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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 202, de 28/05/2014
cve: DSCD-10-PL-202
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 202
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 190
celebrada el miércoles,
28 de mayo de 2014
ORDEN DEL DÍA:
Preguntas ... (Página5)
Interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la política del Gobierno en relación con el reconocimiento de las provincias de Teruel, Soria y Cuenca como zonas escasamente pobladas dentro de la Unión Europea,
con objeto de recabar las ayudas que los fondos estructurales y el Fondo social europeo prevén para las zonas con esa problemática. (Número de expediente 172/000227) ... (Página27)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, a la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, sobre las medidas a adoptar para paliar los daños que la sequía está produciendo en las explotaciones agrarias, ganaderas y apícolas. (Número
de expediente 172/000228) ... (Página34)
- Del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, al Gobierno, sobre las medidas que piensa adoptar para reformar la formación profesional para el empleo a fin de garantizar su eficacia y eliminar el fraude. (Número de expediente
172/000229) ... (Página40)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Continuación):
- Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Oramas), sobre las prospecciones de hidrocarburos frente a las costas canarias de las islas de Lanzarote y Fuerteventura. (Número de expediente 173/000153) ... (Página47)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, a la ministra de Fomento, sobre las políticas del Gobierno para garantizar el derecho a la vivienda a las familias con dificultades económicas. (Número de expediente 173/000154) ...
Corrección de error ... (Página62)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
Preguntas ... (Página5)
- De la diputada doña María Soraya Rodríguez Ramos, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia: ¿Va a rectificar el Gobierno la injustificable chapuza que supone la
ley que pretende suprimir la justicia universal en España? (Número de expediente 180/000957) ... (Página5)
- De la diputada doña Irene Lozano Domingo, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, que formula al señor ministro de Justicia: ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para evitar que gracias a su reforma de la justicia
universal se siga poniendo en libertad a narcotraficantes? (Número de expediente 180/000953) ... (Página7)
- Del diputado don Pedro Saura García, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: ¿Considera que facilitar la lista de los defraudadores que se acogieron a la amnistía fiscal
favorecería la lucha contra el fraude y la corrupción? (Número de expediente 180/000958) ... (Página8)
- Del diputado don Manuel Pezzi Cereto, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: ¿Qué razones tiene el Gobierno para maltratar económicamente a Andalucía? (Número de
expediente 180/000959) ... (Página10)
- Del diputado don Antonio Ramón María Trevín Lombán, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro del Interior: ¿Cómo justifica el ministro del Interior un error tan apreciable como el que ha motivado la revocación del
cese en su destino de un oficial de la Guardia Civil que había celebrado el aniversario del intento de golpe de Estado de 1981? (Número de expediente 180/000960) ... (Página11)
- De la diputada doña Isabel Sánchez Robles, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula a la señora ministra de Fomento: ¿Qué pasos ha dado el Gobierno para cumplir el compromiso adquirido en los Presupuestos Generales del Estado
de 2014 para hacer realidad el proyecto de cubrimiento de las vías del tren en el municipio de Basauri? (Número de expediente 180/000951) ... (Página12)
- Del diputado don Pere Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula a la señora ministra de Fomento: ¿Cuál es el calendario que contempla el Gobierno para la ejecución del corredor del Mediterráneo?
(Número de expediente 180/000952) ... (Página14)
- Del diputado don Francesc Vallès Vives, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Fomento: ¿Garantiza el Gobierno la instalación del ancho internacional ferroviario en la construcción del corredor
mediterráneo a su paso por Tarragona? (Número de expediente 180/000961) ... (Página15)
- Del diputado don Herick Manuel Campos Arteseros, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Fomento: ¿Va a prolongar el Gobierno la concesión de la AP-7 en la Comunidad Valenciana? (Número de expediente
180/000962) ... (Página16)
- Del diputado don Mario Bedera Bravo, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte: ¿Respalda el Gobierno las palabras de la Secretaria de Estado de Educación cuando afirmó en Brasil que
la mayor parte de la inversión en educación se ha derivado 'a mejorar el salario de los profesores'? (Número de expediente 180/000963) ... (Página18)
- Del diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte: ¿Comparte el ministro de Educación que generalizar el copago en nuestro sistema
educativo público convertiría a este en un sistema más justo y eficiente, tal y como ha propuesto la Comisión nombrada por el Gobierno para la reforma fiscal? (Número de expediente 180/000964) ... (Página19)
- De la diputada doña María de la O Ares Martínez-Fortún, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte: ¿Qué medidas está adoptando el Gobierno para fomentar la iniciativa
emprendedora en la universidad? (Número de expediente 180/000956) ... (Página21)
- Del diputado don Cayo Lara Moya, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, que formula al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte: ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno ante el fracaso de su política
frente a los desahucios? (Número de expediente 180/000950) ... (Página22)
- Del diputado don José Martínez Olmos, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: ¿Cuáles son los planes del Gobierno para impulsar al mismo tiempo la atención primaria
de salud y la especialidad de medicina familiar y comunitaria para los aspirantes al MIR? (Número de expediente 180/000965) ... (Página23)
- De la diputada doña Isabel Rodríguez García, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: ¿Comparte la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad el concepto de
familia que defiende el presidente del Gobierno? (Número de expediente 180/000966) ... (Página25)
- Del diputado don Alfred Bosch i Pascual, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula al señor ministro de Industria, Energía y Turismo: ¿Piensa el Gobierno impedir emisiones que garantizan la pluralidad televisiva en lengua catalana?
(Número de expediente 180/000955) ... (Página26)
Interpelaciones urgentes ... (Página27)
- Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la política del Gobierno en relación con el reconocimiento de las provincias de Teruel, Soria y Cuenca como zonas escasamente pobladas dentro de la Unión Europea,
con objeto de recabar las ayudas que los fondos estructurales y el Fondo Social Europeo prevén para las zonas con esa problemática ... (Página27)
Formula la interpelación urgente el señor Yuste Cabello, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
En nombre del Gobierno contesta el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero).
Replica el señor Yuste Cabello y duplica el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
- Del Grupo Parlamentario Socialista, a la Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, sobre las medidas a adoptar para paliar los daños que la sequía está produciendo en las explotaciones agrarias, ganaderas y apícolas ...
Formula la interpelación urgente el señor Alonso Núñez, del Grupo Parlamentario Socialista.
En nombre del Gobierno contesta la señora ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (García Tejerina).
Replica el señor Alonso Núñez y duplica la señora ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
- Del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, al Gobierno, sobre las medidas que piensa adoptar para reformar la Formación Profesional para el Empleo a fin de garantizar su eficacia y eliminar el fraude ...
Formula la interpelación urgente el señor Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
En nombre del Gobierno contesta la señora ministra de Empleo y Seguridad Social (Báñez García).
Replica el señor Anchuelo Crego y duplica la señora ministra de Empleo y Seguridad Social.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Continuación) ... (Página47)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Oramas), sobre las prospecciones de hidrocarburos frente a las costas canarias de las islas de Lanzarote y Fuerteventura ... (Página47)
Defiende la moción la señora Oramas González-Moro, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Centella Gómez, del Grupo Parlamentario de IU,
ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Picó i Azanza, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); así como la señora Hernández Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Mariscal Anaya, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
- Del Grupo Parlamentario Socialista, a la ministra de Fomento, sobre las políticas del Gobierno para garantizar el derecho a la vivienda a las familias con dificultades económicas ... (Página54)
Defiende la moción la señora Iglesias Santiago, del Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y el señor García Egea, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Pérez Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto, y Sánchez Robles, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); así como el señor Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión
Progreso y Democracia, y la señora De las Heras Ladera, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra la señora Iglesias Santiago.
Se suspende la sesión a la una y cincuenta minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
PREGUNTAS:
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA SORAYA RODRÍGUEZ RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA: ¿VA A RECTIFICAR EL GOBIERNO LA INJUSTIFICABLE CHAPUZA QUE SUPONE LA
LEY QUE PRETENDE SUPRIMIR LA JUSTICIA UNIVERSAL EN ESPAÑA? (Número de expediente 180/000957).
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Por favor, ocupen sus escaños.
Preguntas dirigidas al Gobierno. En primer lugar, pregunta dirigida a la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia... (Rumores). Por favor, ruego silencio. He dicho antes que ocupen sus escaños. Señora Vázquez,
siéntese, por favor.
Repito, pregunta dirigida a la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia. Pregunta la diputada doña Soraya Rodríguez Ramos, del Grupo Socialista.
La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Gracias, presidente.
Señora vicepresidenta, ¿van ustedes a rectificar la injustificable chapuza que supone la eliminación de la jurisdicción universal en España?
El señor PRESIDENTE: Gracias, diputada.
Señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): Muchas gracias, señor presidente.
Ya que hablamos de rigor, le diré que lo que ha hecho esa reforma es clarificar el sistema procesal español y homologarlo a lo que hacen otros países de nuestro entorno como Francia, Alemania o Italia -no creo que pueda calificar sus
ordenamientos jurídicos de chapuza-; lo hace además de acuerdo con los tratados y convenios internacionales de los que España es parte, por ejemplo, la Convención contra la tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes o
sencillamente el Convenio del Consejo de Europa sobre la prevención del terrorismo, adoptado en Varsovia. Estamos, por tanto, en línea internacional.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta.
Señora diputada.
La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Pues no, señora vicepresidenta.
Esta ley es infame en su contenido y vergonzosa en su tramitación. Es infame en el contenido porque está garantizando la impunidad de los autores de los peores crímenes y de las violaciones de derechos humanos y abandona a las víctimas
españolas de estos delitos, que hasta ahora tenían el derecho y la esperanza de que se pudiera hacer justicia; además daña enormemente la reputación de España, porque abandona el principio de defensa de los derechos humanos que compete a todo
demócrata. Es vergonzosa en su tramitación, porque ustedes como Gobierno se negaron a presentarla como un proyecto de ley y cedieron su autoría al grupo parlamentario. Lo hicieron fundamentalmente para que el Consejo General del Poder Judicial no
emitiera el informe obligatorio y les dijera lo que luego les han dicho los jueces que tienen que aplicarla: que es una ley ilógica, una chapuza, contraria a los convenios internacionales firmados por España y además es inconstitucional. Por eso,
señora vicepresidenta, me sorprendió enormemente que usted el otro día, al ser preguntada sobre esto, dijera que el Gobierno no tiene nada que ver, porque es una iniciativa del Parlamento. ¿Sabe lo que sucede? Tiene todo que ver, y sobre todo con
usted como encargada de las relaciones con las Cortes. Usted autorizó la presentación de esta proposición de ley, usted autorizó una tramitación vergonzosa por urgencia, usted la votó y usted autorizó que antes de que transcurrieran cuarenta y ocho
horas de su aprobación por el Senado estuviera publicada en el Boletín Oficial del Estado. Por eso le pido, le exijo que deje de mentir, porque al final no la vamos a creer ni en Moncloa ni en este hemiciclo, ni lo que dice chillando por los
pasillos del Congreso; le exijo, señora vicepresidenta, que rectifiquen antes de que vayamos al Tribunal Constitucional, entre otras cosas para que más de cuarenta narcotraficantes dejen de ser puestos en libertad. El otro día, cuando la escuché
diciendo que se notaba una alegría por las calles, pensé: la vicepresidenta se ha cruzado con los cuarenta y tres narcotraficantes liberados por la Audiencia Nacional (Protestas), que son los únicos que tienen un motivo de alegría por las
decisiones de su Gobierno. (Varios señores diputados: Muy bien.-Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.
Señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): Muchas gracias, señor presidente.
Quien inició la reforma de la jurisdicción, de la justicia universal, en España fue el Partido Socialista en el Gobierno en el año 2009. (Rumores). Señora Rodríguez, ahora que se pone usted tan purista, no lo hizo ni siquiera en un
proyecto ni en una proposición de ley; fue en una enmienda, que encima metieron en una ley ordinaria olvidándose de que el rango era de orgánica, y sin ninguno de los informes que ahora reclaman. ¿Sabe lo que decía entonces, señoría? Aquí sí que
se puede empezar a reír su bancada: No inventemos una especie de neocolonialismo jurídico en virtud del cual los países desarrollados nos vamos a dedicar a decirles a un grupo de países lo que tienen que hacer, sobre todo si son países democráticos
con constitución democrática, división de poderes y tribunales independientes. (Rumores). Espere,
espere. No vamos a decirle a todo el mundo mundial, urbi et orbi, poniéndonos a todo el universo en el cogote, qué es lo que tiene que hacer. No sigo leyendo porque no me apetece dar más titulares hoy por la mañana. (Risas). El autor de
estas palabras es el portavoz de justicia del Partido Socialista (Aplausos), Arcadio Díaz... (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Perdón, señora vicepresidenta. Ruego silencio. Ha habido silencio antes y debe haber silencio ahora. Así son las preguntas. Ruego silencio.
Continúe, señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): No me extraña que les solivianten las palabras del señor Arcadio Díaz Tejera, porque es la mejor representación de que ustedes hacen una cosa en
el Gobierno y otra en la oposición. No les cree nadie y así están como están ustedes. (Protestas). En segundo lugar, hablan ustedes de restricciones... (La señora Rodríguez Ramos pronuncia palabras que no se perciben). Señora Rodríguez, ya le
gustaría. (Risas.-Aplausos). Solo le voy a decir una cosa. Falta de jurisdicción no es lo mismo que impunidad, y debería saberlo usted bien porque cuando se anunció la reforma en el año 2009 en el Ministerio de Asuntos Exteriores usted era la
número dos, la secretaria de Estado de Cooperación. Todo lo que me ha dicho hoy dígaselo usted al señor Moratinos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta.
- DE LA DIPUTADA DOÑA IRENE LOZANO DOMINGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿QUÉ MEDIDAS PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA EVITAR QUE GRACIAS A SU REFORMA DE LA JUSTICIA
UNIVERSAL SE SIGA PONIENDO EN LIBERTAD A NARCOTRAFICANTES? (Número de expediente 180/000953).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida al señor ministro de Justicia y que formula la diputada doña Irene Lozano, de Unión Progreso y Democracia.
La señora LOZANO DOMINGO: Gracias, presidente.
Señor ministro, desde hace algún tiempo la comunidad de delincuentes internacionales sigue con gran interés su trabajo al frente del Ministerio de Justicia. Al tiempo que ustedes empeoraban el nivel de vida y las condiciones de vida de los
españoles ha mejorado considerablemente la forma en que viven los genocidas, los tiranos, los mafiosos y los corruptos; particularmente han mejorado mucho las condiciones de vida de cuarenta y tres narcotraficantes que estaban detenidos y ahora
están en libertad, gracias a la reforma que usted ha hecho de la jurisdicción universal. Ya que los españoles esperan bastante poco de este Gobierno, yo le pediría que diera hoy una noticia a los cárteles de la droga, a esos delincuentes
internacionales, de que va a rectificar en su reforma de la jurisdicción universal, que va a rectificar para no garantizarles la impunidad.
Muchas gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Gracias, señor presidente.
Señora diputada, ninguna reforma que haya hecho esta Cámara ha supuesto ninguna impunidad ni para ningún narcotraficante ni para ningún delincuente. Usted confunde jurisdicción con impunidad. Si, mientras usted y yo estamos hablando, en la
ciudad de Nueva York un ciudadano mexicano le compra droga, que es de origen colombiano, a un ciudadano canadiense, no tenemos ninguna capacidad para juzgarlo, pero eso no significa que ese delito sea impune y que si esa persona apareciese por
España quedase en impunidad. Lo que ha hecho este Gobierno, como muy bien ha explicado la vicepresidenta, es establecer las reglas de jurisdicción. Impunidades y libertades no hemos adoptado ninguna.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señora diputada.
La señora LOZANO DOMINGO: Resulta que trece de dieciséis magistrados de la Audiencia Nacional discrepan de su criterio. Algo sabrán los magistrados de la Audiencia Nacional respecto al castigo y a la impunidad. Lo cierto es que bajo su
Gobierno se han liberado masivamente terroristas de ETA; bajo su Gobierno han quedado en libertad masivamente los peores asesinos de la España negra de los últimos veinte años; bajo su Gobierno no los sospechosos, los condenados en firme por
corrupción están paseando por la calle también alegremente, como los narcotraficantes; bajo su Gobierno se protege a quienes cometen el fraude y se desampara a las víctimas. Este es el balance que se puede hacer, señor ministro de Justicia, de su
gestión; sin embargo, ustedes sostienen, en un ejercicio de cinismo impúdico, que no es su responsabilidad, sino de esta Cámara. Ustedes, después de haber triturado la separación de poderes, de haber invadido el Poder Judicial con esa reforma de
la jurisdicción universal y de haber puesto la alfombra al Grupo Parlamentario Popular, al que utilizaron de forma espuria para esa reforma, ahora vienen a invocar la separación de poderes para lavarse las manos y no hacerse responsables de sus
propios actos. Eso es impropio de un gobierno serio, señor ministro. En los países serios los errores se pagan, y su reforma de la jurisdicción universal es un error; es un error que además tira por tierra el trabajo de cientos, de miles de
funcionarios, policías, fiscales, jueces, que trabajaron duramente para encarcelar a esos narcotraficantes y ahora ven cómo por su voluntad de dar capricho a los jerarcas chinos su trabajo se tira por tierra. Es un error, señor ministro, como diría
Talleyrand, peor que un crimen, porque es un error que permitirá cometer muchos crímenes. Le pido que rectifique, todavía está a tiempo; si no rectifica, los errores en política solo se solventan de una forma: dimitiendo, señor ministro.
(Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Gracias, señor presidente.
Señoría, ese trabajo que dice usted que han hecho cientos de miles de funcionarios en más de veinte años de vigencia de la jurisdicción universal, ¿sabe lo que ha supuesto? Una condena, y en fraude de ley, porque fue a un delincuente
argentino que, sabiendo que en Argentina la pena era inferior que la que iba a tener en España, voluntariamente vino aquí y se entregó. ¿Qué se ha hecho? Generar expectativas que no han dado resultado. No ha habido una sola condena como
consecuencia de la aplicación de la jurisdicción universal. Dice usted que nosotros somos responsables de excarcelaciones adoptadas por órganos jurisdiccionales españoles y europeos. Mezcla usted aquí las decisiones adoptadas por el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, y nos lo imputa como responsabilidad. ¿Qué quería? ¿Que el Gobierno de España no acatase una resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos? ¿Eso es lo que pretendía? ¿Que nos declarásemos en rebeldía frente a
un órgano jurisdiccional? Señoría, lo ha dicho usted muy bien, trece de dieciséis; tres magistrados han discrepado. También ha discrepado la fiscalía, y será el Tribunal Supremo quien determine si de verdad los convenios que tenemos (el Convenio
de Viena, la Convención del Mar, los convenios con Marruecos) nos hubiesen obligado no a juzgar sino a poner a disposición de esos países a esas personas que han cometido esos delitos. Hay magistrados que no lo han hecho. La fiscalía discrepa,
compañeros suyos discrepan. Yo como ministro de Justicia respeto y acato la resolución, pero estaré a lo que diga el Tribunal Supremo. En todo caso, lo que no voy a hacer nunca es no respetar la independencia del Poder Judicial, cosa que usted sí
hace.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Quiero comunicar a la Cámara que nos acompaña una delegación del Senado de México, con su presidente al frente, senadores y otros miembros de la delegación, a quien damos la bienvenida y saludamos. (Aplausos).
- DEL DIPUTADO DON PEDRO SAURA GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿CONSIDERA QUE FACILITAR LA LISTA DE LOS DEFRAUDADORES QUE SE ACOGIERON A LA AMNISTÍA FISCAL
FAVORECERÍA LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN? (Número de expediente 180/000958).
El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Pregunta, en primer lugar, el diputado don Pedro Saura, del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, ¿cree que la publicación de los nombres de los defraudadores que se acogieron a la amnistía fiscal es útil para la lucha contra el fraude y la corrupción?
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Saura.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.
Señoría, por muchas veces que repita usted -ya son unas cuantas en esta Cámara- la existencia de una amnistía fiscal en España, no es así. (Rumores). Lo han entendido mal sus señorías, y yo con mucho gusto se lo explico. (Rumores). Lo
que ha habido en España es una declaración tributaria extraordinaria; es decir, los contribuyentes que no tuvieran su patrimonio interno, dentro o fuera de España, declarado han tenido la oportunidad de hacerlo en unas condiciones diferentes, eso
sí, de lo que hubiera sido una regularización ordinaria. Eso es lo que ha ocurrido, señor Saura. A partir de ahí, todos los contribuyentes están identificados y se amparan en el artículo 95 de la Ley General Tributaria respecto de la no difusión
de su conocimiento. Por supuesto es la inspección la que accede a esa información; no solo es la Inspección de la Agencia Tributaria del Estado, sino también las inspecciones de las comunidades autónomas a ese respecto, quien conoce si algún
contribuyente tuviera alguna irregularidad en su procedimiento de declaración actual.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Señor diputado.
El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, cuando ahora muchos españoles están haciendo su declaración de la renta me parece ridículo y sarcástico que diga que no ha habido una amnistía fiscal en España. Cuando el Fondo Monetario Internacional y usted mismo está
planteando una subida de la imposición indirecta que afecta claramente a las rentas medias y bajas, se está produciendo un goteo de noticias de varias personas relacionadas y también dirigentes del Partido Popular que tienen cuentas en Suiza y que,
además, se han acogido a esa vergonzante amnistía fiscal. Hoy, por ejemplo, un exsenador del Partido Popular declara ante un juez por sus cuentas en Suiza. Por cierto, señor ministro, ¿conoce usted al tercer hombre de la caja B del Partido
Popular? ¿Se ha acogido, nos preguntamos los españoles, a la amnistía fiscal? ¿Cuántas comisiones rogatorias se hubiese ahorrado el juez Ruz si los nombres de los defraudadores, convictos y confesos, de la amnistía fiscal se hubiesen hecho
públicos? Lo hubiese tenido fácil con haber dado una indicación a su grupo para que hubiera apoyado el cambio de la Ley General Tributaria que proponía mi grupo para que se conocieran esos nombres. Usted está planteando que se conozcan los nombres
de los defraudadores con sentencia firme. ¿Por qué no empieza por estos nombres que, como digo, son defraudadores convictos y confesos? Una reforma en profundidad de la fiscalidad en España, la lucha contra la corrupción, la lucha contra el fraude
fiscal pasa, en primer lugar, por acabar con la evasión, la elusión fiscal y conocer también a estos defraudadores. Es vergonzante, señor ministro, lo que ha hecho usted con la fiscalidad y con la amnistía fiscal. Eso va a favor de la corrupción y
del fraude fiscal.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias.
Esperar, señor Saura, que cambie usted su discurso es confiar en las utopías a las que algunos aspiran también. En esos términos, allá usted con su discurso político. Ese es el discurso político que tiene el Partido Socialista y ahí están
los resultados electorales para refrendar este discurso. (Aplausos). Si está claro. Ustedes sigan ahí. Solo le voy a recordar cuál ha sido el resultado. Gracias a ese procedimiento de declaración extraordinaria, en 2012 la Hacienda pública, los
españoles recaudamos 1.200 millones extras, que no se hubieran recaudado; gracias a eso afloraron 40.000 millones de euros de bases imponibles; gracias a eso el Gobierno de la Generalitat, la Agencia Tributaria catalana, ha dicho que
espera que este año el número de contribuyentes que pagan el impuesto sobre el patrimonio aumente en 4.000, alcanzándose un total de 70.000 pagadores, y atribuye ese afloramiento de contribuyentes en Cataluña a la declaración tributaria
especial. ¡Claro que están pagando! (Rumores). ¿Saben cuántos años hubieran tardado en pagar cerca de 40.000 contribuyentes que hasta entonces estaban ocultos? Eso es lo que está haciendo que también suba la recaudación tributaria en España...
(Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON MANUEL PEZZI CERETO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿QUÉ RAZONES TIENE EL GOBIERNO PARA MALTRATAR ECONÓMICAMENTE A ANDALUCÍA? (Número de
expediente 180/000959).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida también al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas que formula don Manuel Pezzi, del Grupo Socialista.
El señor PEZZI CERETO: Señor ministro, ¿qué razones tiene su Gobierno para maltratar y dar la espalda económicamente a Andalucía? ¿Cómo es posible que maquine y respalde tanto olvido, desprecio y maltrato a Andalucía como a diario estamos
viendo y sufriendo por parte de su Gobierno? ¿Cómo puede incumplir en los Presupuestos Generales del Estado nuestro Estatuto de Autonomía, elemento esencial del bloque de constitucional, que obliga a que la inversión estatal destinada a nuestra
tierra tiene que ser equivalente al peso de la población andaluza? ¿Cómo puede permanecer en ese galope muerto que usted practica cuando incumple el principio de adicionalidad de los fondos europeos reduciendo o eliminando la aportación económica
directa que el Estado tiene que hacer vía presupuesto, prostituyendo gravemente los planes operativos y la finalidad de los fondos Feder? ¿Cómo puede, señor ministro, negarnos un plan de empleo para Andalucía, que el Parlamento valora en 200
millones de euros, que han aprobado para Canarias y Extremadura, cuando conoce perfectamente nuestras terribles cifras de paro por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria que ustedes favorecieron y alentaron, y además nos disminuyen la partida para
políticas activas de empleo en más de un 9 %? Andalucía ha dejado, señor ministro, de percibir por el incumplimiento del estatuto y del principio de adicionalidad más de 5.000 millones de euros. Calcule lo que ello supone en creación de puestos de
trabajo y en competitividad. Señor ministro, maltratan a Andalucía, la acosan, le dan la espalda sin comprender que 8,5 millones de habitantes saben, conocen y sufren su prepotencia y se lo hacen pagar, olvidándolos o no dándoles el voto. Presuma
de ser un hombre de Estado, cumpla con Andalucía. Cumplir con Andalucía es cumplir con España, cumplir con los ciudadanos españoles. Sea un hombre de Estado por una vez.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.
Esto de los hombres de Estado, esa calificación se la dejamos a la historia, si no le importa. Yo soy un humilde servidor de ese Estado, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, que le voy a resumir lo que está haciendo este
Gobierno por Andalucía desde el minuto primero de esta legislatura; se lo voy a resumir, señor diputado, porque por lo visto usted no está informado, debe ser el único que no está informado. Estamos pagando las facturas que la Junta de Andalucía
no puede pagar a sus proveedores: las de la sanidad pública, las de la educación pública, las de la protección social y las del tercer sector, es decir, proveedores más Fondo de liquidez autonómica. En total son 19.000 millones de euros en dos
años; 19.000 millones de euros movilizados para Andalucía. (Protestas). Y usted todavía me pregunta ¿qué ha hecho el Gobierno? Pagar la factura. ¿Le parece poco? ¿Le parece claro? (Un señor diputado: No, no.-Rumores). ¿Sabe usted, señor
diputado -para que lo traslade así también, por supuesto, al Grupo Socialista en el Parlamento andaluz y a la Junta de Andalucía-, qué hubiera ocurrido si no se hubieran pagado esas facturas? Hágase idea en un segundo, hágase idea del significado
económico y social que para Andalucía hubiera tenido. Andalucía pertenece a España y el Estado español ha salido a financiar esas facturas pendientes de los servicios públicos de los andaluces. Además para este año habrá otra movilización a través
del Fondo de liquidez autonómica de 4.000 millones de euros (El señor Heredia
Díaz pronuncia palabras que no se perciben), y estaremos ahí; estaremos afrontando juntos esas responsabilidades. Por eso el discurso que acaba usted de hacer no es solo inapropiado, es irreal, porque el Gobierno ha cumplido toda la
legislación, ha cumplido el Estatuto de Autonomía de Andalucía, lo ha hecho también en términos europeos, porque realmente se han cumplido todos los parámetros incluido el principio de adicionalidad. Por lo tanto, yo pediría que en una fase de
salida de la crisis económica racionalizáramos los discursos y también, si pudiera ser, centráramos mejor el control al Gobierno en esta Cámara.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON ANTONIO RAMÓN MARÍA TREVÍN LOMBÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿CÓMO JUSTIFICA EL MINISTRO DEL INTERIOR UN ERROR TAN APRECIABLE COMO EL QUE HA MOTIVADO LA REVOCACIÓN DEL
CESE EN SU DESTINO DE UN OFICIAL DE LA GUARDIA CIVIL QUE HABÍA CELEBRADO EL ANIVERSARIO DEL INTENTO DE GOLPE DE ESTADO DE 1981? (Número de expediente 180/000960).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida al señor ministro del Interior que formula el diputado don Antonio Trevín, del Grupo Socialista.
El señor TREVÍN LOMBÁN: Señor ministro, el pasado 18 de febrero el teniente coronel Antonio Tejero Díez organizó en el cuartel de la Guardia Civil de Valdemoro una comida no autorizada en la que participaron varios de los golpistas del 23
de febrero de 1981. ¿Cuándo se enteró usted exactamente? Un mes después. ¿Quién le dio la información? Ni el director general de la Guardia Civil ni la información de la Guardia Civil; se la dio, según sus propias declaraciones, un medio de
comunicación. ¿Qué hizo? Suscribió una resolución cesando en su destino al teniente coronel e hizo pública dicha resolución y, al mismo tiempo, abrió una información reservada, que no hizo pública. Señor ministro, ¿en qué paró todo ello? En que
el 7 de mayo un tribunal de justicia dejó en suspenso esa decisión suya. ¿Por qué? Porque no la tomó quien tenía que tomarla administrativamente, el director general, sino usted. Por eso, señor ministro, le pregunto: ¿Con qué conclusiones acabó
el expediente de información reservada? ¿Cómo puede justificar que el Ministerio del Interior y los servicios jurídicos del Estado hayan cometido un error tan clamoroso al tomar la decisión de dicha suspensión? (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Trevín.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Gracias, señor presidente.
Señoría, en la última sesión del control del Congreso me preguntó acerca de las razones por las que se había producido el cese del jefe de una brigada perteneciente a la UDEF del Cuerpo Nacional de Policía, y yo le tuve que contestar que ese
cese no se había producido y que sigue siendo jefe de la brigada el mismo. Hoy me vuelve a preguntar por otro cese; como en aquel día demostró usted poco rigor, hoy me permito también decirle que practique un poco más de prudencia y rigor. Le voy
a decir unas cuantas cosas. En primer lugar, la información reservada se incoó dos días después de haber tenido conocimiento de los hechos que motivaron el cese del oficial que usted ha reseñado y que, por ser una información reservada,
evidentemente no voy a hacer pública. Simplemente me permito decirle que no prejuzgue usted las circunstancias que motivaron dicho cese a la luz del contenido de la información reservada que yo sí conozco. Ese cese se produjo, no por razones
disciplinarias, sino por pérdida de confianza, y se efectuó efectivamente en fecha 17 de marzo. Le recuerdo que ese oficial fue nombrado por resolución del entonces director general de la Policía y de la Guardia Civil, publicada en el Boletín
Oficial de la Guardia Civil el 23 de febrero de 2010, y cesado el 17 de marzo pasado.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor diputado.
