CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2012 X Legislatura Núm. 229

AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ IGNACIO LLORENS TORRES

Sesión núm. 14

celebrada el miércoles

28 de noviembre de 2012

ORDEN DEL DÍA:


Proposiciones no de ley:


- Relativa a la legislación, ordenación, concesión y explotación de recursos y aprovechamientos hidráulicos. Presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. (Número de expediente 161/000212) ... href='#(Página2)'>(Página2)


- Sobre la fachada litoral de Altea (Alicante). Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000366) ... (Página7)


- Relativa al manejo de las bombillas de bajo consumo. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000794) ... (Página11)


- Para la constitución de un banco de tierras. Presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 161/000840) ... (Página14)


- Sobre medidas de apoyo al sector vitivinícola. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000898) ... (Página17)


- Relativa a la calificación del furtivismo reincidente en el marisqueo como delito. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000942) ... (Página21)


- Declaración institucional. (Número de expediente 140/000005) ... (Página25)

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Se abre la sesión a las dos y cincuenta minutos de la tarde.


PROPOSICIONES NO DE LEY:


- RELATIVA A LA LEGISLACIÓN, ORDENACIÓN, CONCESIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS Y APROVECHAMIENTOS HIDRÁULICOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA. (Número de expediente 161/000212).


El señor PRESIDENTE: Va a dar comienzo la sesión número 14 de esta Comisión. Quiero aclararles a todos ustedes que estaba convocada al finalizar el Pleno, pero como no estaba previsto que el Pleno finalizara tan tarde, esta ha sido la
causa de que a una hora que no es usual haya empezado esta Comisión, con lo cual les pido a todos disculpas, pero ya estaba convocada con esa condición y para cambiarlo tenían que prestar su aquiescencia todos los portavoces de todas las demás
formaciones políticas, y como no ha sido posible a pesar de que esta Presidencia lo ha intentado, se convoca la sesión al finalizar el Pleno. Además, quiero informarles de que según han comunicado los servicios de esta Cámara, esta sala tiene que
estar libre antes de las cinco de la tarde. Por lo cual, las votaciones van a ser no antes de las dieciséis treinta. Lo digo por si alguno de ustedes, señoras y señores diputados, tienen que hacer alguna gestión durante la sesión que no afecte a
sus intervenciones.


Por último, quisiera hacer dos observaciones. Hay una declaración institucional a favor de la cultura del vino que se aplazó porque se necesitaba el consenso de todos los grupos políticos. Obtenido este consenso y ese acuerdo unánime se va
a proceder a su votación antes de empezar las votaciones de los puntos del orden del día, siempre y cuando pueda ser incluida en el orden del día, cosa que les propongo a sus señorías, y si no hay nadie que diga lo contrario sería incluida en este
orden del día para que se pueda proceder a la votación. (Asentimiento).


Segunda cuestión, a continuación tendrá lugar la reunión de Mesa y portavoces para fijar el orden del día de la próxima Comisión que está prevista el día 12. Se hace hoy porque la próxima semana no hay Pleno, como saben sus señorías, para
no obligarles a desplazarse.


Vamos a pasar al debate de la primera proposición prevista para el día de hoy, que es la relativa a la legislación, ordenación, concesión y explotación de recursos y aprovechamientos hidráulicos. Para su defensa, en nombre del Grupo
Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Cantó.


El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Señorías, el Título VIII de la Constitución, de la organización territorial del Estado, se abre con un capítulo primero donde se contemplan principios generales. De entre ellos brillan con luz propia el
principio de solidaridad que recoge el artículo 138.1 en los siguientes términos: El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad y el principio de igualdad de derechos y deberes del artículo 139.1: Todos los españoles
tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. Ambos principios son fiel reflejo del artículo 1.1 de nuestra norma fundamental, en el que se consagra como valor superior del ordenamiento jurídico la
igualdad. A mayor abundamiento, para cerrar la regulación que sobre la materia aparece en nuestra norma jurídica superior, el artículo 149.1.11.ª, que es muy claro al señalar que es competencia exclusiva del Estado la regulación de las condiciones
básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos. Sin embargo, y a pesar de la claridad con que la Constitución regula el principio de igualdad y solidaridad en lo que afecta a la organización territorial
del Estado o en lo que comúnmente se llama la España de las autonomías, en estos últimos años estamos asistiendo a unas manifiestas y palpables disfuncionalidades del mismo, que están produciendo tensiones innecesarias y nada deseables entre
diferentes comunidades autónomas en materias como la que ahora nos ocupa: la regulación, ordenación y explotación de los recursos y aprovechamientos hidráulicos.


Las últimas legislaturas se han caracterizado por la existencia de diversos conflictos relacionados con el agua: por ejemplo, el protagonizado por la Región de Murcia con Cataluña por la compra del agua a los regantes del Ebro de la
Comunidad de Aragón, o el recurso por parte de la Comunidad de Castilla-La Mancha por la venta de agua del Tajo, que los agricultores de la Comunidad de Madrid habían realizado a los de Murcia, por apuntar solo algunos casos concretos de la realidad
irracional que hoy se está viviendo en nuestro Estado autonómico. Es constatable un evidente conflicto por un bien escaso como es el agua en nuestro país, por lo que resulta, según nosotros, imprescindible que, en un nuevo periodo que se abre en
esta legislatura, el Estado acometa las medidas necesarias para garantizar una regulación de uso y disfrute del agua de forma armónica, sin enfrentamientos ni fronteras interiores.

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En la actualidad nos encontramos que la regulación básica vigente procede de la Ley de Aguas de 1985, la cual requiere de revisión en algunos principios y aspectos prácticos, entre los cuales cabe señalar el notorio protagonismo de las
comunidades autónomas, que contrasta frente a la inacción y constante pérdida de competencias del Estado, lo cual se ha puesto de manifiesto en toda su crudeza en los nuevos estatutos de autonomía, los cuales parecen ignorar que nos encontremos ante
la regulación y gestión de un bien común de todos los españoles, en el cual es fundamental garantizar la gestión integrada y sostenible de este recurso natural, así como acometer una planificación hidrológica nacional en condiciones que, entre otras
cuestiones, permita resolver los problemas estructurales mediante un uso justo y coherente. La fragmentación de la administración y gobierno del agua está en la raíz de la gestión incoherente del recurso a nivel nacional. Así, resulta que el
derecho de aguas en España se encuentra en un punto muy sensible de indefinición, sujeto a considerables presiones políticas y sociales, sin un curso marcado ni una orientación bien definida, por lo que parece oportuno que sea el Estado, que tiene
competencias para la regulación básica del medio ambiente y los grandes ríos españoles, quien establezca el marco regulador que necesita este recurso natural, a fin de posibilitar un suministro estable y asegurado de agua a todos los territorios del
país, a costes razonables y en un marco coherente de red nacional de recursos hídricos.


Por todo ello, y tratando de abordar el problema en su raíz y no de forma coyuntural o provisional, se propone que sea el Estado el que legisle, ordene, conceda y explote los recursos hídricos de toda España, para que sea el Estado el que,
según contempla el artículo 9.2 de la Constitución, promueva las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos que se integran sea real y efectiva y remueva los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. El agua es un recurso
esencial que no puede quedar al arbitrio de los particulares intereses de las comunidades autónomas y mucho menos politizar un recurso esencial que debe asumir el Estado, según el artículo 128.2 de nuestra Constitución, pues es el Estado el único
que puede hacer valer el interés general, la igualdad y la solidaridad de todos los españoles ante una cuestión tan delicada como la presente, que precisa, ante todo, de eficacia y solidaridad frente a la problemática de un bien tan escaso y
necesario.


Por todo ello, el Grupo de Unión Progreso y Democracia presenta esta proposición no de ley, que insta al Gobierno a presentar, en el plazo más breve posible, un proyecto de ley orgánica que contemple los dos siguientes puntos: primero, que
ante el nuevo escenario político que se abre con el reciente cambio de Gobierno y el inicio de esta legislatura, se proceda a adoptar medidas necesarias que eviten que vuelvan a generarse las, por desgracia, recurrentes batallas por el agua entre
las diversas comunidades autónomas, a fin de superarse las gravísimas disfuncionalidades que el actual marco de competencias sobre recursos y aprovechamientos hidráulicos presenta, para lo cual resulta necesario que sea el Gobierno el que asuma con
exclusividad dichas competencias, pues es el Estado el único capaz de velar por el interés general, la solidaridad y la imprescindible y necesaria igualdad entre todos los españoles en un recurso esencial tan necesario como el agua. Y, en segundo
lugar, todo ello en virtud del artículo 138.1 de la Constitución, que dice expresamente que corresponde al Estado garantizar la realización, no cualquiera, sino efectiva, del principio de solidaridad.


El señor PRESIDENTE: A esta iniciativa se ha presentado una enmienda, para cuya defensa, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Alonso.


El señor ALONSO RUIZ: Señorías, el Grupo Parlamentario Popular comparte la preocupación del Grupo de UPyD por la defensa de las atribuciones del Gobierno de España en materia de gestión de aguas en las cuencas de su competencia, como son
las intercomunitarias, es decir, los principales y grandes ríos de España en caudal de agua. El objetivo del Gobierno de España es cumplir con las funciones que le atribuye la Constitución española, como es hacer cumplir el principio de solidaridad
que se invoca en el artículo 138 de la norma. Lo hará en el tema del agua y en todos los que haga falta, porque es lo que demandan la mayoría de los españoles. En este sentido, el ministro señor Arias Cañete ha manifestado que el agua es un
elemento vertebrador territorial y, como tal, necesita gestión solidaria y sostenible para cubrir las necesidades de todas las regiones españolas. Esta gestión debe ser unificada y coordinada, por ello es primordial una relación jerárquica clara
entre las distintas instituciones implicadas en la gestión del agua. El primer objetivo concreto está centrado en la elaboración y aprobación de todos los planes hidrológicos aún pendientes, tanto en la demarcación de cuencas intercomunitarias como
intracomunitarias. La meta es tener revisados y terminados los planes de demarcación intercomunitarios en el mínimo plazo posible, así como apoyar a las comunidades autónomas en la redacción y aprobación de los planes y demarcaciones
intracomunitarias de su competencia y responsabilidad, como así lo define la Constitución española.

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Además, en materia de legislación y normativa, la Ley de Aguas tiene unos aspectos que han impedido la toma de decisiones eficaces. El Gobierno tiene previsto modificar la función de policía del dominio público hidráulico, que es de
competencia estatal, así como lo reafirmó el Tribunal Constitucional. Para ello el Gobierno tiene prevista la anulación expresa de la disposición final primera del Real Decreto-ley 12/2011 por el que se modifica la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil, para regular las competencias autonómicas en materia de policía de dominio público hidráulico, una competencia que va a ejercer el Gobierno en su totalidad. Otra de las actuaciones prioritarias que va a ejercer el Gobierno es
la simplificación normativa en diversas materias relativas al medio ambiente, como es el caso del agua. Las normas básicas de trasposición de directivas comunitarias dictadas por el Estado se suman a disposiciones adicionales de protección de medio
ambiente promulgadas por las comunidades autónomas en el ejercicio de sus funciones. Es un hecho que el modo en que tales competencias se han ejercido, en muchos casos ha producido inseguridad jurídica, ha desincentivado la actividad económica y no
consigue el objetivo último: la protección del medio ambiente. En se sentido, el Gobierno quiere racionalizar la norma básica en todas las materias que son competencia atribuida a la Administración General del Estado, como es el agua, las costas,
la calidad y evaluación ambiental, los residuos, la responsabilidad medioambiental, el medio natural y el cambio climático.


El Grupo Popular presenta una enmienda relativa a la legislación, ordenación, concesión y explotación de recursos y aprovechamientos hidráulicos que va en dos sentidos: por un lado, abordar la puesta en marcha de un gran pacto nacional del
agua que asegure el suministro de agua en suficiente cantidad y calidad, con el acuerdo de apoyo solidario de todas las comunidades autónomas y, por otro lado, que, como resultado de este gran pacto nacional, proponga un nuevo plan hidrológico
nacional que contemple los acuerdos del pacto y materialice sus objetivos, velando por el interés general, la solidaridad y la imprescindible y necesaria igualdad entre todos los españoles en un recurso esencial y tan necesario como es el agua.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen intervenir para fijar posición? (Pausa).


Por un tiempo máximo de seis minutos, tiene la palabra por el Grupo de La Izquierda Plural el señor Centella.


El señor CENTELLA GÓMEZ: Menos de seis minutos.


Intervengo brevemente para decir que nos parece una iniciativa que no se corresponde con la realidad de este país. Sé que a algunos grupos les gustaría volver a una sola España, pero España no es una, es plural. Por tanto, intentar que por
medio de subterfugios volvamos hacia atrás en la historia nos parece muy desafortunado. Es evidente que hay que buscar un gran pacto del agua. Es evidente que hay que compartir los recursos de un bien escaso como el agua y que hay que intentar que
este bien no se convierta en mercancía de consumo. Hay quien plantea que el agua es el petróleo del siglo XXI. Todo eso no puede servir para, como decía, plantear un modelo de Estado que no es el que mejor corresponde a los intereses del conjunto,
de ese interés general que se dice defender. Por tanto, nosotros nos vamos a oponer a esta proposición no de ley.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra don Martí Barberà i Montserrat.


El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: No hemos presentado ninguna enmienda ni podemos cambiar ninguna enmienda porque el concepto que nos diferencia de UPyD es tan grande, que sería cambiar toda la visión que tienen del Estado y de las comunidades
autónomas y de la gestión de estas.


Quisiera empezar completando aspectos que UPyD se ha olvidado o no ha querido remarcar. Hablan del título VIII, de la organización territorial del Estado, del capítulo primero, principios generales, y se dejan el artículo 137 que dice: El
Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en comunidades autónomas que se constituyan -voluntariamente-. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Hay otros artículos, como el
138, que hacen referencia muy sesgadamente y van utilizándolo, pero, yendo al titulo preliminar, el artículo 1 habla de igualdad, pero también habla de libertad, de justicia y de pluralismo político. Cuando hablan del capítulo tercero referente a
las comunidades autónomas y hablan de que en el 149.1.1ª -no 11.ª, sino 1.ª-, la regulación por parte del Estado de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de todos los derechos, quiere decir que el
Estado regula las condiciones básicas, y eso lo dice la misma Constitución que ellos están interpretando a su manera y que es lo que dice

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realmente y que nosotros completamos. En ese sentido, no podemos más que clasificar como sesgada su interpretación de la Constitución. Nos describen su especial y particular valoración sustentada solamente en opiniones que no pueden en
ningún caso concretar ni cuantificar o sustanciar empíricamente. Sostienen su propuesta en la conflictividad en torno al agua. Ello no se explica ni menos justifica que la solución sea la recentralización de todas las competencias por parte del
Estado y que, en cambio -que podría ser lícito-, no presenten iniciativas legislativas para urgir el uso de los instrumentos que antes hemos mencionado que nos da la Constitución, que nos da nuestra legislación y que ofrece a la Administración
General del Estado para solucionar estos problemas.


