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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 623, de 05/03/2015
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 623, de 05/03/2015
La educación es la base del futuro de los países, porque de ella dependen
las posibilidades de realización de las personas y sus oportunidades para
construir un proyecto de vida y una carrera profesional. Garantizar el
acceso a la educación es la base de la igualdad de oportunidades y la
cohesión social de un país.
Por este motivo es imprescindible que España disponga de un sistema
educativo inclusivo, que no aboque a los alumnos a su abandono por la
falta de expectativas o de una atención adecuada a sus necesidades, que
se base en la libertad de elección y de opción, y que permita a las
personas desarrollar su pleno potencial.
Para lograr un sistema educativo que permita realmente la adquisición de
competencias y conocimientos y, en consecuencia, acceder a un empleo en
el futuro, los estudiantes tienen que encontrar una oferta educativa de
calidad, adaptada a sus necesidades en todos los niveles del sistema.
Por los motivos anteriormente expuestos el Congreso de los Diputados insta
al Gobierno a:
1. Continuar implantando y desarrollando las reformas necesarias para la
reducción del abandono educativo temprano y para la mejora de la calidad
educativa.
2. Potenciar la Formación Profesional en el sistema educativo español y,
en particular, los proyectos de Formación Profesional dual, que combinan
formación y empleo, en colaboración con las Comunidades Autónomas.
3. Seguir potenciando la internacionalización de las universidades
españolas y el desarrollo de un sistema universitario adaptado al Espacio
Europeo de Educación Superior y dirigido a favorecer la mejor formación
posible para los alumnos y fomentar la creación y atracción de talento.
En este contexto, se insta a llevar a cabo las acciones definidas en la
Estrategia de Internacionalización y seguir avanzando en el proceso de
internacionalización de las universidades españolas, en colaboración con
la comunidad universitaria.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo
197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del
debate de política general en torno al Estado de la Nación, formula la
siguiente propuesta de resolución.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2015.Rafael
Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Propuesta de resolución núm. 95
El Gobierno ha conseguido dar un giro de 180 grados al mercado laboral, el
mayor reto que se encontró al iniciar la Legislatura en diciembre de
2011:
Se ha frenado el incremento de parados, ya que en diciembre de 2011, el
número de parados crecía a un ritmo del 7,9% anual y, en estos momentos
se reduce en un 6,0%.
La economía española ha vuelto a crear empleo: en diciembre de 2011, se
destruía empleo a un ritmo del 2% anual y, ahora, se crea empleo con una
tasa interanual del 2,5%.
Además, en diciembre de 2011, la contratación indefinida se reducía a un
ritmo del 29,5% anual y, en este momento, aumenta con una tasa
interanual del 22,2%; tres de cada cuatro trabajadores asalariados cuenta
con un contrato indefinido.
Sin embargo, la mayoría parlamentaria que sostiene al Gobierno es
consciente de que la principal preocupación del país y la mayor prioridad
de la agenda reformista debe ser continuar impulsando la creación de
empleo, con carácter estable y de calidad. Todavía quedan más de cuatro
millones de personas en desempleo, buena parte de ellos desempleados de
larga duración. Hay que recordar que en febrero de 2014 se puso en marcha
una tarifa plana de 100 euros para las nuevas contrataciones indefinidas
dirigida al empleo estable, que ha permitido que 204.586 personas
encuentren un empleo indefinido.
El 31 de marzo expira la vigencia de esta medida y, una vez consolidada la
tendencia a crecimientos relevantes de la contratación indefinida,
conviene concentrar el esfuerzo en los trabajadores más vulnerables, es
decir, en aquellos que tienen más dificultades en encontrar un empleo
estable, como son los jóvenes sin experiencia laboral, parados de larga
duración o trabajadores que carecen de cualificación o formación.
Conviene tener en cuenta, además, que una sistematización y armonización
de las amplias posibilidades de bonificaciones y reducciones de cuotas a
la Seguridad Social así como los incentivos al autoempleo, contribuiría a
facilitar el proceso de contratación de trabajadores, proporcionaría una
mayor seguridad jurídica a las empresas, especialmente a las PYME y
permitiría armonizar los requisitos y obligaciones legales para dotar de
una mayor simplicidad y coherencia al sistema.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente
Propuesta de resolución
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Establecer un mínimo exento de cotización a la Seguridad Social de 500
a la contratación indefinida de nuevos trabajadores que supongan la
creación de empleo neto. Esta reducción de cotización no tendrá impacto
en la generación de derechos de prestaciones para el trabajador.
2. Sistematizar y armonizar las bonificaciones y las reducciones de cuotas
a la Seguridad Social así como el conjunto de incentivos al autoempleo.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo
197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del
debate de política general en torno al estado de la Nación, formula la
siguiente propuesta de resolución.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2015.Rafael
Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Propuesta de resolución núm. 96
La situación de la economía española ha experimentado un gran cambio en
esta legislatura. Gracias a las reformas económicas puestas en marcha
hemos dejado atrás la larga recesión y se han superado los desequilibrios
que lastraban nuestra capacidad de crecimiento, entre ellos la
preocupante pérdida de competitividad, que se traducía en la caída de la
actividad económica, la destrucción de tejido productivo y la de puestos
de trabajo.
La mejora de la competitividad explica el comportamiento del sector
exterior, que ha sido extraordinariamente positivo en los últimos años.
El peso de las exportaciones de bienes y servicios en la actividad
económica ha crecido en España más que en todas las economías del G7
desde el año 2009, de modo que a día de hoy ya supera el de todas ellas,
con la única excepción de Alemania. Además, hemos asistido a una fuerte
diversificación de nuestros mercados de destino.
A lo largo de 2014, el Gobierno ha adoptado importantes iniciativas de
apoyo a nuestro sector exterior mejorando la eficacia y la coordinación
de los instrumentos de internacionalización, y su capacidad de competir,
en línea con los objetivos y medidas contenidos en el Plan Estratégico de
Internacionalización de la Economía Española. A ello también han
contribuido reformas las reformas estructurales acometidas en el ámbito
financiero o en sectores como la energía.
Por último, la política de investigación e innovación es un elemento
fundamental para la mejora de la competitividad y el progreso de un país.
A lo largo de esta Legislatura, el Gobierno también ha impulsado medidas
y reformas que han permitido alinear nuestro sistema de I+D+i con los
objetivos y prácticas europeas concretados en el programa europeo
Horizonte 2020 y que se ponen de manifiesto en la Estrategia Española de
Ciencia y Tecnología y de Innovación.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente
Propuesta de resolución
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Seguir trabajando para mejorar y diversificar los canales de
financiación de las empresas, en especial, las pymes, haciendo más
flexible el acceso al crédito bancario y desarrollando medios
alternativos de financiación.
2. Contribuir desde el sector público a un sistema más racional de
fijación de precios y a la mejora de la competitividad, mediante el
desarrollo de la futura Ley de Desindexación, que evitará actualizaciones
automáticas e injustificadas de los precios.
3. Avanzar en la aplicación de los principios de unidad de mercado
acometiendo las reformas y adaptaciones precisas para este fin.
4. Continuar diversificando los mercados de destino, actualizando y dando
el seguimiento adecuado a los Planes Integrales de Desarrollo de Mercados
e impulsando, en el seno de la política comercial de la UE, acuerdos de
libre comercio con países de interés estratégico para España, en especial
con EE.UU, con el que la Unión Europea está negociando un acuerdo para
establecer la Asociación Transatlántica sobre el Comercio y la Inversión.
5. Seguir defendiendo los intereses de las empresas españolas, mediante la
gestión de los instrumentos de defensa comercial y uso de los mecanismos
disponibles en la Unión Europea, organización Mundial de Comercio y OCDE.
6. Apoyar la consolidación de la presencia en mercados internacionales de
las empresas españolas.
7. Continuar mejorando y afianzando los instrumentos financieros de apoyo
a la internacionalización, aumentando su coordinación y eficacia.
8. Desarrollar la Ley de Apoyo a los Emprendedores y su
Internacionalización con el objetivo de impulsar el capital humano, la
atracción de talento y la innovación.
9. Procurar, teniendo en cuenta la senda de consolidación presupuestaria,
potenciar la financiación de actividades de I+D+i, en particular para
favorecer la investigación, la generación de conocimiento y la innovación
mediante el apoyo estable de los centros y equipos de investigación
punteros con proyectos de máxima calidad.
10. Favorecer el mantenimiento e incorporación de recursos humanos
altamente cualificados al Sistema de I+D+i, con programas que favorezcan
la atracción y estabilización del talento.
11. Incentivar la I+D+i empresarial, con el fin de fomentar la
participación privada en la financiación y ejecución de I+D,
especialmente de las PYMES. Apoyar nuevas iniciativas lideradas por las
empresas en áreas estratégicas que permitan aumentar la conexión y
movilidad entre los agentes públicos y privados y consoliden las
relaciones entre las entidades generadoras de conocimiento y el tejido
productivo y favorecer especialmente a las PYMES innovadoras a través de
las convocatorias de proyectos.
12. Impulsar una política energética que permita:
a) Interconectar suficientemente la península ibérica para completar el
desarrollo del mercado interior y hacer compatible el desarrollo de
energías renovables con un precio competitivo de la energía.
b) Estudiar proyectos concretos que permitan incrementar la interconexión
eléctrica entre la península Ibérica y Francia a la mayor brevedad
posible bajo supervisión de la Comisión Europea, y con el compromiso
entre los Operadores técnicos de los sistemas eléctricos de España,
Francia y Portugal para hacer efectivo el compromiso del Consejo Europeo
de tomar las medidas necesarias que permitan incrementar, a la mayor
brevedad posible, el nivel de interconexión eléctrica de la península
Ibérica con el resto de la UE, a través del acuerdo de Francia, España y
Portugal (junto con la Comisión Europea), respecto a qué proyectos
defender de forma conjunta para beneficiarse de la financiación del Plan
Juncker (y de fondos comunitarios).
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo
197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del
debate de política general en torno al estado de la Nación, formula la
siguiente propuesta de resolución.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2015.Rafael
Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Propuesta de resolución núm. 97
Como consecuencia de la grave crisis económica sufrida por España, ha
aumentado significativamente el número de los pequeños empresarios,
autónomos y familias que tienen dificultades para hacer frente a sus
deudas. El sector privado arrastraba un elevado endeudamiento, difícil de
sostener y que precisa medidas para facilitar su reducción ordenada, de
la forma menos traumática y más eficiente posible.
Desde la entrada en el euro hasta el año 2010, el sector empresarial (no
financiero) multiplicó por más de 2 su endeudamiento en términos de PIB,
pasando del entorno del 60% de deuda sobre PIB al 134% en el año 2010. En
este mismo periodo, el endeudamiento de los hogares se duplicó en
términos de PIB, pasando del entorno del 40% hasta el 83%.
Desde entonces, el sector empresarial ha reducido su endeudamiento en 24
puntos porcentuales del PIB hasta un nivel del 110% (todavía por encima
de la media de la zona euro). En el caso de los hogares, la reducción del
endeudamiento ha sido de 11 puntos porcentuales del PIB, situándose en el
72%.
