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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 100, de 17/05/2007
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2007 VIII Legislatura Núm. 100
PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS MARTÍNEZ HERRERA, VICEPRESIDENTE PRIMERO
Sesión núm. 27
celebrada el jueves, 17 de mayo de 2007
en el Palacio del Congreso de los Diputados
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor presidente del Tribunal de Cuentas (Nieto de Alba) para informar sobre los siguientes extremos:
- Informe de fiscalización de la Oficina Española de Patentes y Marcas, ejercicio 2002. (Número expediente Congreso 251/000084 y número expediente Senado 771/000082.)... (Página 2)
- Informe de fiscalización de la actuación del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz en el período 31 de diciembre de 2000 a 31 de diciembre de 2004.
(Número expediente Congreso 251/000146 y número expediente Senado 771/000141.)...
Informe de fiscalización del organismo autónomo Fondo de Explotación de los Servicios de Cría Caballar y Remonta, ejercicio 2002. (Número expediente Congreso 251/000085 y número expediente Senado 771/000084.)...
- Informe de fiscalización de la gestión de ingresos desarrollada por las Confederaciones Hidrográficas, ejercicio 2003. (Número expediente Congreso 251/000135 y número expediente Senado 771/000129.)... (Página
13)
- Informe de fiscalización de la privatización de INITEC. (Número expediente Congreso 251/000138 y número expediente Senado 771/000135.)...
(Página 16)
Se abre la sesión a las diez y treinta y cinco minutos de la mañana.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (NIETO DE ALBA) PARA INFORMAR SOBRE LOS SIGUIENTES EXTREMOS:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, EJERCICIO 2002. (Número de expediente Congreso 251/000084 y número de expediente Senado 771/000082.)
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Herrera): Vamos a dar comienzo a la Comisión, que en parte es continuación de la del día 24 de abril en la que no se pudieron tratar estos puntos del orden del día, sobre la comparecencia del presidente del
Tribunal de Cuentas para informar sobre distintos expedientes. Quiero aprovechar también la oportunidad para dar la bienvenida nuevamente y agradecer la presencia del presidente del Tribunal de Cuentas, y especialmente en el día de hoy quiero
felicitarle por su reciente cumpleaños en el día de ayer. Felicidades, señor presidente.
Pasamos al primer punto del orden del día, que es el informe de fiscalización de la Oficina Española de Patentes y Marcas, ejercicio 2002. Tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): El informe de fiscalización de la Oficina Española de Patentes y Marcas, OEPM, ejercicio 2002, fue aprobado por el pleno en julio de 2005, siendo sus resultados más destacables
los siguientes. Los estados financieros rendidos por el organismo representan la imagen fiel de su situación financiera y patrimonial a 31 de diciembre de 2002, con las siguientes salvedades. Los inventarios del organismo, debido a su inadecuada
gestión, son incompletos. En la cuenta: otro inmovilizado material, se registran las adquisiciones de fondos bibliográficos de las tres bibliotecas de la OEPM, pero no hay un inventario o catálogo de todos los existentes. En cuanto a gastos y
pérdidas de otros ejercicios, se contabiliza indebidamente un importe como consecuencia de la reducción en los años de vida útil de elementos de los inmovilizados inmaterial y material y ajuste de las amortizaciones, a pesar de lo establecido en los
principios contables públicos.
En lo que se refiere al cumplimiento de la legalidad, la OEPM suscribió contratos con empresas de servicios para la realización de determinadas tareas por trabajadores aportados por estas, sin tener en cuenta los riesgos que en materia de
derecho laboral ello suponía, a pesar de haber sido puestos de manifiesto por la Intervención delegada. Ello dio lugar a que algunos empleados de dichas empresas presentaran demandas ante los juzgados de lo social. El resultado final de la
aplicación y ejecución de las sentencias derivadas de esas demandas y de otras ulteriores fue la admisión de 102 trabajadores como personal laboral del organismo, lo que supuso un procedimiento de provisión de puestos de trabajo excepcional en
relación con lo establecido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública, toda vez que impidió la normal aplicación de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad para el acceso a la función
pública.
Respecto a los sistemas y procedimientos de gestión y control interno, los derechos derivados de las tasas por prestación de servicios unas veces se registran cuando se realiza la liquidación y otras cuando se produce el cobro, cuando
deberían contabilizarse en el momento en que, prestado el servicio, se efectúa la liquidación, con el fin de llevar un adecuado control y contabilización de los deudores.
Algunas de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de concesión de subvenciones no detallan extremos importantes como el plazo y forma de justificación por parte del beneficiario del cumplimiento de la finalidad para las
que aquellas se conceden y de la aplicación de los fondos recibidos. Aun siendo subvenciones nominativas, las entidades beneficiarias están
sujetas a las prescripciones de lo establecido en la Ley General Presupuestaria sobre justificación.
Se realizan algunos pagos por anticipos de nómina y devoluciones de tasas, a través de la cuenta restringida autorizada con la finalidad exclusiva de atender los movimientos de fondos relativos a pagos a justificar y a anticipos de caja
fija.
En relación con el programa presupuestario, el organismo no tiene establecido ningún procedimiento específico de seguimiento de objetivos, carencia que dificulta seriamente comprobar si se han alcanzado estos. No obstante, de la información
aportada por la Oficina Española de Patentes y Marcas y de lo observado en la fiscalización no se deducen actuaciones o prácticas contrarias a la buena gestión en las principales actividades del organismo.
El señor VICEPRESIDENTE: Intervenciones de los grupos políticos. Por parte del Grupo Popular tiene la palabra su portavoz, don Ismael Bardisa.
El señor BARDISA JORDÁ: Queremos agradecer el informe de fiscalización de la Oficina Española de Patentes y Marcas realizado por el Tribunal de Cuentas y las explicaciones que su presidente nos ha dado en la mañana de hoy. Es un informe
que refleja una gestión adecuada del organismo durante el ejercicio 2002 en el que, tal y como se indica en el apartado 3.1 de las conclusiones, las cuentas anuales representan razonablemente la situación financiera y patrimonial, así como el
resultado de las operaciones realizadas y la liquidación de los presupuestos de dicho ejercicio. Las salvedades que se indican en el apartado 2.1.2 indican que no ha habido limitaciones que impidieran aplicar los procedimientos de auditoría en la
fiscalización realizada y que las incluidas en el epígrafe 2.1.2.b), como otras salvedades, se refieren a cuestiones de aplicación de criterios contables, que no modifican para nada la valoración expresada de la gestión como adecuada.
Las consideraciones que se hacen en el apartado b) de las conclusiones se explican en el documento de alegaciones, o en algún caso, como en la contratación de personal, no se debe exclusivamente a la actuación de los gestores del organismo
de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Por todo ello, señor presidente, entendemos como razonables las recomendaciones que se hacen en el informe del Tribunal de Cuentas y, por tanto, desde el Grupo Popular presentaremos como propuesta de
resolución a debatir en la siguiente Comisión las recomendaciones que nos da el tribunal.
El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra don Francesc Vallès.
El señor VALLÈS VIVES: Voy a intervenir con mucha brevedad. Estamos ante un informe de fiscalización que fue elaborado en su momento a iniciativa del propio Tribunal de Cuentas. Su inclusión en el Plan anual de fiscalizaciones fue por un
acuerdo del pleno de 18 de diciembre de 2002, en el que se decidió fiscalizar la actividad económico-financiera del organismo autónomo de la Oficina Española de Patentes y Marcas para el ejercicio 2002, cuyos trabajos terminaron mediante la
aprobación por el pleno del Tribunal de Cuentas el 15 de junio del año 2005. Es decir, estamos hablando de un informe cuya elaboración tardó unos dos años y medio y casi dos años más tarde se ve en esta Comisión. Hay un desfase de carácter
temporal importante, desde el momento en que es fiscalizado y el momento en que se aprueba definitivamente por el Tribunal de Cuentas, hasta su debate a examen por esta Comisión. Estamos ante un informe que no es excesivamente exhaustivo ni largo
en su contenido, ni tampoco detecta excesivas irregularidades contables en su detalle, en su examen, como sí se pone de manifiesto en las conclusiones que elabora el propio informe de fiscalización. El alcance de la fiscalización ha sido, como bien
nos ha indicado el presidente, un análisis de las cuentas anuales de la Oficina Española de Patentes y Marcas para el ejercicio 2002 y, en particular, de los estados de liquidación del presupuesto de ingresos y gastos, el balance de situación y la
cuenta del resultado económico-patrimonial de dicho año 2002. Como consecuencia de ese análisis de fiscalización se han encontrado algunas irregularidades en relación al cumplimiento de la legalidad y de los sistemas de gestión internos, y me
atrevería a decir que especialmente -quizás es el elemento más llamativo dentro del informe- en relación a la contratación de personal. Pero más allá de esas irregularidades detectadas en la labor fiscalizadora y en relación a la representatividad
de las cuentas, el informe dice literalmente que las cuentas anuales de la Oficina Española de Patentes y Marcas, a pesar de esas irregularidades, representan razonablemente, a juicio del Tribunal de Cuentas, la situación financiera y patrimonial,
así como el resultado de las operaciones realizadas y la liquidación de los presupuestos de dicho ejercicio, eso sí, con las salvedades recogidas y a las que ya se ha hecho referencia antes. En este tipo de informes, visto el desfase temporal y el
cambio del partido en el Gobierno, como consecuencia de las alegaciones presentadas por la nueva presidenta de la oficina, es evidente que algunos elementos han sido ya corregidos, y aquellas recomendaciones efectuadas, como siempre con muy buen
criterio por parte del Tribunal de Cuentas, que puedan ser de utilidad van a ser tenidas en cuenta por mi grupo parlamentario, por si fuera el caso, en la próxima sesión de la Comisión, traducidas o transformadas en propuestas de resolución, es
decir, aquellas que no hayan sido tenidas en cuenta o llevadas a la práctica por parte de la nueva gestión de la Oficina Española de Patentes y Marcas.
En relación con esta cuestión quisiera hacerle simplemente una pregunta, señor presidente. Sé que me remonto muy atrás en el tiempo, que es como he empezado mi intervención. En la medida en que este fue un informe elaborado a petición del
propio Tribunal de Cuentas en un acuerdo del pleno, es decir, en virtud de la iniciativa fiscalizadora propia del tribunal, me gustaría saber, si es que
puede darnos el dato -quizás hoy no lo tenga aquí- cuáles fueron los argumentos, los motivos, incluso los indicios que en su momento se tuvieron en cuenta para decidir fiscalizar esta oficina. En todo informe de fiscalización, en cualquier
solicitud o propuesta de elaboración de un informe de fiscalización a iniciativa del propio Tribunal de Cuentas, hay unos argumentos, hay unos documentos técnicos previos que sugieren o indican el porqué de esa labor fiscalizadora. En algunos casos
-usted ha tenido la oportunidad de reflejarlo ante esta Comisión-, son simplemente cuestiones aleatorias desde el punto de vista de singularizar alguno de los organismos autónomos, oficinas o entidades de la Administración para que sean
fiscalizadas, sin más. Pero en otros casos sí hay algún indicio, alguna razón o algún motivo para singularizar en alguna oficina en concreto. Es verdad que en las conclusiones no se detectan de manera suficientemente clara la necesidad de
fiscalización de esa oficina, pero más allá de unas pequeñas irregularidades, algunas un poco más graves en relación a la contratación del personal, no aparecen demasiadas irregularidades reflejadas. Simplemente pongo esta cuestión sobre la mesa.
Le agradezco las recomendaciones y, como le decía antes, mi grupo va a tomar en consideración aquellas que no han sido aún tenidas en cuenta, entre las muchas que sí lo han sido, para formularlas y traducirlas como propuesta de resolución.
El señor VICEPRESIDENTE: Para contestar a las cuestiones planteadas tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): En cuanto a esas consideraciones de carácter general, en efecto, esta ha sido una fiscalización que ha ido buscando la regularidad financiera, la regularidad legal y la gestión en
el control de este organismo. El informe refleja en cada caso la regularidad financiera y hay una imagen fiel, si bien hay que hacer alguna salvedad. El incidente en la regularidad legal, que también se ha mencionado aquí, es el del tema de la
contratación de estos laborales, que después ha habido que admitirlos.
En la gestión también hay unas pequeñas irregularidades en la contabilización de las tasas. Se contabilizan unas veces cuando se liquidan y otras veces cuando se cobran, cuando
deben liquidarse siempre cuando se presta el servicio y se efectúa la liquidación. El informe también ha puesto de manifiesto que hay una carencia de objetivos y lo que hace es recomendar -esto es lo importante del tribunal- que se mejoren estas
deficiencias que se han detectado. Tengo que decir que aquí no se han apreciado ni por el fiscal ni por el abogado del Estado indicios o actuaciones previas de la exigencia de responsabilidades.
