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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 62, de 26/09/2012
cve: DSCD-10-PL-62 PDF



CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE


Año 2012 X Legislatura Núm. 62

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO

Sesión plenaria núm. 58

celebrada el miércoles,

26 de septiembre de 2012



ORDEN DEL DÍA:


Preguntas ... (Página5)


Interpelaciones urgentes:


- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la posición del Gobierno acerca de la reforma en el sector energético que pretende aprobar. (Número de expediente 172/000064) ... (Página24)


- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a las medidas y compromisos que piensa adoptar el Gobierno respecto al desdoblamiento de la N-II a su paso por las comarcas de Girona, durante la presente legislatura.
(Número de expediente 172/000066) ... (Página31)


Debates de totalidad de iniciativas legislativas:


- Proyecto de ley de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude. 'BOCG. Congreso de los
Diputados', serie A, número 15-1, de 13 de julio de 2012. (Número de expediente 121/000015) ... (Página37)


Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página52)


Debates de totalidad de iniciativas legislativas (Votación) ... (Página52)



Página 2





SUMARIO


Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


Preguntas.


De la diputada doña María Soraya Rodríguez Ramos, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia: ¿Cómo piensa mejorar la coordinación del Gobierno? (Número de
expediente 180/000276.) ... (Página5)


Del diputado don Carlos Casimiro Salvador Armendáriz, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte: ¿Qué iniciativas cree el Gobierno que deben promoverse para mejorar los índices de España en
materia de educación? (Número de expediente 180/000272.) ... (Página6)


De la diputada doña María Sandra Moneo Díez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte: ¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno para mejorar los resultados de España en el
informe PISA? (Número de expediente 180/000286.) ... (Página7)


Del diputado don Alejandro Alonso Núñez, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente: ¿Cómo piensa el Gobierno afrontar la grave crisis nacional del sector lácteo? (Número
de expediente 180/000280.) ... (Página9)


De la diputada doña Cristina Narbona Ruiz, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente: ¿Cómo repercutirá el recientemente aprobado proyecto de ley sobre sostenibilidad
energética en la política de lucha contra el cambio climático? (Número de expediente 180/000281.) ... (Página10)


Del diputado don Álvaro Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, que formula al señor ministro de Economía y Competitividad: ¿Cómo va a garantizar el Gobierno que los estafados por la comercialización
fraudulenta de participaciones preferentes recuperen su dinero? (Número de expediente 180/000273.) ... (Página12)


De la diputada doña Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Economía y Competitividad: ¿Qué nueva información puede aportar el Gobierno respecto de una posible petición de
rescate para España? (Número de expediente 180/000277.) ... (Página13)



Página 3





De la diputada doña Lourdes Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula a la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: ¿Piensa el Gobierno catalogar el pan sin gluten (que deben
consumir las personas celiacas) como alimento básico, con el objetivo que se le aplique el IVA superreducido del 4%, tal como ocurre con el pan común? (Número de expediente 180/000274.) ... (Página15)


De la diputada doña Rosa Aguilar Rivero, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: ¿Qué medidas concretas va a adoptar el Gobierno ante el aumento del índice de pobreza
infantil en España? (Número de expediente 180/000282.) ... (Página16)


De la diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: ¿Puede asegurar la ministra que no va a haber nuevos recortes en la Sanidad
Pública tras las elecciones en el País Vasco y Galicia? (Número de expediente 180/000283.) ... (Página17)


De la diputada doña Ángeles Álvarez Álvarez, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: ¿Considera la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que es competente
en el Gobierno para la defensa de los derechos sexuales y reproductivos? (Número de expediente 180/000284.) ... (Página19)


De la diputada doña Esperança Esteve Ortega, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: ¿Cómo valora el Gobierno que se haya implantado un doble copago a los ciudadanos de
Cataluña para acceder a los medicamentos? (Número de expediente 180/000285.) ... (Página20)


Del diputado don Luis Tudanca Fernández, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Industria, Energía y Turismo: ¿Qué postura mantiene el Gobierno acerca del cierre de la central nuclear de Garoña tras el fin del
plazo para solicitar la prórroga de funcionamiento por parte de la empresa? (Número de expediente 180/000267.) ... (Página21)


Del diputado don Emilio Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula al señor ministro de Industria, Energía y Turismo: ¿En qué estado se encuentran los planes de reactivación económica de la zona de afectación del
cierre de la Central de Santa María de Garoña comprometidos en el Real Decreto Ley 1546/2004 y Consejo de Ministros de fecha de 20 de noviembre de 2009? (Número de expediente 180/000275.) ... (Página23)



Página 4





Interpelaciones urgentes ... (Página24)


Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la posición del Gobierno acerca de la reforma en el sector energético que pretende aprobar ... (Página24)


Formula la interpelación el señor Segura Clavell, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.


Contesta el señor ministro de Industria, Energía y Turismo (Soria López), en nombre del Gobierno.


Replica el señor Segura Clavell y duplica el señor ministro de Industria, Energía y Turismo.


Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a las medidas y compromisos que piensa adoptar el Gobierno respecto al desdoblamiento de la N-II a su paso por las comarcas de Girona, durante la presente legislatura ... href='#(Página31)'>(Página31)


Formula la interpelación el señor Xuclà i Costa, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Contesta la señora ministra de Fomento (Pastor Julián), en nombre del Gobierno.


Replica el señor Xuclà i Costa y duplica la señora ministra de Fomento.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página37)


Proyecto de ley de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude ... href='#(Página37)'>(Página37)


Presenta el proyecto de ley de referencia el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero), en nombre del Gobierno.


En defensa de la enmienda a la totalidad de devolución, interviene el señor Lara Mora, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y
Democracia; Sánchez y Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Saura García, del Grupo Parlamentario Socialista y la señora Madrazo Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página52)


Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página52)


Sometida a votación la enmienda a la totalidad de devolución presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, al proyecto de ley de modificación de la normativa tributaria y



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presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, se rechaza por 15 votos a favor y 292 en contra.


Se levanta la sesión y la una y veinte minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


PREGUNTAS.


- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA SORAYA RODRÍGUEZ RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA: ¿CÓMO PIENSA MEJORAR LA COORDINACIÓN DEL GOBIERNO? (Número de
expediente 180/000276).


El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.


Pregunta dirigida a la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia que formula doña Soraya Rodríguez, del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra.


La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Gracias, señor presidente.


¿Cómo piensa mejorar la coordinación del Gobierno?


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.


Señora vicepresidenta.


La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): Muchas gracias, señor presidente.


Coordinar es reunir esfuerzos y medios para una acción común, y la acción común no tiene que ser otra que dirigir al conjunto de la nación para salir de esta crisis. Por eso pedimos y hacemos esfuerzos con los escasos medios que tenemos,
los medios que nos dejó, tras irse, su Gobierno.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora vicepresidenta.


Señora diputada.


La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Señora vicepresidenta, ayer era el peor día, si me permite, para que usted dijera en un medio público que cuando recordaba las cosas que decía en la oposición se sonreía. Era el peor día porque muchos ciudadanos
estaban reclamando al Congreso más política, mejor política, distintas políticas. Creo, señora vicepresidenta, que usted debería, como mínimo, sonrojarse y avergonzarse, pero lo importante es que a los ciudadanos, de verdad, no les hace ninguna
gracia ni les da ninguna risa, porque entre el escaño que usted ocupaba en la oposición y el que ocupa como Gobierno hay muy poco espacio pero muchas mentiras. La pregunta es: ¿cuándo dice este Gobierno la verdad?


Señora vicepresidenta, le pregunto de nuevo por la coordinación porque el espectáculo diario de su insolvencia en el ámbito de la coordinación del Gobierno pone cada vez más en cuestión la credibilidad de su Gobierno. El último espectáculo
ha sido el protagonizado de nuevo por usted y la secretaria general de su partido, la señora Cospedal, en relación con la financiación autonómica.


Señora vicepresidenta, usted tiene la obligación de coordinar, usted tiene la obligación de llenar el espacio legislativo, promover iniciativas legislativas en este Parlamento, y no lo hace. No hay cincuenta y séis iniciativas legislativas,
hay veintisiete decretos de urgencia, como en las épocas preconstitucionales. Señora vicepresidenta, si no cumplimos con nuestra obligación, si vaciamos el espacio legislativo del Parlamento, si ustedes escapan de la labor de control del
Parlamento, vaciamos este espacio y corremos el riesgo de que otros quieran ocuparlo.


Por lo tanto, vamos a hablar de lo que importa. Le pido hoy, señora vicepresidenta, que conteste algo que a los ciudadanos les importa. ¿Van a revalorizar las pensiones conforme al IPC? Pronuncie la palabra IPC, señora vicepresidenta, ¿o
lo va a unir a las palabras que este Gobierno no pronuncia? No rescate, no pronunciamos IPC y hablamos del modo de vida o subida de la vida. Diga la verdad hoy. Conteste con valentía a esta pregunta para que cuando deje de estar en ese escaño
azul no recuerde lo que decía y tenga que ruborizarse o tenga que avergonzarse.



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Muchas gracias. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Un señor diputado: ¡Muy mal!-Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.


Señora vicepresidenta.


La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): Muchas gracias, señor presidente.


Mire, España vive una situación difícil, tan difícil que incluso el secretario general de su partido habla de reforma constitucional. Y usted, que hoy es la que habla en representación de su grupo, me viene con su sarta de prioridades,
señoría. España atraviesa una situación tan difícil como para hacer hoy una oposición tan facilona. Pero si usted quiere hablar de coordinación, yo le hablo de coordinación, señoría. (Rumores.-Aplausos).


Coordinar es traer, y traeremos, a esta Cámara más de cincuenta y seis leyes en este periodo y el anterior, señoría. Coordinar es traer una reforma laboral que todos critican, y los que la critican, todos de su grupo y algún otro, la acaban
aplicando. Es hacer una reforma al sistema financiero que, por fin, haga de nuestro sistema algo solvente; o una reforma energética que acabe con el déficit tarifario que ustedes dejaron. Coordinar, sencillamente, señoría, es afrontar de cara los
problemas que a ustedes se les durmieron en el Gobierno. Coordinar es también, ya que me habla de financiación autonómica, reunir en una Conferencia de Presidentes a todas las administraciones autonómicas. Y, mire, algunos, también de su partido,
alabaron el buen clima de lealtad institucional con el que se desarrolló. Si usted quiere hablar de financiación autonómica, da la casualidad de que piden la reforma aquellos que sencillamente la aprobaron, ustedes. Coordinar es también tratar en
el seno de la Unión Europea de hacer reformas; reformas en Europa que son importantes para España y reformas en España que son importantes para la reversibilidad del euro. (Rumores).


Señoría, puede reírse todo lo que quiera esta mañana, pero ya que me habla de los ciudadanos, a los ciudadanos lo que les gustaría es que ustedes y nosotros nos coordináramos en los asuntos de Estado que están encima de la mesa. (Varios
señores diputados: ¿Cómo?). Es una pena que hoy usted no haya sabido verlo. Espero que su partido y su grupo parlamentario sepa hacerlo, por el bien de todos los españoles, señoría; por el suyo también, señora Rodríguez. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora vicepresidenta.


- DEL DIPUTADO DON CARLOS CASIMIRO SALVADOR ARMENDÁRIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: ¿QUÉ INICIATIVAS CREE EL GOBIERNO QUE DEBEN PROMOVERSE PARA MEJORAR LOS ÍNDICES DE ESPAÑA
EN MATERIA DE EDUCACIÓN. (Número de expediente 1807000272).


El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte. En primer lugar, pregunta del diputado don Carlos Salvador, del Grupo Parlamentario Mixto.


El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, el pasado jueves presenté la pregunta que figura en el orden del día, desconociendo que al día siguiente presentarían las líneas generales de una nueva reforma educativa, la séptima, dicen. No será, desde luego, mi partido
ni yo quienes critiquemos el intento sincero de este Gobierno de mejorar la calidad de la educación, todo lo contrario.


Señorías, señor ministro, la situación de la educación en España es un verdadero drama; un drama además provocado por políticas de educación equivocadas que están pagando nuestros hijos cuando tienen que enfrentarse sin formación suficiente
a un mundo, a una realidad laboral muy dura, que, por cierto, hoy requiere conocimiento de inglés. Nadie entiende hoy que sigamos empeñados aquí, en esta casa, en mantener una batalla ideológica permanente con debates trasnochados, que si pública,
que si privada, que si laica, que si religiosa, que si coeducación, que si diferenciada, y que muy poco tiene que ver hoy con los verdaderos problemas de la educación. Este desencuentro constituye una verdadera irresponsabilidad que no se merecen
pagar las familias españolas y que no podemos seguir tolerando si de verdad queremos que nuestros hijos estén mejor educados que nosotros, sepan más que nosotros, sean más cívicos que nosotros y estén más preparados para algo tan importante pero tan
elemental como acceder a un trabajo digno.



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Señor ministro, aunque sea el séptimo intento, yo espero que sea de verdad el definitivo, el que consiga revertir las escandalosas cifras de fracaso escolar, pero para ello debemos, deben, ser capaces de llegar a un gran pacto de Estado sí o
sí. O abandonamos prejuicios ideológicos y debates que no interesan a nadie, y miro a mi derecha aunque me dirija especialmente a la izquierda, o esta reforma quedará en el penúltimo intento. Yo le animo, señor ministro, a impulsar entre ustedes y
el Partido Socialista, que para eso suman más de 300 diputados, ese acuerdo, y le sugiero que consensúen una subcomisión permanente en esta casa que busque ese gran pacto, como el Pacto de Toledo para las pensiones, en el que todos los implicados,
profesionales, administraciones, centros educativos, familias, puedan dar su opinión, formulen sus recomendaciones y se evalúen periódicamente los resultados de la política educativa. No hay tiempo, señor ministro, y usted lo sabe, para más
reformas parciales y más parches.


Termino. Como le decía, yo celebro el anuncio de la reforma y esté seguro de que mi partido participará de este debate, aportará soluciones a la navarra, en positivo y con lealtad institucional, trasladando aquellas propuestas docentes que
en nuestra comunidad tienen o han tenido éxito, tanto éxito como el que nosotros...


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Muchas gracias, señor presidente.


Muchas gracias, señor diputado, por sus observaciones, por sus buenos deseos e incluso por la valoración positiva que hace de esta ley orgánica de mejora de la calidad educativa que se presentó al Consejo de Ministros el pasado viernes.


Ligando su primera observación, que se trata de la séptima reforma, con la última que formula, la deseabilidad de un pacto de Estado, yo le diría dos cosas: en primer lugar, que ciertamente es el séptimo proyecto, en este caso, de reforma
educativa, pero hay que decir que las únicas que han estado en vigor, cinco de ellas, todas tienen el mismo origen, todas provienen de épocas en que gobernaba el Partido Socialista, porque la única que formuló y aprobó el Partido Popular no llegó
prácticamente a entrar en vigor. Y la deseabilidad de un pacto de Estado, señor Salvador, soy el primero en sostenerla, entiendo que efectivamente la educación es uno de los pilares esenciales del Estado de bienestar y es uno de los pilares
esenciales de cualquier sociedad que se precie, y por mi parte no faltará en absoluto la disposición a acometer tal pacto.


Además entiendo que el planteamiento de la reforma que traeremos a esta Cámara en breve, y que ya ha considerado en una primera lectura el Consejo de Ministros, la hace perfectamente susceptible de llegar a ese acuerdo porque, contra lo que
algunos están diciendo, no se trata en absoluto de una reforma inspirada en unas claves cerradas, no se trata de una reforma que parta de presupuestos ideológicos excluyentes; se trata de una reforma que se dirige esencialmente a resolver el
principal problema que hoy arrastra la educación española y es la elevadísima tasa de abandono escolar temprano, que duplica la de la Unión Europea y que condena a una buena parte de nuestros jóvenes, a una cuarta parte de nuestros jóvenes, a
abordar su inserción en la vida laboral, en la vida profesional, en la sociedad, desde unas bases que no son mínimamente válidas para hacerlo con una cierta garantía de éxito. Además, teniendo en cuenta que nuestros jóvenes van a tener que competir
con jóvenes que se están formando en otros sistemas, en otros países, necesitamos potenciar también el rendimiento excelente; tenemos también en ello una tasa sensiblemente más baja que la de los países con los que competimos y ahí también tenemos
que mejorar.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA SANDRA MONEO DÍEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: ¿QUÉ MEDIDAS PIENSA TOMAR EL GOBIERNO PARA MEJORAR LOS RESULTADOS DE ESPAÑA EN EL
INFORME PISA? (Número de expediente 180/000286).


El señor PRESIDENTE: Pregunta que formula al mismo ministro la diputada doña Sandra Moneo, del Grupo Parlamentario Popular.



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La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, el sistema educativo español presenta importantes deficiencias, así lo evidencian los informes nacionales e internacionales, desde el informe PISA hasta el informe Panorama de la Educación de la OCDE, que conocimos hace
apenas unos días. Las conclusiones son claras: alta tasa de fracaso escolar acompañado de un abandono educativo temprano que dobla la media europea; bajo nivel de conocimiento de los alumnos, que no solo se ha consolidado a lo largo del tiempo
sino que incluso ha empeorado. Un ejemplo: los resultados del informe PISA del año 2009 son peores que los del año 2000 en algo tan básico como la comprensión lectora de los alumnos de quince años. Ruptura del principio de igualdad de
oportunidades provocado por las diferencias entre comunidades autónomas que, en relación al nivel de conocimiento de los alumnos, puede llegar a ser incluso de un curso académico. Escasa eficiencia del sistema en la aplicación de los recursos.
España gasta más por alumno, tiene menos alumnos por clase y tiene más profesores, lo que en teoría debería traducirse en una atención más personalizada y, por supuesto, en una mejora de la calidad. No es así. Gastamos más pero nuestros resultados
son peores, y lo son porque lo que le falla en España no es la inversión, es el modelo. Un modelo que ha imperado en nuestro país en los últimos veinte años; un modelo dotado de un falso igualitarismo, ese que se conforma con escolarizar a los
alumnos sin importar los resultados; modelo que expulsa del sistema a casi un tercio de ellos sin ayudarles, sin ofrecerles ni una sola alternativa, porque entiende que su único compromiso reside en que el alumno permanezca en el sistema hasta los
dieciséis años sin importarle el día después; un modelo que es el gran culpable de que más de 1.200.000 alumnos ni estudien ni trabajen en nuestro país.


Es evidente que ni nuestra sociedad ni nuestra economía ni nuestra competitividad pueden soportar estas cifras. Por eso le pregunto: ¿qué medidas piensa tomar el Gobierno para mejorar los resultados de España en el informe PISA?


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Muchas gracias, señor presidente.


Gracias, señora diputada, por su pregunta. Hilando la respuesta con la que acabo de dar al señor Salvador, yo le diría una vez más que el objetivo fundamental de la reforma que acabamos de presentar no es otro que el de afrontar
decididamente los problemas que su señoría viene de referir.


Hay dos métricas homogéneas, dos métricas perfectamente comprobables que nos señalan cuál es la gravedad de este problema y a ambas nos hemos referido. Una, una cuarta parte de los estudiantes abandona el sistema educativo sin el
equipamiento mínimo necesario para enfrentarse con éxito a la vida. Y otra, no menos importante, la acabamos de conocer en el reciente informe de la OCDE: el 23,7% de los jóvenes españoles entre quince y veintinueve años se encuentran actualmente
en la situación de no estudiar y no trabajar.


¿Cómo se enfrenta la reforma educativa a estos dos problemas? Básicamente mediante dos estrategias. Una destinada a mejorar el rendimiento general del sistema a través de una cultura sistemática y homogénea de la evaluación, a través de
una fuerte señalización del progreso, a través, en definitiva, del intento de conseguir unos mínimos de homogeneidad en el sistema que hoy no se dan, algo que también pone de manifiesto el informe PISA y algo sobre lo que también nos están alertando
las autoridades europeas en un reciente documento, Mind the gap, en el que se nos dice que no podemos convivir con tanta diferencia en resultados académicos -también en inversión, pero sobre todo en resultados- entre las distintas comunidades
autónomas.


El segundo elemento naturalmente es la flexibilización de los itinerarios que permita que los diferentes talentos de los chicos y chicas que entran en el sistema educativo encuentren cada uno un cauce y lo encuentren en el momento oportuno,
lo encuentren en el momento anterior a aquel en el que se desinteresan completamente del sistema educativo. Esto, señoría, contra lo que se está diciendo, es cualquier cosa menos segregación. Es dar caminos y es abrir oportunidades. Segregación,
inequidad, injusticia es lo que tenemos ahora, que una cuarta parte de los jóvenes no tengan un camino en la educación para posteriormente ser capaces de abrirse paso en la vida.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).



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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON ALEJANDRO ALONSO NÚÑEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE: ¿CÓMO PIENSA EL GOBIERNO AFRONTAR LA GRAVE CRISIS NACIONAL DEL SECTOR LÁCTEO?
(Número de expediente 180/000280).


El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. En primer lugar, pregunta del diputado don Alejandro Alonso, del Grupo Socialista.


El señor ALONSO NÚÑEZ: Señor ministro, yo no sé si es usted consciente de que el sector lácteo español se está desangrando y de que tiene riesgo de desaparecer o quedar reducido a la más mínima expresión si no actuamos con eficacia.


Desde que usted es ministro han cerrado cientos de explotaciones y los ganaderos cierran simple y llanamente porque se están arruinando, porque se les está obligando a producir por debajo de los precios de mercado, por debajo de los costes
de producción, y usted tiene responsabilidad en este tema, señor ministro. Desde que es ministro el gasóleo ha alcanzado precio récord histórico, desde que usted es ministro los piensos se han encarecido un 30%, y desde que usted es ministro los
precios de la leche han tenido la cota más baja de los últimos años.


Estamos en una crisis sin precedentes, señor ministro, pero lo que no tiene precedentes es que el Gobierno, después de varios meses de crisis, no haya tomado ni una sola medida. La pregunta es sencilla, señor ministro: ¿van a hacer algo?
Pero le pregunto por lo que va a hacer usted, su Gobierno, no por lo que pueda hacer la Unión Europea o lo que puedan hacer las partes en este conflicto. ¿Va a tomar alguna medida para solucionar la gravísima crisis por la que atraviesa este
sector? (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (Arias Cañete): Muchas gracias, presidente.


El Gobierno va a adoptar todas las medidas necesarias a nivel nacional y comunitario para que el sector lácteo español recupere rentabilidad y competitividad.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


Señor diputado.


El señor ALONSO NÚÑEZ: Señor ministro, la realidad es muy tozuda. Este no es un problema europeo -se lo dijeron ayer en Bruselas-, este es un problema que tiene que solucionar el Gobierno español. Lo que está ocurriendo en España con la
leche es una situación intolerable, que no se puede permitir. Las mismas industrias que están comprando leche en España a 0,28 euros hoy mismo, están comprando esa misma leche en Francia o en Alemania a 0,36, y después vemos en las grandes
superficies leche francesa o europea a precios irrisorios hundiendo el mercado español. Y este es un tema en el que tiene que intervenir, tiene que actuar aquí. Usted no puede desviar la atención diciendo que es un problema europeo. Ayer -nos lo
puede contar- ya le dijeron en la Comisión que arregle usted este tema en España, que la Unión Europea, ya veremos, que, de entrada, nada. Usted no puede escudarse en un acuerdo entre las partes, que vendrá bien, pero un acuerdo voluntario entre
las partes, primero, es voluntario y, segundo, la producción lo está criticando. Usted no puede escudarse exclusivamente en el tema de los contratos lácteos porque ese es un tema que viene de la crisis del 2009. Y le pregunto, señor ministro: ¿va
usted a aceptar que se obligue a los ganaderos españoles a firmar contratos por un año a 0,28 euros, es decir, que firmen su ruina para el próximo año?


En definitiva, señor Arias Cañete, ustedes que fueron tan beligerantes en la crisis del 2009, cuando firmaron proposiciones no de ley aquí haciendo exigencias al Gobierno, ¿qué van a hacer ahora? Y, si no pueden hacer nada, dé la cara ante
los ganaderos, porque para nada vale ni un... (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (Arias Cañete): Señor Alonso, tiene usted la fe del converso. La crisis del sector lácteo ha empezado todo este año como herencia



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de la inacción del Gobierno socialista que no hizo nada desde el año 2009. (Aplausos.-Rumores). No hizo absolutamente nada y su grupo parlamentario, mientras los precios se hundían, no ha hecho una sola iniciativa. Pero, ¡oh maravilla!,
vienen las elecciones gallegas y el señor Alonso renace como el ave fénix de las cenizas y se coloca en esta Cámara a decirnos lo que tiene que hacer el Gobierno. (Risas y aplausos). El Gobierno ha trabajado todo el año, ha trabajado todo el mes
de agosto, ha tenido reuniones con todo el sector, ha planteado el tema en la Unión Europea en los consejos de abril, junio y julio, lo ha planteado en septiembre en este Consejo y ha obtenido frutos. El Gobierno ha trabajado, y prueba de ello es
que el Consejo de Ministros aprobará el próximo jueves el real decreto que desarrolla el paquete lácteo, que hace obligatorios los contratos en el sector, que permite concentrar oferta y que permite que las interprofesiones sean más potentes. Lo
vamos a hacer porque ustedes no lo hicieron. Vamos a poner en marcha también ese acuerdo al que usted no da importancia, un acuerdo de colaboración entre organizaciones de ganaderos, industriales, la interprofesión y la distribución que se firmará
este viernes, a la una de la tarde. Por primera vez la gran distribución se sienta con todo el mundo para analizar el sector lácteo, para valorizar la leche, para poner en valor la producción y el trabajo del ganadero. Es muy importante ese
acuerdo porque va a sembrar las bases de un entendimiento entre todos para que el sector siga siendo rentable. Y en el mes de octubre traeremos la ley de la cadena alimentaria, que presentaré al Consejo de Ministros, para vertebrar esta cadena y
conseguir mayor valor añadido en la formación de precios.


