BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES


CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


X LEGISLATURA


Serie D: GENERAL


5 de marzo de 2015

Núm. 623

ÍNDICE


Control de la acción del Gobierno


COMUNICACIONES DEL GOBIERNO


200/000003 Comunicación del Gobierno en la que solicita la celebración de un debate de política general sobre el estado de la Nación.


Propuestas de resolución presentadas por los Grupos Parlamentarios … (Página 2)


Resoluciones aprobadas por el Pleno de la Cámara ... (Página143)

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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO


COMUNICACIONES DEL GOBIERNO


200/000003


De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las propuestas de resolución presentadas por los Grupos Parlamentarios con motivo del
debate de la Comunicación del Gobierno para el debate de política general sobre el estado de la Nación.


Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2015.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de don Pedro Quevedo Iturbe y doña Ana María Oramas González-Moro, Diputados de Coalición Canaria-Nueva Canarias, presentan, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso
de los Diputados, las siguientes propuestas de resolución con motivo del debate sobre el estado de la Nación del año 2015.


Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2015.—Pedro Quevedo Iturbe y Ana María Oramas González-Moro, Diputados.—Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


Propuesta de resolución núm. 1


Propuesta de resolución sobre la privatización de AENA y los aeropuertos canarios


La decisión del Ministerio de Fomento de poner en manos privadas el 49% de la empresa pública Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) ha puesto en serio peligro a un sector estratégico para la economía, el turismo y el futuro de
Canarias. Esta operación de privatización es una nueva agresión que compromete el futuro del archipiélago canario y que se sustenta únicamente en la ideología conservadora y recentralizadora del Gobierno español.


No existe ninguna razón que avale la venta de los aeródromos canarios toda vez que cuatro de los diez aeropuertos que generan beneficios en la red estatal (casi 600 millones de euros en 2013) son canarios, eficientes, innovadores, seguros y
modernos.


Esta operación de privatización compromete el futuro de Canarias. Una de las primeras consecuencias puede ser el cierre de las instalaciones deficitarias como las de La Gomera o El Hierro, la subida de tasas, la reducción de conexiones, el
encarecimiento de los billetes de avión y la pérdida de inversión en infraestructuras. Los intereses de los nuevos socios que se sientan en el Consejo de Administración de AENA, que primarán la rentabilidad frente al interés general, no coincidirán
con los planes que necesitaría desarrollar Canarias, entre los que hoy se encuentran, por ejemplo, la ampliación de la pista del aeropuerto de Lanzarote, la ampliación del horario de apertura de Fuerteventura, las nuevas pistas de Tenerife Sur y
Gran Canaria o el trato diferenciado de los aeropuertos de La Palma, La Gomera y El Hierro.


Como en anteriores ocasiones el Gobierno del Estado ha diseñado y aprobado sus planes en despachos cerrados y en reuniones reservadas a determinados sectores, en las que se ha vetado la presencia de las Comunidades Autónomas, y ha obviado
también que el Estatuto de Autonomía de Canarias «asume la gestión de los aeropuertos de interés general cuando el Estado no se haya reservado su gestión directa». En concreto, en su artículo 33.13 establece que a la Comunidad Autónoma le
corresponde la competencia de ejecución en «puertos y aeropuertos con calificación de interés general, cuando el Estado no se reserve su gestión directa».


Se obvia además que la red de aeropuertos canarios constituye un auténtico sistema aeroportuario en sí mismo con características singulares y con un interés determinante para los intereses estratégicos de Canarias.

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Por todo ello y:


Considerando que el conjunto de los aeropuertos de Canarias, de Interés General del Estado, conforman una red de infraestructuras estratégicas e insustituibles para la cohesión territorial y para la economía de dicha Comunidad Autónoma.


Considerando que el Gobierno del Estado, ha dispuesto la enajenación del 49% de las acciones del gestor aeroportuario AENA, S.A., configurando así una empresa mixta, pública-privada, cuya gestión del servicio público encomendado, lejos de
constituir una gestión directa, se ha tornado, a la luz de la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en una gestión indirecta del mismo.


Considerando que el Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado por la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, modificada por la Ley Orgánica 4/2006, de 30 de diciembre, atribuye en su artículo 33.13 a dicha Comunidad Autónoma, la competencia
ejecutiva, esto es, de gestión de dichos aeropuertos con calificación de interés general, cuando el Estado no se reserve su gestión directa.


Considerando la reiterada oposición del Gobierno de Canarias, de su Parlamento y de las principales Instituciones de dicha Comunidad, a la inclusión del conjunto de los aeropuertos canarios en el proceso privatizador.


Considerando que ante la radical desestimación del Gobierno de España, el Gobierno de Canarias ha emprendido las acciones judiciales a su alcance, en reclamación del ejercicio de su competencia de gestión aeroportuaria que le reconoce su
Estatuto de Autonomía.


Considerando que pese a los antecedentes expuestos, la consumación del proceso privatizador acarrea de esta forma inciertas consecuencias negativas al Interés General.


El Congreso de los Diputados, insta al Gobierno de España, a convenir con el Gobierno de Canarias, una solución al conflicto competencial planteado, y en todo caso, mediante la retroacción que proceda, desagregar y excluir del proceso
privatizador a los aeropuertos de Canarias, disponiendo su gestión por la Comunidad Autónoma, o acordando un modelo de cogestión con la participación del Gobierno y las Instituciones Canarias.


Propuesta de resolución núm. 2


Propuesta de resolución REF


La insularidad y la lejanía condicionan de forma permanente la realidad canaria y vienen a constituir la esencia de lo que hemos venido en denominar el hecho insular canario. Estas singularidades han sido reconocidas a lo largo de la
historia de una forma u otra desde la anexión del archipiélago a la Corona de Castilla. Y se han concretado de forma singular por primera vez en el Real Decreto de Puertos Francos de 1852 y más recientemente con las modificaciones del Régimen
Económico y Fiscal en las plenamente vigentes Leyes 20/1991 y 19/1994 del REF. La necesidad de que Canarias vea reconocidas sus singularidades ha sido incorporada de forma precisa al derecho primario de la Unión Europea como se recoge en el
artículo 349 del Tratado donde se expone su carácter de región ultraperiférica con una precisión, lamentablemente superior a la del Estado español, de las dificultades que genera el hecho diferencial canario y de su carácter permanente.


El pasado 20 de enero el Congreso de los Diputados respaldó la reforma de los aspectos fiscales del REF para el periodo 2015-2020. Un reconocimiento que apoyamos significando también la insuficiencia de esta actualización si no viene
acompañada de la más relevante sobre los aspectos económicos del REF.


Estos aspectos hacen referencia a políticas que son determinantes para paliar los déficits permanentes que afectan a Canarias, a su competitividad y a su desarrollo, con el objetivo de estar en condiciones similares a las comunidades del
territorio continental.


Las bonificaciones a la energía, al transporte de pasajeros y mercancías, a la desalación del agua, a las políticas específicas de empleo y del transporte, entre otras. También el compromiso de recibir al menos el promedio de inversiones
del conjunto de las comunidades autónomas en los Presupuestos Generales del Estado, tal como establece el artículo 96 de la Ley 20/1991, sistemáticamente incumplidos por este Gobierno.

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Políticas todas ellas determinantes para limitar los efectos adversos de las dificultades permanentes y estructurales que comprometen el desarrollo y la competitividad de la sociedad canaria, como ha venido señalando entre otros y
reiteradamente el Parlamento canario, la última ocasión el 10 de febrero del año en curso.


Por todo ello, Nueva Canarias y Coalición Canaria formulamos las siguientes propuestas de resolución:


1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España al cumplimiento de los aspectos económicos del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) contenidos en las Leyes 20/1991 y 19/1994 de modificación del REF, que se encuentran
plenamente vigentes, especialmente el artículo 96 de la Ley 20/1991 que establece que las inversiones estatales no sean inferiores al promedio que corresponda para el conjunto de las Comunidades Autónomas, excluidas de este cómputo las inversiones
que compensen el hecho insular.


2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a que la actualización de los aspectos económicos del REF, que solo depende de la negociación entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias, se lleve a cabo cuanto antes,
fijando como fecha límite la presente legislatura para su aprobación.


3. El Congreso de los Diputados declara que la actualización de los aspectos económicos del REF en ningún caso deben estar supeditados ni condicionados por la imprescindible modificación del sistema de financiación de las CCAA de régimen
común, dado que las medidas contenidas en el denominado «REF económico» están destinadas a compensar de forma directa los hándicaps estructurales del Archipiélago canario, garantizando que la lejanía e insularidad de Canarias —que la convierten en
región ultraperiférica de la Unión Europea— sean compensadas a través de políticas específicas y suficientes y por tanto son ajenas e independientes de la modificación del sistema de financiación de las CC.AA.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Por medio de este escrito y al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural con motivo del Debate de política general en torno al
estado de la Nación, viene a formular las siguientes propuestas de resolución.


Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2015.—Joan Coscubiela Conesa y José Luis Centella Gómez, Portavoces del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.


Propuesta de resolución núm. 3


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA. La Izquierda Plural, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación, formula
la siguiente propuesta de resolución para el impulso de un plan de rescate social.


La Constitución Española, en su artículo 41, establece que «los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de
necesidad». Por su parte, la Comisión Europea, en el marco de la Estrategia Europea 2020, se plantea el objetivo de reducir el número de personas en situación de pobreza y exclusión social, y para ello insta a los Estados miembros a trabajar para
mejorar el acceso al trabajo, a la seguridad social y a los servicios sociales básicos. En el mismo sentido, el Comité Económico y Social Europeo ha emitido un Dictamen reclamando un plan de rescate social para poder hacer efectiva la Estrategia
Europea 2020.


Sin embargo, transcurridos ya más de cuatro años desde la formulación de los objetivos europeos especificados en la Estrategia 2020, el seguimiento del indicador AROPE (tasa de riesgo de pobreza y exclusión social) y sus componentes muestra
que en España no solo no se ha avanzado en la reducción de la pobreza y la exclusión social, sino que, por el contrario, ha aumentado enormemente.

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Las cifras actuales indican que un 27,3% de la población (12.866.000) se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social. En consecuencia, la privación material severa ha aumentado un 38% (del 4,5% al 6,2%), lo que implica, entre otras
cosas, más personas que tienen dificultades para alimentarse adecuadamente, más personas que retrasan el pago de gastos relacionados con la vivienda principal, que no pueden mantener su vivienda con una temperatura adecuada y que no tienen ninguna
capacidad para afrontar algún gasto imprevisto.


Junto al aumento de la pobreza, otro de los problemas que con la crisis se ha visto agravado es el aumento de la desigualdad. Entre 2009 y 2012 se ha producido una evolución fuertemente creciente, que contrasta con la relativa estabilidad
que había mantenido en el periodo 2005-2008. En conjunto, desde el año 2009, el Índice de Gini se ha incrementado en 8 décimas para situarse en 33,7 puntos (donde 0 implicaría la no presencia de desigualdad y 100 la máxima desigualdad). Además, la
proporción de los ingresos totales percibidos por el 20% de la población con mayores ingresos multiplica por 6,3% la percibida por el 20% con menos ingresos.


Es tal la incapacidad del Estado de Bienestar en España de aliviar la desigualdad que incluso ha sido denunciada recientemente en informes de la OCDE. En ellos, se constata la relativa generosidad de las políticas sociales con colectivos de
rentas elevadas, que reciben del Estado transferencias totales por un valor superior a su peso demográfico. En cambio, los segmentos con nivel socioeconómico más bajo obtienen un volumen inferior al que le correspondería. Por lo tanto, en España
se han empobrecido los más pobres (los hogares situados en las dos, a lo sumo, tres primeras décimas de ingreso), que han sido abandonados a su suerte por un Estado que no ha previsto impulsar políticas para dar respuesta al empeoramiento de sus
condiciones de vida.


En tercer lugar, también ha adquirido una preocupante magnitud el problema relacionado con la imposibilidad de mantener la vivienda a una temperatura adecuada. Un reciente estudio de la Asociación de Ciencias Ambientales apunta que más de
un 15% de la población española (7 millones de personas) padece pobreza energética. Las causas de este problema son múltiples pero destacan dos por encima del resto: el incremento de la pobreza y el incremento continuado de los precios de la
energía. Como consecuencia, el porcentaje de ingresos que las familias deben destinar a gastos de energía también ha aumentado: la cantidad de hogares que han dedicado más de un 10% de sus ingresos al consumo de energía ha pasado de un 5% en 2007
a representar un 17% en la actualidad. Otras cifras muestran que el 8% de las personas encuestadas en 2013 por la Encuesta de Condiciones de Vida reconocían haber sufrido retrasos en el pago de los suministros básicos. Los datos muestran, sin
dejar lugar a demasiadas dudas, que el problema de la pobreza energética ha adquirido una dimensión claramente general desde el estallido de la crisis económica en 2008.


Ante esta situación, puede interpretarse que el aumento de las cifras de pobreza energética podría ser una de las múltiples manifestaciones de cómo la crisis económica está afectando a la sociedad. Sin embargo, no se trata de observar solo
las circunstancias coyunturales. Existen causas estructurales sin las cuales no se puede explicar que incluso en épocas de bonanza económica, un porcentaje nada desdeñable de los hogares se encuentre en dificultades para afrontar este tipo de
gastos. Los suministros básicos son un servicio público esencial y como tal deben ser tratados. Por ello, es necesario que se lleven a cabo tantas modificaciones legales y estructurales como sean necesarias para luchar contra la pobreza energética
y asegurar que toda la ciudadanía tiene acceso.


Respecto al problema vinculado al acceso y mantenimiento de la vivienda, año y medio después de la entrada en vigor de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, reestructuración de
deuda y alquiler social; el drama de los desahucios sigue tan vivo como al inicio de la crisis. La situación es de emergencia social y lo único que hace el Gobierno para revertirla es actuar tarde, a remolque de la lucha social y cerrando en falso
los conflictos con falsas soluciones. En este contexto, es del todo necesario impulsar una reforma a fondo de la legislación hipotecaria y civil para limitar el sobreendeudamiento y garantizar el acceso a una vivienda digna.


Por último, en cuestión de fiscalidad las reformas llevadas a cabo por este Gobierno han sido un juego de suma cero: ganan los grandes empresarios y las rentas más elevadas, y pierde el resto de la ciudadanía.


Si bien la Constitución establece que el sistema fiscal debe ser justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad, así como eficaz para lograr la consecución del mandato del artículo 31 de la Constitución de que todos
contribuyan al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo a su capacidad económica; las medidas impulsadas por el Gobierno en materia fiscal siguen el camino contrario, el de la destrucción de la progresividad fiscal y el aumento de la
desigualdad.

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No es cierto que no existan alternativas. La brecha en presión fiscal con la media de la Unión Europea es de unos 7 puntos porcentuales con relación al PIB, y además, el fraude fiscal en nuestro país es desmesurado. Existe margen
suficiente para implementar reformas que establezcan una fiscalidad justa y progresiva. En materia de IVA, por ejemplo, sabemos que este es un impuesto claramente regresivo en los bienes esenciales, porque son las rentas más bajas las que deben
dedicar una parte más importante de sus rentas para el consumo de esos bienes. En este sentido, se podría perfectamente aplicar un tipo impositivo reducido a suministros básicos o a la cultura y, en paralelo, considerar medidas alternativas para
aumentar la recaudación del IVA.


En resumen, se puede afirmar que España continúa hoy en una situación de emergencia social. En la actualidad, cualquiera puede caer en el pozo de la pobreza. Y ya no hablamos de una pobreza con un origen únicamente de carácter económico,
sino que está relacionada con otros factores como son la vivienda, la sanidad, la formación o la educación, esto es, con los recortes sustanciales que han sufrido numerosas políticas públicas.


Es en este contexto en el que se crea la necesidad de establecer un plan de rescate social que garantice que todas las personas tengan las necesidades básicas aseguradas en los aspectos esenciales para una vida digna: alimentación, ingresos
mínimos, vivienda y suministros principales. Este plan deberá materializarse a partir del impulso de políticas públicas, modificaciones legislativas y todas aquellas medidas necesarias para evitar la exclusión social de los ciudadanos y ciudadanas.


Por tanto, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Aprobar, en colaboración con las Comunidades Autónomas, un plan de Rescate Social contra la pobreza y la exclusión social que garantice que todas las personas tengan las necesidades básicas aseguradas en los aspectos esenciales para una
vida digna; y que incluya, entre otras medidas:


a) Regular una prestación económica de Renta Mínima Garantizada de Ciudadanía para hacer frente el estado de necesidad en que se encuentren los ciudadanos.


b) Garantizar la disponibilidad de una vivienda o un alojamiento digno, en caso de pérdida de la vivienda habitual por razones de insuficiencia de recursos o desahucios.


c) Presentar una reforma legislativa contra el sobreendeudamiento de familias y protección a deudores hipotecarios que incluya, como mínimo, la regulación de la dación en pago con efectos retroactivos y/o la promulgación de una Ley de
Segunda Oportunidad que permita a los deudores hipotecarios proceder a la reestructuración ordenada de sus deudas.


d) Garantizar el suministro de todos aquellos servicios esenciales, y que estos mantengan la condición de esenciales independientemente de si abonan las facturas de los suministros o no.


e) Impedir que las empresas suministradoras puedan interrumpir el servicio y excluir a nadie por razón de retraso o impago del recibo siempre y cuando reúnan las condiciones de renta familiar que se determinen o cuando vaya acompañado del
informe del órgano competente en materia de servicios sociales.


2. Abordar una ambiciosa reforma fiscal que potencie la suficiencia y progresividad del sistema tributario y mejore la distribución de la renta. Entre las medidas que debe contener dicha reforma se destacan las siguientes:


a) Un Plan ambicioso de lucha contra el fraude.


b) Una revisión en profundidad del impuesto sobre sociedades y del régimen fiscal de las sociedades patrimoniales.


c) La creación de un impuesto sobre bienes suntuarios y un impuesto sobre la riqueza.


d) El desarrollo de una fiscalidad verde introduciendo criterios ambientales en el sistema tributario mediante la aplicación de los tributos que gravan la energía, la conversión de algunos tributos ya existentes en medioambientales o
mediante la creación de nuevas figuras tributarias.


e) Modificar la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido con el objetivo de aplicar una reducción generalizada del tipo impositivo a aquellos bienes que tengan un claro interés socioeconómico.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación, formula
la siguiente propuesta de resolución para un plan de impulso de trabajo digno y prestaciones públicas de desempleo suficientes.


Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2015.—José Luis Centella Gómez y Joan Coscubiela Conesa, Portavoces del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.


Propuesta de resolución núm. 4


Tras más de siete años de crisis económica y más de tres años de gobierno del Partido Popular ya se dispone de datos suficientes para realizar un balance del impacto que ha tenido en el empleo, en su calidad, en las condiciones de trabajo,
en el salario, en el modelo de relaciones laborales, en la negociación colectiva y en la protección social.


Hablar de recuperación del empleo es esconder la dura realidad, el desempleo se mantiene en casi un 24% de la población activa, y llega hasta el 48% para las personas de entre 16 y 29 años. Si nos fijamos en las personas que cotizan a la
Seguridad Social de los más de 19 millones de cotizantes el año 2008 en enero de 2015 cotizan dieciséis millones y medio (2.500.000 menos).


No se destruyen tantos puestos de trabajo como en años anteriores, el desempleo va disminuyendo en cifras absolutas y porcentuales (muy poco, y no lo suficiente como para dejar de pensar en 4 millones y medio de parados), pero, primero, el
desempleo entre los jóvenes se mantiene por encima del 48%, y no disminuye, segundo los desempleados de larga duración (más de un año) alcanzan los tres millones cuatrocientos mil (3.400.000), y finalmente cada vez hay más personas en situación de
desempleo que no perciben ningún tipo de prestación o ayuda, desde el año 2008 hasta el año 2014, la tasa de cobertura 20%, y desde el año 2012 hasta el año 2014 ha caído 7%.


Si nos detenemos un momento en los puestos de trabajo que se están creando, dejando al margen los datos de creación de empleo que tienen un carácter casi exclusivamente estacional, los datos reflejan una cierta recuperación de los contratos
indefinidos, representan un 5,6% del total de contratos que se suscriben, pero esta recuperación es imperceptible si se tiene en cuenta que desde el año 2008 se han perdido más de 1 millón de contratos indefinidos. Otra de las tendencias que
merecen remarcarse es que si mientras en el período de 2008 al 2013 el porcentaje de los contratos indefinidos subía en relación con los temporales, durante el año 2014 (primeros síntomas de la tendencia a la creación de empleo) empieza a crecer el
porcentaje de los contratos temporales sobre los indefinidos.


En cualquier caso, el contrato de trabajo es el que más crece; a finales de 2014 están ocupadas a tiempo parcial un total de dos millones ochocientas mil personas (2.800.000), 400.000 más que el año 2008, hasta situarse en más del 16% de
los contratos que se suscriben. Del contrato a tiempo parcial también hay que destacar que el 60% de las personas así contratadas desearían serlo a tiempo completo, que la media de horas contratadas a la semana es de 17 horas (menos de la mitad de
la jornada), y que el 74% de los contratos a tiempo parcial son subscritos por mujeres.


Con esta situación de la contratación el resultado es evidente, 1 de cada 3 trabajadores cobra un salario de, como máximo, 645 euros mensuales (SMI), y un 60% de los trabajadores cobran, como máximo, 1.000 euros netos mensuales.


A estas circunstancias hay que añadir que semanalmente se están realizando más de cinco millones trescientas mil horas extras, de las cuales el 50% ni tan siquiera se pagan a los trabajadores.


En resumen, el 24% de la población activa se encuentra sin trabajo, y un total de casi 1.800.000 no cobra ningún tipo de prestación o ayuda, y entre los trabajadores ocupados, la mayoría está percibiendo un salario indigno según el Comité de
Derechos Sociales del Consejo de Europa. Pobreza, precariedad y desigualdad. Las políticas laborales del PP han sacrificado a los trabajadores en el altar de los bancos.


Este es el resultado, estas son las consecuencias de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 3/2012, tramitado posteriormente como Ley 3/2012, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo (reforma laboral), y del Real
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad (de recorte de las prestaciones y subsidios de desempleo), y los posteriores Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, y
Ley 1/2014, de 28 de febrero, y de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación

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estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores (enésima modificación y flexibilización a favor de las empresas del contrato a tiempo parcial) y del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el
crecimiento, la competitividad y la eficiencia (modificación de las políticas de intermediación laboral).


Y también es el resultado del constante incumplimiento por parte del gobierno del PP de los tratados internacionales suscritos y ratificados por España y que, de conformidad con el artículo 96 y artículo 10.2.º de la Constitución Española, y
el artículo 28 de la reciente Ley 25/2014, «producirán efectos en España».


Si nos detenemos un momento en cómo ven el estado de la nación y la reforma laboral del gobierno del PP desde la Organización Internacional del Trabajo, desde el Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa y desde el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea, en el último año y medio nos encontramos con las siguientes condenas a España por incumplimiento de tratados internacionales, en el ámbito del derecho del trabajo y la protección social.


Una condena de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por vulneración de los derechos de libertad sindical y negociación colectiva, contenidos en los Convenios 87 y 98, ratificados por España, en la medida que la reforma laboral, ni
fue consultada con los agentes sociales, y porque además rompe, a favor de la parte empresarial, el necesario equilibrio que debe existir en el ámbito de la relación de trabajo.


Incumplimiento de la Agenda de trabajo decente de la Organización internacional del Trabajo.


Condenas del Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa por vulneración de la Carta Social europea en los siguientes aspectos:


— Las prestaciones y subsidios de carácter social para atender estados de necesidad tienen una cuantía económica manifiestamente insuficiente.


— La cuantía del salario mínimo interprofesional es no suficiente para garantizar un nivel de vida digno.


— El periodo de prueba de un año del contrato de trabajo para emprendedores es contrario a la Carta Social europea y al derecho al trabajo.


— Las contraprestaciones existentes legalmente en España para compensar la realización de horas extraordinarias son manifiestamente insuficientes.


— Falta de consulta con los agentes sociales antes de aprobar la reforma laboral.


— Por criminalización del derecho de huelga y de la actividad sindical.


— Por falta de garantías para los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales.


Varias condenas del Tribunal de Justicia de la Unión europea por incumplimientos de Directivas aplicables al ámbito del trabajo:


— La regulación legal española en materia de protección social derivada del contrato a tiempo parcial ha sido declarada contraria a la normativa europea en la medida que vulnera el principio de igualdad y no discriminación por razón de sexo.


— La regulación legal española en materia de contratación temporal es contraria a la normativa europea en la medida que no establece medidas sancionadoras a la utilización abusiva de la contratación temporal.


Por todo ello, el Congreso de Diputados insta al Gobierno a:


Primero. Aplicar y hacer efectivos los 4 objetivos estratégicos de la OIT que tienen como objetivo transversal la igualdad de género:


1.º Crear empleo y empleo de calidad, y para ello es imprescindible derogar la reforma laboral y aplicar los tratados internacionales, la Carta Social europea y la Directiva europea sobre trabajo temporal, para que la contratación temporal
se sujete de forma estricta al principio de causalidad y para que se sancione de forma plenamente disuasoria la utilización fraudulenta y abusiva de la contratación temporal, acatando la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la
Directiva sobre trabajo temporal.


Para que el contrato de trabajo a tiempo parcial se rija por el principio de voluntariedad y sea un instrumento al servicio de las necesidades de los trabajadores para la conciliación de la vida laboral y familiar, cumpliendo la Directiva
europea sobre trabajo a tiempo parcial.


2.º Garantizar los derechos de los trabajadores, y para ello es imprescindible derogar la reforma laboral y aplicar los tratados internacionales, la Carta Social Europea y los Convenios de la OIT, para que

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los salarios sean de una cuantía que garantice una vida digna, para que los convenios colectivos recuperen su función de fijación de las condiciones de trabajo. Para, en palabras de la OIT, que los trabajadores desfavorecidos o pobres
tengan unas leyes adecuadas que se cumplan y estén a favor, y no en contra de sus intereses.


3.º Extender la protección social, y para ello es imprescindible derogar la reforma laboral y aplicar los tratados internacionales, la Carta Social Europea para garantizar unas prestaciones públicas adecuadas en caso de pérdida o reducción
de ingresos.


4.º Promover el diálogo social entre las organizaciones empresariales y sindicales, y para ello es imprescindible derogar la reforma laboral y aplicar los tratados internacionales, los Convenios de la OIT, y, de esta forma, volver a
reequilibrar la negociación colectiva para que pueda cumplir su función de fijación de los derechos y obligaciones de ambas partes en el contrato de trabajo.


Segundo. Cumplir las previsiones contenidas en los Tratados Internacionales del ámbito social del derecho y con las sentencias de los tribunales internacionales de justicia relativas a derechos sociales.


Tercero. Garantizar que los trabajadores no sean tratados como una mercancía, recuperando el carácter público de las actividades de los servicios públicos de empleo y la prohibición de las agencias de colocación con fines lucrativos. Las
agencias privadas sin afán de lucro deberán ser autorizadas expresamente, de forma que el silencio administrativo en el trámite de solicitud tenga carácter negativo.


Garantizar que las políticas de empleo se diseñen y se aprueben con la participación de los agentes sociales. Potenciar los servicios públicos de empleo como instrumento básico de las políticas activas de empleo. Todas las medidas que
conformen las políticas activas de empleo deberán ser ejecutadas por las Comunidades Autónomas, que tengan asumida su competencia.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación, formula
la siguiente propuesta de resolución por el derecho a una vivienda digna y una segunda oportunidad.


Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2015.—José Luis Centella Gómez y Joan Coscubiela Conesa, Portavoces del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.


Propuesta de resolución núm. 5


La crisis inmobiliaria es uno de los componentes más importantes de la depresión económica por la que estamos atravesando. Es causa tanto de la visión y concepto economicista que han tenido los distintos gobiernos del país que solo han
profundizado en la liberalización del mercado de un bien esencial para todos los ciudadanos, como del correspondiente menosprecio ante un derecho constitucional y humano. El derecho a la vivienda no puede estar regido por las reglas del mercado,
favoreciendo única y exclusivamente a los intereses de los sectores financieros e inmobiliarios mediante ventajas legislativas, financieras y fiscales.


Existen muchas políticas para conseguir que la vivienda sea un derecho y no solo una mercancía. Políticas públicas que garanticen el derecho constitucional a una vivienda digna, que generen distintos beneficios sociales y corrijan las
injusticias patentes y escandalosas de los procedimientos hipotecarios y la indefensión de los deudores frente a las entidades financieras. Todas ellas, además, permitirían a las familias disponer de recursos que podrían destinar a favorecer la
demanda interna y con ello la salida de la crisis y la generación de empleo.


Lamentablemente, el drama de los desahucios continúa tan vivo como cuando comenzó la crisis y las políticas del Gobierno siguen sin abordar las causas de fondo ni las soluciones reales; es más, incluso ponen recursos ante el Tribunal
Constitucional a iniciativas como el Decreto-ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda de la Junta de Andalucía que, entre otras disposiciones, declaraba de interés social a efectos de
expropiación forzosa la cobertura de

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necesidad de vivienda de personas en especiales circunstancias de emergencia social, aplicando ésta a las viviendas incursas en procedimientos de desahucio instado por entidades financieras.


Según los escuetos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística al respecto, durante el tercer trimestre de 2014 se realizaron 23.240 procesos de ejecución hipotecaria, un 10,5% más que en el mismo trimestre del 2013. Asimismo,
el 77,3% de las viviendas de personas físicas con ejecución hipotecaria (6.787) son viviendas habituales en propiedad, un 13,5% más que en el mismo trimestre de 2013.


Por su parte, los datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial indican que los lanzamientos practicados por los tribunales superiores de justicia aumentaron un 3,5% entre los meses de abril y junio, hasta alcanzar los 18.749
procesos. De esta cifra, los lanzamientos por impago de la hipoteca en este periodo alcanzaron los 7.907, un 17,2% más que en el segundo trimestre de 2013.


En este contexto de emergencia habitacional, las medidas impulsadas por el Gobierno a remolque de la presión de los movimientos y agentes sociales, están gozando de un reducido impacto sobre la reducción del número de familias afectadas.
Durante los dos años de aplicación del Código de Buenas Prácticas Bancarias, aprobado en marzo de 2012 y confirmado en la Ley 1/2013, se han denegado el 44% de las solicitudes recibidas por los restrictivos criterios de inclusión de la norma.
Únicamente el 19,7% de las solicitudes ha obtenido una reestructuración de la deuda. En cifras absolutas, solo unas 20.000 familias españolas se han beneficiado de las medidas de protección frente al sobreendeudamiento, incluyendo suspensiones de
lanzamientos, reestructuración de deuda y daciones en pago, frente a los 346.784 lanzamientos que, según datos del Consejo General del Poder Judicial, se produjeron en España desde enero de 2008 hasta junio de 2014.


Por si fuera poco, el Gobierno está dispuesto a agilizar los desahucios de aquellas personas y familias que viven en régimen de alquiler. Así, no contento con mostrar una flagrante incapacidad para solucionar los problemas de los deudores
hipotecarios, ahora parece que se empeña en superarse complicándoles la vida todavía más a aquellos que, por causa del desempleo de larga duración y la precariedad, encuentran enormes dificultades para afrontar el pago del alquiler. Es evidente que
este Gobierno ha tomado partido y demuestra que entre sus prioridades no se encuentra el garantizar el derecho de los ciudadanos a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, un derecho reconocido en el artículo 47 de nuestra Constitución.


Del mismo modo, el Fondo Social de Vivienda (FSV), otra de las medidas estrella contenidas en la citada Ley, ha rechazado el 43,6% de las solicitudes por no cumplir los solicitantes con los requisitos, y ha dado como resultado en dieciséis
meses de funcionamiento la suscripción de poco más de 1.400 contratos de alquiler. Más del 75% (4.600) de las 6.000 viviendas asignadas al Fondo Social de Vivienda están todavía vacías, lo cual contrasta con las más de 104.000 familias que han
perdido su vivienda desde la creación de dicho Fondo.


Otra de las medidas incluidas en la Ley 1/2013, y que ya estaba contemplada en el anterior Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre; fue la moratoria o suspensión por un plazo de dos años de los desahucios de las familias que se
encuentren en una situación de especial riesgo de exclusión. Esta medida, vistos los datos ofrecidos, se ha demostrado del todo insuficiente pues la gran mayoría de los solicitantes han sido excluidos por no cumplir los requisitos.


El estado de necesidad en el que se encuentran la mayoría de los deudores requiere la aplicación de la moratoria con carácter universal e indefinido. Debe poder aplicarse a petición del deudor y en cualquier fase en que se encuentre su
tramitación siempre que se cumplan las condiciones de domicilio habitual, insolvencia sobrevenida y no disponibilidad de otra vivienda con las que satisfacer el derecho.


En segundo lugar, por lo que se refiere al Código de Buenas Prácticas Bancarias, éste no debe ser de adhesión voluntaria sino que debe establecerse una obligación a las entidades bancarias de someterse a él. Por lo que se refiere al deudor,
éste debería poder elegir libremente las alternativas de protección que se planteen: reestructuración, quita o dación.


Por lo que se refiere al Fondo Social de Viviendas, los datos evidencian que no está funcionando. Por ello es importante reformular su objetivo principal y ser conscientes que su finalidad es la de ofrecer cobertura a aquellas personas que
han sido desalojadas de su vivienda habitual y facilitar el acceso a contratos de arrendamiento con rentas asumibles en función de los ingresos. En esa línea, se hace imprescindible llevar a cabo una revisión de los requisitos de acceso de forma
que el alcance sea ampliado. Sumado a ello, hay que asegurar que las entidades bancarias pongan a disposición las viviendas suficientes y que éstas estén en condiciones para ser habitadas. Para dotarse del número necesario de viviendas, el Fondo
debería poder disponer de aquellos inmuebles transferidos a la SAREB de entidades

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nacionalizadas, de viviendas de entidades financieras participadas por el FROB y de viviendas desocupadas de titularidad pública.


Por último, más allá de la necesaria aplicación de estas medidas urgentes y de choque, existe la necesidad de adoptar las reformas legislativas necesarias para reconocer la dación en pago y otros mecanismos de reestructuración o cancelación
de la deuda que protejan a los deudores hipotecarios. En este sentido, no es tolerable que el Gobierno actúe de forma reactiva y a remolque de las sentencias de los Tribunales de Justicia Europeos. Tanto la dación en pago como su aplicación
retroactiva deben ser contempladas por la legislación. Asimismo, deben llevarse a cabo las modificaciones legislativas pertinentes para evitar situaciones de sobreendeudamiento o de abuso. Necesitamos facilitar la reestructuración de la deuda
hipotecaria de las familias, como la que se ha hecho con las promotoras inmobiliarias.


Así y de cara al futuro, lo más importante es la aprobación inmediata de una Ley de Segunda Oportunidad para que los ciudadanos dejen de estar en situación de clara desventaja con respecto a las sociedades mercantiles por no poder ejercer el
derecho a reestructurar las deudas. Y en segundo lugar, para que los españoles dejen de ser, junto a los húngaros, los únicos europeos que no disponen de una Ley de Segunda Oportunidad que evite su muerte civil. Por razones éticas, de justicia,
humanitarias, pero también por razones económicas, es muy necesario facilitar la reestructuración de la deuda hipotecaria de las familias.


La Ley de Segunda Oportunidad es un clamor generalizado en la sociedad. Se trata de modular y acotar el principio de responsabilidad patrimonial universal del artículo 1.911 del Código Civil como ya sucede con las sociedades mercantiles.


Por tanto, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Presentar una reforma legislativa contra el sobreendeudamiento de familias y de protección a deudores hipotecarios que incluya como mínimo los siguientes ejes:


a) Regulación de la dación en pago con efectos retroactivos.


b) Establecimiento de una moratoria universal e indefinida de los procedimientos hipotecados (en régimen de compra o alquiler) siempre que se cumplan las condiciones de domicilio habitual, insolvencia sobrevenida y no disponibilidad de otra
vivienda con las que satisfacer el derecho. Dicha paralización, que incluye también la suspensión en el devengo de intereses, se mantendrá mientras no se acuerde la dación en pago, o se incluya en un procedimiento de liquidación ordenada de las
deudas de la persona afectada, de «segunda oportunidad» que también puede incluir la quita de la deuda o una refinanciación de la misma, siempre en condiciones ajustadas a las posibilidades del deudor.


c) Revisar los requisitos de acceso al Fondo Social de Viviendas, con rentas asumibles en función de los ingresos, ampliando las viviendas disponibles con los inmuebles transferidos a la SAREB, viviendas de entidades financieras participadas
por el FROB y viviendas desocupadas de titularidad pública.


d) Mientras no se lleven a cabo las modificaciones legislativas necesarias para hacer frente a la emergencia habitacional, contemplar la expropiación temporal del uso de inmuebles propiedad de la banca de las viviendas afectadas por
procedimientos de desahucio para facilitar el acceso a contratos de arrendamiento con rentas asumibles en función de los ingresos a aquellas personas y familias que hayan sufrido un lanzamiento hipotecario.


e) Modificación del Código de Buenas Prácticas Bancarias, estableciendo la obligatoriedad de la mediación y arbitraje judicial en cualquier proceso de ejecución hipotecaria, introduciendo la libre elección del deudor frente a las
alternativas de protección de deudores hipotecarios que se plantean y suprimiendo los condicionantes y limitaciones de carácter personal o familiar para delimitación del umbral de exclusión.


f) Habilitación de un procedimiento extraordinario para proceder a la revisión de aquellos procesos ejecutivos que hayan finalizado con sentencia firme, susceptibles de haberse acogido a la oposición por cláusulas abusivas.


g) Promulgación de una Ley de Segunda Oportunidad en que se presente un procedimiento ante insolvencia familiar que permita a los deudores hipotecarios proceder a la reestructuración ordenada de sus deudas.


2. Presentar y dotar con los fondos públicos necesarios, suficientes y accesibles, un Plan de fomento del desarrollo y la regeneración urbana desde una visión integral, articulando las vertientes económica, social y ambiental de las
actuaciones desde la consideración de sus impactos y complementariedades de forma que favorezca la puesta en valor del patrimonio urbanizado y edificado con valor histórico, artístico o

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cultural, así como para incidir en la rehabilitación de viviendas como un instrumento de gran importancia para la recuperación de nuestra economía y para la mejora de la eficiencia energética del parque construido.


3. Retirar el recurso de inconstitucionalidad presentado contra el Decreto-ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda de la Junta de Andalucía.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación, formula
la siguiente propuesta de resolución por una economía justa y ecológica ante la crisis climática y energética.


Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2015.—José Luis Centella Gómez y Joan Coscubiela Conesa, Portavoces del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.


Propuesta de resolución núm. 6


Hace ya más de un lustro que estamos inmersos en una crisis económica y social que cuestiona una y otra vez la concepción del modelo de crecimiento que teníamos hasta ahora y que nos ha llevado a una extrema situación de desigualdad y de
concentración de la riqueza. Paralelamente a esta grave situación las sociedades europeas, y la española en especial, siguen enfrentándose al cambio climático y otros graves problemas medioambientales. Siendo sorprendente por lo obvio debemos
situar de nuevo en el centro del debate un hecho: los recursos del planeta son limitados y el sistema de crecimiento existente en nuestro país compromete seriamente nuestro futuro en él.


Un ejemplo, tal vez el más significativo, de la escasez de recursos es el de la disponibilidad de agua. El cambio climático pero también la sobreutilización de agua potable con una gran y creciente demanda en los usos agrícolas e
industriales pero también de servicios, no olvidemos las consecuencias de nuestro modelo turístico en el consumo de agua, amenazan con reducir considerablemente la cantidad de agua disponible. Pero el agua no es el único bien escaso, el cobre, el
petróleo o el acero son recursos menguantes y si seguimos con nuestro modelo de consumo cada vez serán más y más difíciles de encontrar.


La sobreexplotación de los recursos naturales, la deforestación, la sobrepesca, la intensificación de la producción ganadera y agrícola no solo genera un agotamiento de recursos, y un impacto negativo en el medio sino que, aunque parezca
inversemblante, también provoca pérdidas económicas. El Banco Mundial estimaba en el 2009 que los rendimientos económicos perdidos a raíz de la sobrepesca a escala mundial ascendían a 50.000 millones de dólares al año.


La pérdida de biodiversidad generada por la producción y el consumo insostenible, el cambio climático, la contaminación de hábitats terrestres y marinos y la transformación de los ecosistemas en zonas artificiales con el fin de satisfacer la
demanda de sobreproducción existente pone de manifiesto la percepción limitada del valor de la naturaleza. La pérdida de los procesos, servicios y funciones de la naturaleza empeora la capacidad que tenemos para enfrentarnos a otros problemas de la
crisis ambiental. A pesar de ello, España incumple de manera recurrente varias directivas europeas vitales para la biodiversidad, como la del agua, aves o hábitat.


El modelo energético actual basado en los combustibles fósiles es insostenible tanto a nivel ambiental como económico. De hecho, son ellos los principales responsables de las emisiones contaminantes y de cambio climático, de la elevada
dependencia energética del Estado, y de la hipoteca de nuestra balanza comercial.


El 95% de la población española está expuesta a unos niveles de contaminación que supera las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, lo que provoca 27.000 muertes prematuras en España, 12 veces más que por los accidentes de
tráfico. El incumplimiento de la Directiva Europea de techos nacionales de emisión ha provocado que la Comisión Europea haya abierto un procedimiento sancionador contra España.

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A pesar de que España es uno de los países de la UE más vulnerables ante un aumento de la temperatura media, ni siquiera está en la senda de cumplir con los objetivos de cambio climático mediante políticas y medidas en el ámbito nacional
según la Agencia Europea del Medio Ambiente.


Los combustibles fósiles no solo tienen un impacto negativo sobre nuestra salud y medio ambiente sino que también frenan nuestra economía. Durante el 2014 la factura española por las importaciones energéticas fue de 38.071 millones de
euros: 29.065 millones por petróleo y 8.239 millones por el gas.


Tanto la comunidad científica como varios organismos internacionales como por ejemplo la Agencia Internacional de la Energía o el IPCC (Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático) alertan de la crisis energética y el colapso del
modelo actual así como de la necesidad de transitar hacia un modelo basado en el ahorro, la eficiencia y las energías renovables. También han advertido que se deberían dejar en el subsuelo la mayoría de las reservas de hidrocarburos si no queremos
sobrepasar un aumento de 2°C en la temperatura terrestre a final de siglo.


Sin embargo, la política del Gobierno insiste en el mismo modelo obsoleto, insostenible y peligroso que parece estar al servicio de los intereses de las compañías energéticas y no de la población en general. Buscan la solución al
agotamiento y a la dependencia de los recursos en la explotación de nuevos espacios con reservas inciertas de combustibles fósiles y arriesgando el patrimonio natural y la biodiversidad. Favorecen el crecimiento de infraestructuras gasistas y
compras a futuros que no se corresponden con las necesidades reales, parecen más bien un intento de salvar el exceso de MW instalados en centrales de ciclo combinado que se encuentran parados actualmente. Marginan el transporte por ferrocarril,
tanto de mercancías como el de pasajeros; a pesar de que el AVE es utilizado por un 2’6% de pasajeros, la inversión en 2012 era del 49% frente el 19% destinada a cercanías.


Se han dedicado a mercantilizar el medio natural con la creación de los bancos de conservación, han privatizado el dominio público hidráulico con su ley de costas, han desprotegido los parques nacionales permitiendo actividades excluidas
hasta el momento y que van a permitir la degradación de los mismos como figura de máxima protección, han presentado un proyecto de ley de montes que vuelve a permitir la construcción en zonas incendiadas, abriendo las puertas a la especulación
urbanística en zonas naturales.


Todas estas políticas son miopes e irresponsables. Son una huida hacia delante ignorando un problema que existe y se agrava porque los gobiernos no lo están afrontando con decisión. La factura de la crisis ecológica crece, e hipotecará
tanto a las generaciones más jóvenes como a las futuras que deberán hacer frente a la solución de un problema creado por modelo desarrollista sin límites que ha degradado el planeta y consumido recursos muy por encima de nuestras posibilidades.


Este Gobierno tiene una percepción del Medio Ambiente, de la eficiencia energética y de las energías renovables como un lastre para la economía, en vez de como una oportunidad para salir de la crisis, cambiando de modelo productivo y creando
puestos de trabajo vinculados a sectores de la economía verde. Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo del 2012, la economía ecológica tiene un enorme potencial de creación de empleo; en España se podrían generar dos millones
de puestos de trabajo en la próxima década.


La situación de crisis climática y energética requiere de respuestas que no se pueden aplazar más. Es necesario abordar una transición verde socialmente justa basada en la descarbonización de la economía, apostando por la eficiencia
energética, la reducción de emisiones y las energías renovables; en la protección del medio natural, deteniendo la destrucción de biodiversidad de manera que se asegure que los ecosistemas son resilientes y sigan suministrando servicios esenciales.
También se requiere con urgencia un nuevo pacto social. El mercado por sí solo no podrá abordar esta problemática y los estados sólo podrán hacerlo si cooperan entre ellos. Sin embargo, como país sí podemos iniciar el camino del cambio hacia un
nuevo modelo de economía ecológica. Hay que hacer posible una nueva economía verde que corrija las externalidades negativas que generan ciertas actividades; en este aspecto se hace imprescindible una nueva fiscalidad verde que recaude pero sobre
todo que reencauce nuestro modelo industrial. Y, ante la falta de propuestas referentes a la industria de este gobierno, nosotros proponemos una que no sólo corregirá los males referidos más arriba sino que supondrá un decisivo impulso en la salida
de España de la crisis. Proponemos un Green New Deal, una transformación que comprenda cambios en el modelo energético, tecnológico, ecológico y social. El gobierno debe guiar una política de reconversión hacia una economía verde en el largo plazo
que promueva formas de producción, movilidad y consumo sostenibles. Una política económica que deje atrás la dependencia de los combustibles fósiles y las nucleares y que se «descarbonice» ayudando en la lucha contra el cambio climático.

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La economía ecológica ofrece una buena oportunidad para incrementar la competitividad, promover la creación de empleo de calidad y reducir el impacto medioambiental de la economía. Los sectores que podrían ser especialmente interesantes
para la reactivación de la economía para salir de la crisis son los de las energías renovables, transporte sostenible, rehabilitación energética de los edificios, donde queda largo camino por recorrer y es una salida directa a la crisis de la
construcción, gestión de residuos, industria básica de producción de hierro y acero, aluminio, cemento y papel y pasta.


Por todos estos motivos, el Congreso de los Diputados:


1. Muestra su profunda preocupación por el modelo productivo del Gobierno que busca maximizar el beneficio económico a corto plazo sin tener en cuenta los limites ecológicos existentes.


2. Insta al Gobierno a implementar un Green New Deal o Nuevo Pacto Social Verde como plan de transición del modelo productivo en el que la sostenibilidad sea un pilar de la economía y una oportunidad de creación de puestos trabajo de
calidad, que deberá tener en cuenta:


— Un plan de transición energética que impulse la soberanía, independencia, democratización y descentralización energética, abandonando los combustibles fósiles y la energía nuclear, e impulsando las energías renovables, el ahorro y la
eficiencia energética.


— Un plan de rehabilitación energética de edificios a través de un mejor aislamiento, utilización de energías renovables y de equipamientos más eficientes.


— Cambio modal a favor de los modos de transporte público y la movilidad no motorizada, electrificando al máximo el transporte terrestre y priorizando el transporte ferroviario, tanto de mercancías como de pasajeros, que asegure un
transporte público accesible, asequible, inteligente y sostenible.


— La elaboración de una ley de cambio climático que articule una serie de medidas concretas con la finalidad de reducir las emisiones causantes del cambio climático.


— Reforma fiscal verde, entendida no tanto como un conjunto de impuestos y recargos sino como un sistema de reorientación tributaria destinado a modificar comportamientos de los ciudadanos y las empresas en el consumo de bienes y servicios,
sustituyendo unos, los de mayor impacto ambiental y emisiones de CO2, por otros de menor impacto y más eficientes energéticamente.


— La aplicación estricta de la Estrategia de Biodiversidad de la UE, asegurando la protección de los hábitats, la flora, la fauna, las aguas y los suelos.


— La reducción del uso de recursos naturales y de la producción de residuos, estableciendo un modelo de gestión de residuos basado en la reducción, la recuperación, la reutilización y el reciclaje, así como el establecimiento del sistema de
devolución y retorno de envases.


— El estricto cumplimiento de la Directiva Marco del Agua, especialmente del principio de no deterioro de las masas de agua y de la aplicación de las Directivas de Aves y Hábitats. Garantizar que los caudales ecológicos supongan una
restricción al resto de usos.


— Una política agrícola basada en la biodiversidad, el comercio local, la producción extensiva, la agricultura y ganadería ecológica y el apoyo a los pequeños agricultores y ganaderos que sea compatible con la preservación del medio
ambiente.


— Un modelo pesquero sostenible, que prohíba los descartes, permita recuperar las poblaciones de peces a niveles abundantes y lleve a cabo una transición de la flota pesquera hacia una pesca sostenible con artes de pesca selectivas y
prácticas respetuosas con el medio marino.


3. Insta al Gobierno a prohibir la realización de actividades de prospección, exploración, investigación o explotación de hidrocarburos, así como de gases de roca y no convencionales que utilicen la técnica de fractura hidráulica y
paralización de aquellos proyectos que ya estén en marcha, por los riesgos, impactos y repercusiones negativas que ocasionarán sobre el medio ambiente, sobre la actividad pesquera y el turismo.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario lU, lCV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación, formula
la siguiente propuesta de resolución para la celebración de un referéndum en Cataluña sobre su relación política y por la apertura de un proceso constituyente.


Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2015.—José Luis Centella Gómez y Joan Coscubiela Conesa, Portavoces del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.


Propuesta de resolución núm. 7


Nuestro sistema democrático renació hace ahora treinta y seis años y durante este tiempo ha puesto de manifiesto sus virtudes, pero también, no cabe duda, sus claros déficits. El modelo político-institucional nacido en el 1978 ya se
constituyó con claras limitaciones, definiéndose un sistema democrático de baja intensidad, reacio a la participación ciudadana, estableciendo unas reglas del juego destinadas a favorecer el bipartidismo, falto de mecanismos de incidencia política y
de exigencia de rendición de cuentas. Nuestra Constitución es, así mismo, innecesariamente rígida en otros aspectos, como el referido a la Corona y a la forma de Estado, y calculadamente ambigua cuando se refiere a la organización territorial, con
el fin de facilitar los acuerdos en un contexto muy condicionado por la presencia aún vigente del franquismo y de los poderes que la sustentaban, y que hoy ya no tienen sentido.


Si bien estos y otros déficits no son nuevos, sí se han puesto en evidencia de manera acentuada a partir del estallido de la crisis. Esta coyuntura excepcional ha sido aprovechada de manera descarada para quebrar el pacto social mediante la
aplicación de medidas de austeridad salvaje que han supuesto durísimos recortes en los pilares fundamentales del estado del bienestar: salud, educación, servicios sociales o pensiones, entre otros. Los derechos laborales se han visto así mismo
degradados, al elevado paro se ha sumado una precariedad creciente, no sólo en el mercado de trabajo, también en el conjunto de ámbitos de la calidad de vida de las personas. Todo ello ignorando las demandas de la ciudadanía mientras, en cambio, se
adoptaban las citadas y otras medidas impuestas por el poder económico, y nuestras instituciones se sometían a organismos no elegidos democráticamente.


Se rompe el contrato social que subyace a nuestro estado del bienestar y se vulnera la misma democracia, y sin embargo la Constitución permanece inmutable y se la pretende excluir de toda reforma que permita, precisamente, fortalecer e
impulsar su contenido social y dar más poder a la ciudadanía frente a poderes no democráticos. Una rigidez tan solo quebrada puntualmente para introducir, de manera acelerada, sin debate ni consenso, precisamente la constítucionalización de las
medidas de austeridad, con la reforma del artículo 135, lo que supone un paso más en la privatización de la soberanía a favor de las mercados.


Por si todo esto fuera poco, especialmente en los últimos años, se ha impuesto una lectura restrictiva y recentralizadora del texto constitucional, especialmente en el ámbito de la organización territorial del Estado, y del reconocimiento de
su plurinacionalidad. En este sentido destaca la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Un Tribunal víctima de la manipulación política y partidista que restringe aquello que las mismas Cortes Generales,
representantes de la soberanía popular, habían aprobado, y que el mismo pueblo de Cataluña había refrendado.


Así pues, hoy podemos constatar que el modelo social, político e institucional surgido de la transición se encuentra claramente en crisis. A sus limitaciones de partida se ha sumado su uso interesado y partidista en beneficio de un
determinado modelo político, social y económico regresivo y centralista. A lo que se suma el dato indiscutible de que más de un 60% de la ciudadanía con derecho a voto no pudo participar en el referéndum de esta Constitución, más de 22 millones de
personas.


No es de extrañar que, ante estos hechos, crezca el malestar. Es la rigidez lo que contribuye de manera más decidida a propiciar la ruptura, especialmente cuando los vientos de cambio son más y más fuertes. Esos vientos de cambio arrecian
desde diferentes ámbitos, desde el 15M, las mareas ciudadanas, el movimiento de afectados por la hipoteca, las movilizaciones sindicales en defensa de un trabajo digno y del derecho de huelga y también las movilizaciones sociales a favor del derecho
a decidir de Cataluña.


Este último caso es paradigmático precisamente por ser el resultado de la suma de una situación de parálisis, producto de la lectura restrictiva y partidista de la CE, así como de una estrategia absurda de retroceso en la autonomía y el
autogobierno de esa comunidad, de recentralización de competencias, de ataque a la lengua catalana y a un modelo de éxito como el de la inmersión lingüística con la LOMCE, del incumplimiento del sistema de financiación y tantos otros ejemplos.

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Así pues, hoy una mayoría de la ciudadanía de Cataluña no encuentra cabida en la Constitución a sus aspiraciones políticas. Y por ello lleva años expresando una reivindicación legítima, ética y democrática como es el ejercicio del derecho a
decidir qué relación quiere establecer con España. Lo ha expresado políticamente a partir de una mayoría clara representada en el Parlament de Catalunya. Y lo ha expresado también una mayoría social, de manera cada vez más masiva, cada 11 de
septiembre, durante la celebración de la Diada Nacional de Catalunya desde 2012 hasta hoy. Así mismo la consulta del pasado día 9 de noviembre vuelve a poner de manifiesto el carácter masivo de esta reivindicación, el protagonismo de la ciudadanía
y el éxito de la convocatoria. Todo ello siempre de manera cívica y pacífica.


Un conflicto político debe ser afrontado por cauces políticos. Y una reivindicación democrática debe ser atendida de manera democrática. Es una cuestión de voluntad política. Existen en nuestra carta magna y en nuestro ordenamiento
jurídico posibilidades evidentes de dar cauce a dicha demanda de manera legal. Las leyes, y especialmente los representantes públicos, deben ofrecer soluciones a los conflictos políticos, no enconados. La delegación de la competencia para
autorizar, convocar y celebrar referéndums a la Generalitat, contemplada en el artículo 150.2 de la CE, sigue siendo una alternativa factible. No puede decirse, sin engañar a la ciudadanía, que esta propuesta no cabe en la Constitución. Y menos,
después de la reciente Sentencia, del 25 de marzo, del Tribunal Constitucional.


La celebración de un referéndum con todas las garantías legales y democráticas sigue siendo la solución. No caben atajos ni imposiciones unilaterales por parte de nadie.


Ejercer el derecho a decidir no es sinónimo de independencia, sino de democracia. Así lo ha demostrado Canadá con el Quebec, o Gran Bretaña con Escocia. Ante la actual situación de parálisis la mejor salida es darle la palabra a la
ciudadanía de Cataluña para que decida qué relación quiere mantener con el resto del Estado. Y para que pueda expresarlo en toda su pluralidad, si quiere mantenerse como una autonomía, o bien opta por un estado propio con quien establecer
relaciones federales o confederales, o si prefiere constituirse como un Estado plenamente independiente dentro de la UE.


Es evidente que si, del resultado de esta consulta, se desprende un tipo de relación entre Cataluña y España distinta a las previstas en la CE, ello obligaría a iniciar un proceso de diálogo y negociación y previsiblemente a impulsar una
reforma constitucional que debería ser votada por el conjunto de la ciudadanía española.


Por todo ello urge abordar el conflicto sobre la estructura política del Estado en el marco de un nuevo proceso constituyente en el que, como dice el Tribunal Constitucional de nuevo en su sentencia 42/2014, de 25 de marzo, no haya ningún
aspecto vetado a poder discutirse y ser reformado. El único límite es que lo que se acuerde sea expresión libre de la voluntad de la ciudadanía. Un proceso constituyente que recupere para los ciudadanos la soberanía, la democracia real frente a
los mercados. Que permita discutir aquello que hace treinta y seis años nos fue vetado.