En cuanto a la pregunta concreta de por qué se ha introducido esta fiscalización en el programa y si se terminó la fiscalización en 2005, supongo que estará incluida en el programa de 2003 o de 2004. Esto está obedeciendo al régimen de
funcionamiento del tribunal. El tribunal tiene iniciativa fiscalizadora y la ejerce con un régimen interno. El consejero que la propone supongo que habrá tenido sus razones, a lo mejor por rendición de cuentas, pero no se hace un programa de
fiscalización en virtud del cual se motivan todas y cada una de las fiscalizaciones y ese programa de fiscalización es el que se envía aquí al Parlamento. Por tanto, además de no tener información, ahora no puedo procedimentalmente considerar que
esto es lo que se tiene que hacer. Se siguió el procedimiento que se sigue en todas las fiscalizaciones. Se elabora el programa, cada departamento hace sus propuestas y ese programa es el que figura en el Parlamento. No figura la motivación ya
que pueden ser motivaciones múltiples, porque a todo eso le precede siempre un examen de las cuentas y unas relaciones con cada organismo.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN DEL CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ EN EL PERIODO 31 DE DICIEMBRE DE 2000 A 31 DE DICIEMBRE DE 2004.
(Número de expediente Congreso 251/000146 y número de expediente Senado 771/000141.)
El señor VICEPRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día que, por acuerdo de Mesa y portavoces, es el que figura con el número 5: Informe de fiscalización de la actuación del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz en el periodo
31 de diciembre de 2000 a 31 de diciembre de 2004.
Tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): El presente informe fue aprobado por el pleno del Tribunal de Cuentas el pasado mes de marzo y ha sido realizado a iniciativa de esta Comisión mixta, que solicitó una ampliación
del anterior informe de fiscalización del consorcio, cuyo alcance temporal se extendía hasta el ejercicio 2000. Los objetivos de este nuevo informe, siguiendo lo solicitado por la Comisión mixta, se han centrado en comprobar si se habían corregido
las deficiencias detectadas en el anterior informe de fiscalización, así como en analizar los contratos adjudicados a Miami Free Zona Services y Telvent Interactiva y la adquisición del grupo Corporación Alimentaria.
En el periodo objeto de nueva fiscalización, ejercicios 2001 a 2004, las competencias en materia de contratación de los diferentes órganos del consorcio no han variado respecto de las existentes en el periodo objeto de la anterior
fiscalización. Por ello seguía teniendo vigencia entre 2001 y 2004 la conclusión del anterior informe, según la cual no podía considerarse prudente el traspaso de todas las facultades contractuales desde el pleno en favor del comité ejecutivo y del
delegado especial del Estado. En el nuevo periodo fiscalizado continuaron existiendo algunas de las deficiencias del periodo anterior en cuanto a la falta de regulación interna de las indemnizaciones por gastos de viaje del personal del consorcio.
No
obstante, merece destacarse que se suprimieron las tarjetas de crédito domiciliadas en una cuenta corriente del consorcio, utilizadas por el delegado especial del Estado.
Por otra parte, se han observado progresos adecuados en la gestión de los gastos por servicios exteriores y en la contratación de profesionales independientes. En el contrato suscrito a finales de 2000 con Rilco, filial del consorcio con
Miami Free Management Services Corporation, se ha observado diversas irregularidades. Así, la adjudicación se realizó sin que el adjudicatario hubiera cumplido diversas condiciones exigidas en el pliego y sin que constara la preceptiva autorización
del comité ejecutivo del consorcio o del consejo de administración de Rilco. Además, el importe total del contrato se pagó con mucha antelación a la realización de los trabajos y sin que existieran los informes técnicos que certificaran las
entregas o las prestaciones. Asimismo, durante la ejecución del contrato se suprimieron diversos contenidos del mismo sin que conste que Rilco obtuviera compensación alguna por ello. Entre 2001 y 2003 el consorcio, a través de su filial Sogebac,
realizó diversas operaciones de toma de participación mayoritaria en la sociedad del grupo Corporación Alimentaria. Debe destacarse que la sociedad matriz de este grupo estaba incursa en causa de disolución al cierre del ejercicio 2004, al tener
unos fondos propios negativos por importe de 11 millones de euros. En estas operaciones de compra se han observado diversas irregularidades. Así, se incumplió un acuerdo del comité ejecutivo del consorcio, adoptado en diciembre de 2002, por el
cual se debía posponer la adquisición de acciones de una de las sociedades del grupo hasta que los auditores externos del consorcio redactaran un informe sobre el importe de las futuras primas de emisión y sobre el riesgo de participación en dicha
sociedad. Además, la toma de participación en esta sociedad se realizó sin que hubiera examinado la documentación contable y operativa de la misma. Debe destacarse a estos efectos que, según los informes de auditoría realizados posteriormente por
la IGAE y por un experto designado por el Registro Mercantil de Cádiz, el patrimonio neto de esta sociedad al cierre de 2002, que según las cuentas ascendía a 2,7 millones de euros, era realmente solo de 362.000 euros. Igualmente en la adquisición
de otra sociedad del Grupo Corporación Alimentaria no se informó al comité ejecutivo de la cuantía de las operaciones, ni se contó con su valoración de la sociedad adquirida ni de la prima de emisión.
Además de las citadas operaciones de toma de participación mayoritaria, el consorcio concedió al grupo Corporación Alimentaria diversos préstamos y avales en los que también se han detectado irregularidades. Así, no consta la autorización
del comité ejecutivo en sendos préstamos otorgados en 2002 por importe de 902.000 euros y 1,9 millones de euros, ni en una línea de crédito otorgada en 2003 por 6 millones de euros. Además, el consorcio avaló préstamos de una sociedad del grupo por
7,1 millones de euros y las garantías otorgadas por esta sociedad para cubrir los riesgos soportados por el consorcio eran claramente insuficientes. En resumen, el riesgo de pérdida para el consorcio asociado a la participación mayoritaria en el
grupo Corporación Alimentaria podía cuantificarse al cierre de 2004 en 31 millones de euros. En esa fecha, como se ha indicado, la sociedad matriz del grupo tenía un patrimonio neto negativo de 11 millones de euros. Sogebac, la filial del
consorcio, había dotado provisiones para estos conceptos por importe de 18 millones de euros. El informe finaliza con varias recomendaciones relacionadas con la regulación de competencias de los diferentes órganos del consorcio.
El señor VICEPRESIDENTE: Se abre el turno de intervención de los grupos parlamentarios. Por el Grupo Popular tiene la palabra don José Blas Fernández.
El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: En primer lugar, creemos que esta fiscalización efectuada por el Tribunal de Cuentas, a solicitud de la Comisión mixta, ha permitido corroborar la mejora observada en la gestión del consorcio. Así, en la página
16 del informe se afirma con precisión que las competencias atribuidas al comité ejecutivo y al delegado especial del Estado de la Zona Franca han variado sustancialmente a partir de 2005, habiéndose recogido en las recomendaciones y conclusiones
del anterior informe del tribunal. Esta referencia no ha de olvidarse, pues viene a significar la preocupación y la voluntad de mejorar la gestión incorporando a tal fin cuantas sugerencias sean consideradas pertinentes.
Tras ello permítanme que mis primeras palabras sean de agradecimiento porque son recomendaciones que ha dado el tribunal y sobre todo en este informe de fiscalización por la actuación que se ha hecho por el periodo señalado por el presidente
del tribunal. En primer lugar, queremos mostrar nuestra satisfacción por lo definitivo de dicho informe que como ustedes señorías podrán comprobar dejan zanjado definitivamente las pretensiones malintencionadas y perversas de algunos grupos
parlamentarios liderados, como es lógico, por socialistas y, sobre todo, parlamentarios de Cádiz que se sientan hoy en esta Comisión. Nuestra mayor satisfacción es que las escuetas recomendaciones del informe que se recogen aquí en una página solo
y exclusivamente hacen referencia a la interpretación de unos estatutos de los años cuarenta que estaban en vigor en época socialista en el periodo comprendido y estudiado de 2001 a 2004. Y mucha atención, señorías, porque están en vigor
actualmente con el actual delegado de la Zona Franca don José de Mier, nombrado por el Gobierno del señor Zapatero. Por tanto, es un día de satisfacción para este parlamentario. No obstante, permítanme que haga algunas preguntas más que nada
aclaratorias sobre dicho informe del Tribunal de Cuentas, con el único fin de clarificar y no sembrar situaciones de debilidad por parte de algunos parlamentarios. Mi primera pregunta, señor presidente, señor presidente del Tribunal de Cuentas,
atañe a la conclusión sexta del informe en cuestión en el primer párrafo, página 47. En la misma interpreta el Tribunal de Cuentas que era el comité ejecutivo quien tenía que haber aprobado la
compra de acciones de Sogebac. Sin embargo, ¿no es cierto, señor presidente, que el informe de la Abogacía del Estado dice que, tal y como finalmente ocurrió, esta decisión correspondía al consejo de administración? ¿No es, por tanto, una
diferencia en la interpretación sobre estas competencias entre la Abogacía del Estado y este tribunal lo que subyace en esa conclusión sexta?
Mi segunda pregunta, señor presidente, también sobre esta sexta conclusión pero en su segundo párrafo, página 47, es si debemos entender que, tras las alegaciones del señor Miguel Osuna al anteproyecto del informe del Tribunal de Cuentas, se
ha admitido por este tribunal que existía un informe de la Asesoría Fiscal de la Zona Franca. ¿No es cierto, señor presidente, que en ese informe de la Asesoría Fiscal de la Zona Franca se valoraba a Quality Food muy por encima de lo que se valora
en este informe que hoy nos convoca? En este mismo sentido, ¿por qué no se cita en las conclusiones del informe del asesor fiscal del consorcio y, lo que es peor aún, por qué no se cita la sentencia de 12 de septiembre de 2006 del Juzgado de lo
Mercantil de Cádiz, donde hace referencia a este informe, señor presidente? Una sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Cádiz, ¿no ha sido tenida en cuenta?
Mi tercera pregunta, señor presidente, es muy concreta. ¿Le ha sido facilitado por la Zona Franca al tribunal que usted representa el informe de la Abogacía del Estado de Cádiz en el que se explica por qué esa abogacía recomendó al
consorcio una redacción somera del acta de la sesión de 23 de diciembre de 2003, en el que se dice comprar acciones de Quality Food? ¿Sabe usted que razón ha dado la Zona Franca para ello? Se lo pregunto señor presidente. Si el tribunal destaca
negativamente lo somero de la redacción de esa acta y ese carácter somero fue recomendado por la Abogacía del Estado, volvemos a la interna cuestión: Una diferencia de interpretación entre la Abogacía del Estado y el tribunal.
Mi cuarta pregunta, señor presidente. En la conclusión séptima, en su párrafo cuarto, el informe asegura garantías que respaldan los avales otorgados a Quality Food. Mi pregunta es si era obligatorio que se constituyera esa garantía. Yo
creo que no; pero aún más. ¿Conocía el tribunal que existían contraavales antes de la elevación a público de esa garantía, o es que no le han enseñado esos contraavales, señor presidente?
Mi quinta pregunta, señor presidente, se refiere a la gestión del anterior delegado del Estado de la Zona Franca de Cádiz. ¿Es cierto que, tal y como ustedes recogen en la página 45 de su informe, en sus conclusiones se ha producido una
importante reducción de los gastos de viajes respecto al año 2000? Creo que el señor presidente así lo acaba de exponer someramente. ¿No es menos cierto también que se han cumplido los procedimientos establecidos en cuanto a gastos por servicios
exteriores para su autorización, pago y registro contable en los términos que recoge el cuerpo de su informe? ¿Y no es cierto, señor presidente, que en la página 46 de su informe se especifica que se han regularizado todas las situaciones en las
que concurrían las contrataciones de profesionales independientes? Usted indica, señor presidente, que el consorcio las dejó de realizar por orden del señor Osuna, el anterior delegado de la Zona Franca de Cádiz.
Una pregunta más que quiero hacerle. En el resumen de las conclusiones se cuantifica en 30 millones de euros el riesgo asumido por el consorcio respecto a Quality Food. ¿No es cierto que tras mayo de 2004, cuando se produce el cambio de
delegados de Zona Franca y toma posesión el socialista José de Mier, es cuando se genera más de la mitad de ese riesgo asumido por el consorcio, es decir, más de 15 millones de euros?
La Universidad de Sevilla ha desmentido en sede judicial ser autora del supuesto informe que realizaron dos profesores por su cuenta y riesgo, según se ha informado a su tribunal en las alegaciones de Miguel Osuna, y eso lo ha certificado de
manera literal el vicerrector de la secretaría general de dicha universidad; sin embargo, ¿se ha tenido en cuenta en el análisis de su informe? ¿Qué sucedería si, como parece que ocurrirá, los tribunales deciden que ese informe supuestamente
falseado no constituye prueba alguna en esta cuestión? Es más, señor presidente, ¿sabe el tribunal que usted preside que las conclusiones del supuesto informe de la Universidad de Sevilla fueron publicadas en la prensa 40 días antes de encargarlo?
Señor presidente -fíjese, por favor-, 40 días antes de que se encargara hacer un informe la prensa ya tenía sus conclusiones. ¿Es este informe, el que tenían sus conclusiones antes de encargarlo, el que se ha tenido en cuenta por el tribunal? Como
comprenderá S.S., este informe, supuestamente de la Universidad de Sevilla, puede constituir un presunto delito de falsedad en documento público y un ilícito penal, por lo que estimo oportuno considerar este aspecto y que conste en el 'Diario de
Sesiones'.