Los debates territoriales en relación con el agua se suscitan con frecuencia y de manera recurrente y más en situaciones de excepcionalidad hídrica por sequías. No tienen por qué ser conceptuados como una expresión de la realidad irracional
que está viviendo el Estado de las autonomías, sino que son expresión de las aspiraciones de las distintas comunidades autónomas en defensa de los intereses legítimos de sus ciudadanos. La competencia que puede haber por el acceso y la disposición
de agua en una España que se divide no solo en autonomías, sino en húmeda y seca, y con cuencas intracomunitarias o intercomunitarias, fue una realidad y es contemplada por la Constitución y por la legislación básica estatal. Para la tutela de los
principios y derechos en materia de agua, el criterio para distribuir las competencias entre el Estado y las comunidades autónomas es la cuenca hidrográfica y, por eso, en su artículo 149.1.22ª se reservan las competencias al Estado, cuyo ejercicio
está regulado por el texto refundido de la Ley de Aguas. Este artículo parece que no ha sido leído y que ha sido obviado por UPyD.


Es la Administración del Estado la que debe garantizar el uso racional y sostenible del agua mediante la planificación hidrológica que debe aprobar. De conformidad con la ley, esta planificación tiene por objetivo no solo conseguir el buen
estado de las masas de agua y la protección del dominio público hidráulico, sino también satisfacer las demandas de agua, el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial, economizando su empleo y armonizando sus usos en armonía con
el medio ambiente. Pues bien, la planificación debe ser la que satisfaga esas exigencias expresadas por Unión Progreso y Democracia en esta iniciativa: solidaridad, armonía, gestión integrada, y probablemente es la ausencia de una nueva
planificación adecuada a las exigencias de la legislación comunitaria y de la propia Ley de Aguas la que propicia esta conflictividad y no la existencia de las autonomías. Por tanto, es responsabilidad del Gobierno del Estado poder mejorar esa
situación con los instrumentos legales que tiene a su disposición. En consecuencia, lo que urge en primera instancia es que se apruebe la planificación hidrológica de las cuencas de competencia estatal, que están fuera de calendario, y
probablemente el tener un marco jurídico bien definido a nivel de cuenca proporcionará un grado de certeza y de seguridad jurídica que permitirá, si no eliminar, sí reducir la conflictividad en torno al agua.


Por eso no podemos de ninguna manera secundar esta iniciativa, por tres motivos: por injustificada, puesto que la legislación arbitra los mecanismos para gestionar el agua de manera racional y sostenible acorde con los mandatos de la
legislación europea en materia de aguas y como máxima expresión la directiva correspondiente. Por pretender alterar -como siempre- el régimen de distribución de competencias resultante ya no solo de los estatutos de autonomía sino de la propia
Constitución. Que esta labor no sea fácil de llevar a cabo por parte del Estado a pesar de ostentar las competencias, no justifica tampoco la iniciativa para la recentralización. El agua por ley está al servicio de estrategias y planes sectoriales
que, al ser muchos de ellos de competencia autonómica, requieren del imprescindible consenso de las comunidades autónomas. La dificultad no puede justificar que se plantee como solución una recentralización de competencias que, como se ha dicho, el
Estado ya ostenta. Y para terminar, señorías, si lo realmente perseguido es que las comunidades autónomas no sean competentes ni tan siquiera en las cuencas que transcurren íntegramente por su territorio, entonces la propuesta efectuada entra en
seria contradicción con el artículo 2 de la Constitución que garantiza el derecho de autonomía, con el artículo 137 de la Constitución que fija la autonomía para la gestión de los respectivos intereses de las comunidades autónomas, con el artículo
148.1 que permite a las comunidades autónomas asumir competencias respecto a las cuencas intracomunitarias, y con el artículo 149.1.22.ª, que reserva la competencia al Estado respecto de las cuencas compartidas o intercomunitarias. Tal vez, los
señores de Unión Progreso y Democracia proponen una modificación de la Constitución encubierta, pues díganlo clara y directamente, defiendan su proyecto centralista de España, pero no ataquen infundada y falsamente, como hacen reiteradamente, el
funcionamiento de las comunidades autónomas.


Respecto a la enmienda del PP, después de oír a su representante, después de oír...

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El señor PRESIDENTE: Señor Barberà, le ruego que vaya concluyendo porque ha rebasado ampliamente su tiempo.


El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Treinta segundos. Después de oír al señor Rajoy que hablaba de sostenibilidad, al ministro que hablaba de caudales ecológicos, nos vuelve a dar mucho miedo esta posición de hacer, detrás de la igualdad y de
la solidaridad, un plan hidrológico que no sea correspondiente con la opinión de las comunidades autónomas.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Ábalos.


El señor ÁBALOS MECO: Cuando leí el título de esta proposición no de ley pensé que exigía alguna dedicación, pero una vez visto el contenido, quedo un tanto decepcionado, de modo que no hemos presentado ninguna enmienda. Ese es el motivo
de que no hayamos presentado ninguna enmienda por escrito, porque realmente no sé si la proposición no de ley pretende inaugurar España o simplemente reformar la Constitución española, aunque creo que no. En definitiva lo que trata es de situar el
debate de lo que justamente se critica, de hacer política con el agua; en algunos territorios hemos vivido esto con especial intensidad y ya sabemos el recorrido y los resultados de lo que es jugar con el agua, que es algo tan importante y que
algunos han utilizado de modo espurio a falta de otros argumentos políticos para denigrar, para romper la cohesión social, separando ciudadanos en función de su identidad.


Cuando se invoca la Constitución, se entiende que uno defiende la Constitución, si no para qué invocarla, pero la Constitución es un todo, no se puede tomar parte porque no se puede ser constitucionalista por partes. Si uno está defendiendo
el Título I de la Constitución, tiene que defender también el Título VIII. El tema que plantea la proposición no de ley está absolutamente resuelto. El artículo 148 de la Constitución dice que las comunidades autónomas podrán asumir competencias
en las siguientes materias, y en el número 10 dice: 'Los proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés de la comunidad autónoma; las aguas minerales y termales'. Y el artículo 149 dice
que el Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 'La legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una comunidad autónoma, y la autorización de
instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra comunidad o el transporte de energía salga de su ámbito territorial'. Está bien claro.


Además, en el año 2011 ha habido dos sentencias del Tribunal Constitucional declarando la inconstitucionalidad y nulidad del artículo 51 en el caso del Estatuto de Autonomía de Andalucía, que pretendía arrogarse las competencias exclusivas
sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir, que discurrían por su territorio y no afectaban a otra comunidad autónoma y sin embargo el Tribunal Constitucional lo ha declarado nulo e inconstitucional, y un día después el mismo tribunal declaró
inconstitucional y también nulo el artículo 75 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que se arrogaba competencias sobre la cuenca del río Duero, que en este caso afectaba a otra comunidad e incluso a nivel internacional. Por lo tanto, el
Tribunal Constitucional lo ha dejado bien claro. No hay ningún problema.


Pero, además, como estamos en la Unión Europea, no podemos hacer abstracción de la competencia europea, que en este caso es clara, compromete y vincula, y que es la Directiva-marco sobre el Agua, que en el artículo 3 dice que los Estados
miembros especificarán las cuencas hidrográficas situadas en su territorio nacional y a los efectos de la presente directiva las incluirán en demarcaciones hidrográficas. A través de esta directiva marco, la Unión Europea está planteando que la
coordinación administrativa debe darse a través de demarcaciones hidrográficas que en todo caso tienen que reflejar las cuencas hidrográficas naturales de los ríos, algo en lo que, por otra parte, España es pionera porque ya hace mucho tiempo que
venimos trabajando en torno a confederaciones hidrográficas. La directiva marco avanza más promoviendo la participación activa de todas las partes interesadas en la aplicación de la directiva. Por tanto, el sentido es el contrario. No se trata de
eliminar actores ni agentes, sino de incorporar a todos. El modelo, pues, es el de la demarcación hidrográfica, que debe ser una unidad de gestión indivisible y en el que deben intervenir todos los actores implicados, la Administración General del
Estado, las comunidades autónomas, estas últimas porque además de lo que dice la Constitución tienen competencias sobre el territorio y el medio ambiente, también la Administración local, que es responsable de los servicios de abastecimiento urbano
y, por supuesto, los usuarios. Hay que abrir más, no cerrar.


El debate no puede estar en de quién es la competencia, quién se apropia de la competencia, sino en qué hacemos con ese recurso y cómo ponemos a todas las administraciones a comprometerse a defender

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el agua en su condición de bien público. Esto de las guerras, de los usos espurios del agua para hacer acción política nada tiene que ver con la competencia. Ustedes dicen que el Estado evitaría la mercantilización, pero acabamos de tener
un ejemplo claro en la última sesión de la Comisión de Agricultura, en la que aprobamos -por cierto, con el voto en contra de este grupo- una ley de medidas urgentes en materia de medio ambiente que privatiza y mercantiliza los derechos del agua. Y
creo recordar que el Grupo de UPyD no vino ni a votarla. Esa es la primera reacción para evitar esa mercantilización y no a través de esta proposición de ley. El jueves, por cierto, hay una nueva oportunidad para manifestarse al respecto porque
nos vienen las enmiendas del Senado a la citada ley. No tiene nada que ver la competencia con la acción política. Eso no lo podemos evitar si no es a través de la responsabilidad de los propios actores políticos en el manejo de estas cosas.


Por culminar, creo que tendríamos que plantearlo quizá en la línea de lo que plantea el Partido Popular en esta ocasión. Ahora sí que le interesa que estemos todos unidos, pero hace dos días se trataba de estar todos desunidos; ahora es el
Gobierno y por tanto ya no puede seguir jugando con estas cosas de comer. Creo que es verdad, que tenemos que crear las bases para un gran pacto social por el agua que implique a todas las administraciones públicas y a todos los grupos políticos,
agentes económicos y sociales. Debemos concluir los planes de cuenca de acuerdo con lo que nos ha venido exigiendo la Unión Europea a través de la Directiva-marco del Agua y especialmente fortalecer los objetivos de transparencia, información y
participación. Deberíamos incorporar en los planes de cuenca las recomendaciones científicas que reflejan los estudios de cambio climático. Eso sí que sería pensar bien en el agua porque este es un bien escaso, limitado y con un futuro difícil.
Por tanto, la reflexión política y racional en torno al agua debe ser esa: su sostenibilidad hídrica y procurar que siempre disfrutemos de ese elemento.


El señor PRESIDENTE: Señor Cantó, tiene la palabra a los efectos de aceptar o no la enmienda que ha presentado a su iniciativa el Grupo Parlamentario Popular.


El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: No, no la aceptamos.


- SOBRE LA FACHADA LITORAL DE ALTEA (ALICANTE). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000366).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto del orden del día. Proposición no de ley sobre la fachada litoral de Altea, Alicante, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Socialista.


Para su defensa tiene la palabra el diputado don Herick Campos.


El señor CAMPOS ARTESEROS: En primer lugar decir lo que viene en la proposición no de ley. Estamos hablando de un proyecto de remodelación de la fachada litoral del municipio de Altea, un proyecto que en su momento se reestructuró para
ampliarlo, para pasar de una actuación de 800 metros a una de 1.600 y evitar que los vehículos tuvieran que salir a superficie de uno a otro aparcamiento de los previstos y por tanto quedara toda la obra integrada y se evitara esta actuación. Por
tanto, un gran proyecto que si bien inicialmente estaba presupuestado en más de 16 millones de euros fue licitado en torno a 13 millones de euros. Esta proposición no de ley insta a que se concrete y se haga el proyecto, que se vayan modificando
los presupuestos, en este caso de 2012 -o por lo menos que se cumpliera el 2012 porque sí que tenía consignación presupuestaria-, y que se vaya consignando presupuesto en los diferentes Presupuestos Generales del Estado.


Dicho esto, los hechos nos dan la prueba de lo que está pasando actualmente. Había que presentar la proposición no de ley porque si bien en 2012 había un presupuesto de 3,8 millones de euros, lo cierto es que en 2013 hay 600.000 euros. En
la práctica, si este año había 3,8 millones de euros y no se ha hecho nada, con 600.000 euros menos se va a hacer. El Partido Popular nos plantea ahora una enmienda -y yo no dudo de la voluntad de acuerdo y de querer tirar hacia delante con este
proyecto de la diputada que va a mantener la posición del Partido Popular-, pero lo cierto es que yo me leo la enmienda del Partido Popular y no concreta nada. Cuando hablamos de planificar, planificar es que exista un proyecto y que tenga
presupuesto. Que se licite, que se adjudique y que se ejecute. Eso es lo que planteamos nosotros. Por tanto, cuando en la enmienda se habla de planificar no lo acabamos de entender, porque lo que hay que hacer es lo que se ha hecho: licitar,
adjudicar y ahora lo que queda es llevar adelante el proyecto y presupuestarlo para que se mantenga la planificación. En esto se ha perdido una buena oportunidad. Primero, en la elaboración de los presupuestos generales de 2013 que no incluyen una
partida suficiente para mantener el calendario de la obra. Segundo, en las enmiendas que en teoría debería haber presentado el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, anunciadas allí y que no

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aparecen por ningún lado aquí. Tercero, en las enmiendas que presentó el Grupo Parlamentario Socialista que incluían una enmienda de 2 millones de euros para la remodelación de la fachada litoral de Altea, que el PP votó en contra en
Comisión y en Pleno. Esperamos que ahora en el Senado den su voto a favor de esta enmienda que tenemos nuevamente presentada. Y en este sentido, por algunos anuncios que se han hecho sobre que se puede hacer una parte sacando dinero de otra
partida, una partida general, yo le digo al Partido Popular que, si es así, cójanse mi enmienda, la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, y donde aparece la baja pongamos la partida, que yo la he encontrado, efectivamente está,
de inversiones no regionalizadas sobre regeneración de la costa y pongamos esa partida como baja. Pero concrétese qué presupuesto se va a abordar el año que viene, porque si ya en este año se ha presupuestado 3,8 y no se ha hecho nada, para el año
que viene, que hablamos de hipótesis y de casualidades, la conclusión, lo que vemos es que simplemente se intenta alargar el tiempo y justificar algo que es evidente, y es que el Partido Socialista en plena crisis, en plenos ajustes presupuestarios
mantuvo como prioridad este proyecto, el de la remodelación de la fachada litoral del Altea, porque se adjudicó y sin los interventores e informes oportunos y consignación presupuestaria no se puede adjudicar ninguna obra. Por tanto, existía la
consignación presupuestaria y la voluntad política de que se hiciera. Estamos hablando de noviembre de 2011, luego ya sabemos qué vino después.