El derecho a decidir, que hoy se le niega a la ciudadanía de Cataluña, se le ha negado a todos los ciudadanos españoles durante estos treinta y seis años por los sucesivos Gobiernos. El último ejemplo, la negativa a someter a referéndum la
forma de estado, entre monarquía o república, aprovechando la abdicación del rey. Igualmente, impidiendo un referéndum consultivo en Cataluña se está no solo cerrando el paso a la participación de los catalanes, sino que se está afianzando un
concepto de democracia en el que los ciudadanos son sujetos pasivos, meros espectadores de la política.


Ha llegado el momento de que la ciudadanía tome la palabra. Ante la ruptura de todos los pactos que han sustentado el actual sistema político y social en las últimas décadas, es cada vez más urgente la apertura de un proceso constituyente
en que la ciudadanía debata y decida sobre qué forma de estado prefiere, monarquía o república; sobre los derechos y la manera de garantizarlos, sobre nuestras instituciones públicas o sobre las vías de participación ciudadana, entre otros, para
que marque sus prioridades y sea la verdadera protagonista de las decisiones de los poderes públicos.


Por todo ello el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Facilitar la celebración de un referéndum en Cataluña sobre la relación política que la ciudadanía de dicha comunidad desea establecer con el resto del Estado.


2. Impulsar un proceso constituyente que permita una reforma integral de la Constitución Española para favorecer la participación ciudadana, una profundización democrática, y para garantizar un modelo económico que asegure la justicia
social, el bienestar y la sostenibilidad ecológica.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación, formula
la siguiente propuesta de resolución para la convocatoria de una Conferencia Europea sobre la Reestructuración de la Deuda Pública.


Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2015.—José Luis Centella Gómez y Joan Coscubiela Conesa, Portavoces del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.


Propuesta de resolución núm. 8


Hace sesenta y dos años, en Londres se firmó un acuerdo sobre le deuda externa alemana gracias al cual Alemania es el país que hoy conocemos. Sin ese acuerdo en el que se contemplaba una quita de parte de la deuda germana no entenderíamos a
Alemania tal y como es. Después de ese acuerdo Alemania pagó únicamente el 30% de la deuda que tenía con sus acreedores.


Hoy, el reciente triunfo electoral del partido político SYRIZA en Grecia y la consiguiente formación de un nuevo gobierno de izquierdas, ha puesto de nuevo en la agenda política el debate sobre la deuda pública.


Es tiempo de que Europa corrija los errores económicos del pasado, empezando por la reestructuración de la deuda pública griega. Es una deuda que se endurece día a día por tres motivos. En primer lugar, por las tendencias deflacionarias
que presenta la Unión Europea (UE), ante las que el Banco Central Europeo (BCE) no está cumpliendo con su labor de mantener la inflación en torno al 2%, lo que dificulta el drenaje de la deuda helena. En segundo lugar, las draconianas condiciones
de austeridad impuestas por la troika dificultan enormemente el crecimiento, único factor que facilitaría la reducción de la deuda. Finalmente, hay parte de la deuda que es de dudosa legitimidad y que fue utilizada para el rescate del sector
financiero griego y para saldar cuentas de manera prioritaria con acreedores extranjeros, como fueron determinados bancos alemanes o franceses.


En todo caso, la deuda pública de los países del sur no podrá ser pagada en las condiciones actuales. Es necesario llegar a un gran acuerdo europeo que permita reestructurar la deuda pública y privada de los países, especialmente del sur de
Europa. Dicho acuerdo debería conllevar, al menos, las siguientes medidas: el alargamiento de los plazos establecidos, la disminución de los tipos de interés, la condonación parcial correspondiente a la deuda ilegítima y la garantía de
financiación posterior por el BCE.


Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Instar al Consejo Europeo, a la Comisión Europea y a la Presidencia de turno del Consejo a convocar una Conferencia Europea de Deuda para proceder a una auditoría y evaluación del endeudamiento público y privado en el conjunto de la
Unión Europea, y proceder a la aprobación de un programa europeo de reestructuración de la deuda.


2. Promover la derogación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza y del Pacto por el Euro Plus.


3. Promover la derogación de toda referencia institucional a la prioridad absoluta del pago de la deuda.


4. Promover la puesta en marcha de un plan europeo de estímulo económico que permita superar la crisis social y económica, y posibilite comenzar la corrección de los desequilibrios en las estructuras productivas de los países de la zona
euro, con financiación a cargo del Banco Central Europeo.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación, formula
la siguiente propuesta de resolución contra la restricción de derechos fundamentales, la represión de la protesta social y en defensa del derecho de huelga.


Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2015.—José Luis Centella Gómez y Joan Coscubiela Conesa, Portavoces del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

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Propuesta de resolución núm. 9


El Gobierno ha acelerado le aprobación del bloque legislativo represivo que conforman los Proyectos de Ley de reforma del Código Penal, de Protección de la Seguridad Ciudadana y la Proposición de Ley de reforma del Código Penal en materia de
delitos de terrorismo recientemente pactada con el PSOE. En su conjunto, estas reformas legislativas suponen un retroceso y una restricción de derechos fundamentales sin precedentes en democracia.


La denominada «Ley Mordaza» tiene como único objetivo la criminalización de las libertades, la persecución de la protesta social pacífica y, especialmente, las situaciones de pobreza. Una reforma caracterizada por el aumento de las
infracciones y el agravamiento de las sanciones, la desproporción de las mismas, la huida del control judicial, derivando a los ciudadanos a la justicia contencioso-administrativa, la persecución de formas de protesta ciudadana pacífica, o la
persecución del ejercicio de derechos fundamentales, fundamentalmente el derecho de reunión, manifestación, huelga o libertad de expresión y libertad de información, entre otros.


Además, resulta inaceptable tanto por la forma como por el fondo la legalización de las «devoluciones en caliente» o el «rechazo en frontera» que pretende el Gobierno a través de este Proyecto de Ley contrario a nuestra propia legislación y
al derecho internacional. Tampoco podemos obviar el rechazo masivo que este Proyecto de Ley en su totalidad, y concretamente con esta modificación, ha suscitado entre los movimientos sociales y organizaciones de Derechos Humanos, así como las
críticas recibidas tanto desde la Unión Europea (UE) como de la ONU, a las que el Gobierno hace caso omiso.


Con respecto a la reforma del Código Penal, las numerosas modificaciones en su tramitación son el reflejo del «caos» legislativo fruto de la improvisación del Gobierno y de la necesidad de aprobar su Código Penal con «apariencia» de
consenso. Lejos de ser un Código Penal de la democracia, el Gobierno aprobará el Código Penal del Partido Popular, apoyado únicamente por su mayoría absoluta, con la oposición de todos los grupos parlamentarios y un rechazo unánime de todos los
sectores y de las organizaciones sociales, por vulnerar importantes principios del derecho penal así como derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución.


Mención aparte merece la reforma del artículo 315 que, lejos de suponer una solución a los casos de ingreso en prisión por comportamientos irrelevantes, reitera la concepción antisindical de configurar un tipo agravado por razón del
ejercicio del derecho de huelga.


Frente a una sociedad que se empobrece cada día más, víctima de las duras políticas de austeridad y de recortes en derechos y prestaciones sociales aplicadas en el contexto de una profunda crisis del sistema capitalista, el Gobierno sigue
adelante con una reforma penal de repercusiones insospechadas. Porque no estamos solo ante maniobras de protección frente a los previsibles efectos del descontento social, o ante estrategias de distracción para desplazar la atención de la opinión
pública hacia problemas inexistentes o secundarios. El objetivo de esta reforma es configurar un derecho penal a la medida del «nuevo orden» que se impondrá, que se viene imponiendo a partir de esta crisis. Evidencia la voluntad de liberar al
estado policial de los límites que impone el estado de derecho, un cambio de paradigma que descansa sobre el concepto de peligrosidad, categoría que representa una ideología retrógrada propia del derecho penal de autor. En este sentido, es una
reforma marcada por la introducción de la pena de prisión permanente revisable, eufemismo de una cadena perpetua encubierta, la exacerbación del «populismo punitivo» con el incremento generalizado de las penas y la criminalización de la protesta
social.


Por último, la Proposición de Ley para reformar el Código Penal en materia de delitos de terrorismo. Una vez más, el método de elaboración de la ley resulta tan excepcional como la emergencia a la que dice atender. Bajo la forma de una
estrategia comunicativa para dar la apariencia de que se actúa y de que el sistema funciona como garante de la seguridad, se acomete una reforma de los delitos de terrorismo de enorme calado que lleva a criminalizar como terrorista toda forma de
violencia política y la misma expresión de la disidencia, protesta y contestación, que siempre lleva implícita alguna dosis de coacción. La reforma es de tal calado que, nada menos, ofrece un nuevo concepto de terrorismo, una de las cuestiones más
difíciles en esta cuestión y sobre la que no hay consenso internacional, pese a lo que se sostiene. Por lo pronto se extiende como mancha de aceite la finalidad que ha de caracterizar como terrorista a la acción, lo que significa que toda conducta
de protesta que comprometa el uso de violencia física o psicológica puede ser calificada corno de terrorista y sometida al régimen de excepción de la incomunicación y a órganos jurisdiccionales especializados.

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El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:


1. A paralizar la tramitación del Proyecto de Ley Orgánica de reforma del Código Penal, que configura un derecho penal de autor marcado por la introducción de la pena de prisión permanente revisable, eufemismo de una cadena perpetua
encubierta, por la exacerbación del «populismo punitivo» con el incremento generalizado de las penas y la criminalización de la protesta social.


2. A suprimir el apartado 3 del artículo 315 del Código Penal y poner fin a la ofensiva penal contra el derecho de huelga, así como a la criminalización de los sindicatos y los trabajadores y trabajadoras que participan en las huelgas, y de
manera singular, la intervención de los poderes públicos contra la libertad sindical. Asimismo, se insta al Gobierno a garantizar el pleno ejercicio los derechos constitucionales, como el derecho de Huelga de los trabajadores y trabajadoras, en
toda su extensión.


3. A paralizar la tramitación del Proyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana que, en su conjunto, supone un retroceso y una restricción de derechos fundamentales que tiene como objetivos prioritarios la criminalización
de las libertades, la persecución de la protesta social pacífica y especialmente las situaciones de pobreza.


4. A eliminar la disposición final primera que introduce una «disposición adicional décima. Régimen especial de Ceuta y Melilla» en el del Proyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, por la que se legalizan las
denominadas «devoluciones en caliente» contra lo regulado en nuestro ordenamiento y el derecho internacional.


5. A impulsar la retirada de la Proposición de Ley de reforma del Código Penal en materia de delitos de terrorismo pactada entre PP y PSOE por tratarse de una legislación de excepción que no corrige las deficiencias —más generales y
profundas— observadas por los organismos internacionales que velan por el respeto de los derechos humanos, sino que profundiza en la vaguedad y la imprecisión que caracterizan las normas penales relativas al terrorismo en España, comprometiendo el
principio de legalidad, al tiempo que aumenta desproporcionada e injustificadamente las penas y restringe peligrosamente el derecho a la libertad de expresión.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación, formula
la siguiente propuesta de resolución sobre defensa de los servicios públicos y la justicia.


Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2015.—José Luis Centella Gómez y Joan Coscubiela Conesa, Portavoces del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.


Propuesta de resolución núm. 10


Las políticas de reducción de gasto público no han servido para resolver la crisis, para que vuelva a fluir el crédito a las empresas y a las familias, ni para la creación de empleo. Es más, las políticas de consolidación fiscal y de
reducción del déficit basadas en la contención del gasto agudizan la crisis social, ralentizan la recuperación económica y la generación de empleo y afectan a la calidad de los servicios públicos, garantes de la igualdad y la cohesión social.


Los servicios públicos son fuente de desarrollo económico, creación de empleo, prosperidad y cohesión social. Defendemos la gestión pública directa como mejor fórmula de procurar el acceso universal a los servicios públicos, de favorecer la
equidad y calidad de los mismos y de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos, entre otros, a la educación, la salud o la justicia.


En cuanto a la educación se ha visto afectada por la política de recortes impulsada por el Gobierno. Por un lado, la aprobación de la LOMCE consiguió poner de acuerdo a sindicatos, oposición política, familias y estudiantes para rechazarla.
Se trata de una ley retrógrada, antieducativa, clasista, que desconfía del profesorado y que segrega. Sumado a ello, se constata el recorte continuo en becas de ayuda al alumnado así como un aumento continuado de las tasas universitarias.


En materia de sanidad, los recortes impuestos por el Gobierno han supuesto un ataque frontal contra la sanidad pública universal y de calidad. Una sanidad que ha sido la base fundamental para el desarrollo

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del estado del bienestar y que en los últimos años está padeciendo una campaña generalizada de desprestigio y desmantelamiento. Es por ello que se hace necesario retornar a la universalidad en la asistencia. Se está a tiempo de salvar un
sistema sanitaria valorado como uno de los mejores del mundo, por calidad de sus servicios y sobre todo por su carácter universal, gratuito y solidario. No debe permitirse que la sanidad pública se convierta en un negocio en el que unos pocos se
beneficien a costa de la salud de todos.


En lo referente al sistema de dependencia, la situación no es mucho mejor. La ley de dependencia se puso en marcha en 2007 para ofrecer asistencia profesional y universal a todas aquellas personas que no pueden valerse por sí mismas. Sin
embargo, los Presupuestos Generales del Estado de 2015 no contemplan la ayuda a 315.000 dependientes moderados que, tras dos años excluidos de cualquier tipo de prestación, deberían entrar por fin en el sistema de la dependencia y comenzar a ser
atendidos. Por otra parte, el peso de la inyección económica del Estado en la dependencia es cada vez más bajo. Según el último informe de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servidos Sociales, la aportación de la Administración
central se ha reducido a su cota más baja, al alcanzar un 17,9% del coste total frente al 62,7% de las autonomías. Por primera vez desde la entrada en vigor de la ley, los usuarios van a asumir una cantidad en concepto de copago mayor a la
aportación realizada por el Estado.


En cuanto a Justicia las reformas han estado marcadas por los recortes de derechos y los avances hacia la privatización del servicio público. El Gobierno ha traslado su visión mercantilista de la Justicia en la que los derechos de la
ciudadanía quedan supeditados a los intereses de determinados colectivos. Por otro lado, todas las reformas tienen en común la falta del más mínimo consenso. Este Gobierno ha llevado adelante estas reformas con el rechazo prácticamente unánime de
todos los Grupos Parlamentarios, de todos los sectores de la Justicia y de la ciudadanía ante la puesta en marcha de un plan de desmantelamiento del servicio público de la Justicia.


La Ley de Tasas Judiciales es un rotundo fracaso, sustentado sobre una justificación falsa y sobre la sospecha infundada sobre la ciudadanía. Ni las tasas tienen como destino financiar la Justicia Gratuita y es una absoluta
irresponsabilidad acusar a la ciudadanía de abusar de la Justicia, culpabilizándola de la sobresaturación de Juzgados y Tribunales. Sin embargo, la imposición generalizada de las tasas judiciales está suponiendo una barrera que impide o dificulta
el acceso a la justicia de la mayoría de la sociedad, vulnerando el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.


El Proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, actualmente en trámite, responde a la misma lógica de recortes y también el Gobierno intenta sustentarlo en la desconfianza y la sospecha sobre la ciudadanía. Un ataque más al servicio
público y no garantiza la financiación pública suficiente para el mantenimiento del sistema de justicia gratuita, derecho constitucional con base en el artículo 119 CE en conexión con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva reconocida
en el artículo 24.2 CE, que contempla como parte del mismo la asistencia y defensa de letrado.


En la misma línea, la privatización del Registro Civil a través del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, por la que se transfiere la Ilevanza del
mismo a los Registradores Mercantiles y de la Propiedad. La Ley del Registro Civil, aprobada por unanimidad en 2001, suponía la modernización de la estructura del Registro Civil configurando un Registro Civil público y gratuito. En lugar de
iniciar de forma inmediata las actuaciones imprescindibles para adecuar le actual estructura a la prevista, el Gobierno con la reforma ha emprendido una nueva privatización de un servicio público fundamental, como el Registro Civil, que afecta a los
derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Española de 1978 como son la intimidad y la igualdad de las personas.


También se encuentra en trámite el Proyecto de Jurisdicción Voluntaria, una muestra más de un gobierno que antepone intereses corporativos a los intereses y garantías de la ciudadanía, es decir, en detrimento del servicio público.
Nuevamente, el Gobierno actúa guiado por criterios mercantilistas, beneficiando a determinados colectivos, aun a riesgo de que las garantías de la ciudadanía se vean mermadas. A título ilustrativo, resulta preocupante que desde algunos sectores del
Notariado se refieran a los ciudadanos como «clientes», ni siquiera como usuarios.


Por último, el Gobierno no ha tenido voluntad de profundizar en la reforma iniciada la pasada legislatura para incidir en la implantación de la oficina judicial y en !a mejora de aspectos básicos del funcionamiento de la administración de
justicia en beneficio de la ciudadanía.

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Por tanto, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno en relación a:


Educación:


1. Retirar el Real Decreto-ley 14/2012 y de cualquier otra medida que recorte la inversión educativa o afecte a su funcionamiento reduciendo su calidad.


2. Impulsar con carácter urgente las iniciativas necesarias para derogar la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, LOMCE, así como paralizar de forma inmediata su aplicación.


3. Bajar las tasas universitarias y aumentar las becas y ayudas para los estudiantes, hasta conseguir la gratuidad de la educación en todos sus niveles.


4. Retirar el Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y el Real Decreto 99/2011, de 28 de
enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, así como comprometerse a respetar la autonomía universitaria y los procedimientos democráticos en el seno de las Universidades.


5. Garantizar una red pública de escuelas infantiles con una oferta de plazas suficientes para los menores de seis años, especialmente en el primer ciclo de Educación Infantil, asegurando su carácter estrictamente educativo, mediante los
correspondientes desarrollos normativos de ámbito estatal que establezcan el currículo básico y los requisitos mínimos de centros, ratios y profesionales para toda la etapa.


6. Garantizar una educación laica, plural ideológica y culturalmente, respetuosa con la diversidad lingüística de las CCAA con lengua propia, que no practique el adoctrinamiento y que garantice la libertad de conciencia. Para ello, se
tomarán las medidas oportunas para que las enseñanzas de religión queden fuera del horario lectivo y del currículo escolar.


7. Comprometerse a evitar cualquier tipo de despido colectivo que afecte al personal universitario, sea de profesorado, de personal de investigación o personal de administración y servicios, así como dignificar el trabajo del profesorado y
personal de investigación, especialmente de los más jóvenes, respetando sus derechos a promoción interna y estabilización en situación de dignidad laboral y salarial.


8. Comprometerse a incrementar la financiación pública universitaria hasta alcanzar el 2% del PIB en el próximo quinquenio, a razón de dos décimas de PIB por año.


Cultura:


9. Anular de forma inmediata la desproporcionada subida del IVA que grava los productos y servicios culturales, y conformar un tipo reducido de IVA para la Cultura, así como poner en marcha un programa de medidas en apoyo a los creadores y
las industrias culturales en un momento particularmente difícil para el sector.


10. Rectificar, respecto a los Archivos Estatales, su política actual para amoldarla al cumplimiento de la Recomendación N.º R. (2000) 13 del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre una Política Europea en Materia de Comunicación de
Archivos, y el Convenio del Consejo de Europa sobre el Acceso a los Documentos Públicos (Tromso, 18 de junio de 2009). Para ello, es urgente derogar el Acuerdo sobre política de seguridad de la información del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación por el que se clasifican determinadas materias con arreglo a la Ley de Secretos Oficiales, de 15 de octubre de 2010.


11. Dotar al Archivo Histórico Nacional y al Archivo General de la Administración en especial y al resto de Archivos Estatales de medios materiales y humanos extraordinarios y dedicados específicamente al tratamiento archivístico de los
fondos correspondientes a nuestra historia más cercana.


12. Reabrir, para el desarrollo de la Ley de Memoria Histórica, el Archivo Central del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, para la consulta de la documentación todavía conservada en esta institución y garantizar el acceso de
los investigadores a la restante documentación histórica relativa a la política exterior y de defensa, que esté depositada en otros archivos y no tenga carácter sensible.


Sanidad:


13. Derogar el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, que cambia el modelo universal del Sistema Nacional de Salud por un modelo de seguro, recuperando el consenso sobre el sistema sanitario público.


14. Completar y garantizar en España la cobertura sanitaria universal y gratuita para el conjunto de la población.

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15. Derogar la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del SNS que está siendo utilizada como palanca para la privatización del sistema sanitario a manos de oligopolios privados, a pesar de la oposición
de los profesionales y de la ciudadanía.


16. Desbloquear el grave retraso de la investigación sanitaria del Instituto Carlos III que pone en peligro las líneas de investigación, casi una treintena de puestos de investigador y nuestra credibilidad internacional.


17. Aprobar un Plan de Erradicación de la Hepatitis C con la participación de la Administración, Sociedades Científicas y pacientes, que contemple el acceso a los nuevos fármacos y la viabilidad del Sistema Nacional de Salud a través de la
compra conjunta en la Unión Europea y procedimientos como la licencia obligatoria.


18. Revisar y armonizar los requisitos exigibles para conseguir el permiso de residencia de forma que no queden personas sin derecho a la atención sanitaria, con especial atención a la situación de los menores.


19. Elaborar y promover Planes y Programas para prevenir y tratar los efectos de la crisis en la salud mental (estrés, depresión, adicciones y/o suicidios).


20. En justa respuesta a los objetivos del Milenio de NN.UU. y a la estrategia 20/20 de UE, y dentro de la Ley de Salud Pública, elaborar informes de impacto en salud, con el objetivo de avanzar en la estrategia de equidad en salud.


21. Rechazar el repago de pensionistas y el incremento para 2014.


22. Recuperar el presupuesto para el plan de prevención del SIDA y del abuso de drogas.


Dependencia:


23. Rectificar las medidas lesivas sobre la aplicación en sus términos originarios de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, dotando todos los recursos recogidos en dicha Ley,
cumpliendo en materia de plazos de resolución de expediente, y dando cobertura a los derechos de los colectivos con dependencia y de sus personas cuidadoras, asegurando que se desarrollen los servicios públicos en el sector de los cuidados y de
atención a las personas, con priorización a los colectivos con dependencia garantizando las condiciones laborales y salariales dignas de las personas cuidadoras.


Justicia:


24. Revertir los recortes de derechos y la privatización del servicio público de Justicia para impulsar una reforma en profundidad que garantice una justicia independiente como verdadero poder de estado y una justicia eficaz, equilibrada,
sensible a los cambios sociales y moderna en su funcionamiento que sea capaz de ofrecer a los ciudadanos un servicio público próximo y de calidad. Entre otras:


— Derogar de inmediato la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, por vulnerar el derecho
fundamental de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva.


— Paralizar la tramitación del Proyecto de Ley de Justicia Gratuita y del Proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria.


— Revertir la privatización del Registro Civil, preservando el carácter público y gratuito de este servicio fundamental.


— Convocar nuevas plazas que garanticen una ratio de jueces que tienda progresiva y eficazmente a igualarnos con los estándares de los países de nuestro entorno.


— Adoptar las medidas oportunas que eviten el colapso del servicio público de la justicia, en coordinación con los demás poderes públicos responsables de la gestión y dotación a los juzgados y tribunales de los medios personales precisos,
para reformular sus actuales políticas restrictivas respecto de suplencias y sustituciones


— Garantizar la continuidad de los Juzgados de Paz, sin ver disminuidos sus recursos y competencias.


Transporte:


25. Abordar, en colaboración con el resto de administraciones públicas competentes y desde una perspectiva integral y sistemática, el transporte y la movilidad de todos los modos de transporte, tanto de

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carácter público como privado, reconociendo el carácter esencial de las políticas de transporte y la movilidad para el desenvolvimiento de la actividad productiva y la cohesión social, ambiental y territorial.


26. Revertir la fragmentación de RENFE y la división de ADIF y potenciar los servicios públicos de ferrocarril manteniendo una moratoria en la construcción de líneas de alta velocidad.


27. Paralizar el proceso privatizador de los aeropuertos y establecer un nuevo modelo descentralizado de gestión que disponga de los recursos materiales y humanos necesarios para hacer realidad un servicio público seguro y de calidad, y que
garantice la cohesión social y territorial.


Radio Televisión Española:


28. Acabar con la elección por mayoría absoluta de la Presidencia del Consejo de Administración RTVE, procediendo además a la renovación de todos sus miembros atendiendo al criterio de representación del conjunto de la pluralidad
parlamentaria, recuperando el mecanismo de mayoría cualificada para la elección.


29. Terminar con las maniobras que están produciendo una manipulación informativa que, siendo denunciada sistemáticamente por los profesionales de informativos de RTVE, están impidiendo la difusión de una información veraz y plural.


30. Asumir los compromisos económicos con RTVE derivados de la legislación vigente para que la Corporación pueda cumplir el objetivo de rendir un servicio esencial para la comunidad dando satisfacción a las necesidades sociales de
información, cultura, educación y entretenimiento; promoviendo el pluralismo, la participación y garantizando el derecho de acceso.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación,
formula la siguiente propuesta de resolución para el impulso de las políticas de igualdad contra la discriminación y el derecho a decidir de las mujeres sobre su salud sexual y reproductiva, y la interrupción voluntaria del embarazo.


Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2015.—José Luis Centella Gómez y Joan Coscubiela Conesa, Portavoces del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.


Propuesta de resolución núm. 11


Las medidas de austeridad salvaje que se han implantado, debido a la aplicación de las políticas neoliberales en el marco de una crisis de carácter económico, institucional, cultural y ecológico, han representado una ofensiva sin precedentes
contra la igualdad de género y la conquista de derechos sociales, laborales y civiles de las mujeres.


En este contexto, en el que la crisis ha servido corno pretexto para revitalizar un sistema capitalista y patriarcal en constante agonía, es ineludible aportar una perspectiva de género. El adelgazamiento del Estado, basado en una política
de recortes de derechos sociales, sólo se hace posible mediante una intensificación del trabajo no remunerado que realizan casi exclusivamente las mujeres. El objetivo, sin duda, es trasladar los costes de los servicios públicos que sustentaba
hasta ahora el precario Estado de bienestar hacia el trabajo socialmente útil que históricamente han soportado las mujeres.


La reforma laboral impuesta por el Gobierno condena a la precarización de las mujeres en el mercado de trabajo con bajos salarios, contratos parciales, temporalidad con todas las consecuencias para las pensiones de futuro, dinamitando la
negociación colectiva y el papel de los sindicatos, que eran los que facilitaban los planes de conciliación de la vida familiar y laboral, aumentando de forma extrema la brecha salarial entre mujeres y hombres.


En paralelo, se está planteando no sólo un ataque a los derechos sociales y laborales, sino también a los derechos civiles de las mujeres. Todos ellos están encaminados hacia el mismo objetivo, que no es otro que el de que las mujeres
dejemos de jugar el papel que nos toca como corresponsables en el avance hacia la consecución de una sociedad más justa e igualitaria. Y por ello, lo primero que ha hecho este Gobierno es paralizar todas las políticas públicas de igualdad, o
disminuir hasta la mínima expresión los recursos para programas y servicios de atención a las víctimas de violencia de género, para acto seguido

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presentar un Proposición de Ley de modificación de la Ley de marzo de 2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, para impedir que las jóvenes más vulnerables puedan acceder a un aborto legal y seguro.


El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo es irrenunciable, entra dentro de la libre decisión de las mujeres y debe garantizarse sin interferencias, sin condicionantes, sin tutelas y sin penalizaciones.


Defendemos, por tanto, una ley que garantice la salud sexual y reproductiva y la interrupción voluntaria del embarazo que contenga corno ejes básicos la prevención contra los embarazos no deseados, una educación sexual que recorra todos los
estadios educativos, la coeducación real y efectiva, y la trasmisión de valores de igualdad entre mujeres y hombres.


Apostamos por una ley que permita a las mujeres interrumpir su embarazo, respetando sus razones, sin restricciones y sin tutelas. Para ello es imprescindible la regulación de la objeción de conciencia, sin que ésta pueda utilizarse como
coartada de la clase sanitaria más reaccionaria dentro del sistema sanitario público. Una ley que elimine el aborto voluntario del Código Penal tanto para las mujeres como para las y los profesionales sanitarios que lo practican.


Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. No atentar contra los derechos fundamentales de las mujeres y, por lo tanto, no modificar de manera restrictiva la actual Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Sin que esta
pueda ser modificada si no es para garantizar y ampliar los derechos reconocidos en el texto vigente.


2. Desarrollar la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, con el fin de activar las políticas públicas específicas para las mujeres, incorporando la perspectiva de género de manera efectiva y
analizando los impactos de género en cada una de las medidas de recorte y acciones legislativas que se adopten.


3. Derogar la Reforma Laboral de manera que se legisle para que el empleo sea realmente un derecho universal, de calidad, fijo y retribuido, con salarios iguales para mujeres y hombres en trabajos de igual valor, y erradicar definitivamente
las diferencias retributivas existentes.


4. Adoptar con carácter de urgencia un plan integral contra la feminización de la pobreza, que garantice la percepción de prestaciones económicas y actúe con medidas específicas para combatir el paro de larga duración y ante la exclusión
social, principalmente de aquellos colectivos más vulnerables como personas mayores o familias monoparentales.


5. Poner en marcha todos los recursos públicos que sean necesarios, para la creación y desarrollo de nueva ocupación que permita que las mujeres se incorporen al mundo del trabajo asalariado, y se actúe ante la pérdida de oportunidades que
excluyen a las mujeres del trabajo productivo. Actuar para un reparto justo del trabajo reproductivo entre hombres, mujeres y servicios públicos, para que no recaigan en ellas los roles y estereotipos sexistas, ni las cargas de trabajo que
conllevan los cuidados.


6. Llevar a cabo la adaptación curricular de educación en valores, igualdad, no discriminación y corresponsabilidad entre hombres y mujeres en todas las etapas educativas incluida la universitaria.


7. Modificar la Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa para que el Instituto de la Mujer recupere su denominación, naturaleza, régimen jurídico y funciones, así como su dirección, coordinación y
régimen de financiación que permita recuperar el enfoque en materia de género.


8. Realizar en el plazo de tres meses, a través de la Delegación del Gobierno para la violencia de género y el Instituto de la Mujer una evaluación del grado de desarrollo y cumplimiento de Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, contando con los órganos judiciales, legislativos, las Administraciones Central, Autonómicas y Locales y las asociaciones de mujeres.


9. Cumplir con carácter inmediato los objetivos que contempla el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Estambul, 11.V.2011) ratificado por España.


10. Que se actúe con contundencia y se disponga de los recursos necesarios para la erradicación de la violencia machista en nuestra sociedad invirtiendo en la educación, la prevención y la reparación de las mujeres víctimas del machismo y
de sus hijas e hijos.


11. Garantizar la autonomía y competencias de los municipios para que las políticas de igualdad, sigan siendo asumidas desde las entidades locales.

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12. Garantizar la entrada en vigor, en el plazo de dos meses, de la Ley 9/2009, de 6 de octubre, de ampliación de la duración del permiso de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogida, así como cumplir con los compromisos
adquiridos a través de las conclusiones derivadas de la Subcomisión de estudio de la racionalización de horarios, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y la corresponsabilidad, en cuanto a la presentación de un estudio sobre el
impacto social y económico, que permita la viabilidad de la equiparación a dieciséis semanas de los permisos de paternidad y maternidad de forma personal e intransferible.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación,
formula la siguiente propuesta de resolución para la concreción del programa de España en el bienio 2015-2016, como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.


Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2015.—José Luis Centella Gómez y Joan Coscubiela Conesa, Portavoces del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.


Propuesta de resolución núm. 12


Tiene gran importancia para España y para su política exterior y de cooperación su presencia en el Consejo de Seguridad de las NN. UU. como miembro no permanente en el bienio 2015-2016. España va a participar en primera fila de la
gobernanza internacional en un momento difícil del escenario político, y donde el multilateralismo presenta escenarios inciertos, algunos de ellos cargados de tensiones que deben ser resueltas en beneficio de los pueblos, las libertades y la
justicia social y ambiental que mediante la vía de la diplomacia y el dialogo ahuyente el enfrentamiento armado, las crisis humanitarias, la falta de libertades, de desarrollo sostenible y de redistribución de la riqueza.


La crisis internacional ha profundizado el cuestionamiento de los mecanismos de gobierno internacional que en parte han ayudado a causarla o no han reaccionado a tiempo y de forma solvente ante el papel desmedido del sistema financiero
desregulado. Los mecanismos de mercado se han mostrado reacios e incluso sordos a las consecuencias políticas y sociales de la crisis, a la impunidad de los agentes económicos y políticos que participaron en las decisiones que la precipitaron y a
las consecuencias para una parte inmensa de la sociedad que sufre el paro, la precariedad en el empleo, la pobreza, las privatizaciones y los recortes en los servicios públicos esenciales y en su acceso a la vivienda.


Algunos de los escenarios de crisis se han resuelto en periodos anteriores y aún hoy, con el uso desmedido e ilegal (según los convenios internacionales y las propias resoluciones de NN. UU.) de la fuerza militar, creando en muchas
ocasiones situaciones mucho peores de las que teóricamente se pretendía modificar. Hemos comprobado como en África y Oriente Medio las intervenciones militares han creado Estados fallidos, han empeorado las condiciones democráticas y han
contribuido a extender una ola de fanatismo sectario, en muchas ocasiones con marca religiosa, que golpea en este momento algunas de las capitales de Europa occidental.


Algunos de estos conflictos están creando también un verdadero desastre humanitario, con millones de personas desplazadas y refugiadas lejos de sus hogares, en muchas ocasiones, destruidos. Esto no hace más que reforzar el fenómeno
migratorio, ya de por sí agravado por la desigualdad creciente entre el Norte y el Sur y los problemas del cambio climático. Las costas mediterráneas o las fronteras de Melilla dibujan dos mundos interdependientes pero donde las personas pobres y
sin recursos se convierten en carne de cañón y nuevos esclavos del siglo XXI.


España en estos dos años debe liderar políticas internacionales que pongan sentido común a algunos de estos conflictos ahora en plena acción destructiva y también de otros anteriores que deben ser abordados definitivamente. Debe hacerlo
desde nuestro papel dentro de la UE, como puente con el mundo árabe y musulmán y también con Latinoamérica, abanderando la lucha por los Derechos Humanos, entendidos también como derechos económicos y sociales.

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Nuestra presencia coincidirá con el 15 aniversario de la Resolución 13/25 de los derechos de las mujeres y por ello es necesario recuperar un discurso y acciones consecuentes con la denuncia del papel de las mujeres como botín de guerra y
objeto de venganza militar en los conflictos, así como la reivindicación del papel de las mujeres como integrantes plenas de las sociedades desarrolladas.


Al mismo tiempo esta presencia española en el Consejo de Seguridad debe estar acompañada por una política de transparencia dentro y fuera de España, para dar a conocer el funcionamiento de este organismo, sus decisiones y el papel de los
distintos países y actores internacionales en temas tan claves como los DD. HH., la cooperación al desarrollo, la ayuda humanitaria, la reconstrucción de territorios devastados, el desarme y [os procesos pendientes de descolonización, entre otros.


Además, en el mes de septiembre de 2015 la Asamblea General de las Naciones Unidas debe aprobar la versión final de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Desde hace tres años se viene trabajando en la elaboración de los mismos;
desde diferentes espacios, ámbitos y con diferentes propuestas. En este contexto, España debe desarrollar una posición activa en la discusión y aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para que los necesarios consensos internacionales
vayan acompañados de normas jurídicas imperativas como instrumento de avance en la consecución de los citados objetivos.


Finalmente, en el mes de diciembre se celebrará la Cumbre del Clima en París (COP21) que es la última oportunidad para lograr un nuevo marco de acuerdo para transitar a una economía baja en carbono y establecer una gobernanza climática que
permita afrontar con instrumentos jurídicos y financieros suficientes los retos del cambio climático, encontrando respuestas adecuadas para combatirlo y mitigarlo de una manera justa y responsable.


Por todo ello el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Promover conversaciones, negociaciones y si cabe resoluciones para seguir garantizando el pleno Derecho de Autodeterminación del pueblo saharaui. También para que el mandato de las NN. UU. en la zona ocupada por Marruecos, MlNURSO, se
extienda a la observación, prevención y garantía de respeto a los DD. HH. (especialmente derechos políticos y de libre expresión) de la población saharaui por parte de las autoridades marroquíes. Promover también estos DD. HH. para los presos
políticos saharauis que cumplen prisión en las cárceles marroquíes.


2. Promover conversaciones, negociaciones y si cabe resoluciones que garanticen un Estado Palestino plenamente viable, con continuidad territorial y con capital en Jerusalén. Que Israel abandone los territorios ocupados y se retrotraiga a
las fronteras anteriores de 1967. Que finalice el bloqueo a la franja de Gaza. Que se libere a los presos políticos palestinos que están en las cárceles de Israel. Que se tramite la vuelta de los refugiados palestinos que en distintas oleadas
desde 1948 se han visto obligados a abandonar su tierra por parte de los ocupantes israelíes y que se les indemnice adecuadamente por sus pérdidas económicas y morales.


3. Que España lidere en NN. UU. políticas de ayuda a los refugiados que se han incrementado exponencialmente en los últimos años. Para ello que el Gobierno de España incremente sus dotaciones presupuestarias para dar ejemplo de ello en
su propio país.


4. Liderar las políticas de ayuda a la cooperación al desarrollo, reforzando el papel de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), como medio eficaz para luchar contra la pobreza y la desigualdad y en la
defensa de [os derechos humanos.


5. España, en el marco de las Naciones Unidas, debe mantener una posición activa en la discusión y aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS, 2015-30) para que los necesarios consensos internacionales vayan acompañados de
normas jurídicas imperativas y con dotación presupuestaria suficiente como instrumento de avance en la consecución de los objetivos.


6. La erradicación de la pobreza y la desigualdad en el mundo en todas sus manifestaciones debe regir el conjunto de las políticas del Gobierno adoptando un marco de coherencia de la acción de Gobierno con los objetivos. El Gobierno de
España debe incrementar sus dotaciones presupuestarias para dar ejemplo de ello en su propio país. Es necesario incrementar programas y acciones concretas con dotación económica para igualdad de género y discriminación por orientación sexual, al
igual que incrementar la dotación de los programas de salud.


7. Contribuir activamente a que la COP21 prevista en París a finales de año consiga un acuerdo vinculante y ambicioso en la lucha contra el cambio climático y en la reducción de desigualdades ante los efectos de la crisis climática.

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8. Las intervenciones armadas directas en Afganistán, Irak y Libia y las indirectas en Siria o las sanciones a Irán, no solo no han ayudado a solucionar conflictos sino que los han incrementado con millones de personas muertas y Estados
total o parcialmente destruidos. España debe orientar propuestas de diálogo y diplomacia y no de nuevos escenarios de intervención militar ni directa ni indirecta.


9. Que España lidere propuestas de reconstrucción de la ciudad de Kobanê en colaboración con el Comité de Reconstrucción kurdo de la ciudad, en colaboración con el Gobierno de Siria. Es necesario crear un pasillo humanitario desde la
frontera de Turquía, un campamento de refugiados ya que la ciudad ha sido destruida en un 70 % e incrementar la ayuda humanitaria.


10. Que España ejerza un papel de mediación en el conflicto del este de Ucrania. Que España en su papel dentro de la UE haga compatible los acuerdos de asociación de la UE con Ucrania con los acuerdos de este país con la zona económica
euroasiática liderada por Rusia. Que España lidere una posición contraria a las sanciones contra Rusia por constituir un flaco favor a la construcción de la confianza con un socio estratégico de la UE como es Rusia.


11. Que España lidere, en su papel de puente cultural, el pleno apoyo a los procesos de integración Latinoamericana y Caribeña que se vienen desarrollando, como CELAC, Mercosur o ALBA, entre otros. España por su historia y cercanía
cultural debe ayudar a una nueva relación entre iguales entre la UE y Cuba, abandonando definitivamente la nefasta posición común que las entorpecía y reforzar la relación con el Gobierno democrático de Venezuela ante los intentos de
desestabilización de sectores golpistas y violentos. España apoya plenamente el Proceso de Paz que se desarrolla entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC y espera un resultado exitoso de dichas conversaciones.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación,
formula siguiente propuesta de resolución sobre regeneración democrática.


Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2015.—José Luis Centella Gómez y Joan Coscubiela Conesa, Portavoces del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.


Propuesta de resolución núm. 13


La preocupación por el proceso de degradación democrática, debido entre otros factores a la falta de mecanismos de control, de rendición de cuentas y de dificultades para una participación real de la ciudadanía en las instituciones, unido a
la necesidad y deseo de poner en marcha un cambio sustancial en la forma de entender la Democracia como el instrumento para hacer a la ciudadanía protagonista en las decisiones que afectan a la vida cotidiana y recuperar la credibilidad de las
instituciones democráticas hace imprescindible tomar medidas.


Para ello es necesario un cambio sustancial en la forma de entender la Democracia, como el instrumento para hacer a la ciudadanía protagonista en las decisiones que sobre la salida de la crisis se necesitan tomar de inmediato para frenar el
drama que viven millones de personas acuciadas por el paro, los desahucios, la exclusión social, etc.


Transcurridos más de treinta años desde la aprobación de la Constitución, es el momento de profundizar en la calidad de nuestro sistema democrático y abrir un debate en la Comisión Constitucional, con la participación de la ciudadanía, sobre
la necesidad de articular nuevos canales de participación directa de los ciudadanos en la toma de decisiones, desarrollando el derecho fundamental de los ciudadanos a participar directamente en los asuntos públicos, recogido en el artículo 23 de la
CE para avanzar hacia una democracia participativa que ponga a los ciudadanos en el centro de la política.

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Por estos motivos, es imprescindible adoptar medidas y reformas en esta dirección, afectando distintas materias, y a tal efecto se presenta la siguiente propuesta de resolución:


I. Instrumentos de participación de la ciudadanía.


1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar una reforma de la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum, con el objetivo de convertirla en un verdadero instrumento de
participación democrática. La reforma contemplará entre otras medidas:


— La regulación de referéndums de iniciativa ciudadana.


— La convocatoria de referéndums de ámbito autonómico.


— Referéndum abrogativo de leyes.


2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar una reforma de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, Reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular, para facilitar su impulso y tramitación, y la participación de la comisión
promotora en diversas fases del proceso.


3. Elaborar un Plan de Regeneración democrática que realmente permita un impulso democrático, que profundice en la participación directa de la ciudadanía en la vida política, mejore la identificación entre representantes y representados,
mediante un proceso participativo abierto a las propuestas de la ciudadanía, a los agentes sociales y todos los grupos parlamentarios, en el que se aborden cuestiones tales como:


— Instrumentos de control sobre los programas presentados a las elecciones con mecanismos de rendición de cuentas y revocación.


— Mecanismos que hagan efectivo el acceso de los ciudadanos y colectivos sociales a los medios de comunicación públicos


— Reforma del Reglamento del Parlamento para permitir una mayor participación ciudadana en los trabajos parlamentarios y una mayor conexión entre representantes y representados.


II. Transparencia.


4. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar las modificaciones necesarias para eliminar las carencias existentes en la vigente Ley de Transparencia y una implementación eficaz:


— Reconociendo el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental.


— Eliminar la limitación del derecho de acceso a información administrativa y los obstáculos para el acceso de los ciudadanos.


— Eliminar las exclusiones de información (informes y comunicaciones internos).


— Eliminar el doble silencio administrativo negativo de la Administración y del Consejo de la Transparencia.


— Reformar el modelo de Consejo de la Transparencia para garantizar su independencia, entre otras cuestiones, el nombramiento del Presidente por parte del Ministro de Hacienda.


— Regular, de forma inmediata, el acceso de toda la ciudadanía a las bases de datos completas y actualizadas de los Registros de Contratos del Sector Público y del Registro de Subvenciones.


— Establecer los mecanismos que permitan el acceso a la información relativa a la ejecución diaria de los gastos del presupuesto público con el máximo detalle sin más límite que aquellas que pudieran afectar a la seguridad del Estado.


— Regular transparencia absoluta de la actividad pública y privada de la Casa Real.


— Regular el registro y control de la actividad de los lobbies y grupos de interés.


III. Reforma del sistema electoral:


7) El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a acometer antes de la finalización de la presente legislatura una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que contenga, al menos:


— Asegurar la proporcionalidad entre sufragios y escaños, conforme establece el Consejo de Estado.


— Adecuar el régimen jurídico relativo a la financiación electoral y a los gastos electorales para lograr una reducción y una mayor eficiencia de éstos.

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— Reformar el tratamiento legal de las campañas electorales en los medios de comunicación, la distribución de espacios electorales, los sondeos de opinión y otras medidas que favorezcan los debates entre los candidatos y una información
plural.


— Regular fórmulas legales que puedan limitar o prohibir la práctica del denominado «transfuguismo político».


— Reformar en profundidad el sistema de votación de los ciudadanos españoles residentes en el exterior con el objetivo de garantizar la transparencia y objetividad de los procesos electorales, así como el libre ejercicio del voto de los
españoles residentes en el extranjero.


— Devolver el derecho al voto de los ciudadanos españoles residentes en el exterior en las elecciones municipales.


IV. Laicidad del Estado.


8. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


— Denunciar los Acuerdos con la Santa Sede: Concordato franquista de 1953, el Acuerdo General preconstitucional de 1976 y el Acuerdo preconstitucional sobre asunto Culturales y Educativos de 1979, negociando nuevos acuerdos que garanticen
la separación total de la Iglesia y el Estado.


— Acometer las reformas necesarias para garantizar la autofinanciación de las confesiones religiosas. En este sentido, se suprimirá la asignación tributaria a la Iglesia Católica, así como el resto de beneficios fiscales.


— La aplicación de los acuerdos para la autofinanciación de la Iglesia Católica antes del final de esta legislatura.


— Reformar la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa, con el fin de acabar con la actual injusticia, regulando la Libertad de Conciencia como un derecho de todos y cada uno de los ciudadanos que no discrimine ni
compartimente a los mismos, en función de sus convicciones y restableciendo así este derecho fundamental.


V. Memoria Histórica y Democrática.


9. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en cumplimiento y desarrollo de la Ley 52/2007, de Memoria Histórica, se adopten, al menos, las siguientes medidas:


— Modificación del artículo 3.3 de la Ley 52/2007, con el fin de que se declaren nulas de pleno derecho, por la ilegitimidad de los tribunales, por vicios de forma y de fondo y por la ilegitimidad de las normas aplicadas, las sentencias y
resoluciones judiciales o administrativas dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia por cualesquiera tribunales u órganos penales o administrativos durante la dictadura contra quienes defendieron la legalidad institucional anterior,
pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático en España o intentaron vivir conforme a opciones amparados por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución.


— Reconocer y honorar a los guerrilleros y maquis que lucharon contra la dictadura franquista con las armas, y a establecer las indemnizaciones que les correspondan, en la misma medida que aquellos que se rebelaron con las armas contra el
legítimo Gobierno de la República.


— Interpretar o modificar las normas que regulan el derecho de indemnización de las víctimas de la Dictadura, para que puedan ser beneficiarios los familiares directos de todos cuantos fueron condenados a muerte en consejo de guerra y
ejecutados entre el 1 de enero de 1968 y la ley de Amnistía de 6 de octubre de 1977 por actividades de oposición a la Dictadura.


— Presentar en el plazo de sesenta días un informe sobre las víctimas que hayan padecido violencia política en los años de la Transición con la finalidad de que sean consideradas beneficiarias de las indemnizaciones que pueda otorgar la
futura ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo.


— Establecer un marco institucional efectivo que impulse las políticas públicas relativas a la conservación y fomento de la memoria democrática, según lo dispuesto en la disposición adicional tercera de la Ley 52/2007.


— Modificar la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, en los artículos 11, 12, 13 y 14, con el objeto de garantizar la responsabilidad pública e institucional en las labores de localización, exhumación e

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identificación de las fosas o enterramientos de víctimas del franquismo, asumiendo dicha responsabilidad el conjunto de las Administraciones y la Administración General del Estado con carácter subsidiario.


— Retirar en los próximos seis meses todos los escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura que aún
no se hayan retirado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 52/2007.


— Eliminar dificultades para acceder al conjunto del sistema archivístico en el Estado español.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación, formula
siguiente propuesta de resolución sobre el Partenariado Transatlántico de Inversiones y Comercio entre EE.UU. y la U.E. (TTIP).


Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2015.—José Luis Centella Gómez y Joan Coscubiela Conesa, Portavoces del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.


Propuesta de resolución núm. 14


El TTIP (Partenariado Transatlántico de Inversiones y Comercio, entre EE.UU. y la UE) es sin lugar a dudas uno de los proyectos que más impacto puede tener en las condiciones de vida de la ciudadanía en los próximos lustros. Es por ello
que merece un debate central y transparente en las instituciones de representación democrática ya que puede condicionar enormemente la vida económica y social, el derecho a la protección de la salud —en su dimensión pública, clínico-asistencial y
ambiental— e impactar en la capacidad regulatoria y normativa de los estados y de la propia UE.


Este proyecto está siendo negociado con un nivel de discreción que no corresponde al razonable en materias sensibles, sino con un secretismo a lo largo de todo el proceso y de las distintas rondas de negociación que parece tener por misión
apartarlo del conocimiento del conjunto de ciudadanía y de sus representantes. El propio proceso ya presenta importantes déficit en garantías democráticas. Sin embargo, ha habido algunas filtraciones y desclasificaciones recientes que permiten
conocer el enfoque y principios que lo sustentan, los sectores que abarca y los criterios generales de ambas partes.


Es en base a este conocimiento que fundamentamos nuestra oposición al proceso y a sus contenidos. Este no es un proyecto que promueva el librecambismo al que supuestamente se oponen sectores proteccionistas. Es de sobra conocido que los
actuales aranceles entre la UE y EE.UU. son extremadamente bajos y no relevantes. No es pues un tratado de libre comercio, es un acuerdo comercial de nueva generación, donde la centralidad de su propuesta recae en el desplazamiento de la capacidad
regulatoria y normativa, desde los estados e instituciones democráticas a las fuerzas del mercado y a espacios de arbitraje subalternos de los propios actores privados (cabe resaltar el dispositivo denominado «ISDS Investor-State Dispute Settlement»
por el cual se habilitan tribunales especiales que no descansan en ninguna jurisdicción conocida en el que las compañías pueden denunciar a los estados en espacios de arbitraje privados).


Muchos de los retos a los que nos enfrentamos como sociedad derivan del disloque entre áreas de soberanía territorial: el área territorial política-democrática no es la misma que la de prestación de servicios públicos, que no es la misma
que el área monetaria, que no es la misma que el área fiscal, que tampoco corresponde al área regulada de mercado interior. Estos desajustes acaban impactando negativamente en la capacidad de la soberanía popular, representada en este congreso, y
también en el Parlamento Europeo. El TTIP contribuirá a hacer aún mayor los desajustes entre áreas —y por la tanto a empequeñecer la soberanía popular—: ampliando el área de mercado interior al espacio que abarca la UE y los EE.UU., pero sin
generar espacios e instituciones de legitimación democrática (con las capacidades normativas y control regulatorio) de igual alcance territorial. Ello tiene tres impactos: una mayor impotencia democrática de la ciudadanía; una incapacidad para la
regulación y normativización efectiva de los sectores y ámbitos de aplicación del TTIP; y una carrera/competición a la baja en la armonización de los estándares en derechos sociales, laborales, ambientales y como consumidores. El principio de
precaución decaería.

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Sería pues un paso prácticamente irreversible en la dirección contraria a garantizar una gobernanza efectiva y democrática.


Diversos informes de muy variadas fundaciones y ONG alertan del impacto negativo si se llegase a aprobar el TTIP en muy diversos ámbitos: en la protección ambiental; en seguridad alimentaria; en los servicios públicos; en las garantías
al consumo; en la salud pública; en el empleo y en su calidad; e incluso en el progreso económico. De hecho, centros de análisis y reflexión que se han posicionado favorablemente al TTIP ya alertan a sus impulsores y divulgadores de la necesidad
de un cambio de estrategia y discurso referente a las supuestas bondades para el crecimiento económico y el empleo. Asumen que las cifras que difunde la propia Comisión Europea son falaces y no creíbles y que por consiguiente debe dejarse de
argumentar acerca de proyecciones de crecimiento del PIB que no son verosímiles. Estos mismos grupos asumen que el supuesto impacto positivo sobre el crecimiento económico será muy modesto o neutro, y además variable en función de los países y de
los sectores productivos, resultando no muy favorecida España ni especialmente los sectores que debería desarrollar para impulsar un nuevo modelo productivo.


Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Facilitar a los Diputados de este congreso toda la información disponible tal como se hace en otros países, y garantizar un debate parlamentario sobre la posición de España sobre el TTIP con todas las garantías.


2. Promover la eliminación en la negociación de los tribunales ISDS.


3. Rechazar que los mecanismos de Cooperación Regulatoria queden fuera del ámbito de competencias del Congreso y del Parlamento Europeo.


4. Promover la realización de una Evaluación del Impacto en Salud (EIS) profunda previa al circuito de ratificación y aprobación. Esta EIS debería ser encomendada por parte de la Comisión Europea a un panel de expertos consensuables en el
Parlamento europeo.


5. Realizar un pleno o sesión monográfica del congreso después de cada ronda de negociación.


6. Expresar el rechazo a la actual formulación, orientación y enfoque de los contenidos conocidos del proyecto del TTIP.


7. Impulsar un referéndum como método de legitimación y aprobación para la posible ratificación del proyecto TTIP en España tal como quede acordado entre los negociadores.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación, formula
la siguiente propuesta de resolución por la defensa de la industria y el cambio de modelo productivo.


Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2015.—José Luis Centella Gómez y Joan Coscubiela Conesa, Portavoces del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.


Propuesta de resolución núm. 15


La industria española adolece de las deficiencias estructurales de nuestra economía. El descenso del peso de los sectores industriales en la economía frente al auge de los servicios ha puesto en evidencia esas debilidades estructurales con
la crisis económica.


La necesidad de impulsar la industria es fundamental. Sin embargo, apostar todo al sector exterior no es garantía de recuperación, ya que la mejora de la balanza comercial se explica en gran medida por el descenso de la demanda interna y,
por tanto, de las importaciones. Fiar la recuperación a la demanda exterior no es una solución sostenible a la crisis, porque la reactivación del consumo de bienes industriales necesita articular estímulos a la demanda interna. La consolidación
fiscal, la devaluación salarial o los recortes sociales son políticas contraproducentes en este sentido.


También es un error apostar por la reducción de costes laborales como elemento central de la competitividad de las empresas. Esto hace que España se perpetúe como el low cost de los países del euro frente a la evidencia de que las
industrias más competitivas se caracterizan por altos salarios y

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calidad en el empleo. Por el contrario, mejorar la productividad para obtener menores costes de producción exige impulsar la investigación y el desarrollo y una política energética bien planificada.


Es igualmente un error pensar que los problemas de financiación en las empresas industriales pueden solucionarse aumentando el peso de la financiación no convencional (deuda corporativa o capital riesgo) ante la elevada dependencia de la
financiación bancaria. El problema es que la reestructuración de nuestro sistema financiero, pese a las nacionalizaciones y ayudas públicas a la banca, no ha considerado la creación de una verdadera banca pública con divisiones especializadas en la
financiación empresarial.


Así, los verdaderos problemas que hay que abordar para sentar las bases del relanzamiento de la actividad productiva son la dificultad de acceso a la financiación, el déficit de inversión en investigación y desarrollo, el ineficiente modelo
energético y las políticas de austeridad que deprimen la demanda interna.


Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Desarrollar un plan global de reactivación industrial liderado por el sector público y con participación sindical, para avanzar en un nuevo modelo productivo basado en el empleo de calidad, la innovación tecnológica, la sostenibilidad
medioambiental y el fortalecimiento del mercado interior.


2. Converger con Europa en inversión pública en investigación, desarrollo e innovación, y estimular la participación del sector privado en actividades innovadoras.


3. Crear un polo de banca pública en nuestro sistema financiero con divisiones especializadas en la financiación empresarial.


4. Articular planes sectoriales para hacer frente a los procesos de reestructuración y deslocalización industrial y desarrollar políticas de cualificación y formación profesional en los ámbitos productivos.


5. Fomentar el diseño industrial, la calidad y la cooperación entre pequeñas y medianas empresas para acometer proyectos industriales de cierta dimensión, la internacionalización para la exportación y la apertura de nuevos mercados.


