MOTIVACIÓN

Este apartado excede las funciones de la Conferencia
Sectorial.

ENMIENDA NÚM. 5

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y
el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo 6. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 6:

3. En cualquier caso, los planes o programas que puedan
afectar a espacios de la Red Natura 2000 y que deban seguir un
procedimiento de evaluación conforme al artículo 45 de la Ley 42/2007 del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad serán objeto de una evaluación
ambiental estratégica.

MOTIVACIÓN

Se quiere garantizar la evaluación de todos los planes o
proyectos que puedan afectar a la Red Natura 2000.

ENMIENDA NÚM. 6

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y
el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo 7. 2. b.

ENMIENDA

De modificación.

El artículo 7.2.b queda redactado como sigue:

b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni en el
anexo II que puedan afectar de forma apreciable, directa o
indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000, a Hábitats
Prioritarios de la UE o a la deforestación del medio.

MOTIVACIÓN

Se deben tener en cuenta otras afectaciones a parte de la
Red Natura 2000.

Página
192

ENMIENDA

De modificación.

El apartado 5 del artículo 12 queda redactado como
sigue:

5. La discrepancia se resolverá mediante acuerdo, siempre y
cuando el impacto ambiental no sea significativo, y se publicará en el
«Boletín Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente.

MOTIVACIÓN

Cuando las discrepancias son debidas a un impacto
significativo en el medio ambiente, no cabe su resolución mediante ningún
tipo de acuerdo.

ENMIENDA NÚM. 9

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y
el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo 13. 2.

ENMIENDA

De modificación.

El apartado 2 del artículo 13 queda redactado como
sigue:

El órgano ambiental, podrá acordar motivadamente, siempre
que el grado de profundidad de la evaluación ambiental estratégica sea
suficiente para la evaluación del proyecto, en aras del principio de
eficacia, (…resto igual).

MOTIVACIÓN

Se trata de limitarlo en función del grado de profundidad
de la evaluación ambiental estratégica.

ENMIENDA NÚM. 10

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y
el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo 16. 1.

ENMIENDA

De modificación.

El apartado 1 del artículo 16 queda redactado como
sigue:

1. El documento inicial estratégico, el estudio ambiental
estratégico y el documento ambiental estratégico, en el caso de la
evaluación ambiental estratégica, y el documento inicial, el estudio de
impacto ambiental y el documento ambiental en el caso de la evaluación de
impacto ambiental, deberán ser realizados por personas que posean la
capacidad técnica suficiente de conformidad con las normas sobre

cualificaciones profesionales y de la educación superior, y
tendrán la calidad necesaria para cumplir las exigencias de esta ley.
Para ello, la Conferencia Sectorial definirá unos criterios mínimos de
calidad. Asimismo los estudios y documentos ambientales mencionados
deberán identificara su autor o autores indicando su titulación y, en su
caso, profesión regulada. Además deberá constar la fecha de conclusión y
firma del autor.

MOTIVACIÓN

Se trata de establecer unos criterios objetivos de calidad
para los documentos.

ENMIENDA NÚM. 11

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y
el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 16.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo artículo 16 bis, con la siguiente
redacción:

El órgano sustantivo deberá abstenerse de autorizar
cualquier plan, programa o proyecto cuando como resultado de la
evaluación realizada el «informe específico de Red Natura 2000» haya
concluido que habrá «afección a la integridad del lugar Natura 2000».

MOTIVACIÓN

Se trata de incorporar a la normativa el carácter
vinculante que la evaluación de los efectos sobre la Red Natura 2000 debe
tener sobre la decisión de autorización del proyecto.

ENMIENDA NÚM. 12

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y
el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo 18. 1. Letra nueva.

ENMIENDA

De adición.

De adición de un nuevo epígrafe en el artículo 18, apartado
1:

f) Identificación y valoración de los riesgos ambientales
asociados al plan o programa, sean naturales o de origen antrópico.

MOTIVACIÓN

Los riesgos ambientales son un elemento esencial a tener en
cuenta de cara a la protección de las personas, bienes y medio ambiente.
En la actualidad su evaluación conjunta no está contemplada «per

se» en la normativa y sólo para algunos casos de riesgos
concretos se establece su valoración en diferentes Leyes sectoriales. Su
inclusión en esta Ley respondería a una necesidad y a una demanda social
de información y transparencia sobre la cuestión y permitiría una mejor
fundamentación y seguridad jurídica en las declaraciones e informes
ambientales, así como en las resoluciones aprobatorias de planes,
programas y proyectos.

ENMIENDA NÚM. 13

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y
el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo 20. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 20, con la
siguiente redacción:

4. Cuando el plan o programa pueda afectar directa o
indirectamente a los espacios Red Natura 2000 se incluirá un apartado
específico para la evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo
en cuenta los objetivos de conservación de los espacios potencialmente
afectados. El contenido mínimo de dicho apartado se detalla en el Anexo
VII.

MOTIVACIÓN

Se trata de incorporar a la normativa los efectos sobre la
Red Natura 2000.

ENMIENDA NÚM. 14

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y
el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo 22. 1.

ENMIENDA

De adición.

Se añade el siguiente párrafo al final del apartado 1 del
artículo 22:

Cuando el plan o programa pueda afectar directa o
indirectamente a los espacios Red Natura 2000 el órgano sustantivo deberá
solicitar con carácter preceptivo y determinante el informe «específico
Red Natura 2000» a el/los órgano/s con competencias en la gestión de la
Red Natura 2000 de la/s comunidad/es autónomas cuyos espacios puedan
verse afectados.

MOTIVACIÓN

Se trata de incorporar a la normativa los efectos sobre la
Red Natura 2000.

Página
196

procedencia de acordar el inicio del procedimiento en el
plazo de veinte días hábiles desde la recepción de aquellas. Frente a
esta resolución podrán, en su caso, interponerse los recursos legalmente
procedentes en vía administrativa o judicial.

3. El órgano ambiental consultará por el plazo mínimo de
cuarenta y cinco días hábiles al promotor, al órgano sustantivo y a las
administraciones públicas afectadas y personas interesadas previamente
consultadas de acuerdo con el artículo 22, al objeto de que emitan los
informes y formulen cuantas alegaciones estimen oportunas y aporten
cuantos documentos estimen precisos. La consulta se podrá realizar por
medios convencionales, electrónicos o cualesquiera otros, siempre que se
acredite la realización de la consulta.

Transcurrido el plazo sin que se hayan recibido los
informes y alegaciones de las Administraciones públicas afectadas, y de
las personas interesadas el procedimiento de modificación continuará si
el órgano ambiental cuenta con elementos de juicio suficientes para ello.
En este caso, no se tendrán en cuenta los informes y alegaciones que se
reciban posteriormente.

4. Si el órgano ambiental no tuviera los elementos de
juicio suficientes para continuar con el procedimiento de modificación,
bien porque no se hubiesen recibido los informes de las Administraciones
públicas afectadas, o bien porque habiéndose recibido estos resultasen
insuficientes para decidir, requerirá personalmente al titular del órgano
jerárquicamente superior de aquel que tendría que emitir el informe, para
que en el plazo de diez días hábiles contados a partir del requerimiento,
ordene al órgano competente la remisión de los informes en el plazo de
diez días hábiles, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el
responsable de la demora. El requerimiento efectuado se comunicará al
órgano sustantivo y al promotor y suspende el plazo previsto para que el
órgano ambiental se pronuncie sobre la modificación de la declaración
ambiental estratégica. En todo caso, el promotor podrá reclamar a la
Administración competente la formulación de los informes, a través del
procedimiento previsto en el artículo 29.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, de Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

5. El órgano ambiental en un plazo de tres meses contados
desde el inicio del procedimiento resolverá sobre la modificación de la
declaración ambiental estratégica que en su día se formuló.

6. La decisión del órgano ambiental sobre la modificación
tendrá carácter determinante y no recurrible sin perjuicio de los
recursos en vía administrativa o judicial que, en su caso, procedan
frente a los actos o disposiciones que, posterior y consecuentemente,
puedan dictarse. Tal decisión se notificará al promotor y al órgano
sustantivo y deberá ser remitida para su publicación en el plazo de
quince días hábiles al «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial
correspondiente, sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica
del órgano ambiental.

7. Este artículo no se aplicará cuando la modificación de
la declaración ambiental estratégica conlleve una modificación del propio
plan o programa, en cuyo caso deberá volver a tramitarse la evaluación
ambiental estratégica.

8. Las modificaciones en su caso acordadas de acuerdo al
contenido de este artículo serán no indemnizables.

9. A los efectos previstos en este artículo, el promotor de
cualquier plan o programa sometido a evaluación ambiental estratégica
deberá comunicar al órgano ambiental, con la suficiente antelación, la
fecha de comienzo de la puesta en marcha del mismo.

MOTIVACIÓN

Se garantiza que las modificaciones de la declaración
ambiental no acaben afectando al medio ambiente. En el caso de la
solicitud de indemnizaciones por parte del promotor en el caso de
modificación de la DIA, se establece que debe ser el promotor quien asuma
los gastos necesarios para llevar a cabo los cambios establecidos en la
DIA. La legislación de algunas comunidades autónomas como Baleares o
Navarra ya lo contempla así.

Página
198

ENMIENDA

De modificación.

El apartado 1 del artículo 37 queda redactado como
sigue:

1. Simultáneamente al trámite de información pública se
consultará a las Administraciones públicas afectadas y a las personas
interesadas.

MOTIVACIÓN

El proyecto de ley excede las competencias estatales para
dictar la norma básica.

ENMIENDA NÚM. 28

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y
el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo 37. 2.

ENMIENDA

De modificación.

El apartado 2 del artículo 37 queda redactado como
sigue:

El órgano sustantivo deberá solicitar con carácter
preceptivo y determinante los siguientes informes:

a) El informe del órgano con competencias en materia de
medio ambiente de la comunidad autónoma en donde se ubique
territorialmente el proyecto cuando la competencia para formular la
declaración de impacto ambiental corresponda a la Administración General
del Estado.

b) El informe sobre el patrimonio cultural.

c) El informe del órgano con competencias en materia de
dominio público hidráulico, cuando proceda.

d) El informe sobre dominio público marítimo-terrestre,
cuando proceda.

e) El informe «específico Red Natura 2000» emitido por
el/los órgano/s con competencias en la gestión de la Red Natura 2000 de
la/s comunidad/es autónomas cuyos espacios puedan verse afectados, cuando
proceda.

MOTIVACIÓN

Se trata de incorporar a la normativa los efectos sobre la
Red Natura 2000.

ENMIENDA NÚM. 29

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y
el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo 40. Apartado nuevo.

Página
204

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el apartado 5 del artículo 43.

MOTIVACIÓN

El silencio administrativo del órgano ambiental debe ser
negativo.

ENMIENDA NÚM. 32

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y
el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo 44.

ENMIENDA

De modificación.

El artículo 44 queda redactado como sigue:

1. El órgano ambiental podrá acordar la apertura de un
procedimiento de modificación de la Declaración de impacto ambiental
cuando:

a) Resulte posible reducir significativamente el impacto
ambiental del proyecto de acuerdo a avances de carácter técnico y
científico.

b) Así lo exija la legislación vigente que sea de
aplicación al proyecto de que se trate.

c) Si se producen cambios sustanciales en los elementos
esenciales que han servido de base para realizar la evaluación de impacto
ambiental.

d) Se incoe de oficio, según lo establecido en la Ley de
Procedimiento Administrativo.

2. El órgano ambiental podrá iniciar el procedimiento de
modificación de oficio, a solicitud del promotor, a petición razonada del
órgano sustantivo o de personas interesadas. En el caso de que se haya
recibido solicitud o petición razonada, el órgano ambiental deberá
pronunciarse motivadamente sobre la procedencia de acordar el inicio del
procedimiento en el plazo de veinte días hábiles desde la recepción de
aquellas. Frente a esta resolución podrán, en su caso, interponerse los
recursos legalmente procedentes en vía administrativa o judicial.

3. Para poder resolver sobre la solicitud de modificación
de la declaración de impacto ambiental, el órgano ambiental solicitará
informe a las Administraciones públicas afectadas y emitirá consulta a
las personas interesadas por razón de la materia en relación con los
elementos esenciales que sean objeto de la modificación solicitada y
tenidos en cuenta en la evaluación de impacto ambiental.

4. Las administraciones y personas interesadas deberán
pronunciarse en el plazo máximo de treinta días. Transcurrido el plazo
sin que se hayan recibido las alegaciones de las Administraciones
públicas consultadas, el procedimiento de modificación continuará si el
órgano ambiental cuenta con elementos de juicio suficientes para ello. En
este caso, no se tendrán en cuenta las alegaciones que se reciban
posteriormente.

5. Si el órgano ambiental no tuviera los elementos de
juicio suficientes para continuar con el procedimiento de modificación,
bien porque no se hubiesen recibido las alegaciones de las personas
interesadas o administraciones públicas afectadas que resulten
relevantes, o bien porque habiéndose recibido estos resultasen
insuficientes para decidir, requerirá personalmente al titular del órgano
jerárquicamente superior de aquel que tendría que emitir el informe, para
que en el plazo de diez días contados a partir del requerimiento, ordene
al órgano competente la inmediata remisión de las alegaciones.

6. La decisión del órgano ambiental sobre la modificación
tendrá carácter determinante y no recurrible sin perjuicio de los
recursos en vía administrativa o judicial que, en su caso, procedan
frente a los actos o disposiciones que, posterior y consecuentemente,
puedan dictarse. Tal decisión se notificará al promotor y al órgano
sustantivo y deberá ser remitido para su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» o Diario oficial correspondiente en el plazo de
quince días desde su emisión.

7. A los efectos previstos en este artículo, el promotor de
cualquier proyecto o actividad sometido a evaluación de impacto ambiental
deberá comunicar al órgano ambiental, con la suficiente antelación, la
fecha de comienzo de la ejecución de la modificación de la condición
establecida en relación con dicho proyecto o actividad.

