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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 61, de 25/09/2012
cve: DSCD-10-PL-61
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2012 X Legislatura Núm. 61
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 57
celebrada el martes,
25 de septiembre de 2012
ORDEN DEL DÍA:
Exclusión en el orden del día ... (Página6)
Interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la situación de la Seguridad Social y la garantía de las pensiones. (Número de expediente 172/000063) ... (Página6)
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- Del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, Orgánica, para prevenir y erradicar la discriminación lingüística y asegurar la libertad de elección de lengua. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 38-1, de 5 de
enero de 2012. (Número de expediente 122/000028) ... (Página6)
- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la mejora de la accesibilidad en las comunidades de viviendas. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 15-1, de 27 de diciembre de 2011. (Número de expediente 122/000015) ...
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, para la racionalización del régimen retributivo de los cargos políticos electivos mediante un sistema objetivo, coherente y transparente a nivel nacional. 'BOCG. Congreso de los
Diputados', serie D, número 144, de 14 de septiembre de 2012. (Número de expediente 162/000415) ... (Página34)
- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa a la lucha contra el fraude fiscal. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 148, de 21 de septiembre de 2012. (Número de expediente 162/000423) ...
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Baldoví), sobre el aprovechamiento de los alimentos descartados por las grandes superficies. (Número de expediente 173/000041) ... (Página51)
- Del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre los propósitos del Gobierno en relación al acceso de los estudiantes españoles en su etapa de educación obligatoria a una alimentación en los centros escolares que permita el
pleno desarrollo del derecho a la educación regulado en la Constitución española. (Número de expediente 173/000042) ... (Página58)
- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la creación de un fondo verde de inversiones para generar crecimiento y empleo. (Número de expediente 173/000043) ... (Página66)
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página74)
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página74)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página75)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Exclusión del orden del día ... (Página6)
La Presidencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces, somete al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día de la interpelación urgente, que figura como punto
número 25, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la situación de la Seguridad Social y la garantía de las pensiones, lo que se aprueba por asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página6)
Del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, orgánica, para prevenir y erradicar la discriminación lingüística y asegurar la libertad de elección de la lengua ... (Página6)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Martínez Gorriarán, en nombre del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
En turno en contra interviene el señor Caamaño Domínguez, del Grupo Parlamentario Socialista.
Replica el señor Martínez Gorriarán y duplica el señor Caamaño Domínguez.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Barkos Berruezo, el señor Baldoví Roda, la señora Fernández Davila, y los señores Tardà i Coma e Iñarritu García, del Grupo Parlamentario Mixto; Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV); Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora Ares Martínez-Fortún, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la mejora de la accesibilidad en las comunidades de viviendas ... (Página25)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Olabarría Muñoz, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Errekondo Saltsamendi, del Grupo Parlamentario Mixto; Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; las señoras De las Heras Ladera, del Grupo
Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Tarruella Tomàs, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Seara Sobrado, del Grupo Parlamentario Socialista y el señor Vañó Ferre, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Proposiciones no de ley ... (Página34)
Del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, para la racionalización del régimen retributivo de los cargos políticos electivos mediante un sistema objetivo, coherente y transparente a nivel nacional ...
Defiende la proposición no de ley la señora Díez González, en nombre del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Nuet Pujals, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y Matarí Sáez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Cuadra Lasarte, del Grupo Parlamentario Mixto; Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y
Sánchez Amor, del Grupo Parlamentario Socialista.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora Díez González.
Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa a la lucha contra el fraude fiscal ... (Página42)
Defiende la proposición no de ley el señor Azpiazu Uriarte, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia y las señoras Ortiz Castellví, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y Vázquez
Morillo, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Quevedo Iturbe y Larreina Valderrama, del Grupo Parlamentario Mixto; Picó i Azanza, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Puche Rodríguez-Acosta, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Azpiazu Uriarte.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página51)
Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Baldoví), sobre el aprovechamiento de los alimentos descartados por las grandes superficies ... (Página51)
Defiende la moción el señor Baldoví Roda, del Grupo Parlamentario Mixto.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Tapia Otaegi, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Lozano Domingo, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
El señor Madina Muñoz pide la palabra al amparo del artículo 173, que le es concedida.
Contesta la señora Lozano Domingo.
Continúa el turno de defensa de las enmiendas presentadas con la intervención de las señoras Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Alegría Continente, del Grupo Parlamentario Socialista y el señor Pérez
Lapazarán, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Sixto Iglesias, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Baldoví Roda.
Del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre los propósitos del Gobierno en relación al acceso de los estudiantes españoles en su etapa de educación obligatoria a una alimentación en los centros escolares que permita el
pleno desarrollo del derecho a la educación regulado en la Constitución española ... (Página58)
Defiende la moción el señor Martínez Gorriarán, en nombre del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; García Álvarez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Ros Martínez, del Grupo Parlamentario
Socialista y el señor Cabrera García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Tapia Otaegi, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y el señor Barberà i Montserrat, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Martínez Gorriarán.
Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la creación de un fondo verde de inversiones para generar crecimiento y empleo ... (Página66)
Defiende la moción la señora Tapia Otaegi, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Ortiz Castellví, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y el señor Elorza González, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto y Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
Intervienen los señores Baldoví Roda, Larreina Valderrama y Cantó García del Moral.
Continúa el turno de fijación de posiciones con la intervención de los señores Picó i Azanza, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Fernández Álvarez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora Tapia Otaegi.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página74)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, orgánica, para prevenir y erradicar la discriminación lingüística y asegurar la libertad de elección de lengua, se
rechaza por 5 votos a favor, 307 en contra, más un voto telemático y 1 abstención.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la mejora de la accesibilidad en las comunidades de viviendas, se rechaza por 143 votos a favor, más 1 voto telemático, 169
en contra y 2 abstenciones.
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página74)
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, para la racionalización del régimen retributivo de los cargos políticos electivos mediante un sistema objetivo, coherente y transparente a
nivel nacional, se rechaza por 6 votos a favor y 308 en contra.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa a la lucha contra el fraude fiscal, con la incorporación de enmiendas de los grupos parlamentarios Socialista y de IU, ICV-EUiA, CHA: La
Izquierda Plural, se rechaza por 128 votos a favor, 170 en contra y 16 abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página75)
Sometida a votación la enmienda transaccional a la moción del Grupo Parlamentario Mixto, Sr. Baldoví, sobre el aprovechamiento de los alimentos descartados por las grandes superficies, se rechaza por 142 votos a favor, 171 en contra y 1
abstención.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre los propósitos del Gobierno en relación al acceso de los estudiantes españoles en su etapa de educación obligatoria a una alimentación en los centros
escolares que permita el pleno desarrollo del derecho a la educación regulado en la Constitución española, se rechaza por 4 votos a favor y 308 en contra.
Sometida a votación la enmienda transaccional a la moción del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la creación de un fondo verde de inversiones para generar crecimiento y empleo, se rechaza por 143 votos a favor y 171 en contra.
Se suspende la sesión a las diez y cincuenta minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
En relación con el escrito presentado por el Grupo Mixto, esta Presidencia ha revisado el 'Diario de Sesiones' y considera correcto el criterio seguido por la señora vicepresidenta primera que en ese momento presidía la sesión, por lo que no
procede conceder el turno de palabra solicitada.
EXCLUSIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE LA SITUACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA GARANTÍA DE LAS PENSIONES. (Número de expediente 172/000063).
El señor PRESIDENTE: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día de la presente sesión del
punto 25, correspondiente a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento).
Queda aprobada la exclusión del punto del orden del día.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, ORGÁNICA, PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA DISCRIMINACIÓN LINGÜÍSTICA Y ASEGURAR LA LIBERTAD DE ELECCIÓN DE LENGUA. (Número de expediente 122/000028).
El señor PRESIDENTE: Comenzamos con el punto I del orden del día, relativo a proposiciones de ley. En primer lugar, la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, orgánica para prevenir y erradicar la
discriminación lingüística y asegurar la libertad de elección de lengua. Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.
Esta proposición de ley orgánica que presentamos a la consideración de sus señorías tiene un título suficientemente descriptivo como para que no me haga falta dedicar demasiado tiempo a detallar cuáles son sus intenciones. Son, como dice
exactamente, prevenir y erradicar la discriminación lingüística y asegurar la libertad de elección de lengua, por supuesto, como ahora explicaré, en aquellas comunidades autónomas bilingües con dos lenguas cooficiales.
Para comenzar con la cuestión, creo conveniente recordar que uno de los problemas que tiene la Unión Europea para constituirse en algo más que en un club de Gobiernos, que en un club de Estados, es precisamente la falta de una lengua común.
Hay un consenso general entre todos los que piensan en la cuestión de que uno de los mayores frenos que tenemos para que Europa sea algo más que un conjunto de instituciones es que los europeos carecemos a día de hoy de una verdadera y auténtica
lengua común que nos una a todos como miembros de la misma comunidad política. De la misma manera, también es relevante traer al recuerdo que cuando se constituyeron los Estados Unidos de América hubo una discusión allí interesante entre los padres
de la Constitución sobre si había o no que declarar una lengua oficial del país, cosa que por otra parte en aquella época era francamente novedosa. La conclusión fue que se impusiera el sentido común y que la lengua oficial no apareciera en la
Constitución, pero que, de facto, la que usaran las instituciones fuera la que usaba la inmensa mayoría -si no toda, sí la gran mayoría- de la comunidad política, a saber, el inglés.
Dicho esto, conviene situarlo, porque España debe ser el único país del mundo que constituye una comunidad política donde se hablan diversas lenguas en diferentes zonas de su territorio, pero donde el debate de los últimos años no ha sido el
de cómo utilizar la lengua común para mejorar la calidad de la democracia, de la participación de los ciudadanos, de aquel término griego que se llamaba isegoría, que es precisamente la igualdad de todos los ciudadanos para poder participar en los
debates públicos en igualdad de condiciones, con la misma capacidad de hacer propuestas, de escuchar y de ser escuchados. Como digo, España es en eso también una excepción, y también una excepción un tanto desgraciada,
porque aquí el debate durante los últimos treinta años ha sido cómo acabar con ese papel de la lengua común y cómo conseguir que en determinadas porciones del territorio, donde vive esa comunidad política -del territorio nacional, por
tanto-, la lengua común pase a un papel secundario si no en la sociedad sí al menos en las instituciones políticas, que son las que precisamente se han creado para darle forma y sustancia a la comunidad política.
Creo que nadie podrá negar -aunque me imagino que a continuación oiré airadas negativas en este sentido, pero se pueden documentar perfectamente porque incluso tenemos sentencias judiciales del Tribunal Supremo al respecto- que existe una
situación de malestar lingüístico en muchas de aquellas comunidades que tienen dos lenguas cooficiales pero que por diferentes razones han ido evolucionando hacia la marginación o minusvaloración de una de ellas desde el punto de vista del acceso al
empleo público, de su uso como lengua vehicular en la educación, etcétera. Apenas hay un día que no aparezca en los medios de comunicación una o varias quejas, protestas de ciudadanos que en el País Vasco, en Cataluña, en Baleares, en Galicia, en
la Comunidad Valenciana o en otras comunidades pasan por situaciones que desde un punto de vista riguroso solo se pueden describir como lo que son: discriminación. ¿Por qué discriminación? Porque cuando en una comunidad que tiene
constitucionalmente dos lenguas oficiales una de ellas pasa a ser menos oficial que la otra, esta caída de la oficialidad en la práctica se traslada a los derechos de los ciudadanos que insisten -porque esa es su lengua materna o la lengua que
realmente conocen- en utilizarla y se encuentran con la cerrazón o la exclusión en las instituciones que debieran asegurar su igualdad.
¿A qué se remonta toda esta extraña evolución que además ha tenido muy poca contestación, por cierto, he de decir entre los estamentos responsables de la salvaguarda de los derechos de todos, es decir, las instituciones, entre los partidos
políticos mayoritarios, entre los sindicatos, las patronales, etcétera? ¿Cómo es posible que se haya abierto de esa manera, con tanta facilidad, esa teoría de que las lenguas cooficiales no son iguales y que en realidad hay lenguas que son más que
otras, y que eso ha de traducirse incluso en pérdida de derechos objetivos para muchos ciudadanos? Básicamente por la extraña transformación que tuvo lugar a partir de la Transición cuando una reivindicación democrática que a finales del franquismo
gozaba de un amplísimo apoyo, que era el derecho de los menores a ser escolarizados en su lengua materna, se convirtió por arte de birlibirloque ideológico, gracias sobre todo al éxito del nacionalismo, en una distinción completamente diferente. La
lengua materna desapareció como objeto de interés educativo y como objeto legislativo y se convirtió en un extraño objeto llamado la lengua propia. ¿Qué es la lengua propia? La lengua propia es evidentemente algo que se define por contraste. En
aquellas comunidades políticas en que hay más de dos lenguas comunes -comunes quiero decir a esa comunidad-, como son las comunidades bilingües, se decide que una de ellas es propia y que la otra es ¿qué? Evidentemente impropia; una lengua que,
como suelen repetir de una manera verdaderamente machacona pero no por eso menos mentirosa, habitual en textos, discursos y explicaciones de estas políticas lingüísticas, se ha ido imponiendo en aquella comunidad por la coacción, la violencia, la
persecución de la otra, etcétera.
El segundo concepto que también se introdujo con enorme éxito en nuestra vida política y con muy poca contestación es el de normalización lingüística. Es simétrico y gemelo del anterior. La normalización lingüística parte de un axioma o,
mejor dicho, de una percepción que no tiene nada que ver con la realidad, y es la siguiente: las sociedades bilingües en realidad son sociedades anormales. El bilingüismo es un periodo de transición hacia la recuperación de lo que debería ser, que
es una forma de monolingüismo, al menos desde el punto de vista de las instituciones, institucional. De manera que poco a poco, con la compra masiva, con gran éxito, de este concepto de lengua propia y con la aceptación también generalizada del
concepto de normalización lingüística fuimos a acabar sustituyendo los derechos de las personas, de los hablantes de las diferentes lenguas, que son los únicos que tienen derechos, por una construcción desde el punto de vista democrático
completamente aberrante, que es la idea de que las que tienen derechos son las lenguas y que, por lo tanto, las instituciones tienen que tener una política lingüística para proteger precisamente los derechos, las obligaciones que en su caso también
pudieran simétricamente corresponder a esas lenguas; es decir, las lenguas como tales, en sí mismas, completamente al margen del uso social que tengan y del hecho de que una lengua solo existe en la medida en que se actualiza en cada acto de habla
por cada uno de sus hablantes y, si no, no es otra cosa que un concepto abstracto. Esos conceptos abstractos, como digo -¡oh, sorpresa!- se convirtieron en España, ante la estupefacción general de los que observaban críticamente el proceso, en los
verdaderos tenedores y titulares de derechos y, por lo tanto, las comunidades autónomas con dos lenguas oficiales se dedicaron alegremente
a impulsar esas políticas de normalización que venían a consistir más o menos en que había que devolver a esas lenguas que habían perdido no se sabe qué derechos, los derechos que les habían sido conculcados.
De la misma manera, lo que buscaba la normalización, como decía, era convertir en normal lo que aparentemente no lo era. Realmente, es un objetivo completamente impropio de cualquier democracia en sus muchas variedades; es más bien una
idea orwelliana. Realmente parece arrancada de 1984, de George Orwell, esa idea de que tienen que ser las instituciones las que dictaminen qué es lo que los ciudadanos tienen que decir y sobre todo qué contenidos ideológicos tienen que ir atados,
unidos a esas palabras que emitan. En fin, como digo, un concepto orwelliano que lo que hace es invertir los valores en la realidad y que, sin embargo, ha tenido unos efectos absolutamente claros y contrastables en la realidad política española, en
su realidad educativa y en las libertades e igualdad de las que carecen muchos ciudadanos que se han convertido finalmente en los vasallos avasallados por esta política de normalización dictada desde un Estado claramente intervencionista, que es de
lo que se trata.
Lo diré, aunque me imagino que no servirá para nada, acostumbrados como estamos al diálogo de sordos que se emprende siempre en torno a esta cuestión. Ni mi grupo ni yo venimos aquí a defender los derechos del español, del castellano, de la
lengua de signos ni del chino. Absolutamente ninguna de esas lenguas tienen derechos, insisto en esto. Ninguna lengua tiene derechos, exactamente por la misma razón por la que no los tienen el teorema de Pitágoras ni la mecánica cuántica ni
ninguna confesión religiosa, porque son construcciones simbólicas, y los únicos que tienen derechos en una democracia o en cualquier sistema político son los sujetos individuales, cada uno de nosotros, uno a uno. Por tanto, lo que nos preocupan son
los derechos, que han sido, como digo, perjudicados y en muchos casos avasallados, de aquellos que se empeñan en algo tan elemental como hablar su lengua materna y usarla en la comunicación normal con la Administración y con las instituciones en
aquellas comunidades autónomas donde se ha impuesto la teoría de que eso es anormal y que debe ser corregido desde arriba, desde el poder.
La consecuencia, como es natural, es la conversión de la lengua cooficial, o de una de ellas, que por cierto y no casualmente, quizás con la excepción de Galicia, era y es la lengua más hablada en la sociedad de un modo habitual, es decir,
cuando los ciudadanos pueden elegir con libertad qué lengua es la que prefieren para la comunicación, incluyendo en esa elección a muchísimos ciudadanos bilingües que también eligen libremente en cada caso qué lengua prefieren para cada uso
comunicacional, y esto es, por cierto, lo propio de una sociedad abierta, de una sociedad con libertades. A lo que nos ha llevado esto, como digo, es exactamente a lo contrario, a que, en nombre de derechos falsos, en nombre de falacias
completamente incoherentes con los principios democráticos más elementales, se ha acabado privando o menoscabando los derechos de algunas personas. ¿De quiénes, por ejemplo? Pues de aquellas que piden lo que pedíamos durante la Transición y que ha
pedido la Unesco desde su fundación. Por ejemplo, el derecho a ser educados en su lengua materna, que su lengua materna también sea lengua vehicular en la enseñanza y que haya líneas bilingües, o al menos posibilidad de elegir líneas, cosa que
además va completamente en contra de lo que dice la Constitución española y que ha sido sancionada por sentencias del Tribunal Supremo incumplidas sistemáticamente.
Supongo que a estas alturas a nadie se le escapará, aunque todo es posible en este bendito país, que esto tampoco era una política meramente romántica ni meramente idealista ni carente de objetivos. Tenía y tiene objetivos bien claros y
bien concretos. La idea de acabar con la lengua común no es otra que el primer paso para acabar con la comunidad política. Dicho de otra manera en el lenguaje más coloquial de estos días, la idea de considerar que la lengua cooficial de la
comunidad, que además conoce y habla habitualmente la mayoría de la comunidad, es una lengua extranjera impuesta es una idea que viene orientada a la ruptura con esa comunidad política, es decir, a la consecución del proyecto separatista y del
proyecto secesionista. Y si yo, como demócrata, admito perfectamente que alguien desee la independencia de su comunidad política -aunque le explicaré las razones por las cuales creo que debo oponerme a hacerlo-, también he de decirle que ese
proyecto suyo independentista de ninguna manera autoriza ni sanciona ni protege la privación de derechos a los ciudadanos en nombre de ese proyecto que en el futuro piensa conseguir, de ese proyecto, por decirlo así, teleológico.
Lo estamos viendo estos días. Es completamente imposible pervertir absolutamente la actualidad política y culpar al enemigo extranjerizado de los males propios del mal gobierno autonómico si no es a través de un lavado de cerebro colectivo
que ha encontrado en esa educación, donde el mensaje ha sido único, unánime y formado por lo que se llama el pensamiento único y constante, sobre todo para las nuevas generaciones, justamente a base de tratar de arrancarles, de erradicarles de la
comunidad del
lenguaje a la que naturalmente pertenecían. Como digo, ¿de qué se trata, por tanto? Pues se trata de que paremos de una vez esto que algunos llaman guerra de lenguas pero que no es guerra de lenguas, sino de proyectos políticos
democráticos contra proyectos políticos que no lo son tanto o en algunos casos son abiertamente totalitarios. De lo que se trata, por tanto, es de que este Congreso de los Diputados, haciendo uso de sus prerrogativas y competencias
constitucionales, haga lo que no tenía que haber dejado de hacer nunca, que es asumir la competencia, el compromiso y la garantía de que las libertades constitucionales no tienen excepciones territoriales y que nada se va a oponer al derecho a la
igualdad que afirma el artículo 14 de la Constitución, tampoco el desconocimiento de una lengua cooficial, ni a la libertad de circulación que prevé el artículo 19 o al acceso en igualdad de condiciones a funciones y cargos públicos del artículo 23,
ni al derecho a la educación, etcétera. Como nos ocurría el otro día con una cuestión que tiene que ver con esta, podríamos estar aquí toda la tarde, parte de mañana e incluso otro día enumerando casos concretos y documentando situaciones en las
que esto ha ocurrido. Desde que, por ejemplo, en el caso del País Vasco haya habido oposiciones a especialidades médicas donde un doctorado en medicina se valoraba tres veces por debajo de determinado nivel de conocimiento del euskera aunque la
ocupación médica no tuviera nada que ver con el uso habitual o coloquial de la lengua que se solicitaba como requisito sine qua non, hasta las multas y persecuciones a empresarios y a pequeños comercios en Cataluña con el asunto de la normalización
o ayer mismo las denuncias que ya son recurrentes en Baleares -da igual quien gobierne, no importa ya quién esté allá en las instituciones-, que impiden que sea posible escolarizar a los niños en lengua castellana como lengua vehicular; y así todo
lo demás.
En fin, estos días que se habla tanto de federación y de federalismo, parece que más con voluntad de usarlo como un extintor que como un proyecto político serio para apagar incendios que otros han creado precisamente por abandonar estos
principios, quería decir que no creo que haya en esta Cámara absolutamente nadie que me pueda citar un caso de Estado federal donde resulte que haya un Estado de los que lo componen o una de sus entidades donde sea imposible la escolarización en una
de las lenguas vehiculares de la federación; incluso en aquellos como Suiza, que tienen en realidad tres, cuatro lenguas cooficiales reconocidas y además con zonas lingüísticas claramente diferenciadas.
Voy terminando. Nosotros a lo único que aspiramos y lo que pretendemos es que desde aquí se envíe a la ciudadanía un mensaje de que nos tomamos en serio la igualdad, que nos tomamos en serio las libertades constitucionales, que nos parece
muy bien el bilingüismo socialmente existente pero que no nos parece tolerable que se considere un estadio de transición hacia una sociedad monolingüe perfecta que coincide -vaya por Dios, qué casualidad- con proyectos independentistas muy claros y
muy rotundos en sus pretensiones, que es romper la comunidad política mediante la secesión. Lo que pedimos por lo tanto es que se adopten, como esta ley prevé, una serie de medidas tanto activas como pasivas para erradicar la discriminación por
razones lingüísticas, para garantizar por supuesto el uso en igualdad de condiciones de ambas lenguas cooficiales en la Administración y en las instituciones, y para garantizar que nadie sea discriminado con abusos -otros evidentemente no lo son- de
requisitos lingüísticos desorbitados o extraordinarios. Eso es lo que les proponemos y eso es lo que sometemos a su consideración.
No quiero dejar de recordar que el Partido Popular durante la anterior legislatura propuso también una proposición parecida a esta y que, por cierto, no quiso que se sumara a la misma una que presentó nuestra diputada Rosa Díez. Nosotros
entonces la apoyamos, y no les digo lo que tienen que hacer, por supuesto, son todos ustedes muy libres, pero realmente sería curioso y extraño que los criterios políticos de fondo hubieran cambiado de una legislatura para otra.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.
Han solicitado varios grupos la utilización del turno en contra, pero en primer lugar le corresponde al Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa, tiene la palabra el señor Caamaño.
El señor CAAMAÑO DOMÍNGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, si tomamos el 'Boletín Oficial del Estado' número 311, de 29 de diciembre de 1978, podremos comprobar que la Constitución española fue publicada y, por tanto, adquirió ser jurídico en las diversas lenguas del Estado. La
Constitución española habla todas esas lenguas y ellas son las lenguas de nuestra Constitución. Ninguna constitución que se precie puede escribirse en lengua ajena. A diferencia de lo que ocurre con otras normas jurídicas, la vinculación a la
Constitución exige una adhesión sentimental
que desborda la simple sujeción jurídica. Las prescripciones de la Constitución no pueden entenderse como simples mandatos de deber ser aislados dentro de un texto normativo; encierra claves emotivas que trascienden la institucionalidad e
incluso los consensos acogiendo una hermenéutica de sentimientos compartidos por una comunidad que a menudo se piensan en la primera lengua, en esa que más que tenerla ella somos tenidos por ella.
En el año 1978 el constituyente español apostó decididamente por la dignificación y el reconocimiento de la diversidad de España, consciente de que solo era democráticamente viable un proyecto político común capaz de incorporar las
diferencias. Esa decisión es estructural y profunda, y marca cualquier interpretación de nuestro texto constitucional. No es algo reservado exclusivamente al artículo 2 o al título VIII. No, señorías, si la Constitución es libertad, el
reconocimiento de nuestra pluralidad territorial forma parte de esa libertad; una circunstancia que no se puede preterir y que sin embargo se desconoce claramente en la iniciativa que se somete ahora a la consideración de esta Cámara; una
iniciativa que retuerce la Constitución y el principio de igualdad, además de ser manifiestamente innecesaria por ineficaz y redundante desde el punto de vista de la protección jurídica del derecho de todos los españoles a la libre elección de la
lengua allí donde exista más de una lengua oficial. En efecto, nuestra Constitución es muy clara. Su artículo 3 dispone que el castellano es la lengua oficial del Estado y añade que las demás lenguas españolas serán también oficiales en las
respectivas comunidades autónomas, de acuerdo con sus estatutos. Subrayo esta última coletilla. Una precisión de la que se deriva una competencia lingüística de las comunidades autónomas con lengua oficial que, como ha declarado nuestro Tribunal
Constitucional, constituye una habilitación -y leo textualmente- para regular el alcance y los efectos de la cooficialidad.
Pues bien, lo primero que persigue el grupo proponente es constreñir y desapoderar por la puerta de atrás a las comunidades autónomas con lengua propia del uso y el ejercicio de esa competencia, sencillamente porque discrepa en términos
políticos de cómo la han ejercido y porque desea imponer un modelo que no es el que mayoritariamente ha querido esta Cámara cuando se ha pronunciado a través de la ley, han querido los parlamentos autonómicos cuando lo han hecho y, sobre todo, ha
querido la gran mayoría de los ciudadanos de este país que viven a diario bajo un régimen de cooficialidad lingüística que, además, ha sido reiteradamente fiscalizado y auditado en su validez jurídica por nuestro Tribunal Constitucional. ¿Y cómo
persiguen ese fin? Lo hacen presentándonos una proposición de ley orgánica de desarrollo de un derecho fundamental, desconociendo que el artículo 81 de nuestra Constitución nunca puede ser entendido como un título atributivo de competencias. Pero
lo más preocupante es que al servicio de esa estrategia, de esa búsqueda, se invoca un concepto de igualdad absolutamente equívoco e incompatible con nuestra Constitución. De nada sirve recordar el concepto de igualdad en Grecia. Grecia entonces,
la Grecia clásica, era incompatible con la igualdad. Que se lo pregunten a las mujeres, a los ilotas y a todos los que vivían fuera de la ciudad. (Aplausos).
Nuestra Constitución. Como suele ocurrir en todas aquellas tendencias que prefieren aminorar las diversas sensibilidades que existen en nuestro país, en España, la iniciativa acoge deliberadamente una lectura descontextualizada de los
artículos 14 y 139.1 de la Constitución. Permítanme pararme muy brevemente en estas dos cuestiones que son el fundamento pretendidamente constitucional de esta iniciativa. El primero: Es cierto que el artículo 139.1 de la Constitución dice que
todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. Pero es obvio que en un Estado políticamente descentralizado, como ya señaló el Tribunal Constitucional desde la tempranísima sentencia
37/1981, y desde entonces hasta hoy, no puede hacer que este artículo se entienda como un principio de uniformidad, porque sería contrario a la esencia misma del modelo descentralizador y de nuestra forma de Estado. Por tanto, igualdad no es
uniformidad. Y no lo es tampoco en el ámbito de los derechos constitucionales, según ha puesto de relieve el propio tribunal en su sentencia 247/2007.
En consecuencia, la iniciativa que hoy examinamos ni encuentra apoyo del artículo 81, que no puede atribuir competencias, ni tampoco lo encuentra en el 139, salvo que olvidemos que nuestra Constitución es la Constitución de un estado
políticamente descentralizado, cosa que evidentemente no podemos obviar. Nos quedaría, por tanto, examinar si la iniciativa puede ser considerada como desarrollo del derecho del artículo 14, del derecho a la igualdad. Pues bien, el artículo 14 de
nuestra Constitución, como es de todos conocido, contiene dos principios diferentes que, por cierto, la proposición entremezcla con escaso rigor técnico. Por una parte, el principio de igualdad en sentido tradicional, es decir, como aquel que exige
que la ley se aplique a todos por igual. En este sentido, la igualdad sería la ausencia de privilegios. Y, por otra parte, la igualdad es entendida también en nuestro artículo 14 como tutela antidiscriminatoria, es decir, como un derecho y como
una política pública orientada a reaccionar frente a
ciertas bolsas de discriminación que, a pesar de la literalidad de la ley, persisten en las sociedades democráticas. Pues bien, con arreglo a esta idea, el principio de igualdad supone tratar igual lo que es igual pero al tiempo tratar de
manera diferente lo que es distinto, y más aún, intentar favorecer a quien se encuentre en posición de desventaja. Ese es el mandato del artículo 14 de nuestra Constitución. Por tanto, una buena política de igualdad en términos de tutela
antidiscriminatoria no es aquella que trata a todos por igual sino que, por el contrario, es aquella que acierta en la gestión de la diferencia. Esta segunda dimensión de la igualdad es la que ahora nos interesa.
Es evidente, y así se advierte en la exposición de motivos de esta iniciativa, que el constituyente de 1978 reconoció a otras lenguas distintas del castellano el estatuto constitucional de lengua oficial, con el objeto de impedir la
marginación y el acoso que habían sufrido en el pasado, evitando así la humillación que padecían todos aquellos españoles que la seguían utilizando como lengua propia, y lo hizo estableciendo un principio absolutamente clave, el de territorialidad,
que es bien fácil de entender. Un valenciano, un gallego, un vasco o un catalán tienen derecho a utilizar plenamente su lengua en su territorio, en el territorio de su comunidad autónoma; sin embargo, aun siendo españoles y aun siendo titulares
del derecho a la libre elección de lengua, no pueden hacerlo fuera del territorio de la comunidad. Esta es la regla de territorialidad que ha establecido el constituyente. Ese es el punto de equilibrio del artículo 3 de nuestra Constitución:
pleno derecho al uso de la lengua propia, pero solo dentro del ámbito de la comunidad. Evidentemente, señorías, este principio de territorialidad no es unidireccional, por eso también tiene su correlato en todas aquellas personas que residen en una
comunidad autónoma con lengua oficial distinta del castellano y que optan por utilizar esta última. Al igual que sobre los primeros, también sobre ellos pueden recaer ciertas condiciones de ejercicio en relación con su derecho a la libre elección
de lengua que son consideradas, precisamente en atención al fin constitucionalmente perseguido, como condiciones de ejercicio razonables, proporcionadas y que se ajustan a las previsiones de la Constitución y de las leyes. Por tanto, en estos
casos, señorías, no hay discriminación ni un trato desigual, lo que hay son posiciones jurídicas distintas derivadas del principio de territorialidad y de la necesidad de hacer compatible derechos lingüísticos de todos los españoles, de todos,
cuando convergen en un territorio donde hay dos lenguas oficiales.
Llegado a este punto, interesa constatar que no solo la Constitución, sino también los estatutos de autonomía y todas las leyes de normalización lingüística que hasta ahora se han aprobado por las comunidades autónomas, todas estas normas
reconocen expresamente el derecho a la libre elección de lengua, proscriben toda forma de discriminación por tal motivo y establecen además medidas adecuadas de protección ante las administraciones públicas y, en su caso, la tutela ante los
tribunales de justicia. Entonces, ¿cuál es el porqué, si ya está regulado, de esta iniciativa legislativa? La respuesta es bastante simple si nos detenemos en la lectura del articulado de esta proposición de ley. A los proponentes no les gusta
que el legislador democrático y el Tribunal Constitucional hayan admitido que quienes residan en una comunidad autónoma con lengua propia y decidan utilizar otra lengua oficial puedan encontrarse sujetos a ciertas condiciones que modulen su
ejercicio, como consecuencia del antes mencionado principio de territorialidad; no les gusta que tengan ciertas modulaciones en el acceso al empleo público, que tengan ciertas modulaciones en la enseñanza pública, reconociéndose el carácter
vehicular de alguna de las lenguas oficiales, en concreto la propia de esa comunidad autónoma en su sistema educativo; nos les gusta que tengan que pedir expresamente la traducción de un acto de comunicación o de resolución administrativa cuando se
da en lengua distinta del castellano, por cierto, si no fuese así, entonces no habría lenguas oficiales. O lo son o no lo son. Eso es lo que aquí nos quieren poner en evidencia.
Para el grupo parlamentario proponente estas modulaciones o condiciones de ejercicio solo pueden recaer y hasta deben recaer sobre quienes libremente utilizan una lengua oficial distinta del castellano, pero nunca sobre quienes optan
legítimamente por esta última, porque entonces las condiciones, aunque sean proporcionadas y razonables dentro de este esquema, se consideran discriminatorias. A su juicio, solo los castellanohablantes se encuentran en una situación de diferencia
de trato, como si no poder hablar tu lengua propia fuera de tu comunidad no fuese limitación alguna también al derecho de libre elección de lengua. El constituyente, señorías, utilizó un criterio de delimitación, y del mismo se derivan condiciones
de ejercicio para unos y para otros. Lo que es discriminatorio políticamente es solo verlo en unos y no verlo en otros; es romper el equilibrio de nuestras lenguas. (Aplausos). Señorías, lo que es políticamente discriminatorio es desconocer
interesadamente una realidad, que es que el constituyente español declaró oficiales esas lenguas, precisamente porque ellas eran las discriminadas frente a una
lengua dominante en el Estado. Por tanto, no vengamos con una ley que invierte la discriminación. Eso es lo realmente exótico de toda esta iniciativa.
Esta iniciativa me recuerda en cierto modo -concluyo ya, presidente- a la política que el presidente Feijóo intentó llevar a cabo en Galicia, creando un problema donde no lo había, y los gallegos tuvimos que salir a la calle a decirle que
con nuestra identidad y con nuestra dignidad no se juega y que las generaciones de gallegos vivos no queremos asumir la responsabilidad de que nuestra lengua pueda ser, por falta de apoyo y por falta de defensa institucional, una lengua muerta.
Salimos a decírselo, defendiendo no solo nuestra dignidad como gallegos, no solo a Galicia, sino también a España, pues nuestra lengua también es patrimonio común de todos los españoles y nosotros tenemos en primer lugar la responsabilidad de hacer
que persista, de defenderla, de activarla, de seguir escribiendo, hablando y comunicándonos, porque es bueno -insisto- para todos.
Por todas estas razones, los socialistas consideramos que esta iniciativa contraviene el espíritu de nuestra Constitución, es jurídicamente innecesaria desde el punto de vista de la protección de los derechos de los ciudadanos y, además,
crea un problema donde realmente no lo hay. Por todo ello, nos opondremos a la toma en consideración de la misma.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Caamaño.
Señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.
Agradezco su intervención, aunque no se por qué me ha sorprendido en parte que ustedes, vista la trayectoria de todos estos años, de repente descubran, con el máximo entusiasmo y la máxima adhesión sentimental, porque aquí hay mucho
sentimiento resbaladizo, todos aquellos mitos nacionalistas que están en el origen, en la raíz de gran parte de las guerras y de los desastres que han devastado a Europa durante el siglo XX y gran parte del resto del mundo. (Rumores). Pero, claro,
cuando alguien llega a la conclusión de que hasta que él llegó ni siquiera los griegos habían pensado en la democracia... ¿Le va usted a explicar a Clístenes o a Pericles qué era eso de la democracia, por favor, teniéndoles aquí a ustedes? Otro
día discutimos, si quieren, esa cuestión.
Estamos en posiciones completamente contrarias. Nosotros estamos no digo ya criticando sino negando la premisa mayor: las lenguas no tienen derechos. Es absurdo referirse a expresiones como equilibrio de lenguas, salvo en el contexto de
una discusión, donde se está hablando de lenguas como sustituto o como sinónimo de comunidades lingüísticas. Por favor, la Constitución es un texto, no habla. ¿Qué va a hacer usted? ¿Convencernos de que la Constitución le habla? Dejémonos de
historias y vayamos al verdadero problema. Aquí lo que ocurre es que ustedes están en la misma posición negacionista que con la crisis; decían que no había crisis y el anterior presidente, Rodríguez Zapatero, fue a Europa a proponer que se
prohibiera por decreto, y ustedes proponen que no haya situación de discriminación lingüística objetiva ni que haya gente que presenta denuncias y obtiene que los tribunales le dan la razón con sentencias muy claras, llegando incluso al Tribunal
Supremo. Ustedes pretenden que todo eso desaparezca por decreto, aplicando aquella máxima de Romanones, que supongo que dijo en esta misma tribuna: Usted haga la ley que yo ya haré el reglamento. Usted redacte la Constitución que luego ya me la
cargaré yo con las políticas de normalización que a mí me parezcan necesarias. La cuestión, lo que verdaderamente nos separa, es si nos importan o no los derechos y la igualdad de las personas. Nosotros decimos -se lo he dicho, aunque ya sé que da
igual porque no hay peor sordo que el que no quiere oír- que nos da igual los derechos de las lenguas porque eso es una patraña. Lo que nos importa son los derechos de las personas con ciudadanía española que están viendo erosionados sus derechos
en parte de comunidades autónomas, donde se han aplicado políticas que en la práctica ignoran de hecho y de derecho la cooficialidad de las dos lenguas. ¿O es que usted me va a negar que sea falso, que no es cierto que hay comunidades autónomas
donde no es posible escolarizar en un centro público a un niño en lengua vehicular en castellano? ¿Me va a decir que no? ¿Me va a decir que el Tribunal Supremo también tiene fantasías? ¿Me va a decir que las sentencias son papel mojado? Pero si
es que ese es el problema, si es que ustedes crean frustración en la gente. Estamos aquí para defender sus derechos, no para negar que sean problemas. Esa es la cuestión. Dicho lo cual, si ustedes siguen prefiriendo aferrarse a los mitos del
nacionalismo romántico más rancio y hablar de la emoción inmarcesible, inefable, que les produce el hablar las distintas lenguas, me parece muy bien; pero les diré otra cosa, no tiene nada que ver la organización territorial del Estado con la
cuestión de las lenguas que se hablan en el mismo, porque
aplicando esa norma suya, resulta que todos los países que comparten la misma lengua deberían de ser forzosamente el mismo Estado. Recuerdo aquello, creo que era de Bernard Shaw, cuando hablaba del inglés, esa lengua que nos separa a los
ingleses y a los americanos. ¿Qué se cree, que las lenguas no sirven también para separar a la gente, y que por tanto hay que dar por hecho la ecuación nacionalista de que una lengua, un país, y un pueblo, claro? No hace falta que se lo diga en
alemán, me parece que todo el mundo sabe quién lo dijo y lo repitió muchas veces. Esto es lo que se trata de impedir. Claro que hay situaciones de bilingüismo real en muchas comunidades autónomas españolas, claro que eso está protegido por la ley.
