CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 359

DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL PACTO DE TOLEDO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍA CHAVES GONZÁLEZ

Sesión núm. 14

celebrada el miércoles,

26 de junio de 2013

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencias. Por acuerdo de la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo:


- Del investigador del Centro de Estudios Demográficos y profesor asociado de la Universidad Autónoma de Barcelona (Blanes Llorens), para informar a la Comisión sobre el informe del factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones.
(Número de expediente 219/000348) ... (Página2)


- Del catedrático de Economía y director del departamento de Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (Serrano Pérez), para informar a la Comisión
sobre el informe del factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones. (Número de expediente 219/000349) ... (Página2)


- Del catedrático emérito del Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Deusto (Zorrilla Ruiz), para informar a la Comisión sobre el informe del factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones. (Número de
expediente 219/000350) ... (Página2)

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Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


El señor PRESIDENTE: Damos la bienvenida a los señores comparecientes a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo. Seguramente todos los diputados y diputadas que forman parte de la misma están muy
interesados en la opinión que ustedes puedan manifestar sobre el informe del comité de expertos sobre el factor de sostenibilidad.


Van a intervenir don Amand Blanes Llorens, investigador del Centro de Estudios Demográficos y profesor asociado de la Universidad Autónoma de Barcelona; don Felipe Serrano Pérez, catedrático de Economía y director del departamento de
Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad del País Vasco, y don Manuel María Zorrilla Ruiz, catedrático emérito del Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Deusto. Todos ellos,
como ustedes saben, para informar del factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones.


Tiene la palabra don Amand Blanes Llorens.


El señor INVESTIGADOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS DEMOGRÁFICOS Y PROFESOR ASOCIADO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA (Blanes Llorens): Señoras y señores diputados, en primer lugar, quiero agradecer la invitación a participar en esta
Comisión de Seguimiento de los Acuerdos del Pacto de Toledo y sobre todo que se acuerden de la demografía -de un demógrafo- cuando es casi la base de las preocupaciones, de los retos y de las problemáticas. Mi comparecencia se centrará, como
demógrafo, en algunas repercusiones de la dinámica demográfica. Intentaré ver aquello que tiene de certidumbre o de incertidumbre la dinámica demográfica, sobre todo a la luz de los últimos datos de España, y posteriormente haré algunas reflexiones
más concretas sobre el informe en relación con el factor de equidad intergeneracional, entre otros motivos porque mi especialización en el campo de la demografía son las proyecciones en general y de mortalidad en particular.


La dinámica demográfica se considera básica para la sostenibilidad del sistema de pensiones. No hace falta recordarles que en gran medida el Pacto de Toledo fue una respuesta a unas previsiones que suponían que la población española no
superaría los 42 millones de personas. De todos es sabido que esas previsiones fueron manifiestamente erróneas, como también lo fueron las económicas que se realizaron en aquella época. No había manera de prever los saldos migratorios de
principios de este siglo. Esa incertidumbre es todavía mayor hoy en día. ¿Por qué? Porque básicamente la dinámica demográfica en España ha estado condicionada por el flujo económico y por el flujo demográfico, que depende de la coyuntura
económica.


Ante este contexto que a veces resulta un poco sorprendente, ¿cuál es la opción que ha adoptado el Instituto Nacional de Estadística? Como el propio instituto dice, las proyecciones a largo plazo se deben entender como un ejercicio
estadístico de qué sucedería en el futuro si se mantuvieran las tendencias más recientes. Es decir, la visión que tenemos del futuro está muy condicionada por el presente más reciente. ¿Y eso qué puede provocar? Puede provocar grandes cambios en
el panorama demográfico. Permítanme recordarles que en solo tres años hemos pasado de una previsión de población de 42 millones a la actual de 48 millones. Al mismo tiempo, el peso de la población de 65 años y más ha aumentado entre esas dos
previsiones al horizonte de 2050 en 4 puntos porcentuales. ¿Eso quiere decir que no son útiles las proyecciones de población? No. ¿Por qué? Porque nos permiten vislumbrar tendencias de fondo, sirven para concienciar a la sociedad y a los poderes
públicos e incluso, y es algo que voy a remarcar, sirve para que a partir de sus resultados se vea que el escenario que dibujan no es el que se va a producir.


Déjenme mencionarles en primer lugar que en términos de la estructura demográfica, de las repercusiones demográficas, simplemente del factor demográfico a corto y medio plazo, la situación de España no es especialmente de las peores dentro
del contexto de la Unión Europea. Estamos más o menos en la media del conjunto de la Unión Europea. Es bastante más fuerte la tensión por ejemplo en Alemania. Es en el medio y en el largo plazo, y de todos es sabido que es la llegada de las
generaciones del baby boom. Hay tres cuestiones básicas. ¿No hemos sido pero seremos capaces de recuperar la base de la pirámide poblacional? Esa es una primera cuestión que nos tenemos que plantear si hablamos de sostenibilidad del sistema de
pensiones de cara al futuro. ¿Se requerirán nuevos flujos de inmigración? Este escenario que plantea el INE actualmente y que es un escenario instrumental de 9 millones menos de personas en edad laboral, ¿qué tiene de probable? Y la última es qué
pasará con la longevidad. ¿Realmente se podrán mantener esas ganancias de longevidad que se han estado dando?


En relación con el primer aspecto creo que este ha sido uno de los grandes retos que tenía la sociedad española y posiblemente uno de sus grandes fracasos. Desde la demografía y desde múltiples disciplinas

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se hacía hincapié en la necesidad de que las políticas familiares, las políticas de fomento de la natalidad tuvieran un cierto éxito, un cierto impacto. Consiguieron recuperar ligeramente los niveles de fecundidad de la población, pero ya
se ha producido una ruptura en esa tendencia alcista. Se ha visto agravada además porque cada vez habrá menos mujeres en edad fecunda y por la inversión del flujo migratorio. Hoy en día el INE está previendo, como no consigamos recuperar
significativamente la fecundidad, unos flujos por debajo de los 400.000 nacimientos en el medio plazo. ¿Es posible revertir eso? Sí y no. Podemos plantear un pequeño supuesto. Supongamos que fuésemos capaces de articular medidas que fueran
eficaces para fomentar la fecundidad, que alcanzásemos ese famoso 2,1 hijos por mujer en 2030, en dieciséis años. En ese supuesto, que hoy en día no vemos como muy probable, no habría más de 500.000 nacimientos en esa fecha. Es decir, tenemos un
efecto estructural de tener menos generaciones en las edades fecundas que difícilmente podremos subsanar en el corto plazo. Eso no quiere decir que no sea importante incidir y conseguir aumentos en la fecundidad. ¿Por qué? Porque tienen un efecto
muy fuerte en el largo plazo. Por lo tanto, una primera propuesta desde la demografía para la sostenibilidad del sistema de pensiones es esta política de fomento de la fecundidad.


En un contexto en donde tendremos una menor natalidad y unos saldos migratorios exteriores negativos si se mantiene la tendencia actual, podemos encontrarnos delante de una contracción de la población en edad laboral de 9 millones de
personas. En ese contexto, en una recuperación económica que permitiese un incremento sostenido de la oferta de trabajo podríamos satisfacerla, a diferencia de otros países, recurriendo básicamente a un aumento de la participación laboral de la
población y a un descenso de las tasas de paro. Nuestra mala situación también podemos decir que es una buena, en el sentido de que el efecto de la dinámica demográfica no es tan inmediato. Pero no sucede lo mismo otra vez en el largo plazo. He
hecho un pequeño ejercicio de simulación -no tiene más, no lo anoten-. Con la estructura por edades que prevé el INE para el año 2050 y con las tasas de ocupación de Noruega del año 2010, que es una ocupación del 80% -20 puntos superior a la que
tiene actualmente España-, en 2050 habría 17 millones de ocupados en España, lejos de los 20,4 que hemos tenido. ¿Esto qué nos quiere decir? Que el escenario demográfico que plantea el INE es un escenario demográfico de mantener las últimas
tendencias, pero que la probabilidad de que se dé es muy baja. Por lo tanto, las repercusiones que se derivan de ese escenario hay que matizarlas. ¿El elemento clave cuál es? Obviamente, cuál será la intensidad de la recuperación económica, qué
modelo productivo queremos, pero esas son ya cuestiones más del ámbito de la economía, pero también nos indica que sería conveniente intentar consensuar o diseñar una cierta política migratoria, que es lo que ha estado haciendo Alemania.


El último aspecto tiene que ver con los contingentes de población mayor, este aumento de unos 7 millones de personas de 65 años y más en 2050. Podemos cuantificar -es una cifra bastante aproximada- que un 80% es un efecto de cohorte, es
decir, es la llegada a edades avanzadas de las cohortes del baby boom, y un 20% es el efecto ligado a las mejoras de la mortalidad que ha previsto el INE, a mantener en el futuro; 80%-20%.


En cuanto a algunas cuestiones del informe, en concreto en relación con el factor de equidad intergeneracional, es un factor que, tal y como fue en su momento el retraso de la edad a la jubilación, parte de una cierta idea de fondo, que la
sostenibilidad del sistema de pensiones en gran parte tiene un problema de índole demográfico -que paradójicamente es el mayor éxito de nuestras sociedades- y que por lo tanto remite también a soluciones que en gran medida tienen un razonamiento
demográfico. Si aumenta la longevidad, aumentamos la edad de jubilación y aumentarán los años en que se trabaja. Ese es un razonamiento, es una visión de cuál puede ser el futuro. Sin entrar en valoraciones que trascienden mis conocimientos, creo
que también transmite una cierta visión un poco pesimista sobre el futuro de que la sociedad no será capaz de hacer frente a ese incremento, de que no habrá unos niveles de actividad económica, de productividad, capaces de hacerles frente. Sería un
poco como si estuviéramos otra vez en los primeros momentos del Pacto de Toledo. Me quedan cinco minutos, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: No se preocupe, siga.


El señor INVESTIGADOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS DEMOGRÁFICOS Y PROFESOR ASOCIADO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA (Blanes Llorens): Entrando más concretamente en la propuesta del comité, hay dos maneras básicamente de hacer esta
indexación de la longevidad a las pensiones. Una es la que se hizo en 2011, que fue retrasar para la mayoría de colectivos la edad de jubilación hasta los 67 años para compensar las ganancias a corto plazo. Más o menos es la tendencia que ha
mostrado la mortalidad en estos años en España. Realmente, en 2027 la esperanza de

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vida a los 67 años será más o menos la que había en 2011 a los 65. Ahora se plantea volver a incidir en estos mecanismos demográficos de corrección, por decirlo de alguna manera. La primera idea es volver a incidir sobre la edad de
jubilación. Eso querría decir ir a mediados de siglo sobre los 71 años con las actuales previsiones. Obviamente, para la ciudadanía sería difícil asumir que después de dos años, cuando ya ha habido un retraso en la edad de jubilación, hubiera otro
de esa magnitud. ¿Cuál es la idea? La idea ha sido indexar la pensión inicial a la evolución de la esperanza de vida a partir de una determinada edad. Retomando el informe y retomando algunos de los votos particulares que se han hecho y el
debate, un primer aspecto que es objeto de discusión es la entrada en vigor de este factor de equidad. En el informe se propone que sea en el periodo 2014-2019, pero a ser posible cuanto antes, en 2014.


Para un colectivo de trabajadores que son los que ahora están en edades maduras, sobre los que ha tenido una mayor incidencia la actual crisis económica, actuar de esa manera supone realizar un doble ajuste: el que ya se hizo en 2011 y el
que se propone ahora. Si lo viéramos todo en conjunto -que no hubiera habido dos reformas, o una reforma y una propuesta, y se hubiera hecho todo en el mismo momento-, nadie hubiera planteado -creo- alargar la edad de jubilación y, al mismo tiempo,
durante ese periodo indexar la pensión inicial. Además, el indicador pierde el sentido. Si es un indicador cuyo sentido es relacionarlo con los cambios en longevidad, esos ya están en la raíz de 2011, como mínimo hasta 2024 o 2025.


Otras consideraciones -para ir acabando rápidamente- sobre ese factor. El factor se calcula sobre el cambio que se va a producir en el tiempo en la esperanza de vida tomando como referencia la edad de 65 años en un determinado momento, el
que se decida en su momento. Ese es un indicador medio de la población española, pero no todos somos iguales, y no todos somos iguales ante, ni siquiera, la vida que nos queda por vivir. He hecho un pequeño cálculo que se puede hacer con las
tablas de mortalidad del INE. Curiosamente, aplicar el factor tal y como está diseñado hoy en día, que no tiene en cuenta una variable básica en demografía como es el sexo, penaliza a las mujeres. ¿Por qué? Porque como ya tienen una mayor
esperanza de vida, los ritmos de ganancia serán menores. Es decir, se aplica el factor del conjunto de la población a un colectivo que tendrá un menor ritmo de ganancia. Para que puedan hacerse una idea, es una diferencia de 5 puntos en el factor
en el año 2050 si en vez de aplicarlo en conjunto se aplicara separadamente hombres y mujeres. Puede aducirse que las mujeres viven más y por lo tanto es un efecto corrector. También puede aducirse que tienen unas menores prestaciones y antes son
sometidas a los procesos de soledad debido a la viudez y en consecuencia necesitan más recursos. Es un aspecto a tener en cuenta y que se puede extrapolar más allá, porque también sucede con la condición socioeconómica de los individuos. No
existen estudios, pero también sucede. ¿Qué sucede en este caso? Que a aquel que tiene más ingresos, que tiene un estatus socioeconómico más elevado, va a vivir o se va a beneficiar más o tendrá un mejor ritmo de ganancia y se le aplicará un
factor menor que al otro estatus y, por lo tanto, el ahorro será menor.


También, y con esto concluyo...


El señor PRESIDENTE: Termine usted con toda tranquilidad.


El señor INVESTIGADOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS DEMOGRÁFICOS Y PROFESOR ASOCIADO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA (Blanes Llorens): Me dijeron que eran muy estrictos con los tiempos.


El señor PRESIDENTE: Alguien le engañó. (Risas.)


El señor INVESTIGADOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS DEMOGRÁFICOS Y PROFESOR ASOCIADO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA (Blanes Llorens): ¿Me engañaron? Bueno, entonces lo tomaré con un poco más de tranquilidad.


También hay algunas situaciones paradójicas de aplicar este factor de equidad tal y como está diseñado ahora. Una de las líneas o de las políticas para asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones es fomentar la prolongación de la
vida laboral más allá de la edad de jubilación, eso que llamamos el envejecimiento activo. Curiosamente, el factor de sostenibilidad va en contra. ¿Por qué? Porque como las ganancias de años de vida se producen cada vez a edades más avanzadas,
cuanto más decida yo retrasar la edad a la que abandono el mercado de trabajo, mayor efecto tendrá ese factor. (El señor Coscubiela Conesa: En negativo.) Hay bonificaciones, pero hay algunos elementos de ese tipo que también intervienen y que no
sé si han sido valorados en su justa medida.

