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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 128, de 19/06/2012
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2012 X Legislatura Núm. 128
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ EUGENIO AZPIROZ VILLAR
Sesión núm. 7
celebrada el martes,
19 de junio de 2012
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Por la que se insta al Gobierno a desarrollar un proyecto de ley de regulación del sector de los servicios a la persona. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/000509) ...
- Sobre la situación de las personas promotoras de empleo en los servicios públicos de empleo. Presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 161/000647) ...
- Relativa a la modificación del Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre, por el que se regula el programa de renta activa de inserción para desempleados con especiales necesidades
económicas y dificultad para encontrar empleo. Presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. (Número de expediente 161/000005) ... (Página9)
- Sobre incremento del salario mínimo interprofesional para 2012. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000190) ... (Página13)
- Por la que se insta al Gobierno a la adopción de medidas para mejorar las políticas activas de empleo. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000195) ... (Página17)
- Sobre la promoción del Año internacional de las cooperativas y medidas de fomento a las mismas. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000398) ... (Página20)
- Sobre constitución de un grupo de trabajo con las asociaciones de autónomos con el fin de emitir un informe que analice medidas de mejora en materia de prevención de riesgos laborales. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso. (Número de expediente 161/000491) ... (Página24)
- Sobre medidas de apoyo a los trabajadores que compatibilizan o quieran compatibilizar un empleo por cuenta ajena con el desarrollo de una actividad profesional o económica por cuenta propia, acomodando su cotización al régimen especial de
trabajadores autónomos a su situación de pluriactividad. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000560) ... (Página26)
Se abre la sesión a las diez de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A DESARROLLAR UN PROYECTO DE LEY DE REGULACIÓN DEL SECTOR DE LOS SERVICIOS A LA PERSONA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/000509).
El señor PRESIDENTE: Comenzamos la sesión de la Comisión de Empleo y Seguridad Social. Quiero manifestarles, en primer lugar, que por diversas causas se nos ha solicitado el cambio del orden del día. La pretensión es que las proposiciones
no de ley que figuran con los números 6 y 8 pasen a debatirse en primer y segundo lugar respectivamente. Salvo que alguien tenga alguna objeción, la Mesa lo acepta (Pausa). Creo que todos los portavoces están al tanto. El orden del día queda como
sigue. En primer lugar, se debatirá la proposición no de ley número 6, en segundo lugar, la número 8 y a continuación, de forma correlativa, el resto de las que figuran en el orden del día.
Según lo que en su día se acordó en la reunión de Mesa y portavoces, quiero recordarles que los tiempos de intervención son: siete minutos para el grupo proponente; cinco minutos para la defensa de las enmiendas; tres minutos para los
grupos que no son autores de la iniciativa ni han presentado enmiendas pero quieren fijar su posición. En consecuencia, puedo anticipar que en ningún caso votaremos antes de las doce y media. Procuraremos ajustarnos, como hemos hecho en ocasiones
precedentes, al tiempo que nos hemos dado.
Vamos a abordar la proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a desarrollar un proyecto de ley de regulación del sector de los servicios a la persona, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, para cuya
defensa tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Esta es una proposición no de ley que presenta Convergència i Unió para intentar dar respuesta a diversas cuestiones en una misma iniciativa. Por un lado, en tiempos de ajustes, de consolidación fiscal y
cuando tenemos altas tasas de desempleo, debemos ser capaces de promover políticas que generen nueva ocupación. Al mismo tiempo, todos somos conscientes de que en nuestro modelo de sociedad y de economía, en el que en la mayoría de los hogares las
personas que conforman la unidad familiar, los dos miembros de la pareja pueden estar trabajando, existen unas necesidades vinculadas al apoyo que se necesita en términos de cuidado de hijos, de limpieza del hogar, de atención a una persona en
situación de dependencia o a menudo para hacer frente a pequeñas reparaciones del hogar, al mantenimiento de jardines, etcétera. Hoy en día
dar respuesta a esas necesidades lleva a la inmensa mayoría de las familias a recurrir a la economía informal, a la economía sumergida, fundamentalmente porque cuando existe oferta de estos servicios, los costes de compra en la economía
formal resultan caros en relación con las capacidades adquisitivas que tienen esas familias. Además, señorías, sabemos que en el medio y largo plazo el progresivo envejecimiento de nuestra sociedad hará aumentar las necesidades en este campo. Se
necesita empleo a corto plazo, se necesita dar respuesta a las demandas de las familias y de las personas de servicios que hoy se están comprando en la economía informal. Recordemos que en España las últimas cifras hablan de que esto representa un
24 o un 25% del peso de la economía informal, es decir, cerca de 90.000 millones de euros que deja de recaudar el sector público. Estas necesidades van a ir en aumento en los próximos años.
Todo esto ha llevado a que en la Unión Europea, en países de nuestro entorno se hayan propiciado políticas que tienen como objetivo hacer que la oferta de servicios a las familias y a las personas a través de la economía formal tenga unos
costes asumibles y que vaya acompañada de procedimientos de contratación lo más simples posible. Quizá el ejemplo más paradigmático de esto fue la aprobación en el año 2005 del Plan Borloo, propiciado por el entonces ministro de Trabajo del
Gobierno francés, que puso en marcha una muy sólida política que ha permitido que en Francia el sector de servicios a las personas se haya consolidado con cerca de 2 millones de empleos y más de 15.000 empresas, tanto en forma mercantil como de
asociaciones que ofrecen esos servicios. Esa política francesa, que definió el ministro Borloo, incorpora la adquisición por parte de las familias de un cheque-servicio con el que pueden comprar a través de empresas ese tipo de servicios y a través
del cual el Gobierno francés asume la financiación de una parte de la totalidad de las cotizaciones sociales que se derivan de ese empleo. La compra de ese servicio a través de empresas se ha gravado con un IVA que se ha movido entre el 5,5% en el
inicio del Plan Borloo y el 7%, fruto de los ajustes que ha tenido que hacer Francia, y conlleva una deducción fiscal en la correspondiente declaración de la renta. Eso ha permitido hacer emerger economía sumergida, dignificar ese tipo de empleos,
porque han ido acompañados de la correspondiente protección social, y ha mejorado la calidad de esa propia oferta de servicios. El coste de esta política finalmente es menor que el que implican esos gastos por vía de deducción fiscal, de asunción
de cotizaciones sociales, por la emergencia de la incorporación de esos empleos, de esas economías, de esos impuestos en los mecanismos formales de funcionamiento.
Algo parecido ha sucedido en Bélgica, donde también el Gobierno ha propiciado una política de estas características. En el caso belga se calcula que el impacto presupuestario de estas medidas está en el entorno de los 1.500 millones de
euros y la compensación por ingresos fiscales es de cerca de 600 millones de euros, lo que reduce el coste fiscal de esa política. La propia Unión Europea ha abierto un proceso de consultas a los Estados miembros, a través de un documento de
trabajo, sobre el aprovechamiento del potencial de empleo de los servicios personales y domésticos, en el que insiste en ese tipo de planteamientos. El conjunto de la Unión Europea comparte ese tipo de problemas, como las necesidades no satisfechas
por las familias que optan por la economía informal, por la economía irregular, así como la necesidad de abaratar esos costes para permitir ese acceso, que es el signo de que es una demanda que va a más. Pero no estamos hablando solo de servicios
domésticos o de atención a las personas sino también de los vinculados a la reparación de ordenadores, en el ámbito de las tecnologías de la información y de la comunicación, que es otro sector potencial de creación de muchos empleos.
La propuesta que formula Convergència i Unió -termino, señor presidente-, para articular esta política es mandatar al Gobierno a que en el plazo de cuatro meses presente un proyecto de ley a la Cámara para regularizar este empleo e impulsar
su creación, incorporando un sistema integrado de cotización social bonificada y retenciones por IRPF, aplicando en el mismo, además, desgravaciones fiscales y permitiendo que esta política pueda ser desarrollada, en la línea de lo que se ha hecho
en Francia, a través de las empresas que ofrecen esos beneficios a sus propios trabajadores. Mi grupo está convencido de que en este ámbito tenemos recorrido para acercarnos a las mejores políticas de nuestro entorno y crear empleo a corto plazo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Campuzano, por atenerse casi con exactitud al tiempo, que es algo que se agradece.
A esta proposición no de ley se han presentado dos enmiendas por parte de los grupos parlamentarios Socialista y Popular. Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra su portavoz, doña Esperanza Esteve.
La señora ESTEVE ORTEGA: Señor Campuzano, nos ha gustado su proposición no de ley. Me parece que en su exposición de motivos se explica muy bien lo que hoy ha vuelto a constatar, que es una mirada hacia las nuevas realidades sociales que
están ahí, algunas de las cuales no tienen respuesta. Es cierto que la sociedad cambia rápidamente, pero, sobre todo, es la familia lo que ha cambiado con el paso del tiempo y el mercado no tiene respuesta para estas necesidades, pero tampoco los
poderes públicos, de manera que hay servicios que no están ni reconocidos ni estructurados ni regulados, provocando seguramente una demanda de empleo que a menudo es irregular, desconocida en su dimensión, configurando un mercado desprotegido y
sumergido. Los cambios, solo a modo de recordatorio porque ya se citan y todos los conocemos, tienen que ver con diferentes variables: la incorporación de la mujer al trabajo, la
esperanza de vida, personas en situación de dependencia, etcétera, pero, sobre todo, hay nuevas necesidades derivadas de los hogares unipersonales; en España ya hay un 30%, pero este número va in crescendo y no siempre corresponde a
personas mayores sino sencillamente a personas cuyo proyecto de vida les lleva a configurar un hogar de carácter unipersonal con nuevas necesidades de vida cotidiana que no encuentran respuesta. La atención a estas demandas es costosa y para
simplificar los acuerdos se hacen persona a persona, sin que esto tenga un impacto favorable en el conjunto de la sociedad, sobre todo en la economía. Por tanto, con el objetivo de impulsar la actividad laboral y económica en este sector de
atención a las personas, dentro de la economía formal, como usted dice, señor Campuzano, habrá que aprovechar el gran potencial de empleo que posee la prestación de servicios a la persona. Se trata, en definitiva, de apostar por la economía formal,
combatir la economía sumergida y reducir los costes del servicio, lo que pasa es que esto afecta a diferentes aspectos, como a las cotizaciones sociales, al IVA, a la deducción fiscal, etcétera; es decir, no es fácil. Por tanto, todo esto tiene
que ir acompañado de garantías laborales para los trabajadores de este sector. Otros países han tomado la delantera, como usted citaba. Nos interesa personalmente la experiencia francesa con la Ley Borloo. En su día ya miramos a Francia con la
Ley de empresas de inserción -¿Se acuerda, señora Quintanilla?- y avanzamos en la Ley de economía social, en la que también trabajamos.
Nos encontramos, de nuevo, ante una buena apuesta que creemos que es importante conseguir. Según los expertos existe un yacimiento con un millón de empleos por aflorar que, como mínimo, es una cifra que nos debería llamar la atención.
Señor Campuzano, la enmienda que hemos presentado no deja de ser una prevención y es que si el partido del Gobierno acepta trabajar en este proyecto de ley se deberán contemplar las máximas garantías para que aquello que perseguimos, que es un buen
objetivo, no se convierta en algo negativo y se precarice aún más este sector o que no consigamos la meta de combatir la economía sumergida, cosa que no sería deseable. Se me ha ocurrido esta mañana, y estoy convencida de que estarán de acuerdo,
que en esta Comisión se pueden realizar algunas comparecencias de la Asociación española de directores -sugerencia que me hizo el señor Campuzano- o de representantes de otras instancias para ilustrarnos a todos sobre la conveniencia de esta nueva
regulación del sector de atención a las personas. En cualquier caso, señor Campuzano, vamos a votar positivamente su proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Quintanilla.
La señora QUINTANILLA BARBA: Señor Campuzano, quiero decirle en nombre de mi grupo que esta es una buena iniciativa y que, además, va en la misma línea que la que ustedes presentaron en mayo de 2011, puesto que contiene datos prácticamente
idénticos. Hemos presentado una enmienda porque entendemos que hablar de los servicios a las personas es hablar de justicia social, de empleo, de una demanda que hacen las familias todos los días a la sociedad. Sin embargo, señor Campuzano, sabe
que esta iniciativa no solamente habla de los servicios a las personas sino también de tomar medidas en materia de bonificaciones, de cotizaciones sociales a la Seguridad Social, de desgravaciones fiscales y, por tanto, el Grupo Parlamentario
Popular no puede apoyarla en toda su amplitud y conoce perfectamente el porqué. Estamos en un momento tremendamente difícil, en una situación económica sin precedentes en la historia de España. Ahora mismo tenemos que centrar todos nuestros
esfuerzos, junto con la sociedad española, y así lo manifiesta mi grupo parlamentario, para reducir el déficit público y, por tanto, no podemos poner en marcha medidas que supongan un incremento del gasto público.
Estamos de acuerdo en que es necesario regular y potenciar lo que se denomina servicios a las personas, como señala usted en su iniciativa, pero en estos momentos, repito, no podemos regular lo que esta proposición no de ley plantea porque
supondría un incremento del déficit público al tener un impacto presupuestario. Ustedes solicitan la creación de una bonificación adicional a la existente, pero el establecimiento de bonificaciones debe realizarse con carácter general y no para un
sector particular, ya que se podrían producir tratamientos desiguales que llevarían consigo un incremento del gasto público que tendría un difícil encaje presupuestario en estos momentos. Pasa lo mismo, señor Campuzano, con la aplicación de
desgravaciones fiscales en el impuesto sobre la renta de las personas físicas para quienes intervengan en la adquisición de los servicios a esas personas, porque también tendría impacto presupuestario en unos momentos en los que los recursos
públicos son escasos, y coincidirá conmigo en ello.
En cuanto a lo de admitir como gastos fiscalmente deducibles a las empresas aquellos que sean destinados a facilitar la prestación de servicios personales a sus empleados y familiares, sabe que está recogido en el texto refundido de la Ley
del Impuesto sobre Sociedades y en el Plan general de contabilidad aprobado por real decreto en el año 2007. Asimismo, con respecto a su iniciativa, tengo que decirle que en cuanto a la regulación de este sector tan importante -así lo considera mi
grupo parlamentario-, existen ya una serie de medidas para que la prestación de servicios a la persona esté regulada de alguna forma. Quiero recordarles que se han aprobado medidas para que aflore el empleo sumergido con efectos del 1 de enero de
2012; se ha procedido a la regulación del sector de empleados de hogar a través de la disposición adicional 39 de la Ley 27/2011, sobre actualización y modernización del sistema de la Seguridad Social, en la que se integró el régimen especial de
empleados de hogar; también se han aprobado disposiciones en el ámbito de la dependencia, en los servicios a las personas
mayores, ante una sociedad como la española que envejece cada día, puesto que en el año 2050 será la más envejecida del mundo junto con Japón; se establecen una serie de requisitos en la Ley 3/2006, de promoción de la autonomía personal y
atención a las personas en situación de dependencia y su normativa en desarrollo; y, desde luego, como no podía ser de otra forma, se aprobó el Real Decreto-ley 3/2012, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.
Voy terminando, señor presidente. Creo, señor Campuzano, que en estos momentos es muy importante hablar de servicios a las personas, y mi grupo parlamentario está a su lado, pero también quisiera que entendiera que no podemos elevar el
gasto público de las administraciones, que en estos momentos no podemos obligar a la sociedad española a hacer más esfuerzos en una situación que ya es difícil. Por tanto, mi grupo parlamentario ha presentado una enmienda transaccional y espero que
con la actitud que siempre ha demostrado, con el compromiso que tenemos en esta Cámara y, sobre todo, en el seno de esta Comisión, podamos llegar a un acuerdo y que esta iniciativa salga adelante por el bien de las personas y de las familias
españolas; en definitiva, por hacer una sociedad más justa.
El señor PRESIDENTE: A continuación, por un tiempo de tres minutos, tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: ¿Ha dicho tres minutos?
El señor PRESIDENTE: Ese fue el acuerdo de la Junta de Portavoces y como se desarrolló la anterior Comisión en el debate de las proposiciones no de ley. Como no estaba al inicio de la sesión, le recuerdo que se pactaron siete minutos para
el grupo proponente de la iniciativa, cinco minutos para los grupos que formulen enmiendas y tres minutos para cada uno de los grupos que deseen intervenir.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias por la explicación, señor presidente.
Señor Campuzano, la verdad es que su iniciativa es cuando menos innovadora, como suelen serlo todas las que usted presenta; es meritoria de ser tomada en consideración aunque no carente de un punto de utopía, y no sé si en los tiempos que
corren, en las circunstancias, en la coyuntura económica que nos acompaña se puede seguir preconizando que las utopías de hoy son las realidades del mañana. Pero al margen de esta circunstancia, le voy a hacer una reflexión rápida, casi en plan
obiter dicta. Algunas de las propuestas que usted presenta se incardinan o se ubican en ese umbral difuso, no bien definido por el ordenamiento jurídico, al menos por el español, entre lo que se denominan deberes u obligaciones familiares o
afecciones familiares y trabajos remunerados. Hemos tenido muchos problemas usted y yo, como todos los demás grupos de esta Cámara, para definir cuál es ese umbral, esa frontera en relación con el cuidado de enfermos, la atención a los niños que se
están educando en el sistema escolar y alguno de los ámbitos a los que usted se refiere en su proposición no de ley. En parte, el tema debería estar ya regulado por leyes como la Ley de Dependencia -por cierto, suspendida por el Partido Popular por
un periodo temporal que esperemos que no se tenga que prolongar-, las sanitarias, en relación con los aspectos sanitarios del cuidado de los ancianos, y por otras leyes que ya han sido citadas por las portavoces que me han precedido en el uso de la
palabra. Pero, sin perjuicio de lo dicho, creo que se necesita algún tipo de regulación jurídica, no sé si un proyecto de ley presentado por el Gobierno o una norma de otra naturaleza, que englobe y perfile este umbral difuso entre las obligaciones
familiares o las afecciones familiares para determinar las actividades que nunca, históricamente, han pertenecido al ámbito laboral y que se han hecho pertenecer ex post mediante reformas sucesivas del Estatuto de los Trabajadores, del ordenamiento
laboral o de otras leyes colaterales como la Ley de Dependencia. Seguramente habrá que hacer una regulación jurídica que especifique cuáles son las obligaciones en el ámbito familiar y cuáles las que meritan estar vinculadas a una relación
contractual laboral de tipo ordinario o de otras características.