Asimismo, la crisis económica provocó que los deudores hipotecarios en
nuestro país se encontraran ante dificultades para hacer frente a sus
deudas, lo que podía implicar la pérdida de la vivienda hipotecada.
El Gobierno, ya a comienzos de 2012, puso en marcha medidas urgentes para
responder a esta situación, entre ellas el Código de Buenas Prácticas,
permitiendo que los colectivos más vulnerables pudieran afrontar su
difícil situación a través de la reestructuración de su deuda o incluso
de la dación en pago.
Del mismo modo, ya la Ley de Emprendedores, aprobada en 2013, prevé
medidas dirigidas a los pequeños empresarios acuciados por las deudas.
Ahora que la recuperación económica abre nuevas oportunidades, es si cabe
más necesario profundizar lo ya hecho con medidas decididas, que
habiliten nuevas oportunidades para que empresarios, emprendedores y
familias puedan hacer frente a su endeudamiento con mayor facilidad,
superar las consecuencias de proyectos fallidos y afrontar el futuro sin
la losa de las deudas que no son capaces de asumir y de las que hasta
ahora no se han podido liberar.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente
Propuesta de resolución
Por todo lo anterior, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Adoptar nuevas medidas encaminadas a los autónomos, las pymes y las
personas naturales, mejorando el diseño y funcionamiento del acuerdo
extrajudicial de pagos para que hogares y empresas tengan una oportunidad
de reestructurar y reducir su endeudamiento antes de recurrir al
procedimiento concursal.
2. Promover una habilitación para que, cuando estos acuerdos no sean
posibles, las personas naturales puedan liberar las deudas que queden
impagadas tras ejecutar las garantías y sus bienes, dando una segunda
oportunidad a los deudores de buena fe.
3. Reducir el plazo de prescripción de las acciones de reclamación de
deudas, para adaptarlo a los cambios en las formas de notificación que se
han producido, y permitir que las familias y empresas no tengan que vivir
pendientes de una deuda que no se ha reclamado en quince años.
4. Reformar el Código de Buenas Prácticas para permitir que se beneficien
un mayor número de familias. Asimismo, promover la inaplicación de las
cláusulas suelo para este mismo colectivo, de forma que puedan afrontar
más fácilmente el pago de la hipoteca.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo
197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del
debate de política general en torno al estado de la Nación, formula la
siguiente propuesta de resolución.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2015.Rafael
Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Propuesta de resolución núm. 98
España ha sido elegida a un puesto de miembro no permanente del Consejo de
Seguridad para el bienio 2015-2016. Una de las razones del éxito de la
campaña española ha sido el elevado compromiso, la alta participación y
la buena coordinación entre todos los Departamentos Ministeriales, la
Presidencia del Gobierno, la Jefatura del Estado y el Poder Legislativo.
Todos los grupos parlamentarios han apoyado la candidatura y muchos de
sus miembros se han involucrado activamente en la campaña, que constituye
por lo tanto un éxito colectivo.
Es deseable que este consenso entre las fuerzas y grupos políticos se
mantenga durante todo el bienio, y que el cambio de legislatura no afecte
a las obligaciones de nuestro país con el mantenimiento de la paz y
estabilidad internacionales ni a los compromisos asumidos durante nuestra
campaña. La política de seguridad y defensa, como primordial política de
Estado, también ha de implicar debates constructivos y búsqueda de
acuerdos básicos.
España es miembro del Consejo de Seguridad en un momento en que confluyen
amenazas particularmente graves para la paz y seguridad internacionales y
para la estabilidad de nuestra región.
Las Fuerzas Armadas españolas llevan 26 años prestando servicios bajo la
bandera de Naciones Unidas. Ello es una demostración indiscutible del
compromiso del firme compromiso de España con la paz y la seguridad
internacionales.
Por otra parte, también España contribuye a los esfuerzos de la Comunidad
Internacional para dar respuesta a las crisis y amenazas en el marco de
la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y de la Unión
Europea (Política Común de Seguridad y Defensa). Junto con la ONU, ambas
organizaciones constituyen elementos clave de la arquitectura de
seguridad internacional y España, como miembro de ambas, impulsa su
desarrollo, tanto desde el punto de vista institucional como operativo.
El contexto actual se caracteriza por la existencia de un arco de
inseguridad que rodea el continente europeo.
La crisis de Ucrania constituye la mayor amenaza para la paz y la
seguridad en Europa de las últimas décadas, tanto por la secesión y
posterior anexión a Rusia de Crimea y Sebastopol, como por la rebelión
secesionista de la región de la cuenca del Don. La OSCE ha desempeñado un
importante papel de mediación y observación en el conflicto, mientras se
han sucedido distintas iniciativas en favor de la paz; el denominado
formato de «Normandía» (con la participación de Francia, Alemania, Rusia
y Ucrania),
alcanzándose el pasado septiembre los Acuerdos de Minsk, refrendados y
completados este mes de febrero en la misma ciudad.
Estos Acuerdos han sido apoyados por la UE y endosados por el Consejo de
Seguridad el pasado 17 de febrero a través de la Resolución 2202
En Oriente Próximo se yuxtaponen distintos conflictos de impredecibles
consecuencias para la región y para la seguridad global.
El conflicto árabe-israelí es el más antiguo de todos ellos. Urge impulsar
una paz duradera fundada en la solución de dos Estados, Israel y
Palestina, conviviendo en paz, seguridad y prosperidad. El Consejo de
Seguridad debe contribuir al desbloqueo de la situación. Resulta también
necesario que la Comunidad Internacional proteja la viabilidad de la
solución de dos Estados.
El terrorismo internacional es una de las amenazas de mayor envergadura
para la paz y la seguridad internacionales. La lucha global para poner
fin al terrorismo perpetrado por el autodenominado Estado Islámico en
Irak y Siria (DAESH en sus siglas en árabe), así como por otros grupos
terroristas de la región, constituye otro de los grandes retos a los que
debemos hacer frente. España es miembro activo de la Coalición Global
contra DAESH que agrupa a más de 60 Estados y organizaciones
Internacionales, incluidos la mayor parte de los Estados árabes.
La guerra en Siria ha provocado desde 2011 más de 200 000 víctimas y un
flujo masivo de desplazados y refugiados. España defiende una solución
basada en un acuerdo entre el Gobierno y la oposición para la
constitución de un gobierno de unidad nacional que complete una
transición política, de conformidad con el Comunicado de Ginebra de 2012.
Asimismo, España ha tratado de promover el diálogo entre la oposición
moderada siria a través del Proceso de Córdoba; y lidera en el Consejo de
Seguridad las cuestiones humanitarias.
El Gobierno de Iraq ha solicitado el apoyo internacional para combatir a
DAESH, que ocupa una parte importante de su territorio. En el contexto de
su participación en la Coalición Global contra DAESH, España está
formando unidades del ejército iraquí para mejorar sus capacidades y
apoya las políticas incluyentes del actual gobierno iraquí como vía para
consolidar la unidad nacional y combatir más eficazmente a DAESH.
España preside los Comités que en el Consejo de Seguridad vigilan el
cumplimiento y promueven las obligaciones en materia de no proliferación
nuclear. En Irán la solución de la cuestión nuclear contribuiría a
generar una dinámica regional de mayor confianza y estabilidad Irán es
un interlocutor ineludible en la región con repercusiones positivas para
el conjunto de la comunidad internacional.
En Libia asistimos a un deterioro de la seguridad, una fuerte crisis
institucional con la aparición de dos gobiernos y dos parlamentos rivales
y la extensión del terrorismo radical, incluido el de DAESH en diversas
zonas del país. La mediación del Representante Especial de Naciones
Unidas, Bernardino León, intenta un acuerdo de alto el fuego y la
constitución de un gobierno de unidad nacional que permita al país
retomar la senda de la transformación democrática y recuperar la
estabilidad. España está comprometida con los esfuerzos encaminados a una
Libia en paz y democrática y se ha ofrecido a albergar una conferencia
internacional una vez que haya un acuerdo para un gobierno de unidad, que
muestre el apoyo internacional para consolidar las bases de un proceso
político inclusivo.
En la cuestión del Sáhara Occidental España como miembro no permanente
del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y como miembro activo del
Grupo de Amigos sigue apoyando la labor de Naciones Unidas, de su
Secretario General y de su Enviado Especial que acaba de realizar una
nueva gira a la región en la que ha visitado Rabat, Nuakchott, Argel y
Tinduf, así como Madrid. Asimismo, España apoya la búsqueda de una
solución política justa, duradera y mutuamente aceptable, que prevea la
libre determinación del pueblo del Sahara Occidental en el marco de los
principios y propósitos de la Carta de Naciones Unidas.
Por los motivos expuestos, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno
a promover las siguientes acciones, en particular en el marco de la
pertenencia de España al Consejo de Seguridad durante el bienio
2015-2016:
1. A mantener y reforzar el compromiso con el multilateralismo y con los
propósitos y principios de las Naciones Unidas.
2. A promover activamente en el seno del Consejo de Seguridad los
objetivos estratégicos priorizados durante nuestra campaña, en
particular: la diplomacia preventiva; el mantenimiento y la consolidación
de la paz; la protección de civiles y el respeto del Derecho
Internacional Humanitario; la promoción y protección
de los derechos humanos; la no proliferación nuclear y el desarme,
particularmente desde la presidencia de los tres Comités del Consejo de
Seguridad con competencias en materia de no proliferación; la lucha
contra el terrorismo; el tratamiento de los nuevos desafíos globales a la
paz y la seguridad; la lucha contra la delincuencia organizada
transnacional; o la consideración de la cooperación al desarrollo como un
instrumento preventivo al servicio de la paz y la seguridad.
3. A colaborar con la Unión Europea en el pleno desarrollo de la política
común de seguridad y defensa. A este fin contribuiremos a la redacción de
una nueva estrategia común, que sirva de base para orientar el desarrollo
y puesta en común de capacidades así como para reforzar la industria
europea de defensa.
4. A proseguir los trabajos encaminados al cumplimiento de los objetivos y
compromisos suscritos en la Cumbre de la OTAN de Newport, garantizando la
defensa de los aliados frente a cualquier amenaza
5. A continuar desarrollando las relaciones de colaboración en el ámbito
bilateral con la finalidad de reforzar la seguridad mutua, con especial
énfasis en la región mediterránea y las áreas más cercanas a este.
6. A seguir comprometidos con el mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales y las operaciones de imposición de la paz. Para ello,
nuestras Fuerzas Armadas seguirán participando en los operativos
internacionales destinados a evitar o detener los conflictos, para lo que
seguirán debiendo contar, como hasta ahora, con la autorización de las
Cortes Generales.
7. A trabajar por incrementar la eficacia de las Operaciones de
Mantenimiento de la Paz (OMP) y las Misiones Políticas Especiales (MPE),
con mandatos robustos (especialmente en materia de protección de
civiles), adecuados al contexto, precisos y realistas; así como recursos
apropiados para su cumplimiento y a mantener un diálogo regular y
sustantivo con los países contribuyentes de tropas.
8. A agilizar, acelerar y asegurar el proceso de transformación de las
Fuerzas Armadas, construyendo una fuerza conjunta alistada y eficaz para
operaciones permanentes y de reacción, con capacidades adaptadas al marco
estratégico.
