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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 127, de 19/06/2012
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2012 X Legislatura Núm. 127
IGUALDAD
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MARÍA DEL CARMEN QUINTANILLA BARBA
Sesión núm. 6
celebrada el martes,
19 de junio de 2012
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia de la señora comisionada de género del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, Cermi (Peláez Narváez), para presentar los últimos avances liderados desde el sector social en materia de género y
discapacidad, y de forma especial el 2.º Manifiesto sobre los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad en la Unión Europea, una herramienta para activistas y responsables políticos. Por acuerdo de la Comisión de Igualdad. (Número de
expediente 219/000069). ... (Página2)
Se abre la sesión a las doce y treinta y cinco minutos del mediodía.
La señora PRESIDENTA: Señoras y señores diputados, damos comienzo a la sesión de la Comisión de Igualdad del 19 de junio de 2012, procediéndose a tramitar el orden del día. De acuerdo con Mesa y portavoces, vamos a celebrar la
comparecencia de doña Ana Peláez, comisionada de género del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad Cermi, para presentar los últimos avances liderados desde el sector social en materia de género y discapacidad, y de forma
especial el 2.º Manifiesto sobre los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad en la Unión Europea, una herramienta para activistas y responsables políticos.
Quisiera, doña Ana, darle la bienvenida al seno de la Comisión de Igualdad. Para nosotros, hombres y mujeres, diputados y diputadas, es un honor tenerla aquí esta mañana. Tener a doña Ana Peláez en el seno de la Comisión de Igualdad es
tener a una mujer que a lo largo de su vida ha sabido vencer los obstáculos que se le han presentado. Además, es un referente en la comunidad internacional. Naciones Unidas, el Consejo de Europa, el Parlamento Europeo saben quién es Ana Peláez,
saben cuál es su lucha y saben cuál es su compromiso con la igualdad de los hombres y mujeres que sufren la discapacidad en España. Por lo tanto, bienvenida, es un honor, le vuelvo a repetir. También quiero dar la bienvenida a las personas que le
acompañan, presentes en esta Comisión, doña Pilar Villarino Villarino, doña Beatriz Marquínez Ríos, doña Pilar Ramiro Collar y doña Maite Gallego Ergueta. Estas personas tienen movilidad reducida pero han querido estar presentes en la Comisión de
Igualdad. Nuestra compareciente no tiene límite de tiempo. Expondrá su informe, el manifiesto y los avances que ha tenido en su liderazgo desde el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad para presentar los últimos avances que
ha liderado desde el sector social en materia de género. Cada uno de ustedes, portavoces de los distintos grupos parlamentarios, tendrán siete minutos cuando termine la intervención de doña Ana Peláez. Empezaremos de menor a mayor, terminando con
el Grupo Parlamentario Popular. Sin más, señora Peláez, tiene la palabra para contarnos lo que está en el orden del día de esta comparecencia.
La señora COMISIONADA DE GÉNERO DEL COMITÉ ESPAÑOL DE REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CERMI (Peláez Narváez): Señorías, para mí es un honor maravilloso, un regalo que ustedes me hacen recibiéndome hoy, escuchándome y dándome la
posibilidad para que desde el Cermi presentemos cuál es la situación en este momento de las mujeres y niñas con discapacidad en España, en Europa y a nivel internacional. Es igualmente un motivo de alegría pensar que todavía podemos hacer muchas
cosas juntas y juntos, gracias al apoyo de instituciones como esta y también al compromiso que espero tenga esta Comisión respecto a la causa de las mujeres con discapacidad.
Me gustaría comenzar mi intervención aludiendo a tres informes fundamentales que acaban de ver la luz en Naciones Unidas y que nos presentan una situación muy directa y muy específica sobre las mujeres con discapacidad. El primero se
refiere al informe sobre el estado mundial de la discapacidad, presentado y publicado en junio de 2011 por el Banco Mundial y por la Organización Mundial de la Salud, en donde se describe específicamente cuál es la situación de las mujeres con
discapacidad. Si a sus señorías les interesa conocer el informe, disponible también en español, con mucho gusto lo pongo a disposición de esta Comisión. En segundo lugar, el informe publicado por la relatora especial de Naciones Unidas en relación
con la violencia en las mujeres con discapacidad, un informe del año pasado que puede servir de referencia para los datos que voy a dar a continuación. Y en tercer lugar, el reciente estudio que acaba de ser publicado en este mes por la alta
comisionada de Naciones Unidas de Derechos Humanos en relación precisamente y específicamente con mujeres con discapacidad en el marco nuevamente de la violencia de género y otro tipo de violencia que lamentablemente padecen muchas mujeres con
discapacidad.
¿Qué datos me gustaría poner sobre la mesa? Permítanme que les hable de estos datos y no de otros, que me gustaría haber traído, relativos a nuestro país, a nuestras circunstancias concretas, que no existen por la falta -después lo veremos-
de consideración del tema del género concretamente en las políticas de discapacidad. Esto tiene que ver mucho con mi felicidad al comparecer hoy aquí -ya lo hice años atrás también ante esta Comisión- porque considero que los temas de las mujeres
con discapacidad conciernen tanto a las políticas públicas de discapacidad en genérico -aquí hay una Comisión que aborda estos asuntos- como también, por supuesto, a las políticas de igualdad y a las políticas dirigidas a las mujeres, ya que pocas
veces, lamentablemente, han considerado nuestra existencia, nuestra contribución a esa diversidad humana. Les hablo, por tanto, de esos resultados; algunos los tenemos aquí en un powerpoint que Beatriz me está ayudando a pasar. Las mujeres con
discapacidad representamos las tres cuartas partes de las personas con discapacidad, aunque no se hable de nosotras; aunque se hable de personas con discapacidad, sepan ustedes que las tres cuartas partes -este dato sí que lo sé a nivel estatal-,
el 60,2% en el caso de nuestro país, somos mujeres con discapacidad. Las mujeres con discapacidad representan las tres cuartas partes de las personas con discapacidad en países de renta baja y media. Entre el 65 y 70% de esa población femenina con
discapacidad vive en zonas rurales. Las mujeres con discapacidad tienen un mayor riesgo de sufrir enfermedades, pobreza y aislamiento que los hombres con discapacidad o que otras mujeres. Esto lo dice la OIT, la Organización Internacional del
Trabajo.
La preferencia del sexo masculino junto con la devaluación universal de la discapacidad se convierte en una combinación mortal para muchas mujeres con discapacidad. El 75% de las mujeres con discapacidad a nivel mundial y hasta el cien por
cien en algunos países de renta baja están excluidas de la fuerza de trabajo, aunque muchas de ellas desempeñan tareas y funciones en las familias y en sus comunidades, trabajo no reconocido. La tasa de alfabetización de las mujeres con
discapacidad es del 1%, sobre todo teniendo en cuenta que hay muchas mujeres con discapacidad que como consecuencia de la adquisición de esa discapacidad pierden el código de lectoescritura y aunque hubieran ido al colegio, aunque hubieran aprendido
a escribir y a leer, en su condición actual de mujer con discapacidad ya no conservan el acceso a la información, ya no tienen código ni forma de escribir ni acceder a la lectura.
La discapacidad produce un mayor riesgo de violencia, nos dice la relatora especial de Naciones Unidas. La falta de acceso a los recursos y a la educación es una forma de violencia, y no solamente hablamos de la violencia contra las mujeres
producida, perpetrada por la pareja, hablamos de una situación de violencia contra las mujeres que está todavía por encima de lo que puede ser la violencia doméstica, la violencia de la pareja. Hay una violencia institucional, hay una violencia
social, porque las mujeres con discapacidad no tenemos, no se nos concede ni siquiera en muchos casos el rol social que nuestras comunidades conceden a las mujeres; ese rol de ser madres, ese rol de poder trabajar, ese rol de podernos independizar,
tener una vivienda y vivir de manera independiente. No, eso no se nos concede a las mujeres con discapacidad. Hoy aquí hay gente que me acompaña que tiene y tuvo -son personas diferentes- importantes limitaciones para la adopción. ¿Por qué se
cuestiona su condición de mujer con discapacidad?
No quiero extenderme demasiado. Aquí tienen ustedes muchos datos específicos -y los dejamos en la comparencia- sobre cómo estamos las mujeres con discapacidad. Algunos datos de España. Por cada cuatro empleos que se crean para personas
con discapacidad, solamente uno va a ser para una mujer y además no con contrato indefinido. La tasa de inactividad de las mujeres con discapacidad en España es del 76,20% y el resto, las que están en una situación activa de búsqueda de empleo,
tienen infinitas dificultades para asumir y abordar una situación de vida independiente, porque no tienen trabajo, porque viven escasamente con una pensión no contributiva en el mejor de los casos. ¿Qué estamos haciendo desde el Cermi? ¿Cómo
trabajamos nosotros el tema del género, el tema de las mujeres -que no es lo mismo-, cómo trabajamos el género, cómo trabajamos el asunto de las mujeres con discapacidad? En los últimos años, quizás en los últimos doce meses aproximadamente, el
Cermi ha puesto en funcionamiento cinco iniciativas importantes. Una es un programa de mentorado, un programa que consiste en identificar a mujeres con discapacidad que han podido sobrepasar esa situación de desventaja de partida para que inspiren
y guíen a otras mujeres con discapacidad que están en una situación muy desfavorecida todavía. En segundo lugar, nos hemos dado cuenta de que era importantísimo trabajar igualmente con nuestro propio tejido asociativo, el Cermi, que ustedes conocen
bien, la gran plataforma estatal de representantes de personas con discapacidad que aglutina a más de 5.500 organizaciones de personas con discapacidad en todo el tejido español. Todavía tiene mucho que hacer para que todas esas organizaciones
asuman y trabajen internamente las cuestiones de género, la igualdad entre hombres y mujeres, y aborden igualmente para llegar a esa cuestión de igualdad los asuntos de las mujeres con discapacidad. Para eso publicamos hace un año el Plan de
igualdad para entidades del tercer sector, también una documentación que hoy se trae aquí, querida presidenta, y que se pone a disposición de todos los portavoces de los grupos parlamentarios; en nuestra página web podrán encontrar directamente
todos los documentos y sus señorías se los pueden descargar sin ninguna dificultad. Seguramente la mayor limitación que tenemos hoy por hoy dentro de nuestro propio tejido asociativo -fuera tenemos importantes limitaciones de las que ahora
hablaremos- sea precisamente la falta de consideración del tema de género, la falta de consideración de los asuntos de las mujeres con discapacidad, que no forman parte de ninguna agenda política, ni de la de la discapacidad, ni de la de la
igualdad, ni de la de las organizaciones de personas con discapacidad, ni tampoco apenas dentro de la agenda de las organizaciones de mujeres. Hoy eso está cambiando gracias a esfuerzos como estos que tratamos de hacer
Siguiendo en esa línea, nos dimos cuenta enseguida de que era necesario -y lo hicimos también desde nuestras posiciones de liderazgo en Europa, ante el Foro europeo de la discapacidad- poner en clave femenina esa Convención sobre los
derechos de las personas con discapacidad. Y hoy de lo que yo vengo a hablarles es de ese 2.º Manifiesto de los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad de la Unión Europea, una herramienta para activistas y actores políticos. Eso es lo
que falta, falta saber cómo podemos incorporar la perspectiva de género en esos derechos humanos que se proclaman para las personas con discapacidad pero que, lamentablemente, no todas las mujeres con discapacidad pueden disfrutar. En tercer lugar,
me gustaría comentarles la reciente publicación del manual La transversalidad del género y las políticas públicas de discapacidad, dando además las gracias a algunas de sus señorías por su participación en la producción de este documento; un
documento, señorías, que traemos hoy aquí y que está a disposición de todos los grupos parlamentarios. Ese documento, ese manual que hoy por hoy solamente constituye el primer volumen, ha reunido la fuerza, la energía, el saber, el conocimiento de
más de 70 personas del mundo de la academia, del mundo de la política, del mundo del asociacionismo, del mundo del activismo directo para ponernos en comunión sobre cuál es el
resultado de interrelacionar, de cruzar la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Cedaw, con la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. El resultado lo tienen ustedes
en esa obra, en ese manual que acaba de ver la luz hace escasamente diez días. Por último, antes de pasar a hablar del 2.º manifiesto, les digo que ha sido un infinito esfuerzo el que se ha hecho desde el Cermi para sacar adelante una conferencia
internacional sobre mujeres con discapacidad que tendrá lugar precisamente la semana que viene, del día 27 al 29, aquí en Madrid. Presidenta, permítame agradecer la implicación de muchas señorías presentes hoy en esta Comisión -usted misma, la
vicepresidenta que nos acompaña y otras muchas señorías que están sentadas escuchando- que van a trabajar directamente y van a intervenir ayudándonos, comprometidas también con nuestra causa en esa conferencia. Infinitas gracias. Esto es lo que
estamos haciendo.