8. Las modificaciones en su caso acordadas de acuerdo al
contenido de este artículo serán no indemnizables.

9. Este artículo no se aplicará cuando la modificación de
la declaración de impacto ambiental conlleve una modificación del propio
proyecto, en cuyo caso deberá volver a iniciarse el procedimiento de
evaluación de impacto ambiental.

MOTIVACIÓN

La revisión de una declaración de impacto ambiental supone
la modificación de un acto de la administración que había sido objeto de
un procedimiento previo de consulta a las personas interesadas. Lo
coherente es que, si dicho acto se revisa, se realice por el mismo
procedimiento, garantizando la participación de las personas interesadas
en consonancia con la Ley de Procedimiento Administrativo y con el
Convenio de Aarhus.

ENMIENDA NÚM. 33

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y
el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo 45. 1. Letra nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo apartado 1.g) al artículo 45, con la
siguiente redacción:

g) Cuando el proyecto pueda afectar directa o
indirectamente a los espacios Red Natura 2000 se incluirá un apartado
específico para:

— Determinar si el proyecto está relacionado
directamente con la gestión del lugar o si es necesario para dicha
gestión.

— Describir el proyecto, así como otros proyectos que
en combinación, puedan tener efectos significativos sobre los espacios de
la Red Natura 2000.

— Identificar y valorar la importancia de los
posibles efectos en los espacios Red Natura 2000.

MOTIVACIÓN

Se trata de incorporar a la normativa los efectos sobre la
Red Natura 2000.

Página
207

por otra parte en una mayor agilidad en la tramitación y en
una mayor garantía jurídica para promotores y público interesado.

ENMIENDA NÚM. 36

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y
el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo 47. 5.

ENMIENDA

De modificación.

El apartado 5 del artículo 47, queda redactado como
sigue:

5. El informe de impacto ambiental se ajustará a los
criterios establecidos en el anexo III. Cuando tras haber realizado un
análisis sobre la posible afección a lugares pertenecientes a la Red
Natura 2000, conforme al artículo 45, apartado 4, de la Ley 42/2007, del
Patrimonio Natural y la Biodiversidad, se haya concluido que es poco
probable que el proyecto produzca efectos significativos sobre la Red
Natura 2000, el informe de impacto ambiental deberá incluir una
explicación de cómo se ha llegado a dicha conclusión, indicando quién ha
realizado la evaluación, cuales son las fuentes de datos empleadas, y el
grado de fiabilidad de los resultados de la evaluación. Dicha información
deberá ser puesta a disposición del público a través de medios
electrónicos.

MOTIVACIÓN

Se trata de incorporar a la normativa los efectos sobre la
Red Natura 2000.

ENMIENDA NÚM. 37

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y
el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo 47. 6.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el artículo 47, apartado 6, que queda como
sigue:

6. El informe de impacto ambiental en caso de que determine
que el proyecto no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente,
podrá ser objeto de recurso sin perjuicio de los que, en su caso,
procedan en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de
autorización del proyecto.

MOTIVACIÓN

Diversas sentencias de Tribunales Superiores de Justicia y
del Tribunal Supremo determinan que la resolución del órgano ambiental de
no someter al procedimiento de evaluación ambiental a los proyectos

del Anexo II puede ser directamente recurrible por vía
contencioso administrativa sin necesidad de esperar a la resolución de
autorización del proyecto.

ENMIENDA NÚM. 38

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y
el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo 49. 1.

ENMIENDA

De modificación.

El primer parágrafo del apartado 1 del artículo 49 queda
redactado como sigue:

1. Cuando un Estado notifique que un plan, programa o
proyecto previsto en su territorio puede tener efectos ambientales
significativos en España, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación informará al otro Estado, previa consulta al órgano
competente de las Comunidades Autónomas y al Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente sobre la voluntad de participar o no en la
evaluación ambiental correspondiente.

MOTIVACIÓN

Enmienda competencial.

ENMIENDA NÚM. 39

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y
el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo 50. 3.

ENMIENDA

De modificación.

El apartado 3 del artículo 50 queda redactado como
sigue:

3. Las declaraciones ambientales estratégicas de planes y
programas de competencia estatal, podrán establecer a propuesta del
órgano sustantivo y con el acuerdo expreso de la comunidad autónoma, que
su seguimiento, o parte del mismo, sea realizado por el órgano competente
de la comunidad autónoma.

MOTIVACIÓN

Se trata de que las CCAA puedan realizar el seguimiento de
todo el proceso, y no solo de determinadas condiciones, criterios o
indicadores.

Página
210

y control de su ejecución y desarrollo. Ambos aspectos
apuntan al papel de las Administraciones ambientales como garantes del
proceso de diseño y ejecución de estas medidas.

En los casos que afectan a la Red Natura 2000 las medidas
compensatorias no se ejecutan ni se garantiza su eficacia antes de que se
desarrollen los proyectos tal y como recomienda, aunque no sea una
imposición legal obligatoria, el manual de aplicación de la Directiva
Hábitats elaborado por la CE.

Por último, se significa que los bancos de conservación,
además de facilitar la puesta en práctica de las medidas compensatorias,
contribuirían a agilizar los procedimientos de evaluación de impacto
ambiental, a fomentar la actuación de ONGs ambientales, como las de
custodia de territorio, y a atraer la inversión privada a actuaciones de
mejora ambiental para las cuales la Administración no cuenta con
recursos, en especial en estos tiempos de recortes presupuestarios.

Sobre otras aplicaciones de los bancos de conservación, en
el borrador de la Ley no se señala nada en concreto, si bien, se ha
señalado que es un instrumento que podría ser de interés para inversores
o para compañías que requieran visualizar su responsabilidad ambiental
(lavado verde de empresas).

También, los bancos se podrían asociar a la Ley de
Responsabilidad Ambiental y a la Ley de Patrimonio Natural y
Biodiversidad.

Esto abre dos posibles aplicaciones o variantes de los
bancos de conservación. La relacionada con la ejecución de medidas de
restauración por daños relacionados con actividades o accidentes con
repercusión ambiental, para la que serían validos los bancos así
diseñados. Y la relacionada con la compensación por limitaciones ligadas
a la protección de la biodiversidad, para los cuales los bancos se
tendrían que abrir a la titulización de la simple garantía de protección
del medio natural.

ENMIENDA NÚM. 43

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y
el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda a la Disposición adicional octava. 1.

ENMIENDA

De modificación.

La Disposición adicional octava, apartado 1, queda
redactado como sigue:

1. Los bancos de conservación de la naturaleza son un
conjunto de títulos ambientales o créditos de conservación otorgados por
el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que
representan actuaciones de mejora ambiental que se realicen
específicamente.

MOTIVACIÓN

La cuantificación de valores naturales está en este momento
en discusión en distintos foros internacionales (Convenio de
Biodiversidad, UE, G8) y está lejos de conseguirse un consenso al
respecto. Es obvio que la valoración de un ecosistema, un hábitat o una
especie es algo complejo que además, puede chocar con la legislación de
protección de los recursos naturales. Parece más coherente que dicha
valoración se realice sobre las actuaciones en sí, sin menoscabo de que
entre los parámetros de dicha valoración, además de las características
intrínsecas de la misma, se tenga en cuenta la eficacia y la relevancia
ambiental de la actuación.

Página
213

MOTIVACIÓN

Se trata de evitar que se vuelva a repetir lo sucedido con
el almacenamiento de gas Castor o el almacenamiento de gas en Doñana y
dar garantías de calidad ambiental y seguridad en el desarrollo de estos
proyectos.

En el caso Castor, el informe de impacto ambiental no
incluía ningún tipo de informe de riesgo sísmico pese a realizarse el
almacenamiento en una zona de fallas sísmicas, y pese a que la
Generalitat de Catalunya y el Observatorio del Ebro así lo
solicitaron.

En el caso de Doñana, el Gobierno aprobó la Declaración de
Impacto Ambiental sin conocer el riesgo sísmico asociado, pese a que
podían afectar a las poblaciones cercanas, al acuífero y al espacio
natural de Doñana. De hecho, la DIA se limitaba a recomendar la
realización de estudios complementarios para conocer el riesgo sobre
actividad sísmica, pero nunca de manera previa a la aprobación de la
misma.

La declaración de impacto ambiental debe tener en cuenta el
riesgo sísmico, y en función del mismo (y del resto de parámetros) debe
ser positiva o negativa. Así, la evaluación del riesgo sísmico debe ser
previa a la declaración de impacto ambiental, y no al revés.

En caso de existir este riesgo sísmico, no se podrá
autorizar en ningún caso los proyectos que lo generen.

ENMIENDA NÚM. 46

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y
el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

De adición de una nueva Disposición Adicional con la
siguiente redacción:

En aquellos casos en los que los límites del Anexo I sean
menos exigentes que los del Anexo I de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
prevención y control integrados de la contaminación, se tendrán en cuenta
los límites de éste último.

MOTIVACIÓN

Aunque ambos límites son coincidentes en la mayoría de
casos, se dan algunas diferencias. En aras de la protección ambiental y
de la salud se propone que los límites de exigencia sean los mismos.

ENMIENDA NÚM. 47

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y
el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda a la Disposición transitoria segunda.

Página
215

— Descripción de las metodologías utilizadas para
recopilar la información sobre las condiciones básicas de los espacios
Red Natura 2000, indicando las organizaciones consultadas para recopilar
la información.

3. Efectos acumulativos.

— Descripción de todos los proyectos o planes
existentes y proyectados que, individualmente o en combinación con otros,
puedan tener efectos sobre los espacios potencialmente afectados.

— Delimitación del área de afección.

— Plazos de los efectos acumulativos.

— Identificación de posibles trayectorias
acumulativas.

4. Predicción de impactos.

— Descripción de los métodos de evaluación y
predicción justificando las fuentes de información.

— Descripción de todos los efectos del proyecto o
plan sobre los objetivos de conservación del espacio Red Natura 2000.

— Descripción el impacto del proyecto o plan sobre la
estructura o función del espacio de la Red Natura 2000.

— Cuantificación de la pérdida de superficie del
lugar o de la reducción de la población de especies teniendo en cuenta su
impacto en los objetivos de conservación del lugar y su impacto en los
principales hábitat y especies.

— Evaluación mediante indicadores de los posibles
impactos en el espacio debido a alteraciones, trastornos, fragmentación,
cambios químicos, etc.

5. Medidas correctoras.

— Relación de cada impacto con la/s medidas
identificadas para su corrección y justificación.

— Valoración de la eficacia de las medidas
propuestas.

— Apoyo de las agencias de conservación de la
naturaleza a las medidas propuestas.

— Mecanismos legales y financieros que garantizarán
la aplicación de las medidas propuestas a corto, medio y largo plazo.

6. Soluciones alternativas.

— Identificación y evaluación de soluciones
alternativas técnica y económicamente viables, teniendo en cuenta su
posible impacto sobre la Red Natura 2000.

En caso de ausencia de soluciones alternativas y
permanencia de impactos negativos:

— Justificación detallada de la inexistencia de
soluciones alternativas.

7. Medidas compensatorias.

— Descripción detallada de la naturaleza de las
medidas compensatorias.

— Evaluación de las medidas compensatorias para
mantener la coherencia de la Red Natura 2000.

— Motivación del éxito de las medidas compensatorias
propuestas en base a la experiencia o a estudios realizados.

MOTIVACIÓN

Se trata de incorporar a la normativa los efectos sobre la
Red Natura 2000.

Página
221

de referencia fijados, admitiéndose desviaciones
ocasionales respecto a estos valores siempre que la media interanual de
desviaciones no supere el total anual señalado.

Previo informe de la Dirección General del Agua, y en un
plazo máximo de 3 meses, mediante real decreto se definirán los valores
mensuales de los consumos de referencia de aguas trasvasadas por usos y
zonas de riego en la demarcación de destino y sus porcentajes admisibles
de desviación máxima ocasional, así como los valores mensuales de
desembalses de referencia en la demarcación de origen, sus porcentajes
admisibles de desviación máxima ocasional, y cuantas circunstancias
específicas deban ser consideradas para su completa definición. Para ello
se considerará la información hidrológica disponible y se respetarán las
determinaciones de la planificación hidrológica de las diferentes
demarcaciones.

La Dirección General del Agua supervisará tanto los
suministros mensuales a los usos y zonas de riego del trasvase como los
desembalses de referencia, pudiendo solicitar al efecto las
comprobaciones y justificaciones que estime oportunas, así como ordenar
la ejecución de los medios técnicos que se requieran para ello.

Mediante real decreto se determinarán la periodicidad de la
actualización de datos y su intervalo temporal, los formatos de
presentación, el alcance mínimo de los valores históricos, y los datos
estadísticos que habrán de incorporarse.»

JUSTIFICACIÓN

Por considerarlo conveniente.

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el
Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan 9 enmiendas al Proyecto
de Ley de Evaluación Ambiental.

Palacio del Senado, 13 de noviembre de 2013.—Narvay
Quintero Castañeda y Miguel Zerolo Aguilar.

ENMIENDA NÚM. 61

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX) y de don Miguel
Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el
Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al
Preámbulo. IV.

ENMIENDA

De supresión.

Suprimir los últimos seis párrafos del Preámbulo IV.

JUSTIFICACIÓN

La modificación del régimen jurídico del trasvase
Tajo-Segura prevista en las enmiendas al proyecto de Ley de Evaluación
Ambiental presentadas por el Partido Popular el 15 de octubre de 2013 en
el trámite seguido por la citada en el Congreso de los Diputados,
constituye una alteración sin precedentes del régimen de los trasvases de
graves consecuencias.

El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura
ha mantenido en numerosos litigios que tiene un «derecho al trasvase» de
hasta 600 hm3/año establecido en la Ley 21/1971 y que la Administración
está obligada a trasvasar dentro de los umbrales cuantitativos
establecidos, pues no cuenta con margen de discrecionalidad para decidir
sobre si autoriza o no el trasvase.