Le voy a pedir algo, aunque sé que no es necesario, señor Campuzano. Usted solicita aquí que se apliquen determinados beneficios tributarios vinculados al impuesto sobre la renta de las personas físicas. No tengo que decirle que
sistemáticamente presentamos una enmienda a este tipo de bonificaciones por respeto al Convenio Económico que afecta a la Comunidad Foral de Navarra y al Concierto Económico que afecta a la Comunidad Autónoma del País Vasco. Si no tiene
inconveniente en aceptar una enmienda in voce que le propongo a usted y a los demás grupos en relación con esta materia, nosotros no tendríamos...
El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, le ruego que lo haga con brevedad porque ha superado el tiempo.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Es para decirle que vamos a presentar una enmienda que haga referencia a la salvaguarda del concierto económico y del convenio en lo atinente a los beneficios tributarios de esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA: Creo que la propuesta que nos presenta el señor Campuzano, en nombre de Convergència i Unió, identifica muy bien la existencia de un problema, que es la necesidad en las unidades familiares de hacerse cargo de
determinadas responsabilidades que antes venía desarrollando exclusivamente
la mujer en ese ámbito y que desgraciadamente se cubre a través de procesos de precariedad y de economía sumergida. La identificación del problema es la adecuada, la compartimos, pero creo que en el planteamiento que nos hace el señor
Campuzano hay algunos problemas. No tenemos nada claro que el problema se pueda resolver estrictamente a partir de una ley, ni tan siquiera a partir de mecanismos de ayuda, desde el punto de vista tributario y de Seguridad Social, porque hay dos
elementos importantes que en estos momentos dificultan la normalización de este sector, que tiene una gran capacidad de creación de empleo. En primer lugar, la cultura de que el trabajo de atención a las personas no tiene valor y como no lo tiene
se puede pagar a cualquier precio. Desgraciadamente, como lo han desarrollado siempre las mujeres en la unidad familiar eso es así. En segundo lugar, porque las familias de este país están perdiendo su capacidad adquisitiva a marchas forzadas y
con la reforma laboral y las medidas que están adoptando mucho más, lo cual no deja de ser un planteamiento ciertamente contradictorio con lo que está sucediendo en estos momentos y mucho me temo que la propuesta que se nos hace no lo podría
resolver. Estaríamos dispuestos a aceptar que salga adelante una proposición no de ley de esta naturaleza, porque compartimos la identificación del problema, a condición de que algunas de las concreciones que se están planteando no fueran tales.
Por ejemplo, nos parecería bien buscar algún mecanismo para reducir costes a las familias pero no a las administraciones que los contraten. Se trata de una situación radicalmente distinta. No se puede poner al mismo nivel a la familia y a la
administración que contrata, porque abriríamos la puerta a procesos duales, de creación de sistemas paralelos de prestación de servicios por parte de las administraciones públicas, y creo que eso no debe ser objeto de tratamiento en una ley de esa
naturaleza. Tampoco nos gustan los planteamientos que prevén que se considere gasto fiscalmente deducible el acceso de determinados trabajadores a ciertas ayudas, porque en la práctica, como se ha visto, por ejemplo, en el tema de las guarderías en
los centros de trabajo, lo que hace es diferenciar a los trabajadores en función de si tienen empleo o no.
He hecho estas reflexiones para que se entienda bien que compartimos la identificación del problema y que creemos que hay que regularlo, pero no podemos compartir muchos de los aspectos de la formulación que se nos plantea. Esperaremos a
ver qué sucede con las enmiendas y, por tanto, que es lo que al final se va a votar para decidir nuestra posición.
El señor PRESIDENTE: Pregunto al portavoz de Convergència i Unió si acepta alguna de las enmiendas que se han formulado a su iniciativa.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: A lo largo de la mañana espero poder ofrecer a la Mesa y a los portavoces una propuesta de transacción en relación con las enmiendas formuladas por los grupos Popular y Socialista; también intentaríamos
recoger, si fuera el caso, la enmienda del señor Olabarría. Estamos trabajando en esta transacción.
El señor PRESIDENTE: Cuando dispongan de ella, les ruego que la pasen a la Mesa para disponer del texto.
- SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS PROMOTORAS DE EMPLEO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de expediente 161/000647).
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate del punto número 6, abordamos a continuación el que figura con el número 8, referido a la situación de las personas promotoras de empleo en los servicios públicos de empleo, cuya autoría es de La
Izquierda Plural.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA: Esta es una proposición que por su simplicidad se podría presentar por sí sola, pero me van a permitir que intente justificarla. Estamos ante una propuesta que hago en nombre de mi grupo, de La Izquierda Plural,
para intentar resolver uno de los efectos colaterales más absurdos que van a tener los Presupuestos Generales del Estado para 2012. Escuchando hace un momento a la portavoz del Grupo Popular en la anterior proposición no de ley, he tenido la
sensación de que se nos está planteando una manera de ahorrar profundamente cara, desde mi punto de vista. Cada vez que se aplica una medida de ahorro se tiene que ver si esa medida provoca un coste, no solo en intangibles sino también en términos
económicos, superior a aquello que se ahorra. El problema que pretendemos resolver con nuestra proposición no de ley es uno de esos casos. Se pretende ahorrar al Estado 38 millones de euros -ya sé que no son pocos en este contexto-, pero
exactamente esa cantidad es lo que cuestan seis meses de contratación de 1.500 promotores de empleo y las consecuencias que su desaparición va a tener para la función que desarrollaban, junto con los 1.500 orientadores de empleo cuya contratación se
mantiene hasta el 31 diciembre, pueden ser en términos sociales e incluso económicos mucho más gravosas que el ahorro que se pretende obtener. Cada vez nos cuesta más entender ese ejercicio de fariseísmo político, que consiste en tener el empleo en
la boca permanentemente, incluso cuando se come -cosa que no se debería hacer, pero que se produce cotidianamente-, y en decir que la orientación y todo lo demás se hace en favor del empleo, mientras que las políticas micro que se adoptan van en la
dirección contraria. Estaría dispuesto a retirar esta proposición no de ley si alguien, en nombre del Grupo Popular, me diera una razón mínimamente de sentido común que justificase por qué se anticipa en seis meses
la rescisión del contrato de 1.500 promotores de empleo. Esto no se hace en relación con los orientadores, que -como todo el mundo sabe- vienen desarrollando exactamente las mismas funciones en el ámbito de las oficinas de empleo de las
comunidades autónomas, que son las que en estos momentos cuentan con ese refuerzo a las políticas de empleo. Es oportuno recordar las razones por las que este instrumento se puso en marcha su momento. Fueron fundamentalmente razones de apoyo a las
políticas que desarrollaban los servicios públicos de empleo. Sinceramente, nos cuesta entenderlo y por eso hemos planteado una proposición no de ley que, como ustedes pueden ver, gira alrededor de tres ejes: en primer lugar, el mantenimiento de
los contratos de los promotores de empleo hasta la fecha de su vencimiento, tal como estaba previsto, el 31 de diciembre de 2012; en segundo lugar, la aprobación de un plan extraordinario con vigencia durante toda la legislatura, hasta el 31 de
diciembre de 2015, previa negociación con comunidades autónomas y organizaciones sindicales y empresariales, y en tercer lugar, recuperar unos mínimos niveles de recursos de servicios públicos amplios.
Ustedes habrán podido comprobar que en la exposición de motivos de nuestra proposición no de ley nos hemos permitido el lujo de comparar nuestros servicios públicos de empleo, especialmente en lo que hace referencia al volumen de personal
que se dedica a ayudar a la búsqueda de empleo, a las tareas de intermediación, de soporte y de apoyo a los desempleados. La verdad es que estamos bajo mínimos y con estas medidas vamos a estarlo mucho más. Hasta ahora, en ninguno de los debates
en los que he tenido oportunidad de plantear la irracionalidad de esta decisión -si se me permite decirlo así- he obtenido respuesta de ningún tipo; iba a decir satisfactoria, pero de momento no la he conseguido de ningún tipo, ni satisfactoria ni
no satisfactoria. En todo caso, leyendo de manera profunda el plan nacional de reformas he encontrado una razón. En el plan nacional de reformas, en relación con las políticas de empleo, se dice literalmente que los servicios públicos de empleo
son muy ineficientes y, en cambio, las empresas de trabajo temporal han demostrado una maravillosa capacidad para actuar en el mercado de trabajo. De ello deduzco que la razón última de esta medida y del adelgazamiento de los servicios públicos de
empleo que está detrás de muchas de las medidas anunciadas por el Partido Popular es desmantelar el servicio público de empleo, privatizarlo y encargar a las empresas de trabajo temporal algunas de las funciones antes otorgadas al mismo. Analizando
algunas de las enmiendas, algunos pronunciamientos y, sobre todo, algo muy interesante, que supongo que ustedes también tendrán, porque que ha sido repartido a todos los miembros de esta Comisión, que es la respuesta de la directora general de
Empleo del Gobierno gallego a las personas afectadas que se dirigieron a ella, se confirma de manera meridianamente clara esa tesis y mucho me temo que, si no lo evitamos, no vamos a tener 1.500 promotores de empleo, pero podemos tener muy pronto a
las empresas de trabajo temporal haciendo funciones de vigilancia y control de los desempleados. Supongo que algunos piensan que esta es una manera útil -administrativa, sin duda- de reducir el número de personas que en estos momentos figuran como
demandantes de empleo en las listas de los servicios públicos de empleo.
Nos gustaría que por una vez y sin que sirviera de precedente se nos dijera que sí a esta proposición no de ley, que -insisto- supone ahorrar 38 millones de euros para terminar gastando mucho más en términos sociales y económicos.
El señor PRESIDENTE: No habiendo enmiendas a esta iniciativa, pasamos a las intervenciones de los grupos parlamentarios de menor a mayor. Tiene la palabra el señor Campuzano, por el Grupo de Convergència i Unió.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: A mi grupo le parece absolutamente acertada esta iniciativa del señor Coscubiela, porque pone en evidencia una decisión del Gobierno que mi grupo no comparte y que tiene su principal reflejo en la configuración
del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, con esa reducción sustancial de las políticas de empleo vinculadas al reciclaje y a la orientación profesional. En el caso concreto de estos orientadores que van a ver finalizado su
contrato, va a ser más difícil cumplir los mandatos establecidos tanto en la Ley de Empleo como en la estrategia española de empleo, en relación con la necesidad de que las políticas de empleo se adapten, se personalicen y que cada una de las
personas desempleadas pueda tener una respuesta concreta a sus necesidades.
Estamos además muy convencidos -y este es un punto de diferencia con el señor Coscubiela- de que es posible tener unos buenos servicios públicos de empleo que colaboren de manera muy activa con unos excelentes servicios privados de empleo,
como ocurre en otros países europeos. Potenciar esa colaboración público-privada a través de las agencias de colocación, que es un camino que hemos empezado a recorrer aún de manera muy poco intensa en los últimos años, no es incompatible con el
funcionamiento de los servicios públicos de empleo. Por tanto, no compartimos la decisión del Gobierno, pero sí el planteamiento del señor Coscubiela, y vamos a votar favorablemente su proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: En representación del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Monteserín.
La señora MONTESERÍN RODRÍGUEZ: El Grupo Socialista va a apoyar esta proposición no de ley, porque está en la línea de iniciativas presentadas por nosotros en esta Cámara y, sobre todo, porque hay algo peor que tener un problema muy grave y
es la resignación, no
hacerle frente, quedarse de brazos cruzados o mirar para otro lado, y esto es en definitiva lo que está haciendo el Gobierno con los desempleados de este país. Con el PP el desempleo ha crecido en las mismas constantes o más que en los
últimos años después de la crisis, pero hay una diferencia sustancial: Mientras estuvo el Gobierno socialista había una cobertura social para amortiguar los efectos sobre los trabajadores por encima de un 75% y además se pusieron en funcionamiento
instrumentos para atender la demanda de las personas desempleadas. A ello se refería el Real Decreto-ley de 2008, de medidas de impulso a la actividad económica, que recoge entre otras el Plan extraordinario de medidas de orientación, formación
profesional e inserción laboral. Es aquí donde aparece la figura de los promotores y orientadores laborales, para implementar los servicios públicos de empleo dentro del conjunto de políticas activas, con el fin de orientar a los parados en la
búsqueda de empleo o en el autoempleo, figura que luego se prorroga en el Real Decreto de 2010, estableciéndose que estos promotores estén hasta diciembre de 2012.
Que en las grandes cifras no aparezcan resultados no quiere decir que los servicios públicos de empleo, con la figura de los promotores de empleo, no estén haciendo una labor fundamental. Esta labor es fundamental para reforzar la atención
a las colas de demanda cada vez más numerosas; para orientar a las personas desempleadas hacia un itinerario formativo de recualificación profesional o de reconversión de sus propios conocimientos hacia otros sectores laborales; para asesorar e
informar a las personas de la posibilidad de creación de su propio empleo o autoempleo a través de la figura del autónomo o de relacionarlas con otros parados para introducirlas en la economía social. Además, es un servicio que atiende a la
desesperanza, a la situación a la que se enfrentan personas que por primera vez están en desempleo y que en estas circunstancias de crisis y de falta de salidas se encuentran en situaciones personales y familiares de auténtica desolación. Son
personas que les acompañan en la búsqueda de salidas. Este servicio se termina, si no se remedia -es ahí donde exigimos explicaciones-, el día de 30 junio, aunque debería terminarse el 31 de diciembre y yo pediría que se prorrogarse para los
presupuestos del año que viene. A partir del 30 junio los promotores se quedan sin el empleo que se les terminaba el 31 diciembre y creo que recurrirán y ganarán. Nos podemos encontrar así con la paradoja de que tendremos que indemnizarles y
perder el servicio, con lo cual estamos haciendo un pan como unas tortas. Al presidente del Gobierno le gusta mucho una frase: Estamos haciendo lo que hay que hacer. Pues bien, aquí estamos haciendo justamente lo contrario de lo que hay que
hacer. Si el objetivo es la privatización de los servicios, tengo que recordar que las empresas de intermediación no se dedican a la orientación ni a la promoción del empleo, sino simplemente a la intermediación laboral.
Concluyo, señor presidente. Esta tarde en el Pleno defenderemos una moción en la que recuperamos este objetivo, que consideramos fundamental, por lo menos como estaba previsto, hasta el 31 de diciembre.
El señor PRESIDENTE: Para concluir el debate, en representación del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra doña María Jesús Bonilla.
La señora BONILLA DOMÍNGUEZ: Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para fijar la posición con respecto a esta proposición no de ley sobre la situación de los promotores de empleo en los servicios públicos de empleo.
Señorías, compartimos el objetivo primordial de la creación de empleo y compartimos la extraordinaria labor y profesionalidad que los orientadores laborales y promotores de empleo contratados en los servicios públicos de empleo prestan,
proporcionando una atención más precisa a los desempleados, mediante itinerarios personalizados, y la mejora de su empleabilidad.
Como muy bien saben, la contratación de 1.500 promotores de empleo para reforzar los servicios públicos de empleo autonómico se estableció en el artículo 15 de Real Decreto-ley 13/2010, de 13 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal,
laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo, con una vigencia entre el 2 de febrero de 2011 y el 31 de diciembre de 2012. Asimismo, el citado artículo 15 estableció la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2012 de la
medida consistente en la contratación de 1.500 orientadores de empleo para reforzar las oficinas de los servicios públicos de empleo autonómicos. Esta medida se estableció en el Plan extraordinario de orientación, aprobado por el acuerdo del
Consejo de Ministros del 18 de abril de 2008 y se ha ido prorrogando sucesivamente hasta la fecha actual. Por tanto, de acuerdo con la normativa vigente, ambas medidas tienen una duración determinada en el tiempo y fueron creadas en atención a las
especiales circunstancias existentes en el ámbito del empleo en los últimos años.
Señorías, no podemos obviar el gravísimo marco económico en el que se encuentra nuestro país, lo que nos obliga a conseguir mayor eficiencia y eficacia en la gestión pública. El objetivo es hacer más y mejores políticas de empleo con
presupuestos más austeros. Hemos de ser capaces de rentabilizar y de aunar la eficiencia en los recursos públicos y privados. Debido a la necesidad irrenunciable de cumplir el objetivo del déficit acordado con la Unión Europea, en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado se ha incluido la propuesta de limitar la vigencia a 30 de junio de 2012 de la medida consistente en la contratación de 1.500 promotores de empleo. Por tanto, la primera razón es la no existencia de disponibilidad
presupuestaria.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que esta medida facilita a las comunidades autónomas fondos para proceder a la contratación de 3.000 trabajadores, pero el
procedimiento para realizar estos contratos es competencia de las comunidades autónomas y, por tanto, el Gobierno no puede iniciar los trámites para que los contratos se prorroguen. En los Presupuestos Generales del Estado de 2012, en el
programa 241.A, se recogen las actividades, como contenido de los ámbitos de las políticas activas de empleo, y se reconoce la labor de la orientación profesional, que integra acciones y medidas de información, acompañamiento, motivación y
asesoramiento, teniendo en cuenta las circunstancias personales y profesionales de las personas. En este ámbito se incluye la prestación de los servicios públicos de empleo por entidades colaboradoras de servicios de orientación profesional y
búsqueda de empleo a demandantes de empleo, incluyendo las agencias privadas de colocación. Por tanto, los presupuestos -termino señor presidente- incluyen dos medidas: la primera, dirigida a la prórroga hasta finales del ejercicio de la medida
consistente en la contratación de 1.500 orientadores, y la segunda, mantener en vigor hasta el 30 de junio de 2012 la medida consistente en la incorporación de 1.500 personas. Ambas medidas deben dirigirse en 2012 a la consecución de la mejora de
la vinculación entre políticas activas y pasivas, de tal forma que los orientadores y promotores garanticen el derecho de los perceptores.
Termino, señor presidente, anunciando el voto en contra de mi grupo por las razones expuestas y reiterando nuestra apuesta por el empleo y nuestro reconocimiento a la labor y la profesionalidad tanto de los orientadores profesionales como de
los promotores de empleo.
El señor PRESIDENTE: Les ruego a todos un esfuerzo de síntesis, sobre todo en este turno de los grupos, a efectos de acabar a una hora razonable y cumplir con el mandato que nos ha dado la Mesa y junta de portavoces. Sé que a veces es
difícil, pero les ruego que hagan un esfuerzo, porque estoy convencido de su capacidad para ello.
- RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 1369/2006, DE 24 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE REGULA EL PROGRAMA DE RENTA ACTIVA DE INSERCIÓN PARA DESEMPLEADOS CON ESPECIALES NECESIDADES ECONÓMICAS Y DIFICULTAD PARA ENCONTRAR EMPLEO.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA. (Número de expediente 161/000005).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a abordar el debate del punto 1 del orden del día, que es la proposición no de ley relativa a la modificación del Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre, por el que se regula el programa de renta activa de
inserción para desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo, de la que es autor el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia y para cuya defensa tiene la palabra don Álvaro Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Señorías, no deberíamos olvidar la grave crisis económica que atraviesa nuestro país, pero tampoco deberíamos olvidar que esta crisis tiene también una cara social; es una emergencia económica, pero también es una
emergencia social. Con datos de la última encuesta de población activa referida al primer trimestre -que se habrán quedado anticuados, porque pronto saldrán los del segundo trimestre, que serán peores- tenemos un país con una tasa de desempleo que
más que duplica la de la zona del euro: un 24,4% frente al 11% en la zona del euro. Tenemos un país con 5.639.000 parados y es muy preocupante que la tasa de cobertura de estos parados esté disminuyendo aceleradamente; ha pasado en poco tiempo
del 80 al 65%. Esto quiere decir que alrededor de 2 millones de parados han perdido ya toda protección. Si unimos este dato al de 1.728.000 familias con todos sus miembros en paro, las cifras avalan la emergencia social y no solo económica que
nuestro país está viviendo. A esta emergencia social se ha dado una respuesta inadecuada en los Presupuestos Generales del Estado -se recorta el gasto en prestaciones por desempleo un 5,4% y se recorta el gasto en políticas activas un 21%-, lo que
aumenta el riesgo de exclusión social y de que las tensiones sociales se exacerben. El Fondo Monetario Internacional, que no es una institución sospechosa, señala en sus últimas recomendaciones que el recorte del gasto tiene que ser selectivo;
señala que es necesario mantener el gasto en la protección de aquellos colectivos más afectados por la crisis. No deberíamos olvidar esta filosofía de austeridad, de recorte, pero de recorte selectivo, preservando el gasto social en aquellos
colectivos más afectados por la crisis, porque el riesgo de irritación social es importante cuando se contrasta lo que sucede con estos gastos con los recursos que se encuentran para otras intervenciones en el sector financiero o con las
indemnizaciones millonarias de algunos directivos de las cajas.
El único programa extraordinario que hoy existe es el llamado programa Prepara, que la ministra de Empleo ponía en cuestión en el Pleno por sus malos resultados, lo que nos hace dudar de que vaya a mantenerse. La primera propuesta que hace
nuestro grupo es sustituir ese programa Prepara por una ampliación de la renta activa de inserción a los menores de cuarenta y cinco años. La renta activa de inserción ya existe para los desempleados con especiales dificultades para encontrar
empleo o con especiales necesidades económicas, pero hoy en día está limitada a los mayores de cuarenta y cinco años. Nosotros proponemos extenderla sin límite de edad, extenderla a los menores de cuarenta y cinco años. Eso, en algunas cosas no
cambiaría demasiado el actual programa Prepara, porque los requisitos de acceso a dicho programa y a la renta activa de inserción son muy similares y porque la cuantía de la prestación también es similar, pero supondría dos cambios fundamentales:
primero, que habría un programa permanente -la renta activa de inserción es un programa permanente y no un programa que haya que ir renovando cada seis meses de manera discrecional-, y segundo, que aumentaría el periodo de cobertura desde
los seis hasta los once meses. Esa es nuestra primera propuesta: sustituir el programa Prepara por una ampliación de la renta activa de inserción a los menores de cuarenta y cinco años.
Cuando se agotan los escalones de protección, hay un último escalón del que se habla poco, que es el de las rentas mínimas de inserción autonómicas. Como sus señorías saben, hay importantes diferencias en la tasa de paro entre las distintas
comunidades autónomas. Hay algunas, como el País Vasco, con una tasa parecida a la de la zona del euro, un 13,55%, mientras que hay otras con tasas superiores al 30%, como es el caso de Andalucía, Canarias o Extremadura, con tasas de paro del 33,
32 y 32% respectivamente, es decir, tasas que casi triplican las de aquellas comunidades que tienen menos tasas de paro. En esta renta mínima de inserción que pretende proteger a los desempleados también hay importantes diferencias entre
comunidades autónomas, pero con la correlación inversa a la que esperaríamos, puesto que la protección es menor donde el problema de paro es mayor. En comunidades como el País Vasco, con una tasa de paro más baja, nos encontramos, según datos
oficiales del año 2009 -los últimos a los que he tenido acceso-, con que el número de beneficiarios de la renta mínima de inserción autonómica es de 55.000. En Extremadura, con un número de parados muy similar al del País Vasco, el número de
beneficiarios es de 1.500, es decir, un 3% comparando con el número que beneficiarios del País Vasco. En Andalucía, con un número de parados 10 veces superior al del País Vasco, nos encontramos con un número de 27.000 beneficiarios, que es la mitad
que en el País Vasco, es decir, hay una vigésima parte de protección. Nos encontramos por tanto con que estas rentas mínimas de inserción autonómicas protegen menos en las comunidades donde el problema es mayor. Lo mismo sucede con la cuantía. En
el País Vasco, la cuantía es de 640 euros al mes y en Extremadura y Andalucía de 395 y 383 euros al mes. En términos de duración también hay importantes discrepancias. Este es un hecho discriminatorio para los parados, pues reciben un trato muy
desigual en función de la comunidad en la que residan, siendo peor en las comunidades más desfavorecidas. Por eso nuestra segunda propuesta es que se homogeneicen estas rentas mínimas de inserción para que los requisitos de acceso, de duración y de
cuantía sean similares en las diferentes comunidades autónomas. Con nuestra propuesta, después de la prestación y el subsidio, tendríamos un sistema integrado de protección con dos escalones. Habría prestación, subsidio, un primer escalón estatal,
la renta activa de inserción, sin requisito de edad, y un último escalón autonómico, las rentas mínimas de inserción autonómicas, pero con requisitos parecidos en las diferentes comunidades autónomas. Esta no es una ocurrencia de nuestro grupo,
señorías. Nosotros lo venimos defendiendo desde hace más de tres años, pero una institución como Cáritas, que nada tiene que ver con UPyD, autora del Informe Foessa, uno de los mejores informes sobre la exclusión social en España, ha llegado por su
propia cuenta a conclusiones muy similares, por lo que rogamos a sus señorías que tengan en cuenta la propuesta que formulamos.
El señor PRESIDENTE: A esta iniciativa se han presentado dos enmiendas, una de Convergència i Unió y otra del Grupo Socialista. Para la defensa de la primera, tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Mi grupo podría compartir una de las preocupaciones que manifestaba el señor Anchuelo, que es la necesidad de permitir que la red de protección social vinculada al sistema de desempleo, fundamentalmente a
través de la renta activa, se adapte a esta nueva situación de desempleo grave e importante y de aumento del desempleo de larga duración que estamos viviendo. Ese es un planteamiento que mi grupo puede compartir. Es más, en los debates que tuvimos
la pasada legislatura en relación con el programa Prepara, que era un programa puntual y vinculado a la propia crisis, lo más razonable parecía vincular ese programa a la renta activa de inserción, una renta que tiene características muy
determinadas. Fue un programa creado en el año 2002 -si no recuerdo mal-, al hilo de la reforma laboral que se produjo en aquella legislatura y que fue muy polémica. Por tanto, compartimos la necesidad de ampliar esa cobertura e incluso de
sustituir el programa Prepara por una renta activa, que fuese un tercer grado asumido por el Estado, para permitir hacer frente a las situaciones de desempleo de aquellas personas que no han tenido la capacidad de volver a encontrar un empleo y que
llevan un período muy largo en situación desempleo.
Ahora bien, hay dos cuestiones que nos diferencian de la propuesta del señor Anchuelo, de UPyD. Para nosotros, lo razonable sería que la renta activa de inserción fuese gestionada por las comunidades autónomas, que, como ustedes saben, son
las que gestionan las políticas activas de empleo, las escasas que van a quedar fruto de la situación presupuestaria en la que estamos; son las que tienen la obligación de la inserción en el mercado de trabajo de las personas desempleadas. Hoy,
esas comunidades autónomas en las que existe una situación grave de desempleo deben hacer frente con sus propios recursos, a través de las rentas mínimas, a la ausencia de protección social de las personas desempleadas. En este sentido, más
razonable que plantear una homogeneización de las rentas mínimas, sería que las comunidades autónomas pudiesen gestionar la renta activa de inserción. Entre otras cuestiones, si el señor Anchuelo viese las cifras de la renta activa en Cataluña,
observaría que hay más personas en la renta mínima que gestiona la Generalitat que en la renta activa de inserción que gestiona el Estado. Por tanto, en el caso de Cataluña,
quien está asumiendo el coste económico de la cobertura de las personas desempleadas no es el Estado, a través de la renta activa de inserción, sino el Gobierno de la Generalitat, a través de la renta mínima de inserción. Lo razonable sería
que las situaciones vinculadas al desempleo de larga duración fuesen asumidas, desde el punto de vista del gasto, por la Administración General del Estado, que tiene una capacidad de gasto infinitamente superior a la de la comunidad autónoma, y que
esa política, para vincularse a las políticas activas de empleo, fuese asumida por el Gobierno de la Generalitat. Por otra parte, las rentas mínimas, creadas inicialmente en Euskadi y en Cataluña a principios de la década de los noventa, hoy están
sometidas a cambios, no tanto en términos de homogeneización, como en términos de dar respuesta a otro tipo de problemas. Hoy, en las rentas mínimas de inserción, la presión que se ejerce sobre la comunidad autónoma hace casi imposible que Cataluña
pueda cumplir con sus propias obligaciones legales. La situación de desempleo masivo de larga duración obliga a la Administración General del Estado a asumir mayores responsabilidades en esta materia, dando al mismo tiempo mayor capacidad de
gestión a la comunidad autónoma y no pretendiendo armonizar los que han sido, en el caso de Cataluña y del País Vasco, muy buenos instrumentos de lucha contra la exclusión social. Ahí el debate queda pendiente. Mi grupo plantea la supresión del
punto tercero de la proposición presentada por el señor Anchuelo y la incorporación de un nuevo punto tercero en el que precisamente planteamos ese traspaso de la renta activa de inserción a las comunidades autónomas. En el caso de que no se
aceptase nuestra enmienda, mi grupo no podría apoyar la iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda del Grupo Socialista, tiene la palabra doña Rosa Aguilar.
La señora AGUILAR RIVERO: En primer lugar, quiero agradecer al portavoz del Grupo de UPyD que haya coincidido plenamente con el análisis que hizo el otro día la portavoz de empleo del Grupo Parlamentario Socialista, mi compañera Concha
Gutiérrez, en el Pleno del Parlamento, cuando sustanciaba la interpelación que nuestro grupo planteó. Lo cierto es que el análisis y el diagnóstico es común y ojalá tuviera la sensibilidad suficiente para aceptar la enmienda que le planteamos y que
también pudiéramos coincidir en la respuesta.
Quiero subrayar que me ha sorprendido que en su intervención, sobre la marcha, haya modificado su propia proposición no de ley donde no se pide que desaparezca el Prepara, sino que sea el Prodi el que desaparezca, cuando ya no está en vigor.
Esto es algo que podemos dejar después aclarado. Quiero señalar que para el Grupo Parlamentario Socialista es una preocupación constante cómo dar las respuestas necesarias para garantizar el máximo de cobertura a las personas que han perdido sus
puestos de trabajo. Esta prioridad se puso de manifiesto en la etapa de Gobierno socialista donde la media -subrayo lo de la media- de cobertura entre enero y octubre del año 2010 se situó por encima del 78% y alcanzó el 80% de cobertura para las
personas desempleadas. Hablamos de un tiempo, el año 2010, en el que ya la crisis golpeaba duramente y en el que el Gobierno socialista hacía un esfuerzo permanente destinando recursos muy importantes para dar cobertura al máximo número de personas
desempleadas. Por cierto, tiempo y momento en el que también el Gobierno socialista dio cumplimiento a la disposición adicional primera de la Ley 14/2009, por la que se encargaba al Gobierno la realización de un estudio de prestaciones; estudio
del que dio cuenta la secretaria de Estado en diciembre del 2010.
Dicho esto, nos encontramos hoy con una situación insostenible, porque con el actual Gobierno del Partido Popular el paro ha aumentado y la cobertura a los desempleados ha bajado de forma alarmante. Estamos hablando de una reducción del
80%, que se alcanzaba con el Gobierno socialista, al 65,5% con el Gobierno actual. Los recortes al conjunto de la protección social son brutales. Estamos en una situación de emergencia para quienes no cuentan con nada, de ahí la interpelación, a
la que he hecho referencia, que mi grupo llevó al Pleno y cuya moción correspondiente se debatirá este jueves próximo. Interpelación y moción que tienen una voluntad política clara, la de acordar entre los grupos parlamentarios para que los
ciudadanos y ciudadanas sepan a ciencia cierta que, en esta Cámara donde reside la soberanía popular, trabajamos para dar respuesta a su situación, a sus problemas y lo fundamental es que hay muchas familias y muchas personas que en estos momentos
no cuentan con nada. La voluntad de este grupo parlamentario es construir respuestas, dar soluciones eficaces a las personas desempleadas, que es la misma voluntad que nos ha llevado a presentar la enmienda de sustitución a la proposición no de ley
del Grupo de UPyD. Por cierto, una PNL -y con esto voy concluyendo, señor presidente- que reproduce un debate casi en sus mismos términos que ya hubo en esta Comisión el 14 de abril del 2010. Debate que se saldó con que el grupo proponente no
aceptó ninguna de las enmiendas. Espero correr mejor suerte que en aquel debate con la enmienda de sustitución que presentamos y que haya suficiente sensibilidad por el grupo proponente para que acepte esta enmienda que permitiría nuclear un
consenso, que es lo importante en el marco de esta Comisión.
Nuestra enmienda, en primer lugar, plantea analizar la intensidad y extensión de la protección del programa de renta activa de inserción con el fin de posibilitar la ampliación de su cobertura para dar respuesta a las previsiones
gubernamentales de la Comisión Europea en relación con el incremento de las tasas de desempleo, recordemos 21,6% en 2011, frente al 25% aproximadamente para el 2013. En segundo lugar, planteamos la prórroga del programa Prepara, porque esta PNL
-termino,
señor presidente- plantea la derogación del Prodi, cuando no se encuentra en vigor. Por cierto, Prodi y Prepara son dos programas que tuvieron una respuesta extraordinaria. Más de 900.00 personas se acogieron al Prodi y más de 400.000 al
Prepara. Han dado sus resultados y planteamos esta prórroga del Prepara. Hay un tercer punto que nos preocupa y es que de manera permanente por el Grupo de UPyD se plantea reforzar el Estado centralista y no respetar los estatutos de autonomía de
las comunidades autónomas dentro de sus competencias. Desde esa perspectiva presentamos una enmienda de sustitución con los dos puntos a los que he hecho referencia.
El señor PRESIDENTE: Les ruego una vez más que si pueden se atengan a los tiempos, porque uno es flexible, pero al final se van acumulando retrasos. Comprendo que no siempre es fácil, pero el esforzarse es positivo. ¿Grupos parlamentarios
que desean intervenir? (Pausa). Tiene la palabra el señor Olabarría por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Vamos a ver si podemos recuperar algo de tiempo. Vamos a votar en contra de esta proposición no de ley sobre todo por dos razones. Aquí nos movemos siempre en una tensión dialéctica perversa. Requerimientos
legales o constitucionales en este momento contradicen -y me estoy adelantando a lo que previsiblemente nos va a argumentar el Partido Popular- o son manifiestamente incompatibles con una coyuntura económica que no es menester glosar, puesto que
todos la conocemos.
Señor presidente, como usted sabe, la Constitución no solamente establece el derecho, establece el deber de todos los españoles a trabajar. Mención buenista del legislador constituyente que ha devenido en patética posteriormente con una
perspectiva, en relación al desempleo, de 6 millones de desempleados. Comprendo y soy proactivo a entender las ampliaciones de cobertura de esta naturaleza, como la que presenta UPyD, pero con dos reservas que son insuperables y que evitan el voto
afirmativo de mi grupo. En primer lugar, la mención a los cuarenta y cinco años en el ordenamiento jurídico no es una convención arbitraria. Los mayores de cuarenta y cinco años son aquellos a los que se considera desempleados de larga duración.
Es un desempleo crónico y al que eufemísticamente se califica como de difícil empleabilidad, por lo que ayudas específicas a este colectivo son muy pertinentes. Siempre se han practicado en todas las normas, por todos los partidos, y en el ámbito
autonómico sucede lo mismo.
Esta característica que ha definido la señora Aguilar constituye de alguna manera el fenotipo de UPyD, respetable, pero que no compartimos, de homogeneizar las políticas autonómicas, cuando las comunidades autónomas ejercen sus competencias
exclusivas, como son estas, priorizando presupuestos que forman parte ínsita de la capacidad de ejercicio de una competencia. Esa pretensión de homogeneización hace que para mi grupo sea manifiestamente imposible votar una proposición como la
presentada esta legislatura y se lo digo con todos los respetos a mi muy buen amigo el señor Anchuelo. Esta noche probablemente votaremos una sobre la custodia compartida, donde los elementos de homogeneización que preconizan van a hacer que muchos
grupos que podríamos estar de acuerdo con el concepto, no la podamos votar. Desde esta perspectiva ya está explicada perfectamente la posición de mi grupo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría, por la brevedad de su intervención. A continuación tiene la palabra por La Izquierda Plural, el señor Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA: Compartimos claramente la descripción del problema que nos hace el señor Anchuelo en nombre de Unión Progreso y Democracia, entre otras cosas porque en estos momentos tenemos un 35% de las personas desempleadas
sin ningún tipo de protección económica y porque, si no hemos sabido leer mal las estadísticas, el programa Prepara se está deshinchando tanto que en estos momentos su cobertura es de menos de 2.000 personas, con lo que hay que hacer alguna cosa.
