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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 142, de 11/09/2012
cve: BOCG-10-D-142
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
11 de septiembre de 2012
Núm. 142
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
158/000020 Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para realizar un seguimiento y eventuales aportaciones a la posición del Gobierno de España ante el procedimiento
de Reforma de la Política Pesquera Común (PPC) y su futura implementación, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista ... (Página5)
158/000021 Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Industria, Energía y Turismo, sobre la reforma del sector energético, presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural ...
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión de Asuntos Exteriores
161/000836 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre condena del golpe de Estado en Paraguay ... (Página10)
161/000837 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre relaciones con el Gobierno de Guinea Ecuatorial ... (Página11)
161/000839 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el reconocimiento de la memoria de Oswaldo Payá ... (Página12)
161/000844 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre denuncia de los 'Acuerdos de Madrid' y del Decreto RD2258/76 (10 agosto 1976) y otras medidas sobre el Sahara Occidental
... (Página13)
161/000870 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre la inclusión de los delitos de terrorismo en el ámbito de la competencia de la Corte Penal Internacional ...
Comisión de Justicia
161/000835 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la reforma de la legislación hipotecaria, reforzando las garantías de titulares registrales y terceros ...
161/000871 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos ... (Página17)
Comisión de Interior
161/000856 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre mantenimiento de los Grupos de Respuesta contra el Crimen Organizado (GRECO,s) y los Equipos contra el Crimen Organizado (ECO,s) ...
Comisión de Economía y Competitividad
161/000854 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el cambio en la política de retribuciones de los directivos y consejeros de entidades financieras ...
161/000869 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para el establecimiento de una hoja de ruta de las ayudas europeas al sector financiero que incorpore compromisos explícitos para el
aumento del crédito a PYMES y familias con proyectos viables ... (Página23)
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/000848 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al efecto de la subida del IVA, recientemente aprobada por el Gobierno, en los costes de rehabilitación y reconstrucción de los edificios afectados
por los terremotos ocurridos en Lorca ... (Página25)
161/000852 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el Consejo de las Lenguas Oficiales ... (Página26)
161/000867 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, relativa a la racionalización del conjunto de entes periféricos de las administraciones central, autonómica y local ...
Comisión de Fomento
161/000838 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el mantenimiento de las prestaciones de los servicios ferroviarios en la Comunitat Valenciana ... (Página30)
161/000843 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para mejorar la señalización en la autovía A-2 a su paso por el municipio de Cornellà de Llobregat ...
161/000845 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, para la puesta en valor de la Torre del Cabo de Huertas ... (Página31)
161/000851 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a la ejecución de las obras de acondicionamiento de la carretera N-260 entre Portbou y la frontera francesa
... (Página32)
161/000872 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al necesario programa de descuentos en la autopista AP-9 de Galicia ... (Página33)
Comisión de Educación y Deporte
161/000853 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre mecanismos para facilitar la liquidez de las universidades ... (Página34)
161/000863 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, relativa a la regulación y dotación de un programa nacional de ayudas para comedores escolares y la prohibición de cobrar por el uso del
comedor escolar cuando se autorice llevar comida de casa ... (Página35)
161/000864 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el desmesurado aumento del IVA en los materiales de uso escolar ... (Página37)
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/000857 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la prórroga del Plan PREPARA ... (Página38)
161/000862 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, contra la pobreza y la exclusión social ... (Página39)
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/000841 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la conversión del Parador de Puerto Lumbreras en la 2.ª Escuela de Hostelería de la Red Nacional de Paradores ...
161/000842 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la necesidad de un nuevo estudio y el replanteo de la implantación de una subestación con la línea en aéreo de 400KV en el término municipal de Santa
Coloma y el estudio de minimización de los impactos de la MAT a su paso por los diversos municipios de las comarcas del Vallès Oriental y Occidental desde Santa Coloma de Gramanet hasta Sentmenat ... (Página41)
161/000847 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el Parador de Turismo de Morella ... (Página42)
161/000855 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, para garantizar la continuidad de la actividad de la minería del carbón y el empleo de los mineros ...
161/000868 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la paralización temporal de las centrales nucleares de Garoña y Cofrentes ... (Página44)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/000840 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, para la constitución de un Banco de Tierras ... (Página45)
161/000849 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre ayudas ante los daños causados por los incendios del L'Alt Empordà ... (Página46)
161/000858 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre los incendios en Canarias ... (Página47)
161/000859 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre ayudas ante los daños causados por el incendio declarado en La Gata (Cáceres) ... (Página49)
161/000860 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la conservación del lobo ... (Página50)
161/000865 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la pesca artesanal ... (Página51)
161/000866 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la industria transformadora de productos de la pesca ... (Página52)
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/000735 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas para la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Pasa a tramitarse ante la Comisión de Igualdad ...
161/000778 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas para evitar fraudes en empresas que ofrecen asesoramiento jurídico en casos de desahucios. Pasa a tramitarse ante la Comisión de Justicia ...
161/000832 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que el Gobierno priorice los servicios de atención a la dependencia como preferentes respecto a las ayudas económicas en los Programas
Individuales de Atención elaborados para los solicitantes del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) ... (Página54)
161/000833 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que el Gobierno impulse el proceso de consultas sociales necesarias de cara a la futura elaboración del Estatuto del Mayor ...
Comisión de Cultura
161/000834 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la aprobación de una Ley reguladora de la Biblioteca Nacional de España ... (Página56)
161/000850 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para mantener y garantizar la conservación y preservación del Parque Ribalta de Castellón ... (Página57)
161/000861 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el IVA ... (Página58)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
181/000493 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), sobre número de malagueños que estima el Gobierno que verán retrasada su incorporación a la Ley de Dependencia, respecto a la previsión anterior, tras la
reciente medida aprobada en Consejo de Ministros ... (Página59)
Competencias en relación con otros órganos e instituciones
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
093/000007 Convenio de colaboración entre Comunidades Autónomas para el intercambio de información sobre la identidad de personas inscritas en los registros de parejas de hecho o similar naturaleza ... (Página60)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
158/000020
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(158) Solicitud de creación de Subcomisiones y Ponencias.
Autor: Grupo Parlamentario Socialista.
Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para realizar un seguimiento y eventuales aportaciones a la posición del Gobierno de España ante el procedimiento de Reforma
de la Política Pesquera Común (PPC) y su futura implementación.
Acuerdo:
Admitir a trámite y trasladar a la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a los efectos de lo dispuesto en la Resolución de la Presidencia de 26 de junio de 1996, advirtiendo que no cabe predeterminar en este momento el
conocimiento por el Pleno del informe final que se elabore, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Asimismo comunicar este acuerdo al Grupo Parlamentario solicitante.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26 de junio de 1996, sobre el procedimiento de
creación y reglas de funcionamiento de las Subcomisiones en el seno de las Comisiones de la Cámara, presentar propuesta de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para realizar un
seguimiento y eventuales aportaciones a la posición del Gobierno de España ante el procedimiento de Reforma de la Política Pesquera Común (PPC) y su futura implementación.
Exposición de motivos
La Política Pesquera Común (PPC) está inmersa en un profundo proceso de reforma, que debería finalizar antes de que acabe el año 2012 y entrar en vigor el próximo año, 2013.
La PPC nace a finales de los años 70 del pasado siglo, como parte de la Política Agrícola Común, y está dotada de autonomía propia desde 1983. Su última reforma en profundidad se produce en 2002.
El 13 de julio de 2011 la Comisión presentó sus propuestas de reforma de la PPC y el 2 de diciembre de ese mismo año su propuesta relativa al Fondo Europeo de Pesca, todo ello con el horizonte 2020 con unos objetivos claros: apostar por una
gestión sostenible de la pesca, que acabe con la sobreexplotación de los caladeros, con los descartes, pero también por el mantenimiento del sector tanto extractivo como de transformación.
Se ha constatado la sobreexplotación de los caladeros y el sobredimensionamiento de las flotas y contra ello se pretende actuar. Pero ello ha de hacerse de forma creíble y pragmática, impidiendo la desaparición de la industria, poniendo fin
a la dependencia del sector de las subvenciones y apostando por la creación de nuevas oportunidades de empleo mediante la diversificación dentro del propio sector,
garantizando así el sostenimiento e, incluso, el crecimiento de las zonas pesqueras. Es decir, sin perder de vista la dimensión social y económica, además de ecológica, que tiene el sector pesquero.
Desde entonces, diversos grupos de trabajo en el seno del Consejo Europeo, han analizado las propuestas de la Comisión y la cuestión se ha debatido en varios Consejos de Ministros de Pesca. El proceso ha sufrido un impulso decisivo en la
reunión del Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea del pasado 12 de junio en Luxemburgo, donde se alcanzó un principio de acuerdo político en puntos esenciales tales como rendimiento máximo sostenible, descartes, dimensión exterior de la
PPC, acceso a las aguas de otros Estados miembro, medidas de conservación y gestión, contenido de los planes plurianuales y mecanismos financieros de apoyo a la nueva PPC, entre otras.
Dado el procedimiento de codecisión al que está sometido el proceso de reforma de la PPC desde el Tratado de Lisboa corresponde ahora el turno al Parlamento Europeo.
En relación con los mecanismos financieros, el proceso no está tan avanzado. El Reglamento del Fondo Europeo Marítimo y Pesquero (FEMP) para 2014-2020 está siendo objeto de un primera revisión de la propuesta de la Comisión en el seno del
grupo de trabajo creado en el Consejo Europeo. La propuesta de la Comisión, obviamente, apuesta por convertir el FEMP en el apoyo financiero a los nuevos objetivos, ambientales y sociales. Desde el punto de vista de nuestro país es necesario
garantizar que el mismo va a seguir apoyando el proceso de adaptación del sector así como las medidas socioeconómicas de acompañamiento del mismo.
En este procedimiento de reforma el Grupo Parlamentario Socialista considera fundamental la búsqueda de soluciones consensuadas entre las fuerzas políticas con representación parlamentaria -tal y como se ha planteado en el Senado-, con el
sector -entendido en el sentido más amplio posible- y con las instituciones de aquellas regiones más dependientes de la pesca. Por eso apuesta por la colaboración con el actual Gobierno en la fijación de la posición española en todo el proceso de
reforma de la PPC y, en su momento, en la implementación de las diversas medidas a través, por ejemplo, de los Planes plurianuales. Todo ello reforzará, sin duda, la posición del Gobierno español, sobre todo, en relación con la nueva regulación del
FEMP.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista propone la creación, en el seno de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de una Subcomisión para realizar un seguimiento y eventuales aportaciones a la posición del
Gobierno de España ante el procedimiento de Reforma de la Política Pesquera Común (PPC) y su futura implementación.
Reglas de organización y funcionamiento:
A) Composición.
La Subcomisión se compondrá de diez miembros, de los que tres pertenecerán al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, dos al Grupo Parlamentario Socialista y uno a cada uno de los Grupos Parlamentarios Catalán (Convergència i Unió), de
IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de Unión Progreso y Democracia, Vasco (EAJ-PNV) y Mixto.
B) Adopción de acuerdos.
En los acuerdos que adopte la Subcomisión se aplicará el criterio del voto ponderado.
C) Objeto de la Subcomisión.
La Subcomisión deberá estudiar el procedimiento de reforma en que está inmersa la Política Pesquera Común y de sus mecanismos financieros para aportar posiciones consensuadas sobre los diversos temas que incluye y, en su caso, procederá al
seguimiento de su implementación posterior en España.
D) Plazo para la realización de los trabajos de la Subcomisión.
La Subcomisión deberá realizar el estudio correspondiente y presentar sus conclusiones en un plazo máximo de seis meses desde su constitución. Este plazo podrá prorrogarse, por decisión del Pleno de la Cámara, cuando los trabajos de la
subcomisión así lo aconseje. El mencionado Informe, una vez aprobado por la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, junto con las conclusiones finales de los trabajos de la Subcomisión, se remitirá al Pleno de la Cámara para su
debate y aprobación.
Los Grupos Parlamentarios podrán solicitar la documentación necesaria para la realización de los trabajos de la Subcomisión desde el momento de su constitución, así como las comparecencias de expertos y representantes del sector, entre
otras, que se consideren oportunas.
El resultado de los trabajos de la Subcomisión se trasladará al Gobierno de la nación y se hará llegar a la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de julio de 2012.-Consuelo Rumí Ibáñez, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
158/000021
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(158) Solicitud de creación de Subcomisiones y Ponencias.
Autor: Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Industria, Energía y Turismo, sobre la reforma del sector energético.
Acuerdo:
Admitir a trámite y trasladar a la Comisión de Industria, Energía y Turismo, a los efectos de lo dispuesto en la Resolución de la Presidencia de 26 de junio de 1996, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, al amparo de la Resolución 18 de la Presidencia del Congreso de 26 de junio de 1996, sobre el procedimiento de creación y reglas de funcionamiento de las Subcomisiones en el
seno de las Comisiones de la Cámara, presenta la siguiente propuesta de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Industria, Energía y Turismo, sobre la reforma del sector energético.
Exposición de motivos
Uno de los múltiples talones de Aquiles del modelo productivo de la economía española y de su pérdida de productividad es su profunda ineficiencia energética. La razón principal es un modelo de infraestructuras muy dependiente del exterior
y del petróleo, lo que a su vez conlleva una terrible dependencia energética. España importa el 75% de la energía primaria que utiliza frente al 50% de media en la UE, cifra considerada elevada por las instituciones comunitarias.
Además, esta dependencia va en aumento, con las implicaciones no sólo económicas y comerciales que ello supone, sino también con unos efectos ambientales significativos al tratarse mayoritariamente de productos fósiles con un elevado nivel
de emisiones de efecto invernadero. Por otro lado, el sistema productivo español es terriblemente ineficiente en el consumo de energía: A pesar de los esfuerzos hechos en los últimos años, la intensidad energética de España está más de 15 puntos
porcentuales por encima de la intensidad energética de la UE-15.
El sistema de tarificación de la electricidad sigue siendo ineficiente y poco competitivo, lo que ha generado un déficit tarifario cifrado ya en 24.000 millones de euros. Las diferentes iniciativas llevadas a
cabo para contener este déficit se han cebado con las energías renovables, desde el RDL 14/2010 hasta el RDL 13/2012 pasando por el RDL 1/2012, que han dejado en una situación de riesgo y debilidad a esta industria puntera y líder en el
planeta.
Desde el Ministerio de Industria, Energía y Turismo se estudia una subida de impuestos al sector eléctrico para acabar con el déficit de tarifa. Esta propuesta incluye un impuesto del 11% a la generación eólica y otro del 19% a la
fotovoltaica y del 13% a la termosolar, entre otros. Esto supondría definitivamente el toque de muerte a las renovables, y si no se ha aprobado todavía es por las discrepancias con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Se ha intentado arreglar el déficit tarifario sólo atacando a las energías renovables y sus primas, sin tener en cuenta otros aspectos mucho más perjudiciales para el sistema energético español como son los beneficios caídos del cielo de
nucleares e hidráulicas.
Gracias a la energía solar, España llegó a situarse en 2008 en cabeza de un mercado mundial de alta tecnología, atrayendo inversiones de todo el mundo. Pero el frenazo que ha ido aplicando el Gobierno desde entonces ha hecho que se hayan
perdido unos 30.000 empleos en el sector. Mientras España frenaba en seco el crecimiento de la energía solar, Alemania recuperó el liderazgo, instalando en 2010 más potencia fotovoltaica que nunca ningún país en el mundo.
Otro elemento fundamental para el impulso de las renovables es la promoción del autoconsumo. Los impedimentos administrativos actuales están paralizando el consumo de energía limpia en hogares, empresas y ciudades.
La consecuencia de estas políticas hacen difícil que España alcance sus objetivos energéticos y climáticos en el marco de la Estrategia Europa 2020, aumentando la dependencia energética, las emisiones contaminantes y las de efecto
invernadero, tal y como la misma Comisión Europea (CE) ha indicado. De hecho, la CE ha pedido a España una simplificación de los complejos procedimientos de autorización y planificación y la supresión de otros obstáculos al desarrollo de las
energías renovables
La reforma de un sector eléctrico no se puede basar en una revisión superficial o en impuestos que hundan el sector de renovables, sino que precisa de una remodelación en profundidad que acabe con los privilegios de las grandes eléctricas.
Es necesario realizar un debate donde participen los sectores implicados, mediante un debate amplio y transparente en un grupo de trabajo donde se sientan representados no sólo la voz de las grandes eléctricas sino también de las renovables
y sus pequeños productores así como de los ecologistas.
Por estos motivos, la creación de una Subcomisión específica sobre la reforma del sector energético permitiría el estudio de:
- El funcionamiento del mercado eléctrico teniendo en cuenta la compensación excesiva de centrales nucleares e hidráulicas, entre otros, con la finalidad de solucionar el déficit tarifario.
- Las primas a las energías renovables, las asignadas a la cogeneración con combustibles fósiles y los 'beneficios caídos del cielo' o retribuciones a instalaciones de generación cuyos costes de producción son significativamente menores a
los precios medios resultantes del mercado mayorista.
- El desarrollo de las energías renovables, estableciendo un marco que suprima los obstáculos impuestos a las mismas y que permita incentivar la eficiencia, la mejora tecnológica y que asegure una retribución razonable a los productores para
alcanzar los objetivos de potencia contemplados en el 'Documento de Zurbano' .
- Una Ley de Renovables que sea la transposición completa de la Directiva 2009/28/CE, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, y que establezca un marco regulatorio estable, con simplificación administrativa,
normas públicas de conexión y que reconozca las externalidades positivas de las energías renovables, facilitando el acceso de las renovables en hogares, empresas y ciudades.
- Las modificaciones legales oportunas para alcanzar un modelo de generación distribuida, mediante un sistema de redes inteligentes y un sistema público obligatorio de contadores inteligentes.
- Una planificación energética integral que incluya los planes de ahorro de emisiones, los planes de renovables y los de ahorro y eficiencia energética, incrementando los objetivos europeos (30+30+30) para el 2020, internalizando costes para
todas las fuentes de energía, con un modelo de generación distribuida complementado con las interconexiones y las redes inteligentes necesarias para un modelo más distribuido.
- Una ley de ahorro y eficiencia energética, que tenga en cuenta entre otros, instrumentos de planificación, de gestión de la demanda, edificios con balance de energía cero así como la prohibición de la producción y comercialización a partir
del 2012 de productos poco eficientes.
- Medidas de fiscalidad ambiental bajo el principio de que el que contamina paga, haciendo visible a los consumidores los costes reales del CO2 y la mayor competitividad de las renovables frente a los combustibles fósiles y la energía
nuclear.
- Acentuar la tarea de inspección de la CNE, para evitar posibles fraudes en los mercados eléctricos.
Por ello y por todo lo expuesto anteriormente, se presenta la siguiente propuesta de creación de Subcomisión en el seno de la Comisión de Industria, Energía y Turismo para el estudio de la reforma del sector energético.
Composición:
La Comisión de Industria, Energía y Turismo determinará, a instancias de la Mesa y portavoces, el número de diputados que cada Grupo Parlamentario designará para dicha Subcomisión.
Reglas de organización y funcionamiento:
1. Objeto de la Subcomisión: La realización de un estudio sobre las posibles medidas a llevar a cabo con la finalidad de estudiar el funcionamiento del mercado eléctrico teniendo en cuenta la compensación excesiva de centrales nucleares e
hidráulicas, entre otros, con la finalidad de solucionar el déficit tarifario; las primas a las energías renovables, las asignadas a la cogeneración con combustibles fósiles y los 'beneficios caídos del cielo' o retribuciones a instalaciones de
generación cuyos costes de producción son significativamente menores a los precios medios resultantes del mercado mayorista; el desarrollo de las energías renovables, estableciendo un marco que suprima los obstáculos impuestos a las mismas y que
permita incentivar la eficiencia, la mejora tecnológica y que asegure una retribución razonable a los productores para alcanzar los objetivos de potencia contemplados en el 'Documento de Zurbano'; una Ley de Renovables que sea la transposición
completa de la Directiva 2009/28/CE, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, y que establezca un marco regulatorio estable, con simplificación administrativa, normas públicas de conexión y que reconozca las
externalidades positivas de las energías renovables, facilitando el acceso de las renovables en hogares, empresas y ciudades; las modificaciones legales oportunas para alcanzar un modelo de generación distribuida, mediante un sistema de redes
inteligentes y un sistema público obligatorio de contadores inteligentes; una planificación energética integral que incluya los planes de ahorro de emisiones, los planes de renovables y los de ahorro y eficiencia energética, incrementando los
objetivos europeos (30+30+30) para el 2020, internalizando costes para todas las fuentes de energía, con un modelo de generación distribuida complementado con las interconexiones y las redes inteligentes necesarias para un modelo más distribuido;
una ley de ahorro y eficiencia energética, que tenga en cuenta entre otros, instrumentos de planificación, de gestión de la demanda, edificios con balance de energía cero así como la prohibición de la producción y comercialización a partir del 2012
de productos poco eficientes; Medidas de fiscalidad ambiental bajo el principio de que el que contamina paga, haciendo visible a los consumidores los costes reales del CO2 y la mayor competitividad de las renovables frente a los combustibles
fósiles y la energía nuclear; Acentuar la tarea de inspección de la CNE, para evitar posibles fraudes en los mercados eléctricos.
2. Sistema de decisión: En el proceso de decisión de acuerdos, los representantes de cada Grupo Parlamentario tendrán un voto ponderado proporcional a su representación en esta Cámara.
3. Designación de comparecientes: Cada Grupo Parlamentario tendrá derecho a designar hasta un máximo de cuatro ponentes para recabar la información oportuna para cumplir con el objeto de la Subcomisión
4. Documentación: Cada Grupo Parlamentario podrá recabar, en cualquier momento de los trabajos de la Subcomisión, la información que considere oportuna para cumplir con el objeto de la Subcomisión.
Plazo de finalización de los trabajos de la Subcomisión:
En el plazo de seis meses desde su constitución, la Subcomisión de reforma del sector energético, elevará a la Comisión de Industria, Energía y Turismo un informe para su aprobación, con los votos particulares oportunos de los Grupos
Parlamentarios discrepantes.
Palacio del Congreso de los Diputados. 24 de agosto de 2012.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/000836
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre condena del golpe de Estado en Paraguay, para su debate en la
Comisión de Exteriores.
Ha pasado un mes desde que se produjo el golpe de Estado en Paraguay que acabó con la destitución del presidente democráticamente electo, Fernando Lugo, para sustituirlo por el diputado Federico Franco. Este golpe de Estado se enmarca en el
nuevo 'golpismo blando' que sigue un patrón diferente al de los golpes militares tradicionales, en el que los poderes conservadores provocan o se aprovechan de situaciones de crisis a partir de las cuales alteran la correlación de fuerzas en el
Estado para destituir al presidente, pasando por encima de la soberanía popular.