Por el contrario la abundante jurisprudencia del Tribunal
Supremo ha reiterado hasta la saciedad que no existe un derecho al
trasvase sino, tan solo, una posibilidad y que la Administración tiene
una potestad discrecional que está condicionada por la disponibilidad de
caudales establecida en la planificación hidrológica de la cuenca del
Tajo.

Cuando el Plan Hidrológico del Tajo se encuentra en los
últimos pasos para su aprobación y ante la probable reducción de caudales
a trasvasar, el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura,
los Gobiernos de las Comunidades Autónomas de Murcia y Valencia junto al
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente han firmado un
Memorándum con objeto de mitigar los efectos del citado Plan.

Los acuerdos adoptados por el sesgado Grupo de trabajo
MAGRAMA-Murcia- Valencia-SCRATS y las enmiendas que los aplican,
pretenden suprimir el margen de discrecionalidad de la Administración en
la autorización ordinaria de los trasvases del Tajo-Segura (nivel 1 y 2)
y eliminar las condiciones de disponibilidad que establezca el Plan
hidrológico de la cuenca cedente.

Las consecuencias de la modificación propuesta no sólo
afectan a los problemas de forma y contenido que se detallan, sino que
según como se adopte definitivamente tienen un extraordinario alcance
económico que enfrentará al Gobierno a una disyuntiva de incumplimientos.
La situación abocaría a incumplir la obligación automática del trasvase o
a incumplir el Derecho de la Unión Europea (objetivos medioambientales y
el régimen ecológico de caudales) y el Derecho interno (prioridad de
abastecimiento). Y en cualquiera de los dos casos puede enfrentarse a
graves consecuencias, con indudable contenido económico. Recuérdese que,
de un lado, los estudios auspiciados por el Sindicato Central de Regantes
del Acueducto Tajo-Segura estiman que la inviabilidad del trasvase
generaría una indemnización de diez mil millones de euros y, de otro
lado, el incumplimiento del Derecho de la Unión Europea puede bloquear la
recepción de ayudas u ocasionar la imposición de importantes sanciones
coercitivas.

La forma en la que se ha elaborado esta propuesta de
modificación adolece de falta de objetividad ya que sólo han participado
las instituciones e interesados beneficiarios del Trasvase; de falta de
transparencia ya que sólo se han conocido sus resultados con la
presentación de las enmiendas; de ausencia de lealtad parlamentaria ya
que se introduce por el partido en el Gobierno por vía de enmienda
cercenando el debate y el derecho la enmienda; de deslealtad
institucional al pretender la convalidación singular por vía legislativa
de una pretensión denegada reiteradamente por el máximo órgano
jurisdiccional del Estado; y de falta de coherencia con la planificación
hidrológica al aprobar contenidos propios del Plan Hidrológico Nacional
fuera del mismo, y antes de aprobar los planes hidrológicos de cuenca,
así como por dotar de un injustificado rango de ley las normas de
explotación de unas obras hidráulicas públicas.

El contenido de la propuesta de modificación es contrario
al Derecho de la Unión Europea y al Derecho interno por pretender una
gestión del trasvase excluida de la consecución de los objetivos
medioambientales, el régimen ecológico de caudales y el resto de
determinaciones del Plan hidrológico de cuenca, debido a la supresión de
la discrecionalidad y condicionalidad del citado Plan; y por quebrar la
unidad de gestión de la parte española de la Demarcación hidrográfica del
Tajo al excluir de facto del mismo las infraestructuras básicas del
sistema de explotación de Cabecera del Tajo.

Establecimiento incoherente en una norma con rango de
ley

Las nuevas reglas de explotación del Tajo-Segura se
pretenden introducir de forma pormenorizada en una norma con rango de ley
(Ley de Evaluación Ambiental). Ello implica que se sitúan en un orden
jerárquico superior al Plan hidrológico de la parte española de la
Demarcación hidrográfica del Tajo que se aprueba por Real Decreto.

Esta elevación del rango jerárquico de las reglas de
explotación de una concreta obra hidráulica pública por encima del Plan
Hidrológico es contraria a la coherencia y la unidad de gestión y
planificación hidrológica.

Las «reglas de explotación» se configuran en la
planificación hidrológica como un instrumento normativo que tiene por
objeto regular un determinado «sistema de explotación». La legislación de
aguas establece que cada Plan hidrológico definirá un «sistema de
explotación único» de toda la Demarcación hidrográfica en el que se
incluirán de forma simplificada todos y cada uno de los «sistemas de
explotación parciales», con lo que se posibilita el análisis y gestión
global del plan.

Así las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura son
unas reglas de explotación de carácter parcial de unas obras hidráulicas
públicas integradas en el Sistema de explotación parcial de Cabecera del
Tajo, que a su vez está integrado en el Sistema integrado de la cuenca
alta del Tajo y también a su vez en el Sistema de explotación único de la
parte española de la Demarcación hidrográfica del Tajo.

Esta estructura de sistemas de explotación anidados dentro
del marco jurídico que las engloba y regula en el Plan hidrológico, dan
cuenta de la incoherencia jurídica que supone atribuir a un instrumento

de gestión de un obra (reglas de explotación de una obra
hidráulica pública) un rango jerárquico superior al instrumento de
planificación que la coordina (Plan hidrológico de cuenca).

Esta incoherencia permite que unas reglas de explotación no
sometidas al proceso de estudio, elaboración, participación y evaluación
ambiental se impongan sobre un Plan hidrológico cuya tramitación y
función coordinadora lo sitúan en un orden jerárquico superior. A su vez
impide que el Plan hidrológico pueda desplegar todos los efectos
necesarios para la consecución de los objetivos propuestos en el sistema
de explotación correspondiente y en el conjunto de la Demarcación, no ha
de olvidarse que el Sistema de explotación parcial de la Cabecera
comprende infraestructuras de carácter básico en la Demarcación
hidrográfica del Tajo.

Cambio en la naturaleza de la autorización ordinaria de
trasvases

La naturaleza de la autorización de los trasvases de aguas
de la Demarcación hidrográfica del Tajo ha sido desde el principio y
hasta la actualidad de carácter discrecional y no reglado. Ello en razón
de la condicionalidad de la cuenca cedente establecida en la Ley 21/1971
y reiterada en la Ley 52/1980, y como respuesta lógica a las
incertidumbres que acompañan a una decisión sobre recursos hídricos y la
complejidad que comporta la gestión de toda una Demarcación hidrográfica
que además es la más poblada del país.

La Disposición Adicional decimoquinta. Reglas de
explotación del Trasvase Tajo-Segura, rompe esta lógica y razonable
caracterización y pretende convertir la naturaleza de la decisión de
trasvasar en reglada en la gestión ordinaria o no excepcional. Para ello
configura la autorización en los denominados nivel 1 y 2 como una
obligación incondicional utilizando la expresión «autorizará» y no «podrá
autorizar» como sería lo adecuado a una decisión de estas
características.

Así las facultades de la Autoridad competente en las
situaciones ordinarias se reducen a comprobar si se da el presupuesto de
hecho establecido que, además, tiene un marcado carácter cuantitativo
(umbrales) y ajeno al respeto del régimen de caudales ecológicos y los
objetivos medioambientales.

Quiebra en la unidad de gestión de la Demarcación
hidrográfica

La Confederación Hidrográfica del Tajo es el organismo de
cuenca y por tanto quien tiene encomendada por Ley el principal papel en
la gestión hidrológica de la parte española de la Demarcación
hidrográfica del Tajo.

Conforme a las facultades otorgadas a la Confederación
Hidrográfica del Tajo para el seguimiento del Plan hidrológico de cuenca
y la explotación de la red de infraestructuras básicas de la parte
española de la Demarcación hidrográfica, es el organismo que tiene que
velar por la consecución de los objetivos medioambientales en la gestión
ordinaria del trasvase Tajo-Segura. Los embalses de Entrepeñas y Buendía
forman parte de la red de «infraestructuras básicas» de la
Demarcación.

A pesar de esta realidad jurídica la modificación del
régimen jurídico del trasvase Tajo-Segura no sólo suprime toda remisión
al Plan hidrológico de cuenca, sino que minimiza el papel del «órgano
competente» en la gestión ordinaria (nivel 1 y 2) ya que se reduce a
constatar los umbrales cuantitativos y autorizar, sin que pueda
intervenir la Confederación Hidrográfica en su función de adecuar la
gestión cuantitativa de los recursos hídricos para el cumplimento de los
objetivos de la planificación hidrográfica, incluidos los
medioambientales.

Incumplimiento de integración de los objetivos
medioambientales

La Instrucción de planificación hidrológica configura las
«reglas de explotación» como un instrumento normativo de carácter
reglamentario cuya finalidad es «establecer los suministros de agua que
configuran la oferta de recursos disponibles del sistema de explotación,
cumpliendo los objetivos medioambientales».

Esta obligación de integrar los objetivos medioambientales
en las reglas de explotación constituye una adaptación directa del
Derecho interno al artículo 4 de la Directiva marco del agua.

Las «reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura»
deberían por tanto estar sometidas de forma expresa al cumplimiento de
los objetivos medioambientales.

Sin embargo, las reglas de explotación propuestas en la
Disposición Adicional decimoquinta no sólo omiten cualquier referencia
expresa al obligado cumplimiento de los objetivos medioambientales, sino
que al suprimir la remisión al Plan hidrológico de cuenca y automatizar
las autorizaciones ordinarias de trasvase

en base a predeterminados umbrales cuantitativos, excluyen
toda posibilidad de integrar el cumplimiento de dichos objetivos
medioambientales.

ENMIENDA NÚM. 62

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX) y de don Miguel
Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el
Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a
la Disposición adicional decimoquinta.

ENMIENDA

De supresión.

JUSTIFICACIÓN

La modificación del régimen jurídico del trasvase
Tajo-Segura prevista en las enmiendas al proyecto de Ley de Evaluación
Ambiental presentadas por el Partido Popular el 15 de octubre de 2013 en
el trámite seguido por la citada en el Congreso de los Diputados,
constituye una alteración sin precedentes del régimen de los trasvases de
graves consecuencias.

El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura
ha mantenido en numerosos litigios que tiene un «derecho al trasvase» de
hasta 600 hm3/año establecido en la Ley 21/1971 y que la Administración
está obligada a trasvasar dentro de los umbrales cuantitativos
establecidos, pues no cuenta con margen de discrecionalidad para decidir
sobre si autoriza o no el trasvase.

Por el contrario la abundante jurisprudencia del Tribunal
Supremo ha reiterado hasta la saciedad que no existe un derecho al
trasvase sino, tan solo, una posibilidad y que la Administración tiene
una potestad discrecional que está condicionada por la disponibilidad de
caudales establecida en la planificación hidrológica de la cuenca del
Tajo.

Cuando el Plan Hidrológico del Tajo se encuentra en los
últimos pasos para su aprobación y ante la probable reducción de caudales
a trasvasar, el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura,
los Gobiernos de las Comunidades Autónomas de Murcia y Valencia junto al
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente han firmado un
Memorándum con objeto de mitigar los efectos del citado Plan.

Los acuerdos adoptados por el sesgado Grupo de trabajo
MAGRAMA-Murcia- Valencia-SCRATS y las enmiendas que los aplican,
pretenden suprimir el margen de discrecionalidad de la Administración en
la autorización ordinaria de los trasvases del Tajo-Segura (nivel 1 y 2)
y eliminar las condiciones de disponibilidad que establezca el Plan
hidrológico de la cuenca cedente.

Las consecuencias de la modificación propuesta no sólo
afectan a los problemas de forma y contenido que se detallan, sino que
según como se adopte definitivamente tienen un extraordinario alcance
económico que enfrentará al Gobierno a una disyuntiva de incumplimientos.
La situación abocaría a incumplir la obligación automática del trasvase o
a incumplir el Derecho de la Unión Europea (objetivos medioambientales y
el régimen ecológico de caudales) y el Derecho interno (prioridad de
abastecimiento). Y en cualquiera de los dos casos puede enfrentarse a
graves consecuencias, con indudable contenido económico. Recuérdese que,
de un lado, los estudios auspiciados por el Sindicato Central de Regantes
del Acueducto Tajo-Segura estiman que la inviabilidad del trasvase
generaría una indemnización de diez mil millones de euros y, de otro
lado, el incumplimiento del Derecho de la Unión Europea puede bloquear la
recepción de ayudas u ocasionar la imposición de importantes sanciones
coercitivas.

La forma en la que se ha elaborado esta propuesta de
modificación adolece de falta de objetividad ya que sólo han participado
las instituciones e interesados beneficiarios del Trasvase; de falta de
transparencia ya que sólo se han conocido sus resultados con la
presentación de las enmiendas; de ausencia de lealtad parlamentaria ya
que se introduce por el partido en el Gobierno por vía de enmienda
cercenando el debate y el derecho la enmienda; de deslealtad
institucional al pretender la convalidación singular por vía legislativa
de una pretensión denegada reiteradamente por el máximo órgano
jurisdiccional del Estado; y de falta de coherencia con la planificación
hidrológica al aprobar contenidos propios del Plan Hidrológico

Nacional fuera del mismo, y antes de aprobar los planes
hidrológicos de cuenca, así como por dotar de un injustificado rango de
ley las normas de explotación de unas obras hidráulicas públicas.

El contenido de la propuesta de modificación es contrario
al Derecho de la Unión Europea y al Derecho interno por pretender una
gestión del trasvase excluida de la consecución de los objetivos
medioambientales, el régimen ecológico de caudales y el resto de
determinaciones del Plan hidrológico de cuenca, debido a la supresión de
la discrecionalidad y condicionalidad del citado Plan; y por quebrar la
unidad de gestión de la parte española de la Demarcación hidrográfica del
Tajo al excluir de facto del mismo las infraestructuras básicas del
sistema de explotación de Cabecera del Tajo.