Incluso en la enmienda se habla de que haya una coordinación con el ayuntamiento. Por supuesto, esa coordinación existe, por lo menos lo que me consta de cuando gobernaba el Partido Socialista es que siempre existe esa coordinación para
ejecutar la obra; de hecho, el ayuntamiento suele recomendar cambios de material, etcétera. Por tanto, no aporta nada especial. Vuelvo a decir que no dudo de la voluntad de la proponente de hacer la obra, pero no la podemos aceptar. Y aquí hay
que hacer una reflexión. Yo creo que lo que está pasando es bueno que lo hablemos también allí, como también si hay una comisión creada en el ayuntamiento, y que seamos sinceras todas las partes. Y si no se puede hacer porque el PP a nivel del
Estado no quiere que se haga porque no lo considera una prioridad, que se diga; pero no intentemos rebajar un proyecto anunciando una posible solución. Porque se habla en la enmienda de posible solución. ¿Cómo que posible solución? La solución
es el proyecto, que está aprobado. ¿O es que hay otra solución encima de la mesa? ¿Es que vamos a aparcar el proyecto ya aprobado y adjudicado a una empresa? Si es así, que se diga, pero no podemos estar de acuerdo.


Sobre la enmienda de Convergència i Unió, si están de acuerdo, añadiríamos al final del texto propuesto: especialmente en las comunidades autónomas donde la inversión media por habitante está muy por debajo de la media nacional. Es decir,
estamos de acuerdo en que hagan todos los proyectos pendientes en la costa, pero evidentemente prioricemos donde la inversión media por habitante está muy por debajo. Esta obra se podría hacer si no hubiera una discriminación evidente con la
provincia de Alicante y la Comunidad Valenciana. Datos. Aquí tenemos la inversión de la provincia de Alicante: baja un 53%, y no es el dato más importante. Se puede decir que baja en todo el territorio de España y, por tanto, baja también en la
comunidad o en la provincia, pero no, es que allí baja 25 puntos, nos alejamos 25 puntos de la media de inversión por habitante; es decir, nos discriminan, no es que baje en el conjunto del territorio nacional, es que allí baja mucho más. Hay una
discriminación de la provincia de Alicante. Tanto que nos acusaron de que el Partido Socialista tenía abandonada la provincia de Alicante, pues ahora vemos con los hechos, cuando se gobierna, que hay un 53% menos de presupuesto y una inversión
media por habitante de 132,85 euros frente a una inversión media en el conjunto de España de 225 euros. Esto quiere decir que con 170 millones de euros más que corresponderían a la provincia de Alicante si se alcanzara la inversión media por
habitante, se podría hacer perfectamente este, el corredor mediterráneo, el tren por la costa y otras obras prioritarias, no para la provincia de Alicante desde una perspectiva cantonalista, sino para el conjunto de España, porque son obras que por
cada euro que metes el Gobierno de España recupera, porque son obras rentables, son obras que repercuten en riqueza para el conjunto del país. Por tanto, no se ha conseguido defender a la Comunidad Valenciana en los Presupuestos Generales del
Estado y nosotros sí queremos reivindicar que ese paseo, esa remodelación de la fachada litoral de Altea sea una realidad y, reitero, se podría hacer sin ninguna discriminación, y repito que no solamente afecta a la fachada litoral de Altea, porque
luego vamos a la recuperación de las partidas que hay de tratamiento de la costa y es irrisoria la cantidad. Nosotros hemos hecho enmiendas, pero ante los temporales que estamos viendo no sé cómo se va a pagar toda la recuperación de las playas de
la Costa Blanca cada vez que hay un temporal.


Deseo reiterar que no dudo de la voluntad de la portavoz del Grupo Popular, ni siquiera de que el alcalde intente que aquello sea una realidad, pero lo cierto es que no tenemos papeles del ministerio que nos aseguren de qué acciones se están
hablando ni la enmienda del Grupo Popular dice nada concreto. El Partido Socialista no va a ser cómplice de aparcar un proyecto de 13 millones de euros para la recuperación

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de la fachada del litoral de Altea. Por lo tanto, no podemos aceptar la enmienda, mantenemos el texto y le pedimos al Partido Popular de la Comunidad Valenciana que reflexione y vote a favor porque ha quedado claro que con el Partido
Socialista sí se iba a hacer esta obra y con el Partido Popular en el Gobierno no se va a hacer.


El señor PRESIDENTE: A esta iniciativa se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para cuya defensa tiene la palabra don Martí Barberà.


El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Nosotros presentamos una enmienda porque consideramos que es una proposición de ley muy concreta para un proyecto muy concreto, pero que no solo en Alicante hay proyectos que están en esta situación sino que
en Cataluña también tenemos muchos proyectos que salieron en los Presupuestos Generales del Estado y que al final han desaparecido o se han ido difuminando. Sé que hay esperanzas y buenas voluntades, pero la situación es la que es. La partida del
programa 456.D ha bajado en 30 millones en el presupuesto de 2013 y eso implica que habrá muchas de estas actuaciones que quedarán por hacer. En ese sentido, queríamos comentar que tal vez sería interesante que las administraciones locales, las
comunidades autónomas y el Estado, ante todos esos proyectos que están redactados, adjudicados, etcétera, y que han quedado sin ejecución o que han quedado parados en algún proceso, pudiesen llegar a acuerdos y a calendarios concretos y reales, que
no creasen expectativas innecesarias pero que diesen una posibilidad de futuro a estas obras, porque estas mejoras del litoral también redundan en la mejora económica de las administraciones locales y de los territorios.


En ese sentido, aceptamos la trasposición que nos propone el diputado del Grupo Socialista porque es verdad -y estaba en nuestro razonamiento a la hora de defender nuestra posición- que en los Presupuestos Generales del Estado de 2013 nos
tocaría una inversión, de acuerdo con el PIB catalán, del 17,8 % y en la realidad el presupuesto es del 11,9. Ese es el modelo del Partido Popular en estos momentos, pero si nos vamos a la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado para
2011, con un Gobierno diferente, la media estatal de ejecución de la inversión programada era de un 61 % y la ejecutada en Cataluña era de un 35,5 %. Creemos que aquellos que estamos más castigados no solo en los presupuestos sino en la ejecución
tendríamos que tener prioridad a la hora de distribuir estos recursos para la conservación de la costa. En este sentido, con la enmienda que nos ha propuesto el diputado del Grupo Socialista apoyaríamos esta proposición no de ley.


El señor PRESIDENTE: A esta iniciativa hay presentada otra enmienda del Grupo Parlamentario Popular, para cuya defensa tiene la palabra la diputada doña Macarena Montesinos.


La señora MONTESINOS DE MIGUEL: En primer lugar, el proyecto, tal y como nos lo ha planteado el Grupo Socialista -y pretenden mantenerlo así- contiene grandes defectos que no subsanan en la PNL y en segundo lugar, con nuestra enmienda -esa
enmienda que dice el Grupo Parlamentario Socialista que no resuelve nada-, que es absolutamente razonable y entendible, atendemos por un lado las demandas de los alteanos, subsanamos los errores del proyecto y desde luego es mucho más razonable en
cuanto a la distribución de los fondos públicos.


Voy a hacer un poco de historia porque se ha escuchado aquí que, según el Grupo Parlamentario Socialista, el Gobierno y el Partido Popular lo que han pretendido es alargarse en el tiempo, no han tenido como objetivo prioritario este proyecto
y se ha discriminado a la provincia de Alicante cuando eso es rigurosamente falso. Vamos a ver. Si nos remontamos al inicio de este proyecto que se presenta, en el año 2004 ya el Ayuntamiento de Altea, a través de su alcalde, presenta un proyecto
que se licita para resolver el problema de El Charco. Curiosamente, cuando cambia el Gobierno lo primero que hace el Gobierno socialista en el año 2004 es derogar el Plan hidrológico y lo segundo, cargarse el proyecto que estaba en marcha de El
Charco en Altea. A partir de ese momento la señora Narbona, siendo ministra, retoma el proyecto de Altea y lo modifica absolutamente y decide distribuirlo en dos fases. La primera fase era la regeneración de la playa con grava de machaqueo -que
eso es lo que no querían en ningún caso los alteanos- y, además, peticiones como, por ejemplo, el paseo peatonal con una zona de esparcimiento. La segunda fase conllevaría la construcción del parking subterráneo y un vial subterráneo. Eso es
absolutamente irracional e inconcebible porque si en la primera fase se ejecuta el paseo peatonal, hasta que pudiera realizarse la segunda fase, como así hacía mención la señora Narbona, podría transcurrir un tiempo. Esto supondría levantar de
nuevo el paseo peatonal, en el que ya se había invertido, para entonces hacer el parking subterráneo y el vial que lo comunicaba. Por tanto, era de Perogrullo que no podía hacerse el proyecto con las dos fases que había planteado la señora Narbona.
Para ahondar en lo dicho, estoy hablando de un proyecto que se presenta en

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2005 y que en 2007, lo recordará el señor Campos porque coincidió que en 2007 -yo lo recuerdo perfectamente porque sabe que le profeso un gran cariño y estima-, cuando visitó Altea, presentó los presupuestos y además solo le faltó poner la
primera piedra. No la podía poner porque era parlamentario pero casi la puso. En mayo de 2007 recibimos de nuevo la visita, en este caso de la ministra Narbona, que sí la pone y que dice firmemente que ese proyecto se va a ejecutar, que se va a
llevar a cabo en un plazo breve, dentro del año 2007. Gran sorpresa que no volvemos a saber nada del proyecto hasta noviembre de 2011, coincidiendo curiosamente con la fecha de las elecciones generales, cuando ya todas las encuestas daban perdedor
al Gobierno socialista. Ahí sí, retomamos el tema, lo sacamos de los cajones y entonces decidimos, señores, que nosotros sí que tenemos interés por la provincia de Alicante. Lo que ya no sabemos es si no lo dotaron presupuestariamente porque no
tenían o deseaban desviar esos fondos hacía otro proyecto, o porque ya no cabía ni una sola factura más en los cajones que, como ustedes sabrán y hemos podido demostrar a lo largo de todo este tiempo, desbordaban los cajones.


En cualquier caso y por retomar, ¿qué es lo que se ha producido ahora? Muy fácil, lo que proponemos con la enmienda es lo que se ha propuesto en las conversaciones que han mantenido tanto el ministerio como el Ayuntamiento de Altea, porque
acostumbramos a no hacer las cosas de espaldas a los ciudadanos ni a los gobiernos municipales, sino todo lo contrario, al lado de y siempre apoyando. Se reunió la Comisión de seguimiento del frente litoral del Ayuntamiento de Altea y en ella
propusieron el alcalde junto a la concejala de Urbanismo, doña Carolina Punset, de otra formación política, un nuevo proyecto, en el que se recoge la mayoría de lo que allí se decía pero se reordena en dos fases distintas. Una primera parte del
proyecto sería financiada por el ministerio y en ella lo que se recogería sería la regeneración de las playas pero, eso sí, no como proponía el Partido Socialista sino como los alteanos han deseado y manifestado y que se acordó por unanimidad
-incluido el Partido Socialista- en el Ayuntamiento de Altea: que se regenerara de otra forma. Fue una modificación fundamental para el proyecto la eliminación de la grava, como decía, de machaca de cantera, sustituyéndola por canto rodado, seña
de identidad de las playas alteanas. Asimismo, también se contemplaba la unión de la Plaza de Europa con la desembocadura del río Algar mediante un paseo o senda peatonal. Respecto a la segunda fase del proyecto, que se financiará mediante la
iniciativa privada porque con la nueva Ley de Costas se resuelve que se puedan ampliar las concesiones, se ejecutarán los dos parking subterráneos, así como la unión de ambos a través de un carril subterráneo. Una vez finalizados los parking,
entonces sí, se llevará a cabo el paseo marítimo, con sentido común, y no primero la superficie y luego lo que tenemos que soterrar.


Por tanto, señor Campos, con el rigor con el que hemos planteado el proyecto y se está planteando a su vez en el ayuntamiento -como usted sabe sobradamente por sus compañeros socialistas de Altea- en la Comisión de seguimiento del frente
litoral, atendiendo a la situación económica por la que atraviesa este país -que no es fácil y que ustedes mejor que nadie lo saben puesto que fueron los que nos dejaron este drama en el que vivimos día a día y del que estamos tratando de salir- y
con la seriedad y el sentido común, le pido que admitan la enmienda. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: A los efectos de aceptar o no las enmiendas, tiene la palabra el señor Campos.


El señor CAMPOS ARTESEROS: Ya lo he comunicado. Acepto la enmienda de Convergència i Unió con los cambios que he dicho y rechazo la del Grupo Parlamentario Popular.


El señor PRESIDENTE: Les ruego que faciliten a la Mesa la enmienda transaccional que han pactado con Convergència i Unió.


¿Grupos que desean fijar su posición respecto de esta iniciativa? (Pausa). Por UPyD, el señor Cantó.


El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Intervendré muy brevemente. Solo quiero manifestar que me gustaría dejar a un lado este combate al que asistimos tantas veces entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Al escuchar al Partido
Socialista, uno se pregunta, evidentemente, dónde estaba durante las dos últimas legislaturas y qué ha hecho al respecto. Nos parece que no es adecuado traer iniciativas de este tipo, que no tienen opción alguna, que no son reales y que además
responden de nuevo a ese tipo de estrategia de pedirle al Partido Popular que haga un trabajo que ellos no supieron o no quisieron hacer durante los últimos años. Costas no tiene un euro en toda España, esa es la realidad y es una realidad contra
la que nosotros también estamos, pero no tiene ni siquiera para las actuaciones de conservación o mantenimiento, no digo ya para nuevas inversiones. En Andalucía-Atlántico se gastaban cada año en conservación alrededor de 3 millones de euros, decir
que este año se gasten 16 millones de

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euros solamente en Altea no nos parece posible ni sensato. Nuestro voto será en contra; podría ser a favor puesto que nadie quiere alicatar el litoral, pero es que en este caso estamos hablando de un núcleo urbano. La obra no se va a
llevar a cabo porque no hay dinero. Nosotros creemos que se deberían además pedir responsabilidades por la utilización indebida de los caudales públicos porque todo esto que está sucediendo en esta actuación cuesta dinero. Los retrasos generan
revisiones de precio, intereses de demora y, en algunas ocasiones, también indemnizaciones.


