Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 89, de 20/03/2007
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2007 VIII Legislatura Núm. 89
PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS MARTÍNEZ HERRERA
Sesión núm. 25
celebrada el martes, 20 de marzo de 2007
en el Palacio del Congreso de los Diputados
ORDEN DEL DÍA:
Debate y votación de las propuestas de resolución:
-Informe de fiscalización del proceso de privatización de Babcock Wilcox Española, S.A. (Número de expediente Congreso 251/000106 y número de expediente Senado 771/000103.) ... (Página 2)
-Informe de fiscalización del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, ejercicios 1995 a 2000. (Número de expediente Congreso 251/000119 y número de expediente Senado 771/000116.) ... (Página 3)
-Informe de fiscalización de la asistencia a los municipios de menor dimensión, en relación con la rendición de cuentas, por las Diputaciones Provinciales. (Número de expediente Congreso 251/000117 y número de expediente Senado 771/000114.)
... (Página 7)
-Informe de fiscalización especial sobre la constitución y materialización de la provisión para contingencias en tramitación, de las reservas obligatorias del exceso de excedentes de las Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales de la Seguridad Social. (Número de expediente Congreso 251/000115 y número de expediente Senado 771/000112.) ... (Página 7)
-Informe de fiscalización de las principales actuaciones realizadas por AENA en desarrollo del plan director del aeropuerto de Madrid-Barajas, aprobado el 19 de noviembre de 1999 y de su situación a 31 de diciembre de 2004. (Número de
expediente Congreso 251/000125 y número de expediente Senado 771/000121.) ... (Página 10)
-Informe de fiscalización de los procedimientos de gestión aplicados por algunos departamentos ministeriales a determinados ingresos públicos no tributarios imputables al capítulo 3.° del presupuesto de ingresos de la Administración General
del Estado. (Número de expediente Congreso 251/000083 y número de expediente Senado 771/000083.) ... (Página 13)
Comparecencia del señor presidente del Tribunal de Cuentas (Nieto de Alba) para informar sobre:
-Informe de fiscalización de la gestión de la Tesorería para el funcionamiento de los tribunales de justicia, ejercicio 2003. (Número de expediente Congreso 251/000098 y número de expediente Senado 771/000096.) ...
-Moción sobre la aplicación de principios y normas contables uniformes en el sector público. (Núm. Exp. Congreso 251/000127 y Núm. Exp. Senado 773/000020.) ... (Página 20)
-Informe de fiscalización de las inversiones de la Jefatura Central de Tráfico en seguridad vial, ejercicio 2002. (Número de expediente Congreso 251/000128 y número de expediente Senado 771/000122.) ... (Página
23)
-Informe de fiscalización de las contabilidades electorales de las elecciones al Consejo General de Arán, celebradas el 25 de mayo de 2003, y de las elecciones al Parlamento de Cataluña, celebradas el 16 de noviembre de 2003. (Número de
expediente Congreso 251/000131 y número de expediente Senado 771/000125.) ... (Página 26)
-Informe de fiscalización de la gestión de personal del Grupo Radiotelevisión Española, ejercicios 2002 a 2004. (Número de expediente Congreso 251/000134 y número de expediente Senado 771/000131.) ...
(Página 31)
Se abre la sesión a las diez y quince minutos de la mañana
Debate y votación de las propuestas de resolución:
-INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL PROCESO DE PRIVATIZACION DE BABCOCK WILCOX ESPAÑOLA, S.A. (Número de expediente Congreso 251/000106 y número de expediente Senado 771/000103.)
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Herrera): En primer lugar vamos a tratar el punto del orden del día que figura con el número 2, el informe de fiscalización del proceso de privatización de Babcock Wilcox Española.
Para defender las
propuestas de resolución presentadas tiene la palabra por el Grupo Socialista el señor Hierro.
El señor HIERRO RECIO: Voy a ser breve, porque ya en la comparecencia del presidente del tribunal se pusieron de manifiesto las inquietudes que por parte del Grupo Socialista manteníamos en relación con este informe. Una breve referencia a
la propuesta de resolución bastará para desarrollar este punto del orden del día. En concreto, parece ser que vista la ausencia de cualquier otra propuesta de resolución, todos los grupos están de acuerdo en las recomendaciones que realiza el
Tribunal de Cuentas relativas al seguimiento de los acuerdos de privatización y a la liquidación de la sociedad, sociedad residual que existía aún en SEPI.
Parece ser -insisto- que vista la ausencia de propuestas de resolución al respecto, todos
los grupos aceptan que las recomendaciones del Tribunal de Cuentas se están llevando a cabo por SEPI. Dicho esto, el Grupo Socialista es el único que presenta una propuesta de resolución que además está relacionada con algo que se comentó en su
momento en
la pasada sesión de esta Comisión. Me refiero a que durante mucho tiempo tuvimos de oír por parte del Grupo Parlamentario Popular cuando estaba en la oposición, antes de que llegara el Gobierno Aznar, muchísimos calificativos con relación a
las empresas públicas, con relación al sector público empresarial del Estado, que hacían prever que cuando existiese un Gobierno del Partido Popular se iba a realizar, entre comillas, una magnifica gestión de dicho sector público empresarial y por
supuesto de su privatización, que era una bandera que mantenía ese grupo político. Durante ese periodo se realizaron una serie de privatizaciones.
Normalmente el sistema fue el siguiente. Cuando la empresa daba beneficios y cotizaba en bolsa las
privatizaciones salían magníficamente y cuando la empresa daba pérdidas y no cotizaba en bolsa todo eran problemas para la privatización. Evidentemente, el Gobierno de turno en aquellos momentos se dedicaba a vender las bondades de sus
privatizaciones -recordemos Telefónica o Endesa- e intentaba esconder como podía desastres absolutos como por ejemplo el de Sintel, a cuyos trabajadores tuvimos manifestándose durante años para que se buscara una solución a su situación que ahora
está en proceso de revisión judicial, y a lo que ocurrió en aquel momento. Entre esos desastres privatizadores se encuentra el del Wilcox, sobre el que ya pusimos de manifiesto el otro día que si el proceso privatizador de una empresa dura siete u
ocho años, es representativo de un desastre absoluto de gestión al respecto.
En nuestro caso, nuestra propuesta de resolución viene a intentar aclarar lo que manifestamos en la anterior reunión de la Comisión y es que resulta tremendamente llamativo que se plantee un coste de la privatización por parte del informe
del Tribunal de Cuentas que asciende a 738,4 millones de euros, para una empresa que rondaba los 650-700 trabajadores; por si todavía no calculamos bien, 738 millones de euros es una cantidad que sobrepasa con creces los 100.000 millones de
pesetas, para que nos situemos. Esos 738,4 millones de euros de subvenciones que dio SEPI, más 266,1 millones de euros en bases imponibles negativas que compensó SEPI a Wilcox dan como resultado del orden de unos 1.000 millones de euros, que como
coste de privatización de una empresa de unos 650-700 trabajadores, es una auténtica barbaridad. Estamos hablando del orden de 170.000 millones de pesetas. Como en el informe tan solo se identifica el destino último de 89,3 millones de euros, que
fueron destinados a la jubilación anticipada de 290 trabajadores -tengamos en cuenta la cifra, 290 trabajadores, 89,3 millones de euros-, los 400 y pico trabajadores restantes que se quedaron en la otra empresa ¿cuánto nos costaron? El resultado es
-insisto- que como no se conoce el destino del resto de las pérdidas subvencionadas, por parte del Grupo Socialista se plantea la necesidad de que se amplíe la fiscalización para que se analice el estado de origen y la aplicación de fondos de la
sociedad durante el periodo que duró la fiscalización, porque solo de ese análisis del estado de origen y aplicación de fondos podremos deducir claramente a qué fueron el resto, los centenares de millones de euros cuya aplicación en este momento
desconocemos.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Herrera): Intervenciones de los grupos políticos. Por el Grupo Popular tiene la palabra su portavoz, la señora Madrazo.
La señora MADRAZO DÍAZ: Simplemente para decir que el Grupo Parlamentario Popular no ha presentando propuestas de resolución respecto a este informe, que me remito a la intervención que hizo mi compañero Ismael Bardisa en la anterior
Comisión y que no obstante estudiaremos la propuesta de resolución presentada por el Grupo Socialista. Como el Grupo Parlamentario Popular entiende que nunca es malo fiscalizar, ampliar y conocer la información sobre este tipo de privatizaciones,
no nos opondremos a instar al tribunal a que realice la ampliación de esta fiscalización.
-INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA, EJERCICIOS 1995 A 2000. (Número de expediente Congreso 251/000119 y número de expediente Senado 771/000116.)
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Herrera): Antes de continuar, les comunico que las votaciones se realizarán a las 11:30. Trataremos de ajustarnos. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que figura con el número 4, informe de
fiscalización del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, ejercicios 1995 a 2000. Para defender las propuestas de resolución presentadas tiene en primer lugar la palabra el portavoz del Grupo Popular, el señor Sánchez.
El señor SÁNCHEZ RAMOS: Ya en mi intervención en la comparecencia del presidente del Tribunal de Cuentas para presentar este informe de fiscalización del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María decía y hoy lo tengo que ratificar que era
todo un tratado descriptivo de cómo no debe gestionarse un ayuntamiento y sus empresas municipales. Decía también que el oscurantismo, la falta de transparencia, la prepotencia y el desprecio a la legalidad han llevado a este análisis que nos
presentaba el Tribunal de Cuentas con responsabilidades que se habían visto en esta gestión. Aun así, tengo que decir que hoy, a pesar ya del tiempo transcurrido desde que se hicieron estas recomendaciones, todavía no se ha tomado ninguna decisión
en dicho ayuntamiento respecto a las conclusiones y recomendaciones del Tribunal de Cuentas; que hemos tenido incluso los grupos de la oposición, Izquierda Unida, PSOE y Partido Popular, que exigir un pleno donde se debatiera esta cuestión de los
informes del Tribunal de Cuentas y que ante esta situación nosotros hemos hecho, quizá de modo exhaustivo, una cantidad importante de propuestas de resolución que recogen este sentir, basadas en las conclusiones
y recomendaciones del Tribunal de Cuentas. Las hemos dividido en las que se refieren al ayuntamiento como tal y después también a todas y cada una de las empresas municipales, agrupadas en función de la actividad.
Respecto a las relativas al ayuntamiento, destacaría que sobre los saldos pendientes de cobro al cierre de las cuentas de recaudación de la empresa municipal de recaudación Serecop, en materia de derechos de ejercicios anteriores, se den de
baja los derechos reconocidos por prescripción o insolvencia en esos valores, y en materia de obligaciones, igualmente que se depuren estas obligaciones reconocidas y se liquiden las prescritas.
Sobre la gestión de la tasa de recogida de basuras, se debe tramitar la aprobación anual de un padrón fiscal de esta tasa, que actualmente no existe, o sea que realmente se paga una tasa de basura, pero no existe un control sobre la gestión
que la empresa municipal Apemsa lleva sobre esta gestión de cobro. Sobre el patrimonio municipal, se trata de establecer como procedimiento normal de adquisición onerosa y enajenación de bienes el concurso y la subasta. Parece que es absurdo tener
que recordarlo o decirlo, pero según encontró el Tribunal de Cuentas no se llevaban a efecto. En materia de contratación, que se cree un registro informático de contratos, que no existe, que las proposiciones para licitar en los contratos
celebrados por el ayuntamiento se presenten a través del registro general. Esto parece también que es absurdo decirlo o que no había que decirlo, pero es que se ha dado el caso de que en una adjudicación importantísima de un campo de golf no se
reconocía como incorporada al expediente una documentación que no había sido presentada en el registro general de la empresa publica y sí en el registro municipal del ayuntamiento, con lo cual debe ser precisamente este registro general el único que
dé fe de lo que entra y sale de este ayuntamiento y sus empresas. Se deben fomentar también los procedimientos abiertos y restringidos, pero siempre, lógicamente, promoviendo la concurrencia y la competencia. En los pliegos de los concursos hay
que exigir la redacción de los baremos y puntuaciones y los criterios de valoración. De nada sirve hacer un concurso si después no sabe cómo se va a cuantificar o valorar. En los expedientes tramitados mediante procedimiento negociado, debe quedar
siempre constancia fidedigna de que se han consultado al menos tres empresas capacitadas para la realización del objeto del contrato que lógicamente no había sido así.
Respecto a las sociedades mercantiles municipales, que son Apemsa, Impulsa, Serecop y Suvipuerto, hay que tener en cuenta que deben tener un sometimiento a un doble régimen jurídico; por una parte, se fundan y actúan con sometimiento a la
legislación mercantil y al ordenamiento jurídico privado y, por otra, en su carácter de entidades pertenecientes al sector público, están sujetas a los principios constitucionales de legalidad, eficacia, eficiencia, etcétera, cosas que desde luego
no se han estado dando. Sobre el cumplimiento del objeto social, no parece lógico que no figure o no coincida con la situación o la actividad que se está dando, sin que motivos de eficacia pueden dar lugar a que sobrepasen dicho régimen ni el
objeto social justificado precisamente en la eficacia. Sobre la planificación de actividades, parece lógico que haya a medio y largo plazo una concreción de medios y resultados. Sobre los procedimientos administrativos -organización, tramitación,
contenidos, archivos y conservación de expedientes-, lógicamente cada sociedad debe elaborar y aprobar cada una, en un plazo prudente determinado, un manual que contenga los procedimientos aplicables a sus operaciones y actividades. Sobre
procedimiento de contratación y compras, exactamente igual. Sobre la formación de inventarios aquí tengo que incidir en que es un verdadero desastre. Los inventarios de cada empresa no coinciden, unos tienen valor en compra, otros valor en venta,
otros ningún valor, y es un verdadero desastre y galimatías. Sobre la contabilidad de costes y valoraciones, han de implantar un modelo de costes completo que permita, lógicamente, imputar la totalidad de costes directos e indirectos. Sobre el
control financiero a cargo de la intervención municipal, el ayuntamiento debe garantizar la realización del control financiero establecido en la ley, en el Real Decreto 2/2004, mediante la aprobación de un plan anual de auditorías de las sociedades
mercantiles dependientes y dotando a la intervención de medios personales para la realización y preparación de dicho plan consignando medios financieros suficientes para la contratación externa que se programe. Aquí hemos tenido también los grupos
de la oposición que exigir una auditoría externa para que se pueda comprobar si la cuantificación que se da del total de bienes inventariados se corresponde en realidad con todos y cada uno de esos bienes, porque desde la intervención se reconoce
que no tiene medios suficientes, ni personales ni materiales, para poderla realizar.
Para las sociedades Impulsa y Suvipuerto, sobre operaciones de permuta, decimos que las sociedaes deben garantizar el equilibrio patrimonial en las operaciones de permuta liquidando la diferencia entre los valores de tasación, con
independencia de que se realicen con el ayuntamiento o con terceros. Aquí se han dado casos de todo tipo, hasta de vender una propiedad que pertenecía al ayuntamiento y no estaba cedida o no figuraba en la relación de bienes de la sociedad que la
vendió. Sobre el procedimiento de ventas y fijación de precios, las operaciones de ventas de activos y existencias han de basarse en un plan comercial y contar con normas que garanticen la publicidad y el acceso igualitario y abierto por los
interesados. Esta es una práctica habitual que no se ha dado: ni la transparencia, ni la igualdad, ni la información.
Para las sociedades Apemsa y Serecop, sobre medidas de modificación de los estatutos sociales y adecuación a la Ley de Sociedades Anónimas, nuestra propuesta es que se adapten a esta ley. Para la sociedad Impulsa, sobre bienes afectos al
patrimonio municipal del suelo, la totalidad de las funciones y actividades relativas a la
gestión del patrimonio municipal del suelo que ostenta la sociedad se ha de desarrollar con arreglo a las normas contenidas en la legislación urbanística y patrimonial, así como en caso de que se cedieren o aportasen a la sociedad otros
bienes pertenecientes al patrimonio municipal del suelo. Para la sociedad Serecop, sobre el objeto social futuro de la sociedad, porque se creó para la recaudación municipal, que hoy día no ejecuta, la tiene la diputación provincial y está ahí sin
un objeto social mantenido costando mucho dinero y dedicándose a actividades cuyos objetivos, logros y actividades prácticamente se desconocen. Para la sociedad Suvipuerto, sobre afección de los fines sociales a los del patrimonio municipal del
suelo pedimos que se circunscriba la actividad a este fin, y no que se van creando otras actividades y funciones que son desconocidas por el resto de la corporación.
