CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES


COMISIONES MIXTAS

Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 100

DE RELACIONES CON EL DEFENSOR DEL PUEBLO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MIGUEL ÁNGEL CORTÉS MARTÍN

Sesión núm. 9

celebrada el martes

18 de marzo de 2014

en el Palacio del Congreso de los Diputados

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia de la señora Defensora del Pueblo (Becerril Bustamante), sobre informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2013 y anexo con la liquidación del presupuesto del mismo periodo. (Número de
expediente del Congreso 260/000004 y número de expediente del Senado 780/000004)... (Página2)

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Se abre la sesión a las diez de la mañana.


El señor PRESIDENTE: Señoras y señores comisionados, damos comienzo a la sesión de la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, con un único punto del orden del día que es la comparecencia de la Defensora del pueblo sobre el
informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2013 y anexo con la liquidación del presupuesto del mismo periodo.


Como bien conocen las señoras y señores comisionados, en el desarrollo de la sesión, que tendrá su continuidad en sesión plenaria a ser posible el jueves de la semana que viene, después de la intervención de la señora defensora intervendrán
los grupos de menor a mayor por un tiempo entre siete y diez minutos. Con posterioridad, la señora defensora cerrará el debate. Insisto en que el debate continuará en el Pleno, por tanto, vamos a ser ajustados en las intervenciones para evitar
duplicidades innecesarias.


Para efectuar dicha comparecencia nos acompaña, y le damos la bienvenida, la Defensora del pueblo que tiene la palabra.


La señora DEFENSORA DEL PUEBLO (Becerril Bustamante): Señor presidente, señorías, gracias a todos ustedes por su presencia en esta Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo.


Como ha dicho el presidente, comparezco -están también conmigo don Francisco Fernández Marugán, adjunto primero, y doña Concepció Ferrer, adjunta segunda- para dar cuenta del informe anual correspondiente al año 2013 como venimos haciendo
todos los años.


Señorías, los buenos usos literarios aconsejan evitar los textos comenzando con oraciones negativas. Sin embargo, voy a contradecir a mi pesar esta norma para hacer la siguiente consideración de carácter general. Los informes del Defensor
del Pueblo no son una recopilación de felicitaciones, logros o parabienes por hechos, acciones o decisiones como podrían ser hacia o de órganos ejecutivos o legislativos, sino que son recopilaciones de quejas de los ciudadanos; es decir, dan cuenta
de cuestiones que estos consideran no han sido total o parcialmente conformes a derecho y que les afectan directamente. Esta es la esencia fundacional del Defensor del Pueblo, por tanto, los informes no pueden ser un compendio de aciertos y de
escritos, no pueden serlo por su misma naturaleza. Son elementos que identifican al mismo con los ciudadanos y que en ocasiones pueden resultar ingratos para las administraciones.


El informe presentado en el año 2012 constataba la situación económica difícil por la que atravesaba España en plena recesión todavía, y tenía un reflejo nítido en los contenidos de las quejas recibidas y también en las actuaciones que se
habían iniciado a lo largo del año. En el informe de 2013 se comprueba que esas circunstancias no han cambiado de forma total o radical; las dificultades económicas continúan, si bien las perspectivas de los últimos meses nos dan ánimo y aliento
para tiempos venideros que se presentan con mayor optimismo. Esta afirmación que hago no es la expresión solamente de un buen deseo; está basada en informes que ustedes conocen muy bien y que me he permitido repasar antes de esta comparecencia;
informes económicos relativos al último trimestre de 2013 como son el informe de La Caixa Research, Área de estudios y análisis; el informe de la Comisión Europea, Previsiones económicas para España; y el informe del Banco Bilbao Vizcaya, Servicio
de estudios. Espero que estas apreciaciones y valoraciones que hacen estos y otros muchos que ustedes conocen bien, se confirmen e incluso se mejoren a lo largo del año 2014 sin olvidar la reducción del desempleo, cuestión que a todos nos preocupa
enormemente.


La filosofía que ha presidido este ejercicio de 2013 ha sido la de dar desde el Defensor la máxima importancia a obtener respuestas positivas por parte de las distintas administraciones, porque la legitimación de la institución está
relacionada con su eficacia; lo cual significa que no nos podemos resignar ni acomodarnos a recibir meramente quejas o solicitudes de los ciudadanos y a tramitarlas, sino a algo distinto que es conseguir principalmente la atención a las mismas y en
determinados casos las precisas rectificaciones. La institución ha procurado mantener buenas relaciones con todas las administraciones, con todos los organismos públicos y con la fiscalía porque el Defensor no es una institución que litigue, sino
una institución que mediante razones ajustadas, que nosotros consideramos suficientemente argumentadas, solicita bien información o trata de convencer a administraciones y a otros de sus recomendaciones.


Durante el ejercicio de 2013 el número de administraciones no colaboradoras o entorpecedoras de la labor del Defensor ha descendido de manera muy considerable. Ha bastado en algunos casos con requerir una segunda vez a la Administración,
instar a responder para que se produjera la solicitud, la contestación a lo solicitado. Debo mencionar una actitud entorpecedora y perseverante por parte de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda de la Comunidad Autónoma
de Canarias. Además el

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Diputado del Común coincide conmigo y también el ayuntamiento de Teguise en Las Palmas. De estas actitudes se dará información a la Fiscalía General del Estado, pero el descenso ha sido muy impresionante o muy grande en relación con las de
años anteriores, ya que no contestaban a nuestras solicitudes.


Las relaciones con los Defensores de comunidades autónomas son de respeto a sus respectivas competencias, cooperación con los Defensores como veremos a lo largo de este informe en varios supuestos y en varias acciones, y evitar desde luego
acciones duplicadas. Las quejas y solicitudes que se reciben en el Defensor siempre tienen una respuesta por parte de la institución; en aquellas que no son competencia nuestra se explica el porqué y, en aquellas que están sujetas a un
procedimiento judicial, también se explica por qué no podemos actuar y siempre se procura orientar al ciudadano que pide una opinión.


Durante el año 2013 he comparecido en esta Comisión mixta en cuatro ocasiones. En marzo presentamos el informe de 2012. En mayo se presentó el informe sobre el Mecanismo nacional de prevención de la tortura correspondiente a los años 2010,
2011 y 2012. También se presentó un informe monográfico -que fue de interés para sus señorías- sobre el producto financiero conocido como participaciones preferentes, que tanto daño ha hecho a tantas personas, y las propuestas subsiguientes por
parte del Defensor del Pueblo. En el mes de octubre se presentó el estado de la actividad de la institución hasta esa fecha. En noviembre se presentaron y se discutieron documentos sobre la gratuidad de los libros de textos: programas, ayudas,
reutilización de libros de texto. Se discutió también un documento presentado por la institución sobre crisis económica e insolvencia personal con las propuestas subsiguientes -a ello me referiré luego-. Además se presentó el informe sobre la
trata de seres humanos en España: Víctimas invisibles, y el seguimiento que se estaba haciendo de las actuaciones por parte de las administraciones -y muy concretamente del Ministerio del Interior- en relación con este asunto que tanto nos preocupa
a todos y que merece una atención muy especial. Igualmente, como es lógico y preceptivo, comparecí en el Pleno del Congreso y del Senado para dar cuenta -como es obligación por parte de la institución- de los informes anuales. Asimismo, comparecí
para hablar de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno al ser requerida por la Comisión Constitucional del Congreso.


Señor presidente, antes de adentrarme en los problemas y cuestiones de fondo les agradezco a sus señorías el interés mostrado siempre hacia esta institución a lo largo de todas las comparecencias, así como por las sugerencias y comentarios
que hemos recibido de diputados y senadores. Voy a mostrarles a sus señorías de manera sucinta algunos datos del presupuesto -los más destacados nada más; están todos en nuestro informe con todo detalle y también desglosados en la página web- que
tenemos aquí en la pantalla. El presupuesto para el ejercicio 2013 -hablamos siempre del 2013- ascendió a 14.021.300 euros. Esto supuso un 3,25 % menos que el del año anterior, que a su vez también había descendido en torno al 4,5 % ó 4,75 %.
Consta de dos capítulos: el capítulo I, gastos de personal, 11.593.000 euros; y, el capítulo II, gastos en bienes corrientes y servicios. En esta imagen está el desglose del capítulo I que asciende a 11.593.000 euros: altos cargos, funcionarios,
laborales, otro personal, incentivos al rendimiento y cuotas y gastos sociales a cargo del empleador. Este es el capítulo de gastos en bienes corrientes y servicios, que asciende a 2.427.000 euros: arrendamientos, reparaciones, materiales,
indemnizaciones, gastos de publicaciones, compras y suministros. Este ejemplo del artículo 22 es un desglose de una parte del anterior, correspondiente a material y suministros. -Así está todo desglosado en la página web, aunque aquí no vamos a
mostrar más que este ejemplo para no alargarme-. En suministros y materiales se da el nombre de la empresa, el objeto del concurso, el importe de la adjudicación y cómo ha sido el procedimiento. El suministro de infraestructuras necesarias para
telecomunicaciones ha sido un procedimiento abierto, lo ha obtenido Telefónica por un importe de 952.000 euros. El servicio de limpieza también ha sido por procedimiento abierto, por importe de 717.000 euros. El tercero es la renovación de las
licencias de productos básicos para los puestos informáticos -estos asuntos informáticos son de la máxima importancia para el funcionamiento de la institución-, ha sido un procedimiento abierto y se señala también el importe de la adjudicación. El
cuarto es almacenaje y custodia de archivos, que también ha sido un procedimiento abierto para la adjudicación, y su importe de 65.000 euros. El quinto es el servicio de asesoría, gestión y control de asuntos laborales y Seguridad Social, un
procedimiento menor por importe de 14.641 euros. Toda la actividad contractual se difunde en el apartado: Una institución transparente de nuestro portal web institucional. Está absolutamente todo -espero que esté todo- y lo hemos hecho siguiendo
los consejos e instrucciones de la institución Transparencia Internacional.

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Como ya he dicho, la dotación presupuestaria ha ido descendiendo. De 2011 a 2012, el descenso fue de menos 4,5 % y de 2012 a 2013, menos 3,75 %. Pese a este descenso en el año 2013 hemos procedido a licitar dos plazas para técnicos
especializados tanto en urbanismo como en medio ambiente -funcionarios por concurso público; por tanto, abierto y publicado en el 'Boletín Oficial del Estado'- y se han cubierto esas dos plazas. Esta disminución del presupuesto no nos impide
reforzar los aspectos técnicos y humanos necesarios para desarrollar la actividad. Hemos suprimido cuestiones que no afectan para nada a la buena marcha -y lo mismo podremos seguir haciendo en el futuro- son cuestiones menores que al final dan una
suma que permite convocar dos plazas de técnicos, que sí que afectan al desarrollo correcto de la institución.


Tenemos ahora un resumen de los expedientes de queja: número de expedientes de queja y actuaciones de oficio comparando el año 2012 y el año 2013. Las quejas individuales han disminuido algo -de 19.143 a 18.422- y mucho los expedientes
agrupados. Esto tiene su explicación. En el año 2012 hubo un número altísimo de funcionarios que acudieron al Defensor del Pueblo quejándose de la supresión de parte de la paga extra. Por eso hubo un número muy elevado en 2012 y un número
bastante más bajo en 2013, porque eso ya no se ha producido de esa manera. Las actuaciones de oficio han descendido algo en 2013, y también tiene su explicación: porque en 2012 se hicieron actuaciones de oficio para averiguar o para estudiar y
analizar circunstancias en muchas comunidades autónomas -no era un actuación de oficio, eran diecisiete actuaciones sobre una materia-, sin embargo en 2013 hemos preferido concentrarlas en cuestiones de ámbito general que afectan a toda España y no
suman diecisiete por cada uno de los sujetos o de los objetos.


Le damos mucha importancia al siguiente documento: Resoluciones. Como decía al inicio, es lo que nosotros decimos, solicitamos, pedimos o recordamos a las administraciones. Ha habido un aumento importante, un 29,74 % con respecto a 2012.
Hemos subido bastante las recomendaciones, las sugerencias y los recordatorios de los deberes legales. Si concretamos las recomendaciones, que son las actuaciones más densas, más completas, que requieren también más trabajo, más información, han
aumentado un 22,28 % lo que hemos hecho en relación con 2012. Se han realizado un total de 236 y anteriormente se habían realizado 193. El cuadro estaba preparado para la semana pasada y como se estimó conveniente aplazar la comparecencia, no
están todos los datos en el mismo, pero hemos añadido un pie de página que dice que a fecha de 15 de marzo, es decir, antes de ayer, las recomendaciones aceptadas son 127, las rechazadas 46 y las pendientes 63, es decir, los datos han subido y hay
un 73,4 % aceptadas. ¿Qué ocurre con las pendientes? Lo normal y lo deseable; nosotros trabajamos para tener una respuesta de la Administración correspondiente en dos, tres o cuatro meses, de esas pendientes que se hayan podido realizar o
formular en el pasado mes de noviembre o de diciembre. Las sugerencias también han aumentado un 51 % con respecto a 2012. Las aceptadas a fecha de 15 de marzo son 134, un 79 %; las rechazadas 35, un 20 %; y hay 133 pendientes de las que
esperamos tener respuesta, e insistiremos en ello, para tenerla en los próximos meses.


Solicitudes de recursos ante el Tribunal Constitucional. En el año 2012 muchísimos funcionarios apelaron para que se presentara un recurso por la supresión de la paga extra, por eso está esa cifra de 246.585, lo expliqué en la comparecencia
anterior. Esto ha descendido considerablemente en el año 2013; esa solicitud no se ha producido. En relación con las solicitudes de recurso del Tribunal Constitucional, les recuerdo a sus señorías dos cuestiones. En primer lugar, a lo largo de
los treinta y un años de funcionamiento de la institución, el Defensor ha planteado recurso de inconstitucionalidad en veinticinco ocasiones, en la mayoría de los casos estuvieron relacionadas con competencias o no competencias de las comunidades
autónomas. Lo que yo compruebo es que un número alto de personas que apelan individual o colectivamente al Defensor pidiendo la interposición de recurso, no expresan la inconstitucionalidad o en dicha solicitud no se detecta o diagnostica la
inconstitucionalidad, sino que transmiten un rechazo o una posición contraria a la ley o a un decreto. Hay mucha diferencia entre esa posición, respetabilísima, y la decisión de que hay posibles elementos de inconstitucionalidad.


