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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 170, de 02/10/2012
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2012 X Legislatura Núm. 170
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. GABRIEL ELORRIAGA PISARIK
Sesión núm. 7
celebrada el martes,
2 de octubre de 2012
ORDEN DEL DÍA:
Ratificación de la ponencia designada para informar sobre:
- Proyecto de ley de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude. (Número de expediente 121/000015)
... (Página2)
Aprobación con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia, sobre:
- Proyecto de ley de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude. (Número de expediente
121/000015).... (Página2)
Se abre la sesión a las cinco y cinco minutos de la tarde.
RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR SOBRE:
- PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVA TRIBUTARIA Y PRESUPUESTARIA Y DE ADECUACIÓN DE LA NORMATIVA FINANCIERA PARA LA INTENSIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES EN LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE. (Número de expediente
121/000015).
El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar la sesión de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas para estudiar el proyecto de ley de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera
para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude fiscal. El primer punto del orden del día es la ratificación de la ponencia, que se reunió la semana pasada, que, si no hay mayor problema, la damos por aprobada
por asentimiento. (Asentimiento).
APROBACIÓN CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA, SOBRE:
- PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVA TRIBUTARIA Y PRESUPUESTARIA Y DE ADECUACIÓN DE LA NORMATIVA FINANCIERA PARA LA INTENSIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES EN LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE. (Número de expediente
121/000015).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto del orden del día, que es el debate de las enmiendas planteadas por los distintos grupos parlamentarios al texto. Los grupos dispondrán de un tiempo de diez minutos para sus intervenciones,
tiempo que espero que no consuman en su integridad, salvo que sea estrictamente necesario. Suspenderemos al final la sesión durante unos minutos para tratar de ordenar, en lo posible, la votación, para lo cual ruego a los grupos que no nos han
indicado todavía el sentido de su voto, si pueden hacerlo, que lo hagan. En todo caso, las votaciones no las celebraremos antes -y, probablemente, exactamente, espero- de las seis y cuarto. El orden de intervenciones va a ser de menor a mayor y,
por lo tanto, empezamos por el Grupo Mixto. Por ello, en primer lugar, tiene la palabra la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Por el poco éxito que tuvieron nuestras enmiendas en ponencia vamos a defenderlas todas en la tarde de hoy. Empezaré diciendo que, desde nuestro punto de vista, el punto de vista del Bloque Nacionalista Galego,
una estrategia de lucha contra el fraude fiscal debe contar con medidas eficaces y ser ambiciosa. Las medidas contempladas en este proyecto de ley, aunque las hemos valorado como positivas, también las consideramos muy insuficientes, como hemos
hecho constar en el debate de la enmienda de devolución presentada por La Izquierda Plural. Es necesario, señorías, impulsar un acuerdo internacional en el marco de la OCDE que avance en la erradicación de los paraísos fiscales. Es necesario
también acompañar la estrategia de lucha contra el fraude fiscal de un programa que dote de más recursos, tanto materiales como humanos, para una lucha activa contra el fraude y la evasión. Asimismo, es necesario avanzar en la obtención de datos a
través de la banca, en la colaboración entre la Agencia Tributaria y las administraciones tributarias autonómicas y locales y es necesario favorecer la información y concienciación por parte del conjunto de la ciudadanía. Señorías, estos son varios
de los ejemplos que ilustran la insuficiencia de este proyecto de ley. Además, una estrategia eficaz contra el fraude fiscal también implica contar con un programa de acción que dote a la Agencia Tributaria de mayores recursos, con el objetivo de
obtener una mayor eficacia en la detección del fraude y la evasión fiscal.
Estas razones, estos principios que acabo de enumerar son los que dan base a las enmiendas que presentamos y, concretamente, a las cinco disposiciones adicionales nuevas que son las siguientes. La disposición adicional, que es la enmienda
número 5 de las nueve que presentamos, tiene como objeto crear un programa de acción contra el fraude y la evasión fiscal, en la medida en que este proyecto de ley debe ir acompañado, desde nuestro punto de vista, de un programa de acción que dote,
como ya hemos dicho, a la Agencia Tributaria de mayores recursos, con el objetivo de obtener una mayor eficacia en la detección del fraude y la evasión fiscal. Siguen siendo noticia, señorías, las informaciones que aparecen en los medios y que
toman como base los informes de Gestha, estos técnicos de Hacienda que dan datos muy claros y que concretamente dicen que si se redujera el fraude del Estado español a la media de la
Unión Europea estaríamos en el año 2013 obteniendo unos ingresos semejantes a lo que representa el pago de los intereses de la deuda. De ahí que nosotros entendamos que sea necesario este apoyo a la Agencia Tributaria para poder, como los
propios inspectores reclaman, investigar las grandes bolsas de fraude que, como ellos mismos dicen y nosotros hemos comentado en algún debate anterior, existe en las grandes fortunas y grandes empresas que representan el 72% de todo ese fraude
fiscal.
Otra disposición adicional plantea la lucha contra los paraísos fiscales. Señorías, señor presidente, ustedes saben que en la Cumbre del G-20 celebrada en Londres el 2 abril de 2009, los presidentes de los países del citado grupo
proclamaron públicamente que terminaba la opacidad de los paraísos fiscales. Sin embargo, dos años y medio después los resultados son decepcionantes. En la pasada Cumbre de Cannes celebrada el 4 y 5 de noviembre de 2011, simplemente instan a los
paraísos fiscales a proseguir con las evaluaciones y adoptar las medidas recomendadas para hacer efectivo el intercambio de información. Así, desde nuestro punto de vista, seguimos defendiendo que es necesario impulsar en la comunidad internacional
un acuerdo para la obtención de información de quienes operan en esos paraísos fiscales.
Otra disposición adicional nueva va destinada a incorporar a la ley el impulso de acuerdos para la obtención de información relativa a los usuarios de paraísos fiscales. Se trata de una medida necesaria en tanto no se alcancen acuerdos
internacionales para la lucha contra el fraude fiscal. Cabe recordar, señorías, que países como Alemania o Estados Unidos han llevado a cabo acuerdos similares.
Nuestra penúltima disposición adicional plantea asimismo la necesidad de incorporar a este proyecto de ley un programa de concienciación social para la lucha contra el fraude y la evasión fiscal. Señorías, para avanzar en la lucha contra el
fraude y la evasión fiscal es necesario, además de medidas legislativas, como las que se están tomando, también otras como favorecer la información y concienciación por parte del conjunto de la ciudadanía, con el objetivo de incrementar la eficacia
en las medidas legislativas. También es necesario incorporar a la ley lo que nosotros planteamos en otra disposición adicional, que es la enmienda número 9, y que trata de la coordinación y colaboración efectiva entre la Agencia Tributaria y las
administraciones tributarias de las comunidades autónomas y corporaciones locales. Nos parece muy importante esta colaboración, señorías, y por eso presentamos esta nueva disposición adicional. El resto de las enmiendas las damos por defendidas.
