DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES


COMISIONES MIXTAS

Año 2007 VIII Legislatura Núm. 111

DE LOS DERECHOS DE LA MUJER Y DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª CARMEN ALBORCH BATALLER

Sesión núm. 23

celebrada el martes, 16 de octubre de 2007

en el Palacio del Congreso de los Diputados

ORDEN DEL DÍA:


Elección de vacantes. Mesa Comisión.



- Elección de la vicepresidenta primera. (Número de expediente del Congreso 041/000034 y número de expediente del Senado 571/000005.)...
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Comparecencia de la señora presidenta del Observatorio sobre Violencia Doméstica y de Género (Comas de Argemir i Cendra), para valorar e informar de los resultados del año pasado. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente del Congreso 212/000479 y número de expediente del Senado 713/000227.)... (Página 2)

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Comparecencia de la señora secretaria general de Políticas de Igualdad (Murillo de la Vega), para informar de las medidas e instrumentos puestos en marcha para la aplicación de la Ley orgánica de medidas de protección integral contra la
violencia de género y, en particular, el Plan de sensibilización y prevención de la violencia de género. A petición del Gobierno. (Número de expediente del Congreso 212/001654 y número de expediente del Senado 713/001115.)... href='#(Página21)'>(Página 21)


Se abre la sesión a las diez y treinta y cinco minutos de la mañana.



ELECCIÓN DE VACANTES. MESA COMISIÓN:


- ELECCIÓN DE LA VICEPRESIDENTA PRIMERA. (Número de expediente del Congreso 041/000034 y número de expediente del Senado 571/000005.)


La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.



Señorías, vamos a proceder en primer lugar a la elección de la vicepresidenta primera de la Mesa de esta Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer y de la Igualdad de Oportunidades. El señor letrado va a proceder a leer los nombres de las
señoras y señores diputados, para llamerles a votación. (Por el señor letrado se procede al llamamiento de las señoras y señores diputados presentes y sustituidos.)


Efectuada la votación y verificado el escrutinio, dijo


La señora PRESIDENTA: El resultado de la votación ha sido de 24 votos a favor de doña Carmen Granado y dos votos en blanco. Por lo tanto, es vicepresidenta primera de la Mesa la senadora Carmen Granado, a quien damos la bienvenida.
(Aplausos.)


Señorías, quiero recordar, sobre todos a los portavoces que van a intervenir, y antes de que lleguen las comparecientes, que tienen un tiempo, en la primera intervención, de 10 minutos y, en la segunda, de 3 minutos. Les agradecería que se
atuvieran a esos tiempos porque si no, al ser dos comparecencias, la sesión se alargará más de lo recomendable. Si desde los distintos grupos nos pueden adelantar ahora los nombres de las personas que van a intervenir, se lo agradeceríamos también.
(Pausa.)


COMPARECENCIA DE LA SEÑORA PRESIDENTA DEL OBSERVATORIO CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO (COMAS DE ARGEMIR I CENDRA), PARA VALORAR E INFORMAR DE LOS RESULTADOS DEL AÑO PASADO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO. (Número de expediente del Congreso 212/000479 y número de expediente del Senado 713/000227.)


La señora PRESIDENTA: Reiniciamos la sesión con la comparecencia de la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, para valorar e informar de los resultados del año pasado. La damos la bienvenida y la agradecemos
muchísimo que haya realizado el esfuerzo de comparecer ante esta Comisión, que tiene un grandísimo interés en escuchar su experiencia y su valoración sobre un tema tan importante como es la violencia de género. La señora Comas tiene la palabra.



La señora PRESIDENTA DEL OBSERVATORIO CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO (Comas de Argemir i Cendra): Con la venia de la señora presidenta, excelentísimas señoras diputadas y senadoras, les agradezco que me brinden la oportunidad de
ser oída y de comparecer ante ustedes. Vaya por delante mi absoluto respeto a su labor como parlamentarias, y en especial en esta Comisión, de la que además conozco a algunas de las diputadas que están hoy aquí, por ser viejas veteranas
parlamentarias en la lucha por la defensa de los derechos de la mujer.



La evaluación que voy a hacer se ciñe exclusivamente al tratamiento de la violencia de género en la Administración de Justicia, porque, como vocal del Consejo General del Poder Judicial y presidenta del Observatorio contra la violencia
doméstica y de género, respecto a este ámbito dispongo de datos estadísticos judiciales, también de sugerencias, de valoraciones, de opiniones, y aunque lo centre en la parte de los Títulos IV y V de la Ley integral, en modo alguno quiere decir que
no dé la máxima importancia a todas la medidas de los otros capítulos, justo la importancia que tuvo en su día la aprobación de la Ley integral. Una opinión unánime es precisamente que las respuestas frente a este complejo problema social no pueden
venir solo de la mano de los jueces, de los policías y del Código Penal. Por eso la ley configuró este sistema de medidas y respuestas a nivel integral y por tanto en su momento los poderes públicos tendrán que evaluar la efectividad de la ley,
teniendo en cuenta la totalidad de las medidas que se incluyen en los cinco capítulos.



Centrándome ya en el tema de la respuesta de la Administración de Justicia, permítanme solo un minuto para decir que, desde que en el Código Penal se introdujo en el año 1995, en la Ley 10/1995, el delito de violencia familiar, configurado
en el artículo 153, y que fue acompañado posteriormente por distintos planes de actuación de los gobiernos, tanto central como de las comunidades autónomas, en mi opinión ha habido un avance sustancial


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por parte del Legislativo para poder, en las distintas medidas legislativa posteriores, otorgar al Poder Judicial una posibilidad de conseguir mayor eficacia para la prevención, para la investigación y para el castigo de los autores de estos
delitos de violencia de género. Quiero destacar dos leyes antes de la Ley integral. Una es la Ley 11/2003, de 29 de septiembre, que por primera vez modificó determinados tipos penales que se consideraban constitutivos de conductas leves y por
tanto de falta, en concreto algunas amenazas y también algunas agresiones, pasándolas a delito. La segunda es la Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la orden de protección, que tanto ayudó a cambiar los hábitos judiciales, a fin de que,
desde la interposición de la denuncia, los jueces tuvieran que examinar si efectivamente debían o no debían acordar medidas de protección a la víctima. Posteriormente, la Ley 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género,
incluye, en el terreno de la Administración de Justicia, dos novedades importantes, que son sobre las que modestamente yo voy a opinar y a hacer una evaluación respecto a los dos años de vigencia que llevan sus títulos IV y V. Las dos novedades son,
una, haber optado por una nueva orientación político-criminal, al distinguir por primera vez en el Código Penal la violencia de género de la violencia doméstica, y otra la creación de los juzgados de violencia sobre la mujer como juzgados
especializados.



Respecto a la primera novedad de la Ley integral, que es la reforma de determinados tipos penales del Código Penal, introduciendo esta nueva orientación político-criminal, preocupa saber que existen 133 cuestiones de inconstitucionalidad
interpuestas por 22 órganos judiciales y que no han sido resueltas por el Tribunal Constitucional, a pesar de que la primera se interpuso ya en agosto de 2005. Eso crea un problema, porque efectivamente en esos 22 juzgados existen cientos de
procedimientos que están paralizados. A la vez también les he decir que son una minoría de órganos judiciales los que han interpuesto cuestiones de inconstitucionalidad; o sea, no son 133 cuestiones interpuestas por 133 juzgados u órganos
judiciales, sino que 22 concentran la interposición en sus juzgados de varias cuestiones de inconstitucionalidad hasta totalizar las 133, número que puede haber cambiado porque hoy puede haber entrado otra y pasado mañana puede ser que entre otra.
Decía que era un número importante, pero en todo caso, en la globalidad de la valoración, hay que tener en cuenta que hay 324 juzgados de lo Penal competentes para juzgar estos delitos y 50 secciones de las audiencias provinciales, a las que
atribuimos la especialización, como órganos competentes también para juzgar en primera instancia los delitos de más de cinco años. De estos 324 más 50, son 22 los órganos judiciales que tienen interpuestas cuestiones de inconstitucionalidad
respecto a varios preceptos del título relativo a la tutela penal.



No quiero desaprovechar esta ocasión para decir que en mi opinión tiene mucha importancia que el Tribunal Constitucional resolviese cuanto antes estas cuestiones de inconstitucionalidad, no porque no se esté aplicando la ley con normalidad
en estos otros órganos judiciales en que no se ha interpuesto ninguna. Como ustedes saben mejor que yo, las leyes se presumen constitucionales una vez aprobadas por el Parlamento y hasta tanto el Tribunal Constitucional no dice si un determinado
precepto de esta ley, o varios, es inconstitucional. Pero qué duda cabe de que, aunque sea por los bienes jurídicos que están en juego y sobre todo la paralización en estos 22 juzgados, sería bueno que el Tribunal Constitucional resolviese con
prontitud. Sé que no depende de ustedes, pero insisto en que no quería desaprovechar esta ocasión para mencionarlo.



La segunda novedad se refiere a la opción legislativa de la creación de los juzgados de Violencia sobre la Mujer. Creo que fue un acierto por parte de ustedes, por parte de los legisladores, la opción de crear estos órganos especializados.
En estos dos años, desde junio del 2005 a junio de 2007, se ha demostrado que hay al menos dos objetivos, que pienso que ustedes pretendían, que se han conseguido, que es acabar con la dispersión judicial concentrando en un único juzgado en cada
partido judicial la competencia de la violencia de género, y también terminar con esta descoordinación que existía de la jurisdicción Civil o de Familia con los jueces de Instrucción. Ahora bien, en cuanto a los resultados de su eficacia he de
decir que son desiguales, y aquí sí que hemos de distinguir mucho la valoración respecto a los juzgados con competencia exclusiva de los juzgados compatibles. Respecto a los juzgados con competencia exclusiva, a dos años de su funcionamiento, se ha
logrado, gracias al incremento de planta que ha promovido el Ministerio de Justicia junto con las comunidades autónomas que tienen competencias en materia de Justicia, que, de los 18 juzgados con los que arrancamos, acaben funcionando, a diciembre
de este año, 83. De estos 83, en la actualidad son 54 los que ya están en funcionamiento y los restantes lo iniciarán el 28 de diciembre de este año. Así hemos pasado de 18 a 83.



Eso nos permite decir que, en mi opinión, después de hacer un seguimiento a través también de nuestro servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial, al que hemos solicitado que haga informes de seguimiento tanto de los
exclusivos como de los compatibles, en esos juzgados exclusivos se ha conseguido una respuesta judicial más eficaz, más prioritaria, de mayor calidad a las víctimas de violencia de género, en tanto que es una respuesta más especializada. Y ha sido
así porque estos juzgados han nacido y sobre todo en estos dos años se ha conseguido que tengan medios para poder llevar a cabo su función. Al decir medios quiero decir que tienen el ministerio fiscal al lado, médicos forenses, unidades de
valoración integral y también equipos psicosociales, lo que permite a los jueces exclusivos tener informes de riesgos en los que pueda estar la víctima en plazos muy perentorios. Sin embargo, es verdad que en los juzgados compatibles, que son 386,
los resultado son


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desiguales. En algunos, en estos dos años hemos logrado superar las disfunciones iniciales, pero en otros no.



De las tres cuestiones que yo creo que lo impiden, el primer grupo está relacionado con la modificación de las normas de reparto en cada partido judicial, recordando que la Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye a las juntas de jueces esta
competencia, no al Consejo General del Poder Judicial, es verdad que en última instancia supervisado por la Sala de gobierno. ¿Y qué ha pasado en estos dos años? Pues que ha habido partidos judiciales donde el reequilibrio de asuntos se ha hecho
con parámetros de justicia y, en cambio, en otros partidos judiciales, a pesar del seguimiento de las salas de gobierno y del observatorio, no hemos logrado que haya un reparto equilibrado, con lo cual son juzgados compatibles algunos de los cuales
están muy saturados. La segunda cuestión es un problema que ya es más difícil de resolver, que yo creo que es estructural, que es el tema de la organización y la programación de la agenda del juzgado. Aunque ya hemos logrado que todos los jueces
hagan franjas horarias, es verdad que, si la primera franja es para detenidos y órdenes de protección y la segunda parte para señalamientos de los penales o de los juicios civiles de otras materias, siempre hay aquel día, que además no se puede
conocer con anterioridad, en el que el número de solicitudes de órdenes de protección o el número de detenidos que tiene que resolver el juez de Violencia hace que las franjas horarias queden superadas, con detrimento e incidencia respecto a los
justiciables de otros procedimientos que no tienen nada que ver con la violencia de género.



Tercer grupo. En los compatibles, a diferencia de los exclusivos, hay deficiencias en el terreno de las plantillas del ministerio fiscal y de los letrados de oficio; en cada partido judicial no hay un letrado de oficio, un fiscal para el
Juzgado de Violencia compatible y otro para el Juzgado de guardia, con lo cual han de compatibilizar las funciones, y en ocasiones esto hace que también las franjas horarias queden alteradas porque no se dispone en aquel momento del fiscal o del
letrado, que están en el Juzgado de guardia. ¿Problemas que esto genera? Pues ya lo saben ustedes, muchas veces se ha comentado: retrasos a veces en las comparecencias, en las declaraciones, en las vistas y en algunas ocasiones incluso
suspensiones de otros procedimientos; a veces se sobrepasa la jornada laboral para acabar todas las vistas, también las horas de audiencia, y esto crea una insatisfacción tanto en los justiciables como en los profesionales.



En mi opinión, no solo con más medios se puede superar esta situación, porque yo creo que hay un problema estructural que no sé si el legislador, ustedes lo sabrán mejor que yo, pensó a la hora de diseñar, lo que son los juzgados
compatibles; en cualquier caso yo creo que la solución está en la propia Ley integral. Por eso yo soy partidaria -así se lo hice saber al Ministerio de Justicia, y ustedes ya lo han examinado, pero no ha sido posible la modificación de la Ley de
Demarcación y Planta- de la agrupación de partidos judiciales, ir a la creación de más juzgados exclusivos, sumando partidos judiciales con este criterio de proximidad; paulatinamente ir suprimiendo los compatibles.
Eso es una opción que abre el
artículo 43.1.2 de la Ley integral, pero que requiere, como ustedes saben, una modificación de la Ley de Planta que hasta ahora no ha sido posible. En todo caso yo insisto en que, en mi opinión, está vía debería explorarse, porque seguramente
solucionaría muchos problemas, sobre todo teniendo en cuenta el buen funcionamiento que están demostrando tener los juzgados de Violencia exclusivos.



¿Qué obtendríamos con ello? Primero, facilitar la formación especializada.
No es lo mismo formar a funcionarios, abogados, secretarios, fiscales y jueces de 386 juzgados compatibles, que formar a los que en exclusiva tuvieran que dedicarse
a la violencia de género.



En segundo lugar, se aseguraría la presencia siempre del ministerio fiscal y del letrado de oficio, lo que evitaría tener que retrasar vistas o citaciones, y se aseguraría también que el mapa de servicio complementario al juzgado funcionara
en todos los órganos judiciales. Me refiero a crear juzgados exclusivos con oficinas de atención a las víctimas, con equipos psicosociales, con unidades de evaluación forense integral y con puntos de encuentro. Creo que las unidades de valoración
integral hay que generalizarlas. Es verdad que el Ministerio del Interior ha hecho un esfuerzo importante -y quiero subrayarlo- con la aprobación de la Instrucción 10/2007 de la Secretaría de Estado de Seguridad, que responde a las medidas
aprobadas por el Consejo de Ministros de 22 de junio de 2007 y que adopta decisiones para dar cumplimiento a propuestas que por unanimidad se adoptaron en el Congreso de los Diputados. Es un avance porque se pretende que a nivel policial estén
mucho más claros los criterios con los que se ha de hacer la primera valoración del riesgo de la víctima en sede policial. No olviden que después son los jueces, según la Ley reguladora de la orden de protección que ha incorporado totalmente la Ley
integral, los que deben hacer una segunda valoración del riesgo para decidir si adoptan o no una orden de protección o una medida cautelar. Por tanto, es absolutamente imprescindible que existan estas unidades de valoración forense integral para
poder acercar a los jueces buenos informes de riesgo y en plazos perentorios. Podríamos conseguir también con los juzgados exclusivos dependencias judiciales en las que se tuviera en cuenta esta necesaria separación que ha de existir antes de
declarar la victima con el imputado, que pudiera haber salas de espera para que las víctimas no tuvieran que cruzarse en el pasillo con su agresor, y eso siempre se puede conseguir mejor si lo hacemos en unos juzgados exclusivos que en la totalidad
de juzgados compatibles, opción que es bastante difícil. Quiero decir que no subestimo las razones.
Seguramente muchas parlamentarias objetan y entiendo las objeciones. En todo caso, hay otras instituciones que no están de acuerdo porque se
pierde proximidad de la víctima, los


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testigos y el imputado respecto de los juzgados. Esto es así, pero no es una regla de carácter absoluto. No hay soluciones óptimas al cien por cien ni en la balanza hay que poner los pesos y los contrapesos. Les diré como ejemplo que la
organización judicial española en todo el territorio del Estado demuestra que tradicionalmente hay jurisdicciones que son de ámbito provincial o la suma de varios partidos judiciales que funcionan muy bien y el resultado está siendo bueno. Me
refiero a la jurisdicción de menores, a la jurisdicción social, -los juzgados de lo Social- también los juzgados de lo Penal o los juzgados de lo Contencioso-administrativo.
En ningún momento estoy proponiendo juzgados de Violencia sobre la mujer
exclusivos de ámbito provincial, que también la Ley integral posibilita, si algún día se viera clara esta vía, sino -repito- la suma de partidos judiciales con este criterio de proximidad que compensaría esta importancia que le damos, porque la
tiene, a que las víctimas, los testigos y los imputados que tengan que declarar lo hagan con una cierta cercanía respecto al juzgado.



Les he aportado en la documentación de hoy un resumen de los datos estadísticos judiciales, porque la estadística es muy amplia y no quería aburrirles; un resumen de los dos años, de junio de 2005 a junio 2006, de los temas que yo
consideraba más importantes. En el gráfico número 1 están contemplados trimestralmente todos los procedimientos penales abiertos en los juzgados de Violencia sobre la mujer. Como pueden ver, hay una progresión trimestral en los asuntos que están
acordados, en los asuntos que se abren. Por tanto, la primera conclusión es que hemos ido consiguiendo en estos dos años que afloren situaciones de violencia de género. En el primer y segundo semestre del año es la primera ocasión que descienden
de forma muy suave los procedimientos penales abiertos. Quiero aclarar que la suma total de los 306.682 procedimientos penales abiertos en estos dos años en modo alguno coincide con el número de denuncias que facilita y publicita el Ministerio del
Interior. Quiero hacer esta aclaración por varias razones. Primero, porque incluye las denuncias de Mossos d'Esquadra y Ertzaintza, policías competentes en Cataluña y País Vasco, también las denuncias que se interponen directamente en los juzgados
de guardia y los procedimiento que se han de incoar por los partes de lesiones que nos llegan directamente de los hospitales sin denuncia de ninguna persona, pero así y todo no se entendería la diferencia. Incluye también algo que quiero aclararles
-en la nota a pie de página no sé si queda suficientemente claro- y es que cuando estamos hablando de esta totalidad de procedimientos es porque en ocasiones un mismo hecho comporta la apertura de dos procedimientos: diligencias previas para
investigar al inicio y cuando el juez ha finalizado la investigación, no hace un sobreseimiento provisional y lo eleva al Juzgado de lo Penal para poder juzgarlo, abre un procedimiento abreviado; es el mismo hecho que ha comportado dos
procedimientos. Así y todo, para poder homogeneizar con el resto de instituciones las cifras para que no haya esta confusión, hemos decidido que en nuestras estadísticas judiciales se vuelva a incluir el número de denuncias, de tal forma que ya
conocemos que en el primer semestre de 2007 son 61.065 las denuncias interpuestas teniendo en cuenta las tres policías, Guardia Civil, Ertzaintza y Mossos d'Esquadra.



En el gráfico número 2 están las órdenes de protección. Hay una cifra ascendente cada trimestre en número de órdenes de protección solicitadas y acordadas, una cifra progresiva. En los dos años el número total de órdenes de protección
incoadas han sido 71.897 de las cuales las acordadas por los jueces son 54.320 y el promedio es del 75 por ciento.



En los gráficos 4 y 5, respecto a la nacionalidad de las víctimas y de los imputados, hay otra conclusión a tener en cuenta y es el incremento del porcentaje de víctimas extranjeras en estos dos años, que se corresponde también con el
incremento del porcentaje de imputados de nacionalidad extranjera, de tal forma que hemos pasado en el año 2005 del 30 por ciento de víctimas de nacionalidad extranjera al 35,3 por ciento en 2007, y en cuanto a los imputados de un 30 a un 35 por
ciento.



En el gráfico número 6 se establece el número de procedimientos civiles que se han ingresado en los juzgados de Violencia sobre la mujer, en el que también ha habido un incremento trimestral. Se empezó en el primer trimestre de 2005 con
1.286 procedimientos civiles y en este segundo semestre de 2007 se han tramitado 3.800. El total en los dos años del número de procedimientos civiles tramitados es de 24.634.



En los gráficos 7, 8 y 9 se incluyen las personas juzgadas en estos dos años. El total de personas juzgadas ha sido 69.400 de las cuales han sido condenadas un promedio del 72 por ciento. Las cifras están divididas.
Según el gráfico
número 7, las sentencias que se dictan en los juzgados de lo Penal de violencia de género en los dos años son 29.216 y el porcentaje está en torno al 60 por ciento de condenas y el 40 por ciento absoluciones. Sin embargo, en los juzgados de
Violencia sobre la mujer, que son los del gráfico número 8, el promedio entre delitos y faltas es del 81 por ciento de condenas y el resto absoluciones. Estamos hablando de condenas por delito que al ser de conformidad la condena es, por tanto, al
cien por cien, porque los juzgados de Violencia sobre la mujer solo sentencian los delitos en que hay conformidad por parte del acusado.
Por último, las audiencias provinciales -gráfico número 9- en única instancia han juzgado 278 casos y ha habido
un 84 por ciento de condenas.
Repito que es el total de personas juzgadas en estos dos años. Es una de las cuestiones que hay que valorar porque siempre hablamos de números de denuncias y de medidas cautelares en la fase inicial del procedimiento
y es muy importante que yo dé cuenta del esfuerzo que se está haciendo para que estos casos se juzguen y terminen con una sentencia condenatoria o absolutoria.



En el gráfico número 10 están los sobreseimientos provisionales, que en estos dos años se han dictado


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55.923 y también se incrementan trimestralmente. Preocupa esta cifra, al igual que las sentencias absolutorias, y preocupa porque expresa las dificultades que tienen las víctimas de violencia de género para poder probar unos delitos que
suceden normalmente intramuros de los domicilios, en los que en ocasiones no hay más testigos que la propia víctima perjudicada. Además, algunos de los sobreseimientos provisionales que no llegan a juicio se deben al porcentaje de renuncias que
cada año se han ido dando, aunque es verdad que las hemos rebajado del 11 por ciento al 9,77 por ciento en el año 2007. En todo caso, es verdad que las renuncias -ya hablaremos después- son un problema añadido que comporta que quizá tengamos que
hacer una reflexión respecto a qué hacer con estos sobreseimientos, que en tanto que son provisionales significa que la violencia seguramente continúa, pero que penalmente no la podemos perseguir porque o no hay prueba o porque la víctima al
renunciar deja sin prueba al fiscal para que pueda continuar el procedimiento y por eso se hace un sobreseimiento provisional.



Permítanme que diga dos palabras respecto a las supuestas denuncias falsas. No hay ninguna razón para que ni los poderes públicos ni la sociedad civil se preocupe de este tema sencillamente porque no las hay, al menos no las hay de forma
generalizada, las que hay son puntuales, individualizadas, al igual que se da en el resto de delitos, y para cribarlas y rechazarlas están los fiscales y los jueces. Pero les he de decir que no hay ningún cargo judicial que en estos dos años haya
aportado datos (tampoco la señora juez decana de Barcelona, que es quien introdujo en el debate jurídico y social esta problemática, y además la mantiene), que acrediten que estamos ante un problema generalizado de denuncias falsas en este país. Si
no los ha aportado es porque no los hay, y ella tiene acceso a todos los juzgados de Barcelona. Y por datos entiendo el número de procedimientos penales incoados contra una parte denunciante por denuncia falsa o sentencias condenando a víctimas
mujeres por haber realizado denuncias falsas. Repito que en estos dos años ningún cargo judicial ha aportado ningún dato, pero no lo ha aportado porque no los hay. Quería aprovechar esta comparecencia para aclarar esta cuestión.