6. Establecer una planificación energética que apueste por las tecnologías renovables, reduzca la dependencia del exterior, considere al suministro eléctrico como un servicio público esencial, e introduzca transparencia en la formación de
precios en el mercado de la energía.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación, formula
la siguiente propuesta de resolución sobre política de financiación, ambiental y de infraestructuras, acuerdos y demandas pendientes de desarrollar en Aragón.


Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2015.—José Luis Centella Gómez y Joan Coscubiela Conesa, Portavoces del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.


Propuesta de resolución núm. 16


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


A) Desarrollo de las siguientes medidas para la financiación justa y reactivación de la economía en Aragón.


1. Alcanzar un acuerdo con las comunidades autónomas en materia de financiación que reemplace el actual marco financiero, corrija los desajustes económicos de las competencias transferidas, continúe ahondando en el proceso de
descentralización e incorpore criterios objetivos que permitan construir un modelo de financiación justo, equilibrado y solidario. Complementariamente, en Aragón dar cumplimiento a los preceptos recogidos en el Estatuto de Autonomía de Aragón en
materia económico-financiera, priorizando en especial la puesta en marcha del acuerdo bilateral de financiación recogido en el artículo 108.


2. Formalizar con el Gobierno de Aragón un convenio específico para impulsar los Planes de Zona de Desarrollo Rural en Aragón en 2015 establecidos en la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural y
paralizados financieramente por el Estado.

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3. Apoyar el proyecto contra la despoblación «Serranía Celtibérica» que se extiende a lo largo del Sistema Ibérico Central, por las Comunidades Autónomas de Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y La Rioja, con
una extensión de 65.825 km2 y 499.186 personas censadas, lo que da una densidad de tan solo 7,58 hab/km2; adoptando las siguientes medidas:


4.


a) Reconocer la identidad interregional de la Serranía Celtibérica, en el marco de la Europa de las Regiones, como Región Escasamente Poblada, Región Montañosa y Zona Rural Remota, y proceder a la creación del marco jurídico interregional en
colaboración con las Comunidades Autónomas del territorio que abarca el proyecto Serranía Celtibérica para desarrollar políticas contra la despoblación.


b) Aplicar el artículo 174 del Tratado de Lisboa.


c) Considerar a la Serranía Celtibérica como la quinta Inversión Territorial Integrada en España.


5. Garantizar la reactivación y diversificación de la economía de las comarcas mineras adoptando, entre otras, las siguientes medidas: El cumplimiento de los acuerdos del Marco de actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras
en el periodo 2013-2018; garantizar que las empresas energéticas ejecutan las inversiones en las centrales térmicas de carbón para cumplir las exigencias medioambientales de la Unión Europea; elaborar un informe que analice y detalle la deuda
pendiente con las comarcas mineras como consecuencia del incumplimiento del Plan Nacional de Reserva Estratégica de Carbón 2006-2012 y Nuevo Modelo de Desarrollo Integral y Sostenible de las Comarcas Mineras.


6. Asumir el 100 % de la participación en la sociedad Zaragoza Alta Velocidad, liberando de la deuda a las administraciones autonómica y local que la avalan y renegociar dicha deuda bancaria asumida por ZAV con las entidades bancarias
exigiendo una quita, una reestructuración, una dación en pago de los suelos aportados en garantía a cambio de la deuda o incluso la intervención de la SAREB.


B) Desarrollo de las siguientes medidas para una correcta política ambiental y de aguas en Aragón.


7. Rechazar cualquier proyecto de nuevo trasvase de agua de la Demarcación Hidrográfica del Ebro a otras cuencas en el nuevo Plan Hidrológico Nacional que está previsto aprobar este año. Desarrollar los principios de la «nueva política del
agua» en este PHN abogando por gestionar eficiente del agua, de manera participativa, como un recurso público básico, basado en el control de la demanda y no de aumento insostenible de la oferta.


8. Promover cuantas actuaciones sean necesarias para el desarrollo del proyecto de Parque Internacional de los Pirineos en colaboración con los gobiernos de Francia, Euskadi, Navarra, Aragón, Cataluña, Andorra, Aquitania, Midi-Pyrénées y
Languedoc Roussillon, con el objetivo de evitar desarrollos urbanísticos insostenibles y actuaciones de impacto medioambiental que perjudiquen el futuro de este territorio.


9. Firmar un convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Aragón en el plazo máximo de tres meses, que contengan un cronograma de actuaciones y de financiación, para permitir solventar a la mayor brevedad el grave problema de
contaminación por el insecticida organoclorado conocido como «lindano» en el río Gállego, así como finalizar las obras necesarias para garantizar abastecimientos de agua de calidad al conjunto de las poblaciones afectadas.


10. Establecer un marco de colaboración y ayuda económica para impulsar el parque nacional de Ordesa y Monte Perdido, que permita mejorar el estado del mismo, y con ello garantizar una mejora en la conservación de la naturaleza, el uso
público y el desarrollo socioeconómico de este espacio protegido, que cada año visitan más de 600.000 personas.


11. En el marco de la necesaria colaboración institucional, coordinar los planes medioambientales del Ebro y elaborar un plan integral de prevención y gestión de avenidas al objeto de reducir y minimizar las afecciones por las crecidas
ordinarias y extraordinarias de los citados ríos, fijar protocolos que garanticen el mantenimiento y la reposición de las infraestructuras dañadas, y habilitar medidas de carácter agroambiental o líneas específicas de seguros agrarios vinculadas a
la actividad agraria y forestal.


12. Descartar el proyecto de la presa de Aguaviva, en el río Bergantes, por no ser una actuación de carácter sostenible a raíz de las afecciones que causaría en su entorno natural y por su gran contestación social. Emplazar al Ministerio
de Medio Ambiente a estudiar y desarrollar otras alternativas que cumplan con criterios de sostenibilidad.

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13. Consensuar y elaborar el calendario plurianual de inversiones, de acuerdo con las Administraciones implicadas, para la restitución de Jánovas en el período 2015-2017, especificando todas y cada una de las actuaciones con la consiguiente
consignación presupuestaria.


C) Desarrollo de las siguientes infraestructuras en Aragón.


14. Incluir consignaciones suficientes y continuadas en el tiempo para que el Ministerio de Fomento pueda acometer las siguientes actuaciones, consideradas más urgentes y prioritarias para Aragón:


a) Desdoblar la N-232 entre Mallén-Figueruelas y entre El Burgo de Ebro-Alcañiz-Mediterráneo y, hasta que se ejecuten las obras, liberar completamente el peaje del tramo Alagón-Tudela de la AP-68.


b) Liberar completamente en el primer semestre de 2015 el peaje del tramo Alfajarín-Fraga de la autopista AP-2.


c) Completar las autovías A-21 (Jaca-Pamplona), A-23 (entre Nueno y Sabiñánigo), A-22 (Huesca-Lleida), con la variante sur de la capital oscense, y mejorar integralmente la N-260-(Eje Pirenaico).


d) Ejecutar las variantes de Tarazona y Borja-Maleján como inicio del desdoblamiento de la N-122, y estudiar la conexión por autovía entre Gallur, Ejea de los Caballeros y Huesca.


e) Negociar la elaboración de un nuevo convenio de colaboración, entre la Comunidad Autónoma de Aragón, Renfe y cualesquiera otros operadores, que asegure unos servicios ferroviarios adecuados y dignos para la prestación de este servicio
público, mejorando el material rodante utilizado, renovando la infraestructura, ajustando horarios a las necesidades reales, impulsando la intermodalidad y estableciendo abonos y bonificaciones de transporte que faciliten al usuario la utilización
de este medio de transporte.


f) Habilitar un plan plurianual que sea capaz de financiar la reapertura del ferrocarril Zaragoza-Canfranc-Pau con el objetivo de lograr su puesta en funcionamiento en 2020.


g) Modernizar la línea ferroviaria Zaragoza-Teruel-Valencia e impulsar el Corredor Cantábrico-Mediterráneo.


h) Actuar para conseguir la consolidación y ampliación de las cercanías ferroviarias en el área metropolitana de Zaragoza.


i) Paralizar cualquier actuación del Adif que pretenda reducir el personal de las estaciones de tren en el medio rural, especialmente en Aragón.


j) Mantener todos los centros de conservación de carreteras nacionales garantizando el mantenimiento de la totalidad de personal adscrito a estos.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación, formula
la siguiente propuesta de resolución sobre política agraria.


Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2015.—José Luis Centella Gómez y Joan Coscubiela Conesa, Portavoces del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.


Propuesta de resolución núm. 17


El sector agrario constituye un pilar estratégico para nuestro país desde diferentes perspectivas. La primera y quizá más importante es la de alimentar al conjunto de la población, pero siendo esta importante cabe resaltar su papel dentro
de la economía española. El propio MAGRAMA publicaba en un estudio que el sector agrario representa el 8,4 % del valor añadido bruto total de la economía española, generando unos 2,3 millones de empleos. Un sector que además es un pilar
fundamental para fijar población en el territorio como lo es el rural, que a pesar de representar el 90 % de nuestro país está habitado por un escaso 20 % de la población.


Lógico parece entonces que la apuesta por un modelo agrario sostenible, que garantice la producción de alimentos saludables y de calidad, respondiendo a un modelo sostenible de agricultura, a precios justos para consumidores y productores,
vertebrando la economía del medio rural a través de procesos

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cooperativos y evitando la especulación en el marco del derecho a la alimentación debería de ser un principio irrenunciable de los poderes públicos.


Es importante resaltar que más del 70 % de la renta agraria proviene de la venta de las producciones, una renta que desde 2003 ha caído en mas de un 23 %; y que los criterios de distribución de las ayudas públicas, que representan el 30 %
de la renta agraria, responden a un sistema perverso que permite que el 80 % de los fondos recaiga en el 20 % de las explotaciones y que de 900.000 perceptores tan solo 350.000 aproximadamente sean profesionales que cotizan por ello.


Sin embargo las políticas especulativas en el ámbito de la agroalimentación y los continuos procesos de desregulación de mercados perjudican siempre a los eslabones más débiles, véase el productor y el consumidor. En la actualidad, los
diferenciales de precios entre origen y destino se mantienen por encima del 450 %. Al mismo tiempo, la reforma de la PAC abre así la puerta a caza-primas, absentistas, grandes propietarios de tierra, que no tienen actividad agraria real perpetuando
un sistema perverso que profundiza en la eliminación de los mecanismos de regulación del mercado, caldo de cultivo para la volatilidad de precios, fenómeno que lastra la rentabilidad de las explotaciones, frena la innovación e impide el relevo
generacional (hoy tan solo el 5 % de los perceptores de ayudas tienen menos de 35 años).


Ante esta situación, el Gobierno anima al sector a la apertura de nuevos mercados y eso es precisamente lo que este hace, incrementándolas en un 73 % desde 2003, que cuando se cierran, como ha ocurrido fruto del embargo ruso por nuestra
participación en el conflicto con Ucrania, ponen de manifiesto la necesidad de mecanismos de regulación de precios tanto en el mercado interior de nuestro país como de la UE y evidencian que el problema precisamente radica en la ausencia absoluta de
una política pública que evite la especulación en la alimentación.


Las nuevas amenazas para nuestro sector primario, como el TTIP, nos exigen dar una respuesta clara que permita que nuestro país cuente con una política agraria propia sustentada en un modelo social de agricultura que garantice la soberanía
alimentaria.


Para avanzar en esta propuesta el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Reconocer explícitamente el carácter estratégico del sector agroalimentario y en consecuencia elaborar un plan de viabilidad a medio y largo plazo que permita asegurar la soberanía alimentaria del país, sacando los productos alimentarios
de los mercados especulativos.


2. Reorientar la PAC, ligándola al empleo agrario y el mantenimiento del modelo social de agricultura, orientando las ayudas exclusivamente a quienes trabajan y practican una agricultura social y ambientalmente responsable frente a quienes
especulan y recuperar y fortalecer los mecanismos europeos de regulación de mercados, precios y preferencia comunitaria.


3. Eliminar las referencias históricas para el acceso a derechos de cobro, impulsando decididamente la incorporación de jóvenes al sector agrario.


4. Redefinir el concepto de «agricultor activo» como aquel que perciba al menos un 25% de su renta por la venta de su producción agraria y cotice a la Seguridad Social por el régimen agrario siendo este el único perceptor posible de ayudas.


5. Reunir con urgencia a las organizaciones profesionales a fin de diseñar una estrategia común que permita minimizar los efectos sobre el sector y sobre el empleo que este genera del embargo de la federación rusa a los productos agrarios
garantizando para ello la financiación necesaria tal y como demandan las OPAs. Intensificar las negociaciones para el fin del veto global o para la apertura de mercados concretos.


6. Ampliar el papel de la nueva Ley de Cadena Alimentaria para que vaya más allá de aportar transparencia y permita intervenir en la política de conformación de precios superando las posiciones de abuso existentes entre los distintos
operadores de la cadena alimentaria para lo cual es preciso que sea de aplicación a todos por igual, evitando así el dominio de la industria y de la gran distribución en la cadena de valor.


7. Endurecer el régimen sancionador de la Ley de Cadena Alimentaria, prohibir prácticas como la venta a pérdidas o los productos reclamo, y fortalecer y dotar debidamente de medios técnicos y humanos al Observatorio de Cadena Alimentaria y
a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) y su colaboración con las CC.AA.


8. Establecer una obligatoriedad en el cumplimiento de los códigos de buenas prácticas amparados bajo la nueva Ley de Cadena Alimentaria.

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9. Crear y poner en marcha de un banco público de tierras que permita facilitar el acceso a superficie agraria en desuso de titularidad pública, principalmente a jóvenes y mujeres, para la producción ecológica e integrada principalmente, o
convencional tradicional de alimentos preservando siempre el medio ambiente y mejorándolo para generaciones venideras.


10. Crear una estrategia orientada a la conexión de la distribución comercial con la producción tradicional endógena de cada región, con el fin de implantar un modelo territorializado, complementario al canal tradicional, de cadena
agroalimentaria en cada CC.AA. que permita la comercialización de productos en cercanía a la vez que revitaliza el pequeño comercio minorista y sea más sostenible.


11. Elaboración de un plan de ordenación agrícola y ganadera que permita gestionar de manera sostenible los territorios con aptitudes agrícolas y ganaderas. Un plan que excluya a estos territorios de cualquier tipo de movimiento
especulativo del carácter que sea.


12. Diseñar un plan de fomento de la producción sostenible que implique:


a) La prohibición de nuevos cultivos de organismos modificados genéticamente y de los ya existentes y la traslación de esta posición a la UE para alcanzar un acuerdo europeo en estos términos.


b) Un plan para el desarrollo de la agricultura ecológica en espacios urbanos que devuelva a la tierra no desarrollada, sometida a procesos de especulación, su carácter productivo, generador de zonas verdes, de empleo y de circuitos cortos
de comercialización dinamizador del comercio minorista en los municipios.


c) Un programa de apoyo a la producción y comercialización de la producción ecológica e integrada en colaboración con las CC.AA. que garantice, entre otras cuestiones, en los establecimientos públicos el acceso a la compra de estas
producciones para sus menús.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, y con motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación, las siguientes
propuestas de resolución.


Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2015.—Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


Propuesta de resolución núm. 18


Devolución de material incautado en la guerra. Memoria histórica


En la Guerra Civil que se dio en el Estado español entre 1936-1939, a raíz de la sublevación de parte del ejército a las órdenes del General Franco, se produjeron en ese ámbito de guerra saqueos, expolios, expropiaciones, robos de objetos de
partidos políticos y sindicatos que defendieron la legalidad republicana.


El ejército español sublevado fue el que a la postre se instauraría como ejército del Estado, por lo que todos aquellos símbolos, banderas, pertenencias, etc., arrebatados al bando que defendía la legalidad republicana vigente, incluidos
también los batallones de partidos políticos y sindicatos de la época, fueron automáticamente incorporados como botín de guerra del ejército español.


Hoy se encuentran en museos y archivos diversos del Estado sin que sus legítimos dueños sepan en la mayoría de las ocasiones de su existencia. En pleno siglo XXI el Estado, y más considerando que se trató de una guerra civil, no puede dar
por bueno que esos objetos constituyan ningún botín de guerra y debe proceder a su devolución a sus legítimos dueños.


Evidentemente, y aunque tras la transición democrática que se dio en el Estado español se subsanaron en parte algunas de las injusticias cometidas en la guerra y en la dictadura, todo este material incautado y arrebatado a la fuerza sigue en
propiedad del Estado, e incluso se exhibe en museos, e instituciones propias del mismo, lo cual supone una ofensa para la memoria histórica.

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Con el objetivo de subsanar esta injusta situación, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


— La devolución inmediata a sus legítimos propietarios de los objetos, símbolos, banderas y material perteneciente a instituciones, partidos políticos y centrales sindicales incautados en la guerra civil y que se guardan y/o exhiben como
botín de guerra en museos y archivos propiedad del Estado. En consecuencia, se procederá a la creación de un registro de los mismos y se comunicará su existencia, para proceder a la oportuna devolución, a sus legítimos dueños.


— La devolución inmediata de la bandera del Batzoki de Gautegiz de Arteaga que se halla en el Centro Documental de la Memoria Histórica, dentro de la sección Delegación Nacional de Servicios Documentales de la Presidencia del Gobierno con la
signatura Banderas 28 y registrada como «Bandera del PNV en Arteaga».


— La devolución inmediata al Partido Nacionalista Vasco de una bandera vasca (Ikurriña) con el anagrama JEL, distintivo de los batallones del PNV en la guerra civil, que se encuentra depositada como botín de guerra en el Museo del Ejército
de Ceuta.


Propuesta de resolución núm. 19


Transferencia de ferrocarriles


El traspaso de las funciones y servicios que el Estado presta en el País Vasco en relación con los ferrocarriles se ampara en lo dispuesto en el apartado 32 del artículo 10 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, en el que se establece la
competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de ferrocarriles, transportes terrestres, marítimos, fluviales y por cable, sin perjuicio de lo dispuesto en la Constitución, y terminales de carga en materia de transportes.
Igualmente, en el apartado 9 de su artículo 12 establece la competencia de ejecución de la legislación del Estado en materia de ordenación del transporte de mercancías y viajeros que tengan su origen y destino dentro del territorio de la Comunidad
Autónoma, aunque discurran sobre las infraestructuras de titularidad estatal a que hace referencia el número 21 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución.


Por su parte, la Constitución, en su artículo 149.1.21.ª, establece que el Estado tiene competencia exclusiva en materia de ferrocarriles que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma.


Estas reglas de delimitación competencial en la materia que configuran el criterio territorial como elemento esencial del modelo de reparto son complementadas por el de interés general o, en su caso, el de interés autonómico.


En la actualidad se encuentra en elaboración por parte del Gobierno el «Catálogo de líneas y tramos de la Red Ferroviaria de Interés General».


Tras un rápido análisis del contenido del mismo se ha podido constatar que la propuesta de catálogo incluye en su anexo n.º 1 todas las líneas gestionadas por ADIF, tanto de ancho ibérico como métrico, que discurren dentro de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.


Esta inclusión, de acuerdo con la Ley 39/2003, del Sector Ferroviario, modificada por la Ley 11/2013, imposibilitaría la transferencia de cualquiera de estas líneas a la Comunidad Autónoma, lo que ha sido reiteradamente solicitado desde el
País Vasco.


Por lo todo lo anterior, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Proceder a la no inclusión de la totalidad de los tramos de las redes de ancho métrico e ibérico que discurren por el territorio de la CAPV en el «Catálogo de Líneas y Tramos de la Red de Interés General» que se encuentra en fase de
elaboración.


2. Transferir a la Comunidad Autónoma del País Vasco las funciones y potestades hasta ahora ejercidas por el Gobierno y la Administración del Estado sobre líneas, infraestructuras y servicios relacionados con el transporte terrestre por
ferrocarril cuyo itinerario discurra íntegramente por el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco.


En particular, la Comunidad Autónoma del País Vasco asumirá la titularidad y administración de las infraestructuras ferroviarias traspasadas, la construcción y, en su caso, la administración de nuevas infraestructuras ferroviarias
competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como la

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regulación, explotación y gestión de la infraestructura, líneas y servicios ferroviarios que se desarrollen íntegramente en la Comunidad Autónoma».


3. Para la materialización de la anteriormente citada transferencia sobre ferrocarriles, iniciar, a la mayor brevedad posible, un diálogo bilateral con la Comunidad Autónoma de Euskadi.


Propuesta de resolución núm. 20


Intercities


El traspaso de las funciones y servicios que el Estado presta en el País Vasco en relación con los ferrocarriles se ampara en lo dispuesto en el apartado 32 del artículo 10 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, en el que se establece la
competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de ferrocarriles, transportes terrestres, marítimos, fluviales y por cable, sin perjuicio de lo dispuesto en la Constitución, y terminales de carga en materia de transportes.
Igualmente, en el apartado 9 de su artículo 12 establece la competencia de ejecución de la legislación del Estado en materia de ordenación del transporte de mercancías y viajeros que tengan su origen y destino dentro del territorio de la Comunidad
Autónoma, aunque discurran sobre las infraestructuras de titularidad estatal a que hace referencia el número 21 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución.


Por su parte, la Constitución, en su artículo 149.1.21.ª, establece que el Estado tiene competencia exclusiva en materia de ferrocarriles que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma.


Estas reglas de delimitación competencial en la materia que configuran el criterio territorial como elemento esencial del modelo de reparto son complementadas por el de interés general o, en su caso, el de interés autonómico.


Como es de sobra conocido, la «Y» vasca, que en la actualidad se encuentra en construcción, y a tenor de lo recientemente manifestado por la Ministra de Fomento en comparecencia pública, tiene prevista su puesta en funcionamiento en el año
2019.


Entre las funcionalidades con las que contará la Nueva Red Ferroviaria Vasca se encuentra la de conectar las tres capitales vascas, cuyas áreas metropolitanas concentran el 72 % de la población vasca, además de albergar los puertos de Bilbao
y Pasaia, las plataformas logísticas de Lezo, Jundiz y Arasur, así como la red de aeropuertos compuesta por los de Bilbao, Gasteiz y Hondarribia.


No es preciso señalar que la clave del éxito de la puesta en servicio de una infraestructura tan compleja como esta se encuentra en una adecuada planificación estratégica. Dicha planificación ha de ser realizada a largo plazo sobreponiendo
servicios y medios. Ello permitirá ordenar el trabajo en etapas, conocer los condicionantes, ordenar las relaciones para las que ha sido concebida y llegar en condiciones óptimas al objetivo de 2019.


Además, tal y como ha quedado constatado, se trata de funciones y servicios ferroviarios internos que se prestarán íntegramente por el interior de la Comunidad Autónoma de Euskadi, sujetos desde el punto de vista de la legalidad a lo
dispuesto en la normativa de referencia contenida en el bloque de constitucionalidad.


Por lo todo lo anterior, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


— Iniciar los trabajos de elaboración del Plan de Explotación de la «Y» vasca de manera conjunta entre las administraciones central y vasca, que contemple, de esta manera, seguir colaborando estrechamente con la Comunidad Autónoma de
Euskadi, teniendo en cuenta que la Comunidad Autónoma Vasca sea la encargada de prestar los servicios intercities entre las tres capitales vascas cuando concluya su construcción y se proceda a su puesta en servicio, al tratarse de servicios
interiores al País Vasco, coordinando su explotación con el resto de servicios que utilizarán esta infraestructura.


— Promover, en este sentido, un acuerdo de bases para que los traspasos en materia de transporte ferroviario de servicios interiores a la Comunidad Autónoma Vasca se completen con la inclusión de los mencionados servicios que conecten las
tres capitales de la Comunidad Autónoma de Euskadi sobre la red de interés general de alta velocidad, actualmente en construcción.

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Propuesta de resolución núm. 21


Tren de alta velocidad


La nueva línea de alta velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián-frontera francesa forma parte de la rama atlántica del Proyecto Prioritario n.° 3 de la Unión Europea, dando continuidad en territorio español a la línea
Madrid-Valladolid-Vitoria-frontera francesa.


Para su ejecución y tras el acuerdo formalizado en abril de 2006 entre la Administración General del Estado, el Gobierno Vasco y el ADIF, este último se encarga de la redacción y ejecución de los proyectos de plataforma entre Vitoria-Gasteiz
y Bilbao y los correspondientes a la integración del ferrocarril en ambas ciudades y el Gobierno vasco acomete la redacción de proyectos y la construcción de la plataforma en el ramal guipuzcoano desde el punto kilométrico 9,00 en Bergara hasta
Irún.


A enero de 2015, todos los tramos (17) cuya ejecución se encuentra encomendada al Gobierno vasco están en obras o finalizados.


No ocurre lo mismo con los tramos cuya ejecución corresponde al Gobierno español.


En este sentido, y a pesar de los reiterados requerimientos formulados a lo largo de esta legislatura por este Grupo Parlamentario y por el propio Gobierno vasco para que el Ministerio de Fomento concretara una fecha de puesta en marcha de
la «Y» vasca, no ha sido hasta el 28 de enero del presente año, en comparecencia pública celebrada ante los medios de comunicación, cuando la Ministra de Fomento ha comprometido el límite temporal para la finalización y puesta en servicio de esta
infraestructura en el año 2019.


Sin embargo, a día de hoy, tanto el Gobierno vasco como esta Cámara desconocemos la planificación presupuestaria y técnica que hará posible el cumplimiento del compromiso adquirido por la Ministra Pastor.


Especialmente preocupante también es la situación en la que se encuentran el proyecto y ejecución de la Plataforma del TAV Burgos-Vitoria-Gasteiz.


Cabe recordar que esta línea unirá entre sí, por alta velocidad, las tres capitales de la Comunidad Autónoma Vasca y acercará a Euskadi al resto de la península y a Francia, siendo en este sentido un proyecto estratégico en orden a la mejora
de su conectividad terrestre, y un instrumento esencial de crecimiento económico y cohesión social.


Por todo lo anterior y al objeto de avanzar en los trabajos que permitan la puesta en marcha de la infraestructura en el año 2019, que por otra parte ya acumula importantes retrasos, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Ratificar el compromiso adquirido por la Ministra de Fomento en comparecencia pública realizada ante los medios de comunicación el 28 de enero del presente año, de finalización y puesta en servicio de la «Y» vasca en el año 2019.


2. Presentar en el plazo de un mes ante esta Cámara la planificación presupuestaria y técnica que posibilite el cumplimiento del compromiso temporal de finalización y puesta en servicio de la «Y» vasca recogido en el apartado 12 de esta
propuesta de resolución.


3. Agilizar la redacción del Proyecto y ejecución de la Plataforma del TAV Burgos-Vitoria-Gasteiz mediante la priorización y habilitación de los créditos presupuestarios precisos para su puesta en marcha a la mayor brevedad posible.


Propuesta de resolución núm. 22


Transferencia prisiones a la Comunidad Autónoma del País Vasco


Resulta inadmisible el incumplimiento no solo reiterado, sino además infundado, de las competencias previstas en materia de prisiones a la Comunidad Autónoma del País Vasco en virtud de lo previsto en el artículo 10.14 del Estatuto de
Autonomía de Gernika en relación a la organización, régimen y funcionamiento de instituciones penitenciarias y en el artículo 12.1 relativo a la ejecución del ordenamiento jurídico estatal del Estado en materia de legislación penitenciaria.

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Por todo lo anterior, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


— Transferir la competencia exclusiva en el ámbito de las estructuras penitenciarias y la competencia de ejecución de la política penitenciaria en virtud de las previsiones del Estatuto de Autonomía de Gernika.


Propuesta de resolución núm. 23


Cumplimiento del Estatuto de Gernika en materia de seguridad


El Estatuto de Autonomía de Gernika establece, en su artículo 17.1, que a las Fuerzas de Seguridad del Estado les corresponde en el ámbito de la Comunidad Autónoma Vasca «los servicios policiales de carácter extracomunitario y
supracomunitario, como la vigilancia de puertos, aeropuertos, costas y fronteras, aduanas, control de entrada y salida en territorio nacional de españoles y extranjeros, régimen general de extranjería, extradición y expulsión, emigración e
inmigración, pasaportes y documento nacional de identidad, armas y explosivos, resguardo fiscal del Estado, contrabando y fraude fiscal al Estado».


La importante presencia de las FSE en Euskadi se ha venido justificando por la necesidad de combatir el terrorismo, explicándose de esta manera el incumplimiento del acuerdo contenido en el Estatuto de Gernika en materia de seguridad, que
encomienda a las instituciones del País Vasco, mediante el proceso de actualización del régimen foral previsto en la disposición adicional primera de la Constitución, la protección de las personas y bienes y el mantenimiento del orden público dentro
del territorio autónomo. ETA ha declarado su voluntad de finalizar de manera definitiva con su actividad terrorista, ejercida durante décadas. Estamos en un nuevo tiempo, lejos de las situaciones de excepcionalidad que desafortunadamente se han
tenido que vivir en Euskadi. Un nuevo tiempo sin la lacra del terrorismo ni la violencia callejera. Así lo ha entendido también el Gobierno al decidir la retirada de escoltas.


En estos momentos, las FSE cuentan con aproximadamente 4.000 efectivos en el País Vasco, número a todas luces excesivo para desarrollar las labores que según el ordenamiento jurídico les corresponden. Aún más en tiempos de fuerte crisis
económica, en los que una readecuación del número de efectivos podría proporcionar medios suficientes para atender en condiciones tareas de seguridad fundamentales en otros lugares del Estado.


Por todo lo anterior, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


— Que cumplimente el Estatuto de Gernika en materia de seguridad y proceda a una reducción de efectivos de las FSE en el País Vasco acorde con el mandato del ordenamiento jurídico que les asigna los servicios policiales extra y
supracomunitarios, quedando encomendada la protección de las personas y bienes y el mantenimiento del orden público exclusivamente a la Ertzaintza.


Propuesta de resolución núm. 24


Garoña


El cierre definitivo o no de Garoña suscita un debate controvertido y poco pacífico.


La orden del Ministerio de Industria ITC/1785/2009, de 3 de julio, fijó la fecha de 6 de julio de 2013 como la del cierre definitivo de la Central.


Llegada esa fecha, el Gobierno pretendió que la explotación de la misma continuara, encontrándose con la sorpresa de que Nuclenor (Iberdrola, Endesa), su propietaria, paralizó la explotación por motivos de rentabilidad.


El Gobierno considera que este cierre es ilegal o al menos anómalo, y pretende que la explotación continúe. Este empeño es solo explicable desde una posición de capricho personal y no desde la racionalidad económica y política.


La central, que supera los 40 años, es de primera generación, está anticuada y obsoleta con los riesgos que de ello se derivan.

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Por otro lado, el actual exceso de capacidad de generación eléctrica y la escasa potencia de la Central (400 Mw) hacen que esta sea perfectamente prescindible.


Además, partidos políticos e instituciones de Euskadi se han manifestado reiteradas veces a favor del cierre definitivo de la central.


Los datos conocidos hoy acreditan la apertura de la explotación de la central nuclear sin que sus problemas estructurales hayan sido resueltos.


Por todo lo anterior, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Cerrar de inmediato y desmantelar la central nuclear de Santa María de Garoña.


2. Elaborar un plan de dinamización económica para toda la zona de afectación que compense el quebranto económico y la pérdida de empleos que supone el cierre de la central.


Propuesta de resolución núm. 25


Dependencia


La Ley para promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia quiso constituir un hito, elevando a la categoría de derecho subjetivo las necesidades de las personas dependientes, intentando, además, poner el acento en las tareas
de prevención. Se trataba de hacer realidad el deseo de convertir los servicios sociales en el cuarto pilar del Estado del Bienestar, junto con la Educación, la Sanidad y el Sistema de Prestaciones (pensiones).


Esta Ley establecía tres niveles de protección, o tres niveles de financiación, por parte de las Administraciones Públicas:


— El nivel básico, aquella aportación que debería realizar la Administración General del Estado a las Comunidades Autónomas para el desarrollo de la Ley en función de las personas dependientes.


– El nivel acordado que se plasmaría en acuerdos entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas para cofinanciar los servicios y prestaciones previstas en la Ley.


– El nivel adicional que es la aportación que hace cada Comunidad Autónoma de su propio presupuesto con el fin de mejorar la cartera prevista en la Ley y desarrollos posteriores.


La realidad que se está viviendo con respecto a esta Ley con las expectativas que generó es decepcionante. Recortes en las prestaciones, ampliación de plazos de ejercicio de derechos, retrasos en el cobro de muchas organizaciones
prestadoras de servicios.


Una decisión que, sin duda, ha contribuido a la creación de esta sensación es la supresión unilateral por parte del Gobierno del Estado del Nivel Acordado de Protección, fuente importantísima de financiación del Sistema, que ha quedado
suprimida. En este momento el porcentaje de aportación de la Administración General del Estado es del 20 % y el de las Comunidades Autónomas y Forales del 80 %.


Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


— Recuperar las consignaciones presupuestarias de las que unilateralmente se ha desentendido la Administración General del Estado.


Propuesta de resolución núm. 26


Empleo juvenil


El Fondo destinado a la Garantía de Empleo Juvenil, financiado por el Fondo Social Europeo, asigna al Estado español 1.880 millones de euros para destinarlos a actuaciones que remuevan la intolerable situación de un porcentaje del 53 % de
los jóvenes menores de 30 años en situación de desempleo.

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De los 1.880 millones de euros previstos por el Fondo Social Europeo se han atribuido a la Comunidad Autónoma del País Vasco 23 millones de euros, a pesar de que esta Comunidad Autónoma posee competencia exclusiva en materia de Políticas
activas de empleo.


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


— Redistribuir de forma equilibrada y atendiendo al contenido de la Competencia en materia de Políticas Activas de las CCAA la integridad del Fondo destinado a la garantía del empleo juvenil.


Propuesta de resolución núm. 27


Treviño y Villaverde


El denominado condado de Treviño es un enclave que comprende los municipios de Condado de Treviño y La Puebla de Arganzón, que está a 12 kilómetros de Vitoria, y a más de 100 kilómetros de Burgos, provincia en la que está englobada. Dos de
cada tres consultas sanitarias se hacen en la Comunidad Autónoma vasca, más del 60 por ciento de los niños del enclave están escolarizados en Álava y su población está absolutamente integrada socialmente en la sociedad alavesa.


Ambos municipios han solicitado insistentemente su derecho a ser consultados sobre su adscripción a una u otra comunidad autónoma. Así, por ejemplo, en 1991, Treviño convoca un referéndum para preguntar a los vecinos si quieren ser
consultados. En 1996 lo solicita la Puebla de Arganzón. En 2005 Treviño vuelve a solicitar la consulta. En 2013 vuelvan a retomar la iniciativa ambos ayuntamientos y su situación se discute de nuevo en el Congreso de los Diputados en 2014.


Por su parte, el Valle de Villaverde (hasta 2005 llamado Villaverde de Trucíos) es un enclave con un único municipio en la Comunidad Autónoma de Cantabria rodeado por municipios de la CAV. El citado municipio solicitó insistentemente en
septiembre de 1986, octubre de 1987 y marzo de 1991 la celebración de un referéndum entre sus vecinos y vecinas para manifestar en su caso la voluntad de que el municipio se integrara en la CAV. El Gobierno del Estado sistemáticamente ha rechazado
esta posibilidad.


La voluntad popular se erige en un valor fundamental de la Constitución española. Por otra parte, no es admisible que el derecho a solicitar su adscripción a una u otra comunidad autónoma existente en varios estatutos de autonomía sea
bloqueado por diversas instancias institucionales impidiendo así conocer la voluntad de los vecinos y vecinas y que esta se haga realidad. El derecho, y menos el bloque de constitucionalidad, no pueden ser meras expresiones huecas de contenido.


Por todo lo anterior, el Congreso de los Diputados:


— Manifiesta que, conocida la opinión de los vecinos de Treviño y Villaverde en cuanto a la pertenencia de sus municipios a la Comunidad Autónoma Vasca, esta debe ser respetada y facilitada por todas las instancias institucionales.


Propuesta de resolución núm. 28


Consecución de la paz


Vivimos unos momentos de esperanza en los que ha finalizado la violencia de ETA que tanto dolor ha causado durante décadas. Es por tanto el momento de contribuir desde los poderes públicos a la profundización de la convivencia pacífica y al
democrático ejercicio de los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos, de manera que se logre consolidar la desaparición de la violencia.


Por consiguiente, el Congreso de los Diputados:


1. Señala que la situación de fin de la violencia por parte de ETA parece consolidada tras tres años de ausencia de atentados terroristas y coacciones a la población. Ello conlleva la readecuación de la

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política seguida hasta ahora por el Gobierno centrando el foco en conseguir la restauración de la convivencia normalizada en la sociedad vasca.


2. Insta al Gobierno a que mediante el más amplio diálogo, y en el marco de la legislación penitenciaria vigente, desarrolle una nueva orientación consensuada, dinámica y flexible de la política penitenciaria.


3. Exige a ETA su desarme y disolución rápida, efectiva y total y encomienda al Gobierno para que actúe y colabore con otras instituciones con altura de miras dentro de los márgenes permitidos por la ley a fin de asegurar los medios más
adecuados para que el citado desarme y disolución se produzcan de manera efectiva y ordenada.


Propuesta de resolución núm. 29


Legislación excepcional


La existencia de leyes excepcionales para combatir el fenómeno terrorista se configura en la Constitución española como un ámbito necesariamente limitado que no puede poner en cuestión los derechos fundamentales y las libertades públicas.
Sin embargo, la tendencia de este y otros gobiernos en el pasado ha configurado una legislación expansiva de la legislación de excepción que se compadece muy poco de la intención originaria del legislador y convierte en muchos casos la excepción en
regla.


Leyes como el Código Penal y su reforma en trámite que producen una expansión e intensificación del reproche punitivo hasta el punto de incorporar la cadena perpetua; Ley orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, la legislación
antiterrorista consagrada por el artículo 509 de la Ley de enjuiciamiento criminal; la legislación penitenciaria y su aplicación a los comitentes de determinados delitos como el terrorismo, impidiendo el cumplimiento del mandato del artículo 25 de
la Constitución que exige la orientación de las penas de privación de libertad a la resocialización de todos los delincuentes.


El Congreso de los Diputados:


— Insta al Gobierno a derogar aquellos aspectos y preceptos que constituyen un ordenamiento de excepción en el Código Penal, Ley orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, Ley de Enjuiciamiento Criminal y Legislación Penitenciaria.


Propuesta de resolución núm. 30


Justicia universal


El principio de Jurisdicción Universal atribuye a los Tribunales nacionales la capacidad de perseguir y enjuiciar una serie de graves crímenes que, independientemente del lugar de su comisión y de la nacionalidad de los autores o víctimas,
atentan contra la Comunidad Internacional en su conjunto. Estos crímenes incluyen: el genocidio, los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra, la tortura y la desaparición forzada. El consenso de la Comunidad Internacional es muy
claro: si estos crímenes golpean la conciencia de la humanidad y han de ser castigados es deber de todo Estado perseguir y castigar a sus responsables.


La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobada únicamente con los votos del Partido Popular, establece limitaciones de tal naturaleza, que no solo pervierte el concepto de Jurisdicción Universal, sino que prácticamente la hacen
desaparecer del ordenamiento jurídico. En el caso de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, para que puedan investigarse y enjuiciarse en el Estado español, el sospechoso debe ser o bien español o un ciudadano extranjero que resida en
España o un extranjero que se encuentra en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las Autoridades españolas. Respecto a los delitos de tortura y desaparición forzada la nueva Ley exige que el sospechoso sea español o que tuviera
nacionalidad española en el momento de la comisión del delito.


Se vulneran con esta amortización de la Justicia Universal: Convenciones de Ginebra de 1949; Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes; La Convención Internacional para la Protección de Todas las
Personas Contra las Desapariciones Forzadas; el Convenio para la Represión de Actos Ilícitos Contra la Seguridad de la Navegación Marítima; el Convenio para la

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Represión de actos Ilícitos Contra la Seguridad de la Aviación Civil y la Convención sobre la Protección Física de Materiales Nucleares y la Instalaciones Nucleares.


Por todo lo anterior, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


— Derogar la reforma de la Jurisdicción Universal acometida por la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal.


Propuesta de resolución núm. 31


Cumplimiento decisiones marco de la UE


En relación a la reciprocidad de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea, ámbito configurado por la decisión marco 2008/675/JAI y de la decisión marco 2008/315/JAI, se observa con preocupación su incorporación al ordenamiento
jurídico español pervirtiendo su contenido.


Se puede tener fe en la consolidación de una Europa unida y uniforme en materia de justicia o no, pero la pertenencia institucional a la UE requiere el respeto a los contenidos del derecho comunitario y el respeto a la cooperación judicial
en la Unión Europea.


Las reflexión contenida en el párrafo anterior constituye la antinomia de la forma en la que se han producido esta incorporación de las citadas decisiones marco. Se establece la prevalencia del ordenamiento jurídico español sobre el
europeo, lo que provoca distorsiones como la práctica de no computar los períodos de condena cumplidos en un país extranjero cuando esta condena se continúa cumpliendo en el Estado español y otras consideraciones que afectan al contenido de
resoluciones judiciales adoptadas en países de la Unión Europea que son objeto de novación en el Estado español.


Por todo lo anterior, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


— Aplicar en sus propios términos las decisiones marco 2008/675/JAI y 2008/315/JAI, consolidando el criterio de que en materia de duración de las penas se deberá descontar el período de tiempo cumplido en los demás países de la Unión Europea
que se hubieran impuesto por hechos que fueran punibles de conformidad con la Ley española vigente a la fecha de su comisión.


Propuesta de resolución núm. 32


Plurinacionalidad del Estado


La existencia de distintas naciones dentro de un Estado es un hecho comúnmente aceptado en la mayoría de los países de la comunidad mundial. En Europa tenemos algunos ejemplos, como Bélgica o Finlandia. Es frecuente también el caso en que
una nación esté presente en varios Estados, como el caso de la nación irlandesa, la sueca o la alemana.


El proceso de formación de la monarquía española muestra la estructuración de un Estado sobre el que existían realidades lingüísticas, culturales, institucionales y políticas que tenían su origen en un sentimiento diferenciado de
colectividad en algunos territorios, y más concretamente en Euskadi, Cataluña y Galicia.


El parlamento de Cataluña ha señalado en los últimos años de manera reiterada que considera que el pueblo catalán conforma una nación en sí misma distinta de la española. El parlamento vasco por su parte en fecha cercana ha reiterado la
declaración sobre el derecho de autodeterminación que ya aprobó en la década de los noventa, reafirmando la existencia de una nación vasca por encima de las fronteras internacionales.

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Por todo lo anterior, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


— Que reconozca la existencia de la naciones vasca y catalana, distintas de la española.


— Que impulse los cambios constitucionales pertinentes a fin de reconocer la existencia de diferentes naciones dentro del Estado español declarando la plurinacionalidad del mismo y la capacidad de que el parlamento gallego pueda afirmar
también, si lo deseare, su condición nacional.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias de doña Olaia Fernández Davila y doña Rosana Pérez Fernández, Diputadas del GP. Mixto-BNG, formula, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con
motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación, la siguiente propuesta de resolución.


Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero 2015.—M.ª Olaia Fernández Davila y Rosana Pérez Fernández, Diputadas.—Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


Propuesta de resolución núm. 33


Propuesta de resolución sobre cuestiones sociales, económicas y políticas


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Adoptar las decisiones necesarias para suspender la vigencia de leyes que han supuesto un ataque a los derechos laborales, sociales, económicos, jurídicos o a los derechos fundamentales de manifestación o reunión:


— Derogar la Reforma Laboral que ha reducido la protección laboral y social de los ciudadanos, ha precarizado enormemente el mercado laboral rebajando los salarios, introduciendo mayor temporalidad e inseguridad y creando trabajo de mala
calidad.


— Derogar la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local por vulnerar competencias autonómicas y de ayuntamientos y por contribuir al empeoramiento de los servicios sociales.


— Derogar la Ley de Tasas Judiciales por vulnerar el derecho de acceso universal a la justicia, encareciendo los trámites y procesos en la justicia.


— Derogar la LOMCE y el Decreto de Ordenación de los Estudios Universitarios que reduce los grados universitarios a 3+2, porque son normas que atentan contra el acceso universal a la educación pública, deterioran la calidad del sistema
público educativo y asientan una educación elitista alejada de las capacidades socio-económicas de las mayorías sociales.


— Derogar la Ley de Seguridad Ciudadana, popularmente conocida como ley Mordaza, por constituir un ataque contra los derechos fundamentales de los ciudadanos como el derecho de manifestación o de reunión, con el único propósito de
institucionalizar la represión, recortar las libertades, atemorizar y amordazar a la sociedad.


— Derogar el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, que introdujo el copago farmacéutico, expulsó de
la sanidad pública a colectivos sociales muy sensibles y restringió el acceso universal a la sanidad pública.


2. Adoptar decisiones en materia energética partiendo de la base de que se trata de un servicio básico que el estado debe garantizar sin restricciones a los colectivos sociales más vulnerables, y legislar para que Galicia cuente con una
tarifa eléctrica propia debido a ser excedentaria en producción eléctrica:


— Establecer una moratoria para impedir cortes de luz en los hogares que padecen pobreza energética porque no pueden hacer frente a los elevados costes energéticos.


— Presentar un Plan destinado a la desprivatización (nacionalización) del sector eléctrico debido a su condición de sector estratégico para el desarrollo social y económico.

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— Articular las medidas legislativas necesarias para que Galicia cuente con una tarifa eléctrica propia, con precios de la electricidad más bajos, dada su condición de territorio excedentario en la producción de energía eléctrica.


3. Adoptar decisiones en lo relativo a la privatización de infraestructuras estratégicas del estado, como es AENA, revertiendo dichos procesos y procediendo al traspaso de las competencias en gestión aeroportuaria de manera que permanezca
en manos públicas:


— Paralizar el proceso de privatización de AENA que afecta a infraestructuras básicas y fundamentales para el desarrollo económico del estado, mermando la calidad del servicio aeroportuario y dejando en situación de gran desprotección
laboral a miles de trabajadores del ente aeroportuario.


— Transferir a Galicia la competencia sobre la gestión aeroportuaria de los tres aeropuertos gallegos (Lavacolla, Alvedro y Peinador) con el objetivo de realizar una gestión eficaz, coordinada, implantando un sistema integrado que fomente la
especialización y la complementariedad de los aeropuertos gallegos.


4. Eximir a los miles de pensionistas afectados de tener que tributar retroactivamente por este concepto dado que no existe una norma clara y objetiva y dado el reconocimiento explícito de Hacienda de haber incurrido en un error al
sancionar a miles de emigrantes retornados con pensiones del extranjero.


5. Aprobar con carácter urgente una reforma de la Ley Hipotecaria que contemple la dación en pago y otras medidas en casos de impagos hipotecarios que protejan a los ciudadanos frente a los desahucios y desalojos forzosos de sus viviendas
que los dejen en una situación de extrema vulnerabilidad y precariedad social.


6. Respetar los derechos laborales y la profesionalidad de los trabajadores de la Televisión Pública Española (TVE) de modo que puedan desarrollar su trabajo en atención a los criterios periodísticos que deben regir a los medios de
comunicación públicos.


7. Aprobar la descentralización de los tributos para que Galicia cree una Agencia Tributaria propia con el objetivo de recaudar los impuestos que pagan sus ciudadanos y revertirlos en el propio territorio en beneficio de la ciudadanía
gallega, avanzando en la soberanía financiera.


Mientras esto no se produce, aumentar las dotaciones presupuestarias a transferir a la Comunidad Autónoma de Galicia para garantizar la universalidad de la sanidad y la educación, para recuperar el necesario desarrollo de la Ley de
Dependencia, para atender adecuadamente la exclusión social, con especial atención a lo relativo a la pobreza infantil y para detener la sangría del paro juvenil y el constante éxodo de jóvenes gallegos por la falta de trabajo.


8. Garantizar el derecho de los ciudadanos y ciudadanas gallegos a ser atendidos por la Administración General del Estado en la lengua propia de Galicia.


9. Adoptar las medidas legislativas necesarias de reforma constitucional para reconocer el derecho a decidir de las naciones (Galiza, Euskadi y Catalunya) que componen el estado español, el ejercicio de autodeterminación y la realización de
referéndums consultivos democráticos para que la ciudadanía se pronuncie libremente sobre el futuro de su territorio.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias de doña Olaia Fernández Davila y Rosana Pérez Fernández, Diputadas del GP. Mixto-BNG, formula, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con motivo
del debate de política general en torno al estado de la Nación, la siguiente propuesta de resolución.


Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero 2015.—M.ª Olaia Fernández Davila y Rosana Pérez Fernández, Diputadas.— Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

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Propuesta de resolución núm. 34


Propuestas de resolución sobre sectores, infraestructuras y necesidades de Galicia


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


Adoptar las siguientes medidas destinadas a mejorar la situación de los principales sectores productivos gallegos así como las infraestructuras más importantes del territorio gallego:


Infraestructuras


En materia viaria:


— Poner fin a la explotación privada de la AP-9, rematando así el régimen de concesión de la explotación de esta autopista a la concesionaria AUDASA como paso previo necesario para convertirla en una vía gratuita, libre de peajes.


— Aprobar el traspaso de la titularidad y competencias de la Autopista del Atlántico (AP-9) a la Comunidad Autónoma de Galicia, en base a lo establecido en el artículo 27 del Estatuto de Autonomía de Galicia y en base al artículo 148.1.5.a
de la Constitución que regula la posibilidad de transferencia en materia de carreteras en el «recorrido comprendido íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma».


En materia ferroviaria:


— Dotar de suficientes servicios y más plazas a los servicios ferroviarios del Eixo Atlántico A Coruña-Vigo a fin de rebajar la sobresaturación que sufren en las jornadas de mayor demanda, concretamente los viernes y domingos, con el
propósito de ofertar un servicio adecuado a los usuarios.


— Aprobar un Plan de mejora de los servicios ferroviarios de media distancia en Galicia con el objetivo de modernizar las líneas convencionales para ofrecer un tren competitivo en tiempos de viaje más cortos, más frecuencias y números de
servicios ferroviarios y que permita la conectividad territorial por tren en Galicia.


— Ejecutar al 100 % las partidas contempladas en los Presupuestos Generales del Estado para el presente año 2015, en especial las relativas a la construcción de los tramos del AVE a Galicia, así como las asignaciones viarias o
medioambientales.


— Transferir a Galicia la red ferroviaria convencional interior, acompañada de la correspondiente dotación económica, a fin de adecuarla para la implantación de servicios ferroviarios de cercanías.


— Dados los informes e investigaciones recientes sobre el terrible siniestro del tren Alvia en Angrois el 24 de julio de 2013 que indican fallos técnicos en el tren, aprobar la constitución de una Comisión de Investigación parlamentaria con
el objeto de esclarecer las causas, adoptar las medidas preventivas necesarias que eviten un accidente de estas características en el futuro y se depuren las responsabilidades a que hubiere lugar.


Sectores productivos


— Sector lácteo: Incluir en la modificación del Paquete Lácteo en elaboración una serie de medidas encaminadas a garantizar un precio de la leche en origen justo y equilibrado a los ganaderos: estableciendo la obligatoriedad de los
contratos homologados con la industria para un periodo de tiempo mínimo de un año, introduciendo la figura del mediador para negociar contratos, reflejar los denominados volúmenes, fijar un precio de la leche en origen referenciándose en algún
Observatorio u Organismo Oficial, además de abrir la Interprofesional Láctea a otros agentes que intervienen en la distribución.


— Sector naval: Dotar, de forma inmediata, de carga de trabajo a los centros de Navantia en la ría de Ferrol en las diferentes actividades que llevan a cabo, tanto de construcción naval como en otras (turbinas, reparaciones, grandes
transformaciones, eólica...), con plazos temporales para dotar de actividad a los astilleros públicos de Navantia-Ferrol y Navantia-Fene, de modo que se incentive, se promueva y se permita el desarrollo industrial del sector naval público y se
garantice la pervivencia de los miles de puestos de trabajo tanto directos como indirectos procedentes de la industria naval auxiliar.


— Sector pesquero: Otorgar de suficientes cuotas pesqueras a las flotas gallegas de cerco y de bajura de litoral para evitar la destrucción del sector pesquero gallego y frenar el elevado número de

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desguaces que se están produciendo por los recortes del Gobierno central y de la UE en la actividad pesquera de Galicia. A tal fin, aumentar las cuotas de especies de gran importancia como la caballa, el jurel, el bocarte, entre otras, y
mantener una posición firme ante la UE en defensa de las posibilidades de pesca de las flotas gallegas así como de sus artes de enmalle sostenibles y tradicionales.


— Sector conservero: Realizar las gestiones pertinentes ante la Comisión Europea para que se anule de los Acuerdos Comerciales entre la UE y países asiáticos, como Filipinas, la exención de aranceles a las conservas de atún, medida que es
una competencia desleal para nuestro sector conservero y que le genera grandes pérdidas económicas.


Necesidades de Galicia en el ámbito de la justicia


— Dado el Informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que indica que los juzgados de Galicia se sitúan entre los que acumulan más carga de trabajo y establece las necesidades del territorio gallego en 15 juzgados más, proceder a
incrementar el número de juzgados en Galicia en los ámbitos judiciales más afectados por la crisis: el civil y el laboral.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de don Enrique Álvarez Sostres, Diputado de FORO, formula, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con motivo del debate de política general en
torno al estado de la Nación, la siguiente propuesta de resolución.


Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2015.—Enrique Álvarez Sostres, Diputado.— Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


Propuesta de resolución núm. 35


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


La inclusión urgente y prioritaria del corredor ferroviario de ancho internacional Palencia-Gijón entre los proyectos susceptibles de cofinanciación europea con cargo a los fondos conocidos como TEN-T y «Juncker», a los efectos de asegurar
los objetivos fijados por el Gobierno desde el año 2000 para alcanzar una red homogénea e integrada que posibilite el equilibrio territorial, ofrezca unas condiciones de accesibilidad similares a todos los ciudadanos y permita la conexión intermodal
ferrocarril-autopista del mar, clave para el desarrollo económico y social de Asturias.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de don Joan Baldoví Roda, Diputado de COMPROMÍS-EQUO, formula, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con motivo del debate de política general en
torno al estado de la Nación la siguiente propuesta de resolución.


Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2015.—Joan Baldovi Roda, Diputado.— Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


Propuesta de resolución núm. 36


Ante la grave situación económica y política que padece la Comunitat Valenciana, debido a los elevados índices de corrupción, opacidad, gastos impropios, y escaso nivel democrático, además de padecer unos niveles de financiación inferiores a
lo que todos los estudios califican como equitativo, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo una serie de acciones que reviertan el panorama expuesto con el fin de que la economía valenciana se recupere y los corruptos sean
sometidos con celeridad a la justicia y los valencianos recuperen la democracia, mediante la ejecución de las siguientes acciones:


— El adelanto del Fondo de Competitividad a la Comunidad Valenciana, con el fin de que los Presupuestos de la Generalitat para el 2015 se adapten en mayor medida a la realidad de ingresos previstos.

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— Impulsar las modificaciones normativas necesarias para que la Generalitat Valenciana pueda recaudar el Impuesto Autonómico sobre Depósitos Bancarios, cuya recaudación a pesar de no estar prevista legalmente ha sido incluida como ingresos
en los Presupuestos de la Generalitat para el año 2015.


— La elaboración de una auditoría relativa a los costes de los servicios públicos transferidos a la Generalitat Valenciana y las cuantías aportadas por el Estado para su financiación desde que fueron transferidos, que calcule la deuda
histórica generada y establezca un plan de pagos y devolución.


— Llevar a cabo una auditoría ciudadana y pública que revise el modelo de privatización de los servicios públicos de la Generalitat Valenciana, en especial el modelo de conciertos en el ámbito sanitario, que aporte luz sobre sus costes
económicos, las deficiencias del modelo y los incumplimientos de los pliegos, con el fin de permitir su reversión sin que suponga coste económico alguno para las arcas públicas.


— Ponga solución a la escasez de jueces y magistrados de manera urgente garantizando el incremento y refuerzo de la plantilla especialmente de aquellos que se ocupan de los múltiples casos de corrupción cuya tramitación judicial ha recaído
en el ámbito de la comunitat, junto con la facilitación de todos los medios humanos y materiales que permitan garantizar el buen funcionamiento de la justicia.


— Acordar el compromiso público de no indultar a ningún político valenciano condenado por delitos relacionados con la gestión del dinero público o la recaudación como es el fraude fiscal ni llevar a cabo gestiones desde el Ministerio de
Interior dirigidas a otorgar el tercer grado.


