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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 97, de 16/05/2012
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2012 X Legislatura Núm. 97
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ IGNACIO LLORENS TORRES
Sesión núm. 5
celebrada el miércoles,
16 de mayo de 2012
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor secretario de Estado de Medio Ambiente (Ramos de Armas), para informar sobre las líneas generales de actuación de su Secretaría de Estado. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente
212/000080) ... (Página2)
Se abre la sesión a las siete y diez minutos de la tarde.
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, tal y como estaba previsto da comienzo la comparecencia del secretario de Estado de Medio Ambiente, don Federico Ramos, al que le doy la bienvenida en nombre de todos los miembros de esta
Comisión, para informar sobre las líneas generales de actuación de la Secretaría de Estado. El solicitante de la comparecencia ha sido el Grupo Socialista.
A continuación, tiene la palabra, para informar de las líneas generales de la actuación de su departamento, el secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (Ramos de Armas): Me corresponde informar sobre las líneas generales de la política medioambiental que pretende desarrollar esta Secretaría de Estado de Medio Ambiente. Como no puede ser de
otra manera, la política que pretende desarrollar esta secretaría de Estado tiene como objetivo prioritario y primordial la conservación del medio natural y, en la medida de lo posible, su mejora, buscando siempre la armonía y el equilibrio entre el
bienestar de la sociedad y el entorno en el que se desarrolla su actividad.
Este Gobierno quiere poner de manifiesto que la actividad económica y la creación de empleo que en estos momentos demanda nuestra sociedad son y deben ser perfectamente compatibles con la conservación del medio ambiente, siempre que se
lleven a cabo dentro de unos límites de respeto a la naturaleza y bajo un principio de responsabilidad de consumidores y productores. La actual crisis económica, que por su gravedad y alcance social es la conmoción más grave que hemos sufrido desde
hace muchas décadas, hace que se tengan que tomar medidas extraordinarias de carácter económico novedosas y decididas. Las políticas medioambientales que estamos diseñando y vamos a diseñar no son ni pueden ser ajenas a esa reforma económica que
está realizando el Gobierno, pero creemos firmemente que puede haber una sinergia entre las políticas medioambientales y estas otras reformas, por lo que puede haber una gran oportunidad para el diseño de una nueva etapa que sea, en todo caso,
realista y produzca resultados a no mucho tardar. A estos efectos, vamos a revisar con el mayor rigor toda la normativa medioambiental vigente en materia de aguas, costas, evaluación ambiental y medio natural, al objeto de detectar solapamientos,
incoherencias o simples trabas administrativas. Estos obstáculos, en el momento presente, no solo son inadecuados e inoportunos, sino que suponen un freno intolerable a la actividad y perjudican claramente a la política medioambiental, porque el
ciudadano percibe dichos obstáculos simplemente como burocracia que no aporta nada positivo a la conservación de la naturaleza. Por tanto, perseguimos que la normativa ambiental esté dotada de una claridad técnica que la hagan aplicable de una
forma directa y menos costosa y que predomine el principio de eficiencia en la consecución de objetivos.
Señorías, somos conscientes de que el desorden jurídico puede ser igual de devastador que la crisis económica, y en nuestro objetivo está acabar con ese desorden que se ha producido en materia medioambiental. Con esta normativa
medioambiental novedosa y renovada promoveremos certeza y confianza frente a incertidumbre e inseguridad. Un marco normativo estable, claro y seguro favorecerá además que la sociedad avance hacia prácticas medioambientales más respetuosas, más
realistas y posibles. Más aún, pretendemos hacer de consumidores y de empresas nuestros aliados, puesto que solo así podremos lograr un crecimiento auténticamente verde, mejor que a través de una política de imposición y de sanción de conductas,
bien entendido además que esto es lo menos costoso para el Estado y lo más beneficioso para los ciudadanos. En este proyecto no queremos excluir a nadie, a ningún ciudadano, a ningún sector de la sociedad, a ninguna asociación, especialmente a
aquellas organizaciones no gubernamentales que tanto tiempo llevan contribuyendo a la formación de una conciencia medioambiental y que deben continuar participando en esta tarea.
Paso ya a exponer las diferentes políticas de la secretaría de Estado en sus diferentes áreas, empezando por la política de aguas. El objetivo general de la política de aguas es programar la actividad en esta materia de una forma realista,
seria y proyectando a medio y largo plazo la sostenibilidad de la gestión de este recurso. El objetivo prioritario que ya anunció el ministro en su comparecencia de 1 de febrero ante esta misma Comisión es el suministro de agua en cantidad y
calidad suficientes, que responda a las necesidades de todo el territorio nacional y contribuya además al mantenimiento de los ecosistemas que requieren de este medio para su mantenimiento.
Domina en nuestra política del agua una visión integral del ciclo del agua, garantizando que el agua tenga las condiciones de calidad y cantidad suficientes, que se evite la aparición de sustancias contaminantes o la pérdida de potencial
ecológico de los ecosistemas acuáticos. La política de aguas, además, presenta un fuerte componente territorial y debe ser un punto vertebrador de nuestras regiones y no un punto de conflicto o lucha. En la situación actual económica, con el
presupuesto de que disponemos, también tendremos que buscar fórmulas que faciliten la participación del capital privado en la construcción y explotación de nuevas infraestructuras hidráulicas mediante fórmulas de participación público-privada o
fórmulas concesionales.
¿Cuál es el punto de partida en esta materia en política de aguas? Nos hemos encontrado una situación que podemos calificar de gran desorden jurídico. Las Sentencias del Tribunal Constitucional 30 y 32, de 16 y 17 de marzo, sobre algunos
estatutos de autonomía, declararon la inconstitucionalidad de la asunción de competencias en materia de policía sobre el dominio público hidráulico. Sin embargo, el Real decreto-ley 12/2011, de 26 de agosto, de nuevo abrió la puerta a que las
comunidades autónomas asumieran competencias de policía sobre el dominio público hidráulico contraviniendo lo
que había señalado el Tribunal Constitucional. Además, a este desorden hay que añadir la Sentencia del Tribunal Supremo, de 4 de noviembre de 2011, que anuló la orden ministerial que establecía los criterios para la valoración de daños en
el dominio público hidráulico. Si a estas tres sentencias, añadimos las dos del Tribunal Supremo, de 13 y 14 de junio de 2011, que anularon los traspasos relativos a la cuenca del Guadalquivir a Andalucía, pueden hacerse una idea clara de la
situación de partida claramente desordenada y ver que merecía la pena una reacción que ya expondré a continuación, que ha sido este Real decreto-ley que se aprobó recientemente, el 4 de mayo, por el Consejo de Ministros.
Este desorden, esta normativa confusa en materia de agua ha generado unos retrasos injustificables en materia de planificación. De las veinticinco demarcaciones hidrográficas que componen España, solo hay una que ha aprobado su plan de
demarcación y ninguna de las que era competencia de la Administración General del Estado. Somos el país más atrasado en el cumplimiento de la Directiva-marco del Agua, puesto que estos planes de cuenca deberían estar aprobados ya en el año 2009.
En materia de desolación, hay que señalar que el desorden también ha sido importante. Déjenme señalarles algunos datos para que vean el punto en el que nos encontramos. Hay 51 instalaciones previstas de desolación, de las cuales 17 están
en explotación y 15 en construcción. Se han invertido más de 1.664 millones de euros y serían necesarios otros 762 para que las 32 desaladoras iniciadas estén plenamente operativas. De las 17 operativas, simplemente producen el 16,45% de los
hectómetros cúbicos que deberían producir por muy distintas circunstancias y por un coste muy superior al que puede soportar el sector agrícola, como ya hemos explicado en distintas ocasiones. De estas 17 desaladoras operativas, no han alcanzado su
producción total unas porque carecen de conexión a la distribución principal, como la de Ciudadela, Carboneras, Águilas, Valdelentisco, Sagunto, Moncófar, Oropesa o Santa Eulalia; otras porque les faltan elementos auxiliares como depósitos, balsas
o tuberías de impulsión, como las de Ceuta, Melilla, Campo de Dalias o Valdelentisco, y otras simplemente porque no tienen suministro suficiente de energía eléctrica, como las de Águilas, Torrevieja o Bajo Almanzora. Es una situación francamente
inexplicable.
En materia de depuración, tenemos abiertos tres procedimientos de infracción por el incumplimiento de la directiva europea sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas. Ante estas circunstancias, ¿qué hemos hecho y qué vamos a hacer?
En materia de aguas, podemos decir que tenemos mucho trabajo que hacer con un presupuesto muy ajustado. Me viene a la cabeza la canción de Los Beatles, aquella de: hoy hemos recibido una canción triste y tratamos de hacerla mejor. ¿Qué es lo
primero que hemos hecho? Hemos aprobado un real decreto-ley de medidas urgentes donde, entre otras cosas, se dan nuevas funciones al presidente del organismo para adoptar medidas urgentes en materia de sequía; se refuerza la potestad sancionadora
en materia de aguas corrigiendo el vacío normativo que había generado la sentencia del Tribunal Supremo; se deroga el Real Decreto-ley 12/2011, que únicamente introducía confusión al sistema competencial, y se establece una serie de medidas en
torno al Alto Guadiana con el objetivo de resolver una cuestión que lleva pendiente décadas. Es la primera modificación normativa en materia de aguas, pero queda otra modificación pendiente que requiere una reflexión y un trabajo más sosegado,
puesto que merecerá la pena regular los sistemas de cálculo de tarifas, la seguridad regulatoria en la retribución de los costes de los servicios del agua o la gobernanza en la explotación de infraestructuras hidráulicas, así como las medidas de
eficiencia en el consumo y gasto del agua. Para el desarrollo de la misma, vamos a fusionar las cuatro sociedades estatales existentes en dos, que orientarán su actividad a complementar la política de aguas que desarrolla el ministerio.
En materia de planificación, el objetivo de esta secretaría de Estado es la aprobación de los planes hidrológicos de demarcación de todas las cuencas intercomunitarias. En el próximo Consejo Nacional del Agua, que se celebrará el 28 de
junio, se propondrá la aprobación de cinco nuevos planes, cuatro intracomunitarios y uno intercomunitario. Prevemos que para diciembre de 2013 tendremos aprobados todos los planes de cuenca pendientes. De este modo cumpliremos con nuestro
compromiso verbal adquirido ante el comisario europeo, dado que el compromiso jurídico era para el año 2009.
En materia de desaladoras, ¿qué vamos a hacer con las desaladoras en el futuro? Sería una irresponsabilidad por parte de este ministerio no poner en uso las inversiones realizadas en desaladoras, inversiones que han sido financiadas con
fondos propios y cofinanciadas en otra parte con fondos europeos. Estas inversiones, además, dejaron a algunas de las sociedades de aguas en una situación muy complicada, como la de Acuamed, que entraba en concurso de acreedores en el mes de abril,
y se obtuvo un préstamo del Banco Europeo de Inversiones de 450 millones de euros para solventar esa situación de tesorería en la que entraba Acuamed. Por el coste de producción, el agua de la desaladora es difícil emplearla de una forma masiva en
la agricultura, y buscaremos otro tipo de fórmulas para esa agua, como pueden ser el suministro urbano o el turístico, y en todo caso servir de una red de seguridad para abastecimiento en periodos de sequía. Trabajaremos con todas las opciones que
puedan estar a nuestro alcance para poner en el mercado el agua de estas desaladoras. Vamos a estudiar la sustitución de parte del consumo eléctrico por autogeneración a través de energías renovables, e igualmente planificaremos las obras
necesarias para acabar de poner en producción estas plantas.
¿Qué vamos a hacer en materia de depuración? ¿Cuál es el objetivo? Se nos demandan en los distintos procedimientos de infracción abiertos más de setecientas instalaciones de depuración o saneamiento. Nuestra primera tarea ha sido revisar
la situación en la que nos encontramos, revisar el marco regulatorio administrativo,
a efectos de buscar herramientas económico-financieras que nos permitan hacer frente a esta situación. Se están redactando pliegos concesionales para sacar a concurso estas obras y su posterior explotación y exploraremos nuevas fórmulas de
contratación y de colaboración público-privada en esta materia para obtener financiación para acometer dichas obras.
Paso a explicar qué vamos a hacer en materia de costas, sostenibilidad de la costa y el mar. El objetivo general de un país como el nuestro no puede ser otro, en materia de costas, que preservar este patrimonio de altísimo valor desde
muchos puntos de vista, en particular desde el medioambiental, pero también desde el económico y social, dado que mucha de la población de nuestro país está asentada en el ámbito de las costas o cerca de ellas. La política de medioambiente, por
tanto, pivota en una parte muy importante sobre la protección del litoral. En cuanto a la situación de la que partimos, nos hemos encontrado al llegar al departamento una situación complicada en materia de costas. Lo cierto es que la Ley de 1988,
que se aprobó con el objetivo de evitar la degradación de la costa, no ha conseguido dicho objetivo: ni se frenó la urbanización del litoral por su aplicación ni ha generado la seguridad jurídica deseable que tiene que generar toda ley. Existen en
el ministerio miles de expedientes de reconocimiento de derechos en materia de costas pendientes de resolver, más de 20.000.