En cuanto a cifras mortales -gráfico número 12- es verdad que no hemos logrado reducir la cifra media de los últimos seis años, desde 2001 a 2006, en que han muerto 351 mujeres en el ámbito de la pareja o ex pareja, lo que supone una media
de 58 mujeres por año. En este gráfico hemos incluido el número de mujeres que previamente habían interpuesto denuncia. Se analizan los seis años últimos, de 2001 a 2006, y hemos pasado de un 20 por ciento de mujeres que previamente a su muerte
habían formulado denuncia en el año 2001 a un 30 por ciento en el 2006. Por tanto, hay un incremento importante de 10 puntos y todavía muy insuficiente, porque es verdad que el grueso de mujeres son asesinadas sin que los poderes públicos
tuviéramos conocimiento de situaciones de violencia previa o de amenazas previas. Respecto a este 30 por ciento actual de mujeres que previamente habían denunciado en 2006 se habían adoptado medidas cautelares de protección a la víctima en el 58,8
por ciento. No comparto que esta dura, sangrante e indeseada realidad de cifras mortales se impute a ineficacia de la ley. Es verdad que las mujeres están pagando un precio muy caro en la lucha por su libertad y por su dignidad, pero creo es
injusto atribuirlo a ineficacia de la ley porque sería tanto como decir -se me ocurre como paralelismo otra lacra social importante en nuestro país como es el terrorismo- que no hemos conseguido acabar con el terrorismo por culpa de no tener buenas
medidas legislativas. Esto no es así. Todos los gobiernos, los parlamentos se han ido preocupando de aprobar leyes antiterroristas precisamente para ser cada día más eficaces. En todo caso son fenómenos delictivos que sin tener nada que ver con
las causas sí responden a causas muy complejas de resolver. Por tanto, es imposible que en violencia de género podamos conseguir en dos años una reducción de las cifras mortales, teniendo en cuenta que es un problema muy antiguo, con el que
llevamos décadas, y que además responde a patrones culturales en los que el resto de medidas que están en la Ley integral pretende incidir. Sabemos que las medidas educativas y de cambio cultural son las que a medio o largo plazo nos van a dar los
resultados que todos hubiéramos deseado, que todo el mundo hubiera deseado ya. Eso no significa que no tengamos que revisar constantemente en qué más podemos ser eficaces, por qué hay partes de la ley que todavía no se han podido desplegar en toda
su eficacia; por ejemplo, que no están a disposición de forma generalizada en España para los jueces y policías los mecanismos electrónicos para la vigilancia de los agresores, que deberían poder imponerse en aquellos casos en que se acuerda una
medida cautelar de alejamiento; no se puede porque no existen los requisitos para acordar una prisión provisional, pero hay un alto riesgo respecto de la víctima. Qué duda cabe que ayudaría mucho, seleccionando los casos de órdenes de protección y
de alejamiento, el control a través de estos mecanismos electrónicos. En segundo lugar, es también necesario aprobar, si depende del presupuesto, fondos suficientes para poder generalizar los programas de rehabilitación a maltratadores que permitan
cumplir la ley, y además hacerlo justo con los que no han de entrar en prisión, porque para los que entran en prisión es verdad que en los centros penitenciarios ha habido ya un avance muy importante en programas de rehabilitación específicos para
este tipo de maltratadotes, pero no olvidemos que la gran franja de condenados son agresores que por ser la primera vez que se les condena a una pena inferior a dos años no han de ingresar en prisión y se les suspende la pena sin que se pueda
cumplir esta parte de la ley de imponerles acudir a centros con programas específicos de tratamiento.



Comparto la mayoría de las propuestas de reforma legislativa que están incorporadas en el documento del Observatorio estatal de violencia sobre la mujer, que fue


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un trabajo muy importante que se hizo desde el otro observatorio estatal en el que están representadas muchas instituciones y asociaciones de mujeres, con la intervención también del Consejo General del Poder Judicial. Como digo, comparto
plenamente las sugerencias de modificación legislativa que se hacen. Comparto también las que en su día propuso el grupo de expertos del Observatorio del Consejo General del Poder Judicial y que he incluido en la documentación de hoy porque por
razones de tiempo no las puedo explicar. En cualquier caso, hay once propuestas de mejora técnica para que en la aplicación de la ley no haya los problemas de interpretación que está sugiriendo el redactado y que en todo caso se somete a estudio de
ustedes, que son soberanos para decidir. Hay dos que son no solo técnicas sino de mayor calado, no afectan a la filosofía de la ley pero son objeto del debate jurídico, social y también parlamentario. Una es la del artículo 57.2 del Código Penal
que la Ley integral no modificó, que respecto a las penas accesorias cuando hay una condena por delitos de violencia doméstica y de género se cambió a que pasase a ser imperativo y automático desde el 1 de octubre del 2003, que los jueces impongan
en sentencia la pena de alejamiento. Eso se hizo, seguramente fue muy bueno que se hiciera, y tiene su razón de ser en que había una absoluta desconfianza en los jueces porque no imponían penas accesorias de alejamiento en las sentencias, y lo
demuestran nuestros estudios. Los seguimientos de sentencias hasta el año 2000 demuestran que no se imponían penas de alejamiento y que los fiscales tampoco lo solicitaban en los juicios. Seguramente esta es la razón de por qué el legislador dice:
Pues se ha acabado, automático y de imposición obligatoria. Pero al evaluar los resultados vemos que algunos son injustos y desproporcionados, y se está dando la situación de cientos y cientos de sentencias que no se pueden ejecutar. En nuestra
opinión, teniendo en cuenta que ahora ya no tendría que existir esta desconfianza con jueces y fiscales porque ha cambiado el panorama de forma muy importante, no solo por la creación de los juzgados de Violencia sino porque los jueces y fiscales
han cambiado paralelamente con la sociedad en sensibilización y comprensión respecto de este problema, sugerimos que fuera facultativo imponer la pena de alejamiento en la condena, condicionado a la situación de riesgo en que esté la víctima, a la
gravedad del delito y a las circunstancias del hecho. ¿Por qué? Porque ahora nos estamos encontrando que cuando se denuncia por primera vez un delito, por ejemplo, de maltrato sin resultado lesivo o con resultado lesivo leve, que antes era
constitutivo de falta, ahora es un delito menos grave, pero es la primera vez y la víctima denuncia porque no quiere que vuelva a suceder una segunda vez, aunque nunca ha pasado por su mente separarse del agresor ni instar la separación. No
entiende que su primera denuncia por este hecho suponga no solo la condena a la pena principal, que esto sí lo entiende, sino a la pena accesoria, que como mínimo ha de ser de seis meses a dos años, y está creando auténticas dificultades para
ejecutar estas sentencias porque, como digo, las víctimas no entienden que tenga que alejarse el agresor o irse del domicilio si no hay una segunda ocasión de violencia o es por un delito de carácter menos grave y ella no está en situación de
riesgo. Esto es lo que se tendría que ponderar, porque ahora en estos casos las sentencias solo pueden ser susceptibles de que se pida el indulto, porque a diferencia de una medida cautelar que sí puede dejarse sin efecto por un juez de violencia,
las penas de alejamiento no son disponibles y por tanto los jueces no pueden cambiarlas, y teniendo en cuenta que el Ministerio de Justicia no concede ningún indulto, lo cual es absolutamente comprensible, en el día a día de nuestros tribunales
muchas de estas sentencias no se están ejecutando porque tanto policía como jueces miramos hacia otra parte si las víctimas siguen conviviendo con el agresor o no se ha cumplido una orden de ejecutar esta sentencia y que el agresor se vaya de casa.



Otra opción respecto al artículo 57.2, si esta se considerase que no es buena, sería que pudiera someterse el régimen de las penas accesorias al mismo régimen de posibilidad de suspensión que tienen las penas privativas de libertad. No se
acaba de comprender por qué en la misma sentencia sí se puede suspender la ejecución de la pena privativa de seis meses, de forma que no ingrese en prisión y siempre condicionado a determinadas obligaciones, y en cambio no pueda suspenderse la pena
de alejamiento. Si se mantuviese la obligatoriedad de imposición automática, otra vía sería estudiar la posibilidad de suspender también las penas de alejamiento, como hacemos con las penas privativas de libertad, y siempre sometidas a determinados
requisitos y cumplimientos por parte del penado, con seguimientos serios por parte de la policía y de los jueces de que efectivamente así se hace.



Respecto al artículo 416 hay mucha discrepancia. Respeto también las opciones que existen de mantener el precepto tal como está. Hay que recordar que el fundamento de la dispensa de un testigo para no declarar contra otro familiar es
precisamente la de respetar la solidaridad familiar del testigo respecto del imputado que comete un delito, pero debería ser en el caso de que no atentara a sus bienes jurídicos. Es decir, cuando este testigo es además víctima, debería distinguirse
en el artículo 416, y más si es víctima de violencia de genero, que en estos casos sabemos que la prueba estrella está en su declaración porque no hay otros testigos que puedan relatar el acto violento, y el hecho de informar desde la primera
citación ante un juez de violencia y después ante un juez de lo penal que tiene derecho a no declarar contra su esposo o contra su compañero sentimental, que es la dispensa que se prevé en el 416, está suponiendo una franja de absoluciones y de
sobreseimientos provisionales importante. Por ello la impunidad respecto a muchos delitos que son denunciados por las campañas en las que estamos insistiendo en que las víctimas denuncien es algo contradictorio con que en el


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primer acto judicial se le informe a la víctima que no tiene ninguna obligación de declarar contra su esposo. Creo que merece una actualización el 416 porque habla de cónyuges, con lo cual tampoco está contemplando las situaciones de
convivencia de hecho, y aquí hay interpretaciones judiciales de todo tipo: los que entienden que es aplicable la dispensa a las mujeres que conviven de hecho aunque no estén casadas, y los que entienden que por ser de aplicación un precepto
procesal no puede haber interpretaciones extensivas y, por tanto, a la que vive de hecho con su compañero no se le informa de la dispensa. En las audiencias provinciales también hay criterios dispersos, por lo que aunque solo fuera para actualizar
este precepto sería necesaria su revisión.



Por razones de tiempo no voy a referirme al resto de sugerencias que están en este documento. Es muy importante que en las competencias de los juzgados de Violencia sobre la mujer se incluyan los delitos de quebrantamiento de pena o de
medida cautelar, porque si no va acompañada de una sanción o de una amenaza, que entonces sí la competencia es del juez de violencia sobre la mujer, si es un quebrantamiento puro y duro en que la policía llega a tiempo pero el delito ya se ha
producido porque se ha aproximado a más metros de lo que dice la resolución judicial, resulta que lo tiene que estar investigando un juez de instrucción. Creo que esta es una cuestión no deseada por el legislador. Quizás en aquel momento no se
pensó en el objetivo que se quería conseguir, que era unificar en un solo juzgado para evitar que las víctimas tengan que ir a la puerta de varios juzgados cuando se trata de delitos relacionados con actos violentos que recibe del mismo agresor.



Hay dos sugerencias de posible modificación legislativa que no están contenidas aquí. En todo caso, las sugiero con mucha modestia porque el problema de la violencia de género es muy complejo y cualquier solución nunca es óptima al cien por
cien. La primera es la preocupación por el alto porcentaje de absoluciones y sobreseimientos provisionales, en los que hemos de convenir que no son casos en que no haya violencia, sino que penalmente no la hemos podido probar y por tanto no la
podemos perseguir, lo cual no excluye que haya violencia. Por los médicos forenses, por los psicólogos, por las personas especializadas en este tipo de víctimas sabemos que las renuncias en algunos casos, no en todos, son una manifestación más de
la existencia de violencia; forma parte de estos ciclos que las víctimas, aunque no nos agrade, no guardan la coherencia que las testigos y víctimas de otros delitos sí tienen cuando se inicia un procedimiento penal. Este ir y venir, este
retroceso nos cuentan muchos psicólogos que forma parte de la idiosincracia del problema. Los psicólogos cuentan, porque algunas están en tratamiento psicológico, que algunas de ellas dan el paso de volverlo a intentar, de darle otra oportunidad.
En todo caso sabemos que cuando hay sentimientos entre dos personas es muy difícil pedir coherencia porque las dependencias emocionales causan a veces estragos. Varios motivos de por qué existe prácticamente un 10 por ciento de renuncias que
implican que se haga un sobreseimiento provisional, o de mujeres que se acogen a la dispensa y no declaran en el juicio y comporta la absolución, me llevan a pensar que el legislador podría prever que tanto las sentencias absolutorias como los
sobreseimientos provisionales se notificaran, al igual que ahora se notifican las órdenes de protección a los puntos de coordinación, para que pudiera haber un seguimiento por parte de aquellas instituciones que son las que hacen el tratamiento de
situaciones de violencia de mujeres, por tanto destinadas a ayudarlas a recuperarse psicológicamente, ayudarlas social y económicamente con información, con apoyo, con acompañamiento. Lo digo porque una víctima que murió en Vitoria había denunciado
previamente y fue aquella que la Ertzaintza -no sabemos por qué- informó que no se había acordado una medida cautelar de protección antes de ser asesinada, y no había sido así; había una denuncia previa que ella retiró el mismo día ante el juez y
pidió además el sobreseimiento. Nadie pidió, ni el fiscal ni ella, una medida cautelar, con lo cual no había ningún auto denegando ni acordando la orden de protección, y se dictó aquel día un sobreseimiento provisional porque ella no quería
continuar. Piensen que como estamos ante un derecho legal, renunciar o acogerse a la dispensa, tampoco los jueces investigan por qué se retira la denuncia. Cuando al cabo de unos días fue asesinada presuntamente por su ex marido, eso hizo pensar
en los sobreseimientos provisionales y las sentencias absolutorias, no porque el hecho no sucedió sino porque no quedó suficientemente probado, y después no se hace un seguimiento por los servicios sociales de los ayuntamientos, del Instituto de la
Mujer o de los puntos de encuentro, teniendo en cuenta que hay situaciones seguramente de violencia que no se pueden tratar penalmente pero sí desde otras instituciones que no precisan la exigencia y los requisitos más encorsetados que necesitamos
los jueces para poder condenar o para poder proseguir los procedimiento.



Voy a hacer una pequeña reflexión respecto al control y seguimiento de las medidas de protección o las órdenes de protección que se acuerdan. Es verdad que en esta instrucción y en los protocolos de coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado con jueces y policías se ha avanzado en criterios concretos de cómo hacer el control y el seguimiento, pero los protocolos no vinculan a los jueces y del seguimiento que hizo la inspección existe todavía un porcentaje alto de
resoluciones judiciales en las que los jueces no acuerdan ninguna medida de control posterior a la medida cautelar de alejamiento o a la orden de protección. Los hay que lo acuerdan, pero no es obligatorio legalmente aunque esté dicho en los
protocolos. Es importante que en la resolución judicial se incluya que la policía dé cuenta al juzgado cada 15 días, cada semana o cada mes, según lo consideren el fiscal y el juez, con un informe escrito que se incorpore al procedimiento, de las
medidas policiales que se han acordado para hacer el seguimiento de la


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medida cautelar de alejamiento, cuál es el grado de cumplimiento, y cuantas circunstancias se estén produciendo, tanto si se ha reanudado la convivencia como si la víctima quiere volver a vivir con el agresor, con lo cual serían mucho más
controlables judicialmente todos los pasos que se siguen por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para poder controlar, vigilar y detectar los incumplimientos y llegar a tiempo. Ustedes en la Ley integral pusieron que en las resoluciones judiciales
los jueces acordaran una distancia mínima, no pusieron qué metros pero sí obligaron a que figurara en las resoluciones judiciales -porque en muchas no se estaba poniendo- un radio determinado de metros en que el agresor no puede alcanzar a la
víctima para que se entienda que está cumpliendo una medida cautelar de alejamiento; hasta que no lo pusieron en la ley no se logró que en todas las resoluciones judiciales, ahora sí, todos los jueces se pronunciaran. Luego está el criterio de los
500 metros que dijimos en el protocolo y hay jueces que ponen menos. En todo caso, ha sido un avance porque ayuda a investigar el delito de quebrantamiento, que antes no estaba claro cuando se producía si no ponía el juez en su resolución a qué
metros se podía uno acercar. Por eso creo que mejoraría mucho el establecimiento por imperativo legal de sistemas de control jurisdiccional del cumplimiento de las órdenes de protección y de las medidas de alejamiento, incluso aceptando que hay un
amplio margen de decisión estrictamente jurisdiccional en la determinación de las medidas de seguimiento; que la resolución contuviera qué cuestiones concretas se pide a la policía que informe al juez para tener en la causa cumplida cuenta de las
medidas que se adoptan policialmente y su cumplimiento.



Como he abusado mucho de la paciencia de la presidenta y de todos ustedes, acabo porque seguro que con sus reflexiones y sus opiniones podremos profundizar más en estos temas. Acabo con tres cuestiones muy cortas a modo de conclusión.
Primera conclusión; en mi opinión la Ley integral es un buen instrumento para combatir la violencia de género, pero precisa más recorrido en el tiempo para que pueda demostrar su efectividad, junto con las recientes medidas aprobadas el 22 de junio
en el Consejo de Ministros. Es verdad que hay modificaciones puramente técnicas que ayudarían a superar problemas de interpretación en los tribunales, pero ustedes tienen la palabra acerca de su necesariedad. Segunda conclusión: la respuesta
desde la Administración de Justicia creo que es buena, no es óptima pero es buena, porque ustedes acertaron en configurar legalmente los juzgados de Violencia sobre la mujer.



Era una apuesta arriesgada, pero se ha demostrado acertada. En la actualidad ni la sociedad española ni las víctimas tienen sensación de impunidad, porque se dictan medidas cautelares de protección desde el inicio del procedimiento y porque
se persiguen, se juzgan y se castigan los actos de violencia de género, a pesar de que siguen existiendo resoluciones judiciales criticables, algunas expresivas de la falta de formación todavía, que es un camino que no tenemos recorrido del todo. Y
por eso, efectivamente, hemos de seguir apostando por la formación de jueces, de fiscales, de secretarios y funcionarios; es más, no sé si es muy arriesgado decir que dado que la especialización no lo ha configurado -y estoy de acuerdo en ello-
como un requisito de acceso a estos juzgados, en cambio sí creo que debería ser obligatoria para todos aquellos que acceden a estos juzgados, porque al ser voluntaria hay jueces que no acuden y no les podemos obligar a esta formación especializada
que requiere ya ejercer la titularidad de estos órganos judiciales.



Y ya en tercer lugar, como último, comparto con ustedes y con el resto de poderes públicos la enorme preocupación respecto al número de mujeres asesinadas. Es una realidad dolorosa, sangrante y a la que además no podemos acostumbrarnos,
porque es verdad que nos envilece a todos, porque todos y todas formamos parte de la humanidad, con lo cual invertir en políticas educativas y en políticas de igualdad es la clave para superar la pervivencia de estos patrones culturales machistas.
Además hemos de lograr mayor implicación familiar y social. Solo un uno por ciento de las denuncias las interponen los familiares, que son las personas más próximas a las víctimas que sufren este tipo de violencia. Por las razones que sean piensan
todavía que les hacen un favor no poniendo en conocimiento estos hechos, no solo por la vía de la denuncia. Si dudan de que la denuncia es lo que deben hacer, al menos tienen que informarse a través de todos estos organismos, toda esta red que
tenemos de instituciones, de los institutos de la Mujer, servicios sociales y ayuntamientos. Es una asignatura en la que hemos de lograr mayor implicación familiar y social. Ningún vecino deja de llamar a la policía cuando ve que un supuesto
ladrón entra por la ventana en el domicilio de un vecino y, sin embargo, pocas denuncias o pocas llamadas telefónicas se producen de vecinos cuando hay situaciones de violencia que sí que se escuchan o que se conocen y, que en cambio, luego nos
relatan a través de la televisión cuando ha sucedido ya el asesinato de aquella persona. En todo caso, respecto a la víctimas que han denunciado previamente, hemos de conseguir perfeccionar nuestros sistemas de protección para conseguir que ninguna
mujer con orden de protección fallezca en España, primero, para garantizar la vida de todas las mujeres que denuncian y, después, para mantener la confianza de la víctimas y de los justiciables en la Administración de Justicia.



Quedo a disposición de ustedes para todas las aclaraciones, preguntas y opiniones que quieran.



La señora PRESIDENTA: Señoras Comas, ha sido realmente rigurosa e ilustrativa y nos gustaría seguir escuchándola. Lamentablemente nuestro tiempo también es escaso y tenemos una segunda compareciente. Ahora vamos a conceder la palabra a
los distintos grupos, que intervendrán en esta primera intervención por un tiempo máximo de diez minutos. Tiene, en primer lugar, la


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palabra la señora Camarero. Sé que como SS.SS. son muy inteligentes son capaces de expresar todo lo que piensan en ese tiempo.



La señora CAMARERO BENÍTEZ: Lo intentaremos, señora presidenta, pero yo creo que es suficientemente interesante la comparecencia como para que no nos importe extendernos, y si tenemos menos tiempo para comer no pasa nada.



En primer lugar, señora Comas, bienvenida a esta Comisión, el Grupo Parlamentario Popular ha solicitado su comparecencia porque es para nosotros importante que una persona de su valía y de su conocimiento de la violencia de género, y como
presidenta del Observatorio de Consejo General del Poder Judicial nos aporte una visión y un reflexión relevante y esclarecedora, de cuál es en estos momentos la realidad de este problema. Su exhaustiva, su completa y elaborada comparecencia desde
luego no nos ha defraudado. La violencia de género se ha convertido en uno de los problemas más importantes de este país y la solución al mismo nos deber preocupar y ocupar a todos, como ha dicho, a la sociedad en su conjunto. Pero esta
preocupación no nos puede alejar de un análisis crítico de las medidas implantadas y de la búsqueda de nuevas medidas o la mejora de otras. Quiero hacer un paréntesis para discrepar en algún punto con usted, y va ser el único en el que discrepe, o
por lo menos voy a hacer una aclaración. Ha dicho que cree que la ley no ha fracasado. Las cifras nos revelan un dato, y usted las ha comentado también, y es el fracaso y la ineficacia del Gobierno en esta lucha; especialmente, señora Comas, no
porque no haya puesto de su parte, no porque no haya intentado solucionarlo, que sabemos que eso es así, sino porque el Gobierno generó unas expectativas a las mujeres con esta ley, sobre todo vinculó la finalización de esta violencia a la
aprobación de la ley. Esta sí es la responsabilidad del Gobierno y en esto sí que ha fracasado el Gobierno, ha frustrado las expectativas de las mujeres. Usted no es responsable del Gobierno, con lo cual no le caen estas críticas y me gustaría
repasar hoy algunas cuestiones del desarrollo de la ley, como decía usted, de algunos de los aspectos de la misma.



Hemos conocido hace algunas semanas la memoria del fiscal general del Estado de este año, que pone de manifiesto el preocupante aumento del número de delitos por violencia doméstica de un 30 por ciento. Sin embargo, lo que observamos es que
este aumento del número de delitos no se corresponde proporcionalmente con el aumento de las denuncias, que solo aumentan en el último año en un 4 por ciento. Si bien en años anteriores habían aumentado, por ejemplo, entre el 2002 y el 2003 o el
2003 y el 2004, en un 15 por ciento aproximadamente, en los últimos años vienen aumentando en un 4 por ciento. Además, estos datos coinciden con una constante que también usted nos ha comentado que este año se produce, y es el que el 70 por ciento
de las mujeres fallecidas no habían denunciado, a pesar de contar con una situación de violencia de una larga trayectoria. Nos gustaría saber, desde su punto de vista y desde su experiencia, a qué se debe este incremento de los delitos, a qué se
debe que a las mujeres todavía les cueste denunciar y por tanto un 70 por ciento sigan silenciando su drama, y qué soluciones aportaría desde su experiencia para cambiar esta tendencia.