Vamos a pasar ahora, si les parece, a ver ese 2.º Manifiesto sobre los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad de la Unión Europea. ¿Por qué surge la necesidad de hacer ese manifiesto? En primer lugar, la entrada en vigor de la
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y la ratificación por parte de la Unión Europea era fundamental. Nosotros habíamos hecho ya un manifiesto de mujeres con discapacidad, el primero que existía a nivel mundial -yo no pude
participar porque todavía no formaba parte de este movimiento activista-, un documento buenísimo que se hizo en el año 1997, pero era necesario actualizarlo y, además, era necesario poner en clave los avances y los retos que teníamos por delante las
mujeres y niñas con discapacidad y, con nosotros, todo el movimiento asociativo, ya fuera de mujeres o de personas con discapacidad. La entrada en vigor del Pacto por la igualdad de género para el periodo 2011-2020 de la Unión Europea era otra
razón de peso para revisar ese manifiesto y ponerlo en consonancia con esta herramienta. La necesidad de desarrollar una herramienta para activistas y actores políticos que verdaderamente les ayudara a considerar cómo se tiene que tomar en cuenta
el género en las políticas de discapacidad y la discapacidad en las políticas de género. Igualmente, la necesidad de actualizar ese manifiesto, al que yo me refería, del año 1997 y, por supuesto, poner en valor todo el bagaje y el conocimiento
adquirido de estos años.
La estructura del manifiesto es muy simple. Cuenta con un prefacio, una introducción y una serie de áreas temáticas que establecen un recorrido sobre los derechos fundamentales de las mujeres con discapacidad presentes tanto en la Cedaw
como en la CRPD. Para ello lo que se hizo fue identificar dieciocho áreas temáticas: la igualdad y la no discriminación; la concienciación, medios de comunicación e imagen social; la accesibilidad; las situaciones de riesgo y emergencias
humanitarias; el igual reconocimiento como persona ante la ley -aquí como mujer ante la ley-; la violencia contra la mujer; la vida en la comunidad; los derechos sexuales y reproductivos; la educación; la salud; la habilitación y la
rehabilitación; el trabajo y el empleo; el nivel de vida adecuado y la protección social; el empoderamiento y liderazgo; el acceso a la cultura, al deporte y al ocio; la interseccionalidad del género y la discapacidad; la recopilación de datos
y estadísticas; y, por último, la cooperación internacional al desarrollo. Estas son las dieciocho áreas temáticas. Cada área -ustedes lo van a poder ver en el documento- tiene además una definición inicial, contextualizada en clave de género
teniendo en cuenta el tema de la discapacidad en cada parte, la posible segmentación de la información que pueda tener un área determinada por ser un área muy amplia -ahora lo veremos-; por otra parte, hay un contenido respecto a tratar de
responder a cinco áreas que aborda cada una de las áreas temáticas del 2º manifiesto: presentar la situación actual de las mujeres y niñas con discapacidad respecto a esa temática concreta -el acceso a la justicia, derechos sexuales y
reproductivos, la educación, el empleo o lo que fuere-; en segundo lugar incorporar las demandas que estas mujeres, a través de sus movimientos representativos, están haciendo en relación con esa temática; en tercer lugar, proponer mejoras en lo
que es el entorno comunitario, cómo tendría que cambiar el entorno comunitario para conseguir la plena igualdad en ese ámbito de las mujeres con discapacidad; plantear estudios o investigaciones necesarios en esa materia; y, al final, hacer una
alusión concreta a las cuestiones legislativas, especialmente con enfoque europeo porque el manifiesto, como digo, aunque sinceramente se haya elaborado desde el Cermi, ha tenido la participación del Foro europeo de la discapacidad, y ha sido
aprobado y ratificado por el mismo.
Decía que a veces hay áreas temáticas que se estructuran en una serie de contenidos. Por ejemplo, cuando hablamos de la accesibilidad con perspectiva de género, todo el mundo piensa que qué tenemos que decir ahora respecto a la
accesibilidad, que la accesibilidad es o no es y ya está. Pues no, miren ustedes, este es un error inmenso de base porque forma parte de esa falta de concienciación sobre los temas de género precisamente en las políticas de accesibilidad. Aquí se
considera la accesibilidad al entorno construido y urbanístico y las ciudades serían mucho más seguras y más accesibles si contemplaran también aspectos de género en ese diseño urbanístico. En la accesibilidad al transporte, alguien me dice: ¿Pero
qué tiene que ver el transporte con el género? El primer reglamento que se aprueba en la Unión Europea es el del transporte aéreo, precisamente el que menos utilizan las mujeres, pero es el que primero establece las normas de accesibilidad.
¿Cuáles? Las que benefician prioritariamente al pasaje masculino con discapacidad. Si se hubiera empezado por el transporte urbano, estaríamos pensando en clave de género. Sin embargo, el transporte urbano todavía no ha sido regulado por la Unión
Europea. Eso es pensar en clave de género y eso ustedes lo saben bien porque son buenas
conocedoras de las políticas de género. Hablamos igualmente de la accesibilidad a la información y a la comunicación. Ahora que tenemos normas que establecen, por ejemplo, que las páginas web tienen que ser totalmente accesibles, cuando se
hacen auditorías y se busca asegurar esos niveles de accesibilidad de páginas web, son solo páginas que especialmente están siendo consultadas por hombres, no se piensa en clave de mujeres con discapacidad.
La accesibilidad a los bienes y servicios es algo que todavía tampoco ha llegado a tener esa perspectiva de género en relación con los criterios de accesibilidad, en absoluto. Por ponerles algún ejemplo, todavía los cursos de preparación
para el parto no son accesibles. Tampoco son accesibles, por ejemplo, en los edificios públicos, en los servicios y aseos los cambiadores de bebés, que cada vez hay más espacios para ello. También se necesita que sean accesibles. Nadie ha pensado
que los parques infantiles tienen que ser espacios accesibles. Estamos encantados de que la ciudad tenga los rebajes de las aceras, estupendo, pero ¿por qué no se ha pensado en nada de esto? Entre otras cosas, porque las mujeres con discapacidad
no participamos en general en los procesos de toma de decisiones en los ámbitos donde se están tomando decisiones en relación con todos estos programas, con todas estas políticas y yo hoy aquí solamente les pongo algunos ejemplos.
En relación con el igual reconocimiento como persona ante la ley y el acceso efectivo a la justicia, en el manifiesto van a encontrar que tiene dos áreas independientes, una relativa al igual reconocimiento como persona ante la ley y otra en
relación con el acceso efectivo a la justicia. Esto para nosotros es fundamental, es uno de nuestros caballos de batalla. Hay quien se pregunta qué perspectiva de género puede tener este ámbito cuando realmente la justicia tiene que ser para todos
y el igual reconocimiento como persona ante la ley es algo que en principio no debería afectar a nuestra condición sexual de ser hombres o mujeres. Lamentablemente, afecta y afecta de forma traumática a las mujeres con discapacidad. Muchas de sus
señorías, la presidenta lo sabe bien, me han escuchado a mí y a otras compañeras solicitar una consideración sobre este tema que después abordaremos en mi parte final, y espero no extenderme demasiado. El igual reconocimiento como persona ante la
ley afecta prioritariamente y de manera terrible a las mujeres con discapacidad, porque -después hablaremos de este otro tema- cuando se somete a una persona con discapacidad -por cierto, sometimiento inconsistente con la Convención sobre los
derechos de las personas con discapacidad- a una situación de incapacitación, la respuesta que da nuestro sistema judicial es directamente invalidar a esa persona para cualquier uso de sus derechos civiles, políticos, sociales, económicos y
culturales. Con esa reacción de la justicia española, la justicia francesa y la justicia de muchos países, porque lamentablemente no es algo que suceda única y exclusivamente en nuestro país, con esa reacción lo que estamos haciendo es invalidar a
la persona, quitarle su esencia de persona, de ciudadanía, y esa persona se quedará sin poder hacer nada y sin poder disfrutar de ninguno de sus derechos. Habrá otra persona, su tutor o tutora, que decida por él o por ella. Esto es totalmente
inconsistente con la convención. Pero, ¿cómo afecta esto a las mujeres con discapacidad? En España y en muchos países del mundo cuando se incapacita a alguien con discapacidad intelectual o psicosocial -cuando hablo de psicosocial me estoy
refiriendo a personas con enfermedad mental-, el motivo de esa incapacitación generalmente se funda en hacer un uso adecuado de la gestión de un patrimonio. Esa suele ser la causa general de una incapacitación cuando esas incapacitaciones se
producen en hombres. Cuando las incapacitaciones se producen en mujeres, en la mayoría de los casos se hacen para proceder a una intervención de esterilización. Después hablaremos de este tema y no me voy a extender mucho, señora presidenta. En
el caso femenino se incapacita para proceder a una esterilización, y si se incapacita se hace porque el consentimiento no lo da la persona porque, si no, la propia persona diría, por ejemplo: muy bien, me someto a un ligamento de trompas, pero no,
se incapacita porque ese consentimiento lo da una tercera persona: su tutor. Después veremos esto, que es un tema importante.
En segundo lugar, el acceso efectivo a la justicia. Muchas mujeres con discapacidad que no cuentan con recursos económicos, que no trabajan, que no tienen una vida independiente, que no saben leer ni escribir, que no tienen acceso a un
ordenador, ¿cómo van a salir esas mujeres de una situación de injusticia? ¿Cómo van a acceder a un servicio público como es la justicia para hacer valer sus derechos si ni siquiera en muchos casos se conocen esos derechos por parte de esas
personas? A mí me gustaría que hiciéramos algo aquí y algunas de esas ideas están expresadas precisamente en esa área concreta del 2.º Manifiesto de los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad.
La violencia contra la mujer. ¿Qué tratamos en esa área? Tratamos la prevención, la atención y la recuperación de las víctimas, las medidas legislativas e igualmente proponemos estudios. Se han hecho estudios en nuestro país a distintos
niveles por distintas comunidades autónomas, estudios sobre mujeres con discapacidad que ya están realizados, que no ven la luz y que no se publican. No se publican porque lo que nos dicen los estudios es terrible y esto, sinceramente, creo que es
una discriminación absoluta. Si hay estudios hechos y han sido financiados y se conocen las causas y las consecuencias, esos estudios se tienen que poner a disposición de quien proceda y de las partes concernidas y, desde luego, nosotros lo somos
también. Se tiene que conocer cuál es la situación y tenemos que ver, por mala que sea, cómo la podemos superar, porque esto es fundamental.
En relación con la vida en la comunidad, el área correspondiente del manifiesto toca lo que son los servicios residenciales comunitarios, la asistencia y las necesidades técnicas y el mentorado. Del mentorado no
les voy a hablar porque ya les comenté inicialmente la importancia que tiene para que las mujeres con discapacidad nos ayudemos y seamos capaces de superar limitaciones y barreras importantes. En cuanto a los servicios residenciales y
comunitarios, hay muchas personas con discapacidad, mujeres y hombres, que han decidido que estos entornos sean los lugares donde quieren vivir. Sepan ustedes que muchos de estos entornos residenciales prohíben que las personas que han decidido
vivir allí como primer hogar y punto de referencia tengan una vida de pareja. No pueden llevar allí a sus hijos y, por supuesto, tampoco los pueden tener. Si esta es una forma de vida para personas con discapacidad que han decidido vivir ahí
porque a lo mejor necesitan apoyos intensivos por su condición, ¿por qué se van a ver privadas de la posibilidad de gozar de su vida plenamente, de tener una pareja y de tener hijos? A día de hoy, ha habido situaciones en las que los servicios
sociales han retirado la custodia de menores a sus padres porque viven en estos entornos. Esto es terrible y no lo entiendo. Esto que estoy contando hoy aquí no tiene color político, pero son situaciones que no se conocen y que no se pueden
consentir. Si se permite a los niños que vivan con sus madres en las instituciones penitenciarias -y me parece muy bien- hasta una edad determinada, ¿por qué no les permitimos que vivan con sus padres en una residencia de personas con discapacidad?
