los déficits previstos que estuviesen por encima de los
déficits autorizados, cuando se nos autorizaba un déficit ex ante de 1500
millones de euros cada año. En la elaboración de esa orden se han
considerado unos escenarios de ingresos y costes para el cierre del
año 2014, y también para el año 2015, que implican el cumplimiento de los
objetivos establecidos en la ley.

Me voy a referir ahora a otros de los objetos de la comparecencia
que se han planteado y que tienen que ver con la situación del carbón
nacional. Como saben, señorías, existe un desequilibrio competitivo entre
el carbón comunitario y el carbón importado, lo que ha obligado a la
industria del carbón a aplicar importantes medidas de reestructuración y
reducción de la actividad a lo largo de las últimas décadas.

Como se ha reiterado en sede parlamentaria, el marco legislativo
es el siguiente. En primer lugar, el Tratado de la Comunidad Europea del
Carbón y el Acero, en segundo lugar, el Reglamento 1.407 del Consejo,
de 23 de julio de 2002, sobre ayudas estatales a la industria del carbón,
que limitaba la producción del carbón subvencionado a lo estrictamente
necesario para poder contribuir con ello de manera eficaz al objetivo de
la seguridad energética; en tercer lugar, hay que señalar la Decisión 787
del Consejo, de 10 diciembre del año 2010, que marca un punto de
inflexión al decir: «Las ayudas estatales destinadas a facilitar el
cierre de las minas de carbón no competitivas con fecha 31 de diciembre
del año 2018.»

Tengo que señalar que tanto la actual vicepresidenta para la
Competencia como el anterior vicepresidente señor Almunia, cuantas veces
el Gobierno ha planteado la posibilidad de que permanezcan abiertas más
allá del 1 de enero de 2019 explotaciones de minería del carbón
competitivas, sin perjuicio de que hayan recibido o no ayudas, cuantas
veces lo hemos planteado, han dado una negativa por respuesta. Esto no
quiere decir que el Gobierno no lo vaya a seguir planteando, pero esta ha
sido la posición antes y ahora de la Comisión Europea.

El Plan de cierre del Reino de España para la minería del carbón
incluye a todas aquellas unidades de explotación no competitivas y
contribuye a un cese ordenado de las actividades mineras que no alcancen
el umbral de rentabilidad en el contexto de un plan de cierre que, como
antes les decía, a ojos de la Comisión Europea, es irrevocable. Por otra
parte, en diciembre del año 2014 ha finalizado la vigencia del real
decreto que regula las restricciones. Asimismo, el mes de diciembre del
año 2018 es la fecha límite para dar ayudas a la minería del carbón, y en
enero de 2019 tendrá que estar funcionando exclusivamente aquella minería
que sea competitiva y que, además de ser competitiva, no haya recibido
ayudas.

El nuevo marco de actuación que se acordó en el año 2013 entre
sindicatos, empresas y la Administración permite, por una parte, seguir
apoyando la actividad minera y, por otra, mantener la protección social
para aquellos trabajadores del sector que pueden verse afectados por el
cierre de explotaciones mineras no competitivas. ¿Cuál es el objetivo
final? El objetivo final es que a partir de enero del año 2019 exista un
sector de la minería en España competitivo y que pueda seguir operando
sin ayudas públicas puesto que eso no solo es lo que se establece en la
Decisión 787 de la Unión Europea a la que antes me he referido, sino que
es lo que ha expresado reiteradamente la Comisión Europea al Gobierno
cuantas veces se le ha planteado esta cuestión.

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo convocó hace unos
días, el pasado 31 de marzo, la Comisión de seguimiento del marco de
actuación para la minería del carbón y las comarcas mineras 2013-2018. En
dicha comisión se ha analizado la propuesta de un nuevo incentivo a la
inversión para la mejora medioambiental y la desnitrificación de las
instalaciones de producción de electricidad a partir de carbón autóctono,
lo que constituye un incentivo a su consumo. Con este nuevo mecanismo se
pretende garantizar el funcionamiento de una minería autóctona
competitiva como soporte estratégico de especial relevancia para la
seguridad del suministro en el sistema eléctrico español.

Puedo informarles, señorías, de que la Comisión de seguimiento del
carbón ha examinado el contenido del borrador de la orden que regula un
mecanismo para la determinación y aplicación de un incentivo consistente
en una retribución por unidad de potencia por tanto, estamos hablando en
términos de euros por megavatio vinculada a la realización de inversiones
en mejoras medioambientales en aquellas instalaciones de producción del
sistema eléctrico peninsular que utilicen carbón autóctono como
combustible principal.

En su conjunto, las ayudas correspondientes al año 2014
ascendieron a un total de 33,2 millones de euros. Asimismo, tengo que
decirles también que el 1 de abril se ha publicado en el Boletín Oficial
del Estado la resolución de convocatoria de estas ayudas para el
año 2015, de manera que esta es la convocatoria que se ha realizado de
forma más temprana de las que se han hecho hasta ahora.

Estas actuaciones, en lo relativo a la minería del carbón, se
encuadran en el marco de lo establecido en la Decisión del Consejo 787, a
la que he aludido anteriormente, relativa a las ayudas estatales
destinadas a facilitar el cierre de la minería del carbón. El objetivo es
garantizar la sostenibilidad a partir del año 2018, pero para aquellas
que sean competitivas. Con esto, señorías, acabo la primera parte de esta
comparecencia y voy a entrar en el resto de cuestiones que, en materia
energética, han sido objeto de petición de comparecencia por parte de
distintos grupos.

En primer lugar, me voy a referir a la que plantea el Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a los márgenes brutos del precio de la
gasolina y el gasóleo y a la reducción en el precio de los carburantes en
nuestro país.

Señorías, esta Comisión, como saben todos ustedes, se ha reunido
esta misma mañana en ponencia sobre el proyecto de ley de hidrocarburos,
procedente del Congreso, que, con plena competencia legislativa, debe
continuar ahora en el Senado su tramitación parlamentaria. Por tanto,
conocen sobradamente las medidas que ha propuesto el Gobierno no solo
para la creación de un mercado organizado del gas, sino también para la
búsqueda de la mejora y el aumento de la competencia y transparencia en
el mercado de los hidrocarburos en general y de los carburantes en
particular.

El precio de venta al público de los carburantes en España
continúa siendo inferior al que hay en la eurozona debido
fundamentalmente al que el nivel de fiscalidad en España es inferior al
que existe en Europa. No obstante, el precio sin impuestos en España es
ligeramente superior al de la eurozona por dos razones: un menor nivel de
competencia de ahí la importancia de adoptar medidas para impulsar la
competencia y, sobre todo, la diferencia existente en el coste de la
logística y comercialización. Estos costes se reflejan en el margen de
distribución, que es el precio sin impuestos menos la cotización
internacional de la materia prima, que, como saben ustedes, es la
referencia que se utiliza a la hora de fijar el precio de venta al
público y no el precio del crudo en términos de barril. En el caso de
España, el margen de distribución es algo superior debido
fundamentalmente a la mayor capilaridad de estaciones de servicios y al
menor tamaño por estación. Durante los últimos seis meses, las
variaciones registradas en España, sin embargo, están plenamente
alineadas con las observadas en la eurozona y sus principales países. De
hecho, porcentualmente, el descenso del precio de venta al público de los
carburantes en España durante la segunda mitad del año 2014 ha sido
superior al de países como Francia, Alemania, Inglaterra o Italia. A
partir de la segunda semana de enero, el efecto ha sido el contrario, por
el incremento en las cotizaciones de la materia prima en los mercados
internacionales; es decir, mientras el Brent subió el 26,3 por ciento de
enero a marzo de este año, la gasolina y el gasoil subieron, es verdad,
pero lo hicieron en torno a un 11 por ciento.

La Ley 11/2013, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo
al crecimiento económico, ha facilitado la apertura de nuevas estaciones
de servicio y ha limitado el poder de mercado de los grandes operadores
de productos petrolíferos. Se espera que este conjunto de medidas, de
forma global, contribuya a lograr el abaratamiento de los carburantes a
través de la introducción de un mayor nivel de competencia. De hecho,
ahora, fundamentalmente en las afueras de las grandes ciudades, pueden
verse estaciones de servicio que son independientes en las que a veces se
percibe una diferencia por litro de hasta 4 y 5 céntimos. La citada
Ley 11/2013, establece que las administraciones autonómicas deberán
integrar en un procedimiento único y ante una única instancia la
autorización para la apertura de nuevas estaciones de servicio. También
establece que los usos del suelo para actividades comerciales o
industriales serán compatibles con las instalaciones de suministro por
combustible al por menor, y se limitan las condiciones de los vínculos
contractuales en exclusiva, cuya duración será, a partir de esa ley, de
un año. Y también se indica que no podrán incluir cláusulas que directa o
indirectamente fijen o recomienden el precio de venta al público de
combustible. Por tanto, todas ellas medidas, señorías, orientadas a
aumentar la competencia en el mercado de los carburantes para así tener
un impacto directo en términos de precio. Asimismo, se amplía a parques
comerciales, establecimientos de inspección técnica de vehículos y zonas
o polígonos industriales, la facilidad de apertura de estaciones de
servicio que ya venían disfrutando los centros comerciales. Es decir, se
siguen aumentando las facilidades para que haya nuevas aperturas. Y, por
último, se establece una medida consistente en que los operadores con una
cuota de mercado superior al 30 % en una provincia o en una isla, no
podrán aumentar el número de instalaciones de propiedad o gestionadas
directa o indirectamente por el operador, ni podrán firmar nuevos
contratos en exclusiva en los territorios afectados. Los efectos de estas
medidas, señorías, se esperan a medio y largo plazo. Sin embargo, desde
la entrada en vigor del real decreto ley se ha producido ya un incremento
significativo en el número de aperturas de nuevas estaciones de servicio
independientes. Solo en el año 2014 se han abierto algo más de 300
estaciones de servicio, de las que más del 80 % corresponden a
distribuidores independientes.

Por otro lado, como es sabido, la disminución en la cotización
internacional del Brent durante la segunda mitad del año 2014, ha
permitido una rebaja muy importante en el precio de los carburantes que,
lógicamente, nada en absoluto tiene que ver con las medidas del Gobierno.
Estos no se reducen en la misma proporción porque la materia prima es un
componente más del precio de venta al público de cada litro de gasolina o
gasóleo. Sin embargo, la reducción del precio de los carburantes en
España está plenamente alineada con aquella que se experimenta en el
resto de los países europeos, incluso tengo que informar a sus señorías
de que los precios se han reducido más en España que en la eurozona. El
Gobierno lo que hace es velar por la traslación de precios desde las
cotizaciones internacionales de productos a los precios de venta al
público y que esa traslación sea lo más rápida y transparente posible, y
en el caso de que se produzca un desajuste en la aplicación de la bajada
de precios, tomar medidas para incrementar la competencia en el sector.
Es lo que hicimos en el año 2013 y es lo que hemos hecho con las nuevas
modificaciones de la Ley de hidrocarburos que está ahora mismo en esta
Cámara. De hecho, la modificación de la Ley 34 del sector de
hidrocarburos, como ya hemos comentado, va a introducir nuevas medidas en
favor de la competencia y transparencia de precios en el sector de la
distribución.

Paso a exponer ahora, señorías, el punto de vista del Gobierno
respecto a otras cuestiones planteadas. Me voy a referir a cada una de
esas cuestiones y también a los grupos que en relación con esas materias
han planteado comparecencia. En primer lugar, respecto de la energía
nuclear, el Grupo Socialista ha planteado tres comparecencias: una,
respecto a Santa María de Garoña, otra respecto al funcionamiento hasta
un periodo de sesenta años de las centrales nucleares, otra respecto al
Plan de renuclearización y otra en relación con los recientes cambios
normativos. Me refiero a todas ellas.

Señorías, el pasado día 27 de mayo del año 2014, Nuclenor, el
operador titular de la central nuclear de Santa María de Garoña, presentó
ante el Ministerio de Industria, Energía y Turismo una solicitud de
renovación de la autorización de explotación al amparo de lo que permite
el artículo 28 del Reglamento sobre instalaciones nucleares y
radiactivas, que fue remitida por el ministerio al Consejo de Seguridad
Nuclear el 2 de junio para informe preceptivo, por lo tanto, pocos días
después de haberse recibido esa solicitud. El 30 de julio de ese mismo
año 2014 el Consejo de Seguridad Nuclear aprobó la emisión de una orden a
esta central nuclear con requisitos adicionales en el ámbito de la
solicitud de renovación, entre los cuales se incluyen, lógicamente, los
nuevos requisitos a largo plazo, que son los requisitos conocidos como
posFukushima, cuya implantación se requiere previamente a que se pueda
producir ningún tipo de carga de combustible. El proceso de implantación
de las medidas posFukushima en las centrales españolas, incluida la
central de Santa María de Garoña, está siendo supervisado por el Consejo
de Seguridad Nuclear, y lo está siendo mediante un plan específico de
inspección y de evaluación. El procedimiento a seguir para la concesión
de la renovación de la autorización de la explotación de la central
nuclear de Santa María de Garoña, que actualmente se encuentra en
tramitación, es el que establece el reglamento sobre este tipo de
instalaciones, que fue aprobado por Real Decreto 1836 del año 1999 y
fecha 3 de diciembre, cuya última modificación se llevó a cabo el 21 de
febrero del año 2014 mediante el Real Decreto 104, para la gestión
responsable y segura del combustible nuclear gastado y los residuos
radiactivos.

Por tanto, posición del Gobierno en esta materia: ningún tipo de
prejuicio ideológico, ni a favor ni en contra de la energía nuclear. La
energía nuclear ha sido, es y el Gobierno piensa que debe seguir siendo
parte del mix energético, y que en todo aquello que afecte a la concesión
de autorizaciones para alargar el periodo de vida útil de una central más
allá del que tenía inicialmente concedido, el Gobierno siempre estará a
las condiciones y requisitos que establezca el Consejo de Seguridad
Nuclear, que para eso es el órgano regulador en esta materia.

Me refiero ahora al almacén temporal centralizado que ha sido
objeto también de dos peticiones de comparecencia por el Grupo
Socialista. En primer lugar, situación del expediente para la
contratación de la obra del almacén temporal centralizado. Me refiero a
la información de la que a día de hoy dispone este ministerio. El consejo
de administración del Enresa aprobó el pliego de licitación de la obra
civil el día 2 de septiembre del año 2014 y el 4 de septiembre se inició
el plazo para la presentación de ofertas, plazo que terminó el 27 de
octubre. Se han presentado ocho ofertas y en este momento se encuentran
en fase de evaluación por parte de la empresa. La financiación de este
proyecto, al igual que el resto de los costes relacionados con la gestión
del combustible gastado y los residuos radiactivos generados por las
centrales nucleares, así como su desmantelamiento, se lleva a cabo a
través del llamado Fondo para la financiación de las actividades del Plan
general de residuos radiactivos. ¿De qué se nutre este fondo? Pues a
través de las tasas que entraron en vigor a partir del 1 de enero del
año 2010 y que se imputan a los titulares de las centrales nucleares que
se encuentran en operación.

Respecto de la tramitación de la autorización previa para el
emplazamiento del almacén temporal centralizado que concede el ministerio
mediante orden ministerial, requiere informe previo preceptivo y
vinculante del Consejo de Seguridad Nuclear y, en todo caso, la
declaración de impacto ambiental por parte del Ministerio de Agricultura
y Medio Ambiente. El 13 de enero del año 2014 Enresa presentó en el
ministerio la documentación relativa a la solicitud para la obtención de
esta autorización y el ministerio la remitió al Consejo de Seguridad
Nuclear para su preceptivo informe. Dentro del proceso de evaluación que
el Consejo de Seguridad Nuclear está llevando a cabo, el pasado día 15 de
septiembre del año 2014 este consejo remitió a Enresa una petición de
información adicional en relación con esa documentación. Se requería a la
empresa información adicional sobre distintos aspectos relativos al
estudio de caracterización del emplazamiento. La mayor parte de estas
peticiones se refieren a aclaraciones relativas a las características del
emplazamiento.

Señorías, en todo proceso de licenciamiento es habitual que el
Consejo de Seguridad Nuclear requiera a los licenciatarios de
instalaciones nucleares información adicional, o bien aclaraciones
específicas en relación con la documentación que previamente haya
presentado la empresa. Todo ello con objeto de disponer de un mayor
conocimiento sobre el que el Consejo de Seguridad Nuclear pueda elaborar
su informe.

Señorías, hasta la fecha el Consejo de Seguridad Nuclear en ningún
momento ha manifestado al Ministerio de Industria, Energía y Turismo que
el emplazamiento elegido no sea válido para la construcción del almacén
temporal centralizado. Mediante envíos de documentación realizados los
pasados días 30 de diciembre y 20 de enero, de acuerdo con la información
que obra en el ministerio, Enresa remitió a este organismo la información
solicitada, y actualmente el Consejo de Seguridad Nuclear está analizando
dicha información.

Señorías, de acuerdo con la normativa nuclear, no se puede iniciar
ningún tipo de actividad en el emplazamiento hasta que el ministerio no
conceda la autorización previa que permite la realización de obras
preliminares de infraestructuras. Para el inicio de las actividades de
construcción se requiere la autorización de construcción que igualmente
concede el ministerio por orden ministerial, también previo informe del
Consejo de Seguridad Nuclear.

Me refiero ahora a la comparecencia que se me ha solicitado por
parte del Grupo Socialista, relativa a fracturación hidráulica y
medioambiente.

Señorías, como cualquier otra actividad industrial, la
fracturación hidráulica no está exenta de riesgos, si bien esos riesgos
son gestionables. En este sentido, cabe señalar que la protección de las
personas y del medioambiente está garantizada en España por medio de un
sólido y riguroso procedimiento de evaluación de impacto ambiental que,
con carácter preceptivo y vinculante, en la autorización de cada uno de
los trabajos establece las condiciones, las limitaciones y las
prohibiciones necesarias justamente para garantizar la seguridad
medioambiental.

Quiero destacar las novedades que en materia medioambiental ha
introducido este Gobierno, primero por la Ley 17/2013, de 29 de octubre,
para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los
sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, y más recientemente
por la Ley de 9 de diciembre de 2013, de evaluación ambiental. De acuerdo
con estas dos leyes se ha reforzado el control ambiental de todo tipo de
proyectos que requieran autorización medioambiental, y particularmente
este tipo de proyectos sobre los que hablamos. Las perforaciones que
contemplen la utilización de técnicas de fracturación hidráulica se
someterán, de acuerdo con estas leyes, a un trámite de información
pública, sin perjuicio de una batería de consultas a administraciones y
público interesado. De esta forma, se garantiza la máxima protección del
medioambiente a la vez que se ofrece la máxima información a los
ciudadanos, que podrán participar activamente en el procedimiento.
Además, se pretende establecer un marco legal transparente, tanto para
las empresas como para los ciudadanos, que fije unas reglas de juego
basadas en la exigencia de unos estrictos estándares de seguridad para
las personas y de protección del medioambiente y de los recursos
naturales. En particular, el artículo 35 de la nueva Ley de evaluación
ambiental contempla la evaluación y cuantificación de los efectos
previsibles directos e indirectos, acumulativos y sinérgicos del proyecto
sobre la población, la salud humana, la flora, la fauna, la
biodiversidad, la geodiversidad, el suelo, el subsuelo, el aire, el agua,
los factores climáticos, el cambio climático, el paisaje o los bienes
materiales, incluidos los efectos sobre el patrimonio cultural. Contempla
también los efectos y la interacción entre todos los factores mencionados
durante la fase no solo de ejecución, sino también de explotación y, en
su caso, durante la demolición o incluso el abandono del proyecto. Por
tanto, señorías, lo que ha hecho este Gobierno en relación con las
actividades de fracturación hidráulicas es aumentar todavía más las
cautelas medioambientales que ya estaban establecidas anteriormente en la
normativa vigente hasta la introducción de la reforma del año 2013, a las
que he hecho referencia.

Me refiero ahora a la cuestión de las investigaciones y
prospecciones en materia de hidrocarburos. Hay una comparecencia
solicitada por parte del Grupo Parlamentario Socialista sobre la
situación presente y futura de las prospecciones de hidrocarburo en la
zona del Mediterráneo.

Señorías, de acuerdo con la ya tan mencionada esta tarde Ley del
sector de hidrocarburos, la realización de actividades reguladas en ella
o la construcción, ampliación, explotación o modificación de
instalaciones afectas a ellas sin la necesaria concesión de autorización
administrativa, declaración responsable, comunicación o inscripción en el
registro correspondiente cuando proceda, o el incumplimiento del
contenido, prescripciones y condiciones de estas cuando se ponga en
peligro manifiesto a las personas o a los bienes, todo eso constituye una
infracción muy grave. La Ley es muy clara en esta materia. Cuando se hace
una autorización en materia de investigación en prospecciones de
hidrocarburos hay que cumplir una serie de requisitos y condicionantes
que están muy tasados, y si no se cumplen es una infracción muy grave.
Pues bien, señorías, de acuerdo con esa normativa, requieren autorización
administrativa todos los métodos, geofísicos o geoquímicos, de
prospección de hidrocarburos previa realización de los trámites
ambientales pertinentes.