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Para concluir les voy a mencionar la sensación que he tenido a la hora de leer el informe. Mi sensación es que este factor de equidad -yo lo llamaría un factor de corrección de longevidad y así no le ponemos una determinada etiqueta-
pretende tener un objetivo que está explícito en el texto, que es de alguna manera modular el gasto futuro, el montante futuro de las pensiones. El hecho de adelantarlo, de implementarlo ya casi inmediatamente tiene la intención de que el efecto de
la crisis económica sobre el otro factor, el de revalorización, sea menor. Si conseguimos algunos ahorros en el gasto ya, posiblemente el efecto o el impacto del factor de revalorización será menor. Yo soy un futuro pensionista y además me parece
que me ha pillado el periodo de transición entre una cosa y la otra. Tengo una sensación de que hay una mayor preocupación por el factor de revalorización, entre otros motivos porque afecta a los pensionistas de hoy en día y porque tiene una
ruptura con una idea del colectivo, que era la indexación con el IPC, y tiene menos en cuenta a los pensionistas del futuro, por decirlo de alguna manera.


Muchas gracias por su atención.


El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra don Felipe Serrano Pérez.


El señor CATEDRÁTICO DE ECONOMÍA Y DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA APLICADA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO/EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA (Serrano Pérez): Muchas gracias por esta
invitación y por darme de nuevo la ocasión de poder expresar en esta Comisión mis opiniones sobre la reforma del sistema de pensiones español.


Señor presidente, señoras y señores diputados, antes de entrar directamente a lo que les quiero contar voy a hacer una especie de introducción muy rápida. Comparto la idea de que vivimos en un mundo con incertidumbre, eso es evidente, y de
que, en cuanto a todas las proyecciones que se realizan hoy respecto a lo que puede ocurrir dentro de cuarenta años, la probabilidad de que ocurra es cero, eso es evidente, pero este es el mundo en el que nos toca vivir. Ahora bien, el hecho de
convivir con la incertidumbre no significa que no tengamos que hacer ejercicios tratando de anticipar lo que puede ocurrir. Otra cosa es que elevemos a la categoría de sagrados dichos ejercicios de anticipación, pero no queda más remedio que
hacerlos. Los economistas somos expertos en proyectar acontecimientos que nunca ocurren, pero no por ello dejamos de proyectarlos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que toda mi intervención es el resultado de ser economista y que por lo
tanto parto de unas determinadas proyecciones sobre crecimiento económico, sobre productividad, sobre crecimiento potencial y sobre crecimiento de empleo que dibujan un panorama económico y demográfico a medio y largo plazo que es el que hay. Si
están equivocadas, efectivamente las conclusiones que saquemos a partir de este cuadro macroeconómico también lo estarán. Ahora bien, el hecho de que no sepamos o de que no seamos capaces de acertar con lo que va a ocurrir en el futuro no significa
que lo utilicemos como un argumento para negar la necesidad de las reformas esperando a que Dios proveerá en forma de un mayor crecimiento. Si las proyecciones son equivocadas y el crecimiento que finalmente se acaba logrando es superior al que hoy
estamos estimando, la reforma es reversible. Lo que no resulta reversible es la no reforma y que además se cumplan las proyecciones. Luego creo que hacer reformas, incluso en un contexto de incertidumbre, es correcto y es acertado. Insisto, son
reversibles en el caso de que nos equivoquemos en las proyecciones, pero si acertamos y no hemos hecho la reforma, eso ya no es reversible.


Dicho esto cierro mi pequeña introducción y voy directamente con las principales ideas que quiero transmitir a esta Comisión. Un sistema de pensiones es un instrumento, si me permiten la expresión, para trasvasar renta desde una parte de la
población, la población que trabaja, a otra parte de la población, la que está retirada. En los sistemas de reparto, esta transferencia se produce a través de las cotizaciones sociales, es visible y es explícita. En los sistemas basados en la
capitalización, la transferencia se realiza mediante la compraventa de activos financieros o reales, esto es, la desacumulación de los activos que realiza la población jubilada sirve para captar el ahorro que realizan los trabajadores de cada
periodo. Quiero decir esto porque los dos sistemas por tanto están afectados por el problema demográfico, no es que solamente lo esté el de reparto; también lo está el de capitalización. En los sistemas de reparto, la transferencia de renta puede
ser controlada mediante una adecuada política de ingresos del sistema, mientras que en los sistemas basados en la capitalización es el mercado el que determina dicha transferencia. Esta es una ventaja evidente que tienen los sistemas de reparto.
El sistema español de pensiones es un sistema basado en el reparto en su modalidad de prestación definida. La reflexión por tanto sobre las reformas que se desean abordar en este sistema necesariamente tienen que iniciarse dando respuesta al
siguiente interrogante: ¿cuánta renta desea la sociedad trasvasar desde la población

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activa hacia la población jubilada? Esta cuestión no es de naturaleza técnica y creo que ha sido un acierto por parte de los redactores del informe derivar la respuesta hacia el lugar y los actores que están capacitados para ello, ustedes,
es decir, el Parlamento y los representantes políticos.


Hasta el momento todas las reformas que se han abordado en el sistema español de Seguridad Social se han basado en tres premisas: primera, que dichas reformas eran necesarias para mantener una senda de equilibrio entre los gastos e ingresos
futuros esperados; segunda, que la cantidad de renta que se capta a través de la cotizaciones sociales refleja con nitidez las preferencias que tiene la sociedad en lo que a transferencia de renta por este concepto se refiere, y, tercera, que había
que mejorar la equidad intergeneracional reforzando el principio de contributividad. De esta manera todas las reformas han centrado su foco de atención en modificar los parámetros utilizados para el cálculo de la pensión.


El resultado de esta reforma se ha traducido en una disminución de la tasa media de sustitución, pensión sobre salario del último año proporcionada por el sistema, aunque algunos colectivos de trabajadores han podido salir beneficiados con
las reformas. Al proceder de esta manera se ha estado asumiendo, al menos de manera implícita, que la pensión que se obtenía después de aplicar las sucesivas reformas podía ser considerada como una pensión suficiente, esto es, como una pensión que
permite a la población jubilada el acceso a un estándar de vida socialmente aceptado. Incluso después de la última reforma acometida en el año 2011 la tasa de sustitución medida como ya les he dicho podría seguir siendo una de las mayores de
Europa, en torno al setenta y algo por ciento.


La aplicación del factor de sostenibilidad que se contiene en el informe de los expertos -aunque realmente son dos factores, no uno- podría ser entendida como una reforma de nuevo cuño. El primero de los factores -el factor de equidad
intergeneracional al que se refería el anterior compareciente- no afecta o no debería afectar a la cuantía total de la prestación que percibirán los futuros jubilados a lo largo de sus vidas como pensionistas sino exclusivamente a su cuantía
mensual. Este factor tiene por objetivo ajustar una misma tasa de rentabilidad interna a carreras laborales idénticas de individuos que sin embargo tienen esperanzas de vida distintas. No obstante, es cierto que, en conjunto, la tasa interna de
retorno que obtendrán las futuras cohortes de población jubilada si este factor se aplica será inferior a la que han venido obteniendo los pensionistas hasta el momento, pero en todo caso este resultado -no es de extrañar- es similar al que se ha
obtenido con todas las reformas acometidas hasta el momento. Es decir, no hay nada nuevo bajo el sol. La alternativa a esto podría ser sencillamente un aumento en el número de años computable para el cálculo de la base reguladora, llevándola desde
veinticinco a treinta y cinco años o a toda la vida laboral, el efecto sería el mismo.


El segundo factor, que es el factor de revalorización anual, tiene por objetivo conectar la revalorización anual de las pensiones a la evolución de los ingresos y gastos del sistema. Su aplicación por tanto rompería con la política actual
de ajustar la cuantía de las pensiones a los cambios en el IPC. Las pensiones futuras ya devengadas solamente aumentarían cuando los ingresos captados por el sistema fuesen superiores a los ingresos que se necesitan para cubrir el incremento del
gasto inducido por la entrada de nuevos pensionistas y por el efecto sustitución, esto es, la diferencia entre las cuantías de las nuevas entradas y de las salidas del sistema. Si los ingresos fueran inferiores -y hay razones para pensar que puede
ocurrir- a los necesarios para cubrir estas dos fuentes de gasto, las pensiones incluso podrían disminuir en términos reales, al menos para las futuras cohortes de población jubilada, no para las actuales, donde el informe se reserva un límite a su
disminución en términos nominales, pero aquellos jubilados que entren -si esta reforma se lleva adelante- podrían encontrarse con este problema.


Quiero llamar la atención sobre un aspecto que se señala en la página 21 del informe, que me parece central y fundamental y que me demuestra una gran honradez por parte de los expertos que han formado parte de ese comité. La aplicación de
estos dos factores podría tener sin embargo un efecto nulo sobre la cuantía de las pensiones -esto es mío- si la contención del gasto que impone fuese compensada con un aumento de los ingresos. El problema por tanto que se debe dirimir -y esto es
desde mi punto de vista lo que hay que plantear- es si la incorporación de estos dos factores debe ir acompañada o no de una nueva política sobre los ingresos que capta el sistema. Esta es la clave. Insisto, los redactores del informe en la página
21 dicen literalmente que la aplicación de estos dos factores manteniendo los ingresos constantes daría lugar a una disminución significativa de la pensión media sobre el salario medio. Esta disminución -sigue diciendo el informe- podría dificultar
la consecución de uno de los objetivos que la Unión Europea recomienda para los sistemas de pensiones: mantener unos estándares de bienestar económico de la población jubilada próximos a los que mantenía en su etapa activa.

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Creo que esto es lo que ustedes tienen que decidir, si hay que inyectar o no más ingresos al sistema. Si los ingresos se mantienen en los niveles actuales, aproximadamente en torno al 10,6% del producto interior bruto, el factor de
sostenibilidad -o los dos- equilibrará el sistema de manera automática actuando sobre el gasto. Si se rechaza su implantación y se deja al sistema funcionar en los términos actuales, observaremos cómo el sistema entra en déficit. Pues bien, si
ustedes mayoritariamente consideran que la transferencia actual de renta que se produce a través de las cotizaciones sociales es suficiente, deberían informar con toda claridad al conjunto de la ciudadanía que su opción al aplicar el factor de
sostenibilidad significa un empeoramiento de la tasa de sustitución del sistema. Si por el contrario ustedes consideran que el sistema público de pensiones debe ser el principal proveedor de renta para los futuros pensionistas, entonces la
reflexión debería centrarse en cómo inyectar nuevos recursos financieros al sistema a la par que se implanta el factor de sostenibilidad. Los recursos disponibles ciertamente no son ilimitados, lo que obliga a combinar esta reflexión con otra
relativa al objetivo de tasa de sustitución que se pretende garantizar a través del sistema público.


Por buscar un punto de partida y considerando que la última reforma abordada en el sistema a finales del año 2011 fija unos objetivos ampliamente aceptados, el gasto en pensiones futuras alcanzará el 14% del producto interior bruto en el año
2050. Ya les he avisado de que la probabilidad de que esto ocurra es cero, pero con esto tenemos que reflexionar. Probablemente sea menor, porque la crisis se va a dejar notar. Este incremento es debido en exclusiva al aumento del número de
pensionistas inducidos por el envejecimiento de la población. Las previsiones sobre los ingresos por cotizaciones, de acuerdo con los datos de los que disponemos en estos momentos, sitúan estos en el entorno del 11% del producto interior bruto, así
que nos enfrentamos -ustedes se enfrentan- a la necesidad de inyectar durante las próximas décadas entre 3 y 4 puntos adicionales del PIB en el sistema de pensiones.


Entre las opciones posibles para captar estos recursos existen dos -son las que yo voy a proponer- que considero que deberían valorar. La primera está relacionada con la política de cotizaciones sociales; la segunda, con la reconsideración
de la naturaleza de algunas de las prestaciones que en estos momentos atiende el sistema de pensiones. Por lo que se refiere a la primera, existen diferentes opciones para aumentar los ingresos por cotizaciones. Primera, manteniendo constante la
parte de estas cotizaciones que abonan los empresarios -creo que no sería conveniente aumentarlas-, se podría no obstante aumentar la parte que paga el trabajador. En estos momentos los trabajadores abonan el 4,7%, un porcentaje que está entre los
más bajos de Europa. Una segunda posibilidad es desplazar parte de la cuota por desempleo hacia contingencias comunes. Evidentemente esto solo sería posible una vez que la situación de crisis actual haya pasado y el empleo vuelva a recuperarse.
Lo ideal sería una combinación de estas dos medidas, lo que podría representar un incremento de ingresos al sistema algo superior al 1% del PIB, dependiendo de cómo se establezca la combinación y de cuánto se aumente la aportación del trabajador.


Por lo que se refiere a la segunda opción, entiendo que las pensiones de viudedad deberían dejar de ser consideradas como una prestación de naturaleza contributiva y pasar a ser consideradas como una prestación de naturaleza asistencial,
sometida por tanto a una prueba de medios. Esto significa que solamente recibirían la prestación aquellos familiares que careciesen de renta suficiente -a determinar por los representantes políticos- para subvenir a sus necesidades. Sobre las
razones que me llevan a defender esta opción podemos volver a esta cuestión, si sus señorías lo consideran pertinente, en el turno de preguntas. En todo caso les puedo informar de que esta opción ya la han usado en Suecia, la han usado en Alemania
y que a medida que la mujer se incorpore al mercado de trabajo realmente es una opción que se debe valorar. Esta transferencia o este cambio en la naturaleza de la prestación de la pensión de viudedad supondría su salida del sistema de pensiones,
dejando así de ser financiadas estas pensiones con cargo a las cotizaciones sociales y pasando a estarlo con cargo al sistema impositivo general. Esto supondría un ahorro para el sistema de aproximadamente 2,5 puntos. Ya les he dicho cómo pueden
ustedes llegar a alcanzar en torno a 3,5 puntos del PIB. Con estas dos medidas el sistema de pensiones podría hacer frente al gasto esperado sin necesidad de afectar negativamente a las pensiones futuras. Los efectos negativos de los dos factores
de sostenibilidad podrían así ser neutralizados.


Quiero hacer una última consideración respecto a los famosos factores. Durante los próximos años, hasta mediados de la siguiente década aproximadamente -tal vez igual se pueden adelantar un poco los problemas del sistema-, es posible que
con las reformas acometidas hasta el momento el volumen de gasto esperado pueda ser razonablemente financiado o con déficits cortos en algunos años, de tal manera que se dispone de tiempo suficiente -ustedes disponen de tiempo suficiente- para
realizar las reformas

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necesarias para buscar los recursos adicionales a los que me he referido. Esto no significa, sin embargo, que los dos factores de sostenibilidad no deban ser incorporados al sistema en una fecha anterior. El primero de ellos porque mejora
la equidad intergeneracional, lo que es un objetivo deseable. Es cierto que tiene, como ha planteado muy bien el anterior compareciente, sus efectos negativos, pero también es cierto el hecho de que hay varias generaciones a las que se va a
penalizar doblemente, la generación que ahora está todavía en fase de transición y aquella a la que se le aplica. Yo no digo que haya que aplicarlo en 2014, pero creo que 2020 ó 2021 puede ser una buena fecha para incorporarlo, entre otras razones
porque de esta manera se distribuyen entre más cohortes de población los costes de la reforma.


Segundo factor. Por lo que se refiere a los potenciales efectos negativos inducidos por la aplicación del segundo factor, que es lo que podría incitar a rechazar su implantación, lo cierto es que los pensionistas actuales ya han visto
congeladas sus pensiones en años anteriores cuando el sistema se ha enfrentado a un déficit de ingresos. Su implantación, por tanto, daría automatismo a algo que por el momento es una decisión discrecional que los responsables políticos, sin
embargo, tanto el anterior Gobierno del presidente Zapatero como el actual Gobierno del presidente Rajoy, no han dudado en tomar. Es decir, que ya se ha hecho lo que ocurriría si se aplica este factor. Su incorporación, por otra parte, impediría
algunas decisiones políticas de naturaleza coyuntural en materia de pensiones ajenas a la lógica de funcionamiento del sistema.