No sé en qué mundo estamos y cómo lo complicamos con todas las cosas importantes que hay que resolver.
Asistencia y necesidades técnicas. Sepan ustedes que en este tema hay una prevalencia masculina. Se da prioridad a que la persona trabaje; me parece muy bien que se dé prioridad a que la persona trabaje pero, ¿cuándo vamos a tener
asistencia para las mujeres? ¿Cuándo vamos a ayudarlas para que, gracias a esa asistencia, se puedan mover, puedan participar de una vida social y puedan conseguir un trabajo? En asistencia técnica, por ejemplo, el catálogo de prestaciones
ortoprotésicas está pensado en clave masculina, las sillas de ruedas tienen el estándar masculino para ser utilizadas por un hombre y no por una mujer y lo mismo ocurre con las muletas o las prótesis. Todo esto se tendrá que ver y habrá que ampliar
la diversidad humana.
En cuanto a los derechos sexuales y reproductivos, aquí hablamos de los derechos sexuales y reproductivos, de la maternidad y de la explotación sexual. Los derechos sexuales, lamentablemente, durante años se les han negado a las mujeres con
discapacidad; no se les han reconocido. No podíamos tener pareja ni gozar de nuestra propia orientación sexual; tampoco a los hombres con discapacidad, pero las mujeres estaban todavía en peor situación. Aquí se alude a todo ello. En cuanto a
los derechos reproductivos, muchas mujeres con discapacidad no pueden acceder a programas de reproducción asistida, por ejemplo, porque los médicos o el personal sanitario no las consideran aptas porque quizá pueden transmitir su discapacidad. No
acceden ni forman parte de esos programas. Ya me he referido a la maternidad con anterioridad. Se me ha olvidado comentar algo antes en relación con los derechos sexuales y con algunas prácticas. Acabamos de acceder a un par de artículos
publicados por The Guardian en Inglaterra -y los podemos poner a disposición de esta Comisión- que exponen que en casos con discapacidad intelectual severa que necesitan apoyos intensivos diarios durante toda su vida, se ha determinado que es mucho
más fácil manejar a una niña que a una mujer. Por eso, cuando las niñas son muy pequeñas -a los diez u once años- se les somete a una intervención de ligadura de trompas, se les da un tratamiento hormonal para evitar su desarrollo sexual y se les
hace una intervención adicional en el pecho para eliminar las glándulas mamarias. Con estas tres medidas - el tratamiento hormonal, la extracción de las glándulas mamarias y la esterilización por ligadura de trompas- las niñas permanecen en el
mismo estado durante veinte o treinta años. Estoy segura de que esto no puede llegar aquí, porque ustedes estarían conmigo en cualquier frontera u hospital para que esto no sucediera. Pero fíjense por dónde va el mundo desarrollado. Por lo que se
refiere a explotación sexual, sepan ustedes que todavía no se está haciendo nada. Deben saber que hay páginas web que utilizan como reclamo a mujeres con discapacidad a las que les falta un brazo o se encuentran en cualquier otra situación que
provoca cierto morbo ofertando sus servicios sexuales. Me gustaría que esto se conociera y se pudiera hacer algo al respecto. En cuanto al tema de salud, hablamos de la atención sanitaria primaria, de la salud sexual y reproductiva, de la atención
sanitaria a la violencia contra la mujer y la salud mental. No tengo mucho tiempo porque me quiero dedicar a la parte final de mi intervención.
Se hace mención también al trabajo y al empleo, a la formación profesional y a todas las medidas de conciliación. Por cierto, en un tema tan de moda como es el de la responsabilidad social empresarial, se podrían hacer muchas cosas a favor
de las mujeres con discapacidad y sin apenas coste para nadie. Si las empresas adquirieran un compromiso social, podría ser muy bueno. ¡Cuánto nos queda todavía por conseguir cuando hablamos de empoderamiento y liderazgo! La participación de las
mujeres con discapacidad no llega ni al 30% en general y en los entornos de poder siempre hablamos de un poder limitado, muy relativo y muy cuestionado. También hablamos del acceso a la cultura, al deporte y al ocio. La interseccionalidad, el
género y la discapacidad son temas muy interesantes y es muy necesario considerarlos. Hablamos de qué factores de exclusión se generan a partir del cruce entre el género y la discapacidad. Quizá no solamente se trata de una mujer con discapacidad,
sino que además vive en un medio rural, es gitana o no tiene trabajo. Todos estos son factores de exclusión exponencial, no aditivos, y el resultado es una exclusión factorial.
Ante todo esto que les he descrito hoy aquí lo mejor que he podido, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué habría que hacer? Seguramente conocen que nuestro país mantuvo
un diálogo constructivo con el comité de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas el pasado mes de septiembre. En las observaciones finales que ese comité presentó directamente -las tienen aquí
hoy por escrito- se habla concreta y específicamente de qué tendría que hacer España en relación con las mujeres para estar en sintonía con la convención. No me quiero extender, porque el diálogo es lo más interesante que puede tener esta
comparecencia, así como el input que sus señorías me puedan dar. Además de manifestar expresamente el camino que queda por recorrer para incorporar el género en las políticas de discapacidad, lo que tenemos que hacer en materia de violencia, hay
una serie de cosas que a ustedes les van a sonar, aparte de mi intervención. Hay algo que me parece fundamental y que me gustaría que se considerara, y es con lo que terminaré mi intervención, con la venia de la señora presidenta. Se dice
concretamente que se tiene que erradicar la esterilización forzosa en nuestro país. La esterilización forzosa en las mujeres con discapacidad provoca algo más que ese ligamento de trompas. Cuando a una mujer con discapacidad, en muchos casos
adolescente, se la esteriliza, esa niña adolescente, esa mujer, ya no va a poder tener hijos; la sociedad no le concede ese privilegio, que, por cierto, me concedió a mí y a otras mujeres con discapacidad también, como a Maite, que hoy nos acompaña
aquí, que con mucho esfuerzo adoptó. En mi caso, eso sí, fue por cesárea, porque todas las mujeres con discapacidad si vamos a dar a luz y tenemos ese privilegio tiene que ser por cesárea, ya que nadie se compromete a un parto natural con mujeres
con discapacidad. Soy una privilegiada y di a luz, aunque por cesárea, y así tengo a mi niña. Pero, decía, esa situación de ligamento de trompas en un mujer con discapacidad, que además se la ha incapacitado, supondrá que esa mujer jamás en la
vida podrá abrir una cuenta bancaria, que no se va a poder independizar de su familia, que no va a poder tener novio si no se lo consienten, o novia, que no va a poder comprarse una casa, que no va a poder firmar un contrato de trabajo y tampoco va
a poder votar, porque no va a tener derechos civiles, ni políticos, ni económicos, ni sociales, ni culturales. Por eso -y termino, presidenta-, pedimos que se elimine el artículo 156 del Código Penal. Les leo el artículo: No será punible la
esterilización de persona incapacitada que adolezca de grave deficiencia psíquica cuando aquélla, tomándose como criterio rector el del mayor interés del incapaz, haya sido autorizada por el juez, bien en el mismo procedimiento de incapacitación,
bien en un expediente de jurisdicción voluntaria, tramitado con posterioridad al mismo, a petición del representante legal del incapaz, oído el dictamen de dos especialistas, el ministerio fiscal y previa exploración del incapaz. Esto es lo que
solicitamos, querida presidenta, señorías, que sea eliminado del Código Penal.
Les doy nuevamente infinitas gracias por su compromiso hoy aquí y en otros muchos lugares. Muchas señorías han estado con nosotras, como doña Laura Seara, con mujeres sordociegas, doña Carmen o doña Trinidad. Son muchísimas y hoy aquí -con
esto de no veros, no os recuerdo a todas en este momento de finalización- quiero daros las gracias a todas vosotras, porque sé que vais a hacer todo lo que esté en vuestra mano para que podamos trabajar en darle la vuelta a esta situación.
(Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias a usted, doña Ana Peláez, por esta comparecencia. Es un placer escucharla. Usted ha querido trasladar a esta Comisión de Igualdad la discriminación, la desigualdad que todavía viven miles de mujeres
con discapacidad, no solo en España sino también en la comunidad internacional. De nuevo, muchas gracias por su comparecencia en el seno de esta Comisión.
Paso a dar la palabra a los distintos portavoces que nos acompañan esta mañana. Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: En primer lugar, quisiera dar las gracias a doña Ana Peláez, pero en esta ocasión unas gracias mucho más expresivas que las que puedo dar a cualquier otro compareciente, porque sabemos el grandísimo esfuerzo que
la señora Peláez tiene que hacer para desarrollar todo este trabajo que hoy nos ha expuesto aquí. Tengo que decirle, doña Ana, que su trabajo nos ha servido -creo que puedo hablar en este caso por todas- para aprender muchas cuestiones relacionadas
con el tema del género de las personas con discapacidad. Lo que usted nos ha enseñado hoy aquí incluso tiene relación con el impacto de género en muchos más aspectos que la discapacidad. Podríamos extrapolar muchas de las cuestiones que usted ha
comentado a otros apartados de la vida diaria de las mujeres que no tenemos esa consideración de discapacitadas psíquicas o físicas, que aún somos discapacitadas en algunas cuestiones por falta de reconocimiento de derechos, pero hay una cuestión
específica, que son las personas con discapacidad, y en este sentido nos parece loable, nos parece de un extraordinario esfuerzo hacer este trabajo en relación con el impacto de género que todas las políticas relacionadas con accesibilidad, con el
acceso a la justicia, con el empleo, que ustedes están haciendo. Efectivamente, las mujeres con discapacidad tienen, además del problema genérico de todas las personas en estas circunstancias, el propio de ese impacto de género que ustedes están
denunciando, además de elaborar alternativas para eliminar esas diferencias. Me parecen importantísimas las alternativas que ustedes están elaborando, sobre todo porque muchas de ellas ya han conseguido que se haya mejorado en muchísimos aspectos.
Estoy recordando, por ejemplo, las diferentes ocasiones en las que ustedes nos han enviado informes de impacto de género en distintas leyes que se elaboran en esta casa, leyes de todo tipo, que no tienen que ver ni con servicios sociales ni con
discapacidad, pero que tienen su impacto tanto en las personas con discapacidad
en general como en aquellas personas que, siendo mujeres, tienen dificultades mayores para la inserción y para el desarrollo normal de la vida. Le doy las gracias y aprovecho la ocasión para agradecer también esos documentos de impacto que
nos han enviado en otras ocasiones y que nos han sido de muchísima utilidad. Espero que nos los sigan enviando y que ese 2.º manifiesto lo podamos tener todas las que formamos esta Comisión, porque por la exposición que usted acaba de hacer hoy nos
será muy útil para trabajar en el futuro en el impulso de políticas que vayan orientadas a eliminar esa cuestión.