Me refiero ahora al permiso de investigación conocido como
Chinook. Ese permiso de hidrocarburos, Chinook D, forma parte de un
bloque exploratorio formado por cuatro permisos denominados Chinook A, B,
C y D, que se otorgaron, señorías, por Real Decreto 1773/2010, de 23 de
diciembre. Fueron otorgados a la sociedad CNWL OIL España, sociedad
anónima. Estos permisos se encuentran en el Mar de Alborán dispuestos, de
oeste a este, frente a las costas de Málaga, Granada y Almería. La fecha
de autorización es de diciembre de 2010. El 3 de octubre del año 2014
—por tanto, hace unos seis meses—, el titular de los permisos
solicitó su renuncia, lo cual implica su extinción así como el
desistimiento de la solicitud para la ejecución de una campaña sísmica
asociada a ellos. Dicha extinción se formaliza mediante orden
ministerial, previa instrucción del correspondiente expediente
administrativo.

Señorías, la titularidad del permiso no exime de la obtención de
autorización para la ejecución de los trabajos de campo asociados, como
la perforación de un sondeo o la adquisición de una campaña sísmica;
dicha autorización administrativa requiere la previa realización de los
trámites de evaluación de impacto ambiental del proyecto. El plan de
investigación de los permisos Chinook A, B, C y D contemplaba la
adquisición de una campaña sísmica 3D. Formulada la correspondiente
solicitud de autorización administrativa por parte de su promotor, la
resolución de 14 de octubre del año 2014 de la Secretaría de Estado de
Medio Ambiente formuló declaración de impacto ambiental negativa del
proyecto. Por tanto, autorización del año 2010 y declaración del año 2014
negativa. Posteriormente, como ya se ha adelantado, el titular de los
permisos Chinook presentó su renuncia, lo cual implica el archivo de la
solicitud para la adquisición de la campaña sísmica y la propia extinción
de los permisos.

En cuanto al permiso de investigación Siroco, del operador Repsol,
fue otorgado por Real Decreto 248/2004, de 6 de febrero, y por Real
Decreto 59/2008, de 18 de enero. En los citados reales decretos de
otorgamiento se establecieron los compromisos y el programa de
investigación para estos permisos. Los permisos de investigación de
hidrocarburos —esto es muy importante, señorías— habilitan al
titular a investigar en exclusiva la existencia de hidrocarburos y
almacenamiento subterráneo para estos en el subsuelo de la superficie
otorgada. Sin embargo, el hecho de conceder el permiso no supone una
autorización automática de los trabajos de campo, sino que, por el
contrario, requieren un control administrativo adicional como es la
autorización administrativa.

Me refiero ahora, señorías, al contenido de la comparecencia que
me ha solicitado el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
sobre el almacenamiento subterráneo Castor, comparecencia que también ha
sido solicitada por el Grupo Parlamentario Socialista.

Como saben sus señorías, el almacenamiento subterráneo denominado
Castor es una infraestructura singular en la que concurren una serie de
circunstancias que hacían necesario articular un marco normativo adecuado
e inmediato que permitiese garantizar el interés general primario de la
seguridad de las personas, bienes y medioambiente, y ello con carácter de
extraordinaria y urgente necesidad. De ahí el Real Decreto Ley 13/2014,
de 3 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes en relación con
el sistema gasista y la titularidad de centrales nucleares, convalidado
por el Congreso de los Diputados en su sesión del 16 de octubre del
año 2014. Este real decreto establece una solución equilibrada en la que,
por una parte, se determina la extinción de la concesión de la
explotación del almacenamiento subterráneo y también la hibernación de
las instalaciones y su asignación a Enagás Transporte, que se encargará
de las labores de mantenimiento y operatividad de las instalaciones, así
como de realizar los estudios necesarios, de cuyo conocimiento deberá
obtenerse la profundidad de juicio precisa a fin de que se adopte la
decisión definitiva que determine el futuro del almacenamiento.

La situación de hibernación de estas instalaciones ya construidas
permitía su futura explotación, siempre que se realizasen los estudios
técnicos necesarios que garantizasen la seguridad de las personas, los
bienes y el medioambiente y así se considerase por acuerdo del Consejo de
Ministros.






De esta manera, se mantiene el interés estratégico del
almacenamiento subterráneo Castor que forma parte del conjunto de
instalaciones para la seguridad del suministro del sistema gasista
español.

Por otra parte, los informes actualmente disponibles sobre el
almacenamiento, particularmente los emitidos por el Instituto Geográfico
Nacional y el Instituto Geológico Minero de España, no permiten aún tener
una conclusión definitiva sobre los episodios sísmicos de los meses de
septiembre y octubre del año 2013, sino que al contrario, recomiendan la
realización de una serie de estudios adicionales de cuyo conocimiento
deberá obtenerse la información precisa a fin de que se adopte la
decisión definitiva que se determine para el futuro almacenamiento,
debiendo procederse al desmantelamiento cuando puedan existir riesgos
para las personas, los bienes o el medioambiente que así lo
aconsejen.

Señorías, conviene algo de perspectiva histórica en relación con
esta cuestión. La concesión de explotación de este almacenamiento
subterráneo se otorgó mediante el Real Decreto 855/2008, de 16 de mayo,
publicado en el Boletín Oficial del Estado el 5 de junio de 2008. El 18
de julio del año 2014, sobre la base de lo que preveía el anterior real
decreto, la empresa concesionaria, Escal UGS, comunicó su decisión de
ejercer el derecho de renuncia a la concesión, según se establece en el
citado real decreto del año 2008, así como también en la Orden 3995,
de 29 de diciembre del año 2006, que contempla la posibilidad de renuncia
anticipada a la concesión con el reconocimiento de una compensación por
las inversiones efectuadas: nada más y nada menos que el valor residual
de la inversión —decía el real decreto—, aun cuando mediara
en la decisión dolo o culpa por parte del operador. Como recordarán todos
ustedes, esto fue objeto de un acuerdo de lesividad adoptado por el
Consejo de Ministros que posteriormente fue recurrido por parte del
operador, aunque finalmente el Tribunal Supremo consideró que esa
cláusula no era lesiva para el interés general.

El valor de dicha compensación se establece en el valor neto de la
inversión acometida. El importe total asciende a 1461 millones de euros;
importe del que habría que descontar la retribución provisional de 110,6
millones de euros que ya se le había adelantado al operador. En
consecuencia, el importe reconocido asciende a 1350,4 millones de euros.
No obstante —y con esto termino, señorías—, la efectividad de
la renuncia y el pago al operador del almacenamiento subterráneo Castor
de las cantidades anteriormente señaladas no implican, en modo alguno, la
extinción de la responsabilidad que este operador y/o sus accionistas
deban, en su caso, afrontar por su gestión del proyecto, que será
convenientemente exigida una vez que se dispongan todos los elementos de
juicio necesarios.

Termino. La solución financiera articulada supone una notable
reducción de costes para el sistema gasista y para el consumidor, y ello
a causa de los menores costes financieros a los que habrá que hacer
frente, al aumento del periodo de amortización de la operación y a la
drástica disminución de costes de operación y mantenimiento del
almacenamiento durante la hibernación.

Les agradezco mucho su atención y les pido disculpas porque me he
extendido algo más de lo que tenía previsto.

Muchas gracias. Estaré atento a cuantas cuestiones me planteen sus
señorías en relación con lo que he comentado.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro, por su
compleja disertación.

Permítame que le haga una aclaración. Ha hecho usted mención a la
Ley de hidrocarburos, pero hay una circunstancia que no conoce. Esta
mañana se retiró, aunque figuraba en el orden del día, la designación de
la ponencia en tanto que la ley no ha entrado todavía, como esperábamos;
entrará mañana y la comisión designará la ponencia el próximo martes.
Obviamente, el señor ministro no conocía esta circunstancia, pero sí
figuraba en el orden del día.

A continuación, pasamos al turno de portavoces.

Comenzamos con el Grupo Parlamentario Mixto. ¿Van a dividir la
intervención?

En primer lugar, la senadora Salanueva tiene la palabra.

La señora SALANUEVA MURGUIALDAY: Gracias, presidente.

Compartiré el turno con mi compañero, el señor Iglesias, y por eso
intentaré ser lo más breve posible.

Gracias, señor ministro, por su exposición. Brevemente haré alguna
consideración y alguna afirmación que nos gustaría que constara en acta,
y también realizaré alguna pregunta.

Desde UPN siempre hemos sido conscientes, y así se lo dijimos
cuando se aprobó la Ley de reforma del sector eléctrico, de la compleja
situación en la que se encontraba el sector energético y, en particular,
el eléctrico, con el mix de generación que existía en ese momento y con
el problema del déficit de tarifa. Y no queremos minimizar ninguna de las
cuestiones relacionadas con el déficit de tarifa. Entonces entendimos que
era necesario adaptar el marco jurídico y económico de estas
instalaciones de generación, pero fuimos críticos con la forma en que se
realizó, y le diré por qué. De hecho algunas cuestiones nos han dado la
razón.

Entendimos que la reforma del sector eléctrico pretendía conseguir
casi de manera exclusiva —y no está mal, pero, a nuestro juicio, no
debía pretenderlo de manera exclusiva— la eliminación del déficit
de tarifa para que no comprometiera el déficit público, como finalmente
ha sucedido. El déficit de tarifa se ha equilibrado pero, a nuestro
juicio, no lo ha hecho el impacto en el sector: deslocalización de
empresas, pérdida de empleo, etcétera.

Ya anunciamos que la luz iba a subir, y aquí quiero hacer una
mención especial. Ha hecho usted unas afirmaciones y ha relatado unas
consecuencias maravillosas sobre el impacto que ha tenido la reforma en
el precio de la luz y sobre el que va a tener en el futuro. Sin embargo,
los datos que tenemos dicen otra cosa, y le cito las fuentes para que
pueda aclarárnoslo. En concreto, señala el OMIE, el Operador del Mercado
Ibérico de Energía —ha sido publicado en prensa recientemente; les
hablo de una publicación del día 2 de abril—, que el precio de la
electricidad se duplica en el primer año de la nueva tarifa. La luz, que
en abril de 2014 costaba 26 euros el megavatio por hora, pasa a
costar 58,43 euros en el último mes. Dice este informe que, transcurrido
el primer año de funcionamiento, el coste de la electricidad ha
experimentado subidas que han alcanzado el cien por cien en algunos
meses. Ciertamente, ha habido meses en los que el precio de la luz ha
bajado. Desde el 1 de abril la parte de la factura de la luz referida a
la energía consumida depende de a cuánto se negocie el megavatio por hora
en el mercado, y este precio varía continuamente.

Lo que ocurre ahora, la realidad con la que nos estamos
encontrando, es que el precio de la luz varía cada vez. No pagamos lo
mismo por una lavadora que pongamos hoy que por la que podamos poner
dentro de una semana. Es cierto, y en eso también le queremos dar la
razón, que hoy el sistema es más transparente en cuanto a los costes que
pagamos los usuarios, pero a nuestro juicio la factura de la luz también
es más imprevisible y más inestable. Como le decía, hace un año los
precios de la luz bajaron drásticamente en el mes de abril hasta
los 26,44 megavatios por hora, y ahora estamos viendo cómo el precio ha
subido hasta los 58 euros en septiembre, que es uno de los precios más
altos, o a los 43 euros en el mes de marzo. Pero esto no es solo algo que
diga este informe. Estos días leíamos en un medio de comunicación que,
según afirmaciones de Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, en el
año 2015 el recibo de la luz va a subir un 15 %. E insisto en que me
remito a las fuentes citadas, empresas que lo afirmaban con semejante
rotundidad en contra de lo que usted nos ha venido contando.

A nuestro juicio, señor ministro, lo hecho, hecho está, y tiene
unas consecuencias que debemos valorar, pero sobre todo hay cuestiones
que creo que se han quedado en el tintero tras la reforma, y es que
seguimos sin ver a medio y largo plazo —igual es problema
nuestro— un modelo al que dirigirnos. Todavía no sabemos el mix
energético que se pretende, y creemos que ya es hora de contar en España
con un modelo energético. Vemos que las medidas que se han ido adoptando
son medidas puntuales, a las que no quito importancia, pero creemos que
hay que dar un paso más y hacer una verdadera planificación del sector
energético: establecer previsiones energéticas a medio y largo
plazo.

Asimismo, nos preocupa el tema de las energías renovables.
Sabemos, y no voy a abundar en ello, la penalización que han sufrido con
carácter mediático, pero también concreto. Usted dice que tienen un
futuro, que hay empresas interesadas en su desarrollo, pero si eso es
así, no vemos, por parte del Gobierno y del ministerio que preside, por
dónde va a ir el camino, cuál va a ser el apoyo que van a dar ni las
medidas concretas que van a poner en marcha para las empresas de energías
renovables. No vemos cuál es la apuesta concreta que hacen por ellas. Por
lo que se refiere a I+D, más adelante le explicaré algo.

También nos preocupa muchísimo —ya lo dijimos en su
momento— todo lo relacionado con el autoconsumo. Sabemos, por lo
que usted manifestó en la comparecencia en el Congreso, que hay un real
decreto que está esperando para su regulación. Por lo que hay regulado
hasta hoy, y por el borrador que se presentó en el año 2013, entendemos
que, de seguir así, se produce un tratamiento injusto hacia el
autoconsumo, y en concreto con la imposición del llamado peaje de
respaldo para soportar los costes del sistema eléctrico que, a nuestro
juicio, lo hace inviable. De hecho, y a la vista de esa barbaridad de
propuesta de real decreto que se hizo público, desde el año 2013, e
incluso desde el 2012, todas las instalaciones de autoconsumo han
paralizado cualquier iniciativa. De manera genérica le diremos algo que
usted ya sabe, y es que el autoconsumo evita costes, racionaliza el
consumo, favorece el desarrollo igualitario de la industria energética,
promueve la competitividad, el abaratamiento de costes, etcétera; y sobre
todo, señor ministro, crea empleo. Pero no lo decimos solo nosotros, ya
que la defensora del pueblo también ha hecho manifestaciones en ese
sentido diciendo que no se puede tratar de manera injusta a los
particulares que quieren utilizar el sistema de autoconsumo en
comparación con las empresas.

Los consumidores que opten por la generación para autoconsumo ya
están pagando, y ya le he leído las afirmaciones sobre lo que es justo
pagar por autoconsumo. Y en cuanto a las generales de la ley, le doy la
razón, pero es que no es del todo cierto lo que usted dice en las
afirmaciones que hizo en el Congreso. Como le decía, los consumidores que
opten por la generación exclusivamente para autoconsumo ya están pagando
los costes del sistema eléctrico como consumidores, y a nuestro juicio se
les penaliza doblemente, desincentivando cualquier iniciativa en este
sentido. Además, la no utilización de la red para vertido como agente
productor no debería suponer un coste por servicio no prestado, y por
otra parte entendemos que no deberían estar sujetos a la instalación
obligatoria de un contador para el autoconsumo instantáneo.

No voy a extenderme más en este tema, sobre el que le diría más
cosas; oportunidades tendremos. Pero me gustaría saber, y ya se lo
pregunto directamente, si hay una fecha concreta para la aprobación del
real decreto.

Señor ministro, le pedimos que cree un marco económico estable
para incentivar nuevos desarrollos tecnológicos de carácter experimental
e innovador que se vuelque en acciones de I+D+i para evolucionar hacia
tecnologías más eficientes, ya que contamos con una infraestructura
tecnológica de referencia mundial. Dadas las relaciones institucionales
que tenemos, conoce usted perfectamente nuestra preocupación en Navarra,
pero también nuestra aportación a este sector en materia
tecnológica.

Al principio de sus afirmaciones, y en cuanto a las autorizaciones
en el litoral mediterráneo, presumía, y me parece bien, de las
autorizaciones en materia de hidrocarburos. Por si usted no lo conoce,
quisiera hacerle una llamada de atención por lo que humildemente sabe
esta portavoz. Me consta, según me dicen peticionarios concretos, que
muchas de las peticiones que se realizan en materia de autorizaciones de
hidrocarburos —y cuando debatamos el proyecto de ley tendremos
oportunidad de hablar de ello—, tardan una media de cuatro y cinco
años en resolverse. Todas deberán cumplir, como usted bien ha dicho, los
requisitos y exigencias necesarias medioambientales, legales y de toda
naturaleza, pero algunas de las que cuentan con declaración de impacto
ambiental, a pesar de ello, y pendientes solo de la autorización del
ministerio, tardan entre cuatro y cinco años en resolverse.

Y acabo ya con un tema que nos ha preocupado siempre —ya sé
que usted dirá que siempre estamos con lo mismo—, y es que creo que
las 62 000 familias, 9000 de ellas navarras, que se han visto afectadas
por la retroactividad de la norma en cuanto a sus instalaciones
fotovoltaicas requieren de una atención expresa; requieren de una
solución, de una ayuda, de una vía. Se preguntan ustedes que cómo se va a
quejar todo el mundo si tiene una rentabilidad razonable de un 7,5 %,
pero eso no es del todo cierto, señor ministro. Usted conoce los
informes, porque me consta que se los han hecho llegar, y como bien sabe,
de las 62 familias afectadas, más del 36 % tienen una rentabilidad
negativa y solo un 3 % han llegado a obtener el 7,5 % que aseguraba el
Gobierno para todas las instalaciones.

Y termino ya diciendo que, al cambiar drásticamente la estructura
de la amortización, el cien por cien ha tenido que refinanciar o soportar
los pagos mensuales con recursos propios, lo que les ha obligado a
aportar garantías adicionales a los bancos, aceptando, además, tipos de
interés más altos porque tienen que prolongar los periodos de
amortización. El 15 % tiene mensualidades pendientes y, además,
recordemos que esas inversiones fueron aconsejadas por el ministerio,
acertada o equivocadamente, pero fue un ministerio el que adoptó
decisiones de manera democrática, aunque no nos gusten. Además, el 79 %
de los productores han debido aportar garantías personales. Si hoy se
preguntara a todas las personas que invirtieron en su momento si
volverían a adoptar esa decisión con las mismas condiciones de
rentabilidad del 7,5 %, y con algún atisbo del riesgo regulatorio,
ninguna o casi ninguna diría que sí.

Y finalizo ya de verdad diciéndole que hay cuestiones concretas en
relación con la comunidad foral. Como sé que está usted bien informado
sabe que tenemos mucho interés en la próxima propuesta de orden
ministerial para aprobar las instalaciones tipo correspondientes a los
parámetros retributivos aplicados a determinadas instalaciones de
producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables,
cogeneración y residuos. En lo que afecta a las minicentrales le hemos
hecho una serie de sugerencias desde el Gobierno de Navarra que nos
gustaría que fueran tenidas en cuenta. Y en cuanto a la línea eléctrica
de Dicastillo-Itxaso-Castejón-Muruarte, no abundaré en ello ya que esa
necesidad está debidamente explicada en otras instancias.

Le doy las gracias y quiero disculparme, señor ministro, porque no
podré quedarme hasta el final de su comparecencia. No lo tome como una
descortesía, pero razones de tipo personal me obligan a ausentarme,
aunque seguiré con mucho interés en el Diario de Sesiones lo que usted
responda.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: El senador Iglesias tiene la palabra.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Como se trata de un turno compartido me centraré exclusivamente en
el tema del carbón para que mi intervención sea lo más breve posible.
Agradezco al señor ministro su comparecencia y la información que nos ha
trasladado.

Yo no niego que ustedes encontraron el sector del carbón en la
UVI, lo que ocurre es que me temo que la estrategia que se está
desarrollando, la concreción de las políticas que han puesto en marcha
está significando que sucesivamente se van apagando los soportes vitales
propios del enfermo que se encuentra en la UVI. Ello tiene expresiones
muy concretas, que además van concatenadas. Por ejemplo, el
incumplimiento del Plan del Carbón 2013-2018 a lo largo de 2014 en
prácticamente todos sus parámetros. Si la previsión para el 2014 era de
una producción de 7 millones de toneladas, no se llegó ni tan siquiera
al 40 % de esa producción, lo cual tuvo como medida de acompañamiento y
es difícil determinar cuál es causa y efecto una reducción sustancial
efectiva del famoso depósito estratégico que gestionaba Hunosa, que logró
colocar prácticamente el 50 % de las toneladas de carbón que disponía.
Pero al producirse ese incumplimiento en el Plan del 2014 y hacer la
convocatoria, a la que hacía referencia el señor ministro, de ayudas el 1
de abril, se tomó como referencia la situación de 2014, que era una
situación de incumplimiento de los objetivos del plan. Eso ha acotado las
ayudas previstas de la convocatoria para 2015 de una forma muy
importante.

Respecto al cambio de modelo que se plantea y se debate, yo
esperaría a tener una concreción más evidente, porque veo en él aspectos
positivos pero también veo riesgos. ¿Aspecto positivo? La cantidad que en
principio se baraja como subvención de 400 millones es muy importante, y
además prácticamente significaría cubrir el 100 % de las inversiones, de
la desnitrificación de las empresas eléctricas titulares de térmicas. En
mi comunidad autónoma los datos que se han barajado hasta ahora por las
dos empresas que han anunciado inversiones suponen 140 millones de euros,
por lo tanto, 400 millones probablemente se acercará bastante.

Eso supone que la exigencia que ha de acompañar a esta subvención
ha de ser lo suficientemente contundente como para que no nos encontremos
en una realidad, una vez más, por desgracia frecuente en nuestro país,
de: coge el dinero y corre, en este caso coge la subvención para la
adaptación a las exigencias medioambientales y olvídate del carbón
nacional tan pronto como puedas. Por eso la fijación de los plazos de
vinculación de las empresas al consumo de carbón nacional va a ser la que
de verdad determine si esta medida al final es un apoyo real al sector o
acaba siendo un apoyo a las propias empresas titulares de las
térmicas.