Mire usted, en la Unión Europea se negocia y yo he conseguido ayer la flexibilidad suficiente del comisario europeo para aprovechar todos los instrumentos de la OCM y poner en marcha en los próximos días ayudas directas a los ganaderos, que
no van a ser tan cicateras como las que puso el Partido Socialista en el año 2009: mucho hablar y solo 12,8 millones de euros. Estas van a ser muy superiores y además seguiremos trabajando con el sector para garantizar su rentabilidad. Bienvenido
al club de los que hemos defendido la leche desde que tomamos posesión. (Un señor diputado: ¡Muy bien!-Prolongados aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


- DE LA DIPUTADA DOÑA CRISTINA NARBONA RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE: ¿CÓMO REPERCUTIRÁ EL RECIENTEMENTE APROBADO PROYECTO DE LEY SOBRE SOSTENIBILIDAD
ENERGÉTICA EN LA POLÍTICA DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO? (Número de expediente 180/000281).


El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida al mismo ministro por la diputada doña Cristina Narbona, del Grupo Socialista.


La señora NARBONA RUIZ: Gracias, señor presidente.


Ministro, tranquilícese un poquito, no invoque las herencias todo el rato (Rumores.-Varios señores diputados: ¡Oh!) y ejerza de ministro de Medio ambiente. Explíqueme cuál ha sido su participación en esa pomposa norma llamada proyecto de
ley de medidas medioambientales y de fiscalidad energética.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (Arias Cañete): Muchas gracias, señora Narbona.


Este proyecto de ley por el que se interesa su señoría armoniza el sistema fiscal español con una utilización más eficiente de los recursos energéticos, sirve de estímulo para mejorar nuestros niveles de eficiencia energética y, por lo
tanto, repercutirá positivamente en las políticas de lucha contra el cambio climático. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


Señora diputada.


La señora NARBONA RUIZ: Señor ministro, es exactamente todo lo contrario, esta norma es una nueva y gravísima agresión contra las energías renovables. No lo decimos nosotros, lo dice, por ejemplo, la Comisión Europea, ¿o se ha olvidado
usted ya del informe que hizo la Comisión hace unos meses sobre el Plan nacional de reformas, donde se criticaba abiertamente la paralización del sistema de



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primas? ¿A quién creen que están engañando ustedes? Todos los analistas coinciden en que ese proyecto de ley de medidas medioambientales y de fiscalidad energética lo único que va a suponer es un ulterior incremento del precio de la luz
-con ustedes ya ha subido un 14% en lo que llevan en el Gobierno-, y con esta norma la subida será incluso mayor, de un 20%. Pero es que además significará una carga sobre la cuenta de resultados de las empresas de energías renovables que no pueden
trasladar el impuesto a los usuarios y que le pueden suponer una detracción de hasta el 20% de sus cuentas de resultados, en particular a las energías termosolares. Ese es el efecto de esta norma, de esa falsa reforma energética que no corrige en
absoluto los problemas derivados de esa distorsión en la fijación de precios en el mercado de la electricidad que la Comisión Europea les señaló a ustedes hace ya algunos meses. ¿No pretenderán engañar a la Comisión Europea, verdad? Porque el
comisario de Energía se ha dirigido este verano al Gobierno de España para decirle que está preocupado por la incidencia en el sector de las energías renovables, por las decisiones que están ustedes tomando, y la Comisión Europea incluso podría
intervenir en el caso de que España no cumpla con sus compromisos en materia de cambio climático.


Esa es, señorías, esa es, ministro, la realidad, y usted es también el ministro del cambio climático; es el ministro que tiene la obligación de desarrollar en el seno del Gobierno políticas para la reducción de emisiones. Recuerde que
comenzaron a reducir las emisiones bajo Gobierno socialista, en años en que crecía el producto interior bruto. ¿Y sabe por qué? Porque aumentaba en el mix energético... (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (Arias Cañete): Gracias, señor presidente.


El proyecto grava el valor de la producción de oferta de energía eléctrica de todas las fuentes de generación, de todas, señoría, y sus ingresos van a contribuir a hacer frente al déficit de tarifa, el gran problema del sector eléctrico,
apoyando, por tanto, las energías renovables, las que menos contaminan, como usted bien conoce. El proyecto de ley no favorece la generación de electricidad a partir de fuentes emisoras de CO2 sino todo lo contrario, porque además del anterior
gravamen de tipo general, se modifican tipos impositivos y se suprimen exenciones fiscales para la generación de electricidad solo a partir de combustibles fósiles, carbón, fuel, gasóleo y gas natural, lo que incentivará la reducción de emisiones de
CO2 en el proceso de generación de electricidad.


Por lo tanto, y para tranquilidad de su señoría, le vuelvo a repetir que la incidencia de este proyecto de ley en las políticas de cambio climático será positiva. Y como esta es su preocupación, le pregunto, señoría, ¿dónde estaba usted
cuando en esta Cámara se aprobó con sus votos el Real Decreto del carbón del señor Zapatero? Ustedes eran conscientes de que eso sí aumentaba las emisiones de CO2 y no la veía yo a usted preocupada. ¿Y dónde estaba usted cuando se diseñó una
política de cambio climático basada exclusivamente en la compra de derechos de emisión en el extranjero en lugar de reducir emisiones en España? Ustedes han obligado al erario público a gastar 770 millones de euros sin haber solucionado el
problema, porque hay un déficit de 105 millones de toneladas de CO2 que nos obligaría a seguir comprando derechos en lugar de promover proyectos en España.


Señoría, esta vez no va a ocurrir, porque nosotros vamos a trabajar en otra línea; vamos a impulsar el cálculo de la huella de carbono, el apoyo a la rehabilitación energética de edificios y el fomento de los sumideros nacionales. Y vamos
a poner en marcha, como ya hemos hecho, el Fondo de carbono, que ya ha recibido 197 propuestas de proyecto de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero desde España. Eso sí que es preocuparse por el cambio climático y no lo que hicieron
ustedes.


Para finalizar, señoría, le transmito lo que la directora ejecutiva de la Agencia Internacional de la Energía declaró el pasado domingo 23: La normativa es buena y valiente porque supone un punto de partida muy importante para luchar contra
el déficit de tarifa y, además, en España hay una capacidad instalada de renovables tan enorme que no es un problema para el cumplimiento de los objetivos asumidos.


Muchas gracias, señoría. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.



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- DEL DIPUTADO DON ÁLVARO ANCHUELO CREGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD: ¿CÓMO VA A GARANTIZAR EL GOBIERNO QUE LOS ESTAFADOS POR LA COMERCIALIZACIÓN
FRAUDULENTA DE PARTICIPACIONES PREFERENTES RECUPEREN SU DINERO? (Número de expediente 180/000273).


El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro de Economía y Competitividad. En primer lugar, pregunta don Álvaro Anchuelo, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.


El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, las entidades financieras españolas han colocado 30.000 millones de euros en su red de sucursales a sus propios clientes en participaciones preferentes. Las participaciones preferentes son un producto arriesgado y complejo
y, sin embargo, se colocaron a personas jubiladas e incluso en algunos casos a personas analfabetas o a personas discapacitadas. La consecuencia de esto evidentemente ha sido que estas personas han perdido buena parte de sus ahorros, sus ahorros de
toda una vida, y viven ahora situaciones dramáticas; algunos ni siquiera pueden pagar sus residencias. Ese problema todavía no está solucionado y, por tanto, su Gobierno no puede desentenderse de él. Por eso mi pregunta es: ¿Qué va a hacer su
Gobierno para que estas personas estafadas recuperen su dinero?


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas gracias, señor presidente.


Señor Anchuelo, como conoce usted perfectamente, porque he contestado a numerosas preguntas y lo he comentado también en la Comisión de Economía y Competitividad en numerosas ocasiones, el Gobierno comparte la preocupación por la colocación
que se hizo de participaciones preferentes a ahorradores que no tenían que haberse producido, porque, como usted dice correctamente, se trataba de un producto complejo. En ese sentido, lo que está haciendo el Gobierno es establecer como un pilar
fundamental de su política financiera todo lo que es la protección del ahorrador, especialmente del pequeño ahorrador. Es un pilar fundamental y, en ese sentido, permítame que le diga que en el Real Decreto-ley de reestructuración y resolución de
entidades de crédito, que traje el otro día aquí para su convalidación -y que ustedes no votaron a favor-, se establecían medidas importantes para evitar que se vuelva a reproducir una situación como la que vivimos en los años 2008, 2009 y 2010.


Me referiré a alguna de las medidas que se incluyen ahí -y vuelvo a repetir que usted votó en contra- que, como sabe usted perfectamente, hubieran evitado que se hubiera dado ese problema. En primer lugar, se establece en relación con la
valoración de las preferentes la obligatoriedad que para definir el precio del mercado haya siempre un experto independiente; en segundo lugar, que se tengan en cuenta no solamente las cotizaciones de un activo concreto, sino también la de otros
activos emitidos por la misma entidad y otros indicadores financieros que resulten relevantes, y en tercer lugar, se respetará la prelación. Pero además, como usted también conoce perfectamente, se han establecido limitaciones para su
comercialización. Se tendrá que colocar necesariamente un 50% entre institucionales y, en segundo lugar, la inversión mínima será de 100.000 para sociedades cotizadas y 25.000 para el resto. Además, si un cliente no es idóneo para este producto,
tendrá que poner de su puño y letra que efectivamente lo quiere comprar. Todo esto es a lo que ustedes han votado que no, señor Anchuelo. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


Señor diputado.


El señor ANCHUELO CREGO: Señor ministro, lo primero que se echa en falta en las medidas del Gobierno es la exigencia de responsabilidades, porque usted ha reconocido en sede parlamentaria que esa comercialización fue un fraude, y si hay un
fraude, hay responsables del fraude. ¿Quién lo diseñó? ¿Quién lo ejecutó? ¿Quién lo toleró? A día de hoy los responsables, como los directivos de las cajas gallegas, tienen como castigo 52 millones de euros de indemnizaciones. Parte de la
solución ha sido con canjes voluntarios, pero esos canjes es una elección entre nada o unas malas condiciones: 25.000 millones en acciones de unas entidades que van a perder valor.



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Pero quería hablar precisamente de este real decreto, porque tiene medidas muy interesantes para el futuro de una comercialización de preferentes que ya nadie va a comprar en ningún caso. Pero a los ya afectados remata su situación. En
primer lugar, les trata como acreedores no cubiertos; en segundo lugar, dice que el FROB puede imponer pérdidas; en tercer lugar, dice que esas pérdidas pueden llegar hasta el 70%, porque son el precio de mercado más 10 puntos -son pérdidas, por
tanto, muy notables-, y para acabar de facilitar su situación dificulta que acudan a los tribunales para pedir la restauración de sus derechos. Leyendo su real decreto, que supongo que usted conoce, yo no entiendo cómo poniendo eso negro sobre
blanco a continuación puede recriminarnos que no lo votemos y mucho menos decir que estas personas van a recuperar su dinero. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas gracias, señor presidente.


Señor Anchuelo, lo primero será que no se vuelva a reproducir a futuro -en eso estará usted de acuerdo conmigo- y, vuelvo a repetir, ahí se establecen medidas concretas para evitar que esto sea así. Además, le puedo decir que tanto el
Ministerio de Economía como el Banco de España están trabajando con la Dirección General de Competencia para intentar buscar una solución adecuada a este problema.


Aquí se aplica una normativa que no tiene nada que ver con el Real Decreto-ley, señor Anchuelo -como usted conoce perfectamente-, que es la normativa de ayuda a necesitados y en ese sentido lo que le puedo decir es que tanto el Gobierno como
el Banco de España buscarán la mejor solución posible para los afectados por el problema de las preferentes.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


- DE LA DIPUTADA DOÑA INMACULADA RODRÍGUEZ-PIÑERO FERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD: ¿QUÉ NUEVA INFORMACIÓN PUEDE APORTAR EL GOBIERNO RESPECTO DE UNA POSIBLE PETICIÓN
DE RESCATE PARA ESPAÑA? (Número de expediente 180/000277).


El señor PRESIDENTE: Al mismo ministro se dirige la pregunta de la diputada doña Inmaculada Rodríguez-Piñero, del Grupo Parlamentario Socialista.


La señora RODRÍGUEZ-PIÑERO FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, el presidente del Gobierno dijo en agosto que esperaría conocer lo que iba a hacer el Banco Central Europeo para tomar una decisión sobre un segundo rescate. El 7 de septiembre el presidente del Banco Central presentó el
paquete de medidas para ayudar a la estabilidad del euro y relajar las tensiones en los mercados de deuda. Desde entonces, la prensa internacional adelanta cada día un nuevo capítulo sobre la petición del rescate por parte de España, mientras crece
la tensión porque Alemania se opone y aumentan las discrepancias en el seno del Gobierno. Todo conduce a generar cada día más incertidumbre y más desconfianza, justo lo contrario de lo que se necesita.


Por eso, la Comisión Europea insiste al Gobierno en que tome ya una decisión y despeje tanta incertidumbre. Por eso, hoy, señor ministro, le pido que aproveche esta oportunidad y evite que seamos los españoles los últimos en conocer las
intenciones del Gobierno sobre el rescate. Por eso le pido que responda a la pregunta que le he formulado. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas gracias, señor presidente.


Señora Rodríguez-Piñero, como usted sabe perfectamente, el pasado 6 de septiembre el Banco Central Europeo estableció un nuevo programa de compras ilimitadas sin estatus preferente hasta el segmento de los tres años de bonos en el mercado
secundario, y esto debido fundamentalmente a un elemento, que creo que es lo básico, porque reconocía que efectivamente había dudas sobre el proyecto



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del euro y esto estaba afectando a una serie de países entre los cuales estaba España y también Italia. El requisito que ha establecido el Banco Central Europeo es muy simple, es que haya una condicionalidad estricta para evitar lo que ha
ocurrido en otras ocasiones -ahí el Gobierno anterior tiene bastante conocimiento de lo que ocurrió- y también que de alguna forma haya una petición de ayuda a los instrumentos europeos, la facilidad o el MEDE en las siglas españolas.


Tras el anuncio del señor Draghi, como usted conoce perfectamente, a lo largo de toda la curva de tipos de interés se redujo el diferencial en aproximadamente 2 puntos porcentuales, lo cual de alguna forma ponía de manifiesto que existía un
sobrecoste como consecuencia de elementos distintos a los que estrictamente se debían a políticas nacionales. En ese sentido, esto facilitó la demanda extranjera de títulos de deuda pública española, y le puedo anunciar que el Tesoro Público ha
cubierto ya más del 83% de las emisiones a medio y largo plazo previstas para este año. Por otro lado, lo importante también es que empezó a financiar el resto de la economía española y debemos tener en consideración que el propio Fondo Monetario
Internacional dice que sin estas dudas sobre el euro el diferencial en España tendría que estar en el entorno de 200 puntos básicos.


Aquí lo importante es cumplir los deberes que tenemos que hacer cada uno domésticamente y avanzar hacia una mayor integración europea en el ámbito de la unión monetaria, en todo lo relativo a la unión bancaria y a la unión fiscal.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


Señora diputada.


La señora RODRÍGUEZ-PIÑERO FERNÁNDEZ: Señor ministro, si hoy estamos al borde del rescate no es por casualidad, es consecuencia de la incompetencia, la inoperancia y la improvisación de su Gobierno. (Risas.-Rumores). Tenían mucho margen
para evitar el rescate; el foco de atención estaba en Italia; la prima de riesgo estaba en 318 puntos, 50 por debajo de la italiana, y ahora lleva mucho tiempo por encima de ella. Tenían mucho margen y no lo han aprovechado porque han cometido
muchos errores en muy poco tiempo. Presentaron tarde y mal los presupuestos. Hasta cinco veces han rectificado las cifras del déficit y, desde luego, han perdido toda la credibilidad política en la esfera internacional porque no se puede gestionar
peor la crisis de Bankia y la petición del rescate bancario.


Ustedes pierden crédito político, pero nuestras empresas pierden crédito financiero y las personas pierden su empleo y su nivel de vida. Su incompetencia está haciendo sufrir a mucha gente, que ve cómo el Gobierno les pide sacrificios a
cambio de nada; bueno, no, a cambio de más paro, de más recesión y sin esperanza de futuro, porque ustedes confunden lo que son reformas para ayudar al crecimiento de la economía española con recortes, en lo que son expertos para subir los
impuestos a los que menos tienen y, desde luego, para suprimir los principales servicios.


Mañana ustedes van a presentar unos presupuestos en donde lo que va a subir es el coste de la deuda en lugar de subir el empleo y el impuesto de los que más tienen. Le pido que trabaje para evitar el rescate y para ganar la confianza en la
credibilidad, para defender los intereses de España y no los intereses de la derecha alemana.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Señora Rodríguez Piñeiro, por favor, vale ya de clichés. No me hable del pasado, por favor. (Rumores). El déficit público, el que tuvimos el año pasado, fue del 9%, y
ahí está la dificultad fundamental de la economía española. Por eso, este Gobierno lo que está intentando es reducir el déficit público y situarlo en el 6,3%, y simultáneamente favorecer el crecimiento de la economía española, porque sin
crecimiento -vuelvo a repetir- la devolución de esta deuda y la generación de confianza será mucho más complicada. Por tanto, apoyemos todos lo que está siendo la política correcta en unos momentos delicados de la economía española, momentos que
además el Gobierno ha tomado como referencia en los objetivos básicos tanto para el futuro de la economía española como para el futuro del euro. Ahí debemos estar todos. Y vuelvo a repetir, la Comisión Europea no ha comentado nada sobre la
generación de incertidumbre; ha sido el comisario Almunia.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.



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- DE LA DIPUTADA DOÑA LOURDES CIURÓ I BULDÓ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD: ¿PIENSA EL GOBIERNO CATALOGAR EL PAN SIN GLUTEN (QUE DEBEN
CONSUMIR LAS PERSONAS CELIACAS) COMO ALIMENTO BÁSICO, CON EL OBJETIVO QUE SE LE APLIQUE EL IVA SUPERREDUCIDO DEL 4%, TAL COMO OCURRE CON EL PAN COMÚN? (Número de expediente 180/000274).


El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas a la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Pregunta, en primer lugar, de doña Lourdes Ciuró, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


La señora CIURÓ I BULDÓ: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, ¿piensa el Gobierno reducir el IVA que actualmente grava el pan sin gluten, apto para las personas celíacas, y reducirlo al 4% de IVA superreducido, al igual que el pan de trigo?


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Mato Adrover): Gracias, señor presidente.


Señoría, me alegra mucho que me haga esta pregunta, que me permite confirmarle que el pan sin gluten será considerado como alimento básico y, por tanto, se le aplicará el IVA superreducido del 4% como al pan común. Es una muestra del
compromiso de este Gobierno con los celíacos y sus familias porque estamos plenamente involucrados en lo que significa la atención a esta intolerancia alimentaria.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


Señora diputada.


La señora CIURÓ I BULDÓ: Gracias, señor presidente.


Créame, señora ministra, que desde nuestro grupo lo celebramos enormemente. Era una injusticia que el pan sin gluten no se equiparase al pan común, puesto que es el único pan que pueden comer las personas celiacas. Es el único alimento y,
por tanto, es tan básico para ellos como para el resto de las personas que podemos comer pan de trigo. No hace falta recordarle, porque su señoría ha manifestado esta sensibilidad, que el importe de la cesta de la compra de una familia en la que
alguno de sus miembros padece la enfermedad celíaca se incrementa hasta en 1.500 euros anuales frente a otra familia que no tiene esta enfermedad entre alguno de sus miembros. Tanto es así, señoría, que en esta época de crisis, y debido también a
este incremento de gravamen del IVA, podía suponer que estas familias tuviesen que dejar de seguir esta dieta celiaca por no poder pagar estos alimentos más caros.


Ahora desde aquí, señoría, y si me brinda la oportunidad, le requeriría -saliéndome del guion- que aproveche este momento para rebajar el IVA y aplicarlo a todos los alimentos sin gluten, puesto que este tipo de dieta constituye el único
tratamiento que pueden hacer estas personas afectadas por esta enfermedad y, de no seguirla, corre peligro incluso su desarrollo personal, intelectual y puede ocasionar incluso linfoma intestinal. Por tanto, valoremos esa posibilidad, señora
ministra, y apliquemos esta rebaja a todos los alimentos.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Mato Adrover): Gracias, señor presidente.


Señoría, como usted dice, el pan es un alimento básico para todos. Por ello el Gobierno va a aplicar, como no puede ser de otra manera, el 4%, el tipo superreducido del IVA. La celiaquía es una de las principales intolerancias alimentarias
de nuestro país. Todos sabemos que una detección precoz y una dieta sin gluten son sin duda los mejores aliados para las personas que sufren esta intolerancia. El diagnóstico precoz es, por tanto, una prioridad para el sistema nacional de salud,
porque cuanto antes



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comiencen estos pacientes una alimentación exenta de gluten antes comienzan su normalización en su estado de salud y su recuperación de calidad de vida. Por tanto, como usted nos ha planteado, seguiremos trabajando en esa línea.


También lo estamos haciendo en la información y formación de los profesionales sanitarios, que es esencial, y cómo no también estamos trabajando con intensidad desde la Aesan, desde la Escuela de Salud para Pacientes y desde los servicios de
salud para la implementación de protocolos de actuación médico-sanitarios, dado que son, como digo, un colectivo prioritario. Seguiremos trabajando, como no puede ser de otra manera, en todo lo que significa la mejora de la información, fundamental
para saber los contenidos de los alimentos. Cualquier mejora en el etiquetado de los productos es fundamental para ellos, pero también es beneficioso para todos los consumidores. Vamos a seguir colaborando con las asociaciones para que los
afectados y sus familias tengan la mejor información, el mejor acceso a todos los productos que necesitan. Por tanto, señora Ciuró, hoy tenemos una buena noticia que ofrecer a los celiacos. Creo que se suma a la histórica sensibilidad de este
ministerio en torno a la igualdad que necesitamos para con ellos y el Gobierno seguirá trabajando para que tengan una buena calidad de vida y que ser celiaco no suponga ningún obstáculo en su vida, sea cual sea su edad, su estado o condición.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.


- DE LA DIPUTADA DOÑA ROSA AGUILAR RIVERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD: ¿QUÉ MEDIDAS CONCRETAS VA A ADOPTAR EL GOBIERNO ANTE EL AUMENTO DEL ÍNDICE DE POBREZA
INFANTIL EN ESPAÑA? (Número de expediente 180/000282).


El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida a la ministra de Sanidad por doña Rosa Aguilar, del Grupo Socialista.


La señora AGUILAR RIVERO: Muchas gracias, señor presidente.


Señora ministra, ¿qué medidas concretas va a adoptar el Gobierno ante el aumento del índice de pobreza infantil en España?


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Mato Adrover): Gracias, señor presidente.


Señora Aguilar, el Gobierno está firmemente comprometido en la lucha contra la pobreza infantil. Todas nuestras políticas están encaminadas a luchar contra la misma. Como su señoría sabe, la pobreza infantil tiene muchísimo que ver con la
evolución del paro y todas las políticas del Gobierno tienen como objetivo esencial la creación de empleo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.


Señora diputada.


La señora AGUILAR RIVERO: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, cada vez que viene a este Parlamento a responder falta a la verdad, porque sabe bien que los niños son el colectivo más pobre de España, y es lamentable pero cierto que en nueve meses nada ha hecho por ellos. No ha dado ni
un paso para dar cumplimiento a lo que por unanimidad aprobó este Parlamento, que le dijo que situara como prioridad la lucha contra la pobreza infantil. Pero es que a ustedes les da igual, desprecian este Parlamento y gobiernan a golpe de decreto,
votan una cosa en el Congreso y hacen lo contrario desde el Gobierno. Señora ministra, hablamos de más de 2.200.000 niños y niñas a los que cada día les hacen más difícil su vida con las políticas que practican, que son un auténtico tsunami contra
lo social, niños a los que quitan derechos, niños en la pobreza a los que les recortaron el 42% de su partida en los presupuestos de 2012. Señora ministra, su Gobierno sube los impuestos, baja los salarios, amnistía a los grandes defraudadores,
hace una reforma laboral letal, rescata a los bancos, y mientras tanto los niños en la pobreza, a su suerte, abandonados.



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Cumpla de una vez por todas con lo aprobado en este Parlamento, atienda las recomendaciones del Comité del Niño y traiga ya aquí, a esta Cámara, el plan nacional de la infancia y la adolescencia a nivel estratégico. No haga, como me temo
que va a hacer, dar otro tijeretazo en los presupuestos del próximo año en política de infancia. Señora ministra, la pobreza tiene rostro humano y nombre de niños y de niñas. Ya está bien. Actúe, cumpla y tome medidas. Mañana es tarde, porque
nuestros niños, los que viven en la pobreza, ya no pueden esperar más, aunque todos y cada uno de ellos les den igual al Partido Popular.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Mato Adrover): Señoría, comprendo que le moleste la verdad, pero la realidad debería invitarle más a la autocrítica que al enfado. Ustedes dejaron a España con el récord de paro
de Europa, y a Andalucía liderando el desempleo en España, y cito esa comunidad porque usted también ha sido miembro de ese Gobierno. La tasa de paro en Europa se sitúa en torno al 10%; en España es del 24,6% y en Andalucía del 33,9%. Las
políticas que ustedes hicieron, que nos llevaron a esta trágica realidad, no beneficiaron la lucha contra la pobreza infantil. En este momento hay en España 1.737.000 familias sin ingresos. ¿Esas cifras tienen algo que ver con la pobreza infantil?
Yo diría que muchísimo. El que las familias no tengan ingresos repercute directamente en los niños. Según los datos del último informe de Cáritas, el 40% de las personas que acuden buscando ayuda a estos centros son familias jóvenes con hijos
pequeños.


Señorías, la batalla contra la pobreza infantil es una batalla mundial. A partir de ahí, nuestro departamento está impulsando un plan integral de apoyo a las familias, estamos trabajando en un plan estratégico nacional de infancia y
adolescencia, que presentaremos, señoría, en las próximas semanas. En él abordaremos de manera específica todos los problemas que afectan a nuestros jóvenes y menores. Además, esta estrategia vendrá complementada con un plan de acción para la
inclusión social donde tomaremos medidas concretas a favor de la infancia más vulnerable.