Lamentablemente otra vez tenemos un obstáculo en el apartado 3. Entiendo perfectamente que si las cosas que se plantean se proponen teniendo a las personas como punto de referencia, por ejemplo, la universalización de los derechos, ahí nos
podemos encontrar con UPyD. Pero si el objetivo no es la universalización de los derechos, sino la homogeneización de las competencias de las comunidades autónomas es donde surge el conflicto. Hay una cosa que no está en nuestras manos, debemos
ser conscientes que de la misma manera que la renta activa de inserción tiene su anclaje competencial en las políticas de empleo y, desde ese punto de vista, tiene un anclaje de competencia estatal, lo que hace referencia a las rentas mínimas de
inserción tiene un anclaje competencial en términos de servicios sociales, porque una parte importante de sus objetivos no tienen que ver con el empleo, sino con la inserción social de esas personas. Aunque quisiera, ningún Gobierno podría
homogeneizar la regulación de esas políticas salvo que no modificara previamente la Constitución. Eso me lleva en estos momentos a sugerir -y le voy a entregar una redacción al señor Anchuelo por si considera oportuno tenerla en cuenta- una
sustitución de ese apartado 3 que dijera algo parecido a lo siguiente: lidere la universalización de los programas de renta mínima de inserción autonómicos. Universalización no es lo mismo que homogeneización. Las rentas mínimas de inserción
tendrían dos niveles: una primera activa, estatal, y otra segunda, autonómica. En este segundo nivel el Gobierno promoverá un proceso de armonización en relación con las condiciones de acceso, duración y contenido de los programas. Se puede hacer
mucho por universalizar
derechos sin cargarse la estructura competencial que nos hemos dotado en la Constitución. Si esto se tiene presente, podemos acercar posiciones. He tardado dos minutos veinticinco segundos.
El señor PRESIDENTE: Le agradezco el cómputo, porque este aparato no es fácil de administrar, a veces funciona y a veces no. El señor Morlán me ha ayudado y al final hemos conseguido que funcionara y efectivamente coincide con lo que usted
nos dice. Espero que no agotar el tiempo sea una práctica generalizada. Ojalá sea así. Tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Popular, la señora Bravo para concluir este debate.
La señora BRAVO IBÁÑEZ: Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para fijar la posición, que ya adelanto que no va a ser favorable. Respecto a la primera propuesta, a la de la renta activa más allá de los cuarenta y cinco años,
lo ha señalado muy bien el señor Olabarría, en este momento va en concreto a un colectivo de las personas que, como muy bien se ha dicho, son desempleados de larga duración, que tienen que tener un tratamiento especial. En este momento sacar esa
renta para otras personas que no tendrían los cuarenta y cinco años sería un coste muy elevado que en este momento es muy difícil de asumir por el Gobierno. Es muy importante -y así lo pensamos desde nuestro grupo-, aparte de la protección a todos
los colectivos -y sobre todo a los colectivos más desfavorecidos, a todos aquellos colectivos que lo tienen mucho más difícil para volver a insertarse en el mercado laboral-, hacer un cambio de actitud. Todas las personas tenemos que intentar
trabajar por un cambio de actitud. Ese cobro de la renta activa de empleo tiene que llevar pareja una contraprestación por parte del parado y un compromiso demostrable de una búsqueda activa de empleo o un compromiso para formarse, pero una
formación encaminada a esa mejora de la búsqueda activa de empleo.
Respecto al apartado 2 ha quedado claro y manifiesto que todo el mundo ha confundido el Prodi y el Prepara, la primera y la segunda parte. Se ha confundido en la calle, se ha confundido aquí y al final se ha mezclado. Es cierto que muchas
personas fueron beneficiarias, tanto del Prodi como del Prepara, pero ahí habría que hacer un análisis muy claro de cuáles han sido los beneficios, tanto del Prodi como del Prepara. Los beneficios reales para esas personas paradas que sí que
recibieron la contraprestación, pero han alcanzado el empleo, están insertadas en el mercado laboral. Eso es lo que nos tendría que preocupar realmente, que los parados alcancen el empleo. Hay que cambiar, insisto, de nuevo todas estas políticas y
transformarlas de verdad en políticas que nos lleven y que nos encaminen al empleo.
El Partido Popular no ha eliminado ningún subsidio, no ha eliminado ninguna prestación y la situación en la que nos encontramos, lamentable y triste, es la de 6 millones de parados, en los cuales el Partido Popular no ha tenido culpa.
(Rumores). Hay que pasar de la cultura del subsidio a la cultura del esfuerzo, a la cultura de la promoción. Evidentemente hay que hacer un trabajo compartido entre las empresas, las organizaciones y todas las instituciones. Tenemos un reto muy
importante por delante y no vale que nos echemos la culpa los unos a los otros, sino que nos pongamos a trabajar en lo que de verdad importa que es ver cómo podemos ayudar a salir a los colectivos más desfavorecidos de la situación en que se
encuentran en este momento. No me he pasado más que en veintisiete segundos.
El señor PRESIDENTE: Reconocer la culpa no está mal.
- SOBRE INCREMENTO DEL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL PARA 2012. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000190).
El señor PRESIDENTE: A continuación vamos a abordar el punto que figura como 2 en el orden del día, sobre incremento del salario mínimo interprofesional para 2012, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Socialista y a cuyo fin tiene la
palabra don Jesús Caldera. (El señor Anchuelo Crego pide la palabra). Tiene usted toda la razón, tiene la palabra.
El señor ANCHUELO CREGO: Respecto a la enmienda de Convergència i Unió, evidentemente va en el sentido contrario al que proponemos, que pague el Estado la RAI y se transfiera, y no podemos aceptarla. Respecto a las enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista, soy yo quien agradece a la señora Aguilar que coincida con nuestro análisis de hace más de tres años. Ha sustituido nuestra PNL por su moción, ya discutiremos su moción cuando toque. He estado hablando de Prodi y Prepara
porque esto lleva tiempo tramitándose, pero estoy hablando de sustituir un programa temporal por uno permanente.
El señor PRESIDENTE: Como sabe usted es un trámite en el cual usted tiene que aclarar si acepta o no las enmiendas.
El señor ANCHUELO CREGO: Era para explicar mínimamente los motivos por los que no aceptamos tampoco estas enmiendas y pediría un tiempo a la Mesa para examinar mejor la planteada por el señor Coscubiela, dado que no me ha dado tiempo a
estudiarla.
El señor PRESIDENTE: Tenemos tiempo, de manera que al final del debate de todas las proposiciones ya nos indicará si se vota la iniciativa en sus propios términos o no.
El señor Caldera tiene la palabra para la defensa de la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Pertenecemos al grupo de países que tienen constitucionalizado el reconocimiento y la garantía de un salario mínimo interprofesional. Así lo establece nuestra Constitución española y nuestro Estatuto de
los Trabajadores y ello debe ser objeto de orgullo colectivo. Este país establece las reglas mínimas de percepción, el suelo mínimo que se considera indispensable para llevar una vida digna. Hasta junio del año 2004, el salario mínimo
interprofesional tenía además algunas características especiales que le concedían un doble efecto. De una parte, el regulatorio como suelo mínimo salarial, pero también el hecho de que no se pudiera percibir en ningún caso un salario por debajo de
la cuantía del salario mínimo interprofesional, que funcionaba como una garantía mínima de retribución suficiente, y de otra parte, tenía un efecto indirecto en un montón de normas legales que permitían el acceso a determinados beneficios o
aplicaciones de determinadas medidas, tanto en el ámbito educativo -becas-, como procesal -justicia gratuita-, como acceso a viviendas de protección oficial y era un parámetro de referencia para la cuantificación de determinadas prestaciones
sociales. Entre 1996 y 2004 -y no quiero vindicar nada- se produjo una congelación en términos reales, una pérdida del salario mínimo interprofesional. Se nos decía que era imposible incrementar el salario mínimo interprofesional porque al estar
indiciado arrastraba todas estas otras garantías de carácter social. El 25 de junio del 2004, el real decreto-ley, que tuve el honor de presentar al Consejo de Ministros como ministro en aquel momento, procedió a racionalizar el salario mínimo
interprofesional, manteniendo la garantía mínima y manteniendo otra serie de vinculaciones con la protección al desempleo, con el mantenimiento de pensiones de viudedad y orfandad, prestaciones a favor de familiares y prestaciones por nacimiento o
adopción de terceros y sucesivos hijos, pero desvinculando el resto de prestaciones sociales, con lo cual se podía operar claramente en el incremento del salario mínimo interprofesional. Aquel real decreto-ley llevó a cabo una actualización del
6,6%, quiero recordar que fue aprobado prácticamente por unanimidad en esta Cámara, y eso nos permitió desarrollar una estrategia de incremento permanente del salario mínimo que alcanzó los 600 euros en el año 2008. Desde el año 2004 al 2008 esto
supuso un incremento del 30% en términos reales.
Señorías, quienes se oponen a la existencia de un salario mínimo suelen argumentar que supone un freno o una desincentivación del emprendimiento, de la inversión, del crecimiento económico, que a consecuencia del mismo los llamados costes
laborales unitarios crecen y que se hace menos competitiva la economía aplicando tales suelos salariales. Esto dicen quienes no proponen su incremento: que conduce a una menor creación de empleo o a una destrucción del mismo. No es verdad. La
evidencia empírica desmiente estos argumentos. Solo hay que ver lo que ocurrió en España entre los años 2004 y 2008, fue el periodo de mayor crecimiento del salario mínimo y también el periodo de mayor incremento del empleo en términos históricos.
Si toman en consideración lo que ocurre en la Unión Europea, verán que justamente los países con mayor salario mínimo son los más competitivos. Es decir, no es un freno al emprendimiento ni a la inversión. Al contrario, conviene separar las
garantías de los suelos mínimos salariales de las prestaciones sociales básicas para fomentar la política activa de búsqueda de un empleo. No hay razón para considerar los incrementos de los salarios mínimos como un freno a la actividad económica.
Entiendo que las cosas ahora son distintas, lo sé muy bien. Estamos en una terrible coyuntura económica, pero permítanme que critique la decisión del actual Gobierno de congelar el salario mínimo para el año 2012, porque ni es económicamente
razonable ni éticamente admisible. Más aún cuando hubo un acuerdo entre interlocutores sociales en enero de este año que promovía una verdadera moderación salarial, pero permitía incrementos para el resto de los trabajadores -acordado por
empresarios y sindicatos- del 0,5%, determinando que los trabajadores acogidos a convenios colectivos dispondrían al menos de ese incremento salarial que incluso podría ser mayor o revisable si se daban determinadas circunstancias. Esto no se va a
aplicar en modo alguno a quienes están en la escala más humilde, a quienes tienen la menor retribución, a quienes disfrutan del salario mínimo y pienso que no se corresponde con los elementales criterios de justicia social. Además, como indicaba
antes, tampoco supone un freno en modo alguno al emprendimiento.
Hay una segunda razón negativa para la congelación del salario mínimo y es que produce una afectación directa en nuestras cuentas de la Seguridad Social desde el momento en que las cotizaciones disminuyen. Esto suele tener un efecto
expansivo al alza. Desde ese punto de vista, en una situación delicada deberíamos hacer al menos un esfuerzo modesto, como proponemos en esta iniciativa, de incremento del 1%. Es un incremento muy modesto, pero pensamos que además se
correspondería con una señal de que el Parlamento, las instituciones y el Gobierno de la nación toman en consideración el difícil momento en que vivimos y la situación de los trabajadores que perciben salarios mínimos. Por eso les pediría, desde la
razón, pero también desde el corazón, un esfuerzo para que pudiéramos enviar esa señal. Se puede hacer. En el 2004 lo hicimos en el mes de junio, por lo que estamos en tiempo y hora para poder hacerlo. Además que apliquemos lo establecido en el
Estatuto de los Trabajadores que permite realizar revisiones semestrales del salario mínimo cuando no se cumplan las previsiones del índice de precios que el Gobierno toma en consideración para fijar el mismo. Esta es la petición que hace el Grupo
Parlamentario Socialista.
El señor PRESIDENTE: A su iniciativa no se ha formulado ninguna enmienda. Tienen la palabra los grupos que quieran intervenir. (Pausa). Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Cuadra.
El señor CUADRA LASARTE: En principio nuestro grupo, Amaiur, valoraba como positiva la propuesta realizada por el Grupo Socialista en la medida que supone un incremento, siquiera mínimo, como se ha señalado, en la cuantía del mismo. La
propuesta que se hace es cuantitativamente muy pobre y no se corresponde con las necesidades que existen en este terreno, queda tremendamente lejos. Según la Carta Social Europea el salario mínimo interprofesional debe corresponderse básicamente
con el 60% del salario real medio existente en cada uno de los países y conforme a eso el salario mínimo interprofesional en el Estado español debería ser un poquito superior a los 1.000 euros. La propuesta actual dejaría el salario mínimo
interprofesional en 648, con lo cual se quedaría muy atrás de lo recomendado por la Carta. También está muy por debajo de países con niveles de renta media similares o un poquito mayores existentes en Europa como puedan ser Francia, Bélgica,
Holanda e incluso la misma Irlanda, en los que los salarios mínimos interprofesionales están por encima de los 1.300 euros. El doble de lo que actualmente tenemos en el Estado español. La importancia del tema es muy evidente, no solo porque elevar
el salario mínimo interprofesional hasta estos mínimos europeos o lo recomendado en la Carta Social Europea supondría que millones de personas tendrían un incremento sustancial en sus retribuciones, sino que todos aquellos temas que dependen, como
prestaciones sociales e impuestos, del salario mínimo interprofesional también se verían afectados de una forma muy positiva.
Hay que recordar un par de cosas. La primera es que el mínimo que tenemos hoy en día está por debajo del umbral de pobreza. Legalmente estamos reconociendo que los salarios mínimos en el Estado español deben situarse por debajo del umbral
de pobreza en esta sociedad, lo que descalifica por completo este salario mínimo interprofesional, incluso con la subida que se propone. Tenemos que tener en cuenta que la inmensa mayor parte de las personas afectadas por este salario mínimo son
mujeres. Es un colectivo especialmente golpeado por esta situación. La elevación de este salario hasta las cotas que hemos hecho referencia supondría una importante mejora en la situación de rotación de contratos precarios que hoy existe y
favorecería que las relaciones laborales tuvieran una mejora importante. Termino, señor presidente. La segunda es que, en contra de lo que aquí se ha estado planteando en anteriores PNL, reclamamos -siempre lo hemos reivindicado en esta Comisión y
en el Pleno- la soberanía plena de nuestro país, de Euskal Herria, para determinar sus propios niveles de protección social. Pensamos que esto también debería estar sometido a la competencia de nuestras comunidades para poder asentar todo este tipo
de salarios mínimos interprofesionales en criterios de justicia social y de reducción importante del amplio abanico salarial existente en el Estado.
El señor PRESIDENTE: A continuación ha solicitado la palabra el señor Olabarría. Tiene la palabra.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Vamos a votar favorablemente a la proposición no de ley compartiendo la argumentación del señor Caldera y parcialmente también la del señor Cuadra. No es suficiente el incremento del 1%, pero es mejor que la
congelación. En unos momentos económicos difíciles, caracterizados por una situación de precariedad en todos los ámbitos, no solo financiero, sino a los vinculados al empleo, a la protección social y a todos los ámbitos de la actividad de los
poderes públicos del Estado, el pragmatismo se debería imponer. Ese pragmatismo se corresponde con esta cuantificación del incremento del 1%. Se podría haber intentado algo más, señor Caldera, seguramente. Usted que siempre ha preconizado el
fenotipo progresista de su partido podía haber aspirado a más, porque ustedes lo hicieron durante su mandato. Fue una de las cosas buenas, aunque no todas fueron buenas.
Por dirigirme al portavoz del Partido Popular que me va a responder, nunca he llegado a comprender, a pesar de que el señor Rajoy preconiza permanentemente lo previsible y comprensible de sus propuestas, por qué se congeló el salario mínimo
interprofesional, porque su incidencia macroeconómica en las cuentas del Estado no produce desequilibrio alguno. Sin embargo, sí produce grandes perjuicios a grandes colectivos por sus efectos directos, en cuanto constituyen el suelo bajo el cuál
no se puede percibir una retribución que se considere suficiente para subsistir. El señor Cuadra ha hecho referencia a que el salario mínimo español tiene una cuantía inferior a lo que el Eurostat considera umbral técnico de la pobreza. No la
Carta Social Europea, el Eurostat. Desde esa perspectiva, convivimos con un salario mínimo que no llega al umbral técnico de la pobreza. A eso hay que añadir que la Carta Social Europea tampoco está traspuesta al ordenamiento jurídico español, no
está convalidada, no existe un instrumento de ratificación, hasta el punto de que estamos esperando que se debata una proposición no de ley presentada por nuestro grupo parlamentario para proceder al instrumento de ratificación de la totalidad de la
Carta Social Europea y su incorporación al ordenamiento jurídico del Estado español.
Como le decía, el salario mínimo es el suelo bajo el cual no se puede subsistir -es obvio que no se puede subsistir dada la cuantía del mismo-, pero tiene importantísimos efectos inferidos, que no son solo los que se indican en la exposición
de motivos de la ley, el acceso a la justicia gratuita, a la vivienda de protección oficial, a determinadas becas, sino que es la cantidad que el ordenamiento jurídico declara inembargable. Esto no es irrelevante en una situación de morosidad y de
penurias económicas que afecta a la cuantía para subsistir materialmente, en el sentido más físico y etimológico del término, como está caracterizando los crecientes niveles de pobreza de la sociedad española. Estamos de acuerdo,
aunque no es lo mejor -quizá lo mejor hubiese sido incrementar todavía más el porcentaje, que tampoco hubiese tenido problemas macroeconómicos o desequilibrios graves-, porque estamos contra la nada, que es su congelación.
El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Picó.
