CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES


COMISIONES MIXTAS

Año 2012 X Legislatura Núm. 20

PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. RICARDO TARNO BLANCO

Sesión núm. 3

celebrada el martes,

8 de mayo de 2012

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor presidente del Tribunal de Cuentas (Núñez Pérez), para informar sobre los siguiente extremos:


- Informe de fiscalización de los convenios de colaboración generadores de gastos suscritos a partir del año 2005 por órganos del Ministerio de Medio Ambiente con entidades públicas y con personas físicas o jurídicas privadas. (Número de
expediente del Congreso 251/000008 y número de expediente del Senado 771/000005) ... (Página2)

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- Informe de fiscalización de la financiación de las inversiones en infraestructuras ferroviarias realizadas por la entidad pública empresarial 'Administrador de Infraestructuras Ferroviarias' (ADIF) y por la 'Sociedad Estatal de
Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.A.' (Seittsa) desde 1 de enero de 2005 hasta 31 de diciembre de 2008. (Número de expediente del Congreso 251/000010 y número de expediente del Senado 771/000011) ... (Página9)


- Informe anual de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ejercicios 2006 y 2007. (Número de expediente del Congreso 251/000039 y número de expediente del Senado 771/000040) ... (Página15)


Debate y votación sobre solicitud a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para que recabe del citado tribunal la realización de un informe de fiscalización de la Corporación RTVE y sus sociedades, correspondiente a
los ejercicios comprendidos entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2011. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente del Congreso 253/000001 y número de expediente del Senado 772/000001) ... href='#(Página24)'>(Página24)


Ratificación de la ponencia designada para informar la siguiente iniciativa:


- Declaración sobre la cuenta general del Estado correspondiente al ejercicio 2009. (Número de expediente del Congreso 250/000001 y número de expediente del Senado 770/000001) ... (Página26)


Emitir dictamen a la vista del informe elaborado por la ponencia y, en su caso, debate y votación de las propuestas de resolución presentadas sobre:


- Declaración sobre la cuenta general del Estado correspondiente al ejercicio 2009. (Número de expediente del Congreso 250/000001 y número de expediente del Senado 770/000001) ... (Página27)


Debate y votación de las propuestas de resolución:


- Informe de fiscalización de las contabilidades electorales de las elecciones al Parlamento Europeo de 7 de junio de 2009. (Número de expediente del Congreso 251/000003 y número de expediente del Senado 771/000003) ... href='#(Página28)'>(Página28)


- Informe anual de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ejercicios 2006 y 2007. (Número de expediente del Congreso 251/000059 y número de expediente del Senado 771/000057) ... (Página29)


Se abre la sesión a las diez y treinta y cinco minutos de la mañana.


COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (NÚÑEZ PÉREZ), PARA INFORMAR SOBRE LOS SIGUIENTES EXTREMOS:


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN GENERADORES DE GASTOS SUSCRITOS A PARTIR DEL AÑO 2005 POR ÓRGANOS DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE CON ENTIDADES PÚBLICAS Y CON PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS PRIVADAS. (Número de
expediente del Congreso 251/000008 y número de expediente del Senado 771/000005).


El señor PRESIDENTE: Iniciamos la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas con la comparecencia del presidente del Tribunal de Cuentas, al que damos la bienvenida, para informar sobre los siguientes extremos; en primer
lugar, sobre el informe de fiscalización de los convenios de colaboración generadores de gastos suscritos a partir del año 2005 por órganos del Ministerio de Medio Ambiente con entidades públicas y con personas físicas o jurídicas privadas. El
señor presidente del Tribunal de Cuentas tiene la palabra.


El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Núñez Pérez): Señor presidente, señorías, el pleno del Tribunal de Cuentas aprobó este informe en la sesión del 24 de junio de 2010. Esta fiscalización se llevó a cabo a iniciativa del Tribunal
de Cuentas y estuvo dirigida al análisis de los convenios de colaboración suscritos en los ejercicios 2005 y 2006 por el entonces Ministerio de Medio Ambiente, extendiéndose la fiscalización al periodo durante el que dichos convenios estuvieron en
ejecución. Esta fiscalización, centrada en los noventa y cinco convenios suscritos por el mencionado ministerio en los años citados, tuvo como antecedente

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la fiscalización de los convenios de colaboración generadores de gastos celebrados durante los mismos ejercicios por los ministerios de Fomento y de Sanidad y Consumo con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, cuyo informe
fue presentado en esta Comisión Mixta en la sesión del 18 de mayo de 2010, que adoptó las correspondientes resoluciones en la reunión inmediatamente posterior, que me parece que tuvo lugar el 8 de junio. En consecuencia, el nuevo informe que ahora
estamos presentando amplía el ámbito material de la primera fiscalización realizada con objeto de obtener una visión más completa de los convenios de colaboración generadores de gasto. Como complemento a estas fiscalizaciones, el Tribunal de
Cuentas elaboró una moción en la que se propugna una regulación específica de los convenios; moción que ha sido elevada a esta Comisión Mixta y que está aún pendiente de tramitación parlamentaria. En la fiscalización que ahora presentamos se
analizó el marco jurídico de los convenios, examinando sistemáticamente las características del sujeto con el que se suscribió el correspondiente convenio y los elementos estructurales del mismo. Asimismo se examinaron -y lo podrán ustedes haber
visto- los aspectos relativos al objeto convencional de los convenios y si quedaban suficientemente definidas las prestaciones derivadas de los mismos y la concordancia de su coste. En definitiva se ha tratado de analizar con todo el detalle
posible los elementos personales, reales y formales de cada convenio. Estos análisis, repito, se completaron con el examen del proceso seguido en la tramitación y en la ejecución verificando los procedimientos de seguimiento y de justificación
aplicados.


Resumiendo los principales resultados de la fiscalización, me voy a referir brevemente al marco jurídico de los convenios. En la primera fiscalización sobre esta materia se puso de manifiesto la dispersión de la regulación de los convenios,
por lo que se prestó especial atención en esta nueva fiscalización, efectuando un análisis pormenorizado de las diferentes referencias normativas. Este análisis permitió corroborar que los convenios, pese a su frecuente utilización, no han sido
objeto de una sistematizada regulación; y confirmar la insuficiencia de la normativa reguladora, derivándose de la misma dudas y lagunas, lo que era especialmente significativo en el caso de los convenios denominados intra Administrativos, por
celebrarse entre órganos y entidades de la misma administración, en este caso de la Administración General del Estado.


Las deficiencias comunes a diferentes tipos de convenios las hemos reducido a cinco, recogiendo las más principales; hay otras de menor cuantía que también se reflejan en nuestro informe. Estas deficiencias serían las siguientes: en
primer lugar, la descripción excesivamente genérica de las actividades a desarrollar, lo que origina que el contenido del instrumento de formalización no permita conocer con certeza el alcance de los compromisos que se asumen y su coste. La segunda
deficiencia es el establecimiento escasamente realista del plazo de ejecución de los trabajos, con la consiguiente necesidad posterior de realizar los ajustes presupuestarios; aquí, como pueden ustedes comprender, cabe la posibilidad de un montón
de irregularidades. La tercera deficiencia es la inaplicación de los principios de concurrencia, igualdad y no discriminación, aun cuando su alcance no es el mismo en los convenios entre entidades públicas que en los suscritos con entidades
privadas. La cuarta deficiencia es la frecuente consideración errónea de los gastos, ya que se califican como gastos de inversión cuando deberían ser considerados como de transferencia y viceversa. Y la quinta, que quiero resaltar esta mañana, es
la tramitación como convenios de negocios jurídicos que deberían haber sido encauzados por la vía contractual, si bien en el periodo fiscalizado el amparo jurídico para esta tramitación era mayor. Asimismo, repito, se resaltan otras carencias como
la ausencia de un modelo de convenio, la excesiva prolongación en su tramitación, etcétera.


En el análisis de esta fiscalización cabe también hacer una breve referencia a los diferentes convenios suscritos según la naturaleza de la entidad con la que se formalizaron. Así, por ejemplo, podemos hacer referencia a los convenios
suscritos con entidades vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado. De los veintiún convenios suscritos, por un importe de 14,6 millones de euros, se analizaron cinco, en los que los compromisos asumidos por el ministerio
ascendieron a 7,3 millones. En estos convenios se constató la falta de información sobre los criterios seguidos y la ausencia del desglose de determinados conceptos en relación con la cuantificación de la aportación prometida, así como la inclusión
improcedente, por la relación de dependencia existente, de cláusulas relativas al sometimiento a la jurisdicción contencioso-administrativa de las controversias que pudieran suscitarse, junto con la carencia de acreditación suficiente del
seguimiento de la ejecución del convenio y la falta de acomodación del régimen de pagos al ritmo de ejecución de los trabajos. Hacemos, repito, una valoración clara de este tipo de convenios o, por lo menos, una valoración ajustada a su comparación
con el cumplimiento de la normativa vigente. Otro grupo de convenios es el que se hace con las comunidades autónomas. El ministerio suscribió un total de cuarenta y cinco convenios por un importe de 480,6 millones de euros, de los que analizamos
veintinueve con un importe de 439 millones, es decir prácticamente la totalidad. En el análisis de estos convenios se constató la existencia de similares deficiencias a las que hoy hemos mencionado para el otro tipo de convenios. Se detectaron
además algunas deficiencias en su formalización, así como su incorrecta imputación presupuestaria y la extensión del plazo de vigencia y de los compromisos financieros por encima del ejercicio presupuestario, pese a tratarse de subvenciones
nominativas. Asimismo, dentro de la complejidad de algunos convenios, se observaron descripciones muy genéricas en la identificación de las prestaciones convenidas, discrepancias entre el documento

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de formalización y el texto publicado en el Boletín Oficial del Estado, junto con otras deficiencias en su tramitación y su ejecución, fase en la que se destaca la escasa regulación y funcionamiento del órgano mixto de vigilancia y control,
junto con las demoras en su desarrollo, con el consiguiente ajuste de las anualidades.


Otro grupo es el de convenios suscritos con entidades del sector público local. En este grupo se fiscalizaron quince convenios, suscritos por la Administración General del Estado y las entidades locales, por un importe de 107 millones de
euros. En su análisis se constató, en algunos casos, una deficiente definición del objeto y la cuantificación de los importes comprometidos y carencias en el contenido de los instrumentos de su formalización. Se resalta en el informe la
importancia de la indefinición del objeto del convenio, especialmente cuando subyace en el mismo una relación de intercambio patrimonial entre sus suscriptores. También se detectó una incorrecta imputación presupuestaria en los casos de ayudas en
especie, así como la ausencia de su publicación y registro, junto con diferentes incidencias en el proceso de ejecución, especialmente en el reducido seguimiento de los mismos. En el siguiente grupo de convenios están los suscritos con las
universidades públicas. Se fiscalizaron veintiún convenios en los que la aportación comprometida por el ministerio ascendió a 2,5 millones de euros. Mediante los convenios formalizados con universidades públicas, todos con el correspondiente
amparo legal en el momento de su formalización, se canalizaron negocios de naturaleza contractual al ser usualmente su objeto la realización de trabajos de investigación. En el marco delimitado por la nueva Ley de contratos del sector público,
estas relaciones, como saben ustedes, deberían ser encauzadas a través de la vía contractual. En relación con estos convenios se constató también la ausencia de criterios explícitos para determinar la cuantía de la aportación de la Administración
General del Estado, fijada en ocasiones en una cantidad a tanto alzado, así como la inclusión en otros casos de conceptos insuficientemente justificados e incluso derogados. También se incluyen tarifas o cánones, junto a las cantidades
correspondientes a los conceptos de gasto, a los importes de las actividades, cuando tales cánones no son conceptos de coste sino de distribución interna en el ámbito de la correspondiente universidad de los recursos generados, y a los que el
ministerio no estaba vinculado. En el informe se resalta que en determinados convenios el sistema de fijación de la aportación del ministerio no ofrecía garantías de fiabilidad. Por lo que se refiere a su tramitación y ejecución, también se indica
en el informe la falta de justificación y que no se hubiera promovido la concurrencia, junto con la incorrecta imputación presupuestaria en la mayor parte de los casos, para la que el tribunal mantiene el criterio general de su imputación como gasto
corriente, salvo justificación expresa como inversión, además de importantes desajustes temporales.


Finalmente, en el último grupo están los convenios suscritos con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado. En este grupo se fiscalizaron veinticinco convenios por un importe de 10 millones de euros. Con independencia de
ciertas consideraciones sobre la naturaleza jurídica, pública o privada, de determinadas entidades y el amparo jurídico de estos convenios, como resultado de su análisis se pone de relieve en el informe el encauzamiento por vía convencional de
negocios que deberían haber sido canalizados por la vía contractual. Al igual que en los anteriores convenios, se destaca la excesiva vaguedad en la definición del objeto. Por lo que se refiere a su incidencia presupuestaria, se observa, como
habrán podido ver en el informe, su falta de correspondencia con los objetivos del respectivo programa y la inadecuada imputación presupuestaria en razón de las actividades realizadas, especialmente en casos de convenios que canalizaron subvenciones
nominativas.


Para finalizar, nuestro informe hace una serie de recomendaciones que yo voy a reducir a cuatro. En primer lugar, a la vista de todo lo señalado, el informe concluye la conveniencia de salvar cuanto antes las insuficiencias del marco legal,
para lo que, con independencia de que una norma de alcance general incorpore los aspectos esenciales de los convenios, se recomienda que cada departamento ministerial disponga de una norma reguladora propia en el marco común. La segunda
recomendación referida a los convenios entre entidades públicas pide que se desarrolle reglamentariamente la disposición adicional decimotercera de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común, y definir las peculiaridades de los convenios interadministrativos, así como delimitar los respectivos ámbitos de aplicación de los convenios de los contratos administrativos y de las encomiendas de gestión. La
tercera recomendación sugiere que la utilización de estos convenios interadministrativos para clarificar los extremos dudosos sobre las competencias materiales de las administraciones públicas territoriales respecto de los distintos ámbitos
sectoriales se haga previo acuerdo de la correspondiente conferencia sectorial en los casos de convenios de suscripción generalizada. Finalmente, la cuarta recomendación que estoy resaltando pretende que en los convenios se describa con precisión
el objeto de la colaboración y los criterios de valoración de las aportaciones, así como los procedimientos establecidos para su justificación, estableciendo con realismo el plazo para su ejecución y armonizando la ejecución real y la gestión
presupuestaria, con una adecuada regulación de los órganos de seguimiento y de control.


Eso es todo, señor presidente. Señorías, muchas gracias por su atención.


El señor PRESIDENTE: ¿Aclaraciones sobre este informe? (Pausa). ¿Señor Bruguera? (Denegación). ¿Señor Pàramo? (Denegación). Señora Vázquez Morillo, tiene la palabra.

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La señora VÁZQUEZ MORILLO: Señor presidente, muchas gracias por la exposición que ha hecho. La ha resumido muy bien, dada la dimensión del informe, porque es un informe denso y ambicioso y analiza más del 80% de los convenios realizados
por el Ministerio de Medio Ambiente. En 2005 y 2006 creo que eran ciento diecisiete convenios, abarcan además algunas gestiones de 2008 y 2009, y ya hemos visto que el informe es denso y muy entretenido de leer. Por decirlo de alguna forma, hemos
multiplicado por cinco el precedente de este informe al añadirle a las entidades de derecho privado las comunidades autónomas, las universidades públicas, los entes locales, etcétera. Si bien la casuística y la normativa aplicable a cada una de
ellas es diferente, la conclusión general que sacamos de este informe es la falta de una normativa, de un marco jurídico necesario para ellos. Diría yo que más que la necesidad de un marco jurídico nuevo haría falta unificar toda la normativa
aplicable porque es mucha, como hemos visto a lo largo de la lectura del informe, y está muy dispersa. Realmente sería bueno que se unificara.


Como tengo la mala costumbre, o no tan mala, de leer el final de las novelas porque no soporto no conocer el desenlace durante mucho tiempo, he hecho lo mismo con este informe cuando he visto su dimensión. He empezado por las conclusiones,
y cuando leí las conclusiones me preocupé mucho, casi me alarmó; sin embargo, me preocupó menos cuando leí detenidamente el informe. Muchos de los defectos que incluye a mí, que he tenido experiencia en la gestión, me han extrañado, porque antes
de firmar un convenio se pasa una gran cantidad de filtros -diría hasta excesiva-, ya que tiene que informar el servicio jurídico, tenemos que tener informe de la intervención, adecuación presupuestaria, etcétera. En fin, después de leer esto lo
que menos me ha extrañado es la duración en la tramitación del expediente porque sé por experiencia propia que se alarga muchísimo. Por eso quiero resaltar que se podrían haber evitado muchos de estos defectos por los informes previos de los
servicios jurídicos. Me gustaría saber si se hace llegar a esos departamentos este informe para que vean cómo se podría solucionar y seguir mejorando, porque creo que se ha mejorado un poco, aunque parezca mentira, en la gestión de los convenios.


El objetivo principal de este informe es la acomodación de los convenios a la legalidad vigente. En este sentido, probablemente esa falta de norma jurídica específica hace que yo saque la conclusión siguiente: que la gestión haya sido
deficiente. Se ven irregularidades en esta gestión, pero muchas veces el mismo tribunal justifica por qué se dan estas irregularidades. Además de algunas que usted ha comentado, dice, por ejemplo, que no se justifica plazo. Eso se hace en muchos
convenios, pero el mismo tribunal justifica que puede deducirse de otras condiciones. Discordancia entre las cantidades comprometidas. También el Tribunal de Cuentas dice que se puede explicar por operaciones de regularización de ejercicios
anteriores. Falta de órganos mixtos de seguimiento. Es bueno que se incluyan en todos los convenios, pero tampoco la normativa obliga. Sobre la omisión de algunos extremos del acuerdo del Consejo de Ministros de 1990 que se modificó en 1998 el
tribunal dice que no afecta a datos relevantes. Quiero destacar con esto que quizá ha sido una gestión en la que se podría haber puesto más cuidado, pero tampoco se deducen temas muy importantes. En cuanto a la tramitación de los expedientes, son
muy largos; las que menos tardan son las entidades privadas y las que más las comunidades autónomas, y eso se explica seguramente por esa cantidad de informes previos que tienen que llevar por una parte el ministerio y por otra las comunidades.
Eso hace muchas veces que pierda la agilidad que la Administración necesita. Quizá en este tema también tendríamos que abundar. Imputación presupuestaria incorrecta. Algunos convenios se imputan al capítulo 6, deberían haber sido financiados con
transferencias y al contrario. Lo mismo digo, hay informes previos de la intervención. Me estoy viendo en mis tiempos de gestión cómo teníamos que cambiar cosas con respecto a los informes que se hacían. También hace referencia -eso me preocupaba
más- a la concurrencia competitiva, pero especialmente a las universidades, claro. Puede haber razones, y en muchos casos cuando se plantea hacer un convenio hay razones para hacerlo con una persona o con otra, con una entidad u otra. Por ejemplo,
en el caso de las universidades puede responder a la especialidad de la universidad e incluso a que hayan iniciado ya una investigación que le interesa al ministerio, porque quizá el coste temporal de buscar una posible universidad que pudiera
hacerlo mejor o igual que la que se ha elegido podría tener un coste con respecto al tiempo para obtener los resultados.