Seguimos ahora sin este material y estos datos, que ya están explicados. Si les parece bien al señor presidente y a sus señorías, voy a entrar ya a considerar lo sustantivo, el fondo de las quejas, sobre qué han versado estos datos. Las
materias sobre las que se han recibido mayor número de quejas han sido las siguientes: en relación con el área de economía y hacienda, se han recibido cuestiones relativas a electricidad, IRPF, IBI -hay varias quejas sobre el aumento del IBI y del
impuesto sobre la renta de las personas físicas-, quejas relacionadas con la plusvalía municipal, quejas en relación con la escasa transparencia de entidades financieras, fundamentalmente cajas de ahorro.

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Además ha habido muchas quejas -luego volveré sobre esto porque es una cuestión muy importante- sobre la falta de pago de los contratos de las administraciones públicas y quejas sobre el precio del agua. En materia de sanidad, política
social y Seguridad Social, hay algunas cuestiones muy importantes, y las más relevantes son: la prestación farmacéutica, el copago, la proporción o la parte que le puede corresponder a un ciudadano en el copago -también volveré a hablar de esto y
daré un poco más de información a continuación- y las listas de espera para operaciones en hospitales. Hemos hecho requerimientos a las comunidades autónomas y la verdad es que ha contestado la inmensa mayoría; en muchos casos, como también se
denota en el informe, ha habido una reacción por parte de las mismas y muy especialmente en algunos grandes hospitales, donde ha habido anteriormente retrasos llamativos. Ha habido también numerosas quejas en materia de ayuda a personas con
discapacidad y problemas para atender a personas dependientes -volveré sobre ello-, así como en asuntos relativos con los menores y la justicia. Esta es una materia de mucho interés sobre la que estamos trabajando y sobre la que hemos hecho varios
seminarios con jueces, con psicólogos, con psiquiatras, con especialistas en problemas de adolescencia y de menores, porque este problema está tomando una gran envergadura; son menores ante la justicia, menores que además de sufrir un trauma por
cualquier circunstancia, cuando se enfrentan o son llamados a comparecer en un procedimiento judicial vuelven a padecer, vuelven a sufrir y les deja secuelas durante un tiempo largo. Es importante que las personas que tratan con menores y con
adolescentes a lo largo de todos estos procesos sean especialistas y conozcan las consecuencias de todo ello en el menor y en el adolescente.


En relación con el empleo público y su función, destaco el retraso en el pago de prestaciones por parte del Fogasa. Respecto a la recomendación y reiteración que hemos hecho a este Fondo de garantía salarial, han informado, y así además lo
hemos leído en medios de comunicación, que van a reforzar el personal para atender debidamente al pago de estas prestaciones, que traían mucho retraso. El desempleo, naturalmente, es el capítulo más importante dentro de esta área, así como las
reducciones en el empleo público. En materia de justicia, van a continuar, desgraciadamente, y espero que no por mucho tiempo, las demoras y dilaciones indebidas. Esto es una queja general, y constatamos la necesidad de mejoras en medios
materiales y personales en la Administración de Justicia.


De las recomendaciones y actuaciones más destacadas, presentamos en su momento, y por eso no voy a extenderme, las recomendaciones efectuadas tras la aprobación de la Ley de Tasas Judiciales. El ministerio aceptó nuestra recomendación y
reiteración de que, en la parte variable, las tasas descendieran, porque eran muy altas las cuantías, y que se adelantara la entrada en vigor de la ley de justicia gratuita. Eso sí se ha aceptado. Me parece que les dije a sus señorías, y lo
reitero, que no todo el mundo se ha quedado satisfecho con ello, pero creo que ha sido una actuación buena porque, en lugar de esperar a que alguien presentara un recurso y que tuviera razón la persona o el grupo que presentara ese recurso, nuestra
actuación ha permitido con carácter inmediato reducir las tasas en la parte variable y avanzar meses y meses en los supuestos de gratuidad de la justicia.


Ha habido una sentencia muy importante del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del pasado mes de noviembre, de obligado cumplimiento para España, que ha sido el dejar sin efecto la aplicación de la conocida como doctrina Parot en relación
con el cumplimiento de las penas. Repito que es de obligado cumplimiento. Ha sido muy dura para las víctimas, y lo tengo que decir aquí, porque así me lo han trasladado, así lo he visto y así se han manifestado, y a mí me ha parecido muy dura, y
muy dura para España. Varias asociaciones nos pidieron que se les informara de cuál había sido la acción española, la posición española, en relación con la vista, con el procedimiento. Nos hemos dirigido al Ministerio de Justicia, que nos remitió
los informes, en parte yo creo que de la Abogacía del Estado, y se les remitió la información a estas asociaciones de víctimas que nos habían pedido la información. La sentencia ha sido cumplida a gran velocidad, a una velocidad tal que el
presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la apertura del año judicial de la Corte Suprema, manifestó, y leo literariamente: Es sin duda poco frecuente que una de nuestras sentencias sea ejecutada tan rápidamente. Nosotros hemos
pedido al Ministerio de Justicia que en el estatuto de la víctima de delito se tengan en especial consideración y se atiendan las solicitudes que hacen las asociaciones de víctimas y la fundación de víctimas, que verdaderamente tienen una valentía,
una firmeza y un coraje dignos de admiración y gratitud.


Respecto a una cuestión bien distinta, como son los libros de texto, no voy a entrar en el informe que ya conocen sus señorías. Solo quiero recordarles que a lo largo de 2013 se ha notado una disminución grande en los fondos aportados por
la Administración General del Estado y por las comunidades autónomas. Nuestra recomendación y lo que se solicita es que se procure para los próximos ejercicios

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aumentar los apoyos y las ayudas a las familias y a los centros, así como una cuestión que me parece muy importante, y es que se promueva también la reutilización de los libros de texto, en la medida y durante el tiempo que sea posible. Es
una buena práctica, y no solo por razones económicas, sino por razones de comportamiento cívico y de reutilización de bienes que se costean con los Presupuestos Generales del Estado. Cualquier familia lo haría con material escolar o con otro tipo
de material. Eso es una buena práctica.


En relación con la situación de inmigrantes, hemos pedido que se atienda también a las personas que no están en situación regular, y no solo en casos de gravedad, cuando sean menores o sean mujeres embarazadas, sino que tengan derecho a la
atención sanitaria. Esto no ha sido posible. Hablo de los logros o de las cosas que hemos conseguido, y también de las que no hemos conseguido, como esta. Si bien, debo decir que las comunidades autónomas y las ONG, las organizaciones no
gubernamentales, han arbitrado procedimientos para que nadie se quede fuera del sistema sanitario y para que tengan cobertura.


En cuanto al pago farmacéutico, a lo que me referí antes, el Ministerio de Sanidad nos dice en respuesta a nuestras apelaciones o recomendaciones que en el próximo Consejo Interterritorial de Sanidad revisarán la proporcionalidad en el
copago. A nosotros nos parece que hay algunos supuestos que no están bien proporcionados. Esto es importante reconsiderarlo, y nos dice el ministerio que lo va a hacer.


Mencioné que era importante para las comunidades autónomas y los ayuntamientos liquidez para pagar a proveedores. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, como ustedes ya conocen muy bien, formuló varios decretos, uno de pago
a proveedores y otro del Fondo de liquidez, el FLA famoso. Eso ha aliviado muchas circunstancias y ha aliviado a muchas administraciones, sobre todo municipales, que estaban verdaderamente agobiadas. Ahí nuestra actuación ha sido decirle a la
Administración: Esto está bien, pero deben dedicarse fundamentalmente estos fondos, en primer lugar, a atenciones de carácter social porque, si no, van a cerrarse centros de día, centros de menores, centros de mayores. Eso se consiguió, esa
recomendación fue así aceptada.


En materia de economía y hacienda, hemos continuado con los estudios relativos a la crisis económica y deudores hipotecarios y se ha elaborado un nuevo informe que se denomina Crisis económica e insolvencia personal. Tampoco voy a entrar en
él, porque ya lo conocen. Se trata de aliviar la carga financiera de familias extraordinariamente endeudadas y evitar su exclusión social. En el Senado el pasado mes de diciembre, contestando a una pregunta del senador Yanguas, escuchamos decir al
ministro de Justicia que iba a hacer una propuesta ante la Unión Europea para regular dentro del ámbito de coordinación europea la insolvencia de particulares de buena fe. Si esto se consiguiera, nos parece que sería un paso muy importante.


En cuanto a los productos financieros de participaciones preferentes, seguimos con mucho interés todas estas actuaciones. Hay muchas personas que han conseguido llegar a acuerdos con las entidades financieras para recuperar sus ahorros
total o parcialmente, pero todavía quedan muchas familias afectadas. De todo ello damos cuenta en el informe y además proseguimos con toda esta actuación.


Siguiendo con estas materias económicas y hacendísticas relacionadas con entidades financieras, insistimos en que hemos formulado recomendaciones sobre la revisión de las cláusulas suelo. La mayoría de las entidades han reaccionado
positivamente suprimiendo las cláusulas que había anteriormente. Respecto al nuevo índice hipotecario que ha sustituido al anterior, le hemos pedido al Banco de España que recomiende a las entidades financieras que expliquen que hay un nuevo
índice, cómo se calcula ese índice y cuál es la diferencia. El 4 de marzo el Banco de España facilitó información y unas recomendaciones a todas las entidades que apliquen el nuevo índice, para que lo expliquen y lo hagan con transparencia y con
claridad. Esperemos que así sea.


Hay una cuestión sobre la que hemos tenido respuesta, pero no nos agrada -por eso vamos a volver a insistir en este tema, a ver si lo argumentamos mejor-, referida a la Agencia Tributaria para que los emprendedores y empresarios no tengan
que hacer la declaración del IVA exclusivamente por vía informática, sino que se pueda hacer por vía informática pero también como venían haciendo, bien porque no saben hacerlo de otra manera, o no han tenido tiempo para aprenderlo, o por cualquier
otra circunstancia. A mí me parece bien que esa sea la tendencia, pero creo que es una exageración pedir a los contribuyentes que en los próximos tres meses tengan que hacer este trámite por vía informática. Dejémosles un poco de tiempo porque
cuando estas personas fueron a la escuela o la universidad no se les enseñaba entonces informática, ya que el aprendizaje de la informática es algo muy reciente. Por tanto, no tienen esa

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obligación. Es una tendencia que es muy buena, pero no para mañana. No ha sido receptiva la Administración a esta recomendación porque insiste en la bondad de la vía informática. Eso sí, va a revisar las sanciones que haya podido poner y
procurará disponer de un servicio de asistencia en las delegaciones de la Agencia Tributaria. Vamos a volver a insistir sobre ello.


Presentamos, pero no pudimos defender, un informe sobre viviendas públicas vacías. Esta es una cuestión muy interesante, aunque no hay tiempo para entrar ahora en ello, sobre la que trabajamos con todas las comunidades autónomas y con los
grandes ayuntamientos, que nos dieron la información. Esta información fue muy desigual, con registros de viviendas muy desiguales, y además insuficiente. Hay un alto número de viviendas, lo nuestro era una muestra porque no era el total ni mucho
menos. En una primera muestra había entre 13.000 y 15.000 viviendas públicas vacías. Si hubiéramos seguido profundizando con más ayuntamientos, las cifras podrían haberse disparado. La recomendación subsiguiente era revisar los procedimientos y
alquilarlas, es decir, pasar las viviendas que estaban en venta al alquiler y darles unos baremos orientativos. Ahora vamos a ver lo que han hecho, este es el trabajo que estamos haciendo en este momento.


Hemos recibido hace muy pocos días el reglamento sobre la Ley de protección y uso sostenible del litoral, reglamento al que habíamos efectuado recomendaciones importantes. Ahora lo estamos analizando y en los próximos días les podría dar
cuenta del análisis que estamos haciendo de ese reglamento de la ley.


Nuestra relación con la Federación Española de Municipios y Provincias es intensa y aceptan muchas de nuestras recomendaciones. Muchas de nuestras recomendaciones han sido aceptadas tanto por la Federación Española de Municipios y
Provincias como por distintos municipios, sobre todo grandes, en relación con el ruido que es un problema grande para muchos vecinos. Anteayer recibimos una contestación del Ayuntamiento de Madrid sobre un determinado barrio antiguo del centro
donde los vecinos tienen grandes problemas para descansar y para trabajar. Se nos da cuenta de todas las inspecciones y las sanciones que el ayuntamiento está efectuando.


Continuamos nuestro trabajo en materia de lucha contra la trata de seres humanos, y vamos a continuar con este tema. El Ministerio del Interior ha dado pasos interesantes en la formación de las personas que integran las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado para luchar contra esta materia. Nosotros insistimos mucho también en la vertiente de ayuda y apoyo a las víctimas, así como en el diagnóstico de posible víctima de trata.


No puedo dejar de mencionar porque me lo echarían en cara -y voy acabando- problemas de inmigración y de entrada en España de personas en situación no regular. En concreto ya tenemos noticias de lo ocurrido en la madrugada de hoy en Ceuta y
Melilla. Tenemos que decir, en primer lugar, que es una necesidad absoluta convencer a la Unión Europea -ya sé que el ministro del Interior ha tenido una reunión con la comisaria- de que somos frontera sur de Europa y que requiere una política
común, que no sea meramente la política española y que la agencia europea Frontex no basta, que hay que ir más allá en esta política. Sabemos de la cooperación de Marruecos con España, pero nos parece que no es todo lo fuerte o lo suficiente que
necesitaríamos. En segundo lugar, las fuerzas de seguridad cuentan -como estoy segura de que también opinan ustedes- con todo el respaldo del Parlamento y de todas las fuerzas políticas, así como el apoyo de nuestra institución, pero están
necesitadas de un protocolo que les aclare los modos de actuación en determinadas circunstancias, como puede ser la entrada de grupos de personas en situación no regular.