Frente a este golpe de Estado el gobierno de España lejos de condenarlo ha mantenido una posición ambigua al respecto que en la práctica supone el reconocimiento de facto del nuevo Gobierno y una cierta comprensión hacia el golpe de Estado
acaecido en Paraguay.
La posición del Gobierno de España se puede considerar aislada y opuesta a las reacciones tanto en la UE como en Latinoamérica. La Alta Representante de la UE para Política Exterior y de Seguridad, Catherine Ashton, condenó el golpe de
Estado e instó a que en consecuencia la Unión Europea retire su representación del país hasta que no se restituya al Presidente electo.
Igualmente contundentes en sus pronunciamientos han sido el resto de países e instituciones de la región que han coincidido en no reconocer la legitimidad ni autoridad del Gobierno de Franco y han instado también a la Unión Europea a sumarse
a la posición de todos los organismos regionales como UNASUR, MERCOSUR, CELAC e incluso la OEA que han condenado el golpe de Estado y que reclaman el restablecimiento del orden constitucional en Paraguay.
Las acciones de desestabilización del Gobierno, las presiones y los anteriores intentos infructuosos de juicio político para destituir al presidente electo han precedido el golpe de estado 'constitucional' consumado el pasado 22 de junio.
La Constitución paraguaya heredada permitía esta maniobra sin explicitar ni reglamentar cómo proceder en este caso. Las muertes de Caraguaty fueron instrumentalizadas para abrir el proceso de destitución del Presidente Lugo. En tiempo record, el
Senado fue convocado para dictar una sentencia anunciada acusando políticamente al presidente por 'complacencia con la agitación agrícola y fomentar la lucha de clases'. En total, menos de 36 horas para derrocar al Presidente Lugo y sustituirlo por
su vicepresidente Federico Franco, del Partido Liberal, y fiel a los poderes económicos del país.
Esta maniobra antidemocrática amenaza con desestabilizar la región y se enmarca -junto con el golpe de estado del 2009 en Honduras, el intento en Ecuador y los movimientos desestabilizadores en Bolivia- en la ofensiva de las oligarquías
latinoamericanas contra los gobiernos de los países progresistas. Esta vez representa un claro ataque al proceso de transformación del país, que se inició con la victoria de
Fernando Lugo en 2008 y que significaba una ventana de esperanza que ponía fin a sesenta años de injusticias para el pueblo de Paraguay.
Por todo lo expuesto, se propone la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Condenar expresamente el golpe de Estado en Paraguay que acabó con la destitución del presidente democráticamente electo, Fernando Lugo y su sustitución por el diputado Federico Franco.
- Retirar su representación diplomática del país hasta que no se restituya al Presidente electo, Fernando Lugo.
- Asimismo, el Congreso de los Diputados condena y expresa su preocupación ante lo que podría denominarse nuevo golpismo blando -Paraguay recientemente, el intento en Ecuador y los movimientos desestabilizadores en Bolivia o el golpe de
estado del 2009 en Honduras- que siguiendo un patrón diferente al de los golpes militares tradicionales, los poderes conservadores provocan o se aprovechan de situaciones de crisis a partir de las cuales alteran la correlación de fuerzas en el
Estado para destituir al presidente, pasando por encima de la soberanía popular.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de julio de 2012.-Joan Josep Nuet i Pujals, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto Primero del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/000837
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre relaciones con el Gobierno de Guinea Ecuatorial, para su debate
en la Comisión de Exteriores.
El régimen político de Teodoro Obiang en Guinea Ecuatorial solo puede ser calificado de dictadura militar. Bastaría consultar los últimos informes de Amnistía Internacional para hacer in diagnóstico de cómo ese régimen viola los derechos
humanos: secuestros, detenciones arbitrarias, torturas, desaparecidos...
Sin embargo el anterior Gobierno, decidió iniciar conversaciones con el Gobierno de Obiang con el fin de convencer al mismo de la necesidad de iniciar un proceso de democratización de Guinea Ecuatorial y nada hace preveer que el actual
gobierno del Partido Popular vaya a cambiar la orientación de su política exterior con respecto a Guinea Ecuatorial.
Desde nuestro punto de vista, las relaciones políticas y diplomáticas o las relaciones económicas que se quieran mantener con el gobierno de esa dictadura africana, cualquier política de cooperación al desarrollo que se quiera llevar a cabo
en Guinea Ecuatorial desde el Gobierno español debe estar sujeta a una serie de condiciones que garanticen el respeto de los derechos humanos en dicho país.
Por lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Condicionar las relaciones políticas y económicas con el gobierno de Guinea Ecuatorial a:
- Poner fin a la tortura a través de la aplicación de la Ley Contra la Tortura, y a la impunidad de sus responsables.
- Poner fin a las detenciones arbitrarias, a la detención en régimen de incomunicación y a la detención sin cargos, ni juicio.
- Respetar, defender, promocionar y garantizar los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión, absteniéndose de perseguir o encarcelar a quienes los ejercen.
- La liberación inmediata de los presos políticos actualmente encarcelados en Guinea. Esta liberación deberá hacerse con las garantías propias de un Estado de Derecho.
- La convocatoria de elecciones con las debidas garantías, que atienda entre otras, la elaboración de un censo real y transparente, verificado por la comunidad internacional.
- La aceptación de observadores internacionales de partidos políticos de países democráticos de cualquier parte del mundo (especialmente de Unión Europea) de ONGs, así como de observadores de la ONU y OUA (Organización de Estados Africanos).
- Establecer garantías para el regreso de todos los refugiados guineanos actualmente en el exilio que así lo deseen.
- Incorporar en la legislación interna los tratados ratificados en materia de derechos humanos; publicar las leyes para hacerlas accesibles a la población en general
- Que la política de cooperación al desarrollo se condicione a la constatación de avances en un proceso de democratización en Guinea Ecuatorial, dando prioridad a proyectos de la sociedad civil, proyectos de ONGs españolas o europeas éticas,
sin vinculaciones con el Gobierno, con experiencia y trabajo contrastado y riguroso en el país, especialmente en derecho a la educación y a la salud.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de julio de 2012.-Joan Josep Nuet i Pujals, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto Primero del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/000839
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre el reconocimiento de la memoria
de Oswaldo Payá, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
Oswaldo Payá, líder del Movimiento Cristiano de Liberación de la República de Cuba, fallecido en accidente de tráfico el pasado 22 de julio en la ciudad de Bayamo, dio ejemplo de un firme compromiso con la defensa de los Derechos Humanos y
las Libertades Individuales y Colectivas, compromiso que hoy continuará su viuda.
La entrega a una labor tan memorable justifica hoy la presentación de la siguiente Proposición no de Ley, al no prosperar una Declaración Institucional en la Cámara por objeción del Grupo Socialista.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'- El Congreso de los Diputados, como representante de la soberanía del pueblo español, desea transmitir sus condolencias a la familia y amigos de Oswaldo Payá, líder del Movimiento Cristiano de Liberación en la República de Cuba, tras su
fallecimiento en accidente de tráfico.
- El Congreso de los Diputados desea honrar la memoria de quien desde hace muchos años y en condiciones muy difíciles ha venido trabajando por las libertades individuales y colectivas en la República de Cuba. Su compromiso le hizo acreedor
en 2002 del Premio Sajarov que concede el Parlamento Europeo en reconocimiento a su lucha a favor de los derechos humanos. Su muerte significa una gran pérdida para quienes trabajan por la reconciliación del pueblo de Cuba.
- El Congreso de los Diputados también desea hacer llegar sus condolencias a la familia y amigos del Harold Copero, que también ha fallecido en el mismo accidente, y espera la pronta recuperación de los dos heridos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de julio de 2012.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000844
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre denuncia de los 'Acuerdos de Madrid', y del Decreto RD2258/76 (10
agosto 1976) y otras medidas sobre el Sahara Occidental, para su debate en la Comisión de Exteriores.
España, en 1975, incumplió sus responsabilidades con Naciones Unidas y con el pueblo saharaui, abrió la puerta del Territorio No Autónomo del Sahara a las tropas extranjeras, culminando su conspiración con la firma de un 'acuerdo
tripartito', convertido en 'bipartito', desde la retirada de Mauritania en 1979.
Después de treinta y cinco años, no existe ni un solo estado miembro de la comunidad internacional, que haya reconocido la legitimidad del Territorio No Autónomo del Sahara Occidental, como territorio marroquí. Por el contrario un elevado
número de Estados, ha reconocido al Estado de la R.A.S.D. y ha establecido relaciones diplomáticas oficiales con su Gobierno, representado por el Frente Polisario.
Los 'Acuerdos de Madrid', ya que lejos de contribuir al mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, han permitido la constante violación de derechos humanos, obstaculizado la celebración del referéndum de autodeterminación e
impidiendo la solución del conflicto. Todo ello, asumiendo las responsabilidades de estado correspondientes, y en base a los siguientes argumentos:
1. Por vulnerar el principio de libre determinación de los pueblos coloniales, una norma 'ius cogens', consolidada en el derecho internacional y consagrada en la Carta de la Naciones Unidas, y por tanto oponible 'erga omnes' (frente a
todos), cuya grave violación lesiona ilícitamente a toda la comunidad internacional, constituyendo incluso un crimen internacional [Res AG 1514-(XV) 14/12/1960].
2. Por el incumplimiento del Estado español en sus responsabilidades como potencia administradora, artículo 73 (capítulo XI), NNUU, desprotegiendo a 73.497 saharauis contra todo abuso, según censo oficial 1974, no preservando sus recursos
naturales, ni tener debidamente en cuenta 'sus aspiraciones políticas'.
3. Por violar deliberadamente los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas: mantenimiento de la paz y seguridad internacional, resolución del conflicto por medios pacíficos, restablecimiento de los derechos humanos y respeto
del derecho a la autodeterminación.
4. Por ser contrarios al artículo 53 del Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados, por lo que son nulos de pleno derecho según la legalidad internacional.
5. Por violar y utilizar alevosamente y siempre de mala fe los artículos 33 y 103 de la Carta de Naciones Unidas, (en caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por los Miembros de las Naciones Unidas en virtud de la presente
Carta, prevalecerán las obligaciones impuestas por la presente Carta). Como así mismo, complicidad en la violación de la Res, AG 16 1964 de la Organización de la Unidad Africana (OUA), sobre la intangibilidad de las fronteras heredadas del
colonialismo.
6. Por violar el Derecho Interno al no publicarse los Acuerdos de Madrid en el 'BOE', según artículo 1-(2), artículo 1-(5), artículo 2-(1) del Código Civil (artículo 46 C.Viena). La publicación en el 'BOE' de la 'Ley de descolonización',
19/11/1975, trató de sustituir a estos acuerdos, pretendiendo a través de dicha 'Ley', eludir las responsabilidades correspondientes como Potencia administradora de un territorio no autónomo (TNA), y asumir competencias descolonizadoras, que solo
concernían y competen a las Naciones Unidas.
7. Por constituir una clara invitación al reparto del territorio, facilitando a las FAR marroquíes la invasión del TNA, desde el 30 de octubre del 1975, ni por supuesto, informar que las tropas invasoras estaban encontrando una inesperada y
encarnizada resistencia por parte del Frente Polisario. (52 C. Viena).
8. Porque la Yema'a, en vez de prestarse al juego de la 'transmisión de la administración' a Marruecos y Mauritania, a través del artículo 3 de dichos acuerdos, en reunión mayoritaria celebrada el 28 de noviembre de 1975 en la localidad de
Guelta Zemmur (a donde no habían llegado las tropas invasoras), declaran su apoyo incondicional al Frente Polisario, y autodisolverse definitivamente.
9. Por violar sus responsabilidades como Potencia Administradora del Territorio No Autónomo del Sahara Occidental, incumpliendo el principio de fa 'soberanía permanente sobre recursos naturales', y el control del aprovechamiento de esos
recursos en el futuro, AG Res 1803 (XVII),de 14/12/1962, P.I.D.E.S.C., y el P.I.D.C.P., de 1966, AG Res 3201 (S-VI), de 1/05/1974, Res 3281 (XXIX), de 12/12/1974, que contenía la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, y resoluciones;
(35/118, de 11/12/1980); (52178, de 10112/1997); (54191, de 6112/1999; (55/147, de 8/12/2000); y (56/74, de 10/12/ 2001).(Véase Informe Hans Corell 29/01/2002).
10. Por convertir los 'Acuerdos de Madrid' en un ignominioso contrato de compraventa de fosfatos y pesca, menospreciando sus consecuencias: la vida de un pueblo masacrado, torturado y expoliado en sus medios de subsistencia, condenándolo
al desplazamiento forzoso y persecución política, y a todo tipo de violaciones de DDHH, y que sigue sufriendo un auténtico genocidio que implica además la comisión de crímenes contra la humanidad.
11. Por usurpar al pueblo saharaui la nacionalidad española, a través de los 'Acuerdos de Madrid', y del ilegal Decreto RD2258/76 (10 agosto 1976, siete meses después de haber abandonado el territorio).
12. Porque, al firmar los 'Acuerdos de Madrid', España, subordina los derechos del pueblo saharaui al anexionismo de Marruecos y Mauritania, consciente de la imposibilidad de una autodeterminación bajo esa 'administración', e impidiendo
alevosamente la única fórmula valida: La transmisión de la administración del TNA a la ONU (Plan Waldheim), que sí hubiesen protegido los derechos del pueblo saharaui, y la celebración del referéndum de autodeterminación organizado bajo control de
Naciones Unidas.
Por todo lo anterior, el Gobierno de España, debe denunciar la legalidad de los 'Acuerdos de Madrid', y del Decreto RD2258/76, y cumplir lo establecido en nuestra Constitución, Carta de Naciones Unidas, Declaración Universal de Derechos
Humanos y los Pactos Internacionales por él firmados y ratificados.
Por todo lo expuesto se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Denunciar los 'Acuerdos de Madrid', y del Decreto RD 2258/76 (10 agosto 1976) por procedimiento de urgencia.
2. Restitución inmediata de la nacionalidad española a todos los saharauis censados en 1974 y sus descendientes, y así mismo, los que puedan demostrar, con la aportación de las documentaciones correspondientes, su derecho a mantener u
obtener la nacionalidad española.
3. Iniciar inmediatamente las acciones pertinentes para entregar a las Naciones Unidas las responsabilidades adquiridas por España como potencia administradora en 1962, y que, al igual que en el precedente de Timor Oriental, el Sahara
Occidental quede bajo la 'Administración de Transición de las Naciones Unidas para Sahara Occidental', como protección de la vida de sus habitantes, sus recursos naturales y su promoción, como Territorio No Autónomo hasta su descolonización a través
del referéndum de autodeterminación correspondiente. Y con el fin inmediato de conseguir:
- El mantenimiento de la paz y la seguridad internacional.
- La resolución del conflicto por medios pacíficos.
- El restablecimiento de los derechos humanos.
- El respeto del derecho a la autodeterminación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de julio de 2012.-Joan Josep Nuet i Pujals, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto Primero del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/000870
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición
no de Ley sobre la inclusión de los delitos de terrorismo en el ámbito de la competencia de la Corte Penal Internacional, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
La entrada en vigor, el 1 de julio de 2002, del Estatuto de la Corte Penal Internacional, adoptado en Roma el 17 de julio de 1998, ha constituido un hito en la historia reciente de las relaciones internacionales.
Por primera vez, desde que una iniciativa de ese tipo fuera sugerida por la ONU en 1945, se logra el objetivo de la creación de una jurisdicción penal internacional de ámbito universal con competencia para actuar contra los responsables de
crímenes internacionales (crímenes de guerra, crímenes de !esa humanidad, genocidio y agresión) poniendo, de este modo, fin a la impunidad de sus autores.
Pese al avance logrado mediante la creación de esta jurisdicción de ámbito universal con competencia para conocer y juzgar graves crímenes internacionales como son los relativos a crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y
agresión, el Estatuto de la Corte Penal Internacional, sin embargo, no contempla el crimen de terrorismo aunque en las negociaciones de la Conferencia de Roma se debatió sobre esa posibilidad. En este sentido, la inclusión del crimen de terrorismo
en el Estatuto de la Corte se beneficiaría de la neutralidad que caracteriza a la Corte. Además, contribuiría a una persecución más efectiva de los terroristas evitando que estos se refugiaran en un Estado que o bien les diera cobijo negándose a
juzgarles o impidiendo su extradición o bien fuera incapaz de juzgarles por no disponer de los medios suficientes para ello. Finalmente, tal inclusión impediría la prescripción de los crímenes de terrorismo, evitaría la impunidad de los terroristas
y la consiguiente victimización secundaria de las víctimas. En esta misma línea, el Grupo de Trabajo sobre Naciones Unidas y Terrorismo afirmó que el terrorismo podría disminuir si la Corte Penal Internacional fuera competente para juzgar los
crímenes más graves cometidos por terroristas.
La pasada legislatura se presentó la Proposición no de Ley sobre inclusión de los delitos de terrorismo en el ámbito de la competencia de la Corte Penal Internacional con número de expediente 161/000145 en la Comisión de Asuntos Exteriores.
El resultado de la tramitación de esta iniciativa parlamentaria fue la aprobación de la misma por parte de esta Comisión con un amplio apoyo de los grupos que conformaban esta, a fecha de 31 de marzo de 2009.
Sin embargo hasta el momento, ni el Gobierno de don José Luis Rodríguez Zapatero ni el actual Gobierno, encabezado por don Mariano Rajoy Brey, han realizado ninguna acción para el cumplimiento de esta Proposición no de Ley.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'1. Reforzar el compromiso y la contribución del Gobierno de España con el fin de articular y resolver los aspectos que quedan pendientes de acordar en el ámbito de las Naciones Unidas, para la futura adopción del Convenio Global contra el
Terrorismo.
2. Apoyar e impulsar todas aquellas gestiones e iniciativas encaminadas a que, una vez acordada la correspondiente definición consensuada de terrorismo en el ámbito internacional, proceda promover la inclusión del crimen de terrorismo en el
Estatuto de Roma, en el contexto de una futura Conferencia de Revisión.
3. Informar a la Comisión de Asuntos Exteriores sobre las gestiones, acciones y resultados de la acción del Gobierno en relación con este asunto.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de agosto de 2012.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
Comisión de Justicia
161/000835
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta fa siguiente Proposición no de Ley, relativa a la reforma de la
legislación hipotecaria, reforzando las garantías de titulares regístrales y terceros, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
La transformación del suelo y el uso racional del mismo para que pueda darse cumplimiento a la función social del derecho de propiedad, consagrada en el artículo 33 de la Constitución, es una de las mayores preocupaciones del legislador
español de la segunda mitad del siglo XX. Desde antiguo se viene valorando la utilidad de contar con el Registro de la Propiedad como una herramienta esencial a la hora de asegurar el cumplimiento de la, así llamada, legalidad urbanística. La Ley
del Suelo de 1956 señalaba genéricamente en su artículo 209 que '... los actos administrativos que se produzcan en el ejercicio de las funciones reguladas en la presente Ley podrán ser anotados e inscritos en el Registro de la Propiedad...'. Desde
entonces, numerosas disposiciones legales y reglamentarias han ido dando forma a esa habilitación inicial. Este proceso culmina, puede decirse, con la publicación en 1997 del Real Decreto 1093/1997, de Normas Complementarias al Reglamento
Hipotecario en materia de acceso al Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística.
En él se contenían numerosas disposiciones sobre la forma en que los actos urbanísticos, mirado el urbanismo desde cada una de sus tres vertientes de planeamiento, gestión y disciplina, debían quedar reflejados en el Registro. Parte de
estas disposiciones tuvieron que ser replanteadas más tarde. Aun así, la formulación original ha mantenido su vigencia hasta nuestros días.
Sin embargo, esta norma, muy especialmente en materia de disciplina urbanística, pese a sus buenos propósitos, no ha terminado de cumplir su cometido, ya que muchos de los problemas que estaba llamada a atender siguen sin encontrar en ella
una solución definitiva.
En efecto, los acertados mecanismos previstos por el RD 1093/1997 se han probado, cuando menos, ineficaces. Sirva de ejemplo la previsión contenida en los apartados 5 y 6 del artículo 1 para que tuvieran acceso al Registro diversos
expedientes y recursos. Esta constancia se desarrolla en los capítulos VII y Vlll, referidos a las anotaciones preventivas; resulta evidente que la finalidad de estas anotaciones es eminentemente procesal: asegurar el resultado del procedimiento,
evitando la aparición en escena de un tercero de buena fe -al que protege de una manera extraordinaria el artículo 34 de la Ley Hipotecaria-, aparición que haría muy difícil -cuando no imposible- la restauración del orden jurídico infringido. Se
trata, por una parte, de anotaciones preventivas en procedimientos administrativos y, por otra, de anotaciones de demanda propiamente judiciales, de las que ya contemplaba el artículo 42.2 de la Ley Hipotecaria. Tanto en uno como en otro caso su
constancia registral es, en la práctica, muy infrecuente pese a su indudable importancia.
Llevaría mucho analizar en profundidad las razones por las que no ha terminado de cuajar la previsión reglamentaria. En todo caso, es preocupante comprobar cómo, en muchas ocasiones, quienes tratan de burlar la legalidad urbanística para
obtener de ello un beneficio económico, conocen mejor que los propios responsables de las administraciones locales los resquicios de la norma, sus vacíos e incongruencias y son capaces de hacer inviable la medida de aseguramiento o restauración del
orden vulnerado.
Lo cierto es que lo verdaderamente importante no es que la norma prevea la constancia registral de una determinada situación -algo que ya hace, como vemos, sin éxito-, si no, más bien, que la norma remueva los obstáculos para que esa
constancia se produzca de modo efectivo. Para ello es conveniente buscar la colaboración proactiva de los registradores de la propiedad y otros funcionarios que colaboran en este proceso de restauración de la legalidad urbanística violada.
El mecanismo para obtener esta colaboración sería fijar las actuaciones de cooperación, investigación y notificación que se hayan de realizar a partir del momento en el que se inicia el expediente, con independencia de si el mismo culmina o
no en el asiento de anotación preventiva.
Una solución, por tanto, puede ser instar la presentación de oficio de estos expedientes administrativos en el Registro de la Propiedad. Para garantizar esta presentación, sería imprescindible establecer que la remisión del mismo al
Registro sea un trámite necesario para la continuación del procedimiento. Esta presentación no produciría, por sí misma, los fuertes efectos de la publicidad registral; y, por supuesto, con ello no se asegura que la anotación vaya a practicarse
siempre y en todo caso. Lo que sí garantiza, y no es poco, es que la tramitación de los expedientes de disciplina urbanística no continúen a espaldas del Registro.