El señor TREVÍN LOMBÁN: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, lo cierto es que al teniente coronel que organizó esa comida le ha salido gratis, después de que el tribunal correspondiente haya dejado en suspenso su decisión. Lo cierto es que en esa comida participó el golpista Antonio
Tejero Molina, el que secuestró a este Congreso durante dieciséis horas en 1981 y de cuyo suceso ignominioso queda en el cielo de este hemiciclo todavía buena prueba de ello. Lo cierto, señor ministro, es que en esa comida efectivos de la Guardia
Civil tuvieron que hacer funciones que no les son propias, lo que constituye una falta grave, sin embargo, no se ha abierto ningún expediente disciplinario. Señor ministro, la Guardia Civil ha afrontado desde la dictadura franquista hasta hoy un
proceso de adaptación que es ejemplar, según la valoración que tiene hoy en la propia opinión pública, pero estas situaciones erosionan a la Guardia Civil. Lo dijo muy bien David Gistau: Lo hiriente es el secuestro del escenario, los guardias que
cocinan paella y ejercen el servicio, el simulacro del desfile forzado para honrar a los visitantes. Por eso hoy, señor ministro, le pregunto cuál va a ser la decisión del Ministerio del Interior respecto al ascenso o no del teniente coronel
Antonio Tejero Díez. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Señoría, permítame que le diga con todo el respeto que usted es muy imprudente, porque no conoce usted la información reservada y da por producidos unos hechos que no se acreditan en esa
información reservada. (Rumores). Por tanto, haga usted el favor de ser más prudente.
Ese oficial ha sido reevaluado para el ascenso; ascendió a capitán también en un 23-F, y no por eso establezco ninguna relación de causa- efecto por haber sido nombrado un 23-F. Haga usted el favor de ser más riguroso y más preciso.
Insisto, lo que ha habido es un auto que suspende cautelarmente ese destino; se ha cumplido el auto e inmediatamente se le ha destinado en comisión de servicios a otro puesto por razones de confianza. Pero, insisto, usted está haciendo
afirmaciones muy graves, como cuando me preguntó hace una semana por un supuesto cese que había leído en algún medio y que no se había producido. Está haciendo afirmaciones solo sobre la base de lo que ha leído en algunos medios, sin saber
exactamente lo que pasó. Yo lo sé porque tengo esa información reservada, y usted está haciendo acusaciones gravísimas que no se corresponden con la realidad. (Rumores). ¿Lo tiene usted claro? Y como es información reservada, no se deriva
responsabilidad disciplinaria, y no entro en más detalles porque no puedo hacerlo, pero por lo menos... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA ISABEL SÁNCHEZ ROBLES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE FOMENTO: ¿QUÉ PASOS HA DADO EL GOBIERNO PARA CUMPLIR EL COMPROMISO ADQUIRIDO EN LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
DE 2014 PARA HACER REALIDAD EL PROYECTO DE CUBRIMIENTO DE LAS VÍAS DEL TREN EN EL MUNICIPIO DE BASAURI? (Número de expediente 180/000951).
El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas a la señora ministra de Fomento. En primer lugar, pregunta que formula la diputada doña Isabel Sánchez Robles, del Grupo Vasco, PNV.
La señora SÁNCHEZ ROBLES: Gracias, presidente.
Señora ministra, esta mañana estamos de enhorabuena porque en el Grupo Vasco creemos haber descubierto la fórmula para que su ministerio comience a dar cumplimiento a algunos de los compromisos adquiridos por su Gobierno en los presupuestos
de este año 2014, porque ha sido formular esta pregunta e, ipso facto, la Dirección de ferrocarriles de su ministerio se ha puesto en contacto con la alcaldía de Basauri para iniciar las conversaciones que permitan hacer realidad el proyecto de
cubrimiento de las vías del ferrocarril a su paso por este municipio, y en este sentido nos felicitamos.
En cualquier caso, señora ministra, permítame una crítica. Han transcurrido ya cinco meses desde el inicio del año 2014 y compartirá que es tiempo más que suficiente para que se hubiera convocado el procedimiento de licitación y para que
nos encontráramos ya en fase de redacción de proyecto. De hecho, la acumulación de retrasos en su elaboración va a provocar que lleguemos tarde para incorporar en el próximo ejercicio los créditos necesarios para iniciar la obra. ¿Esto en qué se
traduce? En otro año entero y verdadero perdido para los vecinos y vecinas de Basauri, que ven cómo la vía del tren castiga y divide
a su pueblo. Otro año entero perdido para la recuperación y regeneración de un espacio urbano que sin duda cambiará la fisonomía de su municipio, dotándole además de nuevos usos. ¿Y esto a qué es igual? Pues a calidad de vida.
Señora ministra, sinceramente, no se puede ni se debe gobernar utilizando la técnica de la acción-reacción. Sería deseable que ejercieran sus compromisos desde el liderazgo y no esperando a ser requerida por este grupo parlamentario para
hacerlo. En cualquier caso, está en su mano que el perjuicio sea menor. Licite y elabore el proyecto ya. Usted sabe que es sencillo, es un proyecto que tiene un presupuesto de 300.000 euros. Ponga fecha a la licitación y comprométase no solo con
nosotros, sino con los ciudadanos y ciudadanas de Basauri. Por nuestra parte, estaremos atentos, estaremos vigilantes cual ángel de la guarda para que ese compromiso se haga realidad cuanto antes.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Muchas gracias, señor presidente.
Señora Sánchez Robles, efectivamente, el capítulo VII del departamento de Fomento tiene una partida de 300.000 euros. Hay convocada una reunión el día 18 de junio para que se pueda firmar el convenio, que ya está redactado, y se puedan
iniciar los trabajos de este proyecto que tan importante es para la integración de las vías del tren en el municipio de Basauri.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Señora diputada.
La señora SÁNCHEZ ROBLES: Señora ministra, nos felicitamos de que el procedimiento se haya iniciado. Le pediría que agilicen los trámites al máximo, y le repito que ha sido una alegría ver su capacidad de reacción, pero también creo que se
debe evitar en cualquier caso que tengamos que andar los diputados y diputadas de este grupo como pichipolis para que compromisos que no son de difícil cumplimiento...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, se está usted refiriendo a una partida de 300.000 euros. Nosotros estamos haciendo la labor que le corresponde al Gobierno, que es realizar obras y ejecutarlas. Como usted sabe, en estos tres años en la Y vasca hemos dotado el
presupuesto y estamos ejecutando ya 1.700 millones de euros. Lo hemos hecho en una línea que es de tanta importancia para que el AVE llegue al País Vasco lo antes posible, que es el avance entre Valladolid, Burgos y Vitoria, a la que, como sabe,
hemos destinado más de 269 millones de euros. Hemos convocado la comisión de seguimiento de coordinación del convenio de la Y vasca. Además, hemos creado la comisión interinstitucional. Por cierto, señoría, ya que habla usted de supervisión de lo
que hacen los demás, me gustaría que usted trasladase al Ayuntamiento de Basauri que llevamos ya mucho tiempo, demasiado, desde diciembre de 2012, pendientes de que nos autoricen unas catas para que pueda transcurrir por allí la alta velocidad. Por
tanto, pónganse las pilas porque desde diciembre hasta ahora ha pasado demasiado tiempo.
Señoría, la semana pasada autorizamos, como sabe, la reducción del dominio público de la línea Ariz a Basurto hospital para compatibilizar la traza ferroviaria con las obras previstas para el desarrollo del barrio de Sarrutu. Como sabe, son
actuaciones para mejorar la llegada del AVE a Bilbao y a todo el País Vasco. También quiero decirle que en esta localidad debemos coordinarnos para el proyecto de traslado de las instalaciones ferroviarias y se aprovechará la reunión para hacerlo.
Por cierto, dígale también al Ayuntamiento de Basauri que pague lo que tiene pendiente de abonar en Bilbao Ría 2000, porque no ha abonado la cantidad comprometida ni tampoco la carga financiera de la deuda pendiente.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON PERE MACIAS I ARAU, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE FOMENTO: ¿CUÁL ES EL CALENDARIO QUE CONTEMPLA EL GOBIERNO PARA LA EJECUCIÓN DEL CORREDOR DEL MEDITERRÁNEO?
(Número de expediente 180/000952).
El señor PRESIDENTE: Pregunta a la señora ministra de Fomento del diputado don Pere Macias, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El señor MACIAS I ARAU: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, mi pregunta es muy sencilla. Hace prácticamente un año, en el mes de junio del año pasado, se adjudicaron tres tramos de lo que es el corredor del Mediterráneo entre Castellbisbal y Tarragona, que es la pieza clave para que
pueda entrar en servicio el ancho internacional a lo largo del corredor mediterráneo. Ha pasado prácticamente un año y las obras no han empezado. Sinceramente, señora ministra, no puedo comprender cómo una obra de esta importancia y de este
calado, después de un año de ser adjudicada, no se encuentra aún en obras, pero quien lo comprenden aún mucho menos es la iniciativa privada, porque detrás de estas inversiones debe efectuar otras inversiones. Por ejemplo, la estación intermodal
para la petroquímica del Camp de Tarragona o la industria automovilística de Valencia. Por tanto, señora ministra, le pido, en primer lugar, que nos cuente el porqué de esta incomprensible dilación, pero sobre todo que fije usted un calendario,
porque lógicamente no se le puede pedir que cumpla a quien tiene que efectuar grandes inversiones privadas si no tiene la seguridad de que el Estado va a cumplir sus compromisos.
Muchas gracias, señora ministra.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Muchas gracias, señor presidente.
Señor Macias, el corredor mediterráneo es una prioridad para el Gobierno. Lo fue cuando hicimos la propuesta en Europa para que formara parte imprescindible de las redes transeuropeas de transporte, y lo es porque desde que llegamos al
Gobierno hemos destinado al corredor mediterráneo 3.438,5 millones de euros, lo cual significa, señoría, que en la inmensa mayoría de los tramos del corredor, en los que no había ni proyecto, en este momento están las obras en marcha.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Señor diputado.
El señor MACIAS I ARAU: Señora ministra, evidentemente comparto lo que usted acaba de decir, como no puede ser de otra manera. Algunos llevamos muchos años trabajando en pro del corredor mediterráneo. A lo mejor no he sido suficientemente
vehemente, pero creo que usted no me ha contestado absolutamente a nada de lo que le he planteado. Vuelvo a formulárselo. ¿Cuál es el motivo de que durante un año esté todo paralizado o, si quiere usted, cuál es el motivo por el que aún se están
instalando vías en ancho ibérico y no en ancho internacional? ¿Cuál es el motivo por el que los planteamientos que le efectuaron algunos municipios no han sido oficialmente contestados? ¿Cuál es el motivo, en definitiva, señora ministra, por el
que usted en estos momentos no puede fijar un calendario y no puede decirnos, por ejemplo, que el tramo hasta Tarragona va a estar en funcionamiento en febrero de 2016 o que el tramo hasta Valencia lo estará en febrero de 2016? Yo le pido por favor
-y no se lo pido yo, se lo piden los ciudadanos, se lo pide el interés común- que dé usted un calendario y se comprometa, señora ministra. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Macias.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Muchas gracias, señor presidente.
Señor Macias, a finales de 2012 completamos la línea de alta velocidad Barcelona-Figueres, a pesar de que a finales de 2011 nos encontramos con que quedaban dos obras críticas sin licitar. Y en diciembre de 2013 hemos comenzado los
servicios con Francia. En septiembre de 2012 pusimos en
servicio el acceso provisional en ancho UIC y ancho ibérico al puerto de Barcelona, que, como usted sabe, no estaba ni licitado. En abril de 2012 nos comprometimos a poner en marcha el proyecto de implantación de ancho UIC en el corredor
mediterráneo desde Castellbisbal a Murcia-Cartagena. Señoría, ya hemos adjudicado todas las obras entre Castellbisbal y Vila-seca, que van a suponer una inversión total de 315 millones de euros, y hemos comenzado los trabajos relativos a las
instalaciones de seguridad y comunicaciones. En concreto, estamos instalando el bloqueo automático banalizado entre Villa-seca y Tarragona para permitir realizar desvíos de tráfico ferroviario durante las obras. Hemos reactivado en agosto de 2012
las obras de montaje de vía de la nueva línea de alta velocidad Vandellós y Tarragona, que el anterior Gobierno, como sabe, paralizó tras haberlas adjudicado por 130 millones de euros. Hemos licitado contratos por un importe de 118 millones de
euros, entre los que me gustaría destacar el de las instalaciones de seguridad y comunicaciones de ese tramo por valor de 115 millones. Al inicio de la legislatura me encontré entre Valencia y Vandellós apenas con un estudio informativo en
redacción para hacer una nueva línea de 2.400 millones de euros; ni había línea ni había 2.400 millones. Me encontré con dos intentos de licitar las obras de la nueva línea de alta velocidad Valencia-Castellón; no había nada. Nosotros en este
tramo hemos adjudicado todas las obras de implantación de ancho UIC entre Valencia y Vandellós, y en junio de 2013 hicimos llegar el AVE a Alicante, a pesar de que en 2011 encontramos a medio contratar las instalaciones de seguridad y
comunicaciones.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON FRANCESC VALLÈS VIVES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE FOMENTO: ¿GARANTIZA EL GOBIERNO LA INSTALACIÓN DEL ANCHO INTERNACIONAL FERROVIARIO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR
MEDITERRÁNEO A SU PASO POR TARRAGONA? (Número de expediente 180/000961).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida a la señora ministra de Fomento, del diputado don Francesc Vallès, del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor VALLÈS VIVES: Señora ministra, usted se ha comprometido públicamente en muchas ocasiones a instalar el ancho europeo en todo el corredor del Mediterráneo, pero las traviesas que ustedes están colocando en el tramo de la provincia
de Tarragona están generando una enorme preocupación sobre la compatibilidad con el ancho europeo. Por eso le pregunto, señora ministra, si usted sigue garantizando su compromiso con el ancho internacional a lo largo de todo el corredor
mediterráneo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Muchas gracias, señor presidente.
Señor Vallès, por el corredor mediterráneo a su paso por Tarragona, por supuesto, van a poder circular trenes de ancho ibérico y de ancho UIC, y para que esto pueda ser así los anchos con los que dotaremos las vías son los siguientes: entre
Castellón y Vandellós vamos a instalar ancho UIC en una de las vías y ancho mixto, es decir tercer carril, en la otra; entre Vandellós y Tarragona vamos a instalar, desde Vandellós a Vila-seca, ancho mixto en una de las dos vías y ancho estándar
UIC en la otra; y desde Vila-seca a Camp de Tarragona pondremos ancho estándar UIC en ambas vías; y finalmente, desde Vila-seca a Tarragona y Castellbisbal vamos a instalar ancho mixto, tercer carril, en la doble vía convencional existente. Hemos
decidido poner estos anchos tras estudiar las demandas de los operadores y todos los centros de producción, para que puedan ir adaptándose al ancho UIC progresivamente sus trenes y sus instalaciones.
Muchas gracias, señor Vallès. Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
Señor diputado.
El señor VALLÈS VIVES: Señora ministra, permítame que tenga mis dudas. Yo no sé, la verdad, si usted se ha enterado o no, pero las traviesas que ustedes están colocando en la plataforma del corredor
del Mediterráneo son de ancho ibérico. Yo no sé si usted ha estado por ahí, no sé si usted las ha visto. Yo le puedo decir que he ido ahí, que las he visto, que las he tocado, que he hablado con ingenieros y le aseguro que lo que están
colocando son vías de ancho ibérico. Y lo que es peor: la empresa que está suministrando esas traviesas ha confirmado que el modelo que ustedes les han comprado no resiste la compatibilidad entre el ancho ibérico y el ancho internacional. O no
nos dice la verdad, señora ministra, o sus técnicos le están engañando. O una cosa o la otra.
Mire, yo le he oído estos días intentando salirse de este lío diciendo que usted había encargado a sus técnicos que garantizaran la construcción del ancho europeo en todo el corredor. Eso, y ya está. Pero es obvio que no le están haciendo
caso. Ustedes están instalando vías de ancho ibérico en un tramo de 55 kilómetros, lo que es igual a unas 200.000 traviesas a 60 o 70 euros cada una de ellas. Haga números, señora ministra; haga números y verá la envergadura de la chapuza que
ustedes están haciendo ahí.
Hoy ha confirmado usted una cosa que dijo el otro día el conseller de la Generalitat de Catalunya, que para solucionar este desaguisado parece que nos proponen un apaño que consiste en que solo van a construir el ancho europeo en una vía de
las dos del sentido de la marcha. Si eso es verdad, señora ministra, eso ya no es una chapuza, eso es una barbaridad. Ustedes deberían invertir en futuro, en modernidad y en competitividad, y eso se llama ancho europeo. Y lo que están haciendo es
invertir en el pasado; invertir en el pasado y malbaratar dinero público en una solución obsoleta que, en lugar de acercarnos a Europa, nos aísla aún más.
Pare lo que está haciendo, señora ministra, párelo, pare y rectifique, porque el desbarajuste puede ser monumental y, el ridículo, aún mayor. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Muchas gracias, señor presidente.
Bueno, señoría, con todo el respeto: para desastre y ridículo el que hicieron ustedes, el Partido Socialista, que no lograron poner, no una traviesa, ni una traviesa ni nada que tenga que ver con el corredor mediterráneo, porque ustedes
pusieron cero traviesas en el corredor mediterráneo. (Aplausos).
Mire, señoría, estamos trabajando en estas obras y me gusta mucho que vaya a ver las obras porque es la certificación en esta Cámara de que esas obras están en marcha. Y mire, para hablar de traviesas, reúnase usted con los técnicos de mi
departamento, le invito a que se siente con los técnicos y que le expliquen. Porque para saber de traviesas, saber de catenaria, saber de vías y saber cómo pasan los trenes, hay que tener un poquito de conocimiento técnico. Le voy a decir más,
señoría, confío en los técnicos de mi departamento, pero le tienen que explicar a usted una cosa. Para ir colocando la traviesa tiene que ir una máquina que va en ancho ibérico para descargarlas, porque si no no tiene vía por donde ir. Eso seguro
que a usted no se lo han explicado y es bastante sencillo. En mi departamento los ingenieros dicen que para saber de traviesa y de carril se le dice a la gente que cuando hablen de traviesa miren para abajo y cuando hablen de catenaria miren para
arriba. Señoría, le animo a que mire para abajo y mire para arriba y se entere bien de esta gran obra que es el corredor mediterráneo, que usted habrá ido a ver pero no se ha enterado de nada. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON HERICK MANUEL CAMPOS ARTESEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE FOMENTO: ¿VA A PROLONGAR EL GOBIERNO LA CONCESIÓN DE LA AP-7 EN LA COMUNIDAD VALENCIANA? (Número de expediente
180/000962).
El señor PRESIDENTE: Pregunta que formula a la ministra de Fomento el diputado don Herick Campos.
El señor CAMPOS ARTESEROS: Gracias, presidente.
¿Va el Gobierno a prorrogar la concesión de la AP-7 en los tramos entre Tarragona-Valencia y Valencia-Alicante?
Gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Campos.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor Campos. Los tramos concesionados de la autopista AP-7 en la Comunidad Valenciana tienen las siguientes fechas de concesión: Tarragona-Valencia, 31 de diciembre de 2019; Valencia-Alicante, la misma que el tramo
anterior, 31 de diciembre de 2019; la circunvalación de Alicante, 22 de febrero de 2040, y el tramo Alicante-Cartagena, el 1 de agosto de 2048. Señoría, el Gobierno no tiene previsto ampliar el plazo de estas concesiones.
Muchas gracias, señor Campos. Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
Señor Campos.
El señor CAMPOS ARTESEROS: Gracias presidente.
Ministra, se lo pregunto en los tramos de la AP-7 que tiene concedidos Abertis, tramos -como le he dicho en mi pregunta en el Pleno- entre Tarragona-Valencia y Valencia-Alicante. El presidente de Abertis niega que se vaya a liberalizar la
AP-7. Además, tenemos una noticia según la cual su departamento dice que está estudiando un canon. Hacemos esta pregunta porque nos genera dudas, porque ustedes ya prorrogaron la AP-7, ya tenía que estar liberalizada a partir de 2006, y lo
hicieron ustedes a cambio de unas teóricas inversiones y una rebaja en el peaje, que, por cierto, ya no existe. Queremos que la AP-7 sea libre de peaje y gratuita en 2019 y queremos que lo diga así, que va a ser libre de peaje y va a ser gratuita
porque no va a haber ningún canon. Le pido, ministra, que lo diga hoy en sede parlamentaria.
También le pido que antes tome medidas. Sabe perfectamente que en su departamento -ese en el que pasa todas las cosas del power point a la realidad- usted ha cogido la realidad de la duplicación de la N-332 y la N-340 y la ha metido en
power point. Le pido por favor que su departamento estudie, dado que no van a hacer inversiones importantes de duplicación de estas vías -que tienen, como usted bien sabe, una saturación de tráfico en puntos tan importantes como Altea, Oliva,
Benicassim, Vinaròs-, que como mínimo apliquen una liberalización parcial de la AP-7 en estos tramos. En el caso de Altea es simplemente un ahorro de 28 millones de euros, porque es necesario actuar de forma inmediata. También le solicitamos que
pida que la AP-7 acometa los accesos a Alzira y a Calpe y, sobre todo, que retome los peajes de la AP-7. Se lo decimos por justicia, porque si mira la inversión que ha hecho su Gobierno en la Comunidad Valenciana, veremos cómo ustedes han bajado un
61 % las inversiones. La inversión por habitante ha caído en picado, hemos pasado de significar el 9 % de la inversión de España al 6 %. Por justicia, por competitividad de una zona que tiene un desarrollo económico y en empleo importante,
garantice la gratuidad y sin canon de la AP-7 a partir de 2019.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campos.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Muchas gracias, señor presidente.
Señor Campos, le pido que haga memoria porque ustedes los socialistas, en esto de las autopistas, tienen un carrerón. Para empezar, señoría, en el tramo de la autopista Alicante-Cartagena en diciembre de 2010 incrementaron ustedes la
tarifa, que ya va por más de un 4 % anual, la más cara gracias a la gestión de su partido. En la radial 2 se amplió el plazo en diciembre de 2010 en más de catorce años por el Partido Socialista. En la concesión conjunta de las radiales R3 y R5,
en diciembre de 2010, se incrementaron las tarifas un 18 %. En Las Pedrizas, Málaga, aumentaron las tarifas dos meses después de iniciarse la concesión. Puedo seguir, señoría. Tienen ustedes un carrerón; por no recordarle el ridículo espantoso
que ustedes hicieron el 8 de abril de 2010. Las Provincias: Blanco pospone el anuncio de liberar la AP-7 en Castellón. (Muestra una fotocopia). Se olvidaron los papeles en el atril; le incluyeron al ministro la liberalización en el discurso y,
finalmente, el ministro no lo pudo leer, señoría. Menudo bochorno.
Nosotros lo que estamos haciendo es mejorar las infraestructuras. Lo estamos haciendo, señorías, vamos a cumplir con la AP-7 y lo vamos a hacer como le he indicado. Pero, señoría, lecciones, en esta materia, las justas; 2.200 millones de
euros invertidos en la comunidad... (El señor Campos Arteseros hace gestos.-La señora Hernández Gutiérrez: ¿Sí o no?).
El señor PRESIDENTE: Perdón, señora ministra.
Señor Campos, parece mentira que en su propia pregunta interrumpa usted. (Risas). Atienda a lo que le diga la ministra.
Continúe, señora ministra.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Muchas gracias, señor presidente.
Más de 2.200 millones de euros; más de 465 a carreteras, señoría, en esos más de 1.900 kilómetros de carreteras del Estado. Por eso, hemos terminado la remodelación de la nacional 332; el tramo del tercer carril de la AV-21 o la
duplicación de la variante de Benidorm; y seguimos haciendo actuaciones.
Hay que hacer obras y no hacer power point, como ustedes... (La señora Hernández Gutierrez: ¿Sí o no?-Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON MARIO BEDERA BRAVO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: ¿RESPALDA EL GOBIERNO LAS PALABRAS DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACIÓN CUANDO AFIRMÓ EN BRASIL QUE
LA MAYOR PARTE DE LA INVERSIÓN EN EDUCACIÓN SE HA DERIVADO 'A MEJORAR EL SALARIO DE LOS PROFESORES'? (Número de expediente 180/000963).
El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte. Pregunta, en primer lugar, don Mario Bedera, del Grupo Socialista.
El señor BEDERA BRAVO: Gracias, presidente.
Señor ministro, hace unas pocas semanas la secretaria de Estado de Educación hizo unas desafortunadas declaraciones en Brasil, muy desafortunadas; en todo caso, impropias de un alto cargo. Tuvo, por ello, el reproche de todos los
sindicatos, que las tildaron de irresponsables, de despropósito, de falta de respeto, de producto de la ignorancia y, además, le pidieron la dimisión. La señora Gomendio afirmó que la mayor parte de la inversión en educación se ha desviado
-atentos, señorías, al término: se ha desviado- a reducir la ratio profesor/alumno y a mejorar el salario de los profesores. Añadió también que se ha invertido mucho dinero pero que no se ha invertido bien. Por eso, se nos ocurren algunas
preguntas. ¿Considera que pagar al profesorado por su trabajo no es una buena inversión? ¿Le parece mal que se invierta en atención a la diversidad, que es realmente lo que justifica reducir las ratios? ¿Le parece un desvío pagar al profesorado
para que eduque a nuestros jóvenes?
Gracias, presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bedera.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Muchas gracias, señor presidente.
Señor Bedera, la secretaria de Estado no hizo en Brasil -como usted ha dicho- unas declaraciones, sino que pronunció una conferencia en el marco de una reunión organizada por la OCDE. Efectivamente, lo que ella dijo al respecto -y aquí ha
habido un error de transcripción que no es culpa de la Secretaría de Estado, pero que es lamentable- es que se han destinado recursos en gran cantidad a reducir la ratio y aumentar el salario de los profesores. No expresó una opinión, sino que
presentó unos datos; y los datos, a diferencia de las opiniones, son verdaderos o falsos. Los que presentó la secretaria de Estado son datos verdaderos. Naturalmente, no tienen nada que ver con una interpretación torcida y desviada de los mismos,
que es la que da lugar a esa reacción.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor diputado.
El señor BEDERA BRAVO: Gracias, presidente.
Señor ministro, acaba usted de elevar la categoría de las declaraciones; ahora es una conferencia. Mire, en los dos años y medio que llevan en el Gobierno, según la EPA y el boletín estadístico del personal al servicio de las
administraciones públicas, las plantillas del profesorado se han reducido en 65.000
unidades. El profesorado ha visto reducido su salario en un 23 %; ha sufrido una pérdida de poder adquisitivo de un 5 %; la jornada laboral se le ha incrementado además en un 7 %; la tasa de reposición envejece las plantillas de los
centros y además asfixia a la universidad, como le han dicho los rectores. El incremento de la ratio ha terminado con los programas de apoyo y refuerzo educativo, las bajas por enfermedad se tardan en cubrir el doble, las partidas ministeriales
para formación del profesorado se han recortado un 92 %, han suprimido programas de innovación docente, se permite el intrusismo profesional en algunas comunidades autónomas, y en otras se exigen altos niveles de idioma al profesorado de la noche a
la mañana. Esta es una auténtica desviación; esta es la auténtica desviación. Están ustedes maltratando a los docentes desde que llegaron al ministerio. Por eso no estaría mal, señor ministro, que se recataran un poco. Sabemos que no proceden
del mundo educativo, pero su falta de experiencia no justifica su falta de sensibilidad. Estas declaraciones son absolutamente gratuitas. Ustedes, que están constantemente diciendo que dignifican, que quieren dignificar la profesión, empiecen por
dar ejemplo y respeten al profesorado, porque si no acabarán confirmando las palabras de aquel miembro del CSIF que dijo que... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Muchas gracias, señor presidente.
Señor Bedera, como le he dicho en mi primera intervención, hay que saber distinguir los datos de las opiniones. Yo con mucho gusto le voy a facilitar la intervención completa de la secretaria de Estado porque, a diferencia de lo que usted
piensa sobre nuestros conocimientos, creo que los suyos son muy amplios, no obstante le vendrá bien actualizar algunos datos.
Lo que se dijo es que la inversión educativa en España, que como sabe perfectamente su señoría creció muy significativamente durante la década de 2000 a 2010, se destinó fundamentalmente a reducir el ratio de aula y a mejorar las
retribuciones de los profesores, y eso es exactamente lo que dicen las páginas -si quiere verificar la cita- 376 a 378 del último informe de la OCDE Education at a Glance, y eso es algo con lo que no tenemos el menor problema. Nos parece muy bien
que los profesores españoles, según revelan claramente estos cuadros extraídos de ese mismo informe, por un lado, tengan en todas las fases de su carrera una retribución superior a la media de la OCDE, y por otro lado, en términos de la comparación
con otros profesionales que tienen educación superior, sean de toda la OCDE los que tienen un ratio más alto. Eso nos parece excelente y no lo criticamos. Decimos simplemente que la parte de la inversión educativa que se dedica a pagar a los
profesores sirva como incentivo para que todos los resultados de la educación mejoren.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Suspendo unos instantes la sesión porque van a arreglar la pantalla, que por lo visto se ha estropeado. (Pausa). Con más rapidez de la que yo esperaba vamos a reanudar. (Risas).
- DEL DIPUTADO DON GUILLERMO ANTONIO MEIJÓN COUSELO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: ¿COMPARTE EL MINISTRO DE EDUCACIÓN QUE GENERALIZAR EL COPAGO EN NUESTRO SISTEMA
EDUCATIVO PÚBLICO CONVERTIRÍA A ESTE EN UN SISTEMA MÁS JUSTO Y EFICIENTE, TAL Y COMO HA PROPUESTO LA COMISIÓN NOMBRADA POR EL GOBIERNO PARA LA REFORMA FISCAL? (Número de expediente 180/000964).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Guillermo Meijón, del Grupo Socialista, que dirige al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte.
El señor MEIJÓN COUSELO: Muchas gracias, presidente.
Señor Wert, preste atención por favor a estas frases: Ofrecer la educación de forma gratuita y generalizada no es el modo más eficiente ni justo de hacerlo, porque hay siempre un cierto beneficio privado que debería ser compensado mediante
el copago. Segunda frase: Hacer pagar al contribuyente una parte del precio de la educación es un camino en el que el sistema fiscal español tiene todavía mucho recorrido. Tercera: Resultaría razonable extremar la capacidad normativa de las
comunidades respecto a
la posibilidad de establecer copagos en los servicios públicos, en la educación. Rotundas frases, señor Wert, extraídas como bien sabe del informe para la reforma del sistema tributario español, encargo del propio Gobierno a la comisión de
expertos y por tanto informe de parte.
Señor ministro, ¿comparte usted que extender la generalización del copago en nuestro sistema educativo convertiría a este en un sistema más justo y eficiente, tal y como se señala en dicho informe? (El señor Bedera Bravo: Muy
bien.-Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señor Meijón. Nuestro criterio, el criterio del Gobierno a este respecto viene enmarcado por lo que la Constitución en su artículo 27.4 establece sobre la condición gratuita y obligatoria de las enseñanzas básicas, y también por lo
que las distintas leyes educativas que han ido consagrando la gratuidad en otros niveles que no son obligatorios, tanto previos como posteriores a esas enseñanzas obligatorias, en este momento marcan. Otra cuestión es la reflexión que entendemos se
refiere a aquellas fases del proceso educativo que no tienen esa condición de obligatorias y gratuitas, y que está, según lo que he podido leer del informe de esa comisión de expertos, inspirada entre otros en la búsqueda de principios de mayor
equidad y mayor justicia.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor diputado.
El señor MEIJÓN COUSELO: Hace bien en no negarlo, señor ministro, porque ustedes en clave de copago eliminaron todas las ayudas para libros de texto; en clave de copago usted ha endurecido las condiciones y rebajado las cuantías de las
becas universitarias; en clave de copago ha dirigido y provocado un incremento de las tasas, en algunos casos superior al cien por cien; en clave de copago comedores escolares, transporte escolar, apoyo al alumnado; en clave de copago ha
paralizado usted la creación de plazas públicas de cero a tres años, suprimiendo el programa Educa 3. Eso sí, en clave de copago terrenos gratis para centros privados y fondos públicos para centros que segregan por sexo.