— Impulse una normativa que garantice el derecho de información de la ciudadanía mediante la garantía de emisiones plurales y veraces, vetando las directrices políticas partidistas y prohibiendo el control ideológico de las informaciones
vertidas, garantizando el libre ejercicio de la profesión periodística. Normativa cuyo ámbito de aplicación sea la totalidad del Estado, al afectar a un derecho fundamental, impidiendo el uso de medios de comunicación públicos como mecanismos de
propaganda partidista, como se pretende desde la Diputación Provincial de Valencia a través del alquiler de las emisiones de Televisión de ámbito autonómico.


— Acuerde llevar a cabo una auditoría pública relativa a la gestión por el Consell de la educación concertada, a la vista del informe de la Intervención General y de la denuncia interpuesta por la fiscalía anticorrupción.


— Acuerde impulsar junto con los agentes sociales un plan de reindustrialización de la economía valenciana desde el apoyo a la formación, la innovación y la internacionalización que haga frente al elevado desempleo, economía sumergida y
precariedad impulsando el cambio del modelo productivo.


— Impulse la aprobación normativa que impida el cobro de tasas por la utilización de servicios públicos destinados a las personas en situación de discapacidad o dependencia.


— Establezca los medios necesarios para garantizar el uso del valenciano en las instituciones públicas dependientes del Estado.


— Establezca la prohibición de limitar el acceso a los medicamentos por parte del Consell en base a un criterio económico relativo a su coste, obligando al acceso inmediato a los medicamentos de última generación para las personas que
padecen hepatitis C.


— Acordar garantizar una concesión de agua de buena calidad del río Xúquer para la producción de agua potable a las comarcas de la Ribera, ejecutar las medidas necesarias para revertir el deterioro cualitativo y cuantitativo de las masas de
agua subterráneas y superficiales en las demarcaciones hidrográficas del Júcar y del Segura, y garantizar los recursos hídricos necesarios —en cantidad y calidad— para revertir la situación actual de deterioro del Parque Natural de l’Albufera.


— Acuerde declarar Castellón zona libre de fracking por riesgo ambiental.


— Acuerde impulsar la modificación normativa necesaria con el fin de recuperar la exención fiscal del Impuesto de Sociedades a las entidades e instituciones sin ánimo de lucro con facturaciones inferiores a 100.000 euros, en los términos
previstos hasta la aprobación de la Ley 24/2014.


— Acordar el rescate de la gestión de la AP7 garantizando su absoluta gratuidad.


— Acordar el cierre definitivo del Centro de Internamiento de Extranjeros sito en Zapadores, Valencia, con el fin de evitar nuevos casos de maltrato a inmigrantes y garantizar la protección de los derechos humanos.


— Acordar el incremento de las ayudas a la agricultura valenciana, de manera que se detenga el abandono de tierras cultivadas, se asegure la continuidad generacional de los agricultores y se defienda la competitividad de los productos en el
mercado único europeo y otras zonas de exportación.

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— Impulsar un plan de prevención de la nueva plaga que afecta a los cítricos, Trioza erytreae, que ha comenzado a aparecer en cultivos de Galiza, para frenar su posible expansión a la costa mediterránea y evitar el impacto económico que
podría provocar.


— Acordar el cierre definitivo de la central Nuclear de Cofrentes junto con un plan de inversiones para la comarca la Vall d’Aiora basado en la sostenibilidad y la creación de empleo.


— Acordar el traspaso de la gestión de los aeropuertos a la Comunidad Autónoma junto con el traspaso de la gestión de la red de trenes de cercanías y regionales dentro del territorio valenciano incluyendo en la negociación la financiación
para vertebrar el territorio, mejorar y en su caso ampliar la red, como las líneas Castelló-Vinarós, Xátiva- Alcoi y Gandia-Dénia-Oliva.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de don Sabino Cuadra Lasarte, Diputado de Amaiur, con motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso
de los Diputados, formula la siguiente propuesta de resolución sobre Navarra y el respeto a sus decisiones.


Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2015.—Sabino Cuadra Lasarte, Diputado.—Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


Propuesta de resolución núm. 37


Propuesta de resolución sobre Navarra y el respeto a sus decisiones


En los últimos años la Comunidad Foral de Navarra está viviendo una crisis política e institucional (a sumar a la socioeconómica) muy grave.


Se trata, en primer lugar, de una crisis motivada por razones internas. En primer término, crisis derivada de la existencia de un Gobierno en minoría, en clara y manifiesta rebeldía con respecto a las decisiones y leyes emanadas de forma
democrática del Parlamento Foral.


Junto a ello está también el comprobar cómo, lejos de ser Nafarroa, su Parlamento y su ciudadanía los marcos de solución para esta breve crisis, la práctica ha demostrado que es el marco estatal y sus órganos e instituciones los que deciden
en última instancia el futuro político de Nafarroa.


En segundo lugar, crisis interna derivada del afloramiento de una corrupción que amenaza con convertirse en endémica en esta Comunidad. La desaparición de la CAN y el escándalo de las dietas cobradas por los más altos miembros del Gobierno
del UPN, junto con el último escándalo surgido en torno a las finanzas del club de fútbol Osasuna, muestran a las claras la existencia de una concepción política que parece entender la propiedad pública como un botín electoral a apropiarse por parte
del partido en el Gobierno.


Pero existen también razones de esta crisis externas a la propia Comunidad. La imposición arbitraria de límites de deuda por parte del Gobierno central, la aprobación de leyes de todo tipo (reforma laboral, de las pensiones, LOMCE,
Administración Local,...) contra las que se ha expresado la muy amplia mayoría política, sindical, social de nuestro pueblo y, por último, el recurso interpuesto y posterior suspensión de numerosas leyes forales aprobadas por el Parlamento de
Nafarroa (copago sanitario, asistencia sanitaria a inmigrantes, pagas extras al funcionariado,..), nos dibujan una situación política en la que la soberanía de nuestras instituciones quedan supeditadas a los intereses políticos del Gobierno central.


Es en este contexto, tras la reciente conformación de la Comisión Negociadora encargada de modificar el Convenio Económico entre la Comunidad Foral y el Estado, se hace preciso sentar bases firmes a fin de que todas estas intromisiones dejen
de poder materializarse, razón por la cual Amaiur plantea la aprobación de la siguiente propuesta de resolución.


A tal efecto, el Congreso insta al Gobierno a:


Reconocer a la Comunidad Foral de Navarra y su Parlamento el más pleno derecho a adoptar aquellas decisiones y aprobar cuantas normas considere necesarias, a fin de garantizar que los derechos sociales

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y políticos de su ciudadanía puedan ser satisfechos, incluidas las fórmulas jurídico-políticas referentes a su estatus y organización institucional.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de don Jon iñarritu García, Diputado de Amaiur, formula, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con motivo del debate de política general en torno
al estado de la Nación 2014, la siguiente propuesta de resolución por el derecho a decidir de los pueblos.


Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2015.—Jon Iñarritu García, Diputado.—Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


Propuesta de resolución núm. 38


Propuesta de resolución por el derecho a decidir de los pueblos


El pasado día 8 de junio de 2014, miles de personas tomaron parte en una cadena ciudadana uniendo las localidades de Durango y Pamplona-lruña, en demanda del derecho a decidir de los y las ciudadanos vascos sobre su futuro constitucional.


En Cataluña el pasado 9 de noviembre de 2014, a pesar de las prohibiciones y amenazas vertidas desde diferentes instituciones estatales, más de dos millones ciudadanos y ciudadanas participaron en un ejercicio de participación ciudadana con
el objeto de dar su opinión sobre el futuro institucional del principado de Cataluña.


Las sociedades vasca, catalana y gallega llevan décadas reclamando el ejercicio democrático del derecho de autodeterminación. En estos últimos 30 años han sido numerosas las iniciativas y declaraciones aprobadas en las instituciones vascas
a favor del derecho de autodeterminación. En cambio, desde las instituciones del Estado, tanto el reconocimiento de este derecho como la posibilidad de celebrar consultas, han sido rechazadas. A día de hoy, cada vez más son mayoritarios los
porcentajes de las naciones históricas del Estado que desean decidir por sí solos el futuro institucional de sus comunidades.


El Reino de España lleva siglos intentando homogeneizar y centralizar un Estado de naturaleza plurinacional. Ello ha llevado a un sinfín de enfrentamientos bélicos y de tensiones. Durante el periodo preconstitucional, fueron numerosas las
solicitudes de inclusión en la «Norma Fundamental» del principio de autodeterminación de los pueblos, pero finalmente no solo no se incluyó sino que se optó por introducir amenazas a la fuerza por parte de la intervención militar, como se realiza en
el artículo 8 de la misma. Hechos que provocaron que la mayoría de la sociedad vasca no apoyase dicha Constitución al no recogerse sus legítimas aspiraciones.


Durante estas décadas de constitucionalismo, observamos que la Norma Fundamental ha sido interpretada con merma de la capacidad de autogobierno de las naciones históricas, frustrando las expectativas que la Constitución les había generado;
y ello ha sido debido fundamentalmente por [as aspiraciones centralistas de las dos grandes fuerzas políticas del Estado, que dicho de paso siguen siendo minoritarias en Cataluña y Euskal Herria. La interpretación de las normas del bloque de
constitucional que articulan el modelo territorial del Estado, mantenida por los diferentes Gobiernos de uno y otro signo, y sustentada por los tribunales ha llevado al Estado a un callejón sin salida; ha llevado a que fracase el modelo de Estado
de las Autonomías. Hay que destacar además que el Tribunal Constitucional no ha tenido el papel de neutralidad que se le esperaba. Esto ha producido que no se haya completado el proceso de transferencias; el rechazo o «cepillado» de propuestas
estatutarias de parlamentos como el vasco o catalán aprobadas por mayorías absolutas de dichas cámaras legislativas; y a un proceso de continua recentralización del Estado con una continua invasión competencial. En definitiva, un proceso de
centralización contrario a las aspiraciones y deseos de sociedades como la vasca, la gallega y la catalana.


En el marco internacional, estados de larga tradición democrática del mundo occidental, como son Dinamarca, el Reino Unido o Canadá, han modificado su legislación constitucional con el objetivo de dar primacía al principio democrático y
reconocer de esta manera el derecho a decidir el futuro constitucional de Groenlandia, Irlanda del Norte, Escocia o Québec, respectivamente. En todos estos casos, los estados matriz no solamente han reconocido el derecho de las distintas sociedades
a convocar referendos de

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autodeterminación y, en el caso de que el resultado fuera favorable, a la emancipación, acordar de forma negociada, la misma. Esto es, dar primacía al principio democrático.


Por todo ello, y teniendo en consideración que el reconocimiento del derecho a decidir el futuro de las sociedades que así lo solicitan, es un ejercicio de madurez democrática y de normalidad en el mundo occidental y del reconocimiento
explícito de la igualdad de derechos de los pueblos reconocido internacionalmente, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Reconocer los parlamentos de las naciones del Reino de España como representantes legítimos de la soberanía de sus respectivos pueblos.


2. Respetar y acordar la convocatoria de consultas o referendos por parte de los diferentes parlamentos, incluidos los que tengan como objetivo consultar a sus ciudadanos respecto a su futuro constitucional.


3. Que, en el caso de que una de esas consultas, tenga como resultado que una mayoría de sus ciudadanos se muestre favorable al cambio de estatus constitucional de esa comunidad, respete el resultado y proceda a negociar de buena fe en aras
a hacer efectiva jurídicamente ese deseo democrático.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de don Rafael Larreina Valderrama, Diputado de Amaiur, formula, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con motivo del debate de política general en
torno al Estado de la Nación 2015, presenta la siguiente propuesta de resolución en favor de la normalización política en Euskal Herria.


Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2015.—Rafael Larreina Valderrama, Diputado.—Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


Propuesta de resolución núm. 39


Propuesta de resolución en favor de la normalización política en Euskal Herria


Cuando estamos abordando el último tramo de esta legislatura, constatamos que frente a los pasos dados por la sociedad vasca para lograr la normalización política en Euskal Herria, la instituciones del Estado no solo no se han implicado en
ese proceso, sino que, en ciertos casos, sus decisiones, sus actuaciones, han sido más propias de quien quiere hacer inviable ese deseo, esa determinación de la sociedad vasca que apuesta de forma decidida por la normalización, la paz y la
reconciliación.


El actual Gobierno que preside Mariano Rajoy inició su andadura en el contexto de la nueva etapa política que se había abierto en Euskal Herria, fruto del esfuerzo, trabajo y responsabilidad de muchos agentes políticos y sociales vascos. A
partir del cese definitivo de su actividad armada, que hizo público ETA el 20 de octubre de 2011, se suscitó en todo nuestro país una masiva corriente de ilusión y esperanza ante una paz que se considera ya una realidad al alcance de la mano.


A partir de la declaración de Alete, surgida en el ámbito internacional, también afloraron en el seno de la sociedad vasca iniciativas que, a lo largo de estos más de dos años, han aportado en positivo experiencias y proyectos al proceso de
normalización que exige la absoluta mayoría de la ciudadanía del conjunto de Euskal Herria. Iniciativas, como por ejemplo Glencree o Eraikiz, son muestras loables del ejemplo que nos están dando muchas víctimas, muchas personas de nuestro país
—desde la diversidad de situaciones y desde el respeto mutuo de su pluralidad—, con su trabajo oculto, discreto, en favor de la paz, de la convivencia, de la reconciliación en Euskal Herria. Desde estos sectores se está trabajando con seriedad, con
responsabilidad avanzar en la reconciliación, reconocer, reparar y asistir a todas las víctimas, reconocer el dolor causado, y ayudar a sanar las heridas personales y sociales, así como adoptar medidas para la no repetición.


Posteriormente, la Comisión Internacional de Verificación dio a conocer el inicio de un proceso de sellado y puesta fuera de uso de armas y explosivos por parte de la organización ETA bajo la verificación y certificación de dicha comisión.
Este gesto también tiene una simbología importante y positiva que muestra la disposición a facilitar la transición a esa nueva etapa y el compromiso con la paz que reclama

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la sociedad vasca. Sin embargo, desde el Gobierno no se ha hecho nada para facilitar que dicho gesto pudiese tener continuidad para poner fin al proceso y hacer efectivo ese sellado y puesta fuera de uso de armas y explosivos.


En este último año, expresidentes, así como diferentes representantes institucionales y parlamentarios de diversos países han hecho público en Méjico, Argentina, Uruguay y Ecuador su apoyo y colaboración con el proceso.


En Europa también el «friendship», constituido en el Parlamento Europeo agrupando a diputados de diferentes Estados, está apoyando y ofreciendo su colaboración para hacer realidad ese objetivo al que aspira la sociedad vasca.


La inmensa mayoría de la sociedad vasca, los sindicatos, partidos políticos, así como las instituciones, están cada vez más ilusionadas y comprometidas con el proceso de soluciones abierto en Euskal Herria, algo que contrasta con la actitud
de obstrucción e involución que mantiene hasta la fecha el Gobierno español. El Gobierno que preside Mariano Rajoy debiera ser consciente de la importancia del nuevo escenario que vive Euskal Herria, dejar atrás recetas del pasado, y sumarse
responsablemente al esfuerzo de la mayoría de agentes políticos y sociales de Euskal Herria que trabajan para lograr la solución integral y definitiva que haga posible la construcción de la convivencia y la paz que añora y exige la ciudadanía de
Euskal Herria.


Por estas razones, presentamos la siguiente propuesta de resolución.


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Abordar, de acuerdo con la propuesta de punto segundo de la declaración de Aiete, el inicio de conversaciones para tratar exclusivamente las consecuencias del conflicto —desmilitarización, desarme...— de forma que estas puedan tener una
respuesta acordada cuanto antes.


2. Afrontar de forma inmediata un cambio en la política penitenciaria, con el fin de acabar con las medidas de excepción, poner fin a la dispersión y respetar los acuerdos adoptados repetidamente a lo largo del tiempo por parte de las
instituciones vascas y que cuentan con el apoyo de la mayoría de la sociedad vasca.


3. Sumarse al espíritu que ha impulsado las iniciativas plurales surgidas en el seno de la sociedad vasca, de forma que aporte también su contribución para avanzar en la reconciliación, reconocer, compensar y asistir a todas las víctimas,
reconocer el dolor causado y ayudar a sanar las heridas personales y sociales.


4. Comprometerse con un proceso en el que los actores no violentos y representantes políticos se reúnan y discutan cuestiones políticas, así como otras relacionadas al respecto, con consulta a la ciudadanía, lo cual podría contribuir a una
nueva era sin conflicto.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de doña Onintza Enbeita Maguregui, Diputada de Amaiur, con motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, formula la siguiente propuesta de resolución en favor de la retirada de las reformas impulsadas por este Gobierno que conculcan los derechos sociales y las libertades de las personas.


Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2015.—Onintza Enbeita Maguregi, Diputada.—Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


Propuesta de resolución núm. 40


Propuesta de resolución en favor de la retirada de las reformas impulsadas por este Gobierno que conculcan los derechos sociales y las libertades de las personas


Las políticas desarrolladas por el Gobierno del Partido Popular durante este último año, igual que el anterior y el anterior, siguen provocando consecuencias devastadoras en la población. Estas políticas se

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han aplicado con la excusa de la de crisis, son absolutamente sumisas a los «diktak» de la troika (instancias europeas) y priorizan el pago de la deuda pública.


El pago de esa deuda a los bancos e inversionistas que la suscribieron, una deuda que no nos correspondía y que hoy día supone la 2.ª partida de los presupuestos anuales, por encima de lo destinado a desempleo, se está haciendo a costa del
conjunto de partidas sociales. Así, confundiendo la causa de la crisis con sus consecuencias, se dejan a un lado la educación, la sanidad, la asistencia social y los sectores más desfavorecidos.


Y mientras la precariedad laboral, intrínseca a la reforma laboral, con más paro y menores rentas de trabajo aumenta estrepitosamente, se ha aprobado una reforma de las pensiones que ha supuesto otro mazazo a un sector de la población,
desfavorecido y con mayores necesidades en su mayoría.


No obstante, las rentas de capital y los beneficios de las grandes empresas aumentan escandalosamente, mientras las cifras de economía sumergida, el fraude fiscal y la alusión fiscal, siguen muchos puntos por encima del promedio europeo,
hasta el 25 %, ocupando el Estado español el 10.º puesto del mundo con mayor nivel de fraude. Ahí está la existencia sangrante de las SICAV.


Las eléctricas también han duplicado sus beneficios, mientras que hay miles de familias que sufren pobreza energética, y el 21 % de la población está en grave riesgo de pobreza.


En definitiva, mientras las grandes fortunas siguen siendo objeto de un trato legal y fiscal claramente privilegiado, las consecuencias de la crisis que ellos no han generado, siguen recayendo sobre los sectores sociales más desfavorecidos,
aumentando día a día la brecha social.


Y no contentos con todo esto, los últimos meses se han aprobado más leyes que van contra las libertades democráticas históricas, obsesionados por amordazar y penar las lícitas protestas de la población.


Específicamente brutales y relevantes la libertad de educación, esquilmada por la LOMCE y la nueva ley de universidades, y la libertad de las mujeres sobre su propio cuerpo, con su aberrante nueva propuesta para cambiar la Ley del Aborto,
amén de la pena y mordaza contra la libertad de manifestación, que están siendo contestadas mayoritariamente y con fuerza atronadora, sin comentar su último capricho aprobado con el nombre de pacto antiyihadista.


Es por ello que, en su virtud y sin perjuicio de las competencias financieras y fiscales propias de la CAV y Comunidad Foral de Navarra, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las siguientes medidas para recuperar los
derechos sociales arrebatados en los dos últimos años:


1. Realización de una auditoría de la deuda pública contraída por el Estado español en la que se analice el origen y causas de la misma, declarando la moratoria en el pago hasta que dicha auditoría no sea realizada, y declarando ilegítima
aquella deuda pública nacida de la pura especulación y la empleada para la realización de macroestructuras ruinosas y presupuestos militaristas.


2. Realización de un plan de inspección fiscal a empresas y entidades con volumen de negocios superior a ciento cincuenta millones de euros, a fin de aclarar su situación, negando reconocimiento legal alguno a las sociedades constituidas en
paraísos fiscales. Suprimir el régimen privilegiado de las SICAV y revisar el conjunto del sistema impositivo al objeto de incrementar su carácter progresivo y redistributivo.


3. El incremento de ingresos derivado de la aplicación de las dos anteriores deberá ser destinado exclusivamente a la financiación de partidas de contenido social y a un plan de choque de fomento del empleo.


4. Derogación de la Reforma Laboral, en especial la referida al incremento de la flexibilidad laboral, el abaratamiento y facilitación del despido y el debilitamiento de fa negociación colectiva.


5. Retirada de la Ley de Pensiones, por sus consecuencias en los pensionistas más desfavorecidos y especialmente teniendo en cuenta que con los anuncios de nuevas reformas y las reducciones en las cotizaciones planteadas el sistema
resultaría insostenible.


6. Derogación y retirada de la LOMCE, por antidemocrática, adoctrinadora, sumisa al dictado de los mercados, recentralizadora, por su ataque al euskera y nuestras competencias educativas y porque empeoraría gravemente la calidad educativa.


7. Retirada del anteproyecto de la nueva ley de universidades. Dicha ley convertiría los estudios universitarios en algo que solo los ricos se puedan permitir.


8. Derogación de la reforma energética para que toda la población tenga cubiertas sus necesidades básicas, con energías limpias y cerrando la puerta a la reapertura de Garoña o a la aplicación del fracking.

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9. Derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana y de las reformas del Código Penal. Estas leyes criminalizan la protesta social, que es el último recurso que les queda a las familias que gracias a las reformas del Gobierno español del PP lo
han perdido todo.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada de Geroa Bai, doña Uxue Barkos Berruezo, formula, al amparo de lo dispuesto en el articulo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputado, con motivo del debate de política general la
siguientes propuesta de resolución de medidas para la regeneración del estado de bienestar, del mercado del empleo y para la superación de conflictos interinstitucionales.


Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2015.—Uxue Barkos Berruezo, Diputada.—Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


Propuesta de resolución núm. 41


El Congreso de los Diputados los Diputados insta al Gobierno a acometer las siguientes medidas:


1. Superación de conflictos interinstitucionales:


a) Reforma en los términos correspondientes de la Ley General de la Seguridad Social para hacer compatible el subsidio por desempleo para parados de larga duración con otras ayudas de carácter complementario.


b) Reforma de la LOFCA en lo relativo al no reconocimiento de la Comunidad Foral de Navarra en el citado estatus.


c) Revisión y negociación de los límites de déficit y deuda impuestos a Navarra.


2. Racionalización de las grandes infraestructuras.


a) Revisión y paralización de los planes de recrecimiento del pantano de Yesa, tanto en cuanto no se garanticen las condiciones de seguridad.


b) Cumplimiento de los planes y finalización de la autovía del Pirineo, en el tramo competencia del Gobierno central.


c) Cumplimiento de la competencia propia en materia de cuidado y mantenimiento del cauce de ríos y caudales fluviales.


3. Regeneración del mercado de trabajo:


3.A Propuestas para la creación de empleo y para combatir la temporalidad:


a) Revisión en su conjunto de la reforma legislativa derivada de la Reforma Laboral.


b) Apoyo presupuestario a programas de autoempleo.


c) Exploración, definición y promoción de nuevos sectores sostenibles de creación de empleo.


d) Empleo joven:


— Revisión de los criterios de inversión y reparto de los fondos de Garantía Juvenil.


— Medidas específicas de apoyo económico e institucional al cooperativismo juvenil.


— Impulso al autoempleo juvenil.


e) Apoyo a pymes, micropymes y autónomos:


— Garantizando la devolución del IVA en el tiempo y forma marcados por ley y exigiendo el cumplimiento escrupuloso de las recomendaciones europeas en este sentido.


— Propiciando el mantenimiento de los centros de decisión en el territorio.


— Garantizando el circulante, comprometiendo a las entidades financieras principales perceptoras de fondos en la zona euro.

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— Establecer una línea específica de avales para apoyar procesos de reestructuración de balances de pymes y micropymes viables con dificultades de tesorería.


3.B Formación:


a) Capitalización del cien por cien de la prestación por desempleo para la realización de estudios en el extranjero.


b) Revisión y reformulación del actual sistema de organización y financiación de la formación continua.


3.C Medidas legislativas, industriales y de financiación.


a) Impulso, promoción y compatibilización de planes contra la deslocalización, especialmente en aquellas áreas que constituyen la apuesta europea en la materia, como es el caso del sector de la automoción.


b) Regulación de la imposición a Sociedades en consonancia con el compromiso de permanencia en el territorio.


c) Transferencia competencias plenas en materia de políticas activas y políticas pasivas y en materia de inspección de trabajo.


d) Impulso del marco autonómico de relaciones laborales.


e) Reforma y adaptación de la Ley de Represión de la Usura.


f) Recuperación de los fondos previstos en ejercicios anteriores para las políticas activas de empleo (3.600 millones de euros).


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su Portavoz, doña Rosa Díez González, formula, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con motivo del debate de política
general en torno al estado de la Nación, las siguientes propuestas de resolución.


Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2015.—Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.


Propuesta de resolución núm. 42


Sobre la unión de España y la eliminación de privilegios territoriales como única manera efectiva de garantizar la igualdad de todos los ciudadanos


Estos últimos meses hemos sufrido un auténtico desafío al Estado de Derecho por parte del nacionalismo secesionista catalán, al igual que en otros tiempo hizo lo propio el nacionalismo vasco, fomentando sentimientos de odio entre
conciudadanos, a fin de intentar convertir la Constitución Española en papel mojado y fraccionar la soberanía nacional con la intención última de levantar fronteras en pleno siglo XXI y en el marco de una Europa que va precisamente en dirección
contraria.


Frente a tales desafíos al Estado de Derecho reconocido en nuestra Constitución Española, proclamamos sin género de dudas que la unión de España es el principio básico que garantiza la igualdad entre todos los españoles, contemplada en el
artículo 14 de la Carta Magna, que reza que «los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social»,
lo cual es posible precisamente gracias a que «la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.»


Nada es más anacrónico y contrario al principio de igualdad que los privilegios territoriales que favorecen a unas Comunidades frente a otras, entre los cuáles ocupan un lugar destacado los derechos históricos atribuidos a los llamados
territorios forales (la Comunidad Foral de Navarra y los Territorios Históricos Vascos), que poseen un sistema de financiación privilegiado e injusto, el llamado Concierto Económico, que permite a unos concretos territorios una autonomía tributaria
y a la postre una sobrefinanciación de la que carecen el resto de Comunidades y que va a configurar un excepcional caso de «Federalismo Asimétrico».

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Es, por lo tanto, imprescindible establecer una estructura territorial y competencial que sea igualitaria y solidaria y un nuevo sistema de financiación común justo y transparente, con el objetivo de que todas las CC. AA. reciban un nivel
similar de recursos per cápita que garantice el mantenimiento en condiciones de igualdad de los servicios públicos.


Por otra parte, la reciente experiencia de los rescates financieros a las CCAA por la Administración Central ha evidenciado la necesidad de reformar la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera para poder penalizar los incumplimientos de normas de Derecho comunitario por parte de las Comunidades Autónomas, el incumplimiento de las leyes españolas o la falta de lealtad constitucional y garantizar el mantenimiento de los servicios
públicos esenciales en situación de igualdad de todos los españoles, en vez de utilizar los recursos para financiar proyectos identitarios, secesionistas y/o alimentar la red clientelar de entes y organismos públicos tejida en las distintas
Comunidades Autónomas.


Por todo ello, el Congreso de los Diputados:


1. Proclama que la unión de España reconocida en nuestra Constitución es una condición necesaria para garantizar el derecho fundamental a la igualdad de los ciudadanos, que es incompatible con cualquier intento de fraccionar la soberanía
nacional o de levantar fronteras.


2. Insta al Gobierno a impulsar las reformas y medidas necesarias a fin de suprimir los privilegios territoriales, como los regímenes forales y los derechos históricos, estableciendo una estructura territorial y competencial que sea
igualitaria y solidaria y un nuevo sistema de financiación común justo y transparente, con el objetivo de que todas las CC. AA. reciban un nivel similar de recursos per cápita que garantice el mantenimiento en condiciones de igualdad de los
servicios públicos.


3. Insta al Gobierno a acometer la reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para que de forma análoga a como condiciona la Unión Europea los rescates o las ayudas a los
países miembros, el Estado conceda las ayudas a las Comunidades Autónomas correspondientes de forma finalista, en orden a que las mismas sirvan para garantizar el mantenimiento de los servicios públicos esenciales, condicionando tales ayudas a la
supresión de gastos y entes superfluos.


Propuesta de resolución núm. 43


Para la suscripción inmediata de un Pacto de Estado de lucha contra la pobreza y la desigualdad


Según los datos publicados por la Red Europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social (EAPN) en el informe que ha publicado a principios del mes de febrero, la situación de pobreza generalizada en España no sólo no mejora, sino que
está empeorando. La EAPN señala que la Privación Material Severa ha aumentado un 38 % (del 4,5 % al 6,2 %), lo que significa, entre otras cosas, más personas que tienen dificultades para alimentarse adecuadamente, más personas que retrasan el pago
de gastos relacionados con la vivienda principal, más personas que no tienen ninguna capacidad para afrontar algún gasto imprevisto.


Estos datos son corroborados por ADICAE. Según su informe publicado a finales de 2014, «Situación de los consumidores de los colectivos especialmente desprotegidos y de los consumidores de mayor edad», los niveles de pobreza en España se
están profundizando. Este estudio refleja que el 16,5 % de los españoles tiene dificultades para llegar a fin de mes, el 40,2 % de los españoles no posee capacidad de ahorro, y otro 13,8 % apenas puede ahorrar 100 euros mensuales. El 31,6 % de los
españoles no puede llegar a fin de mes de manera permanente. Este panorama se dispara entre los menores de treinta y cinco años. Según el mismo informe, el 65 % no puede ahorrar nada, porcentaje que se eleva al 84 % entre los desempleados en estas
mismas edades.


La Fundación FOESSA y Cáritas son ciaras al respecto en su último informe: «El doble proceso de empobrecimiento de la sociedad española: caída de las rentas y aumento de la desigualdad en su reparto, con un hundimiento de las rentas más
bajas».


Entre los datos preocupantes de pobreza, cabe destacar el empeoramiento de las personas que no tienen hogar. Pese a que desde el año 2012 no existen cifras oficiales de «sinhogarismo» por el Instituto

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Nacional de Estadística, organizaciones como Cáritas han continuado contabilizando su aumento. El INE estimó que en el año 2012 existían en España un total de 22.938 personas sin hogar. Sin embargo, Cáritas contabilizó 40.000 personas para
el año 2014. Un aumento de casi el 100 % en tan sólo dos años.


La situación se agrava cuanto menor edad tienen las personas afectadas por la pobreza. Generalmente, los indicadores de pobreza utilizados por la Comisión Europea, así como por el Gobierno, se basan en determinados elementos que ayudan a
enmarcar la situación particular en el marco general. Entre los factores determinantes utilizados se encuentra el 60 % de la mediana de los ingresos por unidad de consumo por año, es decir, que si en un determinado año los salarios de forma
generalizada bajan, como está sucediendo aquí en España, el umbral para determinar el riesgo de pobreza y exclusión social también baja. Así puede darse la paradoja de que una persona que en el año 2008 cobrase una determinada cuantía, estuviese
dentro del umbral de la pobreza, y en los últimos años, al haber bajado los ingresos medios, con esa misma cuantía, queda fuera del umbral de la pobreza. Con este modelo de estimación, utilizado hasta el momento por el Gobierno, y organizaciones
como UNICEF, el porcentaje de menores en riesgo de pobreza se encontraba en el 27,5 % del total de los menores, lo que asciende a una cuantía superior a los 2.700.000. Sin embargo, UNICEF ha señalado que analizar la realidad mediante esta
metodología no tiene en cuenta la pérdida real de poder adquisitivo en los hogares. En base a esta consideración, UNICEF ha señalado en un documento que ha publicado a finales de 2014, titulado «Los niños de la recesión: El impacto de la crisis
económica en el bienestar infantil en los países ricos» que España queda mal parada dentro de la comparativa de los 41 países desarrollados estudiados. Según dicho informe, España, con el umbral de pobreza anclado en el año 2008, posee una cifra de
pobreza infantil que alcanza el 36,3 %, es decir, que más de 3,5 millones de menores se encuentran actualmente en una situación que para el año 2008 considerábamos de pobreza o exclusión social. Claro ejemplo de la necesidad de esta nueva
metodología de análisis de la pobreza radica en que para el año 2008, el umbral de pobreza se encontraba en 15.912 euros anuales, mientras que en 2012 esa cantidad descendía hasta los 15.082 euros anuales a causa de la pérdida de ingresos de las
familias y el descenso de los niveles de empleo.


Las principales razones por las que los niveles de pobreza infantil han aumentado considerablemente son el incremento del desempleo, la precarización del empleo existente, el aumento del número de hogares en los que no entra ningún tipo de
ingresos, la caída de la inversión real en políticas de protección de infancia y familia, además de una clara falta de voluntad por parte del Gobierno en la lucha contra la pobreza. Por ejemplo, el Centro de Estudios Económicos Tomillo para
UNICEF-Comité Español valora en 6.370 millones de euros el descenso del gasto total presupuestado en infancia desde 2010, tanto para políticas sociales, como en sanidad y educación.


Pese a que el Gobierno ha querido promocionar su lucha contra la pobreza infantil, organizaciones como Save The Children las han valorado como insuficientes. En el último informe que esta organización ha publicado a finales del año 2014,
«La infancia y la familia en los Presupuestos Generales del Estado en 2015», se recoge la siguiente observación sobre el compromiso real del Gobierno en la lucha contra la pobreza infantil:


«El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha realizado durante los últimos meses una programación de actos destinados a llegar, con las Comunidades Autónomas, a una estrategia de actuaciones encaminadas a resolver los
problemas de pobreza, privación y exclusión que sufren las familias españolas con hijos de edad reducida. Sin embargo el esfuerzo presupuestario no es coherente con un compromiso real pues en los Presupuestos de 2015 sin embargo la prioridad
concedida a este gasto es equivalente a 30 millones de euros.


Los Presupuestos reflejan 32 millones de euros adicionales para la familia y la infancia... Si tenemos en cuenta que aproximadamente 2,7 millones de niños y niñas están en riesgo de exclusión social estaríamos hablando de un aporte anual de
unos 11 euros adicionales para combatir la pobreza en la infancia, una cantidad claramente insuficiente.»


Los recursos totales destinados para 2015 al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad apenas superan en 12.000 euros a los destinados a dicha partida en el anterior ejercicio. Las partidas presupuestarias aprobadas por el
Gobierno en relación a programas de familia e infancia aumentan, aunque de manera insuficiente para atender las tasas de pobreza infantil que organizaciones como Cáritas, UNICEF o Save the Children han estimado. Casi 3 millones de menores están
actualmente en España en riesgo de pobreza y exclusión social y el Gobierno destina un monto ligeramente superior a 35 millones de euros al

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sumar diferentes partidas, lo que supone una media de 11 euros al año por menor en riesgo de pobreza y exclusión social. Una cuantía claramente insuficiente.


Pero el abordaje de la pobreza infantil y de sus graves efectos en los niños y niñas y en la sostenibilidad económica y social requiere, además de un incremento sustancial de los recursos, una apuesta política sólida y mantenida en el tiempo
que precisa un pacto amplio de los partidos representados en la Cámara.


En su virtud el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Promover un Pacto de Estado por el bienestar de los niños y la lucha contra la pobreza infantil.


2. Publicar de manera anual un informe sobre la situación de los niños en España analizando el impacto de las políticas estatales sobre su situación así como la inversión dedicada a la infancia en los Presupuestos Generales del Estado,
además de las medidas concretas adoptadas en este sentido y su impacto.


3. Dotar de los recursos necesarios al Plan de Apoyo a las Familias que toma como referencia la recomendación de la Comisión Europea «Invertir en la infancia: romper el ciclo de las desventajas».


4. Aumentar, mediante una partida presupuestaria extraordinaria y específica, los recursos destinados a la lucha contra la pobreza infantil ya que dicha cantidad presupuestada en los Presupuestos Generales del Estado resulta claramente
insuficiente. Y consolidar el aumento de esta partida en posteriores ejercicios.


5. Asumir metas e indicadores cuantificables sobre pobreza infantil en el Programa Nacional de Reformas en el marco de la Estrategia 2020 de la UE y en el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social (PNAIN) 2013-2016.


6. Poner en marcha mecanismos efectivos para que la valoración del impacto de las medidas legislativas sobre la pobreza y el bienestar de la pobreza sea relevante y tenida en cuenta.


7. Garantizar la coordinación y cooperación institucional, a todos los niveles de la administración, entre los diferentes planes en marcha.


8. Llevar a cabo las medidas oportunas, en colaboración con las Consejerías de Educación y Sanidad y Servicios Sociales para luchar de manera efectiva contra la malnutrición infantil en España.


9. Impulsar, en materia de vivienda, fórmulas que ofrezcan una alternativa a las personas que no pueden hacer frente a sus pagos hipotecarios, con sistemas alternativos que faciliten la renegociación de las deudas existentes para que puedan
permanecer en la vivienda y en último extremo que se apoye la dación en pago y la limitación de responsabilidad sobre sus bienes y derechos futuros.


10. Elaborar, en el plazo de seis meses, una Estrategia Estatal de Prevención y Erradicación del «sinhogarismo» y la exclusión residencial, que integre las perspectivas de política social y de vivienda; así como las de salud, trabajo o
educación.


Propuesta de resolución núm. 44


Relativa a la reforma del sistema electoral para hacerlo más plural e igualitario, fomentar la participación y el voto de los residentes en el extranjero


El régimen electoral es una pieza clave del Estado constitucional: habilita la participación política de los ciudadanos, transforma sus votos en escaños y, en definitiva, hace operativo el principio democrático en las instituciones de
nuestro Estado, que propugna como uno de sus valores superiores el pluralismo político. Por ello, la calidad democrática de un Estado depende en gran medida de la capacidad de su sistema electoral para lograr la equidad en la representación de los
partidos y compatibilizar alta representatividad con gobernabilidad.


Como señaló el Consejo de Estado en su informe de 24 de febrero de 2009 sobre las Propuestas de Modificación del Régimen Electoral General, el principio de igualdad de voto no agota su significado en la igualdad formal en el ejercicio del
derecho de sufragio sino que, además, exige una igualdad sustancial de los votos emitidos, de forma que todos ellos tengan el mismo peso para la obtención de representación. En este sentido, el Código de buenas prácticas en materia electoral
aprobado en octubre de 2002 por la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, más conocida con el nombre de Comisión de Venecia, distingue entre la «igualdad en los derechos de voto» (equality in voting rights) y la «igualdad

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del poder del voto» (equality in voting power), y recomienda que los escaños se repartan por igual entre las circunscripciones.


Sin embargo, en nuestro país, como acreditan los informes emitidos por los equipos de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) para la observación de las elecciones parlamentarias, con el sistema electoral actual
contenido en la LOREG, el peso del voto difiere de manera ostensible en función de la circunscripción en que se ejerza el derecho de sufragio; dado que el número de escaños que le corresponde a cada una no guarda relación directa con sus
habitantes, las provincias menos pobladas están sobrerrepresentadas en ambas Cámaras y las más pobladas infrarrepresentadas. A su vez, como apunta el Consejo de Estado, la correspondencia entre el número de escaños y el número de votos de algunas
candidaturas electorales genera hoy en día desajustes de innegable entidad y afecta también a la igualdad de oportunidades (equality of chances) de los partidos.


Por todo ello, fruto de un estudio riguroso de nuestro sistema electoral y sistemas comparados por expertos de diversas disciplinas, planteamos corregir los desajustes del sistema electoral por el que optó nuestro Poder Constituyente sin
necesidad de modificar la Constitución ni variar el tamaño del Congreso. El sistema que proponemos permitiría que los escaños del Congreso se asignen respetando simultáneamente tres criterios esenciales: el número de escaños de cada
circunscripción se asigna en función de su población; el número de escaños de cada partido se asigna en función de sus votos totales, de forma que un partido que supere a otro en votos no debe recibir menos escaños que ese otro; y los escaños de
cada partido se reparten entre las circunscripciones con criterios de representación proporcional. Para ello se utilizaría el denominado reparto biproporcional, que permite así corregir el déficit de proporcionalidad existente y compatibilizar alta
representatividad con gobernabilidad.


En cuanto al sistema o tipo de listas, la Constitución no hace referencia alguna ni a la forma en que los candidatos deben aparecer agrupados a efectos de su elección ni al modo en que los electores pueden ejercer su voto. Sin embargo, con
la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General se adoptó un modelo de listas cerradas y bloqueadas, de manera que los votantes no pueden elaborar su propia lista escogiendo entre quienes figuran en diferentes candidaturas
(lista cerrada), ni tampoco alterar el orden en que aparecen los candidatos de la lista finalmente elegida (lista bloqueada).


Siguiendo las indicaciones del Consejo de Estado, es obligado tratar de potenciar la participación de los ciudadanos en la elección de sus representantes implantando un sistema de listas electorales desbloqueadas, como sucede en la mayor
parte de los países europeos para las elecciones legislativas. Se trata de que los votantes puedan expresar sus preferencias sobre los candidatos de la lista que decidan votar sin que la atribución de escaños a cada candidatura haya de venir
necesariamente determinada por el orden en que figuran en la lista de cada partido.


La participación ciudadana en la vida política constituye la esencia de la democracia. Por eso el Gobierno debe tener como principio de su actuación el fomento de la participación y asumirlo como una de las obligaciones del Estado. La
participación ciudadana en las convocatorias electorales no es sólo un medio de legitimación del ejercicio del poder, sino que se trata de un fin en sí mismo, el fin de toda Democracia.


Hasta la reforma de la LOREG de 1994 (LO 13/1994, 30 marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, 19 junio, del Régimen Electoral General, «BOE» de 31 marzo), el texto del artículo 50.1 de la misma señalaba que «los poderes públicos
[...] pueden realizar durante el período electoral una campaña de carácter institucional destinada a informar e incentivar la participación en las elecciones, sin influir en la orientación del voto de los electores». Esta expresión en la que
explícitamente se permitía incentivar la participación, fue eliminada en dicha reforma de 1994.


En todo caso, dicha modificación del articulado no establece la prohibición de que los poderes públicos puedan incentivar la participación ciudadana. Esta prohibición se produjo por una interpretación muy cuestionable de la Junta Electoral
Central (JEC) en el apartado cuarto, letra a), párrafo segundo, de su Instrucción 2/2011, de 24 de marzo de 2011.


Prueba de lo anómalo y perjudicial de dicha interpretación fue la campaña institucional del Parlamento Europeo para las pasadas elecciones del 25 de mayo de 2014, que en España se tuvo que modificar en aplicación del criterio establecido por
la Junta Electoral Central (Instrucción 2/2011). Por insólito que parezca, dicha campaña europea planteaba problemas respecto de algunos elementos que animaban a la participación electoral de los ciudadanos. Así, el cartel original de la campaña,
diseñado por el Parlamento Europeo, tuvo que cambiarse en España para eliminar la imagen de una urna y la palabra «vota». Otros materiales como vídeos o pegatinas, también fueron censurados para eliminar de ellos todo rastro de

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incitación a la participación ciudadana por parte de las instituciones y en las imágenes de la jornada electoral los ciudadanos que introducían el voto en la urna desaparecieron. La JEC se basó en su propia doctrina para obligar a estos
cambios en la campaña institucional del Parlamento Europeo, teniendo el dudoso honor de ser el único país que vio necesario censurar la campaña europea.


Y es que, según la discutible interpretación de la JEC, animar a los ciudadanos a votar no constituye una forma de garantizar el derecho constitucional a la participación política, sino que podría interferir en un pretendido derecho a la
abstención. Al parecer, fomentar la participación ciudadana en las convocatorias electorales atenta contra la neutralidad de las instituciones, que no deben tomar partido entre dos derechos a juicio de la JEC equiparables, el derecho al voto y el
derecho a abstenerse. Sin embargo, cabe recordar que el artículo 23 de la Constitución Española consagra como fundamental el derecho al sufragio activo y pasivo, sin que exista en nuestra Carta Magna tal cosa como el derecho a abstenerse. No se
debe confundir la posibilidad de hacer algo con la existencia de un derecho que lo proteja. La abstención es una opción, efectivamente, pero no es en ningún caso un Derecho que el Estado deba proteger, ni mucho menos promover.


En conclusión, no se trata tanto de obligar a los poderes públicos a incentivar la participación ciudadana en las convocatorias electorales; sino de evitar una prohibición que deriva de una interpretación discutible de la Junta Electoral
Central. Se trata, en definitiva, de dotar de seguridad jurídica al ámbito electoral y evitar cambios de interpretación no motivados en el futuro, así como promover el Derecho a la participación ciudadana y desterrar todo vestigio de un posible
derecho a la abstención que no tiene justificación ni existe en ningún ordenamiento jurídico moderno.


Por otro lado, la Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero, introdujo una modificación del artículo 75 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, que regula el ejercicio del voto por personas que viven en el
extranjero. Con dicha modificación se introdujo un complejo procedimiento para que los españoles inscritos en el censo de residentes-ausentes puedan ejercer un derecho fundamental reconocido por el artículo 23 de la Constitución como es el derecho
electoral activo y pasivo.


Este nuevo procedimiento obliga al ciudadano español que reside en el extranjero a asumir la carga del cumplimiento de una serie de trámites legales y administrativos que por su complejidad y la excesiva brevedad de los plazos se ha
convertido en la práctica en un sistema de discriminación y exclusión.


Es un sistema discriminatorio respecto de los ciudadanos españoles que residiendo en territorio español, pero estando ausentes el día de la votación, optan por el ejercicio de su derecho mediante el voto por correo (arts. 72 y 73), ya que
reduce ostensiblemente los plazos para solicitar el voto del español en el extranjero a veinticinco días frente a los cuarenta y cuatro días de que gozan los residentes en España.


También se reduce el período de remisión por correo del voto a la Oficina Consular de Carrera o a la Sección Consular de la Misión Diplomática, al limitarlo hasta el quinto día anterior a la fecha de las elecciones, frente al residente en
España, que puede remitirlo por correo hasta el tercer día anterior a las elecciones. Este plazo se ve todavía más restringido en las provincias donde se hayan impugnado las candidaturas, ya que en ese caso la recepción de los certificados de
inscripción en el censo de residentes ausentes puede demorarse hasta el cuadragésimo segundo día posterior a la fecha de convocatoria de las elecciones, lo que deja al votante en el extranjero tan sólo una semana para remitir su voto al Consulado.
Semejante diferencia de plazos en función de las impugnaciones de candidaturas no figuran para el voto por correo de los españoles residentes en España.


Por otro lado, la realidad desde la implantación del nuevo procedimiento del voto de los españoles residentes en el extranjero demuestra que se ha convertido en un sistema de exclusión en el ejercicio de este derecho. Según los datos
oficiales publicados por el Ministerio del Interior, en las elecciones generales celebradas el 20 de noviembre de 2011, el Censo de Residentes-Ausentes (CERA) tenía registrados 1.482.786 españoles, de los que se tramitaron 138.037 solicitudes de
voto, aunque sólo votaron 73.361 españoles (4,95 %). En las elecciones generales anteriores, celebradas en marzo de 2008, el CERA registraba 1.205.329 españoles en el extranjero de los que votaron 382.586 ciudadanos (31,74 %).


Estos datos demuestran claramente que la reforma electoral establecida para los españoles que residen en el extranjero, lejos de favorecer su participación política a través del ejercicio de su derecho de sufragio activo, ha servido para
impedirlo, al tiempo que introducía una discriminación legal contraria al principio de igualdad regulado en el artículo 14 de la Constitución.

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Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas legales precisas para la reformar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que incorpore los siguientes cambios:


1. Adoptar un sistema electoral que siga un sistema biproporcional de tal forma que el número de escaños de cada circunscripción se asigne en función de su población; el número de escaños de cada partido se asigne en función de sus votos
totales, y finalmente los escaños de cada partido se repartan entre las circunscripciones con criterios de representación proporcional.


2. Hasta que el desarrollo de las herramientas informáticas permita la introducción sencilla de las listas abiertas, el procedimiento de elección de los Diputados seguirá el principio de «listas desbloqueadas», de modo que el elector tenga
la posibilidad de alterar el orden de los candidatos en la lista.


3. Introducir en el articulado de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), en concreto en el artículo 50, la previsión expresa de que las instituciones podrán incentivar la participación de los ciudadanos en las convocatorias
electorales.


4. Modificar el artículo 75 de la LOREG con el fin de establecer un procedimiento para el ejercicio del voto de los españoles residentes en el extranjero que no sea discriminatorio y que sirva para promover el ejercicio de este derecho
fundamental por este colectivo, que representó el 4,15 % del censo electoral total en las elecciones generales de 2011.


Propuesta de resolución núm. 45


Para garantizar la independencia de la Justicia, la eliminación del aforamiento, otros privilegios procesales de cargos públicos y la reforma del indulto


Uno de tantos incumplimientos que el Gobierno ha realizado en esta legislatura respecto del programa de gobierno con que concurrió a las pasadas elecciones generales fue llevar a cabo una reforma de 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
(LOPJ), en el ámbito del nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) diametralmente opuesta a la prometida, sin que en este caso mediase excusa de tipo económico o presupuestario para ello.


En efecto, en vez de despolitizar el nombramiento de los vocales del CGPJ, el Gobierno reforzó el control de los partidos políticos sobre el máximo órgano de gobierno de los jueces y, como corolario de lo anterior, alcanzó un acuerdo entre
las distintas fuerzas parlamentarias (el Grupo Parlamentario Popular, Socialista, Catalán, Vasco, de Izquierda Plural y el Mixto, representado por UPN), a fin de repartirse por cuotas la «tarta» del poder judicial a través de la designación
parlamentaría.


Consideramos que el referido sistema de nombramiento del CGPJ debilita la democracia, destruye la separación de poderes, contraviene el espíritu de la Constitución y compromete la independencia y autonomía del poder judicial, imposibilitando
una efectiva lucha contra la corrupción política, toda vez que el CGPJ es el responsable del nombramiento de los más altos puestos de la judicatura, que a su vez han de enjuiciar a los propios políticos, en su mayor parte aforados.


En su Sentencia núm. 108/1986, de 29 de julio, el Tribunal Constitucional fue muy claro al condicionar la validez del sistema de nombramiento de la totalidad de los integrantes del CGPJ por las Cámaras a que dicha designación no se
realizara según un sistema de reparto de cuotas partidistas, pues ello supondría «frustrar la finalidad señalada en la norma constitucional».


Los motivos por los que un reparto y designación estrictamente partidista de los miembros del CGPJ supondrían una vulneración de la Constitución y un peligro para la independencia de la Justicia se indican en la referida Sentencia del
Tribunal Constitucional cuando se señala que «las funciones que obligadamente ha de asumir el Consejo son aquellas que más pueden servir al Gobierno para intentar influir sobre los tribunales: de un lado, el posible favorecimiento de algunos jueces
por medio de nombramientos y ascensos; de otra parte, las eventuales molestias y perjuicios que podrían sufrir con la inspección y la imposición de sanciones».


Pues bien, la forma en que las distintas fuerzas políticas se han repartido en esta legislatura el CGPJ responde a un previo acuerdo fundado en un calculado reparto de cuotas partidista como el denunciado por el Tribunal Constitucional, que
alcanza no solo a los 20 vocales del referido órgano de gobierno de los jueces sino también al nombramiento del Presidente del CGPJ y a los que convierten en la práctica en

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meros delegados o comisionados de los partidos que los han promocionado. Todo sistema democrático que se precie debe establecer una separación real entre los poderes que ahora queda en entredicho.


En relación con lo anterior, otro elemento importante a la hora de poder combatir la corrupción política es eliminar la figura del aforamiento. A estas alturas nadie puede negar que la figura del aforamiento supone un privilegio, pues
impide que los políticos presuntamente corruptos sean investigados y enjuiciados por su juez natural, al serlo por uno especial (el Supremo o el TSJ, normalmente) mucho más susceptible de estar politizado, a consecuencia precisamente del reparto
partidista del Consejo General del Poder Judicial que acabamos de denunciar.


Hasta ahora, el pretexto que ha venido dando a este Grupo el Gobierno para no abordar la inmediata supresión o reducción de los más de 10.000 aforados existentes en nuestro país, es que la Constitución Española (artículos 71.3 y 102.1)
contempla el aforamiento de los Diputados, Senadores y miembros del Gobierno y que, por lo tanto, iba a «dar muy mala imagen» a la ciudadanía suprimir el resto de aforados sin eliminar antes el aforamiento de los que precisamente tienen la
competencia legislativa.


Pero el incremento de los casos de corrupción política hasta límites insoportables hace imprescindible, hoy más que nunca, abordar el problema de raíz y llevar a cabo una modificación puntual y urgente de los artículos 71.3 y 102.1 de la
Constitución Española a fin de suprimir los supuestos de aforamientos de los Diputados, Senadores y de los miembros del Gobierno.


Dicha reforma no puede posponerse bajo el pretexto de que hace falta «consenso» pues, cuando el partido del Gobierno quiso, realizó en poco más de veinticuatro horas la reforma del artículo 135 CE, con la inestimable colaboración del Grupo
Popular, a pesar de que la misma estaba muy lejos de ser una cuestión demandada por la ciudadanía.


Dentro del capítulo relativo al blindaje de que se han dotado los cargos públicos cabe destacar el uso que los distintos Gobiernos, de uno u otro color, hacen de la prerrogativa del indulto, que en algunos casos no se concede por razones de
justicia, equidad o utilidad pública, sino por inconfesables motivos que nada tienen que ver con su verdadera finalidad, tales como compensar determinados favores o beneficiar a cargos públicos o empresarios vinculados con el poder, lo que transmite
una imagen de absoluta arbitrariedad, desprestigiando la política y, en última instancia, a la propia Administración de Justicia, trasladando la idea a la ciudadanía de que la Justicia no es igual para todos, sino que perviven ciertos espacios de
impunidad.


La potestad de gracia supone una excepción (por lo tanto una quiebra) al principio de división de poderes, al invadir el ejecutivo prerrogativas que sólo al judicial le deberían estar atribuidas, por lo que ha de aplicarse de forma
restrictiva, sin que la discrecionalidad con la que está contemplada pueda convertirse en arbitrariedad o utilizarse despóticamente, de forma incompatible con los principios rectores del Estado de Derecho.


Sin embargo, aunque se eliminasen estos elementos, aún quedan otros privilegios que deben también ser revisados. Así, la exención de declarar ante la llamada de un Juez y de prestar declaración de forma escrita se extiende, entre otros, a
la Casa Real, los agentes diplomáticos, el Presidente del Gobierno y demás miembros del Gobierno, Presidente del Tribunal Constitucional, miembros del Consejo General del Poder Judicial, los presidentes de las Comunidades Autónomas y los diputados y
senadores.


Este privilegio por el que determinadas personas quedan exentas de declarar o de hacerlo en las mismas condiciones que el resto de ciudadanos, es claramente contrario al principio de igualdad ante la Ley contenido en el artículo 14 de la
Constitución Española, así como al aludido deber de colaborar con la justicia. Además, la posibilidad que se da a algunos cargos de declarar por escrito rompe con el principio de inmediación y puede poner en peligro el éxito de la investigación.


Por todo lo anterior, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Acometer una reforma que modifique el sistema de elección de los 12 vocales del Consejo General del Poder Judicial del llamado turno judicial, a fin de que los mismos no sean elegidos por los partidos políticos a través de un sistema de
reparto de cuotas, sino por los propios jueces y magistrados mediante un sistema de voto directo, secreto y abierto.


2. Dar los pasos necesarios para acometer una reforma puntual y urgente de la Constitución a fin de eliminar los supuestos de aforamientos de diputados, senadores y miembros del Gobierno, contemplados en los artículos 71.3 y 102.1 de la
Carta Magna, como paso necesario a la completa abolición de la figura del aforamiento de nuestro ordenamiento jurídico, Inexistente en la mayor parte de los países de nuestro entorno.

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3. Reformar la figura del indulto y su procedimiento de concesión de manera que se prohíba su concesión en delitos de corrupción política, exista un mecanismo legal de control parlamentario, rendición de cuentas por parte del Gobierno de
los indultos tramitados y se dé la posibilidad Legal de recurrir ante la jurisdicción contencioso-administrativa la concesión del indulto en aquellos casos en que se utilice de forma arbitraria.


4. Impulsar las reformas legales necesarias a fin de eliminar las exenciones de autoridades y cargos públicos a la obligación de testificar y concurrir al llamamiento judicial para declarar, salvo que concurran los requisitos exigidos en
los tratados internacionales de los que España sea parte.