En materia de inversiones en la costa, nos hemos encontrado con que determinadas provincias contaban con contratos destinados a la conservación del litoral y de playas y que en otras no existía ni siquiera presupuesto para la misma. En
materia de protección del medio marino nos hemos encontrado con importantes retrasos en el cumplimiento de nuestras obligaciones europeas. ¿Qué vamos a hacer? En materia de normativa de costas tenemos que mejorar la regulación de la actuación
administrativa sobre el dominio público marítimo terrestre. Es necesario contar con una normativa moderna que proteja adecuadamente nuestras costas y su riqueza natural, pero sin generar perjuicios económicos ni inseguridad jurídica de forma
innecesaria. Veinticuatro años después de la aprobación de la Ley de costas vigente es necesario tener en cuenta la experiencia adquirida, los resultados que se han producido y dónde ha habido problemas para la reforma de la misma. Habrá que tener
en cuenta la protección del medio ambiente, pero también la importancia de la costa del litoral para otras actividades como pueden ser turísticas o la propia actividad económica y de comercio que genera tradicionalmente el litoral desde tiempo
inmemorial. Señorías, esto no tiene nada que ver ni con la urbanización descontrolada del litoral, ni con actuaciones tan famosas como el conocido Algarrobico, causado, además, por quienes aprobaron la vigente ley y que reclaman ahora que no se
modifique porque va a enladrillar la costa. No tiene sentido esa crítica. Se trata de no entorpecer actividades que se realicen en el litoral, siempre que no perjudiquen al medio ambiente e implicar a todos en la conservación de las costas. Para
ello, próximamente vamos a presentar un código de buenas prácticas para los titulares de las concesiones en las playas, buscando obtener su alianza en la protección, conservación y desarrollo sostenible de estos espacios.
Además de la reforma de la Ley de Costas, existen otras actuaciones pendientes en materia de costas que tienen por objeto aportar seguridad jurídica y mejorar la situación, en ocasiones confusa, que produce el dominio público marítimo
terrestre y sus protecciones. Así, vamos a publicar la línea del deslinde en la página web del ministerio, de forma que todos los ciudadanos puedan conocer gratuita y cómodamente estas afecciones que supone la Ley de Costas. También, vamos a
trabajar en un inventario de ocupaciones de la costa española. En definitiva, lo que buscamos es que nunca pueda volver a producirse lo que ha sucedido en España en estos años y que se ha repetido por personas nacionales y también extranjeras, que
han comprado una vivienda y después han descubierto que no son propietarios de la misma porque se trataba de una construcción en dominio público marítimo terrestre. La alarma que esto ha generado no beneficia a nadie, no conserva el medio ambiente
y no es positiva para la imagen de nuestro país.
También vamos a realizar proyectos de inversión en materia de costas con la finalidad primordial de proteger el litoral, la conservación del dominio público marítimo terrestre. En particular, intensificaremos las actividades de
investigación sobre las dinámicas costeras para luchar contra la erosión de la costa. También garantizaremos que existan créditos destinados en todas las provincias a la conservación y mantenimiento de las necesidades que se vayan produciendo en
materia de costas. En todo caso, se priorizarán aquellos proyectos que tengan por objeto la regeneración medioambiental sobre cualesquiera otros.
En materia de protección del medio marino, la voluntad de este Gobierno es alcanzar una firme posición de liderazgo en el esfuerzo internacional de proteger los océanos y los mares. España se juega mucho en esto, tiene muchos intereses de
muy distinto signo y debe jugar un papel importante en esta protección. Se desarrollará la Ley 41/2010, de protección del medio marino, que permitirá a España aplicar la directiva marco sobre estrategia marina y se pondrá una estrategia marina
específica para cada una de las cinco demarcaciones españolas establecidas en la ley. Con este fin, se ha creado recientemente por real decreto aprobado en el Consejo de Ministros, de 20 de abril, la comisión interministerial de estrategias
marinas.
En materia de biodiversidad marina, consolidaremos la Red Natura 2000 en el ámbito marino. Se propondrán los nuevos lugares de importancia comunitaria y se declararán, tras escuchar a todos los sectores afectados, las zonas de especial
protección de aves marinas. Igualmente, se trabajará en materia de contaminación marina accidental. El Gobierno va a aprobar próximamente un sistema nacional de respuesta frente a la contaminación accidental que proporcionará mecanismos de
relación y coordinación entre las administraciones competentes, para hacer frente
con prontitud y eficacia a potenciales episodios de contaminación en la costa. Este sistema se completará con un plan estatal de protección de la ribera del mar.
En materia de cambio climático, que es otra de las grandes áreas de esta secretaría de Estado, supone uno de los grandes retos ambientales al que nos enfrentamos y al que se enfrentan todos los países. Se trata de desarrollar políticas
efectivas para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, así como para fomentar la adaptación al cambio climático de los distintos sectores de nuestra sociedad. En cuanto al punto de partida en esta materia, quiero señalar que
tenemos que poner claramente sobre la mesa la situación con la que el Gobierno se ha encontrado. En contra de lo que pudiera parecer, en los últimos cuatro años no se ha explicado con claridad cómo estamos en relación con el cumplimiento del
Protocolo de Kioto y nos encontramos lejos de cumplir con el primer periodo del Protocolo de Kioto. Se va a abrir el segundo, pero todavía estamos lejos de cumplir con el primero. Nuestras emisiones se han reducido, pero esta reducción se ha
producido por efectos -si se estudian los datos- de la crisis económica, que no es para sentirse muy orgulloso de haberse acercado al cumplimiento. Sin embargo, las emisiones procedentes del transporte y de los hogares no se han reducido y, además,
podemos decir que en 2011 han subido las emisiones del sector de la industria y la energía por efecto del denominado decreto del carbón, que tuvo un coste muy importante no solo en millones de euros, sino también en emisiones.
La única acción que se puso en marcha en la anterior legislatura para cumplir el Protocolo de Kioto fue cubrir esta diferencia mediante el uso de mecanismos de flexibilidad, que suponía, según las estimaciones que se hicieron en 2006,
comprar 159 millones de unidades. Es decir, en 2006 se sabía que esto nos iba a costar la friolera de 1.590 millones de euros en compra de créditos de carbono simplemente para compensar, no para reducir o resolver el problema de fondo. En los
últimos cinco años España ha gastado con el presupuesto del Ministerio de Economía y el de Medio Ambiente 770 millones de euros para la adquisición de crédito de carbono, que, sin embargo, solo van a reportar 89 millones de unidades de CO2, que son
insuficientes para lo que tenemos que compensar. Las estimaciones actuales apuntan a que necesitaremos unos 194 millones de toneladas para cumplir el primer periodo de Kioto. Es decir, en 2011 ya se sabía que eran necesarios 1.900 millones de
euros más para cumplir Kioto y solo quedaba un año de plazo, puesto que el periodo era 2008-2012. Calculamos que nos faltan entre 500 y 1.000 millones de euros, dependiendo de la fluctuación de los precios de la tonelada de CO2 para cumplir con las
obligaciones a las que nos habíamos comprometido. Esto no puede calificarse sino de una gestión incorrecta que nos ha llevado a una situación de difícil cumplimiento y en la que no disponemos de esos presupuestos ni de esos créditos para cumplir
con nuestros compromisos.
En cuanto a la tercera fase del comercio de derechos de emisión, se inicia ahora la andadura mediante las denominadas subastas tempranas. Nos encontramos con que España no estaba jurídicamente preparada para realizar las subastas, puesto
que tampoco se habían hecho las modificaciones legislativas necesarias para subastar estos derechos y hemos tenido que resolver dicha cuestión con urgencia, aunque se sabía desde hace más de un año que esto era necesario.
¿Qué hemos hecho ante esta situación? Estamos trabajando a nivel nacional en una hoja de ruta para la adopción de políticas en España que hagan decrecer nuestras emisiones con los objetivos que tenemos a 2020, como país miembro de la Unión
Europea, y a 2050. En el ámbito comunitario, vamos a estar junto a nuestros socios europeos dialogando, debatiendo y buscando los acuerdos necesarios para avanzar en materia de cambio climático. En la esfera internacional España seguirá siendo un
socio activo y comprometido con la meta de alcanzar el objetivo de acuerdo global y equitativo que nos ayude a cumplir ese objetivo global de que no aumente la temperatura en los dos grados centígrados de los que se habla para el año 2050. La labor
que nos queda por delante es inmensa y nuestra acción responsable debe centrarse en estos ámbitos, tanto nacional, europeo como internacional.
Se inicia en el año 2013 la tercera fase del régimen de derechos de emisión. En esta fase el mecanismo de asignación gratuita se va sustituyendo por la subasta de derechos de emisión. Se ha elaborado durante este periodo que llevamos en el
Gobierno la propuesta de asignación de derechos de emisión gratuitos, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado el pasado 26 de abril. Les recuerdo que el plazo vencía el 30 de septiembre de 2011 y hemos tenido que hacer esta asignación
corriendo, aprobándola el 26 de abril. Empezamos con el mecanismo de subastas. Por ello el Real Decreto-ley de medidas urgentes del pasado 4 de mayo ha reformado la Ley del Mercado de Valores para adaptar la legislación española. Sin ella España
no estaría en condiciones de participar en las subastas del nuevo marco europeo.
Como señal clara de cuál es la política de cambio climático de este ministerio, hemos puesto en marcha el Fondo de carbono. El pasado jueves el Fondo de carbono inició su andadura con un rumbo concreto. Se trata de buscar proyectos a nivel
nacional, dentro de nuestro territorio, que contribuyan a la reducción de las emisiones de CO2. Tenemos muy claro que el Fondo de carbono tiene que centrar su actividad en fomentar proyectos en sectores difusos que se realicen en España. Empezamos
con un proyecto piloto ya desde este mismo año, dotado con algo más de 4 millones de euros, y nuestro objetivo es ir dotando a este fondo con más presupuesto y evitar en el futuro las compras de derechos de emisión a otros países. ¿Cómo vamos a
cumplir con el compromiso de Kioto, qué vamos a hacer en el futuro para cumplir lo que tenemos firmado? En primer lugar, deberíamos buscar la forma más eficiente de comprar estos derechos que nos quedan por adquirir. Así, hemos abierto todo el
mercado internacional para ver qué fórmulas
o de qué manera podemos adquirirlos de una forma más económica. Y, en segundo lugar, dado que tenemos que comprar derechos en el extranjero, nos proponemos que estos derechos se vinculen a actividades en las que puedan participar empresas
españolas. Los retornos de la adquisición de derechos en el extranjero para empresas españolas han supuesto de aquellos 770 millones de euros de los que hablaba antes, simplemente un 2,19% en retornos para empresas o proyectos en los que han
participado empresas españolas. Esto es claramente insuficiente y debería corregirse.
En materia de calidad, evaluación ambiental y medio natural, los objetivos son muy claros, y no pueden ser otros que la simplificación y ordenación normativa sin reducir protecciones. Esta tarea la hemos puesto ya en marcha y contará con la
opinión de todas las comunidades autónomas, las entidades locales, así como los distintos grupos y sectores afectados. Todas las opiniones suman para que consigamos dotarnos de un marco jurídico ordenado, seguro y razonable.
En materia de evaluación ambiental, tenemos que agilizar los procedimientos administrativos que están en marcha en esta dirección y también ayudar a las comunidades autónomas a la tramitación de una forma más ágil de los procedimientos de
evaluación ambiental que tienen pendientes. Se ha producido un auténtico bloqueo en materia de evaluación ambiental, a menudo por la inseguridad jurídica de los conceptos que se manejan en la evaluación ambiental o por la descoordinación normativa
que se produce entre las distintas legislaciones, y merece la pena trabajar en serio en esta materia codo con codo con las comunidades autónomas. A menudo esto depende de la colaboración entre las distintas administraciones, pero tenemos que decir
que es muy difícil justificar en esta sociedad y en este momento en el que nos encontramos que los procedimientos de evaluación ambiental tarden de media más de dos años y algunos se extiendan hasta casi una década. Esto ni supone una mejor
protección del medio ambiente ni supone ninguna garantía para el ciudadano; simplemente, es ineficiencia y deberíamos mejorarla.
Durante estos meses hemos tenido ya que trabajar en la legislación y en la normativa medioambiental para ir facilitando o resolviendo cuestiones que quedaban pendientes. Hemos estimado el requerimiento previo de varias comunidades autónomas
en relación con el real decreto de especies exóticas invasoras y tenemos ya elaborado un nuevo borrador de real decreto, en el que estamos trabajando con las comunidades autónomas, para recoger su opinión de forma adecuada, dado que son en gran
parte las que lo tienen que aprobar. También hemos modificado, a través del real decreto-ley la normativa de Patrimonio Natural y la Ley de Residuos y Suelos Contaminados. En relación con el Patrimonio Natural, se busca simplificar la gestión de
los espacios naturales, unificando en un solo instrumento de protección las distintas figuras que recaen sobre un mismo territorio. Hemos explicado que no tiene sentido que se produzca el solapamiento de las distintas figuras de protección en una
misma hectárea del territorio, reguladas por instrumentos no coordinados entre sí. Esta circunstancia ya se ha intentado, o se busca corregir en el Real Decreto-ley de 4 de mayo, y ahondaremos en esta misma filosofía. En materia de residuos, hemos
ahondado y trabajado en la simplificación y agilización administrativa. Se ha introducido la posibilidad en el Real Decreto-ley de 4 de mayo de realizar traslados de residuos mediante una notificación general y no una notificación unitaria de
dichos traslados. Hemos simplificado el régimen de autorización de los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada al establecer una única autorización válida para todo el territorio del Estado y hemos aclarado el régimen relativo a los
sistemas de depósito, devolución y retorno que había generado alarma. Seguiremos avanzando en todo esto en materia de calidad y evaluación ambiental y de protección de espacios. Los procedimientos de evaluación ambiental a futuro deberían ser
procedimientos homogéneos o al menos equiparables en todo el territorio nacional y vamos a trabajar también en la coherencia entre la evaluación ambiental de planes y programas y la coherencia de la evaluación ambiental de proyectos, dado que esto
está generando importantes discordancias y dificultades en la aplicación práctica de la normativa.