El señor PRESIDENTE: Hay una enmienda planteada por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, que damos por defendida, dado que no hay ningún portavoz en la sala. Por lo tanto, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario de Unión
Progreso y Democracia, don Álvaro Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Como ya comentamos en el Pleno, mi grupo considera que las propuestas que trae aquí el Gobierno van a suponer una mejora, aunque sea una mejora marginal, en la lucha contra el fraude, dado que identifica algunos de
los obstáculos que las administraciones han encontrado para combatir el fraude e intentar removerlos. Sin embargo, creemos que un problema social tan grave, que implica una pérdida de recaudación de 7 u 8 puntos del PIB cada año, merecía unas
propuestas más ambiciosas, y eso es lo que ha intentado mi grupo con sus enmiendas, dar mayor ambición a esta propuesta del Gobierno. Un conjunto de enmiendas tiene que ver con los plazos; por ejemplo, el plazo de prescripción de las infracciones
tributarias, que proponemos ampliarlo de cuatro a cinco años para mejorar la lucha contra el fraude e igualarlo al vigente a efectos penales. Otro plazo que querríamos ampliar es el que hace que si los inspectores no terminan su labor de inspección
en él, la deuda tributaria quede prescrita, porque esto lleva a estrategias dilatorias de los defraudadores, que a menudo tienen éxito. Nuestra enmienda 54 trata esa cuestión. También proponemos que haya circunstancias agravantes en las que el
plazo de prescripción se extienda hasta los diez años, entre las que incluimos el hecho de ser cargo público, por la ejemplaridad que el cargo público siempre debe tener. Respecto a la estimación objetiva, nos parece bien que se reduzca, pero
habríamos ido más allá. Nosotros proponemos reducir en un tercio los parámetros que contempla el Gobierno porque hoy en día la Agencia Tributaria y las pymes tienen medios informáticos que no existían hace veinte años y este método de estimación
objetiva supone una pérdida de recaudación y es una fuente de facturas falsas que dificulta la lucha contra el fraude, por lo que creemos que debería ir camino de la extinción a un ritmo más rápido que el que plantea el Gobierno.
Otro conjunto de enmiendas de Unión Progreso y Democracia se dedica al peligro de la pérdida de residencia fiscal. Estas medidas del Gobierno podrían incentivar que haya agentes que deciden residir a efectos fiscales fuera de España.
Convendría desincentivar ese peligro, por eso hay un conjunto de enmiendas que intentan desincentivar la pérdida de residencia. Por ejemplo, que la condición de no residente fiscal no sea un dato reservado; que la cuarentena de cuatro años que hoy
existe cuando se
pierda la residencia fiscal hacia un paraíso fiscal, se extienda a cualquier país con el que no haya un convenio de doble imposición; o la propuesta de que el patrimonio en el extranjero incluya una valoración, no solo una enumeración de
bienes, y ese patrimonio en el extranjero esté exento de algunas ventajas fiscales: en el IRPF, lo que los especialistas llaman la plusvalía del muerto, o en el caso del impuesto sobre sucesiones, las bonificaciones autonómicas. Creemos que este
conjunto de medidas ayudaría a conjurar el peligro de la pérdida de residencia fiscal.
Nos ha parecido una buena ocasión también para plantear propuestas con algunos aspectos fiscales cuestionables. Por ejemplo, un par de cuestiones referidas a prácticas habituales en España en la alta dirección de las empresas. Me refiero a
las millonarias indemnizaciones por cese o despido. Creemos que habría que limitar a un máximo la cantidad exenta de estas indemnizaciones por cese o despido. Otra práctica habitual es la remuneración diferida mediante contratos de seguro. De
nuevo creemos que por encima de ciertas cantidades esto debería tributar al pagar la prima del seguro y no al cobrar las prestaciones. En el campo de las obras públicas, proponemos que haya una retención a cuenta en el caso de las subcontrataciones
aunque el Partido Popular ha propuesto alguna otra medida en esta dirección que puede ser interesante; y que las ganancias patrimoniales por las expropiaciones sufran también una retención a cuenta.
Creemos que estas enmiendas que propone Unión Progreso y Democracia darían más ambición, más radicalidad a la propuesta del Gobierno. Pero, como también comentamos en el Pleno, lo más grave no es lo que aparece, sino lo que no está.
Insistimos en que se puede poner en el BOE lo que se quiera, pero que si no hay medios materiales y humanos para combatir el fraude eso al final será papel mojado, eso al final será letra muerta. La Agencia Tributaria, a finales del año 2010 tenía
27.800 empleados frente a 122.000 que tenía su homólogo en Francia. Es decir, en Francia tenían cuatro veces los recursos cuando el PIB no es ni siquiera el doble. Nuestra enmienda 51 lo que propone es reforzar esos medios materiales y humanos de
la Agencia Tributaria, que la tasa de reposición sea del cien por cien, es decir que las jubilaciones se repongan íntegramente, cosa que ahora no sucede; y que se establezca un plan plurianual hasta el año 2020 para que en el año 2020 hayamos
alcanzado unos ratios de recursos materiales o humanos similares a la media de la Unión Europea. Nos parece muy importante también sumar esfuerzos entre las distintas agencias tributarias, cosa que aparece en diferentes versiones en las propuestas
de diferentes grupos. Por ello, proponemos que haya un plan único de lucha contra el fraude en el que participen todas las administraciones tributarias -estatal, autonómicas, locales- y también que se cree una base de datos única para luchar contra
el fraude, porque la fragmentación de la inspección facilita enormemente la tarea de los defraudadores.
Otra gran laguna en las propuestas del Gobierno es que junto a lo que hoy nos traen aquí, hay una amnistía fiscal en marcha muy generosa que deslegitima totalmente la lucha contra el fraude. Por eso, nuestra enmienda 53 propone derogar esa
amnistía fiscal, no se puede aparecer como un abanderado de la lucha contra el fraude cuando simultáneamente se está implantando esta generosa amnistía que, por cierto, está fracasando en toda regla, porque hasta el mes de julio solo había recaudado
el 2% de los objetivos que se proponía. Es decir que deslegitima a cambio de una recaudación mínima. Para finalizar, como también comentamos en el Pleno, hay cuestiones relacionadas con la lucha contra el fraude que es lógico que no aparezcan en
este proyecto de ley pero que deberían llegar a la Cámara en algún momento, por ejemplo una reforma fiscal más amplia de forma que la recaudación tributaria no recaiga con tanta fuerza como hoy en día sobre las rentas del trabajo y sobre el consumo,
es necesario un reparto más equitativo de la carga fiscal; o propuestas que reduzcan el gasto superfluo de las administraciones, de forma que los ciudadanos tengan la conciencia de que el dinero que tributan a Hacienda se usa de la mejor manera
posible.
