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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 201, de 27/05/2014
cve: DSCD-10-PL-201
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 201
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 189
celebrada el martes,
27 de mayo de 2014
Página
ORDEN DEL DÍA:
Modificación del orden del día ... (Página5)
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, reguladora de las medidas tributarias para las rentas no declaradas de emigrantes retornados. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 148-1, de 13 de diciembre de 2013. (Número de
expediente 122/000127) ... (Página5)
- Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de prohibición de prospecciones y explotaciones de hidrocarburos no convencionales mediante fractura hidráulica (fracking). 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B,
número 104-1, de 16 de enero de 2013. (Número de expediente 122/000086) ... (Página15)
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a impulsar la entrada en vigor de la nueva estrategia española de seguridad y salud en el trabajo 2014-2020. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 461, de 20 de mayo
de 2014. (Número de expediente 162/000950) ... (Página30)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la tarifa eléctrica aplicable a regadíos. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 417, de 7 de marzo de 2014. (Número de expediente 162/000889) ...
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre el cambio de modelo de formación profesional introducido por la LOMCE, que la devalúa, y las consecuencias de su aplicación. (Número de expediente 173/000155) ...
- Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Larreina), sobre propósitos del Gobierno para corregir la erosión de derechos fundamentales. (Número de expediente 173/000152) ... (Página52)
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página60)
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página60)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página61)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Página
Modificación del orden del día ... (Página5)
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con arreglo a lo acordado por la Junta de Portavoces, la Presidencia somete al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de que la moción
consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre el cambio de modelo de Formación Profesional introducido por la LOMCE, que la devalúa, y las consecuencias de su aplicación, pase a tramitarse en primer lugar
dentro de las mociones, lo que se aprueba por asentimiento.
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Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página5)
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- Del Grupo Parlamentario Socialista, reguladora de las medidas tributarias para las rentas no declaradas de emigrantes retornados ... (Página5)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Hurtado Zurera, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto, y Sánchez Robles, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y
Democracia; Garzón Espinosa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Picó i Azanza, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), así como la señora Jiménez Mínguez, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
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- Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de prohibición de prospecciones y explotaciones de hidrocarburos no convencionales mediante fractura hidráulica (fracking) ... (Página15)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley la señora Ortiz Castellví, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Baldoví Roda, la señora Jordà i Roura y el señor Errekondo Saltsamendi, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Martínez
Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Picó i Azanza, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Tudanca
Fernández, del Grupo Parlamentario Socialista, y Flores Lanuza, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Vuelven a hacer uso de la palabra la señora Ortiz Castellví y el señor Martínez Gorriarán.
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Proposiciones no de ley ... (Página30)
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- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a impulsar la entrada en vigor de la nueva Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2014-2020 ... (Página30)
Defiende la proposición no de ley la señora Bonilla Domínguez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto, así como para fijación de posición los señores Tardà i Coma y Cuadra Lasarte, del mismo grupo; Coscubiela Conesa, del Grupo
Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la señora Monteserín Rodríguez, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
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- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la tarifa eléctrica aplicable a regadíos ... (Página39)
Defiende la proposición no de ley la señora Rumí Ibáñez, del Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Solsona Aixalà, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Torres Herrera, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario Mixto; así como los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión
Progreso y Democracia, y Centella Gómez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra la señora Rumí Ibáñez.
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Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página44)
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- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre el cambio de modelo de Formación Profesional introducido por la LOMCE, que la devalúa, y las consecuencias de su aplicación ... (Página44)
Defiende la moción el señor Barberà i Montserrat, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En defensa de la enmienda presentada interviene la señora Vázquez Morillo, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Álvarez Sostres y las señoras Pérez Fernández y Ariztegui Larrañaga, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Sánchez Robles, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor
Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; la señora García Álvarez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y el señor Cabrera García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada vuelve a intervenir el señor Barberà i Montserrat.
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- Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Larreina), sobre propósitos del Gobierno para corregir la erosión de derechos fundamentales ... (Página52)
Defiende la moción el señor Larreina Valderrama, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Nuet Pujals, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió); Sánchez Amor, del Grupo Parlamentario Socialista, y Puche Rodríguez-Acosta, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Vuelven a hacer uso de la palabra los señores Larreina Valderrama y Puche Rodríguez-Acosta.
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Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) .... (Página60)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, reguladora de las medidas tributarias para las rentas no declaradas de emigrantes retornados, se rechaza por 147 votos a favor más 2
votos telemáticos, 149; 171 en contra más 1 voto telemático, 172 y 5 abstenciones.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de prohibición de prospecciones y explotaciones de hidrocarburos no convencionales mediante fractura
hidráulica (fracking), se rechaza por 126 votos a favor más 2 votos telemáticos, 128; 174 en contra más 1 voto telemático, 175, y 24 abstenciones.
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Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página60)
Sometida a votación la enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a impulsar la entrada en vigor de la nueva Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2014-2020, se
aprueba por 175 votos a favor, 126 en contra y 23 abstenciones.
Sometida a votación la enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la tarifa eléctrica aplicable a regadíos, se rechaza por 152 votos a favor y 172 en contra.
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Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página61)
Sometida a votación la enmienda transaccional con la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre el cambio de modelo de Formación
Profesional introducido por la LOMCE, que la devalúa, y las consecuencias de su aplicación, se rechaza por 144 votos a favor, 174 en contra y 6 abstenciones.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (señor Larreina), sobre propósitos del Gobierno para corregir la erosión de derechos fundamentales, se rechaza por 28 votos a favor, 283 en
contra y 13 abstenciones.
Se suspende la sesión a las nueve y veinticinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 68.1 del Reglamento y lo abordado en la Junta de Portavoces, esta Presidencia propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en las mociones, de tal manera que la moción
consecuencia de interpelación del Grupo Catalán de Convergència i Unió que figuraba en el orden del día con el número 8, pase a debatirse en primer lugar dentro de las mociones. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento).
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, REGULADORA DE LAS MEDIDAS TRIBUTARIAS PARA LAS RENTAS NO DECLARADAS DE EMIGRANTES RETORNADOS. (Número de expediente 122/000127).
El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, reguladora de las medidas tributarias para las rentas no declaradas de emigrantes retornados. Para su defensa, tiene la palabra el señor Hurtado.
El señor HURTADO ZURERA: Gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar, quiero decir unas palabras de reconocimiento y de felicitación al esfuerzo que está haciendo la Federación de Emigrantes Retornados, su presidenta a la cabeza, Eva Foncubierta, y todas las asociaciones de
Andalucía. Hay aquí hoy presentes asociaciones de Sevilla, de Cádiz, de Almería, de Granada representando a todos los emigrantes retornados que se ven afectados por lo que hoy venimos aquí a tratar. En ese sentido, quiero también reconocer ese
esfuerzo y esa labor tan encomiable que están haciendo todos ellos en la lucha por una causa muy justa, que es defender a personas que siguen ofreciendo mucho a este país, a las cuales les debemos mucho, hay mucho que reconocerles, y están siendo
muy maltratadas fiscalmente, están sufriendo un auténtico calvario y acoso fiscal. Mis primeras palabras quiero que sean de reconocimiento.
Hoy están presentes aquí dos personas que pueden ser el ejemplo de este calvario que están sufriendo. Voy a hablar de ellas. Don Antonio Lara está hoy aquí, y los medios pueden acudir a él, si les parece. Su caso es kafkiano, pero es uno
de los millones de casos que se están dando en este país con relación a los emigrantes retornados. Es un señor que emigró a Francia y que, cuando vuelve, la Seguridad Social de Francia le viene exigiendo que le dé un certificado de que tributa en
España. Desde el año 2001 este señor lleva acudiendo a la Agencia Tributaria a pedirle que le den un certificado o que le digan si tiene que declarar, y durante estos casi quince años la Agencia Tributaria le dijo que no se preocupase pero que no
le podían dar un escrito diciendo que no había que declarar en España, hasta el punto de que en el año 2005 estaba ya el hombre tan pesado que prácticamente lo quisieron echar de la Agencia Tributaria porque no se quería ir sin un certificado ni sin
un papel que dijese que estaba exento. También está hoy aquí presente Luis Caballero, de Jerez, al igual que Antonio, también emigrante en Francia. Este señor ya ha decidido cambiar de residencia. En el mes de julio va a ser ya residente francés.
Están sufriendo un daño económico, pero también están sufriendo un enorme daño moral. Son personas mayores, personas sin cultura fiscal, personas cumplidoras, personas que han ido a informarse a la Agencia Tributaria, en donde siempre les
han dicho que no tienen que tributar. Señores del Partido Popular, ojo a lo que está ocurriendo, porque todavía hay delegaciones de la Agencia Tributaria en donde se sigue diciendo a la gente que no tienen que tributar. Puedo dar casos concretos.
Recientemente, en Huércal-Overa, Almería, o en Granada, donde todavía hay empleados de la Agencia Tributaria que siguen diciendo a los emigrantes retornados que no tienen que tributar, que son rentas que tributan en su país de
origen. Esa ha sido la tónica habitual. Han recibido una mala información y son personas cumplidoras, personas que no se merecen el trato que están sufriendo. Desde el año pasado -el otro día daba el dato el señor Montoro- hay casi un
millón de expedientes de comprobación; es decir, más de un millón de pensionistas emigrantes retornados están sufriendo un auténtico calvario y muchos millones tienen sobre su cabeza la espada de Damocles, pues temen que en cualquier momento les
llegue una notificación de Hacienda diciendo que tienen impuesta una sanción, como es el caso de Antonio, al que le han impuesto una sanción de 900 euros, o diciendo que tienen que hacer una declaración complementaria con recargos, con intereses de
demora y con todo tipo de gravámenes y penalizaciones.
Hemos insistido, seguimos insistiendo y hemos tomado aquí diversas iniciativas para que se evite el sufrimiento que están padeciendo de forma injusta estas personas. Hemos hecho ya todo lo habido y por haber, y lo último que aportamos es
una proposición de ley, que espero que sirva para que lo tomen en consideración y para que se evite el sufrimiento que se les está ocasionando. El señor Montoro, en el último Pleno, ante una pregunta oral, dio dos informaciones. Una es que parece
ser que del año 2013 al año 2014 habían bajado mucho los expedientes de comprobación. En el año 2013 hubo 800.000 expedientes de comprobación por parte de Hacienda y en el año 2014 solamente van 27.600. Lo que me temo es que hasta aquí, porque
había unas elecciones, quizá no se haya puesto la maquinaria como se puso en marcha en 2013, me temo que por razones electorales se haya ralentizado sustancialmente durante el año 2014. Espero y confío en que no sea así. La segunda información que
nos dio es que se está viendo de forma individual y concreta, caso por caso. Señores del Partido Popular, es mentira, y les voy a decir por qué. Estos señores que están hoy aquí presentes, que representan a millones de personas afectadas, a
millones de pensionistas, vienen reclamando lo que les presentan. Y las respuestas que reciben, aparte de denegatorias, son un corta y pega que no tiene en consideración para nada las circunstancias personales de cada uno de ellos ni los argumentos
que ponen en su defensa cada uno de ellos. Por tanto, es mentira que se esté dando un tratamiento individual y personalizado a cada uno de estos afectados. Totalmente mentira.
Se agrava todavía más el trato dado a estos señores y señoras con una circunstancia añadida, y es que sobre ellos se está aplicando la Ley General Tributaria, la Ley del IRPF, con todo su peso, de forma estricta y sin ningún tipo de
consideración, sin tener en cuenta que la información ha sido inexacta, que ha sido errónea. Y sin embargo, hace meses aquí ha habido un cambio de la ley, un cambio de la ley para auténticos defraudadores, para personas que han obtenido rentas y
patrimonio no sabemos cómo, personas que han obtenido rentas y patrimonio y que lo siguen teniendo no sabemos dónde, y personas para las cuales se ha creado una amnistía fiscal que ha significado que se les ha eliminado todo tipo de gravámenes, se
les ha eliminado el devengo de intereses de demora, se les ha eliminado el devengo de recargo, se les ha eliminado la imposición de sanciones. Pero no queda solamente en eso: además, no se les ha exigido que retornen esos dineros a nuestro país.
Los emigrantes retornados, sin embargo, siguen mandando divisas; han estado toda su vida mandando divisas pero siguen mandando divisas en estos momentos. Esas pensiones son auténticas divisas que son el sustento de muchísimas familias en este
país. Y por otra parte, a estos señores, que son auténticos defraudadores, se les ha establecido un gravamen especial teórico del 10 % y real que no sobrepasa el 2 %. Se han beneficiado 30.000 defraudadores. Se les ha invitado a regularizar su
situación prácticamente a cambio de nada. Se está condenando, fustigando, maltratando a millones de pensionistas retornados en este país y se les está dando un trato conforme a ley, totalmente a rajatabla se les aplica la ley.
Pues bien, nosotros hoy planteamos aquí cambiar la ley para evitar el sufrimiento y la injusticia que están padeciendo. Y en ese sentido, nosotros proponemos en esta proposición de ley, en primer lugar, que se dé posibilidad de regularizar
de forma voluntaria esas rentas no declaradas; no declaradas, no por su interés en no declararlas, no por su interés de defraudar, porque no ha habido ni dolo ni ningún tipo de culpabilidad, sino por una mala información por parte de la Agencia
Tributaria. Pues bien, que se abra un periodo. Evidentemente, cuando se registró la proposición de ley había tiempo todavía para la declaración de la renta del 2013. Ya queda muy poco tiempo, ya queda un mes y medio, habría que ampliar el periodo
para que puedan regularizar de forma voluntaria. La regularización debería significar no devengo de ningún interés de demora, no devengo de ningún tipo de recargo ni de ningún tipo de sanción; que a aquellos que ya hayan pagado estos conceptos o
estos gravámenes se les devuelva el dinero de oficio y que todos los expedientes sancionadores abiertos se resuelvan de forma favorable para ellos, sin ningún tipo de sanción. Creemos que es lo menos que podemos hacer. Creemos que es lo justo. Y
por tanto, si hay que cambiar la ley, hay que cambiar la ley. Ellos van a seguir defendiendo sus intereses. (Muestra un
cartel con el siguiente texto: Somos emigrantes, no somos defraudadores). Lo estamos viendo en todas las ciudades de este país con pancartas que muestran frases contundentes que señalan ese daño moral más que económico que se les está
causando. Ellos mismos se declaran así: Somos emigrantes, no somos defraudadores. Por tanto, merece la pena que debatamos y que aprobemos esta proposición de ley. Estamos dispuestos a decidir si hay que hacer algún tipo de matización pero, sobre
todo, a corregir el daño que se les está causando a estas personas, un daño que no se merecen. Lo han recibido un millón, pero los muchos millones que no lo han recibido están temerosos de que en cualquier momento les llegue una notificación de
Hacienda. Señores del Grupo Popular, me parece una auténtica barbaridad que se esté mirando con lupa y con ojos grandes a este colectivo de personas sencillas, humildes y trabajadoras, que han sufrido muchísimo tiempo fuera de este país, que han
vuelto creyendo que les iba a recibir con los brazos abiertos, y que han ofrecido siempre todo lo que tienen, sus rentas, sus pensiones, para este país y para sus familias. Estas personas no se merecen esas circunstancias y sobre ellos se está
poniendo la lupa, los ojos grandes, mientras sobre los grandes defraudadores se ha puesto la amnistía y no querer saber sobre ellos.
Voy a dar un dato que es muy significativo de lo que están haciendo ustedes en la lucha contra el fraude fiscal. Señores del Grupo Popular, esta es la gráfica del último año (Muestra un gráfico), se ha recaudado en la lucha contra el fraude
fiscal un 5 % menos, 10.900 millones, cuando en el año anterior fueron 11.517. Desde que se creó la Agencia Tributaria en el año 1991, hace veintitrés años, nunca, jamás había bajado la recaudación en la lucha contra el fraude fiscal. Esta es la
primera vez que baja la recaudación en la lucha contra el fraude fiscal, y curiosamente lo que están recaudando ustedes es a costa de asalariados y pensionistas. El último dato que daba la Agencia Tributaria era muy demostrativo: los asalariados y
los pensionistas en este país están declarando rentas medias en el último año de aproximadamente 20.000 euros, mientras que según la estimación directa los grandes empresarios están recaudando 9.700 euros al año. Sobre ellos debería recaer esa lupa
de la lucha contra el fraude fiscal, sobre esos grandes empresarios, sobre esos poderosos y no sobre los pensionistas. Señores del Partido Popular, ustedes se están limitando a algo y por eso se da esta circunstancia (Muestra el gráfico), por eso
cae la recaudación del fraude fiscal, y es que ustedes a lo que se están dedicando es a comprobar. Hay una frase que en Hacienda es muy significativa: Se comprueba lo que se conoce y se investiga lo que no se conoce. Ustedes han ido a lo fácil, a
comprobar lo que ya saben, lo que ya conocen de los pensionistas y de los asalariados y no investigan lo que no conocen. A eso es a lo que se deberían ustedes dedicar en la lucha contra el fraude fiscal, a investigar lo que no conoce Hacienda, lo
que no figura en las bases de datos de Hacienda. Los propios técnicos de la Agencia Tributaria les están diciendo que están dedicando el 75 % de los medios humanos, no a investigar, a comprobar lo que declaran asalariados y pensionistas que no
tienen margen para defraudar, y le están dedicando el 20 % de los recursos a los grandes infractores, a los grandes defraudadores, que es a lo que más se tendrían que dedicar ustedes.
Concluyo igual que comencé, agradeciendo a la federación la lucha titánica que están haciendo, animándoles para que continúen y desde luego pidiéndoles al Partido Popular y al Gobierno que rectifiquen, que solucionen el problema, porque no
hay derecho al sufrimiento que están padeciendo y que sean sensibles con un colectivo de millones de pensionistas e inmigrantes retornados que se merecen respeto y consideración por parte de este país. Siempre, desde que empezaron a trabajar hasta
el día de hoy que reciben las pensiones, han estado aportando divisas a nuestro país, a nuestra tierra y a sus familias.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hurtado.
En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Señorías, por supuesto desde el Bloque Nacionalista Galego vamos a dar nuestro voto favorable a esta proposición de ley que el señor Hurtado acaba de defender en nombre del Grupo Socialista y, evidentemente, también explicaremos por qué. En
primer lugar, quiero saludar a todas las personas que están en este Pleno, de distintas partes del Estado español, que forman parte de plataformas de emigrantes retornados. Pero permítanme que de manera especial tenga un recuerdo para los miles de
hombres y mujeres que en Galicia forman parte de estas plataformas y que, desgraciadamente, se ven obligados a estar movilizándose un día sí y otro también para que desde el Gobierno se aplique la justicia a sus personas en relación con el
tratamiento tributario. Lo hacen por el empeño que tiene el Ministerio de
Hacienda -no solamente la Agencia Tributaria, porque el propio ministro se ha pronunciado en relación con este asunto- de tratar a estas jubiladas y jubilados como defraudadores, como delincuentes cuando realmente no lo son. Señorías, es
lamentable que haya personas que después de una dura y larga vida laboral tengan que enfrentarse a esta situación cuando pensaban que estarían en un momento de disfrute de una digna y merecida jubilación. Pues no es así, a día de hoy tienen que
seguir trabajando, en este caso, en defensa de los derechos que a cualquier ciudadano le parecen razonables, que no sean tratados como defraudadores. Como ha dicho el diputado Hurtado, son personas mal informadas por la propia Administración que,
como también se ha dicho, a día de hoy sigue desinformando.
Lamentamos profundamente que después de las muchas iniciativas que hemos tratado en Pleno y en Comisión, algunas de ellas presentadas por nuestro grupo, el BNG, el grupo mayoritario de esta Cámara, el Grupo Popular, no haya tenido la
consideración de tenerlas en cuenta, pero tampoco ha tenido la consideración del Ministerio de Hacienda. Aunque el ministro en algún momento ha reconocido que no son defraudadores -¡cómo van a ser defraudadores!, decía hace pocos días el señor
Montoro-, tampoco hay disposición a tratarlos de manera diferente que a los defraudadores. Es más, señorías, se está tratando a estos jubilados, a estos pensionistas emigrantes retornados peor que a defraudadores para los que ustedes, el Grupo
Popular, apoyando al Gobierno, han aprobado amnistías, peor que a los que llevaron sus dineros fuera del Estado español, a sus cuentas en Suiza. Muchos de ellos -ya ha sido noticia- pertenecían y eran cargos del Partido Popular. Por eso, señorías,
no es de extrañar que la gente del colectivo de emigrantes retornados esté indignada como está y defendiendo sus intereses como lo están haciendo.
Señorías, vuelvo a decir que el Bloque Nacionalista Galego, como no puede ser de otra manera, votará favorablemente esta proposición de ley. Y defendemos lo que aquí se dice porque desde nuestro grupo hemos presentado iniciativas en
dirección semejante en otros momentos. Señorías, quiero decir aprovechando este debate de proposición de ley que el Bloque Nacionalista Galego ha presentado una proposición de ley para la reforma de la Ley 35/2006, del IRPF, relativa a la
tributación de las pensiones públicas percibidas por personas emigrantes retornadas en Estados con los que existe convenios sobre doble imposición. Aprovecho esta ocasión para defender aspectos de esta proposición de ley porque si hoy este Pleno
accediera a tomar en consideración la proposición de ley del Grupo Socialista, nosotros aprovecharíamos la tramitación para presentar nuestra propuesta como enmienda. Hemos presentado, además de otras iniciativas en la misma dirección de la
proposición de ley que hoy debatimos, esta que acabo de decir, porque la intensidad del fenómeno emigratorio en el Estado español, especialmente desde territorios como Galicia, durante las décadas de la posguerra obligó a establecer instrumentos
jurídicos internacionales para respetar y proteger los derechos adquiridos a lo largo de la vida laboral de los trabajadores y trabajadoras emigrantes, con independencia del país donde se generaran. Como resultado, existen convenios de Seguridad
Social firmados entre el Estado español y la mayoría de Estados de la OCDE donde hubo presencia significativa de trabajadores y trabajadoras emigrados con origen en el Estado español, que aseguraron el mantenimiento de prestaciones sociales, entre
ellas las pensiones de invalidez y jubilación, una vez que se terminaba la vida laboral y su pago en el lugar de residencia.
De forma paralela también se rubricaron convenios para regular los aspectos tributarios de esas pensiones percibidas desde el extranjero, con el fin de armonizar el tratamiento fiscal y evitar la doble imposición. La mayoría de estos
convenios siguen la estructura del modelo de convenio de la OCDE en materia de doble imposición, que distingue la tributación de las pensiones privadas y las públicas, estableciendo como excepción que las pensiones y remuneraciones similares pagadas
por o con cargo a fondos creados por un Estado contratante o uno de sus organismos autónomos, autoridades o administraciones locales en consideración a un empleo anterior están exentas de impuestos en el otro Estado contratante.
La interpretación de esta regulación ha sido polémica. La doctrina tributaria emitida ante las consultas enviadas ha sostenido que para que una pensión originada en un Estado contratante y percibida por un residente del otro Estado
contratante no sea gravada en el Estado de residencia ha de pagarse con cargo a fondos creados por el Estado en cuestión o un Land. Así se ha apartado esta interpretación literal que se hace introduciendo el criterio no escrito en la letra del
convenio relativo a la naturaleza del régimen de aportaciones a los sistemas de pensiones en el extranjero. Sin embargo, la mayoría de las resoluciones judiciales emitidas reflejan el sentir literal de dichos convenios, y hago referencia, señorías,
a sentencias emitidas por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que razona en sentido inverso a lo que razona la Agencia Tributaria, dando la razón a las personas que perciben pensiones desde el extranjero apoyando
la tesis de su exención a la luz de los convenios de doble imposición y rechazando cualquier planteamiento dogmático sobre la naturaleza de las pensiones de la Seguridad Social en razón a las aportaciones que las conforman.
Señorías, a pesar de estas sentencias que son muy claras al respecto, la Agencia Tributaria sigue obstinada en mantener su posición de tratar a estos pensionistas como defraudadores. Por eso, desde el Bloque Nacionalista Galego, además de
defender iniciativas en el sentido en el que va la proposición no de ley que hoy debatimos, consideramos oportuno presentar esta cuyo contenido acabo de plantear, porque entendemos que es necesario que el Gobierno, y en este caso esta institución
legislativa, resuelva esta cuestión y definitivamente se resuelva un agravio hacia todas aquellas personas que en este momento están cobrando una pensión porque han sido emigrantes y que por lo tanto tienen esta situación lamentable provocada por el
Gobierno. Porque volvemos a decir -y finalizo, señor presidente- que no es cuestión de querer interpretar la ley como a la Agencia Tributaria le parece conveniente en un momento en que se necesita recaudación; no, señorías, es cuestión de tratar
con justicia a un sector social muy importante que no es precisamente aquel que está haciendo que las arcas del Estado no tengan dinero en este momento. Que vaya el Gobierno a rascar los bolsillos de aquellos que tienen el dinero dentro y no
justamente de aquellos cuyos bolsillos ya están vacíos y que ya no tienen nada que ofrecer. Por lo tanto, señorías, no solamente vamos a dar el apoyo a esta proposición no de ley del Grupo Socialista, sino que apelamos a la conciencia del grupo
mayoritario de esta Cámara, el Grupo Popular, para que se haga cargo de la situación y que por una vez, durante todos estos meses que lleva la lucha de este colectivo de emigrantes en la calle, resuelva favorablemente aquellos requerimientos que
está haciendo porque son justos, señorías, son justos; son emigrantes y no defraudadores.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra la señora Sánchez Robles.
La señora SÁNCHEZ ROBLES: Bienvenidos.
Presidente, señorías, voy a llevar un poco la contraria a mis predecesores. Lo lamento y me explicaré. Subo al estrado, como les decía, para fijar la posición del Grupo Parlamentario Vasco en relación con la toma en consideración de la
proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista reguladora de las medidas tributarias en relación con las rentas no declaradas de emigrantes retornados. Lo cierto es que esta iniciativa replica prácticamente en su integridad el
contenido de otra anterior; concretamente, como ya ha señalado el señor Hurtado, una proposición no de ley del mismo grupo ya debatida en esta Cámara. Los argumentos de este grupo no han cambiado y, tal como señalé en aquel debate, trataré de ser
ecuánime.
Vaya por delante el reconocimiento de este grupo a todas aquellas personas que en las décadas de los cincuenta, sesenta y setenta se vieron obligados a emigrar al extranjero en busca de un futuro mejor, al igual que hoy lo están haciendo
miles de jóvenes ante la falta de oportunidades que hay en el país. También hubo muchos vascos que tuvieron que emigrar. Sin embargo, y comprendiendo desde el punto de vista humano las razones que han impulsado al grupo proponente a plantear esta
proposición de ley, no podemos estar de acuerdo en términos generales con las medidas concretas que se proponen en el pedimento de la iniciativa. En primer lugar, consideramos inadecuado utilizar el ámbito tributario para instrumentar medidas
compensatorias o mitigadoras del sacrificio y del drama que con toda seguridad supuso para muchos de vosotros y vosotras -de ellos y ellas- tener que abandonar sus pueblos, sus ciudades, sus familias y amigos para embarcarse en una aventura de
incierto final. En segundo lugar, las medidas propuestas -y ahora voy a hablar de legalidad- son contrarias a los principios de igualdad, equidad y legalidad que deben presidir la acción del Gobierno en general, más si cabe en materia fiscal.
Incurrirían claramente en el agravio comparativo con otros colectivos. Aunque en aquella intervención renuncié a poner ejemplos confiando en que a los diputados y diputadas de esta Cámara les estuvieran viniendo a la cabeza con facilidad algunos de
ellos, en esta ocasión, intentando no cansarles, les citaré algunos. De aprobarse esta iniciativa, otros ciudadanos y ciudadanas se preguntarán: ¿por qué eximir del pago de intereses y sanciones a los emigrantes retornados y no, por ejemplo, a las
pequeñas y medianas empresas o a los emprendedores y emprendedoras individuales que como consecuencia de la crisis se han visto obligados a bajar la persiana y a perder su trabajo, acumulando además importantes deudas que les han impedido afrontar
rigurosamente sus obligaciones fiscales? ¿O al colectivo de viudas y viudos? ¿O al de los pensionistas que han trabajado aquí y que en muchos casos tienen verdaderas dificultades
para llegar a final de mes y disfrutar dignamente de su jubilación después también de toda una vida dedicados al trabajo y al sostenimiento y atención de sus familias? ¿O al colectivo de jóvenes con empleos basura, los que trabajan durante
jornadas interminables por un ínfimo salario que ni siquiera les permite cubrir sus necesidades más básicas? Todos estos están obligados, sin excepción, a tributar. Creo que estos ejemplos son más que suficientes para darse cuenta de que se
produciría un grave agravio comparativo y una manifiesta situación de injusticia e inequidad injustificable por todos estos motivos, además de vulnerar los principios de legalidad e irretroactividad de las normas tributarias. Podría decirles que si
se aprobara esta iniciativa rayaría en la inconstitucionalidad.
Dicho esto y entrando en aspectos más técnicos -y les aseguro, como ya lo hice en mi anterior intervención, que hablo con cierta propiedad como consecuencia de mi experiencia profesional previa a ser diputada-, les diré que la Ley del
impuesto sobre la renta de las personas físicas y su normativa de desarrollo es y ha sido meridianamente clara en esta materia. Las rentas provenientes del trabajo en el extranjero -y las pensiones lo son- han estado y están sujetas al impuesto.
Precisamente porque lo están, la propia norma habilita los mecanismos necesarios para evitar la doble tributación en aquellos casos en los que dichas retribuciones hayan sido gravadas en el extranjero, en el país de origen, arbitrando para eso la
llamada deducción por doble imposición internacional. Es evidente que por otra parte no existe habilitación legal que permita paralizar o no realizar la apertura de expedientes sancionadores y cerrar de oficio los expedientes abiertos hasta la
fecha sin causa objetivamente justificada, y la voluntad interna no lo es, pero, como ya he señalado con anterioridad, todo esto sería contrario a los principios de legalidad, equidad e igualdad, al igual que cualquier articulación en relación con
el no devengo de intereses de demora para las liquidaciones practicadas en los supuestos que afectan a este colectivo en concreto. Tengan en cuenta que para mí hubiera sido más fácil y mucho más populista decir lo contrario, pero les estoy hablando
desde la sinceridad y desde la lectura técnica de la norma. Como les decía, es cierto que las disposiciones en materia de recaudación y régimen sancionador articulan la posibilidad de mitigar los efectos económicos de las liquidaciones practicadas
a través de la concesión de aplazamientos o la condonación de las sanciones, pero estas siempre deben ser aplicadas en atención a las circunstancias concurrentes en cada caso concreto. Sí me ha sorprendido lo expresado por el señor Hurtado en el
sentido de que las respuestas que dan a sus recursos son respuestas tipo. Si es así, desde luego un aviso de atención al ministerio y a la Agencia Tributaria; si fuera así, no sería de recibo en ningún caso y tampoco se estarían ajustando a las
previsiones establecidas en la norma. Como ya dijimos -vuelvo a repetirlo-, es aquí precisamente donde la Agencia Tributaria puede y debe hacer un riguroso análisis de cada una de las situaciones personales y económicas que se den en cada supuesto,
tratando a su vez de flexibilizar al máximo los mecanismos legales con los que ya cuenta para facilitar el pago de las deudas contraídas y el cumplimiento de las obligaciones tributarias, adaptándolas a las situaciones personales de cada uno. Por
otro lado, quiero decirles que cualquier exención o no sujeción al impuesto debe ser recogida normativamente en virtud del principio de seguridad jurídica. Sí me resulta sorprendente -lo comenté en la anterior ocasión- la denuncia formulada por la
Federación de Asociaciones de Emigrantes Retornados, que afirma haber recibido información de las distintas delegaciones provinciales de la Agencia Tributaria en el sentido de que estas rentas no debían ser declaradas. El señor Hurtado lo ha vuelto
a reiterar y, si eso fuera así, sería escandaloso, pero, como les decía, la Ley del IRPF es meridianamente clara. De todas maneras, dicho lo anterior, insistimos en la necesidad de que les ofrezcan una información completa y detallada que permita a
todo el colectivo conocer cuáles son los criterios y aspectos relacionados con el tratamiento fiscal de las rentas obtenidas en el extranjero, y desde luego instamos al Gobierno a abrir cuantas vías de interlocución sean necesarias para la
resolución del conflicto general.