La Ley de Extranjería es la que tenemos y exige que cuando entran personas en estas condiciones tienen que ser puestas a disposición de la Policía Nacional, que actúa de acuerdo con un protocolo complejo, laborioso y largo, pero eso es así,
esa es la ley. Si se cambiara la ley, nos atendríamos a ella, pero esto es lo que ahora hay que hacer. Es importante para nosotros que, a pesar del número alto de personas en estas circunstancias que están entrando en los últimos meses, se intente
identificar a los colectivos vulnerables, a menores, a personas susceptibles de ser víctimas de trata o a personas que necesitan protección o asilo internacional. Los centros de estancia temporal tanto de Ceuta como de Melilla están sobrepasados,
tienen una ocupación muy por encima de su capacidad. Tenemos información de que va a haber una dotación presupuestaria, un refuerzo para mejorar estos dos centros y supongo que alguno más, posiblemente el de Algeciras y algún otro. Es necesario,
no hay más remedio que hacer un esfuerzo presupuestario para mejorar las condiciones porque, a pesar de los esfuerzos que hacen los funcionarios que ahí están destinados, son lugares insuficientes para atender al número de personas que allí están.

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Como ustedes se habrán preguntado en alguna ocasión qué va pasar con los CIE -los centros de internamiento-, quiero decirles que estos centros existen en toda Europa. Acabo de visitar el centro más importante que hay en Francia, a 30
kilómetros de París, en el que hay más de 300 personas. En Francia hay 23 centros y no difieren mucho de los centros españoles, hay algunas cuestiones distintas, pero no difieren especialmente. Se acaba de publicar el reglamento de los CIE, lo
cual es una mejora y en él se aceptan varias de nuestras recomendaciones, por ejemplo, una de ellas es aumentar la presencia de personas de ONG o de funcionarios que atiendan los aspectos sociales y no meramente de seguridad, que la seguridad quede
en manos de las fuerzas de seguridad, que sea más fácil y mayor el contacto con los abogados, que haya traductores, y una mejora de las instalaciones. El reglamento es una mejora importante, aunque supongo que siempre quedarán algunos flecos. Ya
he oído que hay alguna organización que no está plenamente satisfecha, pero a nosotros nos parece que es un avance importante el que se ha realizado.


Sé que hay preocupación en el Parlamento y en el Gobierno por los presos españoles que están en cárceles en el extranjero. Esta es una cuestión de la que nosotros nos preocupamos y ocupamos mucho. Por ejemplo, en relación con un preso
español que está en este momento en Colombia, nuestras conversaciones con los diplomáticos, con el Ministerio de Asuntos Exteriores, con el cónsul de España en Colombia son constantes y esperamos que esta persona, que está gravemente enferma en una
prisión en Bogotá, regrese a España inmediatamente. Son asuntos que nos preocupan y estamos muy encima de ellos. El número de visitas que se han hecho a centros de privación de libertad a lo largo de 2013 han sido cincuenta, en España y en el
extranjero, en Estambul, en Perú, entre otros. Yo misma he realizado quince visitas. También quiero decir que técnicos de la institución acompañan en los vuelos de repatriación -ha habido uno muy recientemente-, así como personal que no es de la
institución, puede ser un psiquiatra o un experto en medicina legal, a los que se les pide que nos acompañen y ayuden a hacer el diagnóstico de cómo efectuar esos vuelos de repatriación.


¿Qué estamos haciendo en este momento? Estamos trabajando con los presos españoles en el extranjero. Estamos trabajando en los problemas relacionados con el asilo. España es un país que recibe pocas solicitudes de asilo en comparación con
los países de la Unión Europea. Estamos trabajando en relación con los menores ante la justicia. Y hemos iniciado los trabajos necesarios relacionados con la suspensión del suministro eléctrico a familias que no tienen capacidad para hacer frente
a esas cuantías. Solicitamos que antes de un corte eléctrico haya un procedimiento previo, que las personas afectadas puedan hacer las alegaciones, que se emita rápido un informe por los servicios sociales y que se pueda fraccionar el pago de la
deuda. Estas son algunas de las cosas en las que estamos trabajando en estos momentos. También estamos reformando, una vez más -porque necesita permanentes reformas-, nuestra página web, donde hemos incluido un epígrafe sobre los derechos del niño
y del adolescente. Las razones son de todos conocidas, son personas que necesitan una asistencia y los educadores y psicólogos necesitan una asistencia técnica e informativa de convenios, de acuerdos internacionales, de documentos por parte de
estudiosos sobre la materia, y esta es una aportación nueva a nuestra página web.


Señorías, estas son las informaciones que les suministro en cincuenta y cinco minutos. No quiero alargarme más porque no hay que tender a decir todo lo que uno sabe o lleva en la cartera, sino a hacer un resumen, y este es el resumen.
Tienen ustedes los documentos, estamos a su disposición para ampliarles cualquier información y yo ahora quedo a su disposición para contestar a sus preguntas y les agradezco a todos mucho su atención. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Defensora del Pueblo.


Todos los miembros de la Comisión conocen, desde las pocas horas después de que se lo entregase al presidente del Congreso, el informe anual y además -puesto que ha hecho referencia a algunos de los informes que ha elaborado la institución-
quiero recordar que al terminar la sesión se reunirá la Mesa y portavoces para fijar la siguiente sesión, tal y como habíamos quedado en nuestro calendario con el fin de incluir en una comparecencia nueva de la señora Defensora la totalidad de los
informes que quedan pendientes, con lo que la Comisión y la institución estaremos ya al día en todas las cuestiones que se habían venido acumulando. Quiero decir esto porque quizá alguna de las cuestiones a las que se ha referido la señora
Defensora serán objeto de un tratamiento específico en una sesión que celebraríamos en torno al mes de mayo, tal y como habíamos preacordado en la última reunión de la Mesa y portavoces.


Seguimos con el desarrollo de esta sesión. Pasamos al turno de portavoces. En representación del Grupo Mixto, tiene la palabra don Francisco Javier Yanguas.

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El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Señora Defensora, adjuntos, equipo de la Defensora, compañeros de Comisión y demás personal, en primer lugar, tengo que decirles que hace unos meses me comprometí con la Defensora en hacerle llegar -porque
estuvimos hablando de eso- una publicación que ha hecho el Gobierno de Navarra sobre el relato verdadero del terrorismo etarra en mi Comunidad Foral, en Navarra. Este es el primer tomo. Se lo enseño desde aquí, es un poco grande. Se lo entregaré
cuando termine la Comisión, si me lo permite.


En lo que atañe al informe, lo que quería, como siempre hacemos, es darle las gracias por comparecer aquí y contárnoslo. Hay que destacar -lo ha dicho usted en esos cuadros que hemos podido ver- el esfuerzo de contención del gasto en la
institución. Usted lo ha puesto de relieve y yo también quiero hacerlo. Iré pasando por encima de algunos temas porque no me quiero alargar. Su intervención, como creo que ya ha quedado claro en estos tiempos que lleva siendo usted la Defensora,
ha sido clara y contundente después de la sentencia que nos ha relatado usted y que anuló la doctrina Parot. Se puso usted al lado de las víctimas y ellas lo agradecieron. Desde Unión del Pueblo Navarro compartimos sus palabras sobre la valentía y
el coraje de las víctimas del terrorismo. En este orden de cosas, si es posible, me gustaría pedir a la institución y a usted como Defensora que pidan documentación, que estén encima y que indaguen sobre todas estas reuniones de terroristas etarras
que se vienen celebrando, que es cierto que son autorizadas por la justicia, pero creemos que en su labor de Defensora del Pueblo usted debe estar encima de todos estos temas, pedir documentación, indagar y evitar, igual que lo hace la justicia,
pero usted quizá desde un punto más alto incluso, que se humille a la democracia y a las víctimas en ese tipo de reuniones. Me gustaría pedírselo personalmente y en nombre de mi partido, Unión del Pueblo Navarro. Creo que ahí se puede hacer mucho
y que esa institución que usted dirige lo puede hacer.


En cuanto al informe de crisis e insolvencia personal al que ha hecho referencia, lo tenía aquí anotado. Ese informe me dio pie a hacerle una pregunta oral en el Pleno del Senado al ministro de Justicia para que agilizase los trámites y
aliviar la carga financiera a esos deudores de buena fe que están ahí. Aparte del anuncio que nos hizo el ministro, creo que hay que seguir insistiendo. Siga usted insistiendo, yo también lo haré, porque veo yo que este tema no termina de salir.
Lo hemos mandado a la Unión Europea, pero creo que todavía podemos hacer mucho más desde el punto de vista de normativa interna. De hecho, en su informe había un estudio de derecho comparado que me gustó mucho, era muy bueno y en España podíamos
utilizarlo.


En cuanto a actuaciones, ya sea relativas a recomendaciones, quejas o sugerencias, me sorprende que muchas de ellas -aunque alguna menos desde el cuadro de la semana pasada, que eran 111, a las 63 que ha dicho usted ahora- todavía no se
hayan resuelto. ¿Hay algún plazo máximo para resolverlas? Usted ha hablado de dos, tres o cuatro meses. Me gustaría saber cuál es la dinámica, si se les vuelve a requerir a las instituciones incumplidoras o cómo funciona eso, porque igual hay
desconocimiento por mi parte o no me lo he estudiado bien y me gustaría que me lo aclarara un poco.


En cuanto a mi comunidad, la Comunidad Foral de Navarra, veo que las quejas que se han remitido a su institución han sido en un número parecido en 2012 y 2013, pero me ha llamado la atención que en cuanto a solicitudes de
inconstitucionalidad, que en 2012 fueron 380, en 2013 han sido solamente 2. Puede ser, pienso yo, por el tema de las renovables, sobre el que hubo un cambio de legislación y en Navarra nos afectó mucho. En cuanto a lo de la paga extra, por un
mecanismo que arbitró la Administración foral, nos afectó menos. Si eso hace referencia al informe de 2012, no le pido que me lo aclare ahora, pero si lo puede hacer más adelante se lo agradecería.


En lo que se refiere a administraciones incumplidoras, que ha dicho usted que son menos que otros años, he ido mirando todos los cuadros, porque tenía curiosidad -no sé si es una curiosidad buena o mala- por ver quiénes son las que
incumplen. Ya sabemos si son ciudades grandes o pequeñas, pero como alcalde que soy de un pueblo, que también soy Administración, me gustaría saber de qué color político son las más incumplidoras, si son de un lado o de otro o son independientes.
No sé si eso aportaría mucho o no, pero podría ser interesante conocerlo.


Termino felicitando a todo su equipo, a usted misma y a los adjuntos por el trabajo que se ha plasmado en este informe y que usted en cincuenta y cinco minutos nos ha expuesto resumidamente.


El señor PRESIDENTE: Entiendo que no hay nadie en la sala en representación del Grupo de Unión Progreso y Democracia. (Pausa). No. Pasamos al señor Boya, por el Grupo de Entesa pel Progrès de Catalunya.

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El señor BOYA ALÓS: Doy la bienvenida a la Defensora y al equipo que la acompaña y empiezo agradeciendo, como no puede ser de otra forma, el informe detallado que nos ha presentado, sobre todo por el momento, porque estamos en el tiempo que
corresponde hacerlo y eso también es de agradecer. Simplemente haré unas reflexiones en este breve tiempo que nos corresponde.


Respecto al conjunto del informe, usted ha detallado perfectamente -y por tanto no voy a reiterarlo- cifras y ámbitos en los que profundiza. Efectivamente, en cuanto a las cuestiones que tienen que ver con las pensiones y las reclamaciones,
si no he leído mal la cifra, son unos 217.000 ciudadanos los que han reclamado respecto a la revalorización de las pensiones y la reforma constitucional, sobre las tasas de la justicia, los CIE, los reglamentos -que, aunque tarde, ha llegado-,
también en temas relacionados con la asistencia sanitaria. Usted se ha referido a los libros de texto -me ha parecido muy oportuno su comentario- y a todo lo que tiene que ver con la cobertura sanitaria a inmigrantes y emigrantes, es decir, en los
dos sentidos. Se ha referido igualmente a temas de vivienda y de insolvencia personal. En definitiva, creo que es una buena fotografía de la realidad de nuestro país, de las políticas sobre el bienestar público que están haciendo en este momento
el Gobierno y las administraciones públicas. Esto me lleva a una reflexión más general.


Usted lo ha apuntado en un momento determinado de su intervención y ha dicho una frase que me parece muy acertada: No podemos conformarnos desde esta Comisión estrictamente con las quejas. Es cierto. Yo creo que esta Comisión, en el
momento que estamos viviendo, tiene un papel absolutamente central, seguramente no suficientemente reconocido, pero su papel es central porque ustedes en sus informes están haciendo un relato de un momento muy difícil para nuestro país. Creo que
tenemos tres grandes debates. Uno es sobre el paro. Otro es sobre nuestra situación frente a la globalidad económica y con qué instrumentos seremos capaces de superar un momento difícil, que no lo es únicamente en nuestro contexto nacional, sino
que también lo es en el contexto internacional. Hay otro debate -los tres tienen un link importante- que es el de la pobreza y la desigualdad.


Yo lo he dicho en alguna otra Comisión y quiero insistir hoy aquí porque es un momento en el que no podemos pasar de puntillas sobre este tema, pues me parece que es fundamental y que nos afecta en muchos ámbitos, en el bienestar de muchas
personas que hoy están sufriendo la pobreza, pero también en nuestra dignidad como país. Un país no es digno si no es capaz de afrontar una problemática como la que se pone en evidencia con las cifras que tenemos encima de la mesa. Las familias
han tenido una caída de ingresos del 4 %, los precios han aumentado un 10 %, el número de pobres en nuestro país se ha disparado casi hasta el 22 %, pero lo más preocupante es que hay estudios que nos sitúan en 2025 con 20 millones de pobres. Es
cierto porque, por lo que vemos en la evolución de las cifras, es decir, aquello que nos indica de qué forma se está repartiendo hoy la riqueza, sabemos que si en los años sesenta el 10 % de la población acumulaba el 30 %, hoy la relación es de 10 %
y 50 %, es decir, que la desigualdad crece y lo más preocupante de todo -creo que también tuve la oportunidad de comentarlo en alguna ocasión- es que nuestras políticas públicas para afrontar el reto de la pobreza y la desigualdad son muy
ineficaces. Hay países con situaciones parecidas a la nuestra, como Irlanda u otros países de la Unión Europea, cuyo impacto de sus políticas públicas sobre la pobreza es muy alto, casi del 90 %. Nosotros no llegamos al 20 % en la medida de la
eficacia de nuestras políticas para combatir la pobreza.