Propuesta de resolución núm. 46


Sobre la regeneración de los partidos políticos mediante el impulso de la democracia interna, la persecución de la financiación ilegal de partidos políticos, la tipificación del enriquecimiento ilícito de cargos públicos y la regulación de
la denominada «puerta giratoria»


Como establece la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, en su exposición de motivos, aunque los partidos políticos no son órganos constitucionales, sino entes privados de base asociativa, forman parte esencial de la
arquitectura constitucional y realizan funciones de una importancia constitucional primaria. Son instituciones fundamentales que canalizan la participación de los ciudadanos en la política y, por lo tanto, claves para la consecución de una
democracia de calidad.


Tal y como escuetamente establece la Ley Orgánica de Partidos 6/2002, de 27 de junio, en su artículo 6 «los partidos políticos se ajustarán en su organización, funcionamiento y actividad a los principios democráticos y a lo dispuesto en la
Constitución y en las leyes». Sin embargo, los partidos políticos distan mucho en su funcionamiento y organización de responder a criterios democráticos, sino más bien oligárquicos, hasta el punto de que la mayoría de ellos no tiene establecido un
mínimo sistema de democracia interna general, objetivo y transparente, que sería necesario prever y regular por Ley.


Además de lo anterior, es necesaria una adecuada tipificación de los delitos que los cargos públicos puedan cometer en el ejercicio de sus funciones, pues añade una presión preventiva sobre estos que puede persuadir de su comisión. Nuestro
Código Penal posee graves deficiencias en materia de lucha contra la corrupción. En el último Proyecto de Ley de reforma del Código Penal aprobado por el Gobierno no se ha admitido la tipificación del delito de enriquecimiento ilícito de cargo
público y la tipificación de financiación ilícita de los partidos políticos es, a todas luces, claramente deficiente.


Los numerosos escándalos de corrupción política en nuestro país obligan, entre muchas otras medidas de regeneración democrática, a tipificar como delito la financiación ilegal de partidos políticos para los casos más graves como pueden ser
la aceptación de donaciones por encima de un margen significativamente superior al máximo legal previsto en la Ley de Financiación de Partidos, la existencia de una contabilidad B, o la existencia de patrimonio en el extranjero no declarado. Una
casuística que la actual redacción de este delito no recoge. Es preciso que este delito recoja la falsificación de cuentas anuales u otros documentos que reflejen la situación de la entidad, o situación financiera del partido; la existencia de
cuentas o patrimonio, tanto en territorio nacional como extranjero, no declarados correctamente; o utilizar fondos provenientes de subvenciones públicas de carácter electoral u ordinaria de cualquier administración pública para fines ajenos a la
actividad habitual.


De la misma manera es preciso abordar una verdadera reforma del régimen económico financiero de los partidos políticos, pues con la reciente reforma aprobada se da la llamativa circunstancia de que el Sr. Bárcenas, que todavía no ha sido
condenado, podría seguir siendo tesorero del Partido Popular, lo cual nos puede dar la medida del laxo concepto de «honorabilidad» contemplado en la reciente regulación aprobada con los votos del Grupo del Gobierno.


Finalmente, es necesario llevar a cabo una regulación más exigente en cuanto a la existencia de las denominadas «puertas giratorias», a fin de evitar la extensa lista de políticos, y sus familiares, que han ido y vuelto de la política a los
consejos de administración de empresas sobre las que han legislado. Esta práctica está ampliamente extendida en empresas del sector de las telecomunicaciones, transporte aéreo, la energía eléctrica, el sector gasístico o petrolífero. El Proyecto
de Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado (AGE), recientemente aprobado gracias al Grupo mayoritario, reguló un sistema de incompatibilidades que, a nuestro juicio, es francamente mejorable.

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Por todo lo anterior, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Modificar la Ley Orgánica de Partidos Políticos a fin de garantizar:


a) Elecciones internas que sean competitivas mediante voto directo y secreto para la selección del cabeza de lista electoral que el partido vaya a presentar en cualquier ámbito electoral.


b) Que cualquier afiliado pueda presentarse como candidato en condiciones de igualdad, de acuerdo a las normas que apruebe el partido en sus estatutos.


c) El Congreso del partido, como asamblea en la que participan todos sus afiliados o los elegidos por estos mediante voto directo y secreto, se realice con una periodicidad máxima que se fijará en la Ley. Las votaciones del Congreso deberán
ser directas y secretas. Los delegados no tendrán mandato imperativo.


d) Los órganos internos del partido sean elegidos por voto directo y secreto entre todos los afiliados concernidos en atención al ámbito territorial de sus competencias.


e) Los órganos de deliberación y control entre Congresos deban, al menos, anualmente votar la gestión de los órganos de dirección, mediante voto directo y secreto.


2. Introducir en el Código Penal el delito de enriquecimiento ilícito de los cargos públicos, así como mejorar la tipificación del delito de financiación ilegal de los partidos políticos, contemplando la falsificación de cuentas anuales u
otros documentos que reflejen la situación patrimonial del partido; la existencia de cuentas o patrimonio, tanto en territorio nacional como extranjero, no declarados correctamente; o la utilización de fondos provenientes de subvenciones públicas
de carácter electoral u ordinaria de cualquier administración pública para fines ajenos a la actividad habitual.


3. Impulsar las reformas legales necesarias a fin de establecer un sistema de incompatibilidades más exigente, con mayores controles y plazos más concisos, que impida el sistema de puertas giratorias existente actualmente.


Propuesta de resolución núm. 47


Sobre la eliminación de las tasas judiciales y mejora de los medios de la Justicia que evite su colapso y permita la persecución de la corrupción política


Durante la presente legislatura, el Gobierno no solo ha recortado derechos sociales y prestaciones asistenciales al conjunto de la población, sino que también ha limitado el ejercicio de un derecho fundamental en todo sistema democrático:
la tutela judicial efectiva.


La lentitud de los juzgados y la alta carga de trabajo que soportan son problemas estructurales de nuestro sistema judicial, propiciados en su mayor parte por la falta de inversión real en recursos humanos y materiales. Incluso nos vamos
acostumbrando a las imágenes de juzgados en los que los expedientes se almacenan en pilas que casi llegan hasta el techo o aquellos otros en los que llegan a utilizar los retretes como almacén de documentación.


El Gobierno, en lugar de llevar a cabo una planificación estratégica y una inversión progresiva en recursos humanos y materiales para la Justicia, así como la supresión de duplicidades y gasto superfluo, decidió instaurar un sistema de tasas
judiciales como elemento disuasorio a las altas tasas de litigiosidad de las que los ciudadanos eran «responsables».


Al margen de lo anterior, la consecuencia más grave es el impedimento real que estas tasas, por su elevada cuantía, suponen a la hora de ejercer el derecho a la tutela judicial efectiva por parte de los ciudadanos. Dos años después de la
entrada en vigor de estas, se ha comprobado cómo las tasas judiciales impuestas por el Gobierno de Mariano Rajoy, son un claro impedimento para que muchos ciudadanos, no perceptores del derecho de asistencia jurídica gratuita, puedan reclamar
judicialmente diferentes asuntos. Además, queda claro el ánimo puramente recaudatorio de estas tasas, puesto que las cuantías recaudadas por esta vía no van destinadas ni a la mejora de los recursos de la justicia, ni a garantizar una mayor
cobertura de la asistencia jurídica gratuita para las personas con menos recursos, de por sí castigada por los recortes del Gobierno. Recientemente hemos incluso conocido que el Ministerio de Justicia desconoce el destino de los más de 500 millones
de euros recaudados desde la instauración de las tasas.

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A ello hay que añadir que la infinidad de casos de corrupción política, la lentitud de la Justicia en depurar responsabilidades por la enorme sobrecarga de trabajo y la existencia de diversos privilegios procesales (aforamientos e indultos
entre ellos) provocan que la ciudadanía tenga la sensación de que existe una justicia de dos velocidades (una para la gente en general y otra para los políticos) y, por lo tanto, una impunidad para estos últimos, que acrecienta la desconfianza hacía
la política y un desapego hacia las propias instituciones, que está en riesgo de cuestionar la propia democracia y el sistema de libertades que tanto nos ha costado construir.


Por ello es preciso abordar cuanto antes medidas reales y efectivas para la lucha contra la corrupción, entre las que destacan especialmente el reforzamiento de los medios materiales y humanos de la Audiencia Nacional como órgano
deslocalizado y especializado en la criminalidad organizada de índole económica y financiera.


La Audiencia Nacional ha sufrido un vertiginoso proceso de «reconversión industrial», desde los delitos de terrorismo hacia los delitos económicos de corrupción política, que no ha venido acompañada de ningún tipo de medida que permitiera la
adaptación a una criminalidad mucho más compleja como es la financiera, compuesta en muchas ocasiones por intrincadas tramas organizadas, para las que se requieren personal especializado y nuevos instrumentos informáticos. Sin embargo, la Audiencia
Nacional y, en particular, los Juzgados Centrales de Instrucción, que son los encargados de desarrollar esa labor de investigación, permanecen totalmente infradotados.


La necesidad de reforzar la planta judicial, especialmente en la lucha contra la corrupción, no es una idea de este Grupo Parlamentario exclusivamente, sino también de los distintos operadores jurídicos, como los jueces decanos de toda
España que, reunidos en Valencia, entre los días 1 y 3 de diciembre del pasado año 2014, han elaborado un informe donde se analiza la situación actual de la Justicia en España y en particular del proceso penal. Así, han consensuado 58 propuestas
para dotar de mayor eficacia al trabajo judicial, en especial en la lucha contra la corrupción, entre las que se reinvindica un incremento del número de jueces hasta alcanzar la media europea de 21 jueces por 100.000 habitantes, para lo que se
considera precisa una convocatoria sostenida de oposiciones para el acceso a la carrera judicial durante años hasta alcanzar dicha media y un aumento de los presupuestos para Justicia de al menos el 3 por ciento en los Presupuestos Generales del
Estado.


Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas legales precisas para:


1. Eliminar las tasas judiciales implantadas al inicio de la legislatura, con el fin de no obstaculizar el acceso a la justicia.


2. Mientras se produce dicha eliminación, dedicar el importe recaudado por la Ley de Tasas, como en ella misma se determina, a mejorar la Justicia y los servicios relacionados con la Asistencia Jurídica Gratuita.


3. Dotar de fondos extraordinarios a la Fiscalía Anticorrupción y a la Audiencia Nacional a fin de reforzar los medios humanos y materiales en la lucha contra la corrupción.


Propuesta de resolución núm. 48


Para establecer un sistema retributivo ordenado y coherente entre los principales cargos públicos del Estado y prohibir los llamados «sobresueldos»


Una de las cuestiones que requieren una necesaria reforma en nuestro ordenamiento jurídico es la ordenación y racionalización de los sueldos y otras retribuciones del Gobierno, de los altos cargos de la Administración General del Estado
(AGE) y de los cargos públicos electivos de los principales puestos de nuestro entramado institucional. El sistema o régimen retributivo de los cargos políticos electivos, así como de los cargos de los órganos superiores y directivos de la AGE, es
una cuestión de gran relevancia en cualquier sistema democrático, que debería estar regulado de una forma justa, transparente y racional, todo lo contrario del caótico sistema retributivo actual, en el que muchos altos cargos tienen una remuneración
en muchos casos superior a la del Presidente del Gobierno. Esto, inevitablemente, va unido a la necesidad de un régimen estricto de incompatibilidades de remuneraciones, así como la prohibición

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de los llamados «sobresueldos», a fin de preservar la buena imagen de la política, además de redundar en un sistema transparente de percepciones de todo sujeto al servicio del Estado. Con un sistema relativamente bien jerarquizado en el
ámbito de la función pública, resulta incomprensible el desorden del sistema retributivo de los miembros del Gobierno, altos cargos, órganos constitucionales y otras instituciones fundamentales del Estado.


El régimen retributivo de todos los cargos públicos es también relevante desde un punto de vista cualitativo, pues se trata de todo un estamento o nivel político, directa o indirectamente elegido por los ciudadanos, que integra todos los
niveles del poder territorial y conforma el esqueleto del propio Estado. De ahí la importancia de que la regulación en este ámbito sea racional, clara, transparente y sencilla, garantizando la necesaria calidad y profesionalidad de nuestros
representantes y evitando que se convierta en una cuestión que alimente demagogias y sospechas, sino todo lo contrario, que sirva para prestigiar a nuestras instituciones y, por ende, al propio sistema democrático. No es admisible que en España,
por ejemplo, cualquier alcalde de un municipio mediano que ni siquiera es capital de provincia gane más que el Presidente del Gobierno, y así podemos encontrar centenares de casos sobre el caótico sistema retributivo.


Ninguna duda cabe de que la remuneración de nuestros representantes y cargos políticos tiene que ser lo suficientemente atractiva como para atraer el talento hacía la función pública y prestigiar de esta manera la importante labor que
realiza. Pero también es cierto que a los mismos ha de exigírseles la necesaria diligencia y profesionalidad, la máxima transparencia y la adecuación de sus retribuciones a la situación económica general, dando en propia persona ejemplo respecto de
los esfuerzos que se exigen a los administrados.


Una de las cuestiones que sin duda no contribuyen a mejorar la percepción de la ciudadanía sobre la política son los llamados «sobresueldos», esto es, las cantidades económicas que los cargos públicos, especialmente diputados y senadores,
reciben por otras actividades de índole privada, y más específicamente de sus propios partidos políticos por el desempeño de cargos orgánicos, pagados por distintos conceptos, tales como «trabajos extraordinarios», «gastos de representación»,
«dietas» o cualquier otro sistema retributivo.


Tales «sobresueldos» pueden ser en principio legales (si están debidamente abonados y declarados ante las autoridades laborales y fiscales competentes) o pueden no serlo, si se pagan en metálico y provienen del cobro de comisiones o de
financiación ilegal de partidos políticos. En lo que se refiere a estos últimos, procede aplicar con todo su rigor el peso de la ley, mejorar la supervisión y control del Tribunal de Cuentas, de la fiscalía y otras medidas que ya hemos propuesto
como la tipificación, de una vez por todas, del delito de financiación ilegal de partidos políticos y el delito de enriquecimiento ilícito de cargos públicos.


Nos parece adecuado que diputados y senadores puedan compatibilizar su desempeño público con la labor docente o literaria (tales como la publicación de memorias o libros en general) o incluso la participación en medios de comunicación, pues
son actividades complementarias a sus responsabilidades públicas que, además, se pueden realizar de forma esporádica o a tiempo parcial, acercando de esta manera la política a los ciudadanos, pero sin menoscabar el régimen de dedicación absoluta a
las tareas parlamentarias establecido en el artículo 157.1 de la LOREG.


Ahora bien, al margen de esas razonables excepciones, la indefinición del último supuesto comentado (el ejercicio de «actividades privadas que no consten en la lista de incompatibilidades, autorizadas por la respectiva Comisión de cada
Cámara»), ha llevado a una excesiva permisibilidad en la interpretación de la norma por parte de la Comisión del Estatuto de los Diputados, a la que convendría poner coto, mediante una regulación más precisa.


Uno de los casos más claros en este sentido sería, en nuestra opinión, la supuesta compatibilidad del cargo de diputado y senador con el desempeño remunerado de puestos directivos internos en los partidos políticos, que provoca que muchas
veces algunos diputados y senadores cobren mucho más de sus propios partidos políticos que por sus responsabilidades públicas como diputados, senadores o miembros del Gobierno, a pesar de que estas últimas exigen un régimen de dedicación absoluta,
como hemos visto.


Consideramos que es razonable que los diputados y senadores puedan simultanear sus cargos con otros internos de los propios partidos políticos a los que pertenecen (no podemos olvidar que muchos de esos cargos públicos desempeñan también
importantes responsabilidades en sus formaciones políticas), pero lo que no nos parece admisible es que perciban un sueldo, dieta o remuneración de cualquier tipo por tales cargos, habida cuenta que la LOREG establece que el cargo de Diputado o
Senador es

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incompatible con cualquier puesto o actividad «retribuido mediante sueldo, salario, arancel, honorarios o cualquier otra forma».


Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas legales precisas para:


1. Establecer un sistema retributivo ordenado y coherente entre los principales cargos públicos del Estado que evite el opaco y caótico sistema retributivo actual.


2. Impedir que los partidos políticos y grupos parlamentarios puedan pagar «sobresueldos» a sus diputados y senadores por el desempeño de cargos orgánicos, de tal manera que, incluso en el caso de que se consideren ambas actividades
compatibles, se impida su carácter retribuido.


Propuesta de resolución núm. 49


Para la eliminación de organismos superfluos como los Consejos Consultivos, la supresión de diputaciones, la fusión de municipios y la modernización de la Administración Publica


La reforma de las administraciones públicas españolas es necesaria y urgente. Por poner un ejemplo, además del correspondiente organismo de ámbito nacional existen actualmente trece Tribunales de Cuentas, nueve Defensores del Pueblo,
diecisiete Institutos de Promoción Exterior y diecisiete Cámaras de Comercio, dos Agencias de Protección de Datos, diecisiete Consejos Consultivos y dieciséis Consejos Económicos y Sociales. Las CC.AA. gastan unos setecientos millones de euros
anuales para mantener estos organismos, utilizados en gran medida para colocar a personas afines o familiares y alimentar la enorme red clientelar de los partidos.


En el caso de los Consejos Consultivos, en total, las comunidades dedican más de 22 millones de euros a mantener unos Consejos redundantes con el Consejo de Estado. Cantabria es la única Comunidad Autónoma que no tiene un Consejo propio,
sin que haya evidencia de que su calidad legislativa sea peor que el resto. Entre los Consejos Consultivos más onerosos están el de Cataluña y el de la Comunidad de Madrid, con un presupuesto de 5,7 y 4,2 millones de euros anuales respectivamente.


El Gobierno impulsó la Ley 15/2014, de Racionalización del Sector Público, que carece de ambición suficiente. Las reformas no se pueden quedar en meros remiendos. Hay que atajar el excesivo y desigual tamaño de las Administraciones. No
hay una cultura de evaluación de las políticas públicas para extraer las consecuencias oportunas y lograr una mayor motivación, productividad, flexibilidad e innovación en su funcionamiento. Así mismo, es necesario reformar un modelo de función y
empleo público antiguo y excesivamente politizado que entre otras cosas ha provocado una intolerable falta de independencia de los órganos de control.


La administración local tiene un importante problema de tamaño en miles de sus municipios y las diputaciones realizan funciones redundantes con un elevado gasto inútil. La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad
de la Administración local, no ha abordado ninguna de estas cuestiones y ha reforzado a las diputaciones provinciales que tienen una legitimidad democrática atenuada, escasos controles internos y elevado grado de opacidad y arbitrariedad en su
gestión.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente propuesta de resolución, por medio de la cual el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas constitucionales y legales precisas
para la modernización de la Administración española de acuerdo a los siguientes criterios:


1. Supresión de las Diputaciones Provinciales y fusión de municipios en torno a 20.000 habitantes.


2. Suprimir duplicidades y redundancias entre los diferentes niveles administrativos territoriales incentivando y coordinando con las CCAA el desmantelamiento de sus Consejos Consultivos y resto de organismos análogos de ámbito
exclusivamente autonómico y cuyas funciones puedan ser asumidas por un órgano de ámbito nacional aprovechando economías de escala y garantizando la calidad de los servicios prestados.


3. Reordenar el tamaño de la Administración del Estado eliminando redundancias y duplicidades internas y entes superfluos. Ello es compatible con aumentar la capacidad en ciertos sectores de la

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actividad pública que ahora carecen de los medios materiales y personales cualificados necesarios. Hay que terminar en todas ellas con las administraciones políticas paralelas que surgen de los nombramientos de eventuales. Se publicarán
estados actualizados a año vencido del número de organismos y empresas públicas por CCAA y Ayuntamientos.


4. Control de las externalizaciones de las funciones públicas. No podrán hacerse cuando la Administración tenga medios materiales y personales suficientes para realizar por ella misma esas funciones


5. Reforma de la función y el empleo público: a) profesionalización de la dirección de la Administración. Especialmente, revisar la política de directivos en los Ministerios del área económica, para evitar una movilidad descontrolada y
excesiva; b) modificación del sistema de selección de los trabajadores de las Administraciones para garantizar su mérito y capacidad y, entre ellas, la de análisis e innovación; c) reglas contra el nepotismo; d) redimensionamiento de las
plantillas públicas y adecuación del personal a los puestos de trabajo; e) movilidad entre Comunidades Autónomas; f) evaluación de los empleados públicos y de las unidades en que se integran; g) clarificación de su régimen jurídico, según las
funciones que desarrolle.


6. Garantizar la independencia de los órganos de control de la Administración Pública. El Tribunal de Cuentas será un órgano judicial ordinario de carácter contable con total independencia del poder político.


Propuesta de resolución núm. 50


Sobre la devolución íntegra de su dinero a los estafados por las preferentes y por la salida a bolsa de Bankia


Tras el rescate europeo, los propietarios de participaciones preferentes se vieron abocados a sufrir importantes pérdidas. Sin embargo, la mayor parte son personas estafadas (a menudo jubilados), víctimas de un abuso de confianza por parte
de sus entidades financieras. Las medidas referidas a la comercialización futura de preferentes en nada beneficiarán a los ya atrapados, y los procedimientos de arbitraje puestos en marcha por el Gobierno han resultado claramente insuficientes, al
estar bajo el control de las entidades financieras causantes del problema y no solucionar el problema de un alto porcentaje de los estafados.


Más recientemente, centrándonos en el caso de las Cajas de Ahorro que conformaron BFA-Bankia, los peritos del Banco de España, en un extenso y exhaustivo informe, han apuntado a la manipulación de los estados contables de dicha entidad como
parte de una deliberada estrategia de ocultación y falseamiento contable de cara a su salida a bolsa en 2011.


En dicha presunta estafa el principal perjudicado no es otro que el Estado, que tuvo que poner, a través del FROB, para compensar el agujero en las cuentas de Bankia la escalofriante cifra de 23.465 millones de euros (importe que viene a ser
más del doble de todos los recortes del año 2014 en educación, sanidad y servicios sociales).


El FROB es, por lo tanto, el primer interesado (más bien obligado) en recuperar nuestro dinero, el de todos los españoles, pero sin embargo, sorprendentemente, no ha comparecido en el procedimiento en calidad de acusación (como sería normal
y esperable), sino como un simple «interesado». Y lo que es más grave, en los casi tres años de instrucción no ha solicitado ni una sola diligencia de investigación, a lo que podemos añadir que sus puntuales intervenciones en la instrucción han
sido para criticar a la acusación popular y/o impugnar cualquier petición de prueba, llegando incluso a oponerse recientemente a las peticiones de los perjudicados (que superan las 4.000 personas y que en muchos casos perdieron todos los ahorros de
una vida) a fin de que Bankia depositara una fianza para garantizar el eventual cobro de las pérdidas injustamente sufridas.


A pesar de la nula colaboración del FROB en la instrucción, el pasado día 4 de diciembre de 2014 los peritos nombrados por el Banco de España a instancia del juez presentaron, tras casi dos años de trabajo, un informe pericial que confirmó
que la salida a bolsa de Bankia, producida el día 20 de julio de 2011, se realizó sobre la base de unos estados financieros falsos, que no expresaban la imagen fiel de la entidad.


Con tales antecedentes parece que una de las preocupaciones del Gobierno debería ser asegurarse de que los perjudicados por tales hechos se vean compensados y resarcidos, de manera rápida y gratuita, sin tener que incurrir en más gastos,
costas, tasas, etc.

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Pero, desgraciadamente, la realidad es que, como hemos referido, el FROB no ha mostrado ningún interés por impulsar la investigación judicial y depurar responsabilidades y, en vez agotar las vías para que el coste de compensar a los
perjudicados sea asumido por sus responsables (Bankia y los restantes responsables), ha decidido cargarlo de nuevo al erario público.


Por todo lo anterior se insta al Gobierno a que:


1. Realice las actuaciones necesarias para que, de una vez por todas, el FROB impulse el procedimiento que investiga la gestión de Bankia en la Audiencia Nacional y, en vez de defender los intereses de los imputados, realice todo lo que
esté en su mano para recuperar el dinero que todos los españoles pusimos para rescatar a las entidades nacionalizadas, promoviendo la asunción de responsabilidades por parte de los causantes del hundimiento y saqueo de las entidades.


2. Adopte las medidas necesarias para que sea Bankia y no el Estado el que resarza a los perjudicados por la estafa de la salida a bolsa, retirando inmediatamente el recurso presentado contra la decisión judicial del juez Fernando Andreu de
exigir una fianza a Bankia y a su expresidente, Rodrigo Rato, de 800 millones de euros para compensar a los cientos de miles de perjudicados.


3. Articule un procedimiento extrajudicial para compensar de forma rápida y efectiva a todos los accionistas engañados en la salida a bolsa de Bankia, evitando a los perjudicados tener que asumir tasas y gastos judiciales y al Estado tener
que hacer frente a intereses que puedan irse devengando por no dar una solución rápida y general al problema.


4. Proceda a dar una solución general y satisfactoria para todos los preferentistas engañados, que acabe con el prolongado sufrimiento que vienen padeciendo desde que les arrebataron sus ahorros.


Propuesta de resolución núm. 51


Sobre la reforma fiscal a fin de rebajar el IRPF y el IVA, luchar contra el fraude y garantizar, mediante la elaboración de su Estatuto, la independencia de la AEAT


Es necesario rebajar la carga fiscal desmesurada que padecen las clases medias y trabajadoras en nuestro país. Para ello, es preciso incrementar hasta los 14.000 euros el mínimo exento en el IRPF para los perceptores de rentas del trabajo
de reducida cuantía, de manera que beneficie a quien percibe catorce pagas anuales de 1.000 euros brutos. También elevar de 60.000 a 95.000 euros el nivel de renta a partir del cual comienza a aplicarse en el IRPF el tipo marginal máximo.


En 2014 hemos visto crecer por vez primera en casi cinco años la demanda interna de la economía española. Esta recuperación precisa políticas activas de apoyo de naturaleza monetaria, económica y fiscal. En política fiscal ningún país ha
experimentado una subida acumulada tan importante en tan poco tiempo como la sufrida por los españoles con el IVA. Es posible revisar y rebajar los tipos del IVA de algunos sectores, como la educación, la cultura y el editorial, para apoyar su
recuperación, así como hacer que la recaudación de la subida del IVA de productos sanitarios y equipos médicos debida a la sentencia del TJUE (asunto C-360/11 de 2013) revierta a la sanidad.


La economía sumergida ha alcanzado en España un nivel muy elevado y creciente. Diversas estimaciones la sitúan por encima del 20 % del PIB. Esto implica que entre 70.000 y 80.000 millones de euros se dejan de recaudar cada año. Sin
embargo, el número de personas que trabajan en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria es mucho menor que en los países de nuestro entorno. Esta falta de recursos para luchar contra el fraude fiscal ha empeorado aún más con las medidas
del Gobierno actual.


En vez de dotar de más recursos a la lucha contra el fraude, el Gobierno optó por conceder una amnistía fiscal a los defraudadores, con un tipo efectivo del 3 % y un serio riesgo de que se blanqueen impunemente capitales de actividades
ilícitas, incluyendo la corrupción política.

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Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que promueva la aplicación de las siguientes medidas:


1. Incrementar hasta los 14.000 euros el mínimo exento en el IRPF para los perceptores de rentas del trabajo de reducida cuantía, de manera que beneficie a quien percibe catorce pagas anuales de 1.000 euros brutos.


2. Elevar de 60.000 a 95.000 euros el nivel de renta a partir del cual comienza a aplicarse en el IRPF el tipo marginal máximo.


3. Realizar una bajada del tipo normal (21 %) al reducido (10 %) en los servicios ligados a la cultura (teatro, cine, etc.) para el material escolar, así como igualar los libros electrónicos y periódicos electrónicos con las versiones en
papel (IVA super-reducido del 4 %).


4. Hacer que la recaudación de la subida del IVA de productos sanitarios y equipos médicos debida a la sentencia del TJUE revierta a la sanidad.


5. Garantizar, de manera inmediata, que no se reduzcan todavía más los ya escasos recursos de la AEAT, aplicando una tasa de reposición en las bajas del 100 %. A medio plazo, diseñar un plan plurianual de refuerzo de los medios materiales
y humanos de la AEAT que permita alcanzar en el año 2020 unos ratios similares a los del resto de países de la Unión Europea.


6. Elaborar un Estatuto de la Agencia Tributaria que garantice su independencia.


7. La AEAT revisará exhaustivamente todos los expedientes de la amnistía fiscal para evitar el blanqueo de capitales de procedencia ilícita y proporcionará los datos resultantes al SEPBLAC y a la Fiscalía del Estado.


Propuesta de resolución núm. 52


Sobre la segunda oportunidad


El estallido de la burbuja inmobiliaria asociada a la crisis económica ha tenido efectos sociales dramáticos en el mercado hipotecario. Aunque se carecen de datos suficientemente contrastados y hay grandes diferencias entre los que circulan
acerca del número de desahucios y lanzamientos hipotecarios ejecutados, está fuera de toda duda que un número muy elevado de familias, las que han perdido una parte significativa de sus ingresos o la práctica totalidad de los mismos, se enfrentan a
grandes dificultades, y en ocasiones a la absoluta imposibilidad, para el pago de los créditos hipotecarios que tomaron antes de la crisis. La gran mayoría de las hipotecas suscritas son de responsabilidad ilimitada, no contemplan la entrega del
bien hipotecado como dación en pago, y conllevan intereses de demora muy elevados, lo que significa que muchos afectados por la crisis acaban perdiendo la vivienda habitual, embargada por la entidad hipotecaria, sin que por ello liquiden una deuda
sobrevenida que no para de crecer. La norma afecta también a los avalistas del crédito.


Esta deuda impide a menudo que los afectados, muchas veces parejas jóvenes, puedan trabajar o emprender ocupaciones económicas con normalidad. Por tanto, las injustas consecuencias de un endeudamiento sobrevenido, que nada tiene que ver con
la mala fe o la irresponsabilidad, agrava también la crisis económica al retirar de la actividad, la inversión y el consumo a personas en su edad más productiva. El problema a solucionar, por tanto, es la liquidación legal de esa deuda impagable
sobrevenida, liberando al deudor de su peso y manteniendo a la vez las reglas básicas del sistema económico, como el valor vinculante de los contratos y el reconocimiento y pago de las deudas libremente contraídas.


Las carencias e insuficiencias del sistema jurídico que regula el mercado hipotecario han sido dramáticamente puestas de relieve por esta crisis y el aumento de desahucios, que reclaman una solución legal rápida, eficaz y universal, o
segunda oportunidad, a la que puedan acogerse todos los que tengan una deuda impagable hipotecaria sobrevenida.


Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover los cambios legales necesarios para:


1. Permitir la liquidación legal de las deudas hipotecarias impagables con fórmulas de dación en pago mediante concurso privado de acreedores, negociación de la deuda entre acreedor y deudor, medidas de protección contra el
sobreendeudamiento, y cualquier otra que garantice una segunda oportunidad a los afectados.

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2. Demorar con carácter urgente las ejecuciones y lanzamientos hipotecarios hasta que las reformas legales en curso permitan renegociar la deuda o liquidarla de acuerdo con el principio de «segunda oportunidad», tal como sea regulado por la
ley.


3. Regular que la persona natural que se encuentre en situación de insolvencia con arreglo a lo dispuesto en la Ley, o que prevea que no podrá cumplir regularmente con sus obligaciones, podrá iniciar un procedimiento para alcanzar un
acuerdo extrajudicial de pagos con sus acreedores. La posibilidad de resolución de la insolvencia a través de un acuerdo extrajudicial no debe estar excluida para los consumidores. Que el deudor acuda a un procedimiento judicial debe ser el último
recurso, tal y como sucede en los países de nuestro entorno. Los remedios para paliar la insolvencia de los consumidores deben ser rápidos y tener el menor coste posible. No hay razones por las que deban ser excluidos los consumidores de la
mediación concursal. No deben existir restricciones a la salida convencional de la crisis y la liquidación debe ser evitada y no promovida por el legislador.


Propuesta de resolución núm. 53


Para la mejora de la educación e inversión en I+D+I


Es necesario adoptar políticas públicas a corto plazo que garanticen el futuro de la investigación y la carrera científica, así como la obtención de un sistema español universitario y de educación superior realmente integrado en el Espacio
Europeo de Educación Superior, y el desarrollo de una enseñanza secundaria apropiada para el acceso a la educación superior. En concreto, se propone recuperar la investigación científica y tecnológica con una atención especial a la reposición de
plantillas de investigadores y renovación de contratos de investigación suspendidos. En el ámbito universitario, se propone garantizar la unidad del sistema universitario español, adoptar medidas para acabar con la endogamia universitaria y evaluar
los resultados de la entrada en vigor de la LOMCE.


Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover los cambios legales necesarios para:


1. Promover activamente la investigación científica y tecnológica (I+D+i) recuperando a la mayor brevedad, en el sentido previsto por la Carta por la Ciencia, la inversión pública necesaria para garantizar la actividad normal de los
organismos e institutos de investigación públicos, y de sus grupos y programas de investigación, atendiendo especialmente la reposición de las plantillas de investigadores, y la renovación de los contratos de investigación suspendidos como
consecuencia directa de los recortes presupuestarios de los últimos años.


2. Adoptar las medidas legislativas necesarias para garantizar la unidad del sistema universitario español, sin detrimento de las competencias autonómicas en la materia, de manera que todas las universidades ofrezcan el mismo plan de
estudios básico en todas las titulaciones en vigor, permitiendo la convalidación automática de titulaciones, el libre movimiento de alumnos y docentes dentro del sistema universitario, y la convergencia real con las carreras y titulaciones del
Espacio Europeo de Educación Superior. A tal fin, se facilitará la continuidad de los estudios de Grado y Máster con igualdad de oportunidades, financiando adecuadamente los títulos de Máster para posibilitar el acceso a todos los alumnos con
suficiente capacidad académica, mediante becas o ayudas financieras que lo hagan posible.


3. Adoptar las medidas legislativas necesarias para acabar con la endogamia universitaria, impulsando medidas efectivas que incentiven y faciliten la movilidad e intercambio de los doctores y del PDI en el seno del sistema universitario
español y del espacio europeo de educación superior, tales como programas de ayudas al desplazamiento a otra ciudad o país, concursos de traslados, o ayudas económicas a los departamentos que contraten PDI de otras universidades.


4. Evaluar los resultados de la entrada en vigor de la LOMCE, con especial atención al nivel académico logrado al finalizar la enseñanza secundaria, de tal modo que el paso a la enseñanza superior y a estudios de Grado no sea dificultado
por una posible formación académica insuficiente en las principales materias instrumentales indispensables para cursar estudios superiores al nivel requerido.

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Propuesta de resolución núm. 54


Sobre la necesidad de reformar el mercado eléctrico y lucha contra la «pobreza energética»


La política energética de los sucesivos gobiernos no ha conseguido articular una visión de conjunto de los problemas y objetivos a los que debe encaminarse una política energética digna de tal nombre, que debe adoptar una perspectiva
holística para articular correctamente el conjunto de factores, problemas que hay que resolver y objetivos para cumplir.


La política energética debe abordar el problema del «déficit de tarifa» e instaurar seguridad jurídica sobre el sector, en especial sobre las energías renovables. Por otra parte se deben potenciar políticas de eficiencia y ahorro energético
y un desarrollo de política energética integral y un plan estratégico de lucha contra la pobreza energética.


Finalmente, el profundo empobrecimiento de amplias capas de la población como consecuencia de la crisis, con sus corolarios de desempleo de larga duración, precariedad laboral y merma de las rentas salariales, unido al alza incesante de la
factura energética (electricidad y gas, fundamentalmente) han hecho aparecer el problema de la llamada «pobreza energética»: el acceso insuficiente o precario a un nivel de consumo energético suficiente para desarrollar una vida de calidad según
los estándares normales, tanto en el hogar como en el trabajo. Una consecuencia particularmente dramática de este fenómeno es el incremento del riesgo de exclusión social, puesto que disponer de energía segura y barata resulta fundamental para
cualquier aspecto de la vida actual, desde el mantenimiento de la salud hasta la educación o la puesta en marcha de un negocio.


Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover los cambios legales necesarios para:


1. La realización de una auditoría integral sobre la formación de precios de la electricidad que permita regular el sector y el mercado en base a los precios reales, que deben sustituir a los precios autorizados por el gobierno, con vistas
a mejorar la eficiencia, transparencia, competitividad, innovación y costes del sistema, acabando con el denominado «déficit de tarifa» e instaurando la seguridad jurídica sobre el sector para todos los agentes productores, tanto de régimen
convencional como renovable, y para los distribuidores, comercializadores, inversores y consumidores.


2. La promoción de políticas de eficiencia y ahorro energético que incluyan una regulación favorable al autoconsumo con balance neto, integrada en un plan general de rehabilitación de viviendas y edificios, con el objetivo de incrementar el
ahorro y la eficiencia energética, y de reanimar el sector de la construcción, de la innovación y de los servicios energéticos.


3. El desarrollo de una política energética integral que considere la totalidad de fuentes disponibles, factores económicos, medioambientales y sociales, y objetivos generales y específicos, incluyendo un plan específico de lucha contra la
pobreza energética.


Propuesta de resolución núm. 55


Sobre la reforma del mercado laboral instaurando un contrato único indefinido, un plan de apoyo a autónomos y PYMES y el fomento de la economía digital y colaborativa


Todavía hoy sigue pendiente una reforma integral del mercado de trabajo español que favorezca el cambio de modelo productivo e impulse el aumento de la productividad, a la vez que proporcione una mayor seguridad a los trabajadores. Ésta
contribuiría a que nuestra tasa de paro tendiese a igualarse con la del resto de la zona del euro, en vez de duplicarla.


Las altas cifras de desempleo son el principal, pero no el único problema, del mercado de trabajo español. Una parte muy elevada del empleo existente tiene un carácter precario. La tasa de temporalidad es única en el contexto europeo. La
necesidad urgente de una reforma en profundidad obedece no solo a razones de eficiencia sino también de equidad. Tanto el paro como la elevada temporalidad afectan especialmente a grupos determinados, como los jóvenes.


Las modalidades de contratación son solo uno de los elementos de la reforma que se necesita. Es necesario también aumentar la seguridad de los trabajadores, mejorando el actual sistema de cobertura

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para aquellos que agotan las prestaciones y subsidios de desempleo. Al prolongarse la crisis, no aplicar una medida de este tipo ha dado lugar a un importante problema social, al haber ya tres millones de parados sin ninguna cobertura.


Dentro de la activación del mercado laboral, merecen un tratamiento específico los autónomos y las pymes, especialmente las de menor tamaño, micropymes, que por sus limitados recursos han podido aprovechar menos las medidas dirigidas a estos
colectivos, probando que precisan un plan integral especialmente dirigido a sus condiciones y necesidades.


Hay más de 3 millones de trabajadores autónomos. Las comparaciones internacionales demuestran que nuestras cotizaciones son demasiado altas. Estos pagan una cuota obligatoria mensual que oscila entre los 250 y los 350 euros en la mayoría
de los casos, lo que no les da derecho a paro.


En caso de baja laboral reciben sobre el 70 % de la cotización (que suele ser la mínima) y como deben seguir abonando la cuota de autónomos, lo que finalmente perciben ronda los 250 euros al mes, cantidad insuficiente para mantener a una
familia, y hace que no puedan «permitirse ponerse enfermos».


La morosidad comercial y de administraciones públicas y la escasa incidencia del principio de caja para el pago del IVA unido a las dificultades agravadas para el acceso a fuentes de financiación convierten a este colectivo en muy vulnerable
a las crisis económicas.


A todo lo anterior, debe unirse la necesidad de potenciar la economía digital como sector estratégico en nuestro país. El auge de las empresas que utilizan las nuevas tecnologías para hacer negocio crece de manera vertiginosa. Sin embargo,
este tipo de empresas no disponen de un marco legal adecuado para que se potencie su crecimiento, evitando aprovechar el talento existente en nuestro país y generar riqueza y empleo.


El desarrollo de la economía digital, a través de plataformas digitales y de la difusión de aplicaciones móviles en teléfonos inteligentes ha abierto sectores económicos a una nueva competencia derivada del contacto directo entre
particulares, algo que se suele denominar como economía colaborativa. Por un lado, estas nuevas tecnologías representan un importante desarrollo por el lado de la oferta: nuevas inversiones, desarrollo tecnológico, empleos; y por otra parte,
permite una expansión de la demanda ante el aumento de la variedad de la oferta y precios más competitivos. Este desarrollo precisa de seguridad jurídica y encontrar puntos de equilibrio que eviten la competencia desleal a los modelos tradicionales
sujetos a requisitos de licencias, pago de impuestos o seguros.


Por ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que promueva los cambios legales necesarios para adoptar las siguientes medidas:


1. Todos los nuevos contratos habrán de ser de una única modalidad, indefinidos. Los nuevos contratos únicos tendrán una indemnización por despido inicial más baja que la de los actuales contratos indefinidos, pero más alta que la de los
contratos temporales (que constituyen la inmensa mayor parte, el 93 %, de las nuevas contrataciones). A partir del valor inicial, la indemnización por despido irá aumentando progresivamente en años sucesivos hasta alcanzar un valor máximo.


2. Se suprimirá el requisito de ser mayor de 45 años para acceder a la Renta Activa de Inserción, con el fin de proporcionar mediante un programa permanente un período de cobertura a cada beneficiario más razonable, de hasta once meses, que
sustituya a los seis que hoy les concede el Plan Prepara. La Administración Central y las autonómicas sumarán esfuerzos, coordinando y homogeneizando las Rentas Mínimas de Inserción autonómicas. Las rentas de inserción tendrían así dos fases: una
primera activa (nacional) y una segunda mínima (autonómica). En esta segunda fase, el gobierno central coordinará a las Comunidades, de forma que los requisitos de admisión a la percepción de la ayuda, la duración y la cuantía sean similares en
toda España, teniendo como objetivo una renta mínima autonómica de, al menos, 426 euros mensuales durante dos años.


3. Evaluar la calidad y los resultados de los planes de recolocación ofrecidos como consecuencia de los cambios legales introducidos en la reforma laboral, así como tomar las medidas necesarias para garantizar que los planes presentados
satisfagan realmente los requisitos establecidos por la legislación vigente.


4. Respetando el equilibrio presupuestario, proponer una reforma integral del Régimen de la Seguridad Social con la finalidad de rebajar de forma general y permanente las cotizaciones a la Seguridad Social.

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5. Para erradicar la morosidad, permitir el descuento estatal de facturas con administraciones locales y autonómicas cuyo importe posteriormente se deducirá de las transferencias estatales a esas administraciones.


6. Medidas en materia fiscal y tributaria para no desincentivar el crecimiento de las Pymes evitando el «efecto salto» en los tipos de gravamen de estas empresas; homogeneizando las bases del IBI y modulando su carga. Medidas que
incentiven la economía digital y la internacionalización de autónomos y micropymes.


7. Promover los cambios legislativos necesarios para impulsar el desarrollo de la industria y la economía digital en todos los campos, garantizando seguridad jurídica y apoyo institucional a un sector innovador con enorme potencial de
crecimiento en España, cuyo pleno desarrollo tendría efectos muy positivos para el empleo y el crecimiento económico, pero limitado en la actualidad por un marco normativo insuficiente, atrasado y negativo para la innovación y la competitividad.


8. Crear un marco normativo que ofrezca seguridad jurídica y estímulo a nuevas formas de economía colaborativa, como es el alquiler vacacional entre particulares, uso compartido de vehículos y otras formas de relaciones económicas
posibilitadas por el desarrollo de aplicaciones digitales, que impulsen estos nuevos fenómenos económicos, sacándolos de la economía sumergida y sin perjudicar a otros sectores y profesionales.


Propuesta de resolución núm. 56


Sobre una reforma integral del Sistema Nacional de Salud y los servicios sociales que mejore su eficiencia, su eficacia y garantice su sostenibilidad


La demanda sanitaria se ha mostrado como indefinidamente creciente en los principales sistema sanitarios de los países más desarrollados debido a factores demográficos, sociales y tecnológicos. Es necesario afrontar la sostenibilidad de
todo sistema sanitario desde diferentes frentes.


Si quisiéramos diagnosticar los principales problemas estructurales de nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS) deberíamos comenzar por reconocer que, paradójicamente, la denominación no se corresponde con la realidad. La primera
consideración importante a la hora de poder diagnosticar problemas estructurales de la Sanidad en España y proponer reformas para garantizar la sostenibilidad y la cobertura universal de nuestro sistema sanitario es señalar, quizá, la mayor
deficiencia de todas: la existencia de diecisiete sistemas autonómicos de Salud que actúan como sistemas cerrados en sí mismos, con altas tasas de politización a la hora de establecer criterios de gestión y planificación, altas cotas de opacidad en
el rendimiento de cuentas y la gestión de fondos públicos en el ámbito sanitario, así como un claro uso partidista y electoralista por los diferentes gobiernos autonómicos de éstos.


Un ejemplo claro puede ser la decisión de construir una nueva infraestructura sanitaria, bien sea ésta un hospital, un centro de especialidades o un centro de salud, que deben fundamentarse en estudios técnicos que valoren las necesidades
asistenciales de la población, en vez de por criterios puramente electoralistas. Mientras tanto, se ha buscado el ahorro en el copago farmacéutico, la denegación de la asistencia sanitaria a inmigrantes indocumentados, incluso a ciudadanos
españoles mayores de 26 años que no estén adscritos a un adulto, y las restricciones presupuestarias en retribuciones, personal, inversiones o limpieza.


La inexistencia de un verdadero Sistema Nacional de Salud vertebrado, que garantice un adecuado acceso a la atención sanitaria y a unas prestaciones iguales, independientemente del territorio en el que los ciudadanos residan, es una
asignatura pendiente en nuestro país. Para solucionar este problema, es necesario que las diferentes formaciones políticas, así como los propios ejecutivos regionales, sean conscientes de la necesidad de, si no ya devolver la competencia de Sanidad
al Estado como venimos exigiendo desde nuestro nacimiento en Unión, Progreso y Democracia, al menos, llevar a cabo una autolimitación de la autonomía en este sentido para que, a través de una mayor coordinación y cooperación entre los Ejecutivos
autonómicos, junto con el Gobierno, se elabore una verdadera cartera única para todo el Sistema Nacional de Salud.


Además de estos problemas hemos detectado otra serie de deficiencias significativas que deben ser abordadas urgentemente para mejorar la cohesión de la asistencia sanitaria en España y mejorar su

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eficacia y eficiencia, además de asegurar su sostenibilidad. Entre las principales deficiencias encontradas se encuentran:


— Total falta de capacidad del Consejo Interterritorial de Salud para hacer cumplir las medidas básicas que garanticen la igualdad de los ciudadanos en el acceso a prestaciones y servicios sanitarios en todo el territorio nacional.


— La existencia de procesos de externalización sanitaria basados en el ánimo de lucro por encima de la mejora del servicio o de la prestación a los ciudadanos.


— Alta politización en los puestos de dirección de importantes centros sanitarios y políticas públicas de salud. Es necesario dejar una mayor participación a los profesionales del sector en la elaboración, implantación y evaluación de las
políticas sanitarias.


— Altas tasas de precariedad entre los profesionales sanitarios: Una parte importante de los profesionales sanitarios, independientemente de sus categorías profesionales, poseen una alta tasa de precariedad en sus empleos. A tal nivel
puede llegar esta situación que un profesional puede estar trabajando un año completo con contratos diarios. No se puede tener buenos profesionales sanitarios si no se mejora su estabilidad profesional y se invierte en la formación continua de
éstos.


— Falta de evaluación de las políticas, programas y medidas destinadas a mejorar la Sanidad en nuestro país. Por ejemplo, es imposible conocer la gestión que se realiza de los centros hospitalarios al no existir unos indicadores públicos y
homogeneizados sobre ésta.


— Inexistencia de un verdadero sistema nacional de servicios sociales que garantice una atención de calidad a los ciudadanos, independientemente del territorio en el que residan. El desarrollo de los servicios sociales por las CCAA y los
municipios se ha mostrado deficiente, provocando en el desarrollo normativo de los mismos, graves desigualdades, que vulneran derechos y principios constitucionales.


Por otra parte, la implementación de la Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, aunque ha supuesto un importante avance en la política social española, ha sido incapaz de cubrir las necesidades de los
ciudadanos dependientes. El número de ciudadanos con el derecho a la asistencia por dependencia reconocida aumenta cada año. Sin embargo, el número de personas que perciben algún tipo de prestación por parte del Sistema de Dependencia está
estancado, cuando no en retroceso.


Esta situación, creada por las deficiencias que hemos señalado, se traduce en la existencia de diferentes categorías de ciudadanos en función del territorio en el que residen, aumentando la desigualdad entre los ciudadanos en algo tan básico
como es el derecho a la protección de la salud recogido en el artículo 43 de nuestra Carta Magna.


Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Recuperar la competencia de Sanidad para el Estado como competencia exclusiva al ser la mejor manera de garantizar el derecho a la protección de la salud de manera efectiva en todo el territorio nacional.


2. Derogar el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, para incluir a los inmigrantes indocumentados,
así como al resto de excluidos por esta norma, en el sistema sanitario.


3. Promulgar una Ley Estatal de Servicios Sociales que garantice el derecho universal y de calidad, a los servicios sociales mediante un sistema Público de Servicios Sociales, que garantice el acceso a las prestaciones básicas a toda la
ciudadanía, con independencia de su lugar de residencia, así como un soporte jurídico que establezca como estructuras básicas del Sistema a las entidades locales, que han de ser las responsables de gestionar los servicios sociales, por ser las más
cercanas, conocedoras de las demandas y necesidades ciudadanas y puerta de entrada al sistema de servicios sociales.


4. Mejorar la eficacia y la eficiencia en los procesos de valoración de las personas dependientes mediante protocolos homogeneizados para las administraciones responsables, así como llevar a cabo las medidas oportunas para agilizar la
concesión de las prestaciones acordes al grado de dependencia concedido, evitando demoras innecesarias para los dependientes.


5. Rechazar la introducción del ánimo de lucro en la asistencia sanitaria pública.

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6. Propugnar una mayor participación directa de los profesionales sanitarios en la gestión racional y la optimización de los recursos disponibles dentro de cada centro sanitario.


7. Llevar a cabo una regulación homogénea del régimen laboral de los profesionales sanitarios, garantizar su libertad de opción a cualquier plaza del Sistema Nacional de Salud para el que se encuentre cualificado, y la finalización del
abuso en las contrataciones temporales para acabar con la precariedad laboral que caracteriza a todas las categorías profesionales en el ámbito de la Sanidad.


8. Dotar al Consejo Interterritorial de Salud de una verdadera capacidad de gestión, coordinación y cooperación de las políticas sanitarias que lleven a cabo las Comunidades Autónomas.


9. Elaboración de un Plan Nacional de Infraestructuras Sanitarias, dentro del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, para que la construcción de una nueva infraestructura sanitaria del SNS requiera un estudio previo de
demanda asistencial prevista, alternativas posibles para satisfacerla, impacto de la puesta en funcionamiento de dicha infraestructura sobre la red existente, y viabilidad económica a medio y largo plazo.


10. Potenciar la Atención Primaria como una herramienta clave para llevar a cabo las acciones de prevención y educación para la salud, a fin de mejorar el autocuidado por parte de los pacientes y prevenir la aparición de hábitos y
comportamientos que desemboquen en patologías, con el consiguiente ahorro en términos sanitarios y económicos.


11. Mejorar los sistemas de información sobre los servicios sanitarios que permitan una evaluación real de la gestión de éstos, así como del impacto de las medidas que las administraciones públicas desarrollen en este sentido mediante la
elaboración de un Sistema Nacional de Evaluación de la Gestión Sanitaria utilizando indicadores técnicos y no únicamente políticos.


12. Proseguir con las reformas estructurales que han demostrado ser eficaces hasta el momento como la central de compras, la celebración de acuerdos comerciales que permitan abaratar el coste de adquisición de suministros y fungibles, así
como mejorar la cadena de suministros.


13. Crear una agencia similar al National Institute for Clinical Excellence (NICE) británico, que sea de ámbito nacional y altamente tecnificada, como elemento prioritario para determinar la dirección del gasto público sanitario y cuyo
objetivo básico será el de informar las decisiones políticas sobre financiación, desinversión y reinversión en base a criterios de eficacia, seguridad y coste-efectividad.


14. Elaborar un listado de indicadores asistenciales homogéneos y de obligada publicación en open data para los centros hospitalarios de todo el territorio nacional, tanto públicos como privados, que permita conocer y evaluar, de manera
pormenorizada, la gestión de todos los centros sanitarios del sistema de salud público, así como mejorar su eficacia y eficiencia.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, formular las siguientes propuestas de resolución con
motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación.


Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2015.—Antonio Hernando Vera, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


Propuesta de resolución núm. 57


Propuesta de resolución para abordar una reforma de la Constitución Española.


La Constitución Española de 1978 ha permitido construir, por primera vez en nuestra historia jurídica y política, un marco estable de convivencia que ha impulsado el desarrollo y progreso político, social y económico de España durante los
últimos 30 años.


La democracia y la autonomía son dos de los logros más notables, dos de los éxitos, de nuestro pacto constitucional. Con el modelo desarrollado en el Título VIII de la Constitución se ha conseguido una articulación territorial del poder
político en España suficientemente satisfactoria.

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Fruto del consenso político, del diálogo y del pacto, en la carta magna se diseña un modelo de Estado que ha permitido articular, de forma eficaz, realidades potencialmente contradictorias como son la unidad del Estado y el reconocimiento de
las identidades y el autogobierno de las nacionalidades y regiones que lo integran.


Aun así, vivimos tiempos de cambios y las grandes transformaciones que vive el país deben verse reflejados en su norma fundamental. Por ello, aun siendo conscientes de lo que nos ha aportado en términos de cohesión social el modelo
territorial del 78, hoy es ineludible enfrentar una reforma del mismo.


En estos más de 35 años hemos acumulado experiencias suficientes como para saber, no solo cuáles son las virtudes, sino, sobre todo, cuáles son sus debilidades. En los últimos años, las tensiones territoriales se han exacerbado, amenazando
la convivencia.


Pues bien, pasados estos años debemos ser capaces de alcanzar un acuerdo en relación con un modelo territorial que permita, fruto de la experiencia reciente en nuestro país y de la experiencia acumulada en otros países de nuestro entorno,
una mejor organización y funcionamiento de nuestro Estado. Y, sobre todo, que nos permita seguir viviendo juntos, reconociendo nuestra propia diversidad.


Resulta, por tanto, absolutamente necesario renovar el pacto constitucional, negociando y pactando una actualización en clave federal de su modelo de distribución territorial del poder político, diseñando más claramente y, en consecuencia,
dotando de mayor seguridad jurídica a cuestiones fundamentales como son el reparto de competencias, el modelo de financiación y la articulación de los entes territoriales inferiores al Estado con este.


Por todo ello,


«El Congreso de los Diputados afirma la necesidad de revisar el modelo territorial diseñado en la Constitución desde una perspectiva federal, delimitando la atribución de competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas, consagrando en
el texto constitucional los principios del sistema de financiación y los instrumentos concretos de cooperación y lealtad institucional, redefiniendo las funciones y la composición del Senado, reconociendo las singularidades y hechos diferenciales de
algunas Comunidades Autónomas y determinando la financiación y las competencias de las Entidades Locales, de forma que se garantice la prestación de los servicios públicos básicos.


Asimismo, esta reforma de la Constitución deberá incorporar mecanismos de garantía del Estado social y de los servicios públicos esenciales, blindando los derechos económicos y sociales y reconociendo nuevos derechos a la ciudadanía.»


Propuesta de resolución núm. 58


Propuesta de resolución para mejorar la calidad de nuestra democracia y sus instituciones.


El Congreso de los Diputados afirma la necesidad de adoptar, de forma inmediata y decidida, medidas dirigidas a la regeneración de nuestra democracia y sus instituciones, entre las que deben incluirse, en todo caso, las siguientes:


A. En materia de lucha contra la corrupción.


1. Modificaciones del Código Penal.


— Tipificación del delito de enriquecimiento injusto (o ilícito) que castigue el incremento patrimonial de autoridades y funcionarios públicos, producido durante el período de su mandato, cuando no puedan justificar la causa de este
incremento.


— Reforma del delito fiscal para rebajar de 120.000 a 50.000 euros el umbral de la cantidad defraudada que constituye delitos fiscal, elevar la pena de prisión a seis años y consiguientemente el plazo de prescripción.

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2. Modificación de la Ley General Tributaria.


— Modificación de los artículos 95 y concordantes de la Ley General Tributaria para revisar la regulación del secreto fiscal a fin de posibilitar la publicidad de las infracciones tributarias de cuantía superior a 30.000 euros y la identidad
de sus autores.


3. Modificación de la Ley de contratos del sector público.


— Inclusión de nuevas conductas delictivas entre las ya previstas en la Ley como causantes de prohibición de contratar con las Administraciones Públicas.


