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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 637, de 24/09/2014
cve: DSCD-10-CO-637
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 637
INTERIOR
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. SEBASTIÁN GONZÁLEZ VÁZQUEZ
Sesión núm. 31
celebrada el miércoles,
24 de septiembre de 2014
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Relativa a la paralización de las obras del nuevo cuartel de la Guardia Civil que se está construyendo en Fitero (Navarra) y a la elaboración de un plan de lucha contra el paro y el fomento del empleo en la zona. Presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/003004) ... (Página2)
- Para la creación de un servicio público de recuperación de vehículos robados. Presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 161/002083) ... (Página6)
- Sobre ejercicio de derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000394) ... (Página9)
- Sobre base de datos de ámbito nacional de menores inmigrantes no acompañados. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001784) ... (Página14)
- Relativa a la elaboración de convenios que faciliten el cumplimiento de las penas de trabajos en beneficio de la comunidad. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/003038) ...
- Relativa a la retirada de las llamadas 'concertinas' del perímetro fronterizo de Ceuta y Melilla. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/002262) ...
- Relativa a la incorporación al sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género (sistema VdG o Viogén) a todas las instituciones que intervienen en la asistencia y protección de las víctimas de violencia de género.
Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/003014) ... (Página24)
Se abre la sesión a las cuatro y treinta minutos de la tarde.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- RELATIVA A LA PARALIZACIÓN DE LAS OBRAS DEL NUEVO CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL QUE SE ESTÁ CONSTRUYENDO EN FITERO (NAVARRA) Y A LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE LUCHA CONTRA EL PARO Y EL FOMENTO DEL EMPLEO EN LA ZONA. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/003004).
El señor PRESIDENTE: Damos comienzo a la sesión de la Comisión de Interior. El orden del día, como todos ustedes conocen, consta de siete proposiciones no de ley, dos del Grupo Parlamentario Popular, dos del Grupo Parlamentario Socialista,
una del Grupo Parlamentario Catalán, una del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural y una del Grupo Mixto.
La hora de votación, si los tiempos transcurren con normalidad, calculo que será no antes de las seis de la tarde, en torno a las seis y cuarto o seis y media. Yo ruego que procuren cumplir los tiempos que son habituales en la Comisión y
que recuerdo que son diez minutos para exponer la proposición no de ley, cinco minutos para la defensa de enmiendas y un minuto para la posición de cada uno de los grupos. También recuerdo que la votación de las enmiendas se hará en su integridad
en los términos de la propuesta.
Dicho esto, pasamos a la primera proposición no de ley, la número 304, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la paralización de las obras del cuartel de la Guardia Civil de Fitero y la elaboración de un plan de empleo en la zona. Para su
presentación tiene la palabra por diez minutos don Sabino.
El señor CUADRA LASARTE: Señoras, señores, compañeros compañeras, lo que queremos comentar es bastante sencillo. En 1991, hace ya veintitrés años, el cuartel existente en la localidad de Fitero, en Navarra, fue cerrado por inoperativo.
Aquello no ha supuesto nunca ningún problema mayor de seguridad en la localidad, pues tan sólo a 3 y 6 kilómetros de distancia existían ya otros dos cuarteles en las localidades vecinas de Corella y de Cintruénigo; es más, a menos de 30 kilómetros
existían otros siete cuarteles más de la Guardia Civil en la zona. Para hacerlos una idea de la condensación de cuarteles allí, hace falta señalar que en todo el Estado existen dos mil cuarteles y que la proporción ya existente en esta pequeña zona
a la cual se refirió el ministro ya doblaba la proporción cuartel/kilómetro cuadrado existente a nivel estatal. Pues bien, construyendo este, se triplicaría el número de cuarteles en la zona cuando los problemas de seguridad allí no han aumentado.
Cuando se anunció la construcción del nuevo cuartel, la propia Asociación Unificada de la Guardia Civil afirmó que este era completamente innecesario, pues bastaba, según la asociación, reestructurar las unidades operativas existentes en las
cercanías para cubrir todo tipo de necesidades. Sin embargo, el señor ministro afirmó que la razón principal era que la delincuencia se había incrementado en esta localidad en un 89 %, pareciendo que todas las mafias del mundo mundial se hubieran
domiciliado allí, en Fitero. Ante esto, nosotros queremos decir una cosa tan sencilla como fuerte: esto es mentira, esto es una tergiversación de los datos. Y digo esto por tres razones fundamentales: primero, porque es una constatación allí
mismo, en el pueblo, en su población, en la policía municipal, en el ayuntamiento, que esto no es así; segundo, porque la propia delegada del Gobierno en Navarra ha afirmado que la delincuencia está disminuyendo, y, tercero, porque los datos que
tienen los propios juzgados que corresponden a la zona no se corresponden en modo alguno con lo que se señaló por parte del ministro.
Es preciso señalar también, porque son dos temas muy unidos en esta proposición no de ley, que el local en el cual se está construyendo el nuevo cuartel es un solar que estaba destinado a construir un centro de salud para la localidad,
centro de salud que había sido acordado entre el ayuntamiento del pueblo y el Gobierno de Navarra. Existía una partida presupuestaria específica para ello y estaba previsto que se inaugurara en el año 2013. El actual alcalde de Fitero, para más
precisión, señaló textualmente en su programa electoral que este centro de salud era uno de los objetivos principales, pues el anterior se
había quedado pequeño para atender las necesidades existentes y no reunía las condiciones necesarias, había algunos servicios que eran compartidos con localidades cercanas y otros que no se tenían, que eran los que se iban a abordar con el
nuevo centro de salud. Sin embargo, el Gobierno de UPN dentro de su capítulo de recortes sociales decidió suspender la construcción de este centro de salud y aquello pasó al olvido. Casualmente esta suspensión de la partida coincidió con la
petición del Ministerio del Interior de pedir este solar -que se le cedió gratuitamente- para construir un cuartel de la Guardia Civil. Por todo ello preguntamos -y harían falta respuestas claras- si se cerró el anterior cuartel por inoperativo, si
desde entonces la población en Fitero no solo no ha aumentado sino que ha disminuido, si también lo ha hecho la delincuencia en Navarra como lo ha dicho la delegada del Gobierno, si la propia Asociación Unificada de la Guardia Civil dice que este
cuartel es innecesario, ¿a santo de qué este cuartel? ¿A santo de qué?
La propia Asociación Unificada dio algo más que una pista al señalar que la construcción de este cuartel podía obedecer a que el señor ministro -leo textualmente-: tiene familia y amistades en el pueblo, tales como el alcalde, y veranea en
la localidad todos los años. También en el Parlamento Foral cuando se discutió este tema -que ha tenido su trascendencia en Navarra- se señaló cómo el padre del ministro -cosa que es pública- había nacido en la localidad, su madre reside allí y el
señor ministro pasa sus veraneos en este pueblo y goza de las aguas termales de su afamado balneario. En relación con esto, hace un par de años el señor ministro sufrió un escrache cuando estaba tomando estos bañitos en el balneario. Una cuadrilla
de jubilados y jubiladas que estaban allí le recriminaron de forma bastante directa y cercana lo que estaba pasando con los recortes de pensiones que estaban padeciendo y fue evidente en aquel mismo momento y posteriores que eso no fue del gusto del
ministro. Por tanto, aunque la pregunta puede ser excesivamente simple, también hay que responder a ella. ¿Acaso el señor ministro quiere un cuartel de la Guardia Civil en Fitero para pasear más tranquilamente por sus calles y poder tomar de una
forma más placentera sus baños sin ser molestado por nadie? Pues es una pregunta lícita, evidentemente. En cualquier caso, ¿puede consentirse que por estas razones y por las anteriores que he señalado se derrochen casi 2 millones de euros en la
construcción de un cuartel que nadie ha pedido oficialmente y que se está diciendo que es completamente innecesario?
Es preciso además hacer referencia a otro dato, a otra situación que tiene que ver con la PNL que hemos presentado. En la localidad de Fitero la tasa de paro es de un 28,67 %, varios puntos por encima de la existente a nivel estatal y que
duplica la existente en Navarra; la duplica. En relación con ello, el señor Fernández Díez en un prodigio de pensamiento económico profundo afirmó que construir un cuartel de la Guardia Civil en Fitero atraería empresas a la zona y serviría para
combatir el paro. Nunca lo habíamos oído, pero es una teoría más, teoría que en cualquier caso es contradicha por el hecho de que en las dos localidades cercanas a las que nos hemos referido, en Corella y en Cintruénigo, que sí tienen el cuartel de
la Guardia Civil, el paro todavía es más grande que en Fitero, con lo cual podría decirse que de atraer empresas y de servir para combatir el desempleo nada de nada. Argumentaciones tan burdas como estas son las que están sirviendo para defender la
construcción de este cuartel.
Señores diputados y diputadas, el pueblo de Fitero lo que necesita no es un cuartel, sino un centro de salud, porque es evidente que está mal atendido a nivel sanitario; el pueblo de Fitero lo que necesita es que se fomente el empleo y no
se fomente el caciquismo existente entre las distintas autoridades; el pueblo de Fitero necesita mejorar sus condiciones de vida y que el dinero no se derroche en caprichos ministeriales. Por eso hemos solicitado la anulación de este proyecto, que
es un sinsentido total, y que, puesto que ya está en marcha, se reconvierta para que aquel centro de salud que fue suspendido pueda realizarse. Y, habida cuenta de la situación laboral existente en la zona, hemos solicitado que el dinero que se
está invirtiendo en la construcción de este centro sea destinado al impulso de un plan de lucha contra el paro y de fomento del empleo en la zona porque esto es lo que realmente necesita Fitero, trabajo, centros de salud y no más cuarteles de la
Guardia Civil, que, como ya he señalado yo, la Asociación Unificada de la Guardia Civil y casi textualmente la propia delegada del Gobierno en Navarra, son completamente innecesarios.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley hay una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa y por tiempo de cinco minutos, tiene la palabra la señora Grande.
La señora GRANDE PESQUERO: Vaya por delante, señorías, nuestro agradecimiento a la labor que las fuerzas de seguridad del Estado, y en concreto la Guardia Civil, desarrollan en una comunidad como la Navarra, que hasta hace bien poco era
azotada por el terrorismo.
Con respecto a la iniciativa presentada por el Grupo Mixto, por Amaiur, la posición del Grupo Socialista coincide plenamente con la expresada por la mayoritaria Asociación Unificada de la Guardia Civil, que se pregunta exactamente lo mismo
que nosotros: qué necesidad imperiosa hay para construir este cuartel, teniendo en cuenta diferentes factores. Por ejemplo, que en la localidad de Cintruénigo, a 3 kilómetros de distancia, y en la de Corella, a 6 kilómetros, ya existen sendos
cuarteles; que los fondos, siempre escasos en épocas de crisis, bien pueden utilizarse para suplir las carencias, a veces esenciales, que tiene la Guardia Civil, también en Navarra, y la dotación de personal al reforzar los cuarteles vecinos antes
mencionados. ¿Cómo se pueden gastar 1,1 millones de euros presupuestados en una instalación de nueva creación con una dotación de 15 agentes en una localidad de 2.300 habitantes y que en el año 1991 se cerró por inoperativo, y eso que solo contaba
con 9 agentes? Y es que mi grupo tampoco entiende cómo en un municipio de 43,2 kilómetros cuadrados, con una población de 2.123 habitantes en el último padrón de 2013 y con una tasa de criminalidad que fue de 70 delitos en todo el año 2013 -que son
33 por 1.000 habitantes, muy por debajo de la nacional que es de 46- existe la imperiosa necesidad de esta inversión, y no lo entendemos en base a criterios racionales, de proporcionalidad o bien de equidad con otras poblaciones del territorio
nacional. El ministerio en diferentes respuestas a otros diputados ha justificado la instalación por diversas razones, como los datos de criminalidad, la complementariedad con la Policía foral, que, por cierto, tiene competencia en seguridad
ciudadana, o las competencias de la Benemérita en materia de lucha antiterrorista, crimen organizado, contrabando, control de armas y explosivos. Señorías, ¿qué pasa en Fitero?, ¿quién vive allí?, ¿existen todos esos peligros en 43 kilómetros
cuadrados para necesitar un nuevo cuartel con 15 agentes de la Guardia Civil? Ah, es que tiene un balneario y, como aduce también el ministerio, este impulso al desarrollo económico de la zona incrementa los forasteros y repercute en los riesgos
relativos a la delincuencia. Cito textualmente. Es decir, que si un pueblo con un balneario y dos hoteles necesita un cuartel de 15 agentes, ¿cuántos cuarteles necesita Maspalomas, de donde yo soy, con más de 200 hoteles y 175.000 foráneos? Por
cierto, que yo les llamo turistas, benditos turistas que nos dan de comer. Pues si hacemos una sencilla regla de tres, un cuartel en cada esquina. ¿Saben cuántos cuarteles tenemos en Maspalomas, en San Bartolomé de Tirajana? Dos. Por cierto,
¿sabe dónde están? En los municipios adyacentes, en los municipios vecinos, en nuestro municipio solo se quedó la residencia de los guardias civiles si hablamos de inversión necesaria explíquenme lo de Mieres, que con una población que ronda los
50.000 habitantes y un cuartel con aluminosis está pendiente exclusivamente de la dotación económica para la construcción de un nuevo cuartel que ya tiene solar y proyecto.
¿Eso es racionalidad o bien un verdadero capricho del señor ministro del Interior? Pues nos tememos lo segundo. A lo mejor es todo una casualidad y nosotros somos unos malpensados, pero Fitero es el municipio donde nació el padre del señor
Fernández Díaz, en el que vive la madre del ministro y que visita frecuentemente su familia de vacaciones. Él mismo acude también a menudo y además suele estar en acontecimientos sociales y desfila como una autoridad más en las procesiones y otras
varias comitivas religiosas. Por tanto, si no encontramos criterios razonables nos obligan a ir a los menos razonables, en los que priman las vinculaciones personales del máximo responsable del departamento. O a lo mejor es pura nostalgia del
ministro y lo que quería era esta foto de colocación de la primera piedra. La verdad, como verán, casi la España de los sesenta: el alcalde, el cura, el obispo, la autoridad competente y la bendición pertinente. Solo les separa de aquella España
que parece que añora el ministro dos detalles, que la foto es en color y que no están bajo palio, lo que para él hubiera justificado el cuartel, los más de un millón de euros y la adjudicación más que chocante de un proyecto de casi 40.000 euros a
un estudio de arquitectos extranjeros especialistas en aeropuertos y torres de control para un edificio de 530 metros cuadrados de planta.
Hemos resumido todo este razonamiento en nuestra enmienda, que espero sea aceptada.
El señor PRESIDENTE: Pasamos al turno de fijación de posiciones. Por el Grupo de UPyD, tiene la palabra la señora Díez. (Denegaciones). No interviene.