Los hechos, señor Wert, no hacen más que desmentir sus palabras, pero sobre todo le tengo que recordar que durante el franquismo la educación no tenía la consideración de servicio público, dejándola al albur del mercado, de instituciones
privadas, sobre todo de la Iglesia. Fue Villar Palasí, ante el desastre y el horror del sistema, quien le dio en el año 1970 esta consideración de servicio público fundamental. Ahora a usted le cabe el dudoso honor, con la Lomce, de hurtar de
nuevo a la educación su carácter de servicio público, sin duda su más excelsa aportación, su vuelta de tuerca definitiva de cara a la privatización y al copago.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Sinceramente, señor Meijón, desconozco qué versión de la LOE, que es la ley vigente, modificada por la Lomce, ha conocido usted, porque la educación mantiene íntegramente el
carácter de servicio público, y mantiene íntegramente los rasgos de gratuidad que se refieren no solo a las enseñanzas obligatorias, sino también a aquellas a las que en el sistema público se ha extendido esa condición de gratuidad. En cuanto a lo
que una comisión de expertos se plantea en un informe que no ha sido hecho suyo por el Gobierno -tendremos todo el tiempo del mundo, una vez que el Gobierno traiga a esta Cámara sus propuestas de reforma fiscal, para discutir con más fundamento
estas cuestiones- es evidente -lo vemos en todos los sistemas educativos- que como en la educación hay fases o elementos que no están incluidos en esa gratuidad, hay consideraciones de equidad y de justicia que nos deben llevar a todos a reflexionar
sobre cómo se sirve mejor a esa equidad y esa justicia, distribuyendo entre el pago por quienes pueden pagar y el pago público lo que son beneficios privados y beneficios públicos de esas fases no obligatorias de la educación. Esa es una discusión
que hemos tenido aquí respecto a la educación universitaria, también es una discusión que se tiene respecto a la educación de cero a tres años, y además es una discusión razonable y en la que yo
creo que se pueden compartir criterios de cara a la mejora, tanto de nuestro rendimiento como de la equidad de nuestro sistema educativo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA DE LA O ARES MARTÍNEZ-FORTÚN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: ¿QUÉ MEDIDAS ESTÁ ADOPTANDO EL GOBIERNO PARA FOMENTAR LA INICIATIVA
EMPRENDEDORA EN LA UNIVERSIDAD? (Número de expediente 180/000956).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida también al ministro de Educación, Cultura y Deporte, que formula la diputada doña María de la O Ares, del Grupo Popular.
La señora ARES MARTÍNEZ-FORTÚN: Gracias, presidente.
Señor ministro, la iniciativa emprendedora y el espíritu emprendedor de un país son aspectos clave para su desarrollo económico. En España esta iniciativa emprendedora entre los jóvenes no es habitual. La tasa de autónomos entre la
población universitaria es muy baja, entre un 6 % y un 8 %. Sabemos que el Gobierno ya está trabajando en ello en la etapa no universitaria. De hecho, uno de los objetivos de la Lomce es mejorar la empleabilidad y estimular el espíritu emprendedor
de los estudiantes. Para que el crecimiento y el empleo aumenten es necesario estimular la mentalidad emprendedora de nuestros jóvenes. Hoy en día la tendencia es que los jóvenes empiecen a poner en marcha sus ideas y proyectos emprendedores,
aportando creatividad, innovación, empleos y riqueza a nuestro país. No obstante es necesario incrementar mucho más esta mentalidad emprendedora de los jóvenes, teniendo en cuenta que la tasa de desempleo joven en el primer trimestre del año 2014
es del 55,48 %, pese a haber disminuido en 25.700 personas con respecto al tercer trimestre del año anterior. Es necesario por tanto contribuir a este fomento del empleo joven desde todas las direcciones posibles. Desde la Lomce ya se incluyen
como distintos objetivos en las distintas etapas educativas la formación relacionada con la actividad emprendedora, lo que contribuye a formar personas con autoconfianza, con inquietudes, con criterio en valores como el esfuerzo y la recompensa, muy
necesarios en estas épocas actuales, y capaces de crear un valor individual y colectivo. Por ese motivo le pregunto, señor ministro: ¿qué medidas está adoptando el Gobierno para fomentar esta iniciativa emprendedora en la universidad?
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señora Ares, por sus consideraciones, que comparto plenamente respecto a la importancia que tiene el fomento de la actitud emprendedora, de la iniciativa emprendedora, no solo -como su señoría ha señalado- entre los
estudiantes universitarios, sino también en los niveles anteriores del proceso educativo, como de hecho se ha incluido -su señoría también lo recordaba- en la ley recientemente aprobada, en la Lomce.
Por lo que se refiere al ámbito universitario es también cierto que la proporción de nuestros universitarios que una vez terminados sus estudios ponen en marcha iniciativas emprendedoras es notablemente inferior a la que se registra en otros
países de nuestro entorno. Según los datos de la EPA, actualmente de la población con estudios universitarios, con estudios de enseñanza superior concluidos, que incluyen también la formación profesional de grado superior, que trabaja por cuenta
propia, es decir, que está ejerciendo alguna iniciativa emprendedora, solo lo hace el 7 %, cuando hay países de nuestro entorno en que esa proporción es incluso doble o hasta triple que la anterior. Por eso, junto con el Ministerio de Industria, a
través de la Dirección General de Pymes, estamos desarrollando, y lo estamos haciendo ya desde el año 2013, unos programas formativos que se instrumentan a través de la Escuela de Organización Industrial y a través de la UNED que incluyen unos
módulos de emprendimiento, de carácter extracurricular, en una serie de programas de máster que en el curso pasado dieron lugar a la participación de más de 1.500 estudiantes en 83 módulos distintos, que presentaron 360 proyectos empresariales, el
87 % de
los cuales fueron viables, y el 73 % de los mismos han dado lugar al nacimiento de una iniciativa empresarial. Los dos ministerios han seguido comprometidos en este trabajo, y en el año 2014 vamos a duplicar el número de participantes en
estos módulos incluidos en los máster, vamos a ampliar la posibilidad de participar en ellos a otros egresados universitarios en paro y también a participantes en programas de doctorado, vamos a aumentar el número de universidades que cooperan, y
estamos seguros de que los recursos que se... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON CAYO LARA MOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD: ¿QUÉ MEDIDAS PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO ANTE EL FRACASO DE SU POLÍTICA FRENTE
A LOS DESAHUCIOS? (Número de expediente 180/000950).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida al señor ministro de Economía y Competitividad. La formula el diputado don Cayo Lara, de La Izquierda Plural.
El señor LARA MOYA: Gracias, presidente.
Señor ministro, ¿qué medidas piensa adoptar el Gobierno ante el fracaso de su política frente a los desahucios?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lara.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, este es el primer Gobierno que ha tomado medidas para dar solución a aquellas personas que, por culpa de la crisis, han perdido su vivienda o no pueden hacer frente al pago de la hipoteca. En total, más de 15.000 familias se han
beneficiado de todas las políticas adoptadas por el Gobierno: el código de buenas prácticas, el Fondo social de viviendas y la paralización de los lanzamientos. Estas medidas hasta el momento han permitido 1.600 daciones en pago, la suspensión de
8.000 lanzamientos, que cerca de 850 familias puedan disponer de una vivienda de alquiler social, y de casi 5.000 reestructuraciones viables de la deuda hipotecaria. Además las entidades del FROB están reestructurando aproximadamente un 16 % de los
préstamos individuales. Pero la principal labor que está haciendo el Gobierno a favor de eliminar, de reducir los desahucios es salir de la crisis. Ahí es donde tenemos la causa real efectivamente, junto al desempleo, del problema de los
desahucios.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Señor diputado.
El señor LARA MOYA: Señor ministro, una gota en un océano. Una mujer se ha rociado con gasolina y ha intentado quemarse a lo bonzo en Cádiz por un desahucio. El Banco de España ha publicado que en el pasado año casi 40.000 familias han
sido despojadas de sus viviendas, que han pasado a manos de los bancos. No son morosos, son gente que no ha podido pagar la abusiva hipoteca o el alquiler porque han perdido el empleo. Echar de las casas a las familias, a las criaturas, a los
ancianos es un crimen social. Aquí hemos traído alternativas y debatido iniciativas como la ILP de la plataforma de afectados por la hipoteca que ustedes han rechazado por sistema. Las medidas que han aprobado son un estrepitoso fracaso, hasta el
punto de que han sido calificadas como arbitrarias y de auténtico fiasco por las propias asociaciones de jueces. Incluso algún presentador de televisión llegó a decir con sorna que con uno de esos decretos el portal de Belén se lo hubiera quedado
Bankia. Siguen enviado policía a desahuciar a la gente con la resistencia solidaria de los vecinos y de la plataforma de afectados por la hipoteca, y faltan medios para investigar la evasión a los paraísos fiscales de algunos bancos que se quedan
con las viviendas. La ley antidesahucios andaluza abrió una puerta a la esperanza porque permitía cumplir con el derecho a la vivienda recogido en la Constitución, y que su Gobierno abortó recurriendo al Constitucional bajo el argumento de que
entraña riesgos para el sistema financiero. Ese argumento define perfectamente la sumisión de su Gobierno a la banca, y ha sido cuestionado hasta por cinco magistrados del Tribunal
Constitucional. Ustedes juraron aquí cumplir y hacer cumplir la Constitución, que en su artículo 47 dice que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, que los poderes públicos promoverán las
condiciones necesarias, y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho. Retiren pues el recurso a la ley andaluza y traigan un proyecto de ley para garantizar el derecho constitucional a la vivienda a los andaluces y a toda
la ciudadanía española. Esa es su obligación. Si no lo hacen seguirán siendo responsables de todo el sufrimiento y las tragedias ocasionadas por los desahucios en España.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Lara.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas gracias, señor presidente.
Señor Lara, usted comentaba los datos del Banco de España. Le voy a resaltar una serie de cuestiones que aparecen en dicho informe. En primer lugar, el porcentaje de viviendas entregadas en 2013 es menos del 0,8 % del total de viviendas
hipotecadas. En segundo lugar, la entrega judicial de viviendas ocupadas descendió un 36 % el año pasado. En tercer lugar, y esto es algo relevante, el 70 % de las viviendas entregadas por orden judicial eran viviendas habituales vacías. Y por
último, mientras que las daciones en pago de vivienda habitual se redujeron un 13 % en 2013, las de segunda vivienda aumentaron en un 277 %. Señor Lara, dentro de un mes vamos a tener la primera estadística del INE que nos permitirá conocer en
profundidad la evolución de las ejecuciones hipotecarias con carácter trimestral. Además le recuerdo que recientemente la comisión del Fondo social de viviendas ha adoptado dos decisiones que creo que son importantes. Por un lado, flexibilizar los
criterios personales y familiares para poder solicitar un alquiler social, ampliando así el colectivo que puede tener acceso a una vivienda del fondo, y por otro, abrir la posibilidad a que las familias cuya vivienda ya hubiese sido adjudicada
puedan quedarse en su propia vivienda mediante el pago de un alquiler muy reducido, entre 150 y 400 euros al mes. Como verá se trata de medidas efectivas, señor Lara, pero lo básico y lo más importante es volver a impulsar el crecimiento económico
y la creación de empleo. Y hoy, cuando ya vamos teniendo datos de crecimiento y evolución de empleo del segundo trimestre de este año, verá que ya llevamos prácticamente un año con crecimiento positivo.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ MARTÍNEZ OLMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD: ¿CUÁLES SON LOS PLANES DEL GOBIERNO PARA IMPULSAR AL MISMO TIEMPO LA ATENCIÓN PRIMARIA
DE SALUD Y LA ESPECIALIDAD DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA PARA LOS ASPIRANTES AL MIR? (Número de expediente 180/000965).
El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas a la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Pregunta, en primer lugar, el diputado don José Martínez Olmos, del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor MARTÍNEZ OLMOS: Gracias, señor presidente.
Señora Mato, la atención primaria de salud está en su momento más bajo en términos de recursos económicos, recursos humanos, recursos materiales, porque no es una prioridad de su Gobierno y es probablemente el sector que más ha pagado los
recortes de su ministerio. Menos mal que los profesionales están haciendo un esfuerzo para que no tenga tanto perjuicio en los pacientes. Pero es lógico que si no es una prioridad la atención primaria se deteriore, y también es lógico que los
médicos que hacen la prueba MIR dejen vacías las plazas de medicina familiar y comunitaria. Por eso le pregunto cuáles son los planes que usted tiene para impulsar la atención primaria y la especialidad de medicina familiar y comunitaria.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Mato Adrover): Gracias, señor presidente.
Señoría, la atención primaria como usted sabe es un pilar fundamental de la sanidad, es la puerta de entrada al sistema, la más cercana a los ciudadanos, y además es el lugar donde se resuelven el 85 % de los problemas de salud. Además la
atención de los médicos de familia es la mejor valorada por los pacientes: el 87,6 % la califica de buena o muy buena. Sin embargo sí es verdad que es necesario seguir adoptando nuevas medidas como las que está tomando este Gobierno para mejorar
la calidad del servicio, y sobre todo para apoyar, tanto a los médicos de familia como a los pediatras y a las enfermeras y enfermeros.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
Señor diputado.
El señor MARTÍNEZ OLMOS: Señora Mato, no es eso lo que piensan los profesionales. Usted está obligada a reforzar la atención primaria y la medicina de familia, y yo le quiero pedir que se comprometa aquí a generar un nuevo compromiso, un
nuevo plan estratégico para la atención primaria con el consenso de las comunidades autónomas, de los pacientes, de los profesionales fundamentalmente. Y que lo haga renovando la estrategia de atención primaria en el siglo XXI que aprobó el Consejo
Interterritorial de Salud en 2006, pero que lo haga con recursos y con energía. Si lo hace tendrá el apoyo de los profesionales. Nosotros, los sanitarios, siempre hemos estado detrás de los ministros de Sanidad. Ernest Lluch aprobó la Ley General
de Sanidad; Celia Villalobos resolvió un problema importante con los interinos montando una importante convocatoria de plazas; la señora Pastor aprobó la Ley de Cohesión y Calidad; el señor Soria puso en marcha un Plan de salud bucodental
infantil para toda España; la señora Jiménez y la señora Pajín aprobaron la Ley del Tabaco y aprobaron también la Ley de Salud Pública. Y los profesionales estuvimos detrás y agradecidos. Pero usted se ha puesto de parte de la política de
recortes del Partido Popular; usted se ha puesto de parte del señor Montoro; usted ha abandonado la sanidad y puede ser que la sanidad la abandone a usted. Saque usted del pozo en el que está a la atención primaria y a la sanidad española con un
esfuerzo, y haga por favor un ejercicio -yo creo sinceramente que usted es la peor ministra de Sanidad de la democracia, pero tiene todavía oportunidad, ya que todavía la dejan ser ministra- para salir adelante usted, pero fundamentalmente el
sistema sanitario público. Hágalo por el bien de los pacientes y haga caso a los profesionales, porque si no finalmente se va a llevar ese título de campeona, de ser la peor ministra de Sanidad de la democracia.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Mato Adrover): Señoría, el altísimo nivel de calidad de los médicos que se forman en España es reconocido dentro y fuera de nuestras fronteras, pero todos, todos tenemos que
hacer una reflexión, yo diría que sosegada, y analizar las causas de estas vacantes a las que usted hace referencia. Porque, señoría, año 2010, periódico El País, titular: No quiero ser médico de familia. Habrá que ver qué es lo que hizo usted,
señoría, porque le recuerdo que siendo usted secretario general de Sanidad entre 2005 y 2011 se quedaron sin cubrir más de medio millar de plazas de medicina de familia, casi un 5 % de las convocadas, mientras que de las más de 5.000 que se han
convocado durante estos dos años solo se han quedado vacantes un 2 %. Señoría, en cualquier caso esté usted tranquilo. Con el fin de disponer de indicadores cuantitativos y cualitativos precisos hemos creado ya un grupo de trabajo con las
comunidades autónomas. Le recuerdo que el número de plazas y su distribución se determinan en función de las necesidades que nos exponen las comunidades autónomas. Hemos establecido además nuevos mecanismos de elaboración y determinación de la
oferta de plazas a incluir en cada convocatoria anual; hemos reservado el 7 % de las plazas para personas con discapacidad, y estamos trabajando en la estructura troncal para mejorar la calidad.
Señoría, los retos a los que nos enfrentamos en primaria son también la integración con la especializada, la continuidad asistencial, y las enfermedades crónicas, pero tiene usted un problema. Si hay un Gobierno que esté trabajando con los
profesionales es precisamente este Gobierno, porque como usted sabe por primera vez hemos firmado un acuerdo con los profesionales sanitarios para garantizar la sostenibilidad y
la calidad del sistema. El único que no está en este acuerdo es el Grupo Socialista, y se lo hemos propuesto desde el primer día. Ojalá algún día se junten y pacten con nosotros, con los profesionales, para mejorar la calidad de la
sanidad.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
- DE LA DIPUTADA DOÑA ISABEL RODRÍGUEZ GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD: ¿COMPARTE LA MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD EL CONCEPTO DE
FAMILIA QUE DEFIENDE EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO? (Número de expediente 180/000966).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida también a la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que formula la diputada doña Isabel Rodríguez García, del Grupo Socialista.
La señora RODRÍGUEZ GARCÍA: Gracias, presidente.
Señora ministra, supongo que escucharía o habrá leído usted las declaraciones del señor Rajoy con motivo del Día Internacional de la Familia; le pregunto si las comparte.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Mato Adrover): Gracias, señor presidente.
Señoría, no le va a sorprender mi respuesta: coincido al cien por cien con las declaraciones del presidente del Gobierno de que la familia es una institución decisiva para el desarrollo de cualquier persona, y también con su compromiso para
apoyarla y defenderla.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Señora diputada.
La señora RODRÍGUEZ GARCÍA: Señora ministra, en su gestión demuestran estar muy alejados de la realidad y de las penalidades y el sufrimiento de muchas familias en este país. Pero, ¿cómo no va a estar usted alejada? Su nivel de vida es
otro, ¿verdad? Ayer conocíamos la noticia, hacia referencia a usted el diario El País, yo también hoy: Hacienda concluye que Gürtel regaló a la familia Mato Sepúlveda 477.000 euros. ¿Es su familia, verdad? Puede que no sea un delito, señora
ministra, pero es una indecencia. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!). Nos mintió hace un año diciendo que usted se pagaba estos viajes, hoy igual es la oportunidad para dar una explicación a nosotros y a muchas familias que la están viendo
en este país. Entiendo que su modelo de familia, el suyo y el de Rajoy, sus necesidades, sus preocupaciones no sean las mismas que las de esas familias que tienen a sus hijos en riesgo de pobreza, más de 3 millones en nuestro país, uno de cada tres
niños en riesgo de pobreza, señora ministra. ¿Se imagina la angustia de sus padres? Me temo que no.
Dicen que van a aprobar un plan de apoyo a la familia. Le propongo uno: recuperen todas y cada una de las medidas de acción social, de la protección social que ustedes se han cargado; recuperen las escuelas infantiles, las becas comedor,
el transporte escolar; recuperen la asistencia sanitaria, recuperen la ayuda a la dependencia y a sus cuidadores. Hagan esto y tendrán un buen plan de apoyo a la familia. (Un señor diputado: ¡Muy bien!). Le pido que no nos den lecciones de
moralidad y que se apliquen el cuento. No parece ético ni de altura moral lo que sufrieron algunos familiares de niños con cáncer en mi región la semana pasada por parte de algunos concejales que se sientan también en los escaños de este Congreso.
(Aplausos). Termino con las palabras de uno de estos padres. Él decía, ante esa actitud: En lo más profundo de mis convicciones humanas, sociales e ideológicas, me pregunto en qué estamos fallando cuando personas de esta catadura moral y humana
pueden llegar a gobernar nuestra sociedad. Tomemos conciencia de todo lo ocurrido, tenemos todavía tiempo para cambiar esta sinrazón, que siempre ataca a los más débiles. Déjense de darnos lecciones y atiendan a las familias cuando lo necesitan,
no se dediquen a desatenderlas y en muchos casos, como fue el caso de estos padres de niños con cáncer, a faltarles al más mínimo respeto.
Muchas gracias. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Mato Adrover): Señoría, ¿sabe cuáles son las políticas de apoyo a la familia de su etapa de Gobierno y también de cuando están en la oposición? Las que brillan precisamente por
su ausencia, señoría. (Protestas). Su mayor éxito para las familias españolas ha sido dejar una cifra récord de familias con todos sus miembros en paro, señoría; ese ha sido su mayor éxito (Aplausos). Pero para este Gobierno la política de
familia es una auténtica prioridad, y por eso hemos querido reafirmar la importancia decisiva que la familia supone para la vida de todos los ciudadanos, y lo hemos hecho a través de todas las actuaciones de este Gobierno: a través de las
subvenciones del IRPF, 46,5 millones de euros a proyectos en el ámbito de familia e infancia; en el Plan estratégico nacional de infancia y adolescencia, con la puesta en marcha del Plan de inclusión social, el más ambicioso que se ha puesto nunca
en marcha en España, centrado especialmente en las familias más vulnerables y en la erradicación de la pobreza infantil; también con el Plan de igualdad de oportunidades, en la reforma de la legislación de protección de la infancia, en la mejora de
la Ley de Familias Numerosas, y por supuesto en el plan de apoyo a la familia que estamos ultimando, y que tiene como ejes fundamentales, en primer lugar, mejorar la protección económica, social y laboral de las familias; en segundo lugar,
facilitar la conciliación y la corresponsabilidad de la vida familiar y laboral; en tercer lugar, potenciar servicios y medidas que ofrezcan un entorno favorable a la familia; en cuarto lugar, apoyar a las familias en situaciones especiales y
también promover la solidaridad intergeneracional, y por último, apoyar a las madres.
Señoría, tenga usted claro lo siguiente, nosotros creemos en la familia, le queremos dar la máxima relevancia y además queremos protegerla con las mejores leyes, porque apoyar a la familia es apoyar a todos y cada uno de sus miembros: a los
mayores, a los menores, a las personas con discapacidad, a los hombres y a las mujeres. La política de apoyo a la familia es la más completa de las políticas sociales y, le guste o no le guste, esa va a ser nuestra prioridad. Señorías, habrá un
antes y un después en las políticas de familia en España en esta legislatura.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON ALFRED BOSCH I PASCUAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO: ¿PIENSA EL GOBIERNO IMPEDIR EMISIONES QUE GARANTIZAN LA PLURALIDAD TELEVISIVA EN LENGUA CATALANA? (Número de
expediente 180/000955).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida al señor ministro de Industria, Energía y Turismo, que formula el diputado don Alfred Bosch, del Grupo Mixto.
El señor BOSCH I PASCUAL: Señor ministro, ¿piensa el Gobierno impedir las emisiones que garantizan la pluralidad de la televisión en catalán? ¿Recortarán a la mitad el espectro disponible para la televisión en catalán? ¿Sí o no, señor
ministro?
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bosch.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Señoría, el Gobierno no tiene ninguna intención de adoptar ninguna medida que vaya en la dirección que usted ha apuntado de restringir la pluralidad televisiva ni en Cataluña
ni en ninguna otra parte del territorio de España.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor diputado.
El señor BOSCH I PASCUAL: Señor ministro, no me está respondiendo. ¿Ustedes recordarán a la mitad el espectro disponible para emisiones de televisión en catalán, televisión pública administrada por el Gobierno de Cataluña? ¿Sí o no? La
pregunta es muy clara, señor ministro. ¿Puede contestar a esa pregunta? Se lo agradecería. La gente lo está esperando, está esperando una respuesta política
del Gobierno español y de usted, señor Soria. Porque cuando ustedes destinan una gran parte del espectro a uso militar, ustedes hacen política; cuando en su momento su partido usó la Radiotelevisión Valenciana para expulsar a TV3 de
Valencia, ustedes hacían política; cuando después ustedes liquidaron la Radiotelevisión Valenciana habiendo consumado el hecho, ustedes hacían política; cuando ustedes ahora pretenden suprimir uno de los dos múltiplex en Cataluña, ustedes también
están haciendo política porque estarán reduciendo o bien los canales en catalán o bien la calidad de esos canales en catalán.
Responda usted, por favor, ¿van a suprimir uno de los dos múltiplex? ¿Sí o no? ¿Cuál es su política, señor ministro? Eso es lo que le estamos pidiendo que aclare. ¿Discriminar la lengua catalana en televisión o respetarla? ¿A ustedes,
señor ministro, les molesta que la gente se comunique en catalán por televisión, sí o no? ¿A ustedes les molesta que la gente se comunique en catalán? ¿A ustedes les molesta que la gente se comunique? Señor ministro, ¿a ustedes les molesta la
gente? Porque esto la gente lo está viviendo como una agresión, le duele. Hoy Jaume Sastre, un ciudadano, entra en su vigésimo día de huelga de hambre para pedir respeto a la lengua catalana, en las escuelas, también en la televisión y en muchos
otros ámbitos. Señor ministro, ¿a usted eso le importa? ¿Le importa el sufrimiento de la gente por su lengua? ¿Le importa la gente, señor ministro? ¿Sí o no?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Señoría, en primer lugar, quiero sacarle de una confusión que tiene usted. Habla de dos múltiplex de Cataluña. Le corrijo, no tiene dos, tiene tres. Es más, es la única
comunidad autónoma en toda España que en vez de tener dos múltiplex tiene tres. Estamos hablando de múltiplex autonómicos. La Generalitat de Catalunya sabe desde hace más de año y medio que tiene que haber una reordenación del espectro
radioeléctrico en España, pero no por una obligación del Gobierno de España, sino que es una deriva de lo que implica la Unión Europea, que nos exige a todos los países miembros que a partir del 1 de enero del año 2015 una parte del espectro
radioeléctrico quede liberada para que allí donde ahora hay canales de televisión pueda desarrollarse la cuarta generación de la telefonía móvil 4G.
Pues bien, va a haber una reordenación de todos los canales de televisión digital terrestre, de todo el espectro, que afecta a todos los privados y a todos los públicos, si bien dentro de los públicos, a Televisión Española y a todos los
autonómicos, y dentro de estos últimos, al de la Televisión autonómica de Cataluña y al de otras comunidades autónomas; pero con una diferencia, y es que mientras el resto de las comunidades autónomas se va a quedar con un solo múltiplex, en
Cataluña va a haber no un múltiplex sino dos múltiplex. Ahora bien, la reordenación de esos dos múltiplex que quedarán en Cataluña no depende del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, sino que va a depender de la Generalitat de Catalunya, de
tal forma que será la propia Generalitat de Catalunya la que tendrá que determinar si de esos dos múltiples que hoy son de titularidad pública sigue habiendo uno de ellos, que es el único que, aparte de público, está siendo gestionado de manera
pública y el otro, que es público, sigue o no siendo gestionado de manera privada. Pero, insisto, en eso nada tiene que ver el ministerio, será una decisión que ataña única y exclusivamente a la Generalitat de Catalunya.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL RECONOCIMIENTO DE LAS PROVINCIAS DE TERUEL, SORIA Y CUENCA COMO ZONAS ESCASAMENTE POBLADAS DENTRO DE LA UNIÓN EUROPEA,
CON OBJETO DE RECABAR LAS AYUDAS QUE LOS FONDOS ESTRUCTURALES Y EL FONDO SOCIAL EUROPEO PREVÉN PARA LAS ZONAS CON ESA PROBLEMÁTICA. (Número de expediente 172/000227).
El señor PRESIDENTE: Interpelación del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural sobre la política del Gobierno en relación con el reconocimiento de las provincias de Teruel, Soria y Cuenca como zonas
escasamente pobladas dentro de la Unión Europea, con objeto de recabar las ayudas que los fondos estructurales y el Fondo social europeo prevén para las zonas con esa problemática.
Para su defensa tiene la palabra el señor Yuste.
El señor YUSTE CABELLO: Señor presidente, señorías, señor ministro, hace unos meses, en febrero, tres organizaciones empresariales provinciales, la Confederación de Empresarios de Cuenca, la Confederación Empresarial Turolense y la
Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas presentaron un sólido informe elaborado por juristas expertos en derecho internacional y relaciones internacionales titulado Cuenca, Soria y Teruel y su encaje en un área meridional escasamente
poblada. El objetivo de ese informe era que el Gobierno español incorporara al Acuerdo de asociación España-Unión Europea 2014-2020 la reclamación de que se reconozca a tres provincias españolas con muy baja densidad demográfica -esto es, Teruel,
Soria y Cuenca- como una zona despoblada ibérica que pueda acceder a ayudas de los fondos estructurales y del Fondo social europeo para paliar esa problemática.
Lamentablemente, a finales de abril, el Gobierno español no recogió las aportaciones de las organizaciones empresariales de esas tres provincias cuando envió el acuerdo de asociación a Bruselas. Permítame que antes de pedirle explicaciones
a usted por su decisión o por la decisión del Gobierno desarrolle brevemente los argumentos de peso que expusieron las organizaciones empresariales en ese informe. No es la primera vez que como diputado de Chunta Aragonesista y de la coalición La
Izquierda de Aragón intento explicar en esta Cámara la realidad aragonesa y tampoco puedo olvidar una interpelación que formuló mi antecesor José Antonio Labordeta el 14 de febrero de 2001, que provocó un debate monográfico sin precedentes sobre la
realidad y las necesidades de Teruel. Aquellos eran años de movilizaciones convocadas por la coordinadora ciudadana Teruel Existe, llegando incluso a convocarse una huelga general en la provincia, algo absolutamente inaudito. En aquel debate sobre
la interpelación Labordeta terminó diciendo: Señorías, Soria será Teruel, mucha parte de la España interior será Teruel, por eso nosotros, desde la reivindicación de un Teruel vivo, preguntamos al Gobierno qué medidas piensa tomar para poner en
marcha a esta provincia y a esa España interior que está absolutamente agonizando. Pues bien, han pasado trece años y hay que volver a recordar que Teruel existe, que Soria ya y que esa España interior continúa desangrándose demográficamente. De
ahí nace la colaboración de las tres organizaciones empresariales de esas tres provincias que son las que presentan una menor densidad demográfica en el Estado español: Soria, con 9,23 habitantes por kilómetro cuadrado, Teruel, con 9,77 y Cuenca,
con 12,36 habitantes por kilómetro cuadrado.
Los promotores de esta iniciativa son conscientes de que la vieja política regional de la Unión Europea se ha transformado en una política de cohesión que además de económica y social lo es también territorial. Por eso existe un mandato de
atención preferente a zonas rurales, pero también a regiones que padecen desventajas naturales o demográficas, graves y permanentes como las septentrionales, con una escasa densidad de población y las regiones insulares transfronterizas y de
montaña. Es un mandato que entendemos debería obligar a la Comisión Europea, pero también a los Gobiernos de los Estados miembros.