Establecimiento incoherente en una norma con rango de
ley

Las nuevas reglas de explotación del Tajo-Segura se
pretenden introducir de forma pormenorizada en una norma con rango de ley
(Ley de Evaluación Ambiental). Ello implica que se sitúan en un orden
jerárquico superior al Plan hidrológico de la parte española de la
Demarcación hidrográfica del Tajo que se aprueba por Real Decreto.

Esta elevación del rango jerárquico de las reglas de
explotación de una concreta obra hidráulica pública por encima del Plan
Hidrológico es contraria a la coherencia y la unidad de gestión y
planificación hidrológica.

Las «reglas de explotación» se configuran en la
planificación hidrológica como un instrumento normativo que tiene por
objeto regular un determinado «sistema de explotación». La legislación de
aguas establece que cada Plan hidrológico definirá un «sistema de
explotación único» de toda la Demarcación hidrográfica en el que se
incluirán de forma simplificada todos y cada uno de los «sistemas de
explotación parciales», con lo que se posibilita el análisis y gestión
global del plan.

Así las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura son
unas reglas de explotación de carácter parcial de unas obras hidráulicas
públicas integradas en el Sistema de explotación parcial de Cabecera del
Tajo, que a su vez está integrado en el Sistema integrado de la cuenca
alta del Tajo y también a su vez en el Sistema de explotación único de la
parte española de la Demarcación hidrográfica del Tajo.

Esta estructura de sistemas de explotación anidados dentro
del marco jurídico que las engloba y regula en el Plan hidrológico, dan
cuenta de la incoherencia jurídica que supone atribuir a un instrumento
de gestión de un obra (reglas de explotación de una obra hidráulica
pública) un rango jerárquico superior al instrumento de planificación que
la coordina (Plan hidrológico de cuenca).

Esta incoherencia permite que unas reglas de explotación no
sometidas al proceso de estudio, elaboración, participación y evaluación
ambiental se impongan sobre un Plan hidrológico cuya tramitación y
función coordinadora lo sitúan en un orden jerárquico superior. A su vez
impide que el Plan hidrológico pueda desplegar todos los efectos
necesarios para la consecución de los objetivos propuestos en el sistema
de explotación correspondiente y en el conjunto de la Demarcación, no ha
de olvidarse que el Sistema de explotación parcial de la Cabecera
comprende infraestructuras de carácter básico en la Demarcación
hidrográfica del Tajo.

Cambio en la naturaleza de la autorización ordinaria de
trasvases

La naturaleza de la autorización de los trasvases de aguas
de la Demarcación hidrográfica del Tajo ha sido desde el principio y
hasta la actualidad de carácter discrecional y no reglado. Ello en razón
de la condicionalidad de la cuenca cedente establecida en la Ley 21/1971
y reiterada en la Ley 52/1980, y como respuesta lógica a las
incertidumbres que acompañan a una decisión sobre recursos hídricos y la
complejidad que comporta la gestión de toda una Demarcación hidrográfica
que además es la más poblada del país.

La Disposición Adicional decimoquinta. Reglas de
explotación del Trasvase Tajo-Segura, rompe esta lógica y razonable
caracterización y pretende convertir la naturaleza de la decisión de
trasvasar en reglada en la gestión ordinaria o no excepcional. Para ello
configura la autorización en los denominados nivel 1 y 2 como una
obligación incondicional utilizando la expresión «autorizará» y no «podrá
autorizar» como sería lo adecuado a una decisión de estas
características.

Así las facultades de la Autoridad competente en las
situaciones ordinarias se reducen a comprobar si se da el presupuesto de
hecho establecido que, además, tiene un marcado carácter cuantitativo
(umbrales) y ajeno al respeto del régimen de caudales ecológicos y los
objetivos medioambientales.

Página
228

discrecional que está condicionada por la disponibilidad de
caudales establecida en la planificación hidrológica de la cuenca del
Tajo.

Cuando el Plan Hidrológico del Tajo se encuentra en los
últimos pasos para su aprobación y ante la probable reducción de caudales
a trasvasar, el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura,
los Gobiernos de las Comunidades Autónomas de Murcia y Valencia junto al
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente han firmado un
Memorándum con objeto de mitigar los efectos del citado Plan.

Los acuerdos adoptados por el sesgado Grupo de trabajo
MAGRAMA-Murcia- Valencia-SCRATS y las enmiendas que los aplican,
pretenden suprimir el margen de discrecionalidad de la Administración en
la autorización ordinaria de los trasvases del Tajo-Segura (nivel 1 y 2)
y eliminar las condiciones de disponibilidad que establezca el Plan
hidrológico de la cuenca cedente.

Las consecuencias de la modificación propuesta no sólo
afectan a los problemas de forma y contenido que se detallan, sino que
según como se adopte definitivamente tienen un extraordinario alcance
económico que enfrentará al Gobierno a una disyuntiva de incumplimientos.
La situación abocaría a incumplir la obligación automática del trasvase o
a incumplir el Derecho de la Unión Europea (objetivos medioambientales y
el régimen ecológico de caudales) y el Derecho interno (prioridad de
abastecimiento). Y en cualquiera de los dos casos puede enfrentarse a
graves consecuencias, con indudable contenido económico. Recuérdese que,
de un lado, los estudios auspiciados por el Sindicato Central de Regantes
del Acueducto Tajo-Segura estiman que la inviabilidad del trasvase
generaría una indemnización de diez mil millones de euros y, de otro
lado, el incumplimiento del Derecho de la Unión Europea puede bloquear la
recepción de ayudas u ocasionar la imposición de importantes sanciones
coercitivas.

La forma en la que se ha elaborado esta propuesta de
modificación adolece de falta de objetividad ya que sólo han participado
las instituciones e interesados beneficiarios del Trasvase; de falta de
transparencia ya que sólo se han conocido sus resultados con la
presentación de las enmiendas; de ausencia de lealtad parlamentaria ya
que se introduce por el partido en el Gobierno por vía de enmienda
cercenando el debate y el derecho la enmienda; de deslealtad
institucional al pretender la convalidación singular por vía legislativa
de una pretensión denegada reiteradamente por el máximo órgano
jurisdiccional del Estado; y de falta de coherencia con la planificación
hidrológica al aprobar contenidos propios del Plan Hidrológico Nacional
fuera del mismo, y antes de aprobar los planes hidrológicos de cuenca,
así como por dotar de un injustificado rango de ley las normas de
explotación de unas obras hidráulicas públicas.

El contenido de la propuesta de modificación es contrario
al Derecho de la Unión Europea y al Derecho interno por pretender una
gestión del trasvase excluida de la consecución de los objetivos
medioambientales, el régimen ecológico de caudales y el resto de
determinaciones del Plan hidrológico de cuenca, debido a la supresión de
la discrecionalidad y condicionalidad del citado Plan; y por quebrar la
unidad de gestión de la parte española de la Demarcación hidrográfica del
Tajo al excluir de facto del mismo las infraestructuras básicas del
sistema de explotación de Cabecera del Tajo.

Establecimiento incoherente en una norma con rango de
ley

Las nuevas reglas de explotación del Tajo-Segura se
pretenden introducir de forma pormenorizada en una norma con rango de ley
(Ley de Evaluación Ambiental). Ello implica que se sitúan en un orden
jerárquico superior al Plan hidrológico de la parte española de la
Demarcación hidrográfica del Tajo que se aprueba por Real Decreto.

Esta elevación del rango jerárquico de las reglas de
explotación de una concreta obra hidráulica pública por encima del Plan
Hidrológico es contraria a la coherencia y la unidad de gestión y
planificación hidrológica.

Las «reglas de explotación» se configuran en la
planificación hidrológica como un instrumento normativo que tiene por
objeto regular un determinado «sistema de explotación». La legislación de
aguas establece que cada Plan hidrológico definirá un «sistema de
explotación único» de toda la Demarcación hidrográfica en el que se
incluirán de forma simplificada todos y cada uno de los «sistemas de
explotación parciales», con lo que se posibilita el análisis y gestión
global del plan.

Así las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura son
unas reglas de explotación de carácter parcial de unas obras hidráulicas
públicas integradas en el Sistema de explotación parcial de Cabecera del
Tajo, que a su vez está integrado en el Sistema integrado de la cuenca
alta del Tajo y también a su vez en el Sistema de explotación único de la
parte española de la Demarcación hidrográfica del Tajo.

Esta estructura de sistemas de explotación anidados dentro
del marco jurídico que las engloba y regula en el Plan hidrológico, dan
cuenta de la incoherencia jurídica que supone atribuir a un instrumento
de gestión de un obra (reglas de explotación de una obra hidráulica
pública) un rango jerárquico superior al instrumento de planificación que
la coordina (Plan hidrológico de cuenca).

Esta incoherencia permite que unas reglas de explotación no
sometidas al proceso de estudio, elaboración, participación y evaluación
ambiental se impongan sobre un Plan hidrológico cuya tramitación y
función coordinadora lo sitúan en un orden jerárquico superior. A su vez
impide que el Plan hidrológico pueda desplegar todos los efectos
necesarios para la consecución de los objetivos propuestos en el sistema
de explotación correspondiente y en el conjunto de la Demarcación, no ha
de olvidarse que el Sistema de explotación parcial de la Cabecera
comprende infraestructuras de carácter básico en la Demarcación
hidrográfica del Tajo.

Cambio en la naturaleza de la autorización ordinaria de
trasvases

La naturaleza de la autorización de los trasvases de aguas
de la Demarcación hidrográfica del Tajo ha sido desde el principio y
hasta la actualidad de carácter discrecional y no reglado. Ello en razón
de la condicionalidad de la cuenca cedente establecida en la Ley 21/1971
y reiterada en la Ley 52/1980, y como respuesta lógica a las
incertidumbres que acompañan a una decisión sobre recursos hídricos y la
complejidad que comporta la gestión de toda una Demarcación hidrográfica
que además es la más poblada del país.

La Disposición Adicional decimoquinta. Reglas de
explotación del Trasvase Tajo-Segura, rompe esta lógica y razonable
caracterización y pretende convertir la naturaleza de la decisión de
trasvasar en reglada en la gestión ordinaria o no excepcional. Para ello
configura la autorización en los denominados nivel 1 y 2 como una
obligación incondicional utilizando la expresión «autorizará» y no «podrá
autorizar» como sería lo adecuado a una decisión de estas
características.

Así las facultades de la Autoridad competente en las
situaciones ordinarias se reducen a comprobar si se da el presupuesto de
hecho establecido que, además, tiene un marcado carácter cuantitativo
(umbrales) y ajeno al respeto del régimen de caudales ecológicos y los
objetivos medioambientales.

Quiebra en la unidad de gestión de la Demarcación
hidrográfica

La Confederación Hidrográfica del Tajo es el organismo de
cuenca y por tanto quien tiene encomendada por Ley el principal papel en
la gestión hidrológica de la parte española de la Demarcación
hidrográfica del Tajo.

Conforme a las facultades otorgadas a la Confederación
Hidrográfica del Tajo para el seguimiento del Plan hidrológico de cuenca
y la explotación de la red de infraestructuras básicas de la parte
española de la Demarcación hidrográfica, es el organismo que tiene que
velar por la consecución de los objetivos medioambientales en la gestión
ordinaria del trasvase Tajo-Segura. Los embalses de Entrepeñas y Buendía
forman parte de la red de «infraestructuras básicas» de la
Demarcación.

A pesar de esta realidad jurídica la modificación del
régimen jurídico del trasvase Tajo-Segura no sólo suprime toda remisión
al Plan hidrológico de cuenca, sino que minimiza el papel del «órgano
competente» en la gestión ordinaria (nivel 1 y 2) ya que se reduce a
constatar los umbrales cuantitativos y autorizar, sin que pueda
intervenir la Confederación Hidrográfica en su función de adecuar la
gestión cuantitativa de los recursos hídricos para el cumplimento de los
objetivos de la planificación hidrográfica, incluidos los
medioambientales.

Incumplimiento de integración de los objetivos
medioambientales

La Instrucción de planificación hidrológica configura las
«reglas de explotación» como un instrumento normativo de carácter
reglamentario cuya finalidad es «establecer los suministros de agua que
configuran la oferta de recursos disponibles del sistema de explotación,
cumpliendo los objetivos medioambientales».

Esta obligación de integrar los objetivos medioambientales
en las reglas de explotación constituye una adaptación directa del
Derecho interno al artículo 4 de la Directiva marco del agua.

Las «reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura»
deberían por tanto estar sometidas de forma expresa al cumplimiento de
los objetivos medioambientales.

Sin embargo, las reglas de explotación propuestas en la
Disposición Adicional decimoquinta no sólo omiten cualquier referencia
expresa al obligado cumplimiento de los objetivos medioambientales, sino
que

al suprimir la remisión al Plan hidrológico de cuenca y
automatizar las autorizaciones ordinarias de trasvase en base a
predeterminados umbrales cuantitativos, excluyen toda posibilidad de
integrar el cumplimiento de dichos objetivos medioambientales.

ENMIENDA NÚM. 64

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX) y de don Miguel
Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el
Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a
la Disposición derogatoria única. 3.

ENMIENDA

De supresión.

JUSTIFICACIÓN

La modificación del régimen jurídico del trasvase
Tajo-Segura prevista en las enmiendas al proyecto de Ley de Evaluación
Ambiental presentadas por el Partido Popular el 15 de octubre de 2013 en
el trámite seguido por la citada en el Congreso de los Diputados,
constituye una alteración sin precedentes del régimen de los trasvases de
graves consecuencias.

El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura
ha mantenido en numerosos litigios que tiene un «derecho al trasvase» de
hasta 600 hm3/año establecido en la Ley 21/1971 y que la Administración
está obligada a trasvasar dentro de los umbrales cuantitativos
establecidos, pues no cuenta con margen de discrecionalidad para decidir
sobre si autoriza o no el trasvase.

