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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 697, de 25/11/2014
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 697
JUSTICIA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ALFREDO PRADA PRESA
Sesión núm. 39
celebrada el martes,
25 de noviembre de 2014
ORDEN DEL DÍA:
Debate sobre:
- Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judicial y de los juzgados y tribunales de Justicia, así como memoria del Tribunal Supremo, correspondientes al año 2013. A petición propia. (Número de
expediente 245/000005).... (Página2)
Comparecencia del señor presidente del Consejo General del Poder Judicial (Lesmes Serrano), para presentar e informar a la Cámara en relación con la memoria anual sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder
Judicial y de los juzgados y tribunales del año 2013. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/001764).... (Página2)
Se abre la sesión a las doce del mediodía.
DEBATE SOBRE:
- MEMORIA SOBRE EL ESTADO, FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Y DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE JUSTICIA, ASÍ COMO MEMORIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013. A PETICIÓN PROPIA. (Número de
expediente 245/000005).
COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (LESMES SERRANO), PARA PRESENTAR E INFORMAR A LA CÁMARA EN RELACIÓN CON LA MEMORIA ANUAL SOBRE EL ESTADO, FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER
JUDICIAL Y DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DEL AÑO 2013. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/001764).
El señor PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Posada Moreno): Se abre la sesión.
Señorías, quiero dar mi más cordial bienvenida al Congreso de los Diputados al excelentísimo señor presidente del Consejo General del Poder Judicial, que viene para presentar la memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del
Consejo General del Poder Judicial y de los juzgados y tribunales correspondientes al año 2013. Aprovecho esta ocasión y esta apertura para dar también la bienvenida a los vocales del consejo que nos acompañan hoy en esta Comisión de Justicia.
Declaro abierta la sesión de la Comisión de Justicia y dejo ahora la Presidencia al presidente de la Comisión, don Alfredo Prada, para que a partir de este momento sea el que dirija el debate.
Muchas gracias. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, quiero en primer lugar reiterar la bienvenida que el presidente de la Cámara ha realizado a nuestro compareciente, el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, así como también
a los vocales que le acompañan y al resto del equipo. Creo que esta bienvenida la puedo realizar en nombre de todos los miembros de la Comisión de Justicia.
Voy a explicar a sus señorías algo que seguramente conozcan porque no es la primera vez que tenemos este modelo de debate. Inclusive el propio presidente actual, don Carlos Lesmes, ya compareció en el mes de mayo para presentar la memoria
correspondiente al año 2012. Hoy, como ha dicho el presidente de la Cámara, comparece para presentar la memoria del año 2013. Agradecemos al presidente del Consejo General del Poder Judicial el esfuerzo de que antes de que finalice el año se haga
una doble comparecencia en una anualidad, cosa que no es lo habitual. Seguramente, muchos de los portavoces le dirán que hay que intentar que para el año que viene la comparecencia la podamos realizar con anterioridad para hablar de temas de más
actualidad, es decir, que la memoria de 2014 no se presente casi a punto de finalizar el año 2015, sino a la mayor brevedad, pero serán los portavoces los que se lo manifiesten.
Yo quiero señalar que cada grupo parlamentario va a tener un primer turno de quince minutos después de que hable el presidente, que no tiene límite de tiempo. Luego habrá una contestación del presidente del Consejo General del Poder
Judicial a los distintos grupos parlamentarios, también sin límite de tiempo, y un turno de réplica de los grupos parlamentarios por un máximo de diez minutos. El orden siempre será de menor a mayor y cerrará este debate el presidente del Consejo
General del Poder Judicial. Dado que hay dos oportunidades de intervención, esta Presidencia va a ser un poco estricta en la medida de los tiempos, porque tienen sus señorías los quince minutos iniciales y diez minutos con posterioridad, es decir,
yo creo que tiempo suficiente para manifestar cuantas cosas consideren oportunas, salvo que algún portavoz me diga que quiere acumular y renuncie a su segunda intervención.
Sin más, señorías, como les decía, le corresponde en primer lugar la palabra al presidente del Consejo General del Poder Judicial y presidente del Tribunal Supremo, don Carlos Lesmes.
El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (Lesmes Serrrano): Muchas gracias, señor presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.
Señorías, miembros de esta Mesa y de la Comisión de Justicia presentes en la sala, vocales del Consejo General del Poder Judicial, profesionales de los medios de comunicación, señoras y señores, el 13 de mayo de este mismo año comparecí por
primera vez ante esta Cámara como presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. En esa ocasión presenté los principales objetivos que el Consejo General del Poder Judicial se había marcado para nuestro mandato y avancé
los datos de la
justicia de España actualizados a enero de 2014. Manteniendo ese mismo compromiso de facilitar los datos actualizados periódicamente ante esta Cámara, así como de hacer coincidir en la medida de lo posible la comparecencia con la entrega de
la memoria a su majestad el rey, comparezco hoy ante ustedes. La memoria que acabamos de entregar el 8 de octubre corresponde al año 2013, por lo que los datos recogidos en ella ya se adelantaron en mi primera comparecencia realizada en el mes de
mayo. Aun así, hemos considerado importante cumplir con el compromiso adquirido ante esta Cámara y, aunque no tiene sentido repetir el análisis de los datos de 2013, sí nos parece necesario avanzar datos de la justicia en España en 2014, año en el
que nos encontramos.
Antes de comenzar, me gustaría señalar que nuestro trabajo ha sido intenso durante este casi primer año de mandato, siempre con la mirada puesta al servicio de la carrera judicial, a la que nos corresponde gobernar, de la Administración de
Justicia y de los ciudadanos, destinatarios últimos de nuestra actividad. Algunos logros relevantes se han conseguido estos meses, aunque somos conscientes de lo mucho que queda por hacer. Quiero aprovechar este momento para trasladar mi
felicitación y agradecimiento a todos los vocales del Consejo General del Poder Judicial por la extraordinaria labor que han desarrollado durante este primer año de mandato, reconociendo el esfuerzo que muchos de ellos han tenido que hacer al
compatibilizar el ejercicio de sus respectivas profesiones y su labor en este órgano constitucional. Del mismo modo, traslado mi gratitud y reconocimiento a los jueces y magistrados que durante este año, y como es habitual en ellos, han demostrado
su profesionalidad, esfuerzo y compromiso con los ciudadanos. Señorías, los jueces y las juezas españoles no olvidan que son servidores públicos, conscientes de las necesidades que hoy plantea la sociedad española, de sus problemas y dificultades,
por lo que procuran desarrollar sus funciones con elevada profesionalidad y sentido del deber, al objeto de garantizar desde la ley y con respeto al Estado de derecho un espacio común de convivencia, paz y libertad.
Así pues, voy a estructurar mi comparecencia en tres grandes bloques: en primer lugar, la rendición de cuentas de los compromisos adquiridos ante esta Cámara y en las posteriores resoluciones de la misma; en segundo lugar, presentaré
brevemente un avance de los datos de la justicia en España durante el primer semestre de 2014; y por último, expondré algunas concretas reflexiones personales y líneas de actuación del Consejo General del Poder Judicial. No puedo empezar la
rendición de cuentas de otra forma que no sea recordando que hoy, 25 de noviembre, ha sido declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el Día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres. Por ello, quiero
manifestar el firme compromiso y responsabilidad del Consejo General del Poder Judicial en la lucha contra la violencia contra la mujer. La violencia contra la mujer no solo destruye vidas, sino que además impide el desarrollo de los derechos, la
igualdad de oportunidades y la libertad de la mujer en todos los estratos sociales, en todos los lugares y en todas las formas de relación entre hombres y mujeres.
Los datos de víctimas mortales durante 2014 consecuencia de la violencia de género son dramáticos, cuarenta y cuatro víctimas, de las cuales catorce tenían un antecedente judicial previo al fallecimiento. Desde el Observatorio contra la
violencia doméstica y de género, cuya presidencia ostenta el Consejo General del Poder Judicial, consideramos que la educación, la sensibilización y la formación de los operadores jurídicos son las piezas claves para combatir la violencia de género
y dar una respuesta eficaz a sus víctimas. Durante el año 2014 han sido muchas las actuaciones realizadas con el objetivo de terminar con esta lacra y se han conseguido logros importantes, pero evidentemente, teniendo en cuenta los datos, queda
mucho por hacer.
Enumeraré, no obstante, algunos de estos avances, dando respuesta así a un recurrente y compartido interés de sus señorías. En primer lugar, se ha mejorado la respuesta judicial a través del incremento del número de órganos judiciales
especializados. En la actualidad, contamos con ciento seis juzgados de violencia sobre la mujer especializados, trescientos cincuenta y cinco compatibles, veinticuatro juzgados de lo penal especializados y setenta y dos secciones de las audiencias
provinciales. En segundo lugar, hemos solicitado la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para introducir la formación especializada obligatoria, previa para órganos con competencias en violencia sobre la mujer, y se ha procedido a
actualizar el curso. En tercer lugar, igualmente, se ha fomentado con carácter transversal la formación continua especializada no obligatoria en violencia de género en toda la actividad formativa del Consejo General del Poder Judicial. Se ha
impulsado, además, la mejora de los mecanismos de protección de las víctimas a través de la firma de protocolos con diversas instituciones, como el Ministerio de Justicia, en materia de control telemático de las medidas de alejamiento, en relación
con la ampliación para penas de alejamiento y a los sistemas de alarmas de aviso por SMS a víctimas de violencia de género.
Hemos colaborado, además, en el diseño de un nuevo mapa judicial, teniendo en cuenta los servicios asistenciales a víctimas mediante la propuesta de agrupación de partidos judiciales para mejorar la respuesta judicial y optimizar los
recursos disponibles. Se han publicado informes, como el del estudio de sentencias de asesinatos y homicidios en el ámbito de la pareja y expareja; han tenido lugar reuniones institucionales y se ha renovado el equipo del grupo de expertos y
expertas del observatorio. Además, durante este mandado, el observatorio ha sido reconocido por instituciones internacionales en sus documentos -Parlamento Europeo y Comisión Europea a través del Instituto Europeo de Igualdad de Género- como un
referente y una fuente fiable de información en materia de violencia de género. También varios grupos parlamentarios introdujeron enmiendas al proyecto del artículo 610 de la ya aprobada Ley Orgánica 4/2013, de reforma del Consejo General del Poder
Judicial, por la que se modificó la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, mencionando la eficacia demostrada del observatorio en lucha contra esta lacra social. Confiamos en que, en las próximas comparecencias y con el apoyo y
colaboración de todos los operadores involucrados en la lucha contra la violencia de género, podamos dar a conocer datos más esperanzadores. Desde el consejo general nos comprometemos a seguir trabajando intensamente para que así sea. Además, el
Consejo General del Poder Judicial destinará los recursos necesarios para realizar, de forma permanente, un estudio jurídico de la infancia en donde naturalmente tendrán cabida los episodios de violencia que les afecten. En este tema, el consejo
general ha tomado buena nota de la resolución de la Cámara al objeto de incorporar a las tareas del observatorio contra la violencia doméstica y de género la nueva dimensión que requieren los casos de violencia de menores contra progenitores,
mayores en convivencia y otros supuestos.
Señorías, uno de nuestros principales compromisos con los ciudadanos y con la carrera judicial que trasladé a esta Cámara fue el de transparencia. El 2 de julio de 2014, el Consejo General del Poder Judicial firmó un convenio marco de
colaboración con Transparencia Internacional España y ese mismo día se inauguró el portal de transparencia del Consejo General del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial ha querido adelantarse seis meses a la entrada en vigor de la
ley en la materia propia de transparencia, la Ley 19/2013, e ir incluso más allá de las exigencias legales, constatando su claro compromiso por cumplir con el objetivo de transparencia y buen gobierno como órgano constitucional del Estado. La razón
fundamental para adelantarnos a la entrada en vigor de la ley es la absoluta vocación del Consejo General del Poder Judicial de servicio público, de servicio a los jueces y de servicio a los ciudadanos, que son los destinatarios finales de todo
nuestro trabajo. La transparencia como principio de actuación juega en nuestra institución un relevante papel, en primer lugar, como compromiso de todos los miembros del consejo de desarrollar la actividad que le corresponde a esta institución con
total publicidad y sin secretismo alguno, a la vista de los jueces y de los ciudadanos como fórmula exigente para un mejor gobierno. Y, en segundo lugar, con voluntad de hacer todo lo posible para que también la Administración de Justicia y sus
órganos de gobierno incorporen la transparencia como un principio constante de actuación.
Cuando las decisiones que deben adoptarse desde el sector público, sus fundamentos y causas, se someten al examen de su publicación íntegra se genera de manera espontánea un filtro de calidad y corrección en la actuación de los poderes
públicos. En este sentido, el Consejo General del Poder Judicial publica en su portal de transparencia todos los datos relacionados con su gestión presupuestaria, su actividad contractual, la administración de sus bienes inmuebles, todas las
retribuciones e indemnizaciones de sus altos cargos y de su personal, la actividad institucional, así como la política de subvenciones. En los procesos selectivos para el nombramiento de los altos cargos judiciales, los magistrados del Tribunal
Supremo y los presidentes de los tribunales, se ha ido incorporando al portal de transparencia, además del currículum de los candidatos que participan en el proceso selectivo, los videos con el desarrollo de las entrevistas realizadas a cada uno de
ellos, haciendo público todo el material que es tenido en cuenta para la decisión; sus contenidos estáticos y menos variables además se encuentran traducidos al catalán, gallego y euskera, así como al francés y al inglés.
En el entorno público, se ofrece información de las instituciones judiciales, acercándolas a la ciudadanía. Se da acceso a más de 5,5 millones de resoluciones y se ofrece una serie de servicios que pueden ser utilizados on line. Asimismo,
mediante la dirección de contacto webmaster, los ciudadanos y ciudadanas pueden relacionarse con el Consejo General del Poder Judicial planteando preguntas, sugerencias, dudas y quejas on line también. En esta misma línea, la comisión permanente
del consejo del pasado martes, 18 de noviembre, aprobó el protocolo de acceso a la información pública referido en el artículo 21.3 de la Ley 19/2013, de Transparencia, incorporando singulares avances respecto de los mínimos exigidos por la referida
ley. Uno de los aspectos más novedosos de ese protocolo es la no
necesidad de identificación en las peticiones ordinarias de acceso, cerrando definitivamente el círculo de implementación en el consejo de la Ley 19/2013, ley que -quiero recordar- aún no ha entrado en vigor.
Como fruto de la mejora constante del portal web, el pasado día 19 se ha publicado una nueva configuración del mismo orientado a un acceso en movilidad a través de teléfonos y tabletas, que implica la mejora en la accesibilidad a la gran
cantidad de contenidos y servicios que este portal de transparencia ofrece, simplificando la navegación y eliminando páginas intermedias. Teniendo en cuenta los datos de acceso al portal de transparencia, podemos constatar que la aceptación por
parte de los ciudadanos y del resto de las instituciones ha sido muy positiva, con más de 18.000 accesos desde su implantación. Queremos ser referentes en esta materia en España y seguimos trabajando en ella, convencidos de la importancia de la
transparencia y buen gobierno.
Otro de los compromisos adquiridos desde el primer día de nuestro mandato, y también ante esta Cámara en la pasada comparecencia, fue la austeridad, fomentando la eficiencia y racionalización de los recursos, sin menoscabo de sus funciones,
y manteniendo el cumplimiento de los objetivos que la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial marca al consejo e incrementando, en la medida de lo posible, los servicios que se prestan a los miembros de la carrera judicial, fomentando esa
eficiencia y racionalización de recursos. En este sentido, y tal como se puede comprobar en el portal de transparencia, se ha mejorado la ejecución del presupuesto conteniendo el gasto y reduciendo además este presupuesto, como ya anunciamos en la
anterior comparecencia. Siguiendo esta línea de actuación, el proyecto de presupuesto para 2015 contiene una reducción del 5,30 % con respecto al ejercicio anterior, reduciéndose partidas, como la de gastos de viajes de altos cargos, un 23 %, y la
de gastos de carácter protocolario de este colectivo, un 20 %.
En otro orden de cosas, recordarán que en aquella comparecencia del mes de mayo les hablé de la necesaria cercanía y apoyo a nuestros jueces. El Consejo General del Poder Judicial trabaja por y para los jueces; ellos son los destinatarios
directos de nuestras actuaciones, porque el consejo general tiene una función esencialmente prestacional en relación con las distintas incidencias del instituto profesional de la carrera judicial. Mantenemos intacto nuestro firme compromiso de
conseguir que el consejo sea la casa de todos los jueces, y para ello hemos mantenido reuniones durante estos meses con jueces y magistrados de las distintas jurisdicciones, de las distintas comunidades autónomas y con los jueces decanos y con los
presidentes de los tribunales superiores de Justicia. En esta línea de trabajo, les adelanto que en los próximos años se procurará potenciar la agilización y la eficacia administrativa ya iniciada desde el comienzo del mandato del actual consejo en
los siguientes aspectos. Queremos dotar a nuestros servicios técnicos de mayor agilidad en la respuesta al usuario del servicio de personal judicial mediante la implantación de un nuevo sistema de gestión gubernativa. Queremos ofrecer certeza y
previsibilidad de la respuesta a la carrera judicial mediante la homogeneización, publicación y distribución entre los miembros de la carrera del criterio del Consejo General del Poder Judicial sobre aspectos de interés profesional, como pueden ser
las materias relativas a compatibilidades, licencias formativas, de enfermedad, concurso de traslado, jubilación anticipada y un largo etcétera. Queremos potenciar la oferta de información relevante en nuestra página web y regular el régimen de
actuación de los jueces de adscripción territorial al objeto de dotar de mayor precisión los supuestos excluidos de las adscripciones, los criterios para efectuar esas adscripciones entre los distintos órganos jurisdiccionales y partidos de la
provincia y las particularidades de la adscripción en refuerzo.
Por otra parte, el Consejo General del Poder Judicial, a través de su Centro de Documentación Judicial, trabaja prestando apoyo documental constante a las necesidades de información de los componentes de la carrera judicial. En el último
año, se ha incrementado la base de datos de jurisprudencia pública y fondo documental en 193.144 resoluciones, alcanzando a día de hoy un total de más de 5.600.000. En ese mismo periodo se han publicado en nuestro fondo documental 18.465
resoluciones analizadas, ascendiendo en la actualidad a casi 190.000. Asimismo, a lo largo de este año, este consejo ha dado impulso definitivo para desarrollar el Plan de prevención de riesgos, cuyo texto definitivo se estudiará en la comisión
permanente antes de final de año, como instrumento esencial para impulsar la política de prevención, sirviendo de guía para el desarrollo e implantación de las acciones preventivas necesarias: el protocolo de actuación frente al acoso, las
evaluaciones iniciales de riesgo y la planificación de las actividades preventivas; actividades estas que se incorporan a las de formación, información y reconocimientos médicos de salud profesional, que, al objeto de contribuir a la mejora física,
psicológica y social de la carrera judicial, ya se vienen desarrollando. Además, el Consejo General del Poder Judicial está elaborando un protocolo de acoso sexual por razón de
sexo discriminatorio y laboral conjuntamente con la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y con la participación de todas las asociaciones judiciales.
En mi anterior comparecencia, también aludí a aspectos que para nosotros tienen una especial trascendencia, como son la independencia, la responsabilidad y la profesionalidad de nuestros jueces. Ello es así en tanto que la excelencia, la
independencia y responsabilidad de la carrera judicial son los ejes centrales de nuestro compromiso con la justicia en España, pues solo desde el aseguramiento de estos principios de actuación podrá prestarse el mejor servicio al ciudadano.
Apostamos firmemente por la excelencia a través de la formación y de una política de nombramientos discrecionales que reconozcan exclusivamente el mérito y la capacidad y se realicen desde el mayor consenso posible porque eso garantiza también la
valía de los elegidos. El programa de formación permanente, desarrollado durante el año 2014, contiene una temática diversa, no solo jurídica, en la que, junto con cuestiones estrictamente de derecho, como las modificaciones legales, las
aportaciones doctrinales o la evolución de nuestra doctrina jurisprudencial, se intenta potenciar la formación en materia de transparencia y ética, al igual que en lo relativo a igualdad y no discriminación, violencia de género, mediación, formación
a distancia, derecho comunitario, contabilidad e idiomas. En este aspecto hemos intentado que la formación permanente se plantee no solo como una mera impartición de contenidos, sino también como lugar de encuentro e intercambio.
Para la correcta ejecución del Plan de formación, el consejo general ha dotado a su servicio de formación continua de un presupuesto para 2014, sin contar gastos de personal, por importe de 3.431.730 euros, estando prevista para 2015 una
dotación, a pesar del ajuste presupuestario, prácticamente igual, de 3.419.257 euros, a lo que se suman los notables recursos humanos, técnicos y de otra índole de que dispone nuestro servicio de formación. En este contexto, quiero destacar que
hasta el 17 de noviembre de este año, es decir, hasta la pasada semana, se han realizado con gran éxito, tanto de participación como de contenidos, un total de 290 acciones formativas, 180 en el marco del Plan estatal y 110 en el descentralizado,
con un total de 2.759 asistentes, quedando a la finalización de cada actividad toda la documentación docente obtenida, conclusiones de seminarios y ponencias de cursos a disposición de toda la carrera judicial a través de la extranet del Centro de
Documentación Judicial.
En cuanto a los nombramientos discrecionales, durante este mandato se han realizado más de 60, incluyendo 14 letrados del consejo. Estos nombramientos han obtenido de media un 75% de apoyo. Aprovecho en este punto para señalar que este
significativo alto nivel de acuerdo en las decisiones adoptadas en el Pleno también se ha puesto de manifiesto en la aprobación de los informes ya que de un total de veintitrés informes aprobados, diecisiete lo fueron por unanimidad. También en
esta búsqueda de la excelencia de nuestros jueces estamos trabajando con la carrera judicial en la elaboración de un código ético, código que ya anunciamos en nuestra anterior comparecencia. Puedo afirmar que dicho código se encuentra en una fase
de participación de los jueces, diálogo que responde al modelo de gobierno abierto que ya inició este Consejo General del Poder Judicial con el proceso de alegaciones al anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La aprobación de este
código ético nos colocará junto a los países de nuestro entorno, que en su mayor parte ya lo han hecho, respetando los instrumentos internacionales en esta materia.
Por lo que se refiere a la responsabilidad de la carrera judicial, resulta evidente que el sistema constitucional reclama de los jueces nuevas cualidades profesionales que les permitan cumplir con la decisiva función de ser promotores de la
confianza colectiva. Para ello no basta solo el conocimiento exhaustivo del derecho; el juez debe juzgar, pero también reconocer al justiciable como ciudadano y ser a su vez juzgado por este, reconocido como autoridad legítima en el ejercicio de
su función. En la tarea de juzgar debe existir un mutuo reconocimiento, del que surge sin duda la más intensa experiencia de justicia; de ahí el compromiso del consejo general para asegurar la plena responsabilidad de los jueces ante los
ciudadanos y su régimen disciplinario. La profesionalidad de los jueces españoles es incuestionable y admirable su compromiso con la justicia y el Estado de derecho, pero tenemos que asegurar la confianza de los ciudadanos en los jueces, porque en
la mayoría de los casos son el último recurso del que disponen para solucionar sus problemas.