En fin, reitero que la gestión es manifiestamente mejorable. Acepto perfectamente que el ministerio debería contar con una normativa propia, y desde luego -algo que se dice en el informe- un departamento único para la gestión de los
convenios sería ideal, pero quiero resaltar que todos los convenios suscritos por el Ministerio de Medio Ambiente en esta época fueron fiscalizados de conformidad por la intervención; ningún convenio supuso reintegro de cantidades, ningún convenio
tuvo que llevarse a convalidación del Consejo de Ministros, cosa que tuvo que hacer la ministra del momento con muchos convenios heredados del Gobierno anterior. Digo esto solo porque creo que la gestión va mejorando año a año. Estos mejoraron con
respecto a los gestionados anteriormente porque, en definitiva, la falta de normativa viene de muy antiguo. Todos estos defectos que observamos aquí vienen de muy antiguo porque no se ha hecho esa normativa, aunque los que veamos de aquí en
adelante seguro que han mejorado algo por la Ley 30/2007, de contratos del sector público, que ya, al menos, aclara muy bien la distinción entre convenios, encomiendas de gestión y contratos.


Por último querría hacerle algunas consideraciones. Usted ha dicho ya que el objetivo principal del informe

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es evaluar la acomodación de los convenios a la legalidad vigente en estos años, pero yo le preguntaría: ¿No sería oportuno que se ampliaran los objetivos del análisis, por ejemplo, para que el Tribunal pudiera manifestarse sobre la
oportunidad de utilizar este sistema por las ventajas que pueda suponer sobre otras figuras en cuanto a agilidad, que yo valoro mucho? Además, ¿por qué cree que el número de convenios ha crecido tanto en los años que estamos estudiando? Se ve solo
el número de convenios que ha aumentado, pero no se dice a qué puede responder. Claro, no era el objeto de este informe. Por eso creo que los objetivos del informe podrían aumentarse. ¿Podría deberse, por ejemplo, al impulso que dio el Gobierno
en esos años a las políticas medioambientales, cuando se creó un ministerio específico para el medio ambiente? Puede que el presupuesto fuera mucho mayor, pues quizá se deduce del estudio del informe que se abusó de la figura, entre comillas, que
se hicieran menos contratos y más convenios. Yo quiero deducir que la explicación es que el presupuesto del ministerio en estos años, puesto que se impulsaron mucho estás políticas, fue mayor. Lo digo porque el tribunal también hace aquí algunas
apreciaciones subjetivas con las que yo estoy prácticamente de acuerdo. Por ejemplo, destacaría, porque usted lo señale en las conclusiones del informe, el Convenio 89 con Radiotelevisión Española. Considera el tribunal desproporcionada la
cantidad aportada a Radiotelevisión Española con respecto a lo que recibe el ministerio. El tribunal mide que el ministerio recibe diez copias de DVD; sin embargo, creo que eso ha de medirse como la producción que se hace, cuyo objetivo es que los
ciudadanos vean el contenido de esos DVD, pasarlos por televisión, además del uso científico y pedagógico que puede hacer de ese material, al que también tiene derecho el ministerio.


En fin, hay muchos convenios que mirar y muchos análisis que hacer. A lo mejor hubiera sido bueno que este se hubiera dividido en cinco grupos, pues podríamos haberle dedicado más tiempo en esta Comisión pero así tenemos que resumir mucho
la casuística de cada uno de ellos. Quiero concluir diciendo que, aún con la dificultad que conlleva crear una normativa para esta figura, porque la casuística es tan diferente, hay que avanzar en esta materia, por eso valoramos muy positivamente
todas las recomendaciones del tribunal y animaremos al Gobierno a que desarrolle esta normativa.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Suárez.


El señor SUÁREZ LAMATA: En primer lugar, quiero agradecer la presencia del presidente del Tribunal de Cuentas y la exposición que ha hecho del informe, que además tiene doble mérito, fundamentalmente porque es un informe árido y de
contenido denso. Asimismo, deseo hacer constar en el 'Diario de Sesiones' que traslade esta felicitación al resto de los miembros del tribunal y a los técnicos que han colaborado en el informe; informe que -ya se ha dicho- conduce a una reflexión
importante y de interés, máxime en el momento en que nos encontramos, pues hay escasez de recursos económicos. Es bueno meditar sobre cómo se gestionan los fondos públicos y sobre todo si hay seguridad jurídica y si se cumplen los principios de
eficacia y eficiencia en el manejo de esos fondos públicos. Creo que este informe está orientado hacia esta cuestión. Además, es necesario reflexionar -lo decía el presidente y quien me ha antecedido en el uso de la palabra- sobre la figura del
convenio, más allá de poner en cuestión una gestión de un tiempo concreto, que también se podría hacer porque hay elementos más que de sobra en este informe para poner -insisto- en cuestión esa gestión, sobre todo -ahí incide en algún punto el
informe- si se conoce el final de los convenios, porque es evidente que, una vez que se firma, a veces no se hace un seguimiento, un control y es cierto que el que habla conoce algunos de los finales de esos convenios y es para sacarle los colores a
cualquiera, pero insisto en que me parece mucho más interesante en estos momentos centrar esta exposición en el convenio, convenio que recoge la legislación, tanto la Ley reguladora de bases de régimen local como la Ley de procedimiento
administrativo, que sirve para que se relacionen las administraciones entre sí e incluso con privados, pero en cualquier caso la primera cuestión que se deriva del informe es esa laguna legislativa, en la que se insiste mucho. Ya se denunciaba en
el anterior informe que emite el tribunal sobre los convenios suscritos por el Ministerio de Fomento y por el Ministerio de Sanidad. Desde este punto de vista, le pregunto al presidente. Además, creo que es así, que se ha avanzado poco a raíz de
aquellas resoluciones y de aquellas propuestas que formularon en ese informe -insisto- en el año 2008. Estamos convencidos de que, si se hubieran tenido en cuenta esas certeras recomendaciones, a lo mejor hoy en este informe se hubieran escrito o
descrito otras cosas. Al final -esto ya llama la atención- es sorprendente que el tribunal no puede hacer pronunciamientos categóricos tal como está configurada la legislación, lo cual no deja de ser un poco llamativo. Le pregunto al presidente
-me sorprende mucho, por eso formulo esta cuestión- si se tiene la certeza de haber fiscalizado todos los convenios suscritos por el Ministerio de Medio Ambiente, más allá de los que excluye el artículo 10 de la Ley de Subvenciones y el artículo 88
de la Ley de Régimen Jurídico. Digo que no deja de ser sorprendente porque eso evidencia faltas de control más allá de que había un registro entonces en el Ministerio de Administraciones Públicas. Espero y deseo que ese registro siga existiendo en
estos momentos en el ministerio oportuno.


Me gustaría que el presidente aclarara -este fue un debate que se suscitó en la Ley 30/2007, de contratos del sector público- si a su juicio el convenio tiene una correcta regulación, porque al final hay confusión entre convenios, contratos,
encomiendas de gestión y subvenciones, y posiblemente ese era un buen momento. Insisto en que esta fue una de las cuestiones que se debatían

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entonces cuando se intentaba regular de nuevo todo el tema de contratación. Me gustaría que el presidente emitiera su opinión al respecto. Al final es verdad que el informe incide mucho en que hay diferencias con el contrato
administrativo, pero lo que el informe pone en evidencia es que se utiliza la misma documentación tanto en los convenios como en los contratos administrativos, lo cual deja constancia -ese es uno de los puntos clave de este informe- de que se está
utilizando la figura de los convenios fundamentalmente para eludir la rigidez a la que puede llevar en este momento suscribir determinados contratos, sobre todo porque yo creo que es así. Además, están sujetos a muchas más rigideces que los
convenios suscritos entre administraciones o con particulares, de la misma forma que se deduce también del propio informe que se utiliza la figura del convenio en lugar de la de subvención, fundamentalmente porque la Ley de Subvenciones es más
rígida también en lo que afecta a la cuestión de controles. Se podrán minimizar las irregularidades cometidas por los convenios, pero tampoco es cuestión baladí. Al final, si los ministerios de Fomento y Sanidad incurrían en unos errores en aquel
-insisto- informe que en 2008 pone en evidencia el Tribunal de Cuentas, esos mismos errores se reproducen corregidos y aumentados, porque no deja de ser sorprendente que se suscriban convenios entre órganos de la misma Administración. Cuando se
supone que los convenios ponen a la misma altura a los que suscriben, parece que no tiene sentido, cuando hay jerarquía, utilizar esta figura, como tampoco lo tiene mucho sentido que en las propias formulaciones o en los convenios suscritos se
recoja la posibilidad de recurrir en la vía contencioso-administrativa a algo que es evidente que excluye la legislación.


Son numerosas las llamadas de atención del informe de deficiencias desde el punto de vista jurídico en la suscripción de convenios, como falta de concordancia entre las firmas, no acreditación de las competencias o la preceptiva delegación,
la insuficiente delimitación de las competencias materiales de las administraciones intervinientes, la falta de publicidad, que supongo es lo que lleva al tribunal a no poder fiscalizar todos los convenios, inexistencia de registros y dudas sobre la
titularidad de los resultados obtenidos. También hay otra cuestión llamativa desde el punto de vista de la racionalidad económica; el escaso rigor con el que se formulan muchos convenios. No se describe suficientemente el objeto del convenio,
pero pienso que es porque se hace de forma intencionada, porque conviene o interesa así. No se precisan los criterios de imputación de costes y de reparto de cofinanciación. Se confunden los compromisos adquiridos en el convenio con nuevas
actuaciones acordadas con posterioridad, previsiones de calendario que son irrealizables y modificaciones sucesivas forzadas e injustificadas de los costes previstos. Pero todo esto conduce a un punto que siempre se hace para no superar los
importes establecidos por la normativa y así utilizar la figura del convenio y no acudir a esas otras figuras a las que me refería anteriormente, que tienen controles mucho más rígidos. Al final da la sensación de que todo es un modus operandi,
fundamentalmente para eludir -insisto- controles o rigideces. Hay gran disparidad de sistemas de pagos, pese a compartir objetivos muy similares -esto se ve muy claro en los convenios suscritos con las universidades- o pagos no acompasados al ritmo
de ejecución del convenio. Todo este rosario de deficiencias debe hacer reflexionar a todos los grupos que estamos aquí y asumir responsabilidades encaminadas, fundamentalmente, a intentar dotar a esta figura del convenio de una regulación con más
garantías en el uso.


Otra parte del informe incide en que en mucho casos no se prevé el procedimiento que garantiza el buen fin del convenio y, en otros muchos, dicha previsión está recogida en el convenio pero no consta que el seguimiento se haya materializado
-es a lo que me refería hace un momento- y deja mucho que desear cómo estaba configurado inicialmente el convenio a cómo han concluido las actuaciones previstas en el mismo. El órgano previsto no se ha reunido; incluso hay ausencia de recepción de
las obras realizadas. Esto llama la atención porque si no hay acta de recepción, al final, la comprobación no se ha efectuado y, por lo tanto -me estoy refiriendo a algún caso que conozco-, dista mucho -insisto en esto por algún cometario que he
oído- lo que había que haberse construido de lo que al final se construyó, pero fundamentalmente sí se utilizaron todos los recursos económicos que estaban pactados. En ocasiones estos convenios dan lugar a consorcios inter administrativos, donde
todavía es más complicado el control de los mismos porque tienen un sistema mucho más difícil, no se definen adecuadamente sus funciones y las obligaciones de rendir cuentas de su gestión. Esta es la reflexión interesante. Cuando uno ve el volumen
de recursos económicos que se han movido con los convenio, esto nos debe llevar a reflexionar para intentar mejorar la situación, máxime cuando en estos momentos los recursos son escasos.


El Tribunal Constitucional nos ofrece en este informe -voy acabando, señor presidente- una secuencia a colación de irregularidades y deficiencias desde el punto de vista jurídico y económico, y llama la atención sobre una figura que ha de
ser mucho más regulada y vigilada; además, nos insta a que la dotemos de los elementos necesarios para garantizar que la gestión efectuada sea más eficaz y evitar que, amparados en otras figuras jurídicas, haya actuaciones contrarias al interés
general.


Le quiero felicitar, señor presidente, porque en esa complejidad de la figura de la que estamos hablando, este informe casi constituye un tratado de derecho administrativo, me atrevería a decir. Las lagunas son evidentes y están puestas
encima de la mesa. Nuestro grupo toma buena nota de las mismas, por lo que presentaremos -cuando proceda- las propuestas de resolución en la misma línea en que lo hicimos en el informe anterior, al que se refería el Ministerio de Fomento y el de
Sanidad,

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y las nuevas que presentemos serán en sintonía con las anteriores.


Antes de acabar y de reiterar mi agradecimiento, querría formularle dos preguntas más si del informe se ha desprendido algún tipo de exigencia de responsabilidad, puesto que entiendo que hay hechos descritos que están muy lejanos de una
actuación ordenada y racional. Y por otra parte, sí tiene constancia el presidente del tribunal de que la utilización de esta figura del convenio ha mejorado, y en qué forma, después de la emisión del presente informe.


El señor PRESIDENTE: Señor presidente del tribunal.


El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Núñez Pérez): Muchas gracias a doña María José Vázquez, del Grupo Parlamentario Socialista, y a don Eloy Suárez, del Grupo Popular. Agradezco mucho sus reflexiones y comentarios y trataré de
contestar, de la manera más breve posible, a alguna de las cosas concretas que se han fijado. Me voy a detener en hacer algunas reflexiones más que en dar la opinión, puesto que no estoy aquí para dar opiniones sino para aclarar temas de conceptos,
pero sí para poner sobre la mesa los análisis que de estas fiscalizaciones se pueden hacer con respecto a la valoración del ordenamiento jurídico actual.


En primer lugar, quiero dejar claro, porque me preguntaba la señora Vázquez si este informe se había mandado a todos los responsables de la elaboración del convenio, que las alegaciones se han enviado a todos los sucesivos titulares del
ministerio y, en consecuencia, pudieron alegar tanto el servicio jurídico como la intervención delegada y los restantes servicios implicados. El informe, una vez hecho, se remite al Congreso de los Diputados y al Senado, a la Comisión mixta, y
también a todos los implicados, a todos los gestores que figuran en el mismo. Por lo tanto, en lo que se refiere al conocimiento de la elaboración del informe en toda su tramitación, como el resultado del informe, es conocido por todos los
interesados. Sobre ampliar el objetivo de la fiscalización sobre la oportunidad y el número de los convenios, efectivamente, es posible, pero siempre matizando el objetivo y yendo hacia una meta concreta para ser más eficaces y mejores
colaboradores en una de las funciones de esta Comisión mixta y la nuestra, que es mejorar el ordenamiento jurídico evitando lo que muchas veces he dicho, zonas de impunidad que la flexibilidad de estos convenios pueden permitir. Con independencia
de otras razones, es evidente que el convenio rebaja los requisitos exigibles respecto a otras figuras de gestión. Esta es quizá una fuente de irregularidades y de responsabilidades tanto contables como penales, y en eso pone el acento el informe.
Con independencia de que se haya avanzado el contenido del informe respecto del anterior, que sí se ha avanzado -yo entiendo, como usted, que algo se ha avanzado-, no podemos generar una sensación de plena satisfacción, pero se traduce también de
sus palabras, que son muy sinceras y agradezco. ¿Por qué hacemos este tipo de fiscalizaciones que pueden parecer, incluso, un tratado de derecho administrativo o un corolario de las normas de nuestro derecho administrativo? Porque, efectivamente,
dado el montaje y la cantidad importante de recursos de los que se dispone, nos importa mucho cómo se han gestionado los mismos en función del interés general.


En cuanto al Grupo Parlamentario Popular, los resultados de este informe son similares a otros. Eso quiere decir que tengo que volver a poner sobre la mesa la necesidad de hacer un seguimiento riguroso tanto de las recomendaciones de
nuestros informes como de las resoluciones adoptadas por la Comisión mixta, que algunas son muy acertadas y atinadas y las hemos tenido en cuenta a la hora de valorar este segundo informe. No ha sido posible obtener conclusiones definitivas; a ver
si poco a poco las vamos consiguiendo. También quiero recordar que queda por ver en trámite parlamentario la moción elevada a esta Comisión. En el momento en el que esta moción pueda tener un procedimiento parlamentario, podremos efectuar un
análisis global de la figura del convenio.


Dicho esto -voy a lo sustantivo y a lo que late en la preocupación de los dos intervinientes, tanto del representante del Grupo Parlamentario Socialista como del Grupo Parlamentario Popular-, vamos a ver si en breves palabras trato de
cuadrar la preocupación que nos embarga a todos en el funcionamiento del ordenamiento jurídico actual y en la evolución de este ordenamiento jurídico desde el informe hasta esta fecha. Es cierto que la Ley de Contratos del Sector Público incorporó
algunas referencias de diferenciación entre los convenios y los contratos, y hacía usted referencia a eso. Esta ley introdujo, recuérdenlo, una importante modificación al establecer en su artículo 4.1, respecto de los convenios
interadministrativos, el criterio de la naturaleza de los negocios jurídicos para determinar si deben tener la consideración de contratos o de convenios de colaboración y considerarlos excluidos en este último caso de su ámbito de aplicación,
superando la excepción del anterior texto refundido de la contratación de las administraciones públicas que permitía encauzar por la vía convencional de los negocios jurídicos cuyo objeto fuera coincidente con el de los contratos administrativos
pero que no rebasasen una determinada cuantía. Este es un dato muy importante.


De otra parte, tengo que recordar el artículo 74.5 de la Ley General Presupuestaria, que fue modificado por una disposición de la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 2007, que sustituyó -y a este tema también hacía referencia la
señora Vázquez- la exigencia de la autorización del Consejo de Ministros para la suscripción de convenios de cuantía indeterminada o cuyo gasto hubiera de extenderse a ejercicios posteriores por la de dicha autorización para la celebración de
convenios por importe superior a 12 millones de euros. A

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estas modificaciones podían agregarse otras referidas a la estabilidad presupuestaria, cuya última redacción es la ofrecida por la Ley Orgánica de 27 de abril de 2012, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, cuyo artículo
7.3 establece la supeditación de los convenios a los principios de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera.


Como ven, hemos avanzado considerablemente y estamos hablando de temas muy actuales que tenemos que tener en cuenta en sucesivas fiscalizaciones de este tipo de convenios si es que es necesario hacerlas. Se trata de modificaciones parciales
que no dan cumplimiento al establecimiento de un marco legal suficientemente desarrollado para la figura del convenio de colaboración, como pide una de nuestras recomendaciones, que se recoge en la resolución aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas en su sesión de 8 de junio de 2010 en relación con el informe de fiscalización de los convenios de colaboración generadores de gastos suscritos en los años 2004 y 2005 por los ministerios de Fomento y Sanidad y
Consumo con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado; como tampoco responden a la propuesta de completar y sistematizar el vigente marco legal de los convenios recogida en nuestra moción, a la que antes hacíamos referencia, sobre la
necesidad de establecer un adecuado marco legal para el empleo de convenios de colaboración por las administraciones públicas aprobado por el pleno del Tribunal de Cuentas en su reunión del 30 de noviembre de 2010. Como ven, no estamos durmiendo el
sueño de los justos. No nos hemos quedado en los simples datos de fiscalización, en el simple inventario de irregularidades. No, no nos hemos quedado en eso. Hemos avanzado, hemos estado atentos a las nuevas normas, a las nuevas modificaciones de
la legislación hasta las últimas normas de 2012, y efectivamente esta preocupación y las cosas que hemos escuchado esta mañana las tendrá en cuenta el pleno del Tribunal de Cuentas para que en el programa correspondiente podamos pensar en hacer un
trabajo de fiscalización y podamos saber si estas modificaciones del ordenamiento jurídico empiezan a resolver los problemas que en este informe hemos detectado.