Por el Grupo de La Izquierda Plural tiene la palabra el señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: Ya le han dado dos buenos baños a la propuesta de construcción de este nuevo cuartel los dos grupos que me han precedido en el uso de la palabra y yo no voy a ahondar en los
criterios familiares ni de residencia de familiares, ni demás, simplemente voy a dar un criterio por el cual el grupo político de La Izquierda Plural va a votar favorablemente esta moción y es que, en un momento en el que los Presupuestos
Generales del Estado han dejado prácticamente sin ninguna dotación presupuestaria las numerosísimas reparaciones, reconstrucciones y demás que son necesarias en muchísimos cuarteles de la Guardia Civil, el dedicarse a construir uno nuevo donde ya se
había cerrado no entra dentro de ninguna lógica. No tiene ninguna lógica admisible este nuevo proyecto del nuevo cuartel. Además, cuando el planteamiento que hay es racionalizar la distribución de los cuarteles de la Guardia Civil en todo el
Estado español, ir a reabrir y a reconstruir uno nuevo que ya se había decidido cerrar carece del más total y absoluto de los sentidos y, por lo tanto, como plantea la moción del Grupo Mixto, de Amaiur, entendemos que ese dinero, en lugar de ir
destinado a este cuartel, podría ir a otros menesteres o incluso desde nuestro punto de vista debería ir en la propia partida a la rehabilitación y recuperación de otros cuarteles de la Guardia Civil que mucha falta les hace, por ejemplo, en mi
territorio, en el valenciano, donde sistemáticamente lo pedimos en enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado y sistemáticamente se votan en contra por parte del Partido Popular esas enmiendas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán tiene la palabra el señor Guillaumes.
El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Muy brevemente. Hemos quedado ciertamente fascinados por los argumentos que hemos oído al señor Cuadra y a otros grupos, no esperábamos que la cosa tuviera esta componente, digamos, personal, pero a nosotros
lo que nos valía era el informe de la Asociación Unificada de la Guardia Civil. Esta asociación dice que esta instalación es innecesaria y esto para nosotros vale. Todo lo demás es un elemento de película feliniana interesante, pero nosotros
votaremos a favor de la propuesta porque los expertos en el tema ya han dicho que no es una instalación necesaria.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene ahora la palabra el señor Pérez Lapazarán.
El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Me corresponde fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular a esta proposición no de ley presentada por el Grupo Mixto y lo primero que quiero manifestar es que me parece que todo lo que ha manifestado es
inexacto y demagógico, y lo que más molesta es ver cómo el Partido Socialista secunda este tipo de argumentaciones.
De todo lo que he escuchado me ha dado la impresión de que lo que pretenden es cuestionar decisiones del Ministerio del Interior en materia de seguridad y de planificación, que realmente lo que quiere Amaiur es suplantarlo y decir dónde
tiene que haber cuarteles y dónde no. Su discurso de hoy y también lo dicho en el Parlamento de Navarra pone en evidencia lo que dicen, que es más de lo mismo: fuera la Guardia Civil de Navarra. Ya lo dijeron en el Parlamento de Navarra, que se
vaya toda la Guardia Civil a Teruel. Creo que eso es lo que se pretende con esta proposición no de ley. Y lo que yo les quiero decir es que gracias a la Guardia Civil se ha preservado la democracia, se han preservado los derechos de las personas y
nos han defendido de la ETA, de los terroristas y de aquellos que nos querían matar. Por lo tanto, ¿cuál es la crítica que hay a un nuevo cuartel de la Guardia Civil en Fitero y en Navarra? ¿Qué molestia le causa a Amaiur que haya un nuevo cuartel
en la Ribera navarra? No tiene representación en Fitero, ni en la comarca, prácticamente no tiene ninguna representación en la Ribera navarra. Yo creo que lo que le molesta a Amaiur es que haya un cuerpo de seguridad de España; en definitiva, que
lo que les molesta es que esté España en Navarra. Y lo que argumentan para oponerse yo creo que es pura demagogia, demagogia de la barata, porque decir que en el año 1991 se cerró por inoperativo... Aquel año se manifestaron el 90 % de los
habitantes de Fitero y después se han manifestado en contra del cierre y pidiendo la apertura todos los ayuntamientos de la zona. Y la delincuencia ha aumentado hasta el 89 %, esto es así de cierto. Por lo tanto, no me digan que no se necesita.
Yo quisiera trasladar lo que pensamos en mi grupo parlamentario y también en el Partido Popular. Nosotros apoyamos y agradecemos la presencia de la Guardia Civil en Navarra, y en especial a aquellos guardias civiles que están en localidades
difíciles como pueden ser Alsasua o Leiza queremos decirles que les apoyamos, que tienen mucho mérito y que merecen nuestro respeto y el respeto de todos los demócratas de España. No les voy a hablar de paro porque yo creo que donde gobiernan
ustedes son como el caballo de Atila, allí no se acerca nadie por el miedo que tienen a implantar cualquier empresa.
Y también quiero decirle una cosa al Partido Socialista. El señor Roldán cerró en Navarra este cuartel, le presentaron un escrito más del 90 % de los habitantes de Fitero pidiéndole la reapertura y no lo abrió
sino que lo mantuvo cerrado. Yo creo que esto es lo que le molesta al Partido Socialista, no tener en estos momentos ni un solo concejal en Fitero. Quizá no tienen esa representación por todo lo que hicieron en el año 1991 y porque como
consecuencia de ese cierre ha aumentado el índice de delincuencia no solamente en Fitero, sino en toda la comarca. Por lo tanto quiero decirles que no vamos a apoyar esto y que lamentamos esta coincidencia que tiene el Partido Socialista con el
Grupo de Amaiur.
El señor PRESIDENTE: Señor Cuadra, ¿cuál es su posición respecto a la enmienda presentada por el Grupo Socialista? ¿La acepta o no la acepta?
El señor CUADRA LASARTE: Luego le diremos cuál es la posición exacta del grupo, primero queremos hablar con el Grupo Socialista en relación con ella.
El señor PRESIDENTE: Si se trata de una enmienda transaccional, le ruego que por favor lo hable cuanto antes y nos pase el texto que pretende y si no dígame a la hora de votar si acepta la enmienda o se vota la proposición no de ley en sus
propios términos.
- PARA LA CREACIÓN DE UN SERVICIO PÚBLICO DE RECUPERACIÓN DE VEHÍCULOS ROBADOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de expediente 161/002083).
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley número 2083, del Grupo Parlamentario de La izquierda Plural, sobre la creación de un servicio público de recuperación de vehículos robados. Para su presentación tiene la palabra el señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: El Grupo de La Izquierda Plural trae aquí una PNL en positivo, una PNL que no ha recibido ninguna enmienda lo que nos hace abrigar la esperanza de que vaya a recibir el voto favorable de la mayor parte y si es
posible de la totalidad de los grupos de esta Cámara.
Traemos esta propuesta con el ánimo de traer a nuestro país la experiencia que ya existe en otros países en un tema que ha afectado a tantas personas, incluso seguramente a alguno de los presentes en algún momento, como es el del robo de
vehículos. Es un problema que afecta a muchos ciudadanos como ya he dicho y que nos deja muchas veces indemnes ante la situación que se nos plantea, incluso a las propias Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado también les deja en una situación a
veces de precariedad ante la inexistencia de un instrumento tan básico y que se ha puesto en marcha en otros países como es una base de datos fácilmente consultable que recoja las matrículas y los datos de los vehículos robados. Por este motivo en
España, en nuestro país, nos vemos en la necesidad de estar recurriendo a la policía o a métodos bastante variopintos. El que tiene recursos paga a determinadas empresas o a veces se recurre a la visita de los barrios, de determinados barrios
deprimidos. En fin, ante esta improvisación española a la hora de afrontar este problema tratamos de implementar un mecanismo para corregirlo. En la exposición de motivos comentamos algunos ejemplos, el más próximo es el de nuestro vecino del
norte, Francia, que ha puesto en marcha específicamente un servicio para ayuda a la búsqueda y recuperación de vehículos robados, ha implementado una base de datos en la cual ingresan los datos los ministerios de Interior y de Defensa y luego esa
base de datos está disponible para muchísimas instancias, tanto policiales como de fronteras y demás. Incluso los propios ciudadanos pueden acceder a través del servicio Police Online. Este servicio trata de ayudar a todas las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado, agentes de fronteras y demás y a la propia ciudadanía a recuperar los vehículos robados. Incluso tenemos el ejemplo de la ciudad de París, donde la policía local ha puesto en marcha un sistema específico de detección mediante
cámaras que van viendo las matrículas de los coches y pueden detectar automáticamente matrículas de coches robados que estén en esa base de datos, que complementa con mucha eficacia la persecución del robo de vehículos. También hay ejemplos en
otros países como Ecuador, México, donde también se han puesto en marcha este tipo de servicios mediante bases de datos, con consultas a través de Internet, de páginas web y demás. Todo ello con la vista puesta en darle a la ciudadanía la confianza
de que tiene un sitio donde recurrir cuando se produce el desafortunado incidente de que nos han robado un vehículo.
La propuesta que lanzamos en esta proposición no de ley, y que como digo esperamos que obtenga el voto favorable de la mayoría de los grupos parlamentarios, puesto que la hemos hecho con un ánimo abierto y constructivo, es que se cree en
España esta base de datos aprovechando la experiencia de Francia y de otros países, que además se suscriban los convenios internacionales que sean necesarios
de forma que podamos acceder a la base de datos francesa y que Francia pueda acceder a la base de datos nuestra, puesto que, por la condición de país vecino con fronteras absolutamente abiertas y permeables, puede facilitar muchísimo el
trabajo de búsqueda de vehículos robados en los dos países, y que en la medida de las posibilidades el detector de vehículos robados que utiliza la policía local de París sea un ejemplo a importar, dentro de las posibilidades presupuestarias, a
España y con su dotación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y, como último punto, estudiar la posibilidad de crear un enlace en el Ministerio del Interior en el que los ciudadanos puedan consultar si se ha encontrado, si no se ha
encontrado, qué hacer en relación a las matrículas de los vehículos robados.
En definitiva, es una proposición que trata de traer a España el ejemplo de actuación de otros países en materia de vehículos robados. Con ánimo constructivo lo trae La Izquierda Plural a esta Cámara y esperamos el voto favorable de los
grupos parlamentarios.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley no se ha presentado ninguna enmienda. Pasamos, por tanto, al turno de fijación de posiciones. En nombre del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora
Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Efectivamente, como decía el portavoz de La Izquierda Plural, lo que nos somete hoy a debate, y yo espero que a votación positiva, es una vieja aspiración porque es una vieja necesidad la creación de una base de
datos que realmente sea compartida por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, entre ellos la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía, las policías locales, las policías autonómicas, tanto los Mossos como la Ertzaintza o la Policía
Foral. Es, como digo, una aspiración de eficiencia que debe ser defendida y en ese sentido queremos felicitar la iniciativa del Grupo de La Izquierda Plural en cuanto a las mejoras de este heterogéneo y atomizado modelo policial que tiene en
nuestro país, España. La realidad actual es que, como ha dicho el portavoz de La Izquierda Plural, salvo gestiones voluntariosas y la mayor parte de las veces personales no existe un protocolo oficial y extendido de interconexión y acceso a todos
estos datos, de tal modo que se cercenan las posibilidades de eficacia y colaboración entre los distintos cuerpos que, en la medida de sus competencias y posibilidades, hacen lo que pueden, pero si no hay una interconexión real no pueden hacer lo
que deben.
En definitiva, es absolutamente necesaria la implementación e instrumentación de un modelo seguro, de un modelo eficaz de interconexión de datos que combata con eficacia la impunidad que crea esta faltad de conexión, de comunicación y
coordinación entre los distintos cuerpos policiales. En la era de las comunicaciones, de la informática, de las telecomunicaciones de todo tipo es inexplicable que esto no se haya producido ya. No hay ningún problema de carácter técnico ni de
carácter organizativo, luego entendemos que el problema que existe es un problema meramente político, aunque sea político con minúsculas, es decir, que nadie se ha puesto a pensarlo y a decidirlo. Por tanto, yo creo que haríamos una buena labor de
servicio público si esta Comisión aprobara esta iniciativa que nos somete hoy La Izquierda Plural y le diéramos en ese sentido una instrucción política bien entendida al Gobierno para que pusiera en marcha esta iniciativa. Por todo lo dicho,
naturalmente anuncio nuestro voto positivo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán tiene la palabra el señor Guillaumes.
El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Parece que no vivimos exactamente en el mismo planeta que Unión Progreso y Democracia. Nosotros entendemos que en el sistema actual todos los vehículos robados, desde el mismo momento en que es denunciado el
robo a cualquier cuerpo de policía nacional o internacional, son introducidos en una base de datos nacional o internacional en la que constan las informaciones relativas al contacto con el titular y unidad policial con la que hace falta contactar
para conseguir la devolución del vehículo. Nosotros entendemos que en este momento esto funciona así, por tanto entendemos que la propuesta de La Izquierda Plural es anacrónica. Mucho más interesante es el segundo punto, relativo a que el
interesado pueda telemáticamente informarse sobre la situación del vehículo robado. Entendemos por eso que estas tres líneas y media en que lo resuelve el Grupo de La Izquierda Plural son insuficientes, porque aquí hay un tema de datos personales.
¿Quién puede ver si su coche está robado? ¿Cualquiera? ¿Tiene que dar algún dato? Si lo tiene que dar, ¿la matrícula la podría dar cualquier vecino, un nombre también?
Estamos de acuerdo con el concepto, sería extraordinariamente interesante que efectivamente este sistema se implementara, pero entendemos que necesita un desarrollo mayor del que le ha dado en este momento el Grupo de La Izquierda Plural.
Somos muy favorables a este concepto pero no vemos que
estas tres líneas y media permitan superar los obstáculos jurídicos que sin duda se darían en una consulta de este tipo, sobre todo con información tan pública como es quién es el titular de un vehículo, cuál es su matrícula, cuál es su
modelo, cuál es su color, etcétera. Con lo cual cualquier ciudadano prácticamente podría pedir información con los problemas legales que esto comportaría. No obstante, me gustaría subrayar la parte positiva, nos parece muy interesante la propuesta
y si se desarrollara en unos términos que fueran aceptablemente legales tendría nuestro apoyo. De momento no es así y por tanto no lo tendrá.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Corcuera.
El señor CORCUERA PLAZA: El robo de vehículos es una actividad delictiva con un alto nivel de organización, que afecta a todas las regiones del mundo y con una importante repercusión económica para sus propietarios y también para las
compañías aseguradoras, pero también con una clara vinculación con la delincuencia organizada, e incluso el terrorismo. Esto es así porque el robo de vehículos no siempre es un fin en sí mismo, el tráfico ilegal de vehículos de sus componentes,
sino que en muchas ocasiones los automóviles son robados con el objeto de financiar otras actividades delictivas o incluso son utilizados para perpetrar otros delitos o para acciones terroristas. Siendo, como decía, una actividad delictiva presente
en todo el mundo, en la Unión Europea en general y en nuestro país en particular adquiere una especial importancia por la cuantía de los vehículos sustraídos, tal como advierten estudios de las compañías aseguradoras. Por eso, señor Sixto, le
anuncio de antemano nuestro voto favorable a su proposición.
Estamos hablando de una media de unos 50.000 vehículos robados al año en España, que sitúan a nuestro país en el quinto puesto de la Unión Europea, generando importantes repercusiones económicas debido a que tan solo se recupera un 39 % de
estos vehículos, una factura que padecen no solo los propietarios sino también el resto de conductores en el precio que pagan por sus seguros. Estamos hablando de que cada conductor en España paga un 5 % de más al año en su seguro debido a esta
causa, según nos dice Unespa. Estamos hablando, según señalan los estudios de las aseguradoras, por ejemplo de Línea Directa, principalmente de vehículos seminuevos, de tres a seis años de antigüedad, siendo Madrid, Toledo y Alicante las provincias
en las que se efectúan mayor número de robos en España. Por todo ello, tanto por su repercusión económica como por su importancia para evitar otras actividades delictivas o terroristas, es primordial disponer de herramientas que faciliten la
detección y recuperación de estos vehículos.