Termina mi serie de preguntas con una muy concreta. ¿Ha entrevistado su tribunal a los abogados del Estado que redactaron los términos del pliego del contrato firmado entre Miami Free y la Zona Franca? Si no se ha hecho, ¿se podría
explicar por qué? Señor presidente, yendo al fondo de la cuestión que aquí nos convoca, de las cuatro someras recomendaciones que el Tribunal de Cuentas señala en la página 49 de su informe, repito, de las cuatro recomendaciones que caben en medio
folio, ¿se desprende algún ilícito penal de ello? No, ¿verdad? Si es así, me gustaría que fuera usted claro en decirlo ante SS.SS. y si ha habido alguna situación que está ahora mismo perseguida por los tribunales, señoría, porque las cuatro
recomendaciones se encabezan con la misma frase: Sería conveniente. ¿No sería justo deducir que estas recomendaciones se orientan a dilucidar las diferencias de interpretaciones entre el Tribunal de Cuentas y la Abogacía del Estado?
Finalmente, señorías, permítanme que les muestre un informe que la Abogacía del Estado ha realizado con posterioridad al que aquí nos convoca y, curiosamente, este informe, aunque encargado por la Zona Franca, no ha salido a la luz pública.
Señor presidente, este informe es del 23 de abril de 2007 -voy a leer ahora sus conclusiones-
y se ha ocultado también por el portavoz socialista que va a hablarnos más tarde. Pues bien, ¿saben lo que dice este informe de la Abogacía del Estado, señorías? En la página número 6, en el fundamento jurídico número 3, dice que ello hace
perfectamente comprensible la discrepancia de criterio entre el proyecto del informe del Tribunal de Cuentas, por una parte, y el Consorcio de la Zona Franca y la Abogacía del Estado de Cádiz, por otra, y es que resulta ciertamente complejo
determinar con certeza a qué órgano corresponde adoptar las decisiones derivadas de la actividad del consorcio derivadas de las nuevas competencias. Eso lo dice la Abogacía General del Estado al abogado del Estado el 23 de abril de 2007, muy
posterior a su informe. ¿Por qué esto se oculta y sale posteriormente? Y cito textualmente la página número 6 de ese informe de la Abogacía del Estado, que dice: Este centro directivo reitera que la falta de adaptación de los estatutos hace
difícil resolver la cuestión planteada y no puede dudarse de la racionabilidad de las opciones defendidas. Este informe lo firma don Joaquín de Fuentes Bardají, abogado general del Estado, con fecha 23 de abril de 2007, como acabo de decir.
Señor
presidente, señorías, es una verdadera pena que este informe de la Abogacía General del Estado haya sido firmado el día 23 de abril, cuando ya estaba elaborado el informe que hoy nos atañe. Teniendo en cuenta que este informe está elaborado
precisamente a consecuencia de su anteproyecto, ¿no le ha dado tiempo a la Abogacía General del Estado a incorporar como alegaciones este trascendental informe? Esta es mi pregunta. Quiero recordarles que es la Abogacía del Estado la que está
actuando como acusación de parte contra el anterior delegado de la Zona Franca. No me digan que no es para reflexionar.
En definitiva, señorías, y reiterando mi satisfacción porque este informe supone un respaldo a la verdad, a la única verdad que hay sobre la gestión de la Zona Franca en el proyecto estudiado, tenemos que atenernos a ello. Señoría, si no me
puede contestar ahora, por favor, hágalo por escrito a este senador. Creo que es lo oportuno, porque así desmontaría esta sucia estrategia donde algunos, de alguna manera, en una ciudad como es Cádiz, en plenas elecciones municipales, como
candidato a la alcaldía de Cádiz, en vez de estar pateando la ciudad buscando votos, están aquí medrando para ver si de alguna forma se puede desligar y desmontar a la candidata del Partido Popular. No tiene otra lectura, señor presidente.
Termino, señor presidente. El informe en ningún momento critica o imputa irregularidad alguna e ilegalidad alguna, ni al anterior delegado de la Zona Franca ni a nadie; es más, el informe refleja como se debía regular aquella y dice cómo
debe desmontarse la tesis de las competencias de uno y otro. Lo único que ha habido aquí es una persecución urdida por el señor Román, aquí presente, del PSOE de Cádiz, para menoscabar la gestión del Partido Popular.
El señor VICEPRESIDENTE: Quiero recordarle que al principio he aclarado que esta Comisión se había convocado como continuación de la de 24 de abril, en la que no pudo incluirse por distintas razones la segunda parte que se hace normalmente,
que es la comparecencia del presidente del Tribunal de Cuentas para informar sobre distintos expedientes que ya estaban determinados. Como S.S. decía lo de: en lugar de estar pateando la ciudad y consiguiendo votos, le quiero recordar que la
Comisión tenía su orden del día establecido, no se pudo celebrar por cuestiones ajenas a la Mesa, que estaba convocada, y por tanto creo que no proceden algunas afirmaciones que se han hecho.
A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, don Rafael Román.
El señor ROMÁN GUERRERO: Señor presidente del Tribunal de Cuentas y queridos colegas, empezaré diciendo que creo que es un hecho absolutamente insólito e infrecuente que, durante un periodo de ocho años, con dos delegados del Estado
diferentes, la misma institución pública, la Zona Franca de Cádiz, se haya visto afectada tan gravemente por dos informes fiscalizadores tan terribles, tan escandalizadores para la opinión pública, y con tan claras responsabilidades contables y
penales, tanto las que se deducen de él como las que hemos tenido ocasión de conocer sucesivamente en esta Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas.
En efecto, en la Zona Franca de Cádiz se ha producido, durante el periodo en el caso de los delegados
especiales del Estado don Manuel Rodríguez de Castro y don Miguel Osuna, de forma continuada, una gestión desgraciadamente llena de escándalos, irregularidades y anomalías que han alarmado a la opinión pública, han consumido miles de páginas y horas
de retransmisión en todos los medios de comunicación, y han dado lugar a debates muy encendidos en el Ayuntamiento de Cádiz, en la propia Zona Franca de Cádiz, en la Diputación Provincial de Cádiz, en el Parlamento andaluz, y en este órgano,
Congreso y Senado.
Disponíamos de un primer informe de fiscalización del Consorcio de la Zona Franca elaborado por el Tribunal de Cuentas durante el periodo en el cargo del señor Rodríguez de Castro, que detectó múltiples irregularidades, conocidas ya por
todos, lo que hace inútil relatarlo en este momento, al que es el señor Osuna, el siguiente delegado del Estado, el que presenta alegaciones justificando las actuaciones del anterior delegado y calificando de malévolas algunas de las afirmaciones
del Tribunal de Cuentas, con lo que la segunda malevolencia de la que hoy se acusa no es la primera vez que queda sobre las espaldas del Tribunal de Cuentas. No relataré las durísimas descalificaciones que recibió el diputado Fernández Chacón por
sus esfuerzos en clarificar la corrupción instalada en la Zona Franca de Cádiz, por cierto similares a las que yo he recibido en este mismo acto, por continuar su camino contra la corrupción en esta institución tan importante para Cádiz como la Zona
Franca.
Hoy tenemos el segundo informe de fiscalización, 2000/2004, por el que felicito al señor presidente del Tribunal de Cuentas, porque es profesional, serio y ponderado, pero terminante en los hechos que analiza, y me
interesa subrayar que el informe fue aprobado por unanimidad de todos los miembros del Tribunal de Cuentas, que, a pesar de los intentos del Partido Popular, es un órgano constitucional importantísimo, con prestigio técnico y profesional, y
con absoluta independencia política.
Un delegado del Estado sustituye a otro que sale por corrupción, y lo verdaderamente inasumible es que durante el periodo en el cargo del señor Osuna no se lideró ante la opinión pública una campaña contra las
graves irregularidades detectadas ni se denunciaron, de forma fehaciente y con consecuencias jurídicas, sino que se expresaron -y en esto tiene razón- ante doña Teófila Martínez, presidenta del consorcio durante el periodo que hemos analizado, que
podía estar aquí tomando la palabra, porque goza de la condición de senadora, y por tanto en el mismo capítulo en el que yo me hallo en este momento. Si no lo ha estimado conveniente, es su responsabilidad, no la mía.
El único argumento que aquí se ha manejado es que esto es producto de una campaña del Partido Socialista contra el Partido Popular y que no hay ninguna irregularidad, aunque la realidad es bien distinta, y hoy nos encontramos con un fallo
del Tribunal de Cuentas contra el anterior delegado del Estado, señor Rodríguez de Castro, y con una serie de causas penales abiertas en los juzgados de Cádiz contra los dos delegados del Estado y contra sus socios y algunos de sus proveedores,
gracias justamente al trabajo realizado -después de la victoria del Gobierno socialista- por la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda y por la Abogacía General del Estado, que aquí ha sido aludida como una autoridad moral. Efectivamente, la
Abogacía General del Estado es la que presenta las querellas que actualmente tiene en los tribunales a los dos delegados del Estado de la Zona Franca por distintos conceptos. El anterior delegado del Estado de la Zona Franca ha sido condenado por
la Sala de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, como responsable contable directo, al reintegro de la suma de 208.362,59 euros. Esto no me lo invento yo, sino que es un fallo de la Sala de enjuiciamiento. Tampoco me invento que el siguiente
delegado de la Zona Franca, señor Osuna, tiene una causa pendiente por presunto delito societario, por disposición fraudulenta de bienes de la sociedad por parte de su administrador, en perjuicio de la sociedad y en beneficio de un tercero; y el
anterior delegado del Estado, señor Rodríguez de Castro, lo está por malversación de caudales públicos, por apropiaciones indebidas, por estafa, por administración fraudulenta, por fraude y por exacciones ilegales. Por tanto, aquí no estamos
hablando de ningún hecho inventado ni de rumores, sino de hechos que han ocurrido y que se están sustanciando, por una parte en el Tribunal de Cuentas, desde el punto de vista contable -que es lo que estamos viendo en este momento- y fiscalizador, y
por otro lado, en los tribunales de otra manera, como es natural y lógico.
¿Dónde empieza el escándalo en este segundo periodo? En esa misma dirección del mandato del señor Osuna se siguieron cumpliendo los leoninos y gravemente lesivos contratos para la Zona Franca de Cádiz y para los contribuyentes con Miami
Free Zone y con Telvent, por importe nada desdeñable: 4.237.000 euros y 2.527.000 euros. No se puso empeño alguno en declarar lesivos esos astronómicos contratos, aunque a posteriori el señor Osuna ha manifestado que esos contratos no servían para
nada. Asimismo estallaron otros escándalos nuevos: el de Quality Food, Quality Fish, la compra de una parcela en el Parque de la Salina, en el Puerto de Santa María, en una extrañísima operación de ida y vuelta que nunca ha sido explicada, a pesar
de que la autoridad portuaria de Cádiz ofrecía una parcela alternativa, y, desde el punto de vista objetivo, las irregularidades y anomalías, como ha quedado claro por el informe que ha leído el señor presidente del Tribunal, y por lo que comprende
el propio Tribunal en el informe que yo trasladaré a los juzgados de Cádiz, no concluyeron con la salida del señor Rodríguez de Castro, sino que hubo un modus operandi parecido, porque podía haberse alegado lesividad para la Zona Franca y para los
intereses públicos de esos contratos para no seguir pagando un dinero que el propio delegado que vino después dijo que era un dinero inútil, porque los contratos no servían para nada. No cambiaron las prácticas de gestión ni el oscuro modelo
empresarial implantado por el anterior delegado del Estado, que por cierto todavía continuó un tiempo al frente de Rilco, desde donde se hicieron esos golosos contratos, sino que, por el contrario, se dejaron garantizados los pagos en una cuenta
mancomunada en el mismo banco en la que estaban el proveedor de los servicios y el delegado del Estado de la Zona Franca, hecho desde mi punto de vista insólito en la Administración pública española; no conozco esta práctica en ninguna
Administración pública española, por mucho que he preguntado: que contratista y contratado tuvieran la misma cuenta corriente para asegurar que los pagos se hacían. Eso ha sido así y el pliego de condiciones era absolutamente vergonzoso. Se
incumplió reiteradamente, está demostrado que había ofertas mejores, lo que agravaría de forma sustancial lo denunciado.
El delegado del Estado era viejo conocido y socio empresarial y mercantil del beneficiario del contrato, que estaba en Miami. Por tanto, un escándalo sin ningún tipo de paliativo. Era socio -y está comprobado- el que otorgaba el contrato
por parte de la Administración pública del que recibía el contrato en unas sociedades en Miami; hasta el nombre de la empresa cambiaba al gusto, y no afectaba al proceso de adjudicación. La empresa llegó a disponer hasta de tres nombres distintos,
pero daba igual, se entendía que era la misma; no acreditó nunca su personalidad jurídica y el dinero se pagó.