El sentido de nuestro voto se deriva de los comentarios que antes he hecho. Por sentido de la responsabilidad no podemos votar en contra de unas medidas que creemos que van a mejorar la lucha contra el fraude. No querríamos hacer como
otros grupos de la Cámara que votan en función de qué grupo propone las ideas, y si vienen del partido A, votan en contra, sea lo que sea. Nosotros no queremos caer en esa práctica y dado que estas propuestas pensamos que van a mejorar
marginalmente la lucha contra el fraude, no podemos votar en contra. Pero tampoco podemos votar a favor de un proyecto de ley que deja al margen el refuerzo de los medios materiales en manos de la Agencia Tributaria, no deroga la amnistía fiscal o
tiene la falta de ambición y las carencias que hemos señalado. Por ese motivo, nuestro voto será la abstención. No quiero terminar sin lamentar, como también hice en el Pleno, la falta de receptividad del grupo mayoritario a las ideas de los demás
grupos de la oposición. En el más del centenar
de enmiendas planteadas hay propuestas muy interesantes de los diferentes grupos, en mi opinión, y este es un tema de Estado, si alguna vez hubo uno, donde sería fácil encontrar complicidad y un mínimo común denominador entre los diferentes
grupos. El partido mayoritario no ha hecho el menor esfuerzo de aproximación, al menos con mi grupo, en esta cuestión, y lo lamentamos profundamente, no por nosotros sino por el país e, incluso, por el propio Partido Popular.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, Cha: La Izquierda Plural, don Alberto Garzón.
El señor GARZÓN ESPINOSA: En primer lugar, hay que felicitarnos como hicimos, a pesar de presentar una enmienda a la totalidad, por la existencia de un proyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal porque iba haciendo falta y nosotros lo
reclamábamos desde el principio de la crisis y, sobre todo, desde mucho antes del inicio de la misma. Presentamos la enmienda a la totalidad comprobando que había muchos elementos sustanciales que había que corregir y enmendar. Precisamente, las
enmiendas que traemos para debatir están consensuadas en gran parte con técnicos de la Administración y persiguen mejorar los avances que hay planteados -porque hay que reconocer que hay avances planteados- en este proyecto de ley y que nosotros
procuramos que sean avances que se traduzcan en una mayor eficacia. Esas son las enmiendas fundamentales que presentamos. También valoramos extremadamente enmiendas de otros grupos. Por eso pedimos sensibilidad al grupo mayoritario, al Grupo
Popular, para que acepte enmiendas del resto de grupos y de Izquierda Unida- La Izquierda Plural para mejorar este proyecto de ley y poder avanzar en la lucha contra el fraude fiscal que, como se ha venido recordando, si se hubiera hecho antes no
tendríamos que haber aplicado medidas como Estado altamente regresivas como la subida del IVA que hemos tenido que sufrir recientemente, tanto por este Gobierno como por el anterior. También insistimos en la necesidad de aplicar un impuesto a las
transacciones financieras. Nos consta que el Gobierno lo está estudiando tranquilamente. Esperamos que lo pueda aplicar lo antes posible y que no sea demasiado tarde cuando lo ponga en marcha porque otros países ya lo están poniendo encima de la
mesa, desgraciadamente muy tarde respecto a lo que nosotros hubiéramos considerado adecuado. Pero también entendemos que es un momento idóneo para poner encima de la mesa un impuesto sobre las transacciones financieras que ayude en las cuestiones
de fiscalidad.
No podemos terminar esta defensa de enmiendas sin hacer referencia a los paraísos fiscales, como también ha hecho el Grupo Mixto anteriormente, paraísos fiscales que corresponden a un contexto institucional que supera las instancias del
Estado nación y que tienen más que ver con la Unión Europea. Pero no podemos dejar de criticar esta cuestión en un contexto como el actual en el que estamos pendientes de un nuevo rescate de la llamada troika, de nuevas condiciones impuestas por
entidades supranacionales, no directamente vinculadas a la ciudadanía y que, sin embargo, aunque nos imponen recortes de toda naturaleza no tienen ningún atisbo de interés, por lo que parece, en corregir un problema tan importante y una falla tan
enorme como es la existencia misma de los paraísos fiscales. Por eso, en el marco de la competencia del Estado, en el marco de la competencia actual, aunque sean avances suaves -podríamos decir-, siempre son interesantes de incluir. Por eso,
algunas de nuestras enmiendas hacen referencia a la lucha contra los paraísos fiscales al considerar, como en otras ocasiones hemos tenido oportunidad de hacer, que son el corazón del sistema financiero internacional, sobre todo de aquella parte del
sistema financiero internacional que es altamente delincuente, delincuente fiscal y delincuente de otra naturaleza de delitos. En definitiva, nos encontramos con un proyecto que nos parece sensato en cuanto a su finalidad, que nos parece claramente
insuficiente en cuanto a su contenido, pero entendemos que hoy tenemos la oportunidad de poner encima de la mesa por parte de todos los grupos enmiendas que avanzarían en la eficacia de este proyecto y esperamos -insistimos- que el Gobierno y el
Grupo Popular, que es el grupo que da soporte al Gobierno, sea sensible y apruebe muchas de las enmiendas planteadas por el resto de los grupos.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de sus enmiendas, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra don Antoni Picó.
El señor PICÓ I AZANZA: Señorías, hoy debatimos el proyecto de ley que pretende avanzar en la mejora de la normativa de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Compartiendo, como dijimos ya en el debate de totalidad, el objeto del
proyecto de ley, creemos que debería profundizarse en cuatro ejes; cuatro ejes que hemos intentado trasladar a las enmiendas de Convergència i Unió. El primero de ellos es
la lucha contra el fraude y la mejora de la seguridad jurídica. En este contexto, consideramos que la prioridad debe ser aflorar rentas no declaradas. El objetivo de la agencia no puede ser otro que el de perseguir a quienes no cumplen con
sus obligaciones fiscales, pero también ver que es primordial aflorar rentas no declaradas; es preciso que la lucha contra el fraude tenga este objetivo, aflorar rentas. En este sentido, nuestro grupo parlamentario no ha presentado enmiendas a
algunas medidas incluidas en el proyecto de ley como, por ejemplo, artículos nucleares del proyecto tales como la identificación de bienes y derechos situados en el extranjero o bien la consideración de ganancias patrimoniales injustificadas a los
bienes no declarados. En cambio, sí hemos considerado que debería presentarse un número significativo de enmiendas a aquellos aspectos que creemos que afectan a la seguridad jurídica del contribuyente, especialmente en el caso de empresas inmersas
en un proceso concursal -en ese sentido van las enmiendas números 91, 92, 114, 115 y 119-, y también en relación con otros extremos más generales, como por ejemplo las enmiendas números 86, 107, 108, 109 y 110. Quisiera hacer una mención especial a
la enmienda número 117 formulada por mi grupo parlamentario, sobre la necesidad de prever una declaración a la Administración tributaria en caso de superar los límites de pago en efectivo. Como saben bien, el proyecto de ley prevé unos límites -en
este caso 2.500 y 15.000 euros- y la enmienda está motivada por la realidad de algunos sectores económicos en los cuales, por sus especiales características, se producen pagos superiores a los límites previstos por el proyecto de ley, no existiendo
ningún ánimo de fraude como, por ejemplo, en el sector transporte con el pago de portes. Creemos, por ello, que debería incluirse una disposición en el sentido propuesto por mi grupo para adecuarlo a la realidad de estos sectores económicos.