— Fortalecimiento de la prohibición del fraccionamiento artificial de los contratos.


— Reducción de los supuestos de admisión de contratos del sector público adjudicados mediante procedimiento negociado sin publicidad.


4. Modificación de la Ley de Subvenciones.


— Prohibición de obtener subvenciones, bonificaciones y ayudas de las administraciones públicas para los condenados por delitos de corrupción política.


5. Modificación de la Ley reguladora de la Gracia de Indulto.


— Prohibición de indultos en el caso de delitos cometidos por una autoridad en el ejercicio de su función o cargo público, o prevaliéndose del mismo, con la finalidad de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero.


— Información a la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados sobre los indultos concedidos.


6. Otras medidas en materia de lucha contra la corrupción.


— Creación de una Oficina Anticorrupción, con capacidad de actuación directa en todo el ámbito del sector público del Estado y de las Administraciones Locales, con competencia para revisar las actuaciones y procedimientos con alcance
económico y capacidad para exigir las responsabilidades que puedan derivarse de ellos.


— Plan especial para dotar de medios humanos y materiales adecuados para la lucha contra la corrupción a los órganos judiciales y al Ministerio Fiscal, especialmente a la Fiscalía Anticorrupción.


B. En materia de regeneración democrática.


1. Obligaciones vinculadas con la Ley de Transparencia.


— Reducción de los límites del derecho de acceso a la información pública.


— Publicidad activa específica de los procesos de adjudicación de campañas de publicidad institucional.


— Publicidad activa específica de los acuerdos sobre suelo y ordenación urbana.


2. Reforma del Reglamento del Congreso.


— Adopción inmediata y sin más demora de una reforma del Reglamento de la Cámara para profundizar en la transparencia de la actividad parlamentaria y en la participación ciudadana en los procedimientos parlamentarios; reforzar los medios de
control al gobierno; mejorar la tramitación de las leyes y de las iniciativas; incrementar la actividad de la Cámara y de los parlamentarios; y reforzar el papel del Parlamento en los diferentes procesos de decisión de la UE, especialmente en los
relativos a la coordinación de políticas económicas y presupuestarias.


3. Otras medidas en materia de regeneración democrática.


— Establecimiento de un límite de dos mandatos consecutivos para ejercer la Presidencia del Gobierno.


— Modificación del procedimiento para la designación de miembros de órganos constitucionales y otros órganos cuya designación corresponde a las Cámaras (Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal de Cuentas,
Defensor del Pueblo y sus Adjuntos, Corporación RTVE) y organismos

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reguladores (Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores, Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia...) que incluya:


• Convocatoria pública de las vacantes a cubrir.


• Evaluación de la competencia e idoneidad de los candidatos por un Comité Asesor de composición profesional variable. Sus miembros serán designados para cada ocasión por insaculación entre los propuestos proporcionalmente por los grupos
parlamentarios al inicio de cada legislatura y, para la primera designación, en el mes siguiente a la aprobación de esta norma. Los informes serán públicos.


• Sesiones de audiencia en las correspondientes comisiones del Congreso y, en su caso, del Senado.


• Supresión de la facultad de los parlamentarios y otros cargos públicos de declarar en su despacho oficial cuando sean llamados como testigos.


• Limitación y reducción de aforamientos.


• Dedicación exclusiva de los parlamentarios.


• Regulación de los lobbies.


Propuesta de resolución núm. 59


Propuesta de resolución de derechos y libertades.


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


A. En materia de Justicia:


1. Renunciar a la inclusión en la reforma el Código Penal, actualmente en plazo de enmiendas en el Senado, de la pena de prisión permanente revisable.


2. Reestablecer la justicia universal, a fin de garantizar que las víctimas de gravísimos delitos encuentren tutela judicial en nuestros tribunales siempre que los presuntos responsables se encuentren en España, o existan víctimas españolas
o exista algún vínculo relevante con España, y además de cumplir con de los convenios internacionales de los que España es parte.


3. Renunciar a su plan de privatización de los Registros Públicos mediante la cesión de su Ilevanza a los Registradores, promoviendo que el coste se traslade a los ciudadanos creando nuevos aranceles y en especial, respecto del Registro
civil, que se deroguen las Disposiciones adicionales vigésima primera a vigésima quinta de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, buscando los consensos necesarios
que permitan que encomendar a los Secretarios Judiciales la Ilevanza del Registro Civil, el mantenimiento del empleo, así como que cualquier reforma de la misma se acuerde con el mismo consenso con el que se aprobó y para ello debe prorrogarse al 1
de julio de 2016 la entrada en vigor de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.


4. Renunciar a cualquier reforma legal que promueva la custodia compartida cuando no exista acuerdo entre los progenitores, o la medida sea contraria a la protección del interés superior del menor.


5. Reclamar la titularidad del dominio o de otros derechos reales inmatriculados a favor de iglesia católica en aquellos supuestos en que la inmatriculación se hizo sin la necesaria existencia de un título material y previo que justifique
la titularidad del derecho real sobre el bien inmueble de que se trate, o cuando el mismo sea o haya sido un bien no susceptible de propiedad privada por ser de dominio público, aun en el supuesto de que no esté catalogado formalmente como tal, si
históricamente gozó de esa presunción o tratamiento, así derogar el artículo 206 de la Ley Hipotecaria y concordantes del Reglamento Hipotecario en aquellos extremos en que se atribuye a la Iglesia Católica, cuando carezca del título escrito de
dominio, la potestad para inscribir bienes inmuebles en los términos en que gozan de la misma el Estado, la Provincia, el Municipio y las Corporaciones de Derecho público.


6. Incrementar los medios personales y recursos económicos destinados a la justicia para ofrecer a los ciudadanos un servicio público de calidad, así como renunciar a la privatización emprendida de amplios elementos que conforman este
servicio público, mediante la atribución de competencias a unas determinadas corporaciones —registradores, notarios, procuradores, mediadores, etc—, o subcontratación de otros servicios que restan derechos a los usuarios y a los trabajadores que
prestan sus servicio, a los que deben serle íntegramente restablecidos en sus derechos.

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7. Aprobar una ley de igualdad de trato y contra la discriminación.


8. Aprobar una ley Integral para la igualdad efectiva de personas LGTBI, y contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género, donde se incluya la despatologización de la transexualidad y la puesta en marcha de
actuaciones que afectan a todas las áreas de la vida social con el objetivo de conseguir la igualdad real.


B. En materia de Interior y seguridad:


9. Renunciar a las modificaciones del Código Penal y de la Ley sobre Protección de la Seguridad Ciudadana que tienen por finalidad limitar derechos como los de reunión, manifestación, huelga y libertad de expresión, así como revisar de
oficio y anular todas aquellas actuaciones represivas que en aplicación de la vigente Ley de Seguridad Ciudadana han concluido con sanciones injustificadas por el simple motivo de ejercer sus derechos constitucionales personas y colectivos.


10. Incrementar los recursos económicos destinados a la seguridad pública manteniendo la tasa de reposición de efectivos en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, mejorando su formación continua y no detraer recursos económicos
destinados a la seguridad pública para incrementar las cuentas de resultados de las empresas privadas de seguridad que pretende la sustitución de personal cualificado por otro con escasa formación y escasas garantías laborales.


11. Incorporar a los protocolos de Valoración de Riesgo de informaciones de todas y cada una de las instituciones que tienen competencias para proteger a las mujeres víctimas de la violencia de género, articulando un protocolo de obligado
cumplimiento que genere alertas en cuando exista modificación de las circunstancias que supongan un significativo peligro para la víctima y perfeccionar el sistema policial VIOGEN de valoración del riesgo de las víctimas.


12. Incrementar los recursos personales y económicos destinados a Instituciones Penitenciarias que permita hacer programas adecuados de tratamiento a los presos para fomentar su reeducación y reinsercíón social, así como poner en
funcionamiento los nuevos centros penitenciarios actualmente cerrados por carecer de personal para su apertura.


C. En materia de inmigración:


13. Impulsar en las instituciones europeas un enfoque integral para abordar los retos del fenómeno migratorio en los próximos años, con la adopción inmediata de medidas que se dirijan a:


• Garantizar las acciones de salvamento marítimo a nivel de la Unión.


• Establecer una agenda legislativa para incorporar normas europeas comunes en los ámbitos de canalización de flujos migratorios, integración de los inmigrantes y cooperación con terceros países que contribuyan a una política europea de
inmigración integral.


• Reforzar la asistencia humanitaria, financiera y política en zonas en crisis en el Norte de África y Oriente Próximo.


• Impulsar acuerdos para el traslado a territorio de la Unión Europea de personas que se encuentren en situación de inminente necesidad de refugio.


14. Recuperar la política de integración de los inmigrantes y hacerlo como una política dirigida a toda la ciudadanía, con estrategias que garanticen la igualdad de derechos, deberes y oportunidades.


15. Recuperar la política integral de inmigración que necesita nuestro país, reforzar la lucha contra la inmigración irregular y el tráfico de personas, la gestión ordenada de los flujos migratorios legales y la política de integración, y
recuperar la cooperación internacional al más alto nivel con los países de origen y tránsito de la inmigración, y especialmente con Marruecos.


16. Corregir, tras la sentencia contra el Reglamento que regula los centros de internamiento de extranjeros, su regulación, velando porque la garantía de todos los derechos afectados.


17. Incrementar los medios personales en la oficina de asilo y especialmente en las fronteras terrestres con Marruecos, que permitan garantizar protección internacional a quien la demande y necesite, sin renunciar a realizar en estas zonas
los controles de seguridad que resulten necesarios para una gestión adecuada de la seguridad en los territorios de Ceuta y Melilla.

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Propuesta de resolución núm. 60


Propuesta de resolución para una política económica para una recuperación justa.


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


A. En materia de Economía


1) Defender en las instituciones europeas:


a) Que el BCE mantenga, tanto tiempo como sea necesario, una política monetaria expansiva de bajos tipos de interés y no convencional de compra de activos públicos y privados hasta que la recuperación se haya consolidado en toda la Eurozona,
favoreciendo la depreciación del Euro.


b) Que se adopte una política fiscal de carácter anticíclico conjunta de todos los estados miembros de la Eurozona que impulse la demanda agregada, apuntale la recuperación económica y que de coherencia al mayor activismo del BCE.


c) Que se avance hacia una Unión Fiscal más estrecha (armonización de la política fiscal, coordinación de las políticas económicas y presupuestarias, mutualización de la deuda soberana) y una Unión Política Federal (pleno control
parlamentario de las políticas de la Unión, posibilidad de introducir impuestos europeos y abolición de la toma de decisiones por unanimidad en determinados supuestos en los que se sigue aplicando).


d) Que nuestro país se beneficie al máximo de las inversiones del Plan de Inversiones para Europa, mediante la presentación de una lista seria y solvente de proyectos, así como encontrar una fórmula de participación en el mismo que evite
desembolsos de capital (por ejemplo a través de garantías).


e) Garantizar que la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento se aplique también a los países que como España están en el brazo correctivo.


2) Adoptar una nueva política económica alternativa, solvente y transformadora que modernice las instituciones y se enfrente al problema de la baja productividad, el elevado paro estructural, la precariedad laboral y el endeudamiento público
y privado. Para ello se proponen las siguientes medidas:


— Acometer una senda de reducción de déficit equilibrada entre ingresos y gastos, acompasada con la vuelta del crecimiento, recuperando las partidas presupuestarias que garantizan las mejoras de productividad futura de nuestra economía: en
particular: aumentar la inversión en I+D+i hasta alcanzar el 3 % del PIB; la inversión en educación hasta alcanzar el 7% del PIB en ocho años, y las políticas activas de empleo hasta alcanzar el 1,5% del PIB.


— Reforzar la independencia y capacidad de la Autoridad de Responsabilidad Fiscal Independiente (ARIF), en particular en materia de recursos humanos y presupuestarios. La ARIF pasaría a ser un órgano dependiente del Congreso de los
Diputados y su Presidente sería el primero en comparecer en el Congreso tras la presentación de los PGE.


— Creación de una autoridad Macroprudencial en España. Que tenga como objeto la supervisión del sistema financiero en su conjunto, evitando riesgos sistémicos, preservar su estabilidad y contribuir de modo sostenible al crecimiento
económico y al empleo. En 2011 la Junta Europea de Riesgo Sistémico (ESRB) emitió una recomendación dirigida a los Estados Miembros de la UE de la creación de una autoridad para julio de 2013 que España aún no ha cumplido. Dicha autoridad
complementa la supervisión microprudencial llevada a cabo por los Bancos Centrales (en España el Banco de España) y ahora el BCE.


— Para acometer un verdadero rescate ciudadano, es necesario aprobar una Ley de Segunda Oportunidad, norma que a lo largo de la legislatura se ha reclamado por todos los Grupos Parlamentarios, excepto el Popular. Una legislación, que
permita ante una situación de sobreendeudamiento, un aplazamiento, reestructuración y/o quita de las deudas pendientes, realizada mediante una mediación pública y con garantías, a la vez que la suspensión de los procedimientos de ejecución
hipotecaria, incluyendo los intereses moratorios, en los casos de deudas hipotecarias. En el caso de no poder establecer una vía que evite la pérdida de la vivienda, o de haberse producido ya ésta, se posibilitará la dación en pago.

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— Crear una Banca Pública de Inversión que proporcione financiación a la economía real y combata la sequía de crédito que existe. Una banca orientada hacia el objetivo de dinamizar la economía productiva impulsando la creación y
consolidación de empresas que se financie en los mercados y no a través de la red comercial y que sirva de instrumento para impulsar políticas sectoriales. Una banca capaz de prestar por sí misma y con capacidad de análisis de riesgo. Este nuevo
instrumento financiero público integrará al resto de entidades de financiación públicas existentes: el ICO, COFIDES para la financiación de proyectos internacionales, CESCE que proporcionaría seguro a la exportación y Expansión Exterior, que
ofrecería servicios de asesoría financiera para la internacionalización de las empresas. Esta banca se regirá por un modelo de gobierno corporativo basado en una gestión profesional y se someterá a los principios de transparencia, buen gobierno y
rendición de cuentas.


— Reforzar las líneas de financiación pública para PYMES y para internacionalización, en particular las dotaciones de capital al ICO (futura Banca Pública de Inversión). También se deben racionalizar el resto de líneas financieras públicas,
creando una verdadera ventanilla única que las integre (FIEM, COFIDES, ENISA, Ministerio de Industria).


— Fomentar y promover la financiación no bancaria: Impulsar el desarrollo y profesionalización de la financiación alternativa no bancaria mediante los cambios normativos que lo faciliten y a su vez, eliminando aquellas ventajas normativas,
implícitas o explícitas, de las que disponga la financiación bancaria (neutralidad entre distintas formas de financiación). Articular instrumentos alternativos como el capital riesgo, préstamos participativos a pequeñas y medianas empresas, redes
de inversores de proximidad (Business Angels) y el desarrollo efectivo de la financiación directa de las empresas mediante los mercados financieros y del mercado alternativo de renta fija, incluyendo el «crowdfunding».


— Garantizar la competencia en los mercados: dotar de verdadera independencia a las instituciones reguladoras y supervisoras de los mercados, evitando su utilización partidista, apostando por la profesionalización y la independencia de sus
miembros. Fomentar la competencia efectiva, poner fin a los corporativismos, a los privilegios y facilitar nuevos proyectos empresariales.


— Introducir mayor competencia efectiva en los mercados de bienes y servicios con el objetivo de incrementar el PIB potencial. Eliminar obstáculos injustificados y desproporcionados que dificultan el acceso a determinados servicios
profesiones altamente protegidos frente a la competencia y en relación con otros países de nuestro entorno europeo.


— Incrementar la competencia y transparencia en el sector de los hidrocarburos, para que las bajadas del precio del crudo se trasladen a los precios del gasóleo y de la gasolina, al menos con la misma velocidad y en la misma proporción que
lo hace cuando sube.


— Crear una Agencia de Protección Financiera del Consumidor similar a la creada en EEUU («Consumer Financial Protection Bureau»). La agencia sería una entidad de Derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y
privada. La agencia sería independiente tanto del Gobierno como de los supervisores financieros. Esta agencia tendrá la capacidad de actuar en nombre de los usuarios y consumidores de servicios financieros, con el fin de evitar los abusos y malas
prácticas de las entidades financieras y obtener indemnizaciones destinadas a reparar el perjuicio ocasionado por dichas prácticas.


— Reforzar la protección al inversor y al cliente financiero. En diferentes materias tales como: Crédito hipotecario: Se debe de transponer la Directiva 2014/17, que somete a restricción, al menos de registro, las actividades de
financiación e intermediación de crédito hipotecario. Autoridad de Resolución Financiera: El ámbito financiero tiene su propio sistema de resolución ubicado en BE, CNMV y Seguros, que estaría superado. Se requiere transponer la Directiva 2013/11,
sobre resolución alternativa de litigios en materia de consumo. Sería necesario establecer una autoridad única en el conjunto del ámbito financiero para resolver los conflictos entre los operadores y los consumidores. Protección al inversor: En
esta materia el aspecto relevante será la transposición de la MIFID II. A su vez se requiere el establecimiento de una clasificación de los instrumentos financieros en función del riesgo y la complejidad.


— Reducir y simplificar los trámites y costes para la creación de empresas y simplificar y abaratar los costes para liquidar una empresa no viable. Extender el silencio administrativo positivo de manera general. España es el país número 32
del Índice Doing Business del Banco Mundial, que mide la facilidad de hacer negocios en los países. Debemos plantearnos como objetivo estar entre los 10 primeros países del mundo en una legislatura.

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— Promover y apoyar a los emprendedores con reformas en la Ley de Emprendedores, simplificación de los trámites administrativos, generalizar la «Declaración Responsable», acercar la cotización de los autónomos a su nivel de ingresos,
aumentar la flexibilidad para la capitalización de la prestación por desempleo.


— Revisar toda la regulación diferencial que desincentiva el crecimiento en tamaño de las empresas. Un sector empresarial con empresas de mayor tamaño incrementa la estabilidad en el empleo, mejora la tasa de supervivencia empresarial,
facilita la salida a mercados internacionales, y facilita la innovación y la formación del capital humano.


— Es necesario reforzar la calidad del gobierno corporativo y mejorar la cualificación de la clase dirigente empresarial en aspectos como la organización del trabajo, la incorporación de innovación a procesos productivos, la orientación al
mercado exterior o la implantación de un modelo de relaciones laborales basado en la participación de los trabajadores en la toma de decisiones empresariales. Las empresas deben incorporar criterios de valor social, más allá del valor de la acción,
como la responsabilidad social y laboral, el impacto medioambiental, la responsabilidad y transparencia fiscal.


— A su vez, proponemos limitar los salarios desorbitados de Consejeros y altos Directivos con medidas como: transparencia y aprobación por la Junta de Accionistas de las Remuneraciones de los Directivos y Consejeros, desincentivar
fiscalmente las stock-options, y los blindajes, limitar a un ratio de 1:1 la retribución variable respecto a la fija, penalizar la desigualdad salarial en el acceso a la contratación pública, etc.


B. En materia de I+D+i:


3) Acometer una Planificación plurianual que permita la recuperación, en los tres próximos ejercicios presupuestarios, de los niveles de financiación pública de 2009 en I+D+i civil en los capítulos 1 a 7, garantizando una financiación
sostenida que represente un porcentaje de los ingresos del Estado similar a la media europea.


4) Eliminar los actuales límites de la tasa de reposición de empleo público en el sector de I+D, que permita la incorporación de nuevos recursos humanos de acuerdo con las necesidades reales del sistema de I+D+i y a su convergencia con
Europa en el número de personal de investigación por habitante.


5) Garantizar la normalización y el cumplimiento de todas las actuaciones previstas en los Planes Estatales de Investigación, tanto en lo relativo a los plazos de sus convocatorias como en la resolución de las mismas.


6) Crear la Agencia Estatal de Investigación prevista en la Ley de la Ciencia de 2011, que mediante el contrato programa y los presupuestos plurianuales correspondientes tenga la encomienda de gestión de los Planes Estatales de
Investigación, con criterios estrictamente científicos y la autonomía necesaria para ello, con el consiguiente control parlamentario.


C. En materia de política de vivienda:


7) Adoptar las medidas normativas necesarias al objeto de eliminar las cláusulas suelo de la totalidad de los saldos vivos de préstamos hipotecarios, tanto de viviendas como de locales afectos a actividades económicas, de todas las entidades
de crédito.


8) Habilitar procedimientos que faciliten, a las familias que han sufrido un proceso de desahucio, el uso de las viviendas vacías propiedad de las entidades financieras que han recibido ayudas públicas.


9) Adoptar las medidas normativas necesarias que impidan la enajenación en lotes de viviendas de promoción pública a fondos especulativos de inversión y garanticen el uso social de este tipo de viviendas construidas y financiadas, para este
fin, con fondos públicos.


10) Modificar el Real Decreto-ley 20/2012 para restablecer el derecho a percibir la ayuda de subsidiación de préstamos a la vivienda, tanto para aquellos que lo hubieran solicitado con anterioridad a su entrada en vigor como para nuevos
demandantes.

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Propuesta de resolución núm. 61


Propuesta de resolución sobre fiscalidad y financiación autonómica.


El Congreso de los Diputados:


A. En materia de fiscalidad:


Muestra su rechazo a la reforma fiscal aprobada por el Gobierno, que beneficia especialmente a las rentas más elevadas y a las grandes empresas, manifestando la necesidad de adoptar medidas eficaces para:


a) Someter a tributación efectiva la riqueza patrimonial, gravando la capacidad económica puesta de manifiesto por la titularidad de los diversos instrumentos financieros (fondos de inversión, SICAVs, sociedades instrumentales, seguros y
planes de pensiones personalizados, etc.) y por cualquier participación en todo tipo de entidades y sociedades.


b) Mejorar el tratamiento de las rentas del trabajo, estableciendo una reducción especial para los rendimientos del trabajo de los contribuyentes en situación de especial protección, de forma que se exima de tributación a desempleados,
sujetos pasivos con cargas familiares y pensionistas cuyas rentas totales no excedan de 16.000 euros.


c) Equiparar los tipos impositivos de las rentas del trabajo y del capital.


d) Revisar todas las deducciones y reducciones del actual IRPF que tienen carácter regresivo.


e) Recuperar el gravamen efectivo en imposición sobre sucesiones y donaciones, estableciendo un tipo mínimo homogéneo a nivel estatal.


f) Recuperar el tipo general de gravamen del 30 por ciento en el Impuesto sobre Sociedades (IS), estableciendo, en su caso, una tributación mínima para las grandes empresas de modo que contribuyan a recuperar la recaudación y estabilizarla
en el tiempo, y reformar realmente la estructura del Impuesto, eliminando las deducciones que benefician fundamentalmente a las grandes corporaciones.


g) Someter a un tipo de gravamen del 15 por ciento a las instituciones de inversión colectiva, en especial las sociedades de inversión de capital variable (SICAV’s).


h) Eliminar las distorsiones fiscales que limitan y condicionan el crecimiento empresarial, favoreciendo un mayor tamaño de nuestras empresas como requisito necesario para su internacionalización.


i) Aplicar un nuevo tipo reducido del 5 por ciento en el IVA, en línea con el impuesto aplicable en otros países de nuestro entorno, a las actividades culturales, como cine, teatro y música.


j) Aplicar el tipo superreducido del IVA para los bienes y servicios de primera necesidad (higiene íntima, pañales, etc.).


k) Aplicar el tipo reducido del IVA a sectores intensivos en la utilización de mano de obra, que inciden en la salud pública o que han sufrido con especial intensidad los efectos de la crisis económica: peluquerías, servicios veterinarios,
etc.


l) Establecer un auténtico régimen de caja en el IVA, ante el escasísimo número de empresas que se han acogido al mismo.


m) Impulsar la modificación de la Directiva europea del IVA, con el objetivo de revisar las exenciones del IVA actualmente reconocidas a las actividades de la sanidad privada y educación privada no concertada, establecer de manera coordinada
la posibilidad de aplicar un tipo de gravamen más elevado a las entregas de aquellos bienes que reflejen una mayor capacidad económica de los contribuyentes y analizar el establecimiento de un tipo de gravamen a los servicios financieros actualmente
exentos.


n) Hacer efectiva la puesta en marcha del Impuesto sobre las Transacciones Financieras, que gravará no solo la compraventa de acciones y bonos sino también otro tipo de operaciones financieras como los derivados, y cuyos ingresos se
destinarán a financiar, adicionalmente a las previstas en los Presupuestos Generales del Estado, políticas sociales específicas dirigidas a las personas más vulnerables, así como para el incremento de los fondos de cooperación internacional contra
el hambre, la pobreza y la desigualdad en los países en desarrollo.


o) Establecer un Impuesto sobre las Actividades Financieras que grave los salarios variables y los beneficios «extraordinarios» de las entidades financieras para compensar la no existencia de IVA en el sector financiero.

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p) Aproximar la imposición medioambiental a la media europea, introduciendo criterios de política ambiental en el sistema tributario de manera que se internalicen los costes externos y se incentiven comportamientos más respetuosos con el
medio ambiente, actuando prioritariamente en las áreas de transporte, emisiones, energía y residuos.


B. En materia de lucha contra el fraude y la evasión fiscal insta al Gobierno a:


a) Incrementar en 5.000 empleados públicos (inspectores, técnicos, agentes tributarios, administrativos) los efectivos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria destinados a la lucha contra el fraude en los próximos cuatro años,
doblando su número actual, al objeto de situar a España en la media de los países de mayor tamaño de la Unión Europea y de paliar el efecto de la amortización de plazas previstas en la AEAT.


b) Modificar el artículo 95 de la Ley General Tributaria con el objetivo de conocer el nombre de los defraudadores, incluidos los acogidos a la amnistía fiscal.


c) Proceder a la apertura de una investigación acerca de las filtraciones que se han producido de datos con transcendencia tributaria, determinando su origen, las responsabilidades a que hubiera lugar y proponiendo las medidas necesarias
para evitar las mismas en el futuro.


d) Elevar la conciencia fiscal en España conociendo y corrigiendo las injerencias ilegítimas de los actuales responsables políticos en la AEAT.


e) Aprobar una Ley de Lucha contra el Fraude y la Elusión Fiscal con periodicidad anual que incorporará las modificaciones necesarias para corregir los vacíos legales y aquellas interpretaciones normativas que posibilitan la elusión fiscal.
Remitir al Parlamento un informe anual con la evaluación de los resultados de la lucha contra el fraude y su comparación internacional.


f) Crear una Oficina de Lucha contra el Fraude, integrada en la Agencia Tributaria, que coordine a los distintos departamentos de la Administración del Estado, colaborando igualmente con las restantes Administraciones Territoriales.


g) Poner en conocimiento de los órganos jurisdiccionales o del Ministerio Fiscal, las actuaciones de todas aquellas personas, entidades financieras y empresas consultoras o asesoras que han colaborado en el fraude fiscal, la ocultación de
fondos, el blanqueo de capitales y cualesquiera otros ilícitos cometidos por los residentes españoles.


h) Impulsar con carácter urgente las modificaciones normativas necesarias para que la legislación tributaria contemple como infracción las prácticas de fraude y elusión fiscal, no solo de los clientes, sino también de las personas, entidades
financieras y empresas consultoras o asesoras que colaboran en su comisión, así como la inclusión del correspondiente tipo delictivo en el Código Penal. En el caso de infracciones cometidas por entidades de crédito, la citada regulación deberá
contemplar, en supuestos de especial gravedad, la revocación de la autorización de la entidad.


i) Defender en el seno de la UE la elaboración de una lista negra de paraísos fiscales, y que las jurisdicciones que aparezcan en dicha lista deben estar sujetas a una lista consensuada de sanciones. Entre dichas sanciones se incluirán: la
suspensión de los vigentes convenios de doble imposición; las empresas localizadas en paraísos fiscales no podrán acceder ni a ayudas ni a contratación alguna con las administraciones de los Estados miembros de las UE; pedir la revocación de las
licencias bancarias de las instituciones financieras que realicen operaciones en un paraíso fiscal y/o favorezcan activamente el fraude fiscal o que se nieguen a colaborar con las Autoridades Tributarias; no reconocer personalidad jurídica a las
entidades con domicilio en paraísos fiscales, etc.


j) Defender en la Unión Europea, la revisión y aprobación de manera inmediata de la actual Directiva de la fiscalidad del ahorro que regula el intercambio automático de información, y que presenta importantes carencias, al estar limitada
actualmente a los intereses en cuentas corrientes y de depósito, y únicamente a las personas físicas.


k) Instar a la OCDE que ponga en marcha un nuevo modelo de Convenio que incluya la filosofía de la Ley FATCA, basada en el intercambio automático de información, suprimiendo cualquier excepción dentro de la UE o los países de la EFTA.


I) Exigir a las entidades financieras información sobre las empresas y particulares que tengan cuentas e intereses económicos en un paraíso fiscal.


m) Promover la supresión de los billetes de 500 euros, así como limitar los pagos en efectivo entre particulares y entre empresas, reduciendo los costes relacionados con los medios electrónicos de pago.

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n) Adoptar con carácter prioritario las medidas de aplicación directa en la legislación interna, contenidas en el Plan de acción contra la erosión de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades y el traslado de beneficios (BEPS en sus
siglas en inglés) de la OCDE, al objeto de eliminar la erosión de las bases imponibles y el traslado artificial de beneficios a jurisdicciones para evitar el pago de impuestos de empresas multinacionales.


o) Adoptar las medidas necesarias para obtener la información territorializada (España, país a país, Unión Europea y resto del mundo) de las declaraciones de grandes empresas y grupos en el Impuesto sobre Sociedades, así como de la base
imponible o del resultado contable mundial antes de impuestos y su distribución territorializada (España, país a país, Unión Europea y resto del mundo).


p) Establecer una tributación entre el 30 y el 35 % sobre los beneficios reales obtenidos en España por las empresas multinacionales por su actividad económica en nuestro país, y que luego desvían para tributar a otros países. En el mismo
sentido que lo comunicado por Reino Unido con el anuncio del «Diverted Profit Tax» (o impuesto sobre los beneficios desviados)


q) Realizar una evaluación pormenorizada de los efectos de los beneficios fiscales y de los principales ajustes aplicables para la determinación de la base imponible en el Impuesto sobre Sociedades.


r) Hacer públicas las empresas con un volumen de negocio superior a 10 millones de euros que se aplican beneficios fiscales y ajustes del Impuesto sobre Sociedades, con expresión individualizada de los conceptos e importes.


C. En materia de financiación autonómica insta al Gobierno a:


a) Dar a conocer en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en un plazo no superior a quince días, los estudios aportados por las diversas CC.AA. en orden a configurar un nuevo esquema de funcionamiento de financiación para el
futuro.


b) Impulsar la renovación del modelo de financiación autonómica, para su inmediata aprobación, corrigiendo los déficits de financiación y garantizando la prestación de los servicios públicos esenciales en todas las Comunidades Autónomas, de
tal manera que todos los ciudadanos, con independencia de donde vivan, accedan en igualdad de condiciones a dichos servicios.


c) Promover que en el nuevo sistema de financiación se garanticen los principios de coordinación y solidaridad recogidos en la Constitución Española.


d) Los cambios en el sistema de financiación autonómica tendrán efectos desde el 1 de enero de 2014.


D. En materia de Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) insta al Gobierno a:


Llevar a cabo cuanto antes la negociación con el Gobierno de Canarias para actualizar los aspectos económicos del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, con independencia del proceso de modificación del sistema de financiación de las
Comunidades Autónomas.


Propuesta de resolución núm. 62


Propuesta de resolución sobre reindustrialización e inversiones productivas.


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


A. En materia de reindustrialización:


1. Articular una política industrial integral en todo el país que fomente la aprobación de planes de reindustrialización por parte de las comunidades autónomas, consensuados con los agentes económicos y sociales y con la colaboración del
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en aquellos territorios donde se ha producido mayor pérdida del tejido industrial y un impacto negativo en el empleo. Los planes deberán concretarse en acciones a corto, medio y largo plazo acompañadas de
una memoria económica plurianual que recoja el esfuerzo público y privado necesario.


2. Fomentar la internacionalización de la economía española y la atracción de inversión extranjera en base a la apuesta por mejorar el capital humano y la innovación. Potenciar las líneas de financiación

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pública para la internacionalización de PYMES, en particular los avales y garantías. Adoptar una política integral para aumentar el tamaño empresarial en nuestro país para favorecer la innovación tecnológica y la internacionalización.


3. Recuperar los observatorios industriales como mesa de diálogo permanente entre el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y los agentes sociales. Y aprobar planes sectoriales acordes con su específica realidad. Apostar por el
carácter estratégico del sector del automóvil, el aeronáutico y naval y el aeroespacial. Impulsar un programa integral de rehabilitación de edificios y viviendas para mejorar la eficiencia y el ahorro energético y, al mismo tiempo, favorecer la
creación de empleo de calidad en el sector de la construcción. Retomar los planes de apoyo al sector textil y de la confección, calzado, marroquinería, juguete y mueble.


4. Habilitar los mecanismos oportunos para penalizar las deslocalizaciones empresariales exigiendo la devolución de las ayudas públicas recibidas con los correspondientes intereses de demora, prohibiendo la recepción de ayudas públicas en
los ocho años siguientes a la deslocalización y comunicándolo a la Comisión Europea para que en su caso se aplique la normativa comunitaria.


5. Implicarse directamente en la situación de empresas clave en su territorio en riesgo de cierre y velar por el cumplimiento de la legislación, evitando cualquier perversión legislativa.


6. Evaluar de manera territorializada la ejecución y los resultados de los planes de reindustrialización y programas presupuestarios.


7. Incorporar en el procedimiento de elaboración de legislación la evaluación de la incidencia de la normativa sobre la actividad industrial, la competitividad de las pymes y su impacto en el empleo.


8. Adecuar los planes educativos de formación profesional e ingenierías a las necesidades formativas de la industria, de manera flexible, con ciclos formativos adecuados a los territorios, anticipándose a la especialización necesaria para
facilitar la incorporación de nueva tecnología e innovación.


9. Evitar la caída del esfuerzo inversor en I+D+i de los últimos años y volver a aumentar la inversión en innovación con el objetivo de alcanzar la media europea. Dejar sin efecto la limitación de la tasa de reposición en el sector público
estatal, incluidas las fundaciones estatales sin ánimo de lucro, que se dediquen a la I+D+i.


10. Poner en marcha con carácter urgente un programa de atracción y recuperación del talento en el extranjero de investigadores que han sido formados en nuestro país.


B. En materia de política de transportes:


11. Garantizar la gestión pública de AENA, no descapitalizarla mediante el reparto de beneficios y dividendos al margen de las necesidades de la Red Aeroportuaria y de los objetivos de estabilidad de la empresa, mantener el funcionamiento
en red de nuestro sistema aeroportuario, los empleos de los trabajadores y el mantenimiento de todos los aeropuertos de la red de AENA.


12. Garantizar la financiación de la Unión Europea a los proyectos de la Red Transeuropea De Transporte Ferroviario, como es el caso del Corredor Mediterráneo y otros corredores incluidos en la Red Transeuropea de Transporte, realizando los
oportunos cambios presupuestarios para retomar las inversiones necesarias para maximizar las ayudas financieras concedidas y para poder aprovechar nuevas líneas de crédito.


13. Continuar con el esfuerzo desarrollado durante las pasadas legislaturas en materia de transporte ferroviario de mercancías, con el objetivo de ofrecer un servicio competitivo y de calidad, plenamente integrado e interoperable con la Red
Transeuropea de Transporte Ferroviario y conectado con la red de plataformas logísticas de ámbito nacional y, especialmente, con nuestros puertos mediante un sistema moderno de terminales y apartaderos.


14. Adecuar las infraestructuras de conexión de nuestros puertos con la red de transporte terrestre con el objetivo de mejorar la intermodalidad y la competitividad, incrementando así la eficiencia de nuestro sistema portuario mediante la
modernización de sus instalaciones.


15. Recuperar los planes de extensión y mejora de las cercanías ferroviarias con los objetivos de facilitar la movilidad, la reducción de los tiempos de viaje, la optimización de la funcionalidad y la capacidad de la red, el aumento de la
conectividad con otros modos de transporte, la mejora de la accesibilidad a personas con movilidad reducida y la consecución de una mayor calidad, fiabilidad y puntualidad de los servicios.


16. Incrementar la inversión en conservación de carreteras, aproximando paulatinamente su cuantía al porcentaje, considerado óptimo según los expertos, del 2 por ciento de su valor patrimonial. El Gobierno aprobará, en un plazo de tres
meses, un plan extraordinario de actuaciones de conservación en la red

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convencional, con especial incidencia en aquellas carreteras donde se produzca una mayor concentración de accidentes y un mayor tráfico de mercancías y viajeros.


17. Revisar el proceso de liberalización en el transporte ferroviario de pasajeros, tal y como aconseja la CNMC, acompasándolo a los plazos previstos en la Unión Europea y a las circunstancias que permitan garantizar el éxito de dicho
proceso, de forma que se permita a nuestro principal operador ferroviario adaptarse al futuro mercado liberalizado.


18. Desarrollar las medidas necesarias para reforzar el mantenimiento del servicio postal público y el futuro de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A., como operador designado para su prestación. Así mismo, desarrollar y completar
la normativa prevista del Servicio Postal Universal, de los Derechos de los Usuarios y del Mercado Postal, a fin de garantizar los compromisos de prestación y financiación de las obligaciones contraídas con un servicio postal universal de calidad, a
precios asequibles y accesibles para todos los ciudadanos y usuarios.


19. Adoptar las medidas necesarias para consensuar un plan orientado a la revisión del modelo logístico en España, como clave para la reindustrialización y la reducción de los costes a las empresas, que permita: priorizar inversiones en
infraestructuras de transporte orientadas a reducir los costes logísticos de las empresas; promover una mayor eficacia energética y medioambiental del sistema de transporte; impulsar el reequilibrio modal en el transporte terrestre; lograr la
integración óptima de los distintos modos de transporte y mejorar la interoperabilidad.


C. En materia de política turística:


20. Elaborar un plan Especial de Promoción específico y de calidad, destinado a la recuperación del turismo nacional, que debe ser tangible tanto en número de acciones como en inversión presupuestaria, donde se ponga en valor la diversidad
de la oferta turística española.


21. Incrementar los recursos en la promoción exterior, donde la imagen de España se articule sobre los diferentes productos turísticos para una más eficaz penetración en los mercados tradicionales y emergentes, en coordinación y
colaboración con las Comunidades Autónomas y Entidades Locales.


22. Incluir las necesidades del sector turístico en el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte, que define las directrices básicas de la actuación en infraestructuras y transporte de competencia estatal con un horizonte a medio y
largo plazo.


23. Reducir las tasas aeroportuarias y portuarias para optimizar la competitividad del sector turístico y estudiar un nuevo marco regulatorio fiscal reducido para las actividades relacionadas con el turismo.


24. Incrementar las dotaciones presupuestarias de los planes de Recualificación Integral de Destinos Turísticos Maduros y los del Fondo Estatal para la Modernización de Infraestructuras Turísticas (FOMIT), esencial para la revitalización y
modernización de las zonas turísticas maduras en el litoral mediterráneo y de los archipiélagos de Baleares y Canarias.


25. Impulsar una estrategia de desestacionalización con el objetivo de atraer una demanda no influenciada por la climatología e ir íntimamente ligada al fenómeno de la diversificación de la oferta. Para ello es prioritario potenciar los
denominados turismos específicos, que se caracterizan por tener como elemento central alguna motivación del turista, y no motivaciones estacionales, contribuyendo de esta manera a minorar la estacionalidad.


Propuesta de resolución núm. 63


Empleo y Seguridad Social


A. En materia de mercado de trabajo y cobertura del desempleo.


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que urgentemente adopte las medidas que permitan frenar los daños derivados de las reformas acometidas en el ámbito sociolaboral desde el año 2012, y a que, previo acuerdo con los
interlocutores sociales, cambie dicha regulación, única forma de eliminar la fuente del daño. A tal efecto, deberá:


1. Derogar la reforma laboral y elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores que ponga fin a la precariedad laboral, el exceso de temporalidad y el trabajo a tiempo parcial indeseado, al despido barato

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y la devaluación salarial, y que refuerce la negociación colectiva, como fuente del derecho. Un nuevo Estatuto que garantice de forma efectiva los derechos de las personas trabajadores, que deberán ser renovados para adaptarse a los nuevos
tiempos tecnológicos y a un mundo globalizado.


Con dicha finalidad, deberá abrir un proceso de diálogo social para acordar, entre otras cuestiones, un nuevo marco de relaciones colectivas equilibrado que respete la autonomía colectiva, así como la articulación y estructura de la
negociación colectiva.


2. Restituir a los trabajadores los derechos conculcados. Con dicha finalidad deberá:


a) Abordar, previo acuerdo con los interlocutores sociales, una nueva regulación del trabajo a tiempo parcial que sea homologable con la existente en otros países europeos y que recupere su vocación de elemento flexibilizador y ordenador del
tiempo de trabajo, compatible con las responsabilidades familiares y laborales, incluidas las formativas. Para ello se reformará, entre otras, la regulación del pacto de horas complementarias y se eliminará el ofrecimiento de realización de horas
complementarias establecidas en la actual regulación.


b) Articular un plan contra la explotación laboral que refuerce de forma efectiva y real la vigilancia del cumplimiento de las normas sobre tiempo de trabajo, mediante, y entre otras actuaciones


i. La modificación de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.


ii. El incremento sustancial de las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a través de un plan específico que atienda a este control de la legalidad, con aumento de recursos humanos y materiales al efecto.


c) Articular un plan de lucha contra la contratación temporal fraudulenta que contemple, entre otras medidas:


i. El incremento sustancial de las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a través de un plan específico que atienda a este control de la legalidad, con aumento de recursos humanos y materiales al efecto.


d) Dignificar el salario mínimo interprofesional, incrementándolo, de conformidad con el artículo 27 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en un 5 % en 2015, para recuperar su pérdida de poder adquisitivo y avanzar
en su acercamiento gradual al 60 por ciento del salario medio nacional, tal y como establece la Carta Social Europea.


3. Recuperar y reactivar las políticas activas de empleo. Con dicha finalidad, deberá:


a) Destinar para su financiación, al menos, un 1,5 % del PIB.


b) Desarrollar, entre otros, programas dirigidos principalmente a quienes no tienen empleo ni prestación:


i. Mayores de 45 que lleven más de dos años en desempleo y hayan agotado la prestación.


ii. Jóvenes menores de 30 años. Puesta en marcha efectiva de la Garantía Juvenil.


iii. Mujer. Incrementar la participación de las mujeres en el mercado laboral y reducir la diferencia con la tasa de ocupación de los hombres que hoy es de 10 puntos, para alcanzar el objetivo del 74 % de tasa de ocupación que establece la
Estrategia 2020. A tal efecto, deberá adoptar todas las medidas que permitan avanzar en corresponsabilidad, incluidas las normativas.


c) Mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas, con contratación de personal especializado suficiente, también en el ámbito local, con el fin de desarrollar un itinerario de inserción laboral adecuado a la formación, cualificación
y dificultad de inserción de estas personas, y que atienda a las necesidades del sistema productivo.


4. Reducir o en su caso eliminar el número mínimo de jornadas reales cotizadas para acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria a favor de las personas trabajadoras eventuales del campo de Andalucía y Extremadura, así como puesta
en marcha de un programa extraordinario de fomento del empleo agrario especial que promueva jornales para estas personas trabajadoras eventuales del campo. De forma extraordinaria y para este año, el Gobierno permitirá que los trabajos y jornales
de los programas de empleo de Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales computen para percibir el subsidio o renta agraria de estas personas trabajadoras.

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Asimismo, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que acate el artículo 41 de la Constitución y, en base al mismo, adopte las medidas que permitan incrementar de forma sustancial la cobertura del sistema de protección por desempleo,
tanto en su extensión, con aumentos significativos en el número de personas beneficiarias protegidas, como en la cuantía de la prestación. A tal efecto, las dotaciones presupuestarias destinadas al sistema de protección se incrementarán en 2015, en
una primera fase, hasta alcanzar al menos las consignadas en los presupuestos para 2011.


B. En relación con el sistema público de pensiones:


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a fortalecer nuestro sistema público de Seguridad Social, por ser el instrumento esencial de vertebración, integración y cohesión social que garantiza a toda la ciudadanía una asistencia y unas
prestaciones sociales suficientes ante las situaciones de necesidad, tal y como exige el artículo 41 de la Constitución.


A tal efecto, deberá recuperar el diálogo social y su compromiso político con el Pacto de Toledo, con el fin de alcanzar los consensos básicos para afianzar el mantenimiento y sostenimiento de nuestro sistema público de pensiones, así como
la mejora de su acción protectora.


Asimismo, y con el fin de que el Pacto de Toledo pueda comenzar a desarrollar sus trabajos de evaluación sobre nuestro sistema público de pensiones, así como el grado de cumplimento de sus resoluciones, aprobadas por el Pleno del Congreso de
los Diputados el 25 de enero de 2011, y comenzar a elaborar las recomendaciones para los próximos cinco anos, el Gobierno deberá:


— Elaborar, en el plazo de seis meses, un informe que evalúe el impacto que sobre nuestro sistema público de pensiones están produciendo las reformas legales llevadas a cabo en 2011 y, fundamentalmente, a partir de 2012 que inciden sobre el
funcionamiento del mercado de trabajo y de la Seguridad Social.


Concretamente, las reformas laborales iniciadas con el Real Decreto-ley 312012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, y siguientes, especialmente las contenidas en el Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de
diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores, y en el Real Decreto-ley 3/2014, de 28 de febrero, de medidas urgentes para el fomento del empleo y la contratación indefinida, así como, en
el ámbito de la Seguridad Social, el Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social; el Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la
vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo, y la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social.


— A la luz de estas disposiciones legales y de las Recomendaciones del Pacto de Toledo, con el fin de valorar la adecuación entre ambas, el referido informe analizará específicamente, y entre otros,


— La evolución del mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones hasta el año 2020, con determinación de su suficiencia, singularmente de las pensiones mínimas.


— La incidencia que en el poder de compra de las pensiones ha tenido el establecimiento del copago en el precio de los medicamentos, así como la retirada de especialidades farmacéuticas de uso generalizado por las personas de edad, teniendo
en cuenta que entre el 80 % y el 85 % del gasto farmacéutico extra-hospitalario lo desembolsan los pensionistas.


— La evolución de las bases de cotización, así como su adecuación a los salarios realmente percibidos, especialmente de los percibidos por los trabajadores autónomos.


— Los efectos en las bases de cotización y en los recursos de la Seguridad Social de las decisiones sobre congelación del salario mínimo interprofesional adoptadas en la presente Legislatura.


— Los desequilibrios entre los ingresos y los gastos del Sistema de Seguridad Social durante toda la Legislatura —vislumbrados y denunciados en la tramitación de las respectivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado, y que se ponen de
manifiesto fundamentalmente en el pasado ejercicio económico, pues habiendo un incremento en el número de cotizantes no se ha producido el correlativo incremento de los ingresos por cotizaciones—, con expresión de las medidas que permitieran avanzar
en una financiación complementaria a través de la imposición general, y alcanzar un gasto en pensiones igual al de los países del eurogrupo.


— La política de reducciones a la contratación, así como de tarifa plana generalizada, y de reducciones y bonificaciones indiscriminadas, con especial atención a su financiación efectuada no con cargo a la

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imposición general, como recoge la Recomendación 1 del Pacto de Toledo, sino minorando los recursos propios de la Seguridad Social.


— La financiación de las actuaciones efectuadas en materia de anticipación de la edad ordinaria de jubilación o de ayuda a determinados sectores productivos que, a pesar de las Recomendaciones del Pacto de Toledo, siguen gravitando
directamente sobre los presupuestos de la Seguridad Social.


— La gestión del Fondo de Reserva, su minoración permanente y sin ninguna aportación, sin distinguir los efectos cíclicos o coyunturales de los originados por tendencias económicas o demográficas de largo plazo para los que el Fondo de
Reserva fue creado.


Dicho informe, cuyo contenido se presentará desagregado por sexos, edad y sectores productivos, será remitido a la Comisión Permanente de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, como paso previo para la realización de
sus trabajos de evaluación’


Propuesta de resolución núm. 64


Educación y Universidades.


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. De forma urgente, llevar a cabo las iniciativas necesarias para derogar la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, paralizando de forma inmediata su aplicación, por suponer una contrarreforma
segregadora, lanza un ataque mortal a la igualdad de oportunidades y retrocede en la equidad y en la calidad de la educación.


2. En materia de becas y ayudas al estudio, y con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades, el Gobierno recuperará la consideración de la beca como un derecho al que se accede por el cumplimiento de una serie de requisitos, y
sin dificultar el acceso y mantenimiento a las mismas por los estudiantes, al mismo tiempo que garantizará un sistema de becas que asegure que ningún estudiante abandone los estudios postobligatorios por motivos económicos.


3. Derogar el Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero, ya que ahonda la brecha social de las desigualdades en España, deteriora la calidad de la enseñanza superior y degrada el Título de Grado, dificultando con ello el acceso al empleo de los
estudiantes y perjudicando los intereses del profesorado.


4. Apostar por la dignificación y mejora del sistema público universitario y a garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso y permanencia en la universidad, tal y como establecen los Objetivos 2020 de la Unión Europea sobre el
porcentaje de titulados en educación superior.


Propuesta de resolución núm. 65


Políticas contra la pobreza y la exclusión social.


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tener en cuenta las consecuencias de la gestión de la crisis en los colectivos más vulnerables de la población, y en concreto a adoptar, de forma urgente, las siguientes medidas:


1. Situar la lucha contra la pobreza y la exclusión social en el centro de la agenda política, aprobando un plan de lucha contra la pobreza y la exclusión social con medidas eficaces capaces de dar respuesta a dichas necesidades, dotado
económicamente de manera suficiente para garantizar la eficacia de las medidas que se acuerden.


2. Aprobar un Pacto por la Infancia, acordado con las fuerzas políticas, las Comunidades Autónomas y las organizaciones de defensa de los derechos de la infancia, a través del cual todos nos impliquemos para avanzar en la protección de los
derechos de niñas y niños.


3. Elaborar, de manera urgente, un plan de lucha contra la pobreza y la exclusión social de la infancia, con medidas eficaces orientadas a romper el ciclo de las desventajas para brindar a los niños y niñas la

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protección más eficaz contra la pobreza y la exclusión que cuente con la dotación suficiente para el cumplimiento de sus fines. El Plan incluirá:


— Mejorar las rentas familiares: subida del SMI, extender la protección por desempleo, incrementar las prestaciones por hijo a cargo, de forma que las familias con hijos a cargo tenga capacidad para el acceso a las necesidades básicas, con
especial atención a aquellas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, como son las monoparentales y las que cuentan con personas con discapacidad entre sus miembros.


— Un marco común para garantizar plenamente la realización de los derechos de la infancia en todo el territorio nacional acordado en las conferencias sectoriales de educación y asuntos sociales, así como en el Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud.


— Medidas para impedir los efectos negativos de los recortes y reformas en sanidad en la atención sanitaria que reciben los niños y las niñas; y evitar las consecuencias de los recortes de la inversión pública y reformas en el derecho a la
educación de los niños y las niñas.


— El refuerzo de los servicios sociales para que puedan responder a la actual situación de la infancia, incluyendo la atención a los niños que han vivido desahucios y a los que residen en viviendas inadecuadas, proporcionando vivienda
alternativa.


4. Mejorar las estrategias de inclusión activa abordando la formulación de una política de garantía de ingresos común en todo el Estado, vinculada a la activación para el empleo, que permita garantizar unos mínimos de subsistencia a todos
los ciudadanos. Para ello, es necesaria una reordenación integral de las distintas prestaciones con el objetivo de mejorar su cobertura, se establecerá con más claridad el ámbito de aplicación y se introducirán nuevos elementos de protección si
fuera necesario.


5. Recuperar la aplicación plena de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, rectificando las modificaciones realizadas por el Real Decreto-ley 20/2012,
de 13 de julio, entre ellas, el recorte en la prestación por cuidados en el entorno familiar, la eliminación de las cotizaciones a la Seguridad Social de las cuidadoras no profesionales a cargo del Sistema; la disminución de la intensidad de las
prestaciones; el régimen de incompatibilidades.


Modificar el actual sistema de copago que ha supuesto un importante incremento de la participación económica de los usuarios del Sistema. Establecer unos criterios justos y equitativos, que garanticen el derecho a un nivel suficiente de
cobertura, independientemente del lugar de residencia, y que impida a las Comunidades Autónomas fijar condiciones de copago más restrictivas para los beneficiarios.


Reponer el nivel acordado e incrementar la aportación correspondiente al nivel mínimo de financiación hasta alcanzar la cuantía suficiente para hacer efectivos los derechos que garantizaba, en su redacción original, la Ley 39/2006.


Mantener los principios inspiradores de la Ley de Dependencia, singularmente en lo relativo a la configuración del Sistema como una red de utilización pública, así como a la universalidad, equidad y accesibilidad, que se han visto gravemente
afectadas.


6. Recuperar el Plan Concertado de servicios sociales destinado a los Ayuntamientos y corporaciones locales, reintegrando la totalidad de la dotación presupuestaria que tenía en 2011, para que puedan atender las demandas de servicios
sociales públicos de sus ciudadanos, y devolver a las entidades locales las competencias en materia de servicios sociales.


Derogar la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local que, además de vulnerar el principio de autonomía local constitucionalmente garantizado e interferir en su funcionamiento democrático,
perjudica a los ciudadanos que van disponer de menos servicios, más caros y menos eficientes. En concreto, derogar la disposición transitoria segunda, para permitir la continuidad de los servicios sociales municipales, de promoción de la igualdad
de oportunidades y la prevención de la violencia contra la mujer, despejando las incertidumbres que se ciernen sobre los servicios de cercanía, que atienden a más de 8,5 millones de personas.


Elaborar un marco estatal de referencia que configure el Sistema Público de Servicios Sociales y que, con respeto al marco competencial y teniendo en cuenta un nivel de atención primaria gestionado desde la proximidad por la Administración
Local, pueda ordenar unas prestaciones mínimas garantizadas para todos los ciudadanos (incluyendo !a gestión y las prestaciones de la Ley de Dependencia), así como unos criterios básicos en materia de calidad en la atención.

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7. Adoptar, en coordinación con las Comunidades Autónomas en el marco de sus competencias, las medidas necesarias para garantizar los derechos de las personas con discapacidad, así como para la mejora de su calidad de vida, y en concreto:


— Fomentar su acceso al empleo mediante la aprobación de una nueva regulación legal del empleo para las personas con discapacidad, el apoyo a los centros especiales de empleo, la reposición de los recursos destinados a las políticas activas
de empleo, y el cumplimiento de los porcentajes de reserva empleo establecidos para personas con discapacidad, tanto en el sector público como en la empresa privada,


— Garantizar una educación inclusiva para todo el alumnado, con las adaptaciones y apoyos que requieran aquellos que presenten necesidades especiales.


— Dotar económicamente el Plan de Acción para las Personas con Discapacidad, con !a financiación necesaria para el cumplimiento de sus fines.


— Adoptar las medidas necesarias para impulsar la accesibilidad universal en entornos, productos y servicios para garantizar y hacer efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad, con
la dotación económica necesaria.


— Remitir a las Cortes Generales, en el plazo más breve posible, un Proyecto de Ley para dar cumplimiento al artículo 12 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en lo relativo al ejercicio de la
capacidad jurídica de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones que las demás en todos los aspectos de la vida.


8. Modificar lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil para declarar inembargable la renta activa de inclusión, las prestaciones de Servicios Sociales, las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a las Personas en
Situación de Dependencia, las del Plan Prepara, la renta agraria y el subsidio para trabajadores eventuales del Régimen Especial Agrario, los subsidios por desempleo, las ayudas y becas al estudio, y otras análogas a éstas. De esta forma evitaremos
que estas prestaciones, de carácter netamente social, se utilicen para saldar deudas con terceros y no se dediquen a cubrir la necesidad para la que son concedidas.


9. Aprobar urgentemente un plan contra fa pobreza energética que contenga medidas de mejora de la eficiencia energética en construcciones residenciales y medidas para contribuir a la mejora de renta de las familias enmarcadas en la política
social, junto con una modificación de la legislación que aborde de forma inmediata:


— La definición de la pobreza energética sobre la base de aquellos consumidores vulnerables que deban destinar más de un diez por ciento de su renta al consumo energético.


— La existencia de una tarifa social asequible para la población vulnerable en cada uno de los suministros energéticos de ámbito doméstico. La tarifa no debe tener en cuenta las fluctuaciones del mercado sino la renta de las personas y la
capacidad para hacer frente a la factura. Su financiación se realizará a través de los Presupuestos Generales del Estado.


