CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 664

JUSTICIA

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ALFREDO PRADA PRESA

Sesión núm. 37

celebrada el miércoles,

15 de octubre de 2014

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor ministro de Justicia (Catalá Polo), para informar:


- Sobre las líneas generales de la política de su departamento. A petición propia. (Número de expediente 214/000111) ... (Página2)


- Sobre previsiones y calendario de su ministerio. A petición del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 213/001660) ... (Página2)


- De las líneas generales de actuación que piensa llevar a cabo al frente del Ministerio de Justicia. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/001669) ... (Página2)

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Se abre la sesión a las cinco de la tarde.


El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.


En primer lugar, permítanme que agradezca al nuevo ministro de Justicia, don Rafael Catalá Polo, y a su equipo de colaboradores, que han tenido la amabilidad de acompañarnos esta tarde, su presencia en la Comisión de Justicia del Congreso de
los Diputados. Sin duda ninguna, y creo que hablo en nombre de todos los grupos parlamentarios, le deseo toda suerte de éxitos en la gestión que le corresponde desempeñar en lo que resta de esta legislatura.


Señorías, como saben, el orden del día de hoy es la comparecencia del señor ministro de Justicia, que ha sido solicitada por el propio ministro para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento y también por el Grupo
Parlamentario de La Izquierda Plural y por el Grupo Parlamentario Socialista. Salvo que algún portavoz manifieste algo en contra, y dado que es la primera comparecencia del ministro en el Parlamento español, el turno de intervenciones de los grupos
parlamentarios será de menor a mayor, con independencia del derecho preferente de intervención que pudieran tener los grupos que hayan solicitado la comparecencia.


Reiterando nuestro agradecimiento al señor Catalá Polo, quiero decirles que, como saben, el señor ministro no tiene límite de tiempo en sus intervenciones y que sus señorías tienen reglamentariamente en su intervención un límite de tiempo de
diez minutos. Con el apoyo y el respaldo de la Mesa, seremos flexibles en ese límite de tiempo que tienen los grupos parlamentarios, también por las características especiales que tiene esta comparecencia, pero quiero que sepan que el formato del
debate será el siguiente: intervención del ministro, intervención de los grupos parlamentarios de menor a mayor con flexibilidad en el tiempo reglamentario establecido y cierre del debate por el ministro, salvo que de la última intervención del
ministro se desprenda algo que justifique la apertura de un nuevo debate. Sin más, le damos la palabra al señor ministro de Justicia y le reiteramos la bienvenida y el deseo de éxitos en su gestión.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Señor presidente, señorías, acudo a esta Comisión para informar sobre las líneas generales de la política del departamento de Justicia en cumplimiento de lo que sin duda es una responsabilidad
institucional, pero como profesional de la Administración pública al servicio del Estado durante toda mi carrera profesional también quiero poner de manifiesto mi satisfacción personal de poder estar hoy aquí. Soy muy consciente de la importancia
que tiene esta Comisión, la valoro extraordinariamente. Por encima de coincidencias o de discrepancias entre los grupos, estoy convencido de que todos compartimos un interés y una preocupación por la justicia y en particular por la Administración
de Justicia en nuestro país. Por eso, aunque, como decía el presidente, comparezco a petición propia y también del Grupo de La Izquierda Plural y del Grupo Socialista, estoy convencido de que cada uno desde nuestra posición, desde el papel que nos
toca institucionalmente, tenemos que participar en este gran debate político en el que estamos necesitados y obligados a un intercambio de ideas, de opiniones, del cual pueda surgir un debate más constructivo y en el que yo trataré -y estoy seguro
de que también sus señorías- de identificar puntos de acuerdo y, por lo tanto, aspectos en los que podamos avanzar en proyectos de reforma y de mejora de la justicia.


Un primer punto en el que seguramente podemos estar de acuerdo, porque son datos objetivos, es el diagnóstico de cómo se encuentra nuestra Administración de Justicia, y por eso quisiera repasar mínimamente con ustedes el presupuesto porque,
aunque esta no es una comparecencia presupuestaria, sin duda conforma el conjunto de medios con el que vamos a poder trabajar el año que viene. Quiero adelantarles, antes de entrar en los ejes de lo que me propongo que sea mi actuación de gobierno,
una serie de medidas encaminadas ya, con carácter inmediato, a mejorar las condiciones en las que prestan sus servicios distintos profesionales de la Administración de Justicia. Les decía que uno de los primeros elementos en los que tenemos que
trabajar es el diagnóstico de situación: saber de dónde partimos, cuál es el momento actual. Creo que no me equivoco si identifico una posición crítica por parte de los ciudadanos ante la justicia. Lo demuestran -no es opinión- los estudios
sociológicos y demográficos de mayor calidad, como son los estudios del CIS. Pero también es verdad que estos estudios ponen de manifiesto que, frente a una posición crítica, aquellos ciudadanos que tienen una relación directa con la justicia
perciben una calidad superior en la justicia respecto a otros que no tienen esa relación directa. Sin embargo, es evidente que tenemos la obligación de identificar cuáles son las causas y los elementos que están detrás de esa mala percepción social
de la justicia y actuar sobre ellos, porque eso no debería permitir que se oscureciera el balance general de una Administración que yo creo que es capaz -y lo

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acredita cada día- de trabajar con eficacia. Si me permiten el símil, fruto de mi experiencia anterior, deberíamos acotar los puntos negros de nuestra justicia, al igual que los tiene una red viaria, y trabajar sobre ellos, porque creo que
está al alcance de nuestra mano tratar de resolverlos con carácter inmediato. Yo creo que si somos capaces de trabajar en esos puntos concretos, además de en el diseño global de nuestro marco jurídico, estaremos permitiendo que la percepción de la
justicia por parte de los ciudadanos mejore y sea más realista de lo que en este momento es, porque es verdad que tenemos problemas, es verdad que tenemos demoras, es verdad que en ocasiones tenemos mal funcionamiento, pero muchas veces el aspecto
puntual y concreto nos hace perder la visión integral de la situación de nuestra justicia. Los datos sobre los que podemos empezar a hacer esa labor de diagnóstico e identificación son estadísticas públicas, las que elabora el Instituto Nacional de
Estadística o el Consejo General del Poder Judicial a través de lo que se ha dado en llamar el punto neutro judicial. Nosotros hemos hecho alguna explotación de esos datos -datos que, como digo, no son nuestros, sino de terceros-, y lo cierto es
que la situación es bien distinta. Repito, son estadísticas y son medias, y soy consciente de que esto nos da un enfoque global pero falta mucho análisis detallado. Lo cierto es que actualmente en la jurisdicción civil los juzgados de primera
instancia -de media, insisto una vez más- están resolviendo los asuntos en una media de 7 meses, los juzgados de familia en 4,6, los juzgados de primera instancia e instrucción, los juzgados mixtos, en algo más de 8 meses, las audiencias
provinciales en 7 meses y la Sala primera del Tribunal Supremo en algo más de 11,5 meses. Estos son los tiempos. Insisto en que en ocasiones identificamos un proceso o un asunto que tarda muchos años, y creo que deberíamos hacer entre todos un
esfuerzo de divulgación de la información, sin perjuicio de que estos datos tengan que ser mejorados y trabajados. En el ámbito de la jurisdicción penal, los juzgados mixtos y los juzgados de instrucción tienen una tramitación de algo más de 1,5
meses, los juzgados de violencia sobre la mujer de algo más de 2 meses, los juzgados de lo penal algo más de 10 meses de media de tramitación de los asuntos que conocen, las audiencias provinciales en torno a 3 meses y la Sala segunda del Tribunal
Supremo tiene una media de resolución de asuntos de 6 meses. También, en un orden jurisdiccional tan relevante como es el penal, en ocasiones conocemos grandes sumarios, de tramitación muy compleja, que tardan años en tramitarse, sin embargo la
media es la que les he manifestado a sus señorías.


Por último, por ir acabando con esta parte, en el ámbito jurisdiccional contencioso-administrativo los juzgados de lo contencioso tienen una media de duración de los asuntos de 14 meses, en las salas de lo contencioso de los tribunales
superiores de justicia está en torno a 24 meses -aquí empezamos a tener tiempos muy importantes- y la Sala tercera del Tribunal Supremo en torno a 15 meses de duración media de los asuntos. Por último, respecto a los tribunales de la jurisdicción
social, en los juzgados de lo Social la duración media de los pleitos está en torno a 9,5 meses, en la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en algo más de tres meses y la Sala cuarta del Tribunal Supremo tiene una tramitación media de algo más
de 10 meses. No doy estas cifras como datos que nos supongan ninguna satisfacción singular, pero sí como un elemento en el que yo voy a empeñarme para generar una política de transparencia, de información a los ciudadanos, porque en ocasiones la
percepción que se tiene está alejada de una realidad cotidiana, porque a veces en ámbitos geográficos concretos y en ámbitos jurisdiccionales concretos los tiempos de resolución y de respuesta son bastante más cortos que la percepción que tenemos.


Lo cierto es que esta labor no le corresponde solo al Ministerio de Justicia. Estamos convencidos de que lo más inteligente para avanzar en esta identificación y en este abordaje de los problemas es trabajar con el Consejo General del Poder
Judicial para elaborar una información confiable, un mapa judicial en el que se identifiquen los problemas que, como ya han visto ustedes en los datos que he dado, algunos casos son bien visibles, como en el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo y en algún otro. Por tanto, debemos utilizar los recursos humanos y materiales de que disponemos para abordar estas cuestiones y ordenarlos de la manera más adecuada posible. Estoy seguro de que en ocasiones tendremos
que trabajar -así se lo presentaremos a sus señorías- en el reforzamiento de la planta judicial, pero también estoy convencido -me lo van a oír ustedes repetir con frecuencia en mi comparecencia de hoy y en las próximas que tenga aquí- de que hay
que trabajar en la mejora de la organización de la Administración de Justicia. Debemos encontrar y acordar fórmulas alternativas que mejoren el aprovechamiento de los recursos disponibles: mejoras de procedimientos, mejoras de aprovechamiento de
los recursos humanos, incorporación -como luego me referiré- de nuevas tecnologías para mejorar también la distribución de cargas en nuestra planta judicial. Para ello, el presupuesto que para el año 2015 tenemos -ya es conocido por ustedes el
proyecto de ley del Gobierno- presenta alguna buena noticia. Es el presupuesto que por primera vez en esta legislatura experimenta un incremento respecto al ejercicio

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anterior; vamos a disponer de casi 1.600 millones de euros -1.596- en el presupuesto inicial que se ha presentado al Parlamento, con un compromiso por parte del ministerio de continuar trabajando en la mejora de la Administración de
Justicia, en particular en lo que se refiere al capítulo de inversiones, capítulo 6, donde vamos a contar con un incremento de un 26%, que en términos absolutos no son cuantías muy relevantes pero porcentualmente sí me parece destacable que vayamos
a tener hasta 77,5 millones de euros en ese capítulo de inversiones, 59 para modernización tecnológica y otros 18 para el Plan de equipamientos y de infraestructuras.


El presupuesto, sin duda, es una herramienta importantísima, pero yo creo que en una organización de servicios profesionales, como es la Administración de Justicia, todavía es más importante el capital humano con el que cuenta: 5.600
jueces, 2.430 fiscales, casi 5.000 secretarios judiciales y más de 44.700 funcionarios de los distintos cuerpos de la Administración de Justicia ponen de manifiesto un potencial, una capacidad por encima de 57.000 -casi 58.000- profesionales
dedicados a la justicia desde dentro, más todas aquellas otras profesiones de operadores jurídicos que están colaborando cotidianamente. Yo creo, señorías, que tenemos un plantel de profesionales dentro de la propia Administración y colaborando con
la Administración de Justicia que nos permiten ser optimistas en cuanto al futuro y en cuanto a las posibilidades de desarrollo de reformas, porque lo que tiene que hacer fundamentalmente este ministerio, y también esta Comisión donde están todos
los grupos parlamentarios, es proponer mejoras, proponer reformas y estar permanentemente tutelando el buen funcionamiento de nuestra Administración de Justicia.


En todo caso -y luego me referiré a proyectos normativos, a proyectos más a medio plazo-, me propongo abordar ya, con carácter inmediato -y quiero someterlo a la consideración de sus señorías- algunas medidas. En primer lugar, me referiré a
la carrera judicial. Se ha hecho progresivamente por todos los Gobiernos un camino en torno a la profesionalización de la carrera judicial. Y para conseguir esa profesionalización deberíamos ser capaces de hacer algo tan natural y tan sencillo
como que aquellos jueces que han superado las pruebas selectivas, que han aprobado su oposición, puedan incorporarse a la carrera y a su destino efectivo con la mayor flexibilidad y con la mayor naturalidad. Desde 2011 la planta judicial permanece
inalterada y, sin embargo, la Escuela Judicial ha seguido aprobando, y por lo tanto poniendo a disposición del Poder Judicial, jueces en los últimos años que, sin embargo, no han podido adscribirse a destinos judiciales. En este momento tenemos un
déficit de 276 plazas y les anuncio ya que el Gobierno se propone crear 282 unidades jurisdiccionales con el fin de resolver esta grave disfunción que tenía sumida en la incertidumbre a una parte de la carrera judicial, precisamente a los más
jóvenes, los recién incorporados a la carrera, los que acaban de aprobar sus oposiciones y lo que desean es empezar a trabajar, ya que tienen la ilusión propia de los años una juventud. Por lo tanto, tenemos que mandarles un mensaje claro y
directo: la Administración de Justicia va a hacer todo lo posible para que cuenten con todos los medios, materiales y organizativos, para que puedan desempeñar su carrera profesional de la manera más eficaz y más inmediata posible.


En relación con la fiscalía, quiero poner de manifiesto que otro de los compromisos del Gobierno es dotar a la plantilla fiscal de medios que permitan organizar las actividades de la fiscalía en su lucha contra la corrupción, la adscripción
de fiscales a la Sala de criminalidad informática y a la cooperación penal internacional, además de posibilitar la creación en las fiscalías de unidades de investigación que faciliten la tramitación de esos procedimientos que tienen especial
complejidad y dimensión. Estos días se inicia el proceso selectivo de cincuenta nuevas plazas de fiscales, cuya incorporación se prevé para junio de 2015, y estoy plenamente convencido de que tenemos que dotar a la plantilla fiscal de las plazas
necesarias para llevar a cabo la actividad. Por ello, crearemos en los próximos días cuarenta y seis plazas de fiscales distribuidas por todo el territorio nacional y pertenecientes a varias categorías.


En cuanto a los secretarios judiciales, pieza también fundamental para el buen funcionamiento de la oficina judicial y, por ende, del total de la Administración de Justicia, también quiero trasladar mi compromiso para trabajar con los
secretarios, con sus representantes, para identificar esas funciones de directores de la oficina judicial que tan buen resultado está teniendo allí donde se encuentra ya operativa. Fíjense que los secretarios judiciales han dictado más de millón y
medio de decretos definitivos, descargando con ello buena parte de la labor de los juzgados y tribunales. En la oferta de empleo público de este año 2014 se han ofertado 160 plazas y esperamos que en los próximos años podamos continuar en esa
dirección para seguir reduciendo el número de vacantes. El ministerio también se plantea revisar el estatuto del cuerpo de secretarios para adecuar su esfuerzo y su compromiso a la nueva situación organizativa que tienen que desempeñar.

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Por lo que se refiere a los funcionarios de la Administración de Justicia, es evidente el papel que desempeñan cotidianamente. Nos comprometemos con todos los cuerpos de funcionarios para intentar revisar funciones, definir actividades y,
por tanto, garantizar el buen funcionamiento de la Administración de Justicia gracias al desempeño de los profesionales.


Creo que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a la que luego me referiré, nos va a permitir mejorar en varios aspectos las condiciones en las que desarrollan su trabajo muchos de los profesionales de la Administración de
Justicia y para ello vamos a trabajar con las organizaciones sindicales para acordar, en la medida en que las políticas de Función pública actuales lo permitan, dentro de la coherencia de la política de empleo público del Gobierno, aspectos tales
como la promoción interna del personal al servicio de la Administración de Justicia. Creo firmemente que si promocionamos la capacidad de los profesionales de la Administración de Justicia de tener una carrera interna estaremos generándoles también
expectativas de mejora a lo largo de toda su carrera. En segundo lugar, vamos a promover el reconocimiento a los miembros del cuerpo de gestión procesal de su carácter de agentes de la autoridad a la hora de documentar los embargos, los
lanzamientos y otros actos cuya naturaleza así lo requiera, y esto nos servirá sustancialmente para agilizar la actividad de los procuradores que podrán realizar por sí solos algunos actos de comunicación de esta naturaleza. Trabajaremos también en
el reconocimiento expreso al personal al servicio de la Administración de Justicia en lo que tiene que ver con sus funciones dirigidas a la protección y asistencia de las víctimas, como está reconocido en el proyecto de ley de estatuto de la
víctima, y trabajaremos asimismo para que se pueda ampliar a dos años la reserva del puesto de trabajo del periodo de excedencia voluntaria para atender al cuidado de cada hijo o familiar que se encuentre a su cargo por razones de edad, accidente o
enfermedad, como ya está contemplado en el Estatuto básico del empleado público pero no todavía así en cuanto a la Administración de Justicia. Como digo, estas son medidas de carácter instrumental, muy asociadas con los profesionales pero que vamos
a intentar llevar adelante con carácter inmediato para agilizar la incorporación de nuevos profesionales y para mejorar las condiciones de trabajo, porque estoy firmemente convencido de que la Administración de Justicia funciona cuando se implican
los profesionales, cuando todos ellos -jueces, fiscales, secretarios, resto de cuerpos de la Administración de Justicia- trabajan coordinadamente con el objetivo de mejorar la actividad cotidiana.


Pero no solamente ellos, hay muchos otros colectivos profesionales con los que queremos trabajar, debatir y evaluar las reformas necesarias, como son los abogados y los procuradores. Hace unos días, a las poquísimas fechas de mi
incorporación al ministerio, que coincidió con el pleno del Consejo General de la Abogacía, al que fui amablemente invitado por su presidente, tuve ocasión de recibir información de sus demandas, de sus preocupaciones, de sus reclamaciones también,
por qué no, y tuve ocasión de transmitirles la voluntad del ministerio de colaborar con ellos en el análisis de la Ley de Servicios Profesionales, de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita o de la Ley de Tasas que, como bien sabemos, es un tema que
preocupa a muchos y en particular a los profesionales. En todo caso, mi intención es abrir cauces directos de colaboración con todos los profesionales, en este caso abogados y procuradores, así como con otros colectivos que contribuyen a la mejora
y al mantenimiento de la calidad de nuestro sistema de seguridad jurídica como son los notarios, con los que vamos a trabajar. Me he comprometido con el decano del Colegio Notarial a trabajar con absoluta lealtad y transparencia para avanzar en el
desarrollo de las funciones que les van a corresponder como consecuencia de la desjudicialización de determinados expedientes en materia de jurisdicción voluntaria. Nos proponemos por tanto modernizar la función preventiva en ámbitos como el
control de las cláusulas abusivas o incluso la simplificación de sus propios documentos, de los documentos notariales, que estoy convencido de que pueden ganar en claridad, favoreciendo todavía más si cabe la seguridad jurídica. Respecto a este
colectivo, soy consciente de que existen también en este caso 90 jóvenes notarios que han aprobado sus pruebas selectivas y que están pendientes de tomar posesión en un contexto complejo de un concurso previo, una demarcación notarial. Lo
prioritario en este caso es darles destino y, por tanto, como hemos transmitido al decano del Colegio de Notarios y a los propios afectados, porque están semiconstituidos asociativamente para tratar de defender su posición, vamos a convocar
inmediatamente el concurso que permita el otorgamiento de destinos a estas 90 personas, porque una vez más, siendo muchos los profesionales con ilusión y con entusiasmo por su trabajo, estoy seguro de que es con los más jóvenes, con los que están
iniciando su carrera profesional con los que tenemos que tener especial atención, de manera que esta situación de impasse en su incorporación al notariado vamos a resolverla en las próximas semanas.

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Señorías, además de estas cuestiones, que como es evidente son instrumentales pero de carácter inmediato, por eso quería empezar por ellas, soy consciente de que cuando en nuestra Constitución los españoles declaramos que constituíamos un
Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores la igualdad y la justicia, además de la libertad y el pluralismo político, estábamos identificando claramente la naturaleza social del Estado con el Estado del bienestar y
la consideración de la igualdad y la justicia como valores que han de estar en todo momentos presentes en la convivencia en nuestra sociedad y que los poderes públicos tenemos el firme deber de proteger y promover. En este sentido, tengo que
reconocer que tenemos que trabajar por trasladar a los ciudadanos la visión de una justicia que funciona, una justicia ágil, una justicia eficaz, una justicia del siglo XXI, que casi se ha convertido ya en una frase común, pero en todo caso tenemos
que impedir que el acceso a la justicia se convierta en laberintos administrativos, procesales o normativos constituidos prácticamente para los iniciados, para los expertos. Esos trámites deben convertirse en una ayuda y nunca en un obstáculo, como
a veces paradójicamente acaba sucediendo.


Lo que me propongo desarrollar durante el tiempo que resta de esta legislatura son básicamente dos grandes ejes de trabajo que quiero desarrollarles en esta comparecencia. Por una parte, mi visión y los proyectos que van asociados con esa
visión de la justicia como servicio público y, por otra parte, la justicia entendida como un poder del Estado y, por lo tanto, como un elemento vertebrador de la sociedad. Entorno a esos dos grandes elementos articularé los proyectos que considero
que podemos abordar en el tiempo que resta de legislatura.


En primer lugar, como les decía, la justicia como servicio público. Permítanme que empiece ya metiéndome en uno de los asuntos en el que me consta que todos tenemos gran interés, el sistema de tasas judiciales actualmente en vigor en
nuestro país. Para abordar con conocimiento, con detalle y con calidad esta cuestión lo primero que necesitamos es, como he dicho antes, un buen diagnóstico de situación. El sistema de tasas ha generado un cierto rechazo -no descubro nada que no
sea conocido por todos- por parte de los operadores jurídicos, por buena parte de los grupos parlamentarios y, sin embargo, lo que necesitamos es tener información de detalle y minuciosa que ponga de manifiesto ese lugar en el que nos encontraremos
todos: que las tasas nunca podrán generar una limitación al derecho de acceso a la justicia por los ciudadanos. En eso vamos a estar todos, señorías, pero tenemos que bajar a concretar si eso está sucediendo. Porque fíjense que de los más de
8.300.000 asuntos que cada año los ciudadanos residenciamos ante la justicia, solamente el 17 % de ellos está sometido a tasa; por tanto, ya estamos achicando un poco el campo de juego. Entraremos en ese contexto y tendremos la información del
Consejo General del Poder Judicial, de la estadística judicial y de la Agencia Tributaria en cuanto a la recaudación de la tasa para tener un conocimiento real, detallado y que compartiremos con ustedes con absoluta transparencia de cuál es el
impacto que las tasas están teniendo, cuáles son las causas de la reducción, en su caso, de la litigiosidad, porque las tasas pueden ser sin duda una de ellas, pero creo que habrá alguna causa más -la situación económica, el criterio de imposición
de costas, que viene de una legislación anterior, y seguramente algún otro más-. Con todo ello pondremos encima de la mesa la información. Fíjense en los datos que hoy ha publicado el Consejo General del Poder Judicial sobre el segundo trimestre
del año 2014, que muestran una tendencia que me ha llamado la atención y que una vez más, insisto, tendremos que trabajarla en detalle: bajan los asuntos en el orden penal y laboral, ámbitos en los que no hay tasa, y suben en el ámbito civil y
mercantil, donde sí hay tasas. Esto parecería ir en contra de lo que hemos diagnosticado todos de manera inicial. Insisto, señorías, trabajaremos con los operadores jurídicos y con esta Comisión para presentar la información detallada y para
aportar soluciones que en todo caso garanticen el efectivo derecho de acceso a la justicia y que nadie por motivos económicos pueda ver restringido ese derecho fundamental de los ciudadanos.