También trabajaremos en materia de calidad del aire. Se trata de aprobar un nuevo plan nacional de calidad del aire, o modificar el que ya se aprobó, puesto que era un plan en el que no se tuvo en cuenta el criterio de las comunidades
autónomas y los municipios, que son los principales afectados, y merece la pena la revisión de dicho plan muy teórico y de difícil aplicación práctica. Actualizaremos los reglamentos de EMAS y la ecoetiqueta, con el fin de fomentar la utilización
de estos instrumentos voluntarios, para contribuir al incremento también de la competitividad de nuestras empresas.
En el ámbito de la Ley de residuos y de suelos contaminados hay una numerosa normativa que genera dificultades en su aplicación práctica. Se van a constituir grupos de trabajo dentro de la Comisión de Residuos, que irán abordando los
distintos temas en función de las prioridades que veamos que están produciendo. Entre esas prioridades destaca la trasposición de la normativa en materia de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que es la primera urgencia que tenemos, y
después se irán trasponiendo otras normativas que todavía quedan pendientes, relativas a la estandarización o intercambio de información en los procedimientos electrónicos de transmisión de información, que también tiene por objeto agilizar trámites
administrativos relativos a residuos, así como el registro de producción y gestión establecido en la ley. En cuanto a la responsabilidad ambiental, en esta materia hay que revisar la normativa vigente. Se trataría de que la obligación de
constituir una garantía financiera que tienen las distintas empresas en caso de accidente grave afecte realmente a aquellos operadores que por su actividad precisen de dicho mecanismo de garantía. Se simplificará el procedimiento de terminación de
esta garantía, así como la tramitación de los expedientes de
responsabilidad ambiental que están generando muchas dudas en su aplicación. En cuanto a los procedimientos que tenemos pendientes, a los que me refería antes, vamos a declarar la caducidad de aquellos expedientes en los que el promotor
manifieste que ha perdido su interés, vamos a establecer fórmulas de colaboración con las comunidades autónomas para resolver las cuestiones o aquellos procedimientos en los que debe integrarse la voluntad del Estado, pero también la voluntad de las
comunidades autónomas afectadas en el mismo. En materia de medio natural simplemente quiero señalar que España es el primer país que aporta espacios protegidos a la Red Natura 2000, que merece la pena sacarle partido a esta circunstancia; que
España puede presumir de la biodiversidad que tiene en su territorio y que continuaremos en el trabajo de apoyo a la biodiversidad, conservación de la misma y dedicaremos un plan especial o unas actuaciones especiales en materia de conservación de
especies amenazadas y reintroducción de ejemplares criados en cautividad.
En el ámbito internacional debemos hablar de la participación de España en el PNUMA y en la próxima Conferencia Río+20. España participa en la actualidad, preside el consejo y el foro a nivel ministerial del Programa de Naciones Unidas para
el Medio Ambiente e igualmente acudirá a Río+20 en la próxima conferencia que tendrá lugar en Brasil. Esta conferencia es una oportunidad importante, una oportunidad única, diría yo, para hablar de desarrollo sostenible, para hablar de cómo
conciliar medio ambiente y economía. España tendrá un discurso con el resto de los países de la Unión Europea, pero también un discurso singular, fruto de la circunstancia de presidir el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, donde
buscaremos colaborar activamente en la Unión entre las propuestas que provienen de la Unión Europea y su programa relativo a una economía verde, así como los objetivos del desarrollo sostenible que propugnan los países americanos, especialmente
latinoamericanos, para buscar un marco de entendimiento y una posibilidad o las posibilidades de avanzar en esta materia.
No querría acabar sin hacer una breve referencia a la Fundación Biodiversidad, a la Agencia Española de Meteorología y a los parques nacionales. La Fundación Biodiversidad, como un instrumento del Ministerio de Medio Ambiente, continuará
con sus programas de actuaciones y de participación de la sociedad civil. Pretende continuar sufragando, aprobando líneas de subvenciones relativas a creación de empleo y dinamización de la actividad económica en sectores vinculados con el medio
ambiente, intentando conciliar de esta forma la protección del patrimonio natural con el crecimiento económico. Dispone del programa empleaverde cofinanciado con el Fondo Social Europeo, en cuya convocatoria para 2012 se espera aprobar proyectos
por valor de hasta 10 millones de euros La Agencia Española de Meteorología continuará ejerciendo sus funciones de desarrollo, implantación y prestación de servicios meteorológicos que competen al Estado, y buscará asimismo la coordinación
internacional y un liderazgo o posición de coordinación que debe recuperarse para Aemet en relación con los países de Hispanoamérica. En cuanto al Organismo Autónomo Parques Nacionales, buscaremos una gestión más eficiente, uniforme y ordenada de
los espacios singulares. Vamos a proponer una nueva ley de parques nacionales, así como la declaración de un parque nacional, a propuesta de las comunidades autónomas de Madrid y Castilla y León, el parque nacional de la sierra de Guadarrama.
Estas son, señorías, a grandes rasgos, las líneas de esta secretaría de Estado. Quiero señalar que el objetivo prioritario -por recordar por donde empecé- es en todo caso la conservación del medio ambiente, que la política del medio
ambiente no puede ser, de todas maneras, ajena a la situación ni a las necesidades en las que se encuentra nuestra sociedad, que abordaremos una profunda reforma normativa en la que simplificaremos y mejoraremos la técnica legislativa. Se trata de
acabar con el desorden jurídico existente, solapamientos o ineficiencias que pueden tener los mismos efectos devastadores que el de una crisis económica. Promoveremos certeza y confianza frente a incertidumbre e inseguridad en la aplicación de la
normativa estatal. Se trata, en todo caso, del resultado de un análisis sosegado y pormenorizado de la legislación vigente, a la vista de la experiencia que su aplicación nos ofrece. Estamos convencidos de que los resultados de este trabajo
ingente serán positivos y útiles tanto para el ciudadano como para la propia conservación del medio ambiente, y en esta tarea esperamos contar con la ayuda de todos ustedes y, sin duda, con las aportaciones de todas las asociaciones y organizaciones
que han venido defendiendo el medio ambiente durante estas últimas décadas. Nuestro trabajo se verá, seguro, enriquecido con todas estas aportaciones.
El señor PRESIDENTE: Ahora tienen la palabra los diversos grupos parlamentarios que lo deseen, empezando por el Grupo Socialista, que ha solicitado esta comparecencia.
Señora Rodríguez Ramírez.
La señora RODRÍGUEZ RAMÍREZ: Señor secretario de Estado, bienvenido de nuevo a esta Comisión, con motivo esta vez de la explicación de las líneas generales de actuación de su secretaría, de las que tuvimos un anticipo en la discusión de los
Presupuestos Generales del Estado. Quiero agradecerle su presencia y sus explicaciones en estas condiciones. Veo que está usted convaleciente; espero que no sea nada y le deseo una pronta recuperación en nombre de mi grupo.
Permítame que le diga que, oyéndoles a ustedes, resulta muy elocuente que cada vez que hablan de medio ambiente o de sostenibilidad sienten la necesidad imperiosa de añadir un pero; quizá les traiciona el subconsciente. El propio ministro
lo decía en su comparecencia en esta Comisión, hablaba de la sostenibilidad y el componente ambiental pero como impulsor y no como obstáculo al crecimiento económico y a la creación de empleo. Aquí está una buena parte de la explicación de por qué
el medio
ambiente no es una política prioritaria para este Gobierno y por qué tiene ese reflejo tan tacaño en los Presupuestos Generales del Estado. Nosotros entendemos que ustedes parten de un cierto prejuicio que les lleva a ver el medio ambiente
como un freno y que les impide verlo, por tanto, como una oportunidad de poner en marcha un modelo de crecimiento diferente, más inteligente, más audaz, más duradero, justo y solidario, y más eficiente a partir de un mayor desarrollo tecnológico y
de una mayor apuesta por la investigación y la innovación. En su lugar, se amparan ustedes en apelar a una política realista que no es sino un eufemismo que cuestiona una vez más la validez y la virtualidad de la sostenibilidad. Algún dirigente de
su partido, incluso, no ha dudado en calificar la sostenibilidad como una milonga.
Voy a intentar tocar, brevemente, los bloques que nos interesan desde el Grupo Socialista. En cuanto al modelo de crecimiento, la apuesta por la economía verde, creo que cada vez está más claro que la salida de la crisis, la generación de
empleo, la futura prevención de nuevas distorsiones de la actividad económica o financiera pasan por un crecimiento compatible con la correcta integración del patrimonio del capital natural y que la interdependencia que existe a estas alturas, de
una forma más que evidente, entre las dimensiones ecológica, social y económica de la acción del hombre no permite que nos hagamos trampas en el solitario ni que apliquemos una visión cortoplacista con la coartada de que la protección del medio
ambiente tiene que pasar ahora por unos momentos bajos porque estamos en una crisis económica y hay que darle prioridad a la dimensión económica, porque al final no hay progreso si no es integrando la sostenibilidad. No vuelvan ustedes, por favor,
a utilizar la crisis como coartada, que es lo que desgraciadamente estamos viendo constantemente en medidas que son legislativas, ideológicas y que nada tienen que ver con una cuestión económica. Nosotros lamentamos no extraer de su intervención ni
de la actuación del ministerio no ya una propuesta de desarrollo económico a partir de una apuesta clara por la economía verde, sino una integración veraz de la dimensión ecológica en el diseño de su política; es más, tienen ustedes un discurso
distinto fuera de nuestras fronteras. Habla usted de la Cumbre de Río, es una oportunidad única, indudablemente, pero no olvide usted la oportunidad que tiene aquí todos los días no de hablar de desarrollo sostenible sino de ponerlo en práctica con
un compromiso cierto y real, porque lo cierto y verdad es que nos están situando en una dirección contraria a la Agenda europea de crecimiento sostenible. El medio ambiente para nosotros no solo no es un freno, sino que es el único camino para una
recuperación de la actividad económica generadora de empleo y una salida de la crisis. Por tanto, determinadas cuestiones son inaplazables.
En materia de legislación, por ejemplo, ustedes no creen en una legislación garantista que proteja nuestro medio natural para frenar su destrucción, lo ven como una traba y tenemos ejemplos muy claros y muy recientes. La simplificación
administrativa de los trámites y procedimientos ambientales puede resultar carísima, de hecho resulta carísima porque acaba saliendo más caro. No hay peor simplificación que la que parte de un diagnóstico simplista, y han hecho ustedes unas
declaraciones provocadoras e irresponsables que van justo en la dirección contraria de las que debiera hacer una Administración y una autoridad ambiental en materia de evaluación ambiental. No dejan pasar la oportunidad de afirmar que
procedimientos y trámites administrativos son poco menos que un estorbo, una incómoda realidad en la que solo ven molestias y no mecanismos de garantía, y estamos asistiendo a una demolición normativa que casualmente coincide con las posiciones de
quienes se quejan de ella porque desajustan sus expectativas económicas desde una visión parcial e incompleta que solo tiene en cuenta el interés particular. Desde luego, nada más alejado de razones de urgencia para ver las reformas que acaban
ustedes de acometer. Se puede decir, señoría, que han abierto ustedes ya la veda en materia de medio ambiente con esta reforma y con las que nos están anunciando hoy aquí. Han abierto ustedes la veda también para poner en el punto de mira la
conservación de nuestro medio ambiente, porque ni razones de urgencia ni de eficiencia y mucho menos de impulso de una legislación más sostenible -que hay que leer hasta eso- están detrás de esta reforma por mucho que ustedes tiren de eufemismos.
Estamos asistiendo también a una involución que pretende, si me permite que se lo diga, un centralismo caduco bajo argumentos de descoordinación que no se sostienen o que en su caso no justifican sus medidas y que pretenden alterar un marco
exigente para rebajar los niveles de protección de nuestro medio y de nuestros recursos. Se están produciendo injerencias en competencias autonómicas y, desde luego, cuando las competencias se acercan a los ciudadanos y a sus problemas al final se
demuestra que se gana en calidad, en eficacia en los servicios, en agilidad y transparencia, y lo pone de manifiesto, por ejemplo, que la delegación de competencias a la Junta de Andalucía en materia del Guadalquivir ha supuesto la resolución de
expedientes que llevaban atascados más de veinte años, con una media de resolució de más de 2.000 expedientes tramitados al mes y una cifra que supera los 10.000 en todo este tiempo. Es una falacia que los problemas que existen se resuelvan mejor
porque los gestione el Estado.
Nos preocupa que no ha dicho usted nada en materia de fiscalidad ambiental. Efectivamente, hace mucho tiempo que se demuestra que las rentas del trabajo han de ser la principal manifestación de riqueza, que hay que optar por un sistema
fiscal justo, equilibrado, que integre el componente ambiental, lo recomiendan múltiples organismos internacionales. El ministro ha sugerido incluso que están abiertos a abordar la fiscalidad verde, aunque lo han postergado a la salida de la
crisis, y es verdad que tenemos una crisis, señor secretario de Estado, bienvenidos a la crisis. Lo que pasa es que, siendo un problema enorme la falta de crédito financiero, resulta que quien no nos da más crédito es el planeta;
eso es lo que se ha agotado y esa disponibilidad que creíamos inagotable, de la que depende todo, está comprometiendo nuestro desarrollo. Eso sin olvidar la repercusión que tendría disponer en estos momentos de unos ingresos que desde luego
no son abundantes. Han perdido una oportunidad en los Presupuestos Generales del Estado. Hemos tenido noticia de que Hacienda les paró la subida de tributos al diesel que ustedes anunciaron. No sabemos si eso ha sido descoordinación, ocurrencia u
otro globo sonda. En cualquier caso, nos parece que estamos a tiempo y que sería muy importante optar por una fiscalidad ambiental.