Finalizo, señorías. Pocas intervenciones tan demagógicas como la suya he escuchado yo en esta Cámara, pero, como estoy convencida de que le vamos a ganar la batalla a la crisis, estoy segura de que estamos luchando con eficacia contra la
pobreza infantil.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.


- DE LA DIPUTADA DOÑA LAURA CARMEN SEARA SOBRADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD: ¿PUEDE ASEGURAR LA SEÑORA MINISTRA QUE NO VA A HABER NUEVOS RECORTES EN LA
SANIDAD PÚBLICA TRAS LAS ELECCIONES EN EL PAÍS VASCO Y GALICIA? (Número de expediente 180/000283).


El señor PRESIDENTE: Pregunta que plantea doña Laura Seara, del Grupo Parlamentario Socialista.


La señora SEARA SOBRADO: Gracias, presidente.


Señora ministra, ustedes han decidido que las víctimas de esta crisis sean los injustos pagadores de la misma. Así, han decidido implantar el copago sanitario y el copago farmacéutico, un copago que incluye por primera vez a los
pensionistas y las pensionistas de nuestro país. Esta decisión ha sido una decisión fría, una decisión calculada por ustedes y es ya un drama, un drama en toda España, pero, permítame que le diga, agravado en Galicia, agravado en mi tierra. Se lo
digo porque allí a sus recortes se suman los que previamente, y con la misma indolencia, puso en marcha el señor Feijóo. Miren, este drama tiene rostros; este drama tiene nombres; este drama tiene historias, es el drama de jubilados y jubiladas
como los gallegos, que cobran las pensiones más bajas de España, todavía más en mi provincia, en la provincia de Ourense o en la provincia de Lugo, pero que pagan exactamente lo mismo que los que cobran pensiones más altas. Por ellos, hoy aquí
también les quiero asegurar que si hay un cambio de gobierno en Galicia el día 21 de octubre lo primero que se hará será eliminar el copago para todos los pensionistas. No es una cuestión de electoralismo, es una cuestión de justicia. ¡Qué lejanas
suenan aquellas palabras del señor Rajoy sobre su línea roja de la sanidad! ¿Se acuerdan? Se tienen que acordar todos y todas. No son ustedes fiables. (Rumores). Nos han mentido ya tantas veces que una piensa que hasta cuando nos



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dicen la verdad mienten también. (Rumores). Sí, sí, dicen una cosa y después -lo decía mi compañera Rosa Aguilar- hacen la contraria. Por eso, hoy desde mi grupo parlamentario queremos saber si van a volver a podar los servicios
sanitarios, una vez celebrados los comicios gallegos y los comicios vascos. Es una pregunta con una respuesta muy simple: sí o no. Si es sí, díganos si; si es no, díganos no.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Mato Adrover): Gracias, señor presidente.


Señoría, ningún español ha sufrido ningún recorte en la sanidad pública en España. (Protestas). Cuando ustedes gobiernan, quiebra el Sistema Nacional de Salud, cuyo problema no es de copagos, sino de impagos. Y además le recuerdo que
fueron ustedes los que propusieron que los españoles pagaran por la sanidad (Rumores), y ahí están las manifestaciones de Trinidad Jiménez, de Ramón Jáuregui o de la consejera Marina Geli. Por tanto, señorías, ¿el Gobierno qué va a hacer? Va a
seguir dialogando con las comunidades autónomas, con los sectores sociales para garantizar la sostenibilidad de la sanidad en el futuro.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.


Señora diputada.


La señora SEARA SOBRADO: Señora Mato, se ha convertido usted en el Terminator de la sanidad española. (Protestas). En el Terminator o en la termita de la sanidad pública española. Solo le pido que diga la verdad. La pregunta era muy
sencilla: sí o no. ¿Lo va a hacer después de las elecciones, sí o no? Sabemos que están ustedes preparando una nueva revisión de la cartera de servicios gratuitos, su vicepresidenta lo dijo. Sabemos que en esa revisión de la cartera ustedes
pretenden reducir las mamografías. ¿Es acaso accesorio...? (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Mato Adrover): Gracias, señor presidente.


Señoría, cada día constato algo que resulta absolutamente evidente, hagamos lo que hagamos ustedes tienen construido un discurso desde tiempo inmemorial y no lo piensan cambiar. (Aplausos). Los españoles siguen disfrutando de un sistema
público gratuito y universal, y digo eso porque hoy es más universal que cuando ustedes gobernaban (Rumores), porque determinados colectivos que antes no tenían acceso a la sanidad hoy lo tienen, como por ejemplo arquitectos, abogados, ingenieros y
otros profesionales liberales. (Rumores). ¿Sabe cuál es la diferencia entre ustedes y nosotros? Que nosotros hemos sentado las bases para sacarlo de la quiebra. Le recuerdo, más de 16.000 millones de euros de deuda sanitaria. Solo en los dos
últimos años se incrementó en un 173% y una comunidad autónoma tenía 700.000 facturas sin pagar.


Señorías, hemos apostado por la eficiencia y por el ahorro, y le voy a dar datos. El gasto farmacéutico en España se ha reducido en un 24%, casi 225 millones en el mes de julio y aprovechando mi presencia en las Cortes voy a anticiparle que
en el mes de agosto se ha confirmado esta tendencia. Fíjese, en solo dos meses hemos ahorrado más de 400 millones de euros en farmacia. (Un señor diputado: ¡Si lo están pagando los ciudadanos!). Así, el gasto farmacéutico se ha reducido este mes
en un 20%, lo que equivale a 180 millones; el número de recetas ha bajado en un 9,37% y el gasto medio por receta ha descendido un 11,8%. Le repito, 400 millones de ahorro en solo dos meses. Estos datos demuestran que las reformas emprendidas
están dando resultados y van en la buena dirección. Ojalá hubiesen adoptado ustedes estas medidas porque hoy no nos encontraríamos en esta situación.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.



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- DE LA DIPUTADA DOÑA ÁNGELES ÁLVAREZ ÁLVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALIES E IGUALDAD: ¿CONSIDERA LA MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD QUE ES COMPETENTE EN
EL GOBIERNO PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS? (Número de expediente 180/000284).


El señor PRESIDENTE: Pregunta a la misma ministra de la diputada doña Ángeles Álvarez del Grupo Socialista.


La señora ÁLVAREZ ÁLVAREZ: ¿Considera la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que tiene competencia en materia de salud sexual y reproductiva?


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Mato Adrover): Gracias, señor presidente.


Como su señoría sabe, mi departamento tiene competencias en todo lo que se refiere a la salud, a las políticas de igualdad y, por supuesto, a los servicios sociales. Además, como no puede ser de otra manera, todos los responsables públicos,
y de forma especial los miembros del Gobierno, tenemos la obligación de velar por los derechos de los españoles y de las españolas; por tanto, por los derechos de todos los ciudadanos.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


Señora diputada.


La señora ÁLVAREZ ÁLVAREZ: Recordará usted que en la Diputación Permanente su grupo la declaró a usted no competente en materia de salud sexual y reproductiva. Es decir, que la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad no es
competente en asuntos sanitarios estrictamente relacionados con la vida de las mujeres. Me va a reconocer que esta es una afirmación, por lo menos, pasmosa. Evidentemente, espero que usted como ministra de Sanidad recomiende que sea la obstetricia
y la ginecología quien se ocupe de acompañar profesionalmente las decisiones de las mujeres embarazadas y que no sean los jueces o los policías. Ahora, si usted lo que promueve es expulsar los embarazos no deseados del ámbito sanitario tendremos
aquí, en este hemiciclo, una ministra que aboca a las mujeres a partos contra su voluntad o que las aboca a interrumpirlos en la clandestinidad poniendo en riesgo su salud. Lo alarmante es que usted esté desaparecida mientras se coloca la salud de
las mujeres, nada más y nada menos, que en el ámbito de la legislación penal.


Le quiero hacer tres preguntas. Como ministra, ¿usted está por cumplir o por violar las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en materia de sexualidad y reproducción? Como ministra, ¿está por cumplir o por saltarse a la
torera los acuerdos internacionales en materia de igualdad? Y una pregunta personal, de mujer a mujer, ¿apoya usted que las mujeres tengamos autonomía para decidir y planificar el número de hijos o hijas que queremos tener o prefiere que regresemos
a la antigüedad del azar biológico? Contésteme. Señora Mato, sería conveniente que dejase usted de ir de la manita de un ministro de Justicia que somete a las mujeres españolas a amenazas permanentes no revisables. Lo que le aconsejo es que deje
esa manita porque si no estará dando la razón a ese grupo que la declaró no competente en materias sobre las que sí tiene competencia. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Mato Adrover): Gracias, señor presidente.


Señoría, permítame que le haga una reflexión. Desgraciadamente ustedes casi siempre eligen a las mujeres para organizar las estrategias de confrontación. Desde hace mucho tiempo han decidido que las discrepancias en políticas de igualdad
ocupen un lugar central en su batalla política contra el Gobierno. Yo lo lamento porque creo que las políticas de igualdad deben consensuarse. Es con el consenso como



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se avanza en igualdad, y es ahí donde esperan vernos todos los que creen en ella, mujeres y hombres. La bandera de la igualdad, señorías, no les pertenece ni a usted ni al Partido Socialista; pertenece a todos los que creemos en ella y
desde nuestras distintas responsabilidades trabajamos por hacerla realidad.


Señoría, la salud de la mujer es una prioridad para este ministerio, como no puede ser de otra manera, como también lo es la atención a los menores, y que no haya ningún tipo de discriminación hacia las personas que sufren alguna
discapacidad. Ha hablado usted del aborto. Nuestra posición es bien conocida, y pasa entre otras razones por respetar al milímetro las decisiones del Tribunal Constitucional. Quiero también decirle que en el Gobierno del presidente Rajoy todos
los ministerios no somos compartimentos estanco. Las decisiones se adoptan de forma colegiada, y además somos solidarios. Cualquier decisión del Gobierno, independientemente de quién lleve la iniciativa, será compartida por todos sus miembros.


Por último, señoría, quiero decirle que llevo toda la vida defendiendo la libertad, y de forma muy especial la libertad de las mujeres, que hemos sufrido muchísimas discriminaciones. Estoy convencida de que el aborto siempre es un drama
humano, por eso trabajo desde el ministerio para que ninguna mujer se vea abocada a ello porque no tenga el apoyo suficiente de los poderes públicos.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.


- DE LA DIPUTADA DOÑA ESPERANÇA ESTEVE ORTEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD: ¿CÓMO VALORA EL GOBIERNO QUE SE HAYA IMPLANTADO UN DOBLE COPAGO A LOS CIUDADANOS
DE CATALUÑA PARA ACCEDER A LOS MEDICAMENTOS? (Número de expediente 180/000285).


El señor PRESIDENTE: Última pregunta a la ministra de Sanidad que hace doña Esperança Esteve, del Grupo Parlamentario Socialista.


La señora ESTEVE ORTEGA: Señora ministra, a mediados de julio en el Senado le hicimos la misma pregunta que hoy le formulamos, y usted no respondió. A ver si hoy tenemos un poco más de suerte. ¿Qué opinión le merece que en Cataluña
tengamos que pagar más por los medicamentos que en cualquier otro lugar de España? ¿Va usted a hacer algo para evitar esta doble discriminación? (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Mato Adrover): Gracias, señor presidente.


Efectivamente ustedes me hicieron la misma pregunta, siempre me repiten las mismas preguntas y yo las contesto gustosa. No es que no le contestara, sino que a usted no le gustó mi respuesta. En cualquier caso le reitero que el Gobierno no
valora decisiones de las comunidades autónomas, sino que dialoga con ellas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para preservar la sanidad de todos.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.


Señora diputada.


La señora ESTEVE ORTEGA: Señora ministra, nosotros tenemos la impresión y la certeza de que elude siempre sus responsabilidades, hablando de competencias, de herencias, de aquello que no les toca. Pero desde nuestro punto de vista nos
parece que a usted la salud le importa nada. Señora ministra, desde el pasado 1 de julio los españoles estamos pagando más por los medicamentos, y por primera vez en democracia los pensionistas tienen que abonar un mínimo del 10% por sus
medicamentos. En Cataluña la situación es doblemente injusta. Antes de que entrara en vigor su copago, Convergència i Unió, sus socios ocasionales, ya habían implantado el euro por receta. Gracias a ustedes y a Convergència i Unió Cataluña es la
comunidad donde se paga más por los medicamentos. ¿Sabe usted lo que supone para los ciudadanos con menos recursos tener que pagar un euro por receta, además de su copago? Creo que no. Usted no baja al ruedo. ¿Y que han hecho los dos Gobiernos
ante esta situación? Dilatar, dejar pasar el tiempo sin prisas. ¿Sabe cómo se llama esto? Incompetencia, irresponsabilidad, y lo que es más grave, nula sensibilidad social.



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El señor Mas y el señor Rajoy cuando se trata de recortar derechos están en total sintonía. Lo sabemos bien los catalanes que hemos sido avanzadilla de los recortes en sanidad, educación y servicios sociales gracias a los votos de
Convergència y del Partido Popular. No nos merecemos que los Gobiernos del señor Rajoy y del señor Mas nos discriminen por partida doble para acceder a los medicamentos. Créame, ministra, estas injusticias son las que generan malestar en Cataluña.


Para terminar, el señor Rajoy dice que su obligación es guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, y es triste que para el Partido Popular la Constitución solo sirva para algunas cosas, como el independentismo. Ojalá también la
tuvieran en cuenta cuando recortan salvajemente los derechos en salud. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Mato Adrover): Gracias, señor presidente.


Señoría, digamos la verdad. La postura del Gobierno está muy clara. Ustedes, cuando gobiernan, y también a escondidas, piden el copago sanitario. (Protestas). Nosotros no lo hemos implantado. El Gobierno del presidente Rajoy tiene claro
que a los ciudadanos se les exigen sacrificios en función de sus posibilidades. (Rumores). De la crisis es verdad que tenemos que salir todos juntos, pero también es verdad que no todos podemos hacer el mismo esfuerzo. Por eso apostamos con toda
claridad por tener en cuenta el nivel de renta de las personas y de las familias a la hora de financiar nuestras medicinas; que pague más el que más tiene y que pague menos o no pague nada el que menos tiene. Por eso fíjese que no pagan los que
tienen las pensiones más bajas, y por primera vez los parados de larga duración sin prestación no tendrán que pagar ni un céntimo de euro por sus medicamentos, cuando antes pagaban un 40%.


Señorías, dicho esto, más que nunca es la hora de la responsabilidad y todavía no se han hecho ustedes responsables, por ejemplo, de cómo dejaron la financiación sanitaria en Cataluña después del famoso tripartito. Señorías, el Gobierno
responde de sus decisiones y de sus compromisos. Ustedes mientras tanto pueden continuar equivocándose, porque en los tiempos difíciles que atravesamos los ciudadanos aplaudirían que tuvieran ánimo constructivo, que nos presentaran propuestas, y
que no sigan -como están haciendo- limitando su discurso a hacer una oposición destructiva.


Señorías, hace poco hemos constituido en el Congreso una Comisión para abordar la sostenibilidad financiera de la sanidad. A la primera, sin que haya abierto el debate, ustedes han abandonado esa Comisión. Una vez más una imagen vale más
que mil palabras. La foto de su abandono califica toda su política, que se resume en darle la espalda a la solución de nuestros problemas, que es exactamente lo mismo que darle la espalda a los españoles y a sus preocupaciones.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


- DEL DIPUTADO DON LUIS TUDANCA FERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO: ¿QUÉ POSTURA MANTIENE EL GOBIERNO ACERCA DEL CIERRE DE LA CENTRAL NUCLEAR DE GAROÑA TRAS EL FIN
DEL PLAZO PARA SOLICITAR LA PRÓRROGA DE FUNCIONAMIENTO POR PARTE DE LA EMPRESA? (Número de expediente 180/000267).


El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro de Industria, Energía y Turismo. En primer lugar, pregunta de don Luis Tudanca, del Grupo Parlamentario Socialista.


El señor TUDANCA FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, ¿qué postura mantiene su Gobierno sobre la central de Garoña y su plan alternativo, tras el fin del plazo para solicitar la prórroga por parte de las empresas?


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Señoría, el Gobierno lamenta profundamente que el operador del reactor nuclear de Garoña no haya solicitado en tiempo el plazo para prorrogar la vida útil de Garoña.



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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


Señor diputado.


El señor TUDANCA FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, permítame comenzar mostrándole mi pesar por el fin del romance del Partido Popular con el lobby nuclear. Quedan lejos aquellos días felices en los que ambos defendían a capa y espada las bondades de la energía nuclear y de
Garoña. ¿Recuerdan cómo ustedes defendían esa energía tan limpia, tan barata y tan segura que producía una central en Garoña que a pesar de pasar ya los cuarenta años estaba en la flor de la vida, y era imprescindible para nuestro mix energético?
¿Lo recuerda? Pues bien, señor ministro, ha llegado el momento del 'te lo dije', ya les advertimos de que el lobby nuclear solo los quería por su dinero, resulta que el Partido Socialista tenía razón y no se trataba de prejuicios ideológicos, sino
de tener o no tener modelo energético. Pero de nada vale que ahora el Partido Popular, y usted mismo como un amante despechado, culpen a las empresas propietarias de Garoña del fin de su romance. De nada les vale a los ciudadanos y a las empresas
de este país a los que desde que ustedes gobiernan les han subido más de un 14% el recibo de la luz, y de nada les vale tampoco a los habitantes de la comarca burgalesa afectada por Garoña y a los trabajadores de la central, a los que ustedes han
traicionado y han mentido. Mire, señor ministro, este es el señor Rajoy (Muestra una foto a la Cámara) con toda la cúpula del Partido Popular en Burgos y en Casilla y León prometiendo que si él gobernaba Garoña seguiría abierta, y esta es una
página de los últimos Presupuestos Generales del Estado (Muestra un documento a la Cámara) donde usted dice que se carga el Plan de reindustrialización, que no pone un solo euro porque como Garoña seguirá abierta, ya no será necesario. Lo suyo con
las promesas electorales roza ya lo patológico, no dan ustedes una. En todo caso, a mi grupo le preocupan más las soluciones que la búsqueda de culpables, y la única solución pasa por una verdadera estrategia energética sostenible que no sea rehén
de las eléctricas y que no haga cargar sobre los ciudadanos la hipoteca del déficit tarifario. Y para los habitantes de la comarca burgalesa a los que ustedes han dejado sin futuro la única solución es que recuperen de forma inmediata el Plan
Garoña, y lo hagan cierre o no la central nuclear, y lo hagan en los próximos presupuestos generales del Estado que apruebe esta semana porque si no será demasiado tarde.


Su Gobierno ha logrado en apenas ocho meses, señor ministro, destrozar nuestro sector energético, ustedes se han cargado el carbón, se han cargado las renovables, y ahora cierran una central nuclear sin alternativa para los trabajadores y
para la comarca afectada. Rectifique, señor ministro, por favor, porque al paso que ustedes llevan, entre los recortes de su Gobierno y su política energética vamos a tener que volver a las estufas de leña.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Señoría, habla usted de que a lo largo de los últimos meses el Gobierno con sus decisiones ha deteriorado el sector energético, sin embargo tengo que recordarle que ha sido
justamente el Gobierno anterior el que dejó un balance de 24.000 millones de euros en concepto de déficit eléctrico, y que gracias a las medidas que se han ido adoptando a lo largo de estos primeros meses del año 2012 el déficit para final de este
año no va a ser de 5.000 millones de euros, sino que va a ser de 1.500 millones de euros, que es lo que establece como usted sabe el real decreto del año 2010, y que con esas medidas y el proyecto de ley que se ha aprobado el 14 de septiembre en el
Consejo de Ministros el déficit de tarifa para el próximo año 2013 va a estar exactamente en cero.


Respecto a Garoña quiero decirle que en efecto el pasado día 29 de junio el ministerio dictó una orden ministerial para posibilitar la prórroga de plazo desde 2013 hasta 2019. Se había puesto en marcha el procedimiento a petición de los
propios propietarios del reactor nuclear de Santa María de Garoña, por tanto de Iberdrola, y por parte de Endesa, y el Consejo de Seguridad Nuclear había establecido un plazo que vencía el 5 de septiembre para que el operador Nuclenor pudiera
solicitar en tiempo esa prórroga. Llegado el plazo Nuclenor no lo solicitó. Las razones que adujo eran que desconocían la reforma energética que estaba en ciernes, y el propio ministerio trasladó a Nuclenor que en el caso de solicitarla y luego no
convenirle, siempre podrían estar a tiempo de renunciar a ella. El ministerio desconoce las razones de por qué no se solicitó esa prórroga, pero quiero decirle que en materia de energía nuclear la posición del



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Gobierno sigue siendo exacta y literalmente la misma. Todas las fuentes energéticas tienen su lugar en el mix energético, y no podemos renunciar a una fuente energética como es la nuclear, y en este caso lamentamos que no se haya solicitado
la prórroga porque aporta un 6,6% de toda la energía nuclear y un 1,3% del conjunto de la energía eléctrica. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON EMILIO OLABARRÍA MUÑOZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV) QUE FORMULA AL MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO: ¿EN QUÉ ESTADO SE ENCUENTRAN LOS PLANES DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LA ZONA DE AFECTACIÓN DEL
CIERRE DE LA CENTRAL DE SANTA MARÍA DE GAROÑA COMPROMETIDOS EN EL REAL DECRETO-LEY 1546/2004 Y CONSEJO DE MINISTROS DE FECHA DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2009? (Número de expediente 180/000275).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Emilio Olabarría del Grupo Parlamentario Vasco PNV.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, yo le voy a preguntar también sobre la central nuclear de Santa María de Garoña, pero desde otra perspectiva. No nos interesan a nosotros sus relaciones amorosas o sentimentales con esta central nuclear, ni siquiera con la
energía nuclear, nos interesa otra cuestión más apegada al suelo, señor ministro. ¿En qué estado se encuentran los planes de reactivación económica de la zona de afectación de la central de Santa María de Garoña, en los términos a que le compele el
Real Decreto -no el Real Decreto-ley, es un error de la pregunta- 1546/2004?


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Señoría, en relación con el Real Decreto 1546/2004, de 25 de junio, por el que se aprueba el Plan básico de emergencia nuclear, nada se contempla relativo al tenor literal de
su pregunta.


El real decreto al que usted hace referencia regula exclusivamente los planes de emergencia nucleares para todo el territorio nacional, planes que aparte de ser competencia el Ministerio del Interior nada tienen que ver con la reactivación
económica de la zona de afectación de la central nuclear de Santa María de Garoña; cuestión distinta es el acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de noviembre del año 2009.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


Señor diputado.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, debería leerse el real decreto entero, por favor. Me sorprende terriblemente lo que usted me ha comentado porque en este real decreto se configura lo que se denomina zona de afectación que intenta compensar a los municipios
de esta zona de afectación o zona de influencia de los daños o de los quebrantos económicos y relativos al empleo que provoca el cierre de una central nuclear.


¿Cómo se configura en este real decreto el área de afectación o la zona de afectación? Mediante la generación de dos círculos concéntricos, uno de diez kilómetros de diámetro -léase el real decreto, por favor- y otro de treinta kilómetros
de diámetro. Son dos círculos concéntricos, y en la anterior legislatura cuando tuve la oportunidad de interpelar al señor Chaves, que hasta hace poco tiempo nos acompañaba aquí, a la sazón vicepresidente del Gobierno, nos reconoció palmariamente
que los había transformado por arte de birlibirloque en dos semicírculos, de forma y manera que la orden que usted ha citado, la del 20 de noviembre de 2010, establece treinta y siete medidas de actuación que afectan o benefician en exclusiva a la
provincia de Burgos, y margina a todos los demás municipios de la zona de afectación, tal como se ha definido, en concreto a trece municipios alaveses y a un municipio de Vizcaya, del territorio histórico de Vizcaya. Lo hizo el señor Chaves y no sé
por qué. Incluso se jactó de ello. No nos dio ninguna explicación razonable sobre esta conversión de los círculos de afectación en dos semicírculos. Por eso me extraña la pregunta que le ha hecho el diputado que me ha precedido en el uso de la
palabra, porque teóricamente pertenece a una zona que era la beneficiaria. Treinta y siete medidas de actuación donde



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estaban concernidos todos los ministerios, y además de todos los ministerios, Renfe, además de Renfe, Enisa, además de Enisa, Parques Tecnológicos del Estado, etcétera. Treinta y siete...


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Señoría, lamento reiterarle que debería ser usted quien releyera nuevamente el Real Decreto 1546, porque ese real decreto lo que establece son planes básicos de emergencia
nuclear. Los establece para todo el territorio nacional y esos planes nada tienen que ver con la reactivación económica de la zona de afectación de la central nuclear Santa María de Garoña. Ahora bien, si usted quiere tener información del
Gobierno en relación con esta cuestión, le puedo remitir efectivamente a lo que es el acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de noviembre del año 2009. El Consejo de Ministros acordó aprobar el Plan de dinamización económica y de medidas para el
empleo para la zona de influencia de la central nuclear de Santa María de Garoña, Burgos, a propuesta de los ministros de Presidencia, Administraciones Públicas, Economía y Hacienda, Fomento, Trabajo e Inmigración, Industria, Turismo y Comercio,
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Vivienda, y Ciencia e Innovación y el desarrollo de este plan era coordinado en efecto, como usted ha dicho, por el Ministerio de la Presidencia, coordinado, pero la propuesta era del resto de los ministerios.


Entre las medidas que se contemplaban el extinto Ministerio de Industria, Turismo y Comercio propuso la existencia de una convocatoria específica del programa de ayuda de reindustrialización. Esos programas de ayuda recogían el compromiso
de incluir una dotación de 25 millones de euros para los años 2010, 2011 y 2012. Para el año 2012, después de lo que he dicho con anterioridad sobre la evolución de la prórroga de Santa María de Garoña, no se presupuestó cantidad alguna y para el
año 2013 estará presupuestada en función de que haya o no disponibilidades presupuestarias.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


INTERPELACIONES URGENTES:


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA POSICIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DE LA REFORMA EN EL SECTOR ENERGÉTICO QUE PRETENDE APROBAR. (Número de expediente 172/000064).