Por otro lado, hay un problema que, además, tras el debate que
tuvimos esta mañana en la comisión en torno a una moción que hacía
referencia al mismo tema, me preocupa aún más, que es el de los plazos.
Estamos prácticamente a mediados del mes de abril, seguimos en fase de
borrador de la orden ministerial, y esta mañana en el debate se comentaba
que será necesario un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia y la aceptación de esta nueva fórmula por los órganos
competentes de la Comisión Europea, por lo que, o se actúa en fase
provisional aplicando los contenidos mientras se consiguen todos estos
plácet, o nos vamos a situar a finales de 2015 o en el 2016. Y si dejamos
por el medio un año en blanco, el objetivo de 2019 —objetivo
plausible, más allá de que haya que seguir reivindicando ante la Comisión
Europea, y el señor ministro no lo descartaba, la posibilidad de que
mantengan su actividad más allá de 2018 las empresas que recibieron
ayudas sin su devolución— puede hacerlo imposible. Teniendo en
cuenta que ya en 2014 la mayoría de las empresas —y desde luego
todas las subcontratas— se encuentran con expediente de regulación
de empleo o en concurso de acreedores, pretender que aguanten esa
situación durante un año más, a lo largo de 2015, resulta absolutamente
imposible, y podemos llegar a 2016, momento en que entra en vigor el
nuevo régimen de ayudas, en un situación de desierto en la
actividad.

Dos últimas cuestiones en relación con esta materia, que trataré
muy rápidamente. Primero, la situación de Hunosa, la empresa pública
asturiana, en un sector que lleva jibarizándose desde 1985 —esta
mañana barajábamos el dato de que perdió el 97 % de mano de obra y de
actividad—. La empresa pública Hunosa en este momento debe
representar aproximadamente el 40 % de la actividad del sector y del
empleo, y aunque barajemos magnitudes muy pequeñas sigue siendo un puntal
fundamental. En 2014 ni tan siquiera la empresa pública ha cumplido los
objetivos fijados en el Plan de empresa, que es la plasmación del Plan
nacional de la minería, en producción, que aunque es cierto que fue un
porcentaje superior al del conjunto del sector consiguió un 72 %, también
es cierto que tiene una realidad diferente, la de disponer de una
térmica, La Pereda, que consume el 50 % de la producción de la empresa,
es decir, que ya tiene colocado el 50 % de esa producción, y el otro 50 %
lo tiene colocado en EDP.

Pero no solamente hay incumplimiento en producción, sino también
en inversiones. Se llegó a dejar sin invertir el 45 % de las previsiones,
lo que siembra dudas, sobremanera cuando una de las líneas de garantía de
futuro de la empresa dentro de la diversificación, que es la actividad
verde, por simplificar, el desarrollo de iniciativas en relación con el
medioambiente, resulta que tampoco ha sido favorecida por el Ministerio
de Industria puesto que se han rechazado las solicitudes de subvención
que, en relación con la recuperación de escombreras, la empresa pública
había planteado.

Finalmente, en relación con el lio de los fondos mineros, creo que
es urgente encontrar una solución. El contraataque del Ministerio de
Industria a la demanda judicial del Gobierno de Asturias debe obligar a
encontrar una solución, porque es verdad que el Gobierno de Asturias
tiene una sentencia en relación con 2011, y están pendientes 2012 y 2013,
y ahora el Ministerio de Industria le reclama prácticamente la misma
cantidad de la sentencia de 2011 en cuanto a exigencias de renuncia o de
devolución. En el diálogo entre administraciones, probablemente ni una
fórmula ni la otra hayan sido las más adecuadas, ni la vía judicial ni
ahora la represalia del ministerio, sino que la colaboración
institucional debiera permitir encontrar una fórmula razonable.

Muchas gracias, señor ministro.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, el señor Anasagasti tiene la
palabra.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor ministro, por su comparecencia.

Me referiré fundamentalmente a la política energética en el
contexto de la Unión Europea, que se ha caracterizado por tres famosos
objetivos, que son: la reducción de las emisiones de CO2, la producción
de energía con fuentes renovables y la eficiencia energética. Y añadiendo
un cuarto punto, que es el objetivo de la capacidad de interconexión en
el sector energético, que viene dado por garantizar la seguridad de
suministro, apoyar la construcción del mercado interior de la energía y
la competencia y favorecer la integración de las renovables, y todo esto
con una situación del sistema eléctrico español a la que se asigna como
una isla energética virtual que se enfrenta en los próximos tiempos a un
reto de incrementar sustancialmente su capacidad de interconexión.

Usted sabe, señor ministro, que el Gobierno Vasco se ha dirigido a
usted en repetidas ocasiones con una serie de demandas, y la última hace
relativamente poco tiempo, después de haber actualizado aquel primer
documento que le envió. Esa reunión del Gobierno con las empresas se
produjo el pasado mes de diciembre y le ha remitido a usted seis
propuestas para paliar los efectos negativos en la industria de la
reforma del sector energético. En ese estudio, que actualiza el ya
remitido a usted el pasado año, señor ministro, nosotros hacemos una
serie de planteamientos que creo que están muy claros, pero no solo son
para la comunidad autónoma vasca, sino fundamentalmente para todo el
sector vinculado a la energía eléctrica en el Estado español.

La propuesta presentada al ministerio se resume en seis ejes:
primero, la creación de un observatorio de costes energéticos que permita
disponer de una visión periódica de los costes en los sectores
industriales, lo que facilitaría la toma de decisiones en política
energética industrial. Segundo, el establecimiento de un sistema de
tarifas de acceso industrial competitivo, de forma que no exista
discriminación en cuanto a los conceptos que se incluyen en dicha tarifa
y sea coherente en cuanto a sectores y niveles de consumo con los del
resto de Europa. Tercero, la restructuración del actual sistema de
interrumpibilidad, basado en subastas, que no es considerado por las
empresas como un buen método, ni las ayuda absolutamente en nada. Cuarto,
la mejora del acceso a redes por parte de las empresas, de forma que las
industrias tengan derecho a solicitar la modificación del punto de
conexión y la tensión de suministro. Quinto, se proponen exenciones
fiscales sectoriales temporales para sectores expuestos a gran
competencia, al igual que ya lo hacen en otros países europeos —no
es una novedad, esto ya se está haciendo en otros lugares—. Y por
último, se ha propuesto trasladar a los Presupuestos Generales del Estado
los extracostes sociales y no peninsulares de la energía, conceptos que
ahora incrementan injustamente el coste de la factura a las
industrias.

Y finalmente quiero añadir un apunte sobre un tema que no se ha
nombrado pero que quizás tenga una importancia mayor con el tiempo. Se
trata de la apuesta por las energías del mar. Usted sabe que se acaba de
doblar el compromiso por la obtención en un futuro de energía
aprovechando el mar. Hace poco se hizo oficial la ampliación de capital
que permitirá invertir 13 millones de euros más en el Proyecto Bimep, una
infraestructura situada en la costa vizcaína que tiene como objetivo
servir de banco de pruebas para alcanzar un sistema de producción
energética que sea eficiente y rentable para la industria. El desembolso
supone un respaldo importante hacia un proyecto que lleva acumulados casi
dos años de retraso en su puesta en marcha, pero que es una de las puntas
de lanza de la Estrategia Energética 2020 y con el que se pretende llegar
en aproximadamente dos décadas a producir el 10 % de la energía consumida
en la comunidad a través de este sistema. Y esta ampliación de capital
supone la constatación de la apuesta decidida por las renovables y en un
proyecto que, a nuestro juicio, no se debe parar. Usted sabe mejor que
nadie que la sociedad se presentó en diciembre de 2011 como una apuesta
conjunta entre el Ente Vasco de la Energía y el Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía, dependiente del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo, con una inversión de partida de 10 millones
de euros. Esta sociedad está participada al 80 % por el EVE —8
millones— y el 20 % por el IDAE —2 millones—. Ahora, y
aunque el decreto dejaba la puerta abierta para que el Estado suscribiera
el 20 % de las nuevas acciones, el IDAE ha declinado esa posibilidad.
Pero así las cosas, nosotros queremos seguir invirtiendo en este
proyecto, que tendrá un coste total de 21 millones de euros y dispondrá
del 91 % de las acciones de la sociedad encargada de explorar el mar y de
explotar el Bimep. Pero no es una cosa novedosa que nosotros estemos
poniendo en práctica porque existan pocas infraestructuras similares
encaminadas al ensayo del sistema para la producción de energía mediante
la fuerza de las olas, como se está construyendo en este momento. En
otros países europeos también se ha planteado la posibilidad, pero ha
sido Escocia la que ha tomado la delantera. Ellos han tardado siete años
en dar un nivel de actividad relevante a la explotación y han necesitado
una década para equilibrar sus cuentas. Creemos que esta es una inversión
muy interesante que, quizá, podría entrar en los planteamientos del Plan
Juncker. Muchas veces se habla del Plan Juncker, pero no se sabe qué
planes proyectar y este puede ser uno de los proyectos interesantes a
futuro. Nos gustaría saber qué opina usted de estos planteamientos
novedosos, que no solamente se tienen que centrar en la famosa tarifa,
porque, indudablemente, con estas cosas, quizá logremos que se abarate su
costo.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Anasagasti.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene
la palabra el senador Joan Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente. Gracias, señor
ministro, por la preparación de los temas que usted ha ofrecido, siendo
yo consciente —ya sé que no es mi responsabilidad— de que es
muy difícil debatir en una sola sesión todos los asuntos que hemos
planteado. Es prácticamente imposible. Yo solo pedí la comparecencia por
el proyecto Castor, al que ahora me referiré, pero antes, simplemente
quiero hacer dos breves reflexiones contestando a su inicial intervención
sobre la situación económica.

Primera, no me parece correcto que ningún sitio, y menos el
Gobierno, asocie la recuperación de las cifras macroeconómica simplemente
a las reformas del Estado español. Creo que es público, notorio y
reconocido que hay tres elementos que van más allá de las fronteras
españolas que determinan la recuperación de las cifras macroeconómicas:
el precio del petróleo, la depreciación del euro en relación con el dólar
y la política del Banco Central Europeo. Sin estas tres condiciones no se
recuperarían las cifras macroeconómicas.

Pero hay otra cuestión: la recuperación; qué significa la
recuperación. Yo creo que lo malo de las políticas que ustedes han
desarrollado es que han cambiado la estructura social del país. Hace
cuatro años un mileurista estaba muy mal pagado; hoy está muy bien
pagado. O sea, hoy hay muchos trabajadores que no cobran un salario digno
para poder vivir dignamente. Hay precariedad. Si el objetivo de la
política es hacer posible que la gente desarrolle su proyecto de vida
autónoma, hoy más que nunca, por lo menos desde que yo tengo uso de
razón, estamos en una situación en que la gente no tiene certidumbre en
relación con su proyecto de vida. Estas son las dos reflexiones al hilo
de su intervención inicial.

En relación con el Castor, me ha sorprendido que usted no haya
dicho nada. Quiero leerle un texto de la Comisión de Asuntos Económicos y
Monetarios de la Unión Europea, que hace un balance de las inversiones
del Banco Europeo de Inversiones el año pasado. Y dice lo siguiente: «La
Comisión lamenta, en particular, el papel del BEI y de la Comisión en el
proyecto Castor, financiado en el marco de la iniciativa de obligaciones
para la financiación de la actividad de proyectos cuya evaluación de
riesgos no tomó en consideración el riesgo del aumento de la actividad
sísmica asociada a la inyección de gas, pese a la existencia de estudios
que alertan claramente de los peligros potenciales de esta operación.
Insta a la Comisión y al BEI a tomar medidas, a fin de evitar que España
tenga que abonar 1300 millones de euros en compensaciones por un proyecto
precedido por una evaluación desastrosa.» Esto ha de ir a Pleno, puede
ser que no se apruebe el texto de la Comisión, pero fíjese lo que está
diciendo, que hubo una evaluación desastrosa y que no se tomaron en
consideración riesgos, e insta a la Comisión y al BEI a hacer lo posible
para que no sea la ciudadanía la que pague esto. ¿Y por qué digo esto?
Porque en el Castor se reproduce el mecanismo del rescate financiero, del
rescate de las autopistas. ¿Y cuál es ese mecanismo? Operaciones
frustradas, proyectos fracasados —especulativos o no— del
sector privado que acaban pagando los ciudadanos. Y la pregunta es: ¿qué
ha hecho cualquier ciudadano de a pie para tener que asumir el desastre
económico de la operación Castor? Esa es la pregunta clave que resume
perfectamente el texto de la Comisión de la Unión Europea. Entonces, la
pregunta es: el Gobierno actual, ¿qué ha hecho? Usted ha dicho: el
desarrollo histórico, y fundamentalmente, ha dicho que fue el PSOE el que
lo inició. Nuestro diputado en el Congreso en aquel momento manifestó su
oposición a este decreto. Yo no comparto el contenido del decreto que se
hizo en 2008. La pregunta ahora es: ¿Qué ha hecho el Gobierno del Partido
Popular esta situación? Ha tomado un acuerdo rapidísimo para pagar en
treinta y cinco días 1400 o 1600 millones de euros, y no ha defendido los
intereses de los ciudadanos. Y usted, ante esto, dice dos cosas: esto
depende del PSOE, y no hemos podido hacer nada más porque hemos planteado
una lesividad y la justicia nos ha dicho que no. Pero, señor ministro,
usted sabe perfectamente que la Administración tiene 100 000 formas de
presionar a una empresa, sobre todo cuando esta empresa ha hecho
incumplimientos gravísimos en relación con su proyecto. Y la pregunta es
por qué no lo han hecho.

Pero le diré más. A este texto de la Comisión de la Unión Europea
que he leído se presentó una enmienda de supresión del Grupo
Parlamentario Popular, que se quedó solo, pues el resto de grupos votaron
a favor, excepto ellos. La pregunta es: ¿Por qué votan en contra de esto?
¿Por qué el Grupo Parlamentario Popular vota en contra de un texto de la
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios de la Unión Europea, que
plantea que hay que pedir responsabilidades a la empresa y que hay que
hacer todo lo posible para evitar que los ciudadanos paguen?

Por lo tanto, lo que en estos momentos me preocupa respecto a
Castor es que, una vez más, la gente que no tiene nada que ver, paga; se
socializan las pérdidas, y desde mi punto de vista, ustedes no han hecho
prácticamente nada para defender estos intereses. Había muchísimos
elementos que facilitaban que ustedes pudieran negociar con la empresa:
por ejemplo, advertencias de informes de colegios profesionales y de la
propia Comisión Nacional de la Energía, que cuestionaba el proyecto; el
hecho de que este proyecto pasara de 500, a 700, 900, 1100 y 1200
millones de euros de presupuesto; o el hecho —absolutamente
importantísimo— de que la empresa no diera una explicación
clarísima de los estudios que había realizado.

Además de ello, hay cincuenta mil preguntas que usted no nos ha
resuelto. Por ejemplo, ¿por qué 1400 y no 1200 o 1300 millones de euros?
Usted habla de la inversión residual, pero ¿cómo se conoce esta inversión
residual? ¿Qué quiere decir hibernar? y ¿Cuánto tiempo se va a hibernar?
¿De qué depende que se hiberne? ¿De los estudios? No nos ha dicho qué
estudios hay previstos ni cuándo se van a realizar. No nos ha dicho si la
Administración va a hacer frente a los daños sufridos por la ciudadanía
durante todo este proceso. No se ha dicho cuánto cuesta el mantenimiento
de la hibernación, ni cuánto tiempo va a durar. No se ha planteado el
cierre absoluto de las instalaciones. Se ha decidido pagar esta
compensación previamente a tener hechos los estudios y a conocer las
posibles responsabilidades de la empresa. La Administración, y usted lo
sabe mejor que yo, por mil euros se pasa cuatro años de pleitos. Por una
multa que no pagas estás seis años de juicio con la Administración. ¿Cómo
es posible, si esta es la dinámica general de todas las administraciones,
que en este caso 1400 millones, con graves responsabilidades por parte de
la empresa, que hasta ahora se ha ido de rositas, se cargue en el recibo
de la luz? Este es el problema de fondo, señor ministro. Creo que ustedes
no han hecho aquí lo que debían hacer.

El defensor del pueblo de Cataluña, el Síndic de Greuges, ha
reunido al Colegio de Abogados, al Colegio de Ambientólogos y al Colegio
de Geólogos y ha sacado unas conclusiones. No voy a leerlas todas,
simplemente les daré los títulos de las conclusiones de prácticamente
todos los colegios profesionales de Cataluña. Primera: irregularidades
desde el punto de vista de la legislación de impacto medioambiental.
Segunda: falta de incorporación de los informes de riesgo sísmico en la
declaración de impacto ambiental. Tercera: afectación a los ciudadanos de
la zona de influencia de la plataforma. Cuarta: rescisión de la concesión
sin estudios previos. Quinta: se prioriza el pago a la empresa pero no a
los ciudadanos. Sexta: la Comisión solicita al Gobierno y a la Comisión
Europea que se tomen todas las acciones para no pagar estos 1400
millones.

En síntesis, lo que le planteo hoy no es un debate sobre política
energética, que ya se planteó, ni quién fue el que inició esto —si
fue el señor Piqué en el año 1996 o el señor Zapatero—, lo que le
planteo hoy es que, ante lo que ha pasado la respuesta del Gobierno es la
de siempre: favorecer a los más poderosos y cargar sobre las espaldas de
los más vulnerables, que no tienen ninguna responsabilidad, un fracaso de
un proyecto privado, que en este caso ascenderá, con los intereses, a más
de 4000 millones de euros. Hoy, la empresa se ha ido de rositas y la
gente sabe que va a tener un aumento en su recibo de la luz para hacer
frente a este fracaso. Insisto, creo que ustedes no han hecho
prácticamente nada, y le pediría que cambiara la orientación de su
actividad política, que pidiera responsabilidades de todo tipo a la
empresa y tomara decisiones para que no sean los ciudadanos los que
paguen el desastre y el fracaso del proyecto Castor, una empresa privada,
con la complicidad de la Administración.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Saura.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, cuyos portavoces también
van a compartir su tiempo, tiene la palabra en primer lugar el senador
Alique.

El señor ALIQUE LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señor ministro, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista
también le damos la bienvenida, aunque venga usted un año y tres meses
después de su última comparecencia, y también después de que el Grupo
Parlamentario Socialista haya solicitado veinticuatro peticiones de
comparecencia, por no mencionar que su secretario de Estado, el señor
Nadal, lleva dos años sin aparecer por esta comisión. Espero que el
debate de hoy sea fructífero y clarificador, algo que, lamentablemente,
no ha ocurrido durante esta legislatura. Considero que esto ha sido así
porque, desde luego, entre sus virtudes —que lógicamente las
tendrá, a nadie le cabe la menor duda— no ha estado ni está la
capacidad de generar espacios de entendimiento, y mucho menos de
consenso, con los grupos de la oposición, con los agentes sociales, con
las pymes, ni tampoco con los consumidores.

El ámbito de la energía, como usted bien sabe, tiene a todo el
mundo en pie de guerra. ¿Sabe por qué? Porque, desde nuestro punto de
vista, su forma de gestionar e interpretar el sector energético es
errática y equivocada, y el resultado no es otro que cuatro años de
fracaso en todos los sentidos. Desde que gobierna el Partido Popular ha
subido el recibo de la luz —luego lo explicaré—; el déficit
de tarifa se ha incrementado en 11 000 millones de euros; hay 7 millones
de españoles que sufren el drama de la pobreza energética; hemos pasado
de ser líderes en energías renovables a ser líderes en pleitos por
energías renovables. En definitiva, el Gobierno se ha comportado
—siento decírselo, pero es así— como un verdadero consejo de
administración, como un contable, y no como un Gobierno que haya adoptado
las reformas políticas estructurales que necesitaba nuestro país. Ustedes
tenían que haber legislado menos y haberlo hecho mejor, y, sobre todo,
desde el consenso. Más allá de alguna que otra medida de quita y pon y
algún que otro parche que sí se ha producido durante estos cuatro años,
lejos de ser la energía un vector para el crecimiento y la competitividad
de nuestra economía, ha sido un lastre para nuestro tejido productivo.






Yo
creo que usted no habla con su secretaria general de Industria, pues la
última vez que vino nos dijo: «No hay industria o empresa que se siente
en mi despacho cuyo primer tema de conversación no sea el coste
energético.» Y comento lo que afirmaba recientemente el director de
Uniset: «Los cuantiosos ahorros de la reforma laboral se los ha zampado
el recibo de la luz.» El problema de la competitividad de la economía, el
problema de la competitividad de nuestras empresas está precisamente en
los costes energéticos y no en los costes laborales, sobre los que han
basado toda su política de la reforma laboral. El milagro español no es
la recuperación fofa y de baja intensidad que usted hoy nos anunciaba.
Lamentablemente, el milagro español es la precariedad, es la pobreza y la
desigualdad que han traído las políticas neoliberales y antisociales de
su Gobierno. Ya sé que a usted le preocupa poco que la competitividad de
la economía no funcione y ello sea debido fundamentalmente al coste
energético, como también sé que lo que le preocupa es que las cuentas de
resultados de los grandes del IBEX funcionen bien. Pues bien, ni en la
economía en general ni en la energía en particular, este Gobierno ha
destacado por ninguna otra cosa que no sea defender el interés de las
grandes corporaciones. Usted y ellas escenificarán lo que quieran, pero
hoy ya nadie les cree, y mucho menos engañan a nadie, porque todo el
mundo sabe que ustedes han supeditado el poder político al poder
económico.