Esta medida puede acompañarse de otras complementarias, dirigidas a fijar un protocolo de comunicaciones y notificaciones que deberá realizar el registrador desde ese momento a los titulares registrales anteriores. Y de un mandato del
legislador para que el registrador elabore, más allá de la mera calificación defectuosa del documento, un informe o dictamen en el que explique las posibles discrepancias de titularidad o identificación de la finca y sus causas, si de ello hay
indicios en el propio Registro. Y, en fin, de cuantas medidas sea necesario para asegurar el buen fin del expediente.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a remitir a la Cámara un Proyecto de Ley de modificación de la legislación hipotecaria a fin de reforzar las garantías de titulares registrales y terceros, por el que se regule el procedimiento
de remisión de los expedientes de disciplina urbanística al Registro de la Propiedad y se mejore la eficacia de los mecanismos previstos en el RD 1093/1997, tanto en relación con las anotaciones preventivas en procedimientos administrativos, como
con las anotaciones preventivas de demanda.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de julio de 2012.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000871
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente Proposición no de Ley relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos, para su debate en Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
Bajo el marco referencia del 'Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos', aprobado en Varsovia el 16 de mayo de 2005; así como del resto de instrumentos internacionales, adoptados por Naciones Unidas y
la Unión Europea, la trata de seres humanos constituye una violación de los derechos humanos y un atentado contra la dignidad y la integridad de las personas, pudiendo llevar a una situación de esclavitud para las víctimas.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) define la trata como: la utilización, 'en provecho propio y de un modo abusivo', de 'las cualidades de una persona'. Y aclara que, 'para que la explotación se haga
efectiva, los tratantes deben recurrir a la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas' mediante 'la amenaza o el uso de la fuerza y otras formas de coacción, el rapto, fraude, engaño, abuso de poder o de una
situación de vulnerabilidad', encontrándose en el centro de este fenómeno la infinidad de formas de esclavitud.
Según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, unas 800.000 personas por año son víctimas de la trata internacional para el ejercicio de la prostitución, el trabajo en el campo, en fábricas, servicio doméstico, para el ejercicio de
la mendicidad o el tráfico de órganos. Estos 'esclavos' del siglo XXI son, dice el ACNUR, 'imperceptibles para las sociedades que los explotan: viven en una especie de ilegalidad consentida, forzados a la servidumbre sexual' o laboral. Son
'víctimas que no importan a nadie', por su condición social o su extranjería, y que 'dan mucho dinero a muy bajo riesgo'.
La trata de personas, el tercer delito más lucrativo del mundo (se calcula que mueve al menos 10.000 millones de dólares al año) después del tráfico de drogas y de armas, es un fenómeno que fluye en respuesta a la demanda del mercado, la
vulnerabilidad de las leyes, la debilidad de las sanciones y la inestabilidad económica.
Sin embargo, una de las grandes limitaciones para la toma de conciencia acerca de la dimensión de este fenómeno es su anacronismo. En el imaginario colectivo, la esclavitud pertenece al pasado y resulta muy difícil de concebir su existencia
en un mundo de cuya modernización y progreso se esperaba la eliminación de estas prácticas abyectas.
De hecho la lucha internacional hacia el reconocimiento de este delito y la necesidad de que los gobiernos adapten sus legislaciones para la prevención, persecución y castigo del mismo, comenzó a dar sus primeros pasos hace tan solo doce
años, a partir de la promulgación en el año 2000, en Estados Unidos, de la Ley de Protección de las Víctimas de la Trata de Personas (Trafficking Victims Protection Act, TUPA) y la adopción en el mismo año, por parte de Naciones Unidas, del
Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, en especial, mujeres y niños (conocido también como el Protocolo de Palermo). Desde entonces, 116 países han promulgado leyes destinadas al castigo de estos delitos.
En el ámbito europeo se ha promulgado recientemente la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por
la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo.
Dicha Directiva parte de la idea básica de que las autoridades policiales de los Estados miembros de la Unión Europea deben seguir cooperando para reforzar la lucha contra la trata de seres humanos, prestando especial atención a las víctimas
menores de edad. A tal fin de establecen una serie de medidas, estableciendo en su artículo 22 que 'los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido
en la presente Directiva a más tardar el 6 de abril de 2013.'
En el caso de nuestro país, la primera acción organizada contra la trata de seres humanos, únicamente en el ámbito de la explotación sexual, fue la aprobación por el Consejo de Ministros, el día 12 de diciembre de 2008, del Plan integral
contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual 2009-2011, no existiendo hasta el año 2010, en España, ninguna norma que diferenciase el tráfico de personas de la inmigración ilegal.
Teniendo en cuenta que ha habido un cambio de gobierno, que la vigencia inicial del Plan ha expirado (encontrándose actualmente prorrogado hasta diciembre de 2012) y que el Grupo de Expertos del Consejo de Europa (GRETA) que evalúa el
cumplimiento por parte de los Estados del Convenio del Consejo de Europa de Lucha contra la Trata de Personas, visitarán nuestro país a finales de este año o principios de 2013; desde nuestra formación entendemos que procede instar al Gobierno a
que presente una evaluación, del Plan, desde su entrada en vigor, el 29 de enero de 2009, hasta diciembre de 2012.
Tras la evaluación del citado Plan y en la línea internacional de lucha contra este grave delito recogida en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, ratificada por España en marzo del 2002; así
como en la línea de trabajo apuntada por la Red Española contra la Trata, entendemos que el siguiente paso firme en esta lucha ha de ser la promulgación de una Ley estatal contra la trata de seres humanos, que englobe todos los casos de trata y dote
de un estatuto jurídico a las víctimas, de forma que sea un derecho el acceso a determinados recursos, igual que sucede con las víctimas de violencia de género. Esta Ley será el marco normativo y referencial desde el que poner en marcha un nuevo
Plan integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos, con una visión global del problema que integre todas las formas de trata.
En tercer lugar consideramos urgente buscar una solución a la situación creada, en relación con la asistencia sanitaria a las víctimas de trata, a partir del RD 16/2012 de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad
del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. En este Real Decreto no se ha contemplado esta situación especial, ni se ha introducido ninguna excepción.
Entendemos que como víctimas de una grave violación de los derechos humanos, el Estado ha de garantizar su acceso al sistema público de salud, como parte de sus obligaciones para garantizar el restablecimiento físico, psicológico y social de
las personas que han sufrido este delito.
Desde Naciones Unidas se hace una relación completa de las consecuencias en la salud física, psicológica y social de las mujeres que han sufrido violencia de género en el ámbito de la trata de personas.
Algunos de estos efectos en la salud física son: trastornos del sueño, trastornos alimenticios, enfermedades de transmisión sexual, VIH/SIDA, dolores en la pelvis, trauma rectal y dificultades urinarias, hepatitis A y B, tuberculosis,
problemas de uso indebido de sustancias o de adicción ya sea porque los traficantes las hayan coaccionado para que consuman drogas, o bien porque recurran al abuso de las mismas para aguantar su situación desesperada o escapar de ella mentalmente,
etc. En cuanto a la salud psicológica, son frecuentes los trastornos de personalidad, la depresión, ansiedad, estrés postraumático, etc. Y en relación a la salud social son consecuencias generalizadas, el miedo, la inseguridad y desconfianza, la
baja autoestima, etc.
Es por todo lo expuesto que esta diputada presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en el plazo máximo de tres meses:
1. A la presentación de un documento de Evaluación del Plan Integral contra la Trata de Seres Humanos con fines de Explotación Sexual 2009-2011 (prorrogado actualmente hasta diciembre de 2012), en el que a través de indicadores
cuantitativos y cualitativos se informe sobre los objetivos, medidas y actuaciones conseguidos y los aplazados, analizándose al mismo tiempo el impacto real del Plan en la erradicación de esta lacra en España desde su entrada en vigor, el 29 de
enero de 2009, hasta diciembre de 2012. Esta evaluación serviría de base para la elaboración de un nuevo Plan Integral contra la Trata de Personas para el periodo 2013-2015.
2. A la promulgación de una Ley estatal para la prevención y lucha contra la Trata de Seres Humanos, que englobe todos los casos de trata y dote de un estatuto jurídico a las víctimas, de forma que sea un derecho el acceso a determinados
recursos, igual que sucede con las víctimas de violencia de género. Esta Ley será el marco normativo y referencial desde el que poner en marcha un nuevo Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos.
3. A que, a instancia del Gobierno, se lleven a cabo las modificaciones normativas necesarias para garantizar el acceso integral al Sistema Nacional de Salud a las víctimas de trata, con independencia de su situación administrativa, con el
fin de dar cumplimiento a la responsabilidad del Estado de dar primacía a sus derechos humanos y de cumplir con la obligación establecida por el derecho internacional, de actuar con la diligencia debida para ayudar y proteger a las víctimas de este
delito, garantizando su recuperación y restablecimiento a nivel físico, psicológico y social.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de agosto de 2012.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
Comisión de Interior
161/000856
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre
mantenimiento de los Grupos de Respuesta contra el Crimen Organizado (GRECOs) y los Equipos Contra el Crimen Organizado (ECOs), para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
La criminalidad organizada tiene una tipología muy variada, y está formada por grupos, en ocasiones, altamente especializados.
Este tipo de delincuencia no afecta por igual a todo el territorio nacional, sino que existen zonas geográficas que presentan una mayor incidencia.
La Costa del Sol, Levante, Galicia, los archipiélagos, determinados puntos del sur peninsular y las grandes urbes, constituyen los puntos estratégicos donde aparecen con más frecuencia los grupos organizados.
En la última década, las organizaciones criminales se han conformado de una forma heterogénea en cuanto a su nacionalidad, y han ido extendiendo su actividad delictiva hacia diversas tipologías que les aportan una mayor rentabilidad.
Una vez identificadas las zonas geográficas donde ejercen su actividad de manera primordial los grupos de criminalidad organizada, la Dirección General de la Policía, acordó la creación de los Grupos de Respuesta Especial al Crimen
Organizado (GRECO) estableciendo un calendario de implantación progresivo.
Así, en el mes de enero de 2005, se creó el GRECO de la Costa del Sol, con la finalidad de hacer frente a los grupos criminales radicados en el litoral malagueño. En diciembre del mismo año se constituyó el GRECO de Levante, dividido en dos
subsedes; una en Benidorm, con ámbito de actuación en la zona norte; y la otra en la zona sur, en la localidad de Orihuela. Por último, fue creado el GRECO de Galicia.
La Brigada de Coordinación de los Grupos de Respuesta Especializada contra el Crimen Organizado (GRECO's) aparece estructurada en distintas Secciones Operativas, distribuidas por el territorio nacional, además de una Sección de Investigación
Patrimonial radicada en Madrid y con la misión de completar las investigaciones desarrolladas por los distintos Grupos GRECO en la materia propia de su competencia.
El despliegue territorial responde a las necesidades operativas originadas por la especial incidencia de la actividad criminal desarrollada por la Delincuencia Organizada, que centra la mayor parte de las investigaciones propias realizadas
por los distintos GRECO's, además de su participación en las acometidas por las distintas Unidades Centrales o Territoriales que demandan su colaboración.
Los GRECO no son grupos aislados, sino que muchas veces colaboran entre distintos equipos, por necesidades operativas, un espíritu que también les lleva a trabajar codo con codo junto a otras unidades como la Agencia Tributaria, la Dirección
Adjunta de Vigilancia Aduanera, o la UDEV (Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta), en aquellos operativos que así lo precisen.
De otra parte, los ECO (Equipos contra el Crimen Organizado) de la Guardia Civil tienen su origen en el denominado Plan de Actuación Contra el Crimen Organizado (PACCO), lanzado en su día para mejorar la respuesta institucional en la lucha
contra la delincuencia de bandas organizadas.
En equipos integrados por Guardias Civiles especializados en la investigación del crimen organizado y en la desarticulación de sus redes y bandas, los primeros grupos se asentaron en las Comandancias de Alicante, Málaga, Baleares, Galicia y
Canarias.
Desde el primer momento, los ECO se han caracterizado por su gran movilidad y por la interconexión de sus redes, abarcando un extenso campo de tipologías delictivas.
La proliferación de grupos cada vez más sofisticados y de procedencia heterogénea ha exigido a la Guardia Civil la implantación de estos equipos de élite allá donde la actuación de esta clase de criminalidad es más patente.
Además, desde 2005 hasta hoy la mejora en los equipos de escucha y seguimiento y la preparación ante nuevas tipologías delictivas, modus operandi, ha permitido a estos grupos de la Guardia Civil adaptarse a la evolución de las redes de
crimen organizado asentadas en España.
La coordinación del trabajo de los GRECO con los ECO, y otras unidades está arbitrada por el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO). Este organismo se halla en constante comunicación con otros centros y agencias
internacionales como el MAOC-N (Maritime Analysis and Operation Centre-Narcotics), la DEA estadounidense (Drug Enforcement Administration), o la SOCA (Serious Organised Crime Agency) de Reino Unido.
Los Grupos de Respuesta Especial al Crimen Organizado (GRECO) han tenido un excelente resultado, con una notoria bajada de índices de criminalidad en la zona que actúan.
No obstante lo anterior, y según noticias de prensa, la Dirección General de la Policía reestructurará los GRECO, suprimiendo los de Baleares y Canarias, y reorganizará los existentes en Galicia, Levante, Andalucía y Valencia. Según las
mismas fuentes, con esta medida, el Gobierno dice buscar una mayor eficacia policial en la lucha contra el crimen organizado en todas las demarcaciones de la Policía Nacional y ahorrar más de un millón de euros.
Sobre la eficacia señalar, que es contrario a toda lógica afirmar que reducir efectivos mejore la eficacia. Tan falso cómo que se pueda hacer más con menos. Respecto a la reducción del coste, recordar que el año pasado recuperaron más de
veinticinco millones de euros.
Demostrado que no son ciertas las razones aducidas para su desmantelamiento, queda en evidencia que su presencia y actuación sigue siendo necesaria, por cuanto que actúan en zonas que, por sus características, con un alto movimiento de
personas por el turismo, requieren una acción específica más allá de la UDYCO (Unidad de Droga y Crimen Organizado) correspondiente.
El 22 de febrero de este año el Grupo Popular y el Socialista pactaron por una Proposición no de Ley en la que se instaba al Gobierno a incrementar las capacidades de lucha contra el crimen organizado y la corrupción.
El día 28 de junio de 2012 el Secretario de Estado de Seguridad, en su comparecencia en el Congreso de los Diputados, afirmo textualmente: 'No ha existido -ya le doy los datos- ninguna modificación con respecto a la reducción de las
unidades de GRECO y de ECO. No existe previsión alguna de suprimir los Grupos de Respuesta contra el Crimen Organizado (GRECO). Al contrario, los planes existentes contemplan potenciar e incrementar las unidades territoriales dedicadas a
combatirlo. Tampoco está previsto recorte presupuestario alguno que afecte al funcionamiento de estos grupos'. A su vez, el Ministerio de Interior en respuesta a preguntas escritas en el Senado, han negado que se fuera a eliminar o reducir
unidades de los GRECO.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Mantener y, en su caso, reforzar, las unidades de los GRECO del Cuerpo Nacional de Policía y ECO de la Guardia Civil en las Comunidades Autónomas de Canarias, islas Baleares, y Comunitat Valenciana.
2. Que cualquier reestructuración de unidades GRECO y ECO debe llevarse a cabo garantizando el mantenimiento o aumento de la eficiencia de la lucha contra el crimen organizado en las zonas que operan.
3. Que en ningún caso se reduzca el número de efectivos y medios en la lucha contra el crimen organizado que actúan de forma directa y constante, con dedicación plena y con base en comunidades donde actualmente estén ubicados u otras en las
que se considere necesario la implantación de estas unidades especializadas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de agosto de 2012.-Pedro José Muñoz González y Herick Campos Arteseros, Diputados.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Economía y Competitividad
161/000854
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el cambio en la política de retribuciones de los directivos y
consejeros de entidades financieras, para su debate en la Comisión de Economía y Competitividad.
El Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero, establece en su título IV una serie de limitaciones en las retribuciones de los administradores y los directivos de las entidades de crédito participadas por
el FROB. Según este decreto, la retribuciones de los miembros de los órganos colegiados de administración de entidades participadas mayoritariamente por el FROB se limitaban a 50.000 euros anuales; a 100.000 euros anuales para las entidades
participadas pero no mayoritariamente; a 300.000 euros anuales para presidentes ejecutivos, consejeros delegados y directivos de las entidades participadas mayoritariamente frob; y a 600.000 euros a presidentes ejecutivos, consejeros
delegados y directivos de las entidades que, sin hallarse mayoritariamente participadas por el Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria, reciban apoyo financiero del mismo.
Además dicho Real Decreto establecía que solamente durante el 2012 los directivos y administradores de las entidades participadas mayoritariamente por el FROB no percibirían ninguna cantidad variable ni beneficios discrecionales de
pensiones. Estas retribuciones variables han sido uno de los elementos que han propiciado la crisis financiera internacional y la burbuja inmobiliaria en el caso español, ya que suponen un incentivo a los comportamientos de riesgo extremo que sólo
buscan el beneficio en el corto plazo.
Antes del Real Decreto-ley 2/2012, ninguna otra de las intervenciones públicas en el sector financiero, como el FAAF, el FROB o los avales, habían limitado de ningún modo los salarios de los directivos de la banca ni de sus extensos
privilegios. La realidad es que no parece que el Real Decreto 2/2012, en vigor desde febrero, esté surtiendo efecto en el límite de las retribuciones de las entidades intervenidas.
Sabemos que a fecha de 18 de julio del 2012, según el Gobierno, la disminución supone aproximadamente 4,3 millones de euros, afectando tan sólo a 9 directivos y 10 miembros de Consejos de Administración. Esta reducción supone una reducción
ridícula de tan sólo el 4,54% del total de las retribuciones de los miembros del Consejo de Administración y directivos de las entidades participadas por el FROB y que en sus anexos de los informes de gobierno corporativo.
Los responsables de la crisis financiera son los que buscando únicamente el beneficio económico a corto plazo mantuvieron irresponsables comportamientos de riesgo que colapsaron la mayoría de entidades financieras españolas. Estos
responsables ni han tenido que reponer el daño que han hecho a la economía ni se les exige ahora una verdadera reducción de sus privilegios y remuneraciones. Al contrario, muchos de ellos han recibido indemnizaciones multimillonarias.
Para contextualizar, este 4,54% de reducción de las ingentes remuneraciones de los ejecutivos de los bancos y cajas participadas por el FROB, contrasta escandalosamente con los recortes que han sufrido algunas de las víctimas de la crisis.
El recorte perpetrado por el Gobierno contra las personas desempleadas supone la pérdida del 16,6% respecto a la base reguladora en la prestación por desempleo a partir de los seis meses. Los trabajadores públicos acumulan un recorte de
retribuciones mucho mayor, ya que tanto el actual como el anterior Gobierno, así como los de determinadas CCAA, redujeron sus salarios hasta situar la reducción de sueldos como mínimo en el 20%. La paga que reciben las personas dependientes para
que les cuide un familiar en casa se va a reducir un 15% como mínimo, según ha anunciado el propio Gobierno. Son sólo algunos ejemplos que demuestran la injusticia de la situación en la que las exigencias a los responsables de la crisis son menores
que a las personas que la están sufriendo.
El pasado 31 de mayo de 2012 el señor De Guindos, Ministro de Economía y Competitividad, afirmó en el Congreso que 'fue el Gobierno que tomó la decisión de limitar las retribuciones a los ejecutivos de las entidades intervenidas por el FROB
-ya sea FROB I o FROB II- en 300.000 y 600.000 euros, [...], según el informe que nos presentó el Banco de España, que había ocasiones en las cuales esas retribuciones excedían diez veces los límites que había establecido el Gobierno.' Si se había
excedido por diez veces los límites en algún caso, tal y como afirmó el ministro, es matemáticamente imposible que con una reducción de 4.380 miles de euros se consiga corregir esta situación.
Cabe añadir que todas las entidades del sector financiero, sin excepción, han recibido el soporte del sector público, ya que han sido diversas las iniciativas del Gobierno para proteger al sector. En primer lugar, con la aprobación del
Decreto-ley 7/2008, de 13 de octubre, de Medidas Urgentes en Materia Económico-Financiera en relación con el Plan de Acción Concertada de los Países de la Zona Euro, que estableció en 100.000 millones de euros los avales para 'restablecer la
confianza y el buen funcionamiento del mercado de financiación de las entidades de crédito', es decir que la intervención pública suponía una ayuda a todas las entidades del sector financiero. En segundo lugar, el Fondo de Garantía de Depósitos de
Entidades de Crédito que fue creado por el Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre, que tiene como uno de sus objetivos 'el reforzamiento de la solvencia y funcionamiento de las entidades'. Es decir, que incluso las entidades que no han sido
ayudadas de manera directa mediante la adquisición de activos, si lo han sido de manera indirecta con la confección de una red de seguridad tejida con fondos y avales públicos.
Toda entidad financiera, pues, es susceptible de ser ayudada en caso de necesitarlo, cosa que supone una excepcionalidad en una economía de mercado. En consecuencia, no se pueden apelar a las condiciones del mercado para justificar
remuneraciones extraordinariamente elevadas en las entidades no participadas por el FROB. Los directivos de estas entidades financieras también han tenido una importante exposición a las prácticas de riesgo, que eran premiadas con suculentas
primas. Así las cosas,
tanto por la extrema protección pública al sector financiero en su conjunto como por las inaceptables prácticas de riesgo de directivos y ejecutivos, está plenamente justificada una limitación de todas sus retribuciones.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Presentar una nueva regulación, de carácter permanente -al menos mientras dure la recesión económica- que garantice la aplicación de las reducciones de las retribuciones para el año 2012 previstas por el Real Decreto-ley 2/2012 sin
excepciones y con total transparencia, y sancione a cualquier directivo o miembro del consejo de administración que no reduzca sus retribuciones a las cifras establecidas.
2. Que realice las reformas legales necesarias para:
a) Que las restricciones en las retribuciones se apliquen al conjunto de los directivos y miembros de administración del sector financiero en el Estado español, sean o no participados por el FROB.
b) Que todas las entidades participadas no mayoritariamente por el FROB apliquen las mismas restricciones en las retribuciones que las participadas mayoritariamente.
c) Se retornen íntegramente todas las retribuciones recibidas en concepto de blindaje, salarios diferidos, planes de pensiones, indemnizaciones u otras remuneraciones complementarias al salir de la entidad, durante los últimos cinco años de
todas las entidades participadas por el FROB.
d) Que el incumplimiento del marco de retribuciones suponga la inhabilitación permanente para el ejercicio de actividades en el sector financiero para las personas que lo realizaran.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de agosto de 2012.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/000869
A la Mesa del Congreso de los Diputados,
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la
Comisión de Economía y Competitividad, la siguiente Proposición no de Ley para el establecimiento de una hoja de ruta de las ayudas europeas al sector financiero que incorpore compromisos explícitos para el aumento del crédito a PYMES y familias con
proyectos viables.
Antecedentes
El día 25 de junio el Gobierno, a través del Ministro de Economía y Competitividad, oficializó la solicitud al Eurogrupo, de rescate a la banca española, con el fin de proceder a la recapitalización de las entidades financieras que lo
requieran.