Lo que decimos es que esa protección de la ley no puede utilizarse haciendo trampa para utilizar la ley contra el derecho, y no se puede hacer que esas situaciones legales sirvan en la práctica para discriminar sobre la base de reglamentos y normas.
Eso es lo que le decimos. ¿Ustedes están en contra y a favor de mantener la discriminación? Pues muy bien, explíquenselo ustedes a sus electores, a los que normalmente dicen cosas diferentes.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.
Señor Caamaño.
El señor CAAMAÑO DOMÍNGUEZ: Muchas gracias, presidente.
Señoría, yo he hecho un análisis de una proposición de ley, de un texto que espera y aspira a ser norma. Lo he hecho con fundamentos normativos creo que bastante claros y, por supuesto, utilizando algo que no puede ser cuestionado aquí en
principio cuando hablamos del tratamiento normativo a nivel de ley, que es nuestra Constitución. Por tanto, le estoy diciendo con toda claridad que lo que usted pretende no tiene sustento en nuestra Constitución. Si a usted no le gusta el artículo
3 de la Constitución porque considera que una cosa es la lengua y otra el derecho, que una cosa es la lengua y otra las instituciones, entonces tenemos que buscar algún lugar donde la lengua exista per se, ella sola, sin estar contaminada por nada
más. Pero me temo que ese lugar sencillamente no existe. La lengua forma parte del corazón de las personas, del corazón de las instituciones, del corazón de los pueblos, y esos pueblos tienen derecho, y el derecho se expresa en su lengua; y esos
pueblos tienen cultura, y su cultura se expresa en su lengua. Quizá alguien pueda hacer una especie de liquidación de estos dos ejes y presentar la lengua en estado puro. ¿Sabe lo que le pasaría en ese caso? Nadie la hablaría, esa es una lengua
sin futuro, es una lengua sin pasión y sin viabilidad. El constituyente español nos presentó un modelo mejor o peor, pero que es uno, donde para compatibilizar el ejercicio de varias lenguas en su oficialidad buscó un criterio. Y algunos hemos
aceptado ese criterio, podíamos discutirlo, en otros países no es así, pero el constituyente eligió uno y además nos dice claramente -salvo que ustedes presenten una iniciativa de reforma de la Constitución- que ese modelo lo regula la Constitución
y los estatutos de autonomía. Por tanto, han sido los estatutos de autonomía y quienes tienen competencia para hacerlo quienes lo han regulado. Y cuando ha habido algún conflicto y se han recurrido esas leyes, el Tribunal Constitucional, que
efectivamente no es lengua pero es la institución que resuelve estos conflictos, ha dicho que esas normas eran constitucionales. Lo que no se puede hacer es coger tres o cuatro casos y juzgar por ellos las políticas públicas llevadas a cabo por las
comunidades autónomas y mayoritariamente aceptadas en materia de lengua por los ciudadanos que allí viven. Eso sí que no es un criterio que sea ni estadística ni razonablemente defendible. Sería tanto como suprimir el Código Penal porque alguien
ha cometido un delito. Es al revés, las normas están para evitar que esto ocurra, y si hay abusos, para eso está el Poder Judicial, para eso están los recursos, para eso están las instituciones. Todo eso ya existe, todo eso ya lo tiene un
ciudadano español, que si se siente lesionado en su derecho a la utilización libre de elegir una lengua oficial puede acudir a un tribunal de justicia y defender sus pretensiones, y como usted mismo recordaba, cuando así se hace, y se hace en contra
de la ley, los tribunales reconocen ese derecho y cuando no, no. Pues eso es lo que nos ha pasado hasta ahora. El Tribunal Constitucional nos ha dicho que una lengua oficial de una comunidad autónoma puede ser vehicular en la enseñanza. ¿Que a
usted no le gusta? Pero lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Y, por cierto, a la gran mayoría de los catalanes sí le gusta. Como le gusta a la gran mayoría de los ciudadanos que viven en Galicia o en otras comunidades con lengua propia. Por
tanto, desde el punto de vista jurídico la ley carece de soporte constitucional. Va en contra del espíritu integrador del constituyente de 1978; va en contra del espíritu del artículo 3 de nuestra Constitución, pero además considero que
políticamente pretende crear, como hizo el presidente Feijóo en mi comunidad, un problema donde realmente no existe. Allí hubo una ley de normalización lingüística que sirvió a gobiernos de distinto signo político, de un color y de otro, y nos
sirvió a todos. Tuvieron que venir con algún caso
amplificado en los medios de comunicación, que era lo que se pretendía, para cuestionar un modelo, obligándonos a todos los gallegos a decir por esa vía no, por ese camino no, en las calles de Santiago de Compostela.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Caamaño.
Entramos ahora en el turno de fijación de posiciones. Dado el carácter de esta proposición de ley, por el Grupo Parlamentario Mixto van a intervenir cinco oradores. Les pido que se atengan a sus tiempos. Tiene en primer lugar la palabra
la señora Barkos.
La señora BARKOS BERRUEZO: (Comienza su intervención en euskera, cuyo texto, que entrega al 'Diario de Sesiones', dice lo siguiente: Eskerrik asko, presidente jauna, eta arratsaldeon guztioi: Euskaraz arituko naiz... nahiz eta Espainiako
Behe Ganbarako erreglamenduak onartzen ez duen diputatuen eskubidea Konstituzioak berak onartzen dituen...
El señor PRESIDENTE: Señora Barkos, le ruego que emplee el castellano.
La señora BARKOS BERRUEZO: Hori da hain zuzen Gorriaran jauna, erabiltzerik ez izatea, hizkutz diskriminazioaren...
El señor PRESIDENTE: Señora Barkos, le ruego que emplee el castellano o me veré obligado a llamarle al orden y luego a sacarla de la tribuna. Por favor, emplee el castellano.
La señora BARKOS BERRUEZO: Por descontado, presidente, que no llegaremos a ese punto.
Señor Gorriarán, no hace falta salir de esta Cámara para atender o asistir a capítulos de discriminación lingüística, que no es el que ha aplicado ni mucho menos la Presidencia, sino el Reglamento de esta Cámara, que es el que obliga al
conjunto de aquellos diputados que en un momento dado queremos dirigirnos a la misma en una de las lenguas oficiales así recogidas por la Constitución. Algunas de sus señorías me decían: no comprendo. Cierto. No existen las herramientas mínimas
que en una democracia seria permitirían que hubieran entendido mis palabras con una traducción. No decía otra cosa sino que es triste que en un Estado que reconoce de manera oficial desde la Constitución las lenguas de todas y cada una de las
comunidades que tienen una lengua histórica, no se puedan emplear mínimamente en esta Cámara. Por tanto, señor Gorriarán, repito, no hace falta que salga usted de esta casa para saber qué es discriminación por motivos lingüísticos, basta con
repasar un Reglamento que impide el uso de las lenguas oficiales; basta con repasar el pacto tácito de los dos partidos mayoritarios en esta Cámara para reformar el Reglamento. Nos han castigado ustedes demasiado tiempo con ello, señorías, y basta
con echar un vistazo al 'Diario de Sesiones'. Por tanto, empezar hablando de discriminación lingüística mirando fuera de esta casa solo puede ser porque se busca mirar hacia el lado de rentabilidades que por legítimas que pudieran ser Geroa Bai no
comparte y no va a compartir con ustedes. Eso sí, si me permite un consejo, si quiere conocer un caso no ya lacerante sino aberrante, señor Gorriarán, de discriminación lingüística conozca usted -y se lo ofrezco- la Ley Foral del Vascuence del año
1986; se la debemos los ciudadanos, por cierto, a un voluminoso y plural espectro del arco parlamentario, aunque eso francamente no la hace ni mucho menos más aceptable. Y sepa que no solo no garantiza trato de igualdad en la práctica sino que lo
impide por norma. Lo impide por ley al establecer diferentes derechos lingüísticos según zonas geográficas. Yo también miro a la persona, al derecho de la persona, señor Gorriarán, y no al sentimiento. Si de verdad le preocupa el asunto, hable
con su organización en Navarra y póngase a ello, que ahí tienen tarea.
Termino, presidente, no voy a abusar de su confianza. Además, si en este 25 de septiembre de 2012 no vale hablar solo de discriminación lingüística en esta Cámara no quiero ni puedo obviar que hay mensajes que están quedando también vetados
a las puertas de una institución que hoy debiera haber tenido la oportunidad de escuchar para compartir o incluso para discrepar -igual da- lo que las organizaciones sociales y ciudadanos que se agolpan unos metros más abajo tienen que decir a sus
representantes. Quiero agradecer la decisión de la Mesa de poner a disposición de la ciudadanía una mesa en la que poder acreditar esas peticiones, pero quiero decir que el parapeto como respuesta es mala respuesta democrática.
Gracias, presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Barkos.
Señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: (Comienza su intervención en valenciano). Amigos y familiares valencianos cuyos hijos, que estudian en la pública, no hablan ni papa de inglés pero sí un perfecto valenciano. Prioridades del PP. (Continúa su
intervención en valenciano). Experiencias de amigos, experiencias de amigos y familiares... (Continúa su intervención en valenciano). Experiencias de amigos y familiares... (Continúa su intervención en valenciano).
El señor PRESIDENTE: Señor Baldoví, este intercambio de lenguas que usted hace en su exposición hace que sí se le entienda, pero malamente. O sea, que creo que debería usted hablar en castellano.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente. ¿O es que aquí en Madrid todos los niños hablan perfectamente inglés? Que me lo digan. Pues no, evidentemente, no. (Rumores.-Un señor diputado pronuncia palabras que no se
perciben). Prefiero decir las cosas porque ustedes una vez más están aplicando el Decreto de Nueva Planta de 1707, donde nos quitaron nuestros derechos y esto lo aplican aquí todos los días. He hecho cincuenta intervenciones en castellano, es la
primera...(Continúa su intervención en valenciano). (Rumores).
Voy acabando. Creo que la deriva que lleva a UPyD a hacer estos tweets o a hacer esta proposición está alimentando la bestia... (Continúa su intervención en valenciano). Es igual esto en castellano y en valenciano y además se entiende.
(Risas). Se lo digo con conocimiento de causa porque soy valenciano, valenciano-parlante, padre de unas chicas que han sufrido discriminación por querer estudiar en valenciano y profesor de valenciano.
Acabo con un tweet con el que le contestó un chaval de diecisiete años al señor Cantó y que es un ejemplo de tolerancia. El bilingüismo -lo digo en castellano para que se entienda- fomenta la capacidad de aprender con mayor facilidad
terceras y cuartas lenguas. Yo he estudiado en la pública. Con dieciséis años aprobé a la primera los niveles mitjá y superior de valenciano, el PET y el nivel intermedio de la Escuela Oficial de Idiomas de inglés. Con diecisiete años tengo el
First y el nivel avanzado de la Escuela Oficial de Idiomas de inglés, cosa que no pueden decir los tres últimos presidentes de la Generalitat Valenciana que no saben ... (Continúa su intervención en valenciano).
Muchas gracias, señor presidente, por la tolerancia que ha tenido conmigo. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Baldoví.
Señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Señorías, el idioma más que un medio de expresión es una fuente de arte, es el vehículo del alma original de un pueblo y, sobre todo, es en sí una gran obra de arte, y hay otros que se ríen de nosotros porque sueñan todavía con el triunfo
del idioma único. Esta cita corresponde al discurso del diputado gallego nacionalista Daniel Rodríguez Castelao un 18 de septiembre del año 1931, hace ahora justamente 81 años. Nos parece una cita muy apropiada no solamente por el autor y por el
momento en que fue dicho, sino también porque la última frase concuerda perfectamente con lo que hoy estamos debatiendo aquí: existen muchos que sueñan con el triunfo del idioma único. Nosotros nos amparamos en luchadores como Castelao que
consiguieron que en estos últimos 81 años hayamos logrado que el idioma siga vivo en Galicia, que nuestro idioma -el galego- sea hoy reconocido como idioma cooficial y que incluso tenga en Galicia una ley de normalización lingüística; una ley, por
cierto, que gracias al Gobierno del Partido Popular se convierte en papel mojado, y nunca mejor dicho. Hay un ejemplo de un ciudadano no gallego que comenzó a residir en Galicia hace muy poco tiempo que estos días en la Red hacía un escrito donde
decía que llevó a su hija de tres años a un centro escolar porque como en su casa el idioma dominante es el castellano, quería que aprendiera el gallego, y resulta que aunque los documentos sí estaban en bilingüe cumpliendo la ley, no había una sola
persona en ese centro que utilizara el gallego, aunque lo empleaban algunos de los padres en las preguntas que les hacían. Por tanto, señorías, lo que dice la propuesta de UPyD no solamente es una falacia -utilizando palabras del proponente, señor
Martínez- y está llena de falsedades, sino que por lo que representa nosotros la definimos como cinismo. No defiende el bilingüismo, sino que intenta imponernos el monolingüismo, porque en Galicia quienes están defendiendo con estos mismos
argumentos la cuestión del bilingüismo son aquellos que no se quieren mover del monolingüismo. Señorías, seguiremos luchando como Daniel Rodríguez Castelao, porque desde luego en
Galicia sigue habiendo gallegos que queremos que nuestra lengua perviva en el futuro y que siga formando parte de ese mosaico de las lenguas que conforman la humanidad.
Voy a finalizar -permítame, señor presidente- con otra cita de Castelao y en relación con nuestra lengua. (Continúa su intervención en gallego, cuyo texto, que entrega al 'Diario de Sesiones', dice lo siguiente: abondaríalle ser a fala do
povo traballador para estar dignificado de por sí, pois o galego é unha executoria viva do traballo e unha cédula honrosa de cibdadanía e democracia). Desde el Bloque Nacionalista Galego democráticamente seguiremos luchando como Daniel Rodríguez
Castelao para que nuestra lengua siga viva y no sucumba a estos soñadores que, por cierto, señor Martínez, usted se delata, cuando en su segunda intervención hace mención a las luchas fraticidas, al gran drama de Europa por culpa de las lenguas.
Pero ese drama no fue debido a aquellos que defendían el derecho a defender su identidad, su lengua y su pueblo, sino a aquellos que quisieron imponerle el suyo aniquilándolos.
El señor PRESIDENTE: Señora Fernández Davila, tiene que terminar.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Por lo tanto, señorías, sigan soñando, que nosotros seguiremos luchando.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.
Señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: (Comienza su intervención en catalán). Doce. (Continúa en catalán). Doce de cincuenta mil han pedido... (Continúa en catalán). Doce frente a cincuenta mil. ¿Me han entendido? (Varios señores diputados:
¡No!-Rumores). Seguro. (Continúa en catalán). Ciento veinticinco mil. (Continúa en catalán). ¿Me han entendido? ¿Siguen entendiendo? Perfecto. Seguimos. (Continúa en catalán). Fue el rey de España quien en el año 2001 dijo que la lengua
castellana era de entendimiento y que nunca fue una lengua impuesta. Esto lo dijo el rey de España en el año 2001 y todavía hoy no ha sido capaz, no ha tenido la honradez, de corregirse. Esto lo dijo en un discurso oficial, que nunca la lengua
castellana había sido impuesta. ¿Y nos lo cuentan a nosotros, que hemos vivido épocas de verdadero genocidio lingüístico? Bien, ¿y dónde estamos ahora? Pues no lo van a conseguir. A los que quieren sembrar el odio en nuestro pueblo y entre los
pueblos, no lo van a conseguir. Quien quiera dividir al pueblo de Cataluña, no lo va a conseguir. Frente a la democracia, no hay nada que hacer. Un millón y medio de catalanes salieron a la calle pidiendo el derecho a decidir y decenas y decenas
y decenas de catalanes que salieron a la calle tienen como lengua materna la castellana. Nosotros queremos la lengua catalana y la castellana; las queremos las dos y por esto no van a dividirnos. Pedimos el derecho a decidir... (Continúa su
intervención en catalán). No van a conseguir dividirnos; no lo van a conseguir. Es más, quien tiene un verdadero problema es la sociedad española. Tienen un verdadero problema, o se abren al mundo y dejan de tener una visión absolutamente
distante para con las culturas, o, si son como son frente a las culturas cercanas, me horroriza pensar qué visión tendrán del mundo, máxime en la sociedad actual en donde por suerte no hay fronteras. De manera que no lo van a conseguir...
El señor PRESIDENTE: Señor Tardà, tiene usted que terminar.
El señor TARDÀ I COMA: Y como no lo van a conseguir, les diremos que nosotros no tenemos nada en contra de la lengua castellana, como no tenemos nada en contra de ninguna lengua, pero no van a acabar con nuestro pueblo, no van a acabar con
la lengua catalana.
El señor PRESIDENTE: Señor Tardà, tiene usted que acabar.
El señor TARDÀ I COMA: Por tanto, que se imponga la razón de una vez por todas, si no ustedes van a sufrir mucho con ustedes mismos. Me dan un poco de pena. (Un señor diputado: Tú sí que das pena). Salud.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tardà.
Señor Iñarritu.
El señor IÑARRITU GARCÍA: (Comienza su intervención en euskera, cuyo texto, que entrega al 'Diario de Sesiones', dice lo siguiente): Presidente Jauna, Legebiltzarkideok, Gaur Upydek aurkeztutako proposamenean bi mezu agertzen dira argi ta
garbi. Lehenengoa Euskara eta beste Estatuko...
El señor PRESIDENTE: Señor Iñarritu, le ruego que hable en castellano, porque si no le tengo que retirar la palabra. Es mejor, para que sepamos lo que quiere decir, que lo diga en castellano.
El señor IÑARRITU GARCÍA: Decía que de la proposición presentada por UPyD se extrae que las lenguas como el euskera se imponen y que las lenguas no deben imponerse. Como lo primero es falso y en lo segundo estoy de acuerdo, les hago un
planteamiento: vamos a aprobar por unanimidad una proposición de ley para cambiar el artículo 3 de la Constitución, ese que en su punto 1 dice: 'El castellano es la lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el
derecho a usarla'. ¿O va a ser que no? ¿Va a ser que están de acuerdo en que un idioma se imponga por ley, siempre que sea el suyo, verdad? Pero si esto fuera poco, con esta propuesta se quiere reavivar un discurso reaccionario, contrario a la
oficialidad de otras lenguas en algunos territorios al mismo nivel que el castellano que se defienden en la Constitución y en los estatutos, pero está claro que a algunos constitucionalistas parece que les gustaba más el estatus preconstitucional de
estas lenguas.
En lo que a la realidad vasca se refiere, y como atestiguan diferentes organismos como el Observatorio de Derechos Lingüísticos, Behatokia, el Defensor del Pueblo vasco, Ararteko, o el propio Consejo de Europa, la única discriminación
lingüística es la que sufre la población vascoparlante en todas las gestiones con la Administración, las cuales en un montón de ocasiones no pueden ser realizadas en euskera. Se critica en esta proposición, por ejemplo, que el euskera sea un mérito
en ciertas oposiciones cuando el castellano es un requisito en todas, y ya se puede ser el mejor pediatra de Europa que si no se acredita el conocimiento del castellano no se obtendrá plaza. En este caso no vale el falso dilema de si lo que se
buscan son buenos profesionales.
En conclusión, esta propuesta nace de una premisa falsa, que es la imposición lingüística de otras lenguas diferentes al español, cuando la única obligatoria es el español. De igual forma, promueve que las diferentes comunidades no cumplan
la legalidad. Todo esto no puede ser fruto más que de una mentalidad etnocéntrica de superioridad y de imposición tan propia de un amanecer dorado o de un amanecer rosado. Por lo cual, y en aras de la libertad lingüística, votaremos en contra de
la misma.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Iñarritu.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señor presidente.
El señor Martínez Gorriarán ha venido a contarnos un cuento al Parlamento que ya nos lo había contado en concreto la señora Díez, aunque quizás la autoría del texto, que ya se presentó en marzo de 2009, sería del señor Martínez Gorriarán. Y
lo hace con notas gruesas, hablando de proyectos políticos que no son democráticos, evidentemente los que no corresponden a cómo piensa él y los que no corresponden con lo que vendría a ser el nacionalismo español. Habla de exclusión de la lengua
española del espacio público en las comunidades autónomas bilingües. ¿En qué país vive usted? ¿O en qué comunidad autónoma ha vivido o sigue viviendo? ¿Dónde está marginado el castellano, por ejemplo en el País Vasco, que es el lugar que mejor
conozco? ¿Quizás del Parlamento está marginado, donde el 70 % de las intervenciones son en castellano? ¿De la justicia, con poquísimos jueces que conocen el idioma vasco y con muchos ciudadanos que, queriendo ser juzgados en ese idioma o queriendo
que sus casos se examinen en ese idioma, no pueden lograrlo? ¿De la escuela quizá está marginado el castellano en el País Vasco, donde los padres pueden elegir el modelo educativo? Lo que les fastidia es que no quieren, o parece que no quieren,
que la gente aprenda otros idiomas, que aprenda euskera, que haya gente que quiera que, aunque ellos no conozcan el idioma, sus hijos sí puedan aprenderlo y manejarse en euskera.
Aquí se hicieron muchas predicciones sobre qué pasaría con el Gobierno constitucionalista en el País Vasco cuando el PSOE obtuvo la Presidencia y fue apoyado para obtenerla, y después soportando las políticas del Gobierno socialista, por el
Partido Popular. Aquello iba a cambiar las tornas, porque los Gobiernos nacionalistas lo que hacían era presionar a la ciudadanía para que no eligieran el modelo A, esto es, el modelo en castellano. ¿Qué ha pasado en estos tres años y pico? Pues
que el porcentaje de familias que eligen el modelo A, el modelo en castellano, ha bajado nada más y nada menos que en 4
puntos, ha seguido descendiendo con el Gobierno constitucionalista, porque la gente quiere elegir para sus hijos cuantos más idiomas mejor. La gente que no habla idiomas, y mucho menos que no habla idiomas minorizados, quizás no lo
entiendan, pero los que los vivimos, los que tenemos hijos que tienen una educación básicamente en euskera, vemos que cuando salen de la escuela todo lo que hay en su entorno, desde los dibujos animados hasta la radio, los deportes, las expresiones
con los amigos, es en castellano. El castellano se convierte en parte importante, incluso hasta en el patio de la escuela, de una escuela que teóricamente debería enseñar solo en euskera. Ni de ahí está marginado. ¿Cómo puede hablarse en contra
de modelos educativos que muestran los mejores resultados en el conjunto del Estado español? La educación bilingüe es la que tiene el menor fracaso escolar; y, es más, el modelo A en concreto es el que mayor fracaso escolar tiene de los que hay en
el País Vasco, el modelo en castellano. Los sistemas más igualitarios están en la educación bilingüe. ¿Dónde está marginado el castellano? ¿De los medios de comunicación, cuando la inmensa mayoría de ellos son en castellano y cuando incluso en
los públicos hay la misma -e incluso yo diría que mayor- presencia pública del castellano que del euskera, por ejemplo? ¿De los comercios, en los que uno muchas veces no se atreve a hablar en euskera al dependiente porque piensa que a lo mejor no
sabe y tiene que fijarse a ver si hay un pequeño cartelito que indica que sí, que esa persona habla euskera? ¿De qué espacios públicos está marginado el castellano? ¿De los cines? ¿Fue marginada su compañera, exconsejera del Gobierno vasco para
serlo o para desenvolverse en los distintos foros de la Comunidad Autónoma del País Vasco?
Y vaya preámbulo que presentan ustedes. Es una auténtica novela. Cuando se dan tantas vueltas para justificar algo es que el asunto es bastante injustificable. Es más largo el preámbulo, con mucho, que el articulado. Trata usted la
legislación actual como si fuera inconstitucional, y no lo es. La normativa ha pasado la prueba del Tribunal Constitucional. Toda la normativa autonómica, empezando por el Estatuto de Autonomía y pasando por las leyes que han desarrollado los
parlamentos autonómicos, ha sido testada por el Tribunal Constitucional. Y si uno va a lo que nos propone, para empezar, ¿cuál es el título competencial, por qué se arroga el Estado esta competencia? El de siempre, cuando no hay razones y cuando
no hay otro, el 149.1.1ª, el título competencial chicle por excelencia, vale para todo. Porque dígame si no dónde está en la Constitución española el título competencial para legislar lo que usted pretende. Es competencia de las comunidades
autónomas, que además tendrá que entenderse en conjunto con la Constitución, pero pretende modificar el Estatuto de Autonomía, por ejemplo el del País Vasco -el que mejor conozco-, pero también el de Cataluña o el de Galicia, por la puerta de atrás.
¿Les suena todo esto de la puerta de atrás? Usted lo utilizaba también. Porque para modificar el Estatuto hacen falta un referéndum y una serie de mayorías en los parlamentos. Usted quiere venir e interferir en una ley orgánica modificando
competencias que están claramente definidas en el Estatuto y que además han pasado la prueba del test constitucional por el TC por una vía que no es la correcta. Ustedes achacaban eso a alguna iniciativa de modificación constitucional que cumplió
todos los pasos en el Parlamento vasco. Pues la suya sí que es flagrante, desde luego.
Técnicamente la proposición tampoco tiene desperdicio. Intenta redefinir la tutela judicial dentro del articulado, lo del artículo 24 de la Constitución y la jurisprudencia constitucional. Que no tienen ustedes que venir aquí a definir la
tutela judicial, eso está definido por el Constitucional. El artículo 4 es contradictorio con el 6, el articulado es un despropósito que se dedica solo a una cosa, a la protección del castellano, no a la protección de todas las lenguas o de los
derechos en los términos en que usted los defiende, de los derechos personales de los ciudadanos de este país. Incluso crean problemas donde no los hay.
Algunas perlas. Hablan de exclusión de la lengua común de determinados espacios públicos, como los medios de comunicación públicos de titularidad autonómica. A usted igual le parecerá que medios públicos y privados en castellano hay pocos,
incluso en las comunidades autónomas bilingües. Hoy además no hay fronteras para la televisión, se capta en todas las comunidades autónomas Radiotelevisión Española, Intereconomía, La Sexta o Tele 5 en castellano. ¡Ah! perdón, sí que hay fronteras
para la televisión, las que ustedes ponen a las televisiones autonómicas para que no puedan captarse en otras comunidades autónomas aunque existan hablantes de esa lengua propia: ETB en Navarra o TB3 en Valencia. Esas fronteras las ponen ustedes
votando hace unas semanas en contra de la proposición de ley de televisión sin fronteras con la excusa de que son instrumentos políticos por vía lingüística. Esta proposición de ley de UPyD no busca la igualdad, busca la desigualdad y utilizar el
castellano como ariete político.
Otra perla, el artículo 3.3 que proponen: la realidad bilingüe en las comunidades autónomas no podrá usarse para discriminar a los ciudadanos que residan habitual o temporalmente en dichas comunidades
autónomas y no conozcan la lengua cooficial o elijan la lengua común. O sea, sensu contrario, a los que eligen otra lengua no común, o sea, distinta al castellano, sí se les puede discriminar. Léase aquellos ciudadanos de Valencia y de
Navarra que opten por el euskera o por el valenciano como forma del catalán. La verdad es que hablan de derechos de los ciudadanos, no de las lenguas. No, hablan de derechos de algunos ciudadanos, de algunos ciudadanos. Los derechos de otros
ciudadanos no les importan una higa, absolutamente nada. Ustedes dicen defender el derecho de un ciudadano a querer comunicarse en euskera con la Administración. Pues en su articulado le obligan a que no pueda recibir la respuesta únicamente en
euskera, tendrá que ser en euskera y castellano. Una cosa es que a quien la pida en castellano se le responda en castellano, como dice la Ley de normalización del euskera. Pero lo que ustedes vienen a decir ahora es que, aunque lo pida alguien en
euskera, en ese caso se tiene que contestar también en castellano. Están creando problemas donde no los ha habido. Lo preocupante es que lo que buscan es exactamente el derecho a no aprender una lengua, no el derecho a que sean respetadas las
elecciones lingüísticas de alguien. Lo que ustedes están buscando es el derecho a no aprender una lengua. ¿No creen que la mayoría de las personas piensan que el que sus hijos puedan dominar otra lengua, puedan hablar una lengua más, es algo
enriquecedor y positivo? ¿No creen que esto es lo positivo, hablar más idiomas? Pero esa es una opción personal. A usted le valdrá saber castellano -no va a tener ningún problema en la Comunidad Autónoma del País Vasco con eso- y otros
preferiremos ser cuatrilingües o hablar otros idiomas. Cada uno puede optar por lo que quiera, ustedes mismos, pero saber lenguas abre expectativas y yo creo que abre la mente. Estoy seguro de que no se plantearían lo que se están planteando en
esta proposición, eso que les parece agraviante dicho del catalán con respecto del inglés, que hasta el Partido Popular está diciendo una y otra vez que hay que introducirlo en la escuela como lengua vehicular. Voy finalizando, señor presidente.
Ahí no hay duda, ahí incluso imponiéndola si es necesario, no hay problema constitucional alguno, porque en el fondo ustedes utilizan al castellano como ariete político. Ustedes no están defendiendo los derechos de las personas. (Termina su
intervención en euskera).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.
Por el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señor presidente.
Quiero comenzar mi intervención declarando en nombre propio y de mi grupo que en absoluto nos sentimos presionados o amenazados en nuestra función de diputados como consecuencia del legítimo derecho a la manifestación convocada por los
movimientos sociales que reclaman reforzamiento de la calidad democrática de nuestra sociedad. Y añado: si en algún momento nos hemos sentido presionados, intimidados e incluso limitados en nuestra función de representantes de la soberanía
popular, ha sido como consecuencia de las presiones de los especuladores financieros o muy recientemente de las declaraciones de militares que se atreven a decir qué es lo que tiene que hacer el pueblo catalán y el pueblo español. (Aplausos).
Dicho esto, adelanto ya que nuestro grupo, La Izquierda Plural, va a votar en contra de la tramitación de la proposición de ley presentada por UPyD. Tenemos un especial interés en explicar las profundas razones que nos llevan a no votar a
favor. En primer lugar, no existe de ninguna manera el problema social que UPyD describe en su proposición, la realidad que nos apunta especialmente en una exposición de motivos que podría ser calificada como un monumento al paroxismo. Ustedes
utilizan una realidad inventada, inexistente, cuando no manipulada que falta a la verdad. La realidad hoy en nuestra sociedad en todas las comunidades autónomas en general es una realidad de convivencia plena en los usos lingüísticos y con un
sentimiento compartido en el que por delante de cualquier otra cosa está el sentido común de la ciudadanía, que parece abundar más que entre algunos de sus dirigentes políticos, que desgraciadamente utilizan el conflicto entre comunidades entre
lenguas como gran vivero de votos a través de ensalzar lo más profundo que tienen las personas en el hígado. Esta convivencia lingüística solo es alterada por la manipulación que determinadas fuerzas políticas hacen, como hacen ustedes hoy, por
razones de interés particular y cortoplacista. Hoy hemos asistido a una proposición de ley que en los términos descritos y en la presentación hecha por el señor Gorriarán es un típico ejemplo de recreación imaginaria de un problema no existente con
la única intención de presentarse UPyD una vez más como los salvadores de los ciudadanos y de la patria, por supuesto de su concepto de patria. No sé si es consciente, pero el señor Gorriarán hoy se ha acelerado tanto que ha llegado a hablar de
coacción,
violencia e intimidación ejercida sobre la lengua común, la lengua oficial en todo el Estado en algunas comunidades autónomas. La verdad es que si no fuera una cosa tan seria, sería como para echarse a reír.
En segundo lugar, los posibles casos de vulneración de los derechos lingüísticos, que se pueden dar sin duda en cualquier situación, en doble sentido, por supuesto, tienen en nuestro ordenamiento jurídico suficientes mecanismos
constitucionales y legales para obtener amparo, nos lo ha recordado Francisco Caamaño en su intervención, por cierto bastante rigurosa y que creo modestamente que hubiera merecido una réplica más seria. (Aplausos). Lo hacen incluso los estatutos
de autonomía de las comunidades autónomas, lo hacen para proteger aquella lengua que no es propia pero que es común. Ustedes no pretenden la igualdad; ustedes confunden igualdad con uniformidad. Incluso hoy lo han expresado cuando se referían a
Europa; han identificado alma común europea con lengua común, con lengua única. No, lo que va a hacer fuerte a Europa sin duda es el reconocimiento de la diversidad, también de la diversidad lingüística y cultural. Lo que haría más fuerte a
España sería de una vez por todas asumir el carácter plurinacional, pluricultural, plurilingüístico de eso que es hoy el Estado español. Desgraciadamente, eso ustedes no quieren reconocerlo, entre otras cosas porque les interesa mucho cultivar esa
falsa situación de conflicto, recrearlo para alimentarse de esa manera en su vivero de votos; unos votos que no se merecen poner en riesgo la convivencia entre la ciudadanía y menos en estos momentos. La tramitación de esta proposición de ley solo
serviría para recrear ese falso conflicto y alimentar esa estrategia, y por eso voy a intentar utilizar el mínimo de vehemencia posible en mi intervención, pero el máximo de contundencia argumentativa.
Ustedes utilizan en su proposición de ley tres grandes espacios en los que según ustedes se produce esa vulneración del derecho a la libertad individual a la lengua. Se refieren a la supuesta discriminación lingüística provocada por las
normativas autonómicas. Se refieren a los conflictos producidos en la Función pública en relación con el derecho, disponibilidad lingüística de los ciudadanos y al conflicto que se pueda dar en algún momento entre derechos de los administrados y
derecho de los servidores públicos. Y se refieren en el tema más peligroso de todos al ámbito de la educación de la comunidad educativa de la enseñanza. Esos tres aspectos que ustedes destacan, basándose en datos inciertos cuando no falsos, tienen
en común una ideología absolutamente peligrosa, y es que ustedes, en nombre de la libertad, lo que hacen es negar la existencia de comunidades distintas a las que para ustedes es la única comunidad posible, porque sin duda los derechos son
individuales. Pero, sin duda, esos derechos cuando se refieren a elementos tan propios del sentimiento de las personas, de su sentido de identidad, en el mejor sentido del término, como pueden ser la lengua y la cultura, se expresan también
colectivamente. Para ustedes que exista una comunidad dominante no es problema. Lo que es problema es que en España puedan convivir comunidades que sin plantear conflicto entre ellas, sin duda no son negadas como tal. Señor Gorriarán, señores de
UPyD, las políticas lingüísticas de las comunidades autónomas hacen aquello a lo que les mandata la Constitución, que no es otra cosa que mandatar a los poderes públicos para que remuevan los obstáculos para que la igualdad sea efectiva y real. Y
sin duda hoy aún la igualdad en los usos lingüísticos no es igual. Por razones históricas de tendencia, también por situaciones de dominación, hoy si algunas lenguas se encuentran en inferioridad de condiciones en cuanto al ejercicio de su libertad
son las lenguas propias de las comunidades autónomas. Sin duda, podríamos discutir si la manera de saltar o evitar esa situación, de remover ese obstáculo es con medidas propositivas positivas o con medidas coercitivas. Eso es un tema discutible,
pero lo que no es discutible es que las comunidades autónomas tienen la obligación de remover esos obstáculos. Y eso es lo que han hecho. Se atreven ustedes a decir, creo que les ha fallado el subconsciente, que las normativas autonómicas son
sedicentes. De verdad, de verdad, lo que es sedicente es la proposición de ley de UPyD cuando limita la capacidad de autogobierno de las comunidades autónomas para establecer esas políticas positivas. Creo que les ha fallado el subconsciente. Y
perdonen que les diga, cuando he leído ese apartado en su proposición de ley no he podido más que pensar en un hecho histórico muy funesto para este país, y es cuando los militares sediciosos se levantaron en un golpe de Estado contra el legítimo
Gobierno democrático de la República y se atrevieron a denunciar e incluso a promover consejos de guerra y a ejecutar a aquellos que representaban la legalidad democrática. Para los que se levantaron en armas los sediciosos eran ellos, cuando en
definitiva los sediciosos eran quienes se levantaron en armas. Algo parecido he creído entender cuando ustedes imputan sedicente a la normativa de la comunidad autónoma.
En materia de Función pública, señor Gorriarán, para que los ciudadanos de las comunidades tengan el derecho a que se les pueda atender en su lengua propia, para eso es imprescindible que los servidores públicos tengan obligaciones. Sin
duda. Y lo que sucede aún, desgraciadamente, en muchas comunidades
autónomas -y le puedo hablar perfectamente de Cataluña, pero creo que es generalizable-, por ejemplo en el ámbito de la función judicial, es que es materialmente imposible muchas veces acudir con el uso de las lenguas propias de cada
comunidad. Incluso algún tribunal superior de justicia ha llegado a exigir a los que acuden con el catalán que presenten por su cuenta la traducción al castellano, vulnerando, eso sí, el acceso a las lenguas en condiciones de igualdad.
Desgraciadamente, esa es la realidad que hay, pero esa realidad no se va a resolver, no lo propongo yo, con propuestas como la suya.
Lo que es más grave es lo que ustedes proponen en relación con el sistema educativo. Están jugando con fuego. Le puedo hablar por Cataluña. En estos momentos Cataluña tiene clara su defensa del bilingüismo, del multilingüismo, pero eso no
supone cargarse el modelo lingüístico de Cataluña, que utiliza el catalán como lengua vehicular, y utilizar el catalán como lengua vehicular no significa hacer desaparecer el castellano. Al contrario. Hoy, en las pruebas de selectividad, en el
nivel de conocimiento el castellano goza en Cataluña de tan buena salud como puede gozar en cualquier otro lugar de España. Pero la lengua vehicular del catalán es la manera, primero, para normalizar esa situación; segundo, también y clave, para
no conseguir lo que ustedes pretenden, que es la segregación de los alumnos en dos modelos educativos distintos, según las lenguas que quieran escoger supuestamente sus padres en su nombre. No vamos a aceptar que en nombre de una falsa libertad de
la lengua, de una uniformidad, se segregue a los alumnos de Cataluña en razón de la lengua, porque eso sería un desastre.
Quiero recordarle que el modelo lingüístico de Cataluña ha sido reconocido, avalado, loado e incluso incentivado por la Unión Europea y valorado positivamente por el Grupo de alto nivel del multilingüismo, poniéndolo como ejemplo de lo que
deberían hacer otras comunidades con realidades bilingüistas. Creo que ya ha llegado el momento de que le digamos bien claro todos los miembros de esta Cámara que no es normal, que están ustedes cruzando todos los límites. No todo se merece, no
todo se merece unos cuantos votos, y más en estos momentos donde ante las dificultades económicas es muy fácil, es muy fácil tirar mano de la tribu, sí, de la familia y de todos esos sentimientos, utilizarlos estrictamente para conseguir unos
cuantos votos es algo que no merece esta Cámara. Hoy deberíamos estar discutiendo aquí en relación con la educación de otras cosas, por ejemplo, de cómo, sí, la desigualdad en la educación no viene de la lengua de origen sino que viene de un
sistema educativo que aún segrega al alumnado según su clase social, en razón de si van a escuelas concertadas o no, que eso es lo que sin duda segrega,...
El señor PRESIDENTE: Señor Coscubiela, tiene que terminar.
El señor COSCUBIELA CONESA: ... o en función de si están en escuelas de élite o no. Si usted está dispuesto a hacer juntos ese camino, el camino de verdad, de verdad, de la lucha contra la segregación y de la desigualdad en la escuela, nos
va a encontrar; si usted continúa utilizando la lengua, la cultura, para sencillamente pescar unos cuantos votos, nos va a encontrar, pero nos va a encontrar en contra. Siento la claridad, pero era necesaria. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Coscubiela.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor presidente.