La principal novedad de los últimos tiempos, señor ministro, es que en el informe Geospecs, Especificidades geográficas y potenciales de desarrollo en Europa, que es el principal documento estratégico de programación de la política regional
y de cohesión, se reconoce la situación de desventaja estructural en que se encuentra el territorio de las provincias de Cuenca, Teruel y Soria, y es la primera vez, desde la adhesión de España a la Unión Europea, que se dice algo así en un
documento de tanta importancia. En ese informe, señor ministro, se identifica y se delimita claramente un área del interior peninsular escasamente poblada con características especiales y con necesidades de desarrollo también especiales y esa zona
es el territorio de Soria, Cuenca y Teruel, con una densidad en su conjunto de 10,79 habitantes por kilómetro cuadrado, una auténtica catástrofe demográfica y social que no puede ser ignorada ni por la Unión Europea ni por el Estado español. El
informe describe perfectamente las debilidades y las amenazas de esa zona despoblada ubicada en el sistema Ibérico entre Aragón y las dos Castillas: despoblación, envejecimiento, baja natalidad, éxodo de la población joven, gran superficie, muy
baja densidad de población, además población dispersa en el territorio; carencia de todo tipo de infraestructuras viarias, ferroviarias, de telecomunicaciones; desinversión por parte de la Administración General del Estado; escaso nivel de
innovación de industrialización y de internacionalización; desaparición de núcleos urbanos por falta de mínimos servicios sanitarios, educativos, comerciales y socioeconómicos y mercados con menor potencial por falta de masa crítica y mayores
costes.
No estamos hablando solo de las desventajas de las zonas rurales con respecto a las urbanas ni solo de las desventajas de las regiones montañosas, estamos hablando de desventajas adicionales a unas y a otras. Se trata de la singularidad
territorial de una región despoblada. No obstante, esta región también tiene fortalezas y oportunidades, pero hace falta un esfuerzo público para ponerlas en valor. Riqueza patrimonial cultural, histórica, natural y artística que debe traducirse
en atractivos turísticos; parques naturales y zonas protegidas, las ZEPA y los LIC; importante industria agroalimentaria; extensa masa forestal; recursos energéticos; posibilidades de potenciar industrias ligadas a esos recursos endógenos
agroganaderos, forestales, energías renovables, etcétera.
Para ello debe haber inversiones públicas en infraestructuras de transporte y también para garantizar los servicios públicos de calidad en el medio rural. Los Gobiernos autonómicos afectados reconocen que cuesta más dinero mantener
servicios públicos en áreas despobladas. Ahí no se puede hacer economía de escala como las conurbaciones de Madrid o del Mediterráneo. Por cierto, para la próxima financiación autonómica le conmino a que tenga en cuenta estas realidades y no solo
el peso de la población.
Las organizaciones empresariales de estas tres provincias despobladas apostaron por constituir una inversión territorial integrada, que es un nuevo instrumento de programación, que supere las rigideces de la política regional comunitaria.
Sin embargo su Gobierno, señor Montoro, ha hecho oídos sordos. ¿Por qué? ¿No cree que estas provincias merecen un trato diferente, una especial atención por parte de su Gobierno y por parte de la Unión Europea precisamente por su bajísima
densidad? Si no reclama ayuda a la próxima Comisión Europea, ¿qué es lo que propone su Gobierno para estas provincias despobladas y para la España interior en general? ¿O es que se confiesan ustedes incapaces de convencer a nuestros socios en la
Unión Europea de que la despoblación no solo es una cosa del norte o de los países escandinavos? Permítame recordarle que cuando los Estados escandinavos se incorporaron a la Unión Europea se creó para ellos el llamado Objetivo 6 para apoyar a
regiones con baja densidad demográfica, singularmente Laponia, pero también a otras regiones de Suecia y de Finlandia a las que, no lo olvidemos, se les permitía excluir las capitales para empeorar las cifras de densidad. Luego, en una reforma
posterior, las regiones escandinavas del Objetivo 6 fueron incorporadas automáticamente al objetivo 1 sin necesidad de cambiar el criterio de acceso al Objetivo 1 que, como recordará, es el de la renta inferior al 75 % de la media comunitaria. ¿Por
qué no se tuvo entonces en cuenta como criterio nuevo el de baja densidad demográfica? No lo sabemos. Lo cierto es que no se tuvo en cuenta y décadas después, desde Aragón y desde ambas Castillas seguimos con la misma batalla. Quiero conocer cuál
es su opinión al respecto, señor ministro.
Seguramente muchos diputados representantes de otras provincias me dirán, ¿y por qué no Guadalajara, que limita precisamente con Soria, con Cuenca y con Teruel? Ciertamente Guadalajara es la sexta provincia con peor densidad y presenta unas
cifras similares, en torno a 20,7 habitantes aunque también es verdad que la proximidad a Madrid y la existencia del corredor del Henares puede distorsionar su perfil. ¿Por qué no Huesca, que es la cuarta provincia con menor densidad, 14,6
habitantes por kilómetro cuadrado? ¿O Zamora con 18, o Cáceres con 20 o Ávila y Palencia con 21 habitantes por kilómetro cuadrado? Y si nos dejaran hacer lo mismo que hicieron los escandinavos cuando se creó el Objetivo 6, eso de excluir las
capitales y los centros urbanos, ¡imagínese lo que podríamos hacer!, incluso podríamos hablar de Zaragoza. La provincia de Zaragoza, si excluimos la megalópolis de su capital, que tiene 700.000 habitantes, presentaría una densidad demográfica de
solo 17,8 habitantes por kilómetro cuadrado: casi como Huesca. Fíjese, señor Montoro, cómo negocian algunos en la Unión Europea, ¿verdad? Bueno, yo no le voy a pedir tanto. Lo único que le voy a pedir es una política para la España interior.
Una política para esos territorios de interior que agonizan demográficamente. Una política de apoyo a esos territorios despoblados y que merecen la atención preferente tanto del Gobierno español como de la Unión Europea. Yo le pido que atienda la
reclamación de las organizaciones empresariales de Soria, Teruel y Cuenca y que al menos dé explicaciones en esta Cámara, si no ha atendido su petición, sobre qué va a hacer para responder a esa reclamación que se está formulando desde estos
territorios.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Yuste.
Tiene la palabra el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Señor presidente, señorías, señor diputado, lo primero que tengo que decirles a su señoría y al conjunto de la Cámara es que el Gobierno comparte la preocupación
manifestada en su interpelación urgente sobre el
problema de la despoblación que presentan diversas provincias de España y en particular las de Teruel, Soria y Cuenca. De hecho, el Gobierno ha mantenido contactos con los dirigentes políticos de las tres comunidades a las que pertenecen
estas tres provincias y con los representantes de otras regiones que también integran la denominada Red europea de regiones con desafíos demográficos para consensuar la mejor manera de distribuir fondos europeos para estas zonas.
Para ayudar con fondos europeos a las zonas de España con problemas demográficos se abrían ante nosotros dos alternativas. Por un lado, como ha señalado su señoría en la interpelación, cabía buscar el reconocimiento en el seno de la Unión
Europea de zonas escasamente pobladas con el objetivo de recabar ayudas de fondos estructurales y el Fondo de cohesión europeo, que son específicos para las zonas que se encuentran en esta situación. La segunda vía era establecer instrumentos que
permitan aplicar de una manera novedosa a esas zonas con déficit de población parte de los fondos que reciben las regiones españolas. La primera de esas vías ha sido hasta ahora imposible, está agotada. Es cierto que el método de asignación de los
fondos de la política de cohesión aprobado por el Consejo Europeo para el nuevo periodo tiene en cuenta las zonas escasamente pobladas, pero se refiere a la regiones cuya densidad de población es inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado
dentro de las regiones más desarrolladas de la Unión Europea. Esta densidad de población solo se encuentra en una parte de las regiones clasificadas como más desarrolladas, Aragón y Castilla y León, pero no en el conjunto de ambas comunidades
autónomas. Es cierto que las tres provincias que su señoría menciona en la interpelación -pertenecientes a regiones diferentes- sí tienen esa densidad mínima de población, pero en la reglamentación de los fondos europeos no existen asignaciones
específicas para las provincias.
Así pues, no cabía otra posibilidad que utilizar la segunda alternativa, es decir, trabajar y estudiar con las comunidades autónomas los instrumentos adecuados para trasladar a estas provincias parte de los fondos europeos conseguidos por
España en la negociación para el periodo 2014-2020 estableciendo qué actuaciones son más convenientes para sus características. El primer obstáculo que encontró España en la negociación de la política de cohesión -como recuerda- para este periodo
2014-2020 fue que presentaba para toda la Unión Europea una reducción del 12 % respecto del periodo anterior. Además, las últimas estadísticas oficiales que estaban disponibles para el cálculo de los fondos que correspondían a nuestro país -las
relativas a 2007-2009- recogían unos datos de producto interior bruto por habitante claramente por encima de la media comunitaria y bastante por encima de los que, debido a la crisis, existen actualmente en nuestro país. Esta situación provocó que
en algunos momentos de la negociación la asignación presupuestaria para España estuviera rondando pérdidas bastante cuantiosas respecto del periodo 2007-2013. La introducción a iniciativa del Gobierno español -de su presidente don Mariano Rajoy- de
nuevas variables en la negociación, como la asignación adicional por grupo de regiones propuesta para España o la iniciativa de empleo juvenil, hicieron que las partidas para nuestro país crecieran incluso por encima de la propuesta inicial de la
Comisión.
Finalmente, se obtuvo asimismo una cláusula de revisión a mitad de periodo que va a permitir recalcular las asignaciones de la política de cohesión de acuerdo con las estadísticas que se conozcan en 2016. Se calcula que esto permitirá que
España pueda añadir un volumen de más de 2.400 millones de euros a las dotaciones previstas, de modo que se alcanzará un volumen de recursos muy similar al que se consiguió en el periodo anterior. Una vez obtenidos los resultados de esa negociación
y asignada la distribución de fondos entre comunidades autónomas, de manera bastante equitativa para que no hubiera perdedores ni ganadores en términos de la distribución de fondos estructurales entre las diferentes comunidades autónomas de España,
llevaremos adelante -insisto- las iniciativas políticas con las comunidades autónomas que tienen esas características dentro de ellas.
Así que el acuerdo ha sido la elaboración de programas operativos que desarrollen con mayor precisión las actuaciones que deben llevarse a cabo. Esta es la fase en la que nos encontramos actualmente y la que va a permitir una distribución
de fondos más eficiente hacia esas tres provincias objeto de esta interpelación. Hay que destacar que de los 36.000 millones de euros que se van a invertir en estos programas operativos en el periodo 2014-2020, 1.400 corresponden a Castilla y León,
casi 1.900 a Castilla-La Mancha y 666 a Aragón. Para poder diseñar una política que combata el problema del despoblamiento de esta provincia, las tres comunidades autónomas estudian la creación de lo que se denomina una inversión territorial
integrada -esa figura conocida por sus siglas como ITI-, una herramienta de gestión de nueva creación incluida en los reglamentos de los fondos europeos que permite elaborar una estrategia para resolver un problema concreto en un determinado
territorio. Aplicar esta herramienta permite también adoptar un enfoque territorial propio en un área determinada que, en este
caso, deberían ser estas tres provincias. Si finalmente las tres comunidades acuerdan una ITI podrán, de forma conjunta o cada comunidad por separado, diseñar una estrategia de desarrollo recogida en los correspondientes programas
operativos que tenga en cuenta las necesidades de estas zonas, y destinar los fondos a aquellas medidas que contribuyan a solucionar el problema de despoblamiento con inversiones destinadas a la creación de riqueza y de empleo.
Comparto con su señoría que lo mejor habría sido conseguir un reconocimiento específico de las tres provincias como zonas escasamente pobladas de la Unión Europea. Pero hay que ser operativos y, al no ser posible, ahora estamos trabajando
en la herramienta de gestión que ofrece, sin lugar a dudas, muchas posibilidades para mejorar la situación de estas provincias y la calidad de vida de sus ciudadanos. El Gobierno está en la mejor disposición para colaborar con esas estrategias en
esas provincias. Este espíritu de colaboración con la necesidad de las comunidades y las entidades locales es el mismo que llevó al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a poner en marcha diversos programas para mejorar la liquidez;
por ejemplo, el Fondo de proveedores, que ha ido realmente a esas tres provincias: en el caso de Cuenca, 83 millones de euros; en el caso de Soria, casi 11 millones de euros; en el caso de las corporaciones turolenses han recibido 13 millones de
euros, con lo cual se han pagado decenas de miles de facturas.
Su señoría, como representante de la Comunidad Autónoma de Aragón, no ignora la importancia que le ha dado este Gobierno -no en esta legislatura, sino en anteriores legislaturas- a lo que ha sido la concesión a la comunidad autónoma de un
fondo para Teruel con objeto de financiar inversiones. En concreto, el Consejo de Ministros del pasado día 9 de mayo aprobó la concesión de una subvención a la Comunidad Autónoma de Aragón para financiar inversiones en Teruel por importe de 30
millones de euros, que promuevan directa o indirectamente la generación de renta y de riqueza en la provincia. Es una actuación coherente que completa la que ya en los años noventa se puso en marcha con el fondo de Teruel -este convenio especial
para Teruel-, a iniciativa del Partido Popular, y por la que yo también, como miembro de aquellos Gobiernos y en mi condición de secretario de Estado de Economía y después ministro de Hacienda, dupliqué la aportación y el contenido de esos
convenios. A partir de ello, también hemos desarrollado infraestructuras que hoy hacen que estas provincias estén mejor conectadas, obviamente con su entorno, aunque tenemos que seguir mejorando y apoyando la inversión de esas infraestructuras en
la línea que proponía su señoría.
En términos de lo que debe ser una nueva financiación autonómica también tengo que coincidir, por descontado. Hay que tener en cuenta en España no solo el total de población atendida a través de servicios públicos, sino también el problema
demográfico, el envejecimiento de la población en términos de lo que significa la dispersión poblacional o, en este caso, la escasa demografía. Ya lo hicimos en la financiación autonómica que aprobamos en esta Cámara en el año 2002, y, por tanto,
ahora tenemos la oportunidad de seguir mejorando elementos que son fundamentales en una España que debe estar mejor cohesionada y cuyas diferencias están en los niveles de rentas, pero también están en los estratos de población: poblaciones
mayores, poblaciones más jóvenes, poblaciones más concentradas, poblaciones diversas. Ellas componen la geografía política de España y desde el Gobierno tenemos la mejor disposición para atender en concreto la situación de estas provincias que
también merecen ese reconocimiento de lo que ha sido el esfuerzo en el desarrollo económico de España; se les debe reconocer, y también se debe dar seguridad a los ciudadanos de estas provincias de que van a recibir todo el apoyo del Gobierno de
España para mejorar sus condiciones de crecimiento económico, de creación de riqueza y para garantizar con equidad el acceso a los grandes servicios públicos: educación, sanidad y prestaciones sociales, como es la dependencia.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Yuste.
El señor YUSTE CABELLO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, me alegro de que comparta la preocupación, pero debo decirle que esperaba una respuesta no más concreta pero sí más contante y sonante, por decirlo así, más incisiva en el problema que estamos abordando. Debo decirle que su
respuesta me ha decepcionado. Entiendo que para el ámbito de la Unión Europea es difícil hacer llegar un discurso desde el sur, donde se impone tanto ese pensamiento único nórdico, especialmente escandinavo cuando hablamos de despoblación, como si
solo tuvieran zonas despobladas los Estados escandinavos, pero en todo caso debo decirle que si los sucesivos
Gobiernos españoles cada vez que han negociado han preferido optar por buscar el máximo beneficio para el conjunto del Estado, para la mayor parte de comunidades autónomas, y en esa negociación han sacrificado los intereses de algunas
provincias, en este caso provincias despobladas, ha sido una decisión política que han tomado los sucesivos Gobiernos: los del Felipe González, los de Aznar y los siguientes. Esa es la realidad. Son zonas despobladas, con pocos electores, donde
apenas sus decisiones afectan en las grandes composiciones de los parlamentos, de las instituciones, y la verdad es que llaman menos la atención o generan menos interés por parte de los Gobiernos europeo y central que otros territorios más poblados.
Eso es una evidencia que las gentes de estas provincias lo llevan absolutamente metido en el corazón, o sea que no me lo niegue. Desde luego, esa sensación se tiene en esas provincias y los Gobiernos deberían actuar de otra manera para que no se
sientan tan abandonados como se sienten en esos territorios.
Cuando usted da por agotada, da por imposible la adquisición de fondos europeos adicionales y lo que plantea es que sean las comunidades autónomas las que, con los fondos europeos que reciben, asuman la financiación de esa ITI, de esa
Inversión Territorial Integrada, hay que decirlo: estamos desvistiendo un santo para vestir otro. Usted ha hablado de las cifras: 1.900 millones de euros de Castilla-La Mancha, 1.400 millones de Castilla y León, 600 millones de Aragón. Desde
luego, en el caso de Aragón evidentemente son unas cifras muy escasas. Aragón secularmente ha estado excluido del Objetivo 1. Por tanto, nunca íbamos a recibir grandes fondos de la Unión Europea ni recursos. Sin embargo, lo que estamos viendo es
que hay que hacer ahora un esfuerzo y se le pide a la comunidad autónoma que lo haga. ¿Y ustedes qué hacen? ¿Qué es lo que van a aportar desde el Gobierno central para compensar esos recursos que no llegan de la Unión Europea?
Ha hablado del Fondo de inversiones de Teruel. Recordemos que ese fondo se creó como compensación ante la injusta exclusión de Aragón -específicamente de parte de Aragón, como es el caso de Teruel- del Objetivo 1 por perversidad estadística
y, por el mismo motivo, porque se arrastró el criterio, la exclusión también del Fondo de compensación interterritorial. Para compensar eso se creó ese Fondo de inversiones de Teruel. Digo yo que debe ser insuficiente, porque con ese fondo encima
de la mesa la Confederación Empresarial Turolense se ha reunido con sus homólogos de Cuenca y Soria para plantear esta alternativa ante la Unión Europea. Por tanto, es evidente que no se consideran satisfechos con ese Fondo de inversiones de
Teruel.
Habla también del pago a proveedores. Señor Montoro, el pago a proveedores es un préstamo, es un buen negocio para la banca, no lo incluya aquí como si fuera un regalo que se hace a provincias despobladas. Sería otra cuestión. Si quiere
le recuerdo que hay cinco grandes proyectos estructurantes para la provincia de Teruel que siguen estancados, en los que no hay ni una máquina trabajando. Van a pasar los cuatro años de esta legislatura y no van a ver ni una máquina trabajando en
el desdoblamiento de la Nacional 232 desde El Burgo de Ebro hasta Alcañiz y hasta el Mediterráneo; la conexión Monreal-Alcolea, que es la unión entre la A-23 y la A-2; la vía rápida entre Teruel, Alcañiz, Caspe y Fraga, ese otro proyecto
estructurante del área occidental de la provincia; el ferrocarril Cantábrico-Mediterráneo y la conexión ferroviaria moderna entre Zaragoza, Teruel y Valencia. Esos cinco proyectos estructurantes no van a ver esta legislatura ni un euro, ni una
máquina trabajando. Por tanto, no saque pecho.
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que terminar.
El señor YUSTE CABELLO: Lo único que le quiero decir es que en este momento las organizaciones empresariales de Soria, Teruel y Cuenca tienen programados viajes a la Unión Europea para entrevistarse con los nuevos responsables de la Unión
Europea porque no dan por perdida la batalla de la ITI, van a seguir reivindicando. Usted sabe cómo somos, somos gente tenaz, gente persuasiva, gente exigente, y las organizaciones empresariales van a dar la batalla en Bruselas. Yo espero que el
Gobierno esté con ellos y no contra ellos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Yuste.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.
Señor Yuste, la importancia de la política aplicada a los ciudadanos jamás depende del número de ciudadanos. Sería la última forma de entender y de ver la política y la acción de un Gobierno. Baste citar
el ejemplo de las personas que se sientan en esta Cámara y que han tenido también altas responsabilidades en las gestiones de algunas de esas comunidades autónomas, y por supuesto el presidente de la Cámara, cuya procedencia política es
precisamente de una de esas provincias, y no en esta última legislatura, sino que lleva su larga trayectoria política absolutamente vinculada a la provincia de Soria. O sea, que no sé dónde ve usted la importancia o no de pertenecer a un territorio
o a otro.
En segundo lugar, es fruto de la normalidad institucional de España que un representante, como es usted, de La Izquierda Plural suba a la tribuna para apoyar a las asociaciones empresariales y defenderlas en su representación de Bruselas.
(Protestas.-El señor Coscubiela Conesa pronuncia palabras que no se perciben).
El señor PRESIDENTE: Señor Coscubiela, le ruego que se comporte.
Continúe, señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, presidente.
Estoy diciéndolo en sentido positivo. Lo estoy diciendo en términos de normalidad institucional y me parece muy positivo lo que hemos escuchado aquí. ¿Va a estar el Gobierno trabajando con ellos? No le quepa ninguna duda, y no porque
seamos ahora Gobierno. Esas mismas asociaciones le pueden decir que yo he estado reunido con ellas cuando no era Gobierno. Eso se lo pueden decir en esos lugares. No he estado reunido en Madrid o en la sede de un partido político, he estado con
ellos allí, en todas esas provincias que usted cita, incluso en lugares concretos de esas provincias, y lo pueden decir ellos. He tenido el honor de reunirme con ellos, de trabajar con ellos para ver dónde podemos y debemos encontrar las
soluciones. Esas soluciones, efectivamente, dependen de fondos europeos y dependen de fondos que vengan de los Presupuestos Generales del Estado, pero no me negará su señoría que algo hemos hecho y que no ha sido La Izquierda Plural. La Izquierda
Plural viene a decir que el pago a proveedores es el negocio de la banca cuando estamos salvando miles de puestos de trabajo. Esos ayuntamientos, también los de Izquierda Unida, se acogieron al pago de proveedores, sin esos pagos habrían cerrado
tanto empresas como autónomos. Pequeñas y medianas empresas y trabajadores habrían perdido sus puestos de trabajo porque esos ayuntamientos no pagaban, no eran capaces de pagar por sí solos, pero para eso está el Estado. Aquí se sienta también un
representante político del Partido Popular, don Santiago Lanzuela, que ha hecho tanto desde su Gobierno entonces, también participando en los Gobiernos directos de Aragón y con el que yo también he tenido el honor y la responsabilidad de promover
ese proyecto de la minería que tan importante fue para Teruel desde finales de los años noventa a comienzos de los dos mil. También el desarrollo de infraestructuras absolutamente fundamentales, como los desdoblamientos de toda la conexión entre
Zaragoza y Teruel, Teruel y la salida hacia la Comunidad Valenciana, en fin, infraestructuras absolutamente fundamentales. ¿Queda por hacer? Claro, queda por hacer, ¿quién niega que queda por hacer? Pero lo que estamos haciendo ya es que haya una
recuperación económica en España, lo que estamos haciendo ya es que esas provincias donde la producción agrícola es fundamental se estén convirtiendo también, gracias a la negociación de la política agrícola común, en unos elementos de dinamismo
económico cada vez mayor. Eso es lo que realmente importa y a eso se dedica el Gobierno, y lo hace con hechos, como llevar ese convenio de inversiones; con hechos, 30 millones de euros para las inversiones en Teruel; con hechos decididos en el
Consejo de Ministros de 9 de mayo, última fecha de aplicación de un compromiso. Con hechos y con realidades y, por supuesto, con dinero de todos los españoles, con dinero que debe ir a la cohesión entre todos los territorios de esos españoles y
también los que habitan en zonas menos pobladas, casi desérticas demográficamente, tienen los mismos derechos y van a tener todos los apoyos del Gobierno de España para garantizarles los accesos a los servicios públicos fundamentales; sobre todo,
para promover la creación de riqueza y oportunidades de empleo para los más jóvenes, que es la única manera de luchar contra un problema de aislamiento territorial en cualquier lugar de España.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, A LA MINISTRA DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE SOBRE LAS MEDIDAS A ADOPTAR PARA PALIAR LOS DAÑOS QUE LA SEQUÍA ESTÁ PRODUCIENDO EN LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS, GANADERAS Y APÍCOLAS. (Número
de expediente 172/000228).
El señor PRESIDENTE: Interpelación del Grupo Socialista a la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente sobre las medidas a adoptar para paliar los daños que la sequía está produciendo en las explotaciones agrícolas, ganaderas y
apícolas.
Para la defensa de esta interpelación, tiene la palabra el señor Alonso.
El señor ALONSO NÚÑEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, quisiera darle la bienvenida a la tribuna del Pleno del Congreso en esta interpelación que hemos presentado por la situación de la sequía que afecta a la agricultura española. Señora ministra, habrá leído que algunos medios
de comunicación han publicado: Tejerina se estrena el miércoles con un debate en el Congreso sobre la sequía. No sé si es consciente de que de su paso por el ministerio seguramente se la va a recordar y, sobre todo, se la va a valorar en función
de cómo sea capaz de atajar este gravísimo problema que tiene nuestra agricultura. Sé que tiene una agenda importante, que su antecesor, el señor Cañete, le ha dejado una herencia, desde mi punto de vista, bastante envenenada, con un montón de
problemas sin resolver, a los que tiene que sumar este de dar salida al tema de la sequía. Señora ministra, tiene que encarar una sequía atroz, con un ministerio que, desde nuestro punto de vista, es un cascarón vacío, con unos presupuestos muy
reducidos, muy recortados, hasta límites insospechados, y con unos seguros agrarios que ustedes por los recortes han puesto también al borde del abismo. Aquí, señora Tejerina, no hay herencia socialista que valga. Son decisiones suyas y la sequía
ha llegado en este momento. Por tanto, no creo que pueda hacer lo que hacía su antecesor permanentemente, echarle la culpa al Gobierno anterior.
Hoy le vamos a interpelar por la sequía. En cuanto a la magnitud del problema, no creo que tengamos discrepancias. Usted sabe mejor que yo, porque tiene muchos más datos, que el problema es real y la situación es muy grave. Ya sabe lo que
dicen en el campo: A grandes males, grandes remedios, que son los que esperamos y por los que le quiero interpelar. Para no utilizar palabras mías que usted pudiera interpretar como exageradas, le voy a leer lo que dice su propio ministerio en
relación con la sequía. La portavoz de la Agencia Española de Meteorología ha dicho, y está publicado: Una sequía histórica amenaza a gran parte de la geografía española. La misma agencia dice: En algunas zonas del suroeste las lluvias
registradas desde el pasado septiembre al presente mes de mayo son las más bajas de los últimos ciento cincuenta años, y las propias previsiones de la agencia también dicen que las escasas lluvias que se han producido en esta semana no van a
contribuir a paliar esta gravísima situación. A las escasas precipitaciones hay que sumar las altísimas temperaturas que se han registrado en la mayoría de las zonas afectadas. Y sabrá usted, pero se lo voy a recordar, que en los observatorios,
por ejemplo, de Valencia, de Castellón y de Alicante se han batido récords de altas temperaturas en el mes de mayo y hay que remontarse a los años 1869, 1916 o 1856 para encontrar temperaturas tan altas como las que se han registrado en este último
mes.
Los efectos de daños por sequía son muy evidentes en las comunidades autónomas de Valencia, Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia, Extremadura y Baleares. Ya no hay duda de que hay daños muy importantes, y comienzan a confirmarse en
Castilla-León y en Aragón y también en otras comunidades autónomas. Es un tema muy serio, señora ministra, que en el Grupo Socialista creemos que habría que abordar con prontitud y con instrumentos potentes para atender una gravísima situación. No
valen vaguedades, no vale, no sé si me contestará en este sentido, con decir que están trabajando. Ya lo sé, me consta, tiene un equipo magnífico, muchísimos técnicos que trabajan, trabajan, pero hoy le interpelamos para que trate de concretar cómo
y con qué instrumentos va atajar este problema. Ya hay datos en varias comunidades autónomas constatando importantes daños en la ganadería extensiva, especialmente en el ovino y caprino. La ausencia de pastos es total en algunas de las comarcas
afectadas y, por tanto, el encarecimiento de la dieta que tiene que hacerse a base de piensos es evidente, y la pérdida de competitividad y de rentabilidad de estas explotaciones es clarísima. La apicultura está muy afectada. La floración no se ha
producido en muchas zonas y la trashumancia no ha podido compensar esta situación. En cereales de secano se puede dar por perdida la cosecha en algunas zonas del territorio nacional y las pérdidas están entre el 60 y el 90 % en otras. También hay
evidentes daños en los frutos secos, especialmente en la almendra, donde se ha perdido la producción en muchas zonas y hay amenaza de
pérdida de la planta por esta grave situación. Podría seguir; hay daños en cítricos, en frutas de verano, en olivar y en viñedo. En definitiva, hay daños en todos los ámbitos, también en la agricultura de regadío, señora ministra, lo
dicen las comunidades de regantes. Están teniendo que incrementar la frecuencia y la dosis de riego. No ha habido hasta ahora, que yo sepa por lo menos, recortes en las dotaciones, pero este incremento de la frecuencia, también por decisiones
suyas, por su tarifazo eléctrico, por esa tarifa inasumible de regadíos, está poniendo en grave riesgo de competitividad también la agricultura de regadío.
Creo que las organizaciones profesionales agrarias le han facilitado a su ministerio dosieres importantes con los daños. Sus valoraciones son evidentes; estoy tratando de no poner en mi boca cosas que no hayan dicho quienes tienen más
responsabilidad que yo. Asaja decía estas últimas semanas que han saltado todas las alarmas. Dice mucha gente que Asaja es el sindicato más cercano al Gobierno; no sé si es cercano o es lejano pero es lo que dice Asaja: Han saltado todas las
alarmas. La sequía está causando estragos, de no llover -que no ha llovido- se podrá dar por perdida la totalidad de las cosechas de cultivos de secano en las comunidades autónomas de... Las declaraciones de UPA son en este sentido también
superevidentes: Los productores de almendra, los agricultores de cereales y los ganaderos de ovino y caprino son los que están sufriendo más gravemente la sequía que azota a grandes zonas de España y que se manifiestan de forma extrema en Murcia,
Comunidad Valenciana, Castilla-la Mancha y Andalucía. En la misma línea se han manifestado los dirigentes de la COAG, los dirigentes de la Unión de Uniones, los dirigentes de Cooperativas Agroalimentarias.
Preparando esta intervención, señora ministra, este fin de semana le traigo unas declaraciones de un dirigente de una organización profesional agraria, de Asaja -no le voy a decir el nombre, es amigo suyo y mío- que decía: Hace falta que se
levante la voz del campo. Esto dice un dirigente de una organización profesional de máxima implantación en España. Yo no pretendo alzar la voz, lo que pretendo trayendo esta iniciativa al Pleno del Congreso es que el Pleno sea consciente de la
gravedad de la situación. Sobre todo, desde el Grupo Socialista pretendemos arrancar del Gobierno un compromiso de atender inmediatamente a una situación extremadamente grave. Lo que estamos diciendo desde el Grupo Socialista, desde las
organizaciones profesionales también se está diciendo desde las comunidades autónomas. Hoy mismo he tenido la oportunidad de leer la plataforma reivindicativa que han elaborado los consejeros de Murcia, de Valencia, de otras comunidades autónomas y
que seguramente le habrán trasladado y, por tanto, no hace falta que yo se lo recuerde. En el Grupo Socialista, y yo especialmente, nos quedaríamos satisfechos si usted hoy, señora ministra, en esta primera intervención en esta tribuna fuera capaz
de anunciar y comprometer hoy aquí un paquete de medidas para atender los daños por la sequía que incluya por lo menos las que se han puesto en marcha en situaciones similares en años anteriores, es decir, en sequías anteriores; que se
comprometiera hoy aquí, señora ministra, a llevar al Consejo de Ministros con carácter inmediato -por supuesto en el mes de junio- este real decreto-ley que diera cobertura a ese plan de ayudas. Yo no sé si en su intervención dirá que esta
interpelación es prematura, que se está haciendo la evaluación de daños. Ya sé yo que se está haciendo la evaluación de daños y que continuará haciéndose a lo largo del mes de junio y de julio, pero la adopción de medidas es independiente de la
evaluación concreta de daños que se haga en cada una de las zonas. En cualquier caso, señora ministra, le pediría por favor que no nos dijera que esta interpelación y mi petición son prematuras, aunque solo fuera por respeto a lo que han dicho sus
compañeros del Partido Popular en otras ocasiones, cuando estaban en la oposición, en otras situaciones similares a esta que hoy planteamos.