Obviamente, la primera de las medidas pasa por disponer de una base de datos nacional de vehículos robados o buscados, actualizada y accesible a todos los cuerpos de seguridad, acceso que en esta proposición no de ley se amplía acertadamente
a agentes de aduanas, autoridades judiciales o compañías aseguradoras. Una base de datos interconectada con la base de datos de otros países origen, tránsito o destino de los vehículos robados, puesto que además nuestro país es tránsito para la
venta de vehículos robados en otros Estados de Europa o con destino al norte de África. Por ello es necesario también colaborar activamente con la Interpol, la base de datos de Interpol sobre vehículos robados es una herramienta fundamental para
combatir el robo y el tráfico internacional de vehículos, permite a la policía de los países miembros cotejar la información sobre un vehículo sospechoso y averiguar al instante si se ha denunciado su robo, una base de datos internacional de estas
características resulta imprescindible, ya que a menudo se trafica con vehículos a través de fronteras nacionales y en ocasiones estos acaban a miles de kilómetros del lugar en el que fueron robados. Pero una vez que sabemos qué buscar, una vez que
tenemos identificados los vehículos hay que disponer también de los medios adecuados y eficaces para encontrarlos, me estoy refiriendo a sistemas de captación de matrículas fijos o móviles que permitan cotejarlas en tiempo real con la base de datos
de vehículos robados para que emita una alerta a los cuerpos de seguridad en caso de que se detecte alguno.
Cierto es que algunos de los mecanismos descritos ya están en funcionamiento en nuestro país en mayor o menor medida, pero cierto es también que muchas veces se dispone de la información pero por una falta de intercomunicación -deficiente o
inexistente- no se consigue la identificación. Algo no funciona bien, señoría, algo no se hace bien cuando tan solo se recupera un 39 % de los vehículos.
Supuestamente con el objetivo de solucionar estos problemas en junio del año pasado el secretario de Estado de Seguridad anunciaba que el Ministerio del Interior iba a poner en marcha en unos meses un sistema para localizar vehículos robados
en tiempo real y una aplicación móvil que permitiese a los ciudadanos comunicarse de forma ágil con el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. Para poner
en marcha el sistema de localización de coches robados se pretendió utilizar los equipos que tiene instalados en las carreteras la DGT, a la vez que la aplicación móvil permitiría el envío de datos de los vehículos robados para efectuar la
baja temporal inmediata del automóvil. Un año después no sabemos nada de este anuncio, estoy seguro de que el portavoz del Grupo Popular en esta materia nos esclarecerá en qué consiste el sistema, cómo está funcionando, cuántos vehículos se han
recuperado y desde cuándo está en funcionamiento. De no ser así, estaríamos ante un nuevo incumplimiento del Gobierno Popular, algo que por otra parte a estas alturas tampoco nos sorprende demasiado.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Cortés.
La señora CORTÉS BURETA: Señorías, la verdad es que el Grupo Popular no apoyará la proposición no de ley que nos presenta hoy el Grupo de La Izquierda Plural y no la apoyaremos porque, como explicaré a continuación, entendemos que la
esencia de lo que recoge su petitum ya existe en España y ya se está haciendo.
Como digo, en nuestro país y en la actualidad ya existe una base de datos nacional donde se incluyen los casos relacionados con robo de vehículos. Se trata de la base de datos de señalamientos nacionales, una de cuyas finalidades es
precisamente identificar a los propietarios de vehículos y objetos robados para casos de su recuperación. A esa base de datos tienen acceso la Dirección General de Policía, Dirección General de la Guardia Civil, Dirección General de Tráfico,
Servicio de Vigilancia Aduanera, Asuntos Consulares, policías autonómicas y policías locales, jueces y magistrados.
En cuanto a las policías de otros países, los datos de esa base de datos se integran de forma automática en el Sistema de Información Schengen, por lo que cualquier señalamiento por robo que se grabe en España figurará como sustraído en
todos los países adheridos a ese tratado. En el caso de los países que no estén adheridos a ese tratado toda sustracción de un vehículo se registra en la base de datos de Interpol, organización policial que como todos ustedes saben integra la
mayoría de los países del mundo, en cuya virtud todo automóvil robado es susceptible de ser intervenido y recuperado por policías extranjeras. Y en relación con el acceso a esa base de datos por parte de otros organismos las compañías aseguradoras,
a través de Unespa, forman parte del acuerdo formalizado con la Secretaría de Estado de Seguridad y en virtud de dicho acuerdo, cuando un vehículo sustraído ha sido localizado con posterioridad a la formalización del pago indemnizatorio que pudiera
corresponder a la compañía aseguradora correspondiente, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado informan a aquella de la recuperación de forma inmediata a los efectos oportunos.
Por lo que se refiere a los lectores de matrículas, señorías, quiero señalar que resultan eficaces siempre y cuando los autores del robo no hayan sustituido las placas de matrícula por otras que correspondan a un vehículo de similares
características y que no haya sido sustraído; si cambian la matrícula difícilmente podrá ser localizado el vehículo por mucho lector de matrículas de que dispongamos o de que se disponga.
Por último solamente quisiera añadir que en la actualidad ya existe un protocolo específico de actuación, una vez que el vehículo sustraído es recuperado, entre cuyas medidas se encuentra como es lógico la comunicación al propietario, y
además el actual desarrollo de las tecnologías de la comunicación ya permite la presentación de denuncias de forma telemática, así como de cualquier otra comunicación o novedad relacionada con la sustracción.
Por todo lo expuesto, señorías, tal y como anuncié al principio de mi intervención, el Grupo Popular votará en contra de la proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Socialista y el Grupo Catalán me piden la alteración del orden del día por coincidir el punto 3 y el 5 con intervenciones en otras comisiones. ¿Estamos de acuerdo en alterarlo y pasarían al último punto estas
dos proposiciones? (Asentimiento).
- SOBRE EJERCICIO DE DERECHOS FUNDAMENTALES CONSTITUCIONALMENTE RECONOCIDOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000394).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a ver la proposición no de ley incluida en el punto número 4, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el ejercicio de derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos. Para su presentación tiene la
palabra el señor Trevín.
El señor TREVÍN LOMBÁN: Estamos terminando el tercer año de la legislatura, y lo importante es saber qué ha hecho el Partido Popular por los españoles después de casi tres años de gobierno. Y es verdad que ha hecho muchas cosas: una
reforma laboral que recortó los derechos de los trabajadores; acabar con el carácter universal de la sanidad pública en España; recortar las becas, las ayudas al desempleo, la dependencia, los gastos sociales, los gastos educativos, los gastos
sanitarios; subir casi cincuenta impuestos; obligar a los pensionistas a pagar por sus medicamentos, y ha acabado con la justicia gratuita. El Gobierno siempre eligió ir contra los más débiles; entre los empresarios o los trabajadores eligió ir
contra los trabajadores; entre la escuela pública y la escuela privada optó por ir a favor de la escuela privada; entre pedir un esfuerzo a los pensionistas o pedírselo a la industria farmacéutica se lo pidió a los pensionistas, y entre subir los
impuestos de las clases medias y trabajadoras o subir los de las grandes fortunas optó a favor de las grandes fortunas. Siempre contra los más débiles. Son ustedes de derechas, se les nota, y lo peor es que tratan de imponernos a los demás su
forma de pensar y su forma de vivir, y sobre todo lo están haciendo ley a ley, de una forma inflexible, apuntalados por su mayoría absoluta. La única flexibilidad que ha funcionado es la del miedo; en el ámbito laboral, por ejemplo, la de o
aceptas esta bajada de salario o te vas a la calle, le han quitado el paraguas a los trabajadores justamente cuando más llueve.
Se está produciendo un empobrecimiento de las clases populares en paralelo a un incremento muy importante de la desigualdad en la sociedad española, confirmando la ecuación de que a mayor inequidad mayor pobreza, mientras el patrimonio de
las grandes fortunas crece un 9,3 %, una de cada cinco personas vive en riesgo de pobreza. Al 90 % de la población se le concede el 10 % de los beneficios, y el 90 % de los beneficios en educación, sanidad y dependencia. Los dueños del IBEX son un
67 % más ricos desde que gobiernan, los salarios bajaron en la misma época un 10 %, y el 41 % de los parados no cobra prestación, se han reducido las becas y ayudas a estudios, recortando 693.000 los beneficiarios. En el 2013 69.000 mujeres más que
en 2012 no pudieron trabajar por atender a los dependientes. En dos años se han recortado 5.500 millones en sanidad.
Esta desigualdad está produciendo un modelo de sociedad dual y fracturada, con recortes progresivos de los derechos que nos igualaban como ciudadanos, y que cumplen la función social de redistribución de la riqueza -sanidad, educación- hacia
otros servicios; estas prestaciones eran antes más igualitarias, más públicas y más universales, sus políticas han generado una pérdida colectiva de confianza, y han instalado una profunda inseguridad en la sociedad española, y de eso vengo a
hablarles hoy aquí, de confianza y de seguridad.
Legislativamente van ustedes a por los derechos y a por las libertades, a por la libertad de expresión, de manifestación, de reunión, a por la libertad de huelga; con la excusa de la crisis nos recortan el Estado social; con la excusa de
la seguridad nos recorta la libertad.
La estrategia gubernativa y judicial está teniendo dos importantes escenarios, el laboral y el de las protestas ciudadanas; nunca en democracia y con leyes iguales se habían conseguido resultados tan distintos. Comisiones Obreras y UGT han
constatado en los últimos meses la incoación de numerosos procedimientos penales contra trabajadores, y sobre todo contra cargos sindicales, derivados del ejercicio del derecho a huelga al margen de su intervención concreta en hechos que no
supusieron riesgo para personas, bienes o instalaciones. Estas son conclusiones extraídas de un examen a 81 expedientes abiertos en los servicios jurídicos de Comisiones Obreras y UGT, que afectan de forma directa al menos a 280 sindicalistas
objeto de procedimientos sancionadores, penales o administrativos. Un ejemplo: Asturias, una sola provincia con un millón de habitantes; se totalizan 500 expedientes que se tramitan en diversos juzgados, en los que hay 43 personas con petición de
prisión que van de seis meses a los cuatro años de cárcel. La libertad sindical y el ejercicio del derecho de huelga están teniendo una creciente y preocupante intervención del ministerio fiscal, en una clara ofensiva para restringir el derecho
constitucional de huelga. Para ustedes debilitar los sindicatos haciéndolos prescindibles es una prioridad, por ello el sindicalismo internacional mira sorprendido lo que está ocurriendo en España, poniendo en marcha iniciativas de denuncia de
estos hechos ante la OIT y otros organismos internacionales, ya que el sindicalismo es consustancial a la democracia, es parte esencial del modelo constitucional.
La autoridad gubernativa por otra parte lleva lo que va de legislatura actuando contundentemente contra el bolsillo de muchos de los participantes en reuniones y manifestaciones; más de 53.000 personas han sido sancionadas por su
participación en las manifestaciones celebradas en los años 2012 y 2013; Madrid con gran diferencia se lleva la palma en multas y dinero reclamado; el total de expedientes sancionadores fue en toda España de 3.249, y el dinero reclamado por el
Ejecutivo supera la cifra de
los 600.000 euros. La Delegación del Gobierno madrileña, dirigida por Cristina Cifuentes, ha incoado el 43 % de los expedientes, y reclama el 60 % del dinero total impuesto en concepto de multas. Es llamativo constatar que las sanciones se
multiplicaron en 2012 por nueve respecto al año anterior en esta comunidad autónoma. Y con este panorama nos amenazan ustedes ahora con una nueva ofensiva legislativa, con una nueva ley de protección de seguridad ciudadana. La justifican con vagas
e imprecisas razones sin ninguna referencia a normas internacionales. Como primera causa argumentan el trascurso del tiempo y los cambios sociales operados en nuestro país. Pues bien, los cambios respecto a los acontecimientos que pretendían
justificar la que se aprobó en 1992 no hacen necesario endurecer la norma, pues la violencia relacionada con el mundo de la droga en los barrios en situación de marginalidad, que fue invocada en aquel momento, hoy en día no se ha incrementado.
Antes al contrario en los últimos diez años la delincuencia en nuestro país se ha estabilizado con tendencia a la baja, las infracciones que se introducen como novedosas afectan mayoritariamente a los derechos de reunión, manifestación, libertad de
expresión e información, por consiguiente el endurecimiento de la ley no tiene tanto que ver con problemas específicos de seguridad ciudadana, sino con otro intento de desmovilizar los sectores sociales que se están oponiendo en las políticas de
recorte de derechos sociales. No se fíen ustedes de la calle y ni tan siquiera se fíen de los jueces, aplican al viejo principio de más vale el miedo donde no hay vergüenza.
Por otra parte con la ley que nos están planteando se conseguirá exactamente lo contrario de lo que se quiere. Porque, para empezar, el precedente a esta novedosa ley que dicen que se presenta solo se puede encontrar en el anteproyecto de
la Ley de Orden Público de 1959, promulgada en pleno régimen franquista. Se trataba de un texto legal contra una serie de sanciones administrativas, de cuantía económica desorbitada, que pretendía proteger la seguridad del sistema político,
estableciendo multas de hasta medio millón de pesetas para quienes participasen en manifestaciones contrarias a la Dictadura, para quienes desobedecieran a las autoridades o para quienes alterasen los servicios públicos, entre otras conductas
similares a las que ahora se pretenden sancionar. En la sanción de estas conductas tenían un enorme protagonismo los gobernadores civiles, en términos parecidos a los delegados del Gobierno actuales. Además las sanciones no eran recurribles en vía
judicial, pues solo podían ser impugnadas en vía administrativa, donde no había margen real para una revisión. No se trata de afirmar que la reforma pretende reproducir el esquema de orden público franquista, pero sí resulta llamativo observar
estas similitudes.
El argumento de que ha sido la demanda social la que explica esta nueva ley, la que ha motivado la imperiosa necesidad de ponerla en marcha tampoco convence, no existe esa demanda social de actualizar el régimen sancionador en materia de
seguridad ciudadana, pues esta solo ocupa el primer puesto de las preocupaciones ciudadanas para el 0,2 % de la población. Ni tan siquiera pueden argumentarlo por el número de manifestaciones comunicadas o no; según el director general de la
Policía en 2013 de las 25.461 manifestaciones realizadas solo actuó la fuerza pública en 23, palabras textuales del señor Cosidó. La realidad del ciudadano de a pie es que se siente más concernido por la inseguridad que está determinada por la
posibilidad de perder el trabajo, las prestaciones, la vivienda, la asistencia sanitaria o el problema del profesor del hijo que por un problema de criminalidad; estas circunstancias generadoras de inseguridad nada tienen que ver con las conductas
que se tipifican en la nueva ley.
Aparece nítida así la clave de bóveda de la reforma: establecer un régimen sancionador al margen del control judicial, marcando como infracciones administrativas conductas relacionadas con derechos civiles y políticos vinculados a la
protesta social. Por ello el Consejo de Europa, a través de su comisario de Derechos Humanos, se ha alarmado ante la desproporción de este anteproyecto de ley para la seguridad ciudadana, y ha manifestado su preocupación por el impacto que podría
tener en los derechos fundamentales de los ciudadanos. El comisario ha mostrado especial sensibilidad ante la limitación del derecho de manifestación, insistiendo en que la libertad de expresar el desacuerdo debe ser respetada y protegida por la
justicia, no por la autoridad gubernativa. El intento de sortear el control judicial en los actos de protesta social, en momentos en los que está aumentando la brecha de desigualdad, es una muestra del retroceso en los derechos, que intenta
provocar la tendencia a criminalizar la protesta social. Da la sensación de que el Gobierno se quiere liberar del derecho, de que no se fía de los jueces, que necesitan quitarse el corsé de las garantías judiciales para protegerse sin embargo de
otra manera, pero lo que está haciendo es mostrar la pulsión autoritaria.