Estas son las propuestas de resolución que, como digo, están basadas en las conclusiones y recomendaciones del Tribunal de Cuentas y también coinciden con las propuestas que el interventor municipal ha realizado, aunque, como digo, aún no se
han llevado a efecto, no son de implantación porque todavía no se ha realizado el pleno municipal que las apruebe. Se da la paradoja de que se van a aprobar algunas propuestas antes por parte de esta Comisión que por parte del ayuntamiento, que es
quien ya tiene desde hace tiempo las conclusiones y recomendaciones del Tribunal de Cuentas y debía ser el primer interesado en adaptar toda la función económica a estas recomendaciones y conclusiones.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Herrera): Por el Grupo Socialista tiene la palabra su portavoz, don Carmelo López.
El señor LÓPEZ VILLENA: Dado que ya tuvimos oportunidad de debatir este asunto cuando se nos presentó el informe, no quisiera profundizar mucho más. En todo caso, trataremos de aunar las propuestas de resolución que los distintos grupos
parlamentarios hemos elaborado, de tal manera que podamos consensuar una lista de recomendaciones en una única resolución.
Respecto al primer apartado de la propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Popular en principio entendemos que es
abundar en datos que quizá el Banco de España no tenga la oportunidad de ofrecer. El informe de fiscalización fue suficientemente explícito, por lo tanto no debiera de estar contenido en ese catálogo de resoluciones que vamos a votar después.
Entiendo que las propuestas 2 y 3 del Grupo Parlamentario Popular de alguna forma están contenidas en las números 37, 38, 39 y 40 de la numeración correspondiente a las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Socialista. Respecto a la
número 4 del Grupo Parlamentario Popular, debiera de quedarse al margen, porque de alguna forma nos inmiscuimos en los modos y modelos de gestión de un ayuntamiento. Tenemos que velar por los procedimientos, por la transparencia, por la eficiencia,
la eficacia y por que se garanticen los servicios de los usuarios, pero no podemos imponer, entiende este portavoz y entendemos desde el Grupo Socialista, modelos de gestión a los ayuntamientos.
Aceptaríamos la número 5 en sus términos porque no la
hemos contemplado inicialmente nosotros, aunque de forma difusa puede estar incorporada. La 6 y la 7 más o menos se corresponden con la 42 y 43 del Grupo Parlamentario Socialista, aunque en la número 7, al decir 'aprovechamiento lucrativo, preciso
para meterializar el 10 por ciento', volvemos a meternos en aspectos específicos de la decisión de gestión, de la decisión política del ayuntamiento; por eso yo propondría que se mantuvieran la 42 y 43 nuestras. La número 8 se corresponde con la
44 del Grupo Socialista, la número 9 con la número 43 y la 10 y la 11 más o menos se corresponden con la 51 y 56 del Grupo Socialista, aunque aquí están en plan genérico y nosotros las teníamos en las sociedades. La número 12 la podríamos aceptar
tal cual está redactada, así como la 13 y la 14. Respecto a la número 15 entendemos que también queda englobada en nuestras propuestas 47 y 48, quizá con una mayor especificación. Respecto a la 16 notamos un poco de ambigüedad en la redacción,
pero podría corresponderse en determinados aspectos con las propuestas del Grupo Socialista números 47, 48 y 49. La 17 a nuestro juicio queda un poco ambigua, porque se trata de normativa que es de obligado cumplimiento, por tanto no es necesario
abundar en ello en una resolución. La 18 la podríamos aceptar tal como está presentada la 19 está también contenida en la 46, 47 y 48 del Grupo Socialista haciendo la matización de que hay un párrafo al final que puede ser un poco limitativo, donde
dice 'no debiendo llevar a cabo ninguna que no proceda de una encomienda directa del ayuntamiento'. La número 20 está contenida en la 46 del Grupo Parlamentario Socialista. La 21 estaría en la 47 y se refiere a los manuales de procedimientos
internos que debiera de tener el ayuntamiento para su gestión. La 22 está contenida en la 48 nuestra, lo digo para unificar o uniformar. La 23 la aceptaríamos tal cual, porque no la tenemos contemplada. La 24 se corresponde con la 50 del Grupo
Socialista.
En la 25 este portavoz entiende que no se debería de entrar nuevamente en qué modelo de costes sería el más adecuado a implantar, ya que habla de que se implante un modelo de costes completos que permita imputar la totalidad de los
costes directos e indirectos. Como bien sabemos, existen distintos modelos de costes, este sería el de costes directos. Puede que sea el idóneo, pero puede que no; por lo tanto yo no limitaría tanto a qué modelo de costes nos tenemos que referir.
En la 26 nos parece que es un poco excesivo obligar a un plan anual de auditoría cuando hay una normativa que probablemente le sea de aplicación en función de las cantidades de facturación o del número de trabajadores, pero no tendríamos
inconveniente en que fuera aceptada. Lo que pasa es que hay que ver también que podemos estar sentando precedente para otros muchos municipios, algunos de menor envergadura, con lo cual estaríamos
encorsetando demasiado. La número 27 no entendemos qué quiere expresar exactamente con aquello de 'garantizar el equilibrio patrimonial en las operaciones de permuta, liquidando las diferencias entre los valores de tasación'. Efectivamente
tiene que haber una correspondencia cuando haya una permuta entre lo intercambiado, pero no la entendemos del todo. La 28 se correspondería con la 51 del Grupo Socialista. La 29 la aceptaríamos en todos sus términos. A la 30 le ocurre lo mismo
que hemos dicho anteriormente, que si ya lo exige la ley, ser objeto de una resolución de esta Comisión tampoco tiene mucho sentido. En la 31 entendemos que también volvemos a inmiscuirnos en la gestión, en definir el modelo de gestión, cuando eso
corresponde a la actuación política de cada ayuntamiento. En la 32 pasa lo mismo, que es la legislación la que va a determinar qué es lo que se tiene que hacer; por lo tanto, volver sobre algo que ya especifica la legislación no es muy
conveniente.
Paso a las propuestas de resolución de Izquierda Unida que por un lado están englobadas en todo lo que hemos estado diciendo y por otro quizá no se hayan elaborado en los términos de una propuesta de resolución. En cuanto a la primera
propuesta, que habla de rechazar la gestión realizada por el ayuntamiento, nosotros también la rechazamos, pero entendemos que no es una propuesta de resolución; es decir, que sí, que han sido muy malos, que rechazamos el modelo de gestión, pero no
es una petición concreta. La propuesta número 2 nos resulta muy ambigua. No sabemos si lo que quiere decir es que se fiscalice nuevamente pero esta vez con más profundidad. En todo caso, quizá desconozca el Grupo de Izquierda Unida que el
presidente del Tribunal de Cuentas, a preguntas de los diputados de esta Comisión, manifestó que efectivamente estaba actuando la fiscalía y que había distintos presuntos delitos que se estaban investigando. Y respecto de la propuesta de resolución
número 4 hay una moción que vamos a ver precisamente en esta sesión que puede ir en la línea que expresa la número 36 de Izquierda Unida. Por lo tanto, dicho lo dicho, solo me queda agradecer la atención prestada y ponernos a disposición de los
grupos para tratar de aunar las propuestas de resolución de esta Comisión.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Herrera): Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.
El señor SÁNCHEZ RAMOS: Paso a responder al portavoz del Grupo Socialista sobre los comentarios que ha ido haciendo a todas y cada una de las propuestas de resolución relativas al grupo municipal. Respecto de la primera, que pedía que se
solicitara información al Banco de España, es una cuestión técnica que a pesar de estar recogida en las recomendaciones no se ha obtenido por parte del ayuntamiento, y como yo decía al principio que esto lo recogía el informe que el interventor
municipal había realizado, como queda pendiente conocerla para su control por eso la expongo. No es una iniciativa que parta del Grupo Popular o que se dé un interés especial, con lo cual, realmente, creo que no desdice nada y le rogaría que la
mantuviéramos porque es petición del interventor.
Respecto a las números 2 y 3, sobre los saldos pendientes de cobro, dice que están contenidas ya también en otras que hace el Grupo Socialista.
Efectivamente, hay que destacar la gran coincidencia que tenemos en cada una de ellas. Hay
algunos pequeños matices que creo que tanto el portavoz del Grupo Socialista como yo mismo podríamos ver ahora, y la pasamos ya claramente. Sobre algunas de las cuestiones que ha apuntado, decía que no entendía, en la propuesta 17, que se diga que
el carácter público de las sociedades ha de estar presente de forma continuada en sus actuaciones, como entes perteneciente al ámbito público. Dice el portavoz socialista con toda razón que este es un tema de obligado cumplimiento y que realmente
no hay que hacerlo cumplir, pero es que en el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María no se ha cumplido. Entonces, como no se ha cumplido aunque debían de cumplir, le ruego que la mantengamos, porque está claro que no debía de ser, y comparto con
él esa apreciación, pero como no se cumple tenemos que ponerlo.
También decía sobre la 25, sobre el modelo de la contabilidad de costes y valoraciones, que no quería hacer implantar un modelo de costes al ayuntamiento. Es que se no trata de implantar un modelo, se trata de implantar el modelo que
recomienda el tribunal y solicita el interventor dadas las desavenencias y la falta de homogeneidad que existe en el control de costes y valoraciones tanto en el ayuntamiento como en cada una de las propias empresas municipales. Después, sobre el
control financiero a cargo de la intervención municipal -la número 26-, le quiero recordar al portavoz socialista que todos los grupos de la oposición hemos hecho una solicitud para que se acepte este control financiero por parte de la intervención
municipal, ya que el interventor ha manifestado su incapacidad, tanto de personal como de medios, para poder realizarla.
Entonces, al ser un acuerdo de todos los grupos municipales excepto el equipo de gobierno, yo le ruego al portavoz socialista
que mantuvieran también la numero 26, puesto que él no está en desacuerdo, sino que dice que no quiere imponer un modelo. Dice que no entiende la 27, sobre permutas. Lo voy a explicar muy claro. Se han hecho permutas donde el valor de suelo del
ayuntamiento se ha cuantificado al mínimo y el valor de permuta contrario al máximo, con lo cual ha habido un desequilibro enorme intencionado o dirigido donde el perjudicado ha sido el ayuntamiento. Por eso el interventor dice que se garantice ese
equilibrio patrimonial y no se valore uno al mínimo y otro al máximo de forma interesada.
En cuanto a la número 31, el portavoz socialista decía que no debemos imponer un modelo sobre el objeto social futuro de la sociedad. Es que no es ese el caso. El caso es que esta sociedad tenía un objeto, que era la recaudación municipal,
y ha dejado de tenerlo porque
esa recaudación ha pasado a la diputación, con lo cual lo que se pide es que se cuantifique, se determine o se defina el nuevo objeto social futuro de esta sociedad. Yo creo que como hay coincidencia también en las propuestas de Izquierda
Unida, rechazar la gestión realizada por el ayuntamiento la rechazamos todos los grupos y lo hemos hecho. Que sea un rechazo de esta Comisión participo también con él en que quizá no sea oportuno. Tenemos aquí una valoración política, que no una
valoración en propuesta de resolución, así que dentro de la coincidencia total, ahora hablaremos y trataremos de dar al presidente el resultado. Yo creo que va a haber acuerdo total, porque la coincidencia es máxima.
-INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA ASISTENCIA A LOS MUNICIPIOS DE MENOR DIMENSIÓN, EN RELACIÓN CON LA RENDICIÓN DE CUENTAS, POR LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES. (Número de expediente Congreso 251/000117 y número de expediente Senado 771/000114.)
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Herrera): Pasamos al punto siguiente, propuestas de resolución sobre el informe de fiscalización de la asistencia a municipios de menor dimensión, en relación con la rendición de cuentas, por las
diputaciones provinciales. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra su portavoz, el señor Merino.
El señor MERINO LÓPEZ: Con mucha brevedad, porque debido a la extensión del informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas, que nosotros consideramos plenamente satisfactorio en cuanto al trabajo realizado por los miembros del tribunal,
las propuestas de resolución que presenta el Grupo Popular están dirigidas a mejorar el trabajo que pueden y deben llevar a cabo y que están llevando a cabo en muchos casos las diputaciones provinciales, pero como todo en esta vida es mejorable,
creemos que cabe seguir avanzando en mejorar las actuaciones de asesoramiento y colaboración de las diputaciones provinciales con los municipios de menor población y, lógicamente, de menor capacidad técnica en cuanto a medios materiales y humanos
para desempeñar las obligaciones que les marca la legislación. Por eso presentamos cuatro propuestas de resolución que esperamos que sean apoyadas por el resto de formaciones políticas, o grupos parlamentarios. La primera de ellas propone que las
diputaciones provinciales lleven a cabo una labor activa en la asistencia a los municipios para que estos puedan cumplimentar sus obligaciones legales. La segunda va en el sentido de que las diputaciones provinciales a los municipios de su
provincia que lo precisen de los medios técnicos necesarios para su correcto acceso a Internet. La tercera de ellas es para que las diputaciones establezcan los procedimientos de control interno necesarios para verificar el correcto desarrollo de
la prestación del servicio, una última va dirigida a que las diputaciones doten a las unidades que prestan el servicio de asistencia y asesoramiento a los municipios dentro de la propia diputación de los medios económicos y personales necesarios
para su adecuada prestación. Son propuestas de resolución absolutamente positivas que creemos que pueden mejorar en el ámbito de las diputaciones provinciales la prestación de estos servicios y la colaboración con los municipios de poca población y
de poca capacidad técnica y creemos que, en definitiva, vienen a mejorar toda la labor dentro del ámbito municipal.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Herrera): Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor López.
El señor LÓPEZ VILLENA: Yo le solicitaría también en este caso al Grupo Popular, porque entendemos que sus propuestas de resolución están contenidas quizá más extensamente en las propuestas de resolución del Grupo Socialista, que
asumiésemos las de nuestro grupo. En todo caso los podemos contemplar. Como es un informe de fiscalización de la asistencia a municipios, -casi es una moción con relación a lo que debiera de ser esa asistencia a los distintos municipios-,
entendemos que queda contenido de forma más completa en las propuestas de resolución que el Grupo Socialista ha elaborado y ha propuesto a la Comisión.
-INFORME DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL SOBRE LA CONSTITUCIÓN Y MATERIALIZACIÓN DE LA PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN, DE LAS RESERVAS OBLIGATORIAS DEL EXCESO DE EXCEDENTES DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES
PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente Congreso 251/000115 y número de expediente Senado 771/000112.)
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Herrera): Pasamos al punto siguiente, informe de fiscalización especial sobre la constitución y materialización de la provisión para contingencias en tramitación, de las reservas obligatorias del exceso de
expedientes de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social. En primer lugar, para defender las propuestas de resolución presentadas tiene la palabra doña María Eugenia Martín, del Grupo Popular.
La señora MARTÍN MENDIZÁBAL: Mi grupo ha presentado ocho propuestas de resolución que recogen básicamente las recomendaciones del Tribunal de Cuentas en este informe sobre provisión por parte de las mutuas para las contingencias en
tramitación y las reservas obligatorias del exceso de excedentes, interpretadas a la luz de la información que nos facilitó la comparencia del propio presidente de dicho Tribunal, digo
esto porque efectivamente, el otro día al menos, aunque hoy dos grupos no han presentado propuestas de resolución en este sentido, estábamos todos de acuerdo en que el nivel de discrecionalidad de las mutuas fuera el menor posible a la hora
de determinar estas provisiones por contingencias de tramitación. El tema es cómo se realizan. Evidentemente, se trata de personas que están en situación de incapacidad temporal, no tienen ni siquiera un informe médico base para una posterior
incapacidad permanente y sobre esos casos hay que hacer una provisión económica por si llegaran a estar en situación de incapacidad; es decir, salvo supuestos muy excepcionales, es adivinar una situación de futuro en una materia tan delicada como
es cómo va a reaccionar una persona ante un tratamiento médico y por tanto cómo va a concluir todo el proceso de recuperación para poder concretar las reducciones o las limitaciones laborales que le van a quedar. El propio presidente del Tribunal
de Cuentas, ante la pregunta de mi grupo de cómo objetivaría o cómo creía que se podría objetivar, nos dijo que no le corresponde al tribunal hacer la normas, y es verdad pero también es verdad que en mi experiencia en esta Comisión se han visto
supuestos en que el Tribunal de Cuentas recomienda, evidentemente, cómo habría que encauzar la norma, indica los criterios que debería recoger la futura norma, y, lógicamente, la capacidad legislativa y la competencia la tiene este Parlamento. Yo
creo que ello es prueba precisamente de esa dificultad real y práctica que encierra esa objetivación por los motivos que ya he dicho. De ahí que nuestra primera propuesta de resolución sea que se estudien por el ministerio los criterios para lograr
una mayor objetividad, y que en su caso, se aprueben las reformas normativas necesarias. Simplemente aprovecho para decir que no comparto la alegación del Ministerio de Trabajo en el sentido de que la eliminación sin más del término certeza del
artículo 65.2 del reglamento de colaboración de las mutuas eliminaría la discrecionalidad de las mutuas, porque yo pienso que básicamente sería más bien todo lo contrario.