Señora ministra, digo que lo tiene difícil, que está complicado este asunto, porque usted sabe que en esta ocasión los seguros agrarios, que son -y yo no lo voy a poner en duda- una referencia obligada para atender situaciones de
adversidades climatológicas como la sequía, siempre han tenido problemas para ser la solución definitiva de un problema de sequía. Pero en esta ocasión van a tener muchísimas más dificultades, porque han sido ustedes los que han recortado un 30 %
el Plan nacional de seguros agrarios y esto ha supuesto que disminuya la contratación de pólizas en muchísimas zonas, que bajen las coberturas y que dejen por tanto sin indemnización a miles y miles de agricultores. Por tanto, los seguros agrarios
harán su papel, pero no podrán solucionar los gravísimos problemas económicos que se están causando en las explotaciones. En este sentido, señora ministra, simplemente quiero recordarle lo que se hizo en la anterior, en la última sequía importante
que se recuerda, fue la del año 2005. Entonces, el Gobierno socialista, el para ustedes perverso Gobierno socialista que no hace nada por la agricultura, pues mire, señora ministra, yo le voy a recordar lo que hizo. Aquel Gobierno socialista llevo
a Consejo de Ministros el 10 de junio, ¿me oyen?, el 10 de junio una propuesta de real decreto-ley, que se aprobó en el siguiente, el 17 de junio, y el Pleno del Congreso de los Diputados -en el que estamos- convalidó aquel
real decreto-ley el 29 de junio, es decir, antes de que acabara el periodo de sesiones quedó aprobado y convalidado un real decreto-ley con un paquete de ayudas para compensar las pérdidas que se habían producido en esa grave sequía del año
2005.
Ya le adelanto que en este sentido irá nuestra moción, la moción consecuencia de esta interpelación. Espero de usted -lo decía al principio- que en la contestación ya comprometa algo, no sé lo que va a comprometer, pero en cualquier caso
presentaremos una moción para que el Gobierno apruebe con carácter inmediato, por supuesto en el mes de junio para que esté convalidado en el mes de junio, un paquete de ayudas que contemple la concesión de ayudas directas, es posible conceder
ayudas directas para situaciones graves en determinadas situaciones en explotaciones de acuerdo con la regla de minimis de la Unión Europea, que se establezca un plan de reducciones fiscales, como se ha hecho en otras ocasiones, para las
explotaciones agrarias afectadas, incremento de gastos de difícil justificación, reducción del índice de rendimiento, exención del impuesto sobre bienes inmuebles, medidas laborales y de Seguridad Social, como se han establecido en otras ocasiones,
expedientes de regulación de empleo, reducción del número de jornadas para atender el desempleo, moratorias de pago de Seguridad Social, excepciones, etcétera, un plan de financiación con créditos del ICO a bajo interés que puedan ser subvencionados
por la Administración central y autonómica, un plan específicamente para los cultivos leñosos, especialmente para el almendro, que en algunos casos habrá que hacer una reposición de planta, planes de obra para abastecimiento. En definitiva, le
estamos planteando, señora ministra, una tipología de ayudas que ya se han aprobado y aplicado en situaciones de sequía en años anteriores. No tengo la más mínima duda de su buena voluntad, estoy seguro de que va a intentar -me dirá- hacer esto,
pero no tengo la seguridad de que quienes han intervenido anteriormente, los ministros de Economía, de Hacienda y Trabajo, estén en la misma condición de complicidad que usted. En cualquier caso, vuelvo al principio de mi intervención, muchos
estamos deseando que usted se apunte matrícula de honor con un plan de lucha que pueda atajar estos problemas de la sequía, que sea consecuente con una situación grave que tiene la agricultura española.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alonso.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (García Tejerina): Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Alonso, por su bienvenida.
Permítame comenzar exponiendo cuál es la realidad de la situación actual, antes de dar cuenta de las medidas que debidamente analizadas y debidamente planificadas va a adoptar el Gobierno para paliar el efecto de la sequía. En primer lugar,
las precipitaciones han tenido una distribución muy desigual a lo largo de todo el país en este año hidrológico y agronómico. Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología las precipitaciones totales entre el 1 de octubre y el 20 de mayo
han sido un 7 % inferiores a las normales en este periodo, pero se han producido grandes diferencias entre territorios. En el norte y en el cuadrante noroccidental las precipitaciones fueron superiores a la media, y en algunos casos como en zonas
de Galicia y de Castilla y León incluso superiores, por el contrario, fueron en general inferiores a las normales en amplias zonas del este y sur peninsular: la Comunidad Valenciana, Región de Murcia, sur de Aragón, sur y este de Andalucía, noreste
de Cataluña, sureste de Castilla-La Mancha e islas de Lanzarote, Fuerteventura e Ibiza. Este fenómeno ha sido más acusado en la zona del litoral mediterráneo que se extiende desde Almería hasta Castellón, con una precipitación acumulada inferior al
50 % de la media. La falta más grave de lluvias se ha producido en comarcas concretas de Murcia y la Comunidad Valenciana, que en algunas zonas se ha situado por debajo del 25 %. Por todo ello, señoría, el ministerio viene realizando desde hace
más de un mes un seguimiento pormenorizado de la sequía meteorológica, especialmente en este sureste peninsular. Afortunadamente, la situación hidráulica es, con carácter general, razonablemente buena. Las reservas hidráulicas se sitúan en el 82,7
% de su capacidad, un total de 45.748 hectómetros cúbicos, esto es, casi un 13 % más que la media de los diez últimos años, y en particular las reservas de uso consuntivo, es decir, aquellas que están destinadas a abastecimiento urbano, industrial,
regadío o ganadería, se encuentran al 80 % de su capacidad, un 12,7 % por encima de la media de los diez años anteriores, lo que va a permitir, señoría, que los cultivos de regadío estén garantizados. Además, prácticamente todas las cuencas
hidrográficas tienen un nivel de reserva superior o muy superior al del último decenio, y de manera especial las del Júcar y Segura.
En cuanto a la sequía agronómica, vigilamos también su evolución, y cabe señalar que, en efecto, la falta de humedad en cultivos leñosos, como el almendro, sobre todo en zonas de Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana, está siendo
especialmente intensa. Además, las altas temperaturas de la primera quincena de mayo, como muy bien ha contado su señoría, han sido perjudiciales para el olivar y el viñedo, y hay también daños por sequía en cultivos herbáceos y en especial en los
pastos de la ganadería extensiva, aunque hay distintos grados de intensidad según zonas. La producción apícola sufre los efectos de la insuficiente floración. Y aunque es pronto para disponer de datos definitivos, se puede adelantar que en
producciones agrícolas se han presentado algo más de mil declaraciones de siniestro para unas 35.000 hectáreas, la práctica totalidad de ellas corresponden a cultivos extensivos. En definitiva, señoría, a diferencia de episodios de sequía
anteriores, este año ha llovido más de lo normal en la España húmeda pero, lamentablemente, menos en la España seca, y la escasez de lluvias se circunscribe a una zona muy concreta, el área sureste, afectando en exclusiva a los cultivos de secano.
La pasada semana volvieron las precipitaciones en las mitades oeste y norte peninsular, así como en Baleares. En las próximas semanas están previstos valores normales de lluvias para esta época del año en todo el territorio y ligeramente superiores
a los habituales en el extremo norte y la mitad este. En cualquier caso, el Gobierno ya tiene preparadas las medidas necesarias para aliviar la situación de los afectados y garantizar a agricultores y ganaderos seguridad en sus explotaciones.
Señoría, este Gobierno es el que ha creado un órgano de vigilancia permanente de carácter interdisciplinar, la Comisión permanente de adversidades climáticas y medioambientales, dedicado a elaborar informes técnicos que faciliten la toma de
decisiones. Por supuesto, para analizar, dimensionar la situación y plantear medidas nos hemos reunido desde el primer momento con comunidades autónomas, con organizaciones profesionales agrarias y con cooperativas, porque en este, como en todos
los demás ámbitos, todas las actuaciones que se ponen en marcha se planifican con transparencia, con diálogo y con coordinación. Hemos escuchado las valoraciones y las propuestas del sector y en los próximos días habrá nuevas reuniones para
actualizar el análisis de la situación y concretar las medidas de apoyo adecuadas. Además, está previsto un encuentro con representantes de las comunidades autónomas para coordinar dichas medidas en función de la incidencia. Por supuesto, siempre
teniendo en cuenta las competencias de cada Administración. No dude que desde el primer momento estamos planificando todas las actuaciones necesarias que en breve plazo trasladaremos al sector y se implementarán en función de cómo evolucione la
situación. En primer lugar, vamos a impulsar el refuerzo a los equipos de peritación de las zonas afectadas del sureste y a agilizar el cobro de las indemnizaciones del seguro agrario. Además, estamos trabajando para agilizar los trámites que
permitan adelantar al 15 de octubre los pasos de la PAC. Por otra parte, en zonas de secano en las que sea preciso regar cultivos leñosos se están autorizando, cuando se solicita, la aportación de agua mediante cubas de agua o camiones cisterna.
Igualmente, se va a facilitar el acceso a la financiación mediante las líneas de crédito de la Sociedad Estatal de Caución Agraria. En la actualidad hay ya una orden para solicitar avales por un volumen de 40 millones de euros, y se analizará la
posibilidad de ampliar esta línea tanto en volumen como en beneficiarios, incluyendo ganaderos de sectores extensivos. Se está estudiando también la concesión de una carencia especial de un año en los préstamos a planes de modernización de
explotaciones y de incorporación de jóvenes agricultores. Por último, en el ámbito fiscal recabaremos en su momento la información necesaria para determinar el descenso de los rendimientos en las producciones y zonas afectadas. Partiendo de esta
información, realizaremos una propuesta de reducción de los índices de rendimiento neto en el método de estimación objetiva del IRPF; propuesta que se elevará al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de cara a la renta de 2014. Con
independencia de todas estas líneas de apoyo adicional y por encima de cualquier otro elemento, el principal instrumento del que disponemos ante la sequía y ante cualquier otra adversidad climática es el Plan de seguros agrarios. A pesar de las
medidas de contención del gasto público que este Gobierno ha tenido que tomar, hemos mantenido la dotación asignada a los seguros para el año 2014: 204 millones de euros, de los cuales el 97 % estará destinado a subvencionar las pólizas del seguro,
la misma cifra que el año 2013.
Quiero subrayar la importancia de que los agricultores contraten sus pólizas, que reciben una importante bonificación por parte del ministerio, que puede complementarse por las comunidades autónomas. Por poner un ejemplo significativo en el
ámbito de esta interpelación relativa a la situación de sequía, en el caso del almendro, uno de los cultivos que más daños está sufriendo, la póliza anual del módulo 1 está subvencionada por el ministerio en un 65 % y la del módulo 2 en un 41 %. El
sistema de seguros agrarios ha permitido que en los últimos cuatro años cada euro aportado por el ministerio haya
supuesto 2,03 euros en indemnizaciones para el asegurado, es decir, unos ingresos de 2.241 millones de euros para el sector. Porque es una política estratégica en el ámbito agrario, se trabaja desde el inicio de la legislatura para mejorar
la eficacia de la gestión de los seguros. El pasado año modificamos el plan en dos ocasiones: la primera, para evitar el sobrecoste de las pólizas asociativas y las malas prácticas en la contratación de seguros complementarios, y la segunda, para
aumentar en un 5 % las subvenciones de las líneas de otoño. En este ejercicio, el incremento de la subvenciones de las líneas de otoño se ha extendido al resto de las agrícolas y se han aumentado también las ganaderas. Además, las pólizas que
cubren riesgos catastróficos se subvencionan al 65 %, que es el máximo de lo permitido con la legislación comunitaria. Igualmente hemos favorecido a los empresarios que contraten pólizas para más de una producción de su explotación, hemos prestado
un apoyo especial a las pólizas asociativas otorgando subvenciones por encima del máximo establecido para una póliza individual y, finalmente, hemos incrementado del 3 al 5 % la subvención para la renovación del seguro agrario.
En definitiva, señoría, el respaldo de este Gobierno al seguro agrario es indudable y, sin perjuicio de mantener el principio de que lo asegurable no es indemnizable, estamos desarrollando medidas adicionales de apoyo para la sequía:
algunas, ya están en marcha; otras, lo estarán tan pronto como concluya la necesaria fase de evaluación y contemos con un diagnóstico ajustado. Este Gobierno, señor Alonso, no se para y no pierde en ningún momento de vista los intereses de
agricultores y ganaderos.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra, por su primera intervención en una interpelación.
Tiene ahora la palabra en turno de réplica el señor Alonso.
El señor ALONSO NÚÑEZ: Señora ministra, se queda uno un poquito seco, dicen por aquí, pero yo le voy a expresar mi opinión, si bien no sé cuál será la opinión de quien está fuera de esta Cámara, es decir, los agricultores de las zonas
afectadas y también los responsables políticos en esas comunidades autónomas, y qué conclusiones van a sacar de su intervención. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Si yo no he entendido mal -tiene otra oportunidad para decir lo
contrario-, ¿usted no va a llevar a Consejo de Ministros en junio un real decreto-ley de medidas excepcionales por la sequía? Me gustaría que me lo aclarara. ¿Va a haber un real decreto-ley de medidas excepcionales para atender los daños de
sequía, sí o no? Es un tema fundamental. A partir de ahí, si lo hubiera o hubiese, debería usted concretar hoy aquí cuáles son las medidas que va a incorporar ese real decreto. Eso es lo que le están pidiendo todas las organizaciones
profesionales agrarias, señora ministra, y eso es lo que están pidiendo los consejeros de las comunidades autónomas. Usted ha tratado de minimizar el problema. Efectivamente, los daños son mayores en la Comunidad Valenciana y en Murcia, en
Andalucía en la zona de Almería y Granada, y van hacia el interior, lógicamente de mayor a menor, pero yo he leído esta semana que el Gobierno de Aragón, que usted aquí ni ha mencionado, ha solicitado medidas extraordinarias, fiscales y de otro
tipo, para atender los daños de la sequía. Entiendo que el Gobierno de Aragón no está tratando de darme a mí la razón, sino que realmente está poniendo encima de la mesa un problema que hay en la Comunidad Autónoma de Aragón. Y en Castilla-La
Mancha, en la que usted también trataba de minimizar el problema, el Gobierno de Castilla-La Mancha también ha declarado ya a la comunidad autónoma como zona afectada por daños climatológicos por sequía. Luego estamos hablando de un problema muy
grave, señora ministra. Tengo que decirle que me parece muy preocupante que usted no haya descalificado lo que ha dicho la portavoz de su ministerio cuando ha catalogado que es una sequía histórica, la mayor en ciento cincuenta años. (El señor
Arias Cañete pronuncia palabras que no se perciben). Eso es lo que ha dicho la agencia -señor Cañete, procure leer un poquito lo que se publica-; lo que ha dicho la agencia es que es la mayor en ciento cincuenta años. Lo que no parece razonable
es que a una situación, la más grave que ha ocurrido en los últimos ciento cincuenta años, usted o su Gobierno quiera darle respuesta con el menor compromiso del Gobierno para atender esta situación, con las medidas menos potentes de la historia.
Les quiero recordar a los señores del Partido Popular que tanto apelan a la herencia, que el presidente del Partido Popular, cuando aquella sequía a la que yo me he referido, a la de 2005, lógicamente atacando al Gobierno socialista, decía:
La gestión de la sequía -estaban reclamando mayores medidas- es un esperpento valleinclanesco. Y continuaba: Algunos sabemos lo que hay que hacer y lo haremos cuando quieran los españoles. No sé si quieren o no quieren, pero los españoles están
pidiendo eso al Gobierno del señor Rajoy, al que reclamaba mayores medidas al Gobierno socialista, y ustedes le quieren dar
respuesta con unas cositas que yo no voy a decir que no tengan importancia, pero son instrumentos pequeños y algunos casi ridículos, señora ministra. La situación requiere un compromiso mayor, pero, es más, les voy a recordar, señores del
Partido Popular, que cuando estábamos convalidando ese real decreto-ley que trajo el Gobierno socialista, que planteaba medidas fiscales, de Seguridad Social, créditos sin interés, etcétera, como hablaba de condonaciones de pagos de la Seguridad
Social del 50 %, el portavoz del Grupo Popular preguntaba: Si reconocemos que estamos en un año excepcional -en un año excepcional estamos ahora, también entonces-, ¿por qué no hay una condonación total de las cuotas de la Seguridad Social? No
sería tan problemático -decía- para las arcas de la Seguridad Social hacer un esfuerzo con el sector agrario. Es decir, que cuando la sequía la tiene que gestionar el Gobierno socialista y trae un paquete importante de medidas, llegan los señores
del Partido Popular y hablan de condonaciones de los pagos de la Seguridad Social, etcétera, y ahora, que les toca a ustedes, el problema, como usted ha planteado aquí, es pequeño, concreto y no se toma ninguna medida.
Señora ministra, creo que esto no es una buena forma de atajar este problema, lo debería considerar y le propongo que dé la batalla -y tendrá el apoyo del Grupo Socialista- en el Consejo de Ministros, arrancando del Consejo de Ministros un
plan de apoyo para la agricultura que dé respuesta a esta sequía. Señora ministra, ya le digo que no pueden seguir con esta política de seguros agrarios. Los seguros agrarios -usted lo sabe, se lo dicen en todos los desplazamientos que hace por
las comunidades autónomas- están al borde del abismo. Los seguros agrarios recibieron un apoyo en la pasada legislatura de 300 millones de euros anuales de los Presupuestos Generales del Estado y 150 millones adicionales de las comunidades
autónomas. En este momento ustedes han puesto en los presupuestos 199, que es un tercio menos; y las comunidades autónomas, consecuencia de sus recortes, han reducido o han eliminado las subvenciones a los seguros. Los seguros están al borde de
la quiebra, y lo sabe usted. Yo creo que es un instrumento esencial pero deben reconsiderar la política de seguros agrarios -pensando en otras situaciones climatológicas adversas- porque en esta situación están en este momento dando síntomas de no
poder solucionar los problemas.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Señor Alonso, termine, por favor.
El señor ALONSO NÚÑEZ: Termino, señor presidente.
En definitiva, señora ministra, el Grupo Parlamentario Socialista agradece las reuniones, las evaluaciones y estas pequeñas medidas que usted anuncia, pero las considera no consecuentes con la gravedad de la situación y volveremos a
reiterar, lo haremos en la moción, un plan de medidas, un real decreto-ley de sequía que comprometa al Gobierno y que ataje esta gravísima situación que ocasiona pérdidas muy importantes en miles y miles de agricultores y ganaderos de este país.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Alonso.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (García Tejerina): Muchas gracias.
Como usted bien sabe, todas las medidas que yo he citado no requieren rango de real decreto-ley porque para este Gobierno lo importante son los agricultores, no el rango de la norma con la cual se aporten las soluciones. La batería de
iniciativas prevista saldrá adelante en las próximas fechas y sin necesidad de este real decreto-ley. Le recuerdo que el real decreto-ley es un instrumento jurídico que se debe utilizar solo ante situaciones extraordinarias de urgente necesidad y
que no puedan ser contempladas en otro rango. Este Gobierno analiza, planifica y ofrece las mejores soluciones y lo importante no es el rango, sino las medidas contenidas.
Me ha hablado mucho de las comunidades autónomas, y yo le tengo que decir que ayer estuve reunida con la consejera de Castilla-La Mancha, que me manifestó su preocupación, y estuve también reunida con los consejeros de Valencia y Murcia
analizando la situación. No con Andalucía, porque dice la consejera: Creo que todavía es prematuro avanzar si vamos a poner medidas o no. (Rumores.-Protestas). Y esto lo decía el jueves, el mismísimo día en que ustedes registraban esta
interpelación. Se lo están pensando. Nosotros no, ya estamos trabajando y seguiremos con la interlocución con todas las comunidades autónomas, seguiremos evaluando, que es lo que procede en estos casos.
Usted ha citado al principio un paquete de medidas similares para situaciones similares. Pero usted sabe muy bien que nada tiene que ver, afortunadamente, esta situación con la del año 2005. No hay sequía hidrológica, la ganadería no ha
sufrido lo que sufrió en el año 2005, cuando apenas hubo pastos, y nosotros, sin ninguna duda, adoptaremos todas las medidas necesarias en función de la situación necesaria, la situación que afecta fundamentalmente a este cuadrante sureste
peninsular de gran preocupación, sin ninguna duda, para los cultivos herbáceos de secano, almendro, ovino, caprino y extensivo. Pero, como he dicho, no es comparable ni a la de 2005 ni a la de 2012. En 2005 la sequía era meteorológica, agronómica
e hidrológica, no había agua de consumo humano en muchas zonas, afectó al turismo, a la industria y a los servicios, fue un año muy cálido y muy seco, la pluviometría peninsular registró el mínimo histórico desde el año 1947. Así que nosotros
adoptaremos todas las medidas.
En materia de Seguridad Social, se contactará con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social para que los afectados, de manera individual, puedan solicitar las exenciones y aplazamientos. El ICO requiere un real decreto-ley, pero resulta
que la última vez que se aprobó un préstamo del ICO el tipo de interés al que se concedió era del 3,7. Actualmente, los agricultores y ganaderos -lo he citado yo al principio- pueden acceder a créditos avalados por Saeca a un tipo de interés entre
el 3,5 % y el 4,5 %, es decir, en algunas ocasiones en condiciones más favorables de las que les ofrece el crédito ICO. En 2005 se hicieron muchas cosas, entre otras, en materia de infraestructura hidráulica; pero yo creo que eso no es un ejemplo
de actuación, la del Gobierno anterior, que, como usted sabe, suscribió un acuerdo con Tragsa, con omisión del trámite de fiscalización previa de la Ley General Presupuestaria, que ejecutó obras por valor de 174 millones de euros, con un coste
financiero de 65 millones de euros que dejó sin pagar y al cual este Gobierno está todavía haciendo frente. En cuanto al almendro, somos muy conscientes de que es uno de los cultivos que más ha sufrido y en aquellos casos en los cuales el árbol se
haya secado -ya que la muerte del árbol no está cubierta por el seguro agrario-, buscaremos una fórmula adecuada de apoyo a estos agricultores que hayan suscrito su seguro.
Voy a terminar hablando del seguro. Creo que su único indicador para valorar las políticas de un Gobierno es cuánto dinero de los ciudadanos gastan, y cuanto más, mejor. La nuestra es valorar los servicios que ofrecemos. La mayor caída
del número de pólizas del seguro agrario fue entre el año 2009 y 2010, un 16 %; la mayor caída de producción asegurada fue entre 2010 y 2011, un 11,2 %; la mayor caída de superficie contratada se produjo entre 2009 y 2010, un 30 %; entre 2012 y
2013 la superficie contratada ha aumentado un 22 %; la producción asegurada, un 10 % y este año todo indica que volverá a crecer. Menos presupuesto, sin duda; ustedes saben a qué se debe, a la situación que España recibió con la salida de su
Gobierno y a la cual hubo que hacer frente. Pero algo se estará haciendo bien o muy bien cuando con menos gasto se está dando un mejor servicio de seguros agrarios. Solamente quiero decir que en poco tiempo, concluido el diagnóstico,
implementaremos las medidas. Algunas ya están en marcha, estamos avanzando en el diseño de otras y se adaptarán todas las medidas pertinentes como debe procederse en estas situaciones, medidas similares que se requieran por la situación actual.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señora ministra.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, AL GOBIERNO SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR PARA REFORMAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO A FIN DE GARANTIZAR SU EFICACIA Y ELIMINAR EL FRAUDE. (Número de expediente
172/000229).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Punto siguiente del orden del día: Interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia al Gobierno, sobre las medidas que piensa adoptar para reformar la formación
profesional para el empleo a fin de garantizar su eficacia y eliminar el fraude. Señor Anchuelo, tiene la palabra.
El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señor presidente.
Quisiera comenzar haciendo un breve recordatorio, aunque sean hechos públicos, de los acontecimientos que han llevado a mi grupo a presentar esta interpelación. En las últimas semanas hemos conocido datos cada vez más preocupantes sobre una
trama dedicada a defraudar los fondos de formación de los trabajadores y los parados en la Comunidad de Madrid, es el llamado caso Aneri. En este caso Aneri se han dado sucesos como inventarse la lista de los trabajadores que iban a participar en
estos
cursos utilizando bases de datos que no eran realmente de alumnos, es decir, alumnos simulados; se han simulado también cursos que nunca se han dado, o se han dado cursos por Internet de materias que no parecen muy apropiadas para enseñarse
por Internet como cursos de mecánica. Es decir, cursos simulados para alumnos simulados con el dinero público para la formación de los trabajadores y de los parados. Este caso se ha producido en el entorno de algunas asociaciones empresariales que
han utilizado estos recursos como medio de financiarse. Se quedaban con el 20 % de la facturación que había en esos cursos. También hemos sabido que se concedían sin concurrencia competitiva y había defectos muy graves en la justificación del uso
de ese dinero público. Esto es lo sucedido en la Comunidad de Madrid. Poco tiempo después surgió un caso muy similar en Andalucía del que todavía se conocen menos detalles pero que es especialmente preocupante si tenemos en cuenta que ya en el año
2004 la Cámara de Cuentas autonómica señaló que había desorden en la concesión de estos cursos, que había ausencia de justificación, que había numerosas irregularidades. Pese a esa advertencia, ya con una década de antigüedad de la Cámara de
Cuentas Autonómica, parece que la situación no ha mejorado, que sigue habiendo problemas. Mi grupo teme que esta práctica no se haya detectado, pero pueda darse en otras comunidades autónomas porque el mecanismo de concesión es el mismo, y creemos
que hay un riesgo, incluso una alta probabilidad de que aunque estos sean los casos conocidos, el problema pueda ser más grave y afecte a otras comunidades autónomas.
Cualquier fraude o cualquier caso de corrupción es grave, pero querría señalar la especial gravedad del caso que nos ocupa. Es cierto que la sociedad española ya está abrumada con casos de corrupción y podemos pensar que es un caso más.
Bueno, el caso que nos ocupa es un caso particularmente grave, es un caso muy especial porque estamos en un país con 6 millones de parados, con una tasa de paro del 26 %, y esta media encubre situaciones particulares todavía más graves. Hay varias
comunidades autónomas con tasas de paro superiores al 33 %, y una de ellas, con el 35 %, es Andalucía, donde se ha dado uno de estos casos. También encubre la media una situación de paro juvenil especialmente grave, del 55 %; 3 millones de
nuestros parados ya no tienen cobertura, esa tasa está cayendo aceleradamente.
El problema de la formación es particularmente especial por el tipo de paro que tenemos. Como saben sus señorías, porque lo hemos debatido a menudo en el Pleno o en la Comisión de Empleo, buena parte de nuestros parados -parados
especialmente jóvenes- abandonaron prematuramente sus estudios para trabajar en el sector de la construcción y tienen un bajo nivel de formación. La falta de formación para encontrar el empleo es uno de sus problemas fundamentales. Pero no solo se
trata de los jóvenes. Es un fenómeno bien conocido en economía -tiene hasta un nombre propio, histéresis- que los parados de larga duración van perdiendo motivación en la búsqueda de empleo y van perdiendo formación, sus conocimientos se van
quedando anticuados. Tenemos un paro muy necesitado de formación, porque son jóvenes que abandonaron prematuramente sus estudios o porque son parados que llevan mucho tiempo en el paro y sus conocimientos se van deteriorando. Hablamos a menudo del
cambio estructural que necesita nuestra economía hacia nuevos sectores. Pues para que un parado que perdió el empleo en un sector pueda trabajar en otro es necesario que tenga formación. Todo esto les pueden parecer generalidades, pero no lo son,
porque demuestra la importancia del dinero público para la formación y la especial gravedad de que se robe -que es una palabra dura pero exacta, en este caso- ese dinero para la formación de los parados. El Gobierno, en vez de reforzar los recursos
para la formación, los ha recortado. En su mandato las políticas activas de empleo se han recortado aproximadamente a la mitad y buena parte de esas políticas activas no se dedican directamente a la formación, se dedican a otras políticas como la
bonificación de diferentes modelos de contratación. Es decir, hay una gran necesidad de formación en los parados y hay una gran escasez de recursos. Esto lleva a que, aproximadamente, 9 de cada 10 parados no participen en ninguna actividad
formativa. Digo todo esto porque en un país normal uno esperaría que, ya que hay tal necesidad de formación y tal escasez de recursos, cada euro se mimase como un tesoro, y no solo no se mima como un tesoro sino que parece que hay personas que se
permiten -insisto- robar este dinero de formación de los parados, por lo que es un delito particularmente grave.
Estos son los acontecimientos; estos son los agravantes. ¿Cuál ha sido la reacción de las autoridades? Se lo anticipaba en la pregunta oral en el Pleno de hace un par de semanas, creo recordar, que en la Comunidad de Madrid no ha habido
un grito de indignación ni una explosión de actividad para perseguir este problema. El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia en la Asamblea de Madrid pidió que se crease una comisión de investigación y no se ha creado esa comisión de
investigación. A nuestro grupo y al resto de grupos de la oposición se les ha inundado, literalmente, con toneladas de documentos en furgonetas, en donde hay muchos expedientes pero parecen faltar los expedientes fundamentales.
Entretanto, el responsable fundamental de la trama ya está en libertad. No parece una respuesta muy proactiva, como se dice hoy en día. En la comunidad andaluza tres cuartos de lo mismo. Allí la respuesta ha sido una muy habitual en
nuestro Estado autonómico, que es envolverse en la bandera autonómica y decir que se está difamando el nombre de Andalucía, que quien señala que existen estos problemas realmente está atacando a Andalucía y difamando su nombre. Tal vez esté
haciendo todo lo contrario, tal vez esté dignificando y limpiando, no difamando. Usted me puede contar: Sí, qué poca reacción autonómica. La estoy interpelando a usted porque su ministerio está también directamente relacionado con todo esto y
hasta ahora ha tenido una postura de mero espectador. La reacción ha brillado por su ausencia. Parece un problema de las comunidades autónomas. Creemos que no es así, en primer lugar, porque en gran medida los fondos que se están defraudando
tienen un origen estatal. Es cierto que son fondos transferidos a las comunidades, pero son fondos estatales transferidos a las comunidades; el ministerio debería preocuparse de cómo usan las comunidades esos fondos que les han transferido, si los
usan para los fines perseguidos. En segundo lugar, hay fondos que vienen del Fondo social europeo; son fondos europeos y el Estado es el interlocutor frente a Europa de esos fondos. Y, en tercer lugar, el ministerio forma parte de la fundación
tripartita. Por todos estos motivos creemos que el ministerio no puede permanecer simplemente como un espectador ante estos sucesos.