El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al siguiente punto, que son las interpelaciones dirigidas al Gobierno. Comenzamos con la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista sobre la posición del Gobierno acerca de la reforma en el
sector energético que pretende aprobar. Para su defensa tiene la palabra el señor Segura.


El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, señor ministro, el Grupo Parlamentario Socialista ha tomado la decisión de presentar esta interpelación y empiezo diciéndole que es una interpelación no solamente para requerir información y expresar nuestro criterio, sino también
con la intencionalidad de incentivar al Gobierno en la búsqueda de soluciones al sistema energético nacional en su conjunto que requiere dar pasos de modernidad. Le hemos dicho en reiteradas ocasiones que nosotros no nos identificábamos con los
reales-decretos números 1, 13 y 20, cuyos contenidos bien es cierto que fueron convalidados aquí en el Pleno del Congreso de los Diputados, y consiguientemente votamos en contra. (La señora vicepresidenta, Montserrat Montserrat, ocupa la
Presidencia).


A lo largo de los últimos meses es suficientemente conocido que en todos los medios de comunicación ha ocupado páginas y páginas y ha ocupado interés la llamada reforma energética, y esta reforma energética -nos ha sorprendido, aquí tengo el
texto, señor ministro- es un proyecto de ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, proyecto de ley que será objeto de debate para su admisión a trámite en el Pleno, y al que no me quiero referir en esta interpelación porque no es el
momento; el momento llegará en sesión plenaria, será admitido a trámite por la mayoría, y será objeto de debate en Comisión. Nosotros queremos ponerle de manifiesto, señor ministro, la necesidad de producir una reforma en su totalidad al sistema
energético nacional. Queremos poner de manifiesto también que es una evidencia la existencia de un importante déficit tarifario. Ni a mí ni a mi grupo parlamentario nos produce complejo ni resquemor alguno la reiterada intervención por parte de
los diputados del Partido Popular



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pretendiendo, como se suele decir coloquialmente, restregarnos los 24.000 millones de déficit. Nosotros creemos que el déficit no se corresponde solamente con las primas que se han pagado, con las circunstancias vividas, que el déficit
tarifario no es la enfermedad que aqueja al sistema energético nacional. El déficit tarifario es el síntoma, no es la enfermedad. El déficit tarifario requiere ser combatido sin duda alguna -todo va a depender desde luego de las medicinas con las
que se combata-, pero combatiendo exclusivamente el déficit tarifario no se combate en modo alguno la enfermedad.


Señor ministro, creemos que ha llegado el momento de proceder a una reforma en profundidad del sistema energético nacional. Creemos que la verdadera causa de los problemas que aquejan al sistema energético nacional son otras que deben ser
objeto de debate, y por ello con esta interpelación le planteamos algunos aspectos que consideramos dignos de atención. En primer lugar, creemos que hay que reordenar la estructura y la distribución de los diferentes costes de la electricidad en
España, de manera que se pueda producir una homogeneización en el trato que todas las tecnologías tienen que recibir, dado que todas reciben pagos añadidos al precio que se fija en el mercado, con la diferencia evidente de que unos pagos se sitúan
por mandato de la norma dentro del precio de la electricidad, y otros se sitúan en la parte regulada de la factura.


Nosotros entendemos que con esta distinción a la que he hecho referencia en el tratamiento lo que se ha propiciado no es la transparencia y el conocimiento de las primas, porque se cobran a través de peajes que fija el Gobierno, y han
generado un ambiente de condena social porque al analizar solamente la parte regulada solo aparecen ellos, y por el contrario se produce el camuflaje dentro de los costes de la energía, que es la parte liberalizada de la factura, que son las primas
que reciben otras tecnologías convencionales distintas de las renovables, a las que hemos defendido con total y absoluta claridad, por ajustes técnicos del sistema, o los pagos por capacidad que son determinados en el Boletín Oficial del Estado.


Nosotros entendemos, señorías, señor ministro, que el pago a las renovables en España se ha realizado desde hace poco tiempo en función de la fecha de entrada en funcionamiento de la central. Creemos que se debe recibir durante toda la vida
útil, como lo han venido recibiendo otros sistemas productivos de energía. Sabemos, señorías, que hay una normativa muy variada que procede o tiene todo su origen en la Ley 54/1997. Sabemos que el mix de generación eléctrica español ha
experimentado un enorme crecimiento en los últimos quince años con la incorporación ni más ni menos que de 27.000 megavatios en las renovables y de 25.000 procedentes de los ciclos combinados. Actualmente existe un volumen de capacidad instalada de
106.205 megavatios aproximadamente, mientras que la demanda apunta a que en ocasiones puede ser de 38.287 megavatios, siendo de estos 106.205 a los que he hecho referencia 36.221 en régimen especial. Esta incorporación es evidente que ha supuesto
la rebaja en un 4,5% en la dependencia energética de España, que se sitúa en un 77%, casi un 80%, pero que ha dado lugar a un parque generador con una dimensión que puede ser objeto de discusión. De hecho la planificación energética realizada de
cara al horizonte 2020 prevé la incorporación de 25 gigavatios de nueva potencia renovable con un escenario optimista, como el de un crecimiento acumulado medio de la demanda de un 2,33% hasta esta fecha, que ojalá la realidad futura permita
confirmar.


Creemos que con su real decreto-ley ha habido una especie de criminalización social de las energías renovables, generando un concepto unívoco erróneo, por cuanto dentro de esta categoría existen variaciones, como las renovables con un alto
grado de madurez, tanto económica como técnica, así como las restantes, la fotovoltaica, con madurez diferenciada, o desde luego las termosolares. Es obvio que la apuesta por este tipo de energías ha colocado a España en la vanguardia de la lucha
contra la contaminación atmosférica ambiental, derivada de los gases de efecto invernadero producidos por las centrales, que van siendo paulatinamente sustituidas en la generación y producción por estas energías. Es obvio también que cuando
surgieron las primas se pensaron como sobrepago a los pequeños investigadores que montaban huertas fotovoltaicas o termosolares con el objeto de desarrollar esta tecnología. Es obvio también que ha habido acontecimientos posteriores, que ahí quedan
en nuestro pasado histórico, que han coadyuvado no solamente a un crecimiento espectacular de estas tecnologías de las que nos podemos sentir satisfechos y orgullosos, sino que han traído consigo un crecimiento, naturalmente derivado del conjunto de
primas a repartir, un crecimiento de ese déficit tarifario.


Nosotros entendemos que debe dejarse atrás la trivialización de este problema y que se requiere un nuevo enfoque nacional del sistema energético en su conjunto. Señorías, desde el año 1997 hasta ahora, ¿cuántos acontecimientos han
transcurrido, cuántas competencias han sido transferidas a las comunidades autónomas en estas materias? Porque actualmente algunas de las comunidades autónomas han rebasado su límite competencial en lo que se refiere a la capacidad de autorización
de instalaciones eléctricas de



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potencia no superior a 50 megavatios, que es lo que dice la norma, algunas lo han rebasado y han surgido conflictos de conexión, disputas técnicas sobre potencia, lugar y modo de conectarse y han entrado a regular en algunas ocasiones, por
la vía de los hechos consolidados, la gran cuestión estatal que es el acceso. El Estado tiene en consecuencia la capacidad, la responsabilidad y la obligación de hacer un diseño nacional y le reitero, señor ministro, que desde el año 1997 para acá
han ocurrido muchos acontecimientos normativos, de crecimientos tecnológicos, de aumento de la sensibilidad ciudadana en lo que se refiere a esa lucha contra el gran problema que asedia a la humanidad, a los 7.000 millones de seres humanos que
residimos en el globo terráqueo, que es el cambio climático.


Las circunstancias sociales, tecnológicas y comerciales han variado mucho. Es necesario, señor ministro, un sistema eléctrico nacional nuevo. Es necesario producir normativas que afronten esta nueva realidad vinculada a los parámetros a
los que le hecho referencia, pero que además tenga presente la crisis económica que vivimos y la necesidad de aportar soluciones para la generación de actividad económica, sin la cual es imposible generar empleo y es imposible el crecimiento
económico. Tiene usted un ministerio con unas capacidades excepcionales para convertirlo en vagón de cabeza de la recuperación económica de nuestro país. Para ello es necesario una nueva gran norma nacional en política energética, no solo
entendida esta como política de generación de energía eléctrica, sino en lo que se refiere a la energía procedente del gas. El gas va a tener un futuro importante en nuestro país. Es fundamental producir una interconexión normativa que, unida a la
interconexión física de nuestro país con Portugal y con Francia, haga que la generación de energía eléctrica en nuestro país se convierta además en la generación de actividad económica, en la exportación de actividad económica y...


La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Señor Segura, tendría que ir terminando.


El señor SEGURA CLAVELL: Termino.


...y que la península ibérica deje de ser una isla energética, por la falta de conexión con los países con los que debemos estar conectados, en la construcción de un mercado europeo único en el mundo de la energía. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Segura.


A continuación tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro de Industria, Energía y Turismo.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Gracias, señora presidenta, señorías.


Señor Segura, muchas gracias por esta interpelación que me da la oportunidad para poder expresarle, de acuerdo con el tenor literal de la misma, cuál es la posición acerca de la reforma del sector energético que el Gobierno ya tiene en
marcha. Quiero empezar haciendo una serie de consideraciones a los fundamentos que usted establece en el propio planteamiento de su interpelación. Estoy de acuerdo con algunos de ellos, con otros no.


Dice usted en primer lugar que el Gobierno ha venido anunciando en repetidas ocasiones que pretende aprobar una reforma energética. No, no venimos anunciándolo; venimos, desde principios de esta legislatura, adoptando una serie de
iniciativas, medidas, reformas en forma de reales decretos, de órdenes ministeriales, que, es verdad, podrán gustar más o menos, pero que forman parte del conjunto de la reforma energética cuya última iniciativa es el proyecto de ley que aprobó el
pasado Consejo de Ministros. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).


Dice que el conjunto de las medidas que se han ido adoptando han generado una gran incertidumbre en el sector y han tenido una fuerte contestación y rechazo por parte de la sociedad civil. Estoy de acuerdo con usted en que hay algunas
personas, algunas empresas, algunos colectivos a los que ciertamente no les han gustado estas medidas, pero tendrá que considerar que el Gobierno lo que tiene que hacer es adoptar medidas conforme al interés general, no al interés particular, que
evidentemente es muy legítimo, y usted puede defender el de esas empresas, pero el interés general hoy de España está justamente en poner límite a la generación anual de déficit de tarifas por un ritmo aproximadamente de 5.000 a 6.000 millones de
euros. Eso no quiere decir que usted no tenga plena legitimación para seguir defendiendo una política de primas que, de llevarse a cabo en su totalidad la ejecución de todos los proyectos aprobados, comportarían entre hoy, año 2012, y el año 2020
nada más y nada menos que 70.000 millones de euros más. La pregunta es: ¿estaría dispuesto el Gobierno a incorporar al recibo de la luz esos 70.000 millones



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de euros? Yo le digo: el Gobierno no. Por tanto, hay que tomar medidas no solo en materia de primas sino también en otras muchas cuestiones.


En tercer lugar, dice en su interpelación que en materia energética fue brutal el recorte al sector de la minería del carbón. Yo le quiero decir que el recorte estuvo en línea con lo que se había ejecutado en el año 2011. Entonces,
respecto a lo que se ejecutó en el año 2011, hubo una disminución del 11% para 2012; es decir, hay menos recursos -no hay más-, pero si me pregunta si esto es mucho o poco con relación a la disminución total presupuestaria que tuvo el Ministerio de
Industria en el año 2012 respecto al año 2011, le digo que es inferior, porque esa reducción media fue del 21%. En consecuencia, con relación a los fundamentos de su interpelación, francamente creo que no se sostienen desde el punto de vista de los
argumentos.


¿Cuál es la posición, de acuerdo con lo que usted solicita en su interpelación, del Gobierno en relación con la reforma energética? El Gobierno lo que pretende es que en España tengamos un sistema energético que sea en primer lugar
sostenible desde el punto de vista medioambiental pero sostenible también desde el punto de vista económico y financiero. ¿Medioambiental qué significa? Que tenga en la combinación total de las distintas fuentes energéticas -es decir, en el mix
energético- una combinación equilibrada de las distintas fuentes de energía, tanto del régimen especial como del ordinario, por tanto, que haya el máximo equilibrio posible entre generación de energía eólica, fotovoltaica, termosolar, de
cogeneración, de biomasa, de biogás, pero también hidroeléctrica, nuclear, de centrales térmicas, de carbón, etcétera


¿Cuál es el principal problema que hoy tiene el sector eléctrico en España? Pues el principal problema es que a diciembre del año 2011 había un déficit acumulado de 24.000 millones de euros y ese déficit además está creciendo a un ritmo, si
no hubiésemos hecho nada, de unos 5.000 a 6.000 millones de euros cada año. Además, sabe usted, señoría, que ese déficit acumulado no está en el aire, está residenciado en los balances de las empresas eléctricas. Es verdad que una parte de ese
déficit de 24.000 millones, en concreto 14.000 millones, están titulizados, es decir, tienen el aval del Estado; otros 3.000 millones de los 24.000 están emitidos por las propias empresas eléctricas, y otros 7.000, desde esos 17.000 hasta los
24.000, están sin emitir y están siendo soportados por las empresas eléctricas en sus balances. Así pues compartirá conmigo la necesidad -yo diría la ineludibilidad- de terminar con el déficit de tarifas. ¿Por qué? Porque si no terminamos ahora
con ese déficit de tarifa, que hoy está en 24.000 millones de euros y que crece a razón de 5.000 o 6.000 millones por año, resultaría que dentro de tres o cuatro años ya no solo no estaríamos en el caso de un problema del sector energético, sino que
estaríamos ante un nuevo problema del sistema financiero español, no de un importe de 24.000 millones sino probablemente del doble. Estaremos de acuerdo en que ese problema tenemos que resolverlo.


La pregunta sería: ¿y cómo resolvemos ese problema? Hay varias alternativas. Desde luego, si el déficit es un agujero por la diferencia del coste y del ingreso, tendremos que reducir el coste, aumentar el ingreso o hacer las dos cosas a
la vez, que es lo que está haciendo el Gobierno con las distintas medidas. Ahora bien, para reducir el coste, aumentar los ingresos o hacer las dos cosas a la vez, podemos hacerlo de hasta cuatro maneras distintas. Podemos decir que todo lo pague
el consumidor -no lo comparte el Gobierno-; podemos decir que todo lo pague el Estado -tampoco lo comparte el Gobierno-; podríamos plantear que todo lo pagaran las empresas eléctricas -tampoco estamos de acuerdo-. En lo que sí estamos de acuerdo
es en la cuarta alternativa, es decir, que haya un mix en esta solución y que todos contribuyamos a poder paliar el problema del déficit. Para ello, a lo largo de este año 2012, ya hemos ido tomando algunas medidas, algunas de esas que usted ha
dicho que no le gustan, pero ¿qué hubiese ocurrido de no haber adoptado el Real Decreto 1/2012, que en efecto suspende nuevas preasignaciones en el registro del Ministerio de Industria, es decir, impide que a partir de ese momento nuevos proyectos
puedan seguir teniendo primas a renovables? ¿Qué ocurriría? Que hubiese seguido la proliferación de proyectos con derecho a prima.


Usted decía antes una cosa que comparto plenamente, pero que se contradice con lo que después sostenía, porque dice: en España hay una capacidad instalada de 105.000 megavatios -cierto-; hay una demanda punta de 38.000 megavatios -cierto-;
por tanto, hay un exceso de capacidad instalada. Pues fíjese usted qué ocurriría si, aparte de ese exceso de capacidad instalada, siguiéramos incentivando proyectos de energías que incorporan primas, como consecuencia de las cuales va aumentando el
déficit de tarifa. Es decir, hay que solucionarlo y por eso el Real Decreto 1/2012 creo que es una medida en la buena dirección. Usted me puede decir: sí, pero yo conozco a mucha gente que tenían el proyecto ya prácticamente listo, pero que no
tenían la preasignación, y se han quedado -permítame la expresión- colgados. Yo le diría que también en las energías de régimen especial, tanto eólica como fotovoltaica -reconozco que en menor medida la termosolar-, ya hay muchos proyectos en
España



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que se están haciendo a precio de mercado. El precio de mercado del megavatio son 50 euros aproximadamente, pero hay quienes venden su energía no a 50 euros, sino que la venden a 100. ¿Por qué? Porque tienen una prima de 50; y hay
quienes no la venden a 50 sino a 200, porque tienen una prima de 150, y así sucesivamente.


La pregunta es, señor Segura: ¿podemos seguir permitiéndonos en España un sistema energético al que le sobra capacidad instalada, como consecuencia de la caída en la actividad económica, que usted muy bien ha señalado, y seguir incentivando
proyectos que suponen para el sistema unos costes que al final van a repercutirse en el precio de la luz? Nosotros entendemos que no; de ahí la bondad del Real Decreto 1/2012 y también, si me lo permite, del Real Decreto 13, de 30 de marzo, porque
ahí lo que hicimos en definitiva fue bajar una serie de costes del sistema y subir los ingresos. ¿Qué costes del sistema? Bajamos los costes del transporte, porque la luz se produce en una central térmica, en una nuclear o en un molino, pero luego
hay que transportarla desde ese sitio en que se genera hasta el lugar de distribución: costes del transporte. Después también hay unos costes de distribución: llevarla desde ese punto hasta donde sale la luz por el interruptor: costes de
distribución.


Después hay otro tipo de conceptos que no tienen nada que ver con la generación, por ejemplo el de las primas que hemos mencionado, o lo que usted y yo conocemos muy bien, los costes extrapeninsulares de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla,
que lógicamente tienen que ser repercutidos a todo el sistema, o por ejemplo las primas para el carbón o por ejemplo la interrumpibilidad, todo ese dinero que se les paga cada año a los grandes consumidores -500 millones de euros- para que en el
caso de que haya una sobrecarga puedan interrumpir y esa luz, esa electricidad vaya a red -no es necesario, no se ha utilizado en los últimos cinco años, pero se sigue pagando-, o los pagos por capacidad. ¿Sabe usted por qué? Porque las energías
renovables tienen unas ventajas y una fortaleza enormes, pero solo tienen un problema, y es que el viento se puede caer y puede que no haya las horas de sol que corresponden. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Que se queda la gente sin luz? No. Tiene que
haber unas centrales térmicas encendidas, aunque no funcionando, por si acaso tienen que actuar de respaldo, y tener esas centrales térmicas encendidas supone unos pagos, que se llaman pagos por capacidad, que al año cuestan 800 ó 900 millones de
euros. Por tanto, creo que el Real Decreto 13/2012, que fue encaminado a disminuir una serie de costes, va en la buena dirección. Me parece bien que usted tenga una posición contraria y diga que este tipo de medidas no van en la buena dirección,
pero creo que lo que están revelando es justamente que van en esa buena dirección.


Después está el proyecto de ley que aprobamos en el Consejo de Ministros el pasado día 14 de septiembre. Todas las medidas que hemos adoptado hasta este proyecto de ley tenían como finalidad que en 2012 pudiéramos cumplir con el objetivo
marcado por su Gobierno, no por el mío, en el año 2010 de que el déficit de tarifa fuera de no más de 1.500 millones de euros. Con eso se consigue. Lo que tiene por objetivo el proyecto de ley es que en 2013 se cumpla otro objetivo de su Gobierno,
que también es compartido por el nuestro, y es que desaparezca el déficit de tarifa y sea cero. Falta la tramitación parlamentaria. Estoy seguro de que a lo largo de ella va a mejorar muchísimo el proyecto de ley que se ha aprobado en el Consejo
de Ministros y a tal efecto espero, señor Segura, que sus aportaciones sean muy válidas con el fin de mejorarlo.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.


Señor Segura.


El señor SEGURA CLAVELL: Señor ministro, me quedo con el planteamiento positivo que usted acaba de hacer, es decir, este proyecto de ley que aprobó el Consejo de Ministros el viernes pasado. Aquí hay algunos errores. Se llama ley de
medidas fiscales para la sostenibilidad energética. Aquí no aparece nada de tipo medioambiental. Señor Soria, usted dice que cuando se tramite como proyecto de ley está seguro de que se va a enriquecer porque nos van a aceptar enmiendas. Le voy a
dar un dato. Ayer celebramos Comisión de Industria y Energía y presentamos varias proposiciones no de ley bastante razonables. Hay una sobre la necesidad de mejorar normativamente y dar personalidad al sistema energético canario, por una razón,
porque no nos podemos comparar con Baleares. La isla de Mallorca está conectada por cable tendido por Red Eléctrica con un punto del litoral, con Sagunto, y tiene una conducción gasística con Denia. Nosotros no tenemos ninguna otra posibilidad de
ninguna otra índole de conectarnos. Luego hay sistemas a tener en cuenta que han de ser objeto de tratamiento singular. Por eso le pedimos una reforma integral del sistema energético nacional. Lo que se está haciendo no son reformas



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integrales, son reformas pura y exclusivamente económicas, de lucha contra el déficit tarifario. Sin duda alguna, ¿quién puede desear el déficit tarifario? Pero le quiero dejar un mensaje. La Unión Europea ha definido las obligaciones de
servicio público y los servicios de interés económico general, que se han integrado como un auténtico acervo comunitario. Esa filosofía hay que trasponerla a nuestro ordenamiento jurídico, hay que trasponerla a la normativa. Usted sabe, señor
Soria, que en los últimos tiempos, en el último año o año y medio, como consecuencia de recursos de los operadores, la Sala tercera del Tribunal Supremo está dándole palos en la cara al actual Gobierno como consecuencia de responsabilidades de
Gobiernos anteriores. Esa es una realidad, pero ahí está la Sala tercera del Supremo haciendo que el Gobierno pague, pague y pague y dándole la razón a todos los que recurren. De esta situación hay que salir. Yo tengo ahí el listado de las
sentencias y es realmente espectacular. Esto pone de manifiesto que la normativa hay que actualizarla.


Nosotros le proponemos un nuevo proyecto de ley que sea de verdad de reforma del sector energético nacional, que haga un diseño del desarrollo para los cincuenta o sesenta años próximos. Le proponemos, sin duda alguna, que acepte nuestra
cooperación; hasta ahora no la ha querido en la comisión correspondiente de tramitación parlamentaria ni el propio Gobierno ha querido tendernos la mano para debatir sobre estas materias. Manu militari han traído reales decretos-leyes; manu
militari ha entrado un proyecto de ley y vamos a ver -se lo digo por segunda vez- si nos aceptan algunas enmiendas. Esa modificación global, seria, sólida, consistente del sistema energético español tendría que pasar -y le doy las líneas
directrices que podrían marcar los capítulos que integrasen ese proyecto de ley-, y por eso hemos denominado esta interpelación así, la hemos denominado con una intencionalidad positiva, tendría que pasar, repito, primero, por trabajar y mejorar una
integración efectiva de los dos sectores, del gasístico y del eléctrico. En segundo lugar, hay que priorizar la interconexión eléctrica y gasística con Francia. En tercer lugar, otro capítulo podría ser aquel que permita transparentar la formación
de precios por nuevas referencias y nuevas actividades. En cuarto lugar, estamos convencidos de que hay que transformar la concepción ambiental del sistema energético nacional, que la Ley de 1997 no lleva en ninguno de sus contenidos. Hay que
desligar los costes de las medidas ambientales, entendiendo por ello los costes de la compensación de los mercados de carbono, las energías renovables, los residuos convencionales y radiactivos, el acceso al agua para generación hidroeléctrica o las
medidas de eficiencia energética, de los peajes propios de la estructura del sistema eléctrico. Otro capítulo que integraría este proyecto de ley sería un rediseño del sistema de promoción de las energías renovables. Aquí tengo un texto elaborado
precisamente desde el Grupo Parlamentario Socialista alrededor de la filosofía de que España no puede renunciar a las renovables como base del sistema energético del siglo XXI. Podemos discutir el sistema de remuneración de las mismas. Otro
capítulo es el de la introducción de cargas fiscales ambientales; otro, el de la revisión de la política nuclear; otro, el de la revisión y finalización de la liquidación de los costes a la transición de la competencia, que menuda asignatura
pendiente; otro, el de la evaluación de una reforma global del funcionamiento del mercado mayorista de electricidad, porque en este sentido, señorías, debemos recordar que la eficiencia económica del mercado eléctrico se fundamenta...


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Segura.


El señor SEGURA CLAVELL: Naturalmente, voy terminando, señora presidenta, si es tan amable, medio minuto.


La eficiencia económica del mercado eléctrico se fundamenta actualmente en la marginalidad de los precios; otro, la necesidad de la reestructuración de los cálculos de los sistemas extrapeninsulares a los que usted ha hecho referencia;
otro, la potenciación del peso de los mercados a plazo; otro, el reforzamiento de la seguridad jurídica, que hoy no existe. Hoy el Gobierno es vapuleado en los tribunales -se lo digo de nuevo- por sentencias del Supremo como consecuencia de
recursos de todo tipo de interesados. En suma, se trata de desarrollar reformas en el mercado minorista y, fundamentalmente, en la determinación de la tarifa de último recurso.


Le hemos dado las líneas directrices que podrían y deberían integrar orientativamente un proyecto de ley global que sustituya a la Ley 54/1997. Estamos en condiciones, señor ministro, de dialogar precisamente para coadyuvar al crecimiento
de este país y a la modernización de la columna vertebradora, generadora de empleo y de actividad económica a la que he hecho referencia, que es en su conjunto el mundo vinculado a la producción, distribución, comercialización y uso de la energía
eléctrica. Y le contesto a una pregunta: ¿qué debemos hacer? Pues mire usted, de la misma manera que se pueden exportar neveras y coches...



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La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Segura.


El señor SEGURA CLAVELL:... nosotros podemos y debemos exportar kilovatios/hora. Para ello hay que aumentar las interconexiones.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Segura, dos minutos y medio, por favor, señor Segura.