Señor ministro, con sus políticas de ida y vuelta, con sus
reformas y contrarreformas usted ha generado una tremenda confusión. Eso
sí, usted presume de transparencia, pero lo que no le falta es cinismo.
Si no, fíjese bien hasta dónde hemos llegado. Hechos tan claros hasta
hace muy poquito tiempo, como era saber si la luz subía o bajaba durante
un periodo de tiempo, hoy es un galimatías. Ustedes, el Gobierno, dan
unas cifras y las asociaciones de usuarios dan las suyas. Usted dirá lo
que quiera y tomará como indicador de referencia el que más le convenga,
como siempre hace, pero durante el primer trimestre del año 2015 la luz
se ha incrementado un 10 % frente al primer trimestre del año 2014. Y me
refiero a la media —como a usted le gusta hablar
últimamente—. Antes pagábamos 99,3 euros y ahora 122 euros. Insisto
en que le hablo de la media trimestral.

Señor ministro, los precios de la luz siguen subiendo. La prueba
es el recibo de la luz que llega a casa de los ciudadanos. La situación
económica, como ya se ha dicho aquí, ha ido empeorando para millones de
españoles. Según datos de la Agencia Tributaria, 7,7 millones de
españoles cobran menos de 1000 euros al mes, pero 5,7 millones cobran
menos de 645 euros al mes; es decir, el salario mínimo interprofesional,
por no hablarle de que prácticamente la mitad de los parados no tiene
ninguna prestación.

Sé que a usted no le gusta hablar de la pobreza energética
—de hecho, hoy tampoco ha hablado de ella— pero, como le he
dicho antes, hay 7 millones de personas que la sufren. El 17 % de los
hogares de nuestro país destinan más de un 10 % de sus ingresos a pagar
los costes energéticos y eso se llama pobreza energética pero usted,
lejos de trabajar para evitarla, de luchar para que esto no ocurra, lo
que hace es contribuir a que suba el recibo de la luz, sobre todo en su
parte fija, la que tiene que ver con el término potencia; es decir,
aquella que antes de consumir ya usted nos la está subiendo, justificando
su decisión, eso sí —hoy también lo ha hecho— en términos de
falsa equidad en su pretendido afán por castigar las viviendas vacías y
las segundas residencias.

Señor ministro, otra vez a vueltas con el cinismo. Eso no se lo
cree nadie ni lo queremos, pero todos sabemos por qué ocurre, porque a
quienes ustedes defienden, al oligopolio eléctrico, no le interesa ni
hablar siquiera del ahorro y de la eficiencia energética. Sin embargo,
señor Soria, como le he dicho al principio, usted no está al frente del
Gobierno para defender los intereses de las grandes corporaciones; usted
debería estar al frente del Gobierno para defender el interés general,
para defender que haya riqueza, que se cree empleo y para definir un
modelo energético congruente con las características de nuestro país y
congruente con nuestro futuro. Nuestra dependencia energética de los
combustibles fósiles es un lastre, y precisamente porque es un lastre
—valga lo que valga el precio del petróleo—, es
imperativamente necesario reducir nuestro déficit energético exterior
para generar más inversión, para que haya más consumo y para que haya más
empleo. Y ¿por qué no hacerlo con mayor ahorro y con más eficiencia
energética?

Señor ministro, ¿tenemos que reducir el déficit público? ¿Lo
tenemos que reducir? Ustedes dicen que sí pero ¿por qué no supeditamos a
ese fin el ahorro y la eficiencia energética? Como le he dicho
anteriormente, eso sería bueno para nuestras empresas porque ganarían en
productividad y en competitividad y también sería bueno para los
bolsillos de los ciudadanos, que están tremendamente mermados con la
bajada de salarios y con un problema endémico en nuestro país: el
paro.

Señor Soria, entiendo que las políticas de ahorro y de eficiencia
energética no son muy agradables, que son molestas, porque cualquier
reducción de la demanda eléctrica tiene como consecuencia que sea más
difícil reducir el déficit acumulado pero, señor Soria, eso no debería
impedir que apostásemos por unas políticas que, desde nuestro punto de
vista, son vitales para nuestro porvenir.

Su problema, el problema que hemos tenido todos los españoles en
esta legislatura, es que ustedes practican una política energética en una
única dirección, tratando exclusivamente de poner coto al déficit de
tarifa y, por mucho que se ufane de lo contrario —como ha hecho
hoy—, de momento no ha conseguido ni eso. Señor Soria, los datos
están ahí, son tozudos y son de su legislatura: 2012, más 5600 millones
de euros de déficit de tarifa; 2013, más 3600 millones de euros de
déficit de tarifa, y usted nos decía que ese año iba a ser de cero ese
año; y 2014, a día de hoy, más 1400 millones de euros. Usted no habla de
equilibrio. ¿Cómo les podemos creer si cuando decía que era cero pasó a
ser 5600 o 3600 millones de euros? Es decir, que en tres años el déficit
de tarifa con usted es más 11 000 millones de euros, lo que ya se conoce
como el déficit Soria. ¿Todo un éxito, verdad, señor ministro? El 1 % del
producto interior bruto.

Eso sí, ahora vendrá usted, como ya hizo en el Congreso de los
Diputados, citando a su predecesor, al señor Sebastián, para justificar
el déficit desproporcionado y unos recortes que en ningún caso extraen de
las cifras del déficit. Si quiere, también hablamos de la contribución
que hacen a las renovables y que, por ejemplo, en el período 2005-2013,
teniendo en cuenta la diferencia entre los ahorros en el mercado por el
pool y las primas de las renovables, supusieron unos ahorros para el
sistema de 4931 millones de euros y que, si no, hubiesen engrosado la
cifra del déficit de tarifa.

No espero que usted haga autocrítica y que asuma su mala gestión,
entre otras razones porque todo el mundo sabe que en el Partido Popular,
cuando las cosas van mal, las culpas las tiene el Partido Socialista
pero, eso sí, cuando las cosas van bien, es gracias al señor Rajoy. Por
lo tanto, no lo espero ni mucho menos, pero sí al menos un poco de
honestidad personal, y que si cita al señor Sebastián lo haga sin ocultar
ases debajo de la manga, que no hable solo de 2007 o que no hable solo de
las renovables, que hable también del déficit de tarifa, de esa hipoteca
invisible a quince años que se aprobó cuando el señor Rato era ministro
—quizá no le guste que hablemos del señor Rato— y el señor De
Guindos era secretario de Estado, y que su citado, el señor Sebastián,
dice que nos fue impuesto a todos sin habernos consultado, como realmente
ocurrió. Ellos y otros son los padres de esa brillante idea —me
refiero al señor Rato—, así que cítelos a ellos, recurra a ellos
cuando hable del déficit de tarifa. ¿O ya se avergüenzan ustedes del
señor Rato, que es el verdadero arquitecto del déficit de tarifa, que
este año 2015 costará a todos los españoles 5950 millones de euros, el
equivalente a 450 euros anuales por familia?

Por lo tanto, señor Soria, no vuelva a ser cínico y no nos venga
con la milonga de que usted ha acabado con el déficit de tarifa porque,
como le he dicho anteriormente, se ha incrementado en 11 000 millones de
euros siendo usted ministro, ni más ni menos.

Usted ha fracasado en su objetivo real declarado, que era eliminar
el déficit de tarifa. ¿Y sabe por qué se lo digo? Se lo digo porque, en
primer lugar, no ha abordado el déficit de tarifa desde sus causas sino
desde sus consecuencias; en segundo lugar, porque sigue sin haber
competencia, lo que provoca, lógicamente, que tengamos el precio más alto
de la electricidad de toda Europa, perjudicando con ello a las pymes y al
bolsillo de los ciudadanos; y, en tercer lugar, porque este Gobierno
carece de un objetivo de política económica, de una visión a medio y
largo plazo.

Señor ministro, usted ha hipotecado nuestro futuro con un
diagnóstico erróneo; un diagnóstico que ha demonizado interesadamente
—como también ha hecho la fundación FAES— a quien no debía, a
las energías renovables y al ahorro y a la eficiencia energética,
cargando la penitencia del déficit de tarifa sobre sus espaldas
simplemente para preservar lo que le he dicho al principio: la cuenta de
resultados del oligopolio eléctrico.

Señoría, desde nuestro punto de vista, los objetivos de política
energética deberían ser, en primer lugar, garantizar el abastecimiento y
hacerlo a un precio asequible; en segundo lugar, reducir el impacto
medioambiental y, en tercer lugar, fomentar el desarrollo industrial y el
empleo. Esos son los objetivos, ese es el camino, y debemos trazar la
senda para llegar a ello: primero, empezando por eliminar las
sobrerremuneraciones que, injustificablemente, reciben en miles de
millones de euros cada año las centrales nucleares y las centrales
hidroeléctricas, y así es muy difícil que baje el recibo de la luz; y,
segundo, hay que poner coto a un sector que carga sobre los consumidores
y sobre las pymes el recibo más alto de toda Europa. ¿Y cómo hay que
hacerlo? Poniendo en marcha una auditoría regulatoria para identificar
partidas de costes no justificados. Igualmente debemos esforzarnos por
contribuir a luchar por el medioambiente y convertir el sector energético
en una palanca para el desarrollo económico y para la creación de
empleo.

Pero ¿cómo podemos conseguirlo? ¿Cómo podemos conseguir esos
objetivos? ¿Apostando por prorrogar las centrales nucleares? ¿Dando una
prórroga a la central nuclear de Garoña, que no vale absolutamente para
nada? ¿Emplazando el cementerio nuclear en un terreno que no reúne las
condiciones de seguridad mínimas? ¿Incrementando o incentivando el
fracking, que es una tecnología que todos sabemos que perjudica la salud
de las personas y también el medioambiente? ¿O apoyando prospecciones
petrolíferas de resultados dudosos y que son perjudiciales para el
medioambiente o para el turismo? ¿Es así como lo vamos a conseguir, señor
ministro? Sinceramente, creemos que no. Por ello le pido que nos dé una
explicación, solo una explicación —pero convincente—, una
sola razón de peso que justifique por qué hay que prorrogar Garoña.
Dénosla, y no se enmascare, como ha hecho hoy, en el Consejo de Seguridad
Nuclear para intentar ocultar la sumisión de este Gobierno a las grandes
eléctricas. Sea valiente políticamente y dénosla.

¿Realmente cree usted que el futuro energético de nuestro país
pasa por las nucleares, por el fracking o por las prospecciones
petrolíferas? ¿Ese es su concepto de sostenibilidad económica,
medioambiental y energética? Ya le adelanto que eso nos lleva por mal
camino, por un camino poco tranquilizador y que no están recorriendo
otros países como Alemania, Francia o Italia.

¿Cómo puede este Gobierno supeditar el emplazamiento del
cementerio nuclear a los intereses políticos de la señora Cospedal, de la
secretaría general del Partido Popular? ¿No ha sido suficiente el
terremoto de Albacete para ponernos en guardia, en alerta? ¿No le parece
mentira, señor ministro, que otros países con menos dependencia
energética, con menos problemas de abastecimiento, con menos sol y con
menos viento vayan en la buena dirección, cerrando su parque nuclear y al
mismo tiempo incrementando su parque de energías renovables? ¿Por qué
tantas y tantas veces ustedes recurren al ejemplo de Alemania y, en este
caso, se olvidan de ese referente?

Señor ministro, España necesita crecer, y para crecer más allá del
ladrillo, para crecer más allá de la devaluación salarial, para crecer
más allá de la precarización del mercado de trabajo y del
desmantelamiento del Estado de bienestar, hay otros sectores menos
coyunturales, menos dudosos, más generadores de empleo de calidad. Sí,
señor ministro, me estoy refiriendo a las energías renovables, al ahorro
y a la eficiencia energética; me estoy refiriendo al autoconsumo. En
definitiva, me estoy refiriendo a lo que debería ser nuestro modelo
energético de futuro, como están haciendo otros países de nuestro entorno
como Alemania, Francia o Bélgica. Pero para ello hace falta hacer grandes
reformas estructurales: la primera, transponer en su totalidad la
directiva de eficiencia energética, que ustedes no votaron
favorablemente; y, la segunda, promocionar la tecnología del autoconsumo,
una tecnología que hoy tiene un precio muy competitivo para los
ciudadanos, para los comercios, para los autónomos y, en general, para
las pymes. Además, se trata de una tecnología que tiene la capacidad de
producir con energía renovable, de generar riqueza y empleo de
calidad.

Sin embargo, a pesar de todas esas ventajas, y otras que podríamos
comentar si no fuese por el tiempo, el Gobierno ha puesto en las ruedas
de su progreso todos los palos que ha podido, y más. Usted, señor Soria,
ha cerrado las puertas a la energía renovable —que es una energía
autóctona— y también se las ha cerrado al carbón autóctono. Los
ataques a la minería del carbón han sido permanentes: usted dinamitó el
Plan del carbón 2006-2012 y elaboró un Plan 2013-2018 que no ha cumplido.
Ha rechazado todas y cada una de las enmiendas del Grupo Socialista en
cada uno de los presupuestos; es decir, un permanente boicot al carbón
que sufren las familias de las cuencas mineras, que desde que usted es
ministro viven sumidas en una crisis social y económica sin
precedentes.

Este plan de desmantelamiento encubierto de la minería del carbón
que usted está aplicando está perjudicando a provincias como León, donde
se ha perdido la mitad del empleo en las cuencas mineras y también se ha
forzado la presentación de sucesivos expedientes de regulación de empleo.
Ante esta situación, le exigimos la aprobación de un marco normativo
estable que garantice el consumo del carbón autóctono por parte de las
centrales térmicas, pendiente desde el pasado día 31 de diciembre. Ese
plan debe garantizar precisamente el futuro de la actividad minera así
como el nivel de empleo, al menos hasta que ese Plan 2013-2018 se cumpla;
y, por cierto, le pedimos también que se cumpla de una vez por
todas.

Señor Soria, para cerrar las puertas precisamente a las energías
renovables usted se ha basado en unos supuestos informes que pretendían
ser la coartada, pero que con el tiempo se han convertido en la prueba
definitiva de la acusación. No hablaré mucho más de ello porque, como se
suele decir vulgarmente, a usted le han pillado con el carrito del
helado. Eso, en cualquier otro país serio hubiese supuesto, al menos, el
cese del secretario de Estado, si no el del propio ministro. Y ya veremos
en qué queda todo esto, porque sabe que se han presentado cientos de
recursos judiciales tanto en el ámbito español como en el europeo.

Voy terminando, porque efectivamente van a intervenir dos
compañeros más conmigo. Solo le diré que precisamente las energías
renovables son una tecnología de futuro, generadora de empleo y que al
mismo tiempo nos ayudan a reducir nuestra dependencia energética, pero
usted se las está cargando con su política, porque está dejando que el
sector eléctrico sea patrimonio de las grandes eléctricas, como también
está ocurriendo con el sector de los hidrocarburos. Y mientras tanto, los
ciudadanos tenemos que pagar efectos pluma, efectos cohete y excesivos
márgenes empresariales.

Como le he dicho anteriormente, y usted también se refería a ello
en relación con los carburantes, usted ha reconocido el fracaso de su
reforma del año 2013 al decir que hay un menor nivel de competencia en
España. Efectivamente, porque hay un menor nivel de competencia los
precios antes de impuestos son más caros y también por eso hay excesivos
márgenes empresariales. Es decir, que fracasó su reforma de 2013 y,
ahora, las enmiendas que ha introducido en el Proyecto de Ley de
hidrocarburos no son más que puro humo. Además, en el colmo de la
tomadura de pelo, la entrada en vigor de la ley está prevista para julio
de 2016; es decir, cuando usted ya no esté en su cargo.

Evidentemente, seguirá sin haber competencia, y en los informes de
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia volveremos a verlo
reflejado en los próximos meses.

Por tanto, creo que lo que debería hacer este Gobierno, como han
hecho otros, es apostar por un modelo de transición energética —son
fundamentales las políticas de bajo consumo—, el fomento de las
energías renovables, el fomento del ahorro y la eficiencia energética, la
construcción y la rehabilitación de viviendas más eficientes y el
tratamiento y la gestión de residuos que, entre otras, deben ser una
fuente importante de los nuevos puestos de trabajo que se creen en
España, en una economía que tiene una tasa de paro vergonzosa. Señorías,
solo así conseguiremos un mayor peso de las energías renovables en el mix
energético y el cambio de paradigma energético que el futuro de España y
de Europa necesita. Pero, como decía Kipling, esa es otra historia y
deberá ser contada en otro momento; pronto, porque pronto habrá
elecciones, eso será bueno para la sostenibilidad económica y para la
sostenibilidad social y medioambiental, pero entonces, señor ministro,
usted y el Partido Popular ya estarán en la oposición.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Alique.

También por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador
Gil.

El señor GIL GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.

Señor Soria, quiero referirme a una cuestión muy concreta. El
pasado 11 de marzo se sometieron a exposición pública en el Boletín
Oficial del Estado varios estudios sobre el impacto ambiental de sondeos,
de fracking y de fracturación hidráulica en el área de investigación que
se conoce como proyecto Urraca, situado en el norte de la provincia de
Burgos, en una comarca que ya empezará a ser familiar para este ministro,
la comarca de Las Merindades. Pues bien, señor ministro, agradeciendo y
aprovechando su presencia en esta comisión quiero trasladarle el rechazo
a este y a otros proyectos de fracking que se pretenden desarrollar en el
norte de la provincia de Burgos y, en concreto, a este proyecto Urraca,
cuya concesión depende de su ministerio.

Además, quiero mostrar este rechazo en nombre de la mayoría de los
vecinos y vecinas de la comarca de Las Merindades —que se han
movilizado en numerosas ocasiones—, así como de la mayoría de
ayuntamientos y de juntas vecinales, de plataformas ciudadanas, de
organizaciones agrarias y, cómo no, también en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista e incluso de un sector que pensaba que jamás
tendría que expresar, el rechazo de su propio partido, del Partido
Popular en Burgos. En este sentido, esta misma mañana en la diputación
provincial, que ustedes presiden, se ha aprobado una moción que muestra
su rechazo, diciendo que harán todo lo posible para paralizar el fracking
en la provincia de Burgos. Además, su portavoz decía literalmente que
hacer lo contrario sería lo irresponsable. Pues bien, señorías, veamos si
el Partido Popular es responsable o es irresponsable y dicen una cosa
allí porque se acercan las elecciones municipales —y este es un
tema que preocupa a los ciudadanos—, mientras que aquí, en Madrid,
dicen lo contrario.

Señor ministro, lo que le pido aquí es que paralice estos
proyectos de fracking porque es una técnica que se ha demostrado insegura
y nociva para el medioambiente y para los acuíferos del subsuelo de esta
zona del norte de la provincia de Burgos, porque es una técnica
incompatible con los valores ambientales, con la ganadería, con la
agricultura y el turismo que se están desarrollando en esa zona, y porque
sabemos, señor ministro —y usted también lo sabe—, que en
otros países se han producido microseísmos o episodios sísmicos, como
usted los denomina, a raíz de la implantación de esta técnica. Además,
por si fuera poco, existe una importante contestación y rechazo social en
la comarca, que ustedes, este Gobierno del señor Rajoy debiera hacer
suya.

Le pido que paralice este proyecto Urraca, en el norte de la
provincia de Burgos, por varias razones que he señalado rápidamente, pero
también por una muy concreta, señor ministro, porque ¿sabe usted a qué
distancia se encuentra uno de los pozos de fracking que se pretenden
instalar del reactor nuclear de Santa María de Garoña? ¿Lo sabe, señor
ministro? ¿Conoce usted la distancia a la que está situado? Pues se
encuentra nada más y nada menos que dentro del perímetro de seguridad de
esta central nuclear, exactamente a 22 kilómetros del reactor nuclear de
Santa María de Garoña.

Por este motivo, señor Soria, en el año 2013 el propio presidente
del Consejo de Seguridad Nuclear en sede parlamentaria, en el Congreso de
los Diputados, se comprometió a elaborar una instrucción técnica
complementaria para estudiar la compatibilidad de esta técnica en el área
de influencia de centrales nucleares españolas. Y yo le pregunto, señor
Soria, ¿sabe usted si se ha producido esta instrucción técnica
complementaria a fecha de hoy? ¿Lo sabe? Pues no se ha producido
aún.

Por ello, le pido que tome nota de este asunto, porque me parece
una grave irresponsabilidad pretender llevar adelante estos sondeos de
fracking en el área de influencia, en el perímetro de seguridad de una
central nuclear con más de 40 años de antigüedad —y, por cierto, de
futuro bastante incierto—, ya que son actividades claramente
incompatibles dado que sabemos que se producen pequeños microseísmos. Por
lo tanto, mezclar una central nuclear con más de 40 años y la técnica del
fracking en una misma zona, señor Soria, además de irresponsable, es
jugar con fuego y jugar con el futuro de decenas de miles de personas de
aquel lugar. En consecuencia, señor ministro, le pido que paralice estos
proyectos, teniendo en cuenta que a fecha de hoy no se ha producido el
pronunciamiento sobre esta instrucción técnica complementaria por parte
del Consejo de Seguridad Nuclear.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Para finalizar el turno socialista, tiene la palabra el señor
Medina. Le ruego brevedad.

El señor MEDINA TOMÉ: Gracias, señor presidente.

Buenas tardes, señor ministro. Seré breve.

Voy a ceñirme a dos cuestiones que tienen que ver, como no podría
ser de otra manera, con la Comunidad Autónoma de Canarias.