La segunda propuesta de resolución va dirigida a que el ministerio concrete el plazo de prescripción de las obligaciones de pago de los recursos distintos de las cuotas de la Seguridad Social. Es una recomendación basada en que, como dice
el propio informe del Tribunal de Cuentas en su página 32, ni el Real Decreto de 2004 ni la orden de 2005 han establecido el plazo de prescripción para el pago de capitales-costes que deben abonar las mutuas o empresarios responsables por
prestaciones, a diferencia de normas anteriores, la última del año 1999, que se ha visto derogada, que sí recogían el plazo de cinco años. La omisión que se produce en estas normas de 2004 y 2005 genera una gran inseguridad jurídica para las
partes, de ahí que propongamos que se vuelvan a concretar de forma expresa los plazos de prescripción como recomienda el Tribunal de Cuentas.
La propuesta de resolución número 3 va dirigida a que el Ministerio de Trabajo tome las medidas necesarias para evitar el cálculo erróneo de las reservas obligatorias de las mutuas y a que mientras no exista modificación normativa se aplique
el actualmente vigente Real Decreto de 2004, es que el propio Tribunal de Cuentas, en su página 34 de conclusiones, indica que el artículo 65 del reglamento de colaboración de las mutuas regula el cálculo de las reservas obligatorias y de
estabilización de las mutuas, pero que existen muchos errores en esos cálculos, e indica como causa básica de esos errores no aplicar el Real Decreto 428/2004, de 12 de marzo. Esta es una situación que no entendemos, porque si al Ministerio de
Trabajo actual, del Partido Socialista, no le gusta esta norma, que la cambie, pero no puede dejar de aplicarla estando vigente, por lo que en este caso las situaciones anómalas serían imputables a esta dejadez, por decirlo así, en cuanto a aplicar
la norma por parte de ministerio. Posteriormente hay un serie de recomendaciones también del Tribunal de Cuentas que quiero resaltar que no es que las tengamos en cuenta la mayoría de los grupos o al menos desde mi grupo, sino que más bien van
dirigidas a centros mancomunados, al fondo de rehabilitación, es decir que han sido objeto de otras recomendaciones, fruto de otros informes en esta misma Comisión.
La propuesta de resolución número 4 del Grupo Popular lo que hacer es sugerir que se tomen medidas para garantizar la enajenación inmediata de las inversiones financieras propiedad de las mutuas de accidentes de trabajo que no se ajusten a
los activos del artículo 31. La recomendación número 5 va a dirigida a una mejora de la comunicación entre la Tesorería General y el Instituto Nacional de la Seguridad Social en los supuestos de liquidación de capital-coste de pensiones y hablamos
de mejora, que creo que siempre es deseable, dado que el propio Tribunal de Cuentas nos ha contestado a las preguntas que le hicimos el otro día en Comisión que no ha habido prescripción de ningún tipo de responsabilidades y por lo tanto no ha
habido perjuicio económico para el sistema de Seguridad Social.
La propuesta de resolución número 6 va dirigida a la Intervención General de la Seguridad Social para que dicte instrucciones al objeto de que haya una concordancia entre las obligaciones y derechos reconocidos por la mutuas y la Tesorería
General en el capital-coste de pensiones, dado que ni la orden de 2003 ni las de 2004 y 2005 recogen expresamente la materias que indica el tribunal.
La propuesta de resolución número 7 refleja como las sucesivas órdenes de cotización del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Dirección General de Ordenación pueden autorizar una financiación complementaria, cuando las mutuas
cumplan unos requisitos, para la gestión de las contingencias comunes. Una vez que ha concluido el ejercicio, este suplemento financiero ha de contrastarse con los resultados de la gestión y si se observa un exceso de suplemento financiero, este
exceso, repito, habrá de reintegrarse a la Tesorería General de la Seguridad Social, y la mutuas, por lo tanto, tendrán de
corregir sus resultados, corrección que entiende el Tribunal de Cuentas, y hacemos nuestro su parecer, debería hacerse a través de la dotación de una provisión para riesgos y gastos. No obstante, quiero decir que si bien nosotros decíamos
que dicte instrucciones, bastaría -porque quizá no es competente la Intervención General de la Seguridad Social, al objeto de que pueda ser aceptada esta propuesta de resolución por otros grupos- con que, en vez de que dicte las instrucciones, decir
que promueva una modificación normativa. Por último, la propuesta de resolución número 8 se formula para que la intervención dicte las instrucciones para una correcta contabilización de las inversiones financieras de las mutuas.
Quiero resaltar que por parte del Grupo Socialista se ha pasado una transaccional que recogería en principio las propuestas de resolución de Coalición Canaria, si ese grupo la acepta, y recogería también las propuestas números 4, 6 y 8 del
Grupo Popular, por lo tanto, en ese sentido, por nuestra parte estaríamos a favor de esta transaccional.
Mantendremos las propuestas número 1, 2, 3, 5 y 7, que son las que no engloba la transaccional, aunque me causa extrañeza, teniendo en cuenta
lo que se manifestó el otro día por parte del Grupo Socialista en cuanto al objetivo y la idea de recoger las pretensiones y las recomendaciones, que parecen serias y acertadas, del Tribunal de Cuentas, que no se hayan presentado propuestas de
resolución en ese sentido.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Herrera): Por el grupo de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Comienzo por pedirle al señor presidente que, dado que tengo que ausentarme para asistir a la Junta de Portavoces del Congreso, las propuestas de resolución presentadas por mi grupo se sometan a votación en los
términos en que voy a expresarme ahora en caso de que no pudiera estar presente.
Tenemos cuatro propuestas de resolución en la misma línea que acaba de expresar la portavoz del Grupo Parlamentario Popular y de las presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista. Emanan del magnífico informe de auditoría realizado por
el Tribunal de Cuentas sobre la constitución y materialización de las provisión para contingencias en tramitación, de las reservas obligatorias y del exceso de excedente de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la
Seguridad Social. Queremos resaltar una línea con la que estamos en plena armonía y coincidencia, que en los últimos tiempos viene desarrollando la Secretaría de Estado de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para buscar
transparencia, ordenamiento y claridad en todas la gestiones y actuaciones de la mutuas, en cuanto a ser agentes de colaboración con la Seguridad Social, al tiempo que permite que el Tribunal de Cuentas -este es el motivo de todas nuestras
propuestas de resolución- tenga una normativa que permita realizar las auditorías sin perderse en una situación complicada, y a veces en un laberinto de posiciones en cuanto a ver la contabilidad interna. Nuestras propuestas de resolución pretenden
buscar principios del Plan general de contabilidad del Estado aplicados a la contabilidad de estas mutuas de accidente de trabajo y riesgos laborales en tanto en cuanto estas mutuas deben aclarar el destino y los rendimientos de sus inversiones
financieras. A esto se dirige nuestra propuesta de resolución número 10, para que la Intervención General de la Seguridad Social dicte las instrucciones oportunas para unificar la contabilización del sector de mutuas en cuanto a los rendimientos de
sus inversiones financieras, cuya opacidad el propio presidente del Tribunal de Cuentas había evidenciado.
La propuesta de resolución número 11 insta al Gobierno a que por la Intervención General de la Seguridad Social se dicten las instrucciones pertinentes para garantizar que no se produzcan diferencias entre las obligaciones y los derechos
reconocidos por las mutuas y la Tesorería General de la Seguridad Social respectivamente en concepto de capitales coste, renta de pensiones, y otras prestaciones periódicas. Prácticamente coinciden estas dos propuestas de resolución números 10 y 11
con otras similares, con otra expresión literaria pero en el fondo coincidente, tanto del Grupo Popular como del Grupo Parlamentario Socialista.
Finalmente nuestra propuesta de resolución número 12 propone que el Congreso de los Diputados inste al
Gobierno a que se investiguen, y posteriormente se corrijan, las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas en su auditoría en relación con las inversiones financieras acometidas por las mutuas referidas al margen de lo contemplado en el
reglamento de colaboración de estas mutuas en la gestión de la Seguridad Social, tal como determinó en su día el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre.
Ante la coincidencia que existe en el fondo de las propuestas de resolución, y atendiendo a una iniciativa que me hace llegar el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, que se refiere a nuestras propuestas de resolución números 10, 11 y
12, (queda fuera la número 9, que se puede votar aparte), mi grupo acepta la enmienda transaccional que engloba varias propuestas de resolución que presentará a la Mesa el Grupo Parlamentario Socialista; coincidimos porque los textos tienen casi el
mismo sentido literal de los apartados a) y b). Se introduce un apartado c) nuevo que trae la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, que también apoyamos, porque es necesario aclarar cuáles son las medidas oportunas para garantizar la
separación y el correcto reflejo contable de contingencias comunes y profesionales. El último párrafo recoge literalmente la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, que también suscribimos. Repito que apoyaremos esta enmienda transaccional, con
lo cual por parte de nuestro grupo solamente quedaría viva para votación la propuesta de resolución número 9, que se puede votar aparte, que mantenemos por los
aspectos formales. Coincidiendo en todo lo demás, mi grupo se congratula de este lugar de encuentro.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Herrera): Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Erasmo Armas.
El señor ARMAS DÁRIAS: Igualmente mostramos nuestra satisfacción por un doble motivo: primero, por este encuentro que nos ha hecho presentar una transaccional conjunta a casi todas las propuestas de resolución; segundo, porque, los grupos
que hemos participado en el debate de las propuestas del informe del Tribunal de Cuentas tenemos un objetivo común compartido que, tal como ha manifestado el portavoz de Coalición Canaria, comparten también las instituciones del Estado encargadas de
velar por el funcionamiento y el mayor rigor y control de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. En este caso compartimos el objetivo manifestado por la portavoz del Grupo Popular de lograr una objetivación en la
provisión de los fondos de las contingencias en tramitación, así como el expresado por el portavoz de Coalición Canaria, más global, como es el regularizar y normalizar la contabilización para que a la hora de realizar las auditorías o los informes,
el Tribunal de Cuentas no se pierda en una maraña de interpretaciones distintas de las mutuas pues, tal como dijimos en la presentación del informe, la mutua a veces hace una contabilización por esos excedentes y otras hace una contabilización por
defecto, hecho que va en su perjuicio.
Hemos elaborado una resolución transaccional que englobe aquellas propuestas comunes que prácticamente mueven a estos tres grupos a conseguir el objetivo que he señalado, propuesta que coincide con las números 4, 6 y 8 del Grupo Popular, con
las números 10, 11 y 12 del Grupo de Coalición Canaria, y con la 14 nuestra, en combinación con las números 13, 15 y 16. Este texto nos parece más oportuno pues no va, punto a punto, instando a la Tesorería de la Seguridad Social. Tiene un punto
primero que insta al Gobierno a través de la Tesorería de la Seguridad Social y engloba los cuatro o cinco puntos siguientes. Por otra parte, otro punto que insta al Gobierno a que sea el Ministerio de Trabajo el que haga esas funciones (es la
presentada por el Grupo Popular con el número 4) que garanticen la enajenación inmediata de los excedentes (es uno de los puntos que me parecen más graves del informe del Tribunal de Cuentas) que no se ajustan en inversiones financieras al artículo
31 del Reglamento pues a veces lo hacen en fondos de capitalización extranjeros.
Presentaré a la Mesa esa propuesta de resolución conjunta. Como tal propuesta de resolución transaccional, nuestro grupo la hace suya y la votará favorablemente.
Lamentamos no poder aceptar las propuestas números 1, 2, 3, 5 y 7 del Grupo Popular. Manifiesta su portavoz que alegaciones presentadas por la tesorería y el ministerio están ahí están haciendo eso que dice el Tribunal de Cuentas. Aunque
el Tribunal de Cuentas no recoge esas alegaciones diciendo que no le constan fehacientemente, el ministerio y la tesorería lo está ejecutando ya. Dice S.S. que no comparte esa posición de la tesorería, pero por esa misma razón no podemos votar a
favor de su propuesta.
-INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTUACIONES REALIZADAS POR AENA EN DESARROLLO DEL PLAN DIRECTOR DEL AEROPUERTO DE MADRID-BARAJAS, APROBADO EL 19 DE NOVIEMBRE DE 1999 Y DE SU SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2004. (Número de
expediente Congreso 251/000125 y número de expediente Senado 771/000121.)
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Herrera): Pasamos al siguiente punto del orden del día: Informe de fiscalización de las principales actuaciones realizadas por AENA en desarrollo del Plan director del aeropuerto de Madrid-Barajas,
aprobado el 19 del noviembre de 1999 y de su situación a 31 de diciembre de 2004. En primer lugar, por parte del Grupo Popular tiene la palabra su portavoz, el señor Merino.
El señor MERINO LÓPEZ: Con mucha brevedad también. No vamos a responder a las manifestaciones que en la última Comisión pronunció el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, porque creemos que son una demostración absoluta de demagogia
y de no saber en qué momento se encuentra cada situación. Las propuestas de resolución que presenta el Grupo Parlamentario Socialista vienen a demostrar su incongruencia con el discurso que realizó el otro día su portavoz.
Nosotros tenemos tres propuestas de resolución muy claras y concretas, para las que esperamos el apoyo de todos los grupos parlamentarios, dirigidas a mejorar todas las actuaciones que AENA como ente público lleva a cabo. El extenso informe
que hemos debatido viene a refrendar que se llevó a cabo una buena gestión, como el propio tribunal indica. La primera propuesta sería la de implantar un sistema que permita identificar todas las actuaciones relacionadas con el Plan director. La
segunda, pretende que la planificación de la ejecución del Plan director de AENA, sea lo más ajustada y realista posible, entendiendo las enormes dificultades en proyectos de esta magnitud técnica y financiera. Y la tercera, implantar un
procedimiento que evite que se produzca retrasos en la aplicación informática. Creemos que todo ello viene a mejorar el servicio y las ejecuciones de las actuaciones del Plan director de AENA, y por ello solicitamos el voto favorable.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Herrera): Por parte del Grupo Socialista tiene la palabra su portavoz señor De la Encina.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: El Tribunal de Cuentas en su programa de fiscalización incluyó la fiscalización de las actuaciones de AENA para el Plan Barajas con fecha 19 de noviembre de 1999 y de su situación a 31 de diciembre del 2004;
por lo tanto, se trata de un periodo de fiscalización que hace referencia en su totalidad al ámbito de gestión de la anterior dirección de AENA, gobernada por el Partido Popular. En síntesis, el Tribunal de Cuentas en su informe señalaba entre
otras deficiencias que no había sido posible establecer una cifra concreta que representara el coste total de AENA de la ampliación del aeropuerto a la fecha del plan director en 1999. Le recuerdo, señor Merino -y esto no es demagogia sino pura
realidad que está recogida en el informe del tribunal-, que el coste total, a 31 de diciembre de 2004, de la ampliación del aeropuerto de Barajas, la conocida como T-4, se estima (porque el tribunal no ha sido capaz de decirlo con precisión) que
está en torno a los 6.343 millones de euros. ¡6.343 millones de euros!, duplicándose las previsiones inicialmente previstas y aprobadas en el año 1999 en el plan director.