Además, y siguiendo con la memoria de la fiscalía, esta ponía de relieve una preocupación, que todos compartimos y que usted también a lo largo de su comparencia ha advertido, el hecho del incremento de las retiradas de denuncias, de las
retracciones y el quebrantamiento de las condenas, así como el hecho de que se dé un notable incremento entre las mujeres que se acogen al derecho de no declarar contra su cónyuge, lo que suele desembocar, como usted nos ha comentado, en sentencias
absolutorias.
Según sus propios datos, se puede observar que mientras en el año 2005 ascendían las sentencias absolutorias a unas 3.800, ahora son 10.700, evidentemente, un incremento sustancial. La fiscalía, y creo que usted en alguno de sus
informes reclamaba una modificación legislativa al respecto. Me gustaría saber desde su punto de vista cómo se podría evitar esta retirada de denuncias y esta falta de declaración de las mujeres, si es partidaria de una modificación legislativa, si
cree que es posible sustituir estas declaraciones de la víctima por las de los familiares, conocidos, vecinos que, como usted nos acaba de comentar, conocen los hechos y después cuando se les preguntan lo reconocen, o quizá sea mejor mantener la
investigación y con ello poder continuar de oficio la causa.
¿Qué otras alternativas cree usted que se podrían poner en marcha? Me parece correcto, importante lo que ha comentado de que el sobreseimiento o las sentencias absolutorias no queden en
esto, sino que se haga un seguimiento de las mismas, incluso que a las víctimas se les pueda dar algún tipo de protección.



Igualmente en la memoria del fiscal, en el informe del Observatorio estatal de violencia, en el cual creo que usted también ha participado, y en su propia comparencia, se mantiene disfunciones en los juzgados compartidos, como la falta de
medios personales, que hace que los fiscales de guardia deban atender al mismo tiempo varios juzgados de distinto partido judicial; Evidentemente con ellos las víctimas deben pasar muchas horas esperando una orden de protección; también se habló
de la necesidad de incrementar la planta de los juzgados especializados, porque a pesar de que contaremos próximamente con 83, el 28 de diciembre, continúa una saturación de los mismos, y especialmente una saturación en los juzgados compartidos,
donde hay problemas, problemas por la inexistencia de servicios de guardia permanentes que lleva a las víctimas y abogados a tener que actuar en el Juzgado de Guardia y posteriormente en el Juzgado de Violencia, cuando las denuncias se interponen
fuera de la horas de audiencia. Falta de oficinas de atención a las víctimas, servicios psicosociales, falta de especialización de todos los operadores


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jurídicos, falta de salas o mamparas, algo que nosotros hemos solicitado, todos los grupos con unanimidad de esta Cámara, y que de momento no se ha resuelto. Aunque ya nos ha hecho una valoración previa en su comparencia, me gustaría quizá
que incidiese en estos aspectos o sobre todo en las soluciones a los mismos.



Habíamos leído también el informe que, el pasado 20 de abril del 2006, el grupo de expertos en violencia de género y doméstica del Consejo del Poder Judicial, realizó sobre algunos de los problemas técnicos detectados en la aplicación de la
ley. Usted de estos ha destacado cuáles son los más importantes, pero me gustaría saber si una vez detectados, una vez realizado el informe, una vez trasladado este informe al Gobierno ha recibido alguna respuesta por parte del Gobierno, si se han
subsanado algunas de las cuestiones que ustedes planteaban.



Quisiéramos hablar de las víctimas extranjeras. Es evidente que se ha producido un incremento, un aumento importante en el número de víctimas extranjeras. El número de denuncias de las mujeres extranjeras ha aumentado, aunque en un número
menos significativo. Me gustaría saber si todavía hay un gran silencio, un ocultamiento entre las extranjeras, ente las mujeres inmigrantes, de su situación, si cree que todavía las víctimas no denuncian por miedo a las represalias, a las posibles
expulsiones, por cultura, por dificultades con el idioma, por la falta de formación de los operadores, de los traductores en esta ocasión, que tienen que asistirles, por desconocimiento quizá de las medidas legales o sociales, y qué se podría hacer
al respecto. ¿Conoce si se están produciendo expulsiones, tanto de víctimas como de agresores, cuando sabemos la expulsión preceptiva del agresor condenado por estos hechos?


Respecto a la seguridad, usted manifestaba hace algún tiempo que la ley flaquea por lo que afecta a la falta de seguridad de las víctimas. Me gustaría saber si mantiene esta opinión actualmente o cree que ha cambiado. Y también deseo
hacerle una pregunta muy concreta: a finales de noviembre de 2006, tras una reunión de la Comisión Nacional de la Policía Judicial, el Gobierno anuncio que su comité técnico estudiaría la posibilidad de asignar escoltas privados a las mujeres que
lo necesitasen, tanto porque se había aumentado el número de órdenes de protección y de alejamiento, como porque no había suficientes efectivos para proteger a todas las mujeres. Después de casi un año el Gobierno no ha informado, no ha puesto en
marcha los escoltas, pero tampoco nos ha dado una información respecto del posible informe que se solicitó en ese momento. El Consejo General del Poder judicial es uno de los órganos que forman parte de esta comisión, por lo cual me gustaría saber
si usted conoce el informe o no, a qué conclusiones ha llegado el mismo y, en cualquier caso, su opinión respecto de la posible puesta en marcha de estas medidas. Si cree usted que serían viables o no y, si no, qué alternativas tienen para mejorar,
como usted ha dicho, una parte importantísima a corto plazo que es la protección y la seguridad de las víctimas.



Para el Grupo Popular la protección y la seguridad de las mujeres víctimas de violencia ha sido nuestro caballo de batalla durante toda esta legislatura, como medida necesaria a corto plazo para, como usted decía, primero, salvar vidas y,
segundo, dar tranquilidad y confianza a otras posibles víctimas para denunciar o para acercarse a las instituciones a pedir ayuda.



Igualmente, me gustaría hacer referencia a un informe que presentó en el mes de junio Amnistía Internacional, una campaña titulada, Pongan todos los medios a su alcance, por favor, donde denunciaban la falta de recursos para que la ley sea
efectiva y para que los derechos de las mujeres pasen del papel a la realidad. Entre ellas destacaban algunos defectos que tienen que ver con su jurisdicción y por eso quiero comentarlos con usted. Decían que las víctimas no disponen de asistencia
letrada en el momento de interponer la denuncia, evidentemente no todas las víctimas; que hay una falta de centros de atención integral; falta de juzgados especializados en muchos partidos judiciales; falta de formación especifica en maltrato de
jueces, fiscales y policías, que no alcanza a todos los profesionales; no todos los colegios de abogados disponen de un turno especial con recursos suficientes; los fiscales y policías no hacen investigaciones a fondo cuando la mujer no ratifica
la denuncia, a pesar de ser delitos perseguibles de oficio; y los inmigrantes en situación irregular siguen siendo discriminados en el acceso a las ayudas. Estas son algunas de la cuestiones que denunciaba hace unos meses Amnistía Internacional.
Me gustaría que valorase esta mañana este informe, si cree que es correcto, si coincide con sus apreciaciones, si se han corregido algunos de estos problemas o cómo pueden llegar a subsanarse algunos de ellos.



Para finalizar, me gustaría que hablásemos de los agresores. Desde mi punto de vista, y creo que usted ha coincidido en su comparecencia, hay una falta de programas de rehabilitación; estos no están generalizados en todas las prisiones,
porque hay muchas prisiones que no los están desarrollando, ni evidentemente fuera de ellas, para agresores que no han sido condenados a cárcel. Ha dicho que son insuficientes, pero me gustaría saber si los que hay, desde su punto de vista, son
eficaces. En este sentido, creo que el tratamiento de la violencia ha estado durante demasiados años o durante todos estos años enfocado desde la perspectiva de la mujer, y deberíamos comenzar a centrarnos en los agresores, especialmente en lo que
se refiere a campañas de sensibilización...



La señora PRESIDENTA: Señora Camarero, tiene que concluir.



La señora CAMARERO BENÍTEZ: Termino en un segundo... me refería a través de campañas de sensibilización, realizando campañas permanentes donde se demuestre el rechazo social que su comportamiento genera, y sobre todo generalizando con un
cambio en el tratamiento de las medidas. Me gustaría saber qué


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medidas impulsaría para este cambio de tratamiento y si está de acuerdo con esta percepción de mi grupo.



Termino agradeciendo sus aclaraciones, sus respuestas, su información, porque -insisto- a todos los que estamos aquí nos preocupa y/o nos ocupa este drama; por eso es importante recoger las aportaciones de expertos como usted, y no
conformarnos, seguir buscando soluciones, soluciones eficaces para finalizar con esta lacra.



La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Camarero, por su esfuerzo de síntesis y su rapidez en la palabra. Tiene la palabra ahora la señora Oliva, de Esquerra Republicana.



La señora OLIVA I PEÑA: Yo quería escuchar sobre todo a la compareciente, doña Montserrat Comas, y realmente ha sido un placer porque ha dado unas opiniones y unos datos que nos pueden ayudar a esclarecer, a opinar y a poder trabajar desde
nuestro ámbito competencial, por lo que respecta al ámbito legislativo, para mejorar esas pequeñas lagunas o aquellas partes de la ley que no es que sean poco eficaces sino que, como ha dicho muy bien usted, requieren un periodo de tiempo mucho
mayor para desarrollarse. Por eso le queríamos hacer algunas consideraciones. A lo largo de su comparecencia usted ha mencionado el tema de los juzgados de competencia exclusiva, que tendrían que ser todos ellos y que querían hacer una propuesta
de modificación de la Ley de Demarcación y Planta. Sé que esta propuesta se quiso incluir en la Ley de Igualdad y mi grupo no fue partidario, no de que hubiese esa modificación sino de que se incluyese en la Ley de Igualdad, porque donde debe estar
es en la Ley de Violencia. En todo caso, lo tendríamos que discutir en sede parlamentaria y lo tenemos que volver a sacar a la luz, porque es importante que hablemos de cómo ampliar, de cómo mejorar estas demarcaciones judiciales y aumentar el
número de juzgados de competencia exclusivos. En Esquerra Republicana estamos absolutamente de acuerdo.
Creemos que es un sistema mucho más eficaz para la lucha contra la violencia. Eso sí, también pedíamos que en el momento en que se planifique
un juzgado de Violencia exclusiva se tengan en cuenta, en primer lugar, los órganos judiciales de ese territorio y también la entidades, sobre todo las instituciones, como usted ha mencionado antes, asociaciones, institutos de la Mujer, puntos de
encuentro, puntos de atención, los SIAT, lo que llamamos en Cataluña SIAT, los puntos de atención a las mujeres, porque son ellas las que realmente conocen la problemática. Si estamos hablando de que en Esquerra creemos que cualquier ámbito
judicial tiene que ser próximo a la ciudadanía, especialmente se tiene que tener en cuenta en el tema de la violencia. No podemos decir: aquí se va a poner un juzgado de Violencia exclusivo cuando la realidad territorial te demuestra que el que
hay, que es compatible, ya funciona adecuadamente o bien supone un desplazamiento complicado en muchos casos, a veces en medios rurales, y sobre todo en Cataluña en determinadas áreas. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que se abra este debate
otra vez, pero que lo hagamos coordinados con el territorio.



En segundo lugar, le queríamos preguntar cuántos de los condenados por casos de violencia contra la mujer van a la cárcel o van a los centros de rehabilitación o cumplen las condenas. Hay que tener en cuenta que los datos que usted ha
traído son positivos; es decir, que hay condenas, hay un porcentaje elevado de condenas, pero en todo caso tenemos que ver cuál es el cumplimiento de estas condenas, y más aún si hay algún paso más allá; es decir, cuál es la eficacia de estas
condenas, si se está haciendo una evaluación de si son eficaces o no, si se debería hacer, etcétera.



Una de las cosas que preocupan en Esquerra Republicana, y así se ha demostrado a lo largo de algunas intervenciones y de iniciativas parlamentarias que yo he podido ir presentando a lo largo de este periodo de sesiones, es qué hacemos cuando
la mujer retira la denuncia o cuando la mujer decide no denunciar. En ese momento se encuentra en una situación absolutamente de desprotección, cuesta que pueda acceder a muchos de los recursos que la Administración le tiene que poner, y como usted
ha dicho muy bien, hay que entender, hay que ponerse en la piel de la víctima para entender que no es tan fácil, que no es una actitud coherente a ojos de las personas que estamos fuera de esa relación.
Nosotros hacíamos propuestas muy concretas y
queríamos preguntarle también si las han evaluado o si se están instaurando o si lo van a hacer próximamente. Por ejemplo, en el caso de las denuncias por menores, hacer video- conferencias, o poner mamparas para que la víctima de violencia no
plantee que no quiere denunciar porque le da miedo el agresor, porque no se lo quiere encontrar o porque lo desconoce. Se trata de que la Administración dé este tipo de respuesta que solucionaría una pequeña parte del problema, somos conscientes,
pero en algo contribuiríamos.



Y finalmente, no lo ha mencionado en las propuestas legislativas que usted ha comentando, pero haciendo el repaso rápido lo he visto. En Esquerra Republicana creemos muy necesario que se tenga en cuenta la violencia económica también como
violencia contra las mujeres. Hace quince días en el Parlament de Catalunya entró la Ley de Violencia impulsada por el Institut Català de la Dona, y la violencia económica se contempla como violencia contra las mujeres. También hace pocas semanas
un juez de Valladolid sentenció que en este tipo de violencia se puede incluir asimismo la violencia económica. Por lo tanto, queríamos preguntarle, y sé que no lo ha puesto como propuesta legislativa, pero estaría bien que se hablase aquí, en sede
parlamentaria, cómo podríamos incluir el impago de pensiones en la Ley de Violencia, porque también es otra forma de violencia contra las mujeres que atenta a su autonomía, una vez haya superado ese estadio tan desgraciado de la violencia física o
psicológica y tenga que


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superar el estado de violencia económica para acceder a su plena emancipación.



La señor PRESIDENTA: Gracias, señor Oliva, también por la utilización de su tiempo. Tiene la palabra la señora Loroño del Grupo Vasco del PNV.



La señora LOROÑO ORMAECHEA: Quisiera iniciar mi intervención, como no podía ser de otra forma, agradeciendo a doña Montserrat Comas, presidenta del Observatorio sobre violencia de género, su presencia en el seno de esta Comisión, sobre todo
los datos que nos ha aportado y la matización de cuestiones, que en estos momentos incluso han llegado a poner en algunos momentos en tela de juicio la efectividad de la ley y el valor intrínseco que lleva la Ley de medidas de protección integral
contra la violencia de género. Y yo casi, casi voy a empezar por las conclusiones que ha dicho al final de su intervención.



La ley lógicamente, al menos a juicio de mi grupo parlamentario, es un buen instrumento que precisa de más recorrido, y usted lo decía en su intervención. Para que podamos ver unos resultados mucho más llamativos, y positivos por supuesto,
de esta ley se requiere tiempo, y son resultados que quizás los veamos más a medio o largo plazo, yo diría más bien a largo plazo que a medio plazo, por la razón fundamental que usted misma apuntaba, son fenómenos delictivos en los cuales la mujer
es víctima de agresiones por el hecho simple de ser mujer, y por estar en un entorno de relación que le va a resultar en determinados momentos hostil, porque aquel con quien comparte su espacio es el que la agrede. Además eso supone cambios
estructurales importantes tanto en lo social como en lo educativo, y la ley los prevé; lo que pasa es que hace falta tiempo para que esos cambios estructurales de la ley incidan en el ámbito educativo, en el ámbito social, puedan dar su fruto y
puedan ser perceptibles e incluso medibles.



Decía asimismo en sus conclusiones que la respuesta de la justicia es buena. La respuesta de la justicia es buena y usted hace, sin embargo, dos salvedades. No es lo mismo la respuesta que se está dando desde la Administración de Justicia
a las víctimas, cuando estamos hablando de juzgados especializados, que yo creo que fue un acierto de la propia ley, que cuando se trata de juzgados compatibles o juzgados compartidos. Y en ese sentido, deberíamos dar un paso más, y esa es la
cuestión que quisiera plantear. Hablaba de que en diciembre de este mismo año vamos a contar, si no me equivoco, con 83 juzgados compatibles, y de aspectos que podían ser mejorables. Mi pregunta es: ¿Desde su opinión, desde su modesta opinión,
como lo decía anteriormente en alguna cuestión que otra, sería necesario que parte de estos juzgados compatibles se transformaran en juzgados especializados, para poder garantizar una mayor efectividad de respuesta desde la justicia hacia las
víctimas de violencia de género? ¿Si no, de qué forma podemos mejorar en los juzgados compatibles esos tres aspectos que están haciendo que no se esté dando la respuesta que las víctimas esperan? En este caso las mujeres, ante la denuncias, como
es el caso del reparto de tareas o las normas de reparto que usted mencionaba, la organización y la propia programación del juzgado en esas franjas horarias a veces hace que se pase, y que en otros casos no se pueda dar respuesta a todos los casos
que se puedan presentar, por las deficiencias en plantillas, etcétera. Y usted decía clarísimamente: La propia ley da una respuesta a través del artículo 43.2 cuando dice, un juzgado compatible puede transformarse en específico, y de ahí que le
pregunte ¿cuántos de estos juzgados considera usted oportuno transformar, sobre la base del artículo 43.2, en específicos, para poder tener una respuesta más adecuada?


Hablaba igualmente de una cuestión que me ha dejado preocupada. Me explico. Usted hablaba de la necesidad de plantear la obligatoriedad, a los jueces que entren a formar parte de esos juzgados, de una formación especializada, porque al ser
un acceso voluntario a ese tipo de juzgados no está establecido, al menos así lo he creído entender, si no me corrige posteriormente, que haya una especialización de esos jueces para poder responder de forma adecuada ante las necesidades derivadas y
propias de un juzgado especializado. Esa es una cuestión que me ha dejado preocupada, no sé si lo he entendido bien, y lógicamente me gustaría saber qué podríamos hacer, si esto es así para que esa formación especializada sea obligatoria, al menos
en estos supuestos.



A todos los grupos parlamentarios de esta Cámara, tanto del Congreso como del Senado, a todas las diputadas y senadoras, y diputados y senadores que conforman esta Comisión, nos crea enorme preocupación sobre todo el número de mujeres
asesinadas, el número de mujeres muertas. Basta con que solo haya una mujer muerta para que nos preocupe, porque tenemos una ley que tiene un objetivo principal que es el de garantizar la protección integral a las víctimas de malos tratos, a la
víctimas de violencia de género en ese entorno familiar. Usted hablaba de una cuestión que podía ser aplicable, si tuviéramos voluntad por parte de todos los grupos parlamentarios para hacerlo. Me refiero al hecho de que usted hablaba de la
necesidad de una mayor implicación familiar y social, y quizá aquí sería necesario aplicar lo que la Ley de Protección Jurídica del Menor contempla incluso en la legislación, que obliga a todos los ámbitos, a todos los ciudadanos a velar por el
menor y proteger al menor, y por tanto todos los ciudadanos y ciudadanas de alguna forma somos agentes activos o nos transformamos en agentes activos a la hora de denunciar una situación de desprotección de un menor. Aquí sería necesario también
implicar de forma directa, yo diría que al conjunto de la sociedad, para hacer ver que este, que era un tema a todas luces privado, y que se ha conseguido que deje ser privado y sea un problema público y social, sea también en cuanto a la de
denuncia un problema público y un problema social, de forma que pueda interponer la denuncia cualquier ciudadano.
Quiero


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incidir en una cuestión a la que también ha hecho referencia, que es la cantidad de sobreseimientos, la cantidad de retiradas de denuncias que se dan, porque a veces la víctima se ve forzada por temor a males mayores, porque muchas veces hay
hijos de por medio, y en otras ocasiones por la dificultad, que usted misma ha mencionado, a la hora de poder probar los hechos denunciados, lo que hace que muchas veces la víctima decaiga en su intención de seguir adelante con el proceso de
denuncia.



Me he quedado con un montón de cuestiones que nos ha planteado y quisiera para terminar, señora presidenta, y no abusando de doña Montserrat Comas, plantearle una cuestión. Usted hablaba de las denuncias falsas. Las denuncias falsas a mi
modo de ver no tienen justificación alguna porque, como bien decía, no hay en estos momentos una prueba tajante, incluso desde quienes controlan ese tipo de denuncias, que son los órganos judiciales, de que sea así. ¿Esas denuncias falsas no
estarán intentando minar aspectos que están resultando efectivos de la ley e incluso poner en tela de juicio la propia efectividad de la ley? Esa es la cuestión que quería formularle.



La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señor Pigem.



La señora PIGEM I PALMÉS: Señora Comas, le quiero agradecer el rigor y la extensión con la que nos ha dado unos datos que son especialmente valiosos para analizar el tema de la violencia de género. Yo creo que parte de lo muy bueno que se
ha estado haciendo en este país durante los últimos años, no únicamente después de la Ley Integral, sino antes -usted es presidenta un observatorio que se creó antes-, ha sido que no tengamos que hablar de oído, sino el que disponemos
afortunadamente de cifras, de datos, de hechos y de situaciones que podemos comparar y valorar para poder concluir la adopción de nuevas medidas que sean eficaces en la lucha contra esta lacra social en las que todos podamos estar de acuerdo.



También hemos conseguido un objetivo muy importante que es el rechazo social generalizado al fenómeno de la violencia de género, a pesar de una campaña desacreditadora potente, no solo de la Ley Integral sino del fenómeno en sí. Una campaña
que no se sustenta en nada concreto, lo han señalado algunas de las portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, pero a la que se le concede una gran amplificación y una gran difusión en medios de comunicación, y se le concede un gran
credibilidad, a pesar de que no hay nada que sustente las afirmaciones que se hacen. Yo quiero recordar aquí que la denuncia falsa en un delito; es decir, el que tenga conocimiento de que se está cometiendo un delito, máxime si es una autoridad
judicial, lo que tiene que hacer, en lugar de lanzarlo como una mera acusación, es interponer las consiguientes actuaciones de denuncias para que sea perseguido este delito.



Usted ha comenzado aludiendo a dos pilares importantes de la arquitectura de la que nos hemos dotado para combatir la violencia de género. Uno era la asimetría en el tipo penal; es decir, pena distinta si el maltratador era un hombre o si
la maltratada era una mujer o era un hombre, y también los juzgados específicos o especializados. Yo quiero recordar aquí que mi formación política no era partidaria ni de una ni otra situación, pero no por una objeción ideológica, sino porque
pensábamos que no era necesario.
Ahora bien, dicho esto -y coincido con usted-, es necesario que se resuelvan cuanto antes los temas de inconstitucionalidad planteados, no solo por los bienes jurídicos en juego, sino porque por una parte, se diga
lo que se diga, será irrelevante en cuanto al resultado, porque desgraciadamente quién es el maltratador y quién es la maltratada lo pone la sociología y no el tipo jurídico penal. Por lo tanto, el resultado será lo que nos dan los datos
sociológicos que tenemos de quiénes son los maltratadores y quiénes son las maltratadas, diga el tipo penal lo que diga. Pero sí creo que es importante, ya le digo, no solo por los bienes jurídicos en juego, sino porque ahí se sustenta una gran
parte de la campaña de desacreditación, a la que yo creo que es necesario poner fin cuanto antes.