El señor PICÓ I AZANZA: Continuando con lo que manifestaba el señor Olabarría, tengo que decir que el Real Decreto 1888/2011, que congela la cuantía del salario mínimo interprofesional para este año, manifiesta que ello responde al difícil
contexto económico actual que aconseja la adopción de políticas salariales durante el año 2012 que puedan contribuir al objetivo prioritario de recuperación económica y a la creación de empleo. He leído literalmente su exposición de motivos. Sin
lugar a dudas, desde nuestra perspectiva, la creación de empleo debe abordarse desde unas mejores reglas de funcionamiento del mercado de trabajo, la asunción del principio europeo de flexiseguridad y, como ya hemos reclamado de forma reiterada, y
como ha aprobado el Pleno, la aprobación de un plan de choque de mantenimiento y creación de empleo, pero también con una mayor vinculación entre sueldos y productividad por medio de salarios variables y una mayor participación de los trabajadores
en los beneficios empresariales. Esta última consideración es la que están acordando cada vez más los agentes sociales en la negociación colectiva, de lo que nos congratulamos. Diferente es el salario mínimo interprofesional. Varios datos al
respecto ponen números a lo que decía el señor Olabarría. En términos absolutos, como en paridad de compra, solo superados por Portugal, el salario mínimo interprofesional en España es el más bajo de la Unión Europea, de los quince países. La
recomendación de la Carta Social Europea es que el salario mínimo interprofesional alcance el 60% del salario medio. Según los últimos datos publicados por la Oficina de Eurostat, de la Comisión Europea, el salario mínimo interprofesional en España
equivale al 35,3% del salario medio, teniendo solo un equivalente menor la República Checa y Rumanía. En la parte alta de la estadística está el salario mínimo francés, que roza los 1.400 euros y que equivale al 47% de su salario medio.
Quiero hacer una última consideración en esta proposición no de ley. Hace apenas un mes la Comisión Europea apoyó el establecimiento de salarios mínimos decentes y adecuados -decía- en el ámbito de los Estados miembros, así como su ajuste
regular en colaboración con los agentes sociales. Invocar el salario mínimo interprofesional como una herramienta útil creemos que es el sentido que debemos darle. La proposición de ley, como ha dicho su proponente, reclama un incremento del
salario mínimo interprofesional en una cuantía reducida, un 1% para el presente año, muy lejos de aquellos incrementos del 4 y del 5% aplicados en años anteriores, 2010 y 2011. Por ello, en la línea recomendada por la Comisión Europea, y atendiendo
a la consideración social del salario mínimo interprofesional, nuestro grupo parlamentario apoyará la proposición no de ley formulada.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA: Intervengo para anunciar nuestra conformidad y nuestro voto favorable, ya que compartimos prácticamente todas las razones que se han dado. Quiero decirle, además, que si se acordara y al mismo tiempo se aplicara
haríamos historia, porque conseguir la revisión del salario mínimo interprofesional semestralmente, después de que se estableció en el Estatuto de los Trabajadores en 1980, sin duda sería un hito histórico.
El señor PRESIDENTE: En representación del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Camps.
El señor CAMPS DEVESA: Quiero comenzar mi intervención dejando meridianamente clara una cuestión. El Grupo Parlamentario Popular no se opone ni a la existencia de un salario mínimo interprofesional ni tampoco a que este pueda verse
incrementado en determinadas coyunturas económicas, conforme establece el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores. Lo demostramos ya apoyando, siendo oposición, el Real Decreto-ley 3/2004, para la racionalización del SMI e incremento de su
cuantía, como bien ha recordado el entonces ministro, el señor Caldera. Fuimos una oposición responsable, como antes también fuimos un Gobierno responsable, ya que cabe recordar que la mayor subida del salario mínimo interprofesional se pudo llevar
a cabo en el año 2005 porque el año anterior el Gobierno socialista se había encontrado con unas cuentas públicas perfectamente saneadas; con un presupuesto en equilibrio; con un Instituto Nacional de Empleo, entonces se llamaba así, donde los
ingresos superaban a los gastos; con un Fondo de garantía salarial que presentaba un importante superávit y, lo que es más importante, se encontró con una actividad económica saneada y un crecimiento de nuestro producto interior bruto muy por
encima del de los países de nuestro entorno.
Ahora las cosas son distintas, como reza la exposición de motivos de la proposición no de ley que discutimos y como ha recordado también el señor Caldera. Yo le digo: ¡y tan distintas! Radicalmente distintas. Estamos ante una situación
difícil y excepcional que exige la adopción de medidas difíciles y excepcionales, y la congelación del salario mínimo interprofesional lo es, como ha manifestado en diversas ocasiones la señora ministra. Pero el actual Gobierno es responsable y en
el difícil contexto económico actual adopta decisiones
políticas dirigidas al objetivo prioritario de crecimiento económico y creación de empleo. A mi juicio, quien no actúa de forma tan responsable, señorías, es la oposición cuando solicita incrementar el salario mínimo interprofesional para
el año 2012. Lo hace en un momento de recesión económica, cuando un gran número de trabajadores, especialmente los empleados públicos, ven congeladas, cuando no rebajadas en determinadas comunidades autónomas -por cierto, alguna gobernada por
ustedes- sus retribuciones salariales. Lo hacen también en un momento en el que los propios agentes económicos y sociales, pero no en el sentido que ha dicho señor Caldera, han pactado una moderación salarial para los próximos tres años, que no
sería coherente con el incremento de 1 punto en el salario mínimo interprofesional, como pretenden en la proposición no de ley que hoy debatimos aquí. Señor Caldera, usted sabe bien que el convenio colectivo mejora al reglamento y no al contrario,
como ustedes pretenden. Proponen, además, una medida que supondría un aumento del gasto público, entre Fondo de garantía salarial y protección del desempleo, de más de 20 millones de euros; lo hacen cuando el propio señor Rodríguez Zapatero ha
reconocido que la no contención del gasto y la falta de ahorro fue una de las principales causas que agravaron la crisis económica que estamos viviendo. Piden más gasto, pero no más productividad; más gasto, pero no más competitividad de nuestra
economía. Y lo piden con argumentos de justicia social, después de que ustedes, con sus políticas erróneas, como esta, acabaron congelando las pensiones de más de 5 millones de españoles o rebajando el salario a todos los empleados públicos.
Termino, señorías. Por todo ello, desde el Grupo Parlamentario Popular pedimos hoy especialmente a las señorías del Grupo Parlamentario Socialista que tengan la misma responsabilidad que nosotros tuvimos cuando fuimos oposición y ustedes
Gobierno. Hoy les pedimos, señorías, que sean conscientes de la situación económica que atravesamos y de cuáles deben ser las medidas a adoptar. Hoy, señorías, les pedimos que se sientan Gobierno desde la oposición, que retiren la PNL que proponen
por responsabilidad y coherencia. De no hacerlo así, el sentido del voto de mi grupo, voto responsable y coherente, será en contra de la misma.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA MEJORAR LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000195).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición no de ley que figura con el número 3, del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a la adopción de medidas para mejorar las políticas activas de empleo. Para su defensa,
tiene la palabra la señora Lucio Carrasco.
La señora LUCIO CARRASCO: Presentamos esta iniciativa con el fin de seguir el camino emprendido por el Servicio Público de Empleo Estatal hace poco más de un año, que tuvo su materialización en el Real Decreto-ley 1/2011, de medidas
urgentes para promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas, en el que se tomaban medidas para la flexibilización, mejora y adaptación de las políticas activas de empleo a las necesidades del
mercado de trabajo en España. A lo largo del semestre que el Partido Popular lleva gobernando, durante el proceso de comparecencias tanto de la ministra como de la Secretaría de Estado de Empleo, en todos los debates sobre la reforma laboral o en
otros que hemos tenido tanto con la portavoz del Grupo Popular en esta Comisión como con el resto de sus diputados, hemos asistido a una serie de juicios relativos a la idoneidad, capacidad, alcance y utilidad de las políticas activas de empleo que
en algunos casos han resultado cuando menos irresponsables, a pesar de lo que digan algunos diputados del Grupo Popular, escasas de contenido, de fondo y de rigor y que han obviado de forma insistente la reforma iniciada en febrero del año pasado.
Partimos de que políticas activas y políticas pasivas tienen una dotación enormemente desequilibrada en comparación con la media de los países de nuestro entorno. A pesar de haber reducido el presupuesto en ambas partidas, han agravado la
situación dejando las políticas activas reducidas al mínimo; han decidido algo insólito para un país cuya tasa de desempleo alcanza ya el 24,4%; han rebajado la partida destinada a políticas activas de empleo en un 21,7%; han reducido en 1.734
millones de euros las partidas destinadas a formación para el empleo y creación de empleo; han incrementado la partida de bonificaciones en detrimento de las otras políticas activas de empleo que se desarrollan con base territorial y que tienen un
alcance mucho mayor en número de personas y mayor impacto en la empleabilidad y en el empleo, desoyendo así las conclusiones de la subcomisión de evaluación del sistema de bonificaciones a la contratación realizada en la pasada legislatura.
Simplificando mucho las conclusiones, podemos preguntarnos: ¿Qué es el incentivo a las bonificaciones? Es el incentivo menos útil para generar empleo, ya que cuando un empresario o empresaria necesita un trabajador lo contrata a pesar de las
bonificaciones y cuando no tiene necesidad no lo contrata a pesar de las bonificaciones.
Lo más notorio es que han realizado un nuevo ejercicio de deslealtad, diría yo, con las comunidades autónomas, también con muchos de sus compañeros y compañeras, que tienen que dar la cara ante los miles de desempleados que, además, se han
quedado sin posibilidad de mejorar su empleabilidad debido a un recorte de un 54% del presupuesto destinado a comunidades autónomas para formación e inserción laboral y ni siquiera han respetado los criterios de reparto entre comunidades autónomas,
teniendo cuenta las disparidades
que existen. Debo insistir en que es necesario dotar suficientemente esta partida para poder atender al creciente número de personas que pierden el trabajo cada día o que ya lo han perdido. Ustedes usan esa manida expresión de hacer más
con menos, pero esto que puede sonar bien para un cierto auditorio es una gran falacia que no convence a nadie. Si no, explíquenlo ustedes en todos los centros de empleo repartidos por la geografía española que se van a quedar sin promotores de
empleo mientras ven que cada día van teniendo más trabajo porque se va incrementando el número de personas desempleadas; díganselo también a las personas que se van a quedar trabajando en los centros empleo y que van a tener que atender a un número
mucho mayor de personas que van buscando una oportunidad.
Una vez destacado que hay que partir de un presupuesto adecuado para las políticas activas de empleo, pasaré a centrarme en el resto de las propuestas de la PNL. Señorías, el sistema nacional de empleo está formado por el Servicio Público
de Empleo Estatal y los servicios públicos de las comunidades autónomas y está legitimado por el diálogo social como garante de la representación que ejercen trabajadores y empresarios en el sistema. Este hecho, que puede resultar una obviedad, es
necesario destacarlo más si cabe en este momento y en esta coyuntura. De este contexto se debe partir cada vez que nos refiramos a las políticas activas de empleo, porque a pesar de los intentos por desestabilizar el sistema estas son y serán sus
premisas básicas. Debemos tener en cuenta que España es un país diverso, que con una misma legislación laboral tiene tasas de desempleo que llegan a diferenciales de más de 22 puntos, según los últimos datos de la EPA. Esto significa que las
políticas activas de empleo deben corregir esos desajustes y ser adaptadas a las distintas realidades y necesidades de los territorios y de los mercados de trabajo locales, pero también debe existir un marco general para las políticas de empleo y
este debe ser consensuado, como deben serlo igualmente los criterios de evaluación de estas políticas, insisto, entre Gobierno, comunidades autónomas y agentes sociales y económicos.
La Unión Europea, y todos los países que formamos parte de la misma, llevamos años investigando acerca de las distintas políticas activas de empleo con la finalidad de desarrollar aquellas que tengan más éxito. Ha sido un camino largo, con
aciertos y errores, pero son muchos los avances conseguidos y estamos en disposición de proponer una mayor vinculación entre políticas activas y pasivas. La legislación requiere que ambas vayan de la mano, para lo cual es necesario que el sistema
funcione como un reloj y que las prestaciones concedidas vayan acompañadas de un programa de políticas activas que, por cierto, es lo que han hecho primero el programa Prodi y luego el Prepara, que es un programa que se encuentra en expectativa de
destino. Hay que lograr una mayor coordinación entre el servicio nacional y los servicios autonómicos que no suponga una imposición en las comunidades autónomas, pero que tampoco carezca de planificación y evaluación con indicadores de país. Hay
que fomentar los contratos a tiempo parcial y de sustitución, mejorar los itinerarios de inserción laboral, garantizando a las personas desempleadas la formación y la orientación para el empleo; hay que crear, como ya hemos propuesto en otras
ocasiones, un fondo para el empleo; sobre todo, hay que tratar de que las políticas activas de empleo supongan, con una dotación adecuada, el complemento necesario a la política económica para contribuir al tan necesario cambio de modelo productivo
del que el Partido Popular parece haberse olvidado.
El señor PRESIDENTE: Sobre esta proposición no de ley penden dos enmiendas cuyos autores son Convergència i Unió y el Grupo Parlamentario Popular.
Por el Grupo de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Picó.
El señor PICÓ I AZANZA: Haré unas consideraciones generales. Reconociendo que en esta materia el Gobierno está actuando, por ejemplo, a través del Plan anual de políticas activas de empleo, que recoge algunas de esas propuestas formuladas
en la proposición no de ley del Grupo Socialista, y especialmente en relación con la formación o con la vinculación de políticas activas y pasivas, evidentemente, mostramos nuestro interés por esta proposición no de ley y creemos que también lo
muestra el Grupo Parlamentario Popular, ya que ha presentado una enmienda a la misma; es el mismo interés que tuvimos oportunidad de ver el pasado día 14 mayo, con ocasión del debate y votación de la moción formulada por el Grupo Parlamentario
Vasco, sobre la reducción del compromiso presupuestario en relación con las políticas activas de empleo, con el resultado que todos conocemos. La drástica reducción presupuestaria de las políticas activas, operada en el proyecto de ley de
Presupuestos Generales del Estado para el presente año, creemos que no es la mejor opción en estos momentos en los que debe profundizarse en medidas orientadas a la recolocación, a la inserción y al reciclaje profesional; además -quiero incidir
especialmente en ello-, se ha hecho en franca deslealtad institucional con las comunidades autónomas y afectando también al núcleo principal de las políticas de empleo de las personas con discapacidad. Creo que no es necesario ahondar más en las
consideraciones de corte presupuestario, ya que nuestro grupo parlamentario se ha manifestado contundentemente al respecto.
Paso a explicar, brevemente, la enmienda formulada por nuestro grupo parlamentario que propone la adición de dos puntos al texto presentado por el Grupo Parlamentario Socialista. La enmienda plantea la transferencia a las comunidades
autónomas que así lo soliciten de las funciones de gestión y control de las prestaciones por desempleo. El artículo 170 del Estatuto de Cataluña establece que corresponde a la Generalitat de Catalunya la competencia ejecutiva, entre otras, de las
políticas
activas de ocupación. En su apartado segundo se dice que corresponde a la Generalitat de Catalunya la competencia ejecutiva sobre la función pública inspectora en todo lo previsto en el anterior apartado. Ahondando en esta vinculación
entre políticas activas y pasivas, proponemos, repito, que las comunidades autónomas que así lo soliciten puedan ejercer las funciones de gestión y control de las prestaciones de protección por desempleo.
El segundo punto que añadimos al texto del Grupo Socialista, está referido a los datos del paro juvenil en España, que todos conocemos y que son preocupantes. Creemos que no se han adoptado medidas suficientemente contundentes para afrontar
estos problemas. Mantener tasas cercanas a 50% de desempleo juvenil significa condenar laboralmente a toda una generación, cosa que no nos podemos permitir. Por ello, la enmienda recoge uno de los acuerdos contemplados en la reunión del Consejo
Europeo celebrado en enero pasado, que no es otro que propiciar que se destinen los fondos europeos no utilizados, que alcanzan los 50.000 millones de euros, para políticas de apoyo al empleo de los jóvenes. Pensamos que el Gobierno debería
impulsar en el seno de la Unión Europea la concreción de este extremo.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra doña Carmen Álvarez-Arenas.
La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Señorías, el Grupo Parlamentario Popular quiere reiterar su convencimiento de la importancia que tienen las políticas activas en el contexto de la empleabilidad. Desde ese convencimiento hemos propuesto
estas enmiendas, porque entendemos que la proposición que nos trae hoy el Grupo Parlamentario Socialista, sin duda cargada de buenas intenciones, reitera en algunos de sus puntos cuestiones que están desarrolladas, bien a través de la reforma
laboral o bien a través, como aquí se ha dicho, del Real Decreto-ley vigente de políticas activas, que se aprobó en el año 2011.
Lo que más nos importa, en un contexto, no podemos olvidarlo -y se ha reiterado aquí esta mañana-, de enormes dificultades económicas, de enormes dificultades presupuestarias, en el que todos debemos incidir en la responsabilidad de la
contención del gasto y, por tanto, de la consolidación fiscal, lo que hace que las cosas sean difíciles, que muchas veces no sean las que uno querría, es en el que se ha presentado una reducción del presupuesto de políticas activas, y con esa misma
responsabilidad del discurso de la consolidación fiscal y del ahorro presupuestario es en el que venimos sosteniendo que hay que buscar la máxima eficiencia de los recursos públicos, lo que significa la mejora de la ratio entre objetivos y recursos
económicos a destinar. En eso incide nuestra enmienda, en buscar una máxima eficiencia. ¿En colaboración con quién? Ya se ha reiterado aquí, con los actores, que son las comunidades autónomas. La ejecución de las políticas activas está
residenciada en las comunidades autónomas y, por tanto, no podemos obviar la autonomía que ellas tienen para definirlas, porque además así se ha manifestado y está reconocido, y también, desde luego, para cofinanciarlas, en el contexto de la
situación económica y en el de la empleabilidad, que no es homogénea, como también se ha dicho aquí, en todas las comunidades autónomas, porque no es lo mismo lo que puede destinar para la realización de estas políticas activas la Comunidad de
Madrid que la de Andalucía, Extremadura o Cataluña. De ahí ese primer punto que nos parece la clave y el corazón de toda esta enmienda que presentamos.
Por supuesto que hay que coordinar todos los recursos públicos y privados. Esta mañana se ha hablado en varias ocasiones de que no se trata simplemente de decir lo que se elimina sino lo que de otra manera se está introduciendo en el
sistema. Para buscar eficiencia en esas acciones formativas estamos utilizando todos los recursos públicos y privados que existen, insisto, enormemente reforzadas a través de la reforma laboral, en la que se hace un reconocimiento individual del
derecho a la formación, en la que se introduce la obligación por parte de los empresarios que acudan a la modalidad de despidos colectivos -empresas donde ya se ha reducido incluso por encima de los 100 trabajadores- de buscar la empleabilidad y la
formación de sus trabajadores, y también el derecho a 20 horas pagadas por los empresarios para la formación y la recualificación de los trabajadores. Se han buscado instrumentos por otras vías y, además, en la enmienda que presentamos se incide
también en la utilización de la coordinación de los servicios públicos y privados en favor de la formación. La recualificación y la búsqueda de ese último fin que es la reinserción laboral es lo que tendremos que medir para buscar esa eficiencia,
porque podemos estar haciendo muchas políticas, podemos poner muchos recursos públicos al servicio de estas políticas activas, pero si no conseguimos el fin último, que es la recualificación y, sobre todo, la inserción laboral y la empleabilidad de
esas personas, estaremos haciendo un flaco servicio, aunque estemos haciendo grandes enunciados.