En segundo lugar, vamos a seguir avanzando en una de las grandes instituciones que caracteriza y dignifica nuestro sistema de justicia, que es la justicia gratuita. Como he dicho antes, tenemos especial interés en que nadie por razones
económicas se quede sin su derecho a la tutela judicial y, por ello, vamos a seguir trabajando en la ampliación de los beneficiarios de la justicia gratuita y también vamos a estudiar con detalle los umbrales de renta que permitan acceder a este
derecho. El proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita está en ponencia en esta Comisión y me comprometo en la parte que me corresponde a agilizar su marcha para que continúe su tramitación lo más pronto posible. Tenemos que trabajar con los
grupos parlamentarios, con los operadores jurídicos -abogados y procuradores- y también con las comunidades autónomas, que tienen mucho que decirnos en esta materia, para que todos tengamos seguridad respecto a la calidad del funcionamiento del
servicio. Soy abogado colegiado y, por tanto,

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conozco el funcionamiento de los colegios en los servicios de asistencia jurídica, pero estoy seguro de que ahí también se puede mejorar, afinar y organizar procedimientos mejorados.


En cuanto al Ministerio de Justicia, como saben, en este modelo territorial seguimos gestionando parte del territorio y algunas comunidades autónomas: Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia, más las ciudades
autónomas de Ceuta y Melilla. Pues donde todavía tenemos responsabilidad de gestión de la Administración de Justicia vamos a incrementar nuestro presupuesto para el año 2015, como ustedes habrán podido ver en el proyecto de presupuestos que hemos
presentado a esta Cámara. Además, espero que en el trámite de enmiendas al proyecto de ley de presupuestos podamos incorporar una nueva partida presupuestaria -un subconcepto en el capítulo 4 de este ministerio- que nos permitirá formalizar
convenios de colaboración con las comunidades autónomas para financiar los costes que se les pueden estar generando adicionalmente como consecuencia de reformas legislativas que el Estado aborda y que implican mayor gasto en las comunidades
autónomas. Estoy trabajando con el Ministerio de Hacienda y, como digo, espero que podamos presentar una enmienda en ese sentido creando la partida y dotándola adecuadamente para poder atender lo que me consta que es una reclamación por parte de
las comunidades autónomas.


Otro de los aspectos que tiene mucho que ver con el concepto de justicia como servicio público es el Registro Civil y otras medidas de mejora de la Administración a las que después me referiré. Sin duda todos los ciudadanos y varias veces a
lo largo de nuestra vida tenemos relación con la Administración de Justicia a través de los registros civiles. Por ello, estoy convencido de que un buen funcionamiento de los registros civiles redundará en la percepción social del ciudadano de la
justicia; en este caso, en la percepción de un Registro Civil ágil, cercano y eficaz. Estamos convencidos y vamos a seguir adelante con el proceso que abordó la Ley 20/2011, aprobada por el Gobierno anterior, del Registro Civil, sobre la
desjudicialización de los registros civiles. Pensamos que los registradores pueden ser un cuerpo de funcionarios. Me ha sorprendido leer debates en torno a la privatización cuando estamos hablando de cuerpos de funcionarios. Bien es verdad que
son funcionarios con un sistema retributivo singular, pero en cuanto a su naturaleza de funcionario público lo único que diferencia a un registrador de cualquier otro es el sistema retributivo. No es su vinculación con la Administración pública, el
control por parte del Ministerio de Justicia de su actividad, la tutela, el régimen disciplinario o el control de las bases de datos. Esto lo conocen sus señorías, pero como he leído algún artículo hablando de privatización por la encomienda de la
llevanza del Registro Civil por los registradores, quiero asegurarles que en el proyecto que queremos llevar a cabo el Ministerio de Justicia -y por tanto el Gobierno, y por tanto los poderes públicos- va a liderar absolutamente la nueva llevanza
del Registro Civil y lo vamos a hacer con el Colegio de Registradores -por tanto, con la representación de la corporación profesional de los registradores- y vamos a crear una comisión mixta ministerio-colegio para llevar a cabo todos los proyectos:
el diseño de las plataformas telemáticas, los sistemas de control y los sistemas de garantía y seguridad de la información en un asunto tan delicado y que afecta tanto a los ciudadanos como es el Registro Civil. Para ello no vamos a desarrollar
ningún cuerpo intermedio ni ninguna corporación; no pensamos que sea necesaria. Lo haremos directamente entre el ministerio y el Colegio de Registradores -insisto- desde un planteamiento de tutela inmediata y directa por parte del ministerio de
esto.


Hay otras cuestiones, aparte del modelo, que tienen que ver con el Registro Civil y que tendrían resultados inmediatos que ya han sido anunciados y, por supuesto, me voy a comprometer en su implantación tan pronto como sea posible, como la
tramitación electrónica desde los centros sanitarios tanto de las defunciones como de los nacimientos. Por tanto, vamos a incorporar un trámite electrónico bien habitual en tantos y tantos ámbitos de la sociedad española y de la Administración
pública a los registros civiles. Continuaremos en el intercambio telemático de información gráfica y documental entre el catastro y los registros de la propiedad, reforzando la seguridad jurídica que ambos ofrecen en este momento. También en este
camino de avanzar en la mejora de la oferta de servicios hacia los ciudadanos implantaremos en los próximos meses el sistema de portal único de subastas electrónicas tanto administrativas como judiciales y extrajudiciales en colaboración con el
Boletín Oficial del Estado, con la agencia que gestiona el Boletín Oficial del Estado. Implantaremos este modelo de subastas judiciales electrónicas, que agilizará todos los trámites en torno a estas cuestiones.


Además, estoy convencido, señorías, de que todos estos planteamientos de mejora, de agilización y de cercanía tienen un enfoque que me parece muy importante, que es el de generación de confianza hacia los agentes económicos. La justicia
también tiene un papel dinamizador en la economía de nuestro país. Estoy seguro de que la creación de entornos de seguridad y de agilidad también va a tener un

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impacto, nos lo dicen instituciones internacionales como el Foro Económico Mundial cuando identifica una estrategia que denomina La justicia para el crecimiento. Es verdad que el crecimiento económico se sustenta en pilares muy diversos y
uno de ellos es contar con un Estado de derecho, que ofrece seguridad jurídica, que ofrece oportunidades para la atracción de capitales y de recursos productivos que quieran crear riqueza y puestos de trabajo en última instancia en nuestro país. Si
conseguimos que nuestra Administración de Justicia mantenga la calidad que le caracteriza y además mejore sus tiempos de resolución en los asuntos ingresados con un marco normativo claro y confiable, con un sistema de gestión transparente y que
genere confianza, estaremos creando, como digo, un entorno donde atraer inversiones y donde atraer, en última instancia, creación de empleo.


Todo esto lo vamos a conseguir siguiendo una estrategia bien sencilla. En algún momento el presidente del Gobierno, el señor Rajoy, lo ha puesto de manifiesto con una frase corta, pero contundente: pocas leyes, pero buenas. No pretendo
pasar a ningún ranquin de legislación, de haber hecho muchas leyes, sino pocas leyes pero buenas, buenas en el sentido de que sirvan a su objeto y que sirvan al fin último, que es crear marcos de garantía de derechos, marcos de funcionamiento de la
Administración de Justicia, marcos de funcionamiento de la sociedad civil en el entorno, como digo, de un Estado de derecho y con garantías. Por tanto, ahí estamos identificando algunas leyes que podríamos trabajar en esta Comisión, como el Código
Mercantil, el arbitraje, la mediación y la jurisdicción voluntaria. Muy sucintamente, como es lógico -ya tendremos ocasión de trabajar con cada uno de estos instrumentos-, la Comisión General de Codificación, como conocen sus señorías, es una
herramienta de una extraordinaria calidad de la que dispone nuestro sistema jurídico -el Ministerio de Justicia al que está adscrita- y ha estado trabajando años en la elaboración de un nuevo Código Mercantil que tiene una altísima calidad
técnico-jurídica. Me propongo trabajar con los operadores jurídicos y con sus señorías en este anteproyecto de tal manera que, si consideramos que tiene la calidad suficiente -nosotros pensamos que sí- y tenemos el tiempo suficiente en esta
legislatura, presentaremos el proyecto de Código Mercantil a esta Cámara para su aprobación a lo largo de este año 2015, en el cual tendremos tiempo, espero, para llevar adelante la tramitación de esta ley.


También hablé hace unos días, en el Congreso Internacional del Arbitraje que se celebraba en Madrid, del arbitraje, un instrumento que permite agilizar la resolución de conflictos, que permite abordar cuestiones de ámbito mercantil y civil
de manera muy importante, y agilizar otros instrumentos normativos en los que el arbitraje está prestando soluciones. Por tanto, mi compromiso es también agilizar los instrumentos del arbitraje para promover esa solución fuera del ámbito puramente
jurisdiccional de los conflictos.


En materia de mediación este Gobierno ha dado un impulso importante con la aprobación de la Ley 5/2012, de Mediación en asuntos civiles y mercantiles, así como con su reglamento, el Real Decreto 980/2013. Abogamos por el fortalecimiento de
la mediación, por la electrónica con la incorporación de sistemas de mejora de estos medios y, por tanto, vamos a apoyar todas las medidas que permitan que la mediación se convierta en una práctica habitual y cotidiana entre los operadores, tanto
personas físicas como jurídicas.


Por último, en cuanto a la jurisdicción voluntaria, como conocen, hemos remitido muy recientemente a esta Cámara un proyecto de ley de jurisdicción voluntaria que supone un avance sustancial en cuanto al proceso de modernización de la
Administración de Justicia porque abre algunos aspectos que no son puramente jurisdiccionales a los operadores jurídicos. Gracias a esta futura norma y, por supuesto, sin menoscabo alguno de la tutela judicial efectiva, facilitaremos a los
ciudadanos la tramitación y la resolución de numerosos expedientes que afectan directamente a sus derechos tanto de la esfera personal como patrimonial, con una clara delimitación de aquellos casos en los que los intereses o naturaleza de la
contienda y la mejor tutela de los ciudadanos exija la intervención de los tribunales. Por supuesto, la jurisdicción voluntaria no significa ningún menoscabo de la tutela judicial y del papel de los tribunales en aquellos casos que por su
complejidad o por su naturaleza así sea requerida.


En ese sentido, señorías, como les decía antes, debemos potenciar la Comisión General de Codificación. Es un instrumento de altísima cualificación, pero quizá han sido desarrolladas solamente algunas de sus acciones, la civil y la
mercantil. Propongo con absoluta transparencia y con garantía de profesionalidad y de independencia promover el nombramiento de nuevos miembros de la Comisión General de Codificación que refuercen el trabajo que está desarrollando -como les citaba
antes, el Código Mercantil- y que se convierta en un muy útil colaborador del Ministerio de Justicia y, por tanto, del conjunto de nuestro sistema de administración de justicia para la elaboración de las futuras normas que presentaremos ante este
Parlamento.

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Quisiera referirme ahora, señorías, después de este repaso a las normas que tendrán que ver con la dinamización de los ámbitos más asociados con la recuperación económica, el fomento de la inversión y la confianza, a una cuestión que parece
obvia, casi resultaría innecesario a finales del año 2014 tener que seguir hablando de ello, pero, como es una realidad en nuestra administración de justicia, no puede dejar de ser uno de mis objetivos en el tiempo que esté al frente del Ministerio
de Justicia, y es la incorporación de las nuevas tecnologías, la administración electrónica al ámbito de la justicia. No me resigno -estoy seguro de que ninguno nos resignamos- a que una oficina judicial siga siendo un almacén de legajos, de
expedientes y de papeles como lo eran hace tantos años. También es verdad que tenemos que ser justos y reconocer el trabajo que se ha hecho durante los últimos años en la incorporación de las nuevas tecnologías, pero tenemos que ser muy ambiciosos.
Suelo decir habitualmente que me daré por satisfecho -y no será en esta legislatura cuando veamos el trabajo terminado, ni mucho menos- si la Administración de Justicia se va pareciendo cada vez más a la Administración tributaria o a la
Administración de la Seguridad Social y, por tanto, va incorporando cada vez más las nuevas tecnologías a las relaciones entre los profesionales de la justicia, entre los operadores de la justicia y los profesionales internos, los funcionarios, los
jueces, los fiscales, los secretarios, los abogados, los procuradores y, en última instancia, el ciudadano, que debe ser el último fin, el último objetivo al que destinamos toda nuestra actividad. Estamos firmemente decididos a continuar trabajando
en este sentido y a incorporar modelos de gestión. Como conocen sus señorías, he tenido la oportunidad de trabajar en ámbitos muy distintos de la Administración del Estado, en el ámbito de la Hacienda pública, pero también en la Administración
sanitaria. La Administración sanitaria hace veinte años posiblemente estaba en un nivel igual o peor al que se encontraba la Administración de Justicia y hoy, sin embargo, en cualquier consulta de un centro de salud, por no hablar de la consulta de
un médico especialista, tienen la historia clínica de su paciente con solo pasar la tarjeta sanitaria. Creo que esos desafíos y esos retos son posibles, los hemos hecho posibles entre todos en muchos ámbitos de nuestra Administración española del
siglo XXI y estoy convencido de que podemos trabajar coordinadamente con las comunidades autónomas, no caminando cada uno buscando soluciones tecnológicas propias de cada Administración y no haciendo cosas descoordinadas que en ocasiones además
generan resultados paradójicos de falta de comunicación de las bases de datos. Por tanto, me propongo elevar a la Conferencia Sectorial de Justicia, a los representantes de las comunidades autónomas, nuestra firme voluntad de utilizar todos los
recursos que tiene el presupuesto del Ministerio de Justicia, y no son pocos, para el año que viene son casi 56 millones de euros, para trabajar por soluciones compartidas, soluciones comunes y soluciones que nos permitan caminar en ese sentido de
incorporar la Administración electrónica a nuestra Administración de Justicia.


Quisiera también hacer alguna otra consideración, para ir terminando con esta parte de Administración de Justicia como administración orientada al servicio público a los ciudadanos, respecto a algunos de los sectores más cualificados y más
necesitados de atención dentro de nuestra administración. Creo que el carácter de servicio público de la Administración de Justicia viene dado fundamentalmente por la protección de los derechos que garantiza a los ciudadanos y, de modo más
específico, a aquellos que por ser víctimas de un delito quedan en una situación de especial vulnerabilidad. Por tanto, uno de los ejes en esta materia que proponemos llevar adelante, señorías, una de las principales iniciativas adoptadas por este
Gobierno en esta legislatura es el estatuto de la víctima; un marco normativo en el que se recoja un amplio repertorio de medidas destinadas a amparar a aquellas personas que sufren las consecuencias de una acción que merece una sanción penal.
Como saben sus señorías perfectamente, esto es ya un proyecto de ley que actualmente se encuentra en plazo de presentación de enmiendas y en el que les transmito nuestra mejor disposición para trabajar con los grupos en todas las enmiendas que
consideren oportuno plantear, porque me parece que esta es una ley en la que deberíamos ser capaces de encontrar un consenso generalizado y tramitarla, como decía, en ese contexto de coordinación, de apoyo y además en un tiempo lo suficientemente
rápido como para que esta sea una ley aprobada en los próximo meses y fruto de esta Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.


No quisiera alargarme demasiado, por tanto, voy a pasar al segundo eje de lo que les manifestaba en cuanto a mis líneas de actuación. El segundo eje tiene que ver con el conjunto de proyectos asociados con el fortalecimiento de la justicia
como poder del Estado y también como elemento vertebrador de la sociedad. En torno a este concepto, en torno a esta idea, queremos poner de manifiesto que la justicia -como es evidente y estoy convencido de que sus señorías lo comparten conmigo-
cumple una función medular dentro del Estado de derecho como un pilar vertebrador de nuestra sociedad, porque en última instancia la justicia es el verdadero garante de la igualdad y de la libertad, que no pueden ser quebradas

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de ninguna manera por ningún actor y en ninguna de las relaciones que se producen en su seno, ya sea entre los individuos a título particular o entre las administraciones y los Gobiernos como consecuencia de los distintos grupos políticos
que están constituidos en nuestro país. No tengan ninguna duda, señorías, de que desde el Gobierno, desde el Ministerio de Justicia, sabemos que el Estado de derecho deber ser el objetivo primordial de la tutela y de la defensa por parte de todos
los poderes públicos. Vamos a poner todos los recursos -los de la Abogacía del Estado y los del conjunto del Gobierno- para garantizar el Estado de derecho, la permanente defensa del interés general al que está dedicada la fiscalía, con una
Administración de Justicia que cumple y hace cumplir lo juzgado. Con todos esos elementos, trabajando conjuntamente, este Estado de derecho no dudará en defender con éxito la democracia ante cualquier desafío, ante cualquier campaña que atente
contra los elementos básicos de nuestro modelo constitucional en los términos establecidos por las leyes. Esa es precisamente la legitimidad democrática, la que tienen las leyes, la que hace posible el diálogo, la que hace posible el debate y la
que hace posible la pretensión misma de modificar cualquier ley. Eso lo hacemos cotidianamente pero, evidentemente, señorías, dentro del cauce de la ley, dentro del cauce de la Constitución y dentro del cauce del diálogo que debe acompañar el
respeto al Estado de derecho. Ese es nuestro planteamiento, ese es nuestro enfoque, esa es la manera con que abordamos cualquiera de las reformas que puedan ser planteadas por cualquiera de los grupos parlamentarios y en torno a las cuales queremos
abordar algunas de las reformas que ahora les planteo.


En primer lugar, la ley orgánica del Poder Judicial. Me propongo, señorías, presentar al Consejo de Ministros, y por lo tanto traer ante esta Cámara en el plazo más breve posible tras todo el trámite de informes que debe llevar consigo una
ley de esta naturaleza, un proyecto de ley orgánica del Poder Judicial que abordará distintos aspectos de nuestra organización judicial. Señorías, soy firme partidario de mantener la estructura actual del modelo judicial que tenemos en lo que se
refiere a la actual demarcación. Creo que es preciso confirmar los partidos judiciales como elementos que permiten prestar un servicio público de justicia conforme a un criterio de máxima proximidad al ciudadano. Los partidos judiciales son,
además, manifestación de la presencia del Poder Judicial, de los poderes del Estado, en todo el territorio con la consiguiente garantía de que el imperio de la ley actúa por igual en todas partes. Esta declaración que hago no es contradictoria en
absoluto con la firma voluntad de introducir todas aquellas mejoras que sean necesarias para que la demarcación judicial funcione de forma eficaz en cuanto a su tiempo de respuesta a los ciudadanos. Estudiaremos y compartiremos con sus señorías el
modo de racionalizar las cargas de trabajo a través de las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas o de los jueces decano, de tal manera que ante una realidad existente de que algunos juzgados están
por debajo del modus establecido y algunos otros están muy por encima, tengamos instrumentos en la Ley Orgánica del Poder Judicial para reorganizar la carga de trabajo de nuestros órganos jurisdiccionales.


Tampoco excluyo que tengamos que seguir trabajando, ni mucho menos, hacia el futuro. Lo que me propongo en el tiempo que resta de legislatura es presentar ante esta Cámara, ante sus señorías, proyectos de ley viables en el tiempo que resta
de la misma. Ese es un enfoque y otro es seguir trabajando. Antes hablaba de la comisión general de codificación o de los formatos que acordemos establecer con vistas al futuro, con vistas a proyectos de reformas que pueden acompañarnos en los
próximos años. Yo he aprendido en el sector de las infraestructuras que hay que trabajar con proyectos cada día, teniendo actuaciones concretas y elaborando proyectos para el futuro porque los proyectos de gran calado, como es una reforma del
modelo de organización de nuestro sistema de demarcación y planta, requerirá pensar en los años próximos y en tener el tiempo suficiente para una implantación madura, estable, razonable. Creemos que en este momento, mediante técnicas de
organización y distribución del trabajo, podemos conseguir un resultado final, que no es otro que repartir las cargas, garantizar la eficacia y mantener la cercanía a los ciudadanos. Esa es la manera con la que pensamos plantear el modelo
organizativo en el proyecto de ley orgánica del Poder Judicial. También en ese proyecto de ley orgánica presentaremos mejoras y reformas de la oficina judicial. La oficina judicial, como conocen sus señorías -con algunos he tenido la satisfacción
de trabajar hace ya algunos años en esta misma Comisión y en el contexto del Pacto de Estado por la Justicia entre 2001 y 2003-, fue una creación de aquel momento y yo creo que ha servido muy bien, ha significado una auténtica revolución del
concepto de organización de la Administración de Justicia como oficina administrativa al servicio del ciudadano y al servicio de la justicia en última instancia. Sin duda hay muchas cosas que mejorar todavía; tenemos que aprender de la
experiencia, tenemos que ver qué es lo que está funcionando bien y qué es lo que está funcionando menos bien. Vamos a continuar con la implantación de la oficina judicial en el ámbito de gestión del Ministerio de

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Justicia, vamos a seguir llevándolo adelante incluso también en la oficina fiscal porque pensamos que las ventajas de ese funcionamiento integrado de los servicios comunes, de la coordinación, del aprovechamiento de recursos se puede
predicar también de la fiscalía. También trabajaremos para que con las comunidades autónomas sigamos desarrollando acuerdos, como ya lo estamos haciendo -lo acaba de hacer Andalucía cuando ha aprobado el decreto 1/2014, que regula las estructuras
de la oficina judicial y fiscal-. Estamos haciendo acuerdos con el Gobierno del País Vasco, con el Gobierno de Cataluña, todo ello encaminado a que el modelo de oficina judicial sea cada vez más una realidad en la que funcionen con mayor
coordinación los recursos disponibles.


Señorías, no voy a aburrirles con muchos más datos, pero lo cierto es que desde que está implantada la oficina judicial están acortándose los tiempos en el funcionamiento de los tribunales. Tengo datos que muestran que las comunicaciones
electrónicas han crecido exponencialmente y en el año 2015 vamos a destinar una partida presupuestaria de casi 2 millones de euros para continuar implantando la oficina judicial en el Tribunal Supremo, que es verdaderamente un desafío por ser la
cúspide de nuestro sistema judicial. También en ese entorno del Tribunal Supremo vamos a trabajar para dotarlo de herramientas organizativas y tecnológicas, para convertirlo en un modelo de excelencia en la gestión de procesos y también en el
soporte de la actividad jurisdiccional que desarrolla el Tribunal Supremo. Haremos algo equivalente en la Audiencia Nacional y en el resto de territorios en los que todavía tenemos gestión directa por parte del ministerio.


En segundo lugar, señorías, también quería hablarles de un elemento que me parece absolutamente necesario siempre, y especialmente en este momento, que es la lucha contra el delito, la mejora de nuestro Código Penal, la mejora de nuestra Ley
de Enjuiciamiento Criminal y la dotación de instrumentos en la lucha contra la corrupción. Es verdad que se necesitan medios y es verdad que necesitamos mejoras normativas. Yo estoy convencido de que el Estado de derecho persigue el delito,
castiga a los delincuentes y a los que incurren en casos de corrupción y todo ello tiene una respuesta judicial efectiva e inmediata. Es verdad también que en ocasiones la complejidad de las redes organizadas de la delincuencia, en ocasiones
transnacionales, nos hacen ver que son procesos de complejísima tramitación, de largos tiempos de tramitación, por lo que nos proponemos presentar alguna propuesta de mejora para avanzar en este camino, tanto con el Código Penal, al que luego me
referiré, como con la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Vamos a trabajar -lo hemos reiterado creo que todos en diversas ocasiones- por ser capaces de articular el sistema de la doble instancia penal, que es una asignatura pendiente en nuestra
legislación procesal penal, cuya carencia ha motivado la reiterada condena a España en los foros y tribunales internacionales.