La primera, señor Soria, tiene que ver con el decreto del Gobierno
de Canarias relativo al cambio del sistema de asignación de parques
eólicos, del concurso de la autorización administrativa. Usted lo ha
calificado de poco democrático en algún medio de comunicación de
Canarias, pero los que creemos que esta no debe ser la razón para que el
Gobierno de España plantee un recurso ante un decreto del Gobierno de una
comunidad autónoma, sea la que sea, exigimos —¿y dónde mejor que
aquí?— que el ministro responsable de la materia explique en esta
Cámara y en esta comisión las razones jurídicas que hayan obligado al
Gobierno del Estado a plantear el referido recurso.

Por otro lado, y también con relación a este tema, hemos sabido
que la consejera de Empleo, Industria y Comercio le ha solicitado a usted
y al secretario de Estado una reunión para llegar a algún tipo de
acuerdo. No sé si se habrá producido ya la referida reunión pero, si se
ha producido, nos gustaría oír de su boca los acuerdos alcanzados, en el
caso de que los haya habido; si no es así, nos gustaría saber con qué
voluntad acudirá usted a esa reunión. Desde aquí le pido, porque cada vez
es más necesario, un entendimiento con el Gobierno de Canarias. Estas
cosas deben resolverse con el diálogo y no con recursos jurídicos, porque
de aquel modo seguro que encontrarán soluciones.

Termino, señor ministro, solicitándole dos cuestiones que tienen
que ver con las prospecciones petrolíferas autorizadas a Repsol en las
costas canarias; lo hago porque no siempre tiene uno la oportunidad de
preguntarle directamente al señor ministro responsable de la materia. En
ese sentido, nos gustaría saber, al menos a mí, por qué usted —no
el Gobierno— no cancela definitivamente los permisos otorgados en
su momento a Repsol. Me gustaría oír la contestación del ministro.

Finalizo, señor Soria, con una pregunta personal sobre una
cuestión que me genera interés como canario de la isla de La Gomera y es
¿qué sintió el señor ministro cuando Repsol abandonó los sondeos y no
aparecieron, como usted prometió a las canarias y a los canarios,
los 140 000 barriles de petróleo diarios? ¿Qué sentimientos le
embargaron, señor Soria? Sería bueno que me respondiera porque,
contestándome a mí, seguro que responderá usted a los miles de canarias y
canarios que quieren oír de su boca la respuesta a la pregunta que le
acabo de formular.

Le agradezco su atención.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Medina.

Vamos a hacer una pausa de cinco minutos. (Pausa.)

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el senador Palacios.

El señor PALACIOS ZUASTI: Muchas gracias, señor presidente.

Señor ministro, bienvenido a esta comisión.

He escuchado con sumo interés tanto la intervención del señor
ministro como las de los portavoces que me han precedido en el uso de la
palabra. La intervención del ministro ha sido extensa, aportando muchos
datos, muchas fechas, muchas acciones realizadas o que en este momento
están en tramitación y con muy pocos juicios de valor. Sin embargo, tengo
que reconocer que algunas de las intervenciones van en la línea que se ha
seguido en toda esta legislatura, faltando a la cortesía parlamentaria en
algunos casos.

Algún portavoz le ha reprochado al ministro la tardanza en
comparecer ante esta comisión. La última vez —es cierto— fue
el 29 de enero del año pasado, y desde entonces hasta ahora han pasado un
año, dos meses y ocho días. Además, esta de hoy es su cuarta
comparecencia; ahora bien, para poder decir si son muchas o pocas, y si
se han producido con mucha o poca frecuencia, creo que debemos tener algo
con qué compararlo. En ese sentido, les diré que, de los portavoces que
hemos intervenido, soy el único que ya lo era en la pasada legislatura y,
por eso, tengo una referencia: las comparecencias del ministro Miguel
Sebastián, que compareció en esa legislatura en cuatro ocasiones. La
última vez fue el 26 de mayo del año 2011, cuando hacía 450 días
—un año, tres meses y diez días— desde la anterior, que había
sido el 16 de febrero del año 2010. Tengo que decir también que el señor
Sebastián tomó posesión el 14 de abril del año 2008 y no compareció en
esta Cámara hasta el 25 de septiembre —es decir, cinco meses
largos—, mientras que el señor Soria creo que tomó posesión el 22
de diciembre y compareció aquí el 28 de marzo. Por lo tanto, gana el
señor Soria al señor Sebastián (Risas).

Después de lo que acabamos de escuchar, conviene releer los
Diarios de Sesiones tanto de esa última comparecencia del señor
Sebastián, la de mayo del año 2011, como los de la que tuvo en esta misma
sala pocos días antes el que entonces era el secretario de Estado de
Energía, el señor Hernández Pampaloni. El ministro Sebastián nos hablaba
entonces aquí, en esta sala, de tres desequilibrios que el Gobierno
socialista se encontró como herencia del PP —o sea, que también
había otros que hablaban de herencias—, y que fueron los que
tuvieron que afrontar ellos, el Gobierno socialista. Estos desequilibrios
eran: la elevada dependencia energética, la elevada intensidad energética
y eso que él calificó de importante déficit tarifario, que en el año 2004
era de 1499 millones. En esos Diarios de Sesiones ambos nos hablaban de
la apuesta estratégica por las energías renovables y ambos sacaron pecho
diciendo que gracias a ellas nuestra dependencia energética había caído 5
puntos. Es cierto. El señor Sebastián en mayo de 2011 ya reconoció
—y está en el Diario de Sesiones— errores en la política de
las renovables y nos dijo que estaban instalando potencia renovable a un
ritmo superior al crecimiento general de la demanda. Es cierto que lo que
entonces no nos dijo es que se estaba instalando a destiempo y a
cualquier precio, que estábamos actuando de conejillos de Indias y que
estábamos pagando la curva de aprendizaje de otros países que han
instalado estas técnicas cuando ya son competitivas a nivel de costes y
sin necesidad de esas subvenciones desmesuradas como aquí se han tenido
que dar y ha contado el señor ministro. En definitiva, lo que no nos dijo
es que se habían equivocado en el cuándo instalarlas y no en el cómo,
porque sí, es cierto que es necesario potenciar estas tecnologías para
fomentar las fuentes de energías autóctonas.

En esa comparecencia el señor Sebastián reconoció que para
afrontar el desequilibrio en el ahorro y la eficiencia energética, además
de las bombillas chinas que había repartido, también habían adoptado
pocos días antes otra medida estrella, como era la de la limitación de
velocidad a 110 kilómetros/hora en nuestras carreteras. Este era el
ahorro y la eficiencia energética del Gobierno anterior. Reconoció
también el señor Sebastián que ese que había denominado importante
déficit heredado de 1499 millones se había elevado en el año 2010 hasta
los 20 000 millones. Yo animo a sus señorías a que lean esos Diarios de
Sesiones, si lo hacen verán que entonces yo califiqué la política del
Gobierno anterior en materia energética de demencial y entonces les
pregunté, tanto al ministro como al secretario de Estado, si les parecía
congruente que en el año 2010 ellos hubiesen destinado tan solo 200
millones a I+D+i en el sector energético y que la cantidad dedicada a
subvencionar las instalaciones de generación eléctrica en el régimen
general hubiese sido de 6200 millones, porque era algo que yo no veía que
pudiera estar justificado. La verdad es que ninguno de los dos me
respondió.

Señorías, esa demencial gestión en materia energética —y no
lo digo hoy, sino que lo dije en mayo de 2011—, basada en
trasnochados prejuicios ideológicos y en un continuo zigzag, resultó ser
todo un fiasco, porque al tiempo que cerraban la central de Garoña, donde
el megavatio era a 15 euros, lo que hacían era poner masivamente en
marcha parques solares que los producían 30 veces más caros, a 450 euros
el megavatio/hora. Y esto es lo que ocurre cuando la energía se politiza
y se piensa que las tecnologías son de derechas o de izquierdas, pero lo
que no se hace es mirar si son más o menos eficientes.

Y aquellos polvos son los que nos han traído estos lodos. Porque,
como ha declarado recientemente un comisario europeo en el momento de su
cese, Zapatero reaccionó tarde y eso nos ha costado mucho dinero. Este
comisario se llama Joaquín Almunia, las declaraciones las hizo el 31 de
octubre pasado y este señor ha sido secretario general del Partido
Socialista, candidato a la Presidencia del Gobierno, ministro y portavoz
del Grupo Socialista. Esos lodos son la herencia que el actual Gobierno
recibió en el mes de diciembre del año 2011 en materia energética y lo
más grave de esa herencia fue el déficit de tarifa, que en la etapa de
Zapatero tuvo, como nos ha explicado el ministro, un crecimiento
exponencial: en el momento del cambio de Gobierno, en diciembre del
año 2011, se preveía que para el año 2012 aumentase en 7000 millones,
en 10 500 en 2013 y en 10 500 en 2014, cuando la cantidad total que se
ingresaba por peajes era de tan solo 14 000 millones. En definitiva, era
una situación insostenible y por eso el actual Gobierno tuvo que coger el
toro por los cuernos y tuvo que adoptar las medidas necesarias y
oportunas con las que se ha logrado que en el año 2014, por primera vez
en los últimos doce años, no hayamos tenido déficit en el sistema
eléctrico y, como ha dicho el ministro en su intervención, que en 2015
vaya a haber superávit. Y este, señorías, mal que les pese a algunos, es
el gran logro del actual Gobierno y del ministro Soria que hoy comparece
en esta sala, que son los que han logrado superar ese gran desequilibrio
que teníamos, utilizando la terminología del ministro Sebastián.

Pero ha habido más desequilibrios que el actual Gobierno se
encontró y también ha tenido que solventar. Otro de ellos fue el del
precio de la luz porque, como ha dicho el ministro, había que facilitar
el suministro al menor coste posible. En diciembre del año 2011, en el
momento del cambio de Gobierno, teníamos la energía más cara del
continente, porque entre los años 2004 y 2011 la factura de la luz lo que
hacía era subir, subir y subir. Lo hizo a una media anual del 6,9 % y se
incrementó un 67,2 % en esos años; si a partir del año 2012 no se hubiese
afrontado el déficit tarifario el recibo de la luz habría tenido que
subir un 42 % más y, por lo tanto, habría sido un total de casi el 110 %,
que habría sido insostenible y entonces sí que habría habido pobreza
energética.

Es cierto, en el año 2012 subió un 6,9 %, pero también lo es que
con el sistema que este Gobierno ha implantado las compañías eléctricas
—nos lo ha dicho el ministro— han tenido que devolver por
primera vez en la historia de este país más de 400 millones de euros a
los consumidores, cuando si no se hubiesen tomado medidas —como ha
dicho el señor ministro— eso habría costado 342 millones más. Y
también es cierto que en el año 2013, por primera vez después de muchos
años, la luz bajó un 3,1 %, en 2014 ha bajado un 5 % y en el año 2015
sigue bajando.

Señorías, así es como se resuelven los desequilibrios que decía el
ministro Sebastián, poniendo los medios para que podamos contar con una
energía abundante, barata y de buena calidad y seamos competitivos en
este mundo global de economía abierta en el que vivimos. Sí, el actual
Gobierno ha puesto los medios para que tengamos un mix energético en el
que no se excluya ninguna fuente energética y se pueda reducir nuestra
dependencia del exterior, y para eso tenemos que contar también con la
energía nuclear, con Garoña. Y creo que aquí conviene recordar lo que la
presidenta del Foro de la Industria Nuclear Española dijo en el mes de
marzo del año 2011, en los días posteriores a Fukushima: La energía
nuclear tiene un ejemplar historial de seguridad que no debería verse
empañado por los sucesos de Japón, más cuando las causas de ese suceso no
podrían aplicarse en caso alguno a las centrales nucleares españolas. Por
eso, decimos sí desde a la energía nuclear hasta al gas y al petróleo
autóctono, porque es preciso hacer prospecciones y sondeos, eso sí,
cumpliendo con todas las normas medioambientales. En este momento hay que
recordar que ha sido este Gobierno el que ha modificado la Ley de
Responsabilidad Medioambiental y la Ley de Evaluación Ambiental para
exigir que se haga la correspondiente declaración de impacto
ambiental.

Es cierto que nuestro país no está suficientemente explorado ni en
tierra ni en mar y todas esas actuaciones que se tienen que realizar
deben hacerse para lograr reducir nuestra dependencia de combustibles
fósiles que, como decía algún portavoz que me ha precedido en el uso de
la palabra, es un lastre y está por encima del 80 %. Por eso, tanto el
fracking como las prospecciones marítimas deben llevarse a cabo con todas
las garantías medioambientales y de todo tipo y si se realiza la apertura
de Garoña no será una decisión política, se producirá si el Consejo de
Seguridad Nuclear, el órgano que en este país decide que se ponga en
marcha o se cierre una central, decide que se abra o no. En este caso
nosotros entendemos que adelante y somos partidarios de que se abra.

Este Gobierno es el que ha puesto los medios para que superemos el
déficit de interconexiones energéticas con Europa; en definitiva, para
que dejemos de ser una isla energética y logremos e incluso superemos el
objetivo marcado en la cumbre de Barcelona de 2002, de que en el año 2020
la capacidad de intercambio con Francia sea del 10 % de la potencia
instalada. Esta será la manera de que nuestras familias y nuestras
empresas puedan disfrutar de unos precios de la energía más bajos.

Conviene recordar que el anterior Gobierno poco hizo para salvar
este desequilibrio de las interconexiones y que ha sido el actual el que
ha puesto en servicio la conexión eléctrica Figueras-Perpiñán, que con
sus 1400 megavatios de capacidad ha duplicado la existente hasta ahora y
la ha elevado ya al 6 % de la capacidad de intercambio. Y ha sido el
actual Gobierno el que el pasado día 4 de marzo llegó a un acuerdo con
Portugal, Francia y la Unión Europea para impulsar 4 nuevas
interconexiones que van a permitir que se incremente el número de
operadores y se abaraten los precios; interconexiones que van a
beneficiar a nuestras renovables porque, como hoy en día tenemos el doble
de megavatios de producción instalados que los que necesitamos en las
horas de máximo consumo, con estas interconexiones no se desaprovecharán
y tendrán una mejor salida al poder vender a Europa la capacidad ociosa
disponible.

A algún portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra le he
escuchado decir que al ministro no le gusta hablar de la pobreza
energética. Yo le animo a que se coja los Diarios de Sesiones de la
pasada legislatura del ministro y del secretario de Estado y allá verá
que en ningún momento mencionan el concepto de pobreza energética. Ahí se
ve la importancia que le daban a este asunto.

Por supuesto, he vuelto a oír hablar aquí esta tarde —no
podía faltar— del oligopolio y de que este Gobierno legisla al
dictado de las grandes empresas, pero lo que no he oído ha sido que el
actual Gobierno es el que ha establecido nuevos impuestos a esas grandes
empresas, por ejemplo, los que gravan el almacenamiento de residuos
nucleares, la generación eléctrica o el canon por la utilización del
dominio público de los ríos. Tampoco han dicho que esas grandes empresas
se quejan constantemente por las medidas que toma este Gobierno, que
dicen que lastran sus cuentas de resultados. Y tampoco he oído a ningún
portavoz que se hiciera eco de esa noticia que hemos visto estos días en
los medios de comunicación de que la Audiencia Nacional ha admitido a
trámite una querella contra los exministros socialistas Salgado y
Sebastián por haber pagado, supuestamente, 3400 millones de euros de más
a ese oligopolio en concepto de costes de transición a la competencia. A
la vista de esto yo preguntaría: ¿quién es el que protege al oligopolio?
Tampoco he oído que se hablara de las medidas liberalizadoras que este
Gobierno ha implantado en el sector de las gasolinas, con las que
en 2014, de las 297 nuevas estaciones de servicio que se abrieron tan
solo 56, menos del 18 %, fueron adjudicadas a grandes operadoras,
mientras que 228 se adjudicaron a las de marca blanca y 13 a
hipermercados.

También aquí algún portavoz ha dicho que qué ha hecho cualquier
ciudadano de a pie para tener que asumir el desastre del Castor. Lo que
ha sucedido aquí es que esto se adjudicó en el año 2008 —como nos
ha explicado el ministro—, lo que ha tenido que hacer el actual
Gobierno es decidir la hibernación y pagar al empresario que lo ha
construido precisamente por lo que el Gobierno estableció en un Real
Decreto, el 855/2008, en el que se dice que hay que indemnizar a la
empresa concesionaria con independencia de que exista dolo o negligencia.
Por tanto, las reglas de juego las puso el Gobierno anterior, el ministro
Sebastián —porque me parece que este real decreto es del mes de
mayo de 2008—, y ha tenido que ser el actual Gobierno y el ministro
Soria los que las han tenido que aplicar.

Por último, en relación con lo que se ha dicho de la ATC de Villar
de Cañas, me parece que tras el terremoto de Albacete lo que habría que
hacer sería leer el comunicado que inmediatamente después dio el Colegio
Oficial de Geólogos de España, en el que dijo que ese terremoto no
afectaba nada al emplazamiento de Villar de Cañas. Y también recomendaría
a algún portavoz que leyera las declaraciones del alcalde socialdemócrata
del municipio holandés en el que ese país tiene instalado su ATC, en las
que asegura que ese tipo de almacenes es la mejor manera de tratar los
residuos y dice lo siguiente —entrecomillado—: Que no se
preocupen los españoles, están bajo control.

Por tanto, con independencia de lo que diga algún portavoz en
estos momentos, en estas vísperas electorales, el actual Gobierno ha
combatido todos los desequilibrios que se encontró en materia energética
y ha logrado que nuestro sistema energético sea financieramente
sostenible. Y por eso, señor ministro, le felicitamos en nombre del Grupo
Popular y le damos las gracias a usted y al Gobierno al que
pertenece.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Palacios.

Para el trámite de réplica, tiene la palabra el señor
ministro.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López):
Muchas gracias, señor presidente.

Muchas gracias, señorías, por todas sus intervenciones, por el
contenido y por el tono, todas ellas respetuosas con alguna excepción, en
la que se ha hecho alguna descalificación pero a entrar en ello.

En primer lugar me voy a referir a la intervención de la señora
Salanueva —que ya no está en la sala por el motivo que antes
comentó— porque ha hecho referencia a una serie de cuestiones a las
que a su vez se han referido otras señorías, con lo cual contestaré
primero a estas y luego, cuando llegue el turno de contestar a las demás
señorías, haré referencia exactamente a las cuestiones que hayan
planteado.

En primer lugar, la señora Salanueva ha planteado el tema de la
evolución del precio de la luz. Yo le voy a dar dos tipos de datos:






de
una fuente, Red Eléctrica española, y de otra fuente, CNMC. Si quieren,
también les puedo dar datos de otra fuente más, el Instituto Nacional de
Estadística, pero me voy a remitir a los primeros.

Comparativos: lo que era la tarifa de último recurso antes de que
existiera el precio voluntario para el pequeño consumidor. Durante el
período que va de abril de 2013 a abril de 2014, si no computamos la
devolución que se hizo durante el primer semestre del año 2014, el precio
fue de 131,5 euros megavatio/hora; esto incluye costes de generación,
tributos y los peajes —esto es, repito, de abril de 2013 a abril
de 2014, TUR sin devolución—. TUR abril de 2013 a abril de 2014 con
la devolución: se le descuenta la devolución que se le hizo a los
consumidores y el precio no fue ya, en términos reales, de 131,5 euros,
sino de 125 euros megavatio/hora; por tanto, el precio con esa devolución
disminuyó en 6,5 euros por megavatio/hora, que es ahorro para el
consumidor. Y ahora vayamos al periodo de abril de 2014 hasta marzo
de 2015, es decir, los últimos doce meses, cuando ya no hay tarifa de
último recurso para el pequeño consumidor, sino que lo que hay es precio
voluntario para el pequeño consumidor. Pues bien, durante estos últimos
doce meses, el precio —generación, tributos y peajes— es 119
euros megavatio/hora, es decir, 5,2 euros megavatio/hora inferior al
precio que se registró con devolución en el periodo de abril de 2013 a
abril de 2014.

Veamos cuál es el precio del pool, del mercado diario. El año 2014
promedió 42,13 euros megavatio/hora. En el primer trimestre del año 2015,
de enero a marzo, ¿cuál fue el precio del pool? Superior: 45,87 euros
megavatio/hora. Ahora bien, si consideramos lo que nos están diciendo hoy
los mercados a futuro para lo que queda del año 2015, vemos que apuntan a
que el precio del pool en todo el año 2015 va a estar en 47,44 euros. Si
tenemos en cuenta que la evidencia empírica dice que respecto a lo que
marcan los futuros hay un descuento de entre 3 y 4 euros frente a lo que
luego da el mercado del pool, el mercado diario, eso quiere decir que
para este año 2015 el precio del pool va a estar en 43,44 euros
megavatio/hora, lo cual es un precio que está entre lo que fue en 2012 y
lo que fue en 2013.

Quiero referirme ahora a los datos de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia, año 2014. Informe de la CNMC: Cualquier
consumidor doméstico que hubiera contratado el precio voluntario para el
pequeño consumidor en el año 2014 ahorró en su factura eléctrica
comparado con cualquier otra oferta del mercado de cualquier compañía. El
ahorro anual del precio voluntario para el pequeño consumidor frente a la
oferta más barata anual que podía encontrar un consumidor en el mercado
oscila entre el 1,7 y el 8,6 de su factura, llegando a suponer 67,9 euros
anuales de ahorro para una familia media.