El segundo de los ejes es aumentar la colaboración de las administraciones públicas en materia tributaria. Queremos combatir el fraude fiscal dando mecanismos a todas las administraciones públicas. Para abordar un fenómeno tan complejo
como el fraude en sus diferentes manifestaciones, es necesaria una estrecha y eficaz cooperación y colaboración entre las diferentes administraciones tributarias, ya que todas ellas tienen la responsabilidad de luchar contra el fraude respecto a los
tributos que gestionan. En ese sentido, las enmiendas números 88 y 100, formuladas por mi grupo parlamentario, tienen por objeto subsanar los problemas que tienen los órganos de recaudación locales, que solo pueden proceder a la retención de las
cuentas bancarias de las deudas municipales a los que mantienen abiertas en sucursales de entidades financieras de dicha ciudad. Estas dos enmiendas intentan ampliar este ámbito. La enmienda 118 tiene por objeto poner a disposición de las
comunidades autónomas los instrumentos informativos de los que dispone en este momento la Administración tributaria del Estado, con el fin de que puedan ser utilizados por las administraciones tributarias autonómicas, las cuales tienen la
responsabilidad de luchar contra el fraude fiscal en los tributos que gestionan. Estas enmiendas son relevantes para las administraciones autonómicas y locales y también lo son para la lucha contra el fraude.
El tercer eje de las enmiendas formuladas por mi grupo es la simplificación de obligaciones tributarias. Convergència i Unió considera que si queremos erradicar el fraude y la economía sumergida las medidas que deben llevarse a cabo deben
centrarse más en luchar contra los rendimientos no declarados y ocultos que en revisar exhaustivamente la correcta declaración formal de los rendimientos declarados, que también debe hacerse. Por ello lo fundamental no es imponer nuevas
obligaciones a los ciudadanos, sino establecer mecanismos de control que simplifiquen y minoren las cargas administrativas que recaen sobre los ciudadanos y los agentes económicos, solo así facilitaremos la lucha contra el fraude e incentivaremos la
recaudación y el empleo. Nos preocupan por ello algunas de las medidas propuestas en el proyecto de ley que no van en la dirección de la simplificación administrativa de las relaciones entre los contribuyentes y la Administración tributaria, sino
todo lo contrario. Nos preocupan, por ejemplo, algunas medidas que afectan además a la seguridad jurídica de los contribuyentes. A nuestro parecer, deben ajustarse las disposiciones relativas al cómputo de plazos de prescripción de los hechos
imponibles -que son objeto de las enmiendas 93, 94, 95 y 96- por su indeterminación, y algunas de las modificaciones del régimen de medidas cautelares -enmiendas 97, 98 y 99~_. De forma singular quería referirme a la enmienda 95, formulada por mi
grupo parlamentario, que limita la interrupción de los plazos de prescripción prevista en la modificación del apartado 1 del artículo 68 de la Ley General Tributaria a aquellos casos de tributos incompatibles que graven una misma operación. Debemos
recordar en este sentido que la prescripción trae causa principal en la seguridad jurídica. Tampoco compartimos algunas medidas que van a hacer más compleja la relación del contribuyente con la Agencia Tributaria; por ejemplo, las elevadísimas
sanciones que plantea el proyecto de ley en relación a actuaciones de la Administración Tributaria -enmiendas 102, 103, 105 y 106- sin tener en cuenta los principios de trascendencia tributaria y de
proporcionalidad con la capacidad económica del contribuyente, enmienda 104 de nuestro grupo parlamentario. Igualmente creemos que la dureza de las infracciones derivadas en la presentación telemática de declaraciones es excesiva y es
objeto de nuestra enmienda número 101.
Cuarto eje de nuestras enmiendas: el proyecto de ley trata sobre la lucha contra el fraude, pero CiU considera que, además de luchar contra el fraude, la política fiscal debe incorporar medidas de reactivación de la economía. Para ello
hemos presentado diversas enmiendas, entre ellas las enmiendas 112 y 113, relativas a la recuperación de la libertad de amortización para inversión, una medida claramente para la reactivación de la economía; la enmienda 116, relativa a la
corrección de los tipos impositivos del IVA que entraron en vigor el pasado 1 de septiembre con el fin de no castigar aquellos sectores relacionados, por ejemplo, con la cultura, con la floristería, peluquerías, material escolar y todos aquellos
bienes y servicios que han pasado del tipo reducido al tipo general, y la enmienda 120, que es la aclaración del epígrafe de IAE relativo a las industrias cárnicas fabricantes de embutidos, con objeto de no integrar en la base imponible la potencia
instalada en los secaderos.
Un breve comentario -muy breve- en relación con el texto del artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores, incorporado en la ponencia. Por la rapidez de la tramitación del proyecto de ley creemos que debe ser objeto de un estudio más en
profundidad, por lo que esperamos poder avanzar en el Senado en la concreción de la redacción.
En definitiva, sí a la lucha contra el fraude, incorporemos a todas las administraciones en esta lucha dando los mecanismos adecuados, prioricemos el afloramiento de bienes y rentas no declaradas y simplifiquemos las relaciones
administrativas de carácter tributario. Señorías, compartiendo el objetivo del proyecto de ley y considerando que nuestras enmiendas mejoraban el texto proyectado, esperábamos que el grupo mayoritario pudiera apoyar alguna de ellas. Parece -así se
nos ha comunicado- que no podrá ser; en este sentido, nuestro grupo se abstendrá esperando que en el trámite en el Senado podamos avanzar más.
El señor PRESIDENTE: Tiene ahora la palabra el señor Saura, para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor SAURA GARCÍA: Señorías, efectivamente en el debate en Pleno ya dijimos que el proyecto de ley incluye algunas medidas positivas, pero también es verdad que ninguna de ellas ni todas juntas representan una política ambiciosa de
lucha contra el fraude. Por eso, el Grupo Parlamentario Socialista ha planteado enmiendas de calado para que justamente podamos tener una política de lucha contra el fraude suficientemente ambiciosa.
Nosotros tampoco entenderíamos que no se aprobara ninguna enmienda de la oposición, en este caso del Grupo Parlamentario Socialista, fundamentalmente por dos razones. En primer lugar, porque creemos que en la política impositiva del futuro
inmediato la lucha contra el fraude debe estar en el corazón de esa política impositiva y de alguna manera es una política de Estado que todas las fuerzas parlamentarias puedan estar en la lucha contra el fraude. Y en segundo lugar, porque no se
entiende que la salida de la crisis no busque acuerdos y consensos. Es bueno para la salida de la crisis que haya acuerdo y consenso en política económica en general, pero particularmente -y lo estamos hablando esta tarde- en política impositiva.