Sin embargo, no quisiéramos entrar en la bondad del proyecto en concreto, que recuerdo lleva diez años de retraso y que además está ligado a aparcamientos subterráneos supuestamente privados. Lo que parece obvio para nosotros es que en una
coyuntura como la actual, en la que se ha producido un recorte drástico de todas las inversiones en materia de actuaciones en la costa, este proyecto no se puede considerar de emergencia ni prioritario, por lo que no tiene ningún sentido acometerlo
en estos momentos. Quiero simplemente recordar que para una persona como yo, que conoce bien la zona, que ha pasado mucho tiempo en la Olla de Altea y que ha ido asistiendo con tristeza a la degradación continua del litoral por cómo se ha ido -y en
general ha sucedido así en mi comunidad autónoma- destrozando el litoral y alicatándolo de arriba abajo, es triste escuchar a los dos grandes partidos cómo no reconocen ninguna responsabilidad en lo que para mí es el verdadero drama del litoral
valenciano y del resto de nuestro país, y es que se haya construido de arriba abajo.


- RELATIVA AL MANEJO DE LAS BOMBILLAS DE BAJO CONSUMO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000794).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate y votación del siguiente punto del orden del día.


Les recuerdo, señoras y señores diputados, que las votaciones vamos a tener que iniciarlas a las cuatro y media porque tenemos que abandonar la sala, dejarla libre. Yo les rogaría que, si es posible, fueran escuetos y resumieran al máximo
sus intervenciones porque, si no, no va a dar tiempo y vamos a tener que dejar algunas iniciativas para la próxima sesión.


En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Mora para defender la proposición no de ley relativa al manejo de las bombillas de bajo consumo.


El señor MORA BERNAT: Señorías, la proposición no de ley relativa a realizar una campaña de información sobre la correcta manipulación de las bombillas de bajo consumo desde la adquisición hasta su depósito para el reciclaje, que, a través
de mi persona, el Grupo Popular trae para su debate a esta Comisión, no es un hecho menor. Mi grupo parlamentario, al presentar esta proposición no de ley para su posible aprobación en esta Comisión, pretende crear una campaña informativa eficaz
con la que conseguiremos varios objetivos, entre ellos la recuperación de las materias primas. Actualmente, cada vez es más difícil el acceso a las materias primas, bien por la dificultad que entraña el poder extraerlas, bien por su escasez. Por
ello, la gestión de los residuos nos permite recuperar algunas materias primas y seguir utilizándolas, dándoles así una nueva vida. Los materiales de las lámparas de bajo consumo son vidrio, metales, polvos fluorescentes, plásticos y mercurio
destilado. Todos estos materiales se reutilizan convirtiéndose en otros objetos, salvo el mercurio, en cuyo caso una nueva vida no es posible, por lo que se destila pasando a ser almacenado en lugares seguros.


Otro de los motivos para esta proposición no de ley es la gestión de residuos y reciclado. El mercurio no se puede eliminar ni reciclar, por lo que se intentan reducir los niveles de este metal pesado en el medioambiente y en la exposición
de los seres humanos. El Parlamento Europeo, basándose en la Directiva 2002/95, modificó el anexo en cuanto a exenciones relativas a las aplicaciones que contienen, entre otras sustancias, mercurio, por el que se reducen considerablemente los
valores límite aplicables a las lámparas que contienen mercurio; lámparas que están sujetas a las disposiciones de recogida selectiva y tratamiento establecidas en la Directiva 2002/96, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Todas
las medidas relacionadas con el medio ambiente tienen un carácter transversal que aglutina a ministerios, empresas y asociaciones por lo que la cooperación de los diferentes ministerios con las empresas del sector y las asociaciones debe ser tenida
muy presente. Por ello, quiero hacer una mención expresa a los dictámenes del Consejo, de la Comisión, del Comité Científico de Salud y Riesgo Ambiental, el cual evaluó los riesgos derivados de la ruptura accidental de las lámparas de bajo consumo,
llegando a la conclusión de que el riesgo para la salud de los adultos debido a su rotura es poco probable, aunque no está demostrado el riesgo por ingesta y por contacto en niños por falta de datos científicos.

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Se debería aprovechar esta campaña informativa para transmitir a los ciudadanos una información veraz, aprovechando para desmitificar algunos mensajes que por su alarmismo o laxitud provocan incertidumbre. Unos ciudadanos bien informados
son unos ciudadanos que ayudan en su obligación de reciclar colaborando de esta manera con la implantación de una gestión adecuada de los residuos, que en el caso concreto de las lámparas de bajo consumo es una fuente de oportunidades para muchas de
las empresas ubicadas en el Estado español, como Ambilamp, que es una entidad sin ánimo de lucro creada específicamente para la recogida y tratamiento final de los residuos de las lámparas, tal y como contempla el Real Decreto sobre aparatos
eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos. Ambilamp garantiza el cumplimiento de las obligaciones establecidas por el real decreto para cada una de sus empresas adheridas. Estas empresas pueden aumentar su riqueza al tener acceso a
nuevos sectores empresariales, posibilitando así la creación de puestos de trabajo; y a la vez se consigue una gestión medioambiental adecuada de nuestro territorio, cumpliendo de esta manera con los condicionantes impuestos por nosotros mismos y
por la Unión Europea. Al ahorro energético conseguido con la gestión de los residuos habría que sumarle el ahorro energético que supone el sustituir las lámparas de incandescencia por las lámparas de bajo consumo, ahorro estimado en el 80% del
consumo energético, a lo que hay que añadir que la duración de una lámpara de bajo consumo es entre seis y ocho veces mayor que la de una lámpara incandescente.


El Plan bombillas, del exministro Sebastián, fue una muestra más del despilfarro socialista, ya que el Gobierno se puso a regalar unas bombillas que los propios ciudadanos hubieran ido sustituyendo progresivamente. Era un plan para el
ahorro energético que pretendía el reparto gratuito de 49 millones de lámparas de bajo consumo, una en el año 2010 y otra en el año 2009, y luego un programa 2x1 para la sustitución voluntaria de las lámparas incandescentes. La verdad es que el
plan fue un verdadero fracaso, ya que en el caso de regalar las lámparas solo se llegó al 37% y eso que eran gratis; y en el caso del 2x1 solamente se repartieron 6,5 millones, lo que del total supone solamente un 28%; todo un éxito, pero esos son
los éxitos a los que nos tienen acostumbrados los Gobiernos socialistas. Además en ese plan no se informaba al ciudadano de qué hacer en el caso de que una de esas lámparas de bajo consumo se rompa, ni qué hacer en el caso de acabarse la vida útil
de las lámparas. Si cuando se realizó la campaña de regalar las lámparas se hubiera aprovechado para informar a los ciudadanos, como era la obligación del Gobierno, hubiera resultado más sencillo y más económico que realizarlo ahora. Aunque el
exministro Sebastián ya no se encuentre aquí, gracias a Dios, las administraciones perduran. (Rumores.) Y como la Administración debe asumir sus responsabilidades, por eso creemos que esta campaña es necesaria, porque los ciudadanos deben conocer
los efectos contaminantes y nocivos para la salud del mercurio. Deben saber cómo comportarse en caso de una posible rotura de una lámpara de bajo consumo, cómo recoger sus restos y cómo actuar en caso de contacto, al igual que deben saber que esas
lámparas de bajo consumo, una vez finalizada su vida útil, deben depositarse en los contenedores apropiados para ello.


Hay una enmienda presentada que el Grupo Parlamentario Popular no tiene ningún problema en incorporarla.


El señor PRESIDENTE: A esta proposición hay presentada una enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Barberà. Yo les ruego a todos brevedad porque si no...


El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Señor presidente, voy rápido, no perdamos tiempo.


En Convergència i Unió estamos a favor del uso de las lámparas fluorescentes compactas por diferentes causas técnicas que no voy a reproducir para ahorrar tiempo. Estamos de acuerdo en que sirven y son útiles para reducir el consumo
energético y disminuir la dependencia energética. Y en este sentido, estamos de acuerdo en que se hagan campañas para que todo el circuito que tienen que hacer para recuperar el plástico, el vidrio, el metal y el mercurio especialmente, se haga con
sistemas integrados de gestión, como es Ambilamp, y sean lo más eficientes posible. Agradecemos que se nos haya aceptado la enmienda. Ya saben ustedes que intentamos siempre que las comunidades autónomas participen y sean protagonistas también en
este proceso, y también que la Comunidad Autónoma de Cataluña es una comunidad muy sensibilizada donde la recogida de residuos tiene un alto grado de efectividad.


Eso es todo, hemos ido muy rápido.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barberà. A ver si su intervención sirve de referencia para el resto de portavoces, dicho sea con todo el respeto.


Tiene la palabra para fijar posición, el señor Cantó.

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El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Simplemente, quiero apoyar la proposición que trae aquí el Partido Popular y decirle rápidamente dos cosas. Primero, que si realmente al Partido Popular le interesa la contaminación por mercurio, aparte de
aprobar una campaña para criticar medidas del anterior Gobierno, tiene dos posibilidades muy sencillas. En primer lugar, desarrollar un plan nacional de metales pesados. Hace años el Gobierno ya contrató una asistencia técnica al respecto, con el
resultado de que hoy en día ni siquiera tenemos un borrador de lo que pasó. Y en segundo lugar, apoyar la actividad del Centro Tecnológico Nacional de Descontaminación del Mercurio, permitiéndole así desarrollar soluciones innovadoras para la
gestión de este metal pesado altamente contaminante y de sus residuos.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Centella.


El señor CENTELLA GÓMEZ: Intervendré muy brevemente para decir que muy mal deben de andar las cosas en el Gobierno cuando necesitan que el Grupo Popular presente una proposición no de ley para hacer una campaña relativa al manejo de las
bombillas de bajo consumo. Creo que estas cosas debe hacerlas el Gobierno de por sí. Si necesita que el Grupo Popular presente una proposición no de ley es que algo debe de fallar. Claro que algo falla, y es que el Partido Popular puede venir
aquí, presentar una proposición no de ley, incluso puede buscar un titular pero la realidad es que el Gobierno no está haciendo nada por ayudar al ahorro energético, incluso colaborar con la Unión Europea. Por tanto, nosotros nos vamos a abstener
para no participar en farsas; no vamos a apoyar esta proposición. Repito, el Gobierno que lo haga, que es lo que tiene que hacer, hacer campañas de información. Y si el Partido Popular quiere gastar su cupo en proposición no de ley de este tipo,
lo puede hacer, no vamos nosotros a dar lecciones a nadie ni mucho menos, pero repito que entendemos que esto no corresponde a una proposición no de ley.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su portavoz, María José Rodríguez.


La señora RODRÍGUEZ RAMÍREZ: El Grupo Parlamentario Popular trae a debate a esta Comisión una iniciativa impropia de un grupo de Gobierno; es una proposición que podríamos denominar de oposición retroactiva. No sabemos en qué parte se
devalúa más el sentido de una proposición no de ley a una Comisión del Congreso de los Diputados, si en la exposición de motivos, que se dedica a esa tarea que tanto les gusta de hacer oposición a la oposición, o en la inconsistencia de la parte
dispositiva que, señorías, no reúne la entidad mínima suficiente de convertirse en el objeto de una proposición no de ley. Y despliegan una serie de argumentos contradictorios para llegar a solicitar algo -aunque ustedes lo dejan en evidencia, como
ya se ha dicho- que debería estar en el ámbito de responsabilidad del Gobierno: una campaña de información sobre la correcta manipulación de las bombillas de bajo consumo. Leyendo la introducción de la propuesta no termina una de tener claro si
están ustedes a favor o en contra de la sustitución de bombillas convencionales por las de bajo consumo y, aparte de cuestionar el Plan de ahorro y eficiencia energética del Gobierno anterior, no se sabe si el problema es que se repartieron gratis,
que se repartieron menos de las que se dijeron -algo que en cualquier caso sería positivo por los efectos del mercurio, según ustedes- o que venían de China. En fin, el hecho de reprochar el coste económico de estas medidas para las arcas públicas
puede ser un argumento con poco fundamento, sobre todo cuando se obvia el ahorro energético que supuso. ¿Es que no lo saben? O, sencillamente, no les interesa. ¿Y les interesa acaso la traducción en términos ambientales y sociales? Tampoco,
¿verdad? Y vienen a pedir una campaña de información porque no llevaban un manual de instrucciones sobre la correcta manipulación. ¿De cuáles, de las que se repartieron hace dos y tres años? ¿Por qué no se la piden a los fabricantes o a las
comercializadoras eléctricas? Claro que a las comercializadoras eléctricas solo les hacen grandes favores.


Justifican esta solicitud en los efectos nocivos del mercurio. Sí, les preocupa tanto el mercurio que las transferencias que desde el Ministerio de Medio Ambiente se venían haciendo al Centro Tecnológico de Descontaminación del Mercurio
desaparecieron -qué casualidad- en el primer presupuesto que hizo el Partido Popular en el año 2012. Tampoco en el año 2013 hemos tenido suerte, tampoco se contempla ninguna partida para este centro. Ya vemos cuánto les preocupan los efectos del
mercurio; debe ser una preocupación de ida y vuelta. En la primavera de 2012, cuando se elaboraron los Presupuestos Generales del Estado, esa preocupación les bajó, concretamente les bajó 1.300.000 euros, que desaparecieron; en julio, cuando se
firma la iniciativa, les vuelve a aparecer la preocupación por el mercurio, pero, qué lástima, ni siquiera les ha durado para la elaboración de las cuentas del 2013 ni en la votación de las enmiendas porque hace tres semanas votaron ustedes en
contra de que este centro contara con la dotación de

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1.300.000 euros. Es un centro que surge en el 2005, en el marco de la estrategia europea sobre el mercurio, de la que ustedes se desentienden; se crea en apoyo de esa estrategia europea para atender las dudas y las necesidades que surjan
en la aplicación de la misma y para dar a conocer abiertamente el mercurio y el lugar que ocupa en nuestro entorno. Es un centro, por cierto, que no necesita de una proposición no de ley para actuar como asesor científico de la Administración o
para colaborar en una simple acción divulgativa sobre el mercurio que, también le digo -y creo que es importante-, no solo está en las bombillas, está en cualquier aparato electrónico con pantalla de cristal líquido, en cualquier monitor de
ordenador, en las pantallas planas, en las videocámaras, en las pilas, en las baterías, en los biocidas y hasta en algunas cremas y jabones -la lista es más larga pero me la voy a ahorrar~_. Por tanto, ¿cuál es el problema, señorías? ¿Es el
mercurio como metal tóxico en general o solo es el mercurio de las bombillas de bajo consumo?, ¿o solo el de las bombillas que venían de China y se repartieron gratis en los años 2009 y 2010 por un Gobierno socialista? Ese es el problema de
verdad. Pero, además, es mentira, mienten ustedes al valorar cómo fracasó esta medida porque, para empezar, no se repartió la cantidad que usted ha dicho; no se repartieron ni siquiera bombillas, se repartieron vales que debían ser canjeados por
los ciudadanos en las oficinas de Correos, con lo cual no era una medida pasiva sino que implicaba el comportamiento activo de la ciudadanía a la hora de conseguir esas lámparas. Solo en el año 2009 se canjearon más de 7 millones de vales, un 37%.


