CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 304

DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL PACTO DE TOLEDO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍA CHAVES GONZÁLEZ

Sesión núm. 9

celebrada el martes,

23 de abril de 2013

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor secretario de Estado de la Seguridad Social (Burgos Gallego), para:


- Presentar el informe sobre la evolución de actuaciones del año 2012 y situación a 31 de diciembre de 2012 del Fondo de reserva de la Seguridad Social. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 212/000902) ... href='#(Página2)'>(Página2)


- Informar de las implicaciones que tiene para el sistema de la Seguridad Social la sentencia del Tribunal Constitucional 61/2013, de 14 de marzo de 2013, dictada en la cuestión de inconstitucionalidad 5862/2003, planteada por la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en relación con la disposición adicional séptima de la Ley General de la Seguridad Social, sobre la protección del contrato a tiempo parcial. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente
212/000917) ... (Página2)


- Informar sobre las medidas que piensa llevar a cabo el Gobierno para evitar la discriminación que sufren los trabajadores a tiempo parcial para acceder a la jubilación, de acuerdo con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea, de 22 de noviembre, sobre la cuestión, y para evitar que la normativa española en esta materia sea contraria a la directiva europea sobre igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de Seguridad Social. A petición del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 212/000752) ... (Página2)

Página 2

Se abre la sesión a las once de la mañana.


El señor PRESIDENTE: Señoras diputadas y señores diputados, vamos a iniciar el trabajo de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo. Le damos la bienvenida al secretario de Estado para la Seguridad Social
y, como ustedes ya saben, el orden del día de la reunión va a versar sobre tres comparecencias, dos de ellas a petición del Gobierno y la tercera a petición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Como hemos hecho en anteriores
reuniones, las tres comparecencias se debatirán en un solo bloque. Después de la exposición del secretario de Estado vendrán las intervenciones de los grupos, comenzando por la intervención del portavoz del Grupo Socialista -de mayor a menor-, y
terminando con la intervención del Grupo Parlamentario Popular, como siempre hemos hecho. La primera comparecencia, a petición del Gobierno, es para presentar informe sobre la evolución de actuaciones del año 2012 y situación a 31 diciembre de 2012
del Fondo de reserva de la Seguridad Social; la segunda, también a petición del Gobierno, para informar de las implicaciones que tiene para el sistema de la Seguridad Social la sentencia del Tribunal Constitucional 61/2013, de 14 marzo de 2013 y la
tercera, a petición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que piensa llevar a cabo el Gobierno para evitar la discriminación que sufren los trabajadores a tiempo parcial para acceder a la jubilación, de acuerdo con
la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 noviembre.


Sin más, comenzamos con la intervención del secretario de Estado de Seguridad Social. Tiene la palabra.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Burgos Gallego): Señoras y señores portavoces, señorías, constituye para mí un motivo de satisfacción, lo saben muy bien, poder comparecer nuevamente en esta Comisión con motivo del
análisis y seguimiento de la evolución del Fondo de reserva de la Seguridad Social, en esta ocasión relativo al año 2012. También agradezco que se haya incorporado al orden del día la comparecencia a petición propia y de algún otro grupo para
informar de las implicaciones de la sentencia citada del Tribunal Constitucional que hemos conocido hace unos días, cuyo alcance y repercusiones son muy importantes para el sistema.


Me van a permitir que comience por el Fondo de reserva. En virtud del mandato legal el Gobierno, en concreto la ministra de Empleo y Seguridad Social, presentó un año más el pasado día 4 abril a las Cortes Generales el informe anual sobre
la evolución, actuaciones del año 2012 y situación a 31 diciembre de 2012 del Fondo de reserva de la Seguridad Social. Como consecuencia de esta presentación, en cumplimiento del mandato legal, se produce también hoy esta comparecencia del
secretario de Estado de Seguridad Social. El Fondo de reserva constituido en la Tesorería General del sistema vino a dar cumplimiento a la recomendación del Pacto de Toledo de 1995 de constituir reservas en el nivel contributivo para atenuar los
efectos de los ciclos económicos; en concreto, las desviaciones entre ingresos y gastos de la Seguridad Social y las consiguientes necesidades que se pudieran producir en materia de prestaciones contributivas. Esta finalidad de protección ante
situaciones de dificultad se estableció en la Ley de 1997 de consolidación y racionalización del sistema de Seguridad Social, que institucionaliza el Fondo de reserva en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Estas
comparecencias se han venido produciendo en los últimos años con alguna excepción. Las cuatro últimas han sido el 5 de junio 2012, en el año 2011 no se celebró comparecencia alguna, el 15 de junio de 2010, el 19 de mayo de 2009 y el 30 de junio de
2008. Desde luego, esta secretaría de Estado tiene el firme compromiso de seguir efectuando estas comparecencias y cumplir con el mandato legal; además, lo hacemos de forma más anticipada que en otras ocasiones y creo que en ese camino debemos
incluso ir profundizando más, con ello ganaremos en transparencia y utilidad de estas comparecencias. Creo que la dimensión de los recursos que se gestionan en el fondo así lo aconseja.


En relación con este informe que presentamos hoy tengo que decir, en primer lugar, que a 31 diciembre del año 2012 el Fondo de reserva finalizó el año con un volumen económico de 63.008 millones de euros, lo que equivalía en esa fecha a un
5,93% del producto interior bruto. El primer componente del fondo han sido siempre las dotaciones aprobadas por acuerdos del Consejo de Ministros con cargo a los excedentes presupuestarios de las entidades gestoras y servicios comunes de la
Seguridad Social. Estas dotaciones comenzaron en el año 2000, con excedentes procedentes del año 1999 y del propio año 2000. Siguiendo la tendencia de esos excedentes, se observan aportaciones crecientes hasta el año 2008, en el que se destinan al
Fondo de reserva hasta 9.400 millones de euros. Esos excedentes, de existir, deben incorporarse con carácter prioritario a ese Fondo de reserva y no se contiene excepción alguna para esa

Página 3

exigencia. Así lo ha establecido siempre la ley. Las dotaciones quedaron suspendidas en los años posteriores a 2008, exceptuándose la aportación que se produjo en el año 2010, en el que se acordó tan solo una dotación de 1.740 millones de
euros, pero además procedentes del año 2008. Otro componente de la hucha de nuestro sistema de pensiones es el exceso de resultados derivado de la gestión de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, de la prestación por
incapacidad temporal por contingencias comunes. Por lo que respecta a su evolución, en el año 2004 se ingresan 20 millones de euros por los siete ejercicios que integran el periodo 1997-2003. A partir de entonces, las dotaciones anuales se
observan crecientes hasta el año 2008 y descienden en 2009 y 2010, para aumentar de nuevo en 2011 con una aportación de 223 millones de euros. En el año 2012 los ingresos recibidos ascienden a 226 millones de euros, que se corresponden precisamente
con ese exceso de excedentes. La de 2012 es la cifra más elevada de toda la serie. En suma, a 31 diciembre de 2012, las aportaciones de las mutuas al Fondo de reserva han totalizado 895 millones de euros. Como resumen de lo anterior, el total de
dotaciones, tanto aprobadas por acuerdo de Consejo de Ministros como procedentes del exceso de resultados de la gestión de las mutuas, alcanzan un importe de 53.008 millones de euros. En el año 2012, debido a las tensiones financieras que estaban
previstas a principios de año, que fueron planteadas precisamente en sede parlamentaria en esta misma Comisión el 5 junio de 2012 y que finalmente se produjeron el en sistema, hubo que recurrir a los fondos constituidos en la Tesorería General por
primera vez desde su constitución, pero -también hay que recordarlo- tras varios años en los que la incidencia de la crisis ya venía deteriorando los resultados económicos del sistema a efectos de la propia dotación del Fondo de reserva y, por
tanto, se procedió a la disposición de una cantidad de esos recursos. Posteriormente y tras la disposición de 4.680 millones del Fondo de prevención y rehabilitación, y amparado en la constatación de un excedente total negativo para los años 2010 y
2011 calculado por la Intervención General de la Seguridad Social a efectos del Fondo de reserva de menos 7.706 millones de euros, se aprobó por acuerdo del Consejo de Ministros una disposición de ese fondo por valor de 3.063 millones de euros,
importe máximo autorizado en aplicación del artículo 3.2 del Real Decreto 337/2004, de 27 febrero. El importe negativo acumulado de ambos ejercicios, 2010 y 2011, suponía más de un 3% del crédito presupuestario de pensiones de carácter contributivo
y demás gastos para su gestión, dando lugar por tanto a una situación de déficit estructural, condición exigida por la norma para disponer del Fondo de reserva de la Seguridad Social en el ejercicio 2012. En realidad, comparando en 2012
cotizaciones con prestaciones contributivas los informes desvelaron menos 7.706 millones de euros, situación deficitaria en el ámbito contributivo, acumulando las gestiones de 2010 y 2011 más del doble de lo previsto por el legislador para la
utilización del fondo. Esta disposición permitió cumplir con las obligaciones de pago de las pensiones en el mes de octubre de 2012. Ya en el mes de noviembre, y ante una importante necesidad de liquidez motivada por la prevista paga extra de
diciembre, se aprobó el Real Decreto-ley 28/2012, de medidas de consolidación y garantía del sistema de Seguridad Social, que faculta durante los ejercicios 2012 a 2014 a disponer del Fondo de reserva siempre que exista déficit calculado a efectos
del Fondo de reserva. El déficit por operaciones no financieras del sistema de Seguridad Social a efectos de ese Fondo de reserva ascendía en 2012 a más de 11.800 millones de euros, por lo que, dándose esa circunstancia, en diciembre se dispuso de
3.940 millones de euros, lo que a final de año supuso un total de disposiciones de 7.003 millones de euros.


Precisamente el acceso a esos recursos extrema la necesidad de ofrecer la máxima transparencia en cuanto a la evolución de ese fondo. Quiero recordar que la comisión de seguimiento de la gestión del fondo, en la que participan los agentes
sociales en sentido amplio, ha tenido puntual información de esa gestión y de las tareas desarrolladas tanto por la comisión asesora de inversiones como por el comité de gestión del propio fondo. Quiero agradecer las contribuciones de los agentes
sociales a este elemento del sistema, que es una garantía de estabilidad y confianza, más a resaltar cuando su uso se ha hecho necesario. Hay que precisar que el recurso a la disposición del fondo pudo retrasarse al segundo semestre de 2012
precisamente por haber acordado con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y el Tesoro la acumulación de transferencias del Estado en los primeros meses del año. De haberse periodificado la transferencia normal por doceavas partes o
fracciones mayores el recurso al fondo habría tenido que hacerse mucho antes, con impacto obvio en las rentabilidades. Tal y como establece el Real Decreto-ley 28/2012, se han elevado hasta la fecha al Consejo de Ministros dos informes sobre las
disposiciones del fondo. Uno con fecha 25 enero de 2013 sobre aquellas efectuadas a lo largo del año 2012 y especialmente en su último trimestre. Y recientemente, en fecha 12 abril, el informe sobre las disposiciones del fondo efectuadas en el
primer trimestre de 2013, en el que se informa que las previsiones

Página 4

realizadas por la Tesorería General de la Seguridad Social como caja única del sistema y en base a la estimación de cobros y pagos esperados en los tres primeros meses del año no han hecho necesario disponer del Fondo de reserva de la
Seguridad Social. Este compromiso legal de información trimestral al Consejo de Ministros, y con ello a toda la sociedad, de los resultados del fondo refleja bien a las claras la voluntad de la Seguridad Social, del ministerio y del Gobierno por
prestar la máxima atención al fondo y a cuantos elementos tengan que ver con sus objetivos y funciones. En este momento, es importante transmitir que el Fondo de reserva se creó precisamente para situaciones como la que estamos atravesando, que
además supera cualquier previsión que en su día se hiciera sobre la inmediatez y, sobre todo, sobre la profundidad y la duración de una crisis. Y es en el momento actual cuando se ha necesitado, tras una fuerte crisis de más de cinco años y en
situación de recesión, con 3,3 millones menos de afiliados ocupados al sistema -el 17% del total que llegó a existir-, cuando hay que dejar constancia de que se ha utilizado en los momentos precisos y por las cuantías indispensables para cumplir con
los más de 9 millones de pensiones, y para ninguna otra cosa. Hay que destacar que durante el año 2012 se ha realizado una eficaz gestión para disponer de la necesaria liquidez en la cuenta del Banco de España, suficiente para las disposiciones, lo
que ha permitido no tener que enajenar deuda española para hacer frente a ellas. Señorías, no hemos vendido deuda española -sí extranjera- para atender las necesidades de esa disposición. Hemos gestionado adecuadamente el calendario de
vencimientos y las inversiones realizadas para hacer frente a las posibles necesidades. El mercado de nuestra deuda no se ha visto afectado en modo alguno por las actuaciones realizadas en el Fondo de reserva del sistema.


Los rendimientos totales en el año 2012, que serían la tercera gran aportación al fondo, se han situado en 2.970 millones de euros. Es importante poner en valor que es la cifra más elevada desde que se produjo la primera dotación al Fondo
de reserva. Obviamente, es una buena noticia para el sistema toda vez que esos rendimientos se integran en el fondo y no cabe para ellos utilización alternativa alguna. Esta cifra tan elevada está en parte motivada por decisiones de desinversión
de deuda extranjera que han aportado 478 millones de euros de beneficios. En este sentido, quiero destacar que estos 2.970 millones de euros equivalieron ya a 31 diciembre al 42% del importe dispuesto en el año 2012. El importe acumulado al cierre
del año 2012 de todos los rendimientos generados por las inversiones del propio Fondo de reserva en su historia asciende a 17.003 millones de euros. En el cuadro se expone con detalle la evolución que el Fondo de reserva ha ido experimentando y
acumulando desde el año 2000 hasta alcanzar al cierre del año pasado un importe final de 63.008 millones de euros. La tabla recapitula los datos rendidos que concluyen, como he dicho antes, con 53.008 millones de euros como dotaciones, con
disposiciones del Fondo de reserva por 7.003 y 17.003 millones de euros que tienen su origen en los rendimientos netos generados.


Si nos fijamos en la evolución de los activos financieros que forman la cartera, constatamos que su importe en el año 2012 se eleva a 62.026, 61 millones de euros, lo que equivale al 98,44% del volumen del Fondo de reserva. El 1,56%
restante -982 millones de euros- permanece en la cuenta especial de la Tesorería General, que es remunerada en el Banco de España. Obviamente, se trata de disponer en cuenta del mínimo imprescindible dada su menor remuneración respecto a los
activos, lo cual se viene haciendo con notable eficacia. En cuanto a la distribución entre deuda española y extranjera, su evolución es el reflejo de la política de inversión seguida desde la primera dotación del fondo. Es bueno recordar que el
fondo nació con vocación de inversión en deuda pública española. No es hasta el año 2004, debido a la importante disminución del volumen de emisión de la deuda pública nacional -que llegó a situarse en un 40% sobre el PIB mientras que la media
europea era del 70%-, cuando se inicia la adquisición de deuda pública extranjera. Esto dio lugar a tener que modificar los criterios de inversión permitiendo la adquisición de deuda pública extranjera de Alemania, Países Bajos y Francia, de máxima
calidad crediticia y fijando según las necesidades de cada momento el porcentaje de deuda extranjera permitida del 20% inicial al 55% actual. Esta política se mantuvo hasta el año 2008. A partir de ese momento se deja de invertir en deuda
extranjera y se inician importantes enajenaciones de la misma; en concreto, en el año 2009 se enajenan 7.765 millones de euros, enajenaciones que continuaron en el año 2010 por 2.262 y que han seguido en el año 2012 con 4.090 millones de euros,
motivo por el cual en la actualidad el porcentaje de deuda extranjera es inferior al 3%. Esta política de inversión en deuda española ha permitido obtener importantes rentabilidades y beneficios en las enajenaciones y hasta el momento -no se puede
olvidar- el Tesoro ha cumplido puntualmente con sus compromisos de pago. La inversión en deuda española del Fondo de reserva no ha tenido por tanto problema alguno, incluso en los momentos más complicados por los que ha atravesado la economía
española. Señorías, es importante clarificar este aspecto al máximo

Página 5

dado que en los últimos meses ha dado que hablar en algunos medios de prensa internacionales y españoles, incluso con expresiones un tanto desafortunadas como jugar a la ruleta rusa o poner todos los huevos en la misma cesta. Me consta que
sus señorías no se contagian de este alarmismo pero conviene recalcar que, como he manifestado anteriormente, la vocación de inversión en deuda española de los recursos del fondo ha sido la política seguida de forma generalizada, a excepción de los
años y por los motivos explicados anteriormente, por parte de todos los comités de gestión de ese fondo que han actuado bajo el mandato de los dos partidos mayoritarios y con las diferentes mayorías parlamentarias. Por tanto, no es ninguna novedad.
No obstante y para tranquilidad de todos sobre si se está cumpliendo la normativa específica del fondo, el Real Decreto 337/2004 establece que se invertirá en activos con calidad crediticia elevada y liquidez. Por tanto, la pregunta a hacerse es
por qué se afirma que la calidad actual de la deuda española no contiene estas previsiones. Nosotros estamos absolutamente convencidos de que todas las calificaciones de las agencias sobre la deuda española permiten mantener unos parámetros de
protección más que adecuados y creo que bajo esta definición, la definición de parámetros de protección adecuados, no puede considerarse en modo alguno que no tiene elevada calidad, teniendo en cuenta las diversas calificaciones, y son muchas, que
hay por debajo de la nuestra. Todas las opiniones son respetables. Por supuesto, también las de aquellos que desearían que con nuestros recursos contribuyéramos a financiar el crecimiento de otros países comprando su deuda en lugar de la nuestra
en un momento como este, o las de quienes consideran que no es seguro invertir en deuda pública española pero estarían encantados de que se invirtiera en activos privados mucho más sujetos a vaivenes coyunturales, o las de quienes trasladan la idea
de que la diversificación aporta seguridad, como si no fueran estos recursos un componente esencial de confianza en nuestro propio país, algo mucho más importante que unas décimas de rentabilidad. Estamos convencidos, y creo que el resto de las
fuerzas aquí presentes, al menos mayoritariamente, lo están también, de que estos objetivos de inversión siguen siendo los adecuados, quizá incluso más que nunca.


Respecto a las actuaciones en el ejercicio 2012, el comité de gestión del fondo, como órgano superior de la gestión, aprobó los criterios de inversión para 2012. La primera novedad es la modificación, con fecha 17 de julio de 2012, por
acuerdo de ese comité de gestión, de dos de los criterios de inversión. El primero, en relación con el saldo vivo de cada referencia española, que se elevó del 16% al 35%. Y asimismo se modificó el peso del total de deuda española del fondo sobre
el total de deuda en circulación, elevándose del 11% al 12%. El motivo de aprobar la modificación citada se sustenta en la política de inversión desarrollada en este año. Ante las necesidades financieras previsibles en el ejercicio, era necesario
disponer de liquidez suficiente para hacer frente a las mismas. En este sentido, las opciones que se planteaban eran: dejar en cuenta corriente los flujos que se generan durante el año a una remuneración del Eonia, que saben ustedes que es el
indicador que se utiliza por el Banco de España para la remuneración de estas cuentas, o invertir esos flujos en activos con vencimiento en el propio ejercicio 2012 a efectos de obtener una mayor rentabilidad que, como se verá más tarde, se plasma
en una tasa interna de rendimiento medio a corto plazo del 1,17% frente a tan solo el 0,19% de la rentabilidad media del año 2012 en esa cuenta del Fondo de reserva. Esta segunda decisión, que desde el punto de vista económico ha sido muy acertada,
motivó tener que modificar esos criterios para que en momentos concretos y que en la práctica afectan a activos con vencimiento en el propio ejercicio pudiesen superarse los límites anteriormente establecidos. Las adquisiciones fueron aprobadas en
las reuniones del comité de gestión de 22 febrero, de 17 julio, de 14 noviembre y de 23 noviembre para un total de 19.463 millones de euros, operaciones que han supuesto básicamente gestionar vencimientos y compras de la propia deuda española con el
calendario más adecuado a nuestros intereses y necesidades. Como resumen, se acordó la adquisición de deuda pública española por importe total de 19.933,83 millones de euros. La mayoría era, como digo, reinversión de los flujos, tanto vencimientos
como cupones; reinversión de deuda vencida. Por tanto, las enajenaciones han sido únicamente de deuda extranjera por importe de 4.091 millones de euros.