No quiero entretenerles leyendo el informe, pero lo dice de una manera muy clara en las páginas 39 y siguientes: no existe documentación acreditativa de que don Germán Leiva fuera el representante de ambas empresas que aparecen en la oferta
denominada O-2. No se ha hallado documentación que acredite su personalidad jurídica y su representación.
Además, según los antecedentes obrantes, la sociedad Miami Free Zone Corporation, que era una empresa privada, propietaria y explotadora de
Miami Free Zone, vendió sus activos y la denominación Miami Free
Zone en octubre de 2000, pudiendo de ello deducirse que, a la fecha en que se presentaron las ofertas de Miami Free Zone, firmadas por don Germán Leiva utilizando el nombre de Miami Free Zone Corporation, ya no era este el representante o
presidente de tal empresa, y tampoco podía representar a Miami Free Zone. Este proceso de adjudicación venía presidido por una continuada relación mercantil de don Manuel Rodríguez de Castro, delegado del Consorcio, y don Germán Leiva, que había
comenzado con la firma de un convenio de colaboración, etcétera. No voy a reiterarlo porque esto es absolutamente indefendible.
La sociedad ofertante y adjudicataria del contrato Miami Free Zone Corporation o Miami Free Zone Management Corporation es diferente de la firmante del contrato, que fue Miami Free Zone Management Services Corporation, que existía desde
1987. No aparece acreditado que don Germán Leiva, firmante de las ofertas como presidente de esas sociedades realmente lo fuera, y tuviera el poder para representarlas a la fecha de la presentación de la oferta. Tampoco está acreditado que don
Germán Leiva, a la firma del contrato, en el que actuó como representante de Miami Free Zone Management Services Corporation, lo fuera realmente, ya que solo aparece acreditada la certeza de que lo era hasta febrero de 2001, mes y medio después de
la fecha de la firma del contrato. En la oferta de Miami Free Zone no se acreditaba su solvencia técnica, solvencia profesional ni la solvencia económica, porque no se presentaron referencias de otros trabajos realizados, etcétera, etcétera; es
decir, se incumplió de una manera escandalosa el pliego de contratación.
Tampoco incorporaba su oferta el desglose requerido por la oferta económica, por las distintas partidas incluidas en la propuesta técnica, alegando nuevamente falta de tiempo, que era lo que se alegó en la anterior. Esta adjudicación se
hizo únicamente basándose en la valoración de la propuesta técnica. (Rumores.-Varios señores diputados: El tiempo.) No se quiere conocer. ¿No decía usted que quería conocer la verdad? Pues la verdad es lo que pone el informe. (El señor
Fernández Sánchez: Esa no es la verdad; es la mentira.) Tampoco existe constancia... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE: Ruego silencio. Creo que se ha respetado la intervención del anterior portavoz, y espero que se respete también esta.
En cuanto al tiempo, éste lo controlo yo. Yo sé que se les puede hacer muy largo en unos casos
o muy corto en otros, pero estoy controlando el tiempo.
El señor ROMÁN GUERRERO: Tampoco existe constancia de que el consejo de administración de Rilco autorizase, y así sucesivamente. Yo invito a que se lean el informe que, por lo visto, los portavoces del Partido Popular no han leído; han
venido aquí a hacer un contrainforme del informe que ha hecho el órgano constitucional que es el Tribunal de Cuentas, y a dejar sobre la Mesa de esta Cámara las sospechas de que este informe no responde a la realidad.
Dice el portavoz del Partido Popular que hay mejoras; mejoras dentro de un mar de irregularidades. Sonroja tanta satisfacción como se ha expresado por la corrupción generalizada en la Zona Franca de Cádiz. (El señor Fernández Sánchez: Y
en Ibiza.)
El señor VICEPRESIDENTE: Vaya terminando, señor Román.
El señor ROMÁN GUERRERO: No leo el conjunto de los anexos que se refieren a Sainco, que están completamente cargados del mismo tipo de irregularidades del contrato que posteriormente se hizo con Telvent -lo tiene recogido en el informe- y
con Corporación Alimentaria, que han supuesto para la Zona Franca, sin duda alguna, el mayor quebranto económico conocido en una empresa pública de esta naturaleza, por un motivo concreto de corrupción.
Por tanto, hay una línea seguida -y voy a concluir-, continuada, ininterrumpida de anomalías, de escándalos de todo tipo: empresarial, social, económico, periodístico, sindical y político. Estas malas prácticas se adueñaron de la Zona
Franca de Cádiz y afortunadamente están en sede judicial.
El señor VICEPRESIDENTE: Vaya terminando, por favor.
El señor ROMÁN GUERRERO: Quiero concluir formulando, naturalmente, unas preguntas al presidente del Tribunal de Cuentas.
Actualmente estos señores del Partido Popular de Cádiz que se beneficiaron, en concreto la alcaldesa, que era presidenta del Consorcio de la Zona Franca, y un grupo importante de concejales del Ayuntamiento de Cádiz, que son miembros del
consejo de la Zona Franca, ahora dicen con entera claridad que no se han enterado de nada, que no se dieron cuenta de nada, que no oyeron nada, que no son responsables de nada, a pesar de haber aupado a estos dos señores a sus puestos políticos, y
de haber compartido de manera muy cercana la gestión con ellos, incluso de haberse aprovecho de la gestión vendiéndolo como una empresa modelo de España, de creación de puestos de trabajo, de innovación tecnológica, y de haberse beneficiado
políticamente contratando a muchísimas personas en una empresa que terminó en quiebra, y que ha tenido que ser vendida por la Zona Franca de Cádiz en el período del actual delegado del Estado en la Zona Franca. Hoy no recuerdan nada, y yo tengo que
recordarlo, porque la táctica empleada ha sido la siguiente: en primer lugar, matar siempre al mensajero; en segundo lugar, negar...
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Román, le ruego que se ciña a las preguntas concretas.
El señor ROMÁN GUERRERO:... negar las evidencias en toda circunstancia; decir que es una conspiración; tapar a los interesados, incluso a los que están imputados
por la justicia; manifestar que todo es un montaje político y, finalmente, no asumir ninguna responsabilidad, en ningún caso, en ninguna circunstancia, ni los que los nombraron ni los que se aprovecharon de esta nefasta gestión contra
viento y marea.
Señor presidente, nos parece muy importante conocer cuál ha sido la posición del señor fiscal del Tribunal de Cuentas ante las más que evidentes responsabilidades contables, y si nos puede concretar los puntos en los que se han encontrado
indicios de responsabilidad contable en este segundo informe. También quisiéramos conocer en qué situación procesal se halla en estos momentos la tramitación de este expediente.
El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas para responder a las cuestiones que han sido planteadas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): En primer lugar, hay unas consideraciones que afectan a cuestiones de procedimiento. Se ha insistido varias veces en una discrepancia del consorcio con la Abogacía del Estado en
el consorcio. Podría concluir, muy rápidamente, diciendo que el Tribunal de Cuentas tiene su propia opinión, que no tiene por qué coincidir con la de la Abogacía del Estado; pero voy a ir un poco más lejos. La Abogacía del Estado es la abogacía
de aquella parte del Estado donde está la Administración del Estado, y los criterios jurídicos que mantiene el Tribunal de Cuentas están en aquella parte del Estado que tiene, por Constitución, la competencia de fiscalizar a los que administran el
Estado. Por tanto, no es la primera vez que se plantea, incluso en temas sustanciales, esta discrepancia, y como presidente de la institución tengo que decir que las competencias de esta institución vienen dadas por la ley, por la Constitución, y
no tienen por qué coincidir con las de la Abogacía llamada General del Estado porque, repito, son consideraciones que hace un abogado de parte de aquella parte del Estado que lo administra, pero no de la parte del Estado que lo controla.
Otra observación sobre las alegaciones. No todo contenido que figura en las alegaciones tiene que ser expuesto en el informe. El Tribunal de Cuentas valora las alegaciones.
En cuanto a la documentación facilitada por el consorcio, en el informe que se presenta hoy no se critica que el tribunal haya echado de menos o haya echado en falta ninguna documentación.
En cuanto a los avales y a los contraavales así como a las consideraciones que se han hecho o preguntas, solo me remito a la información que figura en el informe; no tengo otra.
El riesgo de pérdida de la Corporación Alimentaria que se valora en el informe, que es de 31 millones de euros, al igual que la provisión de Sogebac, se refieren a fecha 31 de diciembre de 2004.
Yo desconozco si se han hecho o no se han hecho entrevistas con el abogado del Estado, no tengo información. Por supuesto, reitero una vez más aquí la posibilidad, con vistas a tomar resoluciones, de que se pida al tribunal cualquier
información complementaria, de la cual yo no puedo disponer aquí.
La sola pregunta que se me ha hecho por el último interviniente se refiere al tema de las responsabilidades que haya podido detectar el fiscal.
Tanto el fiscal como el abogado del Estado han solicitado actuaciones previas a la exigencia de
responsabilidades contables. Yo no puedo detallar aquí todas, porque tampoco es costumbre en esta Comisión exponer todo el informe. Lo que venimos haciendo normalmente es poner de manifiesto si ha habido responsabilidades que se hayan detectado
por el fiscal y por el abogado del Estado, y en este caso hay actuaciones previas a la exigencia de responsabilidades contables en materia de pagos no justificados o insuficientemente justificados, en varias cláusulas económicas del contrato con
Miami Free Zone para la adquisición de la participación mayoritaria de Corporación Alimentaria, así como en los préstamos y avales concedidos a esta.
En cuanto a la situación, me informan que el departamento ponente ha indicado que está recopilando -piénsese que este es un informe reciente- la documentación para trasladarla a la Sección de enjuiciamiento, pero esta información todavía no
está trasladada; se está recopilando.
No tengo más que decir, señor presidente.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL ORGANISMO AUTÓNOMO FONDO DE EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CRÍA CABALLAR Y REMONTA, EJERCICIO 2002. (Número de expediente Congreso 251/000085 y número de expediente Senado 771/000084.)
El señor VICEPRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día: Informe de fiscalización del organismo autónomo Fondo de explotación de los servicios de cría caballar y remonta durante el ejercicio 2002.
Para explicar el expediente, tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): El Pleno del Tribunal de Cuentas aprobó, en su sesión de julio de 2005, el informe de fiscalización del organismo autónomo Fondo de explotación de los servicios de cría caballar y
remonta, ejercicio 2002. Los principales resultados de la fiscalización recogidos en el informe son los siguientes: el fondo carecía de ley de creación, así como de estatutos, lo que da lugar a que toda su actuación resulte deficiente y
desestructurada, al basarse exclusivamente en normas de carácter general.
Los inventarios del inmovilizado no recogían la situación real de los elementos que habían sido entregados por el fondo a terceros, en régimen de cesión o adscripción, y no
figuraban suficientemente detallados e identificados los terrenos, las construcciones y algunos
elementos de transporte. Dadas las limitaciones sobre la titularidad y valoración de los terrenos y construcciones y sobre los deudores, al no existir en el organismo los registros adecuados no se puede emitir opinión sobre el 51 por ciento
de las cuentas del balance del citado ejercicio. El resto de las cuentas se consideran razonablemente representativas, salvo en lo que se refiere al gasto de personal, que en su inmensa mayoría gestionaba el Ministerio de Defensa.
Respecto a las nóminas de los temporeros agrarios, la Yeguada Militar de Jérez no retuvo el preceptivo porcentaje del IRPF de las nóminas de los trabajadores, y los gastos en seguros sociales no se contabilizaron en el momento del devengo,
sino cuando se libraron los fondos.
El análisis realizado sobre las subastas de équidos ha puesto de manifiesto que en ningún caso fue constituida, como era preceptivo, la comisión de enajenación de ganado de los depósitos de sementales, y que los errores advertidos en los
inventarios se debieron a la no inclusión, en las actas de las subastas, de los potros pequeños vinculados a sus madres.
Por lo que se refiere a la contratación se detectó el fraccionamiento injustificado en quince contratos menores de obras; en otros cuatro contratos no constaba que los respectivos adjudicatarios hubieran presentado la declaración de
hallarse afectados por alguna de las prohibiciones para contratar, y en tres expedientes se presentaron los certificados que acreditaban estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social después de haberse adjudicado
los respectivos contratos.
En la gestión de los ingresos se ha comprobado que no estaban actualizadas, como era preceptivo, las tasas gestionadas por el fondo en 2002; que no se aplicaron, en servicios realizados en el extranjero, los precios por la calificación de
los équidos de pura raza española, y que los ganaderos solicitantes de los servicios abonaron los gastos de desplazamiento directamente al personal desplazado.
Por lo que se refiere a las subvenciones que otorgó el fondo para la financiación de certámenes equinos, en algunos expedientes no constaba que los beneficiarios hubieran presentado la documentación acreditativa de estar al corriente de las
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, y en otros faltaba determinada documentación sobre la celebración de los certámenes.
El informe concluye con recomendaciones que hacen referencia principalmente a la necesidad de regularizar la situación jurídica del fondo, a la elaboración de normas internas y de procedimientos en relación al control y registro de los
elementos que constituyen el inmovilizado, y a las operaciones de caja y bancos, así como a la liquidación de ingresos de las unidades periféricas y a la actualización de las tasas.