En definitiva, creo que los factores son correctos, más allá de que tengan problemas, que no es necesario aplicarlos de manera inmediata, pero que hay que introducirlos, y creo además que estos factores tienen que introducirse con un
acompañamiento de nuevos ingresos. Si no, laminarán la tasa de sustitución del sistema, pero eso es una decisión que les compete a ustedes y no a mí.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Manuel María Zorrilla Ruiz.


El señor CATEDRÁTICO EMÉRITO DEL DERECHO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO (Zorrilla Ruiz): Sumamente reconocido por la circunstancia de poder procurar mi aportación, sin duda muy modesta, a unos cuantos aspectos de
un tema tan complejo, en ocasiones acuciante, en otras confuso, señor presidente y señores asistentes a esta audiencia, además de este agradecimiento y algo así como al modo de una insinuación metodológica porque es necesario dividir la materia a
efectos de la reflexión que aquí nos ha traído, mi exposición va a partir no de un punto cronológicamente alejado ni de una metodología sorprendente, sino de una afirmación a partir de la cual -así lo he expuesto en alguno de los trabajos que he
tenido la oportunidad de publicar- el informe del que nos ocupamos y las normas que introduce se caracterizan por la tentativa sorprendente de estar dando vida a un ordenamiento jurídico distinto del ordenamiento jurídico que establece la
Constitución española de 1978. Estas tentativas no han sido infrecuentes. No hay más que recordar la evasión o la sustracción, en parte razonable por las circunstancias sociales sobrevenidas, en parte resultante de un arbitrio un tanto caprichoso,
del uso alternativo del derecho que ya planeó sobre el derecho positivo y vino a deformar y a ultrainterpretar algunas disposiciones que realmente tenían sus caminos de interpretación por las vías normales de hermenéutica sin necesidad de ningún
efecto sorpresa como el que ocurrió. Esto mismo es lo que de entrada causa la impresión de la lectura de este informe, que, independientemente de sus virtudes y excelencias técnicas, que no son de denegar, supone la voluntad de erigir un
ordenamiento jurídico distinto del todo que supone el de la Constitución, hasta tal punto que puede decirse que sus orígenes no los tiene en las bases constitucionales, sino en una especie de idea equitativa o iusnaturalista más o menos feliz pero
que no es suficiente ni bastante para apartarse del fundamento sólido que le conviene.


La idea de sostenibilidad es en realidad una derivación del llamado factor o crecimiento sostenible, sobre el que relaciona abundantemente el texto de la constitución europea frustrada por falta de unanimidad, y viene a suponer, como
realmente se indica, que los gastos correspondientes a un sistema público de Seguridad Social deben articularse y proveerse de tal manera, que con ello sea posible cubrir los resultados o los eventos dañosos que deriven de cada una de las
contingencias a que concede tutela el ordenamiento. En la introducción o las primeras consideraciones que hace el informe se señala que se considera el cumplimiento de una obligación moral, y se dice gozosamente porque concede una sensación
absoluta de honradez el que se haya dado un paso más con la elaboración de este documento, pero no se hace referencia para nada a su origen y a sus peripecias constitucionales y da la sensación de provenir de una suerte de neoiusnaturalismo que
queda al margen del ordenamiento y que, por tanto, da facilidades para elaborar un producto legislativo con una libertad que la atención a las exigencias y los límites que

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establece la Constitución de 1978 no permitiría. Este es un primer defecto, o llámesele objeción, a un juicio al que no he podido sustraerme porque me ha sorprendido la escasa alusión a los fundamentos constitucionales de algunas peripecias
o aspectos de los que no se ha hecho mención. Es más, apenas se citan los artículos motores del régimen público de la Seguridad Social y se concede una importancia a un precepto que, siendo importante, es sin embargo colateral, como es el artículo
135 de la Constitución, al que se hace mentor de unas de las garantías que trata de procurar este producto legislativo.


En realidad lo que ocurre es que la intimación para que se procediera a una elaboración como la que se examina data del carácter del derecho a la Seguridad Social que, aunque parezca atrevido decirlo y pese a su posición un tanto veleidosa
en el capítulo tercero del título I de la Constitución, es un derecho fundamental, aunque de la Constitución se deduzca lo contrario. ¿Por qué es un derecho fundamental? Porque en el actual ordenamiento jurídico europeo hay un derecho necesario
todavía confuso, difuso y emanado de fuentes distintas que constituye una suerte de techo propio del derecho imperativo y que prima, por tanto, sobre la Constitución, pero del que no se pueden hacer derivar unas consecuencias distintas a las que
establece la Constitución misma. Un derecho fundamental del ordenamiento comunitario europeo es el derecho a la Seguridad Social. Si se examina la exposición de motivos del texto que siguió a las numerosas modificaciones que se hicieron del
Tratado de Maastricht, resulta que explícitamente se reconoce el derecho a la Seguridad Social como derecho fundamental y no se degrada al igual que se ha hecho con el derecho de propiedad respecto de la Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano de 1789. La conclusión a la que se llega es que el derecho a la Seguridad Social, situado en el capítulo tercero del título I de la Constitución, está en una urdimbre o en un plano que es inferior al que debe garantizar el derecho
europeo; y es aquí donde se debe considerar la pertinencia de tener en cuenta el principio de primacía del derecho comunitario. Si trasciendo algo en esto es porque esta reflexión, amén de ser atrevida y no necesariamente compartida o disentida
por la audiencia y por quienes no forman parte de ella, merece una consideración particular. El principio de primacía del derecho comunitario, en consonancia con el principio de prevalencia jerárquica de las normas jurídicas, no solamente significa
que una norma de rango superior que prevalezca sobre otra inferior impide realmente el funcionamiento y la eficacia jurídica de esta, tiene otra manifestación también. El conjunto de instituciones que deciden un aspecto del derecho comunitario no
puede permitir que el aspecto homólogo del derecho de uno de los países miembros se mantenga en inferior condición; y esto es lo que ocurre con el derecho a la Seguridad Social. El régimen público de la Seguridad Social degradado en el capítulo
tercero del título I de la Constitución tiene un rango evidentemente inferior al carácter de derecho de la Seguridad Social como derecho fundamental en el ordenamiento jurídico comunitario. Por lo tanto, no se puede denegar al ordenamiento jurídico
a determinadas instituciones de uno de los Estados miembros un rango, una calidad, una atención y una excelencia inferiores a aquellas que el ordenamiento comunitario ya ha proveído y establecido suficientemente. Fundándose en este criterio, el
derecho a la Seguridad Social tenía que ser -así como ocurrió con la Santa Casa de Loreto- trasladado del capítulo tercero del título I de la Constitución al apartado correspondiente a los derechos fundamentales y las libertades públicas. Si se
acepta esta tesis, que posiblemente no será compartida por demasiados que tengan noticias de ella, da lugar a que las normas del derecho comunitario o de la Constitución tengan una posición tan privilegiada como la que tienen los derechos
fundamentales y las libertades públicas. Esa es con arreglo a la Constitución una de las fundamentaciones por las que la operación de erigir un derecho completo sin huecos y sin escapatorias a la Seguridad Social no se puede sustraer a esta prueba
de examen de su naturaleza. Esto es infrecuente pero también ha ocurrido a veces. El Tribunal Constitucional, por ejemplo, ha declarado que el derecho colectivo reconocido en el artículo 27 de la Constitución o la libertad sindical colectiva se
extraen también del título preliminar de la Constitución, y para eso no ha tenido ningún inconveniente en admitir que se adjudique una naturaleza determinada a un precepto o a una regulación que -por decirlo así- se había escapado o evadido de su
posición natural.


Dicho esto, el desarrollo sostenible es el elemento que ha venido a impulsar esta idea de estabilidad, uno de cuyos componentes es el factor intergeneracional de carácter equitativo y el otro es el factor de revisión anual o valorización.
¿Qué ocurre? Que toda la consideración de la oferta material que contiene el documento que estamos examinando de un lado puede ser considerada, en cuanto a su objeción formal, de no ser contraria a la Constitución; primero, por la falta de
fundamento que se alega al construirla y, segundo, por la colisión que ofrece -que luego señalaré de pasada- con otros preceptos constitucionales. Por tanto, esta condición de derecho fundamental así adquirida ha dado lugar a que el factor de
sostenibilidad entre en colisión con otros elementos que son propios del nuevo sistema que se

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idea, pero que realmente no pertenece a la esfera de la Constitución, sino que parece dimanar de un ordenamiento jurídico distinto. Esta es una afirmación de base que si se admite o se considera traerá consecuencias de cierta importancia u
obligará a un reexamen de ciertas afirmaciones, ligerezas, ausencias o afinidades interdisciplinares que versan o que se dan cita en lo que se refiere al derecho a la Seguridad Social. El artículo 50 de la Constitución española aparece aquí
sustituido por unas consideraciones sobre los cuasisistemas y los factores de la primera y de la segunda generación. Me permito preguntar, desconociendo naturalmente el flujo natural y la densidad de las operaciones matemáticas y de especialistas
extrajurídicos que han jugado con los factores que introduce el documento que ahora se examina, si la suficiencia de las prestaciones se garantiza con el juego de esos dos factores o, por el contrario, habrá circunstancias -algunas de ellas
previstas, como decía el anterior conferenciante, y otras meramente hipotéticas o resultado de la imaginación- que puedan hacer prever un juego traidor de esos factores con la consecuencia de que la utilidad de las pensiones se va a degradar por ese
futuro negativo que no sería de desear.


En la totalidad del texto se aprecian y son de elogiar las menciones que hace del contenido esencial o núcleo invulnerable de ese derecho a la Seguridad Social. Me permitiría decir que nunca serían pocas, porque sabida es la dificultad con
la que se ha tropezado al establecer un concepto genérico de contenido social, hasta el punto de que se ha desembocado en afirmaciones tautológicas que no recogen la esencia de lo que filosóficamente es una definición, como que, por otra parte, se
quede corta la afirmación de ese contenido esencial y no tenga una matriz o un género dotado de unas especies que permitan operar con más facilidad. El contenido esencial de este derecho a la Seguridad Social -que ya por esta condición de
fundamental que me he tomado la licencia de atribuirle cobra una importancia básica, es como decía la Constitución de Virginia el que indica qué derechos pertenecen a los ciudadanos y a los gobernados como base y fundamento de su presencia en las
futuras generaciones- es un derecho que necesita ser conocido, pero necesita serlo no con una profusión ligera o superficial de tal manera que haya desenvolvimientos que lleguen incluso al secretismo o a una imposibilidad de conocerlos que frustre
todo lo que puede tener de útil estadística y ampliamente su apreciación. Naturalmente, el documento sí que indica las vías por las que puede producirse, como serían, ante todo, las vías institucionales que para el conocimiento de las resoluciones
de los poderes públicos establece el ordenamiento jurídico, los llamados canales democráticos y la opinión. Ahí sí que hay que ser especialmente delicado, porque el documento hace hincapié en la idea de que los resultados menos infelices o
relativamente positivos a que dé lugar lo que se proyecta despertarán la atención de la opinión pública, excitarán su voluntad de bienestar, incrementarán sus facultades y su espíritu crítico y les harán formar parte de una comunidad que con
carácter democrático se sume a las que ya por derecho o institucionalmente existen. Esta es una afirmación indudablemente elogiable, muy estética, pero extraordinariamente difícil de llevar a cabo. Recuerda un tanto lo que Montero Ríos decía en la
exposición de motivos de la Ley Orgánica del Poder Judicial cuando afirmaba en 1870 que el pueblo iletrado y dominado hasta entonces por el absolutismo de la dinastía que había precedido a la rebelión de 1868 se entusiasmaría con una suerte de
libertad que atraería considerablemente su atención y le llevaría a participar. El resultado no fue así y, guardadas las distancias, porque en la situación democrática de ahora estas facultades son ejercitables, hay que preguntarse sobre si no son
un excursus meramente retórico o si se ha pensado con seriedad en lo que suponen los canales democráticos con relación a lo que llamaríamos la regularización o la búsqueda de justicia de las prestaciones. Porque puede haber canales democráticos
añadidos a los institucionales y que son efecto del movimiento pluralista de la sociedad o puede haber canales democráticos de mucha sensibilidad o caracterizados por el desorden que abunda en su organización que provoquen situaciones sociales que
neutralicen o disipen muchos de estos efectos. Un papel indudablemente didáctico que corresponde a los responsables de esta reforma es, en primer lugar, la función pedagógica de explicar de una manera comprensible, esto es, a través de un
razonamiento que haga honor a la inteligencia de los destinatarios y no considere que son simples receptores de algo que tienen que aceptar quieran o no quieran. Hace falta delimitar la espontaneidad de esos canales democráticos, porque los canales
democráticos pueden tener un límite donde la justicia de las prestaciones se pueda conciliar con la sostenibilidad del sistema y tienen, por el contrario, un margen de extralimitación, que no se sabe hasta dónde puede llegar, y el defectuoso
funcionamiento de esta tarea, que es inmensa y de mucho calado, podría provocar el fallo o la quiebra de todos los elementos del sistema que se suponen correctamente articulados.


Finalmente, para no alargar esta exposición en la que me siento naturalmente limitado por el tiempo dedicado a la presentación general por el resto de los especialistas en las disciplinas de su cultivo, habría

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que añadir que la inconstitucionalidad de esta órbita reformista de que venimos hablando podría estar afectada por el artículo 41 de la Constitución, del que no se hace mención ni se examinan la cantidad de problemas que puede plantear a la
hora de dar cabida a las soluciones de la Seguridad Social en el ordenamiento jurídico o, por el contrario, encontrar considerables tropiezos, que llevaría aquí mucho tiempo plantear, en el propio artículo 41 y 50 de la Constitución, que se refiere
naturalmente a las pensiones de jubilación, dada una circunstancia, que, por una parte, se barajan los elementos de sostenibilidad y se considera que han sido impostados correctamente para llegar a una consecuencia satisfactoria, o no se tiene en
cuenta que puede haber situaciones sociales masivas reconocidas, es decir, incorporadas al pluralismo de la sociedad, en las que el choque de toda esta normativa con los artículos 41 y 50 de la Constitución puede provocar graves inconvenientes. Sin
ir más lejos, el artículo 50 de la Constitución habla de prestaciones adecuadas y -dice- periódicamente revalorizadas, pero no dice a lo que tiene que referirse la adecuación. La adecuación no tiene que referirse simplemente al hecho mecánico y
aritmético de las operaciones que conducen al cálculo de la pensión, sino que la adecuación tiene que referirse a la justicia de la prestación, o sea, a la suficiencia, que no es otra cosa que la actitud de la prestación para en los diversos casos
en los que se menciona la suficiencia con alcance distinto -como ocurre con los artículos 40, 41 y 50- se pueda dar satisfacción a aquellas necesidades incluso de la tercera edad que los especialistas en derecho administrativo plantearon como lo que
se llamaba la futura existencia de la persona, es decir, como un conjunto de bienes y derechos que la persona ingresa en su titularidad por su condición de tal que constituyen la base de su dignidad y en razón de los cuales debe desenvolverse una
legislación protectora de esos niveles de suficiencia, de tal suerte que lo que hay que evitar es que las operaciones matemáticas que conducen a esa conclusión no falsifiquen la suficiencia. La suficiencia es un concepto jurídico indeterminado que
lo mismo que los tribunales tienen que manejar con harta frecuencia tiene que hacerlo también el legislador, y en la medida en que las palabras de la ley, en primer lugar, estén dentro de un círculo cuya generación no se condice con la Constitución,
y propiamente el que las regulaciones expresas de la ley choquen con preceptos relativos específicamente a la suficiencia pero con alcances distintos si se examinan con alguna delicadeza estos preceptos, tiene que dar lugar a poner un cuidado
exquisito en la consideración del impacto de los artículos 40, 41 y 50 sobre este modelo de constitución hipotética, que no es un uso alternativo del derecho, sino que, al contrario, es un uso fugitivo del derecho desde el momento en que le
caracterizan estos defectos de constitucionalidad.