Soy consciente del tiempo que resta de legislatura, señorías. No me pienso complicar con proyectos ni intenciones que no tengan un sustrato material posible y realista en términos de calendarios y en términos de capacidad para llevarlos
adelante. Por ejemplo, en torno a la idea de la agilización de los macroprocesos. Somos todos conscientes de que en ocasiones los ciudadanos perciben que estos macroprocesos de ámbito penal se alargan durante años sin que parezca que llegue nunca
el día en que se dicte sentencia y, por lo tanto, se imparta una justicia efectiva. Esta situación se produce porque nuestro sistema procesal prevé un mecanismo muy rígido que, por otra parte, es prácticamente desconocido en todos los países de
nuestro entorno, que es el que impone a los jueces de instrucción la obligación de acumular en una sola investigación todas las causas conexas de las que vaya teniendo conocimiento como consecuencia de su investigación. Este concepto de conexidad
se define hoy de un modo extraordinariamente amplio que incluye algo así como todo lo que tuviese analogía o relación entre sí, lo cual está provocando la instrucción de macroprocesos de larguísima duración. Esto está desdibujando el objeto de la
investigación, lo que en alguna medida no genera ninguna ventaja para la justicia y, sin embargo, en ocasiones a quien da ventajas es a los investigados en casos complejos de corrupción económica, en casos de delincuencia económica. Creo que
podremos resolver este problema y presentaremos un proyecto acordado con los profesionales, con los sectores de la doctrina y también de la fiscalía y de la judicatura para llevar a cabo una reforma del procedimiento penal para que la instrucción de
los asuntos complejos pueda seguir su curso sin necesidad de una concatenación sucesiva de piezas, de manera que los imputados puedan comparecer ante un tribunal en unos plazos razonables. Se trata, por tanto, de imprimir agilidad y eficacia a las
causas, acabando con la sensación de retardo que genera el hecho de que procesos de gran repercusión social permanezcan abiertos durante años sin que en ese tiempo se puedan determinar y finalizar responsabilidades penales. Para contribuir a este
objetivo, planteo, señorías, que podamos garantizar mejor los derechos del imputado de manera que podamos establecer

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un plazo máximo para la instrucción. Sé que este es un tema delicado que también debatiremos con los profesionales, con la fiscalía, en el ámbito de la judicatura y con sus señorías, pero seguramente tendremos que hacer compatibles las
necesidades propias de la labor de investigación con la duración de los procesos. Por tanto, habrá que establecer algún tipo de plazos orientativos -evidentemente ampliables cuando las causas lo justifiquen-, lo que podrá ser también una de las
líneas en las que plantearemos la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.


En cuanto a la figura del imputado, señorías, creo que quizá es un asunto menor, pero que tiene un gran impacto social. La denominación de imputado ha generado muchas polémicas por el perjuicio que puede causar a la imagen de las personas,
cuando bien sabemos los que somos cercanos a la materia que la imputación no es más que una garantía de la mejor defensa y del mejor derecho a la defensa de las personas; sin embargo, se ha convertido, o al menos socialmente se ha extendido, en una
visión negativa de esta condición. También, aunque sea un tema instrumental, me parece que mejorará mucho la calidad de nuestro proceso y de la condición de las personas que participen en las causas si somos capaces de encontrar una denominación de
cuál es esa condición de la que se participa en el proceso que no lleve una especie de precondena o precalificación de culpabilidad, que es lo que en realidad hoy existe en nuestra sociedad. Insisto en que es un tema más terminológico que de fondo,
pero me propongo también trabajar para encontrar alguna solución a esta cuestión.


En el ámbito de la gestión de determinadas causas penales, voy a proponer a sus señorías y vamos a presentar un proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que mejore la tramitación procesal de delitos que podrían tener una
tramitación mucho más sencilla de la que tienen en la actualidad; delitos que ocupan una buena parte del tiempo de nuestros juzgados, tribunales y fiscalía en una tramitación compleja en la que no hay gran aportación de valor añadido y que, según
los datos de la Fiscalía General del Estado, algunos de ellos generan más del 50 % de las sentencias condenatorias, como son los delitos de conducción en estado de embriaguez. Nos proponemos elaborar una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
apoyados en la mejor doctrina comparada de Alemania, de Francia, de Italia o muy recientemente de Portugal, que han avanzado en este camino para generar un sistema de tramitación rápida, de conformidades, cuando así lo considere la personas, y de
esa manera poder agilizar notabilísimamente la tramitación de una parte muy importante del volumen de asuntos que hoy están llegando a los juzgados y tribunales del orden penal. También abordaremos la gestión de las faltas sin autor conocido, que
en ocasiones generan un volumen de papel que es más administrativo que procesal y judicial y en las que es la investigación policial la que tiene que ocupar fundamentalmente esa tramitación y no el tiempo de jueces y fiscales, que tiene que estar
dedicado a asuntos que bien sabemos que tienen en ocasiones gran complejidad. Pensamos que este tipo de procedimientos pueden ser mejorados. Estamos preparando ya un proyecto de ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que aborde estas
cuestiones y que, por lo tanto, nos permita mejorar los tiempos de respuesta y sobre todo concentrar los esfuerzos de nuestros tribunales del orden penal en asuntos de especial complejidad y especial relevancia.


También creo, señorías, que deberíamos hacer un esfuerzo -y así lo vamos a proponer- para superar una de las principales carencias que tiene nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal en este momento. Como todos bien sabemos, es una ley
originaria del siglo XIX, de una calidad técnico-jurídica extraordinaria, pero lógicamente desajustada a algunas cuestiones propias del siglo XXI, como es la que se refiere a la intervención judicial de las comunicaciones. Me consta que España ha
sido condenada en ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que considera que algunas técnicas como la transcripción de conversaciones, la duración de la medida de la intervención, la autenticidad de los soportes de la grabación o la
custodia o destrucción de los datos obtenidos deberían tener una regulación expresa que nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal no tiene en este momento. Estoy seguro de que con ello facilitaremos la actuación de los jueces de lo penal, en
particular de los jueces de la Audiencia Nacional, que son los que a veces están siendo compelidos a tener que tomar decisiones y a apoyar medidas de investigación que no tienen hoy un soporte en nuestra legislación y, por tanto, convertir en el
ámbito de nuestra legislación lo que hoy es normal en el ámbito de la investigación. Me parece que haremos un buen servicio para mejorar y facilitar la investigación. Propondremos a la Cámara una mejora y una reforma de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal con ese tipo de contenidos que, como ven, están muy asociados a facilitar la investigación, a facilitar la tramitación y a dedicar el mejor tiempo de nuestros jueces y de nuestros fiscales a asuntos de complejidad real en la investigación y
no a procesos en los que no hay una aportación de valor como consecuencia de la tramitación procesal.

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Asimismo, señorías, presentaremos un proyecto para establecer el sistema de ejecución de las sentencias dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en las que se condene hipotéticamente a España, imponiendo, por tanto, una
determinada interpretación del convenio de derechos humanos. Como saben, esa es una cuestión que sigue suscitando dificultades de carácter técnico por la falta de una regulación normativa específica. No creo que haga falta recordar la controversia
que surgió hace poco referida al modo de cómputo de los treinta años de prisión impuestos a algunos condenados por terrorismo. Me parece, señorías, que esto tiene una fácil solución, incorporando alguna pequeña reforma al actual recurso de
revisión. De esa manera, con una reforma mínima, acabaríamos con el actual vacío normativo que, dicho sea de paso, está alimentando múltiples incertidumbres interpretativas.


Quiero también, señorías, hacer referencia a otra cuestión que me consta que es objeto habitual de interpelaciones o de preguntas de sus señorías, que es la relativa al derecho de gracia, las limitaciones y los controles para el ejercicio
del derecho de gracia. Su actual regulación, como bien es conocido, procede del siglo XIX. Es una de las instituciones jurídicas más antiguas de nuestro derecho. Se han producido escasas reformas hasta la última que promovió en 1988 el Gobierno
del presidente Felipe González. Creo que esto ha sido usado con mayor o menor intensidad por todos los Gobiernos. Les puedo decir, señorías, que en lo que llevamos del año 2014 solo se han concedido 65 indultos, que es más o menos uno de cada cien
solicitudes formuladas. Estamos haciendo un ejercicio muy restrictivo, muy limitado. En todo caso, no quiero dejar pasar la posibilidad de plantear -como hizo el presidente del Gobierno en uno de sus compromisos al comenzar el curso político- uno
de nuestros compromisos incluidos en el Plan de regeneración democrática que estamos negociando con los grupos parlamentarios y que puede estar asociado también con el establecimiento de condiciones para la reforma a favor de un mayor control sobre
el ejercicio del derecho de gracia por parte del Gobierno. Señorías, me comprometo a trabajar sobre cualquier medida asociada con la aportación de mayor transparencia en la concesión del indulto sin modificar su propia concepción tradicional.


Además de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, además de la revisión en su caso del derecho de gracia, quiero hacer alguna consideración sobre el Código Penal, otro de los instrumentos básicos del Estado de derecho y de la justicia como
garantía de los derechos de los ciudadanos. Como saben, se está tramitando en este momento un proyecto de reforma del Código Penal en el que me gustaría acordar con los grupos parlamentarios, con sus señorías, algunos de los elementos de dicha
reforma y que fuéramos capaces de identificar aquellos en torno a los cuales podemos generar consenso y de esa manera obtener un proyecto de reforma en un plazo corto. Creo que al menos podremos encontrar ese nivel de consenso en lo que tiene que
ver con la tipificación de la protección penal, por ejemplo, a las personas con discapacidad. Hay algunas cuestiones que tienen que ver con la mayor atención a las personas con discapacidad, que creo que coincidimos en que deben ser objeto de una
protección penal reforzada debido a su especial vulnerabilidad. De esa manera nos estaremos adecuando también a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en el año 2006. Asimismo, se debería mejorar la
terminología; mejorar algunos instrumentos en torno a las personas con discapacidad. Deberíamos ser capaces de acordar estas cuestiones y de llevarlo adelante sin demasiados problemas. También tendría una positiva incidencia sobre nuestra
convivencia si somos capaces de generar una reforma en torno a la regulación de las conductas que incitan al odio y a la violencia. La propuesta que hemos presentado tiene dos novedades fundamentales; por una parte, la adecuación a la sentencia
del Tribunal Constitucional del año 2007, que limita la aplicación del delito de la negación del genocidio a los supuestos en los que esta conducta constituya una incitación al odio o a la hostilidad contra las minorías; y por otra parte, hay otro
tipo de conductas, como la incitación al odio o a la violencia contra grupos o individuos por motivos racistas, antisemitas u otros objetivos de ideología, religión, etnia o pertenencia a grupos minoritarios que están en el proyecto de reforma del
Código Penal que hemos presentado y respecto del que confío que podamos alcanzar acuerdos para llevarlo adelante. Asimismo, hay otras partes de la reforma presentada que tienen que ver con la especial atención para que ese Estado de derecho que
pretendemos que sea real y efectivo atienda a especiales situaciones y colectivos; me estoy refiriendo en este caso a la situación en la que se encuentran las mujeres víctimas de delitos de violencia de género. Creo que además de abordarlo de
manera singular en materia de asistencia jurídica gratuita, a través del estatuto de la víctima podemos adoptar una serie de medidas para tratar de paliar las consecuencias de los delitos cometidos contra las mujeres. Entiendo que todo ello
conformará un nuevo marco penal que reforzará y mejorará la lucha que estamos llevando a cabo todos contra la intolerancia máxima, la tolerancia cero en materia de violencia de género.

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Hay cuestiones instrumentales sobre las que paso muy deprisa y sobre las que tendremos ocasión de debatir específicamente, pero quiero mencionar la novedad en torno a la tipificación del matrimonio forzado para cumplir con tres textos
internacionales que vinculan a España: la Directiva 2011/36, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de Naciones Unidas y el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la
violencia contra las mujeres. Esto lo tendríamos que hacer mediante la introducción en nuestro ordenamiento jurídico de este nuevo delito; delito que ya existe en países de nuestro entorno como Francia, Dinamarca, Reino Unido, Alemania, y que por
tanto ya tiene experiencia acreditada de una naturalidad de incorporación a nuestro ordenamiento jurídico o al de los países de la Unión Europea. También debemos incorporar en esa reforma del Código Penal alguna regulación específica sobre la
protección a la mujer, tipificando expresamente las conductas y los actos tendentes a alterar o impedir el correcto funcionamiento de los dispositivos telemáticos que se establecen contra los condenados con órdenes de alejamiento en temas de
violencia de género. Hay otro tipo de delitos, como el de hostigamiento o el de divulgación de imágenes íntimas aunque hayan sido obtenidas con el consentimiento de las víctimas. Se trata de una serie de tipologías o circunstancias quizá de nuevo
cuño en nuestra sociedad y respecto a todas ellas les manifiesto mi mejor disposición para llevar a cabo la reforma del Código Penal en esta materia.


Otra cuestión que tuve ocasión de abordar en mi primera intervención en el Congreso de los Diputados la semana pasada en respuesta a una pregunta del diputado de UPyD, señor Cantó, es la corresponsabilidad parental. Como saben, en la sesión
de control al Gobierno de la semana pasada me comprometí a presentar en las próximas semanas un proyecto de ley que ordene y regule el modelo de corresponsabilidad parental en una cuestión, y es que es cierto que debemos tener siempre como
referencia el interés superior del menor. Creo que ese es el objetivo hacia el que debemos orientarnos, atendiendo en este caso a las circunstancias subjetivas de los progenitores. Todos somos conscientes de las dificultades que surgen en torno a
esta cuestión, de los debates sociales, de la existencia de asociaciones que propugnan una cosa y su contraria, por tanto, nuestro compromiso va a ser una vez más trabajar en este tema con todos los representantes de asociaciones, de grupos sociales
y con los grupos parlamentarios para encontrar un elemento equilibrado, un marco en el cual seamos capaces de establecer un modelo de corresponsabilidad parental en la que la custodia monoparental o la custodia compartida sean ambas susceptibles de
un establecimiento caso a caso bien por acuerdo de las partes o bien por establecimiento por parte del juez, asistido por los profesionales que tengan que ayudarle en la determinación de esa cuestión. Estos son los ejes sobre los que queremos
elaborar el proyecto de ley que presentaremos ante las Cámaras en las próximas semanas.


Señorías, como pueden imaginarse, en su primera comparecencia uno cuida intentar exponer todas las cuestiones relevantes y no dejar sin mencionar ninguna de las áreas del departamento, por eso quiero hacer mención durante tres minutos -por
no alargarme mucho más en esta primera intervención- a una de las áreas relevantes, muy cualitativa, del departamento, como son las relaciones con las confesiones religiosas. En este sentido, tenemos algunas iniciativas que vamos a promover, de tal
manera que sigamos trabajando en la relación del Estado con la pluralidad de confesiones religiosas que hoy coexisten en una sociedad abierta como es la española. En primer lugar, la ley de jurisdicción voluntaria, a la que antes me referí, va a
permitir entre otras muchas cuestiones modificar el Código Civil para ampliar las formas religiosas de matrimonio con efectos civiles a las confesiones con declaración de notorio arraigo en España que, como saben, son los mormones, los testigos de
Jehová, los budistas y los ortodoxos; estas religiones, que no tienen acuerdo de cooperación con el Estado, van a tener efectos civiles las formas religiosas de sus matrimonios. A la vez, proponemos modificar el Registro Civil sobre el expediente
matrimonial previo en los supuestos de matrimonio religioso. También adaptaremos los acuerdos con las federaciones evangélica, judía e islámica a la nueva normativa civil. En segundo lugar, en este campo, estamos trabajando en un real decreto que
regule el registro de entidades religiosas que procederá a ordenar de modo más completo dicho registro ya existente en la actualidad y al que incorporaremos, como he mencionado anteriormente, las nuevas formas de administración electrónica que deben
imperar en todas nuestras actividades. En tercer lugar, regularemos por primera vez la declaración de notorio arraigo de las confesiones en España, objetivando sus requisitos, el procedimiento para su obtención con las máximas garantías jurídicas
que ello implica para todas las confesiones religiosas en España que ya tienen esa declaración por acuerdo de la comisión asesora de libertad religiosa o para todas aquellas que puedan solicitarlo en el futuro. Y en cuarto y último lugar,
promoveremos la nueva regulación de la comisión asesora de libertad religiosa -acabamos de publicar en el Boletín Oficial del Estado de 24 de septiembre

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los miembros de la misma- y procederemos a su efectiva constitución como elemento de asesoramiento y apoyo del Gobierno en esta materia.


Voy terminando, señorías, pero no quisiera dejar de hacer alguna consideración sobre una cuestión que me parece muy importante, como son los aspectos que van más allá de nuestras fronteras. Yo creo que toda nuestra actividad social y
económica tiene mucho que ver -cada vez más- con la globalización de nuestra vida personal y de la de nuestras empresas, por tanto, los intercambios personales, económicos y culturales que lleva consigo este proceso de ampliación de las esferas de
la vida de los ciudadanos también requiere que cada vez más la cooperación jurídica internacional sea un elemento muy importante para todos los Estados. Por eso, necesitamos mecanismos que nos permitan promover una estrecha cooperación entre las
autoridades judiciales de los distintos países tanto en el ámbito civil como en el ámbito penal y a su vez definir instrumentos jurídicos precisos para que esa cooperación se convierta en un cauce natural para todos los operadores jurídicos. Para
nosotros, la cooperación jurídica internacional es una prioridad tanto en el ámbito civil como en el ámbito penal. Por ello, con la próxima aprobación definitiva del proyecto de ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales de la Unión
Europea, que esperamos poder llevarlo a cabo en el mes de noviembre, vamos a poner en vigor instrumentos de la mayor importancia en muy diversos ámbitos. Así sucede, por ejemplo, con la protección de las víctimas en la orden europea de protección o
para favorecer la reinserción de los condenados con las resoluciones por las que se impone una pena privativa de libertad o las resoluciones de libertad vigilada. Todo este tipo de medidas, a través de la aprobación de este proyecto de ley de
reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, encontrarán el cauce para su articulación.


También tenemos varias directivas europeas en proceso de trasposición, incluso algunas de ellas con incumplimiento de algún plazo y vamos a trabajar con toda firmeza, como saben sus señorías, en muchos ámbitos de nuestro ordenamiento
jurídico. Buena parte de las normas nos vienen dadas desde el ámbito de la Unión Europea, con lo cual este proceso de trasposición de directivas es permanente; ello hace que, en ocasiones, solicitemos la colaboración de las Cámaras para
tramitaciones ágiles de proyectos de ley que permitan mantener el compromiso del Estado español en la trasposición de normas de la Unión Europea y ser socios leales con todos los países miembros de la misma.


Hay un proyecto de ley sobre el que llamo su atención y que está ya en tramitación -manifiesto mi máxima disposición para incorporar las enmiendas y las observaciones que sus señorías consideren oportunas-, que es el proyecto de ley sobre el
reconocimiento de la nacionalidad a los sefardíes. Es un proyecto en el que hemos trabajado intensamente con el Ministerio de Exteriores y con algunos grupos políticos y sociales. Pretendemos que esta ley, que va a establecer los mecanismos para
conceder la nacionalidad a los sefardíes originarios de España, respetando a los que ya la tengan, suponga una reconciliación no solo con los descendientes de los judíos expulsados en 1492 de España, sino también con nuestro propio pasado y con
nuestra vocación de ser una sociedad abierta y de acogida. Este anteproyecto, que ya es conocido por sus señorías, está ya en las Cámaras y manifiesto mi mejor disposición para trabajar sobre él inmediatamente y para recoger tantas enmiendas y
mejoras como los grupos quieran plantear.


Ahora sí que voy terminando. Me propongo buscar el consenso y el diálogo para todos estos objetivos ambiciosos. Soy muy consciente de la panoplia tan amplia de proyectos y normas que tenemos por delante, pero también creo que tenemos bien
identificados, como he tratado de poner de manifiesto, los problemas y las soluciones, los interlocutores, la voluntad de diálogo, la voluntad de participación y el convencimiento de que no hay soluciones únicas y que no estamos en posesión de la
verdad. Por tanto, en el diálogo, la negociación y el acuerdo con todos encontraremos los mejores instrumentos normativos que nos sirvan para llevar adelante este proyecto. Así lo hicimos, y creo que todos tenemos un magnífico recuerdo de otras
etapas en las que, utilizando un instrumento como fue el Pacto de Estado por la Justicia, aprobamos un buen número de normas por unanimidad en esta Cámara, lo cual creo que fue muy satisfactorio para todos. No pretendo, en el tiempo que queda de
legislatura, intentar revivir un pacto con sus señorías, no nos daría tiempo a instrumentarlo; prefiero, desde mañana, estar ya trabajando, proyecto a proyecto, en actividades concretas, para de esa manera ir avanzando en la aprobación de las
cuestiones a las que me he referido. Algunas ya están presentadas y otras lo estarán muy en breve.


Les acabo de enumerar las líneas en las que queremos trabajar, el conjunto de actuaciones en las que queremos trabajar con todos -lo he mencionado ya-; con los jueces, con los fiscales, con los abogados, con los procuradores, con todos los
funcionarios de la Administración de Justicia, con los colegios profesionales, con los partidos políticos y con todas las entidades representativas de intereses. Creo que

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tenemos que escuchar a todos porque este es un sector de profesionales, donde cualquiera conoce magníficamente su actividad y además tienen una vocación permanente de mejora y de actualización y modernización de su sector. Por tanto, no se
me ocurre mejor instrumento que el diálogo, la apertura permanente de todos los que formamos parte del equipo del Ministerio de Justicia en esta nueva etapa, también presentes hoy en esta comparecencia, y quiero agradecérselo. Saben -y si no,
confíen en mi palabra- que tienen a su lado un magnífico equipo de profesionales en el Ministerio de Justicia para trabajar por la puesta en funcionamiento de todas las reformas que hemos planteado, en las que yo creo que podemos generar un alto
consenso por parte de todos los sectores. Así me lo están transmitiendo todos en estos primeros días de mi llegada al ministerio. Bien es verdad que es un riesgo generar expectativas de diálogo, consenso y reformas, pero les puedo transmitir que
estoy firmemente convencido de que vamos a ser capaces de llevarlo adelante. Para ello soy muy consciente de que la aprobación de normas, que es uno de los ejes en los que vamos a trabajar, junto con las reformas organizativas y de trabajo con los
profesionales, necesita del consenso de sus señorías. Estamos plenamente orientados a encontrar proyectos que permitan aprobarlos con la máxima mayoría posible de esta Cámara. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro de Justicia, le agradecemos su exposición ante esta Comisión. Damos también la bienvenida -se acaban de incorporar a lo largo de la intervención del señor ministro- a la nueva señora
secretaria de Estado y a la nueva señora subsecretaria del Ministerio de Justicia, a las que felicitamos por su nombramiento y deseamos toda suerte de éxitos.


Sin más preámbulos, vamos a proceder a las intervenciones de los grupos parlamentarios, empezando por el Grupo Parlamentario Mixto. En su nombre, la diputada doña Uxue Barkos tiene la palabra.