El señor VICEPRESIDENTE: ¿Intervenciones de los grupos políticos? (Pausa.) Por el Grupo Popular tiene la palabra su portavoz, don Carlos Mantilla.
El señor MANTILLA RODRÍGUEZ: Como no podía ser menos, quiero dar la bienvenida al presidente del Tribunal de Cuentas a esta Comisión para asesorarnos e informarnos de los distintos informes de su tribunal.
No ha dicho el señor presidente si en su dictamen definitivo el informe ha sido favorable; dicho de otra manera, si las cuentas reflejan o no reflejan una imagen fiel, porque en su anterior informe ha matizado en reiteradas ocasiones que
las cuentas reflejaban esa imagen fiel. En este caso no lo ha dicho, y quiero que me diga si es o no cierto. Yo anticipo que no puede ser cierto porque, ante el cúmulo de despropósitos que existen en el sistema organizativo, difícil será que pueda
decir que las cuentas reflejan una imagen fiel. Por eso, señor presidente, en lugar de utilizar nueve hojas de conclusiones para decir cuáles son las deficiencias, valdría con una, conteniendo un solo punto: un desastre. No hay ninguna partida,
dentro del activo y dentro de las cuentas de resultados ni lógicamente del pasivo, que a usted le sirva para garantizar su corrección. Cuando el tribunal empieza a hablar sobre el inmovilizado, dice que no hay ni registro ni facturas, casi se ha
valorado a voleo; los ingresos se facturan después de prestar los servicios, etcétera. En definitiva, hay una serie de temas que llaman la atención. Que una entidad que factura más de 1.500 millones de pesetas, más de 9 millones de euros, tenga
este sistema organizativo es lógicamente muy preocupante.
También es muy preocupante, señor presidente, que ustedes hayan auditado el ejercicio 2002, lo hayan finalizado a mediados del año 2005, y lo hayan remitido, como no podía ser menos a esta Comisión, el 31 de agosto de 2005. Estoy hablando
en estos momentos al señor presidente de la Comisión. Parece inaudito que, ante este cúmulo desorganizativo, esta Comisión haya tardado dos años en enviarnos este informe porque, pese a las conclusiones muy atinadas que el Tribunal de Cuentas hace,
me imagino que no se ha llevado todavía ninguna a la práctica. Esta Comisión debía remitir de forma inminente al Ministerio de Defensa el informe del Tribunal de Cuentas para que el Ministerio de Defensa adopte medidas perentorias y necesarias para
que esto responda a un mínimo de coherencia organizativa.
El señor presidente dice en su informe que incluso no se retenía la parte proporcional del IRPF a los trabajadores. Se está diciendo que no se valoraban los equinos que estaban en el extranjero. Quería decir antes -aunque lo digo ahora-
que es un tanto inaudito que una sola entidad que factura 1.500 millones de pesetas, más de 9 millones de euros, tenga 36 cuentas abiertas; eso va en contra de toda lógica administrativa, porque es un coste absurdo. Por tanto, tener 36 cuentas
abiertas supone el control, el seguimiento, los gastos de mantenimiento -sabemos que las entidades financieras hoy no dan puntadas sin hilo- de cada cuenta, los gastos de administración. Algo raro pasa. Se dan subvenciones, ¿y no se controla si se
cumple o no se cumple con toda la parafernalia que deben cumplir los posibles subvencionados?
Por desgracia me ha tocado a mí tratar este punto, y es por desgracia porque lo que ustedes dicen en el Tribunal de Cuentas es pavoroso. Por tanto, señor presidente, propongo que se remita este informe de forma inminente al Ministerio de
Defensa porque todavía no hay, por decirlo de alguna manera, ni estatuto donde figure cómo funciona esto. Da la impresión de que cada uno hace lo que le viene realmente en gana, y no puede ser que haya una entidad estatal, con esa facturación, y
que funcione en estas condiciones. ¿Qué quiere que le diga de este tema? Lamento que esté sucediendo, y lógicamente hago votos y exijo a quien corresponda que se busquen medidas inminentes para solucionarlo.
El señor VICEPRESIDENTE: Simplemente le contesto a la alusión que ha hecho al presidente de la Comisión, cuando preguntaba por qué este asunto viene tan tarde, aclarando que no puedo decirle en estos momentos la fecha de entrada en esta
Comisión (El señor Mantilla Rodríguez: El 31 de agosto del año 2005.), pero sí puedo decirle que los órdenes del día son fijados por la Mesa y Junta de Portavoces, donde participa el portavoz de su grupo en la elección de los asuntos que van a cada
Comisión y a cuáles de ellos se da prioridad.
Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista doña María Jesús Castro.
La señora CASTRO MATEOS: Antes de nada quiero dar la bienvenida en esta Comisión al presidente del Tribunal de Cuentas. Además me gustaría felicitar al equipo del tribunal por la realización de este informe de fiscalización del organismo
autónomo. Fondo de explotación de los servicios de cría caballar y remonta, ejercicio 2002. Nos parece -y ahí discrepo con el portavoz del Grupo Popular- que ha sido un trabajo muy serio y oportuno, y vemos cómo muchas de las recomendaciones que
incluye el informe en el documento de alegaciones que presenta el fondo nos comunican que se han producido una serie de adecuaciones, desde que se empieza a hacer la fiscalización. Por tanto, de ahí mi felicitación; ya tiene una bondad el
documento porque, antes de que se le den las resoluciones definitivas de esta Comisión, ha habido en el camino cosas que se han ido solucionando.
Además quiero decir que en este sentido el informe es de 2002, año en que gobernaba el Partido Popular, y al que su portavoz ha estado haciendo una crítica durísima. (El señor Mantilla Fernández: Critico el funcionamiento de la entidad;
no critico otra cosa.) A la vista del informe, pensamos que es de vital importancia que este órgano -lleva ya más que tiempo suficiente creado- tenga unos estatutos aprobados. Los estatutos, al establecer el objeto social del fondo, articularían su
régimen de actuación. Con su existencia, se hubieran evitado la mayoría de las disfunciones o irregularidades que del trabajo se desprenden.
Empezando por la fiscalización, del informe se deduce la necesidad e importancia de que no se haya aprobado ninguna relación de puestos de trabajo específica del fondo que definiera, tanto el alcance como las funciones, la dependencia y el
modo de provisión de cada puesto de trabajo, y que corrigiera, por otro lado, la falta de adecuación a las necesidades de las unidades, ya que, según se recoge en el informe, existía un mismo número de personas trabajando en las unidades, cuando el
grado de actividad que se ejercía en cada una de ellas era diferente.
Quiero detenerme en el incumplimiento del procedimiento de contratación de las plazas de temporeros agrarios, ya que el personal, que no tiene carácter temporal, pertenece a la RPT del ministerio. Según las alegaciones presentadas, se dice
que se ha externalizado esta prestación, que la mayoría de las contrataciones se hacen por una empresa de servicio, pero, claro, si dice la mayoría de las contrataciones, nos gustaría saber qué ocurre con el resto, con los que no son la mayoría y,
si se sabe, en qué situación está ahora mismo esta contratación.
Hablando del inmovilizado, en el año 1997 el fondo elabora por primera vez un inventario, y se destaca en el informe que elementos tan importantes para este organismo como son los terrenos no aparecen detallados, ni su superficie ni su
localización, al igual que las construcciones, en las que no se clarifica el número de elementos de cada tipo. Tampoco figuran los terrenos o las fincas de los depósitos de sementales.
Respecto al control y movimiento de los équidos, se detecta una falta de coordinación que impide un inventario exacto de los mismos. Es relevante que la opinión de la auditoría sobre el análisis económico y financiero, en su apartado 4.1,
diga textualmente: Las limitaciones señaladas en el apartado primero del informe, sobre titularidad y valoración de los terrenos y construcciones en los que ejercía su actividad el fondo, y sobre los deudores -a los deudores se dedica también una
buena parte del informe, ya que en este ámbito hay que corregir la situación tanto contable como financiera- la inexistencia de registros adecuados impide emitir una opinión sobre el 51 por ciento de las cuentas de balance. Es decir, más de la
mitad no se han podido valorar o registrar correctamente. Del estudio se desprende también que no se constituía, como estaba reglado, la Comisión de enajenación de ganado en las subastas de los depósitos de sementales, como ha dicho el presidente
en su exposición, lo que implica un incumplimiento de la orden del Ministerio de Defensa que determinaba su constitución y funcionamiento. Igualmente, en la fiscalización de subvenciones se aprecian deficiencias. También es necesario adecuar las
tasas por servicio. Estas deberían ser realmente el coste por la prestación y, además, habría que unificar criterios para que el organismo las aplicase por igual. Las alegaciones que presenta el fondo describen con gran interés la labor que desde
este organismo se realiza. Así, quieren trasladarnos no solo la frialdad de los números y de las normas, sino que conozcamos la importancia de la actividad que desde allí se desarrolla. Valoramos el interés en divulgar su labor, de la cual no
dudamos, pero su trabajo debe conllevar el cumplimiento de las exigencias legales. En relación con
los cultivos agrarios de las fincas, aunque los números revelan que se trata de la segunda aportación de ingresos, descontando las subvenciones -las subvenciones son la mayor-, me gustaría saber su opinión sobre si es lógico que esta
actividad siga desarrollándose sin cuantificarse su coste y, al margen del coste, si el beneficio o la necesidad para la entidad sigue siendo oportuna.
En conclusión, en sus alegaciones el fondo acepta las recomendaciones hechas por el tribunal y adopta fundamentalmente dos medidas -al menos así se dice en las alegaciones y yo no tengo más remedio que dar crédito a lo que se dice- que
considera que darán fruto tanto en la eficacia y coordinación como en la gestión administrativa y financiera del organismo. Una primera consiste en solicitar el apoyo de la Intervención General de Defensa para realizar una auditoría de sistemas y
procedimientos que orienten al fondo en la mejora o sustitución de los procedimientos de planeamiento, control y seguimiento de las actividades del servicio. Y la segunda consiste en el estudio de los costes del organismo, incluyendo los costes del
personal del Ministerio de Defensa, de forma que se pueda obtener una evaluación real del organismo. Por último, desde la fecha de su creación el organismo autónomo se ha visto afectado por múltiples modificaciones legales, por continuos cambios de
estructuras y por la aplicación de leyes correspondientes. Como se ha dicho al principio y aparece en la primera recomendación del informe, es urgente la aprobación de unos estatutos que regularicen la situación jurídica del fondo. Mi grupo, como
es habitual, a la hora de hacer propuestas de resolución tendrá en cuenta tanto las conclusiones como las recomendaciones que el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas nos traslada.
El señor VICEPRESIDENTE: Para responder a las cuestiones que han sido planteadas tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): Por lo que se refiere a las primeras observaciones que se han hecho, en cuanto a la representación de las cuentas y dónde se puede emitir opinión ya lo he dicho en la
presentación. No se ha podido emitir opinión sobre el 51 por ciento de las cuentas del balance y el resto se consideran razonablemente representativas. Es lo que dice la página 57 del informe y cualquier otra valoración trasciende de lo que dice
el mismo. Este informe se aprobó en julio de 2005 y se envió por el tribunal, como es preceptivo; también se suele enviar al ministerio correspondiente para que tenga conocimiento de él, pero a partir de ese momento toda la tramitación es
parlamentaria.
Los informes se ven en esta Comisión, donde se elaboran las resoluciones, en las cuales se puede acordar enviar el informe a quien se estime conveniente y tomar las medidas oportunas, pero eso no puede ser aquí objeto de debate.
En cuanto a otro tipo de información, no dispongo de otra que no sea la que aparece en el informe, pero se puede pedir por escrito. La página 38, en efecto, contiene la información de los gastos de personal que gestiona el propio fondo, que
son las yeguadas de Écija y de Jerez. También se me pide una valoración sobre el desarrollo y la conveniencia de cuantificar los costes. No procede que este presidente haga valoraciones que puedan trascender el informe o que puedan suponer un
aditamento a lo que ha aprobado el pleno. Precisamente la función de la fiscalización y de la auditoría es suministrar la información y que la valoración la hagan los que reciben esa información. La cuestión de si se deben seguir desarrollando y
cuantificando costes son consideraciones tan convenientes desde el punto de vista general que tampoco me puedo resistir a decir que eso es conveniente hacerlo, pero no se trata de una valoración por la que se me pueda decir que me extralimito, pues
es una conveniencia dentro de la propia gestión.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE INGRESOS DESARROLLADA POR LAS CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS, EJERCICIO 2003. (Número de expediente Congreso 251/000135 y número de expediente Senado 771/000129.)