En referencia a los juzgados especializados, ya le dicho que nuestra formación política no era partidaria, pero también le digo que la ley una vez aprobada es la ley de todos, y por lo tanto desde Convergència i Unió vamos a poner todos los
medios a nuestro alcance para que estos juzgados funcionen y sean lo más efectivos y eficaces posibles. Estoy de acuerdo en lo que usted ha argumentado en cuanto a la necesidad de creación de unos juzgados exclusivos, en el tema de los compartidos;
estamos de acuerdo también en la agrupación de partidos judiciales con debate, viendo en cada caso concreto dónde va a ser mejor; pero hay un tema que nos preocupa y nos hacemos eco de una preocupación que existe, que es el tema de los asuntos
civiles en los juzgados penales. Mire, de los datos que nos ha dado resulta que si habido 306.682 incoaciones penales, ha habido un total de 24.000 asuntos civiles, es un gap muy importante, muy importante. Yo quiero traerle aquí a colación lo que
dice la memoria de la fiscalía: Los procedimientos de separación, divorcio, guarda y custodia, y medidas cautelares y provisionales de carácter civil, actualmente se resuelven con mucha mayor premura en los juzgados de Familia que en los de
Violencia de Género; de manera que si bien inicialmente se puede pensar en una utilización fraudulenta de la vía penal por parte de algunas denunciantes, para la consecución inmediata de medidas cautelares civiles, en la actualidad algunos abogados
aconsejan la interposición directa de la demanda civil ante los juzgados de Familia, ocultando la existencia de episodios violentos entre la pareja, con el fin de evitar la competencia de los juzgados de Violencia de Género. Yo quiero trasladar
aquí la opinión de las comisiones de las relaciones con la Administración de Justicia de los colegios de abogados de España. En la última reunión que tuvieron, a la que tuve la oportunidad


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de asistir y se me trasladaron las conclusiones, pedían unánimemente que se separara el tema civil del tema penal, porque los juzgados penales no pueden resolverlo todo; si casi no pueden resolver los temas penales; no pueden entrar en los
temas civiles; y esto contrariamente a lo que se dice en la campaña de desacreditación; no se utilizan las denuncias para obtener ventajas civiles, sino que los datos nos dicen que se omite la violencia para poderse separar o divorciar dentro de
unos plazos aconsejables. Yo creo que este es un dato que no podemos perder de vista.



Se ha aludido aquí también a que nos preocupa el tema de las muertes.
Naturalmente que nos preocupa, y me preocupa muchísimo el dato de que en el 80 por ciento de los casos con resultado de muerte no había conocimiento previo de la
violencia; es un dato que también nos debe hacer reflexionar. Pero yo le quiero aquí trasladar a usted la pregunta de qué pasa con el 20 por ciento de los casos restantes, donde sí teníamos conocimiento y ha habido un resultado de muerte. Desde
su punto de vista, cuál o cuáles son los eslabones que fallan. Porque aquí está el quid de la cuestión; es decir, obligar a las familias a declarar, a los vecinos, a las propias víctimas. -Usted ha centrado muy bien el tema de que este no es un
delito corriente, es un delito muy complejo, porque en ningún otro delito se da la relación entre agresor y víctima que se da en este-. Podemos obligar a declarar a todo el mundo, podemos incluso obligar a ratificarse a la víctima, si se retracta
psicológicamente se retractará penalmente; pero en aquellas que quieren declarar, que se ratifican en la denuncia y quieren seguir hasta el final, ¿dónde están los eslabones perdidos, los eslabones que fallan en la protección que nos hemos obligado
a darles desde los poderes públicos?


Otro tema que me parece preocupante es que la mayoría de maltratadores no entra en prisión, ya que la mayor parte de sentencias no les condenan a más de dos años. Las sentencias condenatorias son muchísimas. Los datos del último informe
del Consejo dice que son 29.277; pueden ser más o menos, pero alrededor de esta cifra. Las condenas, según estos mismos datos, representan el 77,6 por ciento, lo cual daría unos 22.000 condenados. La señora Oliva le planteaba la pregunta de
cuántas entran en prisión; yo también se lo plenteé al Gobierno, pregunté por escrito cuál es el número de internos ingresados en los centros penitenciarios dependientes de la Administración General de Estado por delitos de violencia de género que
no ocasionaron la muerte de la víctima.
Respuesta: 5.829. Es decir, de casi 23.000 condenados, 5.000 están prisión, que son muchísimos, porque la población general penitenciaria de España es de unas 60.000 personas, pero son poquísimos con
respecto a la persona que denuncia, que ratifica, que sigue todo el procedimiento, que obtiene una condena y que ve que aquel señor sigue estando por la calle.
Yo creo que esto también es una reflexión que nos tenemos que hacer.



Otra pregunta.



La señora PRESIDENTA: Señora Pigem, tiene que concluir.



La señora PIGEM I PALMÉS: Acabo enseguida, señora presidenta.



¿Qué porcentajes hay de la prisión provisional como medida cautelar? Me llama la atención, de los datos que nos ha dado, que aumente el porcentaje de órdenes de protección denegada. ¿Sabe las razones? La pregunta global sería: ¿cuál es
el eslabón que falla en las medidas de protección? También he de decir, ya, por último, que uno de lo mitos que se han de venir abajo es que las muertes se producen en el trámite de separación. Los datos del Consejo General del Poder Judicial del
servicio de inspección dicen claramente que la mayor parte de las muertes se producen mientras hay convivencia, y que en el trámite de separación es donde se producen menos muertes. Creo que este es un mito que conviene rebatir, porque también
forma parte de la campaña de desacreditación.



La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra a continuación la señora Pérez Anguita del Grupo Socialista.



La señora PÉREZ ANGUITA: En primer lugar, quiero agradecer a doña Montserrat Comas la clara, rigurosa y brillante intervención que ha hecho. Mi grupo valora sus cualificadas opiniones, puesto que ha demostrado a lo largo de su trayectoria
profesional una concienciación clara sobre ese problema que seguimos teniendo, que es la violencia de género, y para -espero- su pronta erradicación necesitamos eso, claridad de ideas sobre la raíz del problema, que usted ha descrito perfectamente,
acciones de Gobierno, como estamos haciendo, y el máximo consenso posible de todas las fuerza políticas, dejando a un lado cualquier rédito partidista del tema.



Señorías, tenemos un instrumento en nuestras manos que viene a mejorar las soluciones establecidas por España en los últimos años. Con la Ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género, ese terrible problema se
aborda con la perspectiva y el enfoque de género que desde las instancias internacionales se recomienda para dar una solución correcta al mismo. De igual forma, otra de las bondades fundamentales, entre comillas, de la ley es el carácter integral
con el que se aborda su prevención, sanción y erradicación, así como prestar la máxima asistencia a las víctimas. A nadie se nos escapa -ya lo han dicho las portavoces que me han precedido en el uso de la palabra- que estamos hablando de un
fenómeno en el que se conjugan un conjunto plural de factores, por lo que la ley sería insuficiente en la lucha por la erradicación y la prevención de la violencia si no se acompañara de un conjunto de instrumentos de múltiple naturaleza con los que
se pretende mejorar los ambiciosos fines que se propone alcanzar. Un fenómeno, como decía, procedente de unas relaciones de poder amparadas por una


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cultura que históricamente ha fomentado unas relaciones patriarcales que han situado a las mujeres en inferioridad con respecto a los hombres, todo ello perpetuado durante siglos y que todavía persiste. Por esa razón tiene tanta complejidad
la erradicación de este tipo de violencia, no lo podemos olvidar, porque estamos hablando de servicios sociales, servios sanitarios, medios de comunicación, tutela institucional para las víctimas, justicia especializada, consagrar derechos de las
mismas, educación y sobre todo prevención. La ley afronta la violencia de género como un problema estructural y político que demanda un firme compromiso por parte de todos los poderes públicos y de la ciudadanía en cumplimiento de la recomendación
19 de la Cedau, que insta a los gobiernos a que adopten medidas preventivas y de protección en la materia que nos ocupa, así como el respeto a la declaración sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres de Naciones Unidas, que define la
violencia contra la mujeres como violencia de género.



Señorías, la ley ha abierto muchos caminos, ha puesto en manos de la policía y de los jueces instrumentos que, como aquí se ha dicho, permiten intervenir de forma más rápida y eficaz en la protección de las víctimas.
En el ámbito judicial
son 83 los juzgados creados, ha habido formación de abogados en la materia, y se está homogeneizando la respuesta con los protocolos de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
De igual forma se está haciendo en el servicio de
asistencia letrada, y en las formulaciones de demanda o denuncia se está insistiendo en la solicitud de la orden de protección. Se ha aprobado el protocolo para la valoración policial del nivel de riesgo de las víctimas; se han creado 59 unidades
de violencia contra la mujer en las subdelegaciones del Gobierno, con el fin de coordinar recursos destinados a la protección integral de las mismas haciendo un seguimiento individualizado de los casos e implantándose a nivel informático para que se
pueda hacer un seguimiento de esos casos. Se ha extendido el servicio de teleasistencia móvil a las víctimas que cuentan con orden de alejamiento, no solo de protección, sino también de alejamiento, así como dispositivos para el seguimiento de los
maltratadores que permiten conocer la localización exacta de los mismos en todo momento.



Señora Comas, señorías, he ahondado un poco en las medidas que la ley está llevando a cabo no con ánimo de autocomplacencia, ni mucho menos, pues para mi grupo, aunque sea el que sustenta al Gobierno, es más importante la erradicación de esa
lacra social tan deplorable que es la violencia de género, que el hecho de que el Gobierno esté cumpliendo sus compromisos, pero creo que hay que hacer honor a la verdad reconociendo ese cumplimiento; no obstante, siguen muriendo muchas mujeres,
aquí se ha dicho, aunque no comparto la apreciación que ha hecho la portavoz del Grupo Popular, si bien cuando se aprobó la ley todos los grupos coincidíamos en que las mujeres iban a seguir muriendo, absolutamente todos los grupos, creo que también
el Grupo Popular, puesto que el problema, como he explicado en mi intervención, es complejo y de difícil solución. Me gustaría formularle algunas preguntas al respecto, señora Comas, aunque reconozco que al ser mi intervención la última
prácticamente todas la preguntas que yo anoche, reflexionando sobre el informe de mujeres muertas en 2006, pensaba plantearle ya se han formulado. Por tanto, voy a hacer un pequeño expurgue para no ser repetitiva y preguntarle cosas que ya le han
preguntado.



Ha dejado claro el acierto de la creación de juzgados exclusivos, pero, desde mi punto de vista, no ha profundizado sobre la coordinación de los órganos judiciales con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; me gustaría que, si es
posible, ahondara un poco en ello. También ha expresado su preocupación por la falta de implicación de las personas cercanas a las víctimas en las sugerencias que usted ha hecho. ¿Cree que el teléfono 016, al ser anónimo, podría ayudar a
solucionar este problema?


Con respecto al informe del observatorio estatal también tenía algunas preguntas para hacerle, pero me ha contestado usted cuando ha dicho que prácticamente se suma a toda las sugerencias que ese informe hace, pero me gustaría que abundara
en una de ellas que habla de los maltratadores.
Dice: frente a la diversidad de soluciones adoptadas por la Ley integral de los programas a los que se subordina la suspensión y sustitución de las penas privativas de libertad en el informe
mencionado, se propone el tratamiento unitario de ello. ¿Qué opina usted al respecto? Por mi parte solo me resta agradecerle de nuevo su comparencia, que ha sido de gran utilidad para esta Comisión, además de su absoluto rigor e independencia de
criterio en la misma.



La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Comas. Recuerdo que la siguiente compareciente está esperando, por eso le agradecería brevedad, pero eso no quiere decir que no conteste usted en la medida en que crea oportuno.



La señora PRESIDENTA DEL OBSERVATORIO CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO (Comas de Argemir i Cendra): A todas las parlamentarias que han intervenido quiero agradecerles sus reflexiones y sus puntos de vista, porque este es un camino
que con el esfuerzo de todos, y sobre todo con las iniciativas de ustedes, creo que podremos llegar a mejorar y solucionar.



No podré contestar a todas las preguntas que ma han formulado porque de algunas concretas peticiones que me han hecho no tengo aquí los datos, pero intentaré resumir y contestar prácticamente a lo que ustedes me han sugerido.



Señora Camarero, yo creo que el objetivo de todos, incluido el Gobierno y el poder legislativo, cuando se aprobó la ley, es que se pueda conseguir con la misma reducir las insoportables cifras de violencia que sufren


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las mujeres, tanto las que pierden la vida -esto lo primero- como las que no la pierden pero quedan afectados otros derechos constitucionales. Aquí lo que se plantea es qué plazo necesitamos para que esto suceda, porque en ese objetivo
estamos todos de acuerdo, y lo importante es tener claros los objetivos y saber si tenemos un buen instrumento para lograrlo.
Porque yo reitero y repito, con independencia de lo que opine el Gobierno, -yo formo parte del poder judicial-, que no es
posible pretender que en dos años y medio de vigencia de esta ley se pudiera conseguir de forma tan sustancial algo que deseamos y anhelamos cualquier persona de bien, teniendo en cuenta las causas que provocan estas cifras mortales y este tipo de
violencia que sabemos que es cultural, con unos patrones culturales machistas muy enraizados en la sociedad, que sabemos que solo con respuestas en el ámbito educativo y cultural de la mano de todos podremos lograr erradicar. ¿En qué periodo? A
todos nos gustaría cuanto antes, pero creo que hay que aceptar que quizá los resultados serán lentos, y yo lo que decía es que esto no debe hacer cuestionar la bondad de la norma, lo cual no quiere decir mejorar la misma si cabe y los medios allí
donde todavía falten. Creo que estamos en un punto álgido, seguramente este repunte de muertes violentas es consecuencia, contradictoriamente, de que esta lucha prioritaria que en España estamos haciendo en los últimos años por combatir la
violencia machista hace que muchas mujeres sean conscientes de la defensa de sus derechos a favor de su dignidad y de su libertad, que no toleren lo que hace quince o veinte años sí toleraban, y seguramente en ese camino hacia su libertad hemos de
reconocer que muchos de estos hombres sí que no han cambiado; no toleran ese camino a favor de su libertad y actúan de la forma más cruel, que es sencillamente aniquilando, porque mantienen todavía esas relaciones de dominio, de posesión, de
control hacia ellas.



¿Qué hay que hacer respecto a este 70 por ciento de mujeres que previamente no habían denunciado? Después contestaré con lo del 30 por ciento que sí lo habían hecho. Esa es la gran reflexión. No estamos llegando, en el terreno de la
información y de la concienciación social y familiar, para que ellas, las que están sufriendo en solitario violencia, tengan credibilidad en las instituciones, tengan credibilidad ante la justicia, piensen que es posible salir del círculo de la
violencia. Quizá haga falta en este país un estudio para aproximarnos a este 70 por ciento de mujeres que tenemos identificadas desde el año 2001 al 2006 y que la justicia no tenía ningún antecedente de ellas, no conocíamos su caso porque no habían
denunciado. Alguna vez he pensado cuántas de estas mujeres han pasado por ambulatorios, por centros asistenciales, por centros hospitalarios, a cuántas se les ha tratado psicológicamente por problemas derivados de los malos tratos habituales que
sufren. Hago una reflexión: A los juzgados sí están llegando, por obligación legal, todos los partes de lesiones físicas, pero a los juzgados no están llegando, no estamos investigando lesiones o maltratos psicológicos si ellas no denuncian.
Seguramente sería una buena radiografía, cotejando con el Ministerio de Sanidad, conocer cuál había sido la trayectoria de estas mujeres que han sido asesinadas y que previamente no habían denunciado.
Este es un estudio posible que podríamos hacer;
qué rastros dejaron en el ámbito sanitario, porque sigue existiendo mucha resistencia para revelar por parte de los médicos, sobre todo cuando estamos hablando de tratamiento psicológico o de tratamiento de lo que son secuelas del maltrato reiterado
y físico y que crea desde el dolor de cabeza hasta otros tipo de patologías que han descrito los médicos, aunque es verdad que en el ámbito sanitario se están dando pasos para protocolizar cómo se debe actuar. Pero esto merece también una
reflexión, porque un dato si les doy, y es que no nos están llegando a los juzgados copias de partes médicos por tratamientos psiquiátricos o psicológicos que sabemos que hay mujeres que reciben en este país.



Segunda cuestión. Es verdad que el incremento de las denuncias ha bajado en este semestre del año 2006, comporta un 4 por ciento -coincido con usted-, en relación con el primer trimestre. Yo he aportado los datos para que se viera con más
perspectiva, porque creo que lo importante es ver la curva, y la curva ha sido progresivamente muy ascendente, con lo cual sí hemos de reconocer que, en relación con los seis últimos años, este crecimiento de denuncias en sí mismo tiene un valor
positivo, porque quiere decir que hemos logrado aflorar muchas situaciones de violencia gracias a las medidas legislativas y a todos los mecanismos. Seguro que hay todavía muchas situaciones de violencia que no emergen, a la vista de este
porcentaje tan alto del 70 por ciento de mujeres que todavía no se han atrevido a dar el paso.



¿Cómo se puede mejorar el tema relativo a las sentencias absolutorias y los sobreseimientos provisionales? Yo soy de las que propongo, y sé que es un tema opinable y ustedes tendrán la última palabra, que el articulo 416 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal está posibilitando en el día a día la impunidad respecto a delitos denunciados. Porque no solo sucede que parte de los sobreseimientos se deben a que hay una retirada de la denuncia por parte de la víctima, sino que también
por la Memoria de la Fiscalía del Estado sabemos que parte de las sentencias absolutorias es porque hay una retirada de la acusación por parte del ministerio fiscal, porque la víctima se acoge a esta dispensa. Yo creo que se tendría que modificar
el artículo 416 de la Ley de la Enjuiciamiento Criminal, ya lo he dicho, es absolutamente discutible, pero en violencia de género las víctimas testigos de la violencia que sufren no tendría que estar dispensadas de declarar, sobre todo en aquellos
casos en que son ellas las que han dado el paso de denunciar, porque creo que deberíamos entender la sociedad que si finalmente lo hacen -y mira que hay


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obstáculos hasta hacer una denuncia por la idiosincrasia del problema-, tácitamente se ha de entender que es para que se persiga este delito, para que se investigue, para que se llegue hasta el final. Es verdad que no hemos conseguido en
este país que en la cultura judicial y en la cultura del ministerio fiscal, la retirada de la denuncia, aunque legalmente lo tienen ustedes muy bien previsto, no supone archivar la causa ni sobreseer la causa, y es verdad que se hacen
sobreseimientos provisionales a veces de forma demasiado automática, sin valorar si existen otras pruebas complementarias o bien por testigos cercanos a la familia o ambientes familiares, o conocer si ha sido una persona por ejemplo tratada en algún
ambulatorio o en algún hospital por problemas psicológicos derivados de la violencia. Pero en honor a la verdad también les he decir que en la mayoría de casos que se sobreseen provisionalmente o se dicta sentencia absolutoria es porque no tenemos
las declaración de la víctimas perjudicadas porque en muchos casos es la única prueba que hay, sobre todo en amenazas y coacciones, donde no hay rastro documental y los agresores se preocupa muy mucho de que suceda en momentos en los que no hay
ninguna persona del ambiente familiar. Pues bien, si no tenemos la declaración de la víctima perjudicada, el fiscal se queda sin prueba, y quedándonos sin prueba, es lógico que se produzcan estos sobreseimientos provisionales. Yo entiendo que el
416 debería modificarse, porque las consecuencias no están siendo buenas. Sé que hay personas que no opinan igual, pero en todo caso es un debate que sé que ustedes también lo tienen planteado.



En el tema de la seguridad de las víctimas, yo creo que se han dado pasos indudables, no solo porque ha aumentado la plantilla de los policías que se dedican de forma especializada a la violencia de género, sino porque además ha habido dos
protocolos que han ayudado a que por primera vez se haya puesto en el papel, que ya es importante. Nunca antes del primer protocolo que se hizo de coordinación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con órganos judiciales y fiscalía, se había
puesto por escrito qué criterios de actuación tienen que tener en cuenta policía y jueces para poder hacer un buen seguimiento de las órdenes de protección y las medidas cautelares. Se acaba de dictar un instrucción, la 10/2007, por parte de
Ministerio del Interior, que espero que ayude a superar que se pueda hacer una mejor valoración en sede policial del riego en que se encuentra cada víctima.



¿Es viable que existan escoltas privados? Yo no tengo una opinión definitiva respecto a esta cuestión. Sí creo que hemos de aspirar, como he dicho y comparto con usted, a que ninguna mujer que tenga medida cautelar en vigor u orden de
protección en vigor muera en nuestro país, para garantizarle su vida y también como garantía del sistema, lo cual obliga a que mejoremos la valoración de las situaciones de riesgo tanto de policías como de jueces, mejoremos los efectivos y, en lo
que conozco, en el último protocolo, cuando por primera vez por escrito se dijo que la policía debería acordar en cada caso concreto, una vez recibe la copia del auto del juzgado, una orden de protección, hay un abanico de posibilidades que tiene la
policía para, en los casos más graves, poder efectuar incluso una vigilancia las 24 horas del día de una víctima que esté en extrema situación de riesgo, y otras medidas policiales menos gravosas según la valoración de riesgo. Esto es lo que se
trata de evaluar, esto es lo que está evaluando el Ministerio del Interior, esto es lo que se está evaluando en todos los organismos de coordinación; lo hacemos en el observatorio y se tendrá que hacer porque la ley obliga cuando se cumplan los
tres años de vigencia de la misma, y en todo caso todas la medidas que mejoren esta necesidad de que el control y el seguimiento de las ordenes de protección se haga valorando la especificidad e individualizando en cada caso qué medidas concretas se
precisan, es un esfuerzo que se está haciendo, lo cual no quiere decir que lo hayamos conseguido al cien por cien, a la vista de algunos resultados.



El informe de Amnistía Internacional lo leí en su momento y no comparto el pesimismo en la valoración de esta institución, a la que respeto muchísimo, pero junto con la crítica no se reconoce la trayectoria tan importante que este país ha
hecho en materia de violencia de género hasta conseguir que haya desaparecido esa sensación de impunidad que se tenía en el año 2000, según nuestros estudios, que se estén acordando medidas de protección a las víctimas, que sea prioritario para
muchos poderes públicos, que sea prioritario en los órganos judiciales gracias a la especialización a través de los juzgados de violencia sobre la mujer; sí esto no lo reconocemos, estamos describiendo solo una parte de la realidad.



En la asistencia letrada no hemos conseguido en el cien por cien de los juzgados compatibles un abogado de oficio solo para el juzgado de violencia de género, pero sí he de valorar como muy positivo el protocolo que firmó el Consejo General
de la Abogacía con el Ministerio del Interior para conseguir y garantizar la asistencia letrada en sede policial cada vez que haya una denuncia de una víctima en cualquier comisaría, y además se ha conseguido, según el informe del servicio de
inspección, que en un 63,6 por ciento de los juzgados de instrucción compatibles que tienen la violencia de género atribuida exista ya un letrado de oficio por el que gracias a este protocolo se garantiza que únicamente atienda la violencia de
género. Hemos de conseguir que sea el cien por cien. Como es muy difícil conseguir que los 386 jugados compatibles tengan al lado un ministerio fiscal, un forense y un letrado de oficio, antes de plantear la imposibilidad, es por lo que he
planteado esta vía, que por lo que veo muchas parlamentarias que han intervenido también se están planteando, entre otras cosas porque lo pusieron en la ley. Quizá porque ya estaban pensando que según la evaluación que hiciéramos dentro de los dos
o tres años de funcionamiento tanto de los


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exclusivos como de los compatibles, la propia ley abre otras vías. Pues la vía del 43 es la que yo propongo explorar, porque no es posible pensar en este país que los 386 juzgados compatibles tendrán los mismos medios que los 83 exclusivos.
En cambio sí podemos conseguir con la creación de más exclusivos agrupando partidos judiciales, y por tanto eliminando la compatibilidad en muchos juzgados, que todos los juzgados exclusivos que nazcan lo hagan con los mismos medios que tienen los
juzgados exclusivos.



¿Son eficaces los programas de rehabilitación? A estas alturas creo que en nuestro país no lo sabe nadie. Es verdad que no se han evaluado, porque estamos en una fase tan incipiente de su instauración que todavía tardaremos tiempo en poder
evaluar los resultados. Lo que sí pienso es que es una apuesta que hay que hacer decididamente, en primer lugar porque está en la Constitución; en ella está la finalidad rehabilitadora de todas las penas, sin exceptuar ni terroristas ni
maltratadores. Y luego porque están en la Ley integral. Insisto en que esta apuesta hay que hacerla y después tendremos que evaluar. Es verdad que se discute si en Europa estos programas han dado pocos o muchos resultados; en todo caso los que
han dado, aunque sean pocos, suponen resolver en la práctica centenares de situaciones en las que se trata de que no haya una reiteración delictiva. Se trata además de que hay víctimas que piden que a ellos también se les dé una oportunidad y un
tratamiento para ver si es posible que cambien, y, además, en una relación de convivencia que ya se ha roto pero que sabemos que tienen que relacionarse porque hay hijos menores, es bueno conseguir esta finalidad de reinserción social que todos
compartimos y que está en la Constitución.