9. A mantener la defensa de la soberanía e integridad territorial de
Ucrania; a continuar apoyando firmemente los Acuerdos de Minsk, urgiendo
a las partes al estricto cumplimiento del alto el fuego y de todas sus
disposiciones; a continuar fomentando la vía de firmeza y apertura al
diálogo adoptada por la UE; a impulsar el papel de la OSCE para asegurar
el cumplimiento de los acuerdos alcanzados; y a continuar la línea
marcada por las Resoluciones del CSNU, endosando los Acuerdos de Minsk y
exigiendo la estricta observancia del alto el fuego.
10. A mantener y reforzar el compromiso de España con una paz justa y
duradera en Oriente Próximo basada en la solución de dos Estados, Israel
y Palestina, en el marco de los parámetros fijados por esta Cámara en su
proposición no de Ley de 18 de octubre de 2014. Y para ello a
intensificar los esfuerzos, muy especialmente dentro del Consejo de
Seguridad, para que las partes vuelvan a la mesa de negociaciones; a
continuar trabajando por preservar la viabilidad de la solución de los
dos Estados.
11. A seguir apoyando los esfuerzos de la Comunidad Internacional en la
lucha contra el terrorismo, particularmente en el marco de nuestra
participación en la Coalición Global contra DAESH.
12. A promover el diálogo intercultural e interreligioso a través del
apoyo y la promoción de sinergias entre instituciones como la Alianza de
Civilizaciones de Naciones Unidas, el Centro Rey Abdullah para el Diálogo
Intercultural e Interreligioso de Viena, la Unión para el Mediterráneo,
la Fundación Ana Lindh y otras iniciativas coincidentes en el ámbito
mediterráneo, en el marco del XX aniversario de la Declaración de
Barcelona este año.
13. A continuar contribuyendo a los esfuerzos internacionales a favor de
una solución política para Siria, y a trabajar en la supervisión de la
inutilización de instalaciones de producción de armas químicas, así como
en la facilitación del acceso de ayuda humanitaria.
14. A mantener un apoyo continuado al Gobierno de unidad nacional en Iraq,
participando en las iniciativas que fomenten la inclusión de las
diferentes comunidades con vistas a fortalecer un proyecto común de
convivencia desde el que hacer frente a la amenaza terrorista.
15. A apoyar los esfuerzos de la comunidad internacional en las
negociaciones nucleares con Irán, particularmente desde la presidencia
del Comité de Sanciones sobre Irán del Consejo de Seguridad, con el
objetivo de avanzar hacia un Oriente Próximo libre de armas nucleares.
16. A mantener la defensa de la independencia, la soberanía y la
integridad territorial de una Libia democrática e inclusiva, apoyando la
mediación dirigida por el Representante Especial del Secretario General
de Naciones Unidas, Bernardino León, para facilitar una solución política
a la actual crisis de seguridad e institucional; a seguir participando en
los esfuerzos internacionales y del Consejo de Seguridad
en favor de una solución política al conflicto; y a continuar el diálogo
con los países vecinos y otros socios relevantes para mantener la unidad
de la comunidad internacional sobre Libia.
17. A apoyar la búsqueda de una solución política justa, duradera y
mutuamente aceptable, que prevea la libre determinación del pueblo del
Sahara Occidental en el marco de los principios y propósitos de la Carta
de Naciones Unidas.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo
197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del
debate de política general en torno al Estado de la Nación, formula la
siguiente propuesta de resolución.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2015.Rafael
Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Propuesta de resolución núm. 99
En la actual Legislatura se ha hecho un importante esfuerzo para gestionar
de manera eficiente las infraestructuras y los servicios de transporte.
Se trata de gestionar los recursos públicos con responsabilidad, siempre
bajo principios de eficacia, productividad económica, rentabilidad social
y equilibrio y cohesión territorial. En definitiva, lo importante es
invertir con criterio, pensando siempre en las necesidades de los
ciudadanos.
El Gobierno ha apostado por la viabilidad y la sostenibilidad de las
infraestructuras de transporte desde una planificación adecuada, capaz de
dar respuesta a la demanda real.
Gracias a ello, en estos tres años se han conseguido importantes logros
que han modernizado las infraestructuras y los servicios de transporte.
En carreteras, se han priorizado las actuaciones que permiten dar
continuidad a los grandes ejes viarios estratégicos. Por ejemplo, hoy se
puede viajar desde Faro, Portugal, hasta Alemania, atravesando España por
vías de alta capacidad, al haber puesto en servicio los últimos tramos
pendientes de la autovía del Cantábrico A-8 en Galicia y Asturias.
De igual modo, en el caso del ferrocarril, se ha facilitado el acceso a
mejores servicios a un mayor número de ciudadanos, destacando la puesta
en servicio de las nuevas líneas de alta velocidad hasta Figueres y
Alicante.
En lo referente al transporte ferroviario de viajeros, han dado comienzo
los servicios internacionales de alta velocidad con Francia. Además, se
están acometiendo reformas estructurales que posibilitarán una mayor
oferta de servicios, con precios más competitivos; y que incrementarán la
utilización del transporte ferroviario.
Y, en el caso del transporte ferroviario de mercancías, Renfe-Mercancías
está dando importantes pasos para transformar el servicio de transporte
en un completo servicio logístico.
En las infraestructuras portuarias, se han concluido relevantes
actuaciones, tales como la terminal de El Prat, en Barcelona; las obras
de Punta Langosteira, en A Coruña; o las obras en Isla Verde Exterior, en
Algeciras.
Asimismo, en el ámbito aeroportuario se han producido importantes avances,
como la inauguración de la segunda pista en el Aeropuerto de Málaga-Costa
del Sol, el nuevo hub de una importante compañía aérea española en el
Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, o la ampliación de los edificios
terminales de Gran Canaria y Vigo.
Estas actuaciones posibilitan que las infraestructuras y los servicios de
transporte contribuyan a la recuperación económica. Como muestra, en
2014, el tráfico por carretera ha crecido casi un 3%; Renfe ha tenido 468
millones de viajeros, de los que 29 millones han sido en Alta Velocidad y
Larga Distancia, lo que supone un incremento del 16%; AENA ha tenido 196
millones de pasajeros, con un crecimiento del 4,5%; y los puertos de
titularidad estatal han conseguido mover 482 millones de toneladas, lo
que significa un incremento de más del 5%.
Para tener idea de su importancia, considerando empleos directos,
indirectos e inducidos, se estima que casi 1.300.000 personas trabajan en
el sector de las infraestructuras y los servicios de transporte.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente
Propuesta de resolución
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Proseguir en 2015 la labor de impulso desarrollada durante esta
Legislatura para la mejora y modernización de la Red de Carreteras del
Estado, con el objetivo de culminar el cierre de itinerarios estratégicos
de transporte para España, como la autovía A-8 en Cantabria, la autovía
A7 en Andalucía, o la autovía A-66 entre Benavente y Zamora, así como
para la finalización de obras emblemáticas y de gran importancia y
magnitud, como el Nuevo Puente sobre la Bahía de Cádiz.
2. Seguir avanzando en la finalización de las obras de infraestructuras de
la red de alta velocidad ferroviaria que se encuentran en ejecución, con
el objetivo de incrementar significativamente el número de viajeros en
alta velocidad en los próximos años y conseguir este año 2015 mejoras de
tiempos en más de 25 conexiones ferroviarias.
3. Continuar con la reestructuración de Renfe-Mercancías para procurar
oportunidades de mejora en la eficiencia de su actividad.
4. Continuar trabajando en el desarrollo e implantación del paquete de
medidas para la mejora del sector ferroviario, entre las que se encuentra
hacer efectiva la implantación de la Agencia Estatal de Seguridad
Ferroviaria a partir del 1 de abril de este año.
5. Mejorar la competitividad de los puertos de interés general, como
factor estratégico para la economía española y su capacidad exportadora,
a través de:
a) La puesta en marcha del Fondo financiero de accesibilidad terrestre
portuaria, una fórmula financiera que permitirá a las Autoridades
Portuarias participar en la financiación de sus accesos fuera de la zona
de servicio portuaria, mejorar la conectividad terrestre y, en especial,
los accesos ferroviarios a los puertos, incrementando los niveles de
inversión, para superar las debilidades de conectividad que condicionan
la capacidad de crecimientos de nuestros puertos.
b) Potenciar la colaboración público-privada en los puertos, con modelos
ajustados a los estándares europeos, de manera que los inversores
privados puedan afrontar las necesidades inversoras que exige la
operativa portuaria, facilitándoles la captación de capital y la
amortización de sus inversiones y, a la vez, pudiendo ofrecer mejores
precios a los usuarios.
c) Continuar el proceso de reducción de los costes portuarios, tanto
públicos como privados, favoreciendo medidas de mayor eficiencia.
d) Mejorar la coordinación de los controles en frontera en los puertos
(aduaneros, sanitarios, de calidad comercial, de seguridad industrial y
otros), para conseguir una mayor eficiencia de los servicios de
inspección.»
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo
197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del
debate de política general en torno al Estado de la Nación, formula la
siguiente propuesta de resolución.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2015.Rafael
Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Propuesta de resolución núm. 100
La duración y profundidad de la crisis económica ha provocado que un
amplio número de desempleados encuentre graves dificultades para
recuperar un empleo. Si bien la situación está cambiando a medida que
avanza la recuperación, las Administraciones Públicas tienen la
obligación de facilitar y acelerar su proceso de búsqueda activa de
empleo e inserción a través de servicios de empleo de calidad, que
atiendan ampliamente las necesidades de los ciudadanos.
El Gobierno ha impulsado a lo largo de esta Legislatura una profunda
reforma de las políticas activas de empleo que es necesario culminar y
consolidar. Es necesario avanzar en dos ámbitos:
Por un lado, concluir una nueva definición de la programación y
coordinación de las actuaciones de los distintos servicios de empleo.
Para ello, una vez aprobado el reglamento de los servicios públicos de
empleo, debe continuarse en el desarrollo de la Estrategia Española de
Activación para el Empleo 2014-2016.
Por otro lado, la formación de los trabajadores activos, ocupados o
desempleados, es un elemento esencial para aumentar las oportunidades de
inserción laboral y apostar por competir en talento en la economía global
actual. Para favorecer el trabajo de calidad es necesario asegurar una
formación de calidad.
Así, la formación para el empleo ha de responder adecuadamente a las
necesidades del sistema productivo, incrementar la empleabilidad de los
trabajadores de forma efectiva y contribuir a incrementar la
competitividad de la economía española. Para ello, su gestión debe ser
transparente y orientarse a resultados.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente
Propuesta de resolución
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar una reforma
sistemática del sistema de formación para el empleo de acuerdo a los
siguientes principios:
1. Definir y desarrollar un sistema que asegure la calidad en los
contenidos, concurrencia competitiva, eficiencia en la gestión y eficacia
en términos de resultados. Para ello, es necesario delimitar un sistema
de reparto eficiente de responsabilidades, entre las Administraciones y
agentes implicados en la Formación Profesional para el Empleo.
2. Impulsar una evaluación permanente de la calidad y del impacto real de
la formación en términos de mejora en el desempeño en el puesto de
trabajo o de inserción laboral y mantenimiento del empleo.