En cuanto a la existencia de posibles responsabilidades -fue una de las preguntas que usted me hizo al final- a raíz del contenido del proyecto del informe, tanto el ministerio fiscal como el servicio jurídico del Estado señalaron
determinados supuestos de responsabilidad contable derivados en su práctica totalidad de deficiencias en la justificación de los gastos soportados y del cumplimiento de la prestación prevista en determinados convenios que se han enviado a la sección
de enjuiciamiento y, por lo tanto, no puedo decir más que esto. No sabemos las consecuencias que, a nivel de fijar las responsabilidades penales o contables, se pudieran establecer, aunque pienso que las deficiencias no dan para tanto, pero en todo
caso necesariamente deben ser analizadas porque así nos lo ha pedido tanto el ministerio fiscal como el servicio jurídico del Estado.


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 'ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS' (ADIF) Y POR LA 'SOCIEDAD ESTATAL DE
INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE, S.A.' (SEITTSA) DESDE EL 1 DE ENERO DE 2005 HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2008. (Número de expediente del Congreso 251/000010 y número de expediente del Senado 771/000011).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al 2º punto del orden del día: informe de fiscalización de la financiación de las inversiones en infraestructuras ferroviarias realizadas por la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, ADIF, y por la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.A, Seittsa, desde el 1 de enero de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2008.


El señor presidente del Tribunal de Cuentas tiene la palabra.


El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Núñez Pérez): Señorías, este informe de fiscalización lo aprobó el Tribunal de Cuentas en el pleno del 30 de septiembre de 2010. La fiscalización tiene por objeto fundamentalmente el análisis de
las principales fuentes de financiación de las inversiones de infraestructuras ferroviarias realizadas por ADIF y por Seittsa, comprobando su adecuación a los planes y programas de financiación e inversión establecidos por esas entidades tanto en
las leyes de Presupuestos Generales del Estado como en su propia planificación operativa. El análisis se extendió también a la evaluación del grado de eficacia, eficiencia y economía alcanzado en la inversión de estas infraestructuras ferroviarias,
así como al examen del cumplimiento de la normativa aplicable en estas operaciones.


Como antecedentes, cabe recordar que el 31 de diciembre de 2004 entró en vigor la Ley del Sector Ferroviario, cuya finalidad era incorporar al derecho español diversas directivas comunitarias que establecían un nuevo marco para este sector y
requerían llevar a cabo una completa reordenación del sector ferroviario estatal, sentando las bases para que pudiera producirse una progresiva entrada de nuevos actores en este mercado.


Para alcanzar estos objetivos se constituyó la entidad ADIF, integrándose en la misma la también entidad pública empresarial Gestor de Infraestructuras Ferroviarias, que conocemos con las siglas de GIF. Su actividad se inició al comienzo
del ejercicio 2005, siendo sus principales funciones la construcción de infraestructuras

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ferroviarias con recursos propios, del Estado o de terceros, de acuerdo con el correspondiente convenio -aquí está el convenio otra vez-, subrogándose en la posición del GIF respecto a las anteriores encomiendas de construcción, así como la
administración de las infraestructuras ferroviarias de las que era titular y de las que le fueran encomendadas, sin que pudiera prestar servicios de transporte ferroviario, salvo los inherentes a su propia actividad.


A finales del periodo fiscalizado, el inmovilizado material bruto de ADIF ascendía a 25.488 millones de euros, de los que 18.272 correspondían a inmovilizado material en explotación y el resto a obras en curso, entre las que figuraban
incluidas diferentes líneas de alta velocidad. Su endeudamiento a esta misma fecha alcanzaba los 8.987 millones de euros. Por su parte, la cuenta de pérdidas y ganancias del periodo analizado presentó pérdidas en todos los ejercicios analizados.


Durante el periodo fiscalizado, ADIF terminó las líneas de alta velocidad Madrid-Barcelona, Madrid-Valladolid y Córdoba-Málaga y realizó importantes inversiones en otras líneas de alta velocidad, principalmente en la línea Madrid-Comunidad
Valenciana, Barcelona-frontera francesa o la del País Vasco. También llevó a cabo considerables inversiones en la reposición y mejora en la red convencional de titularidad del Estado. El total de las inversiones realizadas por ADIF en los
ejercicios fiscalizados ascendió a 17.443 millones de euros, de los que 14.457 millones fueron en líneas de las que era titular y el resto en líneas cuya titularidad correspondía al Estado, en las que se incluyen, por ejemplo, las obras de la línea
Orense-Santiago, con una inversión de 2.986 millones de euros. Las inversiones en líneas de alta velocidad supusieron el 76% del total. Estoy tratando de hacerlo lo más claro posible, no digo lo más ameno porque estamos comiendo muchas cifras,
pero por lo menos para no perdernos en las líneas de ferrocarril. En este periodo, ADIF compartió la realización de actividades de inversiones en infraestructuras ferroviarias de ámbito nacional, en la Sociedad Estatal de Infraestructuras de
Transporte Terrestre, S.A. -en la famosa Seittsa- que se había constituido el 30 de noviembre del año 2005, siendo su objeto social el proyecto, construcción, conservación, explotación y promoción de las infraestructuras del transporte de
titularidad estatal por cuenta de la Administración General del Estado de acuerdo con los mandatos de actuación que se pudieran establecer. A finales del periodo fiscalizado, esta sociedad presentaba un activo de 4.510 millones de euros, de los que
1.662 millones correspondían a activos corrientes. Sus recursos propios ascendían a 4.007 millones y su endeudamiento a 503.


Por lo que se refiere a la cuenta de pérdidas y ganancias esta sociedad presentó resultados positivos en todos los ejercicios desde su creación. Durante el periodo fiscalizado Seittsa realizó inversiones directas en infraestructuras
ferroviarias por un total de 145 millones de euros que correspondían, principalmente, a diferentes líneas de alta velocidad y se había hecho cargo junto con ADIF del pago por cuenta del Estado de inversiones para financiar otras obras ferroviarias
por 2.848 millones de euros, de los que 997 millones correspondían al tramo de alta velocidad Orense-Santiago y 1.850 millones de euros en inversiones de reposición y mejora de la red del Estado.


¿Cuáles son los principales resultados de la fiscalización? Voy a ver si se los resumo brevemente en dos o tres apartados. En primer lugar, por lo que se refiere a la situación financiera patrimonial de ADIF, en el informe se analiza la
evolución de la situación de ADIF, en cuyo activo el inmovilizado material fue adquiriendo una mayor participación hasta alcanzar el 84,8% como resultado del fuerte incremento de su actividad inversora. En cuanto a la estructura de su pasivo se
resalta que el patrimonio, pese a su reducción, seguía siendo la fuente principal de financiación, situándose en el 88,7% del total, mientras que en los recursos de terceros habían adquirido una mayor participación los recursos a largo plazo. El
saldo de endeudamiento a largo plazo se triplicó en el periodo fiscalizado. A este respecto ha de indicarse que el Estado asumió, a comienzos del ejercicio fiscalizado, deuda de ADIF por 225 millones de euros proveniente de los compromisos
previamente adquiridos por el Estado con Renfe. Por su parte, el activo circulante se mantuvo positivo durante todo el periodo fiscalizado confirmando, eso sí, la solvencia y liquidez de la entidad a corto plazo como consecuencia del mantenimiento
de un importante volumen de activos líquidos tanto en términos relativos como absolutos. En consecuencia, los ingresos financieros alcanzaron cuantías significativas en todos los ejercicios superiores a los gastos financieros. Las aportaciones de
capital del Estado fueron la principal fuente de financiación de las inversiones de ADIF -el 47,8% del total-, seguidas de las subvenciones de capital procedentes de fondos comunitarios y de financiación ajena a largo plazo. En este capítulo
debemos resaltar el peso reducido de los recursos generados en las operaciones de su actividad.


Dentro del análisis de los resultados -también brevemente-, los resultados netos de los ejercicios fiscalizados fueron negativos pese al reducido importe aplicado a amortizaciones por diferentes motivos. Estos resultados negativos se
debieron principalmente a los fuertes resultados negativos de explotación, no compensados por los resultados financieros positivos y los resultados extraordinarios. Este resultado negativo de ADIF se originó fundamentalmente en la explotación de
las líneas de alta velocidad de su propiedad ya que los déficits que pudieran haberse generado en la explotación, mantenimiento y conservación de la red convencional propiedad del Estado fueron financiados por el mismo.


En el análisis de los resultados cabe señalar el beneficio obtenido por la venta o permuta de terrenos que en muchos casos ni siquiera estaban inventariados. Por lo que se refiere a los ingresos por cánones, se destaca su fuerte crecimiento
en el periodo analizado hasta alcanzar

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los 286 millones de euros, especialmente los cánones por utilización de infraestructuras como consecuencia del aumento registrado en las líneas de alta velocidad. Los resultados provenientes del Estado por administración de la red de su
propiedad fueron positivos en todos los ejercicios, alcanzando los ingresos por este concepto en el último ejercicio fiscalizado 1.506 millones de euros. No obstante, dichos resultados se tornarían negativos si se les imputase el gasto relativo al
ERE convenido para el periodo 2006-2010 que afectaba a 2.500 trabajadores.


Por lo que se refiere a las inversiones de ADIF, el grado de cumplimiento de los presupuestos de capital de ADIF en el periodo fiscalizado presentó importantes desviaciones entre lo realizado y lo previsto, si bien el incremento de las
inversiones materiales de ADIF en los últimos ejercicios permitió que disminuyera la diferencia negativa existente entre la cuantía de las inversiones realizadas y las previstas para el total del periodo próxima al 10%. Por otra parte, la
finalización de los grandes proyectos ferroviarios previstos en la Ley de Presupuestos del primer ejercicio tuvo importantes retrasos, que oscilaron entre los tres y los cuatro años.


Por lo que se refiere a las inversiones de Seittsa tenemos que decir que los convenios constituyeron la principal modalidad de atribución de funciones y de encomiendas por parte del Ministerio de Fomento. En el periodo fiscalizado se
suscribieron trece convenios. En los convenios de construcción de infraestructuras se contemplaba la realización de 62 actuaciones, para las que se había presupuestado un total de 1.823 millones de euros, incluyendo en algunos casos los costes por
expropiaciones y ocupaciones. Esta sociedad limitaba su actividad a la formalización de los contratos y al pago a los contratistas, asumiendo la elaboración de los proyectos y el control efectivo el ministerio o en su caso ADIF. Los recursos
obtenidos por esta sociedad provenían fundamentalmente de aportaciones recibidas del ministerio, acompañadas de los ingresos derivados de la rentabilidad obtenida del exceso de tesorería disponible, cuyo saldo medio llegó a alcanzar el importe de
930 millones de euros durante el ejercicio 2007.


Como conclusión, se afirma en el informe que la creación de Seittsa no supuso un aumento significativo de la realización de infraestructuras ferroviarias en el periodo 2005-2008 ni dio lugar a la aportación de financiación privada en estas
inversiones, estimándose que la actuación a través de ADIF habría presentado mayores ventajas.


El informe termina con una serie de recomendaciones que, casi lacónicamente, voy a reducir a tres. En primer lugar, el Gobierno tiene que analizar la conveniencia de que las funciones en materia de infraestructuras ferroviarias que
actualmente vienen realizando ADIF y Seittsa se concentren en una sola empresa pública. En segundo lugar, la oportunidad de que la financiación por el Estado de las infraestructuras que promueve Seittsa se realice por procedimientos distintos de la
aportación de capital que puedan resultar más económicos y adecuados a la naturaleza real de la operación. Finalmente, se recomienda que las previsiones presupuestarias relativas a las inversiones en infraestructuras ferroviarias realizadas tanto
por ADIF como por Seittsa se ajusten mejor a las verdaderas capacidades de ejecución y financiación que tengan en cada momento estas sociedades.


Eso es todo, señor presidente, señorías. Muchas gracias por su atención. Yo sé que tantas cifras y tantos datos pueden cansar, pero, repito, les agradezco la atención que han tenido y sobre todo las reflexiones, consideraciones y
observaciones que puedan hacernos, que nos serán sin duda, como siempre, de mucha utilidad.


El señor PRESIDENTE: Para las intervenciones de los portavoces, en primer lugar tiene la palabra el señor Bel.


El señor BEL ACCENSI: Señor presidente, gracias por su exposición, que creo que ha sido bastante clarificadora en cuanto al trabajo efectuado. No digo que nos haya sorprendido, pero sí que nos gusta constatar algunos de los resultados en
cuanto a la fiscalización de ADIF, en la que se aprecia que una parte importante de las inversiones no son financiadas precisamente por los recursos generados por su propia actividad, sino que lo son por aportaciones del Estado, por aportaciones de
la Unión Europea o incluso por financiación ajena. Nos preocupa que se haya triplicado el endeudamiento -es una constatación-, pero sí quisiera conocer si han detectado a través de la fiscalización si existen estudios de coste beneficio antes de
efectuar cada una de las inversiones, si estos estudios están individualizados en cada una de las inversiones y, en caso de no existir, su parecer respecto de la conveniencia de que puedan existir.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Pezzi.


El señor PEZZI CERETO: Bienvenido, señor presidente del Tribunal de Cuentas. El objetivo de este informe, como usted ha marcado en su intervención, es fundamentalmente la fiscalización de la financiación de las inversiones y también, al
hilo de ello, cuál es la principal fuente de financiación y la adecuación a los planes y programas establecidos por ellos en los Presupuestos Generales del Estado, así como un correlato pegado a esta fiscalización de la financiación, que es el
objetivo principal, y la verificación del grado de eficacia, eficiencia y economía alcanzado en la inversión realizada. Permítame decirle que cuando se quiere hablar de fiscalización de los años 2005, 2006, 2007 y 2008, hagamos un esfuerzo. Yo, a
mis alumnos en la universidad, cuando tienen que leer un ensayo o un artículo, siempre les digo que empiecen por la fecha porque si no saben la fecha en la que ha sido escrito, posiblemente la valoración que hagan del ensayo o del artículo
científico no dé los resultados

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adecuados. Por tanto, aquí tenemos que hacer una retrospectiva viendo en qué contexto político, económico, financiero, contable, jurídico -que ustedes han hecho perfectamente- nace ADIF para poder comprender qué paso en 2005 y por qué paso
en 2005 los resultados que ustedes analizan y cuál fue el desarrollo en los años 2006, 2007 y 2008. Por tanto, estamos ante una fotografía de hace siete años que va evolucionando hasta llegar a nuestro momento. Primero empieza la fiscalización
precisamente cuando se crea ADIF; Renfe se divide entre Renfe-Operadora y ADIF. Es la aplicación de la Ley del sector ferroviario, como usted ha dicho, que venía obligado por una directiva europea. Eso supone una reordenación completa del sector
ferroviario estatal, que además se produce en un contexto de profundo cambio. ¿Por qué? Porque ha habido elecciones el 14 de marzo de 2004, entra el Partido Socialista a gobernar, tiene que hacer una nueva envolvente macroeconómica para los
presupuestos de 2005, se elimina la llamada Ley de Acompañamiento y se fijan nuevas prioridades de inversión. Recuerdo a los compañeros de esta Comisión que se aprueba el Plan estratégico de infraestructuras del transporte, el PEIT, 2005-2020, que
fija de nuevo por donde van a ir las inversiones, fija la alta velocidad ferroviaria, que es el gran objetivo del periodo y nos encontramos con una empresa, fundamentalmente ADIF -que es una entidad pública empresarial mientras que la sociedad
mercantil Seittsa se comporta de distinta forma- que tiene la enorme ventaja de que su endeudamiento no repercute en el déficit público, si no tengo mal entendido. Por tanto, ADIF es utilizada por el Gobierno para intentar hacer un volumen de obras
muy grande que no repercuta en el marco macroeconómico con consecuencias sobre el déficit público. En ese contexto también quiero recordar -porque estamos en fase de tantísima penuria- que la previsión de crecimiento en los presupuestos del PIB en
términos reales para España en 2004 era del 2,8% y del 3% para el año 2005. Es decir, estamos en un momento de expansión económica y, por tanto, de posibilidades económicas para hacer frente a una actuación de infraestructuras muy grande. Lo que
se ve en el informe que usted nos presenta es que 2005 fue un año -a causa del inicio de la empresa, sobre todo, ADIF, porque Seittsa se crea al año siguiente- en el que no se fijan bien los objetivos de inversión. Se fija por parte de los
Presupuestos Generales del Estado una inversión desorbitada que ADIF no puede asumir dado que es una empresa nueva y que tiene impulso, y esa acción de encargarle una actuación demasiado grande, desorbitada, en 2005, va a hacer que el balance de los
cuatro años que usted presenta tenga en ese año una repercusión bastante importante. Ustedes dicen en el informe, que yo voy recogiendo en determinadas páginas, que ADIF construye infraestructuras ferroviarias de manera eficaz, con una financiación
potente y muy beneficiosa para la entidad -son palabras suyas, de su informe-; que la fiscalización muestra que la estructura del activo a 2008 había mejorado sensiblemente -página 19-, era más acorde con el objetivo social y la actividad propia de
la entidad que en su inicio, en 2005; que en cuanto a fondos ajenos son en su mayor parte a largo plazo y ha disminuido además el pasivo circulante, algo que el tribunal, usted, lo considera especialmente positivo en caso de entidades como ADIF, en
que las inversiones hay que financiarlas a muy largo playo y, por tanto, concluyen que la situación financiera a largo plazo es sólida porque el peso de los recursos permanentes representan el 93,9 del total del pasivo, sobrepasando el volumen del
inmovilizado, que era del 84,8. Analizan también el exceso de activo líquido, al que dedican una especial atención y dicen que era muy importante tanto en términos absolutos como en porcentajes sobre el total del activo. Indican que aunque los
activos líquidos son muy importantes, no han sido perjudiciales para la entidad ya que el coste del endeudamiento de ADIF es bajo, tanto por tener acceso a los préstamos del BEI como por haber realizado una activa gestión de la tesorería que ha
permitido rentabilizar los excedentes líquidos sin que su mantenimiento suponga coste significativo para la entidad. Cuando ven los resultados de la explotación, marcan clara tendencia a la mejora y nos vienen a decir que la fiscalización en
cánones y tasas de seguridad han sido debidamente liquidados, registrados, con procedimientos aplicados acorde. Después ven las desviaciones de las cantidades presupuestadas y realizadas, y muestran lo que le indicaba al principio, que ustedes lo
señalan y lo subrayan: 2005 fue un año anómalo en ADIF, fundamentalmente hubo una desviación que hizo que se ejecutara solo el 75,7% de lo previsto, y en los años sucesivos la ejecución mejora incluso por encima de lo presupuestado: el 141%, 132%
y en 2008 el 95%.