Voy finalizando, señora presidenta, porque hoy para mí la importancia de esta comparecencia ha estado más en oír y aprender de la exposición que la señora Peláez nos acaba de hacer que en realizar preguntas. Sin embargo quería hacer un par
consideraciones. La primera tiene que ver con que no todas las mujeres con discapacidad tienen las mismas circunstancias ni viven la misma situación; las discapacidades son completamente distintas e incluso las posibilidades de movilidad son
también diferentes. Una cuestión como la que usted acaba de exponer en relación con el artículo 156 del Código Penal no se puede aplicar a todas las mujeres, salvo alguna excepción, y luego haré el segundo matiz a este tema. El artículo 156 no se
refiere a todas las mujeres en situación de discapacidad, sino que hace un matiz; otra cosa es que abordemos si ese matiz debe mantenerse en el artículo 156 o no, pero creo que ese aspecto no llega a niveles que puedan alcanzar a todas las mujeres
que tengan una situación de discapacidad. Algo distinto es que la sugerencia que usted nos hace de revisar ese artículo 156 la tomemos en consideración y la analicemos, pero sería una barbaridad tremenda que a una mujer por estar en una situación
de discapacidad se le prohibiese tener hijos. En algún momento en líneas generales, independientemente de la discapacidad, se habló de eso, pero nosotros entendemos que esa situación no existe, y planteo esto porque de ser así sería muy grave, ya
que no estaríamos hablando del artículo 156 del Código Penal, sino de algo más.
Entiendo que podemos abordar lo que se recoge en el artículo 156, pero si existe de una manera más amplia de lo que ahí se recoge sería efectivamente algo que nos tendríamos que plantear incluso para abordar con mucha urgencia, sobre todo
después de lo que usted acaba de comentar, de esos artículos que salieron en The Guardian sobre la cuestión de frenar el crecimiento de las niñas con discapacidad. No cabe en la cabeza que en estos momentos de nuestra historia, donde suponemos que
la razón sustituye a la irracionalidad, podamos hacer cosas como las que usted nos acaba de comentar. Por tanto hay aspectos de su intervención sobre los que sí tenemos que reflexionar, porque son de una seriedad enorme.
Por nuestra parte manifiesto el compromiso de que en todo el trabajo que hagamos, no solamente en materia de discapacidad, sino genéricamente en relación con los derechos de igualdad, va a estar la situación de las mujeres con discapacidad
presente para poder ayudar en lo que podamos a resolver esos problemas que hoy limitan o desigualan, no ya como personas en situación de discapacidad, sino como mujeres en situación de discapacidad.
Señora Peláez, le felicito por el trabajo que usted realiza y por el que hace el Cermi.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, PNV, señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Señora Peláez, quiero darle las gracias por su presencia, por la información que nos ha aportado, y por el trabajo que el Cermi, que es referencia en este ámbito, ha venido haciendo durante ya muchos años.
A mí me han quedado ciertas dudas y he anotado algunas cosas de su intervención que me han llamado la atención. En primer lugar, he querido entender al principio de su intervención que faltaban estadísticas en el marco del Estado español
sobre la situación de las mujeres con discapacidad, aunque nos ha aportado algunos porcentajes o algunos datos después; me sorprende, habiendo tantos estudios como también dice que se han hecho, pero al mismo tiempo parece ser que eso no se ha
reflejado en una estadística que verdaderamente sí que ayudaría bastante a la hora de poder proyectar políticas públicas. De hecho cuando ha hablado de estudios la verdad es que me ha dejado sorprendido cuando ha dicho que muchos de ellos están
ahí, pero no se publican, entiendo que no por falta de presupuesto, porque evidentemente si Internet algo tiene a la hora de publicación de informes es absoluta facilidad, sino por los terribles datos que arroja. Me ha dejado sorprendido. Usted ha
hablado sobre principios y problemática general, pero a mí me gustaría que diera algunos ejemplos concretos. En este caso seguro que usted me puede citar uno o dos de esos trabajos que no están publicados y me puede decir si la razón fue por esto o
por esto otro. Ciertamente me sorprende, me parece chocante y terrible, si las circunstancias son esas.
Nosotros estamos en el Legislativo y nuestra labor es evidentemente de control al Ejecutivo, pero sobre todo de impulso de una legislación. Me da la sensación -me gustaría que me corrigiera si cree que estoy equivocado- de que mucha o la
gran mayoría de la labor que hay que hacer y que queda por delante no es tanto de una modificación de la legislación, sino de la ejecución de esa legislación, o de impulso de las políticas públicas concretas que hay que hacer, o incluso de
interpretación por parte de otros actores que no tienen por qué ser políticos -ahora entraré en ello-, de esa legislación. Cuando hablaba de implementar en programas y políticas públicas eso le corresponde más al Ejecutivo. Nosotros podemos
impulsar, llamar la atención en alguna comparecencia, hacer una proposición no de ley genérica, pero estamos más en eso que en la modificación de
la legislación, que quizá podría dar más juego de la que está dando en este momento. Si estoy equivocado, me gustaría que me corrigiera.
En el ámbito de los servicios residenciales usted planteaba la problemática que se da: que es imposible una vida en pareja, que se produce incluso retirada de la custodia, etcétera. Ahí la dificultad está en lo que pasa en el día a día, o
en alguna dificultad que pone la legislación. ¿No será más bien que a la hora de implementarlo no se está haciendo bien o no se es suficientemente consciente? En cuanto a la incapacitación digo lo mismo. La aplicación de la ley corresponde al
juez. El segundo párrafo del artículo 156 cuando se aprobó fue muy polémico, al hablar de las personas que adolezcan de graves deficiencias psíquicas; fue muy polémico y surgieron ante el Legislador imágenes e historias que usted también nos ha
relatado antes, que parece que vuelven a aparecer en alguna parte del mundo. Quien tiene que implementar esto es el juez. Yo supongo que esto no será el pan nuestro de cada día, a la hora de las incapacitaciones o de tomar las decisiones de
incapacitación no vendrán todas asociadas a este caso, aunque usted nos decía que parece que en el caso de las mujeres -o lo he querido entender así- cuando lo que se busca es la esterilización lo que se hace es proceder inmediatamente -si no, no
sería posible- a la incapacitación, y eso trae en cadena tordas las otras consecuencias. Por una parte quería preguntarle: ¿esto no será lo habitual en los juzgados? Quiero pensar que no. Y lo segundo que quería preguntarle es si está
proponiendo eliminar la segunda parte del artículo 156 o está proponiendo que, a la hora de establecer una incapacitación por parte del juez, esta incapacitación pueda ser limitada en algunos aspectos. En algunos momentos de su intervención he
creído entender que en algunos momentos la incapacitación podría estar justificada en algún aspecto, pero no que eso lleve a que todos los aspectos de su vida personal, de su capacitación política, queden anulados. Quería aclarar esas dos
cuestiones. Uno, ¿esta práctica es habitual por parte de los jueces, es habitual la aplicación automática cuando se plantean estos casos por parte del juez? Dos, ¿están ustedes simplemente proponiendo la eliminación del segundo párrafo del
artículo 156 o están también propugnando una modulación de la incapacitación?
Le quería pedir también que me pusiera algunos ejemplos para ilustrarme, se lo digo sinceramente. Usted decía que aquí hay gente que dirá que en el transporte por ejemplo y en algunos entornos qué más da el masculino que el femenino, que le
dará igual el acceso a un autobús, el acceso a un avión, etcétera. Discúlpeme pero yo de verdad me incluyo entre ellos, y prefiero preguntarlo en público que callarme. Quizá por mi condición masculina no acabo de ver por ejemplo en el acceso a un
transporte público, a un autobús, dónde está la diferencia de género, dónde pueden estar los problemas. Por eso me gustaría que si puede nos ilustre con algún ejemplo más concreto, y seguro que es muy simple y pienso: cómo no habré caído antes.
He visto también cuando se hablaba de las prótesis que se centran todos los programas en una visión masculina del asunto. También hablaba usted de que muchas mujeres no pueden optar a programas de reproducción asistida. Me da la sensación
de que es más la ejecución de la legislación, la práctica o determinados clichés que podamos tener todavía en nuestra sociedad que lo que limite la legislación, ya que en general se han dado grandes pasos en los últimos años, y está más o menos bien
orientada.
La señora PRESIDENTA: Ahora vamos a hacer un receso porque la compareciente, doña Ana Peláez, me ha pedido contestar a los dos portavoces que han intervenido para poder responder con exactitud a sus preguntas.
La señora COMISIONADA DE GÉNERO DEL COMITÉ ESPAÑOL DE REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CERMI (Peláez Narváez): No. Con el permiso de la presidenta, Sé que la práctica es que intervienen primero todos los portavoces, pero si no
les importa me gustaría responder a estas dos primeras intervenciones para no dejarme nada en el tintero, y después seguimos con los distintos grupos. No necesito receso.
La señora PRESIDENTA: Con receso quería decir que no íbamos a hacerlo como lo hemos hecho habitualmente. Por lo tanto tiene la palabra, señora Peláez.
La señora COMISIONADA DE GÉNERO DEL COMITÉ ESPAÑOL DE REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CERMI (Peláez Narváez): Muchísimas gracias, presidenta.
¡Qué buenas las preguntas y las consideraciones, que agradezco en el alma! Señor Esteban, soy plenamente consciente de que estoy ante una Cámara legislativa, y si hemos solicitado esta comparecencia es precisamente porque espero que esta
intervención de alguna manera pueda servir como background, como contexto para que cuando ustedes tengan delante legislaciones venideras piensen también en clave de mujeres con discapacidad. En este momento se está preparando la legislación que va
a sustituir a la Lismi. Yo he tenido el honor y la suerte de poder conocer los textos, los borradores -que pasarán por aquí seguro-, la propuesta inicial, y sus señorías podrán hacer las valoraciones que consideren los grupos parlamentarios. Hasta
ahora, ¡qué poco hay de todo lo que yo les he comentado; qué poco hay! Y estoy segura de que todo eso, señor Esteban, podrá servir si a ustedes les parece bien para que realmente pueda ser tomado en consideración en esa preparación legislativa casi
inmediata.
Pero hay muchas legislaciones en las que se está trabajando aquí. He tenido muchas comparecencias, creo que esta de hoy es la octava o la novena que hago entre esta Cámara y el Senado. La señora Fernández Davila
lo comentaba anteriormente, nosotros siempre les mandamos nuestras consideraciones ante cualquier propuesta legislativa que ustedes están valorando: cuando se está hablando de la adopción, ya sea nacional o internacional, de la Ley de
Dependencia, de la Liondau, o cuando se está hablando de tantas cosas. En ese sentido yo hoy quizá, señor Esteban, he preferido tomar como referencia este 2.º manifiesto, porque nos daba la oportunidad de hacer una valoración global y genérica
sobre cuestiones en las que estoy segura de que esta Cámara se pronunciará en los próximos meses o quizá años y que pueden llegar a afectar a las mujeres con discapacidad. Por ello perdóneme si el lenguaje utilizado no ha sido en estos términos
legislativos de hacer una valoración de qué legislación tenemos en este momento, y de cómo esa legislación considera o no a las mujeres con discapacidad. Eso no lo he hecho. Gracias a la acción del Cermi poco a poco vamos viendo que este impacto
de la discapacidad y del género en la legislación que va saliendo va calando más y más, y es nuestro espíritu, nuestra voluntad y nuestro trabajo.
En relación con el artículo 156 nosotros lo que proponemos directamente es su eliminación. Varias cosas a este respecto. Primero, como he dicho anteriormente, según el artículo 12 de la Convención sobre los derechos de las personas con
discapacidad, no se puede incapacitar a las personas. Todas las personas somos iguales ante la ley. Ese es el título de ese artículo, y dado que España ha ratificado esta convención eso es lo que se debe aplicar en nuestra práctica judicial, y es
lo que se debe tomar en consideración en nuestra legislación, porque pese a esa revisión legislativa que se ha hecho de la legislación española para ponerla en clave de esa convención hay cuestiones que han quedado pendientes, y la incapacitación es
una cuestión pendiente que todavía no se ha resuelto y que se tiene que resolver.
¿Cuál sería la respuesta, cómo se tendría que hacer? Entendemos que no todas las personas con discapacidad pueden responder por sus actos o pueden tomar todas las decisiones. ¿Qué es lo que proponen la convención y este nuevo modelo de
derechos humanos que trae este nuevo tratado internacional de Naciones Unidas? Propone ya de entrada la toma de decisiones con apoyo, se puede buscar la capacidad residual que tiene la persona, la que sea, para asegurar que va a poder hacer uso de
esa capacidad residual para tomar las decisiones sobre aspectos y circunstancias que le afectan directamente. Hay muchas personas con una discapacidad intelectual importante que pueden decidir si quieren vivir con una persona o con otra, dónde
quieren vivir, cómo, si quieren salir o entrar, etcétera. Y eso es lo que trae este nuevo modelo, que exigirá tiempo y entendimiento y que pasa por que todos estemos concernidos por este cambio paradigmático a la hora de entender la discapacidad.