El señor PRESIDENTE: Gracias a los tres señores comparecientes por su intervención.


Pasamos al turno de intervenciones de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios de menor a mayor. Como ya tenemos acordado, cada portavoz tendrá un tiempo de cinco minutos. Vamos a empezar por la portavoz del Grupo Mixto,
señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: En primer lugar, quiero agradecer a los señores comparecientes su presencia en esta Comisión y hacerlo doblemente. En primer lugar, por la exposición que nos acaban de hacer respecto al tema de las pensiones y,
en segundo lugar, porque sinceramente en la tarde de hoy he acabado incluso entendiendo algunas cuestiones que están en el informe de los expertos que me resultaban difícil de entender, sobre todo desde el punto de vista en el que estaban
planteadas, como denominar equidad intergeneracional al primer factor de sostenibilidad que plantean. (La señora vicepresidenta, Angulo Romero, ocupa la Presidencia.) Por eso digo que muchísimas gracias porque en las tres intervenciones he
escuchado aspectos que, desde mi punto de vista, le serán de muchísima utilidad a esta Comisión no solamente para hacer una valoración del informe, sino para tener una posición clara en relación con cualquier propuesta de modificación de la Ley de
Seguridad Social que se nos pueda plantear en esta Cámara, habida cuenta de que la última reforma es del año 2011 e independientemente de la posición que nuestro grupo haya tenido en su tramitación y votación final, nosotros entendemos que es una
reforma que ya recoge una serie de cuestiones que van en la dirección de garantizar que en el año 2030 pueda seguir existiendo un sostenible sistema de Seguridad Social, independientemente de que haya que seguir pensando en el futuro, pero no desde
la posición de que haya que tomar medidas de inmediato, medidas que vayan a resentirse en las percepciones de pensión que mensualmente tuvieran que percibir nuestros pensionistas a partir del año 2014.


Me han parecido muy interesantes las aportaciones hechas por el señor Serrano en relación con otras formas de incrementar los ingresos de la Seguridad Social y que haya tocado incluso la de incrementar la cuantía que corresponde a la
mensualidad de los descuentos en nómina. Es una cuestión a discutir independientemente de cómo se pudiera hacer, si para todo el mundo o a partir de determinados niveles

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de salario. Me parece que son cuestiones importantes junto con otros aspectos o variables que se deberían tener en cuenta a la hora de valorar los ingresos del sistema y no solamente pensar en el futuro en base a los gastos partiendo de los
ingresos actuales. Porque no tenemos por qué entender que los gastos van a ser superiores con la claridad que se está diciendo que van a ser cuando, en cambio, parece que los ingresos no van a ser superiores a los de la actualidad sino que, por el
contrario, van a ser inferiores. Por eso, quiero agradecerles incluso la aportación del profesor Zorrilla desde el punto de vista jurídico, porque es uno de los aspectos que en estas tardes de comparecencias hemos echado de menos en el informe y,
evidentemente, nos parece que es fundamental para poder afrontar cualquier reforma de la ley que, desde nuestro punto de vista, no es una reforma que sea necesaria en estos momentos habida cuenta de que el 1 de enero de 2013 acaba de entrar en vigor
la ley de 2011. Por lo tanto, con todas las consideraciones que se han hecho, esta Comisión del Pacto de Toledo debería tener en cuenta todas las precauciones en relación con las previsiones de futuro tanto en lo que realmente pueda ocurrir como en
la necesidad de tener que hacer las previsiones, y tienen que ser muy positivas sobre todo para lo que yo entiendo un informe de expertos que solamente está centrado en dos aspectos que parecen orientados única y exclusivamente para hacer una
reforma que es la que en este momento interesa, y una consideración final que aparece en el documento y en varias intervenciones -no las de ustedes-, que es trasladar a los futuros pensionistas que tengamos la previsión del ahorro privado, es decir,
de ocuparnos de hacer nuestros planes privados de pensiones dadas las dificultades que va a tener el sistema público cuando nos corresponda cobrar nuestras pensiones; y hablo en futuro y en primera persona porque estamos en esa dirección. Por eso,
les vuelvo a agradecer doblemente su intervención en la tarde de hoy, que volveré a releer muy pormenorizadamente, porque me parecen de muchísima utilidad para el trabajo que tenemos que hacer.


La señora VICEPRESIDENTA (Angulo Romero): A continuación, por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra don Emilio Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: En primer lugar, quiero dar las gracias a los tres comparecientes por sus ilustrativas exposiciones.


Este trámite de comparecencias que estamos articulando es un trámite que se realiza en régimen de tracto sucesivo y que tiene dos bloques en cuanto a las exposiciones perfectamente diferenciados. El bloque de los expertos que han
confeccionado en sus exposiciones el informe, normalmente son reflexiones apologéticas y justificativas y fundando las características y bondades pretendidas -nunca mejor utilizada la expresión- de ese informe, y el bloque que se inicia en este
momento con reflexiones más críticas, seguramente más ponderadas y, si me permite la expresión la señora presidenta, más ajustadas a la realidad que lo hecho por los expertos. Con todos los respetos, yo tengo una cierta confianza casi fenotípica en
aquellas profesiones que no conozco. Me parece muy bien que existan demógrafos y los respeto y seguramente que las exposiciones demográficas son imprescindibles para un estudio y unas previsiones sobre un sistema de las características del Estado
español. En cuanto a los economistas tengo una desconfianza difusa en relación con sus exposiciones en tanto en cuanto siempre se proyectan -menos en la suya, que es la primera que veo con cierta autocrítica y ciertas reservas sobre lo expuesto por
usted mismo, señor Serrano-, tienen una cierta propensión -igual que los demógrafos y otros profesionales- a establecer una especie de tablas de la ley, de previsiones dogmáticas absolutamente incuestionables y que configuran una especie de género
de reformas que articulan un camino en el que uno, salvo que tenga la pretensión de convertirse en un peligroso heterodoxo, no puede dejar de perseguir.


Aquí nos hemos olvidado de nuevo del ordenamiento jurídico, y llama la atención de que nos olvidemos del ordenamiento jurídico en el ámbito donde se legisla, en la institución cuya función fundamental consiste en legislar. Por eso, hago
mías la totalidad de las reflexiones del señor Zorrilla que, por cierto, no solo es catedrático emérito de la Universidad de Deusto, es catedrático emérito de cuatro universidades, de Brasil, de Polonia, de Francia y de la de Deusto, en la cual he
tenido el honor y la suerte de poder compartir la actividad docente. Además, ha sido presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, ha sido magistrado de lo Social desde hace muchos años y ha sido miembro del extinto Tribunal Central
del Trabajo, donde se presentaron importantes cuestiones de inconstitucionalidad sobre leyes de presupuestos -la primera del año 1985- que provocaron sentencias del Tribunal Constitucional donde se dimensionó y se configuró el contenido esencial de
dos preceptos que el informe ignora palmariamente, que son los que configuran constitucionalmente el sistema público de pensiones del Estado español, los artículos 41 y 50. Por no mencionar la brutal, significativa o elocuente ausencia de
referencias al derecho comunitario

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y a su supremacía. Me quedo con lo que usted ha dicho, señor Zorrilla. Me quedo con que este informe está desubicado del ordenamiento jurídico o utiliza otras referencias jurídicas ajenas a la que el legislador del Estado español ha
configurado. ¿Eso es bueno o malo para configurar un sistema de pensiones o para garantizar el sistema de pensiones nuevo? Pues no lo sé. He escuchado a un ministro de este Gobierno decir que la única fuente de derecho que reconoce es el ahorro.
Ya parece que se ha amortizado la reflexión del profesor Kelsen en relación con la estructura de las fuentes del derecho, con la pirámide invertida del profesor Kelsen, y parece ser que solo es el ahorro la única fuente de derecho relevante en estos
momentos. Si se puede prescindir, los que pertenecemos a este sector de actividad crecientemente degradado y, si se pudiera por algunos, en trance de desaparición, de los requerimientos del ordenamiento jurídico y del principio de legalidad -cosa
que se me antoja peligrosa, entre otras cosas porque constituiría un ilícito penal, un injusto penal, un delito-, podríamos hacer nuestras muchas de las reflexiones que se han hecho, lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto el legislador estatal
puede prescindir de los requerimientos del ordenamiento jurídico constitucional y del ordenamiento jurídico europeo, sobre cuya supremacía el profesor Zorrilla ha hecho una elocuente reflexión, no sólo en cuanto a las referencias al Tratado de
Maastricht, sino al Tratado de Amsterdam, donde ya se configura el derecho a la Seguridad Social y a las pensiones como un derecho de naturaleza fundamental que debería deslizar la ubicación sistemática de los artículos 41 y 50 de la Constitución a
la zona de la Constitución donde se ubican los derechos fundamentales y libertades públicas.


Sin perjuicio de eso, a mí me cuesta mucho intelectualmente, señora presidenta, desvincularme de una especie de reflexión de naturaleza teórica, econométrica y demográfica que prescinda absolutamente de la Constitución y de los
requerimientos -veo que se me acaba el tiempo, señora presidenta- del ordenamiento jurídico. Y como no puedo, me voy a quedar con las reflexiones del profesor Zorrilla. No sé hasta qué punto el legislador estatal puede realizar una reflexión o
configurar normativamente un proyecto de ley sobre la regulación futura del sistema de pensiones prescindiendo de los requerimientos de la Constitución, de los tratados comunitarios que nos afectan, porque han sido ya incorporados a nuestro
ordenamiento interno mediante las versiones consolidadas del Tratado de Roma, fundamentalmente el Tratado de Maastricht y el Tratado de Amsterdam. Si se puede prescindir de todo esto, entonces ya entraríamos en una especie de suerte, de arbitrismo
por parte del legislador en donde ya las pensiones van a resultar -y ya con esto acabo, señora presidenta, de verdad mis reflexiones- afectadas por elementos de reducción, de contingencia y de configuración absolutamente arbitrarias. Ya cuando se
utilizan conceptos metajurídicos como las expectativas de vida, que es un criterio estadístico y promedial, para configurar la pensión profuturo de una persona que ya está jubilada o que va a estar jubilada en el futuro se está utilizando un
criterio ajeno a la contributividad, y al sistema de individualización del cómputo de la pensión de cada cual, que está muy vinculada a su propia carrera de seguro y a sus aportaciones, porque ya se vincula su pensión profuturo o de futuro o las
reducciones de su pensión de jubilación a un elemento de promedio, y si es un elemento de promedio se está uniformando un sistema de pensiones que no se puede uniformar porque se incumplirían los requerimientos constitucionales más elementales, ya
que está vinculado a cada persona, a su contribución, a su financiación al sistema de pensiones. Cuando se desvinculan desde la perspectiva de la suficiencia a la que el profesor Zorrilla se refería, suficiencia que el Tribunal Constitucional con
esta retórica tan barroca que suele utilizar la califica como aquellas cantidades de pensiones suficientes para subvenir las necesidades de la vida, pero luego hace una reflexión menos retórica vinculando esa suficiencia a los incrementos del IPC,
como elemento que debe ser referencial para subvenir las necesidades de la vida, la desindexación no deja de ser una perturbación o una prostitución de los requerimientos constitucionales. Por cierto, ya los expertos con mucha alegría, y sin citar
ningún precepto de la Constitución más que el que no tenían que citar, el 135, que no viene a cuento, porque no citan el 41 ni citan el 50 ni ninguno de los demás, salvo el señor Tortuero, el voto particular del único jurista que había en esta
Comisión de sabios llaman algunos, vamos a dejarlo en expertos -vamos a ser modestos también en la utilización de las expresiones, de los conceptos y de los calificativos-, lo dan como algo vinculado a la naturaleza de las cosas, parafraseando a
Lucrecio, que ya el IPC no puede servir como elemento de referencia, ignorando los requerimientos de los artículos 41 y 50 de la Constitución y de la jurisprudencia constitucional. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) ¿Esto se puede hacer?
Si esto se puede hacer, yo quiero que el grupo que gobierna en esta Cámara, el grupo mayoritario, me lo diga porque si el principio de legalidad, el principio de seguridad jurídica, el contenido esencial del derecho a la pensión, pensiones de
carácter público, universal y suficientes, irregresividad en la reforma de las pensiones, si nada de esto nos sirve de referencia conceptual para

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acometer una reforma de las pensiones que es necesaria, tendremos que pensar en otras claves y tendremos que repensar incluso el contenido de todos los títulos y contenidos constitucionales que hacen referencia a esta materia. Esta ya es
una operación de una envergadura jurídica...


El señor PRESIDENTE: Tiene que ir terminando, señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: No solo es de una envergadura jurídica, sino de una envergadura política digna de mejor causa. No hay nada que me parezca más repudiable que la improvisación o la sectorialización. Hay brillantes personas que nos
han ilustrado sobre esta materia, tan brillantes como que uno es el jefe de estudios del BBVA y otro es el jefe de estudios de Unespa, y así podemos continuar con un largo etcétera, brillantísimas personas a las cuales yo les otorgo el beneficio de
la duda y la pretensión de haber hecho lo mejor que sabían y podían hacer. El señor Zorrilla ha dicho lo que tenía que decir, y es que no se puede crear un ordenamiento jurídico impostado para reformar un sistema de pensiones.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de UPyD tiene la palabra el señor Anchuelo.


El señor ANCHUELO CREGO: Quería yo también agradecer a los tres comparecientes sus exposiciones, que me han parecido muy útiles para las deliberaciones posteriores de esta Comisión, sobre todo porque nos han iluminado el problema desde tres
perspectivas muy diferentes, pero perfectamente complementarias. Uno nos ha hablado en lenguaje demográfico, otro en el económico y otro en el jurídico. Seguramente cada uno nos hemos sentido más cómodos en el lenguaje que dominamos más, yo
personalmente en el económico del profesor Serrano, pero es cierto que se complementan perfectamente, y creo que van a ser muy útiles para todos. Sin embargo querría también hacer como corresponde una lectura política de lo que hemos escuchado,
porque yo no comparto la visión del señor Olabarría de que hay una contraposición entre lo que hemos escuchado de los tres comparecientes y lo que nos presentó el comité de expertos en su informe, por lo menos en un punto esencial para mi grupo. Lo
que hemos oído hoy y lo que el informe decía es que la aplicación automática de los dos factores de sostenibilidad sin más, sin una garantía de incorporación de ingresos adicionales al sistema tiene un efecto claro que la sociedad debe conocer, que
es un recorte de las pensiones y se puede calcular con una sencilla regla de tres. Si los ingresos por cotizaciones se mantienen más o menos en el 10%, el gasto en pensiones aumentaría el 13 o 14%, es un recorte del 30 o 40%. Por tanto, dado que
ahora estamos debatiendo un informe de los expertos y estamos esperando la propuesta del Gobierno, que no conocemos, no es el informe, porque el informe no es una propuesta gubernamental, sino que se presta a distintas lecturas, sería importante que
el Gobierno tuviese en cuenta esta circunstancia, y si no la tiene en cuenta desde luego mi grupo se la recordará: que la aplicación de los factores de sostenibilidad sin más que tiene una repercusión clara sobre las pensiones futuras que habría
que trasmitir a la sociedad, y para mi grupo no sería aceptable sin compromisos adicionales que deberían ser tan explícitos como las fórmulas que se nos proponen.