Desde luego, el Grupo Parlamentario Socialista si no se recoge alguna de las enmiendas de calado que presenta no podrá apoyar este proyecto de ley.
¿Qué cuestiones nos preocupan? En primer lugar, la amnistía fiscal porque entendemos que este proyecto de ley trata de lavar la cara de la amnistía fiscal. Los ciudadanos de este país conocen qué opinión nos merece la amnistía fiscal, la
hemos recurrido ante el Tribunal Constitucional y ante la Audiencia Nacional. Eso es algo que nos preocupa en este proyecto de ley. En realidad, se hace para salvar la amnistía fiscal.
En segundo lugar, tenemos una honda preocupación con la reforma del Código Penal -que está en marcha, que está en sede parlamentaria- porque pensamos que también trata de dar cobertura a la amnistía fiscal, que trata de dar cobertura al
defraudador para que efectivamente se le dote de la suficiente seguridad jurídica. Es lo que estaban demandando muchos despachos de abogados: que habría que dar seguridad jurídica a los defraudadores. Por eso nos preocupa esa reforma en marcha
aquí, en el Congreso, del Código Penal. Más concretamente, el objetivo de la reforma es, a nuestro juicio, no pasar el tanto de culpa a la autoridad judicial, al ministerio fiscal, evitando que se pudieran iniciar acciones penales en relación con
el delito de blanqueo de capitales.
Nos preocupa la lógica de la política impositiva del Gobierno: en primer lugar, subir los impuestos; en segundo lugar, la amnistía fiscal y, en tercer lugar, este proyecto de ley de lucha contra el fraude.
Y nos preocupa que en este proyecto de ley no haya una memoria cuantificada de los objetivos. Es decir, primero los objetivos y después la cuantificación de esos objetivos. Insisto, nos preocupa política y económicamente que no existan
esos objetivos y esa cuantificación de objetivos.
El Gobierno ha presentado los presupuestos para 2013, como todos los ciudadanos saben, sin embargo la Agencia Tributaria tiene una merma en su presupuesto en torno al 7,7% en relación con el año 2012. Si el Gobierno tiene entre sus
objetivos que la lucha contra el fraude sea una prioridad, no entendemos que la Agencia Tributaria vea mermados sus recursos en un 7,7% en relación con 2012. Más concretamente, los gastos de personal de la agencia se van a reducir un 8,3%. Para
que no haya recortes en política social no deberían recortarse los recursos destinados a la Agencia Tributaria. Eso nos preocupa en la lucha contra el fraude y nos preocupa evidentemente que tampoco en los ingresos del presupuesto para 2013 no haya
una referencia a cuánto se va a conseguir con motivo de la política de lucha contra el fraude. Pero como dijimos en el debate de totalidad en el Pleno, lo importante para nosotros no es solamente tener una política de lucha contra el fraude en
España. Nos parece que la lucha contra el fraude a nivel internacional, la lucha contra los paraísos fiscales es muy importante y debería estar en el centro de esa gran política de lucha contra el fraude, en el centro de la agenda política y
económica de la Unión Europea. Porque el verdadero fraude no está en la pequeña y mediana empresa española; como dije en el Pleno, no está en el electricista y en el fontanero, sino en los paraísos fiscales. Ahí es donde está el verdadero fraude.
Hay muchos números encima de la mesa que demuestran lo que estoy diciendo. Por ejemplo, se estima que el fraude en el conjunto del mundo en el periodo 2005-2010 superó el PIB de Estados Unidos y Japón juntos. La Eurocámara, en un informe del año
2008, estima que lo que se ha dejado de ingresar de manera directa o indirecta en Europa por el fraude fiscal asciende a la cifra de 250.000 millones de euros. Si la economía sumergida estuviera en la media de la Unión Europea, los ajustes que
tiene que hacer el Gobierno en su política de consolidación fiscal en el periodo 2012-2014 prácticamente se podrían financiar por la obtención de recursos de la lucha contra el fraude fiscal. En el debate que tuvimos en el Pleno la semana pasada yo
decía que los paraísos fiscales son la causa de los infiernos sociales. ¿Por qué decía esto? Porque el paraíso fiscal conduce al fraude y a la elusión fiscal, eso es inmediato, pero también sucede -aunque no sea tan inmediato- que los países
compiten bajando los impuestos porque existen paraísos fiscales. Por eso decía que los paraísos fiscales son la causa de los infiernos sociales, porque hay al final una competencia a la baja de los impuestos y de la presión fiscal en la mayoría de
países. Por tanto, nos parece vital la política internacional de lucha contra el fraude.
También decía en el Pleno que no vamos a discutir con el Partido Popular y con el Gobierno sobre lo que se ha luchado estos últimos años y la obtención de recursos como consecuencia de la lucha contra el fraude en los años 2009, 2010, 2011,
2012, pero muchas de las actuaciones de hoy tienen que ver con los expedientes que se abrieron hace uno, dos, tres, cuatro o cinco años. Pero desde luego lo que más nos importa es sentar las bases del futuro, por eso no planteamos una enmienda a la
totalidad. Nos parecía que hay medidas positivas, como he dicho al principio de mi intervención, y queríamos llegar a un acuerdo con el Gobierno, queríamos hablar de futuro más que de pasado. Se ve que tampoco podemos hablar con el Gobierno de
futuro en algo que nos parece central.
En definitiva, nuestras enmiendas buscan que la lucha contra el fraude esté en el corazón de la política impositiva en nuestro país. Eso es lo más importante que va a suceder en la política impositiva en los próximos años, porque de esa
manera podremos evitar que se suban los impuestos a los que ya los pagan. Y la lucha contra el fraude debería estar también en el centro de la agenda política y económica de la Unión Europea. En ese sentido, hemos planteado un conjunto de
enmiendas y me gustaría destacar algunas. La primera propone la creación de una oficina de lucha contra el fraude, coordinando administraciones y partes de la Administración central. Nos parece que es muy importante poner en marcha planes anuales
integrados de lucha contra el fraude fiscal, laboral y de la Seguridad Social. Otra importante enmienda para nosotros pide que se elabore periódicamente -anualmente- un estudio de la economía sumergida y del fraude fiscal en España, que esos
estudios se hagan públicos y que de alguna manera sean la orientación de la Agencia Tributaria, y que se presenten en la Cortes Generales -más concretamente en el Congreso- de manera anual. Mandato al Gobierno para que sea proactivo en la firma de
convenios con otros países del mundo, utilizando el formulario, utilizando los convenios que la OCDE ha aprobado para todos los países, buscando una mayor colaboración, una transmisión de información de manera automática y, evidentemente, luchando
de manera proactiva contra los paraísos
fiscales. Nos parece que en el ámbito de la Unión Europea se debería ampliar la Directiva del Ahorro, perfeccionando los mecanismos de información automática -como también decía anteriormente- y acabando con los paraísos fiscales, que
existen no solamente en Europa, sino también en el seno de la Unión Europea. Parece increíble, pero en el seno de la Unión Europea hay paraísos fiscales. Luego, el Gobierno debería ser proactivo en el seno de la Unión, modificando esa Directiva
del Ahorro que tenemos en vigor. Y, por supuesto, derogar la amnistía fiscal. He dicho en mi intervención cuál es nuestra opinión, y creemos que ese no es el mecanismo; primero, lucha contra el fraude y, evidentemente, no a la amnistía fiscal.