Por otro lado, y en relación con la figura del promotor de la acción disciplinaria, he de significarles que durante este mandato, a fecha 17 de noviembre, se han recibido un total de 12.441 quejas y denuncias; lo que supone un descenso del
10 % con respecto de las recibidas en el mismo periodo del ejercicio anterior en la unidad de atención al ciudadano, que es una unidad administrativa de gestión global de escritos relacionados con el funcionamiento de juzgados y tribunales. Por
otra parte, se han incoado en la
unidad de actuaciones previas -unidad de encaje propiamente disciplinario y, por esencia, más reducido- 774 informaciones previas, dato que revela que se ha superado el total de informaciones incoadas en el año 2013, que fueron un total de
423; lo que representa un incremento del 196,4% respecto del año anterior. En este periodo se han incoado, además, por el promotor un total de 32 expedientes disciplinarios, siendo 23 de ellos incoados por retraso y desatención en el ejercicio de
los deberes judiciales y, de todos ellos, un total de 8 fueron resueltos por archivo sin declaración de responsabilidad disciplinaria.
Mención especial merece la cuestión de las cargas de trabajo. Como ustedes saben, el Tribunal Supremo, en sentencia del pasado 9 de octubre de este mismo año, anuló el acuerdo del Pleno del consejo de 19 de septiembre de 2013 y, tras la
entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2013, el modelo de medición de carga de trabajo de juzgados y tribunales no puede ser objeto de desarrollo reglamentario únicamente por parte del Consejo General del Poder Judicial al disponerlo así el artículo
560.1.21.ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que atribuye dicha competencia conjuntamente al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio de Justicia, debiendo ser en su caso oídas las comunidades autónomas cuando afectare a materias de
su competencia.
Así, dicho precepto establece que el consejo tiene la siguiente atribución: elaborar y aprobar, conjuntamente con el Ministerio de Justicia y en su caso oídas las comunidades autónomas cuando afectare a materia de su competencia, los
sistemas de racionalización, organización y medición de trabajo que estimen convenientes para determinar la carga de trabajo que pueda soportar un órgano jurisdiccional. Ahora bien la determinación de la carga de trabajo a efectos internos que cabe
exigir a cada juez o magistrado corresponderá en exclusiva al Consejo General del Poder Judicial, tal y como se desprende del tenor literal del apartado segundo de ese precepto, que a efectos disciplinarios atribuye dicha competencia en exclusiva a
este órgano constitucional, lo que comporta que en otros aspectos menores, como las autorizaciones de compatibilidad, licencias, etcétera, no resulte discutible esta competencia. En la actualidad no existe ningún informe distinto de aquellos que
dieron lugar al acuerdo del pleno del Consejo General del Poder Judicial, que ha sido anulado por la sentencia del Tribunal Supremo. No obstante, en la reunión de la Comisión mixta Ministerio de Justicia-Consejo General del Poder Judicial,
celebrada el pasado 11 de noviembre, se ha acordado iniciar los trabajos preliminares que deben conducir a la aprobación conjunta de los sistemas de racionalización, organización y medición de trabajo, y a tal fin se ha constituido un grupo de
trabajo que, por parte del consejo general, estará integrado por responsables del servicio de inspección, del gabinete técnico, y de la sección de oficina judicial, así como por otros miembros designados por el Ministerio de Justicia.
Otro de los ejes sobre los que fundamentamos nuestra anterior comparecencia radicó en el compromiso institucional, y efectivamente aquí y ahora reiteramos nuestra más firme voluntad de colaboración permanente con todas las instituciones y
operadores que intervienen en la Administración de Justicia de España. Desde la comparecencia en mayo de este año se han aprobado, como ya he dicho, 23 informes, anteproyectos de ley, decretos y órdenes ministeriales, entre los que destaca sin duda
el informe al anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial, siempre y en todos ellos con la finalidad de contribuir a la mejora y enriquecimiento de los mismos.
También ha sido objeto de preocupación para este consejo el uso de las lenguas autonómicas cooficiales en la Administración de Justicia. Sobre esta cuestión hay que comenzar señalando que el consejo general solo puede actuar en el ámbito
del conocimiento y uso por parte de jueces y magistrados, en la certeza de que esto no resulta suficiente para el desarrollo de los procesos judiciales en las lenguas autonómicas. A pesar de esta dificultad el consejo general, como no puede ser de
otra forma, manifiesta su más absoluto respeto por el uso de estas lenguas en el ámbito de la Administración de Justicia, y en su firme voluntad de que los derechos lingüísticos de la ciudadanía queden garantizados. En esta convicción el Consejo
General del Poder Judicial viene desarrollando acciones en las siguientes áreas: primero, en el ámbito de formación, donde merece destacarse el programa de euskaldunización del que se han aprovechado más de doscientos jueces. En segundo lugar, en
el ámbito tecnológico, donde me satisface poder decirles que los compromisos que adquirí en esta misma Cámara en mi anterior comparecencia son hoy una realidad. Así, la página web del consejo general ya se encuentra disponible en todos los idiomas
cooficiales, y en cuanto al test de compatibilidad de las aplicaciones informáticas hemos incluido como requisito para su superación la lengua autonómica en aquellas comunidades con idiomas cooficiales. En tercer lugar, en el ámbito de la promoción
profesional, los jueces que acrediten a través de un título oficialmente reconocido el conocimiento del idioma autonómico gozan de un mérito preferente, con reflejo en el escalafón, en el caso de que quieran desarrollar su función en dichas
comunidades autónomas.
Además de esto el consejo general sugirió en su informe al anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial que los jueces, con carácter previo al inicio de las actuaciones judiciales, ofreciesen a las partes la posibilidad de elegir el uso
de una u otra lengua.
En cuanto al número de sentencias dictadas en estas lenguas por los órganos colegiados, que son los datos de los que disponemos por haber sido publicados en la base de datos de jurisprudencia, en el portal web del Poder Judicial, durante el
año 2014 -hasta el mes de octubre- aparecen 3.014 en catalán, 338 en gallego, y una en euskera. Las sentencias totales que obran en la base de datos de jurisprudencia del Poder Judicial en estas lenguas son 53.927 en catalán, 10.045 en gallego y 12
en euskera. El consejo general corrobora una vez más su compromiso en la promoción y fomento del uso de las lenguas autonómicas en nuestros juzgados y tribunales, con el desarrollo en el ámbito de sus competencias de todas las actuaciones a su
alcance.
Otra línea de trabajo que hemos venido desarrollando durante este año tiene que ver con la discapacidad. Así, por lo que se refiere a las medidas para el efectivo cumplimiento de la reserva de cupo a personas con discapacidad, cabe destacar
que el consejo general, en su compromiso con la garantía de plena integración de las personas que tienen algún tipo de discapacidad, y en cumplimiento de la Constitución y de las leyes, reserva un cupo no inferior al 5 % en las oposiciones y
concursos que publica. Asimismo el consejo general, en su compromiso por garantizar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, ha ido adoptando decisiones, como la de la Comisión permanente de 13 de mayo de este año, en virtud
de la cual se resuelve la posibilidad de que un candidato invidente pueda acceder a la carrera judicial, para el caso de llegar a superar el proceso selectivo correspondiente, debiéndose desarrollar en puestos compatibles o adaptados a sus
capacidades. Finalmente, entre los criterios recientemente aprobados para el ingreso en el cuerpo de letrados del Consejo General del Poder Judicial figura la reserva de un 10 % de las plazas por convocatoria para personas con discapacidad.
Estos son, señorías, algunos de los compromisos que formalicé en mi primera comparecencia ante esta Cámara, y que por su significación me he permitido poner de manifiesto de modo singular. Solo me queda reseñar que todas y cada una de las
resoluciones que oportunamente se formularon por los distintos grupos parlamentarios con ocasión de aquella fueron debidamente cumplimentados a la mayor brevedad, y constan incorporados por anexo a la propia memoria cuya presentación formal nos ha
convocado hoy aquí, y que obra debidamente resaltada en nuestra página web.
Paso ahora, señorías, a efectuar la radiografía de la justicia en España teniendo en cuenta que los datos que les ofrezco no son los de la memoria presentada, a los que ya me referí en la comparecencia de mayo, sino los datos referidos a los
seis primeros meses del presente año. Al respecto hay que señalar que la litigiosidad en nuestro país es de las más altas de Europa, lo que determina una alta carga de trabajo de nuestro sistema judicial, incidiendo en su congestión así como en los
plazos empleados para resolver. Esta circunstancia se hace también presente en estos últimos datos estadísticos referidos -los del primer semestre del 2014- y de los que paso a dar cuenta, destacando que es la primera vez que en sede parlamentaria
se ofrecen datos referidos a hace solo tres meses. En cuanto al movimiento de asuntos podemos indicar que han ingresado 4.424.561 asuntos durante este periodo, habiéndose resuelto 4.569.211, encontrándose en trámite a 30 de junio de este año
2.539.665, y habiéndose dictado un total de 846.823 sentencias. Destaca que, de los 4.424.561 asuntos ingresados, 3.125.276 corresponden a la jurisdicción penal, resolviéndose en esta jurisdicción 3.221.487 asuntos, y estando en tramitación a 30 de
junio de 2014, 959.502. En este orden jurisdiccional, el penal, se dictaron en este semestre 379.897 sentencias. En cuanto a la jurisdicción civil se ingresaron 963.463 asuntos, habiéndose resuelto 994.687 durante el semestre de referencia,
estando en trámite, a 30 de junio de 2014, 998.283. En este orden jurisdiccional se dictaron en el semestre 263.906 sentencias. En la jurisdicción contencioso-administrativa ingresaron en el semestre 106.398 asuntos, se resolvieron 127.748, y se
encontraban en trámite, a 30 de junio de 2014, 235.767. El número de sentencias dictadas en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo ascendió a 83.648. En la jurisdicción social ingresaron 229.259 asuntos, de los cuales se resolvieron
225.138, encontrándose en tramitación, a fecha 30 de junio de 2014, 346.001 asuntos. En el orden jurisdiccional social se dictaron 119.280 sentencias.
Comparando los datos del primer semestre de 2014 con el primer semestre de 2013 destacamos la siguiente evolución de las tasas. La tasa de litigiosidad global para todas las jurisdicciones, que es de 94,7, no sufre apenas variación, la
variación es del 0,6, destacando un aumento de un 13,3 % de la tasa de litigiosidad en materia civil, y de un 8,5% de la litigiosidad en materia contencioso-administrativa, mientas que la tasa de litigiosidad se ha reducido en la jurisdicción penal
un 2,4 %, y un 7,1 % en la
jurisdicción social. La tasa de resolución global ha disminuido un 2,4 %, la de pendencia ha disminuido también un 2,2 %, lo que constituye un dato positivo, y la de congestión disminuye un 0,7, que también constituye un dato positivo. Por
jurisdicciones, destaca una disminución considerable de la tasa de resolución en la jurisdicción civil, un 12,3 %, y en la contencioso-administrativa un 17,4 %, acorde con el aumento en estas jurisdicciones de la tasa de litigiosidad. En la
jurisdicción social la tasa de resolución ha aumentado un 9,2 %. Destaca también la considerable disminución de la tasa de pendencia en la jurisdicción penal, de un 3,4 %, y en la jurisdicción contencioso-administrativa de un 5,1 %.
En cuanto a las duraciones medias de los procedimientos, y teniendo en cuenta la dificultad para ofrecer datos homogéneos en este sentido, podemos afirmar que las duraciones medias del primer semestre de 2014 han bajado considerablemente
respecto al primer semestre de 2013, un 3,9 % en la primera instancia y un 8,7 % en la segunda instancia. Destaca la reducción de la duración en la primera instancia de la jurisdicción civil, que es del 20,3%, la reducción de la duración en la
jurisdicción penal en la segunda instancia, que es de un 12.2 %, y en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en un 8,1 %. Tanto en la jurisdicción penal como en la jurisdicción contencioso-administrativa se ha reducido la duración media en todas
las instancias. A la vista de estos datos que les acabo de ofrecer podemos concluir que se ha producido una ligera mejoría en la situación de nuestra Administración de Justicia, resolviéndose un mayor número de asuntos de los que han ingresado, y
habiéndose mejorado con carácter general los tiempos de respuesta.
Señorías, en nuestro Estado las instituciones han de ser fiables y sólidas. Su fortaleza y el ejercicio legítimo de su poder es el principal factor de convivencia, de paz, y de progreso social, de cohesión entre españoles, y también de
riqueza y desarrollo económico. La legitimidad de una institución se fundamenta y solo es posible desde el respeto a la ley, expresión de la voluntad general, de manera que solo podremos llamar a un Estado de derecho cuando sus instituciones
ejerzan sus poderes con plena sujeción al ordenamiento jurídico. La garantía del sometimiento al imperio de la ley de los ciudadanos y de los poderes públicos corresponde en última instancia a jueces y magistrados que forman el Poder Judicial. De
esta manera la Administración de Justicia, como institución del Estado, no solo está obligada en su actuación a someterse a la ley, sino que está llamada también a hacerla cumplir. Decimos esto para llamar la atención de que solo será posible la
efectividad del Estado de derecho con una justicia que funcione. Mejorarla no solo depende de los jueces y magistrados ni tampoco de su órgano de gobierno, el Consejo General del Poder Judicial, se deben implicar todos los poderes públicos: el
Parlamento confeccionando buenas leyes; el Gobierno con sus iniciativas legislativas y con la correspondiente dotación económica y presupuestaria para la Administración de Justicia; y también por supuesto las administraciones autonómicas, en el
ejercicio de las competencias que les corresponden. Además no se olviden de que el correcto funcionamiento de los órganos judiciales exige una adecuada dotación de medios materiales, y la colaboración de funcionarios y personal cualificado al
servicio de la Administración de Justicia. Una adecuada dotación y organización de ese conjunto de medios personales y materiales constituye un factor decisivo para la mejora del funcionamiento y actividad del Poder Judicial, y por tanto para la
efectividad del Estado de derecho. En este marco, que es de responsabilidad compartida, el Consejo General del Poder Judicial, en cuyo nombre hoy intervengo, no quiere eludir la que le corresponde como institución del Estado y como órgano de
gobierno de jueces y magistrados en la mejora de la Administración de Justicia y de nuestro Estado de derecho. El ejercicio de esta responsabilidad se desarrolla en una doble vertiente: aquella que nos corresponde propiamente por constituir el
ejercicio de las competencias que la Constitución y la ley nos confieren; y aquella otra que, sin ser genuinamente nuestra, supone impulso y colaboración desde la lealtad institucional con los demás poderes públicos.
Me gustaría hacer partícipe a la Cámara de algunas reflexiones, que seguramente compartirán conmigo, encaminadas a la mejora de la Administración de Justicia, y les expondré asimismo varias de las líneas de actuación emprendidas ya por este
consejo encaminadas a ese mismo objetivo. En primer lugar, hay que contribuir a una mejor organización de la Administración de Justicia. Para afrontar nuestro problema de alta litigiosidad con una justicia de calidad deberían adoptarse diversas
iniciativas: una, sin duda, la necesaria creación de nuevas plazas de jueces, pero además debemos acometer un profundo cambio en el modelo de organización de la justicia española para adaptarla a las necesidades del siglo XXI, sin que ello
signifique necesariamente una ruptura radical respecto a la legislación precedente y actualmente en vigor. Cierto es que no es competencia del Consejo General del Poder Judicial ejercer la iniciativa legislativa conducente a las reformas
necesarias, ni tampoco llevar a cabo actuaciones administrativas en este sentido en los múltiples ámbitos de la Administración de Justicia atribuidos a otros
poderes del Estado, a las comunidades autónomas, pero sí puede y debe, dentro de sus atribuciones y a partir de un principio de lealtad institucional, colaborar con esos poderes a la hora de enfrentarse a las necesidades y demandas sociales
en el ámbito de la justicia, y con la ingente tarea de proceder a su reforma. Dentro de esa legítima y obligada colaboración se encuentra no solo la elaboración de diagnósticos e informes sobre la situación de la justicia, sino también trasladar a
las autoridades competentes las opiniones y sugerencias sobre los necesarios cambios y mejoras en la misma que resultan del mejor banco de pruebas, como es la experiencia día a día recogida por los órganos jurisdiccionales y por los servicios del
mismo Consejo General del Poder Judicial.
La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial ha asistido en torno a cuarenta modificaciones en los últimos treinta años, en sus años de vigencia, lo que sin duda la ha hecho perder la eficacia necesaria que se supone de un texto
orgánico con una estructura y contenido coetáneos, y conforme a una sistemática coyuntural adecuada. Es precisa una nueva organización de nuestros tribunales, tanto territorial como funcional. Es necesaria una redefinición de la carrera
profesional de los jueces, hoy aletargada; el impulso de una oficina judicial moderna con sistemas racionales de trabajo en la que los secretarios judiciales se conviertan en un relevante factor de dinamización de los procesos; la introducción y
la mejora constante del uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación; la potenciación de la seguridad jurídica con un nuevo diseño del recurso de casación y de la posición institucional de nuestro Tribunal Supremo.
En la misma necesidad de cambio incurre la Ley de Planta y Demarcación, de 1988, elaborada precisamente a partir del mandato contenido en la ley de 1985, y que nació entonces como necesidad de desarrollar una normativa que regulase el nuevo
y complejo marco organizativo y financiero que se originó por la creación de tribunales y juzgados de nueva planta, y el cambio de naturaleza, competencia y circunscripción de los que existían en aquel momento. Desde su publicación el sistema de
justicia se ha visto sometido a los cambios de una sociedad que ha desarrollado una transformación verdaderamente singular, tanto cuantitativamente, con un incremento de más de un 15 % de la población, como cualitativamente, con un incremento de la
litigiosidad del cien por cien en los últimos veinte años. El intento de la planta de adaptarse a estos cambios ha condicionado su permanente reforma, y con esta perspectiva se han creado desde entonces, desde 1988, más de 2.500 plazas judiciales,
y diversos órganos de nuevo cuño no previstos en el diseño inicial, tales como los juzgados de Violencia de Género, los juzgados de lo Mercantil, los juzgados de Menores, los juzgados de lo Contencioso-administrativo. En término general el
incremento de unidades judiciales no ha significado una disminución exponencial de la pendencia, lo que acredita la palmaria inadecuación de la organización judicial a la nueva realidad española.
Es preciso además potenciar la eficacia de la justicia penal. El proceso es la herramienta de la que disponen los jueces para resolver los conflictos, para resolver esa ingente litigiosidad -estamos a la cabeza de Europa- que tienen que
abordar. Si analizamos los distintos órdenes jurisdiccionales -el civil, el contencioso-administrativo y el social- funcionan razonablemente, desde esa perspectiva del proceso; sus leyes son relativamente recientes, pero no se puede decir lo mismo
del orden jurisdiccional penal, que basa su actuación en un proceso regido por la ya muy vieja Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esta ley no responde correctamente a las necesidades del momento actual, incrementadas de manera sustancial por el gran
número de casos de corrupción y macrocausas que se tienen que resolver. En este sentido es evidente que la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 1882, representa un caso verdaderamente singular; después de casi setenta modificaciones habidas
en tres siglos distintos ha devenido en un texto complejo, desarticulado e irreconocible, y que no está resolviendo los problemas estructurales que padece el sistema vigente. Ello hace que la necesidad de una reforma integral de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal haya sido reconocida y demandada reiteradamente, hasta el extremo de que durante las dos últimas legislaturas -la anterior y esta- se hayan elaborado sendos borradores de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que
finalmente no han sido aprobados. La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal debe ser la culminación de uno de los debates más importantes que debe afrontar una sociedad democrática avanzada, y que ya ha sido ultimado por la mayoría de los
países de nuestro entorno. El juez ha de ser la pieza nuclear de esa nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, en tanto ha de redefinirse su papel en el sistema de garantías procesales al objeto de garantizar su capacidad de tutela de los intereses en
juego, desde una posición de efectiva imparcialidad, que a su vez obliga a una nueva configuración de la actual tarea instructora que fortalezca el derecho de defensa -la otra piedra angular de la reforma que se pretende-.
La regulación de los cometidos del ministerio fiscal, la actividad y dependencia funcional de la Policía judicial, el estatuto de la víctima, el ejercicio de la acción popular, la regulación de las medidas cautelares, y el enjuiciamiento de
los aforados, son alguno de los grandes temas que la nueva ley debe afrontar y para lo que el Consejo General, desde su posición institucional y con todos los medios a su alcance, ofrece su más desinteresada colaboración. El objetivo último ha de
ser la eficacia de la justicia penal, con la finalidad de que se obtengan con respeto a las garantías de los justiciables prontas condenas, y que estas se cumplan de forma inmediata y sin dilaciones. A diferencia del resto de los procesos el penal
presenta una regulación que, más allá de su origen decimonónico, y pese a las modificaciones puntuales que ha recibido presenta carencias y disfunciones notables, que contribuyen al desaliento ciudadano en especiales momentos como el actual, en que
los procesos sobre corrupción inundan todos los medios de comunicación. La duración de la fase de instrucción es percibida por la ciudadanía -y con razón- como interminable, especialmente cuando se trata de macroprocesos, lo que obliga desde la
perspectiva legal a una nueva regulación de la fase de investigación de los delitos, y desde la perspectiva organizativa a la especial dotación de medios personales y materiales a los órganos encargados de las investigaciones complejas. Supone
también una importante carencia de nuestro sistema penal -que debe ser corregido urgentemente- la no instauración plena de la doble instancia, lo que supone una merma de garantías para los justiciables, e impide que el Tribunal Supremo pueda cumplir
con plenitud su función unificadora en todo tipo de delitos a través del recurso de casación.
Señorías, no queremos limitar nuestro papel a la colaboración institucional que facilite las reformas en el proceso penal, queremos intervenir directamente también en su mejora sustancial. A este efecto hemos constituido recientemente con
la Fiscalía General del Estado un grupo de trabajo que tiene como objetivos, en primer lugar, evitar que los atestados policiales sin autor conocido se deriven a los juzgados, evitando así aparentes tramitaciones estériles, procurando a estos
efectos la correspondiente reforma legislativa. En segundo lugar, este grupo de trabajo trata de establecer un protocolo de conformidades para agilizar los procesos penales, apuesta decisivamente por los juicios rápidos, y quiere que se procure la
supresión de la gran mayoría de las faltas penales. Además queremos potenciar la Comisión Nacional de Coordinación de Policía judicial, especialmente en las siguientes cuestiones. Primero, en cuanto a promover la regulación definitiva de las
denominadas oficinas de localización, gestión y realización anticipada de bienes con origen en el delito. Segundo, a los efectos de unificar criterios en torno al tratamiento y modo de incorporación a las causas penales de los denominados informes
de inteligencia. En general, para facilitar la unificación de criterios con el resto de los integrantes de la comisión, que facilite una mayor cooperación en la instrucción de las causas complejas en materia de delincuencia organizada.
La alarma social de la corrupción se produce, entre otros factores, precisamente por una defectuosa organización, y la disponibilidad para su persecución de una herramienta deficiente como es el proceso penal. Está claro que el fenómeno que
genera una mayor preocupación en la sociedad española no está siendo bien abordado por nuestro sistema de justicia. Además queremos apostar decididamente por la modernización tecnológica y de los sistemas de trabajo en los juzgados y tribunales.
Se trata esta de una línea de actuación de este consejo. Consiste en esta apuesta decidida por las nuevas tecnologías con el fin de modernizar la Administración de Justicia, de agilizar los trámites y procesos, y de mejorar, tanto las condiciones
de trabajo de todos los operadores de la justicia de nuestro país como el servicio a los ciudadanos, que es nuestro objetivo prioritario.