Esta mañana se ha hablado del programa de renta activa de inserción, de los empleos, de los orientadores de empleo. Todo está referido a lo mismo, al eficiencia, a la búsqueda de la empleabilidad, a la utilización correcta de todos los
recursos públicos y privados, y a ello nos atenemos al presentar esta enmienda. En el debate de los presupuestos para 2013, que será dentro de poco, aunque vayamos a aprobar este año los de 2012, por la situación que todos conocemos, volveremos a
hablar de este tema e intentaremos volver a dotar este instrumento fundamental para la empleabilidad, pero siempre desde la responsabilidad, desde las previsiones que permitan los presupuestos, que, sin duda, serán austeros, para 2013.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa). Tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Escuchando las palabras de mi buena amiga la portavoz del Grupo Popular, uno no termina de comprender bien estas invocaciones, casi calvinistas o presbiterianas, a la bondad de poseer menos recursos públicos para
mejorar las prestaciones de las administraciones. Es una paradoja difícil de comprender. Esa invocación a la máxima eficiencia con menos recursos siempre es exigible a la administración, en ciclos alcistas de la economía y en ciclos depresivos en
términos macroeconómicos y depresivos casi en lo personal, escuchando determinadas argumentaciones, si me permite la licencia, señor presidente.
Cuando se reducen en las consignaciones presupuestarias las partidas relativas a las políticas activas de empleo en 1.500 millones, todo lo que usted proponga -me refiero a la portavoz del Grupo Socialista- no es más que un optimista
desiderátum. Por mucha optimización de la eficiencia que se practique, sin dinero no se puede conseguir nada de lo que está establecido como mandato para todos los poderes públicos en el Real Decreto-ley del año 2011, que fue votado también por el
Partido Popular -creo que no necesito recordárselo a la portavoz del Grupo Popular-, sobre políticas activas de empleo, parte de cuyas indicaciones están desagregadas en el contenido material de la proposición no de ley y formaron parte de la moción
que mi grupo, en virtud de una interpelación presentada sobre esta cuestión, también desarrolló. Que hay que hacer interactuar eficientemente las políticas activas y pasivas para que la percepción de las prestaciones y subsidios esté dirigida a la
consecución de un empleo nuevo es una obviedad, ¿pero cómo se hace sin dinero? No sé si esta optimización a la que se refería la portavoz del Grupo Popular puede excitar la imaginación de las administraciones competentes para buscar fórmulas no
conocidas hasta el momento, para ensayar fórmulas vinculadas -me atrevería a decirlo, pero no quiero ser ofensivo en el escaso tiempo que poseemos todos- casi a lo paranormal para conseguir esta pretensión. Sin dinero tampoco se pueden mejorar o
aumentar los recursos de los servicios públicos de empleo, sobre todo en el ámbito de la mediación, donde los servicios públicos de empleo están fracasando estrepitosamente. Con una reducción drástica de las asignaciones presupuestarias no se puede
conseguir avanzar en esta materia. No es razonable, señor presidente, que en materia de mediación los servicios públicos de empleo solo estén mediando en el 3 o en el 4% de los contratos que se conciertan en el Estado español. Ampliar la
formación. Cuando habla de la formación creo que se refiere a la incluida en el real decreto-ley de 2011 y a los subsistemas de formación profesional que en él se consignan. Con esta reducción presupuestaria tan drástica, tan draconiana es
imposible pensar que se puede conseguir algo razonable en esta materia, que es uno de los elementos estructurales para crear empleo.
Con respecto a todo lo demás, también estamos de acuerdo con la proposición, salvo una mención que me llama la atención. Ustedes se refieren a la creación de un fondo que se dotará con un impuesto cuya existencia desconozco en este momento,
no se si está en el ordenamiento tributario del Estado español. Ustedes hablan de un impuesto sobre la banca y sobre las grandes fortunas. No sé si esto existe, va a existir o forma parte de su programa electoral o de algún proyecto normativo cuya
existencia desconozco. En todo caso, también sobre este impuesto, si algún día existe, pediremos la salvaguarda del Concierto Económico para la Comunidad Autónoma Vasca y del Convenio Económico para la Comunidad Foral Navarra. Mientras no exista,
vamos a dejarlo en una mera especulación intelectual que quizá no por razonable sea lo más interesante de esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Pregunto a la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señora Lucio, cuál es su posición en relación con las enmiendas formuladas a su iniciativa.
La señora LUCIO CARRASCO: A lo largo de la mañana voy a presentar una transacción al resto de los grupos.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Igual que en el otro caso, le ruego que en cuanto dispongan de ella nos la hagan llegar a la Mesa.
- SOBRE LA PROMOCIÓN DEL AÑO INTERNACIONAL DE LAS COOPERATIVAS Y MEDIDAS DE FOMENTO A LAS MISMAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO.(Número de expediente 161/000398).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, que se refiere a la promoción del Año Internacional de las cooperativas y medidas de fomento a las mismas, cuyo autor es el señor Tardà, del Grupo Mixto, que tiene la
palabra para su defensa.
El señor TARDÀ I COMA: Desearía empezar por el final y hacer un llamamiento a los grupos parlamentarios presentes en esta Comisión, sobre todo a los grupos mayoritarios y en especial al Grupo Popular, para que hagan un esfuerzo y a lo largo
de la mañana podamos llegar a acuerdos, porque no es una proposición no de ley baladí, se trata nada más y nada menos que de instar al Gobierno español a adherirse al año internacional de las cooperativas. El mundo del cooperativismo está pendiente
de lo que hoy se apruebe en este Parlamento, por lo que significa y por lo que puede derivarse de esta adhesión. Saben ustedes que hay una frase célebre de Ban Ki-moon que dice que en tiempos de crisis y de recesión, cuando millones de personas
están siendo expulsadas de sus puestos de trabajo, adquieren una gran significación las cooperativas, porque son un recordatorio -cito textualmente- a la comunidad internacional
de que es posible buscar al mismo tiempo rentabilidad económica y rentabilidad social. En efecto, las cooperativas se organizan como fórmula de propiedad igualitaria, en pro del beneficio común de sus integrantes, de sus usuarios y del
entorno, difícilmente se deslocalizan y además aportan un plus de valores de democracia y de responsabilidad social. Es necesaria una actuación decidida de los poderes públicos, un espaldarazo al cooperativismo, y el año 2012, el Año internacional
de las cooperativas, es una buena ocasión para hacerlo.
¿Qué es lo que proponemos? En primer lugar, la adhesión del Gobierno español y, en consecuencia, la del Estado al Año internacional de las cooperativas. Esta adhesión debe tener un segundo nivel de concreción. Nosotros, tal vez de forma
un tanto expansiva -para eso existen el diálogo, el debate y los acuerdos-, reclamamos la creación de un fondo a transferir a las comunidades autónomas, para la realización de campañas institucionales de difusión de las sociedades cooperativas como
generadoras de empleo estable y de difusión de sus principios, de los principios del cooperativismo. Esto, a nuestro entender, debería realizarse al menos en el ámbito de los medios de comunicación públicos de carácter estatal. A la vez planteamos
la necesidad de reconocer la participación de las cooperativas en las mesas de diálogo de los agentes sociales, hoy día restringidas al empresariado y a los sindicatos. De igual manera, reclamamos urgentemente, quizás de forma un tanto expansiva
-hablamos de tres meses-, la presentación de medidas encaminadas a facilitar mejores condiciones para el acceso al crédito por parte de las cooperativas, así como asignar una mayor dotación a la Dirección General de Economía Social, porque es
imprescindible incrementar la productividad, apoyar proyectos e incorporar con más intensidad la sociedad del conocimiento al ámbito del cooperativismo. Queda claro que el cooperativismo es una de las herramientas más eficientes para encarar la
crisis. De hecho, sabemos que el Gobierno tiene pendiente una ley de emprendedores; el presidente del Gobierno, el señor Rajoy, se comprometió a presentarla. Queremos recordar que pocas herramientas hay más capaces de integrar emprendeduría que
las propias cooperativas.
He empezado diciendo que esperaba llegar a acuerdos. De hecho, esta mañana no podemos salir de esta Comisión sin haber aprobado instar al Gobierno español a adherirse al año internacional. Esto sería incomprensible; de hecho, nos
avergonzaríamos si no lo aprobáramos. Se trata de encauzar y de visualizar ante la sociedad y, básicamente, ante el cooperativismo que esta adhesión significa algún compromiso. Participo de la transversalidad de este indefinido de 'algún
compromiso', pero espero que esta mañana seamos capaces de concretarlo, porque los tiempos son difíciles, son muy duros -qué les voy a contar- y el mundo del cooperativismo se siente muy capaz de aportar soluciones, pero también lo está pasando muy,
muy mal.
Quiero hacer también referencia a una iniciativa de distintos grupos parlamentarios, que han firmado una proposición no de ley relativa a esta adhesión para debatirla en el Pleno. Debo decirles que aunque esta proposición no de ley fue
firmada hace ya unas semanas, todavía no ha sido registrada. Pero eso no importa; lo importante hoy es que se apruebe instar al Gobierno español a adherirse al Año internacional del cooperativismo y que seamos capaces de redactar una transaccional
a lo largo de esta mañana, que aunque no concrete demasiado según qué posiciones, según qué compromisos, al menos oriente la actuación del Ejecutivo en los próximos meses, a fin y efecto de traducir en hechos la voluntad que quizás tengamos todos
hoy de proclamar esta decisión. Con esta voluntad, espero que podamos redactar una transaccional, porque el mundo del cooperativismo esta mañana nos está observando.
El señor PRESIDENTE: Como sabe, a su iniciativa se han formulado dos enmiendas, una del Grupo Socialista y otra del Grupo Popular. Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Monteserín.
La señora MONTESERÍN RODRÍGUEZ: Estamos de acuerdo con esa voluntad que ha expresado el señor Tardà. Al hilo de esta iniciativa, se me ocurre una reflexión sobre las paradojas del tiempo en el que vivimos y del sistema en el que estamos.
Mientras una gran parte del mundo sufre las consecuencias de los poderes salvajes y especulativos de la economía, que han producido una crisis sin precedentes y nos están llevando al borde de un cataclismo financiero y monetario, en el que parece
que la única alternativa para la economía es una anorexia total, en forma de ajustes sobre la deuda o ajuste sobre los salarios y los derechos de los trabajadores en el mundo desarrollado, para así poder competir con salarios miserables y ausencias
de derechos en países emergentes, dando la vuelta al sentido del progreso, que nos dice que sería mucho más decente extender los derechos laborales allí donde no existen y tener salarios dignos donde hay salarios de miseria, mientras todo esto
ocurre, la Organización de Naciones Unidas ha declarado el año 2012 como Año internacional de las cooperativas, una idea feliz para, entre tanta enfermedad capitalista, poder pararse a reflexionar sobre la importancia de la economía social. El
eslogan que ha adoptado es: Las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor.
Efectivamente, la economía social ayuda a construir una economía mejor, una economía más sana, más transparente y más democrática. El Grupo Parlamentario Socialista ya lo reconocía así cuando tuvo la iniciativa de presentar la Ley de
Economía Social, aprobada por unanimidad en el año 2011, que dio cumplimiento a la demanda histórica del sector. En ella se reconocen y visualizan los valores sociales de las entidades y empresas que conforman el cooperativismo: la primacía
de las personas y del fin social sobre el capital, la aplicación de los resultados en función del trabajo y el servicio prestado por los socios y el compromiso con el desarrollo de la cohesión social y de la sostenibilidad. La ley reconoce
e impulsa además las funciones desarrolladas por el Consejo para el Fomento de la Economía Social y, por cierto, reclama mandatos para desarrollar la disposición adicional séptima y para revisar distintas fuentes normativas que deberían
desarrollarse y aprobarse ya, sobre todo la que tiene que ver con la modificación de la Ley de Sociedades Laborales.
En cuanto a la propuesta que debatimos hoy, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda para retirar los puntos 5 y 7 y para modificar el punto 3, con el fin de dar más coherencia al texto con otras leyes aprobadas en el
Parlamento. El Grupo Parlamentario Socialista está abierto a negociar con el grupo proponente, con el fin de que esta iniciativa tenga el máximo respaldo, y así lo haremos a lo largo de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra doña Carmen Álvarez-Arenas.
La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Señorías, en primer lugar, quiero agradecer el esfuerzo y el tono de moderación del defensor de la iniciativa, el señor Tardà, en esta Comisión.
Sin duda la economía social -estamos en el año internacional y esta Comisión da muestras de la alta valoración en la que tiene a la economía social y de la importancia que le da- se ha caracterizado por dar respuestas innovadoras a las
necesidades sociales que no encuentran muchas veces una solución adecuada por parte de los agentes económicos tradicionales. Como todos sabemos, el estudio de la economía social se desarrolla fundamentalmente en las universidades y así se creó en
su momento la Red española interuniversitaria de institutos y centros de investigación de la economía social. Dentro de la economía social, como todas sus señorías saben, se incluyen estructuras jurídicas muy variadas, que van desde las
cooperativas, a las sociedades agrarias de transformación, pasando por sociedades laborales, mutuas, mutualidades, cajas de ahorros, asociaciones, fundaciones, empresas de inserción y centros especiales de empleo. Sin duda, el cooperativismo es un
hecho real, que tiene una gran importancia económica y social y que es parte imprescindible de la vida económica y social de todos los países del mundo. Por ello, acreditamos el valor económico que tienen las cooperativas, incluida su capacidad de
transformación en el área del conocimiento.
El Grupo Parlamentario Popular y creo que todos los grupos de esta Cámara tenemos esta sensibilidad. Como muy bien ha dicho el señor Tardà, se ha preparado una proposición no de ley, firmada por todos los grupos, que será llevada al Pleno y
será registrada en su momento como declaración conmemorativa del Año internacional de las cooperativas, resaltando el valor del cooperativismo como un elemento de solidaridad y de cohesión social, como motor del crecimiento, de la generación de
riqueza y, especialmente, de la generación de puestos de trabajo. Eso es lo que nosotros hemos trasladado a nuestras enmiendas, el espíritu -como muy bien ha dicho el señor Tardà- de que esta Cámara inste al Gobierno a la participación en el Año
internacional de las cooperativas y, por tanto, a la adhesión a esta celebración que ha sido proclamada por la Asamblea General de Naciones Unidas en la Resolución 64/136. Nuestra enmienda, señor Tardà, incluye también la difusión en los medios
públicos de los valores y principios de los que estamos hablando aquí esta mañana y que representa el cooperativismo, así como la promoción de la participación en los foros nacionales e internacionales que sean necesarios y de la cultura y del valor
social de estas estructuras empresariales.
El señor Tardà se ha referido a dos aspectos que me gustaría resaltar ahora mismo y que recoge en su iniciativa en alguna medida. En primer lugar, señor Tardà, estoy segura de que usted es consciente de la situación enormemente complicada
que vivimos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de consolidación fiscal, desde el punto de vista presupuestario, desde el punto de vista de los mensajes que, con las iniciativas que esta Cámara apruebe, tenemos que dar al
contexto nacional e internacional y, por tanto, de la responsabilidad que tenemos en este momento de no incidir en determinadas cuestiones que supongan un incremento de gasto no previsto en los presupuestos, porque nos es absolutamente imposible
hacerlo. En este apartado, apelo a la responsabilidad de todos para que tengan en cuenta las situaciones que estamos viviendo en estos momentos.
En cuanto al acceso al crédito, señor Tardà, como saben todas sus señorías, el Gobierno ha llevado a efecto la iniciativa de un préstamo de la Unión Europea para el saneamiento de nuestras entidades financieras, que tiene como objetivo
prioritario que fluya el crédito a las pequeñas y medianas empresas y a las familias. Ahí sin duda se recoge el espíritu de que fluya el crédito que el señor Tardà esta expresando. ¿Cómo no va a fluir crédito a instrumentos de cuyo enorme valor
económico y social estamos haciendo reconocimiento público? Está implícito en esa reforma financiera que en el momento en que consigamos el saneamiento de nuestro sistema financiero con este crédito de la Unión Europea, en el momento en que fluya
el crédito, este se impulsará para este tipo de formas societarias. Su señoría se ha referido a otras actuaciones que también estarán contempladas en la ley de emprendedores, como la contratación para las Administraciones públicas, al igual que va
a pasar con las pymes.
Por tanto, el espíritu está recogido. Coincidimos en lo esencial, señor Tardà. Por ello, me gustaría que esta mañana, igual que va a suceder en el Pleno, consiguiéramos un acuerdo de esta Cámara para resaltar lo importante,
pero sin renunciar a lo demás, de tal manera que no nos sea imposible votar favorablemente, porque estamos sin duda en la línea clarísima de reconocimiento expreso de la tarea social y económica de este tipo de fórmulas societarias.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? En primer lugar, tiene la palabra don Emilio Olabarría, por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV).
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Quiero felicitar al señor Tardà, en primer lugar, por la pertinencia de su propuesta, y en segundo lugar, por su agilidad, porque se ha adelantado a otra iniciativa similar que mi grupo parlamentario tenía
intención de registrar.