En el tsunami de la pobreza el epicentro es la pobreza infantil. Usted ha mencionado el problema en otro ámbito, pero creo que es exactamente el mismo, es decir, la pobreza en los niños y en la adolescencia es una lacra que perdurará para
toda su vida y que a veces tiene secuelas insuperables. Esta es una cuestión especialmente grave que debemos afrontar con mucho realismo y con mucho rigor. No se trata ni de maquillar ni de caricaturizar las cifras. Estos días se ha celebrado un
pleno en el Parlamento catalán sobre la pobreza. Es un paso importante no tanto por el éxito seguramente del pleno o por los acuerdos que han surgido del mismo, que han sido más bien modestos, pero se ha situado el problema en el centro del
escenario. Este es un reto que también deberíamos asumir desde esta Comisión. Sé que ustedes tienen instrumentos para hacer frente a los problemas y en este sentido lo hacen con una razonable eficacia, y algunas de las cosas que ha explicado
respecto a las administraciones que no respondían o que incumplían los requerimientos que ustedes hacían son un ejemplo, pero desde esta Comisión deberíamos hacer un esfuerzo para situar el debate en el centro del escenario. Sé que no es fácil, sé
que algunas cosas no pueden hacerlas. Correspondería a esta Cámara y al Senado celebrar un debate en este sentido, pero, sabiendo las limitaciones, hay una cosa, señora Defensora, que le quiero pedir -es lo único que voy a reivindicar en esta
Comisión-, y es que debemos hacer un estudio en profundidad, no sobre la pobreza, porque estudios sobre la pobreza hay de diversos organismos, que están sobre la mesa y que nos hacen la radiografía de nuestro

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país, pero sí sobre la evaluación de las políticas públicas que tenemos en este momento para combatir la pobreza, la desigualdad y en qué grado estas políticas públicas son eficaces en el empeño de conseguir resultados. Evidentemente, lo
primero que necesitamos es combatir el desempleo, estoy es obvio, pero luego hay una serie de medidas de carácter social, muchas de las cuales han disminuido drásticamente en estos años. Hay que prestar especial atención y por tanto señalar y poner
las líneas rojas en aquellas reducciones del gasto público que afectan de una forma directa a la infancia, a los adolescentes y a toda la población que está en un riesgo severo de sufrir pobreza y, además, una pobreza cronificada. Esta sería mi
petición, si quiere considerarla de esta forma, porque, insisto, es un problema muy grave de nuestro país que debemos abordar también desde esta Comisión, ya que -insisto en lo que le recordaba hace un momento- una buena parte de la dignidad y del
prestigio de un país se la juega en si es o no capaz de cuidar a aquellos ciudadanos que más lo necesitan.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Cazalis.


El señor CAZALIS EIGUREN: Señora Becerril, no puedo por menos de darle las gracias de nuevo a usted y a todo su equipo. Lo he hecho varias veces y sigue usted cumpliendo su palabra de venir aquí puntualmente y cuanto antes, de lo cual nos
alegramos mucho.


Tras analizar el documento tengo algunas dudas y algunas sugerencias o peticiones que quisiera hacer. No es que me preocupe pero sí me llama la atención el tema de las actuaciones de oficio. La defensoría del pueblo está para recibir
quejas, evidentemente, pero hay muchas personas que no tienen esa capacidad, no tienen ese conocimiento, no pueden llegar a esa defensoría del pueblo o a las defensorías del pueblo de cualquiera de las comunidades autónomas. Por eso es muy
importante el tema de las actuaciones de oficio. He analizado las cifras desde 2007. Partíamos de una base de 262 actuaciones con un repunte hasta 506 en 2010, y de ahí en adelante se va bajando. Se bajó a 406 en 2011; a 371 en 2012 y a 347 en
2013. Usted nos ha explicado cuál puede ser la razón entre 2012 y 2013. Lo que no me gustaría es que esta gestión presupuestaria, por la que la felicito también, pudiera afectar a este tipo de actuaciones de oficio. La tendencia debería ser no sé
si al alza en el número, pero sí a estar atentos en este tema. Por eso me gustaría saber, si pudiera explicármelo, cuáles son los mecanismos que desencadenan una actuación de oficio. He visto la lista y hay muchas que tienen que ver con
instituciones penitenciarias, evidentemente, porque es un espacio en el que la defensoría se mueve per se, con el tema del control de la tortura, etcétera, pero no estaría mal que nos lo explicara, aunque fuera someramente. Igual me he perdido
alguna de las lecciones previas, como siempre, llegando tarde.


En cuanto a las estadísticas, hay una cifra que me llama mucho la atención, que es la relativa a los expedientes procedentes del extranjero. Me gustaría que nos explicara en qué consiste, porque veo que hay un aumento, es curioso pero es
importante, de quejas de Bélgica, que pasan de 9 a 29. Alguna razón habrá. También le he pedido en esta Comisión que cuando hay cifras que despuntan tanto y que llaman tanto la atención se nos pudiera adelantar una explicación. Entiendo que esto
es complicado, porque son tantas cifras que tampoco van a estar en eso. Lo mismo ocurre con las cifras que vienen de Colombia, que aumentan de 23 a 43. Tal vez tenga alguna explicación. Otra cosa que me gustaría que me aclarara es, en la tabla de
expedientes de queja individual admitidos y concluidos, tipos de conclusión, actuación correcta, se subsana, no se subsana, otros tipos de conclusión, a qué se refiere cuando pone otros tipos de conclusión, porque las cifras son importantes en este
epígrafe.


Quiero felicitarla también por la estrategia y los logros en el tema de las administraciones renuentes y no colaboradoras. Para los que hemos sido alcaldes -yo lo he sido; alguno está en activo, como ha dicho el senador Yanguas- este tema
es complicado, sobre todo a nivel de la Administración local. Sé que en eso tiene una sensibilidad especial, pero es complicado, porque algún Defensor del Pueblo te pide en agosto que le mandes todo el expediente urbanístico de la modificación
puntual con todos los planos, y uno se dice: cada plano vale 6 euros y no tengo dinero. Independientemente de eso, creo que esa es la vía. Hay que fomentar que las administraciones colaboren y se lo tengo que solicitar.


Quisiera pedirle también, no estaría mal -aunque yo solo le coloco trabajo-, una estadística general desde que hay informes de la defensoría del pueblo para ver las tendencias en el número de quejas, el número de resoluciones, el número de
actuaciones de oficio... Son cifras que ya están, uno mismo puede llegar a ellas, pero hay que consultar un gran número de bases de datos y es más complicado.


Entro en el fondo de la cuestión y voy a ir según viene en el orden del informe. Sé que han hecho algunas sugerencias para el reglamento de la Ley de Costas. Salió la semana pasada, lo están estudiando

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y espero que hayan tenido éxito. También leo que ha habido cuatro recursos al Tribunal Constitucional sobre la Ley de Costas, según aparece en su informe, y todas desde un punto de vista esencialmente medioambiental, creo entender. En la
Ley de Costas -nosotros lo denunciamos en su momento y así fue nuestro discurso, pero no lo decimos solo nosotros, sino que también lo dice el informe Auken y después el posterior informe Werthmann- se va contra el derecho a la propiedad. De hecho,
hay un buen grupo de ciudadanos españoles que han recurrido ante el Tribunal de Estrasburgo. Quisiera saber si la defensoría del pueblo ha tenido contacto con las asociaciones de afectados por la Ley de Costas. Sé que lo ha tenido históricamente,
pero no sé si lo ha tenido en este momento y si se va a trabajar también en ese aspecto, porque la Ley de Costas no solo puede ser inconstitucional desde el punto de vista medioambiental -estoy de acuerdo en eso-, sino también desde el punto de
vista del derecho a la propiedad. Es algo muy importante que al final puede acabar estallándole al Estado cuando empiecen a salir sentencias, si es que salen, más teniendo en cuenta que a comienzos de marzo la Comisión Europea fijó un marco para
salvaguardar el Estado de derecho en la Unión Europea -algo que parece un poco increíble pero es así-, que definía como un instrumento para hacer frente a nivel de la Unión Europea a las amenazas sistémicas contra el Estado de derecho. En su anexo
II habla precisamente de la seguridad jurídica, de que no puedan modificarse las leyes con carácter retroactivo, de la igualdad ante la ley, etcétera, cosas a las que también apelan estas asociaciones de afectados. Quería saber si la defensoría ha
tenido contactos con esas asociaciones y si piensa actuar a este respecto.


Como cada uno de los aquí presentes vamos casi hablando de aquellas cosas de las que más entendemos o en las que más trabajamos, voy a volver a centrarme en el tema de los niños robados, que está muy vigente en el Senado. Lo está en general
en Cortes Generales, pero en la Comisión de Justicia del Senado hemos tenido varias comparecencias, hace poco tuvimos la comparencia de la directora del Instituto Nacional de Toxicología, y resulta penoso ver cuál es la situación, no la situación
del tema de los niños robados, que evidentemente es penosa, sino cómo se está enfocando, con esta especie de enfrentamiento entre las asociaciones -o algunas de ellas- y el Estado, etcétera. Usted sabe, y lo pone aquí, que se promulgó la orden de
la fiscalía, se ha creado la oficina de atención, etcétera, pero hay algunas asociaciones que no quieren recurrir, se niegan o se resisten a recurrir a esos medios que está poniendo el Gobierno a su disposición y, sobre todo, lo que a mí más me
preocupa, se niegan a trabajar también con el Instituto Nacional de Toxicología. Yo le pediría que hiciera un poco de mediadora, de 'chicle' ahí para intentar que de una vez las asociaciones de víctimas puedan empezar a trabajar de forma unida con
la institución con la que creo que tienen que hacerlo, que es el Instituto Nacional de Toxicología, porque evidentemente es el que puede ofrecer un prestigio y una línea de actuación en este tema.


Ayer hubo una reunión de la Fundación ANAR, en la que se presentaba la situación de los menores y de la juventud en el Estado, y hablaban de un tema que me parece también de bastante actualidad, que son los secuestros parentales. Me parece
un tema terrible, desde el punto de vista legal evidentemente porque es un galimatías, pero sobre todo desde el punto de vista de los afectados, porque los afectados aquí no entienden, estamos hablando de legislaciones de distintos Estados, del
derecho internacional, y tampoco tienen en muchos casos un acceso adecuado a poder defenderse probablemente con garantías. El secretario de Estado de Seguridad decía que en 2013 había habido 236 casos, que ya son una barbaridad, que habían
aumentado un 12,9 en relación con 2012 y que habían afectado en 2013 a 313 menores, con un aumento del 22 % del número de menores. Creo, por sugerirle algo, señora Defensora del Pueblo, que esto es objeto también de un informe especial de esa
defensoría. Es un tema en el que hay que buscar protocolos, hay que buscar sistemas y hay que buscar la manera de ayudar a estas personas que probablemente tengan más dificultades para poder defender sus derechos, porque tiene que ser un auténtico
drama tener que andar, como andan muchos, buscando a sus hijos fuera del país.


En cuanto a los temas más o menos recurrentes, habla usted también de la asistencia sanitaria del Sistema Nacional de Salud y hablamos de la asistencia a los extranjeros sin papeles, evidentemente, porque los con papeles no tienen ningún
problema. Aquí sí se han hecho cosas. Por lo menos en el País Vasco se puso un recurso de inconstitucionalidad contra la norma que estableció el Gobierno. Esta norma se recurrió por la Abogacía del Estado y quedó en suspenso y después del
Tribunal Constitucional levantó ese suspenso, por lo tanto se pudo empezar a ordenar cómo se iba a dar esta asistencia; de hecho se hizo con una orden del Gobierno vasco, que fue a su vez recurrida de nuevo por la Abogacía del Estado -algo que ya
es un empecinamiento que personalmente como médico no entiendo-, que a su vez ha sido anulada también por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Por lo tanto, en el País Vasco al final de todo este recorrido se puede atender a los
inmigrantes ilegales, la atención médica completa, no

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solamente la que se presta a las emergencias o a los embarazos. Dentro de todo este galimatías de que yo te anulo o no te anulo, me parece que la defensoría podría intentar definir, poner un poco de orden y volver a retomar este tema con
las comunidades autónomas, porque es muy importante. Es muy importante porque es un tema del ámbito del derecho. Estamos hablando de la asistencia sanitaria que no se le puede negar a nadie, a ningún ser humano, pero sobre todo también es
importante -y lo dice también el Tribunal Constitucional en esa sentencia, en esa orden en la que pone en vigor de nuevo lo que antes había suspendido cautelarmente- porque afecta al resto de los ciudadanos. Efectivamente, estamos hablando de
enfermedades que pueden ser contagiosas y de unos colectivos que tienen una realidad sanitaria diferente a la que tenemos los demás.


Otro tema recurrente que también me interesa mucho es el de las listas de espera, del que usted habla extendidamente en su informe, y me parece que aquí hay unos datos que son simplemente inaceptables. A raíz de su intervención el 22 de
octubre en el Senado para darnos el estado de la actividad de la institución, tuvimos una iniciativa en el Senado y hablamos de este tema. Creo que hay normativa suficiente, por lo menos en el País Vasco la hay -se cumple más o menos-, pero también
la hay en el Estado, y este tipo de incumplimientos en los que hay años de demora me parece inaceptable.


Como ya el presidente me corta, no quiero dejar de decir al final una cosa. No entiendo el comentario que ha hecho usted sobre la rapidez en la aplicación de la sentencia contra la doctrina Parot. Si realmente la doctrina Parot desde el
punto de vista jurídico no era aceptable, y eso dice el Tribunal de Estrasburgo, lo que había que hacer era aplicar la sentencia lo antes posible. El tirón de orejas no debería ser para el que la aplica pronto, el tirón de orejas debería ser para
el que no la aplica normalmente con suficiente celeridad. Creo que lo que tendríamos que hacer es que todas las sentencias se aplicaran no sé si con la celeridad de esta, pero sí con la máxima celeridad posible. Con esto no quiero, no se me
malinterprete, ponerme en contra de las víctimas, ni mucho menos -los que están aquí me conocen y saben que yo me considero también en parte víctima-, tienen todo el apoyo posible. Lo que creo es que el tirón de orejas no debería ser para el que
cumple la sentencia, sino para el que normalmente nos tiene acostumbrados a hacer que las sentencias se alarguen demasiado.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, tiene la palabra doña Caridad García.


La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Primero, agradezco, como no puede ser de otra manera, la presencia de la Defensora del Pueblo y de su equipo. A todos y a cada uno de ellos muchas gracias por el trabajo realizado. Nosotros y yo particularmente
somos de los que pensamos que un informe de estas características merecería más tiempo, pero más tiempo no solamente de esta Comisión sino más tiempo de debate en el propio Pleno, de forma tal que pudiéramos analizar en profundidad cada uno de los
apartados que contiene el informe. Desgraciadamente, este llamamiento que hago es como la sillita de Mafalda, que sirve para subirse en ella pero luego las consecuencias son ninguna, porque poco caso se hace a este tipo de peticiones, a pesar de
que consideramos y considero que sería importante que así fuera.