Por tanto, ha habido -y reitero mis palabras- una ineficaz gestión.
No estoy de acuerdo con las manifestaciones que hizo el presidente del Tribunal de Cuentas en su comparecencia, cuando dijo que era normal que las administraciones públicas tuvieran desviaciones. Estamos hablando de una desviación de 3.000
millones de euros en cuatro años. ¿Es eso una buena planificación? Me reitero en que existe una desviación en la construcción del aeropuerto de 3.000 millones de euros. Estamos hablando de centenares de miles de millones de las antiguas pesetas;
por cierto, pilló allí el tránsito del euro. Al señor Merino, portavoz del Partido Popular, se le debería de caer la cara de vergüenza cuando habla de demagogia de este portavoz por lo que dije antes y estoy diciendo ahora: No es normal en ninguna
Administración tener una planificación que luego prácticamente se duplique. Eso es lo que dice el Tribunal de Cuentas de una manera muy disimulada, como muchos de los informes que vienen aquí, lo que en términos políticos en esta casa, en el
Congreso de los Diputados, se traduce en una ineficaz, nula o, si se quiere, incomprensible planificación del anterior Gobierno del Partido Popular en la T-4 de Barajas. Asimismo, el informe del tribunal dice que el déficit final obtenido desde la
primera asignación en el año 1999 por el plan director, sin tener en cuenta los déficits, superó los mil millones de euros. En fin, dice muchas más cosas que constan. Durante esos años como diputado de la oposición, al igual que millones de
ciudadanos, tuve que escuchar que el Gobierno del Partido Popular era ese gran Gobierno de la gestión, ese Gobierno del España va bien. Ya me dirán SS.SS. si iba bien con esas planificaciones y ese derroche que se produjo en la construcción de
este aeropuerto.
Señorías, hablando ya de lo presente, una vez conocidas esas deficiencias, y muchas más que están ahí, y de acuerdo con las recomendaciones, la actual dirección de AENA ha puesto en funcionamiento una serie de medidas de organización y de
control que está dando como resultado el que se establezca un sistema de información que permita identificar suficientemente cada una de las inversiones correspondientes a los planes directores en ejecución. La actual dirección de AENA, a partir
del 2005, ha implantado un sistema informático más adecuado que el anterior, que ya garantiza la correcta información en tiempo y forma que de manera individualizada se debería haber poseído en tiempos anteriores, pero que no puso en marcha el
anterior Gobierno del Partido Popular.
En segundo lugar se ha establecido... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Herrera): Por favor, les ruego silencio.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: La dirección actual de AENA ha establecido procedimientos necesarios de planificación que permiten obtener, a la hora de presupuestar la ejecución de los planes directores, una previsión más realista, tanto en
que lo que se refiere a los costes como a los plazos de ejecución, evitando en el futuro esas desviaciones presupuestarias tan importantes como la de Madrid-Barajas a la que acabo de hacer referencia. La actual dirección de AENA, debido al alto
nivel de endeudamiento con el que se encontró en 2004 por la falta de planificación de las inversiones, muy especialmente por el alto coste de las expropiaciones y por el desvío presupuestario de la inversión de la ampliación del Madrid-Barajas, ha
enfocado de una manera mucho más real esta planificación. En definitiva, estas medidas han favorecido que en los años 2005 y 2006 el endeudamiento previsto para finales de este último año se haya visto reducido (y eso sí que es ser un buen
gobierno) en 1.200 millones de euros. Se ha reducido en 1.200 millones de euros el endeudamiento que había previsto AENA. Y todo ello a pesar de que se han incrementado la inversiones en estos dos años en 607 millones. AENA debe continuar con sus
medidas de control de endeudamiento, estableciéndose para ello los cauces de financiación más adecuados que le permitan hacer frente a sus compromisos. De ahí el que el Grupo Parlamentario Socialista haya presentado tres propuestas de resolución.
Seguramente estaremos de acuerdo luego con la intervención del portavoz de CiU de que AENA tiene que desarrollar el establecimiento de un sistema de información que le permita identificar cada vez más todas las inversiones correspondiente a los
planes directores en ejecución. Por ella, la primera propuesta va en esa dirección. La segunda propuesta anima a continuar la implantación de procedimientos adecuados de planificación que permitan una previsión más realista de los costes y plazos
de ejecución de los planes directores. En tercer lugar, plantemos que se continué con las medidas de control de la deuda, conteniendo para ellos los costes y potenciando los ingresos, especialmente los referidos a las actividades comerciales de los
aeropuertos, y establecer
a su vez los cauces de financiación más adecuados. Señorías, con estas propuestas hemos entrado en la senda de la racionalidad y no de la incompetencia en la que estuvo AENA hasta el año 2004, con una desfasada planificación y falta de
control democrático, como puso de manifiesto el informe del tribunal al que he hecho referencia.
En cuanto a las propuestas de resolución que ha presentado el Grupo Popular, vamos a tener que rechazarlas porque se asemejan mucho a las presentadas por el Grupo Socialista, y creemos que las nuestras son más correctas. El informe se
refiere a las actuaciones que se desarrollaron durante la pasada legislatura y ya he dicho que la actual dirección de AENA ha adoptado medidas para corregir esas observaciones y que con nuestras propuestas va a seguir adaptándolas de una manera más
precisa.
Algo parecido sucede con las propuestas de Convergència i Unió. Las números 1 y 2, en las que lamenta que no se conozcan los costes reales, se referirán al pasado pues eso ya no ocurre ahora en AENA. Por lo tanto no tienen sentido,
porque ya lo recogía el informe del tribunal. Respecto a las siguientes propuestas tienen el mismo contenido que las del Grupo Popular y estimamos que están asumidas ya en nuestra redacción. Antes de votar, seguiremos hablando con el portavoz de
CiU para intentar transaccionar las propuestas números 7 y 8 de este grupo parlamentario.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Herrera): Por el Grupo de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Vilajoana.
El señor VILAJOANA ROVIRA: Pasaré brevemente a exponer las propuestas de resolución que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) al informe de fiscalización respecto a las principales actuaciones realizadas por AENA en
el desarrollo del Plan director del aeropuerto de Madrid-Barajas. La primera propuesta como decía el portavoz del Grupo Socialista, lamenta la imposibilidad de identificar, a través de los códigos de inversión correspondientes, el conjunto de las
inversiones que integran la ampliación del aeropuerto de Madrid-Barajas. Como manifestaba S.S., probablemente el total de inversiones ascienda a 6.000 millones, lo que duplica las previsiones. De aquí la recomendación al Tribunal de Cuentas en
cuanto a que hay que buscar mecanismos para que se incluyan códigos que agrupen todas las actuaciones realizadas en una ampliación.
Es fundamental controlar las inversiones de una entidad como AENA.
La segunda resolución también lamenta -estamos hablando inevitablemente del pasado, lo lamentamos y queremos que conste este lamento- que los costes reales o previstos de gran parte de las actuaciones que integraban la ampliación hayan
superado ampliamente las previsiones establecidas en el momento de la aprobación del plan director. Se hablaba del 50 por ciento, en cualquier caso supera el 40 por ciento, que nos parece muchísimo.
En la tercera resolución solicitamos a AENA que implante un sistema que permita identificar debidamente todas las actuaciones relacionadas con un plan director concreto, de forma que se pueda disponer en todo momento de la información
completa y detallada de la ejecución y previsión de los costes de infraestructuras tan complejas como la que nos ocupa. Hasta ahora AENA tenía un plan general, sabemos que en los últimos tiempos empieza a tener planes directores específicos sobre
distintos aeropuertos, pero no sobre todos. Nos parece fundamental que este esfuerzo de identificar inversiones y planes directores se acometa en todos los aeropuertos.
Nuestra cuarta resolución insta a AENA a efectuar previsiones más realista de inversión, tanto en lo que hace referencia a costes -ya lo hemos comentado- como a plazos de ejecución. Se hablaba de que se habían duplicado los costes, pero es
que también se han prolongado los tiempos de ejecución. Tenía que estar terminado en diciembre de 2003 y se terminó en febrero de 2006. Entendemos que no es razonable una gestión de estas características.
Hay dos resoluciones que tratan temas medioambientales. Un aeropuerto tiene una gran impacto ambiental. Entendemos que estas previsiones que no están reflejadas según el informe del Tribunal de Cuentas. Y finalmente hay dos resoluciones
que no hablan del pasado sino del futuro, que nos parecen muy significativas. Tengo que no decir que con esto no estamos en la situación de decir que ya lo estamos haciendo. Ayer un medio de comunicación de Cataluña, el periódico Avui, hacía una
entrevista al catedrático de economía aplicada de la Universidad de Barcelona, señor Germà Bel (creo que fue diputado socialista), quien a su última pregunta respondía: Todo el mundo sabe que la contabilidad individual de AENA existe, pero seguimos
lamentando que la contabilidad aeropuerto por aeropuerto no exista. Esta actitud es una contribución muy pobre a la calidad de la democracia española. Ayer un medio de comunicación decía esto sobre AENA, que es lo que solicitamos en esta
resolución número 7.
Es imprescindible que AENA tenga una contabilidad analítica que le permita conocer, independientemente de cada aeropuerto que gestiona, cuáles son los ingresos, cuáles son los gastos, qué inversiones ha efectuado, de qué forma
y de qué manera. El modelo de AENA está siendo objeto de un debate público y social del conjunto de la sociedad, no solamente la política sino también la civil, somos el último país de Europa con una gestión como la suya. La única forma que tiene
AENA de defenderse es actuar con transparencia, y no puede ser que hoy no sepamos qué nos cuesta, qué se ingresa, qué se gasta en el aeropuerto de Barajas, en el aeropuerto de Barcelona, en el aeropuerto de Reus o en el de Girona. Por otra parte,
en Cataluña es un tema de debate permanente cómo se va a adjudicar la nueva terminal del aeropuerto de Barcelona.
Se nos dice que va a haber ofertas de compañías exteriores y que se analizará este tema. Pero, ¿cómo se puede analizar cuando no se sabe exactamente qué ingresa, qué se gasta o qué costes tiene? Estamos aplicando unas tasas sin conocer el
coste de los servicios. Estos dos elementos nos parecen fundamentales para efectuar una gestión transparente.
A nosotros nos gustaría que el Grupo Socialista y que el Grupo Popular analizaran estas resoluciones. Estamos dispuestos a retirar las seis primeras, nos gustaría mantener las dos primeras, es decir, las que están numeradas como 7 y 8,
porque analizan una situación que se produjo y es importante que conste este tema, y además el Tribunal de Cuentas nos recomienda que lo hagamos. La función nuestra es preparar el futuro y las resoluciones 13 y 14 (las números 7 y 8 de nuestra
propuesta, pero las que figuran como 13 y 14 en cuanto al orden que se ha marcado aquí) le piden a AENA que hoy actúe con transparencias, que sepamos todos -no pedimos tanto que se publique, sino que se sepa-, exactamente qué ingresa; qué gasta;
qué invierte en cada aeropuerto de España; qué costes tiene en cada aeropuerto, y en función de esto qué tasas aplica en coherencia a estos costes.
-INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN APLICADOS POR ALGUNOS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES A DETERMINADOS INGRESOS PÚBLICOS NO TRIBUTARIOS IMPUTABLES AL CAPÍTULO 3.º DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL
DEL ESTADO. (Número de expediente Congreso 251/000083 y número de expediente Senado 771/000083.)
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Herrera): Pasamos al siguiente punto del orden del día: Informe de fiscalización de los procedimientos de gestión aplicados por algunos departamentos ministeriales a determinados ingresos públicos no
tributarios imputables al capítulo 3.º del presupuesto de ingresos de la Administración General del Estado.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Madrazo.
La señora MADRAZO DÍAZ: En relación con este informe de fiscalización efectuado por el Tribunal de Cuentas, el Grupo Popular ya tuvo oportunidad de resaltar en la última sesión de la Comisión que el procedimiento de recaudación de este tipo
de ingresos se encuentra adecuadamente regulado y que en general se aplica de manera correcta por los órganos competentes. Así lo puso de manifiesto el presidente del Tribunal del Cuentas en la presentación del informe, y en ello hicimos hincapié.
No obstante, veíamos algunos aspectos que se pueden mejorar, y a ello van encaminadas las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Popular para mejorar en algunos aspectos la recaudación y gestión de estos ingresos no
tributarios de la Administración General del Estado. Me gustaría resaltar que el presidente del Tribunal del Cuentas en su comparecencia para la exposición de este informe, dejó claro que no se han detectado irregularidades contables en esta
materia, y que tanto los dictámenes del fiscal como los de la Abogacía del Estado no han pedido actuaciones previas de responsabilidad contable.
Una vez dicho esto, me gustaría analizar las nueve propuestas de resolución que hemos presentado. Vamos a retirar las dos primeras y vamos a apoyar las números 10 y 11 presentadas por el Grupo Socialista, porque van en la misma línea de la
que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular. La propuesta número 10, del Grupo Socialista, hace referencia a regular el procedimiento a seguir en el ingreso en la cuenta del Tesoro Público en el Banco de España de los fondos recaudados a
través de las cuentas restringidas de recaudación de ingresos no tributarios...
(Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Herrera): Perdone señora Madrazo. Les rogaría silencio porque no se puede escuchar a la diputada.
La señora MADRAZO DÍAZ: Coincide básicamente con la propuesta de resolución número 2 presentada por mi grupo. En segundo lugar, la propuesta de resolución numero 11, del Grupo Socialista, hacía que el sistema de información contable de la
Administración General del Estado mejore algunos aspectos en cuanto a proporcionar información sobre la identificación de los órganos gestores de este tipo de ingresos no tributarios. Por tanto coincidía con nuestra propuesta de resolución número
1. Hemos presentado también las propuestas de resolución 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, que pretenden mejorar aspectos puntuales de algunos ingresos no tributarios en los que el Tribunal del Cuentas detectó algunas deficiencias que podían ser mejorables.
Nos ha parecido sorprendente que el Grupo Socialista no haya presentado ninguna propuesta de resolución en este sentido, puesto que su portavoz, el señor Turiel, en la Comisión Mixta celebrada el pasado 20 de febrero, hizo mucho hincapié en lo mal
que lo había hecho el Partido Popular cuando había gobernado y puso como ejemplo la gestión que se hacía del mapa oficial de carreteras. Me ha sorprendido no ver -ya que parece que se hizo tal mal- ninguna propuesta de resolución en este sentido.
En cuanto al mapa oficial de carreteras, me gustaría decirle al portavoz socialista que una vez repasada su intervención en la pasada Comisión, me gustaría saber de dónde sacó las cifras. Hablaba de una disminución en los ingresos de 824.000 euros
en el año 1996 -decía-, a 108.000 en el año 2001. Me pregunto de dónde saca la cifra del año 1996, puesto que el informe del estábamos hablando en la pasada Comisión iba de 1999 a 2001. No tengo ni idea de dónde sacó esa cifra del año 1996, no la
he encontrado. Respecto al
mapa oficial de carreteras, efectivamente han disminuido los ingresos pero según se ponía de manifiesto en ese informe, ha disminuido también la tirada de ejemplares de forma significativa; se editan muchísimos menos ejemplares, y por tanto
es lógico que haya menos ingresos.
El señor portavoz del Grupo Socialista hizo algunos comentarios que a mí me parecieron malintencionados, sobre la coincidencia de la llegada al Gobierno del Partido Popular, y sobre la disminución en el cobro de las sanciones del Ministerio
de Trabajo. Como digo, fueron unos comentarios malintencionados a mi juicio porque para nada se deducen de este informe tales afirmaciones. Más sorprendente todavía es que no haya presentado ninguna propuesta de resolución para mejorar esa falta
de diligencia en la recaudación de las sanciones del Ministerio de Trabajo. El portavoz socialista señalaba que se hacía mucho mejor el cobro de sanciones por parte del Ministerio de Trabajo cuando se hacía a través de papel de pago del Estado. Me
da la sensación de que el portavoz del Grupo Socialista hace muchísimo tiempo que no trabaja en la Administración, que no está en los procesos de recaudación de los ingresos de la Administración General del Estado, porque la modernización, los
tiempos, las nuevas tecnologías, implican que la mayoría de esos pagos se haga a través de entidades colaboradoras, bancarias lógicamente. Me parece antediluviano hablar del pago a través del papel de pagos del Estado.