En relación con la administración judicial electrónica el consejo general, como garante de la compatibilidad e interoperabilidad entre los sistemas de la información y comunicaciones que dan soporte a la Administración de Justicia, se
compromete a trabajar en la racionalización y optimización de los recursos tecnológicos, priorizando entre sus objetivos el aumento de productividad en los órganos judiciales, y la reducción de costes de funcionamiento con la debida colaboración
institucional. A estos efectos el consejo general establecerá los procedimientos necesarios para unificar el registro de los asuntos que lleguen a los tribunales de justicia, y para estandarizar la forma de tramitar los procedimientos judiciales
proporcionará herramientas que permitan que todos los juzgados y tribunales puedan comunicarse entre sí, independientemente de la Administración que les atienda. El Consejo General del Poder Judicial se compromete a continuar proporcionando
herramientas informáticas a los órganos judiciales, hasta evitar el uso del papel en su relación con el resto de organismos públicos y privados que tengan información relevante en el proceso judicial, incluidos todos los bancos que operan en España.
Esto supondrá un ahorro de más de 67 millones de sobres con sus correspondientes oficios y papeles.
Asimismo, nos comprometemos a mejorar la productividad de juzgados y tribunales mediante el ahorro de más de cuatro millones de horas de trabajo automatizando determinados procesos. El consejo general impulsará con las administraciones
competentes una reducción de los tiempos de los procedimientos judiciales en al menos un 20 % y una mejora en las comunicaciones con los ciudadanos y sus representantes mediante portales en Internet, avisos SMS, correos electrónicos y otros medios
seguros de intercambio de información por las redes públicas. Desde el punto de vista de su funcionamiento interno, el consejo general eliminará el papel en la gestión de sus comisiones internas así como en la gestión de los órganos de Gobierno de
los diecisiete tribunales superiores de Justicia y reducirá los tiempos de tramitación en más del 50%. Asimismo, el consejo general ofrecerá a los jueces y magistrados canales de comunicación por Internet para la gestión de sus asuntos, como las
licencias y permisos o los concursos de traslado.
En cuanto a la oficina judicial, este consejo está firmemente implicado en la implantación de la nueva oficina judicial, y a estos efectos se compromete, primero, a intensificar nuestra participación en la organización del despliegue de la
nueva oficina judicial y la reordenación de los medios personales y materiales al servicio de la Administración de Justicia a través del seguimiento del proceso y el reconocimiento de buenas prácticas, así como apoyando la participación de jueces y
magistrados en dicho proceso a través de actividades de información y formación; en segundo lugar se compromete a ofrecer una rápida y adecuada solución a situaciones puntuales de sobrecarga a través de la aprobación de planes de actuación o
refuerzo tendentes a garantizar la prestación del servicio, así como llevar a cabo el seguimiento y supervisión de las medidas adoptadas. Aseguraremos que con carácter general los refuerzos y apoyos que se acuerden recaigan en miembros de la
carrera judicial a través de las oportunas comisiones de servicio y solo con carácter excepcional se acuda a jueces sustitutos o magistrados suplentes no profesionales.
Otra línea de actuación es el fomento de la mediación. La alta litigiosidad que padece nuestro país se combate mediante la utilización de sistemas alternativos de resolución de conflictos. El consejo general apuesta de manera firme por el
fomento de la mediación como una de esas posibles medidas. En este sentido, puedo destacar algunas de nuestras iniciativas. Durante el actual mandato el Consejo General del Poder Judicial ha encomendado a tres de sus vocales el área ejecutiva y el
encargo asociado de mediación, adscribiéndose los servicios de mediación al gabinete técnico y dotándolo de personal para atender estos nuevos retos. El consejo ha querido priorizar su apuesta por la mediación. Un ejemplo radica en los propios
presupuestos generales del consejo para el año 2015, en donde a pesar de la disminución presupuestaria de la que antes les hablaba, ha aumentado la partida destinada a mediación. A lo largo de este año el consejo ha venido recopilando y revisando
todas las políticas de mediación haciendo un especial seguimiento de los convenios y negociando otros nuevos, tanto con cámaras de comercio, colegios y corporaciones profesionales como con Gobiernos autonómicos y un largo etcétera. Asimismo, se ha
cuidado especialmente la colaboración con el Ministerio de Justicia y con los Gobiernos de las comunidades autónomas. En cuanto a la formación, la mediación forma parte del plan de formación continua y del plan de formación inicial de los jueces
incrementándose el número y oferta de cursos, tanto los referidos a la mediación civil y mercantil como respecto a la penal y a todo lo concerniente al Estatuto de la víctima. Se está trabajando también para mejorar el tratamiento estadístico y la
explotación de datos, la revisión de los boletines de mediación, la información pública y la divulgación. En este sentido, en la página web del consejo general existe un enlace referido a mediación que proporciona información exhaustiva desde todos
los puntos de vista: la gestión del consejo, doctrina, jurisprudencia, convenio, marco legal nacional y autonómico, guía para la práctica de la mediación intrajudicial, experiencias, protocolo, así como los juzgados de los diferentes órdenes
jurisdiccionales ofrecen la mediación entre la carta de servicios.
Sin perjuicio de que estemos trabajando en mejorar nuestra página web, es preciso destacar que se trata hoy ya de una herramienta fundamental de consulta en esta materia. Por otro lado, es preciso referirse a una de las principales
actuaciones en materia de mediación que ha sido impulsada en uno de nuestros tribunales, concretamente en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, y que ha sido apoyada por el Consejo General del Poder Judicial, me refiero a la creación y entrada
en funcionamiento operativo de la unidad de mediación intrajudicial de Murcia como una experiencia piloto integrada dentro de la nueva oficina judicial como sección funcional del servicio común procesal general de Murcia, unidad que arrancó en
diciembre de 2013 estando a cargo de una secretaria judicial y mediadora.
Entre los planes de futuro quiero hacer mención a que el consejo acaba de redactar una propuesta de convenio para ofertar al Ministerio de Justicia y a todas las comunidades autónomas e impulsar la
mediación tanto en medios como en formación e información mejorando la calidad de la misma y extendiendo su práctica. Los objetivos que se ha marcado el consejo para el futuro son la consolidación de la mediación extrajudicial e
intrajudicial, la evaluación del impacto legislativo de la Ley de Mediación, la visualización de los logros en materia de mediación y la mejora de la calidad de la mediación intrajudicial. Fuera de las competencias propias del consejo general e
insistiendo en la colaboración y responsabilidad de todos para la mejora de la Administración de Justicia en nuestro país, sería quizás necesario abordar la redacción de una ley integral sobre la mediación que incluyera todas las modificaciones
oportunas en las leyes procesales orgánicas y demás que fueran precisas.
Apostamos también por la eficacia en la gestión del consejo. El nuevo modelo de consejo que fija la Ley orgánica 4/2013 obliga a una reorganización de los servicios técnicos y administrativos, cuyo funcionamiento y competencia, por otra
parte, estaban necesitados de una profunda renovación, tanto en lo que se refiere a su organización interna como al personal que presta sus servicios en este órgano constitucional. Esta reestructuración tiene como fin primordial racionalizar y
simplificar los organigramas y los trámites de gestión, agilizando decisivamente la respuesta debida a los ciudadanos en general y a la carrera judicial en particular. De igual modo, es necesario afrontar un reforzamiento de la posición jurídico
constitucional del Tribunal Supremo con el objeto de configurarlo como referente de excelencia jurídica a nivel nacional y europeo. Como presidente del consejo impulsaré la aprobación en próximas fechas de un nuevo reglamento de organización,
funcionamiento y de personal del Consejo General del Poder Judicial, cuya ponencia está prácticamente finalizada y a la espera de su necesaria adecuación a la normativa orgánica judicial. Esta norma incorporará en su texto todas aquellas
reglamentaciones -que podemos llamar satélites- que regulan servicios y aspectos no contemplados en la actualmente vigente de 1986. Además, queremos racionalizar los recursos humanos del consejo para mantener una plantilla excelentemente
cualificada y perfectamente motivada que redunde en la eficacia de la institución, y ello mediante la aprobación de una relación de puestos de trabajo para los funcionarios y la aprobación de un nuevo convenio para los laborales, cuyos trámites ya
se han iniciado y esperamos culminar en los próximos meses.
A su vez, como presidente del Tribunal Supremo, procuraré la adopción de las siguientes medidas: en primer lugar, la reforma normativa que confiere un verdadero marco jurídico de regulación del gabinete técnico del Tribunal Supremo, que
permita la adecuación y estabilidad de sus efectivos personales a las necesidades del Tribunal Supremo a fin de que este tribunal pueda prestar de forma adecuada sus funciones de asistencia, información y documentación a todas las salas y
magistrados del Tribunal Supremo. Además, quiero que se aborde definitivamente la modernización de las estructuras informáticas del Tribunal Supremo. Cuestiones como la mejora del sistema de gestión procesal, de los sistemas de registro, de la
presentación telemática de escritos y de la extensión de las notificaciones telemáticas a todos los profesionales intervinientes, entre otros aspectos, contribuirán a la mejora del funcionamiento del Tribunal Supremo y de sus tiempos de respuesta.
De igual modo que para el consejo, promoveré la racionalización de la plantilla de funcionarios del Tribunal Supremo, al objeto de dotarla de mayor eficacia y calidad. A tal fin, durante este mandato se llevará a cabo una nueva relación de puestos
de trabajo que adecue los puestos de trabajo al cometido que se precise y a la cualificación profesional de sus servidores. Finalmente, señorías, quiero reforzar la proyección nacional e internacional del Tribunal Supremo, manteniendo una
importante actividad institucional con otros tribunales como el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como con órganos jurisdiccionales supremos de otros Estados,
especialmente de la Unión Europea y de Latinoamérica.
Me gustaría destacar también el tema de la especialización de los jueces y de los tribunales como posible aspecto a tener en cuenta en una organización de la justicia más eficiente. Estudios recientes de la OCDE ponen de manifiesto el
impacto positivo de la especialización por materias en la eficiencia del sistema, en concreto en el ámbito del derecho civil y mercantil, que repercute en una reducción de la duración de los procedimientos, si bien solo es apreciada -según los datos
ofrecidos- cuando se alcanza una elevada especialización al menos en tres materias mercantiles distintas. La especialización de los jueces por materias se constituye en un incuestionable factor de mejora del rendimiento y la eficacia del sistema
judicial, bajo el argumento de que la especialización aumenta la eficacia de los jueces al permitirles adquirir un conocimiento más detallado de un ámbito específico de la regulación y de los problemas concretos que puedan surgir en los litigios en
esta materia, aunque también ha de recordarse que una hiperespecialización presenta desventajas como las dificultades para integrar conocimientos que provengan de otras áreas del derecho. En este punto, el consejo general se compromete a
desarrollar
formación especializada en materia social, contencioso-administrativa, familia y menores en los nuevos jueces. La realidad de las últimas promociones de jueces pone de manifiesto que pueden tener su primer destino en juzgados
especializados, y la Escuela Judicial no puede permanecer ajena a esta situación. Asimismo, se incorporarán módulos específicos de formación en la investigación y enjuiciamiento de las causas complejas o macrocausas; se profundizará en el mejor
conocimiento por el juez en prácticas de las nuevas tecnologías; se incidirá en los medios alternativos de resolución de conflictos, como la mediación, a la que me he referido, y se llevará a cabo una formación específica en materia de protección a
la víctima de violencia de género y en cooperación internacional. En el ámbito de la formación continua y con el fin de garantizar la excelencia de la carrera judicial, el consejo general ofrecerá también una formación especializada y de alta
calidad.
En relación con la formación y selección de los jueces, me gustaría señalar que el consejo general se compromete a trabajar conjuntamente con el Ministerio de Justicia en la reimplantación de un sistema de becas que permita el acceso a la
preparación para el ingreso en la carrera judicial de aquellos opositores cuya situación personal y familiar se lo haga imposible o especialmente penoso.
En materia internacional, la actividad del Consejo General del Poder Judicial referida al auxilio judicial internacional es, además, uno de los aspectos más importantes de su gestión en el ámbito de sus competencias y en la prestación de
servicios al juez que refuerzan el desempeño de su actividad jurisdiccional. El Consejo General del Poder Judicial, a través de su servicio de relaciones internacionales, participa activamente en los organismos de la Unión Europea de cooperación
judicial internacional, de auxilio judicial internacional, entre los que destacan Eurojust y la Red Judicial Europea en sus ámbitos penal, civil y mercantil. El consejo general, a través de su servicio de relaciones internacionales, coordina la red
de magistrados especialistas de cooperación judicial internacional de la carrera judicial, la llamada Rejue. El consejo general desarrolla una actividad intensa de asistencia técnica y apoyo a los integrantes de la carrera judicial en su labor
diaria en todo lo que tiene que ver con la cooperación judicial internacional con otras autoridades judiciales, fortaleciendo el uso de los novedosos mecanismos de cooperación europea internacional en la investigación contra el crimen organizado, de
los equipos conjuntos de investigación, de los instrumentos de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en el ámbito de la Unión Europea y de los mecanismos de investigación patrimonial en el extranjero, especialmente en lo relativo a la
localización de activos procedentes de actividades delictivas y de la corrupción, potenciando la cooperación con el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado y entre las autoridades judiciales y policiales. En esa línea de asesoramiento
técnico, el servicio de relaciones internacionales del consejo ha elaborado informes y respuestas en la actividad de resolución de más de quinientas consultas sobre cuestiones prácticas de cooperación judicial penal internacional. Quiero destacar
que un grupo de expertos de distintas nacionalidades, todos ellos especialistas en asistencia judicial internacional penal, designados por el Consejo de la Unión Europea evaluaron el funcionamiento práctico de Eurojust y de la Red Judicial Europea
en España. El informe, hecho público en octubre de 2014, alaba la actuación que está realizando el consejo general en la asistencia a los jueces y magistrados que luchan contra el crimen organizado en Europa, y ello a través de diversos mecanismos:
el mantenimiento de herramientas informáticas para facilitar información sobre la normativa internacional aplicable en una página prontuario del Cendoc, la difusión de guías orientativas o la estrecha colaboración con la Red Judicial Europea para
mantener actualizada la información sobre autoridades judiciales competentes en España, entre otros supuestos. Finalmente, es muy importante también la actividad de cooperación en el ámbito iberoamericano y la participación activa del consejo en
IberRed, así como en Ameripol.
Señores diputados, como he tenido oportunidad de manifestar en numerosas ocasiones desde que he accedido a la presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, el Poder Judicial y sus órganos de gobierno deben
implicarse activamente en la lucha contra la corrupción, lacra social que está minando la credibilidad en las instituciones y en nuestro sistema político. La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción se refiere a esta con una plaga
insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad, socava la democracia y el Estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el
florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana. La corrupción constituye hoy en día, sin lugar a dudas, un problema de gran magnitud y es motivo de grave preocupación para un porcentaje altísimo de
la población española. Como he venido reiterando en muy diversos foros, la mejor forma de combatir la corrupción es adoptar medidas preventivas, muy especialmente la transparencia de las instituciones y el buen funcionamiento de los órganos de
fiscalización y auditoría
interna de las distintas administraciones. En este sentido, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción compele a los Estados parte a reforzarse contra la corrupción aumentando la transparencia, promoviendo la contribución de la
ciudadanía en los procesos de adopción de decisiones y garantizando el acceso eficaz del público a la información. Pero al margen de la apuesta decidida por las medidas preventivas a las que me he referido -muy especialmente la transparencia,
materia en la que nosotros queremos ser un referente-, el consejo general debe jugar también un papel activo en la lucha judicial contra la corrupción. Sus señorías son conscientes de que el Consejo General del Poder Judicial tiene una capacidad
limitada de influencia en la mejora del funcionamiento de nuestro sistema de justicia por cuanto carece de iniciativa legislativa y de competencias para la gestión de los medios personales y materiales al servicio de la Administración de Justicia.
Ahora bien, el propio consejo tiene atribuidas una serie de competencias relacionadas con el ejercicio de la función jurisdiccional de los jueces y magistrados en ámbitos relacionados con su estatuto profesional, con su formación en materia de
responsabilidad disciplinaria, juega un importante papel de coordinación entre la actividad jurisdiccional y las necesidades materiales y de personal de la Administración de Justicia mediante sus propuestas a las administraciones competentes de
planes de apoyo, refuerzos, comisiones de servicio, y está legitimado como máximo órgano de gobierno de la carrera judicial, y siempre con respeto al principio de lealtad institucional, para solicitar de otros poderes públicos la adopción de medidas
e iniciativas que puedan redundar en un más eficaz funcionamiento de la Administración de Justicia en general y de la lucha judicial contra la corrupción en particular. Conviene recordar que el Consejo General del Poder Judicial tiene encomendada
además la esencial tarea de garantizar la independencia de todos los jueces y magistrados, y especialmente de aquellos que puedan verse perturbados o inquietados en el ejercicio de su función jurisdiccional. Este papel de garante de la
independencia judicial cobra especial importancia frente a las presiones explícitas o implícitas que los miembros del Poder Judicial pudieran sufrir cuando estuvieran enjuiciando penalmente a personas relevantes del poder político o económico.
Como se advierte en el informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la lucha contra la corrupción en la Unión Europea, publicado el 3 de febrero de este año, la independencia judicial es un elemento clave de las políticas
de lucha contra la corrupción desde el punto de vista de la capacidad del sistema judicial para hacer frente de forma eficaz a los casos de corrupción -incluso de alto nivel-, así como desde el punto de vista de las normas de integridad dentro del
propio sistema de justicia. Las garantías de independencia efectiva y los altos estándares éticos del sistema judicial son esenciales para garantizar el marco necesario de un Poder Judicial eficaz que haga justicia en los casos de corrupción de
manera objetiva e imparcial sin influencias indebidas. El mismo informe resalta la importancia de que los organismos de lucha contra la corrupción no sufran presiones directas o indirectas que incluyan declaraciones públicas u otros ataques a la
legitimidad de su actuación o a los poderes y competencias institucionales.
Partiendo de los expresados planteamientos, en mi condición de presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial en las próximas semanas voy a proponer al consejo la adopción de una serie de medidas dirigidas a mejorar
la lucha judicial contra la corrupción. La primera medida que voy a proponer es la puesta en marcha de una unidad de apoyo para causas por corrupción. La unidad de apoyo para causas por corrupción debería constituirse como una unidad
administrativa para la detección y evaluación de los problemas que surjan en los órganos judiciales que lleven causas por corrupción y la formulación a la comisión permanente del consejo de las propuestas necesarias para la adecuada y diligente
tramitación y resolución de las citadas causas. Todos coincidiremos, señorías, en que una respuesta judicial pronta, efectiva y eficiente frente a la corrupción es un elemento esencial para atajar esta pandemia social. Hacemos nuestro el ya citado
informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la lucha contra la corrupción cuando afirma que la capacidad del sistema judicial para imponer sanciones penales disuasorias desempeña un importante papel y es una clara señal de que la
corrupción no se tolera. La unidad de apoyo para causas por corrupción debe configurarse como una unidad técnica, integrada en la secretaría general del consejo general, bajo la supervisión de la comisión permanente y con dación de cuenta periódica
al pleno del consejo de su actividad. La unidad deberá poder proponer a los órganos decisorios del consejo cualquier medida o actuación que redunde en la mejora de la respuesta judicial a los procedimientos de corrupción y, entre ellas, las
siguientes: iniciativas dirigidas a garantizar la independencia judicial cuando pudiera verse amenaza o perturbada en la tramitación y resolución de procedimientos de corrupción; medidas de refuerzo judicial, de personal o de medios materiales en
los órganos judiciales que lleven causas de corrupción; el seguimiento especial de
determinadas causas por corrupción o de órganos judiciales que lleven procedimientos de corrupción; las propuestas de modificaciones normativas que puedan mejorar la respuesta judicial en los procedimientos de corrupción; la puesta en
marcha de foros y encuentros de jueces y magistrados que conozcan procedimientos de corrupción para que los referidos miembros del Poder Judicial pongan en común sus experiencias, fijen protocolos de actuación y propongan medidas o reformas
necesarias para que la respuesta judicial en materia de corrupción sea adecuada, así como el establecimiento de redes de auxilio y formación para jueces que tramiten causas de corrupción.
La segunda medida es la especialización en el servicio de inspección en materia de corrupción para que sirva de apoyo a los órganos judiciales que tramiten este tipo de causas. Se asignará a singulares inspectores de la unidad penal del
servicio de inspección la inspección y seguimiento de órganos judiciales y causas por corrupción y se elaborará un protocolo de actuación en las referidas inspecciones que permita obtener una información completa y uniforme sobre el funcionamiento
de todos los juzgados y tribunales que lleven causas de corrupción. A estos efectos se ha procedido ya a modificar los boletines estadísticos para el año 2015.
La tercera medida es el apoyo del servicio de relaciones internacionales del Consejo General del Poder Judicial. Propondré que se designe a un letrado o letrada del servicio de relaciones internacionales para que preste el auxilio técnico
necesario a los jueces y magistrados que deban llevar a cabo diligencias judiciales fuera de nuestro territorio en materia de corrupción, a los efectos de garantizar la mayor eficacia y celeridad de dichas actuaciones. Y finalmente procuraré que se
habiliten programas de formación especializada para jueces y magistrados que conozcan causas sobre corrupción en los ámbitos de derecho sustantivo y procesal, en otras áreas de conocimiento necesarias para el enjuiciamiento de las referidas causas
-económico, financiero, contable-, en la gestión de procedimientos complejos y macrocausas y en cualquier otro ámbito formativo que se considere necesario y conveniente.
Señorías, las medidas que les acabo de enunciar y que espero que se implementen a lo largo del próximo año se enmarcan en el ámbito de las específicas competencias del Consejo General del Poder Judicial, pero no impiden la adopción de
cualesquiera otras que podamos adoptar en el propio consejo o en colaboración con otras instituciones del Estado.
Señorías, como pone de manifiesto el informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la lucha contra la corrupción, la corrupción es un fenómeno complejo, con una dimensión económica, social, política y cultural que no puede
erradicarse fácilmente. Una respuesta política eficaz no puede consistir en una serie de medidas estereotipadas. No existe una solución universal; las medidas represivas no bastan por sí solas para hacer frente a la corrupción de manera eficaz.
No obstante, la capacidad del sistema judicial para imponer sanciones penales disuasorias desempeña un importante papel y es una clara señal de que la corrupción no se tolera.
Termino, señorías. Apostemos cada uno desde nuestra responsabilidad para que nuestra Administración de Justicia sea una institución sólida y fiable, porque solo con una justicia que funcione será posible la plenitud de nuestro Estado de
derecho y la regeneración democrática que anhelamos. El consejo general está comprometido con ese objetivo, pero no olviden que esto es responsabilidad de todos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente del Consejo General del Poder Judicial. Quiero agradecerle expresamente también ese carácter innovador que ha introducido en esta comparecencia facilitando por primera vez en la
historia del Parlamento español datos dentro del mismo año y referidos al primer semestre. Quiero que conste este agradecimiento y felicitación por haber introducido esa innovación.