Por otro lado, también quiero felicitar a mi propio grupo porque hemos conseguido por parte de su estamento, de la defensoría del pueblo, que se tome en consideración interponer recurso de inconstitucionalidad contra los apartados 2 y 3 de
la disposición adicional tercera del Real Decreto-ley 14/2013, de 29 de noviembre. Desde aquí agradezco que se haya tomado en consideración algo que para nosotros era importantísimo y que creo que también lo es para las entidades locales.


Hay muchos apartados y todos ellos serían, como decía al principio de mi intervención, interesantes y merecerían más profundidad en el debate. Quiero anunciar ya que no voy a hacer ninguna pregunta porque hoy, como todos ustedes saben,
tenemos Pleno y esta diputada que les habla tiene una intervención en el mismo, lo que la lleva a tener que marcharse a terminar de preparar dicha intervención. En cualquier caso, quería mencionar o contemplar algunas de las cosas que se han dicho
en el informe. Me voy a referir a varios apartados, evidentemente no a todos, aunque me gustaría.


En educación -usted lo dice y es una gran preocupación para esta diputada-, habla de la necesidad de tener profesorado suficiente para cubrir algunas de las disfunciones, digámoslo así, que se producen en el ámbito educativo, muy relacionado
además, lo hace usted, con el tema de alumnos con dificultades. Le quiero decir una cosa para su conocimiento, aunque estoy segura de que todos ustedes son conscientes de ello, me refiero a la situación en la que viven numerosos profesores
interinos que no ven renovada su contratación por parte de las administraciones educativas en función de los recortes que se producen en

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ese ámbito. Usted menciona también los centros provisionales educativos que existen en ciertas comunidades autónomas. No quiero señalar ahora ninguna, pero usted sí lo hace en el informe. He tenido ocasión de visitar algún centro de estas
características y recuerdo que en el que estuve se había introducido -lo digo por las condiciones de salubridad de los mismos que usted también ha comentado- por la parte de abajo de uno de los locales provisionales un animal que no pudo ser
extraído, lo que provocó la descomposición del mismo y las consiguientes condiciones de salubridad tremendas para el alumnado y los profesores. Yo, igual que usted, espero que las administraciones educativas tomen en consideración sus
recomendaciones y acaben con estos centros que no benefician en nada ni al alumnado que va ni al profesorado que imparte las clases allí. He de decirle que los recortes económicos provocan que las administraciones educativas -usted lo señala en el
informe- tengan dificultades para trasladar o construir centros en las debidas condiciones para el alumnado y para que los profesores hagan su trabajo en las mejores condiciones.


Señora Defensora, voy a insistir mucho en el tema de los recortes, lo digo con la sana intención de que usted y su equipo, desde el estamento que usted dirige, puedan hacer recomendaciones a las administraciones educativas y a la propia
Administración del Estado en su conjunto, concretamente al ministerio, que es el que tiene que poner los recursos para que se puedan hacer este tipo de cosas, porque los recortes a las comunidades autónomas les llevan a que estas se vean en
dificultades para poder solucionar sus problemas. Usted ya nos ha hablado en otras ocasiones sobre la sensibilidad de su defensoría en cuanto al alumnado y la situación económica que viven las numerosas familias en relación con los libros de texto.
En este informe nos lo vuelve a traer. Permítame que le diga que ahora tenemos que renovar todo un currículum y eso va a llevar a nuevas adquisiciones de libros de texto y a imposibilitar que se puedan trasladar a otros alumnos libros de texto
anteriores. Es imposible la reutilización de estos libros de texto, lo que va a llevar a un gasto en una situación, como ya ha comentado anteriormente algún otro interviniente, en la que la pobreza ha dejado de ser coyuntural para ser estructural.
Muchísimas familias en este país van a tener serias dificultades para comprar o acceder a libros de texto. Hoy en día ya hay muchos alumnos y alumnas que no pueden adquirir libros de texto y que están siendo apoyados dentro de los ámbitos
escolares, en el voluntarismo que los profesores tienen de ayudar al desarrollo formativo de estos alumnos y alumnas, pero es que ahora van a tener muchas más dificultades de las que ya tienen.


Ha mencionado también las becas y su gestión ante la Secretaría de Estado de Educación, Cultura y Deporte. He leído la contestación que se le da desde la Secretaría de Estado en cuanto a la necesidad de mantener la puntuación adquirida para
poder acceder a las mismas. Eso -usted lo dice de una manera suave pero yo lo voy a decir de una manera menos suave, probablemente- dificulta que muchísimos alumnos y alumnas puedan acceder a esas becas generales si tienen que cumplir con esos
requisitos porque se han esforzado muchísimos de ellos pero no se ha hecho un estudio de por qué en muchas ocasiones no superan o no intentan llegar más allá de los requisitos que de nuevo se le piden. No se ha hecho un estudio de por qué muchos de
estos alumnos y alumnas tienen que realizar labores fuera de los horarios escolares para poder ayudar a las familias para que ellos y ellas puedan continuar estudiando.


En el tema de la sanidad, usted, una vez más -cosa que le agradecemos-, habla de los copagos que, como usted sabe, nosotros denominamos repagos porque todos pagamos con nuestros impuestos el ámbito sanitario. Lo ha relacionado también,
cuestión que mi grupo agradece, con la discapacidad, porque es verdad que son muchas las familias con discapacitados gravemente afectados a su cargo que se ven en condiciones penosas para poder acceder a la compra de determinados medicamentos,
renunciando incluso a los propios medicamentos que estos familiares necesitan. Se lo agradezco porque estamos viendo de manera constante cómo el sector de la discapacidad está siendo cada vez -permítame la expresión, señora Defensora- más
abandonado por parte de las administraciones públicas en todos los aspectos. También ha hablado de la atención a inmigrantes. Afortunadamente, hay inmigrantes que han tenido la posibilidad de que se le reingresen aquellos euros que tuvo en un
momento que pagar por una atención a la que tenía derecho dentro del ámbito de urgencias. Mi grupo y yo nos congratulamos de la preocupación que siente su defensoría por esta población. Hay una cosa que no he visto -igual me la he pasado, es
posible-, y es que, como usted sabe, ha habido recientemente una sentencia respecto al céntimo sanitario y la devolución que tienen que hacer aquellas comunidades autónomas que lo implantaron en su momento por considerarlo fuera de norma. No se lo
voy a preguntar ahora, sino en la próxima comparecencia, para que me conteste porque me gustaría saber más sobre ello.

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Usted ha dicho algo en lo que probablemente tenga toda la razón, y es que la mayoría de peticiones de inconstitucionalidad se hacen a leyes o decretos con los que la población no está conforme. Esa disconformidad de la población debería ser
objeto de atención aunque no haya concreciones respecto a la inconstitucionalidad o no de la ley; lo que sí hay es una disconformidad de la población respecto a una norma que se emite desde el ámbito del Estado, por lo que sería bueno manifestar
algo al respecto.


Como ya veo que tengo la luz roja encendida voy a ir un poco más rápido. Usted ha mencionado el tema de las viviendas vacías públicas y qué hacer con las mismas. Compartimos esa preocupación porque el número de desahucios no para, aumenta.
Las normas que se han establecido en esta Cámara no han solucionado los problemas de desahucio por impago de muchísimas familias, a pesar de que ya empieza a haber voces que hablan del posible abuso de entidades financieras en cuanto a las hipotecas
concedidas o cuestiones de ese tipo.


En inmigración ha dicho algo que me ha llamado poderosamente la atención, con independencia de compartirlo o no, señora defensora. Usted dice que hay que convencer a la Unión Europea para hacer una política común de inmigración y el grupo
al que represento le gustaría también convencer a la Unión Europea de que hay que hacer una política de inversión en aquellos países que tienen carencias económicas serias que motivan que se generen mafias que fomentan ese tipo de inmigración
masiva. Cuando uno pasa hambre, lo normal es que se vaya fuera, que busque soluciones para no pasar hambre y para solucionar los problemas económicos de sus familias; esa es la situación en este momento del mundo en el que vivimos. Creo que hay
que buscar la complicidad de todos los Estados de la Unión Europea en este sentido. Son muchas las personas que se dirigen a mi grupo hablando del cumplimiento de los objetivos del milenio. Aquellos famosos objetivos del milenio no se cumplen y al
paso que vamos no se cumplirán, lo que llevará a una situación gravísima a numerosas personas en el conjunto del mundo, porque los países que se consideran más ricos cada vez reducimos más en cooperación para la ayuda a estos otros países y a estos
millones de personas.


Voy a terminar con dos cuestiones que considero importantes y que algún interviniente anterior también ha mencionado. Comparto mucho de lo que se ha dicho sobre la pobreza y la preocupación que todos tenemos no solamente por la externa,
como ya he mencionado, sino por la que ya se vive en nuestro país que, como he dicho, ha pasado de la coyuntura a la estructura. Ahí creo -y con esto ya sí que acabo- que las actuaciones de oficio son importantísimas. La confianza que todos los
grupos políticos debemos tener en un estamento como la defensoría del pueblo no solamente tiene que ir en función de las quejas que recibe, sino también en las actuaciones de oficio que se realizan por la situación en la que se vive en nuestro país
y en la que se vive fuera de nuestras fronteras.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Convergència y Unió, tiene la palabra doña Maria del Carmen Sayós.


La señora SAYÓS I MOTILLA: En primer lugar, quiero agradecer la comparecencia y las explicaciones que nos ha dado la Defensora del Pueblo.


Respecto al análisis estadístico, la Defensora del Pueblo, en 2013, recibió 22.600 quejas más o menos, 11.000 menos que en 2012 y ya nos ha explicado por qué, pero debo resaltar que de las 22.000 quejas, 1.900 procedieron de Cataluña, es
decir, el 8,6 %, lo que suponemos que debe de ser por la actividad que realiza el Sindic de Greuges y, por tanto, debo agradecer el trabajo y la coordinación con él. Dicho esto, de las 22.000 quejas, 11.500 corresponden a Función y Empleo Público;
quejas que, en su inmensa mayoría, corresponden a la Administración General del Estado, y esto es importante señalarlo porque cuando el Gobierno nos presenta sus reformas de las administraciones públicas y las propuestas de la CORA es bueno saber
que más de la mitad de las quejas que recibe la Defensora del Pueblo corresponden a cuestiones relacionadas con la Función y Empleo Público de su propia Administración. También observamos que en los expedientes individuales, la proporción entre los
entrados y concluidos por administraciones resulta parecido. Sin embargo, en el caso de expedientes agrupados, que en ocasiones afectan a muchas personas, el balance de expedientes concluidos con las administraciones autonómicas es mucho más
favorable que el correspondiente a la Administración central, y esto es importante resaltarlo.


Voy a citar algunos de los temas que usted ha abordado, de los cuales nos ha hecho una exposición bastante clara. En cuanto a los productos financieros, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió planteó unas medidas paliativas y
preventivas en la subcomisión de transparencia e información de

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productos hipotecarios y financieros y compartimos la voluntad de las medidas presentadas por la Defensa del Pueblo y esperamos que el Gobierno pronto las desarrolle. Por lo que hace referencia a las preferentes, solo quiero decir que es
una lástima que el Gobierno no actúe al respecto.


En el tema de la vivienda y el desahucio me voy a detener un poco más. Valoramos las recomendaciones que la Defensora del Pueblo hace, que tienen como objeto paliar los desahucios. Como es sabido, este grupo parlamentario ha reclamado una
legislación que dé garantías jurídicas a los afectados. Aunque en 2013 se legisló al respecto, este grupo parlamentario no cree que sea suficiente para poder parar el cada vez más creciente número de desahucios; prueba de ello es el bajísimo
porcentaje de personas afectadas por una demanda de desahucio que se han podido acoger a las medidas de protección legisladas. Nuestro grupo parlamentario cree que sería imprescindible dar impulso a una ley de mediación hipotecaria.


Por lo que respecta a la violencia de género, no voy a insistir, puesto que ya se ha referido a ello muy ampliamente, pero sí que pediríamos a la Defensora del Pueblo su máxima contundencia y rotundidad, lo mismo que en la trata de seres
humanos, informe que también compartimos.


Insisto en un punto más, que es la seguridad y la justicia. Mostramos nuestra preocupación ante las demoras judiciales y los problemas de colapso en los registros, ya que provocan que la justicia deje de ser justicia. Creemos necesario que
se impulsen medidas que tengan como finalidad la agilización de la justicia. Convergència i Unió tiene dudas de que la seguridad y la justicia se vean afectadas con el actual proyecto de ley de seguridad ciudadana. No podemos dejar pasar en este
informe que la reforma que ha hecho el Gobierno de la justicia gratuita imposibilitará el acceso a la justicia de muchos ciudadanos, lo que comporte una vulneración del artículo 24 de la Constitución.


Comparto plenamente el criterio de la Defensora del Pueblo al considerar que las nuevas tasas judiciales son extraordinariamente elevadas. Pedimos también a la Defensora que haga suya una enmienda que CiU presentó al proyecto de ley de
asistencia jurídica gratuita relativa a que las nuevas tasas judiciales se destinen a la justicia gratuita y garantizar que las tasas judiciales no sean un impedimento para la defensa de los intereses de los ciudadanos.


En cuanto a la propia institución del Defensor del Pueblo, debo insistir en que debe ser lo más independiente y ecuánime posible. Instamos a la creación de un protocolo que evite la arbitrariedad y subjetividad del Defensor del Pueblo a la
hora de establecer actuaciones de oficio. En cuanto al formato del informe es de agradecer que se haya mejorado.


Otras materias que compartimos y en las que se debe insistir un poco más por parte de esta institución es, por ejemplo, en la no asistencia sanitaria gratuita a inmigrantes en situación irregular. Nos ha explicado que, con la excepción de
menores, mujeres embarazadas y enfermedades graves, ha preocupado a esa institución que haya formulado recomendaciones que no han sido aceptadas, pero hay que señalar que comunidades autónomas y organizaciones no gubernamentales han habilitado sus
propios procedimientos para alcanzar la atención necesaria.