En cuanto a la intervención de la señora Oliva, usted es partidaria de revisar el tema de la demarcación y de la planta y yo lo comparto. A mí me parece que solo a través de la reforma de la Ley de Demarcación y Planta se puede hacer,
porque la Ley integral abre la vía, pero es verdad que, por no haberse conseguido en la Ley de Demarcación y Planta, los juzgados que se van a crear ahora, el 28 de diciembre de este año, mejor dicho, están creados pero su funcionamiento empezará en
esa fecha -son en concreto 29-, estaban pensados para que ya pudiera haberse incorporado la suma de partidos judiciales. Sobre todo con relación a los 11 últimos, si ustedes repasan en qué partidos judiciales se van a crear, nuestras cifras indican
que por suerte no hay suficiente violencia de género que fundamente que un juez se dedique solo a la violencia de género y la opción de crearlos fue pensando que se hubiera podido hacer la suma de partidos judiciales.



Me refiero ahora a los condenados que cumplen sus condenas. En principio, las condenas se cumplen todas; otra cosa es quiénes ingresan en prisión en ejecución de la sentencia. Son dos cosas distintas, porque efectivamente siempre habrá
una franja muy importante de personas que sí cumplen su condena, pero no en prisión, porque la ley expresamente prevé que, en la primera condena y cuando no es superior a dos años, no ingrese en prisión. Esto es para los maltratadores en violencia
de género y para cualquier delincuente, porque el sistema de sustitución y suspensión de las penas está previsto para todo el mundo. Además, hay penas no privativas de libertad que también se imponen en estas sentencias condenatorias por violencia
de género. No puedo decirle el número de quienes están cumpliendo pena en prisión. Efectivamente, Instituciones Penitencias sí tiene esa cifra, se puede solicitar y yo la pondría a disposición de la Mesa, porque en estos momentos no tengo ese
dato.



Sería necesario, me decía la señora Oliva, saber, de estos juzgados que se crean en diciembre de 2007, un total de 83, cuántos son exclusivos.
Todos, todos van a ser exclusivos y por eso yo valoro seriamente el incremento de planta
judicial, que el Ministerio de Justicia, de acuerdo con las comunidades autónomas con competencias en materia de justicia, haya ampliado la planta en los juzgados exclusivos hasta totalizar los 83 que funcionarán en diciembre de este año. Es un
avance, porque efectivamente hay cosas en las que nos hemos quedado cortos en los medios, pero aquí sí que se puede decir que es muy importante el progresivo incremento de planta que en dos años se ha producido. Los 83 van a ser exclusivos; de
todas maneras creo que los 11 últimos nacen con el inconveniente de que, si no se modifica la Ley de Planta, no se justifica su creación, a la vista del número de asuntos de violencia de género que hay en aquel partido judicial.



Respecto al tema de la denuncias falsas, coincido con la reflexión que hacía la parlamentaria del Grupo Vasco y también la señora Pigem, de Convergència i Unió. Esta sospecha, que se introdujo en la sociedad sin datos, se enmarca en una
situación más general, que es de contraataque de muchos sectores sociales, sobre todo de aquellos que se ven afectados con el devenir de todas la medidas que el Poder Legislativo y que todos los poderes públicos estamos llevando a cabo para
conseguir la igualdad real entre hombres y mujeres y para poder erradicar la violencia de género.
Efectivamente, tiene muchos detractores esta ley. Se han dado muchos pasos y dentro de esta digamos campaña de desprestigio respecto a las medidas
que se están acordando es donde yo me explico que todavía esté este debate abierto y fomentado por algunos medios de comunicación, que además lo magnifican, teniendo en cuenta que nadie ha aportado datos. Y quiero decirles seriamente que no han
aportado datos porque no los hay de forma significativa; los hay como en cualquier delito y los jueces y fiscales están para cribarlos.



Asuntos civiles. Por eso hay que hacer las evaluaciones. Es verdad que hay una desproporción. Si comparamos los asuntos penales abiertos en dos años con los asuntos civiles abiertos también en dos años, tendremos que hacer una reflexión.
Yo en estos momentos no estoy en condiciones de sacar conclusiones, porque


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me gusta, cuando hago una conclusión, tener datos más complementarios.
Tampoco me atrevo a decirlo porque está en manos del servicio de Inspección y pretendemos que el estudio esté hecho a los tres años, para poder también aportarlo cuando
se haga el balance en el Observatorio estatal y que también tendrá que hacer el Gobierno en aplicación de la Ley integral. Estamos estudiándolo, ya digo que a través del servicio de Inspección, con un seguimiento más riguroso que este primero que
se ha hecho, que comprenda más juzgados de Violencia sobre la Mujer compatibles, para saber cuál es el tiempo medio de respuesta judicial en los procedimientos civiles. Es verdad que en algunos partidos judiciales hay mucho retraso y hay letrados
que están optando por ir a la vía civil y por tanto silenciar situaciones de violencia de género. Que esto sea generalizable es lo que no me atrevo a decir, porque no tenemos un estudio serio de seguimiento de todos los juzgados de Violencia sobre
la Mujer para poder hacer este cómputo de tiempo de respuesta real de los procedimientos civiles para dictar sentencia. Creo que a los tres años estaremos en condiciones de tenerlo y a partir de ahí tendremos una mejor posibilidad de evaluar si
efectivamente la opción legislativa de atribuirles también los asuntos civiles es buena o no. Yo de momento pienso que hay que seguir con la que hay, para dar más tiempo a poder evaluar estos resultados.



En cuanto al número de condenados, en los datos que yo he aportado no está la cifra sumada, porque está desglosada según sean juzgados de lo Penal, juzgados de Violencia o audiencias provinciales. Sí que he hablado de 69.400 personas
juzgadas, de las cuales un 72 por ciento han sido condenadas; o sea que hay 50.086 personas, en dos años, condenadas por delitos de violencia de género. A mí me parece que es un dato significativo, importante, que ahí está. La respuesta al
porcentaje de absoluciones creo haberla dado, una parte es porque se produce retirada de la acusación por el ministerio fiscal si la víctima renuncia a declarar en el juicio porque se acoge a la dispensa, y otra es que, manteniendo la víctima la
denuncia y su declaración, siendo la única prueba no crea convicción suficiente al juzgador y, por falta de pruebas o por falta de pruebas suficientes, se absuelve. Es de los delitos donde hay más problemas probatorios por parte de las víctimas,
seguramente el que más, por esa cuestión de que la mayoría de estos actos violentos sucede intramuros de los domicilios. Por eso creo que hemos avanzando mucho en este país al conseguir un 72 por ciento de las condenas y he afirmado que pienso que
no hay sensación de impunidad, lo cual no quiere decir que no tengamos que caminar mucho todavía para conseguir la especialización y formación de todos los jueces y que no existan algunas sentencias contradictorias o criticables.



Voy a referirme a la coordinación. La última parlamentaria, del Grupo Socialista, coincidía y hablaba de cuestiones que se están haciendo desde el Gobierno y otras instituciones públicas que están responsabilizadas en la aplicación de la
Ley integral. Me preguntaba si puede ayudar el 016 a una mayor implicación social. Creo que sí, para esto se ha hecho, para eso se ha iniciado esta campaña, que también tendremos luego que olvidar.
No he hablado de la coordinación con las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado y con el resto de administraciones públicas desde los juzgados de instrucción, seguramente porque es de las cosas que mejor están funcionando en los juzgados exclusivos y que mejores resultados nos están dando.



Y ya, por último, voy a hablar de este 20 por ciento, que ha pasado a ser un 30 por ciento, de víctimas que sí denuncian y que han encontrado su muerte a pesar de haber denunciado. Nuestras estadísticas dicen que, de este 30 por ciento de
mujeres muertas, en 58 casos se habían adoptado medidas cautelares; en el resto no se habían adoptado. ¿Por qué? Porque nadie las pidió, ni el fiscal ni ella. Hemos de pensar que hay mujeres que denuncian por primera vez un acto violento, que
antes era constitutivo de falta y que ahora es un delito menos grave, pero es la primera agresión o la primera amenaza de muerte sin exhibir arma. Digo que hacen la denuncia pero no quieren separarse del agresor, no piden ninguna orden de
protección, porque entienden que no están en situación de riesgo y tampoco entiende el ministerio fiscal, de todo lo que se examina, que está en situación de riesgo; por tanto, hay una denuncia pero no ha habido una petición de medidas cautelares.
Efectivamente, hay casos en los que hemos de aceptar que, aunque después se produzca la muerte, no se ha podido en su momento evaluar, de las propias declaraciones de ella y del hecho denunciado, la magnitud en la que se podía convertir
produciéndose después el asesinato. De los 58 casos en los que se habían adoptado medidas cautelares de protección a la víctima, en un 20 por ciento la orden de protección estaba en vigor. Son estos nueve casos del año pasado en los que murieron
en España mujeres teniendo orden de protección en vigor. Es verdad que son pocas, si lo comparamos con el grueso de mujeres muertas, pero el objetivo que se ha de conseguir es que ninguna mujer muera, a pesar de que la orden de protección, lo
sabemos, nunca será una medida infalible; sí hemos de aspirar a mejorar todos los sistemas de protección para que no se produzca ninguna muerte en España existiendo orden de protección en vigor.



Me he dejado muchas contestaciones en el tintero, pero quedo a su disposición. Muchas gracias por su atención.



La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señora presidenta, por su trabajo cotidiano a lo largo de los tiempos y por su rigor y su exhaustiva, yo creo, comparecencia. De verdad le agradecemos muy sinceramente el esfuerzo que ha realizado.
(Pausa.)


COMPARECENCIA DE LA SEÑORA SECRETARIA GENERAL DE POLÍTICAS DE IGUALDAD (MURILLO DE LA VEGA), PARA INFORMAR DE


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LAS MEDIDAS E INSTRUMENTOS PUESTOS EN MARCHA PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y, EN PARTICULAR, EL PLAN DE SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. A
PETICIÓN DEL GOBIERNO. (Número de expediente del Congreso 212/001654 y número de expediente del Senado 713/001115.)


La señora PRESIDENTA: Continuamos la sesión con la comparecencia de la secretaria general de Políticas de Igualdad, para informar de las medidas e instrumentos puestos en marcha para la aplicación de la Ley orgánica de medidas de protección
integral contra la violencia de género y, en particular, el Plan de sensibilización y prevención de la violencia de género. Es una comparencia que ha solicitado la propia secretaria general, a la que damos la palabra y agradecemos su presencia.



La señora SECRETARIA GENERAL DE POLÍTICAS DE IGUALDAD (Murillo de la Vega): Comparezco ante esta Comisión para exponer las principales línea de la Ley de Violencia. Voy a hacer un recorrido global sobre la misma ley y después me detendré
en los puntos que les parezcan importantes, de cara a que conozcan todos los aspectos de la implementación de la Ley de Violencia de Género.



Como secretaria general de Políticas de Igualdad, saben que me compete la máxima responsabilidad de lo que significa la coordinación y el seguimiento de distintas medidas a través de la delegación especial del Gobierno contra la violencia de
género. A nadie se le escapa que desde el primer momento las políticas de igualdad han sido centrales y una de las prioridades máximas del Gobierno. El primer proyecto de ley se aprueba en Consejo de Ministros, después se considera ya una Ley
integral contra la violencia de género y, además, el presidente cumple con uno de los compromisos que adquiere en su debate de investidura. Durante la elaboración de este proyecto, el Consejo de Ministros aprueba el 7 de mayo de 2004, apenas un mes
después de la constitución del Gobierno, un Plan de medidas urgentes para la prevención de la violencia de género. Es decir que, una vez que se aprueba la ley, además se implementan medidas, que ha sido una constante en toda la actuación con
respecto a la ley y a su aplicación. Este plan implicaba a cuatro departamentos ministeriales y contemplaba medidas de gran relevancia, como la extensión del servicio de teleasistencia móvil a las víctimas de violencia; después ha tenido su
reflejo en una serie de iniciativas que se han adoptado en la misma implementación de la ley.



La Ley integral, como ustedes bien saben, fue aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados. Sin duda, esta ley ha sido abordada, en sus disposiciones normativas, por la señora Comas, que también ha comparecido hoy. Únicamente me
gustaría resaltar un informe emitido por el Observatorio estatal de violencia sobre la mujer, un órgano compuesto en paridad por las instituciones más representativas en esta lucha y por la sociedad civil, porque este observatorio ha planteado y ha
puesto de relieve, lo que representa un consenso, que una vez aprobada por unanimidad en el Parlamento también implica una participación importante de asociaciones de mujeres y por supuesto el reconocimiento de lo que ha supuesto el feminismo en la
elaboración de la ley. La ley pretende abordar el problema de una manera global y multidisciplinar, pues así se demanda y se nos mandata ante los organismos internacionales. La violencia de género obedece a un conjunto plural de factores. Ustedes
saben que en nuestro país la violencia era fundamentalmente doméstica y estaba relacionada con la paz familiar, y desde ahí se garantizaban los derechos de las mujeres, pero no por el hecho de ser mujeres. Esta ley viene a situar el problema de la
violencia de género en el marco de la discriminación y de la igualdad y es la primera vez que así se hace. De esta manera se afronta la violencia de género como un problema estructural y político y se pone como un asunto de Estado, con el firme
compromiso y propósito de que todos los poderes públicos y la ciudadanía adopten una tolerancia cero con respecto a la violencia.



Quiero resaltar que se aprueba la ley por unanimidad y por unanimidad también se acuerda que la violencia de género se ejerce sobre las mujeres por el hecho de ser mujeres. Este acuerdo sobre la raíz y la definición del problema es
importantísimo, porque significa que se coloca la violencia de género como la máxima manifestación de desigualdad. Estos aspectos han convertido la Ley integral en un precedente internacional y hacen de ella un instrumento muy eficaz para luchar
contra este grave problema. Así lo hemos manifestado y se ha visualizado en cuanto que ha supuesto la aprobación y la adopción de medidas en 50 consejos de ministros, 15 en 2005, 18 en 2006 y 17 hasta la fecha en que nos encontramos. La Ley
integral implica siempre una mejora de respuesta, que es algo que la delegada especial del Gobierno subraya de manera reiterada, en la medida en que supone la modificación de cuatro leyes orgánicas y ocho leyes ordinarias y que hace realidad uno de
los problemas fundamentales que para mí es clave, y es que no se trabaje en compartimentos estancos, sino que se trabaje desde el punto de vista de la transversalidad.



Las medidas adoptadas han respondido a una doble finalidad, por una parte desarrollar las previsiones de la Ley integral y, por otra, actuar en aquellas áreas susceptibles de mejora. Es decir, la Ley de Violencia de Género ha contado desde
el principio con la institucionalización de un órgano para que vigile, coordine y tutele la aplicación de la Ley de Violencia de Género, que es la Delegación especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, según preveía el artículo 29 de
la Ley integral, y esta Delegación especial formula políticas públicas en relación con la violencia de género. La delegada especial está legitimada ante los órganos jurisdiccionales


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para intervenir en defensa de los derechos que tutela la Ley integral, coordina e impulsa que se desarrollen medidas en esta materia y esta función la desarrolla en colaboración con el Observatorio estatal de violencia sobre la mujer. Tiene
un carácter paritario, como ya puse anteriormente de relieve, y se constituye como el mejor órgano posible de colaboración institucional; también está representada la Administración General del Estado y la Administración autonómica, lo que le
convierte en un órgano de asesoramiento en esta lucha contra la violencia. Tiene competencia en la elaboración de estudios e informes y merece señalarse también la facultad que tiene el observatorio para emitir respuestas y propuestas de actuación
al Gobierno.



El primer informe de este observatorio, mencionado anteriormente, emitido al año de su constitución, tal y como mandata el artículo 30 de la Ley integral, visto por el Consejo de Ministros el día 13 de julio y enviado a esta Cámara para su
conocimiento, contiene un conjunto de propuestas en los distinto ámbitos de actuación, entre las que se incluye un sistema de indicadores y variables que significa un prediseño de la base de datos del observatorio, una base nutrida y compartida por
todos los actores que intervienen en la lucha contra este fenómeno, y nos permite analizar de manera homogénea la evolución del fenómeno violento. Saben que necesitamos un sistema que al menos pueda homogeneizar lo que significa un buen diagnóstico
a través de indicadores y variables. Desde sus funciones de seguimiento y evaluación, la Delegación especial de Gobierno elabora su primer balance de la Ley integral, aprobado por el Consejo de Ministros el día 15 de diciembre y posteriormente
remitido a esta Cámara.
Después de este balance, al año y medio de entrada en vigor de la ley, cuando la disposición adicional undécima lo mandataba a los tres años, nos parecía, y a la delegada especial del Gobierno de manera particular, que era
necesario hacer unos balances en unos períodos más cortos, para poder implementar medidas en la forma que aquellas situaciones necesitaran una mejora de respuestas. Nos ha permitido verificar que todas las disposiciones de la ley se han
desarrollado o se encuentran en vías de desarrollo a corto plazo. Ha posibilitado, desde la detección de áreas susceptibles de mejora, que se articulase un Plan nacional de sensibilización y prevención de la violencia de género, además de un
catálogo de medidas urgentes -ambos se aprobaron en Consejo de Ministros el día 15 de diciembre de 2006- y 10 medidas adicionales aprobadas también por Consejo de Ministros el día 2 de marzo. En total son 142 las medidas que tienden a la mejora de
la respuesta frente al fenómeno de la violencia.



El Plan de sensibilización y prevención de la violencia de género trabaja 102 medidas, distribuidas en 12 ejes de intervención, que contaron con el apoyo del pleno del Observatorio estatal y de todas las comunidades autónomas a través de las
distintas conferencias sectoriales. Este plan cuenta con el consenso, fundamentalmente en cuanto a los ejes que plantea y a medidas que va a promover. Constituye un marco común de actuaciones, alcanza, insisto, una valoración compartida de todos
los actores implicados, desde los distintos ámbitos competenciales, y se comparten conceptos y directrices básicas sobre cómo definir la violencia y cómo establecer una repuesta que mejore sus resultados. Alcanzar la plenitud del derecho de
ciudadanía es importante para el observatorio y lo entendemos fundamentalmente desde el punto de vista de la dignidad. Saben que la dignidad se pierde cuando una persona pasa a ser un instrumento de la voluntad de otra persona. Que nadie pertenece
a nadie es clave en la definición de la violencia. Alcanzar la plenitud del derecho de ciudadanía, alcanzar la plenitud de la dignidad, supone un cambio en el modelo de relaciones entre hombres y mujeres. Creemos que es importante también esa
educación sentimental que, gracias al Plan de sensibilización y a todas las actuaciones que particularmente se hacen en corporaciones locales, en comunidades autónomas por cualquier agente, por cualquier persona que quiera introducir un cambio, va a
suponer cambios en la actitud social frente al fenómeno de la violencia. Cada vez se tolera menos y la respuesta es más inmediata.



Este plan pretende alcanzar la plenitud del derecho a la ciudadanía. ¿Y cómo lo hace? A través de una serie de medidas. Primero, reforzando el valor de la igualdad en todo el sistema educativo; es decir, que se introduzca en el
currículum de todo el sistema educativo en los diferentes niveles que este contempla. Se fomenta la cultura de la igualdad y se fomenta también que los medios de comunicación controlen sus mensajes y tengan una vigilancia sobre ellos en cuanto a la
publicidad; por lo tanto se hacen cursos de formación para profesionales y acuerdos de autorregulación. Se implica también al sector empresarial, como lo hemos hecho en la Ley de Igualdad, mediante la promoción de buenas prácticas; para ello se
ha elaborado un logo identificativo de lucha contra la violencia de género. Se aumenta el conocimiento del fenómeno violento mediante la elaboración de indicadores que permitan analizar su magnitud y evolución, porque necesitamos saber cómo incide,
especialmente en qué circunstancias se da la violencia y cuáles son las raíces que la provocan. En este punto me gustaría abundar en lo dicho anteriormente en relación con que el informe del observatorio desarrolla esta previsión al contener un
sistema de indicadores y variables en su base de datos. Hoy está en elaboración y se está trabajando a través de convenios con todos los actores implicados, para conseguir la dotación de información. Trabajamos en conexión directa con comunidades
autónomas precisamente para lograr este objetivo; también en la realización de campañas de información y sensibilización permanentes y accesibles que hagan hincapié en la gravedad del problema y atiendan su evolución.



El segundo objetivo del observatorio se trata especialmente de mejorar la respuesta frente a la violencia de género mediante mayor protección para las mujeres víctimas de violencia de género, mejor atención a través


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de la evaluación de los recursos que garantizan el derecho a la asistencia social integral y promoción de proyectos autonómicos y locales innovadores en la materia. Mayor especialización en todos los profesionales mediante la elaboración de
criterios comunes para su formación; la formación debería tener, y de hecho así lo pretendemos, unos criterios comunes en cuanto a recordar cómo hemos definido la violencia mediante acuerdo de todos, para que se pueda dar una respuesta más adecuada
en cuanto a que el conocimiento tenga una homogeneidad, lo que permite combatir el fenómeno en la misma dirección. Y, a pesar de que su plazo de ejecución es de dos años, 2007 y 2008, y de que apenas han transcurrido diez meses desde la aprobación
del plan, tengo que decirles que hemos cumplido con el 75 por ciento de las medidas.



En el catálogo de medidas urgentes del Gobierno, como les he dicho, vamos implementando medidas según el análisis y vigilancia que establece la Delegación especial del Gobierno. Sus 20 medidas se agrupan en cuatro grandes objetivos:
aumentar la atención y la sensibilización y para ello se pone en macha un teléfono estatal gratuito de información y asesoramiento, un asesoramiento jurídico especializado y personalizado durante 24 horas; la extensión de teleasistencia móvil a la
orden de alejamiento; un protocolo común de atención sanitaria y planes concertados con empresas en sensibilización e inserción laboral. Se quiere también reforzar los mecanismos judiciales y de seguridad y para ello existen 222 nuevos efectivos
en las unidades especializadas de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; 43 nuevos juzgados exclusivos, por ejemplo, solo en Madrid se pasa de 6 juzgados a 10; 43 nuevos fiscales especializados, un protocolo común de evaluación del riesgo para
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la creación de unidades de evaluación integral en todas las provincias. La siguiente medida trata de mejorar la coordinación de todos los profesionales y de los recursos, para ello se crean unidades de
coordinación de violencia en todas las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno; existen actualmente 59 unidades de violencia. Pretendemos también conseguir la máxima inhibición de los maltratadores con la extensión de programas de
rehabilitación y con el seguimiento permanente a través de dispositivos electrónicos. Hay otras diez medidas adicionales puestas en marcha, como ya les advertí anteriormente, que van dirigidas a mejorar el conocimiento de este fenómeno, así como a
incrementar recursos y aumentar la movilización social. Tres meses después del Consejo de Ministros de 22 de junio se aprobaron 28 acciones para garantizar la inmediata ejecución de las propuestas del Congreso de los Diputados que se recogen en la
moción aprobada por unanimidad de todos los grupos parlamentarios. Yo quiero agradecer a todos los grupos parlamentarios aquí presentes las medidas que han propuesto, porque indican un extraordinario conocimiento de la ley y del tema de la
violencia de género. El 19 de junio de 2007 fue cuando se aprueban estas 28 acciones, 17 están cumplidas y las 11 restantes se encuentran en una previsión de ejecución a corto plazo.