La pregunta oral del otro día nos preocupó porque usted vio la pregunta como una amenaza en vez de como una oportunidad de decirnos qué piensa hacer en estas cuestiones. Hemos presentado esta moción para darle una segunda oportunidad para
que explique en la Cámara qué se propone hacer en estos asuntos y qué se propone hacer cara al futuro también con la formación ocupacional. Nos dijo que lo podíamos ver en la televisión, pero desearíamos poder verlo también aquí, en directo, no
solo en la televisión. Le anticipo las grandes líneas que puede ver más detalladas, si le interesan, en las dos proposiciones no de ley que hemos presentado en la Comisión de Empleo. Las grandes líneas que defendemos -le pediría que en su
intervención adquiriera el mayor número de compromisos concretos en esta dirección, si lo considera conveniente o, si no, nos explique por qué no es así- tienen que ver, por un lado, con el pasado. Siempre está muy bien mirar hacia delante, pero no
podemos ignorar lo que ya ha sucedido. Aquí se requiere una exigencia de responsabilidades, y el ministerio puede actuar, revisando de oficio todos los expedientes en las distintas comunidades para ver si este problema que ha aparecido en Madrid y
Andalucía no existe también, aunque no lo conozcamos todavía, en otras comunidades; en segundo lugar, teniendo un papel mucho más activo ante los tribunales, denunciando lo que encuentre, instando a la fiscalía a actuar, personándose en las causas,
con el objetivo último de recuperar la mayor parte posible de ese dinero defraudado.
Para el futuro, que también nos preocupa pero no ignorando lo sucedido, creemos que es preciso reformar este sistema de formación ocupacional, en efecto. Esta reforma tiene que incorporar algunos aspectos esenciales: en primer lugar, el
Estado debe tener un papel en la verificación del uso que las comunidades autónomas hacen de los recursos que se les transfieren para formación ocupacional. Está muy bien que se les transfieran los recursos, que los utilicen, pero si tienen un
origen estatal el Estado tiene que tener un papel en la verificación del uso de esos recursos, no puede desentenderse. En segundo lugar, el papel de patronales y sindicatos es un aspecto fundamental de la reforma. Nosotros creemos que tienen un
papel importante que seguir desempeñando en la planificación del sistema e incluso en la impartición de cursos, pero en pie de igualdad con el resto de agentes, concurriendo, acreditándose, porque ahora actúan como una especie de intermediario de la
Administración: reciben unos recursos y ellos subcontratan. No tiene sentido que suplanten a la Administración como intermediarios. Pueden participar en la planificación y dar cursos en pie de igualdad, pero no suplantar como intermediarios el
papel de la Administración. Y, en tercer lugar, creemos que hay que mejorar de manera clara la calidad de estos cursos para adaptarlos a las necesidades de nuestros parados.
Insisto, no vea, señora ministra, esta interpelación como una amenaza, sino como una oportunidad para explicarnos cómo se propone proceder en todos estos aspectos. Por favor, adquiera en su intervención el mayor número de compromisos
posibles en la línea concreta que le he avanzado.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Anchuelo.
Señora ministra de Empleo y Seguridad Social, tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Muchas gracias, señor presidente.
Señor Anchuelo, empezaré agradeciéndole la interpelación porque me permitirá volver a mostrar hoy a esta Cámara el papel activo que ha tenido el Ministerio de Empleo en el tema de los cursos de formación de parados y de personas que están
empleadas.
Quiero empezar diciendo -ya lo mencioné con oportunidad de la pregunta que usted me hizo en el Pleno de la Cámara- que el Gobierno tiene tolerancia cero con el fraude, por una razón muy sencilla, porque el fraude a la formación para nosotros
es doblemente fraude: no se trata solo de la malversación o el uso irregular de fondos públicos, sino que ataca a lo más importante que tiene la persona como fuente de oportunidad para el empleo y para hacer su proyecto de vida, que es una
formación de calidad. Es lo mejor que le pueden ofrecer las administraciones públicas. Por tanto, para nosotros es doblemente fraude: fraude de recursos, pero también fraude en la formación, que es elemento fundamental para las oportunidades y
para el empleo de cualquier español. Dejando claro eso, conocemos las diferentes situaciones fraudulentas que se han ido conociendo en España porque tenemos un sistema que tiene controles ordinarios que funcionan, porque la investigación se realiza
en todo el territorio nacional, en todas las provincias españolas, como cumplimiento de los propios controles del sistema. Se investiga en todo el territorio nacional. Han surgido casos claros de irregularidades en Madrid o en Andalucía, que usted
ha señalado, y ha sido gracias a esos controles ordinarios como hemos detectado esas acciones fraudulentas. No ha mediado denuncia de nadie, de ninguna empresa, de ningún beneficiario ni de ningún partido político, del suyo tampoco. Quiero poner
en valor que el sistema será mejorable, y lo va a ser, pero funciona a la hora del control porque los controles ordinarios son los que han detectado las irregularidades que usted y toda la sociedad española conocen; por tanto, mecanismos de
control.
Me hablaba usted de algún caso concreto, el de Madrid o el de Andalucía. Usted sabe muy bien que la gestión de la formación y de las políticas de empleo es competencia compartida del Estado y de las comunidades autónomas; cada uno tenemos
nuestra función constitucionalmente bien definida, pero el Estado siempre va a perseguir hasta el final los elementos de fraude. Espero la misma colaboración de las comunidades autónomas, porque esto es un trabajo conjunto y coordinado de todos.
Quiero dejarlo claro desde el primer momento. Como consecuencia de los mecanismos de control que se aplican en las convocatorias con respecto a los ejercicios 2010 y 2011, que han sido objeto de polémica por el conocimiento de esos elementos
fraudulentos, se produjo en toda España el reintegro de 33,9 y 50,2 millones de euros respectivamente, porque detectamos que en la adjudicación de esos cursos se cometieron irregularidades o acciones no ajustadas a las planificadas por los
beneficiarios en un determinado momento. Por tanto, el sistema funciona y tiene sus controles. Insisto, no ha mediado ninguna denuncia de nadie que no sea la propia Administración con sus controles ordinarios.
En el caso Aneri -le respondo con toda sinceridad- quiero reconocer el esfuerzo que está haciendo la Comunidad Autónoma de Madrid, como el propio ministerio, en la investigación hasta el final de esas irregularidades. Se empezó a conocer el
caso a finales de diciembre de 2012 por el ministerio; investigamos y pasamos la primera información a la sección de investigación de la Seguridad Social y a la Policía, y hemos estado investigando trescientas cincuenta acciones formativas, como
usted sabe muy bien. Un total de 10.600 alumnos han sido llamados a esta investigación y se ha detectado que el 95 % de ellos no han realizado los cursos. A partir de ahí, se han ampliado por parte de la sección de investigación esos controles y
hemos puesto a disposición de la jueza que lleva el caso en Madrid toda la información para colaborar hasta el final con la justicia, que será la que, una vez acabe la investigación, depure las responsabilidades convenientemente. La propia
fundación tripartita, en la que está, como sabe usted muy bien, el Ministerio de Empleo, ha comparecido en la Asamblea de Madrid para dar cuantas explicaciones se le han solicitado. Con eso cierro el tema de la investigación en Madrid.
En el caso de Andalucía, de la misma manera se conocen las investigaciones durante 2012, se investigan a través de la sección de investigación de la Seguridad Social y con la Policía, con la UDEF; se está investigando el caso en todo el
territorio andaluz y estamos concluyendo, en coordinación y colaboración con la Policía, todas las investigaciones. No le quepa la menor duda de que llegaremos hasta el final porque, insisto, tenemos tolerancia cero contra el fraude. Quiero
también aprovechar esta oportunidad que usted me brinda para decir claramente que una de las prioridades absolutas de este Gobierno es que tengamos un sistema de formación de calidad que mejore las oportunidades de los desempleados y también de los
ocupados. Lo dijo con claridad el presidente del Gobierno en el debate sobre el estado de la Nación: la formación es la palanca que permite la entrada, el mantenimiento y el retorno al empleo. Teníamos tan claro que eso era así, que estuvimos
analizando desde el inicio de la legislatura modificar, para mejorar, el sistema de formación. Entre 2007 y 2013 más de la mitad de los
trabajadores que no habían superado la educación primaria perdieron su empleo; sin embargo -es bueno que se conozca-, el número de ocupados con estudios superiores se incrementó en ese tiempo, durante la crisis, un 2 %. Por tanto, es
fundamental la formación, una buena formación para tener mayor empleabilidad de los trabajadores. Hoy tenemos un millón de desempleados que no tienen nada más que la educación primaria y una cuarta parte de ellos son jóvenes. Por tanto, formarles,
cualificarles es nuestra absoluta prioridad como Gobierno si queremos de verdad acortar la transición del desempleo a la inserción en el mercado de trabajo.
El sistema de formación es mejorable, pero también tenemos que reconocer que la formación en España ha tenido fortalezas a lo largo de todo el tiempo. En 1993 solo se formaban en España 200.000 trabajadores, pero hoy ya lo hacen más de 4
millones de trabajadores, lo cual significa que la cultura de la formación en España es una realidad gracias al esfuerzo de los sucesivos Gobiernos en esta materia. Como decía, es mejorable porque su resultado, su eficacia durante todo este tiempo
no ha estado a la altura de las circunstancias, en primer lugar, porque a veces se aleja de las necesidades reales del tejido productivo, de lo que de verdad demandan las empresas o incluso los trabajadores para tener mayor empleabilidad; podría
ponerle muchos ejemplos. Durante los últimos años se ha hecho más formación en temas generalistas que en los de demandas reales, como quería el mercado de trabajo (idiomas, nuevas tecnologías o internacionalización), que es lo que priorizaba el
tejido productivo; se ha hecho una formación más general y menos adecuada a las necesidades del tejido productivo. Lo que nos preocupa y nos ocupa es que tampoco ha sido bueno el impacto de la formación real en las oportunidades de empleo. Sirva
como muestra el dato de que la inserción estimada de los alumnos participantes en la convocatoria de 2011 dirigida, por ejemplo, a jóvenes desempleados fue del 16 % o que solo el 12,5 % de los trabajadores formados en las llamadas iniciativas de
oferta reconocen que la formación ha tenido alguna incidencia en su desarrollo profesional. Por tanto, la mejora de la calidad de la formación y de su eficacia es un reto que tenemos que superar. En segundo lugar, no se ha incorporado
históricamente a la formación a agentes externos al sistema; el sistema era cerrado, tenía cierta endogamia, por el papel que se otorgó desde el primer momento a los agentes sociales de ser juez y parte. Hemos trabajado en este año de transición
para abrir a la concurrencia y a la iniciativa privada un sistema que adolecía de apertura y de incorporar a nuevos agentes que aportaran su experiencia y sus conocimientos para mejorar la empleabilidad de los trabajadores. En tercer lugar, como
concluyó la mesa de diálogo social que evaluó el acuerdo de formación de 2006, el sistema ha sufrido una falta de eficiencia, de transparencia y de deficiencias en la coordinación. Le pondré un ejemplo a la Cámara para que lo analice y lo evalúe.
La formación a distancia tradicional consistía solamente en el mero envío del material didáctico, sin metodología y sin evaluación de los resultados de ese tipo de formación; sin embargo, ese modelo de formación era el que más horas acumulaba hasta
2011. Por tanto, tenemos que superar muchas deficiencias del sistema. Por eso, estamos trabajando en la reforma integral del modelo de formación para el empleo.
Hemos venido trabajando también de forma gradual, empezando por la reforma laboral que supuso ya un cambio en la formación en nuestro país, con un nuevo derecho de los trabajadores a esa formación que, gracias a esa reforma, reconocía por
primera vez el Estatuto de los Trabajadores. Abrimos las convocatorias de subvenciones de formación a la concurrencia de entidades privadas. La colaboración público-privada es una realidad gracias a esa apertura. Establecimos áreas prioritarias
según las necesidades reales del tejido productivo (nuevas tecnologías, innovación, emprendimiento, internacionalización), que es lo que realmente nos piden las empresas. Apostamos -es muy importante, señor Anchuelo- por la formación certificable
con el repertorio de certificados de profesionalidad con casi 590 referencias que ofrecen un impulso más a la empleabilidad de los trabajadores. Dotamos de transparencia y objetividad al sistema, apostando por la calidad didáctica en los planes de
formación y, sobre todo, por la gestión más eficiente. Estamos impulsando también la teleformación que tiene gran potencial para agilizar la formación, una modalidad muy utilizada hoy en países avanzados, como Estados Unidos o en muchos países de
nuestro entorno europeo, y que sustituye a aquella a la que me refería antes de formación a distancia, que es mucho más tradicional, tiene menos alcance y es menos evaluable; por supuesto, todo ello sin olvidarnos de la apuesta clara de este
Gobierno por la formación profesional dual para que los jóvenes puedan emplearse y formarse a la vez, gracias, por ejemplo, al contrato para la formación y el aprendizaje. Desde que lo modificamos en la reforma laboral esta modalidad contractual ha
subido un 70 %. Hay más de 120.000 contratos en el último año y está suponiendo una oportunidad real para los jóvenes para formarse y tener un empleo a la vez. Por tanto, eficiencia, calidad y vinculación real con el tejido productivo lo hemos
introducido de forma gradual en los últimos dos años y estamos en el
punto de partida para hacer la transformación integral hablando con los interlocutores sociales. Los principios sobre los que estamos hablando son claros, me lo ha oído decir en alguna ocasión en esta Cámara: transparencia, libre
concurrencia y evaluación permanente. Hablamos con ellos para hacer esa reforma que tanto importa al país. Estamos hablando igualmente con las comunidades autónomas y queremos hacer lo mismo con los grupos parlamentarios para que tengamos la mejor
formación para el empleo que suponga oportunidades reales para los trabajadores, así como para que los desempleados aceleren su inserción en el mercado de trabajo.
Termino diciéndole que tenemos tolerancia cero contra el fraude y que en esta reforma vamos a incrementar las actuaciones de control, vamos a potenciar la coordinación y las incidencias en el sistema, trabajando sobre información integrada
con todos los agentes para que los casos de corrupción se detecten pronto y se puedan tomar medidas para evitar que haya ese doble fraude contra los españoles que es el fraude a la formación para el empleo. Desde el Gobierno le pido colaboración
para que su grupo político aporte iniciativas y reflexiones en este nuevo cambio del modelo, que estará abierto a todos los grupos parlamentarios para que entre todos busquemos el mejor modelo de formación para el empleo de nuestro país. Muchísimas
gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señora ministra.
Señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Deseo comenzar agradeciendo el tono más sosegado de la ministra que nos permitirá tener un debate con más calma. Es cierto que las preguntas orales en el Pleno no son el mejor formato para los debates sosegados.
Repito, agradeciéndole el tono y la forma, entrando en el fondo y los contenidos, le pedía compromisos concretos pero en su intervención ha habido muy pocos.
Le decía que hay un doble plano: en primer lugar, mirar a lo sucedido, exigencia de responsabilidades. Usted nos dice que no se puede hacer nada más; básicamente el mensaje es que no se puede hacer nada más y que todo se está haciendo ya
bien en el ministerio y en la Comunidad de Madrid. Nosotros discrepamos; creemos que el fallo está en el sistema, que hace que los fondos puedan iniciarse en Europa, vayan al Estado, se transfieran a las comunidades, estas los pasen a
organizaciones empresariales y a sindicatos que a su vez los subcontratan. Es un sistema, por su complejidad, que es un caldo de cultivo para los problemas; nada lleva a pensar que sean problemas circunscritos a estas dos comunidades. Por eso le
decimos que además de las actuaciones ordinarias, que seguro que se están realizando, se adopten actuaciones extraordinarias; se aplique una actuación extraordinaria de revisión de expedientes para ver si el problema afecta a otras comunidades, con
las consiguientes actuaciones en los tribunales para recuperar lo más posible de ese dinero. Usted nos dice que no se puede hacer más y añade que en la Comunidad de Madrid se está haciendo ya todo bien. Nos consta que no es así porque tenemos
representación allí. Yo le preguntaría ¿y en la Comunidad de Andalucía también se está haciendo todo bien? Porque usted en el Pleno en otra pregunta oral increpaba al Partido Socialista: ¡Devuelvan el dinero de los parados! ¿Se está haciendo bien
en todas partes? Sería este un campo muy inapropiado para el uso partidista, y no debería tenerse en cuenta el color del gobernante en cada comunidad.
Le decíamos también: miremos al futuro. Igualmente le hacía unas propuestas concretas que usted ha eludido, y se las recuerdo para que nos conteste si es que las ha eludido por un olvido o porque no está de acuerdo con lo que proponemos.
¿No habría que incrementar el papel del Estado en el control del uso de los fondos que se transfieren a las comunidades autónomas? Si se transfieren para cursos de formación habría que seguir el trayecto de ese dinero y comprobar su uso. ¿No
debería haber una mayor verificación del uso de esos fondos? Segunda cuestión, políticamente fundamental en el debate social y que usted ha eludido por completo, el papel de patronales y sindicatos en estas actividades. Insisto, no queremos
demonizar a estas organizaciones que tienen un papel social importante que reconocemos. Creemos que tienen que tener un papel en la planificación general de la formación ocupacional; creemos que tiene sentido que participen incluso en la
impartición de cursos en pie de igualdad de certificación, de concurrencia con otras entidades; pero igualmente creemos que no tiene sentido mantener el modelo actual en que subcontratan con entidades que no tienen que certificarse, por tanto,
asumen un papel que corresponde a la Administración, actúan como intermediarios que suplantan a la Administración. ¿Usted cree que esto debe mantenerse así o es una de las cuestiones a reformar? Y en tercer lugar, ha hablado de la calidad de los
cursos. Aquí hay algunas posibilidades de acuerdo; cosas que compartimos, por ejemplo, la importancia de los certificados de profesionalidad. Creemos que tienen que tener un papel crucial en la reforma, la transparencia y la concurrencia; pero
el tema de la concurrencia está ligado intrínsecamente
al que le acabo de plantear de patronales y sindicatos. Si ellos van a poder seguir subcontratando sin necesidad de que esos centros se certifiquen, en esa parte de la formación no va a haber ninguna concurrencia. Creemos que hay que
aumentar la calidad de los centros, y para eso hacen falta recursos; es difícil aumentar la calidad recortando los recursos. La formación reglada, el sistema educativo, la propia formación profesional pública deberían tener un papel en la
impartición de estos cursos -habría que dar más posibilidades de elección a los parados- y compartimos la importancia de la evaluación de resultados.
Por favor, le pido que en su segunda intervención responda a estas cuestiones concretas, muy particularmente al papel de patronal y sindicatos y si cree realmente que no se puede hacer más en la investigación de lo que ha sucedido. En esta
cuestión es cierto que hay muchos intereses creados, pero ninguno debería estar por encima del más importante en este tema, que es el interés de tantos millones de parados necesitados de formación como hay en nuestro país. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Anchuelo.
Señora ministra, tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Muchas gracias, señor presidente.
Señor Anchuelo, igual no me ha oído bien, pero se lo he dicho con toda claridad. Se revisan los expedientes en todo el territorio nacional, se hace de forma ordinaria siguiendo los controles del sistema que tenemos actualmente. Le he dicho
también al final de mi intervención que seguimos reforzando las actuaciones de control del Servicio Público de Empleo y estamos trabajando con las comunidades autónomas para que se refuercen. Como usted conoce, la fiscalización de los fondos
gestionados directamente por las comunidades autónomas corresponde a las comunidades autónomas por sentencia del Tribunal Constitucional. Por tanto, el Gobierno y el ministerio van a trabajar para coordinar y mejorar su eficiencia en la lucha
contra el fraude, pero tenemos que respetar competencialmente lo que nuestra Constitución señala con toda claridad. Por otra parte, vamos a actuar con las comunidades autónomas manejando información integrada -es muy importante- sobre entidades,
cursos, trabajadores y empresas para facilitar la lucha contra el fraude. Tenemos en marcha un buzón que agiliza la difusión y la visibilidad de situaciones fraudulentas que va a evitar que se repitan en el futuro, y también se aumentarán las
sanciones para los casos de malas prácticas con garantías de un justo reparto de responsabilidades.
Como le decía, el Gobierno no ha estado quieto; créame que el Gobierno ha estado muy activo desde el primer momento porque los elementos del sistema así lo requerían. Desde el primer momento quisimos mejorar el subsistema de formación para
el empleo e impulsamos la concurrencia competitiva -algo que no se había hecho históricamente en este país- para mejorar de forma más eficaz y gestionar de modo más transparente. Estamos teniendo resultados concretos, señor Anchuelo, y lo debería
reconocer. Por ejemplo, se ha reducido a la mitad, del 20 al 10 %, la posibilidad de justificar como costes asociados la gestión vinculada al sistema de formación y se ha suprimido por completo la fórmula que existía de gastos de difícil
justificación. Por tanto, se han ordenado y limitado los supuestos de admisión de incidencia que se producían a lo largo de todo el proceso formativo y que tantas disfunciones ha creado en el sistema en el pasado. Se ha impulsado la teleformación
con la impartición de acciones formativas para mejorar la eficacia y se han publicado simultáneamente por primera vez todas las normas de valoración técnica y de financiación e instrucciones de justificaciones de coste en el momento mismo de la
publicación de las convocatorias. El resultado es claro: con menos de la mitad del presupuesto que en 2011 el número de planes presentados a las convocatorias de ayudas en 2012 se ha multiplicado por dos, y en 2013 los datos indican que también se
superarán todos los niveles anteriores. Lo más importante, señor Anchuelo, es que se ha aumentado en casi un 10 % el importe de la subvención que llega directamente a la actividad puramente formativa y se ha disminuido notablemente, en un 27 %, el
coste medio hora-alumno respecto a la última convocatoria; es decir, hacemos más formación con menos coste gracias a la concurrencia competitiva. En el caso de la convocatoria dirigida a jóvenes desempleados el coste medio hora-alumno se ha
reducido también un 27 % en un solo año. Ese es el camino que tenemos que recorrer.
Como le he comentado, el Gobierno trabaja con los interlocutores sociales y con las comunidades autónomas para hacer ese modelo más transparente, con concurrencia competitiva y por supuesto con evaluación permanente, para que no tengamos los
escasos resultados del pasado en empleabilidad e inserción en el mercado de trabajo. Le quiero asegurar que estamos trabajando para que el nuevo modelo asegure que cada euro destinado a la formación va a la formación, porque es lo que necesitan no
solo nuestros desempleados para volver al mercado de trabajo -formarse, ser más empleable y tener más
oportunidades-, sino también los que ya están trabajando para tener mejores empleos y más remunerados. Por tanto, creo que en esto coincidimos. Señor Anchuelo, yo me he tomado la molestia de leer su programa electoral sobre estas materias,
y en los puntos 93 y 94 decían que había que mejorar las políticas activas de empleo basadas en la formación de parados; hablaban de establecer sistemas de evaluación de la calidad y eficiencia de los cursos de formación de desempleados. En esa
línea estamos trabajando desde hace dos años y vamos a hacerlo de forma definitiva con esta reforma integral del modelo en la que espero contar con sus aportaciones.
Me preguntaba sobre la patronal y los sindicatos, y se lo digo con toda honestidad: no se puede generalizar porque haya determinadas personas que cometan conductas fraudulentas. Los sindicatos y la patronal tienen que estar en el diseño de
la formación. Lo que tenemos que ver entre todos es si tienen que estar en la gestión de la formación. Nosotros estamos haciendo propuestas en ese trabajo conjunto que estamos desarrollando en el diálogo social. Tenemos que avanzar hacia ese
modelo de colaboración público-privada, de concurrencia competitiva para lograr una mayor transparencia y también una mayor evaluación y mejores resultados del modelo. Insisto, no podemos demonizar todo lo que se hace, porque hay gente que trabaja
bien. Lo que sí le digo es que el Gobierno tiene tolerancia cero con el fraude, que lo vamos a perseguir hasta el final y que espero la colaboración de todas las comunidades autónomas. Pero también le sugiero que reconozca que cada uno tiene,
tanto el Gobierno como las comunidades autónomas, su ámbito de responsabilidad porque para eso están las sentencias del Tribunal Constitucional. Reitero que lo tenemos que hacer entre todos, que es un modelo fundamental para mejorar la
empleabilidad de los trabajadores y, sobre todo, para formar a los que hoy están en el desempleo y conseguir que con esa formación hagan una transición lo más rápida posible al mercado de trabajo. El Gobierno está en esa idea y está trabajando
intensamente en esa línea. Espero que el Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia y todos los grupos de esta Cámara colaboremos para trabajar en este nuevo modelo, que será fuente de oportunidades para muchos trabajadores que todavía no han
encontrado empleo en nuestro mercado de trabajo.
Muchísimas gracias, señor Anchuelo. Muchísimas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señora ministra.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (Continuación):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA ORAMAS), SOBRE LAS PROSPECCIONES DE HIDROCARBUROS FRENTE A LAS COSTAS CANARIAS DE LAS ISLAS DE LANZAROTE Y FUERTEVENTURA. (Número de expediente 173/000153).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López):
Pasamos ahora a debatir las mociones consecuencia de interpelación urgente que no pudieron sustanciarse en la sesión del martes. Les recuerdo a sus señorías que la votación de estas mociones se producirá en el día de mañana. La primera de
ellas, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Mixto, la señora Oramas, es la relativa a las prospecciones de hidrocarburos frente a las costas canarias de las islas de Lanzarote y Fuerteventura. En nombre de este grupo, tiene la palabra la señora
Oramas.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.
Señorías, traemos hoy la moción consecuencia de la interpelación que mantuve con el ministro Soria y quiero recordar aquí cómo pudimos desmontar el otro día todas las falacias y las falsas verdades que se plantean en el debate del petróleo.
Pudimos demostrar que la afirmación que hace el ministerio sobre que el petróleo es una fuente de riqueza a la que no se puede renunciar y que ningún país del mundo lo haría es falsa. Noruega, Rusia, Canadá, California, Francia, Brasil y Nueva
Zelanda han renunciado por causas medioambientales a prospecciones en determinados lugares con riqueza en biodiversidad. La segunda afirmación sería que el petróleo crearía empleo y que con las tasas de paro de Canarias es absurdo negarse a ello,
pero pudimos demostrar que las prospecciones de Repsol se van a realizar solo con una plataforma tipo barco y que solo generaría 200 puestos de trabajo, siendo la mayoría, como dijimos, de personal no cualificado, y que con un complejo hotelero se
crearían más puestos de trabajo que con una terminal de Repsol. Se dijo que la normativa española y europea reduce a riesgo cero la posibilidad de que existe un derrame. No hay tecnología en el mundo que garantice que no pueda haber un derrame.
También se dijo que para que lo extrajese Marruecos lo hiciéramos nosotros y los riesgos serían los mismos. No es cierto, las prospecciones en Marruecos son a 500 metros de profundidad y en Canarias
son a 3.500, son bolsas distintas. El petróleo se va a quedar ahí. Todavía no existe una tecnología que garantice que una avería a 3.500 metros se pueda resolver. Ustedes decían que Canarias podría tener un impuesto para compensar de los
riesgos. 200 millones de euros es la cantidad que el Gobierno del Partido Popular ha quitado en un solo año del convenio de carreteras con los planes de empleo que ha eliminado este año. Asimismo, afirmaba que el petróleo es compatible con el
turismo. No es compatible, el 50 % de la economía de Lanzarote y Fuerteventura depende del turismo en puestos directos, pero el cien por cien depende del turismo y el 30 % de toda la economía canaria. ¿Qué van a hacer más de 1 millón de canarios
si tenemos un derrame y se va al garete nuestra tierra? ¿Volver a Venezuela, como dijimos el otro día? También ignoran las consecuencias no solo para los ricos fondos marinos y costas sino el suministro de agua de Lanzarote y Fuerteventura. Lo
decíamos el otro día, el cien por cien del agua en Lanzarote y Fuerteventura es desalada. Si hay un derrame, ¿qué agua potable van a tener esas islas durante varios años? Por último, dijo: solo estoy dando el permiso de exploración, únicamente
para saber lo que hay. En eso mintió el ministro y no le pude replicar porque lo dijo al final. No es cierto, la Ley de Hidrocarburos, en su punto 9.2, especifica que quien investiga tiene el derecho a la concesión de la explotación. Está claro,
nadie va a invertir 100 millones de euros en una investigación si no tiene la garantía de que automáticamente tiene el derecho, una vez presentada la documentación, de la explotación. Por eso presentamos esta moción. Por cierto, se va a votar por
puntos separados, con lo cual el primer punto es exactamente el que aprobó el Parlamento de Baleares y el que se aprobó en el Senado.
En primer lugar, pedimos que se suspendan temporalmente las prospecciones en ese punto y que se inicie un periodo de negociación con las comunidades autónomas.
En segundo lugar, ante la afirmación del Partido Popular de que el pueblo canario apoya las prospecciones petrolíferas, le planteamos lo que han pedido el Parlamento de Canarias y todas las instituciones canarias, y el Gobierno de la nación
está pendiente de dar una respuesta: que se celebre un referéndum, pregunten a los canarios. Si ustedes creen que el pueblo canario apoya las prospecciones, hagan un referéndum.
En tercer lugar, que en la declaración de impacto se tengan en cuenta los valores de la zona LIC. Diez expedientes en zona LIC, el de los más avanzados y más estudiados el de Canarias, y resulta que solo se mandan a Bruselas nueve. Se
excluye el de Canarias y se mete en un cajón. Eso no quiere decir que en el informe de impacto se tengan en cuenta esa declaratoria y esos valores excepcionales de biodiversidad y naturales que tiene esa zona y que tenga la máxima protección en esa
declaración de impacto.
En cuarto lugar, se abre un nuevo periodo de exposición pública por la abundante documentación que Repsol ha incorporado a la petición del ministerio. Tenemos una novedad hoy. El Cabildo de Fuerteventura ha recibido hoy una notificación y,
ante la abundante documentación, le dan quince días de plazo al Cabildo de Fuerteventura para alegar lo que considere conveniente. Eso no es un periodo de exposición pública, tiene que abrirse a los 11.000 ciudadanos, a toda la sociedad canaria que
hizo alegaciones en el primer periodo. Esto nos da la razón de que faltaban documentos, porque bien que se ha dedicado a decir el secretario de Estado de Energía que el documento estaba completo y que en ningún caso se iba a volver a someter a
exposición pública, y ustedes lo que hacen es que determinadas instituciones puedan ver todo ese tocho de documentación que Repsol no había presentado. No, un nuevo periodo de exposición pública. Si ustedes de todas formas van a dar la licencia,
¿qué más les da tres meses más de exposición pública? ¿Por qué esas prisas? Y llegamos al tema de las prisas. Resulta que no se ha hecho una trasposición a la normativa española de la nueva normativa comunitaria que es mucho más exigente con las
petroleras en las condiciones de licencia. Nosotros les pedimos que se paralice también temporalmente el permiso hasta que se trasponga la normativa europea a la normativa española.
Hoy quiero decirles sinceramente una cosa. Les recuerdo, como decía el otro día, la reflexión de un presidente de una comunidad autónoma diciendo que, por encima de su condición de presidente del PP de Baleares, era presidente de una
comunidad autónoma y el petróleo de Baleares es el turismo y, dijera lo que dijera su partido, ellos decían no al petróleo. Eso se lo tengo que decir a los diputados canarios: por encima de los diputados del PP, son diputados canarios. Que pueda
haber o no un derrame está ahí y no hay tecnología que no lo garantice, pero nuestra tierra no se puede ir al garete por una decisión equivocada cuando todavía no hay tecnologías para evitar o minimizar los riesgos en unas condiciones que no son ni
siquiera las que tiene actualmente la normativa europea y con unas prisas que ponen en juego el futuro de todos los canarios. Nuestra tierra produce un sentimiento importante con respecto a la naturaleza y nuestra historia es la de la emigración,
como conté el otro día. Nunca permitamos que los canarios tengan que volver a coger una maleta por una irresponsabilidad y por unas prisas que no proceden. Si pasa algo,
que los que teníamos la decisión no seamos culpables por haber tomado decisiones políticas priorizando decisiones irresponsables, precipitadas y, sobre todo, sin tener en cuenta los intereses de una comunidad autónoma que es de las más ricas
en biodiversidad del mundo.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señora Oramas.