Según los datos del Comparador de ofertas de energía de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en 2014 todos los
consumidores domésticos que hubieran contratado el PVPC ahorraron en su
factura eléctrica comparado con cualquier otra oferta del mercado en
cualquier compañía eléctrica. Saben que actualmente el consumidor tiene
tres opciones: precio voluntario para el pequeño consumidor, el precio
fijo durante doce meses o bien el precio libre. Lo que hace la CNMC es
comparar tres escenarios distintos: en primer lugar, un consumidor medio
con un cierto consumo, potencia contratada de 3,3 kilovatios y consumo
anual de 3000 kilovatios/hora; en segundo lugar, hipótesis de un
consumidor medio con una cierta potencia de 3,9 kilovatios y consumo
de 2250 kilovatios/hora, y en tercer lugar, una familia media con una
potencia de 4,4 kilovatios y consumo de 3900 kilovatios/hora, y también
mete la segunda residencia con una potencia de 3,3 kilovatios y consumo
de 1000 kilovatios/hora. Pues bien, para todos los consumidores tipo que
considera la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia el PVPC,
precio voluntario para el pequeño consumidor, ha resultado más barato que
la mejor oferta que podía encontrarse en el mercado; el ahorro anual del
PVPC frente a la oferta anual más barata, como antes les he comentado,
para una familia media es de 67,9 euros anuales.

Por tanto, desde el punto de vista de lo que ha sido la
introducción del nuevo sistema de determinación de precios —todo es
discutible, yo me he referido a los datos que da, por una parte, Red
Eléctrica de España y, por otra parte, la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia—, está claro que hay una clara ventaja en
la fijación de este precio en comparación con lo que había antes, entre
otras cuestiones porque antes se hacía una subasta cada tres meses para
fijar el precio de los siguientes tres meses, del siguiente trimestre, y
es verdad que para el siguiente trimestre había un precio fijo. ¿Por qué?
Porque, a cambio, quien te garantizaba ese precio fijo tenía un coste de
intermediación que suponía al año para todos los consumidores
aproximadamente unos 350 millones de euros. Hoy eso ya no existe, hoy eso
no lo pagamos los consumidores, hoy eso supone un ahorro en la factura
energética. Por tanto, desde el punto de vista de los datos, creo que
queda acreditado que la evolución de los precios es mejor, y ya no les
cuento si comparamos con el incremento acumulado, próximo al 70 %, entre
los años 2004 y 2012.

La señora Salanueva planteaba la retroactividad de la nueva
regulación en materia de energías renovables. En esta materia quiero
hacer referencia a lo que dice la sentencia del Tribunal Supremo que se
dictó a instancias de un recurso que se había interpuesto a su vez contra
el real decreto de energía fotovoltaica en octubre del año 2010. Frente a
ese real decreto, que venía a aquilatar las primas que se daban a las
fotovoltaicas, a disminuir el número de horas primadas y a disminuir los
plazos, dice el Tribunal Supremo: Afirmamos que el principio de
rentabilidad razonable se ha de aplicar, en efecto, a la totalidad de la
vida de la instalación, pero no como parece entender la parte —es
decir, quien había recurrido— en el sentido de que durante toda
ella —toda la vida— dicho principio garantice la producción
de beneficios, sino en el sentido de que se asegure que las inversiones
empleadas en la instalación obtengan en el conjunto de la existencia de
la misma una rentabilidad razonable. Sentencia, doctrina del Tribunal
Supremo sobre la que, por otra parte, se ha basado el Gobierno para fijar
esa rentabilidad del 7,5 % a partir de los costes estándares.

Autoconsumo. Preguntaba la señora Salanueva cuándo vamos ver el
real decreto que regule el autoconsumo. Primero, les tengo que decir que
por primera vez con la Ley del sector eléctrico del año 2013, por primera
vez, se regula el autoconsumo en España. Segundo, está en elaboración el
real decreto y será aprobado antes de que finalice el mes de julio.
Tercero, ¿es el Gobierno partidario del autoconsumo? Sí, totalmente,
somos partidarios de que cualquier consumidor, sea doméstico o
industrial, que desee instalarse en su vivienda o empresa su propia
generación —por ejemplo, fotovoltaica, solar—, pueda hacerlo;
es más, si lo hace, lógicamente no tendrá que pagar a nadie generación de
energía, no tendrá que pagar ningún tipo de impuesto ni tendrá que pagar
ningún tipo de peaje. Ahora bien, si aparte de hacerse su propia
infraestructura, lo quiere es tener un enganche a la red para que en el
caso de que alguna vez le falle la generación pueda acudir al suministro
vía red, entonces lo que va a plantear el real decreto es que pague un
peaje, porque si no hubiera ese peaje significaría que el autoconsumidor
estaría siendo financiado por el resto de los consumidores. Eso creo que
es de sentido común, y por tanto, efectivamente, no se trata, como se ha
dicho por ahí, de un impuesto al sol, de un peaje al sol. No, señorías,
el sol es igual para todo el mundo, lo que ocurre es que si uno se
instala una placa solar y desea, además, estar enganchado a un servicio
que pagamos todos los demás, lógicamente tendrá que participar también
mediante el pago de un peaje por esa infraestructura.

La señora Salanueva hablaba también de la excesiva demora que
muchas veces hay en cuanto a la autorización de permisos de
hidrocarburos. Ciertamente yo conozco un caso que se autorizó en el
año 2001, se paralizó en el año 2003, y no se volvió a retomar hasta
el 2012, por cierto, por este Gobierno, que lo autorizó exactamente a los
tres meses de iniciar la legislatura. Me estoy refiriendo a las
autorizaciones para exploración de petróleo a 60 kilómetros de las costas
del archipiélago de Canarias. Lógicamente es una muy mala noticia que no
se hayan encontrado hidrocarburos ahí, porque España es un país que no
anda sobrado ni de petróleo ni de gas. Dependemos en más de un 99 % de
las importaciones. Aproximadamente gastamos cada año unos 37 000 millones
de euros en importación de hidrocarburos; es decir, que solo eso se lleva
todo el ingreso neto no hablo del bruto nada más y nada menos que del
primer sector de la economía, que es el turismo. Por tanto, esa es una
muy mala noticia. No hay ningún país del mundo que yo conozca quizá
ustedes conozcan alguno donde se puedan alegrar al saber que, después de
investigar si hay o no recursos de hidrocarburos, la conclusión sea que
no, porque eso es siempre, insisto, una muy mala noticia. Pero estoy de
acuerdo: nosotros hemos intentado acelerarlo al máximo, eso sí, siempre
con todas las garantías medioambientales que establece la ley a tal
efecto.

El señor Iglesias, de Izquierda Unida, planteaba algunas
cuestiones relativas al carbón, y se refería al incumplimiento del plan
del 2013 al 2018 en el año 2014. Pues bien, señoría, quiero hacer
referencia a la reunión que mantuvo la mesa de seguimiento del carbón la
pasada semana, concretamente el 31 de marzo, donde estuvieron las
empresas y los sindicatos. Se hicieron tres cosas: en primer lugar, se
les comunicó el adelanto de la convocatoria de todas las ayudas del
año 2015, y quiero decirle que ya han aparecido en el BOE, siendo la
primera vez que lo hacen con tanto adelanto; se ha procedido a pagar las
ayudas del 2014, y además, se les entregó el borrador de una orden
ministerial donde se establece el mecanismo para impulsar las inversiones
en desnitrificación de las centrales con el fin de que se pueda
garantizar que puedan seguir quemando carbón nacional en las condiciones
de menores emisiones que establece la propia Unión Europea. La finalidad
es doble: por una parte, que estas empresas efectivamente puedan acometer
las inversiones para que puedan seguir quemando ese carbón, pero, por
otra, también son impulsos y ayudas al sector de la minería y del carbón,
pues eso les permite seguir vendiendo para quemar carbón de origen
nacional.

En cuanto a la sentencia del Tribunal Supremo de la que hablaba su
señoría, el Gobierno no se opone ni muchísimo menos a cumplirla; todo lo
contrario. Lo que ocurre es que, siguiendo el tenor literal de lo que
dice esa sentencia del Tribunal Supremo, y siguiendo en todo caso lo que
dicen los informes jurídicos del Estado y la Secretaría General Técnica
del ministerio, hay que estudiar caso a caso cuáles son, de todas las
empresas que están incluidas en la sentencia, aquellas susceptibles de
ser devueltas; y eso se está estudiando.

Por lo que se refiere al planteamiento que ha hecho de Hunosa,
como sabe, se aplica para ella el planteamiento general de las ayudas a
la producción igual que al resto. Es verdad que las ayudas están
disminuyendo cada año, pero lo están haciendo para todas las empresas del
sector. En todo caso EDP es una de las empresas que compra carbón a
Hunosa, y por tanto, desde ese punto de vista no es de las que más
problemas están teniendo. Siempre han pedido que se compute el carbón
para La Pereda, pero esa central no entra en el real decreto de
restricciones, y por tanto, eso no puede ser. Como usted sabe, el real
decreto de restricciones tenía una vigencia hasta el 31 de diciembre del
año 2014. Es decir, ya finalizó, y justamente ese proyecto de orden al
que antes me refería, que se le ha comunicado al sector la pasada semana,
pretende introducir un mecanismo para que se pueda seguir quemando carbón
nacional.

En relación con lo que me planteaba el senador Anasagasti, del
Grupo Vasco, que tampoco está, no hice ninguna referencia a las
interconexiones. Ciertamente es un tema muy importante. De hecho creo que
por primera vez en muchos años se le ha dado un impulso a nivel europeo a
algo que hasta ahora se consideraba que era un problema español, y no lo
es. Se consideraba que, al no haber interconexiones suficientes entre
España y Francia, el problema era de Portugal y de España, pero no es
así, y de hecho en Europa se ha visto durante los últimos ocho, nueve o
incluso doce meses, desde que ha surgido una nueva crisis del gas con
Rusia, la bondad de tener una interconexión gasista más potente que la
que tenemos ahora. La que tenemos ahora es una interconexión de 6 bcm,
claramente insuficiente para poder exportar gas desde España al resto de
Europa, y no por lo que produzcamos, sino porque con los dos gasoductos
que tenemos de Magreb, con los almacenamientos subterráneos que tenemos y
con las siete regasificadoras que hay en la península ibérica —seis
en España y una en Portugal—, podríamos suministrar prácticamente
hasta la mitad de todo el gas ruso que a través de Ucrania llega a
Europa, que son aproximadamente unos 35 ó 40 bcm. ¿Y qué quiere decir
todo ello? Pues que en esa cumbre sobre interconexiones que se celebró
con el impulso o a invitación del presidente Rajoy, donde estuvieron
efectivamente el presidente Holland, Passos Coelho, primer ministro de
Portugal, el presidente Juncker y el propio presidente del Banco Europeo
de Inversiones con el presidente de la Comisión Europea, se impulsa el
proyecto de MidCat para por lo menos doblar la capacidad actual desde 6
bcm hasta 12 bcm, y para que esté en un horizonte temporal de
aproximadamente el año 2020. Y ello también hay que ponerlo en paralelo
con el impulso que en esa cumbre se dio a tres proyectos de interconexión
adicionales, es decir, aparte del de Baixas-Santa Llogaia, que por el
Pirineo catalán se ha abierto el pasado mes de febrero, doblando
desde 1400 megavatios a 2800, y que está ya con calificación de proyecto
de interés comunitario, está el del Golfo de Vizcaya, el submarino que va
a tener una capacidad de aproximadamente 5000 megavatios, y otros dos
proyectos que quiero decirles que hace cuatro días ya fueron impulsados
para meterlos en el Ten year plan, la planificación a diez años, en la
Unión Europea, de forma que luego sea considerado plan de interés
comunitario. Me refiero a uno que va a través de Navarra y otro que va a
través de Aragón. Con ello llegaremos a un 8 % de interconexión. No es
el 10 %, que fue el objetivo que se planteó en el año 96, pero sin duda
permite pasar del 1,4 % que teníamos a principios de esta legislatura, a
ese casi 3 % de ahora y a un 8 % cuando estén concluidos los demás.

Tampoco está el señor Saura, que había hecho una serie de
consideraciones sobre la situación económica, y que decía que no era
correcta porque la mejora no se debía solo a la política económica del
Gobierno. En este sentido hablaba de la bajada del precio del petróleo,
hablaba de la depreciación del euro frente al dólar y hablaba también de
la compra de deuda soberana por parte del Banco Central Europeo. Todo
ello es cierto, pero yo lo pongo al revés: la bajada del precio del
petróleo, la devaluación del euro y las inyecciones y compras de deuda
por el Banco Central Europeo, sin el proceso de consolidación fiscal, sin
el proceso de reformas estructurales que hemos hecho en España en todos
los ámbitos no nos habría llevado a un crecimiento como el que estamos
teniendo ahora, por encima del 2 % con una previsión que estaba en
el 2,4 % y que el propio presidente del Gobierno ha anunciado que va a
subir algunas décimas. Por tanto, si me preguntan a qué se debe la
previsión de crecimiento del Gobierno para este año que se hizo en el
año 2014, cuando elaborábamos los presupuestos a final de septiembre,
diré que desde luego a la política económica. Era un 2,4 %. ¿A qué se
debe seguir subiendo de ese 2,4 %? Pues a todos esos factores exógenos,
que creo debemos celebrar. Creo que es muy bueno que el petróleo haya
bajado desde 113 dólares a 57 o 58, que está ahora, porque ha ido
subiendo desde los 48 dólares en los que estuvo a principios de enero.
Creo que es muy buena la depreciación del tipo de cambio del euro. Antes
oí decir a alguno de los portavoces que España está perdiendo
competitividad, y la verdad es que esa regla nunca la había visto: que
pierda competitividad un país y en cambio mejoren sus exportaciones a
todas las áreas del mundo. Ahí hay también un efecto de competitividad
debido a las reformas estructurales y también hay un efecto de
ganancia-competitividad, debido a la depreciación del tipo de cambio del
euro frente al dólar. Por lo tanto, efectivamente estos factores son
favorables pero no olvidemos ni echemos en saco roto, como decía el señor
Saura, que ha habido una política económica detrás que ha sido muy
consistente.

En cuanto a Castor, decía el señor Saura: ¿Cuál ha sido la
respuesta del Gobierno frente a Castor? Nada. Solamente beneficiar a la
empresa operadora y echarle la responsabilidad al Gobierno anterior. ¿Qué
pasos ha dado? Ninguno. Pues no. Lo primero que hizo el Gobierno nada más
llegar fue disminuir la retribución que para la actividad de
almacenamiento de gas en Castor había negociado, pactado y cerrado la
empresa con el Gobierno anterior. Una retribución por encima del 10 % que
bajamos a algo más del 8 %, lo cual suponía ya un ahorro para el sistema
gasista, es decir, para todos nosotros cuando pagamos las factura de gas.
El señor Saura decía que el Gobierno no ha hecho nada. Pues mire, nada
más y nada menos que parar todo tipo de actividad en almacenamiento
subterráneo cuando a partir del 26 de septiembre del año 2013 detectamos
movimientos sísmicos que estaban por encima de 3,2 en la escala Richter.
Decía el señor Saura que el Gobierno no había hecho nada en relación con
el proyecto Castor; nada más y nada menos que llevar al Consejo de
Ministros, lo llevó este ministro, un acuerdo declarando la lesividad de
una de las cláusulas incluida en el Real Decreto del año 2008 que decía:
Si el operador al que se le ha dado la concesión en un momento
determinado de la vida útil del proyecto de inversión decide abandonarlo,
aunque incurra en culpa o dolo, se le va a indemnizar por el valor
residual de la inversión. Nosotros vimos aquello y nos pareció una
cláusula heroica en el mejor de los casos, llegamos a Consejo de
Ministros, declaramos la lesividad, lo recurrió la empresa y el supremo
le dio la razón a la empresa, pero parece ser que el señor Saura sigue
afirmando que no hizo nada el Gobierno de España, y sin embargo fue el
Gobierno de España quien encargó al Instituto Geográfico Nacional y al
Instituto Geológico Minero ambos informes para que nos dieran su parecer
acerca de lo que había pasado o qué estaba pasando y qué podía pasar. Y
cuando hicieron los informes nos dijeron que había que contar con la
opinión e informes de instituciones, personas y observatorios fuera de
España. Esa fue una de las condiciones que también el Gobierno puso al
nuevo operador de almacenamiento, a Enagas. Decía el señor Saura que no
había hecho nada el Gobierno, pues no hemos hecho nada, aparte de todo lo
que les he comentado, salvo negociar con Enagas, el operador del sistema
gasista, afrontar los costes de mantenimiento y operación, con cargo
lógicamente al sistema, mientras estén hibernando esos estudios que
encargará Enagas a instituciones fuera de España para determinar qué es
lo que se tiene que hacer finalmente con esa infraestructura. Pero en
todo caso lo que haga el Gobierno será aquello que determinen los
informes.

Señor Alique, a mí me sorprende porque usted es una persona amable
y educada. Normalmente cuando hablo con usted no utiliza insultos ni
descalificaciones, y después viene aquí, no sé si porque están las
cámaras o por qué, y empieza a utilizar un lenguaje que es impropio de
usted. Pero yo le voy a seguir tomando por el lenguaje que usted utiliza
siempre conmigo, no por el que utiliza aquí, porque creo que el de aquí
es bastante forzado. Usted es una persona amable y educada y cuando hace
las descalificaciones, de verdad, es hasta poco creíble, lo cual dice
mucho en su favor. (Risas). Usted viene aquí y dice: La política
energética del Gobierno es un desastre, la de las energías renovables
para qué contarle, y añade: Pero por favor, no me nombre al ministro
Sebastián. (El señor Alique López: Sí, sí, puede nombrarlo). ¿Le puedo
nombrar? (El señor Alique López: Sí, sí). Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Por favor, señor ministro y señor Alique, no
dialoguen.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López):
Yo solamente voy a referirme al ministro Sebastián porque fue ministro
del año 2008 al 2011 y creo que entonces usted era diputado del mismo
grupo parlamentario, pero a lo mejor me equivoco. Es más, a lo mejor
usted durante aquellos años se quejó mucho de la política del señor
Sebastián y no nos enteramos, o a lo mejor no se quejó y cuando ha
empezado a quejarse es cuando ya no está el Grupo Socialista en el
Congreso apoyando al Gobierno y cuando ya no está el Gobierno Socialista.
En todo caso, yo le quiero recordar algunas de las cuestiones que decía
el ministro de Energía anterior. Cuando usted dice que la política
energética de este Gobierno es un desastre yo se lo niego, y a
continuación le digo en prueba de eso lo que su ministro de Energía decía
sobre la política... (Denegaciones del señor Alique López). Bueno, no era
el suyo, pero usted era diputado y no le escuché quejarse. Primero, decía
que el Gobierno Socialista hizo una apuesta desproporcionada por las
ayudas a las energías renovables. Segundo, decía que el Gobierno
Socialista cometió demasiados errores en su política energética. Tercero,
decía que esa política energética era una transferencia de renta hacia
los terratenientes, y fíjese usted, señor Alique, yo nunca le he
escuchado a usted quejarse de estas cosas. Decía también que esa política
energética propició la especulación del suelo; un Gobierno Socialista
propiciando la especulación del suelo, reconocido por el ministro de
Energía al que usted con sus votos apoyaba en todas sus políticas. Decía
también que los incentivos que se dieron a las energías renovables fueron
demasiado elevados —antes demasiado elevados y usted ahora nos
acusa de que se han recortado, vamos en la línea de aquello que piensa el
anterior ministro y el anterior Gobierno Socialista—. Pero dice
algo más, dice que se apuró al máximo la legalidad creando una burbuja y
después hace referencia a que encima quienes se beneficiaban eran
comunidades autónomas, y menciona directamente a tres comunidades
autónomas que en aquel momento estaban gobernadas por el Partido
Socialista.

Señor Alique, usted no puede fundamentar que la política del
Gobierno ha sido un fracaso porque este Gobierno ha demostrado que es
posible seguir incentivando las energías renovables, que es posible que
tengan una rentabilidad más que razonable, porque el coste de emisión
ahora mismo, es decir, la remuneración del bono a diez años está en 1,4 y
la de referencia que se tomó fue 4,5. Están percibiendo 4,5 más 300
puntos básicos 7,5 %, y en cambio usted sí que podría argumentar muy bien
con el anterior ministro de Energía de su Gobierno que aquella política
que llevaron a cabo —lo han reconocido— fue un absoluto
disparate. Eso sí que lo podría reconocer. Ahora, si usted no se reconoce
en la política energética que hizo el Gobierno anterior, entonces el
problema es de otro cariz.

Dice usted que el precio de la luz sigue subiendo, y me remito a
los dos informes que le he planteado anteriormente cuando respondía a la
señora Salanueva. Dice usted que la situación económica ha empeorado.
Hemos estado en recesión durante seis años y ahora estamos creciendo,
¿eso es emporar o mejorar? Yo creo que es mejorar. Cuando se pasa de
recesión a crecimiento en economía generalmente es una mejora. Antes se
estaba destruyendo empleo a razón de 2200 empleos diarios, año 2008
al 2011. Cada día de cada uno de esos cuatro años, 2200 personas
perdieron su empleo, 3 400 000 en cuatro años. ¿Usted cree que es igual,
mejor o peor esa situación de destrucción de 2200 empleos a la que hay
hoy, mes de marzo? Encuesta o no, paro registrado de hace dos días,
creación cada día del mes de marzo de 5180 nuevos empleos. ¿Cree usted
realmente, de verdad, que la situación ahora es peor? Pues probablemente
lo crea, porque pregunta usted: ¿Por qué hay que disminuir el déficit
público? Pues, mire, hay que disminuir el déficit público, entre otras
cosas, porque con un déficit público del 9,3 % que fue el que encontramos
cuando iniciamos esta legislatura, la tasa de financiación internacional
de la economía española estaba en el 7,5 %, hoy al 1,4 %. Y la prima de
riesgo llegó a estar en 640 puntos, hoy está en el entorno de 102 o 103.
Fíjese usted si es importante o no que disminuya el déficit público.
Pero, además, por otra cuestión, señor Alique y este es un argumento
puramente de teoría económica. Sabe usted que cuanto mayor es el déficit
público mayor es el efecto expulsión que se produce en el sector privado
respecto a los mecanismos de financiación porque la financiación el que
se la lleva es el sector público. Esa es la razón por la que le damos
tanta importancia a las políticas de disminución de déficit público.