Para finalizar, como ya señalamos también en su momento, esperamos y confiamos en que la Agencia Tributaria esté aplicando correctamente lo previsto en los convenios firmados por el Estado en materia de doble imposición y que no se hayan
producido errores en su interpretación. Si así fuera, les conminamos a que sean subsanados, por supuesto de oficio. De todas maneras, teniendo en cuenta que Euskadi se rige por el régimen de Concierto Económico y que contamos con Hacienda propia y
además con la voluntad clara de no cercenar el debate en esta materia, nos vamos a abstener en esta iniciativa, confiando en que las cuestiones que subyacen en la misma sean convenientemente aclaradas y se alcance una solución al conflicto que se ha
generado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sánchez Robles.
Por Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Muchas gracias, señor presidente.
Yo también deseo comenzar dando la bienvenida a los invitados que hoy nos acompañan en la tribuna en esta casa de todos, que por tanto también es la suya.
Los hechos que dan lugar a esta proposición de ley han sido bien relatados por intervinientes anteriores y también figuran en la exposición de motivos. Estamos hablando del caso de emigrantes que abandonaron España en los años cincuenta y
sesenta, que retornaron posteriormente a nuestro país y que cobran pensiones de los países en los que han trabajado. Estas personas no tributaban por IRPF cuando estaban fuera de España y siguieron sin tributar al retornar a nuestro país.
Siguieron sin tributar, nos dicen sus asociaciones, porque creían que estas rentas estaban exentas, porque pidieron información a la Administración que les dio una información equivocada y porque cuando solicitaban los borradores de declaración
estas rentas no aparecían. Un aspecto importante del debate es creer o no estas declaraciones. Podemos pensar: Es un caso de fraude o es un caso de mala información. Afortunadamente no tenemos que resolver nosotros este aspecto crucial del
debate porque los miembros de la Administración y del Gobierno lo han hecho por nosotros. La delegada especial de la Agencia Tributaria en Galicia, en unas declaraciones a La Voz de Galicia el día 18 de mayo -recientes- afirmaba que estas personas
no son defraudadores -entrecomillo-. Y el ministro Montoro, pocos días antes en este Pleno -lo escuchamos muchos en persona-, en una pregunta oral, respondió que no se trataba de un colectivo defraudador -de nuevo entrecomillo- y que seguro que en
su mayoría actuaron así por desconocimiento. Este es un aspecto crucial del debate que ha quedado establecido y que debemos tener en cuenta: No son defraudadores, según nos dice la propia responsable de la Agencia Tributaria en Galicia, de donde
son muchos de los casos, o el propio ministro de Hacienda. Partimos de esa premisa importante.
¿Qué está haciendo la Agencia Tributaria? Está aplicando el procedimiento ordinario. Precisamente nosotros, un cuerpo legislativo, tampoco podemos culpar a la Agencia Tributaria por cumplir las normas o las leyes. La Agencia Tributaria
actúa siguiendo el procedimiento ordinario que es reclamar los cuatro años no prescritos, más los correspondientes intereses de demora, más las sanciones o recargos correspondientes. Esto implica solicitar de golpe una cantidad que puede ser
inasumible para una persona con una pensión baja: encontrarse con que tiene que pagar, pongamos, 30.000 euros con una pensión que a lo mejor iguala esa cifra. ¿Qué nos propone la iniciativa que estamos estudiando? No nos está proponiendo, como
parecía entender la interviniente anterior, que estas personas no tributen, sino que se pide regularizar su situación. Se pide que tributen por los cuatro años no prescritos, pero se solicita que no tengan que pagar los componentes del pago que
están asociados a una especie de penalización por haber defraudado -sanciones, recargos, intereses de demora-. La valoración que hace Unión Progreso y Democracia de esta iniciativa es, en general, de apoyo. Nosotros compartimos que estas personas
han tenido una mala información, que tienen que regularizar su situación, que tienen que pagar por los años no prescritos, pero no tiene sentido penalizarles puesto que no son culpables de este impago, no son defraudadores. Añadiríamos que sería
importante para facilitar su pago acudir a mecanismos como los aplazamientos o los fraccionamientos de pago. También sería de desear que la Administración pusiese en marcha una campaña de información y asesoramiento para facilitarles el
cumplimiento de sus obligaciones pasadas y asegurar que no se repiten problemas de este tipo en el futuro.
Otros oradores anteriores lo han hecho y es difícil sustraerse no a la tentación, sino casi a la necesidad de aludir a la amnistía fiscal. Seguramente el interviniente del Grupo Popular luego nos recriminará por ello, pero cuando se aprobó
esa amnistía fiscal advertimos que deterioraba la conciencia fiscal, que la erosionaba, que era una medida con consecuencias, y este es el tipo de consecuencias: cómo podemos aplicar la legislación de forma inexorable a unas personas no
defraudadoras sino mal informadas cuando se ha aprobado en esta Cámara una amnistía fiscal que permitía a personas que sí eran defraudadoras que retornasen sus capitales sin ningún tipo de penalización y ni siquiera pagando los tipos impositivos que
les correspondía sino con unos tipos impositivos prácticamente simbólicos. No es posible aplicar la legislación de forma inexorable al débil y de forma tan laxa al defraudador poderoso.
La única duda que nos suscita esta proposición de ley tiene que ver con el rango normativo. Creemos que estamos hablando de una cuestión importante por su lado humano, por el problema social que supone, pero que se podría arreglar
fácilmente con una simple resolución administrativa, sin necesidad de una ley.
Por eso, desearíamos que el Grupo Popular, el grupo mayoritario, en su intervención ofreciese una solución razonable y real, creíble, a este problema, de forma que fuese posible retirar esta proposición de ley. De no ser así, como nos
tememos que será el caso, apoyaríamos su tramitación sobre todo como llamada de atención sobre la necesidad de encontrar una solución a este problema, que no es un problema meramente jurídico sino que tiene un componente humano y social que no
podemos ignorar.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchuelo.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Garzón.
El señor GARZÓN ESPINOSA: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero sumarme al saludo a los invitados, preocupados especialmente por ser desgraciados protagonistas de un fenómeno que no debería haber ocurrido y que tenemos oportunidad de resolver con esta proposición de ley. Sin
embargo, es verdad -lo han dicho otros intervinientes anteriores- que debatimos prácticamente el mismo contenido no hace tanto, un par de meses a lo sumo -se trataba de una proposición no de ley del Grupo Socialista-, y desgraciadamente en aquel
caso no prosperó, a pesar de la importancia que tiene y a pesar del consenso que se generaba más allá del Grupo Popular de esta Cámara. No puedo sino sumarme a las palabras de anteriores intervinientes que planteaban, en algunos casos con datos y
en otros con reflexiones interesantes, la pertinencia de resolver este problema, que afecta en dos sentidos fundamentales. En primer lugar, es una discriminación cuando viene del propio Partido Popular, que apoya a un Gobierno que aprobó la
amnistía fiscal y de esa forma favoreció a los especuladores fiscales, a aquellas personas que habían sido directamente delincuentes fiscales, delincuentes financieros que habían estado huyendo de la ley y, sin embargo, como digo, en vez de
buscarles una sanción acorde se les puso en bandeja un perdón muy rentable que les colocó claramente como privilegiados frente al resto de la población, una población que nunca se libra de las garras de Hacienda y que además sufre los costes de la
crisis con mayor rigor y de forma más dramática que ese pequeño porcentaje de gente que se acogió a la amnistía fiscal. El Partido Popular ha hecho una reforma fiscal regresiva, no lucha contra un sistema fiscal que en su conjunto es ampliamente
regresivo por la existencia del fraude fiscal, de los paraísos fiscales y de otros agujeros por los cuales se escapa la capacidad tributaria del Estado. Por cierto, como también han dicho otros intervinientes, nos estamos refiriendo a un fraude
fiscal fundamentalmente ocasionado por las grandes empresas, por las grandes fortunas, y no al pequeño fraude fiscal ocasionado por personas que defraudan sencillamente porque no tienen otra forma de pagar bienes y servicios básicos, fenómeno que
está ocurriendo en nuestra sociedad a día de hoy.
Por eso, entendemos que la política adecuada no es la de discriminar y poner a los ricos por encima de los pobres dándoles facilidades mientras a los pobres se les pone todo tipo de obstáculos y dificultades; ni siquiera se trata de
tratarlos por igual. Consideramos necesario que se intervenga, que se actúe en este caso que afecta a personas que se tuvieron que exiliar en su momento por motivos económicos, porque este país no les daba ninguna oportunidad de trabajo. Muchos
son de mi tierra, de Andalucía, y otros de otras tierras, en cualquier caso personas que en su mayor parte no eligieron marcharse, sino que lo tuvieron que hacer como precisamente hoy lo hacen también nuestros jóvenes, obligados, expulsados por la
situación económica generada por unas élites políticas que han sido responsables, pero responsables con impunidad, sin asumir las consecuencias de sus actos, dramáticas para una parte de la población, pero no tanto para quienes lo pusieron en
marcha. Sin embargo, el reconocimiento a unas personas que tuvieron que sacrificar su vida en todos sus aspectos, tanto personales como profesionales, marchándose del país es una recompensa negativa, un perjuicio que se les genera directamente
desde el Estado en un momento como el actual, de crisis económica, en el que parece que el Estado, buscando dinero, lo que hace en primer lugar es hurgar en el bolsillo de los que menos dinero tienen. Además, se trata de un colectivo, de un sector
de la población ampliamente golpeado por otras políticas del Partido Popular y de este Gobierno: los pensionistas. A los pensionistas se les han recortado las pensiones; están sufriendo un perjuicio por el incremento del nivel de precios que se
ha producido en los últimos años y han visto menos revalorizadas sus pensiones, ven cómo el coste de la vida se eleva muy por encima de su capacidad de hacerle frente y es a ellos a quienes se les exige ahora tener contribuir a los desmanes de las
carreteras sin coches, los aeropuertos sin aviones y otra serie de circunstancias desoladoras de las últimas décadas.
Entendemos que este Gobierno debería ser especialmente sensible con estos sectores, que son los más desfavorecidos. En este momento hay más de 4,5 millones de hogares que dependen de una pensión
para llegar a fin de mes, una situación verdaderamente dramática y que es responsabilidad de las políticas aplicadas en las últimas décadas y que hay que cambiar. Y hay que hacerlo ahora. Estamos en un momento de emergencia social y este
es uno de los muchos sectores que se están viendo especialmente dañados por esta crisis. Y el Estado debería estar ahí para atender, para ayudar, para dar facilidades y para permitir salir adelante, no para meter directamente la mano en el bolsillo
de los menos favorecidos, de los que menos dinero tienen, de los que peor lo están pasando, mientras con la otra mano se les está dando el dinero a los grandes defraudadores, a las grandes empresas y a las grandes fortunas ampliamente responsables
de esta situación.
Esperamos que el Partido Popular tome a bien esta proposición de ley y que tengamos oportunidad de debatirla en Comisión. Insistimos en que desgraciadamente la experiencia previa nos indica que no será así, pero, de nuevo, como está claro,
nuestra obligación moral y política es la de apoyar políticas y leyes que vayan en esta dirección.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Garzón.
Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Picó.
El señor PICÓ I AZANZA: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Socialista pone de nuevo sobre la mesa a través de un texto articulado un tema sobre el que ya hemos podido debatir en el Pleno, y no solo con ocasión de una proposición no de ley presentada por el mismo grupo
parlamentario, sino también a través de otras iniciativas formuladas por otros grupos parlamentarios, además -quiero recordarlo- de ser un tema que ha sido objeto de debate en el Senado, pero en ninguno de los casos se ha conseguido aprobar una
declaración parlamentaria. Y debo decirles que los términos en los que se han desarrollado los diferentes debates no han complacido a mi grupo parlamentario. Ante una situación muy concreta que afecta a un grupo muy concreto de ciudadanos
-aquellos emigrantes retornados a España jubilados y en relación con la tributación de rentas percibidas por pensiones satisfechas en el extranjero-, los debates se han encarnizado y no se ha concretado ninguna solución. Todos somos conscientes de
la obligación de las personas físicas residentes en España de tributar por su renta mundial, entre ellas las pensiones obtenidas, independientemente del lugar donde se hubieran producido y cualquiera que sea la residencia del pagador, sin perjuicio
de lo dispuesto en los convenios para evitar la doble imposición internacional suscritos por España. Somos conscientes de que podemos encontrarnos ante presupuestos objetivos de infracción tributaria, todo ello de acuerdo con lo previsto en la Ley
General Tributaria, por una falta de ingreso de la totalidad o de parte de la deuda tributaria. La Ley tributaria es muy clara al respecto y no cabe objetar nada. Además no creo que ninguno de los que han defendido y defenderán su posición no
entiendan lo que prevé la ley. Estas rentas debían ser declaradas y, al no serlo, se han iniciado expedientes de reclamación por parte de la Administración tributaria. Todos somos conscientes del cumplimiento, de lo que previene la ley y de la
necesidad de no contravenir los principios de legalidad, equidad e igualdad en materia tributaria previstos constitucionalmente. Pero del mismo modo, a pesar de ser conscientes de que se reclama lo que se debe, el hecho es que en el pasado no ha
sido así. Y no estamos hablando de un pasado distante, de hace muchos años, estamos hablando de que hace unos pocos meses esas rentas no se reclamaban y a partir de una cierta fecha se empiezan a reclamar. El hecho es que las rentas procedentes de
pensiones satisfechas en el extranjero no se incluían en los borradores de la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas que se remitía a los contribuyentes, y de eso sí que existe constancia. En cierto modo -y podríamos
profundizar mucho más en ello- se quebranta el principio de buena fe por parte de la Administración entendido como el hecho de que la Administración frente al administrado deja de actuar como lo venía haciendo en el pasado; es decir, hasta hace
poco no se reclamaba y ahora se reclama. Existe un cambio de posición de la Administración, se deja de actuar del modo en que se actuaba en el pasado para pasar a actuar de forma diferente; se rompe por ello el principio de buena fe en la relación
Administración-administrado. Por tanto, el tema es más complejo y no solo desde el punto de vista jurídico, sino que existen consecuencias sociales, económicas, como ya se ha expuesto por parte de otros portavoces.
Como decía, el Grupo Parlamentario Socialista formula una proposición de ley que, si me permite decirlo, señor Hurtado, nos parece un tanto sui generis, no solo por la forma sino también por el contenido -y voy explicarme-. Mi grupo duda de
la forma y del fondo al leer el texto propuesto por el Grupo Socialista, empezando por el artículo primero de su proposición de ley. Artículo primero: 'Con carácter
excepcional...' Y ahí me quedo, no continúo. Es decir, estamos ante una situación excepcional para la que se pretende dictar una ley excepcional. No creo que esa sea una buena forma jurídica ni política. No haré ningún comentario en
relación con la retroactividad prevista por la iniciativa y su encaje legal y constitucional porque ya lo han hecho otros portavoces. No negamos la necesidad de tomar medidas; al contrario. Por ello mi grupo ha votado siempre favorablemente las
iniciativas que se han presentado por los diferentes grupos parlamentarios. Les avanzo que también apoyaremos la toma en consideración de la proposición de ley que hoy debatimos, pero la fórmula escogida, una proposición de ley, no creemos que sea
la mejor ni la más oportuna. También debo decirle que la legislación vigente nos permite responder con soluciones concretas a la situación concreta. Por ejemplo, hay un margen para flexibilizar al máximo los mecanismos legales con los que contamos
para facilitar el pago de las deudas contraídas y el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Cabe, y debe hacerse caso a caso, aplicar correctamente lo previsto en los convenios firmados por el Estado en materia de doble imposición con los
países de origen de la renta. Debería también ofrecerse una información completa y detallada que permitiera a los ciudadanos conocer los distintos criterios y aspectos relacionados con el tratamiento fiscal de las rentas obtenidas en el extranjero.
En resumen, existen fórmulas y deben abrirse cuantas vías de interlocución sean necesarias para la resolución del conflicto concreto. Como le decía, señor Hurtado, no nos gusta la forma que se ha utilizado ni el fondo de lo que dice su
iniciativa. A pesar de ello nuestro voto, como le avanzaba, será favorable. ¿Por qué será favorable a la toma en consideración de la iniciativa? Para reclamar la adopción de medidas al alcance de los poderes públicos, que existen; para activar
aquellas medidas que la actual legislación nos ofrece, como les he dicho; para alcanzar un acuerdo parlamentario y afrontar la situación de forma consensuada. Existen formas, existen mecanismos, explotémoslos. No me gustaría que acabáramos, como
con otras iniciativas formuladas tanto por su grupo como por otros grupos parlamentarios en relación con este tema, diciendo y manifestando el tú más. Hay un problema concreto, busquemos soluciones concretas. Legalmente existe la previsión para
hacerlo, por tanto no creo que nos pueda costar mucho llegar a algún tipo de acuerdo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Picó.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Jiménez Mínguez.
La señora JIMÉNEZ MÍNGUEZ: Gracias, presidente.
Intervengo para fijar la posición del Grupo Popular en esta proposición de ley, no sin antes mostrar el respeto y el reconocimiento de este grupo hacia todas aquellas personas que en un momento de su vida emigraron al extranjero en busca de
un futuro mejor. Todo nuestro cariño y nuestro agradecimiento hacia ellos. También quiero saludar a la Federación Española de Asociaciones de Emigrantes Retornados por la labor que realizan.
Plantea hoy el Grupo Socialista una iniciativa que tiene por objeto establecer un tratamiento especial -quiero hacer hincapié en especial- y retroactivo para las rentas no declaradas de emigrantes retornados. Estoy segura de que todas sus
señorías estarán de acuerdo conmigo en que corresponde a la Administración tributaria garantizar la aplicación efectiva del sistema tributario con generalidad y eficacia, sirviendo con objetividad los intereses generales, y actúa con sometimiento a
la ley y al derecho y a los principios de equidad y de justicia. Precisamente para hacer realidad los principios constitucionales de igualdad, justicia y progresividad, el Gobierno del Partido Popular se marcó como objetivo que no existieran bienes
ni rentas ocultos, y este grupo nunca va a apoyar a un Gobierno que, conociendo la existencia de bienes ocultos, mire para otro lado, señor Hurtado. Señor Hurtado, no sé a quién le puede molestar saber cuál es la renta de un contribuyente. No sé
si le parece mal que no existan bienes ocultos. Parece que es la intención que tenía con esta proposición. Le voy a decir que, según mi modesto modo de ver y entender, esta proposición de ley debe ser analizada -insisto- desde la perspectiva de
los principios de igualdad y de generalidad, y si usted propone que determinadas rentas deban estar excluidas de tributación, si usted lo tiene tan claro, podría haber establecido esa norma cuando ustedes gobernaban, pero no establecieron esa norma
que excluyera de tributación a estas rentas. Desde aquí le ofrezco la oportunidad -es una propuesta- de hacer, si lo considera oportuno, un listado de rentas que usted piense que no deben tributar. Si es una propuesta a futuro, es el momento de
defenderla. De cara a la reforma tributaria, podría ser, como digo, el momento oportuno. Compartimos la necesidad de acometer una campaña divulgativa -como así se está haciendo, y nos consta- en la Agencia Tributaria desde donde se destaquen las
ventajas del cumplimiento
voluntario de las obligaciones. En este sentido, tengo que decirle también, señor Hurtado, que una vez más el Gobierno del Partido Popular ha venido a corregir una mala práctica de los Gobiernos socialistas. No sé si usted se ha dado
cuenta de que esa desinformación, esa confusión viene del periodo del Gobierno socialista. ¿Por qué no se ocuparon entonces, ni usted ni su grupo, de que se incluyeran en esos borradores las rentas que debían aflorar? Ahora, en cambio, las cartas
con los datos fiscales y los borradores -es ahora, y tengo que insistir en ese momento- contienen la información de las imputaciones de las pensiones del exterior. Efectivamente hoy, no cuando ustedes gobernaban que es cuando se produjo esa
confusión. No creo que le parezca mal a usted que se incluya esta información en el borrador; así se facilita el cumplimiento a las personas, que estoy convencida de que quieren cumplir con sus obligaciones tributarias. Compartimos también en mi
grupo la necesidad de establecer cauces de información y facilitar el cumplimiento de las obligaciones. Le pediría, señor Hurtado, que dejemos trabajar a la Administración tributaria, como así lo está haciendo; es la misión de la Administración
tributaria. Además quiero insistir en el tema del borrador de 2013: está trabajando la Administración tributaria y lo está haciendo bien, porque por fin ya se incluyen esas cantidades percibidas en el extranjero. ¿Por qué antes no se hizo, señor
Hurtado, cuando ustedes tenían la responsabilidad de gobernar? Desde aquí hay que decir que la Administración tributaria actúa claramente salvaguardando los principios constitucionales. Nunca se aplican sanciones de forma genérica, señor Hurtado,
nunca; insisto, nunca se aplican sanciones de forma genérica.
Señorías, compartimos la necesidad de buscar soluciones para las personas. Tal como explicó hace muy pocos días el ministro Montoro en sede parlamentaria, ya dejó muy claro que se está haciendo un examen individual de cada caso, de cada
expediente; que en ningún caso se está tratando a este colectivo como defraudador, en ningún caso es un colectivo defraudador; quiero que quede claro y meridiano. En cada uno de los casos, de forma individual y a la vista de las circunstancias
personales y familiares de cada ciudadano, se está estudiando la posibilidad de aplazamiento o fraccionamiento del pago para no perjudicar la situación patrimonial de los afectados.
Para finalizar mi intervención, quiero traer aquí a colación uno de los anuncios del presidente en el último debate sobre el estado de la Nación, y es que a partir de 2015 las rentas inferiores a 1.000 euros mensuales no pagarán IRPF, lo que
sin duda será un alivio para gran parte del colectivo de emigrantes retornados, pero también va a ser un alivio para millones de españoles.
Señor Hurtado, me ha llamado poderosamente la atención el mal concepto que tiene usted de los funcionarios de la Agencia Tributaria; no lo puedo comprender. Hablaba usted antes de que echaron a un usuario de la agencia porque iba y
preguntaba mucho, y también habla de que hacen corta y pega. Me parece que hay que tener un poco más de confianza, de respeto en el sistema, de respeto a los funcionarios, porque estoy segura de que cada funcionario va a revisar caso por caso y no
de forma genérica que es como usted pretendía. La Administración trabaja conforme a la ley. Eso lo tenemos claro. La Administración tributaria ha dado sin duda un gran paso; ha incluido todas las rentas en el borrador, cosa que no se había hecho
antes. Ya no hay que ir recopilando dato por dato paseándose banco por banco para recoger todos los datos. Yo les diría, señorías: más rigor jurídico, más propuestas responsables y elaboradas; en definitiva, más responsabilidad cuando vienen a
esta Cámara, menos demagogia, y dejen de traficar con el dolor ajeno. (Una señora diputada: ¡Bueno, bueno!-Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Jiménez Mínguez.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, DE PROHIBICIÓN DE PROSPECCIONES Y EXPLOTACIONES DE HIDROCARBUROS NO CONVENCIONALES MEDIANTE FRACTURA HIDRÁULICA (FRACKING). (Número de expediente 122/000086).
El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de prohibición de prospecciones y explotaciones de hidrocarburos no convencionales mediante fractura hidráulica (fracking). Para la
presentación de la iniciativa, tiene la palabra la señora Ortiz.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Señorías, desde La Izquierda Plural traemos de nuevo el debate a esta Cámara sobre las prospecciones y explotaciones de hidrocarburos no convencionales mediante fractura hidráulica, lo que llamamos fracking, y lo
hacemos esta vez con una proposición de ley y solo doce días más tarde de que más de veinte plataformas de todo el Estado, desde Riudaura pasando por
La Rioja o Castelló, vinieran a pedirnos un compromiso político, pero también regulatorio, para poner freno a esta enorme amenaza.
Queremos, desde aquí, empezar agradeciendo el trabajo de toda esa gente anónima que está trabajando a pie de terreno investigando, informando, abriendo el debate y explicando también las amenazas de esta técnica. Labor que no está haciendo
el Gobierno, todo lo contrario, y que deben cubrir los ciudadanos. Hoy tenemos la oportunidad de suplir esa laguna, ese cierre de filas de las instituciones y especialmente del ministerio, trayendo esta proposición de ley a debate. Es una
oportunidad para abrir una tramitación que nos permita debatir sobre esta cuestión, y ofrecer también audiencia y diálogo a los sectores y a todas las partes implicadas. Aprobemos o no aprobemos este texto, o acabe siendo modificado, hoy lo que
queremos es abrir también una vía de participación, de reflexión y debate que es lo mínimo que deberíamos exigir a las instituciones ante un reto ambiental y energético como supone la apuesta por esta técnica.
¿Qué es el fracking? Para aquella gente a la que esto le suene como algo muy extraño, porque para la gran mayoría lo debe ser, es una técnica para extraer gas -gas esquisto, que está escondido en la roca en el subsuelo de la Tierra- y
consiste, en primer lugar, en una perforación en un pozo vertical hasta 500 metros como mínimo, que puede llegar a ser de kilómetros, para luego perforar horizontalmente la roca con extensiones de perforación que son de entre 4,5 o 5 kilómetros,
colocar explosivos para provocar la fractura de la roca y reiterar explosiones hasta un mínimo de unas sesenta veces. Entonces se inyecta agua mezclada con productos químicos y con arena que aumenten el tamaño de esa fractura y permita la
extracción del gas. Esto es lo que se llama fracking. Es un cóctel de riesgos. Según el potente lobby de shale gas, que promueve esta técnica, y el Gobierno, completamente seducido por el lobby y con las mismas tesis, esto es la solución
energética a nuestros problemas.
¡Pues simple no parece como técnica, señorías! Es una decisión que el Gobierno ha tomado, una vez más, con opacidad, sin diálogo, y sin contar con las comunidades autónomas ni con la sociedad civil. Una vez más reproduciendo este modelo de
toma de decisiones donde los magnates prometen El Dorado, se apropian de recursos naturales y el Gobierno legisla a su medida, asume sus postulados y luego, si pasa algo, ya lo pagaremos entre todos. Parece que con lo de Castor o lo que pasó en
Fukushima, por poner algunos ejemplos, no aprendemos.
Voy a argumentar por qué desde IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, defendemos la prohibición del fracking y no la regulación. Pero, más allá de las posiciones que hoy tengan los distintos grupos, pido que den apoyo a la admisión a
trámite de esta proposición de ley, porque la ciudadanía se merece la responsabilidad para abordar con franqueza este debate, observando qué ha pasado en otros países. Porque estudios ya tenemos, ya se han hecho y tenemos experiencias concretas.
Las razones que damos para prohibirlo son cinco: en primer lugar, ambientales; en segundo lugar, por nuestro entorno sobre la salud de las personas; en tercer lugar, por el impacto social y económico; en cuarto lugar, por el modelo energético y
el cambio climático y, en quinto lugar, razones democráticas.
En cuanto a las primeras razones, es una técnica peligrosa y medioambientalmente inaceptable. Se quieren extraer los últimos recursos fósiles del planeta a costa de un método contaminante e insostenible. Es una técnica que necesita la
inyección continua de 300 litros por segundo de agua, es decir, se calcula que para un solo pozo se necesitan entre 7 y 20 millones de litros de agua. ¿Ustedes creen que en España con un recurso tan escaso como el agua, donde -el País Valenciano
está viviendo ahora mismo la peor sequía de su historia-, tenemos dificultades en nuestros regadíos y en nuestros acuíferos, podemos gastar así un recurso poniendo en peligro la agricultura, la economía y el acceso al agua como un bien esencial?
Además, no solo es agua. Hablamos de introducir aditivos químicos, componentes mutágenos, cancerígenos, tóxicos que se inyectan mezclados en el subsuelo con efectos impredecibles en el terreno y con alto riesgo de filtraciones y de fugas. No hay
ninguna certidumbre de seguridad, y lo que sí tenemos ya son los estudios que se multiplican mostrando cómo el medio ambiente alrededor de las plantas contiene residuos tóxicos. En Estados Unidos se ha cambiado la ley a medida y no se ha aplicado
el principio de precaución, pero cada vez tenemos más estudios que de acuerdo con ese principio recomiendan prohibirlo. Por si fuera poco, esta técnica también comporta riesgos geológicos, provocando riesgo claro de terremotos por la fractura y las
explosiones. Tenemos el ejemplo de Arkansas, donde hay miles de pozos y se han registrado más de quinientos terremotos. O casos como el de Gran Bretaña que llevó a parar esas prospecciones. La resolución del Parlamento Europeo plantea el riesgo
de movimientos sísmicos y plantea que se prohíba totalmente en zonas sensibles, por ejemplo, donde hay centrales
nucleares. Nosotros tenemos centrales nucleares, tenemos un país lleno de fallas, tenemos el ejemplo de Castor, y alta biodiversidad, y ustedes quieren multiplicar los riesgos.
Una segunda razón vinculada a estas cuestiones es la que tiene que ver con la salud de las personas. Además, tenemos un estudio publicado en 2012 en la revista, Science of the Total Enviroment, que plantea que los productos químicos
contienen disruptores endocrinos con impacto hormonal provocando enfermedades vinculadas a la infertilidad o el cáncer. Otros estudios demuestran claramente sobre el terreno que en aquellos sitios donde hay fracking y la población que vive a menos
de 800 metros de las plantas, aumentan los riesgos de enfermedades oncológicas por más contaminación. ¿Quieren hechos? Este 22 de abril de 2014 en Estados Unidos se ha condenado a una empresa con pozos de fracking por el impacto en la salud de una
familia de las fugas de metano y la contaminación. Se les encontró más de veinte productos químicos en sangre. Esta imagen ilustra el impacto de las fugas de metano en los lugares donde hay fracking. Esto es agua de boca donde deberíamos acceder
a agua limpia y muestra que el metano entra en las cañerías, el riesgo de explosión y la contaminación del agua de boca que se ve infectada. Agua con riesgo de explosión. No hay garantías, son imágenes que se repiten en los sitios donde los pozos
se multiplican. No necesitamos estudios aquí; tenemos cientos de estudios en Estados Unidos y la prueba empírica de lo dañino que puede ser. Por eso, en Francia, en Bulgaria, en Holanda, en Irlanda y en muchos otros países ya se ha prohibido.
Otras razones que nosotros planteamos son las económicas y sociales. Las empresas vienen aquí a vender El Dorado, el shale gas es una mina de empleo y de crecimiento. De esto ustedes tampoco aprenden. Ya sea Adelson, ya sea Florentino,
ustedes se tiran de cabeza. Es el modelo económico que tenemos en este país. Vienen las empresas, las multinacionales, nos dicen que van a crear miles de puestos de trabajo y ustedes se lo creen sin más. En Estados Unidos ya tenemos la
experiencia de cómo esas ganancias del fracking se han repartido. Las empresas, por ejemplo, venían prometiendo treinta y un puestos de trabajo por pozo; la realidad es que no llegamos ni a seis puestos de trabajo por pozo. Menos del 0,05 %
representa el sector del shale gas. Ustedes se están cargando las renovables, que son más de 100.000 empleos en nuestro país, y con sus medidas que llevamos destruidos más de 35.000 empleos. Además, el fracking tiene un impacto negativo directo en
la economía. Estados y ciudades como Dallas, Los Ángeles, Nueva York, Pensilvania han empezado a poner trabas para prohibir el fracking porque la realidad ha demostrado que los ingresos per cápita en estas áreas han bajado y han empeorado la
calidad de vida. Estudios universitarios y el mismo New York Times señalaban la caída en picado del valor de todo lo que rodea a la industria del fracking, desde las mismas viviendas a todos los terrenos; la desvalorización de todo lo que lo
acompaña. Además, el fracking deja la economía vacía de alternativas, en veinte años los pozos se cierran y la tierra queda yerma, impracticable. Este es el paraje de lo que representa el fracking (Muestra una fotografía). Queda una tierra
contaminada, con los acuíferos secos y no hay nada más, no hay alternativa para esas zonas. Eso es lo que vemos precisamente, este es el paisaje que ustedes nos quieren dejar; ese es el modelo: vienen depredadores, sacan los últimos reductos de
combustibles fósiles y abandonan; eso es lo que acaba sucediendo en estas zonas.