El señor VICEPRESIDENTE: Pasamos al punto señalado con el número 3 en el orden del día: Informe de fiscalización de la gestión de ingresos desarrollada por las confederaciones hidrográficas, ejercicio 2003. Para la explicación del informe
tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): La fiscalización de la gestión de los ingresos desarrollada por las confederaciones hidrográficas, ejercicio 2003, realizada a iniciativa del pleno del Tribunal de Cuentas, ha
sido aprobada en diciembre de 2006. El informe subraya la heterogeneidad en los criterios de aplicación de la normativa reguladora de los ingresos por las distintas confederaciones, lo que conduce a recomendar al Ministerio de Medio Ambiente que
realice actuaciones de coordinación para unificar la interpretación de dichas normas. Se registran indebidamente como operaciones comerciales los ingresos de varias tasas. En las cuentas anuales no se presenta información sobre el empleo de los
fondos obtenidos de determinados ingresos que deben destinarse a la protección y mejora del medio.
Respecto a las tasas convalidadas por el decreto del año 1960, se aprecia su escasa recaudación, por lo que se reitera la recomendación del informe
de fiscalización de los procedimientos de gestión y control de tasas en el sector público estatal, aprobado en 2004, de estudiar su supresión. La Confederación del Júcar no inició la liquidación de las tasas del trasvase Tajo-Segura hasta diciembre
de 2004. La Confederación del Segura ha recaudado ingresos por el aprovechamiento del acuífero del Sinclinal de Calasparra sobre la base de simples resoluciones del presidente de la confederación; sin embargo, tales exacciones recaen sobre
hechos imponibles propios de las tasas, en los que opera el principio de reserva de ley.
Se destaca la ambigüedad de la definición de la base imponible en el canon de utilización de los bienes de dominio público hidráulico en la Ley de Aguas. Además, las confederaciones no han elaborado instrucciones, las valoraciones de las
bases no están aprobadas, no se han actualizado y no existen unidades encargadas de coordinar la gestión. Respecto del canon de regularización y la tarifa de utilización de agua, se señala la complejidad del cálculo, por lo que se recomienda la
correspondiente modificación normativa. En los estudios económicos realizados para el cálculo de los cánones se aplican criterios subjetivos para determinar los gastos que deben imputarse y se carece de sistemas de costes adecuados. Las
confederaciones han suscrito varios convenios por los que se cede parte del producto del canon de vertidos a las comunidades autónomas u otras entidades, para financiar obras previstas en la normativa, bajo el control de unas comisiones que en
muchos casos no se reunieron. Se observan deficiencias notables en los registros de usuarios para cuya corrección el Ministerio de Medio Ambiente ha puesto en marcha el proyecto Alberca. También se aprecian debilidades de control interno en el
procedimiento sancionador. Se destacan retrasos en la remisión de información a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, así como un número considerable de liquidaciones que no son susceptibles de recaudación en vía ejecutiva. Entre las
recomendaciones se incluye acelerar el proyecto Alberca, prestar mayor atención al procedimiento sancionador y aumentar la eficacia recaudatoria.
El señor VICEPRESIDENTE: Intervenciones de los grupos políticos. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra su portavoz don Ismael Bardisa.
El señor BARDISA JORDÀ: Quiero reiterar el agradecimiento al presidente del Tribunal de Cuentas por el informe que nos ha presentado en esta sesión de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas respecto a la
fiscalización de la gestión de ingresos desarrollada por las confederaciones hidrográficas en el ejercicio 2003.
Dado el tiempo transcurrido -más de cuatro años- la verdad es que los datos extraídos del informe van a servir de muy poco.
Desde la entrada en vigor de la Ley 29/1985, de Aguas, derogada por el Real Decreto Legislativo 1/2001, texto refundido, se consagra la existencia de las confederaciones hidrográficas como organizaciones de cuenca. Así, los ingresos, los
recursos económicos de las confederaciones hidrográficas, se encuentran recogidos en el artículo 59 del Reglamento de la administración pública del agua y de la planificación hidrológica.
Las confederaciones hidrográficas son organismos autónomos,
adscritos al Ministerio de Medio Ambiente, y sus ingresos proceden de transferencias y subvenciones de los Presupuestos Generales del Estado y de otros ingresos. En este informe el análisis se ha realizado sobre la mayor parte de estos últimos
ingresos y no sobre las subvenciones de los Presupuestos Generales del Estado. Desde el Grupo Parlamentario Popular, después de analizar el informe que hoy nos ha presentado, hemos de decir que es exhaustivo. Nos satisface comprobar que la gestión
de los ingresos de las confederaciones hidrográficas en el ejercicio 2003 fue, en general, satisfactoria. También nos satisface porque las confederaciones hidrográficas son fundamentales para llevar a cabo una gestión eficaz del agua en España.
Posiblemente si no se hubiese derogado el Plan Hidrológico Nacional, hubiese sido muchísimo mejor para muchas comunidades autónomas, especialmente para la Comunidad Valenciana, para el sur de Andalucía y para Murcia; aunque esto es tema de otro
debate en el que no vamos a entrar porque aquí se trata de analizar el informe. Es importante destacar que en este informe se reconoce que el Ministerio de Medio Ambiente en el año 2003, cuando gobernaba el Partido Popular, puso en marcha en todas
las confederaciones hidrográficas el proyecto Alberca, actualización de libros de registro y catálogo, para la correcta incorporación a los registros de los distintos aprovechamientos, ya que había deficiencias notables en los registros de las
liquidaciones para el cobro de cánones y tarifas, especialmente en los ejercicios anteriores a que gobernase el Partido Popular. Este sería un análisis que habría que hacer: el análisis de la diferencia entre unos gobiernos y otros. Ya digo que
tampoco vamos a entrar en ese debate, a no ser que fuese necesario en otro momento. En lo referente al análisis pormenorizado y exhaustivo de los diferentes ingresos de las confederaciones hidrográficas en el ejercicio 2003, nada tenemos que decir
al respecto, nada hay que destacar, si bien es cierto que, como se indica en la recomendación número uno del Tribunal de Cuentas, desde la perspectiva del año 2003 hace falta una mayor coordinación a efectos de conseguir uniformar la normativa
vigente. En cualquier caso, señor presidente, entendemos que las cinco recomendaciones son para mejorar la gestión de los ingresos de las confederaciones hidrográficas, que fue buena en el ejercicio 2003, a tenor del contenido del informe que hoy
nos ocupa, y que nos parecen adecuadas sobre todo para conseguir en el futuro una mejor intervención.
Gracias por su explicación, y no tenemos que indicar nada más puesto que ha quedado bastante claro el informe.
El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra doña María del Carmen Ortiz.
La señora ORTIZ RIVAS: En primer lugar, como es habitual en la Comisión, quiero felicitar al presidente del Tribunal de Cuentas y a su equipo por el resumen que nos ha expuesto hoy sobre el informe de fiscalización de la gestión de los
ingresos de las confederaciones hidrográficas en el ejercicio 2003; y quiero subrayar en el ejercicio 2003 porque, después de oír la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, es un referente claro y no comparto algunas de las
conclusiones a que ha llegado.
El informe señala al principio que se centra en el análisis de la gestión de los ingresos de 2003, excluidas las transferencias y subvenciones e ingresos extraordinarios, en concreto se fiscaliza el resto de ingresos, que ascienden a 306
millones de euros, de las ocho confederaciones hidrográficas que se estudian, lo que supone el 52 por ciento del total de los ingresos. En todo caso, lo más preocupante es lo que se recoge en las conclusiones del propio informe y que ha expuesto de
forma sucinta el presidente del Tribunal de Cuentas. No comprendo cómo, de la lectura y de la reflexión de esas conclusiones, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular deduce que el informe señala que no hay nada que destacar en la gestión de
2003 y dice textualmente que de esas conclusiones se desprende que la gestión de las confederaciones en el 2003 fue satisfactoria. No sé que lectura ha podido hacer del informe porque cuando menos son preocupantes. Independientemente de quien
gobernara, que gobernaba el Partido Popular, esas conclusiones dejan claro que la gestión de las confederaciones en 2003 ha sido y es preocupante. En primer lugar, cuando el propio Tribunal de Cuentas señala que se registran de forma incorrecta
como operaciones comerciales los ingresos de diversas tasas, como por ejemplo las que gravan el consumo de agua, de riego y de abastecimiento lo que denota un incorrecto procedimiento en la gestión. También se subraya que se produce una
heterogeneidad en la aplicación de las normas por las distintas confederaciones. Solo con estas dos conclusiones podemos deducir obviamente, más allá de lo que dice el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que existe una falta de directrices,
de coordinación o de gestión económica correcta y, por tanto, como digo, es preocupante. Por otro lado, el propio informe señala que en los ingresos de naturaleza tributaria, por ejemplo, el canon de regulación y la tarifa de utilización del agua,
existe una complejidad en la liquidación de estas tasas y la necesidad de elaborar estudios económicos para determinar el canon y la tarifa de cada zona o la unidad territorial en que se distribuye cada cuenca, que no se hace (lo hace alguna cuenca
motu proprio), pero, como digo, no existe esa necesidad de hacer ese estudio previo para la gestión de ese canon y esa tarifa de utilización del agua.
Volvemos a coincidir en que la gestión de las confederaciones en el año 2003 deja mucho que
desear. Yo no la quiero calificar, pero, como le decía, la conclusión no puede ser que la gestión sea satisfactoria, como aseguraba el portavoz del Grupo Popular. Igualmente se ponen de manifiesto deficiencias notables en los registros de
usuarios, algo muy grave en la gestión del agua.
Señalaba el portavoz del Grupo Popular como un logro que en 2003 se ponga en marcha el proyecto Alberca, actuación del Ministerio de Medio Ambiente para que se clarifiquen los registros de usuarios. Estamos hablando del año 2003 y me parece
digno de resaltar que en este año se ponga en marcha el proyecto Alberca para el registro de usuarios, pero en 2003 el Grupo Popular lleva gobernando siete años. Por tanto, durante siete años se ha estado gestionando el agua por parte de las
confederaciones sin tener un registro de usuarios, algo absolutamente impensable en el cometido que ellas tienen. También se señala que en el canon de vertidos existía en su momento la posibilidad de suscribir convenios tanto con las comunidades
como con las administraciones locales, y más en concreto con los ayuntamientos, para financiar obras previstas en las tasas, incumpliendo en muchos casos lo previsto al respecto en esos convenios. En este momento parece que ha cambiado la
regulación normativa -creo que ya no se permiten dichos convenios-, pero es preocupante que se suscriban esos convenios y que luego no se llegue a ejecutar el gasto finalista que conlleva el canon de vertidos. Hay una cuestión también muy grave que
debe preocupar a todos los grupos, desde luego, preocupa al Grupo Socialista. En las conclusiones del informe de fiscalización se dice que, en relación a los ingresos del procedimiento sancionador e indemnizatorio (se refiere a las diversas
administraciones a la hora de tramitar los expedientes sancionadores con el consiguiente riesgo de caducidad y de prescripción) han prescrito doce infracciones muy graves en la materia.
Es preocupante que, respecto al órgano encargado del
procedimiento sancionador, el informe denote que infracciones muy graves se dejan prescribir, entre comillas; el procedimiento prescribe por las razones que sean, y no voy a entrar en ellas. No sé si el presidente nos podría dar alguna información
de por qué prescriben infracciones muy graves y, por tanto, no se pueden ejecutar. Por todo ello urge que se proceda a garantizar que el producto -es otra recomendación importante- de las indemnizaciones y de las sanciones se destine a la mejora
del dominio público y a la restitución a su estado primitivo del medio natural.
Preocupa que las confederaciones no aporten información en estas actuaciones fundamentales derivadas de este tipo de intervención.
Para terminar, quiero hacer una reflexión general de la situación de las confederaciones hidrográficas en el año 2003 y de que cómo denota el propio informe del Tribunal de Cuentas algo que ya sabíamos (por lo menos el Grupo Socialista lo
sabía, aunque me parece que el Grupo Popular no lo tenía tan claro por las manifestaciones de su portavoz), que en estos años las confederaciones hidrográficas se vaciaron de contenido y de competencias, se mermaron sus recursos humanos y quedaron
bajo mínimos sobre todo con las sociedades estatales del agua que puso en marcha el Partido Popular en el Gobierno. Por tanto, es todavía más chocante, como digo, el análisis del informe que hacía el portavoz del Grupo Popular.
Hay un reflejo
claro de lo que pasó a nivel general en el informe que presenta el Tribunal de Cuentas en la parte correspondiente a la gestión de ingresos. Por eso digo que se dejó de cumplir con las competencias que la ley otorgaba a las confederaciones,
especialmente en algo esencial, como se pone de manifiesto, como es un planteamiento adecuado de los aspectos económicos de la gestión del agua, que son imprescindibles para su uso eficiente. Si el órgano que tenía esas competencias no gestionaba
adecuadamente ese uso eficiente del agua que todos pretendemos, no puede estar a la altura de las circunstancias.
Al Grupo Socialista le parecen preocupantes algunas de las cuestiones que plantea el informe y tendrá en cuenta las recomendaciones del tribunal en la tramitación de las propuestas de resolución, con la salvedad de la que todos somos
conscientes de que desde 2003 hasta ahora se han producido algunas mejoras. En concreto, al Grupo Socialista le consta que el actual Ministerio de Medio Ambiente ha puesto en marcha desde el inicio de la legislatura actuaciones para mejorar el
funcionamiento de las confederaciones hidrográficas.