El señor SEGURA CLAVELL: Señora presidenta, es usted una maravilla. (Risas y aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Cómo se nota que es canario, señor Segura.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Señoría, hacía usted referencia al principio de esta segunda intervención a que en el proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros el día 14 de septiembre no había
ninguna referencia, a pesar de su título, al medio ambiente. Bien, quiero decirle que ese proyecto de ley incluye el establecimiento de un tributo específico, céntimo verde, a aquellas tecnologías que utilicen gas -creo que tiene algo que ver con
el medio ambiente-, introduce un céntimo verde a aquellas tecnologías que utilizan fuel en su generación eléctrica, introduce un céntimo verde también en las tecnologías que utilizan gasóleo e introduce un céntimo verde en las tecnologías que
utilizan carbón. Aparte de todo eso, también en el proyecto de ley se establece que en aquella parte de las instalaciones termosolares que utilicen gas -sabe usted que las termosolares en su mayor parte utilizan sol, pero hay un 15% que utilizan
gas-, que venían recibiendo primas, a partir de ahora no van a recibir primas, porque solo faltaba también que continuásemos -como venía siendo hasta ahora- incentivando la producción de energía que utilice combustibles fósiles como es el gas. Por
tanto, no comparto lo que usted dice. Es un proyecto de ley que tiene un claro corte y matiz medioambiental.


En cuanto a lo que comenta del sistema eléctrico en la Comunidad Autónoma de Canarias, efectivamente no tiene nada que ver ni con los otros extrapeninsulares ni con los otros insulares. Ahora, le voy a decir cuál es el mayor problema que
tiene hoy el sistema eléctrico de Canarias. Proyectos de instalación de energía eléctrica llevan seis años paralizados por los distintos vericuetos y laberintos, de la Administración autonómica en una gran parte de los casos, o insulares, cabildos
en otras y municipales en otras. Por tanto, creo que lo primero que hay que hacer en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias es desatascar esos proyectos que ciertamente, de no acometerse, pudieran -como usted y yo sabemos- aumentar mucho la
vulnerabilidad del sistema eléctrico en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.


¿Qué vamos a hacer en paralelo a la tramitación de ese proyecto de ley para el sector eléctrico? Vamos a adoptar una serie de medidas para reformar el marco al que usted se ha referido. Le voy a decir por dónde van a ir las líneas
generales; luego todo, evidentemente, lo podemos discutir. Se va a modificar la Ley del Sector Eléctrico con los siguientes objetivos. En primer lugar, mejorar el reparto competencial entre el Estado y las comunidades autónomas -me parece que es
necesario-. En segundo lugar, vamos a dar una mayor protección al consumidor -me parece necesario-, al consumidor en general, porque luego, en tercer lugar, también ha de introducirse una especial consideración respecto al consumidor vulnerable
-para entendernos, quienes están ahora dentro del bono social-. En cuarto lugar, modificación de conceptos y nueva regulación de conexiones y accesos. En quinto lugar, unificación del concepto de generación y por tanto una convergencia en las
instalaciones del régimen especial con las instalaciones del régimen ordinario. En sexto lugar, una liberalización del suministro y por tanto una disminución de la tarifa de último recurso. En séptimo lugar, nuevo desarrollo reglamentario para
energías renovables y de eficiencia energética bajo el prisma -tal y como señala reiteradamente la doctrina del Supremo- de la rentabilidad razonable. En octavo lugar, nuevos conceptos en distribución y transporte de energía eléctrica, lo que
llevará a una nueva retribución de las actividades reguladas -como antes le decía, la retribución de la distribución es uno de los conceptos que más está pesando dentro de los peajes del sistema-. En noveno lugar, nuevos conceptos respecto a la
actividad de comercialización y suministro de energía eléctrica. En décimo lugar, nueva redefinición de las partidas que conforman los peajes de acceso a las redes. Finalmente, nuevo tratamiento de los sistemas eléctricos insulares y
extrapeninsulares.


Aparte de todo ello, dentro de esta nueva regulación, el ministerio trabaja desde hace ya tiempo con el real decreto del balance neto. Como usted sabe, es una vía adecuada para que pueda haber un autoconsumo y luego, a través del
procedimiento del balance, que pueda haber una compensación. Pero



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estamos trabajando de tal forma que no suponga una merma para los ingresos del sistema que se traduzca al final en un incremento del déficit de tarifa. Me explico, sí al balance neto y sí a que en los hogares, en las casas, en los edificios
y en las empresas pueda haber un autoconsumo, pero no a que eso produzca un desajuste en los ingresos y costes del sistema. Tendremos que mejorar dentro de esa regulación los procedimientos de autorizaciones administrativas, una modificación del
Decreto 1955/2000.


En definitiva, señor Segura, un conjunto de medidas que, tal y como usted ha dicho, no sé si serán para los próximos sesenta años, pero lo importante es que haya un marco regulatorio claro, transparente y estable que no esté a los vaivenes
de tomar una medida ahora y luego la contraria para compensar, sino tomar medidas que vayan en la misma dirección. Esa dirección, desde el punto de vista del Gobierno, tiene que ser la doble que le dije con anterioridad: uno, tener un sistema que
tenga un mix lo más equilibrado posible entre todas las fuentes energéticas y, dos, que sea un sistema sostenible en su doble acepción, sostenible desde el punto de vista medioambiental y sostenible también desde el punto de vista económico y
financiero.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), RELATIVA A LAS MEDIDAS Y COMPROMISOS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO RESPECTO AL DESDOBLAMIENTO DE LA N-II A SU PASO POR LAS COMARCAS DE GIRONA, DURANTE LA PRESENTE LEGISLATURA.
(Número de expediente 172/000066).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al siguiente punto del orden del día: Interpelación del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a las medidas y compromisos que piensa adoptar el Gobierno respecto
al desdoblamiento de la N-II a su paso por las comarcas de Girona, durante la presente legislatura. Para su defensa tiene la palabra el señor Xuclà.


El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, señora ministra de Fomento, como miembro del Gobierno creo que en estos últimos meses ustedes no han entendido la desafección creciente que se ha producido entre Cataluña y el resto del Estado, pero este es un asunto que se va a
dilucidar el 25 de noviembre.


Señora ministra de Fomento, creo que tampoco ha captado la profunda irritación que provoca la inacción del Gobierno ante la parálisis de las obras de la N-II a su paso por la demarcación de Girona. Le tengo que recordar aquello que,
desgraciadamente, hace tantos años que tenemos que recordar porque es la misma foto fija, la misma situación: es la demarcación con menos kilómetros de autovía. Cataluña tiene 335 kilómetros de autovía, Girona 27 kilómetros de autovía, N-II 22.000
vehículos diarios, puntas de 35.000 vehículos diarios y solo 8 kilómetros de autovía desdoblada y con unos índices de siniestralidad altísimos, 14 muertos en lo que va de año, y con un punto negro dentro del mapa de carreteras del Estado gravísimo,
la variante de Figueras. Sé que usted me puede hablar de los siete años de parálisis, de esterilidad y de inacción del Gobierno socialista pero yo también le tengo que preguntar por estos diez meses de inacción y de falta de iniciativa del Gobierno
del Partido Popular.


Señora ministra, ustedes no cumplen con sus compromisos electorales. Hoy 26 de septiembre hace un año que se disolvieron las Cortes Generales de la anterior legislatura y fueron convocadas elecciones para el 20 de noviembre. En esas
elecciones del 20 de noviembre en Girona, en Cataluña, hubo un tema de alto interés y de gran preocupación que fue el desdoblamiento de la N-II. ¿Cuál fue el compromiso del Gobierno actual del Partido Popular, del grupo de la mayoría, ante el
desdoblamiento de la N-II? Pues bien, señora ministra, en un acto el día 8 de noviembre del año 2011, en la Cámara de Comercio de Girona, el candidato cabeza de lista del Partido Popular por Girona, don Enric Millo -que no diputado Enric Millo,
porque no llegó a tomar posesión del acta de diputado-, acompañado del actual ministro de Hacienda del Gobierno, su compañero de gabinete, el señor Montoro, firmaron un compromiso solemne ante la Cámara de Comercio de Girona para el desdoblamiento
de la N-II. ¿Y a qué se comprometía este documento? Al desdoblamiento completo de la N-II. Y por si hay alguna duda, en las muchísimas entrevistas de campaña el cabeza de lista por la demarcación de Girona decía: Por esto queremos priorizar el
desdoblamiento de la N-II desde Tordera, desde el sur de la demarcación, hasta la Junquera, hasta la frontera francesa, impulsando el corredor mediterráneo; y en otra respuesta: terminar completamente la N-II desde la Tordera hasta la Junquera,
todos los tramos que faltan después de los siete años de Gobierno



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socialista en que solo se han desdoblado 8 kilómetros de autovía. Este era el compromiso electoral del Partido Popular refrendado por un ministro, por el ministro de Hacienda, por el ministro Montoro y comprometido por un partido político,
que es el partido que tiene la mayoría. Cuánto han cambiado las cosas, señorías, desde aquel compromiso electoral, desde aquel momento hasta ahora. De los 100 kilómetros de autovía que ustedes se proponían desdoblar hace menos de un año, en estos
momentos el Gobierno está hablando del desdoblamiento de quizá 4,6, de 6 kilómetros de autovía, lo podremos clarificar durante este debate, durante esta interpelación.


Justo ayer, señorías, en el 'Boletín Oficial del Estado' se publicaba la cancelación de la redacción del proyecto constructivo del tramo entre Maçanet de la Selva y Tordera, un tramo de 8,5 kilómetros, con una argumentación de cancelación
definitiva de las obras de desdoblamiento de este tramo y con el argumento de que el precio por kilómetro de este tramo -que es un tramo con una parte de túnel- es de 22,7 millones por kilómetro. Deberíamos calcular la rentabilidad de las
infraestructuras. Hace dos semanas, señora ministra, el Grupo Popular rechazó con sus votos una proposición de ley, planteada por el Grupo de Convergència i Unió, sobre la valoración del coste-eficacia de las obras públicas. Rechazaron ese
planteamiento que podría ayudar a objetivar si esta carretera, por la cuál circulan 22.000 vehículos diarios -y usted sabe perfectamente, señora ministra, que la Unión Europea recomienda el desdoblamiento de vías a partir de 15.000 vehículos-, con
esta proposición de ley habríamos podido valorar el coste-eficacia de este desdoblamiento. Además, tenemos un elemento para comparar. Señora ministra, el día 11 de junio de este año usted inauguró un tramo de 4,84 kilómetros de la A-4 a su paso
por Despeñaperros -documento oficial de su ministerio- y el coste por kilómetro es de 50 millones de euros. Ustedes deciden no desdoblar la N-II, con 22.000 vehículos diarios por el coste, y ustedes afrontan el desdoblamiento de la A-4 a
Despeñaperros, que usted inauguró el día 11 de junio, con un tramo de 4,8 kilómetros y con un presupuesto global de 245 millones para estas actuaciones.


Con esta decisión, señora ministra, señorías, ustedes dejan sin conexión por autovía toda la zona de la Selva marítima de la demarcación de Girona, la zona de Blanes, de Lloret de Mar, de Tossa de Mar, de un conjunto de más de 150.000
habitantes en la demarcación de 700.000 habitantes. Que su compañera de partido, la señora Sánchez Camacho, nacida en Blanes, le explique si tiene sentido o no tiene sentido la conexión por autovía de la N-II con la autopista de la costa que, en su
momento, el ministro Borrell, en vez de construir como autovía, que era lo que correspondía, construyó como autopista de peaje. Que le explique su compañera de partido si no tiene sentido conectar la tercera ciudad de la demarcación de Girona,
Blanes, con la capital a través de autovía. Esta es la situación frustrante, desalentadora e irritante de este momento. Hace un año el Partido Popular se presentó a las elecciones con un compromiso solemne, firmado por parte del actual ministro de
Hacienda y por el cabeza de lista, de desdoblamiento completo de los 100 kilómetros de la N-II; ahora quizás estamos hablando del desdoblamiento del tramo entre Sils y Caldes de Malavella, obra sobre la que usted anunció hace dos semanas en el
Senado que está adjudicada, aunque no han entrado las máquinas en ejecución de la obra, con un presupuesto inicial de 15,9 millones de euros.


Me gustaría preguntarle también, señora ministra, si el Gobierno y su Ministerio de Fomento han descartado definitivamente el desdoblamiento entre Girona y la frontera francesa, el tramo norte de la N-II, y me gustaría conocer si usted y el
Ministerio de Fomento, más allá de hacer lo que es de justicia, lo cual celebramos a diferencia del anterior Ejecutivo, que es pagar a los expropiados desde hace tantos años para el tramo Medinyà-Orriols, si en esta obra en la cual ya se han
invertido 3,3 millones de euros, que no es poca cosa nunca, y menos en época de crisis, si usted está dispuesta a continuar el desdoblamiento para la conexión como mínimo de Girona con la segunda ciudad de la demarcación, que es la ciudad de
Figueres.


Le debo preguntar por qué este maltrato sistemático con la demarcación de Girona, por qué no cumplen con los Presupuestos Generales del Estado. Creo, señora ministra, que con un ejercicio de empatía mínima usted puede entender la
irritación, la frustración, de unos ciudadanos de la demarcación de Girona que vemos que sobre el tramo Sils-Caldes de Malavella en el año 2009 había presupuestados 3,1 millones de euros; en el año 2010, 16 millones; en el año 2011, 6 y en el año
2012, 15,9 millones de euros. Además con una máxima planteada por los representantes de su partido en Cataluña: Nosotros vamos a presupuestar menos, pero aquello que presupuestamos lo gastamos; nosotros no vamos a presupuestar los 33 millones que
había planteado el Gobierno socialista en anteriores legislaturas pero aquello que presupuestamos lo vamos a gastar. Pues bien, a tres meses del final de este ejercicio presupuestario, cómo van a afrontar ustedes la ejecución de los 15,9 millones a
los cuales se comprometieron regidos por este principio, por este



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criterio de presupuestar menos pero aquello que presupuestamos lo gastamos, o cómo se van a gastar los 1,6 millones del tramo entre Sils-Maçanet de la Selva que, por cierto, han dividido por la mitad con esta voluntad de conectar con la
B-40, que es un proyecto que a nosotros nos parece a todas luces no apropiado ya que existe una autovía, una autopista y también existe una carretera de la Generalitat que ejerce esta función de conexión por el interior entre la zona del Vallès y la
zona de las comarcas de Girona.


Señora ministra, desde el año 1995, que es el año en que empezaron los trabajos para el desdoblamiento de la N-II. Creo que usted puede entender la fatiga, el cansancio, la frustración de los ciudadanos de Girona cuando recordamos que esto
empezó en el año 1995. Del año 1995 al año 2007, cuando empezó la crisis económica, en España se pasó de 3.825 kilómetros de autovía a 7.311 kilómetros, un incremento de más del 90% y Girona continúa siendo con estos 8 kilómetros de autovía de la
N-II la demarcación con menos kilómetros de autovía de todo el Estado español. Pero es que, señora ministra, y con esto termino, del año 2007, principios de la crisis hasta ahora, año 2012, en España se han continuado construyendo...


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Xuclà, tiene que finalizar.


El señor XUCLÀ I COSTA: Termino con esta cifra, señora presidenta. Desde el año 2007 al año 2012, señora ministra, desde el inicio de la crisis hasta ahora en España se han continuado construyendo 900 kilómetros de autovía, ni un kilómetro
para la demarcación de Girona.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Xuclà.


Señora ministra de Fomento.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, señor Xuclà, quiero empezar mi intervención señalando que nuestra firme voluntad es dotar el recorrido de la N-II a su paso por Girona de las mejores características para que tenga una circulación segura y en las mejores
condiciones, teniendo en cuenta lo que usted muy bien ha señalado que es cómo está en este momento la N-II en intensidad de tráfico.


Como ya le dije a su compañera, la senadora Coralí Cunyat, con ocasión de una pregunta la semana pasada, como sabe, tenemos y estamos trabajando en distintas alternativas. Somos conscientes de la problemática que presenta esta
infraestructura y de la necesidad de actuar sobre ella y sabemos que se trata de un itinerario donde la intensidad de circulación tanto para vehículos ligeros como pesados es superior a la media de otras carreteras convencionales y también de la
gran cantidad de accesos, algunos de ellos, por cierto, poco regulados. Estamos trabajando y en la proposición no de ley que se aprobó el 30 de mayo en esta Cámara se presentó por parte del Grupo Parlamentario una enmienda y aprobamos finalmente,
como sabe, ese texto que vamos a cumplir.


Señoría, la situación en que encontré esta carretera cuando llegué al Ministerio de Fomento no solo es que fuera preocupante, sino que había una inversión pendiente de 700 millones y no había consignado ni uno solo euro de los 700 millones.
El tramo Tordera-Maçanet tenía un proyecto aprobado en 2009 que estaba paralizado y la obra no se había licitado ni en 2009 ni en 2010 ni en 2011 porque su coste era de 288 millones de euros. En cuanto al tramo Maçanet de la Selva-Sils, señoría,
las obras para la conversión en autovía de este tramo fueron adjudicadas en 2005, pero se rescindieron en 2009 y en cuatro años solo se había ejecutado un 8%. Se estaba redactando el proyecto de terminación de las obras y lo único que le puedo
decir es que había sido sometido a información pública. En cuanto al tramo Sils-Caldés de Malavella, las obras se adjudicaron en 2006 con un presupuesto de 27 millones, pero se rescindieron en 2010 y se habían vuelto a licitar en 2011. Parecería
que estaba jugando al escondite si no fuera algo tan serio. Hasta ese momento además se había ejecutado el 40%, pero no servía absolutamente para nada porque era dinero que no se podía recuperar. Por eso aún hoy existen, como sabe, desvíos de
tráfico que afectan gravemente a la circulación. El tramo Caldés de Malavella-Fornells de la Selva está en servicio, pero es de esos tramos, pocos, de autovía que yo los llamo tramos sándwiches porque prácticamente no van a ninguna parte.


En la autopista A-7, en el sur de Girona, en todo el tramo que va de Maçanet de la Selva hasta Fornells de la Selva se ha ampliado la calzada a tres carriles. Se concluyeron las obras, pero, por cierto, aunque está dentro de una autopista,
eso cuesta 46 millones que tenemos que pagar con los impuestos de todos los ciudadanos. El acuerdo lo firmaron en el año 2006 y ese incremento lo va a abonar la Administración.


En cuanto a la circunvalación de Girona AP-7 y N-II, no se habían terminado las obras de ampliación de capacidad. Le estoy hablando entre Fornells y Vilademuls, lo que impedía la utilización de este tramo.



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Y en el itinerario Vilademuls-frontera francesa se habían iniciado obras de Mendinyà-Orriols con un presupuesto de 19 millones y luego se rescindieron. En el resto, Orriols-Garrigàs, se adjudicaron los contratos y luego se paralizaron. Las
obras, que se debían desarrollar cuando acabaran esos proyectos, tenían un presupuesto -todo era a lo grande- de 318 millones, pero nunca llegaron a licitarse ni había dinero en ese ejercicio ni en los posteriores.


Ahora, señoría, ¿qué es lo que hemos hecho desde que llegué al Gobierno? Señoría, las cosas estaban francamente mal y le voy a resumir lo que hemos hecho en este tiempo: Tordera-Maçanet. En este tramo lo primero que hemos hecho ha sido
analizar su funcionalidad dentro de la red de carreteras del Estado. Los técnicos vieron que había perdido toda su funcionalidad ya que, como sabe, se cedió a la Generalitat el tramo Montgat-Tordera pues realmente es el cierre de un itinerario que
ahora es de titularidad autonómica. Además, el proyecto de construcción aprobado en el 2009 tenía una ratio de ejecución, como usted ha señalado, de 22,7 millones de euros por kilómetro, tres veces superior al de la orden ministerial del mismo
Gobierno del 17 de diciembre de 2010. Por cierto, ha hablado usted de Despeñaperros y quiero que sepa que yo de Despeñaperros lo que he hecho ha sido ponerla en marcha y pagar lo que se debía, pero yo no lo proyecté ni dije cuánto iban a costar
-por cierto, con modificados- los kilómetros de Depeñaperros. Lo que sí hice fue poner el dinero suficiente para que se pudiera cerrar la obra. La resolución se ha publicado ayer, como sabe, en el Boletín Oficial del Estado y vamos a proponer a la
Generalitat que nos sentemos a hablar para ver de qué modo podemos hacer que esa vía se pueda mejorar -como sabe, es una vía que está muy habitada- y la idea sería llegar a un acuerdo con la Generalitat, a la que se le dieron 97,4 millones de euros
para el tramo anterior y del que le hablaré en la réplica porque ahora no me dará tiempo. En el tramo Maçanet de la Selva-Sils, como sabe, la N-II no discurre por ningún núcleo urbano, pero la circulación comienza a ser casi insoportable. La
carretera N-II comienza a captar más tráfico, se ha pasado de los veintiún mil y pico vehículos por día que discurrían en el tramo anterior a más de 30.000. Señoría, estamos trabajando, como sabe, para terminar el proyecto y para poner en el
presupuesto del 2013 una partida con la que rematar el proyecto y una partida para que puedan comenzar las obras, porque sabe que esta obra tiene un coste de 31 millones de euros. Respecto al tramo Sils-Caldes de Malavella, debido al alto nivel de
peligrosidad y al agotamiento de los tramos usados como desvíos provisionales, consideramos que era urgente retomar su ejecución, por lo que se ha adjudicado en septiembre, y ¿sabe por qué y por qué no antes? Porque la Intervención General del
Estado nos ha permitido solo adjudicar dos obras en toda España: una en el sur, en Andalucía, y otra en Cataluña, y ¿sabe por qué? Porque todo el dinero que tenía el presupuesto del 2012 estaba totalmente retenido, especialmente para pagar las
obligaciones de ejercicios pasados. Por eso ha empezado en septiembre y vamos a hacer que se ejecute lo más posible porque efectivamente se pusieron 15 millones de euros, como usted muy bien ha dicho, para intentar ejecutarlos y así continuaremos
hasta rematar. Pero, señoría, sepa usted que si no se ejecutan los 15 millones es porque este Gobierno se encontró con que no tenía un presupuesto aprobado y, además, porque con la inmensa mayoría del dinero de carreteras hay que pagar las
obligaciones de ejercicios anteriores, de las que por cierto algunas no estaban ni contabilizadas.


Respecto a la circunvalación de Girona, señoría, en este entorno la autovía coincide con la autopista AP-7, que es libre de peaje pero, pese a la gratuidad de movimientos internos, aún siguen discurriendo por la carretera 21.000 vehículos;
es decir, es gratis, pero por la vía paralela sigue habiendo circulación, como usted sabe, de los pueblos cercanos. Por eso estamos actuando en el tramo que va de Fornells de la Selva hasta Vilademuls y para ello lo primero que hemos hecho ha sido
acabar las obras de ampliación de capacidad, lo que se conoce como los cuatro carriles y ya contamos en este momento con cuatro carriles. Por cierto, señoría, eso también lo paga la Administración General del Estado, porque aquí nadie hace las
obras gratis, las hace un concesionario pero después hace un equilibrio y las paga la Administración General del Estado. Por tanto, estamos ejecutando los enlaces de Fornells de la Selva y Vilademuls que conectarán la AP-7 con la A-2 en los
extremos de la circunvalación y estamos ejecutando un nuevo enlace en Sant Gregori que mejorará la permeabilidad de la autopista y el entorno urbano. Y, en relación con las obras de estos nuevos enlaces que están siendo ejecutados por la sociedad
concesionaria, le puedo decir que esta actuación supone una inversión de 151,17 millones de euros y, como sabe, el coste de esta ampliación lo anticipa la concesionaria pero lo paga la Administración General del Estado.


Respecto a la N-II en el norte de Girona, para poder acometer las actuaciones a desarrollar se está estudiando con detenimiento cuál es la mejor solución para cada punto de este itinerario acorde con las necesidades reales. Vamos a evitar
obras faraónicas, especialmente porque no debemos pero sobre todo porque no tenemos presupuesto para hacerlo, señoría, porque estamos en un momento de crisis



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económica, usted lo sabe, y porque vamos a tener que consignar en el presupuesto del año que viene casi 700 millones de obligaciones de ejercicios anteriores. Vamos a adoptar medidas realistas en una primera fase para resolver los problemas
de accidentabilidad, revisar las condiciones de seguridad vial, ampliar la plataforma, realizar las mejoras urgentes que esta requiera, disponer de protecciones para evitar adelantamientos imprudentes, barreras de hormigón que separen los carriles y
reordenar los accesos existentes mediante enlaces a diferentes niveles o glorietas. En este sentido el presupuesto de 2012 ya tenía consignada una cuantía para ir haciendo mejoras, y en el de 2013 habrá partidas específicas para hacer posible que
en todo esto, que se pueden considerar obras menores y no definitivas, podamos mejorar cuando menos la situación que está viviendo esta infraestructura.


Lo primero que pensamos ejecutar de manera prioritaria son las variantes de la población de Báscara y de Pont de Molins, porque, como sabe, tanto los vecinos como los responsables políticos de la zona nos han dicho que son fundamentales.
Estamos trabajando porque hay un grupo de empresarios catalanes que han planteado que sería factible dar una solución global a través de colaboración pública-privada y pago por disponibilidad, es decir, los ciudadanos pagarían cero euros pero podría
haber colaboración pública-privada. Los técnicos lo están estudiando pero hay un grupo de empresarios catalanes que estarían dispuestos a poder entrar en este proyecto.


Señoría, estoy segura de que lo que le he trasladado no cumple sus expectativas; seguro, señoría, pero en este momento yo soy la responsable de decirle lo que se ha hecho y lo que se puede hacer en los próximos meses, que es mejorar la
seguridad vial de una infraestructura como la N-II; desdoblar los tramos de la N-II, todos los que vayamos pudiendo, no renunciar desde luego al desdoblamiento global y asumir también que hay que ir haciendo mejoras, especialmente en poblaciones y
en tramos donde el tráfico, como sabe, es muy intenso, especialmente el de vehículos pesados. Le digo que seguro que le parece a usted que es poco, pero le puedo asegurar que con la situación financiera que tiene el Ministerio de Fomento es
sinceramente lo que hemos podido hacer y seguiremos en esa misma línea. Quiero trasladarle también a usted y al Gobierno de la Generalitat el permanente diálogo para llegar a acuerdos y a entendimientos, porque cuando se hizo la transferencia de un
tramo a la Generalitat se hizo para que esos 97 millones se invirtieran en obra pública.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora ministra.