Porque la discapacidad no se sufre, ni se padece, yo no estoy enferma ni padezco nada, y de mis compañeros y compañeras con discapacidad algunos pueden estar enfermos, porque además de la discapacidad tengan una enfermedad. Pero la discapacidad no
se sufre, no se padece; la discapacidad se tiene, igual que tenemos otras cosas, igual que estamos configurados como personas con un perfil concreto. Yo soy una persona ciega, soy una mujer ciega, pero mi ceguera a mí no me hace sufrir ni padecer.
Ese es el cambio a la hora de entender la discapacidad, la causa de la discapacidad, el factor de la discapacidad. Yo entiendo que para una persona que acaba de adquirir una situación de discapacidad seguro que van a ser traumáticos los primeros
momentos de su vida, igual que cuando perdemos a un ser querido, o cuando tenemos una enfermedad, o igual que cuando nos arruinamos. Hay cuestiones muy traumáticas en nuestras vidas, pero después tendremos que superarlas. Ustedes hablan de las
personas con discapacidad desde el respeto, me parece fenomenal y se lo agradezco, pero tenemos que hablar desde ese paradigma. La incapacitación existe, pero no debería existir, no si realmente hemos ratificado esta convención; no puede existir.
De entrada no se puede incapacitar a nadie, hay que buscar esas medidas complementarias. La gente dice: ¿y si está en coma y no se mueve? Señorías, ¿qué tanto por ciento de la población está en esa situación? ¿El 0,003%? ¿Basándonos en ese
0,003% estamos condicionando la vida de tanta gente? No habría derecho a eso. Es lo que yo entiendo.
Por otra parte, lo que proponemos en el artículo 156 es ser coincidentes nuevamente con la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Esa convención ahora, en el artículo 23, dice que las personas
con discapacidad tienen que mantener su fertilidad. Lo dice así; no pone excepciones. La señora Fernández Davila me decía: claro, pero es que aquí se está hablando de grave discapacidad psíquica. No, el artículo 23 de la convención no dice: se
tiene que mantener la fertilidad, a excepción de las personas con grave discapacidad psíquica. Entendemos que quizá no todas las mujeres pueden ser madres y dar a luz, eso se entiende; pero hay otras formas distintas para evitar esa situación de
embarazo que pueda existir, pero nuevamente es un porcentaje mínimo de la población, que a lo mejor no llega ni al 2% o menos de esas mujeres que verdaderamente no vayan a poder ser madres por condiciones muy limitantes de su propia discapacidad.
Puede existir esa posibilidad, claro que sí, igual que en las personas sin discapacidad también existe esa situación. Lo que el Cermi pide es que en ese mínimo porcentaje de casos se puedan utilizar otros métodos para evitar embarazos que no sean
mutilaciones contra la voluntad de la persona. Además les tengo que decir que esto de la deficiencia psíquica grave, que es lo que pone el artículo, no se mantiene, señor Esteban. Ojalá contáramos con fondos para hacer un estudio en profundidad de
esto, por ejemplo, en los diez últimos años. Por suerte esto no sucede cada día, claro que no. ¿Cuántos casos tendremos? No lo sé. Por aventurarme podría decir que a lo mejor en un periodo de cinco años quizá podamos tener, no sé, cien o
trescientos casos. Los suficientes para
tomar una decisión y para hacer algo, señora Fernández Davila, porque somos inconsistentes con este modelo de derechos humanos.
Por otro lado, el señor Esteban me decía: ¿puede poner ejemplos de esos estudios? La Comunidad de Madrid, por ejemplo, desarrolló hace un par de años un estudio de la violencia en las mujeres con discapacidad. Se creó incluso una comisión
en la que participó parte de nuestro sector asociativo de la Comunidad de Madrid. Usted sabe que el Cermi es una plataforma estatal, pero también tiene las plataformas autonómicas. Pues bien, se participó en ese estudio y se conoció. Por eso
tenemos esos indicios de que los resultados no eran demasiado buenos. Sin embargo se ha decidido no publicarlo. Esa es la situación. Sé que hay algún estudio más que si quiere le comento.
Usted me hablaba del transporte. El transporte efectivamente es un bien público que en principio no afecta por ser hombre o mujer. Sepa usted que el porcentaje de mujeres en silla de ruedas que adquieren un vehículo propio adaptado es
mínimo; puede ser hasta quince veces menor que el porcentaje de los hombres. Por tanto esas mujeres y otras muchas que además no cuentan con medios económicos, que no tienen trabajo, etcétera, van a tener que hacer un uso mucho más frecuente del
transporte urbano y -muy importante- del transporte rural. El transporte rural es importantísimo. Cuando se empieza a legislar en la Unión Europea, que es quien tiene competencia en materia de transporte, se comienza como le comentaba por el
reglamento de transporte aéreo, precisamente el más caro, al que las mujeres apenas van a acceder por lo caro que cuesta, y porque apenas lo necesitan para su modus vivendi, porque como yo he descrito en la intervención inicial son mujeres que
tienen una participación comunitaria muy reducida, entre otras cosas porque el transporte que realmente sería accesible para ellas y les permitiría esos desplazamientos no está a su alcance. En los datos iniciales les he dicho que la gran mayoría
de estas mujeres con discapacidad, el 75% de las personas con discapacidad viven en el entorno rural, vivirán allí y allí se quedarán, sin salir de sus casas, porque el transporte rural no es accesible. No se trata de que el autobús tenga una parte
para hombres y otra para mujeres, o que tenga diseño de hombres o mujeres, no; se trata de pensar qué transporte es el que llega mayoritariamente a la población. A nosotros nos da igual que sean hombres o mujeres. Lo que pasa es que son mujeres.
Si pensáramos en esa clave de qué servicio llega a más gente estaríamos incluyendo a las mujeres con discapacidad, y en el transporte, señor Esteban, no se ha hecho.
Yo creo que he podido responder a lo que ustedes me han cuestionado.
La señora PRESIDENTA: Seguimos con el turno de intervenciones. Tiene la palabra el portavoz del Grupo de Unión Progreso y Democracia, señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Señora Peláez, muchísimas gracias por su intervención. Voy a intentar ser breve porque se nos va haciendo tarde, pero quisiera hacerle tres o cuatro consideraciones e iré de lo más general a lo más
concreto. En primer lugar, una de las herramientas fundamentales para igualarnos es el acceso al trabajo. Usted ha dicho que se iba a presentar una nueva ley alternativa a la Lismi. Yo creo que el problema no es tanto el cambio de la ley como que
la Lismi no se ha cumplido. Quisiera saber cuál es su valoración al respecto y qué mecanismos cree usted que se deberían crear para que en esta nueva propuesta que se nos va a hacer no vuelva a suceder.
En segundo lugar, me gustaría que usted me diera su opinión en cuanto a otra cosa, concretando un poco más, que para mí es importante, y es el derecho al voto -usted ha hablado en algún momento de ello-, en dos opciones. Primero, no
solamente los incapacitados jurídicamente dejan de tener derecho al voto, creo entender que también hay incapacitados intelectuales que tienen esa limitación. Me gustaría saber su opinión al respecto, y también en cuanto a la accesibilidad y la
posibilidad que tienen las personas con discapacidad de poder ejercer el voto, porque a la hora de la práctica es una limitación importante de hecho, aunque no sea por ley.
En tercer lugar, ¿cuál es su valoración acerca de la figura del asistente personal? Nosotros presentamos aquí una alternativa a lo que existe hoy en día, una proposición no de ley que no fue aceptada por la mayoría de esta Comisión, y me
gustaría saber cuál es su opinión acerca de esa figura.
Otro tema, la educación y la integración respecto a esos dos modelos que hay. Sé que en algún aspecto me estoy alejando un poco de lo que es puramente el género, pero como usted dice -bien dicho además- las mujeres son el 75% de las
personas con discapacidad que hay en nuestro país, y yo creo que se puede entender que todo lo que estoy diciendo les afecta también a ellas especialmente.
Tenía una duda también en cuanto a deporte y mujer, y me gustaría saber cómo es posible que usted se tenga que aventurar a dar una cifra en cuanto a las esterilizaciones de mujeres con discapacidad. ¿Por qué no tenemos unos datos reales?
Ha respondido en cierta forma, pero me gustaría saber por qué no hay esa posibilidad de concretar un poco más. Me preocupa especialmente la incapacidad jurídica, también lo he dicho. Querría saber su valoración en cuanto a lo complicado que es
darle la vuelta a esa situación cuando se ha creado. Por un lado, es cierto que hay que revisarlo; por otro lado, también habría que revisar esa tremenda complicación con la que se encuentran las personas con discapacidad para darle la vuelta a
esa situación injusta. ¿Qué iniciativas está proponiendo el Cermi con respecto a las denuncias de las mujeres discapacitadas que se encuentran con más trabas a la hora de ejercer su derecho a la maternidad, sobre todo las mujeres con discapacidad
intelectual que soportan más presiones para que aborten y no tienen la
opción de adoptar niños? También quiero saber su opinión en cuanto a esos dos diferentes tramos de tiempo en los que se basa la actual Ley de aborto y que influye -esto también es importante decirlo aquí- en las personas que tienen
discapacidad.
La señora PRESIDENTA: Señora Peláez, puede contestarle y después seguimos con el resto de grupos parlamentarios.
La señora COMISIONADA DEL COMITÉ ESPAÑOL DE REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CERMI (Peláez Narváez): Gracias, señor Cantó, por todo lo que plantea. Trataré de responderle de manera un poco acelerada. Derecho al voto. Todas
las personas con discapacidad tenemos derecho a votar, dice la Convención de Naciones Unidas, ratificada por España -artículo 29-. La participación política de las personas con discapacidad y el derecho al voto es intrínseco a su condición de
ciudadanía, de ciudadanos y ciudadanas de este país. Cualquier persona con discapacidad tiene que tener derecho al voto, esté o no esté, lamentablemente, incapacitada. Aunque una persona tenga discapacidad intelectual sabe perfectamente si quiere
votar y quién le gusta más. Cuando planteamos elecciones en nuestro país no les preguntamos a los ciudadanos si tienen un nivel cultural determinado para votar o no votar. Aquí vota todo el mundo. ¿Por qué la condición de discapacidad intelectual
o de cualquier otra índole se tiene que poner en cuestión? ¡Anda que no hay cada zoquete por ahí que a saber qué vota y con qué conocimiento de causa! (Risas). Tiene su derecho. ¿Por qué las personas con discapacidad intelectual no lo van a
tener? Totalmente inconsistente con la convención. Pero para que las personas con discapacidad puedan votar, necesitan tener accesibilidad para ello. Accesibilidad significa también que ya no solo el propio momento de la votación tiene que ser
accesible, con colegios accesibles, que las personas con discapacidad podamos participar igualmente de nuestras responsabilidades ciudadanas a la hora de formar parte de mesas electorales, etcétera, sino también, y muy importante, que las campañas
políticas sean accesibles. En ese concepto de accesibilidad se puede considerar el tema, que además le puede venir muy bien a mucha gente, de personas que tienen limitada la capacidad intelectual. A lo mejor, en esa limitación beneficiamos a otras
personas incultas. Les animaría a que sus grupos políticos, que hacen esos maravillosos programas electorales llenos de ilusiones, de sueños y de compromisos, piensen también en clave de la persona que no sepa leer bien, de la persona que ya es muy
mayor, de la persona que no maneja bien nuestro idioma o que tiene una discapacidad intelectual, porque también son votantes y también tienen que entenderlo. Les paso la pelota, señor Cantó, a su tejado, para que los partidos políticos se
comprometan en hacer más accesible, comprensiblemente hablando, esos contenidos políticos que se transmiten y se ponen en las campañas electorales para que ese derecho al voto sea universal.