Señorías, Convergència i Unió también había solicitado turno en contra ante esta proposición de ley que hoy ha presentado el Grupo de Unión Progreso y Democracia; turno en contra porque entendemos que esta proposición de ley va en contra de
lo que es la convivencia, la integración de pueblos como el catalán. De aprobarse esta proposición de ley, entenderíamos que sería un atentado directo a lo que es un modelo de convivencia lingüística que se da en Cataluña y que se da también en
otros territorios. Por tanto, primer argumento, vayamos a lo que establece la normativa vigente en Cataluña, a la que se ha hecho indirectamente referencia durante este debate. Artículo 11.3 de la Ley de Educación de Cataluña: Los alumnos no
pueden ser separados en centros ni en grupos de clase distintos por razón de su lengua habitual. Esto es ley en Cataluña, esto se respeta en Cataluña y esto da unos buenos resultados de integración en Cataluña. Nosotros, Cataluña, som un sol
poble, un sol poble, una sola sociedad. Una sola sociedad con miles de personas, miles de catalanes que tienen en la lengua castellana su lengua materna y su lengua de uso habitual y miles de catalanes y catalanas que tenemos en la lengua catalana
nuestra lengua propia y oficial, nuestra lengua materna y nuestra lengua de uso habitual, y es un modelo de convivencia, un sol poble. Nadie va a atentar contra ese modelo de convivencia. Muchos lo intentan pero
no lo logran; muchos lo intentan a base de fáciles campañas, fáciles campañas de desinformación de lo que en Cataluña pasa. Fáciles campañas de desinformación porque si fuera cierto aquello que se dice, que tantas veces se dice desde
algunos foros, tan alejados de lo que Cataluña es, si fuera cierto, ni los resultados electorales en Cataluña serían los que son, ni se darían, por ejemplo, casos concretos en este curso escolar. En este curso escolar el 0,024 % de las familias
catalanas ha pedido que sus hijos fueran escolarizados en lengua castellana; sobre cincuenta mil familias, doce, el 0,024 %. Esto no es significativo, no es un porcentaje que avale una, para ustedes supuesta, discriminación que, si se aplicara a
lo que su proposición de ley, en algunos artículos incluso orgánica, pretende, estaríamos rompiendo el marco constitucional, porque ustedes dan claramente una preeminencia a la que llaman lengua común sobre el resto de lenguas, que son oficiales y
son propias, como es el catalán en Cataluña. Por tanto, no caeremos en la tentación. Por suerte, la ciudadanía en Cataluña, esas miles de familias que tienen como lengua habitual en sus casas la lengua castellana, no caen en esa provocación,
porque saben que formamos una comunidad con ese sentido de unidad, de convivencia y de cohesión. Sentido de unidad, de coherencia y de cohesión que ha sido avalado por el propio Tribunal Constitucional.
La Ley de Educación de Cataluña prevé que al finalizar la enseñanza obligatoria los estudiantes deben poder tener el pleno dominio de las lenguas catalana y castellana, de acuerdo con el marco europeo común de referencia para el aprendizaje.
Pues bien, los resultados los informes oficiales de evaluación del conocimiento de ambas lenguas, que ambas son oficiales, que no los realiza la Generalitat de Cataluña, que se realizan en el marco del estudio Pisa de la OCDE, que se realizan en el
marco del informe sobre los resultados del alumnado en Cataluña, el último realizado por el propio ministerio del Gobierno, acreditan que el nivel de conocimiento, la competencia lingüística en lengua castellana de los alumnos en 2.º de ESO en
Cataluña es incluso dos puntos superior a la media del conjunto del Estado; si la media es 500, en Cataluña la comprensión lingüística y la competencia lingüística en lengua castellana es 502, incluso superior a algunas comunidades autónomas que
solo tienen como lengua oficial la castellana. Por tanto, se logra el objetivo del conocimiento de ambas lenguas, no se rompe la unidad del pueblo catalán, se busca un modelo de convivencia y se busca, sobre todo, un modelo de integración.
Cataluña es una nación que se ha hecho con la acogida a personas de varios pueblos. Siempre hemos sido una tierra de acogida. Siempre. Cataluña ha sido una nación de acogida y en Cataluña nadie puede negar que haya un modelo de
convivencia lingüística que es referencia para el mundo, referencia de cohesión, de conocimiento, de integración. No seré yo quien quiera que fuera realidad por ley aquello que el diputado Carlos Martínez nos planteaba hoy en su proposición de ley.
Puede haber itinerarios -dice-, itinerarios para los castellanohablantes, itinerarios para los catalanohablantes. Hagamos dos clases distintas a ver si así dividimos una sociedad que no quiere ser dividida, que quiere ser de integración, que quiere
respetar a todos, pero que quiere que se nos respete, que se respete Cataluña, que se respete su lengua, que se respete su identidad, como respetamos también en Cataluña, evidentemente, la lengua castellana, que también es oficial y que es la lengua
propia de muchas personas que la tienen como lengua materna y de uso habitual, que son respetadas, y lo saben. Si no fuera así, nos dejaríamos llevar fácilmente por esos cantos de sirena que se oyen a veces desde altavoces cualificados, pero poco
arraigados, en donde presuntamente se producen los atropellos que desde su altavoz ellos quieren denunciar. No se producen esos atropellos, porque la voluntad de integración de Cataluña y de todo el pueblo catalán, esa realidad de un sol poble, la
tenemos muy arraigada. No se nos va a romper, por muchas leyes. Esto es como si hoy fuera una Loapa de la lengua. Estamos ya acostumbrados a esa tentación del efecto cangrejo.
En ocasiones no se ha llegado a entender muy bien la pedagogía que desde Cataluña hemos realizado durante tantos años. Tantos años realizando pedagogía sobre lo que queremos que sea un Estado plurinacional, pluricultural, plurilingüístico.
Y esa pedagogía que hemos realizado durante tantos años no siempre ha sido entendida, y algunas veces quienes no la han entendido han actuado realmente de separadores, buscando un conflicto donde no lo había. Por tanto, nuestro no más absoluto, más
sereno, más constructivo, hacia esa proposición de ley, que vendría a destruir ese modelo de convivencia que entre todos hemos sabido crear. Mi homenaje también esta semana hacia tantas personas y mi condolencia -uno de ellos ha fallecido
lamentablemente en un accidente, Martí Gassull, fundador de la Plataforma per la Llengua- porque él y tantos otros catalanes han hecho esa pedagogía de la pluralidad, de la defensa de nuestra lengua propia, pero la defensa también de un modelo
convivencial, que en el ámbito educativo, pero también en el ámbito de la sociedad en su conjunto, debe ser defendido porque es el que nos cohesiona hacia ese futuro en libertad que desde Cataluña siempre hemos defendido. Por tanto, a aquellos
que hoy pretenden dividirnos con proposiciones de ley como la que hoy se ha defendido, nosotros, desde Convergència i Unió, desde la serenidad, desde este espíritu constructivo, pero desde la defensa más seria de ese modelo convivencial que
hemos creado entre todos, les decimos que no, que votaremos no. Esperamos que este Congreso de los Diputados hoy haga extensivo ese no al resto de grupos porque ello demostraría lo que demuestran las urnas, que aquellos que propugnan propuestas
como las que hoy aquí se defienden, en sociedades como la catalana -donde pueden, por sufragio universal, ir a votar todos aquellos que pretendidamente están discriminados-, el resultado electoral demuestra una y otra vez que cuando se produce el
escrutinio, aquellos que dicen defender esas posiciones son absolutamente minoritarios, como minoritario es ese 0,024 %, esas poquísimas doce familias sobre cincuenta mil, que sí que han pedido la escolarización en lengua castellana y a las que por
supuesto la Generalitat de Cataluña les ofrecerá esa escolarización que han pedido.
Señor presidente, señorías, muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jané.
Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Ares.
La señora ARES MARTÍNEZ-FORTÚN: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, he escuchado con atención las intervenciones de los distintos grupos -bueno, he intentado escucharlas, no todas porque no he podido entender algunas-. Yo también sé hablar catalán, o mallorquín, como quieran llamarlo, pero por
respeto a todos los aquí presentes voy a hablar en castellano, lengua en que nos entendemos todos muy bien. (Aplausos).
Desde el Grupo Popular creemos que el idioma no debe ser usado como un instrumento político. No puede ser que algunos Gobiernos autonómicos hagan uso de la normalización lingüística de una manera totalmente radicalizada y extremista,
excluyendo casi en su totalidad el castellano del ámbito público y del educativo. Estamos de acuerdo en que no se puede elegir un alto dominio de la lengua cooficial para acceder a la totalidad de los puestos de trabajo. Este requisito supone una
total discriminación de acceso a esos puestos para los ciudadanos que no acrediten dicho certificado. Señorías, no se puede defender ninguna lengua con argumentos que distorsionan la realidad; argumentos que son usados por personas que lo único
que intentan es imponer su ideología amparándose en la ley. Tiene que existir un bilingüismo respetuoso en aquellas comunidades que gozan de varias lenguas oficiales, y en este bilingüismo, el respeto debe ser recíproco entre las dos lenguas,
buscando normalidad y equilibrio, huyendo de los extremismos y radicalismos que lo único que consiguen es fraccionar a toda la sociedad. (Aplausos). Hablo de respeto, un valor que debería estar mucho más presente en nuestra sociedad y, por qué no,
también en esta Cámara. El respeto es un reconocimiento del valor propio y de los derechos de los individuos y de toda la sociedad. El respeto es la base para una buena convivencia lingüística en aquellas regiones donde tenemos dos lenguas. No se
trata de odiar las lenguas oficiales ni tampoco de odiar el castellano. Se trata de libertades y de derechos. En Baleares se está intentando acabar con una dictadura catalanista impuesta por los Gobiernos de las anteriores legislaturas. Se ha
conseguido que el catalán sea un mérito y no un requisito. Esta inmersión lingüística no se va a deshacer de un plumazo, pero ya se están adoptando medidas para paliar esto.
Respecto a Galicia, señor Caamaño, en Galicia apoyan la no discriminación por motivo de lengua y también el mantenimiento de la cohesión social. Así que no haga mítines aquí respecto a que no defendemos las lenguas. (Aplausos). El hecho
de elaborar normas como la proposición que nos presentan ustedes hoy no significa arreglar la situación. Lo que cambia de verdad las cosas es la voluntad política para aplicar todas estas leyes que tenemos. Su exposición de motivos está cargada de
buenos propósitos que no se corresponden con el texto del articulado además de contradecirse en varios de los puntos. ¿Cómo quieren que tomemos en consideración su proposición si su texto articulado, antes que superar la exclusión y la segregación,
alienta casi más a la imposición lingüística y a la discriminación laboral por los idiomas?
La Constitución, como usted dice en su exposición de motivos, establece el carácter oficial de las lenguas diferentes al castellano en las respectivas comunidades autónomas y la consecuente exigencia de neutralidad del poder público en lo
que atañe a la determinación de su empleo. Por tanto ya se recoge en la Constitución que la cooficialidad de las lenguas establece sin ninguna duda el derecho a la libertad de elección lingüística en aquellas comunidades autónomas que gozan de dos
lenguas. Ya se dispone de medidas suficientes para hacer cumplir una libertad lingüística equilibrada. Son los Gobiernos autonómicos los que con sus estatutos de autonomía tienen que regularlo; pero tienen que regularlo con coherencia,
no con extremismos. El problema son todas estas prácticas que a veces amparan algunas administraciones como parte de políticas de normalización. Para evitar estas prácticas no hacen falta leyes distintas de las que hay sino una labor de
voluntad política para hacer cumplir las normas existentes y hacerlo equitativamente.
Señorías, el articulado de esta ley está repleto de contradicciones. Paradójicamente la proposición de ley, en el artículo 4.1, plantea que los servicios sociales básicos, la sanidad y los demás servicios públicos ofrecerán atención en
lenguas oficiales. Y el artículo 4.3, que el conocimiento de la lengua cooficial de la comunidad solo podrá ser exigido como requisito para acceder a un empleo público cuando las funciones inherentes al puesto de trabajo lo exijan. Y en otro
artículo, en el 4.4., se exige a las administraciones asegurar en todos los casos sin excepciones la comunicación ordinaria en ambas lenguas. El artículo 4 de esta proposición, según como se mire, es el sueño de cualquier nacionalista. En el
artículo 1.2 nos dicen que esta ley regula toda forma de discriminación lingüística de las personas físicas y jurídicas, tanto públicas como privadas, pero luego, en el artículo 9 se indica que los poderes públicos no pueden obligar a las empresas
de propiedad privada al empleo de lenguas cooficiales. Y en el 6.4 dicen que los colegios profesionales ofrecerán sus servicios al menos en español y tendrán como lengua oficial el castellano. ¡Hombre, esto de meternos en los sectores privados! La
verdad es que no lo entendemos mucho. En el artículo 5.3 nos dice que se considera discriminatoria toda medida que impida o coarte el ejercicio de la libertad de la elección de lengua. ¿En qué quedamos? ¿Afecta a personas físicas, jurídicas, al
administrador, al administrado...? La verdad es que no queda muy claro. Y otro artículo, el número 7, que nos habla de tutela judicial. Actualmente ya existe tutela judicial, se llama Constitución y Estatuto de Autonomía. Y como le he dicho
antes, las leyes están y el mal uso también está en algunas comunidades autónomas. En algunas comunidades autónomas existe una sentencia del Tribunal Supremo de 2010 -sentencia que se está incumpliendo por parte de la Generalitat- por la que se
obliga al Govern a reintroducir el castellano como lengua vehicular de la enseñanza; además especifica que lo deberá hacer en la proporción que proceda, de modo que el castellano no quede reducido en su uso al de objeto de estudio de una asignatura
más, que es lo que pasa ahora en algunos sitios; en una proporción razonable y que no haga ilusoria o simplemente constituya un artificio de mera apariencia. Las sentencias hay que cumplirlas, señorías, y esta sentencia sobre la lengua en el
sistema educativo catalán debe aplicarse porque Cataluña es España y España somos todos, eso sí está claro. (Aplausos).
Ahora nos dicen ustedes que en las oposiciones al Servicio vasco de Salud de 2008 se produjo una valoración excesiva de la lengua vasca que se convirtió en un elemento excluyente y claro factor discriminatorio. Y es cierto, así lo denunció
el Partido Popular. Un doctorado representaba 4 puntos y un perfil lingüístico 2, 16 puntos. Y si hacemos memoria -conviene recordar- la Ley de Función Pública vasca de 1989 que exigía y exige perfiles lingüísticos se aprobó con los votos del PNV
y el PSOE en el Parlamento vasco. Y usted, señora Díez, hoy travestida políticamente de defensora del españolismo, estaba ahí y apoyó aquella norma. (Aplausos). Sin embargo, hoy UPyD está poniendo en su propuesta como un ejemplo de discriminación
las oposiciones al servicio público vasco, pero bueno... Una ley que estaba actualizada en leyes de presupuestos de 1992, 1995 y 1997, siendo usted, señora Díez, consejera del Gobierno vasco, sin que conste ningún tipo de oposición al desarrollo de
aquellas leyes. Es una ley que el Partido Popular intentó modificar en todas y cada una de las legislaturas, a lo que siempre se opusieron el Partido Socialista y los Gobiernos de coalición de PNV-PSOE, de los que usted formaba parte.
Voy concluyendo. Si analizamos su proposición, tras varias páginas de exposición de motivos su solución, por ejemplo en sanidad, es que todos los profesionales sanitarios en las comunidades con lenguas cooficiales deban ser bilingües, y lo
mismo vale para la educación y los servicios sociales. Todo esto para acabar facilitando el camino a los planteamientos más radicales y excluyentes que se puedan plantear. Exactamente lo contrario del propósito que dice perseguir con esta
propuesta.
Señores de UPyD, no se puede estar en misa y repicando y por eso cualquiera puede entenderlo. Quienes creemos en la libertad de elección de lengua y aspiramos a erradicar toda esta discriminación no podemos tomar en consideración un texto
que solo agrava situaciones indeseables e incompatibles con tales convicciones. Dejen de hacer este tipo de política parasitaria viviendo anejos a los grandes partidos e intentando aprovecharse de lo que ustedes creen debilidades para hacer su
política populista. Usted cambia de toma de decisiones, señora Díez, no por convicción política sino por necesidad política.
Para acabar les voy a dejar una reflexión, no es mía y no se la tomen a mal porque es en clave de humor. Es de un gran humorista del siglo XX y les repito que se lo digo en clave de humor. Es una frase que les pega mucho y que dice: Estos
son mis principios y si no les gustan tengo otros.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ares.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN LAS COMUNIDADES DE VIVIENDAS. (Número de expediente 122/000015).
El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo Parlamentario Vasco, PNV, sobre la mejora de la accesibilidad en las comunidades de viviendas.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señorías, vamos a acometer un debate menos esencialista que el debate anterior, afortunadamente y para rebajar la tensión. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). De
todas formas, no puedo renunciar a manifestar, señor presidente, parafraseando a la portavoz del Grupo Popular en su anterior intervención, que ha citado dos cosas que forman parte ya de un género político en esta Cámara: el travestismo político
-al que estamos ya desafortunadamente acostumbrados- y esa cita de Groucho Marx sobre la mutación de los principios. Vienen al pelo -nunca mejor utilizada esta expresión- en esta proposición de ley que fue intelectual y en forma de manifestación a
la hora de votar aprobada y apoyada por el Partido Popular, aunque nos da la impresión de que no va a ocurrir lo mismo en la tarde de hoy. Es una impresión porque no sabemos hasta qué punto cuál es la posición del Partido Popular, en tanto en
cuanto debe estar siendo de un intenso debate que llega hasta el momento de hoy.
La proposición de ley que presentamos es muy diferente a la que se ha debatido en el punto anterior. En el punto anterior un filósofo como el señor Martínez Gorriarán a través del travestismo político ha utilizado los problemas lingüísticos
para obtener un puñado de votos, lo cual en términos de discurso escolástico -y él, como filósofo, me entenderá perfectamente- podría definirse como aporía. Aporía es el término equivalente al absurdo y nosotros vamos a huir de la aporía y vamos a
pisar tierra. Estamos hablando de derechos de personas y además discapacitadas. Aquí la aporía o el absurdo son manifiestamente desaconsejables. Estamos hablando de los requerimientos del artículo 49 de la Constitución. Estamos hablando de los
requerimientos de la Convención sobre los Derechos de las Personas afectadas por Discapacidad de Naciones Unidas de 16 de diciembre del año 2006. Estamos hablando de los requerimientos de la jurisprudencia de la Sala primera del Tribunal Supremo y,
particularmente, de tres sentencias que por lo menos el señor Bañó, que es una persona experta en esta materia -la persona que más sabe en el Partido Popular en materia de discapacidad-, conoce perfectamente. Son dos sentencias del año 2008 y una
del 2007 donde se establece la preeminencia de las personas afectas por un grado de discapacidad de naturaleza de movilidad funcional, particularmente en lo atinente a esta proposición que estamos defendiendo. En las dos del 2008 el ponente fue don
Román García Varela, uno de los magistrados más prestigiosos de la Sala primera, de todas las salas del Tribunal Supremo y del Estado español; y, en segundo lugar, en la del año 2007 del señor O`Callaghan -al que el señor Bañó también conoce
perfectamente- se establece la prevalencia de las personas con discapacidad sobre derechos previstos en el Código Civil del año 1889 aprobado siendo regente la reina María Cristina y siendo primer ministro Canalejas y en donde se regulan cuestiones
propias de una sociedad rural.
En el Código Civil -salvo en lo atinente al derecho de familia y al derecho matrimonial, que esos sí se han modificado con gran diligencia- todavía siguen vigentes cuestiones tan importantes para la sociedad en la que vivimos como quién es
el titular cuando las ramas de un árbol traspasan un predio de las manzanas que caen en el predio contiguo; por poner un ejemplo de las cuestiones tan importantes para la articulación de una sociedad cohesionada y la atención a la minusvalía sobre
la que estamos trabajando. Tanto el Tribunal Supremo, como el artículo 49 de la Constitución y un Código Civil manifiestamente extemporáneo e inadecuado para atender a los problemas de la discapacidad y que contradice la Ley sobre Propiedad
Horizontal que sí ha sufrido cambios normativos importantes -como usted conoce perfectamente, señor Bañó- y que se ha ajustado de verdad a los requerimientos de las personas discapaces, sobre todo con problemas de movilidad funcional, en relación a
las servidumbres,
a los predios dominantes, a los predios sirvientes y a los derechos que afectan. Ha habido una progresión verdaderamente vertiginosa de la Ley sobre Propiedad Horizontal. Pasamos de una Ley sobre Propiedad Horizontal del año 1960 en la que
regía un régimen de unanimidades para la adopción de medidas de corrección arquitectónica para remover obstáculos a las personas discapaces a una ley del año 1990 en la que se logra una mayoría de tres quintos para remover los obstáculos que
afectaban a las personas discapaces. De esta saltamos o se progesó de nuevo a una Ley de Propiedad Horizontal del año 1999 donde la mayoría era ya simple para remover los obstáculos arquitectónicos que afectaban a las personas discapaces y de aquí
pasamos a la Ley 51/2003, sobre la cual mucho tenemos que decir el señor Bañó y yo, porque la conocemos perfectamente y hemos tenido una gran participación en su elaboración y su propia gestación, en el aspecto más embrionario de esta ley. Se trata
de la Ley relativa a la igualdad de oportunidades y la accesibilidad para las personas con discapacidad, que está en manifiesta contradicción con tres preceptos del Código Civil que hacen ineficaces todos los pronunciamientos de la Ley de Propiedad
Horizontal en relación con la remoción de los obstáculos para personas discapacitadas desde la perspectiva de la movilidad funcional. Y los tres preceptos del Código Civil -aprobado en el siglo XIX bajo la regencia de la reina María Cristina,
siendo primer ministro el señor Canalejas, que regula cuestiones muy interesantes pero muy poco relevantes para una sociedad crecientemente urbana, no tan rural y no con las características y no con la metacultura existente en aquella época- son los
artículos 569, 585 y 1936, que hacen referencia a la vinculación entre el predio dominante y el predio sirviente: quién es el titular de una servidumbre, quien se beneficia de esa servidumbre ocupa una posición dominante y quién es el que tiene la
obligación de aceptar ciertas servidumbres, en definitiva, en esta relación jurídico-dialéctica en que se articulan todas las servidumbres, quién debe prestar su consentimiento en el ámbito de la configuración de ciertas servidumbres.
Voy a empezar por el primero, por el primero artículo 569. El artículo 569 establece en su configuración actual -del siglo XIX, bajo la regencia de María Cristina y primer ministro Canalejas- que si fuere indispensable para construir o
reparar algún edificio pasar materiales por predio ajeno, o colocar en él andamios u otros objetos para la obra, el dueño de este predio está obligado a consentirlo. Lo que añade la Ley de Propiedad Horizontal, que ha sufrido cambios mucho más
ajustados a la realidad de la discapacidad que un Código Civil que tiene un carácter cuasi totémico -es una estructura normativa tan respetada por los juristas, que con el brazo encogido acometen las escasísimas reformas que ha sufrido desde el año
1989, que incluso puede contradecir y contradice en muchos aspectos preceptos de la Constitución española, por no decir del derecho internacional público y de convenios ya ratificados por el Estado español-, es que éste debe complementarse con lo
que establece la Ley de Propiedad Horizontal con relación a la necesidad de aceptar esta servidumbre cuando de lo que se trata es de construir andamios u obras arquitectónicas que posibiliten la accesibilidad de personas afectas por esta
discapacidad que le impide o que le limita su movilidad funcional. Es algo, señor Vañó, con lo que usted y yo estamos de acuerdo. Yo no sé lo que usted va a decir y además le acompaño en el sentimiento si lo que va a decir a estas proposiciones es
negativo, porque yo sé que usted conceptualmente no tiene ninguna duda de que lo que yo estoy diciendo es razonable. Es lo que piden seis millones de discapacitados, es lo que pide el Cermi, es lo que pide la Fekoor. Aquí hay diputados vascos y en
Euskadi estamos en precampaña, quizás alguno de estos diputados vascos tengan que explicar en Euskadi por qué a miles de discapacitados se les va a negar algo tan elemental que no cuesta dinero. Si es que ni siquiera les pedimos algo que tenga
coste económico, ya sabemos las dificultades que tienen ustedes con el déficit y con la corrección del déficit. Llevamos soportando entre la legislatura anterior y esta -como decía Stiglitz, premio Nobel de Economía- 866 días de recortes que solo
han producido más pobreza, la reducción de los derechos del personal laboral dependiente, la reducción de los derechos de los extranjeros, la reducción de los derechos de los desempleados, la reducción de los derechos de los escolares, la reducción
de los derechos de los que tienen que acudir a la dispensación de medicamentos, la reducción de los derechos de los discapaces. Y no les pedimos nada con coste económico, no hace falta una memoria económica para aceptar una proposición de ley de
estas características. Se trata de tres reformas del Código Civil sobre las cuales incluso nos podríamos comprometer en un plazo de tiempo prolongado, no habría que acometerlas de inmediato, pero a cualquier funcionario del Ministerio de Justicia
le costaría media hora redactarlas, lo mismo que me ha costado a mí y lo mismo que le costaría a usted, señor Vañó.
La segunda reforma es la del artículo 585, que en este momento establece lo siguiente: Cuando por cualquier título se hubiere adquirido derecho a tener vistas directas, balcones o miradores sobre propiedad colindante, el dueño del predio
sirviente no podrá realizar construcciones a menos de tres metros, según
lo que se establece en otro precepto el propio Código Civil. ¿Cuál es la excepción? Que esta reducción del espacio sea inevitablemente necesaria para la remoción de obstáculos arquitectónicos que dificulten la accesibilidad de las personas
discapaces, con discapacidad en el ámbito de la movilidad funcional.
Y la última es la reforma del artículo 1936 -un precepto por cuyo guarismo es fácil de recordar- del Código Civil, que establece lo siguiente: Son prescriptibles todos los bienes que están en el comercio de los hombres. ¿Qué se quiere
decir con esto? Por la remisión del 1936 a otros preceptos del propio Código Civil estamos hablando del embargo o de la enajenación de bienes en régimen de condominio o en régimen de copropiedad. Cuando se tiene que proceder al embargo o a la
enajenación de un bien en régimen de condominio o en régimen de propiedad los elementos troncales, no los accesorios -establece este precepto en conexión con otros del Código Civil-, se tienen que mantener íntegros, y esa integridad tiene que
afectar a los elementos principales del elemento que tiene una configuración en materia de propiedad, de condominio o de copropiedad, y también porque nunca podrían ser considerados accesorios los elementos arquitectónicos elaborados para la
remoción de las personas que tienen dificultades de acceso por su discapacidad.
Estos tres preceptos son los que nosotros solicitamos que se modifiquen, sin coste económico alguno, sin problemas con relación a la reducción del déficit público, materia en la cual estamos fracasando estrepitosamente porque solo se ha
podido reducir hasta ahora la mitad de lo que estaba previsto reducir a fecha de hoy. No vamos a crearles un problema adicional en materia de reducción del déficit público, sino que sobre todo lo pedimos en atención a lo que le voy a comentar a
continuación, señor Vañó, en atención a los 800.000 discapacitados que viven en edificios sin ascensor; en atención a los 6 millones de discapacitados que conforman el Cermi, con el cual usted mantiene una interlocución y para el Grupo Popular
tradicionalmente forma parte casi de su impronta, de su acervo ideológico, una relación de buen entendimiento y de gran sintonía en cuanto al diagnóstico de situaciones relativas o atinentes a la discapacidad; en atención a las personas de la
Fekoor, la asociación en Euskadi que afecta a las personas discapaces; en atención a los requerimientos del artículo 49 de la Constitución; en atención a los requerimientos del Convenio con relación a la igualdad de oportunidades para las personas
con discapacidad aprobado por las Naciones Unidas el 16 de diciembre del año 2006, y en atención sobre todo a los más elementales requerimientos de justicia social. Algo que no cuesta dinero; algo que supone acometer reformas normativas sencillas
complementando una ley, el Código Civil, con otra, la Ley de Propiedad Horizontal; algo que se ajusta a los requerimientos constitucionales y que la jurisprudencia del Tribunal Supremo, Sala primera, ya ha acreditado como la configuración de
derechos preferentes a las previsiones del propio Código Civil. Que a algo como esto se le diga que no, señor Vañó, se tiene que explicar muy bien. Y si no se explica muy bien en esta Cámara le aseguro que nosotros nos encargaremos de explicarlo
muy bien fuera de esta Cámara.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Olabarría.
Pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Mixto, señor Errekondo.
El señor ERREKONDO SALTSAMENDI: Señorías, las políticas públicas de dependencia son un pilar fundamental de la sociedad; más allá, son una necesidad básica que está creciendo según va aumentando la esperanza de vida de la población y aun
así la respuesta administrativa con respecto a las necesidades de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad es cuando menos de escasa eficiencia. Para muestra, la Ley de Dependencia, que ha fracasado estrepitosamente en su implantación,
entre otras razones por el deficiente sistema de financiación. Pero estos nueve meses de legislatura, señorías, han sido suficientes para poner en evidencia dos realidades: que está muy lejos de conseguirse un servicio integral y de calidad, por
un lado, y que hay un nulo interés por parte de la señora ministra -es evidente el caso esta tarde con su ausencia- con respecto a la dependencia, puesto que ni siquiera se ha dignado a comparecer con el nuevo programa de su departamento, ni
siquiera se ha dignado a comparecer antes de la aplicación de los humillantes recortes, ni siquiera antes de la propuesta de los presupuestos.
Señorías, el Estado del bienestar es un patrimonio de toda la sociedad que todos y todas en un momento u otro vamos a necesitar y con este Gobierno del Partido Popular poco nos va a quedar, pues con la excusa del ahorro aplica sangrantes
recortes que empujan irremediablemente al colectivo de la dependencia a la exclusión social. Y es, señorías, doblemente humillante por el hecho de que estos recortes no van a suponer en absoluto dar solución a la deuda contraída y, sin embargo, van
a conllevar el definitivo desmantelamiento del Estado del bienestar. ¿Qué ahorro va a suponer el 15 % sobre las
prestaciones o la baja de la cotización de la Seguridad Social de las cuidadoras y los cuidadores no profesionales? ¿O qué ahorro va a suponer la reducción del 15 % de las prestaciones de los vinculados a los servicios, o el 15 % de la
asistencia personal? ¿O la reducción del 25,55 % sobre las prestaciones en el ámbito de las personas con discapacidad? ¿O el 32,28 % sobre el máximo nivel de dependencia de aquellas nuevas incorporaciones? O, señorías, ¿qué ahorro puede suponer
desterrar a los dependientes moderados? ¿Acaso ya no son dependientes? En este ambiente nos preocupa sobremanera la reforma Gallardón sobre la Ley del Aborto, puesto que, señorías, ¿en qué servicio de desahuciados o de dependencia pretenden
ustedes atender a los miles de recién nacidos con malformaciones graves al año? Recortar donde no hay y más se necesita no tiene ningún sentido a no ser que sea por un desconocimiento absoluto, por una frivolidad total o por un desinterés por el
bienestar del colectivo de dependientes.
Sin embargo, hay dinero. Nos repiten sin descanso y con descaro que el Estado no tiene dinero mientras succionan a las personas más desprotegidas de la sociedad para inyectar miles de millones de euros a la banca y a la industria
armamentística. Señorías, dejen de una vez por todas de hacer lo que han estado haciendo estos últimos años, dejen de favorecer a las rentas más altas y hagan lo que los Estados más avanzados, más desarrollados de Europa han hecho: invertir más en
los servicios públicos y aplicar políticas fiscales más progresivas. Por ejemplo, incrementen hasta el máximo el impuesto sobre sociedades, o el de sucesiones, o el Sicav. O impongan un nuevo impuesto sobre las grandes fortunas. Establezcan un
nuevo sistema fiscal disuasorio, que actúe en una doble vertiente: en la concienciación y persiguiendo y penalizando firmemente el gran fraude fiscal, más allá de aplicar la denigrante amnistía fiscal. No les entra en la cabeza, por lo que parece,
que el dinero destinado a los servicios públicos no es gasto, sino inversión para la generación de nuevo empleo de calidad.
En este ambiente, señorías, señora ministra Ana Mato, la emplazamos urgentemente a que impulse la Ley de Propiedad Horizontal que usted misma reclamó en octubre de 2009, a que impulse esta proposición de ley que por supuesto implica la
integración y los derechos del colectivo de dependientes, y por supuesto a que invierta en dependencia, en estos presupuestos por ejemplo, aunque hay que reconocer que de aquí al jueves tiene un poco complicado este envite. Pero nos alarma mucho
más el hecho de que esté en sus manos la garantía de un derecho fundamental como es la igualdad, la igualdad en derechos, en libertad y en oportunidades para todas las personas. Pero estamos convencidos de que aun así usted lo va a conseguir,
señora ministra; lo va a conseguir con su doctrina, con sus medidas y sus recortes, porque usted nos lleva ahí, justo al abismo, a la zona cero, donde hay cero derechos, cero libertades y cero oportunidades. Ahí precisamente tanto dependientes
como no dependientes seremos iguales, despojados totalmente de los derechos. Ahí es donde vamos a conseguir la igualdad, con sus medidas.
Señorías, este es el momento de establecer la prioridad absoluta en sanidad, en educación, en pensiones y en dependencia. Esa debe ser la línea roja que no se puede transgredir. En Gipuzkoa lo tenemos muy claro: no aplicar recortes y
seguir avanzando en la cobertura de un servicio integral y de calidad y no permitir que se apliquen medidas que perjudiquen a los más de 26.000 dependientes, aunque eso suponga tener que aportar los 10 millones de euros que se ahorra el Estado.
Señorías, Gipuzkoa ya ha establecido cuál es el modelo a seguir y en estas circunstancias más que nunca se ve, desde nuestra óptica, la necesidad de la independencia socioeconómica, de la independencia política de Euskalerria.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Errekondo.
Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Intervendré desde el escaño, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): De acuerdo.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Muy brevemente. Solo quiero decir que estamos a favor de la toma en consideración. Nos parece muy importante poner más atención en facilitar la vida y promover la igualdad de las personas con discapacidad,
que a menudo se ven luchando contra obstáculos que a nosotros nos resultarían prácticamente invisibles. Quisiéramos debatir en su día esta proposición y hablar de cuál es nuestra postura al respecto. Estamos de acuerdo con las modificaciones de
los artículos 569 y 585 del Código Civil en cuanto a servidumbres, pero nos gustaría debatir, porque estamos en desacuerdo con el artículo 3 de la proposición de ley. Nos gustaría debatir y nos atreveremos incluso a hacerlo con el
señor Olabarría. Entendemos que es un absurdo jurídico la modificación propuesta del régimen de usucapión de elementos comunes. Votaremos a favor para poder tener este diálogo en su día.
Gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Cantó.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora De las Heras.
La señora DE LAS HERAS LADERA: Gracias, señora presidenta.
Lo primero que quiero decir hoy aquí es que hoy la ciudadanía, tal y como venía anunciando hace meses, está rodeando las inmediaciones del Congreso de manera pacífica para solicitar a esta Cámara más democracia, transparencia y que la crisis
no recaiga en las mayorías y sí en los responsables y los culpables de la misma. Hoy la ciudadanía está ejerciendo su derecho soberano, su derecho a la protesta y a exigir una sociedad más justa y democrática. Nos parece incomprensible y kafkiano
que tengamos que protegernos de esto con vallas y cadenas. Mucho hemos oído en contra de esta manifestación por aquellos que en un ejercicio de miopía y sordera políticas no quieren ver ni oír lo que les piden sus representados. Desde La Izquierda
Plural manifestamos...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora De las Heras, por favor, vuelva a la cuestión.
La señora DE LAS HERAS LADERA: Nosotros manifestamos nuestro máximo respeto y tenemos que decir que compartimos muchas de sus reivindicaciones.
Retomando el asunto, tenemos que decir que esta iniciativa del Grupo Parlamentario Vasco ya fue debatida por esta Cámara el pasado noviembre de 2011 en forma de moción, y ya entonces se aprobó por unanimidad de los grupos lo concerniente a
la modificación de los artículos 569, 585 y 1936 del Código Civil para facilitar la eliminación de barreras arquitectónicas en las comunidades de vivienda. Por tanto, creemos que sería más adecuado que el Gobierno diera cumplimiento como norma a
los compromisos adquiridos por esta Cámara, con lo que, entre otras cosas, nos ahorraríamos tener que volver a debatir esto, si me permiten la expresión, mareando la perdiz, máxime si tenemos en cuenta la importancia y la necesidad de soluciones
inmediatas que tienen todos esos miles y miles de personas que hoy se ven atrapados en sus casas por problemas de movilidad. Entonces, cuando presentó su moción el Grupo Parlamentario Vasco, no se había modificado el apartado 2 del artículo 10 ni
el apartado 3 del artículo 11 de la Ley de Propiedad Horizontal mediante la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, que hoy ya obliga a las comunidades a
sufragar las obras de accesibilidad que requieran los vecinos con discapacidad o los mayores de setenta años y cuyo coste no supere doce mensualidades ordinarias de gastos comunes. Pero no podemos olvidar que la propia ley en ese mismo artículo
excluye de esta obligación a las unidades familiares con ingresos anuales por debajo de 2,5 veces el Iprem, el indicador público de rentas de efectos múltiples, que sustituye al salario mínimo interprofesional aun cuando las ayudas y subvenciones
públicas de las que se puedan beneficiar supongan un gasto mayor del 33 % de sus ingresos anuales. Esto hará, como todas y todos sabrán, que a pesar de que se den los cambios legislativos que faciliten la accesibilidad y el derecho a la plena
integración de todas las personas en igualdad de oportunidades, en el caso que nos ocupa la realidad sea otra y en la práctica muchos de esos miles y miles de personas de avanzada edad o con problemas de movilidad se seguirán viendo abocados a
continuar recluidos en sus casas, porque estamos hablando -ustedes lo saben- en muchas ocasiones de edificios muy antiguos ubicados en barrios pobres donde residen en su mayoría mayores o personas con rentas muy bajas que ni siquiera pueden asumir
el gasto que supone la adaptación arquitectónica necesaria para garantizar la accesibilidad deseada.
A pesar de esto estamos de acuerdo, como lo estábamos entonces, señor Olabarría, en lo adecuado de la reforma de los artículo 569, 585 y 1936 del Código Civil, en tanto que afectan a las servidumbres y pueden dificultar la eliminación de
barreras arquitectónicas. Pero aquí creo que sería bueno recordar lo que en su día dijo el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor don Francisco Vañó: Es de justicia que mayores, discapacitados o personas con movilidad limitada de forma
circunstancial puedan tener acceso a su vivienda con autonomía y es coherente con la Convención de Naciones Unidas sobre derechos de personas con discapacidad que España ha ratificado. Se lo recuerdo, señor Vañó, para que lo tenga muy en cuenta,
porque comoquiera que hoy es su grupo parlamentario, el Partido Popular, el que tiene la responsabilidad de gobierno y también la de garantizar el cumplimiento de la norma -cuando esta
sea norma-, esperamos que mantenga y aumente, si es necesario, las ayudas y subvenciones para que sea el Gobierno, en el marco de las políticas oficiales de promoción de vivienda, quien se haga cargo de la demanda de los vecinos que no
puedan pagar por falta de ingresos. Mucho nos tememos que de nada sirvan si no nuestros esfuerzos y que estas reformas legales que nos propone el Grupo Parlamentario Vasco se conviertan en papel mojado a pesar de que hoy podamos aprobarlas de nuevo
-así lo esperamos- por unanimidad. Desde las instituciones autonómicas y desde el propio Gobierno, de acuerdo a sus competencias, deben responsabilizarse del cumplimiento decidido de las leyes en estos extremos. No obstante, y a pesar de esto, es
nuestro deseo, por lo que significa para miles y miles de personas que hoy no pueden salir de sus casas por falta de accesibilidad en sus viviendas, que hoy de nuevo se vuelva a aprobar por unanimidad y pueda tramitarse esta proposición de ley, así
como que el Gobierno, una vez aprobada, ponga los mecanismos a su alcance para hacerla efectiva.
Gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora De las Heras.
Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Tarruella.
La señora TARRUELLA TOMÀS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) quiero empezar anunciando nuestro voto positivo a esta proposición de ley para la mejora de la accesibilidad de las comunidades de viviendas. No es la primera vez que
en este hemiciclo hablamos de accesibilidad y de modificación de la Ley de Propiedad Horizontal. Recuerdo que una de las últimas leyes que aprobamos en este hemiciclo fue la de la adaptación normativa a la Convención internacional de los derechos
de las personas con discapacidad. Entre otras muchas leyes, también modificamos esta Ley de Propiedad Horizontal, modificación que supuso aumentar las tres mensualidades a las que estaban obligadas las comunidades de vecinos hasta doce. Nuestro
grupo parlamentario presentó unas enmiendas en las que se decía precisamente lo que mi compañera que me ha precedido en el uso de la palabra estaba reclamando: que cuando una comunidad de vecinos no pudiera hacerse cargo, tuvieran que hacerlo las
administraciones. Además, pedíamos a la Administración del Estado que contaran en sus presupuestos con una partida para dar a las administraciones autonómicas en casos de adaptaciones en los edificios para eliminación de barreras o por problemas de
accesibilidad. Esas enmiendas fueron rechazadas en el Congreso y en el Senado por el grupo que entonces tenía la mayoría.
Quiero recordar que las personas con dificultades de movilidad, las personas mayores, las personas con algún tipo de discapacidad, en su vida diaria ya tienen muchos problemas. Se ha mejorado la accesibilidad de una manera especial, pero
todavía existen demasiados problemas en el transporte público, en los trenes, por la calle, en las zonas urbanas y hasta en este hemiciclo. Quiero mostrar una vez más -y digo una vez más porque en la otra legislatura me hice eco de esto más de una
vez- que hoy no puede ejercer su derecho a hablar desde esta tribuna, como el resto de los diputados, el compañero señor Vañó porque esta tribuna todavía no está adaptada. Mi solidaridad con el señor Vañó y mi ruego, una vez más, para que también
pueda ser accesible. Vuelvo a repetir que se ha mejorado mucho, pero todavía quedan muchos temas pendientes. Y si son importantes esas modificaciones, es mucho más grave que una persona no pueda salir de su casa o que tenga tantas dificultades
para salir que prácticamente le resulte dificilísimo. Por ello, es necesario -ya nos lo ha explicado el señor Olabarría- hacer más modificaciones en las leyes para ayudar a estas personas. Hoy en día una mayoría relativa de copropietarios de un
edificio de propiedad horizontal o bien el requerimiento de una persona discapacitada o mayor de setenta años ya implica de forma imperativa que no pueda ponerse resistencia a cualquier tipo de obra de mejora que facilite la accesibilidad.
Es evidente que la supresión de barreras arquitectónicas ha sido una tarea que ha exigido a todos los poderes públicos una gran implicación y tenemos que continuar en ello. Hoy en día son minoría los que gracias a los avances técnicos no
pueden hacer la obra en su comunidad de vecinos, pero si es necesario y no hay otra salida y tiene que hacerlo la comunidad de vecinos colindante, nosotros vamos a dar apoyo a esta proposición de ley. Tenemos pequeñas cautelas, pero si se aprueba
esta toma en consideración, podremos arreglarlo mediante enmiendas al proyecto de ley. Una de las cautelas es lo que supone modificar dos artículos del Código Civil que regulan, uno, el régimen de servidumbre de paso, de luces y de vistas, y el
otro, el relativo al régimen de prescripción de los derechos inmuebles. Sabe que en Cataluña tenemos nuestro propio Código Civil pero en solidaridad y en defensa -como siempre hemos hecho
desde Convergència i Unió- de la mejora de la calidad de vida de todas las personas con alguna discapacidad, vamos a dar soporte a esta proposición de ley.
Además nos gustaría que esta vez, y no como cuando se vio la moción en la última legislatura, todos los grupos dieran su apoyo. Nos gustaría poder hacer unas modificaciones, no solo estas que pide el señor Olabarría sino otras que también
son muy necesarias, muchísimas. Durante el debate de la adaptación a la convención estuvimos hablando largamente todos los grupos de ellas, pero quizás ahora sería el momento de modificar haciendo enmiendas a esta proposición de ley. Por lo tanto,
desde Convergència i Unió nuestro voto afirmativo.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Tarruella.
Por el Grupo Socialista, señora Seara.
La señora SEARA SOBRADO: Muchas gracias, presidenta.
Señorías, señor Olabarría, este es el segundo debate que se produce sobre políticas de discapacidad en el Pleno de la Cámara, el segundo debate, y es verdad, me sumo a algunas palabras que he escuchado a lo largo de la tarde aquí en este
hemiciclo, que la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, por lo tanto la máxima representante, la máxima gestora de las políticas de discapacidad en nuestro país, todavía no ha acudido a este Parlamento, no ha acudido a este Pleno pero
tampoco ha acudido a la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, a hablar sobre su gestión, sobre sus planes de trabajo, sobre esa futura ley, que hemos leído en muchísimos medios de comunicación, de la que desconocemos
absolutamente todo.
Dicho esto, soy de las que cree que hay muy pocas políticas públicas con la capacidad de transformación que tienen las políticas de igualdad de oportunidades; me refiero a leyes, me refiero a medidas, me refiero a acciones, me refiero a
programas, que mejoran y fortalecen la sociedad por dentro, que mejoran y enriquecen nuestra convivencia y que además facilitan la vida a millones de hombres y a millones de mujeres. Son estas precisamente las políticas que nos han hecho avanzar y
las políticas que nos han modernizado como país. Dentro de estas políticas, el trabajo legislativo y activo a favor de las personas con discapacidad ha de ser innovador, ha de ser un trabajo constante, pero es, señorías, un trabajo que nunca se
puede detener, porque como ocurre muchas veces -las personas que nos hemos dedicado mucho tiempo a trabajar a favor de la igualdad en todos los ámbitos lo sabemos-, aquello que se detiene a veces corre el riesgo de retroceder, y eso es lo que puede
ocurrir también con estas políticas. En los últimos años se ha trabajado mucho. (Rumores). Sí, señorías, se ha trabajado mucho y se ha trabajado bien; este trabajo desarrollado, y además me voy a referir a los últimos ocho años, nos ha
convertido en un país pionero en Europa respecto al reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Dicho esto, somos conscientes de que una mala intervención pública o, lo que sería peor, la ausencia de una intervención pública
podría condenar a las personas con discapacidad a situaciones enquistadas de exclusión en diferentes niveles. Les hablo en el ámbito laboral, les hablo en el ámbito social, les hablo en el ámbito de la educación, les hablo del ámbito de las
infraestructuras, que hoy nos ocupa con el debate de esta proposición de ley que presenta el Grupo Vasco; una propuesta sobre la accesibilidad en las comunidades de viviendas que pretende modificar tres artículos del Código Civil en relación con la
propiedad horizontal.
Antes de continuar con el debate, sí me quiero referir -lo han hecho otras compañeras mías que me han precedido en el uso de la palabra- a una ley importante; quiero referirme a la Ley 26/2011, que es la Ley de adaptación a la Convención
internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. Fue una de las últimas leyes que aprobó el Gobierno socialista. Esta ley es una ley fundamental, una ley pionera que, por un lado, fue así de importante y de pionera porque supuso
la consagración de un cambio de enfoque de las políticas de discapacidad. Superamos con esta ley la mera perspectiva asistencial, esa concepción sobre las políticas de discapacidad que había que desterrar, y las personas con discapacidad pasaron a
ser sujetos de derecho y no solo objetos de protección social. Por otro lado, además, porque su impulso será decisivo para favorecer la autonomía personal en todos los aspectos. Este texto que modificó diecinueve leyes -fíjense, diecinueve leyes
fueron modificadas con esta trasposición de la Convención internacional de los derechos de las personas con discapacidad, insisto, una de las últimas leyes aprobadas por el Gobierno socialista-, hizo lo propio también, señor Olabarría, y usted lo
sabe bien, con la Ley de Propiedad Horizontal. Permítame que se lo diga, en el artículo 15 se recoge que las comunidades de vecinos quedan obligadas a realizar las obras de accesibilidad necesarias para un uso adecuado a la
discapacidad de sus propios vecinos. Además, hace referencia a los elementos comunes, pero también hace referencia a la instalación de dispositivos mecánicos y a la instalación de dispositivos electrónicos que favorezcan su comunicación con
el exterior.
No es esta, ni mucho menos, la primera ley que trata sobre la accesibilidad universal en nuestro país. En absoluto es esta la primera ley. Hemos celebrado hace muy pocos meses, aquí en esta Cámara, el treinta cumpleaños de la Lismi, esa
gran ley, la primera, la pionera, la que marcó el camino a otras tantas leyes, y lo celebramos aquí poniéndola en valor. Esa ley, esa Lismi, ya hablaba de políticas de accesibilidad. Pero es que en el año 1990, con la modificación de la Ley de
Propiedad Horizontal, se establecía la eliminación de barreras para acceder a la vivienda, suavizando las mayorías para llevar a cabo las obras en las comunidades en las que residían personas con discapacidad; y decía exactamente: en estos casos
la mayoría era de tres quintos de los votos y cuotas, manteniéndose la unanimidad para las mismas en materia de accesibilidad en el caso de que no residiesen personas con algún tipo de discapacidad. Fue finalmente en el año 1999 cuando se destierra
definitivamente la unanimidad, de forma que se obliga a las comunidades de vecinos y de vecinas a la eliminación de estas barreras para acceder a los inmuebles. Con la Liondau, en el año 2003, se modificó también la Ley de Propiedad Horizontal -de
nuevo, otra modificación de la Ley de Propiedad Horizontal-, estableciendo para las comunidades de propietarios la obligación de llevar a cabo obras de accesibilidad, así como el deber de soportar las servidumbres de paso -su propuesta habla sobre
esta cuestión- que fueran necesarias. Por último -no les quiero aburrir con esta batería legislativa-, quiero recordar también dos reales decretos. Uno, del año 2007, en el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad, y otro aprobado
en el año 2010 por el que se modifica el Código técnico de la edificación en materia de accesibilidad.
He repasado -insisto- toda esta batería legislativa porque a veces viene bien hacer memoria, viene bien saber dónde estábamos para saber a dónde hemos llegado finalmente. En absoluto pretendo hacer un balance entusiasta, me pueden creer,
pero sí quiero hacer un balance positivo, y me sumo a las palabras de la portavoz de Convergència i Unió en esta tribuna. Podemos hacer un balance positivo del recorrido hecho, un trabajo positivo desarrollado durante estos años a favor de un
colectivo que representa a nuestro país, al 8,5 % de la población; estamos hablando, por tanto, de 3.800.000 personas, a las que no solo debemos garantizar derechos, sino -fíjense qué importante- que debemos ofrecerles mecanismos para que estos
derechos los puedan exigir cada vez que una barrera física o de comunicación se cruce en sus caminos.
Para finalizar, quiero reconocer aquí la labor de las organizaciones del sector. Mi grupo, el Grupo Socialista, es claramente consciente de que sin el impulso de la sociedad civil no se hubiera llegado hasta este punto y seguido -debemos
hablar de punto y seguido cuando hablamos de este tema-. Me atrevo a decir que las entidades han sido cómplices de todos los Gobiernos, han colaborado con todos y cada uno de los Gobiernos, han reñido a los Gobiernos cuando había que reñir a los
Gobiernos y se han puesto al lado de los Gobiernos cuando había que ponerse al lado de los Gobiernos para sacar adelante leyes importantes, programas importantes y estrategias importantes. Hoy esta Cámara puede tomar en consideración una propuesta
de ley, que a pesar de ser mejorable, señor Olabarría, nos permitirá avanzar claramente respecto a la accesibilidad en las edificaciones. Nos permitirá, si sale adelante, mejorarla. El Grupo Socialista -yo también- tiene cautelas respecto a
algunas cuestiones recogidas en el texto. Incluso podemos abordar nuevos temas si definitivamente es tomada en consideración, como los nuevos criterios técnicos de edificabilidad en muchos entornos o, por ejemplo, cómo se van adaptando las
viviendas a las personas que tienen discapacidades sensoriales o personas con inteligencia límite; hay muchas guías ya sobre viviendas para personas con inteligencia límite. Sobre todo esto tenemos que seguir trabajando.
Por lo tanto, y aquí me voy a quedar, el Grupo Socialista va a votar a favor de la toma en consideración de esta propuesta. Desde luego, tenga usted seguro que en el tiempo de debate llegará el momento de mejorarla, y ahí estará el Grupo
Socialista. Le pido al Partido Popular que dé un paso al frente -este ha sido un debate y una cuestión en la que afortunadamente a lo largo de la historia ha habido acuerdos importantes- y hoy tome en consideración esta proposición de ley porque no
solo se trata de tres artículos que modifican el Código Civil, es mucho más; detrás de esta proposición de ley podemos debatir muchas cuestiones que todavía para todos nosotros y para todas nosotras son retos pendientes.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Seara.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Vañó Ferre.
El señor VAÑÓ FERRE: Gracias, presidenta.
Señorías, en primer lugar quiero dejar constancia una vez más -me estoy fijando en este momento en el señor Olabarría, con el que tenemos mucho trabajo hecho en común en este sentido- de la vocación, tanto mía como de mi grupo, en seguir
trabajando por la mejora de las condiciones de vida de las personas con discapacidad y en temas de accesibilidad por supuesto. La prueba más evidente de que mi partido sigue creyendo en esto es que sigue confiando en personas con discapacidad para
que defiendan los temas de discapacidad. En este sentido créanme que seguiremos con iniciativas como esta, tanto planteándolas como apoyándolas cuando vengan de otros grupos. El señor Olabarría sabe -en muchas ocasiones hemos coincidido en
iniciativas- que no hay inconveniente en que tendamos entre todos al pacto en este ámbito; es la norma habitual que hemos seguido en el Congreso. Quiero decirle que en este caso estoy coincidiendo con el fondo de las propuestas que lleva hoy a la
mesa; coincido en el fondo pero no coincidimos con las formas de las modificaciones propuestas. Se ha hecho un repaso por parte de usted y por parte del resto de los portavoces que han intervenido en cuanto a la Ley de Propiedad Horizontal. Ha
sido una ley, la de 1960, que ha sufrido unas modificaciones afortunadamente en el sentido de mejorar las condiciones de accesibilidad de las personas con discapacidad. Y en 1990, como ya se ha citado, se pasó de la unanimidad a tres quintas
partes. En 1999, de las tres quintas partes se llegó a la mitad, a la mayoría de votos y de cuotas, y después en la Ley 51/2003, en la Liondau, Ley de igualdad de oportunidades y no discriminación y accesibilidad universal, se estableció incluso
que el pago se haría por lo menos tres meses de la cuota de los vecinos de la comunidad y sería para financiar obras de accesibilidad. Todavía hemos seguido un paso más adelante -acaba de citarlo la portavoz socialista- con la Ley 26/2011, de 1 de
agosto, en la que se adaptaba la Convención internacional sobre derechos humanos para las personas con discapacidad, en donde modificaba el artículo 15 de la Ley de la Propiedad Horizontal, y se pasaba de esos tres meses de importes a doce meses, es
decir, ha habido una vocación por parte de todos en seguir mejorando la situación.
La proposición de ley, en la redacción de las alternativas propuestas para los artículos 569, 585 y 1936, considera necesario abordar una reforma puntual de la legislación civil con el objeto de que las obras de accesibilidad se puedan
ejecutar, pero se corre un serio peligro, y es que para tratar de vestir un santo desvistamos a otro. Me explicaré. En el caso del artículo 569 del Código Civil, para construir o reparar un edificio al pasar materiales o colocar andamios, el dueño
de la finca estaba obligado y al mismo tiempo debía consentirlo, pero recibiendo indemnización. En las propuestas de ustedes, de aceptar la proposición, obligarían a todas las personas, comuneras y propietarias, de las fincas colindantes a permitir
en su propiedad la construcción de los elementos mecánicos o arquitectónicos necesarios para garantizar la accesibilidad al inmueble. O sea, se dispone de la finca contigua como si fuera propia y no con el carácter temporal previsto en el Código
Civil, por lo que convierte en permanente la privación de dominios. Este es uno de los riesgos que a nuestro juicio se ve. El cambio propuesto en el artículo 96 con arreglo al régimen de prescripción en general, no entendemos que incida en la
mejora de la accesibilidad en cuanto a las comunidades de viviendas en concreto. Quiero resumir diciendo que las modificaciones del régimen de servidumbres propuestas más bien implican, y perdone la redundancia, una privación de bienes privativos.
Este es nuestro punto de vista. Podría considerarse que con la proposición se está regulando un supuesto de expropiación sin el necesario estudio ni desarrollo de las garantías constitucionales. Tenemos que ser precavidos, yo creo, a la hora de
exigir las modificaciones del Código Civil respecto a la Ley de Propiedad Horizontal. No convertir esta obligación en algo tan ingrato para el resto de los vecinos de una comunidad de propietarios que pueda provocar una reacción social negativa
hacia las personas con discapacidad. Todos los avances llevados a cabo en este campo, he de recordar, han sido por consenso. Y cuando se acuerda y se cumple va más allá el cumplimiento de la legislación. En este sentido quiero proponerle al señor
Olabarría que estudiemos plantear de nuevo una modificación que no sea tan agresiva. Estoy de acuerdo con la señora Tarruella, de Convergència i Unió, en que hay que seguir avanzando; se puede modificar sin ser tan drástico en la modificación de
estos artículos y yo quiero seguir en esa buena disposición que siempre hemos tenido para mejorar las condiciones de accesibilidad de las personas con discapacidad. No olvido y quiero recordar aquí que en la Constitución Española, del artículo 33
se infiere que las personas están por encima de los bienes materiales. Por otro lado usted mismo lo ha dicho, y en este sentido es satisfactorio, que en la práctica los jueces ya están resolviendo estas situaciones
pronunciándose a favor de la accesibilidad y que existen sentencias judiciales en este sentido, algo que a efectos prácticos convierte en innecesarias las modificaciones. Es necesario establecer muy bien los límites entre los derechos en
conflicto, que son por un lado el derecho de la accesibilidad y por otro el derecho a la propiedad privada. Insisto, no me gustaría romper el clima de consenso que tenemos, especialmente con el señor Olabarría y el resto de portavoces de los grupos
en la discapacidad. Créannos en que queremos seguir avanzando, pero no de la manera que anuestro juicio provoca una situación que quizá chirría un poco. Estamos dispuestos a plantear una nueva iniciativa y consensuada previamente para que se
debata a efectos de mejorar las condiciones. En consecuencia, en esta ocasión vamos a votar en contra.
Muchas gracias. (Aplausos).
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, PARA LA RACIONALIZACIÓN DEL RÉGIMEN RETRIBUTIVO DE LOS CARGOS POLÍTICOS ELECTIVOS MEDIANTE UN SISTEMA OBJETIVO, COHERENTE Y TRANSPARENTE A NIVEL NACIONAL. (Número de expediente
162/000415).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al punto siguiente del orden del día relativo a las proposiciones no de ley. En primer lugar, proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, para la
racionalización del régimen retributivo de los cargos políticos electivos mediante un sistema objetivo, coherente y transparente a nivel nacional.
Para la presentación de dicha iniciativa tiene la palabra la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.
Señorías, defiendo en nombre del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia una iniciativa, una proposición no de ley que tiene como objeto racionalizar el régimen retributivo de los cargos públicos electos y hacerlo de manera objetiva,
coherente y transparente. Es por tanto un compromiso el que traigo hoy a debate en esta Cámara que tiene mucho que ver con un compromiso de nuestro grupo y de nuestro partido político a favor de la regeneración democrática. Esto de lo que vamos a
hablar tiene que ver con la regeneración democrática. Tiene que ver con la transparencia, tiene que ver con el respeto a los ciudadanos, tiene que ver con la racionalización de los sueldos de los servidores públicos y tiene que ver con un elemento
que me parece fundamental, con una necesidad de rechazar un concepto paternalista y elitista de la política y prestigiar la política poniendo en valor el proceso democrático. Luego hemos de revisar la situación, hemos de hacerlo con criterio
racional, hemos de proteger y garantizar la transparencia, hemos de hacer que la democracia en España sea cada vez de mayor calidad y por tanto cada vez más transparente. Con ese objetivo de transparencia democrática y de regeneración democrática
es con el que nos subimos a la tribuna los diputados que hablamos en nombre de Unión Progreso y Democracia. No tenemos otro límite ni otro objetivo que el que nos pone nuestro programa electoral, el compromiso que hemos adquirido con los
ciudadanos. Ese compromiso que hemos adquirido con los ciudadanos es el que nos permite elaborar iniciativas o intervenir en las iniciativas de los demás, con argumentos y con respeto, sin interpretar nunca la voluntad o el interés oculto del otro,
por qué hace o deja de hacer lo que hace, por qué trae o deja de traer iniciativa en la Cámara. No tenemos ninguna limitación de nadie más que aquella que descansa en nuestro programa electoral y por supuesto en el Reglamento del Congreso de los
Diputados que nos permite traer o no traer determinadas iniciativas. Digo esto porque no aceptaremos líneas rojas de nadie respecto de las cuestiones sobre las que podemos debatir y sobre las que queremos debatir; líneas rojas de nadie.
Argumentos en contra de todos, argumentos a favor también; pero líneas rojas ninguna que no esté en el Reglamento del Congreso que nos permite traer las iniciativas y, desde luego, ninguna que no contravenga nuestro programa electoral.
Por eso, desde el respeto a un compromiso político que es la regeneración democrática traemos hoy a debate una iniciativa -no sé si tendrá éxito o no a la hora de la tramitación- que está en la voluntad de la inmensa mayoría de quienes
estamos aquí. Los diputados de una manera o de otra, los responsables políticos, los representantes políticos somos conscientes de nuestras debilidades en esta materia. Sabemos que el sistema retributivo de los cargos electos no es claro ni
transparente, es confuso. Los ciudadanos no saben cuál es el sistema retributivo de los cargos públicos, y mucho menos del conjunto de los cargos públicos. No hay un sitio donde se pueda consultar, donde se pueda conocer exactamente
cuál es el sistema retributivo. No hay una prelación ni una relación, no hay claridad, no hay transparencia, no hay orden y eso es muy malo para la democracia. Además, contraviene lo que a mi juicio es una responsabilidad de ser
transparentes en esta materia, tener un sistema retributivo digno que prestigie la política, que anime a que participen en la política las personas que pueden aportar algo a la política, pero que además tenga una relación entre la responsabilidad
del cargo electo y la tarea que desarrolla y el sueldo o la retribución que percibe por esa tarea.
En España esto ya se ha intentado; no lo estamos inventando ahora. Seguramente ha habido más intentos de racionalizar las retribuciones de los cargos electos, pero quiero recordar dos de los últimos que fracasaron. Uno fue en la primera
legislatura del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con una iniciativa del ministro Jordi Sevilla que fracasó y que tenía -he tirado ahora de la iniciativa legislativa y he visto la exposición de motivos- una exposición de motivos y un objetivo
muy similar a este que les estoy planteando. Lo intentó el ministro Jordi Sevilla y no fue posible. La Federación Española de Municipios y Provincias en el año 2009 intentó también un acuerdo en este sentido relativo en este caso a los municipios
y a las diputaciones, pero un acuerdo en este mismo sentido de racionalizar las retribuciones y hacerlas públicas y transparentes y que tuviera un criterio objetivo. Igualmente fracasó. Y el Gobierno de la nación ha acordado hace un par de meses
en Consejo de Ministros que busca este mismo objetivo. Un objetivo -quiero decírselo a los responsables del Partido Popular- que va en esta dirección. El discurso y las declaraciones que en algunas ocasiones han hecho aquí los ministros van en
esta relación pero me parece que se queda un poco corto y por eso traemos una proposición no de ley en este sentido, es decir, somos todos conscientes de que en buena medida esta desafección hacia la política, hacia los políticos y hacia las
instituciones políticas que tanto daño hace a la democracia, tiene mucho que ver con una falta de transparencia y con una falta de racionalización de nuestras retribuciones, entre otras cosas.
Señorías, permítanme que les diga que desde el punto de vista de Unión, Progreso y Democracia a la hora de traer este debate aquí lo que más nos importa no es lo cuantitativo. Naturalmente tiene interés cuánto, pero lo cualitativo tiene más
importancia desde nuestro punto de vista. Por ejemplo, ¿por qué España no puede hacer una cosa similar en esta materia a la que hacen Alemania, Francia o el Reino Unido? Son tres países de nuestro entorno con modelos de Estado distintos entre sí,
pero que tienen regulado el sistema retributivo de una manera muy sencilla, que es la que les proponemos, con dos referencias claves. Lo primero es que está regulado a través de leyes nacionales, orgánicas o federales, es decir, está en la ley y se
sabe. No está en una ley que hacen aquellos que se ponen a sí mismos el sueldo, que es lo que hacemos nosotros, sino en una ley nacional que afecta a todos.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Díez, tiene que finalizar.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Sí, voy terminando.
En el caso del Reino Unido hay dos leyes, una para los cargos nacionales y otra para los cargos de otro nivel, pero leyes orgánicas nacionales que afectan a todos. En el caso de Francia y en el caso de Alemania, lo mismo. ¿Por qué no hacer
nosotros lo mismo? Una referencia nacional que esté publicada, que sea clara, transparente y accesible para todo el mundo y, además, una referencia en términos cuantitativos con dos elementos: primero, nadie ha de ganar más que el presidente del
Gobierno o el primer ministro -de ahí para abajo todos-; y, segundo elemento, los sueldos se establecen en relación con un baremo con los sueldos de la Función pública. Es decir, habría dos baremos, el primero el presidente del Gobierno o el
primer ministro y, segundo, las retribuciones del resto baremadas en relación con la Función pública.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Termino de verdad, presidenta.
Con esas dos guías, y naturalmente con todo lo que podamos aportar si esto deviene en una iniciativa legislativa, podremos hacer algo que les debemos al conjunto de los ciudadanos, que mejorará la calidad de la democracia y que será muy
bueno para todos.
Gracias, presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Díez.
Se han presentado dos enmiendas. Una es de La Izquierda Plural y para su defensa tiene la palabra el señor Nuet.
El señor NUET PUJALS: Gracias, presidenta.
Señora diputada, nuestro grupo parlamentario está profundamente interesado y preocupado por la regeneración democrática y la transparencia de los cargos públicos. Por eso al empezar esta legislatura los once diputados y diputadas de nuestro
grupo parlamentario renunciamos de forma solemne a las pensiones privadas de las cuales hasta el momento los diputados y diputadas de esta Cámara habían disfrutado. Es un tema que nos preocupa muchísimo y hemos presentado una proposición no de ley
que se va a discutir y votar mañana en la Comisión Constitucional para regular de forma clara la dedicación exclusiva de los senadores y los diputados. Es un tema que nos preocupa; y no solo nos preocupa a nosotros, sino que estamos convencidos de
que preocupa al conjunto de la sociedad española, especialmente en un momento de crisis y de preocupación económica.
Por ello, hemos presentado una enmienda a la totalidad a su propuesta, porque pensamos que podemos mejorarla de forma concreta, afinando tres aspectos que en ella no hemos encontrado. En primer lugar, hay que respetar de forma clara el
marco competencial especialmente de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Por mucho que queramos legislar en este Congreso y en el Senado hay unas competencias atribuidas por el marco constitucional que no podemos saltarnos. Por
supuesto, las comunidades autónomas y los ayuntamientos deben legislar también en el mismo sentido, pero deben hacerlo ellos y no nosotros por ellos. En segundo lugar, señora diputada, hay que reforzar el régimen de incompatibilidades. Este es un
aspecto fundamental porque hay que ligar la remuneración al trabajo efectivo de los cargos públicos en nuestro país. El problema a veces no es si se cobra más o menos, que también estamos dispuestos a discutirlo, sino sobre todo si cuando se cobra
se ejercen las funciones y el nivel de dedicación exigidos por ese cargo y por esos sueldos. Eso es fundamental que se recoja. En tercer lugar -y acabo-, para defender la enmienda hay que mejorar la regulación de la exclusividad. Como le he
dicho, hemos presentado para mañana una propuesta concreta. Usted sabe que solo el 12 % de los diputados y diputadas de esta Cámara y de los senadores y senadoras del Senado mantienen un cargo de exclusividad; el resto, fuera de ese 12 %, perciben
abonos y remuneraciones por otros trabajos. En eso, por supuesto, habrá cosas justas y cosas injustas; no lo quiero meter todo en el mismo saco, simplemente hay que regularlo y racionalizarlo. Por supuesto, si aceptase nuestra enmienda tiene el
visto bueno de nuestro grupo. Pensamos que nuestra enmienda es fundamental para la fijación de posición del Grupo de La Izquierda Plural.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Nuet.
Por el Grupo Popular, señor Matarí.
El señor MATARÍ SÁEZ: Gracias, señora presidenta.
Señora Díez, desde el principio de la legislatura usted y su grupo están en la estrategia demagógica de colaborar irresponsablemente a estigmatizar a los representantes políticos, y lo hace para rentabilizar electoralmente lo que en este
momento es una realidad que no desconocemos: que muchos ciudadanos se sienten alejados de sus representantes democráticos. Usted, aunque se esfuerza en aparentarlo, no es nueva; su trayectoria seguramente le hace saber más que ninguno de los que
estamos aquí de sueldos y de pensiones. Su planteamiento, señora Díez, está muy lejos del rigor y de la seriedad, y muy cerca del populismo, del oportunismo, de la demagogia y también de la incoherencia. Incoherencias ustedes tienen muchas, y
usted principalmente. Aquí pretenden dar lecciones, pero la realidad nos descubre diariamente su doble lenguaje y su doble cara. Su modelo de austeridad seguramente será el de Asturias, donde un solo diputado autonómico de UPyD tiene ni más ni
menos que seis asesores, señora Díez. Eso es coherencia y austeridad, sí señora. (Aplausos).
Señorías, hay iniciativas y discursos que contribuyen a incrementar la desafección y la desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones democráticas, hacia la política y hacia los políticos, y ese es el caso de esta proposición no de
ley. Porque la proposición contiene aspectos que seguro que todos los grupos compartimos -estoy seguro-, pero tal y como se presenta es un disparate jurídico, un disparate político sin rigor alguno, mezclando absolutamente todo, con datos equívocos
y equivocados, y trasladando la idea de que no se está haciendo nada; una iniciativa muy propia de usted, señora Díez. Hay otras iniciativas y medidas que hacen justamente lo contrario, que favorecen la recuperación de la confianza de los
ciudadanos en sus representantes políticos y en sus representantes públicos. Les pondré algún ejemplo. En la Administración General del Estado medidas como la eliminación de la compatibilidad de la pensión que recibían los ex altos cargos o la
reducción de las retribuciones de los directivos y consejeros de empresas y fundaciones públicas van en la dirección de racionalizar el sistema de retribuciones.
También en un ámbito en el que la Administración General del Estado tiene capacidad legal para actuar, el de las entidades locales, en el proyecto de ley de transparencia se establece que los Presupuestos Generales del Estado fijarán cada
año el baremo de las retribuciones de los concejales de toda España. Por cierto, señora Díez, ¿sabe usted que hay muchos miles de concejales que no cobran retribución alguna, que son cargos públicos que representan a sus conciudadanos por un
sentido de la responsabilidad y del servicio a la sociedad? Dígaselo usted a algunos de sus concejales y que tomen ejemplo. En lo que se refiere a las comunidades autónomas, la respuesta, aunque es idéntica en los fines, necesariamente ha de ser
distinta en la forma, y eso también usted lo ignora en esta proposición. En cualquier caso, señorías, hay un compromiso del Partido Popular, expresado además por el presidente del Gobierno en esta Cámara, para establecer precisamente ese marco de
referencia de salarios de altos cargos en el conjunto de la Administración pública.
Señoras y señores diputados, señora Díez, transparencia, información y buen gobierno, como demanda su proposición, es lo que persigue el Gobierno del Partido Popular cuando en poco más de seis meses, y por cierto tras un proceso novedoso de
participación y de regeneración democrática en el que cerca de 80.000 ciudadanos han participado con sugerencias y observaciones, ha aprobado y remitido a esta Cámara el proyecto de ley de transparencia. La inminente tramitación de este proyecto
nos dará la ocasión de presentar propuestas para mejorar la calidad democrática de nuestras instituciones, para reforzar la transparencia de la actividad pública, para racionalizar las retribuciones de los representantes y los gestores públicos en
general, y para establecer también un marco jurídico de responsabilidad, porque la responsabilidad que garantice el control también es un ejercicio de transparencia. Un proyecto que ya está en la Cámara y que nos permitirá saber -a lo mejor- si su
modelo de transparencia y retribuciones es, por ejemplo, el del Parlamento Europeo, que usted conoce bien.
Señoras y señores diputados, tenemos por tanto un proyecto que va a iniciar su tramitación parlamentaria y que hace innecesaria esta proposición no de ley, que tiene como único objetivo conseguir titulares de prensa. Quiero, señor
presidente, señorías, añadir una cosa, y es que hay que mejorar en transparencia, por supuesto -ya lo he dicho-, pero hoy las retribuciones, los bienes, las rentas, las actividades, el patrimonio de diputados, senadores, miembros del Gobierno,
parlamentarios autonómicos, etcétera, son públicos y están a disposición de cualquiera, y eso también hay que decirlo, señora Díez. Señoras y señores diputados, es verdad que los cargos públicos tienen reconocidos una serie de derechos, pero los
derechos no son prerrogativas; tienen una naturaleza instrumental con el fin de que se puedan ejercer las funciones de forma efectiva y desarrollarlas en condiciones de igualdad democrática. En este sentido, el derecho a una retribución debe
garantizar una dedicación cabal al ejercicio de las funciones representativas y también hacer posible que el derecho a ejercer un cargo de representación sea un derecho de todos.
Termino, señora presidenta. Señorías, la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en sus representantes políticos es sin duda pieza fundamental de un país democrático. Que la actividad pública sea más transparente, que existan
obligaciones de buen gobierno y consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento contribuyen a esa confianza, y eso es lo que está haciendo el Gobierno del Partido Popular. Por eso, nuestra enmienda insta al Gobierno a continuar, con la
colaboración de las comunidades autónomas y de las entidades locales, con las reformas legales sobre transparencia, racionalización y austeridad en el conjunto de las administraciones públicas. Espero, señora Díez, que se sumen a esta propuesta,
que abandonen la demagogia y el oportunismo, y que trabajen por mejorar las iniciativas ya presentadas por el Gobierno del Partido Popular.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Matarí.
Pasamos al turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Mixto, señor Cuadra.
El señor CUADRA LASARTE: Señoras y señores diputados, las encuestas del Instituto Nacional de Estadística de modo reiterado en los últimos años, trimestre a trimestre, nos están diciendo que el tercer motivo de preocupación de la ciudadanía
en este Estado es su clase política y los partidos políticos, y a la gente, a la ciudadanía en general no le falta razón para estar preocupada.
Desde Amaiur entendemos que los cargos electos, sobre todo los altos cargos presentes en los parlamentos y en los grandes ayuntamientos, gozan de unos sueldos buenos, en bastantes casos excelentes, de un estatus social alto y de unas
relaciones estrechas y directas con los poderes económicos, sociales y mediáticos. Esto hace que se conforme lo que los sociólogos llaman una casta política, una
casta social privilegiada, distante y bastante separada de todas aquellas personas que les eligieron, para la cual los programas electorales, las promesas que se hacen en las elecciones son únicamente papel mojado que se deja en una esquina
cuando se alcanza el poder. (El señor presidente ocupa la Presidencia). El mejor ejemplo de ello es el del actual Gobierno del Partido Popular.
En los años anteriores hemos padecido, por desgracia -todo el mundo lo reconoce así-, una burbuja inmobiliaria, pero junto a esta burbuja inmobiliaria ha aparecido otra éticamente bastante peor, que es la burbuja de la corrupción; una
burbuja de la corrupción que ha ido pareja a las recalificaciones de terrenos, a la elaboración de planes urbanísticos acordes con los intereses de constructoras e inmobiliarias y, en última instancia, una burbuja de la corrupción que ha ido
introduciéndose en todas esas comisiones de urbanismo y consejerías en bastantes comunidades autónomas, dejando encima de bastantes mesas, de excesivas mesas, sobres y maletines llenos de billetes de 500 euros.
Se está hablando aquí de regeneración democrática. Hace seis meses Amaiur presentó ante la Mesa de esta Cámara una propuesta, una solicitud que todavía no ha sido contestada y que pedía que los sueldos de los parlamentarios y parlamentarias
de esta Cámara no excedieran, como mucho, tres veces el salario mínimo interprofesional. Aún no se ha tenido la delicadeza de contestarnos. En los próximos días vamos a presentar también otra solicitud en unos términos que caminan en esta misma
dirección. Se trata de la supresión de lo que para nosotros son las privilegiadas pensiones que esta Cámara se ha ido dando a sí misma, a sus miembros, a las parlamentarias y parlamentarios que los votaban y que situaban a todas estas personas en
unas condiciones privilegiadas con respecto a todos aquellos cotizantes a la Seguridad Social que contaban con su misma situación en cuanto a años de cotización.
En concreto ya, refiriéndonos a la proposición presentada por UPyD, queremos señalar nuestro profundo desacuerdo con la misma y citar a modo de ejemplo cómo ahí se expresa una razón de fondo que a nosotros nos produce bastante rechazo. Se
habla allí de que la remuneración de los cargos electos tiene que ser suficientemente atractiva -atractiva, repito- para atraer el talento hacia la Función pública. Pues bien, nosotros consideramos que las remuneraciones de los cargos electos
tienen que ser dignas y suficientes, por supuesto, para desarrollar su labor, pero esto de ser atractivas nos huele bastante a lo que hoy día entiende mucha gente que accede a la Función pública, que es buscar una carrera para medrar tanto personal
como económica y socialmente. Los distintos ámbitos de la Función pública -parlamentos, ayuntamientos- es evidente que estarían muy bien si en los mismos se obtuvieran unos grados superiores de talento de los que hoy existen, pero no es el talento
de lo que más necesitadas están las instituciones hoy en día, sino sobre todo de transparencia, de control, de honradez y de ser consecuentes con los programas que se presentan en las campañas electorales, y que no sirvan como están sirviendo en
cantidad de ocasiones -y en este caso cito otra vez al Gobierno del PP- para dejarlos en una esquina y dejar atrás todas aquellas promesas que solo sirvieron para conseguir votos.
Y termino. Queremos saludar desde aquí solidariamente a todos aquellos miles de personas que en estos momentos están en las cercanías del Congreso manifestándose de forma democrática y pacífica, y que están reivindicando, entre otras cosas,
la necesidad de una democracia real y no de una democracia de celofanes, la reivindicación también del derecho de autodeterminación para los pueblos que pertenecen a este Estado y su rechazo de todas las reformas y recortes reaccionarios que está
practicando este Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cuadra.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señor presidente.