A continuación se observa la distribución de las adquisiciones efectuadas en deuda española en el ejercicio 2012 por zonas de porcentaje según precio de adquisición en función del vencimiento de los títulos, es decir, a uno, tres y cinco
años. Comprobamos que la mayor inversión aprobada, un 55%, tuvo como objeto valores reembolsables en el propio ejercicio motivado por las necesidades de liquidez. El gráfico detalla la tasa interna de retorno, media ponderada de las inversiones
por zonas de vencimiento y la media ponderada del total de las adquisiciones, que se establece en el 2,463%. En relación con las magnitudes más representativas del fondo, en primer lugar se muestra el valor a 2012 del fondo y su

Página 6

comparación con el año anterior. Como se observa, el importe del fondo ha disminuido en un 5,69%, motivado por las disposiciones acordadas. Creo que este porcentaje es bien expresivo de que no tienen justificación algunas de las
afirmaciones, que han llegado a hablar de desaparición del fondo a corto plazo si su uso se mantenía. Con independencia de que a veces resulta un tanto llamativa la sacralización que algunos pretenden hacer del Fondo de reserva, como si estuviera
ahí para adorarlo o para que nos transmitiera alguna suerte de beatífica protección su mera existencia, hay que insistir en que el fondo es un instrumento al servicio de la financiación de las pensiones contributivas; un instrumento, por tanto no
es un fin en sí mismo. Claramente a todos nos gustaría no haber tenido que utilizarlo y que el sistema no hubiera perdido tal número de cotizantes, ni que hubiera entrado en déficit, ni que tuviéramos que hacer frente a un gasto creciente en
pensiones. Decir que no hay que recurrir al fondo, decir que si se recurre al fondo se va a consumir rápidamente, decir estas cosas, señorías, sin plantear alternativas, resulta un tanto facilón, pero poco realista.


Esta diapositiva presenta la distribución del Fondo de reserva. Compara en 2011 y en 2012 la composición del fondo entre cartera y saldo en cuenta, así como la cartera de valores por zonas de vencimiento y porcentaje, y se constata que se
ha conservado la política de mantener la mayor parte del fondo en activos financieros y una parte residual en liquidez. Prácticamente, salvo la zona a más largo plazo -a diez años o más-, que ha sufrido un pequeño descenso del 32,36% al 27,39%, el
resto ha permanecido en márgenes muy similares. En función del país emisor podemos apreciar la composición de la deuda extranjera que forma parte del Fondo de reserva. En el año 2012 la variación de porcentajes con respecto al año anterior, una
disminución del 7,77%, está motivada tanto por la enajenación de deuda extranjera como por la amortización en 2012 de la misma, básicamente de Alemania y de Francia. Además, ha dado lugar a que Alemania aumente su peso en relación con 2011 y
disminuya el porcentaje de los Países Bajos, manteniéndose Francia con una prácticamente igual distribución.


En cuanto a los indicadores más representativos del Fondo de reserva, se destaca que la rentabilidad de los activos de renta fija ha aumentado en relación con el año 2011, pasando de un 3,94% a un 4,10%. En cuanto al peso de la deuda
extranjera sobre el total de la cartera, desciende de un 10,31% en el año 2011 a un 2,54% en el año 2012, debido, como he dicho, a que se amortizó deuda extranjera y no se adquirió otra en su lugar, ya que, como hemos explicado, se enajenó también
esa misma deuda. Se presentan los distintos indicadores de rentabilidad del fondo, la TIR de los activos, la remuneración de la cuenta del Banco de España y la rentabilidad acumulada. El interés nominal medio que remunera la cuenta corriente
especial de la Tesorería vinculada al Fondo de reserva, hasta el 31 de julio del año 2012, es el tipo Eonia día a día menos 7 puntos básicos aplicado a los saldos diarios. Como novedad, a partir del 1 de agosto de 2012 se modificó ese convenio que
la Tesorería General de la Seguridad Social tenía suscrito con el Banco de España eliminando el diferencial de los 7 puntos básicos. Esta modificación se ha aplicado en todas las cuentas abiertas por la tesorería con el Banco de España y ha
supuesto un incremento de la remuneración de un millón de euros en el total de las cuentas del sistema. Nos llamaba la atención la existencia de unas condiciones poco favorables al Fondo de reserva en tal convenio; un millón de euros, señorías,
puede no ser mucho en el montante total de los recursos pero, sea lo que sea, es mejor tenerlo nosotros.


La caída del tipo medio de la cuenta corriente desde el año 2008 hasta el año 2012 está motivada por la situación internacional en la que el Banco Central Europeo empieza a reducir los tipos de referencia a partir de ese año 2008, pasando de
un 2,5% a un 1%, fijado en su reunión del 8 de diciembre de 2011. Durante parte del ejercicio de 2012 se mantuvo inalterable en el 1%, hasta pasar a un 0,75% en la reunión del Banco Central Europeo del 5 de julio del año pasado. La rentabilidad
acumulada del fondo a precios de mercado y aplicando métodos de valoración similares a los de los fondos de pensiones nos ofrece un resultado que desde mi punto de vista es muy significativo y conviene señalar. En comparación con la rentabilidad de
otros fondos de pensiones de similar composición u otros fondos internacionales, nuestro Fondo de reserva presenta una evolución muy favorable y refleja un buen comportamiento en momentos de crisis internacional. El Fondo de reserva, según los
estudios realizados, en la media de rentabilidad a distintos plazos no solo sale muy bien parado cuando lo comparamos con el conjunto de los fondos de pensiones y con los de su categoría de inversión, sino que sale aún más favorecido cuando tenemos
en cuenta los diferentes perfiles de riesgo. Esto es algo que conviene tener muy en cuenta y poner en valor, porque es la política de gestión de este fondo, que es compartida básicamente por todas las fuerzas políticas y los representantes en el
comité de gestión y en la comisión de seguimiento, la que ha permitido mantener una continuidad -y lo sigue haciendo en estos momentos- en relación con los intereses

Página 7

generales que han de ser respaldados con cualquiera de las actuaciones que tengan que ver con este fondo.


En las últimas proyecciones de esta presentación podemos analizar con detalle la comparación con otros fondos. Es evidente que, aunque la comparecencia se realiza con motivo de la presentación del informe anual, no tendría mucho sentido que
no hiciéramos referencia a cuál es la situación del fondo a 31 de marzo, que es el cierre más próximo en términos mensuales. Las cifras actuales que presenta el fondo a 31 de marzo ascienden a 63.469 millones de euros, superando de nuevo el 6% de
nuestro producto interior bruto y llegando concretamente al 6,04%, habiéndose obtenido unos rendimientos netos en este primer trimestre de más de 460 millones de euros, que junto con los rendimientos del año 2012, los 2.970 millones, equivale ya a
un 49% de las disposiciones realizadas. Por otro lado, la rentabilidad que presenta el fondo en términos anualizados en marzo de 2013 se ha incrementado además con respecto al año 2012, situándose en estos momentos en el 4,32%. Por tanto, no solo
conviene poner en valor la institucionalización que en su día se realizó de este Fondo de reserva, que atenúa los efectos de los ciclos económicos para que no tengamos que acudir a incrementos de cotizaciones ni a descenso en las prestaciones ante
situaciones económicas complejas, sino también poner el acento en la razonable, prudente y a mi juicio compartida política de gestión del fondo.


Quiero en estos momentos recordar nuevamente que afortunadamente no cundió en su día la propuesta de invertir el fondo en activos de empresas o de cajas. Son criterios de máxima prudencia que el comité de gestión del fondo aplica en este
año 2013 de nuevo y que son compartidos, insisto, por la mayoría de las fuerzas políticas y los agentes sociales. En momentos delicados y comprometidos, disponer de unas reservas que no solamente tienen una magnitud muy relevante sino que están
gestionadas con criterios de prudencia asegura al sistema de Seguridad Social una capacidad de respuesta muy significativa ante cualquier elemento de perturbación.


En estas últimas proyecciones hemos realizado un esfuerzo de información recabando los datos disponibles que nos permitieran una comparativa de las rentabilidades del Fondo de reserva y de otros fondos de reserva europeos similares, sacando
en conclusión que si bien alejados -por razones de sobra conocidas- en importe y rendimientos de los fondos de Noruega y algún fondo de Suecia, estamos por encima de fondos similares como Francia, Irlanda y Portugal tanto en volumen como en
rentabilidad obtenida. En cuanto a la comparativa con la reserva del seguro de pensiones de Alemania, este se cifra al cierre de 2012 en 29.400 millones de euros, equivalente al 46% de nuestro Fondo de reserva, y supone un 1,11% de su PIB frente a
nuestro más de 6% de producto interior bruto. Por ejemplo, doblamos en importe el Fondo de reserva de Francia -que, no lo olvidemos, está invertido en renta fija pero también en renta variable, incluso en inmuebles-, triplicamos casi su porcentaje
sobre el PIB e igualmente doblamos su rentabilidad.


Señorías, en un informe remitido por Towers Watson, una de las mayores consultoras independientes, sobre un estudio de los trescientos fondos de pensiones públicos y privados más grandes a nivel mundial, con datos de 2011 y 2012, nuestro
Fondo de reserva está situado en décimo lugar dentro de los fondos de pensiones públicos a nivel mundial, superado por Japón, Noruega, Corea, Singapur, Canadá, Malasia, China, Sudáfrica y Rusia; Francia aparece en el puesto decimocuarto y Alemania
ni siquiera aparece entre esos indicadores. Si esa misma comparación -para ir finalizando- se realiza con los planes de pensiones españoles, vemos que el patrimonio que presenta el Fondo de reserva equivale a un 73% del total de planes de pensiones
privados de toda España, cifra que nuevamente da muestra del importante volumen del fondo aun con las disposiciones realizadas. En cuanto a las rentabilidades, la comparativa es ciertamente satisfactoria para la evolución del Fondo de reserva por
encima en plazos de quince años; doce años para el Fondo de reserva desde su creación y diez años tanto a nivel total de los planes de pensiones como centrados en la tipología de planes que pueden acercarse más a nuestra cartera, que son los planes
de renta fija a largo plazo, si bien estos suelen incluir deuda pública y privada. Este dato de la rentabilidad media anualizada en el periodo nos da una muestra de cómo en término medio se han comportado las rentabilidades evitando datos puntuales
de rentabilidad anual que pueden distorsionar los valores debido a la alta volatilidad de los mercados, más en fondos con una composición de cartera en renta variable; pero incluso viendo las evoluciones de las rentabilidades anuales obtenidas, la
comparativa es bastante beneficiosa en términos generales para todos los años. No obstante, y para mostrar y analizar todos los datos y no esconder ninguno, en el año 2012 la rentabilidad obtenida ha sido 4,89%, por debajo de la media de los planes
renta fija, mixta y variable, pero nuevamente -insisto- superior a la tipología

Página 8

de planes de pensiones que se pueden asimilar al Fondo de reserva, que serían los de renta fija a largo plazo, que se situaron en un 4,79%.


Señorías, sin incidir más en el tema, quiero indicar que estas rentabilidades están calculadas sin descontar los gastos de gestión y administración que obviamente mejorarían los resultados dado el coste mínimo en que incurre la Tesorería
General de la Seguridad Social en la gestión de la cartera, su ajustado número de personas y con un banco agente, el Banco de España, que obviamente no cobra comisiones por esta gestión. Señorías, la gestión del Fondo de reserva se publica en la
página web de la Seguridad Social; se dirige por un comité de gestión que se basa en la normativa vigente, en los informes técnicos de la comisión asesora de inversiones y en las condiciones de los mercados; se rinde cuenta anualmente a las Cortes
Generales, semestralmente a una comisión de seguimiento participada por los agentes sociales y ahora trimestralmente al Consejo de Ministros, y se verifica por la Intervención General y por el Tribunal de Cuentas. Es un ejemplo de acción concertada
y adecuada, y creo que esa debe seguir siendo la tónica general. Por supuesto, el Gobierno asume la responsabilidad de haber tomado decisiones, pero estas han estado plenamente justificadas, han sido del alcance preciso y no han estado guiadas por
otro objetivo que no fuera la protección del sistema de pensiones y la satisfacción de los compromisos adquiridos para sufragar de forma adecuada los más de 9 millones de pensiones del sistema contributivo y la nómina mensual del sistema, que
alcanza catorce veces los 7.707,46 millones de euros. Desde luego no desvirtúa en absoluto los objetivos pretendidos por el fondo, sino que nos dotan de más capacidad de reacción a la hora de atenderlos con eficacia, y ello debido a las especiales
circunstancias que atraviesa el sistema a causa de la persistencia de esta situación de crisis, que tiene una altísima incidencia en términos de afiliación y de recaudación del sistema.


Por mi parte doy por concluida la intervención en relación con el informe del Fondo de reserva y presento ahora ante esta Cámara el informe sobre la situación creada tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22
noviembre de 2012 y la posterior sentencia 61/2013 del Tribunal Constitucional, en relación con las personas que realizan su actividad mediante contratos a tiempo parcial. Creemos que resulta fundamental analizar con prontitud las consecuencias
normativas y la situación de vacío jurídico que se nos plantea tras esta declaración de nulidad que requiere la adopción de medidas legislativas oportunas que puedan dar una respuesta y solución adecuadas a la situación creada y hacerlo además en un
corto espacio de tiempo. El Gobierno ya abrió al conocer la sentencia de la Unión Europea un espacio de diálogo con los agentes sociales y fueron convocados a una reunión de trabajo para evaluar las consecuencias de la misma, que se celebró el 14
diciembre. Posteriormente se les envió un documento con posibles líneas de actuación para definir la respuesta normativa más adecuada. Aquella sentencia fue recurrida por la Seguridad Social en atención a los argumentos esgrimidos en aquella
convocatoria. Han vuelto a ser convocados el pasado martes 16 abril, y esta misma tarde el grupo de trabajo constituido a tal fin está convocado para avanzar en las decisiones que requieren más inmediatez. Y ello porque la sentencia del Tribunal
Constitucional viene a alterar de forma mucho más amplia el escenario de esa respuesta normativa. Por tanto, creo que esta comparecencia era necesaria para poner al día a sus señorías de las implicaciones que tiene la sentencia y para recabar
también de todos ustedes el diálogo político y parlamentario y la necesaria colaboración en el deseable acierto de las medidas a tomar.


Antes de nada, señorías, quisiera efectuar una reflexión sobre la necesidad de que los sistemas de Seguridad Social se vayan adaptando a las continuas transformaciones de nuestro marco económico y social. Esto es del todo necesario para
mantener su eficacia, seguir dando respuestas a las demandas sociales y garantizar su propia legitimidad social. Precisamente este ámbito, el de la protección social de los trabajadores con contratos a tiempo parcial, es un claro ejemplo de que
nuestra Seguridad Social tiene que ir adaptándose a continuos cambios sociales. Por ello, permítanme que efectúe un breve repaso de cómo se ha ido dando esa evolución, ya que ello nos permitirá reflexionar mejor acerca del momento en que nos
encontramos y la dimensión de la problemática que tenemos ante nosotros.


Hasta la promulgación de la Ley del Estatuto de los Trabajadores en el año 1980 no existía una regulación propia de los contratos a tiempo parcial ni tampoco de los mecanismos de protección aplicables a los trabajadores que desarrollaban una
actividad de estas características. Nuestro sistema estaba presidido sin excepciones por un principio contributivo en el que las rentas de sustitución eran proporcionales a las cotizaciones efectuadas. Históricamente, hasta la expansión de los
contratos a tiempo parcial, los sistemas contributivos se habían configurado sobre el modelo de trabajador a tiempo completo y por tiempo indefinido. Es el Estatuto de los Trabajadores el que estableció una regulación específica de los contratos a
tiempo parcial y, a continuación de él, la Orden de 20 de enero de 1982, del entonces Ministerio

Página 9

de Trabajo y Seguridad Social, facultó a la entonces Subsecretaría de la Seguridad Social para que desarrollase las previsiones legales contenidas en ese Estatuto del Trabajador en el ámbito de las prestaciones. Así se llevó a cabo a través
de la resolución de la subsecretaría de 1 de febrero de 1982. Sobre la base de las normas indicadas, el acceso a las prestaciones económicas de Seguridad Social de los trabajadores a tiempo parcial se reordena entonces basándose en el principio de
proporcionalidad estricta, es decir, que a las personas contratadas a tiempo parcial se les reconocía los mismos derechos de Seguridad Social que a los trabajadores contratados a tiempo completo, si bien en proporción al tiempo trabajado y
consecuentemente cotizado. Concretamente en la regla 3.ª de esa resolución se establecía expresamente que, a efectos de reunir los periodos de cotización para causar derecho a las prestaciones, se computarían los días u horas efectivamente
trabajados, precisando que en los supuestos de trabajo por horas el número de días teóricos computables sería el resultado de dividir la suma de las horas efectivamente trabajadas por el número de horas que constituyesen la jornada laboral habitual
para la actividad de que se tratase.


Con la reforma de la legislación laboral de 1994 se produjo una modificación del contrato a tiempo parcial y se señaló que los trabajadores a tiempo parcial tendrán los mismos derechos que los que los trabajadores a tiempo completo, salvo
las particularidades que en función del tiempo trabajado estén establecidas por la ley o puedan determinarse por la negociación colectiva. Pero además -y ello tuvo mayor alcance- se estableció una clara diferenciación respecto a los derechos y
obligaciones para con la Seguridad Social de las personas que ejercían su actividad laboral en esta modalidad de trabajo a tiempo parcial y se introdujeron así las reglas de la proporcionalidad y la dualidad de la cobertura. Esta última consistente
en que si el número de horas de prestación de servicios no superaba el límite de 12 horas a la semana o de 48 horas al mes, los derechos de protección solo incluirían las contingencias por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales,
asistencia sanitaria por contingencias comunes y maternidad.


El denominado Acuerdo interconfederal para la estabilidad del empleo, firmado por todas las organizaciones empresariales y sindicales en 1997, va a implicar un cambio esencial en los aspectos de protección social aplicables a los
trabajadores contratados a tiempo parcial. Su contenido incorporó al ordenamiento jurídico por la Ley 63/1997, en lo que se refiere a la protección social de estos trabajadores, la equiparación de la acción protectora de la Seguridad Social en el
contrato a tiempo parcial con el contrato a tiempo completo, con independencia del número de horas realizadas, desapareciendo del ordenamiento jurídico cualquier referencia a un límite de prestación de servicios que diese lugar a una limitación de
la acción protectora. Esta regulación sería objeto de un análisis del Tribunal Constitucional mucho más tarde, en el año 2004, que la consideró contraria a las exigencias constitucionales de igualdad. A juicio del mismo, la aplicación del criterio
de proporcionalidad estricta a los contratos a tiempo parcial a efectos del cómputo de los periodos de carencia necesarios para causar derecho a las prestaciones conduce a un resultado claramente desproporcionado, pues dificultaba injustificadamente
el acceso de los trabajadores a tiempo parcial a la protección social, al exigir a estos unos periodos de actividad más extensos para reunir el requisito de carencia.


Se refería el Tribunal Constitucional también en su sentencia a que los mecanismos que el propio legislador había establecido en el Real Decreto-ley 15/1998 para moderar o modular ese criterio de proporcionalidad no eran suficientes y, por
lo tanto, establecía también que los compromisos contenidos en el acuerdo sobre el trabajo a tiempo parcial y fomento de su estabilidad, suscrito por el Gobierno y por los agentes sociales, y que habían procedido a modificar la normativa de
Seguridad Social tampoco atendían a esos criterios de constitucionalidad, pese a que habían supuesto un clarísimo avance en cuanto a la equiparación del trabajo a tiempo parcial, la asimilación expresa del trabajador a tiempo parcial con la del
trabajador a tiempo completo, la equiparación respecto a todas las prestaciones, la equiparación respecto a la acreditación de los periodos de cotización y la posibilidad real de acceso a la protección en las prestaciones económicas que requieran de
la acreditación de amplios periodos de cotización. Por ello, una vez más, aquellos criterios y principios recogidos en el Real Decreto-ley 15/1998 que dieron una nueva redacción a la disposición adicional séptima de la Ley General de Seguridad
Social, que es la que con pequeñas adaptaciones puntuales ha constituido la regulación sobre los aspectos aplicables a estas personas, quedan ahora también anulados con motivo de la sentencia del Tribunal Constitucional.