El desarrollo de las distintas medidas del Plan de sensibilización y el catálogo de medidas urgentes ha supuesto en diez meses un incremento presupuestario. No hay institucionalización, no hay medidas que puedan sostenerse si no hay un
presupuesto que las convalide. A comienzos del año 2007 teníamos gastados 141.500.000 euros, a día de hoy tenemos gastados 212 millones de euros; es decir, un incremento del 50 por ciento. ¿Cuáles son los resultados de la Ley integral? La Ley
integral ha fortalecido las medidas de sensibilización. En el ámbito educativo se han incorporado en el curriculum de la enseñanza obligatoria los contenidos destinados a promover la educación en valores. Es cierto que tenemos un sistema
coeducativo, pero hay que mejorar ostensiblemente lo que significa la resolución de conflictos y sobre todo la diversidad en valores y el respeto mutuo, de ahí que demos la bienvenida a la asignatura de educación para la ciudadanía. En los medios
de comunicación, entre otros, merece destacarse la creación de una comisión asesora de la mujer en cuanto a la publicidad y a los medios de comunicación. Se firma un acuerdo para el fomento de la autorregulación de la actividad publicitaria con la
Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial. Firmamos un convenio marco de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para la cooperación mutua en el ejercicio de
las facultades de control, inspección y sanción sobre medios audiovisuales. En la formación profesional se han aprobado criterios comunes y se han elaborado calendarios de formación para todos, operadores jurídicos, profesionales sanitarios,
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y en este último caso esos criterios se han facilitado a policías autonómicas y locales a través de la Federación Española de Municipios. Asimismo, en la Administración General del Estado por primera vez
desde la Ley integral contra la violencia de género se están incluyendo módulos de igualdad sobre violencia de género y también sobre igualdad; es decir, que también en los planes de formación de los profesionales que prestan sus servicios al
público está incluida esta materia que anteriormente no estaba incluida.



La Ley integral ha mejorado la información y atención a las víctimas, ha reconocido su derecho a la información a través de la edición de guías y folletos para la difusión y para que sepan exactamente con qué recursos cuentan para hacer
valer sus derechos. Se ha garantizado la accesibilidad, especialmente a las mujeres inmigrantes -varios idiomas-, a la mujer rural -distribución de 300.000 folletos en ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes-, un teléfono gratuito de información
y asesoramiento 24 horas, el 016. Tenemos también una asistencia social integral. Por el artículo 19 de la ley, en el periodo 2005-2007, se han distribuido 26 millones de euros a las comunidades autónomas y 2 millones y


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medio de euros a las entidades locales con la finalidad de que se cumpla y garantice el derecho a la asistencia social integral. En el ámbito sanitario, por primera vez también se incluye en la cartera de servicios del Sistema Nacional de
Salud la detección y atención a la violencia de género en atención primaria, que es la primera consulta, como bien saben, donde las mujeres van a buscar otro tipo de solución, pero que el facultativo puede detectar que está ante un caso de violencia
de género.
Se ha aprobado un protocolo común para la actuación sanitaria ante situaciones de violencia de género en el Sistema Nacional de Salud, tenemos ya un protocolo. En el ámbito laboral, todos los derechos laborales y de Seguridad Social
están establecidos y se hacen efectivos a favor de las víctimas. Por primera vez se garantizan las ayudas económicas a las víctimas de violencia de género, aquellas que se encuentran en una situación de precariedad económica y tiene especiales
dificultades para acceder a un empleo cuentan con ayudas económicas. Se ha incluido como colectivo prioritario en el acceso a viviendas protegidas y residencias públicas para mayores, el anticipo con carácter de urgencia de las cuantías de las
pensiones de alimentos a favor de los hijos menores que sean adecuadas para el agresor a través de la creación de un fondo, que está dotado con 10 millones de euros. La ley ha instaurado un sistema integral de tutela institucional que vela por la
adecuada coordinación de los actores implicados, garantiza el seguimiento y la evaluación continua de la evolución de la violencia de género.
Quiero destacar los protocolos aprobados en todos los ámbitos de actuación, de forma especial en el ámbito
judicial y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El primer informe anual del Observatorio estatal de violencia sobre la mujer sobre la evolución de esta violencia y la efectividad de las medidas puestas en marcha, que contiene un sistema de
indicadores sobre el cual se construirá la base de datos del observatorio, significa un avance importante en cuanto a que el conjunto de las propuestas son un refuerzo y continuación del Plan de sensibilización y el catálogo de medidas; es decir,
es una constante situación de mejora de respuesta a través de medidas y de implementación de las medidas.



La Ley integral ha incrementado la seguridad de las víctimas a través de un seguimiento individualizado de la valoración policial de la situación de riesgo y del control de los agresores a través de la implantación y extensión del programa
de reeducación. Contamos con un convenio marco de colaboración entre el Ministerio del Interior y la Federación Española de Municipios en materia de seguridad ciudadana y seguridad vial, que permite habilitar la colaboración y participación de los
cuerpos de policía local en las funciones de policía judicial. Con respeto al refuerzo de seguridad de las víctimas, les aporto datos. Aunque no se dispone todavía de instrumentos adecuados para conocer correctamente la dimensión en España, la
Delegación Especial de Gobierno y el Observatorio ha reflotado los datos de la última macroencuesta sobre la violencia contra la mujer, lo que permite señalar que en el año 2006 el 6,3 de las mujeres de 18 y más años residentes en España manifiestan
haber sufrido maltrato por su pareja o ex pareja alguna vez en su vida. Este porcentaje es equivalente a 1.200.000 mujeres. El 2,1 manifiesta haberlo sufrido en el último año, lo cual representa que esta situación de maltrato afecta
aproximadamente a 400.000 mujeres. En consecuencia, las dos terceras partes de las mujeres que han sufrido maltrato de género alguna vez en su vida han salido de esta situación, por lo cual podríamos calcular su número en 800.000 mujeres. La
manifestación de maltrato se da en mujeres de todas las edades, no se puede hablar de perfil, ya saben que el perfil es una serie de circunstancias que hablan de una actitud concreta de un individuo, y en este caso afecta a todas las edades, clases
sociales, situaciones laborales, tamaños de municipios, nivel educativo, posicionamiento ideológico, religioso, clase social. Es importante resaltar las respuestas de las víctimas. Las denuncias interpuestas ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado y las policías autonómicas de Cataluña y Euskadi han aumentado en un 70 por ciento desde el 2002 al 2006. La tasa de denuncias por cada 1.000 mujeres de 18 años y más ha pasado del 2,66 por ciento en el año 2002 al 4,29 en el año 2006.
Por lo que se refiere exclusivamente a las denuncias interpuestas ante Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, solo entre enero y agosto de este año 2007 se han interpuesto 42.499 denuncias, lo que implica 175 denuncias diarias en estos 243 días.
Tanto por lo que se refiere a números absolutos como a la tasa, se trata de aumentos sostenidos en el tiempo.
En cuanto a las órdenes de protección, de acuerdo con los datos de Ministerio de Justicia, desde el 29 de junio de 2005 al 31 de agosto de
2007 se ha solicitado un total de 110.936 órdenes de protección, de las que se acordaron 90.242; es decir, un 81 por ciento de las órdenes solicitadas, y se denegaron el 18,7; es decir, 20.694 órdenes de protección. La media mensual de
solicitudes de órdenes de protección se incrementó en el 2006 en relación al año anterior en un 3,4. A 31 de agosto de 2007, 5.898 mujeres contaban con medidas cautelares y 27.943 mujeres contaban con orden de protección, lo que suma un total de
33.841 mujeres.



¿Cuál es la situación laboral de estas mujeres? La mayoría manifiestan en la macroencuesta ser víctimas de esta violencia en el último año y dicen que están trabajando; es decir, que su tasa de actividad además es muy superior a aquellas
mujeres que manifiestan no haber sufrido maltrato en el último año. Sin embargo, la tasa de paro de las que declaraban haber sido objeto de maltrato por su pareja o ex pareja también es superior a las que manifestaron no haber padecido este tipo de
maltrato. Respecto a las medidas laborales, de Seguridad Social y de apoyo económico, cabe destacar: desde enero de 2005 a agosto de 2007 se han registrado en las oficinas de empleos un total de 1.127 contratos bonificados para víctimas de
violencia, el 24,5 de dichos contratos tiene


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carácter indefinido. Además, durante este periodo se registran 127 contratos de sustitución de victimas de violencia de género. En cuanto a la renta activa de inserción, la percibieron 11.566 mujeres en el año 2006 y 11.933 entre enero y
agosto de este año, además 712 mujeres percibieron ayudas por cambio de domicilio en el año 2006 y 490 lo hicieron entre enero y mayo de 2007. Durante 2006 y hasta el 31 de julio del 2007, 152 mujeres se habían beneficiado de ayudas económicas
según lo previsto en el artículo 27 de la Ley orgánica contra la violencia de género. Se ha producido un aumento constante de las usuarias del servicio de teleasistencia móvil, la cifra de usuarias en alta el 1 de octubre de 2007 era de 7.987;
desde diciembre de 2006 hasta esta fecha se ha incrementado en un 40 por ciento.



Respecto a las víctimas mortales por violencia de género, entre el año 2000 y el 11 de octubre de 2007 su número ha ascendido en total a 494 víctimas. Por lo que se refiere a la tasa de mujeres muertas por violencia de género por millón de
mujeres mayores de 18 años a lo largo del mismo periodo, la más alta correspondió al año 2003 -3,8- y la más baja al año 2001 -2,8-. Debe tenerse en cuenta que en el periodo considerado la población española ha tenido un importante crecimiento, en
buena parte debido a la presencia e incremento de la población extranjera, y sin embargo cabe señalar la sobrerrepresentación tanto de agresores como de víctimas extranjeras. Hemos destinado recursos a la atención de situaciones de violencia de
género, más de 212 millones de euros se destinan a la lucha contra la violencia de género en el año 2007, un 50 por ciento más de lo previsto en el presupuesto inicial para este año, que era, como saben, 141.500.000 euros. La dotación prevista en
el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2008 asciende a 247.800.000 euros, lo que supone un incremento de un 75 por ciento en relación con la dotación inicial asignada a los Presupuestos Generales del Estado. Saben que la
implementación de medidas supone la vigilancia y si es necesario además respaldarlas económicamente, se va a hacer con créditos extraordinarios como se ha hecho hasta el momento. En este sentido, contamos con un incremento, como les digo, del 75
por ciento. Se ha incrementado un 418 por ciento el número de juzgados de violencia sobre la mujer exclusivos. Ya disponemos de 83 juzgados de violencia sobre la mujer exclusivos. Ha supuesto un incremento del 150 por ciento el número de unidades
forense de evaluación integral en el territorio competencia del Ministerio de Justicia, garantizándose la existencia de al memos un juzgado por provincia. Se ha aumentado en un 117,5 por ciento el número de efectivos de las unidades especializadas
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tendremos 1.614 a finales del año 2007.



A modo de conclusión les diré lo que para nosotros ha resultado más importante. Primero, esta ley surge de un consenso, de una unanimidad tanto sobre los criterios de definición de la violencia como de la necesidad de que aprobara una ley
de carácter integral que vertebrara todas las medidas. Se ha elaborado y aprobado el Plan nacional de sensibilización y prevención de la violencia de género. Nosotras estamos especialmente orgullosas de la aprobación de la moción de 19 de junio,
porque implicaba un seguimiento de la ley también por el Parlamento, y destacamos en este punto la celeridad del Gobierno para que el 22 de junio el Consejo de Ministros siguiente a que ustedes presentaran la moción aprobara un conjunto de medidas
para dar cumplimiento a lo instado por ustedes. En definitiva, quiero resaltar la labor compartida que hemos tenido con los grupos, con las comunidades autónomas, con asociaciones de mujeres, que nos ha permitido ir mejorando la respuesta a través
de un elemento clave como el Observatorio contra la violencia de género, y yo creo que estamos dando un ejemplo todas las personas aquí reunidas, con esta ley, con la aplicación de la ley, de que la lucha contra la violencia de género debe
constituir siempre una prioridad para todos los gobiernos. Para este lo ha constituido y lo seguirá constituyendo, porque el principal objetivo de Ley integral de la violencia de género es que aumente el número de denuncias y cada vez se tolere
menos que esta se produzca en cualquier ámbito público o privado.



La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Murillo, por su exposición.
Estamos seguras de que luego tendremos ocasión de leer su exposición en el 'Diario de Sesiones'. Agradecemos también a las profesionales de la Cámara la rapidez con
la que han tenido que tomar nota. Pasamos al turno de intervenciones por parte de los grupos parlamentarios. En primer lugar, tiene la palabra la señora Oliva del Grupo Esquerra Republicana de Catalunya.



La señora OLIVA I PEÑA: Bienvenida, secretaria general. La vimos la semana pasada en la comparecencia de presupuestos y algunas de las cuestiones ya las planteé entonces, pero creo que también se las debería de plantear hoy.



En primer lugar, me ha parecido entender, y lo estaba comentando con la diputada Mercè Pigem, que se había creado el fondo de alimentación. Yo tenía entendido que está en la propuesta de los próximos Presupuestos Generales del Estado para
el 2008, dotado con 10 millones, pero creo que no se ha creado aún. En todo caso, pediría que nos aclarase si realmente se prevé esa partida presupuestaria pero no se ha creado el fondo, y si ya se hubiese creado que nos diese un poco más de
información, cuándo ha sido, cómo se van a distribuir esos fondos, cuál va a ser la participación de las comunidades autónomas, etcétera.



En segundo lugar, también ha hecho referencia en su intervención a una coordinación, por ejemplo, con los cuerpos de seguridad a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, se lo comenté en la comparecencia de presupuestos
de la semana pasada. Hay asociaciones de municipios que no están integradas en


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la Federación Española de Municipios, como puede ser la Associació Catalana de Municipis, con lo cual ahí tendríamos un vacío; es decir, toda la cobertura que da esta asociación a determinados municipios no formaría parte de esta
coordinación. Creemos que por un sentido de competencia política todo este tema de coordinación y de transferencia de recursos materiales, sobre todo económicos, tendría que hacerse antes que a través de los municipios o de las provincias, a través
de las comunidades autónomas, de los gobiernos autonómicos y, más concretamente, de los institutos de la mujer de cada una de las comunidades autónomas.



También le quería hacer una referencia a los criterios de transferencia de los recursos económicos hacia las comunidades autónomas, porque a veces desde Esquerra Republicana creemos que son un poco restrictivos.
Limitarlo, por ejemplo, a
infraestructuras o a planes de innovación, puede dar lugar, como ha salido en la prensa estos días, a que no se puedan satisfacer esos recursos, y evidentemente en cualquier tema, pero especialmente en el tema de la violencia de género, no podemos
permitir este lujo de ir derrochando de esta forma, si me permite esta expresión, este dinero, porque realmente es muy necesario. Con lo cual, desde Esquerra Republicana pediríamos una mayor autonomía de gestión y de designación de estos recursos
económicos por parte de las comunidades autónomas. Son ellas las que conocen cuál es la red de atención, de servicios y de ayudas, y sobre todo también de entidades y de asociaciones de mujeres que hay en su territorio, por lo tanto son ellos, los
gobiernos autonómicos, en coordinación en este caso con los corporaciones locales, los que saben donde hacen falta esos recursos económicos, y en consecuencia pediríamos un poco más de flexibilidad, de mayor autonomía para las comunidades autónomas
en estos casos. Por otro lado, y también se lo preguntamos en la comparecencia de presupuestos, le queríamos preguntar cuál va a ser la cobertura económica o la gestión del recurso del teléfono 016 en los casos en que hay un recurso similar, hay un
teléfono propio en algunas comunidades autónomas. ¿Cómo se va a gestionar ese posible conflicto de recursos? Porque hay unos recursos en unas comunidades autónomas que funcionan muy bien y que son muy conocidos por las mujeres y por la ciudadanía
en general de esas comunidades autónomas y, por lo tanto, creemos que aquí hay un pequeño problema que se debería solucionar.



Desde Esquerra Republicana creemos que este plan es positivo y por lo tanto le damos nuestro apoyo; hay que ir desarrollándolo para ir alcanzando con mayor eficacia todos los objetivos que nos habíamos planteado en este plan y en otras
medidas, como las que se derivan de la moción que aprobamos en sede parlamentaria. Pero


hay un tema fundamental en el asunto de la prevención y de la atención en el caso de las violencias contra las mujeres o violencia machista, y es dar confianza a las mujeres. Aún estamos lejos de que todas las mujeres tengan la confianza
suficiente en las instituciones y en los poderes judiciales, en los poderes policiales, en fin, en toda la red de recursos que hay desde los diversos ámbitos que quieren trabajar en beneficio de esas mujeres; aún falta un poco de esta confianza y
estaría bien que discutiésemos, no hoy, largo y tendido, porque es muy importante, cómo lograr esta confianza. Finalmente -y termino, señora presidenta- también le queríamos solicitar un mayor apoyo por parte de la Administración General del
Estado, y más concretamente de su secretaría, para los recursos generalistas. Es decir, hay un apoyo económico y logístico para los recursos de atención específicos en casos de violencia, pero no hay que olvidar que en muchas comunidades autónomas,
entre ellas Cataluña, tenemos una red de SIAT, de puntos de atención y de información a las mujeres. Son servicios generalistas, es una puerta de entrada; allí puede ir la mujer tanto para preguntar algo del ámbito laboral como del ámbito de la
violencia u otros aspectos mucho más graves. No siempre tienen que ser los servicios sociales los que canalicen estos temas, sino que también pueden ser estos servicios generalistas. Por tanto, como puerta de entrada a un estadio superior a la
detección de casos de violencia y a la posibilidad de poder derivar esta mujer a centros específicos de atención y de rehabilitación en casos de violencia de género, queríamos que también desde el Estado se diese un mayor apoyo a estos servicios.

Como le digo, en Cataluña están bastantes consolidados, y con la nueva ley que hemos aprobado o que está en trámite parlamentario le queremos dar un impulso importante; por eso, le pedíamos también su opinión y, en todo caso, su apoyo a estos
recursos más generalistas.



La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Loroño del Grupo Vasco.



La señora LOROÑO ORMAECHEA: En primer lugar, quiero darle la bienvenida a la secretaria general de Políticas de Igualdad, doña Soledad Murillo, al seno de esta Comisión, y, cómo no, agradecerle los datos que nos ha aportado y la incidencia
que en estos momentos está teniendo ese Plan de sensibilización que está previsto para dos años y en el cual la mayoría de las medidas contempladas, tal y como nos decía en su intervención, ya han sido adoptadas y quedan muy pocas pendientes de ser
desarrolladas.



Al hilo de su intervención, y compartiendo en parte incluso la intervención que ha hecho la portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya, hay cuestiones que me preocupan; cuestiones como la que salía últimamente, por no decir ayer mismo,
en la prensa, en el sentido de que hay autonomías que han devuelto una cantidad importante de los fondos que se les había destinado contra la violencia de género, fondos que inicialmente, y tal como lo preveía la ley, eran con el ánimo de dotar a
las comunidades autónomas de los recursos, de las infraestructuras y de los medios necesarios para el


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desarrollo y ejecución de la ley y, por tanto, prestar la asistencia adecuada, a través de las distintas medidas de protección integral, a las mujeres víctimas de violencia. Quizás haya que valorar también en sus justos términos las
posibles devoluciones de estas cuantías, dado un proceso de cambio incluso dentro de la estructura autonómica que hemos tenido muy recientemente, puesto que en las comunidades autónomas ha habido cambios de Gobierno y esto también puede incidir.
Pero me preocupa una cuestión que quisiera plantearle. Creo que además de controlar que efectivamente el destino de este dinero es para adopción de medidas, creación de infraestructura, puesta en marcha de programas orientados a mejorar la
situación de las mujeres víctimas de violencia de género, también hay que valorar en sus justos términos la capacidad de las propias comunidades autónomas para hacer frente a esas necesidades, y a la hora de plantear unos recursos concretos que
puedan diferir de las directrices emanadas desde la Administración central, puedan de alguna forma ser utilizados, porque siendo la Administración más cercana a sus ciudadanas que en estos momento precisan de ese tipo de intervenciones, al igual que
las entidades locales, cómo no, debería de ser objeto de valoración y de reflexión si no debería ser algo que las propias comunidades pudieran disponer para dar respuesta a esas necesidades más imperantes y no con unos fines muy concretos y muy
delimitados que puedan ir vía instrucciones desde la Administración central. Lo que sí me parece importante es que luego haya un control exhaustivo del destino que se da a ese dinero y a esas cuantías transferidas a las comunidades autónomas, para
evitar destinos o utilizaciones en otros ámbitos que no son para los cuales se trasladan.



Por otro lado, usted decía, y decía bien que el objetivo principal del proyecto de ley cuando era proyecto y al menos ya cuando se aprobó por unanimidad por parte de todos los grupos parlamentarios tanto en el Congreso como en el Senado, era
en cierto modo devolver dignidad a muchas mujeres que en esos momentos la habían perdido, fruto de ese círculo cerrado en el que se veían inmersas en su propio entorno familiar y, por tanto, adquirir con plenitud y libertad ese derecho de ciudadanía
que a todas y todos nos corresponde. En ese sentido, quizá sea una valoración y una reflexión personal, desde la puesta en marcha de la ley se ha podido percibir quizá un cambio de actitud, un cambio de comportamiento en el agresor, que le ha
llevado a actuar de forma yo creo que bastante diferenciada con la actuación que venía teniendo hasta esos momentos, quizás fruto también de la presión de una ley que ya no iba a dejar impunes sus actos. Debido a ello ha habido circunstancias, que
no quiero achacar directamente a la aplicación de la ley, pero que sí serían objeto de reflexión o al menos de análisis: por qué en esos cambios de actitud y comportamiento ha habido agresores que ellos voluntariamente han ido a entregarse a la
policía tras haber cometido el delito y agresores que han optado por quitarse la vida ante la posible presión que pudiera tener la aplicación de la ley sobre su persona y sobre su entorno. Sé que este tipo de situaciones las ha habido también antes
de ponerse en marcha la ley, pero no sé si ha sido un aspecto en el que los medios de comunicación han querido centrar o desviar la atención, o en concreto es que estamos asistiendo también a un cambio de comportamiento entre los agresores, en el
sentido de verse cercados por una ley que no los va a dejar impunes como venía sucediendo hasta hace muy poquito tiempo.



Señora Murillo, quiero insistir en una cuestión que le ha comentado también la diputada de Esquerra Republicana de Catalunya, que es el convenio marco suscrito entre el Ministerio del Interior y la Federación Española de Municipios Vascos,
porque en el caso del País Vasco también existe una asociación propia de municipios, Asociación de Municipios Vascos, Eudel, que por cierto en estos momentos tiene suscritos un convenio y un protocolo de actuación conjunto con la comunidad autónoma,
el Gobierno Vasco y determinados órganos que participan en la intervención en las situaciones de maltrato, como pueden ser el Colegio de Abogados, la Fiscalía y el entorno judicial, para dar una respuesta adecuada y positiva a estas mujeres.
Tenemos muy claro que debemos avanzar en generar una mayor conciencia ante la denuncia para evitar, por un lado, que mujeres que denuncian retiren esa denuncia, y por tanto tenemos que garantizar que los mecanismos de protección que vamos a poner a
su disposición no generen dudas en cuanto a su aplicación; y, por otro lado, una mayor concienciación de denuncia en la sociedad en general, pues muchas veces vemos sin que nos inquiete hasta una agresión en la calle sin mediar una intervención.
En ese sentido, debemos concienciarnos de que por una denuncia por agresión a una mujer somos también responsables quienes observamos o detectamos que se pudiera estar dando esta situación, y que debemos dar la suficiente efectividad a la denuncia
que pueda plantear cualquier ciudadano o ciudadana ante una situación de maltrato que está sufriendo una mujer. Eso podría servir en alguna medida para evitar que las propias mujeres retiren la denuncia al sentirse apoyadas por otras personas que,
no siendo de su propio entorno familiar, también han podido detectar una situación de este tipo y la denuncian. Esto debe hacerse hasta por imperativo legal. Como he dicho en mi intervención en la comparecencia de doña Montserrat Comas, la Ley de
Protección Jurídica del Menor nos obliga a todos y a todas a denunciar cualquier maltrato que podamos observar o detectar en un menor. Esto sería también importante para mejorar el entorno de protección de la mujer, para que no sienta sola sino que
se vea acompañada por miembros de la sociedad que comparten esa denuncia. Por mi parte, nada más, señora presidenta.



La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Baig.



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La señora BAIG I TORRAS: Bienvenida señora Murillo, y gracias por su intervención. A pesar de la brevedad con la que ha intervenido, nos ha dado muchos datos que habíamos podido constatar también con el dictamen o el documento que nos hizo
llegar previamente sobre el observatorio. Por este motivo, creo que debemos felicitarnos de que haya sido realmente una prioridad no solamente del Gobierno sino también de todos los grupos parlamentarios conseguir que este haya sido un tema
prioritario en la agenda política de esta legislatura. Pero como todos y todas conocemos que lo que queremos conseguir es un cambio cultural de gran calado, me fijaré una vez más en el aspecto de la educación y en cómo trabajar a partir de la
educación infantil y primaria.