La señora BARKOS BERRUEZO: Compartiré con mi compañero de grupo, si le parece, algunos apuntes como coportavoz en esta Comisión por parte del Grupo Mixto.


En primer lugar, como no puede ser de otra manera, quiero saludar la comparecencia del titular de Justicia, señor Catalá, en esta Comisión, cuando la legislatura enfila de alguna manera la recta final. Ateniéndonos un poco al dicho, no solo
tiene usted que tomar las riendas de una labor ya iniciada, sino que incluso, después de lo efervescente que se ha resuelto la salida de su antecesor en el cargo, hay casi que decir que tras la tempestad llega la calma. Sería de desear que así
fuera con respecto a muchos de los proyectos y de los asuntos que usted ha tratado en su intervención prolija y larga -la verdad es que se lo agradecemos-, pero hay algo que me preocupa de algunas de las afirmaciones que le he escuchado o del
espíritu que se traslada de ellas -ahora me aclarará si es o no así-, y es que ciertamente no basta con dejar pasar el tiempo. Da la sensación de que en el poco tiempo que nos queda hay que acometer intervenciones yo diría que rápidas, contundentes
y definitivas en algunos asuntos que, por la brevedad de tiempo que nos corresponde, voy a tratar de resumir en unos pocos.


Tasas judiciales. El otro día le preguntaba mi compañero señor Olabarría, portavoz del Grupo Vasco, en su primera comparecencia como titular de Justicia en la sesión de control: ¿modificación o derogación? Yo creo que es bien claro. No
solo el grueso de los grupos de la Cámara, sino el grueso de los agentes judiciales, están pidiendo una derogación de esta ley, y además sin paños calientes, no una modificación. Nos dice usted que solo afecta al 17 % de las causas. Sí, pero a las
civiles y administrativas. Por tanto, estamos hablando de uno de los ejes y parte del corazón de la actuación de la ciudadanía en actuaciones judiciales. Lo cierto es que además castiga de manera muy clara a las clases menos privilegiadas o más
desfavorecidas de la sociedad. Por tanto, las tasas judiciales no solo afectan al 17 %, sino a una parte importante de la relación del conjunto de la ciudadanía. Usted hablaba de la desafección de la ciudadanía por el ámbito de la justicia.
Entendemos -desde Geroa Bai lo tenemos muy claro- que leyes como esta impulsan esa desafección, yo diría que la profundizan, la hacen cada vez más arraigada. Por tanto, entendemos que el titular debe tomar parte y que debe ser una derogación. Me
gustaría una explicación más contundente en torno a esta cuestión.


Privatización del Registro Civil. Nos dice: no es tal, se ha entendido como tal pero no lo es, porque pasa a manos de funcionarios. Cierto, pero no es menos cierto que pasa a manos de funcionarios organizados -vamos a dejarlo ahí- en
torno a empresas privadas, y lo cierto es también que no solo los grupos parlamentarios -también en este caso el conjunto de los grupos parlamentarios de la oposición en esta Cámara, ministro-, sino el grueso de los agentes judiciales, se han
manifestado absolutamente contrarios a esta renovación o a este cambio. Estoy hablando de sindicatos, pero también de secretarios judiciales, de juristas y de registradores de la propiedad; absolutamente contrarios. Y sí existe una suerte de
privatización en torno a una cuestión de manera tan sensible.

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Voy terminando porque -repito- el tiempo, en nuestro caso, es breve. Faltan medios desde la Administración de Justicia -y yo creo que esto lo compartiremos, señor ministro- en la atención a la violencia de género. Es fundamental, es un
asunto sensible y yo le pediría especial atención. Por último, hay dos cuestiones que están a caballo entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia. En esto, el Ministerio de Justicia, puede poner -¿por qué no?- la senda de la
sensatez o, cuando menos, la serenidad en un debate, que no lo ha sido durante mucho tiempo y seguramente con responsabilidad para todas las partes. Dispersión y Ley de Partidos, ministro. Creo que este es un momento para revisar claramente la Ley
de Partidos, que usted conoce bien. Creo que es un momento para revisar claramente dos herramientas judiciales que, en estos momentos, no solo no aportan sino que en algunos casos no ayudan a la resolución de algunas circunstancias que creo que
estamos en tiempo y forma de resolver. Estas son las reflexiones que le dejo y me gustaría, como digo, respuestas más afinadas con relación a esos cuatro asuntos.


El señor PRESIDENTE: A continuación, también por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Cuadra.


El señor CUADRA LASARTE: Señor ministro, en una cárcel romana, el colectivo de presos sociales se organizó en una cooperativa de producción y sacaron unas camisetas con el siguiente lema: Bienaventurado el que cree en la justicia porque
será ajusticiado. Estos presos no conocían entonces el programa que para su ministerio tenía el señor Gallardón, pero podría tener una cierta relación lo que escribieron con su política. Su predecesor comenzó siendo el ministro mejor valorado del
Gobierno y terminó el último; o sea, todo un carrerón. Finalmente, la movilización de cientos de miles de mujeres lo dejó en el sitio que se merecía, en mi opinión, en la papelera de la historia. Entró como elefante en cacharrería y no dejó,
desde mi punto de vista, prácticamente nada sano. Ahí está su reforma del Código Penal reaccionaría; recortó la asistencia jurídica; subió las tasas judiciales; atentó contra la justicia universal. Globalmente, señor ministro, ¿cómo quiere
usted pasar a la historia, como un señor Gallardón bis o como un desfacedor de los entuertos que nos ha dejado el mismo?


De todas formas, quería hacerle mención a tres temas que no ha tratado y que para nuestro grupo, Amaiur, tienen bastante importancia. En primer lugar, el de la desmemoria histórica. El relator de la ONU sobre promoción de la verdad, la
justicia y la reparación en materia de derechos humanos, desapariciones, torturas, asesinatos, ha exigido al Gobierno español la derogación de la Ley de Amnistía de 1977 por entender que la práctica de la justicia es imposible con esta ley en vigor.
En el mismo sentido, el grupo de desapariciones forzadas de la ONU ha reclamado también la eliminación de los obstáculos legales que impiden las investigaciones judiciales y que, a su vez, haya apoyo financiero para los familiares y las asociaciones
de los mismos. Pues bien, señor ministro, una pregunta concreta, ¿podría explicar por qué el Gobierno al que pertenece usted está colaborando organizativa, práctica y políticamente con la repatriación de los restos de los miembros de la División
Azul que combatieron a las órdenes de Hitler en Rusia y, sin embargo, en las partidas de los presupuestos no existe ni un euro para la exhumación de las más de 100.000 personas desaparecidas como consecuencia del golpe militar fascista de 1936? ¿Lo
podría explicar usted?


En segundo lugar, derecho penal del enemigo. Este fin de semana varios miles de personas se han manifestado en el Elgoibar reclamando la libertad de Arnaldo Otegi y sus compañeros Rafa, Sonia, Jacinto y Miren, impulsores que fueron y están
siendo del proceso de paz y normalización democrática que se está viviendo en Euskal Herria. El Premio Nobel de la Paz, Pérez Esquivel, con ocasión de esto ha afirmado expresamente que lo que hace el Gobierno a Arnaldo Otegi y sus compañeros de
cárcel es una ofensa a la humanidad -palabras gruesas-, porque a pesar de haber cumplido ya cinco de los seis años de condena se les acaba de negar la libertad condicional. Le digo esto porque es un trato bastante diferente a aquel que se dio en su
día al general Rodríguez Galindo, a Barrionuevo, a Vera y a San Cristóbal, que salieron a la calle sin haber cumplido siquiera la décima parte de las condenas que les fueron impuestas. Esta justicia es evidente que necesitaría un vuelco muy
importante para acreditarse como tal. En Euskal Herria, por desgracia -y a algo de eso ha hecho referencia mi compañera Uxue-, el derecho penal del enemigo campa a sus anchas desde hace años, ya se sabe, sobre todo con criterios político-policiales
se define quién es el enemigo y, luego, en función de eso, se hace un traje penal para perseguirlo, juzgarlo y condenarlo. Esto es lo que estamos viviendo en Euskal Herria en gran medida. Hoy en día, con la reforma del Código Penal, lo que se
pretende es extender este derecho social del enemigo a la gran contestación social que ha surgido por toda la geografía estatal y por muchos ámbitos sociales en contra de las reaccionarias reformas del Gobierno del PP. Pues bien, señor ministro,
¿seguirá

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caminando la justicia cabeza abajo en su mandato o la pondrá usted en el lugar o en la postura que debiera tener?


En tercer lugar, la tortura. Yo podría citar decenas de ejemplos, pero le voy a citar el último. Se trata de la joven Beatriz Etxeberria. Esto es lo que ella contó: Me empiezan a quitar la ropa hasta dejarme totalmente desnuda. Me echan
agua fría por encima. Me vuelven a poner la bolsa hasta tres veces seguidas. Estando desnuda, me ponen a cuatro patas encima de una especie de taburete; me dan vaselina en el ano y la vagina y me meten un poco un objeto, un palo. Me dan golpes,
me agarran, me zarandean... Y así tres folios seguidos. El juez de la Audiencia Nacional, Grande-Marlaska, denegó a esta joven el habeas corpus solicitado. Después, ella negó la declaración policial por haber padecido torturas. Presentó una
denuncia en el juzgado. Le fue denegada. Siguió con el tema ante el Tribunal Constitucional. Tampoco se hizo caso a su denuncia y llevó el caso al Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea y este tribunal, señor ministro, ha condenado al
Gobierno español, al Estado español, por no haber practicado las investigaciones necesarias, dando credibilidad a lo que está joven en sus tres páginas de denuncias de torturas hizo. Esto es lo que ha ocurrido. Es la sexta sentencia que este
tribunal hace al respecto, todas ellas en el mismo sentido, pero la justicia española está siendo ciega y sorda ante estos requerimientos, ante estas condenas. No está haciendo nada en relación con este tema. Amnistía Internacional, el Comité para
la prevención de la tortura de la Unión Europea, los dos relatores, el de derechos humanos y el de torturas de la ONU han señalado expresamente, condenando al Estado español, que es el régimen de incomunicación que padecen estas personas el que
favorece la práctica de la tortura y el encubrimiento de los torturadores. Son seis veces ya en la Unión Europea. Pues bien, señor ministro, ¿va a atender estas recomendaciones de la ONU y de la Unión Europea? ¿Cuándo va a cesar el régimen de
incomunicación y van a ser grabados los interrogatorios, tal y como le están requiriendo? ¿Van a ser investigadas las denuncias para que no haya nunca más ninguna Beatriz Etxeberria desnuda, maltratada, torturada y violada en dependencias
policiales?


Mire usted, señor ministro, esto es una bolsa de basura. (Muestra una bolsa de plástico, puesto en pie). Con esto se tortura en los cuartelillos, y de esto hay constancia en la ONU y en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. (Rumores y
protestas).


El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías. Señor Cuadra, por favor, le ruego se siente para dirigirse al señor ministro y a esta Mesa y lo haga desde su escaño.


El señor CUADRA LASARTE: Sí, sí. Señor ministro, ¿cuándo van a ser utilizadas estas bolsas en los cuartelillos y en las comisarías únicamente para retirar la basura que hay en ellos y no para torturar a nadie? Esta es la pregunta.


El señor PRESIDENTE: ¿Terminó, señor Cuadra?


El señor CUADRA LASARTE: Sí. (Deposita en la mesa de la Presidencia documentación y la bolsa de plástico). Le quería hacer entrega...


El señor PRESIDENTE: No, no, señor Cuadra, por favor; le ruego a su señoría que lo retire.


El señor CUADRA LASARTE: La ley del mínimo esfuerzo.


El señor PRESIDENTE: Si lo quiere hacer saber, se lo entrega a los servicios la Cámara y ellos lo harán llegar respetando la formalidad parlamentaria, señor Cuadra.


El señor CUADRA LASARTE: No es la primera vez que se ha entregado un documento ante esta Comisión. (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Señor Cuadra, en esta Comisión es la primera vez que se entrega de esa forma y yo le pido que lo retire de la mesa, por favor, señor Cuadra, que se lo entregue a los servicios de la Cámara y estos se lo entregarán a
este presidente y yo, si lo considero oportuno, se lo haré llegar al señor ministro de Justicia.


El señor CUADRA LASARTE: Por esto ni van a desaparecer las condenas en el Tribunal europeo ni las torturas con bolsa.

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El señor PRESIDENTE: Ha concluido su tiempo, señor Cuadra, lo sabe su señoría perfectamente. Le agradezco su cortesía.


Finalizado el turno del Grupo Parlamentario Mixto, pasamos a continuación al turno del Grupo Parlamentario Vasco, en su nombre tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor Catalá, por su comparecencia tan prolija. Prolijidad que nos preocupa, qué quiere que le diga, señor Catalá. Yo no sé si sabe usted cuánto tiempo queda de legislatura y en qué fase de la misma nos
encontramos; y no sé si sabe también que se suele producir un efecto en todas las legislaturas por el cual a partir del verano del último año, y cuando las elecciones previsiblemente pueden ser en octubre o en noviembre, se produce una suerte de
decadencia parlamentaria y es muy difícil legislar en ese contexto. Desde esa perspectiva, nos ha presentado, señor Catalá, señor ministro, un programa que me parecería ambicioso incluso presentado el primer día de la legislatura. Yo no sé, usted
valorará si está en condiciones de realizar las propuestas normativas desde el Consejo de Ministros de su propio ministerio para poderse tramitar y aprobar en su caso todas estas leyes, o si no, alternativamente, si el señor presidente de esta
Comisión nos va a aplicar alguna pena o alguna medida de seguridad y nos va a recluir en la Comisión en régimen de internamiento (Risas) para poder trabajar ininterrumpidamente todos los días de la semana veinticuatro horas al día y poder solo
aproximarnos a algunos puntos del exigente planteamiento programático que usted nos ha presentado. Señor Catalá, le iba a decir en un primer momento, cuando ha explicitado su primer eje, lo que usted ha denominado primer eje, que me parecía
posibilista y más que posibilista, casi claudicante lo que usted nos proponía aquí en tanto en cuanto hay leyes importantes que ya están en debate parlamentario, ya se ha iniciado su iter legislativo, pero después de escuchar lo que nos ha explicado
en relación con el segundo eje, me parece que lo que usted nos está planteando es algo manifiestamente utópico y muy difícil de cumplir.


Yo le iba a imponer tareas nuevas que yo no sé si se pueden adicionar -se lo digo con el brazo encogido, honestamente, intelectualmente encogido- a las múltiples que usted nos ha propuesto. Usted viene de un ministerio, el de Fomento, donde
se construye mucho, y le iba a hacer una sugerencia: que construya todo lo que ha sido destruido por su predecesor, por el ministro que le ha precedido en este ministerio. No ha tenido mucho tiempo este ministro para legislar, no han sido muchas
las normas que se han presentado y se han podido aprobar por parte de las Cortes Generales del Estado, pero sí han provocado severos quebrantos en nuestra Administración de Justicia. Se ha amortizado la jurisdicción universal; yo espero alguna
referencia sobre si dentro de sus planteamientos programáticos figura el de recuperar la jurisdicción universal tal como se entiende por parte de todos los Estados que respetan el estatuto de la Corte Penal Internacional y los dos grandes tratados
internacionales suscritos o ratificados por el Estado español que regulan la jurisdicción universal entendida ésta como la posibilidad de enjuiciar cualquier crimen de lesa humanidad, en cualquier país del mundo cualquiera que sea la nacionalidad
del comitente del delito y cualquiera que sea el lugar donde se encuentra. Esa es la noción consagrada por estos tratados y por el estatuto de la Corte Penal Internacional. Esto ha sido amortizado por el ministro que le ha precedido en la
dirección de este ministerio y nos gustaría saber si dentro de su espíritu regeneracionista, que lo conocemos, que lo conozco, forma parte o figura la intención de recuperar la justicia universal tal como ésta es entendida en la mayoría de los
países del mundo.


Se ha aprobado por parte del ministro que le ha precedido en este mismo ministerio, el señor Ruiz-Gallardón, una Ley Orgánica del Poder Judicial que prácticamente o parcialmente de forma muy notable ha amortizado el Consejo General del Poder
Judicial como órgano de gobierno de los jueces, sometiéndolo a un régimen de funcionamiento basado en la comisión permanente y con tareas o funciones destinadas al pleno, todas ellas formalmente pero materialmente apenas ninguna. No deja de ser una
amortización y un instrumento de favorecimiento del control político por instancias ajenas a la Administración de Justicia del órgano de gobierno de los jueces, de un órgano constitucional que gobierna la Administración de Justicia. Yo también
tenía la esperanza de algún factor regeneracionista recuperando la identidad del Consejo General del Poder Judicial, el número de sus componentes y sus competencias tradicionales previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial del año 1985. Sin
embargo, usted se ha comprometido a presentar una Ley Orgánica del Poder Judicial nueva en un momento en que la legislatura está declinando, y solo a título ilustrativo le recordaré que la Ley Orgánica del Poder Judicial del año 1985 tardó en
tramitarse dos años en esta Cámara, dos años. Usted no dispone de dos años; usted dispone de poco más de dos meses para presentar el proyecto de ley y nosotros carecemos de tiempo para culminarlo, salvo que sea un proyecto de ley alicorto,
reduccionista, una pretensión de configuración reduccionista de cuestiones

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que son importantes, cuando se enfrenta el legislador al derecho orgánico judicial, en donde hay que resolver cuestiones tan relevantes como el aforamiento, el nivel del número de aforados; o dónde se ubica la casación autonómica; cuáles
son las competencias casacionales del Tribunal Supremo, y cuestiones de esta relevancia, algunas de las cuales usted ha citado, como la configuración de la demarcación judicial. Me alegro de que la demarcación judicial que usted ha propuesto sea el
mantenimiento de la actualmente existente y no la propuesta de quien le ha precedido también en este ministerio, el señor Ruiz-Gallardón, de generar o configurar una suerte de demarcaciones judiciales de ámbito provincial en todo caso, provocando la
desaparición de las demarcaciones judiciales de ámbito territorial inferior a la provincia. Siga por ahí, porque esta me parece una buena propuesta.


En relación con el Código Penal, tampoco ha sido muy explícito porque los injustos penales a los que se ha referido han sido a algunos muy concretos, muy específicos, pero no sé si el que va a mantener es el que ya ha sido objeto de debate
de totalidad en esta Cámara y está ya presentado y el iter legislativo iniciado en sus propios términos. Si es así le aseguro que se equivoca, es un Código Penal inadecuado para un país democrático y para un país que puede o que debe intentar
configurar esta específica manifestación del poder punitivo del Estado desde una perspectiva congruente con el sistema de libertades públicas y derechos fundamentales que consagra la propia Constitución. Con lo cual es incompatible la previsión de
la prisión perpetua, permanente. Mire, vamos a llamar a las cosas por su nombre el primer día: la cadena perpetua; cadena perpetua que no encuentra ningún tipo de ubicación en el artículo 9.3 de la Constitución; en el artículo 10 de la
Constitución, que prohíbe las penas que atentan contra la dignidad humana; en el artículo 15 de la Constitución, que prohíbe las penas que resulten inhumanas, y en el artículo 25.2, que establece que la orientación de las penas de privación de
libertad debe dirigirse a la resocialización o reintegración social de los condenados. Es incompatible. Sí que es el derecho penal del enemigo el que se configura en este Código Penal y usted no lo puede hacer suyo, o hágalo suyo a beneficio de
inventario. No lo puede hacer suyo en sus propios términos. Lea a Günther Jakobs -me imagino que sabrá de quién estoy hablando-, que nos ha advertido del uso del derecho punitivo del Estado, o del derecho penal de autor, para la persecución no de
injustos penales que formen parte de una previsión hecha por el legislador vinculada a los reproches penales o a las conductas que la sociedad ha declarado que deben ser objeto de reproche penal y de represión lícita y legítima penal, sino a la
preservación de determinados status quo, a la preservación de determinados valores morales y políticos y a la represión de la disidencia política. Desde esa perspectiva, este Código Penal está preñado de conceptos que se pueden incardinar en el
derecho penal de autor o en el derecho penal del enemigo -parafraseando a Jakobs- y yo le recomendaría honestamente que se lo tome a beneficio de inventario y sí exponga algunas de las propuestas que ha hecho de mejora y mejor tipificación de los
delitos de corrupción política, o de los delitos contra las mujeres, de los delitos donde se conciertan y se imponen matrimonios obligados a una mujer al margen de su propia voluntad, de su propia capacidad de discernimiento. Hágalo así, pero no
coja la totalidad del Código Penal que le ha dejado en herencia su predecesor, porque entonces vamos a entrar en un ámbito de confrontación político-parlamentaria que nada va a coadyuvar a que usted pueda acabar con la tranquilidad de ánimo que yo
en este momento le deseo a esta legislatura.


En materia de tasas, su debut parlamentario fue con una pregunta que le hice yo mismo sobre la Ley de Tasas. Yo pido la derogación de la Ley de Tasas. Para empezar, es imposible -metafísicamente imposible- que solo el 17 % de los
procedimientos incoados estén afectados en este momento por la legislación de tasas en tanto en cuanto son la legislación civil y la contencioso-administrativa las que están sujetas a tasas judiciales. Es metafísicamente imposible, porque además
las tasas van creciendo según se va avanzando en el procedimiento y se van realizando elementos procedimentales en instancias procesales superiores. Se incrementa la tasa cuando se recurre en apelación, se incrementa la tasa cuando se recurre en
casación, se incrementa la tasa cuando se recurre en revisión, etcétera. Esto no es un 17 %, sino mucho más de la totalidad de la litigiosidad prevista en cálculos económicos o monetarios existente en el Estado español, que superan los ocho
millones de pleitos. Esto se lo dice cualquiera. Se lo dice la organización colegial de la abogacía, la organización colegial de la procura o cualquiera de los organismos colegiales y también se lo dicen las asociaciones de jueces y magistrados.
Le pido la derogación, porque la litigiosidad ha disminuido a límites de la década de los setenta, pero no porque no haya conflictos judicializables. Ha disminuido a estos límites porque muchos ciudadanos no tienen recursos económicos para litigar.
Estamos incumpliendo el contenido esencial del artículo 24 de la Constitución: el derecho a la tutela judicial efectiva y que no se produzca la indefensión. Desde esa

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perspectiva, la Ley de Tasas debe ser objeto de derogación -que es lo que nosotros proponemos- o de una modificación sustantiva. Siempre ha habido tasas en el Estado español, pero tasas que no han impedido que cualquier ciudadano, con
recursos económicos o sin recursos económicos, pueda litigar y recabar la tutela judicial efectiva que le reconoce el artículo 24 de la Constitución.


En cuanto al código procesal penal o la ley de enjuiciamiento criminal, también nos va presentar una ley de enjuiciamiento criminal en lo que queda de legislatura. No sé si nos ha visto cara de trabajadores con un perfil estajanovista
-aunque algunos lo podamos tener-, pero es que no se llega ni física ni materialmente. Le aseguro que no llegamos. Ya que nos va a presentar nada menos que una ley de enjuiciamiento criminal o un código procesal penal, que era el rótulo que
utilizaba su predecesor al mando de este ministerio, hágalo siguiendo algunas de las recomendaciones del señor Cuadra. Vamos a utilizar el viaje para eliminar la legislación antiterrorista, que ya ha sido refutada por tribunales internacionales y
por buena parte de los operadores jurídicos no solo de concepciones progresistas, sino también conservadoras. Cinco días de incomunicación que los relatores de Naciones Unidas contra la tortura han calificado como un elemento propiciador para la
práctica de torturas. Si va s hacer esto, hágalo desde esta perspectiva también. Usted nos ha comentado que va iniciar una especie de proceso de codificación ex novo en ocho meses. Me parece mucha pretensión hasta para una persona cuyas últimas
responsabilidades han estado ubicadas en el Ministerio de Fomento. Sé que en el Ministerio de Fomento se construye mucho -aunque se podía construir un poco más en relación con la Y vasca-, pero no podemos construir como se construye en el
Ministerio de Fomento, mediante el establecimiento de unos ejes, unos programas o unos objetivos, como si la legislación en relación con los problemas atinentes a la Administración de Justicia y a los derechos de los justiciables se pudiera
despachar de una forma tan simple y sencilla como la que usted ha propuesto.