Señor Tardà, tiene usted razón en todo lo que ha dicho. Compartimos la totalidad de su argumentario. Señor presidente, yo tuve el honor de redactar el primer borrador de la primera Ley de Cooperativas de Euskadi y de ser el primer
secretario del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi. Mi sensibilidad por este sector de actividad queda acreditada por estas circunstancias y por otra circunstancia más relevante todavía. Desde que se inició la crisis económica las empresas
de la economía social, en términos macroeconómicos, no han perdido ni un solo puesto de trabajo, lo cual no es un dato irrelevante en los tiempos que corren. Se trata de grupos cooperativos constituidos por empresas que, como la señora Monteserín
bien ha dicho, no son empresas capitalistas en el sentido mercantil del término, puesto que lo que se bonifica es el trabajo o el uso de los servicios prestados, en las cooperativas que no son de trabajo asociado. Hay grupos como el de Mondragón,
en Euskadi, que son un modelo ejemplar de un grupo integrado de actividad económica, donde casi todas las cosas se hacen bien. Tienen unas líneas de investigación, desarrollo e innovación que les permiten ser muy competitivos en sectores de
actividad muy maduros en este momento y en los que es muy difícil competir. Tienen una cooperativa de crédito que no necesita, por estar saneada, recurrir a ese rescate que ha invocado la portavoz del Grupo Popular -por cierto, ella ha hablado de
línea de crédito y no vamos a entrar en debates semánticos sobre si es una línea de crédito o un rescate, pero me imagino que lo limitará a las cooperativas de crédito o a las entidades financieras, porque solo para estas está concebido- de 100.000
millones de euros concedidos al Estado español. Tienen una cooperativa de consumo que funciona bien y que es la única empresa de consumo de gran dimensión que tiene -no vamos a entrar en problemas semánticos- identidad vasca o identidad española,
porque todas las demás grandes superficies de consumo están en manos de multinacionales extranjeras. Es algo ejemplar. Desde esa perspectiva, las cooperativas resisten, y no solo ellas, sino también otras entidades de economía social, como las
sociedades anónimas laborales. El carácter de las cooperativas es el definido por los siete principios establecidos el año 1997 por la Alianza Cooperativa Internacional en su Congreso de Viena, celebrado ese año. Algunos de estos principios han
sido consignados por la señora Monteserín, pero hay otro muy importante, que es su vinculación a la sociedad circundante mediante su aportación a la misma de porcentajes, regulados en la legislación cooperativa, de sus fondos de reserva
obligatorios. Desde esa perspectiva, no solo son sociedades no capitalistas que retribuyen no el capital sino el trabajo y en las que la igualdad y el derecho de voto de los socios es un paradigma de su sistema de funcionamiento interno, sino que
contribuyen a fortalecer la situación del entorno económico que las rodea o las circunda. Todo ello ha posibilitado que -acabo mi reflexión como la empecé- en el ámbito de la economía social desde el inicio de la crisis económica no se haya perdido
ni un solo puesto de trabajo. Es todo un ejemplo que merita el reconocimiento de esta Cámara.
El señor PRESIDENTE: Señor Coscubiela, tiene la palabra.
El señor COSCUBIELA CONESA: Compartimos la filosofía de la propuesta del señor Tardà. Somos un poco más escépticos en relación con las potencialidades del cooperativismo ante un modelo capitalista tan salvaje como el que está imperando en
estos momentos, pero esto queda para una reflexión filosófica que no viene a cuento.
Hemos entregado al señor Tardà unas notas sobre los puntos que podrían ser de encuentro para una propuesta transaccional. Esperamos poderla votar.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Mi grupo apoya la proposición no de ley del señor Tardà. De la misma manera que hemos alcanzado un acuerdo que va a permitir aprobar por unanimidad una proposición no de ley en el Pleno, sería bueno que en
esta Comisión fuéramos capaces de llegar a un consenso en una materia en cuyas cuestiones de fondo todos los grupos coincidimos.
Me recordaba la señora Gutiérrez hace unos minutos que el señor Tardà5 presentó esta iniciativa muy al inicio de esta legislatura, lo que manifiesta ya un compromiso muy claro de su grupo político, Esquerra Republicana, con el mundo
cooperativo. Es un hecho normal, tanto por la tradición política que representa el señor Tardà como por la realidad nacional de Cataluña, donde ha existido siempre un movimiento cooperativo de los pioneros y de los más activos en el conjunto del
Estado español. El señor Tardà ha planteado una iniciativa completa y global, que insta al Congreso y al Gobierno a desarrollar una serie de actividades con motivo del Año internacional de las cooperativas.
Como decía al principio, mi grupo coincide absolutamente con la propuesta que nos plantea, pero, reforzando
lo que el señor Olabarría ha enfatizado, me gustaría añadir algo más. Junto con la capacidad de resiliencia de las fórmulas de la economía social, incluidas las cooperativas, la crisis en la que estamos instalados vuelve a poner en
evidencia las virtudes de la filosofía cooperativista, en la que el beneficio no está situado exclusivamente en el ámbito individual, sino en el conjunto de las personas que forman la unidad empresarial; en la que la solidaridad interna es más
capaz de funcionar y en la que, en unos momentos de gravísima destrucción de empleo, muchos trabajadores, que ven como sus empresas son cerradas, encuentran salidas en el autoempleo. En este contexto de crisis, la economía social y las cooperativas
ganan peso, ganan importancia, más allá de la dimensión filosófica del movimiento cooperativo que la crisis de nuestro modelo económico de desarrollo de los últimos años vuelve a poner en evidencia como una fórmula virtuosa que es necesario
promocionar desde los poderes públicos.
El señor PRESIDENTE: Señor Tardà, supongo que me dirá que no acepta ninguna enmienda y que están preparando algún texto transaccional. Le ruego que en cuanto lo tengan nos lo hagan llegar a la Mesa. Si me permiten una digresión, me
alegraré mucho de que haya una enmienda transaccional. Yo también llevé la Ley de Cooperativas en esta Cámara, la Ley de Sociedades Laborales, y les puedo informar que si hoy la Mesa de la Cámara así lo acepta, se tramitará un acto, del que
habíamos hablado antes con los portavoces, para este día 26, en el que los protagonistas serán justamente los elementos del sector cooperativo, incluido el presidente de Cepes y de la Corporación Mondragón. Animo a todos lo que puedan a que estén
presentes para acompañarles y respaldarles, para reconocer desde el mundo de la política y desde esta Cámara lo que representan, lo que hacen y lo que pueden suponer de cara al futuro.
- SOBRE CONSTITUCIÓN DE UN GRUPO DE TRABAJO CON LAS ASOCIACIONES DE AUTÓNOMOS CON EL FIN DE EMITIR UN INFORME QUE ANALICE MEDIDAS DE MEJORA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO. (Número de expediente 161/000491).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 5 del orden del día: Proposición no de ley sobre la constitución de un grupo de trabajo con las asociaciones de autónomos, con el fin de emitir un informe que analice medidas de mejora en
materia de prevención de riesgos laborales. Su autor es el Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa, tiene la palabra doña María Jesús Susinos.
La señora SUSINOS TARRERO: El Grupo Parlamentario Popular, a través de esta proposición no de ley, que hemos querido complementar con la presentación de una enmienda, trae a esta Comisión un tema muy importante para un colectivo muy
numeroso y fundamental para la economía de nuestro país, como es el colectivo de autónomos. Es un colectivo fundamental para nuestra economía, porque en nuestro país hay más de 3 millones de autónomos, que generan el 40% del empleo. Son
efectivamente el motor de la economía y la clave para que nuestro país vuelva a generar empleo. Por ello, el Gobierno, desde el primer día, ha puesto a los emprendedores y a los trabajadores autónomos en su hoja de ruta, apoyando a aquellos que
quieren emprender y estimular la actividad que realizan, y ha elaborado unos presupuestos que, a pesar de la austeridad que los preside, por el momento tan difícil por el que estamos atravesando, incluyen una dotación de más de 940 millones de
euros, que se destinarán al fomento de la economía social y a los trabajadores por cuenta propia. Esta cifra supone un incremento del 12% respecto a los presupuestos de 2011 y que beneficiará a más de 400.000 personas. Además, el Gobierno está
llevando a cabo una serie de iniciativas muy importantes, como es el pago a proveedores, fundamental para mantener el tejido productivo de España; la licencia exprés, que permitirá la apertura de pequeños y medianos comercios y negocios en nuestro
país eliminando trabas burocráticas, lo que facilitará la actividad emprendedora; el nuevo contrato para emprendedores, aprobado en la reforma laboral, así como la posibilidad de capitalización hasta el 100% de la prestación por desempleo de los
hombres de hasta treinta años y las mujeres de hasta treinta y cinco.
Con la Ley 20/2007, de 11 de julio, se aprobó el Estatuto del trabajo autónomo, que fijó el marco jurídico propicio para lograr la equiparación efectiva del trabajo autónomo respecto del trabajo por cuenta ajena. El estatuto recogió una de
las reclamaciones que se venían realizando desde las asociaciones de autónomos, que era la seguridad y salud en el trabajo, pero en muchos casos esta materia resulta ajena a sus conocimientos. Es necesaria una adecuada cultura preventiva de la
siniestralidad laboral. Los autónomos se han topado hasta ahora con un vacío informativo, siendo constatable que es el colectivo que presenta más dificultad a la hora de incorporar la prevención de riesgos laborales en sus actividades. Por ello,
señorías, es necesario poner a disposición de los autónomos apoyo técnico, información y herramientas que les faciliten la integración de la prevención de riesgos laborales, potenciando su correcta y necesaria implantación. Por ello, el Grupo
Popular quiere atajar esta falta de conocimiento existente en esta materia, así como sensibilizar a este colectivo tan importante. A través de esta proposición no de ley y de la enmienda que hemos presentado, con la que, como les decía, hemos
querido complementar la proposición, proponemos que el Gobierno, junto con las asociaciones de autónomos, estudie y analice los temas relativos a la
prevención de riesgos laborales y elabore un informe con el fin de analizar las mejoras que se pudieran incorporar en la prevención de riesgos laborales del colectivo de autónomos, así como adoptar las medidas que se puedan llevar a cabo en
esta materia, teniendo en cuenta las conclusiones de dicho informe.
El señor PRESIDENTE: A esta iniciativa se han formulado dos enmiendas, una por Convergència i Unió y otra por el Grupo Socialista. Para la defensa de la primera, tiene la palabra el señor Picó.
El señor PICÓ I AZANZA: Continuando la intervención del Grupo Parlamentario Popular, quiero decir que los trabajadores autónomos han sido un colectivo que a lo largo de la historia no ha estado suficientemente reconocido en el ámbito de la
prevención de riesgos laborales y que es clave en la actualidad laboral. Una de las principales dificultades con las que se encuentran los autónomos, como señalaba la diputada del Grupo Popular que ha intervenido, es el desconocimiento todavía
generalizado de los medios de gestión de la prevención de riesgos laborales, debido principalmente a que a nivel individual ocurren pocos accidentes. No cabe ninguna duda de que lo previsto en el artículo 8 de la Ley del Estatuto del Trabajador
Autónomo singularizó la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para los trabajadores autónomos y de este modo se han adoptado medidas por parte de los agentes implicados en la prevención, como son las administraciones públicas, organizaciones
sindicales y organizaciones empresariales, siguiendo la estrategia española de seguridad y salud en el trabajo o el Plan de formación en prevención de riesgos laborales. Estudiando un poco el tema, me gustaría hacer una breve historia cronológica
de todos los trabajos que se han realizado, tanto en sede gubernamental como en sede parlamentaria. En la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, se constituyó en el año 2005 un grupo de trabajo de trabajadores autónomos, que se
establecía para el estudio y el análisis de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en relación con los trabajadores autónomos. Posteriormente, en octubre del 2005, el grupo de trabajo acordó la creación de un subgrupo para estudiar la
aplicación de la coordinación de actividades en materia de prevención de riesgos laborales por el trabajador autónomo. Más tarde, el subgrupo redactó un documento en el que se analizaban los problemas que plantean los trabajadores autónomos, la
obligación de coordinación, prevista en el artículo 24 de la Ley 31/1995, y se proponían fórmulas que pretendían ser eficaces para facilitar a los trabajadores autónomos el cumplimiento de dicha obligación.
Por otra parte, el grupo acordó iniciar dos nuevas líneas de trabajo: una en relación con el análisis de los sectores de especial peligrosidad y otra de formación. Durante el año 2007 este grupo creó un subgrupo de trabajo de formación del
trabajador autónomo que, tras varias reuniones, elaboró un documentó pendiente de aprobación por el grupo de trabajo hasta estos momentos. En 2010, el grupo se reunió de nuevo en tres ocasiones y finalizó un documento que fue presentado al pleno de
la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo que se titulaba: 'Trabajadores autónomos. Coordinación de actividades preventivas'.
A nivel parlamentario, esta misma Comisión, en su sesión del día 19 de noviembre de 2008, aprobó una proposición no de ley formulada por el Grupo Parlamentario Socialista por la cual se instaba al Gobierno a seguir impulsando medidas que
promuevan la prevención de riesgos laborales entre los trabajadores autónomos en colaboración con las asociaciones más representativas de los trabajadores autónomos. Posteriormente, a finales de la anterior legislatura, el Grupo Parlamentario
Popular formuló una proposición no de ley, que caducó, por la que se instaba al Gobierno a realizar el preceptivo desarrollo reglamentario de la Ley 20/2007, del Estatuto del trabajo autónomo, en el que se articularán las medidas de promoción,
asesoramiento técnico y vigilancia en materia de prevención de riesgos laborales de los trabajadores autónomos con el fin de garantizar su salud y seguridad, así como dar cumplimiento efectivo a las previsiones legales de su artículo 8. ¿Qué he
querido hacer con esto, señor presidente? Las referencias tanto en sede gubernamental como en sede parlamentaria nos explican que se han desarrollado trabajos, grupos de trabajo, documentos de conclusiones, se ha instado al Gobierno a que impulse
medidas que promuevan la prevención de riesgos laborales y que se desarrolle la Ley 20/2007, del Estatuto del Trabajo Autónomo. Hasta estos momentos poca cosa más se ha hecho. La proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, a la que
daremos apoyo si se acepta la enmienda que hemos formulado, incide de nuevo en la constitución de un nuevo grupo de trabajo en el seno del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en colaboración con las asociaciones profesionales de trabajadores
autónomos para emitir un nuevo informe. No nos mostramos contrarios a ello, pero esperemos que sea el final de este largo camino iniciado desde el año 2005.
Paso a explicar brevemente la enmienda que hemos formulado. Antes me refería al artículo 170 del Estatuto de Autonomía de Cataluña en relación con las competencias que ostenta la Generalitat de Catalunya en trabajo y relaciones laborales.
En el apartado 1 nos explica que corresponde a la Generalitat la competencia ejecutiva en materia de trabajo y relaciones laborales que incluye, en todo caso, la letra g), que es la prevención de riesgos laborales y la seguridad y la salud en el
trabajo. Si leemos el artículo 8 de la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo, tanto en su apartado 1 como en su apartado 2 hacen referencia siempre a las administraciones públicas competentes. Nuestra enmienda reclama que se tengan en cuenta a las
comunidades autónomas en este grupo de trabajo, conjuntamente con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos.
El señor PRESIDENTE: A continuación por el Grupo Parlamentario Socialista, para la defensa de su enmienda, tiene la palabra don Víctor Morlán.
El señor MORLÁN GRACIA: La proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Popular, a la vista de la historia que ha planteado el portavoz de Convergència i Unió -que no voy a reiterar, porque coincido con los pasos que se han
dado desde el año 2005-, podría calificarse un poco de innecesaria, porque indudablemente ha habido durante estos años un trabajo del Ministerio de Trabajo, ahora de Empleo, con las asociaciones profesionales de autónomos y con los sindicatos, las
organizaciones sindicales más representativas, que han derivado en los informes a los que ha hecho referencia el portavoz de Convergència i Unió. Es innecesario reiterar una fórmula por el partido que apoya al Gobierno, cuando desde el propio
Gobierno no hay más que dar continuidad a lo que hasta ahora se venía haciendo. No obstante, vamos a apoyar esta iniciativa. La vamos a apoyar -espero que nuestra enmienda sea aceptada- con esa complementariedad que establecemos en nuestra
enmienda y es la incorporación de los sindicatos o de las organizaciones sindicales más representativas. ¿Por qué? Porque a lo largo de todo el proceso de la elaboración del Estatuto de los autónomos, en los trabajos que ha llevado a cabo este
subgrupo de trabajo en el Ministerio de Trabajo anteriormente y en el Ministerio de Empleo actual y en la propia disposición adicional duodécima del Estatuto del trabajo autónomo se habla en todo momento de asociaciones representativas de los
trabajadores autónomos y de las organizaciones sindicales más representativas. Es decir, da la impresión de que se quiere marginar a las organizaciones sindicales en la elaboración de estos informes, cuando tienen mucho que aportar por su
experiencia, por su historia y por todo lo que ha supuesto en materia de prevención de riesgos laborales su aportación en las relaciones laborales que ha habido en este país. Que propongamos que estén presentes no debiera suponer ningún tipo de
dificultad ni de obstáculo, sino que sería la normal continuidad de un proceso de relaciones laborales en el que, si están y participan en todos los ámbitos y en la elaboración del Estatuto del autónomo y en los grupos de trabajo que hay
constituidos en el ministerio, por qué razón no tienen que participar en la elaboración de un informe, que espero que, a la vista de esta enmienda que se ha planteado por el Grupo Parlamentario Popular, podamos conocer las Cámaras cuando se elabore,
y espero que no tarde mucho en elaborarse.
Hay una cosa que me produce cierto desasosiego y es la siguiente. Durante todo este tiempo se ha ido trabajando en el Ministerio de Trabajo con estos grupos de trabajo, con la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se han
tomado decisiones que se han puesto en funcionamiento. No sería bueno que, una vez que aprobamos la constitución de un grupo de trabajo en el seno del Ministerio de Empleo, se lleven a cabo conclusiones que mejoren la prevención de los riesgos
laborales que vayan a corregir las dificultades que se plantean y una vez elaborado ese informe nos encontremos con que las conclusiones no tengan el apoyo económico suficiente, porque la situación económica indudablemente no es buena. Se me
plantea ese interrogante que espero que cuando conozcamos los informes que se elaboren y que se remitan a esta Cámara -como espero que así pueda ser-, veamos de qué manera se hace frente presupuestariamente a los compromisos económicos que vayan a
derivarse de la aplicación de las medidas que se propongan en el Ministerio de Empleo. Simplemente quiero solicitar del Grupo Popular que acepte esta enmienda que formulamos, que no viene sino a encajar dentro de lo que ha sido la tradición de las
relaciones laborales en este país y de la elaboración de las normas e informes que se configuran en el Ministerio de Empleo.
El señor PRESIDENTE: A continuación, si algún grupo quiere intervenir en relación con esta proposición no de ley. (Pausa).