3. Promover nuevas fórmulas que permitan favorecer el acceso a la
formación para el empleo, tales como una «cuenta-formación» que acompañe
al trabajador a lo largo de su carrera profesional y el establecimiento
de un «cheque-formación» que permita a un desempleado elegir la entidad
de la que recibe formación, habilitando, para ello, los mecanismos de
información y seguimiento necesarios.
4. Impulsar la regulación de la teleformación permitiendo, entre otras
cuestiones, superar las limitaciones de un calendario formativo
condicionado por la tramitación administrativa.
5. Favorecer la creación, dentro de la Inspección de Trabajo, de una
Unidad Especial de lucha contra el fraude para el seguimiento y control
de las actividades de formación con capacidad efectiva de sanción por
irregularidades en este ámbito y el refuerzo de las sanciones para
combatir el fraude.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo
197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del
debate de política general en torno al Estado de la Nación, formula la
siguiente propuesta de resolución.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2015.Rafael
Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Propuesta de resolución núm. 101
La consolidación de la recuperación económica exige continuar reforzando
el apoyo a los diferentes sectores de la economía española, en particular
la industria, en términos generales, el turismo o el sector
agroalimentario.
En España y en la Unión Europea la necesidad de conseguir un sector
industrial sólido se ha convertido en un objetivo irrenunciable.
Es necesario continuar impulsando reformas estructurales, como la reforma
laboral o la energética, así como avanzar en el impulso de programas de
fomento de la competitividad y de apoyo a actuaciones de
reindustrialización con instrumentos financieros flexibles adaptados a
las necesidades de nuestra industria que puedan ser puestos a disposición
de las empresas durante todo el año.
Del mismo modo, es necesario favorecer la plena adaptación de la industria
a la transformación que se está produciendo en el ámbito digital y en las
innovaciones tecnológicas precisas para competir en el mercado global.
Atendiendo a estas necesidades, la Agenda para el fortalecimiento del
sector industrial en España constituye el instrumento fundamental de los
objetivos de política industrial del Gobierno.
La Agenda contiene medidas concretas para estimular la demanda de bienes
industriales con efecto multiplicador en la economía; mejorar la
competitividad; incrementar la eficiencia y la orientación al mercado de
la sociedad de la innovación, desarrollo e investigación; apoyar la
financiación no bancaria, la internacionalización de empresas
industriales y la diversificación de los mercados e impulsar la
estabilidad y la unidad de mercado en el marco regulatorio.
En este contexto, hay que tener en cuenta el diálogo con los agentes
sociales para profundizar en la puesta en marcha de la Agenda y, en
especial, de aquellas medidas que reflejan una relación más directa con
la creación de empleo.
Así, en el marco de esta estrategia, son esenciales aquellas medidas de
mayor impacto sobre la competitividad del tejido industrial, como las
dirigidas a reducir los costes de transporte, mejorar las redes y
conexiones internacionales, los avances en la digitalización y la
innovación de la industria, el fomento de la eficiencia energética, la
reducción de la morosidad, la promoción del talento y la eliminación de
barreras al crecimiento empresarial.
También hay que apoyar y reforzar la capacidad de sectores que están
desempeñando un papel fundamental en la recuperación económica, como el
turístico y el agroalimentario. Y la inversión en sectores industriales
de alta tecnología y capacidad de innovación como la producción de bienes
de equipo, o sectores de gran efecto arrastre sobre el conjunto de la
economía, como la renovación de viviendas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente
Propuesta de resolución
Por lo tanto, sobre la base de estas realidades y fortalezas económicas,
el Congreso de los Diputados insta a:
1. Promover el diálogo con los agentes sociales, para impulsar aquellas
medidas de la Agenda para el fortalecimiento del sector industrial que
tengan mayor capacidad de creación de empleo.
2. Impulsar reformas estructurales y medidas que contribuyan a mejorar la
competitividad del tejido industrial a través de la reducción de costes
básicos para los sectores industriales, como la mejora de la eficiencia
energética, la reducción de los costes logísticos y de transporte, y los
costes de financiación y una mayor flexibilidad del marco regulatorio que
permita a las empresas optimizar sus costes.
3. Avanzar en la digitalización y la innovación de la industria, a través
del impulso de los programas de I+D+i que fomenten la inversión privada
en innovación y la colaboración entre empresas de distinto tamaño y
distintos sectores al objeto de orientar la innovación hacia las
necesidades de la sociedad.
4. Continuar con la segmentación de la oferta turística española con el
objetivo de diversificar productos, territorios y mercados para mejorar
la estructuración del turismo rural, de naturaleza y de interior, e
impulsar a la unidad de mercado en el sector turístico.
5. Priorizar la promoción internacional de segmentos como la gastronomía,
la cultura, la naturaleza, el turismo de salud y el de compras.
6. Fomentar la modernización en el sector agroalimentario, mediante la
puesta en marcha de un programa de innovación e investigación agraria,
alimentaria y forestal, como instrumento para fomentar la competitividad
del sector.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo
197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del
debate de política general en torno al Estado de la Nación, formula la
siguiente propuesta de resolución.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2015.Rafael
Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Propuesta de resolución núm. 102
Los últimos datos económicos confirman que España ha retomado la senda del
crecimiento, tras un largo período de recesión y estancamiento. Persisten
las consecuencias de una crisis que ha sido excepcionalmente duradera,
pero se ha logrado, según atestiguan los datos económicos, revertir la
tendencia negativa de la actividad económica y del empleo, y se asiste en
los últimos trimestres a una aceleración de la mejoría en ambos aspectos.
España ha dejado atrás la incertidumbre del rescate, que ha logrado
evitar, y ha dejado de ser considerado un país que podría llegar a salir
del euro. Se encuentra ahora en una situación en la que lidera las
perspectivas de crecimiento y creación de empleo entre las principales
economías europeas, y las reformas acometidas y la recuperación iniciada
se citan como ejemplo en los foros internacionales, que reconocen el
valor de lo conseguido, dadas las difíciles circunstancias de partida.
Esto a su vez ha permitido recuperar la confianza de los españoles, tras
un largo período de dudas y temores sobre su futuro.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente
Propuesta de resolución
«El Congreso de los Diputados reconoce que:
a) España, gracias al impulso reformista del Gobierno y al esfuerzo de los
españoles, ha sabido superar las dificultades a las que se enfrentaba al
comienzo de esta Legislatura y se encuentra ya en la senda del
crecimiento económico.
b) El Gobierno ha puesto en marcha un amplio programa de reformas
estructurales, el mayor de la historia de nuestra democracia, diseñado
para lograr cambios duraderos en la economía.
c) Este programa ha permitido un cambio en el modelo económico español,
que ha pasado de estar basado en el endeudamiento insostenible a
cimentarse sobre la producción de bienes y servicios competitivos en los
mercados domésticos e internacionales.
d) Este cambio de modelo es patente en el excelente comportamiento de
nuestro sector exterior, cuyo peso es ya superior al correspondiente a
las principales economías del mundo, con la excepción de Alemania. La
internacionalización de las empresas españolas, con un incremento de las
empresas exportadoras del 22% en la Legislatura, es una muestra
contundente de los cambios operados en nuestro tejido productivo.
e) El Gobierno ha impulsado en España el mayor esfuerzo de consolidación
fiscal de todos los países miembros del G-20, ha reordenado las cuentas
de las Administraciones Públicas y ha asegurado la cobertura de los
servicios públicos y el pago de las deudas pendientes con proveedores.
f) La actividad económica ha recuperado el pulso y con ella la creación de
tejido productivo, como certifican el dinamismo registrado respecto a la
creación de empresas y altas de autónomos, en respuesta al decidido apoyo
que desde el Gobierno se ha dirigido a facilitar el emprendimiento y
promover la actividad en sectores punteros para la economía española.
g) La economía española ha recuperado, además del crecimiento, la
capacidad de crear empleo, lo que ha permitido frenar el incremento
desbocado del paro e iniciar la creación de empleo, que adquiere cada vez
mayor vigor, de forma que en 2014 se han creado más de 400.000 puestos de
trabajo.
h) Como consecuencia del cambio de modelo productivo, la sostenibilidad de
las cuentas públicas, el crecimiento de la economía y la creación de
empleo, se ha garantizado el funcionamiento del Estado del Bienestar y
del conjunto de los servicios públicos, asegurando el poder adquisitivo
de los pensionistas y la sostenibilidad de las prestaciones, reforzando
la protección frente al desempleo, dando estabilidad a las ayudas que
reciben los parados que han agotado su prestación y creando, con el
acuerdo de los agentes sociales, un programa específico de activación
para desempleados de larga duración con cargas familiares.
i) Se ha puesto en marcha una reforma fiscal que rebaja los impuestos a
todos los españoles y, en mayor medida, a quienes cuentan con menos
recursos, e incorpora además ayudas específicas a las familias, inéditas
en nuestro país, que respaldan especialmente a aquellas que más lo
necesitan.
j) Estas reformas han supuesto el inicio de la recuperación y permiten
ahora al Gobierno anticipar una mejora en las perspectivas económicas de
nuestro país, de forma que el crecimiento alcance este año un 2,4%,
cuatro décimas más de lo previsto, y pueda esperarse la creación de más
de medio millón de empleos en este año 2015.
2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
a) Que prosiga con determinación el camino iniciado hace tres años,
siempre guiado por el interés general, dirigido a afrontar la tarea de
superar los efectos que persisten de la grave crisis económica, así como
a consolidar la recuperación iniciada y extender sus efectos a todos los
niveles.
b) Que continúe poniendo en marcha medidas que contribuyan a la
transformación del modelo productivo español, incidiendo en fomentar una
economía basada en la producción y no en el endeudamiento, potenciando la
competitividad de los bienes y servicios que producen los españoles para
responder a la demanda global y doméstica.
c) Que continúe las acciones encaminadas a que los españoles puedan
percibir cuanto antes y de la forma más intensa los beneficios derivados
de los esfuerzos realizados, y continúe con el desarrollo de una Agenda
Social dirigida a atender a las situaciones de especial vulnerabilidad de
colectivos y familias, además de impulsar la igualdad de oportunidades
como signo propio de una sociedad moderna y próspera.»
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo
197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del
debate de política general en torno al Estado de la Nación, formula la
siguiente propuesta de resolución.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2015.Rafael
Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Propuesta de resolución núm. 103
La Administración de Justicia, como pilar del Estado de Derecho, es un
servicio público que debe prestarse con cercanía, agilidad y sencillez.
Es necesario que la Justicia funcione para preservar los derechos y
libertades de los ciudadanos y asegurar una democracia plena, algo que
exige velar por su independencia y por la división de poderes que
consagra nuestro marco constitucional.
Es necesario, por ello, trabajar por una Justicia al alcance de todos, que
dé respuestas ágiles, que sea igualitaria y que preste un servicio de
calidad.
Se hacen precisas medidas que permitan acercar los servicios de la
Justicia a los ciudadanos y adaptarse a los usos cotidianos de nuestro
tiempo, como el email o las aplicaciones móviles.