Pasamos a la intervención de los grupos parlamentarios por un tiempo inicial, en la primera intervención, de quince minutos. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Señor Lesmes, ya he conocido a distintos presidentes del Consejo General del Poder Judicial y los ha habido incluso maleducados. Me refiero a todo aquello que atañe al uso de la lengua catalana y también de otras
lenguas en el Estado español distintas de la española. Incluso hubo uno que se atrevió de forma vergonzante a equiparar el uso de la lengua catalana en el sistema jurídico español al mandinga. Usted no se ha atrevido a esto, pero debo decirle que
nos suena un poco a parole, parole, parole, siempre más de lo mismo. Al fin y al cabo uno tiene la sensación de que los catalanes somos como los argelinos en la década de los cincuenta del siglo pasado, porque ustedes tienen una mentalidad casi de
supremacía lingüística e incluso se atreven a decir mentiras como las que ha dicho hoy
usted aquí. Y si no son mentiras, al menos no son verdades, porque no es verdad que ustedes ponen todo el afán y el interés en normalizar y respetar los derechos lingüísticos de los catalanes.
Es más, ahora que ustedes los jueces son más competentes que hace diez años, se redacta el 25 % menos de sentencias que en el año 2005. ¿Cómo es posible que, siendo ustedes más competentes, redacten menos sentencias en catalán? Porque no
les da la gana, sencillamente porque no les da la gana, porque tienen esta mentalidad castellanista que se lleva por delante los derechos lingüísticos de los catalanes. ¿Les importa un bledo? ¡Hombre!, quizás un bledo no pero casi, casi. En el
fondo ustedes dicen cosas que no son verdad; no es verdad que los jueces antes de iniciar un proceso pregunten a las partes, no solamente no es verdad sino que incluso los abogados comunican a los ciudadanos que quizás valdría la pena no hablar en
catalán no vayamos a poner de mala leche al juez. Textualmente lo dicen los abogados porque conocen la praxis de lo vivido día a día. Y que ustedes ahora digan que procurarán la formación, no es verdad, es una falsedad. Respeto, poco. Nunca han
querido asumir que el conocimiento de la lengua catalana sea un requisito, hablan de mérito preferente. El juez es el rey de la oficina judicial, luego la actitud del juez arrastra a todos aquellos que tienen relación con la oficina judicial, y lo
que hacen es impedir un proceso de normalización lingüística. En el año 2005 se redactaron 43.613 sentencias y en 2013 se redactaron 32.479. Incluso en los juzgados de mayor actividad en toda Catalunya se redacta el 8 % de sentencias en catalán,
llegando a que en territorios donde incluso hay mayor número de catalano-hablantes -por ejemplo en las Terres de l´Ebre- la redacción de sentencias en catalán llega al 1,3%. No nos lo creemos. De hecho, me imagino que usted no aceptaría que como
ciudadano le redactaran la sentencia en catalán o que el juez le pusiera mala cara -que es lo que hacen muchos jueces- si como ciudadano se expresara en lengua catalana. Esta es la realidad, lamentable. En todo caso, si el próximo año usted viene
aquí y las cosas han cambiado, entonces lo reconoceremos, pero hoy por hoy respetar los derechos lingüísticos de los ciudadanos catalanes, vascos o gallegos es una quimera para ustedes. Con lo cual, mucha modernidad pero hay algunas actitudes
franquistas en el tuétano de buena parte de los jueces. Esto es así y si puede demostrar que me equivoco, demuéstremelo, pero yo puedo darle datos que demuestran todo lo contrario: el 50 % de los catalanes tienen como lengua materna el catalán, el
88% de los catalanes son competentes en lengua catalana y, en cambio, la situación es la que le estoy diciendo. Usted no nos insulta con el mandinga pero detrás de sus buenas palabras hay una falta de implicación, no digo de respeto pero sí de
absoluta implicación. Esto respecto al tema de la lengua.
En otro orden de cosas, quería preguntarle si toda esta implicación que usted ha anunciado y que afecta a la voluntad de combatir la corrupción se corresponde con el presupuesto del Ministerio de Justicia. Además, atendiendo por ejemplo a
que en el Estado español hay 11 jueces por cada 100.000 habitantes y que la media de la Unión Europea es 21 por cada 100.000, se debería doblar para llegar a esta media. No sé si usted tiene alguna cosa que decir respecto al montante que para el
sistema judicial español contemplan los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio siguiente.
De igual manera me gustaría que nos pudiera decir cuatro palabras sobre qué opinan ustedes de la Ley de Tasas, porque serían bienvenidas para saber por dónde van ustedes. Tengo entendido que se van a adjudicar 300 plazas de jueces y
fiscales, pero no creo que esta cifra sea para que el sistema jurídico español pueda brillar tal como reclama la sociedad española.
Quería decirle que nos parece un ejercicio de hipocresía enorme el doble rasero que utilizan ustedes para algunos jueces reaccionarios o derechistas, que han trabajado para partidos políticos emitiendo informes y dictámenes, con los que
siempre han hecho la vista gorda. En cambio ustedes han sido muy severos con Santiago Vidal, juez catalán que en horas fuera del trabajo ha participado en un seminario académico a fin y efecto de emitir dictámenes en relación con una futura
constitución de la república catalana. Es evidente que, aun cuando no se le ha suspendido de forma cautelar, sí es cierto que el expediente continúa, con lo cual ya existe la espada de Damocles sobre este ciudadano; ciudadano al que, aunque
ustedes han pretendido mancillar su honor y su trayectoria profesional, buena parte de la sociedad catalana todavía le admira más. Ustedes vayan haciendo, porque en el fondo la ciudadanía sabe perfectamente que se ha querido linchar a Santiago
Vidal y no solamente no lo han conseguido sino que además ha ganado todavía mayor honorabilidad ante la sociedad catalana.
Quería hacerle unas preguntas, si todavía tengo tiempo, relacionadas con los magistrados suplentes porque desde hace tiempo intentamos seguir su problemática y, atendiendo al hecho de que creo que están sufriendo aquello que no deberían
sufrir, quiero preguntarle tres cositas. En primer lugar si considera que a los jueces sustitutos y magistrados suplentes se les ha aplicado debidamente la Directiva europea 1999/70, en cuanto a la no discriminación y abuso de contratación temporal
por parte del Consejo General
del Poder Judicial. En segundo lugar si es cierto que, a pesar de los requerimientos de la Comisión Europea para que informen sobre la situación de los jueces sustitutos, el consejo está atrasando los informes para evitar un pronunciamiento
de la Comisión. Y finalmente, si han representado un ahorro la Ley Orgánica 8/2012 y el Real Decreto 713, en la medida en que ahora debe pagarse el 80% del sueldo a los titulares que hacen suplencias, cuando ya están al 150 del módulo de entrada en
los juzgados en los que ejercen. Incluso se habla de un cierto mobbing laboral -dejo esto un tanto en el aire- sobre los jueces sustitutos para que abandonen las listas de sustituciones. Usted conteste lo que considere oportuno.
Finalmente, ¿no le causa a usted una cierta inquietud intelectual -más allá del papel que tiene usted como presidente del Consejo General del Poder Judicial y todo aquello que atañe al Tribunal Supremo- que el Estado español se vaya
convirtiendo en un refugio de torturadores y de asesinos, en la medida en que, pese a los requerimientos de la justicia argentina para que se detenga a dos personas cómplices de asesinatos de Estado, al parecer la Interpol, la policía española, no
piensa detenerlos ni ponerlos -tal como mandatan las leyes- a disposición de la justicia, en este caso de la Audiencia Nacional? ¿Cree usted que deberían decir algo sobre ello, les escandaliza o creen que no va con ustedes?
Y si todavía tengo un par de minutos, que no lo sé...
El señor PRESIDENTE: Tiene su señoría más de un par de minutos.
El señor TARDÀ I COMA: ¡Ah, bien!, entonces he ido demasiado deprisa.
Usted habla de la implicación de la justicia española en la lucha contra la corrupción. En Barcelona tenemos el famoso juez cargol que decimos en catalán, caracol, porque van tan despacio algunos jueces que incluso el señor Millet se nos
ríe a la cara, incluso se ríe a la cara de ustedes, del sistema jurídico español, y por supuesto se reía a la cara de la ciudadanía, el señor Millet paseando por Barcelona con toda la caradura. Y hay otros casos de personas para las que han
transcurrido dos años desde que se inició el proceso y todavía hoy día la justicia es tan ciega que incluso no ve que los mangantes andan por la calle. Esto es lo que acaba ocurriendo y es la percepción que tenemos muchos ciudadanos: dobles
raseros, permitir una actitud no respetuosa de algunos jueces, y por supuesto la democratización de la misma carrera judicial también anda como los caracoles, muy despacio. En el fondo hay una resistencia por parte de algunos sectores conservadores
de la judicatura para que quede claro que esto lo controlamos nosotros, ¿eh? Esto es una verdad. En el fondo -yo usaría este término que hemos utilizado antes que otros- hay una voluntad de mantener una cierta casta por una parte importante de la
judicatura española que normalmente ya proviene de familias y de sagas de jueces y magistrados, muchos de ellos reaccionarios, conservadores, derechistas. La democracia española no ha hecho todavía los deberes ante ello, repitiendo que hay personas
más educadas, como usted, y otras menos educadas.
Derechos lingüísticos, diligencia y eficiencia del sistema jurídico español, que no se ve por ninguna parte. Y, al fin y al cabo, ¿cuál es su posición respecto a los Presupuestos Generales del Estado? Es evidente que todo acaba siendo
palabras y palabras si no hay recursos económicos. Si además se añaden las consecuencias tremendas de la Ley de Tasas, que va privatizando la justicia y expulsando a buena parte de la ciudadanía del sistema jurídico, entonces la conclusión es que,
a pesar de las buenas palabras, la realidad es que esta democracia cada vez adolece más de aquello que caracteriza un marco democrático, que es la garantía de los derechos civiles a todas las personas.
El señor PRESIDENTE: A continuación le corresponde el turno al Grupo Parlamentario Vasco y en su nombre el señor Olabarría tiene la palabra.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor Lesmes. Perdone que no haya podido acudir a tiempo al principio de su exposición, pero era con la sana intención de liberarles a ustedes de trabajo. Estábamos dictaminando en ese momento el
proyecto de ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana, en la que se va a reubicar, mediante esta traslación del derecho sancionador penal al derecho sancionador administrativo, el libro tercero relativo a las faltas. Presumimos que va a
ser así, porque todavía no tenemos noticia cierta de que el Código Penal, en proyecto desde hace más de un año en esta Cámara, se vaya a aprobar y que una de las consecuencias de esta aprobación consista en la desaparición de las faltas y su
reubicación en el procedimiento sancionador administrativo. Esto contribuirá a aligerar un poco la carga de trabajo en el ámbito penal.
En relación con las reflexiones hechas por usted, yo tengo una visión menos crítica de la Administración de Justicia que el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra. Yo estoy convencido de que la
pertenencia al Consejo General del Poder Judicial produce un cierto síndrome de Estocolmo. Yo me considero afectado. Yo pertenecí a ese órgano. No hay nada mejor que ver los problemas desde dentro para poder diagnosticarlos razonablemente
o por lo menos equitativamente.
Usted ha dicho varias cosas importantes hoy y en foros anteriores a los que usted se ha referido. Cuando usted utilizó la reflexión de que vivimos con una Ley de Enjuiciamiento Criminal más propia para la represión de los robagallinas, dijo
una cosa esencial: puso de manifiesto las deficiencias o los déficits de esta norma en cuanto a la represión de los delitos de corrupción, a los que usted se ha referido con prolijidad. Es cierto. Lo que pasa es que me embarga la misma duda
kantiana que en relación con el Código Penal. No sé si queda ya tanta legislatura como para poder aprobar un Código Penal nuevo y para aprobar una ley procesal penal que no se sabe muy bien dónde se encuentra ubicada en estos momentos. En algún
sitio estará, sabemos que está redactada. Yo no sé si ustedes la han informado o la van a informar, si tienen noticias sobre esta materia, pero el Código Penal, sin una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal o una nueva ley procesal penal, sería un
mecanismo insuficiente para afrontar todos los requerimientos a los que usted se ha referido. Desde luego no me gustaría que la Ley de Enjuiciamiento Criminal o la ley procesal penal nueva, el nuevo Código Penal, proveyeran a la construcción del
Estado, que es un tema secularmente pendiente en el Estado español, utilizando no los sectores del ordenamiento jurídico que están llamados a esta configuración normativa del Estado español -son el derecho constitucional y el derecho administrativo
fundamentalmente-, y que sea en el derecho penal al final donde ubiquemos la construcción territorial-institucional del Estado español. Sabe a lo que me estoy refiriendo perfectamente. Hay una querella anunciada contra el presidente de la
Generalitat de Catalunya y contra la vicepresidenta y una consejera de la Generalitat de Catalunya. Pero esta llamada penas del banquillo, que en el caso de estas personas sobre las que se ha anunciado una querella puede ser más que una pena de
banquillo, la han sufrido ya un lehendakari de Euskadi, un presidente del Parlamento de Euskadi y también la Mesa del Parlamento vasco. Sería un fenómeno patológico, constituiría una patología ubicar en el derecho penal, en el derecho sancionador,
la construcción del Estado español. No le voy a pedir que usted me responda a esta pregunta. Viendo el tono de su exposición, de naturaleza más contable y reivindicativa en cuanto a los problemas orgánicos que tiene la justicia, quizás no esté
usted en la tesitura intelectual de entrar en debates o en polémicas de esta naturaleza, pero si quiere decir algo yo se lo agradecería mucho.
En todo caso, estoy de acuerdo con casi todo lo que ha dicho, salvo algunas reticencias o reservas que tenemos en lo que el señor Tardà comentaba, los derechos lingüísticos de los ciudadanos y de los jueces. En ambos casos es un derecho de
doble vector, de doble dirección. Sabe que nuestra opinión tradicional en esta materia ha sido que en determinadas zonas lingüísticas donde el número de hablantes de la lengua oficial es suficientemente numeroso, las plazas judiciales tendrían que
acogerse a lo que se denomina técnicamente perfiles y no solo méritos. Se reconoce como mérito el conocimiento de la lengua cooficial, igual que los derechos civiles propios allá donde existen o los derechos forales, pero no nos parece suficiente
en materia lingüística si queremos normalizar la situación de cooficialidad que prevé la propia Constitución. Tendríamos que buscar un sistema de perfiles. Ya empieza a haber numerosos jueces que dominan las lenguas cooficiales para optar por un
sistema de perfiles. Solo haría falta que algún reglamento del Consejo General del Poder Judicial avalara esta posición. Cuando yo estuve era imposible, era una utopía, un optimista desideratum, plantear que algunas plazas judiciales tuvieran que
estar perfiladas con la exigencia del conocimiento de las dos lenguas cooficiales. En este momento tengo la impresión, a tenor de la sociología de la estructura de las nuevas promociones que están surgiendo de la Escuela Judicial, de que no es tan
difícil la existencia de la exigencia de perfiles, por lo menos en determinadas zonas geográficas que se podrían delimitar con cierta facilidad.
Ha hablado usted de la justicia internacional. En el ámbito de la justicia internacional, ¿qué quiere que le diga? Ya la reforma parcial de la Ley Orgánica del Poder Judicial en el Estado español ha amortizado la justicia internacional
incluso como concepto, como noción. Tampoco le voy a pedir una opinión sobre esta cuestión. Es una dialéctica que tenemos que articular los grupos parlamentarios entre nosotros mismos. Todos tenemos la sospecha o algún conocimiento de por qué se
amortizó la justicia internacional tal como está configurada en el Tratado de la Corte Penal Internacional o en determinados convenios internacionales como el Convenio contra la tortura o incluso en los preceptos del Código Penal español con
relación a la identificación de los crímenes de lesa humanidad o crímenes de la humanidad. Ya sabemos perfectamente lo que ocurrió, no le voy a pedir a usted una opinión sobre esta circunstancia. Pero ahora nos preocupa en concreto un asunto al
que se ha referido el señor Tardà, que es la actuación
de la jueza argentina Servini de Cubría con relación a la orden emitida por este juzgado argentino de búsqueda y captura contra determinados responsables políticos de crímenes cometidos en el franquismo o en el posfranquismo. En concreto,
diecinueve personas, algunas particularmente muy conocidas. Con esta orden ha pasado lo siguiente, y esto no se lo tengo que explicar porque usted lo sabrá perfectamente.
La orden se dictó por la oficina judicial argentina de la Interpol. La orden fue objeto de recepción por la oficina judicial de la Interpol en España y se acudió a un procedimiento previsto desde una resolución antidemocrática del año 2010,
que es la posibilidad de presentar alegaciones ante la Secretaría General de la Interpol radicada en Lyon, lo cual supone que estas órdenes de busca y captura se van a tramitar sin la denominada etiqueta roja. Esto significa que estas personas solo
podrán ser enjuiciadas por los crímenes cometidos de lesa humanidad, en opinión de la jueza Servini, opinión que mi grupo parlamentario comparte, si viajan a Argentina, y no es previsible que en su agenda de viajes figure viajar a Argentina por las
razones que estamos comentando. Desde esa perspectiva, aquí nos preocupa doblemente, primero, que se amortice a través de la Ley 1/2014 la justicia universal casi como concepto en el Estado español y que luego los pequeños resquicios que van
quedando de un concepto de justicia universal que sirva para lo que la justicia universal debe servir, para perseguir los crímenes de lesa humanidad contra cualquier persona, cualquiera que sea su nacionalidad, allá donde viva, en cualquier país que
viva y por cualquier juzgado de este país, fructifique o se consolide, tal y como los convenios y tratados internacionales, incluso el Código Penal español, establecen.
Es un problema que nos preocupa. No sé si usted está en condiciones de opinar sobre esta cuestión. Evidentemente, hay una connotación policial, pero antes o después y dado lo que ha ocurrido en el ámbito de la Interpol, es en el ámbito
policial donde se produce una verdadera vulneración del principio de separación de poderes, porque la decisión policial se superpone sobre una legítima decisión judicial. Qué diría el barón de Montesquieu, si hubiera algo de estas características!
Se va ha producir una petición de extradición desde Argentina. Me gustaría saber si hay una predisposición a atender debidamente con los requerimientos de la justicia universal peticiones de extradición de esta naturaleza, cuando sabemos que ni la
amnistía afectó a las personas a las que nos estamos refiriendo porque nunca fueron condenadas, ni los crímenes de lesa humanidad prescriben nunca.
Dicho esto, señor Lesmes, usted ha hablado de numerosas situaciones que nos preocupan. Nos preocupa una que está vinculada a la Comisión que acaba de terminar en relación con la ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana. En este
proyecto de ley todavía porque es una ley orgánica y aún tiene que debatirse en el Pleno y luego en el Senado, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado en el Congreso, dignamente representado por buenos amigos y brillantes parlamentarios, una
llamada autoenmienda, legalizando las llamadas devoluciones en caliente en las fronteras de Ceuta y Melilla; devoluciones en caliente que no solo contradicen el Código Penal y la tipificación de la denominada deportación ilegal, sino que vulneran
la propia tutela judicial efectiva que consagra el artículo 24 de la Constitución, se vulnera la Ley de Extranjería 4/2000, se vulnera el Código de Fronteras de Schengen, particularmente su artículo 13, se vulnera la Directiva de Asilo 2/2009, se
vulnera la Directiva de Retorno, en fin, se vulneran numerosas normas de carácter internacional y de carácter estatal o nacional. Esta autoenmienda no ha sido informada. El proyecto de ley sí ha sido informado por el Consejo General del Poder
Judicial. La autoenmienda del Partido Popular, no, porque forma parte del iter parlamentario y de las posibilidades que el iter parlamentario confiere a los grupos parlamentarios a enmendar. No sé si le parece razonable que se puedan modificar
aspectos troncales o sustanciales de una ley sin que concurra el preceptivo dictamen de un órgano como el que usted representa, el Consejo General del Poder Judicial, o el Consejo de Estado. Pasó también con el Código Penal. Con relación al
proyecto penal, resulta que ahora se va a reactivar por razones que no soy capaz de discernir, cuando parecía que estaba ya durmiendo, que estaba medio amortizado. Parecía que se podía acometer alguna reforma solo parcial y, sin embargo, nos hemos
encontrado con la sorpresa llamativa de que el plazo de finalización de enmiendas al articulado del Código Penal -el debate de totalidad ya se realizó- acaba el próximo jueves. Parece que se va a intentar aprobar el Código Penal. Me gustaría saber
si este sistema en virtud del cual el Gobierno, acogiendo sus informes en relación a este Código Penal, muy crítico, por cierto, y les felicito por ello, incorporando las propuestas por usted realizadas, le exonera al Gobierno, una vez realizada
esta operación de incorporar sus propuestas, de volverles a presentar dicha norma nueva, novada por sus propuestas u otras, como la del Consejo de Estado, dar por cumplimentado el trámite y no tener que ser informado de nuevo ese nuevo Código Penal,
reformado pretendidamente y en opinión solo del Gobierno -no en opinión de ustedes, del Consejo General del Poder Judicial-, renovado con sus propuestas, se
da por cumplido el trámite de los informes preceptivos, o debería, opinión que nosotros compartimos, volverse a enviar a estos órganos consultivos para ver si esta incorporación de sus críticas, de sus glosas y propuestas está correctamente
realizada o no. Es una cuestión que nos llama mucho la atención a algunos porque es una forma muy fácil de eludir los requerimientos o las propuestas de los órganos consultivos que tienen que emitir informes preceptivos.
Ha hablado mucho de corrupción y me alegra que hable mucho de corrupción porque en este momento hay dos problemas sobre los que gravita la actividad política en el Estado español. A uno ya nos hemos referido antes y forma parte de la
configuración territorial del Estado y cómo se está deslizando peligrosamente hacia el derecho penal o hacia el sector penal del ordenamiento jurídico, prescindiendo del derecho constitucional y administrativo que son los que deben acometer estas
fórmulas, y otro es el de la corrupción que, usted lo ha dicho muy bien, está lacerando profundamente los propios paradigmas del sistema democrático con el que todos convivimos. Desde esa perspectiva, quiero felicitarle por su posición proactiva a
las medidas de actuación contra la corrupción en su ámbito. Usted ya ha comentado que no tiene capacidad de iniciativa legislativa, pero puede actuar en el ámbito orgánico judicial. Me parece muy oportuna la creación de unidades de apoyo. Los
delitos de corrupción muchas veces son muy complejos normativamente. Los jueces de instrucción se quejan de falta de peritos, de falta de expertos, de falta de gente que sepa complementar los conocimientos que ellos no tienen en materias como la
tributaria, en materias como la económica, en materias como las vinculadas al blanqueo de capitales y sus diversas manifestaciones, en la especialización de jueces y magistrados y de inspectores -muy importante esta mención respecto a la
especialización de inspectores en este ámbito-, al incremento de la formación y, sobre todo, a la creación de estructuras de apoyo en materia de represión de la corrupción, que es un delito transnacional casi por su propia naturaleza. Todos los
corruptos que estamos conociendo operan a través de paraísos fiscales, operan en distintos puntos y lugares del Estado español y fuera del Estado español. Desde esa perspectiva, le animo a hacerlo porque los legisladores nos estamos jugando mucho
en este envite y tenemos que acometer reformas profundas de los injustos penales, de los tipos relativos a la corrupción política, pero usted también tiene que contribuir -cuando digo usted es una suerte de plural mayestático-, la Administración de
Justicia tiene que contribuir a reprimir una lacra que está a punto de deteriorar los propios fundamentos del sistema con el que convivimos. En vez de lo que le pasaba a mi predecesor en el uso de la palabra, señor presidente, a mí la luz roja se
me ha encendido antes.
El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, es una impresión que su señoría tiene, pero le puedo asegurar que los quince minutos señalados han sido los mismos para el señor Tardà que los suyos. Le ruego concluya.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Es una percepción meramente subjetiva y muy recurrente.