Ha hablado de la justicia gratuita. Una de las pretensiones de la anterior Ley de Tasas, cuya derogación yo invoco, era financiar el servicio de justicia gratuita. Por lo pronto, está siendo financiado por las comunidades autónomas con
cargo a sus propios presupuestos. Haga unas tasas justas que sirvan para la financiación del servicio de justicia gratuita o derogue la Ley de Tasas y busque elementos de financiación ex novo. Ya que usted ha comentado que el incremento en los
presupuestos que se van a empezar a debatir le garantizan consignaciones presupuestarias suficientes para afrontar la justicia gratuita -entre otras cosas-, dedique recursos presupuestarios suficientes para que las personas que no tengan
posibilidades de litigar puedan acogerse al servicio de justicia gratuita y al turno de oficio. Pero no nos mienta como hizo el señor Gallardón indicando que la Ley de Tasas que en su día se aprobó estaba teleológicamente de forma finalista
destinada a la financiación del servicio de justicia gratuita, porque ni un solo euro de las tasas recaudadas se destinó a la financiación del servicio de justicia gratuita.


En cuanto al Registro Civil, señor ministro, usted dice que no se va a privatizar. Es un problema semántico. Dice que su llevanza va a ser realizada por funcionarios públicos: los registradores. ¿Usted considera que los registradores son
funcionarios públicos? ¿Por qué razón? ¿Por su dependencia de la Dirección de Registros y Notariados, dependencia de naturaleza solo orgánica y no funcional? El funcionamiento de los registros, fundamentalmente del Registro Mercantil, es de
carácter eminentemente privado. Se dedican a proveer de fe pública a las inscripciones que realizan en el ámbito societario, en el ámbito de la creación de sociedades nuevas. No sé si este es el cuerpo adecuado. Sé que se intentó que fueran otros
cuerpos de la Administración los que gestionaran el Registro Civil, que hace referencia a los actos más relevantes de nuestras vidas, desde nuestro nacimiento a nuestro fallecimiento. Usted pretende mantener la vocación publicista y el carácter
jurídico-público del Registro Civil mediante un control y una llevanza por parte de los registradores mercantiles. Señor ministro, como puede comprobar, hasta semánticamente la cosa no suena bien; jurídica y orgánicamente, tampoco.


Un código mercantil. Y ya voy acabando, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Sí, señor Olabarría, por favor, se lo ruego.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: El código mercantil que nos ha prometido que nos va a presentar ya es particularmente estimulante. No sé en qué régimen hay que trabajar -además de de noche y de día y en todos los días que quedan de legislatura-
para, además de todo lo anterior más las tareas que yo le he sugerido y que consisten en reconstruir todo lo destruido por su predecesor, que podamos empezar a debatir un código mercantil. Déjelo. Ya aprobamos el Código de Navegación Marítima sin
grandes perturbaciones. (Risas). Déjelo ahí. Déjese de más códigos que hagan referencia al sector mercantil del ordenamiento jurídico, porque físicamente no se puede.

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Acabo ya, señor presidente. En cuanto al estatuto de la víctima, ya sabe que somos siempre proclives a la atención, la reparación, la memoria y la justicia con las víctimas en todos los ámbitos. De hecho, ya hay leyes que regulan estos
mecanismos de atención a las víctimas del terrorismo, de todas las víctimas del terrorismo. Está la ley integral estatal y hay leyes autonómicas también. Pero cuando se inicia la regulación normativa de un estatuto de la víctima tiene que estar
fundada en un relato equilibrado que debe ser consensuado con todos y con todas las víctimas, con las víctimas de un signo y con las víctimas de otro signo. Como no sea perfectamente simétrico el relato, una ley que regula el estatuto de la víctima
nace desnaturalizada, nace ya con un vicio de legitimidad.


No le voy a decir nada más respecto a lo que no se ha comentado. Si realmente usted es sincero y está dispuesto a terminar todos y cada uno de los proyectos normativos y de los mecanismos de mejora de la Administración de Justicia desde una
perspectiva funcional, de implementar los sistemas informáticos, que todos son incompatibles entre sí -hay mucho trabajo que hacer ahí, a pesar del funcionamiento del Cendoc, que yo no sé qué ha pasado con el Centro de Documentación Judicial ubicado
en el Consejo General del Poder Judicial-, si de verdad usted pretende que acometamos todo esto en lo que queda de legislatura, que será hasta el verano en términos propios, porque la decadencia va a ser inevitable a partir del verano -se inicia la
precampaña electoral y usted sabe, porque tiene experiencia política, lo que es una precampaña electoral-, si usted pretende hacer todo esto en este plazo de tiempo tan breve, iba a utilizar una expresión malsonante, señor presidente, que empieza
por ele, pero vamos a dejarla, puede contar con nosotros, señor ministro, pero dentro del límite de nuestras posibilidades físicas e intelectuales. Yo en este momento no me considero capacitado ni física ni intelectualmente para acometer este
ambicioso programa presentado por el ministro en el día de hoy.


El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, reserve las fuerzas para el futuro. No las agote todas en el día de hoy. (Risas). Muchísimas gracias, señor Olabarría, como siempre por su exposición y su cortesía parlamentaria.


A continuación, correspondería el turno al Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, pero su portavoz, la señora Díez, me ha pedido que la excusemos porque su agenda parlamentaria la obligaba a estar en este momento en otra
Comisión. En consecuencia, pasamos el turno al Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural. Felicitamos por su incorporación a esta Comisión a su portavoz adjunto, el señor Coscubiela, que tiene la palabra.


El señor COSCUBIELA CONESA: Las circunstancias han querido que la comparecencia del ministro coincidiera con mi incorporación como portavoz adjunto a esta Comisión por una cosa que para ustedes no es positiva, y es que mi compañero Gaspar
Llamazares está con el tema del ébola en la Comisión de Sanidad y, por tanto, yo estoy aquí.


En primer lugar, quiero agradecerle sinceramente su extensa exposición de todos sus deseos. Pero sabe que en política, además de deseos, hay que tener otras cosas. Sé que usted lo sabe. Quiero desearle sinceramente que tenga éxito en el
tiempo que queda de legislatura, porque en el ámbito de la justicia es necesario. Aunque no tengo claro que lo que yo considero un éxito, sea lo mismo que usted considera un éxito. Para nosotros un éxito sería que usted al menos empezara un giro
significativo de 180 grados en relación con las políticas practicadas hasta ahora. No hace falta que nos lo diga; con que lo haga es suficiente. Espero que no nos lo diga nunca, porque entonces existe la posibilidad de que lo haga; si lo dice,
seguro que no lo hace.


Déjeme hacer referencia a algunas de las cuestiones de carácter general que ha planteado y que me resultan interesantes. Por ejemplo, ha hecho una referencia al papel importante del derecho como factor que garantiza seguridad jurídica a
través de elementos de competitividad. Incluso se ha permitido citar al presidente Rajoy como oráculo de pocas leyes y bien hechas. Que Dios le conserve la vista a usted, observando al señor Rajoy, o que al señor Rajoy le haga decir alguna cosa
que corresponda a la realidad, porque si algo ha caracterizado esta legislatura es exactamente todo lo contrario. Creo que es una de las primeras cosas que, en la medida que usted pueda, debería comunicarle a sus compañeros de gabinete, sin duda
con prudencia, ya que es el último que ha llegado y no puede dar lecciones, pero sí decirles que lo que está pasando en esta legislatura es exactamente lo contrario de la seguridad jurídica. Una de las maneras de aliviar la presión sobre los
tribunales sería que los ciudadanos no tuvieran esa presión permanente de los cambios legislativos y conocieran las leyes. Posiblemente así se evitaría cierta judicialización. Lo que está pasando en el ámbito de las relaciones laborales, por
ejemplo, es una barbaridad; que se haya modificado cuatro veces la ley concursal, incluso con procesos en los cuales aún

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no ha terminado una reforma y ha empezado la siguiente, cuando se trata del mismo ámbito, pone de manifiesto... Yo le creo a usted, pero al señor Rajoy, no, porque es el presidente del Gobierno y ha hecho exactamente lo contrario de lo que
ha dicho. Este es un tema muy importante y quizá nos deberíamos poner de acuerdo en una cosa, y es que las leyes son las que regulan la vida de los ciudadanos. No son campañas de márquetin para presentar los viernes; no hace falta presentar una
campaña de márquetin cada viernes. Digo esto porque es uno de los elementos clave de la mejora de la calidad de la democracia en nuestro país. No lo ha puesto usted título, pero nos ha dicho claramente que su principal objetivo es pacificar las
relaciones en el ámbito de la justicia. No hace falta que lo diga así porque supondría reconocer que está todo en estado de guerra; con que lo haga es bastante. Es imprescindible. No hay ningún colectivo humano ni ningún ámbito de las relaciones
humanas en el que sea posible hacer nada bien si los agentes que intervienen, los operadores, están en régimen de guerra permanente, y la verdad es que su antecesor, no hace falta que me lo reconozca, ha sido capaz de unificar a todo el mundo en ese
estado de guerra. Es imprescindible, si no, todos sus deseos se van a ir como el agua en un cesto, como el amor de un niño; se evaporan, se caen y desaparecen.


Hay un aspecto básico que también debería ser objeto de reflexión en conjunto en el Consejo de Ministros. Para pacificar el sector y poder hacer ese pequeño giro, ya no pido que sea de 180 grados, lo primero que deben hacer es dejar de
utilizar las leyes o los anuncios de leyes como elementos de cohesión ideológica de su núcleo duro, de su electorado, con el que compensar la dureza del ajuste económico. Si lo hubieran hecho, posiblemente no hubieran presentado la ley del aborto,
no hubieran presentado la ley del Código Penal que ahora no saben qué hacer con ella, no hubieran hecho esa reafirmación patriótica de aquí estamos la gente de orden, porque eso es lo que ha pasado. Ahora el problema es cómo gestionar esa
afirmación de tanto orden. Por cierto, espero haberle entendido fatal y pido que me desmienta, pero alguna alusión al uso del derecho para garantizar las leyes me ha parecido que hacía referencia a Cataluña. Espero haberme equivocado, porque usted
y yo sabemos que la democracia es, sobre todo, respeto a las leyes. Casi siempre los que hacen mucha ostentación son los que menos las respetan, pero esa es otra cuestión. En todo caso, la democracia es la utilización de las leyes para solucionar
conflictos y no para crearlos, y en el tema de Cataluña las leyes han sido utilizadas para crear conflictos y no para solucionarlos.


En este ámbito de las reflexiones generales, déjeme que insista en una cuestión. Usted ha hecho referencia a un ejemplo que me encanta, porque es la pregunta que yo me he hecho siempre. ¿Cómo es posible que un Estado que a lo largo de
treinta y tantos años ha sido capaz de crear la mejor administración de Seguridad Social de Europa, que quiere decir del mundo, y yo lo creo así, y unas mejores administraciones tributarias, haya sido incapaz de hacer funcionar la Administración de
Justicia? Es verdad que es muy distinto, ya que intervienen factores muy complicados; hay dos factores que lo diferencian. En el ámbito de la Seguridad Social y en el ámbito de la justicia la eficiencia suponía recursos para la Administración y,
por tanto, funcionamiento, y ahí se han abocado una cantidad ingente de inversiones. Y, desgraciadamente, en el ámbito de la Administración de la Justicia, no. Por mucho que se vista de seda, ese factor no se ha producido, y sin recursos es
materialmente imposible. Se ha avanzado mucho en la oficina judicial, pero aún hay mucho manguito o gente que tiene la mejor innovación del mundo pero dificultades para utilizarla, que no sé si es peor. Lo que está pasando con la reposición de los
empleados públicos de la Administración de Justicia no tiene nombre. Incluso ahora, que creo que se va a situar en el 50 %, no tiene mucho sentido.


Paso a cosas concretas. En relación con el tema de las tasas, usted dice: primero vamos a conocer para actuar. Está bien, pero se lo podían haber aplicado antes y así nos hubiéramos ahorrado algunas cosas. Hemos echado en falta un
compromiso nítido con la derogación de la Ley de tasas. No podemos esperar a que hagan un análisis concienzudo de qué está pasando porque, mientras, esa Ley de tasas está provocando desamparo y dificultades en el acceso a la tutela judicial
efectiva, que es una de las claves de bóveda de nuestro sistema de libertades y de nuestro Estado de derecho. Si es así, me permito proponerle una transaccional, señor ministro.


Ya sé que es muy duro entrar y derogar la ley, pero no nos puede decir que van a estudiar porque lo que ha dicho el señor Olabarría se va a producir pero al contrario; sus deseos se van a convertir en papel mojado en relación con aquello
que nosotros pretendemos que se convierta pronto en políticas. Le sugiero una cosa: deje en suspenso la Ley de tasas mientras la estudian. Es una posibilidad. La deja en suspenso y ya está.


Justicia gratuita. Cualquier persona que haya pasado en algún momento por la situación de haber estado colegiado y haber formado parte de los abogados de justicia gratuita sabe una cosa, que solo hay

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una manera de dignificar la justicia gratuita, y es poner medios para que los que la cubren no estén haciendo caridad, no estén haciendo solidaridad o que sean las comunidades autónomas las que sustraigan esos recursos para cubrir el vacío
de la Administración del Estado. En relación con el Registro Civil, continuamos sin entender una cosa. Vamos a aceptarle dialécticamente el elemento de que los registradores de la propiedad son funcionarios públicos. El señor Olabarría, con la
capacidad que le caracteriza, ya ha puesto en duda alguna de esas afirmaciones, pero para el caso es lo mismo. Me aceptará que son unos funcionarios públicos, en el caso de que lo sean, peculiares y que, sobre todo, se mueven con una cierta lógica
que no es la del sector público en el camino de elementos claros de empresa privada. Lo que sí es seguro es que el planteamiento que está encima de la mesa supone un riesgo evidente de pérdida del control público de esa función, la del Registro
Civil. Sería bueno que lo pudiéramos discutir. Y sobre todo una cosa que es trascendente. ¿Nos puede explicar por qué razón lo que ahora parece que sí van a poder hacer los registradores no lo pueden hacer en el ámbito que estaba establecido
hasta este momento, que son los registros civiles? Si hay algún problema, mejor ponerlo encima de la mesa y abordarlo. La solución a los problemas no es: tengo un problema, no lo afronto y busco una variable que me evita tener que afrontarlo. Si
usted nos dice que en el ámbito del Registro Civil eso no es posible, a lo mejor es que hay algún problema de fondo que debemos abordar.


Código Penal. Es un claro ejemplo del proyecto que nunca debió presentarse en los términos que se presentó. Es el caso más evidente de sacar pecho ideológico: vamos a dejar bien claro que somos duros. ¿Con quién? Con los débiles.
Desgraciadamente esto es así. Creo que en la comparecencia de la mayoría de los expertos ha quedado bien claro que hay cosas que son infumables. Tanto es así que en el caso de que se quiera salvar algo del código va a quedar absolutamente
irreconocible y sería bueno que nos dijera cuanto antes qué es lo que piensa hacer al respecto. Se ha hablado de la condena perpetua revisable, pero yo quiero poner énfasis en una cuestión, y es que el tratamiento que se da a los enfermos mentales
es impropio de una sociedad con seres humanos, es impropio. Sabemos que hay muchas dificultades para abordar el tratamiento de determinadas enfermedades mentales que tienen riesgos para el conjunto de la sociedad, pero una sociedad cuyo único
mecanismo para abordar las enfermedades mentales graves es situar el internamiento preventivo predelictivo de esos enfermos mentales no merece llamarse sociedad. Eso, cualquier persona que haya tenido una enfermedad mental cerca sabe que es así. A
veces los legisladores y el Ejecutivo, en función del legislador o del proponente, deberían pensar un poco en el impacto que tiene en la vida de muchas personas. Si se legisla sobre la propiedad privada, uno se puede equivocar; pero si se legisla
sobre vidas humanas no debería equivocarse mucho, y menos en esos términos. Por eso le planteo que nos diga: retiro ese Código Penal e intento un acuerdo para ver qué es salvable de ese Código Penal. Además, ustedes han utilizado el Código Penal
para poner de manifiesto algo evidente y que sabe cualquier persona que estudie derecho y es que en el ámbito del derecho, el derecho penal es aquel donde se pone más de manifiesto que el derecho es un instrumento de clase de dominación. En derecho
es una de las cosas que primero se ve. El orden de bienes a proteger que ustedes han situado en este Código Penal deja mucho que desear, dice poco con lo de ese Estado social de derecho con el que usted ha empezado su intervención, dice muy poco,
por lo que le sugiero que lo abordemos. Dénos una alegría, anúncienos que propone la reforma del artículo 315.3 del Código Penal. Es inconcebible que yo -me voy a poner yo-, en mi vida normal, ordinaria, realice algún estrago público rompiendo
alguna cosa -incluso en el caso de que sean ciertas algunas imputaciones que se hacen a la gente que participa en delitos de huelga- y resulta que la pena que tengo es una décima parte de la que puedo tener si eso se produce en un momento en el que
hay un conflicto laboral y penal. Ese artículo 315, cuando se modificó en el famoso código de la democracia, tuvo un lapsus, y es que se planteaba para evitar las restricciones del derecho de huelga, cosa que nunca se ha utilizado, y ha terminado
siendo un factor restrictivo de ese derecho de huelga. Sé que no es ámbito de su competencia la Ley de Seguridad Ciudadana, pero como va indisolublemente unida al Código Penal, puestos a darnos una alegría, nos da usted otra conjuntamente con el
señor Fernández Díaz. Retírenlo e intentemos discutirlo con calma.


Volviendo otra vez al concepto del derecho penal, el derecho en general como instrumento de dominación de clase, preséntenos usted urgentemente -para eso sí que de verdad vamos a trabajar estajanovistamente todo lo que haga falta; sábados,
domingos...- una nueva regulación del derecho de gracia del indulto. Lo que hay ahora es propio no solo del monarca absoluto, sino del monarca absoluto que utiliza esa prerrogativa de monarca absoluto con un claro componente de protección del
poder. La percepción que tiene la gente es que el poder utiliza el indulto para autoprotegerse no es por casualidad, es porque desgraciadamente en las cárceles españolas, y usted lo sabe de sobra, tenemos

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internos -termino, señor presidente; el rojo me gusta mucho, pero no cuando me lo enseña usted- que están en situación de reincidencia por delitos absolutamente menores e incluso gente que está entrando en las cárceles por delitos cometidos
hace no se cuánto tiempo y, en cambio, delincuentes convictos y confesos por delitos de cuello blanco que, por la vía del indulto o por la vía del aplazamiento del cumplimiento de la pena, se están paseando y casi provocando a la ciudadanía.
Preséntelo usted.


Termino con dos preguntas sobre temas que usted no ha tratado y que nos gustaría que nos planteara. ¿Qué piensa hacer su ministerio en relación con las recomendaciones de Naciones Unidas sobre las declaraciones forzadas? Creo que ha
llegado el momento de plantear que las víctimas del fascismo y del golpe de Estado son también víctimas y no pueden ustedes continuar mirando hacia otro lado. Por cierto, dado que ha hablado usted de la cooperación jurídica internacional, para
tener credibilidad internacional deben ustedes volver a abordar el tema de la derogación de la justicia universal. El debate de la soberanía entre España y Cataluña es un debate fool desde el momento en que el presidente Rajoy no puede ir a China
para hacer acuerdos comerciales hasta que los mandarines chinos no le dan permiso, previa derogación de la Ley de Justicia Universal. ¿Qué soberanía es esa? Es un tema a abordar.


Si usted consigue convertir algún deseo en alguna política que suponga un cierto giro, al menos cercano a 180 grados, en relación con la política anterior del ministerio, nosotros le vamos a acompañar con mucho gusto. Todo lo que sea girar
en la línea contraria al reloj de Gallardón, nosotros le acompañaremos.


El señor PRESIDENTE: A continuación, le corresponde al Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió y en su nombre, su portavoz, señor Jané, tiene la palabra.


El señor JANÉ I GUASCH: Señorías, en primer lugar, en nombre de Convergència i Unió, quiero dar la bienvenida a esta Comisión de Justicia al nuevo ministro, señor Catalá, al igual que a los nuevos altos cargos del ministerio que le
acompañan y también a los que ya estaban anteriormente y que forman parte de su equipo ministerial. A todos ellos, y a usted de manera muy particular, les deseamos éxito en este programa ambicioso que hoy nos ha presentado, esperando que ello
redunde -y aquí va a tener toda la colaboración de Convergència i Unió- en lo que debe ser una mejora de ese valor de la justicia con mayúsculas que proclama el artículo 1 de la Constitución, ese valor de la justicia que todos queremos más eficaz,
más ágil y que dé respuesta a lo que espera la ciudadanía de un Poder Judicial independiente que nos ayude a reforzar esa Administración de Justicia.


Usted, con toda sinceridad, dice que renuncia a un pacto de Estado. Lo celebramos porque cada vez que empezamos una legislatura, cada vez que llega un nuevo ministro anuncia un pacto de Estado, y no hay tiempo para ello. Pero sí que hay
tiempo para encauzar determinadas reformas en las que aun podemos tejer un mínimo común denominador de acuerdos que las hagan posibles, pero también le pedimos realismo en el calendario, como hacía el señor Olabarría. Hemos de ser conscientes de
que nos quedan muy pocos meses efectivos para legislar, teniendo en cuenta que los proyectos de ley posteriormente van al Senado y a esta legislatura le queda prácticamente solo un periodo de sesiones para legislar; de ahí que, si vamos a emprender
algunas de las reformas que usted nos propone, le pido máxima concreción, fijar un calendario y ponernos a trabajar de manera intensa en esta Comisión de Justicia. Esto es lo que le traslado desde Convergència i Unió. Antes de ello, para ir
ligeros en ese equipaje de legislación, le proponemos que en esa furgoneta tan cargada de leyes se abra una puerta y se empiecen a descartar. Eso irá en el bien de la justicia y en el bien del calendario legislativo. Por ejemplo, el proyecto de
ley de asistencia jurídica gratuita, que provoca un rechazo importantísimo de las comunidades autónomas porque atenta contra sus competencias y su financiación, que provoca un rechazo de los operadores jurídicos y que han manifestado todos los
colegios profesionales directamente afectados. No perdamos ni un solo minuto con ese proyecto de ley. No hay consenso, por tanto, aparquémoslo. Hagamos también -es muy fácil- una derogación de la Ley de tasas que aleja ese derecho fundamental a
la tutela judicial efectiva. No entremos en modificaciones puntuales que nos van a llevar tiempo y nos alejarán del consenso. El consenso está, señor ministro, en dialogar sobre esa Ley 12/2012, por lo que desde Convergència i Unió le pedimos que
simplifiquemos el camino en lo relativo a las tasas. También aquí, ligando tasas con asistencia jurídica gratuita, le recordamos que la última reforma que se hizo en materia de asistencia jurídica gratuita ha provocado y provoca graves quebrantos
económicos a las comunidades autónomas, que deben pagar dicha asistencia jurídica gratuita.