Tengo dudas de qué es lo que se pretende regular o lo que se pretende obtener de esta proposición no de ley. ¿Se pretende realmente ordenar algo? ¿O lo que se pretende es remover la melé, darle vueltas y vueltas al caldero de lo mismo y al
desprestigio de la política para intentar obtener algunos, yo creo que magros, resultados electorales? ¿Vamos a seguir en este juego una y otra vez, o vamos hablar claro a la ciudadanía y a algunas cosas que son consideradas como verdades absolutas
vamos a quitarlas de ese pedestal y a decir que las cosas no son así? Si lo que pretendía era remover el caldero, lo ha conseguido, y algunos otros intervinientes han entrado. El propio señor Nuet ya se ha puesto unas medallas y ha dicho que va a
traer una iniciativa sobre los diputados y senadores, etcétera. Creo que los diputados y senadores somos los cargos públicos más observados, controlados y transparentes de todas las administraciones, con todo lo que ha llovido en los últimos
tiempos. Algún otro interviniente se permite hablar de casta de políticos como si con ellos no fuera: no están en las instituciones, no gobiernan y cobran sueldos. Están
limpios de polvo y paja, se permiten hablar de dar lecciones de ética y hasta de maletines con billetes y de recaudación. No sigamos por ahí.
¿Quieren ustedes realmente que vengan los mejores a la política, que venga gente que en estos momentos podría dar ideas, podría refrescar la política? Vamos a ver qué se le está ofreciendo a la gente de hoy en día con el discurso político
que se ha instalado. Se le va a decir: va a ganar usted mucho menos -porque si verdaderamente es una persona que puede aportar, que es líder en el sector donde trabaja, va a venir usted ganando mucho menos-, va a estar expuesto a la crítica de
todo el mundo y a los ojos de todos y además va a estar denostado en los medios de comunicación normalmente.
Dicen ustedes cosas que son muy ciertas: que el presidente del Gobierno gana poco. Pues claro que sí, gana muy poco, pero es que tampoco los partidos mayoritarios de este hemiciclo se han atrevido a decir a la sociedad que gana poco y que
tiene que ganar más, porque parece que aquí lo políticamente correcto es bajar, pero no decir: hay unas responsabilidades. Este señor, por ejemplo, se tiene que enfrentar en la mesa de su despacho con alguien que gana infinitamente más que él, y
además él tiene que tomar la decisión muchas veces involucrando a todo un país. ¿Eso no tiene que estar valorado, no tiene que estar retribuido? Eso no lo hacemos, no hacemos que esa retribución sea justa, cada vez que aprobamos un presupuesto, y
eso lo podríamos hacer también, si creemos que está mal, con el Tribunal Constitucional y con otros órganos.
En su proposición se mezclan muchas cosas, se mezcla esto con casos de corrupción y con un montón de cosas. He oído que incluso los diputados y los senadores no somos transparentes con lo que ganamos. Ya no sé qué nos falta, si no es casi
quitarnos la ropa interior delante de la gente, porque en la página del Congreso está expuesto nuestro patrimonio, también nuestra declaración de la renta y exactamente lo que gana cada uno de nosotros. Y me parece bien, me parece correcto, pero
que luego no se diga que no somos transparentes, porque no es cierto. Animaría a muchas de sus señorías a que, si piensan como yo en esto, también lo manifestaran públicamente. Ya sabemos lo que es políticamente correcto, lo cual no quiere decir
que sea bueno para la democracia en muchos casos. Mucha gente está aportando su trabajo sin cobrar nada en las administraciones, tantos y tantos concejales metiendo muchas horas y sin que estén en absoluto retribuidos.
Señor presidente, necesito algunos minutos más. Ustedes hablan de los principios de coordinación y jerarquía. Si usted coge la Constitución española, solo habla de la coordinación interna del Gobierno, de la Administración del Estado, pero
del Gobierno a nivel del Estado, y en algunos temas de materia económica. En cuanto a la jerarquía, no, lo siento, no es que esta Cámara por ser esta Cámara y ser la representativa del Estado esté por encima de un Parlamento autonómico. Depende de
su competencia, porque el principio es el de división competencial, no el de jerarquía. ¿Como este es el Parlamento del Estado, que está en Madrid, ya manda más? No, dependerá de en qué materia. Hay un principio que se le ha olvidado, que es el
de autoorganización de cada una de las administraciones. Lo de los ayuntamientos puedo entenderlo, aunque no comparto que se vaya a hacer en la ley de transparencia, pero podría entender que hay una especie de tutela financiera por parte del
Estado. Pero también tengo que señalar que en el caso del País Vasco esto no es así, porque la tutela financiera no está en manos del Estado, sino de las diputaciones forales, y ya lo advierto para la próxima tramitación de la ley de transparencia.
Dicho eso, también los partidos políticos estarán para algo, ¿no? Porque usted quiere coger una reglamentación desde esta Cámara, desde el Estado, y olvidarse de que existen partidos políticos que tienen también la función de vertebrar, de
estructurar, y que deberían llegar a acuerdos y controlar a sus cargos públicos y decirles: oye, esto es lo que se va a cobrar, así es como se tiene que hacer, esto es lo que se puede hacer, esto no y esto es lo que tenéis que aprobar. Además
hablamos de igualdad como si fuera en todos los sitios lo mismo. Pues no, habrá algunas comunidades autónomas que tengan un coste de la vida diferente a otras y habrá algunos municipios, aunque tengan los mismos habitantes, que tendrán mayor
trabajo y mayores dificultades que otros. Por lo tanto, yo creo que las cosas hay que matizarlas y hay que verlas sobre el terreno. En el caso de Euskadi, en el caso del País Vasco, Eudel, la asociación de municipios, llegó a acuerdos entre todos
los partidos políticos para que estos se fueran aplicando ayuntamiento a ayuntamiento. Yo creo que esa es la vía que hay que explorar y acuerdos que evidentemente sean transparentes. Lo mismo en los parlamentos autonómicos, hay que llegar a
acuerdos entre todos los partidos políticos para ver cómo se ajusta todo eso.
El señor PRESIDENTE: Señor Esteban, le he dado dos minutos más. Tiene usted que acabar.
El señor ESTEBAN BRAVO: Acabo, señor presidente, en medio minuto.
Usted dice: transparente, racional y objetivo. Absolutamente de acuerdo. Tiene que haber transparencia, sí; en los sueldos públicos, en los patrimonios, etcétera, todo lo que haga falta, desde las páginas web hasta otros instrumentos, si
se nos ocurren. En eso estoy de acuerdo, pero también en la gobernanza pública y en la gobernanza privada. Y sobre todo en la que se mezcla también con la pública, porque los presidentes, los consejeros delegados, los consejos de administración de
algunas empresas que han producido determinados efectos tremendos en este país son los primeros que tendrían que aplicarse ya -en vez de tanta crítica a diputados y senadores- eso de la transparencia.
Por si no había quedado claro, que creo que sí, votaremos en contra.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.
Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el seño Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor presidente.
Señorías, hoy se debate en esta Cámara, en el Pleno, una proposición no de ley con la que podríamos coincidir en muchos de sus aspectos, como podríamos coincidir también en muchos de los términos del debate que se ha producido esta tarde,
pero que no está exenta de un cierto populismo; un cierto populismo que podría llegar a trasladar ante la opinión pública algo que es fácil de vender ante la misma: el hecho de que no somos transparentes, de que hay una serie de privilegios, de
que vamos a por el político. Este es un tipo de iniciativa que de alguna manera podría incluirse en ese ámbito ya que, aunque a lo mejor quien la defiende no es consciente de ello, tiene esa traslación final populista, fácil de vender, pero que en
muchas ocasiones oculta realidades fácticas que el señor Esteban explicaba de forma muy clara y didáctica.
Antes el señor Nuet hacía referencia a que los diputados de su grupo habían renunciado a ese plan de pensiones, a ese fondo de pensiones en el que cada mes la Cámara contribuye; ha dicho que los diputados de su grupo habían renunciado a él.
No se explica quizás con la misma vehemencia y con el mismo altavoz que se ha suprimido, que ya no existe. Seguimos recibiendo cada día centenares de correos electrónicos que denuncian un supuesto privilegio que ya no existe como tal, pero todos
vamos ahondando en esa fácil novela de que no hay transparencia. Lo decía también el señor Esteban: la página web de esta Cámara es totalmente transparente y se accede claramente a las retribuciones, al patrimonio, a lo que cobra cada uno de los
cargos de la Cámara como complemento, etcétera; todo esto existe ya. Y es cierto también que existe en cada una de las administraciones públicas; por eso la propia proponente en la exposición de motivos de la proposición no de ley puede dar
cifras exactas, hasta el último céntimo, de lo que perciben diversos cargos públicos, porque esa transparencia existe en cada una de las administraciones, que publican los sueldos y los complementos, los salarios. Por tanto, esa transparencia
necesaria existe y lo que nos propone hoy el Grupo de Unión Progreso y Democracia sería una cierta armonización o unificación de criterios, pero esa armonización o unificación de criterios va en contra de la Constitución. Porque la Constitución nos
puede gustar más o menos, puedo entender que haya grupos a los que les guste poco, pero el Estado es plural y hay una división competencial. Y en el caso de las comunidades autónomas, la primera competencia exclusiva que según el artículo 148.1 de
la Constitución tiene cualquier comunidad autónoma es la de la autoorganización. Es la competencia de poder definir cómo se regulan sus instituciones y qué retribución van a tener dentro de su autonomía presupuestaria los distintos cargos de esa
Administración. Por tanto, esa especie de armonización retributiva que se nos plantea va en contra de la necesaria distribución territorial del poder político. Y el poder político es autoorganización y es también fijar, de acuerdo con los
parámetros que cada ámbito competencial se dé, las propias retribuciones y hacerlas públicas con transparencia y rigor. Si en alguna ocasión se da alguna disonancia con el cargo del presidente del Gobierno, quizá deberemos plantear directamente por
qué razón en los Presupuestos Generales del Estado de cada año el presidente del Gobierno tiene una retribución que no es comparable con la de ningún presidente ejecutivo de la Europa comunitaria. Algún día deberemos plantearlo con rigor y
realizando un debate sereno y constructivo.
Por tanto, estamos en contra de ese criterio armonizador. Si antes el señor Esteban, con muy buen criterio, afirmaba de qué forma en Euskadi las diputaciones forales tienen esa competencia sobre los cargos municipales, también en Cataluña
el nuevo Estatuto otorga competencias a la Generalitat en el ámbito de la Hacienda municipal. Cualquier propuesta que estuviéramos tramitando aquí debería ser respetuosa con esa distribución competencial.
Señor presidente, señorías, muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jané.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Sánchez Amor.
El señor SÁNCHEZ AMOR: Gracias, señor presidente.
Después de escucharla, doña Rosa, me quedo más tranquilo, porque la lectura de su iniciativa sinceramente me había dejado atónito, cuando he leído, con el símbolo de UPyD escrito, cosas de este tenor: Evitando que este asunto se convierta
en una cuestión que alimente demagogias, sospechas, sino todo lo contrario, que sirva para prestigiar nuestras instituciones. La profesionalización de la clase política ha sido un proceso sin duda positivo que ha provocado la democratización y la
modernización. La remuneración de nuestros representantes y cargos políticos tiene que ser lo suficientemente atractiva como para atraer el talento y prestigiar la labor que realiza. Ese tono de UPyD me recordaba aquella conversación en la que
alguien comienza afirmando: Le voy a ser sincero. Y el interlocutor le dice: Por mí no cambie usted su forma de ser. Por nosotros no hagan ustedes estas contorsiones ni esta violencia argumental que se apreciaba en su escrito. Me recuerda un
poco las melifluas excusas del escorpión cuando intentaba convencer a la rana de que si la montaba para cruzar el charco no la iba a picar. Y el escorpión la picó porque, como el escorpión se excusaba, estaba en su naturaleza y no podía hacer otra
cosa. En la naturaleza, en el ADN político de UPyD está alimentar el tópico, cada vez más previsible, del discurso antipolítico. (Aplausos). Por eso le decía que me quedaba tranquilo después de escucharla porque he vuelto a reconocerles a ustedes
en su esencia.
Doña Rosa, ustedes hablan de desafección como si ustedes no fueran un agente activísimo de esa desafección hacia la política, lo cual me parece francamente incoherente. Hasta tal punto es así que me parece más coherente la actitud de
quienes protestan ahí fuera, en la calle, que la de quienes desde aquí dentro deslegitiman la política y las instituciones sin tener la coherencia de dejar su acta e irse a la otra acera, enfrente de este edificio. (Aplausos). En otros países esos
ciudadanos indignados prefirieron ocupar los espacios físicos simbólicos del poder económico, Ocupa Wall Street; en esta ocasión en España los ciudadanos indignados han optado legítima y, en mi opinión, equivocadamente por hacerlo frente a la clase
política, de cuyas retribuciones hablamos esta tarde, y mientras el poder económico, ahí arriba, en la Castellana, duerme tranquilamente sin que nadie tenga que preocuparse, porque somos el colchón de la indignación de la gente. (Aplausos).
Doña Rosa, aunque yo no comparta ni los fines ni los objetivos de la manifestación, en mi sueldo, del que hoy se habla aquí, está defender el derecho de esas personas a, legítimamente y pacíficamente -los que lo hayan hecho así-,
manifestarse frente a este Parlamento. Yo debo felicitarle porque, a pesar de algunas cosas que se han dicho aquí por el representante del Grupo Popular, usted no está sola en este discurso antipolítica; la erosión del control democrático del
poder, la jibarización de las instituciones tiene importantes y numerosos aliados en esta Cámara. ¿O acaso reducir diputados y concejales no es eso? ¿O acaso diputados sin sueldo no es que no haya control? ¿O acaso consejos de control como el de
Radiotelevisión, que ya no son permanentes sino que son cuando se le ocurra al que puede convocarlo? El desprecio de la autonomía, el abuso de los decretos-leyes, todo conduce al mismo objetivo, cada vez más transparente: debilitar los controles
democráticos para que la mayoría política del PP pueda sacar adelante su programa ideológico con la excusa de la crisis (Aplausos) y con la anestesia de no tener los contrapesos necesarios. Se lo digo a usted y se lo digo al PP: no nos busquen
ahí; no nos busquen en un discurso antipolítica que tiene razones, pero que también tiene y está siendo alimentado por medios conservadores que todos conocemos. Hay problemas, es verdad, pero también hay una lupa que quiere agrandar y hacer de eso
el problema de este país.
Voy a los sueldos. Nosotros pensamos, doña Rosa, que hay que ordenar y revisar las retribuciones de los responsables públicos, que efectivamente el paso del tiempo ha provocado una dispersión y un panorama confuso e injusto, pero para
encarar este asunto hay que hacerlo con rigor, y la introducción de su proposición está absolutamente llena de errores e incoherencias -no los voy a señalar porque creo que son así- y usted ha añadido hoy aquí una cosa nueva, y es meter en la
ecuación a la Función pública. ¿Quiere equiparar el sueldo de los diputados al de los letrados? ¿Quiere subirnos el sueldo de esa manera? Porque también hay, y todos lo sabemos, altos funcionarios de la Administración que ganan bastante más que
los ministros y, desde luego, que el presidente del Gobierno. Creo que era una improvisación de última hora. Una preocupación mucho mayor para nuestro grupo es la solución que usted aporta para cada problema complejo de este país: la solución de
la jerarquía y la solución de la centralización, esa salmodia de que cualquier problema complejo se resuelve con jerarquía y con
centralización. Esa es la típica fórmula populista y simplificadora, muy habitual en las democracias menos desarrolladas, en las que la simplificación de los problemas se arregla con el arbitrismo de una solución en una servilleta de la
barra del bar, y estos son problemas mucho más complejos que requieren mucha más solidez argumental. El bálsamo de Fierabrás de la centralización, que ustedes reparten generosamente, es una falsa salida para problemas complejos como este. Pero es
que además -y no me entretengo- jurídicamente no se puede hacer lo que usted pide; los diputados y senadores tienen que tener sus sueldos, no pueden venir en un proyecto de ley del Gobierno, tiene que ser esta Cámara, porque hay una reserva
constitucional para ello. Los parlamentarios autonómicos y los altos cargos autonómicos -se le ha reiterado aquí- solo pueden ser regulados por leyes autonómicas y no por una ley estatal, y en cuanto a la regulación del mundo local, es verdad que
ha habido intentos, es verdad que esos intentos no han fructificado y es verdad que jurídicamente yo creo que sí podría hacerse, pero no se puede hacer un sistema general de retribuciones de los cargos públicos electos con una ley del Gobierno
central. No se puede, doña Rosa, por tanto, su objetivo de diseñar un sistema completo no puede alcanzarse por la vía, por el instrumento que usted nos propone.
Alguien ha dejado caer aquí -decía el señor Esteban que no quería proponer, pero al final ha propuesto- que hay otras fórmulas; un pacto político entre las fuerzas, los partidos que estén de acuerdo con este objetivo. El señor Esteban ha
insinuado algo parecido. De este modo, con un acuerdo político, sí que se podría llegar a casi todos los ámbitos sin forzar ninguna cuestión competencial, que era la cuestión que les preocupaba a los colegas de Izquierda Unida.
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que terminar.
El señor SÁNCHEZ AMOR: Termino, señor presidente.
Por tanto, respetando el ámbito competencial de cada Administración, porque algunas comunidades lo han hecho mediante este acuerdo. Es menos vistoso, doña Rosa, es más efectivo y, sobre todo, no requiere seguir arrojando basura sobre el
sistema político, porque al final estas soluciones fáciles de bar consisten en tirar al niño con el agua del baño.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez Amor.
Señora Díez, ¿acepta usted alguna de las enmiendas planteadas?
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: No, presidente, no acepto ninguna de las enmiendas y le agradezco mucho al portavoz del Grupo Socialista que me permita seguir en la Cámara. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: En ese caso, se votará en sus propios términos.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), RELATIVA A LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL. (Número de expediente 162/000423).
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco, PNV, relativa a la lucha contra el fraude fiscal. Tiene la palabra, para su defensa, el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señoras diputadas y señores diputados, desde el Grupo Vasco queremos proponer un debate al resto de los grupos de la Cámara sobre una cuestión que a buen seguro todos compartimos, porque a todos
nos preocupa. Me estoy refiriendo a la lucha contra el fraude fiscal. Para ello, presentamos una iniciativa en forma de proposición no de ley que defiendo en nombre de mi grupo, para la que pedimos el apoyo y el voto favorable de todos los grupos
de la Cámara. No es ni pretende ser una idea original. Sobre esto se ha debatido en muchas ocasiones. Sin ir más lejos, el pasado mes de marzo el Grupo Socialista presentó una proposición no de ley con similar intención, pero finalmente no obtuvo
el apoyo suficiente para salir adelante. Por otro lado, el propio Gobierno ha elaborado un proyecto de ley al respecto, cuyas enmiendas a la totalidad se discuten mañana mismo. Nuestro grupo parlamentario trabajará en el proyecto con la idea de
mejorarlo, presentando las enmiendas parciales oportunas.
Nuestra iniciativa, sin embargo, pretende completar, complementar o cubrir un espacio diferente de actuación que, a nuestro juicio, es imprescindible para avanzar en la lucha contra el fraude fiscal. Además de la necesidad imperiosa de
modificar cuantas leyes tributarias haga falta para tal fin, creemos que es
preciso cambiar también otras, como el Código Penal o la legislación mercantil, con el propósito de conseguir una mayor efectividad en la ardua tarea de perseguir, identificar y penalizar a cuantos engañan y defraudan al erario público, es
decir, a quienes engañan y defraudan a todos. Hemos de tapar todas las vías de agua. Sabemos que son muchas y que no es fácil, y no todas se consiguen con la sencilla manera de cambiar las leyes; existen elementos psicológicos, sociológicos y
culturales sobre los que también es preciso trabajar. Debemos concienciarnos de que cuando defraudamos estamos robando al resto de los ciudadanos, les estamos privando a muchos de ellos de los recursos que necesitan para sobrevivir o estamos
impidiendo que se apliquen adecuadamente las políticas sociales o que se actualicen las pensiones públicas. Hay una labor que debe empezar en las escuelas y que debe conducir a una concienciación al respecto que permita incluso la colaboración
ciudadana en la lucha contra el fraude. Al defraudador se le debe perseguir con todos los medios disponibles en un Estado de derecho. No podemos aplaudir que gente de mucho dinero, actores o deportistas de elite tengan sus domicilios fiscales en
paraísos donde no se pagan impuestos. La ejemplaridad en esos casos es muy importante para combatir el fraude. En definitiva, tenemos que cerrar todas las grietas y evitar, mediante la educación y la legislación, que estas no se produzcan en el
futuro.
Como saben sus señorías, en virtud del Concierto Económico en la Comunidad Autónoma del País Vasco y del Convenio en Navarra, las reformas de naturaleza tributaria para la persecución del fraude fiscal corresponden a las instituciones de los
territorios históricos, a las juntas generales y a las diputaciones forales, y también al Gobierno en el caso del Gobierno foral navarro. Por ello, las reformas legislativas que proponemos en esta proposición no de ley son distintas de las
estrictamente tributarias porque son competencia exclusiva del Estado. Así, instamos al Gobierno a que modifique el Código Penal en varios sentidos. En primer lugar, que lo haga de manera que el delito contra la Hacienda pública sea mayor que el
establecido para insolvencia punible. Consideramos que la reprobación jurídica del delito contra la Hacienda pública no es lo suficientemente alta como para que resulte disuasoria de ciertas actuaciones. En segundo lugar, creemos necesario revisar
la figura del dolo eventual en lo referente a los delitos fiscales, de manera que se imposibilite su utilización como vía de escape a los defraudadores. Y en tercer lugar, consideramos imprescindible endurecer las penas por la utilización
fraudulenta de las figuras de ingeniería fiscal y financiera cuyo objetivo sea la elusión fiscal. (Un señor diputado: ¡Muy bien!).Planteamos también que se modifique la Ley Concursal, de forma que quienes se acojan a ella no puedan, tras dar por
liquidadas sus deudas fiscales, reanudar otra actividad económica. Como saben sus señorías, el procedimiento concursal de la ley en vigor establece que después de una fase común en la que se fijen el activo y el pasivo, el procedimiento vaya a una
fase de convenio cuando la actividad económica del concurso se mantiene o que vaya a una fase de liquidación cuando cesa la actividad. Mientras que en el convenio la posición de los acreedores está prácticamente protegida, en tanto que la ley no
permite -excepto casos excepcionales de empresas con especial trascendencia para la economía- que se presente un convenio con quitas superiores al 50 % ni esperas superiores a cinco años, en la liquidación los acreedores cobran con resultados de la
venta del activo, y la experiencia nos dice que suele suponer que solo cobran los administradores concursales, abogados y procuradores que han actuado en el procedimiento.
Lo que se trata de impedir es que un empresario, utilizando de forma fraudulenta el procedimiento concursal, acuda a una liquidación dentro del mismo, pagando cantidades ridículas a sus acreedores, entre ellos, a la Hacienda pública, para,
con la autorización de intermediarios, adjudicarse en la liquidación los activos de la sociedad concursada por un precio más bajo que el de mercado que le permita con otra razón social continuar de hecho la actividad anterior. Aunque esta actuación
va en contra de lo pretendido por la Ley Concursal, es cierto que la misma no está expresamente prohibida en la ley. De hecho, se han producido supuestos concretos en los que hay una razonable sospecha de que se ha utilizado la Ley Concursal de
esta forma fraudulenta, que en la práctica ha supuesto que hayan sido las deudas tributarias y las de Seguridad Social las eliminadas. Se trata de incluir de forma expresa en la Ley Concursal una mención que prohíba la realización de estas
prácticas.
Por último, instamos al Gobierno a que en el ámbito de sus competencias en territorio común, modifique el régimen de las Sicav, como lo hicieron las diputaciones forales, asimilando su tributación a las del tipo máximo del impuesto sobre
sociedades. Se trata de evitar que figuras previstas para una finalidad legítima -la inversión colectiva como fondo de inversión- se utilicen para fines individuales de elusión de obligaciones fiscales. Esto puede conseguirse eliminando y
limitando la aplicación a estas del régimen fiscal razonable previsto para las figuras ortodoxas que tributan al 1 % e igualar su tributación, como decía,
al tipo general. El problema básico está en que la configuración financiera mercantil de los requisitos de las Sicav es lo suficientemente laxa, seguramente de manera intencionada, para permitir dicha utilización, mientras que en el resto
de instituciones de inversión colectiva no es así. Por lo argumentado, solicitamos desde el Grupo Vasco el apoyo de la Cámara a esta iniciativa.
Para concluir, quisiera fijar nuestra posición en relación con las enmiendas presentadas por los diferentes grupos de la Cámara. Quisiera comentar que, dado que la naturaleza de la iniciativa que pretende impulsar las medidas no
estrictamente tributarias de lucha contra el fraude no encaja en dicha filosofía, no las aceptaremos. Este es el caso de un impuesto a las transacciones financieras, al igual que el impuesto que se plantea sobre el patrimonio y sobre sociedades que
propone el Grupo de La Izquierda Plural. Ello no quiere decir, como bien sabe su portavoz, que estemos en contra de lo que proponen. Desde el Grupo Vasco nos hemos manifestado en reiteradas ocasiones a favor de la creación a nivel internacional
europeo de un impuesto a las transacciones financieras de carácter más especulativo.
En cuanto a las enmiendas -y con esto concluyo- propuestas por UPyD y PSOE para la reforma de la tributación de las Sicav, debo señalar que no las aceptaremos puesto que lo que planteamos en nuestra proposición no de ley es el cambio
normativo que introdujo la Diputación Foral de Vizcaya a este respecto. Por el contrario, aceptaremos la enmienda del PSOE al punto 2 porque incorpora una mejora técnica, al igual que vamos a aceptar también la de La Izquierda Plural relativa a la
lucha contra los paraísos fiscales y el nuevo punto 4 del Grupo Parlamentario Socialista por el que se propone derogar la amnistía fiscal.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.
En primer lugar, para presentar las enmiendas formuladas, tiene la palabra el señor Anchuelo, por el Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia.
El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señor presidente.
Señorías, cada año una cuarta parte del PIB español se genera en la economía sumergida: 22 o 23 por ciento. Una cuarta parte del PIB español. Cada año esto supone que se dejen de recaudar siete u ocho puntos del PIB: 70.000 u 80.000
millones de euros. Sería muy distinta nuestra situación fiscal si este fenómeno no se produjese. Sería difícil reducirlo a cero, pero seguramente no reducirlo a la mitad. Por otro lado este fenómeno deslegitima el sistema fiscal, desanima a los
que sí que cumplen con el pago de impuestos. Por eso nuestro grupo, aunque tiene una capacidad de iniciativa limitada por ser un grupo parlamentario pequeño, ha utilizado esa capacidad de iniciativa hasta el límite para hacer propuestas respecto al
problema del fraude fiscal. Por ejemplo, registrando una proposición no de ley con un conjunto de medidas de lucha contra el fraude; registrando dos proposiciones no de ley para reformar el régimen de las Sicav; planteando numerosas enmiendas en
los Presupuestos Generales del Estado, por ejemplo para reforzar los medios de la Agencia Tributaria; planteando numerosas enmiendas al actual proyecto de ley de lucha contra el fraude y planteando preguntas orales y escritas tanto en el Pleno como
en Comisión.
Nuestro grupo suele apoyar propuestas de otros grupos, y es lo que vamos a hacer en esta ocasión, apoyar esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco, aunque, como a menudo sucede, no compartimos todos los detalles. Por ejemplo,
compartimos la filosofía de endurecer el delito fiscal en el Código Penal, pero creemos que habrá un proyecto de ley abierto en esa dirección donde se podrían incorporar enmiendas. Compartimos la idea de modificar la Ley Concursal, como se propone,
para que un concurso de acreedores no se utilice como un mecanismo para eludir las deudas con Hacienda, que el empresario no pague todo lo que debe a Hacienda. Pero tenemos serias dudas de que en la práctica esto sea una propuesta importante,
porque Hacienda tiene prelación sobre otros acreedores, cobra primero, y no hay muchos concursos de acreedores en que solo cobra Hacienda y no todo, por lo que la repercusión práctica de esta propuesta creemos que sería pequeña. Creemos que hay que
modificar el régimen de las Sicav, pero no subiendo el tipo como se propone aquí, sino que los problemas son otros. En primer lugar, se difiere el pago de tributos hasta que se repartan dividendos o se transmitan las participaciones. Por eso
nuestra propuesta era introducir un régimen de transparencia fiscal en el que se imputen los beneficios cada año. También proponíamos que haya un tope de participación de cada socio de forma que no pueda ser como ahora, que un único socio tenga el
99 por ciento del capital y los otros 99 el 1 por ciento. Así como que la Agencia Tributaria sea la encargada de verificar si se cumplen los requisitos. En cualquier caso, discrepancias al margen, insisto en que compartimos la filosofía de la
lucha contra el fraude y apoyaremos esta propuesta.
Si nuestro grupo utilizase esta tribuna como otros grupos, podría haber enfocado la iniciativa de otra manera. Si en vez de buscar soluciones a los problemas de los ciudadanos se quiere utilizar esta tribuna para desacreditar, para
desgastar políticamente, podría acusar a los proponentes de todo tipo de intenciones perversas. ¿No presentarán esto porque hay elecciones en el País Vasco? ¿No presentarán esto porque es una propuesta populista, demagógica? No vamos a entrar
nosotros en ese tipo de acusaciones; queremos creer que sus intenciones son las que ellos han manifestado y no las que nosotros pongamos en su boca. Sin embargo, no podemos dejar de señalar ciertas contradicciones entre la propuesta y la práctica
política del Partido Nacionalista Vasco en el País Vasco, porque una de las cosas que facilita el fraude fiscal es la fragmentación de la inspección. Sin embargo, al Partido Nacionalista Vasco esa fragmentación le parece muy bien. Tanto que en el
caso del País Vasco la fragmentación ya no es de la Hacienda autonómica frente a la estatal, es que hay una fragmentación dentro de la propia comunidad autónoma entre las diputaciones provinciales. Nuestro diputado en el Parlamento Vasco, Gorka
Maneiro, propuso que hubiese un plan de lucha contra el fraude fiscal unificado en el País Vasco y no contó con el apoyo del resto de grupos de la Cámara. Otra cosa que dificulta la lucha contra el fraude y que las empresas paguen sus impuestos es
la fragmentación del espacio fiscal. Y al PNV cuando se ha tratado de poner en marcha vacaciones fiscales no le ha importado mucho que las empresas dejasen de pagar donde les tocaba, siempre que pagasen en el País Vasco. Por tanto, compartimos la
preocupación de lucha contra el fraude, pero estaría bien que esas declaraciones retóricas se viesen luego reflejadas en la práctica diaria de los grupos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchuelo.
Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora Ortiz.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Gracias, presidente.
Señorías, también subo a esta tribuna con la incomodidad de un día como hoy, con la sensación de estar parapetados cuando la ciudadanía se aleja. Tenemos los gritos de la ciudadanía que, equivocadamente o no -como alguien decía-, está
señalando al Congreso y por tanto creo que también nos debemos sentir interpelados. Uno de los apuntes por los que se interpela al Congreso es el déficit democrático. Creo que sí debemos reconocer que este Parlamento no funciona con normalidad por
un Gobierno que lo menosprecia, por ejemplo, a golpe de decreto o porque en la calle están explotando las medidas injustas y dolorosas que aprueba también la mayoría. Pero no estoy aquí para hablar de antipolítica. Hacemos política y defendemos la
política porque la política al fin y al cabo, la política con mayúsculas, es defender el bien común. Por tanto, estamos aquí para cumplir el compromiso que tenemos todos con los ciudadanos, pero también con la aspiración de derrotar estas políticas
que llevan a la situación actual.
Mucha gente clama por un nuevo proceso constituyente y algunos afirman que la Constitución está enterrada o que la Constitución es papel mojado y señalan al Congreso como culpable de enterrar la Constitución. Es verdad que este Congreso en
algún momento ha puesto la Constitución al servicio del poder financiero del que algunos hablaban. Voy a poner algunos ejemplos que luego me llevarán a hablar del fraude fiscal. Artículo 47. Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna
y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y las normas para hacer efectivo ese derecho. ¿Cómo exactamente lo está haciendo esta mayoría? ¿Con el desahucio exprés, con más de 500 desahucios a diario? Artículo 37 de la
Constitución. Se garantizará el derecho a la negociación colectiva. Con la reforma laboral que ustedes han aprobado, ¿cómo se garantiza ese derecho? Artículo 31 -y entramos en el meollo de esta iniciativa-. Todos contribuirán al sostenimiento de
los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad. Pues bien, este artículo también es papel mojado con sus amnistías fiscales, las medidas también
regresivas de las subidas del IVA o los regalos que se han hecho a los más ricos con las reformas fiscales aprobadas tanto por el PSOE como por el Partido Popular. Porque ahora ustedes solo se dedican a trabajar a favor del artículo 135 de esta
Constitución, el único artículo sin legitimidad y sin el aval de la ciudadanía.
Esta proposición no de ley tiene que ver con la mayoría de este Congreso si avanzamos, precisamente, en uno de los artículos de esta Constitución, si ponemos al servicio de la ciudadanía también el sistema tributario. El fraude, la economía
sumergida y las reformas fiscales hacen que nuestro sistema fiscal ya no cumpla con los principios de equidad y progresividad, y estamos a la cola de la Unión Europea en gasto social y también en fiscalidad. Hace unos días salían los datos. ¿Qué
es lo que pagan las empresas?
Un 11 % de tipo efectivo cuando el tipo teórico está en el 30 y en el 25 % del impuesto sobre sociedades, mientras los trabajadores aguantan las subidas del IVA y del IRPF o mientras caen las rentas salariales y aumentan las rentas
empresariales. Esto es de lo que habla también esta propuesta y, por tanto, votaremos a favor.
Pero cuando hablamos de fraude fiscal debemos añadir más cosas y nuestras enmiendas van precisamente en esa línea. En primer lugar, debemos implantar un impuesto sobre las transacciones financieras con una base impositiva amplia, que será
sustituido cuando proceda por un impuesto europeo. El señor Montoro y el señor De Guindos mucho hablar, pero ya es hora de que soliciten ante la Comisión Europea el proceso de cooperación reforzada, que es lo que tiene que hacer España si quiere
que eso sea viable a nivel europeo. Pedimos un impuesto sobre las transacciones financieras, porque si fue la crisis financiera la que nos llevó al agujero negro donde hemos caído, lo normal es que, como mínimo, el capital especulativo contribuya
precisamente a la salida de la crisis. Una segunda enmienda habla de paraísos fiscales. En una economía global el control del fraude fiscal no se puede quedar en nuestras fronteras, por tanto, emplazamos aquí a trabajar a nivel internacional -pero
también a nivel nacional- para combatir los paraísos fiscales. Finalmente, presentamos una tercera enmienda porque no es necesario solo cambiar leyes, sino también invertir. Hoy cada euro empleado en la lucha contra el fraude es una inversión
porque se retribuye en 10 euros de recaudación y sirve sobre todo para aumentar la igualdad y la equidad del sistema. Precisamente el 72 % del fraude lo provocan las grandes empresas, pero el 80 % se dedica a investigar a ciudadanos medios y
pequeñas empresas, al pequeño fraude. Eso también es una prueba de la inequidad del propio sistema. Por tanto, tres enmiendas que van a reforzar esta iniciativa en el camino de la eficiencia y de la equidad.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ortiz.
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado también una enmienda y tiene la palabra para su defensa la señora Vázquez.
La señora VÁZQUEZ MORILLO: Gracias, señor presidente.
Señorías, vemos que la lucha contra el fraude fiscal se ha convertido en un objetivo absolutamente prioritario para todos los grupos de esta Cámara, pero todos los grupos no tienen las mismas posibilidades de ponerlo en marcha.
Si analizamos los estudios que se han publicado sobre la economía sumergida en nuestro país, lo sitúan en el 23 %, y eso significa que alrededor de 89.000 millones de euros dejan de ingresarse en las arcas cada año. Siendo España el país
que tiene más fraude fiscal y más economía sumergida en comparación con los países de nuestro entorno, también es el país que dedica menos recursos a luchar contra ello. Si nuestro fraude fiscal estuviera en la media de la Unión Europea -no
absolutamente a cero, sino en la media-, el problema del déficit público que estamos sufriendo distaría mucho de ser el que estamos viviendo. Si bien el Gobierno ha presentado también su proyecto de ley para intensificar la lucha contra el fraude
fiscal -insuficiente desde nuestro punto de vista- que mañana se debatirá, lo cierto es que todas las políticas que ha venido aplicando para reducir el déficit están dirigidas a reducir gastos -fundamentalmente gastos sociales-, a congelar salarios
y a congelar el salario mínimo. Eso ha dado lugar a que hayamos llegado a una disminución espectacular del consumo y a una paralización muy importante de nuestra economía. Nada ha hecho el Gobierno en cuanto a fiscalidad progresiva para que paguen
más los que más tienen. No ha hecho nada para incrementar la recaudación de aquellos que evaden capitales e incumplen sus obligaciones fiscales, más allá de aprobar una vergonzosa amnistía fiscal que, además de injusta, es un auténtico fracaso para
el Gobierno por lo recaudado. La desconfianza que el Gobierno ha logrado crear sobre nuestro país y sobre la más mínima posibilidad de recuperación económica, lejos de atraer capitales, ha hecho que estos salgan por miles de millones. Siempre ha
sido importante, pero sobre todo ahora es fundamental que se tomen decisiones valientes y justas contra el fraude. Es necesario luchar contra la economía sumergida de aquellos profesionales que preguntan con IVA o sin IVA, pero sobre todo hay que
perseguir el fraude de los grandes patrimonios y de las grandes empresas porque ese fraude representa más del 72 %.
Señor Azpiazu, nosotros votaremos a favor de su proposición no de ley. Hemos presentado unas enmiendas -usted no va a aceptarlas todas- que creemos complementan la proposición que ha presentado. Planteamos la enmienda al punto 2 porque no
nos parecía adecuado prohibirle a una empresa que continuara su actividad económica. Sí nos parece razonable que si una empresa después de un
proceso concursal continúa sus actividades, lo cual ocurre en un porcentaje muy bajo de empresas, la Hacienda pública pueda recuperar toda la deuda tributaria.
En cuanto a las Sicav -usted no ha aceptado nuestras enmiendas-, yo diría que su principal problema -se ha dicho aquí- es la composición del accionariado. Es necesario poner límites a la participación en el capital para que no ocurra eso
que se ha referido aquí, que una sola persona pueda tener hasta el 99,8 % del capital y luego entre 99 accionistas más como mínimo tengan un mínimo de ese capital. Eso no es una sociedad de inversión colectiva y por ello sí sería importante
modificarlo. Proponemos también, porque nos parece bien, aumentar la tributación de las Sicav, claro que sí, lo hemos dicho muchas veces, pero entendemos que hay que hacerlo de una forma prudente, quizás con subidas moderadas que permitan que las
Sicav se queden en España, que sea más alto el coste de salir de España, que el coste del impuesto que van a pagar. Usted sabe, señor Azpiazu, que cuando en el País Vasco subieron el impuesto al 28 %, las Sicav se fueron del País Vasco y
trasladaron sus domicilios fiscales a otras comunidades, fundamentalmente a Madrid. No creo que nos podamos permitir ahora el lujo de que salgan más capitales de España. En cualquier caso, en la legislatura pasada el Gobierno socialista cambió de
alguna forma la tributación y al retirar el dinero de las Sicav como disminución del capital social, que era la trampa entre comillas, tienen que tributar también como el capital al 21, al 25 o al 27 %.
Por último, hemos presentado una enmienda de adición a esta proposición para que el Gobierno derogue esa vergonzosa -y me atrevería decir inmoral- amnistía fiscal. Creo que las enmiendas que hemos presentado complementan la proposición que
ustedes han presentado y mi grupo votará a favor.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Vázquez.
En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Quevedo.