Ante ello no nos queda más remedio que decir que lo que están haciendo es legislar para la tranquilidad del Gobierno, pero para la intranquilidad de muchos ciudadanos de a pie, jubilados, estudiantes, funcionarios, trabajadores con problemas
laborales que protestan por las medidas del Gobierno, ellos y
no los antisistema -en los que continuamente se escuda el Gobierno para justificar la ley- van a ser los auténticos paganos, los confiscados con rapidez, cuando no puedan pagar las multas que se les impongan, porque los otros, los de la kale
borroka, como dicen ustedes, son en su inmensa mayoría insolventes y nunca las pagarán.
Por ello les pedimos que se garantice el derecho de manifestarse libremente a la ciudadanía, asumiendo el Gobierno su responsabilidad por el descontento social que explica el ejercicio del mismo, al tiempo que les pedimos que no culpabilicen
a los sindicatos, a los movimientos sociales, y especialmente a los jóvenes que ejercen de manera responsable y democrática el derecho a la manifestación. Y sobre todo que para ello, para cumplir ese compromiso retiren ustedes la mal llamada ley
del derecho a la seguridad ciudadana, o lo que es mejor, la ley para la represión ciudadana, y háganlo cuanto antes porque arrepentirse al final del proceso es mucho peor; pregúntenle al señor Gallardón y denle buenos consejos al señor ministro del
Interior.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural. Para su defensa tiene la palabra el señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: Empiezo por donde ha terminado el señor Trevín: dado el camino que ha iniciado el Gobierno quizá nos llevemos la agradable sorpresa de que el proyecto de ley que está en trámite parlamentario nunca acabe de ver la
luz. Es una posibilidad, como ha pasado con la reforma de la Ley de Interrupción del Embarazo que afortunadamente no ha visto la luz; yo y mi grupo estamos absolutamente convencidos de que gracias a la enorme presión ciudadana de las mujeres de
este país, que han tenido claro que tenían que defender sus derechos.
Desde el Grupo de La Izquierda Plural hemos presentado dos enmiendas a esta proposición no de ley del Grupo Socialista, por dos cuestiones fundamentales: una, el tema de las multas que para el Gobierno del Partido Popular se ha convertido
en el principal instrumento para la criminalización de la protesta ciudadana; el imponer multas a diestro y siniestro ante la protesta ciudadana, ante que la gente ha salido a protestar a la calle por las medidas o por la falta de medidas, según
los casos, del Gobierno para atajar el drama social que estamos viviendo, y se han impuesto multas, ya digo, a diestro y siniestro. En la enmienda lo que planteamos es que el Gobierno abandone esta política de imposición de multas y se sobresean
aquellas multas que no tengan una justificación absolutamente clara y sobrada. De hecho en muchas de las tramitaciones que han continuado a lo largo de los últimos meses ha sido al final el propio Ministerio del Interior, los servicios jurídicos
del Ministerio del Interior los que han acabado desestimando la imposición de determinadas multas, que ha sido iniciada su tramitación por delegaciones del Gobierno que estaban muy señaladas por el número de multas que estaban imponiendo. Hablo de
Toledo o hablo de Córdoba o de la propia ciudad y Comunidad Autónoma de Madrid.
La segunda enmienda que hemos planteado desde mi grupo es por la violencia injustificada y gratuita que en determinadas ocasiones se ha ejercido ante las manifestaciones; esta legislatura empezó con un episodio de sobra conocido por todos,
calificado como la Primavera Valenciana, en el cual se produjeron determinados episodios de violencia gratuita por parte de un jefe superior de policía, que acabó pagando con el puesto su protagonismo en ese uso gratuito de la violencia frente a los
jóvenes valencianos; hemos visto en otras manifestaciones en los últimos tres años ese uso gratuito de la violencia, y lo hemos visto el pasado sábado de septiembre otra vez en al ciudad de Castellón, donde frente a una manifestación que plantaba
cara a un grupo fascista, Democracia Nacional, que realizaba un acto en las calles de Castellón, cuando terminaba ese acto y la gente se retiraba de esa manifestación, se pudo ver cómo se daba la orden directa por parte de un responsable de esa UIP
-que no voy a calificar, pero cuya orientación política está muy clara- de cargar contra los manifestantes antifascistas; son actuaciones intolerables en democracia, de ejercicio de la violencia absolutamente gratuita por parte de las UIP que desde
mi grupo parlamentario condenamos, y es necesario que el Ministerio del Interior persiga de todas maneras porque el enemigo en ningún caso es el pueblo, el enemigo de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en ningún caso es el pueblo que
ejerce sus derechos constitucionales. Por eso hemos presentado estas dos enmiendas que esperamos incorporar si el Partido Socialista lo asume.
El señor PRESIDENTE: En el turno de fijación de posiciones por el Grupo Catalán tiene la palabra el señor Guillaumes.
El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: La verdad es que conceptualmente estamos de acuerdo con lo que dice la proposición no de ley; honestamente desde un punto de vista estrictamente legislativo no nos gusta el tono, porque es casi periodístico.
No culpabilizar a las fuerzas políticas de la oposición, a los sindicatos, al movimiento asociativo y tal, esto no es un lenguaje legislativo honestamente. Supongo que lo propio hubiera sido presentar una enmienda, porque estamos de acuerdo en el
concepto, no se ha de culpabilizar a las personas que de manera democrática se manifiestan. Pero dicho esto también hay otras frases que la verdad es que son impropias de una proposición no de ley: evitar mediante el diálogo, la prudencia, y si
fuera necesario con un uso proporcional de la fuerza las manifestaciones legítimas acaban siendo utilizadas por elementos radicales para producir disturbios; esto es más o menos describir un cuento de lo que podría pasar, de ciencia ficción; está
bien, a veces pasa, pero podrían haber dicho: utilizar la mediación, la prudencia y la fuerza estrictamente necesaria; todos nos habríamos entendido; sería exactamente lo mismo, y habría conseguido yo creo que una unanimidad mucho más grande. Es
un problema de tono, quizá les parezca a ustedes esto un problema menor, pero entendemos que una proposición no de ley no puede adoptar el tono de una noticia periodística, y por este motivo nosotros nos vamos a abstener.
El señor PRESIDENTE: Para fijar al posición del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Cabello de Alba.
El señor CABELLO DE ALBA HERNÁNDEZ: Señor Trevín, permítame que le reconozca el esfuerzo que he tenido que realizar no ya para comprender el contenido de su proposición, sino para saber cuál era la intención de su grupo parlamentario al
traer a debate la proposición a esta Comisión. Ahora ya sí lo sé, porque usted conoce perfectamente la innecesariedad de esta proposición no de ley, como conoce perfectamente que todo lo que usted ha expresado en su exposición de motivos no es sino
una relación de juicios de valor retorcidos para poder argumentar vagamente estas conclusiones. Usted hace unas peticiones al Gobierno que en una democracia son una obviedad, yo no voy a perder ni un solo minuto en explicarle a usted lo que es
obvio, porque esas instancias que usted hace al Gobierno no son, como ya le digo, nada más que la excusa para colocar una retahíla de argumentos tendenciosos. Ha querido usted anticipar, parece ser, aquí el debate de la ley de protección de
seguridad ciudadana, que usted sabe perfectamente que está en un periodo distinto de tramitación en este momento, pero vamos, que intente darnos lecciones de legalidad el grupo que hizo una Ley de Seguridad Ciudadana que fue declarada
inconstitucional me parece tremendo.
Mire usted, señor Trevín, usted sabe que el derecho de reunión es un valor esencial en nuestro sistema democrático, está consagrado en el artículo 21 de la Constitución, pero ese derecho no es un derecho absoluto e ilimitado, tiene una
protección amplia por parte de la Constitución española y de la propia Ley Orgánica 9/83, que regula el derecho de reunión, pero la jurisprudencia del Tribunal Constitucional incide en la necesidad de que el ejercicio de ese derecho de reunión se
desarrolle de forma pacífica, que no afecte a la ejecución de otros derechos fundamentales, porque en ese caso se produciría un abuso del ejercicio, y quedaría este derecho excluido de la protección jurídica que la ley le otorga. Existe toda una
lista de sentencias del Tribunal Constitucional desde el año 1982 hasta nuestros días, que como usted conoce, yo no se lo voy a expresar. Lo que sí el digo, porque no tenemos mucho tiempo, señor Trevín, es que tenemos las leyes que prevén lo que
usted pide que haga el Gobierno, tenemos un Gobierno que está cumpliendo con su obligación asegurando a futuro más aun si cabe el ejercicio de este derecho de reunión y manifestación, y precisamente uno de los ejemplos es el proyecto de ley que ha
presentado en este Parlamento, y que se encuentra ya en tramitación en esta Comisión como usted bien sabe, el de seguridad ciudadana, que en su artículo 23.1 protege expresamente estos derechos, y dice: las autoridades a las que se refiere esta ley
adoptarán las medidas necesarias para proteger la celebración de reuniones y manifestaciones, persiguiendo expresamente la perturbación del desarrollo de la manifestación. Con lo cual no venga usted con cantos de sirena, porque lo que se está
intentando es proteger precisamente el derecho fundamental que usted dice que el Gobierno ataca.
Por lo tanto en la opinión de mi grupo tenemos el desarrollo normativo que se tiene que tener, tenemos la actuación diligente del Gobierno, y nos falta únicamente el último eslabón, al que también se refería el señor Sixto. Pues mire, el
artículo 104 de nuestra Constitución encarga a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado precisamente la protección de ese libre ejercicio de los derechos y las libertades. Yo le garantizo, señor Trevín, y lo sabe usted también, señor Sixto,
que lo hacen con absoluta escrupulosidad y con enorme profesionalidad. Fíjese, en lo que llevamos de año más de 5.000, bastantes más de 5.000
manifestaciones han sido protegidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que en su grado de especialización y en su grado de profesionalización llevan precisamente el tener que aguantar la presión psicológica de la actuación de
unos pocos en las manifestaciones, que pretenden precisamente acabar con el derecho, el ejercicio a ese derecho fundamental de quien pacíficamente participa en ellas. Por lo tanto y para terminar, señor Trevín, creo que así es como se defienden los
derechos en una democracia, con leyes adecuadas y con actuaciones oportunas, congruentes y proporcionadas; así es como se defiende en democracia, y así es como se defienden en España y se están defendiendo en España en este momento. Por lo tanto
entenderá perfectamente que consideremos totalmente innecesaria su proposición no de ley, y en consecuencia que votemos en contra.
El señor PRESIDENTE: Señor Trevín, ¿cuál es la posición de su grupo en relación a la enmienda presentada por el grupo de La Izquierda Plural? ¿La aceptan?
El señor TREVÍN LOMBÁN: Estamos terminando una transacción, señor presidente; en cuanto la tengamos se lo indicaremos.
- SOBRE BASE DE DATOS DE ÁMBITO NACIONAL DE MENORES INMIGRANTES NO ACOMPAÑADOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001784).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular sobre las bases de datos de ámbito nacional de menores inmigrantes no acompañados. Para su presentación tiene la
palabra el señor Escobar.
El señor ESCOBAR LAS HERAS: Quiero en estas mis primeras palabras dejar constancia del pesar por el fallecimiento de la esposa del portavoz socialista, don Antonio Trevín, en nombre de nuestro grupo. Y antes también de empezar la
intervención quiero dejar constancia, a efectos de la mesa, que se está negociando una transaccional que oportunamente le haremos llegar a la letrada, para que con su profesionalidad habitual nos ayude en la confección final. En todo caso se lo
comunicaremos.
El Grupo Parlamentario Popular propone con este texto una serie de medidas para proteger más y mejor a los menores extranjeros no acompañados que entren en España. Los menores suelen ser las personas más vulnerables en el fenómeno de la
inmigración. Se trata en definitiva de asegurar un adecuado control para desplegar el mejor recurso, queremos garantizar al menor el entorno más apropiado a sus circunstancias, porque seguridad y protección son el reflejo de la única política
migratoria posible. Administrar el flujo migratorio en nuestras fronteras requiere un enfoque global y requiere también sensibilidad para encontrar soluciones a unos menores frecuentemente expulsados por la miseria o la violencia.
Señorías, la inmigración libre y ordenada es un fenómeno fundamentalmente positivo porque enriquece social, cultural y económicamente a las sociedades de acogida y a los países de origen también, sin embargo la inmigración ilegal es la
dolorosa consecuencia de multitud de factores como la miseria, el engaño, la huida, la violencia, y desgraciadamente suele castigar siempre al más débil, al inmigrante. Así que el control de nuestras fronteras, y por tanto una inmigración regular
dentro de la observancia a los derechos humanos, es el soporte indispensable de la convivencia democrática y la base de una integración efectiva, y si esto es válido para el adulto que protagoniza la inmigración qué decir cuando el protagonista es
un menor no acompañado, qué decir de un chaval que emprende un viaje arriesgándolo todo o, dicho de otra manera, cómo ayudar a un chaval que busca un mundo mejor a los quince años. Pues bien, esta iniciativa aspira a que se profundice con plena
eficacia y en todo caso en el principio del interés superior del menor y del respeto a la legalidad.
Proponemos la permanente y estrecha colaboración entre todos los profesionales que tratan con el menor extranjero no acompañado. Entre otros, ¿cuáles son los protagonistas al abordar este fenómeno? Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, fiscalías, Secretaría de Inmigración, Comisaría General de Extranjería, servicios de protección de menores de las comunidades autónomas, la Dirección de Asuntos Consulares, la Dirección de la Familia, las policías locales, las policías
autonómicas. Las medidas que planteamos, señorías, se apoyan sobre una base de datos que registra a los menores indocumentados y sin compañía, un registro que en la Comisaría General de Extranjería ya funciona con plenas garantías desde febrero de
2007, como ya apunta la enmienda del grupo de CiU en este caso. Es precisamente este registro el que nos permite comprobar que el número de menores extranjeros en situación de desamparo
acogidos ha pasado de 4.378 en el año 2010 a 2.841 en el año 2013, un descenso notable y permítanme que diga que una buena gestión. Sin embargo en el Grupo Parlamentario Popular pensamos que sigue quedando trabajo, estamos en condiciones de
mejorar la coordinación y colaboración con las policías autonómicas, con las que ya se ha abierto un sólido cauce para aprovechar al máximo ese registro común; es preciso mantener el trabajo entre los servicios de menores de las comunidades
autónomas y las unidades de extranjería, y también proponemos un protocolo marco de actuación de menores extranjeros no acompañados que permita unificar los criterios de todos los organismos que intervienen con el colectivo. Y, ¿por qué?
Persiguiendo cuatro finalidades. Una, atender adecuadamente al menor en sus circunstancias y necesidades en nuestro país; en segundo lugar, la entrega y repatriación a su país de origen o donde se encuentren sus familiares; en defecto de lo
anterior la entrega a los servicios de protección de los menores en su país de origen, y en última instancia, si así lo aconsejan las circunstancias, la adopción de las medidas previstas en la Ley del Menor. Y nos consta que este protocolo se está
trabajando laboriosamente y que verá pronto la luz.