También planteamos limitar los pagos en efectivo no solamente entre corporaciones, entre empresas, sino también entre particulares, e incluso creemos que hay que extender esto a 1.000 euros; es decir, extender la limitación del pago en
efectivo a 1.000 euros a partir de enero de 2015. Finalmente, hago un llamamiento al Gobierno por que la política impositiva del futuro tiene que ir por aquí, por la lucha contra el fraude. No se entendería que no hubiese un acuerdo en este
sentido y no se entendería que el partido mayoritario no aprobara ni una sola enmienda del PSOE, pero tampoco de ninguna fuerza política. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Tiene ahora la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, doña Ana Madrazo.
La señora MADRAZO DÍAZ: Señorías, hemos escuchado hasta ahora las intervenciones de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios en esta Comisión en la que estamos debatiendo el proyecto de ley de medidas de intensificación en la
lucha y prevención contra el fraude fiscal. Realmente, lo primero que tengo que decir es que me parece muy importante que todos ellos hayan manifestado que el objetivo de lucha contra el fraude es compartido por todos los grupos representados en
este Congreso. Algunos grupos han manifestado que las medidas que contiene este proyecto de ley son excesivas y otros grupos han manifestado lo contrario, que las medidas contenidas en este proyecto de ley son insuficientes. Por eso, como todos
ellos han reconocido que las medidas contenidas en este proyecto de ley son muy positivas en la prevención y lucha contra el fraude, invito a todos los grupos a votar favorablemente este conjunto de medidas que contiene el proyecto de ley para la
lucha contra el fraude y posteriormente, según vayamos viendo los resultados en la aplicación de esta normativa, podemos ir modificando la norma en la medida en que la aplicación práctica lo exija.
Ya manifesté en el Pleno en el que se debatió la enmienda a la totalidad presentada por La Izquierda Plural, el pasado jueves, que este Gobierno del Partido Popular tiene un objetivo prioritario de política económica, que es precisamente la
lucha contra el fraude y la economía sumergida. Hoy especialmente, cuando nuestra economía atraviesa momentos de enorme dificultad, cuando empresas y familias atraviesan momentos de enorme dificultad económica, los comportamientos defraudatorios
-creo que en eso estamos de acuerdo todos los grupos parlamentarios- son absolutamente reprochables e inadmisibles y tenemos que dotarnos de los instrumentos legales necesarios para que la Agencia Tributaria pueda luchar, combatir la economía
sumergida y el fraude fiscal. También indiqué, señorías, que el Gobierno del Partido Popular desde el primer momento ha tomado medidas de lucha contra el fraude y, además, ha obtenido ya resultados. Recientemente conocíamos los informes de la
Agencia Tributaria respecto a la recaudación obtenida en la lucha contra el fraude fiscal y los resultados son muy positivos: se han recaudado ya más de 6.400 millones de euros en actuaciones de inspección y de comprobación tributaria y se ha
incrementado el número de actuaciones de comprobación y de inspección en un 10 %. Son unos resultados muy positivos y todos debemos felicitarnos. Además, estos resultados se han obtenido con nuevas fuentes de información, solicitando datos a
contribuyentes por cuentas depositadas en países que tradicionalmente eran paraísos fiscales, como Andorra o Panamá, y que gracias a los convenios suscritos por España han dejado de ser opacos. Se han aprovechado esas nuevas fuentes de información
y se ha puesto el acento en tradicionales nichos de fraude que constituyen el caldo de cultivo de la economía sumergida. Por tanto, los resultados obtenidos no solo son a nivel cuantitativo sino que han sido muy importantes también a nivel
cualitativo. Pero, como manifesté también en aquella ocasión, el Gobierno no se conforma con esos resultados y, como decía al principio, va a seguir poniendo todos los medios, todos los instrumentos necesarios para combatir el fraude fiscal.
El fraude fiscal siempre es reprochable, pero en la situación económica actual demuestra la insolidaridad de muchos ciudadanos con el resto, a los que está estafando al no pagar los impuestos con los que tiene que contribuir para el
sostenimiento del gasto público. Por eso, en este proyecto de ley se introducen
medidas muy novedosas, de las que entiendo que todos los grupos hacen una valoración positiva. Entre las más conocidas está la limitación de los pagos en efectivo por encima de 2.500 euros, cuando en la operación intervenga un empresario o
profesional. Es también conocido que se va a limitar la aplicación del sistema de módulos en determinados sectores de actividad en los que se entiende que ha habido nichos de fraude importantes con la emisión de facturas falsas. También se va a
establecer una obligación totalmente novedosa -no existía en nuestro ordenamiento tributario-: la obligación de declarar los bienes, cuentas y valores depositados en el extranjero, estableciéndose además elevadas sanciones en caso de
incumplimiento. Por otro lado, saben sus señorías que este Gobierno está tramitando una reforma del Código Penal para endurecer las penas de cárcel a los que cometan delito fiscal y para incrementar el periodo de prescripción de esos delitos de
cinco a diez años. El Gobierno del Partido Popular está demostrando, en solo diez meses que lleva en el Gobierno, una firme voluntad de luchar contra el fraude fiscal, como viene a confirmar este proyecto de ley, que nos dota de instrumentos
potentes para hacer efectiva esa lucha contra el fraude.
Efectivamente, se han presentado a este proyecto de ley muchas enmiendas por parte de los grupos parlamentarios, -nada menos que ciento veinte enmiendas, con un contenido técnico importante-, pero voy a hacer mención solamente a algunas de
ellas -algunas de las propuestas se repiten por varios grupos parlamentarios- para argumentar por qué no vamos a aceptar las enmiendas presentadas. En primer lugar, y empezando por el Grupo Mixto, que a través del BNG ha presentado un conjunto de
nueve enmiendas, proponen en algunas de ellas reducir el importe de los pagos en efectivo en lugar de a 2.500 euros, como establece la normativa o este proyecto de ley, a 1.000 euros, y reducir también para los no residentes en España la cantidad
que se puede pagar en efectivo. El Grupo Parlamentario Popular entiende que estas propuestas pueden ser interesantes, pero que ahora mismo la limitación de efectivo, la cuantía que se establece en este proyecto de ley, es adecuada a los fines que
persigue, porque es la primera vez que se adopta una medida de este tipo en España y debemos ser cautelosos y esperar un poco a ver los resultados que se producen con su aplicación, sin perjuicio -como les decía antes- de que posteriormente se
puedan ajustar esas cantidades.