Mantenemos las propuestas de resolución de la 3 a la 9 y votaremos a favor de la propuesta de resolución número 12 del Grupo Socialista, que insta a realizar una mayor desagregación contable de los ingresos, para evitar que la mayor parte de
ellos se concentre en determinados conceptos generales. Eso, lógicamente, es dar mayor información sobre la gestión y recaudación de este tipo de ingresos. El Grupo Parlamentario Popular lógicamente está a favor de la mayor claridad, transparencia
y información.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Herrera): Por el Grupo Socialista tiene la palabra su portavoz don Agustín Turiel.
El señor TURIEL SANDÍN: Voy a empezar por exponer nuestras propuestas de resolución y luego apoyaré las propuestas del Partido Popular, las que corresponde apoyar, y daré alguna contestación a lo que ha dicho la portavoz del Grupo Popular.
Nosotros hemos presentado tres propuestas, las que han sido numeradas definitivamente como 10, 11 y 12. La número 10 hace referencia a una resolución recientemente dictada por la Intervención General de la Administración del Estado y la Dirección
General del Tesoro, que ha sido publicada en el boletín del 2 de marzo, que viene a corregir el problema que señalaba el Tribunal del Cuentas respecto a la manera de transferir la recaudación de cuentas restringidas, porque en una serie de casos era
obligatorio ir con el cheque para ingresarlo en la caja de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. La resolución entra en vigor el día 1 de mayo y este problema se va a corregir. Lo que hacemos es pedir que se profundice en esta
resolución para que de verdad se cumplan los objetivos marcados por la misma.
Respecto a las propuestas números 2 y 3, responden a un problema muy viejo. Es verdad que no ha sido nunca mi intención decir que la información respecto a ingresos hubiera empeorado en la etapa anterior, sino que es un problema de carencia
tradicional. Hay una carencia tradicional en cuanto a que el que sistema de información contable no ha proporcionado datos suficientes; ha habido declaraciones de intenciones a lo largo de la historia para corregir este problema. Sin duda, una de
las últimas declaraciones de intenciones está en el decreto del año 2001 y en la orden de 23 de mayo de 2002 para intentar corregir este problema.
Exigimos a la Intervención General y los órganos del Estado que se profundice en la mejora del
sistema de información contable.
Vamos ahora a analizar lo que ha dicho la portavoz del Grupo Popular y luego nos posicionaremos respecto a resto de las propuestas. Dice la portavoz que no sabe de dónde saco el dato del año 1996 hablando de mapa oficial de carreteras. Muy
fácilmente: del 5.º párrafo de la página 83 del informe. Si el ujier tiene la bondad de acercarse aquí, se lo doy para que lo analice y vea de dónde lo he sacado. No lo he inventado, está sacado, como digo, de ese párrafo del informe; no tengo
costumbre de inventarme nada. Respecto a mi posición antidiluviana en las multas del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la verdad es que llevo muchos años en la Administración. No quiere decir que hace mucho tiempo que no trabajo en la
Administración. Vine a esta casa en mayo de 2004, cuando habíamos hecho el informe de las mutuas de trabajo en la Inspección Provincial de León, del año 2003. No crea S.S. que hace mucho tiempo que no trabajo en la Administración porque cuando
vine ya había dejado firmado el informe referente a las multas por sanciones laborales de la Inspección Provincial de Trabajo de León. Es verdad que el papel de pagos al Estado se estuvo cobrando hasta 1996 ó 1997. A partir de ahí, cuando gobierna
el Partido Popular se produce un cambio, se hace mediante una cuenta restringida en vez de mediante papel de pagos, y casualmente coincide en el tiempo. Y le dije que no estaba estableciendo una relación de causa efecto, pero existe temporalmente:
a partir del momento en el que se cambia el sistema de recaudación, empieza a bajar el cobro de sanciones en voluntaria. Yo no digo si el cambio es la causa o no, pero desde luego que coincide en el tiempo, absolutamente claro.
Respecto a las propuestas, dice S.S. que no hemos presentado ninguna para remedir la situación que denunciábamos. Pues bien, creo que hemos hecho las necesarias, porque muchos de los puntos han sido ya corregidos en el tiempo. Señoría, la
buena voluntad tiene un límite. Nuestro grupo va a rechazar todas sus propuestas. La
número 3 porque aun cuando el Tribunal del Cuentas afirma lo que afirma, no tiene razón y en las alegaciones se ha puesto de manifiesto. Fíjese que no estoy diciendo que no tiene razón porque ahora lo hace el Gobierno socialista. No tiene
razón en la crítica que hace cuando gobernaba el Partido Popular. La propuesta número 3 es equivocada, porque se refiere a un punto en el que el Tribunal del Cuentas no tiene razón. La número 4, sobre la prima de seguro de cambio de autopistas, ha
perdido actualidad.
En este momento diseñar un cambio para algo que desde la entrada en vigor del euro no tiene actualidad, parece excesivo. La propuesta número 5 tampoco tiene actualidad. Pretende revisar el sistema de contabilización del premio
de cobranza, y el Tribunal de Cuentas habla de una anomalía que se produjo cuando se subió el premio de cobranza de 10 al 25 por ciento en el año 2001. A estas alturas eso ya no tienen ninguna virtualidad, ¿para qué vamos a aceptar una propuesta
que en estos momentos no tiene sentido?
En cuanto a la propuesta número 6, se trata más bien de un problema de normativa europea que nacional, aunque el presidente del Tribunal del Cuentas dijera lo contrario. Revisar la normativa reguladora lo deberá hacer la Unión Europea.
Respecto a los acuerdos en materia económica, ya se han revisado entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, es decir, el punto 7 también esta realizado. En cuanto a la propuesta número 8, relativa a la revisión
de la normativa de ventas de publicaciones, no es un problema de normativa sino de comportamientos, de que no se vuelvan a dar situaciones como la que llevó a la privatización del mapa oficial de carreteras. Por lo que se refiere a la propuesta 9,
no tiene ninguna razón. No puedo decir que el cambio de un sistema de cobro por papel de pagos a un sistema de cobro en efectivo en cuenta restringida sea la causa del bajo cobro en voluntaria, pero pretender que este problema sea del sistema
informático, es ridículo.
¿Qué tendrá que ver el sistema informático con que se cobre en voluntaria o se deje de cobrar algunas sanciones? Creo que está absolutamente desproporcionada. Señora Madrazo, que sintiéndolo vamos a rechazar todas su
propuestas, y por supuesto vamos a apoyar las nuestras.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Herrera): Tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular señora Madrazo.
La señora MADRAZO DÍAZ: Quiero contestar al portavoz socialista que es importantísimo tener un buen sistema informático para el control y la recaudación de las sanciones, tanto en voluntaria como en ejecutiva.
Decir eso me parece
desconocer absolutamente para qué sirven los sistemas informáticos y cómo se aplican en la Administración. Y en segundo lugar, deseo mostrar mi extrañeza por que rechace una serie de propuestas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, que
son las propias recomendaciones que el Tribunal del Cuentas establece en las conclusiones de su informe, que van destinadas a mejorar el funcionamiento de estos ingresos no tributarios; a mejorar en transparencia, en información, tanto del
procedimiento como la recaudación de este tipo de ingresos.
Respecto a la página 83 del informe, no sé si es que no veo bien, pero sigo sin ver la cifra a la que S.S. ha hecho referencia: 824.000 euros recaudados de ingresos por el mapa oficial
de carreteras en el año 1996.
Sigo sin verla plasmada en esta página. Posteriormente, me lo mostrará porque yo sigo sin verlo.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Herrera): Tiene la palabra el señor Turiel.
El señor TURIEL SANDÍN: El motivo por el que las rechazamos ya lo he expresado, aunque lo puedo repetir otra vez. El número 3, porque no tiene razón el Tribunal del Cuentas, y no se está refiriendo a una actuación de Gobierno del Partido
Socialista, sino del Partido Popular. En cuanto a los puntos 4 y 5, porque no tienen actualidad. Los puntos 6, 7 y 8, porque el problema que dice el Tribunal del Cuentas no se corrige con sus propuestas. Y el punto 9, relativo al sistema
informático, yo no estoy diciendo que no sea bueno para el control. ¡Hombre! Cuando empecé a trabajar, hace muchos años ya, como 44, tuve la suerte de trabajar, como usted, en un ministerio, el de Hacienda, que ya tenía informática. Fíjese si yo
doy importancia a la informática. El problema de por qué se pasa de cobrar una mayoría en voluntaria a dejar de cobrarla no se debe a que el sistema informático retroceda, la causa no es el sistema informático.
S.S. pone el énfasis en el sistema
informático, pero, como le digo, la causa no es el sistema informático. En cuanto terminemos la sesión, le explico lo que quiere decir el 5.º párrafo de la página 83, que no hemos pasado.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Herrera): Suspendemos la Comisión durante cinco minutos para ordenar las votaciones. (Pausa.)
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Herrera): Reanudamos las Comisión. Para la votación se va a seguir el orden del día tal y como estaba establecido. En primer lugar, vamos a votar las propuestas de resolución presentadas al informe de
fiscalización de la asistencia a los municipios de menor dimensión, en relación con la rendición de cuentas por las diputaciones provinciales. Votamos las propuestas del Grupo Popular números 1, 2, 3 y 4.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor 15; en contra, 19; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Herrera): Quedan rechazadas.
Pasamos a votar las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Socialista números 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13.
Efectuada la votación dio el siguiente resultado: votos a favor 19; votos en contra, 15; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Herrera): Quedan aprobadas.
Pasamos a votar la propuesta de resolución número 1, del Grupo Parlamentario Socialista, presentada al informe de fiscalización del proceso de privatización del Bbcock Wilcox Española.
Efectuada la votación, dijo
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Herrera): Queda aprobada por unanimidad.
Pasamos a votar las propuestas de resolución presentadas al informe de fiscalización de las principales actuaciones realizadas por AENA en desarrollo del Plan director del aeropuerto de Madrid-Baraja aprobado el 19 de noviembre 1999 y de su
situación a 31 de diciembre de 2004.
Votamos, en primer lugar, las propuestas presentadas por el Grupo Popular números 1, 2 y 3.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 19; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Herrera): Quedan rechazadas.
A continuación, vamos votar las propuestas de resolución del Grupo Socialista, números 4, 5 y 6.
Efectuada lo votación, dijo
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Herrera): Quedan aprobadas por unanimidad.
Vamos a votar las propuestas de Convergència i Unió, habiendo sido retirada todas ellas, de la 7 a la 14, y sustituidas por una transaccional con el Grupo Socialista, que es de conocimiento de los portavoces. Son dos, las número 13 y 14.
En primer lugar votamos la número 13.
Efectuada la votación, dijo
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Herrera): Queda aprobada por unanimidad.
Pasamos a votar la número 14 transaccional.
Efectuada la votación, dijo
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Herrera): Queda aprobada por unanimidad.
Pasamos a votar las propuestas de resolución presentadas al informe de fiscalización del Ayuntamiento del Puerto de Santa María. Vamos a votar todas juntas con una transaccional del Grupo Parlamentario Popular y Grupo Socialista, sobre la
base de las propuestas presentadas por el Grupo Socialista donde se suprimen las números 45, 47, 48, 50 y 52, y se añaden las números 5, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 31 y 32 del Grupo Popular, en una única votación.
Efectuada la votación, dijo
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Herrera): Quedan aprobadas por unanimidad.
Pasamos a votar las propuestas de resolución presentadas al informe de fiscalización especial sobre la constitución y materialización de la provisión para contingencias en tramitación de las reservas obligatorias del exceso de excedentes de
las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesiones de la Seguridad Social. Existe una propuesta de resolución transaccional basada en lo siguiente: quedan retiradas todas las propuestas de resolución presentadas por el Grupo
Socialista, se mantienen las números 1, 2, 3, 5 y 7 del Grupo Popular, y de Coalición Canaria se mantiene únicamente la número 9. ¿Estamos de acuerdo? Pasamos a votar en un solo acto esta transaccional.
Efectuada la votación, dijo
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Herrera): Queda aprobada por unanimidad.
Vamos a votar las propuestas de resolución presentadas al informe de fiscalización de los procedimientos de gestión aplicados por algunos departamentos ministeriales...
El señor VALLÉS VIVES: Quedan por votar algunas enmiendas que el Grupo Popular mantiene vivas, que son las números 1, 2, 3, 5 y 7.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Herrera): Votamos las propuestas números 1, 2, 3, 5 y 7.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra 19; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Herrera): Quedan rechazadas.
Votamos la 9, de Coalición Canaria, que nos quedaba por votar.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; votos en contra, 19.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Herrera): Queda rechazada.
Pasamos a votar las propuestas de resolución presentadas al informe de fiscalización de los procedimientos de gestión aplicador por algunos departamentos ministeriales a determinados ingresos públicos no tributarios imputables al capítulo
3.º del presupuesto de ingresos de la Administración General del Estado. Pasamos a votar, como han sido retiradas las propuestas 1 y 2 del Grupo Popular, las números 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; votos en contra, 19; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Herrera): Quedan rechazadas.
Pasamos a votar a continuación las propuestas del Grupo Socialista números 10, 11 y 12.
Efectuada la votación, dijo
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Herrera): Quedan aprobadas por unanimidad.
Se suspende la sesión durante cinco minutos para recibir al presidente del Tribunal de Cuentas. (Pausa.)
COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (NIETO DE ALBA), PARA INFORMAR SOBRE LOS SIGUIENTES EXTREMOS:
-INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA TESORERÍA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA, EJERCICIO 2003. (Número de expediente Congreso 251/000098 y número de expediente Senado 771/000096.)
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Herrera): Vamos a reanudar sesión de la Comisión. Quiero dar la bienvenida nuevamente al presidente del Tribunal de Cuentas, y pasamos a tratar los informes de fiscalización, en primer lugar, de la gestión
de la Tesorería para el funcionamiento de los tribunales de justicia, ejercicio 2003. Tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): El informe de fiscalización de la gestión de la Tesorería para el funcionamiento de los tribunales de justicia, ejercicio 2003, fue aprobado en diciembre de 2005 y concluye
fundamentalmente lo siguiente: En relación con la tesorería de ministerio, se ha observado un elevado número de cuentas bancarias, por la coexistencia de nuevas cuentas con las anteriores, destinadas a ser canceladas, ya que no contaban con la
autorización del Tesoro. La entidad adjudicataria del contrato de gestión de estas cuentas no ha ingresado en el Tesoro 60.000 euros. La información facilitada al tribunal sobre el nombramiento de los cajeros y habilitados ha sido defectuosa e
incompleta, a pesar de lo cual se ha verificado que muchos de ellos carecen de nombramiento. Se han observado cuentas con sistemas de firmas indistintas y no mancomunadas. Se ha comprobado la práctica inexistencia de control de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Justicia sobre las cajas pagadoras, importantes deficiencias en los estados de situación de la tesorería, falta de control sobre los intereses generados en 2003 e incumplimiento del plazo para su
ingreso en el Tesoro. Las cuentas abiertas antes de dicho ejercicio no devengaban intereses.
En la gestión del sistema de anticipos de caja y pagos a justificar se ha producido fraccionamiento del gasto e incumplimiento de varios preceptos de la normativa contractual, así como una operación improcedente en la gerencia de Sevilla.
En las cuentas de las habilitaciones de personal, el control es deficiente, con comisiones y gastos bancarios indebidos, retrasos en ingreso al Tesoro y deficiente justificación documental del pago de las nóminas y de los saldos. La Dirección
General de Relaciones con la Administración de Justicia, a finales de 2002 adjudicó el contrato para la gestión de depósitos que derivan de la normativa procesal a un grupo bancario distinto de años anteriores. En el expediente de contratación no
se ha detectado ninguna irregularidad material, aunque sí deficiencias formales. El correspondiente traspaso de fondos se realizó sin suficiente seguridad acerca de la integridad de la información sobre las cuentas preexistentes, dada la falta de
control de la dirección general. Ya en 2003, vigente el nuevo contrato, destaca la permanencia de las debilidades de control, sobre todo la dependencia de las entidades bancarias en materia de información. Se ha verificado la correcta aplicación
de los tipos de interés establecidos en los contratos para 2002 y 2003. Respecto a los tres primeros trimestres de 2002 no se han ingresado intereses por las cuentas de divisas. La dirección general no ha explicado al tribunal esta circunstancia
ni reclamado dichos intereses. Las llamadas cuentas-pozo recogen las partidas que no han podido ser identificadas por los órganos judiciales. La dirección general no tiene información que permita separar estas cuentas de las restantes.