Una vez enmarcada la situación histórica del régimen jurídico, que ha sido declarado nulo, habría que analizar cuál era la situación inmediatamente anterior a estas sentencias tanto desde la vertiente jurídica como de la propia realidad.
Como les he indicado, nuestro régimen jurídico preveía que para acreditar los

Página 10

periodos de cotización necesarios para tener derecho a las prestaciones de jubilación, de incapacidad permanente, de muerte y supervivencia, de incapacidad temporal, de maternidad y de paternidad se computaban exclusivamente las cotizaciones
efectuadas en función de las horas trabajadas, se calculaba su equivalencia en días teóricos de cotización y para ello el número de horas efectivamente trabajadas se dividía por cinco, que es el equivalente diario del cómputo de 1.826 horas anuales
que comprende la jornada legal.


A los efectos de las pensiones que precisan de la acreditación de amplios periodos de tiempo como son, por ejemplo, las de la jubilación o las de la incapacidad permanente, al número de días teórico de cotización obtenido se le aplicaba un
coeficiente multiplicador de 1,5; de ello resultaba el número que se consideraba acreditado para la determinación del periodo mínimo de cotización; a continuación, se calculaba la base reguladora de la pensión. Si se trataba de otra prestación,
se aplicaba su respectiva fórmula de cálculo y se le aplicaba el porcentaje en función de esa misma regla de proporcionalidad tenida en cuenta para el cálculo del periodo cotizado.


Pues bien, si nos circunscribimos a la pensión de jubilación por ser la más numerosa del sistema, con esta regla todos los trabajadores que tenían jornadas inferiores al 67% necesitaban más de quince años naturales para causar la pensión y
la cuantía de la pensión se adecuaba proporcionalmente a las cotizaciones realizadas. Somos muy conscientes de las situaciones que se generaban con esa regulación. Como digo, todos los trabajadores que tenían jornada inferior al 67% necesitarían
más de quince años naturales para causar la pensión, y el extremo máximo es que con jornadas inferiores al 20% durante toda la vida laboral el número de años naturales necesarios superaba los cincuenta años, lo que hacía, de hecho, imposible
percibir la pensión. Estábamos ante una situación con indudables deficiencias. Sin embargo, hay que resaltar que, aunque estas reglas suponían restricciones para generar derecho a pensión, el sistema era muy generoso respecto de su cuantía. Esta
proporcionalidad quedaba matizada por la existencia en la legislación de la Seguridad Social española de pensiones mínimas que originan que, cuando la cuantía de la pensión a la que se accede en razón de las cotizaciones efectuadas no alcanza el
importe de la correspondiente pensión mínima, aquella se ve suplementada por los llamados complementos a mínimos para que, sumado el complemento a la pensión en función de las cotizaciones, se alcance la cuantía de esa pensión mínima.


Con fecha 22 de noviembre de 2012 recayó esa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, relativa a la interpretación del derecho comunitario en la aplicación de nuestra disposición adicional séptima de la Ley General de
Seguridad Social. Lo hacía, además, partiendo de la realidad de la distribución por género del trabajo a tiempo parcial y concluía claramente que se oponía a la normativa europea en esta materia. El Tribunal Constitucional, insisto, con fecha 14
de marzo, dicta sentencia por la que se declara inconstitucional y nula esa regla 2ª del apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley General de la Seguridad Social. Para el Tribunal Constitucional -y es bueno recordarlo- no resulta
contrario a las exigencias constitucionales que el trabajo a tiempo parcial conlleve una pensión de cuantía proporcionalmente inferior a la de un trabajador a tiempo completo. Al suponer un esfuerzo de cotización menor como consecuencia del
inferior salario percibido, es razonable y proporcionado que las bases reguladoras de las prestaciones de Seguridad Social se calculen en función de las cotizaciones efectivamente realizadas. Ahora bien, en el pronunciamiento del tribunal se
declara que lo que no parece justificado es una diferencia de trato entre trabajadores a tiempo completo y trabajadores a tiempo parcial respecto al cumplimiento del requisito de carencia para el acceso a las prestaciones contributivas de Seguridad
Social.


El efecto de esta sentencia es muy potente por cuanto la declaración de inconstitucionalidad no opera solo sobre las reglas aplicables a la jubilación -en este caso, a la jubilación parcial, que era la cuestión a la que se contraía el tema
enjuiciado-, sino que se extiende a todas las prestaciones económicas respecto de las que se exija un periodo determinado de cotización, y además la declaración de nulidad se retrotrae al momento en que la norma nula fue dictada, es decir, supone la
eliminación del ordenamiento de la norma declarada nula, retrotrayendo sus efectos al momento de su entrada en vigor. Esto implica que se traslada a los órganos judiciales la tarea de la integración por los medios que el ordenamiento jurídico pone
a su disposición de la eventual laguna que la anulación de esa previsión pudiera producir en orden al cómputo de los periodos de carencia.


En consecuencia, señorías, nos parece grave, puesto que introduce inseguridad jurídica al corresponder a todos y cada uno de los órganos judiciales la tarea de determinar la normativa aplicable, acudiendo a las normas interpretativas del
derecho. A buen seguro podemos vaticinar dispares interpretaciones ante la

Página 11

inexistencia de un criterio que colme la laguna legal existente, sumando a ello que lo dicho en esta sentencia no afecta a las resoluciones judiciales que ya sean firmes.


Señorías, nada que objetar a que las normas se amolden a criterios de justicia, proporcionalidad y por supuesto que no supongan discriminación alguna por razón de género, faltaría más; pero quiero trasladarles que, en aplicación de esta
sentencia que declara nulo el precepto pero no indica cómo reformarlo, nos vemos obligados a adoptar, aunque sea circunstancialmente, el criterio de día trabajado/día cotizado. Alguien podría pensar que lo que habría que hacer sería no complicarse
y aplicar esta regla tal cual; de hecho, hay quien lo ha propuesto, pero aplicar esta regla tendría, entre otros, los siguientes efectos. Por ejemplo, el valor actual de las cuotas durante quince años de un trabajador a tiempo completo que cotice
por la base mínima del sistema en el año 2012 sería de 38.113 euros. El valor actual de las cuotas durante quince años de un trabajador que solo trabajara el 10% del tiempo completo, con base media de cotización en 2012 de 300 euros, sería de
13.490,77 euros. Por tanto, la cotización mínima para tener derecho a pensión en un trabajador a tiempo completo superaría en casi tres veces a la de un trabajador a tiempo parcial, haciendo de peor condición el trabajo a tiempo completo que a
tiempo parcial. Un segundo ejemplo. Un trabajador a tiempo completo que cotice por la base mínima de 641,31 euros al mes durante quince años cotizados puede tener derecho a una pensión mínima de jubilación de 618,9 euros al mes -estoy hablando de
2012-, con lo que la tasa de sustitución, la relación entre su pensión y su salario anterior, es del 96,51%. Muchos dirían que incluso es muy alta una tasa de sustitución superior al 96,5%. Un trabajador a tiempo parcial del 10% con un salario
medio de 257,14 euros al mes, que equivale a una base de cotización de 300 euros y con quince años de cotización, tendría derecho a la misma pensión de jubilación de esos 618,90 euros al mes, con lo que la tasa de sustitución, la relación entre la
pensión y el salario, sería de 240,68%. Es decir, en el tiempo completo la pensión es menor que en el salario y en el tiempo parcial la pensión superaría en 2,4 veces el salario. Y un tercer ejemplo. Para un trabajador que haya cotizado quince
años por la base mínima, el valor actual de su pensión de jubilación a percibir supera en unos 3,7 veces las cuotas pagadas. Este mismo caso para un trabajador a tiempo parcial con una jornada del 10% que haya cotizado quince años y cuya última
base de cotización sea la que he citado, de 300 euros al mes, la pensión a percibir superaría en 11,7 veces el valor de las cuotas pagadas. Es decir, el valor actual de la pensión en el tiempo completo supera 3,7 veces las cuotas pagadas. En el
tiempo parcial lo superaría 11,7 veces. Esto introduce una obvia discriminación. Hemos abierto un proceso de diálogo social y político para acordar una solución a este asunto que, adecuando los niveles de protección del tiempo parcial, no incluya
despropósitos que terminen por desajustar completamente el sistema, abriendo en él una pléyade de discriminaciones y dejando en nada los principios de contributividad y equidad básicos para un sistema como el nuestro. A ello se añade, señorías, el
perjuicio que puede causarse a aquellos trabajadores que acumulan sus horas de jornada a tiempo parcial en determinados días de la semana, que en algunos sectores es práctica habitual, y no de forma homogénea y lineal a lo largo de la misma,
superando las ocho horas diarias establecidas. A este respecto, la aplicación del criterio de día trabajado/día cotizado le resulta especialmente lesivo a los fijos discontinuos. Es evidente que esta discriminación ya es de por sí un criterio
suficiente para articular una propuesta más equitativa y justa.


Señorías, a la tercera va la vencida en esta cuestión. Creemos que después de dos ocasiones en que nuestra normativa ha sido declarada inconstitucional, esta vez hay que acertar. Ampliar derechos está bien, lo hacemos de forma permanente.
El problema está en que la ampliación de esos derechos para unos no puede conllevar en ningún caso la aparición de discriminaciones sobrevenidas para otros, trato injusto o quiebra de los principios básicos en que se sustenta el sistema. Hemos
hecho llegar a los grupos parlamentarios una valoración económica de urgencia, pero creo que con independencia de estos elementos de discriminación que ya deberían ser objeto por nuestra parte de consideración suficiente, también el impacto
económico de dejar las cosas como están se consideraría inasumible para el sistema. La sentencia comporta una modificación importante en la forma de cómputo del período cotizado, lo que conlleva, entre otros efectos, el cumplimiento de los períodos
de carencia, aumentando con ello en gran medida el número de pensiones a reconocer. Las reclamaciones de pensiones no concedidas en los años anteriores supondrían un gasto no inferior a los 1.500 millones de euros. El número de nuevas pensiones a
reconocer anualmente supondría un aumento de gasto anual próximo a los 100 millones de euros, cifra acumulativa en el tiempo con las nuevas altas que se produzcan cada año. El sistema llegará a tener un aumento de gasto anual del orden de 1.900
millones de euros. Cada nueva pensión anual reconocida supondrá un coste medio en valor actual de 140.000 euros.

Página 12

En definitiva, señorías, como hemos dicho, existe un vacío legal. Por tanto, no tenemos un régimen jurídico aplicable. Ante esta situación planteada, procede una reflexión sobre cómo combinar la atenuación del principio de doble
proporcionalidad con la aplicación de los criterios básicos del sistema de contributividad y de equidad. Estamos ante una situación compleja que exige llevar a cabo una importante reflexión con los agentes políticos y sociales. Valoramos, pues, de
forma muy positiva el gran acuerdo alcanzado el pasado jueves con la aprobación de una proposición no de ley, adoptada por unanimidad por el Pleno de la Cámara, relativa a la determinación del sistema de pensiones para trabajadores a tiempo parcial.
Ello es, sin duda, el mejor exponente de que sabemos que tenemos que dar una respuesta fiable. Esa solución, obviamente, tiene que permitirnos resolver la situación, desde el punto de vista jurídico, y también ofrecer suficientes mecanismos de
gestión pronta, rápida y eficaz de las circunstancias que nos plantea la misma.


Creemos que es posible operar con cierta inmediatez sobre el ámbito de los subsidios, que no habría que proceder a ningún retraso, incluso asumiendo ese criterio de día trabajado/día cotizado, no así con las propias pensiones. Creemos que
hay que actuar, de momento, ampliando los plazos de reconocimiento de esas prestaciones, mientras procedemos a la regulación normativa final. Tenemos capacidad dentro del marco legal actual para ampliar esos períodos de reconocimiento, sin quebrar
en absoluto el derecho de los ciudadanos al reconocimiento en los plazos que establece la propia norma. Estamos ya trabajando en el diseño de los mecanismos de gestión y de actualización informática necesarios para poder hacer frente a estas
circunstancias. Señorías, estamos abiertos a sus aportaciones y a sus posicionamientos en beneficio de un sistema que, como digo, está pensado para ir ampliando progresivamente derechos, para ir colmando lagunas de discriminaciones y de
inequidades, pero también está absolutamente necesitado de respaldo claro y preciso a sus principios fundamentales, sobre todo los que tienen que ver con los criterios de contributividad, de equidad y de solidaridad bien entendida.


El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las intervenciones de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios, como hemos señalado al inicio de esta reunión, por un tiempo de diez minutos para cada uno de los portavoces. Empezamos
por el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, don Antonio Hurtado.


El señor HURTADO ZURERA: En primer lugar, quiero agradecer la comparecencia del señor Burgos y la exposición que ha hecho tan exhaustiva y completa.


Me van a permitir trasladar una queja como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. La queja es muy evidente. Recientemente se ha aprobado el Real Decreto-ley 5/2013, que ha significado una auténtica reforma sobre el sistema de
pensiones en este país. No tiene sentido que esa reforma tan profunda no haya pasado por el Pacto de Toledo, se haya saltado a la torera una tradición sana en este país, que es el consenso y el diálogo en torno a la Seguridad Social y al sistema
público de pensiones. Consideramos que la ruptura de esta sana tradición o costumbre de llegar a consensos y a acuerdos en esta materia tiene una significación muy clara, y es que para el Partido Popular y para el Gobierno el Pacto de Toledo no es
útil para endurecer las prestaciones a los mayores de cincuenta y cinco años que han abordado en este real decreto; no es útil para endurecer el acceso a la pensión anticipada, y tampoco es útil para endurecer el acceso a la pensión parcial.
Consideramos que hay que volver a la senda del diálogo, del pacto y a la naturaleza del Pacto de Toledo. Esta Comisión no puede quedar en un mero informe sobre datos estadísticos, datos de gestión, sino que tiene que ser el paso previo a cualquier
modificación que haya en el sistema público de pensiones en este país. A eso llamamos, a esa estrategia política tenemos que reconducir la situación actual. Se han abordado importantes reformas que para nosotros son inaceptables no solo en el
fondo sino también en la forma en que se han llevado a cabo: a través de un real decreto-ley, una técnica que no tiene precedentes en este país en la materia de la que estamos hablando. Por tanto, el primer mensaje que quiero trasladar es que nos
parece inadmisible lo que se ha hecho. También quiero trasladar otro mensaje, y es que estamos dispuestos a mantener el puente, que yo creo que es de los pocos puentes que quedan en la actividad política y social, para mantener esa vía de diálogo,
de consenso, de pacto en torno a esta materia. Invitamos al Gobierno, invitamos al Partido Popular a que reconsidere lo que está llevando a cabo en la reforma del sistema público de pensiones y que no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido
recientemente, y es utilizar una técnica como el real decreto-ley para abordar una reforma muy profunda de este sistema.


Con relación al Fondo de reserva de la Seguridad Social, creo que es muy evidente que son 63.000 millones de euros, pero significa que no ha habido ninguna aportación en el período que lleva gobernando

Página 13

el Partido Popular. Usted mismo ha admitido que en periodo de crisis profunda, desde el 2008 al 2011 ha habido aportaciones. En este caso, no ha habido ningún tipo de aportaciones y sí ha habido disposiciones, lo que nunca se había
producido. Ha habido dos disposiciones, la de 3.000 millones de euros, que posibilitaba la ley de gestión del fondo, y la de 4.000 millones de euros, porque para poder utilizar este fondo han tenido que modificar la normativa vigente a través del
Real Decreto 28/2012. No cabe duda de que esto está creando muchas dudas e incertidumbres. La primera pregunta que me gustaría hacerle es: ¿Cómo va a acabar este ejercicio? ¿Van a volver a disponer de este fondo? ¿Va a necesitar una mayor
disposición? Porque lo establecido en el Real Decreto 28/2012 significa prácticamente que, según las necesidades, ustedes van a poder disponer de él. ¿Cuáles son las previsiones que tiene la Seguridad Social con relación a la disposición de este
fondo? ¿Este año van a volver a disponer de él? Me gustaría conocerlo.


Con relación a la gestión que se ha hecho del fondo, como usted mismo ha dicho, se ha aplicado a deuda pública del Estado. Quiero hacer un recordatorio. Siendo usted portavoz, manifestó insistentemente la queja de poner -utilizo la
expresión que usted ha dicho- todos los huevos en la misma cesta. Eso lo trasladó -y podemos ver los diarios de sesiones- cuando gobernaba el Partido Socialista. Nosotros estamos de acuerdo en que en un momento en el que es necesario recuperar la
confianza en nuestra economía, en nuestra solvencia como marca España a nivel de los mercados financieros se invierta en deuda pública española; consideramos que es necesario. Además, está ofreciendo importantes rendimientos, también como
consecuencia de la inestabilidad financiera en los mercados internacionales. Pero nos llama la atención la escasa remuneración que tiene la cuenta del Banco de España: ha pasado del 0,8 al 0,19; una escasa remuneración que nos debería hacer
considerar la posibilidad de hacer una gestión alternativa. Lo apuntamos simplemente como una anotación que es mejorable claramente, puesto que la remuneración de esa cuenta es muy escasa. También echamos de menos algo que este Gobierno ha
cambiado, y es el informe que se venía haciendo ante las Cortes Generales con relación al Fondo de las mutuas. En estos momentos no sabemos en cuánto está cuantificado ese fondo. Tampoco sabemos si están utilizando parte del fondo para pagar las
pensiones en este país. Me gustaría saber si parte de ese fondo se está destinando a pagar las pensiones. También quisiera trasladarle que en unos momentos como los que estamos viviendo, en los que se está aplicando el Fondo de reserva de la
Seguridad Social con esa disposición de 7.000 millones de euros, habría que tener en consideración que algunas presiones originadas por procesos de incapacidad permanente pudiesen pagarse con cargo al Fondo de las mutuas, que se pudiese aplicar y
financiar con parte de este fondo. Creemos que sería importante tenerlo en cuenta en estos momentos.


Pero lo que más nos preocupa es cuál va a ser el futuro del Fondo de reserva. Y nos preocupa mucho porque es evidente que con la política que se está llevando a cabo en este país ese Fondo de reserva se va ver notablemente mermado; una
política que está destruyendo empleo día a día. Los datos son muy evidentes, son ya 6 millones los parados en este país, 1 millón menos de cotizantes a la Seguridad Social en el tiempo que ustedes llevan gobernando, y algo muy preocupante, ya
solamente seis de cada diez parados tienen algún tipo de prestación. Esas son las circunstancias que derivan de unas políticas de continua devaluación interna; es la única política económica que ustedes están aplicando, una devaluación interna con
bajada de salarios. Para eso abordaron la reforma laboral. Por cierto, una reforma que ya ha tenido su primer golpe por parte del Tribunal Supremo, que ha anulado un ERE que ya aplicaba esta reforma laboral. Tengan ustedes en consideración el
daño tan enorme que esta reforma está produciendo y sobre todo, vista la primera sentencia, la posible inseguridad jurídica que se está derivando de la aplicación de esta reforma. También están ustedes bajando las pensiones; lo último fue la no
actualización de las pensiones en este país. No solamente están bajando los salarios, sino que también están bajando las pensiones. Están subiendo los impuestos y están bajando las prestaciones sociales. Todo esto es un auténtico cóctel molotov
porque está deprimiendo aún más el consumo, deprimiendo la actividad y generando un mayor paro. Es imposible crecer en estos momentos con la política que ustedes están llevando a cabo.


Voy a formularle unas preguntas muy concretas. Recientemente, el ministro De Guindos ha reconocido que hay que revisar sustancialmente los datos de crecimiento en este país, de decrecimiento desgraciadamente. Las previsiones eran de un
menos 0,5 y probablemente haya que triplicar la cifra de decrecimiento económico en España hasta el menos 1,5.


El señor PRESIDENTE: Debería ir terminando, señor Hurtado.

Página 14

El señor HURTADO ZURERA: Concluyo, señor presidente.