Ahora, hablemos de ahorro energético. Solo en la campaña de ese año se evitó la emisión a la atmósfera de 270.000 toneladas de CO2 al año y, en términos económicos, significó una disminución del consumo eléctrico equivalente al consumo
anual de 152.000 hogares, es decir, una factura eléctrica que se redujo en nuestro país en 108 millones de euros; para que nos hablen ustedes de déficit y de despilfarro. Quizá sea ahí donde tienen ustedes el problema, en que algunas empresas
vieron mermada su cuenta de resultados. Y, hablando de economía, ustedes que tanto alardean de austeridad, ¿nos pueden ustedes decir el coste de esta campaña informativa? ¿Lo han calculado? ¿Es poco? ¿Es mucho? ¿Es eficiente en relación con el
resultado que pretende esa relación coste-beneficio? ¿Es el Gobierno quien tiene que hacerla? ¿No serán los productores, los comercializadores? ¿Solo la hacemos sobre el mercurio de las bombillas o sobre todos los productos que contienen mercurio
y cuya manipulación puede ser tóxica para la ciudadanía? Ha mencionado usted a Ambilamp. Ambilamp tiene en sus estatutos -solo hay que meterse en la página web-, entre sus objetivos, la concienciación, la educación y la sensibilización sobre las
lámparas. Por cierto, el real decreto excluye las lámparas de los hogares pero, en cualquier caso, estaría encantada de que esa campaña la pagara Ambilamp. De lo que se trata es de priorizar, no de recortar. Pero, por recortar, han recortado
ustedes incluso en campañas de sensibilización en algo tan grave como la violencia de género y ese sí que es un coste, señoría, que no nos podemos permitir. Así que un poquito más de rigor y de seriedad. Y, para colmo de todo, nos hablan ustedes
de reciclaje, ustedes que están vaciando, vía recorte presupuestario y vía reformas legales, la política de residuos, contradiciendo frontalmente los principios de fomento de la reutilización. Han modificado la Ley de Residuos y Suelos Contaminados
de hace apenas un año, contraviniendo incluso directivas europeas, con lo cual ni siquiera es creíble, de verdad, señorías, esa voluntad que ustedes tienen de animar a la población a un uso responsable de cualquier producto y, en este caso, a su
reciclaje. Por tanto, nuestra posición en esta PNL, como digo inconsistente, va a ser no apoyarla, desde luego, y abstenernos.


El señor PRESIDENTE: A los únicos efectos de decir si acepta la enmienda presentada por Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Mora.


El señor MORA BERNAT: Se acepta.


- PARA LA CONSTITUCIÓN DE UN BANCO DE TIERRAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de expediente 161/000840).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente proposición no de ley relativa a la constitución de un banco de tierras.


Tiene la palabra el señor Centella en nombre de La Izquierda Plural que es el grupo que ha presentado esta iniciativa.


El señor CENTELLA GÓMEZ: Voy a tratar de ajustarme a la brevedad que nos ha pedido la Presidencia para defender una proposición no de ley que lo que busca es un doble objetivo. Por un lado, que una serie

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de tierras que son propiedad del Estado, muchas de ellas encomendadas al ejército, puedan ser dedicadas a uso agrícola y cultivadas. El ejército ha cambiado a lo largo de la historia y las necesidades que tiene hoy no son las que tenía hace
unos años; eso provoca que haya tierras que en este momento están desaprovechadas, y entendemos que podría ser la base para generar un instrumento que, repito, no solamente pusiese en valor esas tierras sino que además fuese un instrumento para
combatir el paro que tiene un alto nivel en zonas rurales. Concretamente en la provincia de Sevilla existen varias propiedades del Estado, administradas por el Ministerio del Ejército, que podrían alcanzar rápidamente un valor más alto que el que
actualmente tienen. Además, repito, serviría para que situaciones de paro como las que hoy se producen en el mundo rural puedan empezar a ser afrontadas, dando valor a lo que sería el mundo de las cooperativas para que pudiesen gestionar este banco
de tierras.


Por todo ello nuestra iniciativa pretende iniciar un camino, para lo que planteamos tres propuestas: en primer lugar, que se haga un estudio, que es relativamente rápido y fácil de hacer, sobre las tierras que tiene el Estado en propiedad y
cuáles pueden ser dedicadas a uso agrícola e incluidas en este banco de tierras. En segundo lugar, que se negocie con los propietarios de tierras que todos sabemos que están subexplotadas e incluso abandonadas, para que puedan ser incluidas en este
banco de tierras. Por último, que en paralelo se constituya un grupo de trabajo -hay un error en la propuesta, que no se puede subsanar si no es con una autoenmienda, pero si se aceptase así podría quedar al menos para el 'Diario de Sesiones' ya
que entendemos que va a ser difícil que se apruebe- entre el Ministerio de Agricultura, sindicatos agrarios, cooperativas, patronal agraria y, evidentemente, comunidades autónomas, porque en el marco competencial del Estado esta gestión tendría que
ser fundamentalmente de las comunidades autónomas -este es el error, lo que falta-. Este grupo de trabajo en el plazo que se considere oportuno, pueden ser tres meses pero no es una fecha restrictiva, podría presentar una propuesta de cómo poner en
marcha, en esta misma Comisión de Agricultura, este banco de tierras que creemos que es una iniciativa que puede ser novedosa y que puede venir a resolver esos dos problemas: tierras desocupadas y gente que quiere trabajar y no puede.


El señor PRESIDENTE: Gracias señor Centella por el uso eficiente que hace de su tiempo, que es un bien escaso, sobre todo en la reunión de hoy. Está dando ejemplo reiterado de ello.


A esta iniciativa no se han presentado enmiendas. Con la máxima brevedad posible, para que dé tiempo a completar el orden del día pregunto a los grupos si desean intervenir. Tiene la palabra el señor Barberà.


El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Muy rápida y brevemente también. En Convergència i Unió creemos que los bancos de tierra gestionan el acceso a la superficie agraria que no esté en uso. En algunas comunidades ya tienen implantados bancos de
tierras pero con tierras que el propietario inscribe en un banco para que sean arrendados de la forma más conveniente para el desarrollo rural y con el fin de mantener la actividad agrícola, de modo que ésta no cese por jubilación o abandono de la
actividad, y sea transmitida la explotación a otro titular por mediación y con la garantía del banco de tierras.


La iniciativa que nos plantea La Izquierda Plural es crear un banco de tierras pero en este caso con tierras de propiedad del Estado en desuso para ser destinadas a uso agrícola y cultivadas por cooperativas, y en consecuencia combatir el
desempleo en las zonas rurales. Nuestro grupo parlamentario va a dar apoyo a la propuesta porque toda iniciativa a favor de revitalizar el medio rural es bien recibida. Ahora bien, queremos matizar que quizá para nosotros no sea la opción más
eficiente para conseguir las finalidades que plantean. Si hay tierras públicas que han dejado de tener interés para el Estado debido a que ya no prestan el servicio inicialmente previsto, lo más lógico sería que se ofreciesen a los vecinos o
administraciones más locales.


El señor PRESIDENTE: Señor Sicilia.


El señor SICILIA ALFÉREZ: Seré muy breve, señor presidente, no sufra usted por ello, ya que además coincidimos con los planteamientos que hace el señor Centella. Coincidimos en la parte expositiva; también en el Grupo Parlamentario
Socialista nos preocupa el desempleo y de manera especial el desempleo que se produce en el ámbito rural, donde como bien sabemos quienes venimos de esa España del interior, de ese ámbito rural, las oportunidades de trabajo siempre son más limitadas
y sobre todo están ligadas al sector agrario. Nuestra preocupación coincide con la que se manifiesta en esta proposición no de ley. Entendemos el planteamiento que se hace de posibilitar ese mejor aprovechamiento de aquellas

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tierras de titularidad estatal que puedan tener un mejor, valga la redundancia, aprovechamiento por parte de cooperativas o de jóvenes que en un momento determinado pudieran estar interesados en darle uso para así no solo generar mayor
riqueza sino también salir del desempleo; riqueza y puestos de trabajo que es lo que necesita nuestro país en este momento y de manera especial en las zonas del interior. Coincidimos con el planteamiento de que ese aprovechamiento pueda llevarse a
cabo por cooperativas y que también se pueda aprovechar para incentivar la entrada de jóvenes en el mundo agrario, fomentar la agricultura ecológica, señor Centella, que creo que también es importante, y cómo no, la innovación y la investigación
agraria. Dado que compartimos esa parte expositiva, también la propositiva, es por lo que vamos a apoyar esta proposición no de ley y la vamos a apoyar porque no vemos ningún inconveniente en que se estudie lo que se está pidiendo; que se estudie
qué tierras pueden ser aprovechadas es algo que ya se está haciendo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.


Estamos de acuerdo también con que se negocie con propietarios de tierras que las tengan abandonadas o que estén subexplotadas, que es algo que ya se está haciendo por parte de algunos ayuntamientos, como es el caso del Ayuntamiento de
Arjona, en mi provincia, que ya se ha puesto en comunicación con propietarios de tierras que las tienen en desuso, para dar más puestos de trabajo en su localidad. Igualmente estamos de acuerdo con el último punto en el que se insta al Gobierno
para que constituya un grupo de trabajo y que las conclusiones del mismo puedan ser debatidas en esta Comisión. En definitiva, este último punto lo único que hace es poner deberes a esta Comisión en aras de conseguir un banco de tierras que puede
venir bien en este momento en el que muchas familias lo están pasando mal y sobre todo en el ámbito rural. Si esto contribuye a que pueda haber más riqueza y empleo en nuestras tierras, en el ámbito rural, desde luego va a contar con el apoyo del
Grupo Socialista.


El señor PRESIDENTE: Para fijar posición, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra su portavoz don Aurelio Romero Girón. Esta Presidencia confía en la acreditada capacidad de síntesis que tiene su señoría para que nos ayude a
terminar en el tiempo previsto.


El señor ROMERO GIRÓN: Lo haré con brevedad, señor presidente, pero, como es lógico, tengo que posicionar al Grupo Parlamentario Popular en esta iniciativa.


El objetivo de esta iniciativa, resumidamente, es la creación de un banco de tierras que agrupe las tierras del Estado, que sean cedidas posteriormente para que puedan ser cultivadas en forma de cooperativa, dando por hecho que estas
tierras, según se dice en la exposición de motivos, se encuentran en situación de abandono, algo que a mi juicio no se ajusta siempre a la realidad. Tengo que decirle, señor Centella, que esta no es una iniciativa novedosa, ni muchísimo menos, en
el sentido de que este instrumento se ha puesto en marcha en algunas comunidades autónomas e incluso en algunos ayuntamientos excepto, tengo que decirlo y después me referiré a ello, en la Comunidad Autónoma de Andalucía donde gobiernan ustedes.
Puedo decirle, por las noticias que tengo, que este instrumento no ha funcionado en aquellas comunidades en las que se ha puesto en funcionamiento, singularmente por razones económicas, ya que generalmente se ha tenido que nutrir de recursos
públicos ante el déficit de la rentabilidad de las explotaciones. Existe alguna excepción, como es el caso de Asturias, donde el banco de tierras tiene una orientación distinta al que ustedes exponen en esta proposición no de ley. Allí son los
agricultores, que al jubilarse anticipadamente venden o arriendan sus tierras al banco de tierras por ser un requisito exigido por la Unión Europea para jubilarse. El banco de tierras que se plantea en esta proposición no de ley es completamente
distinto y me suena a pasado. Son medidas obsoletas que no han funcionado nunca y a las que ustedes siempre recurren como si fueran la panacea para solucionar los problemas cuando precisamente son medidas fracasadas que agravan aun más los
problemas. Me recuerda a la fracasada reforma agraria que el Partido Socialista puso en marcha en Andalucía en los años ochenta, que fue declarada inconstitucional y de la que nunca más se supo.


Estas fórmulas son completamente distintas a otras que sí pueden tener perspectivas de futuro como pueden ser las uniones de agricultores que disponen de sus tierras en forma de agrupación para explotarlas como sociedades agrarias en
transformación o cooperativas en común de tierras, pero con un objeto social distinto al del banco de tierras que ustedes proponen, ya que el objetivo primordial de estas agrupaciones es el ahorro de costes en los input agrarios. Nuestra posición
coincide con la idea que tiene el Ministerio de Agricultura sobre el destino de las tierras propiedad del Estado y que el señor Centella conoce puesto que recibió la contestación a una pregunta escrita que él mismo formuló al ministerio. Las fincas
agrarias que son propiedad del Estado tienen como finalidad principal la conservación del medio ambiente y el uso y disfrute por los ciudadanos siempre que ello sea posible, todo ello sin olvidar que en

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estas tierras se obtienen rendimientos por la explotación de su potencial forestal, cinegético, ganadero, etcétera, cuya adjudicación se hace por los procedimientos legales establecidos y que sin duda generan actividad económica y, por
tanto, empleo en la zona donde se llevan a cabo. Esta es la posición del Grupo Parlamentario Popular, por lo que somos contrarios a la creación de este banco de tierras.