Por su
parte, en los movimientos bancarios examinados no se han encontrado deficiencias materiales relevantes, solo defectos formales. En cuanto a las trasferencias, se carece de criterios homogéneos entre los distintos órganos judiciales. El tribunal
reitera la recomendación ya efectuada en el informe que aprobó en diciembre de 2002 para el manejo del sistema de control interno en la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia y la superación de debilidades recogidas en el
presente informe.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Herrera): Intervenciones de los grupos.
Por el Grupo Popular tiene la palabra María Pía Sánchez.
La señora SÁNCHEZ FERNÁNDEZ: En primer lugar querría expresar mi satisfacción por ser esta la primera intervención que tengo en esta Comisión, agradeciendo al presidente del Tribunal de Cuentas su comparecencia en la misma para dar cuenta
del informe referido al programa 142.A, gestionado por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia y referido, en el ámbito temporal, al ejercicio 2003. Distingue el informe entre las incidencias en relación con el sistema
de tesorería asociado a la ejecución del programa 142.A, por un lado, y la gestión de las cuentas de depósitos y consignaciones judiciales por otro. Tanto unos como otros en la mayoría de los casos son susceptibles de corrección, y por parte del
Ministerio de Justicia ya han sido corregidas gran parte de las deficiencias que refleja el informe, como así lo hace constar en su escrito de alegaciones, y otras han sido modificadas en su sistema de gestión a lo largo de los ejercicios 2004 y
2005. No obstante, queremos hacer una serie de precisiones que muestran un conflicto de percepción o de criterio entre el informe de este tribunal y las alegaciones presentadas al mismo por el Ministerio de Justicia, y que nos gustaría que en aras
de la claridad que debe presidir ambos organismos se unificaran.
A nuestro juicio, indica este tribunal la inconveniencia de utilizar vocablos distintos para designar lo mismo, cual es el caso de las cuentas de depósitos y consignaciones judiciales. Creemos que este asunto ha sido perfectamente
esclarecido con la promulgación del Real Decreto 467/2006, de 21 de abril, por el que se regulan los depósitos y consignaciones judiciales. De este mimo real decreto entendemos que se debe derivar con su aplicación una mejora sustancial de la
relación jurídica que vincula a la Administración pública con las entidades de crédito, mediante la remisión expresa a la Ley de contratos de las administraciones públicas.
También existe, a nuestro parecer, disparidad en la apreciación de quién
debe designar la entidad bancaria en que la cada juzgado o tribunal tiene abierta la cuenta, este tenor también lo aclara con carácter definitivo el real decreto de 2006 al darle la competencia exclusiva al Ministerio de Justicia.
No entendemos la explicación del Ministerio de Justicia sobre el cobro de comisiones por parte de la entidad bancaria a que ha hecho referencia el señor presidente, al aperturarse una cuenta en la Gerencia de Castilla-La Mancha, ya que
mientras el tribunal afirma su existencia, el ministerio la niega, por lo que rogaríamos una aclaración en este aspecto. En cuanto a las cantidades que la entidad adjudicataria debe ingresar en cada ejercicio, el tribunal deduce de las fotocopias
aportadas en el trámite de alegaciones que no es posible confirmar el pago de la mismas -creo que el señor presidente ha hecho referencia a la cantidad de 60.000 euros- y, sin embargo, el ministerio asegura su cobro adjuntando fotocopias, aunque no
compulsadas, de los ingresos.
Respecto al resto de incidencias detectadas en los estados de situación de tesorería, ya se comunica en el trámite de alegaciones que se han dado las instrucciones pertinentes a las distintas cajas pagadoras de las gerencias territoriales
del Ministerio de Justicia en orden a su subsanación, por lo que estaremos atentos en los sucesivos informes de fiscalización presentados por este tribunal. En cuanto a la unidad central de caja, resulta preocupante la dureza de las afirmaciones
del informe del tribunal en lo referente a las labores de control interno sobre el funcionamiento de las cajas pagadoras, así como la inexistencia en la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia de información completa sobre
la gestión de las mismas, máxime cuando el propio ministerio en sus alegaciones admite la inexistencia en muchos casos del puesto de cajero pagador al que se le encomienda su control entonces y antes. Esta ausencia de cajeros pagadores, y por tanto
de responsables, ya fue puesta de manifiesto en anteriores informes, como he dicho, sin que hasta la fecha, que sepamos, se haya procedido a su nombramiento.
Por otro lado, no parece, a tenor de las alegaciones presentadas al capítulo de intereses de las cuentas bancarias de los anticipos de caja fija y pagos a justificar, que se haya dictado una circular por los responsables del ministerio para
acabar con la falta de control que detecta el informe del tribunal, y que pone de manifiesto acuerdos verbales entre las gerencia y las entidades financieras tendentes a concreta las posibles comisiones y gastos con los intereses en la cuenta,
ingresos fuera de plazo o el propio no abono de dichos intereses.
Volvemos a encontrarnos con una clara disparidad de criterios por parte del ministerio cuando alega en el punto 3.2 del apartado a) del capítulo resultados relativos a las cuentas de
depósitos y consignaciones judiciales, que se trata de una indicación errónea por parte de ese tribunal la obligación de información recogida expresamente en el artículo 4.2 del Real Decreto 34/1988, de 21 de enero, lo cual nos extraña y asusta, ya
que se trata de un error de fondo al no identificarse por el ministerio responsable la existencia de la norma que regula tal aspecto. Idéntico y preocupante desconocimiento de la norma admite expresamente el ministerio en el asunto de los periodos
de ingreso en la tesorería de la Dirección General de Tesoro y Política Financiera de los saldos de las cuentas 55-55 y 77-77. Reconocemos las críticas contenidas en el informe sobre la necesidad de incrementar el control de las cuentas de
depósitos y consignaciones judiciales, a lo que seguramente dará repuesta el nuevo Real Decreto citado, 467/2006, de 21 de abril.
De la lectura de las incidencias del informe de fiscalización de ese tribunal, se deduce que el protocolo de actuación en la gestión de las cuentas y depósitos puede resultar en la mayoría de los casos, en la práctica, lo suficientemente
complicado para que existan tal cantidad de incidencias, lo cual no debería ser así con los medios
tecnológicos de que actualmente se dispone. Como este informe se refiere al ejercicio 2003 y la aplicación del sistema informático Sorolla se realiza en 2004, esperemos que a partir de ese momento se hayan ido subsanando gran parte de los
motivos que dan lugar a esa cantidad de incidencias.
Como conocedora durante muchos años de las operativas bancarias, permítame que haga hincapié en la necesidad de corresponsabilizar de alguna forma a las entidades bancarias del cumplimiento de la norma, quienes deben velar por el
cumplimiento de los requisitos de control y gestión interna de toda la normativa bancaria, de acuerdo con la normas del Banco de España.
Ello implica que las entidades donde se aperturan las cuentas, en este caso la que haya suscrito el convenio,
vigilen las exigencias que de acuerdo con las circulares dictadas se les requiere para la apertura, movimiento y cancelación de las cuentas que nos ocupan, ya que gran parte de las incidencias reflejadas en el informe podrían haberse evitado en sus
inicios de haberse exigido por los responsables de la oficinas bancarias el cumplimiento escrupuloso de la normativa vigente.
Para terminar, agradezco el informe de fiscalización que se nos presenta, esperando que con la colaboración de todos se vayan depurando las dificultades que presenta para todo los sectores implicados el fiel cumplimiento de la norma.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Herrera): Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Sáez.
El señor SÁEZ JUBERO: En primer lugar, como miembro de la Comisión de Justicia, y en mi primera intervención en esta Comisión del Tribunal de Cuentas, quisiera agradecerle el informe, el rigor del mismo, y el interés que ha despertado, a mí
particularmente. No conozco exhaustivamente los informes que habitualmente hace el Tribunal de Cuentas, pero las impresiones que uno tenía como operador jurídico en la gestión de algunas cuentas y consignaciones judiciales, se ven confirmadas al
conocer esos informe del Tribunal de Cuentas y el funcionamiento más intenso de la Administración de Justicia.
Quisiera, en primer lugar, resaltar la importancia de la conclusiones y recomendaciones que hace el Tribunal de Cuentas de la mejora del control interno de las cuentas y la rectificación de las malas prácticas, hecho que he podido comprobar
también con la lectura de informes anteriores, y que esas prácticas y desviaciones de la ejecución de anteriores informes detectadas por el Tribunal de Cuentas han sido corregidas por los distintos titulares del Ministerio de Justicia. También
quisiera destacar, en contraste con algunas de las deficiencias que ha encontrado el tribunal en este informe de 2003, que a la vista de las alegaciones que ha presentado el Ministerio de Justicia, y también de las conclusiones y recomendaciones
efectuadas en el informe, algunas de esas deficiencias ya han sido corregidas con cambios de gestión en los ejercicios 2004 ó 2005. Le anuncio nuestro máximo interés para efectuar posteriormente algunas recomendaciones precisamente para mejorar ese
control interno al que usted también hacía mención en su informe.
Quisiera simplemente hacer algunas consideraciones, por si desea el presidente ampliar algunos de los contenidos de su informe, sobre algunas de las cuestiones que plantea el informe, así como las conclusiones finales. Previamente quisiera
constatar, también con cierta sorpresa, las dificultades que el tribunal aduce en obtener todavía información de las entidades financieras en cuanto a las cuentas bancarias de pagos a justificar, anticipos de caja y pago de nóminas; y por otra
parte, también se constata en el informe que la información que facilitan las entidades bancarias, tanto de las cuentas judiciales como de las consignaciones y comunicaciones bancarias de las cuentas de consignaciones, resulta ser el único
instrumento fiable de control, siendo deseable que, como bien dice el tribunal, pudiera contrastarse dicha información con otros mecanismos u otros procedimientos. Como ha destacado el presidente, sorprende la práctica y la falta de información de
las denominadas cuentas pozo, cuya finalidad es la de registrar para cada juzgado las partidas de imposible identificación y que escapan del control de la propia Administración de Justicia. En cuanto al sistema de tesorería asociado a la ejecución
del programa 142.A y al sistema de anticipos de caja fija y pagos a justificar, también sorprende a esta alturas la existencia de diversos casos detectados por el tribunal de fraccionamiento del gasto y del objeto de contrato en adjudicaciones
directas a diversas consultoras y a una editorial por la adquisición de publicaciones, sin el conveniente proceso de licitación adecuada atendiendo a la cuantía, superior a 5.000 euros, y la competencia contractual. También en algún caso se ha
omitido la utilización del aplicativo informático Sorolla para la gestión y control de cuentas, que se ha revelado como un instrumento eficaz para el control interno de las cuentas.
En cuanto al apartado de cuentas de depósitos y consignaciones judiciales, bien es conocido, ya lo ha relatado el presidente, que en el año 2003 se produjo el cambio de adjudicación de las gestión de las cuentas de depositos y consignaciones
judiciales, concretamente del BBVA al Banesto, y también sorprende la falta de control suficiente en la comprobación real sobre es proceso de traspaso de cuentas de depósitos y consignaciones de una entidad financiera a la otra, y que no conste
tampoco ningún informe de control de estas cuentas relativo al año 2003.
Esas serían algunas de las consideraciones, por si el presidente quiere efectuar alguna ampliación sobre las mismas.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Herrera): Para contestar las cuestiones planteadas, tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): La primera observación es recordar únicamente que la postura del Tribunal de Cuentas tras las alegaciones es la que recoge el informe aportado, y por tanto cualquier otra
información con vista a los debates posteriores puede solicitarse al tribunal. En efecto, este es un informe que tiene otro precedente, en que ya se señalaron las debilidades en el tema de la tesorería. Se han mencionado aquí las limitaciones que
he tenido en los dos ámbitos, en el ámbito del sistema de tesorería de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia y en el ámbito de las cuentas de depósito. En el segundo, el comentario que se ha hecho es quizá uno de los
puntos más importantes, y es que hay una total dependencia de la información que suministran las entidades bancarias, no se concilian los saldos, que les correspondía hacer a las secretarías. En definitiva, si hubiera que hacer un comentario de
tipo general, podríamos concluir que el informe pone de manifiesto una falta de control interno contable y documental, y también de procedimientos, e incluso de procedimientos informáticos, y esto en los dos ámbitos, en el ámbito de la gestión de la
tesorería y el ámbito de las cuentas de depósitos y consignaciones de los juzgados. Por tanto, siguen vivas las recomendaciones que en el informe anterior se habían formulado en el ámbito de la gestión de la tesorería y que ahora se podían extender
en este informe a las cuentas de depósitos, y lo que recomienda el tribunal es mejorar el control interno, que falta tanto en la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia como en las cuentas que se han fiscalizado de los
juzgados y de los tribunales.
- MOCIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DE PRINCIPIOS Y NORMAS CONTABLES UNIFORMES EN EL SECTOR PÚBLICO. (Número de expediente Congreso 251/000127 y número de expediente Senado 773/000020.)
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Herrera): Pasamos al siguiente punto del orden del día: Moción sobre la aplicación de principios y normas contables uniformes en el sector público. Para explicar la moción, tiene la palabra el presidente
del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): La presente moción ha sido aprobada por el pleno del Tribunal de Cuentas el pasado 24 de octubre de 2006. Por medio de ella, el tribunal quiere llamar la atención sobre la
existencia de algunas diferencias contables de criterio entre los distintos subsectores del sector público; diferencias que si bien en algunos casos pueden estar justificadas, en otros no lo están tanto y pueden ser eliminadas o al menos atenuadas
para favorecer la comparación e integración de los distintos estados contables. Así, la moción ofrece las siguientes siete recomendaciones. En primer lugar, que la información contable del sector público administrativo -estatal, autonómico y
local- sea plenamente transparente, comparable y convertible a contabilidad nacional. En segundo lugar, que haya un único Plan General de Contabilidad pública aplicado a todas las entidades del sector público administrativo; el tribunal considera
conveniente que en dicho plan único fueran vinculantes los apartados de los principios contables, cuentas anuales y normas de valoración. En tercer lugar, que se eliminen las diferencias, ya de por sí escasas en la actualidad, entre las
contabilidades económico-financiera, reguladas en el Plan General de Contabilidad pública y en el de las empresas. En cuarto lugar, que se reduzcan al mínimo imprescindible las diferencias entre el ámbito subjetivo del sector público
administrativo, definido en la Ley General Presupuestaria, y el del sector administraciones públicas, definido en términos de contabilidad nacional. En quinto lugar, que se eliminen las diferencias existentes en la regulación de la contabilidad
presupuestaria de los distintos subsectores del sector público, con objeto de permitir la consolidación de los presupuestos en toda las administraciones publicas, no solo en la fase de elaboración, sino también en la de ejecución y liquidación. En
sexto lugar, se recomienda que las modificaciones que se introduzcan en el Plan General de Contabilidad pública se trasladen sin demora a las normas contables de los distintos grupos de entidades, para que estas permanezcan armonizadas en todo
momento. Y por último, se recomienda que se eliminen las diferencias en el contenido y en la estructura de las cuentas generales de los distintos ámbitos -estatal, autonómico y local-, dado que ocasionan dificultades para elaborar las cuentas
económicas del sector público en términos de sistema europeo de cuentas nacionales y regionales.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Herrera): Intervenciones de los grupos políticos. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra su portavoz, señora Madrazo.