— La imposibilidad de que las empresas interrumpan el suministro energético destinado a la climatización de la vivienda durante los meses fríos a las personas en situación de pobreza energética.


Propuesta de resolución núm. 66


Sostenibilidad y energía


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


A) En materia de medio ambiente:


1. Detener la precarización, privatización y mercantilización de los bienes ambientales que ha presidido su política ambiental, sustituyéndola por la sostenibilidad como elemento consustancial al concepto de desarrollo económico y social.

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2. La recuperación de la sostenibilidad ambiental como un eje transversal en el modelo de desarrollo económico, debe tener como prioridades:


— la lucha contra el cambio climático, la promoción de un modelo energético y de transporte eficaz, eficiente y apoyado en fuentes energéticas locales y renovables;


— la conservación y puesta en valor de nuestra biodiversidad y de modelos sostenibles de agricultura;


— la reducción de la contaminación y mejora de la eficiencia en el uso de todos los recursos naturales;


— y la protección y conservación de los elementos vinculados al medio natural (aguas, montes, bosques, playas...), evitando su privatización y mercantilización.


3. Remitir a las Cortes Generales, de forma inmediata, un Proyecto de Ley de lucha contra el Cambio Climático, que establezca la agenda de reducción de CO2 con horizonte 2050 y con objetivos para 2025, 2030 y 2040, que, entre otras
cuestiones, incorpore la obligación de destinar lo obtenido en las subastas de derechos de emisión al Fondo Español del Carbono y la obligación para las empresas de presentar cuentas anuales con estimación de huella ecológica en el registro
mercantil.


Para elaborar el Proyecto se abrirá un diálogo con la sociedad civil, donde participe en más amplio espectro de agentes implicados, incorporando equilibradamente las diferentes inquietudes y sensibilidades sobre la necesidad de una actuación
firme contra el cambio climático.


El Gobierno buscará el máximo consenso con todos los Grupos parlamentarios cuando el Proyecto se remita a las Cortes. El objetivo primordial será ofrecer una respuesta común para un desafío que atañe y compromete a varias generaciones en un
horizonte temporal de gran amplitud.


Ese Proyecto de Ley deberá ser aprobado definitivamente antes de que tenga lugar la próxima Cumbre del clima que se celebrará en París a finales de 2015, y contendrá los elementos fundamentales que sirvan ejemplo de exigencia propia con que
partir para exigir verdaderos avances en los futuros compromisos internacionales.


3. Evaluar las incidencias en el dominio público marítimo-terrestre del cambio climático, en donde se especificarán evaluaciones de la vulnerabilidad y de los riesgos y se propondrán medidas de prevención, mitigación y adaptación para hacer
frente a sus posibles efectos. Eliminar de la Ley de costas aprobada en 2013 los elementos inconstitucionales, los que suponen una desprotección ambiental y los que favorece la privatización y la especulación en zonas costeras hasta ahora
protegidas y que atiende intereses privados en perjuicio del interés general.


4. Incorporar la reducción de la contaminación como un objetivo de nuestro modelo productivo adoptando medidas contra las diferentes formas de contaminación atmosférica, terrestre, de las aguas, lumínica y acústica, internalizando el coste
de la contaminación en los procesos de desarrollo urbano residenciales e industriales a la vez que se incentivan las tecnologías más limpias y eficientes.


Madrid, Barcelona y otras grandes ciudades españolas, superan de forma periódica los límites permisibles de contaminación de dióxido de nitrógeno en el aire, por eso, además de las medidas de carácter general, es preciso adoptar medidas en
defensa urgente de la salud pública y exponer ante las autoridades de la Unión Europea, lo mismo que ante las grandes empresas fabricantes del sector del automóvil, la preocupación por la contaminación que producen los motores diésel de los
vehículos, todo ello para reducir la contaminación producida por el dióxido de nitrógeno.


5. Proteger y poner en valor nuestra biodiversidad, reforzando los sistemas de conservación de la naturaleza, en especial a través de las siguientes medidas:


— El desarrollo de los Espacios Protegidos en la Red Natura 2000, dando protagonismo a los ciudadanos y sus organizaciones, a través del voluntariado ambiental y la custodia del territorio.


— La protección de nuestro patrimonio forestal, impidiendo su privatización, reforzando la autoridad de los agentes medioambientales, articulando políticas activas de prevención y lucha contra los incendios forestales, incluida la activación
de programas de reforestación y eliminando de inmediato la posibilidad de recalificar los terrenos incendiados que se ha incorporado en el Proyecto de Ley de Montes en tramitación.


B) En materia de energía:


1. Impulsar un Pacto de Estado de la Energía a partir del diálogo de todas las fuerzas políticas y los representantes de la sociedad civil, para dotar a la política energética de una estabilidad mayor de la que ha tenido en los últimos años
y cumplir con los objetivos de la Unión Europea en materia de reducción de

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las emisiones de CO2. Las actuaciones en infraestructuras energéticas de generación, transporte y distribución son intensivas en capital y son decisiones a medio y largo plazo que requieren de una estabilidad que va más allá de la duración
de una legislatura, y por ello disponer de un Pacto de Estado de la Energía es necesario para dar continuidad a las decisiones más estratégicas y garantía a la inversión desde la óptica de la seguridad en el avance a la auténtica liberalización
energética.


2. Elaborar, en el plazo de un año, una prospectiva energética con visión a largo plazo, en el marco de los análisis realizados por la Unión Europea y por otros organismos internacionales especializados en estudios energéticos, fijando
compromisos con el objetivo de tener un sistema energético bajo en carbono y reducir drásticamente la alta dependencia energética que tiene nuestro país en el horizonte del 2050.


3. Elaborar una nueva planificación de infraestructuras de electricidad y de gas natural, un nuevo Plan de Energías Renovables y una nueva Estrategia Española de Ahorro y Eficiencia Energética, coherente con los objetivos de la política
energética establecidos por la Unión Europea y con la prospectiva realizada.


4. Establecer definitivamente un modelo energético más sostenible tanto desde los puntos de vista económico, medioambiental y social, diseñado desde la perspectiva de la demanda de energía, basándose en la maximización del uso de las
fuentes energéticas renovables autóctonas, y en el fomento del ahorro y del uso eficiente de la energía mediante la aplicación de las mejores tecnologías energéticas disponibles.


5. Aprobar un nuevo marco normativo para el sector energético que restituya cuanto antes la seguridad jurídica en el sector de las energías renovables y que facilite la generación distribuida, el autoconsumo energético y el uso de la
cogeneración para sectores variados, como el de purines, y tantos otros de importancia medioambiental.


6. Aprobar un plan de apoyo integral a la generación eléctrica con energías renovables, no emisoras de carbono y energía primaria autóctona, y de apoyo empresarial a las empresas en este sector, al objeto de facilitar su proceso de
reconversión y minimizar la pérdida de empleo, capacidad inversora y capacidad tecnológica provocada por las medidas derivadas del vigente Real Decreto Ley 9/2013, de 12 de julio, y de la Ley del Sector Eléctrico.


7. Mejorar el mercado eléctrico español, dándole una mayor robustez ante intentos de afectar su funcionamiento, haciéndolo más eficiente en la fijación de precios y facilitando la entrada de nuevos actores para garantizar la competencia y
dificultar las malas prácticas actuales, con una especial atención a la reforma de los mercados de ajuste y servicios complementarios. Mantener el mercado spot de la electricidad que optimiza la utilización de los recursos energéticos primarios y
genera competitividad en los mercados de abastecimiento de combustibles fósiles.


8. Revisar en profundidad las tarifas de los pequeños consumidores que sean establecidas por los precios del nuevo mercado, que revelará el coste del mix energético y no el coste marginal del sistema, siempre muy superior, y solo útil para
la optimización de los recursos energéticos primarios consumidos en la generación eléctrica.


9. Dotar a la política energética de la transversalidad que requiere, al tener muchos puntos de contacto con otras áreas de gobierno como son la económica, la ambiental, la fiscal, la urbanística, la internacional, la industrial, la de
empleo, la de formación así como con los necesarios pertinentes acuerdos con las Comunidades Autónomas.


10. Realizar en los próximos 6 meses una auditoría de costes del sistema eléctrico, para determinar fehacientemente los costes de las actividades de generación, transporte, distribución y gestión del sistema eléctrico, así como de otros
conceptos de coste imputados a la factura eléctrica.


11. Trasladar a los Presupuestos Generales del Estado el coste de las políticas sociales y territoriales que ahora se cargan sobre la factura eléctrica, especialmente los derivados de apoyos a la insularidad o a la generación con
combustibles fósiles como el carbón, al igual que los derivados de decisiones políticas pasadas, evitando así que su coste recaiga en los consumidores.


12. Diseñar un sistema de información energética para facilitar todos los detalles del funcionamiento técnico y económico del sector eléctrico con total transparencia y disponibilidad para los interesados.


13. Potenciar las interconexiones eléctricas y la generación distribuida, teniendo en cuenta las situaciones específicas de vulnerabilidad social y geográfica. Desarrollar un nuevo modelo de gestión de las redes de electricidad y gas
natural que, además de asegurar el suministro y la calidad tanto del servicio como de los productos, tenga en cuenta la eficiencia económica.


14. Actuar en el sector de la edificación, garantizando la trasposición de las directivas europeas sobre certificación y etiquetado de eficiencia energética y sobre la eficiencia energética de los edificios

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basados en edificios de consumo de energía casi nulo. Es urgente la aprobación de un plan nacional de rehabilitación de edificios que impulse el ahorro y la eficiencia energética así como el uso de energías renovables.


15. Dada la dependencia energética de España, preservar las fuentes autóctonas de forma que contribuyan a asegurar la garantía de suministro. En el caso del carbón nacional, establecer un marco de estabilidad y certidumbre en el sector
mediante un nuevo Plan 2014-2020 acordado con los agentes sociales (sindicatos más representativos y empresas), culminar el procedimiento de pago de las ayudas contempladas en los PGE 2012 y del 2013 que permita la estabilidad en el sector de la
minería así como la actividad industrial vinculada, base de la economía en las Comarcas Mineras, establecer la continuidad de las restricciones para el consumo del carbón nacional y continuar con el impulso a los proyectos de captura y secuestro de
CO2 que permita la combustión limpia del carbón.


16. Adoptar las medidas necesarias para no prorrogar la vida útil de las centrales nucleares más allá de los 40 años para las que fueron diseñadas, lo que implicará el cierre del último reactor en el año 2028. La Central Nuclear de Santa
María de Garoña se encuentra actualmente en situación de cese definitivo de la actividad o de predesmantelamiento desde el 7 de julio de 2013, una vez expiró su autorización de explotación.


Sin embargo, dicha central no produce electricidad desde el 28 de diciembre de 2012, cuando a raíz de la inminente entrada en vigor del impuesto sobre la producción en centrales nucleares que estableció la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de
medidas fiscales para la sostenibilidad energética, Centrales Nucleares del Norte, S. A. (Nucleor), decidió dejar de operar al considerar que le supondría un coste adicional de unos 152 millones de euros, algo que consideraba «inasumible». En
definitiva, no quería hacerse cargo del coste de la gestión de sus propios residuos debido a que la nueva legislación sobre fiscalidad medioambiental le obligaba a ello y entraba en vigor en enero de 2013. En consecuencia proponemos:


— Adoptar las medidas necesarias, incluida la revocación de la Orden IET/1453/2012, de 29 de junio, para impedir la reapertura de la Central Nuclear de Santa Maria de Garoña que ha cumplido un ciclo de vida útil y supone riesgos para la
seguridad.


— Ratificar como fecha de cese definitivo de la explotación de la Central Nuclear de Santa María de Garoña el día 6 de julio de 2013 que en su momento adoptó el Gobierno en la Orden ITC/1785/2009, de 3 de julio.


17. Suspender los permisos de investigación o autorizaciones de exploración de hidrocarburos, concedidos o en tramitación, en el mar Mediterráneo y en las aguas jurisdiccionales colindantes al Archipiélago Canario.


Igualmente, le insta a promover la modificación de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos y la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental, en materia de exploración, investigación y explotación, de
hidrocarburos con el fin de aumentar la exigencia ambiental para la evaluación de su impacto por las administraciones competentes, no solamente en términos del impacto en el medio natural, sino también en sectores económicos como el turístico, el
pesquero u otros que puedan resultar negativamente afectados. En concreto, establecer la obligación de prestar las garantías financieras suficientes para responder ante los eventuales daños que puedan generar las actividades que se desarrollen.


18. Paralizar la actividad de los proyectos consistentes en la realización de perforaciones para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos que requieran la utilización de técnicas de fracturación hidráulica (fracking), se
suspenderán las autorizaciones concedidas y se prohibirán nuevas actividades en tanto no se disponga de informes concluyentes que descarten la existencia de daños ambientales irreparables ligados a esta actividad.


19. Paralizar inmediatamente el proyecto del ATC en Villar de Cañas, puesto que su seguridad no está garantizada, siendo el emplazamiento inadecuado desde el punto de vista geotécnico, tal y como se pone de manifiesto en distintos informes
técnicos, así como por algunos comparecientes e incluso por propios técnicos del CSN, a lo que hay que añadir que el Presidente del CSN ha concluido que, a día de hoy, este proyecto no tiene ni autorización previa de este organismo encarga de velar
por la seguridad nuclear. No llevar a cabo ninguna actividad de construcción de las instalaciones ATC, ni preparatoria de los terrenos del mismo, ni de las instalaciones anexas previstas hasta que nos e cuente con los

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correspondientes permisos y licencias, tanto del CSN como de cualquier otra administración interviniente en el proceso de autorización.


20. Aprobar, en el plazo de tres meses, una estrategia para la erradicación de la pobreza energética mediante la articulación de medidas tendentes a mejorar la capacidad de pago de los hogares afectados por la pobreza energética en las
épocas de frío y calor intenso. Establecer un servicio mínimo de suministro de energía (electricidad y gas), que garantice que ningún hogar pueda ser privado de un mínimo de cobertura de subsistencia.


Propuesta de resolución núm. 67


Igualdad


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incluir las políticas de igualdad entre mujeres y hombres y de lucha contra la violencia de género como una prioridad, y a adoptar las medidas que impidan los graves retrocesos que se han
producido en los derechos a la igualdad y a la libertad de las mujeres, como dimanantes de sus derechos básicos de ciudadanía. A tal efecto, deberá:


1. Garantizar el derecho de las mujeres a su salud sexual y reproductiva. Para ello, y entre otras medidas,


a) Mantendrá en sus propios términos la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, y garantizará que en el caso de mujeres de 16 y 17 años su consentimiento para la
interrupción voluntaria del embarazo les corresponde exclusivamente a ellas, de acuerdo con el régimen general aplicable a las mujeres mayores de edad, con información, si procede, a uno de sus representantes legales, y nunca cuando la menor alegue
que esta información le producirá conflicto grave, en los términos del artículo 13.4 de la mencionada Ley Orgánica, pues lo contrario supone un atentado contra su libertad y podría suponer una grave peligro a su seguridad física y psíquica, aparte
de desproteger a las mujeres más vulnerables.


b) Eliminará la exclusión de lesbianas y mujeres solteras de las técnicas de reproducción asistida del sistema público de salud.


2. Situar la violencia de género en su prioridad, por ser un grave atentado contra los derechos básicos de ciudadanía de las mujeres, garantizando la seguridad de las víctimas de violencia de género y de sus hijos e hijas. Para ello, y
entre otras medidas:


a) Promoverá la aplicación efectiva de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, junto con las Administraciones autonómicas y locales, la Fiscalía General del Estado, el
Consejo General del Poder Judicial, los partidos políticos, los interlocutores sociales y las organizaciones de mujeres y otras organizaciones sociales especializadas.


b) Repondrá y dotará suficientemente las partidas presupuestarias dotadas para este fin, especialmente los recursos destinados a la prevención y a la asistencia social de las víctimas de violencia de género, dependientes tanto de las
comunidades autónomas como los servicios de proximidad de los ayuntamientos.


c) Adoptará en la legislación punitiva las medidas normativas que permitan enviar un mensaje claro a los agresores sobre su persecución y sanción.


d) Recuperará las competencias sobre igualdad y de lucha contra la violencia de género desarticuladas en la reforma de la Administración Local, a través de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local.


e) Repondrá y ampliará a todos los niveles educativos la educación en igualdad y de lucha contra la violencia de género.


f) Otorgará mayor protección a los menores, con especial atención al régimen de visitas y evitando que los maltratadores tengan la custodia de sus hijos e hijas.


g) Adoptará las medidas que posibiliten la atención y seguimiento escolar de los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género, incluidas el otorgamiento de becas y ayudas al estudio cuando ello fuera necesario.

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h) Avanzará, previo análisis, en las medidas que permiten una mejor valoración del riesgo, actuando en coordinación con todos los profesionales e instituciones implicadas, así como con la Administración Autonómica y Local.


i) Intensificará las campañas de sensibilización.


3. Renunciar a cualquier reforma legal que promueva la custodia compartida cuando no exista acuerdo entre los progenitores o la medida sea contraria a la protección del interés superior del menor.


4. La elaboración y puesta en marcha de una Ley Integral para prevención y lucha contra la trata de seres humanos y protección a las víctimas, que incorpore y transponga la directiva Europea 2011/36 y contenga medidas de prevención y
protección de las víctimas de trata desde un enfoque integral de derechos humanos, poniendo especial atención en la trata con fines de explotación sexual.


5. Elaborar, previo acuerdo con los interlocutores sociales, una Ley de Igualdad salarial entre hombres y mujeres, que garantice de forma real y efectiva la igualdad de retribución y, por tanto, la igualdad en el empleo, en el acceso, en su
permanencia, en su promoción interna y en su formación, combatiendo la discriminación directa e indirecta en el empleo.


En paralelo también aprobará una Ley de los usos de tiempo que modifique la estructura legal, política y social de cuidados que en la actualidad realizan casi en solitario la mayoría de las mujeres de manera que permita cobrar lo mismo y
cuidar lo mismo a hombres y mujeres.


6. Ampliar el permiso de paternidad conforme lo establecido en la Ley de Igualdad, con el objetivo de que el permiso de paternidad y maternidad lleguen a ser paulatinamente iguales, obligatorios e intransferibles.


7. Incrementar la participación de las mujeres en el mercado laboral y reducir la diferencia con la tasa de ocupación de los hombres que hoy es de 10 puntos, para alcanzar el objetivo del 74% de tasa de ocupación que establece la Estrategia
2020. A tal efecto, deberá adoptar todas las medidas que permitan avanzar en corresponsabilidad, incluidas las normativas. A tal efecto, y entre otras medidas,


a) Recuperará la bonificación por reincorporación en los dos años siguientes a la fecha de inicio del permiso de maternidad.


b) Recuperará la bonificación para la reincorporación de las trabajadoras autónomas tras la maternidad.


c) Adoptará medidas que permitan la mejora de la empleabilidad de las mujeres, con contratación de personal especializado suficiente, también en el ámbito local, con el fin de desarrollar un itinerario de inserción laboral adecuado a su
formación, cualificación y dificultad de inserción y que atienda a las necesidades del sistema productivo, con especial atención a su edad, situación económica desfavorables, o mayor situación de vulnerabilidad, así como a las mujeres del medio
rural.


8. Implantar el desarrollo obligatorio de planes de igualdad de género en las empresas, así como su constante evaluación.


9. Recuperar las asignaturas de «Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos» y «Educación Ético-cívica» y con ello, entre otros, restablecer el currículum sobre Género, específicamente, el análisis y la reflexión sobre la Igualdad
entre hombres y mujeres y la violencia de género, tal y como recomendó el Consejo de Estado en su Dictamen de 18 de abril de 2013.


10. Eliminar del PIB la contabilización de la prostitución y en su lugar dar categoría económica a los cuidados familiares y domésticos.


11. Garantizar el mantenimiento de los derechos y prestaciones recogidas en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y atención a las Personas en la situación de Dependencia así como su dotación económica. Recuperar la financiación por
parte del Estado del Convenio Especial con la Seguridad Social de las personas cuidadoras, en su mayoría mujeres, que de esta forma se incorporan al sistema contributivo de pensiones.


12. Establecer un Plan de fomento de empresas de economía social en el medio rural para el cuidado de personas dependientes.


13. Universalización de la educación de 0 a 3 años y la articulación de una red de servicios sociales públicos para el cuidado y atención de menores y dependientes.


14. Eliminar la subvención con fondos públicos a la educación segregada.

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15. Recuperar la autonomía del Instituto de la Mujer y su especificidad en igualdad entre mujeres y hombres.


16. Aprobar un proyecto de ley, que recoja el reconocimiento de reconozca nuevos derechos a las familias monoparentales y monoparentales, así como a otros modelos familiares, y su diversidad.


Propuesta de resolución núm. 68


Sanidad


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Recuperar el carácter universal del derecho a la protección a la salud y a la atención sanitaria a todos los ciudadanos, incluyendo a los inmigrantes en situación irregular y los españoles que salgan de España, derogando lo establecido
al efecto en el Real Decreto-ley 16/2012 y las disposiciones que niegan ese derecho a los que se desplacen fuera de España por tiempo superior a 90 días.


2. Suprimir de nuestro ordenamiento jurídico los copagos introducidos por el Gobierno vinculados a las distintas prestaciones del Sistema Nacional de Salud (el copago farmacéutico a los pensionistas, el copago hospitalario, el copago del
transporte sanitario no urgente, el copago ortoprotésico, el copago de los productos dietoterápicos, el copago de la cartera común de servicios accesorios). Restablecer una cartera única de prestaciones sanitarias y derogar la exclusión de
medicamentos de la cobertura del sistema público, sustituyendo el supuesto ahorro que pretendían justificar dichas medidas, por un proceso de subasta de medicamentos similar al impulsado por el Gobierno de la Junta de Andalucía, que asegure el
suministro al sistema sanitario público español de aquellos principios activos no sometidos a protección de patente y que permita generar un ahorro de, al menos, 1.500 millones de euros anuales.


3. Elaborar un informe sobre el impacto de las medidas adoptadas por el Gobierno con el Real Decreto-ley 16/2012 en la salud y en la economía de las personas y de las familias. Dicho informe se presentará antes de 6 meses al Pleno del
Congreso de los Diputados para su valoración y eventual adopción de medidas.


4. Elaborar con las Comunidades Autónomas un plan de choque contra las listas de espera quirúrgica, de consultas externas y de acceso a pruebas diagnósticas, y definir nuevas garantías de tiempos de respuesta que no pongan en riesgo la
salud de los pacientes afectados. Dicho plan de choque deberá incorporar un presupuesto específico por parte del Ministerio de Sanidad. Poner en marcha los mecanismos necesarios para garantizar que las listas de espera se gestionen bajo el
principio de transparencia; así como establecer que la información relativa a las mismas se publique con periodicidad mensual.


Optimizar la gestión de los recursos y la capacidad de resolución del SNS, especialmente potenciando la Atención Primaria y la coordinación entre niveles asistenciales, de forma que se evite el incremento de las listas de espera y la
externalización de servicios sanitarios.


5. Elaborar un Plan de acción del Sistema Nacional de Salud frente a la hepatitis C, que fomente la prevención, la detección precoz y el tratamiento eficaz en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos y pacientes mediante un
protocolo clínico elaborado en base a evidencias científicas. Dicho plan se elaborará con el consenso de las sociedades científicas, organizaciones de pacientes y comunidades autónomas. A tal fin se procederá a incorporar una partida
presupuestaria en el Fondo de Cohesión Sanitaria que asegure la aplicación de dicho Plan tanto en las medidas preventivas y de detección precoz, como el acceso a las nuevas terapias sin discriminación alguna para todas aquellas personas afectadas
que cumplan los criterios incorporados en el protocolo clínico elaborado al efecto.


6. Elaborar un informe de evaluación de la gestión de la crisis de salud pública por el virus de ébola en España que deberá ser presentado ante la comisión de sanidad del congreso de los diputados en el plazo de tres meses e incluirá
recomendaciones para la mejora de la respuesta a situaciones de esta naturaleza que puedan eventualmente suceder en el futuro.


7. Elaborar una estrategia para la protección socio laboral, económica y de atención sanitaria y social de los pacientes con fibromialgia Síndrome de Fatiga Crónica-Encefalomielitis Miálgica.


8. Proceder antes de 3 meses a ejecutar el desarrollo normativo que permita la prescripción de medicamentos por parte de los profesionales de la enfermería en los términos establecidos en la legislación vigente.

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9. Establecer una estrategia común en el ámbito de la UE para asegurar que se eviten precios abusivos en los nuevos medicamentos y evitar así situaciones como las que se están dando con mas nuevas terapias de la hepatitis C.


10. Desarrollar un programa de retorno de jóvenes investigadores en el ámbito biosanitario para asegurar la recuperación de jóvenes talentos que se han visto obligados a emigrar de España en esta legislatura.


11. Desarrollar un programa nacional para el impulso de la innovación y el desarrollo tecnológico en el ámbito de la salud que permita con la colaboración del sector de la industria farmacéutica y de tecnologías la creación de empleo y la
incorporación de innovaciones con criterios de coste efectividad.


Propuesta de resolución núm. 69


Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


En materia de agricultura y alimentación:


1. Sobre la nueva Política Agrícola Común (PAC):


— Modificar el nuevo modelo de aplicación de la PAC para hacerlo más justo y más adaptado a los objetivos de la agricultura profesional.


— Establecer un tope máximo por perceptor de 150.000 euros.


— Ampliar el listado de exclusiones para el cobro de ayudas directas de la PAC evitando que perciban ayudas, por ejemplo, las fincas del Ministerio de Defensa.


— Revisar los criterios de definición de «Agricultor Activo» y «Actividad Mínima Agraria» para evitar que perciban ayudas los denominados «agricultores de sofá».


— Elevar hasta el 15 % los fondos destinados a Ayudas Acopladas incorporando a las mismas las ayudas al olivar de montaña.


2. Sobre la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria:


— Proceder a modificar la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria para hacer efectivo el equilibrio en la misma, contemplando, entre otras, la obligatoriedad de los contratos en toda la
cadena sin exclusiones, una mejor regulación de las prácticas abusivas, la figura del «mediador de contratos» con capacidad de intervención en situaciones de conflicto y un sistema sancionador más efectivo.


3. Aprobar una modificación de la normativa del IRPF que implique una reducción de este impuesto para agricultores y ganaderos en compensación por el descenso de rendimientos ocasionados por las inclemencias meteorológicas y las caídas de
precios.


4. Sobre las tarifas eléctricas a regadíos:


— Remitir al Congreso de los Diputados un Proyecto de Ley sobre tarifas eléctricas de regadíos que regule, entre otras materias, el establecimiento de contratos de temporada y un IVA reducido para las Comunidades de Regantes.


5. En materia de Desarrollo Rural:


— Garantizar la prestación de los servicios públicos básicos (sanidad, educación, dependencia, transporte, …) en el medio rural.


— Elevar al 50% la cofinanciación de la Administración General del Estado a todos los Programas de Desarrollo Rural de las Comunidades Autónomas.


— Asegurar una aplicación homogénea en todo el territorio del Estado de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural.

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6. En materia de seguros agrarios:


— Reponer los recursos económicos necesarios para asegurar un eficaz sistema de prevención de riesgos en la agricultura y ganadería eliminando los recortes efectuados en la presente legislatura.


7. En materia de catástrofes naturales:


— Actuar, de forma inmediata, para poner en marcha las ayudas —que como mínimo serán las establecidas en la Ley 3/2010, de 10 de marzo—, que permitan paliar los daños materiales producidos en la agricultura y la ganadería por las tormentas,
el granizo, las inundaciones y demás catástrofes naturales, así como recuperar la capacidad productiva de las zonas afectadas.


— En especial, se arbitrarán medidas relativas a exenciones y otros beneficios fiscales y la moratoria en los pagos a la Seguridad Social por parte de los afectados por estas catástrofes.


En materia de pesca:


1. Incrementar el esfuerzo dedicado a I+D+i en el ámbito pesquero, tanto en relación con la actividad extractiva como en relación con el conocimiento de los caladeros y stocks, en el convencimiento de que con ello se contribuirá a mejorar
la competitividad de la flota española y de que, solo con datos científicos consistentes, se puede negociar eficazmente el reparto de cuotas y TACs en las instituciones europeas.


2. Apostar, de forma decidida, por la pesca artesanal como la más respetuosa con el medio ambiente.


3. Remitir al Congreso de los Diputados un Proyecto de Ley que reconozca el tratamiento diferenciado que merece la acuicultura, que potencie su desarrollo y que establezca ayudas específicas y suficientes para desarrollar nuevos proyectos y
nuevas especies.


4. Establecer medidas y ayudas y apoyar las que ya existen a nivel regional o local que permitan la diversificación del sector pesquero ante su necesaria redimensión, apoyando con ello a las comunidades costeras que dependen de la actividad
pesquera.


5. Contemplar ayudas específicas que permitan paliar la situación de parada temporal forzada de la flota y, en especial, la que afecta a la flota de palangre de superficie del Mediterráneo.


Propuesta de resolución núm. 70


Para devolver la independencia y la imparcialidad a RTVE


El Congreso de los Diputados, insta al Gobierno a:


1. Garantizar la neutralidad e independencia de RTVE. Para ello, se introducirán los cambios normativos correspondientes para que los miembros del Consejo de Administración y su Presidente vuelvan a ser elegidos mediante una mayoría
reforzada de dos tercios de la Cámara correspondiente, evitando así que sea posible su designación por un solo grupo parlamentario en caso de mayoría absoluta y el control gubernamental de la Corporación.


2. Poner fin a la manipulación y la censura en los informativos de TVE y RNE que han denunciado sus propios profesionales y garantizar el desarrollo del servicio público de radiotelevisión conforme a los principios de independencia,
pluralismo, neutralidad, imparcialidad y rigor recogidos en el mandato-marco a la Corporación RTVE aprobado por las Cortes Generales.


Propuesta de resolución núm. 71


Tasas judiciales


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar la inmediata derogación de las tasas judiciales establecidas por la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por cuanto vulneran la tutela judicial efectiva porque impiden la defensa al
constituir tasas desproporcionadas, disuasorias y desorbitadas, imposibles de pagar para un significativo porcentaje de población.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados


Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y de acuerdo con lo establecido en el artículo 197 del Reglamento de la Cámara, presenta 15 propuestas de resolución en el
debate de política general celebrado los días 24 y 25 de febrero de 2015.


Palacio de Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2015.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Propuesta de resolución núm. 72


Derecho a decidir y apoyo al sobreseimiento y archivo de las querellas interpuestas contra el Presidente de la Generalitat de Catalunya, la Vicepresidenta y la Consejera de Enseñanza por el 9N


El Congreso de los Diputados considera que la solución a los conflictos entre el Estado y Catalunya sobre el derecho a decidir por la ciudadanía su futuro, como cuestión política que es, debe solventarse a través del diálogo, la negociación
y la voluntad decidida de facilitar los cauces democráticos de participación y votación y no sustanciarse mediante recursos y decisiones de los Tribunales, como las recientes sentencias del Tribunal Constitucional sobre la normativa de consultas no
refrendarias.


Igualmente, el Congreso de los Diputados, a la vista de la doctrina del Tribunal Constitucional, expresada en la Sentencia 42/2014, de 25 de marzo, según la cual los poderes públicos y muy especialmente los poderes territoriales que
conforman nuestro Estado Autonómico son quienes están llamados a resolver mediante el diálogo y la cooperación los problemas que se desenvuelven en este ámbito, y de acuerdo con el artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, insta al
Gobierno de España a interesar de la Fiscalía General del Estado que promueva ante los Tribunales de Justicia las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés público y, en consecuencia, promover el sobreseimiento y archivo de los
procedimientos derivados de todas las querellas interpuestas contra el Presidente de la Generalitat de Catalunya, la Vicepresidenta y la Consejera de Enseñanza en relación con el proceso participativo celebrado el 9 de noviembre de 2014, sobre el
futuro político de Catalunya.


Propuesta de resolución núm. 73


Denuncia de los constantes incumplimientos del Gobierno del Estado con Catalunya sobre temas institucionales, competenciales y económicos


El Congreso de los Diputados:


1. Denuncia los constantes incumplimientos del Gobierno del Estado con la Generalitat de Catalunya en el ámbito de las relaciones institucionales y solicita la inmediata convocatoria de todos los órganos paritarios entre ambos Gobiernos
(Comisión Bilateral Generalitat-Estado, Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales, Comisión Mixta de Transferencias, Comisión Bilateral de Infraestructuras, Junta de Seguridad de Catalunya) que no se han reunido desde que gobierna durante la
actual legislatura.


2. Exige un rápido traspaso de funciones y servicios que corresponden a las previsiones del Estatuto de Autonomía de Catalunya, consideradas válidas por el Tribunal Constitucional y, en particular, los correspondientes a traspasos de becas
y ayudas al estudio universitario y no universitario, de Reclamaciones Económico-Administrativas, y de la titularidad de los edificios y equipamientos de la Seguridad Social afectos a fines de asistencia sanitaria y de servicios sociales gestionados
por la Generalitat, entre otros, hasta su culminación .


3. Urge al Gobierno a desistir en los recursos de inconstitucionalidad y las objeciones formuladas contra las normas con rango de ley aprobadas por el Parlamento de Catalunya en el ámbito de sus competencias y en ejercicio de la
corresponsabilidad fiscal de Catalunya y, en particular, las relativas a la Ley del impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito, la Ley del impuesto sobre la emisión de

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óxidos de nitrógeno a la atmósfera producida por la aviación comercial, del impuesto sobre la emisión de gases y partículas a la atmósfera producida por la industria y del impuesto sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear,
y la Ley del impuesto sobre la provisión de contenidos por parte de prestadores de servicios de comunicación electrónicas y de fomento del sector audiovisual y la difusión cultural digital.


En el ámbito económico, el Congreso de los Diputados reprueba la política de ahogo presupuestario, económico y competencial aplicado sistemáticamente en esta legislatura sobre las Comunidades Autónomas y muy especialmente sobre la
Generalitat de Catalunya, por lo cual insta al Gobierno a:


4. Dar respuesta con celeridad al documento de 23 demandas que el President de la Generalitat facilitó hace 7 meses al Presidente Rajoy, en su reunión del pasado mes de julio.


5. Revisar el modelo de financiación de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía, el cual debería haber entrado en vigor el 1 de enero de 2014, según la propia LOFCA.


6. Dotar el Fondo de Competitividad correspondiente a los ejercicios 2014 y 2015 con el fin de transferir de inmediato, en el ejercicio 2015, su pago a cuenta a la Generalitat de Catalunya y demás Comunidades Autónomas beneficiarias, en
forma de anticipo de tesorería, con el fin de reforzar la equidad y la eficiencia en la financiación de las necesidades de los ciudadanos y reducir las diferencias en financiación homogénea per cápita entre Comunidades Autónomas, tal como señala el
artículo 23 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.


7. Pagar la deuda que mantiene el Estado con la Generalitat de Catalunya, correspondiente a lo establecido en la Disposición Adicional 3.ª del Estatut, aplicado a los ejercicios 2008 y siguientes.


8. Dar cumplimiento a lo establecido en la Disposición Transitoria 1.ª apartado 1 b, de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, relativo a la distribución de los objetivos de déficit entre administraciones, la cual establece que la reducción
del déficit se distribuirá entre el Estado y las Comunidades Autónomas en función de los porcentajes de déficit estructural que hubiesen registrado el 1 de enero de 2012. Este cumplimiento exige la inmediata revisión de los objetivos de estabilidad
establecidos para cada administración, reduciendo los correspondientes a la Administración General del Estado e incrementando los de la Generalitat y demás administraciones de las Comunidades Autónomas.


9 Dar participación a la Generalitat y demás administraciones de las Comunidades Autónomas de los incrementos netos de ingresos derivados del las alzas de impuestos regulados por el Estado en esta Legislatura, respecto a tributos como el IVA
y los impuestos especiales, en los que las Comunidades Autónomas participan de sus ingresos pero no de su regulación. Dicha participación debe ser previa a la revisión del modelo de financiación y responde a una simple política de lealtad
institucional del Estado con las Comunidades Autónomas respecto a tributos cuya regulación solo compete al Estado.


10. Revisar la reducción drástica de las transferencias del Estado a la Generalitat durante los ejercicios 2012, 2013 y 2014 en temas tan relevantes como las políticas activas de empleo, las políticas de dependencia, las políticas
destinadas a la integración de personas inmigrantes, los programas de servicios sociales o el fondo de cohesión sanitaria, entre otros.


11. Publicar anualmente, a través del Instituto de Estudios Fiscales, las Balanzas Fiscales de las Comunidades Autónomas con la Administración Central, mediante la metodología establecida en el «Informe sobre metodología de cálculo de las
Balanzas fiscales» elaborado por una Comisión de 19 expertos, nombrados por el Instituto de Estudios Fiscales y creada por mandato del Congreso de Diputados. Las balanzas deberán ajustarse a un presupuesto equilibrado, y la publicación deberá
precisar sus resultados según los dos criterios de imputación propuestos por el grupo de expertos: el criterio «carga beneficio» y el criterio «flujo monetario». Publicar igualmente, con carácter anual, todos los datos de base utilizados para el
cálculo de las balanzas fiscales de las Comunidades Autónomas con la Administración Central y evitar posiciones demagógicas que pretendan ocultar el elevado déficit fiscal que padecen determinados territorios.

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Propuesta de resolución núm. 74


Regeneración, calidad democrática y transparencia


El Pleno del Congreso de los Diputados demanda del Gobierno una voluntad real —y no formal— de transparencia y mejora de la calidad democrática que en todo momento debe emanar de las instituciones del Estado. Por lo que considera urgente
impulsar un amplio acuerdo político y social que contribuya, de manera efectiva, a afianzar los valores de la regeneración democrática y de la transparencia.


Entre las medidas concretas que deberían adoptarse se considera necesario:


a) Impulsar una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que favorezca una mejor conexión entre los cargos electos y la ciudadanía, introduciendo mecanismos que permitan superar el actual sistema de listas cerradas y
bloqueadas.


b) Regular, en el plazo de 2 meses, de manera precisa los denominados «Iobbies», a partir de la definición de la propia Comisión Europea de todas aquellas «actividades realizadas con el objetivo de influir en la formulación de políticas y
los procesos de toma de decisiones», garantizando la necesaria transparencia en el ejercicio legítimo del derecho que los representantes de la sociedad civil y las empresas tienen para poder acceder a las instituciones y a la administración con el
objetivo de trasladar sus intereses, recabar información, defender su situación o solicitar cambios en la normativa que les afecta, especificando los límites de estas actividades.


c) Crear un grupo específico de trabajo (una subcomisión en la Comisión Constitucional), con la participación de todas las fuerzas parlamentarias con el objetivo de impulsar medidas legislativas destinadas a mejorar la calidad democrática y
reforzar, de manera expresa, las posibilidades de control parlamentario con mayor inmediatez y proximidad en el nuevo Reglamento del Congreso de los Diputados que debería aprobarse en un plazo máximo de 3 meses.


d) Dotar la Administración de Justicia de los recursos económicos y personales necesarios para evitar el retraso por falta de medios en cualquier causa relativa a corrupción.


e) Impulsar una reforma de la normativa reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular con la finalidad de facilitar su más rápida discusión y tramitación parlamentaria, eliminando obstáculos legales que actualmente dificultan que las
propuestas impulsadas desde la ciudadanía puedan debatirse en las cámaras parlamentarias de forma más ágil y reconociendo —de forma expresa— que los promotores puedan retirar el texto presentado cuando se considere que su contenido ha sido alterado
de forma substancial.


f) Reforzar la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales con la finalidad de facilitar un mejor control de todas las partidas presupuestarias aprobadas y de su efectiva ejecución.


g) Reformar de la Ley por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal estableciendo mecanismos adecuados que garanticen y eviten la difusión de
información personal, poco rigurosa y respetuosa con la privacidad e intimidad de las personas sometidas o involucradas en procedimientos de investigación judiciales, policiales o tributarios.


h) Proceder a articular un procedimiento de decisión en las inversiones de infraestructuras basado en el modelo francés de «Debate Público» a los efectos de abrir un proceso de consulta a todos los implicados en una obra pública sobre la
necesidad de implementarla, sobre las características generales y sobre la manera de resolver sus efectos ambientales con el fin de discutir previamente si es necesario o no hacer la infraestructura en cuestión.


i) Proceder a modificar la redacción del artículo 75 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General para suprimir el sistema de voto rogado, como condición necesaria para el ejercicio de voto por parte de personas
que viven en el extranjero. Procede retornar a la anterior legislación, conservando la posibilidad de votar en embajadas y consulados, con objeto de que los derechos democráticos de todos los residentes en el extranjero se puedan ejercer fácilmente
y con todas las garantías. Asimismo avanzar hacia un sistema de votación electrónica, con plenas garantías jurídicas, que permita a los residentes en el extranjero el pleno ejercicio del derecho a sufragio mediante medios telemáticos.

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Propuesta de resolución núm. 75


Por la creación y el mantenimiento del empleo.


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Mantener el Diálogo social en materia de política de empleo y de protección social, para asegurar una auténtica y sólida recuperación.


2. Incrementar los recursos destinados a Políticas Activas de Empleo, hasta situarlos como mínimo, en los niveles previstos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, con el objetivo de garantizar, de acuerdo con las
Comunidades Autónomas, que:


a) Los servicios públicos de empleo autonómicos puedan desarrollar programas propios adaptados a sus realidades sociales, económicas y territoriales, con el fin de lograr una rápida y eficaz transición hacia el empleo;


b) La vinculación de las políticas pasivas con las acciones tendentes a la reincorporación al trabajo, estableciendo una fórmula de reversión del ahorro generado por dichas reincorporaciones a la financiación de las políticas activas de
empleo que gestionan las CC.AA., dando de este modo cumplimiento a lo previsto en los Estatutos de Autonomía en materia de gestión en el ámbito de la Seguridad Social, por parte de las CC.AA. que así lo deseen.


3. Prorrogar el incentivo a la contratación que supone la «tarifa plana», mientras la tasa de desempleo en España se sitúe por encima del 15 por ciento, para los contratos que se formalicen con trabajadores desempleados poco cualificados.


4. Agilizar y flexibilizar la implementación de la iniciativa europea sobre «Garantía Juvenil» para ofrecer experiencia profesional o formativa a los jóvenes que acaban sus estudios y así luchar contra el desempleo juvenil. De manera
concreta:


a) Urge distribuir territorialmente los fondos procedentes de Europa, especialmente los anticipos a cuenta.


b) El colectivo de jóvenes beneficiarios de la «Garantía Juvenil» debe ampliarse a los comprendidos entre 25 y 30 años.


c) Es preciso revisar las políticas de bonificación a la contratación de jóvenes y dar prioridad a las medidas destinadas a aumentar la empleabilidad de los jóvenes sin cualificación y sin empleo (ni-nis) incentivando su retorno al sistema
educativo.


5. Adoptar medidas específicas destinadas a combatir el desempleo de larga duración, entre las cuales debe contemplarse una mejor financiación de las políticas activas.


6. Impulsar las actuaciones que resulten necesarias para que el plan de inversión trienal propuesto por la Comisión Europea conocido como el «Plan Junker» tenga en cuenta las disparidades y mayores necesidades que se registran en materia de
desempleo en la UE, y pueda tener en España un impacto significativo para mejorar la situación del mercado de trabajo.


7. Iniciar la negociación con las organizaciones empresariales y sindicales para elaborar un Proyecto de Ley, antes de finalizar la legislatura, para modificar las indemnizaciones por despido, por el que, con el objetivo de reducir la
dualidad del mercado de trabajo y contribuir a la creación de empleo estable, se regule la constitución de un Fondo de capitalización para los trabajadores cuyo abono pueda hacerse efectivo a su favor, en los supuestos de despido, de cambio de
empresa o en el momento de su jubilación (modelo austriaco).


8. Iniciar un proceso de negociación con las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, que posibilite la elaboración y aprobación de un Proyecto de Ley antes de finalizar la presente legislatura, para avanzar en la
reducción, simplificación y adecuación de las numerosas modalidades contractuales que coexisten en la legislación laboral española.


9. Presentar y tramitar, antes de que finalice la presente legislatura, un Proyecto de Ley de regularización de empleo e impulso a la creación de nuevos puestos de trabajo en el sector de la prestación de servicios a las familias y a las
personas, e impulsar una reducción de las cuotas empresariales en sectores intensivos en mano de obra.

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10. Incrementar el Salario Mínimo Interprofesional para 2015, de forma que recupere el poder adquisitivo perdido por su congelación. A medio plazo debe alcanzar el 60% del salario medio neto estatal y ser revisado automáticamente para que
garantice el mantenimiento de su poder adquisitivo.


11. Reconocer la figura del trabajador autónomo a tiempo parcial y para ello, aplicar, sin más aplazamientos en su entrada en vigor, la disposición final décima de la ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y
modernización del Sistema de Seguridad Social. Impulsar asimismo, una reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos que facilite a estos trabajadores cotizar en función de sus ingresos reales, que tenga en cuenta a los que obtienen
rendimientos muy bajos e incluso a los que ni siquiera han empezado a obtenerlos porque acaban de iniciar una actividad, y que cuente con el apoyo de las entidades representativas de los trabajadores autónomos, de los agentes sociales, y de las
Comunidades Autónomas.


12. Distribuir con la mayor celeridad posible, entre las Comunidades Autónomas, los recursos adjudicados a la colaboración público-privada a través de las agencias de colocación, en base a criterios objetivos como el número de desempleados
y el de parados de larga duración.


13. Garantizar la financiación adecuada de las Comunidades Autónomas para las políticas activas de empleo destinadas a personas con discapacidad y transferir, a las administraciones autonómicas que lo deseen, la competencia para regular las
subvenciones destinadas al mantenimiento de los puestos de trabajo en los Centros Especiales de Empleo, de acuerdo con sus necesidades.


Propuesta de resolución núm. 76


Luchar contra las desigualdades: por unas mejoras políticas en sanidad, familia, lucha contra la pobreza, servicios sociales, vivienda, igualdad o cooperación con el desarrollo.


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a abordar, junto a las Comunidades Autónomas, una Estrategia contra la desigualdad social con los siguientes objetivos:


1. Reforzar el gasto en Sanidad, Educación y Servicios Sociales, respecto al gasto global de las Administraciones Públicas.


Promover un gran acuerdo político, con la participación de los gobiernos autonómicos y de las distintas fuerzas parlamentarias, para garantizar el mantenimiento del Estado del Bienestar, que establezca para el corto y medio plazo, un suelo
social de gasto mínimo en Educación, Sanidad y Servicios Sociales (incluida la Atención a la Dependencia), teniendo en cuenta el coste de la vida en cada territorio, que asegure la satisfacción adecuada de estos derechos básicos, con el fin de
situarnos progresivamente en la media europea en gasto social, y que respete y sea leal con la distribución competencial que se deriva del bloque de constitucionalidad, incorporando el compromiso del Ejecutivo de asegurar la financiación suficiente
del Estado a las Comunidades Autónomas, como administraciones competentes en las citadas materias.


Este acuerdo requiere la adecuación de las políticas de ajuste hoy exigidas a las Comunidades Autónomas, administraciones responsables de las principales políticas sociales: sanidad, educación y asuntos sociales, asumiendo la administración
central este ajuste mediante la racionalización de sus estructuras y de los entes que dependen de éstas.


2. Reformar los sistemas de redistribución de la renta y destinar un porcentaje de los ingresos obtenidos en la lucha contra el fraude fiscal a la pobreza y la exclusión social.


? Impulsar reformas en los mecanismos de redistribución de la renta, con el fin de combatir las desigualdades y de fomentar y mantener la existencia de una amplia clase media capaz de cohesionar el conjunto de la sociedad, teniendo
especialmente en consideración el apoyo a las familias con menores y otros familiares a cargo.


? Destinar un 50% de los recursos recaudados por actuaciones contra el fraude fiscal a políticas de lucha contra la pobreza y la exclusión social.

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3. Extender los comportamientos empresariales responsables con la sociedad.


Incorporar cláusulas sociales en los pliegos públicos de compras y contrataciones y criterios de responsabilidad social corporativa en la inversión y contratación pública, en la financiación de proyectos, subvenciones y en los diversos
apoyos que puede ofrecer la Administración del Estado, con el fin de dar señales al mercado de que serán reconocidas, premiadas o consideradas, las empresas que brindan a la sociedad un valor adicional en materia social y/o ambiental, de modo que
los fondos públicos se usen para apoyar a aquellas empresas que además de ofrecer un bien o un servicio a un precio asumible, lo hacen contribuyendo en mayor medida, a la cohesión social y/o a la sostenibilidad medioambiental.


4. Mejorar las políticas de apoyo a las familias con hijos.


• Incrementar y ampliar la deducción por maternidad establecida en el artículo 81 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre
Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. Mediante la modificación de esta ley la minoración de 1.200 euros anuales por cada hijo de la cuota del IRPF, a la que tienen derecho las mujeres con hijos menores de 3 años que
realizan una actividad por cuenta propia o ajena, debe incrementarse a 2.400 euros anuales en el caso de menores de 3 años y ampliarla, para aquellas mujeres con hijos de entre 3 y 18 años, por importe de 1.200 euros anuales por hijo.


• Incrementar la cuantía de la prestación económica de la Seguridad Social por hijo o menor acogido a cargo a 1.200 euros, así como elevar a 25.400 euros los ingresos anuales percibidos para tener derecho a la prestación. Asimismo, se
incrementará en la misma proporción el importe de la prestación en los supuestos de familias numerosas y en los que el hijo o menor acogido tenga la condición de persona con discapacidad.


• Aprobar de forma urgente el Plan Integral de apoyo a la familia que deberá incluir medidas eficaces para hacer frente al empeoramiento de la situación económica de las familias con rentas medias y bajas con hijos a cargo.


5. Reducir la brecha salarial de género y evitar la pobreza con empleo.


• Articular con los interlocutores sociales una estrategia que tenga por objeto impulsar la igualdad salarial entre hombres y mujeres.


• Implementar subsidios complementarios para salarios bajos, estimados en función de las cargas familiares, y facilitar la compatibilidad de determinadas ayudas con la situación de empleo ya sea de uno o ambos progenitores o personas
responsables de las cargas familiares, cuando los ingresos familiares no permitan hacer frente a sus necesidades básicas.


6. Recuperar y mejorar la protección de las personas desempleadas.


• Incrementar los recursos destinados a Políticas Activas de Ocupación y destinar como mínimo lo previsto en los PGE-2011.


• Recuperar el subsidio especial para mayores de 45 años que se han visto obligados a agotar la prestación contributiva.


• Recuperar la edad de 52 años para el cobro del subsidio actualmente establecido para mayores de 55 años.


• Promover la modificación de las prestaciones por desempleo de manera que protejan de forma más efectiva, a los individuos con hijos y personas en situación de dependencia a cargo.


• Impulsar una reforma de la Renta Activa de Inserción que garantice la percepción de unos ingresos mínimos, cuando no se pueda acceder a una prestación contributiva, que a la vez, respetando las competencias de las Comunidades Autónomas,
suponga una racionalización del conjunto de prestaciones, subsidios y programas que con el objetivo de incrementar las oportunidades de retorno al mercado de trabajo de los trabajadores desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad
para encontrar empleo, se llevan a cabo en forma de pago de una renta mensual. La reforma debe suponer el traspaso de la gestión de la nueva Renta Activa de Inserción a las Comunidades Autónomas que lo soliciten.


• Reforzar con apoyo económico, los programas de rentas mínimas existentes en las Comunidades Autónomas destinados a otorgar una renta garantizada o básica, de acuerdo con las propuestas que en

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este sentido han manifestado instancias europeas como el Comité Económico y Social Europeo en su Dictamen sobre la Renta mínima europea e indicadores de pobreza SOC/482, de diciembre de 2013


7. Servicios Sociales. Tercer Sector y Discapacidad.


• Restablecer las competencias de la administración local en materia de servicios sociales, derogando las disposiciones de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que establecen una
nueva distribución de las competencias en materia de servicios sociales contrarias a la autonomía local, al ejercicio de las competencias de las Comunidades Autónomas en este ámbito y a una atención cercana al ciudadano y más acorde a sus
necesidades.


• Incrementar la dotación presupuestaria del programa de servicios sociales, comúnmente conocido como Plan Concertado, para financiar las prestaciones básicas de los servicios sociales de atención primaria


• Traspasar a la Generalitat de Catalunya la gestión de los recursos que deben ser destinados a fines de interés social y medioambiental, de acuerdo con la decisión ciudadana de señalar la casilla correspondiente al 0,7% en el IRPF, dando
así cumplimiento a las Sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional.


• Incrementar el porcentaje del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas destinado a fines de interés social y medioambiental del 0’7 al 1%.


• Recuperar el supuesto de no obligación de presentación de la declaración del Impuesto sobre Sociedades para los sujetos pasivos parcialmente exentos, prevista en la derogada normativa de este Impuesto, siempre que cumplan requisitos tales
como que sus ingresos totales no superen los 100.000 euros anuales; que los ingresos correspondientes a rentas no exentas sometidas a retención no superen los 2.000 euros anuales o que todas las rentas no exentas que obtengan estén sometidas a
retención.


• Actualizar y presentar ante el Congreso de los Diputados un estudio sobre el agravio comparativo económico que supone el sobreesfuerzo que ocasiona la discapacidad, en las personas que se hallan en esa situación para conseguir un nivel de
vida considerado como ordinario o normal, teniendo en cuenta las distintas modalidades de discapacidades y las realidades socio-económicas de cada Comunidad Autónoma.


8. Universalización y mejora de la financiación de la sanidad.


Limitar el acceso a la sanidad y erosionar su financiación constituyen nuevos focos de desigualdades, por lo que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la adopción de las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad
económica del Sistema Nacional de Salud y la calidad de sus prestaciones y servicios mediante el desarrollo de las siguientes medidas:


• Garantizar el acceso a los servicios sanitarios a toda la población, cumpliendo el principio de universalidad de la cobertura, teniendo especial consideración a los colectivos socialmente más frágiles ante la actual situación de crisis
económica.


• Establecer un tope máximo de aportación en la prestación farmacéutica ambulatoria, similar al establecido para los pensionistas, a aquellas personas que padezcan patologías de carácter grave o crónico.


• Garantizar el acceso equitativo de todos los ciudadanos a los servicios sanitarios mediante el desarrollo y aplicación inmediata de los sistemas de compensación efectiva, en tiempo y forma, de todos los servicios sanitarios prestados a
ciudadanos desplazados entre comunidades autónomas. Para ello el Gobierno dotará la financiación específica del Fondo de Cohesión Sanitaria y del Fondo de Garantía Asistencial.


• Dar cumplimiento al principio de lealtad institucional que obliga a dotar de financiación para todas las nuevas prestaciones aprobadas por el Estado, como es el caso, entre otros, del nuevo tratamiento para la hepatitis C que supone un
incremento de gasto farmacéutico muy significativo para las Comunidades Autónomas y que no pueden absorber con su actual financiación.


• Reconocer el incremento de gasto sanitario provocado a las comunidades autónomas como consecuencia de la aplicación del IVA general a los productos sanitarios y arbitrar mecanismos para que les sea compensado.

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9. Igualdad de oportunidades en el acceso a la educación.


• Incrementar anualmente el número y cuantía de las becas y ayudas al estudio para equiparar, en el menor tiempo posible, la inversión del Estado en esta materia a la media comunitaria.


• Adecuar los importes y los requisitos económicos para acceder a las becas y ayudas al estudio teniendo en cuenta los diferentes costes de la vida en las distintas Comunidades Autónomas.


10. Garantizar el acceso a una vivienda digna y adecuada.


• Sentar las bases de una política de vivienda que potencie el alquiler a precios asequibles y facilite el acceso a la vivienda a las familias con hijos o personas en situación de dependencia a cargo.


• Impulsar la urgente aprobación de las medidas destinadas a paralizar los procedimientos de ejecución hipotecaria a los colectivos objetivamente vulnerables; facilitar la mediación para que las personas y familias en riesgo de ejecución
puedan tener una segunda oportunidad y permanecer en la vivienda; adecuar la legislación concursal para las personas físicas en situación de sobreendeudamiento; e impulsar la creación de un parque de viviendas públicas procedentes del SAREB que
deberán ser cedidas temporalmente a las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales con políticas sociales de vivienda.


11. Asegurar los suministros básicos a los consumidores vulnerables.


• Impulsar la creación de un Fondo de garantía para la protección de los consumidores vulnerables con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, destinado a garantizar que no se produzcan cortes de suministro eléctricos o gasistas para
dichos consumidores, teniendo en cuenta que los servicios básicos se han encarecido tres veces más que los salarios desde el inicio de la crisis.