Quiero hacer referencia también a enmiendas del Bloque Nacionalista Galego que han presentado también UPyD y el Grupo Socialista y que hacen referencia a los paraísos fiscales. Efectivamente, el Gobierno del Partido Popular y este grupo
parlamentario entendemos que la existencia de paraísos fiscales facilita la evasión y la elusión de impuestos, y facilita que los capitales de un país determinado se evadan a este tipo de territorios. Por eso, España forma parte del grupo de
trabajo, tanto dentro de la OCDE, organismo del que formamos parte, como en el seno de la Comisión Europea, para intentar acabar con estos paraísos fiscales, incrementándose por parte de España la firma de convenios de intercambio de información con
países que hasta ahora eran opacos para la Administración tributaria. En ese sentido se está trabajando, en ese sentido estamos pidiendo información a países que tradicionalmente han sido paraísos fiscales, como Andorra o Panamá -ahora mismo,
gracias a la firma de estos convenios de intercambio de información, se puede pedir información- y, como saben sus señorías, a partir del 1 de enero de 2013 incluso Suiza, que tradicionalmente ha sido un paraíso fiscal depositario de muchos de esos
capitales opacos, va a tener que suministrar información a las autoridades tributarias, en concreto a la Agencia Tributaria española. Por tanto, estando de acuerdo con el objetivo que persiguen esas enmiendas, estando de acuerdo con que a medio
plazo debemos ser capaces entre todos, en la comunidad internacional, en la Comisión Europea, en los organismos internacionales, en la OCDE, de acabar con esos paraísos fiscales, de cercar cada vez más el terreno a los defraudadores, no podemos
aceptarlas porque en esa línea ya está trabajando el Gobierno.
Varias enmiendas, tanto del BNG, como de La Izquierda Plural, del Grupo Socialista, incluso de UPyD y de CiU -creo que ahí coinciden todos- hacen referencia a la necesaria coordinación entre las administraciones tributarias, a la
coordinación entre la Agencia Tributaria del Estado y las agencias tributarias de las comunidades autónomas y las autoridades tributarias que puedan existir a nivel local. Tengo que decir que esa coordinación entre las administraciones tributarias
es un objetivo que se ha perseguido desde el mismo momento en que se crearon las administraciones tributarias autonómicas, incluso hay órganos colegiados de cooperación, de coordinación entre la Administración tributaria estatal y la Administración
tributaria de las comunidades autónomas, que están establecidas y reguladas en la propia ley que regula la cesión de tributos a las comunidades autónomas y cuáles son sus capacidades normativas. Esos mecanismos de cooperación y coordinación están
ya contemplados y se avanza cada vez más en ese camino. Por tanto, nos parece innecesario introducir esas enmiendas.
Otro grupo de enmiendas hace referencia a la necesidad de extender el periodo de prescripción a cinco años. Hasta el año 1998, como sus señorías saben, en la Administración tributaria el periodo de prescripción estaba establecido en cinco
años, pero a partir de la aprobación de la Ley de derechos y garantías del contribuyente ese plazo de prescripción se redujo a cuatro años. El plazo de cuatro años está ya suficientemente consolidado en el tiempo como plazo de prescripción y ofrece
mayor seguridad jurídica a los contribuyentes. Como decía el portavoz de CiU, es importante avanzar en las medidas que facilitan y contribuyen a la colaboración del ciudadano en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y, sobre todo, ofrecer
seguridad jurídica en el cumplimiento de esas obligaciones tributarias. Por tanto, nos parece que no es necesario, puesto que la prescripción en cuatro años es una medida ya consolidada y porque además, como decía antes, en la reforma del Código
Penal se incrementa ese periodo de prescripción para los casos de delito fiscal, que son aquellos casos más graves y más sangrantes para la sociedad. Por ello, tampoco nos parece necesario introducir la ampliación de cuatro a cinco años en esta
ley.
También hay algunas enmiendas -creo que de Izquierda Plural y de UPyD- que hacen referencia a la necesidad de minorar los límites de volumen de ventas de aquellas actividades que pueden acogerse al régimen de estimación objetiva por módulos.
Efectivamente, nosotros en este proyecto de ley avanzamos en ese sentido, excluyendo del régimen simplificado de módulos y del régimen simplificado de IVA a determinadas actividades, a sectores de actividad donde nos parece, como decía, que puede
haber mayores bolsas de fraude y mayor posibilidad de elusión de impuestos a través de la emisión de facturas falsas. No creemos oportuno reducir esos límites de inclusión en el régimen de estimación objetiva a todos los sectores de actividad, que
normalmente afectan a pequeños negocios, a pequeños empresarios, a pequeños comerciantes, a los que se simplifica enormemente el cumplimiento de las obligaciones tributarias y, por tanto, con reducir la aplicación de este régimen a determinados
sectores, como hace este proyecto de ley, es suficiente para atajar esa posible economía sumergida o ese posible fraude fiscal que existe en ciertos sectores.
Otro conjunto de propuestas hace referencia a nuevas medidas tributarias, que creemos que no es este el ámbito adecuado para su discusión. Aparte de estar más o menos de acuerdo en el contenido de algunas de ellas, creemos que se desvirtúa
el que tiene que ser el objetivo de este proyecto de ley, que es la lucha contra el fraude, no implementar nuevas medidas tributarias, en las que el Gobierno ya está trabajando y va a seguir trabajando. Ya se ha anunciado un conjunto de medidas
tributarias que van a acompañar a este proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 y se va a debatir junto al proyecto de presupuestos un proyecto de ley que contiene todas esas medidas tributarias y que será más adecuado
discutirlas en ese contexto. Por ejemplo, nos propone La Izquierda Plural un impuesto sobre bienes suntuarios -no voy a entrar a dar los argumentos para desestimarlo-, el impuesto sobre el lujo ya existió en España, el impuesto incrementado en el
IVA también existió y estamos hablando de un impuesto, como el IVA, que es un impuesto armonizado y hay que tener también en cuenta las directivas y recomendaciones de la Unión Europea y, por tanto, no lo vamos a aceptar.
Se ha hecho referencia también aquí al impuesto sobre transacciones financieras. Efectivamente, llegará el momento en el que discutamos su procedencia o no pero es un impuesto que creemos necesario coordinar, hablar y ver sus ventajas e
inconvenientes de modo coordinado con la Unión Europea, porque lo contrario podría ser perjudicial para los intereses de España. Se propone también nuevamente el impuesto sobre la riqueza o sobre las grandes fortunas. Esto ha sido ya
suficientemente debatido y, por tanto, no voy a hacerlo nuevamente. Se propone suprimir la subida del IVA que, en el contexto actual de restricción presupuestaria, supondría una absoluta caída de la recaudación tributaria, por cierto, ya heredada
del Gobierno anterior, ya que en tres o cuatro años se perdieron más de 70.000 millones de euros de recaudación tributaria, situando a España en unos niveles de recaudación que no son los adecuados para un país desarrollado y moderno.