La Generalitat de Catalunya, el honorable conseller señor Gordó, ha dirigido cartas directas a su ministerio en el sentido de que solo el Real Decreto-ley 3/2013, que reformó aspectos en materia de justicia gratuita, supuso en el año 2013 un
aumento del gasto en la Generalitat de Catalunya de 2,4

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millones de euros que hay que compensar. Lo pongo solo como ejemplo de cómo reformas legislativas hechas aquí, después afectan negativamente a la financiación de aquellas comunidades autónomas -en este caso Catalunya- que las deben aplicar.
Por tanto, en el tema de la financiación de esas reformas ya emprendidas, le pedimos que se tenga muy en cuenta la repercusión que después tiene para las comunidades autónomas. Y aligerando esa furgoneta de proyectos de ley que va avanzando,
dejemos el Código Penal, dejemos esa pena permanente revisable. Usted ni lo ha mencionado; lo celebramos. Aparquemos esa despenalización de las faltas porque no hay consenso para ello. Si quiere abordar algunos aspectos específicos del Código
Penal, hagámoslo con prontitud y desde el consenso, pero aparcando todo aquello que se alejaba de ese consenso en la tramitación del futuro Código Penal.


Hemos escuchado una reforma que habían anunciado, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que usted ha acotado a un propósito más realista. Entendemos de su intervención que no van a emprender una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero sí
que van a intentar realizar algún ajuste a la actual ley, en concordancia con algunas propuestas muy interesantes que en la Comisión Constitucional o que en la apertura del año judicial hizo el propio fiscal general del Estado. Ajustes que podemos
compartir en lo que tiene que ver con la agilización de los macroprocesos, en la figura del imputado; cambiarle el nombre, sí; darle un mayor derecho a la defensa, sí. Un imputado no deja de ser un testigo asistido; por si pudiera derivarse al
final una actuación delictiva se le asiste en su declaración, pero con esa terminología, a esa persona imputada se le está considerando como si ya fuera una persona culpable o condenada. Es pedagogía de todos realizar eso, pero también a través de
las leyes.


Recordando las propuestas del fiscal general del Estado, aludía usted a revisar esa intervención judicial de las comunicaciones, las transcripciones. Digámoslo claro también; revisemos las filtraciones que en ocasiones se realizan de los
sumarios, que perjudican gravemente en ocasiones lo que debe ser una Administración de Justicia al servicio del ciudadano y de quienes aparecen en esos sumarios, porque en ocasiones se muestran parte de conversaciones que nada tienen que ver con
aquello sobre lo que se está investigando. Aquí también tenemos que buscar de qué manera frenamos esas filtraciones y entendemos que esta reforma que propone es el cauce adecuado. Aprovechemos también para mejorar la tramitación procesal de
delitos que podrían ser más simples. Hacía usted referencia a un tema que conozco bien porque presidí la Comisión de Seguridad Vial, que es la conducción en estado de embriaguez. Busquemos fórmulas para llegar a puntos de acuerdo en estos
aspectos. No, en cambio, en la reforma del Registro Civil. Estamos aún a tiempo. Le decíamos que aligere y con ello queremos decir que suprimamos de ese proyecto de ley que aun está en el Senado, de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia, lo relativo al Registro Civil. No hay consenso.


También quería preguntarle aquí por toda esa corporación pública para el desarrollo del sistema registral electrónico, todas esas plataformas que se crean, todas esas empresas que van a intervenir. No hay consenso, se ve con cierta
oscuridad, no lo comparten en absoluto los registradores de la propiedad. Abandone también esa línea y busquemos el consenso; veamos cómo, tras una prórroga de la entrada en vigor de la nueva Ley de Registro Civil, encauzamos el consenso en este
ámbito.


Ha hablado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y desde Convergència i Unió esperamos esa ley orgánica. ¿Cuándo tienen previsto, señor ministro, plasmar en la Ley Orgánica del Poder Judicial las previsiones estatutarias de los estatutos
de nueva generación, entre ellos el Estatuto de Catalunya del año 2006, que implementa los consejos superiores de justicia de las comunidades autónomas? Respetando la jurisprudencia del Tribunal Constitucional -pero hagámoslo-, que acota lo que
debe ser la casación y da ese poder de casación más importante a los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas como última instancia -hagámoslo-, que da unas medidas específicas en aquellas comunidades autónomas con lengua
oficial propia y que esto pueda ser realmente un requisito en el ámbito de la Administración de Justicia. ¿Nos olvidamos de todo ello, señor ministro? No entendemos que esto sea la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Entendemos y
aplaudimos que se renuncie a esos tribunales de instancia, que se vaya al modelo territorial del partido judicial, que se busque la justicia de proximidad... Entendemos todo ello, pero no entenderíamos reformas en la Ley Orgánica del Poder Judicial
que siguieran con esa asignatura pendiente del Poder Judicial en las comunidades autónomas, de tal manera que se puedan desarrollar esos instrumentos previstos no únicamente en el Estatuto de Autonomía de Catalunya sino en la mitad de los Estatutos
de Autonomía vigentes y aprobados por estas Cortes Generales. Lo tenemos que dar esa salida institucional, y así se lo pedimos también desde Convergència i Unió.

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Señor ministro, usted tomó posesión un lunes y su primer acto como ministro fue asistir a un Consejo de Ministros improvisado -no improvisado sino excepcional porque no se reúnen normalmente los lunes los Consejo de Ministros- para recurrir
una ley que había sido aprobada por el 80 % de los parlamentarios en Catalunya, desde el Partido Socialista hasta Convergència i Unió. Una ley ampliamente aprobada en Catalunya, ustedes se reúnen de forma extraordinaria un lunes; un domingo de
forma extraordinaria se reúne el Consejo de Estado -la ley había sido publicada un sábado-, y ese mismo lunes de forma extraordinaria -no tenía prevista la reunión- se reúne el Tribunal Constitucional para recibir el recurso contra esa ley catalana,
y al aceptar ese recurso, la ley queda suspendida. Es aquello de: preparados, listos, ya. Domingo, lunes mañana, lunes tarde; todo bien en fila para claramente ir por la vía jurídica en contra de una ley aprobada mayoritariamente por el
Parlamento de Catalunya. ¿Qué le pedimos desde Convergència i Unió? Le pedimos una reflexión. Si se quiere argumentar en contra de esa ley ampliamente aprobada por el Parlamento de Catalunya que permite unas consultas no referendarias, no se haga
por la vía jurídica aquello que debería resolverse desde la negociación política, desde el diálogo y desde el respeto a la voluntad de una ciudadanía que quiere votar. Esto también se lo pedimos desde Convergència i Unió. No nos confundamos
pensando que por la vía jurídica y a golpe de recurso vamos a dar respuesta a un tema en el que deberíamos encontrar fórmulas de diálogo y negociación política para permitir, de forma acordada, que la ciudadanía se pueda expresar en libertad y en
democracia. Desde Convergència i Unió le pedimos buscar ese ámbito de diálogo y de negociación política y usted, como ministro de Justicia que dirige también los servicios jurídicos del Estado, tiene que escuchar esta percepción. No vayamos a
intentar resolver por la vía de la Constitución y de la ley algo que debe tener una respuesta a través del cauce de la política, del acuerdo y de dejar votar. Desde Convergència i Unió le pedimos esta reflexión porque creemos que es necesaria en
estos momentos. Le pedimos también, en esa reforma legislativa que ustedes están impulsando en todos los ámbitos y que nos va a llevar a ese calendario tan intenso en este periodo de sesiones y el siguiente, que aprovechemos estos meses para, desde
el consenso, revisar los aforamientos. No ha hecho alusión a este aspecto en su intervención. Hay demasiados aforamientos, hay que revisarlos desde el consenso, pero debemos hacerlo, señor ministro, sabiendo que estar aforado no significa que esa
persona esté impune, para nada; significa que va a ser un tribunal colegiado el que va a conocer ese asunto, pero no significa que nadie vaya a conocer o quedar exento. Insisto, hay demasiados aforamientos. Debemos realizar aquí entre todos una
reflexión. Asimismo compartimos la reflexión que usted ha hecho sobre el derecho de gracia y, aquí, debemos incrementar la transparencia cuando se produce un indulto. Así pues, la regeneración democrática nos debería obligar a buscar entre todos
esa máxima transparencia, saber exactamente cuándo se produce un indulto, por qué se ha producido y cuáles han sido los criterios para realizarlo. Además compartimos todo lo que sea implementar la nueva oficina judicial.


Guardamos un buen recuerdo del señor Catalá en su anterior paso por el Ministerio de Justicia -ya hace varias legislaturas, yo entonces era portavoz adjunto en esta Comisión-; recuerdo que ya entonces se hablaba de informatización, de
compatibilidad, de interoperabilidad de sistemas informáticos. Todo aquello que hablábamos ya entonces sigue siendo en ocasiones una asignatura pendiente, pero quiero reivindicar aquí la labor de las comunidades autónomas, muy específicamente de la
Generalitat de Catalunya, que es pionera en la implantación de la oficina judicial. Hay ejemplos directos en poblaciones, por ejemplo en mi comarca, en El Vendrell, se ha hecho y se está viendo dónde hay fallos, dónde debemos mejorar y de qué forma
somos capaces de implementar en Cataluña ese expediente electrónico. Por tanto, es bueno todo aquello que sea mejorar, pero no se debe hacer a costa de las competencias de las comunidades autónomas. Busquemos la manera de respetar claramente los
avances pioneros en Cataluña de nuestra Administración y de la Generalitat de Catalunya en todos esos aspectos informáticos y de implementación de las nuevas tecnologías.


Usted ha hablado de una comisión general de codificación, y le quiero rendir un homenaje a la labor de importantes juristas a la hora de recopilar nuestros textos normativos, de codificarlos. Hemos tenido un ejemplo con la Ley de Navegación
Marítima, que al final va a ser un código porque se autoriza que se pueda realizar en forma de nuevo código de navegación marítima. Por ejemplo, no hemos sido sensibles a lo que nos pedían los notarios en la tramitación de ese proyecto de ley.
Además, ahora que hablamos de los notarios -usted ha hecho hincapié en ello-, quiero reivindicar su función, su alto grado de calidad, al igual que los registradores, así como de todos los operadores jurídicos, a los abogados, procuradores,
graduados sociales, etcétera. Tenemos que ir de su mano, y nos ha pasado demasiado, señor ministro, que en las últimas reformas legislativas nos los ponemos en contra, sean algunas de su ministerio -que

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yo le pido que aparque-, como la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, sean del Ministerio de Economía cuando pretendía impulsar una ley de servicios profesionales que modificaba el ámbito colegial y que también provocaba rechazo.


Nos quedan pocos meses, hay voluntad de colaboración, voluntad de que nos sentemos y busquemos puntos de acuerdo para mejorar ese conjunto de proyectos de ley. Ya que tenemos esa voluntad, señor ministro; aparquemos aspectos que puedan
alejarnos del consenso, apartemos aspectos que puedan dificultarle a usted, como ministro de Justicia, la aceptación de las nuevas reformas que pretende impulsar y que son de gran importancia. Por tanto -termino ya, señor presidente-, Código
Mercantil, arbitraje, mediación, jurisdicción voluntaria -por cierto, en mediación, el ejemplo de la Generalitat de Cataluña también es muy importante- hagámoslos, pero teniendo cerca a la sociedad a la que servimos y teniendo cerca a los operadores
jurídicos. Usted decía: legislemos poco pero bien. Por lo que se ve, vamos a legislar mucho; hagámoslo bien, pero sobre todo hagámoslo de tal manera que cuando los operadores jurídicos interpreten nuestras normas seamos capaces de rendir
homenaje a ese principio de la seguridad jurídica, ya que lo hemos hecho bien, ya que tenemos un buen ordenamiento jurídico. Que cuando usted se vaya -porque todos vamos pasando por los sitios- el balance sea que hemos mejorado el ordenamiento
jurídico, que hemos mejorado la seguridad jurídica y hemos mejorado ese valor superior de la justicia que entre todos queremos defender.


El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos al turno del Grupo Parlamentario Socialista. En su nombre tiene la palabra la nueva portavoz del grupo en esta Comisión, a la que también damos la bienvenida, la señora Aguilar.


La señora AGUILAR RIVERO: Permítame que en primer lugar, y en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, dé en esta su primera comparecencia la bienvenida al ministro de Justicia y a todo el equipo del ministerio que le acompaña, y le ponga
de manifiesto algo que esperamos: que su presencia en esta Comisión sea habitual y no coja la senda de otros compañeros suyos de Gobierno que están ausentes y se resisten de manera permanente a venir al Parlamento.


Lo decía ahora mismo el presidente de la Comisión; como bien saben sus señorías, es mi primera sesión de la Comisión a la que asisto y, por tanto, la primera vez que intervengo en nombre de mi grupo parlamentario, el Grupo Socialista.
Quiero manifestarles, como no podía ser de otra forma, que tengo la mejor y mayor voluntad de mantener unas relaciones cordiales y habituales, periódicas con los portavoces de los otros grupos parlamentarios y que pondremos todo lo que esté de
nuestra parte, como siempre ha hecho mi grupo parlamentario, para el buen funcionamiento y el buen devenir de esta Comisión. Quieren ser también mis primeras palabras en el marco de la Comisión para mostrar, en nombre de los diputados y diputadas
del Grupo Parlamentario Socialista, pero estoy segura que es un sentimiento que comparten diputados y diputadas de otros grupos parlamentarios, nuestro reconocimiento al trabajo bien hecho de nuestro compañero Julio Villarrubia, que a lo largo de
muchos años ha sido portavoz de Justicia y que, sin lugar a dudas, ha hecho un trabajo intenso, extenso y extraordinario; todos le conocen por su calidad y calidez también desde el punto de vista humano. Así pues, gracias compañero y amigo Julio
por el trabajo que, en nombre de nuestro grupo parlamentario, has realizado. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Permítame, señora Aguilar que la interrumpa -puedo hablar en nombre de toda la Comisión- para sumarme a las palabras de referencia de nuestro compañero don Julio Villarrubia. (Aplausos). Me dice el ministro que él
también se quiere sumar. (Risas).


La señora AGUILAR RIVERO: Muchas gracias. De cualquier manera, tenemos la suerte de que vamos a seguir contando con su experiencia, con sus conocimientos y con su cualificado trabajo en el marco de la Comisión en otros ámbitos.


Dicho esto, señor presidente, paso a hacer la intervención, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, en esta primera comparecencia del ministro. Hasta ahora, señor ministro, tenemos que decirle que hemos leído detenidamente las
manifestaciones públicas que en estos últimos días, desde tomó posesión como ministro, ha venido realizando. Hemos conocido lo que ha respondido en el turno de preguntas tanto en el Congreso como en el Senado, y le puedo asegurar que hemos
escuchado atentamente su intervención. Tengo que decirle que ha sido usted hábil en la intervención que ha realizado -ha hablado a los ciudadanos, ha hablado todos los operadores jurídicos, ha adquirido algún compromiso con quienes conforman la
Administración de Justicia-, aunque por parte de nuestro grupo parlamentario

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consideramos que todo lo que aquí ha dicho no cabe en los presupuestos. Porque usted, que ha presentado los presupuestos en términos positivos dentro de esa habilidad que ha usado, no nos ha dicho que desde 2011 hasta aquí el Gobierno del
Partido Popular ha dado un recorte a los presupuestos de Justicia en torno a 215 millones de euros, señor ministro, que no es poco; por eso digo que entendemos que no cabe en los presupuestos todo lo que ha dicho, todo lo que ha comprometido. Por
otra parte, ha sido hábil al colocar los titulares que le convenían, al anunciar nuevos proyectos y ha callado lo que no le convenía. Ha hecho caso omiso de todo lo que ha ocurrido en estos casi tres años de Gobierno del Partido Popular.


Señor ministro, usted tiene herencia recibida de un compañero suyo que ha estado al frente del Ministerio de Justicia durante tres años de Gobierno del Partido Popular. Llegado este momento, quiero subrayarle que por parte del Grupo
Parlamentario Socialista consideramos, cómo no, la justicia como una cuestión de Estado, y entendemos que ustedes, a lo largo de estos tres años, han querido llevarla a ser una cuestión de política de partido. Para nosotros la justicia es un
servicio público y por eso nos hemos venido oponiendo -seguiremos haciéndolo- a cualquier intento de privatización y a cuanto impida el ejercicio por parte de la ciudadanía del derecho constitucional de la tutela judicial efectiva. En el fondo, lo
que ha ocurrido a lo largo de este tiempo es que por parte del Gobierno del Partido Popular se ha pretendido cambiar el modelo de justicia y no solo lo han hecho en este ámbito, lo han hecho también en otros ámbitos como la educación, en el ámbito
social y en el sanitario. Un cambio de modelo que ha tenido una fuerte carga ideológica y que se ha puesto de manifiesto y se ha expresado con claridad en los proyectos de ley que se han presentado y debatido en este Parlamento y, que han tenido un
rechazo pleno no solo de todos los grupos parlamentarios, sino de todos los operadores jurídicos, con quienes usted ha manifestado querer dialogar y consensuar, tanto con los operadores jurídicos como con los grupos parlamentarios que conformaban
esta Cámara. A pesar de tener todo en contra, ustedes se han empeñado en votarlos y sacar adelante estos proyectos.


Tenemos que interpretar de sus palabras que hay una enmienda a la totalidad de su propia política; no sabemos si van a cambiar del voto en soledad absoluta con su mayoría absoluta, de imponer a todo el mundo los proyectos que han traído a
la Cámara; si van a cambiar esa actitud, ese modus operandi, por el diálogo, la búsqueda del acuerdo y la búsqueda del consenso. Se han empeñado tanto que un paradigma -ya se ha citado aquí- es la Ley de Tasas Judiciales que tiene cinco recursos
de inconstitucionalidad. Hay que decir que durante todo este tiempo no han atendido, no han escuchado, no han oído absolutamente a nadie. No les han servido los dictámenes de algunos órganos como el Consejo de Estado o el Consejo General del Poder
Judicial. No han querido oír las razones y argumentos de los grupos parlamentarios y no han querido escuchar lo que les decían los propios operadores jurídicos. Han querido hacer que la justicia -esto no deja de ser preocupante y debiera de
aclararlo convenientemente, señor ministro- sea menos independiente, y ahí está la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Durante este tiempo también han depreciado el valor de lo que significan las opiniones, razones y argumentos de los
operadores jurídicos. Por tanto, tendrá que hacer un esfuerzo importante para situarlos en su justo lugar y para darle el valor preciso que tiene aquello que manifiestan -que es mucho- que hay que atender adecuadamente.


Hay que plantear una cuestión de fondo, señor ministro. Podemos decir que hemos perdido tres años para la política de justicia, tres años que ha sufrido la ciudadanía. Pero esto no se debe solo y exclusivamente a la gestión de un ministro
dimitido que quiso ser un alumno aventajado, porque todos sabemos -usted probablemente mejor que nadie, señor ministro, por la experiencia de Gobierno que tiene desde hace ya muchos años- que nada de lo que ha pasado hubiera sucedido si el
presidente del Gobierno, el señor Rajoy, no hubiera querido. Por tanto, es el presidente del Gobierno el responsable máximo de lo que el Consejo de Ministros ha aprobado a lo largo de estos años y de lo que el Grupo Parlamentario Popular ha votado
en esta Cámara, a pesar de que todos -grupos parlamentarios y operadores jurídicos- estábamos en contra. Como se puede imaginar, no quiero ni plantear si quiera la hipótesis de que el presidente del Gobierno no conocía o no dio luz verde a los
proyectos de ley que aquí vinieron, porque si nos pusiéramos en esa hipótesis aún sería todavía mucho más grave y mucho peor que lo que le he expresado con anterioridad. Por eso, tiene que despejar incógnitas esenciales y fundamentales hacia el
futuro.


Nos tiene que aclarar una cosa: ¿Tiene luz verde del presidente para hacer esa enmienda a la totalidad a la política de justicia, que se ha venido realizando por parte del Partido Popular, y colocar en el espacio del diálogo y el consenso
el tiempo venidero desde ahora? ¿Va a pasar de los gestos a los hechos? Valoramos los gestos y las palabras, pero lógicamente necesitamos hechos. Díganos de verdad que todo esto que hoy ha planteado, y respecto de lo que se ha comprometido, no va
a quedar en una política de maquillaje, de ligero retoque para que al final todo quede igual. Díganos en este sentido qué decisiones

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va a tomar de inmediato para dar un frenazo radical al viaje al pasado que habían iniciado y que genera desigualdad, que impide a una parte importante de los ciudadanos -los más golpeados por la crisis- ejercer sus derechos y que tratan con
dureza a aquellos que ejercen sus libertades y sus derechos constitucionales.


El Grupo Parlamentario Socialista, señor ministro, para poner los relojes a cero, para iniciar un tiempo de diálogo, de búsqueda de acuerdos, de búsqueda de consensos, de verdad, desde la lealtad institucional le va a plantear algunas
cuestiones que nos parecen esenciales y fundamentales para que nos pongamos manos a la obra. En primer lugar, en relación con la Ley de Tasas Judiciales le vamos a plantear que la suspenda de inmediato, ya, hoy mejor que mañana. No piense en la
recaudación, ponga su mirada en las personas en quienes no pueden -por culpa precisamente de las tasas judiciales- ejercer el derecho a la tutela judicial efectiva. Le voy a decir una cosa: usted ha manifestado que habrá que evaluar quién se está
o cuántos se están quedando sin ir a esa tutela judicial efectiva por falta de medios, como consecuencia de las tasas judiciales, y yo le digo que piense en los dependientes que han manifestado más de una vez que con las tasas judiciales no podían
defender sus derechos; piense en las personas que están en desempleo; piense en quienes han sido desahuciados; piense que hay 8.300.000 personas usuarias de los servicios sociales, 1.800.000 hogares en los que no entra ningún ingreso porque todos
sus miembros están parados, 800.000 personas que no perciben nada. Esas personas, sencillamente, no se pueden cuantificar porque no han podido ir a la tutela judicial efectiva, no pueden ejercer sus derechos. Es un universo importante que en estos
momentos está invisible como consecuencia de esta ley. Suspéndala ya, abramos un tiempo de diálogo; derogue esta ley para alcanzar un acuerdo y un consenso racional y razonable para que paguen tasas los que deben pagarlas y no se continúe desde el
ámbito judicial con el mundo al revés.


En segundo lugar, la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Nosotros le pedimos que la retire; que la retire porque está poniendo en peligro un servicio público que prestan 42.500 abogados, trescientos sesenta y cinco días al año las
veinticuatro horas del día. Y además porque es una ley que va a excluir a una parte de los ya excluidos. No es que vaya a ampliar que más ciudadanos se puedan incorporar a la justicia gratuita, sino que va a excluir a más ciudadanas y ciudadanos.
Esto no solo lo plantea el Grupo Parlamentario Socialista, sino que lo ha manifestado públicamente el Consejo General de la Abogacía, que también ha manifestado, por cierto, que la justicia gratuita nada ha recibido, como estaba comprometido, del
cobro de tasas judiciales. Absolutamente nada de lo cobrado por las tasas judiciales ha revertido, como estaba comprometido, en la justicia gratuita. En este sentido, señor ministro, se puede trabajar sobre bases radicalmente distintas y
diferentes. Nosotros queremos ampliar el número de ciudadanos que accedan a la justicia gratuita. Queremos que se dote presupuestariamente de forma adecuada para que se pueda, por parte de los colegios y de los profesionales de la abogacía, seguir
desarrollando la encomiable labor que realizan. Queremos, por tanto, fortalecer el servicio público. Si también es lo que pretende por su parte, el camino es fácil: retírela y pongámonos de acuerdo con prontitud y rapidez, porque si tiene tiempo
para traer un nuevo Código Mercantil... Hasta ahora los ministros querían pasar a la historia por el Código Penal (Risas). Si usted va a pasar por el Código Mercantil, ¡bienvenido sea! (Un señor diputado: Siempre es mejor). Pero si tiene tiempo
para traer el Código Mercantil, también lo tendrá para que retirar esta ley y nos pongamos de acuerdo rápidamente en traer una Ley de Justicia Gratuita como la ciudadanía merece. Esa ciudadanía que hay que ganar para que valore adecuadamente la
justicia por que funcione con eficacia, con rapidez y con prontitud. En ese sentido, díganos -se lo han pedido otros grupos parlamentarios- si va a continuar con la tramitación de la reforma del Código Penal y qué va a hacer con una de sus
omisiones conscientes -estoy segura de ello-: con la prisión permanente revisable.