Yo le reconozco a usted un enorme valor político cuando habla de
eficiencia energética. Le reconozco un enorme valor político, porque, tal
como con anterioridad decía el portavoz del Grupo Parlamentario Popular,
¿sabe usted en lo que se basó la política energética del anterior
Gobierno? Ya sé que a usted no le gustaba el anterior ministro, pero le
voy a hablar del anterior Gobierno. Pues en regalar una bombilla china a
cada uno de los españoles. Eficiencia energética en estado puro. Segundo,
disminuir la velocidad. Y, tercero, una medida que no se ha dicho aquí,
pero una medida ciertamente surrealista, que nos llevaría a concluir que
hoy usted, señor Alique, usted, hoy, a esta hora, estaría siendo muy poco
eficiente energéticamente y, en cambio, su compañero, Gil García, estaría
siendo muy eficiente, porque una de las medidas fue: vamos a quitarnos la
corbata. Claro, si ese tipo de medidas, usted las compara con lo que está
haciendo el Gobierno... Se lo voy a recordar, porque, a veces, la memoria
es frágil y cuando la memoria es frágil conviene recordarlo. ¿Sabe usted,
señor Alique, a cuánto ascienden las ayudas que el Ministerio de
Industria, Energía y Turismo ha convocado el día 25 de marzo para
proyectos de ahorro y eficiencia energética en rehabilitación energética
de edificios, de transporte, de alumbrado exterior, para pymes y grandes
empresas del sector industrial? A 168 millones de euros. Y estos
recursos, ¿sabe usted con cargo a qué están dotados? A los presupuestos
procedentes del Fondo nacional de eficiencia energética. Y usted me dirá:
¿Y eso qué es? Porque en la época en que gobernaban ustedes no había ese
Fondo nacional de eficiencia energética. Y yo le diré: No, no existía.
Porque en la época en que ustedes gobernaban, la política energética era
la política de la bombilla, era la política de la corbata, era la
política de la velocidad. Y esto, señor Alique, me parece a mí que es
simplemente no admitir el mínimo de comparación entre una política de
eficiencia energética y otra.

Ha hablado usted de los recursos que han interpuesto en relación
con los cambios habidos en la regulación de energías renovables. Pues,
como antes le decía, el Tribunal Supremo ha sentado una doctrina a través
de distintas sentencias dictadas justamente a instancia de recursos
contra disposiciones del anterior Gobierno. Le dan la razón al anterior
Gobierno cuando se le dice que hay que ver en toda su dimensión la vida
útil de todos los proyectos de inversión. Pero es que viene a decir más,
viene a decir que no puede ser ajena la rentabilidad de cualquier
proyecto de inversión a la evolución del ciclo económico. Durante los
seis años, fundamentalmente, por la gran recesión que hemos atravesado,
pero en gran medida también por el agravante de la política económica que
en España se siguió, usted sabe que aquí se destruyeron muchos empleos
—lo sabe perfectamente, porque gobernaban ustedes— y usted
sabe perfectamente que cerraban muchas empresas, fundamentalmente,
pequeñas y medianas. ¿Sabe usted por qué cerraron esas empresas y por qué
se perdieron esos empleos? Porque fueron víctimas de esa caída en el
ciclo económico. Y, sin embargo, lo que se pretendía con este tipo de
remuneraciones, era que, al margen de cómo fuera el ciclo económico, la
remuneración tenía que ser siempre la misma. Y eso es lo que cuestiona el
Tribunal Supremo. Por tanto, toda la modificación que hemos hecho, tenga
por seguro que la hemos hecho de acuerdo con lo que establece la doctrina
del Tribunal Constitucional.

Respecto a Garoña y todos las demás centrales nucleares, el
Gobierno hará siempre aquello que permita hacer el Consejo de Seguridad
Nuclear. Usted me dice: no se refugie en el Consejo de Seguridad Nuclear.
No sé si me está diciendo que no le haga caso (El señor Alique López: No,
no). Ah, pues entonces le vamos a hacer caso. Como veo que estamos de
acuerdo, le vamos a hacer caso. ¿Por qué? Porque el Consejo de Seguridad
Nuclear es el órgano regulador que tiene que establecer cuáles son las
condiciones bajo las cuales se puede ampliar, no se puede ampliar, se
puede prorrogar o no, una central nuclear. Entonces, nosotros vamos a
seguir el criterio del Consejo de Seguridad Nuclear.

Y respecto al ATC, dice: ¿Pero por qué el ATC en Villar de Cañas?
Pues, muy simple, porque era uno de los cuatro emplazamientos que el
Gobierno anterior había estudiado, había analizado, y había dado los
argumentos para que fuera allí. El anterior. Cuando me traspasó los
papeles el anterior ministro, una de las cosas que me dijo fue: mira, de
las cosas que te dejo aquí totalmente listas para que lo lleves al
Consejo de Ministros la próxima semana es ese proyecto, porque está todo
listo, solo a falta de llevar al Consejo de Ministros. Y le dije: ¿oye,
por qué no lo llevaste tú? Fue de las primeras cosas que hicimos, llevar
el ATC. No se sorprenda usted tanto. No crea usted que yo cuando llegué
aquí me fui la primera semana a Villar de Cañas, a Castilla-La Mancha, a
los dos emplazamientos, me fui a Valencia y me fue a Cataluña. No, no, es
que ya venían en el estudio que se había hecho.

Señor Gil García, me hablaba usted del tema de Urraca, de las
implicaciones del fracking y su relación con los movimientos sísmicos. La
posibilidad de que ocurran terremotos con impacto en los emplazamientos
de las centrales nucleares españolas hoy es uno de los factores clave que
se ha considerado con particular atención a la hora de establecer el
diseño de cada una de ellas. No ahora, desde que empezaron a existir, y
alguna, como sabe usted, tiene más de treinta años (El señor Gil García:
Cuarenta). O sea, esto no es nuevo; ya viene de muy atrás. No es que
ahora, de repente, alguien diga: es que las centrales tienen que tener un
estudio para determinar cómo le afecta la... No, es que ya lo tienen por
ley. Y no se debe sorprender de que lo tengan. Y, además, esté tranquilo,
que en el Consejo de Seguridad nuclear, los técnicos que hay son,
probablemente, los mejores y los más cualificados de toda España (El
señor Gil García: Por eso). En la práctica, y de acuerdo con los
requisitos de la normativa existente, en el diseño de las centrales
nucleares españolas se han tenido en cuenta los terremotos más severos
que se han registrado a lo largo de la historia en cada emplazamiento y
en sus zonas circundantes, los más severos. Los sistemas de vigilancia
sísmica de las centrales nucleares españolas se inspeccionan
periódicamente por el Consejo de Seguridad Nuclear. Periódicamente, señor
García Gil, aunque le sorprenda. Pero, claro, el problema es pensar que
los organismos reguladores van en función de criterios políticos. No, no,
es que allí quienes están son técnicos muy cualificados. ¿Usted ve a
algún presidente, sea del partido que sea, del Consejo de Seguridad
Nuclear tomando una decisión en contra de lo que le diga... ¿Usted lo ve
de verdad? ¿Usted lo ve? (El señor Gil García: ¡Que no la han
tomado!).

El señor PRESIDENTE: Por favor, guarde silencio.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López):
Pero es que ni se ha tomado ni se va tomar porque es de puro sentido
común. Por tanto, los sistemas de vigilancia sísmica están supervisados
periódicamente por el Consejo de Seguridad Nuclear.

Tras la realización de las pruebas de resistencia europea como
consecuencia de Fukushima, el Consejo de Seguridad Nuclear requirió a los
titulares de las centrales incrementar el margen sísmico en todos los
sistemas y componentes necesarios para llevar la central a parada, algo
que actualmente está en fase de implantación. Esto se recoge en el
informe final de las pruebas de resistencia realizadas en las centrales
nucleares españolas, aprobado por el Pleno del Consejo de Seguridad
Nuclear el 21 de diciembre del año 2011, que pueden encontrar en la
propia página web del Consejo de Seguridad Nuclear. No tema usted ni
genere alarma porque estamos en buenas manos, en manos de los técnicos y
en manos del Consejo de Seguridad Nuclear. Tenemos uno de los mejores
sistemas del mundo, y así está reconocido.

En cuanto al permiso de investigación Urraca, se van a llevar a
cabo sondeos exploratorios utilizando el sistema y la tecnología de la
fracturación hidráulica. Esos sondeos, como usted sabe, requieren una
declaración de impacto ambiental, así que, insisto: cualquier tipo de
riesgo va a ser analizado, pero no por la ministra de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, sino por los técnicos que elaboran las
declaraciones de impacto ambiental en el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, que son los mismos que estaban antes y
antes de antes. ¿Por qué? Porque son miembros de cuerpos del Estado, son
funcionarios. No tenga usted ningún temor porque son funcionarios muy
bien cualificados.

Aún no hay declaración de impacto ambiental en esto que usted me
plantea y, por tanto, no podemos saber si va a ser favorable o
desfavorable. El estudio de impacto ambiental del sondeo se encuentra
ahora, como usted sabe, en fase de información pública.






Una vez termina
la información pública se remite el informe del área con las alegaciones
al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para que
realice esa declaración de impacto ambiental. Y le insisto en una
cuestión: el sistema es muy garantista, y suponiendo que la DIA fuera
favorable para poder realizar los sondeos, en caso de pasar a la fase de
explotación se requerirá, además, una concesión y un nuevo proceso de
evaluación ambiental que incluye, asimismo, otra declaración de impacto
ambiental. Este es el proceso, reglado. Y si lo que usted plantea es:
Olvídese del proceso y diga ya que no, yo le digo que este Gobierno eso
no lo va a hacer. No nos vamos a saltar la legislación vigente... (El
señor Gil García: No lo digo yo, lo dice el Partido Popular). Lo digo por
si alguien lo dijera...

El señor PRESIDENTE: Por favor, senador Gil, guarde silencio.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López):
Eso no lo va a hacer este Gobierno porque es muy respetuoso con los
procedimientos administrativos. Repito: este Gobierno es muy respetuoso
con los procedimientos administrativos. Por tanto, si lo que usted
plantea es: Señores del Gobierno, sáltense los procedimientos
administrativos, ya le digo que no, por más que usted se los quiera
saltar. El Gobierno no lo va a hacer.

En cuanto a lo planteado por el señor Medina, que tenía mucho
interés en que le contara todo lo relacionado con el Real Decreto eólico
en relación con Canarias, tengo que decirle que las competencias en
materia de renovables en España están distribuidas. Existen competencias
en el ámbito de las comunidades autónomas, a quienes corresponde fijar la
metodología para la asignación de potencia en sus respectivos
territorios, mientras que al Estado le corresponde asignar el régimen
retributivo de las energías renovables. En Canarias, el método
tradicionalmente empleado ha sido el del concurso público, con los malos
resultados por todos conocidos: judicialización y retraso excesivo en su
resolución. Prueba de ello es que durante el año 2014 la aportación de
energía renovable al sistema eléctrico de Canarias fue de un 7,7 %,
mientras que en la península la aportación llegó al 43 %. El Gobierno de
Canarias, mediante el Decreto 6/2015, desarrolla una nueva metodología de
asignación de potencia basada en la autorización administrativa,
cumpliendo una serie de condiciones técnicas, que permitiría acceder al
cupo de potencia de energías renovables establecido para Canarias. Este
cupo, al tratarse de una potencia no gestionable, se determina por el
Estado previo informe, lógicamente, del operador del sistema y en función
de la capacidad de la red de transporte y distribución de cada isla.
Respecto al nuevo método de adjudicación que establece el Decreto 6/2015,
aprobado por el Gobierno de Canarias, el Ministerio de Industria, Energía
y Turismo nada tiene que decir al tratarse de una competencia de una
comunidad autónoma. Ahora bien, lo que no puede pretender el Gobierno
regional de Canarias es aprovechar ese decreto para regular cuestiones
que no son de su competencia. ¿Cuáles? En primer lugar, el artículo 6 del
decreto prevé la posibilidad de que la Comunidad Autónoma de Canarias
pueda prohibir en determinadas circunstancias la instalación de parques
eólicos, lo que es contrario al reparto competencial establecido por la
Ley del sector eléctrico. Y le digo más. En esta materia, la experiencia
del Gobierno regional de Canarias es mala porque en el concurso que
adjudicó 450 megavatios de potencia sabe usted que aproximadamente la
mitad lo hizo en una zona de servidumbre nada más y nada menos que por
motivos de seguridad aérea. Sobra decir lo que eso implica. Pues bien,
cuando el Ministerio de Fomento ha planteado esa situación a las
autoridades aeronáuticas, lógicamente han dicho que la adjudicación no
puede tener lugar allí porque afecta a la seguridad aeronáutica. Pero el
Gobierno regional de Canarias ha insistido en ello. Por tanto, la
experiencia en esta materia no es buena.

Por su parte, el artículo 8 del decreto prevé que el órgano
autonómico establecerá las condiciones que habrán de cumplir las
instalaciones eólicas para que estas tengan la consideración de
instalaciones de autoconsumo. ¿Pero cómo va a regular el autoconsumo una
comunidad autónoma si es legislación básica del Estado? No puede. Esta es
otra de las razones por las cuales nos hemos opuesto.

El artículo 12, apartado 2, letra k, establece la exigencia de
disponibilidad de los terrenos para el otorgamiento de autorización
administrativa, siendo contrario a lo que establece la Ley del sector
eléctrico, que declara con carácter general la utilidad pública de las
instalaciones de generación a los efectos de expropiación forzosa de los
bienes y derechos necesarios para su establecimiento. El artículo 17
permite determinadas modificaciones de instalaciones sin necesidad de
autorización alguna, lo cual es contrario también a la Ley del sector
eléctrico. El artículo 25 no exige informe previo del operador del
sistema para el cierre de instalaciones, lo cual es también contrario al
artículo 53 de la Ley del sector eléctrico.

El pasado día 25 de marzo, teniendo en cuenta todo esto —el
Gobierno canario nos lo comunicó, y aunque en el ministerio le dijimos
que era claramente contrario a la legislación vigente, siguieron
adelante—, se envió un requerimiento al Gobierno de Canarias en el
que se le solicita la modificación de esos artículos. En dicho
requerimiento se concede un plazo de 2 meses para que nos comuniquen si
proceden o no a esa modificación. En caso de que el Gobierno canario no
proceda a esa modificación, se iniciaría un procedimiento en la vía
contencioso-administrativa. Yo estoy de acuerdo con usted en que debemos
hablarlo y dialogarlo todo, pero si cuando estamos dialogando les decimos
que algo es contrario a derecho y resulta que asistimos a hechos
consumados, da la impresión de que lo que nos están diciendo es que se
acabó el diálogo. En el requerimiento no se cuestiona en ningún momento
la nueva metodología elegida por el Gobierno de Canarias para la
asignación de nueva potencia. Lo que hace el requerimiento nada tiene que
ver con la solución que se ha alcanzado entre el Gobierno de Canarias y
el Gobierno de España respecto a esos 450 megavatios del concurso eólico
de 2007. La potencia asignada en ese concurso tiene reconocida, de hecho,
una retribución específica con un incentivo por pronta instalación y
diferenciada del resto de España. ¿Por qué? Porque generar energía en
Canarias con fuentes renovables abarata y disminuye el coste general de
generación de todo el sistema.

Asimismo, respecto al concurso eólico del año 2007, por parte del
Ministerio de Industria, Energía y Turismo se han incluido en la
planificación de infraestructuras eléctricas inversiones por 810 millones
de euros necesarios para la puesta en funcionamiento de los parques
eólicos, porque esta es otra: concurso de adjudicación, año 2007, 450
megavatios, pero eso sí, ¿cómo se va a verter esa energía renovable a la
red? ¡Ah, no sabemos! Esa inversión en infraestructuras por 810 millones
de euros lo ha incluido ahora el Gobierno en la planificación. Por
último, en las próximas semanas se va a abrir el plazo para que aquellos
parques eólicos que cuenten con autorización administrativa del Gobierno
de Canarias puedan solicitar el régimen retributivo reconocido para dicho
concurso.

La segunda pregunta que planteaba el senador Medina era sobre por
qué no se cancelan los permisos que están en vigor. Porque la cancelación
supone una renuncia previa por parte del operador. Por tanto, si no hay
renuncia, lógicamente no se puede proceder a la cancelación.

Respecto a si es una buena noticia o no tanto personal como
colectivamente para Canarias y para España que no tengamos recursos en
materia de hidrocarburos, diré que no puede ser una peor noticia el hecho
de que tengamos que seguir dependiendo en más de un 99 % de las
importaciones de hidrocarburos.

Finalmente, en relación con el portavoz del Grupo Parlamentario
Popular, también agradezco también su intervención. Efectivamente, he
comparecido, y hoy estoy respondiendo nada más y nada menos que a más de
quince comparecencias. Es la cuarta vez que comparezco —no sé si
eso es mucho o poco, pero da la impresión de que mis antecesores no
comparecían mucho más y no sé si en aquel momento había quejas del mismo
grupo o no, pero me da la impresión de que no había muchas—, pero
yo, cada vez que ustedes lo soliciten, sea de manera individual o
agrupando comparecencias, voy a estar encantado de hacerlo porque,
además, me da la oportunidad no solo de exponer aquello que hemos hecho,
sino también de debatir, que en el Parlamento es lo que hay que hacer,
debatir, como estamos haciendo en el día de hoy.

Se ha referido su señoría a las políticas de eficiencia energética
del anterior Gobierno. Efectivamente, considero que no admiten ningún
tipo de comparación. Yo acabo de referirme a cuál es el plan de ayudas
que para el plan de eficiencia energética ha aprobado el Gobierno de la
nación, y si eso se compara con la bombilla china, con el tema de las
corbatas o con la velocidad, creo que no hay ningún tipo de
comparación.

Estoy totalmente de acuerdo en que uno de los grandes logros del
Gobierno en materia energética es haber terminado con la generación de
déficit en el sistema eléctrico; y digo déficit en el sistema eléctrico
porque debiéramos ir superando ya lo que se acuñó como déficit tarifario,
ya que cuando se habla de déficit tarifario a lo que inconscientemente se
está haciendo referencia es a que ese déficit o agujero tiene solución
aumentado la tarifa, que era lo que hacía el anterior Gobierno socialista
aumentando los peajes. Pero ese no era el problema. El problema era que
había un sistema de costes regulados, y al bajarlos ahora se ha
conseguido acabar definitivamente con esa generación de déficit al
año.

Estoy totalmente de acuerdo con usted en que el mix energético que
hay en España es amplio, equilibrado, variado y heterogéneo en cuanto a
las distintas tecnologías, y debe seguir siendo así. Estamos generando
aproximadamente un 46 % de energía a través de fuentes renovables, pero
es bueno también que haya energía nuclear, que haya carbón, que haya
ciclos combinados y todo tipo de fuentes, porque eso enriquece el mix
energético y el sistema energético en España.

Respecto a las interconexiones, después de la inauguración de
Baixàs-Santa Llogaia —como he señalado anteriormente—, hemos
aumentado aproximadamente en un 2,8 %, pero seguirá aumentado con el
impulso que bajo el liderazgo del presidente Rajoy se ha dado en la
cumbre de interconexiones que se celebró en Madrid hace tres
semanas.

Ha hablado usted de los costes de la transición a la competencia.
Pues bien, lo he contado en sede parlamentaria. Probablemente fue de los
primeros informes que pedí cuando llegué al ministerio. La abogacía del
Estado me hizo un informe y, efectivamente, señalaba que se había dejado
prescribir por parte del anterior Gobierno. Pero luego, investigando,
vimos que no solo se había llegado a redactar la orden ministerial que
establecía tanto la devolución de algo más de 3000 millones de euros como
la distribución por cada uno de los operadores, sino que se llegó a
firmar por el director general, y cuando se remitió a la Secretaría
General de Energía ya no pasó al Gobierno. Pues bien, eso ha sido objeto
de una denuncia, la fiscalía ha estado investigando, lo ha archivado y,
por tanto, nada que objetar. Desconozco cuál es la consideración que va a
tener esa demanda, a la que usted se ha referido, a miembros del anterior
Gobierno.

En cuanto a la liberalización en materia de carburantes, está
teniendo efectos por cuanto que la mayor parte de las estaciones nuevas
que se crean son independientes.

Sobre Castor, me remito a lo dicho anteriormente, y sobre la ATC
en Villar de Cañas, también.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Cabe un brevísimo turno de dúplica si lo solicita algún portavoz.
(El señor Iglesias Fernández pide la palabra).

Tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Intervendré muy brevemente dada la
hora. Además, también tendré que ausentarme de forma inmediata para
retornar al lejano norte porque, si no, perderé el último vuelo.