Con esto acabo, señor Lesmes. Ha hecho una referencia muy interesante y muy pegada al terreno sobre la llamada jurisprudencia vinculante, la jurisprudencia del Tribunal Supremo y no ha querido decirlo, sus fricciones, vamos a utilizar una
expresión eufemística, con la jurisprudencia constitucional. Le podría poner un ejemplo, si tuviera tiempo, de dónde se podrían haber producido fricciones de esta naturaleza. Por ejemplo, en determinadas querellas presentadas, acciones penales o
recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional sobre los que simultáneamente podía ser competente la jurisdicción contencioso- administrativa a través del recurso especial para la protección de los derechos fundamentales. Y si se
trata de aforados, el Tribunal Supremo en el ámbito contencioso-administrativo o la Sala de lo Penal en los tribunales superiores.
Esto se podía haber producido. No se ha producido, pero algún día puede producirse alguna reflexión más sobre la jurisprudencia vinculante y las fricciones de esta jurisprudencia con la jurisprudencia constitucional. Si fuera así, se lo
agradecería.
Le agradezco la previsión de sus intervenciones y le pido perdón por la exhaustividad de las mías. Es un problema de estilos.
El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, termine, por favor.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Con esto acabo, a modo de saludo, señor presidente, con ese mito antropológico que se preconiza de los vascos de ser cortos en palabras y largos en hechos. Espero que usted pueda compensar después, aunque no sea
vasco, esta disfunción.
El señor PRESIDENTE: Corresponde el turno al Grupo de Unión Progreso y Democracia, pero no hay ningún representante en la Comisión. En consecuencia, pasamos al Grupo de La Izquierda Plural y, en su nombre, el señor Llamazares tiene la
palabra.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Quiero agradecer su comparecencia ante esta Comisión; comparecencia que forma parte de la tríada de comparecencias frente a la corrupción que tenemos en el Congreso de los Diputados. Va de mayor a menor
independencia: primero el presidente del Consejo General del Poder Judicial, mañana el fiscal general del Estado y, finalmente, el presidente del Gobierno. En política, señor presidente, no hay casualidades, no existen, y como se ha decretado que
esta es la semana de la corrupción, ustedes forman parte de una serie de iniciativas parlamentarias políticas e institucionales con respecto a la corrupción. En todo caso, como es el año de la corrupción, bienvenida sea esa iniciativa. Lo que pasa
es que mi grupo parlamentario es muy crítico con respecto a eso que podríamos llamar lanzar la pelota hacia delante, sobre todo cuando estamos en el último año de legislatura. En el último año de legislatura no se puede venir a decir lo mismo que
hemos dicho los años anteriores, y no se puede tampoco volver a hablar de la reforma de la Ley de Financiación de Partidos o volver a hablar por enésima vez de una ley sobre altos cargos. En nuestra opinión eso es marear la perdiz. De su
comparecencia de nuevo ante esta Comisión -que yo saludo- y de su declaración pública me ha parecido extraer que hace un resumen de por donde va el Consejo General del Poder Judicial, porque usted ha hecho una radiografía del Poder Judicial y luego
una serie de impresiones o reflexiones que, en mi opinión, muestran la deriva presidencialista del consejo. Un órgano colectivo trae aquí por una parte, su valoración con respecto a la situación de la justicia y, por otra, propuestas de futuro en
torno a ella, y no reflexiones personales -muy respetables- del presidente del Consejo General del Poder Judicial.
Me parece que esa deriva presidencialista es evidente. Por si no fuera poco, el clima es el de la Reforma protestante, es decir, en vez de plantear desde el Consejo General del Poder Judicial la grave preocupación por al financiación de la
justicia española, el presidente del Consejo General del Poder Judicial hace un cántico a la austeridad. Bien está la austeridad en todo aquello que ha sido despilfarro, pero hacer un cántico a la austeridad en el Ministerio de Justicia o en el
Poder Judicial me parece realmente un despropósito porque eso le impide al presidente del consejo y al Consejo General del Poder Judicial abordar en general el principal problema de la justicia, que es verdad que es la reorganización de la justicia
y la modernización de la justicia, pero que en estos momentos se trata, sobre todo, de los recursos humanos y materiales después de un recorte brutal que se ha vivido a lo largo de los últimos tiempos en el momento más delicado para la justicia.
Pero como, tal y como he dicho antes, formamos parte de la tríada, el presidente del Consejo General del Poder Judicial no va a molestar al presidente del Gobierno en su semana anticorrupción, y por eso el presidente del Consejo General del Poder
Judicial tiene que ser eso: un presidente presidencial y además con una reforma protestante en marcha dentro del Consejo que, en mi opinión, atiende más a la contabilidad del Consejo que a las prioridades de la justicia española.
Yo tenía otra expectativa -quizás intervengo porque tenía otra expectativa- y era la de la declaración que hizo usted hace un tiempo con respecto al procedimiento penal donde decía que el procedimiento penal está hecho para roba-gallinas
-una nueva palabra del diccionario español- y no para defraudadores. Me pareció un reconocimiento de algo que todos compartimos: el Código Penal es un código penal de clase, está para el delito patrimonial y el delito de cuello blanco lo tiene más
fácil, y prácticamente lo mismo con el procedimiento en materia penal. Pero por lo menos era una reflexión crítica. Lo que pasa es que no creo que estemos en esa etapa. Comparando con Hamlet, ni estamos en la etapa de ese tipo de reflexiones -de
dudas existenciales, diría yo- ni estamos en la etapa en la que haya una decisión entre ser o actuar. En buena parte la propuesta que ha hecho está a medio camino todavía entre ser y actuar. ¿Es grupo de trabajo que respalda o controla a aquellos
que tienen causas complejas? Esa es la pregunta que cabe, porque si hubiera una voluntad de respaldo este Consejo General del Poder Judicial habría defendido la independencia de los jueces, que han sido condicionados, insultados y vilipendiados en
esas causas, con la pasividad del consejo y el Consejo General del Poder Judicial tendría una actitud no diría de discrepancia o de confrontación, pero sí una actitud más activa frente a los recortes del Gobierno en relación con los recursos de la
justicia, y nada de eso. Estamos todavía en aquello de que: algo huele a podrido en Dinamarca cuando apesta, y en ser o no ser, cuando lo más importante es intervenir y además de manera urgente.
En términos de mi profesión, hay que intervenir quirúrgicamente y de manera urgente si queremos evitar que el veneno se extienda. Y coincido con usted en que esta comparecencia debe tener un papel
especial para la lucha contra la corrupción. Lamento, sin embargo, que sea el último punto de su intervención, después de una casuística muy larga, y lamento también que lo único que haya encima de la mesa sea ese grupo de trabajo y un
reconocimiento de que ustedes no controlan y no tienen la competencia en materias como los recursos o las iniciativas legislativas. Qué duda cabe que no tienen esa competencia, pero tienen la capacidad, y no lo ha dicho aquí. No ha establecido su
posición con respecto a iniciativas legislativas; no ha planteado otro tipo de reflexiones en torno a los recortes de recursos humanos o en torno a la influencia de las tasas judiciales sobre la tutela judicial efectiva. Nada de eso, no ha querido
molestar porque forma parte usted de la tríada que trae a esta Cámara el bombo para el presidente del Gobierno el próximo jueves. Desearía que usted propusiera algo diferente que impida que los ciudadanos tengan esa sensación que tienen. Yo
coincido con usted en que los ciudadanos por una parte están alarmados por los casos de corrupción y por la extensión institucional de la corrupción en nuestro país, más alarmados aún de la sensación de impunidad y sobre todo asustados por la
parálisis de la política y de las instituciones ante esta situación.
Ese es el veneno de nuestra democracia; no solamente la corrupción, sino la impunidad y la parálisis política. Hoy tengo la impresión de que seguimos ahí -espero que el resto de la semana nos despejen las dudas- para mal, y no tengo
ninguna duda de que es para mal de la democracia española y para mal también de su propia responsabilidad.
Sin embargo, y para terminar mi intervención, querría formularle una serie de preguntas porque también quiero ser específico en algunas materias a las que me he referido de pasada. En primer lugar, y ya que no ha querido hablar de ello,
quiero preguntarle sobre cuál es la posición del Consejo General del Poder Judicial respecto de los recursos humanos y materiales de la justicia; si con estos recursos, en la mejor reorganización de la justicia y con el mejor proceso legislativo,
podemos abordar, en concreto, los retos de la justicia y, en particular, lo que tiene que ver con la corrupción. Sobre todo, teniendo en cuenta que los módulos que ustedes establecieron -que ha reconocido que han sido derogados- decían que el 43,5
% de los órganos judiciales tenían un 150 % del módulo establecido, es decir, estaban colapsados, 43,5 %. ¿Qué líneas de trabajo va a establecer el Consejo General del Poder Judicial, en el caso de que las tenga, para hacer frente a esta situación
que no se puede determinar de otra manera que de calamitosa? En tercer lugar, ¿qué iniciativas se están llevando a cabo desde el consejo para llenar el vacío producido por la declaración de nulidad? Esa diferencia que ha hecho usted entre lo
interno y lo externo me ha parecido muy interesante, desde el punto de vista del método, pero no me despeja para nada qué están haciendo ustedes, el grupo técnico, en relación con la derogación y el vacío que queda con la declaración de nulidad del
acuerdo en materia de módulos. Por otra parte, ¿qué evaluación ha hecho el Consejo General del Poder Judicial de la aplicación de la tasa judicial y de su influencia en los distintos regímenes?, ¿qué valoración hacen?, ¿ha cuestionado la tutela
judicial efectiva, como pensamos algunos grupos parlamentarios, o no? Sencillamente, en su planteamiento de la pendencia ha disminuido la litigiosidad, algo con lo que no estoy de acuerdo con usted, pudiendo en ese aspecto entrar en distintos
indicadores porque parece que aquí cada uno utiliza sus criterios y sus indicadores. Cuarto, ¿están trabajando con algunos órganos judiciales concretos; cuáles? Me refiero a las necesidades específicas de aquellos juzgados y tribunales que
afrontar macrocausas o causas complejas. ¿Podría detallar en qué situación se encuentran los trabajos?, ¿qué insuficiencias se han detectado? Nosotros creemos que esto es más importante que crear un grupo por encima de los órganos
jurisdiccionales concretos. Pensamos que lo que hay que hacer es reforzar al órgano jurisdiccional y su independencia.
Varios grupos parlamentarios han preguntado sobre el tema de la violación de los derechos humanos, sobre la memoria histórica, pero yo quería a preguntarle sobre el caso concreto de los 15 inmigrantes fallecidos en la playa de Tarajal y que
está siendo tramitado en el Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta. ¿Sabe usted, o sabe el consejo, que a estas alturas aun existen cadáveres sin identificar, que no se están practicando diligencias de prueba, que la causa está paralizada?, ¿qué
credibilidad podemos tener en la lucha a favor de la defensa de los derechos humanos con hechos como el de Argentina o como este, que tiene que ver con la inmigración en nuestro país?
Hoy es un día muy importante respecto de la violencia de género, pero quiero recordarle -me parece que lo ha dicho usted- que de las víctimas mortales el 20 % había denunciado a su agresor y únicamente el 7,4 %, tenían medidas de protección.
Eso plantea problemas, y son problemas importantes, sobre todo en materia de formación inicial y continuada. ¿Qué piensa hacer el Consejo General del Poder Judicial en relación con la sensibilización de jueces y magistrados sobre el tema? ¿Cuáles
son
las claves que permiten diferenciar la política formativa respecto de las anteriores para procurar incremento y mejora de la formación?
En séptimo lugar, ¿cuáles son los refuerzos en relación con los programas y seminarios sobre derechos humanos, en particular sus declaraciones sobre la memoria histórica y su traslado a la formación de los jueces? Queremos saber cuáles son,
en concreto, los refuerzos de tales programas y seminarios que se han habilitado en materia de memoria histórica, y si eso significa también valorar la jurisdicción internacional en relación con la Ley de Amnistía. Octavo -ya voy a terminar con
estas tres preguntas en relación con la organización y funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial una vez ya ha pasado un año-, ¿a qué se debe el retraso en el reglamento de organización y funcionamiento del Consejo General del Poder
Judicial? Tenían seis meses de plazo, han pasado otros seis y ahora nos dice que está en la fase de ponencia, ¿cuál es la razón?
El Tribunal de Cuentas acaba de señalar otra vez las importantes deficiencias del Consejo General del Poder Judicial. ¿Está en condiciones de afirmar el presidente que no se están reproduciendo las deficiencias observadas ya en el Tribunal
Constitucional por el Tribunal de Cuentas en este informe? ¿Cómo se están encarando algunos de estos defectos, en concreto, con relación a las siguientes materias: provisión de puestos de trabajo, el llamado a concurso interno, que es cuestionado
por el Tribunal de Cuentas; en relación con los concursos de méritos para el personal de nivel superior, el establecimiento de un baremo para valorar los méritos de los candidatos constituye un elemento esencial que caracteriza el procedimiento de
concurso y lo diferencia del procedimiento de libre designación; y luego la motivación empleada para la elección de la terna por la comisión permanente que según el tribunal es genérica y resulta ser más propia de la justificación de un
nombramiento de libre designación y no de un concurso.
Esas son las preguntas que quería hacerle. Termino ya, señor presidente, gracias por su generosidad. En todo caso, quiero decirle que valoro su comparecencia, la actualización de la comparecencia, que sigue siendo una comparecencia siempre
anacrónica, pero valoro la actualización de semestre a semestre y valoro el intento de incorporar lo relativo a la principal preocupación de los españoles que es la corrupción; pero si este es el inicio de la semana de la corrupción, en nuestra
opinión, triste inicio.
El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió su portavoz, el señor Jané i Guasch, tiene la palabra.
El señor JANÉ I GUASCH: En primer lugar, en nombre de Convergència i Unió, queremos dar la bienvenida a esta Comisión de Justicia al presidente del Consejo General del Poder Judicial, bienvenida que hacemos extensiva a todos los vocales del
consejo que nos han querido acompañar en esta sesión.
Quiero hacer dos acotaciones formales, señor presidente, antes de iniciar propiamente mi intervención. La primera de ellas es que cuando fijemos la hora a la que debe comparecer el presidente del consejo para dar cuenta de la memoria, quizá
deberíamos fijar una hora más temprana porque no es lo mejor que el presidente Lesmes esté respondiendo a los portavoces pasadas las tres de la tarde. Merece otro seguimiento y merece otra ubicación especialmente. Segunda precisión: el hecho de
lo que es ya un anacronismo que venimos heredando desde hace muchas legislaturas, que es el hecho de que se inicie el año judicial en septiembre y sea en septiembre cuando se presenta la memoria del año anterior -eso nos conduce siempre a un retraso
notable en lo que es la aportación de datos- hoy formalmente se presente la memoria de 2013, -pero el presidente del consejo nos ha aportado datos del primer semestre del año 2014 agradecemos esa actualización-. No obstante, también pedimos, en
este caso al Consejo General del Poder Judicial, que se nos remitan a cada portavoz antes de esta comparecencia los datos de ese semestre porque así podremos profundizar mejor en esta comparecencia. Por tanto, señor Presidente de la Comisión,
deberíamos darle a la Comisión mayor amplitud temporal empezando de manera más temprana para tener toda la mañana para debatir y, en segundo lugar, le pido al consejo que aquello que nos lleve más allá de la memoria que se presente también se nos
aporte previamente porque nos ayudará a analizar mejor los datos.
En ese análisis de datos comentaré un primer aspecto, este sí que venía en la memoria del año 2013: se dan datos sobre si aumenta o no el número de procesos. Las tasas de litigiosidad son altas, pero cierto es también -debe preocupar al
consejo y no hemos oído al presidente del consejo ninguna crítica o acotación al respecto- que hay una Ley de tasas que tiene efectos graves; quizá las cifras no lo demuestren, pero los tiene. Los ciudadanos lo saben y, por la cuantía de la tasa,
muchos de ellos desisten de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Lo saben los abogados, los procuradores y los que
en el día a día están sufriendo esa Ley de Tasas que tuvo ya claramente sus efectos en ese año 2013. Por tanto, ante ese diagnóstico global que hacía el presidente del consejo, le pedimos que incluya una valoración negativa de lo que para
lo que es el valor superior de la justicia ha supuesto la Ley de Tasas, que nosotros pedimos que se derogue. Por consiguiente, hemos echado en falta una crítica a esa normativa tan ampliamente denostada por los principales operadores jurídicos y
por tantos ciudadanos -que no nos lo dicen porque no tienen mecanismos para hacérnoslo llegar-, que irían a un proceso, pero el propio operador jurídico les dice que van a tener que pagar unas tasas que ahora, por cierto, son mucho más elevadas.
Entendemos que ese elemento de crítica debería haberse incorporado.
Le agradecemos también, desde CiU, el hecho de que en el informe del consejo sobre la Ley Orgánica del Poder Judicial -usted lo ha destacado hoy aquí- se incluyera una sugerencia de que, con carácter previo, cuando se inicie un juicio, los
jueces ofrecieran la posibilidad de que en ese juicio se utiliza cualquiera de las lenguas que son oficiales en el territorio donde se va a llevar a cabo ese juicio. A esto le damos valor porque no está y se ofrece para que esté como una sugerencia
que hace el informe del consejo. Está bien, pero no resulta esa sugerencia la solución a que -lo decían antes otros portavoces- tengamos que denunciar que la utilización de las lenguas oficiales y propias no es la adecuada en el ámbito del Poder
Judicial, y -lo digo con toda claridad- no lo es en Cataluña. Nos hubiera gustado que en ese informe sobre la Ley Orgánica del Poder Judicial se hubiesen incorporado posiciones y aportaciones muy útiles que algunos vocales realizaron como voto
particular recordando que la ley orgánica podría introducir como requisito el conocimiento de la lengua; recordando cómo el Estatuto de Autonomía de Cataluña del año 2006, en el momento en el que se pide la acreditación del conocimiento de la
lengua, está conduciéndonos no a un mérito preferente, a un requisito. Solo así conseguiremos ir en la línea adecuada a esa normalización lingüística que es un déficit que tiene el Poder Judicial, y claramente lo tiene en Cataluña. Por tanto, al
hablar de ese macroinforme -usted ha detallado más de veinte informes que ha hecho el Consejo General del Poder Judicial durante este tiempo a anteproyectos de ley y de manera muy destacada ha señalado ese informe sobre la ley orgánica-, queremos
decir que les quedaron muchas cosas en el tintero.
Desde Convergència i Unió lo queremos destacar hoy aquí para pedirle al presidente del consejo que nos ayude su consejo a hacer posible aquel modelo de implementación del Poder Judicial en el marco de un Estado compuesto que algunos
estatutos de autonomía incorporaban de manera clara. No es un tema del Estatuto de Autonomía de Cataluña cuando hablamos de consejos de justicia territoriales: estamos hablando del Estatuto de Andalucía, del Estatuto de Aragón, del Estatuto de
Castilla y León, del Estatuto de Extremadura, del Estatuto de Illes Balears y del Estatuto de Valencia, junto con el de Cataluña. Todos ellos prevén una institución que tiene que llegar a ser un órgano desconcentrado del propio consejo, con los
límites que el Tribunal Constitucional especificó, pero una institución que existe en la mente del legislador orgánico que aprobó unos estatutos de autonomía, algunos de ellos, como el de Andalucía o como el de Cataluña, que han sido refrendados
directamente por la población, votados afirmativamente por la población. Les estamos diciendo que aquello que está en esas normas jurídicas es como una situación fantasmagórica: no existe, no existe. Incluso el Estatuto orgánico del ministerio
fiscal prevé como, antes de nombrar el fiscal superior, tiene que haber ese informe de un consejo, el Consejo de Justicia de Cataluña, que no existe, y lo dice el Estatuto orgánico del ministerio fiscal y lo dicen los estatutos de autonomía no de
Cataluña, sino de estas siete comunidades autónomas. Por tanto, ¿qué le pedimos al presidente del consejo? Usted hoy aquí -se lo agradecemos muchísimo y le damos mucho valor- no hace una mera aportación de datos, usted da un valor adicional a esta
comparecencia, hace propuestas. Le pedimos que incorpore a esas propuestas ese déficit que incorpora el Poder Judicial, déficit en cuanto a consejos superiores de justicia, en cuanto a lengua como requisito, déficit clarísimo en lo que debería ser
esa concepción de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas como última instancia, que así el artículo 152 de la Constitución y los estatutos los configuran. Por tanto, no se trata de configurarlos casi como tribunales de
apelación, que es lo que quería hacer ese proyecto de ley orgánica. Usted ha querido dar valor, y lo entiendo al Tribunal Supremo, pero demos también valor a esos tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas, que los recogen todos
los estatutos de autonomía al abordar el Poder Judicial en su respectivo territorio. Por tanto, esa es una asignatura pendiente que tenemos.
Estamos muy preocupados, y se lo queremos transmitir así al presidente del Consejo General del Poder Judicial, porque el intento de iniciar un proceso penal ante el proceso participativo que existió en Cataluña, el pasado 9 de noviembre,
puede dañar muchísimo -está dañando ya- la imagen que del
Poder Judicial se puede tener en Cataluña. Lo decía el portavoz de nuestro grupo, el señor Duran: es el mayor de los errores que se ha cometido en muchos años, grave error político y grave error jurídico. Aquí también le queremos
trasladar al presidente del consejo nuestra visión negativa del día 11 de noviembre, que vino a presentar la memoria ante este Congreso de los Diputados. Era el martes siguiente al proceso participativo del día 9, y si ponemos todos los datos en
contexto, el sábado anterior, día 8, el presidente del Gobierno, señor Rajoy, que como político se puede expresar en todo aquello que considere oportuno, dijo que lo que iba a suceder el día 9 de noviembre ni era un referéndum ni era una consulta ni
producía efecto alguno. En cambio, el martes siguiente, cuando usted presentó su memoria ante el Congreso, le preguntarán sobre qué repercusión podría tener ese proceso participativo, y usted afirmó que no quería entrar -estamos de acuerdo en esa
apreciación inicial suya-, porque -dijo usted-: puede que se abran procesos sobre el 9N y tendrán que ser los jueces encargados los que deban pronunciarse. Hasta aquí hubiera sido correcta su apreciación, pero añadió, contradiciendo incluso al
presidente de Gobierno, que habrá dicho que ni era un referéndum ni era una consulta, que había unas decisiones del Tribunal Constitucional que pedían una suspensión y que en Cataluña había habido algo parecido a una consulta. Eso se interpretó muy
mal en Cataluña y no ayudó para nada a esa percepción del Poder Judicial independiente, del Poder Judicial que queremos, que deseamos que sea absolutamente respetado. Quiero recordar que no hubo decisión ninguna ese día, no fue un proceso de
decisión ni un proceso referendario, fue un proceso de participación donde 2.300.000 personas -en términos de participación siempre es un resultado a tener cuenta- quisieron dar su opinión, sin decidir nada. Ante ese proceso participativo se
abrieron acciones penales, -y lo dice Duran- y, eso, es el mayor error de los últimos años, error político y error jurídico. Pues bien, no alimentemos desde el Poder Judicial y desde su máximo representante una frase que dé a entender que está
avalando que se haya podido o no infringir el ordenamiento jurídico, porque no hay duda. Convergència i Unió quiere trasladarle la sensación de que esa frase no fue la más adecuada justamente en un momento en el que, lamentablemente, estamos viendo
que se quiere que tenga una repercusión penal que consideramos un gravísimo error político y jurídico. Le trasladamos esta inquietud.