En la Seguridad Social también hicieron unas estimaciones atendiendo a esa previsión de actividad económica; unas previsiones que yo me imagino que van a revisar. Tenían previsto que fuesen 105.000 millones de euros los ingresos por
cotizaciones, con un incremento del 1,6 por cotizaciones tanto de trabajadores como de empresas. ¿Van a revisar estos datos? ¿Creen que con la nueva previsión que va a hacer el Gobierno de triplicar el decrecimiento en este país también los datos
de la Seguridad Social van a empeorar sustancialmente? ¿Creen ustedes que se puede mantener la previsión que ofrecieron en los presupuestos del Estado de equilibrio presupuestario en la Seguridad Social? Nos gustaría tener pormenorizada cuanta
información al respecto fuera posible.


Concluyo, señor presidente. Con relación a la sentencia, esta declara, como usted bien ha dicho, un régimen jurídico nulo desde 1998. Eso significa que vamos a tener que hacer una auténtica revisión con relación no solamente a pensiones
que no se reconocieron en su momento, sino con relación a nuevas pensiones que vengan en el futuro y con una estimación económica que ha aportado usted de forma sucinta. Creemos que debe ser el Pacto de Toledo el que analice la sentencia, el que
defina con garantías jurídicas, pero también con el criterio de sostenibilidad de las cuentas de la Seguridad Social, cómo aplicar la sentencia, garantizando, por una parte, un trato de igualdad y, por otra, un trato de no discriminación, que es lo
que la sentencia ha venido a establecer. Por tanto, debe ser el Pacto de Toledo quien aborde esta reforma importante, esta adaptación a una sentencia del propio tribunal, que debe significar, como he dicho, garantías jurídicas orientadas al futuro.


El señor PRESIDENTE: Comenzamos con el turno de los portavoces del Grupo Mixto. Tiene la palabra la señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Señor secretario de Estado, agradecemos su comparecencia para informarnos de estos dos asuntos, que evidentemente son de gran importancia, si bien vamos a aprovechar esta comparecencia para comentarle también
otras cuestiones que son de nuestro interés.


Entendiendo que estamos en una Comisión que se denomina Pacto de Toledo, y a pesar de que realmente es un eufemismo en relación con lo que esto representa, le pediríamos que esta Comisión fuese tenida en cuenta más allá de venir a darnos
información aquí; que se tuvieran también en cuenta las opiniones respecto de las decisiones que tome el Gobierno, como la correspondiente al Real Decreto-ley 5/2013, en la que hace una profunda modificación de la ley actual, en la medida en que se
reducen las prestaciones de los pensionistas, además de reducir los derechos del acceso a la pensión a aquellas modalidades que en ese real decreto se contemplan.


Señor secretario de Estado, aunque se dijo por activa y por pasiva que esos acuerdos del Gobierno fueran consensuados en la Comisión del Pacto de Toledo, no fue así. Esta Comisión fue informada de lo que podía tener previsto hacer el
Gobierno, pero en ningún momento se ha votado y se ha procurado el consenso. En todo caso, una mayoría de la composición de la Comisión ampararía la decisión del Gobierno. No vamos a entrar en lo que dice el real decreto, pero sería conveniente
que el asunto que usted nos ha traído aquí sobre las pensiones a tiempo parcial sea lo más consensuado posible. Somos conscientes de que es un tema controvertido y que para garantizar la máxima equidad se necesita un análisis en profundidad. Por
lo tanto, le agradecemos que aborde el tema, pero también se han de tratar en esta Comisión aquellas posibles maneras de resolver el asunto.


Dicho esto, señor secretario de Estado, hay que tener en cuenta que en relación con el fondo lo que más nos preocupa no es solo la utilización del mismo -que es necesario-, sino que se utilice más allá de lo que hasta ahora estaba previsto
en la ley; hubo un real decreto que ya amplió esa cuestión. Por lo tanto, entendiendo que este fondo debe estar ahí para disponer de él en aquellas cuestiones o en aquellos momentos en los que es necesario, pensamos que hay que hacerlo con la
máxima racionalidad para no quedarnos sin él en un tiempo record. Señor secretario de Estado, hay algo que nos preocupa, sobre todo por lo que transmitió la ministra respecto a su tramitación con bastante urgencia, que es la nueva modificación de
la Ley de la Seguridad Social, concretamente de las pensiones, lo que se está denominando como factor de sostenibilidad. El Gobierno ya ha aprobado el nombramiento de un comité de expertos, que ya emitió un primer documento que ha trascendido
públicamente. Evidentemente nos preocupa porque no nos gusta lo que ahí se recoge, sobre todo lo fundamental, y pensamos que, a la vista de la información que hace una semana la ministra trasladó a los miembros de esta Comisión de que a finales de
este periodo de sesiones, es decir, en junio, ya habría un proyecto de ley, sería conveniente que esta Comisión del Pacto de Toledo empezara a hablar de esta cuestión. Estamos diciendo que el Gobierno

Página 15

trata de reformar una ley que ya fue modificada, precisamente a favor de lo que se denomina la sostenibilidad del sistema, en el año 2011. Usted mismo, ya siendo secretario de Estado, reconoció aquí que esa ley se modificaría utilizando
unos criterios de proyección de la esperanza de vida equivocados, o por lo menos rectificados en un 7%, que no es una cifra menor. Por tanto, nos preocupa lo que se recoge en este primer informe, del que tenemos conocimiento a través de esta misma
Secretaría de Estado, porque se utilizan también datos y criterios que inciden en los anteriores, además de no entender por qué hay que modificar una ley que hace año y pico ya fue modificada y que además empezó a aplicarse este año, no hace más de
tres meses. Por tanto, desconocemos cómo puede ser beneficioso o no para el sistema la aplicación de esas modificaciones llevadas a cabo y no podemos entender que el Gobierno se plantee una nueva modificación. Por eso lo que le trasladamos desde
mi grupo, el Bloque Nacionalista Galego, es que se comience a trabajar en el Pacto de Toledo para que podamos, incluso pueda la ciudadanía, conocer realmente lo que pretende el Gobierno con este nuevo debate de la sostenibilidad del sistema. Cada
vez que hablan de la sostenibilidad del sistema es evidente que es para reducir derechos y sobre todo para potenciar, como en el documento también se recoge, los planes de pensiones privados.


El señor PRESIDENTE: Señor Cuadra Lasarte, tiene la palabra.


El señor CUADRA LASARTE: Señor secretario, en la reunión que mantuvimos el otro día los portavoces de esta Comisión con usted y la señora ministra se nos hizo referencia a algo que ha comentado la compañera. Para últimos del mes de mayo,
el comité de expertos nombrado por ustedes tenía que tener elaborado su informe en relación con la definición del factor de sostenibilidad, y el Gobierno tenía la intención, como se dijo, antes del verano, es decir, para el mes de junio, de tener
elaborado ya su proyecto de ley. Digo esto porque, sin quitar ninguna importancia por supuesto a los dos temas sobre los cuales ha estado usted hablando, este tema tenía que haber figurado hoy en el orden del día a iniciativa del propio Gobierno.
La trascendencia que tiene este tema en relación con una modificación al parecer profunda, habida cuenta de lo que se está señalando desde Europa en relación con todo el régimen de pensiones, hacía necesario que hoy se hubiera producido este
importante debate, y por este motivo me voy a referir al mismo, porque me parece que el tema lo merece.


Querría hacer una primera mención al grupo de expertos. Algunos grupos el otro día, durante el debate de la PNL presentada por cuatro grupos en el Congreso, hicieron referencia a que en modo alguno habían sido informados, y me sumo a ellos.
Distintos grupos de esta Comisión y del Congreso no han tenido participación alguna, no han podido dar su opinión respecto de la conformación de este comité de expertos, que es evidente que está bastante escorado en una dirección y nos podemos temer
de una forma muy clara cuáles pueden ser sus recomendaciones en relación con el tema. Ayer mismo en la prensa se publicaba que la patronal de la industria aseguradora Unespa hacía ya una apuesta clara por la sustitución de los mecanismos de
prestación definida y la apuesta por otra de aportación definida. En definitiva, al final concluía algo muy importe, que es que la prestación por la que ellos abogan sería más baja que la actualmente existente y que exigiría la necesidad de
sistemas complementarios de capitalización, combinando convenientemente los formatos públicos y los privados. Terminaba diciendo que el umbral de renta que quiera cada cual dependerá ya de mecanismos privados de ahorro. Es decir, por parte de la
patronal aseguradora y por parte de lo que se puede oler de esta comisión de expertos lo que tenemos encima es una debilitación importantísima del actual sistema de pensiones públicas y una apuesta por trasvasar a la industria privada, a las
compañías de seguros privadas, las ingentes cantidades de dinero que hoy se están gestionando de forma pública.


Dicho esto, me gustaría hacer un par de menciones; una, al tema de la sostenibilidad. Según la forma de hablar del Gobierno y de todas estas aseguradoras parece ser que la sostenibilidad máxima se alcanzaría cuando las pensiones fueran
mínimas. Con unas pensiones muy bajas el sistema sería tremendamente potente, sería un sistema sin fisuras. El problema es que no hay que hablar tanto de la sostenibilidad de las pensiones sino en buena medida también de la sostenibilidad de los
pensionistas. No hay que olvidar que debajo de cada pensión hay un pensionista con una pensión media hoy en día de poco más de 800 euros. Las pensiones tienen que ser dignas y tienen que servir para garantizar un nivel de vida suficiente y este es
el primer pilar de sostenibilidad que tiene que tener el sistema público de pensiones. Sin que abramos la puerta en modo alguno a que para garantizar ese nivel de vida digno y suficiente se tenga que acudir a pensiones privadas, como es la
intención -creemos- de este Gobierno y como es -desgraciadamente- lo que vamos a recibir del comité de expertos por él nombrado.

Página 16

El otro día señalé en el debate en el Congreso cómo cuando los bancos de este Estado presentan problemas de sostenibilidad financiera en vez de cargarse los gastos de su saneamiento...


El señor PRESIDENTE: Debería ir terminando, señor Cuadra.


El señor CUADRA LASARTE: Voy terminando. Decía que en vez de cargarse los gastos de saneamiento sobre los banqueros, sobre los grandes propietarios y la gente que tiene depositados ahí sus capitales, es el Estado, somos todos nosotros
quienes solucionamos esos problemas de falta de sostenibilidad. Sin embargo, cuando toca el turno a las pensiones son los pensionistas quienes tienen que hacerse cargo de las debilidades de un sistema que vienen ocasionadas, sobre todo, por esos 6
millones de personas paradas que no cotizan, por ese descenso en las rentas continuado en los últimos años en los que el reparto del PIB es cada vez más favorable a las rentas del capital y más perjudicial para las rentas del trabajo. Había más
cosas para comentar, esperamos que haya nuevas ocasiones y que no ocurra -como ha dicho mi compañera- lo mismo que con el anterior debate y la resolución en relación con las jubilaciones parciales y anticipadas.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, don Álvaro Anchuelo.


El señor ANCHUELO CREGO: Señor secretario de Estado, ha dedicado la primera parte de su comparecencia a la situación del Fondo de reserva y a su evolución y querría expresarle que incluso después de escuchados sus argumentos a mi grupo le
sigue preocupando la falta de diversificación del fondo, el exceso de concentración en deuda pública española. Hoy en día el 97,46% del fondo está concentrado en deuda pública española, es decir prácticamente la totalidad. Es una concentración que
se ha ido incrementando progresivamente. En este último ejercicio 2012 se han vendido 4.600 millones de deuda extranjera, de la poca que quedaba, y se ha aumentado la concentración en deuda española. No siempre ha sido así, en el año 2007 más o
menos la mitad del fondo estaba dedicado a deuda extranjera. Esto va contra los principios más elementales de gestión de una cartera de activos, se concentra demasiado el riesgo en unos activos determinados y en cierta manera supone un uso indebido
del fondo. Porque el fondo está diseñado para hacer frente a las prestaciones, no está diseñado para financiar a las administraciones públicas españolas. Entendemos el argumento de que la deuda pública española es solvente, así lo creemos, no se
debe demonizar y menos por la misma Administración y que el fondo debe invertir en ella, por supuesto que sí. Pero creemos que esto es compatible con la crítica de que la concentración es excesiva, es prácticamente total y deberían tenerse en
cuenta otro tipo de principios en la gestión del fondo.


La segunda preocupación que quería manifestarle en nombre de mi grupo es sobre la evolución del fondo. En el año 2012 se han retirado 7.000 millones, que supone un 10% de las cantidades disponibles. Para ello, se han cambiado las reglas de
funcionamiento del fondo y nos da la sensación de que se está utilizando el fondo para ganar tiempo y no afrontar los problemas que hay que afrontar para pagar pagas extra y para ir aguantando la situación. De forma que este fondo que se ha formado
con las contribuciones de los trabajadores actuales con la idea de hacer frente a unos problemas futuros relacionados con el cambio demográfico a medida que este avance, si las cosas siguen así más que los problemas futuros va a acabar haciendo
frente a problemas muy inmediatos. En ese sentido, quería formularle en nombre de mi grupo dos preguntas concretas. ¿Se piensa utilizar de nuevo el fondo en el año 2013 para pagar pagas extra o con otros fines? ¿Cuáles son las previsiones de
evolución del fondo en los años inmediatos que tiene el ministerio?


La segunda parte de su intervención se ha dedicado a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre las pensiones de los trabajadores a tiempo parcial. Compartimos sus reflexiones, es un asunto de mucho calado que estaba pendiente de
solución. Es la segunda vez que una sentencia echa abajo el sistema establecido y es una sentencia que va a tener efectos muy importantes sobre el conjunto de nuestro sistema de Seguridad Social. Pero, aun compartiendo estas reflexiones, quiero
añadir algunas matizaciones en nombre de mi grupo. En primer lugar, se suele plantear la sentencia como un problema -desde luego genera problemas-, pero la situación anterior también era problemática. Era problemática para los trabajadores que
sufrían esta discriminación que ahora se ha puesto de manifiesto. Había una sentencia previa del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y quiero recordar que hubo una proposición no de ley de Unión Progreso y Democracia, otras de Convergència i
Unió, de La Izquierda Plural en la última

Página 17

Comisión de Empleo donde se señalaba la situación de discriminación de estos trabajadores. El Tribunal Europeo ponía un ejemplo muy claro. Un trabajador a tiempo parcial que trabajaba cuatro horas a la semana necesitaba cien años para
acceder a la prestación, lo que en términos prácticos suponía su exclusión, por tanto, plantea problemas la sentencia pero también había problemas en la situación anterior, y mi grupo considera justo que se termine con esta discriminación siendo
conscientes de los retos que esto puede plantear ahora.


La segunda reflexión tiene que ver con que el coste presupuestario de las medidas que ahora se tomen tiene que ser una consideración muy importante pero no puede ser la única. Esto está relacionado con lo anterior. No se puede simplemente
rebajar el coste presupuestario manteniendo situaciones discriminatorias. En ese sentido, se nos han proporcionado algunas simulaciones de cuál sería ese coste -que nos parecen muy interesantes- pero querríamos contar con los datos que hay detrás
de los resultados, porque solo se nos ha dicho que el coste es de 100 millones al año acumulativo, se puede llegar a determinada cantidad... Nos gustaría, como hemos pedido en situaciones similares, y que dado que somos portavoces de grupos
parlamentarios en el Pacto de Toledo tengamos acceso no solo al resultado de la simulación, sino a los datos de partida que han llevado a esas cifras para analizarlos y ver cómo se ha llegado a este resultado -que estamos seguros que será el
correcto. En aras de la transparencia querríamos contar con esos datos de partida. ¿Cuál será la solución a este problema en el futuro? Es algo no cerrado, desde luego hay diferentes alternativas. Pero en opinión de mi grupo sí hay algunos
rasgos generales, algunos principios que están claros incluso ahora. Algunos los ha adelantado usted. Hay que acabar con esa discriminación anterior sin generar nuevas discriminaciones y que la solución de una hora trabajada equivalente a un día
no sería la solución adecuada por la discriminación que provocaría, como usted ha señalado, en los trabajadores a tiempo completo o en los trabajadores que concentran las horas en pocos días. No tendría sentido acabar con la discriminación
generando otras. La sentencia no dice cómo hay que solucionar esto pero sí señala el núcleo del problema, que no tiene que ver con la solución concreta sino con que no se excluya a estos trabajadores completamente del acceso a la prestación. En
nuestra opinión, lo que hace esta sentencia es cuestionar el diseño que hay hoy en día en nuestro sistema de los periodos de carencia y hay que buscar una solución en la que se vean reconocidos estos años de cotización de los trabajadores a tiempo
parcial pero de una forma que refleje adecuadamente el menor esfuerzo realizado en forma de cotizaciones.


Por último, no querría terminar sin referirme a una cuestión que no ha figurado en su comparecencia pero consideramos crucial en el Pacto de Toledo, que tiene que ver con el factor de sostenibilidad. Querría señalar que esta es una decisión
que va a tener consecuencias en el tiempo que van a ir mucho más allá de una legislatura, por tanto, si hay un tema en el que el consenso es necesario es en el diseño de este factor de sostenibilidad. El primer paso que se ha dado ha sido la
creación de un comité de expertos. No nos parece mala idea, pero querría señalar que este nombramiento del comité no ha contado con el consenso que debería y ha habido grupos como el mío que no han sido informados sobre su creación ni sobre los
componentes. Al margen del respeto que nos merecen individualmente estas personas, estamos seguros de que su informe será un valioso punto de partida para nuestras reflexiones, pero tampoco querríamos que ese valioso informe se convirtiese en un
dogma inalterable. Será un punto de partida para las reflexiones que al final se tienen que tomar donde legítimamente corresponden, que es el Pacto de Toledo y en este Parlamento. En este camino que ahora se inicia, en el estudio del factor de
sostenibilidad, le aseguro que mi grupo parlamentario se propone actuar con la máxima responsabilidad, una responsabilidad que lamento recordar que a veces no tuvo el Partido Popular cuando estuvo en la oposición.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural el señor Coscubiela Conesa.


El señor COSCUBIELA CONESA: En primer lugar, quiero agradecer la comparecencia del secretario de Estado. Entrando en materia, con relación al Fondo de reserva quisiera destacar una obviedad, la importancia de su constitución que creo
recordar y no me equivoco, que existe gracias a un proceso de concertación social -lo digo para poner en valor la importancia de la concertación social en estos momentos- y también a que se rechazaron en su momento propuestas coyunturalistas de la
patronal de que en momentos de incremento de las cotizaciones fruto de la bonanza económica lo que había que hacer era bajar las cotizaciones empresariales. Si se hubiera hecho caso a aquella visión miope de las circunstancias, hoy posiblemente no
estaríamos en circunstancias de utilizar el Fondo de reserva para lo

Página 18

cual se constituyó. Si pongo en valor el tema de la concertación social no es para repartir flores a los agentes sociales -por cierto, no todo el mundo se comportó igual-, sino para hacerles ver que de la misma manera que el Fondo de
reserva sirve como factor anticíclico en materia económica, la concertación social también sirve para actuar anticíclicamente en las relaciones perversas entre Gobierno y oposición en muchas ocasiones. Da bastante serenidad, por lo tanto, vuelva
usted por favor a poner en valor la concertación social y no se acostumbren a hacer las cosas sin el acuerdo de las organizaciones sindicales y empresariales y sin el acuerdo de la Comisión del Pacto de Toledo porque eso es lo que dota de mayor
estabilidad y de mayor legitimidad a las políticas de Seguridad Social.


En segundo lugar, es oportuno destacar que el Fondo de reserva -tengo tantas discrepancias con este Gobierno que no necesito inventarme ninguna y en aquello con lo que puedo estar de acuerdo no me importa nada reconocerlo- se está utilizando
para lo que fue creado, sencillamente para el momento de caída coyuntural de los ingresos, y buena es. En materia de política de inversiones se está utilizando de manera acorde con la normativa y es lógico que se utilice no solo en general como
deuda pública, que es uno de los mandatos muy claros de la normativa, sino que se haya salido al rescate -si se me permite decirlo- de la presión de los mercados sobre la deuda pública española. Dicho eso, es oportuno destacar que no es bueno que
se concentre el riesgo en la deuda pública española, porque cualquier persona que invierta sabe que eso sí es poner todos los huevos en el mismo cesto y nadie espera, esperemos que no se produzca un problema importante en relación con la deuda
pública, pero si eso sucediera arrastraría innecesariamente también al Fondo de reserva de la Seguridad Social y eso no es buena noticia. Entonces nosotros, que estamos dispuestos a discutir sobre esa estrategia, creemos que no es oportuno lo que
ha hecho usted hoy y es que ha convertido la necesidad de invertir en deuda pública en virtud, casi, casi en la única virtud y sobre todo cuando la virtud va acompañada de patriotismo hablando de una cosa tan importante como es la rentabilidad de
los recursos del conjunto de los trabajadores de este país, lo cierto es que me ha dejado más intranquilo. Si usted se hubiera ahorrado la virtud patriótica, me hubiera convencido un poco más. No sé si alguien en Cataluña utiliza sus inversiones
en mundos patrióticos por salvar la nación catalana. Creo que la inmensa mayoría lo hace porque les dan rentabilidades superiores. Desde ese punto de vista, permítame que le diga que tan pronto como se pueda diversificar la cartera de deuda
pública con deuda pública de otros países mucho mejor.