No se le ha olvidado, señor ministro. Tiene buena memoria, y mucho más en algo tan importante como es la prisión permanente revisable- por cierto, de la que habló el Consejo General del Poder Judicial. Háblenos de las medidas de seguridad,
de los delitos contra el orden público y de la supresión de faltas, ¿qué va a hacer con toda esa reforma del Código Penal? Y díganos también qué va a hacer con el ataque a quienes ejercen el derecho a la huelga y, por favor, no me repita el
argumento que ayer dio en el Senado, que yo se lo respeto, pero sabemos perfectamente de lo que estamos hablando, no hagamos trampas en el solitario. Sabemos justamente de lo que estamos hablando y sabe usted que este es un tema que expone
claramente ese regreso al pasado más duro, que parecía que se pretendía con aquello que se venía proponiendo por parte del Gobierno en este Parlamento.

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Ya nos ha aclarado el asunto de planta y demarcación, pero ¿va a continuar con la Ley Orgánica del Poder Judicial? ¿No piensa que sería mejor olvidarla y que nos pusiéramos manos a la obra, puesto que nos ha anunciado que viene de camino
una propuesta al respecto? Le quiero preguntar una cuestión de la que nada ha hablado: ¿Va a modificar el ministro la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo? Si lo va a hacer, díganos cuándo, cómo, en qué sentido. Díganos, señor ministro de
Justicia, si no va a llevar a cabo la modificación de una ley que está normalizada en su aplicación socialmente, aceptada por la ciudadanía; díganos si va a consentir que esta ley, que desde el Ministerio de Justicia no se va a modificar, se
modifique desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad por la puerta de atrás, utilizando el Plan de infancia y adolescencia, porque las mujeres queremos saber la verdad. Sabemos que persiste el recurso del Partido Popular porque
quiere el presidente del Gobierno, no porque no haya aquí personas -diputadas o diputados- que firmaron en su día el recurso. Lógicamente, queremos saber si va a haber modificaciones y si las va a hacer el ministro.


Señor ministro, le ha preguntado otro grupo parlamentario, como no podía ser de otra forma, qué va a hacer con la privatización del Registro Civil. Es una iniciativa que debe abandonar de inmediato y debe hacerlo porque viene con una carga
de profundidad tremenda, en algunos aspectos ni deseada ni deseable. Por eso, en aras de la transparencia, de la claridad, le pedimos el desistimiento, señor ministro. Así de claro. No vale que ahora nos diga que lo van a hacer los registradores
porque son funcionarios públicos. Debe quedar meridianamente claro, el objetivo y el fin que se persigue.


Concluyo, señor presidente. Lo que he manifestado son líneas rojas para el Grupo Parlamentario Socialista. Queremos dialogar y trabajar en favor de una justicia diferente y distinta a la que está diseñando el Gobierno del Partido Popular
y, desde luego, hay cuestiones esenciales que el ministro en esta comparecencia debe aclarar. Claro que estamos dispuestos, señor ministro, a trabajar en la lucha contra la corrupción, claro que estamos dispuestos a trabajar sobre el derecho de
gracia y sobre los aforamientos. Estamos dispuestos a trabajar, pero también estamos dispuestos a que, cuando hable del Código Penal, no lo haga solo de las personas con discapacidad. No se olvide de las personas con enfermedades mentales, en
relación con las cuales hay que aclarar la situación en la que van a quedar en el marco del Código Penal. Cuando hable de las víctimas de la violencia de género, recuerde que ha habido un recorte sustancioso y sustancial en los Presupuestos
Generales del Estado en la lucha contra la violencia de género. En ese contexto, le diré también que...


El señor PRESIDENTE: Le ruego que concluya, señora Aguilar.


La señora AGUILAR RIVERO: Concluyo, señor presidente.


...no estamos de acuerdo con la custodia compartida como principio esencial en ese ámbito, para que le quede claro desde el principio. Al Grupo Socialista le gusta ser claro y transparente en sus posiciones políticas, ya se lo digo.


Ahora sí, señor presidente, concluyo. El Gobierno socialista elaboró un texto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y usted ha dicho que va a traer a la Cámara una propuesta. Espero que ese texto le sirva al menos de referente para aquello
que nos proponga. En este ámbito, señor ministro, si usted nos demuestra que pasa de las palabras a los hechos, estaremos dispuestos al diálogo en la búsqueda del acuerdo y del consenso, porque sabemos la importancia que la justicia tiene para la
ciudadanía y las personas son las que importan al Grupo Parlamentario Socialista.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Aguilar.


Finalizamos el turno de portavoces. Le corresponde intervenir al Grupo Popular y, en su nombre su portavoz, el señor Castillo, tiene la palabra.


El señor CASTILLO CALVÍN: Señor ministro, muchas gracias por la amplia información que nos ha facilitado. En nombre de mi grupo, le reitero la bienvenida nuevamente a esta Comisión en su primera comparecencia, pero antes de comenzar me
gustaría reconocer públicamente el agradecimiento del Grupo Parlamentario Popular al trabajo realizado por el anterior ministro y su equipo, un trabajo sin duda relevante que han tenido que desarrollar en un momento particularmente complicado.


Señor Catalá, usted ha asumido una complicada, pero ilusionante responsabilidad al aceptar el cargo como ministro de Justicia. Como hemos podido comprobar esta tarde, lo ha hecho con la seriedad que corresponde, pero también con entusiasmo.
Decía el doctor Marañón que la capacidad de entusiasmo es signo de salud espiritual y, siendo así, podemos congratularnos de tener un ministro de Justicia en plena

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posesión de sus energías, energías que, a tenor de lo que nos ha contado esta tarde, espero que sean contagiosas. Además usted cuenta con el aval de la experiencia, adquirida como secretario de Estado de Justicia precisamente en esa casa a
la que ahora vuelve en su condición de ministro. En este sentido, señor Catalá, cuenta con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular para llevar a buen término su decidida apuesta por la tan necesaria modernización de nuestra justicia. En ese
empeño nos tendrá a su lado, intentando colaborar al máximo y entorpecer lo justo, que también tiene su mérito. Este mismo ofrecimiento quiero hacerlo extensivo a todo su equipo, que es el nuevo equipo del Ministerio de Justicia, del que conocemos
su valía y su capacidad, convencidos como estamos de que van a ser el instrumento fundamental para que puedan llevar a buen puerto este programa y cumplir con los objetivos que hoy nos ha presentado. Quiero agradecerle igualmente la celeridad de su
comparecencia ante esta Comisión porque solamente hace dos semanas tomó posesión del cargo.


Entrando en el fondo del asunto, voy a destacar que de la hoja de ruta que nos ha desgranado nos gusta la letra y la música. Se ha declarado comprometido con una administración del siglo XXI, abierta, eficaz, austera y ágil en los tiempos.
Ha puesto de manifiesto su voluntad de trabajar con todos: con esta Cámara, con los grupos políticos, con los profesionales del derecho y con las comunidades autónomas, para generar consensos, proyectos y para garantizar el buen funcionamiento y
modernización de nuestra Administración de Justicia. Se ha comprometido a retomar la agenda de su antecesor para estudiar y evaluar los proyectos pendientes, incluso aquellos otros que ya vieron la luz como la Ley de tasas judiciales. A todos ha
tendido la mano para trabajar en las grandes reformas de la justicia desde el diálogo y el consenso, instrumentos fundamentales para lograr los necesarios puntos de encuentros; un ofrecimiento este, el del consenso, que no queda en buenos deseos e
intenciones ni en una mera declaración de principios. Su voluntad de escuchar y dialogar ya la está materializando en estos días con hechos, con las reuniones que ya ha mantenido con la abogacía institucional, al igual que con otros agentes
jurídicos, anunciando la próxima convocatoria de la mesa sectorial para hablar sobre tasas judiciales y justicia gratuita, entre otros asuntos, comprometiéndose con las comunidades autónomas a abordar estas y otras cuestiones.


Nos gusta la letra y la música, porque esta es la mejor manera de empezar. Las reformas hechas a espaldas de quienes las van a aplicar están condenadas al fracaso, porque solo desde el diálogo, desde el debate productivo y por el esfuerzo
por alcanzar acuerdos comunes, la reforma y proyectos pendientes podrán llegar a buen puerto. Esto es lo primero que quería destacar de su intervención, porque esa también es la voluntad del Grupo Parlamentario Popular. Compartimos la idea de que
deben ser los ciudadanos los que se beneficien de ese estilo de hacer política y, por supuesto, estamos convencidos de que tan solo desde el diálogo podremos recuperar aquellos afectos perdidos con los sectores profesionales. Así que en aras de
este buen clima y de los nuevos tiempos de consenso, me gustaría poner en valor el tono y el contenido de las intervenciones de la gran mayoría de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. Sin perjuicio de que en algún caso
concreto no haya querido dejar pasar la oportunidad de rendirle su particular homenaje al anterior ministro, aprovechando para lanzarle alguna enmienda retroactiva a la totalidad, en general, y salvo alguna sobreactuación personal, todos han
mostrado su voluntad favorable a ese consenso y diálogo al que usted nos ha convocado. Decía Shakespeare que el pasado es un prólogo. Es indudable que no podemos poner el marcador a cero porque el Gobierno no empieza de cero. Por eso, usted
responsablemente no ha querido aceptar esta herencia a beneficio de inventario. Por tanto, respaldamos su compromiso para continuar con el trabajo que se ha llevado a cabo en esta legislatura y para avanzar en el proceso de reformas ya iniciado.
Para ello, indudablemente, además de trabajar con intensidad y sin demora, habrá que hacer una profunda reflexión a fin de fijar las prioridades de ese gran impulso transformador en el que estamos inmersos; lo que hay que hacer son precisamente las
reformas necesarias pero también posibles. Queda mucho trabajo por hacer y el tiempo será sin duda una de las principales dificultades a las que se va a tener que enfrentar en su mandato.


Señor ministro, el diagnóstico lo tenemos ya realizado, pero antes de seguir me gustaría señalar que algunos de los factores que se tuvieron en cuenta al inicio de esta legislatura para efectuar ese diagnóstico, en plena coincidencia con lo
asumido igualmente por anteriores Gobiernos, han experimentado cambios que conviene tener en cuenta. Me va a permitir que me refiera en este punto, aunque ello suponga una puntual discrepancia en algún dato que nos ha ofrecido, a que el exceso de
litigiosidad no debe seguir considerándose sin más una de las principales causas que justifican la lentitud en la tramitación de los procesos; lentitud que entiendo no solamente existe en el orden contencioso-administrativo sino en el resto de
órdenes jurisdiccionales, si tenemos en cuenta los índices comparados de la Unión Europea, ni

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tampoco de que tengamos tan elevada pendencia judicial. Me explico. Fruto de la necesidad de mejorar la calidad de los datos estadísticos y dando cumplimiento a la petición aprobada por esta Comisión, a propuesta por cierto del Grupo
Popular, hemos podido comprobar con satisfacción cómo en la memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente a 2013, que tuvimos ocasión de conocer recientemente con motivo de la apertura del Año Judicial, se ofreció por vez primera la
referencia cuantitativa real de la justicia penal en nuestro país. Gracias a este dato facilitado en la memoria hemos podido conocer que en el orden penal esta ha quedado reducida de los prácticamente 4,5 millones de asuntos, que era la cifra
aceptada en la estadística judicial, a la de poco más de 661.000 asuntos, como señaló el fiscal general del Estado. No se trata, pues, de un descenso de la litigiosidad sino de que los datos ofrecidos hasta ahora -de ahí nuestra insistencia- no
eran rigurosos estadísticamente. Quiero hacer esta precisión porque de ser cierta, con esta reducción en casi 3,8 millones asuntos penales, con este ajuste a la realidad del volumen de procesos judiciales que en todos los órdenes judiciales
quedaría limitada a la cantidad aproximada de 4,5 millones, es decir, la mitad de los calculados al inicio de la legislatura, nos situamos en unas cifras razonables y similares a la media de los países de nuestro entorno, si tomamos como índice de
contraste los indicadores de la justicia de la Unión Europea publicados por la Comisión Europea del pasado marzo.


De esta manera, si queremos agilizar y racionalizar nuestro actual sistema, es importante centrar nuestros esfuerzos no solo en aquellas medidas que consigan reducir el número de asuntos que ingresan en nuestros juzgados y tribunales
-reducción que por otro lado siempre será un dato muy positivo y un objetivo en el que merece la pena seguir trabajando- sino también, y muy especialmente, en potenciar aquellas mejoras estructurales de nuestro actual diseño organizativo y de
gestión modificando, como bien ha apuntado, aquellos hábitos procesales y organizativos que lastran su eficiencia. En esta línea, me parecen muy oportunas las propuestas que nos ha anunciado y que, como hemos podido escuchar esta tarde, forman
parte esencial de la agenda de reformas que nos ha presentado. Son propuestas que sin duda permitirán cumplir con los objetivos marcados al inicio de esta legislatura por el Gobierno, a fin de que los ciudadanos reciban un servicio que les aporte
no solo soluciones sino que además se produzcan en un tiempo razonable. Fundamental para conseguir estos objetivos resulta igualmente su apuesta por una justicia electrónica. Valoramos muy positivamente su compromiso para reforzar lo mucho que
hemos conseguido en estos últimos años, y ello sin dejar de analizar nuevas vías para lograr la implantación de una administración electrónica eficaz que permita alcanzar la interoperabilidad judicial plena, en línea con lo que demandan la mayoría
de las asociaciones profesionales. Que para el próximo año los gastos de inversión para la modernización tecnológica del sistema de justicia, como nos ha indicado, cuenten con una partida superior a los 59 millones, lo que supone un incremento del
26% respecto al ejercicio anterior, permitirá sin duda seguir optimizando muchos de nuestros procedimientos, así como financiar la eficacia de la organización y la actividad judicial mediante la implantación de nuevas estructuras organizativas como
nuevas oficinas judiciales y fiscales. Dicho esto, en su intervención, señor ministro, y como ya le he señalado, usted ha marcado una importante agenda. Por supuesto continúa el proyecto del Gobierno del Partido Popular, que concreta mucho más y
es realista en los tiempos, al marcar para el próximo año lo que cree que puede y debe hacerse. Así que llegado a este punto, y sin extenderme sobre todas las cuestiones de detalle que han ido surgiendo a lo largo de la comparecencia, me limitaré a
hacer una breve reflexión sobre algunas de las grandes líneas que nos ha apuntado en su intervención.


Comenzaré destacando, como ya han hecho el resto de intervinientes, su compromiso para estudiar y evaluar la Ley de Tasas. Superando el discurso genérico del no a las tasas, ha reconocido el impacto que esta ley ha tenido en el sector y se
ha obligado como una de sus primeras actuaciones a revisar su funcionamiento, así como a promover los ajustes y mejoras que sean convenientes, teniendo en cuenta, eso sí, las opiniones de los operadores jurídicos y de los grupos parlamentarios.
Este es un anuncio -creo que a la mayoría de los portavoces no les extrañará que se lo diga- que me alegra de manera muy especial. Me parece también acertado que, sin contaminar un debate con otro en relación con el sistema de justicia gratuita,
nos haya anunciado su disposición a evaluar el proyecto de ley actual, con el fin de garantizar la máxima celeridad del servicio y garantía.


Respecto a otra reforma ya iniciada, destacaría su decidido compromiso por continuar con las reforma del Código Penal que actualmente tramitamos en esta Cámara. Es un código tan necesario para homologar nuestro ordenamiento a la normativa
europea como para conseguir que la corrupción se persiga con mayor eficacia; una corrupción que con razón tanto preocupa a la ciudadanía, que tanto daña la imagen de la Función pública y que mina la credibilidad de nuestro sistema democrático.

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Señor Olabarría, con relación a la prisión permanente revisable me gustaría decirle que sí tiene encaje en la Constitución. No lo digo yo, lo dice el Tribunal Constitucional. (El señor Olabarría Muñoz hace signos negativos). La
jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre los artículos 15 y 25.2 así lo indica. Le puedo señalar como referencia las sentencias 88/1998, de 21 de abril; 204/1999, de 8 de noviembre; y 120/2000, de 10 de mayo. Por si no le basta también
lo ha considerado así el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado; si le parece poco, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos también lo ha considerado compatible con el artículo 3 de la Convención de Roma.


En todo caso, me gustaría ahora destacar otro punto. Resulta muy importante reducir la dispersión normativa y en algunos casos su claro desfase. Así ocurre con la legislación mercantil, sobre la que nos ha señalado su voluntad de trabajar,
a fin de que un nuevo código por fin releve al Código de Comercio de 1885. Será este un instrumento tan importante como necesario que sin duda proporcionará marcos normativos de referencia a muchas realidades que hoy carecen de regulación y que
facilitará además el recurso al arbitraje. Así que espero sinceramente que aunque con mucho esfuerzo nos dé tiempo a tramitarlo. Hablando de arbitraje se ha comprometido igualmente a renovar aquellos ámbitos del derecho que permitan favorecer esta
institución del arbitraje. Lo cierto es que tanto el arbitraje como la mediación ofrecen la solución rápida y especializada que demanda una sociedad y una economía avanzada. Reforzar la cultura del consenso e intensificar la aplicación de los
protocolos de conformidad son fórmulas saludables que también apoyamos plenamente desde nuestro grupo para el ámbito penal.


Me gustaría hablar ahora, muy brevemente eso sí, de la complejidad procesal, sobre todo de la penal que acusa un grave problema de envejecimiento, por eso requiere una ley procesal penal de nuevo cuño. Se trata de una reforma que no admite
demora, pero es una cuestión realmente compleja. Por este motivo y por el momento en el que nos encontramos desafortunadamente, pero con todo realismo, debemos asumir que sea inviable su reforma integral. En todo caso, valoramos de manera muy
positiva el anuncio que ha hecho esta tarde de impulsar un proyecto de ley que permita que se puedan abordar determinadas reformas parciales. Pienso particularmente en la regulación adecuada de las medidas de investigación limitativas del derecho
al secreto de las comunicaciones o en una configuración más precisa del Estatuto jurídico del imputado. También estimo que no debe demorarse más una regulación realista de la segunda instancia en el orden penal o potenciar la actividad
investigadora del fiscal dentro del vigente marco legal, aparte de la posibilidad, como nos ha indicado, de establecer un plazo máximo de la instrucción. Indudablemente todo esto tiene que ser consensuado. En este punto debemos admitir que no se
trata de una cuestión ideológica sino de un verdadero objetivo modernizador que nos permitirá refundar sobre nuevas bases la justicia penal.


Me gustaría referirme a lo que considero un importante anuncio, ya que en las próximas semanas usted presentará el proyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Será determinante para ofrecer una adecuada respuesta a la
demanda general de un funcionamiento más eficiente de la Administración de Justicia, así como de cotas adicionales de seguridad jurídica. Son necesarios cambios trascendentales y necesitamos una norma que modernice nuestra Administración y que
defina una estructura basada en la especialización y profesionalización de la carrera judicial. Todo ello redundará además en la mayor calidad de la sentencia. Necesitamos que se adopten soluciones organizativas que permitan un mejor reparto de la
carga de trabajo, con lo que supone de agilización de los juzgados más saturados y una mayor cercanía a las distintas y nuevas circunstancias socioeconómicas del país en función de esos criterios de especialización. En definitiva, son estas, las
que nos ha anunciado, medidas que deberían ser bien acogidas si nuestro reto -el de todos- es conseguir que la justicia funcione adecuadamente. Se trata de instrumentos eficaces que -comparto con usted- contribuirán a impulsar la necesaria
agilización procesal y resolver las carencias existentes.


Hechas estas reflexiones, ya para finalizar nos gustaría que nos contara, si lo tiene a bien en el turno de contestación a los grupos, cuáles son sus impresiones tras los iniciales contactos que ha mantenido con distintas asociaciones
profesionales y con el Consejo General del Poder Judicial.


Quiero y debo terminar en este punto, así que, señor ministro, conociendo el difícil reto que ha asumido, que no es otro que el de completar el esfuerzo común emprendido a principios de esta legislatura para poner el servicio público de la
justicia a la altura que se merece, que es también a la altura que se merecen todos los ciudadanos de este país, le aseguro que no nos vamos a limitar a desearle mucha suerte -que la tendrá- sino que, como le decía al principio, le ofrecemos todos y
cada uno de los componentes del Grupo Parlamentario Popular toda nuestra ayuda y colaboración. (Aplausos).

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El señor PRESIDENTE: Finalizado el turno de portavoces tiene la palabra nuevamente el señor ministro de Justicia.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Señorías, soy bien consciente del formato de esta comparecencia. Disculpen mi larga primera intervención, que pretendía mínimamente apuntar a muchos temas, y fruto de esa acumulación muchos de
ellos han quedado meramente apuntados, por lo tanto necesitados de mayor descripción y análisis. En este turno de contestación, si entrase con detalle a todas las cuestiones que sus señorías me han planteado, necesitaríamos muchas horas. No
pretendo someterles a ninguna tortura impropia de un Estado de derecho pero, si me permiten -me disculpan si algún asunto queda sin tratar-, voy a intentar responder a algunas cuestiones que me parece que han sido compartidas en las intervenciones
de los portavoces y luego ya contestaré a alguna más singular que alguno de ustedes me ha planteado.


En primer lugar -lo digo con toda sinceridad-, les agradezco el tono. Me ha parecido entender una oferta de colaboración, una disposición al diálogo. Lógicamente lo acepto hasta donde lleguemos y donde haya puntos de encuentro, pero donde
no tendremos que buscar alternativas, como hacemos en el mundo del derecho para la solución de los conflictos, pues a eso nos dedicamos todos. También en este ámbito parlamentario seguro que los encontramos y los hacemos efectivos.


Hay una serie de cuestiones que sus señorías me han planteado y en las que coinciden muchos de ustedes, por eso las trato de manera agrupada. Me comentaba el señor Olabarría y muchos de ustedes si el planteamiento que he hecho quizá no peca
de exceso de ambición e incluso de un punto de irrealidad por la amplitud de la agenda, la complejidad de las materias. Soy bien consciente, señorías, de las cosas de las que estamos hablando, de que no son aspectos instrumentales ni es decidir
hacer una carretera aquí o un puente allá -también se tarda muchos años en hacerlo-. Soy bien consciente de la complejidad técnico-jurídica que conllevan estas leyes. Nos ha parecido al equipo que ha preparado este proyecto -no es una cuestión
personal, es de todo un grupo de profesionales que estamos intentando acompañar este proceso de final de legislatura y seguir impulsando las mejoras normativas y los procesos de reforma- que hay una serie de proyectos que están ya en trámite y que
han pasado todos los procesos iniciales de informes, preparaciones y audiencias -aquí hay un trámite parlamentario que sabemos que es complejo, pero ya están en esta casa o incluso en el Senado-, y hay otros que todavía tendríamos que ser capaces de
presentarlos, aunque son poco menos que anteproyectos o borradores. Vamos a elaborar un calendario normativo -ya lo hemos hecho de manera tentativa- para ser capaces de abordar el conjunto de materias que he señalado en mi intervención. Ahora bien
-también he querido decirlo, no sé si he sido suficientemente explícito-, mi planteamiento, que reitero en este turno de intervención, es que deberíamos acotar la ambición de algunos de los grandes cuerpos normativos (Código Penal, Ley Orgánica del
Poder Judicial, Ley de Enjuiciamiento Criminal básicamente). Quizás no habría que abordarlos con la amplitud con la que inicialmente han podido ser diseñados o incluso la ambición con la que me gustaría ser capaz de traerlos a esta Comisión, pero
entiendo perfectamente que los tiempos son los que son.