El señor QUEVEDO ITURBE: Gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar, Coalición Canaria-Nueva Canarias quiere plantear nuestro apoyo absoluto al fondo y a la oportunidad de esta proposición no de ley relativa a la lucha contra el fraude fiscal que formula el Grupo Parlamentario
Vasco. Es oportuna porque permite poner negro sobre blanco que las medidas contra la crisis no han evolucionado ni de forma eficaz ni de forma justa. De forma eficaz no han evolucionado porque, a los datos nos atenemos; de forma injusta, porque
es evidente que las medidas que hemos tomado hasta ahora son de fortaleza con los débiles: recortes en los servicios públicos, incremento de los impuestos indirectos, incremento de los impuestos directos de una forma no realmente progresiva,
favorecimiento de procedimientos que facilitan el despido con notable éxito porque, en efecto, se ha incrementado el despido. Es decir, esto es lo que se ha hecho con los débiles, sin embargo, debilidad con los fuertes en las medidas que se han
puesto en marcha: múltiples excepciones a la tributación de las grandes fortunas, de los grandes poderes económicos y amnistías fiscales que nos parecen casi o totalmente obscenas con la que está cayendo en este momento para los defraudadores.
Nosotros creemos que con esta proposición no de ley tenemos una oportunidad para expresar la debilidad de la política frente a los grandes poderes económicos. Con la que está cayendo, lo que tiene que haber es más política frente a los que
realmente están en una fase depredadora, los grandes poderes, que no tienen límites a sus beneficios si no se los pone alguien, y ese alguien solo puede ser la política entendida de una forma global, puesto que si está globalizada la economía
también deben estar globalizadas las acciones de la política para regular los excesos de los grandes poderes. Nos parecía una ingenuidad por parte del señor Azpiazu -ya sabemos que usted es poco ingenuo- esto de no hablar de la necesidad de tomar
medidas globales en relación con este tema; se ha hablado aquí de la mal llamada tasa Tobin, etcétera. Después de escucharle hemos entendido cuál es la intención de su proposición no de ley, lo cual no excusa que sea clarísimo que no es posible en
el plano exclusivamente estatal luchar contra la lacra de la evasión fiscal, que ronda los 80.000 millones de euros al año en el Estado español. De forma que, entendiendo el sentido que se pretende aplicar por parte del Grupo Parlamentario Vasco a
esta proposición no de ley y también que aquí no se pretende acabar con el conjunto de medidas para luchar contra esta lacra, contarán ustedes con el apoyo de Coalición Canaria-Nueva Canarias a su iniciativa.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Quevedo.
Señor Larreina.
El señor LARREINA VALDERRAMA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el fraude fiscal, endémico en el Estado español, y la ineficacia, cuando no la indiferencia, de las fuerzas políticas y las instituciones españolas, tiene mucho que ver con la indignación de la gente que ahora mismo está en la
calle cerca del Congreso, y creo que tendríamos que prestar atención a esa indignación, porque el fraude fiscal es uno de los grandes males endémicos de la sociedad, de la economía y de la propia democracia y creo sinceramente que no se ha combatido
realmente con determinación. Los datos son muy claros. Los datos de la Unión Europea sitúan al Estado español en el primer puesto en el ranquin de fraude fiscal. Se calcula que el 23 % del PIB corresponde al coste de ese fraude fiscal; la media
en la Unión Europea está en el 13 %. Los técnicos de la Agencia Tributaria del Ministerio de Hacienda califican que el 72 % del fraude fiscal lo realizan las grandes empresas, las empresas que facturan más de 150 millones de euros al año, que no
llegan ni al 1 % del número de empresas que hay en el Estado español. En el IRPF la recaudación muestra que en el año 2010 la media de declaración de los asalariados estaba por encima de los 19.000 euros y la media de declaración de empresarios y
profesionales liberales estaba en los 11.000 euros -ahí hay algo que no cuadra-, pero es que desde el año 1993 se ha aumentado la diferencia entre los dos. En el año 1993 la media de declaración de unos y otros estaba prácticamente a la par, estaba
en 11.600 euros para los asalariados y en 10.200 para los empresarios y profesionales liberales; es decir, se ha incrementado el problema. El 80 % del esfuerzo inspector se centra en el 20 % del fraude. El 86 % de las empresas del Ibex 35 tienen
empresas participadas en paraísos fiscales, y ahí no se hace nada. Hay alternativas; no es imposible combatir el fraude fiscal. Es cuestión de voluntad y determinación política, y tenemos el ejemplo de Guipuzcoa. Bildu, Amaiur y Euskal Herria
Bildu en un año de gestión han logrado que en este año se haya incrementado la recaudación por las inspecciones fiscales, superando las más altas cotas históricas de recaudación. Es más, este año va a ser la única diputación foral con sistema de
concierto-convenio económico que va a incrementar su recaudación fiscal. Por eso, es posible combatir el fraude fiscal. Hace falta voluntad política y determinación política, y eso es lo que reclamamos desde esta tribuna a todos ustedes porque
está en sus manos, es posible.
Vamos a votar a favor de la proposición no de ley, pero también decimos que esa voluntad que se tiene aquí, en el ámbito estatal, también hay que trasladarla a nuestro país, a Euskal Herria, porque -tengo que decirlo con total claridad- nos
hemos sentido muy solos en la lucha contra el fraude fiscal, pero no nos vamos a arredrar; vamos a seguir trabajando por ello, porque nuestro modelo social merece la pena, un modelo social alternativo más justo, más solidario.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Larreina.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Picó.
El señor PICÓ I AZANZA: Gracias, señor presidente.
Señorías, la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Vasco tiene todo el sentido, además de la oportunidad, por el momento económico en que nos encontramos y el impacto negativo que está teniendo en la recaudación tributaria. Al
compromiso siempre ético de luchar contra el fraude fiscal y perseguir y sancionar al defraudador, se une en la actual coyuntura la necesidad de aumentar el resultado de los recursos impositivos para hacer frente a la situación, bien sea en la
financiación de las políticas desarrolladas por las administraciones públicas, bien sea para el impulso necesario de las infraestructuras, la innovación, etcétera. Más allá de las posibles cifras de economía sumergida o de fraude fiscal en España
-que curiosamente no conocemos ninguna oficial del Estado-, es evidente que la lucha contra la economía sumergida no se puede afrontar únicamente con medios. Sin lugar a dudas, uno de los caminos es el reforzamiento de los mecanismos y de los
organismos de control, que está revelando avances significativos, lo que no impide, de ninguna manera -todo lo contrario-, continuar reforzándolos. Los resultados en la lucha contra el fraude por parte de la Administración son claros. La Agencia
Tributaria ha elevado un 16 % su recaudación vía investigaciones hasta el pasado mes de julio, superando lo presupuestado. El año pasado también la recaudación por fraude fiscal aumentó más de un 3,5 %, elevándose a la suma de 10.400 millones de
euros. Por ello, bienvenidas las medidas de reforzamiento de la actividad que persiguen a aquellos que no contribuyen a los ingresos públicos como les correspondería.
Desde nuestra perspectiva, es más importante luchar contra aquellos rendimientos no declarados y ocultos. Si realmente se quiere luchar contra el fraude fiscal, los organismos tributarios deben dirigir sus esfuerzos a descubrir los hechos
no declarados, actividad en la que creemos existe mucho margen aún por recorrer. Pero además de mejorar los mecanismos es necesario un conjunto de reformas, algunas de ellas a nivel europeo, que ya se están empezando a adoptar para revisar, por
ejemplo, las normas de la contabilidad corporativa o establecer una base consolidada para el impuesto sobre sociedades, entre otras. El Estado también tiene la obligación de mejorar su regulación para mejorar la lucha contra el fraude. En ese
sentido, vean la importancia de la materia. Cada Gobierno presenta un proyecto de ley para avanzar en la mejora de la normativa, que significa dar pasos en la lucha contra el fraude. Así lo ha hecho el actual Gobierno, que ha presentado un
proyecto de ley, y mañana podremos debatir la enmienda a la totalidad formulada por un grupo parlamentario; y en el mismo sentido va la reforma del Código Penal en materia fiscal. Me refería a la obligación de mejorar los medios que sean
necesarios y a la obligación de mejorar la regulación para perseguir el fraude fiscal, pero no sería justo ni efectivo que caigamos en establecer como regla general el supuesto de fraude para todas las operaciones de tráfico. No es así ni debe ser
así.
Entrando ya en el contenido de las propuestas formuladas por el Grupo Parlamentario Vasco en su iniciativa, nuestro grupo coincide con la mayoría del contenido de la proposición no de ley. Con relación a las medidas penales -solo resaltar
la primera de ellas-, es de justicia reclamar que el delito contra la Hacienda pública sea mayor que el establecido para la solvencia punible. En su conjunto esperamos tener oportunidad de debatirlas en la tramitación del proyecto de ley orgánica
de reforma penal presentado por el Gobierno, también la referente a la modificación de la normativa concursal, que propone impedir las insolvencias empresariales que se impulsan con el objetivo de dar por liquidadas deudas fiscales, en un claro
fraude de ley, como decía el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco. No compartimos el último punto de la iniciativa, como bien conocen. De forma complementaria querría afirmar que, además de la lucha contra el fraude, creemos que debe abordarse
la mejora de la seguridad jurídica del ciudadano frente a la Administración tributaria, otro factor que debe tenerse en cuenta para disponer de un sistema fiscal más equitativo y justo y para estimular el crecimiento. La lucha contra el fraude es
fundamental, no hay ninguna duda, pero también lo es evitar la conflictividad en las relaciones tributarias entre la Administración y los ciudadanos y una legislación sencilla y fácil de cumplir que incentive la recaudación fiscal, el empleo y la
creación de empresas. Creemos que es una tarea que también debemos abordar. Finalmente, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha anunciado en su intervención la aceptación de enmiendas y la formulación de una enmienda transaccional que
votaremos. Si bien podríamos compartir el texto presentado, algunos de los extremos incluidos en el texto que votaremos no podrán contar con nuestro apoyo, por lo que mi grupo finalmente se abstendrá.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Picó.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Puche.
El señor PUCHE RODRÍGUEZ-ACOSTA: Señor presidente, señorías, de nuevo esta tarde estamos teniendo la oportunidad de hablar de un tema que para nosotros es muy importante, como es el tema de la defraudación fiscal, y lo hacemos a través de
una proposición no de ley que viene de la mano del Grupo Parlamentario Vasco. Al inicio de mi intervención quiero anunciar que estoy totalmente de acuerdo con usted, lo mismo que con muchos de los intervinientes que han ocupado esta tribuna, en el
sentido de que el fraude fiscal es tremendamente importante para la sociedad, y más todavía en el momento que estamos viviendo en nuestro país, y no solamente, como ha dicho aquí algún interviniente, porque haya una reducción de los ingresos, sino
también porque se produce un deterioro en la calidad de la prestación de los servicios públicos y en las prestaciones sociales, y yo añado que además se produce una divergencia o un desplazamiento de la presión fiscal hacia los contribuyentes, de
manera, señor Azpiazu, que se produce la gran paradoja, en la que estoy totalmente de acuerdo con usted y con los otros intervinientes, de que cuando se produce la defraudación fiscal de alguna forma se está sancionando y castigando a los que
cumplen, mientras que se deja sin sanción y sin castigo a aquellas personas que están defraudando. Por eso hablaba de la importancia del tema que nos ocupa.
Respecto a la proposición no de ley que hoy se nos presenta de la mano, como digo, del Grupo Parlamentario Vasco, se pretenden dos objetivos: por un lado, la reforma legal que permita aumentar las penas sobre los delitos que se cometen
económicamente hablando y, por otro, la reforma penal que
permita aumentar el control en la defraudación del fisco. Ya le anuncio, señor Azpiazu, que nosotros no vamos a votar a favor, y no por un capricho, no por una postura caprichosa del Grupo Popular, sino porque creemos que lo que usted
plantea en la proposición no de ley se podía haber planteado como enmiendas a las propuestas que están encima de la mesa. Está en marcha, como usted bien sabe, una proposición de ley que incentiva la lucha contra el fraude fiscal, que viene a
actuar a favor de la prevención y en contra del fraude fiscal. Yo creo que en ese sentido es donde hay que incidir, además de decirle que más en concreto todavía, mucho más en concreto todavía, y por lo que se refiere a la modificación de la
reforma penal, también está en marcha en este momento, en trámite parlamentario, una proposición de ley orgánica que modifica otra ley orgánica -concretamente me parece que es la número 10/1995-, que en su título habla de la transparencia, del buen
gobierno, del acceso a la información, de la lucha contra el fraude fiscal y de la lucha contra el fraude en la Seguridad Social. Yo creo que su propio título indica, señor Azpiazu, cuáles son los objetivos de la ley, que coinciden plenamente con
los objetivos que usted está planteando en la proposición no de ley que hoy es objeto del debate.
En definitiva, yo creo que eso se podría haber planteado a través de una enmienda. Pero es más, si usted quiere, en esa proposición no de ley que habla de la reforma del Código Penal, hay unas medidas que me gustaría explicarle rápidamente
y que se contemplan en esa ley, como es la fijación del tipo agravado para aquellos delitos de cierta gravedad, donde se permite la elevación hasta un máximo de seis años de prisión, que yo creo que lo contempla la nueva ley en un aspecto bastante
interesante de la lucha contra el fraude fiscal. Creo que la denuncia inmediata para luchar contra las tramas de corrupción de fraude fiscal está bastante bien establecida en la ley y será objeto de debate en este Pleno. Además, creo que la
incentivación para poder cobrar o agilizar el sistema de cobro de las deudas tributarias no liquidadas es también interesante en el sentido de que no se interrumpa el procedimiento administrativo una vez que se inicia el procedimiento penal, y creo
que es muy interesante la forma de intentar hacer más operativos los escasos recursos de la Administración dotando a la Administración tributaria del posible sistema de que no inicie el procedimiento penal, señoría, en tanto en cuanto el deudor
obligatorio o el deudor tributario esté dispuesto voluntariamente a regularizar su situación en el supuesto caso de que satisfaga a la Administración y no sea necesario, como digo, iniciar el proceso de investigación. Son medidas que se contemplan
en la ley, que están en la línea de lo que usted plantea en la proposición no de ley y, por tanto, no estamos caprichosamente negándonos u oponiéndonos a su proposición, sino que simplemente lo estamos defiriendo para el debate que se va a producir
sobre las proposiciones de ley.
En cuanto a la Ley Concursal, señor diputado, créame, y se lo digo de verdad, de corazón, he mirado el papel por la derecha, por la izquierda, por arriba, por abajo y hasta por el centro, que es donde me sitúo políticamente, como usted bien
sabe, y no encuentro de verdad la razón de la modificación, porque la Ley Concursal y su reforma va en la línea de todo lo contrario de lo que usted solicita. La Ley Concursal está en la línea de que una vez que se satisfagan las deudas tributarias
y se liquiden, pueda volver a la actividad económica por una razón, porque lo que se intenta con la Ley Concursal es salvar a las empresas, y más en la situación de crisis económica por la que atravesamos.
Por lo que respecta a las instituciones de inversión colectiva -ya acabo, señor presidente-, efectivamente tributan al 1 % del impuesto sobre la renta de las personas físicas, pero también hay que decir, y creo que es justo decirlo, que los
accionistas y los partícipes contribuyen también y cotizan cuando transmiten sus acciones, sus obligaciones o sus participaciones y cuando reciben dividendos, y eso, como usted bien sabe, se hace con arreglo a su propia regulación, en el sentido de
que se está cotizando por la renta de las personas físicas según la base o el tipo de ahorro, es decir, al 18 %, y en el caso de que sea una persona jurídica está cotizando al 30 %. Esto quiere decir, señoría, que estas instituciones de inversión
colectiva se regulan, como usted bien sabe, en su propio reglamento y que tienen que cumplir unos requisitos de orden fiscal, de orden tributario y de orden económico. Por tanto, en ese sentido vamos a dejar esa regulación como está y siempre será
objeto de próximos debates en la ley que está encima de la mesa.
Termino ya, señor presidente, señorías, como inicié mi intervención. Yo creo que el fraude fiscal es una lacra social, es una lacra económica y hay que combatirlo desde todos los frentes. El objetivo fundamental de este Gobierno y del
grupo al que represento es precisamente la prevención y la lucha contra el fraude fiscal. No les quepa duda a sus señorías de que frente a eso vamos a luchar con todas las armas que sean posibles: con armas económicas, con armas políticas y con
las armas de que seamos capaces de dotarnos en la democracia para luchar contra una de las peores lacras que puede tener una
sociedad, y más en este momento de crisis económica. Por ese camino, señorías, señor Azpiazu, va a transitar el Partido Popular, por ese camino cualquier grupo de esta Cámara nos puede encontrar.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Puche.
Señor Azpiazu, para saber exactamente cuáles son las enmiendas que aceptaba.
El señor AZPIAZU URIARTE: Sí, señor presidente. Se lo he comunicado a la letrada. De las tres enmiendas que ha presentado el Grupo Socialista vamos a aceptar la que es al nuevo punto 4, es decir, la primera y la tercera. La segunda no.
Y del Grupo de Izquierda Unida la relativa a la lucha contra los paraísos fiscales.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR BALDOVÍ), SOBRE EL APROVECHAMIENTO DE LOS ALIMENTOS DESCARTADOS POR LAS GRANDES SUPERFICIES. (Número de expediente 173/000041).
El señor PRESIDENTE: Vamos a debatir la moción presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Baldoví, sobre el aprovechamiento de los alimentos descartados por las grandes superficies.
Tiene la palabra el señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.
Esta mañana desayunábamos con una foto del New York Times donde se veía a un joven de aquí rebuscando comida en un contenedor. Ayer tuve ocasión de leer el VII informe del Observatorio de la realidad social de Cáritas y realmente era
desolador. El número de pobres atendidos ha pasado de 2007 a 2011, de 370.000 a 1.015.000. (El señor vicepresidente, Barrero López, ocupa la Presidencia). La media de los ingresos de las personas atendidas era de 322 euros/ mes, cuando el umbral
de la pobreza se sitúa en 651. Es evidente que sin apoyo familiar esta pobreza, como dice el informe, se hubiera convertido ya en miseria. Y afecta, no solo a los jóvenes, sino a familias enteras que tienen que ir a vivir al hogar de sus padres o
sus abuelos porque no tienen ningún ingreso. Es decir, los atendidos se han multiplicado por 3,5 veces en diez años. Las necesidades que más demanda la gente que va a Cáritas son alimentos. Un 65 % de las personas que van a Cáritas van a por
alimentos, van simplemente para comer. Como dice el informe, la pobreza se ha hecho más extensa, más intensa y más crónica. Ha aumentado la desigualdad entre los salarios bajos y la media, ha aumentado la pobreza, ha aumentado el desempleo hasta
llegar al 24,6 %, ha aumentado la precariedad, sobre todo a partir de la reforma laboral, y hay un 14 % de trabajadores pobres. Por último, dos cifras que nos hacen pensar. Hay 10,5 millones de personas, el 21,8 % de la población, que están bajo
el umbral de la pobreza. Y hay 1.700.000 hogares donde todos sus miembros activos están en paro. La pobreza se está cronificando y, por el contrario, en Europa se pierden, según algunas estimaciones, hasta un 50 % de los alimentos sanos y
comestibles. La Unión Europea genera 89 millones de toneladas por año de residuos alimentarios. Es decir, 179 kilos por habitante. Yo creo que son cantidades, cifras que invitan a pensar. Por eso, Compromís-Equo ha presentado esta moción, porque
entendemos que el Gobierno debe hacer alguna cosa, debe legislar y coordinarse con todos los agentes implicados para reducir esta lacra que es el desperdicio de los alimentos. Debe implicarse o reunirse con las empresas agroalimentarias, con los
mercados mayoristas, con las tiendas, con las cadenas de distribución, con la restauración pública y privada, con las administraciones públicas o con las ONG. Tiene que haber alguna normativa que mejore la eficiencia de la cadena agroalimentaria,
sector por sector, que impida que se destruyan alimentos en buen estado, que garantice su buen uso y el reparto para que lleguen a todos los que lo necesitan.
En ese sentido hemos presentado una serie de medidas, hemos presentado cinco propuestas. La primera, que ha sido la que ha generado mayor número de enmiendas y que luego argumentaré, porque seguramente llegaremos a un acuerdo, era: Aprobar
propuestas legislativas urgentes, entre otras, aquellas que fueran dirigidas a prohibir la destrucción sistemática de alimentos en buen estado para el consumo; legislar en el sentido de arbitrar medidas para el tratamiento de los residuos
alimentarios, para la creación de un foro permanente que busque medidas innovadoras y que cuente con todos los agentes implicados
en la cadena agroalimentaria para impedir justamente esto, que se tiren tantos alimentos. Una reforma de la Ley de Contratos del Estado; un etiquetado con una doble fecha: con el límite para la venta y con la fecha límite para el consumo;
una legislación que optimice los envases, que establezca un control de los niveles armonizados de temperatura. Estos serían los puntos que han suscitado un mayor número de enmiendas y ya he hablado con los demás grupos parlamentarios para intentar
que esta propuesta cuente con el mayor número de diputados que voten a favor. Aceptaríamos la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista en el sentido de que todo el primer punto se resumiera así: Promover un acuerdo urgente entre el Estado, las
comunidades autónomas, entes locales, la industria y la distribución agroalimentaria, el sector de la restauración y las organizaciones no gubernamentales, fruto del debate entre todos ellos, que adopte las medidas necesarias para garantizar un
aprovechamiento eficiente de los alimentos, evitando en la medida de lo posible la destrucción sistemática de los mismos. Es un punto de encuentro donde todos nos podemos sentir cómodos, que haga que todos podamos votar por unanimidad unas medidas
que a nuestro entender son justas y muy necesarias, muy necesarias.
La segunda medida -ahí todos estamos de acuerdo- era promover entre todos que el año 2014 sea declarado año europeo contra la destrucción de los alimentos. El tercer punto -todos también estamos de acuerdo- era promover campañas de
sensibilización entre el valor de los alimentos, los productos agrícolas y las causas y las consecuencias de este despilfarro, y modos y maneras de reducirlo, para llegar a una cultura científica y cívica donde imperan los principios de
sostenibilidad y solidaridad. El cuarto punto era garantizar algún tipo de financiación para fomento de la estabilidad del sector primario, incentivando la venta directa y los mercados locales, y la promoción de la cadena de suministro corto o de
kilómetro cero. Y el quinto punto -y ahí aceptaríamos una enmienda del Grupo Parlamentario Vasco que simplemente añadiría dos o tres palabras que enriquecen el párrafo- instar a la Unión Europea al mantenimiento de los programas europeos de ayuda a
los más necesitados. En el caso de las propuestas del Grupo Popular, las compartimos. No pasa nada si llegamos a un punto de acuerdo en el que todos podamos votar nuestras propuestas, porque, en definitiva, lo único que hacemos es instar y de
alguna manera intentar obligar al Gobierno para que un problema tan urgente se aborde con toda la rapidez posible.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Baldoví.
¿Para la defensa de las enmiendas respectivas? (Pausa). Grupo Parlamentario Vasco, señora Tapia.
La señora TAPIA OTAEGI: Gracias, señor presidente.
Nuestro grupo comparte, al menos en los términos básicos, la moción presentada por el señor Baldoví, del Grupo Mixto. Tal como él ha citado, habíamos presentado un par de enmiendas. A nuestro juicio, en el punto primero aparecían mezclados
aspectos de mejora del aprovechamiento de esos excedentes de alimentos con aspectos de gestión de residuos envasados y demás. De ahí nuestra propuesta, pero estamos de acuerdo genéricamente con lo que él comentaba respecto a recoger en ese primer
punto la propuesta del Grupo Socialista en ese aspecto.
Se ha constatado a lo largo de los últimos años que merece la pena ahondar y seguir trabajando en iniciativas como pueden ser los bancos de alimentos, basadas en el trabajo de voluntarios aprovechando excedentes alimentarios que todavía
están en buenas condiciones y que se van a tirar y haciéndolos llegar a personas necesitadas. Con ello promocionamos el espíritu solidario, los valores humanos y culturales y, sobre todo, hacemos que esa contradicción que existe entre excedentes
alimentarios, por una parte, y pobreza, por otra, de alguna forma se complementen, y más en un momento en el que, como ahora, la crisis económica está azotando a muchas familias y haciéndoselo pasar muy mal a muchas personas, que tienen que acudir a
este tipo de iniciativas. Por tanto, en este sentido, pleno acuerdo.
El otro aspecto que comentaba el señor Baldoví, que hemos introducido como enmienda de adición, era considerar que dentro de la cadena alimentaria, dentro de esa cercanía de utilización de alimentos, se tuvieran en cuenta parámetros de
calidad, por los que estamos trabajando tanto en la producción como en la gestión y utilización de esos alimentos. Por tanto, habiendo llegado a ese acuerdo, nuestro voto será favorable en esta moción.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señora Tapia.
Grupo Unión Progreso y Democracia. Señora Lozano.
La señora LOZANO DOMINGO: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados del Grupo Socialista, les quiero explicar una cosa antes de empezar. La antipolítica es un discurso, no es el nuestro, es un discurso que es muy lamentable que no tengan identificado, porque es muy fácil de
identificar. Pero, sobre todo, la antipolítica es una práctica que antecede y abona ese discurso antipolítico, y es una práctica que han practicado tanto ustedes, el Partido Socialista, como el Partido Popular cuando han permitido las prácticas
corruptas de cargos públicos; cuando han permitido la impunidad de cargos públicos acusados e imputados por corrupción; cuando han llevado corruptos en sus listas; cuando han utilizado la Administración Pública y las instituciones para colocar a
sus amigos, a los famosos amigantes, amigos y mangantes que dice Emilio Lledó, que creo que es poco sospechoso de ser antipolítico. (El señor Madina Muñoz pide la palabra). Cuando se han dedicado a practicar el clientelismo desde las instituciones
públicas y el saqueo de las cajas y cuando después de estallar el escándalo de Bankia no han sido capaces de hacer nada y ha tenido que ser un pequeño partido político, con 6.000 afiliados, el que llevara ese asunto a los tribunales. (La señora
Pozuelo Meño: ¡No insultes! ¡No insultes!-Protestas). Eso es la antipolítica, y es una práctica, y quienes lo criticamos y queremos acabar con esas prácticas... (Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Silencio, señorías.
La señora LOZANO DOMINGO: ... venimos aquí a hacer política y no deslegitimamos a los diputados que tienen su acta obtenida del voto de los ciudadanos, no los deslegitimamos. Pobre oposición hacen ustedes que aún no han pedido la dimisión
de ningún miembro del Gobierno y sí la han pedido de cinco diputados de la oposición. A mí se me caería la cara de vergüenza. (El señor Barreda Fontes: ¡Antes se nos cae a nosotros!-Protestas).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Señorías, por favor, silencio.
La señora LOZANO DOMINGO: En relación con la moción del señor Baldoví, me parece muy significativo que haya dos iniciativas esta misma tarde relacionadas con la alimentación y que dan idea del grado de deterioro que la crisis ha provocado
en nuestra sociedad. Estamos hablando de cosas tan elementales como la nutrición y el alimento, y ahora, en este momento, de la moción del señor Baldoví, de su aprovechamiento, y después hablaremos de la alimentación de los niños y las niñas en el
colegio.
Celebramos esta iniciativa, señor Baldoví, pero no coincidimos con el enfoque que se le ha dado. Efectivamente creo que es muy importante -y usted lo ha hecho- subrayar y sacar a colación aquí el último informe de Cáritas, el más reciente,
que relaciona la pobreza -ese 24 % de personas que viven bajo el umbral de la pobreza- y la define como algo estructural, no como un problema coyuntural sino como algo estructural. Ese análisis que hace Cáritas es la prueba de que tenemos que
pensar en medidas a largo plazo y no solamente en medidas concretas para la crisis actual, sino que cualquier estrategia que se adopte desde las administraciones va a ser necesaria y útil durante muchos años. Sin embargo creo que es fundamental
destacar un dato: de los 9 millones de toneladas de comida que se tiran anualmente en España, el 41 % de esos desechos procede los hogares; el 40 % de la industria; el 14 % de los restaurantes y el 5 % de los supermercados, de las grandes
superficies, aunque su moción se centre en esas grandes superficies. Por eso pensamos que está mal planteada. No obstante, la materia es muy relevante y creemos que es un muy buen principio para trabajar sobre la misma ya que, insistimos, va a ser
necesario hacerlo durante muchos años.
Le habíamos propuesto una serie de enmiendas relacionadas con impulsar campañas de concienciación ciudadana, flexibilizar la normativa que obliga en muchas ocasiones a los supermercados a deshacerse de alimentos en buen estado porque carecen
de furgonetas con cámaras frigoríficas en las que poder transportarlos -es algo que ha pedido la Federación Española de Bancos de Alimentos y que nosotros suscribimos- y trabajar con los comercios. Proponíamos también instaurar una etiqueta
relacionada con la responsabilidad social de los comercios que se adhieran a buenas prácticas de este tipo. En cualquier caso, ha explicado el señor Baldoví que ha llegado a un acuerdo con el Grupo Socialista sobre las enmiendas planteadas y como a
nosotros, aunque nos parece que se podría ir mucho más allá, también nos parece muy importante lograr el mayor apoyo posible de todos los grupos parlamentarios, votaremos a favor de esa enmienda.
Muchas gracias. (Aplausos.-El señor Madina Muñoz pide la palabra).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Señor Madina.
El señor MADINA MUÑOZ: Señor presidente, le pido la palabra a los efectos del artículo 173 del Reglamento.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Dos minutos.
El señor MADINA MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo solo desde una óptica de respeto por la diputada Irene Lozano a la que, como deduzco que ella tiene el mismo respeto por mi grupo parlamentario, voy a pedir que pida la palabra; le voy a pedir a usted, señor presidente, que se la
dé, y le voy a pedir a la señoría que retire las graves acusaciones formuladas contra la dignidad de mi grupo, con graves acusaciones generalizadas de corrupción contra los socialistas que ha realizado desde su tribuna y que son del todo
inaceptables, aunque al señor Cantó le hagan gracia.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Madina.
Señora Lozano. Sea muy breve, por favor.
La señora LOZANO DOMINGO: Gracias, presidente.
Señor Madina, yo también le respeto a usted, en lo político y en lo personal. Por desgracia, usted no estaba en la primera parte del debate, en la que se han hecho graves acusaciones de ser antipolítico a mi grupo. Y a eso era a lo que yo
estaba respondiendo. He hablado de prácticas antipolíticas sin hacer acusaciones referidas en concreto a su grupo, sino a los políticos, entre ellos, algunos del Partido Socialista, que durante años han llevado a cabo prácticas antipolíticas, y he
dicho que lo antipolítico no es decirlo, no es denunciarlo, son esas prácticas. Y como no hay nada ofensivo ni nada insultante, lamentablemente, y respetándole mucho, no lo voy a retirar. (Un señor diputado: ¡Muy bien.-La señora Pozuelo Meño:
¡Ya verás cuando te toque a ti!).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Por favor, señorías. Gracias, señora Lozano.
Para defender la siguiente enmienda del Grupo Parlamentario Catalán, por cinco minutos tiene la palabra la señora Ciuró.
La señora CIURÓ i BULDÓ: Gracias, señor presidente.
Señorías, desde Convergència i Unió entendemos adecuada y necesaria la moción que presenta el señor Baldoví, de Compromís, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, y entendemos que el objetivo que persigue es caminar en la senda marcada por
el Parlamento Europeo de reducir a la mitad el despilfarro de alimentos en un horizonte fijado para 2025. Hoy en día, y según datos de la propia Comisión Europea, en los veintisiete Estados miembros generamos anualmente 89 millones de toneladas de
residuos alimentarios que pueden llegar a incrementarse según las previsiones en un 40 por ciento en el año 2020 a menos que se tomen medidas para evitarlo.
No podemos seguir desequilibrando una balanza en la que por un lado se generan excedentes de comida y por el otro cada vez más personas tienen dificultades para procurar una correcta alimentación a sus familias por causa de la crisis
económica. Tenemos el reto de conseguir una Europa eficiente en el uso de los recursos. Con esta idea la Comisión Europea está revisando actualmente sus medidas en el ámbito del consumo y la producción sostenibles al efecto de velar por que estas
medidas ayuden a Europa a utilizar sus recursos de manera más eficiente y a ponerla en el camino de la sostenibilidad a largo plazo. En este sentido y como saben, el Parlamento elaboró un informe sobre cómo evitar el despilfarro de alimentos,
estrategias para mejorar la eficiencia de la cadena alimentaria en la Unión y posteriormente, en fecha 19 de enero de 2012, se aprobó una resolución parlamentaria al respecto.
La resolución europea persigue diferentes metas. Así, por un lado pretende profundizar en el consumo responsable, que pasa por satisfacer nuestras necesidades de consumo de manera que no hipotequemos la posibilidad de que las generaciones
futuras sean capaces de cubrir las suyas. En este sentido deberíamos por tanto prestar atención ante este incremento de desperdicio de comida. En este punto quisiera poner de manifiesto que en Cataluña el Banc dels Aliments de Barcelona repartirá
este año más de once millones de kilos de alimentos. Desde el año 2009 han duplicado la cifra de catalanes que acuden a esta entidad en busca de alimentos. Alimentos consumibles pero no comercializables y que ayudan a paliar las necesidades de las
personas más necesitadas. Quisiera desde aquí hacer un reconocimiento a los 52 bancos de alimentos repartidos por todo el territorio del Estado español y si me lo permiten, de
forma muy especial al Banc dels Aliments de Barcelona, que se creó en 1987, fue pionero y les agradecemos a todos ellos su labor contra el hambre de la gente de aquí, no más lejos de estas fronteras, entre nuestros conciudadanos.
Desde Convergència i Unió queremos poner de manifiesto con nuestras enmiendas que vale la pena tener en cuenta que se aborde la colaboración -este es el primer sentido de nuestra enmienda- entre la Administración General del Estado, las
administraciones territoriales, los distintos agentes implicados, con el principio y la finalidad de respetar lo que ya se está haciendo en algunas comunidades autónomas como Cataluña, donde desde la Generalitat se está impulsando la
comercialización de proximidad, por ejemplo para poner en valor el desarrollo rural a la par que beneficiar a los consumidores y favorecer la comercialización de kilómetro cero o de radio corto, como se le llama, a los efectos de consumir productos
de temporada reduciendo la impronta del carbono y favoreciendo la conservación del paisaje. Perseguíamos con esta primera enmienda una lealtad institucional con las competencias.
También quiero poner en valor que vale la pena aprovechar y repetir los modelos de éxito como por ejemplo los que se están llevando a cabo en el Ayuntamiento de Girona, que ha coordinado para su proyecto a diversos supermercados de la
localidad con el fin de crear un centro de distribución de alimentos que se nutrirá o que se nutre de los alimentos a punto de caducar de los establecimientos adheridos. Una iniciativa pionera que persigue que los ciudadanos accedan con dignidad a
los alimentos garantizando su salubridad a la vez que su privacidad, consiguiendo que se ahorre en el despilfarro de alimentos consumibles. Ello de hecho favorece la reutilización de unos productos que el mercado desestima aunque estén en perfectas
condiciones para su consumo. Entendemos que es primordial que se acepte la enmienda y que se haya llegado a este consenso de texto.
Finalmente quisiera poner de manifiesto que estamos en la línea de lo que persigue el último punto de la moción porque desde Convergència i Unió hemos presentado una proposición no de ley, que va a ser defendida por el diputado Campuzano, en
el sentido de reforzar la petición que ha realizado nuestro grupo sobre instar al Gobierno a defender ante las instituciones europeas que en el futuro marco financiero 2014-2020 se mantengan los fondos comunitarios a los bancos de alimentos con la
misma dotación presupuestaria del periodo anterior, a los efectos de poder garantizar su valiosa contribución a favor de los más necesitados en estas épocas tan difíciles en las que comer a diario no está garantizado entre muchos de nuestros
ciudadanos. Por lo tanto, señorías, Convergència i Unió votará a favor de esta moción.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señora Ciuró.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Alegría.
La señora ALEGRÍA CONTINENTE: Gracias, señor presidente.
Señorías, voy a centrar mi intervención en la moción que vamos a debatir hoy. No obstante, sí quiero dejar claro que cuando subimos a esta tribuna tenemos que tener mucho cuidado con las intervenciones y con las palabras que aquí vertimos.
Esta Cámara está representada por muchos grupos democráticamente elegidos y creo que hay que ser muy escrupulosos con las palabras que se vierten sobre algunos de los grupos que aquí estamos sentados. (Aplausos). Todos somos conscientes de que hoy
en la calle se está viviendo una situación distinta, especial y sensible. Todos somos conscientes, así que, por favor, creo que es responsabilidad de todos los que aquí nos conformamos no verter según qué tipo de acusaciones. Porque este partido
que se sienta aquí tiene una historia muy larga, muy respetuosa y muy respetable. (Aplausos).
Señorías, me centro ya directamente en la intervención porque no quiero caer en hablar más sobre argumentos un tanto demagógicos. Quiero referirme a la moción que nos ha traído el Grupo Mixto a la Cámara consecuencia de una interpelación
que se debatió la semana pasada. Mi grupo ha presentado una enmienda que recoge mayoritariamente el sentir del señor Baldoví pero que hemos intentado concretar con algún punto. No sé si han tenido sus señorías oportunidad de leer la exposición de
motivos y el contenido de esta moción, porque si la han leído estoy convencida de que a muchos de ustedes les habrán venido a la cabeza imágenes como las que nos encontramos muchas noches en las calles de cualquier ciudad de personas buscando comida
en los contenedores. O esa imagen -a la que no deberíamos acostumbrarnos- de muchos, de cientos de ciudadanos haciendo largas filas en las puertas de Cáritas o de Cruz Roja esperando que les den algún alimento. Cuando vemos y pensamos en estas
situaciones que, desgraciadamente, son las historias del día a día es inevitable pensar en cuán intensa es la dureza de la crisis que nos está azotando. Y además, conforme pasa el tiempo y esta más se agudiza
vemos que su impacto ya se refleja en la mayoría de las capas sociales. Por eso, frente a situaciones de este tipo aún es más difícil de entender cuán injusta es la gestión política que está desarrollando el Gobierno, que desde que llegó al
poder no ha hecho otra cosa que recortar y recortar derechos sociales.
Fruto de esos recortes y de la dureza de esa crisis que se alarga demasiado en el tiempo podemos ver cómo se están transformando las formas de la pobreza. Por una parte, se ha incrementado el número de personas que viven en situación de
vulnerabilidad, hablan los estudios de uno de cada cuatro hogares españoles. Y por otra, se ha producido un cambio en el perfil tradicional de quienes se encuentran en situación de pobreza. Estamos hablando de personas que pierden su trabajo y que
ya no disponen de ningún ingreso para hacer frente a los gastos ordinarios del día a día, personas que viven por debajo el umbral de la dignidad. Es evidente, que la crisis económica ha afectado más a las rentas más bajas y que las políticas de
recortes llevadas a cabo por este Gobierno están incrementando estas desigualdades. Por eso, ante esta situación dramática, se hace absolutamente necesario reforzar por parte de las administraciones públicas la atención directa a los ciudadanos que
se encuentran en situación de pobreza o exclusión social. Precisamente, uno de los instrumentos con los que cuenta el Gobierno de España es el Plan de ayuda alimentaria a las personas necesitadas. Un plan que trata de poner a disposición de esas
personas y de forma gratuita alimentos básicos de calidad. Por eso, desde mi grupo tanto en esta Cámara como en el Parlamento Europeo estamos trabajando en iniciativas que permitan garantizar en el futuro fondos para esta ayuda alimentaria. Hoy en
pleno siglo XXI el despilfarro de alimentos ha adquirido unas dimensiones tales que debe considerarse un problema de alcance mundial que afecta a todos los eslabones de la cadena alimentaria, desde el campo hasta la mesa de los consumidores.