Por el contrario la abundante jurisprudencia del Tribunal
Supremo ha reiterado hasta la saciedad que no existe un derecho al
trasvase sino, tan solo, una posibilidad y que la Administración tiene
una potestad discrecional que está condicionada por la disponibilidad de
caudales establecida en la planificación hidrológica de la cuenca del
Tajo.

Cuando el Plan Hidrológico del Tajo se encuentra en los
últimos pasos para su aprobación y ante la probable reducción de caudales
a trasvasar, el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura,
los Gobiernos de las Comunidades Autónomas de Murcia y Valencia junto al
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente han firmado un
Memorándum con objeto de mitigar los efectos del citado Plan.

Los acuerdos adoptados por el sesgado Grupo de trabajo
MAGRAMA-Murcia- Valencia-SCRATS y las enmiendas que los aplican,
pretenden suprimir el margen de discrecionalidad de la Administración en
la autorización ordinaria de los trasvases del Tajo-Segura (nivel 1 y 2)
y eliminar las condiciones de disponibilidad que establezca el Plan
hidrológico de la cuenca cedente.

Las consecuencias de la modificación propuesta no sólo
afectan a los problemas de forma y contenido que se detallan, sino que
según como se adopte definitivamente tienen un extraordinario alcance
económico que enfrentará al Gobierno a una disyuntiva de incumplimientos.
La situación abocaría a incumplir la obligación automática del trasvase o
a incumplir el Derecho de la Unión Europea (objetivos medioambientales y
el régimen ecológico de caudales) y el Derecho interno (prioridad de
abastecimiento). Y en cualquiera de los dos casos puede enfrentarse a
graves consecuencias, con indudable contenido económico. Recuérdese que,
de un lado, los estudios auspiciados por el Sindicato Central de Regantes
del Acueducto Tajo-Segura estiman que la inviabilidad del trasvase
generaría una indemnización de diez mil millones de euros y, de otro
lado, el incumplimiento del Derecho de la Unión Europea puede bloquear la
recepción de ayudas u ocasionar la imposición de importantes sanciones
coercitivas.

La forma en la que se ha elaborado esta propuesta de
modificación adolece de falta de objetividad ya que sólo han participado
las instituciones e interesados beneficiarios del Trasvase; de falta de
transparencia ya que sólo se han conocido sus resultados con la
presentación de las enmiendas; de ausencia de lealtad parlamentaria ya
que se introduce por el partido en el Gobierno por vía de enmienda
cercenando el debate y el derecho la enmienda; de deslealtad
institucional al pretender la convalidación singular por vía legislativa
de una pretensión denegada reiteradamente por el máximo órgano
jurisdiccional del Estado; y

de falta de coherencia con la planificación hidrológica al
aprobar contenidos propios del Plan Hidrológico Nacional fuera del mismo,
y antes de aprobar los planes hidrológicos de cuenca, así como por dotar
de un injustificado rango de ley las normas de explotación de unas obras
hidráulicas públicas.

El contenido de la propuesta de modificación es contrario
al Derecho de la Unión Europea y al Derecho interno por pretender una
gestión del trasvase excluida de la consecución de los objetivos
medioambientales, el régimen ecológico de caudales y el resto de
determinaciones del Plan hidrológico de cuenca, debido a la supresión de
la discrecionalidad y condicionalidad del citado Plan; y por quebrar la
unidad de gestión de la parte española de la Demarcación hidrográfica del
Tajo al excluir de facto del mismo las infraestructuras básicas del
sistema de explotación de Cabecera del Tajo.

Establecimiento incoherente en una norma con rango de
ley

Las nuevas reglas de explotación del Tajo-Segura se
pretenden introducir de forma pormenorizada en una norma con rango de ley
(Ley de Evaluación Ambiental). Ello implica que se sitúan en un orden
jerárquico superior al Plan hidrológico de la parte española de la
Demarcación hidrográfica del Tajo que se aprueba por Real Decreto.

Esta elevación del rango jerárquico de las reglas de
explotación de una concreta obra hidráulica pública por encima del Plan
Hidrológico es contraria a la coherencia y la unidad de gestión y
planificación hidrológica.

Las «reglas de explotación» se configuran en la
planificación hidrológica como un instrumento normativo que tiene por
objeto regular un determinado «sistema de explotación». La legislación de
aguas establece que cada Plan hidrológico definirá un «sistema de
explotación único» de toda la Demarcación hidrográfica en el que se
incluirán de forma simplificada todos y cada uno de los «sistemas de
explotación parciales», con lo que se posibilita el análisis y gestión
global del plan.

Así las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura son
unas reglas de explotación de carácter parcial de unas obras hidráulicas
públicas integradas en el Sistema de explotación parcial de Cabecera del
Tajo, que a su vez está integrado en el Sistema integrado de la cuenca
alta del Tajo y también a su vez en el Sistema de explotación único de la
parte española de la Demarcación hidrográfica del Tajo.

Esta estructura de sistemas de explotación anidados dentro
del marco jurídico que las engloba y regula en el Plan hidrológico, dan
cuenta de la incoherencia jurídica que supone atribuir a un instrumento
de gestión de un obra (reglas de explotación de una obra hidráulica
pública) un rango jerárquico superior al instrumento de planificación que
la coordina (Plan hidrológico de cuenca).

Esta incoherencia permite que unas reglas de explotación no
sometidas al proceso de estudio, elaboración, participación y evaluación
ambiental se impongan sobre un Plan hidrológico cuya tramitación y
función coordinadora lo sitúan en un orden jerárquico superior. A su vez
impide que el Plan hidrológico pueda desplegar todos los efectos
necesarios para la consecución de los objetivos propuestos en el sistema
de explotación correspondiente y en el conjunto de la Demarcación, no ha
de olvidarse que el Sistema de explotación parcial de la Cabecera
comprende infraestructuras de carácter básico en la Demarcación
hidrográfica del Tajo.

Cambio en la naturaleza de la autorización ordinaria de
trasvases

La naturaleza de la autorización de los trasvases de aguas
de la Demarcación hidrográfica del Tajo ha sido desde el principio y
hasta la actualidad de carácter discrecional y no reglado. Ello en razón
de la condicionalidad de la cuenca cedente establecida en la Ley 21/1971
y reiterada en la Ley 52/1980, y como respuesta lógica a las
incertidumbres que acompañan a una decisión sobre recursos hídricos y la
complejidad que comporta la gestión de toda una Demarcación hidrográfica
que además es la más poblada del país.

La Disposición Adicional decimoquinta. Reglas de
explotación del Trasvase Tajo-Segura, rompe esta lógica y razonable
caracterización y pretende convertir la naturaleza de la decisión de
trasvasar en reglada en la gestión ordinaria o no excepcional. Para ello
configura la autorización en los denominados nivel 1 y 2 como una
obligación incondicional utilizando la expresión «autorizará» y no «podrá
autorizar» como sería lo adecuado a una decisión de estas
características.

Así las facultades de la Autoridad competente en las
situaciones ordinarias se reducen a comprobar si se da el presupuesto de
hecho establecido que, además, tiene un marcado carácter cuantitativo
(umbrales) y ajeno al respeto del régimen de caudales ecológicos y los
objetivos medioambientales.

Quiebra en la unidad de gestión de la Demarcación
hidrográfica

La Confederación Hidrográfica del Tajo es el organismo de
cuenca y por tanto quien tiene encomendada por Ley el principal papel en
la gestión hidrológica de la parte española de la Demarcación
hidrográfica del Tajo.

Conforme a las facultades otorgadas a la Confederación
Hidrográfica del Tajo para el seguimiento del Plan hidrológico de cuenca
y la explotación de la red de infraestructuras básicas de la parte
española de la Demarcación hidrográfica, es el organismo que tiene que
velar por la consecución de los objetivos medioambientales en la gestión
ordinaria del trasvase Tajo-Segura. Los embalses de Entrepeñas y Buendía
forman parte de la red de «infraestructuras básicas» de la
Demarcación.

A pesar de esta realidad jurídica la modificación del
régimen jurídico del trasvase Tajo-Segura no sólo suprime toda remisión
al Plan hidrológico de cuenca, sino que minimiza el papel del «órgano
competente» en la gestión ordinaria (nivel 1 y 2) ya que se reduce a
constatar los umbrales cuantitativos y autorizar, sin que pueda
intervenir la Confederación Hidrográfica en su función de adecuar la
gestión cuantitativa de los recursos hídricos para el cumplimento de los
objetivos de la planificación hidrográfica, incluidos los
medioambientales.

Incumplimiento de integración de los objetivos
medioambientales

La Instrucción de planificación hidrológica configura las
«reglas de explotación» como un instrumento normativo de carácter
reglamentario cuya finalidad es «establecer los suministros de agua que
configuran la oferta de recursos disponibles del sistema de explotación,
cumpliendo los objetivos medioambientales».

Esta obligación de integrar los objetivos medioambientales
en las reglas de explotación constituye una adaptación directa del
Derecho interno al artículo 4 de la Directiva marco del agua.

Las «reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura»
deberían por tanto estar sometidas de forma expresa al cumplimiento de
los objetivos medioambientales.

Sin embargo, las reglas de explotación propuestas en la
Disposición Adicional decimoquinta no sólo omiten cualquier referencia
expresa al obligado cumplimiento de los objetivos medioambientales, sino
que al suprimir la remisión al Plan hidrológico de cuenca y automatizar
las autorizaciones ordinarias de trasvase en base a predeterminados
umbrales cuantitativos, excluyen toda posibilidad de integrar el
cumplimiento de dichos objetivos medioambientales.

ENMIENDA NÚM. 65

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX) y de don Miguel
Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el
Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a
la Disposición final segunda.

ENMIENDA

De supresión.

JUSTIFICACIÓN

La modificación del régimen jurídico del trasvase
Tajo-Segura prevista en las enmiendas al proyecto de Ley de Evaluación
Ambiental presentadas por el Partido Popular el 15 de octubre de 2013 en
el trámite seguido por la citada en el Congreso de los Diputados,
constituye una alteración sin precedentes del régimen de los trasvases de
graves consecuencias.

El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura
ha mantenido en numerosos litigios que tiene un «derecho al trasvase» de
hasta 600 hm3/año establecido en la Ley 21/1971 y que la Administración
está obligada a trasvasar dentro de los umbrales cuantitativos
establecidos, pues no cuenta con margen de discrecionalidad para decidir
sobre si autoriza o no el trasvase.

Por el contrario la abundante jurisprudencia del Tribunal
Supremo ha reiterado hasta la saciedad que no existe un derecho al
trasvase sino, tan solo, una posibilidad y que la Administración tiene
una potestad

discrecional que está condicionada por la disponibilidad de
caudales establecida en la planificación hidrológica de la cuenca del
Tajo.

Cuando el Plan Hidrológico del Tajo se encuentra en los
últimos pasos para su aprobación y ante la probable reducción de caudales
a trasvasar, el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura,
los Gobiernos de las Comunidades Autónomas de Murcia y Valencia junto al
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente han firmado un
Memorándum con objeto de mitigar los efectos del citado Plan.

Los acuerdos adoptados por el sesgado Grupo de trabajo
MAGRAMA-Murcia- Valencia-SCRATS y las enmiendas que los aplican,
pretenden suprimir el margen de discrecionalidad de la Administración en
la autorización ordinaria de los trasvases del Tajo-Segura (nivel 1 y 2)
y eliminar las condiciones de disponibilidad que establezca el Plan
hidrológico de la cuenca cedente.

Las consecuencias de la modificación propuesta no sólo
afectan a los problemas de forma y contenido que se detallan, sino que
según como se adopte definitivamente tienen un extraordinario alcance
económico que enfrentará al Gobierno a una disyuntiva de incumplimientos.
La situación abocaría a incumplir la obligación automática del trasvase o
a incumplir el Derecho de la Unión Europea (objetivos medioambientales y
el régimen ecológico de caudales) y el Derecho interno (prioridad de
abastecimiento). Y en cualquiera de los dos casos puede enfrentarse a
graves consecuencias, con indudable contenido económico. Recuérdese que,
de un lado, los estudios auspiciados por el Sindicato Central de Regantes
del Acueducto Tajo-Segura estiman que la inviabilidad del trasvase
generaría una indemnización de diez mil millones de euros y, de otro
lado, el incumplimiento del Derecho de la Unión Europea puede bloquear la
recepción de ayudas u ocasionar la imposición de importantes sanciones
coercitivas.

La forma en la que se ha elaborado esta propuesta de
modificación adolece de falta de objetividad ya que sólo han participado
las instituciones e interesados beneficiarios del Trasvase; de falta de
transparencia ya que sólo se han conocido sus resultados con la
presentación de las enmiendas; de ausencia de lealtad parlamentaria ya
que se introduce por el partido en el Gobierno por vía de enmienda
cercenando el debate y el derecho la enmienda; de deslealtad
institucional al pretender la convalidación singular por vía legislativa
de una pretensión denegada reiteradamente por el máximo órgano
jurisdiccional del Estado; y de falta de coherencia con la planificación
hidrológica al aprobar contenidos propios del Plan Hidrológico Nacional
fuera del mismo, y antes de aprobar los planes hidrológicos de cuenca,
así como por dotar de un injustificado rango de ley las normas de
explotación de unas obras hidráulicas públicas.

El contenido de la propuesta de modificación es contrario
al Derecho de la Unión Europea y al Derecho interno por pretender una
gestión del trasvase excluida de la consecución de los objetivos
medioambientales, el régimen ecológico de caudales y el resto de
determinaciones del Plan hidrológico de cuenca, debido a la supresión de
la discrecionalidad y condicionalidad del citado Plan; y por quebrar la
unidad de gestión de la parte española de la Demarcación hidrográfica del
Tajo al excluir de facto del mismo las infraestructuras básicas del
sistema de explotación de Cabecera del Tajo.

Establecimiento incoherente en una norma con rango de
ley

Las nuevas reglas de explotación del Tajo-Segura se
pretenden introducir de forma pormenorizada en una norma con rango de ley
(Ley de Evaluación Ambiental). Ello implica que se sitúan en un orden
jerárquico superior al Plan hidrológico de la parte española de la
Demarcación hidrográfica del Tajo que se aprueba por Real Decreto.