Permítame, señor presidente, que termine haciendo una pregunta que yo no sé contestar pero seguro que el grupo proponente y el que lo apoya, el Grupo Socialista, sí tendrán la respuesta. Aquí hemos debatido hoy que se cree un banco de
tierras con aquellas que son propiedad del Estado para su cesión y explotación por las cooperativas. Sin embargo, en Andalucía, las fincas propiedad de la Junta de Andalucía se están enajenando por el procedimiento de subasta pública adjudicándolas
al mejor postor. Mi pregunta es saber si esas tierras de Andalucía no son susceptibles de ser cultivadas por cooperativas y solo pueden ser cultivadas por gente que tenga posibilidades económicas para adquirirlas. Estoy seguro que el grupo
proponente y el Grupo Socialista tendrán la contestación a esta pregunta. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias por su capacidad de síntesis que una vez más ha quedado demostrada.


El señor CENTELLA GÓMEZ: Señor presidente, como me ha hecho una pregunta ... (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Serénense ustedes. Se han hecho preguntas también anteriormente; la interviniente del Grupo Socialista también hacía unas preguntas al autor de la iniciativa de las bombillas de Grupo Parlamentario Popular. No cabe
debate.


El señor CENTELLA GÓMEZ: Le contestaré con mucho gusto en privado.


- SOBRE MEDIDAS DE APOYO AL SECTOR VITIVINÍCOLA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000898).


El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al siguiente punto del orden del día. Proposición no de ley sobre medidas de apoyo al sector vitivinícola. El autor de esta iniciativa es el Grupo Parlamentario Socialista y supongo que don Alejandro
Alonso es quien la va a defender. Tiene la palabra.


El señor ALONSO NÚÑEZ: Me agrada proponer a la Comisión una proposición no de ley dirigida a un sector importantísimo en nuestro país, y especialmente en mi región donde el vino es algo más que un sector económico. En Castilla-La Mancha
tenemos más del 50% de las viñas y más del 50% de la producción española. Alguien podrá decir seguramente después de la intervención que a qué viene esta proposición no de ley cuando el vino es un sector que en este momento tiene un desarrollo
razonable y, efectivamente, esto es así. Es un sector en el que el Grupo Popular tendrá dificultades al hablar de la herencia recibida porque la herencia no puede ser mejor, el vino se vende, las bodegas están vacías y en este momento el sector nos
tiene satisfechos. Pero, señores, tampoco hay que lanzar las campanas al vuelo. Hoy he recibido, seguramente ustedes también, un informe del Observatorio del vino de España donde dice que caen las exportaciones españolas de vino en volumen y
crecen, pero menos, en valor. El informe del Observatorio dice que en el mes de septiembre, acumulando, ha habido un retroceso en los primeros nueve meses del año del 23,5% de disminución de exportaciones de vino en España. Por ello, esto nos debe
obligar a dedicar a este sector todo el interés que podamos.


El sector vitivinícola es un sector que conviene, desde mi punto de vista, tratar de verlo siempre en su conjunto; es un sector importantísimo en España. Somos el país del mundo con más superficie de viñedos -más de un millón de
hectáreas-, cuarenta millones de hectolitros, que para el que no sepa lo que es un hectolitro es más o menos lo que cabe en el estadio del Bernabeu; un sector que juega un papel ambiental importantísimo, fijando CO2 y alimentando especies
migratorias y autóctonas; un sector con un valor cultural innegable que nos va a permitir aprobar por unanimidad una declaración institucional de apoyo al vino y que sea el vino declarado Patrimonio de la Humanidad.


Desde el punto de vista económico, el vino hay que verlo en su conjunto, vuelvo a repetir. Algunas veces veo con tristeza que se habla del vino desde una óptica muy parcial y hay que saber que el vino es un producto procedente de las uvas,
en principio el mosto y a partir de ahí tiene un recorrido muy distinto; la producción de vinos, vinos tranquilos, vinos espumosos y vinos de licor. La elaboración de sus productos, la elaboración de alcohol y lo que se deja en mosto o zumos de
uva. Por tanto, cualquier desequilibrio, cualquier constipado en alguna de estas facetas puede dar al traste con una situación que es bastante

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buena en este momento. La situación es buena porque España ha conseguido en estos últimos años una gran presencia en los mercados de exportación; se está exportando muchísimo, se exporta con poco valor; gran parte del vino se exporta a
granel -aquí hay una asignatura pendiente-.


Entrando ya en la proposición no de ley, España tiene que seguir apostando en implementar una estrategia para asegurar la presencia de los vinos españoles en los mercados internacionales y que además esta presencia de los vinos no sea
coyuntural por situaciones de balance de campañas en unos continentes y en otros, sino que la presencia sea con valor añadido y con presencia. Ahí viene el punto sexto que en definitiva trata de asegurar el mantenimiento de los programas, las
ayudas, las estrategias de promoción exterior desarrolladas en estos últimos años y que, vuelvo a repetir, están dando sus frutos. El problema más grave que tiene el vino en estos momentos en España es que siendo España el principal país productor
de vino del mundo estamos en este momento en cifras de consumo interior de las más bajas de los países de nuestro entorno; tenemos un consumo de vino en este momento mucho más bajo que el que tienen países que no han visto una viña ni la verán en
su vida porque tienen climas que no permiten el desarrollo de esta especie vegetal.


Este es el núcleo fundamental de la proposición no de ley que pretendería que el Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas, con las fundaciones, organizaciones y con todo el sector interesado en el mundo del vino desarrollaran
una estrategia tendente a mejorar las cifras que en este momento hay en España de consumo de vino y de otros productos vitivinícolas. Este es el punto primero y creemos fundamental que el Gobierno asuma el compromiso, reclamado durante muchísimo
tiempo, por el ahora partido en el Gobierno, de que estas campañas se hagan bajo el paraguas de vino y salud que es el campo donde se puede desarrollar mejor la promoción.


El punto segundo tiene que ver con la diversificación. Decía al principio que tenemos que considerar al vino como un sector interrelacionado: el vino, el mosto, el alcohol, y en ese sentido la propuesta es clara y contundente; es abrir la
posibilidad de que en España pueda producirse, comercializarse y embotellarse vino sin alcohol, utilizando esta terminología que en este momento está prohibida por la legislación española y por la europea. Consideramos que el vino al que se le ha
retirado el alcohol, el vino desalcoholizado puede ser una magnífica alternativa para aquellos consumidores que les gusta el sabor del vino pero no pueden consumirlo por edad, por enfermedad o por otros motivos. En ese sentido la proposición no de
ley dice que hay que desarrollar claramente una estrategia contundente en las organizaciones europeas, la OIV y la Unión Europea para que el vino sin alcohol sea una alternativa real, se produzca, se comercialice y se envase en nuestro país. El
punto tercero tiene que ver con algo que se está haciendo en este momento, que es la producción y comercialización de zumos de uva. Aquí hay una gran competencia con otros zumos y consideramos que el zumo de uva, no el mosto, es decir, el zumo
elaborado con los mismos parámetros que se utilizan en los zumos de naranja, de limón, de melocotón o de cualquier otro tipo, se incorpore a la estrategia nacional de promoción del zumo como ese producto y aligere igualmente el mercado.


El punto cuarto tiene que ver con un tema antiguo en la Unión Europea que es lo que se ha denominado chaptalización, aquello que se inventó ese monje Chaptal que permitía hacer vino donde no había posibilidades; era echarle azúcar a un vino
que no podía fermentar porque no tenía grado alcohólico suficiente. Esto ha permitido a muchas regiones europeas de climas extremos, muy fríos, hacer vino que compite en el mercado utilizando una base de mosto y azúcar del sector de la remolacha.
En este sentido la proposición no de ley quiere dejar muy claro que el Gobierno español, lo mismo que ha asumido el tema de los derechos de plantación de viñedo, asuma como objetivo irrenunciable en la negociación a futuro de la organización común
de mercado del sector vitivinícola el uso preferente del mosto de vino en el enriquecimiento de los vinos en las regiones europeas donde está autorizado.


Por último el punto quinto -al sexto ya me ha referido antes- se refiere a la fiscalidad. El vino, como saben ustedes tiene una fiscalidad razonablemente buena, muy buena; el conjunto del sector ya se puede discutir, pero sobre el sector
pende una espada de Damocles porque hay muchas instituciones y organismos ligados al mundo de la salud; otros sectores que hacen competencia al vino, la cerveza y las bebidas espirituosas, que están tratando de modificar la fiscalidad actual
llevando al vino a una fiscalidad similar a otras bebidas. Nosotros proponemos al resto de los grupos que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a asumir el compromiso de no modificar la fiscalidad actual del vino en esta legislatura; ese
es el compromiso. Si el Gobierno quiere mantenerlo lo podría hacer, pero mucho nos tememos que podrían hacer con el vino lo que han hecho con otros sectores, incrementando la fiscalidad de productos,

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sectores a los que seguramente no se les había pasado por la cabeza que este Gobierno del Partido Popular, que prometió bajar impuestos, se los subiera.


En definitiva, seis puntos en una proposición no de ley -termino, señor presidente- que van a los temas que en este momento está demandando el sector; no tengo la menor duda de que todos los diputados asumirán su redacción. Luego lo
comprobaremos en la votación, pero son cosas puestas en razón, reivindicadas por el sector vitivinícola durante muchísimos años, por lo que espero que ningún grupo tenga inconveniente en votar este planteamiento.


El señor PRESIDENTE: A esta iniciativa se han presentado dos enmiendas; una por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, para cuya defensa tiene la palabra el señor Barberà.


El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Como dice bien la exposición de motivos de la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista que estamos debatiendo, el Estado cuenta con un sector vitivinícola muy potente. En la iniciativa que nos ocupa
centran la caída del consumo interno como problemática para el sector, y por ello plantean una serie de medidas a lograr un aumento del consumo interno así como medidas para potenciar las exportaciones. Obviamente estamos a favor de cualquier
acción que garantice la viabilidad del sector. No es necesario recordarles que Catalunya, como señalaba el diputado para otras zonas del Estado español, tiene un peso muy importante en el sector vitivinícola estatal, con unos buenos resultados en
exportaciones y sus cavas y vinos gozan de un gran prestigio internacional. Si bien compartimos el espíritu de la iniciativa, hemos querido puntualizar en la enmienda que algunas de las medidas que proponen son competencia de las comunidades
autónomas, como la promoción e internacionalización de sus productos, pero esperamos que esto se solucione con la transaccional.


El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Popular ha presentado otra enmienda, para cuya defensa tiene la palabra don Bibiano Serrano.


El señor SERRANO CALURANO: Nos parece apropiada su proposición no de ley, nos parece bien intencionada, sin duda alguna, pero tengo que decirle que exactamente igual se equivocan ustedes en el fondo de la cuestión; utilizan mecanismos que
no se pueden utilizar porque los prohíbe la reglamentación europea y utilizan programas que son francamente mejorables y que no los comparte el propio sector. Para ello me van a permitir ustedes que les diga, punto por punto, donde consideramos que
se puede actuar de otra manera, motivo por el que hemos presentado esta enmienda a la totalidad.


En primer lugar, proponen ustedes una estrategia para la promoción del vino, bajo el programa vino y salud. A este respecto tengo que decirle que hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, concretamente la
C-544, de fecha 6 de septiembre de 2012 -estamos hablando de una sentencia reciente- que prohíbe taxativamente el binomio vino-salud, es decir, no se puede utilizar ese binomio porque está prohibido por esa sentencia. Nos parece bien pero lo único
que hacemos es decirles a ustedes que no podemos utilizar ese programa que mencionan, vino y salud, bajo ese paraguas, y que cambiemos ese programa por el de: vino con moderación, arte de vivir. Este programa, aprobado por la Unión Europea, no
tiene ninguna contraindicación jurídica, está aprobado por la Federación Española del Vino y puesto en marcha por un periodo de tres años; este programa está cofinanciado por el ministerio y es aceptado plenamente por la Comisión. No podemos
aceptar ese punto, que entendemos que es bueno pero no se puede aplicar de ninguna manera. Lo que pretendemos es aplicar el programa que le he mencionado anteriormente, que goza del beneplácito de la Federación Española del Vino.


En segundo lugar, señor Alonso, solicitan ustedes utilizar la palabra vino, que pueda comercializarse como vino sin alcohol. He de decirle en este punto que gracias al esfuerzo que hizo el ministerio en la asamblea general de la
Organización Internacional del Vino, que se celebró en el mes de junio en Turquía, se han aprobado dos resoluciones, la ECO 432/2012, que dice: bebida obtenida por desalcoholización del vino, y la ECO 433/2012, que dice: bebida obtenida por
desalcoholización parcial del vino. Es decir, defendemos que estas dos resoluciones se incorporen al derecho de la Unión Europea, porque de otro modo es imposible que podamos utilizar eso que usted pide como vino sin alcohol y sabe usted
perfectamente que eso no se puede utilizar a no ser que sea traspuesto al Derecho comunitario, y no se va a incorporar porque lo que se puede incorporar es algo que la Organización Internacional del Vino aprobó en su asamblea general en el mes de
junio. En tercer lugar, señor Alonso, quieren ustedes equiparar el zumo de uva al resto de frutas. Estamos plenamente de acuerdo con usted y entendemos que debe ser así, pero ¿al lado de qué sector nos ponemos? Sabe usted que el sector está
enfrentado en este

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asunto, está enfrentado por un lado el sector del zumo y está enfrentado el sector vitivinícola. Lo que pedimos nosotros, y lo decimos abiertamente, es hacer un planteamiento claro pero desde el punto de vista de un acuerdo íntegro del
sector; que el sector se ponga de acuerdo en qué vamos a utilizarlo y nosotros estaremos plenamente de acuerdo en hacer lo que diga el sector. No les impongamos nada porque estaremos dando un mal ejemplo. Nuestro punto de vista queda claro en la
enmienda que hemos planteado a su propuesta, en el sentido de alcanzar un acuerdo por parte del sector.


En el punto cuarto, dice usted: apoyar y defender en la Unión Europea la utilización de mosto para enriquecer el vino. Esto no está prohibido; esto está permitido en la reglamentación europea; se puede hacer perfectamente. Hay un
problema, y es que enriquecer con mosto es mucho más caro que enriquecer con azúcar, por eso se hace con azúcar. Es una cuestión de rentabilidad de las empresas que lo hacen. No podemos obligar a nadie a que no sea rentable su industria, por lo
que, repito, es una cuestión de rentabilidad. Esta medida que estaba en vigor hasta el año 2012, dentro del programa de la ficha financiera de la OCM del vino, que entró en vigor en el año 2008, España no la ha utilizado. Hemos puesto, dentro del
programa de apoyo de la OCM del vino, el régimen del pago único, una ayuda a los viticultores que es muy interesante; reestructuración, promoción, inversiones, eliminación de subproductos, etcétera, mucho más interesante que esta medida que después
de 2008 en España no se ha utilizado y que con anterioridad a 2008 se ha utilizado pero desde luego muy poco. Por eso decimos que si la Unión Europea exime de este tema, nosotros estaremos encantados de apoyarlo. En el quinto punto de su propuesta
ustedes dicen: garantizar que durante la presente legislatura no se va a producir incremento en la fiscalidad del vino y del resto de los productos vitivinícolas. Señoría, el vino tiene un impuesto cero; yo le tranquilizo a usted porque no vamos
a hacer lo que hizo la exministra Elena Salgado con el guirigay que montó. Saben ustedes que esta señora quiso pasar el vino como bebida de alta graduación alcohólica, con lo cual sí iba a llevar un impuesto. Gracias a la movilización del propio
sector fuimos capaces de pararlo; no hay ningún temor, se lo garantizo. Su propuesta habla de otros productos vitivinícolas. Sabe usted que dentro de este tema también están las bebidas de alta graduación alcohólica, y estas sí están sometidas a
estos impuestos especiales de bebidas alcohólicas.