La respuesta de Bruselas ha sido el establecimiento de una línea de crédito de hasta 100.000 millones de euros, cifra que equivale a casi el 10% del PIB español. El acuerdo político sobre las condiciones que se impondrán a los bancos que
reciban asistencia y al resto de entidades del sector financiero español, el llamado Memorándum de Entendimiento firmado el pasado 24 de julio.
Uno de los puntos clave del rescate financiero acordado es que el primer remanente del préstamo europeo, 30.000 millones, serán desembolsados a finales de este mes de julio y serán inyectados a través del Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria, FROB, en caso de necesidades urgentes en el sector bancario español.
No obstante, a pesar de que éste pueda haber sido uno de los 'muy buenos' acuerdos, tal y como calificó el ministro De Guindos tras salir de la reunión, el problema es que el concepto y la finalidad del
monto de las ayudas europeas, la capitalización del sector financiero, resulta un concepto todavía demasiado genérico y es preciso explicitarlo. En principio los recursos se inyectaran a las entidades financieras en forma de capital, para
las entidades del grupo 1 (hoy participadas por el FROB) y del grupo 2 (que necesitaran recursos del FROB) y en forma de valores contingentes convertibles (COCOs), para las entidades del grupo 3 (que pueden necesitar ayuda transitoria) y hasta julio
de 2013. No obstante hay muchas cuestiones que siguen abiertas: ¿se establecerá algún coeficiente de crédito/depósito (lo cual no equivale a un coeficiente de inversión obligatoria) para garantizar nuevos flujos crediticios al sistema financiero,
más allá de la obligación de recapitalizar?, ¿sustituirá el MEDE al FROB en los consejos de administración cuando las ayudas europeas las articule directamente el MEDE?, ¿quién fijará los criterios para arbitrar la liquidación, subasta o
reconstrucción de una entidad?, corresponde a las autoridades españolas presentar un plan de cierre ordenado de las entidades no viables ¿qué criterios determinarán, para las autoridades españolas, que una entidad no es viable?
Por otra parte, restablecer el flujo crediticio como función básica del sistema financiero se entiende que constituye un objetivo implícito del proceso de saneamiento y capitalización del sistema financiero. ¿Se ha planteado el Gobierno
establecer también objetivos explícitos de crecimiento del crédito destinado a proyectos viables de PYMES y familias? ¿Piensa el Gobierno adoptar medidas para aumentar el crédito de aquellos sectores que pueden ser motores de la reactivación
-básicamente investigación e innovación, internacionalización y creación de empleo joven- con el fin que las ayudas al sector financiero reviertan también en un proceso de reactivación económica y de cambio de modelo productivo?
En definitiva, junto a la solicitud de ayudas por un importe máximo de 100.000 millones de euros, el Gobierno ha firmado un memorándum de condiciones a las políticas del sistema financiero, no obstante sigue faltando información respecto a
la hoja de ruta, prioridades, criterios y objetivos a alcanzar con una suma tan elevada de ayudas como las que otorga en esta ocasión Europa.
Además, cabe recordar que la solicitud de rescate efectuada para el sector financiero constituye una alternativa -en principio menos dolorosa- a un rescate global de la economía española. Este rescate no es igual al que han percibido otros
homólogos europeos con problemas como Grecia, Irlanda o Portugal, pero el ofrecimiento del crédito europeo a la banca española exige también condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea.
Hay condicionalidad macroeconómica en la ayuda europea, cumplimiento de las reformas estructurales y de los objetivos de déficit, cuya primera consecuencia ya ha derivado en la batería de medidas anunciadas el 11 de julio por el presidente del
gobierno, Mariano Rajoy, en el Pleno del Congreso, por lo que es preciso que la articulación de las ayudas al sector financiero permitan también ser altamente eficaces para facilitar la reactivación de la actividad económica y el empleo a corto y
medio plazo.
En particular ello requiere que el saneamiento bancario vaya acompañado de objetivos claros para que el crédito vuelva a fluir hacia familias y PYMES, lo cual es sin duda la mejor vía para minimizar los costes para el contribuyente.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Presentar, en el plazo de un mes, un informe que sirva como hoja de ruta explicativa sobre la consecución de las ayudas europeas al sector financiero. Dicho documento deberá especificar el calendario en que se perciben los tramos de
ayuda, sus condiciones, así como un razonamiento sobre las necesidades de financiación del sector financiero español, el concepto y la finalidad a la cual se quiere destinar estos recursos.
2. Mantener, como objetivo prioritario de la reforma del sistema financiero español, que el crédito fluya a familias y empresas con proyectos viables. En este sentido, la situación de bloqueo actual no es sostenible y requiere fijar
objetivos de aumento del crédito vinculadas a las ayudas y adoptar medidas, como la creación de un coeficiente de crédito/depósitos vinculado a las ayudas, que permitan asegurar que una parte de los recursos europeos percibidos por las entidades
financieras se destina a este fin.
3. Garantizar que no habrá un gasto asociado al contribuyente para reforzar o reconstruir entidades financieras en situación concursal. Por ello, cualquier ayuda pública o procedente de fondos europeos,
que sea destinada a una entidad financiera deberá acompañarse de un análisis coste-beneficio que permita justificar que la reconstrucción de una entidad financiera es preferible a su subasta o a una liquidación ordenada de la misma.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de agosto de 2012.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/000848
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley relativa al
efecto de la subida del IVA, recientemente aprobada por el Gobierno, en los costes de rehabilitación y reconstrucción de los edificios afectados por los terremotos ocurridos en Lorca, para su debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones
Públicas.
Exposición de motivos
Han transcurrido catorce meses desde que se produjeron los terremotos en Lorca, y por fin se inicia la reconstrucción en los primeros edificios.
Son en torno a 1.200 las viviendas demolidas a causa de los devastadores efectos producidos por los seísmos en Lorca, y otras tantas que se han encontrado en estado de indefinición y que, por fin, se clarifica por parte de quienes tienen la
competencia municipal que muchos de estos edificios tendrán que ser derribados y el resto rehabilitados, pero la realidad es que los propietarios no han podido ocuparlos hasta la fecha.
En las peritaciones que han sido realizadas, tanto por el consorcio de compensación de seguros para las indemnizaciones, como por los técnicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para las ayudas a los damnificados, se incluyó el
IVA en vigor.
Con la subida acordada por el Gobierno de España se encarecerá la rehabilitación y reconstrucción de Lorca, siendo los propietarios los que tengan que sufrir la repercusión del incremento de los costes.
El Grupo Parlamentario Socialista considera que no es justo que después del sufrimiento de estar fuera de sus viviendas ahora tengan que ser los damnificados los que paguen la diferencia de IVA aplicada por el Gobierno del Partido Popular.
El coste de la reconstrucción de una vivienda puede verse incrementado en la cantidad de 1.500-2.000 aproximadamente; en el caso de la rehabilitación es más difícil realizar un cálculo individualizado, pues las cantidades son muy
variables en función de los daños producidos.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que bonifique los importes económicos correspondientes a la diferencia consecuencia de la subida del IVA acordada recientemente por el Gobierno de España, y no considerada en las valoraciones
efectuadas tanto para las indemnizaciones como para las ayudas destinadas a la reconstrucción y rehabilitación de dichas construcciones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de julio de 2012.-María González Veracruz y Pedro Saura García, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000852
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el
Consejo de las Lenguas Oficiales, para su debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.
Exposición de motivos
El Consejo de las Lenguas Oficiales en la Administración General del Estado fue creado por Real Decreto 906/2007, de 6 de julio, como órgano colegiado interministerial dedicado al análisis, el impulso y la coordinación de la política de la
Administración General del Estado en relación con el uso de las lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas, con el objetivo de procurar una mejor atención a los derechos lingüísticos de los ciudadanos.
Para cumplir dicho objetivo, las principales funciones del Consejo consisten en analizar las actuaciones de los distintos departamentos ministeriales de la Administración General del Estado y de los organismos públicos adscritos o
dependientes en relación con la utilización de las lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas; proponer directrices y criterios de carácter general que faciliten la coordinación de los órganos de la Administración General del Estado en esta
materia; informar y someter a la aprobación del Gobierno las propuestas, medidas organizativas y planes de actuación o los objetivos a cumplir, tanto de forma general por la Administración General del Estado como en cada uno de los ámbitos
específicos de actuación pudiendo, en su caso, establecer objetivos parciales, de carácter progresivo, cuando las dificultades objetivas para su cumplimiento pleno y directo así lo aconsejen. El Consejo así mismo tiene funciones de promoción y
difusión en la sociedad española de los valores del plurilingüismo para lo que debe reforzar la implantación de medidas que coadyuven a tal fin.
Como unidad permanente de apoyo al Consejo el Real Decreto creó la Oficina para las Lenguas Oficiales cuyos principales cometidos consisten en prestar asesoramiento al Consejo, elaborar estudios e informes técnicos de diagnóstico sobre el
uso de las lenguas oficiales en la Administración General del Estado y sus organismos públicos y actuar como órgano permanente de recogida, análisis e intercambio de la información cuantitativa y cualitativa disponible en diferentes fuentes
nacionales e internacionales en materia de uso de las lenguas oficiales.
El desarrollo de dichas tareas culmina con la realización de un informe que describe el seguimiento anual del grado de cumplimiento del uso de las lenguas oficiales por parte de la Administración General del Estado y sus organismos públicos,
informe de gran importancia pues no sólo debe servir de diagnosis de la situación en este ámbito sino que debe constituir un elemento clave para la realización de propuestas de política lingüística.
El Real Decreto prevé la colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas y encomienda al Consejo la propuesta de acuerdos de actuación conjunta para el desarrollo de la cooficialidad. No obstante el Consejo sólo está integrado por
representantes de los departamentos ministeriales y aunque está prevista la invitación a sus sesiones de representantes de las comunidades autónomas con lenguas oficiales distintas del castellano, estos no tienen el carácter de miembros del Consejo.
Una participación más activa de las comunidades autónomas sería beneficiosa para la plena consecución del desarrollo de la cooficialidad.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Presentar en el Congreso de los Diputados con periodicidad anual un informe del Consejo de las Lenguas Oficiales que incluya el diagnóstico sobre el uso de las lenguas oficiales distintas del castellano en la Administración General del
Estado y sus organismos públicos, el grado de cumplimiento de la normativa al respecto y la valoración de las acciones de promoción realizadas para fomentar el
plurilingüismo. Asimismo debe incluir los planes de actuación y acciones concretas para impulsar y fomentar el uso de las lenguas oficiales en la Administración General del Estado.
2. Modificar el marco normativo que regula el Consejo de las Lenguas de tal manera que éste se constituya como órgano colegiado también integrado por representantes de las administraciones públicas de comunidades autónomas con otras lenguas
oficiales además del castellano, si éstas así lo decidieran, con el fin de participar más activamente en las funciones del Consejo, fundamentalmente en las relativas al impulso de todas las lenguas oficiales así como en el fomento de la actuación
conjunta entre el Estado y las Comunidades Autónomas para el desarrollo de la cooficialidad lingüística.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de julio de 2012.-Albert Soler Sicilia, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000867
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de doña Rosa María Díez González, Diputada que ostenta la condición de Portavoz de dicho Grupo, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la racionalización del conjunto de entes periféricos de las administraciones central, autonómica y local, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
En las últimas décadas ha proliferado en España lo que se conoce como la administración periférica o paralela: organismos, empresas, fundaciones y entes públicos con regímenes jurídicos diversos y actividades múltiples que van desde la
prestación servicios hasta la producción de bienes y servicios en el mercado en concurrencia con el sector privado. Su crecimiento en los últimos tiempos ha venido motivado por dos razones esenciales: 1) realizar una supuesta gestión más eficaz y
rápida de competencias de las Administraciones, evitando la aplicación de la estricta normativa administrativa; y 2) sortear la normativa sobre déficit y deuda computable en términos europeos, para poder seguir endeudándose sin que lo pareciera.
En el inventario de entes creado a partir del acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 10 de abril de 2003 consta que en 2011 había 451 entes en la Administración General del Estado (AGE), un número cinco veces superior en la
Administración Autonómica (2.357 entes sin contar con el País Vasco) y por lo menos nuevamente cinco veces más a nivel local (a nivel local ni siquiera es fácil dar cifras precisas). Llama la atención como en el ámbito autómico las fundaciones
públicas y los consorcios están muy arraigados. De hecho, hay varias Comunidades (Cataluña, Andalucía, Baleares, Madrid, Murcia) que tienen más consorcios que el conjunto de la AGE. También nos encontramos Comunidades (Cataluña, Andalucía,
Galicia) que tienen más fundaciones públicas que la AGE en su totalidad.
Esta administración paralela se ha convertido en el auténtico Estado del Bienestar de los dirigentes políticos. Ahora que los ciudadanos están sufriendo como consecuencia de la crisis y de la nefasta gestión de la misma recortes muy
importantes en su Estado del Bienestar (educación, sanidad) cabe esperar una respuesta contundente por parte de la clase política y racionalizar y recortar los entes periféricos que 'pululan' y 'habitan' en las diferentes AAPP.
El Gobierno central ha puesto en marcha dos iniciativas para racionalizar una parte de la administración periférica (la relativa a las empresas públicas y en menor medida a las fundaciones públicas):
1. Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades.
2. Plan de reestructuración y racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional Estatal, aprobado en el Consejo de Ministros celebrado el 16 de marzo de 2012.
El Real Decreto establece tres tipologías de empresas públicas, limitando el salario del personal directivo y reduciendo el número de consejeros. Por otra parte, el plan de racionalización aprobado por el Gobierno contempla la supresión de
veintisiete sociedades, en su mayor parte por absorción de filiales por su matriz o por la fusión de sociedades del mismo ámbito. También se va a desinvertir en sociedades con participación estatal y se van a acelerar los procesos de liquidación de
una serie de sociedades (las podríamos llamar empresas 'zombies' que llevan en el limbo un tiempo indeterminado y que no acaban de desaparecer).
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros se destacó el importante ahorro que se conseguirá gracias a la supresión de consejeros como consecuencia del plan de racionalización aprobado. De hecho, parece que las medidas
emprendidas por el Gobierno solo tienen un efecto inmediato cuantificable fácilmente: el ahorro en dietas de puestos de consejeros que desaparecen de empresas y sociedades mercantiles públicas.
La Vicepresidenta del Gobierno ha destacado que el plan aprobado servirá de ejemplo para que otras administraciones racionalicen sus entes periféricos pero desde Unión Progreso y Democracia no creemos en esta afirmación.
En primer lugar porque las medidas presentadas hasta ahora por el Gobierno central conllevan un ahorro y un avance pero no suponen un verdadero recorte de las administraciones periféricas (para empezar solo afectan a la AGE y a sus empresas
públicas y fundaciones). Y en segundo lugar, porque las CCAA han demostrado que, por sí solas, no están dispuestas a racionalizar el tamaño de sus administraciones paralelas. En marzo de 2010, las CCAA acordaron con la Ministra Salgado la
supresión de 514 entes. A julio de 2011 solo se habían suprimido 69. En enero de 2012 las CCAA acuerdan con el Ministro Montoro la reducción de 400 entes, es decir, básicamente lo que resta por cumplir del acuerdo alcanzado en 2010. ¿Qué ha
cambiado para que de repente las CCAA cumplan los acuerdos que han ignorado con anterioridad?
Desde Unión Progreso y Democracia apostamos por que todas las AAPP racionalicen sus sectores públicos siguiendo los mismos principios, estableciendo unos objetivos e indicadores claros que nos permitan medir la evolución y el impacto del
proceso (una vez más, transparencia). Habría que establecer igualmente mecanismos que aseguren que todas las administraciones cumplan con lo acordado y en caso contrario asuman responsabilidades y no queden impunes como hasta ahora.
Respecto a los principios comunes, hay que establecer criterios para proceder ordenadamente a la restructuración de la administración periférica. Estos criterios se deben fijar desde el Gobierno Central y tener aplicación en todas las AAPP
(central, autonómica y local). Algunos criterios deberían ser los siguientes:
1. Supresión de todo organismo, ente, empresa o fundación pública cuya actividad duplique la realizada por otra Administración competente.
2. Supresión de todo organismo, ente, empresa o fundación pública cuya actividad duplique la realizada por la propia Administración General de la Comunidad Autónoma, la que en todo caso ha de gozar de preferencia para realizar la función
pública correspondiente. Es decir, la existencia de un ente no se justifica por el mero hecho de ganar en flexibilidad (y descontrol) en el ejercicio de sus funciones por no estar sujeto al derecho administrativo. Una entidad que su única razón
para existir es ser un ente instrumental de la Administración General debería eliminarse.
3. Supresión de todo organismo, ente, empresa, consorcio, fundación pública que por su estructura, personal, y actividad no tenga razón de existir objetiva ya que resulta irrelevante para el cumplimiento de una función pública. Enajenación
de las participaciones en las Sociedades mercantiles cuya razón de existir objetiva sea irrelevante.
4. Fusión de organismos, entes, empresas o fundaciones públicas que realicen actividades similares que se entiendan deben continuar siendo ejercidas por este tipo de entidades.
Por supuesto entre los criterios también debe contemplarse la eliminación de empresas 'zombies', como aparece en el plan aprobado por el Gobierno. En todo caso, ¿qué sentido tiene que sea en marzo de 2012 cuando se acuerde acelerar el
proceso de liquidación de por ejemplo HOLSA (Barcelona Holding Olímpico)? Si a nivel central nos encontramos con casos como este, ¿qué no habrá a nivel autonómico y local?
Establecidos los criterios, hay que fijar unos objetivos y unos indicadores que nos permitan evaluar el impacto de los procesos de racionalización que se pongan en marcha. No olvidemos que todo proceso de racionalización del sector público
debe perseguir una doble finalidad: mejora de la eficiencia en el cumplimiento de la función pública y ahorro/optimización de costes (especialmente importante en el periodo de grave crisis económica que estamos atravesando). De nada sirve por
ejemplo fusionar dos sociedades mercantiles estatales si se mantienen las mismas sedes y el mismo personal. Este tipo de ajustes 'de cara a la galería' generan gastos adicionales y en ningún caso producen un ahorro de costes.
Y finalmente el cumplimiento de los procesos de racionalización hay que ligarlo a la financiación autonómica y local. Si CCAA y entes locales no ponen a dieta sus abultadas administraciones periféricas tienen que tener consecuencias
económicas. Es el único lenguaje en el que parece que se entienden los diferentes responsables de las AAPP.
En este sentido, como parte de los principios comunes para los procesos de racionalización de las administraciones periféricas, proponemos ir un paso más allá en el aspecto que el Gobierno siempre ha destacado hasta la fecha de sus medidas
aprobadas: el ahorro que supone la supresión de Consejeros de empresas públicas.
Las empresas públicas, al igual que las otras empresas que se constituyen como sociedades anónimas, se rigen mediante un Consejo de Administración cuyos miembros son designados por la Administración pública. Igual que en las privadas, el
desempeño del trabajo de los miembros del Consejo de Administración es retribuido de un modo singular mediante la percepción de unas cantidades en concepto de 'dietas por asistencia a las sesiones del Consejo de Administración'.
Para ocupar estos puestos en los Consejos se designan a funcionarios o personal de libre designación de las administraciones públicas. En teoría se deberían seleccionar a aquellos empleados públicos que conozcan con la mayor profundidad
posible las materias sobre las que versa el trabajo de la empresa correspondiente.
Pero la realidad es que ser Consejero de una empresa pública es un 'chollo', ya que no hay responsabilidades y por asistir a una reunión al mes se obtiene un 'sobresueldo' muy llamativo. Por lo tanto lo que ocurre normalmente es que se
designan como miembros de los consejos de administración de empresas públicas a personal de libre designación y funcionarios que no tienen una especial competencia en los asuntos relacionados con la empresa ni desempeñan puestos relacionados con esa
función. El resultado final de esta forma de actuar es muy criticable ya que constituye un sistema de proporcionar retribuciones adicionales a las previstas en la normativa correspondiente de un modo totalmente discrecional (por no decir
arbitrario).
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el plazo de seis meses presente un proyecto de Ley relativo a la racionalización del conjunto de entes periféricos de las administraciones central, autonómica y local.
Esta Ley debería fijar los principios y criterios para los procesos de racionalización de las diferentes administraciones periféricas o paralelas (empresas públicas, fundaciones, consorcios, agencias y demás entes a nivel central, autonómico
y local), establecer objetivos e indicadores claros que permitan medir la evolución y el impacto de los procesos y finalmente establecer mecanismos (ligados a la financiación autonómica y local) para que todas las administraciones cumplan con lo
acordado.
Se suprimirán las dietas a aquellos consejeros de empresas públicas (entidades públicas empresariales y sociedades con mayoría de accionario público) cuya labor pública y profesional esté intrínsicamente ligada a la de consejero, limitando,
en todo caso la cuantía de las mismas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de agosto de 2012.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
Comisión de Fomento
161/000838
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre el mantenimiento de las prestaciones de servicios ferroviarios en la Comunidad Valenciana, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, en su comparecencia ante la Comisión de Fomento del Senado, afirmó que se iban a revisar las líneas deficitarias y sustituir estas por líneas de autobús.
El Real Decreto-ley 22/2012, de 20 de julio, por el que se adoptan medidas en materia de infraestructuras y servicios ferroviarios, en su disposición adicional primera establece que, antes del 31 de diciembre de 2012, el Ministerio de
Fomento elevará al Consejo de Ministros una propuesta sobra la viabilidad de aquellas infraestructuras ferroviarias que no generen rentabilidad desde el punto de vista económico y social. También establece que, en el mismo plazo, el Ministerio de
Fomento elevará al Consejo de Ministros una propuesta en relación con las prestaciones de servicios ferroviarios de media distancia que no tengan la consideración de obligaciones de servicio público.
Líneas como la de Xàtiva-Alcoi, Sagunt-Teruel y Valencia-Cuenca por Buñol y Utiel, son líneas que, previo estudio de su rentabilidad económica y social, debería tenerse en cuenta que no han sido modernizadas y que con actuaciones que
mejoraran el tiempo del recorrido y frecuencias, podrían incrementar su rentabilidad económica.
En este sentido, el Ministerio de Fomento tiene firmado diversos convenios con la Comunitat Valenciana respecto a la mejora y modernización de líneas ferroviarias que están en ejecución y que pueden condicionar la viabilidad económica de
dichas líneas, siendo todas ellas desde el punto de vista social y territorial necesarias.
Proposición de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Se mantenga el interés social, y en su caso se mantenga o establezca la consideración interés general, de las líneas de ferrocarril de media distancia de Xátiva-Alcoi, Sagunt-Teruel, Valencia-Cuenca por Buñol y Utiel, y por tanto los
servicios que prestan.