Señor ministro, yo reconozco que la mecánica de una comparecencia
como la de hoy, con este orden del día, guarda bastante similitud con la
de una oposición, y a una oposición uno no llega con todos los temas
igualmente preparados, sino que unos están mejor y otros peor. Pero en
relación con el carbón tendrá que reconocer el señor ministro que de las
dudas que le he trasladado realmente no me ha contestado a ninguna. O hay
una diferencia en la preparación de los temas o el señor ministro es un
reservón en esta materia, que también puede ser por el momento de
negociación que hay abierta en torno a esa orden ministerial. Pero
ratifico, de forma telegráfica, ¿va a haber alguna iniciativa del
Gobierno que garantice que antes de la entrada en vigor de la nueva orden
ministerial —si esta se dilata en el tiempo, como es de temer,
hasta 2016— se va a lograr que en 2015 las empresas térmicas sigan
comprando carbón nacional?

Segunda cuestión: los fondos mineros. ¿Va a haber alguna
iniciativa para retomar un marco de diálogo que permita abandonar la vía
judicial? Reconozco que no es la vía adecuada de relación entre
administraciones, pero en este caso quien la inició —lo sabe
perfectamente el señor ministro— fue alguien que fue subsecretario
general en algún momento y, por lo tanto, muy alejado a mi posición
política.

En relación con Hunosa, ¿se va a buscar alguna alternativa que
permita compensar en 2015 los incumplimientos que se han dado en 2014?
Porque, a la vista del escenario diseñado, al menos a mí me surgen serias
dudas de que eso sea posible, aunque en la mesa de seguimiento así se
trasladó por los responsables de la empresa a los representantes
sindicales.

Muchísimas gracias y pido perdón por ausentarme. Mañana leeré con
fruición el Diario de Sesiones para ver cómo terminó la comisión.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
Alique.

El señor ALIQUE LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.

La verdad es que se reproduce lo mismo que ocurrió hace un año,
dos meses y no sé cuántos días —lo decía el señor Palacios—,
y es que el ministro se siente molesto por la intervención de quien les
habla —en este caso, el portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista—, y vuelvo a hacer lo mismo que hice aquel día: si a
usted le molesta la expresión cinismo, voy a hacerlo de otra manera
—como hice hace un año y dos meses—, yo le voy haciendo una
serie de preguntas sobre cuestiones que usted ha expuesto y usted
califica cómo son.

Usted, señor ministro, dice que no ha subido la factura de la luz
para los ciudadanos de este país. Lo dice una y otra vez. Es más, dice
que ha bajado, lo cual es un insulto a la inteligencia y un insulto a los
ciudadanos de este país. Y yo le pregunto: ¿cómo calificaría usted a un
ministro que dice eso, mientras que un señor ve que el recibo de la luz
de su casa le ha subido durante estos años? ¿O, por ejemplo, ve los datos
del Boletín Oficial del Estado, datos del IDAE, de su ministerio, que nos
dicen que a un consumidor medio, de marzo a marzo, del año pasado a este,
le ha subido un 10 % y si cogemos el mes de enero un 18 %? ¿O lee una
noticia de la OCU que dice que en este último año, desde que entró el
vigor el nuevo sistema de tarifas, ha subido un 4,3 %? ¿Qué quiere decir,
que los demás somos mentirosos o somos tontos? Califique usted a un
ministro que dice eso, que ha bajado el recibo de la luz.

Otra cosa que ha ocurrido hoy es que usted ha dedicado un buen
rato de su intervención a hablar de su antecesor. Yo le invito a que en
noviembre, cuando pase a la oposición, dé usted todas las conferencias
que quiera y se refiera a él, pero ahora háblenos de lo que usted hace,
no de lo que hizo el anterior. Ya sabemos que nosotros éramos muy malos,
pero el Partido Socialista ya perdió las elecciones, y ahora le hablaré
de ese tema.

Usted dijo textualmente en el Congreso —ha tenido poco
tiempo para prepararse después de Semana Santa o poco ha hecho y ha
venido aquí a reproducir lo que dijo hace escasamente dos semanas en el
Congreso de los Diputados— que subir la parte fija del recibo de la
luz, la que tiene que ver con el término potencia, no supone un
incremento de la factura. Sí supone una transferencia entre consumidores
domésticos a favor justamente de aquellos que más consumen. Usted ha
dicho que no sube la factura de la luz. Sin embargo, yo le puedo
garantizar que a una prima hermana mía con escasa renta le ha subido la
parte fija del recibo de la luz. ¿Sabe por qué? Porque lo que
precisamente incentiva el recibo de la luz es que no haya ahorro y que no
haya eficiencia energética, y perjudica a las zonas de este país donde
hace frío, a la parte norte de España. ¿O qué quiere usted, que no
consuman energía? ¡Claro que tendrán que consumir! Y al mismo tiempo que
consumen también tienen que pagar la parte fija del recibo de la luz. Es
más, ¿ha leído usted recientemente que, por ejemplo, los bomberos de
Cataluña responsabilizaban la pobreza energética precisamente a la subida
del recibo de la luz? Es que cuando la gente ya no tiene de donde arañar
se tira a cualquier cosa, por ejemplo a quemar leña en su propia casa,
como pasó este tiempo atrás en Grecia.

Por tanto, usted sí ha subido la parte fija del recibo de la luz,
y afecta más a quien menos tiene que, por cierto, es el que menos
consume. ¿Por qué consume menos? Porque no puede, y por eso a veces tiene
que recurrir incluso a la leña. Por tanto, ¿cómo calificaría usted a un
ministro que dice que la parte fija del recibo de la luz no ha subido
para todos los españoles, que solo ha subido para una parte y que todo es
para evitar que las segundas residencias y las viviendas vacías sean las
que paguen? Es que ustedes, a un ciudadano que paga el recibo de la luz y
consume poco —consume poco porque tiene poco dinero, porque no
puede— en la práctica también se lo han subido. ¿Cómo calificaría
usted a ese ministro? ¿Y cómo calificaría usted a un ministro que nos
dice que ha eliminado el déficit de tarifa? ¿Cómo puede decir usted eso
si en 2012 eran 5600 millones de euros más, en 2013 fueron 3600 millones
de euros más y hoy por hoy —todavía no se ha cerrado
noviembre— son 1400 millones de euros más? Usted ha generado 11 000
millones de euros. Es igual que si usted nos dice ahora que el Partido
Popular ha metido más dinero en la hucha de las pensiones. No, ustedes
han sacado 25 000 millones de euros de la hucha de las pensiones para
pagarlas porque, si no, no las hubiesen pagado —es otra herencia
también del Partido Socialista—. Por tanto, usted califique a un
ministro que dice todas estas cosas y póngale el calificativo que quiera.
Yo retiro el que he puesto si a usted le molesta pero, desde luego, como
ciudadano me enfado cuando escucho a un ministro que dice que ha bajado
el recibo de la luz, que no me ha subido la parte fija del recibo de la
luz y que, además, ha eliminado el déficit de tarifa.

Usted ha dicho que la economía española no ha necesitado ningún
rescate, pero usted afirma mal porque se ha rescatado a los bancos. ¿Sabe
con qué estamos pagando el dinero del rescate a los bancos? Lo estamos
haciendo con los recortes en educación y en sanidad y con la devaluación
de este país. Por tanto, sí se ha rescatado a nuestro país: en forma de
bancos. Y se ha rescatado con todas las medidas que ha tomado el señor
Draghi, con aquellas que no tomó hace tres años y que ha adoptado ahora
—ya se han mencionado y no las voy a repetir—.

Preguntaba usted sobre si creemos que estamos mejor o peor que
hace tres años. Estamos peor, señor ministro. Hoy hay más paro que hace
cuatro años, más paro que cuando ustedes llegaron al Gobierno. Hay
un 25 % de paro. Además, según la Unión Europea, que no el Partido
Socialista, tener hoy un empleo en nuestro país no garantiza salir de la
pobreza. Uno de cada cinco trabajadores sufre pobreza laboral. Esos no
eran los datos que había hace cuatro años, ni tampoco que la mitad de los
parados no cobran ningún tipo de prestación; o el exilio de nuestros
jóvenes mejor preparados, que se van fuera de España porque no encuentran
un puesto de trabajo; o que hoy haya 7,7 millones de personas
—trabajadores, según la Agencia Tributaria— que cobran menos
de 1000 euros al mes. Hace tres o cuatro años esto casi era un lujo. Pero
es que hay 5,7 millones de personas, según la Agencia Tributaria, que
cobran menos de 645 euros al mes, es decir, el equivalente al salario
mínimo interprofesional, por no hablarle de que hoy nuestro país es el
segundo en el que más desigualdad ha habido y que más pobreza infantil
tiene, después de Bulgaria, porque 2 300 000 niños viven bajo el umbral
de la pobreza. ¿Se enorgullece usted de un país así? Señor ministro, me
parece que eso también es un insulto a los ciudadanos. Califique usted a
un ministro que dice que hoy estamos mejor que hace cuatro años con estos
datos. ¿Cómo le llamaría? Yo no le voy a calificar —usted
sabrá— porque si no se me enfada.

Le digo que es un fracaso. ¿No cree usted que es un fracaso cuando
ustedes dijeron que con su sola llegada al Gobierno vendría la
recuperación, la inversión, se crearía empleo y España cambiaría? Eso nos
dijeron en campaña electoral. Es más, hasta el señor Montoro le dijo a
Rosa Díez que a ver si se destruía España para ver si venían ustedes y la
levantaban. Ustedes dijeron que iban a recuperar todo, también en materia
energética. Por el contrario, sube la luz, generan un déficit de 11
millones de euros y 7 millones de personas sufren pobreza energética.
Según la ONU, 10 000 personas mueren todos los años en este país como
consecuencia de la pobreza energética, y unas 1400 o 1500 mueren por
accidente de tráfico. Ponga en correlación lo que está pasando con la
pobreza energética.

Pero es que 13 países de Europa, aplicando dos directivas
europeas, sí están tomando medidas respecto a la pobreza energética, y
usted no ha hablado de ellas ni ha tomado ninguna medida. Nosotros hemos
propuesto un bono social de luz, gas, electricidad, propano y butano.
¿Para qué? Para que la gente con menos recursos no tenga que pagar en
función del mercado sino en función de los ingresos y sean los
Presupuestos Generales del Estado. ¿Y usted que ha hecho? Expulsar a
medio millón de hogares del bono social. El Partido Socialista, señor
portavoz del Grupo Parlamentario Popular, sí tomó decisiones en pobreza
energética. En el año 2009 creó el bono social. Por cierto, un sistema
hoy perverso después de la modificación del Partido Popular que ha hecho
que hoy haya más personas en situación de pobreza energética que personas
que se benefician del bono social. Por eso pedimos esa tarifa social
referida al gas, la luz, el butano y el propano.

Señor Soria, ¿valora usted la gran ventaja que supone el sistema
de autoconsumo desde el punto de vista del ahorro de pérdidas de energía
en la red? Esto también es importante para el conjunto del sistema
eléctrico. El 10 % aproximadamente se pierde en la red. Si se consumiera
cerca no se perdería. Ese es el autoconsumo. En segundo lugar, no habría
que hacer nuevas inversiones para el sistema ya que no tendríamos
problemas de cogestión porque habría gente que se autoabastecería.
Además, no haría falta más capacidad instalada en generación, se
reduciría nuestra dependencia energética y habría menor impacto
ambiental. No lo valora porque en el caso de las energías renovables, en
general, usted primero formula las respuestas y después determina las
preguntas que corresponde realizar. Como decía Benedetti, cuando ya
tenemos las respuestas ustedes nos cambian las preguntas. O sea, mientras
que el conjunto de Europa y del mundo está avanzando en cerrar el parque
nuclear —ahí tiene Alemania, ahí tiene Francia, que con la ley de
transición energética quiere reducir su parque nuclear para dar más
cabida a las energías renovables—, cuando el año pasado, según
datos de la Agencia Internacional de la Energía, se incrementó en un 16 %
la inversión en energías renovables en el mundo, usted las ataca, las
paraliza y las condena al ostracismo cuando era una tecnología puntera
que ya teníamos y que gracias a ellas muchas empresas estaban saliendo
adelante. Ahora usted nos cambia las preguntas porque ya ha puesto sus
respuestas: apostamos por la nuclear, apostamos por el fracking,
apostamos por las prospecciones petrolíferas. No, señoría, estas son
decisiones políticas. Cerrar o no cerrar Garoña no es una decisión del
Consejo de Seguridad Nuclear; cerrar Garoña es una decisión política que
tomó el Gobierno socialista para julio de 2013 y está firmada a través de
una norma que se hace desde la política. Si ustedes ahora la quieren
cambiar es porque políticamente lo permiten, porque el Consejo de
Seguridad Nuclear no informa de nada que no tenga una autorización legal.
Por tanto, pasa lo mismo de siempre: primero nos ponen las respuestas y
luego nos cambian las preguntas. ¡No, hombre, no, que esto no es así! Si
le preguntamos una cosa, respóndanos. Por tanto, sí es una decisión
política si se cierra o no se cierra Garoña, si se apuesta o no por la
energía renovable. ¿Es una decisión política que vaya a Villar de Cañas o
no el cementerio nuclear? ¡Claro que es una decisión política! Si era la
cuarta, ¿por qué pasa a ser la primera? Si ahora el Consejo de Seguridad
Nuclear, a través del director, ha emitido un informe técnico con dudas
sobre esos terrenos, ¿por qué ustedes siguen avanzando?

Nos parece más razonable que primero nos aseguremos de que todo
eso reúne una serie de condiciones, como pasa con el fracking. Pero no;
aquí vamos a lo que vamos: a proteger —siento decirlo otra
vez— al oligopolio eléctrico, que le interesa que no haya ahorro ni
eficiencia energética. Usted siempre trivializa con lo de las bombillas.
No. Con el Partido Socialista se redujo un 15 % la intensidad energética.
¿Sabe lo que es la intensidad energética? La reducción de la demanda
eléctrica, que es importantísima y es lo que no le interesa al oligopolio
eléctrico, ni a ustedes, ni a la FAES. Por tanto, hablemos claro. Por
ejemplo, Red Eléctrica dice que de aquí a 2018 sobran 2000 megavatios de
potencia instalada, según he leído recientemente. Por otro lado, la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia insta al Gobierno a
cerrar centrales térmicas. Esto es cierto, ¿verdad, señor ministro?
Entonces, ¿por qué tenemos necesidad de abrir Garoña? Si los organismos
reguladores nos están instando a que cerremos y al mismo tiempo Red
Eléctrica dice que sobra potencia instalada, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué
condenan ustedes a las energías renovables? ¿Por qué condenan, por
ejemplo, al carbono autóctono? Porque ustedes tienen los intereses que
tienen: la supeditación del poder político al económico. Esa ha sido la
acción de Gobierno del Partido Popular. ¿Se molestan ustedes? Pues se
molestan. ¿Quieren que lo califique de otra manera? Lo califico de otra
manera.

Termino. Igual que usted no quiere mencionar al señor Rato, que
fue el que generó el déficit de tarifa y el que lo aprobó, yo sí me voy a
referir al señor Sebastián. Le planteo una pregunta: ¿coincide usted con
la política que llevó a cabo el señor Sebastián con el Gobierno
Socialista? Yo sí coincido, menos en una cosa que ahora le comento. El
que no coincide es usted. Con toda la normativa, lo que usted está
haciendo es destruir esa política. Ahora dice el señor Sebastián que no
le gusta. Ese es su problema, pero la aplicó. Yo no estoy de acuerdo con
la norma que se aprobó en 2010, que significó el primer recorte a las
energías renovables, no como ustedes lo han hecho. Pero esto no lo digo
hoy. En la sesión del Pleno del día 13 de diciembre del año 2012, cuando
se tramitó la Ley del sector eléctrico, intervine, y le voy a leer lo que
dije: «En cuarto lugar, proponemos que queden exentas de este impuesto
las energías renovables en régimen especial. Los productores no van a
poder simultanear este impuesto del 7 % son palabras mías— y el
recorte de las primas que se hizo en el año 2010. También mostramos
nuestra oposición a esta ley después del tiempo, porque consideramos que
no es justa; porque la combinación de ambas cosas, señorías, va a poner
en riesgo la viabilidad de las inversiones.» Presentamos enmiendas ¿eh?
Veo que usted no se lee las cosas. Sí hemos rectificado en sede
parlamentaria lo del año 2010, y no estoy de acuerdo con lo que hizo el
señor Sebastián ese año, pero sí estoy de acuerdo con todo lo demás que
hizo. Si usted no está de acuerdo, es su problema. Ya veo que usted
tampoco está de acuerdo y que por ello está legislando para cargárselo.
Hay más asuntos en los que me gustaría entrar, pero no quiero monopolizar
el debate.

La energía debería haber servido como elemento de competitividad
de la economía española, señor Ministro.

El señor PRESIDENTE: Le rogaría que fuese terminando, señor
Alique.

El señor ALIQUE LÓPEZ: Y, reitero, no lo digo yo.

Antes le he leído lo que decía el director de Uniset, pero es que
el presidente de Acogen nos habla de situación dramática para la
industria asociada a la cogeneración. Además, trece sectores industriales
firmaron ante los medios de comunicación una protesta contra la política
energética del Gobierno. Por otra parte, el presidente de Sernauto ha
dicho que la política energética en España es intolerable y un escándalo.
Esto no lo dice el Partido Socialista, lo dicen empresarios y la
secretaria general de Industria —que veo que no habla con
usted— cuando nos ha dicho en sede parlamentaria que lo primero que
hace una empresa cuando llega a su despacho es hablar de los excesivos
costes empresariales.






¿No ve que es verdad que este Gobierno ha fracasado
en la política energética?

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alique.

¿Desea hacer uso de la palabra, señor Palacios?
(Denegaciones).

En consecuencia, tiene la palabra el señor ministro para cerrar el
debate.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López):
En relación con lo que decía el señor Iglesias, la orden ministerial se
ha planteado en la comisión de seguimiento a las empresas y a los
sindicatos, que han quedado en estudiarla, y el diálogo va a seguir
siendo una realidad para intentar solventar todos esos problemas que hay
todavía en el sector.

Señor Alique, de todo lo que ha dicho en la segunda intervención,
me quedo con que usted retira la descalificación, porque, como antes le
he dicho, usted es una persona educada y amable; lo que pasa es que
cuando viene aquí se crece un poco, se viene arriba y hace
descalificaciones que son impropias de su forma de ser. Se lo
agradezco.

Me ha preocupado su visión de la economía española cuando dice que
hoy, que crecemos por encima del 2,4 %, lo ve peor que cuando estábamos
en recesión —ese es un problema conceptual— y que hoy, que
creamos cada día 5000 empleos, usted lo ve peor que cuando
destruíamos 2200 empleos. Para esto no hace falta haber ido a la Facultad
de Económicas, es cuestión de sentido común.

Pobreza energética. Pobreza energética es el resultado directo de
que las familias españolas no pueden hacer frente a los costes
energéticos a resultas de la desastrosa política económica llevada a cabo
en dos legislaturas por el Partido Socialista. Esa es la pobreza
energética, que fue lo que nos encontramos y lo que estamos intentando
resolver. No crea usted que la pobreza energética es distinta de la
pobreza para alimentarse, o de la pobreza para cobijarse, o de la pobreza
para vestirse; la pobreza energética es el resultado de que todas esas
personas que tenían un empleo dejaron de tenerlo por esa desastrosa
política que llevaron a cabo otros gobiernos. Eso es lo que estamos
combatiendo nosotros y lo que, con la creación de empleo, no le quepa a
usted duda, más pronto que tarde se resolverá en este país.

En cuanto a lo que dice usted de que se trivializa con la
eficiencia energética, trivializar es plantear la política de eficiencia
energética en términos de corbatas, en términos de bombillas y en
términos de velocidad de los automóviles. Eso sí es trivialización de la
política de eficiencia energética.

Respecto a que usted no coincide con la política del anterior
ministro de Energía del Gobierno Socialista, tengo que decirle que tiene
un serio problema, porque que no coincida con la mía, de acuerdo. (El
señor Alique López: No he dicho eso. No mienta. Diga lo que yo he
dicho).

El señor PRESIDENTE: Senador Alique, por favor. Ha tenido su
turno. Cumpla con las normas. Ahora es el turno de señor ministro.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López):
Yo no digo lo que usted dice, digo lo que yo digo.

Usted tiene un serio problema si no coincide con el que era
ministro de Energía del Gobierno Socialista. (El señor Alique López
pronuncia palabras que no se perciben). No estamos debatiendo,
estoy en mi turno de intervención; se lo ha dicho el presidente. No se
ponga usted tenso ni nervioso. Lo único que le digo es que ha habido un
reconocimiento explícito por parte del máximo director de la política
energética de los disparates energéticos que hizo el Gobierno Socialista
en política energética. Y usted ahora dice: Yo no tengo nada que ver con
aquello; pero usted era diputado y en aquel momento no rechistó. No
rechistó cuando iba aumentando el déficit del sistema eléctrico; no
rechistó cuando aumentaban un 7 % anual los precios del sistema eléctrico
en España, y ahora usted protesta cuando hemos conseguido reconducir el
déficit en el sistema eléctrico y hemos conseguido que empiecen a bajar
los precios de la energía eléctrica en España. A usted probablemente le
gustaría, para tener algún fundamento —que nunca lo tiene— en
la crítica a la política energética del Gobierno, pero lamento decirle
que los objetivos del Gobierno en esta materia han estado claros desde el
principio y, le guste a usted o no, hemos terminado con el déficit en el
sistema eléctrico y hemos impedido que los precios de la electricidad en
España subieran un 40 %, que era a lo que estábamos abocados con su
política energética.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Acabado el debate, después de estas más de cuatro horas largas, se
levanta la sesión dando las gracias a sus señorías, especialmente al
señor ministro por su comparecencia.

Eran las veinte horas y cuarenta minutos.