Termino reiterando a los tres comparecientes mi agradecimiento.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, señor Coscubiela.


El señor COSCUBIELA CONESA: En primer lugar, quiero también, como otros miembros de la Comisión, agradecer profunda y sinceramente las aportaciones realizadas por los comparecientes, y felicitarnos por que la Comisión optara en su momento
por ampliar el abanico y la mirada de los expertos y conocedores del sistema. Creo que las previsiones policrómica demográfica, económica y jurídico-constitucional nos ayudan a hacer un enfoque que debe ser, desde nuestro punto de vista, amplia y
plural de esa dimensión.


Si en las comparecencias de los miembros de la comisión de expertos ya hemos podido comprobar que no existe una única lectura del informe de los expertos, al contrario, todos y cada uno de ellos han insistido en el margen político que deja
el informe, comenzando por que se decida si se acepta o no ese enfoque, pero incluso después de haberlo aceptado el margen político importante que hay, todos ellos en contra de una visión ciertamente determinista que algunos han intentado dar de
este informe, los comparecientes de la comisión de expertos ya nos abrieron las diferentes interpretaciones, hoy hemos podido comprobar una cosa importante para nosotros, y es que el factor de sostenibilidad no es ni de largo la única mirada posible
para abordar el futuro del sistema de pensiones en nuestro país. Por lo tanto, les agradecemos sinceramente que nos hayan ayudado a abrir el zoom de la mirada al sistema.

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Yo quisiera, si es posible, pedirles algunas concreciones más. En concreto, al señor Blanes quiero agradecerle la visión de cierto relativismo lógico siempre en relación a cualquier previsión de futuro, y sobre todo que haya insistido en
aspectos importantes de la demografía que desgraciadamente a veces se olvidan cuando se relaciona demografía con Seguridad Social, que parece que se identifique estrictamente con aumento de la esperanza de vida y la incidencia que eso tiene en el
incremento del gasto, obviando otros factores como, por ejemplo, los flujos migratorios que han tenido tanta importancia. Me gustaría preguntarle qué opinión tiene acerca del futuro del papel de los flujos migratorios a media y larga visión
-estamos hablando de 2040 o 2050 en nuestro país-, y sobre todo en un aspecto importante, que son las políticas de familia como un elemento básico para ampliar la base no solo demográfica de la sociedad, sino también del mercado de trabajo. Ya lo
ha dicho; ya ha hecho esa proyección de 17 millones de ocupados frente a los 20 que alcanzamos en 2007, pero sería interesante.


Adelanto que voy a sugerir al resto de miembros de la Comisión la posibilidad -si lo creen oportuno y el señor Blanes está dispuesto a ello- de que nos pueda ampliar esa visión demográfica, que desde nuestro punto de vista está
incomprensiblemente ausente de la comisión de expertos. Hoy he entendido por qué en la comisión de expertos no había ningún demógrafo. A lo mejor molestaba de cara al apriorismo de algunas de sus conclusiones. En todo caso me interesa preguntarle
dos cosas más. Él ha insistido en lo que pudiéramos llamar efectos colaterales no deseados de las fórmulas planteadas. Uno de ellos lo habíamos detectado algunos, pero me interesa que insista en esa cuestión, en el impacto negativo por razones de
género que pudiera tener aplicar ese mecanismo. Por último una pregunta. Estamos haciendo esas previsiones en un contexto, y justo nos caen los datos del INE de 2012, donde aparece una caída de la expectativa de vida, especialmente a partir de los
sesenta y cinco años del 0,2. ¿Piensa si eso es un factor coyuntural o que puede mantenerse en los próximos años? ¿Qué incidencia podría tener en esa cuestión?


En relación con el señor Serrano quiero agradecerle sinceramente que nos haya insistido con dos obviedades. Una, cualquier proyección está condenada a fracasar, y eso es importante porque la verdad es que algunas de las visiones
fundamentalistas de estas cosas va bien que se relativicen. Y otra, muy importante para nosotros, es que estamos hablando no de una cuestión técnica, estamos hablando de una decisión política; saber qué parte de la riqueza del país creada por los
activos se quiere dedicar a sufragar el sustento de los pasivos en un determinado momento. Sobre la base de eso hay que configurar el resto de decisiones, y no a la inversa. Una vez más se confirma eso que los clásicos ya dijeron sobre que el peor
error que puede cometer el ser humano es confundir causas con efectos e invertirlos en su análisis. Desde esta perspectiva me ha parecido muy sugerente su planteamiento de cómo proceder a una ampliación de los ingresos por la doble vía; por la
ampliación de los ingresos vía contributiva y por la reforma que resituara la naturaleza de algunas prestaciones, que yo creo que es un tema a tener bien en cuenta. La pregunta es si existe algún margen más amplio de mejora de los ingresos
contributivos. Suena un tanto extraño que se insista tanto en topar las bases máximas con esa contundencia, detrayendo al sistema ingresos significativos desde hace algún tiempo e incentivando al mismo tiempo que algunas de esas personas de niveles
retributivos altos decidan sumergir una parte de su salario o canalizarlo para sistemas complementarios, porque situarlo en el sistema público sin duda no les compensa. No sé si lo he entendido bien o no, pero me ha parecido entender que su
interpretación del factor de cálculo de las revalorizaciones de las pensiones establecía una distinción entre pérdida nominal y real, en función de las actuales y las futuras. Me gustaría que pudiera incidir más en esa cuestión.


Por último, en relación con el señor Zorrilla quiero agradecerle una obviedad en la que mi amigo Emilio insistía, porque a veces en la casa de las leyes se olvida: en casa del herrero, cuchillo de palo. Entiendo que deban tenerse en cuenta
factores demográficos, factores económicos y de todo tipo, pero que se ignore el fundamento necesario o institucional, que en definitiva es el pacto básico sobre el cual se han construido los niveles de convivencia, que incluyen también nuestro
sistema de pensiones, no deja de ser sorprendente. Por lo tanto quiero agradecerle eso. He seguido con mucho interés -supongo que también por deformación profesional- su excurso sobre los riesgos de posible ruptura constitucional de algunas de las
cosas que se pueden plantear en ese sentido, y sinceramente espero no tener que pedirle su asesoramiento para un posible recurso de inconstitucionalidad, porque me temo que desgraciadamente hasta el Tribunal Constitucional ha llegado a una visión un
tanto estrecha de lo que es la Constitución. Espero no tener que pedírselo.

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El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Quiero agradecer, como el resto de mis colegas, a los tres comparecientes que efectivamente, desde tres disciplinas distintas, hayan aportado sus visiones a este informe. No dejan de ser singulares las
aproximaciones desde el punto de vista demográfico y desde el punto de vista jurídico que, como se ha recordado, en el conjunto del enfoque del grupo de expertos que ha elaborado el correspondiente informe ese tipo de reflexiones no estaban,
faltaban. Singularmente desde la perspectiva de Convergència i Unió nos parecía necesario escuchar la voz de la demografía en la medida en que el centro de buena parte de estas reformas que se nos trasladan miran hacia la evolución de la esperanza
de vida.


Antes de plantearle tres cuestiones concretas a cada uno de los comparecientes me gustaría recordar una obviedad. Desde 1995 hasta la fecha hemos vivido tres reformas importantes en nuestro sistema de pensiones: la reforma del año 1996, la
reforma del año 2003, y la reforma del año 2011. Somos el único grupo político que podemos decir que hemos participado en la construcción de estas tres reformas y hemos votado favorablemente a las tres. Lo puede decir Convergència i Unió, y en el
ámbito del diálogo social también lo puede afirmar Comisiones Obreras. Precisamente es desde esa convicción en la necesidad de que el sistema necesita reformas para adaptarse a los entornos cambiantes, y desde la convicción de que estas reformas,
todas ellas, han sido útiles y que explican entre otras cuestiones que el riesgo de pobreza entre las personas mayores durante esta crisis haya disminuido, que explican que el sistema público de pensiones haya resistido de manera mas que razonable a
una crisis tan larga en el tiempo y que destruye tanto empleo, como la que estamos viviendo, y que está directamente vinculado con la separación de las fuentes de financiación de la Seguridad Social, entre otras cuestiones, o que la puesta en marcha
de un fondo de reserva para la Seguridad Social da hoy un colchón al sistema público de pensiones para no tener que recurrir a más déficit en el conjunto de la Administración para responder a las necesidades de financiación de esta política; desde
esa convicción en las reformas ponemos también en el mismo valor la idea de que cualquier reforma relevante del sistema público de pensiones, por su trascendencia, exige el máximo acuerdo social y el máximo acuerdo político, y que el Gobierno hoy,
en este proceso que se ha abierto, va a tener más dificultades para construir este consenso porque en la pasada legislatura no se quisieron asumir las corresponsabilidades de haber apoyado una reforma, seguramente la más importante de las tres que
he mencionado. Y esta reforma afecta a parámetros significativos del sistema y dibujaba un escenario de contención del gasto público nada desdeñable. Estamos en esa lógica desde Convergència i Unió, convencidos de que el sistema necesita cambios
para adaptarse a entornos distintos, no tan solo el demográfico, sino también otros vinculados a la competencia global a la que están sometidas nuestras empresas, por ejemplo, o a los cambios de estilos de vida de los ciudadanos, pero todas ellas
son reformas que exigen consensos y acuerdos para que sean sostenidas en el tiempo.


Hecha esta consideración de carácter general quiero hacer tres preguntas a los comparecientes. Al señor Blanes quiero preguntarle si encuentra razonable que un indicador medio como es el de la esperanza de vida se le atribuya una
trascendencia tan grande como la que le atribuye el informe, en el sentido de determinar cuál es la cuantía de la primera pensión que recibe un jubilado. Asimismo me gustaría saber si la metodología que utiliza el INE permite atribuirle a ese
indicador medio esa trascendencia tan relevante.


El señor Serrano ha planteado la necesidad de aumentar las fuentes de financiación, los ingresos del sistema, y ha hecho una defensa en la lógica de lo contributivo o no contributivo del sistema, ha hablado de las pensiones de viudedad, del
aumento de la parte de cotizaciones sociales del trabajador, y ha hecho una reflexión muy interesante sobre la cotización por desempleo. En relación con esa reflexión quiero hacer dos comentarios. En esa lógica, el denominado modelo austríaco, que
configura las indemnizaciones por desempleo en forma de una mochila que permite al trabajador articular un sistema complementario de su pensión futura, ¿le parece articulable, en esa lógica de nuevos ingresos del sistema, de compensación de esa
reducción de la tasa de sustitución que, depende de cómo, implica la incorporación del factor de sostenibilidad? En segundo lugar, quiero preguntarle si valora aquello que desde las instituciones europeas nos trasladan y que algunos países han
practicado, que es sustituir ingresos vía afectación a costes laborales por ingresos de carácter indirecto, el aumento del IVA por rebaja de cotizaciones. Dígame si en su análisis esta cuestión es relevante o no lo es.

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Finalmente el señor Zorrilla ha puesto el acento en la necesidad del principio de suficiencia al que deben responder todas las pensiones, y quiero preguntarle si considera que deberíamos objetivar o referenciar lo que entendemos por
suficiencia de las pensiones. ¿Sería razonable tener algún índice de referencia que nos permitiese objetivar cuándo una pensión la podemos considerar suficiente? ¿Cree que es posible avanzar en esa dirección?


Insisto para terminar en que agradezco las tres distintas aproximaciones.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Caldera.


El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Bienvenidos a esta Comisión, señores expertos, gracias por su visión, que demuestra que hay alternativas y demuestra además, en la confluencia de las tres intervenciones, una objeción a la aplicación
inmediata de la propuesta del comité de expertos por sus consecuencias negativas. Para nuestro trabajo es muy importante. Tenemos que empezar por analizar el valor del sistema público de pensiones. En primer lugar, desde el punto de vista
económico. Hoy, más que nunca, tiene un componente anticíclico muy interesante, anticíclico y dinamizador de la economía. Lo que se ha hundido en España es la demanda interna, y se hubiera hundido más seguramente si se hubieran aplicado este tipo
de medidas antes. Por tanto esta norma hubiera tenido un carácter procíclico; y eso creo que es muy delicado y tenemos que analizarlo. En segundo lugar, los efectos sociales desde el punto de vista de la cohesión. Por primera vez -creo que lo
decía el señor Campuzano- la población mayor de sesenta y cinco años en España tiene menor propensión a la pobreza que otros grupos de población. Ese es un éxito colectivo del conjunto de la sociedad española, porque es la parte de la población más
débil o con propensión a tener más problemas. En tercer lugar, los efectos territoriales. Probablemente este sea el mejor nivelador que tenemos en nuestro sistema o sin duda uno de los mejores.


También me gustaría mencionar el inmenso valor del consenso -también lo decía el señor Campuzano-, no fuere que se aplique una reforma sin consenso y los efectos negativos superen a los hipotéticamente positivos. Por tanto le daría un valor
extraordinario. Desde ese punto de vista no se entienden las urgencias con que se ha conducido ese proceso, creo que habría convenido esperar a ver los resultados de la Ley 27/2011, basada en análisis reales -que por cierto es lo que han hecho
otros países que han abordado este tipo de reformas-, no solo en análisis teóricos. Habría que realizar un análisis global estructural pues aún -como aquí se está indicando- hay parte del sistema que asume gastos que seguramente no le
corresponderían como prestaciones del sistema, o se puede explorar claramente la vía de mejora de los ingresos. En ese sentido le pido al señor Serrano si puede profundizar todavía un poco más. Está claro que de aplicarse las recomendaciones del
comité, una misma generación sufriría -como dice uno de los votos particulares- una carga enorme al arrostrar prácticamente todas las consecuencias negativas de la reforma: el factor de equidad y de revalorización, y además los parámetros que
determinan el acceso y la cuantía a la pensión aprobados en 2011. Hay que tener cuidado con las previsiones -le pido también que profundice el experto en demografía, el señor Blanes, sobre esas propuestas- porque recordemos lo que ocurrió en los
años noventa: las previsiones no se cumplieron ni por aproximación. Probablemente fueron el mejor ejemplo de lo que no hay que hacer. Por tanto entiendo que este dato del Instituto Nacional de Estadística sea una serie muy corta y probablemente
no se le pueda dar valor, pero volvemos para atrás con respecto a hace dos años -y no uno, dos- en esperanza de vida de los mayores de sesenta y cinco años, porque nos aproximamos a la situación de mediados de 2009, y por tanto si se aplica
automáticamente el factor de sostenibilidad podríamos quedar condenados a unas previsiones que como decía el señor Serrano luego no se cumplieran. Mi experiencia y los datos que tenemos encima de la mesa me indican que al menos hasta después del
año 2030 no nos enfrentaríamos a un grave problema demográfico, por lo tanto tenemos dos décadas de posible actividad. Y creo además que el problema está en la relación entre cotizantes y pensionistas; realmente es ahí, en la tasa de dependencia,
es decir, en el número de personas que trabajan en relación con el número de personas que perciben una pensión. Por cierto creo que ahí, dependiendo del ciclo económico, que sí o sí hay que activar -porque si no hay recuperación económica, ni las
fórmulas que proponemos unos grupos de la Cámara ni las que propone el grupo de expertos tendrán éxito-, es indispensable que se produzca una recuperación económica. Creo que nuestro sistema tiene todavía bastantes posibilidades de incrementar no
importa tanto el número de activos como la tasa de actividad. El ciclo 1994-2007 lo puso claramente de manifiesto; tenemos reservas posibles de incremento notable de la tasa de actividad, para lo cual hay que hacer políticas dirigidas a ella, y
tenemos también la posibilidad de recuperar los flujos migratorios. Por cierto que este es un país donde, según demuestran todos los informes, la segunda

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generación de inmigrantes es la que mejor integrada se siente por comparación a cualquier modelo homogéneo o similar al español; esa es una ventaja que la sociedad española ha sabido desarrollar. Por lo tanto creo que el campo de los
ingresos se debe explorar y no solamente los gastos. Si hubiera menos trabajo informal y por tanto más economía formal y un aumento de la tasa de actividad probablemente continuaría el superávit durante bastante tiempo. Pero puede haber otras
posibilidades que les pregunto si tienen in mente.