En relación con las cotizaciones al contrato de tiempo parcial, le repito lo mismo que le dijimos a la ministra y a usted el otro día: está justificada la urgencia sin duda, estamos ante un vacío legal, la nulidad de la norma nos sitúa en
una situación complicada. Al mismo tiempo le digo que no toda la reforma sirve, que es necesario hacerla equilibradamente, en el diagnóstico general lo podemos convertir. Hay otro argumento que yo quiero añadir: si no se mide bien la reforma los
incentivos a la economía sumergida a los cuales tanta tendencia tiene este país y sobre todo determinado sector empresarial, serían terribles desde esa perspectiva. Ahora, déjenme que ponga de manifiesto una evidencia: ¿sabe por qué cuesta tanto
cuadrar el elemento de la cotización a tiempo parcial sin que provoque desequilibrios en el sistema y al mismo tiempo tratamientos de desigualdad? Porque en el fondo hay una cosa que no cuadra: un tejido productivo económico basado en una
precariedad de un sistema de Seguridad Social sostenible es un oxímoron, no es posible, y eso es lo que ustedes pretenden. Pretenden una reforma laboral que precariza aún más el empleo, concretamente también en el contrato a tiempo parcial y que
eso no tenga consecuencias en el sistema de Seguridad Social. Si hoy existe algún riesgo para nuestro sistema de Seguridad Social es la política laboral de su Gobierno, que se ha convertido sin duda en un arma de destrucción masiva de la
estabilidad del sistema de Seguridad Social y, como hemos visto en este momento, con efectos colaterales importantes en materia de desigualdad de trato y especialmente de género. Por eso le sugiero que junto a la modificación del régimen de
cotización del año 1998 de los contratos a tiempo parcial se planteen ustedes urgentemente una modificación de la regulación laboral del contrato a tiempo parcial y su profunda precariedad. No se olvide de que es un contrato mayoritariamente
involuntario, no forzoso, a diferencia de otros países, especialmente feminizado, es decir, que se impone a las mujeres para que puedan continuar manteniendo la doble jornada: en su casa, en sus labores reproductivas, y en el centro de trabajo, y
que al mismo tiempo comporta profundas discriminaciones no solo de Seguridad Social sino laborales.


Quiero aprovechar esta oportunidad para hacer una referencia al tema del factor de sostenibilidad. Ustedes han abierto el proceso, lo abrieron ya con el Real Decreto-ley 5/2013, y se lo dijimos en su momento: han abierto un proceso de
reforma absolutamente innecesario por razones estrictamente no de la situación de la Seguridad Social sino por el pacto que ustedes han adquirido con la troika a cambio de

Página 19

la ayuda del Banco Central Europeo y de la troika a los bancos españoles, y eso es absolutamente inconcebible y, si me permite, políticamente intolerable. No se corresponde lo que ustedes han puesto en marcha con la realidad de este país,
sobre todo porque el factor de sostenibilidad como uno de los criterios a tener en cuenta de cara al futuro estaba previsto en la Ley 27/2011 que nuestro grupo no votó, no votamos por diferentes circunstancias, pero le puedo asegurar que lo que fue
peor, si ahora se agrava, no pasa a ser mejor, que es lo que ustedes están haciendo en estos momentos; si alguien tiene una contradicción aquí -no me mire, señor Burgos- es usted, no nosotros. Es decir, lo que estaba mal antes, si ahora se agrava,
no puede ser óptimo, tome nota usted de esa referencia. Se está aprovechando la crisis para imponer otra contrarreforma en materia de Seguridad Social que no está justificada en términos de sostenibilidad del sistema ni en términos de equilibrio
financiero.


No soy, no lo he sido nunca, ni de los que creía que cuando había burbuja y crecimiento no había que pensar en el futuro, nunca lo he planteado así, ni ahora de los que voy a comulgar con ruedas de molino en el sentido de que, porque hay una
caída bastante significativa no como consecuencia de la Seguridad Social sino del mercado de trabajo y de su política económica, ahora hay que aprovechar para hacer una contrarreforma en el sistema, y mucho menos basada en previsiones en relación a
2060. Ahórrense ustedes todas las previsiones, por favor, hay que tenerlas presentes pero en este país tenemos memoria y hubo gente, expertos por cierto, que en los años 1995, 1996 vaticinaron la quiebra del sistema de Seguridad Social para el año
2001 y en el año 2001 el sistema de la Seguridad Social, como en la década siguiente, nunca gozó de mejor salud. Por lo tanto, expertos cuantos menos mejor, sobre todo si tienen intereses económicos detrás de su ciencia infusa. Los datos
comparativos en estos momentos del sistema de Seguridad Social incluso a medio plazo son bastante sostenibles. Recuerdo -usted lo sabe- que estamos en un gasto sobre el PIB del 10,7%, incluso a pesar de la caída del PIB, en términos comparativos
casi 3 puntos menos que la media europea. Le recuerdo que tenemos la edad de jubilación de las más avanzadas, de las más largas de nuestro entorno y además la edad real ha subido de manera significativa. No hay nada que justifique volver a meter
la mano a los pensionistas presentes y a los futuros, es decir, los actuales trabajadores, en su aportación, salvo claro, una cosa: ideología. La ideología, que plantea problemas al sistema público de pensiones y sobre todo clarísimamente los
intereses del sector asegurador. El sector asegurador de este país no tolera tener la cuota de penetración en el mercado de seguros más baja de la Unión Europea, y de eso hace culpable a un buen sistema público de Seguridad Social. Sabe que la
única manera de incrementar su cuota de penetración en el sistema de seguros es debilitar el sistema público, ignorando que lo que hace débil al sistema asegurador privado es que los españoles no tienen ninguna capacidad de ahorro, y por tanto menos
en un sistema complementario. Déjenme que les diga que estoy profundamente preocupado del informe de partida del ministerio en materia de factores de sostenibilidad, en primer lugar, por el escenario de falsa insostenibilidad que nos plantean, en
segundo lugar, por las comparaciones absolutamente instrumentales que nos hacen con la legislación de otros países, y en tercer lugar, por las reformas que apuntan.


Como sé que ustedes van a continuar utilizando a partir de ahora todas las comparaciones con lo que ha hecho tal o cual país, déjenme que les diga que no es posible comparar sistemas de Seguridad Social si no se compara en su conjunto con el
sistema de protección social. ¿Por qué no nos comparan con los servicios sociales nórdicos y vamos avanzando hacia esa latitud? ¿por qué no nos comparan con el salario mínimo interprofesional francés elevado a más de 1.400 euros que, por cierto,
aumentaría bastante los ingresos de Seguridad Social españoles? ¿por qué no nos comparan con la remisión obligatoria en el caso de despido improcedente de los alemanes? No puede ser que ustedes siempre nos comparen con aquello que supone una
pérdida de derechos para los trabajadores.


El señor PRESIDENTE: Debería ir terminando, señor Coscubiela.


El señor COSCUBIELA CONESA: Incluso comparando eso, saben que las previsiones en estos momentos de la Ley 27/20122 sitúan a España en la banda dura de la regulación del acceso a las pensiones, por tanto, dejen reposar la ley, no se hagan
ustedes el brazo armado de intereses claramente corporativos y económicos, y sobre todo olvídense del escenario que están dibujando en ese informe de partida. Olvídense de acabar con la actualización automática de las pensiones, porque es solo
mantenimiento del poder adquisitivo de unos pensionistas que se han ganado durante toda su vida el derecho a las pensiones. Olvídense ustedes de ampliar a toda la vida laboral más allá de los veinticinco años, olvídense de exigir cuarenta años
cotizados para el cien por cien y olvídense ustedes del aumento

Página 20

de la edad de jubilación. No hay nada que justifique eso en estos momentos y hay margen para pensar en el futuro sin pegar un hachazo ahora por razones estrictamente coyunturales.


Termino. Ha empezado muy mal el proceso, señor Burgos. No es que no nos consultaran como al grupo de expertos, porque tienen absoluto derecho a creer quiénes son los expertos de este país. No dudo de la calidad técnica de ese grupo de
expertos, incluso algunos saben de Seguridad Social, pero sin duda no son seres asexuados, tienen sexo, ideología e intereses, todos, y la inmensa mayoría de ese grupo está directamente vinculada a entidades financieras y al sector asegurador. Por
favor, no nos quieran marcar las cartas desde el principio del juego. La verdad es que darle el informe técnico a un grupo de expertos donde mayoritariamente priman los intereses del sector asegurador es defender muy poco los intereses de la
Seguridad Social y de este país, es incluso la privatización de los expertos. Espero que ustedes sepan reconducir el ritmo y la orientación de este proceso, pero les adelanto que por la vía que van no vamos bien. Espero que no se cumpla aquello de
que mal acaba lo que mal comienza. Han empezado este proceso mal, tienen la posibilidad de reconducirlo. Vengan pronto al Pacto de Toledo y hablemos, aunque me temo que eso es imposible, porque han dado ustedes al grupo de expertos hasta el 31 de
mayo para hacer el informe. El informe está hecho, señor Burgos, si no cómo en cuarenta días se hace un informe de esa complejidad. El informe está hecho y tiene sello de Unespa, lo presentaron ayer. Si no es ese, porque ese es el duro, tienen
ustedes preparado el blando -el poli malo y el poli bueno. Han empezado ustedes muy mal, y siento decírselo, porque en otras cosas podemos coincidir, pero en eso ustedes han empezado con las cartas marcadas, y para nosotros eso es incompatible con
ofrecernos consenso en el Pacto de Toledo. Podemos tener intereses distintos pero, por favor, no nos hemos dado un golpe en la cabeza, o al menos si nos lo hemos dado, no se nota.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Campuzano i Canadés.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Quiero agradecer la comparecencia del secretario de Estado e intentar hacer una lectura positiva de la comparecencia de esta mañana, porque una mayoría muy amplia de los grupos podemos reivindicarnos como
partícipes de algunas cuestiones que, en un contexto tan pesimista y tan terrible como el que estamos viviendo en esta gran recesión, están funcionando de manera razonable. En primer lugar, el sistema público de pensiones -que como cualquier
sistema público de pensiones está fundamentalmente orientado a la reducción del riesgo de la pobreza entre las personas mayores-, con los límites que tiene, está cumpliendo su misión en estas crisis. El riesgo de pobreza de las personas mayores, a
raíz de la crisis, no tan solo no ha aumentado sino que ha disminuido ligeramente. También se debe al efecto del incremento de la pobreza en el conjunto de la sociedad, pero para las personas mayores el sistema público está jugando su función. Eso
implica que tenemos un sistema público de pensiones razonablemente bien orientado.


En segundo lugar, en una recesión iniciada en 2007, que está afectando brutalmente al mercado de trabajo, el sistema público de pensiones tiene capacidad financiera para resistir. En esta ocasión, a diferencia de otras crisis, a diferencia
de las crisis que vivimos a mediados de los años noventa, no estamos resolviendo los problemas de insuficiencia del sistema de pensiones por la vía del déficit, sino por la vía del Fondo de reserva. Eso tiene que ver con las decisiones que se
tomaron en el marco del Pacto de Toledo en 1995, y sustancialmente con dos medidas por las que entonces se optó, y que luego sucesivos gobiernos han ido desarrollando: separación de fuentes de financiación y puesta en marcha del Fondo de reserva.
El Fondo de reserva figura ya en las recomendaciones de 1995 y se concreta en un proyecto de ley que, si no recuerdo mal, se aprobó en los tiempos en que era secretario de Estado el señor Camps, que hoy nos acompaña en la Comisión. El señor Camps y
el señor Aparicio, que era el ministro en aquel entonces, no sé si preveían que tuviese su utilización en 2013, porque todos contemplábamos la puesta en marcha del Fondo de reserva para dentro de siete, ocho, nueve o diez años, y esta crisis ha
precipitado su utilización. En cualquier caso, es más razonable que utilicemos el Fondo de reserva en esta coyuntura, que no sea el déficit público el que se vea incrementado para cubrir el déficit que tiene el sistema de pensiones. Esto además
sucede en un contexto en el que el Gobierno ha tomado otra decisión que no es menor, cual es la culminación de la separación de las fuentes de financiación. Toda esta reflexión es compartida por todos, podría ser compartida por el Grupo Socialista,
por la Izquierda Plural, por Unión Progreso y Democracia, y me atrevería a decir que también podría, o debería, ser compartida por los partidos del Grupo Mixto. Es bueno que en este contexto seamos capaces de trasladar a la opinión pública que en
esta materia existen más puntos de encuentro que de desencuentro, porque la opinión

Página 21

pública nos lo agradecería. Se traslada una cierta preocupación por la concentración del conjunto de los recursos del fondo en la deuda pública española, casi en la totalidad del fondo. No sé si esa es la mejor opción, pero tampoco tengo
claro que las opciones alternativas sean mejores que esa. Por un principio de prudencia y cautela en esta cuestión en concreto mi grupo entiende que el Gobierno está haciendo una aplicación razonable de las decisiones que se deben tomar.


Tan solo lamento una cuestión. Mi grupo lleva años reclamando que los recursos del Fondo de reserva pudieran invertirse también en deuda pública autonómica, porque la calificación de la deuda pública española por parte de las agencias de
calificación no está tan lejos de algunas de las deudas públicas autonómicas. Creo que hubiese ayudado al sistema de financiación autonómico la posibilidad de que el fondo invirtiese parte de sus activos en el mismo, pero en su momento eso no fue
posible. Por tanto, respecto a la comparecencia sobre el Fondo de reserva, nos parece que estamos en la línea de la normalidad.


Con relación a la comparecencia solicitada también por mi grupo sobre las sentencias tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Europeo de Justicia sobre el régimen de cotizaciones a tiempo parcial, es indudable que la sentencia es
muy importante y que el Tribunal Constitucional afirma de manera rotunda que nuestro régimen de cómputo de las cotizaciones es inconstitucional y desproporcionado, que no garantiza la protección social necesaria a los trabajadores a tiempo parcial,
y no podemos minimizar esa sentencia. Lo que yo ahí reclamo al Gobierno es que en el marco de la concertación social y en el marco del Pacto de Toledo demos respuesta a la cuestión de fondo que nos plantea la sentencia, que es que debemos tener un
régimen de cómputo de las cotizaciones sociales que garantice una protección adecuada a esos trabajadores que van a dedicar buena parte de su vida a trabajar a tiempo parcial. Además, si ampliamos la mirada sobre cómo debe evolucionar el mercado de
trabajo en los próximos años, sabemos que el peso del tiempo parcial debe incrementarse en el conjunto de la contratación que se produce en el Estado español. Si no recuerdo mal, estamos en un 15% de peso del tiempo parcial del conjunto de la
contratación, estamos por debajo de la Unión Europea, y eso debe incrementarse. El tiempo parcial siempre ha tenido dos tensiones: desde el punto de vista empresarial, una demanda de flexibilidad en la utilización del mismo y, desde el punto de
vista de los trabajadores, la demanda de hacer posible esa flexibilidad con la conciliación de la vida familiar y laboral, así como lo que el Tribunal Constitucional pone encima de la mesa, que es una protección social adecuada. Por tanto, hemos de
hacer compatible esa reflexión sobre que el cómputo y los periodos de carencia que se determinen sean razonables en términos de sostenibilidad del sistema y la no discriminación de los trabajadores a jornada completa, pero no debemos olvidar que lo
que debemos garantizar es que aquellas personas que trabajan a tiempo parcial generen una protección social suficiente cuando dejen de trabajar. Ahí es donde habrá que encontrar ese punto de equilibrio. Yo no sé si debe operarse con relación al
tiempo de carencia, no sé si debe operarse con relación al multiplicador que hoy tenemos regulado para compensar el mecanismo de cotización por horas. Vamos a esperar a que los trabajos técnicos nos apunten una solución, pero creo que la clave es
también garantizar esa protección social suficiente para los trabajadores y las trabajadoras a tiempo parcial.


Finalmente, el resto de los portavoces han abierto debates que iban más allá del objeto de la comparecencia. Yo no tenía previsto hacerlo, pero me sumo a ello. Con relación al factor de sostenibilidad, quiero recordar a algunas de sus
señorías que en la Ley 27/2011, que mi grupo apoyó, y en los informes económicos sobre el impacto a medio y largo plazo de esa reforma se dice que sobre la reducción del gasto en pensiones el factor de sostenibilidad representa un punto y medio.
Por tanto, dado que afirmamos que la incorporación del factor de sostenibilidad va a implicar ese punto y medio de reducción del gasto de pensiones es razonable que seamos capaces de ponernos de acuerdo en qué entendemos por ello. Porque aquello
que permitió valorar en términos positivos la reforma 27/2011, que a efectos de las perspectivas a largo plazo de las cuentas públicas españolas era afirmar que esa reforma tenía un determinado impacto que garantizaba que el gasto en pensiones no se
disparase, se basaba en la idea de que el factor de sostenibilidad tenía ese peso de un punto y medio, casi el 50% de la reducción de gastos que operaba aquella reforma. Que seamos ya capaces de ponernos de acuerdo en lo que es el factor de
sostenibilidad no me parece mal, al contrario, nos da a todos tranquilidad. Otro debate es si el factor de sostenibilidad lo aplicamos ya, que es mucho más discutible...


El señor PRESIDENTE: Debería ir terminando ya, señor Campuzano.

Página 22

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Termino ya, señor presidente.


... o que el factor de sostenibilidad tenga que ver con el mecanismo de actualización de las pensiones, que es otro debate. Efectivamente, es un punto preocupante que en el papel que el Gobierno nos ha trasladado se incorpore como una
variable la indexación de las pensiones, porque yo creo que nos equivocaríamos si en el debate de las medidas a las que hoy tenemos que hacer frente para dar respuesta a los déficits del sistema de pensiones introdujésemos cambios y reformas que
condicionasen el futuro del sistema de pensiones con relación al objetivo principal que cualquier sistema público de pensiones debe pretender mantener, que es la reducción del riesgo de pobreza entre las personas mayores. Los problemas de hoy de
déficit están vinculados -y termino con esto, señor presidente- al mercado de trabajo, a la destrucción del empleo, y a esa cuestión es a la que hoy se debe dar respuesta. En cualquier caso, estamos convencidos de que el acuerdo político va a ser
imprescindible y que los expertos van a hacer su trabajo, pero el debate no es técnico, es un debate fundamentalmente político. Por tanto, invitamos a los grupos al diálogo y al consenso, que son imprescindibles para esta cuestión.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora España Reina.


La señora ESPAÑA REINA: En primer lugar, quiero darle la bienvenida al señor secretario de Estado y agradecerle la información que nos ha dado, así como su comparecencia.