La señora MADRAZO DÍAZ: Quiero agradecer la exposición que ha hecho el presidente del Tribunal de Cuentas de este informe sobre la contabilidad del sector público, y darle de nuevo la bienvenida a esta Comisión. Todos sabemos que el
Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas públicas y de la gestión económico-financiera del Estado y de todo el sector público. El sector público abarca la Administración del Estado, comunidades autónomas, corporaciones
locales, entidades gestoras de la Seguridad Social, organismos autónomos, sociedades estatales y demás empresas públicas. Por tanto, me parece muy oportuno este informe, y felicito al Tribunal de Cuentas por ello, al aprobar esta moción que
establece una serie de recomendaciones y propone una serie de modificaciones de la normativa aplicable, que me parece básica para que el Tribunal de Cuentas pueda ejercer la función que le es
propia. Para poder ejercer esa función es esencial disponer de una herramienta adecuada, que no es otra que tener unas normas contables comunes en todo el sector público, de otro modo se dificulta enormemente que el Tribunal de Cuentas
pueda fiscalizar con rigor todo el sector público y con unos criterios homogéneos. No disponer de unas normas contables comunes, como ocurre en la actualidad, dificulta enormemente, a nuestro juicio, la posibilidad de efectuar comparaciones sobre
el funcionamiento de las diferentes administraciones, y con un mínimo de rigor y seriedad. Por ello nos parece un acierto que el Tribunal de Cuentas eleve hoy a la Comisión mixta la aprobación de esta moción que establece una serie de
recomendaciones que sin duda son muy útiles para iniciar el camino hacia la uniformidad de las normas contable en todo el sector público. Mi grupo, y espero que los demás grupos de esta Comisión, propondrá en su momento la aprobación de una serie
de propuestas de resolución que irán en la línea de las recomendaciones que nos ha expuesto hoy el presidente del Tribunal de Cuentas en la moción que hoy debatimos.
En la propia fundamentación que el Tribunal de Cuentas hace de esta moción, se pone manifiesto la necesidad y oportunidad de la misma. En la página 3 se nos aclara que dada la estructura del sector público español, con tres subsectores, el
estatal, el autonómico y el local, que a su vez se pueden subdividir en otros tres, el administrativo, el empresarial y el fundacional, es importante que la actividad económico-financiera de cada uno de ellos pueda conocerse con exactitud, y que la
información pueda ser comparable. Por ello es importante que los criterios sean uniformes, lo que a su vez facilitará la interpretación de los distintos estados contables, así como su consolidación.
Por otra parte añade el informe del Tribunal de Cuentas que al estar España comprometida con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento europeo, se hace necesario poder verificar el cumplimiento de este objetivo de estabilidad presupuestaria de
todos los países miembros de la Unión Europea, y ello solo será posible si se realiza sobre uno datos homogéneos suministrados por los distintos agentes que integran el sector público, pero con una uniformidad de criterios. En los últimos años se
ha producido una tendencia a esa normalización, pero ha tenido un desarrollo diferente, según pone de manifiesto el Tribunal de Cuentas en su moción.
Ha tenido un desarrollo diferente en el ámbito de la contabilidad privada que en el ámbito de la
contabilidad pública. Efectivamente, dentro del sector público existen entidades sujetas a la contabilidad privada, cuya uniformidad y armonización con Europa se encuentra mucho más avanzada que en el ámbito de la contabilidad pública. En el
ámbito de la contabilidad privada, la armonización contable con Europa se ha traducido en la aplicación de las normas internacionales de contabilidad, las NIC, a las que España se encuentra lógicamente sujeta. Sin embargo, en el ámbito de la
contabilidad pública, existe un Plan General de Contabilidad pública, pero no ha tenido la misma amplitud en su aplicación en todos los ámbitos, en el ámbito estatal, en el local y en el autonómico. Las razones de esta falta de aplicación del Plan
General de Contabilidad pública se deben fundamentalmente a que no existen unas normas jurídicas comunes a todo el sector público que regulen la contabilidad aplicable con carácter obligatorio. Y por otra parte, las comunidades autónomas, como se
pone de manifiesto en esta moción, han ejercido sus propias competencias en esta materia sin sujetarse a un marco común obligatorio, regulándose la materia contable a través de sus propias leyes de finanzas, y aprobándose planes contables propios en
cada una de estas comunidades. Esto ha dado lugar a una gran dispersión normativa, que no es deseable, a nuestro juicio, como decía, para poder establecer comparaciones entre los diferentes sectores, estatal, autonómico o local.
Por otro lado, el Tribunal de Cuentas va desgranando a lo largo de su informe diferentes supuestos en que se produce disparidad de criterios, y las razones que son la causa de esa disparidad. Nos va poniendo de manifiesto diferencias en la
regulación contable que afectan fundamentalmente al sector público administrativo, siendo más uniformes las normas que afecta al sector público empresarial o fundacional. Esas diferencias que pone de manifiesto afectan tanto a los principios
contables aplicables como a los cuadros de cuentas, la estructura y contenido de las cuentas anuales, así como a las normas de valoración utilizadas por las diferentes administraciones. Las diferencias afectan también a la propia configuración de
los subsectores administrativo y empresarial en los ámbitos estatal, autonómico y local. Y además añadimos a todo ello el desfase temporal que existe en la aplicación por parte de los distintos sectores públicos de las disposiciones contables,
demorándose muchas veces en el tiempo la aplicación de determinadas disposiciones contables que deberían efectuarse con mayor prontitud.
Por todo ello, desde el Grupo Parlamentario Popular felicitamos de nuevo al presidente del Tribunal de Cuentas y al Tribunal de Cuentas por la elaboración de esta moción, que nos parece necesaria, oportuna y eficaz, y en base a sus
recomendaciones, nuestro grupo propondrá la aprobación de una serie de resoluciones encaminadas a poder disponer de información contable uniforme, porque creemos que esta moción va en el camino y en la dirección adecuadas para normalizar esta
situación.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Herrera): Por el Grupo Socialista, tiene la palabra Carmelo López.
El señor LÓPEZ VILLENA: Quiero sumarme a la bienvenida al señor presidente del Tribunal de Cuentas que han realizado los demás comparecientes.
Coincido plenamente con la exposición que ha hecho el presidente
del tribunal y con la exposición que ha hecho la señora Madrazo en nombre del Grupo Popular.
Es verdad que es necesario que se adopten medida para que el sector público administrativo en sus distintos ámbitos sea plenamente transparente, comparable, convertible a contabilidad nacional, y yo diría que incluso consolidable, en
garantía de las relaciones financieras de los distintos niveles de la Hacienda pública y de la teneduría de la contabilidad en general. Que haya un único Plan General de Contabilidad pública es algo que venía reclamando el sector profesional
contable de la Administración pública. Eliminar las diferencias entre el Plan General de Contabilidad para la empresa privada y el Plan General de Contabilidad pública en cuanto a la elaboración y presentación de la cuentas generales y las cuentas
generales consolidadas, cuando así se necesitase de todos los subsectores en la forma prevista en el artículo 130.3 de la Ley General Presupuestaria. Qué decir de eliminar las discordancias entre los ámbitos subjetivos del sector público
administrativo definido en la Ley General Presupuestaria y el sector de la Administración pública en términos de contabilidad nacional. Evitar las desviaciones de déficit de las administraciones públicas hacia el sector público empresarial, que ha
sido un recurso que todos hemos visto y que ha proliferado. Los modelos contables presupuestarios económico-patrimoniales de la contabilidad pública es necesario que adopten los conceptos y criterios de la contabilidad nacional para conseguir esa
línea de uniformidad, incluso diría de homogeneidad, en el modelo económico-patrimonial que contemple ese Plan General de Contabilidad pública en relación con el Plan General de Contabilidad de la empresa privada. Es necesario conjugar y
compatibilizar los conceptos y criterios de la contabilidad nacional con los de la contabilidad presupuestaria. También es necesario que se traten de eliminar las diferencias existentes en el ámbito tanto de la codificación como de la contabilidad
presupuestaria, para facilitar la conciliación de los presupuestos de todas las administraciones públicas, no solo en la fase de elaboración, sino en la de ejecución y liquidación del presupuesto, así como todo lo que tiene que ver con las
estructuras presupuestaria y con algo que a mí me ha agradado ver en el informe, con que se reserven rúbricas específicas para aquel tipo de gasto que, por no incidir en la capacidad de financiación, da lugar a ajustes en conversión de contabilidad
pública a contabilidad nacional, de tal forma que se facilite el proceso y se gane en transparencia. Que se adopten las medidas que establezcan los procedimientos oportunos para cualquier modificación del Plan General de Contabilidad pública y se
trabaje sin demora en dichas normas, también es importantísimo para que no tengamos esa disparidad de normas y aplicación. Y por último, también hablar de las diferencias existentes entre el contenido y las estructuras de las cuentas generales en
los distintos ámbitos. Por todo ello, es muy necesario concordar y unificar todas estas normas no me atrevía a decir en un único texto, pero sí en un único modelo.
Yo he echado en falta, no obstante, aunque quizá no fuera el objeto de la fiscalización, o el objeto de la moción, una visión de futuro más consistente en el avance de los procedimientos de control interno, y no solo ya en eso, sino en el
rendimiento de cuentas con un carácter más inmediato, habida cuenta de que las nuevas tecnologías, la telemática ya existente puede producir una mayor e inmediata fiscalización o al menos un control interno de las cuentas públicas. Y también he
echado en falta, y vuelvo a repetir que quizá no era el objeto de esta moción, el instar a que se produzca una redefinición de responsabilidades jurídicas, en tanto en cuanto no se cumple con las obligaciones contables. No sé si una modificación
legislativa que abunde en las tipificaciones y en las sanciones; porque si no, da la sensación que hay determinados entes, como estamos viendo en alguno entes locales, que casi son premiados por no tener una teneduría de cuentas adecuada. Es
decir, donde no se lleva nada sólo podemos decir que es muy mala la gestión, pero dificulta la tipificación o juzgar a esos responsables por delito contable, ya que ni llevan contabilidad. Quizás esas dos cuestiones a mi entender, nos harían
avanzar en la inmediatez del control contable y en la responsabilidad de los funcionarios, y responsables políticos por supuesto, que tenga la responsabilidad de la contabilidad y su gestión.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Herrera): Tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): En realidad se han hecho aquí una serie de consideraciones que están dentro de la moción. Por ejemplo, que tenemos tres subsectores públicos, el estatal, el autonómico y el
local, que a su vez están clasificados en tres ámbitos subjetivos, el ámbito administrativo de la Ley General Presupuestaria, y los ámbitos autonómico y local que se atienen a su Ley de Hacienda Pública o a su Ley de Bases del Régimen Local.
Tenemos, por tanto, una clasificación horizontal y también una verticalidad en el ámbito administrativo, empresarial y fundacional. Y tenemos tres regímenes contables. Tenemos un régimen de contabilidad pública que al referirse al ámbito europeo
se caracteriza por su dispersión. En el ámbito europeo están los sistemas puramente presupuestarios, como el que tiene, por ejemplo, Alemania; sistemas híbridos, como en nuestro caso, que no tenemos un sistema de caja, sino un sistema de caja
modificado, el devengo viene por razones de actos jurídicos, y entonces hay mayor dispersión en la contabilidad pública. La contabilidad privada está más uniformada, y la que está totalmente uniformada es la contabilidad nacional. Cada
contabilidad debe cumplir con sus fines, porque no hay que olvidar que la contabilidad nacional es una contabilidad de agregados, y a la contabilidad pública le interesan los actos de administración y los actos de gestión, que son desagregados. Por
eso la moción en lo primero que se fija es en el sector administrativo, y dice
que visto horizontalmente -estatal, autonómico y local- esas diferencias de regulación, que se deben a ámbitos competenciales distintos, no están justificadas y que dificultan la elaboración de las cuentas homogéneas y la integración de los
estados contables. Considera también la moción que el ámbito económico-financiero patrimonial de la contabilidad pública ya está bastante armonizado, pero que se sigue armonizando más con el de la contabilidad privada. Además, que en la
contabilidad presupuestaria y en la económico-patrimonial se eliminen al máximo las diferencias para que sea posible trasladarlas a la contabilidad nacional, y sobre todo es importante que se reduzca la diferencia que hay entre el ámbito subjetivo
del sector público tal como lo contempla la Ley General Presupuestaria, y el ámbito de las administraciones públicas de la contabilidad nacional, porque muchas veces el déficit en el sector administrativo se traslada al sector empresarial. Hay que
evitar esta falta de concordancia, de integración entre organismos administrativos para la formación de la cuenta general y para la contabilidad nacional, para que esa desviación del déficit del sector administrativo público no se traslade al sector
público empresarial. También se señala la falta de uniformidad en los tres subsectores en temas tan importantes como la liquidación de los presupuestos, y sobre todo diferencias muy importantes en la estructura y contenido de las cuentas generales
de los distintos ámbitos, estatal, autonómico y local.
En cuanto a las demás consideraciones, por supuesto estas necesitan medidas de tipo legislativo. Y respecto al rendimiento de cuentas y posibles responsabilidades, las responsabilidades contables están configuradas y suponen la infracción
de cualquier norma de la Ley General Presupuestaria, pero también de cualquier norma contable. Hace falta, pues, la existencia de esas normas para que de su incumplimiento se deriven las responsabilidades contables, y elaborar estas normas es una
función de Parlamento.
-INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS INVERSIONES DE LA JEFATURA CENTRAL DE TRÁFICO EN SEGURIDAD VIAL, EJERCICIO 2002. (Número de expediente Congreso 251/000128 y número de expediente Senado 771/000122.)
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Herrera): Pasamos al 9.º punto del orden del día, informe de fiscalización de las inversiones de la Jefatura Central de Tráfico en seguridad vial, ejercicio 2002. Para la presentación del informe tiene la
palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): En octubre de 2006, el Pleno aprobó el informe de fiscalización de las inversiones de la Jefatura Central de Tráfico en seguridad vial, ejercicio 2002, realizado a iniciativa del
tribunal. La dotación presupuestaria del programa de seguridad vial atribuida al organismo ascendía a 531 millones de euros, de los cuales 158 millones correspondían a inversiones. En la fiscalización del control interno y del cumplimiento de la
legalidad se ha comprobado la existencia de una confusa normativa y deficiencias de organización. En la actividad administrativa de la Jefatura Central del Tráfico no se pueden diferenciar las actuaciones realizada por esta, como organismo
autónomo, de las efectuadas por la Dirección General de Tráfico, órgano directivo del Ministerio del Interior. Esta circunstancia ha ocasionado que en la redacción del informe se hayan atribuido todos los actos y operaciones a la jefatura, ya que
es la que tiene asignadas las dotaciones en los Presupuestos Generales del Estado. La jefatura no dispone de un inventario completo del inmovilizado material e inmaterial.
No se puede opinar sobre la representatividad del inmovilizado no
financiero en balance, debido a la importancia de dicha limitación y la imposibilidad de determinar la titularidad de los diversos elementos, así como por las salvedades derivadas del incumplimiento de los principios y normas contables. Las
inversiones destinadas al uso general y el inmovilizado inmaterial incluyen bienes que no reúnen las condiciones exigidas para su contabilización como tales. Las ventas de inmovilizado material se contabilizan sin reflejar el beneficio o pérdida,
los retiros de elementos no son objeto de reflejo contable y se registra indebidamente la depreciación de las inmovilizaciones en curso y terrenos.
En cuanto a la ejecución presupuestaria de las inversiones reales, se han incluido obligaciones por 18 millones de euros que deberían haberse aplicado a operaciones corrientes. Por su parte, el informe de gestión y el balance de resultados
no son representativos del nivel de realización de los objetivos. En relación con los convenios suscritos con las diputaciones provinciales para la mejora de la seguridad vial en carreteras de la titularidad de estas, en 26 actas de entrega de
obras se ha hecho constar una inversión superior en 1,7 millones de euros al importe ejecutado. La jefatura ha cedido en depósito al Ayuntamiento de Salamanca una colección de 40 vehículos de valor histórico, cuya titularidad no está claramente
determinada, y ha autorizado su custodia por una fundación cuya titularidad mayoritaria, pública o privada, no se puede determinar. El informe recomienda al Ministerio del Interior regularizar la situación jurídica de la Jefatura Central y de la
Dirección General de Tráfico, y a aquella que mejore su sistema de control interno y ajuste su actuación a las disposiciones legales.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Herrera): Intervenciones de los grupos políticos. Por el Grupo Popular tiene la palabra su portavoz, Rodrigo Souvirón.