El cuarto tipo de razones por las que nos oponemos son las de modelo energético y cambio climático. Estamos ante una situación planetaria de emergencia. El V informe que ha salido recientemente del Panel Intergubernamental de Cambio
Climático plantea cómo las emisiones se han disparado entre 2000 y 2010, y que para tener la temperatura por debajo de los 2°, es decir, algo relativamente controlable en sus consecuencias, necesitaríamos reducir las emisiones entre un 40 y un 70 %
en 2050, y para ello lo que hay que hacer es dejar de quemar combustibles fósiles; no hay alternativa. ¿Ustedes qué deciden hacer? Hundir las renovables porque la Comisión Nacional del Mercado de Valores dice que con sus medidas no va a haber
inversión en la próxima década, pero, en cambio, ¿por qué apuestan? Por el fracking, es decir, quemar gas, o por quemar petróleo y hacer prospecciones en el mar. Es insensato, un auténtico despropósito cuando España tiene más sol y viento que
ningún país de la Unión Europea.
España es un país con riesgos muy elevados ante el cambio climático; seremos unos irresponsables si dedicamos nuestros recursos y nuestro conocimiento al fracking desplazando las energías limpias, que es lo que sucede donde se aplica.
Además el nivel de ignorancia de algunos se expresa en vender el gas como si fuera una energía limpia. No es verdad y ustedes lo saben, es un combustible fósil. Es que además la mayor parte de estudios apuntan a que con esta técnica, con el
fracking, la emisión de metano multiplica los efectos sobre el CO2, es decir, supera incluso el nivel de emisiones que puede producir el carbón. De hecho las fugas de metano oscilan entre un 4 % y un 9 %. El metano tiene efectos veinticinco veces
superiores al CO2 como efecto invernadero.
Señorías, tenemos retos ambientales a nivel de país y a nivel planetario, y esta Cámara debería ver qué sucede fuera y cuáles son los riesgos. Justo la semana pasada los ministros de Medio Ambiente de los länder alemanes y la ministra
federal se comprometían coordinadamente en una declaración pública a llevar todas las acciones y los cambios regulatorios para impedir el fracking. Decían textualmente: la solución energética no puede resultar de un nuevo riesgo ecológico;
debemos alejarnos de la nuclear, el carbón y el gas y apostar por las renovables. Esto decían todos los ministros alemanes de Medio Ambiente de los diferentes länder. No sé, ustedes que tanto miran a Alemania, están haciendo justo lo contrario:
ponernos en riesgo con Garoña, por ejemplo, y con el fracking mientras frenan el desarrollo de las energías limpias. Despropósito de un Gobierno que está muy lejos de la responsabilidad y de las políticas al servicio de la mayoría. Ese es su
estilo.
El último argumento que les queremos trasladar es el democrático. Lo que hay detrás del desarrollo del fracking es que el control de la energía esté en manos de grandes multinacionales que controlan un recurso básico para la sociedad
mientras la ciudadanía paga las consecuencias. Apostar por el fracking frena el desarrollo de otras energías y del cambio de modelo energético, pero también frena la democratización de este sistema. Por eso ustedes quieren aplicarlo contra viento
y marea, en contra de lo que dicen las plataformas en el territorio pero también más de siete comunidades autónomas y más de cuatrocientos municipios que se han pronunciado en contra o han aplicado medidas restrictivas. Ustedes los llevan al
Tribunal Constitucional o hacen lo que sea para allanar el terreno a las empresas, igual que con el Tratado de libre comercio o el Acuerdo transatlántico entre la Unión Europea y Estados Unidos del que ustedes son tan fervorosos defensores, que
pretende ser un espaldarazo al fracking por la puerta de atrás sin que nadie se entere de lo que se está negociando. Señorías, la negación al cambio del modelo energético, negarse a la apuesta por la soberanía energética y a la democratización
basada en energías renovables es una irresponsabilidad y el mayor acto de injusticia planetaria y generacional que hoy podamos tomar. El fracking hipoteca nuestra economía y medio ambiente. No quiero dejar esa herencia a mi hija. Hoy solo les
pido que admitan a trámite esta proposición de ley y, como mínimo, permitan poner luz y debate con la sociedad sobre esta amenaza. Si las instituciones no hacen el trabajo, lo tiene que hacer la sociedad; y así nos va, señorías. Con decisiones
así solo entierran un poco más la democracia y encienden la rabia en la calle.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ortiz.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra, en primer lugar, el señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.
Parafraseando a Monterroso: cuando todo acabó el especulador todavía estaba allí recontando el dinero. Estamos caminando hacia el precipicio, pero algunos siguen contando el dinero, sin importarles la destrucción de este mundo, sin
importarles la desolación que dejarán a sus hijos, sin importarles las consecuencias cuando hayamos consumado el cataclismo. Ellos, impertérritos, seguirán contando el dinero. Será entonces quizá cuando los políticos mansos y apesebrados que
aprobaron con sus votos el desastre se den cuenta de que no había plan B, y de que entregaron la tierra de todos a los buitres codiciosos por un puñado de dólares o de euros. A veces parece que algunos se hayan vuelto locos, porque permitir la
contaminación de los acuíferos con benceno, cianuro y centenares de sustancias químicas cancerígenas, porque permitir la destrucción del paisaje con balsas, torres y movimientos de tierras, porque permitir la acumulación de residuos sólidos
contaminados que quedarán para siempre cuando el gas se haya acabado y los buitres se hayan ido, porque permitir las emisiones de gases contaminantes que se producen con esta técnica, porque permitir pequeños terremotos que se generan al perforar la
tierra profundamente, porque permitir que se juegue con la salud de las personas -les recordamos que ya hay una sentencia en Estados Unidos que condena a una petrolera a indemnizar a una familia que enfermó por la proximidad de su casa los pozos-,
porque permitir todo esto para que unos pocos saquen beneficios, me parece profundamente irresponsable. Permitir todo esto para que finalmente el producto del proceso sea una vez más un combustible fósil, el gas, cuya combustión generará más
emisiones para continuar contaminando la atmósfera y agravando el cambio climático me parece irresponsable. Por el contrario, aquí en el país del sol y el viento la política energética del Gobierno continúa marginando a las energías renovables,
mientras se apoya a una energía sucia y peligrosa como el fracking. Sinceramente me parece insensato. En nombre de todos los que defienden la Tierra porque la aman, en nombre de los vecinos valencianos de las comarcas del Baix, l'Alt Maestrat y
Els Ports donde
se han perdido permisos para hacer fracking que afectarán a 195.000 hectáreas, en nombre de Compromiso-Equo voy a apoyar esta iniciativa razonable, sensata y prudente. Me gustaría que antes de apretar el botón algunas de sus señorías
pensarán firmemente en las personas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.
Tiene la palabra también por el Grupo Parlamentario Mixto la señora Jordà.
La señora JORDÀ I ROURA: Señoras y señores diputados, después de las próximas elecciones, una nueva mayoría en este Parlamento, y también en el Parlament català, va a prohibir el fracking. Las grandes corporaciones económicas que hoy se
alían con el Partido Popular para explotar y a la vez contaminar los territorios, esperando, evidentemente, grandes beneficios económicos, deben saber -se lo advertimos- que no los van a tener. No los van a tener porque, básicamente, en menos de
dos años el fracking va a estar prohibido. La organización social y la presión de los movimientos sociales cada vez es más fuerte y cada vez debe serlo más para que en un futuro próximo ningún partido, ninguno, se eche atrás. La apuesta de la
fracturación hidráulica es un gravísimo error desde una perspectiva energética, pero lo es también desde una perspectiva ecológica, estratégica y a la vez económica, económica no solo desde un punto de vista intrínseco, sino también desde la
confianza de una próxima prohibición.
Exigimos, pues, la paralización inmediata de cualquier proyecto de investigación o de explotación de hidrocarburos no convencionales autorizados a día de hoy en el Estado español porque sabemos que cualquier intento -repito, cualquier
intento- de regulación no sería suficiente para evitar las afectaciones medioambientales y para la salud de las personas, evidentemente, derivada de las mismas. Ante tal injusticia, los pueblos tienen no solo el derecho, sino también el deber de
practicar la insumisión total y la resistencia y no les quepa la menor duda de que lo hacen -a día de hoy lo están haciendo- y lo seguirán haciendo en defensa de sus territorios y en defensa de sus familias. Cuando la mayoría de países europeos -se
ha dicho esta tarde aquí- y varios Estados de Estados Unidos lo prohíben, cuando el Parlamento Europeo, del que ustedes tanto se llenan la boca, advierte una y otra vez sobre los riesgos potenciales, en el Estado español el fracking parece ser el
nuevo negocio de las grandes empresas, a costa -eso sí- del patrimonio natural y, por desgracia, del bien común.
Acabo. Señorías del Grupo Popular básicamente, terminen con esto, por favor, y entérense de que existen alternativas diferentes, alternativas limpias de producción eléctrica que no suponen absolutamente ningún riesgo para la salud. Si no
lo hacen ustedes, que parece que no lo van a hacer, lo haremos el resto. Esto sí que se lo puedo asegurar, no les quede la menor duda.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Jordà.
Por el Grupo Mixto también, el señor Errekondo.
El señor ERREKONDO SALTSAMENDI: Al Gobierno del Partido Popular no le importa nada y está dispuesto a cualquier cosa. Esa es su cultura y la de todos los gobiernos que le han precedido. Sobres, prebendas, puertas giratorias por doquier;
esta es la fuente de la corrupción y la descomposición del Estado español. Con el fracking están dispuestos a agujerear toda nuestra tierra y llenarla de miles de toneladas de sustancias químicas venenosas, como el cianuro, y a arrasar con todo,
espacios protegidos y acuíferos incluidos: el 88 % de Araba, el 76 % de Bizkaia, el 40 % de Gipuzkoa y otro tanto de Nafarroa, y todo ello en beneficio de unos grandes empresarios sin ningún escrúpulo, gánsteres económicos y sociales que trafican
con la salud de miles de personas a diario. Todo ello con un Gobierno del Partido Popular que no escucha a nadie, que no escucha a la gente ni a partidos ni a instituciones de nuestra tierra.
Déficit democrático, arrogancia y altanería, esa es la triple marca de este Gobierno, que, además, prohíbe a la gente que pueda opinar y que pueda celebrar una consulta como lo hizo con la población de Kuartango en Álava. Sin embargo, la
voluntad popular es imparable y celebró esa consulta, con un 76 % de participación del censo electoral y un 98 % en contra del fracking. Luego este Gobierno habla de regeneración democrática; lo que nos está demostrando cada día es degeneración
democrática. Por lo tanto, debe escuchar a la población y debe respetar su voluntad; debe parar todos, absolutamente todos, los proyectos de fracking. Aprendan de la gente pues por ahí ha venido su estrepitoso fracaso electoral.
EH Bildu-Amaiur no venimos aquí a pedir nada, sino a que ustedes, por una vez, aprendan lo más importante de todo: sobre nuestras tierras decidimos en nuestra tierra. En Euskal Herria decidimos nosotras y nosotros, las personas que vivimos
en Euskal Herria, y al Estado español solamente le corresponde respetar a la sociedad vasca. Y como dice el cantante Evaristo: ¿Cuántos siglos más queréis? ¿No os vale con quinientos años? Déjennos en paz de una vez.
En Euskal Herria la gente está alarmada y se siente traicionada por quienes trafican con su salud. Están en pie y en protesta continua tanto contra el fracking como contra la central nuclear de Garoña, porque una vez más se sienten
humillados y traicionados por la amenaza de la reapertura de Garoña. Hoy mismo Iberdrola y Endesa han anunciado que pedirán oficialmente la reapertura de Garoña hasta 2031. Estamos hablando, cabe aclarar, de una infraestructura que quizá sea la
infraestructura energética de Europa contra la que más manifestaciones y declaraciones se han realizado jamás. La mayoría de la sociedad vasca y las administraciones, desde las locales hasta el Parlamento de Vitoria-Gasteiz, todos se han
posicionado en contra, todas las fuerzas políticas de Euskal Herria, desde el PNV, EH Bildu-Amaiur, Ezker Batua, Partido Socialista y hasta el Partido Popular.
El Gobierno del Partido Popular no escucha a nadie y además debe pensar que todos somos idiotas porque el propio señor Rajoy se atreve a decir que es una cuestión técnica y no política, el mismo que toma todas las decisiones necesarias para
modificar las leyes y ponerlas a merced de Iberdrola y de Endesa. Hace justo treinta y cinco años que en Tudela la Guardia Civil asesinó a Gladys del Estal mientras participaba en una manifestación antinuclear. Al poco tiempo a ese guardia civil
le pusieron una medalla al mérito militar y a Gladys del Estal, sin embargo, asesinada en nombre del Estado de desecho, todavía hoy no se le ha hecho justicia.
El señor PRESIDENTE: Señor Errekondo, sea usted prudente en las palabras que emplea y vaya terminando.
El señor ERREKONDO SALTSAMENDI: Debemos denunciar que Garoña esconde detrás un negocio redondo, que no es más que abrir la puerta a las ocho centrales nucleares hasta los sesenta años. Denunciamos al Partido Popular y a las empresas como
Endesa e Iberdrola, gánsteres que trafican con la vida de cientos de miles de personas. Que el señor Soria o Borja Prado e Ignacio Sánchez Galán se sitúen con toda su familia en la puerta de la central nuclear de Garoña; que sepan que las familias
saben defender su futuro y que la gente defiende su tierra y que, por lo tanto, será normal y natural que hagan un boicot a Endesa y a Iberdrola o que hagan escraches a los responsables. Que sepa el Gobierno del Partido Popular que las personas que
vivimos en Euskal Herria decidimos sobre nuestros recursos y sobre el modelo energético que queremos en nuestra tierra. Sobre nuestras tierras decidimos en nuestra tierra y decidimos nosotros, las personas que vivimos en Euskal Herria. Al Estado
español solamente le corresponde respetar a la sociedad vasca.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Errekondo.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señoras diputadas, señores diputados, después de leer el texto de la iniciativa que presenta La Izquierda Plural podría dar la sensación de que solo alguien que tenga intereses económicos en la
explotación del gas de esquisto por el método de la fractura hidráulica o fracking y nula sensibilidad medioambiental podría votar en contra de la prohibición de este sistema de explotación. Desde luego, ni mi grupo ni yo somos insensibles a las
cuestiones que se plantean, sin embargo, nos parece excesivamente tajante la prohibición de incluso el análisis y evaluación de las bolsas de gas existentes. En nuestra opinión, los criterios economicistas no son los que han de guiar o determinar
las prospecciones y explotaciones de estas características, pero sí que es preciso conocer y evaluar lo que la explotación de shale gas puede suponer. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).
La menor dependencia o la independencia energética y una mayor competitividad de la industria por el abaratamiento de los costes energéticos merecen también ser conocidas para que cuando se tomen las decisiones al respecto sepamos todos de
verdad los pros y los contras de la decisión. De todas formas, para que no haya ninguna duda de nuestra opinión, insisto en que no se debe correr el más mínimo riesgo para la salud de las personas ni para el medio ambiente. Pero, si me permiten,
quisiera poner encima de
la mesa unas reflexiones que han de contribuir a profundizar con transparencia y sin prejuicios en este debate que va a ser inevitable y que hay que realizar sobre el fracking.
Se menciona, en primer lugar, en la exposición de motivos que existe una preocupación social por los riesgos que supone el uso de esta técnica. Compartimos plenamente esta preocupación, al igual que entendemos que la hay sobre la situación
económica en general y la del impacto de la reforma energética tanto en la competitividad del sector industrial como en la economía de nuestros consumidores domésticos. Para argumentar esa preocupación, el texto alude a un informe de la Comisión
Europea de medio ambiente de julio de 2011, por el que -según se cita- se planteaban grandes interrogantes sobre el uso de la fractura hidráulica como técnica de investigación y extracción de gas. Quisiera matizar que en fechas más actuales, y en
declaraciones de 19 de noviembre del año 2013, precisamente el comisario de Medio Ambiente, Potocnik, quien elaboró el informe de referencia, se mostraba más favorable al desarrollo de esta técnica en Europa siempre que se lleve a cabo con una
protección medioambiental y climática adecuada. Por tanto, el interrogante ya no es tan grande.
Por otro lado, no es la preocupación energética la que discurre en paralelo a la del uso de esta técnica. El propio presidente de la Comisión Europea ya alertó el pasado año a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea no solo de
la creciente dependencia energética respecto a Rusia, sino también del aumento continuo de los costes energéticos, mientras que en Estados Unidos el precio del gas ha caído un 66 % desde el año 2005. Precisamente Estados Unidos, como consecuencia
de su apuesta por el fracking, está cada vez más cerca de lograr un superávit energético en materia de gas y se prepara para el desembarco de sus exportaciones a partir de 2015. Para ese objetivo en los últimos años se está impulsando la
construcción incluso de barcos gaseros, con lo que daría salida a los excedentes. También el Consejo Europeo está preocupado por las altas tasas de dependencia energética, especialmente en el gas, como señalan las conclusiones de la Cumbre de jefes
de Estado y de Gobierno del pasado mes de marzo. Precisamente algunos Estados miembros ya están tratando de reducir esta dependencia por su cuenta introduciendo el fracking.
En cuanto a la mención que se hace al respecto sobre las lagunas en el marco regulador actual de la Unión Europea, se podrían relacionar muchos informes y estudios al efecto no citando únicamente el informe del área de medio ambiente.
Simplemente mencionaremos que, aunque no existe ninguna disposición tipo directiva marco que de forma sectorial específica regule esta actividad a nivel europeo, existe un amplio cuerpo normativo comunitario que sienta las bases normativas de esta
actividad especialmente en el ámbito medioambiental, que, en todo caso, se encuentra correctamente traspuesto en el ordenamiento jurídico estatal. Con esta legislación se deja en manos de los Estados miembros la decisión de apostar o no por esta
técnica, teniendo como referencia estas orientaciones que incluyen la realización de un cuidadoso análisis de impacto medioambiental y los riesgos antes de perforar, controlar la calidad del suelo, agua y aire antes de comenzar las operaciones para
detectar posibles cambios o informar al público sobre los productos químicos usados en el subsuelo.
Continuando con su exposición de motivos, se relacionan una serie de países y Gobiernos en el mundo que o bien prohíben esta técnica o bien tienen establecida una moratoria sobre su uso. Sobre este aspecto hay que afirmar que la técnica de
fracking ha dividido a Europa. Se obvia de la relación que se cita en la proposición de ley a los países con fuerte dependencia del gas ruso como Polonia, Estonia, Lituania, Rumania, Eslovaquia, Hungría o la propia Ucrania, que ya contaba con
permisos de exploración desde el año 2010. Además, Suecia, Dinamarca, Reino Unido, Alemania y Austria también cuentan con reservas de shale gas que podrían explotar para tratar de reducir la dependencia de Rusia. Precisamente Alemania compra un
39,9 % de su gas a este país, por eso ha intentado reducir esa dependencia en los últimos años mejorando sus conexiones con Noruega, Holanda y Argelia. El Reino Unido, también con fuertes presiones de su sector industrial, apuesta por el fracking y
se encuentra entre los defensores; otros, como Suecia, Letonia o Hungría han realizado ya algunas prospecciones o concedido licencias. A nivel estatal, España no es ajena al debate y todavía se está en un proceso de calcular exactamente cómo de
significativo puede ser el papel de fracking como fuente de energía ahora que estamos inmersos en plena reforma energética. A pesar de ello, no se duda en afirmar que está totalmente claro que es una industria con un potencial enorme para
desarrollar.
En el Estado español el fracking ya ha enfrentado al Gobierno central con alguna comunidad autónoma; precisamente Cantabria y La Rioja han prohibido mediante la ley la utilización del fracking. Recordemos que el Consejo de Ministros aprobó
el pasado 24 de enero la presentación de un recurso de inconstitucionalidad a la norma cántabra, dejando en suspenso su aplicación. Otras comunidades
autónomas que se han opuesto abiertamente a esta técnica son, además de las citadas, Cataluña, Navarra, Andalucía y Asturias, también Burgos; en cambio, el Gobierno parece decidido a facilitar su desarrollo ya que ha modificado la Ley de
evaluación medioambiental. Estoy planteando simplemente la descripción de cuál es el marco actual existente.
Continuando con la exposición de motivos, tenemos que estar de acuerdo con la proposición en que se debería fortalecer a las autoridades regionales en el proceso de toma de decisiones sobre los proyectos que conllevan el uso de esta técnica
de extracción. En Euskadi, el 10 de octubre de 2013 el Parlamento vasco aprobó la modificación de la Ley de conservación de la naturaleza del País Vasco, concretamente su artículo 17, que prohibía de forma genérica cualquier actividad extractiva
apelando al principal argumento del dictamen: la inadecuación jurídica de una prohibición expresa. El nuevo texto del artículo se refiere a que dentro de los límites de los espacios naturales protegidos y sus zonas de afección se prohibirán las
actividades extractivas -y esto es lo que quiero subrayar para que quede realmente claro- siempre y cuando resulten incompatibles con los valores medioambientales que se protegen. En caso de que el órgano gestor de ese espacio decida que la
actividad minera no perjudica al medio ambiente, el proyecto en cuestión se sometería a una evaluación de impacto ambiental. Por tanto, no se establece una prohibición expresa para el uso de esta técnica. Euskadi cuenta con diecisiete permisos
solicitados para realizar sondeos de exploración; nueve de gas convencional y ocho de gas no convencional. La consejera de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno vasco ha dicho en fechas recientes en una comparecencia en sede
parlamentaria que estos estudios son necesarios para saber qué hay en el subsuelo, decidiendo más tarde los pasos a dar en el caso de que los hubiera. En algunos de estos permisos se ha solicitado autorización para la perforación de pozos de
investigación mientras que en los demás los trabajos no incluyen de momento la perforación de sondeos ni, por tanto, la utilización de técnicas de fractura hidráulica, limitándose a labores de investigación geoquímica. La investigación de los
hidrocarburos tiene como objetivo determinar la viabilidad integral de una futura explotación.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Voy terminando, señora presidenta.
La correcta evaluación de los recursos autóctonos de gas no convencionales es necesaria y pasa indefectiblemente por la realización de trabajos necesarios para el conocimiento de los potenciales recursos de las cuencas geológicas. No hacer
nada tampoco es la decisión correcta; es nuestra responsabilidad conocer los recursos de que se dispone y, una vez obtenida la declaración positiva de impacto ambiental y, por lo tanto, una vez que se vea completamente asegurada la preservación de
los valores personales y ambientales, solo entonces y en ese caso se deberá realizar la actividad bajo dos premisas: primera, el máximo respeto al medio ambiente y, segunda, el máximo control por parte del sector público. Solo tras analizar los
resultados de exploración previa la Administración autonómica podrá realizar una valoración económica, social y ambiental de la explotación de los recursos no convencionales y se podrá adoptar la decisión estratégica que corresponda primando los
criterios medioambientales, pero sin ignorar las cuestiones económicas.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Azpiazu, tiene que finalizar.
El señor AZPIAZU URIARTE: Termino, señora presidenta.
Entendemos que este es realmente un tema controvertido, pero quisiera hacer hincapié en este aspecto: no deben ser las cuestiones económicas o economicistas las que deben primar en la decisión, sino que deben ser cuestiones básicamente
medioambientales, de salud humana, etcétera, pero entendemos que es preciso en todo caso estudiar cuál es la situación del shale gas. Por todo ello, considerando la importancia y urgencia de este debate, nuestro grupo se va a abstener en la
votación de la toma en consideración de esta proposición.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señora presidenta. Nuestro grupo se va abstener en la toma en consideración de esta proposición de ley por una razón sencilla, no estamos de acuerdo en el fondo de la cuestión, y enseguida voy a
explicar el porqué, pero sí estamos de acuerdo en que haya un debate a fondo sobre cosas como el fracking, que nos parece que está sometido a una especie de
sacudidas, entusiasmos y oposición irracionales. Queremos que se discuta en serio, de verdad, de una vez en esta Cámara de los diputados de política energética. Desde luego nuestro grupo va a hacer lo posible para que esta Cámara de los
diputados no se convierta, como algunos quieren, en una tertulia, donde se traen fotos trucadas y argumentos completamente falsos en vez de explicar a la gente con seriedad, como si fueran ciudadanos mayores de edad, de qué riesgos y de qué ventajas
estamos hablando en el caso de una fuente energética, como es en este caso la extracción del shale gas a través de una técnica de fractura hidráulica, el conocido como fracking.
Nuestro propio grupo presentó -lo hice yo- en la Comisión de Industria y Energía de este Congreso una proposición no de ley para una regulación muy rigurosa y muy exigente en términos medioambientales del fracking; por cierto, La Izquierda
Plural, el Grupo Socialista y otros votaron en contra. Votaron en contra porque -ellos sabrán por qué- han decidido demonizar el gas shale, es decir, el gas de pizarra y han decidido que eso es el coco y que no se puede explicar a los ciudadanos en
qué consiste ni qué ventajas o inconvenientes tiene. Aprovecho para decir -luego me extenderé brevemente en esta cuestión- que todas las fuentes energéticas, todas sin exclusión, tienen inconvenientes, no hay ninguna que produzca el milagro de los
panes y de los peces, aunque es verdad que cuando la ciencia se convierte en religión política los milagros de los panes y de los peces se cumplen a diario y entonces se puede conseguir energía sin ningún tipo de riesgo. Esto es rotundamente falso,
siempre hay riesgo, siempre hay inconvenientes y siempre hay un precio que pagar porque nada es gratis.
Por eso me extraña -y lo lamento mucho, porque usted, Laia, suele ser una diputada rigurosa cuando presenta las cosas, las explica bien, por supuesto desde su posición que me parece siempre muy respetable-, y me parece francamente lamentable
que en esta ocasión hayan cometido dos cosas que me parece muy incorrectas. Primero, mezclar cosas que no tienen nada que ver. Ha comenzado hablando del Castor. Usted sabe perfectamente que el almacén de gas del Castor, al margen de otras
irregularidades que vamos sabiendo que se cometieron en el proceso de licitación, no tiene nada que ver con el fracking, es falso, nada que ver. En segundo lugar, también ha utilizado un informe del Parlamento Europeo para entreverarlo con su
propia proposición de ley, con la exposición de motivos, y al final no se sabe qué dicen ustedes y qué dice el Parlamento Europeo, y pretenden hacerle decir al Parlamento Europeo lo que el Parlamento Europeo no ha dicho nunca, así de claro, porque
es rigurosamente falso que el Parlamento Europeo haya aprobado informe alguno proponiendo la prohibición del fracking. Lo que sí ha hecho es aprobar varios informes. Uno de ellos, redactado, por cierto, por nuestro eurodiputado Francisco Sosa
Wagner y aprobado por mayoría absoluta, hablaba no del fracking específicamente pero sí de la política energética europea y de sus grandes líneas, y desde luego no hablaba de prohibir ninguna clase de fuente energética. En otro informe, que
ustedes, como digo, han entreverado, apropiándose de él en una especie de copy paste, que a mí me parece fatal, porque para algo existen las comillas, para separar qué digo yo y qué dice el otro, para saber qué es cita de autoridad y qué es plagio y
qué es apoderarse de un argumento para tergiversarlo, lo que sí dice el Parlamento Europeo es que el fracking, como, por cierto, cualquier otra fuente de energía, debe prohibirse allá donde su uso implique un riesgo; claro que sí, exactamente igual
que a nadie en sus cabales se le ocurriría autorizar una central nuclear en un terreno sísmico o autorizar la inundación de un valle para hacer un embalse si ese valle tiene más valor como valle ocupado y habitado y con usos múltiples de todo tipo
que como un depósito de agua. Esto ocurre con todas las fuentes de energía.
Por eso, nosotros propusimos, y ustedes se negaron y ahora nos traen aquí una petición de prohibición, que se regulara con criterios estrictos, porque si no se hace así, y ya lo ha dicho antes algún otro interviniente, la presión económica
que hay a favor del desarrollo de esta técnica va a hacer justamente que se consiga lo menos deseable, que es que al final el fracking se autorice sin los permisos con la supervisión adecuada y sin una regulación suficientemente exigente. Esto va a
acabar ocurriendo, nos guste o no nos guste, por dos razones, una de tipo estratégico, que también se ha citado aquí, y otra de tipo económico. Me gustaría subrayar que la de tipo económico en España no es baladí.
También me parece tramposo, y es constante y habitual, separar la política energética de la política económica y sus consecuencias laborales. España tiene 6 millones de parados no por casualidad. Una de las razones de que esto ocurra es
que somos muy poco competitivos en algunas áreas industriales, que, sin embargo, podrían serlo, debido al altísimo coste de la energía. En España se paga un sobrecoste, que se ha evaluado entre el 40 % y el 80 % en determinadas industrias, lo cual
lógicamente lleva a la deslocalización y, por tanto, al aumento del paro y a la pérdida de sectores estratégicos fundamentales. Por tanto, decirle a la sociedad que esto se resolvería solo con fuentes de energía renovables es una
tomadura de pelo. Qué más nos gustaría a todo el mundo que no tener que importar hidrocarburos, que el gas no hiciera falta, que las nucleares fueran prescindibles, que el plástico se pudiera cambiar por ganchillo ecologista, etcétera.
Pero es que esto no ocurre, esto no es así. Vivimos en un mundo real, no en el mundo de Peter Pan.
Si alguien propone la supresión de una fuente de energía, tiene que ofrecer alternativas a esa fuente de energía, y ustedes no proponen ninguna. Es más, citan el ejemplo de Alemania como una cosa encomiable, cuando resulta que en Alemania
la decisión de cerrar las centrales nucleares en el año 2011 fue puramente política, porque no tenía otro fundamento que el interés de la señora Merkel en ampliar la base electoral de su Gobierno, de su partido y de su coalición con los
socialdemócratas, y cuya consecuencia no ha sido el desarrollo de las renovables en Alemania, ha sido el desarrollo de las centrales térmicas de carbón, y además de lignito, que es el carbón más contaminante, el más sucio. Es decir, por la posición
fundamentalista antinuclear hay un aumento de las emisiones de CO2, y de otros gases, que están también presentes en el carbón y que aparecen en la combustión, gases sulfúricos y de otro tipo. Pero esto se le oculta a la población, porque tratamos
a la gente como si fuera tonta y les presentamos todo tipo de fetiches envueltos en un tipo de romanticismo místico diciendo que la tierra es intocable y que, si se toca, pasan cosas como las de las fotos que ustedes nos han enseñado. Esas fotos no
son serias, y usted lo sabe.
En Estados Unidos se lleva haciendo fracking cuarenta años y en Canadá también, y son países con normas medioambientales serias, en gran parte son, por cierto, potestad de los Estados. No hay ningún Estado que haya sido arrasado por
terremotos provocados por el fracking; es falso. No es verdad que los accidentes sean constantes; es falso. No es verdad que los que hay, como en cualquier otra técnica, no se investiguen; también es falso. Dejemos de tomar el pelo a la gente
y hablemos de las cosas serias. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Que estamos condenados a tener un paro y una economía menos competitiva que la de Estados Unidos porque les vamos a comprar el gas a ellos, que, según nosotros, es un gas venenoso y que
destruye la tierra? ¿Pero qué tomadura de pelo es esta? ¿Qué vamos a hacer, exportar los parados? ¿Esta es la idea? ¿Una especie de economía nueva en la que exportamos parados e importamos gas y petróleo que nosotros no queremos explotar? ¿Cómo
se entiende esto?