2. Que se realicen las inversiones oportunas para mejorar la calidad, tiempo, y frecuencias de los servicios de dichas líneas, tanto en la infraestructura ferroviaria, como en los vehículos que prestan el servicio, de acuerdo con el Plan de
Cercanías firmado entre el Ministerio de Fomento y la Generalitat Valenciana en abril de 2010.
3. En un mes, presente un calendario para el cumplimiento de las inversiones previstas en el Plan de Cercanías acordado con la Generalitat Valenciana.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de julio de 2012.-Joaquin Puig Ferrer, Patricia Blanquer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000843
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la
Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados, la
Proposición no de Ley para mejorar la señalización en la autovía A2 a su paso por el municipio de Cornellà de Llobregat.
Exposición de motivos
Recientemente ha finalizado la ejecución de las obras 'Mejora del Enlace de la Autovía A-2, pk. 611. Tramo: El Prat de Llobregat'. Estas obras se adjudicaron en 2008 y desde entonces la trama urbanística del entorno ha variado
sustancialmente.
En concreto en el municipio de Cornellà de Llobregat se ha producido una sustancial transformación con una nueva centralidad gracias al crecimiento de los barrios de la Riera y Almeda. Al mismo tiempo, se ha construido el nuevo Estadi
Cornellà-El Prat del RCD Espanyol de Barcelona y el Centre Comercial Spla. Todo ello ha generado un elevado aumento del número de vehículos que se desplazan a esta zona desde la Autovía 2 y viceversa, que se suman a los que se dirigen al resto de
la ciudad de Cornellà de Llobregat.
La nueva señalización no contempla esta nueva realidad y mantiene los mismos destinos que ya existían con anterioridad a las obras de mejora de la autovía. Así en el punto kilométrico 609, los carteles informativos indican como destino
principal 'I'Hospitalet de Llobregat' y como destino secundario 'pol. ind. de Cornellà'.
Hay que tener en cuenta que este es el único acceso directo a Cornellà de Llobregat des de la Autovía 2 y que para llegar a L'Hospitalet de Llobregat antes se debe cruzar el municipio de Cornellà de Llobregat, concretamente 1,5 km.
Además esta señalización no cumple su acometido ya que no informa de ningún modo acerca de cuál es la salida que deben tomar los conductores que desde la A-2 quieren dirigirse a Cornellà de Llobregat o a I'Estadi del RCD Espanyol. Es por
ello que provoca mucha confusión a los conductores que se dirigen hacia allí.
L'Ajuntament de Cornellà de Llobregat ha realizado numerosas gestiones tanto con técnicos del Ministerio de Fomento, como con la delegación del Gobierno Central en Catalunya. Todas ellas han resultado infructuosas de cara a mejorar la
señalización.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència l Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar la señalización de la autovía A-2 a su paso por el municipio de Cornellà de Llobregat incluyendo como destino principal 'Cornellà de Llobregat', como destino secundario
'L'Hospitalet de Llobregat' así como hacer referencia al Estadi del RCD Espanyol.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de julio de 2012.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/000845
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley para la puesta en valor de la Torre del Cabo de Huertas, para su debate
en la Comisión de Fomento.
El Plan especial de protección de las Torres de la Huerta de Alicante, todavía hoy sin aprobar, recoge como elemento singular la Torre del Cabo de Huertas, elemento arquitectónico que con un horizonte inicial fechado a finales del siglo XVI
ha llegado hasta nuestros días con la función de faro de costa.
Su especial situación, en el extremo este del Cabo de las Huertas, un espacio de interés natural que acoge una microrreserva de flora y un Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) marino, le hace dominar visualmente tanto la bahía de Alicante
y el cabo de Santa Pala hacia el sur, como las playas de San Juan
y Muchavista hacia el norte, lo que sin duda hace de este paraje un espacio singular y muy atractivo por su localización cercana al mar y por sus valores naturales y paisajísticos.
Con una actuación adecuada podría convertirse en un espacio muy atractivo para la ciudadanía y los turistas que visitan la provincia. También podría transformarse en un espacio de interpretación de fa historia de Alicante y de su patrimonio
cultural y natural.
Compatibilizando su uso como faro, y tomando el ejemplo de otros municipios alicantinos, podría abrirse a la ciudadanía este espacio tan singular recuperando parte del patrimonio alicantino y, además, generando empleo tanto en la adecuación
de los espacios, como en su conservación, y en las tareas de difusión y divulgación de un centro interpretativo que podría albergar alguna de las instalaciones existentes.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover la redacción de un convenio entre la Autoridad Portuaria de Alicante y el Servicio Provincial de Costas que tenga por objeto abrir al público el espacio del Faro y de la Torre del
Cabo de las Huertas, contemplando la utilización de algunas de las instalaciones existentes como centro interpretativo de los valores culturales, ambientales y paisajísticos del Cabo de las Huertas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de julio de 2012.-Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto Primero del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/000851
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la
Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados, una Proposición no de Ley por la que se urge al Gobierno a la ejecución de las obras de acondicionamiento de la carretera N-260 entre Portbou y la Frontera Francesa.
Exposición de motivos
Las carreteras N-260 y N-154 son las únicas vías alternativas a la AP-7 y a la N-II para redireccionar el tránsito de los vehículos que pretenden cruzar la frontera con Francia, en el caso que estas se encuentren cortadas, tal como ha
ocurrido los días 22 y 23 de julio a causa de los incendios forestales de l'Alt Empordà. Si el desvío es a través de la N-154, desde Figueres a Francia, el recorrido es de más de 140 km, mientras que si la vía escogida es la N-260 la distancia para
llegar a la frontera con el Estado francés es de sólo 39 km.
Es evidente que la distancia por la N-260 es mucho más reducida, la capacidad de absorción de tráfico de la N-260 en el tramo que discurre entre Figueres y Cervera (Francia) también. Más concretamente, existe un tramo de dos kilómetros,
lleno de curvas, con algunos puntos muy estrechos, donde los vehículos que se cruzan deben circular a una velocidad muy baja para no chocar y ello en una carretera internacional. Al hacer balance sobre lo ocurrido en el incendio ocurrido junto a
Portbou el pasado 22 de julio, en el cual perecieron dos personas y otras resultaron heridas, se ha indicado que las condiciones de la carretera, muy estrecha, actuaron como tapón a la circulación de la misma, lo cual, ante la amenaza del fuego,
llevó a numerosas personas a abandonar sus vehículos para descender por fuertes pendientes hasta el mar, siendo entonces cuando se produjeron los accidentes de las personas siniestradas.
Este tramo presenta unas características muy parecidas al que había entre Colera y Portbou antes de las obras de remodelación y mejora que terminaron en 2006. Estas obras permitieron sacar del aislamiento a Portbou. Desde entonces, seis
años, no se ha hecho ninguna obra de mejora importante en la N-260 que discurre por esta zona de l'Alt Empordà.
Los Presupuestos Generales del Estado para 2012 prevén 50.000 euros para el acondicionamiento de la N-260 entre Portbou y Cervera. Una cantidad mínima, que se ha reducido sensiblemente en relación a (as partidas presupuestadas en 2010 y
2011, de 100.000 y 134.100 euros respectivamente. Unas cantidades que, en cualquier caso, son del todo insuficientes para poder acondicionar adecuadamente este tramo de la N-260.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aumentar la dotación presupuestaria para la mejora de la N-260 entre Portbou y la frontera con Francia con el fin de ejecutar con carácter urgente las obras de mejora de un tramo de 2 km que,
en su estado actual, resultaron de consecuencias fatales para la evacuación de la población en el incendio acaecido en el Alt Empordà (Girona) el 22 de julio de 2012.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de julio de 2012.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/000872
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de los diputados doña M.ª Olaia Fernández Davila (BNG) y don Francisco Xesús Jorquera Caselas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan
la siguiente Proposición no de Ley, relativa al necesario programa de descuentos en la autopista AP-9 de Galicia, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
El 9 de marzo de 2011, la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados aprobaba una Proposición no de Ley del BNG por unanimidad, con los votos favorables del partido que actualmente está en el Gobierno, que instaba al Ministerio a
realizar las gestiones necesarias ante la concesionaria de la autopista AP-9 (AUDASA) para que se incluyese un programa de descuentos a similitud del que ofrecen otras concesionarias de autopistas del Estado.
En un segundo punto, la iniciativa aprobada del BNG instaba al Ejecutivo a buscar fórmulas de financiación de la ampliación de la AP-9 que no pasasen por la modificación de la vigente Ley de Concesiones para ampliar el período de concesión,
ni por el incremento del coste de los peajes.
Sin embargo, ni el anterior Gobierno ni el actual han hecho nada para lograr que AUDASA implantase un programa de descuentos en la AP-9, y como todo el mundo sabe, los peajes lejos de reducir sus costes se han incrementado de manera
significativa.
Es necesario poner de manifiesto que circular por la autopista AP-9 en Galicia resulta prohibitivo. Con la aplicación de las nuevas tarifas en vigor desde el 29 de julio, el viaje entre A Coruña y Vigo cuesta 14,35 euros para los vehículos
de categoría I, 24,40 euros para camiones y autobuses y 30.95 euros para camiones y autobuses con o sin remolque, de cuatro ejes o más.
Los costosísimos peajes unidos a la grave crisis económica son las causas de la importante pérdida de usuarios de la AP-9. Una autopista que además está excluida del programa de rebajas y descuentos que las concesionarias realizan a
personas jubiladas, a desempleados o personas con minusvalía o a los usuarios que la utilizan un número determinado de ocasiones al mes.
Un programa de descuentos que sí se aplica en otras CC.AA. Téngase presente que las cuatro autopistas gallegas y la de Adanero-Villalba (AP-6) son las únicas del Estado que no cuentan con este tipo de políticas de rebajas.
El 29 de julio las tarifas de los peajes de la AP-9 y de las autopistas del Estado operativas desde antes del año 2000, experimentaron un incremento del 7,5 %.
Un significativo aumento fruto de una orden del Ministerio de Fomento que establece los nuevos peajes máximos autorizados, al tiempo que suprime la compensación del 7 % a las concesionarias por la
pérdida de ingresos derivada de una bajada equivalente en las tarifas, recogida en el artículo 8 del Real Decreto Ley 6/1999. La consecuencia práctica es que las concesionarias han repercutido la supresión de esta compensación en las
tarifas de los peajes.
Una decisión que ha provocado un gran malestar entre los usuarios de la AP-9, que han padecido además un verano de llamativos atascos y un pésimo servicio por parte de la concesionaria.
Dado el contexto económico, sería pertinente que el Ministerio de Fomento se preocupase por reducir costes a los ciudadanos en lugar de concentrarse únicamente en el aumento de los precios. De ahí la importancia de que gestione ante AUDASA
el Programa de descuentos de la AP-9.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento a:
Iniciar de inmediato un proceso negociador con la concesionaria (AUDASA) de la Autopista del Atlántico, AP-9, a fin de que ofrezca a los usuarios un Programa de Descuentos como el que está en vigor en otras autopistas del Estado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de agosto de 2012.-Francisco Xesús Jorquera Caselas y M.ª Olaia Fernández Davila, Diputados.-Alfred Bosch i Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Educación y Deporte
161/000853
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
mecanismos para facilitar la liquidez de las Universidades para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
Exposición de motivos
En un escenario de dificultad de financiación para todas las administraciones públicas, las Universidades también se resienten de esta situación. Estas se ven afectadas, no solo por las reducciones presupuestarias y de restricción de acceso
al crédito que afectan a todos los entes públicos, sino que además sufren los recortes en las políticas de I+D+i y en otras partidas presupuestarias específicas, como las relativas a los Campus de Excelencia Internacional, y las consecuencias
negativas de la aplicación de normas recientes como los Decretos-leyes 14/2011 y 20/2011.
Además, la situación económica de muchas Universidades públicas españolas está fuertemente condicionada por el retraso en las transferencias de las administraciones autonómicas, que puede generar.tensiones de tesorería y, en general,
dificultades de liquidez, especialmente para hacer frente a la retribución de sus trabajadores y atender los pagos a proveedores de servicios básicos para su funcionamiento.
El Gobierno viene adoptando medidas de apoyo a la liquidez de Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, mediante anticipos de tesorería o mecanismos extraordinarios como la línea ICO-vencimientos o el Plan de Pago a Proveedores. Estos
mecanismos extraordinarios, sin embargo, no han sido puestos a disposición de las administraciones universitarias para hacer frente a problemas de financiación y liquidez similares a los que afectan a las administraciones territoriales.
La persistencia de los referidos problemas de liquidez y financiación en las Universidades puede incidir en el deterioro del sistema universitario, y así lo ha manifestado con preocupación la Conferencia de Rectores.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover las iniciativas necesarias para poner a disposición de las Universidades Públicas españolas mecanismos, como la línea ICO-vencimientos o el Fondo para la Financiación de los Pagos a
Proveedores ya aprobados para las Entidades locales y las Comunidades Autónomas, que faciliten su financiación y les permita afrontar sus problemas de tesorería.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de julio de 2012.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000863
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa Díez González, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la regulación y dotación de un programa nacional de ayudas para comedores escolares y la prohibición de cobrar por el uso del comedor escolar cuando se autorice llevar comida de casa, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
Los responsables de gobiernos de diferentes comunidades autónomas han manifestado su intención de permitir el próximo curso escolar que los estudiantes puedan llevarse la comida de su casa al colegio y comer allí. Algo que hasta ahora
estaba en general prohibido. Pero, han añadido al tiempo que se podrá cobrar por el uso que los escolares hagan de las instalaciones de comedor y por su cuidado durante el tiempo de la comida: En Cataluña se ha hablado de cobrar hasta tres euros
diarios -aproximadamente la mitad de lo que puede costar el menú completo diario en el que se incluyen tanto la comida propiamente dicha, como el uso del comedor y cuidado de los alumnos-; en Valencia se acaba de aprobar una orden, la 53/2012, de 8
de agosto, que prevé en su artículo 13.2 que los Consejos Escolares podrán autorizar el consumo de alimentos no suministrados por la empresa adjudicataria del servicio de comedor, dejando abierta la posibilidad de que se cobre también por ese
consumo; en el mismo sentido se han pronunciado los responsables de Madrid que quieren dejar a los centros, según cada Consejo escolar, que decidan si procede o no cobrar.
Estas medidas se están adoptando como paliativo, ya que muchas comunidades autónomas en virtud de las medidas de ajuste presupuestario han optado por recortar la cuantía destinada a becas de comedor que ayudaban a muchas familias a pagar
total o parcialmente este servicio complementario del propiamente escolar. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid ha reducido en más de 26 millones de euros la cuantía destinada a becas de libros y comedores escolares, esto es aproximadamente el 50
por ciento respecto al 2011. Estas reducciones, sin duda, obligarán a muchas familias que no reciban la ayuda a optar por sacar a sus hijos del comedor escolar o por llevarse el tupper con la comida al colegio, si finalmente se permite en su
Comunidad, ya que el precio del comedor no subvencionado está en la mayoría de las 17 Comunidades entre 6 y 4 euros diarios. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, el precio en el curso 2011-2012 era de 4,62 euros diarios en los centros
titularidad de la Comunidad, mientras que en Cataluña tenía un tope de 6,20 euros, siendo el más caro el de Navarra con 6,50 y el más barato Canarias con 2,40. Estas cifras suponen entre 130 y 80 euros mensuales por hijo para aquellas familias que
dejen de recibir la ayuda. Una cifra nada despreciable dados los ingresos de muchas de las familias españolas, que no han hecho en los últimos tiempos más que disminuir. Estas cifras por otra parte muestran la disparidad de precios por Comunidad
Autónoma, y por tanto de nuevo las diferencias entre españoles.
Esta realidad de recortes en algo tan esencial como las ayudas para la alimentación de los escolares se producen, como se ha dicho, en un momento de graves dificultades económicas para las familias españolas. Hay más de 1.700.000 hogares en
los que todos sus miembros están en paro; la renta media por hogar ha disminuido a niveles similares a los de 2006; más del 50 por ciento de los hogares tienen
dificultades para llegar a fin de mes y entorno a un tercio no llega; y el riesgo de pobreza y exclusión social se ha incrementado en los últimos años, superando ampliamente el 20 % y en algunas regiones el 30 %. Además, ya el VI informe
FOESSA del año 2008, al inicio de la crisis decía que 'una de las notas más sobresalientes del nuevo análisis de la pobreza en España es el redescubrimiento de la pobreza infantil. La tasa de pobreza infantil en España no solo es mayor que la de la
media de la población -uno de cada cuatro niños vive con rentas por debajo del umbral- sino que es una de las más altas de la UE-25. Esta realidad es especialmente visible en el caso de los hogares monoparentales o de las familias numerosas. Entre
los factores que explican esta situación destaca, en primer lugar, que el bienestar económico de los niños se ha hecho cada vez más dependiente de las rentas del trabajo, aumentando su riesgo de pobreza cuando los sustentadores carecen de
estabilidad laboral. El otro gran factor determinante es el sistema de prestaciones sociales. La red actual de prestaciones monetarias aporta una menor protección relativa a la infancia que al resto de la población y, además, esta contribución ha
disminuido en el tiempo'. Lo que no ha hecho más que agravarse con la crisis, así el nuevo informe FOESSA de 2012 de Exclusión y Desarrollo Social dice que, en los años 2009 a 2011, 'el crecimiento de la pobreza se ha concentrado especialmente en
los hogares con sustentadores principales jóvenes y en los hogares con menores'.
Ante esta situación social, que en lugar de tender a mejorar los datos objetivos apuntan a que va a empeorar, con muchas familias que tienen dificultades para una correcta alimentación en casa sobre todo de los niños, sin embargo, las
comunidades autónomas y el propio Gobierno Central en los últimos Presupuestos Generales del Estado han recortado las partidas destinadas a ayudar a las familias a pagar los comedores escolares. Lo que ha motivado que varias CCAA, lo que
probablemente se extenderá a otras, hayan decidido habilitar la posibilidad de que aquellas familias que lo decidan puedan llevar su comida, pero sin por ello dejar de cobrarles al considerar que deben cubrir los gastos de uso de las instalaciones y
de pago de los cuidadores. Lo que podría dar lugar a que en Cataluña haya que pagar más por llevar un tupper al colegio que lo que cuesta un menú completo en Canarias. Esta situación, sin duda, agravará las desigualdades entre escolares españoles
y pondrá a muchos niños en riesgo de déficits alimentarios, ya que o bien no comerán suficientemente o lo harán inadecuadamente al no seguir los menús escolares que están especialmente pensados para un equilibrio alimentario.
Una correcta alimentación es esencial para poder rendir en la escuela. El derecho a la educación recogido en el artículo 27 de la Constitución como uno de los derechos fundamentales de los españoles difícilmente se puede realizar en su fase
obligatoria y gratuita si los poderes públicos no garantizan la alimentación de los escolares. Además es una obligación de los poderes públicos proteger a la infancia y velar por sus derechos, como dice el artículo 39.3. Por otra parte, la
Constitución en su artículo 9 señala que es obligación de los poderes públicos promover la igualdad de los ciudadanos y remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud.
Por tanto, el Gobierno del Estado, ante la situación de desigualdad entre ciudadanos españoles descrita, la dificultad de garantizar la efectividad del derecho a la educación obligatoria y gratuita, la posibilidad de que se cobre en unas
comunidades y en otras no, y cantidades diferentes, simplemente por llevarse un tupper con la comida al colegio, debe intervenir en virtud de los preceptos que le otorga la Constitución y regular las condiciones básicas y las garantías del ejercicio
del derecho de los niños a una correcta alimentación para su adecuado rendimiento escolar. En los Estados de corte federal es muy habitual la intervención del Gobierno nacional mediante regulaciones y programas directos para garantizar esos
derechos y la prestación del servicio. Algo que se ha obviado repetidamente en España y que se está notando descarnadamente en esta crisis donde cada uno parece ir a su avío, permitiendo en España recortes de servicios esenciales mientras permite
que se mantengan las cosas más superfluas.
En este caso la acción del Estado debería ir prioritariamente orientada a extender las ayudas de comedor a todas las familias que las necesiten, ya que es la mejor forma de garantizar una alimentación correcta y la igualdad de todos los
estudiantes, ya sea mediante la modificación de la Ley de Educación o el desarrollo reglamentario de sus artículos 80 y siguientes dotándoles de carácter básico y obligatorio para todas las Comunidades. Y, en segundo lugar, a garantizar que no se
cobrará en ningún caso por el uso de los comedores escolares y el cuidado de los niños en ese periodo, si se permite llevar la comida desde casa, a fin de mantener un mínimo cumplimiento del deber del Estado social que nuestra Constitución reconoce.
Estas medidas deberán aprobarse con carácter de urgencia, dado que ya hay varias comunidades que pretenden cobrar por llevar un tupper al colegio, desde el principio de curso.
Algunas de esas comunidades, por cierto, han solicitado acogerse a las medidas de liquidez previstas en el Real Decreto Ley 21/2012, de 13 de julio, de medidas de liquidez de las Administraciones Públicas
y en el ámbito financiero. Si finalmente se terminan acogiendo a los planes de ajuste, deberá el Gobierno Central imponer la obligación de mantener ayudas de comedor y de la gratuidad del uso de los comedores al tiempo que se les obliga a
suprimir otros gastos en cosas innecesarias y redundantes. Como ha dicho el Banco Central Europeo, el ajuste a lo último a lo que ha de afectar es a la educación. Y la alimentación correcta de los estudiantes es una sine qua non para su educación.
Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar en el plazo de un mes las siguientes medidas
1. Aprobar con carácter de urgencia las medidas legales que garanticen la igualdad de los estudiantes españoles, con independencia de la Comunidad Autónoma en la que residan, en su acceso a los comedores escolares durante la etapa de la
educación obligatoria y gratuita en centros de titularidad pública o privada concertada.
2. Un programa nacional de ayudas a los estudiantes de las familias en dificultades que permita su acceso a los menús de los comedores escolares y su correcta alimentación para su adecuado rendimiento escolar.
3. La prohibición de cobrar a los escolares por el uso de los comedores y su cuidado mientras comen, en los centros de los que son titulares las Comunidades, cuando se lleven comida desde casa.
4. La obligación, en los planes de ajuste a las Comunidades que soliciten el rescate financiero, de acuerdo con el Real Decreto Ley 21/2012, de supresión de otros gastos que eviten recortes en becas de comedor.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de agosto de 2012.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
161/000864
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA,CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el desmesurado aumento del IVA en los materiales de
uso escolar, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
La educación es, junto a la sanidad, uno de los sectores más afectados por los recortes impuestos por el Gobierno a la sociedad española. Con la reducción de las becas para el curso 2012/2013, el desorbitado incremento del IVA en el
material escolar, a partir del primero de septiembre de 2012, afectará más duramente a las economías familiares en un mes de importantes desembolsos económicos y en medio de graves dificultades como consecuencia de la dura crisis por la que
atraviesa nuestro país.