En materia de calidad del aire no ha concretado cómo va a cumplir las obligaciones. Se ha quejado de una herencia que en ocasiones les justifica a ustedes para pedir en Europa una rebaja de las exigencias ambientales y una minoración de las
condiciones de la normativa europea. Hemos visto que buscan que se suavice esa normativa bajo el argumento de que nuestro país la incumple. Siempre es más fácil adaptar la ley a la realidad que la realidad a la ley, pero eso en mi tierra se llama
poner los bueyes detrás del carro en lugar de ponerlos delante. En cualquier caso, los presupuestos le delatan. Hay muchísima menos dotación económica para las políticas de calidad de aire, siendo este un problema de una enorme envergadura que
tiene también un coste en términos de salud de la ciudadanía. Hay una normativa clara en materia de aire y le pregunto si también el Gobierno va a reformar en ese sentido realista al que ustedes apelan esta normativa que, desde luego, lo que
tendrían que hacer es ponerla en práctica en beneficio de todos los ciudadanos.
En materia de costas me gustaría que nos contestara a la pregunta de qué quieren hacer ustedes en costas, si es inseguridad jurídica o es mucha seguridad jurídica modificar una ley que incorpora prácticamente el menú a la carta que ustedes
proponen. ¿Estamos ante una nueva amnistía, en este caso la amnistía de los promotores que depredan nuestro medio litoral para que el Estado y el contribuyente sigan socializando los costes de mantenimiento, protección e infraestructuras
construidas, que es la naturaleza la que deslinda sin trámite ninguno cada vez que hay un temporal y con los efectos que tiene? No sé si fue un lapsus del ministro, pero dijo -y ahí está el 'Diario de Sesiones'-, a propósito de la Ley de Costas,
que su aplicación errática había generado controversia e inseguridad jurídica. Pues aplíquenla mejor, pero, desde luego, para poner en la página web la línea de deslinde no hace falta modificar la ley, señor secretario de Estado. Entiendo que ese
afán por legislar ex novo y hacer tablas rasas choca con la tendencia mayoritaria de los ministros de la Unión Europea que han dicho, con motivo de la revisión de las prioridades ambientales que van a marcar la agenda hasta 2020, que no hace falta
crear nuevas normas, sino atajar los problemas de aplicación de las existentes. Empiecen ustedes por demostrar la voluntad que tienen de protección del litoral colaborando con la Junta de Andalucía en tirar el hotel de El Algarrobico. Hemos
presentado una enmienda a los presupuestos y había una posición del ministro antes de las elecciones andaluzas, pasaron las elecciones andaluzas y esa posición cambió. Contábamos con eso, pero, más allá de esa cita electoral que determina la
actuación del señor Cañete, lo que hay es una sentencia muy clara que dice que eso es ilegalizable y hay un acuerdo suscrito entre el anterior Gobierno y la Junta de Andalucía que les obliga a ustedes a poner en marcha los mecanismos para restituir
esa zona en las condiciones que estaban. En materia de la Ley de Costas nos parece que estamos de nuevo ante una amnistía ambiental, que esta desregulación que ustedes disfrazan de simplificación no es sino la desprotección como paso previo a la
privatización. Hay un 95% de los deslindes, hay un 90% de los recursos contra esos deslindes desestimados y, por tanto, más allá de enunciados, esta reforma nos suena muy mal. Creo que la alarma la crean este tipo de actitudes. En cuanto al
sistema nacional de respuesta frente a contaminación marítima accidental, quisiera saber si van a basarse en un real decreto que dejó prácticamente ultimado el anterior Gobierno, porque yo creo que esto responde, de verdad, al intento de limpiar, en
el sentido más literal de la palabra, la imagen de un Gobierno que quedará para la posteridad vinculado a la lamentable gestión de un desastre en las costas gallegas.
En materia de residuos nos gustaría que nos explicase si es que es la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas la que va a dictarnos las normas ambientales. ¿Por qué vetan ustedes la reutilización de los envases? Es una medida
que está contemplada en una ley de hace escasamente diez meses -no creo que llegue a los diez meses-, ustedes la dejan vacía de contenido y, en cualquier caso, no es solo una opción negativa desde el punto de vista ambiental, sino negativa desde el
punto de vista de que los costes los van a tener que seguir asumiendo las administraciones, la Administración local y que, desde el punto de vista de la generación de empleo y de la pérdida de oportunidades que significaría poner en marcha este
sistema, es una mala decisión con consecuencias irreparables. Es una mala medida que, desde luego, entendemos que responden a intereses que nada tienen que ver con el interés general.
En materia de aguas nos gustaría que nos dijera los criterios con los que, según el ministro, se van a revisar las encomiendas de gestión hechas a las sociedades de agua. En lo que se refiere a las desalinizadoras, le volvemos a decir que
se hicieron sobre la base de unas demandas que el propio pinchazo de la burbuja inmobiliaria se encargó de ajustar, que ustedes han estado poniendo todo tipo de obstáculos, de trabas y de obstruccionismo a la construcción de desaladoras e incluso se
ha tenido que recurrir al Tribunal Constitucional para su construcción. Por tanto, ustedes tienen que dar explicaciones de ese retraso. Ustedes han querido demonizar unas infraestructuras que el tiempo nos va a dar la razón porque efectivamente
hemos tenido un periodo hidrológico muy generoso que ha hecho que esa alternativa sea más cara, la tecnología evoluciona, y quisiera saber si en este periodo de sequía ustedes le conceden esa virtualidad. Le pediría
también mesura en las declaraciones porque la Unión Europea ha financiado ese plan de desaladoras y yo creo que está asistiendo con estupor a las calificaciones por parte del ministro. En cualquier caso, en materia del Guadalquivir ya le he
dado algún dato y no voy a abundar. Me gustaría también que nos explicase si en ese pacto por el agua el agua va a perder su consideración de bien público para abrir la puerta a la especulación como si fuera una mercancía, tal y como estamos viendo
con el decreto que ustedes han modificado para el Alto Guadiana. Aunque dicen que es de un modo excepcional, yo le preguntaría que hasta cuándo el agua puede ser objeto de comercialización entre particulares. Por cierto, ustedes han mencionado
algunos planes hidrológicos de cuencas y me gustaría saber, porque la Junta de Andalucía aprobó en noviembre los de la cuenca mediterránea de Guadalete y Barbate y la de Tinto, Odiel y Piedras, cuándo los van a aprobar, si es posible que me dé esa
información que sé que es muy concreta. También me gustaría, señor secretario de Estado, que me confirmase que la práctica eliminación de la partida destinada a pagar a los ayuntamientos andaluces lo que se conoce como IBI de los pantanos por parte
de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha sido un error que ustedes van a subsanar. Nosotros tardamos en reconocer la crisis, pero era más fácil reconocer la sequía y ustedes han tardado muchísimo, parece que eso era mucho más evidente.
Hoy por hoy es un problema, los presupuestos nos parecen insuficientes y toda la planificación que nos ha contado nos aleja mucho del cumplimiento de la Directiva-marco del Agua.
En cambio climático hay multitud de preguntas pendientes. Hablan de la herencia, pero ustedes dotan a estas políticas de un presupuesto que se reduce en un 50 por ciento, aparte de haberlas rebajado en el nivel institucional y en la
implicación de un ministerio en esta materia. No sé si se me ha pasado, puede ser, pero no sabemos si se han aclarado ustedes con la incorporación a presupuestos de los ingresos que se van a derivar de las subastas de derechos de emisión. ¿Qué
actuaciones va a desarrollar el ministerio para compensar la drástica reducción de apoyo del Gobierno a muchas actividades de investigación, teniendo en cuenta el número creciente de investigadores y de programas que estaban vinculados al cambio
climático? ¿Considera que está justificado el parón a las energías renovables? ¿Cómo pretenden ustedes abordar la mitigación de las emisiones en los sectores difusos? El programa nacional de reformas no menciona si una sola vez el cambio
climático como vector para la recuperación económica y la creación de empleo, a diferencia de muchos programas análogos de países de la Unión Europea que ven aquí una oportunidad.
El señor PRESIDENTE: Señora Rodríguez Ramírez, le ruego que vaya concluyendo.
La señora RODRÍGUEZ RAMÍREZ: Voy terminando, señor presidente.
¿Comparte el ministerio la posición del Ministerio de Industria, que se opone a las propuestas de una mayor ambición en la Directiva europea sobre eficiencia energética? En fin, hay muchísimas preguntas. Ese giro copernicano del que hablan
ustedes, por el cual van a dejar de comprar derechos fuera para invertir en políticas internas de reducción para cumplir Kioto, qué soporte presupuestario tiene, o la territorialización de las emisiones de CO2.
En materia de espacios naturales, nos preocupa que el ministro haya hablado de ecochiringuitos en la playa y de explotación económica de parques nacionales. Quizá esto tenga que ver con la drástica reducción de la financiación de los
parques naturales de la que alertábamos en la Comisión de Presupuestos, porque veíamos un riesgo de que se desnaturalizara un organismo autónomo y se mercantilizara la actividad de estos parques, que se compitiera con los agentes locales, porque se
reducen las transferencias a las comunidades autónomas. Voy terminando, señor presidente. También ha dicho usted una expresión que nos inquieta: hay que sacarle partido. El director del organismo en declaraciones muy recientes alababa la Ley de
Parques Naturales como una joya a cuidar. Usted nos anuncia que va a reformar la ley y me gustaría saber en qué sentido. En materia de biodiversidad han reducido ustedes mucho la financiación de la fundación. Y termino ya, señor presidente, con
bosques. ¿Cómo es posible que no aparezca dotación presupuestaria para la prevención y la gestión de nuestros bosques en un escenario de sequía? Han hecho un anuncio de un plan de empleo en el sector forestal para activar la reforestación y el uso
de la biomasa. Nos alegramos. Ojalá ahora algún responsable de su partido que hablaba de plantar pinos y ridiculizaba este tipo de medidas, lo vea con mejores ojos. En cualquier caso, está claro que tenemos ahí un tesoro que puede generar mucha
economía, pero sobre todo beneficios para todo. Termino ya, señor secretario de Estado y señor presidente, agradeciéndole sus explicaciones y lamentando no poder abordar más temas, porque son muchos los que engloba su secretaría. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa).
Por orden de menor a mayor, tiene la palabra la señora Tapia, por un tiempo máximo de diez minutos. Le ruego que se ajuste más al tiempo que la portavoz anterior.
La señora TAPIA OTAEGI: Gracias, señor presidente, intentaré ajustarme al máximo.
En primer lugar, quiero agradecer las explicaciones del señor secretario de Estado. Me gustaría hacer una reflexión acerca de cómo mi grupo parlamentario analiza la sostenibilidad ambiental y aspectos de cambio climático que entendemos que
deben ser analizados de forma conjunta, tratando de elaborar y desarrollar políticas que garanticen, desde luego en paralelo -estamos de acuerdo-, desarrollo económico, pero también bienestar social, a la vez que se preserva el medio ambiente. Y no
solo con políticas puestas en marcha desde el Gobierno, sino acordadas con comunidades autónomas, con empresas, con sectores privados, con industrias, acordadas entre todos, trabajando con esos tres vértices
del triángulo perfecto, siendo perfectamente equilibrado ese triángulo, es decir, que ninguna de las políticas sea prioritaria sobre ninguna de las otras, porque entonces no vamos a conseguir preservar el medio ambiente e introducir todas
esas políticas, que hasta ahora desde luego no nos han conducido a un lugar adecuado. Estamos de acuerdo en que este equilibrio obliga a adoptar esquemas de colaboración interinstitucional. Se trata de evitar que cada uno utilice su política
sectorial para emprender actuaciones sin una visión de conjunto, sin una visión del todo, que cada una de las administraciones emprenda actuaciones que no sean también desde una visión del todo, pero por otra parte si con algo no estamos de acuerdo
es con aquello que está usted diciendo. Habla de desorden, de que existe desconfianza, de que necesitamos un marco jurídico que ofrezca seguridad y dice que va a colaborar con las comunidades autónomas, pero a la primera de cambio el primer real
decreto-ley que nos trae está sin consensuar con ninguna comunidad autónoma, inmiscuyéndose en todas sus competencias, por lo que le pedimos que a partir de ahora, ya que no lo han hecho en este momento, lo hagan, que sea cierto eso que nos está
diciendo. Es verdad que necesitamos una visión de conjunto, pero hagámoslo entre todos, no solamente el Gobierno.
Evidentemente, no tenemos que olvidar que los recursos son limitados y que las políticas que hemos emprendido hasta ahora han llevado, tal como usted ha dicho, a que los límites que se establecieron, todo lo que se fijó para frenar la
emisión de gases de efecto invernadero, el Protocolo de Kioto, no haya sido cumplido hasta el momento. Esperemos que a partir de ahora podamos emprender actuaciones que nos lleven a cumplirlas y que involucremos no solo -repito- a los Gobiernos,
sino al conjunto de la población, ya que si no va a ser imposible. Los países ricos somos los que más tenemos que perder, somos los que más hemos contribuido a que nos encontremos en el lugar que estamos, y en este momento los países que se están
introduciendo en una política más parecida a la nuestra pueden hacer que precisamente el Protocolo de Kioto sea todavía más difícil de cumplir. Las políticas medioambientales, pues, tiene que enfocarse hacia varias líneas de trabajo. Para nosotros
sería prioritario ahorrar energía tanto en nuestras viviendas como en todo el sector industrial a la vez que tratamos de generar y consumir energía verde, evidentemente. En el tema del transporte, desde luego habría que reducir los kilómetros de
viaje en coches particulares para personas, así como el transporte de mercancías también en viario y pasar al transporte marítimo y al ferroviario. Sé que no es competencia de este ministerio; sin embargo, tienen que emprender políticas
encaminadas a ello. Estamos por consumir menos en cualquier tipo de producto, conservar y reciclar más y, en definitiva, convertirnos en verdaderos catalizadores cada una de las personas y cada uno de los Gobiernos para que esto sea una realidad.