Señor Xuclà.


El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señora ministra, voy a citarle algunos aspectos concretos a sus planteamientos muy concretos. Quiero agradecerle la concreción en la información y la claridad, pero también la profunda decepción ante la actitud y las posibilidades que usted
nos ha manifestado para esta legislatura, de la cual ya casi ha pasado un año.


Primer punto. Usted manifiesta que ha perdido toda funcionalidad el tramo Tordera-Maçanet de la Selva. Quiero poner en contexto ese tramo y decirle que es absolutamente erróneo pensar que no se tiene que conectar Girona con Blanes, Blanes
con el Maresme y el Maresme con Barcelona. En época del ministro Borrell, de su antecesor en el cargo tantos años ha, el ministro Borrell tenía un compromiso, que era el desdoblamiento de la N-II en su tramo por la comarca del Maresme en forma de
autovía y allí se cometió un grave error. Lo que tenía que ser una autovía se convirtió en otra autopista para Cataluña, que además el ministro Borrell vendió ante la opinión pública como una autopista de peaje blando. Nada de peaje blando. La
lógica de la N-II no es su traspaso a la Generalitat en sus tramos urbanos por los municipios del Maresme, la lógica de la N-II es la autopista de la costa del Maresme más el Tordera-Maçanet, más el Maçanet-Girona, más Girona-frontera francesa.
Nosotros discrepamos frontalmente y urgimos al Gobierno -el Gobierno de la Generalitat lo ha hecho en las últimas horas- a considerar la cancelación de esta construcción.


Usted plantea una alternativa: diálogo con la Generalitat. El diálogo con la Generalitat quiere decir -yo creo- un error desde un punto de vista de articulación de las carreteras del Estado, pero si se planteara un traspaso tendría que ser
con la dotación presupuestaria completa, porque nosotros tenemos muy malas experiencias sobre la aplicación de una ley con rango de ley orgánica, como el Estatuto de Autonomía de Cataluña, y su disposición adicional tercera en cuanto a las
inversiones en obra pública a Cataluña. Usted expresa la predisposición al diálogo; vamos a ver en qué términos.



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Sobre el norte, entre Vilademuls -donde se termina la autopista- y Figueres hay 19 kilómetros y 35.000 vehículos diarios. Señora ministra, se tiene que desdoblar la conexión entre la primera y la segunda ciudad de la demarcación, que además
es la puerta de entrada a la península ibérica, la carretera del Estado con más flujo de circulación. Usted nos ha hablado de las variantes de Bàscara y Pont de Molins. ¿Está usted planteando el desdoblamiento de estos tramos? ¿Usted está
hablando de variantes desdobladas? Pero variantes coherentes. Bàscara está entre Girona y Figueres, planteemos el desdoblamiento de estos 19 kilómetros. También tenemos que explorar muy detenidamente esta propuesta de colaboración público-privada
de una autovía de la demarcación con menos kilómetros de autovía que transcurre a pocos kilómetros de la autopista pero que tenga función distinta. Una autopista es para largos recorridos y esta autovía es para la articulación del territorio.


Finalmente, señora ministra, usted ha reconocido que hasta septiembre no se ha hecho la adjudicación del tramo entre Sils-Caldes de Malavella, del cual por cierto aún no hemos visto el inicio de las obras y quedan tres meses. Le urjo, por
favor, le ruego que usted cumpla con su criterio: presupuestamos menos, pero aquello que presupuestamos lo gastamos. Vamos a ver cómo en estos tres meses ustedes hacen las liquidaciones de obra pública por valor de 15,9 millones para aprovechar
hasta el último céntimo de euro de los Presupuestos Generales del Estado. También me explicará cómo se van a gastar los 1,6 millones de euros del tramo entre Maçanet de la Selva y Sils, presupuestados con la incorporación de una enmienda vendida
con grandes redobles de tambores ante la opinión pública, pero que a la hora de la verdad lo único que han hecho con este tramo es dividirlo por la mitad. Por tanto, señora ministra, expresamos nuestra profunda discrepancia en el planteamiento del
Tordera-Maçanet. Tenemos mala experiencia en esto del traspaso viendo el cumplimiento de los fondos en la disposición adicional tercera.


Finalmente -con esto termino señora presidenta-, señora ministra, usted comprenderá que en Girona no entendamos que fraccionen la N-II en tramos de 6, de 4, de 3,4 o de 8 kilómetros a lo sumo. Usted nació en Zamora. El año pasado, el 6 de
mayo de 2011, el Ministerio de Fomento adjudicó el tramo de la A-66, Autovía de la Plata, entre Benavente y Zamora; un tramo de un solo golpe de 49 kilómetros por valor de 210 millones de euros.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Xuclà.


El señor XUCLÀ I COSTA: Termino, señora presidenta.


No entendemos cómo por una parte se pueden adjudicar obras de 41 kilómetros -que es lo que se debiera hacer con la N-II- y con Girona siempre, siempre, siempre tenemos el desgraciado récord de ser la demarcación con menos kilómetros de
autovía del Estado.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Xuclà.


Señora ministra de Fomento.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Señora presidenta, señor Xuclà, creo que es muy importante que esta Cámara y también el interpelante conozcan realmente algunos de los extremos que usted ha explicado aquí, pero no en
profundidad.


En el tramo de la N-II entre Montgat y Tordera, el Ministerio de Fomento del Gobierno anterior redactó un estudio para acondicionar la carretera con una inversión prevista de 400 millones. Ante las características que adquirió el tráfico,
se firmó un protocolo en el año 2008 entre el Ministerio de Fomento y la Generalitat y se dijo que ese tramo pasase a la Generalitat; a cambio, el Ministerio de Fomento le transfirió a la Generalitat 97,4 millones de euros. Con esas aportaciones
la Generalitat debía realizar actuaciones para el acondicionamiento de la carretera, y yo me pregunto, señoría, dónde están invertidos los 97,4 millones de euros que dio la Administración General del Estado para la mejora de esa carretera. Le voy a
decir más, la Generalitat no ha acometido esas obras -que yo sepa-, e incluso se han paralizado algunas que había iniciado el Gobierno anterior de la Generalitat, como la variante de Mataró. Se adjudicaron en octubre de 2012 y las obras están
paradas. Se lo digo, señoría, porque ustedes están gobernando en la Generalitat de Catalunya y es bueno que se sepa que ustedes tienen dinero que les transfirió el Estado y que no han ejecutado, sin acuerdo previo, además, de la Comisión bilateral
Estado-Generalitat, y actualmente seguimos a la espera de que la Generalitat ejecute las obras comprometidas. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Por eso le decía que tenemos que tener diálogo respecto a este tramo, porque justamente es
para cerrarlo y lo que tendremos que hacer es mejorarlo; si es necesario



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dotarlo de todas las infraestructuras necesarias pero, eso sí, tendremos que ver que realmente el esfuerzo que hace la Administración General del Estado se lleva a cabo.


Ha hablado usted de parte de la Ruta de la Plata y además ha nombrado mi ciudad de nacimiento, de la que me siento muy honrada -como puede imaginar-, como usted de la ciudad que le vio nacer. Pues bien, la propuesta de adjudicación de esa
infraestructura estaba ya hecha por el Gobierno anterior y yo estoy muy orgullosa de que se haya realizado esa adjudicación. Como usted sabe, es una adjudicación también por disposición que se va a empezar a ejecutar a finales de este año y que la
Administración General del Estado irá pagando. Le digo esto como también le digo que la Administración General del Estado, en el ejercicio 2008, ha consignado mil y pico millones de euros para Cataluña. Le diré más, una parte importante del
presupuesto de carreteras está en Cataluña. Señoría, yo veo sus presupuestos, veo lo que destina la Generalitat de Catalunya a carreteras y lo que ejecuta, y veo lo que pone la Administración General del Estado y lo que ejecuta. Por tanto,
señoría, en un momento de crisis como este lo que estamos intentando hacer es mejorar.


En relación con la AP-7 en su recorrido por esta zona norte, le tengo que señalar que en junio del presente año se ha abierto al tráfico la ampliación entre Vilademuls y La Jonquera, de manera que el trayecto cuenta ahora con tres carriles;
en total 62,6 millones de euros que va a pagar también la Administración General del Estado. Por otra parte, hemos encargado a la sociedad concesionaria -esto es muy importante- avanzar en el proyecto de remodelación del enlace de Figueres norte
para permitir todos sus movimientos; el proyecto está en fase de redacción -ya solo el coste de redacción es de 5 millones- y tenemos que llegar a un acuerdo con la concesionaria. La concesionaria hará las obras, pero las pagaremos también
nosotros.


Señoría, le quiero recordar que lo que hemos hecho ayer con la publicación es un ejercicio de responsabilidad. ¿Sabe por qué? Porque ese proyecto, con un dinero que no está en ninguna parte, lo que conlleva son expropiaciones inmediatas.
Como usted bien sabe, lo que me encontré en la provincia de Girona son expropiaciones sin pagar desde el año 2005 por un valor de 7,7 millones de euros, y hemos destinado ya este año 6,54 millones de euros. Por tanto, señoría, estamos haciendo lo
que podemos con las disponibilidades que tenemos. También le quiero decir que el proyecto, que puede ser interesante, de colaboración público-privada de un grupo de empresarios catalanes es pago por disponibilidad, pero nunca tendrán que pagar ni
un solo euro ni los ciudadanos de Girona ni de Cataluña; lo que harían las empresas es, como se hace en el tramo Benavente-Zamora, anticipar el coste de la obra y después la Administración lo va abonando. Ese es el modelo, señoría. También me
gustaría hablar de este tema con la Generalitat de Catalunya.


¿Cuál es el objetivo final, señoría? Que la N-II pueda ser desdoblada en todos los tramos que sea posible y además que el tráfico sea fluido y que no haya, como ocurre en este momento, un volumen muy importante no solamente de vehículos
ligeros sino de vehículos pesados que, como usted sabe, generan en este momento problemas no solo de embotellamiento sino que en algunos casos pueden poner en riesgo la seguridad. Vamos a trabajar, pero lo vamos a hacer desde la racionalidad. Le
reitero, señoría, que si las obras del único tramo adjudicado, junto con un tramo en Andalucía, han comenzado en septiembre es porque la Intervención General del Estado ha retenido los créditos presupuestarios de todas las obras que están sin pagar
a lo largo y ancho de España, y le reitero que el presupuesto de 2013 contendrá partidas de obligaciones de ejercicios pasados, unas consignadas y otras que no estaban ni consignadas ni con documentos contables, por valor de más de 670 millones de
euros.


Muchísimas gracias, señoría, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra de Fomento.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:


- PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVA TRIBUTARIA Y PRESUPUESTARIA Y DE ADECUACIÓN DE LA NORMATIVA FINANCIERA PARA LA INTENSIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES EN LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE. (Número de expediente
121/000015).


El señor PRESIDENTE: Hemos terminado las interpelaciones y vamos a pasar al punto último del orden del día, relativo al debate de totalidad del proyecto de ley de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de
la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en



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la prevención y lucha contra el fraude. Para presentar el proyecto de ley tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.


El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Señor presidente, señorías, subo a esta tribuna para defender una ley. No es una ley oportunista, no es una ley que lleve como consecuencia una serie de
actuaciones, de iniciativas políticas; estamos hablando de una ley especialmente relevante, la ley de lucha contra el fraude fiscal, por una razón, porque España es hoy un país con una debilidad muy profunda en términos recaudatorios. La presión
fiscal, el nivel de ingresos tributarios sobre el producto interior bruto se cerró en 2011 en el 35% de nuestro producto interior bruto, lo que sitúa a España en un nivel anormalmente reducido en términos de pago de impuestos en relación con su
nivel de actividad económica, con su nivel de riqueza, con su nivel de desarrollo. Esto nos sitúa a la cola de la Unión Europea y en un rango solo comparable al de otros países desarrollados que tienen otro tipo de Estado que no cubre actuaciones
propias del Estado del bienestar y que, por tanto, pretenden la cohesión social de manera diferente a los procedimientos de presencia del Estado en la oferta de servicios públicos.


Esta disfunción de una España donde la recaudación tributaria es anormalmente baja en relación con su nivel de actividad se completa con la visión de que el conjunto de las administraciones públicas del Estado español desde el año 2007,
desde el comienzo de la crisis económica, ha perdido siete puntos de PIB en términos de recaudación sobre el producto interior bruto. En 70.000 millones de euros se ha reducido esa recaudación sobre nuestro nivel de actividad económica, que desde
el comienzo de la crisis ha cambiado mucho desgraciadamente, ha retrocedido en todo caso, pero esos niveles de actividad económica como consecuencia de los ajustes derivados de esa crisis no se han incrementado.


Tenemos que preguntarnos qué nos ha pasado como país, por qué lideramos en el mundo desarrollado esa caída de ingresos tributarios sobre nuestra actividad económica. Tenemos que preguntarnos si es propio que tengamos un nivel de recaudación
como el que antes he citado, un 35%, cuando el PIB español per cápita fue el año pasado casi el doble del que había a comienzos del año 1996, en el que por cierto ese nivel de presión fiscal, de recaudación sobre el producto interior bruto, era casi
dos puntos más que en estos momentos. Algo ha ocurrido, y es responsabilidad de esta Cámara, de todos los grupos políticos, responder a ese algo. Ese algo se llama crisis económica, pero está claro que la crisis económica no pude ser la causa de
un descenso de siete puntos porcentuales del producto interior bruto en términos de recaudación. Esos 70.000 millones de euros no se han evaporado por la crisis económica, es imposible que 70.000 millones de euros hayan desaparecido por razón de la
crisis inmobiliaria, es imposible, no ha ocurrido en ningún lugar del mundo. Lo que está advirtiendo, como si fueran unos semáforos rojos que se hayan encendido con toda nitidez, con toda rotundidad, es que en España esta crisis económica se
corresponde con un aumento de economía sumergida muy considerable, un aumento del fraude fiscal muy considerable. Eso es lo que tenemos que erradicar (Aplausos del señor Llamazares Trigo), eso es contra lo que tenemos que luchar, eso es lo que está
haciendo el Gobierno desde el minuto uno, eso es lo que está promoviendo este Gobierno con sus actuaciones y eso es lo que están haciendo los profesionales de la Agencia Tributaria de España en sus diferentes niveles, asumiendo su tarea, su
responsabilidad, demostrando que en España tenemos una excelente Función pública trabajando en las peores condiciones posibles en la lucha contra el fraude y mejorando esos resultados hasta julio. Profesionales de la Agencia Tributaria a los que
quiero rendir un tributo hoy aquí, en el seno del Congreso de los Diputados, tributo obligado para quienes con toda profesionalidad y esmero están luchando contra ese fraude que es incompatible con la recuperación económica y que hace que no podamos
financiar correctamente nuestros servicios públicos, un fraude que está causando el problema del déficit público, que a su vez entorpece gravemente la recuperación de la crisis económica.


La lucha contra el fraude va bien. Hasta julio los resultados se han incrementado un 15%, y estoy convencido de que todos los grupos políticos de la Cámara celebran esos resultados tan positivos que permiten mejorar la recaudación
tributaria superando ya los 6.400 millones de euros. Los resultados están ahí, van bien y demuestran -insisto en esta idea- la excelencia de la Función pública en España, la excelencia de los profesionales que están trabajando en sus diferentes
ámbitos de actividad en la Agencia Tributaria de nuestro país. Pero, aun así, es el momento de reforzar su capacidad, es el momento de reforzar los instrumentos legales de esa lucha contra el fraude. Este es el proyecto de ley que traemos hoy a la
Cámara, un proyecto de ley que va a capacitar una actuación preventiva en la lucha contra el fraude, que es muy obligado -como decía- en la situación actual, muy necesario acometer, puesto que la



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mejora de la recaudación tributaria tiene que venir también de la supresión de la economía sumergida, cuya competencia desleal tanto daña a la actividad económica regularizada de tantos autónomos, de tanta pequeña y mediana empresa y de
tantos emprendedores en general. Por eso traemos una ley a la Cámara, la ley que más allá ha ido en términos legislativos en la lucha contra el fraude en España, una ley que limita por primera vez el uso del dinero en efectivo. Limitación que se
refiere al tráfico mercantil, no a otro tipo de tráfico entre personas; limitación que es única en el sentido de que nunca se había hecho en España; limitación que se refiere a establecer el límite de 2.500 euros en las operaciones en las que
intervenga un empresario o un profesional; limitación que también, con las salvedades que se plantean en el texto, no trata en modo alguno de obstaculizar la actividad económica sino, antes al contrario, de clarificar esa actividad mercantil y
hacerla compatible con que el uso del dinero efectivo no sea causa, no esté provocando economía sumergida en nuestro país. Decía que estamos actuando en línea con lo que han hecho otros países europeos de nuestro entorno, donde también se han
establecidos esos límites cuantitativos a los pagos en efectivo. Por otro lado, la norma fija la obligatoriedad para todos los contribuyentes de suministrar información sobre cuentas y valores situados en el extranjero de los que sean titulares,
beneficiarios o figuren como autorizados. Esta también es una cualificación específica que no estaba prohibida por la legislación española y que ahora se prohíbe. Se prohíbe -me parece oportuno advertirlo- en un momento en que, como hemos
conocido, hay países, como es el caso de Suiza, donde ya están legislando la transparencia de esas cuentas bancarias. Por tanto, cada vez hay menos sitios opacos donde tener esas cuentas o la tenencia de esos valores. Por eso es el momento en el
que, junto con la tramitación de esta ley, todos los ciudadanos que estén en esa situación deben ser advertidos de que van a ser perseguidos por el incumplimiento de esta normativa, es decir, por no declarar lo que tengan en cuentas en el extranjero
o en tenencia de valores. Al corresponderse con la puesta en vigor de la regularización fiscal que arbitró esta Cámara a propuesta del Gobierno, tenemos que insistir en la capacidad, en la potestad que establece esta legislación, pero también debo
insistir claramente en la capacidad que se está dando en otros países en los que hasta ahora no teníamos ese acceso, ese conocimiento a lo que es la disposición de ese tipo de cuentas bancarias. Por tanto, estamos apostando claramente por la
transparencia y evitando el fraude fiscal.


También en esta norma introducimos un cambio en el régimen de módulos, de manera que se fija la exclusión, la salida del régimen de estimación objetiva para todos aquellos sujetos pasivos que facturen menos del 50% de sus operaciones a
particulares, es decir, que lo hagan en más de un 50% a empresas y, por tanto, no puedan continuar actuando en módulos, sino que tendrían que pasar a declarar en estimación directa. También aquí se da un paso importante a la hora de clarificar las
relaciones entre contribuyentes, autónomos y la Hacienda del Estado. Además, el proyecto de ley, como sus señorías ya conocen, aumenta la capacidad recaudatoria de la Agencia Tributaria, sobre todo en los casos donde el contribuyente intente
escapar de sus obligaciones fiscales retrasando el pago de la cuota, interponiendo obstáculos o diluyendo su patrimonio. Aquí también los avances son bastante significativos, como lo son en concreto en la figura del IVA, en la lucha contra el
fraude en el impuesto sobre el valor añadido; en primer lugar, promoviendo la exclusión en el régimen de módulos para aquellos que estén afectados también por este impuesto además del IRPF; en segundo lugar, se establece la inversión del sujeto
pasivo -algo que es muy importante- en los supuestos de renuncia a la exención del IVA vinculada a ciertas operaciones inmobiliarias. Así, el sujeto adquiriente solo podrá deducirse el IVA soportado si acredita que ha ingresado el IVA repercutido,
evitando con ello el doble perjuicio para la Hacienda por falta de ingreso del impuesto por el transmitente del inmueble y por la deducción del IVA soportado.


No quiero insistir y hacer demasiado larga esta exposición en materia de embargo de bienes, donde también la norma modifica el régimen de embargo de bienes y derechos con entidades de crédito y prohíbe la disposición de inmuebles de
sociedades donde hayan sido embargadas acciones equivalentes a la mitad del capital social. Es decir, todo lo que hoy desgraciadamente se ha convertido en prácticas que a través de la prolongación de las reclamaciones en trámite administrativo e
incluso judicial hacen desaparecer los patrimonios y por tanto hace inoperante el embargo de la Hacienda pública.


Señorías, estamos ante un paso decidido, importante en materia de lucha contra el fraude, razón por la que recabo el apoyo de los grupos parlamentarios porque estoy convencido de que toda la Cámara está unida en esos objetivos que son
mejorar la equidad tributaria reduciendo esa economía sumergida, la economía fraudulenta, y mejorar la financiación y la garantía de nuestros servicios públicos aportando más por parte de quienes tienen la obligación de aportar más hoy a la Hacienda
pública en virtud de la legislación vigente y no lo hacen por razones que no tienen ninguna explicación y que no debemos



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amparar de ninguna manera. Estamos ante un paso importante e invito a los grupos parlamentarios a darlo y a que hagamos una tramitación diligente, rápida de este proyecto de ley para que podamos tener en el conjunto de este año todo un
elenco de medidas tributarias que sean la garantía de que España y todas sus administraciones están reduciendo el déficit público como mejor manera -no única manera- de superar cuanto antes esta crisis, de acabar con la recesión económica y volver a
un periodo de crecimiento económico y de creación de empleo.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.


A este proyecto de ley se ha presentado una enmienda a la totalidad de devolución. Para la defensa de esta enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Lara.


El señor LARA MOYA: Gracias, señor presidente.


Gracias por la exposición inicial, señor ministro. Parece que el Gobierno, además de encomendarle las tarea de las tijeras para hacer la política de recortes en este país, hoy le había encomendado responder a la pregunta del grupo que
represento sobre qué opinión le merecía al Gobierno las movilizaciones de estos días. Nos han dicho que no era posible hacer hoy la pregunta porque no estaba usted en el Parlamento, pero no se la hacíamos a usted directamente, sino que se la
hacíamos al Gobierno. No podemos entender que esta mañana nuestro mínimo derecho, que es hacer una pregunta al Gobierno cada semana, no lo hayamos podido ejercer porque no haya otro miembro del Gobierno que estuviera aquí en la Cámara para
responder a la pregunta. Quería que lo supiera directamente porque me parece inoportuno y antidemocrático. (Aplausos).


Ha dicho usted cosas que compartimos. Ha dicho que tenemos una de las presiones fiscales más bajas de Europa, ha dicho que España ha perdido 70.000 millones de euros de ingresos desde 2007, y es cierto; que hay un aumento de la economía
sumergida y del fraude fiscal importantísimo en nuestro país; además, ha dicho usted que hay que rendir tributo a los agentes de la Inspección Tributaria por la tarea que tienen que desarrollar y desarrollan. Compartimos esas cuestiones, pero hay
que analizar el fondo. Como de lo que se trata es de dar la opinión sobre el proyecto de ley y la petición que hacemos de devolución, antes de ello quiero decirle que compartimos la afirmación que se hace en el preámbulo de que el fraude de hoy es
más reprobable hoy que nunca, y lo es porque hoy hay mucha gente que está sufriendo como consecuencia de ese fraude. Sin embargo, entendemos que las medidas que hay en el proyecto de ley, valorando como positivas algunas de ellas, no se
corresponden plenamente con esa frase de que el fraude es más reprobable hoy que nunca. Las medidas son, para nosotros, insuficientes, porque no resuelven la gravedad del fraude y la economía sumergida. Por eso hemos presentado la enmienda de
totalidad, lo hemos hecho porque queremos que se cumpla estrictamente el artículo 31 de la Constitución Española que garantiza un sistema tributario justo, suficiente y progresivo. Son las claves de lo que en este momento estamos discutiendo y uno
de los problemas fundamentales de nuestro país, es decir, un artículo 31 que garantiza más ingresos de la forma más justa, pero para reducir el déficit, para no tener que deteriorar los servicios públicos, para no renunciar al gasto público y al
empleo público, sin castigar a las rentas del trabajo y para no tener que incorporar impuestos injustos -como usted ha dicho tantas veces- como es el impuesto del IVA. Es complicado mantener un déficit de 65.000 millones de euros en las cuentas
públicas, pero es absolutamente intolerable que tengamos 90.000 millones de euros de fraude y un 23% de economía sumergida. En eso creo que estamos todos de acuerdo. Si se hubieran combatido este fraude y esta economía sumergida, seguro que hoy
tendríamos menos deuda, seguro que habría menos carga de intereses, menos recortes -o seguramente cero recortes-, menos recesión, menos paro, menos estafadores y menos defraudadores que, al final, nos defraudan a todos los ciudadanos y ciudadanas.
Solo con haber reducido el fraude a la mitad hoy podríamos estar en 2 puntos PIB de déficit, y si se hubiera reducido a la mitad la economía sumergida, hoy estaríamos hablando de superávit tanto en las cuentas de la Hacienda pública como en la
Seguridad Social.


Hay una frase que han repetido mucho su partido y su Gobierno que es que hemos vivido por encima de las posibilidades y que hay un gasto excesivo por parte del Estado. No lo compartimos. No es verdad que haya habido un gasto público
excesivo, usted mismo lo ha dicho. Se gastan 6 puntos menos del PIB que la media de la Unión Europea -esto exactamente no lo ha dicho-; no hay una presión fiscal excesiva -esto sí lo ha dicho usted-, estamos más de 8 puntos por debajo de la
presión fiscal de la media de la Unión Europea, y es cierto que la crisis no ha afectado a la caída de los ingresos de los países de la Unión



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pero en España sí ha habido una caída de 70.000 millones de euros en este periodo de tiempo. La cuestión es por qué. Tal vez en el porqué encontremos una parte de la respuesta. Es porque en este país ha habido una reducción de impuestos,
especialmente a los beneficios del capital, en los últimos años; es porque ha habido una reducción en la progresividad de los impuestos; es porque ha habido bonificaciones y exenciones fiscales a las empresas absolutamente excesivas; es porque no
se ha perseguido el fraude fiscal y no se han instrumentado medios para perseguirlo, y es porque ha estallado -también hay que decirlo- la burbuja inmobiliaria. Los gobiernos del Partido Popular, los gobiernos del Partido Socialista y Convergència
i Unió apoyándolos siempre, son los responsables hoy y ayer de esta política que se ha producido en nuestro país. Son los únicos responsables de que se haya esquilmado la Hacienda pública y de que hoy tengamos la situación que tenemos en las
cuentas públicas del Estado. Porque ¿por qué se ha mantenido la estafa de las Sicav? ¿Por qué se han reducido los tipos en los impuestos de sociedades? ¿Por qué se ha suprimido, por ejemplo, el impuesto de patrimonio? Eso son decisiones que se
han tomado en esta Cámara y han sido votadas por los partidos que estoy diciendo. Son los viejos regalos a los ricos que ahora estamos pagando la inmensa mayoría de los ciudadanos. También en las comunidades autónomas que ahora levantan banderas
de independencia están pagando las consecuencias de ese déficit de fiscalización en la Hacienda pública del Estado, repito, con la connivencia de estos partidos políticos.