Cualquier técnica de producción de energía tiene inconvenientes. Los embalses inundan valles. La energía nuclear tiene riesgos bien conocidos si no se supervisa con muchísimo cuidado. La energía fotovoltaica y otras renovables consumen
ingentes cantidades de metales, también de metales pesados, y de sustancias muy peligrosas, no solamente el fracking, que por cierto se puede regular para que no se utilicen sino sustancias que sean inocuas o cuyos efectos se puedan controlar en el
subsuelo. Los teléfonos móviles como este que llevo en el bolsillo y que llevamos todos, están llenos de porquerías que tienen unos efectos catastróficos en la cadena ecológica si se liberan. ¿Qué vamos a hacer, prohibir los teléfonos móviles?
Explíquenlo para que sepamos a qué atenernos. Usted ha dicho escandalizada que un pozo de fracking puede consumir 3 millones de litros de agua. Sí. ¿Sabe cuántos tiene una piscina olímpica? 2,5 millones. ¿Prohibimos las piscinas, las duchas, o
todo? ¿Por qué esta manía de prohibir? Esto es irracional, es el colmo. Es como volver al origen más antiguo de la izquierda tradicional, al ludismo, a oponerse a la tecnología por principio; aquello que criticó con muchísima razón Marx como una
de las mayores rémoras contra el progreso material y por lo tanto social de la humanidad. Lo que hace falta es tener planes y políticas energéticas de conjunto. Si podemos prescindir del gas, estupendo; si podemos prescindir del petróleo,
también; pero hasta que eso no sea posible, díganme ustedes de dónde sacamos esos recursos que son imprescindibles, y mientras haya una técnica cuya seguridad está demostrada por cuarenta años de explotación bajo una regulación suficiente ¿por qué
la quieren prohibir? Este es el cuento del lobo del fracking y los tres cerditos. Esto no es serio.
Para terminar. Ya sabemos que en esto hay muchos cambios que tienen que ver con otras circunstancias. Por ejemplo, yo recuerdo con bastante perplejidad cómo el Partido Socialista se opuso a votar nuestra propuesta de regulación del
fracking, y pocos años antes, cuando Patxi López era lehendakari, salió entusiasmado a hablar de la autosuficiencia energética de los vascos y de las vascas por los yacimientos supuestamente de shale gas que habían aparecido en Álava. Luego resulta
que aquello era malísimo. Vamos hablar con seriedad, vamos a regular con seriedad lo que es posible que sea una fuente de riqueza que puede ayudar a luchar contra la crisis y contra el paro; lo demás son pamplinas y sobre todo es tomarle el pelo a
la gente.
Nos abstendremos, como he dicho antes. Gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Martínez Gorriarán.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Picó.
El señor PICÓ I AZANZA: Muchas gracias, señora presidenta.
Ciertamente -como vemos hoy en este debate- las técnicas de extracción basadas en la fractura hidráulica son controvertidas, y no únicamente desde el punto de vista de su impacto ambiental, ya que hay riesgos asociados como por ejemplo el
riesgo manifiesto de contaminación de aguas subterráneas; el riesgo de contaminación atmosférica; emisiones de gases de efecto invernadero, concretamente de metano -lo decía la señora Ortiz-; terremotos; contaminación acústica o impactos
paisajísticos. De todos modos, hay que constatar que la tecnología ha evolucionado notoriamente desde sus inicios y que no se puede segregar la tecnología de las condiciones geológicas del yacimiento. Por eso el riesgo potencial no puede
atribuirse a la tecnología sin considerar las características del lugar donde se quiere aplicar. Igualmente cierto es que una mirada hacia las prácticas y experiencias que se están llevando a cabo en los países vecinos que nos rodean no nos permite
observar una posición común, puesto que la proliferación normativa en la materia pasa por casos de moratorias y prohibiciones, pero también hay casos de regulación permisiva al respecto. Sin ir más lejos, en la Unión Europea no existe una
regulación sobre la materia sino solamente, como se ha dicho antes, la publicación de un informe de 2011, al que hacía referencia la exposición de motivos de la proposición de ley, recomendando -ahora daré una cita más amplia de la que se ha dado
hasta ahora- a los Estados miembros que incorporasen una regulación propia sobre la materia, considerando los riesgos en términos de salud pública y el impacto medioambiental, e instando a la necesidad de que se hiciesen públicos los componentes
usados en los pozos de perforación.
Hechas estas consideraciones generales, además de las que han realizado otros grupos parlamentarios, me parece propio precisar dos cuestiones sobre esta técnica. Una, en relación con la posición del Govern de la Generalitat de Catalunya y
de nuestro grupo parlamentario, y dos, la distribución competencial existente actualmente en esta materia en el territorio del Estado. En primer lugar, tengo que decir que en Cataluña no se está produciendo ni se está planteando este tipo de
explotación. No se hace por una razón muy sencilla; el Gobierno de la Generalitat, ante la falta de referencias claras y respetando los dictados de Europa, acordó la creación de un grupo de trabajo de expertos para determinar los criterios para la
estimación de las reservas de hidrocarburos de pizarra en el subsuelo y para pronunciarse sobre la valoración del estado de conocimiento de las oportunidades y los riesgos asociados a la explotación de esta fuente de hidrocarburos no convencionales.
El resultado, debo decirlo, fue inequívoco: no tenemos en Cataluña yacimientos con unas condiciones que hagan rentable su explotación y aceptamos por lo tanto que los riesgos y el posible coste social asociado superan cualquier beneficio que se
pudiera generar.
En estos momentos, pues, no hay ninguna iniciativa de explotación por fracking en Cataluña. Y no solo eso, sino que el Govern de la Generalitat, con las conclusiones del informe en la mano, dio un paso más y en la ley de acompañamiento de
los presupuestos generales para este año especificó que no está permitido utilizar la tecnología de la fractura hidráulica cuando pueda tener efectos negativos sobre las características geológicas, ambientales, paisajísticas o socioeconómicas. Así
pues, como primera conclusión en relación con el contenido de la proposición de La Izquierda Plural, mi grupo debe decir que nuestra posición es coincidente, como bien lo prueba el hecho, como decía, de que esta técnica haya sido prohibida por la
Generalitat de Catalunya para evitar un coste social que superaba con creces cualquier beneficio en términos de reducción de la dependencia energética que padecemos.
No obstante, es cierto que el análisis realizado para llegar a la misma conclusión difiere entre mi grupo parlamentario y el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural. Es distinto porque para tomar la decisión que ha tomado el Govern de la
Generalitat de Catalunya, Convergència i Unió defendió la creación de un grupo de trabajo de expertos que mediante informes científicos y valoraciones de los mismos amparasen una óptima decisión final. También fue Convergència i Unió quien propuso
en esta Cámara la creación de un grupo de expertos para determinar cómo debía proceder la Administración General del Estado en el marco de sus competencias, sobre la base de datos y evaluaciones, algo que La Izquierda Plural nunca ha solicitado y
que ha rechazado cuando ha hecho la propuesta Convergència i Unió. En todo caso, al margen de que en el fondo de la cuestión podamos coincidir con esta propuesta, hay un segundo punto relevante a abordar en el que no podemos estar de acuerdo, y es
el nivel competencial.
La señora Ortiz nos decía que el Gobierno del Estado no había tomado en cuenta las competencias autonómicas y tiene toda la razón, debo decírselo, pero también debo decirle que usted, en su iniciativa, tampoco las toma en cuenta. Vamos a
hacer un análisis de cuáles son las competencias actuales según
el sistema competencial. Uno. El permiso de investigación de hidrocarburos no convencionales es competencia de la comunidad autónoma. Así, en Cataluña, como en cualquier otra comunidad autónoma, el permiso de investigación es competencia
de la misma y ello da derecho a investigar la existencia de hidrocarburos en el subsuelo o su idoneidad para ubicar un almacén de hidrocarburos. Es decir, permite identificar la composición del subsuelo, la existencia del recurso y la viabilidad
técnica, económica y ambiental de su explotación. Por eso se requiere un conjunto de estudios geológicos, físicos, sísmicos, etcétera, y pruebas sobre el terreno que se limitan a sondeos de extracción de material del subsuelo para su análisis.
Todas esas pruebas sobre el terreno tienen que obtener la autorización correspondiente de la comunidad autónoma en el momento de su realización. En cambio, la autorización para la explotación es competencia de la Administración General del Estado.
De este modo, si durante un proceso de investigación el titular del permiso concluyera que es viable la explotación del recurso, tendría que solicitar y obtener un permiso de explotación, competencia del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y
sería entonces cuando se procedería a exponer las tecnologías de extracción y a llevar a cabo las inversiones para la explotación comercial del recurso. La actual distribución competencial lleva a que la autorización o la denegación de explotación
de estos hidrocarburos no convencionales se reserve a la Administración General del Estado, y que la comunidad autónoma tenga la potestad de otorgar permisos para la investigación. Su propuesta, señora Ortiz, vulnera esa distribución competencial.
Su iniciativa conllevaría una invasión de competencias de las comunidades autónomas. Equivale a que sea el Gobierno central quien se pronuncie sobre cuestiones que no le competen, cuando además -a juicio de mi grupo parlamentario- esta distribución
competencial actual debería poder ser modificada a favor de las comunidades autónomas, no a favor de la Administración General del Estado, como usted hace en su iniciativa. Es la comunidad autónoma la que debería ostentar la competencia de
explotación de hidrocarburos para disponer de ella a fin de que los criterios y capacidades que permitan tomar las decisiones más útiles para los intereses de la sociedad y la economía del territorio prevalecieran de forma rápida y eficaz. Por todo
ello, mi grupo parlamentario se va a abstener en la toma en consideración de esta proposición de ley formulada por La Izquierda Plural. A pesar de coincidir en el fondo, no podemos más que rechazar la invasión competencial que supone la iniciativa.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Picó.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Tudanca.
El señor TUDANCA FERNÁNDEZ: Muchas gracias, presidenta.
Señorías, ha dicho un portavoz que aquí no estamos para hacer política de tertulia. No sé si estamos para eso, pero tampoco para hacer monólogos que parecen de el Club de la Comedia. He oído aquí que la política energética depende de las
comunidades autónomas, he oído que el pueblo vasco debe decidir sobre sus recursos, por ejemplo Garoña, que hasta donde yo sé está en la provincia de Burgos. En todo caso, estamos hablando de una proposición de ley muy importante sobre el fracking.
Una técnica que hace cuatro o cinco años apenas conocía nadie en nuestro país. La discusión sobre la energía en nuestro país se centraba sobre el desarrollo de las energías renovables, sobre el futuro del carbón, sobre la vida útil de las centrales
nucleares, sobre eso tan endiablado que llamamos mix energético. De hecho, durante la pasada legislatura se creó una subcomisión en esta Cámara para hablar del futuro de la energía en nuestro país para los próximos veinticinco años, que aprobó un
informe de 160 páginas en el que la explotación de hidrocarburos no convencionales merecía nada más dos o tres menciones anecdóticas. Ni siquiera los múltiples comparecientes advertían entonces de forma contundente contra esta técnica. Por eso,
los primeros permisos que solicitaron las grandes petroleras aprovecharon una legislación que no estaba preparada, encontraron poca resistencia y aprovecharon los agujeros y la falta de atención de ciudadanos e instituciones. El desconocimiento de
una técnica nueva en nuestro país y nueva en Europa hizo que apareciera de repente en medio del debate energético en nuestro país como un tsunami que de forma inexorable ha provocado una reacción cívica sin precedentes. Hasta julio de 2011 no se
produjo la primera decisión en un país europeo. El Parlamento francés pidió una moratoria hasta que no se despejaran las dudas que pesaban sobre esta técnica. Por eso, el Partido Socialista también en España comenzó solicitando al Gobierno que
siguiera el mismo camino. Paremos -dijimos-, pensemos, analicemos, elaboremos informes científicos al respecto y luego decidamos. Pero el Gobierno, como casi siempre, hizo oídos sordos. Nada hay que discutir -decía-, el fracking es riqueza, no
hay riesgos y hay que seguir adelante. Todos los demás empezamos a trabajar y hoy mi grupo, así como la mayoría de los partidos
políticos, organizaciones sociales y ciudadanos de territorios afectados hemos llegado al convencimiento de que el fracking conlleva un inasumible riesgo para el medio ambiente y la salud y que los posibles beneficios no merecen la pena por
los peligros que encierra. Lo hemos hecho gracias a informes científicos y técnicos de algunas instituciones. Desde uno de los primeros documentos, el Informe Tyndall de la Universidad de Manchester hasta publicaciones y libros de científicos
americanos y de multitud de países, también españoles, que han hecho el trabajo que debió hacer desde el primer momento el Gobierno. Hasta en Estados Unidos -como decía la portavoz de La Izquierda Plural-, los precursores de esta técnica, se ha
dictado en Texas una sentencia judicial por la que una petrolera debe pagar una indemnización de 2 millones de dólares a una familia por los perjuicios para la salud que han provocado los pozos que tenían cerca de su vivienda. Por tanto, poco a
poco nos hemos concienciado todos de que estábamos ante una técnica peligrosa. Una técnica que ha despertado reticencias en muchos países y que puede acabar con el entorno y medio de vida de amplísimas zonas de nuestro país.
El fracking plantea importantes interrogantes sobre la salud de las personas y el medio ambiente, supone un riesgo para los usos agrícolas y ganaderos, tiene riesgos de contaminación para los acuíferos, puede producir riesgos sísmicos y
necesita un alto consumo de agua. Estos argumentos, contrastados por informes científicos, están extraídos de una moción aprobada la semana pasada en el Ayuntamiento de Villarcayo en Burgos. No es que sea original, es la misma aprobada en decenas
de ayuntamientos de mi provincia, en centenares de municipios de toda España, en el pleno de muchos parlamentos autonómicos, en ayuntamientos de Castilla y León, de Cantabria, de Cataluña, de La Rioja, del País Valenciano... ¿Por qué uso esta
moción? Porque el Ayuntamiento de Villarcayo ha sido uno de los últimos, porque el Partido Popular tiene allí mayoría absoluta, porque su alcaldesa además es diputada autonómica en el Parlamento de Castilla y León y durante meses se ha resistido a
hacer esta declaración; de hecho, en el Parlamento autonómico ha votado en contra de prohibir el fracking. ¿Por qué el cambio? Por la presión y la respuesta de los ciudadanos y ciudadanas, por la reivindicación y las manifestaciones de miles de
personas y también por algunas personas como Janet. Janet es una ganadera de Villarcayo que hace poco recibía una carta firmada por los abogados de BNK, una petrolera, en la que le decían que o vendía su finca para hacer un pozo de fracking o sería
expropiada. Su medio de vida, su futuro, su familia en peligro por culpa de un bálsamo milagroso que quieren vendernos. La reacción de Janet, la reacción de muchos vecinos y vecinas de Villarcayo, de los colectivos y plataformas antifracking de
las merindades son un ejemplo más, como muchos otros, de la lucha que se ha emprendido en todo el país contra esta técnica.
Una vez más estamos ante una cuestión de elección, casi nada es inevitable. Se trata de proteger nuestro medio ambiente y de tener un mix energético competitivo, de permitir una economía competitiva y sostenible. Podemos elegir entre un
modelo que propugna el Gobierno y el Partido Popular basado en prospecciones petrolíferas, en nucleares o el fracking, o cambiar a un modelo sostenible basado fundamentalmente en renovables y, por cierto, también en una energía autóctona como el
carbón, porque en el Partido Socialista defendemos lo mismo, independientemente de donde seamos. Yo no soy de cuenca minera pero defiendo el carbón y hay muchos socialistas que no tienen una central nuclear en su territorio y defienden que se
cierren, independientemente de si da votos o los quita, porque es una cuestión de coherencia. (Aplausos).
En nuestros pueblos y ciudades es posible competir con I+D+i, con desarrollo industrial, con turismo, con agricultura y con ganadería, pero el fracking acaba con todo eso durante décadas. ¿Qué harán todos esos territorios y todas esas
personas? Por tanto, no nos enreden con el discurso de la riqueza y el empleo que genera; ya no nos creemos las burbujas de las multinacionales. En España, la industria ha pronosticado cifras sobre el volumen de gas no convencional en el subsuelo
español tan infladas como en Polonia o Hungría, y ¿qué ha pasado allí? Que en Polonia el Instituto geológico polaco ha reducido a la décima parte las previsiones iniciales, y en Hungría las grandes petroleras han parado sus actividades por completo
por los malos resultados de producción. Ya nadie cree que el fracking sea el maná caído del cielo. Pero es que además el modelo de desarrollo que queremos es otro, el modelo de crecimiento que necesitamos es otro y no estamos locos. Las
renovables producen en nuestro país una cantidad de energía inimaginable hace apenas unos años y han generado cientos, decenas de miles de empleos. Hagamos de eso nuestra prioridad, la competitividad de nuestras empresas y la lucha contra la
pobreza energética. De lo que no debemos hacer una prioridad es de arreglar las cuentas de resultados de las grandes empresas eléctricas de este país o de las petroleras extranjeras. La semana pasada Endesa anunció que pediría la reapertura de
Garoña, hoy mismo lo confirma el consejo de administración de
Nuclenor. En realidad lo que están haciendo, lo que dijeron que harían y lo que han hecho hoy es que se probarían el traje a medida que les ha hecho el Gobierno, un traje a medida que ha supuesto modificaciones específicas a medida de
leyes, que les ha perdonado 150 millones de euros en impuestos y que hoy sabemos que les va a permitir pedir una prórroga para que Garoña funcione hasta los sesenta años. Yo no sé si de verdad son conscientes del riesgo que eso supone y del
gravísimo error que supone para nuestro modelo energético. Por cierto, hasta los sesenta años una central ubicada en un sitio que van a sembrar de pozos de fracking que generan pequeños seísmos. Eso es lo que está haciendo y permitiendo este
Gobierno. ¿Saben ustedes que solo en Miranda de Ebro hay dos proyectos relacionados con la energía, Gestamp y Montefibre, que crearían 700 puestos de trabajo? Lo que están pidiendo no es un trato favorable como el que dan a Garoña sino al menos
respuesta; están pidiendo solo una respuesta del Gobierno sobre su modelo energético. Por eso, insisto en que se trata de elegir el modelo de desarrollo y el modelo energético que queremos; de elegir dónde y cómo pone el acento la actuación
pública. Gracias a esta proposición hoy tenemos la oportunidad de elegir y de hacerlo antes de que sea demasiado tarde. Aún estamos a tiempo de parar el fracking en nuestro país y tenemos una responsabilidad que afectará al futuro de varias
generaciones en muchos territorios.
Señorías, termino ya. Hace quince días muchos partidos adquirimos un compromiso con las plataformas contra el fracking de todo el país para impedir que esta técnica se implante, y los compromisos se firman, se votan y se cumplen. Por eso
hoy el Grupo Parlamentario Socialista va a votar a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley para que se prohíba el fracking en nuestro país.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Tudanca.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Flores.
El señor FLORES LANUZA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, nos imponen en esta proposición de ley prohibiciones desproporcionadas de una técnica minera que puede suponer la privación de recursos energéticos estratégicos para el interés general en un marco de histórica dependencia del
exterior, en un sector esencial que incide en la planificación y coordinación de la actividad económica con carácter general y del sector energético en particular. Señora Ortiz, lo que pretende su grupo, La Izquierda Plural, es perder la
oportunidad de identificar la existencia de potenciales reservas que podrían permitir bajadas -como en el caso de Estados Unidos, que tiene un precio del gas un 70 % inferior al del resto de Europa-, y no por razones técnicas ni mucho menos -todo lo
que se ha dicho aquí por la mayoría de los intervinientes es discutible-, sino por razones de pura demagogia, razones políticas y emocionales. Vuelven a insistir en utilizar la técnica del miedo para hacer alusión a los aspectos nocivos y renunciar
de lleno a seguir investigando en alternativas que nos permitan obtener fuentes de energía tan necesarias para nuestra competitividad como país. Señorías, lo que realmente nos debería preocupar es conseguir un mix energético sostenible acorde con
las necesidades presentes y futuras de nuestro país para poder ser económicamente competitivo, tanto a nivel de economías familiares como del desarrollo y la competitividad de nuestra industria. Para conseguir el mix más razonable tendremos que
analizar todos los recursos energéticos con los que podríamos contar, incluido el gas no convencional, con todas las cautelas y garantías.
Me gustaría hacer ahora unos comentarios sobre lo que han dicho los que me han precedido en el uso de la palabra. Señorías, esto del fracking no se ha inventado hoy. Desde 1940 están en ello; setenta y cinco años ni más ni menos. Ahora
se reutiliza el agua para inyectar, por tanto, no hay ese gasto tan desorbitado que se dice aquí. Con las nuevas técnicas se sabe dónde están los acuíferos, que suele estar entre 300 o 400 metros por debajo del nivel freático. La perforación se
hace a 3.000 o 5.000 metros. ¿Ustedes creen que sabiendo dónde está el acuífero se va a inyectar en él para contaminarlo? Evidentemente no, aunque el señor Baldoví parece que sugiere que como están locos van a inyectar para contaminarlo. Los
productos químicos deben cumplir la legislación vigente y las empresas tienen la obligación de revelar los productos que se utilizan. Si hay que pasar un informe de impacto medioambiental, lógicamente es imposible que se autorice en una zona
protegida; es totalmente imposible. La ley también legisla cómo reponer cuando se ha terminado una exploración; no se trata aquí de enseñar fotos de terrenos totalmente destrozados. Toda esta información la conoce usted, señora Ortiz. Me
pregunto por qué no la tiene en cuenta o la obvia y sigue dando unos datos tan escandalosos para asustar a la gente. Esto no es democratización, como está diciendo usted, es demagogia, pura demagogia. Insisten ustedes también en las renovables.
La verdad es que sería ideal que exclusivamente con energías renovables
pudiéramos cubrir todas nuestras necesidades energéticas, pero, lamentablemente, no se pueden acumular porque no todos los días hay sol o viento. Aquí se apostó por unas tecnologías que no estaban maduras y se primaron desmesuradamente y
sin control. ¿Y saben quién hizo el gran negocio? Las empresas chinas, que vendieron el 90 % de las placas, reinvirtieron en tecnología y ahora han bajado el costo un 70 % y se están beneficiando otros países, que pueden instalar las placas
prácticamente sin pagar absolutamente nada. Eso sí, nosotros vamos a tener que pagar cantidades astronómicas durante veinticinco años y además nos obliga a hacer verdaderos esfuerzos para controlar el déficit tarifario.
También se ha hablado aquí del proyecto Castor, que nada tiene que ver, como muy bien ha dicho el señor Martínez Gorriarán, con el fracking. Por cierto, señor Gorriarán, tras oír su explicación, me queda la duda de por qué después de esa
defensa tan buena -pienso- del fracking se abstiene. Debería votar en contra de esta proposición de ley. Estén tranquilos, señorías, porque el ministerio competente ya ha dicho por activa y por pasiva que si los informes son negativos se va a
paralizar la instalación. Lo incomprensible, por no decir alucinante, de este tema es el contrato que se firmó por parte del anterior Gobierno, pues al parecer hay que devolver la inversión, más de 1.700 millones de fondos públicos. Por mucho
menos se han pedido responsabilidades. En cualquier caso, me quedo perplejo con el discurso del portavoz del Grupo Socialista, porque resulta que ustedes autorizaron absolutamente todo. Todo lo que ahora niegan lo autorizaron y nos dejaron otro
muerto, como es esta indemnización si se tiene que parar lo del Castor, y un desastre de panorama energético gracias a su mala, malísima y horrenda gestión.
Este Gobierno ha trabajado duro para cumplir ampliamente con las resoluciones del Parlamento Europeo, al que hace referencia en su exposición de motivos. Se ha reforzado ya de por sí el estricto marco normativo con nuevas medidas, con la
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, la LEA, donde las técnicas de facturación hidráulica se someterán al procedimiento que implica la realización de un trámite con información pública, sin perjuicio de una batería de consultas a
administraciones y público interesado. El artículo 35 contempla la evaluación y cuantificación de los efectos previsibles, directos e indirectos, del proyecto sobre la población, la salud humana, la flora, la biodiversidad, la geodiversidad, el
suelo, etcétera. El anexo III contempla la evaluación de los riesgos. Es decir, contamos con una regulación detallada. No se trata de que exista barra libre para hacer un uso indiscriminado de esta técnica de extracción de gas no convencional,
sino todo lo contrario, que existan controles, estudios y análisis previos suficientes que permitan evaluar en cada caso concreto el eventual impacto que pueda derivar del uso de esta técnica y, consecuentemente, su actualización.
Con respecto al tema europeo, se ha dicho claramente que el Parlamento Europeo rechazó una enmienda que proponía la prohibición generalizada. El señor Errekondo dice que toda España está pinchada. No. Hasta ahora solamente existen
proyectos en fase muy preliminar, por autorizaciones -repito- del Partido Socialista, y, si fueran viables, la explotación comercial sería a largo plazo, con lo cual se habrían mejorado bastante más las técnicas.
Hay incertidumbre, pero hay estimaciones de 2.000 billones de metros cúbicos de BCM, y aquí nadie habla de los beneficios, al margen de la dependencia energética. Me refiero a los beneficios económicos derivados de las inversiones asociadas
a los proyectos de explotación e inversiones de hidrocarburos, inversiones en infraestructuras, creación de empleo, que tanto necesitamos ahora, e ingresos públicos de tasas y cánones, al contrario de lo que dice la señora Ortiz de que lo que crea
es desempleo. Aquí solamente se habla de desastre medioambiental, de derroche de agua, de contaminación, de terremotos. Ya le dije al señor Baldoví en una comisión que el prospecto de las medicinas hay que leerlo totalmente, no solo las
contraindicaciones. Ahí es donde radica la verdadera responsabilidad, en ser coherentes con nuestra situación energética y agotar cualquier posibilidad que, con las debidas garantías, nos haga menos dependientes energéticamente del exterior, y no
por capricho, sino porque verdaderamente lo necesitamos como país. Necesitamos reducir el coste energético, que tanto nos preocupa y nos afecta a todos los españoles.
Ya termino, señora presidenta. Así pues, consideramos que el establecimiento de condiciones, limitaciones y prohibiciones debe considerarse en el marco de un análisis caso por caso, en el que, a la vista de los detalles de cada proyecto y
su relación con el entorno concreto en el que se enmarca, pueda realizarse una valoración ponderada de todos los factores concurrentes y de sus eventuales efectos. Obviamente habrá situaciones en las que el proyecto no pueda ser viable y el
proyecto no será autorizado. Por todo lo anteriormente expuesto, nuestro grupo votará en contra de esta proposición de ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Flores. (La señora Ortiz Castellví pide la palabra).
Sí, señora Ortiz.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Al amparo del artículo 71. El señor Gorriarán ha puesto en mi boca palabras y afirmaciones que no he dicho.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Tiene usted un minuto, señora Ortiz.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Usted ha dicho que he homologado el fracking al Castor. He dicho que en relación con la actitud del Gobierno ante el Castor deberíamos aprender la lección antes de abordar la técnica del fracking, que es
sustancialmente diferente. Sobre el informe del Parlamento Europeo he señalado que lo que decía es que se debería prohibir en zonas especialmente sensibles como las nucleares. Eso sí que lo dice textualmente. Todos los datos que he aportado se
basan en informes, en datos y en cifras de universidades y de instituciones. Usted no ha aportado ni datos ni informes, señor Gorriarán. Dígame de lo que presume y le diré de lo qué carece. Por ejemplo, en cuanto a rigor, informes y datos, no ha
aportado usted ninguno. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Ortiz.
Señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Es usted la que presenta la proposición de ley y no yo, luego es usted a la que corresponde convencernos y no a mí. Desde luego utilizar informes ajenos con el copy paste y entreverarlos con argumentos propios
sin separarlos convierte la cita en plagio y eso desde luego es incorrecto intelectualmente. Y no me venga diciendo que no le he aportado datos, porque es usted quien tiene que demostrar algo que es, le repito, falso. Que en Estados Unidos ha
habido terremotos catastróficos por el fracking y zonas arrasadas por el fracking es falso. Luego, traer una foto de otra cosa y decir que es de eso es muy fácil. No es un dato, es manipular.
Gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Martínez Gorriarán.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A IMPULSAR LA ENTRADA EN VIGOR DE LA NUEVA ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2014-2020. (Número de expediente 162/000950).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al punto II del orden del día relativo a las proposiciones no de ley. En primer lugar la del Grupo Parlamentario Popular relativa a impulsar la entrada en vigor de la nueva estrategia
española de seguridad y salud en el trabajo 2014-2020. Para su defensa tiene la palabra la señora Bonilla.
La señora BONILLA DOMÍNGUEZ: Señora presidenta, señorías, comparezco en nombre del Grupo Parlamentario Popular para la presentación de esta proposición no de ley que insta al Gobierno a aprobar e impulsar la entrada en vigor de la nueva
estrategia española de seguridad y salud en el trabajo 2014-2020, a los efectos de concienciar al conjunto de la sociedad sobre la importancia del cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y de la consolidación de la cultura
preventiva, con el único objetivo y finalidad de proteger al trabajador de sufrir accidentes laborales o enfermedades profesionales que cumpliendo la normativa vigente pudieran ser evitables.
Señorías, como muy bien saben, el artículo 40 de nuestra Constitución establece que será responsabilidad de los poderes públicos velar por la seguridad e higiene en el trabajo. Como también saben sus señorías, las políticas de empleo en el
ámbito de la seguridad y de la salud en el trabajo se acuerdan en el seno de la Unión Europea, y España, como Estado miembro, ha participado y participa en su elaboración. En ese marco, una vez acordadas las líneas marco, son los Estados miembros
los que regulan, en función de su especificidad y problemática nacional, para que sean armonizadas las normas internas con el resto de Europa pero a la vez eficaces en su país. Fruto de ese diálogo social y de ese
marco -diálogo entre organizaciones sindicales, empresariales, comunidades autónomas y Gobierno-, se aprobó la estrategia española de seguridad y salud en el trabajo 2007-2012.
La estrategia nació con el objetivo de dar un marco, un instrumento para combatir la siniestralidad laboral de una forma integral, racional y coherente en línea con la estrategia comunitaria de salud, y dos eran los objetivos: en primer
lugar, reducir de manera constante y significativa la siniestralidad laboral y acercarnos a los valores medios europeos y, en segundo lugar, mejorar de forma continua y progresiva los niveles de seguridad y salud en el trabajo. El balance de esta
estrategia es positivo, pero siguen existiendo aspectos que no se han podido abordar en su totalidad y otros que por su cercana puesta en marcha todavía no han podido ser valorados. El día 13 de marzo de 2013 la Comisión Nacional de Seguridad y
Salud en el Trabajo aprobó la creación de un grupo de trabajo precisamente para elaborar una propuesta para la nueva estrategia española de seguridad y salud en el trabajo 2014-2020, así como para que se creara esa acción de seguimiento y evaluación
del cumplimiento de la misma.
Señorías, para el Grupo Parlamentario Popular el empleo es una prioridad, como lo es para este Gobierno. Ahí están todas las medidas que se han tomado para poner los instrumentos y crear esos puestos de trabajo y ahí está el apoyo del Grupo
Parlamentario Popular. Pues bien, para el Grupo Parlamentario Popular la salud y la seguridad de los trabajadores es una prioridad y una preocupación diarias, como lo es para el Gobierno de España, y así lo demuestra y lo ha manifestado en
numerosas ocasiones. Nos consta la sensibilización del Gobierno con la seguridad y la salud de los trabajadores. Nos consta que se sigue trabajando para reducir al máximo la siniestralidad laboral y para fomentar la gestión preventiva. El
Gobierno -y así lo ha manifestado en muchas ocasiones y en sede parlamentaria- mantiene su firme compromiso de continuar con el fortalecimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales que consoliden la tendencia a la baja en los índices de
siniestralidad laboral y enfermedades profesionales que se han producido en los últimos años. Es firme en la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y en la consolidación de la cultura preventiva y, esto es esencial, deben
articularse los mecanismos necesarios para abordar de manera eficiente, óptima y coordinada, con el consenso de todos los agentes sociales y comunidades autónomas, la realización de esta nueva estrategia española de seguridad y salud en el trabajo
para el periodo 2014-2020.