Efectivamente, el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, establece, con efectos desde el 1 de septiembre de 2012, modificaciones, entre otros, en
los artículos 90 y 91 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, elevando el IVA del material escolar, que pasaría del tipo superreducido del 4 % que hasta ahora vienen disfrutando, al tipo impositivo general del 21
%.
La alarma social generada por el anuncio de esta medida, y la incertidumbre creada en relación con el precio de los libros de texto, obligó al Gobierno a dictar la Resolución de 2 de agosto de 2012, de la Dirección General de Tributos,
aclarando que a los libros se continuará aplicando el tipo superreducido.
En definitiva, a partir del primero de septiembre tributarán al tipo general, entre otros, el material didáctico de uso escolar, incluidos los puzzles y demás juegos didácticos, mecanos o de construcción; el material escolar, incluidos,
entre otros, los portalápices, agendas, cartulinas y blocs de manualidades, compases, papel coloreado y para manualidades, plastilina, pasta de modelado, lápices de cera, pinturas, témperas, cuadernos de espiral, rollos de plástico para forrar
libros y el material complementario al anterior y las mochilas infantiles y juveniles escolares.
Aunque el Gobierno pretende justificar el desproporcionado incremento del material escolar con el argumento de que así lo plantea la Comisión Europea en distintos informes, lo cierto es que esta institución de la UE se limita a establecer
criterios generales para la armonización de los tipos de IVA entre los
distintos Estados miembros, por lo que de ningún modo se puede deducir que el incremento del tipo impositivo del 4 % al 21 % sea una exigencia de la Unión Europea.
El único y verdadero objetivo del Gobierno con este aumento es el de recaudar 82 millones de euros más de aquí a 2014, contribuyendo de este modo a la reducción del déficit, tal y como se reconoce expresamente en la memoria económica del
Real Decreto-ley remitida al Congreso de los Diputados.
Las reacciones contrarias a tan injusto castigo fiscal no han tardado en producirse, desde la comunidad educativa hasta los sindicatos y las asociaciones de defensa del consumidor.
Este incremento del IVA se añade al aumento de los precios del transporte escolar y de lo comedores, cuando en varias comunidades autónomas todavía no se ha aclarado si los alumnos deberán pagar por llevar su tartera de comida desde su casa
al colegio. Algunos gobiernos autonómicos, como el del País Vasco, consciente del impacto social de las medidas del Gobierno de la Nación, ya han anunciado que asumirán el incremento del IVA tanto en la factura del transporte escolar como en la del
comedor.
En cualquier caso, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) calcula que el gasto de la vuelta al colegio por hogar será de 640 euros de media, una cifra que sube a 917 en el caso de los colegios concertados. Todo ello cuando varios
millones de familias tienen dificultades para hacer frente a gastos tan esenciales corno el alimento y la vivienda.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Anular antes del primero de septiembre de 2012 el incremento del IVA para el material escolar.
2. Introducir en la regulación del IRPF para 2012 la desgravación de Ios gastos familiares por libros y material escolar.
3. De acuerdo con las Comunidades Autónomas, recomendar a los centros educativos que sean comedidos con la petición de material escolar extraordinario que vayan a realizar a las familias de cara al curso 2012-2013.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de agosto de 2012.-María Caridad García Álvarez, Diputada.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/000857
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada doña Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a
la prórroga del Plan Prepara, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
Las ayudas del Plan Prepara se dirigen a los desempleados que llevan más tiempo sin trabajo, que han agotado ya todas las prestaciones del seguro de desempleo y que tienen muy pocos ingresos -o ninguno- por otras vías. Se trata, por lo
tanto, de una prestación fundamental para cientos de miles de familias, puesto que se trata de su único o principal ingreso, y la ausencia de esta ayuda implicaría situaciones de pobreza e indigencia en muchos de los casos.
El actual Plan Prepara finaliza el 15 de agosto del presente año, y el Gobierno no ha anunciado la intención de prorrogar dicho plan, lo que unido a que no se prevé un Consejo de Ministros hasta el 24 de agosto, implica que el Gobierno, a
pesar de no anunciarlo públicamente, ha tomado la decisión de extinguir el citado plan.
Así, el Gobierno del Partido Popular vuelve a cargar a las personas más desfavorecidas los costes de la crisis. Desde el BNG consideramos que no se saldrá de la crisis con las políticas que está adoptando este gobierno, que suponen el
empobreciendo al conjunto de la población para ayudar al sector financiero.
En el Estado, la tasa de paro alcanza ya a casi seis millones de personas, lo que supone un 24,6 % de la población activa, más de 1.700.000 hogares tienen a todos sus miembros en situación de desempleo, casi la mitad de las personas paradas
no reciben ningún tipo de prestación. Ello está propiciando un incremento desmedido de la pobreza. La propia ONU acaba de acusar al gobierno presidido por don Mariano Rajoy de incrementar la pobreza con sus medidas, llevando al umbral de la
pobreza al 21,8 % de la población. El último informe del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) de la ONU critica claramente los recortes y reformas aprobadas, afirmándose que perjudican de forma desproporcionada a los más
desfavorecidos y marginados, entre los que cita a mujeres, niños, personas con discapacidad, desempleados, personas mayores, gitanos, inmigrantes y solicitantes de asilo. El comité hace también una llamada al Gobierno para que evite cualquier
retroceso en la protección de los derechos laborales de los trabajadores. Resulta evidente que la intención del Gobierno está lejos de las recomendaciones planteadas por la ONU.
Por otra parte, y también relacionado con el citado plan, se ha producido un impago a los beneficiarios de la mensualidad de junio. El Gobierno aduce un ajuste contable derivado de la gestión presupuestaria, lo que, según afirma, ha
provocado un retraso puntual que está en vías de solución. Pero lo cierto es que en estos momentos la gran mayoría de los beneficiarios no han recibido aún el pago correspondiente a junio. Una vez más, se muestran las prioridades del Gobierno y el
partido que lo sostiene, que es capaz de impulsar una reforma constitucional para garantizar el pago de la deuda, pero no de solucionar en su debido tiempo los citados pagos, que tienen como beneficiarios a las personas más desfavorecidas. En este
sentido, es necesario que el Gobierno restablezca en el menor tiempo posible los pagos pendientes.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Prorrogar indefinidamente el Plan Prepara.
- Reestablecer el pago de las mensualidades atrasadas a los beneficiarios del Plan Prepara en el menor tiempo posible.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de agosto de 2012.-M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.-Alfred Bosch i Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000862
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley, contra la pobreza y la exclusión social, para su debate en la Comisión
de Empleo y Seguridad Social.
La pobreza y la exclusión social son las consecuencias más dramáticas de la crisis social y económica que sufren millones de personas en todo el Estado. El empobrecimiento ya no afecta solamente a los sectores que tradicionalmente
alimentaban esta estadística, ya que cada día se nutre vorazmente de miles de personas a las que la violencia estructural de la crisis ha abocado a la exclusión social sin que los poderes públicos les garanticen un nivel mínimo de subsistencia.
Se produce pues, la incorporación a la pobreza de miles de personas que han hecho lo indecible por integrarse junto a sus hijos en la sociedad del llamado Estado del Bienestar, y que hoy sin embargo, se encuentran sin recurso alguno.
Las estadísticas sitúan los índices de pobreza por encima de lo que cualquier sociedad supuestamente desarrollada debería permitir. El empobrecimiento comienza con la quiebra de un modelo de desarrollo
impuesto para beneficio de una minoría y que ha supuesto que amplios sectores sociales sufran el olvido y el desamparo de los poderes públicos.
Mientras cada día aparecen publicadas noticias de sobresueldos y jubilaciones escandalosas de altos ejecutivos de empresas culpables de la crisis, los sectores más vulnerables a sus efectos no encuentran ningún respaldo por parte de la
Administración, ya que ésta dedica sus mayores esfuerzos en rescatar a la Banca.
Poco se puede hacer para erradicar la pobreza sin liquidar el actual modelo de desarrollo y sin emprender un camino que haga de la economía una ciencia al servicio de las personas. Poco se puede hacer sin una banca pública, sin la
nacionalización de sectores estratégicos de la economía. Nada se puede hacer sin acabar con la especulación y la usura. Pero la realidad es que mientras se discuten temas de fondo, millones de personas sufren pobreza, exclusión social y falta de
acceso a derechos tan fundamentales como la alimentación o la vivienda, por lo que se impone que el Estado preste atención a las personas que sin ser responsables de la crisis están siendo sus víctimas más directas. Por ello, es necesaria la
realización por parte de las Administraciones Públicas de un Plan Coordinado contra la pobreza y la exclusión social.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:
A que presente en el plazo de un mes, para su inclusión en los diversos presupuestos del año 2013, un plan coordinado con las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos contra la pobreza y la exclusión social.
Este Plan debe financiarse a cargo de los Presupuestos de los años 2013-2015 a través de un aumento de los ingresos en las arcas públicas proveniente de un aumento de la fiscalidad a las grandes fortunas y de los beneficios bancarios, y debe
contemplar la puesta en marcha de una Red Publica de Atención Social, que en colaboración con Organizaciones de Ayuda Solidaria y Asociaciones Ciudadanas, potencien con ayudas publicas y de una forma coordinada la mayor efectividad de los Bancos de
Alimentos existentes, promoviendo, donde no existan, la creación de nuevos Bancos de Alimentos gestionados de forma participativa para que mediante acuerdos con empresas distribuidoras y comerciales evite que ningún alimento sea destruido y se pueda
atender a toda la población que se encuentra en situación de pobreza, en tanto se desarrollan medidas sociales y económicas de fondo que acaben con estas situaciones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de agosto de 2012.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto Primero del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/000841
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
conversión del Parador de Puerto Lumbreras en la 2.ª Escuela de Hostelería de la Red Nacional de Paradores, para su debate en la Comisión de lndustria, Energía y Turismo.
Exposición de motivos
El Parador de Puerto Lumbreras fue construido hace 70 años e inaugurado en el año 1943; se encuentra situado en un municipio fronterizo entre la Región de Murcia y Andalucía, y en la actualidad daba empleo a 37 trabajadores. Con la
apertura del nuevo Parador de Lorca, Puerto Lumbreras mantiene solo los servicios de Restaurante y piscina, quedando tan solo seis trabajadores en su plantilla.
En el año 2009, el entonces presidente de la Red de Paradores anunció que la cadena abriría en Puerto Lumbreras (Murcia) su segunda Escuela de Hostelería, dada la alta ocupación que tiene la única que existe en la actualidad, ubicada en
León, y que se ha quedado pequeña.
Fue el Gobierno socialista de España el que apostó por la reconstrucción y acondicionamiento de este edificio a fin de convertirlo en la segunda Escuela de Hostelería dentro de la Red de Paradores de España, lo que le llevaría a convertirse
en aquella Escuela de los alumnos del sur del país.
A pesar de los reiterados anuncios sobre la continuidad de prestar servicios como los de restaurante y cafetería, el Gobierno del Partido Popular no ha contraído un compromiso expreso ni ha dotado presupuestariamente la partida para asegurar
la transformación del Parador en Escuela de Hostelería para la Red de Paradores de España. Es más, tras las últimas noticias, nos hacen temer el cierre de estas instalaciones.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a dotar presupuestariamente una partida que asegure la conversión del Parador de Puerto Lumbreras en la segunda Escuela de Hostelería de la Red Nacional de Paradores.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de julio de 2012.-María González Veracruz y Pedro Saura García, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000842
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la
necesidad de un nuevo estudio y el replanteo de la implantación de una subestación con la línea en aéreo de 400KV en el término municipal de Santa Coloma y el estudio de minimización de los impactos de la MAT a su paso por los diversos municipios de
las comarcas del Vallès Oriental y Occidental desde Santa Coloma de Gramanet hasta Sentmenat, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
Exposición de motivos
La Planificación de los sectores de electricidad y gas 2002-2011 aprobada por el Consejo de Ministros del 13 de septiembre de 2002, incluía una conexión de 400 KV (MAT), entre las subestaciones de Pierola y Santa Coloma en la provincia de
Barcelona. La propuesta plantea construir esta línea aprovechando los tramos de la línea de 200 KV que une Santa Coloma con Sentmenat, e implica adicionalmente la construcción de una subestación de 400 KV en el municipio de Santa Coloma de
Gramanet. Desde esta subestación, se prevé la construcción de una línea Santa Coloma-Rubí-Begues, que permita el cierre de un anillo de 400 KV para la alimentación de Barcelona.
Red Eléctrica ha manifestado la necesidad de la Línea Pierola-Santa Coloma, porque permite obtener una mejora 'de las posibilidades de evacuación' y, por tanto, de comercialización de eventuales excedentes de la generación prevista en la
zona de la desembocadura del río Besós, zona en la cual dicha planificación preveía la construcción de una importante central de ciclo combinado ya construida y en servicio.
Posteriormente la planificación de los sectores de electricidad y gas 2008-2016 aprobada por el Consejo de Ministros del 30 de mayo de 2008 mantiene la previsión de la subestación corno la línea Pierola-Santa Colonia de 400 KV, reconocida en
dicha planificación con una nueva línea de 56 km de longitud con una función de mallado en la red de transporte.
En mayo de 2009 REE presenta dos proyectos separados al Ministerio de Industria, el de ejecución de la nueva subestación Santa Coloma de Gramanet de 400 KV y el de la modificación de líneas de 200 KV SentmenatSant Fost-Canyet-Sant Andreu-Can
Jardí para la conexión de 400 KV Pierola-Santa Coloma. Según el proyecto, esta modificación afecta exclusivamente el término municipal de Santa Coloma de
Gramanet. El proyecto contemplado en la planificación estatal, denominado nueva línea de 400 KV Pierola-Santa Coloma de 56 km, queda así reducido a un pequeño proyecto de modificación puntual que afecta exclusivamente uno de los municipios
afectados. Esta reducción del proyecto obedece a evitar la obligación del trámite de evaluación de impacto ambiental.
El documento de planificación justifica la necesidad de esta línea por el mallado de la red de transporte para reforzar las infraestructuras eléctricas que en los últimos años han padecido problemas en la calidad del suministro debido entre
otras razones al incremento sostenido de la demanda.
Los incrementos de consumo que se proyectaban a futuro están hoy fuertemente cuestionados por la caída de la actividad económica.
Esta línea discurre en un importante tramo por la zona urbana de Santa Coloma a menos de 75 metros del Barrio de Can Franquesa y a menos de 500 metros de más de 6.500 habitantes de la ciudad de los barrios de Can Calvet, Guinardera,
Singuerlin, Can Franquesa y Can Oliveres. El trazado pretende aprovechar torres construidas en los años setenta y construir una nueva línea de mayor capacidad sin tener en cuenta los principios de encaje con las zonas urbanas que se plantea para
las líneas de Muy Alta Tensión.
Igualmente, se plantea situar la subestación de 400 KV a menos de 150 metros de las viviendas del barrio de Oliveras.
Así mismo, los municipios de Sant Fost, La Llagosta, Polinya, Palau-Solità i Plegamans y Santa Perpetua han pedido que se encargue un informe sobre las consecuencias de estos cambios de pasar una línea de 200 a 400 KV en el paso por sus
municipios y minimice en todo caso los impactos que pudieran ocasionar para sus habitantes.
En julio de 2009 el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet presentó alegaciones al proyecte advirtiendo de la proximidad de dicha línea a las viviendas del núcleo urbano de la ciudad, exigiendo que se tomen las medidas necesarias para
garantizar una distancia mínima de 500 metros, entre la nueva infraestructura y las viviendas de estos barrios Así mismo, el Ayuntamiento de Santa Colonia aprobó por unanimidad una moción en ese sentido el pasado 25 de junio de 2012 y el resto de
Ayuntamientos por donde discurre la línea se han manifestado en el sentido de que se haga un Estudio de Impacto Ambiental para garantizar los derechos de los ciudadanos en la posible afectación que dichos cambios les pudieran producir.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Grupo Parlamentario Socialista insta al Gobierno a:
1. Que paralice el proyecto actual de REE para estudiar y evaluar adecuadamente la necesidad de construcción actual y futura de esta infraestructura en función de la situación económica actual.
2. Que se replantee el proyecto de la implantación de la subestación, así como de la línea en aéreo de 400 KV en el término municipal de la ciudad de Santa Colonia, atendiendo a la proximidad de las zonas de la ciudad densamente pobladas,
por entender que este proyecto ha de cumplir, como no debe ser de otra manera, con la legislación ambiental y adoptar los criterios de integración urbana utilizados en proyectos de similares características en los que se han soterrado las líneas de
MAT y se han alejado las torres eléctricas como mínimo a 500 metros de los núcleos habitados.
3. Que inste a Red Eléctrica Española a realizar la declaración de impacto Ambiental correspondiente.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de julio de 2012.-Román Ruiz Llamas, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000847
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el Parador de Turismo de Morella, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
Exposición de motivos
Paradores de Turismo es una sociedad anónima de capital público con ocho décadas de historia y que en la actualidad gestiona más de 90 establecimientos hoteleros. Muchos paradores se hallan ubicados en reservas naturales y en edificios
históricos, como castillos, palacios, conventos y monasterios. En construcción se encuentra el futuro Parador de Turismo de Morella.
Esta infraestructura posicionará la localidad castellonense y a la comarca del Maestrazgo entre los destinos y productos turísticos de calidad.
Este nuevo establecimiento se encuentra en la falda del castillo de la localidad en la zona del antiguo Convent de Sant Francesc, del siglo XII, y el que fuera Convent de les Agustines. Tendrá un edificio anexo, el Pabellón del Gobernador
Militar, edificio del siglo XVI, destinado para negocios y convenciones.
La inversión final prevista es de 25 M habiéndose ejecutado hasta la fecha 7 M .
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar las consignaciones presupuestarias oportunas y los trámites correspondientes con las diferentes administraciones implicadas, para continuar con la construcción del Parador de Turismo
de Morella sin demora alguna.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de julio de 2012.-Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000855
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, abajo firmante, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas para garantizar la continuidad de la
actividad de la minería del carbón y el empleo de los mineros, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
El 30 de diciembre de 2011, el Gobierno suprimió la dotación presupuestaria del 'Plan de la Minería del Carbón y el desarrollo alternativo de las Comarcas Mineras'. Esta decisión, cuya aplicación asestaría un golpe mortal a esta industria
española, ha provocado la lógica movilización en las Comarcas Mineras, muy especialmente las de Asturias, Aragón y Castilla y León, además de las de Galicia, Castilla-La Mancha y Andalucía, por sus efectos devastadores en unos territorios que siguen
necesitando un compromiso político adicional para impulsar nuevas actividades económicas que permitan impulsar nuevos sectores y garantizar expectativas de futuro.
Esta medida podría afectar desde los 175 millones de euros previstos para 2012 hasta los 536 millones de euros si afectase a los compromisos de 2011 y a los proyectos pendientes de ejecución. De forma prioritaria es fundamental garantizar
los proyectos pendientes de ejecución y reconsiderar la congelación de las inversiones previstas para 2012, especialmente a través de los convenios suscritos con Ayuntamientos de estas comarcas.
El mantenimiento de la minería del carbón se relaciona directamente con la configuración de un mix energético moderno, estable y diversificado para España, que garantice la producción necesaria para el presente y las reservas estratégicas de
futuro. El carbón es una de las pocas fuentes de energía autóctonas de nuestro país, en un entorno de fuerte dependencia exterior.
Por estos motivos, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Cumplir los compromisos adquiridos para 2012 y firmados en el Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012 y Nuevo modelo de desarrollo integral y sostenible de las comarcas mineras.
2. Firmar los convenios de infraestructuras pendientes de las distintas convocatorias, aprobados en las Mesas Regionales de la Minería y en tramitación en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
3. Apoyar la Directiva Europea que garantiza la libre disposición de cada Estado miembro de consumir el 15% de energía autóctona.
4. Negociar con los sindicatos y la patronal del sector un nuevo Plan Nacional de Reserva Estratégica del carbón 2013-2018.
5. Tomar las medidas necesarias para garantizar la continuidad de la actividad de la minería del carbón.
6. Impulsar la investigación para el desarrollo de nuevas tecnologías energéticas, con el fin de minimizar los efectos de las emisiones de gases de efecto invernadero asociados a la combustión del carbón.
7. Elaborar un estudio sobre la viabilidad de la explotación del carbón autóctono más allá del período de vigencia del Marco de Referencia actual de ayudas a la minería del carbón.
8. Promover en el seno de la Unión Europea la prórroga del cierre más allá de 2018.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de julio de 2012.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-Chesús Yuste Cabello, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/000868
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la paralización temporal de las centrales nucleares de Garoña y
Cofrentes, para su debate en Comisión.
La Agencia Federal Nuclear belga se ha mostrado a favor del cierre 'permanente' de los veinte reactores nucleares en todo el mundo cuya vasija ha construido el mismo fabricante, si se descubren fisuras serias tal y como se han detectado en
el tercer reactor de la central belga de Doel.
El mismo fabricante holandés Rotterdam Droogdok Maatschappij es el responsable de una veintena de reactores repartidos en todo el mundo, entre ellos, los de las centrales de Santa María de Garoña y Cofrentes.
El director general de la Agencia Federal Nuclear belga, Willy De Roovere, informó el día 16 de agosto a expertos nucleares de varios países, incluido España, sobre los problemas detectados en Doel, y puso en duda la continuidad del reactor
belga a partir del 31 de septiembre por las fisuras descubiertas (8.000 de dos centímetros) en la vasija del reactor, que permanecerá cerrado hasta entonces para concluir los análisis técnicos definitivos. De hecho, el director recomendó al resto
de países llevar a cabo inspecciones en sus reactores para evaluar el estado de sus vasijas.
Aunque las primeras pruebas en Doel III apuntan a un fallo de fabricación en la vasija, el director de la agencia nuclear belga no descarta que las fisuras detectadas puedan deberse a un problema de calidad del acero empleado en su
fabricación, algo que podría dar lugar a un problema a nivel mundial porque afectaría a todos los reactores de la misma generación que Doel y Tihange, es decir, alrededor de 350 del total de 450 que existen en todo el mundo.
La Comisión Europea espera que los diferentes países realicen inspecciones en sus reactores y ha prometido 'extraer las lecciones' a raíz de los problemas detectados en Doel III. En este sentido, apuesta por que la legislación europea y
nacional que cubre aspectos como la calidad de los materiales de las centrales nucleares y las normas sobre la protección de los empleados de las mismas 'deben ser revisadas y controladas por las autoridades y los reguladores nacionales'.
Por todo ello se presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Paralizar de forma inmediata las centrales nucleares de Cofrentes y Garoña y realizar inspecciones en los reactores de Cofrentes y Garoña para analizar el estado de los mismos y evaluar si tienen fisuras o cualquier otro problema.
2. Llevar a cabo inspecciones en todos los reactores del parque nuclear español con la finalidad de analizar el estado de los mismos y evaluar si tienen fisuras o cualquier otro problema.