Tienen que emprender actuaciones en cuatro líneas básicas, que para nosotros son el modelo territorial, el transporte ligado también al modelo territorial, la producción y consumo de energía y la gestión de recursos hidráulicos y el tratamiento de
residuos tanto urbanos como industriales.
¿Por qué hablamos del modelo territorial? Porque es un aspecto muy importante si queremos llevar a cabo políticas medioambientalmente sostenibles. ¿Por qué? Porque en esas directrices, en todas esas líneas de establecimiento de modelos
territoriales tenemos que conseguir hacer unas ciudades y unos pueblos más agradables para la vida. Desde el punto de vista del bienestar, es prioritario. En el modelo territorial es donde se establece la protección y mejora de los recursos
naturales, donde fortalecemos y reequilibramos las zonas urbanas, es decir, donde hacemos ciudades de verdad habitables, donde no conseguimos zonas urbanas degradadas, sino todo lo contrario. Es necesario integrar todo tipo de actividades en esas
ciudades y potenciar no grandes ciudades en detrimento de zonas rurales, sino intentar equilibrar el conjunto del territorio. Es importante que si van a traer una nueva Ley de Costas modificada lo hagan cuanto antes. ¿Por qué? Porque llevan mucho
tiempo anunciando esa Ley de Costas y estamos esperando a verla. Ha habido una cierta inseguridad jurídica y una serie de personas perjudicadas por esta Ley de Costas han acudido a Europa. Quizá solamente se haya aplicado la normativa de forma
incorrecta y no la propia ley, pero creemos que es el momento de que se haga y cuanto antes mejor.
Sobre el transporte, le comentaba que es un aspecto muy importante que no compete únicamente a su ministerio pero este tiene mucho que decir sobre las políticas de transporte que se han llevado a cabo hasta ahora y que en este momento, junto
con el consumo energético, son las que producen más emisiones de CO2 y donde tenemos que introducir más innovación y trabajo para su sostenibilidad.
En cuanto a los recursos hídricos y a la nueva cultura del agua, estamos de acuerdo en que debemos trabajar en lo que se refiere a la funcionalidad de los ecosistemas acuáticos y en que la unidad de gestión del agua debe ser la cuenca, pero
también me gustaría hacer referencia a la gestión de la demanda. Debemos cambiar la fórmula clásica de satisfacer toda la demanda, porque está creciendo cada vez más, e introducir medidas de ahorro de agua igual que de energía. Eso es lo que va a
conseguir que hogares e industrias mejoren y contribuirá a que las necesidades de agua no sigan creciendo como lo están haciendo en este momento. Creemos que el precio del agua debe cubrir todos los costes, incluidos los medioambientales. También
es importante que la ordenación territorial se establezca de forma respetuosa e integrada, separándonos lo más posible de los cauces de los ríos, que es lo que está provocando graves inundaciones, al menos en nuestra comunidad. Sé que existen
comunidades con sequía; en nuestra comunidad ocurre justamente lo contrario y debemos trabajar también en este sentido. Por otra parte, también deben introducirse los temas relacionados con la información y la comunicación ligadas al ámbito de la
gestión más eficiente del agua. No se lo he escuchado, aunque quizá lo haya dicho.
Por último, por lo que se refiere a la gestión de residuos, aunque mañana probablemente tendremos opción
de comentar este tema cuando hablemos del real decreto-ley, nos preocupa un aspecto muy concreto. En este momento desaparece de alguna forma la prevención y la recuperación de residuos. Es muy importante trabajar con todos los residuos
sólidos, tanto urbanos como industriales. Desde luego tenemos que intentar que desaparezcan al máximo posible, pero también trabajar en la prevención y en la recuperación de todos estos residuos. Tiene que ser un objetivo prioritario, porque en
este momento Europa así nos lo exige. Repito que mañana tendremos opción de trabajarlo más en conjunto.
El señor PRESIDENTE: Doña Arantza Tapia, le ruego que vaya concluyendo.
La señora TAPIA OTAEGI: Solamente quiero comentar un aspecto más.
Creemos en una gestión sostenible maximizando la prevención, optimizando la valorización y minimizando el vertido. Debe trabajar en una gestión integral de los residuos. Y permítame pedirle de nuevo que trabaje en conjunto con las
comunidades autónomas respetando al máximo sus competencias.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, tiene la palabra doña Laia Ortiz.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: En primer lugar, quiero sumarme a los agradecimientos al secretario de Estado por sus explicaciones.
Comparece justamente el día antes a que debatamos mañana un decreto-ley de medidas sobre medio ambiente. Es un decreto que forma parte de este estilo de Gobierno; es el decreto número diecisiete. No se justifica que todas esas medidas que
implican cambios legislativos en profundidad en temas de residuos, de aguas y de protección de biodiversidad vengan por decreto-ley. No se justifica de ninguna de las maneras. Además, sin hablar con los agentes implicados ni con las organizaciones
ecologistas ni con comunidades autónomas -si hablar con nadie- han aprobado un decreto sin los mínimos requisitos legales de participación en cualquier materia de medio ambiente. Creo que esto expresa un poco cuál ha sido la trayectoria del
Gobierno. La verdad es que con la intervención que usted ha hecho aquí salimos más preocupados de lo que entramos, porque a nuestro entender usted debería ser la persona con más sensibilidad medioambiental del Gobierno, ya que es el responsable de
los temas de medio ambiente, y debería hacer un discurso, como mínimo, más positivo sobre el medio ambiente; ya se encargan otros de destruir esa imagen. A nuestro parecer, usted ha venido como representante de la CEOE a demonizar el medio
ambiente como lastre para la economía. Ya oímos al Gobierno y al ministro hablar en esos términos, pero usted lo ha vuelto a confirmar, y esto nos preocupa por el panorama que pinta en la legislatura.
Entrando ya en materias más concretas, nos preocupa no solo el decreto, sino también los últimos presupuestos. Ha venido a hablar aquí de agua, de calidad del aire, de cambio climático, pero es que los presupuestos han borrado del mapa el
medio ambiente, las políticas de mejora de la calidad del agua y de biodiversidad, todas las transferencias a comunidades autónomas que iban precisamente dedicadas a la protección del medio natural han sido borradas de esos presupuestos, así que
están desmantelando los instrumentos que tenían. Por otro lado, hablan de que van a dedicar la legislatura a revisar toda la legislación medioambiental, hablando claro, dando seguridad jurídica, simplificando y agilizando. Yo vengo de Cataluña,
donde hay un gobierno que con el mismo lenguaje se ha dedicado a desproteger el medio natural y dar vía libre a cualquier actividad. Eso es lo que está haciendo el Gobierno, inventar un lenguaje nuevo que habla de simplificación, de agilidad
administrativa, cuando lo que en el fondo hace es desproteger una política medioambiental que ya era muy débil.
Sobre el decreto me gustaría preguntarle, ya que tengo hoy la oportunidad de hacerle la pregunta, con quién ha trabajado ese decreto, con quién ha consultado; si ha reunido al Consejo Asesor de Medio Ambiente -que se ve que no, según lo que
hemos podido leer en los medios-, con qué organizaciones ecologistas o si se reunió con las comunidades autónomas para redactar ese decreto. Nos gustaría saber si, como hoy hemos podido leer también en algunos medios de comunicación, accederían a
que se tramitara como proyecto de ley para poder modificarlo, que nos confirmara si será así para, como mínimo, poder rectificar algunas de las cosas que nos parece que deben ser claramente modificadas.
Usted ha hablado de agua, pero ha hablado del agua en términos de que necesitamos un suministro de agua suficiente; y yo le pregunto, ¿para qué modelo de desarrollo? ¿Para qué tipo de actividades? Porque usted habla de tener un suministro
de agua suficiente como si el agua se pudiera fabricar, pero yo le recuerdo que el agua es un recurso escaso y en nuestro país todavía más. Las políticas que están aplicando van en contra de la nueva cultura del agua y de las directivas marco de
agua, aunque usted sí que la ha mencionado. Quiero denunciar también la política recentralizadora en este sentido. Aquí ha dicho que la planificación hidrológica solo se ha realizado a nivel estatal, y aquí discrepo de usted; el único Plan de
cuenca que se ha aprobado en el Estado ha sido porque lo ha hecho una comunidad autónoma, que es Cataluña, y precisamente lo único que no dependía del Estado. Lo que depende del Estado, la parte del Ebro que depende de competencias estatales es la
que no se ha podido realizar. Por tanto, sí que hay comunidades autónomas que han hecho los deberes, en este caso ha sido el Estado el que no los ha hecho. En este sentido, vinculado a esto, nos preocupa extremadamente el caudal fijado en el Ebro
por la Confederación Hidrográfica del Ebro, nos preocupa muchísimo. Entendemos que es una aberración fijar un caudal que es un tercio de lo que todos los expertos han exigido. Nos gustaría saber si esto es un instrumento del Partido Popular de
situar otra vez al Ebro en su política de transvases. Quien abre aquí las heridas territoriales es precisamente el Gobierno y el discurso que está haciendo en temas de agua. Precisamente el pasado fin de semana se volvió a reactivar
la plataforma en defensa del Ebro, y aquí veníamos de heridas que se estaban cerrando y que estaban en otra línea respecto de la gestión del agua; quisiéramos saber qué van a hacer en ese sentido.
Usted ha dicho que la gestión del agua va a ser fomentar concesiones en derechos de agua. Nosotros no compartimos la privatización del recurso como la forma de gestión del agua, pero nos preocupa, si el ejemplo es el que ponen en el decreto
sobre la gestión del Plan especial del alto Guadiana, que dejan el redactado en una generalidad. Habla de que será un sistema de transmisión de concesiones. ¿Será un sistema oneroso? Porque, si no, nadie las va a transmitir. ¿Usted cree que la
mejor manera es que se privatice, que alguien se lucre con un bien público, como lo es el agua, y que se gane dinero transmitiendo esos derechos? ¿No sería oportuno que la Administración tuviera más capacidad de incidir en esas concesiones? Y
otras medidas que contiene el decreto no van a clarificar la legislación, van a poner más presión. Otro ejemplo es el caso de los acuíferos.
Ley de Costas. Otras representantes han intervenido en este sentido. El problema de la Ley de Costas es que se debe hacer cumplir. Es una ley muy clara, pero culpar a una ley de las ilegalidades que han cometido algunos municipios y
algunas comunidades autónomas por un desarrollo urbanístico desmesurado no es la manera de solucionar el problema. Una cosa es resolver los conflictos anteriores a la Ley de Costas y otra cosa es una ley al servicio de las urbanizaciones. Ustedes
aquí se pelean mucho con el Partido Socialista. Le podría poner el ejemplo de Baleares de Es Trenc. Aquí, pelotazos urbanísticos, legislación y recalificaciones a favor de esos pelotazos ha habido de todos los colores políticos. Nos gustaría
saber en qué va a consistir esa ley.
Biodiversidad. Nos gustaría saber si van a ampliar la protección. Hay un 27% de protección en nuestro país, pero España es el país con más biodiversidad de la Unión Europea. Nos gustaría saber si va a aumentar esa protección. Me gustaría
preguntarle por una caso concreto, y es si han paralizado las obras del tramo norte del gasoducto Martorell-Figueras, una obra que es una aberración y que es inútil, porque además ahora Francia ya ha dicho que no alargaría ese gaseoducto. Nos
gustaría saber si el ministerio va a intervenir para asegurar la correcta reposición física vegetal y paisajística del territorio afectado.
Cambio climático. Usted ha hablado, en coherencia con lo que dijo el ministro la semana pasada, sobre lo que nos cuesta los derechos de emisiones. A lo que se dedica este departamento es a gestionar los derechos de emisiones. Nos gustaría
un cierto liderazgo para paliar las causas de esas emisiones y aquí no vemos ningún gesto del Gobierno, ningún liderazgo con el resto de ministerios en temas de movilidad, en temas de eficiencia energética ni en cuestiones de planificación
urbanística, al revés. El resto de ministerios se dedican a desmantelar las políticas de eficiencia energética, a parar las energías renovables, a fomentar el carbón y, aquí, desde el departamento de Medio Ambiente se dedican a gestionar lo que
pagamos en derechos de emisión. Aquí me gustaría hablarle de fiscalidad ambiental. El ministro no dijo ni sí, ni no; dijo que ya veríamos y que, en todo caso, no lo diría en sede parlamentaria. Creo que es el momento de hablar de fiscalidad
ambiental, precisamente para un cambio de modelo productivo, porque hay dificultades. Usted hablaba de dificultades de inversión en Medio Ambiente y creo que precisamente la fiscalidad ambiental en todos los aspectos, en residuos, en movilidad, en
emisiones, en emisiones difusas, haría un gran servicio al país.
Sobre el tema de residuos es verdad que mañana tendremos oportunidad de hablar. No entendemos la urgencia en la modificación de esta ley, pero nos preocupa que ustedes fulminen el sistema de depósito, devolución y retorno. En su momento,
nosotros votamos en contra de esta ley porque era muy poco ambiciosa en ese aspecto, pero preveía como mínimo tres años para valorar los costes económicos y cómo implantar ese sistema. Ustedes han decidido borrarla, y no solo hacerlo de carácter
voluntario sino imposibilitando el desarrollo de ese sistema.
El señor PRESIDENTE: Señora Ortiz, le ruego que vaya concluyendo.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Voy terminando, señor presidente.