El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas para contestar a las diversas cuestiones.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): Se han hecho aquí consideraciones que vienen en el informe. En efecto, es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Medio Ambiente y de lo que se trataba era de examinar la
gestión de los principales ingresos, excluidas las subvenciones y las transferencias. En estos ingresos, tasas, cánones, sanciones, indemnizaciones y otras que se han analizado, el informe viene a poner de manifiesto una serie de aspectos que
conviene corregir: la heterogeneidad en la aplicación de las normas, cuando resulta que se rigen por principios comunes de las diferentes confederaciones; indefiniciones legales, que llevan a que tasas que tienen que estar sometidas al principio
de reserva de ley se ponen por los presidentes; la complejidad del cálculo y sobre todo la necesidad de una contabilidad de costes para hacer el cálculo correcto de la tasa; el control en la aplicación de los fondos afectados; y en materia de
procedimientos, el control interno, el control de los deudores y de las recaudaciones.
Respecto a la última observación que se hace sobre las doce prescripciones graves que se denuncian en el informe, este presidente no tiene otra información que la que figura en la página 68 del mismo.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA PRIVATIZACIÓN DE INITEC. (Número de expediente Congreso 251/000138 y número de expediente Senado 771/000135.)
El señor VICEPRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día: Informe de fiscalización de la privatización de Initec, para cuya presentación tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): El presente informe fue aprobado por el pleno del Tribunal de Cuentas el pasado mes de febrero y ha sido realizado a iniciativa de esta Comisión mixta. En consonancia con lo
solicitado, la fiscalización se ha dirigido a comprobar la regularidad del proceso de privatización de Initec, así como el grado de cumplimiento de los principios de economía, eficiencia, eficacia y transparencia. En la venta de Initec se recibió
una única oferta vinculante, conjunta de dos sociedades, que ya manifestaba que los aspirantes a compradores no creían en la viabilidad futura del proyecto I+D de Initec y que consideraban necesario acometer una importante reestructuración de
personal de la que solo estaban dispuestos a asumir el coste mínimo legal. El contrato privado de ventas se firmó el julio de 1999 por un precio de 30 millones de euros, aunque reducido por diversos ajustes, de forma que el precio final quedó
fijado en 23,5 millones de euros. El contrato privado fue acompañado de siete cartas adicionales fechadas en el mismo día, cuatro de las cuales incorporaban modificaciones a los compromisos establecidos en el contrato o suponían consecuencias
económicas para SEPI. En el acuerdo del Consejo de Ministros de marzo de 2000 por el que se autorizó la venta no se hace referencia a estas cartas adicionales, excepto a parte de una de ellas.
Como ya ha señalado el Tribunal de Cuentas en
ocasiones anteriores, no puede considerarse correcta, desde el punto de vista de una adecuada gestión y de la consecución de una apropiada seguridad jurídica, la práctica de regular las relaciones contractuales en varios documentos firmados
simultáneamente que pueden causar confusión sobre lo realmente convenido por las partes. Tras la venta de la sociedad, los compradores reclamaron a SEPI un total de 8,5 millones de euros por diversos motivos.
Una vez analizadas las reclamaciones y
los importes pagados por SEPI, que se elevaron a 7,2 millones de euro, el tribunal concluye que no fue razonable el pago de 7,1 millones de euros. El resultado contable de la venta de Initec reflejado en las cuentas de SEPI supuso un beneficio de
8,4 millones de euros. No obstante, teniendo en cuenta todas las actuaciones realizadas por SEPI, incluyendo los pagos a los compradores efectuados con posterioridad a la venta, el resultado económico para SEPI sería una pérdida de 8,9 millones de
euros. El informe finaliza con tres recomendaciones referidas en general a todos los procesos privatizadores: que se recojan todos los compromisos entre compradores y vendedores en un único documento; que el precio no quede sometido a otros
ajustes que aquellos que no sea posible cuantificar a la fecha del contrato; y que el Consejo Consultivo de Privatizaciones intervenga hasta la total ejecución de los compromisos asumidos por las partes.
El señor VICEPRESIDENTE: Intervenciones de los grupos parlamentarios.
Tiene la palabra doña Isaura Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Ante el cúmulo de irregularidades descritas parcialmente por el presidente del Tribunal de Cuentas, porque es largo y extenso tanto el informe como toda la documentación que le corresponde, nuestro grupo
parlamentario solicitó en marzo de 2003 una fiscalización específica por parte del Tribunal de Cuentas sin ningún resultado.
Posteriormente registramos una proposición no de ley para que se llevara a
cabo esta fiscalización y se logró el acuerdo para que el Tribunal de Cuentas realizara la que hoy se debate. El informe de fiscalización parece no dejar duda alguna de que el proceso de privatización de la Empresa Nacional de Ingeniería y
Tecnología, Initec, ha sido una farsa y que ha estado dirigido desde el Gobierno del Partido Popular para favorecer los intereses económicos y personales de un grupo empresarial como es Técnicas Reunidas. Los hechos que se han ido sucediendo, la
documentación que obra en nuestro poder y el propio contenido del informe demuestran que el proceso de privatización se articula para que la cantidad a abonar por los compradores no superara el valor recogido en los libros de la participación de
SEPI en Initec. Para ello se crea todo un entramado que no voy a describir y que consta en la documentación; basta comparar el resultado que aportó a las arcas del Estado la privatización de Initec, con el beneficio que obtuvieron las empresas
compradoras y que el presidente ha resumido. Se regaló el dinero. Ha sido un robo a mano armada. ¿Qué opinión le merece al presidente del Tribunal de Cuentas el hecho de que la adjudicación de Initec a estas empresas haya supuesto para el holding
público un quebranto de 8,9 millones de euros, que usted mismo ha descrito, sin contabilizar en estas pérdidas el valor del inmueble que Initec tenía en propiedad en la calle Padilla número 17, con una superficie de 7.500 metros cuadrados, así como
los fondos propios, once plazas de garaje y la parte correspondiente de elementos comunes de la finca? Lo cierto es que a los compradores les ha supuesto la adquisición de Initec unos beneficios de 1.944 millones de pesetas, cantidad que resulta de
restar a los 4.125 millones de pesetas el valor del inmueble que tenía Initec los 2.181 millones de pesetas, que fue el precio real que pagaron por Initec después de todos los ajustes. A esos 1.944 millones de pesetas hay que sumar los fondos
propios de Initec del año 1999, que eran de 3.232,919 millones de pesetas. Por tanto, el beneficio que obtuvieron los compradores por adquirir Initec fue de 5.176,919 millones de pesetas, más una cartera de trabajo de 69.546 millones de pesetas y
la eliminación de su mayor competidor en el sector, ni más ni menos. Al holding público la privatización de Initec le ha supuesto grandes pérdidas. No voy a seguir describiendo las cifras porque son absolutamente dramáticas y no quiero marear a
todos los oyentes. En cualquier caso, he preparado un listado de preguntas para que el presidente del tribunal las responda por escrito, dada la gravedad de las circunstancias que se describen, y paso a exponer algunas de las que me parecen más
relevantes y que requieren su respuesta a la mayor brevedad.
Señor presidente, ¿tiene conocimiento de que la Sección de Enjuiciamiento del departamento 3.º del Tribunal de Cuentas ha abierto procedimiento de reintegro por alcance de caudales? ¿Qué medidas sugiere el presidente del Tribunal de Cuentas
respecto a la privatización de Initec una vez conocido el informe de fiscalización y que del contenido del mismo se desprende que en el proceso de privatización llevado a cabo por SEPI se han cometido irregularidades con el fin de que la empresa se
adjudicara a un menor precio de su valor real a unos determinados intereses empresariales? ¿Qué medidas sugiere el presidente del tribunal para que se devuelvan a las arcas del Estado las cantidades por las que puedan ser imputados los responsables
por alcance de caudales o efectos públicos? ¿Piensa el Tribunal de Cuentas poner en conocimiento de la justicia los hechos relatados y probados en el informe de fiscalización para que se declare ilegal la venta de Initec y depurar las demás
responsabilidades que procedan? ¿Se está llevando a cabo ya esa investigación? ¿Piensa el Tribunal de Cuentas poner en conocimiento del Ministerio de Trabajo la manipulación de las cuentas de resultados de Initec que sirvieron de soporte
justificativo para eliminar 189 puestos de trabajo y adoptar las medidas necesarias que reparen los daños causados a los trabajadores de Initec? Es evidente que toda la actuación llevada a cabo denota la importancia, la relevancia y el trato que se
dio a la pérdida de puestos de trabajo por parte del anterior Gobierno del Partido Popular. A Izquierda Unida le parece dramático; también le parece dramático el hecho de que en 2003, cuando se pidió la fiscalización de todas estas actuaciones al
Tribunal de Cuentas, esta no se llevara a cabo de inmediato, porque los hechos que se deducen de la misma y que usted ha resumido con la brevedad que le caracteriza para estas comparecencias denotan que se debería haber llevado a cabo una actuación
de manera inmediata. Paso las preguntas a la mesa
El señor VICEPRESIDENTE: A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular don Ismael Bardisa.
El señor BARDISA JORDÀ: Como muy bien ha indicado el presidente del Tribunal de Cuentas, esta iniciativa se aprobó por parte de esta Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en su sesión de 20 de diciembre de 2004, con
el objeto de comprobar si la privatización de Initec se había adecuado a la legalidad. Visto el informe del Tribunal de Cuentas, he podido comprobar que no ha habido ninguna infracción legal, ninguna actuación contraria a la ley; en todo caso, si
interviene el fiscal de lo Penal del Tribunal de Cuentas lo determinará. No vemos que haya ningún delito ni ninguna infracción penal, y así se recoge en las conclusiones y en las recomendaciones del tribunal. La portavoz del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds ha dicho que le parece dramático; yo no lo veo así. Lo dramático es que cuando gobiernan partidos de izquierda o el Partido Comunista no haya fiscalización, porque no la ha habido nunca donde han
gobernado partidos comunistas; eso es lo verdaderamente dramático, que sigan existiendo partidos comunistas en Cuba. (La señora Navarro Casillas: Es un poquito sectario ¿no?) Por favor, señora diputada, usted es la sectaria, usted es muy
sectaria, por eso la he contestado de esa forma. Usted tenía que mirar dónde ha gobernado el Partido Comunista...
El señor VICEPRESIDENTE: Les ruego que no establezcan diálogos.
El señor BARDISA JORDÁ: No, no, si es ella la que establece diálogo, yo no establezco ningún diálogo, señor presidente. Estoy hablando de los sitios donde ha gobernado el Partido Comunista. A mí, como liberal, me parece que es mucho más
eficaz la gestión privada, que es mucho más eficaz cuando hay menos Estado, sobre todo cuando hay Estados dictatoriales.
Señor presidente, esta es una empresa que se fundó en el año 1964 -desde luego entonces no gobernaba el Partido Popular- y a partir de ese momento la gestión de Initec ha sido francamente nefasta. Yo he dicho muchas veces en esta Comisión,
y lo sigo manteniendo -lo que pasa es que aquí se saca lo que interesa y lo que no interesa no se trae-, que lo que hay que hacer es comparar la gestión de los años ochenta y noventa, que es cuando gobernó el Partido Socialista, con la gestión que
se ha hecho en los años posteriores. Eso es lo que hay que valorar. Al final siempre hay irregularidades, pero ese es el auténtico debate. Cuando ha habido una gestión pública, la empresa ha sido más ineficaz. El modelo de privatizaciones que
puso en marcha el Partido Popular fue bueno, fue regular en algunas empresas, como en esta, pero fue muy bueno en el conjunto general y lo que hay que mirar es precisamente la gestión de esas empresas, lo que se ha hecho en esos años para mejorar la
economía, que ha sido mucho; para mejorar la calidad de vida de los españoles, que ha sido mucho y así lo demuestran todos los informes económicos realizados. Tenemos que hacer una valoración global. Por cierto, la denominación de esta empresa,
que fue constituida el 23 de enero de 1964 con el nombre de Empresa de Estudios y Proyectos Técnicos, S.A., por el entonces Instituto Nacional de Industria, en el año 1996 se cambia por la que se mantiene hoy y se absorben las empresas estatales,
que sufrieron muchísimas pérdidas durante la gestión de los gobiernos socialistas, como fue Auxiesa, Ingeniera Española, Ingeniería de Plantas Químicas Industriales, pasando la SEPI a ser titular de la totalidad de su capital social; se dedicaban
fundamentalmente a la preparación y participación en concursos internacionales. Al ser absorbidas esas empresas con bastantes pérdidas, lógicamente Initec tuvo que asumir toda esa gestión negativa que hubo en los años anteriores.