Se me olvidaba hacer referencia a otra de las enmiendas que presentan varios grupos parlamentarios, sobre el aumento de los medios materiales y personales en la Agencia Tributaria. Efectivamente, la Agencia Tributaria, como todos los
organismos estatales y todos los ministerios, en este contexto de crisis económica y de restricción presupuestaria también ha debido ajustar sus presupuestos a esas restricciones. Sus señorías deben tener en cuenta que la Agencia Tributaria es uno
de los organismos a los que se les ha excluido de la tasa de reposición cero para el personal que se jubile, precisamente por la importancia que este Gobierno le concede a la aplicación del sistema tributario -que es, en definitiva, la competencia
de la Agencia Tributaria- y a la lucha contra el fraude.
Por último, el portavoz del Grupo Socialista, el señor Saura, ha hecho referencia también a la enmienda en la que piden la derogación de la regularización fiscal propuesta por el Gobierno. Una vez más tengo que repetirle al portavoz del
Grupo Socialista que esta regularización se ha hecho en un contexto presupuestario y de caída de la recaudación que es absolutamente extraordinario. Hay necesidad de recursos públicos porque si queremos reequilibrar nuestras cuentas, aparte de
reducir gastos necesitamos incrementar los ingresos. Además, esta regularización fiscal se ha hecho amparada por informes de la OCDE que recomiendan que en situaciones similares a la que atraviesa España se puedan hacer regularizaciones fiscales de
este tipo y basándose en la experiencia de otros países, europeos y del resto del mundo, como Reino Unido, Italia, Alemania e incluso Estados Unidos, que han hecho regularizaciones fiscales. Por tanto, creemos que existe la necesidad de traer
capitales a España que ahora están depositados en el extranjero y que en nada contribuyen al sostenimiento de nuestro gasto público. Cuantos más capitales vengan y afloren, mucho mejor y no solo porque ahora paguen el 10% de esos bienes o valores,
sino porque entrarán en el circuito en el que estamos todos los contribuyentes y así no solo este año sino en ejercicios futuros la recaudación tributaria se verá beneficiada de esa regularización tributaria, que no amnistía. Les recuerdo que los
contribuyentes que se acojan a esta regularización fiscal deberán pagar un 10% del importe de los bienes y valores que declaren, cosa que no ocurrió en otras regularizaciones fiscales llevadas a cabo, como ya he dicho en varias ocasiones, por el
Gobierno del Partido Socialista. Por tanto, señorías, volviendo al inicio de mi intervención, entiendo que todos compartimos el objetivo que persigue esta ley, que todos estamos unidos en la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida,
que todos entendemos que este comportamiento es absolutamente reprochable y que, por tanto, todos queremos poner los medios y las herramientas para que podamos acabar con este tipo de comportamientos cuanto antes. Entendiendo que esto es así, yo
les volvería a pedir el apoyo a este proyecto de ley, a pesar de que las enmiendas no hayan tenido cabida en el proyecto presentado por el Gobierno. Creo que es una política de Estado; el dinero público es todos los ciudadanos, de todos los
españoles y, por tanto, creo que sería un buen mensaje el apoyo de todos los grupos parlamentarios a este proyecto de ley. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Vamos a suspender cinco minutos la sesión y a las seis y cuarto votamos. (Pausa).
Vamos a proceder a la votación de las enmiendas presentadas. Intentaremos agrupar las votaciones en la medida de lo posible para ir más rápidos, pero si algún grupo en algún momento tuviese alguna dificultad, que lo señale. En primer
lugar, procedemos a la votación de las enmiendas números 2 y 3, del Grupo Parlamentario Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 23; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 4.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 37; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada
Enmienda número 5, del Grupo Parlamentario Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas números 6, 7 y 8, del Grupo Parlamentario Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 9, del Grupo Parlamentario Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) número 10.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 24; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a las enmiendas de Unión Progreso y Democracia. En primer lugar, votamos conjuntamente las enmiendas 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 54 y 55.
El señor SAURA GARCÍA: Señor presidente, creo que no puede ser porque nosotros tenemos votos distintos.
El señor PRESIDENTE: Vamos a votar, en primer lugar, las enmiendas 36, 38 y 39.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 23; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 37.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 23; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas 40, 47, 49 y 50.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 36; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 41.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 23; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas números 43, 44, 45 y 46.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 23; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 51.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 23; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 54.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 23; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 55.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 23; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas números 42 y 48.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 24; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 52.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 37; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 53.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 24; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar ahora las enmiendas de La Izquierda Plural. En primer lugar, enmienda número 11.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 24; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 14.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 23; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 15.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 16.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 23; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 17.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 18.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 36; abstenciones 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 19.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 23; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas números 23 y 24.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 24; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 27 y 32.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 23; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 28, 30 y 31.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 34 y 35.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 23; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 25 y 26.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 33.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas números 12 y 13.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 24; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 20, 21, 22 y 29.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 25; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación las enmiendas del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. Votamos, en primer lugar, de la 86 a la 92.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 24; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 93.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 37; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas 94, 95 y 96.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 24; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 97 y 99.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 36; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 98 y 100.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 24; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 115.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 37; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas 116 y 117.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 23; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 118 a 120.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 24; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos ahora a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor SAURA GARCÍA: Presidente, yo creo que faltan por votar de la 101 a la 114.
El señor PRESIDENTE: Efectivamente, ha sido un error mío porque hemos votado la 115 cuando se debía haber votado conjuntamente -y lo votamos ahora- de la 101 a la 115, que van todas en el mismo sentido.
El señor PICÓ I AZANZA: La 115 está votada.
El señor PRESIDENTE: Ya, ya, por eso. O sea, damos por válida la votación de la 115 y votamos ahora de la 101 a la 114 de Convergència i Unió.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 37; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Muchas gracias por la observación.
Por último, votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, conjuntamente las números 83 y 84.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos ahora las enmiendas números 70, 71, 72, 80 y 85.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 24; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos ahora las enmiendas 69, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81 y 82.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 23; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Hemos votado ya todas las enmiendas presentadas.
El señor SAURA GARCÍA: Faltan las del PP.
El señor PRESIDENTE: Están incorporadas todas. No hay enmiendas vivas del Partido Popular.
Por lo tanto, votamos ahora el informe final de la ponencia con las enmiendas que hemos incorporado en las votaciones anteriores y les recuerdo que en este caso esta votación la hace la Comisión con delegación legislativa plena, por tanto el
texto finalmente aprobado en ponencia será remitido directamente al Senado para su tramitación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 1; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Se levanta la sesión.
Eran las seis y cuarenta minutos de la tarde.