Es evidente que estas tareas -y ya voy a ir concluyendo-, señorías, no resultan tareas fáciles cuando los estudios -y permítanme que comparta con ustedes estos datos- dibujan un perfil de un joven de entre quince y dieciocho años proveniente
de Marruecos, de Argelia, de Mali o de Guinea, que se desplaza a Europa huyendo de la pobreza, huyendo de la guerra, a veces voluntariamente y muchas otras empujado por la propia familia. ¿En España qué encuentran? Servicios asistenciales, pero
también encuentran otra cultura y unas normas que no siempre aceptan. Precisamente el rechazo y la alta movilidad son los principales problemas con los que tropiezan los servicios españoles, y pueden suponer la puerta al fenómeno de la marginalidad
o delincuencia para el menor, y esos son los riesgos que tenemos que desterrar. El registro evita que desaparezcan los menores, pero sigue siendo indispensable actualizar las bases de datos desde todas las administraciones, la utilización de
herramientas como la prueba del ADN para comprobar el vínculo de filiación del adulto que le acompaña. En definitiva, sin control no podrá haber protección, y en ese caso la vulnerabilidad, el peligro que puedan correr los menores requiere de todos
los esfuerzos públicos.
Quiero acabar agradeciendo el trabajo y la buena disposición del Ministerio de Interior, del Ministerio de Sanidad, del Ministerio de Empleo y del de Asuntos Exteriores, junto a la petición expresa de que continúen con esa labor que combina
seguridad y sensibilidad. Desde el Grupo Parlamentario se lo reconocemos, pero también les seguiremos reclamando que cumplan con esos objetivos.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se han presentado tres enmiendas. En primer lugar, para ver la presentada por el Grupo Parlamentario Catalán, tiene la palabra el señor Guillaumes.
El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: No me ha quedado claro por la intervención del portavoz del Grupo Popular si nuestra enmienda es aceptada o no, me ha parecido que sí, pero no ha habido una afirmación concreta; de hecho es una enmienda de las
que yo personalmente guardaré en mi diario; es de las más curiosas que he hecho, porque realmente solo modifica términos verbales. Donde se dice que deberán ser registrados se pone se registran; donde se dice que se reforzarán se dice que se
continuará el refuerzo; en fin, sería absurdo ahora aburrirles con eso. Pero lo que quería decir es lo que ha dicho el portavoz del Grupo Popular al principio: este registro ya existe, nosotros entendemos por tanto que estamos hablando de una
ampliación de sus competencias, y por tanto nuestra enmienda es tan curiosa como cambiar los términos verbales con el permiso de la presidencia, y eso sí, como también ha recogido el portavoz del Grupo Popular, diciendo que este tipo de servicio
tiene que estar fuertemente coordinado con los equivalentes de las comunidades autónomas. Es en este sentido en el que va nuestra enmienda, que de hecho es solo una, pero que recoge estos dos conceptos.
El señor PRESIDENTE: La segunda enmienda es del Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa tiene la palabra el señor Franquis.
El señor FRANQUIS VERA: La verdad es que yo pensaba que el portavoz del Partido Popular iba a retirar esta PNL, y la verdad es que me ha sorprendido aún más que no la haya retirado, y además que haya anunciado determinadas cuestiones que me
sorprenden. Ha hablado poco del acuerdo que propone y mucho de otras iniciativas que yo creo que debería conocer. Nos ha anunciado que van a proponer la realización de un protocolo de actuación, que brevemente se presentará. ¿Es que usted no sabe
que el 22 de julio de este año la ministra de Trabajo y Seguridad Social presentó, firmó un documento con el
Ministerio del Interior, el Ministerio de Asuntos Exteriores, las fiscalías, el Ministerio de Sanidad, precisamente para poner en marcha un protocolo de actuación sobre los menores extranjeros no acompañados, donde relata paso a paso lo que
hay que hacer? ¿Es que usted no sabe que este protocolo se aprobó en una conferencia sectorial a principio de año, que cuenta con toda la aportación de las diferentes comunidades autónomas que estaban reclamando este protocolo desde hace dos años?
Me sorprende que usted no sepa esto. Es que el protocolo habla precisamente de las cosas que usted ha dicho aquí hoy, por eso no entiendo por qué presentan esta proposición no de ley. El protocolo sienta las bases para la coordinación de las
distintas instituciones y administraciones en relación a las actuaciones referentes a los menores extranjeros no acompañados, es lo que ha dicho usted; en él se establece cómo, cuándo y quién debe actuar un menor extranjero no acompañado por un
adulto cuando está en territorio español; el documento refuerza la garantía del sistema de protección para los menores, abordando cuestiones de especial sensibilidad que usted aquí no ha mencionado hoy.
Este documento además incluso recoge las recomendaciones del Defensor del Pueblo, que usted no ha mencionado en absoluto, y me parece de verdad grave que usted en esa proposición no de ley ni siquiera lo mencione o ni siquiera menciona lo
que estableció la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que está en contra de las pruebas indiscriminadas de edad que se realizan a los menores no acompañados que llegan a España, más de 100.000 en los dos últimos años. Todo eso está establecido en
el plan, en el protocolo, insisto, que se ha firmado el pasado 14 de julio, y que interpreto con su intervención y con su PNL que desconoce, y es lógico que lo desconozca porque, mire, hemos buscado este protocolo por todos lados y no ha sido
publicado, que fue el compromiso de la ministra en esa rueda de prensa, en el Boletín Oficial del Estado, no ha sido publicado ahí hasta el día de hoy, lo hemos tenido que encontrar en la fiscalía, que hemos tenido la posibilidad de poder leerlo y
efectivamente comprobar que en ese documento se recogen las recomendaciones del Defensor del Pueblo y las recomendaciones o las sentencias del Tribunal Supremo, que lo que hace es corregir una serie de denuncias y déficits que tenía el anterior
protocolo. Es que este protocolo establece con claridad lo que tiene que significar el registro y la coordinación con las diferentes instituciones del Estado, especialmente con las comunidades autónomas. Y, claro, por eso me preocupa que ustedes
hayan presentado esta PNL, y me preocupa porque, fíjense, quien presenta este protocolo es la ministra de Trabajo y Seguridad Social, y ustedes traen esta proposición no de ley precisamente a la Comisión del Interior; esto no solo es un problema de
seguridad, también es un problema social, y ustedes solo están interpretando este asunto como un problema de seguridad, no, va mucho más allá, léanse ustedes las recomendaciones de la Defensora del Pueblo, de la Sala de lo Civil del Tribunal
Supremo, léansela y verán que este asunto va muchísimo más allá, por eso nuestra enmienda va en la línea de lo que plantea el protocolo que se ha firmado recientemente por los diferentes ministerios y por la fiscalía, que se complete ese protocolo
precisamente con los protocolos territoriales que se tienen que firmar en las diferentes comunidades autónomas para conseguir precisamente una perfecta coordinación, por eso planteamos esta enmienda, porque da sentido a lo que se ha firmado, y lo
que ha asumido el Gobierno de España hace escasamente dos meses.
Por eso reitero mi sorpresa no solo por el mantenimiento de esta proposición no de ley, sino además por las propuestas que ha hecho el portavoz en su intervención en el día de hoy.
El señor PRESIDENTE: Por último, para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural tiene la palabra el señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: La verdad es que antes nosotros también hacíamos una propuesta alrededor de una base de datos, y el Partido Popular ha buscado no sé qué excusa para acabar anunciando el voto contrario a nuestra proposición no de
ley, y ahora nos encontramos con una proposición no de ley del Grupo Popular que es peor todavía, porque en su exposición de motivos establece que el Real Decreto 557/2011, por el que se aprobó el Reglamento de Extranjería, tiene el artículo 215,
donde dice que por la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil existirá un registro de menores no acompañado. Ya establece en la exposición de motivos que se hará por la ley lo que después pretende pedir en el petítum, con lo cual la
justificación de esta proposición no de ley, como ya ha dicho el portavoz del Grupo Socialista que me ha precedido en el uso de la palabra, tiene bastante poca justificación; no sé cómo la traen a colación. No obstante, mi grupo parlamentario
preocupado también por una de las cuestiones que aquí se plantean pero no en la línea que plantea el Grupo Popular, y son las reiteradas pruebas que se hacen para averiguar la minoría de edad o mayoría de edad de los presuntos menores de edad, al
Grupo Popular le preocupa la cuestión de la salud y las reiteradas pruebas para la determinación de la edad que
puede tener problemas por el tema de la radiología, pues lo que planteamos desde mi grupo parlamentario es que en aras a lo que han dicho otras instituciones se reduzcan esas pruebas indiscriminadas y no se produzcan pues que el criterio a
aplicar sea que en el caso de que no sea absolutamente indubitable por las pruebas practicadas que una persona es mayor de edad se le considere menor de edad porque en cualquier caso es una cuestión que no va a variar sustancialmente más que para
bien de la persona el tratamiento que le va a dar las administraciones públicas y no va a suponer un coste inadmisible para las arcas públicas.
Por lo tanto lo que plantearemos es un cambio en esa política para la calificación de la edad de los menores, en esa línea va nuestra enmienda y es el único sentido que le hemos encontrado al final para poder mantener la Proposición no de
Ley del Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: Cuando pueda, señor Escobar, nos hace llegar la transaccional que ha anunciado.
- RELATIVA A LA ELABORACIÓN DE CONVENIOS QUE FACILITEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS PENAS DE TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/003038).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente Proposición no de Ley, la 3.038, del Grupo Parlamentario Popular, sobre la elaboración de convenios que faciliten el cumplimiento de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad.
Para su presentación tiene la palabra la señora Vázquez.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: Me gustaría antes de comenzar a defender esta iniciativa, y siendo hoy el día de la Merced, hacer un reconocimiento de la labor de los funcionarios, instituciones y ONGs que colaboran en la reinserción de los
reclusos. Desde aquí, desde el Congreso de los Diputados, un recuerdo y un reconocimiento en el día de su patrona.
Presenta hoy el Grupo Parlamentario Popular una Proposición no de Ley para de alguna manera concienciar la necesidad de oferta de plazas para el cumplimiento por parte de las administraciones públicas del ámbito local del cumplimiento de las
penas en beneficio de la sociedad.
Desde el Código Penal de 1995 nuestro sistema general de penas apuesta por dos vías de ejecución bien diferentes, una, que es la privativa de libertad para los delitos más graves y otra para los delitos menos graves y faltas que conlleva la
no privación de libertad.
Dentro del catálogo de penas alternativas a la prisión la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, que años atrás sufrió un difícil comienzo desde los años 2007 al 2011 y por la falta de medios para su ejecución, en la actualidad y
para el desarrollo de la vigente legislatura se consolida como la sanción penal alternativa que en mayor cuantía ejecuta la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
La institución penitenciaria está dando un cumplimiento altamente satisfactorio a este tipo de pena alternativa y en unos plazos de gestión razonables. Por de tramitaciones acumuladas de años anteriores al 2012 se ha pasado a unos
parámetros de cumplimiento bastante normalizados.
Digamos este respeto como dato estadístico anual que de los 160.804 mandamientos a penas y medidas alternativas que gestionó la Administración penitenciaria en el año 2013 un total de 134.000 mandamientos penales lo fueron a trabajos en
beneficio de la comunidad, de los 134.000 mandamientos 108.601 han finalizado sus ejecución en el mismo año 2013 aun contando con la premisa de que muchas de estas penas tienen un cumplimiento superior al año natural.
Sin lugar a duda, pese a la regulación de estos trabajos en beneficio de la comunidad no se ha observado una eficiente ejecución de las penas que posibilite el cumplimiento de las mismas debido a diferentes circunstancias. Entre las causas
que podríamos señalar destaca un gran porcentaje de las condenas diarias que corresponden a delitos contra la seguridad vial, que han visto un incremento espectacular en los últimos años, en el conjunto nacional han sido cerca de 95.000 las personas
condenadas por delito de tráfico hasta finales del 2010, es decir, 110.441 diligencias que supone el 44,4 % del total han sido por delitos contra la seguridad vial.
En segundo lugar, el hecho de que cada funcionario deba controlar un promedio de 1.500 expedientes hace inviable el cumplimiento de todas las sentencias así como ineficaz el seguimiento de su ejecución. Hay que tener en cuenta que un gran
número de condenas de tráfico inferiores a 30 días se ven prescritas al cabo de un año.
Según el informe elaborado por Instituciones Penitenciarias los servicios sociales tuvieron que incrementar el número de plazas en los propios centros penitenciarios a fin de dar cumplimiento y ejecución al cumplimiento de las sentencias.
La insuficiencia de convenios viene a dificultar el principio de flexibilidad aludido entorpeciendo en gran medida la actividad diaria de los ciudadanos penados, que ven incluso la imposibilidad de mantener su actividad laboral al no tener
más opción que desplazarse hasta los centros penitenciarios para cumplir la condena. Pues bien, a pesar de estas trabas se está produciendo un avance en la gestión, en primer lugar con la puesta en marcha de un cambio en la propia estructura de la
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, contando desde el año 2012 con una específica subdirección general encargada del efectivo y eficaz cumplimiento de estas penas.
Este esfuerzo organizativo supone una nueva adecuación de recursos tanto humanos como económicos, así vemos como año tras año se incrementa el presupuesto para Seguridad Social destinado a estos penados, y la consolidación de las unidades
administrativas encargadas de ejecutar estas penas, los Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas.
En segundo lugar, la mejor ejecución de esta pena es fruto de una más idónea y receptiva implicación y colaboración de diferentes agentes de otras administraciones y de entidades privadas con interés social. Esta colaboración institucional
se plasma en la mayor oferta de plazas para el desarrollo de las tareas de utilidad pública que deben desempeñar los penados. Las plazas disponibles en el primer semestre del presente año ascendieron a 31.225, estas plazas son utilizadas por una
media de cuatro penados al año, es decir, pueden ser utilizadas por una media de 124.000 penados al año.
Pues bien, a pesar de todas estas reformas que se han ejecutado desde el año 2012 para intentar solucionar los atrasos que venían desde el 2007 no es suficiente, por eso el Gobierno quiere poner en marcha la firma de convenios con
administraciones con las que todavía no hay un convenio, incrementarlos con las ya existentes, por ejemplo en Galicia, en Galicia en estos momentos, en el último trimestre hubo 1.628 solicitudes en todo Galicia, en cambio no hay 1.628 plazas en ese
trimestre. ¿Por qué? Pues porque por ejemplo las cuatro diputaciones provinciales de Galicia no tienen todavía plazas disponibles.
Otro eje el Ayuntamiento de Ourense, un ayuntamiento grande con una población tan grande que solo tiene 10 plazas, las mismas que un ayuntamiento del entorno rural. ¿Qué conlleva eso? Que empadronados en el Ayuntamiento de Ourense se estén
desplazando a ayuntamientos limítrofes a realizar el cumplimiento de esta pena. Por eso en este momento se trata de reforzar, de intensificar lo que ya había hasta ahora pero que de alguna manera hay que mejorarlo, por lo que hemos dicho hasta
ahora, la Ley de Tráfico y de Seguridad Vial pues conlleva que ya solo 120.000 sean en cumplimiento de esta ley al año, con lo cual necesitamos en este momento ayudar y colaborar con las Instituciones Penitenciarias para fomentar una campaña que de
alguna manera posibilita a las diputaciones, cabildos y ayuntamientos y ONGs y asociaciones que todavía no han firmado este convenio que lo hagan para poder incrementar esas plazas e intentar que este servicio que sea para por y la comunidad lo sea
también en la propia comunidad, que no tenga que verse esa persona impedida de poder trabajar o de poder realizar una vida normal porque tiene que ir a hacer el cumplimiento a otro lugar.