Lo que yo quiero resaltar aquí, porque la portavoz de Izquierda Unida pregunta qué medidas se van a tomar, son las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, esas son las medidas que se tienen que tomar y esas son las propuestas de resolución
que nosotros en parte vamos a proponer en la próxima sesión de la Comisión. No se contiene ninguna actuación irregular o contraria a la ley; se contiene una venta cuyo coste al final, por los gastos de personal, fue mayor de lo que en principio se
pensó y eso se ha contrarrestado con la venta de otras empresas públicas, que, vuelvo a insistir, ha sido muy favorable para la economía española. El propio tribunal, en la recomendación tercera, dice que sería recomendable que, en los procesos de
privatización en los que se asuman por las partes compromisos que hayan de cumplirse con posterioridad a la formalización del contrato de transferencia de las participaciones sociales, el Gobierno, de acuerdo con lo previsto en el apartado noveno b)
del acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de junio de 1996, requiriese la actuación del Consejo Consultivo de Privatizaciones hasta que aquellos compromisos queden ejecutados en su integridad. Esto es positivo y a partir de ahora creemos que sería
oportuna la actuación de este Consejo Consultivo de Privatizaciones. En todo caso, si quieren ustedes, podemos debatir en una sesión la gestión de los años ochenta y noventa y la comparamos con la de los años que gobernó el Partido Popular, que
fueron los años más florecientes para la economía española, cuando se avanzó y se adoptó una serie de medidas, entre ellas unas medidas estructurales, que solamente se toman en países donde avanza la economía, donde avanza el progreso, donde avanza
la calidad de vida de los ciudadanos, y no actuaciones dramáticas que ven muchas veces otros partidos marginales que no pueden llegar a gobernar porque, lógicamente, la mayoría del electorado europeo así lo decide; partidos que además son sectarios
y que son los que no quieren bajo ningún concepto que gobierne el Partido Popular. Nosotros admitimos que, cuando entran en coalición con el Partido Socialista -al final el Partido Socialista tiene que tirar siempre de ellos porque no tiene
suficientes votos-, no les queda más remedio que imponer algunas de sus tesis, que yo creo que son malas para el Partido Socialista y que son malas para la nación española.
El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, don Carmelo López.
El señor LÓPEZ VILLENA: Reitero los saludos y la bienvenida al presidente del Tribunal de Cuentas realizados por los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra.
Señor presidente del Tribunal de Cuentas, señorías nos encontramos de nuevo con un informe relativo a la privatización de la empresa Initec, precisamente por mandato, como bien se ha dicho, de este Parlamento y en concreto de esta Comisión.
No he podido evitar sonreír con las apreciaciones del portavoz del Partido Popular, es el ancho del embudo.
Si quiere, podemos debatir el periodo de Carlos V; todo cortinas de humo para no centrarnos en el tema. En primer lugar, señor presidente
del Tribunal de Cuentas, quiero preguntarle si hay actuación de la fiscalía a la luz de este informe, si existe delito contable u otros delitos tipificados en las leyes, en qué punto, si se pudiera precisar, y cuál es la situación procesal, si es
que existe. Para nuestro grupo esto es lo importante y que los jueces determinen lo que ha ocurrido será la verdadera solución a este caso.
Como se desprende del informe de fiscalización que nos ocupa, al final de 1997 SEPI designó un asesor para
la valoración de Initec. Ese asesor era una empresa privada e independiente, que en julio de 1988 emitió un informe de valoración situando su precio entre 3.800 y 4.500 millones de pesetas, entre 22,8 y 27 millones de euros, todo ello
partiendo de la hipótesis de la continuidad de los negocios, del mantenimiento de los compromisos de inversiones de I+D y una ligera disminución de plantilla, es decir, la valoración de una empresa en marcha y no del desguace de una empresa. Sin
embargo, cuando SEPI vendió la empresa, tras la autorización del Gobierno del Partido Popular, vía acuerdo del Consejo de Ministros, aceptó las condiciones de los compradores, que estimaban inviables los proyectos de I+D financiados por la SEPI y
planteaban realizar una brutal regulación de empleo apoyada en un curioso y oportuno aumento de gastos de explotación que difería significativamente del informe inicial. Así nos encontramos con un grave perjuicio a terceros, los trabajadores
despedidos, por lo que añado a las preguntas enunciadas si de una posible actuación de la fiscalía se podría deducir la nulidad de actos jurídicos celebrados al amparo de ese acuerdo del Consejo de Ministros del Partido Popular, reversión de
titularidades o algunas otras nulidades en este escandaloso proceso. Pueden ser objeto de compensación, por parte de la parte compradora -valga la redundancia-, las partes que han sufrido estos perjuicios, como puedan ser los trabajadores
despedidos, con cargo a esa ganancia, entre comillas, que produjo ese ahorro, que yo no quiero calificar de ilícito, aunque moralmente lo es, pero que sean los jueces los que lo determinen.
Hubo hasta 67 posibles compradores, pero finalmente hubo una oferta vinculante y única compartida entre Técnicas Reunidas y Westinghouse Electric Company, con un precio inicial de 5.153 millones de pesetas, aproximadamente unos 31 millones
de euros, por el cien por cien del capital de Initec, asumiendo deudas contraídas de SEPI para la financiación de proyectos de I+D. Dice textualmente el informe que nos expone el presidente del Tribunal de Cuentas que el carácter vinculante de la
oferta aparecía desvirtuado -quiero subrayar desvirtuado- por el hecho de que el precio estaba condicionado -subrayo también condicionado- por el resultado de unos análisis más detallados de la situación económica de Initec, y ya en la propia compra
manifiestan los compradores al realizar su oferta que no creen en la viabilidad futura de los proyectos de I+D y que proyectaban realizar la brutal reestructuración de plantilla. Es decir, se cierra la compra pero se dice a los compradores: paguen
ustedes lo que crean oportuno a resultas de lo que ustedes mismos crean y bajo su único y parcial criterio. Así me gustaría a mí comprar también, ir descontando y pagando lo que a mí me parezca. Se ha comentado aquí que fue un proceso bueno;
¿bueno para quién? Por cierto, en alguna de estas empresas compradoras hay vinculación de insignes apellidos. No quiero hacer valoraciones al respecto, que sean los jueces, como hemos dicho antes, los que determinen. No sé si algún diputado, como
el señor Pujalte, que normalmente habla, con su gracejo habitual, de corrupción, hablaría aquí de lo mismo.
El 29 de julio de 1999 se firmó el contrato de compraventa, donde el precio ya se baja a 5.000 millones de pesetas, es decir, 153 millones de pesetas menos, todo ello sujeto a unas comparaciones futuras de balances que ya el documento
privado estimaba, antes de hacer esas comprobaciones, en 849 millones de pesetas. Es decir, nada más firmar ya se habían esfumado 1.000 millones de pesetas. No queda ahí la cosa. La entonces benévola con los compradores SEPI, gestionada por el
Partido Popular y donde presuntamente hay amigos, en la parte compradora, asumió que respondería frente a los compradores por supuestos perjuicios derivados de posible inexistencia de activos a la firma de la escritura pública, pero no se hizo un
inventario físico para mejor determinar esas posibles circunstancias y sí se prevé auditar el capital circulante y la deuda neta, buscando nuevas minoraciones del precio de compra. Insisto en el oportuno incremento de gastos y decremento de
ingresos, presuntamente con operaciones contractuales difícilmente detectables contablemente, tales como alteración de devengos vía retraso o anticipos contractuales, para que, finalizada la operación de privatización, repuntaran los resultados.
El
contrato privado de venta suscrito el 29 de julio de 1999 se acompañó de siete cartas adicionales, como bien se ha apuntado, cuatro de las cuales modificaban sustancialmente lo acordado con consecuencias económicas para la SEPI, de donde se produce
un nuevo cargo a la propia SEPI de 400 millones de pesetas, 2,4 millones de euros. Pero como SEPI tenía registradas las acciones por su valor nominal o de adquisición en su momento, no teniendo incorporados los resultados positivos de años de
actividad económica, SEPI contabiliza un beneficio, como ha apuntado el señor presidente del Tribunal de Cuentas, de 1.405 millones de pesetas.
Es decir, se trata de maquillar esta operación.
En junio de 2000, siendo ya entidades privadas, se autoriza la tramitación de un ERE que afectó a 146 trabajadores; en marzo de 2001 ya afectaba a 162 trabajadores. El coste derivado de la negociación del ERE más los costes de los despidos
considerados improcedentes fueron también sufragados en parte por la SEPI, aportando otros 400 millones de pesetas, 2,4 millones de euros, a los que se había comprometido en una de esas cartas adicionales al contrato privado. El negociador de la
SEPI era todo un amigo para la parte compradora. El 22 de mayo de 2000 los compradores reclaman además 1.416,65 millones de pesetas, unos 8,5 millones de euros, en ejecución de unas garantías que la SEPI concede a los compradores en el contrato
privado por distintos conceptos que se detallan en el informe. Lo normal es que quien ofrezca garantías sea el que debe y el que compra, pero aquí el que vende otorga garantías que luego le son reclamadas y pagadas. En resumen, no sé si mis
números están bien, me puede corregir en todo caso el señor presidente del Tribunal de Cuentas, pero, si sumamos todos estos conceptos que hemos detallado, en este proceso se
esfuman más de 3.000 millones de pesetas, unos 20 millones de euros, y se perdieron casi 200 empleos directos, proceso en el que a un lado estaba el Gobierno del Partido Popular, y al otro, apellidos insignes.
Las recomendaciones del Tribunal de Cuentas contempladas en este informe nos parecen acertadas, también se ha hecho mención de ellas como bandera de que aquí no ha ocurrido nada; como no puede ser de otra manera, son recomendaciones
técnicas para hacerlo bien en el futuro. Pero ¿qué ocurre con lo que ha sucedido en este proceso de privatización? Nuestra esperanza es que sean los jueces, los tribunales, los que determinen las responsabilidades que a buen seguro haya.
El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): Por el primer interviniente se pide opinión al presidente del Tribunal de Cuentas, opinión que no puede ser otra que que esté enmarcada en un ámbito de legalidad. Coincide con
otra petición de información sobre responsabilidades exigidas por el fiscal, con lo cual doy contestación a las dos preguntas. Pues bien, el fiscal considera que hay indicios de responsabilidad contable en diversos pagos realizados por SEPI en
respuesta a varias reclamaciones de los compradores. El abogado del Estado, por el contrario, considera que las discrepancias con tales pagos no implican necesariamente que ello suponga existencia de responsabilidades contables. En todo caso, el
departamento ponente ha informado de que ya ha procedido al traslado a la sección de enjuiciamiento de los testimonios de particulares de las actuaciones señaladas por el fiscal. Es toda la información que puedo dar a este respecto.
El primer interviniente ha apuntado otros trámites, por ejemplo si se ha mandado al Ministerio de Trabajo. Una vez que el Tribunal termina este informe, se lo manda a los cuentadantes, pero una vez más tengo que repetir que los trámites los
decide esta Comisión mixta, que, una vez que se ve el informe, hace unas resoluciones. Me dicen: dentro de la brevedad que le caracteriza en estas comisiones. Comprenderá que, trayendo cinco informes, si no utilizo esta brevedad y esta capacidad
de síntesis...
Ahora bien, les puedo decir una cosa, yo prefiero un informe cada vez.
Les voy a poner el ejemplo de cómo lo hacen en otros parlamentos europeos: se reúnen dos veces a la semana, un informe cada vez; el auditor general va
acompañado del que hizo el informe y en algún hearing que he oído ni una sola pregunta fue al auditor, fue a los auditados, a los gestores. Esto ya se ha hecho en otras ocasiones. Cuando yo accedí a la presidencia me parece que la costumbre eran
dos o tres informes. Mis predecesores leían media hora o tres cuartos de hora y a mí se me fue pidiendo brevedad. Por tanto, entiendo como un halago, a efectos del funcionamiento de la Comisión, esto de: la brevedad que le caracteriza.
El segundo interviniente ha puesto énfasis en las recomendaciones. En efecto, las recomendaciones son muy útiles, pero tengo que decir que son lo que viene indicando el tribunal en ocasiones anteriores, todos los compromisos que afectan a
las partes en un contrato de venta y de una sociedad estatal deben recogerse en un único documento. Ello lo exige no solamente la seguridad jurídica, lo exigen los principios de buena gestión. Otra observación que se ha hecho ha sido sobre la
nulidad de los acuerdos adoptados. El tribunal no puede deducir nada sobre esta nulidad -ya se ha comentado al final-, esto corresponde a otros órganos jurisdiccionales. Dentro del ámbito del tribunal, las únicas responsabilidades que se ventilan
son las responsabilidades contables y esas tiene que pedirlas el fiscal y se tramitan dentro de la sección de enjuiciamiento; según la información que se me ha dado -ya lo he dicho-, se ha procedido al traslado de todos estos testimonios a dicha
sección.
El señor VICEPRESIDENTE: Agotado el orden del día, agradecemos nuevamente la presencia del señor presidente del Tribunal de Cuentas.
Se levanta la sesión.
Eran las doce y cincuenta y cinco minutos del mediodía.
Corrección de error.-En el 'Diario de Sesiones' número 97, correspondiente a la sesión celebrada por esta Comisión el pasado martes, 24 de abril de 2007, figura por error que presidió la misma el vicepresidente primero don Jesús Martínez
Herrera, cuando realmente lo hizo el presidente don Francesc Antich Oliver.