Sabemos que muchos alimentos desechados cada día pueden ser reutilizados para fines alimentarios en vez de ser eliminados como un residuo más. Por eso, siendo conocedores de la actual realidad social, la lucha contra el despilfarro de alimentos
debe convertirse en una prioridad política. Se trata, por tanto, de aportar sentido común a una situación en la que hasta el momento este ha sido el menos común de los sentidos. Debemos, pues, racionalizar el uso de estos alimentos y otorgarles su
verdadera finalidad: alimentar a otras personas y no ser únicamente fuente de negocios onerosos. Quienes piensen que es un gasto se equivocan; es inversión en vidas humanas y también en dignidad social y ética.
No sé qué van a hacer los señores del Grupo Parlamentario Popular esta tarde o qué van a votar pero, visto que hasta ahora ustedes han mostrado una escasa conciencia social en su gestión, mucho me temo que hoy van a añadir una hoja más a su
ya demostrada insensibilidad social. En esta Cámara ya sabemos cuál es el camino que ustedes han elegido para salir de la crisis, un camino lleno de recortes y de injusticias, pero hoy estamos hablando de cómo buscar soluciones para que esos
ciudadanos que no tienen nada para comer no sean abandonados a su suerte. Por tanto, demuestren hoy con hechos que la solidaridad no puede basarse solo en palabras.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señora Alegría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Pérez Lapazarán.
El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Muchas gracias, señor presidente.
Me corresponde defender la enmienda del Grupo Parlamentario Popular a la moción que nos ha presentado el señor Baldoví. Lo primero que quisiera valorar es la importancia de la materia de que trata que, como se ha puesto en evidencia aquí,
es el desperdicio de alimentos que se produce en nuestra sociedad y la importante dimensión que ello tiene no solamente en nuestro país, sino también en la Unión Europea. Como grupo que apoya al Gobierno con enorme conciencia social, quisiera
manifestar que somos plenamente conscientes de todo lo que se dijo en la interpelación y que se podría resumir en pocas palabras: reconocer la ingente generación de residuos alimentarios que se tiran a la basura.
Son alimentos que pudieran ser utilizados y que siguen siendo perfectamente comestibles y adecuados, pero que por razones económicas, estéticas o por la proximidad de la fecha de caducidad van a la basura. Estos alimentos que se tiran a la
basura y que son aptos para el consumo terminan siendo tratados como residuos y, en consecuencia, se deben eliminar. Esta eliminación genera efectos negativos desde el punto de vista medioambiental, como altos costes económicos para las empresas
que los eliminan y también pérdidas para las empresas que los deben desechar.
El ministro dijo en la interpelación que el Gobierno venía trabajando en la definición de lo que él denominaba una estrategia para la reducción y valorización de los alimentos desechados; una estrategia destinada a dar una respuesta al gran
impacto económico y social que tiene este asunto y que actuaría
en las diferentes etapas a lo largo de la cadena, desde la producción, la transformación, la venta e incluso hasta el consumo. Es decir, el Gobierno está sobre el problema y viene trabajando para intentar evitar que se desperdicien y por el
contrario se utilicen de la mejor manera posible estos alimentos que previsiblemente serían desechados.
La primera duda que surge después del reciente informe del Parlamento Europeo, que es el que ha generado todos los debates tanto en nuestro país como en la Unión Europea, es que no se conoce con precisión la dimensión del problema ni en
nuestro país ni tampoco en el conjunto de países de la Unión Europea. Simplemente no hay estudios fiables. Es bien cierto, como ponía en evidencia la diputada de UPyD, que en España se destruyen entre 8 y 9 millones de toneladas de productos
alimentarios al año. El 42 % se destruye en los hogares, el 39 % en la industria, el 14 % en la restauración y solo el 5 % en la distribución comercial. Tampoco se dispone de datos concretos sobre el destino que en las distintas etapas se da a los
alimentos desechados.
De ahí nuestra enmienda a la moción del señor Baldoví. Es una enmienda en la que creemos que se debiera trabajar para corregir algunos de los problemas que tenemos en nuestro país y la centramos en seis puntos. En primer lugar, revisar las
normas de calidad, después estudiar la producción de desechos y así hasta seis puntos. Por eso presentamos la enmienda al texto original, ya que coincidimos con el fondo pero estamos en contra de las formas, de cómo abordar el problema, porque no
es una cuestión solo del Gobierno y de las grandes superficies ni de prohibir y de implantar medidas coercitivas. Nosotros consideramos que es una cuestión que exige un análisis profundo y buscar soluciones eficaces ya que afecta a toda la sociedad
y a todos los eslabones de la cadena alimentaria. Digo esto porque en la interpelación y en esta moción parece que se refieren única y exclusivamente a las superficies comerciales, cuando en las superficies comerciales solamente se desperdicia el 5
% de los alimentos. Nosotros creemos que hay que actuar sobre todo el conjunto y ver cuáles son las raíces del asunto y sobre la base de ese proceso de análisis proponer soluciones. Este es el fin de nuestra enmienda.
Para finalizar, quisiera agradecer y valorar el trabajo encomiable de los bancos de alimentos, ya que en la actualidad son los artífices de recoger los alimentos y de distribuirlos entre los más necesitados que hay en España como
consecuencia del paro que tenemos, paro heredado de un Gobierno anterior, país arruinado que nos ha dejado el Gobierno anterior; en definitiva, tenemos que administrar la pobreza que ustedes nos dejaron. (Rumores). La señora portavoz del Grupo
Socialista ha hablado de la falta de conciencia social y yo he de decir que no hay peor conciencia social que aquella que genera paro, aquella que genera ruina y aquella que genera todos los males que tenemos en estos momentos en nuestro país.
(Aplausos).
Por lo tanto, concluyo diciendo que el despilfarro de alimentos no se puede permitir en nuestra sociedad y que tanto desde el Grupo Parlamentario Popular como desde el Gobierno vamos a luchar según los objetivos y las indicaciones que ha
hecho el Parlamento Europeo.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Pérez Lapazarán.
Turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: Gracias, señor presidente. Intervendré desde el escaño, dada la brevedad de mi intervención.
Comienzo haciendo constar que hoy 25 de septiembre el Congreso de los Diputados ha podido mantener su actividad hasta el momento con absoluta normalidad, cosa de la cual nos congratulamos; al menos aquí dentro. La normalidad más allá de la
esquina del paseo del Prado no es así, se han producido algunas detenciones y algunos alborotos, pero por lo que sabemos todos los diputados han podido acceder a la Cámara sin ningún problema.
Mi grupo votará favorablemente la propuesta. Nos sorprendería y alegraría que pudiese ser un voto unánime del conjunto de la Cámara. Es importante que hoy hablemos aquí de la cuestión del desperdicio de alimentos. Se ha centrado mucho
esta cuestión en lo que tiene que ver con la pobreza, pero si hoy estamos hablando aquí de esto, sin duda es porque este verano algunas imágenes han puesto de actualidad precisamente la cuestión del desperdicio de alimentos. Todos podemos recordar
los candados que se han puesto en alguna ciudad en los contenedores de basura para evitar la rebusca. Y también se ha hablado mucho en alguna intervención de un sindicato que forma parte de Izquierda Unida, del SAT, que ha tenido un protagonismo
destacado en la cuestión del reparto de alimentos este verano. Pero desde
mi grupo quisiéramos destacar, dentro de este voto favorable, que la pobreza es una cuestión estructural en este sistema. El portavoz del Grupo Popular, que me ha precedido en la intervención, ha acusado al Partido Socialista del nivel de
pobreza que nos dejaron. La pobreza en España es estructural. En los momentos en los que la economía crecía al mayor nivel, en los momentos en los que España era un paradigma de economía que crecía al nivel de China, la pobreza nunca bajaba del 19
% y ahora el índice de pobreza está en el 25 %. El problema es el sistema y para corregir el problema de la pobreza en el sistema no es la solución absoluta la caridad. El ministro Arias Cañete, en la interpelación que precedía a esta moción,
decía que no iban a imponer la solidaridad por real decreto. Esperemos que por real decreto no; mejor por un texto legal que discuta esta Cámara, pero la solidaridad debe ser administrada e impelida por la actividad legal del Congreso de los
Diputados.
El tema del desperdicio de alimentos va más allá de la caridad, no se tiene que centrar únicamente en el reparto de los alimentos rechazados por el sistema de producción. El problema del desperdicio de alimentos tiene que ver con el
desperdicio de recursos, con los residuos que se generan y también con cuestiones tan importantes para las poblaciones más pobres de este mundo como la alteración de los precios mundiales de los alimentos. Es importante que esta Cámara y el
Gobierno veamos qué soluciones se pueden dar a la cuestión del desperdicio de alimentos. Nos parecen fundamentales las campañas entre los consumidores, dado que en el consumidor es donde se produce una buena parte del desperdicio de alimentos. El
tema de los diferentes etiquetados también es fundamental: fecha de caducidad, fecha de consumo preferente, etcétera. Una cuestión importante no abordada es la obligación de publicitar los índices de desperdicio de cada fabricante, de cada
productor, de cada comercializador -eso ha dado resultados importantes en países como Noruega-, y mejorar la intendencia de los bancos de alimentos, dado que muchas veces, aunque una empresa o una gran superficie intente donar los alimentos de los
cuales puede prescindir, es un problema para los bancos de alimentos poder hacerse cargo de recogerlos, trasladarlos o almacenarlos. En todo caso, nos alegraremos sobremanera de que esta Cámara demuestre a los miles de personas que están ahí fuera
que somos capaces de actuar conjuntamente en cuestiones importantes para la sociedad española.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Sixto.
Señor Baldoví, ¿acepta alguna de las enmiendas presentadas?
El señor BALDOVÍ RODA: Sí, ya he dicho que acepto la enmienda al punto 1, de sustitución, del Grupo Socialista -ahora repartiré el texto porque cambia una frase- y acepto también la enmienda del Partido Nacionalista Vasco al punto número 4
-también la repartiré-. Y agradezco las enmiendas de los demás grupos porque enriquecían sin duda el texto.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Baldoví.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, SOBRE LOS PROPÓSITOS DEL GOBIERNO EN RELACIÓN AL ACCESO DE LOS ESTUDIANTES ESPAÑOLES EN SU ETAPA DE EDUCACIÓN OBLIGATORIA A UNA ALIMENTACIÓN EN LOS CENTROS ESCOLARES QUE PERMITA EL
PLENO DESARROLLO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN REGULADO EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. (Número de expediente 173/000042).
El señor PRESIDENTE: Continuamos con la moción del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre los propósitos del Gobierno con relación al acceso de los estudiantes españoles en su etapa de educación obligatoria a una
alimentación en los centros escolares que permita el pleno desarrollo del derecho a la educación regulado en la Constitución española. Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.
El otro día durante la exposición de la interpelación ya tuve ocasión de explicar cuáles eran básicamente los objetivos de esta moción, que son, como se sabe, sumamente sencillos: se trata de hacer frente a la situación, en nuestra opinión
grave, que se ha creado en los centros escolares con la práctica desaparición en algunos casos y drástica disminución en otros de las becas que se daban para comedores escolares y libros de texto. Esta moción se concentra en concreto en los
comedores escolares, como también expliqué,
por dos razones fundamentales: primero, por la gran importancia que tiene la alimentación en la propia educación, sobre todo en los estadios iniciales -primaria y secundaria- de la educación y, segundo, por lo que significa de lucha contra
la pobreza infantil. Ya se ha hablado de ello aquí en otros momentos, pero este va a ser un tema recurrente porque es un tema de enorme gravedad.
La pobreza infantil es, como lo define el informe Foessa, un fenómeno emergente. Aunque se remonta a los años noventa, ha ido empeorando con los Gobiernos sucesivos, sin que podamos por tanto adjudicar el mérito específico de este desastre
a ninguno en particular. Y en un país donde tenemos ya una tasa de pobreza infantil que llega al 25 % de los menores aproximadamente, no se puede permitir sin una acción política activa por parte del Gobierno que se retiren estas ayudas. Sin estas
ayudas muchas familias se van a encontrar en una situación no solo de desventaja sino realmente de graves problemas para poder asumir la nutrición de sus hijos, de los menores. La solución que se ha buscado y que al parecer estaba ya en marcha,
puesto que en el caso de la Comunidad de Madrid ya se conocen los detalles, ha consistido en que las comunidades autónomas pasan a los consejos escolares la decisión sobre lo que van a hacer, pero lo único que está haciendo esto es empeorar la
situación. En el caso de lo que conocemos, de los consejos escolares de Madrid, ya sabemos que algunos centros escolares permitirán llevar la famosa fiambrera y otros no, y que en aquellos que permitan a los escolares aportar su propia fiambrera
les van a exigir, al parecer, que paguen 3,8 euros cada día, lo cual es solamente un euro menos de lo que cuesta el menú, y además que sea el mismo menú que la escuela haya previsto para ese día. En resumidas cuentas, se trata de medidas
disuasorias, se trata de que los centros escolares, que sencillamente no pueden hacer frente a esta nueva complicación tras otros recortes que ya ha habido en sus plantillas y en las ayudas públicas, se quieren quitar el problema de encima. La
cuestión es dónde van a parar y qué es lo que va a hacer en este sentido el Gobierno.
Nuestra moción, como saben, plantea cuatro actuaciones concretas que consideramos que son competencia del Gobierno. Quiero insistir en esto porque, como ya sabemos perfectamente dado el tono habitual de las discusiones políticas en esta
Cámara, lo primero que se nos va a objetar por parte del partido del Gobierno y quizás de otros más -en ese sentido vienen varias de las enmiendas que hemos recibido- es que el reparto competencial impide de alguna manera que se sustituya a las
comunidades autónomas en lo que es su competencia, la educación, pero, como también dije ya en otra ocasión y tengo que volver a repetir, una cosa es el reparto competencial y otra cosa es la ejecución incompetencial, y aquí nos encontramos ante un
caso patente de incompetencia. Es decir, lo que no se puede hacer es mandar el mensaje a la ciudadanía de: el problema es muy grave, realmente nos preocupa mucho, incluso no vean ustedes cómo lloramos cuando estamos a solas pensando en esos pobres
niños desnutridos, pero ¡ah! a mí no me toca, esto es de las comunidades autónomas y este reparto competencial es sagrado. Por eso, lo que proponemos es que con carácter de urgencia el Gobierno adopte medidas legales en dos sentidos: en primer
lugar, que las comunidades autónomas activen programas, o en su defecto el propio Estado, para recuperar las becas y ayudas al comedor escolar y, en segundo lugar, que en cualquier caso y mientras esto no se ponga en marcha se prohíba taxativamente
a los centros escolares y a las comunidades autónomas que cobren a las familias más desfavorecidas por la crisis y a las que en peor situación económica estén el coste de esa medida sustitutiva de las ayudas a los comedores escolares.
También añadimos algo que sabemos que no va a gozar de la simpatía generalizada porque, como ya hemos podido comprobar, parece que a los grupos de esta Cámara les importa mucho más el reparto competencial que la ejecución de esas
competencias y lo que eso significa para los ciudadanos y para la sociedad. Sugerimos, proponemos que las ayudas que se concedan a las comunidades autónomas estén supeditadas a la garantía de que este gasto en particular -el de becas de comedor,
quiero decir- de ninguna manera va a ser supeditado al mantenimiento de otro tipo de gastos y dispendios de las administraciones.
Finalmente, someto a su consideración esta moción, por supuesto en la confianza ya reputada y comprobada de que les parecerá demagógica, populista y oportunista, bien porque ustedes ya la han practicado o están a punto de practicarla o bien
porque cualquier cosa que nosotros propongamos viene con ese marchamo y ese estigma de origen. Hagan ustedes lo que quieran. Lo que les proponemos está muy claro. Se trata de que el Gobierno haga algo ante lo que es un fracaso integral del
sistema. Se trata de muchas familias, probablemente a estas alturas estamos hablando de más de un millón, que sencillamente no tienen medios ni siquiera para garantizar la alimentación de sus hijos. Se les quita una pequeña ayuda que había para el
comedor escolar, fundamental para el desarrollo de la igualdad de oportunidades y del acceso a la educación.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Martínez Gorriarán.
Pasamos a la defensa de las distintas enmiendas formuladas por los grupos. Interviene en primer lugar, por el Grupo Mixto, la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Subimos a esta tribuna para defender nuestra enmienda y posicionarnos en relación con la moción que acaba de defender el señor Martínez Gorriarán. Presentamos la enmienda debido a que compartimos la preocupación por la situación de
muchísimos escolares menores que por las dificultades económicas de su familia no pueden en estos momentos acceder a los servicios de comedor, pero, como él mismo ha reconocido, no podemos compartir el principio de recentralización que preside sus
iniciativas. No es baladí en absoluto que nosotros entendamos que el impulso de políticas como las que se tratan en esta moción tenga que hacerse coordinadamente con las comunidades autónomas, es porque son aquellas las que tienen la competencia en
materia de educación, pero además también tienen la competencia en materia de servicios sociales. Por otro lado, quien tiene la responsabilidad en las competencias de educación y servicios sociales es quien está en mejores condiciones para
coordinar políticas con otras administraciones como las municipales, que en el caso que nos ocupa también pueden, deben y tienen que hacer un papel importante.
El Bloque Nacionalista Galego, para quien el servicio de comedor escolar siempre fue una cuestión que planteamos y defendimos no solamente como un servicio a los escolares, sino también y fundamentalmente como una medida para poder
compatibilizar la vida laboral y familiar, ha defendido en el transcurso de los años muchas iniciativas, entre ellas algunas desde el punto de vista municipal, para facilitar que todos los colegios públicos tengan en principio el servicio de
comedor. Digo esto porque no todos los colegios públicos lo tienen. Una cosa fundamental, por tanto, es la dotación del servicio de comedor. Por otro lado, somos conocedores, en mi caso de manera muy particular, de las graves dificultades que
tienen muchas familias para poder acceder a este comedor. Por tanto, la ayuda de las diferentes administraciones se hace indispensable. Hace años ya no era sorprendente ni ajeno que los directores de los colegios nos pidieran que no redujéramos la
financiación para las ayudas a comedor a aquellas rentas más bajas, porque estaba constatado que muchas veces esa era la única comida que hacían esos escolares. Si esto pasaba hace ya algunos años, ¿qué va a pasar en la actualidad, cuando el
incremento de la pobreza en el Estado español es exponencial, cuando el incremento del umbral de la pobreza también lo es y se constata esa situación en muchos escolares de todo el Estado español?
Señor Martínez Gorriarán, entendiendo que desde la Administración central se deben impulsar estas políticas, pero sobre todo que desde la Administración central se debe coordinar la financiación para poder impulsarlas en los distintos
territorios, hay una cosa que creemos fundamental: que para implementar estas políticas es necesario tener una concepción ideológica muy clara del servicio público y del servicio que la política tiene que dar a la ciudadanía. De ahí que si existen
desigualdades en el tratamiento de esta cuestión en los distintos territorios no se debe a que sea competencia de las comunidades autónomas, sino a por quién están gobernadas. Curiosamente, hay una coincidencia bastante grande entre comunidades
autónomas gobernadas por el Partido Popular, y por tanto con el Gobierno central, y estas políticas de exclusión de estos servicios, pero sobre todo de exclusión de muchísimos escolares de poder comer cada día. Por eso no entendemos la enmienda que
plantea el Grupo Popular a esta moción, que habla de garantizar que en ningún caso la alimentación de los escolares sea un impedimento para la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación. Yo no sé si se refieren a que dependiendo de si
comen pasta o lentejas eso puede ser una desigualdad o no. Nosotros hablamos de otra cosa, hablamos de garantizar desde las administraciones públicas que ningún niño deje de acceder a un servicio de comedor y, sobre todo, que no se produzca la gran
injusticia de que se cobre un euro menos de lo que vale la comida en un comedor por la propia existencia del comedor. Esto no es que sea injusto, es que realmente parece otra cosa, parece algo terrible, parece que queremos hacer más daño a aquellos
que ya están siendo dañados por esa desventaja social que están sufriendo. No seamos, señorías, tan malvados.
Por lo tanto, si aceptaran nuestra enmienda o una transacción con otros grupos que han presentado también una enmienda a esta moción, nosotros podríamos llegar a un acuerdo, pero tal y como ustedes la presentan no podríamos votar a favor.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señora Fernández Davila.
Por el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora García Álvarez.
La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, esta Cámara no puede olvidar que aunque a los que aquí estamos sentados, diputados y diputadas, se nos haya delegado la representación ciudadana a través de las urnas, la soberanía reside en el pueblo y el pueblo está descontento,
indignado con las medidas que se le están imponiendo porque atentan directamente contra los derechos adquiridos a lo largo del tiempo, derechos que costaron lágrimas, sudor y sangre, señorías, mucha sangre. Desde aquí la solidaridad de nuestro
grupo con los detenidos y con los agredidos. (Aplausos).
Dicho esto, vayamos al objeto de la iniciativa que nos ha presentado el Grupo de UPyD. Señorías, mi grupo parlamentario lleva tiempo alertando desde diferentes foros de la tremenda situación a la que se ven abocados un número de personas
cada vez más importante, personas que viven en nuestro país, sean españoles o no, señor Martínez Gorriarán; hay inmigrantes que viven en nuestro país y que tienen exactamente los mismos derechos y sufren las mismas consecuencias. Usted parece a
veces españolista; yo simplemente, señor Martínez Gorriarán, soy española. Efectivamente, miles de familias en nuestro país ya se encuentran al límite de la exclusión. Según Unicef, 2,2 millones de menores que residen en España viven en hogares
que están por debajo del umbral de la pobreza, afectando esta, tal y como se refleja en los datos, a los niños y a las niñas más que a los adultos. Usted, señor Martínez Gorriarán, recordaba el informe de Cáritas donde se pone de manifiesto que en
torno a un 25 % de menores en nuestro país se ubica en el umbral de la pobreza. Nosotros añadimos que, según Eurostat, 714.000 familias no perciben ingreso alguno. Si tenemos en cuenta que son datos de 2010, es más que posible que a día de hoy el
número de familias en esas condiciones haya aumentado considerablemente, y con ello las dificultades de las mismas para el pago de los comedores escolares, pero también para el pago de los libros de texto y el material escolar; en síntesis, para el
conjunto de la educación de sus hijos. Un ejemplo le voy a dar, porque a este grupo parlamentario también le gusta poner cara -y no solamente hablar aquí- a los ciudadanos que están detrás y asumen las consecuencias. En un colegio público de
Madrid el comedor escolar cuesta 107,40 euros al mes. A las familias con tres niños, es decir, familias numerosas que tendrían que tener derecho a beca y que no la perciben, les supone un gasto de 322,20 euros al mes, y a eso hay que sumarle los
600 euros que ya han pagado por los libros de texto, más el 21 % que van a tener que pagar más de IVA por el material escolar. Como usted muy bien dice, estamos ante una situación muy difícil, muy compleja para muchas familias en este país.
Pero no puedo pasar por alto decirle una cosa, señor Martínez Gorriarán. No es solo cuestión de las comunidades autónomas, por mucho que usted tenga una fijación con ellas. También el Gobierno tiene mucho que decir, y no nos parece de
recibo que la semana pasada el señor ministro se escudara en los ámbitos competenciales después de haber exigido a las comunidades autónomas un ahorro de más de 3.000 millones de euros. Usted eso no lo dice. Usted eso lo obvia. No se por qué,
pero usted lo obvia. El propio señor Wert ha dicho -a veces dice cosas un poco extrañas- que él cuidaba tan bien su material escolar y sus libros que le duraban una eternidad. No me refiero a usted, sino al señor ministro que, aunque no esté aquí,
sé que le va a llegar. Decía el ministro que le duraban muchísimo los libros. Debe ser que desconoce que hace ya tiempo que la enciclopedia Álvarez no existe y que los alumnos y alumnas trabajan en los propios textos; es decir, que los libros ya
no valen para el curso siguiente. Seguramente también al señor ministro, que aunque esté ausente insisto en que le va a llegar, el material escolar le duraba todo el curso, clara señal de que, o bien lo usaba poco, o bien no era consciente de que
sus padres se lo iban renovando, o quizás estuviera tan inmerso en el conocimiento que le proporcionaban el Astete o el Ripalda, donde los niños y las niñas estaban claramente diferenciados, que no tenía la mente para ocuparse de tonterías como la
renovación del material escolar. Permítanme -insisto en que aunque estemos hablando de otro tema esto también incide- que les recuerde a la máxima autoridad y ustedes, señorías, que el IVA del material escolar ha subido 17 puntos y que eso supone
un gasto tremendo para muchísimas familias, para esas familias a las que nos estamos refiriendo. Y aquí no tenemos que hablar de caridad. Caridad es mi nombre, pero aquí no tenemos que hablar de caridad. Aquí tenemos que hablar de derechos de los
ciudadanos y las ciudadanas de este país por muy pequeños que sean en edad. Y de lo que hablamos aquí normalmente cuando nos referimos a cualquier cosa que se tenga que hacer, no es de las competencias, es de los mandatos que se le hacen desde
fuera a este Gobierno para que cumpla
con unos compromisos de déficit que traen como consecuencia que se recorte en becas escolares y en derechos de los ciudadanos y las ciudadanas y que además atacan directamente al bienestar de estos ciudadanos y de estas ciudadanas. Nosotros
queremos que, dentro del marco que nos hemos dado, se coordine o se hable con las comunidades autónomas para que las mismas, en el ámbito de su competencia, asuman que ningún niño o ninguna niña pueden quedarse sin acudir o sin tener la alimentación
adecuada en los centros escolares.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Señoría, debe terminar.
La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Termino ya, señor presidente.
Además, en los centros escolarse públicos la alimentación tiene que ser gratuita. No se debe cobrar a los niños que van de manera normal ni se debe cobrar el táper. Y quiero decir, y con esto termino, que el táper no es más que una cortina
de humo que esconde detrás las verdaderas razones que nos han llevado a la situación que hoy vivimos y que viven nuestros escolares. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señora García Álvarez.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Ros.
La señora ROS MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Socialista es consciente de lo que hoy acontece en la calle. No es un día normal. Fuera, ciudadanos reclaman soluciones, soluciones que debemos ofrecer y para las que debemos trabajar. Señorías, el miércoles pasado
mi grupo preguntaba al ministro de Educación por la problemática suscitada en torno a la alimentación en los comedores escolares y el uso de fiambreras. Este curso escolar pasará a la historia como la vuelta al cole más cara, conflictiva y caótica:
niños caminando por la carretera y campo a través para llegar al colegio porque no tienen transporte escolar; mochilas a las que habrá que incorporar un lugar para la fiambrera porque se han quedado sin becas de comedor; tranquilos, cabrá, porque
en las mochilas no llevan libros, muchos no los han podido pagar por falta de becas; menos profesores y más alumnos por aula; aumento del IVA del material escolar del 4 al 21 % y una subida de forma abusiva de las tasas universitarias. Bien es
cierto que la competencia en educación recae en un 95 % en las comunidades autónomas, pero la realidad es que en tan solo nueve meses el Gobierno del Partido Popular ha entrado en una dinámica de recortes y más recortes que ha obligado a estas a
reducir más de 5.000 millones de euros en educación.
Este Parlamento debe velar por defender los derechos fundamentales de nuestra Constitución y no puede ser ajeno ante medidas que no garantizan la igualdad de oportunidades. La Declaración de los Derechos del Niño en su principio número 7
dice: el niño tiene derecho a recibir una educación, que será gratuita y obligatoria en las etapas elementales. Para ello los recursos son necesarios, para desarrollar este artículo 7, y su feliz idea del táper es el resultado de una reducción del
62 % de becas de comedor, grave error y más si son alumnos para los que los alimentos que toman en el comedor escolar gracias a su beca es la única comida diaria, sana y equilibrada. Porque la educación debe ser garantía de cohesión social e
igualdad de oportunidades; y el colmo de la desfachatez, el ministro de Educación califica el tema de las fiambreras como una cuestión de servicios sociales; vergüenza. El Partido Popular ha hecho muchos cambios en materia educativa, y todos
malos. Se lo están diciendo miles de ciudadanos que han salido a la calle y les han dicho que no, que su política está causando sufrimiento y angustia. Con niños que pasan hambre en el colegio, ¿creen que podemos hablar de calidad educativa? En
mi provincia, Castellón, más de 30.000 familias resisten con la paga de sus mayores, uno de cada cuatro jubilados aporta dinero a sus hijos. Es prueba de que este Gobierno está aplicando políticas muy injustas, haciendo mucho daño a las capas más
débiles de la población. Según el estudio de Unicef, La infancia en España 2012-2013, el impacto de la crisis en España, 2 millones de niños viven en pobreza relativa, lo que demuestra que el impacto de la crisis es más fuerte en familias con
niños, lo cual puede afectar a la calidad de la alimentación y a la convivencia. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). Ahora más que nunca hace falta solidaridad, todo lo contrario a lo que está haciendo este
Gobierno, porque hay familias que con los recortes ni tan solo pueden permitirse pagar por utilizar el táper más la comida que debe llevar. Señoría, calidad en educación es también calidad en lo que comen nuestras hijas e hijos. El comedor escolar
hasta ahora estaba pensado para asegurar una alimentación básica, variada y saludable.
Señores del PP, de sus promesas electorales de no tocar la sanidad ni la educación hemos pasado a la fiambrera, al táper, a la carmañola, a la friameira, a la tartera. Sus recortes a la educación pública han causado un profundo rechazo
entre padres, profesores y alumnos. Los padres se preguntan: ¿cómo se controla que los alimentos estén en buen estado a la hora de comer? Están a tiempo de rectificar, consultar, hablar con la comunidad educativa, con todos los agentes
implicados. Los próximos presupuestos también son la prueba de si este Gobierno defiende una educación pública y universal o, por el contrario, continúa en el camino de volver a una educación elitista, segregada y solo para aquellos que se la
puedan pagar. No me digan que la crisis nos obliga, porque si ayudan a bancos ¿por qué no ayudan a cosas que son el futuro de España, como es la educación? La credibilidad y confianza de un país también se manifiesta en la fortaleza para salvar a
las personas y en la calidad de sus servicios públicos. Recortar en educación es poner en peligro el futuro de nuestro país. Las cosas se pueden y deben hacer mejor. Por todo ello hemos presentado esta enmienda, que es garantizar el mantenimiento
de un nivel de becas, impedir el cobro a los alumnos por la utilización del táper y habilitar créditos en los presupuestos del 2013.
Acabo, señorías, con el mensaje que padres y madres me trasladaron el sábado pasado en la manifestación por una educación pública y de calidad, para decirles a ustedes, señores del Partido Popular y al ministro de Educación...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Ros, tiene que finalizar.
La señora ROS MARTÍNEZ: Voy acabando.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): No. Tiene que acabar.
La señora ROS MARTÍNEZ: ... que bajen al ruedo a torear, vayan a visitar uno de esos colegios donde niños de tres a doce años están en barracones, siéntense en el comedor, hablen con los centros educativos, con las asociaciones de padres y
madres, con los niños. Seguro que después de ver la realidad no consideran que una beca de comedor es una anécdota o un tema de servicios sociales.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Ros.
Por el Grupo Popular, señor Cabrera.
El señor CABRERA GARCÍA: Gracias, señora presidenta.
Señora portavoz del Grupo Socialista, todos los datos que usted ha dado son consecuencia de la nefasta gestión del Gobierno socialista (Rumores), que llevó a nuestro país en los últimos años a ocupar el segundo lugar en niveles de pobreza
dentro de la OCDE. (Aplausos).
Señorías, intervengo en representación del Grupo Parlamentario Popular para defender la enmienda de nuestro grupo en relación con la moción que ha presentado UPyD sobre el uso de los comedores escolares. Señorías, con carácter previo y en
relación con la pobreza infantil, a la que se hace mención en el texto de la moción, cabe recordar que el Pleno del Congreso aprobó el pasado 19 de junio una resolución, a instancia de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara, sobre la
reducción de la pobreza infantil para articular una estrategia de protección de la familia y de la infancia, promoviendo medidas para reducir la pobreza infantil y a favor de la inclusión social, además de promover, desde el pleno respeto
competencial, la calidad, la coordinación, la eficacia, la coherencia de la intervención de las diferentes administraciones públicas en relación con la infancia y, especialmente, en la lucha contra la pobreza infantil.
Dicho esto en primer lugar, nuestro grupo suscribe lo manifestado por el señor ministro de Educación el pasado miércoles, con ocasión de la interpelación, en relación con que la cuestión de una correcta alimentación de los escolares, como en
cualquier otra categoría que pueda encontrarse en una situación de riesgo de exclusión, es una cuestión prioritaria, una cuestión que atañe a todas las necesidades básicas. El señor ministro manifestó que, en estas circunstancias, se requiere
encontrar soluciones que, sin invadir el marco competencial de las comunidades autónomas, tuvieran la virtual garantía de homogeneizar la atención que todos deseamos. Desde el ministerio, obviamente, y desde el Grupo Parlamentario Popular
compartimos esa preocupación por la equidad, la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación y en trabajar por una educación de calidad. La reciente presentación en Consejo de Ministros del anteproyecto de ley orgánica para la mejora de la
calidad educativa representa una oportunidad para que todos podamos contribuir a la mejora de nuestro sistema educativo. Por otro lado,
desde la aprobación de la Constitución, en 1978, la Administración del Estado ha transferido funciones, servicios y recursos a las diferentes comunidades autónomas. Por ello, corresponde a las comunidades autónomas desarrollar la normativa
aplicable a estos servicios. Esa es la realidad competencial, sin perjuicio de que esto pueda abordarse, como proponemos desde el Grupo Popular, en la Conferencia Sectorial de Educación. En tal sentido, hemos presentado una enmienda para que en el
seno de dicha conferencia se promueva un sistema que garantice que la alimentación de los escolares en ningún caso sea un impedimento para la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, pues la grave situación económica en la que nos
encontramos, con más de 5 millones de parados, y la situación económica de muchas familias ha producido una demanda por parte de estas para que se pueda llevar la comida desde casa a los centros con la finalidad de rebajar costes en el servicio de
comedor. A partir de ahí, cada comunidad, con mayor o menor acierto y dentro del uso de sus competencias, ha abierto más esta opción que ya existía en muchos centros que gestionan este servicio, por tanto, no es un hecho nuevo y tampoco
excepcional. En consecuencia, en el Grupo Popular respetamos esta libre opción de las familias, y entendemos que esto no entraña señalar unos niños frente a otros.
En cuanto a la previsión de cobrar el uso de los comedores cuando se consuma comida llevada desde casa, las mismas asociaciones de padres han manifestado que respetan la libertad de los padres que escogen esta opción, siempre y cuando se
establezcan los controles, se cuente con el personal necesario para el cuidado de los más pequeños y se planteen unos precios razonables en el uso del comedor y de sus instalaciones que deben fijar las propias asociaciones de padres. Por tanto, no
se aboga por un coste cero porque ciertamente el servicio tiene un coste. En cuanto a condicionar las medidas de racionalización del gasto educativo de las comunidades autónomas, del Real Decreto-ley 21/2012 a no reducir las ayudas escolares a
comedores por parte de las comunidades autónomas, es algo ajeno a la cuestión, cuyo objeto recordemos es proporcionar a las administraciones educativas los instrumentos que permitan cumplir con el déficit público. (El señor presidente ocupa la
Presidencia). Señorías, el objetivo común perseguido es proporcionar a las administraciones educativas un conjunto de instrumentos que permitan conjugar los irrenunciables objetivos de calidad y eficiencia de nuestro sistema educativo con el
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cabrera.
En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra en primer lugar por el Grupo Vasco-PNV la señora Tapia.
La señora TAPIA OTAEGI: Gracias, señor presidente.
Intervendré brevemente desde el escaño, si me lo permite. Estamos de acuerdo en que la universalidad de estas becas debe ser reconocida como un derecho de las familias que las necesitan para garantizar el acceso de todos los alumnos, de
todas las personas, a una educación en igualdad de condiciones. Una amplia cobertura de estas becas resulta imprescindible, y así lo hemos entendido y lo hemos hecho en nuestra comunidad. Sin embargo, sí que quiero decirle al señor Martínez que no
estamos de acuerdo en la presentación de esta moción, puesto que va en la línea de su discurso habitual de homogeneización, uniformización, unificación y, sobre todo, recentralización de toda la competencia de educación, también en lo que se refiere
a estas becas, para el Estado. No estamos en absoluto de acuerdo y lo que reclamamos es un absoluto respeto a las competencias autonómicas, que en el caso de Euskadi es, desde luego, una competencia exclusiva, y solicitamos que así se considere en
este caso. En consecuencia, a pesar de estar de acuerdo en el fondo, no en cómo se ha presentado esta moción, votaremos en contra.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Tapia.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Barberà.
El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Gracias, señor presidente.
Señorías, quisiera empezar expresando mi sorpresa ante la intervención que ha desarrollado el señor Martínez Gorriarán para defender la interpelación que originó esta moción. Nos ofreció un discurso muy crítico hacia las comunidades
autónomas; un discurso totalmente recentralista en sus conceptos. Nada de eso me sorprende pues su modelo es distinto al de Convergència i Unió. Hasta aquí, ningún problema. Este modelo consta de unos principios que han quedado reflejados en los
acuerdos de la moción que ahora debatimos: imponer la homogeneización, borrar la autonomía de los centros, suprimir la autonomía
de las comunidades autónomas; hasta ahí, previsible. ¿Por qué me sorprendió, señorías? Por la frialdad con que desdibujó la realidad escolar, y en concreto, en lo referente al servicio complementario de comedor escolar. Sus acusaciones
infundadas, alarmistas describen de forma engañosa la falta de preocupación de los Gobiernos territoriales, acusándoles de falta de sensibilización ante la grave situación económica de muchas familias. Su descripción de la realidad es totalmente
falsa y está fuera de contexto. Al menos puedo afirmarlo contundentemente para Catalunya. Serán los Gobiernos democráticos responsables quienes pasarán los controles correspondientes en sus Parlamentos y ante sus ciudadanos.
Para aclararle conceptos quisiera describir brevemente la situación real en Catalunya. La Llei d'Educació de Catalunya, aprobada por amplia mayoría y sin diferencias en este apartado, establece la obligación de prestar gratuitamente el
servicio de comedor a los alumnos que no disponen de centro escolar en su municipio. Son ayudas obligatorias. En referencia al servicio de comedor escolar no obligatorios, la Llei d'Educació de Catalunya matiza que atendiendo a la naturaleza de
los desplazamientos y en función del nivel de renta de las familias las ayudas pueden ser parciales. Esta Llei d'Educació garantiza pues la equidad en el acceso a la educación obligatoria y la necesaria igualdad de oportunidades para todos los
alumnos sea cual sea su residencia en Catalunya. Y así se cumple, miren datos actuales: más de 150.000 ayudas para sufragar los gastos de comedor y de transporte en sus diferentes modalidades durante el pasado curso. Más de 100 millones de euros
destinados por la Conselleria d'Ensenyament para ayudar a aquellas familias necesitadas y que no pueden o tienen graves dificultades. Y a esta cifra tendríamos que añadir las aportaciones del Departament de Benestar Social i Família y del resto de
administraciones locales de Catalunya. Esta es la realidad en Catalunya: se priorizan las ayudas, se trabaja para dar cumplimiento a la llei. Otra cosa fue la respuesta del ministro, no rehusando drásticamente la descripción de UPyD, incluso en
algunos puntos entrando en el juego recentralista. No creemos que fuese oportuna otra nueva muestra de su matiz recentralizador, invadiendo nuevamente competencias como en el nuevo anteproyecto de la Ley orgánica para la mejora de la calidad
educativa.