Por último -a mí es lo que más me duele por haber tenido responsabilidad en la materia-, da la impresión de que se acepta que la pensión que percibimos en este momento es suficiente ahora y en el futuro, e incluso parece que se puede
recortar, que no volverá a haber mejoras. De aplicarse estas recomendaciones, ¿no volverá a haber mejoras en nuestro sistema de pensiones? Yo me rebelo contra esa conclusión, no creo que esté a la altura de las capacidades y posibilidades de la
sociedad española. Hoy, si comparamos en paridad de compra nuestra pensión media con la media europea estamos todavía un 30% por debajo de ella. Estoy hablando en paridad de compra, y por tanto a pesar de la situación coyuntural, que obviamente
puede exigir determinadas respuestas, creo que estructuralmente no deberíamos permitir que aquí se acabara nuestra aventura de mejora, nuestro proceso de mejora en nuestro sistema de pensiones. Creo que los cambios en marcha de la Ley 27/2011 yo no
diría que conducen a un recorte -y con esto acabo, señor presidente- automático de las pensiones, lo que implican es la exigencia de mayores esfuerzos individuales, de contributividad para mantener la pensión que se percibe. Sin embargo la
aplicación directa de ambos factores nos lleva de antemano a una caída de la pensión en términos reales, se mire por donde se mire, porque aunque mantengas el nivel nominal, mientras haya inflación hay una pérdida, y por supuesto para las futuras
pensiones una caída de las mismas, lo que no ocurre, repito mi opinión, con la Ley 27/2011 a la que deberíamos dejar que se desarrollara.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor García Pérez.


El señor GARCÍA PÉREZ: Tengo que dar la bienvenida a esta Comisión del Pacto de Toledo a los tres comparecientes. Para nosotros es un orgullo tenerlos a todos ustedes aquí. Hemos venido escuchando durante muchas sesiones muchas opiniones
a favor y en contra de este informe, que no deja de ser la opinión de un conjunto de expertos que ha encargado el Gobierno para intentar hacer algo que creo que todos los grupos tenemos claro: una reforma del sistema actual, dado que consideran que
es bastante insostenible esta situación que tiene nuestro sistema. De todas formas ahora mismo el Gobierno todavía no se ha pronunciado -lo decía un compañero antes-, el Gobierno todavía no ha dado su postura y ahora mismo es un informe que está
sobre la mesa, un informe que han hecho un conjunto de expertos a los que desde muchos grupos se ha intentado demonizar desde su capacitación hasta la idoneidad de las personas que han comparecido en ese comité de expertos, pero que no deja de ser
un informe que da una opinión de qué es lo que se podría hacer. Desde el Grupo Popular creemos que es necesario tener distintas opiniones y así venimos escuchando posiciones a favor o en contra de distintas áreas, como hoy por ejemplo con diversas
visiones de un demógrafo, un economista, un jurista, porque creo que es necesario analizar profundamente un sistema que además nos atañe a todos y nos interesa a todos.


Desde el Grupo Popular creemos que el factor sostenibilidad no altera los principios que tiene la Seguridad Social, que se basa en un modelo de reparto, una prestación definida y básicamente contributiva y de solidaridad generacional;
creemos que asegura el equilibrio y la viabilidad financiera a medio y largo plazo; creemos que asegura la respuesta ante los desafíos demográficos. El señor Serrano y el señor Blanes antes hacían referencia a ese factor demográfico como uno de
los principales problemas, decían -y a mí y a mis compañeros nos sorprendía- que eso de las proyecciones nunca hay que creérselas o nunca se van a cumplir. Creo que al final la incertidumbre la vamos a tener siempre, pero tenemos que trabajar por
un modelo, y ese modelo tiene que estar basado en algo en lo que creer, y las proyecciones no dejan de ser proyecciones. Incluso el señor Blanes decía que son un ejercicio estadístico, pero tenemos que creer en algo. Es verdad que se podrá acertar
o equivocarse, pero hay que tomar una postura y sobre eso se basan casi todas las decisiones que al final debemos tomar los políticos, con informes técnicos que auguren proyecciones hacia algo en lo que poder reflejar nuestra forma de hacer
política.


El señor Serrano hacía una interesante reflexión y casi gráficamente decía en qué consiste el sistema de pensiones; muchas veces podemos escuchar la clarividencia diciendo que el sistema de pensiones se basa en que unos pagan para que otros
cobren, y eso a su vez se basa en caracteres demográficos, y esos caracteres demográficos en un sistema de reparto basado en el ahorro o un sistema de capitalización

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basado en el mercado. Gráficamente creo que es una exposición muy interesante. Usted también hacía la reflexión de cuánta renta desea pasar la población activa a la población jubilada, pero eso depende más bien de nosotros, depende de las
decisiones políticas que en su momento se tomen o se diseñen para poder dar salida a esta situación. El factor de sostenibilidad no se diseña para recortar pensiones, todo lo contrario, sino para asegurar su pago. Lo que recorta las pensiones es
que no haya recursos para poder financiarlas. El factor de sostenibilidad no va a sustituir la necesidad de reformas internas para mejorar la equidad y la eficiencia. Creo que con el factor se pone en evidencia que hay desequilibrios que pueden
afectar a la capacidad de pago, y la decisión de cómo corregirlos tiene que ser decisión nuestra, de la clase política. El factor de sostenibilidad hace visible lo que el sistema puede pagar por sí mismo, pero no condiciona que las decisiones de la
sociedad puedan mejorar su capacidad de ingresos o determinar la naturaleza de los gastos a realizar. Siempre se podrán tomar decisiones para mejorar la estructura de esos ingresos y de esos gastos. Lo vengo repitiendo durante todas estas
sesiones, el factor de sostenibilidad es sinónimo de tranquilidad, las más de nueve millones de pensiones actuales están garantizadas y con el factor ni se bajan ni se congelan las pensiones, se respetan los derechos adquiridos y las pensiones
nominales de los pensionistas están aseguradas, y se asegura también su renovación anual. Con lo cual damos tranquilidad a nuestros pensionistas y a nuestros futuros cotizantes. En muchos países de Europa ya está implantado: en Suecia, en
Alemania, en Portugal, en Dinamarca, en Finlandia, en Italia están implantados factores de sostenibilidad que ayudan a mejorar un sistema que creemos que debe ser sostenible, basado en no gastar más de lo que se ingresa, y creo que eso es
fundamental.


Quería plantear varias cuestiones para incidir en algunas de las reflexiones que ustedes hacían. ¿Ustedes creen que el sistema es sostenible si no se aplica ningún factor de sostenibilidad? Escuchaba al señor Serrano decir que sí, pero me
gustaría que ahondara un poco, ¿usted cree que es precipitado que la entrada el vigor del factor sea ahora en el periodo 2014-2019 o habrá que esperar para su entrada en vigor? ¿Ustedes son partidarios de ir agotando el Fondo de reserva para no
aplicar ese factor de sostenibilidad? En definitiva, nosotros desde el Grupo Popular vamos a seguir apostando por buscar el mejor sistema e intentar asegurarlo; creo que es fundamental, nosotros creemos en el sistema público de pensiones, creemos
en un sistema justo, fuerte y equilibrado que ayude a que la viabilidad del sistema sea a largo plazo, y vamos a seguir trabajando para ofrecer a los ciudadanos soluciones para que no tengan que estar siempre en constante evolución este tipo de
historias.


El señor Zorrilla creo que ha hecho una exposición brillante. Yo no soy jurista, pero no creo que existan problemas jurídicos, además es un informe y supongo que en la tramitación parlamentaria en la que se desarrolle esta ley se resolverá
cualquier cuestión jurídica que ahora mismo se ponga en cuestión. No creo que exista ningún problema, si no lo dirimirán las instancias que sean competentes en este asunto. Les doy las gracias a los tres de nuevo por estar aquí con nosotros, por
dar su visión en contra o a favor de este sistema. A todos los grupos parlamentarios nos enriquece escuchar a los distintos expertos en esas materias para después poder utilizar todas las observaciones, desde los modelos o desde las alternativas
que nos ofrecen, para después configurar lo que nosotros creemos que puede ser lo mejor para los ciudadanos. Esta es su casa, y pueden venir siempre que quieran a esta Comisión.


El señor PRESIDENTE: Para responder a las cuestiones que han planteado los distintos grupos parlamentarios, tienen la palabra los señores comparecientes. En primer lugar, el señor Blanes LLorens.


El señor INVESTIGADOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS DEMOGRÁFICOS Y PROFESOR ASOCIADO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA (Blanes Llorens): Muchas gracias por sus comentarios y por el interés que han mostrado por intentar tener otras visiones
un poco diferentes. Yo me intento mover en mi campo, porque obviamente es el campo en el que me encuentro más cómodo. Dentro de mi actividad me dedico básicamente a hacer proyecciones. Sé mejor casi que nadie -estábamos en algunas de los noventa-
todos los márgenes de incertidumbre que hay. Por lo tanto quería hablar de la incertidumbre de las proyecciones demográficas para hablar del tempo de la aplicación de esta propuesta. Es decir, hemos visto todo en lo que nos hemos equivocado en las
proyecciones demográficas, y he utilizado este ejemplo de Noruega y de la actividad y de los ocupados que habría para decirles que este no va a ser el escenario demográfico en España, porque como fuera ese, entonces sí que sería el acabose.
Entonces, si ese no va a ser, ¿por qué la prisa en implantar esto? Solo quiero que piensen en el tema de las proyecciones. Quiero hacerles una reflexión. El Instituto Nacional de Estadística tiene un gran reto por delante, porque tiene la
obligación de prever unas proyecciones de población renovadas cada año -dos cada dos años- a largo plazo y entre medias a nivel territorial en un momento de completa

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inversión de los flujos migratorios. ¿Qué hace el Instituto Nacional de Estadística? Prolonga sencillamente las tendencias, pero es honesto, lo dice. No dice que utiliza un modelo basado en la economía y que va a faltar equis gente, sino
que prolongando las últimas tendencias dice lo que puede pasar. En cierta manera las proyecciones INE, cuando ya vamos a diez o a quince años -si vamos a cincuenta años ya ni hablemos-, servirían justamente para que tomemos conciencia de posibles
problemas, pero al mismo tiempo también esto puede no suceder.


Me van a permitir que haga algo muy atrevido por mi parte, prever la próxima previsión INE. Conozco bastante las metodologías, estuve colaborando con ellos. ¿Qué quiere decir engarzar los últimos datos? Lo decían ahora, justo ayer
salieron las nuevas cifras de población de España en esta nueva operación estadística. Si continúan cogiendo demasiado fuerte la inercia, es decir, si siguen cogiendo demasiado el último dato, menos de 40 millones, cerca del 40% será población de
65 y más años. Pero bueno, es lo que hay. La idea es que si era tan irrealista mantener en el futuro un saldo migratorio positivo de 600.000 personas, tan irrealista es mantener de cara el futuro un saldo negativo de 200.000 personas anuales; esa
es la idea básica. ¿Cuál es la alternativa? No es ni mejor ni peor, pero para los políticos que tienen que utilizar las previsiones es la alternativa que utilizan otros países. No hacen un único escenario, sino que marcan tres o cuatro grandes
escenarios. ¿De qué manera? De una manera normativa. Si vemos las proyecciones alemanas, ponen un saldo migratorio de más 100.000, más 200.000, etcétera. Es muy complicado, pero la idea es relativizar las proyecciones. En algo nos tenemos que
basar, pero vamos a intentar relativizarlas. Hay tendencias de fondo, y una tendencia de fondo es el envejecimiento de la población; es verdad esta llegada de las cohortes numerosas. Lo que estoy planteando es que eso tiene una gran inercia, pero
que todo lo que tiene que ver con la población que habrá en edad laboral, con las políticas familiares que tengamos, con cuál será la situación económica, etcétera, en el fondo va a tener que ver con los ingresos del sistema, y hasta el momento solo
vemos en la pirámide el hongo, la cúspide, por decirlo de alguna manera.


Otra reflexión tiene que ver con el indicador. No quiero ser excesivamente técnico, no quiero hacer una cosa muy técnica, pero este indicador del factor de equidad o de ajuste además de dar una visión de que un problema demográfico o gran
parte demográfico se tiene que solucionar con una medida básicamente demográfica, tiene un error de concepto. Los expertos hacen bien, es la única manera de operativizar lo que quieren hacer, pero tiene un error de concepto. ¿Por qué? Porque ese
indicador, la esperanza de vida calculada en un año, no mide la longevidad que tienen los individuos, no mide cuál va a ser su impacto sobre el sistema de pensiones, solamente refleja, por ejemplo, que, si no cambiara nada en el futuro, este
trabajador que se jubila trabajará veintidós años. Pero eso no es verdad, la experiencia nos dice que vivirá más. Por lo tanto, no marca cambios en longevidad, que es lo que en teoría dice el factor, pero es la única manera de operativizar. Eso
es lo primero. Esto no son incoherencias del indicador, es que el indicador va a reflejar lo que sucede en la realidad, que sencillamente cada vez las ganancias son más avanzadas o que el ritmo de mejora se va desplazando en la edad. Esta especie
de contradicción es la que les quería remarcar. Si yo decido jubilarme dos años más tarde, ¿qué va a pasar? En primer lugar, que el ritmo de ganancia a esa edad habrá sido mayor y, además, como me jubilo dos años más tarde me habré beneficiado más
de la tendencia secular de descenso de la mortalidad. Por tanto, me está penalizando el factor. Lo mismo ocurre en el tema de los hombres o de las mujeres. Esto es lo que puede suceder cuando utilizamos un indicador que no deja de ser un valor
medio para representar el conjunto de la población, no tiene más. ¿Cómo podemos operativizarlo de otra manera? Lo veo muy complicado, realmente es complicadísimo. En ese sentido tengo que decir que han hecho lo que se puede. Es un indicador que
no refleja realmente lo que es, pero es la única manera de operativizarlo. Yo no tengo una solución en cuanto a si es válido o no. Creo que se podrían encontrar otras maneras de enfrentarse a esos problemas, pero como mínimo hay que respetar la
esencia. Si aquello que se va a transmitir a la ciudadanía es que ese indicador va a ser un factor corrector de los cambios en longevidad, un ciudadano que se vaya a ver afectado por las dos reformas podría decir: oiga, que a mi ya me lo han
aplicado. Es decir, mantengamos la esencia del indicador en ese sentido.