Fijación de posiciones. Grupo Parlamentario Vasco.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, vaya por delante nuestro apoyo a la moción presentada por Coalición Canaria y defendida con sólidos argumentos por la diputada Ana Oramas.
Lo que en el fondo solicita la proponente es que el Gobierno del señor Rajoy muestre un mayor talante democrático en una cuestión que es muy importante para el futuro económico de las islas Canarias. Le piden al Gobierno que hable y negocie
con las instituciones canarias, con su Gobierno y con su Parlamento, que los canarios puedan opinar sobre esta cuestión, que además de los intereses de las petroleras, el interés de los canarios ha de tenerse en cuenta; es más, que los intereses de
los ciudadanos deben primar sobre los intereses empresariales. También se solicita al Gobierno que las garantías, en caso de que se lleguen a explotar los recursos petrolíferos, sean máximas y, por lo tanto, se aplique la directiva comunitaria
pendiente de trasponer y no la anterior, porque es más garantista. Los ciudadanos canarios y el turismo canario, su principal sector económico, solicitan, piden y exigen al Gobierno que se gestione este asunto con total transparencia. Esto es lo
que pide la iniciativa al Gobierno: consulta, transparencia y acuerdo. Creo que es difícil oponerse a ello y es por lo que desde el Grupo Vasco votaremos favorablemente.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Azpiazu.
Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. Señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.
Señora Oramas, usted ya ha anunciado que va a pedir una votación separada de los cinco puntos de su moción y yo le adelanto que apoyaremos algunos pero otros no podemos, y no podemos porque, aunque usted se ha centrado en el procedimiento y
parece que todo el problema que hay con las prospecciones petrolíferas tiene que ver con si se respetan o no determinados procedimientos, la voluntad popular, etcétera, usted no ha ido al fondo de la cuestión, creo además que la está escondiendo.
Esto ya se ha convertido en usual, en algo patológico cada vez que se habla en esta Cámara de política energética. Se ve que estamos en la época del prohibido prohibir y del pensamiento mágico y, por lo tanto, no hay problemas energéticos y esto se
soluciona simplemente deseando que se solucione solo. Pero usted sabe que esto no es así.
Por ejemplo, usted ha ignorado por completo la relación directa que existe -y seguro que usted la conoce mejor que yo, aunque le aseguro que me he informado a fondo- entre algunos indicadores tercermundistas que hay en Canarias, como un paro
altísimo, y que sigue habiendo emigración, por cierto de gente joven y con talento, debido al régimen proteccionista que hay en Canarias de su modelo económico tanto por la vía fiscal como por la vía de la sobreprotección del turismo, y he de
decirle que desde luego ha hecho usted un buen lobby del sector turístico canario, pero yo también conozco Canarias, yo también represento a los canarios y sé que en Canarias hay mucha gente que se tiene que ir de Canarias porque no tiene futuro
fuera del turismo. ¿Y qué ocurre con esta gente, que es sobre todo gente joven? ¿Tienen que resignarse a dedicarse solamente al sector hostelero y, si no, marcharse de allí? ¿No tienen derecho a que se abran nuevas perspectivas para un cambio del
modelo económico? ¿No hay un problema desde el punto de vista energético en Canarias precisamente para favorecer ese cambio de modelo económico? ¡Pues claro que lo hay! Usted sabe perfectamente, aunque tampoco le ha oído decir nada al respecto,
que, por ejemplo, la energía en Canarias está subvencionada por todos los españoles, por los famosos costes extrapeninsulares que el año pasado ascendieron a cerca de 2.000 millones de euros, buena parte de ellos son generados en Canarias, y eso lo
pagamos todos los españoles en nuestra factura de la luz a través de una tasa. Eso es solidaridad. Por cierto, para mi grupo, que es de los pocos que defienden esto, solidaridad correcta. Nos parece muy bien que el Estado democrático, que para
eso existe, redistribuya recursos. Pero es que ustedes no quieren redistribuir recursos, solo quieren
subvenciones, y esto es incorrecto porque a la gente hay que decirle la verdad y, si hacemos referéndums, habría que defender que se hagan referéndums para todo. Imagínese lo que ocurriría si se hace un referéndum en comunidades que son las
que más aportan a la solidaridad interterritorial sobre si hay que mantener esa solidaridad. Pues probablemente saldría que no. ¿Por qué van a ser más altruistas si ustedes deciden que sí quieren subvenciones para la energía en Canarias pero no
quieren correr ningún riesgo con un recurso que en España es particularmente escaso, sumamente caro y del que no podemos prescindir? Porque, digan ustedes lo que digan, aunque en el futuro -que ya veremos- se pudiera prescindir completamente de los
hidrocarburos, el hecho es que, a día de hoy, el 46 % de la energía básica, si no estoy equivocado, sigue viniendo de los hidrocarburos y no se puede sustituir por renovables.
Y hablando de renovables, cuestión a la que usted también ha aludido, ustedes gobiernan en Canarias desde el año 1993 -no está nada mal, ¡felicidades!-, pero han hecho muy poco por inversiones de renovables en Canarias, que tiene, por
cierto, grandes recursos. En cambio, han preferido las subvenciones, aunque de esto no se habla. Por ejemplo, no han hecho ustedes prácticamente nada sobre geotermia, que en Canarias es un recurso interesantísimo y además de una enorme
potencialidad. Según he visto, me parece que hasta hace pocos años solo había 7.200 kilovatios instalados de energía geotérmica. ¡Es ridículo! ¡Si se ha calculado que solo el Teide produce diariamente 100 megavatios! ¿Por qué no han hecho ustedes
algo para esto? No invierten en geotérmica, no quieren ver si hay recursos petrolíferos -que, por cierto, no son solo de los canarios sino que serían del conjunto de los españoles puesto que están en aguas territoriales españolas-, ignoran el hecho
-y es un riesgo muy cierto- de que Marruecos, que tiene una normativa medioambiental muchísimo más laxa que la nuestra, y no digamos que la europea, puede perfectamente, gracias a los métodos de perforación horizontal que existen, que llegan hasta
30 kilómetros del punto de perforación, llevarse ese petróleo con los mismos riesgos para Canarias o quizás peores. Y de eso no dicen nada, lo ocultan todo.
Hay países como Noruega que tienen el 35 % de su PIB, nada menos, procedente de los hidrocarburos y gracias a eso han podido desarrollar un Estado de bienestar que es la envidia de todo el mundo. Noruega extrae sus hidrocarburos del
Atlántico norte, que es un mar mucho más peligroso y arriesgado que el Atlántico sur a la altura de Canarias, y sin embargo no ha habido accidentes y es compatible con un turismo de muy alta calidad y con un medio ambiente también envidiable. ¿Por
qué? Porque en Noruega han decidido tener un modelo de extracción de hidrocarburos racional, sostenible y de una alta seguridad. Esto es lo que hay que exigir. Creo que ustedes tienen que explicar a los canarios y al resto de los españoles qué
quieren, si parecerse algo a Noruega o parecerse a países con un oligopolio económico en este caso del sector turístico, del cual ustedes defienden sus intereses y se despreocupan de los intereses de una gran parte de la población canaria que está
en paro y que no tiene futuro económico por ese modelo de solo turismo y playa. No puede ser. Además, ustedes mismos han asumido otros riesgos, como la especialización del puerto de Las Palmas de Gran Canaria precisamente en buques gaseros,
petroleros, etcétera. ¿Y esto les estorba, no les interesa? Claro que les interesa. ¿No tiene también riesgos relacionados con la manipulación de petróleo? Pues claro que los tiene.
Vamos a apoyar algunos de sus puntos, como digo, los de mayores garantías medioambientales, no el del referéndum porque es absolutamente demagógico e insolidario con el resto de los españoles y desde luego tampoco el del filibusterismo de
exigir que se pongan ya en actuación determinados informes que todavía, por lo visto, o no han emitido o no los han presentado o tienen que ver con directivas europeas. Además, no hagan trampa porque ustedes saben que las directivas europeas son de
obligada trasposición. Luego espero que tarde o temprano se traspongan, aunque espero que sea pronto para que no nos vuelvan a multar.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Martínez Gorriarán.
Por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señor presidente, señorías, gobernar es fundamentalmente tomar decisiones, optar. En el tema que hoy nos trae aquí es evidente que el Gobierno del Partido Popular ha optado, está optando, porque lo que se plantea
es un conflicto de intereses. En estos momentos claramente los intereses de Repsol son contrarios a los intereses del pueblo canario, a los intereses de la economía canaria, y ustedes optan claramente por ponerse al servicio de Repsol y no les
importan las consecuencias. Estamos hablando de un tema que es muy importante, muy trascendente, no es una decisión más, es una decisión que puede marcar el futuro de toda una comunidad. Por tanto, nosotros vemos encajable
perfectamente en este caso que se dé el derecho a decidir a los canarios y a las canarias sobre este tema, porque es algo que puede marcar el futuro de toda una población. Por eso, creemos que en estos momentos todavía cabe reflexionar,
todavía cabe situarnos y optar por los intereses de Canarias, por los intereses de la economía y del medio ambiente canario, por la defensa de unos intereses a los que hoy el Gobierno da la espalda. Por eso, nuestro grupo, que comparte en su
totalidad los puntos que se nos presentan, también tiene interés en que se haga un debate y no solamente en relación con Canarias, sino sobre lo que significa poner la economía al servicio de determinados intereses. Claro que en estos momentos se
está menospreciando en este Gobierno todo lo que tiene relación con las renovables, porque hay un interés, se opta; gobernar es optar y este Gobierno ha optado por Repsol, ha optado por los intereses de las eléctricas que no coinciden con los
intereses de la mayoría, en este caso ya de todo el Estado español, cuando el Gobierno está marginando y despreciando todo lo que signifique la apuesta por las renovables. (El señor presidente ocupa la Presidencia).
Creemos que es importante que este Parlamento debata y sea coherente, que este Parlamento discuta y nos lleve a determinar qué significa realmente los peligros que entraña. Se han dicho algunos. Se ha dicho claramente cómo el Gobierno ha
utilizado la demagogia, y es muy grave llegar a Canarias y querer jugar con una situación de paro realmente alarmante. Es evidente que también tenemos que replantearnos el turismo, por supuesto. Nosotros creemos que el actual modelo turístico no
genera el suficiente empleo, que el actual modelo turístico tiene que cambiar, pero no podemos cambiar el oro del turismo por una cosa incierta y que además nunca va a crear empleo, como pueden ser estas prospecciones o como puede ser la industria
petrolera.
Por lo tanto, no vayan ustedes a Canarias a jugar con los problemas de la gente, a situarles ante una necesidad y ofrecerles una zanahoria porque detrás de ella puede estar el abismo, porque hay mucha gente que puede creer en la zanahoria, y
esa es una irresponsabilidad que les puede llevar a caer en el abismo de forma irreversible. Estamos jugando con una posibilidad de acabar con una de las industrias más sólidas que puede haber en Canarias y en el resto del Estado, que es el
turismo, pero también con una de las industrias más volátiles, como es el turismo, que es tremendamente volátil. Ya solamente el anuncio está creando problemas en la industria turística porque genera incertidumbre y debilita la opción turística de
Canarias, solamente con el anuncio de que se puedan llevar a cabo estas prospecciones. Por lo tanto, hay que ser un poco más riguroso y más serio a la hora de definir y de hablar. No se puede decir una cosa en Canarias, incluso votar algo en el
Parlamento canario, y luego venir aquí y, como mandan los intereses, manda Repsol y manda el señor Rajoy, cambiar no solamente las palabras sino que hasta puede cambiar el voto. Por eso, nuestro grupo quiere que este tema no pase como un tema más
de trámite, que de verdad sirva para hacer una reflexión de cómo no podemos poner la economía, la vida y el medio ambiente de este país al servicio de empresas que no tienen ningún corazón, que no tienen ninguna sensibilidad, que solamente buscan el
interés económico y que hoy pueden estar en Canarias, mañana en la Amazonia y pasado mañana en otro lugar del mundo, y no les importa destrozar la Amazonia o destrozar Canarias porque el interés económico no tiene fronteras y mucho menos patria.
Por eso, nuestro grupo va a apoyar, reconociendo la solidez de la argumentación, todos los puntos de la moción que se nos presenta.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Centella.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Picó.
El señor PICÓ I AZANZA: Presidente, desde el escaño avanzo que el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió va a votar favorablemente la moción consecuencia de interpelación urgente que presenta Coalición Canaria y ello por el estricto
respeto a la Comunidad Autónoma de Canarias y a las decisiones que emanan de su Parlamento.
Respetamos el punto de vista consensuado en el Parlamento canario y que lleva a considerar que este tipo de explotaciones pueden representar un riesgo potencial, tanto para el medio ambiente marino como para la actividad en los sectores
pesquero y turístico. Por tanto, entendemos pertinente no asumir las consecuencias de un posible proyecto de prospecciones petrolíferas en su territorio. Cierto es también que las prospecciones de hidrocarburos, en caso de tener éxito, podrían
aportar una gran ventaja que es la de reducir la dependencia en la importación de gas y petróleo y aportar inversión y empleo a la comunidad autónoma afectada. Pero, como he dicho, la ponderación que haga la comunidad autónoma afectada de los pros
y contras debe ser respetada, y esa es la opinión que defiende Convergència i Unió.
En segundo lugar, vamos a dar nuestro apoyo a esta moción porque somos partidarios de que cualquier decisión en materia de permisos de investigación, e incluso explotación de hidrocarburos, recaiga sobre las comunidades autónomas afectadas y
no sobre el Estado. Desde nuestra perspectiva, todas las competencias ejecutivas en materia de hidrocarburos deberían atribuirse a las comunidades autónomas involucradas, puesto que son estas administraciones públicas las que tienen más capacidad
para canalizar de forma eficiente todos los intereses de las partes afectadas.
Señorías, a nuestro juicio, como hemos expresado en reiteradas ocasiones, la prioridad energética a medio plazo en España no debe pasar por una intensificación de su dependencia de los combustibles fósiles, sino por una acción decidida en
materia de ahorro y eficiencia energética como la que promueve Europa, y es necesario mejorar la penetración de energías renovables, especialmente en el ámbito de energía distribuida, y apostar decididamente por las energías limpias y también por la
cogeneración. En cualquier caso, es necesario establecer de una manera muy precisa los costes y los supuestos beneficios que de cualquier proyecto podrían resultar para que se tome una decisión óptima que responda al interés general, aunque
repetimos -y lo quiero dejar muy claro- que entendemos que la decisión última pasa por el estricto respeto a lo que la Comunidad Autónoma de Canarias y a lo que la mayoría de su Parlamento consideren.
Por último, también quiero dejar constancia de que nuestro grupo parlamentario, como ya puso de manifiesto ayer con ocasión del debate de la proposición de ley formulada por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, reclama analizar muy
bien proyecto por proyecto con ayuda de expertos, ver si responde a las exigencias desde el punto de vista medioambiental y de actividad económica general y tener presentes sobre todo los posibles costes sociales asociados a dicha actividad.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Picó.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Hernández.
La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Compartimos punto por punto la moción consecuencia de interpelación presentada por Coalición Canaria-Nueva Canarias, y supongo que el Partido Popular hoy también dirá que la comparte, porque voy a recordar esas declaraciones de González Pons
afirmando que ese petróleo que destruirá el mar y el turismo no daría beneficios más que a la multinacional que se lo lleve. Compartimos las declaraciones de González Pons, de la Administración de la Comunidad Valenciana, de la Administración y de
la sociedad de Baleares y de la Administración y la sociedad canaria. Llevamos años luchando por nuestras costas, por nuestro mar y por nuestras islas. Todo empezó en 2001, como saben, cuando el Gobierno de Aznar, mediante real decreto, autorizó
prospecciones a Repsol, y el Cabildo de Lanzarote, gobernado por los socialistas, recurrió tal autorización, y los permisos fueron declarados nulos en febrero de 2004 por el Tribunal Supremo. En 2005, el Gobierno de España, presidido por Zapatero,
toma la decisión de paralizar las autorizaciones de las prospecciones hasta que no existiera consenso con todas las administraciones públicas canarias -Gobierno de Canarias, cabildos-, y en 2005 el propio Partido Popular de Canarias condicionó su
apoyo a las prospecciones a la participación de las administraciones canarias en ese proceso. Pero ese acuerdo lo han roto; lo rompieron en 2012 y han autorizado las prospecciones sin contar con nadie. Pero ¿por qué toman esa decisión contra el
Parlamento de Canarias, contra la sociedad canaria, contra el Cabildo de Lanzarote, contra el Cabildo de Fuerteventura, contra la comunidad científica, contra la sociedad medioambiental, contra los ecologistas, contra la ciudadanía? ¿Por qué nos lo
imponen mediante real decreto, sin un debate público en el que hablemos de los perjuicios y de los beneficios que tiene esto para Canarias?
Yo le digo que comparto que hay que escuchar a la sociedad canaria. Ustedes hablan de mayoría silenciosa. Dejen hablar a la mayoría silenciosa. Hay muchas veces que dicen en Canarias: los beneficios son solo para Repsol y los perjuicios
solo para los canarios. Déjense de imposiciones. Si creen que esto es bueno para Canarias, cuéntenlo. Dejen de anteponer los derechos de Repsol a los canarios y a las canarias, a los intereses de los canarios y de las canarias. Dejen de
imponerse con su mayoría absoluta; dejen que hable la ciudadanía canaria. En Canarias hay mucha gente que piensa que el ministro Soria terminará trabajando en Repsol, en el consejo de administración de Repsol. Yo no puedo llegar a tanto porque no
soy pitonisa, pero se les ve mucho el plumero. Y yo digo aquí que no sé dónde terminará trabajando, pero se comporta más como miembro del consejo de administración de Repsol que como un ministro que representa al pueblo español. (Aplausos).
Se han dado mucha prisa para que la nueva directiva comunitaria, que exige a las petroleras más garantías, nuevos requisitos de responsabilidad, no afectara a Repsol. ¿Por qué? ¿Hasta ese punto llegan, a hacerlo corriendo para que la nueva
directiva comunitaria no proteja a Canarias sino a Repsol? ¿Por qué, si son más garantías? No tengan prisa. Convenzan al pueblo de Canarias. Está en juego nuestro futuro, el futuro de Canarias, nuestro modelo económico, nuestro modelo
productivo, y sabemos que esto no tendrá consecuencias ahora, sino que tendrá consecuencias sobre generaciones futuras. No pueden hacerlo sin consultar, no pueden hacerlo con una mayoría absoluta que ya se ha demostrado en las urnas que no tienen,
porque han perdido la mayoría social. Escuchen a la gente. No pueden tomar una decisión por nosotros, por los que van a venir y por gente que todavía no ha nacido, mintiendo, jugando como jugaron para ganar las elecciones diciendo que crearían
empleo. Ahora dicen que esto también generará empleo, otra vez, cuando se ha dicho por parte de todos los informes que creará menos puestos de trabajo que un hotel. ¿Cuántos hoteles se irán? Están jugando con nuestro modelo económico y con
nuestro futuro, y esto solo beneficia a Repsol. Si no es así, explíquenselo a la sociedad canaria, convenzan a la sociedad canaria, escuchen a la sociedad canaria, y si hay mayoría silenciosa que se exprese. Es una decisión con demasiados riesgos
como para tomarla en contra de la sociedad canaria. Ustedes estaban de acuerdo en escuchar. En 2005 ustedes dijeron: solo con la Comunidad Autónoma de Canarias, con las administraciones de Canarias y con la sociedad canaria. De manera que
cumplan. No les pedimos más que eso.
Ustedes me van a sacar declaraciones de unos y de otros. Yo también lo puedo hacer. Yo puedo sacar declaraciones de González Pons, del presidente balear, del de la Comunidad Valenciana o del Partido Popular de Andalucía. Lamentablemente
no puedo sacar declaraciones del Partido Popular de Canarias porque hace mucho tiempo que ustedes están en otro lado.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Hernández.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Mariscal.
El señor MARISCAL ANAYA: Gracias, señor presidente.
Tras los heraldos del terror que hemos estado escuchando y las acusaciones infundadas que no merecen respuesta, porque pondrían en un lugar demasiado elevado a quien las ha hecho, me voy a limitar a circunscribirme a lo que hemos venido aquí
a hablar hoy, que es sobre las prospecciones cerca de las costas de Fuerteventura y Lanzarote. Hay una confusión inicial, que es confundir explotación con exploración. Todos somos conscientes de que no se dispone de información sobre los recursos
que pueden existir en nuestro entorno. Hay un déficit de conocimiento técnico y científico que esta exploración subsanaría. Se estima que existen un 20 % de probabilidades de que haya recursos. Por tanto hemos pasado de un escenario de posibles a
probables, y lo que se busca es conocer si hay o no recursos probados.
En segundo lugar, aquí se alude al procedimiento que se ha seguido y que ha sido escrupuloso. Que haya un derecho en exclusiva para investigar no es automáticamente ninguna ayuda o favorecer ningún trabajo. Al contrario: primero hay una
declaración de medidas de prestaciones de protección medioambiental, la verificación de requisitos, publicidad durante dos meses para ofertas complementarias, el Consejo de Ministros otorgó el permiso, cuarenta y cinco días para presentar
alegaciones, y posteriormente enviar toda esa documentación al Ministerio de Medio Ambiente, que emitirá una declaración de impacto ambiental favorable o desfavorable. Si fuera favorable establecería medidas correctoras y un programa de vigilancia
medioambiental, y velaría por el correcto funcionamiento del proyecto. Por cierto, señora Oramas, mis compañeros de Baleares también esperan conocer cuál es el resultado de la declaración de impacto ambiental que a ellos afecta.
Se habla también mucho de medio ambiente. La declaración de impacto ambiental tendrá en cuenta los condicionantes y valores que han motivado la propuesta de lugar de interés comunitario. En segundo lugar, se hace referencia a la
legislación europea, concretamente a la Directiva 30/2013, sobre la seguridad de las operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro. Obviamente la trasposición, a través de la Ley de Responsabilidad Medioambiental, aprobada en esta casa el
13 de mayo, nos convierte en el país más adelantado en protección y defensa del medio ambiente en esta materia.
Aquí hablamos, por una parte, de seguridad de abastecimiento, y en segundo lugar, de cumplir y mejorar nuestra actividad económica. Seguridad de abastecimiento porque tenemos una dependencia superior al 99 % que propicia un saldo negativo
en nuestra balanza comercial cercano a los 42.000
millones de euros. Esos posibles 140.000 barriles/día de los que se habla suponen el 10 % de nuestro consumo. Por tanto supondrían un ahorro de más de 28.000 millones de euros. La Agencia Internacional de la Energía valora que el precio
del barril de petróleo, de 259 litros, estará en el entorno de los 210 dólares en 2035, y hoy es ya superior a los 100 dólares. Ya conocemos el efecto de arrastre de este tipo de actividad industrial. No hay más que ver lo que está ocurriendo en
el entorno del Puerto de la Luz y todo lo relacionado con la plataforma logística de actividades de exploración y explotación en la costa occidental africana. Hablamos por tanto de efecto arrastre para la industria, para el comercio y para la
actividad portuaria, una industria que representa en el caso de Canarias apenas un 5 %.
¿Dónde están los problemas? En las inmensas y enormes contradicciones que han venido exhibiendo los miembros de Coalición Canaria y del Partido Socialista, contradicciones que ya expuso en su momento el ministro con motivo de la
interpelación. En el caso del PSOE he encontrado una nueva, porque el señor Pérez es una fuente inagotable de recursos. La última frase que he encontrado, en este caso del 31 de enero de 2011, es una que dice que considera ilusorio pensar que los
hidrocarburos van a desaparecer. Lo dijo el secretario general del Partido Socialista en Canarias. Yo pregunto: ¿por qué entonces en su momento no se derogaron los permisos? En el caso de Coalición Canaria es innumerable el número de
iniciativas, de intervenciones, la participación en el Plan energético de Canarias, incluyendo por supuesto favorecer las prospecciones petrolíferas. Luego además, en enero de 2012, el día 2, el presidente Rivero anunció que querían que hubiera un
gravamen especial, motivo por el cual se aprobó aquí una resolución con motivo del debate sobre el estado de la Nación de 2013. En fin, yo observo que aquí hay una querencia a que todo permanezca exactamente igual, como decía en su momento
Lampedusa en El gatopardo. Están negando las oportunidades, no nos han explicado por qué han cambiado de opinión. Quieren seguramente conservar influencia y poder, y limitar el acceso a nuevas oportunidades de crecimiento económico y empleo. Eso
es absolutamente irresponsable e hipócrita porque no dicen lo que decían, ni hacían lo que hoy hacen. Pensar en el interés general es lo que ustedes deberían hacer ahora mismo, ser responsables y tener mayor rigor, jurídico y técnico; ser
proactivos y dueños de nuestro futuro es lo que queremos en el Partido Popular, ganarlo. Si ustedes quieren beneficios, nosotros también. Por eso pedimos responsabilidad, para conocer, por un lado, cuáles son nuestros recursos, si existieran,
evaluar fortalezas y amenazas, y a consecuencia de ellas elaborar y definir una estrategia que sea favorable y buena para nuestra tierra.
Hemos hablado -y termino ya- del monocultivo del turismo, que representa un 30 % de forma directa y un 60 % de forma indirecta en el producto interior bruto en Canarias. Buscando papeles y documentándome para esta intervención he encontrado
una viñeta de El roto, de El País, que define claramente la situación tan contradictoria que ustedes están viviendo. En esta viñeta hay una manifestación en la que unos dicen: petróleo no; gasolina sí. Obviamente ustedes conocen y saben que los
turistas no llegan en ala delta, vienen en avión, que se mueve con hidrocarburos. Ya sé que reclaman referéndum; nosotros también. Es más, yo propongo aquí un referéndum nuevo. Por ejemplo, un referéndum en Fuerteventura para conocer por qué
motivo el Gobierno de Canarias ha quitado de los presupuestos 6.000.000 de euros para el nuevo hospital en Fuerteventura.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mariscal.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, A LA MINISTRA DE FOMENTO SOBRE LAS POLÍTICAS DEL GOBIERNO PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA VIVIENDA A LAS FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS. (Número de expediente 173/000154).
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Socialista a la ministra de Fomento sobre las políticas del Gobierno para garantizar el derecho a la vivienda a las familias con dificultades económicas. Para defender la iniciativa tiene la palabra la
señora Iglesias.
La señora IGLESIAS SANTIAGO: Muchas gracias, señor presidente.
El 29 de noviembre de 2012, hace un año y medio, el ministro De Guindos afirmaba desde esta misma tribuna, durante la tramitación del Real Decreto-ley 27/12, de medidas para la protección de los deudores hipotecarios, lo siguiente: tenemos
que mejorar el aparato estadístico para evitar lo que para mí es el principal inconveniente para solucionar los problemas de las familias españolas golpeadas por la crisis, la demagogia. El ministro solo veía en la estadística un problema para la
ciudadanía española. Año y medio
después el Gobierno no ha sido capaz de desarrollar estos instrumentos estadísticos ni obviamente mucho menos de acabar con los desahucios por causas sobrevenidas y no dolosas.
Los datos aportados recientemente por el Banco de España, procedentes exclusivamente -¡ojo!- de las entidades de crédito y correspondientes a 2013, vuelven a señalar el fracaso de estas medidas adoptadas hasta la fecha. Medidas que
atendiendo a los resultados pretendían más aquietar el impacto social que dar respuestas a los problemas; medidas que contenían más demagogia en los anuncios sobre su alcance que los resultados obtenidos. Baste señalar, lo recuerdo aquí una vez
más, un reciente informe de la Fundación de las Cajas de Ahorros, Funcas, para recordar que ni el 1 % de los hogares potencialmente beneficiados ha paralizado su ejecución hipotecaria, ni el 2 % de los que han perdido su vivienda han podido acceder
al Fondo social. El 0,03 % han podido acogerse a una reestructuración bancaria, eso sí, sin ningún tipo de garantías, y apenas el 0,1 % de los que podrían solicitar una dación en pago, en el caso de que se hubiera regulado, han podido acceder a
ella. Efectivamente demagogia y fracaso.
Presentamos esta moción con el objeto, una vez más, de intentar dar una respuesta eficaz a los problemas de pérdida de vivienda, y no a la demagogia, que siguen sufriendo miles de ciudadanos, no por no querer pagar sus préstamos, no por
haber comprado una vivienda por capricho, como prácticamente afirmaba durante la interpelación de la que deriva esta moción la ministra de Fomento hace un par de semanas, sino por verse en una situación de insolvencia derivada de una crisis
económica que ellos no han provocado. Familias que siguen viendo cómo se rescata a las entidades financieras, mientras nunca llega el rescate ciudadano, el rescate que permita que no pierdan sus hogares, que por cierto se han permitido en lugares a
los que se les permite ser vendidos a bajo coste a fondos buitre, más con intención de garantizar el derecho a la especulación que con intención de garantizar el derecho a techo. Prácticamente la totalidad de los grupos parlamentarios en esta
Cámara hemos promovido iniciativas que permitieran que frente a la insolvencia personal hubiera una segunda oportunidad. Y no solo lo hemos hecho prácticamente la totalidad de los grupos de esta Cámara. Los agentes económicos, el Banco Mundial, el
FMI, el Consejo de Europa, esos a los que en otras cuestiones siguen a pie juntillas sus dictados, también lo han hecho. El propio candidato del Partido Popular Europeo para presidir la Comisión Europea, Juncker, mostraba su estupor por que aún no
hubiéramos desarrollado esta ley de protección ante la insolvencia personal. Pero ustedes se enrocan, se niegan. Y una vez más les instamos a hacerlo.
En esta moción insistimos en promover reformas legislativas y económicas que eviten, en primer lugar, la pérdida de la vivienda y la deuda de por vida; que ante una situación de insolvencia existan garantías públicas y jurídicas que
permitan la reestructuración de la deuda y garanticen la permanencia en la vivienda. Esto no se resuelve con un ineficaz código de buenas prácticas, fundamentalmente porque no genera ni el derecho ni las garantías suficientes para poder hacerlo.
De nuevo no solo instamos a ello nosotros, sino también las organizaciones sociales, las plataformas de afectados, los colectivos de consumidores, los espacios judiciales, prácticamente el conjunto de la sociedad. Hoy mismo Humans Rights Watch
presenta un informe en el que se señala que la ausencia de ese derecho en nuestro país deja en unas circunstancias de mayor vulnerabilidad a aquellos a los que más ataca una crisis de la que ustedes dicen haber salido, pero dejando al margen a buena
parte de la ciudadanía. De igual modo sucede con el Fondo social de viviendas. Se podría decir que es inhumano que por toda alternativa social a la pérdida de la vivienda de la que, insisto, no se hace nada para evitar que se produzca, el Gobierno
pida que los ciudadanos acudan al departamento de atención al cliente de la misma entidad de crédito que tramitó su ejecución hipotecaria, para pedir que le dejen utilizar alguna de las viviendas que han puesto a disposición del mismo. Les pedimos
que se modifiquen los criterios de acceso al fondo, una vez conocido también el fracaso de su funcionamiento. Pero queremos ir más allá. De nuevo hoy nos van a anunciar con toda probabilidad que van a ampliar estos criterios. Pero de poco servirá
si estos requisitos siguen siendo acumulativos y no existe ningún tipo de garantía ni sobre las viviendas ni sobre el funcionamiento del fondo. Por ello solicitamos que sea ante las administraciones públicas competentes donde los ciudadanos
soliciten el acceso a estas viviendas, si no se ha podido evitar con anterioridad, como también le solicitamos, evitar la pérdida de la misma.