Esta nueva estrategia es el instrumento que va a permitir a todas las instituciones competentes en materia de seguridad y de salud en el trabajo que se asuma de manera conjunta uno de los objetivos prioritarios, el impulso y la consolidación
de la cultura preventiva en la sociedad española sobre la base de unas líneas de actuaciones comunes, todo ello en consonancia con la estrategia europea de seguridad y salud en el trabajo, que es donde se establecen los objetivos y las líneas marco
de actuación. Esta nueva estrategia se está elaborando desde la base del consenso y sus principales objetivos son: en primer lugar, mejorar la efectividad de las actuaciones de las administraciones públicas en materia de prevención de riesgos
laborales; en segundo lugar, impulsar la coordinación entre administraciones públicas; en tercer lugar, potenciar actuaciones relacionadas con el análisis, la investigación, la promoción, el apoyo, la formación y el asesoramiento en prevención a
las empresas; en cuarto lugar, potenciar las actuaciones en relación con determinados colectivos y sectores, especialmente aquellos con trabajadores en riesgo o con riesgo de sufrir accidentes; finalmente, fortalecer el papel de los interlocutores
sociales en la mejora de la salud y la seguridad en el trabajo. En definitiva, hablamos de una nueva estrategia que permita mantener, complementar y reforzar de forma activa todos los programas o medidas para conseguir crear una verdadera
conciencia social que ponga de manifiesto la importancia de cumplir la normativa preventiva y las graves consecuencias que se derivarían de su incumplimiento. La sociedad cumple un papel fundamental, esencial, y su compromiso y participación son
fundamentales para consolidar la cultura preventiva. A los poderes públicos nos corresponde articular esos mecanismos necesarios para concienciar a nuestra sociedad e integrar la idea de la prevención en el día a día de la rutina laboral.
Señorías, debemos trasladar al conjunto de la población la idea de que la prevención es inherente al trabajo y que el trabajo no se puede concebir sin prevención.
Señorías, cuatro han sido los grupos que han presentado enmiendas -Bloque Nacionalista, Izquierda Plural, Grupo Parlamentario Catalán y Grupo Parlamentario Socialista-. He de decirles que desde el Grupo Parlamentario Popular no se van a
admitir, fundamentalmente porque su argumentación se encuentra incluida en el texto de la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Repito, los objetivos son los mismos: compromiso de fortalecimiento y reforzar las
políticas públicas de prevención de riesgos laborales y conseguir las mejoras en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. El Gobierno está trabajando de manera consensuada con los agentes afectados y comunidades
autónomas para la elaboración de esta estrategia de seguridad y salud en el trabajo. Además, quiero decirles que en esta nueva estrategia se contendrán las líneas fundamentales para desarrollar durante todo este periodo una hoja de ruta en
varios planes de carácter bianual que prevén las medidas concretas en función de las prioridades del momento, articulándose además los recursos y la financiación adecuada. Por tanto, señorías, les pido el apoyo a esta iniciativa. Nos une lo
esencial. Cuando emitan su voto ruego a todos los grupos políticos que consideren lo que el Grupo Popular tiene y tenía en mente cuando presentó esta iniciativa, que lo fundamental y lo que nos une a todos es garantizar la seguridad y la salud de
los trabajadores.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Bonilla.
Se han presentado diferentes enmiendas. En primer lugar, por el Grupo Mixto, se formulará la enmienda que ha presentado la señora Fernández Davila y las posiciones del señor Tardà y del señor Cuadra. Adelante, señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
Señora diputada, lo que vamos a votar hoy es la parte resolutiva y no la exposición de motivos. Por lo tanto, si la posición de su grupo es no aceptar ninguna de las enmiendas, se evidencia que esta proposición no de ley no es más que un
brindis al sol del Grupo Popular en relación con su, digamos, compromiso con la implantación de la salud laboral en todo el sector económico y laboral del Estado español. Nuestra enmienda trata precisamente de que no sea un brindis al sol, porque,
señorías, de poco sirve que se conciencie a la sociedad en su conjunto de la necesidad del cumplimiento de las normas de prevención si el Gobierno no impulsa la necesidad de proceder a la puesta en práctica en todas las empresas de la prevención, de
acuerdo con lo establecido en la Ley 54/2003. Estamos diciendo que desde el año 2003 aún no está implantada en las empresas esta cuestión, algo fundamental.
También decía usted que la estrategia se basa en el consenso. Déjeme decirle también que es un consenso en el que se excluye a algunas centrales sindicales y desde nuestro punto de vista el Gobierno debería respetar a todos los
interlocutores sociales de acuerdo con lo establecido en los artículos 6 y 7 de la Ley de Libertad Sindical, y en este caso, como en otros muchos, el Gobierno excluye a algunas de las centrales sindicales, como a la Confederación Intersindical
Galega.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Fernández.
Señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.
Señorías del Partido Popular, ustedes hoy nos hablan de estrategia de seguridad y salud en el trabajo para los próximos años, pero ni tan solo han sido capaces de hacer una mínima autocrítica a su proceder legislativo. Esto tiene un tanto
de cinismo político. Ustedes han permitido recortes en los programas de prevención en las empresas. Ustedes han legislado para hacer posible una mayor explotación de los trabajadores: prolongación de la jornada laboral, pervertir incluso la
flexibilidad laboral, todo ello a riesgo de incremento de patologías, de hecho, menos salud, de hecho, más accidentes laborales. Estamos hablando de un incremento del 2,6 %, 1.147.000 accidentes de trabajo el año pasado; además, 540 accidentes
mortales, también un incremento respecto al año pasado. Por supuesto han desregularizado el marco laboral: despido libre, devaluación salarial, hachazo a la negociación colectiva, en definitiva, abrir las puertas al terrorismo empresarial. Hay
empresas que durante años y años han hecho bandera de la responsabilidad social, por ejemplo el grupo Bosch (Muestra un cartel relativo al citado grupo), que ha hecho siempre bandera de la responsabilidad social, y ahora aterrorizan a los
trabajadores. Es el caso por ejemplo de la planta que tienen en Castellet, en Cataluña, en la comarca del Penedès. Aterrorizan a los trabajadores amenazándoles con vender la empresa y, luego, el plato siguiente. El plato siguiente es despedir a
300 trabajadores. Esta es la realidad, de manera que nos parece un tanto cínica esta posición.
Permítanme que aproveche la ocasión para enviar un mensaje de solidaridad a los trabajadores de Bosch. (Continúa su intervención en catalán). Esta es la realidad. Ustedes son responsables directos del incremento de los accidentes
laborales y ahora además nos avisan de que incluso la inspección irá a cargo de las mutuas. Nos la van a privatizar. No tienen perdón, no tienen perdón.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Cuadra.
El señor CUADRA LASARTE: Señoras y señores, hablamos de salud laboral. Por cierto, a propósito de salud, ¿qué tal la suya, señoras y señores del PP, señoras y señores del PSOE, después de haber perdido más de 2.500.000 votos cada uno en
estas elecciones? (Un señor diputado: ¡Mejor que la tuya!). Porque, señores del PP, su Gobierno es cada vez más un Gobierno ilegítimo, un Gobierno que está usurpando el lugar que le está rechazando la mayor parte de la ciudadanía del Estado
español, y en esta medida creo que lo que debían hacer ustedes es anular todas las reformas por las cuales pierden todos estos votos y abrirse, irse. Creo que por decencia democrática tendrían que hacer esto, suprimir todos los recortes que han
hecho e irse.
En Euskal Herria, Euskal Herria Bildu es la primera fuerza electoral a pesar de toda la política de criminalización y de marginación que han llevado ustedes contra nuestra coalición y a pesar de los intentos de dinamitar el proceso de paz y
normalización democrática. A pesar de todo ello, Euskal Herria Bildu es la primera fuerza electoral y ustedes, piénsenlo, no van a conseguir lo que no consiguió Franco. En nuestro país, en nuestro pueblo, los aires de libertad, de soberanía, de
autodeterminación y de independencia van hacia arriba y ustedes van hacia abajo.
Pero, bueno, hablábamos de salud laboral. Ustedes dicen que han descendido mucho los índices en materia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y, como en tantas cosas, mienten. Mienten ustedes más que hablan. La troika
antisalud que conforman ustedes, su Gobierno, la patronal y las mutuas tergiversa y cambia los datos, los manipula. Las mutuas, una parte de la troika, son una auténtica máquina de guerra hoy en día en contra de la salud laboral, de la salud de los
trabajadores. Niegan a estos las bajas por miles y miles todos los días y los despiden a patadas de las oficinas para que vuelvan a sus puestos de trabajo a pesar de estar enfermos. Ya se ha señalado la otra cara de la moneda. El incremento de la
flexibilidad y de la precariedad que ha traído su reforma laboral lo que ha llevado consigo, señores del PP, ha sido un deterioro muy importante en todo lo referente a las condiciones de trabajo, a la salud laboral. La gente aguanta enferma, porque
no puede coger la baja por miedo a que no le renueven el contrato que tiene. La gente aguanta enferma, porque legalmente hoy se puede despedir, con su legislación, con su normativa, a gente a pesar de tener la baja médica.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Cuadra.
El señor CUADRA LASARTE: Termino ya.
Señores del PP, esta es su salud laboral. Por eso vamos a votar en contra de su propuesta, porque es una propuesta hipócrita. Las plagas de Egipto comparadas con su concepción de la salud laboral son un poco más...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Cuadra, lo siento, se ha acabado su tiempo.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, una semana más nos encontramos ante una nueva propuesta placebo del Grupo Popular. No tenemos nada que objetar a que el Grupo Popular se presente un martes detrás de otro con propuestas que mandatan al Gobierno a hacer aquello que
el Gobierno debería hacer y no hace. Hasta aquí podemos entender que forma parte de la lógica parlamentaria. Ustedes dan apoyo al Gobierno y le impulsan a hacer aquello que el Gobierno no hace. Bien, nada que decir. Pero lo lógico sería que sus
propuestas dijeran algo, porque a este paso alguien las va a cambiar el nombre y, más que PNL como proposiciones no de ley, las van a llamar placebos no legislativos. Perdón, pero más allá de la exposición de motivos, la parte que usted nos propone
que votemos no dice literalmente nada. Es aquello que se llama un conjunto de palabras encadenadas sin ningún tipo de significado. Eso es lo que lleva a nuestro grupo a presentar una propuesta que es absolutamente modesta y que no entiendo
exactamente por qué, si de verdad ustedes quieren que la votemos, no han sido capaces de aceptárnosla. No hemos entrado en el fondo, porque en nuestra opinión ahora no es el momento. Eso corresponde a los interlocutores sociales, a ustedes, al
Gobierno de la nación, a las comunidades autónomas y, en todo caso, tiempo tendrá este Congreso de ver el resultado de este proceso. Sí que nos ha parecido básico, y esas son las enmiendas que les hemos planteado, que una de PNL de esta naturaleza
que ustedes nos presentan al menos tenga tres enfoques, que deberían formar parte de su contenido esencial para decir algo.
Nos parece básico que si ustedes quieren de verdad impulsar la acción del Gobierno en ese sentido, al menos, en la parte dispositiva de esta PNL, digamos algo tan evidente como que la estrategia de seguridad y salud en el trabajo debe ser
fruto del proceso de concertación social con sindicatos y organizaciones empresariales y de concertación política con los Gobiernos de las comunidades autónomas, que son los competentes en esa materia. Fíjese bien la cosa tan modesta que hemos
planteado. Segunda cuestión. Para que una estrategia sea algo más que palabras encadenadas debe contener al menos la descripción de los recursos necesarios para su implementación y la fuente de esos recursos. Si no, vuelve a ser otro canto al
cielo o a lo que sea, pero no a la política. En tercer lugar, les planteamos una cosa tan modesta y tan poco ambiciosa, me permito decir, como que, una vez discutida y acordada esa estrategia en el marco de esa concertación y antes de su aprobación
definitiva, sea informada la Comisión de Empleo y Seguridad Social de este Congreso, que por cierto en materia de salud y seguridad del trabajo es la gran ausente, la gran convidada de piedra. Es la primera vez que tratamos esta cuestión en este
Pleno, porque el ministerio no se ha dignado informarnos de que está en marcha este proceso. Por eso, sin entrar en el análisis de fondo, que insisto en que no corresponde en estos momentos, ustedes deben tener en cuenta esa naturaleza.
Les planteamos algunas cosas. Por ejemplo, esta estrategia y su propuesta llegan tarde. La estrategia anterior terminó el 31 de diciembre de 2012. Llevamos dieciocho meses de atraso, sin estrategia, que no quiere decir sin política, por
supuesto. Las comunidades autónomas tienen responsabilidades en la ejecución de esas políticas y unas mejor y otras peor las están implementando, pero el país se ha quedado sin una concertación básica, y es incomprensible, especialmente en un tema
donde los interlocutores sociales y las comunidades autónomas han demostrado una gran capacidad de llegar a acuerdos y de concertación. Ni tan siquiera en aquellos espacios donde hay posibilidad de acuerdos ustedes los propician, sino más bien lo
contrario, y es lo que hemos querido poner de manifiesto en nuestra enmienda.
En segundo lugar, creemos sinceramente, por el documento que conocemos -no precisamente por la delicadeza del ministerio de haberlo facilitado a los diputados de la Comisión de Empleo, que no hubiera estado mal-, que hay algunas lagunas
importantes en la estrategia en los términos en que está redactada en estos momentos. Por ejemplo, no compartimos el objetivo central. El objetivo no es reducir estadísticamente los accidentes de trabajo. El objetivo es otro. El objetivo es la
mejora de las condiciones de trabajo, porque solo así se va a poder incidir en la reducción de la siniestralidad, que no solo son accidentes de trabajo, que son enfermedades de origen profesional, que son las grandes abandonadas en general de las
estrategias de salud y seguridad en el trabajo en este país. Continúa sin existir en esta estrategia en este documento nada para avanzar en relación con esas enfermedades de origen profesional, que cada vez están siendo más graves, con el agravante
de que -todos los que saben de esto lo conocen- España es un país que tiene infradeclaradas esas enfermedades. Cuando uno analiza las estadísticas españolas y las compara con las de Europa, aquí no tenemos enfermedades de origen profesional. Por
ejemplo, aquí el cáncer de origen profesional provocado por el uso de determinadas sustancias no existe desde ese punto de vista. Por eso les hemos planteado también ese enfoque.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA: En tercer lugar -y termino, señora presidenta-, nos parece muy grave que no haya un enfoque de género en la estrategia. Hay riesgos, especialmente los de naturaleza psicosocial que tienen mucho que ver con la
situación de discriminación de las mujeres en la vida laboral y en el entorno social.
Termino ya, señora presidenta, con otra cuestión. Permítanme que les diga, su propuesta no solo es un placebo. Tiene ciertos grados de fariseísmo. Les cito tres cositas muy rápido. Nos presentan ustedes una cosa después de haber aprobado
una reforma laboral que incentiva una precariedad que está en la fuente de la siniestralidad, pero después de habernos hecho aprobar en esta Cámara la Ley 14/2014, mal llamada de Apoyo al Emprendedor, que ha hecho desaparecer a los responsables de
prevención en las empresas de menos de 10 trabajadores.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA: Esa no es manera de mejorar. Y pretenden ahora una mercantilización de la salud laboral en las empresas a través de otorgar a las mutuas el control de las bajas médicas, en
contra del servicio nacional de salud. En resumen, quisiéramos votar a favor, por eso les hemos hecho una enmienda profundamente posibilista,...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Coscubiela, tiene que finalizar.
El señor COSCUBIELA CONESA: ... pero ustedes ni eso aceptan.
En resumen, para no encontrarme la manipulación en el futuro, les voy a resumir: sí a que exista una estrategia concertada de salud y seguridad en el trabajo 2014-2020; no a que nos hagan ustedes aprobar una propuesta placebo que no aporta
nada más que lo que ya tiene el Gobierno obligación de hacer.
Gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Muchas gracias, señor Coscubiela.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
Efectivamente, a los grupos de la oposición no deja de sorprendernos esta técnica del Grupo Parlamentario Popular de presentar iniciativas de un contenido muy vago e inconcreto en relación con políticas que, sí o sí, el Gobierno debe
desarrollar. Entiendo al señor Coscubiela cuando además les dice que el Grupo de La Izquierda Plural ha presentado una enmienda muy aceptable respecto del texto que plantea el Grupo Popular. Quizá las enmiendas que presentamos otros grupos,
singularmente el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que entramos en políticas concretas que deberían de contenerse en esa estrategia, no sean aceptadas, pero ustedes no han mostrado ningún interés
hoy en esforzarse en la Cámara por escuchar e incorporar a su texto las propuestas que les trasladábamos. Ante una proposición no de ley de un contenido vago e inconcreto sobre una política que, insisto, el Gobierno debe hacer, sí o sí, y ante las
pocas ganas políticas de incorporar las posiciones de la oposición, no les vamos a apoyar. Algunos de sus colegas han demostrado en esta Cámara que cuando ustedes se esfuerzan en buscar acuerdos es posible encontrarlos en iniciativas de estas
características. Por tanto, no es de recibo que hoy la portavoz del grupo de la mayoría termine su intervención enfatizando que compartimos el fondo cuando no ha hecho ningún esfuerzo para aproximarse a nuestras consideraciones. Es una pena y
seguramente se van a quedar solos esta tarde; tienen la mayoría, se van a quedar solos con su mayoría. Una pena, y le digo que me choca.
Entrando en las cuestiones más de fondo, en primer lugar, quizás antes de plantear una proposición no de ley de ese tipo, sería conveniente una comparecencia del Gobierno haciendo balance de la estrategia hasta ahora vigente. Sepamos qué
resultados ha dado esta estrategia, tengamos un debate en la Comisión de Empleo, seamos invitados a participar en la discusión sobre lo que hay que hacer. En segundo lugar, buena parte de las políticas concretas que finalmente se desarrollan tiene
que ver fundamentalmente con competencias de las comunidades autónomas en la aplicación concreta de la estrategia. En el caso de mi país, Cataluña, las competencias en materia de inspección de trabajo y de prevención y salud en el trabajo. Incluso
según nuestro estatuto, la coordinación de la prevención que realizan las mutuas de accidentes de trabajo corresponde a la Generalitat. Pues al menos en su mandato, hagan referencia, como le plantean las enmiendas de Convergència i Unió, a esa
coordinación y colaboración con las comunidades autónomas, o a la necesidad de interlocución con los agentes sociales, que son los grandes activos también en la implementación de las políticas de prevención.
Finalmente, mi grupo les plantea una de las muchas cuestiones concretas que les podíamos plantear. Precisamente este año Comisiones Obreras y UGT han trasladado a la Cámara la preocupación por una cuestión directamente vinculada a la salud
laboral como es la relación entre el cáncer y los puestos de trabajo, personas que tienen cáncer como consecuencia de la existencia de materiales cancerígenos en sus puestos de trabajo. Tan solo 34 personas tienen reconocida una enfermedad
profesional por razón de cáncer frente a más de 100.000 muertos de cáncer en 2012 en el conjunto de España. ¿Qué aproximación tiene la estrategia española sobre salud en el empleo en relación al cáncer y los puestos de trabajo? ¿Piensan modificar
algunas de las políticas que se desarrollan en esta materia para reducir el riesgo de exposición a sustancias cancerígenas? Estas son las cuestiones que sería razonable que discutiésemos hoy en esta Cámara. No insisto. Un brindis al sol que no
aporta nada nuevo ni sirve para que en una política, que efectivamente es tan sustancial, los grupos de la Cámara en la oposición y el grupo del Gobierno nos podamos aproximar. Una oportunidad perdida. Un debate, si me lo permite, un punto inútil.
Gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Campuzano.
Señora Monteserín, por el Grupo Parlamentario Socialista.
La señora MONTESERÍN RODRÍGUEZ: Señorías, subo a la tribuna a defender la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista a esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular para impulsar la entrada en vigor de la
nueva estrategia española de seguridad y salud en el trabajo 2014-2020. Esta enmienda intenta, como han dicho los portavoces que han intervenido con anterioridad, dotar de contenido la proposición no de ley porque el Grupo Parlamentario Popular se
limita simplemente a instar al Gobierno a impulsar que entre en vigor esta nueva estrategia, es decir que insta al Gobierno a cumplir con una obligación que tiene abandonada. La última estrategia fue de 2007 a 2012 y ¿saben ustedes lo que pasó en
2013, cuando abandonaron esta estrategia? Pues, según datos del propio Ministerio de Empleo y Seguridad Social, ha habido 400.000 accidentes laborales, de los cuales 432 fueron mortales -sí, señorías, 432 trabajadores han muerto en accidentes
laborales en el año 2013-, muchos de los cuales serían evitables si realmente nos ponemos todos manos a la obra. Además, existen 16.900 enfermedades profesionales declaradas y frente a estos datos, el Gobierno no ha tenido tiempo desde 2012 ni ha
hecho los esfuerzos necesarios para elaborar esta estrategia. Según informes y evaluaciones del propio Gobierno, se constatan tres problemas principales que cito muy rápidamente porque los ha mencionado también el señor Coscubiela: La mayoría de
los accidentes son evitables, está demostrado que no se declara el 100 % de los accidentes como enfermedades profesionales y es necesario recalificar las enfermedades profesionales, sobre todo las que tienen que ver con productos que tienen efectos
perjudiciales para la salud y muchos de ellos graves, como es el cáncer. Todo esto tiene que recogerse en la estrategia. Además, son temas que ya han sido tratados en este Parlamento y, por lo tanto, no podemos conformarnos con instar al Gobierno
a elaborar la estrategia, como el PP plantea en una propuesta -como ya se ha dicho aquí- vacía de contenido. Es razonable que traslademos vía enmiendas algunos de los temas que, dentro de esa estrategia, más nos preocupan a los diferentes grupos.
Por tanto, señores del Grupo Popular, no se trata de instar por instar al Gobierno, sino también de trasladarle los temas que nos parecen cruciales y que deben ser recogidos, muchos de ellos se han dicho aquí. Nos parece fundamental que la
estrategia incluya un sistema de prevención de enfermedades relacionadas con el trabajo, que tenga en cuenta la prevención en los accidentes in itinere, es necesario también modificar la normativa de enfermedades profesionales para facilitar los
procesos de reconocimiento de las enfermedades relacionadas con el trabajo y, sobre todo, todo aquello en lo que hemos hecho hincapié de la coordinación, primero, entre los ministerios afectados, pero también con las comunidades autónomas, porque en
realidad son las encargadas de vigilar la salud de los trabajadores. Nos parece fundamental la cooperación entre la Administración y los agentes sociales para implementar la formación de los trabajadores y el cumplimiento de las normas de
prevención de riesgos laborales.
En relación al fomento de la cultura preventiva, que es lo único que propone la proposición no de ley, nos parece una aportación necesaria pero, en definitiva, absolutamente escasa ante un gravísimo problema. Por tanto, mi grupo espera que
la estrategia de seguridad y salud en el trabajo 2014-2020 además no se presente en el 2015. Ya estamos a mediados de 2014 y es ahora cuando ustedes están instando al Gobierno a que la haga. Por lo tanto, podemos llegar a 2015 hablando de la
estrategia de 2014. Eso por un lado. Pero además nos consta que el Gobierno está trabajando paralelamente -en esto sí está trabajando porque le interesa más- en un anteproyecto de ley de mutuas que está relacionado también con este tema y algunas
cosas se tienen que incluir en la estrategia nacional de prevención de enfermedades laborales. Tiene que ver con que el Gobierno está tramitando el proyecto de ley en principio sin consenso con los interlocutores sociales y con los cambios que
pretende sobre incapacidad temporal o la venta de sociedades de prevención de las mutuas o la eliminación del fondo de rehabilitación y las funciones en materia de prevención y algunas cosas más en la línea de la desregulación total de las mutuas.
Y ahí nos va a tener enfrente y en profundo desacuerdo porque va en la dirección contraria no solo de la PNL sino también de las enmiendas que defendemos aquí. Les digo que estamos en contra de esta modificación que pretende el Gobierno y estamos
al lado de las trabajadoras y trabajadores a los que mes a mes este Gobierno está recortando derechos. Por lo tanto, ténganlo en cuenta antes de traerlo a este Parlamento. Para finalizar, nos hubiera gustado que el Grupo Popular hubiera hecho un
pequeño esfuerzo y ante tantas enmiendas que dotan de contenido...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Monteserín.
La señora MONTESERÍN RODRÍGUEZ: Termino, señora presidenta.
... ante tantas enmiendas que dotan de contenido esta proposición no de ley nos hubiera ofrecido una transacción para que pudiéramos votar una cuestión en la que casi todos estamos de acuerdo, pero con esa actitud, si no se recoge, si no se
hace la transacción no vamos a votar a favor, no por lo que dice sino exactamente por lo que no dice.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Monteserín.
Pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Vasco, tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.
Señora presidenta, una reflexión obiter dicta en primer lugar. Razones aritméticas. El señor Cuadra se ha equivocado en cuanto a los resultados electorales; su organización política no ha sido la primera en Euskadi, ha sido la segunda.
Pero al margen de estas circunstancias y ateniéndonos a lo que aquí nos convoca, he de indicarle que tal como ha redactado el pedimento, la parte dispositiva de su disposición, señora Bonilla, nos parece buenista y bienintencionada, no le voy a
negar esa calidad. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar e impulsar la entrada en vigor de la nueva estrategia española de seguridad y salud en el trabajo para los años 2014 a 2020. Dicho así es difícilmente objetable pero
parece más bien una reflexión teológica o uno de los diez mandamientos. No he visto ninguno, la religión católica nunca se ha caracterizado, más bien la religión protestante y particularmente los calvinistas, por utilizar el trabajo como elemento
de regeneración espiritual, y estaríamos hablando de una virtud teologal -lo que usted nos preconiza aquí- porque no hay ninguna concreción en cuanto al pedimento de su petición. Claro que hay que hacerlo, evidentemente, y nos parece bien, pero,
¿cómo hay que hacerlo? ¿Cuáles son los diagnósticos? ¿Qué diagnosis y qué propuestas realiza y en qué ha fallado el plan anterior, el previsto desde el año 2007 al año 2012? Ustedes podían haber hecho una reflexión más fina y, de hecho, desde las
distintas enmiendas de los grupos de la oposición le han hecho distintas propuestas; yo le podría añadir algunas más donde podríamos mejorar la calidad y el compromiso bienintencionado que yo le reconozco.
¿Por qué ha fallado la inspección de trabajo y no hay planes de inspecciones de trabajo? Cuando estamos hablando de delitos que vulneran la salud y la integridad física de los trabajadores en el trabajo, ¿por qué no se ha implementado y se
ha completado el número de fiscalías en relación con la prevención de riesgo laboral que está prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial? ¿Por qué no se atienden de forma debida determinadas patologías sociológicas y psicológicas nuevas, como
el mobbing, el bullying, el acoso en el trabajo, que están provocando patologías psiquiátricas? Esto nos lleva a las patologías psiquiátricas, ¿por qué las patologías psiquiátricas no son objeto de atención debidamente cualificada por las
comisiones calificadoras de las entidades gestoras o de las mutuas, en su caso, que deben atender este tipo de patologías? ¿Por qué no se atienden suficientemente determinados trabajos cuyo riesgo es específico y está calificado como tóxico, penoso
o peligroso? El trabajo en la minería, en algunos sectores mineros como el del carbón específicamente o trabajos con productos que son tóxicos por su propia naturaleza. ¿Por qué no se hacen otros posicionamientos, se tienen otras actitudes o se
promueven reformas normativas como incorporar -esa sería una reflexión casi de carácter metacultural, señora Bonilla- la cultura de la denuncia? La cultura de la denuncia consiste en que cuando un ciudadano observa, como observamos todos todos los
días, que en determinadas obras donde es obligatorio el uso de cascos y arneses no se usan, ¿por qué no se denuncian estas actitudes a la Inspección de Trabajo? ¿Por qué no hay una actitud más beligerante en este ámbito para evitar normativamente
patologías que son patologías normativas como la subcontratación en cascada? La empresa que obtiene una contrata subcontrata, la primera subcontrata puede subcontratar a una segunda, la segunda a una tercera, la tercera a una cuarta, la cuarta a
una quinta y al final el ordenamiento jurídico español posibilita que el último subcontratado sea una persona física, ni siquiera una persona jurídica, que no ha conocido a la persona que ha obtenido la adjudicación de la obra. ¿Por qué no
reflexionamos en las reformas laborales sobre esta patología brutal? ¿Por qué siguen existiendo en nuestro mercado de trabajo, señora Bonilla, más de 3.500.000 contratos de duración inferior al mes? Cuando a una persona se le hace un contrato de
trabajo de duración inferior a un mes -y hay más de 1.700.000 con contratos de trabajo de duración inferior a una semana-, la persona contratada en esas condiciones asume cualquier riesgo, cualquiera
que sea la consecuencia de ese riesgo. ¿Por qué no hacemos una estrategia de verdad consensuada y no invocaciones buenistas, genéricas, escapistas y descomprometidas como las que usted hace?
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Olabarría, tiene que acabar.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Ya acabo, señora presidenta.
Estamos de acuerdo con el fondo de lo que usted propone, pero carece absolutamente de contenido material. Podría usted haber complementado el contenido material de su propuesta con las enmiendas que le hemos presentado numerosos grupos.
Doña Olaia Fernández ha hecho también una reflexión importante sobre la marginación de sindicatos que ostentan la condición jurídica...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Olabarría, tiene que finalizar ya.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora Bonilla, en estas condiciones lo único que le puedo ofrecer es la abstención de nuestro grupo, dadas las carencias específicas de una proposición no de ley que, sin embargo, considero que resulta muy
importante y muy pertinente.
Gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, señora presidenta.
Muy brevemente me uno a la cascada de críticas que ha habido en cuanto a la forma y lo que ustedes están proponiendo. Dudo si entrar luego directamente al problema o no, pero lo haré. Leo: El Grupo Parlamentario Popular insta al Gobierno
a impulsar la entrada en vigor de la nueva estrategia española de seguridad y salud en el trabajo 2014-2020. ¿Qué quieren que les digamos desde aquí? Que la aprueben. De hecho, están tardando. Si deberían presentar su estrategia de 2014 a 2020,
esa estrategia debería haber sido aprobada a finales de 2013, como poco; luego ya llevan seis meses de retraso. Esto nos preocupa porque, entre otras cosas, les retrata y explica qué importancia le dan ustedes a un tema tan primordial como es
este: la prevención, el trabajo, etcétera.
Es una propuesta de mero autobombo la que ustedes hacen aquí. Está vacía, como se ha dicho ya por parte del resto de los grupos, y me gustaría hablar concreta y rápidamente de algunas de las cosas que hubiéramos querido escuchar y de las
que hemos hablado también aquí, en Pleno, o en la Comisión pertinente. Queremos recordar de nuevo que el principal problema en España no es de normativa, ni siquiera de concienciación. Nos parece que es de cumplimiento de los agentes implicados,
de coordinación de las administraciones implicadas, de los recortes que han existido en prevención y de cómo se han usado los fondos públicos. De nuevo aquí tenemos una mezcla explosiva: fondos públicos y empleo; y no hace falta que le explique a
qué me estoy refiriendo. Por no hablar también de cómo cada comunidad autónoma sigue una estrategia distinta. Creemos que es bueno y necesario que haya una estrategia española; de hecho, también nos parece acertado lo que se ha dicho aquí antes
en cuanto a que hay que valorar cómo funcionó la estrategia anterior. Eso nos hubiese gustado escuchar también. Pero también está claro que debiéramos contar con una base de estrategia europea. Es importante para nosotros que trate temas como el
replanteamiento de estructuras existentes actualmente, porque creemos que también ahí se puede aligerar, eliminando, previo análisis, lo que sobra. Los fondos públicos deben usarse sobre la base de criterios de eficiencia, pero también exigiendo
una transparencia total, sobre todo después de ver cómo se han usado algunos de ellos. Hay que replantear el papel de los interlocutores sociales y potenciar actuaciones de vigilancia y control de la normativa. Debe haber inversión en I+D+i e
intercambio de información entre las administraciones, etcétera.