Esta elevación del rango jerárquico de las reglas de
explotación de una concreta obra hidráulica pública por encima del Plan
Hidrológico es contraria a la coherencia y la unidad de gestión y
planificación hidrológica.

Las «reglas de explotación» se configuran en la
planificación hidrológica como un instrumento normativo que tiene por
objeto regular un determinado «sistema de explotación». La legislación de
aguas establece que cada Plan hidrológico definirá un «sistema de
explotación único» de toda la Demarcación hidrográfica en el que se
incluirán de forma simplificada todos y cada uno de los «sistemas de
explotación parciales», con lo que se posibilita el análisis y gestión
global del plan.

Así las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura son
unas reglas de explotación de carácter parcial de unas obras hidráulicas
públicas integradas en el Sistema de explotación parcial de Cabecera del
Tajo, que a su vez está integrado en el Sistema integrado de la cuenca
alta del Tajo y también a su vez en el Sistema de explotación único de la
parte española de la Demarcación hidrográfica del Tajo.

Esta estructura de sistemas de explotación anidados dentro
del marco jurídico que las engloba y regula en el Plan hidrológico, dan
cuenta de la incoherencia jurídica que supone atribuir a un instrumento
de gestión de un obra (reglas de explotación de una obra hidráulica
pública) un rango jerárquico superior al instrumento de planificación que
la coordina (Plan hidrológico de cuenca).

Esta incoherencia permite que unas reglas de explotación no
sometidas al proceso de estudio, elaboración, participación y evaluación
ambiental se impongan sobre un Plan hidrológico cuya tramitación y
función coordinadora lo sitúan en un orden jerárquico superior. A su vez
impide que el Plan hidrológico pueda desplegar todos los efectos
necesarios para la consecución de los objetivos propuestos en el sistema
de explotación correspondiente y en el conjunto de la Demarcación, no ha
de olvidarse que el Sistema de explotación parcial de la Cabecera
comprende infraestructuras de carácter básico en la Demarcación
hidrográfica del Tajo.

Cambio en la naturaleza de la autorización ordinaria de
trasvases

La naturaleza de la autorización de los trasvases de aguas
de la Demarcación hidrográfica del Tajo ha sido desde el principio y
hasta la actualidad de carácter discrecional y no reglado. Ello en razón
de la condicionalidad de la cuenca cedente establecida en la Ley 21/1971
y reiterada en la Ley 52/1980, y como respuesta lógica a las
incertidumbres que acompañan a una decisión sobre recursos hídricos y la
complejidad que comporta la gestión de toda una Demarcación hidrográfica
que además es la más poblada del país.

La Disposición Adicional decimoquinta. Reglas de
explotación del Trasvase Tajo-Segura, rompe esta lógica y razonable
caracterización y pretende convertir la naturaleza de la decisión de
trasvasar en reglada en la gestión ordinaria o no excepcional. Para ello
configura la autorización en los denominados nivel 1 y 2 como una
obligación incondicional utilizando la expresión «autorizará» y no «podrá
autorizar» como sería lo adecuado a una decisión de estas
características.

Así las facultades de la Autoridad competente en las
situaciones ordinarias se reducen a comprobar si se da el presupuesto de
hecho establecido que, además, tiene un marcado carácter cuantitativo
(umbrales) y ajeno al respeto del régimen de caudales ecológicos y los
objetivos medioambientales.

Quiebra en la unidad de gestión de la Demarcación
hidrográfica

La Confederación Hidrográfica del Tajo es el organismo de
cuenca y por tanto quien tiene encomendada por Ley el principal papel en
la gestión hidrológica de la parte española de la Demarcación
hidrográfica del Tajo.

Conforme a las facultades otorgadas a la Confederación
Hidrográfica del Tajo para el seguimiento del Plan hidrológico de cuenca
y la explotación de la red de infraestructuras básicas de la parte
española de la Demarcación hidrográfica, es el organismo que tiene que
velar por la consecución de los objetivos medioambientales en la gestión
ordinaria del trasvase Tajo-Segura. Los embalses de Entrepeñas y Buendía
forman parte de la red de «infraestructuras básicas» de la
Demarcación.

A pesar de esta realidad jurídica la modificación del
régimen jurídico del trasvase Tajo-Segura no sólo suprime toda remisión
al Plan hidrológico de cuenca, sino que minimiza el papel del «órgano
competente» en la gestión ordinaria (nivel 1 y 2) ya que se reduce a
constatar los umbrales cuantitativos y autorizar, sin que pueda
intervenir la Confederación Hidrográfica en su función de adecuar la
gestión cuantitativa de los recursos hídricos para el cumplimento de los
objetivos de la planificación hidrográfica, incluidos los
medioambientales.

Incumplimiento de integración de los objetivos
medioambientales

La Instrucción de planificación hidrológica configura las
«reglas de explotación» como un instrumento normativo de carácter
reglamentario cuya finalidad es «establecer los suministros de agua que
configuran la oferta de recursos disponibles del sistema de explotación,
cumpliendo los objetivos medioambientales».

Esta obligación de integrar los objetivos medioambientales
en las reglas de explotación constituye una adaptación directa del
Derecho interno al artículo 4 de la Directiva marco del agua.

Las «reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura»
deberían por tanto estar sometidas de forma expresa al cumplimiento de
los objetivos medioambientales.

Sin embargo, las reglas de explotación propuestas en la
Disposición Adicional decimoquinta no sólo omiten cualquier referencia
expresa al obligado cumplimiento de los objetivos medioambientales, sino
que

al suprimir la remisión al Plan hidrológico de cuenca y
automatizar las autorizaciones ordinarias de trasvase en base a
predeterminados umbrales cuantitativos, excluyen toda posibilidad de
integrar el cumplimiento de dichos objetivos medioambientales.

ENMIENDA NÚM. 66

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX) y de don Miguel
Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el
Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a
la Disposición final tercera.

ENMIENDA

De supresión.

JUSTIFICACIÓN

La modificación del régimen jurídico del trasvase
Tajo-Segura prevista en las enmiendas al proyecto de Ley de Evaluación
Ambiental presentadas por el Partido Popular el 15 de octubre de 2013 en
el trámite seguido por la citada en el Congreso de los Diputados,
constituye una alteración sin precedentes del régimen de los trasvases de
graves consecuencias.

El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura
ha mantenido en numerosos litigios que tiene un «derecho al trasvase» de
hasta 600 hm3/año establecido en la Ley 21/1971 y que la Administración
está obligada a trasvasar dentro de los umbrales cuantitativos
establecidos, pues no cuenta con margen de discrecionalidad para decidir
sobre si autoriza o no el trasvase.

Por el contrario la abundante jurisprudencia del Tribunal
Supremo ha reiterado hasta la saciedad que no existe un derecho al
trasvase sino, tan solo, una posibilidad y que la Administración tiene
una potestad discrecional que está condicionada por la disponibilidad de
caudales establecida en la planificación hidrológica de la cuenca del
Tajo.

Cuando el Plan Hidrológico del Tajo se encuentra en los
últimos pasos para su aprobación y ante la probable reducción de caudales
a trasvasar, el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura,
los Gobiernos de las Comunidades Autónomas de Murcia y Valencia junto al
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente han firmado un
Memorándum con objeto de mitigar los efectos del citado Plan.

Los acuerdos adoptados por el sesgado Grupo de trabajo
MAGRAMA-Murcia- Valencia-SCRATS y las enmiendas que los aplican,
pretenden suprimir el margen de discrecionalidad de la Administración en
la autorización ordinaria de los trasvases del Tajo-Segura (nivel 1 y 2)
y eliminar las condiciones de disponibilidad que establezca el Plan
hidrológico de la cuenca cedente.

Las consecuencias de la modificación propuesta no sólo
afectan a los problemas de forma y contenido que se detallan, sino que
según como se adopte definitivamente tienen un extraordinario alcance
económico que enfrentará al Gobierno a una disyuntiva de incumplimientos.
La situación abocaría a incumplir la obligación automática del trasvase o
a incumplir el Derecho de la Unión Europea (objetivos medioambientales y
el régimen ecológico de caudales) y el Derecho interno (prioridad de
abastecimiento). Y en cualquiera de los dos casos puede enfrentarse a
graves consecuencias, con indudable contenido económico. Recuérdese que,
de un lado, los estudios auspiciados por el Sindicato Central de Regantes
del Acueducto Tajo-Segura estiman que la inviabilidad del trasvase
generaría una indemnización de diez mil millones de euros y, de otro
lado, el incumplimiento del Derecho de la Unión Europea puede bloquear la
recepción de ayudas u ocasionar la imposición de importantes sanciones
coercitivas.

La forma en la que se ha elaborado esta propuesta de
modificación adolece de falta de objetividad ya que sólo han participado
las instituciones e interesados beneficiarios del Trasvase; de falta de
transparencia ya que sólo se han conocido sus resultados con la
presentación de las enmiendas; de ausencia de lealtad parlamentaria ya
que se introduce por el partido en el Gobierno por vía de enmienda
cercenando el debate y el derecho la enmienda; de deslealtad
institucional al pretender la convalidación singular por vía legislativa
de una pretensión denegada reiteradamente por el máximo órgano
jurisdiccional del Estado; y

de falta de coherencia con la planificación hidrológica al
aprobar contenidos propios del Plan Hidrológico Nacional fuera del mismo,
y antes de aprobar los planes hidrológicos de cuenca, así como por dotar
de un injustificado rango de ley las normas de explotación de unas obras
hidráulicas públicas.

El contenido de la propuesta de modificación es contrario
al Derecho de la Unión Europea y al Derecho interno por pretender una
gestión del trasvase excluida de la consecución de los objetivos
medioambientales, el régimen ecológico de caudales y el resto de
determinaciones del Plan hidrológico de cuenca, debido a la supresión de
la discrecionalidad y condicionalidad del citado Plan; y por quebrar la
unidad de gestión de la parte española de la Demarcación hidrográfica del
Tajo al excluir de facto del mismo las infraestructuras básicas del
sistema de explotación de Cabecera del Tajo.

Establecimiento incoherente en una norma con rango de
ley

Las nuevas reglas de explotación del Tajo-Segura se
pretenden introducir de forma pormenorizada en una norma con rango de ley
(Ley de Evaluación Ambiental). Ello implica que se sitúan en un orden
jerárquico superior al Plan hidrológico de la parte española de la
Demarcación hidrográfica del Tajo que se aprueba por Real Decreto.

Esta elevación del rango jerárquico de las reglas de
explotación de una concreta obra hidráulica pública por encima del Plan
Hidrológico es contraria a la coherencia y la unidad de gestión y
planificación hidrológica.

Las «reglas de explotación» se configuran en la
planificación hidrológica como un instrumento normativo que tiene por
objeto regular un determinado «sistema de explotación». La legislación de
aguas establece que cada Plan hidrológico definirá un «sistema de
explotación único» de toda la Demarcación hidrográfica en el que se
incluirán de forma simplificada todos y cada uno de los «sistemas de
explotación parciales», con lo que se posibilita el análisis y gestión
global del plan.

Así las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura son
unas reglas de explotación de carácter parcial de unas obras hidráulicas
públicas integradas en el Sistema de explotación parcial de Cabecera del
Tajo, que a su vez está integrado en el Sistema integrado de la cuenca
alta del Tajo y también a su vez en el Sistema de explotación único de la
parte española de la Demarcación hidrográfica del Tajo.

Esta estructura de sistemas de explotación anidados dentro
del marco jurídico que las engloba y regula en el Plan hidrológico, dan
cuenta de la incoherencia jurídica que supone atribuir a un instrumento
de gestión de un obra (reglas de explotación de una obra hidráulica
pública) un rango jerárquico superior al instrumento de planificación que
la coordina (Plan hidrológico de cuenca).

Esta incoherencia permite que unas reglas de explotación no
sometidas al proceso de estudio, elaboración, participación y evaluación
ambiental se impongan sobre un Plan hidrológico cuya tramitación y
función coordinadora lo sitúan en un orden jerárquico superior. A su vez
impide que el Plan hidrológico pueda desplegar todos los efectos
necesarios para la consecución de los objetivos propuestos en el sistema
de explotación correspondiente y en el conjunto de la Demarcación, no ha
de olvidarse que el Sistema de explotación parcial de la Cabecera
comprende infraestructuras de carácter básico en la Demarcación
hidrográfica del Tajo.

Cambio en la naturaleza de la autorización ordinaria de
trasvases

La naturaleza de la autorización de los trasvases de aguas
de la Demarcación hidrográfica del Tajo ha sido desde el principio y
hasta la actualidad de carácter discrecional y no reglado. Ello en razón
de la condicionalidad de la cuenca cedente establecida en la Ley 21/1971
y reiterada en la Ley 52/1980, y como respuesta lógica a las
incertidumbres que acompañan a una decisión sobre recursos hídricos y la
complejidad que comporta la gestión de toda una Demarcación hidrográfica
que además es la más poblada del país.

La Disposición Adicional decimoquinta. Reglas de
explotación del Trasvase Tajo-Segura, rompe esta lógica y razonable
caracterización y pretende convertir la naturaleza de la decisión de
trasvasar en reglada en la gestión ordinaria o no excepcional. Para ello
configura la autorización en los denominados nivel 1 y 2 como una
obligación incondicional utilizando la expresión «autorizará» y no «podrá
autorizar» como sería lo adecuado a una decisión de estas
características.

Así las facultades de la Autoridad competente en las
situaciones ordinarias se reducen a comprobar si se da el presupuesto de
hecho establecido que, además, tiene un marcado carácter cuantitativo
(umbrales) y ajeno al respeto del régimen de caudales ecológicos y los
objetivos medioambientales.