Usted ha dado la bienvenida a la educación para la ciudadanía, en lo que estoy de acuerdo, pero me preocupa -y pido aquí que se haga el debido seguimiento- que en la educación para la ciudadanía, que evidentemente ya se puede impartir en
todas las escuelas, se revise el contenido de temas relacionados con la igualdad de hombre y mujer, porque pueden ir por dos caminos completamente opuestos, y hay algunas editoriales o algunos instrumentos de los que han entrado en las escuelas en
los que las visiones son completamente distintas. Algunos alumnos universitarios me han comentado que esto también sucede en la educación universitaria superior, pues la libertad de cátedra, que evidentemente debemos compartir, da unos resultados
que pueden ser incluso totalmente opuestos y contradictorios respecto a los fines y objetivos que el legislador quiere conseguir en leyes como la que hoy tratamos o en la Ley de Igualdad, que también ha sido fruto de esta legislatura. Esta es una
reflexión que hago para que el observatorio vigile que se establezcan buenas prácticas en la educación para la ciudadanía así como los aspectos de evolución en el marco legal y jurídico para que también trasciendan a la sociedad.



Un segundo aspecto que me gustaría que pudiera ampliar en su intervención es lo relativo a cuál, cómo han sido y cómo deben avanzar el trabajo y la colaboración con las comunidades autónomas. A los que representamos gobiernos de comunidades
autónomas o venimos de comunidades autónomas nos resulta a veces complicado conocerlo porque percibimos que hay más de una versión. Por eso le pedimos en sede parlamentaria que nos amplíe qué trabajo se ha hecho desde el observatorio con las
comunidades autónomas y de qué forma se desarrollan los programas, sobre todo los económicos o financieros, para conseguir los objetivos comunes que han de tener todas las administraciones públicas.



La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Pigem, de Convergència i Unió.



La señora PIGEM I PAMÉS: Señora Murillo, bienvenida a la Comisión, y muchísimas gracias por sus explicaciones. Yo quisiera trasladarle desde Convergència i Unió que la valoración que nos merece la ley es positiva en un sentido global. Lo
es porque es una ley compleja, los engranajes de puesta en marcha forzosamente tienen que tener un tiempo de rodaje, y desde todos los poderes públicos estamos intentando poner lo mejor de nosotros mismos para conseguir que todos estos engranajes
compongan un todo a fin de que la tutela de los derechos fundamentales de las mujeres sea realmente algo efectivo. Nuestro juicio es globalmente positivo a pesar de la campaña de descrédito con la que ha nacido esta ley, que es algo que también
hemos de tener en cuenta. Realmente, resulta penoso constatar, por lo menos para la diputada que le habla, que lleva mucho tiempo en la defensa de los derechos de la mujeres, cómo algo tan evidente como los resultados que hay de maltrato, incluso
de muertes, realmente se están poniendo en jaque: Se está poniendo casi en igualdad de armas el testimonio de una o dos personas que incluso sin datos fidedignos cuestionan aspectos de la ley. Por lo tanto, me resulta penoso que la campaña de
descrédito contra esta ley tenga la resonancia social que a veces parece tener.



Yo he recibido con anterioridad, como todas, el informe anual del observatorio, y me gustaría valorarlo positivamente. Creo que es un informe exhaustivo, bien hecho y que además no es excesivamente autocomplaciente, lo cual es de agradecer,
porque plantea los puntos críticos y sugiere mejoras. Yo estoy de acuerdo con usted en que la violencia es transversal, llega a todas las capas sociales y a todos los niveles de formación, etcétera, pero, puesto que usted ha incidido en la
importancia de las medidas del Plan de prevención y sensibilización, le diría que me han llamado poderosamente la atención dos datos. El primero es que dentro de los grupos de riesgo las mujeres más maltratadas están en el tramo de 30 a 59 años,
pero me llama también la atención el incremento del tramo de 18 a 29 años, que ha aumentado del 3,1 por ciento en 1999 al 6,0 por ciento en 2006. Esto es muy preocupante, por lo que en el Plan de sensibilización y de prevención habrá que hacer
especial hincapié en el tema educativo y en que los mensajes lleguen a este tramo de la población.



Otro dato que me ha llamado poderosamente la atención es el grupo de riesgo que se da en ciudadanos extranjeros. Es un tema que quizá se ha silenciado o del que no se ha hablado suficientemente, pero de los datos tanto del observatorio como
del Consejo General del Poder Judicial se deduce que los extranjeros, que representan el 8,7 de la población total, suponen el 22,6 por ciento de los casos totales en los que agresor y víctima son extranjeros. En términos relativos, por millón de
población, la tasa de agresores españoles es 1,9 y la de extranjeros 11,9; es decir, 10 puntos superior. Y en cuanto a la incidencia de la ley integral, los datos que tenemos dicen que ha disminuido un 20,8 por ciento la tasa de agresores
españoles y solamente un 6,3 la de los extranjeros. Por lo tanto, ahí hay una bolsa opaca a la que no ha llegado el mensaje, y lo pongo encima de la


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mesa no para crear ninguna alarma especial, sino para significar que me llama la atención y que creo que el Plan de prevención, sensibilización, etcétera, tiene que llegar a estos tramos, especialmente a jóvenes y extranjeros. Me llama
también la atención que el informe, desde mi punto de vista, a lo mejor no lo he leído con suficiente detenimiento, no analiza el eslabón de la protección por parte de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Si esto lo enlazamos con que los datos que
tenemos es que disminuyen las agresiones en el domicilio y aumentan en la calle, hemos de poner énfasis en ver qué sistemas de protección son los más eficaces.



Otro dato que me llama la atención. En el año 2005, en el 80 por ciento de los casos de mujeres que murieron ese suceso era la primera noticia que se tenía de que sufrían violencia. Por otra parte, hemos de ver en el 20 por ciento restante
cuáles son los eslabones que han fallado en la protección. Hay que ver qué pasa con la que denuncia, si mantiene la denuncia, si sigue adelante, etcétera, es decir, qué falla para que esta persona muera. Y respecto al 80 por ciento que no se
denuncia, quiero tomar al hilo algunas reflexiones que aquí ya se han hecho y se hacen también en el informe, sobre si a su juicio se ha puesto el acento excesivamente en las medidas de ámbito penal y judicial frente a la escasa implantación de las
medidas de prevención y sensibilización. La señora Oliva hablaba de confianza en el sistema. Desde mi punto de vista, con muy buena fe por parte de todos hemos construido el edificio de la protección a través del conocimiento que la Administración
tenía de que había una situación de riesgo, y este conocimiento lo hemos cifrado en la orden de protección o en la denuncia. Pero quizá la Administración puede tener esta vía de notificación de otras maneras. Permítanme que de manera rápida les
lea una cita que figura en el observatorio estatal y que me parece muy ilustrativa al respecto, que dice: Creo que ha habido un error al pensar que el problema del maltrato se podía resolver como un situación legal, denuncia, separación y punto,
pero el tema es más complejo. Cuando hablamos de maltrato no estamos hablando de acciones puntuales en un momento dado, sino que hablamos de algo que ocurre de manera continua a lo largo del tiempo. Entonces, esa mujer está dañada, daño
psicológico, y si está dañada no está en las mismas condiciones que alguien que no lo esté. En las mujeres se generan muchas expectativas falsas porque el daño, su daño interno, está sin reparar. Aquí tendríamos que hacer un replanteamiento en el
sentido de ver si esa arquitectura tendría mejor salida si la entrada no fuera necesariamente una actuación legal. Se ha hablado de la experiencia de la SIAT en Cataluña, y tenemos que explorar de qué manera podemos dar a esto una mejor solución.

Respecto al dinero de las comunidades autónomas, la noticia que ayer pudimos leer en algunos medios del retorno de ese dinero por parte de la Comunidad de Cataluña -creo que se han retornado 1,6 millones de euros- se compadece mal con la necesidad
que hay de recursos para atender a las víctimas en todas sus vertientes.



Finalmente, respecto al fondo de garantía de alimentos le digo que estoy deseando que se ponga en funcionamiento; es algo que mi grupo parlamentario viene persiguiendo desde hace no menos de diez años, que conseguimos a través de enmiendas
poner en la Ley de Violencia, en la Ley de Divorcio, a través de proposiciones no de ley, para que el Gobierno se comprometiera a ponerlo en marcha antes de septiembre del año 2006.
Conseguimos una partida presupuestaria para este año 2007, sigue
sin reglamentarse el fondo, la partida de 2007 se ha perdido ya, queda para engrosar el superávit que tenemos, y la partida presupuestada para 2008 espero y deseo fervientemente que no se pierda también. Yo sé que usted defiende este fondo, y le
ruego encarecidamente que desde su posición privilegiada en el Gobierno haga todo lo posible para que esto sea una realidad, porque creemos que es absolutamente necesario. Nada más.



La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Monteserín, del Grupo Socialista.



La señora MONTESERÍN RODRÍGUEZ: Muchas gracias, doña Soledad Murillo, secretaria general de la Mujer, por venir aquí a profundizar en las cifras del informe que nos ha remitido el Gobierno respecto a la aplicación de la Ley de medidas
integrales contra la violencia de género.



Hemos tenido una mañana muy interesante para profundizar en la aplicación e implementación de la Ley de medidas integrales contra la violencia de género, y una vez más todos los grupos políticos hacemos un esfuerzo por controlar cómo se está
aplicando la ley con el fin, que nos incluye a todas, de reducir cifras y de que el fenómeno sea cada vez menor. No tengo ninguna duda de esto. Hemos visto también cómo el Gobierno ha hecho y está haciendo un esfuerzo no solo por aplicar las
medidas que estaban en la ley, sino en muchos casos superar las previsiones que contemplaba en cuanto a medidas. Lo hemos visto hoy aquí, pero también se ve en el informe que nos ha remitido el observatorio, por cierto que yo estoy de acuerdo con
la señora Pigem en que es un informe objetivo y que también era el objetivo del observatorio hacer informes independientes y objetivos sobre cómo se aplica la ley, porque es la forma de que nosotras también podamos analizarlo de una manera no
partidaria ni sectaria sino con datos, porque lo que queremos es profundizar en los hechos, en las causas y demás.



Si miramos con perspectiva cómo está el tema de la violencia en nuestro país y cómo está en el mundo, porque formamos parte de él y además vamos a muchos foros internacionales, podemos ver que este país, este Gobierno, la sociedad de este
país, las mujeres de este país, y este Parlamento hemos sido muy valientes a la hora de abordar este problema. Quizá por eso parece que


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este problema es mayor en este país que en otros, pero yo creo que ha sido por la valentía de todas estas personas que estoy mencionando. Nuestro país se ha atrevido a conocer el fenómeno -a lo que no se han atrevido todavía muchos países
europeos, y hablo de países europeos-, se ha atrevido a sacar el problema a la luz, lo ha abordado con medidas integrales y ha priorizado este problema en la agenda política del conjunto del Estado. Por eso, cuando voy a alguno de estos foros
internacionales me sale, os lo digo sinceramente, una vena de patriotismo positivo porque me siento absolutamente orgullosa de que sea mi país -y hablo no solo del Gobierno, no solo de mi grupo parlamentario, sino del conjunto del país- un ejemplo
en la lucha contra la violencia y por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Cuando desde ciertos ámbitos hacemos críticas a algunas de estas actuaciones no debemos perder la perspectiva de dónde estamos, porque creo que es muy importante
tenerla presente. Lo digo en serio, me parece muy importante. Por lo tanto, nuestro gran avance respecto a otros países, también los países europeos y de otras latitudes, es haber abordado el problema. Aunque por eso, como decía, me salga un
patriotismo positivo y me sienta orgullosa, no nos sentimos satisfechos porque somos los primeros y las primeras en ser conscientes de que todavía quedan muchas cosas pendientes y mucho trabajo por hacer. Pero si somos objetivos es necesario dejar
claro que el Gobierno está haciendo lo que decía la ley, es decir incorpora inmediatamente las medidas que aprueba este Parlamento, muchas de ellas a iniciativa de los grupos. Un ejemplo de rapidez y de eficacia es el acuerdo de la moción del 19 de
junio y la incorporación de esas medidas el 22 de junio por parte de un Consejo de Ministros. Creo que puede decirse que este es un hecho histórico, que no había un precedente de esa rapidez, y en ese sentido, como parlamentaria, quiero
agradecérselo al Gobierno porque al fin y al cabo son medidas que habían salido de aquí.



Como decía, el Gobierno ha incrementado muchos de los instrumentos que se preveían en la ley. Un ejemplo que ha dejado también muy claro la señora Comas en la intervención anterior son los juzgados de violencia, los juzgados especializados.
La ley preveía 18, vamos a tener 83 en diciembre, y ese es un ejemplo de que la aplicación de la ley requiere nuevas medidas, nuevos presupuestos, nuevos dineros, y el Gobierno los implementa y los pone en marcha, y no solo en este caso, pues en su
exposición y en el informe que nos han remitido se constata que efectivamente se han implementado muchas de esas cuestiones. Yo creo que no hay gobierno en el mundo que priorice esa política hasta el punto de que 56 consejos de ministros hayan
tratado este tema o se hayan aprobado 139 medidas o instrumentos en este sentido. Si esto fuera compartido por otros países tendríamos mucha más fuerza a la hora de combatir este tema en el mundo. Tampoco hay ningún Parlamento en el mundo que haya
abordado tantas veces, de distintas maneras, en distintos ámbitos, la problemática de la violencia de género como hemos hecho nosotros a lo largo de este periodo legislativo, y creo que eso nos incorpora a todos a esta prioridad. Por tanto, estamos
trabajando en el tema, estamos trabajando con rigor, también lo estamos haciendo la inmensa mayoría de las veces con unanimidad, hemos incorporado medidas pensadas por la sociedad civil, por las organizaciones de mujeres, pero también por todos los
grupos políticos. Hemos dado muchos pasos en ese sentido, pero, como decía, nos podemos sentir orgullosos aunque no satisfechos. Aun así debemos hacer un esfuerzo para que no nos lleve a una frustración colectiva ver que a pesar de todo esto que
hemos puesto en marcha sigue habiendo mujeres que mueren asesinadas. Ese esfuerzo lo tenemos que hacer todos los días.
Comparto lo que dijo la señora Comas anteriormente respecto a que nuestro objetivo ha de ser reducir el 70 por ciento de
mujeres, en torno al 70, un poco más, que mueren asesinadas sin que nadie supiera que vivían o estaban en un proceso de violencia. Reducir esa cifra tiene que ser el siguiente objetivo del Gobierno, de este Parlamento y de la sociedad civil.



Otro objetivo ha de ser que el 20 por ciento que tiene una orden de protección, que ha denunciado y que muere llegue a ser el cero por ciento. Creo que ese es el otro objetivo, también la señora Pigem lo ha reflejado, y confío en ese
sentido en que la evaluación de la ley, fijada para dentro de tres años, analice e incorpore todas las reflexiones que se hacen desde diferentes ámbitos, como hemos visto esta mañana, desde el Consejo General del Poder Judicial, pero también desde
muchas asociaciones especializadas, con el fin de que todas nos pongamos de acuerdo en reducir esas dos cifras, que quizá sean las que más se notan.
Sigo insistiendo en que no son las que nos tienen que dar la pauta de la importancia de lo que
estamos haciendo, pero es verdad que nos angustian porque al fin y al cabo son las que mueren, y ya con una muerta tendríamos la máxima preocupación. Al hacer esa evaluación es importante que nos pongamos de nuevo de acuerdo sobre las medidas
legales que hay que reformar, algunas están más definidas, otras menos, para mejorar la eficacia, o los instrumentos que hay que reforzar o transformar. Ese será el esfuerzo del momento en que el Gobierno remita el informe obligado de los tres
años. La ley es un avance en la lucha contra la violencia que hemos conseguido entre todos. El Gobierno, en su día, priorizó el problema y remitió una ley que yo creo que era valiente, con medidas muy novedosas, como los juzgados, que en su día
fueron criticados y hoy son realmente valorados, y la ley además ha sido muy pactada, muy trabajada entre todas, también pactada con las ONG, y el Parlamento mejoró muchos de los aspectos de la ley que nos había remitido el Gobierno.



La señora PRESIDENTA: Señora Monteserín, tiene que ir concluyendo.



La señora MONTESERÍN RODRÍGUEZ: Voy a acabar, sí.



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Nuestro trabajo tiene que seguir siendo controlar y proponer medidas de aplicación en muchas ocasiones y tener muy presente la necesidad de hacer evaluaciones. En definitiva, todos lo hemos hecho así porque nos hemos puesto en la piel de
las víctimas durante todo el tiempo de trabajo parlamentario y también del trabajo del Gobierno. No hay que perder esa perspectiva. Cuando se pierde esa perspectiva se pierde compromiso político, y eso significa que a veces se devuelven fondos, y
por eso es muy importante que todos sigamos teniendo en mente esa perspectiva.



Por último, el gran reto de la ley, lo decimos siempre, era que en un Estado complejo administrativamente hablando las administraciones tenían no solo que estar coordinadas sino además trabajar en armonía para poder hacer frente a este
problema, con un bloque común estatal. Ese era el reto. Como era la última pregunta de la señora Pigem, además me adhiero a algunas de las preguntas que ella había hecho, me he pasado de tiempo y no quiero seguir interviniendo, ratifico que ese
sigue siendo el reto: la perspectiva es siempre ponerse en el lugar de las víctimas y conseguir el compromiso político de todas las administraciones al mismo nivel para luchar contra este fenómeno. En este sentido, creo que hay cierta desigualdad
entre unas comunidades y otras; algunas de esas desigualdades las reflejan los datos que se publicaron ayer, aunque no sé si son todos reales o no.



La señora PRESIDENTA: Señora Monteserín, se ha pasado exactamente un minuto cincuenta y dos segundos. Tiene la palabra la señora Camarero.



La señora CAMARERO BENÍTEZ: Señora Murillo, bienvenida a su Comisión; usted ya sabe que para nosotros es un placer tenerla hoy con todos nosotros y nosotras. Señora Murillo, voy a hacer una valoración del desarrollo de la Ley integral
tomando como referencia el informe del observatorio estatal que ustedes nos remitieron.



Como cuestión previa quiero decirle que tras la reunión de las portavoces con la vicepresidenta el pasado mes de junio, el Gobierno se comprometió a traer al Parlamento en el mes de septiembre u octubre un informe acerca de la valoración
sistemática y científica, según palabras de la propia vicepresidenta, sobre los dos años de aplicación de la Ley integral en el que se evaluase su eficacia y se detectasen sus posibles fallos, anuncio que coincidía con la petición de aquella moción
aprobada por unanimidad de los grupos parlamentarios. Me gustaría saber cuándo van a traer ustedes este informe, porque evidentemente el informe del observatorio es el que el artículo 30.2 de la ley obliga anualmente a remitirnos, pero no es el
informe anunciado por la vicepresidenta, o no debería serlo, puesto que ella hablaba de un informe específico en su caso. El informe del observatorio reconoce, en plan general, dificultades en la aplicación de la ley, una escasa implementación de
las medidas de prevención, y plantea ochenta nuevas medidas para mejorar la aplicación de la ley. El Gobierno conoció este informe en el mes de julio, -por eso digo que este informe no lo ha hecho el Gobierno, no como el informe que anunció la
vicepresidenta, por eso entiendo que son dos informes absolutamente diferentes-, y me gustaría saber cuántas de estas recomendaciones son ya una realidad, cuántas se han puesto en marcha y cuántas se han presupuestado para continuar poniéndolas en
marcha a lo largo del próximo año.



Para analizar el fenómeno de la violencia, evidentemente debemos hablar de las cifras de la violencia, algo que también hace el informe del observatorio, a pesar de que a ustedes no les guste ahora que hablemos de cifras. Ahora para ustedes
las cifras no son un elemento relevante a la hora de valorar la efectividad o no de la ley. Sin embargo, desde mi punto de vista, las cifras nos permiten, primero, una cuantificación objetiva de la evolución del propio fenómeno, nos permiten
visualizar si se está mejorando o no, si las medidas que se están poniendo en marcha son eficaces o no, y sobre todo la sociedad se hace una verdadera idea del drama de la violencia cuando conoce las cifras, cuando pone cara y nombre a cada una de
las víctimas. Por otra parte, señora Murillo, es de un enorme cinismo quejarse ahora de que se hable de mujeres asesinadas, cuando ustedes, el Partido Socialista, cuando estaba en la oposición, cada vez que una mujer era asesinada hacían sentadas,
manifestaciones, declaraciones incendiarias contra el Gobierno del Partido Popular; cuando el ministro Caldera, ahora ya desmemoriado, hablaba de la insensibilidad de la derecha como causante de las muertes. Insensateces que sabe que no va a oír
de esta portavoz, pero como aquí yo creo que no valen las dobles varas de medir, seguiremos hablando de cifras, les guste más o menos. Y estas, las cifras, lo dicen todo. Llevamos unas 60 mujeres asesinadas en lo que va de año, 11 en el mes de
junio, un récord histórico respecto a años anteriores, y en esta legislatura hemos superado con 16 las mujeres asesinadas en la totalidad de la legislatura pasada, y por desgracia no quedan por delante seis meses. Hablando de cifras también le
quería hacer una pregunta. Me gustaría que me explicase por qué la página web del Instituto de la Mujer ha estado dos meses y medio, desde el mes de julio hasta finales de la semana pasada, sin actualizar sus cifras, las cifras y las tablas que se
recogen en la propia página web del instituto.



Acepto, señora Murillo, como usted bien dice, que algunas de las medidas de la ley requerirán un plazo para ver su eficacia, pero después de casi tres años, de casi una legislatura, la ineficacia de otras salta a la vista. Por eso hoy me
gustaría centrarme en algunos aspectos del desarrollo de la ley que nos preocupan. En cuanto a la sensibilización, ustedes aprueban un Plan nacional de sensibilización y prevención con dos años de retraso, puesto que se aprobó dos años después de
la puesta en marcha de la ley. Después de un año, la falta de resultados del plan es evidente, sobre todo cuando el propio informe del observatorio reconoce, y cito literalmente,


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que existe una gran distancia entre la realidad de la violencia y el conocimiento que la sociedad tiene de la misma. Si después de tres años y medio de legislatura, si después de casi tres años de ley, si después de un año de Plan nacional
todavía la sociedad no conoce cuál es la realidad del problema, es responsabilidad del Gobierno, es que el Gobierno no ha sabido transmitir adecuadamente esta realidad. Desde nuestro punto de vista, con anuncios tendenciosos y partidista como el
de: Gana la ley, no lo van a conseguir. Desde el Grupo Popular coincidimos y hemos mantenido que el debate producido alrededor de la ley favoreció la sensibilización de la sociedad. Se posicionó el tema de la violencia como uno de los más
importantes problemas según el barómetro del CIS, y el rechazo a esta violencia logró reducir el número de víctimas. Sin embargo, después el Gobierno bajó la guardia, cesó el debate social y la información no puso en marcha adecuadamente medidas y
campañas de sensibilización, y esto llevó a un incremento de mujeres asesinadas, que no para de crecer.



Debemos hablar de los medios de comunicación. Ustedes mantienen que no es bueno, que no es conveniente para las víctimas los mensajes de mujeres asesinadas. Yo estoy de acuerdo con la necesidad de un código ético sobre el tratamiento
informativo, sin embargo no estoy de acuerdo ni con el ocultamiento ni con la censura de estas realidades, porque esto no ayudará a las víctimas, no las animará a denunciar y no sensibilizará a la sociedad. Por eso solicitábamos en la famosa
moción, aprobada por unanimidad, la firma del acuerdo para la mejora de la información, y quiero aprovechar para preguntarle en qué momento nos encontramos. Usted ha hablado de esta firma y no sé si nos ha querido decir que ya está firmado, me
gustaría que nos concretase algo más. Al igual que le he dicho a la señora Comas, quiero hacer una reflexión al respecto. Durante muchos años hemos tratado la violencia desde la perspectiva de la víctima y deberíamos empezar a enfocar el problema
desde la perspectiva del agresor -creo que usted coincidirá conmigo en esto- y mostrar sobre todo el rechazo social que estas conductas, las conductas agresivas, provocan en la sociedad.