Además, debemos recordar que las contingencias laborales no solamente son los accidentes de trabajo, sino también las enfermedades. Me referiré concretamente al cáncer en cuya declaración estamos a la cola de Europa. Esto me lleva a que
debemos hacer una reflexión: o nuestros trabajadores son inmunes, tienen un sistema inmunológico mucho más poderoso que el del resto de los trabajadores europeos -y está claro que no es así- o estamos haciendo las cosas muy mal, señores del Grupo
Parlamentario Popular. No se declaran enfermedades porque no existe un sistema ágil y cómodo. La mayoría acaban siendo atendidas por el Sistema Nacional de Salud como una patología común. Entonces, ¿para qué pagamos? ¿Por qué no lo hacen las
mutuas? ¿Para qué les pagamos? ¿Por qué sobrecargamos al Sistema Nacional de Salud que ya está sobrecargado? Hemos llevado a cabo iniciativas
y hemos preguntado al Gobierno sobre la baja incidencia de procesos oncológicos consecuencia directa de la actividad laboral en nuestro país. Hay que recordar que en 2013 solamente se reconocieron 54 casos, mientras que fueron
diagnosticados ni más ni menos que 200.000 en todo el país. Pedimos actualizar el real decreto sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos; actualizar el listado de enfermedades
-esto es importante también-; llevar un programa de control e inspección sobre la aplicación de la normativa Reach por parte de las empresas, con el fin de garantizar su cumplimiento e incluso más cosas. Quisiera recordarles una cosa. Nosotros
somos cinco y ustedes se han llenado la boca durante esta campaña explicando la inutilidad que suponía votar a los partidos pequeños, que era como nos llamaban a nosotros, señores del PP. Ustedes con este tipo de actuaciones parlamentarias y con el
trabajo que está realizando el Gobierno están demostrando que es el suyo el voto inútil. No están cumpliendo con su trabajo y eso también están empezando a pensarlo millones de españoles. Nosotros les pedimos que cumplan con su trabajo por la
prevención, por el riesgo que corren nuestros trabajadores, por el empleo. Háganlo, por favor, porque la salud de nuestros trabajadores, pero también de nuestra democracia, se lo agradecerá.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Cantó.
Señora Bonilla, deduzco del debate que no van a aceptar ninguna enmienda. ¿Es así? (Asentimiento). De acuerdo.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA TARIFA ELÉCTRICA APLICABLE A REGADÍOS. (Número de expediente 162/000889).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al siguiente punto del orden del día: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la tarifa eléctrica aplicable a regadíos. Para su defensa, tiene la palabra la
señora Rumí.
La señora RUMÍ IBÁÑEZ: Gracias, señora presidenta.
Subo a esta tribuna para defender, en nombre del Grupo Socialista, la proposición no de ley sobre la tarifa eléctrica aplicable a regadíos. Es un tema recurrente, somos conscientes de ello. Casi todos los grupos presentes en esta Cámara
han registrado iniciativas de contenido similar a la que hoy defiendo y además recientemente esta misma iniciativa fue tramitada en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. ¿Y por qué la traemos ahora al Pleno? Pues,
sencillamente, porque queremos dar una nueva oportunidad al regadío desde esta Cámara, en especial al grupo mayoritario, al Grupo Popular. Queremos conocer también la opinión de la nueva ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, saber
qué piensa y qué va a hacer al respecto. En realidad, queremos saber qué va a hacer la nueva responsable del departamento, si va a conseguir lo que no consiguió su antecesor, Arias Cañete, es decir, imponerse al ministro de Industria, Energía y
Turismo, y defender y proteger el regadío español. El Gobierno ha manifestado en reiteradas ocasiones su apoyo a los regantes, pero son solo palabras, ni un solo hecho. Recientemente, los regantes dedicaron su congreso anual a buscar alternativas
de ahorro y la ministra en su primer acto oficial recordó que Mariano Rajoy se había implicado directamente en buscar una solución al suministro para regadíos y se comprometió a mediar frente al ministro de Industria para solucionar el problema,
porque, según palabras también de la ministra, consideraba -espero que no lo dijera en pasado, sino también en presente- el regadío una prioridad de su departamento. Se ofreció a buscar una fórmula que permitiera a los regadíos contar con un
contrato de suministros adaptado a su tipo específico de consumo. Pues cumplan ustedes la palabra de su ministra y voten a favor de esta iniciativa parlamentaria, señores del Grupo Popular. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Necesitamos
ya compromisos; compromisos y medidas concretas, y cuanto antes mejor. Es el momento de pasar de las declaraciones retóricas a los hechos y esta proposición no de ley puede ser el primer paso en esa dirección.
Señorías, el regadío tiene una trascendencia económica y social innegable. Son los agricultores más dinámicos y más competitivos, han hecho un esfuerzo de modernización impresionante. En la exposición de motivos de esta iniciativa están
todos los datos, pero me van a permitir que yo hable aquí de algunos que creo que son esenciales. Según el ministerio, son 7.196 las comunidades de regantes, que constituyen el 50 % de la producción final agrícola, aunque solo ocupan el 13 % del
terreno dedicado al cultivo, es decir, ocupan 3.400.000 hectáreas, aportando cerca de un 2 % del producto interior bruto y, en términos de empleo, entre el 30 y el 40 % de la población ocupada directamente en el sector agrario o indirectamente
en la industria agroalimentaria. Además, el regadío es un factor esencial para fijar población en el medio rural. Por tanto, señorías, su importancia, aunque sea a través de estas breves palabras, es evidente.
La desastrosa reforma energética del ministro Soria ha supuesto el incremento en la factura de la luz de una explotación de regadío en una media de un 15 % y en especial se ha incrementado escandalosamente el término fijo de potencia
-independiente del consumo- en torno al 115 %. Además, a esta subida, según datos del propio sector, se suma el incremento que supuso la desaparición de una tarifa especial impuesta por la Unión Europea. Todo ello hace que los costes eléctricos
sumen casi el 40 % de los costes totales del agua que se utiliza en el regadío. Si a ello le unimos la situación de la crisis económica y un generalizado incremento de los costes de producción del regadío, ya sea a través de fertilizantes, de los
fitosanitarios, la subida del IVA o los plásticos, está amenazada la supervivencia de muchas de estas explotaciones agrícolas. La consecuencia es que los agricultores de toda España se han echado a la calle. Se manifestaron simultáneamente el
pasado 26 de febrero y lo hicieron además coincidiendo con el inicio de la campaña de riego para exigir justicia eléctrica. Sí, señoría, justicia eléctrica. Y además, la puesta en marcha con carácter inmediato de un paquete de medidas destinadas a
reducir el coste energético para el regadío; sin mucho éxito, por cierto. Por todo ello, esta iniciativa, esta proposición no de ley demanda adoptar unas tarifas de acceso adaptadas a la problemática específica del regadío, al consumo estacional y
de temporada. El Gobierno tiene que asegurar una factura eléctrica a las explotaciones agrarias de regadío más justa y equilibrada, en la que se pague por la potencia real contratada y que permita el ajuste de dicha potencia a las temporadas de
uso, que fomente el autoabastecimiento por parte de estas explotaciones y que reduzca la carga fiscal a la que están sometidas. Todo ello, insisto, para garantizar su supervivencia.
El exministro Cañete ya prometió -por cierto, en su primera comparecencia parlamentaria- una tarifa especial para el regadío. Ya es el momento, por tanto, después de más de dos años, de actuar. Si se quiere, se puede. No se escuden en la
Unión Europea porque se pueden buscar soluciones. Esta situación, como digo, se puede y se debe corregir con políticas nacionales y espero, señorías, que esta iniciativa cuente con el apoyo de los grupos parlamentarios -por supuesto, incluido el
Grupo Popular- y que, como consecuencia de ello, el Gobierno adopte estas medidas de forma inmediata.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rumí.
A esta proposición no de ley se han presentado diversas enmiendas. En primer lugar, para su defensa, tiene la palabra por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), el señor Solsona.
El señor SOLSONA AIXALÀ: Gracias, señor presidente.
Como ha dicho la ponente, es una PNL reiterativa. Tanto en la Comisión de Agricultura como incluso en una moción de políticas agrarias que presentó el portavoz señor Alonso ya se apuntaba también el tema de la tarifa eléctrica. Estamos de
acuerdo evidentemente en esta proposición; estamos de acuerdo tanto en el análisis económico como en el análisis de impacto social y de transformación de territorio que comporta una agricultura de regadío. También, cómo no, estamos de acuerdo en
las quejas y en las reivindicaciones tanto de las diferentes organizaciones agrarias como de Fenacore, de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España. Además, en Cataluña en estos últimos meses se ha constituido una asociación de
comunitats de regants. De hecho, nuestro grupo ya presentó también una PNL en Comisión sobre este tema, sobre medidas de ahorro y eficiencia energética de las comunidades de regantes y allí nosotros -después de una exposición de motivos- instábamos
al Gobierno a dos cosas. Una, a la posibilidad de contratación de potencia de manera diferenciada para cada mes del año o por tramos del año, ajustada a las necesidades del riego. Y dos, adecuar la regulación del autoconsumo en las actividades
agrarias mediante la realización de un balance neto entre energía generada y aportada a la red y energía consumida desde la red. Por tanto, su PNL en los puntos 1 y 2 coincide al cien por cien con lo propuesto en nuestra PNL en Comisión, por eso
presentamos la enmienda, para que no solo se recoja el espíritu de lo que pedíamos en nuestra PNL sino que también se pueda recoger cierta literalidad.
En el punto 3, relativo a aprobar un plan de fomento para que las comunidades de regantes y explotaciones de regadío consuman energía eléctrica producida por ellas mismas -autoconsumo-, también estamos de acuerdo. En el punto 4, relativo a
favorecer las centrales de compra, también; de hecho, algunas comunidades de regantes ya solicitan ofertas conjuntas y participan en subastas colectivas. Por tanto, ya participan en muchas ocasiones de los mejores precios del mercado. ¿Cuál es el
problema? Que aunque tengas el mejor precio del mercado, si el mercado es caro seguimos teniendo el problema,
por tanto, no solo hay que tener instrumentos para ser más competitivos en precio sino que el precio de base de por sí también tiene que ser mejor. En cuanto al punto 5, relativo a aplicar un IVA reducido a las comunidades de regantes para
las instalaciones de riego y drenaje, también estamos de acuerdo. Solo haré una breve reflexión, y es que el sector agrario y las comunidades de regantes necesitan soluciones, gestos, medidas, y es contradictorio que a mayor ahorro energético el
coste tarifario energético sea mayor. No puede ser que cuanto más y mejor se apliquen las técnicas disponibles para minimizar el consumo energético haya más coste energético, y no puede ser por dos razones: por concepto y por sentido común.
Cuando el 60 o el 70 % de los costes de las comunidades de regantes son energéticos, las medidas tienen que ser para minimizarlos y no regular tarifariamente a la contra y siempre al alza.
Seguiremos también desde Convergència i Unió presentando iniciativas en este tema. Al final seguro que entre todos lo conseguimos. No se puede gestionar siempre, como hace este Gobierno, en temas agrarios o en temas eléctricos de manera
estanca. Hablar de regadío es hablar de agricultura, es hablar de alimentación, es hablar de paisaje, es hablar de medio ambiente, es hablar de territorio, pero también es hablar de personas; por tanto, es importante que se actúe ya y rápido.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Solsona.
También ha presentado una enmienda el Grupo Popular, para cuya defensa tiene la palabra el señor Torres Herrera.
El señor TORRES HERRERA: Gracias, presidente.
Señorías, como ya se ha señalado en alguna ocasión en esta Cámara, las tarifas eléctricas especiales para regadío fueron anuladas por el Partido Socialista en el año 2008 con la promesa del entonces secretario de Estado de Medio Ambiente,
señor Puxeu, de adecuar las nuevas tarifas para que no hubiera pérdida de rentabilidad para los regantes. Como consecuencia de ello, las comunidades de regantes tuvieron que contratar en el mercado libre lo que supuso un encarecimiento de la
factura eléctrica respecto al periodo anterior. Sí, señora Rumí, fueron ustedes los que en el año 2008 eliminaron estas tarifas especiales y ahora tiene la desfachatez de traer aquí esta iniciativa.
Sin embargo, es preciso señalar, señorías, que el efecto de los incrementos de los costes energéticos es muy variable entre las comunidades de regantes, ya que están en función de la potencia total contratada y de si se contrata en alta o en
baja tensión. En definitiva, del tamaño de la superficie regable. Debemos destacar además -y esto es conocido por todos- la tremenda heterogeneidad que se presenta entre las comunidades de regantes propia, de nuestro complejo sistema hidrológico y
de nuestra diversa productividad agrícola. Por otro lado, hasta la fecha, las comunidades de regantes contratan su energía habitualmente en el mercado libre y no en el mercado regulado, siendo los costes de esta menores. Se ha comprobado que
después de haberse modernizado una comunidad de regantes, estos hacen un mayor control del uso del agua, de manera que se incentiva el uso en periodos de menor coste del término de energía, lo que obliga a controlar al máximo tanto la potencia
contratada como el consumo de energía para alcanzar una óptima gestión integrada.
Tal y como ocurre en otros sectores, la creación de centrales de compra, en este caso para abastecer de energía a las comunidades de regantes a un menor precio, permite disminuir entre un 10 % y un 14 % la factura eléctrica. De igual modo,
la realización de auditorías energéticas en comunidades de regantes no modernizadas ha supuesto una mejora de la eficiencia energética de las mismas, lo que se traduce en una disminución de la factura energética. Por su parte, en los proyectos de
modernización que se están ejecutando se diseñan las redes y las estaciones de bombeo para que la demanda de agua pueda satisfacerse dentro de los periodos en que la energía es más barata, por lo que también se minora la factura eléctrica. Todas
estas acciones, señorías, van encaminadas a que el incremento del precio de la energía afecte mínimamente a la rentabilidad y competitividad de la explotación de regadíos y de una forma que pueda ser asumida bien introduciendo la segunda cosecha o
bien implantando cultivos de menor demanda de agua, con objeto de que la productividad por metro cúbico de agua empleada aumente. No podemos olvidar que aún existen alrededor de 1 millón de hectáreas que se riegan por gravedad, sin consumo de
energía -aproximadamente un 30 % de la superficie regable-, por lo que no les afectan los incrementos de las tarifas eléctricas. Por tanto, señorías, el incremento de tarifas eléctricas afecta solo a una parte del regadío español y, dentro de la
proporción afectada, su impacto es muy diverso al existir medidas para tratar de neutralizar los efectos del incremento de tarifas.
En relación directa con esta proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista cabe señalar lo siguiente. En primer lugar, las medidas mencionadas explícitamente y propuestas por el Grupo Socialista no son de ahorro y eficiencia
energética puesto que no reducen el consumo de energía, sino de reducción de costes energéticos de las explotaciones agrícolas. Con respecto a los contratos específicos por usos no entendemos muy bien como el mismo Grupo Socialista que, como dije
anteriormente, los eliminó en el año 2008, trae ahora esta iniciativa cuando tuvieron tres años para solucionar esta problemática. Es una exigencia de la Unión Europea que la fijación de los peajes de acceso deba hacerse siempre atendiendo a
criterios de no discriminación de otros sectores; cualquier tarifa debe ser aplicable sin discriminación a todos los usuarios de la red. La proposición no de ley plantea el fomento del establecimiento de los contratos de temporada; sin embargo,
la regulación actual establece contratos de temporada para periodos inferiores o iguales a cinco meses, lo que impide a la mayoría de los regantes poder acogerse a esta modalidad al ser habitualmente su temporada de riego superior a esos cinco
meses. También es sabido por sus señorías que la normativa del sector eléctrico contempla una duración anual de los contratos y el cambio de este carácter anual sería una nueva modalidad a la que podrían acogerse todos los consumidores, como las
segundas viviendas, lo que provocaría un sobrecosto difícil de asumir por el déficit añadido que generaría en los peajes de acceso y además un incumplimiento de la normativa comunitaria al crear discriminación entre categorías de consumidores.
Quedan reflejados así los principales argumentos para no entender viable la proposición no de ley tal y como está redactada, razón por la que el Grupo Parlamentario Popular, consciente de la problemática y en aras de buscar una posible
solución, ha presentado una enmienda que espero sea aceptada, lo que no es óbice para que se siga trabajando tanto desde el Ministerio de Industria, Energía y Turismo como desde el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente con la
nueva titular, la señora García Tejerina, quien se comprometió en el reciente Congreso Nacional de Regantes a encontrar una solución satisfactoria para lograr atenuar los costes de nuestro sector agrario y hacerlo así más competitivo.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Torres.
Turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Mixto tiene la palabra la señora Jordà.
La señora JORDÀ I ROURA: Gracias, señor presidente.
Mas claro, agua; la subida de las tarifas eléctricas está ahogando a los regantes del Estado español. Es así, el regadío español peligra por las subidas impuestas por el Gobierno. De hecho, poca broma; los costes fijos de la tarifa
eléctrica se han incrementado con la excusa del déficit en más de un 1.000 % desde el año 2008, de manera que los regantes han pasado de pagar cerca de 390 millones de euros al año a pagar más de 700. Esto es, haciendo una resta fácil, 311 millones
de euros más. En definitiva, esta subida desorbitada ha supuesto para el agricultor que el coste de regar pase de un 7 % a un 40 % de los costes totales de producción y que la factura eléctrica aumente en más de un 80 %. Ante estas cifras que les
he dado se puede afirmar que el regadío en este país está agonizando.
Señorías, llueve pues sobre mojado desde que en junio del año 2008 desaparecieron las tarifas especiales de riego y se incorporó a este sector el mal denominado mercado libre. Los regantes han visto aumentada progresivamente su factura
energética, que ha alcanzado incrementos medios cercanos al 110 %. A partir de dicha fecha y antes de la publicación de la orden por la cual se revisan los peajes de acceso de energía eléctrica para su aplicación a partir de agosto de 2013 los
incrementos medios acumulativos de las tarifas eléctricas han sido nada más y nada menos que del 230 %. Ante esta situación es de vital importancia que se reconozca el carácter estacional del regadío, ya que necesita una elevada potencia para
bombear agua durante los meses más secos y cuando termina su campaña de riego no vuelve a utilizar la potencia que tiene contratada, pagando, eso sí, un coste muy alto durante los meses que no se usa. Pero no es solo eso, hemos de tener en cuenta
la penalización del autoconsumo; una vez más se penaliza en este país, señorías del Partido Popular, el autoconsumo, que podría ser sin ninguna duda una alternativa para abaratar costes mediante la instalación de placas fotovoltaicas que
permitieran generar la suficiente energía para el bombeo de agua, ya que justamente su mayor eficiencia se produce en época de riego. Una vez más los beneficios de las grandes empresas los pagan en este caso los productores y los consumidores.
Además, y por si fuera poco, el plan de cuenca que el exministro Cañete ha dejado antes de irse pone en jaque los cultivos de regadío de la conca de l'Ebre. Por ello nos obligan a insistir una y otra vez, y una vez más, en que lo riu es vida y no
el transvasement.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Jordà.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.
Nuestro grupo va a votar favorablemente la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en relación con la reducción de la tarifa eléctrica; en definitiva, con la reducción del coste de la energía aplicable a los regadíos.
He de decir en primer lugar que cuando se suprimió, tal y como ha comentado el portavoz del Grupo Popular, esta tarifa hace unos cuantos años nuestro grupo parlamentario también salió en defensa de la situación de los regantes. También
entonces entendíamos que había que mantener aquella situación. Como ya se ha señalado aquí, el regadío es evidentemente una necesidad para la agricultura y la energía es un input caro e imprescindible. Por lo tanto, los regantes no pueden obviar
este input dentro de sus costes. Si queremos tener una agricultura competitiva y que el sector tenga garantías de supervivencia, tenemos que tomar una serie de medidas que lo permitan y el tema energético, la reducción del coste de la energía, es
uno de ellos. Sabemos que cualquier medida que se adopte en este sentido puede tener alguna implicación en cuanto al déficit tarifario, pero dada la dimensión del sector seguramente el coste en términos de déficit energético no es muy importante, y
ese coste no muy importante puede permitir que un sector vital para la economía tenga un futuro prometedor. Ahora ya no está de ministro, pero el señor Cañete en su día prometió adoptar una serie de medidas en relación con la tarifa de los
regadíos. Ahora que el portavoz popular nos ha dicho que la nueva ministra Tejerina va a adoptar medidas, nos gustaría que, si no son estas, se adopten otras medidas que en todo caso garanticen la supervivencia y el futuro del sector, que es lo que
realmente nos interesa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.
Nosotros también vamos a votar a favor de esta proposición no de ley; de hecho, presentamos una similar en la Comisión de Industria y Energía. Como los demás intervinientes que me han precedido, coincidimos en que es una pésima política,
en general, que afecta a la industria y en este caso a la agricultura. Las consecuencias de la política energética, que han sido desastrosas para todos los sectores productivos, no se pueden hacer recaer justamente sobre los sectores que tiran de
la economía del país. Por eso, vamos a apoyar la proposición no de ley en los términos en que está presentada, considerando que hace falta, como también se ha dicho antes, una reconsideración a fondo de toda la política energética, pero también de
la política relativa a la agricultura y a la industria, porque es un todo, junto con el medio ambiente y la gestión del territorio, y no se puede separar en pequeñas partidas desconexas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Gracias, señor presidente.
Se ha dicho en este debate que estamos ante una propuesta reiterativa, pero es que el problema no se resuelve y, por tanto, es normal que haya venido en esta ocasión y que venga muchas veces más, porque, la verdad, no tenemos confianza en
que el Partido Popular resuelva esta situación. La política de tarifas eléctricas del ministro Soria no tiene ninguna credibilidad; sigue y seguirá siendo un desastre, tal y como se está demostrando en su propia aplicación. Es verdad que el
problema del regadío tiene una dimensión mayor, que hay que afrontarlo con perspectiva, pero estamos hablando de un tema muy concreto, de encontrar un equilibrio entre la sostenibilidad medioambiental y el aprovechamiento de recursos naturales, y en
eso no pueden ser un problema las tarifas eléctricas. Podemos hablar de otro tipo de problemas, de cómo plantear un consumo razonable, de cómo poner en valor medidas de ahorro energético, de cómo poner en valor medidas de autoconsumo, pero el
problema no pueden ser las tarifas eléctricas, y el ministro Soria está empeñado en que las tarifas eléctricas sean el problema, no la solución. Por tanto, repito que este es un debate que va a seguir, un debate reiterado porque no hemos visto en
el anterior ministro ni hasta ahora en la actual ministra esa voluntad de afrontar el problema desde otro orden de cosas que no sea simplemente la rentabilidad económica para las grandes empresas y en ese camino
estamos acostumbrados a que quien sufra las consecuencias sea finalmente el más débil o el que no puede plantear presión al Gobierno como hacen los lobbies, las grandes empresas. Por tanto, repito que hay que poner en valor las medidas
medioambientales que sean de valor energético, pero repito también que las tarifas no pueden ser un problema.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Centella.
Señora Rumí, a efectos de las enmiendas presentadas.
La señora RUMÍ IBÁÑEZ: Gracias, señor presidente.
Aceptamos la enmienda del Grupo Catalán de Convergència i Unió y no aceptamos la del Grupo Popular, porque es una excusa para no hacer nada.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rumí.
Así se procederá en la votación.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE EL CAMBIO DE MODELO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTRODUCIDO POR LA LOMCE, QUE LA DEVALÚA, Y LAS CONSECUENCIAS DE SU APLICACIÓN. (Número de expediente 173/000155).
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Catalán de Convergència i Unió sobre el cambio de modelo de formación profesional introducido por la Lomce, que la devalúa, y las consecuencias de su aplicación. Para su defensa, tiene la palabra el
señor Barberà.
El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Gracias, señor presidente.
Señorías, subo para defender la moción consecuencia de la interpelación que hace dos semanas debatimos con el señor ministro, en la que criticábamos el cambio de modelo de la formación profesional porque devaluaba y tenía consecuencias
negativas para la formación profesional. En nuestra moción instamos al Gobierno en dos capítulos, uno a corto plazo, de forma urgente, que no valida de ninguna de las maneras que estemos a favor de la formación profesional básica, pero creemos que
es necesario constatarlo por el bien de la comunidad y de las administraciones educativas, que es aplazar la implantación de los ciclos de formación profesional básica. Ya dijimos el otro día que es imposible cumplir el calendario de implantación
propuesto para este curso 2014-2015 y hacerlo adecuadamente, además de que supone un desarrollo parcial y precipitado de dicha implantación. Por estos motivos pedimos esta medida a corto plazo: aplazar la implantación de los ciclos de formación
profesional básica.
El resto de medidas que pedimos hacen referencia al modelo de formación profesional que el Partido Popular y el ministro Wert han impuesto con la Lomce. Y antes de explicar este modelo quería reafirmar la posición del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) de, cuando cambien las mayorías, derogar la Lomce y trabajar para conseguir un pacto de Estado para la educación, que es lo que entendemos que se necesita, como nosotros tenemos en Cataluña. En este aspecto instamos al
Gobierno a trabajar para elaborar una estrategia que permita -y esa es la palabra clave- reforzar, no reformar sino reforzar, el prestigio de la formación profesional para reafirmarla como opción valiosa de trayectoria educativa, para darle más
valor si cabe a esa trayectoria educativa que es la formación profesional, para orientarla al mundo empresarial, al mundo del trabajo, al mundo de la empresa y conseguir con ello índices mayores de empleabilidad para nuestros jóvenes. Les recuerdo
que uno de cada dos jóvenes no tiene trabajo en nuestro país. Eso dará más oportunidades para obtener una acreditación profesional de calidad y con ella cubrir las demandas de los profesionales técnicos necesarios para mejorar nuestra
competitividad. También pedimos revisar la edad de incorporación de los alumnos a los ciclos de formación profesional básica estableciéndola de nuevo a los dieciséis años y muy excepcionalmente a los quince. Y hemos admitido una enmienda del Grupo
Socialista en la que nos pedía -y estamos de acuerdo con ello, lo hemos dicho en alguna otra intervención- reducir la ratio del aula, que en el reglamento está propuesta hasta un máximo de 30 alumnos. Asimismo pedimos mantener la prueba de acceso
en los ciclos de formación profesional de grado medio para los alumnos que hayan cursado el nuevo ciclo de formación profesional básica. Y lo digo aquí -y si el ministro algún día viene a la Comisión podré decírselo-: si quieren mejorar los
programas de cualificación profesional inicial, aquí nos tienen para
trabajar por ello y por cualquier aspecto que signifique mejorar la educación, los resultados y la calidad de la formación de nuestros chicos y chicas.
Señorías, no podemos aceptar el modelo de formación profesional del ministro Wert. Lo dijimos el otro día y lo voy a repetir: nos devuelve a 1990. Trae una doble titulación, graduado de educación secundaria obligatoria y título
profesional básico. Nosotros apostamos por mantener a todos los alumnos dentro de la enseñanza secundaria obligatoria hasta intentar conseguir el graduado de educación secundaria obligatoria. No estamos de acuerdo con la discriminación que supone,
con la doble vía. Clasifica a los alumnos durante la enseñanza obligatoria. Eso va a ser muy perjudicial. Si ahora cuando un centro escolar quiere hacer agrupaciones flexibles para reducir ratios, atender mejor a los alumnos dependiendo de la
situación de aprendizaje que tengan, a los padres, a las familias y a los mismos alumnos les cuesta aceptar esa separación dentro de las mismas aulas, ¿qué va a suponer esta discriminación de la doble vía que impone el señor Wert? Mire, las
matemáticas aplicadas y las académicas significarán para los alumnos de 4.º de ESO poder elegir (matemáticas aplicadas o matemáticas académicas), pero van a elegir para llegar al mismo sitio, a un graduado de educación secundaria obligatoria.
¿Podrán elegir eso mismo los alumnos que vayan a la formación profesional básica? No, los echamos a una vía secundaria, a una vía por debajo de la otra, los segregamos. A ella optarán por tener dificultades de aprendizaje. Se les separará del
resto del grupo durante la educación obligatoria. El titular es claro: volvemos a la formación profesional, a la FP1. Volvemos, lo repetiremos una y otra vez porque ese es el modelo del ministro Wert y del Partido Popular.
Otro aspecto. Tenemos una formación profesional de grado medio y superior profesionalizadora cien por cien, sin currículum académico, no estudian asignaturas instrumentales. Grado medio y grado superior no estudian asignaturas
instrumentales, están incorporadas en las otras asignaturas profesionalizadoras. La formación profesional básica se reduce a la exigencia académica durante la enseñanza obligatoria, lo dijo el señor ministro, palabras textuales. Me dijo: señor
Barberà, ¿no está de acuerdo en integrar dos tipos de enseñanza, conocimientos de tipo aplicado y enseñanzas prácticas? No, no estamos de acuerdo, ¡es la FP1! A aquellos alumnos que no habían conseguido los niveles en 8.º de EGB, se les echaba, se
les dirigía hacia la FP1. ¿Por qué se les dirigía hacia allí? ¿Era menos académica? Y después el ministro pone un parche, un gran parche: en el artículo 42.5 y en relación con la formación profesional de grado medio dice que se podrá facilitar
voluntariamente para la transición a otros estudios materias voluntarias instrumentales. Eso es porque sabe que en los ciclos de grado medio esos alumnos irán flojos en esos aspectos. Pero lo peor de todo es que este retroceso en la
profesionalización generará desconfianza en los sectores productivos, pondrá en duda la formación y puede llegar a destruir todo aquello que se ha construido con tanto esfuerzo. Reducirá la empleabilidad de nuestros jóvenes, aquello que tanto
buscamos.
Y quiero hacer algunas aclaraciones al señor ministro. Dijo que había múltiples y múltiples errores de concepto y de interpretación en mi intervención. Si él hubiese venido a la Comisión después del 28 de agosto de 2013... Estamos a 27 de
mayo de 2014, casi un año después y no ha comparecido en Comisión. ¿Cómo vamos a aclarar las dudas y a tener un debate claro sobre esos temas? Quedaron pendientes preguntas que espero que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular nos pueda
responder. ¿Los alumnos de quince años van a hacer las pruebas PISA? ¿Los alumnos que tengan el título profesional básico tendrán un CINE 3 y se iguala en la clasificación internacional en cuanto a fracaso escolar a los alumnos que terminen un
grado de formación profesional de grado medio o de bachillerato?
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que terminar.
El señor BARBERÀ i MONTSERRAT: Voy terminando, presidente.
¿Y la transitabilidad? ¡Claro que estamos de acuerdo con la transitabilidad, sólo faltaría, sin duda! Pero es necesario, para acceder a la formación profesional de grado medio, tener unas pruebas de acceso si vienes de la formación
profesional básica. ¿Por qué? Muy sencillo. En la formación profesional de grado medio tendremos alumnos que habrán trabajado y tendrán el nivel del título de educación secundaria obligatoria (ESO) y tendremos alumnos que vendrán de la formación
profesional básica con un nivel más bajo. Volvemos, señorías, volvemos -y con esto termino- a la FP1 y a 1990. Eso es lo que nos trae el Partido Popular. Eso es lo que nos trae el ministro Wert. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barberà.
Se ha presentado una enmienda a esta moción por el Grupo Parlamentario Socialista y para su defensa tiene la palabra la señora Vázquez Morillo.
La señora VÁZQUEZ MORILLO: Gracias, presidente.