La eficacia de la Justicia es además una de las condiciones para avanzar
en la calidad de la democracia. Este es uno de los objetivos prioritarios
del Gobierno, que, desde el comienzo de la Legislatura, ha puesto en
marcha todo tipo de medidas dirigidas a la regeneración democrática, en
particular, dotando al Estado de nuevos medios e instrumentos para luchar
contra la corrupción. Los casos de corrupción han mermado la confianza de
los ciudadanos en quienes tienen la responsabilidad de representarles o
gestionar sus recursos públicos.
Esta distancia entre los ciudadanos y los poderes públicos se ha
convertido en una preocupación de todos y, de forma muy especial, del
Gobierno, que está desarrollando toda una serie de iniciativas para
luchar contra la corrupción. Buena muestra de ello es el enfoque que
sobre este asunto ofrecerán las nuevas leyes reguladoras de la actividad
económico-financiera de los partidos políticos, la ley reguladora del
ejercicio del alto cargo y la reforma del Código Penal.
Además, como complemento a estas normas, la reforma de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal debe dirigirse a dotar a nuestra justicia penal
de mayor agilidad, con el fin de evitar dilaciones indebidas, modificando
las reglas de conexidad y fijando plazos máximos para la instrucción. Del
mismo modo, conviene avanzar en la efectividad del comiso de activos
derivados del delito para resarcir a la sociedad por el daño causado.
Asimismo, es necesario tener en cuenta en el ámbito de la Justicia a los
colectivos más vulnerables. De esta forma frente a la violencia de
género, que constituye una lacra para nuestra sociedad, se ha continuado
avanzando con medidas como la tipificación de nuevos delitos de
matrimonio forzado, hostigamiento o acecho, divulgación no autorizada de
imágenes o grabaciones íntimas obtenidas con la anuencia de la persona
afectada, y la manipulación del funcionamiento de dispositivos de control
utilizados para vigilar el cumplimiento de penas y medidas cautelares o
de seguridad.
Es necesaria una especial atención a las víctimas de violencia de género,
junto con otros colectivos como son los menores, las víctimas de delitos
de trata de seres humanos, las personas con discapacidad, las víctimas de
delitos contra la libertad sexual, las víctimas de delitos racistas o de
discriminación. Así se establece en el Código Penal y en el Proyecto de
Ley del Estatuto de la Víctima del delito, que ofrece a los poderes
públicos la posibilidad de otorgar respaldo a las víctimas, no solo en el
ámbito jurídico sino que minimice los efectos traumáticos que la
condición de víctima puede generar, una labor en la que es necesario
avanzar.
Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, modificando las reglas de
conexidad para evitar la dilación en las macrocausas y fijando plazos
máximos de instrucción.
2. Agilizar la Justicia, generalizando el uso de las nuevas tecnologías y
realizando las modificaciones necesarias en la Ley de Enjuiciamiento
Civil, dirigidas a este objetivo.
3. Facilitar el acceso a la Justicia de los ciudadanos, especialmente,
exonerando a las personas físicas del pago de tasas judiciales en todos
los órdenes e instancias judiciales.
4. Poner en marcha la Oficina de Gestión y Recuperación de Activos e
implementar las nuevas figuras de decomiso para asegurar la reparación de
las víctimas, evitar que el delincuente se beneficie del delito y
potenciar la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada
transfronteriza.
5. Continuar fomentando todas aquellas medidas necesarias para proteger a
las víctimas, tanto en la implementación del Estatuto de la Víctima, como
en la reforma del Código Penal y en todas aquellas modificaciones
legislativas que el Gobierno ponga en marcha y de forma especial en lo
referido a las víctimas de violencia de género.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo
197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del
debate de política general en torno al Estado de la Nación, formula la
siguiente propuesta de resolución.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2015.Rafael
Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Propuesta de resolución núm. 104
La fortaleza de la sociedad española y de nuestro Estado de Derecho han
sido capaces de hacer frente a la violencia irracional e injustificada
del terrorismo desde hace décadas, que en nuestro país ha estado de
manera continuada protagonizada por la banda terrorista ETA.
Son las víctimas la consecuencia irreparable del terrorismo. A ellas les
debemos todos nuestro mayor homenaje y recuerdo, pero al mismo tiempo, es
deber de las instituciones perpetuar su memoria con el fin de evitar que
nunca más fenómenos terroristas se repitan y que una parte de la sociedad
legitime el uso de la violencia como medio para influir en la misma.
Gracias a la acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la
actuación de jueces y fiscales, la cooperación internacional y la
entereza, valor y testimonio de las víctimas, el terrorismo de ETA ha
sido vencido.
En la actualidad, el terrorismo de corte yihadista constituye la principal
amenaza a nuestra integridad, nuestra libertad y nuestros principios y
valores. Nuestros principales activos en la lucha contra esta amenaza
siguen siendo los mismos.
Pero este terrorismo presenta características propias que requieren una
respuesta adecuada por parte de democracias sólidas como la española. En
esta línea, la reciente firma del Acuerdo para afianzar la unidad en
defensa de las libertades y en la lucha contra el terrorismo afianza la
convicción de que, en la ley y en la unidad, reside nuestro principal
baluarte. El Acuerdo surtirá mayor eficacia en la respuesta normativa
frente a esta amenaza, en la medida en la que en su desarrollo genere el
mayor consenso posible.
La comunidad internacional, con España a la vanguardia, continúa
explorando medidas eficaces de respuesta al terrorismo y a la
radicalización violenta, en ámbitos que van desde la prevención,
protección, persecución y respuesta.
Nuestro país no es ajeno a los efectos de la radicalización violenta, cuyo
desarrollo y propagación se han visto favorecidos por las convulsiones e
inestabilidad sociopolítica de determinadas regiones. Estas corrientes
radicales y violentas han aprendido a utilizar en su beneficio las
ventajas inherentes a las sociedades abiertas y globales, para extender
su presencia y multiplicar sus efectos, valiéndose de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación para sus fines
propagandísticos, logísticos o de reclutamiento, así como para la
comisión de atentados.
En virtud de lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta la
siguiente
Propuesta de resolución
1. El Congreso de los Diputados reconoce la importancia del reciente
Acuerdo para afianzar la unidad en defensa de las libertades y en la
lucha contra el terrorismo y la necesidad de que en su desarrollo se
trate de alcanzar el apoyo del mayor número de fuerzas políticas.
2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
a) Desarrollar el Plan Estratégico Nacional de lucha contra la
radicalización violenta, recientemente aprobado.
b) Impulsar y participar con el máximo compromiso en todas las iniciativas
internacionales para combatir el terrorismo yihadista, tanto en el ámbito
de la prevención, como en los terrenos operativos, policial y de
inteligencia.
c) Impulsar iniciativas legislativas que actualicen y refuercen el marco
jurídico frente al terrorismo.
d) Garantizar los recursos humanos y materiales necesarios para luchar más
eficazmente contra el terrorismo en la Administración de Justicia, las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los servicios de
inteligencia.
e) Constatar la necesidad de garantizar que las tecnologías de la
información y las comunicaciones sean un espacio seguro y libre, al
servicio de los españoles, evitando que las herramientas tecnológicas y,
en particular, las redes sociales, sean objetivo de organizaciones o
individuos terroristas o medio empleado por éstas para conseguir sus
fines.
f) Continuar trabajando de forma prioritaria en las políticas de
reconocimiento y de apoyo a las víctimas del terrorismo, bajo los
principios de memoria, dignidad, justicia y verdad que inspiran la Ley
29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a
las Víctimas del Terrorismo, el desarrollo del Proyecto de Ley de
Estatuto de la Víctima del Delito; y en particular, mediante la puesta en
marcha del Centro Memorial para las Víctimas del Terrorismo.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado don Carlos Salvador
Armendáriz, de Unión del Pueblo Navarro (UPN), formula, al amparo de los
dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al estado
de la Nación, la siguiente propuesta de resolución relativa a la
necesidad de elaborar y ejecutar un plan para evitar el desbordamiento
del Río Ebro en su tramo medio.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2015.Carlos
Casimiro Salvador Armendáriz, Diputado.M.ª Olaia Fernández Davila,
Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
Propuesta de resolución núm. 105
A lo largo de los dos últimos años y en lo que llevamos del corriente,
resultan casi innumerables los desbordamientos que ha sufrido el río
Ebro.
Según los expertos, la falta de limpieza profunda del cauce del Río, unido
a las desfavorables condiciones medioambientales como lluvias abundantes,
nevadas copiosas o el deshielo, hacen que el
nivel de alerta respecto al mismo, y sus afluentes, sea elevado de forma
prácticamente ininterrumpida a lo largo de todo el año, ocasionando
cuantiosos y numerosos daños.
Todos los municipios que se encuentran a lo largo del tramo medio del
cauce del Ebro están sufriendo, en mayor o menor medida, cómo este inunda
a su paso terrenos o naves y obliga a cortar caminos y carreteras.
Asimismo, los agricultores están viendo cómo reiteradamente el Ebro anega
sus fincas y arrasa sus cosechas.
Por todo ello, en el ánimo de evitar futuros desbordamiento y nuevos
daños, se plantea la presente propuesta de resolución:
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a ejecutar, a la mayor
brevedad posible, dentro de las actuaciones de emergencia, los
acondicionamientos necesarios del cauce del río Ebro en el área de
influencia del tramo medio del río con el fin de minimizar los daños en
situaciones hidrológicas extremas, en coordinación con la Comunidad Foral
de Navarra, Aragón y La Rioja.»
200/000003
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, con
motivo del debate de la Comunicación del Gobierno para el debate de
política general sobre el estado de la Nación ha acordado lo siguiente:
Resolución núm. 1
«El Congreso de los Diputados considera la necesidad de:
1. Poner en marcha las medidas de regeneración democrática propuestas por
el Gobierno y aprobadas por el Parlamento o que están en vías de
aprobación.
2. Impulsar reformas en la normativa electoral que favorezcan una mejor
conexión entre los cargos electos y los ciudadanos.
3. Avanzar en la regulación de manera precisa de los denominados LOBIS en
el marco de los trabajos que se están llevando a cabo en el Parlamento, a
partir de la definición de la propia Comisión Europea, garantizando la
necesaria transparencia en el ejercicio legítimo del derecho que los
representantes de la sociedad civil tienen de acceder a las instituciones
con el objetivo de trasladar sus intereses, recabar información, defender
su situación o solicitar cambios en la normativa que les afecta,
especificando los límites de estas actividades.
4. Seguir dotando a la Administración de Justicia de los recursos
económicos y personales necesarios para seguir persiguiendo las causas
relativas a la corrupción.
5. Poner en marcha, una vez estén aprobadas, la nueva normativa relativa a
la iniciativa legislativa popular que mejora la participación de los
promotores de este tipo de instrumentos legislativos.
6. Reforzar la oficina presupuestaria de las Cortes Generales con la
finalidad de facilitar un mejor control de todas las partidas
presupuestarias aprobadas y de su efectiva ejecución.
7. Avanzar en la lucha contra el fraude promoviendo las modificaciones
legislativas necesarias para reforzar la prevención y sanción del fraude
a la Hacienda Pública y a la Seguridad Social.
8. Mejorar la regulación del decomiso de bienes derivados del delito y
poner en marcha la oficina de Gestión y recuperación de activos.