Para luchar contra el fraude, que es un objetivo prioritario, y la economía sumergida se requiere una política eficiente de la Agencia Tributaria, leyes que no dejen resquicios para que se evadan tributos y un reparto de las cargas
impositivas según la capacidad económica. En definitiva, el viejo dicho: que pague más quien más gana y quién más tiene, y no solo porque lo diga la Constitución española. Pero para combatir el fraude hacen falta algunas cosas, la primera es
voluntad política y la segunda recursos humanos y técnicos. Invertir en recursos humanos y técnicos en la Agencia Tributaria es invertir en rentabilidad social en este momento en esta España. Y no ha habido voluntad política de invertir en
rentabilidad social. ¿Por qué lo afirmamos? Porque en los presupuestos de 2010, que aprobó esta Cámara con el otro Gobierno, la partida de la Agencia Tributaria bajó un 6,1%; en el presupuesto de 2011 esa misma partida bajó un 5,7%, y en este año
ya con su Gobierno, señor Montoro, ha bajado un 4,5%. Cuál es la propuesta que nos va a traer usted en el presupuesto de 2013, ¿va a bajar la Agencia Tributaria las partidas o no? Porque este es el reconocimiento real que hay que hacerles a los
trabajadores de la Agencia Tributaria, reconocerlos económicamente y con más instrumentos materiales y humanos para que puedan luchar contra el fraude y contra la economía sumergida. Ha habido una reducción de personal clarísima: de cada diez
plazas que se jubilan solo se cubre una plaza, por el anterior Gobierno y por este; pero en las previsiones que han hecho ustedes de 2013 y 2014 a la troika, a la que han mandado ya los esbozos de los presupuestos, también se dice que solo se cubre
una plaza de cada diez y, además, se amortizan las plazas que no se van a cubrir. Esto no es ayudar a que la Agencia Tributaria luche más contra el fraude fiscal.


Dice Eurostat en las cuentas de 2007, que es el último dato que hemos conocido, que Francia y Alemania multiplican por cuatro veces el número de trabajadores que tienen sus agencias tributarias comparativamente con España, y no tienen cuatro
veces más ciudadanos ni cuatro veces más producto interior bruto. Por tanto, en algo no estamos ajustados en este sentido con la Unión Europea.


Señor Montoro, sabe usted que los profesionales de la Agencia Tributaria están denunciando que es ineficaz el control tributario, están denunciando que los planes anuales son poco ambiciosos, que los objetivos de la lucha contra el fraude se
fijan siempre por un importe inferior a los resultados del año anterior. Por eso se superan resultados. En 2011 decía usted que vamos creciendo en un 15% en resultados, y es cierto que pueden aflorar 11.000 millones de euros en las cuentas
públicas del fraude, pero eso es un 17% del total del fraude. Es decir, el 83% del fraude continúa impune en nuestro país. Tenemos un fraude de los más elevados -como usted bien sabe- de la Unión Europea y de la OCDE. El mayor fraude se
concentra, además, en las grandes fortunas y en las empresas más grandes. Treinta de las treinta y cinco empresas del Ibex operan en paraísos fiscales: las empresas pagaron en 2011 menos impuestos por beneficios que lo que pagaron las familias,
está publicado; el 40% de los trabajadores de este país declara que paga menos que sus empresarios, y el 73% de fraude, según el sindicato Gestha de la Agencia Tributaria, lo comete un 3% de las empresas más grandes. Ahí están los núcleos del
fraude.


La legislación es un traje a medida para los más ricos, y usted lo sabe. Los banqueros son cómplices necesarios con el llamado secreto bancario; secreto que, por cierto, ya no tenemos los ciudadanos cuando vamos a la farmacia. Los
farmacéuticos saben en qué nivel de renta más o menos nos movemos para



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pagar el 40%, el 50% o el 60% del medicamento, pero en los bancos sí está el secreto bien asegurado. Digo esto porque la Agencia Tributaria, la Administración tributaria, usted sabe que pidió datos en 2008 al BBVA, a BSCH y a Banif, entre
otros, para que le facilitaran -decía la Agencia Tributaria- aquellas cuentas que tuvieran en sus haberes más de 3 millones de euros a lo largo del año. Lo que quería la Agencia Tributaria era comprobar si habían cumplido sus obligaciones con el
fisco. Pues llevamos cuatro años -y ahora hay una sentencia de la Audiencia Nacional todavía recurrible al Supremo-, cuatro años después el tema lo han estado mareando los banqueros para no dar esos nombres a la Agencia Tributaria durante cuatro
años porque la legislación lo permite. Y ¿qué pasa? Pues que de los datos que pedía la agencia, que eran relativos a 2006-2007, hoy ya hay prescripción, porque la prescripción que se ha aprobado es con carácter de futuro, no con carácter de
pasado. Por eso afirmamos que la legislación es un traje hecho a medida para los más ricos, para los que están evadiendo impuestos, para los que están haciendo ese fraude en nuestro país. No es verdad que la mayoría de los españoles hayamos vivido
por encima de nuestras posibilidades, quiten ya esa frase. Lo que es cierto y es la gran verdad es que unos cuantos han defraudado y estafado por encima de las posibilidades de nuestro país; los ricos muy ricos pagan muy pocos impuestos en nuestro
país.


Señor Montoro, cuando se justifican las rebajas fiscales con que rebajando los impuestos se va a recaudar más, usted sabe bien que lo que se hace en realidad es aumentar el fraude, y hay datos suficientes para poderlo demostrar. De 1980 a
2008 -usted ha dicho de 1996 a 2008- o hasta ahora se ha duplicado el PIB en España y el fraude se ha multiplicado por cuatro veces, no hay ninguna proporcionalidad, y en todos estos años se han estado haciendo rebajas y regalos fiscales a los más
ricos. En 2007, con el grito de que bajar los impuestos era de izquierdas, se hizo hasta una batalla entre el Partido Popular y el Partido Socialista en las elecciones de 2008 -y ahí está la hemeroteca- a ver quién bajaba más los impuestos, si el
Partido Socialista o el Partido Popular; ahí está la hemeroteca, y de aquellos polvos vienen estos lodos. Por eso se ha incrementado también el fraude en España. ¿De qué ha servido su intolerable o inaceptable amnistía fiscal, la de marzo?
Cuatro meses han pasado. Cuál es el resultado de la recaudación, ¿un 2% del total previsto por el Gobierno, 54,4 millones de euros? ¿De verdad quieren contribuir socialmente los ricos, los que evaden recursos? Por eso se llaman impuestos, si no
fueran impuestos se llamarían donaciones caritativas que se darían, pero los impuestos hay que imponerlos, no podemos dejar a la voluntad de la gente que pague los impuestos, especialmente a los que tienen mucho (Aplausos).


Su medida fue un fracaso porque es una medida injusta que nació muerta, además desaconsejada por la Unión Europea y que solo ha servido para deteriorar la conciencia fiscal de los ciudadanos, para llamar a la insumisión fiscal y para dar más
impunidad, si cabe, a los defraudadores. Trabaje, señor ministro, un acuerdo con la OCDE para obtener información mercantil o tributaria de empresas que operan en paraísos fiscales. Adopte medidas inmediatas contra las entidades financieras y
entidades emisoras de tarjetas de crédito o débito que operan en España con filiales en paraísos fiscales. Acompañe las medidas contra el fraude con reformas tributarias que mejoren la progresividad, equipare rendimientos del trabajo y del capital
en el IRPF, aumente la carga fiscal en los beneficios a las grandes empresas, graven con intensidad las grandes fortunas, eliminen la injusta subida del IVA, incorporen un impuesto a las transacciones financieras. Son medidas necesarias también,
medidas organizativas, medidas de gestión de recursos humanos, incrementar las plantillas de personal en la lucha contra el fraude, por ejemplo. No es comprensible la sustitución de la ONIF en Baleares, que había investigado Gürtel y el caso Nóos,
no es comprensible que se haya sustituido a esos magníficos inspectores. Es necesario optimizar los recursos, motivar a los trabajadores de la Agencia Tributaria, desarrollar su carrera administrativa, promoción interna, incentivar el trabajo de
esos trabajadores, ese es el mejor tributo que les podemos rendir a los trabajadores de la Agencia Tributaria.


La lucha contra el fraude y la economía sumergida -y concluyo, señor presidente- es un problema de voluntad política, hacer cumplir la Constitución a todos, pero especialmente a los defraudadores, dedicar medios suficientes para ello. Por
eso, señor ministro, deseo y espero que en los presupuestos de 2013 se dote de más medios a la Agencia Tributaria y que en el trámite parlamentario se puedan incorporar las propuestas que modestamente queremos incorporar, que venimos defendiendo
desde hace muchísimo tiempo en esta Cámara pero para las que hemos encontrado oídos sordos, para contribuir a evitar el deterioro social de nuestro país, que se está manifestando cada día en las calles y además de una manera virulenta en cuanto a la
actitud del Gobierno para reprimir manifestaciones de gente pacífica que lo que está poniendo en cuestión es este sistema democrático que no está funcionando, el deterioro social del país y,



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lo que es más grave, se está produciendo cada vez más un divorcio entre los ciudadanos y entre la llamada clase política. Si trabajamos por la dirección que estamos proponiendo, sin represión, sin intimidar a la gente y actuando donde hay
que actuar, en el corazón de los problemas, seguramente que no asistiríamos a las situaciones que son ingratas, que a nadie nos gustan y que, lógicamente, queremos también ayudar y contribuir a cambiar.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Lara.


En turno de fijación de posiciones sobre esta enmienda de devolución, en primer lugar, por el Grupo Mixto tiene la palabra la señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.


Nuestro grupo no ha presentado enmienda de devolución. Hemos optado por las enmiendas parciales, pero, por las razones que expondré seguidamente, vamos a votar favorablemente la enmienda de devolución presentada por La Izquierda Plural, que
nos parece oportuna.


Desde el Bloque Nacionalista Galego consideramos que combatir el fraude fiscal es una tarea que debe ser absolutamente prioritaria teniendo en cuenta el gran volumen de fraude y evasión fiscal que se estima que existe en el Estado. Según un
informe de Gestha, el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda -no es la primera vez que hacemos referencia al mismo-, el volumen de fraude fiscal en el Estado español se sitúa sobre el 23% del PIB, mientras que en la Unión Europea está en
el 13%. Estos técnicos de Hacienda estiman que el fraude fiscal alcanzado es de 90.000 millones de euros, el triple del fraude laboral. Usted, señor ministro, nos acaba de hablar de 70.000 millones y lo ha repetido en diferentes ocasiones. Bueno,
sean 70.000 millones o los 90.000 millones que dicen estos técnicos de Hacienda, la cifra está ahí.


Dentro del fraude fiscal destaca la evasión fiscal de las grandes fortunas, corporaciones empresariales y grandes empresas que, según estos cálculos, se estima en 42.700 millones de euros, lo que supone el 71,8% del importe total de estas
bolsas de fraude en España. Recuerdo no hace muchas semanas, señor ministro, que ustedes desde esta tribuna, ante una propuesta de subir la fiscalidad a los ricos, así se decía, usted preguntaba quiénes son los ricos, dónde están los ricos. Señor
ministro, pregunte a estos técnicos de Hacienda, que parece que los tienen localizados. Creo que sería conveniente que esas preguntas las hiciera.


Además de su efecto en las arcas públicas, introduce grandes dosis de inequidad en el sistema. Estos datos que nosotros acabamos de aportar de acuerdo a este informe así lo indican. La lucha contra el fraude fiscal, con una efectividad
similar al promedio europeo, supondría ingresos adicionales de más de 25.000 millones cada año, una cantidad diez veces superior a lo que el Gobierno del Partido Popular pretende recaudar con la amnistía fiscal.


Usted nos acaba de dar unos datos que indican que, en relación con el año pasado en las mismas fechas, se incrementó el 15% el resultado de la lucha contra el fraude y se explica incluso en el informe elaborado por Hacienda que fue posible
por el incremento de inspecciones y por otra serie de actuaciones que los técnicos y los inspectores de Hacienda están haciendo. Omiten en su informe, y usted tampoco lo ha comentado en su intervención, algo en relación con lo que representa esa
amnistía fiscal. Por cierto, los datos anteriores a este último informe ya indicaban que era un auténtico fracaso. En la cifra de 6.000 millones que usted nos daba, díganos si hay algo que corresponda a esa amnistía fiscal.


Usted acaba de decir, señor ministro, que esos resultados se están consiguiendo a pesar de que los técnicos de Hacienda, los inspectores, trabajan en las peores condiciones -frase suya, en las peores condiciones-, pero también es verdad que
ustedes están empeorando esas condiciones con las medidas que en relación con la Función pública están tomando. Ya el señor Lara expuso con datos muy concretos la cuestión y no voy a seguir utilizando mi tiempo en ese tema, pero usted reconoce que
están trabajando en las peores condiciones y este Gobierno las está empeorando. En vez de mejorar las condiciones, el Gobierno hace una estrategia centrada en la concesión de esa amnistía que muchos decimos que no es legítima en la medida en que
está destinada a defraudadores confesos. Esta estrategia, además, señor ministro, señorías, es, desde nuestro punto de vista, inmoral, no ha proporcionado los recursos que se esperaba obtener, como acabamos de comentar, y se trata de una medida de
dudosa constitucionalidad, cuestión que, evidentemente, deberá decretar el propio Tribunal Constitucional.


Ante el fracaso recaudatorio de esta medida, la reacción del Gobierno fue ahondar en el error. Después de los datos anteriores a este último informe en el que Hacienda no nos habla de este tema, después de



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esos datos y de que los asesores de los defraudadores criticasen que no lograban suficientes ventajas, en lugar de gravar todos los capitales aflorados en julio, se ofrecieron mayores facilidades para la regularización mediante una nueva
interpretación de la Dirección General de Tributos. Así, se conforman con que tribute al 10% la parte generada en los ejercicios no prescritos -solo tres en el caso de la amnistía fiscal-, manteniendo la exención de intereses y recargos. Habrá
casos en que a los evasores les baste pagar menos del 1% de todo lo defraudado. Señor ministro, son importantes medidas contra el fraude fiscal las que están haciendo ustedes. Las medidas contempladas en el presente proyecto de ley son positivas,
no vamos a discutirlo, introducen varias aportaciones del Sindicato de Técnicos de Hacienda, Gestha, que nosotros hemos comentado y corrigen en parte la estrategia centrada en la amnistía fiscal. Sin embargo, resultan insuficientes ante el volumen
de fraude fiscal existente en el Estado español y que usted, señor ministro, reconoce. Una estrategia de lucha contra el fraude fiscal debe desechar las amnistías fiscales y ser más ambiciosa en las medidas. Es necesario impulsar un acuerdo
internacional en el marco de la OCDE que avance en la erradicación de los paraísos fiscales, es necesario acompañar la estrategia de una lucha contra el fraude fiscal de un programa que dote de mayores recursos, tanto materiales como humanos, para
una lucha activa contra el fraude y la evasión; es necesario avanzar en la obtención de datos a través de la banca, avanzar en la colaboración entre la Agencia Tributaria y las administraciones tributarias autonómicas y locales y es necesario
favorecer la información y concienciación por parte del conjunto de la ciudadanía. Estos son varios de los ejemplos que ilustran la insuficiencia de este proyecto de ley que el grupo que hace la propuesta de devolución manifiesta, entre otros, y
que nosotros tratamos de resolver con nuestras enmiendas parciales. Pero, además, señorías, señor ministro, una estrategia eficaz contra el fraude fiscal también implica el cambio de numerosas figuras tributarias, tanto para impedir que se cometa
un fraude -a través de diversos mecanismos, como algunas deducciones-, como para dotar al sistema impositivo de una mayor equidad y justicia.


Por eso, señorías, aunque nosotros hemos optado por la vía de las enmiendas parciales, vamos a votar favorablemente esta enmienda de devolución.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.


Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, intervengo muy brevemente desde el escaño en nombre del Grupo Vasco para señalar que votaremos en contra de la enmienda de totalidad presentada por La Izquierda Plural al proyecto de ley de modificación de la normativa
tributaria y presupuestaria y de adecuación financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, y lo haremos aun coincidiendo con la mayoría de los argumentos empleados por el portavoz que ha defendido la
enmienda. Creemos firmemente que la política y los políticos deben comprometerse sin matices y sin peros en la erradicación o la lucha contra el fraude.


Como saben sus señorías, ayer mismo presentamos una proposición no de ley con medidas tendentes a luchar precisamente contra el fraude fiscal. No voy a repetir aquí los argumentos, lo hemos hecho en múltiples ocasiones. Estamos, como todo
el mundo sabe y como la mayoría de los grupos parlamentarios en esta Cámara, frontalmente en contra del fraude y de la elusión fiscal y creemos que hay que utilizar todos los métodos democráticos y jurídicos, incluyendo los formativos, para
perseguir e identificar a los defraudadores con el fin de que paguen por lo que defraudan. Para ello puede servir también, aunque no solo, el proyecto que hoy trae el Gobierno a esta Cámara. Tenemos la oportunidad de negociar e incorporar las
enmiendas que mejoren el texto, oportunidad que desaparecería en el caso de que el proyecto se devuelva al Gobierno. Esperamos en ese sentido que el Gobierno tenga un talante positivo para incorporar los proyectos y las propuestas de otros grupos
parlamentarios que pretenden luchar también contra el fraude fiscal tanto en este proyecto como en otros. Digo esto porque creo firmemente que la lucha contra el fraude es responsabilidad de todos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.


Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Anchuelo.


El señor ANCHUELO CREGO: Muchas gracias, señor presidente.



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En opinión de mi grupo es cierto que el proyecto de ley que hoy trae el Gobierno a la Cámara es mejorable, pero, en nuestra opinión -no tenemos empacho en reconocerlo-, lo que se propone es esencialmente correcto, creemos que son medidas que
van a mejorar la situación actual. Por tanto, no vemos motivo para devolver el proyecto de ley, creemos que lo que procede es mejorarlo en el plazo de enmiendas.


El ministro ha resaltado ya algunas de las medidas que incluye el proyecto de ley, lo que me ahorra tener que comentarlas en detalle, pero quiero recordar alguna de las cosas que vemos bien en este proyecto de ley: se precisa con mayor
detalle la figura del responsable tributario, se mejoran las medidas cautelares de que hasta ahora disponía Hacienda y hay medidas novedosas, como la limitación del uso de efectivo hasta los 2.500 euros, la mejora sobre la información de cuentas en
el extranjero y valores o el límite en el régimen de estimación objetiva. Creemos que son medidas que se basan en la práctica de las administraciones, obstáculos que esa práctica ha detectado en el pasado, y que, por tanto, van en la dirección
adecuada.


Con la misma sinceridad decimos que, siendo esto correcto, dudamos que vaya a cambiar radicalmente la situación y creemos que es manifiestamente mejorable. Nos gustaría que en este caso el Gobierno fuese, al contrario que en otras
ocasiones, receptivo a las enmiendas de los demás grupos, porque el fraude fiscal es un tema que todos los grupos condenamos y es una buena ocasión para el grupo mayoritario encontrar complicidades; normalmente desprecian las enmiendas de los demás
grupos, incluso en temas que podemos compartir. Creemos que en este caso sería un error y que sería una buena ocasión de mostrar receptividad a las enmiendas que los demás grupos podamos plantear.


En el caso de mi grupo las enmiendas son numerosas pero, por comentar algunas, creemos que la estimación objetiva se puede limitar todavía más. Desde las décadas en que funciona las empresas y la Hacienda tienen instrumentos informáticos
que antes no tenían, y pensamos que se puede limitar todavía más el régimen de estimación objetiva. Creemos que hay plazos que se pueden modificar, por ejemplo, el plazo de prescripción, para igualar la prescripción de las infracciones tributarias,
que hoy está en cuatro años, con la prescripción de la responsabilidad penal, que está en cinco; sería una buena ocasión para igualar esos plazos de prescripción. Seríamos partidarios también de suprimir el plazo que hoy limita la actuación de los
inspectores, de forma que si no finalizan sus actuaciones en doce meses el obligado tributario puede librarse de la deuda aunque tal deuda exista, lo que hace que muchas veces se dilaten los procedimientos como forma de evitar el pago de la deuda e
incluso hemos introducido algunas circunstancias agravantes en el fraude fiscal, que creemos que sería interesante introducir. Por tanto, rogaríamos al Gobierno que sea receptivo a las propuestas no solo de mi grupo sino de los demás grupos. Son
unas medidas correctas, en nuestra opinión, mejorables, pero también insuficientes. He hablado de lo que está ahí y cómo se puede mejorar, pero como tantas veces en los proyectos del Gobierno hay que hablar tanto o más de lo que no está que de lo
que sí figura.


Por ejemplo, respecto a los medios para luchar contra el fraude, el papel lo aguanta todo, lo vemos una y otra vez en este Congreso, pero ¿tiene la Agencia Tributaria medios para poner en práctica todas estas medidas? Lo dudamos seriamente.
El ministro -lo he entrecomillado porque me ha llamado mucho la atención- dice que los inspectores trabajan en las peores condiciones posibles. Señor ministro, usted es el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, si trabajan en las peores
condiciones posibles, ¿por qué no mejora esa situación? Aquí no se dota de más medios a la Agencia Tributaria. Como bien ha señalado uno de los portavoces anteriores, la Agencia Tributaria tiene 27.000 empleados públicos en España y su homólogo
francés tiene 122.000, cuatro veces el número de medios en Francia cuando la economía no es el doble de la española. Nosotros hemos propuesto en una de las enmiendas que se establezca un plan plurianual para aumentar los recursos materiales y
humanos de la Agencia Tributaria, de forma que en el año 2020 tenga unos medios que estén en la media de la Unión Europea y no muy claramente por debajo, como sucede hoy en día. Los sucesivos presupuestos generales, como también se ha comentado
aquí, un año tras otro agravan la situación y nos tememos que lo mismo sucederá con los presupuestos que se presentan este jueves. Resulta un tanto utópico poner leyes muy severas y que en la práctica no se puedan aplicar porque no hay recursos
humanos y materiales para ponerlas en práctica.


Algo similar sucede con los tribunales económicos administrativos. Creemos que también hay que reforzar los medios y agilizar los procedimientos. También hay que sumar esfuerzos. La agencia estatal de la Administración tributaria no es la
única en España y las diferentes agencias tributarias autonómicas y locales actúan de manera descoordinada. ¿No sería necesario sumar esfuerzos, crear un plan unificado



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de lucha contra el fraude, crear unas bases de datos también comunes? Otra de nuestras enmiendas va en esa dirección. Por no hablar de algo que también echamos en falta, que son las campañas de concienciación del conjunto de la sociedad.
El tema del fraude no es un tema que solo concierne a los inspectores, nos concierne a todos y cada uno de los ciudadanos y sería bueno que en los medios de comunicación, en el sistema educativo se transmitiese este mensaje.


Aparte de esta insuficiencia de medios, que es muy importante porque, si no, la ley puede quedar en papel mojado, hay otras insuficiencias. Se puede argumentar que deberían aparecer en otros proyectos de ley, bien sea, pero son
insuficiencias relacionadas con la lucha contra el fraude porque son circunstancias que deslegitiman el sistema impositivo. Me estoy refiriendo en primer lugar, cómo no, a la amnistía fiscal. No puede usted aparecer como campeón de la lucha contra
el fraude cuando es el ministro que ha aprobado esta amnistía fiscal. Por cierto, hace dos semanas tuve el honor de interpelarle, de preguntarle en el Congreso sobre los datos de recaudación hasta julio, que eran 50 millones, solo el 2%. Los datos
de agosto no han sido publicados, han desaparecido del informe de recaudación. Quiero felicitarle por la forma tan eficiente y contundente en que ha resuelto este problema que le planteaba hace dos semanas. Cuando una luz de alarma roja se
enciende, no hay mejor método de solucionarlo que dar un golpe a la bombilla.


Un segundo problema relacionado con el que hoy nos ocupa, en opinión de mi grupo, es el del gasto superfluo de las administraciones. Se ha hablado de la falta de recaudación; compartimos este problema. Pero los ciudadanos también sienten
que el dinero que pagan a Hacienda no se usa de la mejor manera siempre, no se usa siempre de la manera más eficiente. Siguen pululando los miles de entes públicos alrededor de las administraciones autonómicas, locales, también estatales en menor
medida; siguen las duplicidades por resolverse; siguen las diputaciones provinciales; sigue el Senado por reformarse; siguen los ayuntamientos por fusionarse. Si los ciudadanos tuviesen conciencia de un buen uso de su dinero, eso también
legitimaría más el sistema fiscal.


Por último, es necesaria una reforma fiscal amplia; no puede ser simplemente que siempre los mismos -las rentas del trabajo, los consumidores- paguen más y más. El ministro hace unas semanas argumentaba que si la gente no defraudase no
tendrían que pagar más los que ya pagan. Ya, pero el sistema no puede ser siempre apretar más las tuercas a los que ya están pagando. Hay que aumentar la base impositiva con medidas como una revisión cuidadosa de las deducciones en todos los
impuestos, cambios en las tributaciones de las rentas del capital o reformas en el régimen de las Sicav.