Educación. Usted dice o integración o educación especial. La convención nos trae un nuevo término. Esto del cambio de palabras puede ser que se quede en el cambio de palabras, pero a mí me gusta mucho este término, y me encantaría que yo
les inspirara ese contagio. La integración habla del proceso que la persona que es diferente, tenga una discapacidad o venga de un país diferente, hace para que alguien lo acepte. Yo me integro y soy yo la que tiene que poner toda la carne en el
asador para que el otro o la otra me reciba. Cuando hablamos de inclusión nos referimos a una cosa mucho más interesante, que es el esfuerzo que yo hago para estar contigo, pero el que tú haces también para estar conmigo. Es una palabra mucho más
bonita, mucho más plural que habla de ese compromiso mutuo. Yo tengo que hacer mucho para llegar a donde tú estas, pero tú me tienes que hacer espacio, me tienes que dejar hueco. Por tanto ¿educación inclusiva o educación especial? Por supuesto,
educación inclusiva con los apoyos necesarios. No podemos dejar a un niño o a una niña por ahí, puesto en una clase, y ya está. Cuando yo era pequeña, a los dos años y medio me separaron de mi casa. Tuve la suerte -mi padre dice que gracias a eso
he llegado donde he llegado-, pero también tuve la pena de que cuando tenía dos años y medio, me sacaron de Zafra y me llevaron a Sevilla, que era donde estaba el único colegio donde en principio pensaban que a mí me podían atender, que era el
colegio de la ONCE. Allí aprendí muchísimo y estoy encantada, pero me quedé sin mi familia, sin mis hermanos, sin mis padres, sin mi comunidad. ¿Qué peso tiene eso? No les quiero hablar de mí, sino que hablo en representación de muchas mujeres y
hombres con discapacidad. A eso no hay derecho. Eso no está pagado. A lo mejor a mí me hubiera dado menos igual venir hoy aquí al Congreso, pero haber estado con mis hermanos cuando hicieron la comunión, por ejemplo. Educación inclusiva, sin
duda.
Me preguntaba qué tenía que ver el deporte con las mujeres. Hay una serie de disciplinas deportivas específicas para los juegos paralímpicos, que son practicadas por personas con discapacidad intelectual, con ceguera o con otras
discapacidades. Sepan que, lamentablemente, muchas de esas disciplinas no salen adelante porque no hay chicas. No tiene práctica femenina. Por ejemplo, en el fútbol para mujeres con discapacidad, esa práctica y en este caso con discapacidad
visual, no hay equipos femeninos, pese a que tenemos deportistas y futbolistas que podrían llegar perfectamente a Londres, pero no va a ser así porque no salen adelante. Se tiene que hacer un esfuerzo importante en lo que es el deporte de alta
competición en mujeres con discapacidad. No lo recuerdo hoy de memoria, pero ayer lo comentábamos en el Real Patronato de la Discapacidad con su majestad la reina. Analizábamos cuántas son las personas que estarán en Londres en 2012. El
porcentaje de mujeres es muy bajo
porque todavía queda un importante camino por conseguir.
Hablaba también de la esterilización. Sobradamente ya hemos aclarado la postura del Cermi sobre este tema. Sepan ustedes también que cuando se comete un acto de esterilización, según lo que nos comentan resultados de otros estudios
internacionales, se dice que hay una exposición al abuso sexual infinitamente mayor en las mujeres con discapacidad por parte del propio entorno familiar directo. Estos estudios no son españoles, son estudios que se han hecho en Australia y en
Estados Unidos. Igualmente están a su disposición, señora presidenta, cuando lo requieran. No están traducidos pero están en inglés. Cuando se esteriliza a una mujer con discapacidad por parte de su entorno familiar hay una relación directa con
el abuso sexual porque no va a tener consecuencias, porque no se le da credibilidad al testimonio de una mujer con discapacidad de la que se ha abusado sexualmente. Eso tiene mucho que ver con ese acceso a la justicia. Muchas veces no damos
crédito, no damos veracidad a los testimonios que nos trasladan las propias mujeres con discapacidad. Hay algunas sentencias judiciales terribles, sentencias de España de este año, del pasado, del anterior. ¿Qué hacemos desde el Cermi, señor
Cantó? En el Cermi tenemos -con las limitaciones presupuestarias y de recursos humanos con las que contamos- un servicio de asesoramiento jurídico gratuito para las personas con discapacidad que se dirigen a nuestra entidad y que tratamos de
asistir. Además de nosotros, evidentemente, las defensorías del pueblo tienen un papel fundamental porque el Cermi es simplemente una entidad de acción política, pero son las defensorías del pueblo quienes sobre todo tienen que hacer valer y
asegurar que las personas con discapacidad -y específicamente aquí me gustaría hablar de las mujeres- tienen ese acceso, ese asesoramiento y esa posibilidad real de acceso a la justicia.
El señor Cantó me preguntaba sobre el posicionamiento del Cermi en cuanto al aborto. El posicionamiento del Cermi con respecto al aborto es muy claro y está expresado públicamente en nuestra página web y en todas las manifestaciones que
hemos hecho al respecto. Nosotros siempre hemos considerado que tener un plazo extraordinario de 22 semanas exclusivamente por razón de discapacidad es discriminatorio. Es conceder menor valía a la vida de una persona con discapacidad porque si
para el resto de situaciones en la legislación actual tenemos un plazo de 14 semanas pero cuando hay anomalías graves del feto -que a saber qué será eso- se consienten las 22 semanas, eso es conceder menor valía a la vida de un feto que podría ser
una persona con discapacidad, y además es una situación discriminatoria porque según la legislación y según el artículo 5 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad no se puede tener una legislación que discrimine por razón
de discapacidad, y si creamos un plazo específico por esta razón eso no está en consonancia con este artículo de la convención.
Creo, señor Cantó, que he tratado de responder a todo lo que usted me ha preguntado.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Sí, muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, señora Ciuró.
La señora CIURÓ I BULDÓ: Muchísimas gracias, señora Peláez. Para mí está siendo un verdadero placer escucharla. Soy nueva en esta legislatura y no había tenido ocasión de escuchar de primera mano las necesidades, los problemas, las
inquietudes del mundo de la discapacidad y más concretamente en lo que afecta a las mujeres. Estoy encantada de haberme apuntado a la conferencia que organiza el Cermi sobre los desafíos del nuevo milenio para las mujeres con discapacidad; pienso
que serán unas jornadas extremadamente valiosas, al menos para que esta diputada pueda conocer mucho mejor cuáles son todas las problemáticas -si me permite la expresión- que rodean al hecho de ser mujer y además tener una discapacidad, que es como
usted bien dice vivir una discapacidad más que padecerla o sufrirla. Quería también -se lo he dicho antes- darle la enhorabuena por su reciente nombramiento en el Lobby Europeo de Mujeres, en la asamblea que se celebró recientemente en Hungría.
Por tanto, felicidades y sirva esta Comisión para hacerlo de manera formal desde mi Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. Nos ha planteado muchos y variados temas, señora Peláez y además veo que es cierto el principio inspirador, que es la
ética, que inspira el Plan de igualdad que han aprobado recientemente en el Cermi. Sobre la base de esta ética, si todos fuésemos capaces de aplicarla con la razón y con la lógica con la que usted es capaz de exponer todas las problemáticas que
plantea, seguramente mucho más habríamos avanzado en todas las políticas, especialmente, en las que nos afectan como mujeres y también las que afectan a las mujeres que padecen algún tipo de discapacidad. Por tanto, le quiero agradecer esta fuente
de información que ha sido para mí hoy usted en esta primera ocasión que he tenido de escucharla en una Comisión de una manera formal.
El señor Esteban lo ha comentado y usted ha respondido muy amablemente, por lo cual no voy a reiterar el tema al que usted ha dado cumplida respuesta. Me ha sorprendido enormemente lo que ha manifestado de los informes, teniendo en cuenta
que se trata de informes que afectan a personas y en tanto que estos informes afectan a personas necesariamente deben ver la luz pública para diagnosticar esa actitud y luego poder encontrar los remedios que ayuden a esas personas a solucionar sus
problemas. Por lo tanto, gracias por la respuesta que le ha dado al señor Esteban. Ciertamente, debemos trabajar para evitar que estas cosas sigan sucediendo porque no nos benefician a nivel global. Me ha
sorprendido también lo que ha comentado de los entornos y los servicios residenciales comunitarios, básicamente porque esta diputada no conocía esa circunstancia y el hecho de que tuviesen algún tipo de problemática los residentes en estos
entornos. Por tanto, gracias por su aclaración. Quería decirle también que en cuanto a la incapacitación, un tema importante y delicado, me gustaría recordar que tenemos pendiente como Poder Legislativo la reforma de la ley de la jurisdicción
voluntaria. A través de la ley de la jurisdicción voluntaria se accede a los procedimientos para incapacitar a las personas y allí se establecen los mecanismos y los medios que se tienen que seguir para proceder a estas incapacitaciones.
Le tengo que decir que cuando me dedicaba al ejercicio de la abogacía procuraba, cuando me caía algún tipo de expediente, intentar concienciar de que la persona que está solicitando esta incapacitación no era la afectada sino que era un
familiar directo y que además las personas que teníamos la obligación de estudiar si aquella persona debía o no ser incapacitada debíamos también valorar que privar de los derechos elementales a las personas es algo muy fuerte, es algo muy delicado
que se tiene que administrar con extrema prudencia. Con lo cual, procurábamos en aquel momento buscar una sentencia que fuese en cierta forma gradual de acuerdo con las circunstancias de la persona, una sentencia ad hoc que no incluyese una
incapacitación en términos generales para niveles patrimoniales, la esterilización para la mujer, y además privarle del derecho de sufragio, por decir algo, sino que buscábamos que hubiese una correspondencia entre la situación específica de la
persona -porque cada persona es distinta y tiene un grado de incapacitación posible- y por tanto adecuar las limitaciones reales a las posibilidades reales de aquella persona. En aquellos momentos todos los poderes implicados -fiscalía, judicatura
y los letrados que nos dedicábamos a esto- conseguimos que en Sabadell se hiciesen algunas sentencias -no muchas porque tampoco era un tema que viniera muy a menudo- que fuesen como un traje a medida para aquella persona que tenía que sufrirlas,
entre comillas. Tenemos pendiente la reforma de la legislación voluntaria, que conviene abordarla, y los extremos que de ella se derivan, como lo que manifestaba usted del artículo 156 del Código Penal. Es un debate que hay que afrontar con la
ética que usted nos ha enseñado aquí que tiene que aplicarse, sobre todo en cuestiones sensibles, como es la situación de la discapacidad en las mujeres.
Muchas gracias, señora Peláez.
La señora PRESIDENTA: Señora Peláez, puede contestar.
La señora COMISIONADA DE GÉNERO DEL COMITÉ ESPAÑOL DE REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CERMI (Peláez Narváez): Realmente la señora diputada no me ha hecho ninguna pregunta. Me agrada conocer que cree que está siendo de utilidad
mi comparecencia y que ha tomado en consideración desde su práctica de la abogacía cuestiones que me parecen fundamentales para que verdaderamente se vaya cambiando la manera de entender y abordar el enfoque de derechos humanos en la discapacidad.
Muchas gracias por su compromiso.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señora Ros.
La señora ROS MARTÍNEZ: Señora Peláez, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista quiero agradecerle su comparecencia y darle la bienvenida esta mañana -tarde ya- a la Comisión de Igualdad. Era la primera vez que la escuchaba, y aunque
mis compañeras y compañeros ya me habían ilustrado de su gran conocimiento en la materia de igualdad, no por eso ha dejado de sorprenderme su magnífica exposición. Quiero felicitarle también en nombre del Grupo Parlamentario Socialista por su
reelección por amplia mayoría para formar parte nuevamente del consejo de administración del Lobby Europeo de Mujeres, que es la organización más representativa de mujeres a escala europea. Esta, señora Peláez, ha sido una comparecencia extensa
pero muy clara; su objetivo principal como es la igualdad es un contenido que nos interesa muchísimo y nos preocupa todavía más en la actualidad en Europa y en España, porque la crisis económica no puede ser el pretexto ni la excusa como lo es
ahora para frenar o retroceder el avance de las mujeres y de la sociedad hacia la igualdad real y efectiva.