9. Plantear posibles modificaciones en la normativa de contratos del
sector público para evitar posibles ineficiencias e irregularidades.»
Resolución núm. 2
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar un Proyecto de
Ley de segunda oportunidad para que las familias y autónomos en
situaciones de insolvencia sobrevenida puedan reestructurar sus deudas, a
través de la mediación y de un procedimiento concursal específico, a los
efectos de poner un punto final a los pagos pendientes que les afectan y
con el fin de no convertirse en deudores de por vida.»
Resolución núm. 3
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar conjuntamente
con las Comunidades Autónomas:
1. Políticas de reindustrialización. Es impulsar mejoras permanentes y
sostenibles de la competitividad y estimular la reindustrialización, como
ocurre en Europa, con el fin que nos permita cumplir con el objetivo
europeo de alcanzar el 20% de PIB industrial en 2020.
2. Abaratar y mejorar el acceso al crédito a PYMES y autónomos. Es
primordial apoyar a la pequeña y mediana empresa y a los autónomos, pues
constituyen el 90% del tejido productivo.
3. Impulso decidido a las actividades de I+D+i. Recuperar el volumen de
gasto público destinado a actividades de I+D+i, el cual ha caído en 40%
en el período 2010-2015 y, en el caso del Estado, ejecutar la totalidad
de lo presupuestado (en 2012 ejecutó menos del 50% de lo presupuestado).
El
gasto público en I+D+i debe ser un instrumento básico de reactivación y de
cambio de modelo de actividad productiva.
4. Continuar trabajando en una política energética eficiente y sostenible
al servicio de los ciudadanos y de la economía productiva. Urge
implementar una política energética al servicio de la sociedad, además de
reducir el déficit de tarifa.
5. Seguir favoreciendo medidas específicas para impulsar la rehabilitación
industrial y de viviendas, con elevada incidencia sobre el empleo y la
inversión, en base a criterios de eficiencia y ahorro energético.
6. Turismo. Avanzar en la implementación del Plan Integral de Turismo,
favoreciendo las medidas dirigidas a los destinos turísticos maduros.»
Resolución núm. 4
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar un Marco de Actuación para Personas Mayores que contemple las
orientaciones que han de guiar el envejecimiento activo y la solidaridad
intergeneracional adoptadas por el Consejo de la Unión Europea como
complemento de la Estrategia Europea 2020, de manera que se fortalezcan
los derechos individuales y sociales de las personas mayores, su
consideración como parte activa e indispensable de la sociedad y fomentar
el respeto que todos les debemos, con pleno respeto a las competencias de
las Comunidades Autónomas y de las Instituciones Forales de los
Territorios Históricos. Con especial hincapié en:
a) La promoción de la salud, la prevención de la dependencia y el fomento
de la vida independiente.
b) Su participación en la sociedad, para evitar su aislamiento y
proporcionarles oportunidades de aprendizaje permanente.
c) La prolongación voluntaria de la vida activa, en base a la experiencia
de la vida laboral y del periodo previo a la jubilación.
d) La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres mayores, en
especial el caso de aquellos que se encuentran en situaciones de
vulnerabilidad.
2. Implementar y desarrollar la Ley de modificación del sistema de
protección a la infancia y a la adolescencia dirigida a la actualización
que precisa el marco legislativo puesto que la Ley de Protección Jurídica
del Menor se aprobó hace casi veinte años y en este tiempo se han
producido cambios sociales significativos que afectan a los menores de
edad. Con ello se perseguirán, entre otros, los siguientes objetivos:
a) Agilizar el acogimiento y la adopción con el objetivo de que los niños
puedan contar con el amparo de una familia.
b) Reforzar la protección de las familias numerosas.
c) Reconocer a los menores como víctimas de violencia de género.
3. Impulsar la reforma de la Ley 6/1996, del 15 de enero, del
voluntariado. Dos décadas después de la aprobación de esta norma, se hace
necesario responder al contexto actual del voluntariado, con pleno
respeto a las competencias de las Comunidades Autónomas y de las
Instituciones Forales de los Territorios Históricos, establecer un marco
de cooperación entre las Administraciones, respetando los ámbitos
competenciales en cada caso y potenciando el valor del voluntariado para
la sociedad y para las personas, en especial las más vulnerables.
4. Impulsar la aprobación de la ley del Tercer Sector de Acción Social,
con pleno respeto a las competencias de las Comunidades Autónomas y de
las Instituciones Forales de los Territorios Históricos, con el objetivo
de:
a) Fortalecer la capacidad de las entidades sociales como interlocutores
ante las Administraciones Públicas garantizando su participación en las
políticas públicas.
b) Concretar los principios del Tercer Sector y contemplar medidas que
favorezcan su fortalecimiento y sostenibilidad.»
Resolución núm. 5
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Profundizar en los avances logrados por la Comisión para la Reforma de
las Administraciones Públicas en el impulso de la Administración
Electrónica, la reducción de cargas administrativas para empresas y
ciudadanos, la eliminación de duplicidades y la eficiencia en el
funcionamiento de los servicios.
2. Aprobar los Anteproyectos de leyes de procedimiento administrativo y de
régimen jurídico del sector público que han de definir un nuevo marco
jurídico de las Administraciones Públicas.
3. Implantar en este ejercicio el sistema de subastas electrónicas, tanto
judiciales, como notariales y administrativas en el Boletín Oficial del
Estado; y avanzar en las adhesiones de departamentos del Estado y las
Comunidades Autónomas en la Plataforma de Intermediación de Datos para el
intercambio de certificados y documentos, evitando así su aportación por
los ciudadanos.
4. Completar la implantación de los proyectos de receta electrónica e
historia clínica digital interoperable, así como impulsar la puesta en
marcha de la tramitación telemática de nacimientos y defunciones desde
los hospitales.»
Resolución núm. 6
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la adopción de las
siguientes medidas:
1. Modificar la Ley 58/2003, de 27 de diciembre, General Tributaria con el
fin de:
a) Posibilitar la publicidad de situaciones de incumplimiento relevante de
las obligaciones tributarias.
b) Regular la imposición de sanciones en casos de conflicto abusivo en la
aplicación de la norma tributaria.
2. Potenciar el intercambio de información fiscal con otros Estados
mediante las modificaciones normativas oportunas con el fin de perseguir
el delito fiscal.
3. Acometer una reforma de la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, que refuerce los instrumentos de lucha contra el fraude
y les dote de mayor autonomía, permitiendo, a su vez, una mayor
coordinación con las Comunidades Autónomas, las Fuerzas y Cuerpos de la
Seguridad del Estado, la Fiscalía General del Estado y los Juzgados y
Tribunales.»
Resolución núm. 7
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:
1. Aprobar y desarrollar el Plan Integral de Apoyo a la Familia 2015-2017,
articulando una política integrada, transversal y coherente de apoyo a la
familia, como uno de los ejes de la acción política del Gobierno, en
reconocimiento de las funciones sociales fundamentales que desempeña. Los
objetivos del Plan se orientarán a:
a) Avanzar en la protección social, jurídica y económica de las familias
con medidas en el ámbito del empleo, la fiscalidad y las prestaciones
sociales.
b) Favorecer la solidaridad intergeneracional y afrontar los retos
sociodemográficos del envejecimiento y la baja natalidad.
c) Garantizar la cohesión social mediante el apoyo a familias en
situaciones de especial necesidad o dificultad, como pueden ser las
numerosas, monoparentales, en riesgo de exclusión social, con personas
dependientes o con discapacidad, mayores, enfermos crónicos o que padecen
violencia intrafamiliar.
d) Facilitar la convivencia familiar mediante el fomento de la
corresponsabilidad y la conciliación de la vida laboral, familiar y
personal.
e) En este sentido y como continuación de la Reforma Fiscal, ampliar el
derecho a deducción de 1.200 anuales a las familias monoparentales
formadas por un progenitor y dos hijos.
f) Poner en marcha además, una bonificación del 100% en la cotización por
contingencias comunes a la Seguridad Social de trabajadores autónomos
durante 1 año cuando precisen reducir eventualmente su jornada por
cuidado de hijos menores de 7 años o de personas mayores en situación de
dependencia
reconocida, siempre que contraten a un trabajador que les sustituya y
permita el mantenimiento de la actividad.
2. Avanzar en la consecución de la igualdad real y efectiva de
oportunidades entre mujeres y hombres con la aprobación de un Plan
Especial para Igualdad de Mujeres y Hombres en el Ámbito Laboral y contra
la Discriminación Salarial, con el objetivo de garantizar la igualdad
efectiva en el acceso y permanencia en el empleo y de prevenir y corregir
la brecha salarial de género, mejorando para ello el conocimiento de las
desigualdades retributivas y de sus causas.
3. Aprobar un Plan de Promoción de las Mujeres de Medio Rural,
contemplando, entre otros, los objetivos de mejorar su inclusión
sociolaboral, favorecer su participación económica, e impulsar su
presencia en órganos directivos de cooperativas rurales, organizaciones
agrarias y pesqueras, y grupos de acción local.»
Resolución núm. 8
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Continuar implantando y desarrollando las reformas necesarias para la
reducción del abandono educativo temprano y para la mejora de la calidad
educativa.
2. Potenciar la Formación Profesional en el sistema educativo español y,
en particular, los proyectos de Formación Profesional dual, que combinan
formación y empleo, en colaboración con las Comunidades Autónomas.
3. Seguir potenciando la internacionalización de las universidades
españolas y el desarrollo de un sistema universitario adaptado al Espacio
Europeo de Educación Superior y dirigido a favorecer la mejor formación
posible para los alumnos y fomentar la creación y atracción de talento.
En este contexto, se insta a llevar a cabo las acciones definidas en la
Estrategia de Internacionalización y seguir avanzando en el proceso de
internacionalización de las universidades españolas, en colaboración con
la comunidad universitaria.»
Resolución núm. 9
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Establecer un mínimo exento de cotización a la Seguridad Social de 500
a la contratación indefinida de nuevos trabajadores que supongan la
creación de empleo neto. Esta reducción de cotización no tendrá impacto
en la generación de derechos de prestaciones para el trabajador.
2. Sistematizar y armonizar las bonificaciones y las reducciones de cuotas
a la Seguridad Social así como el conjunto de incentivos al autoempleo.»
Resolución núm. 10
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Seguir trabajando para mejorar y diversificar los canales de
financiación de las empresas, en especial, las pymes, haciendo más
flexible el acceso al crédito bancario y desarrollando medios
alternativos de financiación.
2. Contribuir desde el sector público a un sistema más racional de
fijación de precios y a la mejora de la competitividad, mediante el
desarrollo de la futura Ley de Desindexación, que evitará actualizaciones
automáticas e injustificadas de los precios.
3. Avanzar en la aplicación de los principios de unidad de mercado
acometiendo las reformas y adaptaciones precisas para este fin.
4. Continuar diversificando los mercados de destino, actualizando y dando
el seguimiento adecuado a los Planes Integrales de Desarrollo de Mercados
e impulsando, en el seno de la política comercial de la UE, acuerdos de
libre comercio con países de interés estratégico para España, en especial
con EEUU, con el que la Unión Europea está negociando un acuerdo para
establecer la Asociación Transatlántica sobre el Comercio y la Inversión.