En ese contexto debemos abordar los proyectos con garantías de posibilidad por las materias y los tiempos. Ahí es donde pretendo situar el contexto de las reformas, al menos con esos tres grandes instrumentos normativos, como digo: Ley
Orgánica del Poder Judicial, Ley de Enjuiciamiento Criminal y Código Penal. En el último, el Código Penal, que ya está presentado, tendremos que hacer un gran esfuerzo de identificación de las materias. Me preguntaba que cómo pretendo ser
recordado. No, no pretendo ser recordado como el reformador del Código Penal; no va con mi perfil. Preferiría, si alguien tiene que ser recordado por algo, serlo por haber colaborado con la mejora del funcionamiento de la justicia más que por una
pieza normativa; no es esa mi ambición. Por tanto, no existe ninguna ambición de este equipo durante este mandato en cuanto al Código Penal. Pretendemos singularización de nuevos tipos, nuevas circunstancias más adecuadas a los tiempos actuales,
a colectivos que necesitan especial protección, especial atención, y búsqueda de esos pocos artículos del Código Penal donde podamos encontrar consensos. Como me lo han reiterado recojo el guante. El artículo 315.3 del Código Penal está generando
una situación singular en este momento. Como me decían, la concurrencia de una circunstancia asociada con el derecho de huelga o forzar la participación en el derecho de huelga de quien no quiera hacerlo quizá tiene una tipificación y, por tanto,
una sanción penal excesiva comparada con otras coacciones o con otro tipo de hechos que pueden ser moderados. Creo que podemos hablar perfectamente

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de eso. Ayer se me formuló una pregunta, como bien recordaba la señora Aguilar, y abrí la puerta ya a esa consideración. Por tanto, mostramos nuestra disposición para evaluar esas circunstancias.


En los próximos días -ya ni siquiera la semana que viene- vamos a intentar hacer ese calendario realista, posibilista, conscientes de la complejidad y de las dificultades que algunos proyectos tienen. Ese será el guión de trabajo.
Hablaremos con todos los grupos, estudiaremos y valoraremos la posibilidad. He mencionado una gran pieza normativa, que es el Código Mercantil. No pretendo que ese sea el objetivo de este final de legislatura. Hay otros muchos que me parece que
tienen mucho más impacto cotidiano, siendo una gran obra, un producto normativo de altísima calidad, elaborado por la sección de derecho mercantil de la Comisión General de Codificación. Si encontramos oportunidad, allá por el mes de febrero o
marzo, de ponerlo en el circuito y llevarlo adelante, estaremos encantados; si no, ahí estará, en esa cartera de proyectos, en la estantería de los proyectos que el próximo Gobierno tendrá, si así le parece, para llevar adelante. En todo caso,
insisto, haremos un ejercicio de realismo, de posibilismo, y se convertirá en la agenda de reformas del ministerio que traeremos a esta Cámara.


Son muchas las cuestiones que tenemos por delante, ciertamente. Voy a intentar mencionarlas sucintamente. En materia de tasas, como he dicho reiteradamente, vuelvo a mantener mi compromiso para revisar el sistema que tenemos actualmente en
vigor. Necesitamos tener información; es lo primero que tenemos que tener a la hora de analizar y diagnosticar cualquier situación, la que sea, en cualquier ámbito de las políticas públicas. Con información y con datos nos sentaremos, y si
llegamos a la conclusión -que algunos de ustedes ya anticipan- de que se está produciendo en España una limitación del derecho al acceso a la tutela judicial efectiva, les aseguro que este Ministerio de Justicia no va a sostener un modelo que genere
un resultado tan negativo como ese. Por tanto, estaremos en la mejor disposición para ajustar y revisar. Nuestra actitud es: transparencia, información y -con ella- proyecto de reforma.


En materia de asistencia jurídica gratuita, también quiero manifestar mi compromiso con la lealtad institucional con las comunidades autónomas. Por eso he dicho que vamos a promover una enmienda para que nuestro presupuesto cuente con una
partida -que no tiene en la actualidad- que pueda financiar los incrementos de gasto que se generan en los presupuestos de las comunidades autónomas como consecuencia de actividades del Estado legislador. Señorías -nos conocemos hace muchos años-,
según los modelos de financiación, las comunidades autónomas en su día recibieron la financiación correspondiente al gasto que el Estado tenía cuando poseía competencia en esos territorios por esas partidas de asistencia jurídica. Esas partidas han
evolucionado financieramente como el modelo de financiación general. Ha habido años buenos, ha habido años en los que el PIB nominal se fue muy por encima del gasto real; nadie ha devuelto un duro, un euro ahora. Por tanto, creo que en el
ejercicio de una lealtad y transparencia también tendremos que valorar esa circunstancia. Cuando se legisla sin que se genere incremento de gasto, cuando se transfiere financiación conforme al modelo de financiación que ya tiene alguna década,
también se han generado capacidades de las comunidades autónomas de producir gasto en esas materias. Por tanto, insisto con la máxima lealtad, y si estamos promoviendo un exceso de gasto que no tiene soporte financiero, en que no tenemos ninguna
intención de que quiebren financieramente las comunidades autónomas por unas obligaciones impuestas por el Estado.


En lo que se refiere al Registro Civil, que también es uno de los temas comunes en las preguntas de sus señorías, he manifestado mi voluntad de cumplir con la Ley del Registro Civil, con una decisión tomada anteriormente, que creo que
conocen sus señorías. La desjudicialización, en mi opinión, tiene sentido, porque debemos dedicar a los jueces, a los funcionarios de la Administración de Justicia, a impartir justicia fundamentalmente, en vez de a llevar una actividad de carácter
registral-administrativo. Para eso tenemos un cuerpo de funcionarios; como saben sus señorías, señor Olabarría, funcionario es aquel que así está definido por la Ley de 1984 y años posteriores. Por tanto, los registradores son funcionarios, bien
es cierto que con un sistema de retribución muy singular, con un modelo de prestación de servicios que lo puede identificar más con una actividad privada; pero en cuanto a la titularidad de los datos, la supervisión del Ministerio de Justicia y,
por tanto, del Gobierno en relación con los datos, como sucede con el Registro de la Propiedad, tenemos un magnífico sistema registral en España que garantiza la fe pública, que sirve de soporte a lo que decía antes de garantizar el tráfico
comercial, generar seguridad en las operaciones empresariales. Por tanto, con esos profesionales, con esas bases de datos evolucionadas para ser capaces de gestionar con calidad y eficacia el Registro Civil, estamos en buenas manos. En todo caso,
les aseguro que vamos a ejercer una supervisión minuciosa, detallada y con las máximas garantías de calidad, para que funcione con los niveles de calidad que queremos ofrecer a los ciudadanos, para que ese registro sea cada vez más un registro con
el que se relacionen de manera

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electrónica, con el que haya una flexibilidad, una garantía de control de datos, por supuesto un control absoluto sobre la seguridad de esas bases de datos y también con la garantía del cumplimiento de la Ley de protección de datos a todos
los efectos -solo faltaría-. Esa es la línea en la que queremos trabajar. Ahí no hay empresas privadas, señorías. No sé si habrá alguna empresa privada que aporte la plataforma informática. Intentaremos que sean los mejores los que promuevan y
proporcionen el sistema informático que se necesite para llevarlo a cabo, pero con absoluta transparencia, con absoluta concurrencia e intentando en todo caso obtener las máximas economías y aprovechando los sistemas que hoy en día tienen ya los
registradores para prestar su actividad en el campo de los registros de la propiedad.


No quiero desaprovechar la oportunidad para mencionar que una de las inquietudes que hay en torno al Registro Civil tiene que ver con la desaparición de esa función por parte de los juzgados de paz. Estos seguirán siendo una especie de
oficinas descentralizadas, por llamarlo de alguna manera, o ventanillas en las cuales podrán también presentarse los documentos para el Registro Civil, además de que continuarán con la estructura que ya he manifestado de la planta judicial en los
partidos judiciales y con la estructura de los juzgados de paz para un conjunto de funciones muy importantes. Algunas de estas funciones las he mencionado al hablar de los ámbitos de la mediación o de otro tipo de jurisdicción voluntaria, donde
tienen una función importantísima que desempeñar los actuales juzgados de paz. Creo que estamos todos comprometidos con mantener esa estructura que vertebra nuestro sistema de justicia y vertebra en última instancia todo el territorio de España.


En cuanto a la Ley de Enjuiciamiento Criminal también he mencionado algunas de las cuestiones, es imposible hablar de todas. Le aseguro, señora Aguilar, que estaré con plena disposición para venir a comparecer a esta Comisión tantas veces
como sea necesario para hablar de todos y cada uno de los proyectos que he enumerado. Con la lista tan larga que tenemos vamos a tener muchas ocasiones de debatir, trabajar y buscar esos proyectos compartidos. En el caso del enjuiciamiento
criminal, mi planteamiento tiene que ver con heredar todo aquello que sea posible -eso es un juicio de valor que haremos en los próximos días- de los proyectos que hemos encontrado en el ministerio, el de la última comisión designada por el ministro
Gallardón y también de la comisión anterior porque me consta que ahí hay muy buen trabajo técnico y, seguramente, hay buenos documentos que se pueden recuperar y aprovechar para -como dije al principio de este turno- elegir aquellas cuestiones en
las que nos podemos concentrar con garantías de sacarlas adelante en el tiempo de esta legislatura. He mencionado algunas de ellas muy singulares porque me parece que tenían la importancia de acreditar que se pueden hacer reformas sencillas -en
términos del número de artículos de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal- pero que puedan dar un resultado en el corto plazo muy inmediato. Todos somos hijos de nuestro pasado y nuestra experiencia y tengo la experiencia sobre los juicios
rápidos que hicimos durante los años 2003 y 2004 que funcionó muy bien para un tipo de delincuencia determinada, para una instrucción muy sencilla. Creo que podemos repetir algún proceso de esa naturaleza y, por lo tanto, buscar soluciones
legislativas y aplicaciones prácticas en colaboración con la fiscalía, con el Consejo General del Poder Judicial, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con las comunidades autónomas y con los abogados y procuradores que nos genere el resultado,
con un impacto rápido e inmediato, de un mejor funcionamiento de la justicia penal.


En cuanto al Código Penal, señorías, he mencionado antes mi disposición para abordar algunas de esas cuestiones y elegir aquellos artículos en los que veamos que hay un consenso sobre la necesidad de mejorar la tipificación y también la
sanción penal. Señorías, voy a seguir pensando -porque lo creo firmemente y lo cree el grupo parlamentario que apoya al Gobierno- que la prisión permanente revisable tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestra cultura jurídica,
asociada con determinados tipos de delitos y con determinados procedimientos -como su nombre indica- de revisión y permanente flexibilidad para la consideración de las circunstancias subjetivas de los condenados. En todo caso, dicho esto -que es
una declaración inicial que no quiero ocultar ni mucho menos, aunque alguien había cuestionado si no había hablado de ello conscientemente o se me había olvidado-, a partir de ahí -como con tantas otras cosas- tendremos que valorar la falta de
consenso que esto puede generar en los grupos parlamentarios y valoraremos si lo llevamos adelante o decaemos. Les aseguro que planteamientos dogmáticos y apriorísticos los justos, y los justos son casi ninguno. Señorías, les aseguro que en ese
sentido, vamos a tener la máxima flexibilidad porque sabemos que cuando pedimos a sus señorías diálogo, participación y consenso también lo tenemos que ofrecer nosotros. Por lo tanto, también tendremos que hacer renuncias cuando las pidamos al
resto de los grupos parlamentarios.

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En cuanto a la oficina judicial, mencionaba el señor Jané -entre otras muchas cosas- los trabajos que se han desarrollado y los conocemos muy bien. Queremos seguir colaborando con las comunidades autónomas en este modelo tan singular -por
no ponerle otro adjetivo- que tenemos de Administración de Justicia descentralizada, donde algunas comunidades que tienen competencias dicen que no las quieren porque no les aporta nada; donde hay una parte que es Poder Judicial -por lo tanto
Consejo General del Poder Judicial- y otra que es Ministerio de Justicia -en cuanto a los secretarios judiciales-; una parte le corresponde a las comunidades autónomas y, sin embargo, los cuerpos siguen siendo nacionales y la comunidad autónoma
acaba financiando los aspectos más materiales e instrumentales y ello -me consta porque he hablado con alguno de los consejeros- genera una cierta insatisfacción sobre ese modelo tan complejo; donde todavía el Estado gestiona el 25% del territorio
con gestión directa. No creo que sea el modelo sobre el que podamos promulgar la excelencia sobre la transferencia de servicios y competencias a las comunidades autónomas, pero es el que tenemos. Por lo tanto, en este tiempo me propongo dotar de
contenido y virtualidad a la conferencia sectorial porque nos vamos a sentar en ella personas y responsables políticos que tenemos problemas compartidos. Insisto en la idea de aprovechar las experiencias, me consta que tanto en el Gobierno vasco
como el de la Generalitat y otros muchos Gobiernos como el de Andalucía y otras comunidades autónomas se está avanzando, tenemos que intentar conseguir la máxima coordinación. Sería lo más razonable que tuviésemos sistemas de gestión informática
comunes, no creo que nadie pueda encontrar sus elementos de autoafirmación en tener una aplicación informática distinta de otro, no me parece que por ahí vayamos a encontrar... Y si la mejor es la de la comunidad autónoma equis, yo seré el primero
que propondré que para la Administración del Estado sea esa la aplicación que adquiramos y que la incorporemos a nuestro modelo de gestión. O sea que no hay ningún apriorismo sobre que el Estado sabe hacer las cosas muy bien y las comunidades
tienen que aprender. Yo creo que en casi nada y en ningún momento eso es así, y en este caso, con el 75 % de la gestión transferida, yo creo que hay un conocimiento en todas las comunidades autónomas muy importante que tenemos que aprovechar para
encontrar ese modelo de gestión. En última instancia, como les he reiterado en mi intervención, estoy plenamente convencido de que tenemos que seguir incrementando la dotación financiera que aportamos los Gobiernos, el Ministerio de Justicia, a
través de los presupuestos del Estado, y las comunidades autónomas a través de los presupuestos de cada una de ellas, a las áreas de la justicia, a las consejerías de Justicia o como se llamen en cada una de las comunidades autónomas. Y es verdad
que en eso hay que seguir insistiendo. Necesitamos incrementos de plantillas en ocasiones, hacemos refuerzos para solventar problemas puntuales; yo he hablado de plazas judiciales para los nuevos jueces, plazas de fiscales, de notarios... Por
supuesto que tenemos que seguir con más medios materiales. Pero sobre todo, señorías, yo estoy convencido de que lo que nos hace falta también es mejorar la organización. Alguno de ustedes se preguntaba cómo es posible que tengamos la calidad alta
que tenemos en nuestros sistemas de Seguridad Social o de Administración tributaria y aquí todavía estemos como estamos. Bueno, pues yo creo que la explicación seguramente no será tan fácil, habrá varias porque si fuese tan fácil ya estaría
resuelta, pero tiene mucho que ver con que no hemos tenido una continuidad en los modelos de gestión. Tampoco ha habido un proyecto común, compartido para el conjunto de las administraciones de Justicia del Estado y de las comunidades autónomas.
Yo creo que algo tiene que ver con eso. Ojalá seamos capaces de avanzar en esta dirección.


Me preguntaba la señora Aguilar sobre mi posición en la interrupción voluntaria del embarazo. En estos temas tan delicados no quiero pasar de puntillas y decir que no me ha dado tiempo a contestar. Ayer tuve una interpelación del Grupo
Parlamentario Socialista, por lo tanto una intervención larga, en el Senado, y tuve la oportunidad de intentar fijar cuál es el planteamiento del Gobierno y del Ministerio de Justicia en esta materia. Porque decía su señoría que es una situación
que está aceptada por la ciudadanía. Permítame que en este tema discrepe. Yo creo que hay cuestiones que no están muy aceptadas por la ciudadanía incluso dentro del Grupo Parlamentario Socialista. Cuando se llevó a la reforma que las menores
podían llevar a cabo el aborto sin contar con el consentimiento, o simplemente con el acompañamiento de sus progenitores, yo ayer citaba -y seguramente tenía algo de arma dialéctica, como es lógico- declaraciones de relevantes miembros del Partido
Socialista que decían no entender por qué se hizo de esa manera. Esa es una reforma que queremos a bordar con carácter inmediato y así lo anunciamos ayer y así está ya comprometido. Vamos a promover una reforma a través del Ministerio de Sanidad.
Las leyes, como usted sabe, y usted ha tenido responsabilidades de gobierno, no son responsabilidad de un ministro, son responsabilidades de gobierno, son acciones solidarias y por lo tanto el Gobierno va a promover una reforma en la Ley del Menor
para que los progenitores tengan que participar

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en el consentimiento en el caso de aborto de las menores. Y también vamos a trabajar en un plan integral de atención a la mujer, de atención a la familia, para que -decía ayer- ninguna mujer tenga que plantearse el trauma tan dramático que
significa un aborto por motivos económicos, por motivos laborales o por motivos de integración social. Vamos a tratar de crear un conjunto de condiciones y circunstancias que permitan que la decisión no esté teñida de esos elementos de presión y de
distorsión en los cuales ninguna mujer debería verse implicada.


Le agradezco, señor Castillo, las consideraciones. Es verdad que tenemos un proyecto muy ambicioso, tenemos un compromiso con las reformas intenso, como estoy tratando de poner de manifiesto y vamos a intentar llevarlo adelante como se ha
reiterado por todos ustedes y porque estoy convencido de que así tiene que ser, mediante el diálogo, mediante la participación de todos los profesionales y en la búsqueda de los consensos. Los tiempos son cortos evidentemente y vamos a intentar no
pecar ni de ingenuidad ni de caer en la melancolía del proyecto que no llega a la playa, que no llega a desembarcar pese a haber trabajado mucho en él. Tendremos oportunidad en este tiempo que tenemos por delante de trabajar intensamente en todos
los asuntos que he manifestado. Así también me decía sobre algunos de los temas el señor Cuadra, que no está en la sala pero no quiero dejar de aprovechar la oportunidad porque va a quedar en el 'Diario de Sesiones' de esta Comisión. Estamos en un
Estado de derecho, un Estado de derecho construido con el esfuerzo de muchos durante muchas décadas. Por lo tanto a mí me parece que por la garantía de los derechos fundamentales, las garantías jurisdiccionales, las garantías procesales que tenemos
en España, nos debemos felicitar del funcionamiento de nuestro sistema democrático y de garantías, como les digo. Por tanto, más allá de que pueda haber alguna sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que dice que en algún caso puntual se
han incumplido algunos de esos derechos, señorías, no estoy en absoluto de acuerdo con presentar una enmienda a la totalidad y hacer una revisión global. Estoy seguro de que sus señorías compartirán conmigo este enfoque, este planteamiento, lo cual
no quita para que sigamos permanentemente vigilantes en la mejora de nuestros sistemas y más en el ámbito de un Estado de derecho como el que todos queremos garantizar.


El señor Coscubiela ha hecho algunas consideraciones sobre la solución de los conflictos y el respeto a las leyes y a la democracia. Por supuesto, señor Coscubiela, respeto a las leyes, a la democracia y al modelo de garantías
constitucionales, porque la primera de las leyes es la Constitución. Ahí nos vamos a encontrar siempre. Nuestra posición no pretende ser otra en casos de conflicto que la de la defensa de la legalidad, la legalidad constitucional y la garantía de
los derechos de todos los ciudadanos. Ese es el único interés que mueve al Gobierno, al Ministerio de Justicia y a la Abogacía del Estado cuando en su caso promueve un recurso ante el Tribunal Constitucional para garantizar la legalidad, el Estado
de derecho y el cumplimiento de las normas constitucionales. Le aseguro, señor Jané, que cualquier incorporación a los proyectos que hemos mencionado, en particular a la Ley Orgánica del Poder Judicial, que tenga que ver con la doctrina del
Tribunal Constitucional, con el marco de la constitucionalidad, vamos a estar perfectamente dispuestos a trabajarla y a ver en qué términos puede ser incorporada. Evidentemente, los estatutos de autonomía son leyes orgánicas aprobadas por el
Parlamento de la nación. Solo faltaría que lo que ahí está previsto no forme parte, como digo, del bloque de la constitucionalidad. En todo caso, le aseguro que las actividades a las que tuve el honor de incorporarme en mi primer Consejo de
Ministros, en torno al acuerdo del presidente del Gobierno de impugnar una ley y un decreto de la Generalitat de Catalunya, no tienen otro contexto que el convencimiento de lo que acabo de decir. Deben formar parte del contexto de la
constitucionalidad y hemos pensado que en esos instrumentos normativos en particular no concurrían esas circunstancias. En todo caso, la extraordinaria singularidad del proceso justificó la extraordinaria celeridad de las actuaciones. Esa es la
justificación y no creo que haya que ver ningún elemento extraordinario o singular intentando actuar en contra de la actividad del Parlamento o del Gobierno de Cataluña. Simplemente, es el convencimiento del Gobierno y para eso tenemos al Tribunal
Constitucional, que nos dirá quién tiene la razón en cuanto a que esas normas no cumplían con los principios constitucionales.


También quiero poner de manifiesto -si lo he dicho para tantas cosas, cómo no voy a decirlo para el tema al que me estoy refiriendo- lo siguiente: diálogo permanentemente. Diálogo productivo, constructivo; diálogo, como no puede ser de
otra manera, en el contexto de nuestro ordenamiento jurídico. Ahí nos vamos a encontrar siempre, señor Jané. Ahí vamos a tener toda la disponibilidad y usted lo sabe. Lo hemos acreditado durante mucho tiempo y ustedes también, por lo que estoy
seguro de que en ese contexto encontraremos soluciones a los problemas que pueda tener nuestro sistema de justicia, nuestra Administración de justicia o nuestra sociedad, porque en última instancia -lo han dicho ustedes en

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algunas de sus intervenciones- lo que hacemos no es otra cosa que crear condiciones para gestionar problemas, conflictos, necesidades de la sociedad española, de los ciudadanos españoles. En ese compromiso vamos a estar permanentemente
orientados y, como he dicho al principio, les agradezco muy sinceramente la voluntad manifestada. Solamente espero que comprueben en muy poco tiempo que ese es el estilo y el espíritu con el que vamos a trabajar en el tiempo que queda de esta
legislatura. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro, por sus palabras, especialmente por lo que se refiere a esta Mesa de la Comisión. Quiero trasladarle que le invitamos, que cada vez que quiera comparecer, cuantas veces sean necesarias,
estaremos encantados de reunirnos para escuchar sus palabras y para que los portavoces puedan interpelarle en lo que consideren oportuno.


Sin más, señorías, agradeciendo a los señores portavoces sus intervenciones y su cortesía parlamentaria, se levanta la sesión.


Eran las ocho y treinta y cinco minutos de la noche.