Respecto a la educación no me extenderé, pero opino que de momento no se ha desarrollado adecuadamente. Me gustaría destacar la labor realizada por las comunidades autónomas, entre otras cosas con los planes autonómicos de convivencia
escolar, planes que en muchos casos suplen las lagunas y los defectos del Gobierno. También mostrarle nuestra preocupación, la de mi grupo, por la falta de actuaciones en el ámbito universitario.



Quiero centrarme en el tema de la seguridad. Usted ha afirmado que hay un incremento de la seguridad de las víctimas, he creído entender que ha dicho que incluso hay algo así como una individualización de la seguridad. Nos sorprende, igual
que le ha pasado a la señora Pigem, que el informe del observatorio no haga referencia entre sus actuaciones a la seguridad ni a la protección. Para nosotros, usted lo sabe, la seguridad y la protección de las víctimas ha sido y es nuestro caballo
de batalla.
Llevamos toda la legislatura pidiendo más medios personales, más formación, más coordinación y una protección especializada. La ley les obligaba a la firma de un protocolo de valoración del riesgo; tres años después este protocolo no
está firmado. Este verano han firmado un protocolo provisional que han querido hacernos creer que era similar a nuestro Plan de seguridad personalizada simplemente porque establecía tres niveles de protección. Yo no sé si usted ha tenido la
oportunidad de conocer cuál es la instrucción que ha aprobado el Ministerio del Interior y en qué se concreta. Pues bien, esta instrucción se concreta en este impreso, que es un impreso real de una de las víctimas, un formulario con 16 preguntas
que se rellenan según la contestación de la propia víctima, y otras 19 que gradúa el propio funcionario subjetivamente en función de lo que él estima más adecuado, un funcionario que ha podido no recibir la formación adecuada, porque no todos los
funcionarios que se encuentran en las comisarías de policía han recibido la formación en violencia que todos requieren. La valoración del riesgo de la víctima sale automáticamente al meter todos estos datos, y el agente, una vez conocido el nivel
de riesgo, dispone de una instrucción con los pasos que tiene que dar. Esta instrucción le viene a decir cuáles son las medidas a poner en marcha, desde un nivel inferior donde se establece simplemente teléfonos de información, etcétera, al nivel
superior donde entre otras medidas -este es el formulario, ínsito- figura: insistir a la víctima en el traslado a un centro de acogida del domicilio de familia. Yo creía que ya estaba superado que la víctima tuviese que abandonar la casa, pero por
lo visto volvemos a las andadas. O un control esporádico de los movimientos del agresor. Esto tiene muy poco que ver con el Plan de seguridad personalizado que el Grupo Popular ha intentado poner en marcha a lo largo de toda la legislatura, porque
no establece una seguridad personal ni establece agentes determinados y concretos para la protección de las victimas, que conozcan el caso de la víctima y las circunstancias del agresor. Este protocolo no nos puede satisfacer, nos parece totalmente
insuficiente y por eso les adelanto que, aunque los grupos no apoyasen la proposición no de ley que plantábamos hace unos meses, nosotros seguiremos insistiendo en la necesidad de mejorar la protección y la seguridad de las víctimas. Y en este
mismo sentido quiero decirle, señora Murillo, que a finales de noviembre del año pasado, tras una reunión de la Comisión Nacional de la Policía Judicial, el Gobierno adelantó la posibilidad de establecer escoltas privados para la víctimas, dado el
incremento de órdenes de protección y de alejamiento, los quebrantamientos de las mismas y sobre todo que no había suficientes medios para proteger a las víctimas. Se habló de la realización de un informe, y me gustaría saber en qué punto nos
encontramos, qué ha dado de sí este informe y su opinión acerca de la viabilidad o no de la puesta en marcha de este servicio, cuando hay que reconocer que las comunidades autónomas...



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La señora PRESIDENTA: Señora Camarero, tiene que concluir.



La señora CAMARERO BENÍTEZ: Voy terminando, señora presidenta.



Cuando hay comunidades autónomas, como Madrid, que lo han puesto en marcha. También me gustaría conocer su voluntad sobre la puesta en marcha de las pulseras de control de los agresores. Quería hablar de las víctimas extranjeras, pero me
uno a las palabras de la señora Pigem, que ya ha hablado de lo mismo. Respecto a la formación, insistir en la necesidad de incrementar la formación a las víctimas. Y para terminar quiero decirle, señora Murillo, que la situación tras estos años de
Gobierno socialista, desde nuestro punto de vista es la siguiente. Ha habido un incremento del número de mujeres asesinadas en el total de la legislatura; como le digo, ya superamos las mujeres asesinadas en la legislatura pasada. Ha habido un
incremento de delitos y sin embargo ha habido una desaceleración de las denuncias. Usted nos decía que se han incrementado un 70 por ciento en los últimos cinco años. Sin embargo, usted sabe -este es el gráfico real del incremento de denuncias-
que si mientras en los años 2002 y 2004 la media era de un incremento del 15 por ciento, en los últimos años las denuncias crecen a un 4 por ciento. Y también hay una gran preocupación por parte de todos por el incremento de retiradas de denuncias.
¿Por qué creemos nosotros que se ha llegado a esta situación? Porque el Gobierno no es capaz de dar confianza a la inmensa mayoría de las mujeres, que incluso después de dar el paso más difícil, el que más dificultades trae, que es presentar una
denuncia o pedir ayuda, proceden a la retirada de la denuncia porque quizá no encuentran a su lado la ayuda, la protección que requerían. Por eso el 30 por ciento de las víctimas de los últimos años contaban con una orden de alejamiento o, como
mínimo, contaban con una denuncia.



Señora Murillo -y ya para terminar de verdad-, sin dudar de su buena voluntad y de su esfuerzo personal, hay datos objetivos que demuestran que el Gobierno y el presidente Zapatero han fracasado en esta lucha, y han fracasado no porque no
hayan tenido buena voluntad, que yo evidentemente se la presumo, sino porque no han sabido poner en marcha los mecanismos necesarios, las medidas más eficaces para las víctimas, porque ha habido una falta de medios personales y humanos, y lo más
importante desde nuestro punto de vista, porque ustedes generaron unas expectativas a las mujeres, supeditaron la aprobación de la ley con el fin de la violencia, y ahora, después de estos años, se ha demostrado que las mujeres se han visto
defraudas, porque ni han sido capaces de terminar con el problema ni de minimizarlo. Sin embargo, como este tema no solamente nos ocupa sino que nos preocupa a todos lo que estamos aquí y a muchos más, sabe que usted personalmente y su Gobierno
siempre contará con el Grupo Popular, que ha apoyado y seguirá apoyando cualquier avance en esta lucha.



La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Murillo.



La señora SECRETARIA GENERAL DE POLÍTICAS DE IGUALDAD (Murillo de la Vega): Muchísimas gracias por sus intervenciones. Quiero empezar agradeciendo a las profesionales de la transcripción su celeridad para acoplarse a mi celeridad verbal.
Paso a contestar de manera global, porque hay muchos puntos en las que han coincidido en sus intervenciones con respecto al balance del observatorio. Creo que podemos aprovechar también para hacer unas reflexiones que hemos compartido en otras
ocasiones y que ahora tendremos de hacer públicas. Ya saben que el observatorio está formado por comunidades autónomas, por la Administración General del Estado, por asociaciones de mujeres y por personas expertas, es decir, que el informe es una
síntesis de todo lo que se ha discutido por parte de estos profesionales.



Se ha tocado aquí el tema de extranjeros y jóvenes. También hay otro tema que me preocupa, que es cómo se concibe todo el proceso de violencia en función de lo que significa la denuncia, de lo que significan los antecedentes de la denuncia,
junto con el hecho de que para que opere toda la protección de la ley se requiere la tramitación de una denuncia, es decir, son como dos realidades que tienen que abordarse conjuntamente para poder extraer una respuesta rigurosa y seria. Yo no soy
partidaria de entrar en cifras por una cuestión fundamental, precisamente para que no se inhiban las mujeres a la hora de valorar su situación. Igual que tampoco soy partidaria de considerar a las mujeres menores, por mucho que esto suponga una
primera intención, una buena intención con respecto a las mujeres. ¿Por qué? Porque la mujeres tienen que tener la oportunidad de valorar permanentemente su situación y tienen que valorar también cuándo interponen una denuncia. Es cierto que las
mujeres se acercan a los servicios sociales, incluso a los médicos de atención primaria, para exponer en primera línea sus problemas y a veces simplemente para remediar unos síntomas que responden a ese problema sin evidenciarlo. Yo no soy
partidaria de hablar del número de muertes porque no me parece que se pueda analizar una ley así, independientemente de lo que se haya hecho con anterioridad. Yo creo que ninguna ley puede evaluarse en términos de muertes. Y en este caso hay que
pedir el mismo trato que con el resto de las leyes. Las leyes nunca aseguran su eficacia por el término de muertes. Ahí está el Código Penal, hubo más de 1.700 delitos el año anterior. Así no se evalúa en absoluto su eficacia, lo que se hace es
mejorar en cuanto a que aparecen conductas que requieren ser inhibidas; para eso está la ley, para inhibir conductas. Pero ya que se habla siempre del incremento de muertes, tenemos que pensar en los datos existentes. Si tengo que entrar en
cifras,


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entraré en cifras. Ya sabe que no ha sido mi intención y que no he querido plantearlas en mi comparecencia, pero sí tengo que hacerlo para dar una respuesta. En 2002 comienza a desarrollarse la secuencia comparativa de violencia de género,
anteriormente no teníamos violencia de género.
Ustedes saben perfectamente que se hablaba de habitualidad, de violencia doméstica en el ámbito de la paz familiar. la Ley de 1999 introduce el maltrato psíquico y la Ley de 1989 el maltrato físico.
Hasta que no aparece la Ley contra la Violencia de Género no se habla de sufrir violencia por el hecho ser mujeres, y por lo tanto no se habla de los derechos de las mujeres. Es cierto que tenemos una de las mejores medidas en la orden de
protección de 2003, en cuanto a que la paz familiar no simplemente es el vector que garantiza los derechos, y por primera vez sale el agresor del ámbito de convivencia de la víctima.



Pero entremos en cifras, si hace falta entrar en cifras, insisto, no como valoración de la ley, sino simplemente en clave de respuesta. Desde el año 2000 comienza a desarrollarse una secuencia histórica por violencia de género en los
términos de la Ley Integral. Durante este periodo considerado, y teniendo en cuenta que durante estos seis años nuestra población ha aumentado un 11,4 por ciento, la tasa de víctimas, es decir, la relación entre el número de muertes y la población
residente, varía en décimas de un año a otro. Estadísticamente es imposible hacer de esto una unidad significativa. Estamos trabajando con cifras verdaderamente pequeñas, pero aun así la tasa más alta de muertes se sitúa en los años 2003 y 2004,
que es un 3,3 en ambos años; y la tasa de 2006 se sitúa en un 3, es decir, igual que la del año 2000. La tasa media de víctimas por millón de mujeres mayores de 18 años se sitúa en un 3,3, la tasa más baja de víctimas corresponde al año 2001, con
un 2,8, y la tasa más alta al año 2003, con un 3,8. Este incremento o incidencia con magnitudes tan escasas, carentes de todo significado estadístico, dado que estamos trabajando con unidades por millón, está rayando en el absurdo metodológico,
pero es cierto que si tenemos que hablar de cifras, centésimas y milésimas, tenemos que darnos cuenta que no dependen tanto del número de víctimas como de ponerlas en relación con el incremento de los sujetos residentes y de los sujetos censados.
Se ha aludido a los colectivos y es cierto que nuestra población extranjera se encuentra sobrerrepresentada, es absolutamente cierto, de tal forma que representando el 9,3 por ciento de la población total, el porcentaje de víctimas mortales
extranjeras en el periodo considerado, desde el año 2000 a septiembre de 2007, asciende a un 24,5 por ciento. Ahora, también es cierto que se ha cuadriplicado la población extranjera, hemos pasado de un 2,3 en el año 2000 a un 9,3 en 2007. La tasa
más alta de víctimas mortales extranjeras por millón de mujeres extranjeras se sitúa en el año 2000 en un 16,3 frente a un 9,4 en 2006; por lo tanto hemos descendido 7 puntos. Estadísticamente es siempre importante hacer una comparativa teniendo
en cuenta la tasa de población.



Las jóvenes constituyen una de las preocupaciones importantes. Es cierto que de 16 a 30 años representan el 23,2 por ciento de las mujeres residentes en España y, sin embargo, desde el año 2000 a septiembre de 2007, el porcentaje de muertas
producidas en este tramo de edad respecto del total de víctimas ha alcanzado un 30,6 por ciento. Esto es importante. Después pondré en relación el tema de las jóvenes con lo que se ha planteado antes, cómo se conciencia, cómo se llega a establecer
que la prioridad de un sujeto es ponerse a salvo de una agresión y que en ningún caso la agresión se identifique como exceso de preocupación, de celos o de interés por parte del agresor. Yo decía antes de manera clara que aquí tenemos que evaluar
en qué momento se ha producido el descenso de denuncias y también por qué se tiene esa dificultad en llegar a la víctima de violencia de género. La señora Loroño planteaba el hecho de que la sociedad civil no está dando una respuesta. Yo creo que
sí está dando una respuesta, lo que ocurre es que es una respuesta desde la perplejidad. Es decir, el maltratador es un sujeto amable, que nunca ha mostrado la violencia fuera de su ámbito interno, y por supuesto los medios de comunicación todavía
se hacen eco, también los periódicos nacionales, de crímenes pasionales o de que los celos le llevaron a ello.
¿Qué ocurre? Que nos damos cuenta de que el proceso de violencia de género no se entiende. ¿Cómo estamos subsanando este tema?
Fundamentalmente con lo que se ha planteado desde el principio de mi comparecencia; es decir, tenemos que formar de manera explícita a todos los operadores, pero además debemos llevar la formación a las aulas desde el punto de vista del respeto, y
cuando digo respeto me refiero a aceptar la diferencia y a aceptar que el otro tiene derechos que yo también ejerzo.



La violencia de género no se entiende porque el sujeto agresor se especializa en alguien que le ofrece absoluta impunidad, y solo le ofrece impunidad una relación sentimental. Esto es importante tenerlo en cuenta.
La confianza en el
sistema se genera también afianzando el concepto de igualdad; es decir, no solamente centrándose en el concepto de violencia, sino afianzando el concepto de igualdad. Hemos tenido, y ahora me he metido a utilizar metáforas, dinamitas de primera
magnitud. Cuando se empezó a discutir la Ley de Igualdad del año 2005 no teníamos mérito ni capacidad para establecer presencia proporcional en espacios de decisión ni en el ámbito público ni el ámbito privado. Se habló también de la duda sobre la
veracidad de los testimonios de las mujeres. La diferencia entre órdenes de protección concedidas y órdenes de protección reclamadas expresa claramente la mala intención de este significado, que ha logrado calar y que la portadora del significado
aún no ha aportado un solo dato sobre el mismo. Se plantea también la necesidad de que la mujeres sean protegidas desde una situación de victimización, en la medida en que se habla demasiadas veces de ellas como menores, sobrevalorando muchísimo la
protección. Han influido tanto las denuncias falsas, la falsa idea de denuncias


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falsas, que ha sido necesario proteger la ley para proteger a las mujeres.
Se ha planteado también la falta de mérito y capacidad, equiparando a las mujeres con las minorías; las minorías no tienen derechos, gozan de los favores y las
cuotas. Les voy a dar solamente un dato porque me parece muy significativo. Si restamos a las minorías, es decir, a las mujeres, a los menores, a los mayores, a las personas con discapacidad y a los migrantes, según un estudio de Cristina
Carrasco, queda un 18 por ciento de la población que ejerce de mayoría al ocupar espacios de decisión, y cataloga al resto de minorías, con un añadido: la subordinación. Ser minoría en ningún caso tiene que pasar por la subordinación, ser minoría
en ningún caso tiene que restar derechos de ciudadanía, que son aquellos que devuelven la dignidad por el puro ejercicio de los mismos.



Con respecto a las denuncias, insisto, señora Pigem -y por ello agradezco que lo hayan valorado así, como ha dicho la señora Monteserín-, en que el informe del observatorio es un informe cabal, honesto, que pretende, como hemos pretendido
siempre desde el Gobierno, hacer un diagnóstico serio de la ley, en ningún caso utilizar, instrumentar los datos a nuestro favor, porque nuestra máxima preocupación es que no haya inhibición en la respuesta por parte de las mujeres maltratadas. El
informe del observatorio está en el punto 1 de la moción que ustedes presentan en el Parlamento y recoge otro informe, que es el estudio criminológico, que estará antes de diciembre, que ya está preparado. Aquí el tema fundamental es cómo podemos
llegar a esa víctima. Yo creo que hay que volver a situar el tema de la igualdad, insisto en que es preciso tener un discurso de equivalencia de derechos con respecto a las mujeres, mayor presencia proporcional en todos los medios. Todavía en
muchos medios se sigue hablando de personas expertas, de personas con criterio, de autoridades y de recompensas desde el punto de vista masculino y no desde el femenino. Precisamente hemos recurrido la Ley de Igualdad, porque pedimos dejar de ser
una minoría y pasar a ser una mayoría, lo que somos, el 51 por ciento de la población. Esto incide realmente en que yo me dote de autoridad para considerarme ciudadana y pasar a denunciar, porque si no lo que voy a hacer precisamente es devolver la
confianza al agresor, que va a desmentir el hecho y va a seguir hostigando. Como dice Leonor Walker, que es una mujer que trabaja con víctimas de violencia de género desde el punto de vista de la igualdad, el tratamiento de una persona debe hacerse
desde la igualdad y siempre plantea que la víctima tiene que encontrar argumentos propios, reconocer la situación y saber que en el ámbito público tiene una representación que la autovalida para dar ese paso. Por eso Leonor Walker siempre plantea
que en aquellos países donde las mujeres tienen menor presencia pública, porque el ámbito público concede autoridad en el sentido de autoestima, logro para ponerse a salvo, es donde la violencia tiene mayor representación, es decir, en aquellos
países donde tiene menor presencia pública y en donde se discute menos.



Yo estoy de acuerdo con lo que dice usted, señora Monteserín, no por complacencia, sino precisamente porque esta ley suponía devolver al ámbito público lo que antes estaba intramuros en el ámbito privado. Es cierto que hemos puesto datos
encima de la mesa y es cierto que hemos abierto el debate, y por lo tanto estamos expuestos, pero la exposición es propia de un Gobierno responsable y que mantiene por encima de todo la creación de derechos, auque sea a largo plazo, aunque sean
reconocidos a muy largo plazo. Por eso un Gobierno responsable multiplica medidas, genera instrumentos y pretende ceñir todos sus esfuerzos en establecer precisamente cuáles son las causas de aquellas mujeres que no han llegado a denunciar y que
responden a todas las clases sociales, y de aquel 20 por ciento que llegando a denunciar retira la denuncia. Tenemos una información exhaustiva gracias a las unidades de violencia que, aunque no se han referido a ellas, a mí me parece que son
importantísimas en cuanto que suponen una antena y una coordinación con la estructura integral de cada comunidad autónoma. Las unidades de violencia coordinan en el sentido de invitar a participar de la información a Cuerpos y Fuerzas de Seguridad,
a institutos de la mujer, a servicios sociales y a aquellos operadores que están en contacto con la víctima para prevenir la situación de riesgo.



La señora Camarero ha hecho mención al protocolo. Yo creo que los protocolos, quizá sea también por deformación profesional, tienen que constituir preguntas pequeñas y muy fáciles de entender para el operador que en ese momento está
detectando la violencia. En este sentido se pensó mucho por parte del Ministerio del Interior cuáles eran las preguntas que podrían aportar datos para establecer equivalencias y trabajar con una situación de alto riesgo. Se seleccionaron
muchísimas preguntas, se revisaron las que podrían ser más adecuadas precisamente para poner en marcha una observación más cercana; de ahí que el protocolo tenga 19 preguntas. Tampoco es el momento idóneo para preguntar. Igual que con el
protocolo de los colegios de psicólogos o con el protocolo de sanidad se trabajan las preguntas para ver qué tipo de información se obtiene, ese protocolo se estudia en términos de eficacia respecto a las 19 preguntas.
En este sentido, yo quiero
decirle que está dando unos excelente resultados.



Me pregunta usted sobre los escoltas. Los escoltas, hoy por hoy, están desestimados, porque no se considera, dado el número de mujeres que sufren violencia, que pudiera ser una medida eficaz. Por otra parte, siempre que alguna comunidad ha
puesto escoltas me he preguntado por qué no se le pone al agresor y no a la víctima. En este sentido, no creo, como usted dice, señora Camarero, que hayamos establecido una serie de medidas que vayan más a favor de generar un proceso de gloria,
sino todo lo contrario. Es un exhaustivo trabajo el que se está llevando a cabo, un exhaustivo trabajo de coordinación con todos los ministerios, con las comunidades autónomas. Usted también me pregunta sobre las comunidades


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autónomas. El artículo de un periódico nacional habla de los fondos de las comunidades autónomas. Yo tengo que decirles de entrada que un 15 por ciento de evolución del presupuesto no es significativo. Pero aun así tengo que plantearles
que, a pesar de que esta competencia es exclusiva de las comunidades autónomas, no en aplicación total de la ley, como dice ese periódico nacional, sino del artículo 19 de la misma, que tiene que ver con la sensibilización y prevención, hemos
considerado necesario ayudar a las comunidades autónomas. ¿Cómo? En el año 2005 con 10 millones de euros, con acuerdos y criterios fijados por las comunidades autónomas con el Gobierno. No lo hemos hecho en un despacho; todo lo contrario,
incluso se hace una conferencia sectorial en abril y, como no se había estado en el diseño de los acuerdos, se rechaza el acuerdo completamente y se hace otra conferencia sectorial ya en junio para poder cerrar el acuerdo; siempre con acuerdos.
Evidentemente son acuerdos en que las comunidades autónomas también tienen que gastar, y tienen que gastar de acuerdo con la Ley de Presupuestos Generales del Estado a 31 de diciembre de cada año, es decir, nosotros también tenemos que pensar en la
celeridad de los procesos, porque el 31 de diciembre tiene que estar el gasto comprometido. Yo tengo que plantear que para mí el hecho de que se gastase un 15 por ciento no es tan grave, pero sí es cierto que se tienen que trabajar las respuestas
en cuanto a que las comunidades autónomas prevean por su parte su situación con respecto al gasto.



Yo creo que los criterios de cambio de Gobierno no son unos criterios que podamos utilizar en relación con la ciudadanía. En cuanto a lo que usted me ha dicho, señora Oliva, con respecto a la Asociación Catalana de Municipios, yo creo que
la Asociación Catalana de Municipios no son todos los municipios de Cataluña, creo entender que también hay una Federación Catalana de Municipios. En este sentido es importante que se entienda que no cubre todo el territorio de Cataluña. Y, sin
entrar precisamente en su comunidad autónoma, en este campo no tenemos, en absoluto, nada que decir; es decir, no tenemos competencias en la FEM más allá de plantear que la FEM está siendo una excelente colaboradora con nosotros, con el Gobierno,
en materia de violencia de género y en toda la materia de igualdad, porque también estamos trabajando con ellos lo que es la Ley de Igualdad. Pero usted insiste, y me parece bien que lo siga planteando. Yo le advierto que también hay Federación
Catalana de Municipios, que están incluidos, y que la Federación de Municipios en este sentido tendrá que planteárselo desde el punto de vista de la federación española particular, porque también hay otras federaciones en otras comunidades
autónomas, pero no recogen el conjunto de la Federación de Municipios.
Entonces, como advertíamos antes con el tema de las denuncias y lo previo a las denuncias, habrá que conciliar varios intereses y ver la oportunidad política de conciliarlos.



La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señora Murillo, por su intervención, por sus explicaciones, por su trabajo, por su esfuerzo y por comparecer hoy ante nosotras. Creo que SS.SS. no tienen ninguna intención de utilizar su segundo
turno y agradecemos profundamente esta renuncia. Muchísimas gracias de nuevo.



Se levanta la sesión.



Eran las tres y cinco minutos de la tarde.