Quiebra en la unidad de gestión de la Demarcación
hidrográfica

La Confederación Hidrográfica del Tajo es el organismo de
cuenca y por tanto quien tiene encomendada por Ley el principal papel en
la gestión hidrológica de la parte española de la Demarcación
hidrográfica del Tajo.

Conforme a las facultades otorgadas a la Confederación
Hidrográfica del Tajo para el seguimiento del Plan hidrológico de cuenca
y la explotación de la red de infraestructuras básicas de la parte
española de la Demarcación hidrográfica, es el organismo que tiene que
velar por la consecución de los objetivos medioambientales en la gestión
ordinaria del trasvase Tajo-Segura. Los embalses de Entrepeñas y Buendía
forman parte de la red de «infraestructuras básicas» de la
Demarcación.

A pesar de esta realidad jurídica la modificación del
régimen jurídico del trasvase Tajo-Segura no sólo suprime toda remisión
al Plan hidrológico de cuenca, sino que minimiza el papel del «órgano
competente» en la gestión ordinaria (nivel 1 y 2) ya que se reduce a
constatar los umbrales cuantitativos y autorizar, sin que pueda
intervenir la Confederación Hidrográfica en su función de adecuar la
gestión cuantitativa de los recursos hídricos para el cumplimento de los
objetivos de la planificación hidrográfica, incluidos los
medioambientales.

Incumplimiento de integración de los objetivos
medioambientales

La Instrucción de planificación hidrológica configura las
«reglas de explotación» como un instrumento normativo de carácter
reglamentario cuya finalidad es «establecer los suministros de agua que
configuran la oferta de recursos disponibles del sistema de explotación,
cumpliendo los objetivos medioambientales».

Esta obligación de integrar los objetivos medioambientales
en las reglas de explotación constituye una adaptación directa del
Derecho interno al artículo 4 de la Directiva marco del agua.

Las «reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura»
deberían por tanto estar sometidas de forma expresa al cumplimiento de
los objetivos medioambientales.

Sin embargo, las reglas de explotación propuestas en la
Disposición Adicional decimoquinta no sólo omiten cualquier referencia
expresa al obligado cumplimiento de los objetivos medioambientales, sino
que al suprimir la remisión al Plan hidrológico de cuenca y automatizar
las autorizaciones ordinarias de trasvase en base a predeterminados
umbrales cuantitativos, excluyen toda posibilidad de integrar el
cumplimiento de dichos objetivos medioambientales.

ENMIENDA NÚM. 67

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX) y de don Miguel
Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el
Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a
la Disposición final cuarta.

ENMIENDA

De supresión.

JUSTIFICACIÓN

La modificación del régimen jurídico del trasvase
Tajo-Segura prevista en las enmiendas al proyecto de Ley de Evaluación
Ambiental presentadas por el Partido Popular el 15 de octubre de 2013 en
el trámite seguido por la citada en el Congreso de los Diputados,
constituye una alteración sin precedentes del régimen de los trasvases de
graves consecuencias.

El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura
ha mantenido en numerosos litigios que tiene un «derecho al trasvase» de
hasta 600 hm3/año establecido en la Ley 21/1971 y que la Administración
está obligada a trasvasar dentro de los umbrales cuantitativos
establecidos, pues no cuenta con margen de discrecionalidad para decidir
sobre si autoriza o no el trasvase.

Por el contrario la abundante jurisprudencia del Tribunal
Supremo ha reiterado hasta la saciedad que no existe un derecho al
trasvase sino, tan solo, una posibilidad y que la Administración tiene
una potestad

discrecional que está condicionada por la disponibilidad de
caudales establecida en la planificación hidrológica de la cuenca del
Tajo.

Cuando el Plan Hidrológico del Tajo se encuentra en los
últimos pasos para su aprobación y ante la probable reducción de caudales
a trasvasar, el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura,
los Gobiernos de las Comunidades Autónomas de Murcia y Valencia junto al
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente han firmado un
Memorándum con objeto de mitigar los efectos del citado Plan.

Los acuerdos adoptados por el sesgado Grupo de trabajo
MAGRAMA-Murcia- Valencia-SCRATS y las enmiendas que los aplican,
pretenden suprimir el margen de discrecionalidad de la Administración en
la autorización ordinaria de los trasvases del Tajo-Segura (nivel 1 y 2)
y eliminar las condiciones de disponibilidad que establezca el Plan
hidrológico de la cuenca cedente.

Las consecuencias de la modificación propuesta no sólo
afectan a los problemas de forma y contenido que se detallan, sino que
según como se adopte definitivamente tienen un extraordinario alcance
económico que enfrentará al Gobierno a una disyuntiva de incumplimientos.
La situación abocaría a incumplir la obligación automática del trasvase o
a incumplir el Derecho de la Unión Europea (objetivos medioambientales y
el régimen ecológico de caudales) y el Derecho interno (prioridad de
abastecimiento). Y en cualquiera de los dos casos puede enfrentarse a
graves consecuencias, con indudable contenido económico. Recuérdese que,
de un lado, los estudios auspiciados por el Sindicato Central de Regantes
del Acueducto Tajo-Segura estiman que la inviabilidad del trasvase
generaría una indemnización de diez mil millones de euros y, de otro
lado, el incumplimiento del Derecho de la Unión Europea puede bloquear la
recepción de ayudas u ocasionar la imposición de importantes sanciones
coercitivas.

La forma en la que se ha elaborado esta propuesta de
modificación adolece de falta de objetividad ya que sólo han participado
las instituciones e interesados beneficiarios del Trasvase; de falta de
transparencia ya que sólo se han conocido sus resultados con la
presentación de las enmiendas; de ausencia de lealtad parlamentaria ya
que se introduce por el partido en el Gobierno por vía de enmienda
cercenando el debate y el derecho la enmienda; de deslealtad
institucional al pretender la convalidación singular por vía legislativa
de una pretensión denegada reiteradamente por el máximo órgano
jurisdiccional del Estado; y de falta de coherencia con la planificación
hidrológica al aprobar contenidos propios del Plan Hidrológico Nacional
fuera del mismo, y antes de aprobar los planes hidrológicos de cuenca,
así como por dotar de un injustificado rango de ley las normas de
explotación de unas obras hidráulicas públicas.

El contenido de la propuesta de modificación es contrario
al Derecho de la Unión Europea y al Derecho interno por pretender una
gestión del trasvase excluida de la consecución de los objetivos
medioambientales, el régimen ecológico de caudales y el resto de
determinaciones del Plan hidrológico de cuenca, debido a la supresión de
la discrecionalidad y condicionalidad del citado Plan; y por quebrar la
unidad de gestión de la parte española de la Demarcación hidrográfica del
Tajo al excluir de facto del mismo las infraestructuras básicas del
sistema de explotación de Cabecera del Tajo.

Establecimiento incoherente en una norma con rango de
ley

Las nuevas reglas de explotación del Tajo-Segura se
pretenden introducir de forma pormenorizada en una norma con rango de ley
(Ley de Evaluación Ambiental). Ello implica que se sitúan en un orden
jerárquico superior al Plan hidrológico de la parte española de la
Demarcación hidrográfica del Tajo que se aprueba por Real Decreto.

Esta elevación del rango jerárquico de las reglas de
explotación de una concreta obra hidráulica pública por encima del Plan
Hidrológico es contraria a la coherencia y la unidad de gestión y
planificación hidrológica.

Las «reglas de explotación» se configuran en la
planificación hidrológica como un instrumento normativo que tiene por
objeto regular un determinado «sistema de explotación». La legislación de
aguas establece que cada Plan hidrológico definirá un «sistema de
explotación único» de toda la Demarcación hidrográfica en el que se
incluirán de forma simplificada todos y cada uno de los «sistemas de
explotación parciales», con lo que se posibilita el análisis y gestión
global del plan.

Así las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura son
unas reglas de explotación de carácter parcial de unas obras hidráulicas
públicas integradas en el Sistema de explotación parcial de Cabecera del
Tajo, que a su vez está integrado en el Sistema integrado de la cuenca
alta del Tajo y también a su vez en el Sistema de explotación único de la
parte española de la Demarcación hidrográfica del Tajo.

Esta estructura de sistemas de explotación anidados dentro
del marco jurídico que las engloba y regula en el Plan hidrológico, dan
cuenta de la incoherencia jurídica que supone atribuir a un instrumento
de gestión de un obra (reglas de explotación de una obra hidráulica
pública) un rango jerárquico superior al instrumento de planificación que
la coordina (Plan hidrológico de cuenca).

Esta incoherencia permite que unas reglas de explotación no
sometidas al proceso de estudio, elaboración, participación y evaluación
ambiental se impongan sobre un Plan hidrológico cuya tramitación y
función coordinadora lo sitúan en un orden jerárquico superior. A su vez
impide que el Plan hidrológico pueda desplegar todos los efectos
necesarios para la consecución de los objetivos propuestos en el sistema
de explotación correspondiente y en el conjunto de la Demarcación, no ha
de olvidarse que el Sistema de explotación parcial de la Cabecera
comprende infraestructuras de carácter básico en la Demarcación
hidrográfica del Tajo.

Cambio en la naturaleza de la autorización ordinaria de
trasvases

La naturaleza de la autorización de los trasvases de aguas
de la Demarcación hidrográfica del Tajo ha sido desde el principio y
hasta la actualidad de carácter discrecional y no reglado. Ello en razón
de la condicionalidad de la cuenca cedente establecida en la Ley 21/1971
y reiterada en la Ley 52/1980, y como respuesta lógica a las
incertidumbres que acompañan a una decisión sobre recursos hídricos y la
complejidad que comporta la gestión de toda una Demarcación hidrográfica
que además es la más poblada del país.

La Disposición Adicional decimoquinta. Reglas de
explotación del Trasvase Tajo-Segura, rompe esta lógica y razonable
caracterización y pretende convertir la naturaleza de la decisión de
trasvasar en reglada en la gestión ordinaria o no excepcional. Para ello
configura la autorización en los denominados nivel 1 y 2 como una
obligación incondicional utilizando la expresión «autorizará» y no «podrá
autorizar» como sería lo adecuado a una decisión de estas
características.

Así las facultades de la Autoridad competente en las
situaciones ordinarias se reducen a comprobar si se da el presupuesto de
hecho establecido que, además, tiene un marcado carácter cuantitativo
(umbrales) y ajeno al respeto del régimen de caudales ecológicos y los
objetivos medioambientales.

Quiebra en la unidad de gestión de la Demarcación
hidrográfica

La Confederación Hidrográfica del Tajo es el organismo de
cuenca y por tanto quien tiene encomendada por Ley el principal papel en
la gestión hidrológica de la parte española de la Demarcación
hidrográfica del Tajo.

Conforme a las facultades otorgadas a la Confederación
Hidrográfica del Tajo para el seguimiento del Plan hidrológico de cuenca
y la explotación de la red de infraestructuras básicas de la parte
española de la Demarcación hidrográfica, es el organismo que tiene que
velar por la consecución de los objetivos medioambientales en la gestión
ordinaria del trasvase Tajo-Segura. Los embalses de Entrepeñas y Buendía
forman parte de la red de «infraestructuras básicas» de la
Demarcación.

A pesar de esta realidad jurídica la modificación del
régimen jurídico del trasvase Tajo-Segura no sólo suprime toda remisión
al Plan hidrológico de cuenca, sino que minimiza el papel del «órgano
competente» en la gestión ordinaria (nivel 1 y 2) ya que se reduce a
constatar los umbrales cuantitativos y autorizar, sin que pueda
intervenir la Confederación Hidrográfica en su función de adecuar la
gestión cuantitativa de los recursos hídricos para el cumplimento de los
objetivos de la planificación hidrográfica, incluidos los
medioambientales.

Incumplimiento de integración de los objetivos
medioambientales

La Instrucción de planificación hidrológica configura las
«reglas de explotación» como un instrumento normativo de carácter
reglamentario cuya finalidad es «establecer los suministros de agua que
configuran la oferta de recursos disponibles del sistema de explotación,
cumpliendo los objetivos medioambientales».

Esta obligación de integrar los objetivos medioambientales
en las reglas de explotación constituye una adaptación directa del
Derecho interno al artículo 4 de la Directiva marco del agua.

Las «reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura»
deberían por tanto estar sometidas de forma expresa al cumplimiento de
los objetivos medioambientales.

Sin embargo, las reglas de explotación propuestas en la
Disposición Adicional decimoquinta no sólo omiten cualquier referencia
expresa al obligado cumplimiento de los objetivos medioambientales, sino
que

al suprimir la remisión al Plan hidrológico de cuenca y
automatizar las autorizaciones ordinarias de trasvase en base a
predeterminados umbrales cuantitativos, excluyen toda posibilidad de
integrar el cumplimiento de dichos objetivos medioambientales.

ENMIENDA NÚM. 68

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX) y de don Miguel
Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el
Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a
la Disposición final quinta.

ENMIENDA

De supresión.

JUSTIFICACIÓN

La modificación del régimen jurídico del trasvase
Tajo-Segura prevista en las enmiendas al proyecto de Ley de Evaluación
Ambiental presentadas por el Partido Popular el 15 de octubre de 2013 en
el trámite seguido por la citada en el Congreso de los Diputados,
constituye una alteración sin precedentes del régimen de los trasvases de
graves consecuencias.

El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura
ha mantenido en numerosos litigios que tiene un «derecho al trasvase» de
hasta 600 hm3/año establecido en la Ley 21/1971 y que la Administración
está obligada a trasvasar dentro de los umbrales cuantitativos
establecidos, pues no cuenta con margen de discrecionalidad para decidir
sobre si autoriza o no el trasvase.

Por el contrario la abundante jurisprudencia del Tribunal
Supremo ha reiterado hasta la saciedad que no existe un derecho al
trasvase sino, tan solo, una posibilidad y que la Administración tiene
una potestad discrecional que está condicionada por la disponibilidad de
caudales establecida en la planificación hidrológica de la cuenca del
Tajo.