Esas modificaciones en temas de residuos representan un retroceso, no solo de la Ley de 2011, sino también respecto a la Ley de Envases y Residuos de 1997, que ya establecía la implantación de este sistema. Esas medidas van contra la
directiva europea, pero además renuncian a la creación de puestos de trabajo y a la reducción de la generación de residuos.
En definitiva, globalmente el balance de cinco meses es muy negativo en términos medioambientales. Pero lo que nos genera más preocupación es ese discurso del medio ambiente como lastre cuando, precisamente hoy, la Agencia Europa de Medio
Ambiente hablaba de la miopía y del cortoplacismo de muchos gobiernos que, en la situación de crisis económica, no ven el medio ambiente como una oportunidad de cambio de modelo económico y de crear puestos de trabajo, sino todo lo contrario. Y
usted está volviendo a los ochenta en términos económicos y en términos medioambientales, y no nos lo podemos permitir.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Barberà.
El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Últimamente nos vemos mucho con el ministro y con el secretario de Estado. Eso es bueno. Lo que pasa es que en tan corto plazo de tiempo las novedades no son muchas. Después de su comparecencia en
presupuestos, su propuesta -como ha dicho alguna compañera- es equivalente o muy parecida a la que el ministro en una hora nos explicó en su primera comparecencia.
Vamos a ir haciendo matizaciones y vamos a ir contrarrestando algunas de las voluntades que han señalado
en las diferentes manifestaciones suyas o del propio ministro al hablar de compartir, de cooperar y de escuchar. Esa voluntad se va repitiendo, pero no se plasma en las actuaciones que vamos viendo. Nos ponemos a su disposición para
contrastar o participar en cualquier real decreto, propuesta o intención que tenga. Por ejemplo, en el tema de la regulación y declaración de figuras de protección de limitación y gestión, de las que mañana hablaremos, desde el Govern de la
Generalitat y, en este caso, desde Convergència i Unió, como Grupo Parlamentario Catalán, tenemos que estar en contra, porque invade clarísimamente competencias de la Generalitat, incluso alguna competencia en materia de urbanismo, que seguramente
discutiremos y alguien tendrá que decidir si es verdad o no. En temas como, por ejemplo, Red Natura 2000 podemos estar de acuerdo en las líneas a trabajar pero no en la forma en que ustedes quieren trabajar. Es igual que los temas de urgencia.
Seguramente modificar el mercado de valores para adaptarlo a la subasta de emisiones de carbono es urgente y necesario, pero modificar el sistema de devolución y depósito de residuo no entendemos que sea ni urgente ni necesario. Mañana pondremos en
duda algunas de estas cuestiones y hablaremos de ellas oportunamente.
En cuanto a la Ley de Costas, estamos de acuerdo en modificarla. Estaremos atentos porque en alguna proposición no de ley el Grupo Popular habló de que todos los establecimientos de playa...Es decir, sí que hay miedo porque no hemos visto
concretada la propuesta del texto, el proyecto de ley. Supongo que en ese momento podremos debatir, pero hemos presentado una proposición de ley para introducir lo que creemos que tenemos que modificar de la Ley de Costas, como las ciudades
navegables y las áreas urbanas consolidadas con singularidades propias d'Empuriabrava, de Rosas y de la Costa Brava, que compañeras de Galicia y nosotros mismos creemos que tienen que entrar e introducirse en esta modificación de la Ley de Costas.
Pero no creemos, ni han anunciado ustedes, que sea un abrirlo todo, pero estaremos atentos a que sean modificaciones concretas y específicas que combinen la protección del medio ambiente marino y en la costa con el crecimiento económico, la creación
de empleo, etcétera. Por otro lado, quería agradecerle las respuestas que ya he recibido de la Comisión de Presupuestos. He visto la comparativa, pero el 42% de la inversión de los más de 70 millones no está territorializada. Ya iremos viendo
donde lo invierten y dónde lo ponen.
Como le dije al ministro y le dije a usted, queremos liderar, junto con los demás grupos políticos de esta Cámara, una subcomisión, dentro la Comisión para el Estudio del Cambio Climático, en defensa del patrimonio ambiental que es el mar
Mediterráneo. Le pedí al ministro que colaborara y que nos ayudase y también se lo digo a usted, porque entendemos el mar Mediterráneo en dos vertientes: la de controlar las costas para impedir vertidos y agresiones al mar, y también en el aspecto
del cambio climático, en cómo está afectando a la biodiversidad del mar Mediterráneo y cómo esto puede repercutir en cambios económicos, sociales, etcétera.
Hay otro aspecto que el señor ministro aceptó en la pasada reunión de la Comisión. Me gustaría que, si en algún momento se da algún paso en el tema de las estaciones meteorológicas -igual que se lo he pedido a la Generalitat-, me lo dijera.
Sé que usted me respondió, pero en la pasada sesión de la Comisión el ministro se comprometió -porque estamos defendiendo una eficiencia en el presupuesto- a que no tengamos sobrepuestas dos redes de estaciones meteorológicas; que cumplan sus
funciones, que cubran el máximo territorio posible pero que no tengamos dos presupuestos de inversión duplicados.
En cuanto a la regulación de residuos ya se lo he comentado antes. Hay dos aspectos que mañana repetiremos. Respecto del traslado de las autorizaciones de los SIG a nivel estatal, dejando a los SIG de las comunidades autónomas sin
competencia, creemos que no es lo que corresponde. En cuanto al sistema de depósito, devolución y retorno, que puede llevar a tener dudas de su implantación, yo creo que la aprovechar y rentabilizar al máximo la fracción de envases, que es una de
las que genera más volumen, más transporte y más dificultad de gestión, sería un buen sistema para el medio ambiente y para la sociedad en general. La pasada ley, fruto de mucha negociación, dejaba este espacio de tres años para estudiar los
costos, tranquilizar a las empresas con mucha producción de envases y a todo el sistema. En este caso, alguna de sus enmiendas ha hecho que, por urgencia, mañana puede que se ratifique este real decreto.
En diferentes aspectos -y no voy a repetirlos- quiero a recordar la territorialización; también se lo dije al ministro el otro día. La territorialización no es solo pedir los recursos necesarios para los sectores difusos como el
transporte, etcétera, es también distribuir las obligaciones. El ministro decía que las obligaciones tenían que ser nacionales. Usted ha hablado de nacionales e internacionales, pero hay mucho trabajo por hacer en las comunidades autónomas y en
las administraciones locales, porque muchas de las competencias para trabajar y mejorar los sectores difusos están en las administraciones locales. Él dio un paso más y describió que había un equipo de trabajo para ello. Esperamos que se concrete
lo antes posible porque quisiéramos seguir a este grupo de trabajo en este tema de distribución territorial de recursos y de obligaciones.
En cuanto a la coherencia con los compromisos europeos, usted lo ha dicho, Europa tiene que liderar este cambio. Venimos de cambio climático y adecuación, venimos de la Comisión de Cambio Climático, otros países de Europa están en
elecciones, y España tiene que estar allí, usted lo ha dicho que están en la presidencia, etcétera. Debemos continuar participando pero queremos introducir en este aspecto una cuestión que usted no ha citado, que es el principio de equidad en el
cambio climático para que quien tiene más culpabilidad en la emisión de CO2 tenga también más participación en la responsabilidad, y que quien no tenga tanta culpabilidad no tenga tanta responsabilidad. Nosotros trabajaremos también para reconocer
la máxima relevancia de la escala regional y
local en materia de adaptación y de mitigación. En materia de sectores difusos ya se aplicó en el impuesto de matriculación una bonificación según el criterio ambiental con el que estaba construido el vehículo. Sabemos -y a la comisión
sectorial han llegado propuestas- que están trabajando en este sentido. Estamos de acuerdo y les apoyamos en el objetivo; veremos en el procedimiento y en los medios.
También proponíamos una ley de cambio climático. Usted ha dicho que había un montón de leyes, algunas de las cuales se sobreponían a las otras, pero creemos que todo el ámbito del cambio climático recogido en una sola ley que sea aplicable
y dé seguridad jurídica a todas las acciones sería una buena iniciativa. En cuanto a los derechos de emisiones, sobre todo lo que ha dicho del fondo de carbono, espero que sea realmente para aquellas empresas y actividades que trabajen para la
eficiencia, que sea una buena línea y que la utilicen tal como ustedes la están creando así como que puedan dotarlo cuanto antes con más dinero. En cuanto a las emisiones difusas en temas de rehabilitación, arquitectura bioclimática, ecodiseño,
soluciones constructivas, etcétera, son líneas en las que estamos completamente de acuerdo. En cuanto a empresa y fiscalidad ambiental, aquí usted ha dicho que lo que hay que hacer es facilitar a las empresas la tramitación de las gestiones
ambientales que correspondan. Sin duda alguna, es una necesidad y el Govern de Cataluña lo ha hecho en las leyes ómnibus, pero tenemos que ir con cuidado porque si vamos demasiado deprisa podemos perder por el camino muchas de las cosas que hemos
ido ganando.
Termino con los recursos hídricos y con un tema para el cual hemos pedido su comparecencia en Comisión, aunque aprovecho ahora para decírselo, que sería el caudal ecológico del río Ebro, y es que el otro día, en el proceso de exposición
pública, se hizo público el número. Creemos que ese número no se corresponden con la realidad y sabemos que se han hecho otros estudios desde la Generalitat que científicamente son muy válidos, que cumplen la Directiva-marco del Agua y que aquí
tendremos mucho camino que recorrer, pero sepa que el Grupo Catalán de Convergència i Unió será firme porque el Ebro no tiene capacidad para dar más a su entorno; el entorno ecológico y el entorno económico necesita que el Ebro esté en toda su
plenitud, desde el Delta del Ebro a las comunidades de regantes, los recursos económicos y la biodiversidad que contempla. Por eso, señor secretario de Estado, le agradeceremos que en su responsabilidad en cuanto a la CHE, la Confederación
Hidrológica del Ebro, esté atento al estudio completo que la Generalitat ya le entregó en 2009, creemos que mejor adaptado a las realidades de lluvia de nuestra región.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, ruego que por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra su portavoz doña María Teresa de Lara.
La señora DE LARA CARBÓ: Señor secretario de Estado, gracias por comparecer hoy aquí para explicarnos cuáles van a ser las prioridades de la política medioambiental. Compartimos, señorías, sus objetivos: una política -decía- que garantice
la seguridad jurídica, la unidad de mercado en todo el territorio nacional, la agilización de los procedimientos administrativos, la recuperación de la confianza internacional -por cierto, deteriorada no solamente en los aspectos medioambientales-,
y gestionar la política medioambiental de manera seria y realista, alejada de la demagogia y el sectarismo cuyas consecuencias estamos pagando todos los españoles. En definitiva, orientar las políticas medioambientales hacia la creación de empleo y
la recuperación económica, compatibles -claro que sí- con un uso más eficiente de los recursos y con el respeto al medio ambiente. Pero, señor secretario de Estado, tal y como usted nos ha indicado y nos ha estado explicando, tiene una tarea muy
difícil por delante debido a los recortes presupuestarios de su ministerio, efecto inevitable de la mala gestión y del despilfarro de los casi ocho años de Gobierno socialista, a los compromisos heredados y a los problemas no resueltos en estos
últimos años. Produce realmente estupor oír a la portavoz socialista quejarse de los recortes presupuestarios que ellos han ocasionado.
Señorías, la realidad que encontramos es que los expedientes ambientales de la Unión Europea contra España asedian al Gobierno. La Comisión Europea ha presentado una demanda contra España ante el Tribunal Superior de Justicia de Luxemburgo
por incumplimiento de la Directiva de Aguas, por no haber elaborado los planes de cuenca que debían haberse redactado a finales de 2009. Sin ellos carecemos de una situación clara de cada una de las cuencas hidrográficas, de sus demandas y sus
ofertas, de su posible déficit estructural y por ello es imposible una planificación hidrológica. Nos alegra saber que se ha avanzado en la redacción de varios de ellos y vemos que ya se han puesto manos a la obra para intentar ganar el tiempo que
se ha estado perdiendo. España también tiene abiertos expedientes sancionadores por incumplimiento de la directiva europea sobre depuración de aguas residuales, consecuencia del retraso en la aplicación del Plan nacional de calidad de las aguas.
Es lamentable que no se hicieran mayores inversiones en saneamiento y depuración en los años de crecimiento de la economía, cuando el Partido Socialista llegó al Gobierno y encontró las arcas del Estado llenas y despilfarró. Por consiguiente,
creemos que es una buena idea la que nos ha expuesto de buscar fórmulas de colaboración público-privada para cumplir con nuestros compromisos de depuración.