Respecto a la crisis económica e insolvencia personal, tras comparar las legislaciones de otros países de la Unión Europea, se propone revisar la española para facilitar a los deudores de buena fe en negociación con las entidades acreedores
y evitar que un alto número de familias en estas circunstancias se vean abocadas a la pérdida de todos sus bienes sin posibilidad de reconducir sus vidas laborales, profesionales y personales. Se trata de aliviar la carga financiera de las familias
más endeudadas y evitar su exclusión social.


Con respecto al informe para conocer el número de viviendas vacías publicadas de titularidad de las comunidades autónomas y de grandes ayuntamientos, estamos a la espera de conocer este informe, pero lo que más nos preocupa es el elevadísimo
número de viviendas vacías en manos de la Sareb. Convergència i Unió ha solicitado que sean cedidas a los ayuntamientos y comunidades autónomas para que sean incorporadas a sus políticas sociales de vivienda.


No voy a insistir en el tema de la pobreza porque mi compañero ya lo ha dicho abastadamente, pero sí haré énfasis en el anexo respecto a las administraciones no colaboradoras o entorpecedoras. Si bien con respecto a las administraciones que
entorpecen sus obligaciones la Administración General del Estado aparece poco, queremos señalar que la Administración General del Estado contesta -no todos- al tercer requerimiento, y en la gran mayoría de los casos, el tiempo que transcurre desde
el primer requerimiento hasta el tercero es de casi dos años. Convergència i Unió insta a la Defensora del Pueblo a que incida más y reitere con mayor celeridad los requerimientos a la Administración General del Estado por el bien de los
ciudadanos.

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Finalmente, una sugerencia, y es que la Defensora analice la situación de las personas con discapacidad, sobre todo en el tema del copago.


El señor PRESIDENTE: Por el grupo Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don César Luena.


El señor LUENA LÓPEZ: Gracias a la señora Defensora y defensores adjuntos por sus explicaciones y su informe. Quiero también reconocer la alta calidad de las intervenciones de los portavoces de los grupos porque de las mismas se puede
extraer una mejor idea y una síntesis del informe de la Defensora; informe que pretende ser, según decía la Defensora, una recopilación de quejas, casi un cuaderno de quejas, como hacían en las asambleas francesas. Para el grupo socialista es una
magnífica radiografía y, por tanto, es un buen trabajo. ¿Por qué? Porque el informe, desde el punto de vista de esto que se dice ahora mucho, el relato, la narrativa o el discurso -y no me entiendan mal-, no deja de ser en su contenido y en su
reflejo una enmienda al discurso oficial del Gobierno; la España real frente a la España oficial. Usted lo dice bien, sobre todo en sus páginas de presentación, donde nos habla de los recortes en dependencia, de los recortes en copago, de las
personas que tienen problemas con las hipotecas, de los recortes en las becas, de los problemas para luchar contra el desempleo, de los problemas con los salarios... La España real. Es posible que en el futuro este informe y el análisis de la
institución tengan que adentrarse en las causas, más allá de las recopilación de las realidades y de las quejas, de las situaciones que aquí se incluyen. Señora Defensora, la España real. Yo tengo aquí algunos datos sobre sanidad. En cuanto a la
participación ciudadana en el copago farmacéutico, usted dice que habría que considerarlo y yo creo que directamente hay que eliminarlo -el repago, como decía alguna portavoz-. Los datos sobre cuidadores de personas en situación de dependencia del
año 2013 -algunos son del año 2014- con respecto al año 2011, muestran que todos los indicadores han ido a peor. La España real. Por tanto, creo que es una buena labor y aporta bastante al discurso público que exista un informe de estas
características, donde se puedan comprobar los problemas de la sociedad española, que vive paralela a las grandes estadísticas y a las grandes evoluciones macroeconómicas. La recuperación está aquí, por supuesto, el señor defensor adjunto
posiblemente lo sabe mejor que nadie, pero el enfoque de la recuperación todavía no beneficia a la mayoría de la sociedad española, particularmente en asuntos que usted recoge en su informe, como las políticas sociales y el empleo. En algún momento
usted dice que hay que dar prioridad -creo que viene a decir algo así- a la satisfacción del gasto social. Yo también creo que debe ser así. El informe señala que más del 90 % de las quejas tramitadas están relacionadas con situaciones de
necesidad y exclusión social, con un notable incremento de las dificultades para el acceso a las rentas mínimas, el llamado espacio sociosanitario, en el que destaca usted en el informe la dependencia como el campo con mayores cifras, los problemas
de las personas con discapacidad y los asuntos relativos a menores y familias. Por tanto, atención preferente al gasto social.


Después de esta introducción sobre la contribución al discurso público de la España real de este informe, permítame que le advierta de algunos asuntos importantes casi en yuxtaposición, como ha hecho usted en su intervención, ya que no puede
ser de otra forma cuando se enfrenta uno a un volumen de estas características. En la Administración de Justicia, la Ley de tasas judiciales nos parece insuficiente. Hemos comprobado que se ha vuelto a solicitar a la Defensora del Pueblo que se
impugnara ante el Tribunal Constitucional el real decreto-ley que modificaba en parte la primera Ley de las tasas judiciales. Le voy a decir claramente que conocemos su política, usted la ha explicado bien, pero en este caso se tendrían que haber
pensado muy seriamente interponer un recurso para proteger el derecho a la tutela judicial efectiva de todos los ciudadanos en este caso, porque es flagrante el asunto de las tasas judiciales.


En violencia de género hay menos presupuesto y más víctimas. Se ha recortado casi el 29 % respecto al ejercicio 2011, lo que se traduce en que no existe el Plan personalizado de asistencia a las víctimas, tampoco campañas de prevención
contra la violencia, y paulatinamente el Gobierno va desmantelando la red de apoyo social para las mujeres víctimas de violencia; le pongo un punto de atención en este asunto.


En cuanto a seguridad ciudadana, usted, en su informe -también lo hacía en el anterior-, hablaba del excesivo uso de la fuerza en algunas ocasiones por unidades de intervención policial y la utilización del material antidisturbios contra los
manifestantes. Usted lo advertía, por tanto, nos parece bien, pero ahora le hago notar que en este contexto, aunque tenemos unas magníficas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en algunas ocasiones se hace un excesivo uso de la fuerza. En
ese contexto viene la ley mordaza, vamos a llamarla como es, una ley que trata de reprimir el derecho de expresión y de manifestación. En un momento donde el malestar social se expresa en la sociedad española, al señor

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Fernández Díaz le ha entrado miedo -vamos a decir las cosas como son-, y no se puede tener miedo a la expresión de los ciudadanos. El último dato es de esta mañana, el Consejo Fiscal cree que es inconstitucional por el excesivo margen de
discrecionalidad. No se puede hacer una ley para tener discreción en el uso y en el monopolio de la fuerza pública en este caso. También le hago notar -lo hemos reiterado en otras ocasiones-que deben ustedes intensificar la vigilancia respecto a
la identificación policial; es un asunto que se ha estado siguiendo pero que sigue ahí pendiente de mejorar.


En relación con las personas hipotecadas, ha habido avances. Una parte de las recomendaciones han sido admitidas, lo hemos podido leer, pero resultan insuficientes y le voy a decir rápidamente por qué; por el escaso ámbito de aplicación de
las normas, ya que quedan excluidos los colectivos sociales que no reúnan todos y cada uno de los requisitos exigidos; por la limitación de las medidas exclusivamente a la deuda hipotecaria generada por la vivienda habitual; por la suspensión del
lanzamiento durante dos años, que no paraliza los intereses de demora en ese periodo; por la exclusión de la aplicación de la suspensión de lanzamiento en los casos en los que el adjudicatario es un tercero en lugar de un banco; por la
imposibilidad de evitar que sobre el desahuciado pueda seguir pesando una deuda de por vida con su entidad acreedora aunque se establezca un sistema de quita; por la necesidad social de seguir buscando soluciones amplias que tengan en cuenta otras
circunstancias perniciosas que eviten la exclusión social de los afectados. Muy pocas personas se han podido acoger al sistema ofrecido, por lo que no parece que las medidas adoptadas ofrezcan una solución generalizada al colectivo afectado. Es
necesario, señora Defensora, revisar la normativa que pueda paliar situaciones graves o muy graves y elaborar un marco legal más flexible, menos gravoso y que evite la pérdida de bienes que constituyen el único patrimonio o medio de vida de los
afectados por la crisis económica. He visto a este respecto que había bastantes recomendaciones suyas sin ningún tipo de respuesta.


Sobre la malnutrición infantil, el cierre de los comedores escolares agrava en algunos casos las existentes situaciones de precariedad. Nuestro grupo está de acuerdo con lo que el informe señala respecto a que la nutrición infantil debe
atenderse a través de programas específicos por diversos motivos, como es que los menores con problemas de nutrición precisan medidas rápidas para que esta situación no sea lesiva en su desarrollo físico o intelectual, porque las rentas de inserción
no llegan a todos los que las necesitan en todas las comunidades autónomas y porque la renta de inserción y otras ayudas generalistas están concebidas como prestaciones genéricas de garantía para el conjunto de una unidad familiar y no aseguran que
la alimentación de los menores constituya una prioridad.


Habla usted de inmigración y se refiere a los últimos sucesos que hemos conocido en Ceuta y en Melilla. Yo le hablo de El Tarajal. Mañana se va a celebrar aquí una Comisión y hubo un debate la semana pasada. El Grupo Parlamentario
Socialista está siendo extraordinariamente responsable en este asunto. Su institución ha pedido prudencia -usted dijo que la prudencia hubiera aconsejado la no utilización de estos medios- y la exigencia democrática aconseja que se conozca todo lo
que pasó. Creo que es en lo que se debe estar; se debe ir al fondo de la cuestión y saber qué paso. Por cierto, hay que perseverar para que se retiren las concertinas, que en realidad son lo que son, cuchillas.


Voy terminando, señor presidente, ya ve que voy telegráficamente y acumulando temas. Le felicito por el recurso -se ha hecho ya referencia a ello- en defensa de la autonomía local -vamos a decirlo así- o de la democracia local; nos parece
bien. Quiero hacerle seis observaciones rapidísimas, telegráficas. En relación con la paga extra -usted lo cita en el segundo párrafo de su presentación, en la página 7-, quisiera decir que las sentencias están dando la razón a los ciudadanos.
Por tanto, la recopilación de quejas viene a ser finalmente una recolección de derechos. Es curioso, pero en eso también se basa la democracia. En cuanto a la asistencia sanitaria gratuita a inmigrantes, yo le pido que persista porque es una
infamia; por cierto, ahora añadido a los jóvenes que viajan al extranjero durante más de treinta días. Es una infamia, por tanto, le pido que insista y persista en su defensa; creo que lo cita en su informe en la página 8, párrafo tercero. Le
pido que insista y que persista.


En la página 438 se cita el caso de El Gallinero -lo explica usted muy bien en apenas dos páginas-; le hablo de desalojos y demoliciones. Mis compañeros de Madrid están muy preocupados y le ruego atención, porque el objetivo es parar esos
desalojos y esas demoliciones. Sé que usted y su institución, la Defensoría del Pueblo, están ahí. Lo que le digo es que se marquen el objetivo de parar las demoliciones y los desalojos.


Dos o tres cosas más. Hay una asociación que me insiste mucho -con la que sé que ustedes trabajan- en relación con el maltrato infantil y los puntos de encuentro. Sé que ustedes hacen todo lo que

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pueden. Les hablo exactamente -para no hablar de memoria- de una asociación residenciada en Madrid, Adeni Madrid; he estado reunido con ellos y me consta que ustedes hacen hasta donde pueden hacer. Lo que le ruego es -si cabe-
sensibilidad y atención.


Nos alegramos, por cierto, de que haya visitado la unidad terapéutica y educativa del centro penitenciario de Villabona, en el Principado de Asturias, y haya llegado a las mismas conclusiones a las que nuestro grupo llegó sobre la situación
de actual desmantelamiento de esta unidad terapéutica ejemplar. Estamos a la espera de la redacción de la documentación que envíe usted a instituciones penitenciarias para que normalice urgentemente la situación de la UTE. Así y todo, nuestro
grupo ha presentado iniciativas al respecto.


Termino. Usted habla -en un párrafo en la página 6- de la motivación de su trabajo o de su función, que es, en relación a las recomendaciones, la justa atención a las mismas y en determinados casos las rectificaciones precisas. Tiene usted
todo el apoyo y todo el calor del Grupo Socialista para seguir en esa labor porque, efectivamente, tiene que haber muchísimas rectificaciones -cómo no- de las administraciones locales, autonómicas y, especialmente, también del Gobierno central.


Muchas gracias, por su generosidad, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Para concluir el turno de intervenciones de los portavoces de los grupos, en representación del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Bertomeu.


El señor BERTOMEU BERMOTEU: Señora Defensora del Pueblo, un año más, desde el Grupo Parlamentario Popular queremos felicitarle a usted, a su adjunto primero y a la adjunta segunda del Defensor del Pueblo, al igual que al resto del equipo,
funcionarios y personal de la institución, por el cumplimiento en la presentación del primer trimestre del año del informe correspondiente al ejercicio 2013. Un compromiso que manifestó al principio de su toma de posesión y que viene cumpliendo
cada año.


Quiero indicarle que compartimos con usted el reconocimiento al esfuerzo realizado por los españoles a lo largo de estos años, lo cual ha contribuido a la lucha para superar la crisis económica. Sin su esfuerzo no hubiéramos pasado de la
España del rescate a la España de la recuperación; de una economía a la deriva a una economía competitiva, y hemos conseguido pasar de las dudas a la confianza. Todo ello se debe gracias al esfuerzo de todos los españoles, que son los únicos
protagonistas de este cambio. Como se decía hace un momento, esta es la España real heredada, consecuencia de esta herencia que hemos recibido el Partido Popular y los españoles. Otro de los motivos que merece nuestra felicitación a la institución
del Defensor del Pueblo es el esfuerzo que realizan, no con la congelación del presupuesto sino con la bajada del mismo. Como manifestaba usted anteriormente 4,5 en 2012; un 3,25 en 2013 y una propuesta de 0,50 para 2014, sin que ello afecte al
buen funcionamiento de la entidad.