Cuando el Plan Hidrológico del Tajo se encuentra en los
últimos pasos para su aprobación y ante la probable reducción de caudales
a trasvasar, el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura,
los Gobiernos de las Comunidades Autónomas de Murcia y Valencia junto al
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente han firmado un
Memorándum con objeto de mitigar los efectos del citado Plan.

Los acuerdos adoptados por el sesgado Grupo de trabajo
MAGRAMA-Murcia- Valencia-SCRATS y las enmiendas que los aplican,
pretenden suprimir el margen de discrecionalidad de la Administración en
la autorización ordinaria de los trasvases del Tajo-Segura (nivel 1 y 2)
y eliminar las condiciones de disponibilidad que establezca el Plan
hidrológico de la cuenca cedente.

Las consecuencias de la modificación propuesta no sólo
afectan a los problemas de forma y contenido que se detallan, sino que
según como se adopte definitivamente tienen un extraordinario alcance
económico que enfrentará al Gobierno a una disyuntiva de incumplimientos.
La situación abocaría a incumplir la obligación automática del trasvase o
a incumplir el Derecho de la Unión Europea (objetivos medioambientales y
el régimen ecológico de caudales) y el Derecho interno (prioridad de
abastecimiento). Y en cualquiera de los dos casos puede enfrentarse a
graves consecuencias, con indudable contenido económico. Recuérdese que,
de un lado, los estudios auspiciados por el Sindicato Central de Regantes
del Acueducto Tajo-Segura estiman que la inviabilidad del trasvase
generaría una indemnización de diez mil millones de euros y, de otro
lado, el incumplimiento del Derecho de la Unión Europea puede bloquear la
recepción de ayudas u ocasionar la imposición de importantes sanciones
coercitivas.

La forma en la que se ha elaborado esta propuesta de
modificación adolece de falta de objetividad ya que sólo han participado
las instituciones e interesados beneficiarios del Trasvase; de falta de
transparencia ya que sólo se han conocido sus resultados con la
presentación de las enmiendas; de ausencia de lealtad parlamentaria ya
que se introduce por el partido en el Gobierno por vía de enmienda
cercenando el debate y el derecho la enmienda; de deslealtad
institucional al pretender la convalidación singular por vía legislativa
de una pretensión denegada reiteradamente por el máximo órgano
jurisdiccional del Estado; y

de falta de coherencia con la planificación hidrológica al
aprobar contenidos propios del Plan Hidrológico Nacional fuera del mismo,
y antes de aprobar los planes hidrológicos de cuenca, así como por dotar
de un injustificado rango de ley las normas de explotación de unas obras
hidráulicas públicas.

El contenido de la propuesta de modificación es contrario
al Derecho de la Unión Europea y al Derecho interno por pretender una
gestión del trasvase excluida de la consecución de los objetivos
medioambientales, el régimen ecológico de caudales y el resto de
determinaciones del Plan hidrológico de cuenca, debido a la supresión de
la discrecionalidad y condicionalidad del citado Plan; y por quebrar la
unidad de gestión de la parte española de la Demarcación hidrográfica del
Tajo al excluir de facto del mismo las infraestructuras básicas del
sistema de explotación de Cabecera del Tajo.

Establecimiento incoherente en una norma con rango de
ley

Las nuevas reglas de explotación del Tajo-Segura se
pretenden introducir de forma pormenorizada en una norma con rango de ley
(Ley de Evaluación Ambiental). Ello implica que se sitúan en un orden
jerárquico superior al Plan hidrológico de la parte española de la
Demarcación hidrográfica del Tajo que se aprueba por Real Decreto.

Esta elevación del rango jerárquico de las reglas de
explotación de una concreta obra hidráulica pública por encima del Plan
Hidrológico es contraria a la coherencia y la unidad de gestión y
planificación hidrológica.

Las «reglas de explotación» se configuran en la
planificación hidrológica como un instrumento normativo que tiene por
objeto regular un determinado «sistema de explotación». La legislación de
aguas establece que cada Plan hidrológico definirá un «sistema de
explotación único» de toda la Demarcación hidrográfica en el que se
incluirán de forma simplificada todos y cada uno de los «sistemas de
explotación parciales», con lo que se posibilita el análisis y gestión
global del plan.

Así las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura son
unas reglas de explotación de carácter parcial de unas obras hidráulicas
públicas integradas en el Sistema de explotación parcial de Cabecera del
Tajo, que a su vez está integrado en el Sistema integrado de la cuenca
alta del Tajo y también a su vez en el Sistema de explotación único de la
parte española de la Demarcación hidrográfica del Tajo.

Esta estructura de sistemas de explotación anidados dentro
del marco jurídico que las engloba y regula en el Plan hidrológico, dan
cuenta de la incoherencia jurídica que supone atribuir a un instrumento
de gestión de un obra (reglas de explotación de una obra hidráulica
pública) un rango jerárquico superior al instrumento de planificación que
la coordina (Plan hidrológico de cuenca).

Esta incoherencia permite que unas reglas de explotación no
sometidas al proceso de estudio, elaboración, participación y evaluación
ambiental se impongan sobre un Plan hidrológico cuya tramitación y
función coordinadora lo sitúan en un orden jerárquico superior. A su vez
impide que el Plan hidrológico pueda desplegar todos los efectos
necesarios para la consecución de los objetivos propuestos en el sistema
de explotación correspondiente y en el conjunto de la Demarcación, no ha
de olvidarse que el Sistema de explotación parcial de la Cabecera
comprende infraestructuras de carácter básico en la Demarcación
hidrográfica del Tajo.

Cambio en la naturaleza de la autorización ordinaria de
trasvases

La naturaleza de la autorización de los trasvases de aguas
de la Demarcación hidrográfica del Tajo ha sido desde el principio y
hasta la actualidad de carácter discrecional y no reglado. Ello en razón
de la condicionalidad de la cuenca cedente establecida en la Ley 21/1971
y reiterada en la Ley 52/1980, y como respuesta lógica a las
incertidumbres que acompañan a una decisión sobre recursos hídricos y la
complejidad que comporta la gestión de toda una Demarcación hidrográfica
que además es la más poblada del país.

La Disposición Adicional decimoquinta. Reglas de
explotación del Trasvase Tajo-Segura, rompe esta lógica y razonable
caracterización y pretende convertir la naturaleza de la decisión de
trasvasar en reglada en la gestión ordinaria o no excepcional. Para ello
configura la autorización en los denominados nivel 1 y 2 como una
obligación incondicional utilizando la expresión «autorizará» y no «podrá
autorizar» como sería lo adecuado a una decisión de estas
características.

Así las facultades de la Autoridad competente en las
situaciones ordinarias se reducen a comprobar si se da el presupuesto de
hecho establecido que, además, tiene un marcado carácter cuantitativo
(umbrales) y ajeno al respeto del régimen de caudales ecológicos y los
objetivos medioambientales.

Quiebra en la unidad de gestión de la Demarcación
hidrográfica

La Confederación Hidrográfica del Tajo es el organismo de
cuenca y por tanto quien tiene encomendada por Ley el principal papel en
la gestión hidrológica de la parte española de la Demarcación
hidrográfica del Tajo.

Conforme a las facultades otorgadas a la Confederación
Hidrográfica del Tajo para el seguimiento del Plan hidrológico de cuenca
y la explotación de la red de infraestructuras básicas de la parte
española de la Demarcación hidrográfica, es el organismo que tiene que
velar por la consecución de los objetivos medioambientales en la gestión
ordinaria del trasvase Tajo-Segura. Los embalses de Entrepeñas y Buendía
forman parte de la red de «infraestructuras básicas» de la
Demarcación.

A pesar de esta realidad jurídica la modificación del
régimen jurídico del trasvase Tajo-Segura no sólo suprime toda remisión
al Plan hidrológico de cuenca, sino que minimiza el papel del «órgano
competente» en la gestión ordinaria (nivel 1 y 2) ya que se reduce a
constatar los umbrales cuantitativos y autorizar, sin que pueda
intervenir la Confederación Hidrográfica en su función de adecuar la
gestión cuantitativa de los recursos hídricos para el cumplimento de los
objetivos de la planificación hidrográfica, incluidos los
medioambientales.

Incumplimiento de integración de los objetivos
medioambientales

La Instrucción de planificación hidrológica configura las
«reglas de explotación» como un instrumento normativo de carácter
reglamentario cuya finalidad es «establecer los suministros de agua que
configuran la oferta de recursos disponibles del sistema de explotación,
cumpliendo los objetivos medioambientales».

Esta obligación de integrar los objetivos medioambientales
en las reglas de explotación constituye una adaptación directa del
Derecho interno al artículo 4 de la Directiva marco del agua.

Las «reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura»
deberían por tanto estar sometidas de forma expresa al cumplimiento de
los objetivos medioambientales.

Sin embargo, las reglas de explotación propuestas en la
Disposición Adicional decimoquinta no sólo omiten cualquier referencia
expresa al obligado cumplimiento de los objetivos medioambientales, sino
que al suprimir la remisión al Plan hidrológico de cuenca y automatizar
las autorizaciones ordinarias de trasvase en base a predeterminados
umbrales cuantitativos, excluyen toda posibilidad de integrar el
cumplimiento de dichos objetivos medioambientales.

ENMIENDA NÚM. 69

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX) y de don Miguel
Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el
Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al
Anexo I. Grupo 2. d.

ENMIENDA

De modificación.

Texto que se propone:

d) Los proyectos consistentes en la realización de
perforaciones para la exploración y sondeos de investigación o
explotación de hidrocarburos, almacenamiento de CO2, almacenamiento de
gas y geotermia de media y alta entalpia, que requieran la utilización de
técnicas de fracturación hidráulica.

No se incluyen en este apartado las perforaciones de
sondeos de investigación que tengan por objeto la toma de testigos
previos a proyectos de perforación que requieran la utilización de
técnicas de facturación hidráulica.

JUSTIFICACIÓN

Los sondeos de investigación para la toma de testigos
previos que utilizan técnicas de perforación hidráulica deben tener los
mismos requerimientos de evaluación ambiental dado que ambos se realizan

mediante la misma técnica y por lo tanto con el mismo
riesgo para el Medio Ambiente. De no someterse a informe de evaluación
ambiental ordinaria podría existir un alto riesgo de contaminación de los
acuíferos subterráneos con el consiguiente perjuicio medioambiental.

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula 3 enmiendas al Proyecto de Ley de Evaluación Ambiental.

Palacio del Senado, 13 de noviembre de 2013.—El
Portavoz Adjunto, Antolín Sanz Pérez.

ENMIENDA NÚM. 70

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del
Artículo 47.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo artículo 48 después del artículo 47
(renumerando los artículos siguientes).

«Artículo 48 (nuevo). Publicidad de la autorización del
proyecto.

1. El órgano sustantivo, en el plazo de quince días desde
que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al
«Boletín Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente, para su
publicación, un extracto del contenido de dicha decisión.

Asimismo publicará en su sede electrónica la decisión sobre
la autorización o denegación del proyecto y una referencia al «Boletín
Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente en el que se publicó
el informe de impacto ambiental.»

JUSTIFICACIÓN

Con la publicación de la autorización se permite una máxima
difusión de su contenido y posibilita la presentación de recursos en vía
administrativa o judicial frente a este acto de aprobación del proyecto
y, también, frente al contenido del informe de impacto ambiental.

ENMIENDA NÚM. 71

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Disposición final primera. Dos.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica la letra t) del apartado dos de la disposición
de la disposición final primera, que queda redactado como sigue:

«t) El suministro o almacenamiento de combustible mediante
el fondeo permanente de buques-tanque en las aguas comprendidas dentro de
los espacios naturales protegidos y de los espacios protegidos Red Natura
2000, la recepción de dicho combustible así como el abastecimiento de
combustible a los referidos buques-tanque.

Se considerará que el fondeo es permanente aunque haya
eventuales periodos de ausencia del buque o se sustituya o reemplace el
mismo por otro de la misma compañía, armador o grupo, siempre que la
finalidad del fondeo sea el almacenamiento para el suministro de
combustible.»

JUSTIFICACIÓN

Se introduce un nuevo párrafo para precisar lo que se
entiende por fondeo permanente.

ENMIENDA NÚM. 72

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Disposición final octava. Apartado
nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo apartado 4 a la Disposición final
octava:

«4. La disposición adicional decimoquinta, las
disposiciones finales segunda, tercera, cuarta y quinta, y la disposición
transitoria segunda se dictan al amparo de lo dispuesto en el artículo
149.1.22.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia
exclusiva sobre la legislación, ordenación y concesión de recursos y
aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una
Comunidad Autónoma, y la autorización de las instalaciones eléctricas
cuando su aprovechamiento afecte a otra Comunidad o el transporte de
energía salga de su ámbito territorial.»

JUSTIFICACIÓN

La disposición adicional decimoquinta, relativa a las
reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura; las disposiciones finales
segunda, tercera, cuarta y quinta, que modifican distintas leyes en
materia hidráulica; y la disposición transitoria segunda son ajenas a la
materia de la evaluación ambiental y no parece que puedan tener cabida en
el supuesto del artículo 149.23.ª Son legislación básica, pero en virtud
del artículo 149.1.22.ª de la Constitución.

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 99
enmiendas al Proyecto de Ley de Evaluación Ambiental.

Palacio del Senado, 13 de noviembre de 2013.—El
Portavoz Adjunto, José Miguel Camacho Sánchez.

ENMIENDA NÚM. 73

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Preámbulo.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del Preámbulo.

MOTIVACIÓN

De acuerdo con la argumentación expresada en el veto.

ENMIENDA NÚM. 74

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo 1.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del Artículo 1.

MOTIVACIÓN

De acuerdo con la argumentación expresada en el veto.

ENMIENDA NÚM. 75

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo 2.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del Artículo 2.

MOTIVACIÓN

De acuerdo con la argumentación expresada en el veto.

ENMIENDA NÚM. 76

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo 3.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del Artículo 3.

MOTIVACIÓN

De acuerdo con la argumentación expresada en el veto.

Página
247