De la necesidad de este 2.º manifiesto que expresa de forma explícita los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad dentro de la Unión Europea, nos gustaría quedarnos con la necesidad de utilizar los conocimientos que las mujeres con
discapacidad han adquirido en los últimos años para que se convierta en una herramienta fundamental a la hora de garantizar que se respeten estos derechos pasando de la teoría a la práctica. Somos conscientes de que vivimos y atravesamos momentos
de grandes dificultades, la igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal y también un principio fundamental en la Unión Europea. Es evidente que los derechos fundamentales en Europa se expresan muy a menudo a través de los
servicios públicos; determinados servicios públicos constituyen un núcleo duro como son la educación, la sanidad y los servicios sociales. Oportuna es, pues, señora Peláez, su comparecencia, porque las reformas de la sostenibilidad del Estado del
bienestar que está experimentando nuestro país en estos últimos meses responden también a un cambio en nuestro modelo social que afectará directamente a las políticas de igualdad, a las mujeres y a las niñas. Quiero que tenga conocimiento de que la
semana pasada la portavoz socialista en esta Comisión, la señora Montón, defendía en el Pleno una moción consecuencia de una interpelación de nuestro grupo para defender una estrategia coordinada con la Unión Europea para que,
junto a los objetivos de crecimiento, mejora y reorientación del modelo productivo, se mantengan la equidad en la prestación de servicios públicos básicos que, como ya he mencionado, son la educación, la sanidad y los servicios sociales;
justamente, señora Peláez, muy en consonancia con lo que recoge este 2.º manifiesto, porque se trata de evitar retrocesos que amplíen la desigualdad, una proposición -le adelanto- que no prosperó.
Es cierto que la Unión Europea ha logrado importantes avances gracias a la legislación sobre igualdad de oportunidades, pero es evidente, como demuestra su exposición, que las desigualdades siguen siendo patentes. Las políticas de igualdad
constituyen un elemento de evaluación para comprobar si vivimos en una Europa avanzada y justa pero también en una España avanzada y justa. Porque la discapacidad no puede ni debe ser un obstáculo para que las mujeres tengan una vida de calidad y
aunque este 2.º manifiesto, como usted muy bien ha expuesto en la comparecencia, se apoya sobre 18 áreas temáticas, permíteme que me centre muy concretamente, por la brevedad y porque muchos de mis antecesores ya le han hecho muchas de las preguntas
que yo traía para formularle, en varias que sí nos preocupan al Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, el empleo. Usted ha mencionado que de cuatro empleos para personas discapacitadas solamente uno es para mujer. Aquí últimamente, con
la nueva reforma laboral, todos los análisis de sindicatos y de organizaciones sindicales, todos han denunciado el grave retroceso que supone esta reforma porque choca frontalmente con la Ley de Igualdad. Nos gustaría preguntarle si cree que esta
nueva reforma laboral favorece el acceso al mercado laboral de las mujeres con discapacidad, si ha analizado el impacto que tendrá sobre su colectivo la pérdida de derechos y el aumento de la brecha salarial que contempla esta reforma laboral.
En segundo lugar, en el tema de la salud, ya que como usted muy bien ha dicho las mujeres con discapacidad tienen un mayor riesgo de sufrir enfermedades, nos gustaría conocer cómo valora el Cermi el Real Decreto 16/2012, de 20 de abril, del
Gobierno de España, que supondrá un ecopago en ciertas prestaciones sanitarias debido a la eliminación de determinadas prestaciones en la cartera de servicios, como pueden ser los traslados o las prótesis, y qué consecuencias va a tener para las
mujeres y para las niñas.
En el tema de la educación, en el que usted ha hecho mucha incidencia, hemos conocido que hace una semana, concretamente el pasado martes 12 de junio, el Cermi mantuvo una reunión con el ministro de Educación y le trasladó su preocupación
por los recortes y ajustes en políticas educativas que perjudicarán especialmente al alumnado con discapacidad. Nos gustaría conocer su valoración sobre esta preocupación que tiene el Cermi, especialmente en políticas educativas que perjudicarán
especialmente al alumnado con discapacidad.
Por último, nos gustaría conocer, en materia de participación, su opinión como experta y miembro del Consejo de Participación de la Mujer, qué valoración tiene de este mecanismo de participación y cómo valorará en el futuro este consejo
todas las aportaciones que ha hecho usted en esta exposición.
Finalizo diciéndole que auguramos un éxito ya rotundo en la II Conferencia internacional, en la que esperamos participar y le agradecemos la invitación que han cursado al Grupo Parlamentario Socialista. He de decirle también que somos
conscientes de que este manifiesto es una herramienta que no sirve solo para beneficiar a las organizaciones de la discapacidad sino que forma parte de una apuesta de justicia y cohesión social. Es evidente que queda todavía mucho por hacer en
materia de educación, empleo, formación, ocio, salud, deporte. Europa debe comprometerse en todos estos ámbitos a ser sensible a los derechos de las personas con discapacidad, especialmente con las mujeres y con las niñas, pero también nuestro
país. Mujeres y niñas con discapacidad están expuestas todavía más a la desigualdad, y para su lucha y erradicación encontrará, señora Peláez, en el Grupo Parlamentario Socialista, toda nuestra disposición y colaboración, como no podía ser de otra
forma. Le agradecemos nuevamente su magnífica exposición, que nos ha ilustrado en esta mañana-tarde en unos valores y unos principios que fortalecen todavía más continuar luchando por una igualdad real y efectiva.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra nuestra compareciente, señora Peláez.
La señora COMISIONADA DE GÉNERO DEL COMITÉ ESPAÑOL DE REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CERMI (Peláez Narváez): Señoría, muchísimas gracias igualmente por la manifestación de ese ámbito de preocupaciones que como consecuencia de
la situación actual de nuestro país evidentemente repercute de forma mucho más directa y seria en los sectores más vulnerables, y dentro de esos sectores vulnerables o expuestos a una máxima vulneración, por supuesto se encuentran las mujeres con
discapacidad, las niñas con discapacidad y también otro colectivo del que hoy no he hablado aquí, que son las madres de personas con discapacidad, en muchos casos mujeres que igualmente, a pesar de su importantísimo compromiso con la discapacidad,
con la atención de sus familiares con discapacidad, tienen a lo mejor al cabo de los años una protección social mínima en relación con todos los servicios prestados.
Trasladarles hoy aquí en dos minutos qué piensa el Cermi sobre la reforma laboral, sobre la reforma sanitaria y sobre la reforma educativa, sinceramente es complicado. Nosotros, desde nuestro sector -siempre lo han sabido-, entendiendo la
situación de partida que tenga el grupo que gobierne sea el que sea, tratamos de buscar sinergias para encontrar soluciones que puedan ser válidas en relación con las específicas condiciones de cada momento. En este momento, como bien conoce, el
Cermi está manteniendo encuentros al más alto nivel
con los titulares de las carteras de los distintos ministerios, razón por la cual nuestro presidente, acompañado de una delegación, se encontraba la pasada semana con el ministro de Educación, del mismo modo que lo ha hecho con otros
ministros y ministras. Es lógico que se busquen y expongan esas situaciones de mayor vulnerabilidad. Por supuesto, entendemos, sabemos y partimos de la base de que esa reforma laboral, hoy por hoy, no contempla ni a las mujeres con discapacidad ni
en genérico a las personas con discapacidad como nos gustaría. Lo que tenemos que hacer -es la actitud del Cermi- es, una vez que están tomadas las decisiones políticas que sean, ver cómo podemos sobrepasar una determinada situación y desde luego
ofrecer siempre nuestra máxima colaboración para encontrar medidas que verdaderamente no perjudiquen de manera traumática a nuestro sector, hoy en una situación de agonía -si ustedes me lo permiten- ante esta crisis económica, agonía en muchos
sentidos: agonía individual de las personas, porque hablamos de muchas personas, agonía de sus familias, que encuentran limitados muchos de los derechos, y agonía del propio tejido asociativo, que se encuentra igualmente limitado en las
prestaciones de servicios que se ofrecían, algo que no es distinto especialmente a lo que padecen otros sectores con máxima vulnerabilidad como puede ser el de la discapacidad. Por supuesto, expreso aquí en nombre del Cermi nuestra preocupación por
no retroceder en derechos adquiridos en los ámbitos comentados -empleo, sanidad, educación- y solicitamos esa consideración de mayor y extrema vulnerabilidad que en este caso padecen no solamente las personas con discapacidad, sino también sus
familias y las organizaciones representativas.
En cuando a mi consideración en relación con el Consejo de participación de la mujer, me parece esencial. La figura del Consejo de participación de la mujer ha supuesto un largo proceso de trabajo y finalmente de encuentro de todas las
organizaciones de mujeres de este país, donde he tenido el privilegio de ser invitada en calidad de experta. Sinceramente, confío en la reactivación de este consejo de participación. En momentos de crisis, una vez más las mujeres en global somos
la población que seguramente más sufrimos la carga de esta situación de deterioro económico que afecta a muchos ámbitos de la vida, no solamente a los comentados de empleo, sanidad, salud y educación, sino también a muchos otros. Y, por supuesto,
me parece esencial que en momentos como este sigamos contando con ese Consejo de participación de la mujer.
Una única cosa más. En relación con la Unión Europea, me parece importante que sigamos la senda de lo que establece la Comisión Europea, los avances que se están produciendo en el marco de la Unión, pero también me parece interesante que
nos sintamos orgullosos y orgullosas de sabernos parte de un país que le puedo decir -conozco algo más de noventa países en todo el mundo- que ha liderado y lidera la causa de la igualdad y de la discapacidad entre otros muchos países.
Siempre digo que si vendiéramos más y mejor lo que hacemos, seguramente nuestro prestigio internacional subiría.
La señora PRESIDENTA: Para terminar el turno de portavoces, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, la señora González.
La señora GONZÁLEZ VÁZQUEZ: En primer lugar, muchas gracias a doña Ana Peláez por su gentileza al comparecer hoy en la Comisión de Igualdad de esta Cámara. También aprovecho este turno para felicitarla por su reciente nombramiento como
miembro del Lobby Europeo de Mujeres, que se une a otros cometidos nacionales e internacionales que desempeña muy bien la señora Peláez, y por su trabajo en el seno del Cermi estatal, al que extiendo la felicitación por esta intervención y por su
trabajo en general.
He seguido con mucha atención su excelente intervención en la que nos ha proporcionado mucha información actualizada. Incluso ha avanzado muchas respuestas a varias de las preguntas que previamente a su intervención nos habíamos formulado
con respecto al tema de su comparecencia. Además, y lo digo con toda sinceridad, nos ha dado una lección magistral no solo sobre la problemática del género y la discapacidad, sino en materia de igualdad y de derechos humanos. Por ello la felicito
muy sinceramente.
Señora Peláez, es evidente a la luz de sus palabras y de las intervenciones previas en esta misma Comisión que la ratificación por parte del Gobierno de España de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad
supone un antes y un después, al menos teórico; igual ocurre en el resto de los países de la Unión Europea al haber sido ratificado también al menos por la Comisión. En sus otras comparecencias y en esta de hoy mencionaba el cambio sustancial que
había supuesto la convención en el sentido de la modificación del enfoque tradicional imperante en las políticas de discapacidad -primero sanitario y asistencial después- por un enfoque nuevo, que es lo más importante, desde la óptica de los
derechos humanos, la ciudadanía plena y la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Además, este nuevo enfoque beneficia fundamentalmente a las mujeres y a las niñas, que son las más afectadas por la privación de derechos que
conllevó -y conlleva todavía, a la vista de lo que usted ha mencionado- la tradicional concepción de la discapacidad. Son también las más afectadas muchas veces por los problemas de violencia de género y violencia sexual por parte de sus familias o
de su propio entorno.