Agradecemos al presidente del consejo la aportación que ha hecho hoy en materia de corrupción. Le apoyamos. Consideramos oportuno que el presidente del consejo, más que repasar unos datos meramente, haga estas propuestas. Todos deberíamos
ser capaces en esta legislatura de alcanzar algún acuerdo. No va a depender del presidente del consejo, sino de los grupos parlamentarios, pero es una asignatura que tenemos pendiente. Lo decía usted de manera muy gráfica: ha habido setenta
modificaciones en tres siglos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ya es hora de que abordemos en temas de corrupción un proceso penal más ágil, más eficaz y con plenas garantías, pero más ágil y más eficaz. Ante esas macrocausas, podemos
reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que los delitos conexos puedan tener un enjuiciamiento distinto. Podemos descargar muchísimo a la justicia penal a través de esos juicios rápidos, en relación con los cuales usted hoy ha manifestado
la voluntad de que se impulsen. Cuando se dan tantísimos supuestos en que hay atestados policiales que se remiten a los juzgados, a las fiscalías, cuando no hay una autoría conocida de ese delito y eso da lugar a un atascamiento que podríamos
evitar claramente si modificáramos la Ley de Enjuiciamiento Criminal, podríamos hacer una regulación distinta del proceso de investigación en el ámbito penal, que no está dando el resultado necesario porque en ocasiones faltan medios. Usted hoy ha
hecho una propuesta -la encontramos muy acertada- para crear unas unidades especializadas en el ámbito de la corrupción; ha dicho que habría un apoyo de servicios de relaciones internacionales. En ocasiones se intenta dar una connotación a hechos
que pueden haber sucedido en otros países y no hay colaboración ni actividad necesaria para confirmarlo o desmentirlo. Por tanto, aquí también tenemos mucho camino que recorrer.
En lo relativo a la especialización del servicio de inspección, necesitamos más medios y esa demanda de más medios que usted ha hecho también la apoyamos. Necesitamos una implicación de todos y esperamos que de la comparecencia de hoy, de
la que mañana realizará el fiscal general del Estado y del debate del jueves salga algo, porque la sociedad nos está exigiendo que actuemos y que hagamos propuestas positivas.
Voy terminando, señor presidente. Usted ha hecho una mención específica -la compartimos- al tema de la mediación y quiero poner aquí en valor todo lo que en este ámbito, no solamente a través de la ley específica, sino también a través de
la creación del centro de mediación, que depende de la Conselleria de Justicia, en Cataluña, el conseller Germà Gordó ha impulsado. Ha impulsado muchísimo
la cuestión de la mediación en esta legislatura y es un horizonte en el que debemos profundizar y que debemos intentar implementar.
Termino, porque veo que el tiempo se me acaba, aunque el señor presidente ha empezado más tarde a ponerme el cronómetro y creo que me ha puesto menos minutos a partir del momento en que lo ha activado.
El señor PRESIDENTE: No, señoría. Tiene usted razón en que lo puse más tarde. Así fue, pero...
El señor JANÉ I GUASCH: Es que no se me escapa nada, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Le puse el tiempo que le corresponde, que son quince minutos, y su señoría tiene que terminar porque ha sobrepasado ese tiempo.
El señor JANÉ I GUASCH: Termino ya.
Le quería hacer también unas preguntas concretas sobre el ámbito de la formación continua -usted se ha referido a ello, 3,4 millones de euros de inversión en formación continua-, quisiera saber si el consejo tiene previsto realizar un diseño
a largo plazo de la formación continua e inicial. Asimismo, en cuanto a la promoción de la especialización jurisdiccional, quisiera saber si hay planes específicos porque -también enlazándolo con el tema de la corrupción- es muy necesaria esa
promoción de la especialización jurisdiccional. Por tanto, todo aquello que contribuya a esa especialización -usted se ha referido a ello- interesa de manera muy clara a Convergència i Unió.
Terminó ya agradeciéndole una vez más su comparecencia, agradeciéndole que se hagan propuestas, porque creo que es útil para esta Comisión de Justicia. Esperemos que de estos debates, de las resoluciones que presentaremos los grupos
parlamentarios, pueda salir finalmente un balance positivo y el Consejo General del Poder Judicial, su presidente y todos los vocales tengan el ofrecimiento de Convergència i Unió. Los legisladores de cada grupo estamos también para escucharles,
para recibir propuestas y para que a través de reflexiones -críticas o no- nos ayuden a mejorar las leyes y a hacer propuestas en positivo.
El señor PRESIDENTE: Señor Jané, su señoría conoce el formato especial de esta Comisión, fruto de una resolución de la Presidencia de la Cámara. No la convoca la Mesa y el presidente de la Comisión de Justicia, la convoca el propio
presidente de esta Cámara y es él quien definitivamente fija la fecha. Yo puedo compartir con su señoría que habría sido más interesante ponerla antes, pero no estaba en mi mano ni en la de los portavoces y miembros de la Mesa de esta Comisión. En
cualquier caso, le agradezco sus palabras.
Pasamos a continuación al Grupo Parlamentario Socialista. En su nombre, tiene la palabra la señora Aguilar.
La señora AGUILAR RIVERO: En nombre de nuestro grupo parlamentario, quiero dar la bienvenida al presidente del Consejo General del Poder Judicial, a los vocales y las vocales que le acompañan en esta comparecencia parlamentaria y a cuantas
personas han venido con el presidente a compartir este tiempo y esta mañana en el ámbito parlamentario.
La verdad es que si algo tenemos que poner de manifiesto por parte de nuestro grupo parlamentario es la extraordinaria habilidad que ha tenido el presidente del consejo al realizar su hora y media de intervención, porque nada ha dicho de la
memoria del año 2013 -ha dado directamente un salto al año 2014- y ha puesto de manifiesto que el consejo general lo tiene todo previsto, cuando no hecho, y tiene una hoja de ruta marcada donde los objetivos se van a conseguir, se van a alcanzar
casi de inmediato. De forma indirecta, señor presidente, ha justificado algunas actuaciones del Gobierno, ha priorizado algunas que debe llevar a cabo el Ejecutivo -no ha dejado deberes al Legislativo- y con extraordinaria habilidad no ha hablado
de aquello sobre lo que no tenía interés en hablar. Si vemos los datos del primer semestre de 2014 a los que ha hecho referencia y los ponemos en relación con los de la memoria del año 2013 y con la memoria del Defensor del Pueblo de 2013 en
relación con las quejas de justicia y a la preocupación que los ciudadanos expresan en ella, vemos claramente que hay una disminución de las tasas de resolución, que hay una disminución de las sentencias dictadas y que además la tendencia a la
disminución continúa en el año 2014 en la misma línea en que venía produciéndose en los años 2012 y 2013. Por otro lado, señor presidente, se está viviendo un gran retraso de las ejecuciones judiciales, sobre todo en el orden jurisdiccional penal,
a pesar de que se estén adoptando -y lo conocemos- medidas por parte de
las salas de gobierno de los tribunales superiores de Justicia. Ante esta realidad evidente, señor presidente, díganos qué van a hacer y cómo van a responder a la misma.
En cuanto a la resolución judicial, vemos una disminución media de un 5,4 % del número de sentencias dictadas por cada juez o magistrado, continuando también con la tendencia de 2012 y 2013. También en cuanto a la resolución judicial, hay
un dato extraordinariamente relevante, que es el referido -usted también lo ha citado en su intervención- a la carga de trabajo que afecta de manera directa a una parte importante del colectivo judicial. El reparto desigual de la carga de trabajo
lo ponen de manifiesto los propios datos de la inspección del Consejo General del Poder Judicial. Sabemos que el 43,53 % de los órganos judiciales supera el indicador del 150 % de carga de trabajo -hablamos de mil seiscientos noventa y cinco
órganos-, pero también sabemos que un 24 %, casi un millar, no alcanza el indicador medio de la carga de trabajo. En ese contexto, usted ha hecho alguna referencia a que el anterior consejo aprobó en pleno con carácter provisional un documento, que
luego no se pudo elevar a definitivo, pero lo cierto y verdad es que no se ha cumplido una resolución de esta Cámara que pedía que se acordara una valoración de las cargas de trabajo para actualizar los módulos de trabajo. El consejo actual no
parece que haya realizado grandes avances al respecto. En cualquier caso, explíquenoslo pormenorizadamente para que podamos saber realmente en qué tiempo está en estos momentos y en esta materia en el consejo. Si añadimos a la carga de trabajo y
su realidad que no se haya implantado -usted lo ha reconocido- el Plan de prevención de riesgos laborales para evaluar los riesgos en la seguridad y la salud de los miembros de la carrera judicial, a nadie le debería sorprender la iniciativa llevada
a cabo por una asociación judicial contra este estado de cosas. Por cierto, ¿qué previsiones tiene al respecto y cómo va a proceder el consejo ante esta iniciativa? Tampoco debería extrañarnos, señor presidente, que recientemente los jueces
sustitutos hayan demandado, por vulnerar sus derechos, al Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal Supremo ha admitido la demanda. Estamos hablando de unos jueces que suponían el 20% de la planta judicial y que dictaban el 30 % de las
sentencias, jueces a los que el Gobierno del Partido Popular les hizo un ERE y liquidó fulminantemente. ¿Qué valoración hace el consejo de la actuación llevada a cabo? ¿Qué va a hacer realmente el consejo al respecto? Parece que hay temas
delicados e importantes que usted ha soslayado en su prolija intervención a lo largo de la mañana. Y permítame que le diga -usted ha vuelto a reconocerlo en el día de hoy- que señaló como objetivo del nuevo consejo la cercanía, la proximidad a los
jueces; es más, esta mañana ha dicho que quiere que el consejo general sea la casa de los jueces. Algo debe estar fallando cuando la situación real es la que tenemos y la que acabo de describir con cifras, datos y hechos. Nos gustaría un poco de
autocrítica por parte del propio consejo, no solo autocomplacencia por parte de su presidente.
En ese orden de cosas, hay una cuestión a la que han hecho referencia algunos de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra y que nosotros queremos subrayar de manera singular y especial, porque afecta dura y negativamente
al conjunto de la ciudadanía. Se puede imaginar que me estoy refiriendo a las tasas judiciales, que impiden el derecho a la tutela judicial efectiva y que cuentan con cinco recursos de inconstitucionalidad, uno de ellos del Grupo Parlamentario
Socialista. Todos los operadores jurídicos están en contra de ellas, porque sabe bien que consagran una justicia para quienes tienen recursos económicos y una imposibilidad manifiesta de acceder a la justicia para quienes carecen de ellos. Es una
ley, señor presidente, de mucha importancia, pero en la memoria no hemos encontrado un informe exhaustivo de la misma, como tampoco lo hemos encontrado en su intervención. No sabemos si es que incomoda la Ley de Tasas porque no se quiere reconocer
realmente la realidad que está ocasionando para la mayoría de las ciudadanas y los ciudadanos. Pocos son los datos que hay, pero nos permiten extraer algunas conclusiones. Esos datos nos dicen que los asuntos ingresados en la jurisdicción civil se
han reducido en un 9,2 % respecto a 2012; en un 15,5 % en la jurisdicción contencioso-administrativa y en más de un 13 % en los recursos en la jurisdicción social, que es en el ámbito en el que hay que pagar. ¿Qué dice al respecto el consejo ante
un tema tan relevante y que afecta a miles de ciudadanas y ciudadanos? Otra cuestión sobre la que queremos expresar nuestra posición y a la que usted ha hecho referencia al comienzo de su intervención es la violencia doméstica y de género.
Señorías, lógicamente y como no podía ser de otra manera, antes de referirme a ello, hoy Día Internacional contra la Violencia de Género quiero mostrar, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, nuestro recuerdo, respaldo y apoyo a las víctimas
y sus familias, y expresar nuestro firme compromiso de continuar luchando hasta que entre todas y todos seamos capaces de derrotar la violencia de género que pone en evidencia al conjunto de la sociedad. En relación con este tema que tanto daño
causa y que interpela a la ciudadanía cada día, nos resulta sorprendente, señor presidente, que la memoria se refiera a ambas situaciones de manera conjunta.
Reconocemos avances -no se los vamos a negar- en el ámbito de la labor judicial en relación con la violencia de género, pero la realidad pone de manifiesto que son insuficientes para garantizar la vida y la integridad física y psíquica de
muchas mujeres. Por eso, hay que continuar haciendo esfuerzos y queremos plantearle con rotundidad, señor presidente, que el Consejo General del Poder Judicial lo marque como una prioridad, no solo desde el ámbito del observatorio -al que
reconocemos el trabajo que realiza- sino también en el ámbito de la Comisión de Igualdad, dos espacios que tienen que establecer una prioridad común y conjunta. Sobre la violencia doméstica -por eso le decía que nos extrañaba que se hubieran sumado
las dos cosas- no hemos encontrado datos en la memoria. Tampoco nos ha dicho apenas nada en su intervención y queremos pedirle que se les dé visibilidad a nuestras niñas y niños, a nuestros mayores, a las personas con discapacidad que están
sufriendo violencia, que están sufriendo maltrato. En ese contexto, esperamos un compromiso expreso por parte del presidente del consejo. En términos de igualdad sabemos el trabajo importante que el consejo está llevando a cabo pero, después de
contar con un plan de igualdad de la carrera judicial, nos ha llamado la atención un dato que le voy a dar, señor presidente, y es que todas las excedencias voluntarias para cuidado de hijos y para cuidado de familiares han sido concedidas única y
exclusivamente a mujeres, que lógicamente serán las únicas que los han pedido. Esto significa que el camino iniciado en la conciliación tiene todavía mucho trayecto por recorrer.
Una cuestión que hay que recordar, hablando de igualdad, es que en el informe del anteproyecto de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el consejo proponía dos cuestiones realmente sorprendentes: Una, que se incorporaran a la
comisión los delitos de odio, que significa ni más ni menos que cambiar sustancialmente el sentido de la comisión. Y otra, que pudiera no ser una mujer quien presidiera la comisión. Si hay cuatro comisiones y solo una la preside una mujer porque
la ley lo dice, si lo eliminamos de la ley, seguramente las mujeres también serán en ese ámbito invisibles en el marco del consejo. Por eso, nos gustaría que nos dijera algo al respecto y, sobre todo, que se comprometiera expresamente. En cuanto a
transparencia -usted ha sido prolijo hablando de ella-, nos habló en su primera comparecencia del acuerdo de constitución del denominado grupo de trabajo de transparencia y buen gobierno, y ha vuelto a reiterarlo. Nos gustaría que nos facilitara
más información y más detallada sobre cómo está funcionando el portal web de transparencia del consejo y cómo se está cumpliendo en ese portal su compromiso adquirido de que haría público y mantendría actualizado un repositorio de datos sobre
delitos relacionados con la corrupción y que además llevaría a cabo estudios de opinión sobre aptitudes y percepciones de los operadores jurídicos relevantes en materia de transparencia y corrupción. Y le pido esto, señor presidente, porque en la
página web no lo encontramos, no sé si porque nada se sabe de ello o simplemente porque no está. Por eso debería aclararlo. En relación con la transparencia y el informe del Tribunal de Cuentas -que, por cierto, ha destacado graves incumplimientos
y señaladas incidencias-, nos gustaría que nos respondiera a algunas cuestiones. ¿Puede decirnos qué medidas ha adoptado como presidente del Consejo para dar solución a este tema que subraya y señala el Tribunal de Cuentas? ¿Tienen ya el manual de
procedimiento de contratación que exige el Tribunal de Cuentas? ¿Están dando cumplimiento a lo planteado por el Tribunal de Cuentas en materia de registro público de contratos como exige no solo el tribunal sino la propia ley? ¿De verdad han dado
respuesta en su totalidad a todo aquello que el Tribunal de Cuentas le ha planteado y le ha indicado y subrayado? En relación también, señor presidente, con la transparencia, hace escasas fechas el Gobierno anunció la creación de 282 plazas de
jueces para la lucha contra la corrupción y usted, como presidente del Consejo, sabe igual que nosotros, exactamente igual que nosotros, que no se va a crear ni una sola plaza, que no se va a incorporar ningún juez más, que no hay ningún incremento
de gasto presupuestario y que los jueces de los que hablamos llevan trabajando ya más de dos años en los juzgados y tribunales. Ante esa realidad, ante la verdad que usted conoce, ¿por qué el Consejo General del Poder Judicial no ha salido
aclarando los términos exactos de esta situación? Todos los operadores jurídicos lo hicieron rápidamente y usted, como presidente, guardó clamoroso silencio. ¿Por qué no ha dicho a la ciudadanía que estos jueces se encuentran ya trabajando y que
estamos ante una formalización administrativa? Nada de jueces nuevos para luchar contra la corrupción. En este capítulo lógicamente finalizo pidiendo no solamente información, sino opinión también respecto del cumplimiento de la recomendación que
emplaza al consejo a garantizar la transparencia en los nombramientos discrecionales. Usted ha hecho gala aquí del 75 %, estaba hablando de porcentajes en términos de consenso, que nosotros celebraremos cuando se produzca el consenso de verdad,
pero queremos saber qué pasa con el cumplimiento de la recomendación.
Termino, señor presidente, con una cuestión en relación con la corrupción. Todos coincidimos en que uno de los principales problemas que nos preocupan y que nos deben ocupar en los próximos tiempos es
combatirla con rotundidad y con instrumentos adecuados. Además, quienes lo expresan mejor son las ciudadanas y ciudadanos que lo ponen como segundo problema en estos momentos en su vida cotidiana y diaria. Por eso me gustaría que nos
informara de forma puntual sobre el cumplimiento de la resolución de esta Cámara propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista -y termino, señor presidente-, instando al Consejo General del Poder Judicial a acordar medidas de refuerzo que precisen
los órganos judiciales que investigan delitos vinculados a la corrupción que por su complejidad y entidad exijan una dedicación extraordinaria, con el fin de asegurar que la acción de la justicia cumpla su función constitucional con la máxima
eficacia y sea, por consiguiente, lo más rápida posible a la hora de esclarecer los hechos y atribuir las responsabilidades que en su caso procedan. ¿Qué ha hecho o está haciendo el consejo al respecto?
Dicho esto -termino de verdad, señor presidente, en treinta segundos-, a nosotros nos gustaría manifestarle que estamos -y creo que esto lo compartimos- ante un momento de extraordinaria importancia que exige máxima responsabilidad por parte
de todos. De ahí que tengamos que ponerle de manifiesto que para nuestro grupo parlamentario -se lo digo con todo el respeto que merece- fueron desafortunadas sus palabras sobre la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal. Estamos de acuerdo en que
hay que reformarla en profundidad y que tenemos que encontrarnos en una nueva ley de enjuiciamiento criminal, pero ha sido un instrumento útil respecto al cual se han sustanciado causas muy importantes en España. Por tanto, afirmar que estaba
pensada para el robagallinas y no para el gran defraudador y que ello supone una gran traba para la lucha contra la corrupción, creemos que genera preocupación y alarma social. Señor presidente, ¿no piensa que se equivocó? Díganoslo, porque me
parece que es importante, sobre todo cuando esas palabras vienen de una persona que en su momento -no es que quiera echárselo en cara, entiéndalo- tuvo responsabilidad en el ámbito de gobierno. Si tan mala era la Ley del Enjuiciamiento Criminal que
teníamos, hubo tiempo para plantear una nueva ley en aquellos años, pero no se produjo este hecho; y se lo digo con todo el respeto. Por tanto, mi grupo parlamentario considera que tenemos todos que aunar esfuerzos, cada uno desde su lugar y desde
su responsabilidad, para derrotar juntos a la corrupción que está incidiendo tan negativamente en el conjunto de la sociedad. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Finaliza este turno el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, el señor Castillo. Tiene la palabra.
El señor CASTILLO CALVÍN: Señorías, si queremos acotar los puntos negros de nuestra justicia, además de trabajar en el diseño global de nuestro marco jurídico, debemos ser capaces de abordar con la máxima precisión cuáles son esos puntos en
concreto. Los datos sobre los que podemos empezar a hacer esa labor de diagnóstico son precisamente los contenidos en las estadísticas públicas, las que elabora el Instituto Nacional de Estadística, la Fiscalía General del Estado y, por supuesto,
el Consejo General del Poder Judicial. Ese es el sentido de la comparecencia del presidente del consejo, el señor Lesmes, al que agradecemos desde el Grupo Parlamentario Popular su intervención en esta segunda ocasión en la que está con nosotros en
tan solo seis meses para rendir cuentas de la actividad del consejo. Igualmente quiero agradecer a todo su equipo, y especialmente a los vocales que nos acompañan en esta mañana, el esfuerzo y el trabajo que han realizado para que podamos conocer
de primera mano y en profundidad no solo la intensa labor que desarrollan, sino también las necesidades de nuestra justicia. Tal y como nos anunció el presidente del consejo en su intervención en el Congreso del pasado 13 de mayo, ha comparecido
ante esta Comisión puntualmente y con la máxima proximidad temporal desde la presentación de la memoria, lo que demuestra su voluntad de impulsar la máxima colaboración institucional. Esta puntualidad, sin embargo, no permite un año más ofrecer una
solución definitiva al importante defecto que cada año presenta la memoria y que no es otro que su falta de inmediatez. Es conveniente superar este problema y conseguir de una vez por todas que los grupos parlamentarios y los ciudadanos podamos
obtener un conocimiento cercano y real de lo que sucede en nuestra Administración de Justicia, detectar las posibles necesidades y deficiencias, y trabajar en la mejora de las mismas, pues esa -y no otra- es su función principal.
La solución que planteamos en forma de resoluciones del Congreso de los Diputados a la memoria de los años 2010-2012 para que se compilara la actividad por años judiciales, en vez de por años naturales, así lo pretendía. Sentimos que al
consejo no le haya parecido una solución conveniente, motivo por el cual ha decidido mantener las series anuales coincidentes con el año natural. En todo caso, somos persistentes porque estamos convencidos de que esta -y no la actual- es la mejor y
más razonable fórmula para permitir una mayor proximidad temporal de esta comparecencia con los hechos y con los datos de los que
se da cuenta. Por este con motivo, insistiremos un año más en nuestra ya clásica pero tan necesaria y compartida reivindicación, que entendemos que debería ser nuevamente valorada. Dejando a un lado esta petición, que no creo que sea tan
complicada de satisfacer, queremos agradecerle que haya tenido el acierto de completar su comparecencia mencionando datos relevantes correspondientes -como nos ha indicado- al primer semestre del presente año, esfuerzo que no solamente nos sirve de
gran ayuda para nuestra tarea, sino que evita que esta comparecencia quede convertida en un mero acto protocolario.
Centrándome ya en los datos de la estadística judicial de los que la memoria es un reflejo, estos nos indican que por cuarto año consecutivo ha descendido el número de asuntos ingresados en los órganos judiciales españoles.
Los 8.600.000 asuntos ingresados en 2013 representan un 3,8 % menos que los ingresados en 2012, con una tendencia a la disminución de asuntos en las cuatro jurisdicciones en lo que va de año -al menos en ese primer semestre al que ha hecho
referencia-, resultando la tasa de litigiosidad más baja desde el año 2006. Se consolida así en estos tres últimos años una tendencia a la reducción que viene operando desde el año 2010, siendo el cuarto año consecutivo -y creo importante
destacarlo- en que la Administración de Justicia ha sido capaz de resolver más casos de los ingresados, con un destacado descenso de la tasa de pendencia.