Por tanto la conclusión que yo saco del informe es que estamos ante una empresa con una situación financiera sólida en los cuatro años en los que se hace la fiscalización, que ha sido gestionada financieramente de forma adecuada; en todo
caso se señala que ha habido importantes desviaciones precisamente por la desviación tan grande que hubo en el primer año de gestión, en 2005, que se ha ido resolviendo en años sucesivos, y por tanto desde la perspectiva de la lectura del informe el
Grupo Socialista piensa que es una valoración positiva, que ADIF ha resultado ser una muy buena entidad pública empresarial, solvente, eficaz, eficiente, que su gestión ha sido sobresaliente, que al no repercutir en el déficit público su
endeudamiento ha sido un buen instrumento para el Estado, para permitir tener un ritmo de obra más acelerado. Por consiguiente tengo que concluir que estamos de acuerdo en términos generales y en la apreciación que hace el informe del Tribunal de
Cuentas; nos parece que estamos ante una empresa -ADIF- que en ocho años ha demostrado una gran capacidad de gestión y un nivel sobresaliente de sus técnicos y de su dirección, y auspiciamos y esperamos que en los años sucesivos ADIF pueda seguir
siendo la gran empresa que ha sido en estos cuatro años que ha fiscalizado el Tribunal de

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Cuentas en estos momentos y en los cuatro años sucesivos, en los que he tenido la fortuna de ser portavoz apoyando al portavoz de la Comisión de Fomento en temas ferroviarios, y por tanto he seguido muy de cerca el buen trabajo de una
entidad pública como ADIF y en menor medida Seittsa, que es menor en relación con la cuantía económica. Por ello felicitamos la Tribunal de Cuentas por su valoración, por su gran precisión, y por la lectura que permite a un político, como los que
estamos aquí sentados, poder tener una idea precisa, rigurosa, de una valoración contable, financiera y jurídica de una gestión pública en un contexto económico y político cambiante, como es el que da inicio al trabajo de ADIF.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Puente.


El señor PUENTE REDONDO: Señor presidente del Tribunal de Cuentas, señorías, quiero que mis primeras palabras sean de reconocimiento y agradecimiento por su comparecencia en esta Comisión y por la exposición que ha realizado de este informe
de fiscalización.


En relación con el informe me gustaría destacar antes de nada la materia importante o la importancia de la materia a la que va dirigido: las inversiones destinadas a infraestructuras ferroviarias. No obstante, me gustaría señalar que he
echado en falta o un poco de menos en este análisis la fiscalización de lo que sería la ejecución de las obras, el examen de la contratación y de todas las obras realizadas, sin ánimo de que se interprete esto como una crítica, simplemente es algo
que he echado de menos: que esa fiscalización no solamente hubiese sido de la financiación, sino que se hubiese realizado una fiscalización de lo que es la gestión en todas sus vertientes. Entiendo que el problema de la financiación puede haber
adquirido más relevancia en estos momentos de crisis financiera en los que además se han reducido significativamente los recursos provenientes de los fondos comunitarios, a los que es preciso buscar alternativas imaginativas que permitan mantener
los proyectos de inversión que tenemos programados. Con independencia de estas consideraciones el informe sí ofrece unas conclusiones de gran interés; yo no voy a entrar en números ya que el señor Núñez los ha expuesto perfectamente; simplemente
quiero entrar a realizar consideraciones o dar opiniones de las conclusiones que se sacan de este informe.


En primer lugar, se destaca la existencia de grandes excedentes de tesorería como lo testimonia el aumento de capital circulante y el volumen del inmovilizado financiero, que contribuyen a paliar los resultados de los diferentes ejercicios.
Me planteo aquí un par de cuestiones: ¿es la mejor opción para los recursos públicos que descansen o reposen durante largos periodos de tiempo en la cartera financiera de una empresa pública? ¿Cuál sería su coste de oportunidad o qué coste de
oportunidad supone esto? No puede olvidarse -como el propio informe señala y también ha comentado alguna de las personas que han intervenido anteriormente- que la principal procedencia de esta financiación, casi en un 50%, es del Estado. Otra
circunstancia que el informe señala es que el resultado de ADIF para todos los ejercicios estudiados de 2005 a 2008, como bien ha indicado usted, fue negativo. Para alcanzar su verdadera valoración en relación con este dato tengo que poner dos
cosas sobre la mesa: una es la ya aludida referente a los ingresos financieros provenientes del excedente de tesorería, y otra de mayor alcance es el volumen reducido de las amortizaciones que se realizan como consecuencia de varios factores, el
más significativo es el criterio de amortización basado en la progresión geométrica, que va a implicar que la mayor dotación corresponderá a los últimos ejercicios, lo cual se hará coincidir además con un mayor coste de lo que es el mantenimiento y
el soporte de las infraestructuras realizadas. Por lo tanto esta consideración me hace pensar que la planificación y la gestión que se realizaba era más pensando en unos periodos cortoplacistas que pensando con un criterio de racionalidad a largo
plazo. Los defectos de planificación de esta actividad se dejan también entrever en el informe cuando se indica la descoordinación entre el contrato-programa concertado entre ADIF y la Administración General del Estado y los propios presupuestos
generales, en cuanto que en determinados ejercicios estos no recogen la financiación comprometida.


El grado de cumplimiento de los presupuestos de capital de ADIF en estos años presentó importantes desviaciones entre lo realizado y lo programado, siendo globalmente de un 26% más o menos, como indica dicho informe. Además quiero añadir
aquí la demora que existe en la realización. Así, la finalización de los grandes proyectos ferroviarios que estaban presupuestados en el año 2005 tuvo retrasos de entre tres y cuatro años. En definitiva ni la planificación ni la ejecución de este
periodo fue un modelo de gestión a mi modo de entender, lo cual está ratificado por las últimas noticias de actualidad que hemos podido ver este fin de semana relacionadas con el AVE en un periódico económico. Según este medio, se dispone de un
parque de 217 convoyes y no se utilizan más de 140, es decir, tenemos más de 70 convoyes que están sin utilizar, que son innecesarios, que traducido a euros son más de 1.400 millones de euros. Con esto quiero ratificar una vez más la lamentable
situación económica generada en los años en los que se afirmaba que la situación era buena, que todo iba bien, y que la crisis era una invención.


Por otra parte, en el informe se efectúan análisis de los distintos conceptos de cánones establecidos, señalando que el único operador autorizado era el ente público Renfe-Operadora a efectos del cobro de estos cánones, y que estos ingresos
eran los únicos de los que disponía ADIF para recuperar las inversiones efectuadas o programar nuevas actuaciones. Desde luego, esta situación no permite prever grandes avances en la autofinanciación de la actividad. Se menciona asimismo en

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el informe el ERE convenido en 2006, que afectó nada menos que a 2.500 trabajadores. En este punto quiero resaltar simplemente que tal vez hubiese sido oportuno conocer un poco más en detalle lo que significó este ERE en cuanto al aspecto
económico, y no solamente a nivel de gestión. Eso en relación con el análisis que nuestro grupo hace de ADIF.


En cuanto a la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, Seittsa, y en relación con las inversiones ferroviarias que hacía esta sociedad -ya que tenía encomendadas también otras funciones-, quiero resaltar un par de
puntos acerca de los cometidos u objetivos con los que fue constituida esta sociedad. Uno de los objetivos que se le atribuyen son las competencias para la construcción y explotación de líneas férreas que le encomiende el Ministerio de Fomento.
Quiero indicar que el resultado a finales de 2008 en cuanto al número de líneas férreas encomendadas por el ministerio fue cero. Otro segundo punto era participar en sociedades de colaboración público-privadas para financiar la parte de las
inversiones en infraestructuras del transporte que no pudiese cubrir el Estado, para que parte de la financiación se solventase con inversiones privadas. Es un objetivo que parece muy interesante, pero a finales de 2008 el número de sociedades en
las que había participado Seittsa, ya que su constitución era para realizar inversiones en este tipo de infraestructuras público-privadas, fue igualmente cero. Por tanto resulta artificial e ineficiente la existencia de esta sociedad, por lo menos
relacionándola con las actividades ferroviarias. Así en su propio informe aconsejan que todas las inversiones ferroviarias se unifiquen en una sola sociedad.


En resumen -y concluyo ya, señor presidente; voy más o menos ajustado al tiempo-, la alta tecnología que representan estas inversiones relacionadas con las infraestructuras ferroviarias, y fundamentalmente con la alta velocidad, no se
corresponde con una alta calidad ni en la gestión ni en la planificación ni en la organización ni en la ejecución de las obras realizadas. Es por ello por lo que -volviendo al punto inicial- me hubiese gustado contemplar la posibilidad de
fiscalizar además de la financiación también la gestión, la organización y la ejecución de todas estas obras.


Sin más quiero agradecer la atención prestada, y reiterar mis agradecimientos al señor presidente por el trabajo realizado por usted y por todo su equipo. Quedo a su disposición para lo que necesite.


El señor PRESIDENTE: Señor Nuñez.


El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Núñez Pérez): Tengo que empezar con un párrafo de agradecimientos a los portavoces que han intervenido en este informe de fiscalización: el señor Bel, el señor Pezzi y el señor Puente.


El señor Bel me ha hecho una pregunta muy concreta y muy breve: si se han hecho análisis coste-beneficios y si estos análisis han sido individualizados. Si se lee con detenimiento el informe -y, por lo que veo, sí lo han leído- se señalan
con toda claridad las discrepancias entre lo previsto y lo realizado, lo que demuestra que los análisis que se hicieron no fueron muy acertados, y yo no considero que estuvieran perfectamente individualizados. Por otra parte, en el informe se
sugieren cambios en la financiación, especialmente de la sociedad Seittsa, que tienen como origen o justificación la no perfección de estos análisis. Creo que con esto he contestado a su pregunta.


El señor Pezzi hace un análisis de nuestro informe y le agradezco mucho la calificación tan positiva que hace del mismo. Parte de los años de nacimiento de estas sociedades como un elemento básico para la valoración de la actuación de las
mismas. Le dedica usted a ADIF, más que a Seittsa, unos adjetivos calificativos muy positivos que yo respeto, pero el análisis quizá rebaja un poco el grado superlativo de algunas de sus afirmaciones. En todo caso, está usted analizando el
objetivo de este informe que, como dice el señor Puente, se refiere solo a los aspectos financieros y no a la gestión. El objetivo de este informe -es decir, la financiación de estas sociedades- no traspasa las fronteras de la gestión, pero pueden
traspasarse en informes posteriores a los que aludiré ahora, porque la gestión está siempre determinada por la calidad de la financiación y por el inteligente planteamiento de la financiación. En todo caso, le doy las gracias por su valoración del
informe, y en cuanto a la calidad de las dos sociedades que queda ahí reflejada respeto -como no podía ser menos- su consideración. Como no me ha hecho ninguna pregunta, simplemente le contesto esto para decir que he estado atento a su intervención
y que la tenemos siempre en cuenta.


Señor Puente, tiene usted razón. Este informe es solo un parte de lo que podía ser un informe más completo. ¿Quiere decirse que esta parte de la financiación de la gestión en todas sus vertientes no va a ser realizada? Creo que sí que va
a ser realizada. Esta fiscalización se ha completado con otra dirigida al análisis de las principales contrataciones en determinadas líneas de alta velocidad. Los resultados de esta fiscalización están a punto de remitirse a alegaciones, por lo
que en los próximos meses -la otra vez que estuve aquí di un plazo y lo cumplimos a rajatabla; dije que el informe por el que me preguntaban iba a ser aprobado en el próximo pleno y fue aprobado- este informe estará terminado, más o menos a finales
de septiembre y a disposición de los miembros de la Comisión mixta. En el programa de fiscalizaciones de este año se contempla la realización de la fiscalización de la estructura del sector público empresarial estatal en relación con el acuerdo del
Consejo de Ministros de 30 de abril de 2010, sobre extinción y fusión de sociedades estatales. Esto es muy importante porque en relación con la recomendación efectuada en el informe sobre la conveniencia de que la actividad desarrollada por ADIF y
Seittsa se concentrara en una única empresa, como también usted ha reflejado en su intervención, ha de señalarse que en el citado acuerdo

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no se contempla una decisión en dicho sentido. Asimismo en el reciente acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 16 de marzo -como ven, trato de actualizar los informes para que tengan todo el interés que la actualidad requiere- se prevén
actuaciones de reestructuración y racionalización del sector público empresarial y fundacional. Se contempla en el sector ferroviario únicamente la extinción de Logística y Transporte Ferroviario S.A., así como la fusión de varias sociedades de
Renfe-Operadora relacionadas con el transporte de mercancías. Si en el curso de la nueva fiscalización a la que antes hemos hecho referencia se llegara a la conclusión de la conveniencia de reiterar o ampliar las recomendaciones del tribunal en la
reorganización de este subsector, así se recogerá en el informe.


En relación con las restantes recomendaciones del tribunal dirigidas a evaluar los diferentes procedimientos de financiación de la actividad de Seittsa, y evitar sus excedentes de tesorería, cabe señalar que a partir del ejercicio 2009 los
fondos a percibir quedaban pendientes de pago hasta que se produjera una necesidad real de liquidez. Yo creo que con esto y diciéndoles también -lo digo en términos positivos- que habiendo distribuido el proyecto de informe al ministerio fiscal y
al servicio jurídico del Estado, ambos expresaron su conformidad con el contenido del mismo y manifestaron no apreciar supuestos de responsabilidad contable en las actuaciones descritas en los diferentes apartados del informe que -repito- tiene como
objetivo solo y exclusivo el de la financiación.


- INFORME ANUAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA, EJERCICIOS 2006 Y 2007. (Número de expediente del Congreso 251/000039 y número de expediente del Senado 771/000040.)


El señor PRESIDENTE: Iniciamos el punto 3.º del orden del día: Informe anual de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ejercicios 2006 y 2007, cuyo autor es el Tribunal de Cuentas. Tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.


El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Núñez Pérez): Este informe del Tribunal de Cuentas se aprobó en el pleno de 21 de julio de 2011, y se corresponde con los ejercicios 2006 y 2007. Tengo que decir ya de antemano que el informe
correspondiente a los ejercicios 2008 y 2009 también está muy avanzado. Por tanto estamos poniéndonos al día poco a poco y tratando de que los informes tengan el venenillo de la actualidad, que les da mucho interés ante la opinión pública.


De conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, un ejemplar de este informe se remitió también como es natural a la Asamblea legislativa de Extremadura y al Gobierno. El objeto de
esta fiscalización fue el análisis de la gestión económica financiera de la comunidad autónoma y de las entidades dependientes, con el fin de verificar su sometimiento a la normativa aplicable, y la sujeción a los principios de eficiencia y
economía, así como la representatividad de sus cuentas y el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. Asimismo se efectuó un seguimiento de las recomendaciones formuladas en anteriores informes y de la utilización dada a los recursos
provenientes del Fondo de compensación interterritorial. El ámbito subjetivo de la fiscalización estuvo integrado por la administración general de la comunidad autónoma, cinco organismos autónomos, dos entes públicos, veintidós empresas públicas,
diez fundaciones y nueve consorcios. ¿Qué limitaciones hemos encontrado para hacer este informe? La fiscalización se vio condicionada por continuar careciendo en los ejercicios fiscalizados de un sistema de contabilidad que permitiera efectuar un
seguimiento de los gastos con financiación aceptada, con la consiguiente incidencia en el cálculo del resultado de financiación y del remanente de tesorería afectado. Asimismo el análisis de los bienes y derechos de la Junta de Extremadura se vio
afectado por las deficiencias de los inventarios, en cuanto a la incorporación de todos los bienes y derechos y a su adecuada valoración. Que conste que estas dos limitaciones se pueden predicar en casi todas las comunidades autónomas, pero en fin,
no nos toca hoy más que analizar la de Extremadura.


Por otra parte, no se dispuso de información completa sobre la antigüedad de los saldos de deudores presupuestarios y sobre su riesgo de prescripción, así como sobre los aplazamientos y fraccionamientos otorgados en el periodo fiscalizado.
Igualmente la carencia de cuentas y presupuesto propio del Servicio Extremeño Público de Empleo y de la Agencia Extremeña de Vivienda, Urbanismo y Territorio segregados del presupuesto impidió un análisis particularizado de su situación patrimonial
y de su comportamiento presupuestario. Asimismo la falta de concreción en la determinación de proyectos por los Fondos de compensación interterritorial impidió el seguimiento de su financiación en su proyección plurianual.


¿Cuáles son las principales conclusiones del informe? Se las voy a exponer a continuación. En primer lugar, y por lo que se refiere a la rendición de cuentas, las cuentas generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura correspondientes a
los ejercicios 2006 y 2007 fueron rendidas dentro del plazo previsto en la Ley General de Hacienda de Extremadura. Estas cuentas están integradas por las cuentas anuales de las entidades que conforman el sector público autonómico, a las que se
agregaron las cuentas anuales de la Asamblea, de la Universidad de Extremadura, y del consejo consultivo, incluyéndose estados consolidados del sector público administrativo y agregados de los sectores empresarial y fundacional. Las cuentas de los
organismos autónomos y entes públicos autonómicos se rindieron también dentro del plazo establecido, con la singularidad de que las cuentas

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del Servicio Extremeño Público de Empleo y de la Agencia Extremeña de Vivienda, Urbanismo y Territorio se rindieron integradas en las de la administración general de la comunidad, en virtud de lo previsto en sus estatutos, en tanto no se les
dote de los recursos y estructuras necesarios. Asimismo las cuentas de las empresas autonómicas se rindieron en plazo, con la excepción reiterada en varios ejercicios de las cuentas del pabellón del Extremadura de la Exposición Universal de
Sevilla, empresa en liquidación. Por lo que se refiere a las demás cuentas se deja constancia en el informe de que en algunas fundaciones y consorcios se ha incumplido esta obligación, junto con otras incidencias observadas que a lo largo del
informe se exponen con toda claridad.


En cuanto al análisis de la liquidación presupuestaria tengo que decir que las modificaciones presupuestarias supusieron un incremento del 8 y del 7% respectivamente de los créditos iniciales de ambos ejercicios, superando significativamente
el porcentaje de los ejercicios precedentes. En el primer ejercicio analizado del año 2006 el 55% de las modificaciones fueron para créditos extraordinarios, suplementos de créditos, para incrementar la dotación inicial para determinadas
infraestructuras, mientras que en el ejercicio siguiente las ampliaciones supusieron el 76% de las modificaciones, destinadas en su mayor parte al pago de ayudas comunitarias y a la ejecución de sentencias del Tribunal Superior de Justicia de
Extremadura. El presupuesto de gastos presentó un grado de ejecución del 90% de los créditos definitivos en ambos ejercicios, y en cuanto al presupuesto de ingresos el grado de ejecución alcanzó en ambos ejercicios el 92%.


En el informe se resaltan las deficiencias en el registro de las nóminas, puestas de manifiesto en anteriores informes, así como el control de los ingresos especialmente de los tributarios como consecuencia de las insuficiencias
informáticas. Continúa en estos informes la demora en la imputación presupuestaria de ingresos devengados y cobrados, que permanecen en cuentas extrapresupuestarias hasta su adecuada depuración en ejercicios posteriores, lo que resta
representatividad a los importes reflejados en la liquidación presupuestaria. Esto es importante. Considerando las fuentes de financiación, la comunidad autónoma continuaba manteniendo una fuerte dependencia de la financiación vía transferencias y
subvenciones del Estado y de la Unión Europea, que suponían el 94% de la financiación total.


Por lo que se refiere a la situación patrimonial, en el análisis del inmovilizado se constató el avance de la tasación de los bienes inmuebles del inventario, que alcanzó el 57% de los bienes registrados, y este mismo avance se observó en la
valoración de las altas de bienes inmuebles y de vehículos. Se señalan asimismo las deficiencias observadas en el registro contable de los bienes del inmovilizado no financiero, que restan representatividad a los estados presentados.


En el análisis de las inversiones financieras se examinó la evolución de las valoraciones de las participaciones en diferentes sociedades, observándose desfases temporales en su registro, así como determinadas discrepancias en su
cuantificación en diferentes estados contables. Por otra parte, la administración general de la comunidad mantenía formando parte de sus activos financieros préstamos de diversa naturaleza, sobre los que no existían registros completos que
permitieran delimitar vencimientos e intereses devengados ni importe pendiente de reintegro. Asimismo señala el informe la persistencia de deudores procedentes de ejercicios anteriores que deberían depurarse dada la antigüedad de sus saldos.