• Retirar el recurso de inconstitucionalidad presentado contra el Decreto Ley 6/2013 del Parlament de Catalunya que modifica el Código de Consumo de Catalunya con el fin de garantizar protección, en materia de energética al consumidor
vulnerable.


• Impulsar la inclusión, como beneficiarios del bono social eléctrico, a aquellos consumidores que acrediten formar parte de una unidad familiar que integre en su seno, a una o más personas que tengan reconocida oficialmente una discapacidad
en grado igualo superior al 33 por ciento.


12. Igualdad y lucha contra la violencia de género.


• Revisar la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, después de 10 años desde la
aprobación de la primera y siete desde la aprobación de la segunda, con el fin de adaptarlas a la realidad social actual y para que la Igualdad informe todas las políticas de Estado como base para la erradicación de la discriminación y con la
finalidad última de acabar con la violencia de género en tanto que máxima expresión de la desigualdad entre mujeres y hombres.


• Dotar a las Comunidades Autónomas de los medios económicos necesarios para impulsar medidas educativas de igualdad ante el preocupante aumento de conductas machistas entre los adolescentes.


• Recuperar para los municipios las competencias en materia de igualdad en tanto que administración más próxima, cumpliendo así con el mandato europeo del principio de subsidiariedad.


• Dar cumplimiento sin más dilación, a la Ley 9/2009, de 6 de octubre, de ampliación de la duración del permiso de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogida.


13. Mejorar la cooperación para el desarrollo.


• Impulsar en el seno de la Unión Europea, la creación de la Tasa a las Transacciones Financieras, que en España grave un conjunto amplio de operaciones y que garantice que su resultado se destine a financiar adicionalmente a los recursos
presupuestarios, políticas sociales específicas dirigidas a las personas más vulnerables en España, así como los programas de cooperación internacional contra el hambre, la pobreza y la desigualdad en los países en desarrollo.


• Revisar las políticas de cooperación y el resto de políticas impulsadas por la administración general del Estado, desde la perspectiva de la coherencia de políticas, con el fin de poner las bases de un cambio profundo que nos permita
transitar de la política de la ayuda a la política del desarrollo. Esto no significa

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la desaparición de la ayuda oficial, sino un mayor alineamiento del conjunto de las políticas económicas y sociales (comercio internacional, migraciones, fiscalidad internacional, etc.) con el desarrollo global.


• Recuperar las dotaciones presupuestarias destinadas a cooperación internacional para el desarrollo, de acuerdo con el ritmo de la recuperación económica.


• Formular propuestas en relación a la Agenda Post-2015, agenda universal y global, incluyente y sostenible, centradas en la lucha contra la pobreza y en la defensa de los derechos humanos.


Además, el Congreso de los Diputados acuerda que para abordar este conjunto de políticas, a través de los cauces reglamentarios oportunos, se impulse la creación, en el Seno de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, de una Subcomisión
para analizar las actuaciones a adoptar por la Administración General del Estado, con el objetivo de reducir las desigualdades e incrementar la cohesión social en España.


Propuesta de resolución núm. 77


Reprobar la política unilateral del gobierno popular para la recentralización del Estado. Rectificar la reforma local, financiar adecuadamente los municipios.


El Congreso de los Diputados reprueba la política unilateral del Gobierno que a lo largo de toda la legislatura ha perseguido la recentralización del Estado, lo cual ha significado aumentar la burocracia de la administración y alejarla de
los ciudadanos y territorios. La recentralización del Estado ha mermado las competencias y la capacidad económica de las Comunidades Autónomas y de los ayuntamientos, reduciendo la eficacia de la administración para con los ciudadanos los cuales no
solo sufren la falta de respuesta a la crisis si no que, además ven frenada la recuperación. Por ello insta al Gobierno a:


Respecto a la racionalización de la Administración:


1. Concentrar exclusivamente en la Administración General del Estado los trabajos de racionalización de la administración pública contemplados en el Informe de la CORA, ya que a lo largo de la legislatura los ahorros obtenidos por la
administración central en concepto de racionalización de la administración y de austeridad han sido absolutamente marginales en relación a los que han acometido las administraciones territoriales.


2. Presentar un informe, en el plazo de tres meses, que detalle la laminación de competencias de las administraciones autonómica y local, articulada a través de la ampliación de la legislación básica y de la mayor reglamentación incorporada
a la legislación estatal. Por esta vía se ha dado a la legislación española un desarrollo y rigidez que invalida el espíritu y naturaleza del Estado Autonómico que contempla la Constitución.


3. Retirar el Anteproyecto de Ley de Régimen Jurídico del Sector Público y el Anteproyecto de Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas por representar una nueva laminación de las competencias de las
Comunidades Autónomas y de las corporaciones locales.


Respecto a la financiación de las Comunidades Autónomas:


4. Presentar, con carácter retroactivo a 2014, un Proyecto de Ley de reforma del sistema de financiación autonómica, que otorgue a las Comunidades Autónomas unos recursos suficientes para financiar las competencias que tienen atribuidas,
básicamente en Sanidad, Educación, Seguridad y Asistencia Social.


5. Las Comunidades Autónomas deben participar de los incrementos netos de recaudación derivados de las alzas de fiscalidad impuestas por el Estado sobre el IVA e impuestos indirectos y otros impuestos en esta legislatura, ya que son
recursos pagados por los contribuyentes para que la administración los gestione con eficacia y ello incluye ámbitos como los mencionados de la sanidad, la educación o la asistencia social, que gestionan las Comunidades Autónomas y que también deben
beneficiarse del mayor esfuerzo en presión fiscal que los impuestos comportan para el contribuyente. Hoy se constata que entre 2012 y 2015 los ingresos fiscales de las Comunidades Autónomas se han reducido, en cambio, la recaudación fiscal por
impuestos directos e indirectos del Estado ha aumentado en 30.500 M. €.

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Respecto a la reforma local y la financiación de los municipios:


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Rectificar la política de reducción de la autonomía local, así como de restricción de las competencias de las Comunidades Autónomas reconocidas en los respectivos Estatutos de Autonomía y, en su caso, en materia de régimen local, que se
ha acentuado a partir de la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración local.


2. Presentar, durante el año 2015, un Proyecto de Ley de reforma de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, capaz de garantizar a las corporaciones locales un sistema de ingresos suficientes y adecuados a las competencias que
desarrollan y que a su vez sea equilibrado en relación a la presión fiscal que sufren los contribuyentes.


3. En el marco del respeto a la autonomía financiera de los entes locales, proceder a flexibilizar o suprimir la aplicación de la regla de gasto para aquellas entidades locales que cumplan con los diferentes parámetros de estabilidad
presupuestaria, en materia de déficit, endeudamiento y periodo medio de pago, con el fin de que puedan desempeñar adecuadamente las funciones que la ley les atribuye.


Asimismo, permitir que los entes locales que dispongan de superávit presupuestario y de remanente positivo de tesorería, y a la vez no superen los límites de endeudamiento establecidos legalmente, puedan destinar el remanente a:


a) Inversiones, ampliando el concepto de inversiones financieramente sostenibles.


b) Programas de promoción económica, planes de empleo local y programas de ayudas sociales, de carácter extraordinario, no recurrentes, justificados por la coyuntura económica.


c) Reposición de las plazas vacantes en la plantilla, justificando su necesidad.


d) Cumplimiento de los pactos laborales en lo que respecta a los salarios.


Propuesta de resolución núm. 78


Impulsar una ley de segunda oportunidad para las familias y autónomos en situación de insolvencia a causa de deshaucios o de actividades profesionales o empresariales fallidas


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar un Proyecto de Ley de segunda oportunidad para que las familias y autónomos en situaciones de insolvencia sobrevenida, a causa de deudas hipotecarias, a causa del impago de rentas de
alquiler o a causa de las deudas derivadas de actividades profesionales o empresariales fallidas, puedan reestructurar sus deudas, a través de la mediación y de un procedimiento concursal específico, a los efectos de poner un punto final a los pagos
pendientes que les afectan y con el fin de no convertirse en deudores de por vida.


Propuesta de resolución núm. 79


Mejorar la calidad educativa


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a mejorar la calidad educativa consensuadamente con las administraciones autonómicas y el conjunto de fuerzas parlamentarias y para ello insta al Gobierno a:


1. Paralizar la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, por vulnerar once de sus apartados y una disposición, competencias de la Generalitat reconocidas por la Constitución y el Estatuto de Autonomía,
tal y como ha dictaminado el Consejo de Garantías Estatutarias en su Dictamen 1/2014, de 12 de febrero, y buscar un consenso entre las fuerzas políticas y la Comunidad educativa.


2. Derogar el Real Decreto 591/2014, de 11 de julio, que regula la expropiación de hasta 6.000 € a la Generalitat para destinarlos a la escolarización, en una escuela privada y en castellano, de alumnos escolarizados en el sistema público,
una medida cuya finalidad es romper el modelo de inmersión

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lingüística que ha estado vigente en Catalunya en las últimas décadas y que ha demostrado su eficacia y su eficiencia tanto en el ámbito educativo como en el de la cohesión social.


3. Modificar el calendario de implantación del nuevo currículum de la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato a fin de aplazar su precipitada implantación en el próximo curso 2015-2016.


4. Mantener la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio para aquellos alumnos que no hayan obtenido el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y poner en marcha las medidas necesarias para garantizar que todos
los alumnos, bien hayan cursado los ciclos de Educación Secundaria Obligatoria como los de Formación Profesional Básica, puedan obtener el Título de Graduado de Educación Secundaria Obligatoria.


5. Traspasar a la Generalitat de Catalunya el pleno ejercicio de gestión de las becas y ayudas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, de acuerdo con la Sentencia Tribunal Constitucional 188/2001, que dictamina que las
Comunidades Autónomas son competentes en la gestión, resolución y pago de las becas y ayudas al estudio y que el Estado debe distribuir los créditos presupuestarios necesarios.


6. Incrementar anualmente el número y cuantía de las becas y ayudas al estudio para equiparar, en el menor tiempo posible, la inversión del Estado en becas a la media comunitaria.


7. Adecuar los requisitos económicos para el otorgamiento de becas y ayudas al estudio (umbrales de renta y de patrimonio familiar) a la realidad económica (coste de la vida) y social de las diferentes Comunidades Autónomas, para que sean
más equitativas y justas.


8. Estudiar el impacto que la implantación de la nueva ordenación de las enseñanzas universitarias según lo establecido en el Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero, pueda tener sobre el coste económico de las carreras universitarias para
los alumnos, con la finalidad de variar convenientemente la cuantía y el número de las becas.


9. Eximir a las Asociaciones de padres y madres de alumnos y a las entidades educativas y deportivas sin ánimo de lucro, de la aplicación de las nuevas previsiones de la Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades, con el fin de recuperar el
supuesto de no obligación de presentación de la declaración para aquellas entidades parcialmente exentas, cuando sus ingresos totales no superen los 100.000 euros anuales; los ingresos correspondientes a rentas no exentas sometidas a retención no
superen los 2.000 euros anuales y que todas las rentas no exentas que obtengan estén sometidas a retención.


Propuesta de resolución núm. 80


Atender adecuadamente a las personas en situación de dependencia y a sus familias


El Congreso de los Diputados denuncia la escasa aportación económica del Estado a las políticas de atención a la dependencia, lo cual comporta que 1 de cada 5 personas que demandan atención por motivos de dependencia fallecen antes de
recibir la ayuda.


A tal efecto, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Aumentar progresivamente las transferencias del Estado a las Comunidades Autónomas destinadas a las políticas de dependencia, con el objetivo de equilibrar, a corto plazo, las aportaciones de ambas administraciones para estas políticas.


2. Restaurar de forma inmediata el nivel de financiación conveniado.


3. Incrementar los recursos previstos en 2015 para financiar el Sistema de Atención a la Dependencia para dar cobertura al acceso al Sistema de las personas en situación de dependencia moderada a partir del mes de julio.


4. Modificar, mediante un amplio acuerdo político y social con las Comunidades Autónomas y los agentes sociales y económicos, el régimen de financiación del Sistema de atención a la Dependencia y de promoción de la autonomía personal, de
forma que asegure un volumen de recursos adecuado a las CC.AA., que tenga en cuenta el coste real de los servicios en cada una de ellas, para que puedan gestionar, desarrollar y mantener el Sistema, con el nivel de calidad que corresponde, de manera
sostenible en el futuro y con pleno respeto a sus atribuciones competenciales.


5. Facilitar y difundir con la mayor celeridad posible, todos los datos del Sistema de atención a la Dependencia.

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Propuesta de resolución núm. 81


Impulso a la economía productiva


El Congreso de los Diputados constata la necesidad de impulsar mejoras permanentes de la competitividad y no solo ganancias coyunturales derivadas de rebajas salariales, para consolidar el crecimiento y estimular la generación de empleo.
Ello requiere apoyar a las pymes y a los autónomos, aplicar políticas de diversificación sectorial, reactivar la actividad industrial, fomentar el turismo y las actividades agrarias, impulsar la capacidad emprendedora y hacer una apuesta firme por
la innovación, la capacidad de internacionalización y el incremento de las exportaciones sin perder de vista la necesaria recuperación de la demanda interna. Para recuperar el impulso de la economía productiva es necesario contar con unas
Comunidades Autónomas dinámicas e impulsar conjuntamente:


1. Políticas de reindustrialización. Es preciso impulsar mejoras permanentes y sostenibles de la competitividad y estimular la reindustrialización, como ocurre en Europa, con el fin que nos permita cumplir con el objetivo europeo de
alcanzar el 20% de PIB industrial en 2020.


2. Abaratar y mejorar el acceso al crédito a pymes y autónomos. Es primordial apoyar a la pequeña y mediana empresa y a los autónomos, pues constituyen el 90% del tejido productivo.


3. Impulso decidido a las actividades de I+D+i. Recuperar el volumen de gasto público destinado a actividades de I+D+i, el cual ha caído en 40% en el período 2010-2015 y, en el caso del Estado, ejecutar la totalidad de lo presupuestado (en
2012 ejecutó menos del 50% de lo presupuestado). El gasto público en I+D+i debe ser un instrumento básico de reactivación y de cambio de modelo de actividad productiva.


4. Arbitrar una política energética eficiente y sostenible, al servicio de los ciudadanos y de la economía productiva. Urge implementar una política energética al servicio de la sociedad, reducir el déficit de tarifa no puede ser su único
objetivo.


5. Adoptar medidas específicas para impulsar la rehabilitación industrial y de viviendas, con elevada incidencia sobre el empleo y la inversión, en base a criterios de eficiencia y ahorro energético.


6. Turismo. Establecer un Plan Estratégico de Reconversión de los destinos turísticos maduros.


7. Dinamizar la agricultura en el marco de la nueva PAC. Ante el nuevo escenario de la aprobación de la PAC para el periodo 2014-2020, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reconsiderar el modelo de regiones establecido por su
gran complejidad e incoherente con un Estado autonómico en el que las Comunidades Autónomas ostentan competencias exclusivas en materia agraria.


Propuesta de resolución núm. 82


Combatir el fraude. Por una fiscalidad más equitativa


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reforzar sus actuaciones en contra del fraude fiscal, como principal vía para garantizar una fiscalidad más equitativa y justa. Para ello urge adoptar medidas destinadas a simplificar el
ejercicio de las obligaciones fiscales de los contribuyentes y medidas destinadas a aflorar economía sumergida. A tal efecto el Gobierno procederá a:


1. Publicar anualmente una memoria de las actuaciones adoptadas de simplificación de las obligaciones tributarias de los contribuyentes.


2. Establecer, en colaboración con el INE y la Agencia Tributaria, una estimación anual del volumen de la economía sumergida y de las pérdidas de recaudación que se derivan de su existencia.


3. Fijar objetivos plurianuales de reducción del volumen de economía sumergida en España, como mínimo hasta los niveles medios de la Unión Europea.

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Asimismo, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar las modificaciones específicas en la política fiscal con el objetivo de que sea más equitativo y al servicio de los contribuyentes. Entre estas:


1. Reducir el gravamen sobre el empleo: Estudiar la minoración de la fiscalidad del trabajo (cotizaciones sociales e IRPF), compensándose con otros ingresos fiscales, con el fin de estimular la creación de empleo y reducir drásticamente
los 5,5 millones de personas en paro.


2. Luchar contra la elusión fiscal de las empresas multinacionales por las rentas que obtienen en España. Es necesario gravar los beneficios reales que obtienen las compañías internacionales con establecimientos permanentes en nuestro
territorio, de la misma manera que se grava a las pymes y autónomos.


3. Mejorar la tributación de pymes y autónomos. Rebajar las retenciones aplicadas a los autónomos al 15% y el tipo impositivo del impuesto sobre sociedades para las pymes al 20%.


4. Recuperar las deducciones por inversiones medioambientales en el impuesto sobre sociedades.


5. Simplificar las obligaciones tributarias para las entidades sin ánimo de lucro con ingresos inferiores a 100.000 euros, mediante la modificación del impuesto sobre sociedades, con el fin de que no deban efectuar las correspondientes
declaraciones, tal como ha estado vigente hasta 2014.


6. Reducir la tributación del IVA en los sectores de la cultura, las peluquerías y los gimnasios.


Propuesta de resolución núm. 83


En defensa de la cultura y de la pluralidad cultural y lingüística del Estado, revisión de la fiscalidad del IVA, proyecto de ley de mecenazgo y financiación de las instituciones culturales de Barcelona


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a ejercer las competencias que efectivamente le corresponden en política cultural que, básicamente, son: la política fiscal de apoyo a la cultura, la política presupuestaria de apoyo a las
Comunidades Autónomas y entidades locales en materia cultural y la financiación de las grandes infraestructuras culturales del Estado. A tal fin insta al Gobierno a:


1. Presentar con carácter urgente un Proyecto de ley que permita reducir el tipo impositivo del IVA a la compra de bienes y servicios culturales y deportivos tal y como ocurre en la mayoría de los países de la Unión Europea.


2. Instar a las instituciones europeas a buscar un consenso con el fin de rebajar el tipo impositivo del IVA que grava las descargas de libros electrónicos, las revistas digitales y los servicios y productos culturales en línea.


3. Presentar con carácter urgente un Proyecto de Ley de reforma de la Ley de Mecenazgo, con especial atención a los incentivos fiscales al mecenazgo en actividades culturales.


4. Aumentar la partida presupuestaria destinada a ayudas a la producción y a la distribución cinematográficas en los próximos Presupuestos del Estado y en concreto las destinadas al Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales (ICAA) y
al Fondo de Protección a la Cinematografía.


5. Recuperar el «Fondillo» destinado a la producción cinematográfica en lenguas distintas al castellano, que forma parte de los fondos del ICAA.


6. Incentivar la producción cinematográfica aplicable a todos los presupuestos, con una deducción fiscal del 35 % que permita impulsar los rodajes de las grandes superproducciones además de las de menor formato.


7. Garantizar fondos equitativos a todas las grandes instituciones culturales con presencia de la Administración del Estado a fin de conseguir un reparto equilibrado y justo de la inversión pública.


8. Garantizar las partidas, y hacer efectivo su pago, destinadas a dar cumplimiento a los gastos de capitalidad de Barcelona, de acuerdo con lo previsto en el texto de la Ley 1/2006, de 13 de marzo, por la que se regula el Régimen Especial
del municipio de Barcelona.


9. Retornar la totalidad de los documentos sustraídos a las instituciones y a las familias catalanas al término de la Guerra Civil española, custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española, de acuerdo con la Ley 21/2005, de 17
de noviembre, de restitución a la Generalitat de Catalunya de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil.

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10. Crear una partida específica en los Presupuestos Generales del Estado para asumir el canon por préstamo bibliotecario de las bibliotecas municipales.


11. En materia de lengua, solicitar al Consejo de la Unión Europea que el catalán sea considerado lengua oficial de la Unión Europea.


12. Apoyar a las entidades culturales sin ánimo de lucro mediante la recuperación del supuesto de no obligación de presentación de la declaración del Impuesto sobre Sociedades para los sujetos pasivos parcialmente exentos, prevista en la
derogada normativa de este Impuesto sobre sociedades, los cuales contemplaban que sus ingresos totales no superen los 100.000 euros anuales; los ingresos correspondientes a rentas no exentas sometidas a retención no superen los 2.000 euros anuales
y que todas las rentas no exentas que obtengan estén sometidas a retención.


Propuesta de resolución núm. 84


Por una justicia más ágil, eficiente y cercana al ciudadano


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Impulsar las modificaciones legislativas y presupuestarias necesarias en el ámbito de la justicia para la consecución de una mayor eficiencia en el uso de los medios personales y materiales disponibles, lo cual deberá permitir una mejora
de la capacidad de los juzgados y tribunales y, con ello, garantizar una justicia más cercana, eficiente y ágil, capaz de dar respuesta, en tiempo adecuado, a las demandas y protección de los derechos de los ciudadanos.


2. Impulsar un Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que desarrolle legislativamente las medidas que, en el ámbito del Poder Judicial, han previsto de manera expresa los
nuevos Estatutos de Autonomía y, en particular, el Estatuto de Autonomía de Catalunya del año 2006. De manera concreta, deberán desarrollarse legislativamente las previsiones para otorgar a los Tribunales Superiores de Justicia las nuevas
competencias en materia de casación, creación de los Consejos de Justicia de ámbito autonómico y nueva asunción de competencias de las Comunidades Autónomas en el ámbito de los medios personales y materiales y en la definición de la Planta Judicial
en sus respectivos territorios.


3. Traspasar a la Generalitat de Catalunya, para un eficiente ejercicio de sus competencias en materia de justicia y para favorecer el proceso de modernización de la misma, los cuerpos administrativos, los cuerpos de médicos forenses y el
cuerpo de secretarios judiciales.


4. Modificar la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial para que el conocimiento de la lengua cooficial y del derecho propio de la Comunidad Autónoma de destino sea considerado un requisito para la prestación de servicios en
el respectivo ámbito judicial, así como para que se reconozca la validez y eficacia de las actuaciones judiciales realizadas y los documentos presentados en el idioma oficial de una comunidad autónoma, garantizando con ello el derecho de los
ciudadanos a dirigirse a los órganos con jurisdicción en todo el territorio del Estado en su lengua, evitando que la presentación de escritos en lenguas oficiales distintas del castellano pueda suponer su no admisión o la dilación de los
procedimientos por este hecho, y facilitando los medios para su traducción de calidad y fidedigna. En este sentido, se considera necesaria la creación de los correspondientes registros oficiales de traductores e intérpretes judiciales en aquellas
Comunidades Autónomas que tengan atribuidas las competencias en materia de administración de justicia.


5. Impulsar la derogación de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia, al suponer una merma de la tutela judicial efectiva, ya que en numerosos supuestos las
tasas suponen un impedimento desproporcionado para acceder a la justicia por parte de los ciudadanos. Asimismo, establecer los mecanismos que permitan la transferencia y abono a las Comunidades Autónomas competentes en materia de justicia de las
tasas judiciales recaudadas para financiar la justicia gratuita.


6. Impulsar una prórroga en la entrada en vigor de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, ahora prevista para el mes de julio de 2015, con la finalidad de evitar una situación no deseada de caos organizativo, planificando y
negociando, de forma consensuada con el resto de grupos parlamentarios, un modelo de Registro Civil que pueda seguir presentándose siempre con proximidad a la ciudadanía,

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gratuidad del servicio y pleno respeto a las competencias que en este ámbito han asumido determinadas Comunidades.


7. Fomentar la práctica de medidas alternativas para la resolución de conflictos, impulsando la mediación y el arbitraje.


8. Impulsar las modificaciones legislativas necesarias en la Ley de Enjuiciamiento Civil para permitir que los procuradores puedan realizar los actos de comunicación sin el requisito del doble testimonio y, por tanto, con el reconocimiento
de la presunción de certeza en sus diligencias de notificación.


9. Impulsar las medidas necesarias para reforzar la lucha contra la corrupción mediante la modificación de la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal en cuanto a regular o dotar de mayor garantía a las intervenciones telefónicas, la
proporcionalidad de las intervenciones judiciales a través de medidas que preserven el derecho fundamental al honor de las personas, establecimiento de la duración máxima de la fase de instrucción, nueva definición del estatuto del imputado
cambiando su denominación, establecimiento de un sistema de responsabilidades por la vulneración del secreto de sumario y la posibilidad de que sean los propios jueces y fiscales los que informen públicamente a la ciudadanía en casos concretos
relacionados con la corrupción.


10. Promover los mecanismos necesarios para disminuir la excesiva duración de los procesos judiciales para dar cumplimiento a la jurisprudencia del tribunal Europeo de Derechos Humanos que establece que un proceso judicial que dure más de 5
años es contrario al derecho a un juicio justo (fair trial).


Propuesta de resolución núm. 85


Más inversión pública productiva para Catalunya, mayor atención al medio ambiente


El Congreso de los Diputados constata la incoherencia de la política de inversión pública en la presente legislatura respecto a la prioridad de mejorar la competitividad para salir de la crisis. A tal efecto insta al Gobierno a abordar un
cambio radical en sus prioridades de inversión de manera que:


1. Toda nueva inversión esté acompañada de un informe coste/beneficio que garantice su contribución a la mejora de la productividad, económica o social y su sostenibilidad futura.


2. Abandonar la política de construcción de infraestructuras insostenibles cuyos costes de explotación ponen en riesgo la continuidad de las empresas públicas del grupo Fomento.


3. En el caso de Catalunya, las inversiones del Estado se sitúen anualmente entre el porcentaje de población en el conjunto del Estado (cerca del 16%) y el porcentaje de aportación al PIB (18,8%), lo cual no ha ocurrido en ningún ejercicio
en esta legislatura.


Asimismo, el Congreso de los Diputados rechaza la privatización del 49% de AENA que no beneficia al interés general y a la ciudadanía y consagra una estructura aeroportuaria monopolista en el territorio español en claro desafío a las reglas
europeas de la competencia. En el caso de Catalunya, constituye una decisión contraria a la demanda generalizada de las instituciones y de la sociedad civil catalanas, las cuales, considerando que los aeropuertos constituyen una infraestructura
básica, se han pronunciado reiteradamente por la libre competencia y a favor de una gestión individualizada de los aeropuertos.


En el ámbito del medio ambiente, el Congreso del los Diputados insta al Gobierno a:


1. Distribuir territorialmente entre las Comunidades Autónomas los recursos destinados a materializar las políticas de investigación, mitigación y adaptación al Cambio Climático de acuerdo con sus competencias en materias como por ejemplo
los sectores difusos, y las partidas destinadas a conservación y protección del medio natural.


2. Modificar el caudal ambiental establecido en el Plan hidrológico de la cuenca del Ebro aprobado por el Real Decreto 129/2014 de 28 de febrero, y revisar el Reglamento de la Planificación Hidrológica y los planes relativos al segundo
ciclo de Planificación Hidrológica (2015-2021) para que garanticen los niveles de conservación de los hábitats de interés comunitario, las especies típicas de estos hábitats, las aportaciones de sedimentos para evitar la subsidencia del delta y el
avance de la cuña salina, el cumplimiento de las directivas comunitarias sobre la materia, en concreto los objetivos ambientales de la

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Directiva Marco del Agua, y la guía para fijar los caudales ecológicos que deben circular por los ríos europeos recientemente aprobada, teniendo en cuenta asimismo, la evaluación que la Comisión Europea finalizará en marzo sobre los planes
hidrológicos presentados por España.


3. Contribuir a la lucha contra el cambio climático y al desarrollo de los Planes de Calidad de aire en las grandes ciudades a través de la promoción de la movilidad sostenible.


4. Aprobar un Proyecto de Ley de financiación del transporte público que garantice la previsibilidad y suficiencia de recursos a las administraciones territoriales competentes.


Propuesta de resolución núm. 86


Instar al Gobierno a acabar con las filtraciones y a investigar las responsabilidades al tiempo que propone un modelo de seguridad y defensa eficiente y cooperativo


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a poner fin a la constante práctica de filtraciones de documentos policiales, en muchos casos con informaciones falsas, y que afectan a la honorabilidad de personas y al mismo tiempo a
investigar a fondo y a determinar responsabilidades de las acaecidas hasta la fecha.


Asimismo, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Reconsiderar el proyecto de ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana, el cual restringe de manera arbitraria el derecho a la manifestación pacífica de las reivindicaciones de los ciudadanos, pone en riesgo el ejercicio de los
derechos y libertades fundamentales, vulnera los principios de proporcionalidad y seguridad jurídica e invade claramente de competencias propias del Gobierno de la Generalitat y los entes locales.


2. Retirar del proyecto de ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana la disposición que permite las llamadas «devoluciones en caliente», vulnerando no solo el ordenamiento jurídico sino los derechos y libertades propios de la
condición humano y de los textos internacionales firmados por el estado español.


3. Dar la máxima información sobre la gestión del dispositivo en la frontera entre Ceuta y Melilla con Marruecos, con un elevado número de víctimas anualmente, los cuales, junto a las expulsiones sumarias contrarias a lo dispuesto en la Ley
de Extranjería, la Ley de Asilo y a la Convenio Europeo de Derechos Humanos, sucedidas en Melilla, constituyen una clara vulneración de los Derechos Humanos.


4. Impulsar en el seno de la Unión Europea una política de los flujos migratorios compartida con los países de origen y tránsito, no únicamente desde la perspectiva de la seguridad fronteriza, sino también del impulso del desarrollo humano,
social y económico y la generación de oportunidades y expectativas de vida en los países de origen de flujos migratorios, a través de las políticas de cooperación para el desarrollo.


5. Adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a los compromisos de la Unión Europea relativas políticas del frontex y de la task force establecida a finales del año 2013 por la Unión Europea que contemple entre otros los
siguientes puntos:


— Establecer un protocolo de actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado ante la inmigración ilegal y una Revisión del número de efectivos disponibles en las zonas fronterizas con mayor riesgo de entrada ilegal y una mayor
dotación de efectivos y patrulleras marítimas.


— Realizar las aportaciones presupuestarias necesarias para disponer del material y medios necesarios para evitar naufragios y muertes en el Mediterráneo.


6. Revisar el Reglamento de organización de los Centros de Internamiento de Extranjeros, en aquellos apartados y artículos que la justicia ha declarado no adecuarse a la legalidad, garantizando su carácter no penitenciario y la
excepcionalidad del internamiento como medida cautelar y preventiva, salvaguardando los derechos y libertades reconocidos por el ordenamiento.


7. Facilitar la conexión de las policías autonómicas a las bases de datos internacionales, al igual que la policía estatal, con el fin de mejorar la eficacia de los cuerpos policiales y la seguridad ante el terrorismo y las bandas
internacionales.

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8. Priorizar las políticas de seguridad vial y prevención de accidentes de tráfico bajo una óptica de respeto a los principios de movilidad sostenible y mejorando, de manera activa, la señalización vial, los tramos de concentración de
accidentes, la retirada de los guarda raíles que perjudican a los vehículos de dos ruedas e incrementar las campañas de prevención y sensibilización.


9. Renegociar el pago del Programa Especial de Armamento del Ministerio de Defensa y adecuar el presupuesto de este ministerio a la realidad, con el fin de evitar las enormes desviaciones presupuestarias al alza que registra anualmente el
Ministerio de Defensa.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Mixto, a instancia del Diputado don Alfred Bosch i Pascual, de Esquerra Republicana-Catalunya-Sí (ERC-RCAT-CATSÍ), al amparo de lo establecido en el artículo 197 del Reglamento de la Cámara, presenta con motivo del debate de
política general en torno al estado de la Nación, la siguiente propuesta de resolución sobre la lucha contra la pobreza.


Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2015.— Alfred Bosch i Pascual, Diputado.— Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


Propuesta de resolución núm. 87


Exposición de motivos


La pobreza infantil en el Estado español es superior al 36%. Este dato, más allá de situar a España en la cola de los países de la OCDE, supone un auténtico drama personal y familiar.


La pobreza infantil es un indicativo no solo de la miseria económica familiar, sino de la miseria política de un Gobierno que no lo considera una prioridad y que pone en cuestión el propio Estado del Bienestar.


Después de que ERC haya presentado reiteradas enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado solicitando la creación de un Fondo contra la pobreza infantil de 100 millones de euros (reiteradamente rechazadas por la mayoría del PP), la
Ministra Mato acabó aprobando un Fondo dotado con tan solo 16 millones de euros para todas las Comunidades Autónomas. De estos 16 millones, según el reparto decidido por el Ministerio, a Catalunya le corresponden 2,25 euros por cada menor en riesgo
de pobreza o exclusión. Esta cifra deja absolutamente en evidencia la insuficiencia de dicho Fondo.


La enmienda a los Presupuestos Generales del Estado ha venido acompañada, año tras año, de una enmienda para la creación de otro Fondo contra la pobreza estructural, que ha crecido en tiempos de crisis pero que no se redujo en los años de
bonanza económica, indicando una gran pasividad política respecto a la población excluida de la sociedad. Este Fondo también lo dotábamos de una cantidad inicial de 100 millones de euros.


Asimismo, consideramos también oportuna la creación de un tercer Fondo contra la pobreza en la personas mayores. En este sentido, consideramos que es especialmente preocupante que el 50% de las personas mayores que viven solas están bajo el
umbral de la pobreza, indicando también la feminización de esta pobreza.


Estos Fondos lo que pretenden es recuperar, en parte —solo en parte—, de forma específica y focalizada los recortes producidos en políticas sociales para la atención de los colectivos señalados. Los 300 millones de la suma de los Fondos
anteriores es una cantidad inicial y, desde nuestro punto de vista, más que modesta, especialmente si tenemos en cuenta que el Presupuesto del Ministerio de Defensa del último año se ha incrementado en alrededor de 2.000 millones de euros (más de
6.500 millones en los últimos 3 años).


Los recortes en políticas sociales además se ven agravados por los recortes que están sufriendo las organizaciones sociales que suplen la ausencia del Estado del Bienestar en la atención de las personas empobrecidas y excluidas, que cada vez
son más mientras que los recursos para atenderlas son menos.


Para colmo de la asfixia económica que sufren estas loables organizaciones sociales sin ánimo de lucro, la Ley sobre el impuesto de Sociedades aprobada por el PP elimina las exenciones que tenían respecto a la presentación de la declaración
del impuesto de sociedades, asimilándolas a sociedades mercantiles, lo cual pone en riesgo la propia supervivencia de estas organizaciones.

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Por todo ello se presenta la siguiente


Propuesta de resolución


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:


1. Dotar el Fondo contra la pobreza infantil con 100 millones de euros.


2. Crear un Fondo contra la pobreza estructural de 100 millones de euros.


3. Crear un Fondo contra la pobreza en las personas mayores de 100 millones de euros.


4. Distribuir cada uno de los Fondos anteriores entre las Comunidades Autónomas, según el número de personas en riesgo de pobreza y exclusión que cada uno de los colectivos tiene en ellas.


5. Recuperar los supuestos de exención de la declaración del Impuesto de Sociedades para las organizaciones sociales sin ánimo de lucro.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Mixto, a instancia del Diputado Alfred Bosch i Pascual, de Esquerra Republicana-Catalunya-Sí (ERC-RCAT-CATSÍ), al amparo de lo establecido en el artículo 197 del Reglamento de la Cámara, presenta con motivo del debate de política
general en torno al estado de la Nación, la siguiente propuesta de resolución sobre la necesidad de un referéndum sobre el Tratado Transatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP).


Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2015.—Alfred Bosch i Pascual, Diputado.— Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


Propuesta de resolución núm. 88


Exposición de motivos


El Gobierno español ha mostrado su entusiasmo en apoyar el Tratado de Libre Comercio o Tratado Transatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP en las siglas en inglés), pese a la falta de información y transparencia respecto al
contenido y a la negociación.


Sin embargo, y a pesar de la opacidad, lo que ha trascendido de este Tratado es que pretende una equiparación, entre otras, de las condiciones laborales o medioambientales de manera que no supongan un obstáculo al comercio y la inversión.
Eso, en principio, significa asimilar la protección laboral o salarial de Europa a la de Estados Unidos (desde el salario mínimo a la libertad sindical) y, en consecuencia, la desregulación de las legislaciones sociales y medioambientales europeas.


El Tratado de Libre Comercio también comportaría la desregulación medioambiental, que —entre otras cosas— puede suponer la legalización generalizada del «fracking», o la desregulación en ámbitos de salud. En este sentido, por ejemplo hay
que señalar que la OCU calcula que, en materia de cosméticos, hay más de 1.300 sustancias prohibidas en Europa, en base el Principio de Precaución sobre la salud, que podrían ser legalizadas en base a este Tratado ya que solo 11 de estas sustancias
están prohibidas en los Estados Unidos.


Ciertamente las incertidumbres son muchas, pero la aplicación de otros Tratados de Libre Comercio permite entrever la desregulación social y medioambiental que establecen.


Por todo ello, se presenta la siguiente


Propuesta de resolución


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:


Realizar un referéndum consultivo sobre el Tratado Transatlántico para el Comercio y la Inversión, previo a su ratificación por parte del Estado español.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Mixto, a instancia del Diputado don Alfred Bosch i Pascual, de Esquerra Republicana-Catalunya-Sí (ERC-RCAT-CATSÍ), al amparo de lo establecido en el artículo 197 del Reglamento de la Cámara, presenta con motivo del debate de
política general en torno al estado de la Nación, la siguiente propuesta de resolución sobre el respeto al resultado de las elecciones plebiscitarias que celebrará el pueblo de Catalunya el 27 de septiembre.


Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2015.—Alfred Bosch i Pascual, Diputado.— Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


Propuesta de resolución núm. 89


Exposición de motivos


Tras el resultado de las elecciones de noviembre de 2012 al Parlament de Catalunya, las fuerzas políticas obtuvieron un claro mandato democrático de convocar un referéndum para determinar el futuro político de Catalunya. Esta demanda se
materializó solo parcialmente el pasado 9 de noviembre, con la celebración de una consulta popular que contaba con el apoyo de casi dos terceras partes de la cámara parlamentaria, aglutinando a sensibilidades políticas que abarcaban todo el espectro
ideológico. Pese al abrumador apoyo con el que contaba, la votación, fue obstaculizada por el Estado español, con lo cual el referéndum vinculante inicialmente previsto se convirtió en una consulta que se enfrentaba a innumerables dificultades,
sobre todo en lo que a organización se refiere. Eso no obstante, la votación fue un éxito innegable en cuanto a participación y se convirtió en una victoria tanto en número de votos como moral de aquellos que abogan por la libertad del pueblo de
Catalunya para decidir su futuro.


Después de ambas llamadas a las urnas, ha quedado claro que la voluntad de la ciudadanía de Catalunya es poder decidir sobre su futuro político como pueblo libremente. Es por esta razón que se han convocado elecciones al Parlament para
septiembre del presente año, unas elecciones que están claramente percibidas por la ciudadanía como unas elecciones plebiscitarias en que, por fin, podrán expresarse con toda legalidad sobre la independencia de Catalunya y necesariamente de forma
vinculante.


Propuesta de resolución


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:


1. Respetar el resultado de las elecciones de carácter plebiscitario del 27 de septiembre, en las que la población decidirá democráticamente, con plena libertad y garantías, el futuro político de Catalunya como nación.


2. En caso de que las fuerzas favorables a la constitución de la República Catalana obtengan la mayoría parlamentaria, iniciar un proceso de negociación con la Generalitat de Catalunya para facilitar la cordial transición al nuevo Estado,
en que se contemple, entre otras medidas, una justa asunción de los respectivos activos y pasivos que correspondan al Reino de España o a la República Catalana.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación, formula la siguiente propuesta de
resolución.


Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2015.—Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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Propuesta de resolución núm. 90


España cuenta con un amplio sistema de protección social dirigido a atender las necesidades de las personas que se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad.


En las últimas décadas se han hecho avances importantes, pero también se han producido cambios sociales que requieren adaptar la legislación actual a la nueva realidad social, a los retos demográficos que se nos presentan y a las situaciones
de necesidad puestas de manifiesto con la grave crisis económica.


En especial, en el caso de la infancia, pues los niños de hoy representan las próximas generaciones de españoles. Y también, en un contexto en el que la esperanza de vida es cada vez mayor, en el caso de las personas mayores, cuyos
sacrificios y esfuerzos han hecho posibles muchos de esos avances.


En el primer caso, en el marco de trabajo establecido en el Plan de Infancia y Adolescencia aprobado durante la presente Legislatura, es necesario dar respuesta a las recomendaciones realizadas por el Comité de Derechos del Niño de Naciones
Unidas e incorporar el interés superior del menor como principio interpretativo, derecho sustantivo y norma de procedimiento.


Y, en el segundo ámbito, tras las mejoras introducidas en la gestión de la Ley de Dependencia en aras de una mayor agilidad, equidad y sostenibilidad, así como tras asegurar la sostenibilidad y mejora de las pensiones, es necesario
profundizar en medidas que refuercen los derechos y el envejecimiento activo de las personas mayores.


Al mismo tiempo, en la línea del trabajo desarrollado durante la presente Legislatura, es necesario seguir reforzando el papel del Tercer Sector de Acción Social, pues su labor permite reforzar el apoyo a muchas familias que atraviesan
situaciones difíciles.


Después de destinar 3.000 millones de euros al pago de facturas de las Administraciones Publicas pendientes con estas entidades, de reforzar las subvenciones del IRPF destinadas a acción social y de impulsar tanto la participación como el
diálogo con estas organizaciones, es necesario adaptar el marco normativo a la realidad actual de estas entidades, así como del voluntariado.


Por todo lo expuesto, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Impulsar un Marco de Actuación para Personas Mayores que contemple las orientaciones que han de guiar el envejecimiento activo y la solidaridad intergeneracional adoptadas por el Consejo de la Unión Europea como complemento de la
Estrategia Europea 2020, de manera que se fortalezcan los derechos individuales y sociales de las personas mayores, su consideración como parte activa e indispensable de la sociedad y fomentar el respeto que todos les debemos. Con especial hincapié
en:


a) La promoción de la salud, la prevención de la dependencia y el fomento de la vida independiente.


b) Su participación en la sociedad, para evitar su aislamiento y proporcionarles oportunidades de aprendizaje permanente.


c) La prolongación voluntaria de la vida activa, en base a la experiencia de la vida laboral y del periodo previo a la jubilación.


d) La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres mayores, en especial el caso de aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.


2. Implementar y desarrollar la Ley de modificación del sistema de protección a la Infancia y a la Adolescencia dirigida a la actualización que precisa el marco legislativo puesto que La Ley de Protección Jurídica del Menor se aprobó hace
casi veinte años y en este tiempo se han producido cambios sociales significativos que afectan a los menores de edad. Con ello se perseguirán, entre otros, los siguientes objetivos:


a) Agilizar el acogimiento y la adopción con el objetivo de que los niños puedan contar con el amparo de una familia.


b) Reforzar la protección de las familias numerosas.


c) Reconocer a los menores como víctimas de violencia de género.


3. Impulsar la reforma de la Ley 6/1996, del 15 de enero, del voluntariado. Dos décadas después de la aprobación de esta norma, se hace necesario responder al contexto actual del voluntariado, establecer un marco de cooperación entre las
Administraciones, respetando los ámbitos competenciales en cada

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caso y potenciando el valor del voluntariado para la sociedad y para las personas, en especial las más vulnerables.


4. Impulsar la aprobación de la ley del Tercer Sector de Acción Social con el objetivo de:


a) Fortalecer la capacidad de las entidades sociales como interlocutores ante las Administraciones Públicas garantizando su participación en las políticas públicas.


b) Concretar los principios del Tercer Sector y contemple medidas que favorezcan su fortalecimiento y sostenibilidad.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación, formula la siguiente propuesta de
resolución.


Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2015.—Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Propuesta de resolución núm. 91


Dentro del conjunto de reformas que el Gobierno ha puesto en marcha en esta Legislatura, una de las de mayor trascendencia es la reforma de las Administraciones Públicas, y en particular, el conjunto de medidas que incluidas en el Informe de
la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA). Desde que se presentó el Informe, se ha trabajado intensamente en la ejecución de las 222 medidas propuestas y que, a fecha de hoy, ya cuenta con un alto grado de cumplimiento.
Las medidas de la CORA afectan a todos los ámbitos de la actividad de las Administraciones Públicas y son de diversa naturaleza, desde medidas normativas y regulatorias hasta iniciativas de mejora de la gestión administrativa.


El objetivo es conseguir una Administración más ágil y moderna, con procedimientos y mecanismos simples y sencillos, que permitan una fácil realización de los trámites administrativos. Especialmente, la sociedad demanda hoy en día una
Administración eficiente. No basta que los servicios públicos se presten de forma correcta, sino que es imprescindible que esa prestación se realice favoreciendo una gestión racional de los recursos y procurando la mayor calidad posible en los
servicios. Esto requiere la eliminación de solapamientos y duplicidades y la supresión de estructuras y costes innecesarios.


Con este objetivo, se ha prestado una particular atención al impulso de la Administración electrónica, con medidas normativas, organizativas y, sobre todo, con la puesta de nuevos mecanismos tecnológicos de relación con las empresas y los
ciudadanos, avanzando en la consecución de una Administración totalmente telemática, abierta las 24 horas del día, ágil y eficaz. Estos avances están siendo reconocidos por organismos internacionales, como la ONU, que en su Informe de 2014, sitúa a
España en el puesto número 12 de los 193 países analizados en el ámbito de la Administración electrónica.


Algunos ejemplos relevantes son la implantación del Portal Único de Empleo, el BOE a la carta, con servicios personalizados a través de códigos electrónicos y alertas, o la receta electrónica interoperable del Sistema Nacional de Salud, que
está sustituyendo el tradicional formato en papel, permitiendo dispensar los medicamentos en cualquier lugar, sin necesidad de presentar la receta físicamente. Estas medidas se están completando con otras como la creación de una base de datos de
tarjeta sanitaria, la implantación de la historia clínica digital interoperable, o del sistema la liquidación directa de ingreso de cuotas de la Seguridad Social.


También se ha actuado en la eliminación de duplicidades, especialmente entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, a partir del convencimiento de que, en un Estado descentralizado, los resultados de la reforma
precisan del esfuerzo de todas las Administraciones.


Son muchas, asimismo, las medidas que persiguen favorecer al mundo empresarial, avanzando en la contribución que las Administraciones Públicas puedan aportar en términos de competitividad. Desde la simplificación y reducción de cargas
administrativas, hasta, por ejemplo, el nuevo esquema para la creación de empresas, con la innovación del Portal «Emprende en 3».

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Y, por supuesto, destacan aquellas medidas en proceso de implantación, que pretenden fomentar la eficiencia del funcionamiento de la Administración y evitar la acumulación de estructuras administrativas innecesarias. Así, la racionalización
y reducción de organismos y empresas en todas las Administraciones (con la supresión de mas de 2.000 entidades), el avance en la centralización de contratos (antes dispersos en los distintos Ministerios u organismos) o la racionalización de la
política inmobiliaria del Estado (enajenando inmuebles sobrantes o eliminando arrendamientos innecesarios).


Muchas de las medidas de reforma deberán completarse decisivamente con la aprobación de un nuevo marco jurídico de las Administraciones Públicas. En primer lugar en lo que se refiere a las relaciones externas de la Administración, que se
regularán en una Ley de Procedimiento Administrativo, que presta una especial atención a la Administración electrónica, o al proceso de elaboración normativa. Y, en segundo lugar, respecto a la organización y relaciones internas y entre
Administraciones, que se regularán en una nueva Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, que pone su acento en la coordinación interadministrativa y en la simplificación, control y supervisión del llamado sector público institucional.


Las medidas de la CORA están produciendo ahorros relevantes para el Estado, las restantes Administraciones territoriales y para los administrados, pero, sobre todo, están sentando las bases de una nueva Administración enfocada al siglo XXI,
donde la prioridad es dar servicio y apoyo a los ciudadanos y a las empresas, creando un entorno que favorezca el crecimiento económico y el bienestar social.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación, formula la siguiente
propuesta de resolución:


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Profundizar en los avances logrados por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas en el impulso de la Administración Electrónica, la reducción de cargas administrativas para empresas y ciudadanos, la eliminación de
duplicidades y la eficiencia en el funcionamiento de los servicios.


2. Aprobar los anteproyectos de leyes de procedimiento administrativo y de régimen jurídico del sector público que han de definir un nuevo marco jurídico de las Administraciones Públicas.


3. Implantar en este ejercicio el sistema de subastas electrónicas, tanto judiciales, como notariales y administrativas en el «Boletín Oficial del Estado»; y avanzar en las adhesiones de departamentos del Estado y las Comunidades Autónomas
en la Plataforma de Intermediación de Datos para el intercambio de certificados y documentos, evitando así su aportación por los ciudadanos.


4. Completar la implantación de los proyectos de receta electrónica e historia clínica digital interoperable, así como impulsar la puesta en marcha de la tramitación telemática de nacimientos y defunciones desde los hospitales.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación, formula la siguiente propuesta de
resolución.


Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2015.—Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Propuesta de resolución núm. 92


España mantiene una posición muy firme en la lucha contra el fraude fiscal, fenómeno que pone en peligro la financiación del Sector Público, así como el cumplimiento de los principios de generalidad, justicia y equidad, inspiradores del
Sistema Tributario. En este ámbito, las modificaciones normativas a nivel doméstico son necesarias, pero no suficientes, para combatir estas conductas.


Por ello, desde el punto de vista internacional, España mantiene una participación muy activa en todos los proyectos que persiguen este objetivo: organismos tales como el G-20, la OCDE, la UE, o el Foro Global de Transparencia e Intercambio
de Información con Fines Fiscales. Entre dichos proyectos se encuentra el

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de BEPS (en inglés, «Base Erosion and Profit Shifting»), que persigue luchar contra el problema de la erosión de las bases imponibles y los traslados de beneficios en el ámbito fiscal a nivel internacional.


Asimismo, en el ámbito nacional, con la Ley 7/2012 se avanzó en la prevención y lucha contra este fenómeno, en base a la evolución de los comportamientos fraudulentos y la experiencia acumulada en la aplicación de la normativa tributaria,
con medidas como las limitaciones al uso de efectivo en determinadas transacciones económicas o la creación de la obligación de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero.


En esta misma línea, las reformas normativas que recientemente han entrado en vigor han incluido medidas que, directa o indirectamente, están encaminadas a la lucha contra el fraude. Cabe mencionar, por ejemplo, las modificaciones en la
calificación de determinados instrumentos financieros denominados «híbridos», o en materia de transparencia fiscal internacional u operaciones vinculadas, en el ámbito del Impuesto sobre Sociedades.


Sin perjuicio de estos avances, resulta necesario continuar trabajando en la mejora de la lucha contra el fraude, impulsando modificaciones normativas tendentes a potenciar el intercambio de información a nivel internacional, así como a
incorporar mejoras en la Ley General Tributaria, dirigidas a reforzar las posibilidades de actuación de la Administración Tributaria y potenciar la concienciación social en relación con los efectos del fraude fiscal respecto de la financiación del
sector público y a intensificar el reproche social hacia quienes no hacen efectivo el importe de sus deudas tributarias.


Asimismo, el fraude en el ámbito del empleo y la Seguridad Social supone una vulneración de los derechos de los trabajadores, pone en riesgo la viabilidad del estado del bienestar y constituye una fuente de competencia desleal que
distorsiona la asignación de recursos. El Estado debe luchar con todas sus fuerzas contra esta lacra, tanto mediante una buena regulación que genere los incentivos adecuados como mediante la persecución de estas conductas. El Gobierno aprobó en
2012 un Plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social que ha permitido aflorar desde entonces 252.822 empleos, además de otros logros importantes en este ámbito. Estos avances se deben a la gran labor de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social. Es posible reforzar la lucha contra el fraude dotando de nuevas herramientas a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social e impulsando la coordinación con otros organismos implicados los servicios autonómicos, las
Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado, la Fiscalía General del Estado y los Juzgados y Tribunales. Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
con motivo del Debate de Política General en torno al estado de la Nación, formula la siguiente propuesta de resolución para incentivar la agilización y transparencia en la aplicación del sistema tributario.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente


Propuesta de resolución


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la adopción de las siguientes medidas:


1. Modificar la Ley 58/2003, de 27 de diciembre, General Tributaria con el fin de:


a) Posibilitar la publicidad de situaciones de incumplimiento relevante de las obligaciones tributarias.


b) Regular la imposición de sanciones en casos de conflicto abusivo en la aplicación de la norma tributaria.


2. Potenciar el intercambio de información fiscal con otros Estados mediante las modificaciones normativas oportunas con el fin de perseguir el delito fiscal.


3. Acometer una reforma de la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que refuerce los instrumentos de lucha contra el fraude y les dote de mayor autonomía, permitiendo, a su vez, una mayor coordinación con las
Comunidades Autónomas, las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado, la Fiscalía General del Estado y los Juzgados y Tribunales.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación, formula la siguiente propuesta de
resolución.


Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2015.—Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Propuesta de resolución núm. 93


La crisis económica ha acarreado preocupantes consecuencias sociales, especialmente en los primeros años. Al inicio de la legislatura, España arrastraba ya el mayor aumento de la desigualdad de toda la OCDE, la pobreza había crecido 5 veces
más rápido que en la Unión Europea y el paro se había multiplicado por dos en la etapa socialista.


El Gobierno desplegó, desde el primer momento, una amplia agenda reformista orientada a devolver a España a la senda del crecimiento garantizando, al mismo tiempo, el mantenimiento y la sostenibilidad del Estado del Bienestar.


El impulso del Gobierno a las políticas centradas en las personas, como el Plan de Acción sobre la Estrategia Española de Discapacidad, el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2013/2016, el Plan Estratégico de Igualdad de
Oportunidades, la Estrategia de Juventud 2020 o la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer 2013/2016, conforman una Agenda Social en la que se continúa avanzando para asegurar que la recuperación económica se traduce
en una progresiva mejora del bienestar de los ciudadanos. En este sentido se ha puesto en marcha una amplia reforma fiscal que pondrá en manos de los españoles 9.000 millones de euros.


A las ayudas para las madres trabajadoras puestas en marcha en el año 2002, se han sumado en esta reforma nuevas deducciones para familias numerosas, descendientes o ascendientes con discapacidad, además de una mejora de los mínimos
familiares.


En el nuevo escenario de recuperación económica, es necesario seguir trabajando en la Agenda Social y en la extensión de los efectos de la mejora de la economía y el empleo


Además, es necesario seguir avanzando en el objetivo de convertir la igualdad legal entre mujeres y hombres en una igualdad real de oportunidades, incidiendo especialmente en la prevención de la violencia de género así como en la asistencia
y protección a las mujeres que la sufren y a sus hijos e hijas.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente


Propuesta de resolución


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:


1. Aprobar y desarrollar el Plan Integral de Apoyo a la Familia 2015-2017, articulando una política integrada, transversal y coherente de apoyo a la familia, como uno de los ejes de la acción política del Gobierno, en reconocimiento de las
funciones sociales fundamentales que desempeña. Los objetivos del Plan se orientarán a:


a) Avanzar en la protección social, jurídica y económica de las familias con medidas en el ámbito del empleo, la fiscalidad y las prestaciones sociales.


b) Favorecer la solidaridad intergeneracional y afrontar los retos sociodemográficos del envejecimiento y la baja natalidad.


c) Garantizar la cohesión social mediante el apoyo a familias en situaciones de especial necesidad o dificultad, como pueden ser las numerosas, monoparentales, en riesgo de exclusión social, con personas dependientes o con discapacidad,
mayores, enfermos crónicos o que padecen violencia intrafamiliar.


d) Facilitar la convivencia familiar mediante el fomento de la corresponsabilidad y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.


e) En este sentido y como continuación de la Reforma Fiscal, ampliar el derecho a deducción de 1.200 € anuales a las familias monoparentales formadas por un progenitor y dos hijos.


f) Poner en marcha además, una bonificación del 100% en la cotización por contingencias comunes a la Seguridad Social de trabajadores autónomos durante 1 año cuando precisen reducir eventualmente

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su jornada por cuidado de hijos menores de 7 años o de personas mayores en situación de dependencia reconocida, siempre que contraten a un trabajador que les sustituya y permita el mantenimiento de la actividad.


2. Avanzar en la consecución de la igualdad real y efectiva de oportunidades entre mujeres y hombres con la aprobación de un Plan Especial para Igualdad de Mujeres y Hombres en el Ámbito Laboral y contra la Discriminación Salarial, con el
objetivo de garantizar la igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el empleo y de prevenir y corregir la brecha salarial de género, mejorando para ello el conocimiento de las desigualdades retributivas y de sus causas.


3. Aprobar un Plan de Promoción de las Mujeres de Medio Rural, contemplando, entre otros, los objetivos de mejorar su inclusión sociolaboral, favorecer su participación económica, e impulsar su presencia en órganos directivos de
cooperativas rurales, organizaciones agrarias y pesqueras, y grupos de acción local.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación, formula la siguiente propuesta de
resolución.


Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2015.—Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Propuesta de resolución núm. 94