La realidad que nos encontramos, señorías, es que, pese a que han transcurrido ya ocho años desde que el anterior Gobierno presentó su famoso programa AGUA, en el que un sinfín de desaladoras esparcidas por el arco mediterráneo iban a
solucionar los problemas hídricos del levante y sureste español, hoy nos ha informado el secretario de Estado que las desaladoras en explotación producen solo el 16,45 % del total previsto y que la mayoría de las que están en funcionamiento lo hacen
por debajo de su capacidad, bien por su elevado consumo
energético -que anunciamos cuando se debatía el plan de desaladoras del Gobierno socialista- bien por problemas de suministro eléctrico de la red no resueltos en los últimos ocho años, o porque su construcción se basó en una demanda ficticia
avalada por convenios con comunidades de regantes y ayuntamientos a los que se garantizó un precio de 35 céntimos de euro por metro cúbico frente al 1,1 euros por metro cúbico actuales, inasumible para los regantes. Asusta, señor secretario de
Estado, saber que con la penuria económica que padecemos y el recorte presupuestario hagan falta 762 millones de euros adicionales para que las 32 desaladoras iniciadas estén plenamente operativas, y por supuesto apoyamos la estrategia que nos ha
comentado para dar un uso eficiente a las inversiones ya realizadas. La realidad, señorías, es que tenemos un complejo escenario normativo, como decía el secretario de Estado, que, lejos de suponer una mayor protección ambiental, genera inseguridad
jurídica e incrementa las trabas administrativas, con lo que se dificulta el desarrollo de las actividades y la creación de empleo. La existencia de 1.133 proyectos de evaluación ambiental, la mayor parte de los cuales se iniciaron entre 2004 y
2010, paralizados en la Administración por falta de coordinación y armonización en materia ambiental, es una de prueba de ello. Apoyamos, señor Ramos, el esfuerzo que nos ha anunciado para mejorar y acortar los procedimientos en curso en materia de
evaluación ambiental, de planes y proyectos, todo ello por supuesto en colaboración con las comunidades autónomas; planes y proyectos que se dilatan en su tramitación, lo cual es negativo para las inversiones. La realidad que hemos encontrado,
señorías, es que, como dijo el ministro, la aplicación errática de la Ley de Costas de 1988 durante las dos últimas legislaturas, no ha dejado de generar controversia e inseguridad jurídica para los ciudadanos, que vieron afectados sus derechos con
la nueva normativa. Así, se ha encontrado una acumulación de expedientes de reconocimiento de derechos en los cajones -creo que el señor secretario de Estado ha dicho que más de 20.000-. Denunciamos, por tanto, señorías, los cambios de criterios
sobre la ocupación de las playas o los deslindes que se han efectuado, muchas veces caprichosos y arbitrarios, del dominio público marítimo-terrestre. Apostamos, claro que sí, por la protección de nuestra costa y su riqueza natural, pero sin
generar perjuicios económicos ni inseguridad jurídica, como ha dicho el secretario de Estado. Por ello, consideramos necesario un cambio de orientación política en materia de costas que compatibilice su protección con la actividad económica. Decía
la portavoz socialista que el Gobierno estaba obligado, por el acuerdo que firmó el anterior Gobierno con la Junta de Andalucía, a pagar el derribo de El Algarrobico. Entérese bien, señora portavoz, porque creo que está usted equivocada. Creo que
este acuerdo no obliga al actual Gobierno a este pago.
La realidad que nos encontramos en lo referente a cambio climático es que la situación actual no refleja un panorama nada halagüeño en el cumplimiento de los compromisos internacionales. Pese a las grandilocuentes manifestaciones del
anterior presidente del Gobierno de que la lucha contra el cambio climático era el mayor problema global al que nos enfrentamos y de la prioridad de las políticas de mitigación que anunciaba el anterior Ejecutivo socialista, nos encontramos con que
el descenso de emisiones que se ha producido en España se ha debido fundamentalmente a la crisis económica en que nos ha dejado sumidos el anterior Gobierno. Ha habido importantes reducciones en los sectores sujetos a la Directiva de Comercio de
Emisiones, pero no ha sido así en los sectores difusos, de lo que responde directamente el Estado. Pese a los reiterados planes de ahorro y eficiencia energética, presentando las mismas medidas en varias ocasiones -medidas en muchos casos
precipitadas o irrealizables varias de ellas-, el descenso de las emisiones en los sectores difusos no se ha producido y se ha abusado desde mi punto de vista de la utilización de los mecanismos de flexibilidad y de la compra de derechos de emisión.
Compartimos el nuevo rumbo que el secretario de Estado nos ha anunciado: conseguir que los retornos a las empresas españolas sean reales, conocer los beneficios de reducción que nos van a aportar las medidas concretas que se pongan en
marcha y primar las actuaciones que creen empleo y reactiven la economía. Apoyamos, por supuesto, la dotación del fondo de carbono para implantar los proyectos domésticos. Dicho fondo servirá para la expedición de derechos de emisión o créditos en
relación con proyectos ubicados en el territorio nacional para reducir emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de actividades no sujetas al régimen de comercio de derechos de emisión, es decir, los sectores difusos, todos ellos sectores
con gran capacidad de reducción de emisiones, de generar empleo y de contribuir al crecimiento económico. El fondo de carbono va a permitir convertir un gasto cierto -la compra de derechos de emisión- en una inversión en nuestro país que, a la par
que disminuye emisiones y supone una mejora ambiental, creará empleo, que para el Grupo Parlamentario Popular y para el Gobierno es el objetivo fundamental.
Por todo ello, señor secretario de Estado, quiero hacerle llegar la felicitación de nuestro grupo por este cambio de rumbo en la política de cambio climático. También nos felicitamos, señor Ramos, por el anuncio que hizo la pasada semana el
ministro Arias Cañete en la Comisión de Cambio Climático de que va a darse en su ministerio especial importancia al tema forestal. Creo que su anuncio de un plan de empleo en el sector forestal es muy importante, ya que el sector forestal ha sido
el gran olvidado del Gobierno socialista, y su capacidad de sumidero de dióxido de carbono es enorme.
Termino ya. Mañana se va a convalidar en la Cámara el real decreto de medidas urgentes en materia de medio ambiente. Esa primera reforma que acomete el real decreto, en línea con los objetivos que usted hoy nos ha explicado, se orienta a
la simplificación y agilización administrativa de las normas ambientales. La eficacia de esas normas no puede identificarse con la yuxtaposición
de planes y programas de difícil aplicación real y práctica. El real decreto también introduce una serie de medidas que pretenden conseguir un uso adecuado del agua a través de una gestión eficaz y coordinada, en la que se preserve como
principio fundamental el de unidad de gestión de cuenca, que siempre hemos defendido. Por ello desde el Grupo Popular le manifestamos nuestro apoyo al real decreto y le animamos a seguir trabajando en las líneas que hoy ha manifestado.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra ahora el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (Ramos de Armas): Corresponde ahora contestar a las observaciones y preguntas que se han formulado. Empezaría contestando a la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señora Rodríguez
Ramírez. Me decía que no es política prioritaria de este Gobierno la conservación del medio ambiente y la política medioambiental. Parece que simplemente dice eso porque mantenemos que para gestionar el medio ambiente hay que tener en cuenta la
situación por la que está atravesando nuestra sociedad. Entendemos que eso simplemente es ser realista y estar al cabo de la calle de lo que está sucediendo y no jugar a hablar de ideas desvinculadas de la realidad en la que tenemos que gobernar y
gestionar. Eso no significa en modo alguno que no sea una política importante la política medioambiental. A futuro estoy de acuerdo con usted en que la economía avanzará hacia una economía más verde. Yo creo que en materia de medio ambiente no
hay pasos atrás, la economía avanzará a ser menos impactante en el territorio, a gestionar de una forma más eficiente los recursos y a ser igualmente más eficiente en la gestión de sus emisiones, porque esto será económico. En ese sentido, el
Ministerio de Medio Ambiente cree en este modelo de una economía cada vez menos impactante y más eficiente en la gestión de los recursos.
Me dice usted que no creemos en la legislación garantista que hemos heredado y critican la simplificación que proponemos. Una legislación como la que nos encontramos no es una legislación garantista, sino confusa, descoordinada, que tiene
una justificación. En los últimos quince años esta legislación ha aumentado de forma muy llamativa exponencialmente; ha habido numerosas directivas que se han traspuesto con más o menos tino, pero muchas veces descoordinadas entre sí. Lo que
pretendemos es coordinar y legislar de una forma que clarifique, no pretendemos reducir las garantías que existen ni nada por el estilo. Ahora bien, si para tramitar un procedimiento de evaluación ambiental tardamos de media más de dos años y hay
procedimientos que en ocho y nueve años no se resuelven ni se saben resolver, esto no es ninguna garantía, esto simplemente es muy perjudicial, tanto para los promotores del proyecto como para la sociedad en su conjunto. Si al proyecto se le va a
decir sí o no, debe poderse decir en un plazo razonable. Es más, la seguridad jurídica exige que el promotor de un proyecto pueda saber, en un tiempo más o menos aproximado, en qué plazo se le va a resolver, de forma más o menos aproximada, cuál
puede ser el sentido de la resolución, y si se le van a imponer condiciones que puedan hacer inviable económicamente su proyecto debería saberlo desde el principio. Todo esto también son garantías, pero garantías para el ciudadano, porque la
legislación medioambiental principalmente tiene que ser garantista para el ciudadano, no solamente para el medio ambiente. Nos dicen que hemos abierto la veda con el Real Decreto-ley de 4 de mayo de 2012 y que volvemos a un centralismo caduco. Lo
asombroso fue su Real Decreto-ley de 26 de agosto de 2011 en el que, tramitando una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil relativa al embargo de buques, deslizaron una modificación de nuevo del texto refundido de la Ley de Aguas aprobando
una disposición adicional 14ª en la que abrían la puerta a lo que el Tribunal Constitucional ya había resuelto en las sentencias 30 y 32 de ese mismo año, de 16 y 17 de noviembre. Pero es que era la jurisprudencia que el Tribunal Constitucional
venía fijando desde sus sentencias del año 1988 en materia de agua. ¿Para qué hacen esto? ¿Para introducir más confusión al sistema? Esto no es un centralismo caduco, el principio de unidad de cuenca era un principio establecido y ustedes lo
sabían. No sabemos qué pretendían ustedes abriendo esta espita. Además, el artículo 149.1.22.ª de la Constitución es muy claro al respecto. Que me llame centralista caduco por esto no deja de ser sorprendente. Igualmente es sorprendente su
afición ahora a la fiscalidad ambiental. Por supuesto que es un campo a trabajar, lo han dejado expedito y abierto completamente porque no han hecho nada en fiscalidad ambiental. Claro que sí.
En materia de calidad del aire dice que hay menos dotación económica, y que qué vamos a hacer. El Plan nacional de calidad del aire se aprobó deprisa y corriendo al final de la legislatura pasada y porque algunas comunidades autónomas,
reclamadas por el ministerio para aprobar sus planes de calidad, se encontraron con que no existía el plan nacional de calidad estatal y fue en una conferencia sectorial donde se le recordó a la ministra que mientras no aprobara ese plan nacional de
calidad estatal no se podrían aprobar los autonómicos. Fíjese la situación que hay en materia de calidad del aire. Al respecto hay que decirle que en calidad del aire se aprobó tan deprisa y corriendo que no se contó con las comunidades autónomas
ni con los ayuntamientos, que son los que tienen que adoptar más medidas en materia de calidad del aire. Por tanto, es ineficaz y hay que revisarlo.
En el tema de costas me pregunta usted si vamos a hacer una amnistía. Desde luego que no, vamos a resolver cuestiones que estaban pendientes y que la aplicación práctica de la Ley de 1988 nos ha puesto de manifiesto que merece la pena
resolver. Nos dice que la naturaleza es la que deslinda. La naturaleza es la que deslinda y el hombre también; los deslindes se van produciendo y son una resolución administrativa que a menudo se ha producido hasta diez y doce años después de la
entrada en vigor de la ley, es decir, los deslindes son un acto administrativo. Dice que no hace falta crear nuevas normas; lo que estamos proponiendo es una modificación de la vigente Ley de Costas. En cuanto a
la colaboración que me pide con la Junta de Andalucía para tirar El Algarrobico y el protocolo al que hace referencia, tengo que señalar que es un protocolo firmado por un gobierno ya en funciones, un gobierno que había tenido ocho años para
hacer cualquier cuestión al respecto y, sin embargo, nos encontramos con que en noviembre del año pasado firma ese protocolo sin ningún compromiso presupuestario y simplemente para dejarlo para la legislatura siguiente. Evidentemente, estudiaremos
qué fórmulas pueden existir para resolver este problema que, en primer lugar, deben resolver los que lo han causado, que son el ayuntamiento y la Junta de Andalucía. Me pregunta si se han generado alarmas por los deslindes. Por supuesto que se han
generado alarmas por los deslindes producidos, de hecho, hay un informe del Parlamento Europeo sobre las irregularidades o injusticias que se han producido en materia de deslindes y en todo caso por la inseguridad que se ha generado a compradores
extranjeros, que se han encontrado con que después de haber adquirido una vivienda en la costa española se les ha dicho que no son dueños de ella y que en pago tienen una concesión por treinta años en justiprecio de lo que pagaron por haber
adquirido la propiedad ante notario, inscrito en el Registro de la Propiedad. Esto no debe volver a pasar, debe haber una coordinación entre los deslindes de costas, el catastro y el Registro de la Propiedad, si no, no habremos avanzado nada en
esta cuestión.
Critica la reforma que hemos hecho en el real decreto-ley sobre los residuos y por qué cambiamos el sistema de devolución, depósito y retorno. Nosotros en materia de residuos creemos que hay que fijar objetivos y no apoyar uno u otro
sistema, una u otra tecnología; dependerá en cada momento de cuál puede ser la más viable, tanto económicamente como a efectos de lograr esos objetivos. Estamos cumpliendo, con carácter general, los objetivos que nos impone la Unión Europea en
materia de reciclaje de residuos, y este sistema se podrá utilizar si es viable económicamente y si aporta algo, pero no hacemos un favor a un sistema o a otro. Nosotros lo que fijamos son objetivos en materia de reciclaje y recuperación.