Volvemos una vez más a hablar de formación profesional y especialmente de formación profesional básica porque es la que se va a introducir de una forma inminente y porque lo que nosotros queremos, como todos saben, es que la Lomce no se
implante en ninguno de sus ciclos. Empezaré diciendo que estamos de acuerdo con la moción que ha presentado Convergència y, por lo tanto, votaremos a favor. Todos los grupos en esta tribuna, todos, y en la Comisión de Educación, hemos dado
suficientes razones técnicas, de oportunidad, de operatividad para decir que es inviable poner en marcha la FP básica en el próximo curso, pero el Gobierno no quiere escuchar. A lo largo de la tarde he oído a varios grupos decir que el Gobierno no
escucha, es marca de la casa. No quiere hacerlo, a pesar de que ha reconocido que con este calendario incumple su propia ley, incumple la Lomce, pero están ya diseñando un parche para solucionarlo. La precipitada puesta en marcha de la FP básica
retrata perfectamente la ideología que ustedes tienen para la educación, en la segregación temprana, entre esos de la buena estirpe que aunque tengan dificultades siempre podrán pagarse los apoyos necesarios y aquellos que no pueden. Ustedes desde
que llegaron al Gobierno reducen una vez y otra los apoyos a los alumnos con más necesidades, les ponen cada vez más obstáculos para obtener beca. Que cualquiera pueda estudiar no ha acabado de calar en su ideología. A ustedes -vamos a nombrarlo
una vez más-, como decía el señor Cañete en Andalucía, les gustan los camareros como los de antes, les gusta la historia como la de antes, y ya se lo han estado explicando.
El sistema de FP, como ha dicho el señor Barberà, se parece como dos gotas de agua a la Ley de 1970, y lo explicamos punto por punto en la Comisión. En aquellos tiempos los que tenían dificultades, pero tenían dinero, a base de clases
particulares y de repetir y repetir llegaban donde quisieran. Sin embargo, había chavales listísimos que con quince años por su difícil situación socioeconómica, sin apoyos para su éxito escolar y sin graduado, entraban en la FP1 con ratios de
treinta alumnos por profesor, como va a pasar ahora, con quince años e incluso con catorce, que sin apoyo de la Administración van a ir a la FP básica en grupos de treinta alumnos. -Se ha explicado ya aquí-. Si hubieran tenido en cuenta la
experiencia de la FP1 sabrían que los que empezaban FP1 sin graduado escolar no acababan nunca la FP2 -como ocurrirá ahora en la FP básica- y estaban condenados a ocupar puestos de muy baja cualificación. Los que no añoramos aquellas épocas pasadas
creemos que a la FP básica tienen que acceder los alumnos con dieciséis años, una vez que ya se les han dado todos los apoyos posibles y se les han dado todas las oportunidades para que obtengan la titulación básica, y que los quince años tiene que
ser la excepción a la regla, porque ¿qué están haciendo las comunidades? A falta de la atención que presta el Gobierno central, las comunidades -incluidas algunas en que gobierna el Partido Popular- están trabajando para darles esas oportunidades
que ustedes les quitan a esos alumnos. Andalucía va a financiar la ampliación de cien horas la FP básica para dar posibilidades a estos alumnos de que obtengan el título básico, porque en Andalucía vamos a poner todos los medios para no volver a
aquel pasado donde nuestros niños muy listos no podían continuar por falta de recursos; les vamos a dar oportunidades a todos los niños.
Con la FP básica -se ha repetido muchas veces- gobiernan para mejorar las estadísticas exclusivamente, pero a costa de la formación, porque van a poner en marcha este nivel sin que haya currículum en las comunidades porque no tienen tiempo,
sin que tengan tiempo de realizar una planificación razonable, por supuesto, sin la financiación necesaria. El público al que va dirigida la FP básica no merece mucha atención para el ministro pero al ministro sí le va a servir la FP básica para
decir que él solito con un chasquido va a reducir el abandono escolar en 12 puntos. Porque a todos los alumnos que se matriculen en FP básica los va a considerar como de educación posobligatoria, alumnos que ni siquiera van a obtener en su vida en
título de la enseñanza obligatoria. Lo importante para el Gobierno es que a estos alumnos, cuanto antes, se les vaya escondiendo de treinta en treinta en los talleres; en esa barbaridad de treinta alumnos en los talleres. Los profesores me
escriben en algunos tuits en los que me piden que insistamos porque la FP básica se va a convertir en un gueto para el alumnado pobre y con dificultades. Otro me dice que es imprescindible reducir la ratio de FP de treinta alumnos pues no vamos a
poder dominarlos.
Finalmente -me quedo sin tiempo-, en cuanto al punto de mejorar el prestigio de la formación profesional que ya había adquirido en épocas anteriores a llegar el Partido Popular al Gobierno, hay que trabajar; si no quieren hacerlo por las
personas, háganlo por la economía, por las empresas, porque van a necesitar en la nueva economía profesionales altamente cualificados, ...
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene usted que terminar.
La señora VÁZQUEZ MORILLO: ... muy capacitados, y lo único que se ha hecho hasta ahora -acabo ya- es reducir el presupuesto de la FP un 78 %, un 78 %, en los tres presupuestos que ustedes han hecho. Se han cargado la innovación aplicada.
A los alumnos de las enseñanzas académicas, a los que estudian matemáticas y física, que necesitamos para muchos ciclos formativos, ustedes no les permiten que elijan FP, ¿qué pasa, que sería un desperdicio que unos alumnos magníficos estudiaran FP?
Esa es la FP que ustedes defienden, la FP dual que no lo arregla todo, que ya la llaman FP de low cost en los centros donde la conocen. Adanismo para retroceder.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Vázquez.
En turno de fijación de posiciones por el Grupo Mixto, en primer lugar, el señor Álvarez Sostres.
El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Gracias, señor presidente.
Señorías, el pasado 12 de marzo subí a esta tribuna con motivo de una proposición no de ley presentada por el Partido Socialista en relación con el desarrollo normativo de la formación profesional. Le decía al señor portavoz entonces, que
estaba por ver que la existencia de una formación básica de dos cursos correspondientes a casi 2.000 horas sin titulación en ESO, aunque habilitante para la prueba final de ese ciclo de enseñanza y válida para proporcionar los ciclos medios, tuviese
atractivo y éxito entre los alumnos. Ahora Convergència i Unió insiste en el tema, con esta moción subsiguiente a la interpelación, incidiendo en peticiones de vuelta a la normativa ya derogada y envolviendo la iniciativa en una retórica petición
de renovación de la FP. Pudiera estar de acuerdo, señor Barberà, en considerar que el calendario de aplicación es un error por ser asincrónico en el desarrollo de la ESO, la prueba final y la FP básica; pudiera estar de acuerdo, ¿y quién no va a
estar de acuerdo en que se renueve la formación profesional? Ese punto sí se lo votaría, pero los otros tres en absoluto, porque son, si usted me lo permite, 'reaccionarismo' educativo puro, pura estrategia dilatoria si me lo permite también, o al
menos lo parece. Solamente haría unas enmiendas de supresión que no lo he hecho porque no pretendo que mi actitud sea descalificadora.
Hábleme usted, señor Barberà, de nuevos diseños curriculares de la formación profesional, de nuevas y diferentes cualificaciones, de que para mejorar la empleabilidad y reducir el desempleo general y juvenil, en particular, es necesario
eliminar la tradicional estructura de la formación profesional. Hábleme usted de que es preciso estrechar las relaciones con el mundo de la empresa. Hábleme usted de que es preciso reformar los programas curriculares de los alumnos. No me hable
usted de los dieciséis años, es suficiente con los quince años; es homologable en cualquier país europeo. Y hábleme usted de que es necesario ubicar la formación profesional con los nichos de empleo de aquellas empresas que proporcionen mayor
empleo -valga la redundancia- a los estudiantes. Si usted me habla de esto, yo le voto cualquier moción que presente al respecto; mientras sea estrategia dilatoria pura, le aseguro que no. Y con esto no presuponga que estoy muy feliz con la
Lomce.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Álvarez Sostres.
Señora Pérez Fernández.
La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
Iniciamos nuestra intervención adelantando nuestro apoyo a la moción presentada por Convergència i Unió sobre los cambios que ha supuesto la Lomce para la formación profesional. La vamos a apoyar porque el Bloque Nacionalista Gallego ya
advirtió, durante el proceso de debate de la Lomce, que uno de los aspectos más segregadores de la ley es precisamente el cambio que se ha hecho en la FP con el único objetivo de hacer desaparecer de las estadísticas oficiales el fracaso escolar que
el Gobierno ha utilizado como casi única justificación de una ley que, sin embargo, no contempla ni los mecanismos ni los medios ni los recursos necesarios para acabar con él. El Consejo de Estado lo señaló también con claridad en su dictamen
previo a la aprobación de la ley. La prisa del Gobierno por recentralizar y tapar el abandono escolar les ha llevado a que ya en el curso 2014-2015 los PCPI se convertirán en el ciclo inicial de la FP, pero con notables diferencias. Con los PCPI
el alumnado puede conseguir el graduado en ESO; con la FP básica y la superación de una reválida al finalizarla, el Gobierno y la Lomce lo hacen casi imposible. La ratio de alumnado de los PCPI es de quince alumnos; la FP básica plantea una ratio
de treinta alumnos. Los alumnos que quieren acceder a la FP de grado medio desde la ESO necesitan aprobar la reválida;
desde la FP básica acceden directamente aún sin tener las competencias básicas que se adquieren en la ESO. En definitiva, el modelo de FP y las prisas del Gobierno por implantarlo desvalorizan la formación profesional y segrega al alumnado
desde los quince años. El adelanto de itinerarios a tercero de la ESO encaminando al alumnado a la FP o al bachillerato consolida esa degradación de la formación profesional, y arrincona a aquel alumnado con mayores necesidades educativas justo
donde el Gobierno viene recortando sistemáticamente.
En fin, ya que en este Parlamento fue imposible hacer razonar al Gobierno y al Grupo Parlamentario Popular, esperemos que finalmente lo consiga el Tribunal Constitucional por el bien de la educación pública y de los alumnos más
desfavorecidos socialmente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pérez Fernández.
Dentro del Grupo Parlamentario Mixto también, tiene la palabra la señora Ariztegui.
La señora ARIZTEGUI LARRAÑAGA: Señorías, la Lomce sigue pendiendo como una afilada espada sobre sus nuestras escuelas. Saben también que en Euskal Herria la comunidad educativa y la gran mayoría de la sociedad han dicho, por activa y por
pasiva, no a esta reforma. Precisamente uno de los puntos más contestados es la devaluación de la FP. Su modelo promueve a lo largo de toda la nueva trayectoria escolar la segregación, marginando y discriminando mediante las evaluaciones. Pero
esta aberración llega a su punto cumbre con la creación de esta FP básica, al separar claramente a alumnos y alumnas, supuestamente buenos y malos, con solo quince añitos. Ese es su objetivo: sacar del camino general a quienes no han conseguido
unas determinadas notas y meterlos en ese lodazal sin programa ni recursos y, de paso, esconder deliberadamente cifras de fracaso escolar y malas notas.
Señorías, la comunidad educativa en Euskal Herria se está organizando y avanza por vías de insumisión. Nos obligan a ello. No nos queda otra para impedir la imposición y centralización descarada de la Lomce. Mientras tanto -luego nos lo
confirmarán quizá-, hoy mismo leemos en la prensa que cada comunidad autónoma se ha inventado a marchas forzadas programas de formación transitoria integrada. Es una salida provisional y para nosotros una solución parche y dilatoria, porque quienes
se matriculen este año en este programa acabarán en la FP básica, y al parecer tendrán dos años para remodelar las instalaciones, pero al final la FP básica se aplicará, minando los cimientos de la formación profesional y desprestigiando una opción
tan valiosa y valorada en nuestro país que, tras muchos años de esfuerzo de mucha gente, acredita a profesionales de calidad ayudando a insertarlos en el mercado laboral. ¿Porque quieren destruir algo que funciona tan bien? ¿A qué viene tanta
prisa y tanta improvisación para un cambio que afecta a toda la estructura educativa? Señorías, la educación es algo demasiado serio para jugar con ella de esta manera. Sobre nuestra educación -se lo decimos- decidimos nosotras y nosotros en
Euskal Herria, y desde luego esta FP y la Lomce no entrarán en nuestras escuelas. Apoyaremos también esta moción.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ariztegui.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra la señora Sánchez Robles.
La señora SÁNCHEZ ROBLES: Señor presidente, señorías, lamento profundamente la ausencia del ministro de Educación en el debate de esta moción, ausencia que por otra parte se ha reproducido miméticamente en todas y cada una de las
iniciativas tratadas en esta Cámara a propuesta de los grupos parlamentarios que conformamos la oposición, salvo, claro está, cuando ha sido interpelado y no le ha quedado más remedio que acudir. Quizá sea por falta de tiempo, ya que observo que
cultiva con interés el sentido de la vista, dedicado con fruición a la sesuda lectura de comparativas internacionales y literatura académica, que acostumbra entusiásticamente a recomendarnos en sus escasas comparecencias. Por el contrario, no así
el sentido del oído, abandonando de este modo la debida actitud de escucha que ha de caracterizar a cualquier político, renunciando por tanto sin ningún pudor a conocer, compartir y dialogar sobre los que entiendo, a su juicio, poco o nada
interesantes criterios y opiniones de los diputados y diputadas de esta Cámara, de la comunidad educativa y de la sociedad en general. En fin, así le va y así va la educación en España, pero centrémonos en la Lomce, cuyo acrónimo ha sido
interpretado acertadamente por el saber popular, en palabras del diputado Barberá, como Ley orgánica para el maquillaje y centralización educativa.
Más concretamente me centraré en el nuevo modelo de formación profesional. Comencemos por el principio. Desde el punto de vista de la arquitectura educativa, la chapuza es de tal magnitud que deja a la vista de manera descarada la clara
voluntad del ministerio de hacer de la formación profesional un instrumento para reducir los escandalosos resultados de abandono escolar temprano del Estado español que, por otro lado, y en una parte muy importante de los casos, poco o nada tienen
que ver con el sistema educativo, y sí mucho con la cultura del pelotazo y de la ganancia fácil que ha sido impulsada por los sucesivos gobiernos del Estado, agravada además por la ausencia de un modelo económico sólido y sostenible. Ello ha traído
como consecuencia la construcción de un modelo de formación profesional devaluado, que pasa a constituir una segunda vía, que no ofrece la preparación suficiente a los alumnos para incorporarse al mercado laboral, que desprecia la cultura del
emprendimiento y que corta por lo sano la posibilidad de reconducir su trayectoria académica y obtener el título de secundaria al colocarlos en clara inferioridad de condiciones. Les recordaré que hasta ahora los alumnos que cursaban los PCPI
podían obtener el título de ESO por libre, a través de una prueba específica adaptada a su formación. La Lomce cierra esta puerta, puesto que con ella los alumnos que hayan cursado la FP básica se tendrán que presentar a la misma prueba de reválida
que los que finalizan secundaria.
Me gustaría que el señor ministro me explicara qué posibilidades tiene de aprobar un alumno cuando la preparación en matemáticas, ciencias, idiomas o lengua es menor que la que se imparte en los cuatro cursos de ESO, cuando no cuentan con la
preparación mínima necesaria. A esto el ministro Wert le llama transitabilidad. (El señor vicepresidente, Barrero López, ocupa la Presidencia). Para mí es un sarcasmo. Me gustaría que me explicara por qué su receta mágica, la de las pruebas de
evaluación, que constituyen en su opinión la panacea de la excelencia de la educación española, y la indudable mejora de los ratios de conocimiento de aquellos alumnos y alumnas que cursen bachillerato, no sirve para la formación profesional.
Resulta extraño, ¿no?; imposible, ¿verdad? Ante esto solo cabe exclamar algo que el señor Barberà le dijo el otro día: ¡Qué incoherencia!, al igual que desfachatez, si en realidad lo que se busca -estoy convencida de ello- es salir bien en la
foto europea, en los informes PISA, McKinsey o cualquier otro que le saque favorecido en la imagen. Me gustaría que me explicara por qué si en palabras textuales del ministro la modernización y la dignificación de la formación profesional es, sin
la menor duda, uno de los pilares básicos de la reforma educativa contenida en la Lomce, bajo el término flexibilidad abre la puerta, no solo a un atajo sino a una autopista, para obtener sucesivos títulos -FP básica, grado medio y grado superior-
sin ningún tipo de prueba de evaluación que acredite haber alcanzado el nivel de competencias y de cualificación requerido por el alumno para su formación personal y, desde luego, también para el mercado laboral. Seguramente no me lo puede
explicar, por eso no lo hace. Además me gustaría que me explicase, si tanto interés tiene en construir una formación profesional de calidad, el porqué de tanta prisa, de tanta chapuza, de tanta precipitación en la implementación de la parte más
compleja de la Lomce.
Señor Wert -no está, pero me dirijo a él-, yo lo tengo claro. Se lo he dicho en otras ocasiones: maquillaje y trapos; no hay nada más detrás de ello. Otra duda: me gustaría que me explicase dónde esta la financiación para una reforma
que ha de ser implementada el próximo curso. ¿En supuestas, en hipotéticas ayudas europeas a cuatro meses de su puesta en marcha? Una vez más castillos en el aire. Le pediría al señor ministro que no nos tome más el pelo, porque detrás de su
discurso plagado de palabras ampulosas solo se esconden intereses ideológicos y reiteradas faltas a la verdad.
Para concluir -se lo he dicho también en otras ocasiones-, Euskadi cumplirá con la ley, pero utilizará todos los mecanismos a su alcance para mejorar el currículum en esta etapa y para vadear esta chapuza. ¿Con qué fin? Con un fin
absolutamente lícito, que es mantener los elevados estándares de calidad de la FP vasca, con el fin de conseguir una alta cualificación profesional de nuestros titulados y tituladas capaz de dar respuesta óptima a los requerimientos de la economía
vasca y de su tejido productivo. Ese es nuestro compromiso, como lo es también el de derogar la ley en cuanto lo posibilite una nueva mayoría. Entre tanto, nuestro voto será favorable a la iniciativa presentada por Convergència i Unió y transada
con el Grupo Socialista.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señora Sánchez Robles.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.
La intervención del señor Barberà me ha gustado. En general compartimos algunas de las cosas que ha dicho, de las críticas a cómo ha dejado la Lomce la formación profesional. Yo también coincidí durante
el debate de la Lomce en varias de estas cuestiones, aunque no coincidimos para nada con el Gobierno, con el ministro Wert y con el Grupo Popular en lo que -es verdad- es un diseño de una doble vía, pero no en igualdad de condiciones, que es
lo que tendría que ser la formación profesional, es decir, dos carreteras paralelas. Además -lo dijo expresamente el señor Wert en uno de los debates-, la concepción de fondo, la metáfora que hay en eso dice mucho y lo que dice es malo: es una
autopista y una carretera comarcal; la carretera comarcal es la formación profesional.
No compartimos eso, no estamos de acuerdo, pensamos que por supuesto hay que potenciar la formación profesional como una vía alternativa a la ESO y al bachillerato, y de eso se trata. La Lomce no lo hace, lo que pasa es que después la PNL
que nos ha traído el Grupo Catalán incluye cosas con las que tampoco estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo con volver a lo que decía la LOE respecto a la incorporación a la formación profesional básica. Nos parece que ese no es el camino.
Pensamos que hay suficientes experiencias comparativas en otros países con buenos sistemas educativos que ya han justificado y dejado claro, que incorporarse a la formación profesional a los catorce años no es ningún tipo de segregación, sino
sencillamente una vía que además puede ser, y debe ser, revisable y transitable de un sistema al otro. Tampoco creemos que haya que restablecer otra vez las pruebas de acceso que existían en la LOE.
Eso nos va a llevar a abstenernos. Por lo demás, estamos de acuerdo en la crítica de fondo y, como digo, pensamos también que la entrada en vigor de la Lomce, como ya han demostrado las reuniones de la conferencia sectorial, va a introducir
un caos no solamente en la formación profesional sino en general. Pero, como digo, nuestra postura final será, por esta suma de coincidencias y desavenencias, la abstención.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.
Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural tiene la palabra la señora García Álvarez.
La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Gracias, señor presidente.
Señor Barberà, en la presentación de la interpelación el pasado día 14 decía usted una serie de cuestiones que llevamos compartiendo casi todos los grupos de la oposición desde que se empezó a debatir la Lomce en esta Cámara. Una de ellas
sin duda, y lejos de lo que se nos dice por parte del ministerio, es que la Lomce devalúa la formación profesional, introduce la formación profesional básica y elimina los FPI. No ponemos en duda la necesidad de mejorar los mismos evaluando
resultados, comprobando qué aspectos de los mismos son objeto de mejora y cuáles son las necesidades del alumnado que accede a esos programas. Señor Barberà, desconocemos si el señor ministro habrá visitado algún centro donde se impartan estos
cursos, si ha hablado con su alumnado, si ha consultado con el profesorado cuáles son las carencias y las necesidades, pero mucho nos tememos que no sea así. Al menos en sus intervenciones no parece que le preocupe lo que pasa en los centros y
mucho menos lo que puedan opinar profesionales y alumnos. El señor Wert tiene una hoja de ruta establecida desde el primer momento y unos compromisos adquiridos, y estas cuestiones para él -estas que les estoy mencionando- y para su ministerio son
absolutamente secundarias; incluso diría que no necesarias. Otro asunto que usted le planteaba al ministro y que en mi grupo compartimos, y hemos denunciado en numerosas ocasiones desde este atril -con el ministro, imposible, como usted bien dice,
porque no viene-, está en las continuas improvisaciones que se realizan en el ministerio que le llevan a decir lo uno y lo contrario en cuestión de nanosegundos.
Señor Barberà, sé que compartirá con mi grupo que poner un tornillo mal, quitarlo y volver a ponerlo mal puede ser un verdadero peligro, pero realizar experimentos en el plano educativo, hacerlos mal y ponerles parches es un verdadero
desastre para el sistema educativo, para la educación pública y para el futuro de este país. Esto es lo que está haciendo el ministerio para imponer una ley que nadie en la comunidad educativa ha querido ni quiere. Usted señalaba, como también le
decíamos nosotros en otro momento, que el modelo educativo que se quiere implantar no es otra cosa que la segregación temprana del alumnado, derivando hacia la formación profesional a todos aquellos y aquellas estudiantes que un denominado, consejo
orientador, considera que no están en condiciones de terminar la educación secundaria obligatoria y, además, antes de tiempo. ¿Se analizan las causas que conducen al alumnado a esa situación? No. ¿Se refuerza al alumnado con medidas de apoyo?
No; más bien todo lo contrario. En este tiempo las medidas de refuerzo del Gobierno han sido destinadas a consolidar los recortes, a castigar al alumnado con menos recursos económicos.
Finalmente, usted decía algo que también compartimos; de hecho, ustedes y nosotros con prácticamente el resto de la oposición, como ya señalé antes, hemos firmado un documento en el que nos comprometemos a derogar esta ley en cuanto la
correlación de fuerzas lo permita. Sin embargo -siempre hay un sin embargo, señor Barberà-, hay algunas partes que nos impiden tenerlo todo totalmente a favor, partes que para nosotros tienen una gran importancia, y me refiero en este punto a lo
que para nosotros constituye un enfoque economicista, cuando en su moción hablan de orientar la formación profesional en una trayectoria educativa orientada al mundo empresarial. La educación y la formación profesional no pueden estar al servicio
de las empresas. De ser así, a nuestro entender, la formación profesional sería una víctima más de la mercantilización de la educación que está convirtiendo la derecha neoliberal nuestro país. Nos formamos para acceder al mundo del trabajo en las
mejores condiciones, no para estar al servicio de las empresas. Ya le he comentado que esto nos gusta poco, que es el pero que le podemos poner; también le digo que todas las fuerzas de la oposición hemos mantenido un compromiso -como hemos
firmado- y que hemos emprendido un camino que significa derogar la Lomce en el momento en que en esta Cámara sea posible, y que en aras de ese compromiso adquirido votaremos finalmente a favor de la moción que usted nos trae hoy aquí. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señora García Álvarez.
Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra el señor Cabrera.
El señor CABRERA GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señorías, la formación profesional tiene un papel esencial en todo el sistema educativo, en nuestro modelo productivo y, por supuesto, en las opciones de futuro para nuestros jóvenes. Sin embargo, tenemos una baja graduación -tan solo
titulan en un 40 % de los casos-; no ha habido una oferta suficiente para cursar esta etapa -40.000 jóvenes se quedan cada año sin plaza-; se incumplió el objetivo de alcanzar los 200.000 alumnos en grado medio -de 2008 a 2012, 63.000 alumnos
más-; no se cumplieron los objetivos de ayudas y becas específicas; se incumplió el mandato de la Ley de cualificaciones de la formación profesional aprobada en el año 2002; la Ley de Economía Sostenible no consiguió integrar empleo y formación,
una observación que nos hacen los informes Pisa con tres claras carencias: la falta de atracción por carencia opcional, de atractivo para evitar el abandono escolar y la baja empleabilidad por no adecuarse al mundo laboral. Esa es una realidad que
el Gobierno socialista no supo resolver. No sé si a esto lo llamarían low cost, pero desde luego ha tenido un high cost para la sociedad española y sobre todo para los que han quedado tirados en la cuneta, fuera del sistema educativo. Es una
responsabilidad y una urgencia, por tanto, dar respuesta inmediata a tan desolador panorama; respuesta que se asume firme y decididamente tanto por este Gobierno como por el Grupo Popular.
El primer objetivo de la Lomce es la mejora de la calidad educativa en todos sus ámbitos, también con uno de los pilares que es la formación profesional. Así la formación profesional dual en su segundo año de existencia suma ya 10.000
alumnos, 375 centros y cuenta con el compromiso de 1.570 empresas. En Cataluña se imparte en 67 centros con el apoyo de 226 empresas y un total de 2.545 alumnos, demostrando algo esencial: que necesitamos alternativas para nuestros jóvenes,
opciones para que mejoren la formación y la empleabilidad. La formación dual ha sido una buena opción tanto para esa comunidad como para el resto de las comunidades que han optado por ella. La formación profesional es una opción elegida por el 58
% de alumnos de la Unión Europea, pero en nuestro país apenas llega al 32 %. Señorías, señor Barberà, en ningún momento se puede hablar de devaluar. Para este Gobierno esta etapa es precisamente uno de los instrumentos más importantes que tenemos
para mejorar nuestro sistema educativo, la formación y la empleabilidad. Por eso se ha pasado de los PCPI, programas de cualificación profesional inicial -con 80.000 alumnos en ese programa en Cataluña frente a los 360.000, por ejemplo, en grado
medio o 700.000 que tienen en bachillerato-, a una formación profesional básica estructurada que asegure unos conocimientos teóricos y prácticos mínimos tanto para la incorporación al mercado laboral como para continuar en el itinerario educativo.
Señorías, un paro juvenil de más del 50 % -o del 70 %, por ejemplo, en la Comunidad canaria, más del doble de la Unión Europea- es insostenible para cualquier sociedad y nos obliga a centrarnos en el mercado laboral y en la empleabilidad para dar
respuesta a esos jóvenes y acercar la formación y el empleo, con un itinerario educativo flexible, abierto, para que se pueda acceder de un ámbito a otro, algo que no era sencillo con los PCPI.
La formación profesional básica se implantará en el primer año de la Lomce porque sabemos que ayudará a reducir el abandono educativo temprano, pues la falta de atractivo de esta etapa explica el elevado abandono y la baja empleabilidad al
contar, además, con unos inadecuados itinerarios formativos
para las necesidades y requerimientos del mundo laboral. La implantación de la formación profesional básica responde a razones de extrema urgencia y necesidad. Es una de las medidas más importantes de la Lomce y de mayor respuesta para
nuestros jóvenes y es una prioridad para el Gobierno. Señorías, es la diferencia entre dejar a una cuarta parte de nuestros alumnos en la cuneta, con unas tasas de abandono educativo temprano de casi el 25 % y cumplir con el objetivo de la
estrategia Europa 2020, que fija la tasa en un 10 % en seis años, mejorando el nivel formativo y facilitando mayores opciones. El próximo curso, por tanto, será de adaptación para la formación profesional básica.
Por otro lado, el Acuerdo de asociación de España con la Unión Europea 2014-2020, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado marzo, recoge una financiación de 1.700 millones de euros para nuestro país con el objetivo de intervenir en la
educación, en el desarrollo de las capacidades y en el aprendizaje permanente. Dentro de ese objetivo está la formación profesional y por supuesto la formación profesional básica. Es una propuesta, por tanto, avalada por la Unión Europea al
financiarla con sus propios fondos, que se distribuirán por comunidades autónomas en las próximas conferencias sectoriales de educación. Se cuenta con planificación, con estrategia y con financiación para una etapa ya regulada por el Real Decreto
127/2014, de 28 de febrero.
Señorías, las características de los nuevos ciclos de la formación profesional básica suponen la superación, señor Barberà, de los ciclos de los actuales PCPI. El acceso a esa etapa será por recomendación del equipo docente de secundaria,
con una edad de entre quince y diecisiete años, tras haber cursado el tercero de la ESO o excepcionalmente haber cursado segundo. Hay que recordar que se trata de una recomendación de aceptación voluntaria, por lo que carece de sentido cualquier
reproche de segregación. La Lomce nos ofrece dos trayectorias.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Señoría, debe concluir, por favor.
El señor CABRERA GARCÍA: Finalizo, señoría.
La urgencia para realizar los cambios pertinentes en el sistema educativo hace que no sea posible aplazar la implantación de la formación profesional básica, porque se trata de dar cuanto antes más oportunidades a los alumnos con una
formación más dinámica y práctica que les atraiga al sistema y asegure su continuidad en el mismo. Se fomenta la flexibilidad y la accesibilidad a los ciclos y en este momento el ministerio desarrolla medidas para fortalecer y poner en valor la
mejora y la calidad de esta etapa. Por lo anteriormente expuesto, señorías, no podemos votar favorablemente esta moción.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Cabrera.
Señor Barberà, hay una enmienda transaccional a la enmienda socialista que su grupo ha firmado. Doy por hecho que usted se ratifica.
El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Sí, señor presidente, lo ratificamos.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR LARREINA), SOBRE PROPÓSITOS DEL GOBIERNO PARA CORREGIR LA EROSIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES. (Número de expediente 173/000152).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al último punto del orden del día que vamos a debatir hoy. Se trata de la moción consecuencia de interpelación urgente, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Larreina. Trata sobre propósitos del
Gobierno para corregir la erosión de derechos fundamentales.
Por el grupo autor de la iniciativa, tiene la palabra el señor Larreina.
El señor LARREINA VALDERRAMA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, Gobierno ausente. Hemos presentado esta moción consecuencia de la interpelación de hace quince días porque realmente fue decepcionante la intervención del Gobierno, del ministro de Interior en concreto, porque estuvo totalmente a
la defensiva ignorando, cuando no negando, la realidad que muestra el informe del secretario general del Consejo de Europa sobre la situación de la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho en Europa. En vez de centrarse en el
contenido del informe, se centró -como suele ser habitual, desgraciadamente- en intentar descalificar a quienes habíamos
presentado la interpelación. Este Gobierno en vez de mirar a la luna se obsesionó con el dedo que se la mostraba, a la vez que huía de la dura realidad, refugiándose en el socorrido mal de muchos que en el informe decía que no se hablaba
solo del Estado español, sino de muchos Estados de la Unión Europea. Creo que ese es un error habitual en este Gobierno, pero es que la dura realidad se impone, como lo han podido comprobar este pasado domingo, en el que la ciudadanía ha puesto en
primer plano la necesidad de dar respuestas positivas, constructivas a los problemas que denuncia precisamente este informe del Consejo de Europa y que este portavoz ponía sobre la mesa desde esta tribuna hace escasamente quince días.
Euskal Herria Bildu ha sido la primera fuerza en el conjunto de nuestro país, Euskal Herria -los cuatro territorios, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa que están hoy por hoy en el Estado español-, pero no solo ha sido en Euskal Herria donde
se ha puesto de manifiesto la necesidad de dar respuesta a estos problemas, sino también en el conjunto del Estado, donde la ciudadanía también ha reforzado a fuerzas políticas que apuntan en esa misma dirección, como Esquerra Republicana de
Catalunya, Bloque Nacionalista Galego, Podemos, Izquierda Unida, Izquierda Plural, etcétera.