Entrando en su informe, con referencia a la Ley de tasas judiciales, que se consideró que las mismas eran elevadas, nos indica que recibió un alto número de quejas y que, por su parte, propuso al Ministerio de Justicia una serie de
recomendaciones como la reducción de tasas variables y el adelanto de la Ley de justicia gratuita, las cuales le fueron aceptadas. Pero también tengo que recordar que están excluidos del pago de la tasa judicial los procesos de primera instancia
del orden social y por completo el orden penal. También quedarían excluidas del pago de la tasa las demandas y ulteriores recursos relacionados con los procesos de capacidad, filiación y menores, así como los procesos matrimoniales que versen
exclusivamente sobre la guarda y custodia de hijos menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra otro en nombre de hijos menores, o la protección de derechos fundamentales y libertades públicas, y otros muchos casos que no voy a
enumerar y que gozan de esta exclusión de pago de tasas judiciales.


Con referencia a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que dejó sin efecto la aplicación de la doctrina Parot, y que resultó ser muy dura para las víctimas del terrorismo, y así se lo han manifestado, desde el Grupo
Parlamentario Popular le damos nuestro apoyo incondicional a las víctimas y nos sumamos a sus manifestaciones de que la sociedad española está en deuda con ellas. El Gobierno, por su parte, durante el ejercicio 2013 ya tomó medidas, concretamente
aprobando el reglamento de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo, y otras en trámite como es el estatuto de las víctimas y al cual -tal y como nos manifestó desde su institución- han hecho recomendaciones.


Nos expone su preocupación por la asistencia sanitaria gratuita a inmigrantes en situación no regular. De hecho, podríamos decir que el sistema sanitario fue una de las primeras reformas que acometió el Gobierno en esta legislatura,
impulsando el Real Decreto-ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad de seguridad de sus prestaciones, con

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el que, entre otras cosas, se establecen las condiciones para que todas las personas tengan derecho a la asistencia sanitaria. Es cierto que hay limitaciones establecidas para los inmigrantes en situación irregular; limitaciones no a su
asistencia sanitaria sino al derecho a su cobertura, y con estas condiciones España se sitúa como uno de los Estados miembros de la Unión Europea que más amplia cobertura sanitaria ofrece a los extranjeros en situación irregular.


Esta reforma afecta también -como usted nos indica- al copago farmacéutico y ha dado lugar a quejas. El Gobierno ha reconocido el esfuerzo solicitado a los pensionistas con el copago. No obstante, la mejora de las perspectivas económicas
ha permitido paralizar los copagos del transporte sanitario no urgente, ortopedia y otros. En cuanto a los más desfavorecidos, a finales de 2013 cerca de 522.000 pensionistas y unos 605.000 parados de larga duración estaban exentos de este copago,
siendo una muestra de cómo protege el Gobierno a los que más dificultades están pasando.


En cuanto a la crisis económica y deudores hipotecarios, como usted sabe, el Gobierno del Partido Popular ha legislado en una materia tan importante como son los desahucios y los lanzamientos. Ha limitado los intereses de demora; ha
limitado los plazos de amortización de la deuda; ha incrementado la independencia de las tasadoras; se han incrementado los porcentajes de actualización del bien cuando la subasta concluyó sin ningún postor; se amplió la cobertura del código de
buenas prácticas hipotecarias para que más personas puedan beneficiarse. Con todo, somos conscientes de que no se ha dado la solución total al grave problema existente en numerosas familias, pero el Gobierno sigue proponiendo medidas para proteger
a los consumidores que contraten productos financieros e hipotecarios y que lo hagan con transparencia y conocimiento, porque existen problemas reales y muchos españoles afectados por comportamientos poco adecuados, tanto a la hora de materializar
sus ahorros o sus inversiones como a la hora de solicitar créditos.


Con referencia al tema de las viviendas, de las cuales se elaboró informe sobre el número de viviendas públicas vacías y las dificultades de las familias para acceder a las mismas, por parte del Gobierno se han tomado medidas para el apoyo
al alquiler como vía idónea al acceso de la vivienda, especialmente para aquellos que disponen de menores niveles de renta. También para facilitar la salida del stock de viviendas desocupadas en estos momentos. Por otra parte, se han tomado
medidas para fomentar la rehabilitación de edificios, la regeneración y renovación urbanas para fomentar el sector de la construcción -todos somos conscientes de que es un motor de la economía-, teniendo en cuenta que estas actividades tienen una
gran capacidad de creación de empleo y de dinamización económica.


Con referencia a las recomendaciones sobre la trata de seres humanos en España, víctimas invisibles, se han venido tomando diferentes medidas como la creación de la subcomisión de estudio sobre la trata de las personas dentro de la Comisión
de Igualdad, con el fin de abordar, entre otros, la captación, transporte, engaño, situación de vulnerabilidad de las personas. Por otro lado, se está llevando a cabo un nuevo plan integral para combatir la trata de seres humanos con fines de
explotación sexual. También hay que destacar las medidas adoptadas por el Gobierno para la protección a las mujeres víctimas de la trata, entre las cuales se encuentra el derecho a la asistencia jurídica gratuita a las víctimas por trata de seres
humanos. Por otro lado, se convocaron las subvenciones correspondientes para proyectos de atención y ayuda a mujeres de víctimas de trata, así como también a sus hijos e hijas menores de edad; ayuda dirigida a entidades de naturaleza
jurídico-privada sin ánimo de lucro y cuyos estatutos indiquen entre sus fines y objetivos la protección, atención o asistencia laboral, entre otros, a personas víctimas de trata con fines de explotación sexual.


En referencia a los centros de privación de libertad y sus recomendaciones sobre las denuncias de malos tratos, los cuales compartimos, tenemos que tener en cuenta un hecho que es conocido, la práctica de denunciar malos tratos como
estrategia que aplican sistemáticamente los miembros de ETA, para obtener repercusión mediática y revelar la entidad de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado encargados de la lucha antiterrorista. Por tanto, el uso de los
métodos empleados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado está profundamente regulado y se encuentra, como en todo Estado de derecho, sujeto al imperio de la ley y a los controles disciplinarios y jurisprudenciales. En el ordenamiento
jurídico español existen órganos administrativos y judiciales que actúan de forma independiente a la investigación de los actos presuntamente constitutivos de malos tratos por parte de fuerzas policiales y no se puede desconocer que la denuncia
sistemática de malos tratos presentada por los detenidos en régimen de incomunicación por presunta pertenencia a grupos terroristas ha sido y es una táctica que se ha revelado falsa. España es una democracia, es un Estado de derecho, en España rige
la ley, todos estamos sometidos a la ley y quienes no son demócratas son precisamente los que han

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torturado, los que han asesinado y los que se han saltado la normativa aprobada por el conjunto de la soberanía nacional. La única deuda de la democracia es con las víctimas del terrorismo, y esto no lo vamos a olvidar nunca.


Gracias, señora defensora, por este informe del año 2013 que el Grupo Parlamentario Popular, del Congreso y del Senado, valoramos muy positivamente. Vamos a tener en cuenta sus recomendaciones y la animamos a continuar con este trabajo
intenso, no solo en la atención a las quejas de los ciudadanos sino también en los estudios de investigación e informes de las cuestiones que afectan a los españoles.


El señor PRESIDENTE: Concluido el turno de portavoces, tiene la palabra para responder a todas las intervenciones la Defensora del Pueblo.


La señora DEFENSORA DEL PUEBLO (Becerril Bustamante): Gracias a todas las personas que han intervenido, diputados y senadores y diputadas y senadoras, por sus comentarios, por hacer hincapié en cuestiones que les preocupan y por
transmitirnos su pensamiento al respecto. El senador señor Yanguas nos comentaba aspectos de las consecuencias de la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Ya he mencionado la aceptación por España de esa sentencia y nuestra
subsiguiente preocupación transmitida al Gobierno por las posibles actuaciones de las personas que habían sido puestas en libertad, enaltecimiento del terrorismo o, en el caso de violadores o de asesinos, aproximación a las personas que fueron
víctimas. Este nos trasladó -así se lo hemos transmitido a las asociaciones de víctimas y consta también en los informes- las medidas que desde el Ministerio del Interior se iban a poner en marcha ante la preocupación que nosotros compartimos con
algunos alcaldes, sobre todo de pequeños municipios sin apenas capacidad, no diremos para controlar pero sí para evitar cualquier nuevo agravio o cualquier agresión a personas que ya habían sufrido con anterioridad agresiones, agravios o hechos
todavía peores.


Las administraciones que incumplen desde el año 2012 han sido puestas en conocimiento de la fiscalía, anunciándoles primero que íbamos a dirigirnos a la fiscalía, lo cual dio muchísimo resultado porque a ningún alcalde, consejero, presidente
de comunidad o Gobierno le satisface saber que se va a proceder a una actuación por parte de la fiscalía, y han contestado. Por eso ha descendido el número de administraciones que no contestan. Yo quisiera más celeridad en la contestación, eso es
verdad, lo que ocurre es que hay cuestiones que, por ejemplo, pueden ser complejas para un alcalde, y lo entiendo. Cuestiones en materia urbanística, de modificaciones de planes, son cuestiones complicadas y muchas veces recibimos la información de
que no tienen los medios suficientes o el número de funcionarios necesario para contestarnos en los plazos, que son primero de quince y luego de treinta días para decirnos si aceptan o no una recomendación y quince días para contestar a una queja.
Esto hay que comprenderlo. Todos hemos pasado por distintas funciones en la vida pública y hay que entender que hay cuestiones complejas. Además, y con esto contesto a varias de las personas que han intervenido, cuando iniciamos una actuación de
oficio, no es lo mismo una actuación de oficio sobre un asunto relativo a entidades financieras con un determinado problema, por ejemplo, que hayan vendido participaciones preferentes, cuestión que podemos preguntar al Banco de España, que hacer
diecisiete preguntas a diecisiete comunidades autónomas sobre ayudas y libros de texto. Nos lleva mucho más tiempo dirigirnos a las diecisiete comunidades autónomas y además comportan diecisiete actuaciones de oficio, mientras que en la de las
participaciones preferentes se trata de una al Banco de España. Por eso hay una contabilidad que unas veces aumenta durante el año anterior y a lo largo de 2013 hemos procurado acotar más los temas y no pedir información a todas las comunidades
autónomas. Ahora, sin embargo, a finales de 2013 y en 2014, hay ya iniciadas actuaciones de oficio hacia todas las comunidades autónomas y en materia de vivienda ya les estamos preguntando -creo haber firmado ya la solicitud- a todas las
comunidades autónomas por los datos que nos dieron hace diez u once meses sobre viviendas vacías para saber cuántas han puesto ya en el mercado, cuántas han sacado a alquiler y a qué precios. Todos los años es muy difícil mantenerlas, porque según
sean los problemas se hacen más o menos actuaciones, limitadas, a lo largo y a lo ancho de toda España.


En relación con la doctrina Parot, creo que ya no debo volver sobre ello después de haber afirmado claramente la aceptación de la sentencia por parte de España y la preocupación que han mostrado las víctimas y que la verdad es que comparto.
Podríamos alargarnos mucho en esta materia, pero en primer lugar está el respeto a la justicia y por no alargar, no ya la sesión sino el análisis de la sentencia, lo voy a

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dejar, pero a mí también, personalmente, me ha parecido muy dura, muy dura, muy dura. Añado, además, que esto a juicio de los abogados españoles que han intervenido, no era una sentencia erga omnes sino una sentencia sobre una demandante.


El senador señor Boya nos hace unas recomendaciones interesantes e importantes con relación a la revalorización de las pensiones. Ojalá que en el próximo informe anual podamos contemplar unos Presupuestos Generales del Estado distintos y
mejoras en prestaciones sanitarias y en revalorizaciones de pensiones, como usted dice, así como en otros asuntos, como asistencia más completa a inmigrantes, si bien quiero dejar constancia, porque algunas de sus señorías se han referido a ello, de
que las personas en situación no regular sí han sido atendidas no solo en los casos de gravedad sino, como he explicado, porque las comunidades autónomas han arbitrado procedimientos en colaboración con organizaciones no gubernamentales, entre
otras, la Cruz Roja.


Nuestra preocupación por los CIE sí ha quedado manifestada en el informe y en nuestra insistencia ante el Ministerio del Interior para que se apruebe el reglamento de los CIE, pendiente desde el año 2009, creo recordar. Hemos insistido
mucho y hemos mantenido conversaciones directas y personales con altos cargos del ministerio para decir que esto hay que regularlo mejor, y se ha dado un paso importante. Nosotros hemos realizado bastantes visitas a estos CIE y hemos anotado y
recomendado las mejoras subsiguientes a estas visitas, que por cierto nosotros las hacemos acompañados por personas de fuera de la institución también, que son, como he dicho, médicos, expertos en medicina legal, psiquiatras y psicólogos; y tenemos
un consejo asesor del Mecanismo nacional de prevención de la tortura con expertos, todos externos, elegidos de manera absolutamente libre e independiente, porque han sido los colegios profesionales los que nos han propuesto a las personas que
integran este consejo, que también vienen con nosotros. Las visitas a los centros de detención pueden llegar a durar dos o tres días porque se tienen reuniones con los médicos, con las personas que están en el centro de detención, con los
funcionarios; se visitan todas las dependencias, se observan los talleres. Son visitas realizadas con mucha intensidad y las observaciones que se hacen están muy documentadas; son largos informes que se remiten al Ministerio de Justicia, al
Ministerio del Interior, con especial atención a la Dirección General de la Policía o a otros departamentos. Son visitas realizadas de manera profunda.


Quería comentarle al señor Boya una cuestión en materia de situación de pobreza. Para estos informes sobre situaciones de pobreza tenemos en España organizaciones que lo saben hacer muy bien, que lo vienen haciendo desde hace tiempo, con
toda independencia, y que llegan a todos los puntos de la geografía española, entre otras -no digo en exclusividad-, Cáritas. Por eso, prefiero tomar los informes que hacen estas organizaciones, que tienen una red muy detallada en toda nuestra
geografía, porque me parece que van a ser más completos -como los que pueda hacer Cáritas- que los que pueda llevar a cabo un organismo como el nuestro o un Defensor allí donde lo haya. Ahora, sí tiene razón en hacer luego una evaluación política,
ética y social. Eso me parece muy bien, pero prefiero el informe de estas organizaciones porque va a ser más completo, absolutamente independiente y va a llegar hasta las pequeñas poblaciones.