Antes de seguir, me gustaría señalar una segunda cuestión que, un año más, entiendo que ha quedado pendiente. Me refiero a la necesidad de mejorar la calidad de los datos estadísticos recogidos en la memoria, a fin de que esta refleje con
precisión el volumen real de procesos judiciales. Me va a permitir que me detenga en este punto, pues el exceso de litigiosidad no debe seguir considerándose sin más una de las principales causas que justifican la lentitud en la tramitación de los
procedimientos ni de que tengamos tan elevada pendencia judicial, muy superior a la media de los países de la Unión Europea. Me explico. Fruto de la necesidad de mejorar la calidad de los datos estadísticos y dando cumplimiento a la petición
aprobada por esta Comisión -por cierto, a propuesta del Grupo Parlamentario Popular-, hemos podido comprobar con satisfacción cómo en la memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente al año 2013, que tuvimos ocasión de conocer con motivo
de la apertura del año judicial y que mañana nos detallará personalmente en esta Comisión el fiscal general del Estado, se ofreció por vez primera la referencia cuantitativa real de la justicia penal en nuestro país. Gracias a este dato facilitado
en la memoria del Ministerio Fiscal hemos podido conocer que en el orden penal la litigiosidad ha quedado reducida de los prácticamente cuatro millones y medio de asuntos, que era la cifra aceptada en la estadística judicial, a la de poco más de
661.000 asuntos. Como digo, así lo señaló el fiscal general del Estado. Por tanto, no se trata de un descenso de la litigiosidad, sino de que los datos ofrecidos hasta ahora -y de ahí nuestra insistencia- no eran rigurosos estadísticamente.
Quiero hacer esta precisión porque evidentemente, de ser cierta -y recalco con especial énfasis lo de ser cierta-, con esta reducción de casi 3.800.000 asuntos penales, con este ajuste a la realidad del volumen de procesos judiciales, que en todos
los órdenes judiciales quedaría limitado a la cantidad aproximada de 4.400.000 asuntos -es decir, la mitad de los calculados al inicio de la presente legislatura-, tenemos que concluir que, a diferencia de lo que nos ha señalado -y permítame esta
puntual discrepancia-, nos situamos no a la cabeza de la litigiosidad de la Unión Europea sino en unas cifras razonables y similares a la media de los países de nuestro entorno, si tomamos como índice de referencia y contraste los indicadores de la
justicia de la Unión Europea publicados por la Comisión Europea el pasado mes de marzo. De esta manera, si queremos agilizar y racionalizar nuestro actual sistema es importante que centremos nuestros esfuerzos no solo en aquellas medidas que
consigan reducir el número de asuntos que ingresan en nuestros juzgados y tribunales -reducción que, por otro lado, siempre será un dato muy positivo y un objetivo en el que merece la pena seguir trabajando-, sino también y muy especialmente en
potenciar aquellas mejoras estructurales de nuestro actual diseño organizativo y de gestión, modificando aquellos hábitos procesales y organizativos que lastran nuestra eficiencia. En todo caso, llama la atención que la disparidad de los datos
ofrecidos por ambas memorias -la de la fiscalía y la del consejo- en cuanto a la estadística real del orden penal sean tan enormes. Así que no basta con que el consejo no haya tenido inconveniente en anteriores ocasiones en manifestar y mostrar su
preocupación por la poca precisión de los datos estadísticos recabados en órganos judiciales, sino que el consejo tiene que seguir trabajando conjunta y coordinadamente con el Ministerio de Justicia, con el ministerio fiscal, con las
administraciones con competencias en materia de justicia, con la Comisión Nacional de Estadística Judicial y también con el Instituto Nacional de Estadística para que la memoria refleje con precisión el volumen real de procesos judiciales y con ello
la tasa real de litigiosidad. Solo de esta manera podremos abordar con soluciones adecuadas mejoras eficaces de
indicadores tan significativos para nuestra justicia como lo son las tasas de resolución, las tasas de pendencia y las tasas de congestión, a las que ha hecho referencia en su exposición. Solo con datos fiables podremos medir el resultado
real del trabajo de los jueces, las sentencias que dictan y la labor que realizan los secretarios judiciales y el resto de funcionarios de los juzgados a la hora de definir la carga laboral que deben soportar los magistrados. Solo con una
estadística judicial que aproxime sus datos a la realidad se podrán arbitrar los mecanismos más adecuados de reparto entre los juzgados, para aliviar la situación de desigualdad por la cual unos están sobrecargados y otros no llegan a la media,
especialmente en un momento en el que, como nos ha señalado, ha quedado anulado el modelo de cargas de trabajo aprobado en su día por el consejo. También de esta manera se podrán adoptar mucho mejor aquellas reformas organizativas que permitan una
gestión de medios realmente eficiente.
Hechas estas consideraciones, que espero no sean consideras críticas sino sugerencias de mejora, señalaré que el mapa judicial que nos presenta la memoria es el mejor instrumento para identificar y abordar los problemas de nuestra justicia,
problemas que, como hemos podido comprobar con su atenta lectura, en algunos casos son bien visibles. Así que hablando de problemas y para buscar soluciones voy a tratar un dato que me resulta especialmente llamativo y que viene referido a los
excesivos tiempos de resolución en el orden contencioso administrativo, donde la media de duración de los asuntos oscila entre los catorce meses de los juzgados de lo contencioso y los veinticuatro meses de la Sala de lo Contencioso de los
tribunales superiores de justicia y ello a pesar de tratarse de un orden jurisdiccional con un reducido índice de litigiosidad. Como cifra de contraste señalaré que en la jurisdicción penal, los juzgados mixtos y los juzgados de instrucción tienen
una tramitación de algo más de mes y medio; los juzgados de Violencia sobre la Mujer, de algo más de dos meses; los juzgados de lo Penal, poco más de diez meses de media de tramitación; las audiencias provinciales, en torno a los tres meses, y la
Sala segunda del Tribunal Supremo, una media de resolución de asuntos de seis meses, unos tiempos más que razonables y que se encuentran en la media de los países de la Unión Europea. Habrá pues que plantearse cuáles son los motivos, carencias y
problemas procedimentales o estructurales que lastran esta jurisdicción y que justifican que los jueces y magistrados de lo contencioso tarden más que el resto y, por otro lado, resuelvan de media menos asuntos. En este punto, señor Lesmes, me
gustaría conocer su opinión al respecto con el ánimo de intentar abordar soluciones y así poder trabajar en la dirección correcta.
Señor presidente, usted señalaba igualmente que nuestra justicia necesita de más recursos humanos y materiales para aumentar su eficiencia y en eso estamos de acuerdo. Que el presupuesto que para el año 2015 tenemos en Justicia por vez
primera en esta legislatura experimente un incremento respecto al ejercicio anterior es una buena noticia, aunque evidentemente nos hubiera gustado que ese incremento de gasto hubiera sido mucho mayor. Pero dejando a un lado lo deseable y
centrándonos en lo posible, lo cierto es que debemos seguir aplicando los recursos disponibles con la máxima eficiencia y optimización, ordenándolos de la manera más adecuada posible. Tenemos que trabajar en el reforzamiento de la planta judicial,
pero también, como usted ha señalado, en mejorar la organización de la Administración de Justicia, y en este punto me permitirán que haga la siguiente consideración. El nuevo régimen de sustituciones profesionales y de reducción de la interinidad
no ha afectado al volumen global de asuntos resueltos pendientes de 2012 a 2014. Sirva el dato para aquellos que aún cuestionan este nuevo sistema de sustituciones, un sistema que para este periodo ha supuesto un ahorro de más de 18 millones de
euros. Hecha esta salvedad que considero de interés es evidente que debemos encontrar y acordar fórmulas alternativas que mejoren el aprovechamiento de los recursos disponibles, mejoras de procedimiento, mejoras de aprovechamiento de los recursos
humanos e incorporación de nuevas tecnologías para mejorar también la distribución de las cargas de nuestra planta judicial. Para ello son fundamentales las aportaciones que desde el consejo nos ofrecen y de las que sin duda tomamos y seguiremos
tomando buena nota.
Me gustaría también referirme a uno de los aspectos en los que ha incidido la memoria y que esta vez no tiene nada que ver con la litigiosidad ni con las tasas de pendencia, ni con los tiempos de resolución. Por tanto, no se trata ahora de
hablar de la cantidad, sino de la calidad, de la calidad de las resoluciones judiciales, que también me parece un tema muy importante. Lo cierto es que una Administración de Justicia moderna se legitima no solo por resolver los conflictos con
prontitud, sino muy especialmente por la calidad de las resoluciones judiciales. Es esencial para la convivencia democrática ofrecer a los ciudadanos la confianza de que el Estado de derecho existe y que por malas que sean las circunstancias están
adecuadamente protegidos. Señala la memoria que la calidad de las resoluciones emitidas por los órganos de la jurisdicción civil se mide por las sentencias de apelación devueltas por los órganos de orden
superior. No voy a discutir este parámetro, pero en todo caso me gustaría señalar que en este orden jurisdiccional el porcentaje de recursos que han confirmado totalmente la primera instancia civil es del 62,7 %, habiendo disminuido un 3 %
respecto a 2012. Aprovechando la oportunidad que nos brinda su presencia en esta Comisión en el día de hoy me gustaría, si el tiempo lo permite, que nos hiciera alguna reflexión al respecto.
Por último, señor presidente, solo me resta decir que, atendiendo a la propuesta del Congreso de los Diputados, el consejo ha resuelto que en las próximas memorias anuales de actividad de los tribunales se recogerán los datos referentes a la
elaboración y, en su caso, efectiva implantación y seguimiento del código ético para la carrera judicial. Abusando de su amabilidad me gustaría que nos avanzara algunos aspectos del trabajo desarrollado a este fin por el grupo nombrado el 9 de
abril de este año, por supuesto entendiendo que en este momento puede no disponer de estos datos, por lo que lógicamente podría ofrecerlos por escrito a esta Comisión más adelante.
Termino. Señor Lesmes, le reitero el agradecimiento del Grupo Parlamentario Popular por su comparecencia, por su diagnóstico, por sus explicaciones detalladas y, cómo no, por sus propuestas, que son las del consejo, para ayudarnos en la tan
importante como complicada tarea que tenemos encomendada en esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: Finalizado este primer turno de portavoces, corresponde al presidente del Consejo General del Poder Judicial el uso de la palabra.
El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (Lesmes Serrano): Quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento a los distintos portavoces de los grupos parlamentarios por el tono general de sus intervenciones.
Atendiendo a lo avanzado de la hora procuraré no extenderme en exceso en mi intervención, procurando no obstante dar cumplida respuesta a las distintas intervenciones.
Comienzo, por tanto, mi intervención en relación con la exposición que ha realizado el señor Tardà, portavoz en este caso del Grupo Mixto, y con algunas de las cuestiones que ha planteado. En primer lugar, en relación con la utilización de
las lenguas cooficiales en el ámbito de la Administración de Justicia, hacía yo en mi exposición inicial una doble consideración. La primera, que no todo depende del Consejo General del Poder Judicial ni de los jueces y magistrados, porque, como es
bien sabido, en la Administración de Justicia son muchos los operadores que intervienen (los abogados, las partes, los testigos, otro personal al servicio de la Administración de Justicia, los secretarios, los funcionarios de los cuerpos de gestión)
y todo ello confluye en el mayor o menor uso de la correspondiente lengua. Sí quería expresar entonces y reiterar ahora, como segunda consideración, el compromiso de este Consejo General del Poder Judicial de hacer lo posible en aquello que nos
corresponde -que, como digo, no es todo- para que se extienda el uso y la facilidad de las lenguas cooficiales porque consideramos que es un derecho de los ciudadanos y por lo tanto cuantas más facilidades demos en el ejercicio de nuestras
competencias, mejor.
En cuanto a la segunda cuestión que planteaba, en relación con la lentitud en los procesos de corrupción y a su vez la necesidad o no de más plazas judiciales, he de contestarle, señor Tardà, que efectivamente en determinados procesos de
corrupción existe un exceso de lentitud. He hecho en mi exposición algunas propuestas, pero no corresponde todo al Consejo General del Poder Judicial; hacen falta más plazas judiciales, hace falta una mejor organización -luego me referiré a ello-,
y hace falta una mejor herramienta para abordar determinada delincuencia compleja, herramienta que es la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a la que me he referido y que luego reiteraré en relación con la exposición realizada por la portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
En relación con la observación que realizaba el señor Tardà sobre los jueces españoles como jueces franquistas, he de decirle que los jueces españoles, en su totalidad, son jueces constitucionales porque, entre otras cosas, la mayor parte de
ellos han ingresado en la carrera judicial después de la Constitución de 1978 y han sido formados en los valores de la Constitución. En cuanto a la utilización por parte del Consejo General del Poder Judicial, y muy concretamente por parte del
promotor de la acción disciplinaria, de un doble rasero, no lo veo así. Creo que actúa en todo caso con imparcialidad, y además no es otra la cosa que se espera de él por parte de los vocales del consejo y por mi parte como presidente.
Finalmente, en cuanto a la apreciación que se realizaba en torno a los jueces sustitutos -cuestión que luego ha sido reiterada por otros intervinientes-, tengo que decir que a los jueces sustitutos les han sido reconocidos por los jueces
determinados derechos -han sido los propios jueces los que sí lo han hecho-, concretamente derecho a la antigüedad y derecho a trienios, y hay otras consideraciones de
naturaleza laboral vinculadas a directivas comunitarias que a día de hoy están pendientes de decisión -como se ha dicho ya en esta Cámara esta misma mañana- del propio Tribunal Supremo.
En relación con la intervención del portavoz del Grupo Vasco, el señor Olabarría, agradezco mucho su tono, que considero muy constructivo, y he de decirle respecto a su primera observación que desconozco exactamente cuál es la situación de
una posible nueva ley procesal penal. El consejo no ha recibido a lo largo de estos once meses ya de mandato ningún anteproyecto. Sabemos por los medios de comunicación -creo que esto es conocido por todos- que se elaboró un borrador de
anteproyecto llamado código procesal penal, pero desconozco si el Poder Ejecutivo, el Gobierno, tiene o no la intención de poner en marcha esta iniciativa legislativa. En todo caso, no ha sido informado por el consejo porque no ha pasado a trámite
de anteproyecto.
En lo que se refiere a los derechos lingüísticos, me remito a lo que ya he observado, añadiendo que el perfilar plazas judiciales conllevaría establecer requisitos de acceso para esas plazas judiciales y, como muy bien sabe su señoría,
corresponde a la ley y no al Consejo General del Poder Judicial establecer los requisitos de acceso. No obstante, he de decirle en relación con el País Vasco que es la única comunidad autónoma donde existe un plan de euskaldunización -como me he
referido antes en mi exposición- al que se han incorporado 200 jueces, que es un número muy significativo teniendo en cuenta la planta de jueces en el País Vasco y que además -como muy bien sabe su señoría- es el propio Gobierno vasco el que está
participando en este plan de euskaldunización.
En cuanto a la Ley de Seguridad Ciudadana, a la que hacía referencia en su intervención, como muy bien sabe su señoría, fue informado el anteproyecto por el Consejo General del Poder Judicial en el trámite que se nos dio en su momento, el
previo a su acceso a la Cámara. El consejo general elaboró un extenso informe poniendo de manifiesto aquellas cuestiones que consideraba que deberían ser corregidas en ese proyecto legislativo. He de decirle además que el informe del consejo se
aprobó por unanimidad, es decir, la totalidad de los vocales y yo mismo estuvimos de acuerdo en el contenido de ese informe y, aunque luego yo no he hecho un especial seguimiento en sede parlamentaria, por alguna declaración que he podido leer en
los medios de comunicación parece que gran parte de las observaciones que realizó el consejo general fueron incorporadas posteriormente al texto, no sé si en fase prelegislativa o más adelante en trámite parlamentario, pero en todo caso eso sí lo he
podido comprobar en los medios de comunicación.
En cuanto a la información, el trámite de informe del consejo en relación con aquellos proyectos de ley que ya están en la Cámara no depende de nosotros, señoría, eso depende de la propia Cámara, que podría, como creo que en algún caso se ha
hecho, dar trámite de informe al consejo general, pero no está previsto en la ley. Por lo tanto, depende de la propia voluntad de la Cámara, y no de la nuestra, poder intervenir o no.
Decía su señoría, y con razón, que la única respuesta a la corrupción no puede ser la penal; también lo advertía yo en mis primeras palabras en mi exposición inicial. Yo creo que es mucho más eficaz para combatir la corrupción la
existencia de medidas de prevención de la propia corrupción; la existencia de mecanismos internos en las distintas instituciones públicas, en las administraciones, mecanismos de fiscalización, de auditoría, de intervención, sin ninguna duda. Y lo
hace también extensamente la propia existencia de la transparencia; es decir, que se sepa cómo se adoptan los procesos de decisión y que puedan ser observados. Por eso, nosotros hemos asumido como un compromiso especialmente exigente la
implantación en el Consejo General del Poder Judicial de los mandatos derivados de la Ley 19/2013, en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
En cuanto a lo que nosotros podemos hacer, lo he expuesto en mi primera intervención. El consejo general no tiene presupuesto para la Administración de Justicia; le corresponde lógicamente, como todos sabemos, al Ministerio de Justicia y a
las comunidades autónomas que han asumido competencias en esta materia. El consejo general tampoco tiene iniciativa legislativa aunque, y siempre desde la lealtad institucional, procura colaborar cuando se nos pide información de cualquier tipo;
ahora, no queremos rehuir nuestra responsabilidad y por eso exponía que en el ámbito que nos corresponde, que es propio de nuestra responsabilidad, vamos a hacer todo lo posible para combatir esta lacra social.
En relación con la jurisprudencia vinculante, no me he manifestado favorable a la misma; tampoco en contra, señorías. Simplemente he dicho que el Tribunal Supremo debe asumir la función unificadora propia de la jurisprudencia, no
necesariamente mediante una jurisprudencia vinculante. Y lo decía fundamentalmente porque hay muchísimas materias de las que hoy no conoce nuestro Tribunal Supremo, que yo me honro en presidir, precisamente por el propio modelo de recurso de
casación de que disponemos. Yo creo que nuestro Alto Tribunal debería tener la posibilidad, en los distintos órdenes jurisdiccionales, de
pronunciarse sobre la totalidad de las materias precisamente para poder cumplir con esa función unificadora que le corresponde.
En cuanto a la intervención del señor Llamazares, portavoz del Grupo de La Izquierda Plural, he de decirle que la austeridad, que mencionaba usted en el punto primero en un sentido crítico, la referimos exclusivamente al Consejo General del
Poder Judicial, no a la Administración de Justicia. Soy consciente, como su señoría, de que la Administración de Justicia necesita más recursos. Pero el Consejo General del Poder Judicial puede cumplir con sus funciones constitucionales y legales
con menos recursos de los que venía utilizando hasta ahora -cumplir las mismas, incluso mejor-, y nosotros, todas las instituciones, todas las administraciones, tenemos que procurar hacer una eficiente gestión de los recursos públicos que los
ciudadanos ponen a nuestra disposición para ejercer nuestras funciones, eso es lo que se pretende: una mejor utilización de los recursos públicos para ejercer de la misma manera o mejor las competencias que la Constitución y la ley nos atribuyen
como Consejo General del Poder Judicial.
En relación con el proceso penal, que ha sido recurrentemente traído a esta Cámara esta mañana -ya mañana-tarde-, he de decirles que denuncio las carencias de nuestro proceso penal, y sirva esto para enlazar con lo que ha dicho Rosa Aguilar
en su exposición sobre una especie de examen general o juicio general global a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La Ley de Enjuiciamiento Criminal, como ustedes saben, se aprueba en el año 1882, hace ya 130 o 140 años. Es verdad, como ha
comentado su señoría -y enlazo ahora con esa parte de su exposición-, que ha servido para que en determinadas situaciones se condenen graves casos de corrupción de todo tipo; es verdad, pero la cuestión no es que finalmente se produzcan las
condenas, que yo estoy seguro de que en la situación actual también habrá condenas, lo que están pidiendo los ciudadanos no solo es que haya condenas, sino que estas se produzcan con prontitud. Si examinamos casos históricos de los últimos treinta
años, es verdad que ha habido condenas, pero no se puede afirmar que con prontitud.
Por otra parte -he de decirlo-, lo que yo he expuesto es un sentir general, un sentir general incluso del Partido Socialista, que en la anterior legislatura presentó ante esta Cámara una nueva ley de enjuiciamiento criminal, como también el
actual Gobierno, al menos en lo que sepamos, ha elaborado un borrador -no ha llegado a ser anteproyecto- de código procesal penal o ley de enjuiciamiento criminal. Es decir, que los dos partidos que han tenido responsabilidad de Gobierno en las dos
últimas legislaturas coinciden conmigo en que hace falta una nueva ley de enjuiciamiento criminal, porque a eso han respondido lógicamente esas iniciativas.
Vuelvo a la intervención del señor Llamazares, y perdone este excurso en la medida en que era una materia relacionada. En materia del proceso penal no solo es necesaria una nueva ley de enjuiciamiento criminal, también hace falta una mejor
organización de los recursos de los que disponemos -los jueces, los fiscales, el personal-, además de una mejor dotación de las propias unidades judiciales o fiscales encargadas de la investigación criminal, y por supuesto es necesario un incremento
de la planta judicial en esta materia.
En cuanto a la propuesta que yo había expuesto en mi intervención, se refiere estrictamente a lo que es competencia del Consejo General del Poder Judicial. He dicho en numerosas ocasiones a lo largo de lo que ha sido una larga exposición
que hay cuestiones que a nosotros nos competen y otras que no nos competen, y en esta segunda vertiente lo que queremos es colaborar lealmente con aquellas instituciones que tienen competencia, colaborar lealmente con el Parlamento cuando requiera
de nosotros información o criterio y por supuesto también con el Gobierno legítimo de la nación, sea el que sea, cuando requiera nuestra colaboración a través de informes, de criterios, de estadísticas, en definitiva de todo aquello que nosotros
podemos hacer.
En relación con los módulos, a los que se refería el señor Llamazares, como bien sabe y ya se ha expuesto esta mañana, existía un módulo de medición que se aprobó en el mes de septiembre del año 2013, que es el que hemos estado utilizando
hasta el mes pasado, que ha sido anulado por una sentencia del Tribunal Supremo de 14 de octubre. Se anuló precisamente porque en la elaboración de ese módulo, ese sistema de medición de trabajo de los órganos judiciales, que no de los jueces, no
se tuvo en cuenta, pese a lo que dice la ley, el criterio del Ministerio de Justicia o de otras administraciones con competencia a las que lógicamente hay que atender, entre otras cosas porque son las que soportan con sus presupuestos las cargas
derivadas de la Administración de Justicia. Se preguntaba qué hemos de hacer. Pues si se ha anulado el módulo, habrá que trabajar en elaborar un nuevo módulo. Es más, una vez que se ha producido esta anulación, hace apenas unas semanas, se ha
puesto en marcha por parte de los servicios del Consejo la realización de los estudios preparatorios para la posible aprobación de un nuevo módulo o en todo caso
la utilización de los que ya se utilizaron en la medida en que pueden ser válidos para el módulo que se aprobó en el mes de septiembre del año 2013.
En relación con las tasas, que también ha sido una cuestión abordada por distintos portavoces, he de decirles que ponemos a disposición de la Cámara, y por supuesto del Gobierno, toda la información que se nos requiera para poder valorar la
incidencia de la tasa en la mayor o menor litigiosidad y si sus cuantías pueden incidir en el ámbito del derecho a la tutela judicial efectiva.