El Grupo Socialista ha comenzado su intervención hablando del Real Decreto 5/2013. Creo que esto ya tuvo su debate, en el que intervino su compañera, la señora López i Chamosa, portavoz de su grupo en esta Comisión, pero quiero matizarle
algunas cuestiones que ha dicho porque no estoy en absoluto de acuerdo. Dice usted que el Partido Popular se ha saltado el Pacto de Toledo. Señoría, los informes correspondientes sobre la jubilación parcial anticipada y la compatibilidad llegaron
al Pacto de Toledo; el secretario de Estado y numerosos altos cargos del ministerio han comparecido en repetidas ocasiones y en muchas reuniones que ha habido sobre el Pacto de Toledo e incluso se suspendió por tres meses la entrada en vigor de la
Ley 27/2011. Además, también se les remitieron los informes a los agentes sociales, que hicieron advertencias y recomendaciones. Por lo tanto, señorías, nadie se ha saltado el Pacto de Toledo. Es verdad que el consenso es importante, me parece
algo fundamental, pero si el Partido Popular tiende la mano para ese consenso, estamos de acuerdo en que el resto de los grupos políticos también tienen que querer coger esa mano tendida, y hasta ahora ustedes, que son el principal partido de la
oposición y el principal responsable de la situación económica tan delicada que ha heredado este Gobierno del Partido Popular, se han opuesto a casi todo. Me habla usted del consenso, que es muy importante, estoy de acuerdo con usted, pero el
Partido Socialista aumentó en dos años la edad legal de jubilación pasando de los sesenta y cinco a los sesenta y siete y no lo hizo precisamente con consenso, ya que la mayoría de los grupos no estaban de acuerdo. Con respecto a la jubilación
anticipada y parcial -y ya termino con este tema-, señoría, su grupo obligó a los ciudadanos a trabajar dos años más y dejó abierta la puerta lateral. Es decir, lo que no puede ser es que el 50% de los ciudadanos se jubile en este país de forma
anticipada en el sistema general, tenían que haber adoptado también otros parámetros.


En cuanto al Fondo de reserva, quiero decir que es verdad que está dotado con una cantidad bastante importante. El portavoz de La Izquierda Plural hablaba sobre la concertación social, y estamos de acuerdo, pero debe decir también, señor
Coscubiela, que se aprobó por una ley del Partido Popular, que el Gobierno del Partido Popular en su momento ya fue lo suficientemente previsor como para crear este Fondo de reserva. Hoy estamos aquí hablando del Fondo de reserva porque existe, y
existe precisamente porque se creó para atenuar las fluctuaciones de los ciclos económicos y en momentos delicados como los actuales no tener que subir las cotizaciones sociales ni reducir las prestaciones. Es verdad que en el año 2012 se han
tenido que utilizar recursos de este Fondo de reserva, pero precisamente se ha utilizado para el pago de las pensiones y se creó para eso; se creó para utilizarlo cuando el propio sistema tenía problemas puntuales. Lo importante es que el Fondo de
reserva existe y que garantiza, en todo momento, el pago de las pensiones contributivas. Decía el señor Hurtado que le preocupa que se utilice el Fondo de reserva y que qué va a pasar con el Fondo de reserva. A mí me hubiese gustado, señor
Hurtado, que usted también hubiese estado igual de preocupado cuando los excedentes de la Seguridad Social de los años 2008 y 2009, por importe de 14.000 millones de euros -no fueron en su mayoría, solo se dotaron 1.740 millones de euros-, no fueron
a incrementar ese Fondo de reserva. Tenía usted que estar igualmente preocupado porque, al final, se privó al Fondo de reserva de esa cantidad bastante importante. Con respecto al Fondo de reserva le quiero decir que lo importante no solo es
tenerlo, sino también actuar con transparencia a la hora de dotarlo y, por supuesto, a la hora de hacer las disposiciones. Todas las

Página 23

disposiciones, cómo no, han sido conocidas, justificadas -y así va seguir siendo- desde que gobierna el Partido Popular.


Con respecto al déficit, le recuerdo que hemos heredado una Seguridad Social en déficit -lo ha dicho el secretario de Estado-; un déficit importante, que no es la primera vez que nos ocurre -nos pasa cada vez que ustedes se marchan del
Gobierno que dejan la Seguridad Social en números rojos- y aun con déficit hemos subido las pensiones. No sé por qué usted dice que se han bajado las pensiones. Las pensiones han subido un 1% en el año 2012 y un 2% para el 75% de los pensionistas
en el año 2013. En el año 2011, no solo heredamos una Seguridad Social en déficit, en quiebra, sino que además hemos heredado también unas pensiones congeladas.


También se ha hablado aquí de los sistemas privados y del sector asegurador. El compromiso del Partido Popular con el sistema público de pensiones es total y absoluto. Ahí está el cumplimiento de la primera recomendación del Pacto de
Toledo, que es la separación de las fuentes de financiación. Eso es, de verdad, apostar por la sostenibilidad del sistema público de pensiones, no lo que hizo el anterior Gobierno socialista, que cargó de forma impropia al sistema de pensiones
gastos impropios, como he dicho anteriormente. Ahí está el compromiso del Partido Popular. Esto ha supuesto, lógicamente, que se tengan que aumentar un 75% las transferencias del Estado a la Seguridad Social pasando de 9.000 millones de euros a
15.500 millones de euros y asumiendo, por primera vez, el Estado los complementos a mínimos. También quiero insistir en una idea importante. Ya se ha recuperado, a través de los rendimientos del Fondo de reserva, casi el 50% de lo que se ha
utilizado para el pago de pensiones. Eso es importante. Es importante que en el año 2012 los rendimientos hayan sido 2.970 millones de euros; 753 millones más que en el año 2011.


Con respecto a la composición, se ha hablado aquí sobre el porcentaje de deuda extranjera que se ha reducido, efectivamente, con respecto a lo que había. Quiero recordar que usted también intervino el año pasado, cuando hablábamos del Fondo
de reserva y de su gestión del año 2011, gestión que presentó el actual secretario de Estado -que no era de su propia gestión sino del Gobierno socialista- y usted preguntó si se iban a seguir los mismos criterios en cuanto a inversión. Habló usted
de buena gestión del fondo -esas eran sus palabras- y a la mayoría de las personas que intervinieron, a los portavoces, también les pareció buena gestión. (El señor Hurtado Zurera: Y lo sigo manteniendo.) Por lo tanto, si en su momento era buena
gestión del fondo y se han mantenido los criterios, creo que también podemos calificar ahora de buena gestión del fondo y que se siga invirtiendo en deuda pública.


Con respecto a la reforma laboral, hablaba usted del golpe que ha tenido por la sentencia del Tribunal Supremo. Lo único que quiero decir es que no ha sido ningún golpe. Los jueces no van contra la reforma laboral porque los jueces no van
contra las leyes. Se ha declarado nulo por defecto de forma, pero eso ya lo dijimos nosotros cuando se presentó la reforma laboral, que esto no iba a ser una barra libre para despedir a los trabajadores. Por lo tanto, nos ratificamos en que la
reforma laboral es una reforma completa, equilibrada y que garantiza el derecho de los trabajadores.


Habla usted también de las previsiones presupuestarias. El año en que el Partido Socialista congeló las pensiones hubo una desviación con respecto a los ingresos en la Seguridad Social de más de 5.000 millones de euros. Por lo tanto,
señoría, lecciones presupuestarias, las justas. Es verdad que ha descendido, lamentablemente, en más de 3 millones el número de cotizantes a la Seguridad Social. Le recuerdo que ustedes dejaron 2.300.000 cotizantes menos a la Seguridad Social y
que tenemos 6 millones de parados, pero que ustedes dejaron 5.273.000. Con respecto al factor de sostenibilidad, quiero aclarar e insistir en una cuestión que dijo hace unos días la ministra en la reunión informal que tuvo con los portavoces de
esta Comisión. El factor de sostenibilidad tiene como misión fundamentalmente fortalecer el modelo actual. No estamos hablando de un cambio de modelo, sino de fortalecer el actual modelo de reparto, donde un comité de expertos, efectivamente,
analizará los componentes; cómo componer la fórmula; hará un informe, pero quiero aclarar que el informe va a ser el punto de partida. Por supuesto, los que tenemos voz y voto y los que tenemos que analizar ese informe y tomar la decisión
correspondiente sobre el factor de sostenibilidad somos los miembros que estamos en esta Comisión. Es verdad que se alude en la documentación que se nos ha hecho llegar a los países de la Unión Europea, pero es que casi todos los países de la Unión
Europea ya tienen el factor de sostenibilidad.


Con respecto a la sentencia sobre el trabajo a tiempo parcial, quiero decir que es una cuestión importante, que va a requerir el consenso político de esta Cámara, el consenso político del pacto de Toledo y, también, el consenso con los
agentes sociales. Espero que seamos capaces de encontrar una fórmula que reconozca los derechos de los trabajadores a tiempo parcial, pero que lo haga de una forma

Página 24

equitativa y equilibrada, que no produzca distorsiones ni discriminaciones, que ya hemos visto a raíz de esta comparecencia como se pueden producir discriminaciones tanto dentro del tiempo parcial como con respecto al régimen general, una
reforma urgente.


Señor presidente, voy terminando. Quiero constatar lo positivo que me parecen las reuniones que se han producido entre el Gobierno de España y entre los agentes sociales para crear ese grupo de trabajo y para analizar, de forma consensuada,
la mejor solución para todos. Por lo tanto, espero alcanzar ese consenso tan deseado en esta Comisión del Pacto de Toledo, apelo al consenso y tiendo la mano del Grupo Parlamentario Popular para alcanzar la mejor solución para todos. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Para responder a las intervenciones de los distintos portavoces vuelve a tener la palabra el señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Burgos Gallego): Señorías, voy a intentar dar respuesta cumplida a la mayoría de las cuestiones que han planteado que, como no puede ser de otra manera, son muy variadas y requerirían
probablemente explicaciones mucho más complejas.


Señor Hurtado, le reconozco a usted el impulso renovado de haber venido a esta Comisión con ganas de que cobre un protagonismo y un respaldo político significativo. Lo que ocurre es que yo he tenido la ocasión de formar parte de esta
Comisión durante muchos años, y tengo algunos elementos de comparación de cómo se ha utilizado el Pacto de Toledo, la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, para tramitar o no las normas que, en materia de pensiones, se han venido desarrollando
en épocas anteriores. Fíjese usted, la primera ley que aprueba el Gobierno del señor Zapatero cuando llega es una ley que permite a las comunidades autónomas complementar las pensiones no contributivas a su antojo, distorsionando una legislación
que acababa de aprobar muy poco antes, en virtud además de una sentencia del Tribunal Constitucional, el Gobierno del Partido Popular. La primera ley se hizo sin ningún tipo de consenso, simplemente con la imposición de sus votos y de algún otro
partido que estaba especialmente interesado en que eso se pudiera generalizar. Y la última, la Ley 27/2011 carece de consenso alguno. ¿Qué consenso pueden esgrimir ustedes en la Ley 27/2011, si no fue votada nada más que por sus propios votos y el
de otro grupo parlamentario? Ustedes ni siquiera plantearon votaciones de esa ley en el Pleno del Congreso o en el Pleno del Senado. Evitaron cualquier votación de totalidad. ¡Si salió de esta Comisión, con competencia legislativa plena, con un
voto de diferencia, sin ningún apoyo del grupo parlamentario de la oposición más importante! ¿Qué clase de consenso y qué clase de acuerdo pone usted como ejemplo significativo? Nosotros entendemos que en estos momentos, ante una situación como la
que se planteaba en nuestro país, una modificación puntual de la Ley 27/2011, que era la que afectaba a un artículo y medio de esa ley, no exigía una reforma con grandes consensos ni grandes acuerdos; lo que sí exigía era un proceso de diálogo
previo al que invitamos a todos los grupos parlamentarios. Como aquí bien se ha dicho por parte de la portavoz del Grupo Popular, yo mismo abrí ese debate en el seno de esta Comisión. Se nos dice: Vengan al Pacto de Toledo a suscitar los debates
y los diálogos oportunos. Eso es exactamente lo que hemos hecho en esta legislatura, probablemente por primera vez en la historia, en la que nunca ha habido ni informes, ni documentaciones, ni propuestas previas a la presentación de los proyectos
de ley. Quizá todo es mejorable y quizá todo se puede cambiar. Usted dice: Hay que volver al Pacto de Toledo. Señoría, yo he comparecido en varias ocasiones este año planteando además debates importantes: debates sobre el empleo del hogar,
debates sobre la compatibilidad de salario y pensión, debates sobre la jubilación parcial, sobre la jubilación anticipada, sobre las tensiones de tesorería, sobre el Fondo de reserva. Yo creo que este pacto está más vivo que nunca, que tiene más
contenido que nunca y quizá deberían plantearse, además de que venga el Gobierno, hacer ustedes algún trabajo adicional de estudio y de análisis, porque hay muchos elementos del sistema que están en estos momentos encima de la mesa.


La sentencia del Tribunal Constitucional puede ser sin duda un elemento claro en el que el Pacto de Toledo debe empezar a trabajar como lo están haciendo los agentes sociales, como lo van a hacer esta misma tarde de la mano del Gobierno y
con la absoluta colaboración del mismo para llegar a la mejor conclusión posible. Pero el Gobierno no necesita estar animando permanentemente a la Comisión parlamentaria a que asuma su responsabilidad y a que analice, estudie, pida las
comparecencias oportunas sobre estas o sobre cualesquiera otras materias. Yo no tengo ningún problema en instar al Pacto de Toledo a cuantos debates sean pertinentes y sean oportunos, pero el Pacto de Toledo tiene su propia dinámica; es una
comisión parlamentaria y, por tanto, son los grupos los que mandan y los que establecen las condiciones de los debates y las prioridades de sus desarrollos. Pero, en comparación con cómo se

Página 25

gestionaban otros procesos de reformas normativas, creo que las resistimos todas, aunque solo sea porque esas reformas legales no transitaron por el Pacto de Toledo con anterioridad. Por el Pacto de Toledo transitó la elaboración de las
recomendaciones generales, pero el Pacto de Toledo jamás votó una reforma legal ni una reforma normativa de calado en materia de pensiones, y hubo varias normas que se fueron aprobando en las dos legislaturas anteriores.


Nosotros estamos dispuestos a que cada vez que haya que tomar alguna iniciativa de carácter normativo se venga aquí, como hemos hecho, se plantee aquí el debate, y en ningún lugar antes que aquí, y se pueda sustanciar esa invitación al
diálogo con los mejores resultados posibles. Ustedes mismos nos pidieron que ampliáramos tres meses el tiempo para aprobar una norma en aras de ese diálogo, lo que pasa es que a veces el diálogo también exige que los grupos, sobre todo los grupos
con mayor protagonismo y que tienen una consistencia y una capacidad de asumir su propio liderazgo social muy importantes, aporten algo, aporten sus propias visiones sobre las materias a plantear, y no hemos recibido por parte del Grupo Socialista
la más mínima indicación sobre cuáles eran sus posiciones. Sí lo hemos recibido de otros grupos, y tengo que decirle que en relación con ese real decreto-ley sobre las jubilaciones anticipadas y parciales, la posición del Gobierno se ha adaptado
con mucha flexibilidad a muchas de las decisiones y a muchos de los planteamientos que nos han trasladado los agentes sociales y los grupos parlamentarios. Se lo digo con absoluta claridad, como pretendemos que sea siempre.


Sobre el Fondo de reserva, creo que se ha comentado que el Grupo Parlamentario Popular en la anterior etapa y yo mismo como portavoz no hicimos sino avalar los criterios de inversión que se venían desarrollando en el Fondo de reserva,
sabiendo además que se estaban modificando sustancialmente los criterios de inversión, porque es verdad que hubo una etapa en la que se invirtió en deuda pública extranjera, pero en mi intervención he explicado la razón por la que se hizo esa
inversión en deuda extranjera, y es que el circulante de deuda española no era suficiente como para asimilar todo el potencial de inversión que tenía el Fondo de reserva y había que salir a otros escenarios. Cuando se decidió salir a esos
escenarios, lo que sí quedó meridianamente acreditado es que esas inversiones debían tener la máxima calidad crediticia y, por tanto, la máxima solvencia, porque nos jugamos mucho con los recursos del Fondo de reserva, pero la deuda española jamás
estuvo en cuestión. Ahora, por razones obvias, hay que mantener esa apuesta. Ya veremos si cambian las circunstancias, si la deuda española disminuye, si es pertinente o no mantener ese porcentaje de inversión, porque a quienes nos dicen, como el
portavoz de UPyD, que les parece importante la diversificación, sabiendo que no podemos invertir en otra cosa que en deuda pública, les digo que solo cabe una alternativa. Si no queremos deuda pública española, ¿en qué deuda pública invertimos?,
¿en la deuda pública alemana, que nos remunera al 0%? Yo no sé si esa es la mejor estrategia para captar recursos que vayan al Fondo de reserva y a nuestro sistema de pensiones. ¿En la deuda francesa, con ministros que dimiten porque tienen
cuentas en el extranjero y un primer ministro que está en las horas más bajas de calificación por sus conciudadanos respecto a su gestión? Tampoco sé si es lo más adecuado. ¿En los Países Bajos? Señoría, creo que la diversificación es óptima en
condiciones de normalidad, cuando existen unas escenarios de desarrollo y de crecimiento económico razonables y donde los países pueden trabajar con unas ciertas garantías sobre la evolución mediata e inmediata de los escenarios económicos. Nada de
eso se produce desafortunadamente en estos momentos y, por tanto, invertir en deuda pública española tiene por muchas razones enorme interés para el sistema público de pensiones, enorme interés para el Fondo de reserva de la Seguridad Social.


Me dicen que la remuneración del Banco de España es escasa. La remuneración del Banco de España viene ligada a los tipos de interés que fija el Banco Central Europeo; no es que el Banco de España se despierte un día y establezca que sus
remuneraciones se desvinculan de esos conceptos. Lo que sí estaba fuera de lugar es que tuviéramos que pagar siete puntos adicionales en ese convenio de remuneración de nuestra cuenta con el Banco de España que no respondían a ninguna lógica y que
venían de la etapa anterior, y lo que hemos hecho es renegociar ese convenio precisamente para que nuestras condiciones de gestión de esa cuenta mejoren sustancialmente. Ha mejorado un millón de euros, tampoco tenemos un volumen en cuenta como para
conseguir sustanciales mejoras, lo que es evidente es que no tiene ningún sentido tener más recursos en la cuenta del Banco de España que los que necesitamos expresamente para mantener una situación de liquidez por si en un determinado momento
pudiera haber algún desajuste y que en estos momentos la retribución de esa cuenta es sustancialmente mejor que la que nos encontramos cuando llegamos al Gobierno.


Sobre el Fondo de prevención y rehabilitación, en estos momentos se sigue dotando con los recursos de las mutuas. En su momento se adoptó la decisión de acceder a los recursos del mismo, que eran unos

Página 26

recursos vinculados básicamente a las labores de prevención que estaban sobredimensionados respecto a su utilización habitual, que implica unos recursos que nunca han llegado ni siquiera a los 100 millones de euros anuales, por tanto,
parecía bastante lógico que antes de acceder al Fondo de reserva pudiéramos disponer de esos recursos, por la estrategia que le he planteado antes, porque retrasar en lo posible el acceso al Fondo de reserva permite que se sigan generando
rendimientos y que, lo hagamos por la vía de acumular las transferencias del Estado en los primeros meses o por la vía de utilizar otros recursos de financiación, como pudo ser el Fondo de prevención, mantener más tiempo nuestros recursos en el
fondo supone una ventaja, supone generación de más rendimientos, de más intereses a sus inversiones y, por tanto, de más dotaciones para el propio fondo.


Ni una sola pensión ni prestación se ha congelado con este Gobierno. Usted nos acusa como si perteneciera a un grupo parlamentario de nueva creación. Aquí los únicos que han congelado, y congelar sí que es producir una reducción muy
significativa de las pensiones sobre todo en el año en que mayor diferencia se produjo en cuanto a la evolución del IPC, fueron ustedes. Nosotros hemos subido todas las pensiones, algunas más que otras, teniendo en cuenta las condiciones económicas
y sociales de nuestro país, y estamos muy orgullosos de haber tenido la capacidad de discriminar precisamente entre aquellos que sí necesitaban un esfuerzo adicional, un esfuerzo añadido; pero ni una sola pensión ni una sola prestación económica
del sistema se ha congelado con este Gobierno.