- SOBRE MEDIDAS DE APOYO A LOS TRABAJADORES QUE COMPATIBILIZAN O QUIERAN COMPATIBILIZAR UN EMPLEO POR CUENTA AJENA CON EL DESARROLLO DE UNA ACTIVIDAD PROFESIONAL O ECONÓMICA POR CUENTA PROPIA, ACOMODANDO SU COTIZACIÓN AL RÉGIMEN ESPECIAL DE
TRABAJADORES AUTÓNOMOS A SU SITUACIÓN DE PLURIACTIVIDAD. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000560).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la última proposición no de ley, la número 7, que se refiere a medidas de apoyo a los trabajadores que compatibilizan o quieran compatibilizar un empleo por cuenta ajena con el desarrollo de una actividad
profesional o económica por cuenta propia, acomodando su cotización al régimen especial de trabajadores autónomos, a su situación de pluriactividad. Su autor es el Grupo Parlamentario Popular y para cuya defensa tiene la palabra doña Carmen
Navarro. Perdóneme, señora Navarro. ¿Señora Susinos, acepta alguna de las dos enmiendas o van a confeccionar una nueva transaccional?
La señora SUSINOS TARRERO: Todavía estamos estudiándolo.
El señor PRESIDENTE: Aprovecho para manifestar que como entramos ya en el último punto del orden del día, por favor los que en estos momentos están debatiendo procuren llegar cuanto antes a un texto transaccional para que lo podamos someter
en tiempo y hora a la pertinente votación. Señora Navarro, tiene la palabra.
La señora NAVARRO CRUZ: Como ustedes saben, en el sistema de la Seguridad Social existen diversos tipos de concurrencia entre regímenes, siendo el más habitual el alta laboral del régimen general en una sola empresa y el régimen especial de
trabajadores autónomos, el RETA. A su vez, el alta en el régimen general puede ser en pluriempleo y además estar de alta en el RETA. La concurrencia del RETA con otros regímenes de Seguridad Social es poco frecuente. La cotización de estos
trabajadores en situación de pluriactividad se efectúa, al igual que el resto de los autónomos, a elección del trabajador, entre la base mínima y máxima que le corresponda en función de la edad. Si bien todo el mundo sabe también que están
excluidos de la obligación de cotizar por incapacidad temporal y las contingencias profesionales en el RETA.
Centrándonos en los últimos veinticinco años, la base mínima de este régimen es mayor que la base mínima del sistema general, actualmente la supera en 102 euros, lo que representa un aumento de un 13,6%. A pesar de todo eso, la actual
normativa contempla la posibilidad de que los trabajadores que por tener pluriactividad deban cotizar al régimen de autónomos y al régimen general y la suma de sus cotizaciones superen una cantidad, soliciten la devolución de parte de sus
cotizaciones por contingencias comunes. Existen diversas posibilidades de establecer medidas de apoyo a los trabajadores que compatibilizan o quieran compatibilizar un empleo por cuenta ajena con el desarrollo de una actividad profesional o
económica por cuenta propia, acomodando su cotización al régimen especial de trabajadores autónomos y a su situación de pluriactividad.
Como se especifica en la exposición de motivos de nuestra proposición no de ley, en la actualidad hay más de 3 millones de trabajadores por cuenta propia y en el régimen especial de trabajadores autónomos, que además han sido de los que más
han sufrido los efectos de la crisis. Desde 2008 hay 340.000 que se han dado de baja, pero en los últimos meses se ha experimentado un aumento en la filiación de 9.500 autónomos, especialmente en el sector servicios. Son más de 86.000 autónomos
los que se encuentran en situación de pluriactividad, dados de alta simultáneamente en el régimen general y en el RETA. Se trata de potenciar la iniciativa de aquellas personas que se deciden a generar actividad económica en los momentos tan
difíciles como los que estamos atravesando. Proponemos medidas de apoyo a los trabajadores autónomos, que no podemos olvidarnos que además de darse empleo a sí mismos, también dan empleo a otras muchas personas, acomodando su cotización al régimen
especial de trabajadores autónomos a su situación de pluriactividad. No se puede cortar la cultura emprendedora en momentos como los que vivimos. Hay que buscar medidas y hacer un estudio sobre la cotización que redunde en beneficio de quienes se
arriesgan y no por ello se cercenen sus derechos. Se trata de facilitar el arranque de nuevos negocios de autónomos, disminuyendo la carga que esto supone. Desde el Grupo Popular pensamos que esto va a repercutir directamente en hacer más
competitivo el trabajo de los autónomos, en dinamizar la economía y en la creación de empleo. Por esa razón, hemos planteado esta proposición no de ley que sometemos a juicio de los demás grupos.
El señor PRESIDENTE: Existe una enmienda a esta proposición no de ley, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Socialista, y para su defensa tiene la palabra don José Luis Ábalos.
El señor ÁBALOS MECO: La proposición no de ley que presenta el Grupo Popular se refiere a los trabajadores autónomos a tiempo parcial y durante determinados periodos de su vida laboral. Esta es una proposición que trata de ignorar la
legislación vigente, porque esta figura está contemplada y muy especialmente en la Ley 27/2011, de 1 de agosto. Es como si el Grupo Popular nos quisiera presentar algo nuevo, que ya está inventado, o simplemente inaugurar la civilización cada día
que pase. Ya en el año 2007 el Estatuto del trabajo autónomo, en el apartado sobre reducciones y bonificaciones de las cotizaciones, planteaba esta cuestión. De hecho, desde el 2008, se vienen devolviendo hasta el 50% de las cuotas que satisfacen
los autónomos cuando las bases de cotización superan los 10.860 euros al año. Esto ya se estaba produciendo. Ahora bien, la reforma del Estatuto del trabajo autónomo que incorpora la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y
modernización del sistema de la Seguridad Social, ya encaja perfectamente estos conceptos y establece la posibilidad de que el trabajo autónomo se realice a jornada completa o a tiempo parcial. Dispone también que los trabajadores por cuenta propia
que ejerzan su actividad a tiempo parcial estarán incluidos en el régimen de la Seguridad Social, en trabajadores autónomos, en los supuestos y de conformidad a las condiciones reglamentariamente establecidas. Esta reforma añade un nuevo apartado,
el número 4, al artículo 25, en los siguientes términos: Considerando los principios de contributividad, solidaridad y sostenibilidad financiera, la ley podrá establecer un sistema de cotización a tiempo parcial para los trabajadores autónomos para
determinadas actividades o colectivos y durante determinados periodos de su actividad laboral. Nuevamente, en una adición con una nueva letra e) al apartado 1 de la disposición adicional segunda con la siguiente redacción: Quienes en función de su
actividad la ejerzan a tiempo parcial en unas condiciones análogas a las de trabajadores por cuenta ajena contratado a tiempo parcial. La Ley 27/2011 contempla esta realidad y establece el sistema de cotización a tiempo parcial. Lo único que
ocurre es que esta ley se remite a una posible ley que sí pudiera establecer un sistema específico para trabajadores autónomos. Por ello, la enmienda que presentamos trata de desarrollar esta ley preexistente, donde ya se establecen los propósitos
de la PNL y toca desarrollar la ley que ya tenemos. La enmienda plantea estrictamente que
el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a poner en marcha medidas de fomento del trabajo autónomo, fundamentalmente aquellas que se dirijan a remover los obstáculos que impidan o dificulten la compatibilidad de un empleo por cuenta
ajena con el desarrollo de iniciativas económicas y profesionales por cuenta propia, teniendo en cuenta su situación de pluriactividad a efectos de cotización. Con esta finalidad el correspondiente proyecto de ley podrá promover un sistema de
cotización a tiempo parcial para los trabajadores autónomos, para determinadas actividades o colectivos y durante determinados periodos de su actividad. En definitiva, que se desarrolle la ley que está plenamente vigente.
El señor PRESIDENTE: A continuación, ¿grupos que desean intervenir en relación con esta proposición? (Pausa). Tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Intervengo con mucha brevedad.
Tampoco entendía muy bien el contenido de la proposición no de ley. Parece que ha padecido la misma dificultad el portavoz del Grupo Socialista que ha basado sus argumentos en criterios más especulativos que reales. Si ustedes pretenden
establecer el sistema de compatibilidad de regímenes, que en este caso son de naturaleza diferente, uno es régimen general y otro es de autónomos, el sistema de concurrencia entre ambos y las medidas anticúmulos que se proveyeron en principio en las
leyes de Presupuestos Generales del Estado y posteriormente, normativamente, en las reformas de los años 2007 y 2011, el tema estaría resuelto. No sé si quieren añadir algo más o si las especulaciones en las que ha basado sus argumentos el Grupo
Socialista son reales y se pretende establecer una suerte de compatibilización de dos regímenes paralelos de cotización, uno de régimen general y otro de autónomos, buscando medidas de concurrencia o medidas anticúmulos de naturaleza diferente, como
no entiendo muy bien lo que pretenden, pero tengo una gran sensibilidad con la problemática de la protección de los trabajadores autónomos, que ha sido tradicionalmente preterida, salvo en algunos casos. También hay que denunciar algunas actitudes
como la de algunos trabajadores autónomos que durante toda su vida laboral han cotizado por bases mínimas hasta que se aproxima la edad de jubilación y elevan sus bases de cotización a las máximas por razones que no es menester glosar en este
momento. Esta es una patología social que se ha podido corregir normativamente y que no creo que se intente reproducir. No entendiendo muy bien el contenido, señor presidente, en principio, y cautelarmente, lo que voy a hacer es abstenerme en esta
proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Para concluir el debate tiene la palabra don Carles Campuzano, por Convergència i Unió.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Mi grupo va a apoyar esta proposición no de ley del Grupo Popular en coherencia con aquello que en los últimos años hemos venido realizando en esta materia que es precisamente facilitar aquellas situaciones de
pluriactividad, en las que autónomos compatibilizaban diversas actividades en el propio régimen de autónomos o en el régimen general. Durante algunos años la configuración de nuestro régimen de cotizaciones en estos supuestos penalizaba
excesivamente a aquellos autónomos que compartían diversas actividades. Si sobre aquello que hoy está regulado, el Gobierno cree que puede mejorar, debe de mejorarse. Sería ideal que el Gobierno finalmente trajese a la Cámara el proyecto de ley de
emprendedores, donde pudiesen concretarse ese tipo de medidas. Esto no es contradictorio con la enmienda que plantea el Grupo Socialista, que es una regulación específica del autónomo a tiempo parcial. Efectivamente se introdujo en la reforma de
pensiones que aprobamos el año pasado, en la última legislatura, que va a entrar en vigor el próximo 1 de enero, y en el supuesto de que no exista desarrollo reglamentario de este autónomo a tiempo parcial, se van a aplicar las mismas reglas que se
aplican a los trabajadores que están dados de alta en el régimen general de la Seguridad Social.
Una cuestión es que mejoremos los supuestos de autónomos que están dados de alta en los dos regímenes; otra cuestión es que propiciemos el autónomo a tiempo parcial, tal como contempla la legislación, y, finalmente, que quizá seamos más
ambiciosos en facilitar la puesta en marcha de nuevos negocios con la fórmula del autónomo. Si no recuerdo mal, en estos momentos un autónomo menor de treinta años que inicia su actividad tiene, durante un periodo de dos años, un 30% de reducción
de sus cotizaciones sociales. Podríamos ser más ambiciosos, de hecho deberíamos de ser más ambiciosos, e inspirarnos en otras legislaciones para que durante los dos años de la primera actividad de un joven emprendedor exista un 100% de reducción de
su cotización social, precisamente para consolidar aquella actividad económica. Todo aquello que permita, que propicie, que facilite y que estimule el emprendimiento, que dé más oportunidades a las personas, siempre va a ser apoyado por
Convergència i Unió. Vamos a votar favorablemente esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Vamos a interrumpir un par de minutos a efectos para que los grupos parlamentarios nos indiquen si ya están suficientemente representados. Antes hay dos cuestiones: una es si la señora Navarro acepta la enmienda que
se le ha formulado a su iniciativa y dos, recuerdo que estaba pendiente también una transaccional a la iniciativa del Grupo Mixto del señor Tardà. Señora Navarro, ¿cuál es su posición?
La señora NAVARRO CRUZ: Se da por hecho en el texto de nuestra proposición que se va a poner en marcha esas medidas de apoyo a los trabajadores que compatibilizan
el desarrollo de su actividad profesional, por lo que no consideramos ...(Rumores).
El señor PRESIDENTE: Por favor, guarden silencio, porque, si no, no vamos a poder escuchar a la interviniente.
La señora NAVARRO CRUZ:... en este caso adecuado aceptar la enmienda del Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: Mientras se articulan las enmiendas transaccionales y se nos hacen llegar, si finalmente hay un texto en relación con la proposición no de ley del señor Tardà, que sea cuanto antes, por favor, porque, si no, no podemos
proceder a la votación. Suspendemos por unos minutos la sesión hasta que estén todas las transaccionales. Las distribuiremos y daremos lectura a las mismas. (Pausa).
Señoras y señores diputados, vamos a reanudar la Comisión para proceder a la votación. Simplemente recuerdo que al finalizar la misma habrá reunión de la Mesa y portavoces, como ya saben ustedes. Vamos a votar el punto 1 del orden del día,
proposición no de ley de UPyD en sus propios términos. Se ha solicitado por Convergència i Unió votación separada del punto 3. Vamos a comenzar por la votación separada del punto 3.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 43.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación procedemos a votar el resto de la proposición no de ley en sus términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 39; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar la proposición no de ley que figura como punto 2 del orden del día y se vota en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 23; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Punto 3 del orden del día, que tiene una transaccional que se repartirá luego a los portavoces y señores diputados que así lo deseen, pero que vamos a dar lectura para su constancia en el 'Diario de Sesiones'. El letrado procede a su
lectura.
El señor LETRADO: Supondría la adición de dos puntos: primer punto, impulsar, en colaboración con las comunidades autónomas, la urgente concreción del acuerdo del Consejo Europeo celebrado el 30 de enero pasado, en relación con la
reordenación de fondos europeos disponibles para apoyar a los Estados miembros con una tasa de empleo juvenil elevada y, un segundo punto, que se añadiría al final, profundizar en los criterios acordados de evaluación entre el Gobierno de España,
las comunidades autónomas y los agentes sociales y económicos.
La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Podría indicarnos qué grupos han redactado esa enmienda.
El señor PRESIDENTE: El grupo autor, que es el Grupo Socialista, y el enmendante, que era Convergència i Unió. Porque el otro enmendante, que era el Grupo Parlamentario Popular, no ha transaccionado. Votamos en los términos que se acaba
de dar lectura a la transacción y al texto de la proposición no de ley.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 24; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a continuación a votar la proposición no de ley que figura como número 4 en el orden del día y que tiene una enmienda transaccional de la que nos va a dar lectura el señor letrado.
El señor LETRADO: El texto resultante sería: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a: uno, reconocer, con motivo de la declaración del Año internacional de las cooperativas, el valor del cooperativismo como elemento de
solidaridad, cohesión social, motor de crecimiento económico, generación de la riqueza y especialmente de creación de puestos de trabajo; dos, adherirse al Año internacional de las cooperativas proclamado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en su resolución 64/136; tres, difundir en los medios públicos los valores y principios del cooperativismo; cuatro, promover la participación en foros, tanto nacionales como internacionales, de la cultura y el valor social y económico de
las sociedades cooperativas y, cinco, incorporar políticas de apoyo al cooperativismo en el proyecto de ley de emprendedores.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
A continuación sometemos a consideración la proposición no de ley que figura en el orden del día como número 5, que también es objeto de una enmienda transaccional que pasa el letrado a dar lectura.
El señor LETRADO: El texto que se somete es el siguiente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno
a que, junto con las asociaciones de autónomos, estudie y analice los temas relativos a la prevención de riesgos laborales y elabore un informe con el fin de analizar las mejoras que se puedan incorporar en la prevención de riesgos laborales
del colectivo de autónomos y adopte las medidas que se pueden llevar a cabo en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las conclusiones de dicho informe. Una vez realizado el informe se dará traslado a las comunidades
autónomas para su conocimiento.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 40; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos a continuación a proceder a la votación del punto 6 del orden del día, que es objeto de una enmienda transaccional que pasamos a su lectura.
El señor LETRADO: El texto que se somete es: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a, uno, impulsar un conjunto de medidas dirigidas a los servicios a la persona con el fin de dar cobertura a esta demanda de prestaciones, impulsar
la creación de nuevos puestos de trabajo y regularizar el empleo sumergido en dicho sector y, dos, que una vez concluido el periodo de seis meses naturales, a contar desde el 1 de enero de 2012, que establece la disposición adicional trigésima
novena de la Ley 27/2011 para hacer efectiva la integración del régimen especial de la Seguridad Social de los empleados de hogar en el régimen general de la Seguridad Social, proceda a la elaboración de un estudio de las repercusiones y resultados
de tal integración.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 42; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos a continuación al punto del orden del día número 7, que se vota en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 40; en contra, 3; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Sometemos a votación el último punto del orden del día, el número 8, en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 43; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Con esto concluimos la sesión. (La señora Álvarez-Arenas Cisneros pide la palabra.-Un señor diputado: Sí, se ha aprobado.-Rumores). Tiene la palabra la señora Álvarez-Arenas.
La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: No se puede subsanar, pues lo tendremos en cuenta. Estaba leyendo la enmienda transaccional anterior.
El señor PRESIDENTE: No hay ningún problema en que usted lo haga constar en el 'Diario de Sesiones'. (Rumores). Está en su derecho de hacer una explicación de voto y constará en el 'Diario de Sesiones'. Si su voluntad no era esa,
constará el error que se ha procedido en la votación que se ha realizado aquí, pero no tengo la potestad de someterla a una nueva votación, lo que no implica que políticamente no pueda usted dejar de relieve cuál es su auténtica voluntad y cuál es
su votación. A efectos de explicación de voto tiene usted la palabra. (Rumores). Silencio, si son tan amables.
La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Es evidente que consta en el 'Diario de Sesiones' nuestro voto en contra por la intervención de nuestra portavoz, María Jesús Bonilla, lo que pasa es que como ha habido un cambio en las intervenciones y
las votaciones, que se han producido por una alteración en el orden del día, esta portavoz ha tenido un lapsus en la interpretación de las votaciones y por ello he indicado una votación que no era la correcta. Queda plasmado en el 'Diario de
Sesiones' nuestro voto en contra por la intervención de nuestra portavoz y por la explicación del voto que estamos estableciendo en este momento.
El señor PRESIDENTE: Se levanta la sesión.
Era la una y quince minutos de la tarde.