3. Llevar a cabo las recomendaciones de la Comisión Europea sobre la revisión de la normativa que cubre aspectos como la calidad de los materiales de las centrales nucleares, así como las normas sobre la protección de los empleados de las
mismas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de agosto de 2012.-Laia Ortiz Castellví y Chesús Yuste Cabello, Diputados.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/000840
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Proposición no de Ley para la constitución de un Banco de Tierras.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que el debate ante la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en la que se alude en su punto 3 se realizaría, en su caso, por el cauce
reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Asimismo, dar traslado del acuerdo al
Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley para la constitución de un Banco de Tierras, para su debate en la
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
La realidad es que en la actualidad existen extensiones de tierras en propiedad del Estado, muchas de ellas encomendadas el Ejército, que podrían ser dedicadas a uso agrícola y cultivadas por cooperativas,
lo que permitiría en estos tiempos de crisis ser un instrumento para combatir el altísimo nivel de paro existente en las zonas rurales.
El Banco de Tierras sería el organismo institucional encargado de redistribuir los terrenos agrícolas de forma que se adecuen lo más posible para el desarrollo y modernización agraria y social del campo.
Desde esta realidad, el Banco de Tierras es una herramienta que permite movilizar las tierras de cultivo a través de arrendamientos o cesión para permitir aumentar el valor de las tierras con aptitud agraria que ahora no están siendo
cultivadas y a la vez se podría recuperar y frenar la pérdida de superficie agraria útil, evitando las situaciones de abandono de las mismas, mejorar y ampliar la base territorial de las explotaciones y evitar situaciones de abandono en muchos casos
con un carácter especulativo.
Los destinatarios de la actividad del Banco de Tierras pueden ser Cooperativas agrarias que pretendan aumentar su base territorial y jóvenes que quieran dedicarse a la actividad agrícola en Zonas afectadas por el envejecimiento o el éxodo
rural, con preferencia de los que constituyan cooperativas.
Al mismo tiempo, permitiría, en colaboración con las cooperativas que trabajen las fincas incluidas en el banco de tierras, el establecimiento de campos de investigación y experimentación agraria gestionados directamente por la Comunidad
Autónoma correspondiente.
Todo ello persigue, por una parte, afrontar la situación de paro existente en el mundo rural y, por otra parte, el mantener la actividad agrícola en los terrenos que se vienen empleando para otros fines menos productivos.
En consecuencia se presenta la siguiente
Proposicion no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a poner en marcha la creación de un Banco de Tierras en España, que agrupe en un principio la tierras del Estado para que puedan ser cultivadas en forma cooperativa.
Para lo cual:
1. Se realizará un estudio sobre las tierras propiedad del Estado que pueden ser incluidas en el citado Banco de Tierras.
2. Negociar con los propietarios de tierras abandonadas o subexplotadas su inclusión en el Banco de Tierras.
3. Constitución de un grupo de trabajo con representantes del Ministerio de Agricultura, Sindicatos Agrarios, Cooperativas Agrarias y Patronales Agrarias.
Este grupo de trabajo en tres meses presentaría una propuesta para su debate en la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados sobre el funcionamiento de este Banco de Tierras y las formas de gestión de las tierras cultivadas en
forma cooperativa.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de julio de 2012.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto Primero del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/000849
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
ayudas ante los daños causados por los incendios del L'AIt Empordà, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
Este año 2012 está siendo especialmente grave en materia de incendios forestales. A los incendios producidos en febrero-marzo en las provincias de Lleida, Girona, Valencia, Castellón, Albacete y Murcia y
a finales de junio en la Comunidad Valenciana y en Castilla-La Mancha e Islas Canarias se une ahora el declarado en el Alt Empordà. Con todos ellos nos acercamos peligrosamente a la superficie media (en torno a 114.000 hectáreas) quemadas
anualmente en nuestro país y todavía no ha acabado la campaña de verano.
El pasado 17 de julio, el Pleno del Congreso de los Diputados, por unanimidad de todos los grupos con representación parlamentaria, aprobó una Proposición no de Ley en materia de incendios. En lo que aquí interesa, se establecía un sistema
de ayudas a establecer en un futuro Decreto-Ley que, como mínimo, establecería las ayudas recogidas en la Ley 3/2010, de 10 de marzo, por la que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras
catástrofes naturales ocurridos en varias Comunidades Autónomas. Además, se arbitraba la posibilidad de activar el Fondo Europeo Fondo de Solidaridad de la Unión Europea por catástrofe natural si se daban las condiciones necesarias para ello.
Finalmente se establecía un mecanismo de control parlamentario sobre la actuación del Gobierno de la nación en relación con las tareas de extinción y las ayudas arbitradas para paliar sus daños.
Con posterioridad, el 22 de julio, se ha declarado un importante incendio en el Alt Empordá (Girona). A 23 de julio, el mismo ha costado la vida de cuatro personas, ha herido de diversa consideración a otras veinte y ha arrasado en torno a
13.000 hectáreas de terreno. Obviamente, el Grupo Parlamentario Socialista es partidario de garantizar en este caso el mismo grado de protección y ayuda que se ha conseguido aprobar en relación con el resto de incendios referidos.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, de la forma más rápida posible, a:
1. Aprobar un Real Decreto-Ley que arbitre las ayudas necesarias para paliar los daños, personales y materiales, producidos por el incendio declarado en el Empordà el pasado 22 de julio. Estas ayudas serán, como mínimo, las contempladas en
la Ley 3/2010, de 10 de marzo, por la que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en varias Comunidades Autónomas.
2. Si se comprueba que se dan los requisitos para ello, proceder a solicitar la activación del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea por catástrofe natural.
3. Dar cuenta, en el plazo máximo de tres meses, de todo lo actuado en relación con esta catástrofe natural ante la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de julio de 2012.-Alex Sáez Jubero, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000858
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre los
incendios en Canarias, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
Este año 2012 está siendo especialmente grave en materia de incendios forestales. A los incendios producidos en febrero-marzo en las provincias de Lleida, Girona, Valencia, Castellón, Albacete y Murcia y a finales de junio en la Comunidad
Valenciana y en Castilla-La Mancha, en julio en La Palma, La Gomera, Tenerife y el Alt Ampordá, se unen ahora nuevos incendios declarados en La Palma, La Gomera y Gata (Cáceres). Con todos ellos la superficie media quemada anualmente (en torno a
114.000 hectáreas) se ha visto superada sin haber finalizado todavía la campaña de incendios.
El pasado 17 de julio, el Pleno del Congreso de los Diputados, por unanimidad de todos los grupos con representación parlamentaria, aprobó una Proposición no de Ley en materia de incendios. En lo que aquí interesa, se establecía un sistema
de ayudas a recoger en un futuro Decreto-Ley que, como mínimo, incluiría las ayudas contempladas en la Ley 3/2010, de 10 de marzo, por la que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras
catástrofes naturales ocurridos en varias Comunidades Autónomas. Además, se arbitraba la posibilidad de activar el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea por catástrofe natural si se daban las condiciones necesarias para ello. Finalmente se
establecía un mecanismo de control parlamentario sobre la actuación del Gobierno de la nación en relación con las tareas de extinción y las ayudas arbitradas para paliar sus daños.
Con posterioridad a la aprobación de esta Proposición no de Ley, el 22 de julio se declaró un importante incendio en el Alt Empordá (Girona), que arrasó cerca de 13.000 hectáreas, costó la vida a cuatro personas e hirió de consideración a
otras veinte. Este hecho motivó el registro por parte de este Grupo Parlamentario de otra iniciativa parlamentaria que pretendía garantizar que las ayudas llegaran también a los afectados por el mismo.
Ahora se produce la misma circunstancia en relación con los incendios de La Gomera y La Palma.
En espera de que la ola de calor que se cierne sobre la Península y las Islas Canarias no reavive el fuego de La Gomera (estabilizado pero aún no extinguido completamente), estos incendios han afectado a 1.700 hectáreas (La Palma) y 3.000
hectáreas de especial valor ecológico por afectar al Parque Nacional de Garajonay (La Gomera).
En el caso de los incendios en las Islas Canarias, además de garantizar las ayudas a los afectados, es necesario destacar las dificultades específicas que, por su ubicación, tienen las labores de extinción de incendios. Y es que, aunque la
competencia de gestión de la lucha contra incendios forestales en España corresponde a las Comunidades Autónomas, la Administración General del Estado mantiene algunas competencias en la materia. Por supuesto, mantiene las competencias en materia
de legislación básica (art. 149.1.23.ª CE) pero también aportación de medios materiales y personales de refuerzo en materia de prevención y extinción de incendios (UME, BRIFs...), de coordinación de las labores de extinción o de lucha contra la
deforestación, por citar sólo algunos ejemplos. La ubicación geográfica de Canarias dificulta en sí mismo las tareas que, en materia de extinción de incendios, corresponden a la Administración General del Estado. De este modo, los medios
materiales y personales que puede aportar el Estado tardan 24 horas en llegar, sin que esto sea achacable a una demora en la respuesta.
Por ello, resulta imprescindible garantizar la presencia permanente de medios de extinción estatales en las propias Islas, que complementen los que ya tienen la Comunidad Autónoma y los Cabildos, al menos durante la temporada de alto riesgo
de incendios.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, de la forma más rápida posible, a:
1. Aprobar un Real Decreto-Ley que arbitre las ayudas necesarias para paliar los daños, personales y materiales, producidos por los incendios declarados en Tenerife, La Gomera y La Palma en julio y principios del mes de agosto. Estas
ayudas serán, como mínimo, las contempladas en la Ley 3/2010, de 10 de marzo, por la que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en varias Comunidades
Autónomas.
2. Si se comprueba que se dan los requisitos para ello, proceder a solicitar la activación del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea por catástrofe natural en relación con los incendios citados en el apartado anterior.
3. Dar cuenta, en el plazo máximo de tres meses, de todo lo actuado en relación con estas catástrofes naturales ante la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados.
4. Establecer en las Islas Canarias una base permanente de hidroaviones, suficientemente dotada, para combatir los incendios forestales durante la temporada alta de riesgo de incendios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de agosto de 2012.-José Segura Clavell, Patricia Hernández Gutiérrez, Sebastián Franquis Vera y Pilar Grande Pesquero, Diputados.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.
161/000859
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
ayudas ante los daños causados por el incendio declarado en La Gata (Cáceres), para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
Este año 2012 está siendo especialmente grave en materia de incendios forestales. A los incendios producidos en febrero-marzo en las provincias de Lleida, Girona, Valencia, Castellón, Albacete y Murcia y a finales de junio en la Comunidad
Valenciana y en Castilla-La Mancha, en julio en La Palma, La Gomera, Tenerife y el Alt Ampordá, se unen ahora nuevos incendios declarados en La Palma, La Gomera y Gata (Cáceres). Con todos ellos la superficie media quemada anualmente (en torno a
114.000 hectáreas) se ha visto superada sin haber finalizado todavía la campaña de incendios.
El pasado 17 de julio, el Pleno del Congreso de los Diputados, por unanimidad de todos los grupos con representación parlamentaria, aprobó una Proposición no de Ley en materia de incendios. En lo que aquí interesa, se establecía un sistema
de ayudas a recoger en un futuro Decreto-Ley que, como mínimo, incluiría las ayudas contempladas en la Ley 3/2010, de 10 de marzo, por la que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras
catástrofes naturales ocurridos en varias Comunidades Autónomas. Además, se arbitraba la posibilidad de activar el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea por catástrofe natural si se daban las condiciones necesarias para ello. Finalmente se
establecía un mecanismo de control parlamentario sobre la actuación del Gobierno de la nación en relación con las tareas de extinción y las ayudas arbitradas para paliar sus daños.
Con posterioridad a la aprobación de esta Proposición no de Ley, el 22 de julio se declaró un importante incendio en el Alt Empordá (Girona), que arrasó cerca de 13.000 hectáreas, costó la vida a cuatro personas e hirió de consideración a
otras veinte. Este hecho motivó el registro por parte de este Grupo Parlamentario de otra iniciativa parlamentaria que pretendía garantizar que las ayudas llegaran también a los afectados por el mismo.
Ahora, se produce la misma circunstancia en relación con el incendio de La Gata (Cáceres).
Este incendio ha costado la vida a un cabo primero de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y ha afectado a 667 hectáreas.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, de la forma más rápida posible, a:
1. Aprobar un Real Decreto-ley que arbitre las ayudas necesarias para paliar los daños, personales y materiales, producidos por el incendio declarado en Cáceres a principios del mes de agosto. Estas ayudas serán, como mínimo, las
contempladas en la Ley 3/2010, de 10 de marzo, por la que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en varias Comunidades Autónomas.
2. Si se comprueba que se dan los requisitos para ello, proceder a solicitar la activación del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea por catástrofe natural en relación con los incendios citados en el apartado anterior.
3. Dar cuenta, en el plazo máximo de tres meses, de todo lo actuado en relación con estas catástrofes naturales ante la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de agosto de 2012.-Leire Iglesias Santiago, María Pilar Lucio Carrasco, María Soledad Pérez Domínguez y José Ignacio Sánchez Amor, Diputados.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
161/000860
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la conservación del lobo, para su debate en la
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, así como la directora general de Desarrollo Rural de Asturias, Tornasa Arce, han anunciado que se va a permitir una batida contra el lobo en el Parque Nacional de Picos de Europa.
El último censo nacional del lobo ibérico se realizó hace ya veinticuatro años, en 1988, de manera que es imposible saber a ciencia cierta cuál es la población de lobos en España, así como cuál ha sido su evolución. El hecho de autorizar
las batidas sin tener datos rigurosos sobre la población de lobos representa un grave peligro para la especie y, en concreto, para las poblaciones más pequeñas y por lo tanto, susceptibles a las presiones humanas. Además se pretende llevar a cabo
estas batidas en época de cría; de hecho ya han aparecido lobeznos huérfanos malnutridos, desorientados y heridos en la montaña oriental leonesa. Es inexplicable que se tomen decisiones como esta sin tener una información científica y rigurosa al
respecto.
Los ganaderos asturianos están presionando al gobierno de Asturias para que autorice más cacerías de lobos. El pasado año, según cifras oficiales, sólo se produjeron 59 ataques a las más de 300.000 cabezas de ganado, un porcentaje ínfimo.
Existen alternativas para proteger el ganado sin tener que matar lobos, desde resguardar al ganado por la noche en establos, a construir vallas y cercados para protegerlo o hacerse acompañar por mastines.
La realidad es que existe una enorme descoordinación y diferencia de criterios entre las comunidades autónomas a la hora de abordar la conservación del lobo. Las decisiones sobre esta especie se toman basándose en trabajos parciales
realizados entre 1997 y 2004, mientras que en los últimos años se han primado fundamentalmente las medidas de control de la especie y de compensación por daños. Todo ello en detrimento de una política real de inversión en medidas de prevención para
los ganaderos y de apoyo a la promoción de los productos procedentes de los territorios habitados por el lobo.
Es necesario actualizar el censo del lobo ibérico para poder conservar la especie y gestionarla bajo criterios científicos, así como acordar, entre todos los actores implicados (administraciones públicas, ganaderos, científicos y
ecologistas), estrategias y mecanismos de prevención para minimizar los daños a la ganadería extensiva.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a
1. Detener con carácter inmediato las batidas de lobos.
2. Llevar a cabo todos los trámites necesarios para que se proteja el lobo ibérico en los parques nacionales, prohibiendo su eliminación donde existen poblaciones y priorizando su recuperación donde ya no existen.
3. Emprender y coordinar un nuevo censo nacional del lobo realizado por especialistas independientes y de reconocido prestigio, incluyendo las zonas en las que su situación es más crítica, como Extremadura y Sierra Morena.
4. En el periodo máximo de un mes, convocar al Grupo Asesor de la Estrategia del lobo ibérico para diseñar, junto con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, una hoja de ruta para la conservación y gestión de la especie
enfocada a disminuir la conflictividad al norte del Duero y a permitir la recuperación de las poblaciones del sur.
5. Crear, en el periodo máximo de un mes, un grupo de trabajo con representantes de administraciones, ONG, sindicatos agrarios y expertos para unificar y mejorar los sistemas de compensaciones, desarrollar
nuevos mecanismos de prevención para minimizar daños a la ganadería y tratar los problemas de la ganadería extensiva.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de agosto de 2012.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/000865
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a
la pesca artesanal, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
Es difícil exagerar la importancia del sector pesquero en nuestro país.
España cuenta en la actualidad con la mayor flota pesquera de la Unión Europea en términos de tonelaje (alrededor de unos 450.000 GT), casi el doble que la segunda flota más grande, la del Reino Unido. En número de barcos España es el
tercer país de la UE, representando la flota española el 13,1% del total, lo que supone algo más de 11.000 barcos de 11 Comunidades Autónomas.
Este sector da empleo, según datos de Greenpeace cerrados a abril de 2010 (a pesar de las reducciones sucesivas del mismo que se han ido produciendo desde finales de los años noventa del pasado siglo) aproximadamente a un total de 205.500
personas de forma directa (44.000 en el sector extractivo, 5.500 en el marisqueo, 7.500 en la acuicultura, 147.100 en la industria transformadora y 70.000 en la comercialización, siempre de más difícil estimación).
De estos barcos, aproximadamente el 80% son de bajura (tamaño igual o inferior a 12 metros de eslora), que utilizan artes de pesca tradicionales y artesanales (redes de enmalle, artes con anzuelo como las líneas o palangres...), más
respetuosas con los ecosistemas marinos.
Definida la pesca artesanal como la que, independientemente del tamaño de las embarcaciones, realiza una actividad pesquera diaria con técnicas respetuosas con el medio marino (no incluye el arrastre) lo que la convierte en mucho más
respetuosa con el medio ambiente (menos emisiones, menos descartes...)
Además, la importancia de la flota artesanal no radica solo en su importancia económica o en términos de empleo sino también en el soporte que supone a toda una forma de vida, en definitiva, de las zonas costeras dependientes de la misma,
que este grupo parlamentario considera necesario preservar.
No obstante, es un sector, este de la flota artesanal, que se ha visto seriamente perjudicado en la distribución de subvenciones y ayudas públicas, tanto a nivel nacional como de las provenientes del Fondo Europeo de Pesca, en favor de la
pesca industrial.
En nuestro país existe cierto consenso entre los partidos políticos con representación parlamentario acerca de la necesidad de proteger y preservar la pesca artesanal. No obstante, el Gobierno actual parece centrar sus esfuerzos en la
defensa de este sector, en el marco de la negociación de la nueva Política Pesquera Común (PPC) y el nuevo Fondo Europeo Marítimo y Pesquero que la sustenta, en la de modificar la propuesta de la Comisión en la definición de pesca artesanal de 12 a
15 metros de eslora o mareas de 24 horas. Sin perder de vista la importancia de esta definición el grupo socialista considera necesario ir más allá.
Por todo lo expuesto el Grupo Parlamentario Socialista, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a mantener, tanto en el ámbito nacional como, de manera fundamental, en el proceso de negociación de la reforma de la Política Pesquera Común (PPC) y
del nuevo Fondo Europeo Marítimo y Pesquero (FEMP), una atención específica a las necesidades del sector de la pesca artesanal, que incluya, en todo caso:
- No centrar exclusivamente el interés en la definición de la pesca artesanal en el tamaño de las embarcaciones sino hacer mención expresa en tal definición a las artes pesqueras respetuosas con el medio ambiente.
- Articular sistemas de etiquetado e información que permitan poner en valor la actividad de la pesca artesanal.
- Permitir que el sector de la pesca artesanal se beneficie de las ayudas correspondientes a su peso específico en el sector pesquero y articular programas y financiación específica en el FEMP dirigido a este sector.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de agosto de 2012.-Consuelo Rumí Ibáñez y Laura Carmen Seara Sobrado, Diputadas.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000866
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a
la industria transformadora de productos de la pesca, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
España es una de las principales potencias de la Unión Europea en materia de pesca. Aunque en términos de producto Interior Bruto (0,2%) la industria no tiene tanto peso, sí lo tiene por su peso específico en determinados territorios y por
ser origen de una importante industria adyacente (transformación, comercialización...)
A pesar de la enorme reestructuración a que se ha visto sometido el sector pesquero en los últimos años, la pesca sigue siendo una industria de primera importancia en nuestro país. La industria extractiva cuenta con alrededor de 11.000
buques (eran 21.000 a mediados de los años ochenta del siglo pasado) que dan trabajo a 45.000 pescadores.
La industria transformadora del pescado constituye la parte esencial de la cadena de valor al transformar el pescado crudo en alimento. Además, da empleo a cerca de 80.000 personas en nuestro país. Todos estos sectores asisten, en la
coyuntura de crisis económica en que vivimos, a tendencias negativas de empleo (entre el 31% en el segmento extractivo y el 16% en la acuicultura), pero esta tendencia es menor en el segmento transformados (descenso del 6,5%) y en algunas
Comunidades Autónomas, incluso, se han creado nuevos puestos de trabajo.
No obstante, elementos tales como la propia disminución de la industria extractiva nacional, el incremento de los precios de los combustibles, el estancamiento o, incluso, la caída de los precios en origen, la creciente dependencia de las
exportaciones... son factores que explican la crisis que atraviesa la industria de transformación y comercialización del pescado. Además es necesario tener en cuenta que este sector (conserveras) es uno de los más afectados por el proceso de
deslocalización de las actividades de transformación y extracción a terceros países.
Esta importancia de la industria pesquera española ha de hacerse valer en el proceso de reforma de la Política Pesquera Común (PPC) que debe culminar antes de que finalice este año 2012, en concreto en relación con la industria conservera y
transformadora.
Y es que, en el proceso de reconversión de la industria pesquera, han de buscarse alternativas notables que, dentro de las comunidades pesqueras, permitan reconducir un eventual exceso de actividad extractiva a otros sectores, obviamente,
relacionados con la pesca (transformación, comercialización, turismo pesquero...) Esto permitirá también mantener la viabilidad de las comunidades mayoritariamente dedicadas a la pesca, un medio de vida y una cultura con identidad propia, que es
deseable garantizar.
Así lo ha expresado también la propia UE que, en la Directiva sobre la estrategia marina y en el proceso de reforma de la UE, ha erigido como uno de sus objetivos el crecimiento sostenible de las zonas costeras.
Por ello resulta imprescindible articular medidas dirigidas efectivamente a la protección de la industria de transformación de la pesca.
Para ello es necesario luchar ante las instituciones europeas, en ese proceso de reforma de la PPC y, en concreto, en relación con el Fondo Europeo de Pesca, para incluir la posibilidad de que el nuevo Fondo Europeo Marítimo y Pesquero
(2014-2020), no solo financie al sector de transformación si el mismo lleva a cabo inversiones de eficiencia energética, sino también, de forma específica, para incluir en el objeto del mismo la financiación de medidas socioeconómicas como pueden
ser las políticas activas de empleo o ayudas a la jubilación como existe en relación con los trabajadores del segmento extractivo (pescadores).