En relación con la tesorería, se indica en el informe la importancia de los saldos mantenidos pese a haberse reducido los existentes en ejercicios anteriores, a la vez que se reitera la no utilización de las cuentas restringidas de
recaudación, y la necesidad de regularizar los saldos de determinadas cuentas e integrar los saldos de diferentes cuentas de pagos a justificar y cuentas de pago en firme pendientes de su traspaso a las correspondientes cuentas operativas. Durante
los ejercicios analizados no se incrementó el nivel de endeudamiento, situado en 782 millones de euros. En estos ejercicios no se formalizaron nuevas emisiones de deuda pública.


Por lo que se refiere al resultado económico patrimonial se señala que es positivo en ambos ejercicios, si bien el saldo del segundo ejercicio es un 45% inferior al del ejercicio precedente, reducción motivada especialmente por la dotación
de subvenciones. El remanente de tesorería del último ejercicio analizado experimentó una apreciable reducción respecto al del ejercicio precedente, por efecto principalmente de la dotación durante el mismo de dos provisiones de importes
significativos para compensar los excesos de ejecución sobre la programación financiera final, en concepto de fondos europeos, y con el fin de retener los recursos necesarios para hacer frente a los compromisos derivados de la devolución del
impuesto sobre la producción y el transporte de energía.


Se destaca asimismo en el informe la carencia de información que deberían haber aportado las memorias de la cuenta general e insistimos en la necesidad de implantar módulos de sistemas de información. En este sentido se indica que la
memoria debió informar de la situación procesal al cierre de ambos ejercicios del recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la Ley de la Asamblea de Extremadura de 29 de noviembre de 2001, del impuesto sobre depósitos en entidades de
crédito, valorando la dotación de una provisión por responsabilidades en consonancia con el ajuste incorporado en la contabilidad nacional.


Por lo que se refiere al Fondo de compensación interterritorial, se resalta que las dotaciones aprobadas corresponden a líneas generales de actuación, impidiendo un seguimiento singularizado. En cuanto al cumplimiento del objetivo de
estabilidad presupuestaria fijado en el equilibrio presupuestario para ambos ejercicios se constató que dicho objetivo se cumplió satisfactoriamente, registrándose una capacidad de financiación de 89 y 85

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millones de euros respectivamente, en términos de contabilidad nacional.


Se efectúa también un breve análisis de la liquidación presupuestaria de los cinco organismos autónomos de la comunidad que rindieron cuentas individuales, que reconocieron obligaciones en estos ejercicios por importe de 1.330 y de 1.438
millones de euros respectivamente, correspondiendo el 99% del total del presupuesto agregado al Servicio Extremeño de Salud. En este subsector destaca la saneada situación financiera de todos los organismos, a excepción del Servicio Extremeño de
Salud, que sigue manteniendo necesidades financieras.


En el ejercicio 2007 se creó un nuevo organismo, el Instituto de la Juventud de Extremadura, cuyos estatutos no se aprobaron hasta el ejercicio siguiente, y en el mismo ejercicio se extinguió la Agencia Extremeña de Vivienda, Urbanismo y
Territorio, creada tres ejercicios antes, subrogándose la consejería en sus derechos y obligaciones. El sector empresarial autonómico lo integran en el periodo finalizado veintidós entidades, entre las que sobresale el peso de la Sociedad
Industrial de Fomento de Extremadura y de su grupo. Como en ejercicios anteriores los resultados positivos de este sector se sustentaron fundamentalmente en los resultados financieros, muy superiores a los resultados de explotación, y que fueron
generados principalmente por dicha sociedad, así como de la percepción de subvenciones de la comunidad. En el periodo fiscalizado se mantuvo la tendencia de reducción del endeudamiento financiero del sector, que era al final de periodo de 2,2
millones de euros. En cuanto a las fundaciones, en el informe se dice que estaban en funcionamiento diez fundaciones públicas autonómicas, a las que la Junta destinó financiación por importe aproximado de 15 millones de euros durante los dos
ejercicios finalizados. Se efectúa también en el informe un breve recorrido por los nueve consorcios autonómicos, a los que la comunidad autónoma aportó financiación por 10 millones de euros, dirigida fundamentalmente a la promoción cultural, a la
investigación y a la promoción comercial, atendiendo a la actividad desarrollada por dichos consorcios.


En cuanto al análisis de la gestión, con muchísima brevedad voy a exponer la parte del informe que se refiere a este punto, diciendo que en el análisis de las subvenciones se destaca en el informe que la Junta firmó en el último ejercicio
fiscalizado un convenio reconociendo obligaciones por 500.000 euros con la Universidad de Extremadura, con el objetivo de financiar el incentivo acordado por esta última para la jubilación voluntaria anticipada del personal docente e investigador,
señalando que la naturaleza y el montante del referido incentivo carecen de apoyo normativo y suponen eludir la limitación de las cuantías de las pensiones establecida por ley para los regímenes de la Seguridad Social y de clases pasivas. Con
independencia de dicha actuación, se analizaron tres líneas de subvenciones en las que se detectaron deficiencias relacionadas principalmente con la inadecuada justificación de los requisitos para ser beneficiario, deficiente control posterior del
mantenimiento de las condiciones exigidas e incidencias en la justificación de los gastos subvencionados.


Por último, se ofrecen en el informe los resultados del análisis de la contratación celebrada, pudiéndose destacar que en los concursos examinados las bajas de las ofertas económicas fueron escasamente valoradas. En los pliegos de algunos
concursos no se especificó adecuadamente la forma de otorgar las puntuaciones de los baremos establecidos para los diferentes criterios de adjudicación, lo que no es conforme con los principios de publicidad y transparencia.


El informe termina con una serie de recomendaciones que mantienen su vigencia con las formuladas en anteriores informes, y este es uno de los datos a los que siempre aludo, quejándome, como es natural, de que las recomendaciones muchas
veces, a pesar incluso de que se recogen en resoluciones de esta Comisión mixta -como esta mañana se hará después de la comparecencia del presidente del Tribunal de Cuentas-, no son tenidas en cuenta por quien tiene que hacerlo. De ahí que las
recomendaciones una y otra vez repitan las de ejercicios anteriores. En varios casos -cada vez más, tengo que reconocerlo- sí se tienen en cuenta y contribuyen -y lo digo con todo orgullo y con toda satisfacción por la parte que nos toca y por la
parte que les toca- a la mejora del ordenamiento jurídico. Por tanto recomendamos otra vez la modificación de la normativa presupuestaria en orden a otorgar un adecuado tratamiento presupuestario a la valoración neta de las operaciones de
endeudamiento a corto plazo. Asimismo recomendamos dar un tratamiento presupuestario y contable segregado a determinadas entidades contables con personalidad jurídica y presupuesto propio, contar con una información adecuada sobre gastos con
financiación aceptada y sobre inmovilizado, y disponer de un inventario completo. Igualmente se recomienda una revisión sobre la necesidad de la existencia de las sociedades, algunas con objeto social muy similar, así como prever los adecuados
mecanismos de control. Finalmente señalamos que la Junta de Extremadura debe poner fin a la vigencia del convenio suscrito con la universidad para financiar el incentivo de las jubilaciones voluntarias anticipadas. Creo que en esta recomendación
ya nos han hecho caso, pero en todo caso en el próximo informe lo veremos.


Muchas gracias por su atención.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Sánchez Amor por el Grupo Socialista.


El señor SÁNCHEZ AMOR: Agradezco al presidente del Tribunal de Cuentas su presentación, que me ha parecido muy ilustrativa del excelente trabajo que hace la institución a la que representa. Pero me permitirá, antes de comenzar, una
reflexión de tipo general, que yo asumo directamente como extemporánea, y en cualquier caso no dirigida a usted, pero que me parece inevitable

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hacer en este momento. La ventaja de ser un diputado nuevo es que uno puede mostrar con gran sinceridad su extrañeza.


Me refiero al hecho de que este trámite en el que los diputados de las Cortes Generales examinamos un informe del Tribunal de Cuentas se convierte habitualmente en un procedimiento que no parece muy acorde con nuestro sistema de autogobierno
territorial, porque inevitablemente no se hace tanto un control sobre cómo ha hecho el Tribunal de Cuentas ese informe sino un control sobre el contenido de ese informe y, por tanto, un control político sobre un gobierno autonómico, lo que provoca
un cierto baile de posiciones que no aclara bien el juego institucional, porque obliga a los miembros del grupo político en esta Cámara que coincide con el partido que gobernaba en la comunidad en ese momento a tener una especie de posición similar
a la que tendría el Gobierno autonómico, y eso al final enturbia la claridad de este trámite. Obviamente no le estoy pidiendo, señor presidente, una posición sobre esto, pero tampoco me parecía inútil volver a reiterarlo, sobre todo porque se
produce una asimetría indeseable, y es que aquellas comunidades autónomas que no tienen un Tribunal de Cuentas propio tienen su trámite de control político en su Parlamento y tienen este segundo control político en el Parlamento nacional, con la
particularidad de que en esta Cámara no pueden defenderse como tales gobiernos. Habría que preguntarse si precisamente la existencia de estos regímenes diferenciados no estará ayudando como un elemento más a que algunas comunidades autónomas se
planteen tener tribunales de cuentas regionales, cuando, por lo menos por parte de Extremadura, usted sabe que no lo hemos hecho en treinta años y que además -como usted ha dicho- hay una buena relación institucional y una excelente visión desde las
instituciones extremeñas del trabajo que hace el Tribunal de Cuentas.


Por tanto, lo que quiero reiterar es esa idea de que Extremadura hace una excelente valoración del papel, de la utilidad y de la funcionalidad del Tribunal de Cuentas. Usted sabe que en Extremadura se hizo un borrador de ley, finalmente no
se llevó a cabo, y entre otras cuestiones, que no le negaré que tienen algo que ver con la situación financiera de las administraciones públicas, también había una sustancial comodidad con la labor que ustedes desempeñan de control de nuestras
administraciones. Incluso en la discrepancia en la interpretación, siempre desde el respeto y la consideración, con un prurito -como usted sabe- de intentar contestar siempre a todas las alegaciones, y son muchas, que el tribunal hace. Por tanto,
le reitero, en este papel un poco doble que me corresponde de representante de un grupo parlamentario aquí y un poco de las administraciones que gobernaban en ese momento, una actitud de colaboración y de respeto y de valoración del trabajo que
están haciendo.


Quizás por esa actitud y a pesar de las informaciones que usted nos da y del criterio de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, quiero reiterar que nunca en treinta años ha habido ni un solo caso en el que se haya establecido
responsabilidad, no solo ya penal, ni siquiera contable, en el ámbito de la Administración extremeña; nunca en treinta años se ha producido en sede judicial ningún caso de responsabilidad penal o contable, lo cual no quiere decir que no veamos con
preocupación el hecho de que el tribunal siga -como usted decía- indicándonos algunas correcciones que hay que hacer. Tengo aquí delante el documento de la sección de enjuiciamiento en el cual las catorce incorrecciones formales o incorrecciones en
general que se examinaron en el tribunal, todas, una detrás de otra las catorce, fueron desechadas y fueron reconducidas. Hay que tener en cuenta además que la Fiscalía del Tribunal y la Abogacía del Estado, si no me equivoco, hacen sus
consideraciones no sobre la redacción final del informe sino sobre una redacción previa y, por tanto, algunas de cosas que se plantean pueden estar resueltas en las alegaciones.


Usted lo ha dicho, el tribunal está tratando de ganar tiempo al hacer lo informes bianuales, pero inevitablemente no podemos dejar de señalar que estamos hablando de expedientes de hace seis o siete años, un plazo en el que, debo decírselo
con satisfacción, muchas cosas se han corregido, algunas usted las ha señalado. Por ejemplo, hay un nuevo sistema de pliegos a partir de 2008 en la Administración extremeña, un solo pliego para cada tipo de contrato para toda la Administración
general, unificados, ya no uno por departamento, como solía haber anteriormente, y publicados en el Diario Oficial de Extremadura para general conocimiento y que además dan más peso a la oferta económica, como había sido la recomendación del
tribunal desde siempre. Incluso cuestiones planteadas por la Fiscalía y por la Abogacía del Estado se han ido resolviendo: el papel de las declaraciones de responsables en los procedimientos de acreditación ante la Administración de determinadas
características de los beneficiarios, personas o empresas, estaban ya recogidas en la Ley General de Subvenciones, pero han sido incorporadas además de en la reforma de la Ley del Régimen Jurídico de 2009, también en una regulación regional del año
2010, una ley sobre impulso a las empresas. La exclusión de subvención al empleo estable de aquellos casos no se debe a que haya habido una relación laboral anterior con la empresa, ya está resuelto y fue detectado, además de por los servicios
administrativo, por la indicación del tribunal. La utilización -y me parece que esto le satisfará enormemente- en nuestros pliegos, en las contrataciones, de fórmulas lineales y ya no las fórmulas anteriores, parabólicas, hiperbólicas, sino un
sistema de fórmulas lineales que vinculen la mayor valoración en los proyectos de contratación al menor precio ofertado, dejando de lado el sistema anterior de valoraciones con fórmulas parabólicas, bilineales, etcétera. Hay una mayor precisión en
estas fórmulas de contratación en los medios materiales asignados al contrato para que no se produzcan los casos que ha señalado el tribunal, y en relación con lo que usted acaba de señalar, el inventario está resuelto

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desde 2008 o 2009, no estoy muy seguro al decirle la fecha, podremos comprobarlo en cualquier caso en el informe del año que viene.


Hay discrepancias que mantenemos con toda la naturalidad y con todo el respeto al tribunal, como el hecho de que se considere que el contrato de publicidad en la línea aérea sea de carácter civil, y para ello nos acogemos a un informe de la
Junta consultiva de contratación -no se trata solo de una opinión de la Administración-, que distingue, si no me equivoco, entre lo que es mera situación de una publicidad estática en algún sitio y un contrato en el que no se hace solo de soporte
sino que la empresa que recibe el contrato tiene que hacer alguna otra actividad. Hay retrasos por nuestra parte y hay cosas resueltas; hay discrepancias y hay retrasos. La implantación de la contabilidad, a la que usted acaba de referirse, es un
retraso que yo sé que hay generalizado en muchas administraciones, efectivamente va muy lento y no puedo decirle en qué momento podrá estar. Sí que el retraso en la imputación de los ingresos extemporáneos se hace siempre en el ejercicio anterior,
y así ha sido -usted lo ha señalado-, pero ese retraso se circunscribe estrictamente al ejercicio anterior. Por tanto, hay cumplimientos a partir de la época de la que habla el informe, hay discrepancias, hay retrasos por nuestra parte o por parte
de la Administración extremeña, pero hay una voluntad, como siempre, de cumplimentar las recomendaciones del tribunal.


Paso a referirme a lo que usted denominaba con gráfica expresión el venenillo de la actualidad, venenillo de la actualidad al que usted se refería al citar ese convenio entre la Junta de Extremadura y la universidad para la jubilación de
profesores de la universidad. Tengo aquí una página del periódico El Mundo cuyo titular era: Jubilación dorada para Rodríguez Ibarra. Este ha sido, de entre los temas que usted nos ha traído aquí, seguramente una de las cosas que más ha dado que
hablar, por lo menos en la prensa de Extremadura, y resulta que esa jubilación dorada para el señor Rodríguez Ibarra, como usted sabe, es la jubilación dorada -si es que lo es, que yo no lo defiendo- para 1.440 profesores de todas las universidades
españolas y para treinta y tres universidades. Yo no sé si el primer caso que detectaron fue el de la Universidad de Extremadura, pero había casos desde 2002, me parece que Cádiz, Huelva, no recuerdo, y en cualquier caso tengo el máximo interés en
aclarar que la Universidad de Extremadura se sumó a esa política de jubilaciones anticipadas en el año 2007, cinco o seis años antes de que lo hicieran las primeras, que lo mantuvo durante tres años y que ese programa acabó, de tal manera que se
hizo durante 2007, 2008 y 2009 y no se ha vuelto a renovar sencillamente porque la universidad cumplió su objetivo de desatascar -la palabra no es muy afortunada- las cúpulas de los departamentos de los profesores mayores para poder dar paso a
profesores más jóvenes. Una vez cumplido ese objetivo, sencillamente no se ha vuelto a crear ni a dotar esa actividad. En cualquier caso, me cabe la duda como jurista si la imputación de algún tipo de responsabilidad puede hacerse a una entidad
como el Gobierno autonómico que lo único que hace es financiar. Es verdad que tiene que saber para qué financia, pero la decisión de que va a avanzar con esas jubilaciones no es una decisión de la comunidad autónoma, es una decisión de la
Universidad de Extremadura que, como usted sabe, en otros casos también ha solicitado financiación para esta operación a los gobiernos autonómicos. Por tanto, quiero aclarar, precisamente porque fue el señor Rodríguez Ibarra el que se vio en la
prensa como especialmente beneficiado, que el señor Rodríguez Ibarra se incorpora a la universidad después de dejar la Presidencia de la Junta, no cobra el sueldo de expresidente que tenía asignado, decide regresar a la universidad, trabaja durante
dos cursos completos con una excelente valoración por los alumnos de su trabajo y solo después es cuando se acoge a un sistema que, como decía, tienen o han tenido treinta y tres universidades y que ha afectado a 1.440 profesores en toda España.


¿La base jurídica? He leído con atención las dudas del tribunal sobre la base jurídica. La disposición adicional vigésimotercera existe, está vigente, y no estoy muy seguro de que sea la única interpretación posible, señor Núñez, que hasta
que no tengamos ese informe del Gobierno esa disposición adicional no podría ser operativa para las administraciones. Pero comprendo que es una cuestión jurídica, si usted quiere, menor. Treinta y tres universidades con treinta y tres servicios
jurídicos han entendido que tenían base para hacer estos sistemas de jubilación anticipada. Por lo tanto, posiblemente esos treinta y tres servicios jurídicos de las universidades estarían de acuerdo con esta interpretación que yo doy y es que la
disposición adicional vigésimotercera de la reforma del año 2007, si no me equivoco, de la Ley de Universidades, daba cobertura a esas jubilaciones anticipadas. Jubilaciones, por cierto, que fueron incentivadas en un informe sobre financiación
universitaria del Gobierno que pedía a las universidades que ese pudiera ser un sistema de renovación de las cúpulas de los departamentos.


Ha citado usted un asunto que es un clásico en la cuestión de la financiación en Extremadura: una excesiva dependencia de las transferencias estatales y europeas. Eso es consecuencia inevitable de nuestro sistema de financiación y, por lo
tanto, un problema general de todo el sistema de financiación autonómico en el que sería arduo entrar aquí. En cualquier caso, señor presidente, muchas gracias por su información y por su tono, y le reitero, en ese nombre un poco espúrio de la
Administración extremeña, el deseo de seguir colaborando y seguir cumplimentando, como siempre, las recomendaciones del tribunal.


El señor PRESIDENTE: La señora Nevado.


La señora NEVADO DEL CAMPO: Señor presidente, señorías, en primer lugar, al igual que han hecho

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los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra, quisiera trasladar al presidente del tribunal nuestro agradecimiento, el del Grupo Parlamentario Popular, por su presencia en esta Comisión mixta y por el permanente traslado de
información siempre rigurosa obtenida por el Tribunal de Cuentas en el desarrollo de su función fiscalizadora. Función que desde luego quiero destacar expresamente, al hilo de las palabras que ha pronunciado el señor Sánchez Amor, porque no se
trata de un filtro político en absoluto sino que afortunadamente nos permite ahondar en el análisis de los datos de la gestión de la Administración, en este caso de la Administración regional de la Junta de Extremadura. Y, lamentablemente, la
imagen ofrecida no sirve para que podamos decir que estamos ante el paradigma de la buena gestión o de una organización ejemplar, sino para comprobar -y no me extraña, señoría, su normal queja- que se pone de manifiesto el reiterado incumplimiento
de las recomendaciones hechas por el tribunal. En este sentido la Administración autonómica sigue anclada en el periodo que estamos examinando, como muy bien ha dicho el presidente, en los mismos defectos e irregularidades, cuando no mayores, como
a continuación vamos a confirmar.