Ante estas posiciones, desde Convergència i Unió no podemos dejar de valorar el esfuerzo de las distintas comunidades autónomas que se ven injustamente presionadas por la centrifugación del déficit que realiza el Estado central de una manera
injusta. También hay que reconocer, de una forma especial en Catalunya, el papel de los ayuntamientos y de las administraciones locales. Las administraciones están realizando un trabajo extraordinario de seguimiento y detección de situaciones
familiares incluso sobrevenidas, y aportando con esfuerzos conjuntos soluciones que permiten a los alumnos mantener una situación de aprendizaje y de desarrollo personal adecuado. Queremos reconocer a la comunidad educativa, a los consejos
escolares, a los equipos directivos, a los claustros de profesores y a las asociaciones de padres y madres de alumnos, su trabajo y atención especial para desarrollar las medidas necesarias para mantener la cohesión social en sus centros ante la
situación especial de crisis generalizada.
En definitiva, desde Convergència i Unió nos proponemos mejorar la financiación de las becas y ayudas pues la priorización ya es efectiva. Creemos, y así lo hemos propuesto, que es necesario realizar una redistribución de los recursos que
destinamos actualmente y además de una forma rápida y urgente. Con este objetivo llevamos meses, demasiados meses, insistiendo en una propuesta concreta y significativa. Hemos presentado una proposición de ley para modificar el carácter básico del
artículo 82.2 de la Ley Orgánica de Educación. Podríamos obtener una distribución más flexible y más justa de los recursos aplicando, como en las ayudas no obligatorias, criterios de renta. En Convergència i Unió llevamos tiempo insistiendo en
este aspecto, pero topamos con las dudas y con las interpretaciones legales del Gobierno que no deja avanzar en la propuesta.
Para terminar, señorías, vamos a votar en contra de los acuerdos de la moción por los motivos expuestos, pero aprovechamos para pedir al Grupo Parlamentario del Partido Popular que acepte nuestra proposición de ley o elabore una propuesta
propia para mejorar la redistribución de los recursos económicos y mantener el principio de equidad, de igualdad de oportunidades de una forma aún más justa y equitativa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barberà.
Señor Martínez Gorriarán, a efectos de enmiendas, ¿admite alguna?
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: No.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE LA CREACIÓN DE UN FONDO VERDE DE INVERSIONES PARA GENERAR CRECIMIENTO Y EMPLEO. (Número de expediente 173/000043).
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la creación de un fondo verde de inversiones para generar crecimiento y empleo. Tiene la palabra la señora Tapia.
La señora TAPIA OTAEGI: Gracias, señor presidente.
Presentamos la moción correspondiente a consecuencia de la interpelación que presentamos la semana pasada y quiero recordar simplemente en qué nos basábamos; era en la estrategia 2020 de la Unión Europea en la que se dice que la salida de
la crisis debería ser el punto de entrada de una nueva economía social de mercado, sostenible, inteligente y respetuosa con el medio ambiente y en la que la prosperidad reposaría en la innovación y en la mejor utilización de los recursos cuyo
principal motor es el conocimiento. A partir de ahí, la denominada economía verde ayuda a construir puentes entre el presente que vivimos ahora creando empleo y conocimiento y el futuro sentando las bases de lo que va a ser, en este caso, una
Europa próspera y comprometida con el medio ambiente. Si partimos de esto, analizando las posibilidades que se presentan en este sentido y considerando la situación crítica en cuanto a economía que vivimos en este momento, creemos que la creación
de empleo se está volviendo un problema acuciante, y una oportunidad como la de aprovechar lo relacionado con la economía verde para generar empleo y mejorar la innovación tecnológica no puede ser desatendida. Además contribuimos a cumplir con las
recomendaciones que nos hace la Unión Europea -que hace al Estado español en concreto- para aumentar las capacidades científicas y tecnológicas, a colaborar entre agentes públicos y privados y a que exista una mayor presencia internacional más
acorde con el presupuesto y las actuaciones que se llevan a cabo.
Somos conscientes, sin embargo, de que las tecnologías denominadas verdes necesitan ayuda, necesitan un apoyo para que sean consideradas competitivas y en este momento creemos que un apoyo puede ser la constitución de este fondo verde. Un
fondo verde con capital público y capital privado en el que se recogen actuaciones diversas y entre las que hemos propuesto unas cuantas muy concretas y que quedan recogidas en la moción. Entre ellas, instamos al Gobierno a poner en marcha y
evaluar un fondo de las características citadas con un escenario mínimo a cinco años que aborde cuatro actuaciones muy concretas. En primer lugar, impulsar el desarrollo del conocimiento en el ámbito verde, potenciar la I+D+i en proyectos que se
definan como estratégicos. En segundo lugar, apoyar la transferencia de conocimiento a las empresas favoreciendo la creación de centros de experimentación y de transferencia de tecnología. En tercer lugar, favorecer el crecimiento empresarial y la
creación de nuevas empresas de largo recorrido en sectores verdes impulsando mecanismos de financiación específicos, como pueden ser las medidas en política fiscal e impulsar la demanda local relacionada con el ámbito verde a través de campañas de
sensibilización y la puesta en marcha, por ejemplo, de planes de compra pública innovadora. Y en cuarto lugar, instamos al Gobierno a trabajar junto con las comunidades autónomas, universidades, organismos públicos de investigación, centros
tecnológicos y colectivos empresariales para facilitar la aplicación de este fondo verde en ámbitos tecnológicos y sectoriales que al menos recojan energías renovables, gestión de recursos naturales como son el agua, la agricultura ecológica, la
conservación del hábitat natural, la movilidad sostenible y también la ecoindustria en cuanto a materiales, procesos y productos.
Finalmente, las oportunidades relacionadas con la ecoconstrucción en cuanto a eficiencia energética, a materiales sostenibles o arquitectura bioclimática. En este sentido, hemos aceptado una enmienda de las presentadas por el Grupo
Socialista y las presentadas por La Izquierda Plural -lo hemos acordado en una transacción de la que sin duda disponen sus señorías-, que recoge aspectos relacionados con la fiscalidad y la elaboración de una normativa propia para las energías
renovables que sustituya a la actual, y que el Gobierno tenga una planificación concreta de acuerdo con la estrategia europea 2020 en la que se incluya este fondo verde. Por otra parte, no quiero terminar mi intervención sin decir que no entendemos
muy bien la postura del Grupo Parlamentario Popular, puesto que el ministro en su respuesta la semana pasada se ofreció a analizar la creación de este fondo y ahora se muestran ustedes totalmente contrarios al respecto. Es una postura poco
entendible porque este año se podía haber puesto esta iniciativa en marcha sin recursos adicionales necesarios; es decir, simplemente reconduciendo recursos de innovación con capitales o pequeñas ayudas a empresas a fondo perdido e iniciando esa
colaboración público-privada como algo novedoso, pero -repito- sin nuevos recursos.
En definitiva, lo que constatamos es que el Gobierno del Partido Popular no cree en la innovación, en la investigación y en la transferencia tecnológica al sector industrial como una vía para salir de la crisis y sentar las bases de la
economía del futuro. Solo creen ustedes en reducir el déficit. No creen en la economía real ni en la importancia del sector manufacturero para el mantenimiento del PIB del país. Los Presupuestos Generales del Estado recogen cada vez partidas
económicas más reducidas dedicadas a la innovación, la investigación y la tecnología. De nuevo, como ocurrió en crisis económicas previas, lo primero que se recorta es la I+D+i, como si fuera algo a lo que solamente se presta atención cuando sobra
el dinero. Esta forma de actuar no es propia de un Estado moderno entre los que quiere encontrarse el Estado español en la Unión Europea. Constatamos además que su modelo de formación y de creación de empleo está más ligado a la instalación de
algo muy similar a Eurovegas que a cualquier otra cosa y aquí no van a encontrar al Partido Nacionalista Vasco. Nosotros creemos en nuestras empresas, en su potencial innovador, en sus capacidades para generar nuevos empleos y en su contribución a
la economía, porque todo ello supone a su vez una mayor equidad y cohesión social.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Tapia.
Se han presentado dos enmiendas. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora Ortiz.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Gracias, presidente.
Señorías, nuestro grupo parlamentario comparte el contenido de esta moción y, de hecho, agradecemos la oportunidad de hablar de economía verde. Es una de las prioridades de nuestro grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario de IU,
ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. En nuestro propio programa electoral hablábamos de salir de la crisis apostando por el cambio de modelo productivo; y el cambio de modelo productivo se basaba en inversión -también en inversión pública- y en la
apuesta por una transición basada, por un lado, en invertir en servicios sociales y en servicios a las personas -esto en el siglo XXI tiene todo un recorrido y está creando ocupación en toda Europa- y, especialmente, en la economía verde.
Hablábamos de un New Green Deal, del que usted también habló en la interpelación, como una estrategia de salida de la crisis. Usted habla aquí de uno de los instrumentos, que es la creación del fondo verde y nosotros hemos planteado enmiendas para
ir un poco más allá. Pero nos gustaría aprovechar esta moción para hacer tres reflexiones porque, aunque no lo digan claramente, se desprenden de la filosofía de esta moción. Cuando hablamos de un fondo verde, una de las primeras cuestiones que
estamos planteando en esta Cámara es el abandono de las políticas de austeridad neoliberal. Ustedes solo piensan en el déficit y un Gobierno que solo está pensando en recortar acaba deprimiendo cada vez más la economía y entrando en una espiral
destructiva. Hablar de un fondo verde, no para gastar por gastar, sino reorientado precisamente a una reindustrialización y a una orientación hacia la economía productiva es decir que hay que abandonar decididamente estas políticas.
Un segundo mensaje es que no es gastar por gastar o fomentar el crecimiento desde lo público, sino fomentarlo en una dirección concreta. No es volver al despilfarro, sino orientarlo hacia una economía de valor añadido y de calidad. Cuando
hablamos de la transición verde o del desarrollo sostenible -que es por lo que apostamos-, sabemos que hay sectores que habrá de decrecer. No es cuestión de volver a lo que teníamos antes de la crisis, porque esto es lo que nos ha llevado a la
situación actual, a un modelo de desarrollo económico que tenía pies de barro y que se ha desmoronado ante una crisis financiera. Queremos un modelo de desarrollo que reduzca la huella ecológica y haga compatible la creación de empleo de calidad
con la vida de las futuras generaciones. Y eso es lo que ofrece el sector verde porque las energías renovables, la rehabilitación energética y también las políticas de inversión en el entorno son intensivas en trabajo y es una de las principales
prioridades que debería tener el Gobierno.
La tercera cuestión, que ya se decía claramente en su interpelación pero mi grupo tiene especial interés en dejarlo claro, es que cualquier green new deal, cualquier transición, debe tener un liderazgo público, es decir, voluntad política
porque no solo con un fondo se hace una transición a lo verde; necesita un acompañamiento institucional de regulación y una voluntad clara de hacer ese cambio de modelo productivo. Así ha pasado en Alemania y en ese sentido ha ido cuando se ha
desarrollado la economía verde, no solo con inversión sino también con una regulación que ha favorecido los sectores verdes, o en Dinamarca también se ha ido en ese sentido. Por tanto, hay que reducir trabas administrativas y fomentar la
agricultura ecológica, el consumo de las administraciones públicas que usted planteaba aquí. El
Gobierno del PP no es que no esté por el fondo verde, es que no está por nada del despliegue institucional a favor de la economía sostenible. Justo al revés, vamos dando pasos en el sentido inverso.
Las enmiendas que hemos presentado, más allá del fondo verde, se sitúan en este contexto. Una primera enmienda habla no solo de fondo verde sino de una reforma fiscal verde -no lo que le llama el ministro Montoro la política fiscal verde
sino lo que es realmente la política fiscal verde- que penalice a quien más contamina y favorezca a aquellos sectores menos contaminantes. Por otro lado, entendemos que es fundamental potenciar la economía social y el cooperativismo como forma
empresarial más adecuada para este cambio de modelo. Y finalmente también creemos que hay que acabar con este marco que limita a estos sectores como las energías renovables, y es lo que planteamos en nuestra última enmienda.
Creo que no habrá ningún problema en llegar a un acuerdo. Nos gustaría que el Gobierno se sumara a lo que han estado haciendo otros países a nivel mundial, en lugar de dar pasos atrás en contra del medio ambiente y, al fin y al cabo, de la
calidad de vida de las personas. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ortiz.
Para defender la enmienda del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Elorza.
El señor ELORZA GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Los socialistas que estamos dentro del Congreso no somos ajenos a la tensión que existe en las calles cercanas, antes y después de las cargas policiales. No estamos sordos y más allá de la clara discrepancia con algunos contenidos del
manifiesto de los convocantes del 25-S, compartimos las protestas pacíficas y la indignación de la mayoría de esos manifestantes ante las medidas que se están aplicando por parte del Gobierno. Su presencia en la calle hoy nos recuerda nuestros
errores, las insuficiencias y limitaciones de la política ante los mercados y las injusticias y dramas que la crisis viene provocando en los proyectos de vida de millones de ciudadanos. La calidad de la democracia y la cohesión social se defienden
desde el Parlamento y desde la calle con movilizaciones pacíficas y respetuosas con los principios de la democracia. El crecimiento para la generación de empleo es una cuestión que se plantea precisamente hoy aquí por parte del PNV con una moción.
Me gustaría explicar rápidamente cinco actuaciones ejemplares, más allá de la teoría, entrando en la práctica, de lo que se denomina la economía verde y que están siendo desarrolladas en este momento en el País Vasco por un Gobierno
socialista. Repito, no es teorizar, es decir qué estamos haciendo y qué puede hacer el Gobierno español en esta materia. Primero, programa Revive, que consiste en que empresas del sector de la construcción, donde hay mucho paro, participen en la
rehabilitación de viviendas para abordar la eficiencia energética para evitar aislamientos, para evitar escapes de energía y además para utilizar sistemas de energías renovables; en el País Vasco se están aplicando 9,3 millones de euros en este
programa. Segundo, se está aplicando también un programa de empleabilidad de jóvenes universitarios y de titulados de FP de alta cualificación; un programa en colaboración con parques tecnológicos, con la universidad, con empresas y con centros de
formación para que estos jóvenes tengan un periodo formativo, un periodo también de preparación, de reinserción laboral, de recualificación en empresas emergentes y de inserción en el mercado de trabajo. Tercero, movilidad sostenible; estamos
apostando por el vehículo eléctrico y en ese sentido hay convenios por parte del Gobierno del Partido Socialista en Euskadi con la alianza Nissan-Renault o con Repsol para la experimentación de un prototipo de vehículo eléctrico, para la generación
de baterías de recarga en el territorio y otras actuaciones. Proyecto Enertic, que es un centro que integra a las empresas que trabajan en energías renovables, empresas jóvenes, pequeñas, con sinergias, con trabajos en común, con contratación de
jóvenes; un proyecto en San Sebastián, en un polígono industrial de Martutene, que precisamente usted en su día, como diputada foral, no apoyó económicamente y que es un proyecto de economía verde. Estamos también en otro proyecto que me parece
fundamental, que es el proyecto de energía mareomotriz, la producción de energía de la fuerza de las olas, del efecto de las mareas, con tres instalaciones o plantas o espacios para el ensayo de prototipos, de acuerdo con Iberdrola y con empresas de
innovación para que el País Vasco, con otros puntos de Europa como Escocia, seamos un espacio puntero. Buena parte de estos proyectos ha contado en su día con el apoyo económico del Plan Avanza de la anterior ministra de Investigación, Innovación y
Ciencia, la señora Garmendia.
Acabo diciendo que me parece obligado hoy aquí decir que se habla de lo que se puede hacer cuando tenemos en vía muerta en este momento la llamada Ley de Economía Sostenible, una ley que forma parte de la buena herencia del Gobierno
socialista, anterior al actual; una ley que tiene aspectos en conexión
directa con proyectos o con ideas en relación con la economía verde y que van en la senda de las directrices de la estrategia europea 2020, con lo aprobado recientemente en la cumbre de Río. Por tanto, esa Ley de Economía Sostenible de la
anterior ministra Cristina Garmendia debería entrar en aplicación. Hay que reconocer también, porque aquí se habla mucho de herencias, que si algo hizo el Gobierno socialista anterior fue una inversión decidida a pesar de la crisis, manteniendo el
esfuerzo inversor en las políticas de investigación, desarrollo e innovación, algo que ahora se está exigiendo, se está planteando al Gobierno del Partido Popular. En consecuencia, se puede comprobar cómo hay ejemplos que se están aplicando en el
País Vasco, en España, para que este Gobierno los impulse con un plan extraordinario que permita su difusión y su aplicación para generar empleo en toda España.
Muchas gracias, presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Elorza.
En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra en primer lugar por el Grupo Mixto, el señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar, quiero expresar el apoyo del Bloque Nacionalista Galego a la moción del Grupo Parlamentario Vasco, PNV, pero permítanme que dedique el tiempo que me corresponde en mi intervención para despedirme de todos ustedes y
de esta Cámara, dado que esta es mi última intervención parlamentaria en Cortes o, si me lo permiten, recurriendo a mi idioma gallego, mi derradeira intervención. Digo esto porque en gallego distinguimos entre última, en este caso la última
intervención antes de que se produzca la siguiente, de derradeira, la última de las últimas. Tras ella no habrá ninguna más. Y aunque parezca paradójico en un nacionalista y soberanista como yo, debo admitir que me embarga cierta emoción en este
momento. Ha sido para mí un honor haber tenido la oportunidad de hablar desde esta tribuna, la misma tribuna que utilizaron grandes políticos, grandes oradores, entre ellos, grandes galeguistas como Castelao, Otero Pedrayo, Suárez Picallo o Antón
Vilar Ponte; como lo ha sido también haber tenido la oportunidad de compartir trabajo parlamentario con la mayoría de ustedes, con todos ustedes, porque no quiero en estos momentos hacer ninguna exclusión. Frente a la imagen que muchas veces se
proyecta del Parlamento, en esta Cámara he convivido con excelentes parlamentarios, trabajadores honestos, rigurosos, de los que he intentado aprender.
Permítanme, no obstante, aunque no quiero utilizar mi última intervención como elemento de controversia política, que exprese mi preocupación por la pérdida de vitalidad política y democrática de esta Cámara, por la percepción de que muchas
decisiones fundamentales para el futuro de la sociedad no se sustancian en el ámbito parlamentario, por la percepción de que muchos de los problemas que afectan a la vida diaria y al futuro de los pueblos y de los ciudadanos no tienen su reflejo en
las prioridades de la agenda parlamentaria, lo que provoca una creciente sensación de lejanía con la sociedad. Hoy mismo este Parlamento parece un búnker ante las protestas de colectivos de ciudadanos que no se sienten representados por lo que aquí
se decide. Señorías, el BNG está a favor de una democracia real, de una democracia más participativa, pero esa democracia no se puede construir prescindiendo de los parlamentos; hay que construirla dando más vida a los parlamentos, si me permiten
la expresión, rescatando los parlamentos para que cumplan su función de institución central de la democracia y de auténtica expresión de la voluntad popular.
Pero, en cualquier caso, en esta mi última intervención prefiero resaltar lo positivo. Como decía antes, he aprendido mucho de muchos de ustedes y, pese a las diferencias políticas evidentes que tengo con la mayoría de sus señorías, creo
que la relación en los ocho años que he estado en las Cortes ha estado presidida en todo momento por un respeto político y personal que creo que son valores que es imprescindible preservar. Permítanme, por último, que tenga unas palabras de
agradecimiento para todas las personas que entre bambalinas han colaborado conmigo para auxiliarme en mi trabajo parlamentario, algunas están en la tribuna: mi más sincero agradecimiento. Me ha tocado, en nombre del BNG, poner voz a un trabajo
colectivo, a un trabajo de equipo, pero sin su colaboración simplemente me hubiese sentido perdido en esta Cámara. Les deseo a todos ustedes lo mejor en lo personal, sinceramente; en lo político, como es lógico, a unos les deseo que les vaya mejor
que a otros, pero tendrán que entenderlo. En cualquier caso, hasta siempre y muchas gracias. (Prolongados aplausos).
El señor PRESIDENTE: Señor Jorquera, creo que hablo en nombre de toda la Cámara diciéndole que ha sido una enorme satisfacción para todos haber compartido escaño con su señoría y creo -lo digo sinceramente- que puede sentirse usted
orgulloso de la labor que ha hecho en esta Cámara.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Señorías, déjenme decirles antes que nada que en días como estos, en los que los dos grandes partidos que nos han gobernado durante décadas y que por tanto son responsables de la crisis democrática
(Protestas), de la crisis económica y de la crisis política que nos azota; en días como estos, en los que esos dos grandes partidos nos responsabilizan a nosotros de lo que pasa ahí fuera... (Protestas).
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Cantó.
Por favor, ruego silencio. Está en el uso de la palabra el orador y se le debe escuchar.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: En días como estos, en los que tengo que escuchar críticas de esa Izquierda Plural que practica el don de la ubicuidad y que es capaz de estar allí fuera, aquí dentro e incluso en las cajas de ahorros
(Rumores); en días como hoy, en los que tengo que escuchar hablar a Amaiur de fraude fiscal y de impuestos cuando no es capaz de condenar el impuesto revolucionario y no digamos ya el asesinato y el secuestro (Rumores), y en días en los que tengo
que ver cómo un nacionalista...
El señor PRESIDENTE: Señor Cantó, esto no es ciertamente una discusión académica. Se pueden hacer algunas alusiones políticas, pero usted ha subido aquí, a la tribuna, para hablar de una moción. Así que le ruego que se centre en el tema.
(Aplausos).
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Señor presidente, si me lo permite, acabaré simplemente respondiendo a una alusión directa del señor Baldoví. Termino diciendo que en días como estos, en los que tengo que escuchar cómo un nacionalista como
el señor Baldoví adjetiva e insulta como lo ha hecho y reparte o niega carnés de valencianía en el más puro estilo fascista, yo me siento muy orgulloso de pertenecer a UPyD. (Protestas).
Dicho lo cual diré que estamos a favor de esta propuesta que ha hecho el PNV y solamente querríamos complementarla con algunas aportaciones que nos parece oportuno proporcionar porque nos parece que esta moción adolece de cierta falta de
concreción. Ante la pobre oferta de modelos de crecimiento, de generación de riqueza, de la que son responsables -y siento hablar de ellos de nuevo- el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, que se ha basado únicamente en el
ladrillo, nosotros creemos que es esencial apoyar otros métodos de crear prosperidad y empleo. Eso es, señorías, lo que nos diferencia de esos otros países de Europa con los que Zapatero decía que estábamos empatados o que incluso adelantábamos ya.
Ellos tienen otras fuentes de riqueza, ellos tienen otras maneras de generar empleo y riqueza que les permiten afrontar esta crisis de una forma más sólida. Nosotros creemos que se necesita un apoyo específico a la internacionalización de lo que
estamos hablando ahora, y en nuestro país tenemos verdaderos campeones en movilidad sostenible, en tratamiento de aguas, en energías renovables, etcétera, que pueden competir en todos los mercados. Creemos que hay que apoyar la generación de
clusters empresariales que permitan esa proyección. Creemos que hay que crear una marca específica de apoyo a las tecnologías verdes desarrolladas en España. Creemos, en fin, que hay que redactar un plan de desarrollo de la economía verde. El
tema que aquí nos ocupa hoy, señorías, es fundamental. Este sector representa el 3,6 del PIB en el año 2010. Entre el año 2005 y el año 2009 ha duplicado activos y facturación. En el periodo que va desde 1998 hasta 2009 el sector ha creado
325.000 nuevos empleos. El impulso de la economía verde se encuentra alineado con la estrategia de la Unión Europea 2020 y con una salida de la crisis a través de una mayor sostenibilidad. Existen muy buenas oportunidades para este sector. Se
espera que el mercado global de tecnologías verdes se duplique en el trecho, en el periodo que hay desde 2008 a 2020. Existe ya un marco normativo y energético favorable, hay buenas oportunidades de internacionalización. Cabe destacar también las
fortalezas de nuestro país en este ámbito. Tenemos un importante tejido empresarial e investigador, una buena posición de partida en ciertos mercados.
En resumen, señorías, creemos que hay que estar a favor de todo lo que signifique avanzar en una política energética sostenible, que además puede ser una gran oportunidad de crear, de cuidar al que ya existe, de fortalecer un tejido
industrial y empresarial que ayude a generar crecimiento y empleo.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cantó.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Picó. (El señor Baldoví Roda pide la palabra).
Un momento, señor Picó. Por favor, señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Por alusiones. No me sorprende...
El señor PRESIDENTE: Espérese, le tengo que dar la palabra. Usted me la pide por alusiones, pero ahora le diré yo cómo le doy la palabra.
El señor BALDOVÍ RODA: Perdone.
El señor PRESIDENTE: Tiene usted dos minutos para decir lo que tenga que decir personalmente, no sobre temas de la moción.
El señor BALDOVÍ RODA: No llegaré a los dos minutos.
Simplemente quiero decir que esperaba esta reacción airada del señor Cantó. Yo ni doy ni quito carnés de valencianía ni de nada, simplemente he querido denunciar, a través de un tweet que a mi juicio incitaba al desconocimiento, incitaba al
odio, incitaba a la intransigencia, la actitud de un partido que está haciendo mucho mal a... Me estoy poniendo nervioso. Creo que con la actitud de ese partido se está haciendo mucho mal a esta democracia porque creo que se está mintiendo
deliberadamente; es lo único que he querido señalar. (Aplausos.-El señor Larreina Valderrama pide la palabra).
El señor PRESIDENTE: Señor Larreina, ¿me pide usted la palabra?
El señor LARREINA VALDERRAMA: Sí, señor presidente, para aclarar la apreciación injusta sobre parte de mi intervención.
El señor PRESIDENTE: Tiene usted dos minutos. Luego le daré la palabra al señor Cantó, por supuesto.
El señor LARREINA VALDERRAMA: Muchas gracias, señor presidente.
Yo simplemente quiero decir que las reiteradas alusiones que por parte del señor Cantó, en este caso, y de otros portavoces de UPyD se hacen contra nuestro grupo son totalmente falsas, que son injustas con las siete personas que componemos
el Grupo Amaiur y con las más de 330.000 personas que nos han votado, que son los que nos han mandado estar aquí, porque nuestro compromiso es claro, único e inequívoco con la defensa activa de todos los derechos humanos sin excepción, y nuestro
compromiso es además el de trabajar día a día precisamente por hacer realidad una sociedad libre y en paz. Por lo tanto, insisto, por mucho que se repita, una mentira repetida muchas veces nunca se convierte en verdad.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Señor Cantó, tiene la palabra.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Sencillamente quiero decir que no aceptamos lecciones de democracia de Amaiur (Rumores.-Un señor diputado: ¡Ni nosotros!), ni en este caso tampoco del señor Baldoví; solamente eso.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cantó.
Ahora sí que le vamos a dar la palabra al señor Picó para que vuelva a la moción que estamos debatiendo, aparentemente.
El señor PICÓ I AZANZA: Muchas gracias, señor presidente.
Como dice usted, volvamos a la moción. Convergència i Unió dará apoyo a la moción presentada por el Grupo Nacionalista Vasco por dos motivos fundamentales que desarrollaré muy brevemente a continuación, pero por encima de todo porque
creemos que es el momento de que la recuperación económica, el crecimiento y el cambio de modelo económico se realice a través de la innovación y de la internacionalización, y también de la sostenibilidad. La crisis ha evidenciado las fragilidades
de nuestra economía, que hemos de reconducir, y nos obliga a cambiar nuestro modelo económico y de crecimiento hacia un modelo más diversificado, más sólido, más competitivo y más sostenible. Y todo ello pasa por la
innovación y por propuestas como la que hoy debatimos. Como decía, tenemos dos motivos fundamentales para apoyar la moción que ha presentado el PNV. En primer lugar, porque aparte de considerar que el fondo puede ser un instrumento que
facilite el cambio de modelo de desarrollo económico, en Convergència i Unió pensamos que esta es una propuesta de futuro acorde con los dictados de crecimiento económico que establece Europa y que facilita la consecución de los grandes objetivos
fijados por la Unión Europea para 2020. La creación de un fondo verde es un primer paso para atender a un modelo de crecimiento económico que cumpla con las tres prioridades que plantea Europa; es decir, un crecimiento que haga un uso más
eficiente de los recursos, un crecimiento que sea más verde y competitivo y que se base en el conocimiento y la innovación, fomentando a la vez un nivel de empleo que signifique más cohesión territorial y más cohesión social.
En segundo lugar, avalamos la moción porque creemos que el modo y el enfoque con el que ha sido planteada favorece dar margen de maniobra al Gobierno, teniendo en cuenta a la vez los ejes clave sobre los que debe pivotar un fondo verde en
línea parecida a otros referentes europeos, como el London Green Fund en Reino Unido, con alto potencial para el desarrollo de zonas urbanas, y así se pone de manifiesto en el punto primero de la moción, segundo en este caso transaccional, al
referirse a experiencias europeas. Asimismo, evidencia la importancia y el papel que juegan los diferentes agentes del sistema de I+D+i, la necesaria reconducción del déficit que tenemos aún en términos de transferencia y la apuesta de presente y,
sobre todo, de futuro por una industria más sostenible y por las energías renovables, entre otros aspectos. A ello se refieren otros puntos del texto transaccional que votaremos.
Señorías, desde mi grupo estamos convencidos de la necesaria apuesta por la I+D+i y así lo venimos defendiendo. Solo con más investigación, más desarrollo y más innovación nuestra economía podrá ganar competitividad y podrá crear empleo.
Invertir en tecnologías limpias, no lo olvidemos tampoco, es una forma de combatir el cambio climático y de crear nuevas oportunidades de negocio, nuevos proyectos que ofrezcan a su vez nuevos empleos. La crisis es real; la escasez de recursos,
también. Pero esta misma crisis que vivimos es la que nos obliga a priorizar los escasos recursos hacia la innovación, un factor determinante para la recuperación económica y para un crecimiento más sólido, competitivo y sostenible. Ha de ser
nuestra apuesta como lo es también para Europa.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Picó.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Fernández Álvarez.
El señor FERNÁNDEZ ÁLVAREZ: Gracias, presidente.
Señorías, me permitirán la licencia de iniciar mi intervención felicitando al señor Jorquera por su intervención, por su trayectoria y por su elegante despedida. De su intervención me quedo con dos frases. La primera, que esta Cámara es
necesaria. Hoy es un gran día para decirlo. Y la segunda, que esta Cámara nos une y que en esta Cámara, respetando las reglas de juego, cabemos todos. Usted lo ha notado en el trato humano y sabe perfectamente que es así, lo reconoce en público y
nosotros se lo agradecemos. Muchas gracias, señor Jorquera. (Aplausos).
El Partido Nacionalista Vasco propone la creación de un fondo verde de inversión que se sumaría como un instrumento más al sistema nacional de I+D+i. Pero antes de valorar la idoneidad o no de esa iniciativa por parte del Grupo Parlamentario
Popular, me gustaría poner encima de la mesa una reflexión que a la luz de lo vivido hasta ahora en la legislatura, creo que es absolutamente pertinente. El cien por cien de las iniciativas que se han presentado en materia de I+D+i por parte de los
grupos políticos de la oposición en lo que llevamos de mandato se resumen en una expresión muy sencilla: queremos más dinero para I+D+i. Algunas de esas propuestas se plantean desde un populismo sonrojante. Hay que reconocer, y cabe decirlo, que
no es el caso de la propuesta que propone hoy -valga la redundancia- el PNV, pero también, desde el rigor argumental, desde la solidez intelectual, acaba pidiendo más dinero, acaba pidiendo reforma fiscal, acaba pidiendo reasignación de recursos.
Yo en ese sentido quisiera solicitar a los grupos de la oposición que le pongan un poquito de imaginación, porque si nos vamos a tener que pasar toda la legislatura con un solo argumento, y es pedir más dinero, no vamos a avanzar mucho, y a mí me
consta -lo digo sin ningún atisbo de ironía- que hay personas formadas, inteligentes, de gran capacidad y con gran imaginación en el Grupo Socialista, en el Grupo del PNV y en todos los grupos de la oposición para plantear iniciativas que no se
limiten exclusivamente a pedir más dinero, sino que también introduzcan reflexiones estratégicas. Y eso es precisamente lo que está haciendo el Gobierno de España. Lo que está
haciendo el Gobierno de España es plantear medidas estructurales que no aumenten el gasto público, porque tenemos que tener claro -lo hemos repetido en esta tribuna en muchísimas ocasiones- que el gran déficit del sistema nacional de I+D+i
es precisamente su falta de conexión con el mundo de la empresa, la transferencia tecnológica; no es un problema exclusivamente de dinero. Precisamente por ello el Gobierno de España está intentando resolver esto a través de dos instrumentos
esenciales que emanan de la Ley de la Ciencia, que se aprobó en esta Cámara con una amplia mayoría, con un gran consenso. En primer lugar, la futura, porque será muy en breve, creación del Consejo de Política Científica y Tecnológica; y en segundo
lugar, en este caso ya constituida, la Agencia Estatal de Investigación. Porque la investigación financiada con recursos públicos sobre todo tiene que ser socialmente rentable, que es lo que no ha sucedido hasta ahora, y cuando hablamos de
investigación financiada con recursos públicos y lo aplicamos a la economía verde, que es de lo que trata la iniciativa presentada por el PNV, el Gobierno de España está trabajando por primera vez en la historia en consonancia plena con la
estrategia 2020 de la Unión Europea. Se está haciendo ahora y se está haciendo además de manera absolutamente transversal. Se está haciendo desde el Ministerio de Economía a través de los programas como Neotec o Invierte del CDTI; se está
haciendo también desde el Ministerio de Industria, desde el Ministerio de Agricultura, con políticas y proyectos que ya se han presentado en los últimos meses de transporte sostenible, de uso racional de recursos hídricos, de medidas de ahorro
energético; programas que, por cierto, presentó, anunció y comentó el ministro Luis de Guindos el otro día en la interpelación.
En definitiva, señorías, el fondo verde que propone el Partido Nacionalista Vasco puede ser interesante de cara al futuro, es cierto, y así lo trasladó el ministro Luis de Guindos, pero a día de hoy no es posible porque aumenta el gasto
público y, sobre todo, porque tenemos muchísimos deberes por hacer todavía. ¿Y cuáles son esos deberes que nos quedan por hacer? Hace quince días el ministro de Educación, José Ignacio Wert, planteaba una reflexión muy afinada sobre la realidad
que estamos viviendo y decía que en España se había invertido en educación -presentaba la nueva Ley de Educación- en los últimos quince años mucho más que en Francia y que, en cambio, cuando llegaban las evaluaciones de la OCDE, resulta que
quedábamos en una posición muy inferior a la francesa. ¿Es un problema de dinero? No, es un problema de modelo; hay que cambiar el modelo. Y lo mismo que se puede aplicar a la educación hay que aplicarlo a nuestro sistema nacional de I+D+i. Es
la columna salomónica de la reflexión que tenemos que hacer; es, en definitiva, la diagnosis que ha hecho correctamente el Gobierno y que nos permite decir con total confianza -que nadie lo dude- que vamos por muy buen camino, que el sistema
nacional de I+D+i va por muy buen camino.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández Álvarez.
Señora Tapia.
La señora TAPIA OTAEGI: Señor presidente, hay una transaccional acordada con La Izquierda Plural y con el Partido Socialista, que es la que nos gustaría que se votara.
El señor PRESIDENTE: Muy bien.
Estamos llamando a votación y en tres minutos votaremos. (Pausa).
Señorías, quiero dedicar un emocionado recuerdo al diputado de Grupo Parlamentario Popular, Roberto Soravilla Fernández, que nos dejó hace tan solo unos días. Roberto Soravilla ha sido parlamentario de las Cortes Generales durante
veintitrés años. Fue senador entre 1989 y 2000 y miembro de esta Cámara los últimos doce años, ejerciendo su labor principalmente en las comisiones de Asuntos Exteriores, Defensa y en la Comisión Mixta Congreso-Senado para la Unión Europea.
Cuantos le tratamos y fuimos sus amigos podemos atestiguar que Roberto Soravilla era una excelente persona. Por ello -y creo que expreso el sentir unánime de la Cámara-, me permito afirmar que con su fallecimiento el Congreso de los Diputados
pierde no solo a un experto en asuntos europeos, sino también a un extraordinario compañero, amable, dialogante y siempre servicial. Descanse en paz. (Aplausos de las señoras y los señores diputados puestos en pie).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias por este aplauso para Roberto Soravilla.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, ORGÁNICA, PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA DISCRIMINACIÓN LINGÜÍSTICA Y ASEGURAR LA LIBERTAD DE ELECCIÓN DE LENGUA. (Número de expediente 122/000028).
El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar con las votaciones, en primer lugar de las proposiciones de ley.
Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, orgánica, para prevenir y erradicar la discriminación lingüística y asegurar la libertad de elección de lengua. Advierto que hay un voto
telemático.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313, más un voto telemático, 314; a favor, 5; en contra, 307, más un voto telemático, 308; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN LAS COMUNIDADES DE VIVIENDAS (Número de expediente 122/000015).
El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la mejora de la accesibilidad en las comunidades de viviendas, en la que también hay un voto telemático.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314, más un voto telemático, 315; a favor, 143, más un voto telemático, 144; en contra, 169; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, PARA LA RACIONALIZACIÓN DEL RÉGIMEN RETRIBUTIVO DE LOS CARGOS POLÍTICOS ELECTIVOS MEDIANTE UN SISTEMA OBJETIVO, COHERENTE Y TRANSPARENTE A NIVEL NACIONAL. (Número de expediente
162/000415).
El señor PRESIDENTE: Procedemos a continuación a las votaciones referidas a las proposiciones no de ley. En primer lugar, proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, para la racionalización del régimen
retributivo de los cargos políticos electivos mediante un sistema objetivo, coherente y transparente a nivel nacional. Se vota en sus propios términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 6; en contra 308.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), RELATIVA A LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL. (Número de expediente 162/000423).
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco, PNV, relativa a la lucha contra el fraude fiscal. Se han admitido enmiendas del Grupo Socialista, las números 1 y 3, y la de Izquierda Unida, referida a la amnistía
fiscal. En esas condiciones, que los diputados conocen, comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 128; en contra, 170; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR BALDOVÍ), SOBRE EL APROVECHAMIENTO DE LOS ALIMENTOS DESCARTADOS POR LAS GRANDES SUPERFICIES. (Número de expediente 173/000041).
El señor PRESIDENTE Moción del Grupo Parlamentario Mixto, del señor Baldoví, sobre el aprovechamiento de los alimentos descartados por las grandes superficies. Existe una transaccional que conocen todos los grupos y pregunto: ¿Algún grupo
se opone a que se vote la transaccional? (Pausa). En consecuencia, esta transaccional es la que vamos a votar.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 142; en contra, 171, abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, SOBRE LOS PROPÓSITOS DEL GOBIERNO EN RELACIÓN AL ACCESO DE LOS ESTUDIANTES ESPAÑOLES EN SU ETAPA DE EDUCACIÓN OBLIGATORIA A UNA ALIMENTACIÓN EN LOS CENTROS ESCOLARES QUE PERMITA EL
PLENO DESARROLLO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN REGULADO EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. (Número de expediente 173/000042).
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre los propósitos del Gobierno en relación al acceso de los estudiantes españoles en su etapa de educación obligatoria a una alimentación en los centros
escolares que permita el pleno desarrollo del derecho a la educación regulado en la Constitución española. Se vota en sus propios términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 4; en contra, 308.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. (Rumores).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE LA CREACIÓN DE UN FONDO VERDE DE INVERSIONES PARA GENERAR CRECIMIENTO Y EMPLEO. (Número de expediente 173/000043)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la creación de un fondo verde de inversiones para generar crecimiento y empleo. Hay una transaccional a las enmiendas de Izquierda Unida y Grupo Parlamentario
Socialista. ¿Algún grupo se opone a que se vote la transacional? (Pausa). Entonces esa transaccional es la que votamos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 143; en contra, 171.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se suspende la sesión.
Eran las diez y cincuenta minutos de la noche.