Ahora bien, yo no puedo pronunciarme sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la tasa o sobre si esta infringe el derecho a la tutela judicial efectiva, porque precisamente en los recursos de inconstitucionalidad planteados
frente a la Ley de Tasas este es el argumento que se utiliza, y por lo tanto sería un pronunciamiento de fondo de algo que está pendiente de responder nuestro Tribunal Constitucional.
En cuanto a la violencia de género, que también ha sido abordada, es un fenómeno sin duda muy grave en nuestro país y que no acaba de reducirse a unos niveles mínimamente aceptables, es verdad. El Consejo General del Poder Judicial, sin
embargo, es especialmente sensible en esta materia y tiene un especial compromiso para combatirlo desde el punto de vista de sus competencias constitucionales y legales. He relatado en mi exposición inicial cuáles son algunas de esas medidas. En
primer lugar, fomentar que exista una planta judicial adecuada para dar respuesta a este fenómeno criminal. He hecho una enumeración de los órganos judiciales que existen. Nosotros podemos incidir en la formación de los jueces y en la
sensibilización de los jueces para dar respuesta a este fenómeno y lo estamos haciendo así, hasta el punto de que tenemos programas específicos de formación para los jueces que sirven en los órganos especializados de violencia y además hemos
establecido que sea una formación transversal para que no queden limitadas esa especial formación y sensibilidad a los jueces encargados de asumir este tipo de causas, sino que exista formación y sensibilidad por parte de todos los jueces y
magistrados españoles.
Finalizo con los puntos que planteaba el señor Llamazares en relación con el reglamento de organización y funcionamiento. El reglamento de organización y funcionamiento tiene un plazo para su elaboración marcado en la ley, que es de seis
meses. La ley entró en vigor el año pasado y efectivamente estamos fuera de plazo. He de decirle la razón. Nosotros hemos recibido en la primavera de este año un anteproyecto de ley orgánica del Poder Judicial donde se abordaban determinadas
modificaciones en relación con el Consejo General del Poder Judicial, y el propio consejo, en el informe a ese anteproyecto, ha hecho sugerencias de modificación de su organización en algunos aspectos puntuales que ha considerado que darían lugar a
una mejora de esa organización que deriva de la Ley 4/2013, que afectó esencialmente a su régimen de organización y funcionamiento. Lógicamente, estando pendiente este anteproyecto, no tenía mucho sentido que nosotros abordáramos el desarrollo
reglamentario de una ley que previsiblemente iba a ser modificada o que podía ser modificada. Como parece que este anteproyecto, al menos hasta ahora, no se ha convertido en proyecto de ley, hay que retomar esos trabajos relativos al reglamento de
organización y funcionamiento y precisamente en el último pleno, celebrado la pasada semana, el día 20, a preguntas de una de las vocales allí presentes, le indiqué que ya se había retomado y que entre los meses de enero y febrero esperaba que
pudiera someterse a decisión del pleno.
Agradezco muy especialmente el tono de su intervención al señor Jané, portavoz del Grupo de Convergència i Unió, y he de decirle, en relación con alguna de las cuestiones planteadas, con varias de ellas, que estoy muy de acuerdo con usted,
la primera en cuanto a que se remitan los datos estadísticos antes. Estamos haciendo algo que no es lo propio, por decirlo de alguna manera. En realidad, mi comparecencia obedece a la memoria de 2013, pero le estamos dando un formato para dar
respuesta a esa queja -muy razonable- de la Cámara de que no quiere tener unos datos prehistóricos, que quiere tener unos datos actuales. Ciertamente, la Cámara tiene la memoria de 2013, pero no los datos que dí en la exposición en el mes de mayo.
Ya lo hice entonces y lo he hecho también hoy anticipando resultados. Cojo ese guante, señor Jané, y en la próxima comparecencia les aportaremos los datos estadísticos esenciales de los que dispongamos para que puedan ser examinados por la Cámara y
para poder ser interpelado por los diputados que intervienen en esta Comisión de Justicia.
En cuanto al tema de la lengua, ya he hecho una exposición del compromiso por parte de este consejo de hacer lo posible para atender a esa situación de normalización que su señoría reclamaba y reivindicaba. He de decirle que el Consejo
General del Poder Judicial es una de las instituciones del Estado que tiene más sensibilidad autonómica, por decirlo de alguna manera. Nuestros dos centros esenciales que no radican en el consejo tienen su domicilio o sede principal en Madrid, pero
como es bien sabido tenemos dos centros fundamentales del Consejo General del Poder Judicial, que son la Escuela Judicial y el Centro de Documentación Judicial, que los tenemos, como bien sabe su señoría, la Escuela Judicial en Barcelona
y el Centro de Documentación Judicial en San Sebastián, es decir, tiene una descentralización de servicios tan relevantes como son el Cendoj y la Escuela Judicial.
En cuanto a algunas de las cuestiones que planteaba su señoría referidas a la lengua, que se considerara la cooficial como requisito para acceder a determinados puestos judiciales o la existencia o no de los consejos autonómicos, eso
conlleva modificación orgánica. El Consejo General del Poder Judicial no tiene capacidad ninguna para el establecimiento o no establecimiento de los consejos autonómicos, ni -como ya indicaba en las observaciones en cuanto a la reflexión del señor
Tardà- para establecer la lengua cooficial como requisito de acceso para un determinado puesto judicial. Este consejo general ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre el anteproyecto de ley orgánica del Poder Judicial que nos remitió el Gobierno
el pasado mes de mayo. Mi posición es la que se refleja en ese informe, como no puede ser de otra manera.
Dice su señoría, y le doy toda la razón también aquí, que hay que dar valor o potenciar los tribunales superiores de Justicia. Es verdad. El Tribunal Superior de Justicia nace porque lo dice así la Constitución, porque lo ordena la
Constitución, pero no ha alcanzado la plenitud que yo creo que la Constitución quería para los tribunales superiores de Justicia. Hay ámbitos, muy especialmente el orden penal y el orden civil, donde cumple una limitadísima competencia y no debería
ser así. Por lo tanto, estoy de acuerdo en que se deben potenciar. Digo esto porque es lo que dijimos en ese informe al anteproyecto de ley orgánica del Poder Judicial, donde venía una potenciación clara de los tribunales superiores de Justicia, y
yo y creo que la mayoría de los vocales manifestamos, y así se recogió en el informe, nuestra conformidad a ese modelo de Tribunal Superior de Justicia.
Con relación al proceso penal abierto al proceso participativo, que califica su señoría, me atengo a las palabras de su señoría de que el presidente del Tribunal Supremo no debe pronunciarse, máxime cuando hay ya una querella presentada
sobre este asunto. No sería nada prudente, me lo reprochaba su señoría, si yo ahora hiciera la más mínima valoración al respecto.
Desde el punto de vista de mediación, agradezco sus palabras y que comparta nuestro criterio. Para finalizar su intervención, desde el punto de vista de qué vamos a hacer en este mandato sobre la formación inicial y la formación continua,
estamos ahora en fase de elaboración de criterios fundamentalmente en cuanto a la formación continua, pero también los vocales responsables de formación inicial han hecho observaciones y propuestas sobre la necesidad del cambio. Esta es una materia
que tengo el compromiso de llevar al pleno del consejo, si es posible en el mes de diciembre, para debatir cuáles son los criterios de formación continua a los que hemos de tender en los próximos años. Tenemos ya un modelo que a mi juicio está
bastante agotado y creo que es el momento de iniciar una nueva andadura en este asunto.
Por lo que respecta a la intervención de la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, doña Rosa Aguilar, en el sentido de que no he hecho referencia a los datos de la memoria 2013, señoría, no lo he hecho porque hice referencia a ellos en
mi comparecencia del mes de mayo, en que también anticipamos resultados. Aunque yo presentaba la memoria de 2012, nos parecía que presentar en el mes de mayo de 2014 la memoria de 2012 y centrar nuestro debate en esos datos era prehistoria, como
aquí se ha dicho. Ya adelanté esos datos en el mes de mayo y nos parecía que ahora era el momento de adelantar los que llevamos conocidos de 2014 y por eso los he referido al primer semestre.
Tiene razón su señoría en que se ha producido una disminución de la tasa de resolución. Es verdad. Si vamos viendo los distintos indicadores que resultan de nuestra estadística, hay en general una mejora, ha bajado la litigiosidad.
Hagamos, como decía el señor Castillo, abstracción o no, da igual, pero los indicadores generales de litigiosidad han bajado y los tiempos de respuesta han mejorado. No son datos espectaculares, pero en todo caso sí son de mejora. Es cierto que
hay algún indicador negativo -no es que sea muy negativo, pero hay que calificarlo como tal-, que es la tasa de resolución. Nosotros tenemos que indagar las razones de por qué la tasa de resolución ha empeorado. Tenemos en este momento un sistema
de medición de carga de trabajo de los órganos judiciales que ha sido anulado. Nosotros, como les he dicho antes, estamos iniciando la labor de confeccionar un nuevo sistema de medición de carga de trabajo. En ese contexto hay que examinar el
porqué se están produciendo estos datos. Quizá la litigiosidad se ha complicado y le diré por qué. Hay indudablemente unos efectos que derivan de la crisis económica y es que determinada pequeña litigiosidad no se aborda ya, porque no se considera
económicamente rentable abordarla. Esto es así. No quiero valorarlo ni positiva ni negativamente. Antes, con más facilidad, se podía ir a un determinado pleito; hoy se hace ya una ponderación, una valoración de si económicamente interesa o no.
De aquí se deriva que los pleitos -los que están abordando nuestros jueces- normalmente tienen una mayor complejidad, porque esa litigiosidad más elemental o más sencilla llega hoy menos.
Quizás esta sea una de las causas de este empeoramiento del dato de la tasa de resolución. No obstante, como le digo, señoría, es algo que nosotros tenemos que estudiar, es algo que no debe producirse, no debe empeorar la tasa de resolución
del sistema judicial y cuando detectemos las razones actuaremos.
Apuntaba su señoría la posibilidad de un reparto desigual. Le agradezco además la introducción de la referencia menos conocida de que tenemos casi un millar de órganos judiciales que están por debajo del módulo de trabajo. Por eso cuando
se habla de la necesidad de incrementar la planta judicial hay que acompasarlo siempre a la mejora de la organización judicial. Tenemos muchos órganos que están muy sobrecargados, como se ha puesto de manifiesto, y tenemos también muchos órganos
-casi 1.000- que están con menos carga de la que les correspondería, según los propios instrumentos de medición que ha venido aprobando el Consejo General del Poder Judicial. Es decir, no tenemos un sistema judicial eficiente, porque tenemos en
algunos casos insuficiencia de recursos y, en otros, tenemos exceso de recursos. Por lo tanto, además de los incrementos necesarios de la planta judicial, yo proponía en mi exposición que es necesario que se reflexione y que se aborde la cuestión
de la organización judicial, tanto desde el punto de vista territorial como desde el punto de vista funcional.
Observaba su señoría también la cuestión del plan de prevención de riesgos laborales, que es una cuestión de una cierta actualidad como consecuencia de la presentación de una demanda por parte de una asociación judicial. Como muy bien saben
sus señorías, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es de 1995, tiene ya diecinueve años de vigencia. Este consejo general, en su mandato actual, que tiene once meses de funcionamiento, ya desde su inicio puso especial atención en la cuestión
de la prevención de riesgos laborales. Asumieron responsabilidad en esta materia dos vocales del consejo que, en el seno de la comisión nacional de seguridad y salud de la carrera judicial, pusieron en marcha los trabajos necesarios, partiendo
también de determinadas actuaciones previas, para que se pudiera aprobar un plan de prevención de riesgos laborales para la carrera judicial. Antes de la presentación de esa demanda ya estaba elaborado un proyecto de plan de prevención de riesgos
laborales. Había sido además consensuado con todas las asociaciones judiciales y en el momento de presentación de la demanda estaba en trámite de alegaciones. Este plan se va a presentar en las próximas semanas en la comisión permanente y creo que
con seguridad estará aprobado en el mes de enero del año próximo, es decir en 2015. Quiero reiterar que han pasado diecinueve años. Ha sido este consejo, en un plazo de doce meses, el que ha elaborado, y está a punto de aprobar, un plan de
prevención de riesgos laborales.
En relación con los jueces sustitutos, señora Aguilar, me remito a lo que ya he expuesto. Se les han reconocido derechos, han sido los propios jueces los que les han reconocido derechos, derechos de antigüedad, derecho a percibir trienios,
y hay otras cuestiones que hoy están pendientes de decisión, lo están en el Tribunal Supremo, y comprenderá su señoría que yo no me puedo pronunciar.
Desde la perspectiva de la violencia de género, ya he dicho que es una prioridad, sin ninguna duda, para este consejo y es un compromiso para nosotros hacer todo lo posible para tratar de atajar la situación que se produce en nuestro país,
que es una situación desde todas las perspectivas absolutamente rechazable e inaceptable.
Señoría, desde el punto de vista de la igualdad, se está haciendo una gran labor en el seno del consejo. Existe una comisión de igualdad, que aparece reforzada en la Ley 4/2013. He de decir que se está realizando una labor extraordinaria
por parte de los tres vocales que forman parte de esta comisión de igualdad, porque su presencia es constante en todas las actividades del consejo, es decir, sus informes sobre impacto de género son frecuentísimos, se producen en prácticamente todas
las materias en las que ejerce competencia el propio consejo.
Desde el punto de vista de la transparencia y sobre la existencia o no del repositorio sobre corrupción, es un compromiso que asumimos, que hice público en el mes de mayo, y he de decirle que se está haciendo, y en el momento en que esté
finalizado, lógicamente se hará público.
En relación con el informe del Tribunal de Cuentas, que también ha sido traído a colación en el día de hoy, he de decirle que este informe está referido a un determinado periodo, que es el año 2010. No está referido por lo tanto a la
gestión de este Consejo General del Poder Judicial, que inició su andadura en el mes de diciembre del año 2013, es decir tres años después, pero este consejo ha sido sensible al contenido de este informe. Muchas de las cuestiones se han incorporado
ya y estamos estudiando si nuestros procedimientos de contratación se ajustan exactamente a lo observado por el Tribunal de Cuentas. Queremos que así sea. Precisamente también se examinará próximamente en el pleno del consejo esta cuestión,
habiéndose encargado una de las vocales del consejo de hacer el correspondiente estudio con los servicios técnicos para exponerlo así al pleno del consejo, con la sensibilidad, que puedo manifestarle
ahora, de todos los vocales de ajustar la actuación del consejo plenamente a las observaciones y sugerencias del Tribunal de Cuentas. Algunas ya se han puesto en marcha, lógicamente. Una de las observaciones que realizaba el Tribunal de
Cuentas -quizá la más crítica- era en materia de subvenciones a las asociaciones judiciales. El consejo ha reducido el importe de estas subvenciones, conforme se sugiere en ese informe del Tribunal de Cuentas, cosa que no ha hecho solamente este
consejo, sino que ya venía haciendo el anterior, de manera y de suerte que desde el año 2010 a 2014 se ha producido una disminución superior al 30 % en materia de subvenciones, que era posiblemente el elemento más crítico que realizaba el informe
del Tribunal de Cuentas.
En relación con las medidas de refuerzo, somos partidarios de que se establezcan medidas de refuerzo, señoría, en los casos de corrupción y en los no casos de corrupción. Muchas veces -por esa organización de la Administración de Justicia
en la que tenemos órganos muy sobrecargados y otros poco cargados de trabajo, más de 900- lo que queremos es solucionar, en aquello que depende de nosotros, a través del instrumento del refuerzo. Ahora bien, el instrumento del refuerzo no solo
depende de nosotros, el refuerzo conlleva un gasto y nosotros no tenemos presupuesto. Nosotros proponemos los refuerzos lógicamente al Ministerio de Justicia, que es el que ha de abonar las retribuciones correspondientes que conllevan normalmente
los refuerzos, y así lo venimos haciendo hasta el día de hoy.
En materia de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, señora Aguilar, ya he dado una respuesta antes. Creo que es un sentir general la necesidad de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero, reitero, nosotros, desde la lealtad
institucional, estamos dispuestos a aunar todos los esfuerzos que sean precisos para que consigamos un sistema de justicia penal eficiente y que dé unas respuestas en tiempo razonable a la demanda de justicia por parte de todos los ciudadanos.
Termino mi intervención con las referencias que ha hecho el señor Castillo, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, a quien agradezco también sus palabras. Ha incidido muy especialmente en su intervención en la necesidad de la mejora
estadística y he de darle completamente la razón. Nosotros, este consejo, a través de los vocales que tienen responsabilidad en materia de estadística, estamos comprometidos en conseguir la reforma del sistema estadístico. Ello es así por las
razones que su señoría indicaba. Es la estadística la que nos da la radiografía de la situación, la que permite adoptar decisiones acertadas para mejorar las situaciones indebidas que se producen en la Administración de Justicia. Por tanto, una
buena estadística nos permitirá un mayor acierto en nuestra toma de decisiones, también un mayor acierto en la toma de decisiones del Gobierno en cuanto a la responsabilidad del ámbito de la justicia que le corresponde y, por supuesto, un mayor
acierto al propio Parlamento en el momento de la elaboración y aprobación de las leyes referidas a la Administración de Justicia.
Decía su señoría que en cierto modo la estadística penal está falseada y que el fiscal general iba a proponer o a presentar unos datos limpiando, en materia de proceso penal, lo que llamamos las previas sin autor, diligencias, que es un
procedimiento que se inicia, que se incoa, pero que inmediatamente se sobresee por falta de autor conocido. En la estadística no es que sea falsear, en realidad es un proceso, pero es verdad que no responde a carga de trabajo para los jueces y
tribunales, para los fiscales o para el propio personal al servicio de la Administración de Justicia, porque la previa sin autor se incoa y se archiva sobre la marcha, pero da lugar a mucho papeleo, para entendernos así. Por tanto, no refleja de
una manera veraz lo que es carga de trabajo. Les indicaba en mi exposición, entre las cosas que nosotros estamos haciendo, que se había constituido ya un grupo de trabajo de varios vocales del Consejo General del Poder Judicial con miembros de la
Fiscalía General del Estado y que entre las medidas que había incorporado este grupo de trabajo para incidir en ellas y para hacer las correspondientes propuestas de reforma legislativa estaba esta, porque todos somos muy consciente, efectivamente,
de que se falsea, especialmente en la jurisdicción penal, la estadística resultante.
Señalaba su señoría que en la jurisdicción contencioso-administrativa los tiempos de respuesta son superiores. Esto es así, pero es cierto que está mejorando y es la que más lo está haciendo de entre todas las jurisdicciones en cuanto a los
tiempos de respuesta.
Respecto de la necesidad de incrementar la calidad, creo que es así, comparto plenamente con su señoría esa preocupación y he manifestado en mi exposición que nosotros, en la medida de lo posible, tratamos de mejorar la calidad de respuesta.
A nosotros nos corresponde la responsabilidad en cuanto a la formación inicial de los jueces, nos corresponde responsabilidad también en cuanto a la formación continua de los mismos, y es ahí donde precisamente hemos de incidir para mejorar esa
calidad que hoy se reclama.
Respecto del código ético con el que finalizaba su intervención, también fue un compromiso de mi comparecencia del mes de mayo. Dos vocales asumieron la responsabilidad de llevar adelante este proyecto, están trabajando intensamente sobre
ello, pero quieren hacerlo de forma participativa. Quieren que el código ético no sea ajeno al sentir de la carrera judicial y quieren que sean los propios jueces y magistrados, a través de reuniones, a través de sugerencias, a través de informes,
los que tengan una participación activa en la elaboración de este código ético, porque es la mejor forma de que sea bien interiorizado una vez que lo apruebe el Consejo General del Poder Judicial. Creo que en los próximos meses podremos ver
cumplido este compromiso.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente del Consejo General del Poder Judicial.
Antes de que su señorías protesten, porque saben que quedan exactamente cinco minutos para tener que levantar la Comisión, yo asumo sus protestas y soy el primero que me comprometo para que esto no vuelva a ocurrir y que, como bien señalaba
el diputado señor Jané, empecemos a otra hora o en otro día en todo caso. Dicho esto, si algún portavoz en veinte segundos quiere decir algo, puede pedir la palabra. Me permiten el Reglamento y la norma establecer que es un máximo de tiempo, con
lo cual, con veinte segundos, podrían manifestar, insisto, su protesta o alguna otra cuestión.
Señora Aguilar, en veinte segundos, por favor.
La señora AGUILAR RIVERO: Veinte segundos, señor presidente.
Visto el calendario político en tiempo y en contenido que el Gobierno nos ha preparado en este Parlamento en estos tres días y visto que por la hora en que se ha fijado, las 12 de la mañana, ya sabíamos de antemano que no íbamos a poder
culminar la totalidad de la comparecencia del presidente del Consejo General del Poder Judicial, teniendo en cuenta que en mayo el presidente se comprometió a venir más veces a la Cámara, me gustaría que el señor presidente de la Comisión gestionara
otra comparecencia del presidente del Consejo General del Poder Judicial, que no se opusiera a ello ningún grupo parlamentario y que pudiéramos con tranquilidad terminar esta sesión que no vamos a poder acabar.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro portavoz desea intervenir? Señor Jané. Rápidamente, señoría.
El señor JANÉ I GUASCH: Como la señora Aguilar decía que le gustaría que ningún portavoz se opusiera, este portavoz, en nombre de Convergència i Unió, no se opone y considera necesario que podamos tener con más sosiego una sesión de esta
Comisión de Justicia con el presidente Lesmes y poder debatir con más tiempo todos los aspectos.
El señor PRESIDENTE: Señor Llamazares. Muy brevemente, señoría.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Sí, que no sea un adiós sino un hasta luego.
El señor PRESIDENTE: Señor Castillo.
El señor CASTILLO CALVÍN: Únicamente para decirle que lo ha hecho tan bien que después de cuatro horas y dos comparecencias en seis meses nos ha parecido poco, o sea que estamos encantados de recibirle.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Lesmes, el presidente del consejo, de acuerdo con el Reglamento. También le digo que en esta ocasión tiene que ajustarse al tiempo, porque es una cuestión ineludible.
El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (Lesmes Serrano): Simplemente quiero agradecer a todos los portavoces sus intervenciones y mostrar la disponibilidad que tiene el Consejo General del Poder Judicial de facilitar
toda la información, desde la lealtad institucional, como ya he dicho en reiteradas ocasiones a lo largo de mi intervención.
Muchas gracias a todos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
Quiero recordar a los miembros de la Comisión que, como no ha habido propuesta de creación de ponencia, se abre un plazo de tres días para presentar propuestas de resolución ante la Mesa de la Comisión. Esta admitirá las propuestas que sean
congruentes con la memoria objeto del debate, referida
al servicio público de la justicia y respetando en todo caso la independencia de la función jurisdiccional. Las admitidas a trámite, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 31.2 del Reglamento de la Cámara, serán remitidas a la Mesa
del Congreso a efectos de su inclusión en el orden del día de la sesión plenaria. Les recuerdo a sus señorías que el plazo termina el viernes día 28 de noviembre a las ocho de la noche.
Antes de levantar la sesión, quiero agradecer a los servicios de la Cámara la amabilidad que han tenido al prestar sus servicios hasta esta hora en la que hemos tenido que celebrar esta Comisión. Quiero reiterar, cómo no, el agradecimiento
al señor Lesmes y a su equipo de colaboradores, así como a los demás vocales del Consejo General del Poder Judicial.
Sin más, señorías, se levanta la sesión.
Eran las cuatro de la tarde.