De las cuentas objeto del informe debo citar, como usted también ha hecho, que hay algunas cosas que son insólitas o pintorescas, como que no se rindieran las cuentas del pabellón universal de Sevilla en el ejercicio 2007, que aún se
encontrara en liquidación, cuando todos recordamos que esa exposición se celebró ni más ni menos que veinte años antes. Pero también queremos significar que es muy importante que no se rindieran las cuentas del Festival de teatro clásico romano de
Mérida porque también es una fotografía que evoluciona en el tiempo y desgraciadamente, como sucede con la Orquesta de Extremadura, hay anomalías que sí imponen depurar responsabilidades por los agujeros que se han demostrado a lo largo de esta
fotografía del tiempo en que se hallan incursos.


Para sostener nuestro argumento también queremos destacar esas deficiencias reiteradas en el registro de control, en la valoración del inventario de bienes y derechos de la Junta; en la carencia de una contabilidad adecuada de los gastos,
con una financiación afectada, algo que impide -y consideramos que esto es muy grave- efectuar un seguimiento de su aplicación y de los proyectos que debían destinarse. Sin lugar a dudas también son importantes las anulaciones que se han
registrado, la falta de concreción en la aplicación de los recursos que provenían de los fondos de compensación territorial, como también es incomprensible la situación derivada de la creación de entidades públicas independientes como el Servicio de
Empleo o la Agencia de Vivienda, que no rendían cuentas de su gestión, como el presidente del tribunal ha señalado, al estar integradas en la Administración general. En el ámbito de las fundaciones tampoco comunica el informe las consecuencias que
se derivan de ese incumplimiento. Además, no podemos concebir que aquellos que incumplen en el rendimiento de cuentas al final salgan mejor parados que los que satisfacen sus obligaciones.


Otro dato de alcance formal también viene a expresar el reducido grado de diligencia de la Administración en estos ejercicios, como es la remodelación efectuada por la Junta, que no cuenta con un reflejo en la estructura de la cuenta general
rendida y que sigue además manteniendo la estructura orgánica anterior. Entendemos que esta deficiencia se habrá corregido en el tiempo, máxime cuando ahora contamos con un nuevo Gobierno al frente de la Junta de Extremadura.


Si nos centramos en la gestión, la primera valoración que hacemos es que del análisis de la liquidación de los presupuestos se deduce el escaso rigor con que se han elaborado o aplicado los mismos. La información que se nos facilita se
sustenta en múltiples correcciones: se alcanza entre el 7% y el 8% de los créditos iniciales -como ha señalado el presidente-, se duplica el volumen de las modificaciones de los ejercicios precedentes y los presupuestos modificados obligan, por
tanto, a devolver cantidades indebidamente ingresadas en concepto, por ejemplo, del impuesto de instalaciones, con incidencia en el medio ambiente. En definitiva: corrección tras corrección, que es la tónica de estos ejercicios.


Por otra parte también queremos destacar que la mayor parte de esas modificaciones se tramitaban a través de créditos extraordinarios y también señalar la crítica que el propio tribunal formula en cuanto a la financiación de las
modificaciones presupuestarias a través de los remanentes de tesorería. En definitiva, se tramitaban modificaciones de crédito sin tener ni siquiera la certeza de poder disponer de la necesaria financiación para atender a las obligaciones que
pudieran después derivarse de las mismas. También debo señalar el reducido grado de ejecución de la Consejería de Desarrollo Rural, de la Agencia de Vivienda y de la Consejería de Economía y Trabajo, que creo que regentaba el señor Sánchez Amor,
que permite deducir poca atención a esos sectores básicos de la región en los que se debería desde luego estar asistido. Pero también nos llaman poderosamente la atención las referencias en la ejecución presupuestaria a la incorrecta tramitación,
por ejemplo, de las nóminas del personal, donde ni siquiera figura el número de registro del personal, su tramitación ante la intervención con demora, las aplicaciones presupuestarias inadecuadas hasta que se encuentra una aplicación de crédito
suficiente. Por tanto, algo tan rutinario como el pago de las nóminas también se ve afectado por un conjunto de deficiencias que dan testimonio, a nuestro entender, de la inadecuada organización y, desgraciadamente, el ineficiente funcionamiento en
el año 2006 de la Junta de Extremadura.


Igualmente, señorías, en relación con el control de los ingresos, se señalan también numerosas insuficiencias, como las informáticas o la carencia del control, como que el servicio de control financiero de la intervención no realiza algún
control sobre esos ingresos tributarios

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tan dependientes del Estado y de la propia Unión Europea. El análisis que realiza el tribunal en cuanto a la situación patrimonial, es decir a las diferentes rúbricas del balance, acentúan aún más, si cabe, la preocupación, pues no es
posible conocer siquiera la realidad del inmovilizado material ni financiero. Quisiera aquí destacar las palabras del propio tribunal cuando señala que las amortizaciones del inmovilizado se encuentran mal dotadas, que el saldo efectivo de los
deudores presupuestarios no se llega a precisar y ni siquiera se conoce su ejercicio de procedencia, lo que puede haber originado que muchos de estos derechos hayan prescrito, a pesar de las necesidades existentes.


También cabe destacar la falta de representatividad que va añadida a esa escasa diligencia administrativa, como se deduce de los elevados saldos de obligaciones pendientes de pago por organismos tan significativos como la Agencia Extremeña
de la Vivienda, Urbanismo, Territorio o también el Servicio Público de Empleo, con una deuda de 56 millones en solamente uno de los ejercicios analizados, lo que viene a confirmar también la falta de transparencia y, con ello, el quebranto del
derecho de los ciudadanos extremeños a conocer la realidad de la gestión pública para poder exigir las responsabilidades a su representantes, en aquel caso, pertenecientes a un Gobierno del Partido Socialista. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)


Todas estas deficiencias además se traducen en una falta de representatividad también de los saldos de la cuenta de resultados patrimonial. Todas estas circunstancias no impidieron que se continuaran -y así se ha demostrado- incrementando
los gastos, incrementando los compromisos, como lo ratifica el hecho de que los gastos comprometidos para ejercicios futuros eran nada más y nada menos que de 1.992 millones de euros.


Por seguir también avanzando en el análisis de los sucesivos epígrafes, que son muchos, nos vamos encontrando con nuevos capítulos de absoluto desconcierto y así llegamos a la confirmación de que en el sector público autonómico había nada
más y nada menos que cinco organismos autónomos, dos entes públicos, veintidós empresas públicas, diez fundaciones y nueve consorcios. Esta era la forma de trabajar y la relación de las entidades con las que la comunidad se dotó de esa
macroestructura, que al final ha sido claramente ineficaz porque se ha tenido que ir reduciendo.


Llamativo es, como también el presidente decía, que se dispusiera, por ejemplo, del Consejo de Juventud de Extremadura y esta circunstancia no impidiera que a la par se creara un nuevo organismo como es el Instituto de la Juventud de
Extremadura. Algo similar nos pasa cuando nos encontramos con que de las veintidós empresas públicas, numerosas empresas tenían el mismo objeto social y que en muchas de ellas la mayor partida presupuestaria iba destinada ni más ni menos que a
sustentar el sueldo y las nóminas de los empleados de las citadas empresas. Por tanto, entendemos que en absoluto estaban diseñadas bajo el prisma de la racionalidad y el buen uso de los recursos públicos, como así debiera haber sido.


Si nos adentramos en las subvenciones, el análisis de la gestión tampoco es mejor. Entendemos que el propio informe evidencia un inadecuado uso de estas subvenciones y me referiré a la universidad en un capítulo aparte, puesto que mi
compañero, el señor Sánchez Amor, así lo ha hecho. Por tanto, vamos a intentar demostrar lo difícil que es compaginar la ética en la gestión pública con actuaciones tan significativas como la ofrecida por los beneficiarios de esas prejubilaciones,
diseñadas, a nuestro entender, a la carta. Para seguir con las líneas de actuación en las subvenciones en este periodo, sí queremos poner de manifiesto numerosas irregularidades y llamar la atención sobre la inadecuada justificación de estas
subvenciones, sobre la falta de vigilancia del destino de las mismas y, desde luego, hacer un repaso somero de las diferentes asociaciones juveniles que accedieron a esas subvenciones y, a la par, esa falta de exigencia de justificación del dinero
público que recibieron. Por ejemplo, llama poderosamente la atención cómo hubo proyectos subvencionados con más de 6.000 euros, como Viva la vida o Juntos más y mejores, que eran denominados proyectos de interés general. Llama también la atención
cómo en el año 2006 solo -lo repito, solo- recibieron subvenciones de la Consejería de Juventud de la Junta de Extremadura, y me estoy remitiendo a los datos ofrecidos por el propio Tribunal de Cuentas, proyectos que presentaron Juventud Rural,
Juventudes de UGT y Juventudes Socialistas. Me estoy refiriendo al Gobierno extremeño y no al partido que sustentaba ese Gobierno. Solo otras dos asociaciones juveniles, que fueron Quercus y la Escuela de Animación Libre de Extremadura, merecieron
ser subvencionadas por aquel Gobierno regional. En definitiva, un nuevo capítulo en el que la gestión no respondió a las condiciones exigibles de todo responsable público porque el análisis concluye con un riguroso examen también de la contratación
celebrada durante los ejercicios fiscalizados.


Falta de precisión, y me remito a las afirmaciones del informe en los pliegos emitidos, carencia de justificación en los criterios de adjudicación, numerosas modificaciones injustificadas en la urgencia en la tramitación. No existe,
señorías, ni claridad ni precisión en estas adjudicaciones y por eso podemos afirmar que el Partido Socialista convirtió la Junta de Extremadura en su finca particular, abusando, como evidencia el informe fiscalizador, de los contratos sin concurso
y de los contratos sin publicidad.


El señor PRESIDENTE: Señora Nevado, debe ir terminando.


La señora NEVADO DEL CAMPO: Paradójicamente, y por haber hecho también referencia a algunos de estos contratos de publicidad, podemos señalar que, de los que examina el propio tribunal, son contrarios -y

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así se afirma- al principio de economía y gestión, por ejemplo, el contrato de publicidad y seguridad de los hospitales públicos cacereños de San Pedro de Alcántara o Nuestra Señora de la Montaña. Pero lo mismo sucede en numerosos contratos
de adjudicación sin garantías definitivas o fianza, por ejemplo, en los procedimientos que se tramitan por urgencia en el año 2007 solamente en los municipios que acabo de señalar.


Voy terminando. Paso a referirme a la Universidad de Extremadura.


El señor PRESIDENTE: Pero vaya terminando de verdad.


La señora NEVADO DEL CAMPO: El convenio dota de 14,45 millones de euros hasta 2017, y lo señalo precisamente por la recomendación que el tribunal hace a la Junta de Extremadura señalando que ese plan de prejubilaciones es ilegal; un plan
que se diseña a la carta para que el anterior presidente, que dejaba la Junta de Extremadura, pudiera tener, como dijeron los medios de comunicación, una jubilación dorada.


Concluyo. Quisiera saber, señor presidente, si el Tribunal de Cuentas ha iniciado o ha impulsado en otros ámbitos algún procedimiento de exigencia de responsabilidad ante las numerosas actuaciones que acabamos de describir y las que no
hemos podido detallar por falta de tiempo, en las que ha quedado patente, cuando menos, la negligencia en la gestión y el poco respeto que se ha tenido en este periodo a los ciudadanos extremeños, que siempre esperan una mejor gestión que la
descrita en el informe.


El señor PRESIDENTE: Para responder tiene la palabra el señor Núñez.


El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Núñez Pérez): Gracias, señor presidente, gracias, señorías, gracias señor Sánchez Amor y gracias, señora Nevado, por sus intervenciones y por la valoración positiva que, en definitiva, han hecho
del informe del Tribunal de Cuentas.


Tengo que empezar diciendo, señor Sánchez Amor, que entiendo que el control externo no enturbia para nada al control político, al contrario, es coadyuvante. Desde luego estos informes del Tribunal de Cuentas no tendrían sentido si
efectivamente se dedicaran solo a enturbiar, a hacer difícil, a hacer, digamos, discriminatorio el control político.


No solamente se ven aquí los informes de las comunidades autónomas que no tienen control externo, que son cuatro: las comunidades autónomas de Extremadura, de Cantabria, de La Rioja y de Murcia -las demás tienen órganos de control externo-,
pero así como efectivamente vemos los informes anuales de cada comunidad autónoma elaborados por el Tribunal de Cuentas y no por el órgano de control, porque no lo tienen, también vemos aquí, en un informe anual preceptivo, el informe autonómico de
todas las comunidades autónomas, porque todos los órganos de control externo de las comunidades autónomas tienen que enviarnos sus informes al Tribunal de Cuentas con las distintas peticiones que necesiten los responsables del trabajo de campo de
cada informe. Debo decir que nos los envían con absoluto rigor y sin que falte nunca ninguno de los temas que se les pide a las restantes comunidades autónomas. Es decir, que todo el mapa autonómico tiene aquí su reflejo y su debate. Otra cosa es
que efectivamente en la valoración de los datos del Tribunal de Cuentas cada partido político o cada grupo parlamentario lo valore de la manera que tenga por conveniente. Yo entiendo, repito, que si efectivamente el informe anual de la Comunidad
Autónoma de Andalucía se ve en la asamblea, eso no quiere decir que no lo podamos ver aquí, y de hecho se ve. En todo caso, señor Sánchez Amor, aquí también se puede defender a la comunidad autónoma que no tenga control externo, como lo ha hecho
usted, y muy bien por cierto, esta mañana defendiendo al Gobierno de su comunidad.


En lo que se refiere al tema concreto de la rendición de cuentas, tengo que reconocer que en líneas generales la Comunidad Autónoma de Extremadura rinde las cuentas en plazo, además lo he dicho en mi primera intervención y se recoge en el
informe. Hay que reconocer las cosas como son, rinde las cuentas en plazo. Efectivamente hay algunos organismos que no las han rendido en plazo y el Tribunal de Cuentas, para estos organismos, sean de comunidades autónomas, sean organismos
autónomos del Estado, sean ayuntamientos, sean ministerios, está aplicando requerimientos conminatorios a tal fin, imponiendo multas coercitivas cada vez más extendidas a todos los sectores. Creo que en los últimos plenos -corríjanme mis compañeros
colaboradores que están ahí, que lo sabrán mejor que yo- se están imponiendo varias decenas de requerimientos y varias multas coercitivas para que efectivamente la rendición de cuentas, que es el elemento fundamental base para hacer nuestro trabajo,
se haga en tiempo y forma. En ese sentido -creo que lo dije la otra vez-, en lo que se refiere concretamente a los ayuntamientos, que es una parte muy importante de la Administración local, estamos consiguiendo una rendición de cuentas que afecta a
más del 80% de la población; con independencia de los ayuntamientos menores de 3.000 o 1.000 habitantes, se está consiguiendo una rendición de cuentas en ese porcentaje. Por tanto, estamos muy orgullosos de la implantación del sistema de rendición
telemática de las cuentas, que, por cierto, va a ser objeto de una exposición a los medios de comunicación y a la Comisión mixta en el Senado el próximo día 30 para que vean cómo funciona la plataforma que tenemos y cómo se puede utilizar ya la
misma con objeto de saber quién ha rendido cuentas, cómo las ha rendido, cuántos son los elementos principales de esas cuentas, etcétera. Es decir, estamos luchando por la transparencia en todos los ámbitos, como es natural, y la referencia que se
ha hecho por usted a

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este tema me permite decir esto que creo que resulta reconfortante para todos los que entendemos que la transparencia es un elemento fundamental del control, sobre todo es un elemento que alimenta la confianza de los ciudadanos y un antídoto
contra la corrupción.


Dicho esto -no sé si me he puesto demasiado solemne pero tenía que decirlo-, por lo que se refiere al señor Sánchez Amor, a la evolución de la comunidad autónoma en sus distintas fases -repito que estamos analizando ya el 8 y el 9 y vamos a
ir mucho más rápido en cuanto estos elementos tecnológicos nuevos nos permitan avanzar también a nosotros-, tengo que decir -lo digo de manera positiva- que un análisis comparativo del contenido de informes precedentes de fiscalización y del actual
y sobre todo el avance de los que tenemos permite concluir que se han registrado determinados avances en algunas áreas, como en el cumplimiento de la obligación de rendir cuentas o en las modificaciones incorporadas, aunque insuficientes en la
elaboración y llevanza de los inventarios actualizados. No obstante, a la luz de las deficiencias puestas de manifiesto en el presente informe, hay que reconocer que todavía hay muchas áreas de organización y de la gestión llevada a cabo que
precisan una mejora significativa. Espero -usted lo ha señalado también y estoy completamente convencido que esa es la vocación de todos los que gobiernan en el sector público- que en los próximos años se hayan atendido con mayor grado las
recomendaciones formuladas por el tribunal, así como las resoluciones adoptadas por la Comisión mixta, confirmando la eficacia fiscalizadora y la eficacia y la utilidad del control externo ejercido en el ámbito parlamentario, con independencia de
que de él se derive un control político y una confrontación política, que yo pienso que en todo caso es sana y será bienvenida, porque es la base fundamental del sistema democrático.


En cuanto al tema sobre el que se ha puesto más énfasis y que más ha preocupado, que es el convenio al que antes me refería de la Universidad de Extremadura para financiar la jubilación voluntaria anticipada del personal docente e
investigador, tengo que decir, señor Sánchez Amor -y además lo digo porque usted lo ha señalado y me parece bien y justo aclararlo-, que la forma en que se han realizado las jubilaciones anticipadas ha sido objeto de una fiscalización horizontal que
afectaba a todas las universidades y que procede nada más y nada menos que del año 2003. Conviene señalar también que en el último informe del sector público autonómico aprobado por el pleno del tribunal y remitido aquí se contiene un análisis
global sobre este asunto referido al conjunto de las universidades públicas -yo no quiero decir aquí que solamente es la Universidad de Extremadura la que ha incurrido en lo que yo entiendo que es una ilegalidad-; se contiene, repito, un análisis
global sobre este asunto en los dos informes y concretamente en el aprobado en el último pleno y se refiere al conjunto de las universidades públicas, del que se deduce como principales datos la adopción de planes de jubilaciones voluntarias
anticipadas e incentivadas del personal docente e investigador por 33 universidades públicas del ámbito autonómico, a las que habría que sumar otras en el ámbito estatal, durante los ejercicios 2007, 2008 y 2009, planes a los se han acogido 1.446
personas, resultando un montante estimado por estos incentivos de 43 millones de euros, pero que sea una mala costumbre o una decisión que no se apoya en ningún precepto legal y que, digamos, haya sido adoptada por 33 universidades no le da ninguna
legitimación ni ninguna justificación.