Por eso nosotros planteamos esta moción concreta aquí, porque no pueden ustedes refugiarse en que es un problema general lo que plantea este informe y no especifico del Estado español. El informe habla de corrupción, de inmunidad, de
impunidad, de trata de seres humanos, de racismo, de discurso del odio, de discriminación, de derechos sociales. Desgraciadamente, esos son los problemas que están ahora mismo en el centro del debate político en este Estado. Y habla también de que
los derechos humanos están amenazados también por la crisis económica y por el crecimiento de las desigualdades, y esto también está encima de la mesa ahora mismo, o lo debería estar, de cualquier Gobierno responsable. Es más, añadiría que no solo
esa vulneración de derechos humanos es fruto de la crisis, sino que están amenazados no por la crisis sino por la denominada troika, formada por ese Fondo Monetario Internacional al que solo le preocupan las grandes cifras, la macroeconomía, y que
se olvida de las personas; esa troika formada por ese Banco Europeo vigilante de los ratios financieros y que se olvida de vigilar el bienestar de la ciudadanía y de tomar medidas que palíen las dificultades de la gente, de las personas que
trabajan como autónomas, de las pymes, de la economía social; esa troika formada también por una Comisión Europea inmersa en un bucle burocrático que gira al compás de la economía especulativa, al compás de los grupos de interés, de sus propios
intereses y de un modelo de Europa obsesionado por mantener sus fronteras internas y que se olvida de los intereses de la ciudadanía, de la realidad innegable que constituyen sus pueblos, sus ámbitos naturales.
Esas consecuencias de la crisis económica que afectan también a los derechos humanos en esa versión de los derechos sociales y que se materializan en esa exclusión social, en el desempleo, en la pobreza infantil, en el deterioro de la
sanidad o de la educación pública, en el deterioro de los servicios públicos en general, tienen una especial virulencia en el Estado español. Por eso, hemos presentado esta moción, que es una moción, si ustedes quieren, genérica, pero constructiva
y positiva, una moción en la que pedimos que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a que presente un plan a esta Cámara en el plazo de cinco meses, un plan de actuación para el desarrollo y aplicación de las recomendaciones de este informe
del secretario general del Consejo de Europa, con especial incidencia en los aspectos referidos a la integridad física y a la dignidad humana, a la justicia y al Estado de derecho, a los derechos sociales, a la no discriminación y a la igualdad,
porque estos son los temas fundamentales que preocupan ahora mismo a la ciudadanía del Estado español, y creo que hay que abordarlos de forma directa y responsable.
Para finalizar, quiero detenerme en el sexto apartado del informe, que creo que es importante y que está también de actualidad política, especialmente para mi país, para Euskal Herria. Me refiero a ese sexto apartado del informe, que se
refiere a las zonas de Europa que están afectadas por conflictos no resueltos, en el que se señala literalmente que esa situación de conflicto o de posconflicto engendra frecuentemente disfunciones en las instituciones democráticas y en el Estado de
derecho, en las que a menudo los derechos humanos son los primeros que se ven afectados. La experiencia del proceso de avanzar hacia un nuevo escenario de normalización política y pacificación que estamos viviendo en Euskal Herria confirma este
diagnóstico del informe del secretario general del Consejo de Europa, y aquí queremos subrayar una vez más la necesidad de que el Gobierno cambie de rumbo y opte por una posición activa para no obstaculizar el proceso, no para hacer nada y demorar
el proceso, sino que tome una posición activa precisamente para lograr lo que la inmensa mayoría de la ciudadanía vasca, y estoy convencido también de que la mayoría de la ciudadanía del Estado español, le reclama y nos exige, a ustedes y a
nosotros. Nos exige que hablamos, que busquemos acuerdos, que abordemos la reparación de todas las injusticias cometidas y sufridas a lo largo de tantos años y que consigamos que la reconciliación y el respeto democrático a la voluntad de
la ciudadanía sean la base firme para un futuro en paz y en libertad para Euskal Herria, para todas y cada una de las personas que vivimos en este pequeño rincón de Europa.
En nombre de Amaiur y Euskal Herria Bildu, con el renovado respaldo que la sociedad vasca nos ha manifestado este domingo, volvemos a reiterar nuestro compromiso y nuestra oferta de diálogo, abierto y constructivo, discreto si hace falta,
para lograr entre todos avanzar y conseguir llegar cuanto antes a ese nuevo escenario, que, repito, nos reclama y nos exige a ustedes y a nosotros el conjunto de la sociedad vasca. Ante esa petición, nosotros volvemos a reiterar esa necesidad de
que el Gobierno actúe de forma decidida, de forma responsable para avanzar en la buena dirección. Creo que es hora ya de que abandonen ustedes los usos y malas costumbres de la vieja política, creo que la sociedad está reclamando ese cambio. Dejen
de dejar las cosas como están, de no avanzar, empiecen a escuchar a la sociedad, a sus representantes legítimos y a avanzar en la buena dirección.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias señor Larreina.
Esta moción del Grupo Parlamentario Mixto no cuenta con enmienda alguna, por lo tanto, vamos a iniciar el turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Vasco el señor Olabarría tiene la palabra.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, no vamos a seguir con disquisiciones aritméticas sobre quién ha ganado las elecciones porque son reflexiones que solo conducen a la melancolía. Pero, al margen de esta reflexión, señor Larreina,
nos parece razonable la proposición que usted nos propone. Es una obviedad -y lo ha manifestado expresamente el Consejo de Europa- que en el Estado español se está produciendo una erosión importante de algunos derechos humanos que usted consigna en
la parte dispositiva de su moción. Estamos de acuerdo, porque además esta crítica está reforzada por diversos informes de relatores en distintos ámbitos de las Naciones Unidas en relación con los derechos humanos, contra la tortura, en relación con
la igualdad de trato a las mujeres, en relación con la extranjería, etcétera. Estamos de acuerdo con lo que usted ha escrito en su parte dispositiva porque tiene razón. Evidentemente, esa erosión existe y está acreditada, no solo para el Estado
español, también para otros Estados, pero en relación con el Estado español nos corresponde a los legisladores realizar la función de control parlamentario que forma parte de uno de los paradigmas de nuestra función, es una de las quintaesencias de
nuestra función. Evidentemente, ha habido retrocesos en el ámbito de la libertad de expresión y sobre todo en este momento, con declaraciones particularmente desafortunadas del ministro del Interior en relación con ciertos proyectos normativos como
la ley de protección de la seguridad ciudadana, y en relación con esa pretensión utópica y antidemocrática e inconstitucional de intentar reconducir o controlar las redes sociales, limitando el contenido esencial del derecho de libertad de
expresión, que está previsto nada menos que en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la primera enmienda de la Constitución norteamericana, en el artículo 20 de la Constitución española, etcétera.
En materia de la tortura, seguimos observando que los relatores de derechos humanos denuncian al Reino de España por la opacidad fundamentalmente amén de casos de torturas que no son debidamente investigados e indultos que se aplican a los
torturadores con demasiada celeridad cuando se trata de funcionarios públicos, por estos periodos de incomunicación de cinco días que transgreden y amplifican lo que prevé el artículo 17 de la Constitución, que son setenta y dos horas como máximo de
incomunicación. La legislación antiterrorista española prevé cinco días. Ha sido objeto de múltiples admoniciones el Estado español en relación con esta materia.
En relación con el acceso a la tutela judicial efectiva -artículo 24 de la Constitución-, la Ley de Tasas evidentemente ha limitado notablemente -y así ha sido explicitado en el informe del Consejo de Europa- el acceso a la tutela judicial
efectiva de los ciudadanos, limitando su universalidad y reduciendo la litigiosidad en el Estado español, por falta de recursos económicos para litigar, a parámetros del año 2007. No es malo que se reduzca la litigiosidad, sí es malo que se reduzca
la litigiosidad por incapacidad económica para poder litigar al tener que acometer tasas tan desmesuradas.
En materia de derechos sociales ¿qué quiere que le diga?, tiene toda la razón en sus invocaciones. Hay dos paradigmas en el ámbito que configura el Estado del bienestar que están en la Constitución de
Weimar: políticas económicas orientadas hacia el pleno empleo -resultaría patético hacer una glosa de este derecho, que es un derecho que está consignado y también trasladado a la Constitución española, el pleno empleo- y una protección
suficiente de forma universal ante cualquier situación de universalidad. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Es la configuración del Estado del bienestar en relación con un sistema de pensiones que tiene que ser público o configurado por
prestaciones públicas o universales y que cubran suficientemente cualquier situación de necesidad. Estamos convergiendo o dirigiéndonos en sentido diametralmente contrario a estas prevenciones que definen nuestro Estado del bienestar o el Estado
del bienestar tal como está concebido normativamente en tratados internacionales y en la propia Constitución española, artículo 41, artículo 50 y otros que podríamos citar.
En materia de política de extranjería, se han reproducido admoniciones de estas características en el informe del Consejo de Europa. Lo ocurrido en la playa de El Tarajal, el uso de pelotas de goma contra personas que estaban en el agua;
las devoluciones en caliente, que no son más que delitos de deportación ilegal, y otras manifestaciones que incumplen no solo la legislación de extranjería, sino el propio Código Penal español, colocan al Estado español en una situación de
preterición de derechos de los tratados internacionales y de sus propias leyes internas en esta materia.
En otras materias, como la relativa a la igualdad en relación con las mujeres, me gustaría detenerme -ya con esto acabo, señor presidente- en relación con el incremento, a pesar de las reflexiones complacientes del presidente del Consejo
General del Poder Judicial, de la violencia de género: ha habido veintiocho mujeres asesinadas en los cuatro meses del primer año. ¿Por qué? Por falta de respuesta judicial adecuada, por falta de especialización de jueces, por falta de
especialización de fiscales, entre otras razones de naturaleza más educacional, educativa o más metacultural, por falta de especialización o por falta de adecuación de los protocolos de prevención de la violencia de género que se hacen como se hacen
y mediante mecanismos que no son en absoluto atinentes a la corrección de una patología que es de naturaleza criminal.
Son muchos los problemas denunciados por el Consejo de Europa que acreditan una erosión que usted ha afirmado realmente en relación con el sistema de derechos fundamentales y libertades públicas.
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que acabar.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Acabo, señor presidente.
Y, por lo tanto, resulta pertinente que en un plazo razonable de cinco meses se elabore un plan de regeneración de los derechos humanos en el Estado. Por cierto, la vicepresidenta del Gobierno ya se comprometió con los grupos de esta Cámara
a elaborar un plan de derechos humanos. Estamos esperando. Esperemos -valga la redundancia- que no tengamos que esperar -vuelva a valer la redundancia- mucho tiempo más para este plan de derechos humanos que usted preconiza.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.
Por La Izquierda Plural, el señor Nuet.
El señor NUET PUJALS: Gracias, presidente.
El Consejo de Europa es la institución de integración europea donde aún, desde nuestro punto de vista, podríamos decir que prevalecen los valores de los padres fundadores de la nueva Europa, basados en la paz, la libertad y la justicia
social. Estos tres principios que he citado, hoy son profundamente mancillados por las actuales instituciones de la Unión Europea, que han construido una Europa de mercaderes, de espaldas a la ciudadanía, presidida por los dogmas neoliberales. Por
ello el secretario general del Consejo de Europa ha presentado este informe titulado Situación de la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho en Europa. Y podemos observar de forma clara en nuestro país algunos de los elementos que
se denuncian en este mencionado informe: corrupción, impunidad, racismo, tortura. Se afirma concretamente en el informe que los derechos humanos están siendo amenazados por las repercusiones de la crisis económica y por el crecimiento de las
desigualdades.
Por supuesto, entendemos los derechos humanos de forma amplia como derechos políticos, económicos y sociales. Evidentemente, en España se practican atentados contra los derechos humanos cuando se ha generalizado la corrupción y la
impunidad, el fraude fiscal y el blanqueo de capitales, la pobreza, el paro, el deterioro de los servicios públicos o las limitaciones al derecho de opinión y manifestación, limitaciones que se están proyectando en este momento en el Ministerio del
Interior o
también las limitaciones a los derechos reproductivos de las mujeres que se planean en la ley Gallardón. Todo ello hace que, evidentemente, este informe nos afecte. Si ustedes repasan la intervención del ministro del Interior durante la
interpelación, comprobarán que decía que no se citaba a España en el mencionado informe del Consejo de Europa, y es cierto. No se cita a ningún país en concreto, pero todos somos conocedores de otros informes y, por tanto, podemos leer el nombre de
España en informes de Amnistía Internacional que denuncian algunas de estas prácticas, podemos leer el nombre de España en informes de Cáritas que denuncian algunas de estas prácticas o podemos leer el nombre de España en informes de Transparencia
Internacional que denuncian alguna de estas prácticas. Por tanto, podemos afirmar que el informe del Consejo de Europa no cita a España, pero evidentemente España está presente en ese informe y en esas denuncias y el Gobierno del Partido Popular
tiene una especial responsabilidad en esa situación. Por supuesto, pedimos a las diputadas y a los diputados del PP que voten a favor de esta moción para que realmente veamos hasta qué punto el informe del Consejo de Europa es cierto o no es cierto
y que la recomendación del Consejo de Europa de que estos temas se investiguen, se estudien de alguna forma y haya medidas políticas contra ellos en cada uno de los países que pertenecen al Consejo de Europa no caigan en saco roto. Por todo ello,
vamos a votar a favor de la moción que se nos presenta.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Nuet.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, señor Larreina, es especialmente apropiado que usted plantee en el día de hoy el debate sobre el informe anual del secretario general del Consejo de Europa sobre derechos humanos, día en el que el señor Jagland, el actual
secretario general que termina su mandato el próximo 24 de junio y que se presenta a la reelección junto con otra candidata alemana, ha estado en Madrid. La interpelación y la moción consecuencia de interpelación es una excelente oportunidad para
recordar que las Cortes Generales tienen veinticuatro comisionados entre diputados y senadores que representan al conjunto de los parlamentarios ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, y quien les habla es uno de ellos. Estos
veinticuatro representantes de las Cortes Generales afrontamos cada año el debate anual, intervenimos en el debate anual del secretario general sobre derechos humanos. Ya que usted ha traído a debate este asunto en las Cortes, creo que sería
oportuno que en su momento informáramos a las Cortes Generales sobre nuestra actividad en defensa de los tres pilares básicos de la naturaleza del sentido de la misión del Consejo de Europa, que es la defensa de la democracia, la libertad y el
Estado de derecho.
Además, señor Larreina, le voy a trasladar buenas noticias. El Consejo de Europa es un organismo internacional compuesto de tres grandes partes: el ejecutivo -el secretario general, el Consejo de Ministros-, la asamblea parlamentaria y
esta gran garantía que tenemos los europeos de la Europa grande, que es la Corte Europea de Derechos Humanos, que es la verdadera última ratio por encima del Tribunal Constitucional en tantos asuntos controvertidos que hemos afrontado. Estos
cuarenta y siete Estados miembros hasta el momento han tenido un proceso de evaluación de los derechos humanos en lo que podríamos llamar dos velocidades. Hay unos países bajo monitoring, bajo control y seguimiento, que están sometidos a un desnudo
integral de la evaluación de sus derechos humanos, Rusia, Ucrania, Moldavia, Armenia, Azerbaiyán, Serbia, Montenegro, y en la fase de posmonitoring, Bulgaria, Turquía y Mónaco. Actualmente, señorías, se está afrontando una reforma del proceso de
monitoring para que no haya una división entre estos países y el resto sino para que anualmente uno de los comités más importantes del Consejo de Europa, que es el comité de seguimiento, haga un informe de progreso de cada uno de los países porque,
como muy bien apuntaba usted, el informe del secretario general, actualmente el señor Jagland -exprimer ministro de Noruega, exministro de Asuntos Exteriores, expresidente del Parlamento de Noruega-, no entra en la materia de los países concretos;
sí que entra en la definición de los grandes escenarios de futuro colectivos e individuales, de los derechos de los pueblos y de los derechos individuales.
Señoría, usted pide un plan específico en el plazo de cinco meses. Yo quiero recordar que a inicios de esta legislatura el señor Esteban, citando al profesor Liu Pi y el libro de Derechos humanos y globalización, ya planteó la creación de
un plan de derechos humanos por parte del Gobierno, y el Gobierno se comprometió. Llevamos más de media legislatura y este plan de derechos humanos no se ha desarrollado. Pero le tengo que decir que por suerte la gran garantía, la gran fuerza que
tenemos es la aplicación de los
convenios del Consejo de Europa en cada uno de los Estados miembros y para cada uno de los ciudadanos de los Estados miembros, y desde finales de los años setenta con el acceso de España al Consejo de Europa la ratificación de España de los
distintos instrumentos, de los distintos convenios. El día 1 de junio va a entrar en vigor el convenio de Estambul sobre la lucha contra la violencia de género. Tenemos muchos instrumentos en el marco de desarrollo del Convenio europeo de derechos
humanos, pero especialmente tenemos un gran plan de derechos humanos y este plan, señor Larreina, es la Corte Europea de Derechos Humanos, que dicta sentencias ajustadas a derecho y que obliga a los Estados a cumplir esas sentencias, gusten o no
gusten a los gobiernos de turno, y usted sabe que algún respeto a los derechos humanos recientemente ha tenido precisamente la protección y la salvaguarda de la Corte Europea de Derechos Humanos. En este momento, más de la mitad de los casos que
están acumulados y pendientes de ser ventilados en la Corte Europea de Derechos Humanos vienen de Rusia y para los ciudadanos de Rusia que viven...
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, le ruego que vaya terminando.
El señor XUCLÀ I COSTA: Señor presidente, termino ahora mismo.
Decía que para los ciudadanos de Rusia que viven en un Estado de derecho de una debilidad extrema, su esperanza, su faro es precisamente esta corte europea, que debe respetar y proteger los derechos de los 800 millones de ciudadanos que
integramos los 47 Estados miembros del Consejo de Europa y que tenemos el informe anual del secretario general, pero especialmente en la corte europea y en el convenio, sus grandes instrumentos de protección. Creo que el gran plan, señor Larreina,
es la invocación a la Corte Europea de Derechos Humanos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xuclà.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Sánchez Amor.
El señor SÁNCHEZ AMOR: Gracias, señor presidente.
Señor Larreina y señor Olabarría, he pasado toda la tarde en el Pleno y me voy sin saber quién ha ganado las elecciones en el País Vasco. Tendré que consultar en Internet después de sus dudas.
Señor Larreina, nos trae usted la invocación de un informe del secretario general del Consejo de Europa que ha sido ya extensamente glosado por los compañeros que han intervenido anteriormente. Inevitablemente tengo que decirle que es un
informe genérico, no se trata de refugiarse, como dice usted que hizo el ministro, sino que se trata de un informe que debe llamarnos a la reflexión a todos los países del ámbito del Consejo de Europa, a todos. Además hace usted especial mención en
su intervención y en la resolución que nos pide que aprobemos a algunos apartados concretos de ese informe. Quiero decirle que la preocupación de nuestro grupo es por todos los apartados y, por tanto, por todos los derechos fundamentales que puedan
ser violados. A pesar de la distinción que hacía el colega Xuclà entre países monitorizados o no, cualquier país, por más profunda que sea su cultura democrática y por más democrático que sea desde hace doscientos años, siempre corre el riesgo de
estar violando derechos fundamentales, y ahí están las sentencias de los tribunales constitucionales para acreditarlo. Por tanto, todo el espacio del Consejo de Europa y todos los derechos fundamentales. A raíz de ese informe nos pide usted que el
Gobierno elabore un plan en cinco meses. Pero como le han dicho algunos compañeros, igual que ha invocado ese informe, podría haber invocado otros, como el del comisario de Derechos Humanos del propio Consejo de Europa, que es muy reciente -octubre
de 2013-, que ese sí es específico de España, u otros informes internacionales que han sido citados por los intervinientes anteriores.
En nuestro grupo tenemos preocupaciones similares a las suyas sobre la erosión de derechos fundamentales, especialmente en este momento los derechos sociales, que están siendo particularmente dañados por la situación de crisis. Pero, como
ha dicho algún interviniente anterior, lo que corresponde y lo que quiere nuestro grupo es que el Gobierno cumpla las obligaciones a las que se ha comprometido en este Parlamento. Por tanto, lo que tiene que hacer es traer la revisión o traer el
nuevo plan español de derechos humanos. Se trata de una revisión que aprobó el Gobierno anterior en el año 2008 en el 60.º aniversario de la declaración universal, una elaboración muy participada por todos los sectores sociales, con 172 medidas,
que permitía un sistema de control parlamentario mediante una comparecencia anual del secretario de Estado -primero fue el secretario de Estado de Asuntos Constitucionales, ahora es el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes- y un sistema
de comisión mixta para esa
revisión, en la que están las ONG. Nos parece que lo que corresponde es que el Gobierno nos traiga ese plan. Como se ha dicho aquí, tanto la vicepresidenta Sáenz de Santamaría como el secretario de Estado, en sus intervenciones,
ratificaron su compromiso confusamente -a mí no me quedó claro- de revisar el anterior o de traer uno nuevo. El compromiso está ahí y fue ratificado en una comparecencia de 2012 por parte del señor Ayllón. A partir de ese momento ha habido varias
iniciativas parlamentarias. Ha habido una proposición no de ley que aprobamos casi todos, en la que pedíamos al Gobierno que trajera esa revisión, ha habido una pregunta del señor Xuclà y varias preguntas sin contestar del señor Jáuregui y ha
habido algunas peticiones -creo que el Grupo Vasco tiene una- de comparecencia. Sinceramente nos parece que lo que corresponde es que el Gobierno cumpla su compromiso. (Rumores). No es que no me parezca mal en el fondo lo que usted propone, pero
sería...
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor diputado.
Por favor, ruego silencio para que se pueda oír al orador.
El señor SÁNCHEZ AMOR: Gracias, señor presidente. Estoy terminando.
No le demos al Gobierno la excusa para no cumplir lo que tiene comprometido formalmente poniendo sobre su mesa otra obligación de crear un plan de derechos humanos. Tiene una obligación, la ha ratificado formalmente aquí la vicepresidenta y
lo que corresponde es que la traiga. No les pongamos muchos planes encima de la mesa, no se vayan a estresar.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez Amor.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Puche.
El señor PUCHE RODRÍGUEZ-ACOSTA: Señor presidente, con la venia.
Señorías, intervengo para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular respecto de la moción que viene de la mano de Amaiur y que ha defendido en esta tribuna el señor Larreina en relación con la petición al Gobierno de un plan de
actuación para poner en marcha la aplicación y el desarrollo de las conclusiones y recomendaciones de un informe del secretario general del Consejo de Europa sobre cómo funciona la democracia, el Estado de derecho y los derechos fundamentales en
Europa. Señor Larreina, España es miembro del Consejo de Europa, y precisamente por ser miembro del Consejo de Europa, pertenecemos también a su asamblea parlamentaria. En su asamblea parlamentaria hay una delegación que ya ha citado algún
compañero de otro grupo político a la que pertenecemos diputados de esta Cámara y senadores del Senado de España. Esa delegación parlamentaria que ha participado en la asamblea, participa también en todas las comisiones -comisiones de control,
comisiones de trabajo, comisiones de vigilancia, comisiones de seguimiento- para ver cómo se aplica el Estado de derecho, la democracia y los derechos fundamentales en toda Europa. Y de ese trabajo, en el que han participado diputados que están en
esta Cámara, entre los cuales me encuentro yo, han salido esas conclusiones de las que ha bebido el secretario general y las cuales le han servido para elevar un informe con conclusiones y recomendaciones al Comité de ministros que, como digo,
vienen del trabajo, del estudio de muchísimos compañeros que están en esta Cámara. Y le puedo asegurar que España no está ni de lejos citada en ninguno de los párrafos de ese informe, porque, como se ha explicado por activa y por pasiva, es un
informe de tipo general que se envía a los distintos países para su conocimiento. Dicho esto, que era conveniente decir para no influir o no llevar a confusión a muchísimas señorías, he de manifestar, señor Larreina, que a mi grupo no le da miedo
hablar de derechos humanos. Nos gusta hablar de derechos humanos; es más, creo que es bueno, saludable y positivo hablar de derechos humanos y del informe del secretario general del Consejo de Europa. Es saludable, bueno y conveniente porque
agiliza el debate político, pero otra cosa muy distinta es lo que usted pretende con su moción. Lo que usted pretende con su moción es proyectar las conclusiones de un informe que es general concretamente a España para que luego dé la sensación de
que España, no diga usted que no, debe ser el principal receptor de esas conclusiones y recomendaciones. Eso es absolutamente falso y está totalmente alejado de la realidad. Y, señor Larreina, le digo más, y lo hago con todo respeto, la moción que
usted ha traído hoy tendría más credibilidad y más moral si hubiera venido de otra mano que no de la de su grupo parlamentario. Se lo digo con todo respeto porque ustedes, señorías, no están en condiciones de dar lecciones de democracia ni de
respeto ni de derechos fundamentales a nadie, y menos en esta Cámara, señor Larreina. (Aplausos). Y mucho menos -fíjese lo que le digo- cuando todavía hay instituciones en España que están gobernadas
por formaciones políticas que están pululando o que son satélites o que de alguna forma están alrededor de su grupo parlamentario y que no se caracterizan ni muchísimo menos por ser defensores de la democracia, de los derechos fundamentales
y de las libertades públicas.
Señor Larreina, cuando su grupo parlamentario está dentro de un mundo social que, desde mi punto de vista, ha venido aplaudiendo, jaleando y apoyando a determinadas fuerzas y organizaciones que han atentado contra los derechos más
elementales, los derechos fundamentales, que han atentado contra la vida de las personas, como es la organización terrorista ETA, como usted comprenderá, no es de recibo traer esta moción esta tarde a esta Cámara. (Aplausos).
Señor Larreina, vuelvo a insistir en que mi grupo no tiene miedo a hablar de derechos fundamentales ni de democracia ni de libertad ni de dignidad ni de justicia. En absoluto. Cuando quieran debatimos el informe del secretario general,
porque vuelvo a repetir que está hecho con carácter general y no se menciona ni de lejos a nuestro país, pero no se puede traer esta moción -insisto- porque cuando se jalea y se apoya esos movimientos sociales, su autoridad moral decae totalmente,
pues a las alturas que estamos, que yo sepa, todavía su grupo parlamentario no ha pedido la disolución de la organización terrorista ETA, que ha venido sistemáticamente atentando contra el derecho a la vida de muchísimos españoles. Y, señor
Larreina, le digo más, si el informe del secretario general del Consejo de Europa se hubiese referido a España para ver la violación de los derechos humanos en los últimos años, no le quepa a usted ninguna duda que la organización terrorista ETA
hubiera salido en ese informe. Es más, su grupo parlamentario hubiera salido muy mal parado, puesto que el Gobierno y los gobiernos anteriores han defendido siempre la democracia, el Estado de derecho, los Estados fundamentales, la dignidad de la
persona, la integridad, la no discriminación, la justicia y el Estado de derecho. Por todas esas razones, señoría, como podrá usted comprender, no es que no podamos apoyar su moción, es que vamos a votar en contra porque todo lo que usted exige en
la misma se viene cumpliendo suficientemente en el Estado español.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Puche. (El señor Larreina Valderrama pide la palabra).
Señor Larreina, el tema está debatido. Si es una alusión de carácter personal, tiene usted un minuto.
El señor LARREINA VALDERRAMA: Señor presidente, por un tema de alusión, no voy a entrar en el fondo del debate.
Por parte del portavoz del Partido Popular se ha dicho que no teníamos ninguna autoridad moral o que nuestro grupo parlamentario faltaba a la moral. Quiero dejar muy claro, una vez más, nuestro posicionamiento claro, inequívoco y sin
ninguna duda. En la intervención con el ministro lo dejé claro, incluso hablé de la disolución que usted ha señalado que no se ha dicho. Escuchen más y lean el 'Diario de Sesiones'. Hablé de ello, hablé de los estatutos de Sortu, de la postura de
las cuatro fuerzas políticas que forman la coalición de Amaiur, de que tenemos un compromiso claro en contra de cualquier vulneración de derechos humanos y, por supuesto, ni hemos aplaudido ni hemos jaleado ninguna vulneración de derechos humanos.
Nuestro compromiso es claro e inequívoco y no permitimos que se ponga en duda. Hemos anunciado recientemente que a cualquier medio de comunicación que nos vincule con ETA lo llevaremos a los tribunales. Para que quede claro. Y aquí volvemos a
decir que no admitimos ninguna vinculación con ninguna vulneración de derechos humanos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Señor Puche.
El señor PUCHE RODRÍGUEZ-ACOSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Larreina, yo he dicho que su moción hubiera tenido más credibilidad y más autoridad moral -y lo vuelvo a repetir- si no hubiese venido de la mano de su grupo, porque ustedes no están en condiciones de dar lecciones de democracia a
nadie, y menos a esta casa. (Aplausos). Señor Larreina, se lo digo de verdad con todo el respeto, su grupo parlamentario -no he dicho su grupo político- se mueve en un entorno que, vuelvo a repetir, ha apoyado, ha aplaudido el atentado elemental
contra el derecho a la vida. Es más, señor Larreina, que yo sepa -se lo repito- su grupo parlamentario todavía no ha pedido la disolución de la organización terrorista ETA. Eso es defender la democracia, eso es defender la libertad,
eso es defender los derechos humanos y eso es defender la libertad y la dignidad de las personas. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!). (El señor Larreina Valderrama pide la palabra).
El señor PRESIDENTE: Señor Larreina, no tiene usted la palabra porque ha matizado las palabras y aquí se ha repetido lo mismo. Ha tenido su oportunidad.
El señor LARREINA VALDERRAMA: Hablo en nombre del grupo parlamentario...
El señor PRESIDENTE: No tiene usted la palabra, señor Larreina.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, REGULADORA DE LAS MEDIDAS TRIBUTARIAS PARA LAS RENTAS NO DECLARADAS DE EMIGRANTES RETORNADOS. (Número de expediente 122/000127).
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones.
En primer lugar, toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, reguladora de las medidas tributarias para las rentas no declaradas de emigrantes retornados. Hay tres votos emitidos telemáticamente.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323 más tres votos telemáticos, 326; a favor, 147 más 2 votos telemáticos, 149; en contra, 171 más 1 voto telemático, 172; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: No se toma en consideración.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, DE PROHIBICIÓN DE PROSPECCIONES Y EXPLOTACIONES DE HIDROCARBUROS NO CONVENCIONALES MEDIANTE FRACTURA HIDRÁULICA (FRACKING). (Número de expediente 122/000086).
El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley de La Izquierda Plural, de prohibición de prospecciones y explotaciones de hidrocarburos no convencionales mediante fractura hidráulica, fracking. Hay tres votos emitidos
telemáticamente.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324 más 3 votos telemáticos, 327; a favor, 126 más 2 votos telemáticos, 128; en contra, 174 más 1 voto telemático, 175; abstenciones, 24.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración.
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A IMPULSAR LA ENTRADA EN VIGOR DE LA NUEVA ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2014-2020. (Número de expediente 162/000950).
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Popular, relativa a impulsar la entrada en vigor de la nueva estrategia española de seguridad y salud en el trabajo 2014-2020. Se vota en sus propios términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 175; en contra, 126; abstenciones, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA TARIFA ELÉCTRICA APLICABLE A REGADÍOS. (Número de expediente 162/000889).
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Socialista, sobre la tarifa eléctrica aplicable a regadíos. Se vota incluyendo la enmienda propuesta por el Grupo Catalán de Convergència i Unió.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 152; en contra, 172.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE EL CAMBIO DE MODELO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTRODUCIDO POR LA LOMCE, QUE LA DEVALÚA, Y LAS CONSECUENCIAS DE SU APLICACIÓN. (Número de expediente 173/000155).
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Catalán de Convergència i Unió, sobre el cambio de modelo de formación profesional introducido por la Lomce, que la devalúa, y las consecuencias de su aplicación. Hay un texto transaccional, con una
enmienda del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 144; en contra, 174; abstenciones, 6.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR LARREINA), SOBRE PROPÓSITOS DEL GOBIERNO PARA CORREGIR LA EROSIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES. (Número de expediente 173/000152).
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Mixto, señor Larreina, sobre propósitos del Gobierno para corregir la erosión de derechos fundamentales. Se vota en sus propios términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 28; en contra, 283; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se suspende la sesión.
Eran las nueve y veinticinco minutos de la noche.
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