Es un poco de lo que se trata, de agradecer lo hecho hasta ahora y de poder intensificar los esfuerzos, que los hay, en la Administración y en el sector privado.
El señor PRESIDENTE: A esta Proposición no de Ley hay una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural, para su defensa tiene la palabra el señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: El pasado domingo un diario de tirada nacional, El País, publicaba un interesantísimo artículo que se titula 'Convictos sin plaza', la verdad es que abordaba esta problemática y daba unos datos que me llamaban la
atención porque además esta semana íbamos a ver precisamente este tema en la Comisión de Interior y hablaba de las condenas a trabajos triplican las plazas disponibles, es decir, apenas se cubre un tercio de las sentencias y por lo tanto se hablaba
de una cifra preocupante en el cumplimiento de las sentencias, 42.000 sentenciados están en espera.
Incluso el propio artículo describía el fenómeno de que los jueces a la hora de imponer este tipo de sentencias, que en el caso de personas que cometen un error en un momento determinado no te hace entrar en el círculo de la privación de
libertad y de otras cuestiones que pueden acabar teniendo consecuencias peores te permite mantener una pena alternativa, está haciendo que los jueces se lo estén pensando a la hora de imponer estas penas porque muchas acaban sin cumplirse, acaban
sin tener consecuencia y esto no es positivo para un sistema que debe alentar precisamente estas penas
alternativas, que para nosotros es un sistema a potenciar no a eliminar, y por eso nos parece positiva la música general que plantea el Partido Popular en esta Proposición no de Ley, es necesario incrementar estos convenios, es necesario que
las penas alternativas a la privación de libertad, las penas de trabajos sociales se desarrollen y se puedan cumplir. Eso lo comparte mi grupo parlamentario.
La enmienda lo que plantea es una preocupación, también habíamos planteado lo que tiene que ver con trabajo y prisiones, y me sumo a la felicitación por el día de la Merced a usuarios y a profesionales, que tiene que ver con trabajo y
privación de libertad. En este caso hemos planteado la enmienda diciendo que se garanticen todos estos convenios el que no se va a producir una disminución de otro tipo de puestos de trabajo, que esto no afecta al trabajo de una ONG, no afecta al
trabajo de un ayuntamiento, a las plazas que se pueden convocar o al trabajo que desarrollan otros, es decir, complementa otros trabajos que se hacen en organizaciones no gubernamentales o en administraciones públicas, igual que hemos planteado una
Proposición no de Ley que esperemos que entre dentro de los reducidos cupos que nos quedan en esta comisión planteando que los convenios que desarrollan Instituciones Penitenciarias para el desarrollo de trabajos dentro de los centros penitenciarios
no se hagan con empresas que acaban de hacer además EREs, han reducido su personal y acaban desviando parte de la carga de trabajo al trabajo penitenciario.
Esa es la preocupación que tiene nuestro grupo parlamentario a la hora de plantear esta enmienda y coincidimos en última instancia en la necesidad de incrementar estos convenios para evitar este desaguisado judicial que tenemos con
tantísimas condenas que no se pueden cumplir y una serie de sobreseimientos que no tienen ningún sentido.
El señor PRESIDENTE: Pasamos al turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Catalán tiene la palabra el señor Guillaumes.
El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Nos parece una Proposición no de Ley de sentido común. La pena privativa de la libertad significa que una persona seguramente, o casi con toda seguridad, perfectamente válida para trabajar pero que no lo hace
y para cada una de ellas seguramente otra perfectamente válida para trabajar en otro asunto que su trabajo es vigilarla.
Por lo tanto incluso desde un punto de vista de pura eficacia y sentido común nos parece que los servicios a la comunidad son una buena alternativa, pero además el tema que toca la PNL de la Izquierda Plural nos parece muy pertinente, o sea,
sería muy fácil haciendo un uso torticero del trabajo comunitario conseguir ventajas económicas, romper lo que sería el libre mercado, romper lo que sería la libre contratación, habría muchos escapes por aquí, lo que de alguna manera lo que hacen es
hacer que esto sea imposible.
Entonces, nos parece bien, nos parece de sentido común, celebramos que sea la Izquierda Plural la que aporte un elemento para la defensa del libre mercado, nos parece un gran progreso y les felicitamos y se lo agradecemos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Martín.
La señora MARTÍN GONZÁLEZ: Quisiera iniciar mi intervención felicitando a todo el personal que trabaja en Instituciones Penitenciarias con motivo de la celebración del día de la Merced, les felicitamos porque es su día pero en realidad hay
poco que celebrar. Más que unirnos a la celebración nos solidarizamos más con todos aquellos que viven el día de hoy como una jornada de reivindicación porque sus condiciones laborales se han precarizado de forma escandalosa.
Hoy trabajadores del Centro Madrid II en Valdemoro tienen muy poco que celebrar y han convocado un encierro para rechazar la política penitenciaria que está desarrollando este gobierno.
Quisiera manifestar nuestro apoyo a la plataforma en defensa de un modelo público de Instituciones Penitenciarias que convoca este encierro, y así lo recoge la prensa de hoy, una forma inevitable de celebrar una festividad que no es ni mucho
menos para tirar cohetes ni poner condecoraciones.
Señorías, todo lo que argumentan en la exposición de motivos de esta proposición es obvio, que no hay una eficiente ejecución de las penas en beneficio de la comunidad, que en algunas provincias esta ejecución es inviable, que no existen
plazas disponibles para los penados, que un gran número de condenas, sobre todo las de tráfico, prescriben, que los servicios sociales penitenciarios no pueden asumir as cargas de trabajo y que los convenios son totalmente escasos, no hay
suficientes convenios ni con las administraciones ni con entidades públicas ni privadas, y yo les añado que los pocos convenios que
existen no tienen dotación ninguna ni de medios ni de personal por lo que son difíciles si no imposibles de asumir.
Son todos argumentos obvios, señorías, tan obvios que también es una obviedad que intervenga para recordarles que recuerden al Gobierno lo que son sus obligaciones, no les digan incentivar, intensificar, desarrollar, no, díganles lo que son
sus obligaciones y recuérdenles que la ley está para cumplirla, díganles a los responsables de Instituciones Penitenciarias que es necesario que se esfuercen más para facilitar a los penados el cumplimiento de las penas de trabajos en beneficios de
la comunidad cerca de sus domicilios, con flexibilidad, como ustedes dicen, y con garantías de que habrá seguimiento, díganles también que los convenios no pueden descargar todo su peso sobre las entidades y ayuntamientos colaboradores porque ya les
han dejado suficientemente en sus competencias y en medios para que contribuyan en esta tarea.
Por cierto, ¿se han planteado dónde queda esta competencia? Han logrado crear otro problema, para acreditar la competencia a las corporaciones locales en el ejercicio de una competencia que también es impropia. Miren hasta dónde ha llegado
su reforma local.
El Grupo Socialista votará a favor y les recordaremos que cumplan lo acordado y que no sea solamente una Proposición no de Ley oportunista por ser hoy el día de la Merced.
El señor PRESIDENTE: Señora Vázquez, ¿qué nos dice en relación a la enmienda presentada?
La señora VÁZQUEZ BLANCO: Efectivamente, en aras de solucionar los problemas que heredamos del Partido Socialista en esta materia que nos estamos haciendo voy a llegar a un acuerdo con el señor Sixto, entonces pasaré a la mesa una
transaccional que empezaremos un poco a negociar en este momento porque veo que el señor Sixto quiere profundizar sobre este tema correctamente.
El señor PRESIDENTE: Vamos a suspender un momentín la comisión porque las dos proposiciones no de ley que faltan las dos personas que tienen que presentarlas no están aquí, están coincidiendo con otras comisiones. En cuanto llegue la
primera empezamos.
- RELATIVA A LA RETIRADA DE LAS LLAMADAS 'CONCERTINAS' DEL PERÍMETRO FRONTERIZO DE CEUTA Y MELILLA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/002262).
El señor PRESIDENTE: Reanudamos la sesión. Vamos a ver ahora la Proposición no de Ley 2.262 del Grupo Parlamentario Catalán relativa a la retirada de concertinas en el perímetro fronterizo de Ceuta y Melilla. Para su presentación tiene la
palabra el señor Picó.
El señor PICÓ IAZANZA: Muchas gracias señor presidente, le agradezco la gentileza de esperar, que este portavoz llegará de otra comisión, y también al resto de portavoces de los grupos parlamentarios.
Señorías, en diciembre del año pasado tuvimos la oportunidad de debatir en esta comisión una proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Socialista en aquella ocasión, sobre esta materia. Nueve meses después mi grupo parlamentario quiere
insistir en la necesidad de retirar las llamadas concertinas del perímetro fronterizo de Ceuta y Melilla.
Esta iniciativa se enmarca en una sensación que tiene mi grupo parlamentario, que no es otra que las políticas desarrolladas tanto por el Gobierno del Estado como por la Unión Europea en su conjunto se están tomando desde una perspectiva
únicamente de seguridad y esta no debe ser la única perspectiva que debe tenerse en cuenta cuando hablamos de fenómenos migratorios y no pretendo hablar desde una posición bonista ni mucho menos, la perspectiva política y la perspectiva de
desarrollo económico y social también deben tenerse en cuenta en el debate sobre la inmigración y no abordar el fenómeno de la inmigración desde estas tres perspectivas conjuntamente nos llevaría a realizar un análisis incorrecto de la situación y a
adoptar medidas que no serían realmente efectivas.
La Proposición no de Ley que hoy les traemos a la comisión no pone en duda de que existe una necesidad de vigilancia coordinada de las fronteras pero se requiere un enfoque integrado además con aspectos políticos y de fomento del desarrollo
económico y social y además preferentemente una política adoptada en consenso en el seno de la Unión Europea.
Alguien decía que en Europa tenemos una frontera común y políticas estatales de gestión de flujos migratorios, y es cierto, pero esa aseveración pone de manifiesto que necesitamos ya una política europea conjunta.
Señorías, la Proposición no de Ley en lo que sí se manifiesta es en considerar que la utilización de concertinas en las rejas de Melilla o de Ceuta es de una crueldad sin medida que no puede ser aceptada como medida preventiva civilizada,
además de resultar, desde mi punto de vista, inefectiva, porque no evita que, como se está demostrando, muchas personas a pesar de su instalación continúen intentando cruzar la frontera. La Comisión Europea reaccionó contra la utilización de las
concertinas en las rejas que rodean a Ceuta y Melilla, las organizaciones no gubernamentales han denunciado su uso, representantes por ejemplo de la Iglesia han manifestado su rechazo a las mismas y la opinión pública no concibe su uso.
Fíjense que en ningún caso mi grupo pone en duda la necesidad de asegurar la seguridad en frontera, para nada, pero no puede aceptar que no exista cualquier otro método que permita sustituirlas porque las concertinas atentan contra los
derechos humanos más elementales y deben existir otros instrumentos, otros métodos que sin menoscabo de la seguridad no produzcan heridas graves.
Debo decir que mi grupo parlamentario se ha preocupado mucho por este tema, como les decía, y nueve meses después de aquel debate que tuvimos en esta comisión a raíz de la Proposición no de Ley socialista creemos que era importante volver a
hablar de este tema.
Este diputado formuló una pregunta al Gobierno sobre el tema de las concertinas y debo decir que en una respuesta muy extensa el Gobierno relata todas las partidas presupuestarias que se han gastado desde el año 2005 en relación a la
instalación y mantenimiento y mejora de las concertinas en el perímetro fronterizo de España con Marruecos en las ciudades de Ceuta y Melilla.
Les voy a decir que hay una frase que a mí sinceramente me pone los pelos de punta y es la siguiente, cito, 'al tratarse de una medida de carácter pasivo su instalación no produce lesión alguna por sí sola', aquí acaba la cita. Yo creo que
esta frase, 'por sí sola', ya quiere decir muchas cosas y creo que es importante que reaccionemos ante la instalación de estas concertinas en el perímetro fronterizo.
Para acabar, muy recientemente leía un artículo de un conocido filósofo francés que recordaba el origen mitológico del nombre de nuestro continente, la historia, aquella historia de la mujer fenicia de Tiro, Europa, seducida por el dios Zeus
transformado en toro y que la llevó a Creta a lomos y ese origen mitológico entronca con la concepción de que los padres fundadores de Europa tenían un continente abierto al mundo patria del universal, y decía Lévy, un continente que se niega a si
mismo sí se convierte en una fortaleza.
En estos momentos la realidad que vivimos pone de manifiesto la imposibilidad de ser una fortaleza, tampoco se conseguirá con las concertinas crear una fortaleza. La propia historia común y la larga construcción de Europa nos exigen no caer
en el riesgo de negar nuestra voluntad de ser universales y ciudadanos del mundo, decía.
Quiero avanzar que en este sentido se ha presentado una enmienda por parte del grupo de Izquierda Plural, quería decirle al grupo de Izquierda Plural que compartiendo plenamente su enmienda creo que es importante que hoy únicamente votemos
el texto que hemos presentado mi grupo y que es relativo a la retirada de las concertinas.
El señor PRESIDENTE: Una enmienda hay presentada a esta Proposición no de Ley por el Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural. Tiene la palabra el señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: Mi grupo no pierde la esperanza de que la enmienda sea asumida o transaccionada por el Grupo de Convergència i Unió, la esperanza es lo último que se pierde, y quiero empezar esta intervención agradeciendo al Grupo
de Convergència i Unió que haya traído esta Proposición no de Ley a la Comisión de Interior para poder hablar del tema de las fronteras, un tema que en esta ocasión se relaciona directamente con el tema de las concertinas, un tema que ya hablamos en
esta comisión, incluso trajimos por parte del Grupo Socialista y por parte de mi grupo fragmentos de las concertinas que están en la valla de Melilla y yo esta cuestión solamente recordaría lo que en una visita de la ciudad autónoma me decía una
persona que trabaja en el hospital de Melilla, en el que funciona no en el que está inacabado, que nunca habían cosido tanto como desde el momento en que se pusieron las concertinas la primera vez, porque las concertinas tuvieron un primer momento
hace años, luego se retiraron por parte del Gobierno socialista, ahora el Gobierno del Partido Popular ha vuelto a ponerlas en determinadas zonas y cada vez que se han puesto esas concertinas en la valla de Melilla, ya digo, en el hospital acaban
diciendo que nunca han cosido tanta carne como después de poner esas vallas, esas concertinas. Es una cuestión suficientemente gráfica.