En la tramitación de estos informes tanto el ministerio fiscal como el Servicio Jurídico del Estado solicitó la remisión a la sección de enjuiciamiento de los antecedentes relativos a las jubilaciones voluntarias, anticipadas e incentivadas
por apreciar la existencia de indicios de responsabilidad contable, remisión que efectivamente ya se ha efectuado en relación con los planes de jubilaciones voluntarias anticipadas adoptadas en estas universidades públicas. Lo que sea sonará y yo
informaré a la Comisión mixta, como es mi obligación, del resultado de este tema, que efectivamente no solamente afecta a la Universidad de Extremadura. Hay que decirlo y yo lo digo porque así lo ha recogido el señor Sánchez Amor y porque además es
un tema objeto de informe en cuanto que me piden datos sobre esta cuestión. Me gustaría muchísimo que de él no se derivaran responsabilidades contables, sino que tuviesen otras justificaciones que desde el punto de vista de la interpretación más
estricta de la ley -sea una interpretación literaria, sistemática o la que quieran ustedes- no tienen ninguna justificación, sino que van en contra de lo dispuesto en la ley. No quiero meterme en más dibujos porque con esto creo que la Comisión
tiene ya al menos los datos más importantes de aquellos con los que cuenta el Tribunal de Cuentas. Como todos estos informes están aquí a su disposición, pueden ustedes ampliar el conocimiento de los datos con su simple lectura. En todo caso,
señor presidente, como siempre, me ofrezco para, bien por escrito o simplemente atendiendo a las preguntas que constarán en el 'Diario de Sesiones' y que no he contestado, enviar la respuesta complementaria vía Presidencia, como otras veces hemos
hecho y como siempre haremos. Asimismo por supuesto en cuanto a preguntas que también puedan surgir y que puedan hacernos directamente al tribunal, con muchísimo gusto estamos a su disposición para resolverlas. (El señor Sánchez Amor pide la
palabra.)


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Sánchez Amor de forma muy breve.


El señor SÁNCHEZ AMOR: Brevísima. No discuto, lo reitero, la utilidad de los informes y la necesidad de control político. Lo único que digo es que el control político de los gobiernos autonómicos, el habitual, el normal, debe ser en su
Parlamento, y que aquí no puede haber un control político para cuatro con una sesión para

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cada uno de ellos, en el que la lógica inevitable sería que yo debatiera con mi colega y ella conmigo, cuando esa no es la lógica aquí, sino que sería hablar con usted. Lo único que digo es dónde. Por tanto, una reflexión para todos los
diputados de esta Comisión es si los informes autonómicos deberían ser gestionados o vistos solo en los parlamentos.


Por otra parte, hay una cuestión que no puedo dejar pasar y es que mi colega del PP ha insistido en que esta era una jubilación a la carta diseñada para el expresidente de la Junta. Señorías, 33 universidades, 1.440 profesores -algunos de
ellos desde ocho años antes de que se jubilara Rodríguez Ibarra- han sido una mera comparsa para la jubilación del señor Rodríguez Ibarra. Un poquito de seriedad intelectual. Y un simple dato, señor presidente, para mi colega del PP: yo nunca he
sido consejero ni de Economía ni de Trabajo de la Junta de Extremadura.


El señor PRESIDENTE: Señora Nevado, ¿quiere decir algo?


La señora NEVADO DEL CAMPO: Si quiere el señor Sánchez Amor, lo explico, pero creo que no es este el lugar. Yo he aludido a la referencia expresa que con relación a la Universidad de Extremadura hace el informe del Tribunal de Cuentas, a
la circunstancia pormenorizada de la Universidad de Extremadura en la que en 2007 el señor Ibarra deja el Gobierno extremeño, se acoge con 61 años a este plan (El señor Sánchez Amor: No) que se diseña en esa misma fecha según el propio informe -ahí
están los datos-, pero no tengo ánimo alguno de polemizar. Por tanto, si en algo he ofendido al señor Sánchez Amor, le pido mis disculpas.


El señor PRESIDENTE: Agradecemos al presidente del Tribunal de Cuentas su comparecencia, su información sobre los tres informes de fiscalización que hemos visto en el día de hoy y el trabajo que viene realizando el tribunal. Suspendemos un
minuto la sesión para que el presidente abandone la sala. (Pausa.)


DEBATE Y VOTACIÓN SOBRE SOLICITUD A LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS PARA QUE RECABE DEL CITADO TRIBUNAL LA REALIZACIÓN DE UN INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CORPORACIÓN RTVE Y SUS SOCIEDADES, CORRESPONDIENTE A
LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2010 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente del Congreso 253/000001 y número de expediente del Senado 772/000001.)


El señor PRESIDENTE: Antes de pasar al punto 4.º quiero advertirles que las votaciones -que son numerosas, al igual que el orden del día- se pospondrán hasta el final de la sesión de la Comisión. Les pido que sean mesurados en el uso de la
palabra durante sus intervenciones.


Pasamos al punto 4.º, debate y votación sobre solicitud a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para que recabe del citado tribunal la realización de un informe de fiscalización de la Corporación de Radiotelevisión
Española y sus Sociedades correspondiente a los ejercicios comprendidos entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2011, a petición del Grupo Parlamentario Popular. Por el mismo, tiene la palabra el señor Moreno.


El señor MORENO BUSTOS: Señor presidente, en ese ánimo de mesura que nos pide, el Grupo Parlamentario Popular mediante esta iniciativa desea del Tribunal de Cuentas la fiscalización de las cuentas de Radiotelevisión Española
correspondientes a los años 2010 y 2011. Es verdad que la Intervención General de la Administración del Estado audita anualmente a Radiotelevisión Española, pero no es menos cierto que año tras año la IGAE detecta idénticas o muy parecidas
irregularidades en la gestión de Radiotelevisión Española. Este es un hecho objetivamente preocupante.


Le puedo asegurar que no improvisamos con esta petición, que no es una propuesta precipitada ni que tampoco nos anima un deseo de ver lo que no hay. En numerosas ocasiones hemos tratado de que la presidencia de Radiotelevisión Española
asumiera algún compromiso para esclarecer y evitar las anomalías señaladas por la IGAE. Lo hemos hecho, como se puede comprobar fácilmente, en la Comisión Mixta de control parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, hasta en cuatro
ocasiones en 2010, y nunca se mostró favorable a ello, todo lo más se llegó a decir que no había -y uso términos literales- tachas importantes ni punibles -solo faltaría que se cometieran delitos, ¿verdad?- ni tampoco faltas graves, que solo había
defectos -así lo calificaba-, observaciones sobre cosas que deben corregirse, consejos, etcétera. Pero quitarle peso a las expresiones o simplemente edulcorarlas no soluciona nada cuando los informes periódicos de la IGAE se ocupan de devolvernos
constantemente a la realidad.


Se nos anunciaron en esas respuestas algunas medidas, controles, informes periódicos sobre contratación, etcétera, que no se han cumplido y, lo que es más trascendente, que no han modificado los errores. Fíjense, como ejemplo, en algunas de
las conclusiones de la IGAE referidas a 2010, que son del siguiente tenor: contratos firmados con posterioridad al inicio de la vigencia o incluso concluida la prestación del servicio; un marco salarial superior al del sector público y un régimen
retributivo en el caso de los directivos inadecuado o indemnizaciones por cese erróneas; bajo nivel de utilización de los recursos propios; expedientes de contratación tramitados con numerosos defectos y con criterios de adjudicación subjetivos;
rebaja de la producción interna

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del 73 por ciento al 61 por ciento; programas de producción propia realizados íntegramente por terceros; incumplimiento de los objetivos de audiencia, por debajo incluso de lo que cabría esperar en función de sus costes, en programas en
que intervienen productoras privadas; la producción propia se centra mayoritariamente en La 2 o fuera del prime time de Televisión Española en La 1. En fin, estos son algunos de los ejemplos y desde luego no son para minimizarse, no son para mirar
hacia otro lado, no son para consentir que se repitan en cada informe cuando hablamos de un servicio público como Radiotelevisión Española. Lógicamente, se produce una cierta alarma social cuando estos datos trascienden, una alarma que hay que
disipar poniendo las cosas en su sitio, haciendo bien las cosas y depurando las responsabilidades que se pueden determinar.


Por otra parte, el bienio 2010-2011 es significativo a estos efectos, porque durante año y medio la Corporación de Radiotelevisión Española tuvo un presidente ejecutivo y los últimos seis meses ha navegado en la inestabilidad institucional,
aún lo hace a estas alturas de 2012. Obtendremos por tanto con este informe que solicitamos una foto próxima, precisa y nítida de la situación de Radiotelevisión Española. Sabemos que cuadrar las cuentas es una cosa y concluir si la oportunidad
del gasto ha sido correcta o no es otra muy distinta. No arrojamos, ni queremos hacerlo, ninguna sombra de sospecha sobre los números, pero la IGAE insiste una y otra vez en una cierta frivolidad o relajación en la más correcta administración de
los recursos humanos -en términos de plantilla: directivos, etcétera- y económicos -en términos de producción externa, medios técnicos ajenos, etcétera-. Exigir, pues, una gestión que se realice con criterios de economía, de eficiencia y eficacia
es un derecho y un deber que nos compete.


Señorías, la Corporación de Radiotelevisión Española debe proyectarse hacia el futuro y afrontar la crisis, como todo el sector público, con la mayor transparencia y el menor lastre posible de malas prácticas. Por eso consideramos necesario
que el Tribunal de Cuentas actúe en el ámbito de sus competencias sobre el periodo señalado. En ocasiones se habla de la viabilidad de Radiotelevisión Española como si se tratara de un modelo teórico que no admite objeciones ni mecanismos de
mejora. Si se pone alguna pega, enseguida saltan a defenderlo con uñas y dientes los entusiastas guardianes del servicio público. Algunos de estos guardianes no conceden sin embargo ninguna importancia a una buena gestión en Radiotelevisión
Española como la base más sólida para garantizar su futuro y su rentabilidad social. Nosotros apostamos firmemente por este servicio público, es más, queremos que Radiotelevisión Española cumpla más y mejor las funciones que tiene encomendadas y
nos parece para ello que hay que empezar por ordenar la casa por dentro, implantar una rigurosa y transparente administración de los recursos públicos que se manejan y dar ejemplo de una gestión escrupulosa en el cumplimiento de las normas.


Alguno, con su desmemoria habitual, selectiva y a veces cínica, preguntará que por qué no se ha hecho otras veces. Señorías, habrá que recordarles que no es la primera vez que el Tribunal de Cuentas fiscaliza Radiotelevisión Española. Por
ejemplo, el 8 de abril de 2003 esta misma Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas conoció un informe de fiscalización de Radiotelevisión Española correspondiente a los ejercicios 1996 a 1999, en el BOE de 25 de junio de 2003
-por cierto, valorando muy positivamente la gestión llevada a cabo en ese periodo-. Antes, en el BOE de 5 de marzo de 2001, se publica otro informe de fiscalización del área de producción de Televisión Española, ejercicios 1994 a 1996, aunque con
conclusiones menos positivas. ¡Qué casualidad! Además, es bueno también añadir que todas las propuestas de fiscalización del Tribunal de Cuentas en las dos últimas legislaturas, bajo Gobierno socialista, caducaron sin tramitarse.


Dicho todo esto, señor presidente, y ante una nueva etapa que se abre en la Corporación de Radiotelevisión Española en la que primará la gestión más eficiente y respetuosa con las buenas prácticas, nos parece de la mayor importancia que el
Tribunal de Cuentas fiscalice la actividad en la gestión de Radiotelevisión Española durante los dos últimos años, y no por ningún antojo, sino porque, entre otras cosas, nos atenemos al artículo 41 de la Ley 17/2006, de la radio y la televisión de
titularidad estatal, que establece que corresponde al Tribunal de Cuentas el control externo de la Corporación Radiotelevisión Española y el de las sociedades en que participe, directa o indirectamente, de forma mayoritaria, en los términos
establecidos en su ley orgánica y en las demás leyes que regulan su competencia. Si es así, apliquemos tal precepto.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Gordo.


El señor GORDO PÉREZ: En nombre de mi grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, quiero reiterar una vez más nuestro compromiso con la mayor transparencia posible en las empresas públicas y por la mejora de la eficiencia y la eficacia de su
actividad. Anuncio con ello que nuestro voto será afirmativo a este informe de fiscalización para que el Tribunal de Cuentas fiscalice la actividad económica y financiera de la Corporación Radiotelevisión Española correspondiente al ejercicio
2010-2011.


Tengo que indicarles -como ha hecho referencia el portavoz del Grupo Popular- que la Intervención General de la Administración del Estado audita cada año la actividad de Radiotelevisión Española y que además, como exige la ley, la
corporación está sometida anualmente a una auditoría externa, es decir, todos los ejercicios cuentan con una auditoría de la Intervención General de la Administración del Estado pero también con una auditoría externa. Tengo que recordar que en
innumerables ocasiones el propio Tribunal de Cuentas utiliza para

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su auditoría la elaborada por la Intervención General de la Administración del Estado. No obstante y en aras de esa mayor transparencia, los socialistas reclamamos que se auditen, además de las cuentas de 2010 y 2011, la cuentas desde la
última auditoría del Tribunal de Cuentas, desde el ejercicio 2007.


¿Por qué no se auditan las cuentas de 2008, 2009, 2010 y 2011? Por una sencilla razón, porque con esta petición lo que quiere hacer el Grupo Popular, más allá de profundizar en la transparencia o de buscar mecanismos para la mejorar la
eficacia y la eficiencia, es instrumentalizar políticamente la auditoría del Tribunal de Cuentas. Esto no forma parte más que de la estrategia que ha venido siguiendo el Grupo Popular y en concreto el Partido Popular durante estos últimos meses
para justificar un cambio de modelo de la Radiotelevisión Española, un cambio de modelo que lleva a una televisión de partido, a una televisión que quiebra la independencia, la neutralidad y que quiebra el modelo que se sigue en el resto de los
países de Europa. Hemos oído durante estos últimos meses distintas voces del Partido Popular, tanto del Gobierno como del grupo parlamentario, avanzando en esta dirección, anunciando despilfarro y actuaciones incorrectas, pero todo ello forma parte
de un conjunto de actuaciones para justificar esa decisión que se ha materializado en el real decreto-ley que vendrá a convalidación la próxima semana a este Parlamento. Por eso nos sorprende cuando se hace ese canto de sirena del servicio público,
porque se hace todo lo contrario. Una cosa es lo que dice el Partido Popular y otra cosa es lo que se está haciendo. Lo que se está haciendo es asfixiar económicamente, ir a una televisión de partido al estilo de Telemadrid o de Canal Nou, donde
por cierto no sé si ustedes los están pidiendo de una manera sistemática, pero sería conveniente pedir también informes de fiscalización. (Un señor diputado: Canal Sur.) O de Canal Sur, por ejemplo, sí.


En definitiva, ustedes lo que están haciendo es instrumentalizar en este caso a la institución del Tribunal de Cuentas para un objetivo político, lo cual es difícil de entender, porque pone de manifiesto un déficit democrático importante,
mucho más cuando el Partido Popular tiene una amplia mayoría absoluta. Por eso lamentamos que se utilice o que se pida este informe de fiscalización, y voy concluyendo, para un uso partidista, porque los resultados del informe de fiscalización,
sean los que sean, son previsibles, que es deslegitimar, mucho más, les recuerdo, cuando ustedes tienen mayoría en el Consejo de Administración como órgano de control. Han tenido mayoría durante este tiempo, por tanto, son parte también. Como
digo, votaremos a favor de este informe de fiscalización, porque estamos a favor de la transparencia y de todo aquello que contribuya a mejorar la eficacia y la eficiencia.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Bruguera.


El señor BRUGUERA BATALLA: Intervendré muy brevemente puesto que me temo que no podré estar presente cuando se vote este punto del orden del día ni los que vienen a continuación.


En primer lugar, este portavoz encontraría argumentos para oponerse a la pretensión del Grupo Parlamentario Popular básicamente por una razón, porque uno tiene la sensación de que estamos repitiendo parte de las competencias que tiene la
Comisión Mixta de control parlamentario de Radiotelevisión Española. Eso por una parte y por otra, porque en esa Comisión mixta es donde se ven el informe de auditoría externo anual y el de la Intervención General de la Administración del Estado.
En todo caso y haciendo buena la frase de que lo que abunda no daña, sin que desee que sea malinterpretada la posición de este grupo parlamentario, votaremos, si llegamos a tiempo -y si no, anuncio que lo haríamos-, favorablemente la petición que
hacía el Grupo Parlamentario Popular por una razón fundamental, porque estamos hablando de la radio y la televisión estatales, porque estamos hablando de un servicio público que tiene que estar regido por los principios de pluralidad, de veracidad y
de transparencia. Desde este punto de vista, votaremos afirmativamente.


Finalizo, señor presidente, con un ruego a su señoría. Esta es una Comisión, como su nombre indica, mixta, formada por diputados y senadores, y yo le pediría que a la hora de organizar la actividad de esta Comisión se tuviese en cuenta la
actividad del Senado, puesto que este senador ahora mismo se tiene que marchar porque ya está llegando tarde a otra reunión no menor, que es la de Mesa y portavoces de la Comisión de Presupuestos, a la que evidentemente no puedo faltar. Por lo
tanto, hago este pequeño ruego de que se tengan en cuenta a la hora de ordenar los trabajos de esta Comisión no únicamente las actividades del Congreso de los Diputados sino también del Senado.


El señor PRESIDENTE: Esta Comisión, como casi todas las comisiones mixtas y no mixtas coinciden en el tiempo con otras muchas comisiones. Ahora mismo en esta casa se está celebrando una Comisión de Presupuestos de la que este presidente
también es miembro, así como otras comisiones. Es decir, es muy complicado que no haya actividad parlamentaria, porque como usted y yo sabemos, nuestro trabajo es intenso, aunque algunos digan lo contrario.


RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR LA SIGUIENTE INICIATIVA:


- DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2009. (Número de expediente del Congreso 250/000001 y número de expediente del Senado 770/000001.)


El señor PRESIDENTE: Ratificamos por unanimidad la declaración sobre la cuenta general del Estado

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correspondiente al ejercicio 2009 porque no es necesaria la intervención de ningún grupo.


EMITIR DICTAMEN A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA Y, EN SU CASO, DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN PRESENTADAS SOBRE:


- DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2009. (Número de expediente del Congreso 250/000001 y número de expediente del Senado 770/000001.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la presentación de las propuestas de resolución por orden de presentación. En primer lugar, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, para defender las suyas, que son de la número 1 a
la 8.


El señor CISCAR CASABÁN: Intervengo con brevedad, tal y como hemos convenido. En relación con la cuenta general del Estado de 2009 se han presentado 51 propuestas de resolución de los distintos grupos. Quiero manifestar en nombre de mi
grupo que nuestra voluntad, siguiendo lo que es ya una práctica en esta Comisión mixta, ha sido la de llegar a acuerdo en el mayor número posible de propuestas de resolución que se han presentado por los distintos grupos, en el caso de algunas
porque son coincidentes con las de distintos grupos y en el caso de otras porque, lógicamente, están dentro del planteamiento de conseguir que cada año vaya mejorando esta rendición de cuentas. Se trata, por tanto, de una tarea que tenemos que
hacer respondiendo a las exigencias de la ciudadanía y de nosotros mismos en lo que supone un funcionamiento de la democracia que implique trabajo, que responda a la realidad en la elaboración de las cuentas del Estado, que se cumplan las normas
establecidas para su elaboración y que los grupos podamos contribuir a la mejora de aquello que se crea incorrecto o defectuoso. En este sentido, he de decir que por parte de nuestro grupo votaremos favorablemente a las propuestas de resolución
presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista; a las presentadas por el Grupo Parlamentario Popular; a la mayor parte de las presentadas por UPyD pidiendo votación separada de la 41, 42, 43, 44, 45 y 47; y también a las presentadas por el
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), pidiendo votación separada de la 49, en la que no hemos podido llegar a un acuerdo porque no se ha aceptado ninguna transacción por parte de Convergència i Unió.