Usted me pregunta cuáles son las previsiones de actividad económica y de crecimiento. Nosotros no hacemos previsiones, nosotros nos limitamos a marcar objetivos, y el equilibrio presupuestario es un objetivo deseable para el sistema de
pensiones. Lo es para el conjunto del sistema económico y social de nuestro país, pero especialmente para el sistema de pensiones, porque la sostenibilidad del mismo tiene mucho que ver con que los flujos de ingresos y gastos sean bien canalizados,
sean asumidos y no generen importantes disfunciones, como puede estar ocurriendo en la realidad. Por tanto, tardaremos más o tardaremos menos, porque no depende exclusivamente, como ustedes saben perfectamente, de la voluntad de la Seguridad
Social, pero el equilibrio presupuestario del sistema debería ser un objetivo a perseguir y desde luego un objetivo a marcar año a año en nuestro sistema, y no porque lo diga la ley, que ya lo dice -la Ley de sostenibilidad y la Ley de Equilibrio
Presupuestario-, sino porque eso es lo positivo para el sistema. Obviamente un sistema de pensiones fiable, solvente y que sea capaz de garantizar el futuro no puede vivir de la deuda pública, tiene que vivir de un equilibrio entre su capacidad de
generar ingresos y unos principios de equidad y de contributividad que hagan posible su mantenimiento en el tiempo.


El Pacto de Toledo puede estudiar, puede definir y puede abordar la reforma en relación con la sentencia del Tribunal Constitucional, naturalmente; lo estamos haciendo hoy y pueden hacerlo ustedes a partir de mañana con todas las reuniones
que consideren oportunas, y si ustedes nos piden comparecer de nuevo para darles cuenta de cómo marchan esos trabajos con los agentes sociales, lo haremos encantados. Pero yo creo que dibujando el escenario, planteando cuáles son las actuaciones
más inmediatas, y estableciendo cuáles son las valoraciones económicas y las valoraciones en términos de equidad que se pueden producir en este sistema, es más que suficiente para que el Pacto de Toledo diseñe su propia actividad en relación con
esta materia. Por tanto les invito claramente, y a ustedes especialmente como grupo mayoritario, a que en el seno del Pacto de Toledo y con el Gobierno podamos encontrar una solución adecuada. Insisto en que a la tercera tiene que ir la vencida.
No podemos tener permanentemente en situación de inseguridad jurídica un sistema de cotización a tiempo parcial, que es muy importante, como decía el señor Campuzano, no solamente por su volumen de utilización en nuestra sociedad, sino porque somos
perfectamente conscientes de que gran parte de nuestras posibilidades de crecimiento de empleo van a tener que ir necesariamente vinculadas al desarrollo de esta modalidad de contratación, como está ocurriendo en otros países, en países que tienen
10 o 15 puntos más de contratación a tiempo parcial que España; y no por un problema coyuntural o por la imposibilidad de acceder a otros trabajos a tiempo completo, sino porque probablemente los propios ciudadanos eligen esas fórmulas porque hacen
mucho más compatibles sus esquemas de vida, sus esquemas laborales y sus esquemas profesionales. No trabaja a tiempo parcial solamente el que no puede trabajar a tiempo completo, también trabaja a tiempo parcial quien quiere conciliar, quien tiene
otras prioridades diferentes en su vida, o porque esta fórmula se adapta exactamente a sus requerimientos, sean estos puntuales o sean de forma permanente. A la señora Fernández Davila tengo que decirle lo mismo en relación con el Real Decreto-ley
5/2013. ¿Cuándo se ha votado un proyecto de ley en la Comisión del Pacto de Toledo? Nunca. ¿Cuándo se ha traído antes de aprobar un anteproyecto, un proyecto o un real decreto, a esta

Página 27

Comisión un informe estableciendo los criterios, estableciendo los análisis, ofreciendo los datos cuantitativos y cualitativos y fijando los escenarios de posibles iniciativas? En esta ocasión. Francamente no recuerdo otra anterior. Creo
que el Gobierno ha hecho sus deberes en relación con el Fondo de reserva. Difícilmente hubiera sido posible tramitar como un proyecto de ley normal una modificación puntual del Fondo de reserva que permitía ampliar el margen de utilización del
mismo cuando estábamos ante una situación de necesidad inmediata de liquidez, y de retribución de esas nóminas de pensionistas que no pueden esperar a que un proyecto de ley se tramite por mucho mecanismo de urgencia que se utilice.


El Gobierno no siente ningún tipo de preocupación en relación con esta cuestión. Admitiría una crítica si no hubiéramos hecho nuestros deberes en relación con el compromiso fundamental que tiene el Gobierno, que es esa separación definitiva
de fuentes de financiación. Yo entendería una crítica política, y probablemente la compartiría si el Gobierno no hubiera hecho el mayor esfuerzo que nunca se ha hecho en abordar la separación de fuentes de financiación. Aun así, aun haciendo en el
año 2012 un incremento de 1.000 millones adicionales para cubrir esa financiación no contributiva, pasando del 38 al 50% de cobertura de complementos a mínimos, fue necesario recurrir al Fondo de reserva. Este año hemos hecho el esfuerzo de pasar
del cincuenta al cien por cien. Insisto, no solamente de los complementos a mínimos, también de todo el ámbito no contributivo, que son unos cuantos miles de millones adicionales más.


Como la portavoz del Grupo Popular bien ha señalado, estamos aportando en estos momentos desde el Estado a la Seguridad Social más de 15.500 millones de euros. Aun así, la Seguridad Social tiene problemas, pero el Gobierno ha hecho sus
deberes y ha cumplido con unas exigencias que no solo porque lo decía la ley, sino porque era absolutamente fundamental para el sostenimiento del sistema, se tenían que acelerar y se han acelerado. Nosotros, más allá de esas reformas muy puntuales,
insisto, de un artículo de la jubilación anticipada y un artículo de la jubilación parcial, prácticamente no hemos tocado la Ley 27. Podíamos haber hecho una reforma completa y tendríamos toda la legitimidad para ello. Su grupo no votó la Ley 27.
Se muestra muy entusiasta de que no se toque y no se reforme, y me parece bien porque las cosas evolucionan y se cambia de criterio, quizá nuestra reforma hubiera sido probablemente más profunda porque nosotros no compartíamos gran parte de esa ley.
Es verdad que hemos modificado las lagunas de cotización; es verdad que hemos eliminado que se descapitalice de su patrimonio inmobiliario a la Seguridad Social; es verdad que hemos tocado la jubilación parcial y anticipada y hemos hecho una
reforma justa, una reforma equilibrada y una reforma desde nuestro punto de vista acertada a las necesidades de España, pero no hemos tocado lo demás.


La Ley 27 -lo sabe perfectamente- tiene muchos contenidos que son discutibles, pero que en determinados momentos se asumen y se desarrollan y la estamos desarrollando además en aspectos que sí suponen mejora de derechos de los ciudadanos.
Hace muy poco tiempo hemos puesto en marcha el Real decreto del convenio especial de personas con discapacidad, que es desarrollo de la Ley 27, pero que podía haber quedado muerto, como tantas otras previsiones normativas cuando se hacen mandatos a
los Gobiernos futuros, en lugar de resolver las cosas en el momento oportuno; como hemos desarrollado las prestaciones, como hemos desarrollado el reconocimiento del cuidado de hijos a efectos de la cotización en el sistema. Estamos desarrollando
muchos aspectos de la Ley 27, pero son los aspectos que nos parecen positivos para el sistema. Los que abundan no solamente en mejorar los derechos, sino en hacer el sistema más cohesionado, más solvente, más seguro, más estable y más afianzado
para el futuro, y creo que esa es la línea adecuada. Desde luego, los gobiernos tienen la obligación moral de que si identifican algún aspecto de una norma que no solo no es positivo, sino que tiene efectos contraproducentes para el sistema en su
conjunto, se modifique lo más rápidamente posible. Lo hemos hecho tras cinco meses de anunciar esa voluntad de reforma, porque hemos, no voy a decir gastado, empleado cinco meses en dialogar, en hablar y en cotejar diferentes alternativas. Hay
grupos que no nos han trasladado nada y hay otros que sí nos han trasladado, hemos recogido, y han señalado una reforma claramente mejor que la que inicialmente podía haber estado planteada.


En relación a la exposición del señor Cuadra, que ha girado sobre el factor de sostenibilidad, nosotros queremos desarrollar un elemento de nuestra legislación que está en la Ley 27. Si se nos dice que no modifiquemos la Ley 27 y que la
cumplamos, aquellos aspectos que están en la Ley 27 que son susceptibles de desarrollo tendrán que desarrollarse, porque si no tampoco la estaríamos cumpliendo. Hay aspectos que nos parece positivo que se desarrollen. El factor de sostenibilidad
es un elemento positivo de indudable trascendencia. Algunos agentes sociales lo han calificado en reuniones oficiales como un elemento estratégico para el sostenimiento futuro de nuestro sistema de pensiones. Nosotros compartimos ese

Página 28

análisis y no estamos haciendo nada raro. Esto es algo que están haciendo la inmensa mayoría de los países de nuestro entorno. Invitamos al Pacto de Toledo a que no espere a la emisión del informe del comité de expertos.


Nos ha parecido interesante en esta ocasión, a diferencia de otras veces, que se concitaran opiniones muy diversas en un comité de expertos que fueran capaces de centrar el debate sobre esa cuestión y ofrecer alternativas interesantes, y que
ese grupo de expertos traiga el documento al Pacto de Toledo. Pero hemos convenido con todos los grupos que eso no limita en absoluto la posibilidad de que otros expertos o que otros grupos puedan trasladar sus opiniones. ¿Cómo podríamos hacer
algo así? El Gobierno no tiene capacidad para decidir por el Pacto de Toledo quién comparece y quién no. Sí nos parece adecuado en esta ocasión, y en base a ese derecho comparado, que un grupo de expertos, todos ellos con una dilatadísima
experiencia en materia de estudio y trabajo sobre nuestro sistema de pensiones, pudieran elaborar una propuesta. Ni siquiera sabemos si la pueden configurar o no. En todo caso confiamos, y así nos lo han trasladado, en que pondrán el máximo
esfuerzo.


Las reformas no se hacen con la voluntad de restringir ni de recortar. Aquí hay un principio general que comparte la Unión Europea y que comparten los documentos de las instituciones comunitarias que nosotros suscribimos al completo. Hay
que ser capaces de diseñar mecanismos en los sistemas de pensiones que garanticen pensiones adecuadas y pensiones sostenibles. Y tan importante es que sean adecuadas, llámenles ustedes dignas o llámenles suficientes, como que sean sostenibles en el
tiempo. Y para que sean sostenibles en el tiempo necesitamos recursos posibles hoy y recursos sostenibles mañana. Esa es la única manera de que las reformas de los sistemas de pensiones cumplan con su objetivo.


Al señor Anchuelo le preocupa la falta de diversificación, y como principio general la diversificación puede ser buena o puede ser mala. Depende de dónde diversifique uno. Algunos fondos de pensiones como el francés que diversifica ha
llegado a perder el 28% de sus recursos en un solo año, precisamente porque diversifica, probablemente de forma entiendo que no poco meditada, entiendo que suficientemente meditada, pero a veces la diversificación también trae aparejados enormes
perjuicios para el sistema. E insisto, me propone que vendamos deuda española, que vendamos España y que compremos Alemania, que compremos Francia, que compremos Países Bajos. Francamente, creo que en estos momentos estamos haciendo lo adecuado y
lo importante para nuestro país. Es verdad que con el empleo del Fondo de reserva estamos solventando un problema coyuntural. No estamos ganando tiempo; estamos dando respuesta precisamente a la causa para la cual nació el Fondo de reserva, que
son situaciones económicas complicadas, ciclos económicos bajos que producen importantes desequilibrios entre los ingresos y los gastos del sistema. Yo le he dado un dato que es importante. Comparando el año pasado, cotizaciones con prestaciones
contributivas, teníamos un desfase de más de 7.700 millones de situación deficitaria en el ámbito contributivo, procedente del año 2010 y del año 2011. Es decir, más del doble de lo previsto para poder utilizar el Fondo de reserva.


Quizá por esa razón, por ese desequilibrio acumulado en el año 2010 y que ya estaba claramente en marcha en el año 2011 no se efectuó la comparecencia del año 2011. Quizá habría que haber dado explicaciones entonces, cuando ya en ese
momento se conocía no solo el desequilibrio financiero a efectos de dotación del Fondo de reserva de 2010, sino también el que se iba a producir en el año 2011. Quienes dan lecciones de transparencia decidieron desaparecer del mapa y no hubo esa
comparecencia, incumpliendo la ley que obliga a que estas comparecencias se produzcan con carácter anual. Fíjese, llevábamos una bola de nieve de los años anteriores que hacía perfectamente previsible la situación actual. El sistema había pasado
de un resultado positivo del ejercicio a efectos de dotación del Fondo de reserva de 10.357 millones en el año 2008, a uno que ya fue de 4.073 en el año 2009, a uno que ya fue negativo de 1.877 en el año 2010, y a uno que fue negativo de 6.277
millones de euros en el año 2011. ¿Cómo es posible que con esta información se asegurase que el Fondo de reserva no se iba a tener que utilizar hasta el año 2020 o hasta el año 2023? Yo creo que de poco sirve ya recordar estas cosas salvo quizá
para que algunos se muestren un tanto más comedidos a la hora de hacer algunas afirmaciones. Porque como le digo la bola de nieve que venía hacia nosotros lo hacía ya entonces, en el año 2010 y en el año 2011, a gran velocidad y con una dimensión
absolutamente tremenda, como así hemos podido constatar.


Afrontamos los problemas porque se están haciendo reformas, porque se están tomando decisiones en el ámbito de los ingresos -y eso es muy importante- y también se están tomando decisiones en aquellos elementos que claramente son
incompatibles con un sistema del de nuestras características. Pero no paramos de tomar decisiones y decisiones útiles para el sistema.

Página 29

¿Se utilizará el fondo? Usted sabe que tenemos dos momentos puntuales a lo largo del año: las pagas extraordinarias, a las que tenemos que asistir con enorme interés sobre la evolución del sistema para ver si estamos en condiciones de
sufragar el pago completo de las prestaciones de nuestros ciudadanos. Lo que sí puedo decirle es que durante el primer trimestre no ha sido necesario y que estamos trabajando para que si lo fuese sea lo más tarde en el tiempo posible. Yo creo que
esa es la decisión que también esta haciendo posible el trabajo activo de coordinación con otros ámbitos de nuestra Administración del Estado para que esas transferencias, que este año además van a ser las más importantes de la historia, que superan
los 15.500 millones de euros para financiar los complementos a mínimos y todo el ámbito no contributivo, que respalda el cien por cien de ese gasto por primera vez en la historia del sistema de Seguridad Social, hagan que la utilización de ese
fondo, si así fuera necesario, sea lo más tarde posible.


Sobre los datos de tiempo parcial nosotros hemos trabajado obviamente con las estadísticas de la EPA, con los contratos a tiempo parcial que están en estos momentos vigentes, no tengo ningún problema en hacerle llegar a usted las
simulaciones que han llevado a estas conclusiones, lo que sí le puedo garantizar es que aquí no hacemos ninguna afirmación -sobre todo cuando se trata de hacer valoraciones económicas- que no esté suficiente y sobradamente asentada en datos fiables.
Pero incluso más allá del efecto económico global lo que yo he tratado de poner de manifiesto, con algunos de los ejemplos, es que el sistema, de no modificarse, de mantener el criterio de día trabajado, día cotizado, no solamente generará un
problema de sobrecoste de en torno a esos 1.900 millones de euros, que no es lo que nos va a costar cambiar el modelo, es lo que nos costaría si no lo cambiamos, sino que lo que vamos a provocar es un régimen de discriminación probablemente muy
superior al que el Tribunal Constitucional pretende evitar con su sentencia. Es decir, ampliaríamos la discriminación hasta límites nunca vistos en un sistema que se dice contributivo y equitativo y, por lo tanto, no es el efecto económico global
lo que nos preocupa más, nos preocupa obviamente por la situación en la que se encuentra el sistema, meterle más presión de gasto sería irresponsable, si podemos encontrar alternativas razonables. Desde luego, la solución que se persigue -y también
contesto al señor Coscubiela- tiene que dar cobertura adecuada absolutamente adecuada a las personas que realizan una actividad laboral o profesional, lo hagan a tiempo parcial o lo hagan a tiempo completo, pero también tiene que mantener los
principios de contributividad, los principios de proporcionalidad y de equidad, que junto a la solidaridad y al reparto son los que caracterizan el sistema español de Seguridad Social, y esto significa dotar de mayores niveles de sostenibilidad y de
viabilidad el sistema de prestaciones económicas, y ello porque no podemos olvidar que precisamente el enorme incremento de pensiones que supondrá la sentencia del Tribunal Constitucional no va a ser financiado por otra cosa que por las cuotas del
sistema y, por lo tanto, ante una situación de insuficiencia de cuotas una sobrecarga excesiva lo único que nos va a obligar es a tomar medidas probablemente más perturbadoras. Hay otro elemento que también debe presidir cualquier reforma en
materia del tiempo parcial, y es evitar situaciones fraudulentas o irregulares, por supuesto evitar cualquier mecanismo que pueda incorporar, que implique la desincentivación de la cotización. Tenemos que trabajar todos en una línea en la que
incentivar la cotización sea la prioridad, ajustar la cotización al esfuerzo realizado sea una condición sine qua non del sistema, y garantizar que todos cumplen con sus obligaciones, todos, también lo es en el futuro.


Sobre la consulta o no del comité de expertos, no tiene mucho sentido abrir un proceso de consultas a todos los grupos políticos, parlamentarios y agentes sociales sobre su composición, que son precisamente eso, expertos, que no responden a
ningún lobby, ni responden a ninguna cuota ni sindical ni empresarial ni académica ni universitaria. Son un grupo de expertos seleccionados en función de trayectorias ampliamente respaldadas, con trabajos de todos conocidos, y francamente me parece
muy poco acorde con la cortesía parlamentaria entender que un grupo de expertos no puede trabajar respondiendo a lo que son sus conocimientos, sus experiencias y su mejor voluntad en beneficio del sistema público de pensiones español. La única
retribución que van a alcanzar por ello es precisamente aumentar su prestigio profesional, y están absolutamente decididos a dar lo mejor de sí mismos para que además el Pacto de Toledo disponga de documentos y elementos de trabajo y de actuación
que tendrán un plus de pluralidad, un plus de debate y de diálogo que a nosotros nos parece especialmente importante, porque además el Gobierno ha pedido que haya un amplio debate público sobre un tema como es el factor de sostenibilidad. Nos
parece muy oportuno que en este país, además de la Comisión del Pacto de Toledo, además de los agentes sociales, también los ámbitos académicos, los ámbitos profesionales y los ámbitos empresariales puedan discutir y dialogar sobre cuestiones que
nos afectan a todos. Es valioso que exista ese comité de expertos. Desde luego podrían integrarlo otras muchas personas, faltaría más, pero creo que ninguno de

Página 30

los que pertenecen a él responde a ningún tipo de indicación ajena a sus propios criterios, su propia formación y su propia profesionalidad.