5. Seguir defendiendo los intereses de las empresas españolas, mediante la
gestión de los instrumentos de defensa comercial y uso de los mecanismos
disponibles en la Unión Europea, Organización Mundial de Comercio y OCDE.
6. Apoyar la consolidación de la presencia en mercados internacionales de
las empresas españolas.
7. Continuar mejorando y afianzando los instrumentos financieros de apoyo
a la internacionalización, aumentando su coordinación y eficacia.
8. Desarrollar la Ley de Apoyo a los Emprendedores y su
Internacionalización con el objetivo de impulsar el capital humano, la
atracción de talento y la innovación.
9. Procurar, teniendo en cuenta la senda de consolidación presupuestaria,
potenciar la financiación de actividades de I+D+i, en particular para
favorecer la investigación, la generación de conocimiento y la innovación
mediante el apoyo estable de los centros y equipos de investigación
punteros con proyectos de máxima calidad.
10. Favorecer el mantenimiento e incorporación de recursos humanos
altamente cualificados al Sistema de I+D+i, con programas que favorezcan
la atracción y estabilización del talento.
11. Incentivar la I+D+i empresarial, con el fin de fomentar la
participación privada en la financiación y ejecución de I+D,
especialmente de las pymes. Apoyar nuevas iniciativas lideradas por las
empresas en áreas estratégicas que permitan aumentar la conexión y
movilidad entre los agentes públicos y privados y consoliden las
relaciones entre las entidades generadoras de conocimiento y el tejido
productivo y favorecer especialmente a las pymes innovadoras a través de
las convocatorias de proyectos.
12. Impulsar una política energética que permita:
a) Interconectar suficientemente la península ibérica para completar el
desarrollo del mercado interior y hacer compatible el desarrollo de
energías renovables con un precio competitivo de la energía.
b) Estudiar proyectos concretos que permitan incrementar la interconexión
eléctrica entre la Península Ibérica y Francia a la mayor brevedad
posible bajo supervisión de la Comisión Europea, y con el compromiso
entre los Operadores Técnicos de los Sistemas eléctricos de España,
Francia y Portugal para hacer efectivo el compromiso del Consejo Europeo
de tomar las medidas necesarias que permitan incrementar, a la mayor
brevedad posible, el nivel de interconexión eléctrica de la Península
Ibérica con el resto de la UE, a través del acuerdo de Francia, España y
Portugal (junto con la Comisión Europea), respecto a qué proyectos
defender de forma conjunta para beneficiarse de la financiación del Plan
Juncker (y de fondos comunitarios).»
Resolución núm. 11
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Adoptar nuevas medidas encaminadas a los autónomos, las pymes y las
personas naturales, mejorando el diseño y funcionamiento del acuerdo
extrajudicial de pagos para que hogares y empresas tengan una oportunidad
de reestructurar y reducir su endeudamiento antes de recurrir al
procedimiento concursal.
2. Promover una habilitación para que, cuando estos acuerdos no sean
posibles, las personas naturales puedan liberar las deudas que queden
impagadas tras ejecutar las garantías y sus bienes, dando una segunda
oportunidad a los deudores de buena fe.
3. Reducir el plazo de prescripción de las acciones de reclamación de
deudas, para adaptarlo a los cambios en las formas de notificación que se
han producido, y permitir que las familias y empresas no tengan que vivir
pendientes de una deuda que no se ha reclamado en quince años.
4. Reformar el Código de Buenas Prácticas para permitir que se beneficien
un mayor número de familias. Asimismo, promover la inaplicación de las
cláusulas suelo para este mismo colectivo, de forma que puedan afrontar
más fácilmente el pago de la hipoteca.»
Resolución núm. 12
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover las siguientes
acciones, en particular en el marco de la pertenencia de España al
Consejo de Seguridad durante el bienio 2015-16:
1. A mantener y reforzar el compromiso con el multilateralismo y con los
propósitos y principios de las Naciones Unidas.
2. A promover activamente en el seno del Consejo de Seguridad los
objetivos estratégicos priorizados durante nuestra campaña, en
particular: la diplomacia preventiva; el mantenimiento y la consolidación
de la paz; la protección de civiles y el respeto del Derecho
Internacional Humanitario; la promoción y protección de los derechos
humanos; la no proliferación nuclear y el desarme, particularmente desde
la presidencia de los tres Comités del Consejo de Seguridad con
competencias en materia de no proliferación; la lucha contra el
terrorismo; el tratamiento de los nuevos desafíos globales a la paz y la
seguridad; la lucha contra la delincuencia organizada transnacional; o la
consideración de la cooperación al desarrollo como un instrumento
preventivo al servicio de la paz y la seguridad.
3. A colaborar con la Unión Europea en el pleno desarrollo de la política
común de seguridad y defensa. A este fin contribuiremos a la redacción de
una nueva estrategia común, que sirva de base para orientar el desarrollo
y puesta en común de capacidades así como para reforzar la industria
europea de defensa.
4. A proseguir los trabajos encaminados al cumplimiento de los objetivos y
compromisos suscritos en la Cumbre de la OTAN de Newport, garantizando la
defensa de los aliados frente a cualquier amenaza
5. A continuar desarrollando las relaciones de colaboración en el ámbito
bilateral con la finalidad de reforzar la seguridad mutua, con especial
énfasis en la región mediterránea y las áreas más cercanas a este.
6. A seguir comprometidos con el mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales y las operaciones de imposición de la paz. Para ello,
nuestras Fuerzas Armadas seguirán participando en los operativos
internacionales destinados a evitar o detener los conflictos, para lo que
seguirán debiendo contar, como hasta ahora, con la autorización de las
Cortes Generales.
7. A trabajar por incrementar la eficacia de las Operaciones de
Mantenimiento de la Paz (OMP) y las Misiones Políticas Especiales (MPE),
con mandatos robustos (especialmente en materia de protección de
civiles), adecuados al contexto, precisos y realistas; así como recursos
apropiados para su cumplimiento y a mantener un diálogo regular y
sustantivo con los países contribuyentes de tropas.
8. A agilizar, acelerar y asegurar el proceso de transformación de las
Fuerzas Armadas, construyendo una fuerza conjunta alistada y eficaz para
operaciones permanentes y de reacción, con capacidades adaptadas al marco
estratégico establecido por la Directiva de Defensa Nacional y la
Estrategia de Seguridad Nacional.
9. A mantener la defensa de la de soberanía e integridad territorial de
Ucrania; a continuar apoyando firmemente los Acuerdos de Minsk, urgiendo
a las partes al estricto cumplimiento del alto el fuego y de todas sus
disposiciones; a continuar fomentando la vía de firmeza y apertura al
diálogo adoptada por la UE; a impulsar el papel de la OSCE para asegurar
el cumplimiento de los acuerdos alcanzados; y a continuar la línea
marcada por las Resoluciones del CSNU, endosando los Acuerdos de Minsk y
exigiendo la estricta observancia del alto el fuego.
10. A mantener y reforzar el compromiso de España con una paz justa y
duradera en Oriente Próximo basada en la solución de dos Estados, Israel
y Palestina, en el marco de los parámetros fijados por esta Cámara en su
proposición no de Ley de 18 de octubre de 2014. Y para ello a
intensificar los esfuerzos, muy especialmente dentro del Consejo de
Seguridad, para que las partes vuelvan a la mesa de negociaciones; a
continuar trabajando por preservar la viabilidad de la solución de los
dos Estados.
11. A seguir apoyando los esfuerzos de la Comunidad Internacional en la
lucha contra el terrorismo, particularmente en el marco de nuestra
participación en la Coalición Global contra DAESH.
12. A promover el diálogo intercultural e interreligioso a través del
apoyo y la promoción de sinergias entre instituciones como la Alianza de
Civilizaciones de Naciones Unidas, el Centro Rey Abdullah para el Diálogo
Intercultural e Interreligioso de Viena, la Unión para el Mediterráneo,
la Fundación Ana Lindh y otras iniciativas coincidentes en el ámbito
mediterráneo, en el marco del XX aniversario de la Declaración de
Barcelona de este año.
13. A continuar contribuyendo a los esfuerzos internacionales a favor de
una solución política para Siria, y a trabajar en la supervisión de la
inutilización de instalaciones de producción de armas químicas, así como
en la facilitación del acceso de ayuda humanitaria.
14. A mantener un apoyo continuado al Gobierno de unidad nacional en Iraq,
participando en las iniciativas que fomenten la inclusión de las
diferentes comunidades con vistas a fortalecer un proyecto común de
convivencia desde el que hacer frente a la amenaza terrorista.
15. A apoyar los esfuerzos de la comunidad internacional en las
negociaciones nucleares con Irán, particularmente desde la presidencia
del Comité de Sanciones sobre Irán del Consejo de Seguridad, con el
objetivo de avanzar hacia un Oriente Próximo libre de armas nucleares.
16. A mantener la defensa de la independencia, la soberanía y la
integridad territorial de una Libia democrática e inclusiva, apoyando la
mediación dirigida por el Representante Especial del Secretario General
de Naciones Unidas, Bernardino León, para facilitar una solución política
a la actual crisis de seguridad e institucional; a seguir participando en
los esfuerzos internacionales y del Consejo de Seguridad en favor de una
solución política al conflicto; y a continuar el diálogo con los países
vecinos y otros socios relevantes para mantener la unidad de la comunidad
internacional sobre Libia.
17. A apoyar la búsqueda de una solución política justa, duradera y
mutuamente aceptable, que prevea la libre determinación del pueblo del
Sahara Occidental en el marco de los principios y propósitos de la Carta
de Naciones Unidas.»
Resolución núm. 13
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Proseguir en 2015 la labor de impulso desarrollada durante esta
Legislatura para la mejora y modernización de la Red de Carreteras del
Estado, con el objetivo de culminar el cierre de itinerarios estratégicos
de transporte para España, como la autovía A-8 en Cantabria, la autovía
A-7 en Andalucía, o la autovía A-66 entre Benavente y Zamora, así como
para la finalización de obras emblemáticas y de gran importancia y
magnitud, como el Nuevo Puente sobre la Bahía de Cádiz.
2. Seguir avanzando en la finalización de las obras de infraestructuras de
la red de alta velocidad ferroviaria que se encuentran en ejecución, con
el objetivo de incrementar significativamente el número de viajeros en
alta velocidad en los próximos años y conseguir este año 2015 mejoras de
tiempos en más de 25 conexiones ferroviarias.
3. Continuar con la reestructuración de Renfe-Mercancías para procurar
oportunidades de mejora en la eficiencia de su actividad.
4. Continuar trabajando en el desarrollo e implantación del paquete de
medidas para la mejora del sector ferroviario, entre las que se encuentra
hacer efectiva la implantación de la Agencia Estatal de Seguridad
Ferroviaria a partir del 1 de abril de este año.