En cuanto al agua, me ha llamado la atención su exposición relativa a las desaladoras. La apuesta por las desaladoras, vista ahora con perspectiva, fue una improvisación, y el resultado de esa improvisación es las circunstancias que tenemos
ahora de desconexión a la red eléctrica, desconexión luego a las redes de suministros. Tendremos que gestionar esa circunstancia y tendremos que poner esas desaladoras, de una forma o de otra, en funcionamiento y en valor. Algún día tendremos que
explicar los desvíos que se produjeron en los precios adjudicados a esas obras y por qué luego se aprobaron modificados en cantidades astronómicas. No ha hablado usted tampoco de las depuradoras, porque si invirtieron en desaladoras, donde sí se
olvidaron completamente es en materia de depuración, y tenemos unos retrasos impresionantes en materia de depuración, con más de 700 puntos de depuración pendientes que nos obligan a hacer un esfuerzo extraordinario en materia de depuración.
También me preguntaba si a través de nuestro Real Decreto-ley, de 4 de marzo, el agua dejará de ser de dominio público. Me sorprende que diga eso por haber establecido un régimen concesional. El régimen concesional es el propio del dominio
público. Trasladar las aguas privativas a un régimen concesional es más característico, y es más propio de un bien de dominio público el régimen concesional que el régimen particular de las aguas privativas que establece la Ley de Aguas. Si
estamos estableciendo un régimen concesional, es evidente que estamos hablando de un bien de dominio público puesto que las concesiones solo se producen sobre el dominio público. En materia de cambio climático nos ha criticado que hemos rebajado en
un 50% el presupuesto. Ustedes ya hicieron esa rebaja del 50% de su presupuesto y además seguían avanzando y diciendo que había que ir a más objetivos sin hacer referencia nunca a las consecuencias presupuestarias que esto suponía. Había que ser
más responsable, porque ya se sabía que las consecuencias presupuestarias de esto eran ingentes y que no había presupuesto para atenderlo.
También nos ha preguntado por la Ley de parques nacionales y en qué sentido se va a reformar. Entendemos que la ley vigente de 2007 admite todavía muchas mejoras, que se entendió en muchos puntos indebidamente la sentencia del Tribunal
Constitucional y que admite una mejora y una reforma de las mismas. En cuanto a la prevención y la gestión forestal que dice que no existen partidas en la Secretaría de Estado. He de señalarle que la gestión forestal ahora mismo está encomendada a
la Secretaría General de Agricultura y las partidas estarán en la Dirección General de Desarrollo Rural, si no me falla la memoria.
La portavoz del PNV nos pide participar en la legislación ambiental. Por supuesto, el real decreto-ley se tramitará como una ley ordinaria. Estoy completamente de acuerdo en que en el Protocolo de Kioto hay que involucrar a la población.
Existe una falta de involucración de la población en la lucha contra el cambio climático en tanto que ha sido una labor que han asumido los estados, pero merece la pena extender al territorio. Nos pide que traigamos la ley de costas cuanto antes.
Los trabajos de la ley de costas están avanzados. Es una ley que merece una reflexión profunda antes de presentarla como anteproyecto de ley, pero se presentará en breve. En materia de agua y de residuos nos dice que hay que entrar en la gestión
de la demanda del agua e igualmente en la prevención de los residuos. Completamente de acuerdo. Es un campo por explorar en el que merece la pena avanzar. En materia de agua en el sector de la agricultura, que también es competencia de este
ministerio, la modernización del regadío tiene que seguir jugando un papel fundamental en las demandas de agua.
En relación con la intervención de la portavoz de Izquierda Plural, nos dice que no se justifica la extraordinaria y urgente necesidad del real decreto-ley. Entre otras cosas corrige un real decreto-ley de agosto del año pasado que sí se
aprobó por razones extraordinarias de urgente necesidad. Eso bastaría para justificar las medidas. También hemos justificado algunas de las medidas por razones de sequía, como una modificación
de la Ley del mercado de valores por razones de que ya estábamos fuera de plazo para adaptar el régimen de las subastas. Sí que había muchos factores para tramitarlo como un real decreto-ley. Aun así, se tramitará ahora como una ley
ordinaria. Me dice que mi discurso es poco positivo en materia de medio ambiente y que parezco el representante de la CEOE. No me corresponde dicho cargo. Mi discurso en materia de medio ambiente trata de ser realista. Busco ser práctico, tener
en la cabeza la situación por la que estamos atravesando y nuestra política debe ser acorde al resto de las políticas de este Gobierno. Estamos todos en el mismo barco y no tendría sentido que yo fuera un iluminado o un visionario en materia de
medio ambiente. Yo me solidarizo con el resto de los ministerios y estamos todos trabajando conjuntamente en estas materias. No soy una figura singular ni la es nuestro ministerio en materia de medio ambiente. Somos un equipo y trabajamos
conjuntamente. En cuanto a si la revisión de la legislación medioambiental es para desproteger al medio natural, en absoluto. Es simplemente para coordinar lo que existe, que se ha ido dictando en diferentes momentos temporales desde puntos de
vista distintos y no siempre coordinados entre sí. Le podría poner distintos ejemplos de solapamientos que han sido descoordinados y que no tienen ningún sentido. Me ha dicho que en materia de agua el real decreto-ley va contra la directiva marco
cuando la realidad es que este real decreto-ley adapta algunos preceptos de la directiva marco que no estaban recogidos, por ejemplo la gestión de aguas de los acuíferos, la gestión de aguas subterráneas o la repercusión de los costes sigue
estrictamente lo que dice la directiva marco.
En cuanto a las referencias al caudal ecológico del Ebro y si es insuficiente, he de señalar que está sometido a información pública; se recibirán las alegaciones correspondientes y se estudiará todo lo que se presente. Igualmente
criticaba si el régimen concesional previsto para el alto Guadiana era una privatización del agua. Quiero señalar que pasar de un régimen de aguas privativas a concesionales no es una privatización sino justamente lo contrario, que afloren y que
estén dentro de un marco en el que la Administración del Estado tiene un mayor control, como es el régimen concesional.
La ley de costas se presentará en breve. Me dice si vamos a ampliar las protecciones en materia de biodiversidad. Si no es suficiente el 27% del territorio -si lo estudiamos y entendemos que es insuficiente- se aumentará, pero no es un
objetivo prioritario aumentar protecciones siendo el país ya líder de Europa en materia de protecciones medioambientales y de la biodiversidad. No tiene un sentido ser campeones en esto si no es para algo o tiene algún objetivo. Me ha preguntado
por el tramo norte del gasoducto Martorell-Figueres. No tengo la respuesta; le contestaré por escrito.
En materia de cambio climático me dice que solo hablo de compra de derechos de emisión. No me he debido explicar con suficiente claridad. Justamente lo que yo critico es que la política de cambio climático se ha centrado, además de en un
gran discurso mediático, en únicamente comprar derechos de emisión. Yo lo que pretendo es realizar actividades o proyectos que de verdad supongan reducción de emisiones y así nos ahorren seguir comprando derechos de emisión a otros países.
En materia de residuos me preguntaba por la urgencia para fulminar el sistema de depósito y devolución de residuos. En este sentido quiero señalar que había generado una importante alarma cómo se había tramitado y se había aprobado esta ley
de residuos en esta materia. Aun así el real decreto-ley se tramitará como ley ordinaria porque lo que buscamos es que se cumplan los objetivos y no beneficiar un sistema u otro. Me dice que el balance de 5 meses ha sido muy negativo. Si le soy
sincero no opino lo mismo, pero yo qué voy a decirle. Entendemos que hemos tenido que acometer ya importantes medidas en materia de agua, en materia de adaptación de la normativa de cambio climático, en materia de residuos y hemos tenido que
convocar comisiones que estaban sin convocarse desde hacía años. Le cito las que hemos convocado y consultado ya. El 23 de febrero de 2012 hubo consejo consultivo de medio ambiente; el 1 de marzo de 2012 reunión del consejo asesor de medio
ambiente; el 6 de marzo de 2012 comisión sectorial; el 14 conferencia sectorial; el 11 de abril se convocó la comisión de coordinación de políticas de cambio climático; el 11 de abril de 2012 el consejo nacional del clima y el 10 de mayo de 2012
el consejo rector del fondo de carbono, que todavía no se había constituido. Algunas de estas llevaban sin convocarse más de dos años, con lo cual sí que hemos hecho cosas en esta materia. Aun así, nos queda mucho por hacer y en medio ambiente
siempre quedará mucho por hacer.
El representante de CiU, señor Barberà, primero nos decía que no acabamos de cooperar en materia de legislación medioambiental. Esto no ha hecho más que empezar y cooperaremos. Nos dice que al tocar la Ley 42/2007 invadimos competencias.
La Ley 42/2007 es una ley que ya estaba aprobada y lo único que hemos querido ha sido marcar una serie de principios u orientaciones que entendemos que van a ayudar a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos a su aplicación o a su posterior
desarrollo. No entendemos que invada competencias y si ve los resultados prácticos que genera la aplicación de esa Ley 42/2007 entenderá por qué queremos darle esta orientación a lo que es la legislación básica en esta materia de patrimonio natural
y biodiversidad. Igualmente, podrán ver la ley de costas en breve. Nos pide coordinarnos en materia de meteorología. Ya estamos trabajando al respecto. Nos critica que hayamos dado una autorización estatal para los sistemas integrados de
gestión. Entendemos que esto es acorde al principio de unidad de mercado y que facilita el funcionamiento de estos sistemas integrados de gestión. Nos pide que avancemos en la territorialización de los sectores difusos. No es siempre fácil esta
tarea puesto que en algunas ocasiones las emisiones no se producen en el mismo sitio donde se está produciendo luego el consumo de esa energía. Plantea una serie de problemas dicha territorialización, pero habrá que avanzar en la colaboración con
las comunidades autónomas y la Administración local en muchos ámbitos en materia de cambio climático.
Me habla de un principio de equidad en materia de cambio climático, que me gustaría que comentáramos más detenidamente en algún momento, porque no entiendo a qué se refiere exactamente. En materia de cambio climático hay un protocolo y para
España se puso un objetivo: un aumento de emisiones de un 115 % tomando como base el año 1990. No estamos cumpliendo ese objetivo y en ese principio de equidad, no sé si es un principio interno de equidad, pero sin duda podremos avanzar. Si fuera
necesario avanzar en una legislación sobre cambio climático, y para ello hay una comisión de estudio al respecto, no estaríamos en contra, pero merece la pena, antes de avanzar en esta legislación, saber para qué y si de verdad sería útil. También
me señalaba que facilitara a las empresas la evaluación ambiental. Es un objetivo, pero debe hacerse con cuidado, completamente de acuerdo, pero creo que en un plazo mucho más razonable de media que a los que se está sometiendo a los proyectos a
evaluación ambiental merecería la pena, puesto que las condiciones de financiación, las circunstancias en las que se inicia un proyecto pueden variar mucho en el plazo de media que tardamos en la evaluación de un proyecto. Si además está sometido a
una evaluación estratégica previa, ya no le quiero decir, con lo cual distorsionamos demasiado y deberíamos ser más serios y que fuera más predecible el comportamiento de este procedimiento administrativo, que al fin y al cabo no deja de ser un
procedimiento administrativo más. En cuanto al agua y al caudal ecológico del Ebro le puedo contestar lo mismo, Se ha sacado a información pública, se recibirán las alegaciones y se estudiará.
Finalmente, en cuanto a la representante del Grupo Parlamentario Popular, quiero agradecerle sus manifestaciones. Es verdad que en materia de cambio climático las prácticas y el discurso que se hicieron fueron más que discutibles y estoy
completamente de acuerdo en que el sector forestal tiene que jugar un papel muy importante en esta legislatura.
Finalizo reiterando a todos el ofrecimiento de colaborar con este ministerio en la protección del medio ambiente, que contribuirá sin duda al bienestar de toda nuestra sociedad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado por su comparecencia. (La señora Rodríguez Ramírez pide la palabra.)
Señora diputada, le voy a recordar que este es un trámite informativo.
La señora RODRÍGUEZ RAMÍREZ: Es una aclaración lo que quiero, nada más.
El señor PRESIDENTE: Entonces le voy a recordar que solo excepcionalmente el presidente tiene la facultad de darle la palabra a los solos efectos aclaratorios. Se lo digo porque usted ha utilizado un 65% más de tiempo del que le
correspondía. Como esta Presidencia ha sido acusada de falta de flexibilidad, voy a ser flexible, pero le ruego que responda a esa confianza. A los solos efectos aclaratorios porque si volvemos a abrir el debate estamos desvirtuando el trámite.
La señora RODRÍGUEZ RAMÍREZ: Señor presidente, tenga usted claro que voy a solicitar una aclaración.
En su contestación, el secretario de Estado ha dicho que alguna vez habrá que aclarar las desviaciones de precio de adjudicación y reformados posteriores en los contratos de adjudicación de la construcción de desalinizadoras. Lo he apuntado
literalmente, no lo entiendo y me gustaría, si puede, que me lo aclare.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (Ramos de Armas): Sí, se lo aclaro perfectamente. Nos hemos encontrado con determinadas desaladoras, que adjudicadas a un precio en concurso público, luego ha habido modificados que han
subido ese precio a más de un cien por cien del precio de adjudicación. Entendemos que dichos modificados son difícilmente justificables y que merece la pena estudiar por qué se han producido, entre otras cosas para que no se vuelvan a repetir esas
circunstancias, puesto que la adjudicación, en la que se tuvo el precio como uno de los elementos fundamentales para dicha adjudicación, luego no puede verse desvirtuada por modificados superiores al cien por cien de ese precio inicial. El rigor o
la seriedad en la aplicación del pliego que se sacó a concurso merece la pena puesto que dotará de transparencia al sistema y queremos saber por qué se produjo eso para, a futuro, entre otras cosas, no repetirlo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor secretario de Estado, por su comparecencia. Le deseamos una pronta y feliz recuperación de esa pequeña lesión y le agradecemos su presencia hoy aquí. (Aplausos).
Se levanta la sesión.
Eran las nueve y diez minutos de la noche.