Señor Coscubiela, usted mismo ha dicho que no apoyó la Ley 27 ni el Pacto de Toledo. (El señor Coscubiela Conesa: Yo no he dicho eso.) Bueno, su grupo parlamentario. Ni el Pacto de Toledo ni el anterior. (El señor Coscubiela Conesa hace
gestos negativos.) En el anterior se abstuvieron ustedes activamente, es una aportación significativa al debate parlamentario, pero tampoco lo suscribieron. Por tanto, entiendo que usted se adhiere a los compromisos de ese pacto e incluso va más
allá y se adhiere al cumplimiento estricto de leyes que ustedes criticaron de forma muy importante. En todo caso el proceso abierto para discutir el factor de sostenibilidad responde precisamente, como he dicho, a esa Ley 27, pero responde también
al interés general de España. Es que el factor de sostenibilidad es un elemento que otros países han incorporado en positivo para la sostenibilidad a medio y largo plazo, que no está para resolver las cuentas de la Seguridad Social de este año ni
del siguiente, y que por lo tanto debe ser diseñado pensando en la evolución futura de los indicadores que claramente tienen incidencia sobre el sistema de pensiones, que no solo es la evolución demográfica de nuestros ciudadanos, sino otros muchos
elementos que usted conoce perfectamente, porque es un gran experto en nuestro sistema de pensiones. Tampoco me parece justo que se utilice un foro parlamentario para desacreditar a sectores profesionales y a sectores empresariales que están
haciendo su labor, sobre todo cuando el propio Pacto de Toledo también configura nuestro sistema como un sistema en el que el ámbito complementario del aseguramiento de pensiones juega un papel esencial de la mano del sector público, y desde luego
no deslegitimándolo ni debilitándolo. El principio de complementariedad entre el sector público y el sector privado es un principio básico del Pacto de Toledo desde el año 1995, y además -y yo lo he recalcado en muchas ocasiones- sus
recomendaciones al respecto son precisamente de las más desarrolladas del propio pacto porque todos los grupos pensamos que ese es un papel básico que hay que jugar. Creo que deslegitimar una parte que si está ahí es para atender al propio
desarrollo del Pacto de Toledo que va de la mano de la administración pública en estos momentos para diseñar un sistema de información a los ciudadanos y para que estos puedan desarrollar con mayor eficacia todas sus actuaciones en materia de
previsión social, y que lo hace con voluntad de colaboración me parece que no es adecuado. ¡Y ya que me critique usted que comparemos con otros países los sistemas de pensiones! Creo que, en los tiempos que corren, la comparativa con lo que hacen
otros países, el derecho comparado, los modelos que otros países están adoptando para hacer frente a problemas que puede que no sean exactamente los mismos que tiene España pero que son, créame, sustancialmente parecidos, me parece que es un
principio básico. Nosotros les hemos trasladado esa información sobre el derecho comparado simplemente con el ánimo de que no tengan ustedes que recopilarla en otros foros porque se ha hecho en la Seguridad Social, como siempre se hace, con
absoluta profesionalidad y con criterios exclusivamente técnicos. La totalidad que apruebe ese diseño del factor de sostenibilidad no será una mayoría aseguradora. Le puedo garantizar que lo que el sector asegurador haya podido hacer público en
los últimos días nos merece toda la consideración, lo estudiaremos, como no puede ser de otra manera, con mucho interés, traiga el sello que traiga, pero abandone usted esas teorías conspiratorias (El señor Coscubiela Conesa: Conspiratorias no; a
la butxaca) de que todo el sector asegurador conspira contra la sociedad española intentando imponer su criterio a través de un comité de expertos. Ellos hacen su trabajo técnico, que es hacer, por qué no decirlo, su negocio, y la política la
hacemos nosotros, la política la hacen ustedes y la hace el Gobierno y será la política la que decida el componente del factor de sostenibilidad. Eso sí, cuantas más aportaciones técnicas, mucho mejor.


Señor Campuzano, comparto básicamente la mayoría por no decir la totalidad de su intervención. Es cierto que el sistema público de pensiones está cumpliendo con su misión. De esta crisis se pueden sacar conclusiones importantes también.
Una de ellas es que los países que tienen sistemas institucionalizados de Seguridad Social están siendo capaces de responder mejor incluso ante la dureza enorme de la crisis; que los países que tienen programas de Seguridad Social de cobertura
amplia además van a salir más rápidamente de la crisis que los que no las tienen; que no solamente son factores que estabilizan automáticamente la economía, sino que claramente van a coadyuvar a que esa recuperación y ese crecimiento se produzca lo
antes posible. En tercer lugar, las situaciones de crisis también son oportunidades para la mejora y para desarrollar nuevas iniciativas en los sistemas públicos de pensiones. Estamos absolutamente comprometidos con que esas mejoras, además,
lleguen no solo a las grandes cifras macroeconómicas, sino que lleguen al ciudadano. En estos días vamos a tomar decisiones que afectan a la calidad de los servicios, que afectan a la mejora de la información, que afectan a los instrumentos que

Página 31

el ciudadano va a tener a su disposición para acercarse más a la Seguridad Social y para que la Seguridad Social esté mucho más cerca todavía de lo que ya lo está en estos casos.


¿Que tiene capacidad de resistencia? Creo que no hay otro sistema de pensiones que haya acreditado, después de más de cinco años de intensa crisis, la capacidad de resistencia que ha tenido y que está teniendo el sistema público de
pensiones español. Ha tenido que recurrir a poco más del 5% de las reservas estimadas en su día con ese destino. Por tanto, parece que el sistema ha resistido bien. Evidentemente, tiene, como no puede ser otra manera, desafíos importantes, tiene
inequidades que hay que corregir y cuando nos enfrentamos a situaciones de crisis es cuando más esfuerzo hay que hacer para prevenir comportamientos irregulares o para evitar que el sistema responda de forma inequitativa ante las diferentes
situaciones. Y le agradezco que haya hecho mención a la culminación de la separación de fuentes, porque ciertamente el esfuerzo en el peor momento posible hace que no sea ya el sistema de Seguridad Social el que, como ocurría hasta ahora, tuviese
que ir en auxilio del resto de los componentes económicos del sistema, sino que ahora esa solidaridad, como no podía ser de otra manera, se plasma entre el Estado y la Seguridad Social a favor de la Seguridad Social. Durante muchos años ha sido la
Seguridad Social la que ha tenido que asumir el coste de esos gastos impropios, de esos gastos no contributivos, de esos elementos que no tenían nada que ver con la cobertura prestacional contributiva del sistema. Por lo tanto, es importante que el
Estado devuelva esa dedicación que durante estos años ha hecho el sistema.


No hay alternativas para el Fondo de reserva, para su inversión. Creo que en estos momentos, más allá de esas apelaciones genéricas a lo conveniente de la diversificación -ni qué decir ya si nos fuéramos a comprar deuda de Japón, estas
cosas se pueden plantear como fruto del debate teórico-, a la hora de la realidad, en el escenario europeo, que es lo que tenemos cerca, no nos ofrece ni en términos de rentabilidad ni tampoco en términos de seguridad elementos mucho mejores que los
del propio sistema de pensiones español. El impacto de 1,5 puntos del producto interior bruto que usted cita del factor de sostenibilidad contenido en la memoria económica inicial que acompañaba a la Ley 27/2011, de adecuación, adaptación y
modernización del sistema de Seguridad Social, quizá fue excesivamente ambicioso y en estos momentos hay que revisarlo y hacerlo con cierta cautela. En todo caso, el factor de sostenibilidad está pensado no solo para que tenga un impacto en las
cuentas, sino que está pensado esencialmente para lo que su propio nombre indica, para establecer un adecuado equilibrio entre los ingresos y los gastos porque eso es lo que hace sostenibles a medio y largo plazo los sistemas. Eso no evita,
insisto, que nuestro sistema de pensiones tenga que ser objeto de reformas permanentes. Seguro que ustedes y yo vemos nuevas reformas, mejoras y adaptaciones, pero el factor de sostenibilidad como tal claramente es un factor que operará y lo hará
de forma decisiva en los próximos años. Por eso creo que el Pacto de Toledo debe jugar un papel esencial en su definición, que el consenso y el acuerdo son absolutamente claves, que una vez más, si ustedes lo consideran oportuno, antes o después de
que el comité de expertos aporte su estudio podremos plantear ese debate en sede parlamentaria. Una vez más pongo todos los recursos técnicos, materiales y humanos de la Seguridad Social al servicio de sus señorías para hacer esos debates lo más
fructíferos posible.


El señor PRESIDENTE: Señorías, tienen dos minutos, y seré muy estricto.


Señor Hurtado.


El señor HURTADO ZURERA: Señor secretario, tres cuestiones muy precisas. En primer lugar, se lo digo muy claramente: Nosotros no vamos a admitir que el trabajo de los expertos, independientemente de como hayan sido seleccionados, sea una
coartada para deteriorar o desmantelar el sistema público de pensiones. No lo vamos a admitir. Eso va a ser un informe que se tendrá en cuenta, que se valorará, pero que no puede ser nunca vinculante ni justificativo para abordar lo que tememos
que ustedes van a abordar.


En segundo lugar, los datos son muy objetivos. Ustedes no han aportado nada al Fondo de reserva, nada, cero patatero, habiendo ustedes dispuesto de 7.000 millones de euros, con unos rendimientos cercanos a los 3.000 millones, 2.900
millones; cero patatero de aportaciones y 7.000 millones de disposición. Eso es lo que ustedes han aportado y eso es lo que nos preocupa a todos. La pregunta es muy concreta y usted no me contesta. ¿Cuánto más van a disponer ustedes para el año
2013, señor Burgos, cuánto? Si usted me hace aquí una valoración de previsiones sobre la cartera del fondo, tiene más interés que usted me haga unas previsiones sobre la disposición del fondo. No me traiga unas previsiones sobre la cartera. Cómo
van a gestionar la cartera en el año 2013. Muy bien; pero lo más importante y lo que le preocupa a la ciudadanía es de cuánto van a disponer ustedes con la dinámica que

Página 32

están teniendo si en año y medio han dispuesto ya de 7.000 millones de euros. Es decir, de cuánto más van a disponer durante el año 2013.


Y en tercer lugar, señor Burgos, usted tiene un negociado muy fácil y muy difícil.


El señor PRESIDENTE: Termine, señor Hurtado.


El señor HURTADO ZURERA: Concluyo.


Usted tiene unos ingresos que dependen del número de cotizantes, del número de trabajadores. De eso no habla usted. Y tiene unos gastos que dependen de una serie de derechos. Usted lo que trata es de cuestionar los derechos para disminuir
los gastos y lo que yo le estoy diciendo es que usted tiene que implicar al Gobierno para que aumente el número de cotizantes, para que cree empleo en este país, para que los ingresos a la Seguridad Social mejoren y para que no tenga que disponer
del Fondo de reserva. Eso es lo que usted tiene que poner en valor en el Gobierno.


El señor PRESIDENTE: Señor Anchuelo.


El señor ANCHUELO CREGO: Solo para dos aclaraciones muy breves, señor presidente, en los puntos más polémicos de la intervención del secretario de Estado.


Yo le digo que hay que diversificar el fondo y usted me dice que dónde, que la deuda francesa o alemana tienen muy baja rentabilidad. Uno pensaba que si algo nos ha enseñado la crisis ya es que la rentabilidad está directamente relacionada
con el riesgo, y si sigue esa línea de razonamiento me preocupa porque a lo mejor acaba comprando deuda griega, que da un 11,4%, o deuda de Pakistán, que da el 12%. La diversificación es un principio mínimo.


Luego ha hecho una alusión a la falta de cortesía parlamentaria. No sé si se refería a otro portavoz o a mí. Yo no he cuestionado a las personas del grupo ni su informe, que estudiaremos con interés, pero no es un dogma. Solo he querido
desmentir las informaciones de prensa que decían que este grupo se había consensuado con la oposición o se habría informado a la oposición. Simplemente quería aclarar que eso no es así, como es cierto y usted sabe.


El señor PRESIDENTE: Señor Coscubiela.


El señor COSCUBIELA CONESA: Señor Burgos, déjeme que con toda la cortesía posible le diga que dialogar no es replicar, sobre todo manipulando las palabras de los otros.


Permítame aclarar una cuestión. Primero: no le he planteado dudas sobre la necesidad de mirar el régimen comparado de otros países. Sencillamente le he dicho que ustedes solo comparan aquello que les interesa para sus políticas de
recorte, y le he puesto tres ejemplos en los que ustedes pueden comparar para mejorar. Segunda cuestión: no he dudado de la calidad técnica ni profesional de los expertos. Sencillamente le he dicho que los expertos tienen sexo e ideología y
tienen una determinada concepción del sistema de Seguridad Social, y que aquellos que están vinculados al sector financiero y al sector de seguros tienen una idea muy clara que expresaba un informe de Mapfre hace dos días. La crisis de la Seguridad
Social nos puede dar una buena oportunidad de negocio, y lo que le digo es: no contribuyan ustedes a facilitar esa oportunidad de negocio del sector asegurador. Y sobre todo: aún no nos ha explicado usted por qué teniendo a los mejores expertos
en materia actuarial dentro del ministerio, los únicos que no se han equivocado en todas las previsiones, usted ha ido a buscar otros expertos. Sin entrar en detalle, no quiero impugnar a nadie, pero situar en el colectivo de expertos al
responsable de comunicación de la patronal Unespa creo que no pone en duda su calidad, en absoluto, sino sencillamente que el objetivo que ustedes pretenden es marcar la agenda de la reforma. Eso es lo que le he dicho. Si usted quiere discutimos
sobre temas de fondo, pero no hace falta que manipule mis palabras para ello. Diálogo es lo contrario de réplica aprovechando el uso de la última palabra.


El señor PRESIDENTE: Señora España.


La señora ESPAÑA REINA: Muy brevemente. Dice el señor Hurtado que en el comité de expertos no van a permitir que sea una coartada para el desmantelamiento del sistema público de pensiones, y yo le hago una pregunta: ¿qué ha cambiado de la
PNL que aprobamos hace menos de una semana a hoy? ¿Ya le ha dicho su grupo que no puede buscar el consenso? ¡Hombre!, es que lo aprobamos casi por unanimidad.

Página 33

Y luego dice que no hemos aportado nada al Fondo de reserva. Claro, si es que ustedes se encontraron la Seguridad Social con superávit y la han vuelto a dejar en números rojos. Lo que yo lamento es que al hoy portavoz de esta Comisión al
final se le llena la boca hablando de consenso pero hoy ha puesto de manifiesto en esta comparecencia que los temas no eran nada polémicos y que deberíamos de haber tenido un consenso tratándose del Fondo de reserva y el trabajo a tiempo parcial.
Al final ha utilizado la comparecencia para arremeter contra el Gobierno. Usted ha sacado muchos temas: factor de sostenibilidad, que si hemos bajado las pensiones cuando la congelación era socialista. En fin, yo lo único que le digo es que para
alcanzar el consenso hay que buscarlo y hoy aquí a usted no se le ha visto que quiera buscar ese consenso. Por lo tanto, yo le digo que al Pacto de Toledo venimos a encontrar los puntos de encuentro para alcanzar el consenso, pero no venimos a la
confrontación. La confrontación nos sobra en el Pacto de Toledo.


El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Burgos Gallego): Señor portavoz del Grupo Socialista, ¿desmantelar? Desde luego ningún grupo ha hecho más que el Grupo Popular y el Partido Popular para sostener, modernizar y reforzar
el sistema de pensiones. Entre otras cosas, si hoy estamos compareciendo para hablar del Fondo de reserva es -como aquí se ha dicho- porque hubo un Gobierno del Partido Popular que apostó decididamente no solo por la generación de las primeras
reservas sino por su definición, su regulación legal y el impulso de esas políticas. No voy a cuestionar que otros hayan contribuido menos, pero desde luego, más, en ningún caso. Que usted hable de desmantelar cuando estamos aquí discutiendo la
mejor manera de reforzar un modelo de pensiones que tiene un Fondo de reserva que está entre los diez mayores del mundo, que está por encima del Fondo de reserva alemán o francés, que gana a todas luces cualquier contienda en términos de
rendimiento, de rentabilidad con los fondos privados o públicos de todos los países de nuestro entorno, que está exclusivamente a disposición del fondo de las pensiones de nuestros ciudadanos y que se está gestionando con un único objetivo:
proteger a los pensionistas de hoy y proteger a los pensionistas de mañana.


Dice usted que el informe del comité de expertos no será vinculante ni justificativo. Pero si ya se ha dicho hasta la saciedad que es un mero elemento más de reflexión que nos ha parecido pertinente para ampliar a la sociedad civil la
participación en un debate como este. Lo que tendría dificultades para interpretar es que a usted le moleste que haya expertos -se reúnan o lo hagan a título particular- que puedan emitir informes y consideraciones. A lo mejor sus opiniones dejan
en evidencia algunas de las cosas que se han venido haciendo en estos últimos años. Ahora dice que nosotros hemos sido los que hemos utilizado el fondo. Pues claro, porque ustedes nos dejaron la Seguridad Social en déficit, si no nos la hubieran
dejado en déficit probablemente hubiéramos podido hacer dos cosas: o maquillar el sistema -que es lo que hicieron ustedes los dos últimos años- o, en todo caso, introducir otra serie de reformas. Pero nos dejaron ustedes la Seguridad Social en
déficit y, eso sí, por primera vez no en tres o cuatro, sino en quince años. Decir que el fondo puede consumirse rápido o que es ilegítima su utilización -como han llegado ustedes a decir- cuando lo que resulta manifiestamente contrario a la
legalidad es haber dejado de ingresar 14.000 millones de euros en el Fondo de reserva excedentes del sistema de la Seguridad Social, que la ley les obligaba a incorporar de forma prioritaria al Fondo de reserva y que no se incorporaron en su día,
resulta por su parte no solo un exceso verbal, sino probablemente una prueba de doble rasero casi cínica.


A ustedes les gustaba mucho la ley como estaba y el consenso pero no la cumplían, que es una curiosa forma de gustar y de entender las leyes y las normas. Nosotros, como entendemos que la ley necesita adaptaciones para poder hacer frente
precisamente a circunstancias que no se preveían en la ley, hemos procedido a modificarla, pero con un único objetivo que es garantizar las pensiones de nuestros ciudadanos. La aportación al Fondo de reserva que ustedes hicieron en el año 2008 y en
el año 2009 se hizo tarde y se hizo mal. Primero, porque haciéndola tarde perdieron ustedes unos intereses generados por el sistema que nos hubieran venido extraordinariamente bien y que podían haber sido muy significativos. Y segundo, porque esos
dos años su aportación se limitó a 1.740 millones de euros, cuando los excedentes de esos años -sin tener en cuenta los intereses que podían haber devengado- sumaron en total 14.430 millones de euros. De modo que casi el 90% de los excedentes no se
ingresaron nunca en el fondo. Y no solo no se invocaron necesidades de liquidez sino que no se dio explicación alguna de a dónde fueron a parar esos 14.000 millones de euros. Nosotros hemos modificado la ley para atender los compromisos con los
pensionistas, no para otra cosa, y desde luego entiendo que si no se comparte ese objetivo quizás

Página 34

ustedes tendrían una alternativa diferente a la de tocar el fondo, probablemente volver a congelar las pensiones. Pero acuérdese de una cosa: 14.000 millones de euros que tendrían que estar en el fondo y no están, en incumplimiento
flagrante de la legislación vigente que obliga a la incorporación de los excedentes del sistema, estarán en otros lugares, en otras partidas de gasto o estarán, como así sucedió, dedicados a otros elementos que nada tienen que ver con la protección
del sistema. Por tanto, vamos a hablar de las cosas en su justo término porque 14.000 millones de euros nos vendrían extraordinariamente bien en estos momentos para que el Fondo de reserva pudiera cumplir con sus objetivos de este año, del
siguiente y del siguiente. Y, desde luego, el uso que se haga del Fondo de reserva será, como dice la ley -porque nosotros sí cumplimos la ley-, el determinado a efectos del Fondo de reserva como déficit estructural mediante el cálculo que
establezca la Intervención General de la Seguridad Social, que será público y notorio. Si la Seguridad Social estableciera un déficit estructural a efectos de la dotación del Fondo de reserva que haga necesario su empleo, se hará, y ustedes lo
conocerán y lo conocerá toda la sociedad española.


Señor Coscubiela, cuando usted interpreta las palabras de los demás no manipula, pues cuando yo interpreto las suyas, tampoco. Digamos que las interpreto según entiendo, a mi buen juicio, que usted las ha querido manifestar. Yo no hago
otra cosa que interpretar lo que usted plantea. ¿Los expertos tienen sexo e ideología? ¡Solo faltaría! No vamos a hacer un comité de robots. No sé si luego ejercen el sexo o ejercen la ideología, pero seguro que lo tienen. En todo caso, no están
ahí ni para una cosa ni para la otra; están ahí para hacer un informe técnicamente solvente, donde hay opiniones muy plurales y donde la procedencia de todos ellos confirma, creo que bien a las claras, que el Gobierno ha elegido y probablemente no
estén todos los que son, pero claramente sí son todos los que están. Si algo -lo único que les ha trasladado el Gobierno- se puede poner encima de la mesa como condicionante del Gobierno ha sido que el informe sobre el factor de sostenibilidad es
un informe para reforzar el modelo de reparto contributivo y de solidaridad inter e intrageneracional. Eso es lo único que ha dicho el Gobierno en público y en privado y eso es lo que también en sede parlamentaria decimos a día de hoy. Por tanto,
no solo vamos a trabajar para mejorar el sistema, sino claramente para reforzarlo en los principios que siempre lo han presidido y que gozan, por cierto, del mayor apoyo entre toda la ciudadanía española.


El señor PRESIDENTE: Creo que podemos dar por terminada la reunión, espesa, larga, pero siempre eficaz y productiva.


Se levanta la sesión.


Eran las dos y cincuenta y cinco minutos de la tarde.