Otra cuestión que preocupa a mi grupo -el único en la Cámara al que parece preocupar esta cuestión- es que, aparte de una fragmentación de la inspección tributaria, hay una fragmentación del espacio fiscal también. Hay comunidades que no
cobran, bonifican al cien por cien algunos de los impuestos que de ellas dependen, como el impuesto sobre el patrimonio o el impuesto sobre sucesiones. No parece muy lógico en la situación actual, y menos cuando algunas de estas comunidades están
pidiendo un rescate. Estas diferencias tan importantes en los impuestos en un espacio fiscal único llevan a fenómenos de elusión impositiva, a fenómenos de deslocalización y dificultan el funcionamiento del sistema fiscal.


Resumiendo, y concluyo, lo que contiene el proyecto de ley nos parece que va en la línea correcta y, por tanto, no somos partidarios de su devolución. Sin embargo, nos parece que son medidas mejorables y por eso pediríamos que se
considerasen las enmiendas de los diferentes grupos en la tramitación del proyecto de ley. Junto a estas medidas mejorables, echamos en falta muchas otras cuestiones -por tanto, no solo es mejorable sino insuficiente-, como las que he detallado, y
querríamos que el Gobierno trajese pronto legislación sobre estas cuestiones también al Parlamento.


Muchas gracias, presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchuelo.


Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.


Señor ministro, el Grupo Parlamento de Convergència i Unió va a votar en contra de la enmienda a la totalidad del Grupo de La Izquierda Plural, defendida por su portavoz, el señor Lara, porque no estamos de acuerdo con los planteamientos que
ha manifestado. Por el contrario, entendemos que este proyecto de ley que hoy estamos debatiendo va en la dirección de las propuestas que Convergència i Unió ha venido defendiendo en esta Cámara a lo largo de los últimos años.



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No quisiera entrar en un debate a fondo respecto a la enmienda de totalidad presentada por el señor Lara, pero sí al menos -con todo el respeto, señor Lara- decir que usted ha hecho alguna afirmación con la que no puedo estar de acuerdo. He
entendido que decía que por culpa de partidos separatistas la situación de la Generalitat es caótica, y solamente me gustaría decirle que estudie con la máxima profundidad la situación de la Generalitat en estos momentos y que no olvide que cuando
ustedes gobernaban con el tripartito fueron una de las formaciones políticas que precipitaron la quiebra de las finanzas de la Generalitat. Por tanto, cuando haga usted en esta Cámara determinadas afirmaciones, tenga al menos la sensibilidad de
conocer la historia y no hacer afirmaciones gratuitas, que nosotros respetamos pero no compartimos.


Pasando ya directamente a las cuestiones que hacen referencia a este proyecto de ley, que Convergència i Unió va a apoyar, diré que a lo largo de estos últimos días hemos incorporado una serie de enmiendas que van en la dirección de poderlo
complementar y plantear, si es posible con el apoyo del Grupo Popular que da soporte al Gobierno y de otras formaciones políticas, una lucha más eficaz, una lucha más ágil para erradicar de una vez por todas el fraude fiscal que existe en España,
que es uno de los países en los que los índices de fraude fiscal sobrepasan la media de los países europeos.


Señor ministro, nos gustaría hacerle una serie de reflexiones, surgidas a raíz de algunas encuestas que ha hecho el CIS sobre la opinión pública y el fraude fiscal. En primer lugar, el 80% de los españoles considera que en España los
impuestos no se cobran en justicia, y este es un dato relevante; y al mismo tiempo también hay un 85% de la sociedad española que percibe que existe bastante o mucho fraude fiscal. Por lo tanto, esta es una percepción muy importante, es un dato
relevante, por el que valdría la pena aunar todos los esfuerzos de todas las formaciones políticas para cambiar estas percepciones, estos sentimientos, porque en definitiva, si conseguimos erradicar el fraude fiscal, si conseguimos plantear
mecanismos efectivos para que el fraude fiscal se erradique definitivamente de España, probablemente los ingresos tributarios girarían en unos porcentajes muchísimo más elevados que los actuales.


Otra reflexión importante que es necesario que tengamos presente todas las formaciones políticas -y lo ha dicho la señora Oramas, que me ha precedido en el uso de la palabra- es que, de acuerdo con los sindicatos técnicos de la Hacienda
española, se estima que, si se rebaja la tasa de la economía sumergida en nuestro país en 10 puntos porcentuales, la recaudación subiría unos 38.500 millones de euros. Esta es una de las cifras que también nos tendría que hacer reflexionar. Vale
la pena ser efectivos e ir en esta dirección para poder conseguir unos ingresos fiscales que hoy por hoy son totalmente necesarios.


Hay otro aspecto también muy importante, señor ministro, que Convergència i Unió ha venido manteniendo a lo largo de estos últimos años en esta Cámara. Hay un estudio sobre el fraude fiscal realizado por la Consultora i2 Integrity, en el
cual se dice que el coste del fraude fiscal en España asciende a unos 70.000 millones de euros, alrededor de un 23% del PIB, cifra coincidente con los datos que también ha proporcionado el sindicato de técnicos de la Hacienda pública española, que
plantean que la proporción de las cuotas de IVA que se han dejado de ingresar por este fraude fiscal equivale a 18.000 millones de euros, que es una cantidad superior a la suma del gasto sanitario anual de Madrid y Cataluña. Por lo tanto, son datos
relevantes que vale la pena no perder de vista.


Asimismo, señor ministro, es importante saber que este estudio indica dónde el fraude fiscal en España es bastante normal y la gente se ha acostumbrado a determinados pequeños fraudes fiscales pero que en el fondo suman muchísimo dinero,
como son las facturas falsas, facturar sin IVA, cobrar subvenciones indebidas y no prestar servicios contratados. Por tanto, señor ministro, los datos los tenemos, el diagnóstico lo tenemos, la estrategia también la tenemos; es cuestión de ponerle
medios y hacer una legislación con la máxima dureza posible, sin contemplaciones, para poder conseguir unos ingresos tributarios que están al alcance de la mano. Hemos venido reiterando a lo largo de muchísimos años que esto es posible, y ahora
vamos a ver si con esta ley que ustedes traen al Parlamento y con las modificaciones que podamos incorporar las diferentes formaciones políticas podemos ser más efectivos en la lucha contra el fraude.


Por otro lado, entendemos que uno de los objetivos fundamentales de esta ley es la lucha contra el fraude a gran escala -y también a pequeña escala, que es la que acabo de mencionar- y al mismo tiempo también consideramos que uno de los
objetivos fundamentales sería intentar conseguir aflorar todas aquellas rentas no declaradas, por descontado. Pero entendemos que el objetivo de la Agencia Tributaria no puede ser, señor ministro, perseguir a quienes cumplen con sus obligaciones
fiscales normalmente y en todo momento para ver si en alguna ocasión se han equivocado o bien han optado por un criterio menos beneficioso para la Hacienda pública, sin que el objetivo fundamental sea el que debiera ser desde nuestro punto de vista,
es decir, el de hacer aflorar las rentas no declaradas, rentas situadas en



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el exterior o en la órbita de grandes contribuyentes que a través de diferentes mecanismos fiscales su tributación no se corresponde con las rentas de su patrimonio. Aquí hemos planteado algunas medidas en la dirección de hacer
tributaciones sobre rentas supuestas en base a patrimonios que muchas veces se equilibran sobre pequeñas rentas. Entendemos que tendríamos que poner fin a estos mecanismos fiscales que gozan de la legalidad pero que van en la dirección de que no se
tribute con la justicia y la equidad que persigue este grupo parlamentario.


Hemos presentado algunas enmiendas en la dirección de aumentar la colaboración con todas las administraciones, ya sean las administraciones autonómicas -en las que también se ha de plantear una lucha efectiva para erradicar el fraude fiscal-
o las corporaciones locales. Asimismo, hemos planteado una serie de enmiendas para que pueda existir una correlación de información entre las administraciones autonómicas, las haciendas locales y la Administración General del Estado, porque
entendemos que sin la información es muy difícil perseguir el fraude y erradicar estas prácticas, que, repito, son antisociales y no dejan de ser una lacra muy importante que va en contra del bien común de la sociedad española.


Finalmente, desde la perspectiva que queremos implementar en este proyecto de ley, que es la de ganar eficacia y agilidad y recuperar unos ingresos tributarios que nunca se tenían que haber perdido, planteamos una serie de medidas que van en
la dirección de la simplificación de las obligaciones tributarias. Es importante no marear al que ya paga habitualmente. La mayoría de contribuyentes españoles y de pequeñas y medianas sociedades pagan habitualmente y cumplen con sus obligaciones
fiscales, pero también se ven sometidos a un exceso de burocracia y reglamentación. Creemos que tendríamos que ir a una simplificación y realizar todos los esfuerzos posibles a través de la Agencia Tributaria, a la que quizás faltan medios humanos
-lo han dicho los diferentes miembros del Gobierno-, pero no es menos verdad que la Administración tributaria dispone de unos medios tecnológicos muy eficientes. Normalmente la Administración tributaria del Estado sabe dónde está ubicada la
economía sumergida en determinadas zonas, poblaciones o comarcas, y vale la pena acentuar los esfuerzos para perseguir esta economía sumergida. En muchos casos lo sabe la Agencia Tributaria, lo sabe la inspección, y prefieren ir a lo sencillo, a lo
más fácil, que es ir a inspeccionar a los que normalmente cumplen sus obligaciones y que es muy fácil que se puedan dejar en un momento determinado un dato fiscal. Es mucho más fácil levantar un acta que pisar la calle, gastar la suela de los
zapatos buscando la economía sumergida. Repito, señor ministro, todo el mundo sabe en muchas zonas y en muchas comunidades autónomas dónde se establecen estas prácticas perniciosas, y en muy pocas ocasiones la Administración tributaria va a buscar
estos nichos de fraude. Entendemos que es importantísimo que cambie esta tendencia desde la óptica de la simplificación administrativa.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Saura.


El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, señorías, en el proyecto de ley vemos medidas positivas y, por tanto, entendemos que no se debe devolver al Gobierno. También decimos que ese conjunto de medidas son claramente insuficientes. No hay un plan estratégico de
lucha contra el fraude fiscal, no hay ambición en ese proyecto de ley. Por tanto, hemos presentado un conjunto de enmiendas parciales ambiciosas, de calado, para poner en marcha un plan estratégico de lucha contra el fraude.


Pero lo que más nos preocupa de ese proyecto de ley son fundamentalmente dos cosas. La primera es que trata de lavar la cara a la amnistía fiscal. Eso es lo que más nos preocupa. El ministro decía en su intervención que había caído la
recaudación, que se había incrementado el fraude fiscal; sin embargo, ponen en marcha una amnistía fiscal para perdonar los impuestos a los grandes patrimonios. No casa una cosa con la otra. Lo que no nos gusta o nos gusta menos es el relato
fiscal impositivo del Gobierno, de la política impositiva del Gobierno porque, primero, subió los impuestos a las rentas medias y bajas; en segundo lugar, puso en marcha la amnistía fiscal y, luego, viene el proyecto de ley de lucha contra el
fraude. El relato no es el correcto, pero no solamente lo pensamos nosotros, lo piensa la profesión, lo piensan la mayoría de economistas, lo piensa también la Unión Europea; el relato no es el adecuado, y eso es lo que menos nos gusta.


Nosotros ya hemos dicho, ya conocen sus señorías, qué pensamos desde el Grupo Socialista con relación a la amnistía fiscal, de tal manera que presentamos un recurso ante el Tribunal Constitucional por injusta, por inmoral, pero hoy mismo
hemos registrado una demanda de alegaciones contra la orden



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ministerial que desarrolla esa amnistía fiscal. ¿Por qué hemos presentado esta demanda? Porque lo que queremos es frenar, parar en seco la amnistía fiscal. Nos parece injusto, nos parece muy ineficiente desde el punto de vista de la lucha
contra el fraude, y además es inmoral esa orden ministerial, por eso hemos planteado la demanda más concretamente, porque se extralimita en sus cometidos y regula el blanqueo de dinero que puede venir incluso de actividades delictivas. Por tanto,
hemos tratado y seguimos combatiendo la amnistía fiscal.


Pero lo que hoy quería transmitirle, señor ministro, es la idea de que no solamente hay que luchar contra el fraude fiscal en España, hay que luchar contra el fraude fiscal internacional. Porque el fraude fiscal no está en el fontanero, en
el electricista, no está ahí; el fraude fiscal está en las grandes corporaciones, en los grandes patrimonios, está en los paraísos fiscales. Ahí es donde está el fraude fiscal. Por tanto, es necesaria una estrategia integral de lucha contra el
fraude en España, pero también de lucha contra el fraude de manera internacional y contra los paraísos fiscales. Le voy a dar un dato, no quiero avasallar con datos, un solo dato: el fraude fiscal en el mundo entre 2005 y 2010 se estima que es el
PIB de Estados Unidos y de Japón juntos. Nada más y nada menos ese es el fraude fiscal que hay en el mundo, el PIB de Estados Unidos y de Japón. Por lo tanto, ahí es donde está la verdadera lucha, no en el fontanero, no en el electricista, quiero
dejarlo muy claro. El paraíso fiscal es en realidad el infierno de la política social, es el infierno de lo social. El paraíso fiscal, en definitiva, es la causa de que no se pueda en algún momento financiar el Estado del bienestar. Ese es el
problema que tenemos que ver y que tiene que ver el Gobierno.


Le voy a hablar de lo que sucede con los paraísos fiscales. ¿Cuál es el argumento? ¿Qué es lo que sucede económicamente? Ante un paraíso fiscal hay, evidentemente, fraude fiscal, el fraude fiscal está en el paraíso fiscal, pero lo que
también sucede es que los países compiten con una política impositiva a la baja, compiten bajando los impuestos porque existe el paraíso fiscal. Y además se produce la elusión fiscal, luego el paraíso fiscal es la primera causa del fraude fiscal,
pero también de que los impuestos bajen y que incluso no se pueda financiar el Estado del bienestar. Por tanto, no equivoquemos las prioridades, el fontanero y el electricista no están en la génesis del fraude fiscal en nuestro país. Los paraísos
fiscales son la causa de los infiernos sociales, son la causa de que efectivamente en algún momento no se pueda financiar el Estado del bienestar.


Señor ministro, nosotros no vamos a discutir con usted sobre las cifras de ejecución de lucha contra el fraude en España, entre otras razones porque todo el mundo sabe que muchos de los resultados de hoy tienen que ver con expedientes que se
han abierto en la Agencia Tributaria hace muchísimos años; es decir, no podemos decir eso. Además, compartimos la idea que usted tiene de la Agencia Tributaria, lo que no entendemos es por qué se pone en marcha la amnistía fiscal. Si estamos
hablando de funcionarios competentes, con las ideas muy claras, con los principios muy claros en la lucha contra el fraude fiscal, para qué perdonar los impuestos a los grandes patrimonios de nuestro país, incluso en la repatriación de dinero de los
paraísos fiscales avalando, justificando, manteniendo y no luchando contra esos paraísos fiscales.


Le traslado dos ideas del Grupo Parlamentario Socialista que están en las enmiendas parciales que hemos planteado. La primera, la lucha contra el fraude fiscal tiene que estar en el corazón de la política impositiva de su Gobierno; de una
política impositiva progresista y justa, porque de esa manera no tendríamos que subir los impuestos a las rentas medias. Además, se trataría de una política impositiva que fuera creíble ante los mercados, ante los acreedores internacionales,
porque, si hay recaudación, se puede financiar perfectamente la política social y la política de inversión del Gobierno. Esa es la primera idea. Y la segunda idea de nuestras enmiendas es que la lucha contra el fraude tiene que estar también en el
corazón de la agenda política y económica de la Unión Europea. Tiene que estar en el centro de esa agenda de la Unión Europea, porque donde se está produciendo mucho fraude fiscal, mucha elusión fiscal es justamente en paraísos fiscales que están
en la propia Unión Europea. Nuestras enmiendas buscan, en definitiva, esa política ambiciosa de lucha contra el fraude que va a permitir financiar la política social, que va a permitir hacer una sociedad más justa y hacer una sociedad más
competitiva. Efectivamente, buscan poner la política de lucha contra el fraude en el centro de las preocupaciones de los gobiernos de Europa.


Nosotros creemos que en España hay que poner en marcha una oficina de lucha contra el fraude, entre otras razones porque anualmente se debería informar, se debería hacer un plan de lucha contra el fraude integrado, de lucha contra el fraude
fiscal, laboral y de la Seguridad Social, planes anuales integrados a partir de esa oficina de lucha contra el fraude. Nosotros pensamos que el Gobierno a nivel de la OCDE debe buscar de manera proactiva más convenios con otros países para luchar
contra esos



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paraísos fiscales. Nosotros pensamos que hay que ampliar y perfeccionar la Directiva de ahorro europea porque no llega esa información automática entre países. Hay países en el seno de la Unión Europea, por ejemplo Luxemburgo, donde no hay
esa fluidez de información a estas alturas de los tiempos. Hay que avanzar en esa Directiva europea de ahorro. Evidentemente, también estamos de acuerdo en limitar el dinero efectivo también entre particulares a 2.500 euros para el año que viene e
incluso limitar el dinero en efectivo a partir de los próximos dos años a 1.000 euros para relación entre empresas y entre particulares.


En definitiva, señorías, señor ministro, la primera idea es que hay medidas en este proyecto de ley que son positivas y, por tanto, no estamos de acuerdo con devolver el proyecto de ley al Gobierno. En segundo lugar, nos parece que es un
proyecto de ley insuficiente, que no hay ambición en la lucha contra el fraude, que es lavarle la cara a la amnistía fiscal que hemos combatido y queremos seguir combatiendo. Eso sí, es necesario ya, porque muy probablemente no habría que subir los
impuestos a esas rentas medias y bajas si efectivamente se luchara contra el fraude fiscal de una manera decidida. Estrategia en España, pero también estrategia internacional.


Gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Saura.


Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Madrazo.


La señora MADRAZO DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, en primer lugar, quiero aprovechar mi intervención de hoy para agradecer a los cuerpos de seguridad su actuación y su trabajo de ayer, (Aplausos) que permitió que todos los diputados pudiéramos ejercer nuestro trabajo en libertad.
Usted también, señor Lara; usted también pudo ejercer su trabajo. Por eso quiero agradecérselo y felicitar al ministro del Interior como responsable de ese dispositivo.


Quiero decir a La Izquierda Plural, que ha presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de ley de intensificación de las actuaciones de prevención y lucha contra el fraude fiscal, que no me parece un buen comienzo para este proyecto de
ley presentar una enmienda de devolución al Gobierno, porque este proyecto de ley les puede gustar más o menos, todos los intervinientes de los grupos parlamentarios han expuesto aquí sus razones para discrepar con algunas de las medidas, pero en lo
que sí estamos todas las fuerzas políticas de acuerdo es en que es necesario adoptar medidas para la prevención y lucha contra el fraude. Por tanto en la fase de tramitación de enmiendas deberán hacer las propuestas que consideren oportunas para
avanzar en ese camino.


Señorías, este Gobierno, el Gobierno del Partido Popular se encontró un nivel de recaudación tributaria impropio de un país desarrollado, y eso sí que es una inmoralidad, señor Saura, eso sí que es atribuible al Partido Socialista. El señor
ministro ya lo expuso en la presentación del proyecto, se han perdido más de 70.000 millones de euros de recaudación en los últimos años de gobierno socialista. Inmoral es denunciar una regularización tributaria que este Gobierno ha afrontado,
cuando ustedes hicieron no una regularización, sino dos amnistías fiscales. Eso sí que es inmoral.


Ante las graves dificultades que atraviesa nuestro país es más necesario que nunca una conciencia cívica de responsabilidad y solidaridad en el pago de los impuestos. Los comportamientos defraudatorios son efectivamente más reprochables que
nunca. Es momento de tomar plena conciencia cívica, es momento de que desterremos comportamientos insolidarios, es momento de desterrar la vieja picaresca de la factura con IVA o sin IVA, porque es momento de tener tolerancia cero con los
ciudadanos que nos están estafando a todos los españoles al dejar de cumplir sus obligaciones con la Hacienda pública. Por eso, señorías, el Gobierno del Partido Popular -y el señor ministro lo ha dicho ya al defender el proyecto de ley- ha
convertido desde el primer momento la lucha contra el fraude fiscal en una de sus grandes prioridades. Es sin lugar a dudas el Gobierno que más ha hecho contra el fraude fiscal en menos tiempo, desde el minuto uno, desde su llegada al Gobierno,
gracias también -como ha dicho el ministro- a la magnífica y estupenda labor que desarrollan los profesionales que tiene la Agencia Tributaria. Los datos publicados recientemente por la Agencia Tributaria invitan desde luego al optimismo y avalan
estas medidas de control tributario que se han adoptado en los últimos meses, y que han intensificado las actuaciones de inspección y comprobación.


La recaudación obtenida por la lucha contra el fraude, como ya se ha recordado aquí, ha superado ya los 6.400 millones de euros y supone un 15% más que en el mismo periodo del año anterior.



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Además creciendo -que es importante resaltarlo- en un 10% el número de actuaciones inspectoras. Además si analizamos los datos que ha ofrecido la Agencia Tributaria comprobaremos que se pretende atajar el fraude de verdad. Se pone el
acento sobre tradicionales nichos de fraude que constituyen el caldo de cultivo de la economía sumergida, y se aprovechan nuevas fuentes de información como los consumos de energía eléctrica o los requerimientos de información sobre bienes situados
en territorios que han dejado de ser paraísos fiscales, como Andorra o Panamá, en virtud de los convenios de intercambio de información que el Gobierno de España ha suscrito con otros países. A esto se unirá, a partir de enero de 2013, el
levantamiento del secreto bancario con Suiza, que permitirá conocer las cuentas opacas que hasta ahora estaban depositadas en este paraíso fiscal. Está claro que el Gobierno apuesta decididamente -y es una de sus prioridades- por la lucha contra el
fraude, pero no se conforma con estos resultados. Y como no se conforma con estos resultados alcanzados se ha aprobado este proyecto de ley de intensificación de las actuaciones de prevención y lucha contra el fraude, porque en este proyecto de ley
se combinan medidas muy novedosas y es el proyecto de ley más ambicioso que se ha hecho en los últimos años de lucha contra el fraude.


El ministro ha expuesto algunas de las medidas más novedosas, pero yo creo que es importante hacer hincapié en algunas de ellas. Por primera vez se limita el uso de dinero en efectivo en operaciones en las que intervenga un empresario o
profesional que superen un importe de 2.500 euros. Se trata, señorías, de atajar los pagos en el llamado dinero negro, incentivando al mismo tiempo la colaboración ciudadana, ya que en casos de denuncia de incumplimiento de la obligación de no
efectuar pagos en efectivo a aquella parte denunciante no se le aplicará la sanción prevista por la norma. También me parece absolutamente novedosa e importante la obligación de suministrar información sobre bienes o cuentas situados en el
extranjero, con una sanción mínima de 10.000 euros en caso de incumplimiento.


Señorías, es verdad que hay una regularización fiscal aprobada por el Gobierno, pero esperemos para valorar los resultados a que finalice el plazo de presentación, el próximo 30 de noviembre. A partir de ahí los defraudadores deben tener
claro que corren muy malos tiempos para ellos, que se les están acabando las oportunidades y que esta ley estrecha el cerco e impide que sigan campando a sus anchas llevándose su dinero fuera de nuestras fronteras. Efectivamente seguirán existiendo
paraísos fiscales, pero el Gobierno está trabajando para que esos paraísos se conviertan en un auténtico infierno para aquellos que defrauden a todos los españoles al dejar de pagar sus impuestos. Se introducen también importantes modificaciones en
el sistema de módulos, principalmente en aquellos sectores donde se han detectado bolsas de fraude por emisión de facturas falsas cuando trabajan para otros empresarios o profesionales.


Este proyecto de ley potencia también, señorías, los mecanismos de que dispone la Agencia Tributaria para asegurar el cobro de la deuda tributaria, eliminando la posibilidad de aplazamientos o fraccionamientos en situaciones de concurso, o
introduciendo nuevos supuestos de responsabilidad de los administradores de las sociedades. Junto a este conjunto de medidas que recoge este proyecto de ley el Gobierno modificará en fechas próximas el Código Penal, con el fin de endurecer como
nunca la figura del delito fiscal, incrementando la pena de cárcel hasta los seis años y ampliando el periodo de prescripción a los diez años.


Señorías, voy concluyendo. En esta tarea de prevención y lucha contra el fraude el Gobierno no puede ni debe estar solo. Desde el Grupo Popular entendemos que esta tarea es de todos, necesita el apoyo de todos los grupos parlamentarios
representados en esta Cámara, y necesita el apoyo de toda la sociedad, y por ello quiero mostrar nuestra disposición, la disposición del Grupo Parlamentario Popular al diálogo y al consenso, con aportaciones en fase de enmiendas que puedan
enriquecer este proyecto de ley, porque el objetivo de acabar con el fraude fiscal estoy segura de que lo compartimos todos los grupos parlamentarios. Sepamos encontrar en la tramitación de este proyecto de ley aquellos puntos de encuentro en que
podamos estar de acuerdo, porque estamos hablando de luchar contra el fraude fiscal, estamos hablando del dinero que es de todos nosotros y de todos los españoles. Por ello, señorías, vamos a votar en contra de la enmienda a la totalidad presentada
por La Izquierda Plural.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Madrazo.


Terminado el debate, estamos llamando a votar y lo haremos en tres minutos. (Pausa).



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JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.


El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder al juramento o promesa de acatamiento de la Constitución conforme al artículo 20.1.3 del Reglamento. En sustitución de doña María Elvira Rodríguez Herrer pregunto a don José Juan Sánchez Barrera si
jura o promete acatar la Constitución.


El señor SÁNCHEZ BARRERA: Sí, juro.


El señor PRESIDENTE: Don José Juan Sánchez Barrera ha adquirido la condición plena de diputado. Enhorabuena. (Aplausos).


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):


- PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVA TRIBUTARIA Y PRESUPUESTARIA Y DE ADECUACIÓN DE LA NORMATIVA FINANCIERA PARA LA INTENSIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES EN LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE. (Número de expediente
121/000015).


El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder ahora a la votación de la enmienda de devolución presentada al proyecto de ley de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria, y de adecuación de la normativa financiera para la
intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 15; en contra, 292.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda de devolución.


Se levanta la sesión.


Era la una y veinte minutos de la tarde.