El señor PRESIDENTE: Para defender las propuestas de resolución del Grupo Popular que van de la número 9 a la 28, tiene la palabra el señor Suárez.


El señor SUÁREZ LAMATA: Como habíamos convenido que la defensa política de las enmiendas se haría en el plenario, intervengo con mucha brevedad para manifestar tres cuestiones. La primera de ellas es agradecer, señor Ciscar, el esfuerzo
importante en llegar a puntos de acuerdo. Con el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) no ha sido posible, fundamentalmente por una enmienda, pero agradezco igualmente ese esfuerzo, así como al portavoz de Entesa, que no podrá votar
porque se acaba de ir y que había expresado su voluntad de votar a favor de la mayor parte de las iniciativas. Creo que las propuestas de resolución se presentan con la voluntad de mejorar la rendición de cuentas, qué duda cabe, que es tanto como
decir mejorar la gestión, mejorar el manejo de fondos públicos que son de todos y, por lo tanto, intentar avanzar en la consecución de la eficacia y la eficiencia de los recursos públicos.


En cuanto a la votación, pediría votación separada de las propuestas números 3 y 5 del Grupo Socialista; de las propuestas números 31, 32, 33, 34, 36, 41, 42, 43, 44, 45 y 47 de UPyD; y de la propuesta número 50 de CiU.


El señor PRESIDENTE: Para defender las propuestas de resolución de la 29 a la 47, tiene la palabra el portavoz del Grupo de UPyD.


El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Estoy sustituyendo al titular de la Comisión, pero no voy a hacer uso del turno.


El señor PRESIDENTE: ¿Pero mantienen las propuestas de resolución?


El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Sí, las mantenemos pero no hago uso del turno.


El señor PRESIDENTE: Para defender las propuestas de resolución números 48 a 51, tiene la palabra el señor Pàramo.


El señor PÀRAMO I PONSETÍ: Nuestras propuestas de resolución, la 1 y la 4, no hacen más que asumir las determinaciones del Tribunal de Cuentas. Por tanto, van a favor de esta gestión. Las propuestas números 49 y 50 las vamos a defender
porque sí. La 49 básicamente porque como en este momento y desde hace un tiempo se está creando este marco mental de que quien asume o quien provoca todo el desequilibrio económico-financiero, toda la crisis de este país, son las comunidades,
nosotros venimos a poner de manifiesto y no en números relativos sino en números absolutos, estos 90.179 millones de euros de déficit que se acumularon en 1979, esta desviación, que cada uno tiene que asumir sus propias responsabilidades, en el
sentido de que se está diciendo y debatiendo mucho de qué manera vamos a disminuir el coste de las administraciones, pero que si las administraciones autonómicas deben de hacer esta reflexión y conseguir estos objetivos, la Administración del Estado
de manera mucho mayor.

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La propuesta de resolución número 50 trata de pedir una concreción. El Tribunal de Cuentas nos está diciendo que tenemos un problema que se va conllevando, que hace años que se arrastra, sobre los préstamos de los años noventa a la
Seguridad Social, etcétera. Las palabras dicen que lo vamos a solucionar, pero así van pasando los años y lo único que estamos pidiendo con esta resolución es que se concrete. ¿De qué manera? Pues pidiendo al Gobierno que exija el pago de los
préstamos mediante el traspaso de los inmuebles, la titularidad de los inmuebles destinados a la sanidad, y que cada comunidad autónoma incorpore en sus inventarios estos inmuebles.


Vamos a votar favorablemente a la mayoría de las propuestas del Grupo Parlamentario Socialista; anunciamos la abstención en todos los puntos del Grupo Parlamentario Popular, y pedimos votación separada de los puntos 31, 32, 41, 42 y 47 de
UPyD.


DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN:


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS CONTABILIDADES ELECTORALES DE LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO DE 7 DE JUNIO DE 2009. (Número de expediente del Congreso 251/000003 y número de expediente del Senado 771/000003.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 7.º, debate y votación de las propuestas de resolución. Informe de fiscalización de las contabilidades electorales de las elecciones al Parlamento Europeo de 7 de junio de 2009.


Para defender las denominadas con los números 1 y 2, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista la señora Vázquez Morillo.


La señora VÁZQUEZ MORILLO: Señor presidente, hemos presentado dos propuestas de resolución que son propuestas que hizo el Tribunal de Cuentas en su informe. En concreto, el uso de medios públicos y privados para desplazamientos en campañas
electorales fue algo muy criticado por el Partido Popular y, sin embargo, no entendemos por qué ahora ni siquiera ha querido llegar a una transaccional y se va a oponer a esta resolución. La segunda, coincidiendo con el Tribunal de Cuentas, hace
referencia a la prohibición de que fundaciones privadas asuman costes de campaña. También fue criticado en su momento por el Partido Popular y ahora también se opondrá. Nosotros sí votaremos a favor de sus proposiciones porque vienen a decir que
se cumpla la ley que existe.


El señor PRESIDENTE: Para defender las numeradas con los números 3 y 4 tiene la palabra el señor Parro, del Grupo Parlamentario Popular.


El señor PARRO DEL PRADO: Lógicamente, no voy a entrar en la defensa de las propuestas del Grupo Parlamentario Popular, creo que están muy claras, son muy concretas; pero sí quiero justificar el voto en contra de las propuestas del Grupo
Parlamentario Socialista. Le agradezco a la portavoz socialista la actitud de llegar a un acuerdo, pero nosotros vamos a rechazar en concreto la número 1, porque creo que todo el mundo entiende que el uso de medios de transporte pertenecientes a
las administraciones públicas solamente puede efectuarse por las autoridades exclusivamente en el ejercicio de esas funciones públicas que tienen encomendadas. En cualquier otra utilidad que fuera distinta, puede considerarse un uso indebido de los
medios públicos y eso ya está establecido en la ley. Además, sería muy complejo diferenciar, en el caso de que nosotros legisláramos sobre esto, cuál es ese uso privado o el uso de partido con respecto a los medios de transporte públicos. En todo
caso, vuelvo a reiterar mis reflexiones sobre el propio informe con respecto a este caso. Esta Comisión está pendiente de poder determinar si hubo o no irregularidad en el uso del avión Falcon por el secretario general del PSOE en las elecciones
europeas del 7 de julio de 2009.


Respecto a la segunda, la tenemos que rechazar también porque dentro de los fines fundacionales de las entidades mencionadas se incluye la posibilidad de financiar electoralmente a cualquier formación política. Dichas ayudas no podrían
nunca superar los límites de gastos electorales que ya están establecidos en la Ley Orgánica 5/1985, del 19 de junio, del Régimen General Electoral. Y por otro supuesto: en el caso de que no fuera una cuestión de formación política, la posible
financiación electoral por parte de las fundaciones o asociaciones constituiría una financiación fuera del marco jurídico regulador de las mismas al no coincidir lógicamente con los fines fundacionales o asociativos. Y si la fundación o la
asociación está desviando fondos recibidos en concepto de subvención para financiar actividades de terceros ajenas al fin de la subvención, dicha actividad estaría incumpliendo la normativa en materia de subvenciones y, por lo tanto, para nosotros
tampoco tiene sentido.


Sí votaríamos a favor de las de UPyD si acepta eliminar en el inicio de su propuesta instar al Gobierno para que inste al Tribunal de Cuentas y éste inste al Banco de España. En ese caso, si se elimina el concepto 'instar al Gobierno' y
pasa a que la Comisión 'aprueba instar al Tribunal de Cuentas' o 'instar al Banco de España', la aceptaríamos y la votaríamos a favor.


El señor PRESIDENTE: Para defender las números 5 y 6, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.


El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: No voy a hacer una defensa concretamente de estas resoluciones, pero sí aceptamos lo que nos propone el Grupo Parlamentario Popular en el sentido de rectificar la redacción de estas.

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- INFORME ANUAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA, EJERCICIOS 2006 Y 2007. (Número de expediente del Congreso 251/000059 y número de expediente del Senado 771/000057.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 8.º, debate y votación de las propuestas de resolución sobre el informe anual de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ejercicios 2006 y 2007.


Para defender las propuestas de resolución numeradas del 1 al 6, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Gordo.


El señor GORDO PÉREZ: En primer lugar, tengo que decirles que hemos transaccionado con el Grupo Parlamentario Popular nuestras propuestas salvo el punto 4, que retiramos. Se nos ha aceptado llegar a una transacción alternativa en el punto
2, en el punto 3, es decir, lo que es el sistema contable de periodificación de ingresos y gastos; en el punto 6 y en el punto 5, si no me equivoco.


No entendemos la posición del Grupo Parlamentario Popular, y así se lo he manifestado a su portavoz, con respecto a los puntos 1 y 2 de nuestras propuestas, que tratan del desarrollo de una contabilidad patrimonial y su enlace con la cuenta
de costes, y -el punto 2- el desarrollo de un sistema de información de inventario permanente del inmovilizado fijo, porque está recogido en el informe y son los dos primeros puntos de la conclusión del informe. En aras del acuerdo que siempre ha
presidido esta Comisión, nosotros vamos a votar afirmativamente, y además quiero decirles también que en el punto 6 -y agradezco al Grupo Popular que haya aceptado este punto- recogemos la propuesta de que el Tribunal de Cuentas elabore un informe
que contemple las singularidades que tiene la contratación de bienes y servicios en el ámbito sanitario, sobre todo para garantizar prestaciones sanitarias y dejarlas fuera de la seguridad jurídica; en fin, ofrecer seguridad jurídica, que se pone
de manifiesto en el informe. En muchos casos, los centros sanitarios están contratando fármacos, productos sanitarios sin presupuesto, lo cual deja a los gestores en una situación muy difícil, ya que tienen que seguir adquiriendo a crédito, en este
caso saltándose la normativa administrativa, para poder garantizar la atención sanitaria a sus pacientes. Por eso, creo que es bueno -y agradezco al Grupo Popular que haya aceptado esta propuesta- que el Tribunal de Cuentas elabore un informe y se
pronuncie sobre estos términos. En este sentido, tengo que decirles que también aceptaremos -ya determino la posición- el resto de las propuestas que hace el Grupo Popular.


Con respecto a UPyD, serían aceptable dos de sus propuestas, dado que las propuestas que hacen no se encuadran en la naturaleza del informe de fiscalización, son propuestas de gestión que no entroncan con la finalidad del informe del
Tribunal de Cuentas.


El señor PRESIDENTE: Para defender las propuestas del Grupo Parlamentario Popular numeradas de la 7 a la 19, señor Piñeiro.


El señor PIÑEIRO GARCÍA-LAGO: Las doy por defendidas todas ellas pero quiero resaltar una paradoja. El informe al que hacen referencia estas propuesta de resolución es de los años 2006 y 2007 y en las propuesta de resolución planteadas por
parte del Grupo Socialista, también por parte de Unión Progreso y Democracia y algunas de las presentadas -con una salvedad- por el Grupo Parlamentario Popular se produce una paradoja, que es que instan precisamente a un nuevo Gobierno que ha tenido
lugar tras las últimas elecciones a hacer algo que fue criticado en el Tribunal de Cuentas a anteriores Gobiernos. Con esto quiero decir que cuando el ilustre portavoz del Grupo Socialista dice que no entiende cuáles son las posturas del Grupo
Popular respecto a los puntos 1 y 2, tiene una respuesta muy sencilla: porque en su momento en el informe del Tribunal de Cuentas de la pasada sesión que tuvo lugar en esta misma Cámara quedó perfectamente clara la inadecuada organización y la
gestión financiera que había tenido el Gobierno de Cantabria en los años 2006 y 2007 y que incluso no fueron atendidas muchas de las reiteraciones formuladas por el propio tribunal. Pues bien, ¿qué ha ocurrido después del cambio de Gobierno? Que
todas esas recomendaciones que había hecho el Tribunal de Cuentas ya han sido tenidas en cuenta por este Gobierno que escasamente lleva un año y, por tanto, no es procedente instar a un Gobierno a hacer algo que ya ha realizado.


Por otra parte, en ese acuerdo, si me permiten, independientemente de que traslade por escrito ahora esas dos propuestas de resolución que han sido transaccionadas, la número 3 dice textualmente -para que lo conozcan sus señorías-: En el
supuesto de que el actual Gobierno de la comunidad autónoma no lo esté realizando ya, se insta a que el sistema de información contable facilite la periodificación de los correspondientes ingresos y gastos imputados a cada periodo. Y la propuesta
de resolución número 5 del Grupo Socialista, también transaccionada, quedaría de la siguiente forma: Es necesario que el servicio cántabro de salud y el servicio cántabro de empleo muestren por separado la imagen fiel de su patrimonio, situación
financiera, resultados y ejecución del presupuesto.


Conclusión: A las números 1 y 2 del Grupo Socialista vamos a votar en contra por las razones esgrimidas; la número 3 sería transaccionada; sobre la número 4 no quiero hacer más comentarios sino que me alegro, creo que también el Grupo
Socialista debe alegrarse de haber quitado esa propuesta de resolución sobre el Real Racing Club, porque habría muchísimo que hablar y entraría en contradicción con lo que es la realidad; la 5, insisto, está consensuada y la 6 la aceptaremos en su
totalidad. No sé si Unión Progreso y Democracia da por defendidas sus propuestas, pero en las que ha presentado a Cantabria aceptaríamos las números 23, 24 y 25, y por las razones que he esgrimido

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con anterioridad, las números 20, 21 y 22, que entiendo que la intención es instar al Gobierno de Cantabria a que rectifique aquellas salvedades que el Tribunal de Cuentas hizo para los años 2006 y 2007, pongo en conocimiento del portavoz de
Unión Progreso y Democracia que no es necesario instar porque lo que piden esas tres propuestas ya está resuelto por el actual Gobierno de Cantabria, por lo tanto, si no son retiradas, votaremos en contra porque ya está realizado. (El señor Gordo
Pérez pide la palabra.)


El señor PRESIDENTE: ¿El señor Gordo quería intervenir para aclarar algo?


El señor GORDO PÉREZ: Si me permite, señor presidente, solamente quiero hacer una aclaración. Desde nuestro grupo, entendemos que es una transacción en su conjunto, es decir, nosotros retiramos nuestras propuestas números 1, 2 y 4, con lo
cual la transacción quedaría sobre la propuesta transaccionada propiamente, un texto de común acuerdo en la 3 y en la 5, nuestro texto original en la 6, y después estaría la propuesta del Grupo Popular. Este es el sentido de transacción que hemos
dado.


El señor PIÑEIRO GARCÍA-LAGO: No hay inconveniente. Si retira la 1 y la 2 que nosotros íbamos a votar en contra...


El señor GORDO PÉREZ: La 1, la 2 y la 4.


El señor PIÑEIRO GARCÍA-LAGO: Y la 4, obviamente no tendríamos necesidad de votarlas.


El señor GORDO PÉREZ: Las retiramos porque se subsumen en el propio contenido del informe, por lo tanto, aunque las retiremos, ahí está el informe y no aporta ni quita.


El señor PIÑEIRO GARCÍA-LAGO: Por tanto, no se aprueban.


El señor PRESIDENTE: ¿Alguna aclaración más? (Pausa.)


Si los grupos están dispuestos, podemos iniciar las votaciones, en las que les pido perdón por adelantado, porque no sé si vamos a acertar.


Vamos a votar, en primer lugar, el punto 4.º del orden del día, que es la solicitud a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para que recabe del citado tribunal la realización de un informe de fiscalización de la
Corporación RTVE y sus sociedades correspondientes a los ejercicios comprendidos entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2011.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Se aprueba con una sola abstención.


Pasamos a votar las propuestas de resolución sobre la cuenta general del Estado correspondiente al ejercicio 2009. Votamos primero las propuestas del Grupo Socialista excepto la 3 y la 5, si no me equivoco. ¿La 3 y la 5 habría que votarlas
en conjunto o separadas una a una? Se votan los puntos 3 y 5.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 22.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las propuestas del Grupo Popular en conjunto, de la 9 a la 28.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Se aprueban por mayoría, con una abstención.


Votamos las propuestas de UPyD, números 29, 30, 35, 37, 38, 39, 40 y 46, que, si no me equivoco, son las que no me ha señalado ningún grupo.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Se aprueban por unanimidad.


Pasamos a votar las propuestas números 31, 32, 33, 34, 36, 41, 45 y 47, también de UPyD. ¿Se pueden agrupar así? (El señor Suárez Lamata pide la palabra.)


Señor Suárez.


El señor SUÁREZ LAMATA: La 31 y la 49 tendrán votos distintos.


El señor PRESIDENTE: Si les parece, las votamos una a una y es mucho más rápido.


Propuesta número 31.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Se aprueba por mayoría, con una abstención.


Propuesta 32.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Propuesta 33.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Propuesta 34.

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Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Propuesta 36.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Propuesta 41.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Propuesta 42.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Propuesta 43.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Propuesta 44.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Propuesta 45.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Propuesta 47.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las propuestas de Convergència i Unió, que son la 48 y la 51. Han pedido ustedes el voto separado de la 49 y la 50. ¿Es correcto? (Asentimiento).


Votamos primero las propuestas 48 y 51.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Propuesta 49.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Propuesta 50.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Pasamos a votar el informe de fiscalización de las contabilidades electorales de las elecciones al Parlamento Europeo, de 7 de junio de 2009. Votamos las propuestas 1 y 2, que presenta el Grupo Parlamentario Socialista.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las propuestas 3 y 4, del Grupo Popular.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.


Votamos las propuestas 5 y 6, de UPyD, con la aclaración que se ha realizado al principio.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Pasamos a votar el último punto, las propuestas sobre el informe anual de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Vamos a votar las transaccionales 3 y 5, del Grupo Socialista, y la 6, que creo que quedaba tal como viene.


El señor GORDO PÉREZ: Señor presidente, la propuesta que hacíamos, puesto que estamos de acuerdo los grupos Popular y Socialista, era votar una transaccional, la 3...


El señor PRESIDENTE: ¿Antigua 3 y 5?


El señor GORDO PÉREZ: La 3, la 5 y la 6.


El señor PRESIDENTE: La 6 es la única que queda viva desde el principio y las dos transaccionales, que engloban la 1, la 2, la 3 y la 5, porque la 4 la hemos retirado.


El señor GORDO PÉREZ: Y la 1 y la 2.


El señor PIÑEIRO GARCÍA-LAGO: Señor presidente, quedan retiradas la 1, la 2 y la 4 por parte del Grupo Socialista, que las proponía. La 3 y la 5 han sido transaccionadas y la 6 se votaría por parte del Grupo Popular conforme a la original.


El señor PRESIDENTE: Pero si no he entendido mal al señor Gordo, él pensaba que la 1 y la 2 venían recogidas en su transaccional.


El señor GORDO PÉREZ: No.

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El señor PRESIDENTE: Perfecto. Votamos las dos transaccionales y la 6. Creo que estamos todos de acuerdo, ¿no?


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.


Votamos las propuestas 7 a 19, del Grupo Popular.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.


Votamos las propuestas de UPyD en dos grupos, las tres primeras y las tres últimas. La 20, 21 y 22. (El señor Ciscar Casabán pide la palabra).


Señor Ciscar.


El señor CISCAR CASABÁN: Pedimos votación separada de la 20 y la 23.


El señor PRESIDENTE: Entonces votamos la propuesta número 20.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las propuestas 21 y 22.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Propuesta 23.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.


Propuestas 24 y 25.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Les ruego disculpen a la Mesa. Levantamos la sesión.


Eran las dos y diez minutos de la tarde.