El señor PRESIDENTE: Señor Serrano le ruego que vaya concluyendo, por favor.


El señor SERRANO CALURANO: No se va a hacer de ninguna manera. -Voy terminando-.


Respecto al sexto punto, señor Alonso, nos encantaría poner ese programa en marcha, pero usted sabe como nos dejaron las arcas; para eso hace falta dinero, dinero que no nos dejaron. (Rumores). Nosotros, repito, estamos de acuerdo en el
modo pero no en las formas, y no estamos de acuerdo en los instrumentos que ustedes utilizan. Saben que se ha creado un grupo de alto nivel interministerial, presidido por el secretario general de Comercio, con un plan estratégico mucho más
ambicioso del que usted propone aquí. Le instamos a que acepte nuestra enmienda porque entendemos que se adapta a la realidad jurídica europea y se adapta a la realidad del sector mucho mejor que esa proposición no de ley que ustedes han
presentado, y que estamos dispuestos a aceptar. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Alonso.


El señor ALONSO NÚÑEZ: Lamento que el principal grupo parlamentario no acepte el planteamiento; su propuesta alternativa descafeína absolutamente la proposición no de ley y señala lo que se está haciendo en este momento. Nuestra
obligación es pedir que se haga un poquito más. Por ello, no vamos a aceptar la enmienda del Grupo Popular y, por el contrario, sí vamos a aceptar en sus justos términos la enmienda que ha planteado Convergència i Unió y por tanto se incorporaría
literalmente al texto conforme está planteada, por lo que no es necesaria una transaccional.


Sugiero a la Presidencia y al resto de los grupos que si alguien tiene interés en votar por puntos, puesto que me parecía escuchar que había más oposición en unos puntos que en otros, el Grupo Socialista no tendría inconveniente, si alguien
lo solicita, que se vote punto por punto.


El señor PRESIDENTE: Para fijar posición tiene la palabra el señor Cantó.


El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Quiero recordar al señor Alonso que siendo este un sector que sí que es verdad que crece, hay veces que los sectores crecen no gracias a los Gobiernos sino a veces a pesar de ellos. Me parece que usted ha
hablado de uno de los problemas fundamentales que tiene este sector que es el del consumo interno, y precisamente los Gobiernos socialistas no se han

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manifestado muy alegremente a favor de lo que es el consumo interno de una sustancia tan importante como la del vino. No hay más que recordar cómo eran las campañas del Ministerio del Interior que simplemente sacaban vino y no sacaban
bebidas de más graduación; no hay más que recordar lo que decía la señora Salgado que puso en frente suyo a toda la industria vitivinícola, desde el cava hasta el jerez, desde la viña hasta la distribuidora porque decidió meterlo junto a otras
sustancias de alta graduación como una sustancia peligrosa; -ya se ha recordado aquí-. Nos parece que la propuesta es pobre porque no se nos dice, no se nos aclara, no se profundiza en la estrategia. Hablan también de vinos sin alcohol, pero es
que hay un problema claro del uso de esa palabra por cuestiones de legalidad internacional y de comercialización que no creemos que se pueda obviar. Zumo de uva y mosto son generalidades, son buenas intenciones que nosotros estamos dispuestos a
apoyar, pero creemos que solo son eso, un decálogo de buenas intenciones. ¿Incrementos de fiscalidad? De acuerdo, pero de nuevo de acuerdo con lo que el Grupo Socialista dice, no con lo que hizo, que no fue esto de lo que están hablando ahora. Y
cuando hablan de internacionalización nos parece una broma; creemos que ustedes son los responsables de que se haya acabado con algo tan importante para el sector como es la marca España. Voy a ponerle ejemplos que no tienen ninguna sospecha de lo
que se nos suele achacar siempre que recordamos lo de la marca España, porque voy a hablarle de países que tienen un sistema federal y una estrategia concertada; Sudáfrica, que es un gran competidor nuestro la tiene; Australia también; Chile, por
poner otro ejemplo diferente de estos dos, de competidores que sí hacen un trabajo serio de la marca España. Sin embargo aquí seguimos con los 16, 17 mini pabelloncitos españoles que acaban de estropear todo el trabajo serio que se puede hacer en
cuanto a internacionalizar y en cuanto a la marca España.


Hemos propuesto ya medidas importantes, como son la de proyectos superautonómicos, la del reequilibrio de la cadena agroalimentaria; hemos hablado de unidad de mercado. Nosotros sí que creemos en nuestros productores, en el valor
maravilloso de nuestros viñedos: paisajista, antropológico, ecológico, en la capacidad innovadora y exportadora de nuestras industrias y cooperativas. Por eso decimos que hay que ser un poquito más serios en esta materia y presentar propuestas un
poquito más consistentes.


El señor PRESIDENTE: Les agradezco a sus señorías que hayamos sido capaces de llegar en tan poco espacio de tiempo a agotar los puntos del orden del día.


- RELATIVA A LA CALIFICACIÓN DEL FURTIVISMO REINCIDENTE EN EL MARISQUEO COMO DELITO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000942).


El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al siguiente punto del orden del día, que es el último. Proposición no de ley relativa a la calificación del furtivismo reincidente en el marisqueo como delito. Lo ha presentado el Grupo Parlamentario
Popular. Para su defensa tiene la palabra el señor García Díez.


El señor GARCÍA DÍEZ: Señor presidente, a pesar de ser la última de las proposiciones no de ley y sin pasión de portavoz de Pesca les puedo asegurar que quizá para mí es de lo más importante que podemos tratar en este momento, sin
despreciar, insisto, las cuestiones previstas.


Los datos que voy a dar para argumentar esta proposición no de ley están basados en la Comunidad de Galicia, no por ser mi tierra, que también, sino porque Galicia es líder, no solo a nivel de España sino a nivel de toda la Unión Europea en
el marisqueo. Estamos hablando de más de 1.200 kilómetros de costas en Galicia, de más de 5.000 personas, 4.000 de ellas, mujeres, dedicadas a mariscar, fundamentalmente a pie, y con una producción anual que supera las 10.000 toneladas, con un
valor en el mercado de más de 75 millones de euros, cifras todas ellas importantes pero que no voy a magnificar porque hay otros temas detrás de estas cifras que han motivado y justifican esta propuesta.


Desde el año 2009, año en el que asume nuevamente el Gobierno el Partido Popular, se puso sobre la mesa como prioridad número uno de la Consellería del Mar erradicar el furtivismo. Se pusieron medidas hasta aquel momento no utilizadas, como
patrullar conjuntamente los guardacostas de Galicia con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como habilitar dobles tripulaciones en los helicópteros de vigilancia, un plan especial de lucha contra el furtivismo, etcétera. (Rumores). No
hay mucho tiempo ni la sala tiene la configuración adecuada, pero si sus señorías pueden ver este cuadro -luego con mucho gusto se lo enseño con más detalle, si tienen interés-, podemos ver en la línea roja como el número de decomisos ha crecido
sustancialmente en todos estos años, hasta alcanzar el último año más de 96.000 kilos de marisco decomisado por ser capturado de forma ilegal. Se han reforzado los servicios de

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inspección veterinaria llegando a más de 20 inspectores veterinarios y ya más recientemente se ha habilitado por medio de los convenios con las cofradías de pescadores instrumentos con el apoyo financiero adecuado para conseguir erradicar
esta práctica tan letal para nuestros intereses. (Continúan los rumores).


El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, les ruego silencio porque están entorpeciendo la audición.


El señor GARCÍA DÍEZ: Gracias, señor presidente, sobre todo por respeto a las mariscadoras y mariscadores de esta tierra y de España. Sí, sí, no se rían, para mí este es un tema muy serio. (La señora Seara Sobrado: Para mí también). Lo
digo por las risas que he escuchado. (Protestas). No sé de dónde han venido, pero he escuchado risas y yo no me río de este tema. (Continúan las protestas).


El señor PRESIDENTE: Por favor, señoras y señores diputados, les ruego se mantengan en silencio.


El señor GARCÍA DÍEZ: Cuando éramos niños en mi colegio alguien decía: el que se pica, ajos come.


El señor PRESIDENTE: Señor portavoz, puede usted continuar.


El señor GARCÍA DÍEZ: Más del 61% de la financiación a la que me he referido la aporta el Fondo europeo de pesca, lo que valida de alguna forma estas actuaciones a las que me acabo de referir.


Esta propuesta que contiene la proposición no de ley responde a un clamor del sector pesquero. En aras de la brevedad les recordaré solamente algunas declaraciones de distintos factores integrantes dentro de este sector, elementos
importantes todos ellos. Se reclama ayuda a la justicia para que no se nos trate como a los denunciados y que el furtivismo se considere falta o delito, pide la Asociación Gallega de Guardacostas; la Guardia Civil ha llegado a decir que es
lamentable que algunas actuaciones de los furtivos no tengan sanciones penales; los patrones mayores de muchas cofradías han llegado a decir que tienen que entrar con fuerza los juzgados en este asunto, que hay que tipificarlo en el Código Penal y
que lo que no puede ser es que haya gente con más de cien expedientes sancionadores y miles de euros en sanciones que no llegan a pagarse. Finalmente, el fiscal jefe de Medio Ambiente también añadía a todas estas declaraciones que sin modificar el
Código Penal es difícil encajar la pesca furtiva como un delito.


Señorías, las medidas adoptadas -me he referido solamente a unas pocas- no han sido suficientes, no han dado el resultado apetecido. ¿Por qué? A nuestro juicio, hay tres elementos decisivos: primero, es una práctica recurrente; segundo,
se está acogiendo a subterfugios legales declarándose insolventes para acabar no pagando estas sanciones que, insisto, son solamente de tipo administrativo y finalmente no sirven de nada las incautaciones, porque aquí no hay una embarcación, son
mariscadoras, normalmente a pie, que utilizan un rastrillo y una azada, material que les incautan y que reponen con facilidad. Aquí no se incauta un barco ni tampoco vale retirar licencias, porque no las tienen, no hay licencias, son personas que
actúan al margen de la ley. (Rumores.) Elevaré mi voz si es necesario. No hay una penalización efectiva y por ello siguen delinquiendo impunemente. De ahí que nuestra propuesta vaya en la línea de profundizar en medidas que sean más eficaces.
Insisto, hay que dar respuesta a los que esquilman la mar y hay que proteger a los que se ganan la vida honradamente.


Son cambios legislativos los que estamos pidiendo en esta proposición no de ley; hay que convertir la reincidencia, insisto en este adjetivo calificativo, reincidencia, en algo más que en una falta. El furtivismo reincidente tiene que
verse calificado con un mayor reproche penal. Señorías, no puede ser que el 1%, que son los furtivos, deje sin futuro al 99%, que son los mariscadores y mariscadoras que operan pagando sus impuestos y actuando siempre dentro de la ley. Aquí ya no
valen medias tintas, y lo digo claramente. O estamos del lado de los que delinquen, que estoy seguro que nadie de los aquí presentes lo estará, o estamos del lado de los profesionales honrados de la mar. Siempre que se ha hablado de esto se ha
hecho desde el punto de vista sanitario, porque hasta ahora solamente se penalizaba cuando era un problema de salud pública. Con esta propuesta estamos tratando de atajar el problema en su origen y no cuando ya se causa un problema de salud, muchas
veces con fallecimiento por intoxicaciones.


Termino, señor presidente. Como no ha habido enmiendas a esta proposición no de ley, espero que algunas opiniones de grupos parlamentarios que se manifestaron cuando se trató de forma similar este planteamiento en Galicia, hayan madurado,
hayan reflexionado y no sean las mismas que en aquel momento se posicionaron con el voto en contra a lo que hoy vamos a tratar aquí. Ya sabemos que no se resuelve el problema ni con más estudios ni con más vigilancia ni con más controles en los
transportes o

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en la hostelería, que también se ha hecho y no ha dado resultado y que, en todo caso, son medidas complementarias. En este momento lo calificaría como que ya no valen los buenismos. Les pido a los que intervengan a continuación que, por
favor, no hagan demagogia con algunos de estos temas, porque he escuchado recientemente cuestiones que voy a dejar muy claras para terminar. Con esta propuesta el Grupo Parlamentario Popular no está hablando de meter en la cárcel a quien
puntualmente se encuentre en una situación de furtivo, se trata de dar respuesta adecuada a quien aproveche la vulnerabilidad de las sanciones administrativas, única cuestión aplicada hasta la fecha, para seguir delinquiendo. Nuestra propuesta es
profundizar en medidas legales que disuadan al infractor y si no que lo pague; lo digo así de claro y sin rubor. Se trata de poner coto a los furtivos reincidentes, de tipificar como delito penal el furtivismo, y lo digo ya por última vez,
reincidente.


Señorías, en nombre de todas estas personas que cité al principio, que se ganan la vida en condiciones muy duras, pero con una competencia tremendamente desleal y al margen de la ley, les pido que pongamos coto a todas estas prácticas. Por
eso le estamos pidiendo al Gobierno que estudie la posibilidad de que a través de una modificación en el Código Penal se tipifique como delito penal el furtivismo reincidente. Como portavoz de pesca de este grupo parlamentario les adelanto que,
aprovechando que se va a tramitar en breve en esta Cámara la modificación del proyecto de ley del Código Penal, introduciremos alguna enmienda en este sentido, pero me gustaría contar hoy con el apoyo de todas sus señorías.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen fijar posición? (Pausa). Les recuerdo que estamos en el límite de tiempo y que tenemos que dejar disponible esta sala a las cinco de la tarde. Les ruego la máxima brevedad en la fijación de su
posición.


Tiene la palabra, en nombre de UPyD, el señor Cantó.