¿Qué puede suceder con la longevidad? ¿Qué puede suceder con las migraciones a largo plazo? Nadie lo sabe realmente. ¿Pero qué puede suceder con la esperanza de vida? Si miramos la serie histórica del INE -histórica, datos ya
registrados-, no es la primera vez que se produce una reducción del 0,1 o del 0,2 en la esperanza de vida a la edad de 65 años. ¿Por qué? Porque a partir de esas edades la mortalidad está muy sujeta, por ejemplo, a la incidencia o la virulencia de
la gripe o a una canícula de calor en verano. Eso no quiere decir que no tengamos que estar atentos a qué puede pasar, a si esa tendencia

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se mantiene en el futuro. Solo quiero dar un dato, señorías: mientras que en la fecundidad la tendencia sí es sostenida y ha habido un impacto, en la esperanza de vida no me arriesgaría a decir nada. Me estoy refiriendo a ello con el dato
de un año; en ese sentido intento transmitirles mi opinión. Incluso podríamos encontrar alguna situación paradójica de cara al futuro, que tampoco se tiene muy en cuenta, que puede suceder o no. Los ritmos de ganancia de la esperanza de vida en
los que se basa este informe que utiliza el INE es solo prolongar las tendencias más o menos desde el año 1998 hasta el último dato disponible por edad; es una fórmula estrictamente matemática, no tiene más. Permítanme que haga otra previsión de
futuro. Posiblemente el ritmo de ganancia de esperanza de vida en las mujeres no será el que prevé el INE. No quiero decir que pierdan esperanza de vida, sino que aunque la situación de crisis no les afectara, por un efecto ligado al cambio
generacional su ritmo de ganancia difícilmente será el que prevé el INE. ¿Por qué? Porque lo que va a haber es un cambio entre las generaciones nacidas en la primera mitad del siglo XX en España y aquellas nacidas en la segunda, que adoptaron unos
estilos de vida completamente diferentes, y eso se puede reflejar de cara al futuro. Hay una comprobación; más o menos en los últimos años la mortalidad en las mujeres entre 55 y 60 años ya no mantiene la tendencia descendente, se ha estabilizado.
Eso se prolongará y dentro de diez años lo tendremos en las de 65, dentro de veinte, en las de 75. Es decir, que hay efectos que van más allá de la coyuntura. Esto tiene que ver con la historia de nuestro país, con el papel que han tenido las
mujeres. Es muy complicado prever cuál es el futuro de la longevidad. Cuando se realizaron los estudios para el Pacto de Toledo los que hacíamos proyecciones no nos planteábamos la mortalidad. ¿Por qué? Porque se pensaba que ya se estaba cerca
de una especie de límite, que eran 85 años en la media de los dos sexos, y todos teníamos esta referencia. Eso se ha roto, se han abierto los horizontes y ahora podemos encontrar desde demógrafos biólogos que afirman que es posible mantener ritmos
de crecimientos -la esperanza de vida, al nacer en este caso- de 2,5 años por cada década, que es la tendencia observada en datos reales, hasta biólogos demógrafos en Estados Unidos que dicen que no ya en términos de la esperanza de vida de un año,
sino en la esperanza de vida que realmente vivirá un individuo, posiblemente los niños que nacen hoy en día en Estados Unidos vivan menos que sus padres. En Estados Unidos hay una gravísima preocupación sobre la incidencia de estilos de vida, por
ejemplo, la diabetes sobre la mortalidad, que es algo preocupante y muy concreto para Estados Unidos.


Quiero hacer una última reflexión. Yo no sabría cuáles son las medidas, no es mi campo, pero sí que estoy de acuerdo con la señora Fernández Davila. Cuando yo leí el informe también me quedó la sensación de que hay un objetivo implícito,
muy formulado matemáticamente, que es el montante, y hay otro, que también señalan, y es que la gente sea consciente de que de cara al futuro tendrá que complementar su pensión pública con una pensión privada y que, por tanto, se tiene que informar
a la ciudadanía. Lo que me preocupa es si los ciudadanos atenderán a esa lógica y, más aún, ¿si la atienden la podrán llevar a la práctica? No lo sé. Todos son modelos, porque la esperanza de vida no será la que se predice, pero introducir el
factor de equidad intergeneracional con base 2014 quiere decir que el que se jubile en 2050 tiene un factor de reducción más o menos del 20% de su pensión inicial, cero ochenta y algo. En cambio, si lo hiciera en 2027, el factor de reducción sería
7 puntos menos. También puede haber la idea de si aplicamos ya la reforma, el acumulado a largo plazo. Lo que han hecho en el tema de intentar integrar la longevidad es lo único que se puede hacer si se quiere ir por esa vía.


Es verdad que este factor de equidad tiene un efecto muy pequeño año a año, pero lo acumulado hemos visto que es muy grande, pero además, en términos de ritmo de aplicación del factor, ¿en qué año se incide más? En los primeros y no en los
últimos, por lo que sería un poco contradictorio. Eso tiene que ver con la evolución futura de la esperanza de vida. La curva del factor afectará más a los que se les aplique primero en términos reales, no el acumulado, sino hasta ese momento.
También es un poco curioso. Mi idea, y con esto ya acabo, es que no puedo entrar en el factor de revalorización, la fórmula se me escapa; pero en relación con el factor de equidad, creo que habría que reflexionar mucho sobre si es pertinente
aplicarlo. Incluso me temo que, tal y como está formulado, por algún tema técnico en el que no es el momento de entrar, sería inaplicable o podría llevar a alguna incoherencia tan grande como que yo me jubilo este año con un determinado factor,
digamos un 10%, y alguien se jubila al año siguiente a la misma edad y tiene un factor menor. Eso tiene que ver con los métodos de previsión, de proyección. En el fondo todo se basa en proyecciones, además técnicamente ha habido mucha precaución
en este factor de revalorización -se utilizarán medias geométricas de no sé qué...- y el otro se ha dado por sucedido. Esa es un poco la reflexión que les quería transmitir. Muchas gracias por su atención.

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El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra el señor Serrano Pérez.


El señor CATEDRÁTICO DE ECONOMÍA Y DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA APLICADA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO/EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA (Serrano Pérez): Hay preguntas que son
puntuales y responderé a ellas puntualmente, pero voy a contestar a las que me han formulado en el último momento el representante del Partido Popular y algunas que ha planteado el señor Caldera sobre los sistemas de Seguridad Social.


Yo creo que las prisas no son buenas consejeras para nada, eso por definición, ni para cruzar un semáforo. Si realmente lo que se pretende es dar un impulso reformador al sistema de pensiones, que yo entiendo, porque más allá de que las
probabilidades de que ocurran los acontecimientos que hoy estimamos sean cero y que vamos a fallar, lo cierto es que hay tendencias que no podemos ignorar. Primera tendencia, el envejecimiento de la población. Eso es un dato. Con la información
de la que disponemos hoy no es esperable que asistamos a crecimientos del producto interior bruto en los próximos cincuenta años de una envergadura de media de 3 o 3,5%; mañana resulta que podría haber un descubrimiento tecnológico y la
productividad se multiplica por diez, de acuerdo, pero tenemos que trabajar con lo que tenemos que trabajar. Pero lo que yo quiero decir con los escenarios es que lo que no hay que hacer nunca es dogmatizarlos, es decir, hay que saber que
trabajamos con escenarios porque no nos queda más remedio y que los escenarios los construimos con un concepto artificial, que es el concepto de riesgo. Realmente todo el futuro se basa en el cálculo de probabilidades, todas las estimaciones que
hacemos de cualquier variable macroeconómica, microeconómica, demográfica, todo se basa en estimar probabilísticamente ese acontecimiento partiendo de las observaciones que tenemos de cómo ha acontecido en el pasado. Toda la econometría, toda la
estadística no es más que eso, puede ser más o menos compleja porque se afina más o se afina menos y a eso se le llama riesgo.


El ser humano y, en general el economista, suele ser un individuo de una gran soberbia. La profesión es una profesión de soberbios, además con vocación imperialista sobre el resto de las ciencias sociales. Fíjense ustedes si somos
soberbios que hemos llegado a convencer a todo el mundo de que podíamos estimar el riesgo de un activo financiero, pero además clavarlo, como Newton clavó la gravedad, y eso nos ha llevado a la crisis financiera, la soberbia del economista, el
desconocimiento del político que se ha dejado influir por el economista y por la presión de los sistemas financieros. Pero, bueno, el economista es lo que es.


Volvamos al asunto de las pensiones. Yo creo que la experiencia que tiene este país en materia de reforma de pensiones es envidiable. Aquí se fija en el año 1995 el Pacto de Toledo, que implica quince recomendaciones. Eso ha sido una guía
reformadora desde el año 1995. Primero, para el Gobierno socialista, después para el Gobierno del Partido Popular; después, de nuevo, para el Gobierno socialista y la recomendación quince finaliza con la última Administración. Es decir, con unas
recomendaciones con más fortuna que otras, con más acuerdo, pero en general siempre con un gran acuerdo, lo que se pactó en el año 1995 ha servido como una guía de actuación para todos los responsables políticos. Esa manera de funcionar es la que
ha permitido, como apuntaba el señor Campuzano, de Convergència i Unió, tener un sistema robusto. Esto no significa que podamos dormirnos en los laureles. Hemos avanzado pasos y tenemos que seguir avanzando porque la realidad es cambiante. Desde
mi punto de vista, por tanto, ¿qué es lo que haría falta en este momento? Un gran acuerdo político que alumbre un Pacto de Toledo 2, es decir, un nuevo conjunto de recomendaciones en las cuales basar las reformas de los próximos años. Y esto no es
imposible, se hizo una vez y se puede volver a hacer. Yo creo que debería haber la voluntad política para hacerlo. En ese Pacto de Toledo 2 es donde creo que deben considerarse estos famosos factores de sostenibilidad. A mí me parece que el
sistema tiene que tenerlos, yo no estoy en contra de esos factores, me parecen bien, aceptando los problemas en el caso del factor de equidad intergeneracional; pero, aplicando un factor de equidad intergeneracional lo único que se persigue, desde
el punto de vista económico -más allá de que esté mal alumbrado-, es repartir entre más generaciones el coste del ajuste, es decir, evitar que sean las generaciones de la transición las que, si me permiten la expresión, se acaben comiendo todo el
ajuste. Hay que traerlo en el tiempo.


Me preguntan qué es lo que yo haría. Se lo digo: yo adelantaría las transitorias. Creo que las transitorias de la última reforma del año 2011 son demasiado largas. Habría que adelantarlas en el tiempo y, a la vez que se adelantan las
transitorias, incorporaría los factores de sostenibilidad ¿Por qué? Porque de lo que se trata, insisto, es de repartir entre más generaciones el coste del ajuste. Cuanto más las traigamos en

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el tiempo más generaciones van a ser las que van a aceptarlo. Eso es lo que yo haría, desde el lado del gasto. Ahora bien, creo que desde el lado del ingreso es fundamental plantear de manera definitiva que si queremos que el sistema
garantice una tasa de sustitución razonable -dejo el concepto de razonabilidad a la decisión de sus señorías-, hay que inyectar más ingresos en el sistema, no hay más remedio. Finlandia, Alemania, Suecia, todos los países que usted ha citado y que
tienen factor de sostenibilidad tienen un mayor gasto en pensiones sobre el producto interior bruto que nosotros y algunos de estos países ya están con el envejecimiento, con el baby boom que nosotros vamos a ver en las próximas décadas. Desde mi
punto de vista, que soy defensor de los sistemas públicos de pensiones basados en el reparto -como apuntaba el portavoz de UPyD-, si hoy nos estamos gastando 10 puntos del PIB y vamos a tener un incremento en el número de pensionistas del 75%, no
podemos seguir gastando esos 10 puntos del PIB; solamente si hacemos eso lo haremos sabiendo que la tasa de sustitución que vamos a proporcionar va a ser muy baja. Eso es lo que hay. Creo que aplicar el factor de sostenibilidad a la brava daría
como resultado esto. Sería un automatismo, el sistema automáticamente ajustaría por la tasa de sustitución. Entonces, en ese Pacto de Toledo 2 -que creo que hace falta- habría que abrir un capítulo específico para los ingresos. En el Pacto de
Toledo anterior no se abrió un capítulo para los ingresos, pero se hizo una cosa muy importante, que fue limpiar el sistema de prestaciones contributivas y de prestaciones asistenciales y, por fin, todas las prestaciones asistenciales han salido,
los diferentes Gobiernos las han ido sacando al ritmo que han podido y definitivamente se ha completado con esta Administración. En ese Pacto de Toledo 2, una vez que ya se han limpiado las fuentes, hay que plantear los ingresos y la
reconsideración de la naturaleza de otras prestaciones. Yo les he propuesto el caso de las pensiones de viudedad. En este momento hay 2,5 millones de pensiones, 2 puntos y pico del producto interior bruto, y todos conocemos personas que están
cobrando una pensión de viudedad y que tienen unos ingresos propios muy altos, pero como tienen el derecho... Esto es una reconsideración. No significa que a las personas que no tengan ingresos suficientes se las vaya a dejar desamparadas, no,
tendrán una renta, pero esa renta será de naturaleza asistencial y la abonaremos todos con cargo a los impuestos. Eso es lo que yo haría: adelantaría las transitorias, incorporaría los dos factores de sostenibilidad e, insisto, adelantaría para
distribuir entre más generaciones y abriría, por fin, el apartado de los ingresos en los términos que he propuesto. Seguro que a ustedes se les puede ocurrir otra forma de incrementar los ingresos, pero personalmente opino que no se pueden seguir
aumentando las cotizaciones a las empresas, porque no estamos en una situación como para perder competitividad.


Creo que era el señor Campuzano el que me planteaba antes la posibilidad de sustituir cotizaciones por IVA. Yo creo que los sistemas de pensiones tienen que financiarse con cargo a las contribuciones y que la política social tiene que
financiarse con cargo al sistema impositivo general. No soy partidario de mezclar. De igual manera que discriminamos entre naturaleza asistencial y naturaleza contributiva, también debemos discriminar entre cotizaciones sociales e impuestos;
luego yo no mezclaría. Yo no mezclaría, lo cual no significa que no se pueda mezclar, porque probablemente en esto pueda haber más doctrina. Es importante no mezclar porque tengan en cuenta que todas las reformas que se han hecho han ido a
reforzar el principio de contributividad del sistema, es decir, se ha ido transmitiendo una idea a todos los ciudadanos de que para percibir una mayor pensión tienen que haber aportado un mayor número de años. Se ha hecho una conexión muy estricta
entre pensión y aportación mejorando el tratamiento equitativo. Creo que no sería bueno romper esa idea que ya ha calado en el ciudadano y, por tanto, yo no iría a esa sustitución. Respecto al modelo austriaco, es una posibilidad a estudiar. Lo
único que les propongo es que una posible vía de inyectar recursos por contingencias comunes es esta, pero también se pueden explotar otras fórmulas. Creo que es lo que podría ocurrir.