Por todo lo expuesto el Grupo Parlamentario Socialista, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en relación con la industria pesquera transformadora de productos de la pesca, a:
1. Hacer todas las gestiones necesarias ante las instituciones europeas, incluido el Parlamento Europeo, para:
a) Que el nuevo Fondo Europeo y Marítimo Pesquero (FEMP) dé el mismo apoyo financiero a la industria transformadora que dé a la acuicultura y que, en todo caso, se garantice el nivel de apoyo financiero europeo a la industria transformadora
de la pesca que tiene en la actualidad.
b) Incluir las medidas socioeconómicas (políticas activas de empleo, jubilación, ayudas por parada temporal...) contempladas en la nueva Política Pesquera Común (PPC) en relación con las trabajadoras/es de la industria transformadora y no
solo con los trabajadores de la industria extractiva (pescadores).
c) Llevar a cabo todas las gestiones necesarias, en ese proceso de reforma de la PPC, para garantizar que el nuevo reglamento del Fondo Europeo y Marítimo Pesquero (FEMP) contemple de forma específica la posibilidad de que los fondos
pesqueros europeos no asignados en relación con el sector extractivo de la pesca (marineros, pescadores, armadores...) se destinen a financiar las medidas socioeconómicas a que se refiere el apartado anterior en relación con los trabajadores del
sector transformador de la pesca.
2. Poner en marcha las medidas normativas nacionales y complementarias de estas necesarias para garantizar la plena efectividad de las normas de riesgos laborales en el sector de la industria transformadora de productos de la pesca.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de agosto de 2012.-Consuelo Rumí Ibáñez y María Puerto Gallego Arriola, Diputadas.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/000735
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Mixto.
Solicitud de que su Proposición no de Ley sobre medidas para la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pase a tramitarse ante la Comisión de Igualdad.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, y trasladar a la Comisión de Igualdad, comunicando este acuerdo a la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, así como al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 120, de 2 de julio de 2012.
161/000778
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Mixto.
Solicitud de que su Proposición no de Ley sobre medidas para evitar fraudes en empresas que ofrecen asesoramiento jurídico en casos de desahucios, pase a tramitarse ante la Comisión de Justicia.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, y trasladar a la Comisión de Justicia, comunicando este acuerdo a la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, así como al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 129, de 18 de julio de 2012.
161/000832
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para que el Gobierno priorice los
servicios de atención a la dependencia corno preferentes respecto a las ayudas económicas en los Programas Individuales de Atención elaborados para los solicitantes del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), para su debate en
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
La atención a la dependencia constituye una política social de primer orden en un país como España, en el que los cambios demográficos, sanitarios y sociales que se están viviendo, están provocando un incremento progresivo de la población en
situación de dependencia.
Tradicionalmente eran las familias las que asumían el cuidado de las personas dependientes, pero los cambios sociales y la incorporación progresiva de la mujer al mercado de trabajo han introducido nuevos factores en esta situación. Es por
ello, que los poderes públicos han asumido un importante esfuerzo para la atención al colectivo de personas dependientes y sus familias.
En este sentido y de forma particular, los Planes de Acción para personas con discapacidad (2003-2007) y para Personas Mayores (2003-2007), aportaron un gran avance en la protección de las personas dependientes. Del mismo modo, la entrada
en vigor, el 1 de enero de 2007, de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, supuso la creación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD),
que incorpora una serie de servicios y prestaciones para la atención a las personas dependientes, en función de un baremo determinado y del Programa Individual de Atención que a estos efectos se determine.
El propio articulado de la Ley 39/2006 prevé otorgar prestaciones de naturaleza económica, únicamente cuando no sea posible la cobertura de las necesidades de la persona dependiente mediante alguno de los servicios establecidos dentro del
texto legal. Es decir, la norma considera excepcionales las prestaciones económicas, por encima del fin prioritario, que debe ser facilitar el acceso a los servicios de atención a la dependencia previstos en el Sistema para la Autonomía y Atención
a la Dependencia.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a priorizar los servicios de atención a la dependencia como preferentes, respecto a las ayudas económicas en los Programas de Individuales de Atención, elaborados para los solicitantes del
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en cumplimiento de lo dispuesto en la ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de julio de 2012.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000833
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para que el Gobierno impulse el
proceso de consultas sociales necesarias de cara a la futura elaboración del Estatuto del Mayor, para su debate en Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
Las personas mayores en España forman parte de una generación que ha dado una lección de trabajo y esfuerzo, que nos ha permitido avanzar como país, y que siguen dando una muestra de dedicación y responsabilidad, ya que en el actual contexto
de grave crisis socio-económica que estamos padeciendo, constituyen en muchos casos, un apoyo económico fundamental para sus familias, llegando a ser incluso, en algunas ocasiones, el único sustento del hogar familiar.
La sociedad española tiene una deuda con sus mayores. Debe poner en valor su aportación al desarrollo de este país y el soporte que siguen suponiendo en las redes familiares.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que las personas mayores son proclives a sufrir situaciones de especial vulnerabilidad, sobre todo en edades muy avanzadas. Por todo ello, surge la necesidad de elaborar un reglamento que defienda los
intereses de un colectivo tan importante, que asciende a los 8 millones de personas, es decir, un 17% del total de la población española y que continuará en aumento en los próximos años, ya que según el INE, en 2049 el grupo de edad de mayores de 64
años pasaría a
constituir el 31,9% de la población total de España. Se trata de garantizar la protección de sus derechos y evitar los posibles riesgos de exclusión social del que puedan ser objeto.
El Gobierno ha planteado, en este sentido, la aprobación de un Estatuto del Mayor, que garantice los derechos de las personas mayores frente a cualquier forma de discriminación, de violencia o de abuso, salvaguardando, en todo momento, su
participación social y su acceso a los servicios sociales.
En la elaboración y consolidación del Estatuto, es necesario contar con la participación de las organizaciones de personas mayores, en el ámbito del Consejo Estatal de Personas Mayores, para asegurar que este texto normativo recoja, en la
mayor medida posible, las inquietudes, preocupaciones y demandas de las organizaciones representativas de este colectivo y responda, con fidelidad al objetivo perseguido, que no es otro que avanzar en la protección de los derechos de las personas
mayores.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar las consultas sociales, en el marco del Consejo Estatal de Personas Mayores, para la futura elaboración del Estatuto del Mayor.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de julio de 2012.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Cultura
161/000834
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
aprobación de una Ley reguladora de la Biblioteca Nacional de España, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
La Biblioteca Nacional de España (BNE) fue creada en marzo de 1712 por el rey Felipe V como Real Biblioteca Pública. Este año 2012 cumple su tricentenario y con esta conmemoración se renueva el compromiso con la sociedad española, de
preservar y difundir el patrimonio bibliográfico y documental.
La Biblioteca Nacional se encuentra actualmente entre las cinco más importantes del mundo y es la institución máxima en la conservación, gestión y difusión del Patrimonio Bibliográfico español en cualquier soporte. Es la institución
bibliotecaria superior del país y la cabecera del sistema bibliotecario español.
Por ello, este aniversario se presenta como una ocasión para, siguiendo el exitoso camino emprendido en primer lugar por el Museo Nacional del Prado en 2003 y el año pasado por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, dotar de una nueva
ley de la Biblioteca Nacional que le otorgue una mayor independencia y capacidad de gestión y financiera.
Este marco jurídico abarcaría aspectos de un régimen jurídico propio de derecho público, con posibilidad de actuación en el marco del derecho privado, al régimen de personal, al de contratación sometido a la Ley de Contratos del Sector
Público y a un régimen presupuestario específico para facilitar la gestión presupuestaria y permitir la aplicación de los recursos financieros propios a las actividades de la Biblioteca Nacional de España.
Por todo ello, se propone para su debate y votación la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la elaboración de un Proyecto de Ley reguladora de la Biblioteca Nacional de España, que la dote de naturaleza jurídica propia, para permitirle actuar con mayor autonomía y eficacia en el
cumplimiento a sus fines.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de julio de 2012.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000850
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para
mantener y garantizar la conservación y preservación del Parque Ribalta de Castellón, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
El Parque Ribalta es el jardín más emblemático de Castellón y uno de los más singulares de la Comunidad Valenciana. Es un parque representativo del siglo XIX. La configuración de este conjunto parte de finales del siglo XIX, cuando la
ciudad inicia un despliegue hacia la industrialización. En él se entrecruzan varios paseos que forman pequeñas placetas y conserva una extensa variedad de especies vegetales. En la actualidad más de 450 especies nos hablan de su diversidad y
riqueza botánica.
Todo este conjunto está catalogado como Bien de Interés Cultural, en el Patrimonio Nacional y en el Patrimonio Cultural de la Generalitat Valenciana.
Actualmente el Ayuntamiento de Castellón ha ejecutado la línea 1 del TVRCas, autobús guiado más conocido como TRAM, que atraviesa transversalmente el parque, por su paseo central. El proyecto se basa en una plataforma de hormigón y
adoquinado que atraviesa el terrario lateral del parque de oeste a este. Ocupa el ámbito de todo el Paseo Social (más conocido como Paseo de Coches); creando una barrera física y dividiendo el parque en dos.
Esta es la solución que escogió el gobierno del ayuntamiento de Castellón y la Generalitat Valenciana. Plataformas vecinales y movimientos ciudadanos, se opusieron frontalmente a este proyecto, no sin ofrecer otras alternativas que sí que
hacen viable dicho proyecto sin la necesidad de dividir y partir el parque en dos.
El 29 de junio de 2012 el TSJCV emite sentencia al recurso contencioso-administrativo número 32/2009, que anula el paso del TRAM por el parque Ribalta por ser 'contrario a derecho'. La sentencia del TSJ recoge que la construcción de la
plataforma para el paso del TRAM 'no respeta las características y valores esenciales del jardín histórico, ni la integridad del mismo'. Además, señala los 'perjuicios' causados con las obras, al decir que 'altera la estructura urbana y
arquitectónica del conjunto'. Otro aspecto que justifica el rechazo es la ausencia de un plan especial de protección. Según el TSJCV, no obra en el expediente administrativo del TRAM por Ribalta 'ni un solo informe técnico que acredite que la
intervención en el parque autorizada respete las exigencias de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano'.
El Ministerio de Cultura tiene entre sus ámbitos de actuación la defensa del Patrimonio Histórico Español. Buscar soluciones, mejorar el contenido patrimonial y garantizar su conservación son los objetivos principales para mantener nuestro
patrimonio como riqueza cultural y artística.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que a través del Ministerio de Cultura se inste a las administraciones correspondientes a ejercer el cumplimiento de dicha resolución.
2. ,Que contribuya, en el ámbito de sus competencias, al cumplimiento por parte de la Generalitat Valenciana, de su reconstrucción y de las medidas de protección que como Bien de Interés Cultural le corresponden.
3. Entablar líneas de diálogo y consenso con las administraciones competentes para mantener y garantizar la conservación y preservación del Parque Ribalta.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de julio de 2012.-Susana Ros Martínez, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000861
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Mixto, a instancia del Diputado Joan Tardà i Coma, de Esquerra Republicana-Catalunya-Sí (ERC-RCat-CatSí), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no
de Ley sobre el IVA, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
En los últimos años los Presupuestos Generales del Estado han evidenciado un progresivo descenso de las aportaciones económicas a las artes escénicas y a la cultura audiovisual. Efectivamente, el ejercicio vigente incluye partidas que
alcanzan un recorte respecto al presupuesto del año 2011 de hasta un 24% (teatro) y 35% (cinematografía), lo cual sin duda ha repercutido en las capacidades del sector.
Paralelamente, el contexto económico depresivo afectaba negativamente al sector de las industrias culturales, tal como se refleja en los datos relativos al descenso del 12,2% en el número de conciertos de música en vivo desde el año 2008,
acompañado de una reducción del 23,2% en el número de espectadores y del 11,3% en facturación. Asimismo, datos provenientes de las asociaciones empresariales y profesionales indican que los conciertos promovidos por iniciativa privada la misma
facturación cayó en el año 2011 en un 12,6%. No se libran de estos descensos las Artes Escénicas, como se refleja en el número de espectadores y de recaudación del 10% en las ciudades de Madrid y Barcelona, y del 60% en cuanto a la contratación en
el resto del territorio estatal. Por último, en el periodo 2004-2011, la asistencia a salas de cine evolucionó hacia la reducción en un 32%.
A pesar de todo ello, recientemente, el gobierno en las modificaciones del Impuesto de Valor Añadido (IVA) incluyó el incremento del 8% al 21% para los espectáculos escénicos y el cine, lo cual entendemos que afectará gravemente al sector
cultural, cuya aportación al producto interior bruto nacional alcanza el 3,2%, empleando a cerca de 500.000 trabajadores. Consecuencias nefastas, pues, para con la producción y creación culturales, pero también potencialmente nefastas para la
pluralidad cultural y el acceso a la cultura por parte de la ciudadanía.
Sin duda, esta medida del gobierno sitúa el Estado español en un escenario de excepcionalidad. En efecto, los porcentajes (IVA) de los Estados europeos oscilan entre el 0% de Noruega hasta al 13% de Portugal, pasando por Francia, en donde
el gobierno, incluso, lo rebajó al 4,5%. De igual manera, Alemania (7%) y Holanda (6%) son prueba fehaciente de hasta qué punto el porcentaje español se nos presenta difícilmente comprensible y asumible. Valga el caso holandés como ejemplo de
corrección por parte de su gobierno, que ante las consecuencias negativas de un incremento corrigió la medida situando el porcentaje en el 6% actual.
Esta situación ha generado una extraordinaria alarma en las asociaciones y entidades representantes de las industrias de las artes escénicas, música en vivo y cine atendiendo al hecho que se calcula que en
los próximos meses llegarán a destruirse hasta 4.226 empleos directos y un 20% de las empresas cerradas podrían cerrar sus puertas, lo cual será reflejo y consecuencia de la pérdida de 43 millones de espectadores y un nuevo descenso en las
contribuciones a la Seguridad Social, en la recaudación del impuesto de sociedades, en el IRPF y un mayor gasto en prestaciones por desempleo.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al gobierno español a:
Único. Modificar el actual porcentaje del 21% del Impuesto del Valor Añadido (IVA) para los productos culturales para situarlo en el porcentaje del 8% anterior a julio de 2012.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de agosto de 2012.-Joan Tardà i Coma, Diputado.-Alfred Bosch i Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
181/000493
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz
Texto:
¿Cuántos malagueños estima el Gobierno que verán retrasada su incorporación a la Ley de Dependencia, respecto a la previsión anterior, tras la reciente medida aprobada en Consejo de Ministros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de julio de 2012.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
COMPETENCIAS EN RELACIÓN CON OTROS ÓRGANOS E INSTITUCIONES
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
093/000007
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(93) Convenios entre Comunidades Autónomas.
Autor: Comunidad Autónoma de Canarias-Parlamento.
Convenio de colaboración entre Comunidades Autónomas para el intercambio de información sobre la identidad de personas inscritas en los Registros de parejas de hecho o similar naturaleza.
Acuerdo:
Trasladar a la Comisión Constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166.1 del Reglamento de la Cámara, así como comunicar al Senado y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, poniéndolo en conocimiento de la
Presidencia de la Comunidad Autónoma de Canarias y del Parlamento de la citada Comunidad Autónoma.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN SOBRE LA IDENTIDAD DE PERSONAS INSCRITAS EN LOS REGISTROS DE PAREJAS DE HECHO O SIMILAR NATURALEZA
Las Comunidades Autónomas firmantes, con competencias en promoción de las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas
EXPONEN
La cooperación y la colaboración entre las diferentes Comunidades Autónomas resultan fundamentales e imprescindibles en estos momentos de desarrollo y consolidación del Estado de las Autonomías y en los que la ciudadanía exige una mayor
coordinación entre las diferentes administraciones para una mejor prestación de los servicios públicos y una gestión más eficiente de los recursos.
El artículo 9.2 de la Constitución española establece que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Este principio constitucional es asumido por los diferentes Estatutos de Autonomía en sus
respectivos ámbitos territoriales.
La realidad actual de nuestra sociedad nos muestra que cada vez son más frecuentes otras situaciones convivenciales distintas de la institución del matrimonio, formadas tanto por parejas heterosexuales como por parejas del mismo sexo que,
pudiendo contraer matrimonio, se abstienen de hacerlo. Estas situaciones evidencian un nuevo modelo de familia fundado en la afectividad, el consentimiento y la solidaridad Iibremente aceptada con la finalidad de establecer una convivencia estable
y, en la práctica, estas uniones dan lugar a verdaderos y evidentes núcleos familiares que se hallaban desprotegidos al carecer del amparo jurídico propio del matrimonio, frente al cual se encontraban en situación de desigualdad, a pesar de que el
artículo 39 de la Constitución española establece que los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia, sin prejuzgar ni imponer un modelo concreto de familia.
En coherencia con el mandato expresado anteriormente, y sin perjuicio de las modificaciones acometidas en la legislación estatal, buena parte de las Comunidades Autónomas han establecido un régimen jurídico para las parejas de hecho,
extendiendo a estas uniones afectivas los efectos que el ordenamiento jurídico autonómico en su respectivo ámbito competencial confiere expresamente a las uniones matrimoniales. En este contexto, las Comunidades Autónomas han ido creando Registros
de Parejas de Hecho, Uniones de Hecho y otras denominaciones, que responden todas al mismo objetivo de permitir la inscripción de aquellas parejas que deseen acogerse al ámbito de aplicación de sus respectivas leyes de parejas de hecho.
Todas las disposiciones normativas de creación y regulación de dichos Registros coinciden en no admitir la inscripción de personas que formen unión de hecho con otra persona, especificándose en algunas normativas que se trate de uniones de
hecho o parejas de hecho inscritas. En determinados casos, la normativa prevé específicamente tanto la incompatibilidad en las inscripciones simultáneas en diferentes Registros autonómicos como la creación de vías de colaboración entre las
Comunidades Autónomas para evitar supuestos de doble inscripción.
Por otro lado, dada la naturaleza de la Información recogida en los Registros citados, cualquier comunicación de los datos obrantes en sus archivos deberá realizarse con estricta observancia de las previsiones contenidas en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo. Además, en cumplimiento de los principios de eficacia y eficiencia, conviene que dicho intercambio de datos se beneficie de las posibilidades
ofrecidas por las nuevas tecnologías de la comunicación y la información.
En virtud de lo que antecede se considera necesaria la suscripción del presente Convenio con arreglo a las siguientes
CLÁUSULAS
Primera. Objeto.
El objeto de este Convenio es el establecimiento de un marco de colaboración para el intercambio de información con el fin de evitar supuestos de doble inscripción en los Registros de parejas de hecho o similar naturaleza de las Comunidades
Autónomas.
Segunda. Determinación de los datos objeto de comunicación.
Los únicos datos personales sobre los que podrán versar los intercambios de información serán el nombre, los apellidos y el tipo y número del documento de identidad aportado por el interesado en su solicitud de inscripción en el Registro de
parejas de hecho o similar naturaleza.
Tercera. Intercambio de información.
Las Comunidades Autónomas que suscriben el presente Convenio se comprometen a facilitar al resto de Comunidades firmantes la información precisa sobre las personas inscritas en los respectivos Registros autonómicos de parejas de hecho o
similar naturaleza para evitar la doble inscripción, en la forma que establezca el procedimiento que al efecto determine la Comisión sectorial de desarrollo y seguimiento prevista en la cláusula sexta del Convenio. Dicho procedimiento atenderá las
previsiones de las cláusulas cuarta y quinta siguientes y se adecuará a los recursos de las unidades administrativas responsables de la tramitación de los registros, con sujeción a principios de simplificación y eficacia.
Cuarta. Utilización de las Tecnologías de la Comunicación y la Información.
Los intercambios de información se realizarán preferentemente utilizando las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, tanto en lo que se refiere a los soportes en los que figuren los datos, en orden a facilitar su consulta,
como a los medios por los que los mismos se transmitan.
Quinta. Medidas de protección de datos de carácter personal.
Tanto las comunicaciones como la utilización de los datos a que se refiere el presente Convenio se realizarán con estricto cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y su
normativa de desarrollo.
La Comisión prevista en la cláusula sexta arbitrará los procedimientos que garanticen la seguridad y sometimiento a la norma en las comunicaciones de los datos y en su utilización.
Sexta. Comisión sectorial de desarrollo y seguimiento.
En el plazo máximo de dos meses desde la Comunicación a las Cortes Generales de la firma del presente Convenio, se constituirá una comisión sectorial de desarrollo y seguimiento, con la finalidad de dar cumplimiento al presente Convenio,
formada por todas las Comunidades Autónomas firmantes a través de sus representantes en la materia.
Esta Comisión se encargará de desarrollar el Convenio, además de ejercer las funciones que específicamente se le atribuyen en el mismo.
Por razones de equilibrio presupuestario, la Comisión desarrollará sus reuniones preferentemente con carácter virtual. En caso de convocarse reuniones presenciales, cualquier integrante de la Comisión podrá incorporarse telemáticamente a
las mismas.
Séptima. Obligaciones económicas.
Este Convenio no implica, de forma expresa, responsabilidad económica alguna para ninguna de las partes firmantes. Las obligaciones económicas que se pudiesen derivar de su ejecución por cada Comunidad Autónoma serán satisfechas con sus
respectivos créditos presupuestarios.
Octava. Salvaguarda de las competencias autonómicas.
El presente Convenio se firma con la salvaguarda de las competencias que cada una de las Comunidades que lo firman ostentan en la materia de promoción de las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que
se integra sean reales y efectivas.
Novena. Plazo de vigencia.
Este Convenio entrará en vigor el y tendrá una duración indefinida.
Décima. Adhesión de otras Comunidades Autónomas.
Las Comunidades Autónomas firmantes promoverán las acciones necesarias para que el resto de Comunidades Autónomas que lo deseen se adhieran al presente Convenio.
Undécima. Extinción y modificación del Convenio.
1. El Convenio se extinguirá por el común acuerdo entre las partes o por el incumplimiento de las obligaciones asumidas en el mismo.
2. Cualquiera de las Comunidades Autónomas firmantes podrá promover la revisión de alguno de los términos del Convenio. Las modificaciones deberán incorporarse al Convenio y ser suscritas por todas las partes.
Duodécima. Separación del Convenio de colaboración.
1. Cualquiera de las Comunidades Autónomas podrá separarse del Convenio previa comunicación, con una antelación mínima de dos meses, a las restantes por cualquier medio que permita tener constancia de su recepción.
2. La separación producirá efectos desde el mismo momento de la comunicación de la voluntad de separación del Convenio.
En caso de separación de cualquiera de las Comunidades firmantes, el Convenio continuará en vigor respecto a las restantes Comunidades Autónomas.
Por todo lo expuesto,
En prueba de conformidad, se firma el presente Convenio para que surta efectos con criterios de reciprocidad con todas las Comunidades Autónomas que, habiendo creado Registros de Parejas de Hecho o similar naturaleza en función de sus
competencias en promoción de las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas lo suscriban.