Dicho esto, mi grupo parlamentario plantea esta enmienda en aras de una cuestión de mayor actualidad, y es la cuestión que el señor ministro trajo a esta Comisión, cuando compareció después de los desgraciados
incidentes en El Tarajal, cuando murieron una serie de personas que trataban de llegar a España, y es el tema de las devoluciones en caliente que el Ministerio del Interior califica como rechazo en frontera, si no recuerdo mal, un elemento
ciertamente contradictorio que ha dado lugar a que determinados informes muy bien fundamentados por juristas lo critiquen y lo pongan en entredicho y, cómo no, ha dado lugar a que finalmente un juez haya encausado al coronel de la Guardia Civil de
la ciudad de Melilla por aplicar esa política de rechazo en frontera, devolución en caliente decimos vosotros y dicen las ONG, que aplica la Guardia Civil en las fronteras de España y que no se sostiene legalmente, porque como muy bien dice el juez,
como muy bien dicen los juristas, España empieza donde las autoridades españolas empiezan a ejercer su autoridad, y estas personas han sido expulsadas desde territorio español, donde las autoridades españolas ejercen su autoridad, por lo tanto se ha
incumplido lo que dice la Ley de Extranjería respecto a su identificación, y respecto a la protección de sus derechos de asilo también. Por lo tanto nuestra enmienda lo que plantea es que esa cuestión de máxima actualidad, después de la imputación
del coronel jefe de Melilla, entre en esta casa y sirva para que el Ministerio del Interior cambie su política, y la cambie con urgencia, la cambie con urgencia porque ya no son solo informes fundamentados de juristas, sino que ya son actuaciones
judiciales las que cuestionan la política del Ministerio del Interior, las instrucciones dadas, unas instrucciones que incluso las propias personas que las tienen que ejecutar, los propios guardias civiles se encuentran muchas veces en la
indefensión de tener que enfrentarse a unas órdenes que ellos entienden que no están bajo el amparo de la ley, no se desarrollan bajo el imperio de la ley, por lo tanto esto es una urgencia bajo nuestro punto de vista que el Ministerio debe
corregir, y por eso hemos aprovechado esta proposición no de ley del Grupo de Convergència i Unió que trae a colación el problema de las fronteras.
No quisiera acabar sin llamar la atención a sus señorías sobre que España tiene un problema porque decenas de personas tratan de entrar en Ceuta y en Melilla. Italia lo tiene por centenares de miles. El problema es un problema continental,
somos conscientes de ello, y quisiera acabar diciendo que el tema que ha traído a colación el señor Picó sobre el nombre del continente es absolutamente pertinente, Europa ha sido y es en el imaginario colectivo del planeta un continente abierto, y
desde mi grupo parlamentario siempre defenderemos que Europa continúe siendo un continente abierto.
El señor PRESIDENTE: Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Quiero felicitar a Convergència i Unió por traer esta iniciativa. Efectivamente, como nos ha recordado el señor Picó, no es la primera vez que hablamos de esta cuestión en esta Comisión, y desgraciadamente da la
impresión de que no va a ser la última tampoco, pero hablaremos de ello tantas veces como sea necesario para terminar con esta vergüenza, con esta situación que desde mi punto de vista avergüenza a cualquier demócrata, que es tener en nuestras
fronteras un instrumento que nos dicen que es disuasorio, pero que no lo es, demostrado está que no lo es, pero que lo que sí está demostrado es que es un instrumento inhumano, incompatible con un estado democrático de derecho, inaceptable desde la
perspectiva de la dignidad de los seres humanos. Este continente abierto que es Europa también es un continente, además de abierto y seguro para todos, que ha de ser seguro también para aquellos que vienen a Europa a encontrar una oportunidad para
vivir, no puede avergonzarnos la forma en la que les recibimos en las fronteras en las que evitamos que entren a nuestro país.
Decía el señor Sixto en su intervención que lo han denunciado los propios agentes de seguridad de fronteras; es la propia Guardia Civil, a través de su asociación mayoritaria, la que decía hace unos meses textualmente: estamos hartos de
ver morir a personas por intentar pasar la frontera, y no estamos dispuestos a soportar ver a más personas colgadas y desangrándose por las concertinas de la valla. Esto es inaceptable, es inasumible, no sé cómo es posible que permitamos que pase
un día más sin retirar esos instrumentos de tortura de las vallas, en las fronteras de acceso a la Unión Europea, en este caso en las fronteras de acceso a España. Y propongo a sus señorías que empecemos, ya que a lo mejor no conseguimos la mayoría
suficiente para acordar en esta Comisión un mandato al Gobierno, por llamar a las cosas por los nombres que son y no por los nombres que no son; vamos a dejar de llamar concertinas a lo que son alambres de cuchillas, vamos a llamarles por su nombre
a ver si así nos da un poquito más de vergüenza, porque detrás de esa palabra concertinas cualquiera que nos esté escuchando no sabe de lo que estamos hablando, salvo que desgraciadamente, ya se ha puesto muchas veces de actualidad, pero todavía a
lo mejor hay personas que han discutido sobre las concertinas, no, hemos discutido sobre la necesidad de que se retire un alambre con cuchillas que corta a los seres humanos que vienen a Europa a buscar una oportunidad para vivir, no una oportunidad
para vivir mejor, una oportunidad para
vivir. Esto es inaceptable, insoportable desde cualquier punto de vista, es inhumano, y por tanto ojalá pudiera ser que hoy fuera la última vez que tratemos este asunto, pero si hoy no sale de aquí un acuerdo inánime para pedirle al
Gobierno que actúe en esta materia creo que todos nos podemos comprometer a traerlo cuantas veces sea necesario, a ver si, si no es por convencimiento, que sea por vergüenza por lo que las quitan.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Sicilia.
El señor SICILIA ALFÉREZ: Estamos de acuerdo desde el Grupo Socialista en que la inmigración debe de ser ordenada y evidentemente cumpliendo la normativa que tiene nuestro Estado y que tiene la Unión Europea, pero evidentemente gestionar la
inmigración no puede pasar por poner cuchillas en las vallas de Ceuta y de Melilla, con eso no podemos estar de acuerdo y no estamos de acuerdo, por eso apoyaremos esta proposición que hoy nos presenta CiU, una proposición que viene a ser algo
repetitiva, pero no por ello merece ningún tipo de descalificación, todo lo contrario, viene bien que recordemos que en Ceuta y en Melilla siguen instaladas vallas que están con cuchillas para evitar que puedan pasar las personas que tratan de huir
de la miseria, del hambre o de la guerra. Por tanto gestión de flujos migratorios sí, la barbarie de instalar cuchillas para impedir que pasen personas desde luego no lo podemos tolerar desde el Grupo Socialista.
Ya debatimos sobre esta cuestión y ya se manifestó mi grupo, y no solo mi grupo parlamentario, también se manifestó por ejemplo la Defensora del Pueblo rechazando estas cuchillas en las vallas de Ceuta y de Melilla, también las asociaciones
de la Guardia Civil, los sindicatos de la Policía, el Fiscal General del Estado, la Conferencia Episcopal, los responsables de interior de la Comisión Europea, todos ellos mostraron su rechazo tajante a esta medida que ha puesto en marcha el
Gobierno del Partido Popular, una medida que sí, ciertamente, estuvo cuando gobernaba el Gobierno socialista, pero que al ver que era totalmente ineficaz y que no solo ineficaz, sino que causaba graves daños a las personas que intentaban saltar la
valla, las retiró, las retiró y no las volvió a instalar. Esa instalación se ha vuelto a hacer con un Gobierno del Partido Popular, y ahí permanece, pese a que este Parlamento se ha manifestado en contra, eso sí, con la única excepción del Partido
Popular, que le ha dado el visto bueno a que las cuchillas sigan en la valla de Ceuta y de Melilla. Rechazó la propuesta del Grupo Socialista, que pedía su retirada, y hoy mucho me temo que lo volverá a rechazar.
Pero para ir terminando, señor presidente, en la propuesta que mi grupo hizo en diciembre pasado sobre esta cuestión no solo pedíamos la retirada de las cuchillas de la valla de Ceuta y de Melilla, pedíamos mucho más, otros medios para poder
llevar a cabo una gestión eficaz de los flujos migratorios que se dan en nuestra frontera, tenemos que dotarles de más medios humanos y materiales a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que protegen las vallas de Ceuta y de Melilla, especialmente de
la Guardia Civil; tenemos evidentemente que dotar de más plantilla de manera adecuada, y cuantitativa y cualitativamente esas plantillas que se encuentran en Ceuta y en Melilla, incentivarlas a través de permisos, a través de descanso, de
diferentes maneras para que esas plantillas puedan verse incrementadas, y desde luego con otro tipo de medios más sofisticados, como puedan ser algún tipo de radar o de sensor. En definitiva -y ya termino- control sí, una regulación conforme a la
ley de los flujos migratorios sí, pero desde luego las cuchillas en las vallas de Melilla no sirven para parar el hambre y la miseria de la que huyen miles de personas todos los días.
El señor PRESIDENTE: Y por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Conde.
La señora CONDE MARTÍNEZ: No es mi intención abundar en debates que ya han sido reproducidos largo y tendido en esta Cámara, bien en sesión plenaria bien en esta misma Comisión, hoy y en otras ocasiones, ni es mi intención profundizar en un
debate estéril desde mi punto de vista al respecto de las concertinas sobre quién las puso y no las quitó, sobre quién se lamenta ahora y entonces no se lamentó, arrepentidos les quiere Dios, señor Sicilia. La inmigración ilegal es un fenómeno
complejo con muchas aristas que requiere de altura de miras y de un gran esfuerzo por todos los grupos políticos, para atajar una cuestión que sin duda es de Estado, y para evitar que grupos mafiosos saquen provecho de la miseria y desesperanza
humanas. Lo importante en esta materia es desde luego aportar soluciones y si son conjuntan y consensuadas mejor que mejor, porque hoy está el Partido Popular en el Gobierno, pero en el futuro, como así ha sido en el pasado, pueden ser otros grupos
los que estén en el Gobierno, y si no tomamos medidas de consenso implicando también a la Unión Europea, cómo no, actor esencial en la
protección de fronteras exteriores, el problema persistirá, gobierne quien gobierne. Tenemos por tanto dos opciones: o nos ponemos todos a trabajar para encontrar soluciones de acuerdo, soluciones en las que converjamos, o nos vamos todos
a llorar detrás de un arbusto, como contaba una conocida eurodiputada socialista al visitar la valla. Yo personalmente prefiero la primera.
No perdamos más tiempo entonces, un gran abanico de oportunidades de diálogo se abre ante nuestros ojos, de diálogo entre grupos políticos, de carácter público, creando una subcomisión ad hoc o de carácter privado, ustedes saben que hay
múltiples fórmulas existentes para ello, de diálogo con la Unión Europea aprovechando el nuevo nombramiento del comisario de Inmigración, el griego Dimitris Avramopoulos, de diálogo y colaboración con Marruecos y otros países del Magreb y del Sahel,
reforzando y potenciando la cooperación en origen, y el diálogo con el tercer sector, qué duda cabe. No es positivo, ustedes lo saben, no es positivo que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las ONG se relacionen en un ambiente de
hostilidad, cuando estoy profundamente convencida y estoy convencida que ustedes también, de que hay muchas más cosas que les unen de las que les separan. Y no me gustaría dejar pasar esta oportunidad para hacer una defensa de la gran labor
humanitaria que la Guardia Civil desarrolla día a día en nuestras fronteras.
Extraigamos en definitiva conclusiones efectivas desde la aportación y valoración de diferentes puntos de vista, tratando la inmigración, la inmigración ilegal se entiende, desde una perspectiva integral y no centrándonos en exclusividad en
los medios materiales que componen y garantizan nuestra frontera sur. Alejémonos de buenismos mal entendidos, de un mundo sin fronteras, porque si la solución al problema de la inmigración ilegal fuera tan simple como eliminar los elementos
disuasorios que garantizan las fronteras, abramos todas las fronteras, y como dicen en mi tierra, ancha es Castilla. Señorías, los dos kilómetros de vallado donde se instalaron las concertinas en la valla fronteriza de Melilla, en esos puntos se
concentraba el 90 % de las entradas ilegales; transcurrido casi un año desde su instalación los intentos de entrada en esos puntos sensibles se han reducido sensiblemente, extraordinariamente, en un 80 %, lo que demuestra claramente su carácter
disuasorio; es más, ustedes saben, porque lo saben, que no existe normativa internacional ni europea ni nacional que prohíba su uso, y además la Unión Europea las utiliza en instituciones públicas de su propiedad.
Señor Picó, se lo digo con... -no está el señor Picó- ... se lo digo igualmente al Grupo Catalán desde el cariño, no vamos a apoyar esta proposición porque el tratamiento de la inmigración ilegal no puede ser, no debe ser tan simplista,
sino más global y porque deberían estar más preocupados por proteger las actuales fronteras que por crear otras nuevas, tanto a mí como entiendo que al señor Picó o al resto de intervinientes nos preocupan por encima de todo las personas, los seres
humanos, independientemente del territorio de donde procedan, y me sorprende que el Grupo Catalán, el Grupo de Convergència i Unió haya presentado esta proposición no de ley llevando como llevan tanto tiempo creando fronteras más altas y peligrosas
que las de Ceuta y Melilla.
El señor PRESIDENTE: Entiendo de la intervención del señor Picó que no se aceptaba la enmienda de La Izquierda Plural.
El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Efectivamente, me ha dejado anotado el señor Picó que, aun compartiendo la filosofía de la enmienda de La Izquierda Plural, entendemos que es más interesante poder votar concretamente esta vez sobre el tema de
las concertinas.
- RELATIVA A LA INCORPORACIÓN AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO INTEGRAL EN LOS CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO (SISTEMA VDG O VIOGÉN) A TODAS LAS INSTITUCIONES QUE INTERVIENEN EN LA ASISTENCIA Y PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/003014).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la última proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la incorporación al sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género a todas las instituciones que intervienen
en la asistencia y protección de las víctimas de violencia de género.
Para su presentación tiene la palabra por el grupo proponente la señora Álvarez.
La señora ÁLVAREZ ÁLVAREZ: Quisiera dar lectura a dos casos ocurridos este verano que han manifestado de manera contundente la necesidad de generalizar la valoración forense, y de integrar a
otros profesionales especializados de cara a completar la valoración que realizan actualmente los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Crimen del 28 de julio del 2014, Málaga, la víctima visitó el hospital provincial días antes del luctuoso suceso para ser atendida de una agresión machista, los sanitarios activaron el protocolo, emitieron parte de lesiones al juzgado, lo
que también supone activar causa de oficio, y también se activó comunicación al Instituto Andaluz de la Mujer. Quiero recordar que desde este organismo fue contactada y se le ofreció hospedaje de seguridad, recurso que rechazaría, y dicha
institución -y esta es la cuestión importante a observar- no tiene competencia para introducir datos de alerta en el sistema Viogen, al menos hasta ayer por la mañana, en la que ustedes se han apresurado a firmar un acuerdo que llevaba más de un año
de retraso.
Caso número dos, apuñalamiento con resultado de muerte en Berja, Almería. El crimen fue cometido presuntamente por su expareja sentimental, que había sido denunciada por violencia de género ante la Guardia Civil el 25 de junio, lo que dio
lugar a una orden de alejamiento de 200 metros. Se produce una violación de la orden de alejamiento, motivo por el que permaneció bajo arresto domiciliario hasta pasado el 30 de julio, si bien la orden de alejamiento tenía vigencia hasta el 21 de
octubre. Agredió mortalmente a la víctima tan pronto finalizó el arresto domiciliario.
Sabrán sus señorías que el Grupo Socialista ha solicitado la comparecencia del secretario de Estado de Interior para informar no sobre estos dos casos, donde es manifiesto que se han producido circunstancias que podríamos calificar de
disfunciones en la cadena de seguridad, sino para que el señor Cosidó informe a esta Cámara sobre los casos mortales por violencia de género habidos al menos desde la puesta en marcha del sistema Viogen, para que nos explique cómo asocian causas y
consecuencias de la violencia de género con resultado de muerte de cara a identificar predictores de riesgo. Y nos preocupa mucho cómo está trabajando el Ministerio. Deben saber sus señorías que en julio de 2014 se encontraban activados 63
dispositivos telemáticos, tienen aquí el gráfico, 66 menos que en el mismo período de 2013, y 132 menos que en el mismo período de 2012, una desafortunada tendencia de disminución del uso del principal elemento disuasorio con que cuenta la
Administración de Justicia. Lo grave es que el propio Ministerio del Interior haya estado paralizando la aplicación del protocolo de los dispositivos electrónicos de seguimiento hasta tal punto que la propia memoria de la fiscalía, presentada
recientemente, les reprueba por ello, y eso es preocupante. Han retrasado casi dos años la firma de ese protocolo, un protocolo que tenía el visto bueno del Consejo General del Poder Judicial y del resto de firmantes desde hacía casi dos años, y
que se ha retrasado solo por la incapacidad de gestión del propio Ministerio del Interior, y eso es grave porque estamos hablando del sistema de prevención más eficaz con que contamos en este momento, es decir, el mejor elemento disuasorio para
evitar agresiones dolosas contra las mujeres.