5. Mejorar la competitividad de los puertos de interés general, como
factor estratégico para la economía española y su capacidad exportadora,
a través de:
a) La puesta en marcha del Fondo financiero de accesibilidad terrestre
portuaria, una fórmula financiera que permitirá a las Autoridades
Portuarias participar en la financiación de sus accesos fuera de la zona
de servicio portuaria, mejorar la conectividad terrestre y, en especial,
los accesos ferroviarios a los puertos, incrementando los niveles de
inversión, para superar las debilidades de conectividad que condicionan
la capacidad de crecimiento de nuestros puertos.
b) Potenciar la colaboración público-privada en los puertos, con modelos
ajustados a los estándares europeos, de manera que los inversores
privados puedan afrontar las necesidades inversoras que exige la
operativa portuaria, facilitándoles la captación de capital y la
amortización de sus inversiones y, a la vez, pudiendo ofrecer mejores
precios a los usuarios.
c) Continuar el proceso de reducción de los costes portuarios, tanto
públicos como privados, favoreciendo medidas de mayor eficiencia.
d) Mejorar la coordinación de los controles en frontera en los puertos
(aduaneros, sanitarios, de calidad comercial, de seguridad industrial y
otros), para conseguir una mayor eficiencia de los servicios de
inspección.»
Resolución núm. 14
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar una reforma
sistemática del sistema de formación para el empleo de acuerdo a los
siguientes principios:
1. Definir y desarrollar un sistema que asegure la calidad en los
contenidos, concurrencia competitiva, eficiencia en la gestión y eficacia
en términos de resultados. Para ello, es necesario delimitar un sistema
de reparto eficiente de responsabilidades, entre las Administraciones y
agentes implicados en la Formación Profesional para el Empleo.
2. Impulsar una evaluación permanente de la calidad y del impacto real de
la formación en términos de mejora en el desempeño en el puesto de
trabajo o de inserción laboral y mantenimiento del empleo.
3. Promover nuevas fórmulas que permitan favorecer el acceso a la
formación para el empleo, tales como una «cuenta-formación» que acompañe
al trabajador a lo largo de su carrera profesional y el establecimiento
de un «cheque-formación» que permita a un desempleado elegir la entidad
de la que recibe formación, habilitando, para ello, los mecanismos de
información y seguimiento necesarios.
4. Impulsar la regulación de la teleformación permitiendo, entre otras
cuestiones, superar las limitaciones de un calendario formativo
condicionado por la tramitación administrativa.
5. Favorecer la creación, dentro de la Inspección de Trabajo, de una
Unidad Especial de lucha contra el fraude para el seguimiento y control
de las actividades de formación con capacidad efectiva de sanción por
irregularidades en este ámbito y el refuerzo de las sanciones para
combatir el fraude.»
Resolución núm. 15
«El Congreso de los Diputados insta a:
1. Promover el diálogo con los agentes sociales, para impulsar aquellas
medidas de la Agenda para el fortalecimiento del sector industrial que
tengan mayor capacidad de creación de empleo.
2. Impulsar reformas estructurales y medidas que contribuyan a mejorar la
competitividad del tejido industrial a través de la reducción de costes
básicos para los sectores industriales, como la mejora de la eficiencia
energética, la reducción de los costes logísticos y de transporte, y los
costes de financiación y una mayor flexibilidad del marco regulatorio que
permita a las empresas optimizar sus costes.
3. Avanzar en la digitalización y la innovación de la industria, a través
del impulso de los programas de I+D+i que fomenten la inversión privada
en innovación y la colaboración entre empresas de distinto tamaño y
distintos sectores al objeto de orientar la innovación hacia las
necesidades de la sociedad.
4. Continuar con la segmentación de la oferta turística española con el
objetivo de diversificar productos, territorios y mercados para mejorar
la estructuración del turismo rural, de naturaleza y de interior.
5. Priorizar la promoción internacional de segmentos como la gastronomía,
la cultura, la naturaleza, el turismo de salud y el de compras.
6. Fomentar la modernización en el sector agroalimentario, mediante la
puesta en marcha de un programa de innovación e investigación agraria,
alimentaria y forestal, como instrumento para fomentar la competitividad
del sector.»
Resolución núm. 16
«1. El Congreso de los Diputados reconoce que:
a) España, gracias al impulso reformista del Gobierno y al esfuerzo de los
españoles, ha sabido superar las dificultades a las que se enfrentaba al
comienzo de esta Legislatura y se encuentra ya en la senda del
crecimiento económico.
b) El Gobierno ha puesto en marcha un amplio programa de reformas
estructurales, el mayor de la historia de nuestra democracia, diseñado
para lograr cambios duraderos en la economía.
c) Este programa ha permitido un cambio en el modelo económico español,
que ha pasado de estar basado en el endeudamiento insostenible a
cimentarse sobre la producción de bienes y servicios competitivos en los
mercados domésticos e internacionales.
d) Este cambio de modelo es patente en el excelente comportamiento de
nuestro sector exterior, cuyo peso es ya superior al correspondiente a
las principales economías del mundo, con la excepción de Alemania. La
internacionalización de las empresas españolas, con un incremento de las
empresas exportadoras del 22% en la Legislatura, es una muestra
contundente de los cambios operados en nuestro tejido productivo.
e) El Gobierno ha impulsado en España el mayor esfuerzo de consolidación
fiscal de todos los países miembros del G-20, ha reordenado las cuentas
de las Administraciones Públicas y ha asegurado la cobertura de los
servicios públicos y el pago de las deudas pendientes con proveedores.
f) La actividad económica ha recuperado el pulso y con ella la creación de
tejido productivo, como certifican el dinamismo registrado respecto a la
creación de empresas y altas de autónomos, en respuesta al decidido apoyo
que desde el Gobierno se ha dirigido a facilitar el emprendimiento y
promover la actividad en sectores punteros para la economía española.
g) La economía española ha recuperado, además del crecimiento, la
capacidad de crear empleo, lo que ha permitido frenar el incremento
desbocado del paro e iniciar la creación de empleo, que adquiere cada vez
mayor vigor, de forma que en 2014 se han creado más de 400.000 puestos de
trabajo.
h) Como consecuencia del cambio de modelo productivo, la sostenibilidad de
las cuentas públicas, el crecimiento de la economía y la creación de
empleo, se ha garantizado el funcionamiento del Estado del Bienestar y
del conjunto de los servicios públicos, asegurando el poder adquisitivo
de los pensionistas y la sostenibilidad de las prestaciones, reforzando
la protección frente al desempleo, dando estabilidad a las ayudas que
reciben los parados que han agotado su prestación y creando, con el
acuerdo de los agentes sociales, un programa específico de activación
para desempleados de larga duración con cargas familiares.
i) Se ha puesto en marcha una reforma fiscal que rebaja los impuestos a
todos los españoles y, en mayor medida, a quienes cuentan con menos
recursos, e incorpora además ayudas específicas a las familias, inéditas
en nuestro país, que respaldan especialmente a aquellas que más lo
necesitan.
j) Estas reformas han supuesto el inicio de la recuperación y permiten
ahora al Gobierno anticipar una mejora en las perspectivas económicas de
nuestro país, de forma que el crecimiento alcance este año un 2,4%,
cuatro décimas más de lo previsto, y pueda esperarse la creación de más
de medio millón de empleos en este año 2015.
2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
a) Que prosiga con determinación el camino iniciado hace tres años,
siempre guiado por el interés general, dirigido a afrontar la tarea de
superar los efectos que persisten de la grave crisis económica, así como
a consolidar la recuperación iniciada y extender sus efectos a todos los
niveles.
b) Que continúe poniendo en marcha medidas que contribuyan a la
transformación del modelo productivo español, incidiendo en fomentar una
economía basada en la producción y no en el endeudamiento, potenciando la
competitividad de los bienes y servicios que producen los españoles para
responder a la demanda global y doméstica.
c) Que continúe las acciones encaminadas a que los españoles puedan
percibir cuanto antes y de la forma más intensa los beneficios derivados
de los esfuerzos realizados, y continúe con el desarrollo de una Agenda
Social dirigida a atender a las situaciones de especial vulnerabilidad de
colectivos y familias, además de impulsar la igualdad de oportunidades
como signo propio de una sociedad moderna y próspera.»
Resolución núm. 17
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, modificando las reglas de
conexidad para evitar la dilación en las macrocausas y fijando plazos
máximos de instrucción.
2. Agilizar la Justicia, generalizando el uso de las nuevas tecnologías y
realizando las modificaciones necesarias en la Ley de Enjuiciamiento
Civil, dirigidas a este objetivo.
3. Facilitar el acceso a la Justicia de los ciudadanos, especialmente
exonerando a las personas físicas del pago de tasas judiciales en todos
los órdenes e instancias judiciales, llevando a cabo las medidas
legislativas necesarias para ello antes del final de la presente
Legislatura.
4. Poner en marcha la Oficina de Gestión y Recuperación de Activos e
implementar las nuevas figuras de decomiso para asegurar la reparación de
las víctimas, evitar que el delincuente se beneficie del delito y
potenciar la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada
transfronteriza.
5. Continuar fomentando todas aquellas medidas necesarias para proteger a
las víctimas, tanto en la implementación del Estatuto de la Víctima, como
en la reforma del Código Penal y en todas aquellas modificaciones
legislativas que el Gobierno ponga en marcha y de forma especial en lo
referido a las víctimas de violencia de género.»
Resolución núm. 18
«1. El Congreso de los Diputados reconoce la importancia del reciente
Acuerdo para afianzar la unidad en defensa de las libertades y en la
lucha contra el terrorismo y la necesidad de que en su desarrollo se
trate de alcanzar el apoyo del mayor número de fuerzas políticas.
2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
a) Desarrollar el Plan Estratégico Nacional de lucha contra la
radicalización violenta, recientemente aprobado.
b) Impulsar y participar con el máximo compromiso en todas las iniciativas
internacionales para combatir el terrorismo yihadista, tanto en el ámbito
de la prevención, como en los terrenos operativos, policial y de
inteligencia.
c) Impulsar iniciativas legislativas que actualicen y refuercen el marco
jurídico frente al terrorismo.
d) Garantizar los recursos humanos y materiales necesarios para luchar más
eficazmente contra el terrorismo en la Administración de Justicia, las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los servicios de
inteligencia.
e) Constatar la necesidad de garantizar que las tecnologías de la
información y las comunicaciones sean un espacio seguro y libre, al
servicio de los españoles, evitando que las herramientas tecnológicas y,
en particular, las redes sociales, sean objetivo de organizaciones o
individuos terroristas o medio empleado por éstas para conseguir sus
fines.
f) Continuar trabajando de forma prioritaria en las políticas de
reconocimiento y de apoyo a las víctimas del terrorismo, bajo los
principios de memoria, dignidad, justicia y verdad que inspiran la Ley
29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a
las Víctimas del Terrorismo; el desarrollo del Proyecto de Ley de
Estatuto de la Víctima del Delito; y, en particular, mediante la puesta
en marcha del Centro Memorial para las Víctimas del Terrorismo.»
Resolución núm. 19
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a ejecutar, a la mayor
brevedad posible, dentro de las actuaciones de emergencia, los
acondicionamientos necesarios del cauce del río Ebro en el área de
influencia del tramo medio del río con el fin de minimizar los daños en
situaciones hidrológicas extremas, en coordinación con la Comunidad Foral
de Navarra, Aragón y La Rioja.»
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97
del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2015.P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.