Antes de volver a las preguntas del señor Caldera y a algunas preguntas que me ha hecho el señor Coscubiela, me han preguntaba si sería partidario de aplicar entre el 2014 y el 2019. Lo que le digo es que si ustedes toman la decisión de
adelantar o de acortar el periodo de las transitorias, por ejemplo, y las dejan en el 2020, pongamos por caso, yo incorporaría el factor de sostenibilidad en el 2020. Yo haría eso, las introduciría de manera simultánea. ¿Soy partidario de agotar
el Fondo de reserva? Sí. El Fondo de reserva está para lo que está. Cuando se constituye el Fondo de reserva se hace precisamente pensando en esas situaciones, aunque no del dramatismo ni de la intensidad como la situación que estamos viviendo
actualmente. El Fondo de reserva no es un fondo que se constituya con el objetivo de salvar a largo plazo el sistema de pensiones, no, se constituye como una bolsa para compensar las variaciones que se puedan producir en el ciclo económico. Ahora
estamos en un ciclo a la baja y habrá que utilizar el Fondo de reserva. Para eso se diseñó. No tiene ningún sentido, desde mi punto de vista, que como ahora resulta

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que el ciclo va a la baja no queramos utilizar el Fondo de reserva y lo que hagamos sea aplicar, a partir del año 2014, el factor de revalorización de las pensiones; sabemos que si al año que viene los ingresos son inferiores a los gastos
-todo indica que es lo que va a ocurrir-, mantenemos intacto el Fondo de reserva y pagamos el ajuste. ¿Por qué si tenemos el Fondo de reserva? ¿Para qué queremos el Fondo de reserva, para mantenerlo permanentemente en el tiempo o para gastarlo?
Personalmente creo que hay que agotarlo y por eso considero que la aplicación de estos dos factores no tiene por qué hacerse el día 1 de enero del año 2014 e, insisto, creo que la aplicación de estos dos factores hay que hacerla en un contexto mucho
más amplio, diseñar otra hoja de ruta -esto que está de moda en la política- similar a la que se diseñó en el año 1995 con el Pacto de Toledo para las reformas.


El señor Caldera habla de mejorar los ingresos. Mi propuesta fundamental ya la formulé en esta misma Comisión en el año 2009; cuando comparecí en aquel momento no sé si había otra reforma o no. En aquella comparecencia presenté unas
simulaciones que ponían de manifiesto, en aquel caso, que la inmigración no iba a ser capaz de compensar el déficit del sistema. Una de las propuestas que les hice o una de las propuestas que yo transmití en aquel momento era que podíamos sacar las
pensiones de viudedad del sistema de prestación y eso nos equilibraría el sistema, en aquel momento lo equilibraba, hoy con la situación de crisis, no lo equilibraríamos solamente con eso. De igual manera que decimos que la Seguridad Social hay que
adaptarla, hay que adaptar el sistema para que sepa responder a los cambios sociales que acontecen, hay un cambio social que no podemos ignorar, y es que la estructura familiar actual es distinta al concepto de familia que existía, desde el punto de
vista económico, hace cincuenta años o sesenta, cuando se inventó la Seguridad Social en el sentido moderno. Antes, el núcleo familiar estaba constituido por un matrimonio con hijos donde solo había una fuente de ingresos, la del marido y, por lo
tanto, había que salvaguardar al núcleo familiar de la pérdida de esa fuente de renta, y esa es la pensión de viudedad, no tiene otra explicación desde el punto de vista histórico. Ese núcleo familiar se está transformando, se está transformando
probablemente aquí más lento de lo que nos gustaría a todos, pero lo que es evidente es que la mujer acabará incorporándose al mercado de trabajo en proporciones similares a las que hemos visto en el resto de los países europeos, luego la pérdida de
una renta no significa que el núcleo familiar se queda sin ninguna fuente de ingresos. Eso es lo que debería replantear el concepto de prestación de viudedad tal como surge históricamente, no sé jurídicamente cómo se articula, pero históricamente
ese es el desarrollo.


Esto, por otra parte, podría favorecer que la mujer abandone menos el mercado de trabajo, porque uno de los problemas que tiene la inserción de la mujer en el mercado de trabajo español es que de joven entra en el mercado de trabajo, pero
hay un momento cuando se embaraza que se nota que la mujer abandona el mercado de trabajo, pero no lo abandona temporalmente lo abandona definitivamente, y luego ya no vuelve a entrar. Esto puede funcionar como una estructura de incentivos para que
la mujer no abandone el mercado de trabajo porque sabe que su abandono puede tener un coste. Más allá de que nos equivoquemos en las tendencias demográficas o no, lo cierto es que en veinte años en este país puede haber problemas de mano de obra,
no vamos probablemente a tener trabajadores suficientes, luego necesitamos diseñar la mejor estructura de incentivos posibles para que la mano de obra no solamente aumente, como planteaba el señor Caldera, la tasa de actividad y nuestra tasa de
ocupación, que va a hacer falta, sino para que no se abandone. Desde mi punto de vista, la pensión de viudedad, por lo tanto, tendría otros efectos positivos además de favorecer el equilibrio del sistema.


Me preguntaba el señor Coscubiela qué me parece lo de las bases máximas. Pues me parece muy mal lo que usted plantea, destoparlas, usted lo que está planteando es destopar las bases máximas pero mantener la pensión máxima. (El señor
Coscubiela Conesa: No, al contrario.) ¿No? Discúlpeme, porque le he entendido mal. Le había entendido destopar la base máxima para que de esa manera la parte de los salarios, fundamentalmente de los trabajadores de salarios más altos, que en este
momento no cotiza, aumente los ingresos del sistema. Correcto. Se puede hacer, pero hay que tener en cuenta que con el sistema de cálculo de la pensión eso significaría que la base máxima tendríamos que actualizarla, y el sistema español tiene un
problema, que las bases máximas no se han actualizado al mismo ritmo que han evolucionado los salarios, y eso está ocurriendo, que el salario medio está comenzando a converger a la base máxima. Con esto hay que tener mucho cuidado porque podríamos
encontrarnos con que a medida que va pasando el tiempo la base máxima es igual al salario medio, y entonces podemos tener un sistema de pensiones estrechado. (La señora vicepresidenta, Angulo Romero, ocupa la Presidencia.) Es otro de los aspectos
sobre el que debería reflexionarse. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Queremos tener una pensión máxima que está paulatinamente convergiendo con el salario medio? ¿Queremos mantener una

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base máxima? Bases máximas hay que mantener, pensiones máximas hay que mantener y pensiones mínimas también, aunque eso sí, como ya quedó de manifiesto en el Pacto de Toledo 2, financiado mediante los complementos a mínimos. Por supuesto,
hay que actualizar de una vez las bases máximas de cotización, destoparlas o toparlas en un nivel salarial más alto y ajustar la pensión máxima, que está prácticamente congelada. Otro de los temas que habría que incorporar en eso que llamo Pacto de
Toledo 2.


Factor de revalorización. ¿Qué es lo que puede ocurrir? -Lo decía también el señor Caldera-. Tal como está planteada la fórmula, la aplicación del factor de revalorización anual, si la tasa de crecimiento de los ingresos es inferior a la
suma de la tasa de crecimiento de nuevos pensionistas más el efecto sustitución, es decir, si I es menor que G, la pensión de los actuales pensionistas se congelaría en términos nominales, no se actualizaría por el IPC. Pero, ojo, la pensión de
aquellos pensionistas que hayan entrado al sistema con los factores de estabilidad funcionando disminuiría en términos reales. Es decir, que si uno ha entrado al sistema con una pensión de 1.000, podría ocurrir que el año siguiente su pensión fuese
de 957. ¿Es probable que esto ocurra? Se tienen que dar muchas circunstancias para que esto pueda ocurrir, pero podría ocurrir, todo depende del ritmo al cual evolucionen los ingresos. Porque aquí hay que tener en cuenta una cosa y es que en el
factor de revalorización se mete un cociente que es I/G, y ese cociente tiene que ser igual a la unidad para que la pensión se revalorice. Si el cociente es mayor que la unidad, es decir, si los ingresos son superiores a los gastos, también es
cierto que podría ocurrir que las pensiones se revalorizasen en términos reales, que ese individuo que había caído a 950 pueda volver a 1.000. Es cierto que el factor, si se mete, creo que la fórmula introduce algo que es también importante, y es
no quitar todo el componente anticíclico que tiene el sistema, que es fundamental, esto es, es un estabilizador automático de primera magnitud.


Los expertos han sido cautos y hablan de que el ajuste no se haga de golpe sino que se haga a través de sucesivos periodos, lo cual significa que el sistema tendría que dotarse, o un fondo de reserva, o tendría que endeudarse, para los
momentos de ciclo bajo, para no eliminar todo el escudo de estabilizador automático que tiene; hay que garantizarlo, que eso es fundamental, es básico que el sistema siga siendo anticíclico y que siga siendo un estabilizador automático, y es
fundamental, eso sí que es vital. Por lo tanto, me parece bien en el caso de que se aplique este factor de sostenibilidad que ese alfa, que es un exponente en su fórmula -si la han visto es I/G elevado a alfa-, lo único que pretende es que el
ajuste de la pensión cuando I sea distinta a G no se haga en el año sino que se haga en un tiempo determinado, y ustedes tendrán que decidir cuál es el valor que quieren que tome alfa, si quieren que se ajuste en dos, en tres, en cuatro, en cinco o
en seis años.


Esta es mi opinión sobre lo que habría que hacer con las pensiones.


La señora VICEPRESIDENTA (Angulo Romero): A continuación, don Manuel María Zorrilla, puede tomar la palabra si quiere.


El señor CATEDRÁTICO EMÉRITO DEL DERECHO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO (Zorrilla Ruiz): De modo sintético, para no crear confusión con el bosquejo de cuestiones que se han barajado, y limitándome al meollo de
las consideraciones jurídicas sobre las que he tenido la posibilidad de opinar, como conclusión de todo y pretendiendo dar respuesta quizás no del todo satisfactoria a alguna de las preguntas, conviene insistir en la necesidad de definir el concepto
de suficiencia, que aparece enunciado como un concepto jurídico indeterminado en los artículos 41 y 50 de la Constitución, porque no es lo mismo la suficiencia al desnudo, que es aquella a que se refiere el artículo 41, que la suficiencia adecuada a
una serie de necesidades que son las que se enumeran como propias de la condición del jubilado. Podría pensarse que cada una de las suficiencias A y B de los artículos 41 y 50 admiten una interpretación independiente, que son dos conceptos
jurídicos indeterminados que pueden dar lugar a las correspondientes definiciones, o simplemente que puede haber una definición contextual según la cual las necesidades a que se refiere el artículo 50 específicamente, pueden ser trasladadas también
al artículo 41 y predicarse de las prestaciones que el mismo concede.


Si se dispusiera de un mecanismo de suficiencia o automaticidad para determinar la reparación íntegra del daño, sin necesidad de acudir a los tribunales en el caso de que hubiese habido también un daño material que no alcanzase el importe de
la contribución, podría establecerse la cuantía de la misma en la diferencia. En cuanto a los criterios definidores de la suficiencia no pueden ser otros que aquellos que conduzcan a la fijación de una cifra dineraria que se aproxime lo más posible
a la reparación íntegra del daño y, por tanto, permita establecer una distinción entre resarcimiento equivalente, que sería el propio del Derecho Civil y resarcimiento suficiente, que sería el propio de los artículos 41 y sobre todo 50 respecto a

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las pensiones de jubilación. Hay que tener en cuenta además otro concepto jurídico indeterminado que es el de adecuación, que no se predica con la misma claridad en todos los casos. Mientras en algunos preceptos de la Constitución se habla
de prestaciones adecuadas pero no se dice a qué, con lo cual en la formulación de esa proposición falta un elemento que permita su esclarecimiento y comprensión, en el artículo 50 del texto constitucional sí se indica a qué se tiene que referir la
adecuación. Ese sería naturalmente otro elemento indispensable de resolver en vía de elaboración del texto correspondiente, y sería un error considerable no hacer el esfuerzo suficiente para impedir que en un momento dado eso llegase a la
interpretación judicial habiendo tenido antes la oportunidad, como usted ha dicho, de corregirlo en este momento. También habrá dificultades en la tramitación para fijar con la suficiente concreción y poder de convicción intelectual y jurídica, que
todas estas transformaciones se pueden operar dentro del ordenamiento jurídico de la Constitución, porque el artículo 50 chirría cada vez que se pone en comunicación o en contacto con los valores fundamentales o la descripción o las incidencias de
los temas que han constituido la última parte de la exposición.


Me parece que no hay que marginar ni dejar de insistir en algo que tiene que formar parte de la cultura popular, porque así como la impresión de la sociedad ante un problema relativo a las prestaciones de la Seguridad Social en general y la
tercera edad es de horror y de desolación, la conciencia ciudadana tiene que adquirir una compacidad y una fortaleza más consecuente, no con el entusiasmo por la función social de la Constitución y específicamente de la Seguridad Social, pero sí con
una identificación cultural suficiente e ilustrada sobre la importancia que tiene. Es decir, que todo el iter o toda la trayectoria de la elaboración de una norma tiene que ser explicada en términos comprensibles, tiene que ser publicada por las
normas o por las fuentes correspondientes, y hay que hacer una labor de campo destinada a que la sociedad esté verdaderamente concienciada con la idea de que la Seguridad Social no es un problema recurrente en el que se insiste para causar
turbaciones a la ciudadanía, sino que requiere la formación de una opinión pública ilustrada y activa que con el tiempo y a través de los canales democráticos incida positivamente sobre el proceso de su elaboración. Esta no es una tarea marginal,
sino que es una tarea extraordinariamente importante que pertenece no solo a la respuesta de la sociedad frente al contenido esencial del derecho a la Seguridad Social, sino al mismo tiempo a la que cabe llamar también una exigencia indeclinable de
la modernidad. En la medida en que estos huecos se vayan colmando, el núcleo invulnerable del derecho a la Seguridad Social irá adquiriendo un contenido esencial y una compacidad que permita opinar a la ciudadanía y a la sociedad con una
consistencia, con una seriedad crítica y con un conocimiento de causa del que carece actualmente. De tal modo que si bien este aspecto, que podía llamarse de catarsis informativa, no pertenece a los aspectos técnicojurídicos de la disciplina del
Derecho a la Seguridad Social, es indudablemente necesaria para, como dice la Constitución, intentar, cuando menos independientemente de la suerte que asista a los que lo intenten, forjar un orden social y económico justo.


La señora VICEPRESIDENTA (Angulo Romero): Muchas gracias, señor Zorrilla.


Quiero agradecer, en nombre de todos los miembros de la Comisión, a los tres comparecientes su disponibilidad para haber estado esta tarde aquí y darnos su valoración y su opinión sobre el informe del factor de sostenibilidad elaborado por
una comisión de expertos, que estoy segura que todos los grupos parlamentarios sabrán valorar, ya que nos iluminarán a la hora de tomar decisiones sobre este asunto tan importante.


Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.


Eran las seis y cincuenta minutos de la tarde.