Mire, en las proposiciones que nos han hecho de enmiendas yo creo que se han delatado ustedes mismos. Tengo aquí un cuadro resumen de las actuaciones en esta materia llevadas a cabo por el Gobierno del Partido Socialista y las llevadas a
cabo por el Partido Popular. Lo que está en rojo es el trabajo de creación e implantación del sistema, lo azul, un solo puntito, la desgana para promover avances por parte del Partido Popular. Ayer, se lo decía antes, y no de manera casual, por
fin han firmado ustedes el convenio de colaboración con Andalucía, un día antes de que viniese este tema a la Comisión de Interior. Es un desastre, sobre todo porque miembros del propio ministerio han manifestado en documentos que circulan incluso
por la red que estaba previsto hacer en diciembre de 2013 la firma de ese convenio. Otra vez falta el empuje político y retrasos inadmisibles, sus ritmos de trabajo en todo lo que no sea destruir derechos, limitar recursos y acabar con
prestaciones, son exasperantes.
Miren, el sentido de protección es un sentido amplio que va más allá de la protección policial, y supone que por ejemplo la asistencia social, los servicios hospitalarios y otros organismos con programas de reparación del daño sean claves en
la generación de alertas para la seguridad de las mujeres víctimas, la protocolización de los avisos a las víctimas cuando se produce modificación de medidas o puestas en libertad podría haber salvado algunas vidas. La falta de diligencia en esta
materia está poniendo a muchas mujeres en riesgos innecesarios, algunas no pueden esperar a que ustedes aprueben el estatuto de la víctima del delito, no podemos esperar. Si ustedes utilizan instrumentos legislativos cuando les viene en gana para
acelerar procesos háganlo aquí también, porque además tengo que decirles que existen deficiencias gravísimas en esa materia en este estatuto de la víctima, en todo caso actívenlo ya.
Hemos preguntado al Gobierno si en el caso del crimen de Almería, en el que existía una significativa circunstancia de peligro, se procedió a activar alguna alerta. La familia, quiero que lo sepan, que esta diputada está recibiendo correos
de la familia permanentemente, está indignada ante la falta de medidas
de protección en un caso en que todo auguraba un peligro cierto. Miren, más allá de los avisos del Centro de Control Cometa, que ya están protocolizados, se necesita establecer un sistema para una nueva revisión de la valoración de riesgo,
pero hay que hacerlo tras la finalización de las medidas establecidas judicialmente, y quiero avisar sobre esto, el criterio no puede ser solo un criterio temporal como ha anunciado el ministro, no se trata de acortar los tiempos de revisión de la
valoración, la valoración hay que hacerla cada vez que existan nuevas y significativas circunstancias para la víctima o en la conducta del agresor, y eso ahora solo se hace para los casos con dispositivos tecnológicos de detección de proximidad, y
eso pretenden eliminarlo ustedes a través de su enmienda. Respétenlo, comprenderán que para nosotros es inaceptable, ese punto es innegociable.
Los casos que les he descrito creo que son paradigmáticos porque ponen en evidencia los agujeros del sistema y dónde y cómo se rompe la cadena de custodia de la seguridad de las mujeres. Es urgente que el Gobierno trabaje, que trabaje más,
y que planifique sistemas para diversificar las fuentes de información para una adecuada valoración del riesgo, no podemos renunciar al primer punto de nuestra proposición, podemos llegar a acuerdos respecto a unificarlos con algunas de sus
enmiendas, estamos por la labor desde luego, pero no renunciamos a ese punto. No es fácil, pero lo que les estamos proponiendo es el camino. Somos conscientes de que el montaje de todo este sistema es complejo, pero no hay otro camino, tan solo
hay que ponerse a ello, como en su día se puso el Gobierno socialista, que construyó el sistema en apenas seis meses, pero si ustedes solamente tienen que desarrollar algunas mejoras. En seis meses se hicieron las bases de datos, se implementaron
en el ministerio, se hicieron las pruebas y se empezaron a firmar los primeros protocolos con la Ertzaintza, con la Policía catalana, y por supuesto también con la fiscalía y algunos otros sistemas de seguridad como las policías locales. Por tanto
hay que hacerlo, se puede hacer, se trata de destinar recursos humanos a ello, y eso es planificación y sobre todo voluntad política. Nosotros la tuvimos entonces, la seguridad de cientos de mujeres en riesgo les demanda que ustedes lo hagan
también ahora.
El señor PRESIDENTE: Hay una enmienda del Grupo Parlamentario Popular, y para su defensa tiene la palabra la señora De Micheo.
La señora DE MICHEO CARRILLO-ALBORNOZ: Bueno, señoría, en primer lugar después de oír su intervención da igual lo que hubiera hecho el Gobierno hasta ahora, porque a usted le parece que no ha hecho nada, ya venía con el discurso preparado y
da igual todo lo que ahora podemos ir detallando, qué es lo que en estos meses y en estos años se ha trabajado de manera prioritaria, porque, señoría, sí que quiero dejarle una cosa clara y que creo que compartimos todos los miembros de esta
Comisión o todos los miembros del Parlamento, y es que hay temas en los que no nos sirven los titulares o con los que no se hacen política, y son estos, que son las víctimas de la violencia de género, cada una de las víctimas; mientras haya una
mujer que sufra violencia de género va a ser un problema de todos, y en eso es en lo que está trabajando el Gobierno del Partido Popular.
Sí que querría -que seguro que lo sabe porque de hecho salió en todos los medios y salieron además las consecuencias concretas de esa reunión- decirle que el pasado mes de abril se firmó un acuerdo interministerial de los tres ministerios a
los que compete esta materia, por el que se activan las áreas de trabajo en las que ya se estaba trabajando, y se vuelve a impulsar este trabajo que se lleva a cabo, el primero, la mejora de la protección de las víctimas, según usted no se está
haciendo nada; el asegurar la formación de todos los agentes implicados, porque esto es una realidad que va cambiando y que todos tenemos que ser conscientes de que no son las mismas circunstancias en el año 2008 y ahora mismo en el año 2014, la
formación; aumentar la competencia de los juzgados de violencia sobre la mujer, y mejorar la coordinación. Esto a modo de primer campo de trabajo de la reunión interministerial, que no es fácil poner a tres ministerios de acuerdo, pero que ya con
esto no es por lo menos un erial en el que no estamos dejando nada por hacer. Con esto ya empezamos a concretar, porque solamente esto era la primera parte. ¿No estamos haciendo nada? Un acuerdo, un acuerdo de tres ministerios para ponernos a
ello.
Segundo aspecto, reforzar los mecanismos legales y jurídicos para proteger a las víctimas de la violencia de género, revisión del protocolo de valoración del riesgo por parte de las víctimas, esto iré detallándolo más adelante porque también
usted dice que es uno de los puntos clave, creación del grupo de trabajo integrado por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, por el Consejo General del Poder Judicial, por Instituciones Penitenciarias, por Delegación del Gobierno, por el
Ministerio de Justicia, por todos estos agentes y los que también están recibiendo una formación específica, está creado el
grupo de trabajo, y se está trabajando en esta materia concreta. Tampoco se ha hecho nada, ¿no, señoría? Esto tampoco le sirve.
Siguiente aspecto importante, que es una novedad y que lo incluye realmente el anteproyecto del estatuto de la víctima, que vamos a tener ocasión de debatir aquí en esta casa, que las víctimas puedan estar informadas en todo momento de la
situación de su agresor, esto también, bueno, pero tiene una tramitación, señoría, lo que no podemos hacer es saltarnos los pasos porque a ustedes les parezca que ya tiene que venir, bueno, es un anteproyecto, están las víctimas, todas ellas están
en el momento, además estamos en el plazo, que estamos también escuchando lo que nos tienen que decir las asociaciones, y usted lo sabe. Bueno, pues en eso estamos trabajando, y no es lo mismo no hacer nada que tener un anteproyecto, por lo menos
sí que me sabrá diferenciar las dos cosas.
Y ahora vamos, ya para terminar, presidente, a repasar brevemente Viogen porque este era el motivo de la proposición, y esto es en lo que está trabajando el Gobierno y en lo que están trabajando los agentes de los que depende este tema.
¿Qué se está haciendo para mejorar, para seguir trabajando, y para no cansarnos y que nuestro objetivo sea víctimas cero? Lo primero es aglutinar a todas las instituciones públicas con competencia en la materia y lo segundo integrar toda la
información de interés que se estime necesaria. Eso es lo que usted dice. La estamos integrando, estamos viendo cuál es el proceso. Yo comprendo que ustedes traían cuatro puntos y nosotros les hemos propuesto seis; si en el cuarto no nos ponemos
de acuerdo eso no significa que porque su proposición no salga adelante la voluntad del Gobierno en trabajar vaya a disminuir. Estos son los puntos en los que estamos trabajando: hacer la predicción del riesgo mediante los formularios. Estamos
trabajando también para que la valoración policial y la evolución se atengan a los cinco niveles pero también se tengan en cuenta las distintas circunstancias que pueden hacer cambiar este riesgo (la situación laboral de la víctima y de su agresor,
los factores de vulnerabilidad, la discapacidad, el hecho de ser mayor de edad o de tener menores a su cargo).
El siguiente aspecto que aporta Viogen y en el que estamos trabajando es en efectuar una labor preventiva emitiendo avisos, alertas, alarmas mediante el subsistema de notificaciones automatizadas. En este punto estamos trabajando con todas
las comunidades autónomas pero, señoría, usted también sabe, que hay competencias transferidas y que tenemos que contar con ellas. Por eso están firmando los acuerdos porque podemos llegar solo hasta cierto punto, y lo importante es que seamos
capaces de trabajar todos juntos. Además deseamos que se tenga constancia permanente de la situación en la que se encuentran las víctimas de mayor vulnerabilidad y se analicen las medidas y recursos que se encuentran a su disposición.
Termino, señoría, porque yo creo que me he ido del tiempo. Esta proposición iba destinada en principio a Justicia, pero como hemos dicho inicialmente compete a tres ministerios (Sanidad, Justicia e Interior). Al estar en la Comisión de
Interior quiero hacer una especial mención, tanto a la Policía como a la Guardia Civil, que son imprescindibles, por eso hemos incluido el punto 6.º Finalizó como empecé, señoría, somos mucho más eficaces si en esto encontramos la manera de trabajar
más rápido.
El señor PRESIDENTE: Para fijación de posición tiene la palabra el señor Guillaumes, del Grupo Parlamentario Catalán.
El señor GUILLAUMES I RÁFOLS: Intervendré muy brevemente. Lógicamente estamos del todo de acuerdo; acaso nuestro problema es que en Cataluña tenemos nuestro sistema integrado de atención a la víctima, el SIAV, que obviamente se conecta
con el Viogen para comunicar las situaciones en Cataluña. En todos los casos el seguimiento, la evaluación, el riesgo se evalúan desde nuestro sistema. Además no se utiliza solo en el caso de maltratos sino también, por desgracia -no es que
Cataluña sea un ejemplo en este sentido-, o en casos de violencia familiar, sino de mutilación genital femenina, de matrimonios forzados y abusos de agresiones sexuales, situaciones que no se producen o no excesivamente en otras zonas. Por tanto
nuestra gran duda es que precisamente la moción no tienda a reducir lo que de alguna manera ya hacemos. De todas formas entendemos que esto no podría ser en ningún caso un argumento para votar en contra ni tan solo para abstenerse. Pese a que
tengamos nuestro sistema le recuerdo que efectivamente contactamos con Viogen para comunicar todos los casos de violencia de género que se instruyen en Cataluña, aunque solo a estos efectos, porque para el resto de la gestión lo hacemos con nuestro
sistema. Por tanto nuestro voto va a ser afirmativo.
El señor PRESIDENTE: Señora Álvarez, por favor, debe decirnos si acepta las propuestas.
La señora ÁLVAREZ ÁLVAREZ: Estamos en condiciones de llegar a acuerdo respecto a cuatro de los puntos. Nos gustaría, porque es de interés general, que así fuera, si es posible. Eso facilitaría bastante que llegásemos a un acuerdo.
El señor PRESIDENTE: El criterio general usado tanto en el Pleno como en comisiones es que en las proposiciones no de ley se vote bien la proposición no de ley en sus propios términos, la transaccional o la incorporación de las enmiendas
pero no es posible votar por separado partes resolutivas de la proposición no de ley.
La señora ÁLVAREZ ÁLVAREZ: Si no es un criterio rígido yo rogaría que hiciésemos un esfuerzo, porque creo que el tema merece la pena. Yo tengo memoria de haberlo hecho en alguna Comisión.
El señor PRESIDENTE: La nota que tengo es que es criterio de la sesión plenaria y de esta Comisión. Sería abrir un precedente, y con ello podríamos trastocar otras comisiones. Lo siento, señora Álvarez. Creo que ha quedado perfectamente
claro por las intervenciones cuál es la posición de cada grupo.
Pregunto a los portavoces. ¿Estamos en condiciones de proceder a las votaciones? (Asentimiento). Así lo haremos.
En primer lugar votamos la proposición no de ley, presentada por el Grupo Mixto, sobre la paralización de las obras del cuartel de la Guardia Civil de Fitero y la elaboración de un plan de empleo en la zona. Se vota en sus propios términos.
El señor CUADRA LASARTE: Señor presidente, querría aclarar el sentido de la votación. Se había presentado una enmienda. Habíamos entendido en principio que podía ser de adición porque ponía que era de modificación, pero nos han dicho que
en estos términos es de sustitución. La habríamos aceptado en su integridad pero en estos términos no podemos aceptarla. Pedimos que se vote la PNL tal como se había presentado, en sus propios términos.
El señor PRESIDENTE: Votamos por tanto la proposición no de ley en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; abstenciones, 39.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley, del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, sobre creación de un servicio público de recuperación de vehículos robados. Se vota en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 24; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley 2262, del Grupo Parlamentario Catalán, sobre la retirada de concertinas del perímetro fronterizo de Ceuta y Melilla. Se vota en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley 394, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el ejercicio de derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos. Votamos la enmienda transaccional que se ha presentado y se ha repartido a todos los grupos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley 3014, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la incorporación al sistema de seguimiento integral en caso de violencia de género a todas las instituciones que intervienen en la protección de víctimas de violencia de
género. Se vota igualmente en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley 1784, del Grupo Parlamentario Popular, sobre las bases de datos de ámbito nacional de menores inmigrantes no acompañados. Votamos la enmienda transaccional que ha sido presentada y distribuida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Por último votamos la proposición no de ley 3038, del Grupo Parlamentario Popular, sobre la elaboración de convenios que faciliten el cumplimiento de penas de trabajos en beneficio de la comunidad. Hay también una enmienda transaccional, la
cual votamos tal y como ha sido presentada y distribuida.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
Eran las siete de la tarde.