El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Queremos manifestarnos a favor de lo que plantea hoy aquí el Grupo Popular. Es un tema estrictamente jurídico pero creemos -y le pedimos, ya que dice que habrá oportunidad para mejorar el texto- que esta
iniciativa se debiera mejorar y completar con medidas de concienciación social acerca del perjuicio ocasionado al medio ambiente y a los ciclos de reproducción de la fauna, y con mejoras en la coordinación de las autoridades responsables en todo el
territorio español, no solamente en Galicia, aunque en esta comunidad autónoma el problema es evidente y no requiere mayor aclaración ya que el perjuicio no es solamente económico sino también medioambiental. También pedimos al Gobierno que tenga
claro que para analizar este problema hay que tener en cuenta la complicación que esto plantea, porque las aguas interiores están completamente transferidas a las comunidades autónomas y este tipo de problemas ya se ha manifestado repetidamente en
conflictos como el que se ha dado entre los pescadores de Cantabria y el País Vasco.


El señor PRESIDENTE: Por La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Centella.


El señor CENTELLA GÓMEZ: Quiero decirle al portavoz del Grupo Popular que no sé si por inmadurez o por demagogia, nuestro grupo va a votar no a su propuesta. Después de oír su intervención todavía me ha quedado más claro algún elemento.
Cuando comenzó, pensaba que a quien se quería criminalizar era a grandes delincuentes, a grandes organizaciones, pero luego cuando viene a decir que son personas que van con un rastrillo y una cubeta, al final uno no sabe qué es realmente lo que se
quiere criminalizar.


Vamos a tomar medidas sociales, vamos a acabar con el paro y posiblemente se acabará con este problema. Nos parece que el Partido Popular sigue en su camino de poner medidas jurídicas que criminalicen en lugar de buscar la solución de los
problemas. Por tanto, repito, por inmadurez, por demagogia, nosotros vamos a votar negativamente esta propuesta.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, por el Grupo Socialista, la señora Seara.


El señor SEARA SOBRADO: Señor presidente, quiero manifestar que nosotros también vamos a votar en contra, y explicaré las razones.


Esta iniciativa fue ya debatida en el Parlamento de Galicia a propuesta del Grupo Parlamentario Popular en el año 2010, exactamente la misma iniciativa, idéntico texto y parecidísima exposición de motivos. Tampoco fue la primera vez, porque
en el año 2004 el Grupo Popular, también en el Parlamento de Galicia, llevó una propuesta muy similar a través de una proposición de ley. Ahora es el mismo grupo el que la trae a debate al Congreso de los Diputados, y lo hace utilizando casi los
mismos argumentos,

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casi idénticos, después de años de fomento de un debate demagógico del que hoy el señor portavoz del PP ha vuelto a hacer gala y después de haberse prestado a un electoralismo lamentable una cuestión que sin ser exclusivamente gallega -aquí
estoy de acuerdo con otros portavoces- sí ha generado conflictos en una de las zonas de marisqueo más importantes del mundo. Es verdad que desde hace años hay debates respecto al furtivismo en Galicia, pero también es cierto que nunca ha habido un
acuerdo. No es cierto que haya un consenso de todo el sector pesquero, no es cierto. Es faltar a la verdad decir en esta Comisión que hay un acuerdo y un consenso de todo el sector pesquero respecto a esta cuestión, no es cierto. De hecho, le
quiero decir que esto nunca acabó en acuerdos y todas las políticas que el Gobierno gallego puso en marcha resultaron ser finalmente un fracaso. Quizá por ello su alternativa sea, como ha ocurrido otras veces, ir corriendo hacia el Código Penal,
obviando que ya hay durísimas sanciones administrativas. Es habitual en ustedes: cuando en este país hay un problema su propuesta siempre es la misma, su casa común es siempre el Código Penal, y el planteamiento ya es conocido. Si fallan las
políticas forestales, incrementamos las penas en el Código Penal; si hay casos tremendamente horribles respecto a cuestiones relacionadas con los menores, vamos corriendo a modificar el Código Penal; y si no somos capaces de atajar el furtivismo
en Galicia por otros problemas estructurales, corremos, y después de años de fracaso en nuestras políticas, en vez de replantearnos qué tenemos que mejorar de esas políticas, lo que hacemos es volver otra vez a correr hacia el Código Penal.


No estamos de acuerdo por muchas razones. Por supuesto hay una razón ideológica, una razón de fondo. El 96% de las infracciones que se levantan en el mar en Galicia han sido cometidas por personas con licencia, no por furtivos, señor Díez,
y usted eso lo debería saber. No solo se trata de castigar sino de regular y ustedes, al tiempo que han puesto casi imposible con sus políticas ejercer la pesca y el marisqueo, encareciendo los permisos, dificultando las licencias, recortando las
ayudas, pretenden ahora castigar penalmente. Lo ha dicho usted en su defensa, ha dicho que no creen ya en las políticas preventivas. Por otro lado, la propuesta que formulan genera una tremenda confusión, y me voy a explicar.


Hablan ustedes de furtivismo en el marisqueo, pero, ¿qué es el furtivismo reincidente en el marisqueo? ¿Es coger en la playa todos los días un cuenco de almejas para comer y más en un momento como este? ¿Es el marinero, mariscador o
mariscadora que recibe una sanción por interpretar la legislación de una manera errónea? ¿Es un turista despistado? ¿Es el que se pasa en la cantidad o en la talla de una especie en un momento puntual y que ni siquiera es imputable a su voluntad
sino a las circunstancias, por ejemplo pescar espada cuando se está alargando o recogiendo un palangre de fondo, y usted conoce bien estos ejemplos? ¿Es el que por climatología se ha pasado unos minutos en los horarios de actividad o es realmente
alguien que arrasa un caladero? ¿Cuál es, por tanto, el grado que debe tipificar el furtivismo en el Código Penal? Su propuesta apunta única y exclusivamente al castigo. Le hablaba antes de la sustitución de las políticas públicas por la sanción
penal, que es lo que está haciendo su Gobierno. ¿Por qué no se trata sobre la eficacia de unos menguados operativos de los servicios de guardacostas que hay en este momento en la Comunidad Autónoma de Galicia y en otras comunidades autónomas
probablemente? ¿Por qué no se trata sobre la necesidad de incrementar y mejorar los recursos humanos y materiales, de acuerdo con las propias comunidades autónomas para luchar contra el furtivismo? Le hablo de recursos que podrían, sin duda,
mejorar la prevención, la detección y, por supuesto, la identificación tanto del furtivismo en el propio litoral, es decir, en la costa, cuando se está marisqueando, y también en la comercialización, sin duda alguna.


¿Cómo compatibilizar esta iniciativa con el abandono que, por ejemplo, hace el Gobierno gallego de sus obligaciones de vigilar con recursos públicos la primera reserva marina existente en Galicia? Me estoy refiriendo a Los Miñarzos de Lira
en Carnota, dejando de financiar la vigilancia de este espacio protegido e invitando, señoría, entre comillas, a una modesta cofradía de pescadores a asumir esta función. ¿Cómo erradicar el auténtico furtivismo en los bancos marisqueros cuando solo
tienen a dos mariscadoras que, por sorteo, están obligadas a hacer guardias mientras las fuerzas de seguridad están destinadas con escasos recursos y medios, eso sí, a otras labores prioritarias que les mandan y que casi nunca son las de proteger
los recursos marinos? ¿Quieren ustedes erradicar el furtivismo de la ría do Burgo, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Coruña con el Código Penal en la mano sin solucionar antes los serios problemas de chabolismo que hay en Ponte Pasaxe? Esa es su
postura. (El señor García Díez: No mezcle cosas). Sí, sí, esa es su postura; ese es el auténtico debate. (Rumores). Es el debate que ustedes están evitando, es la realidad que no quieren ver. Como los monos de Gibraltar, se tapan ustedes los
ojos para no mirar. (Protestas). Por eso nuestro grupo va a votar en contra de esta proposición no de ley. (Aplausos.-Un señor diputado: Qué falta de respeto.-Otro señor diputado: Las monas serán ellas).

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El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, les ruego se mantengan en silencio y faciliten los trabajos de votación que se van a desarrollar a continuación.


Quiero recordarles que al finalizar esta Comisión se va a celebrar Mesa y portavoces en este mismo edificio en la planta principal, en la sala Sert, para fijar el próximo orden del día.


- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL (Número de expediente 140/000005).


El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la lectura de la declaración institucional a favor de la cultura del vino, que ha sido consensuada por todos los portavoces de los grupos parlamentarios. Ruego al señor secretario que proceda a la
lectura de esta declaración.


El señor SECRETARIO (Pacheco Atienza): Propuesta de declaración institucional de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en apoyo de la candidatura de la cultura del vino para su declaración como Patrimonio de la
Humanidad.


La vid forma parte del paisaje milenario de nuestros pueblos. El vino se encuentra en nuestra historia, en nuestras artes y en nuestra cultura alimentaria. El origen de la vitis vinífera se ubica en la región transcaucásica y el sur del
Mar Negro entre el 7000 y el 6000 antes de Cristo. Siempre ha demostrado ser una planta aventurera que ha sabido instalarse en cualquier lugar del mundo. Se ha desarrollado con facilidad en climas adversos, suelos y lugares muy diferentes. Sin la
presencia de la vid y el vino no puede entenderse nuestra cultura occidental, herencia de ese conglomerado de tradiciones que desde los imperios asirio y persa, pasando por Egipto, cristaliza en Grecia y Roma.


El arte y la literatura, como no podía ser de otro modo, han recogido esta tradición e incluso han sacralizado el vino. Por eso siempre ha servido como inspiración de artistas desde pintores a escritores. En los lugares donde creció la vid
el vino fue siempre un motivo de unión, de concordia, de celebración y de acuerdo. En numerosos estudios se ha probado que la vid fue pieza clave para la sedentarización de las primeras civilizaciones. Desde ese momento siempre ha acompañado el
discurrir de todas y cada una de las civilizaciones que han ido poblando el mundo y ha ido ayudando a crear la cultura de la humanidad como hoy la conocemos.


Desde la Antigüedad, la elaboración de vino ha representado mucho más que una actividad económica; es un símbolo de identidad cultural. El vino se extendió con los romanos; la adopción de sus formas de vida significó la introducción de
esta bebida en la dieta y en la cultura de la gente. Desde entonces se viene constatando que el vino es un alimento y que su consumo moderado es beneficioso para la salud. Desde la Edad Media, la fundación de monasterios cerca del camino jacobeo
favoreció el desarrollo de la viticultura y tiempo más tarde fue precisamente España quien extendió su cultivo y consumo por América. Desde la Antigüedad y hasta nuestros días el vino ha estado presente en la cultura de los pueblos y muy
particularmente en el Mediterráneo y en España.


La cultura de la viña y del vino configura y caracteriza el paisaje y la vida de gran parte de la Unión Europea. En España existe hasta un total de noventa denominaciones de origen y cuarenta y una indicaciones geográficas protegidas.
Muchos de nuestros vinos se asocian a comarcas, regiones y lugares, formando parte esencial de su identidad. No se puede entender gran parte de nuestros territorios sin pensar en sus viñedos, que en muchos casos son el único cultivo posible y
principal garantía de una gestión sostenible. Alrededor de la viña, la elaboración del vino y de su comercio gira una parte muy importante de la economía, de la actividad laboral, de las tradiciones, la cultura, las costumbres, la literatura, la
arquitectura de numerosos pueblos y regiones, a lo que se añade la extraordinaria importancia de su mercado, tanto interior como exterior, lo que es fiel reflejo de la calidad de nuestros vinos. El vino es cultura, tanto por su enraizamiento en la
población desde siempre como por su presencia en las artes. El vino está en la Biblia, en Cervantes y en Shakespeare, como en toda la literatura mundial. El vino está en la pintura, en la escultura, la música, el cine; está en el románico y en
las modernas estructuras de los más prestigiosos arquitectos mundiales.


En definitiva, la vid y el vino representan el sólido nexo que se adentra en la más remota historia hasta definir una profunda y pujante cultura que une a pueblos y territorios de cualquier lugar del mundo. Forma parte esencial de sus
expresiones artísticas y está asociado en su forma de consumo a valores positivos como la sociabilidad y la moderación.


Por todo ello, el Congreso de los Diputados apoya expresamente la candidatura para que la cultura del vino sea declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.


Firmado por los portavoces de los distintos grupos parlamentarios. (Aplausos).

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El señor PRESIDENTE: Leída esta declaración, la Presidencia somete al asentimiento de todas sus señorías su aprobación. (Asentimiento). Se da por aprobada.


Vamos a proceder a la votación de las proposiciones no de ley incluidas en el orden del día.


Proposición no de ley relativa a la legislación, ordenación, concesión y explotación de recursos y aprovechamientos hidráulicos. Esta iniciativa ha sido presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia y se somete a
votación en sus propios términos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: a favor, 1; en contra, 40.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la fachada litoral de Altea en la provincia de Alicante. A esta iniciativa se ha presentado una enmienda del Grupo de Convergència i Unió que finalmente ha sido objeto de una
enmienda transaccional entre el Grupo Socialista y el Grupo de Convergència i Unió. Se somete a votación esta proposición con la enmienda transaccional que se ha realizado.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: a favor, 17; en contra, 23; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Proposición no de ley relativa al manejo de las bombillas de bajo consumo. A esta iniciativa se ha presentado una enmienda de Convergència i Unió que ha sido aceptada por el grupo proponente, que es el Grupo Parlamentario Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: a favor, 26; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Iniciativa número 4. Proposición no de ley para la constitución de un banco de tierras. Esta iniciativa ha sido presentada por La Izquierda Plural y se somete a votación en sus propios términos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: a favor, 17; en contra, 24.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Se somete a votación la proposición no de ley número 5, presentada por el Grupo Socialista, sobre medidas de apoyo al sector vitivinícola. A esta iniciativa se ha presentado una enmienda de Convergència i Unió, que queda incorporada, y se
ha rechazado la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular. El portavoz de La Izquierda Plural propone que se someta a votación separada el punto número 1 de esa iniciativa. Por tanto, votamos el punto número 1.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: a favor, 15; en contra, 23; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Resto de puntos de la iniciativa del Grupo Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: a favor, 17; en contra, 23; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la iniciativa del Grupo Socialista.


Por último, vamos a someter a votación la proposición no de ley relativa a la calificación del furtivismo reincidente en el marisqueo como delito. Esta iniciativa ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Popular y se somete a votación
en sus propios términos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: a favor, 24; en contra, 15; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Se levanta la sesión.


Eran las cinco y diez minutos de la tarde.