Las condiciones establecidas en la Ley 1/2013 se han convertido en realidad en una excusa, en una excusa para dejar a cientos de ciudadanos fuera de la protección en lugar de garantizar su acceso a la vivienda. Es absurdo que una mujer
sola, madre, con hijos menores a cargo, víctima de violencia, responsable del cuidado de un dependiente, que ha sufrido además las consecuencias de su reforma laboral con una bajada -o con una moderación que diría el ministro Montoso- de su salario,
no pueda acceder a ninguno de estos derechos si sus ingresos, por ejemplo, superan el 50 % de su cuota hipotecaria.
Si no anuncian que van a cambiar esto, si no anuncian estas modificaciones, si no evitamos primero la pérdida de vivienda y garantizamos el acceso, una alternativa real a continuación, estaremos poniendo un nuevo parche que no solucionará el
problema, estaremos contribuyendo a una demagogia en lugar de a una solución. De igual modo les pedimos la revisión de los contratos hipotecarios para acabar de una vez por todas con todas las cláusulas abusivas contenidas en los mismos,
garantizando el cumplimiento de las sentencias, doctrinas y directivas jurisdiccionales europeas, y que rectifiquen, sí, que rectifiquen algunas de las decisiones tomadas hasta la fecha, que están produciendo justamente nuevos abusos sobre quienes
accedieron a una vivienda de promoción pública mediante préstamos subsidiados, repongan las prórrogas y renovaciones suprimidas sin esperar a las sentencias judiciales que cada día les llegan, obligando a hacer ese reconocimiento en la subsidiación
de préstamos. Una vez más, señorías, tratemos de poner por delante los problemas de la gente, tratemos de centrar el debate en dar soluciones a estos problemas, impulsemos actuaciones en esta dirección que comprometan al Gobierno a no esperar más
para atender la desprotección de aquellos que necesitan de la política.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Iglesias.
Se han presentado dos enmiendas a esta moción. En primer lugar, por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Ciuró para la defensa de su enmienda.
La señora CIURÓ I BULDÓ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, desde Convergència i Unió daremos nuestro apoyo a esta moción presentada por el Grupo Socialista, puesto que entendemos, porque es así, que el problema sigue, que no ha habido solución hasta la fecha de lo que podemos considerar un
drama social. ¿Por qué? Porque los últimos datos que nos arroja el Banco de España nos dicen que en 2013 se incrementó en un 18,5 % el número de desahucios, con lo cual se incrementó en 50.000 el número de familias afectadas por no poder pagar su
hipoteca y perder su vivienda. La dación en pago representa una solución solo para un tercio de los litigios presentados, y consecuentemente la litigiosidad alrededor del fenómeno hipotecario ha ascendido en ese 18,5 % en que se han incrementado
los procesos por desahucios. Por tanto el problema sigue sin resolverse, los bancos siguen incrementando el volumen de viviendas vacías en sus activos, y las familias continúan perdiendo sus viviendas de forma sistemática. Es un sinsentido, es una
injusticia, y estamos aún lejos de que esto deje de ser la principal pesadilla de las familias como consecuencia de la crisis.
Además todo ello pone de manifiesto que las medidas adoptadas, que las reformas legales emprendidas por el Gobierno no son suficientes, y nos encontramos aún con la tremenda injusticia que supone la posibilidad de que se haya dado vía a la
capacidad de los jueces de modular cláusulas abusivas, contraviniendo los principios generales del derecho español, en virtud de los cuales una cláusula nula se tendrá directamente por no puesta, no se podría modular, salvo en la cuestión
hipotecaria, donde el juez puede modular esta cláusula y además le damos amparo legal en la disposición transitoria de la Ley 1/2013, y le decimos que como máximo a estos intereses les ponemos una acotación, contraviniendo la trasposición de la
directiva que nos dice que el juez nacional no podrá bajo ningún concepto integrar estas cláusulas. Por tanto estamos muy de acuerdo con la proposición de abolir definitivamente las cláusulas de los contratos que sean abusivas; quizá sería una
primera medida para permitir que muchas de estas familias pudiesen seguir pagando sus cuotas hipotecarias.
Además de exigirles, señorías del Grupo Popular, que dejen de recriminar -imagino que es muy tentador- lo que no hizo el Gobierno socialista, que ya entonó el mea culpa diciendo que pudiéndolo hacer no pincharon la burbuja inmobiliaria, les
conminamos ahora a ustedes, que tienen toda la responsabilidad, a que como mínimo cumplan lo que ustedes aprueban y lo que ustedes acuerdan, y me refiero, por ejemplo, al Plan estatal de vivienda. Ustedes tienen pendiente de desarrollar un plan
estatal de fomento del alquiler de viviendas, de rehabilitación edificatoria, y de regeneración y renovación urbanas al que se comprometieron y al que dijeron que dotaban de 2.300 millones de euros para su desarrollo, y a día de hoy las comunidades
autónomas aún ven cómo no ha sido firmado. Es más, aparte de no firmar y no cumplir los compromisos que ustedes asumen voluntariamente desde su mayoría absoluta, queremos destacar que las aportaciones del Estado a la Generalitat de Catalunya para
desarrollar políticas de vivienda prácticamente han desaparecido. Se ha pasado de los 131 millones de euros presupuestados que había en 2009 a los escasos 10 millones de euros de 2013; hecho que supone un 93 % de reducción de la capacidad de
realizar políticas de vivienda en la Generalitat de Catalunya, a la que ustedes conminan sistemáticamente a realizar ajustes. Cumplan con lo que ustedes se comprometen, y por tanto den carta
de naturaleza al plan estatal, firmen los convenios, y aporten el dinero al que ustedes se comprometieron para poder realizar estas actuaciones.
Desde Convergència i Unió hemos presentado unas enmiendas y seguimos insistiendo en el tema. Creemos que hay fórmulas para poder dar una solución, y que la legislación adoptada no es suficiente. ¿Qué consideramos vital? Una ley de segunda
oportunidad y una ley de sobreendeudamiento que permita una reestructuración ordenada de las deudas de las familias. Quiero recordar que la cifra de 800.000 millones de euros representa aún la deuda de las familias, de los cuales 600.000 millones
están relacionados con la vivienda habitual. Arreglemos parte de este desaguisado haciendo una ley de segunda oportunidad, que por otro lado genera consenso en todos los grupos de la Cámara. Hablemos de la mediación; instemos a las entidades
financieras a realizar mediación. De hecho el Fondo Monetario Internacional les recomienda que los bancos sean más proclives a la reestructuración de deudas con las familias. Por lo tanto regulemos legislativamente la mediación hipotecaria para
encontrar soluciones acordadas. Ni tan solo les pedimos que la mediación sea extensible a todas las hipotecas. No, estamos hablando de familias con insolvencia sobrevenida y de buena fe, y lo que es más, de hipotecas concertadas entre los años
2006 y 2008, que es la época de máximo esplendor de la burbuja inmobiliaria, a la que vienen obedeciendo la mayor parte de los desahucios que hoy en día estamos sufriendo. Además la mediación es algo que ya se está realizando. Por tanto démosle
carta de naturaleza a esta cuestión.
Para terminar, señor presidente, solicitamos la creación de una subcomisión que permita retomar los trabajos de la que quedó pendiente, y que por causas del avance de las elecciones en la legislatura anterior quedó en suspenso. Retomemos la
creación...
El señor PRESIDENTE: Señora Ciuró, tiene usted que acabar.
La señora CIURÓ I BULDÓ: Termino, señor presidente. Gracias.
Retomemos esta subcomisión para estudiar el problema y buscar soluciones en el tema de la vivienda y del drama de las ejecuciones hipotecarias, e intentemos por tanto dar una solución viable a las familias.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ciuró.
Se ha presentado también una enmienda por el Grupo Popular y para su defensa tiene la palabra el señor García Egea.
El señor GARCÍA EGEA: Gracias, señor presidente.
Señorías, hoy estamos escuchando aquí estadísticas como si eso justificase o no la necesidad de actuar. Quiero decir que no queremos estadísticas, que con que un ciudadano pierda su empleo y no pueda pagar la casa donde vive basta para que
este Gobierno actúe. Vamos a dejarnos de estadísticas y vamos a trabajar para que, si ocurre eso, esa persona tenga un futuro y no se quede con una deuda de por vida. (Aplausos).
Yo no voy a utilizar mi tiempo para decir que hemos sido el primer Gobierno de la democracia que ha legislado para evitar los desahucios de primera vivienda, ni voy a perder el tiempo en recordarles que ha sido un Gobierno del PP el que ha
conseguido mantener los ahorros de miles de funcionarios, jubilados, estudiantes, trabajadores, gracias a la reestructuración financiera que tanto critican. No voy a emplear tampoco el tiempo en recordarle que su Gobierno nos llevo a la ruina con
su mala política, demagogia, falta de planificación, y ausencia total de un criterio claro sobre lo que es España y lo que son los españoles. Tampoco voy a recordarle que en dos años de gobierno de Mariano Rajoy se han tomado más medidas contra los
desahucios que en siete años de gobierno socialista; y no lo voy a hacer porque usted ya lo sabe, y quizá por eso se empeña en lavar, en limpiar su mala conciencia, trayendo a Pleno este tipo de mociones.
De toda la legislación que ha desarrollado el Partido Popular para proteger al deudor hipotecario yo me quedo con casos concretos, mientras que usted se queda con informes de cajas de ahorros, con estadísticas. Yo me quedo con los casos
concretos que he podido conocer este último año como, por ejemplo, el caso de una trabajadora de una gran superficie, soltera y con un hijo, que no podía hacer frente a su hipoteca y que gracias a la legislación promovida por el PP ha conseguido
reestructurar su deuda para pagar una cuota de 200 euros mensuales durante los próximos años, manteniendo la propiedad de su vivienda. También me quedo con una familia de Valencia que ha conseguido entregar su vivienda mediante la dación en pago
-como ha recordado hoy el ministro, ha habido 1.600 daciones en pago en
el último año, tal y como ellos querían- y permanecer en ella con un alquiler social. Siempre hay margen de mejora, siempre lo hay, y tenemos que seguir trabajando, pero seguro que esas personas están hoy mejor gracias a las medidas que ha
tomado el Gobierno de Mariano Rajoy, seguro. El ministro, ante esas estadísticas, también ha recordado hoy que el 70 % de las viviendas que se han ejecutado eran viviendas vacías, y que se han reducido un 42 % los desahucios forzosos. Creo que hay
que escuchar al ministro.
¡Claro que queda mucho por hacer! Pero aprovechando su propuesta, voy a decirle hoy lo que nosotros planteamos fundamentalmente al Fondo social de viviendas. En primer lugar, abrir la posibilidad de que aquellas familias cuya vivienda ya
esté adjudicada puedan permanecer en ella pagando un alquiler social de entre 150 y 400 euros. En segundo lugar, ampliar esas condiciones subjetivas que permiten el acceso a la vivienda integradas en el fondo, extendiéndose a personas con situación
de dependencia o discapacidad, unidades familiares con hijos menores de edad, personas mayores jubiladas o prejubiladas que tengan deudas de hijos y nietos, u otras personas con circunstancias de vulnerabilidad social. Cada partido político puede
hacer la política que desee o considere oportuna, sin embargo creo que no es de recibo hacer política con el dolor ajeno. Y usted tiene como eje fundamental de su política de vivienda utilizar el dolor ajeno no solo para hacer política, sino
también para confundir y mezclar datos. Por ejemplo, mezcla la ejecución de un solar, de un local comercial, o de una segunda residencia en la costa con la ejecución de una primera vivienda. Esto me preocupa porque estamos demasiado acostumbrados
a observar en esta Cámara el enfrentamiento de intereses que deberían ser complementarios. Nosotros creemos que no hay que basar la política de vivienda en la creación de conflictos, como se está haciendo en esta Cámara, sino en la resolución.
La política de vivienda propuesta por parte de la oposición consiste en enfrentar al deudor contra el acreedor, al inquilino contra el propietario. Fíjese hasta donde llega su propio poco rigor que hace dos semanas, aquí mismo, acusaba a la
ministra en una intervención, desde mi punto de vista fuera de tono, de haber creado listas negras de deudores, cuando lo que se pretende es que se pueda disponer de información para que el propietario de una vivienda sepa si a la persona que le
está alquilando su casa tiene o no una o varias sentencias firmes por impago de alquiler. Imagínese, por ejemplo, el caso de una persona jubilada que tiene una vivienda que pretende alquilar para poder obtener una renta con la que poder ayudar a
sus hijos o a su familia. Cuando usted hace ese tipo de afirmaciones, ¿piensa en algún momento en esa persona, en el calvario que le supondría a esa jubilada alquilar una vivienda a alguien que, además de tener ocupada la vivienda, no paga? ¿O
piensa en ese joven que compra una vivienda, se hipoteca y al poco tiempo tiene que trasladarse a residir a otro sitio de alquiler, pensando que la renta obtenida por el alquiler de su primera vivienda puede sufragar el coste de la hipoteca? ¿En
qué situación queda ese joven si le ocupan la vivienda y tiene que hacer frente a la obligación de su nuevo alquiler y de la hipoteca anterior? ¿Cómo se puede dedicar una persona a esto, a decir que se hacen listas negras y a criticar todo lo que
se está haciendo en política de vivienda para poner de acuerdo a deudor y acreedor, y a inquilino y propietario? Creo que no es el camino y creo que les aleja mucho más de la realidad de la gente y de la realidad que necesita este país en materia
de vivienda.
En 2009 -y termino con esto- los países europeos hicieron una reestructuración bancaria -usted quiere mezclarlo todo, la reestructuración, los desahucios y la mala situación económica-, y sabían lo que hacían, pero nosotros no. Si hay
problemas con el sistema financiero de un país, el que lo paga al final es el pensionista de Habanilla, el trabajador de Badajoz, el autónomo de Cuenca. Usted viene aquí al Congreso e interpela a la ministra hasta casi faltarle al respeto, diciendo
medias verdades, y no dice ni media palabra sobre que un colapso del sistema financiero provocaría que muchas familias perdieran todos sus ahorros; ni media palabra. Por eso se han tomado medidas para atajar un problema a través de una inyección
de liquidez procedente de Europa porque nos preocupa el estudiante, el jubilado, el autónomo y a ustedes solo les preocupa el daño que pueden hacer desvirtuando la realidad. Creo que hay que reorientar esa política.
¿Qué pensará la persona que esté leyendo estas intervenciones cuando acusa usted a los Gobiernos del Partido Popular de ser los culpables de la burbuja inmobiliaria? ¿Recuerda usted que con el Gobierno del Partido Socialista, con José Luis
Rodríguez Zapatero, fue el periodo en que más se incrementó el crédito al promotor? ¿Puede repetirme dónde se infló la burbuja inmobiliaria? Deje de lanzar medias verdades. Creo que la gente está ya harta, y con razón, de que este Parlamento solo
sirva para pelear, para confrontar, para difamar...
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que terminar.
El señor GARCÍA EGEA: Voy terminando.
Estamos de acuerdo con parte de su moción y de hecho estamos tan de acuerdo que muchas de las medidas que se proponen ya han sido adoptadas por el Gobierno y otras serán adoptadas en breve. Por eso le presento enmiendas transaccionales a
algunos de sus puntos que espero que acepten.
Creo que este Parlamento necesita personas constructivas y tenemos que ir por ese camino.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor García Egea.
En turno de fijación de posiciones tiene la palabra la señora Pérez Fernández por el Grupo Mixto.
La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, mientras todos los miembros del Gobierno siguen repitiendo el mantra de que las cosas van bien, mientras el señor Rajoy está contento y la vicepresidenta afirma sin rubor que la alegría ya se nota en las calles, miles de ciudadanos
siguen buscando esa recuperación de la que habla el Gobierno precisamente en las calles, en los contenedores de basura, muchos de ellos desahuciados de sus viviendas y convertidos en excluidos sociales. Un año ya cumplido desde la aprobación de la
Ley 1/2013 que en teoría establecía medidas para proteger a los que tienen más dificultades para hacer frente a sus hipotecas e iba a fomentar el alquiler social. Un año después el resultado es absolutamente desastroso.
El Gobierno impulsó aquella ley obligado por el fallo del Tribunal Europeo de Justicia sobre las cláusulas abusivas de las hipotecas y hoy dos reales decretos, una ley y un fondo de 6.000 viviendas después, son papel mojado, son un fracaso
rotundo. Más de 70.000 desahucios en el Estado en el último año y una legislación injusta que sigue impidiendo el derecho a la vivienda y que no responde a las demandas básicas de la dación en pago retroactiva. Más allá de las responsabilidades
directas achacables al Ministerio de Economía y 'propaganda', el conjunto del Gobierno es culpable de esta dramática situación y el Ministerio de Fomento no ha contribuido precisamente a ponerle remedio. No solo ha impulsado medidas que han
dificultado cada vez más a las familias permanecer en su vivienda, sino que ha puesto cada vez más obstáculos para que millones de ciudadanos puedan acceder a una.
La Ley de medidas de flexibilización y fomento del alquiler ha debilitado la posición de los inquilinos y ha estimulado fiscalmente a las empresas de inversión inmobiliaria. Ha facilitado los desahucios de aquellos que no pueden afrontar el
pago de la renta y ha borrado del mapa la renta básica de emancipación a los jóvenes.
La política de ayudas a la subsidiación de la vivienda protegida ha sido eliminada y se ha trasladado a los ciudadanos, ahogados por la crisis y por las políticas antisociales de este Gobierno, un considerable incremento de las rentas que
soportan por sus viviendas. Por cierto, al igual que sucede en otros ámbitos, están siendo los tribunales de justicia los que están condenando estas medidas y ordenando prorrogar estas ayudas y pagarlas a sus beneficiarios afectados por la
indolencia de las medidas del Gobierno. El plan de vivienda anunciado brilla por su ausencia y no ha pasado de los titulares de la prensa.
Por todas estas razones, el Bloque Nacionalista Galego considera necesarias acciones encaminadas a garantizar el derecho a la vivienda recogido, por cierto, en la sacrosanta Constitución que en tantos aspectos, en este también, es papel
mojado. Y por tanto votaremos a favor de la moción propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista, porque se dirige precisamente a intentar evitar que esta situación continúe.
Gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pérez Fernández.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra la señora Sánchez Robles.
La señora SÁNCHEZ ROBLES: Señor presidente, señorías.
Eso digo yo, señor García Egea, ¡qué pensarán los ciudadanos! De verdad que lo pienso cada vez que me siento en mi escaño. En cualquier caso le recomiendo la lectura de un reciente informe para nada de dudosa credibilidad del Banco de
España en relación con todas estas cuestiones.
Bueno, comenzaré con mi intervención. Abordamos en esta ocasión esta moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista que yo voy a tratar de analizar punto por punto. En el primero de ellos se pide de forma urgente un plan de
medidas legislativas y económicas para garantizar el derecho constitucional a la vivienda. Pues yo no sé si discrepo, porque si algo ha caracterizado el año 2013 en materia de política de vivienda desde el ámbito estatal es precisamente la
sobreabundancia de medidas legislativas e incluso la aprobación de ese famoso plan para hacer frente a ambos objetivos. Por eso,
sinceramente, creemos que esta no es la solución ideal. En opinión de este grupo sí hay que analizar, sí hay que evaluar. Más que elaborar nuevos planes y normas, parece más lógico someter precisamente a evaluación las normas y los planes
vigentes y ver cuáles han sido sus impactos y el cumplimiento de los objetivos pretendidos, y a posteriori, sí, adoptar cuantas medidas fueran precisas ante la evolución real de los problemáticas abordadas. Aquí, legislar se ha legislado mucho, y
muchas veces para nada.
En relación con el punto segundo del pedimento, es cierto que la peor crisis que ha sufrido el Estado español en más de medio siglo deja un reguero de historias con nombre propio entre las que los desahucios ocupan un lugar destacado y es
cierto que se pueden calificar además como un fiasco los resultados operativos del Fondo social de viviendas, así lo dice, por ejemplo, Adicae, dado que frente a un parque de 6.000 casas vacías apenas se ha dado alojamiento a unas 800 familias.
Ahora, la comisión de seguimiento y coordinación del Fondo social de viviendas, como aquí se ha comentado, ha acordado ampliar el ámbito de aplicación de ese instrumento. Parece por tanto que es posible reincidir y avanzar en esta línea de reforma
e incluir a un amplio número de personas o familias que previo informe de los servicios sociales se encuentren en circunstancias de vulnerabilidad social. Esta línea de incardinación de los servicios sociales y de las políticas de vivienda es
precisamente la línea de trabajo que se viene desarrollando en la Comunidad Autónoma de Euskadi por las distintas administraciones públicas operantes y su potenciación pasa también por un acceso procedimental más directo de las administraciones
públicas al citado fondo dándole además una mayor capacidad de impacto y mejorando su garantía efectiva ante el cumplimiento de requisitos.
Vamos a por el tercer pedimento. Se pide recuperar la subsidiación de préstamos convenidos a la vivienda protegida para favorecer el acceso en propiedad. En este punto, sinceramente, parece distorsionarse el objetivo. De hecho las ayudas
en forma de subsidios y subvenciones a fondo perdido a la propiedad, en Euskadi, por ejemplo, desaparecieron ya en el año 1986. El actual Plan estatal de vivienda 2013-2016 los ha suprimido ex novo en 2013 en el Estado español priorizando los
recursos públicos hacia el alquiler y las tres erres. A mi personalmente me parece razonable. Hay que garantizar el derecho a la vivienda, no a la propiedad. Las políticas estratégicas en materia de vivienda, como les decía viraron hacia el
alquiler y la rehabilitación hace ya tiempo abandonando el apoyo presupuestario directo a la compra como fórmula de acceso hace ya muchos años. De hecho la opción de las políticas vascas, mucho antes que las estatales, es por el alquiler y la
rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Distinta opinión merecen aquellos subsidios estatales reconocidos en planes estatales anteriores y que también se han hecho desaparecer de una forma un tanto oscura. En este caso sí parece lógico
que los compromisos asumidos legalmente en su momento sean objeto de cobertura y pago pero por un elemental principio de seguridad, no solo jurídica sino también filosófica. Este principio yo creo que aporta solvencia y estabilidad social que en
este momento es absolutamente necesaria.
En relación con el pedimento cuarto, las políticas energéticas es verdad que son las grandes desconocidas desde el Ministerio de Industria y han sido además raramente asociadas a las políticas de vivienda. La sensación que dan todas ellas
es de haber sido fijadas desde perspectivas muy sectorizadas, sin una visión integral del conjunto y con una falta de coherencia en términos, casuísticas y definiciones con las políticas públicas de vivienda en vigor. En este sentido, hay una
evidente oportunidad para homogeneizar, sistematizar y hacer compatibles estas medidas de tipo socioeconómico para colectivos vulnerables con los objetivos, definición, estrategias e impactos pretendidos por los planes y normativas de vivienda. Y
por último, se deben adoptar medidas para que las entidades de crédito supriman y dejen sin efecto las cláusulas abusivas -específicamente las cláusulas suelo- garantizando de forma efectiva la aplicación de la diversa jurisprudencia.
El pleno de la Eurocámara aprobó a finales de 2013 y los ministros de Economía ratificaron a primeros de 2014 una norma, por cierto a propuesta de un ponente socialista...
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, conviene que vaya terminando.
La señora SÁNCHEZ ROBLES: Concluyo, presidente.
... cuyo objetivo es acabar con los excesos en la concesión de créditos hipotecarios. Los Estados van a tener un plazo de dos años para incorporar la directiva. Entendemos que esta nueva directiva, junto a la ya traspuesta de servicios
financieros, puede ayudar a regenerar el mercado hipotecario español mejorando los aspectos informativos previos a los consumidores y estableciendo normas de conducta éticas a los profesionales financieros que operan en Europa en materia de
productos financieros de todo
tipo. Por lo tanto, aceleremos esa trasposición. No tengo más tiempo. En cualquier caso, esta es la opinión del Grupo Vasco.
Muchas gracias, presidente, por el tiempo que me ha concedido.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sánchez Robles.
Por el Grupo de UPyD, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Intervendré brevemente, señor presidente, para decir que apoyamos esta moción. Nos parece que es correcto volver a plantear lo que tantas veces se ha dicho, la política en materia inmobiliaria y de reforma
hipotecaria del Gobierno ha sido un fracaso. Los datos cantan, negarse a ver la realidad con estos datos es una forma de irracionalismo. Ya lo advertimos en el debate, no nos quisieron hacer caso -y además en esto hubo bastante consenso entre
grupos que tenemos posiciones muy distintas-, esa reforma no arreglaba nada y el dato vino hace poco. El año pasado hubo un 13 % más de desahucios, como no podía ser de otra manera dada la profundidad de la crisis económica en las familias y el
aumento de la deuda y de la morosidad. Por lo tanto, la reforma que se hizo fue completamente insuficiente y en el sentido equivocado, pidiendo buena conducta y buen comportamiento como si estuviéramos hablando de un parque infantil y no de regular
de otra manera. Un sector que además va a ser regulado -guste o no- con una directiva europea que se está tramitando y que habrá que trasponer, pero con un daño que ha hecho ya al prestigio de la democracia en España, que es que las instituciones
no se preocupan por los problemas de la gente, lo cual abre paso al populismo y a las soluciones irracionales, que no son soluciones, que es prometer regalar casas. En vez de prometer, vamos a resolver por vía legal lo que se puede resolver por vía
legal, como había que haberlo hecho cuando se hizo la reforma hipotecaria. Otra oportunidad desaprovechada con consecuencias -ya les digo- que van a ser duraderas y malas para el país. Porque esto no era ningún tipo de problema económico, se
trataba meramente de ordenar de otra manera distinta una situación económica sobrevenida.
No estamos discutiendo sobre quién empezó la burbuja inmobiliaria. Estamos discutiendo sobre cómo se resuelven sus efectos, luego no vuelvan ustedes -en este caso me dirijo el Grupo Popular- a poner el disco rallado de que empezaron
ustedes. No le importa a nadie quién empezó, importa cómo se soluciona y no lo han querido solucionar. Ese es el efecto que tiene este tipo de cosas: auge del populismo y votos a los que prometen regalar casas, en vez de discusión racional sobre
cómo se soluciona esto dentro de un Estado de derecho garantizando los derechos constitucionales a la vivienda, que no es ningún privilegio ni ningún lujo, es una cosa absolutamente elemental. Por tanto, vamos a apoyar en los términos en que se ha
presentado la moción del Grupo Socialista, no porque la compartamos al cien por cien, sino porque el sentido es correcto, compartimos bastantes de las cosas que ofrece como soluciones y porque, insisto, hay que reabrir ese debate. No caigan ustedes
en la tentación de que esto está resuelto y ya se ha solucionado y que el crecimiento económico de ciertas magnitudes macroeconómicas -más bien- ya lo resolverá, porque así no se va a solventar.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora De las Heras.
La señora DE LAS HERAS LADERA: Gracias, presidente.
Señorías, el derecho a la vivienda no puede estar regido por las reglas del mercado favoreciendo única y exclusivamente los intereses de los sectores financieros e inmobiliarios mediante ventajas legislativas, financieras y fiscales.
Izquierda Unida ha demostrado, con su responsabilidad de gobierno en Andalucía, que es posible hacer políticas para conseguir que la vivienda sea un derecho y no una mercancía al servicio de la especulación financiera con una ley que el
Partido Popular ha llevado al Constitucional impidiendo su aplicación y demostrando así que su prioridad son los intereses insaciables de la banca frente al de las personas. Aquí, en el Congreso, nuestro grupo ha presentado múltiples iniciativas
que apuestan por políticas públicas de vivienda, fundamentalmente de alquiler, con un carácter social inclusivo y universal que garanticen el derecho constitucional, que generen distintos beneficios sociales y que corrijan tanto las escandalosas
injusticias de procedimientos hipotecarios como la indefensión de los deudores frente a las entidades financieras. Por tanto, es responsabilidad del Gobierno del Partido Popular que el drama de los desahucios continúe tan vivo como desde que
comenzó. Todo ello a pesar de que las presiones ejercidas
sin desaliento por la Plataforma de afectados por la hipoteca y ante la llamada de atención de organismos internacionales, como es Amnistía Internacional, por el atentado contra los derechos humanos que supone dejar a miles y miles de
familias sin techo haya hecho que sea Europa -porque han sido ellos- la que ha forzado al Gobierno a tomar una serie de medidas de cara a la galería que, por supuesto, no han logrado solucionar el problema.
El código de buenas prácticas bancarias impone requisitos tan restrictivos, por más que quieren ampliarlo, que excluyen a buena parte de las familias, de las cuales un porcentaje muy elevado no obtiene un resultado satisfactorio ante su
situación. Ese porcentaje son personas con rostro y cara humana que sufren todos los días. Las medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores y la creación del fondo social de viviendas, por sus limitadas e incluso discriminatorias
condiciones de acceso, han demostrado ser un absoluto fracaso; unanimidad en los grupos de la oposición al respecto. Además, la puesta en funcionamiento de la Sareb está resultando de una gran opacidad e inoperatividad. No se dispone del
inventario que la integra y se desconoce el perfil de clientes. Se oculta la existencia de mecanismos de control público ante la eventual entrada especulativa de inversores privados, los conocidos por fondos buitre.
Señorías, necesitamos facilitar la restructuración de la deuda hipotecaria de las familias como se ha hecho con las promotoras inmobiliarias. Si hay rescate para bancos, empresas constructoras e inmobiliarias, ¿por qué no lo va a haber para
las familias? Es una cuestión de razón humanitaria, pero también por razones económicas, porque si no se deja de asfixiar a las familias hipotecadas y endeudadas no hay posibilidad de reactivación del consumo ni salida de la crisis.
Vamos a apoyar esta moción porque contiene medidas que nuestro grupo ha plasmado en multitud de iniciativas. Faltan muchas cuestiones que deberían haberse desarrollado en el apartado 1 de la moción, sobre medidas para garantizar el derecho
constitucional a la vivienda y evitar la exclusión social de aquellas familias que, como consecuencia de insolvencia sobrevenida, puedan perder o hayan perdido su vivienda. Hemos defendido y vamos a seguir apoyando la necesidad de incrementar el
fondo de beneficiarios que puedan acceder al Fondo social de viviendas. Vamos a ver qué propone el Grupo Parlamentario Popular. Creemos imprescindible abordar las cláusulas suelo y definirlas como abusivas en ciertas condiciones. Hay que regular
un sistema público de precio social en los suministros básicos de electricidad y gas de los hogares con poder adquisitivo reducido, más aún para familias en riesgo de exclusión, además de establecer criterios claros y homogéneos para su concesión
según la renta familiar. También impedir que las empresas suministradoras puedan interrumpir el servicio ni excluir a nadie por razón de retraso o impago debido a su situación de renta familiar. En definitiva, la moción no contiene todas las
medidas necesarias, pero sí forma parte de la solución. Es motivo más que suficiente para darle nuestro apoyo.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora De las Heras.
Señora Iglesias, le pregunto a efectos de si acepta o rechaza alguna de las dos enmiendas.
La señora IGLESIAS SANTIAGO: Aceptamos la enmienda propuesta por el Grupo de Convergència i Unió y rechazamos la propuesta por el Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señora Iglesias.
Mañana procederemos a votar las dos mociones.
Se suspende la sesión.
Era la una y cincuenta minutos de la tarde.
Corrección de error.
En el Diario de Sesiones número 201, correspondiente a la sesión plenaria número 189, celebrada el martes 27 de mayo de 2014, en la página 4, en el epígrafe Proposiciones no de ley (Votación), primer párrafo, donde dice 'Sometida a votación
la enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso...' debe decir 'Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso...'.