Comentaba usted los problemas del pago de las facturas eléctricas. Estamos haciendo un informe sobre esta cuestión, sobre las personas o familias que no pueden abordar el pago de estas facturas, y hacemos unas recomendaciones que he
comentado antes sobre el fraccionamiento del pago y sobre que además haya una actuación previa o un informe previo de los servicios sociales correspondientes para decir en qué situación están estas familias. Hablando de factura eléctrica, no tengo
más que remedio que decir que hemos solicitado que nos aclaren las facturas. Se lo hemos dicho al ministerio porque nosotros no nos dirigimos a las empresas, pero nos gustaría que las empresas tuvieran a bien aclarar las facturas. Comentaba hace
unos días que a mí me recuerda aquel chiste de Forges en el que hay un individuo con la cabeza en el suelo y los pies hacia arriba, retorciéndose, y cuyo texto dice: Catedrático de lógica tratando de descifrar factura de la luz. Esto habría que
mandárselo a todas las compañías.


No nos conformamos -termino contestando al señor Boya, pero también me refiero a comentarios de otros portavoces- con recibir las quejas. Eso ya lo he dicho. Fue de las primeras cosas que pensé al hacerme cargo de la institución como
Defensora del Pueblo. Esto no puede ser un buzón de quejas, porque este no es mérito nuestro. Nuestros resultados, en general de toda la institución, son las consecuencias, las resoluciones, los informes, lo que se emprende, lo que se dice, lo que
se insta, lo que se obtiene. Eso, sí; ahora, las quejas, no; lo que tenemos que hacer es dar facilidades para ellas y resolverlas. ¿Cómo de rápido? Vamos a hacerlo -y también respondo con esto a varias de sus señorías- muy rápidamente porque
vamos a establecer -lo comenté en alguna comparecencia anterior, pero ya

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estamos sobre ello- un procedimiento no solo rápido para nosotros sino que va a obligar a todas las administraciones a contestar. No sé cuánto les va a gustar a unas o a otras, pero es una tecnología informática en virtud de la cual el
ciudadano que formula una queja, cuando tenga un código, una identificación, podrá saber en qué momento está su queja: si está esperando respuesta de un ayuntamiento, de una determinada consejería o si se está estudiando dentro de la propia
institución. Esto va a ser un empujón enorme dentro de la institución, pero va a dar algún disgusto fuera, porque va a decir quién tiene su queja y cuánto tiempo lleva estudiándola. Habrá que distinguir cuestiones sencillas o complejas que
requieran seis respuestas o seis investigaciones, pero nos va a retratar a todos. Esperamos tener rápidamente esto y, tan pronto lo tengamos, vendremos a explicárselo a sus señorías.


Las quejas por las que preguntaba el señor Cazalis, de Bélgica y de Colombia, son de origen bien distinto; las de Colombia son consecuencia de visitas nuestras a presos españoles y quejas suyas o de los familiares. Por eso tenemos mucho
interés en lograr repatriar a presos españoles en cárceles extranjeras, porque en muchos países las condiciones en las cárceles son de una dureza no equiparable a las de las cárceles españolas. Anoche oí que el Ministerio de Exteriores y el
Ministerio de Justicia van a hacer un esfuerzo para la repatriación. Me alegro muchísimo, porque es un verdadero sufrimiento, no solo para las personas que están en aquellas cárceles, sino para los familiares, que son los que suelen venir y los que
nos envían las quejas.


Las quejas de Bélgica son fundamentalmente quejas de funcionarios que tienen discrepancias con el Ministerio de Hacienda por diversos tributos, fundamentalmente el IRPF, por su residencia allí, por su residencia aquí, complicaciones en esta
materia en la que no vamos a entrar ahora. Prácticamente todas las de Bélgica son de funcionarios por estas materias.


En cuanto a la Ley de Costas vamos a estudiar su reglamento, que es un reglamento no aprobado, todavía nos queda la posibilidad de pedir concreciones o que se perfilen más algunas cuestiones. Los organismos internacionales y algunas
agencias internacionales que se quejan de inseguridad jurídica en España en relación con problemas medioambientales o urbanísticos se refieren fundamentalmente a construcciones levantadas de manera ilegal. Cuando hay un desbordamiento, cuando hay
una enorme tormenta, cuando hay un problema de esta naturaleza vienen los afectados para contarnos sus inundaciones, como nos ha ocurrido en la provincia de Málaga el año pasado, y es que muchas de esas edificaciones estaban en lugares no
calificados para la construcción. Ese es el problema fundamental, no la Ley de Costas, que todavía no sabemos si dará problemas o no, porque acaba de entrar en vigor, y el reglamento anteayer, pero son problemas de inseguridad jurídica derivada de
construcciones no legales. En esto las comunidades autónomas y los ayuntamientos deben tener muchísima atención, pero los ayuntamientos necesitan desde luego la asistencia de las comunidades autónomas a la hora de diseñar los planes y las
calificaciones o no calificaciones. Es llamativo lo que se tarda en obtener una licencia urbanística en España, la cantidad de trámites que todavía subsisten para obtener una licencia, y sin embargo la cantidad de construcciones ilegales que hay.
Ante tanto control teórico debería ser un mapa perfecto, acorde, armonioso, y no lo es. Sin embargo hay una lentitud extraordinaria en la tramitación, luego algo importante nos está pasando.


Nuestras actuaciones en materia de niños robados y de familias con estos problemas tan dolorosos que vienen presentando sus quejas no van a cesar. Actuamos con toda rapidez con la fiscalía. Tenemos reuniones periódicas ya establecidas,
varias al mes, con fiscales, y eso hace que nos interesemos y que hagamos que los demás se interesen por la tramitación para llegar hasta el final, y poder dar relativa satisfacción a las familias, pero es una cuestión que nosotros no dejamos ni
muchísimo menos.


Ya tendré ocasión de hablar con la señora García Álvarez en algún momento en cuanto a sus comentarios, puesto que ahora se tenía que marchar.


A la señora Sayós le quiero decir que las quejas de Cataluña son prácticamente las mismas, el número es el mismo aproximadamente que el año pasado. Analizar el número de quejas por comunidades autónomas claro que es posible por supuesto,
pero hay que tener siempre presente también la población, porque yo me desplazo a una determinada localidad o a una comunidad autónoma y me dicen: es que aquí ha habido muchísimas quejas, 5.000 o 3.000 quejas, pero es que la población de Andalucía
no es la misma que la de La Rioja, o la de Murcia no es la misma que la de Cataluña. Eso hay que tenerlo presente cuando hacemos las valoraciones del número de quejas. En relación con Cataluña prácticamente viene a ser un número muy parecido,
similar al del año anterior.


Los productos financieros, entre otros las preferentes, desde luego han recibido una atención muy grande por nuestra parte, hemos hecho mucho hincapié en la obligación que tenían de identificar las

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entidades si concurrían las circunstancias de idoneidad y conveniencia en las personas que habían suscrito las preferentes, y no vamos a dejar esta materia. Vamos a continuar, como vamos a continuar viendo los resultados de la nueva
legislación en materia de desahucios. No vamos a dejarlo; yo creo -así lo dije en su momento- que ha habido un avance, pero son actuaciones que requieren un plazo medio y largo, y nosotros vamos a estar vigilantes.


Me parece importante, y el señor Bertomeu lo ha dicho, que impulsemos -también quizá podrían hacerlo si les parece a ustedes desde las Cámaras- el Fondo social de la vivienda, porque los datos que nosotros tenemos, que nos han sido
proporcionados en parte por entidades financieras que están ahí, demuestran que son pocas las personas que se acogen al Fondo social de la vivienda, y que hay viviendas entre comillas disponibles o posiblemente disponibles. Son muchas las
exigencias, demasiadas, quizá son exigencias para otros momentos, para otros tiempos, pero ahora sería conveniente reducir esas exigencias y que ese fondo, que tiene bastantes viviendas, obtuviera la demanda necesaria en este momento.


Si volvemos a la Ley de Tasas Judiciales hay que decir que es una ley que ha sido recurrida por varios grupos, y yo personalmente creo que hemos hecho bien en actuar directamente con el ministerio porque se han conseguido cosas importantes
-como ya he dicho-, como la reducción de parte de las tasas y el adelanto, que ha sido muy importante, de la Ley de Gratuidad de la Justicia.


Decía la señora Sayós que procuremos, que yo procure -supongo que me lo decía a mí- evitar la subjetividad. Eso es un logro humano, no mío, sino de cualquiera de nosotros; que la defensora o los presentes en esta Cámara no seamos en ningún
momento subjetivos lo procuramos, ojalá lo consiga, pero son factores humanos no tan fáciles de controlar. Lo que sí procuro es lo que dicen los antiguos que rezaba en el frontispicio del templo de Apolo, en Delfos: Nada en demasía. Yo lo
procuro, pero de ahí a conseguirlo es bien distinto.


Para terminar, porque supongo que sus señorías tendrán muchas cosas que hacer y preparar el Pleno, le comento a don César Luena que tiene razón en que el informe es una radiografía, es una radiografía no total, es una parte de la radiografía
o un segmento de una radiografía, y así lo decimos. Yo he iniciado esta explicación del informe diciendo que no puede ser por su naturaleza una alabanza ni puede ser una exaltación de logros; es imposible por la naturaleza de la institución. Es
una radiografía. ¿Y qué llega al defensor? A los defensores no nos llegan parabienes ni nos llegan felicitaciones. A veces, cuando se consiguen cosas, sí le dicen a uno: esto ha salido bien. Pero en general lo que llega son problemas. Si
llegara otra cosa no estaríamos hablando del defensor; estaríamos hablando de otra institución diferenciada. Esto es lo normal, lo que tiene que llegar y lo que en momentos de crisis llega. A mí no me sorprende que llegue porque estamos en un
país en recesión desde el año 2007. ¿Cómo no van a llegar estas cosas? Sería también muy extraño. Lo importante es que nosotros vayamos superando las dificultades y consiguiendo de las administraciones actuaciones acordes con determinados
principios y valores constitucionales así como de las distintas leyes. Proseguimos, como he dicho antes -creo que a la señora Sayós-, el avance de las conclusiones de la nueva ley hipotecaria, las medidas que se han tomado en relación con los
deudores de buena fe, y vamos a seguir hasta el punto de que hemos formulado ese informe denominado Segunda oportunidad, deudores de buena fe, para pedir al Ministerio de Justicia fundamentalmente una revisión de la legislación acorde con lo que han
hecho otros países de la Unión Europea, porque al final lo que se nos aconseja desde distintas instancias españolas e internacionales, entre otras el Fondo Monetario, es buscar procedimientos, buscar legislación que evite la marginación, y que evite
que las familias sean desposeídas de aquello que es el bien material más importante que tienen, que es la vivienda. Y que estas familias no se vean lanzadas a la calle y a la caridad o a la asistencia social, porque eso es la marginación. Si
tenemos que volver a insistir y si ustedes insisten desde el Parlamento, desde las Cortes Generales en la revisión de la legislación que pueda afectar a estas circunstancias sería bueno para todos, porque lograríamos evitar estas situaciones que
denominamos de exclusión social de las que es muy difícil volver atrás, salir.


El señor Luena también nos comentaba aspectos de las circunstancias en Ceuta. Yo creo que el ministro ha dado bastante información y ustedes van a tener más en los próximos días y van a tener el resultado del procedimiento judicial y de la
actuación de la fiscalía y de la juez de Ceuta. Y todos tenemos un video importante e interesante. Yo creo que se ha actuado con transparencia. Las conclusiones ya serán hechas más adelante, en el futuro, y yo no me meto en las conclusiones que
hagan sus señorías. Yo lo de la prudencia desde luego sí lo mantengo.

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Finalizo contestando algunos asuntos que ha mencionado el señor Bertomeu. Ya no hablaré más sobre las consecuencias de la doctrina Parot, estoy de acuerdo con sus manifestaciones y con la obligatoriedad que tiene España de cumplimiento de
esta sentencia, y el valor y el coraje que le han echado las asociaciones de víctimas, todas, y muy especialmente las mujeres que dirigen o lideran esas asociaciones; son varias las mujeres que hay, y en las fotos de la fundación que engloba a
varias asociaciones vemos mujeres, son mujeres con coraje todas ellas.


¿Los centros de detención y los malos tratos en centros de detención pueden ser consecuencia de actuaciones coordinadas vía abogados de terroristas? Lo suelen hacer, no nos vamos ahora a escandalizar, es una práctica que hacen desde hace
mucho tiempo de malos tratos, pero nosotros actuamos, y cuando creemos que hay indicios lo ponemos en conocimiento de la fiscalía, esa es nuestra obligación. Pero hay una actuación ordenada y coordinada por parte de determinados abogados de presos
miembros de ETA, y si hay otro tipo de presuntos malos tratos, que no suele haber en las cárceles españolas, no suele haberlos, son excepciones y desde luego también actuamos.


Yo le agradezco el reconocimiento que hace a la institución y del trabajo que ha dicho usted que hacemos. ¿Qué actuaciones tenemos nosotros? Alguno de ustedes también me preguntaba cuándo hacemos una actuación de oficio. Hacemos actuación
de oficio cuando tenemos conocimiento, vía queja o vía reuniones con entidades, con asociaciones, con agrupaciones, con personas, porque nosotros visitamos centros, recibimos asociaciones, recibimos grupos de empresarios, recibimos una
representación de un municipio, de que hay un problema que es importante, que es de interés general o que es de interés para muchas personas, entonces es cuando iniciamos la actuación de oficio, o cuando hay un número de quejas tal que decimos:
aquí está pasando algo. Gracias por el trabajo que usted nos reconoce, procuraremos seguir haciéndolo. También estamos procurando dar mucha información a las Cortes Generales. A lo largo de 2013, como he dicho antes, yo he comparecido para dar
información en cuatro ocasiones, dos de ellas derivadas de la normativa en el Pleno, pero cuatro veces en total, y a mediados de año hicimos un informe parcial que como ha dicho el señor presidente procuraremos volver a hacer este año. Queremos no
solamente trabajar y hacerlo con la mayor firmeza y objetividad posible, sino también dar cuenta de todo lo que hacemos y de los resultados, mejores o peores, de los éxitos, y también de los fracasos, porque ustedes deben tener conocimiento de ello,
y esta es nuestra obligación, siendo transparentes absolutamente. Y yo espero poder volver en los próximos meses, si el señor presidente y la Mesa así lo consideran oportuno, a informarles sobre alguno de los estudios que están en este momento en
curso.


Gracias, señorías, por su atención. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Defensora.


Se levanta la sesión.


Eran las doce y cincuenta minutos del mediodía.