Para entrar más en detalle, querría preguntarle por la situación de las reformas que se deben realizar para que el ordenamiento jurídico español se ajuste a ese nuevo enfoque de derechos humanos que acabamos de mencionar; particularmente,
como usted ha detallado, al artículo 156, pero entiendo que el enfoque tiene que ser
más amplio. Posiblemente usted se ha centrado en al artículo 156 como colofón a su intervención, pero existen muchas otras circunstancias vinculadas a esas figuras como la tutela, la curatela, la guarda o la patria potestad, que no sé hasta
qué punto han sido objeto de revisión para actualizarlas a la luz del nuevo enfoque de la convención. En su día usted comentó la voluntad de elaborar un borrador de proyecto de ley de ajuste del ordenamiento jurídico a las previsiones de la
convención y querría saber hasta qué punto ustedes desde el Cermi han valorado los avances dados, si se han dado algunos, pocos o muchos. ¿Cree que ese proceso podrá ser terminado a través de la elaboración de una nueva ley, como parece que se ha
anunciado recientemente por parte del ministerio?
Usted ha hablado de invalidación de ciudadanía. Creo que nos ha dado ejemplos y pruebas bastante claras durante su intervención de que esa es la cuestión que está en juego y, por tanto, es preciso hacer esa modificación sustancial a la luz
del nuevo enfoque de todo nuestro ordenamiento jurídico. También quería pedirle su opinión más detallada en relación con la violencia que se ejerce contra las mujeres con discapacidad. Aunque, como usted ha comentado, los entornos en los que viven
las mujeres con discapacidad -espacios institucionalizados, centros, hospitales, residencias- se consideran protegidos e incluso sobreprotegidos, como se suele decir frecuentemente en relación con el entorno familiar, lo cierto es que la violencia
tiene incluso más cabida en ellos y, como usted ha mencionado, el silencio es más espeso todavía que en otras circunstancias, por lo que resulta más difícil conocer estas situaciones y tomar las medidas adecuadas para castigar por un lado y proteger
por el otro.
Yo procedo de Galicia, donde quería comentarle que se acaba de presentar hace muy pocos días el primer estudio detallado sobre discapacidad y género en nuestra comunidad autónoma. Si usted no lo tiene todavía, me ofrezco a proporcionárselo
en cuanto me sea posible. Conozco muy bien la situación de algunas mujeres discapacitadas psíquicas fundamentalmente en el entorno rural gallego, donde no reciben apenas educación, el mínimo de atención y cuidados, dedicándose a servir de criadas
al resto de la familia sin animación hacia la formación ni evidentemente al empleo, sin ser animadas o promovidas a salir de casa, heredando la ropa vieja de sus hermanos o hermanas, por lo que es evidente que todavía debe realizarse un gran
esfuerzo por detectar esas situaciones. Me alegra especialmente oírle hablar de la iniciativa del Cermi de formación interna en un tema de género, me parece particularmente importante y les deseo de verdad muchísima fortuna en este empeño por una
razón, al menos en lo que se refiere a mi conocimiento de la materia en mi comunidad autónoma. Muchas de las asociaciones que trabajan a favor de la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad son creadas fundamentalmente por los
progenitores de las personas con discapacidad, existiendo muchas veces intereses contrapuestos en relación con los objetivos a procurar y habiendo además de manera voluntaria o involuntaria un gran mantenimiento de la desigualdad de género, y creo
que ahí estoy tocando una de las problemáticas más importantes, el germen de la problemática en torno al artículo 156, tan importante y que usted ha utilizado como colofón y casi como expresión de su voluntad de animar al Gobierno, de animar a la
sociedad española a modificar su legislación y su comportamiento en torno a la cuestión del tratamiento de la discapacidad.
Quería referirme ya por fin a las quejas que han sido mencionadas también por el portavoz de UPyD, el señor Cantó, en torno al trigésimo aniversario de la aprobación de la Lismi. Diputados y diputadas de esta Cámara estamos siendo
bombardeados por correos electrónicos que denuncian el incumplimiento de la ley fundamentalmente en lo que se refiere a los porcentajes de personas con discapacidad contratadas, el 2% establecido por la ley, en las administraciones y en las empresas
de más de 50 trabajadores y trabajadoras, y cómo esa obligación se ha visto modificada por la adopción de otras medidas que se entendieron y se plantearon en la ley como excepcionales, por ejemplo, bienes y servicios con centros especiales de
empleo, incidiendo negativamente en la normalización del empleo de las personas con discapacidad. Se propone que el Gobierno reactive con vigor las medidas de esta ley, que no sean sustituidas esas medidas prioritarias por otras y que sea
imprescindible el cumplimiento de la ley por parte de las empresas para la homologación de los convenios colectivos. Quería saber qué opina usted y qué opina el Cermi al respecto.
Termino con esto. Muchísimas gracias, señora Peláez, de nuevo reitero la satisfacción del Grupo Parlamentario Popular por su presencia en esta Comisión. Nos sentimos verdaderamente honradas con su comparecencia, sus observaciones y
peticiones. Esté segura de que nos hemos sentido concernidas todas las personas presentes y que haremos todo lo que esté en nuestras manos por trasladarlas a las instancias correspondientes. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Tiene ahora la palabra nuestra compareciente, la señora Peláez, para contestar al Grupo Parlamentario Popular.
La señora COMISIONADA DE GÉNERO DEL COMITÉ ESPAÑOL DE REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CERMI (Peláez Narváez): Nuevamente, señora González, muchísimas gracias por los comentarios hechos por su grupo parlamentario, se los
agradezco de verdad. No tengo el estudio de género y discapacidad de Galicia, pero me encantaría acceder al mismo, así que si me lo puede mandar, se lo agradeceré de verdad.
Efectivamente, nosotros desde el tejido asociativo, desde el Cermi, venimos trabajando de forma muy concienzuda para sacar adelante todas estas cuestiones que hoy he comentado aquí, ya sea a través de planes para
organizaciones del tercer sector o planes y medidas internas para conseguir ese compromiso y esa concienciación sobre los temas de igualdad entre hombres y mujeres con discapacidad, las familias, etcétera. Es cierto lo que usted plantea,
muchas de estas cuestiones están todavía sin resolverse dentro del propio movimiento asociativo. El tema de la esterilización concierne y compete directamente a las familias y las organizaciones de familias también están concernidas por este cambio
paradigmático que trae la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Son ellas las que en muchos casos dan o limitan oportunidades a sus niñas, a sus adolescentes, a sus mujeres, a sus mayores femeninas. Por
tanto, hay un peso importante que recae sobre tales instituciones, las familias, en relación con todo esto. La propia presencia de personas con discapacidad dentro de nuestro movimiento asociativo, especialmente el movimiento de familias, se tiene
que activar, y creo que ahí se están dando pasos y cambios importantes para que las propias organizaciones de familias de personas con discapacidad hagan mayores esfuerzos por tratar de involucrar y poner en primera persona la voz de quienes
representan, de sus representados. Ahí queda un importantísimo camino por recorrer, camino ya iniciado y compromiso que va en aumento.
Es cierto, no le respondí al señor Cantó con respecto a la valoración de la Lismi. La Lismi, es de 1981 y se ejecuta a partir de 1982 -hay treinta años de diferencia-, respondía a unas necesidades y a un contexto que ha cambiado y que es
muy diferente en este momento. Tenemos unas herramientas de protección jurídicas mucho más amplias, más extensas que con las que contábamos en aquel momento, y por tanto sería muy pobre por mi parte decir que esa legislación, hoy por hoy, ya está
superada. Hay compromisos que se expresaron en aquel momento y que, sin embargo, hoy todavía siguen pendientes, así como compromisos expresados después, en 2003, a través por ejemplo de la Liondau, cuyo desarrollo adecuado está pendiente, pese a
ese desarrollo reglamentario de buena parte de toda esa legislación. En este momento se está trabajando en un modelo nuevo con este enfoque de derechos humanos, que es en el que ahora estamos especialmente centrados y en el que estamos trabajando
en el Cermi. Confiamos en que en este nuevo instrumento jurídico se pueda poner en valor y que salga adelante toda esta perspectiva de derechos humanos que trae esta nueva convención.
Usted me preguntaba qué legislación queda todavía pendiente a la hora de adaptar la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad a nuestro marco jurídico estatal y autonómico. En ese sentido, comento y pongo en
conocimiento de esta Comisión que el Cermi, conjuntamente con la Universidad Carlos III, hizo en su momento, hace ya algo más de dos años, un estudio muy exhaustivo, que si lo quiere conocer se lo podemos hacer llegar, sobre esa analítica específica
de todo el marco legislativo español para ponerlo en clave de convención. Evidentemente, modificar casi un centenar de normas, de legislaciones, de leyes, es imposible, y algunas de sus señorías que estuvieron en todo este proceso lo conocen bien.
Se pensó y se tomó la decisión de hacer una primera legislación, si usted me lo permite, escoba, que armonizara la legislación actual con la convención sin tener que modificar expresamente ley por ley cada una de la base jurídica estatal que
teníamos en ámbitos especialmente concernidos por esta convención. De esa propuesta inicial amplia y extensa que hizo el Cermi conjuntamente con la Universidad Carlos III no todo se ha considerado en esa legislación transversal de armonización.
Realmente, todavía quedan cuestiones peliagudas e importantes a las que ya me he referido hoy en mi intervención, como el tema de la incapacitación, la esterilización y otras muchas cuestiones que, hoy por hoy, no están reguladas.
Me decía además que les gustaría conocer la situación específica en materia de violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad. No puedo extenderme hoy aquí pero, por supuesto, es una violencia que no solamente se centra en el ámbito
doméstico, sino que se extiende a muchos otros ámbitos de nuestra sociedad, pasando por las instituciones, en donde lamentablemente no existen protocolos para poder detectar estas situaciones de abuso y de actos directamente de violencia ejercidos
contra las mujeres con discapacidad. En el manual al que me refería cuando les hablaba de la reciente publicación de la transversalidad del género en las políticas públicas de discapacidad hay todo un capítulo elaborado por personas expertas -y la
doctora Teresa Sansegundo ha coordinado todo ese trabajo- que puede tener una respuesta mucho más detallada que hoy, por falta de tiempo, no le puedo dar, pero que seguro que será de su interés y responderá algo más a esta situación.
Hay un tema que siempre me ha preocupado ahora que hablamos y celebramos el año del envejecimiento activo europeo. Yo siempre les he dicho que hay una mayor prevalencia de mujeres mayores con discapacidad, y hay una prevalencia absoluta de
mujeres, en general, globalmente, en muchas instituciones de personas mayores. Hoy por hoy España apenas tiene regulación sobre situaciones que se desarrollan en instituciones de personas mayores, en residencias de tercera edad, simplemente
poniendo como pretexto el bienestar de la persona, tenga o no tenga discapacidad. Hay alguien que decide a qué hora se tiene que levantar esa persona, si se tiene que duchar, qué tiene que comer, cuándo se tiene que acostar, si puede utilizar el
móvil o no, si puede o no puede recibir visitas, si tiene que dormir atada o no, con pañales o sin pañales, etcétera, sin ningún tipo de aplicación de esta perspectiva de derechos humanos tan necesaria en nuestro sector pero también en todos los
sectores. Esto es terrible, sinceramente, son formas de violencia, y hoy por hoy se tendría que hacer mucho sobre esto.
Como creo que no tengo mucho más tiempo y me están pidiendo que sea breve, dejo sobre la mesa la posibilidad
de que el día que ustedes quieran también hablemos de personas mayores con discapacidad.
La señora PRESIDENTA: Hemos llegado al término de esta Comisión en la que esta Presidencia y, desde luego, en nombre de todos los portavoces que han hecho uso la palabra, quiere darle las gracias de nuevo, señora Peláez, por su
comparecencia, por su eficiencia a la hora de comunicar perfectamente la realidad de las mujeres con discapacidad y, sobre todo, por habernos ilustrado, pero también porque ha sido un honor para todas y todos nosotros, diputadas y diputados de esta
Comisión, haber contado con su presencia y haberla escuchado en esta comparecencia. Espero que a lo largo de esta legislatura tengamos el honor de volverla a escuchar. Muchísimas gracias, señora Peláez.
A ustedes, señores portavoces, muchísimas gracias por sus intervenciones, por el tono de las mismas y, desde luego, por haber vuelto a hacer de esta Comisión el lugar de encuentro de los distintos grupos parlamentarios.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y cincuenta y cinco minutos de la tarde.