El señor SOUVIRÓN GARCÍA: El informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas, de cuyas conclu
siones nos ha informado en este momento el señor presidente, nos parece que, hecho a iniciativa del propio tribunal, es de una absoluta oportunidad, porque ha puesto en evidencia lo que está en el origen de las imperfecciones que a partir de
ahí se detectan, y es la confusión permanente entre la llamada Jefatura Central de Tráfico, que es un órgano que nace con el carácter de autónomo, pero que nace mal, porque no tiene su propio estatuto, que sería una condición necesaria para su
perfección como persona jurídica, y la Dirección General de Tráfico, que progresivamente ha ido absorbiendo las competencias de esa Jefatura Central de Tráfico. Por lo tanto, los problemas vienen de ahí, que al final la Jefatura Central de Tráfico,
siendo un órgano autónomo, ha terminado funcionado como un órgano administrativo dependiente del Ministerio del Interior. Las alegaciones presentadas por la Dirección General de Tráfico así también lo evidencian, hablan de confusión, incluso en el
momento de citar a los dos órganos. Cada vez desaparece más el término Jefatura Central de Tráfico y se habla más a todos los niveles de Dirección General de Tráfico, y evidentemente es lo que sin ninguna duda hay que solucionar. Probablemente
habrá que solucionarlo definiendo jurídicamente cuál es el órgano que se ocupa de la seguridad vial en España con carácter definitivo, entre otras cosas, porque la importancia de la seguridad vial va a hacer que en el futuro cada vez haya que
destinar más fondos a este fin, y en consecuencia conviene que cada vez estén más claras las competencias del órgano gestor de la seguridad vial en España.
Por otra parte, las alegaciones de la Dirección General de Tráfico ponen en evidencia que se van solucionando los problemas. Ya se intentó en el año 2003 solucionar la confusión entre la Jefatura Central de Tráfico y la Dirección General de
Tráfico. En aquel momento no se consiguió un acuerdo sobre el tema, pero, como bien pone en evidencia el Tribunal de Cuentas, probablemente ahora es el momento de definir muy claramente cuáles son las competencias y cuál es el órgano encargado de
la seguridad vial en España, porque de otra manera difícilmente se puede hacer ni siquiera una fiscalización del mismo. Por tanto, nos parece que el informe es oportuno, creemos que ahí está el origen y el fin de los problemas detectados, y que por
tanto a partir de ese momento deben entrar en vías de solución.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Herrera): Por el Grupo Socialista, tiene la palabra doña Isabel Oliver.
La señora OLIVER SAGRERAS: Del estudio del informe realizado por el tribunal que usted preside, y que ha presentado hoy aquí, se desprende que en el año 2002, sobre el presupuesto dedicado a inversiones del programa 222.B, seguridad vial,
se han detectado y puesto de manifiesto toda una serie de deficiencias que el informe va desgranando a lo largo de sus 76 páginas. Queda constatado a lo largo del informe que dichas deficiencias e irregularidades son el resultado de una mala
gestión contable y administrativa, así como de planificación, que también queda sobradamente acreditada a lo largo del informe que nos ocupa. Esta mala gestión no lleva, consecuentemente, a la ineficacia, no puede ser de otra forma, ineficacia en
la consecución de los objetivos en la Jefatura Central de Tráfico en el año 2002, en que la gestión del presupuesto de inversiones -usted lo ha dicho- ascendía exactamente a 157.615.430 euros.
El informe dedica bastantes páginas a abordar la confusión que realmente existe entre lo que es la Dirección General de Tráfico y el organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico. Es cierto que esta confusión no ayuda para nada a la
gestión diaria de este programa concretamente y a lo que es la Dirección General de Tráfico, por supuesto que no ayuda. Yo creo que no es la causa de toda esta falta de control interno y de mala aplicación presupuestaria que vamos viendo a lo largo
del informe que usted no ha presentado hoy. Este es un problema, me parece muy bien y así se recoge en las conclusiones que presenta el informe, que se tienen que subsanar, pero yo creo que hay otras cuestiones que, independientemente de esta
confusión que realmente existe, se tienen que subsanar, se tiene que arreglar. Tenemos que tener presente que si es importante la cifra económica de que hemos hablado no lo es menos el objetivo teórico del programa, que yo creo que todos
compartimos, que es conseguir una mejora progresiva en los niveles de seguridad y fluidez de nuestras carreteras, para permitir una mejor utilización de las vías existentes y contribuir a la reducción del número de accidentes. Todos compartimos
este objetivo.
Dicho esto, voy a hacer una serie de observaciones que a mí me han llamado mucho la atención, y le voy a formular, si me lo permite, una serie de preguntas referidas al informe que nos ocupa y que yo no he entendido o no he sabido
interpretar. Concretamente, con relación a los objetivos que se plantean al principio del informe, uno de los que se propone el tribunal es la verificación del cumplimiento de la legalidad en la gestión de los expedientes de contratación de
inversiones a partir de su adjudicación. Entonces, las preguntas que le formulo son: ¿Por qué a partir del trámite de adjudicación y no desde el inicio de expediente?, ¿a qué se debe que únicamente el control de la legalidad de los contratos de
inversiones se fiscalice a partir de la adjudicación y no antes?, ¿por qué este objetivo tan restrictivo? Pienso que los trámites previos a la adjudicación revisten especial importancia y sería muy positivo someter al control del tribunal el
expediente de contratación en su integridad.
Además de la fiscalización de los contratos quedan excluidos expresamente otros, como son expedientes de suministros, realizados a través del servicio central de suministros por un importe de 26 millones
de euros, otros relativos a la contratación de equipos y sistemas para el tratamiento de la información, de mucha menor cuantía, y los convenios vigentes en el años 2002, cuya cuantía asciende a 36 millones de euros y pico. La pre
gunta que le formulo en este caso es: ¿Por qué quedan excluidos estos contratos de la fiscalización del tribunal? En relación con la ejecución de los convenios de colaboración suscritos con terceros, ¿la fiscalización también se ha llevado
a cabo a partir de la firma del convenio y no antes? ¿Qué papel juegan fuera de la fiscalización la idoneidad, la competencia, los trámites de publicidad y concurrencia, etcétera, de los convenios que suscribió la Jefatura Central de Tráfico en el
año 2002?
El informe señala de forma reiterativa que al no disponer de un inventario que recoja los elementos -usted lo ha mencionado también- que integran el inmovilizado material e inmaterial, el tribunal ha visto limitada su capacidad
fiscalizadora, toda vez que no ha podido hacer las comprobaciones necesarias. No disponer de un inventario que sirva de base para la contabilidad en primer término en una dirección general como la de Tráfico, o en cualquier otro órgano de la
Administración, cualquiera sea, imposibilitando con ello en este caso la labor del Tribunal de Cuentas, como se pone de manifiesto en el informe, merece una reflexión; reflexión que nos lleva otra vez a la probada mala gestión e ineficacia por
parte de los responsables del programa, y con ello a la ineficacia en la consecución de los objetivos. Este informe en su momento fue sometido a alegaciones de quien gestionó en el 2002 el programa y también del actual director general de Tráfico,
en un trámite que el tribunal, supongo yo, tiene establecido hacer. Queda constancia de que fueron recibidas alegaciones en plazo del actual director general de Tráfico y que en cambio no se recibieron alegaciones de quien en el año 2002 era el
responsable de dicho programa. De las alegaciones presentadas por el actual director general de Tráfico es importante destacar las que hacen referencia a la realización del inventario mediante la aplicación informática Sorolla. La Dirección
General de Tráfico se marcó un calendario para ir confeccionando el inventario del inmovilizado material e inmaterial, en respuesta evidente a que no puede ser que una Administración con un control contable riguroso y adecuado, que es lo que
corresponde, no tuviera inventario.
El informe pone de manifiesto deficiencias importantes en la gestión de las inversiones del programa de seguridad vial, gestionado por la Jefatura Central de Tráfico en el año 2002 en dos aspectos, para sistematizar en el control, tanto en
la gestión económico-administrativa de las inversiones, como en la planificación y organización de las mismas. Tenemos ejemplos abundantes de cada caso, como el ya mencionado de la falta de inventario. También a mí me llamó mucho la atención, en
cuanto a la ejecución presupuestaria de las inversiones, señalar la aplicación de 18 millones de euros en el capitulo 6 en lugar de en el capítulo 2, como el Alto Tribunal que usted preside dice que correspondería, ya que eran gastos de propaganda y
publicidad.
Por lo que respecta al control de la legalidad de los contratos privados suscritos para la adquisición de inmuebles, me gustaría saber cuál es el objetivo de la fiscalización en este caso. ¿Ha fiscalizado el tribunal todo el procedimiento
que se siguió para las adquisiciones? ¿Es un objetivo del tribunal fiscalizar el control de la legalidad de los procedimientos de adquisición? También en estos procedimientos el tribunal pone de manifiesto faltas importantes, a mi entender, como
es realizar el pago de la adquisición con un cheque nominativo en el momento del otorgamiento de la escritura, lo que necesariamente implica que las órdenes de pago fueron expedidas antes haberse acreditado la realización de la prestación, lo cual a
mi entender también es grave. ¿Es esta, señor presidente, una práctica común?
Por lo que respecta al otro aspecto importante que comentábamos, de deficiencias que hacen referencia a la planificación y organización, es importante mencionar que este programa, el 222.B, de seguridad vial, está sujeto por imperativo legal
al sistema de seguimiento por objetivos. Pues bien, objetivos, indicadores, previsiones iniciales de cumplimiento, seguimiento de objetivos, balance de resultados e informe de gestión, todos ellos fundamentales, como el presidente mismo del
tribunal sabe muy bien, son indispensables para el seguimiento del programa, los que se formularon están mal formulados, por lo tanto no sirven para lo que el mandato legal establece, que es nada menos que dar la medida de la eficacia con que se ha
gestionado el programa. En el caso que nos ocupa no permiten determinar el grado de realización, pero sí denotan por si mismos, así como están formulados, un alto grado de ineficacia en la gestión. Creo importante subrayar que en el trámite de
alegaciones el actual director general de Tráfico señaló que se han introducido una serie de indicadores que en este caso sí son indicativos de la eficacia de la gestión ya en los presupuestos del año pasado y también en los de este año 2007. Me
parece un cambio de tendencia muy importante y del que todos nos tenemos que alegrar.
En relación con los convenios de colaboración suscritos con diputaciones provinciales, me gustaría saber en qué momento del expediente se centra la fiscalización del tribunal. ¿Se respetaron los principios de publicidad y concurrencia para
la suscripción de estos convenios? ¿En base a qué criterios fueren suscritos? También me llama la atención, como al presidente de este tribunal, que respecto a la gestión de estas inversiones referentes a convenios, habiéndose ejecutado una
inversión de casi 8 millones de euros, las obras se dan por entregadas por una cuantía superior a la ejecutada en valor de 1.700.000 euros.
A la vista de todo esto nosotros hemos hecho también una serie de conclusiones de la lectura del informe que nos ha ocupado hoy y que usted nos ha expuesto. La primera es que en el año 2002 la ejecución de las inversiones del programa 222.B
de seguridad vial, adoleció de deficiencias a nuestro juicio graves en la gestión económico-administrativa de los recursos, así como también de una deficiente planificación de objetivos y un nulo seguimiento de los resultados. La segunda es que las
principales deficiencias que se han puesto de
manifiesto se han corregido o se están corrigiendo por el actual director general de Tráfico, según de pone de manifiesto en el actual escrito de alegaciones.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Herrera): Para contestar a las distintas cuestiones planteadas, tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): Dentro de las consideraciones que aquí se han hecho, habrá unas en las cuales el presidente pueda insistir y otras que no podrá contestar. En primer lugar se ha puesto aquí de
manifiesto algo que dice muy claramente el informe, que hay una falta de diferenciación entre las actuaciones de la Jefatura Central de Tráfico y de la Dirección General de Tráfico, problema que ya viene arrastrado, y todo esto se debe a una
normativa confusa. He aquí, pues, la primera conclusión que habría que sacar de este informe, además de los aspectos de gestión, es que falta una normativa adaptada al Ley Orgánica de Funcionamiento de la Administración General del Estado, a la
Lofage, que establezca las funciones, las competencias y las responsabilidades tanto del órgano autónomo Jefatura Central de Tráfico como de la Dirección General de Tráfico.
Sobre el programa, ya dice el informe de tribunal en la página 54 que falta una comprobación entre lo realizado y lo aprobado, y no se han utilizado las previsiones de los Presupuestos Generales del Estado del año 2002. Esto es muy
corriente, no hay objetivos ni hay indicadores para medirlos, y todo eso trae como consecuencia, naturalmente, fallos de gestión. Esto lo dice el informe. También aquí ya se pregunta sobre si son competencias o no competencias del tribunal. Mire,
lo que viene aquí en el informe es el ámbito de fiscalización, que abarca lo que abarca, porque eso es tal como se ha planteado la fiscalización el ponente y la ha aprobado el Pleno, lo cual no quiere decir que para otras cosas que se estimen con
respecto a este tema que se pueden hacer, no se pida una fiscalización o se amplíe esta, pero yo no puedo contestar aquí sobre si esto es una práctica común. Esto es una práctica que viene así porque el Tribunal de Cuentas no es un tribunal
presidencialista, y por tanto tiene consejeros, tiene repartidos sus ámbitos, plantean estas fiscalizaciones; estas, en el ámbito en que las plantean, las aprueba el Pleno, y por tanto no puedo decir que sea una práctica común, porque en unos casos
se hace con esa amplitud y en otros casos se hace con menos amplitud.
En cuanto a las alegaciones, las alegaciones se envían al gestor actual y también se envían a los que fueron gestores. Naturalmente esas alegaciones llegan al tribunal, se estudian, pero en definitiva lo que aquí se presenta es lo último
que ha dicho el tribunal. Vienen acompañadas las alegaciones al informe, pero lo que vale es lo que dice el tribunal, por eso es órgano superior de fiscalización.
Como conclusión, no solamente es, como he dicho ya, que falte una normativa adaptada a la Lofage, sino que además también faltan y se necesitan unos estatutos donde se contemple un sistema de control interno de la propia Jefatura Central de
Tráfico, porque cuando hay estos estatutos, hay estas normas, hay estos procedimientos y este control interno, que es una de las cosas en las que hay que ir siempre poniendo de manifiesto. El control externo, que es el que ejerce el Tribunal de
Cuentas, necesita el soporte del control interno de la gestión; el control interno es el que está próximo a la gestión y, por tanto, se echa de menos también. Esta es una de las conclusiones, falta o se echa de menos la necesidad de un estatuto
donde se contemple este sistema de control interno de la propia Jefatura Central de Tráfico. También, y esto sí que es importante, y asimismo se ha puesto de manifiesto, que se elabore el inventario completo del inmovilizado, acudiendo incluso a la
Dirección General de Patrimonio del Estado para determinados bienes, porque si algo está claro aquí es que el tribunal no ha podido emitir opinión hoy, ha tenido que negar opinión sobre el inmovilizado. Entonces, que se elabore un inventario sobre
el que después se pueda emitir opinión. No sé si ha mencionado aquí también el tema de las diputaciones, las actas de entrega en que se ha hecho constar una inversión por un importe superior al ejecutado en algo más de un millón de euros. Esto es
un aspecto más bien de tipo formal, porque en esas actas no se consideraron las bajas, sino que se tomó el precio de licitación de las entregas que se han hecho a las diputaciones. Por lo demás, una vez más, naturalmente con las dudas que puedan
surgir a efectos de tomar resoluciones, siempre es posible acudir, y esto lo haríamos rápidamente, al tribunal, porque seguramente a lo mejor algunas de estas dudas que le han surgido a la señora diputada están allí, en el tribunal, y se le
contestaría rápidamente para que estén totalmente informados e incluso sirvieran de base en ellas por si quieren pedir otra fiscalización, porque en este momento no tengo información para contestarle.
-INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS CONTABILIDADES ELECTORALES DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES AL CONSEJO GENERAL DE ARÁN, CELEBRADAS EL 25 DE MAYO DE 2003, Y DE LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO DE CATALUÑA, CELEBRADAS EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2003.
(Número de expediente Congreso 251/000131 y número de expediente Senado 771/000125.)
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Herrera): Pasamos al siguiente punto del orden de día: Informe de fiscalización de las contabilidades electorales de las elecciones al Consejo General de Arán, celebradas el 25 de mayo de 2003, y de las
elecciones al Parlamento de Cataluña, celebradas el 16 de noviembre de 2003. Para
la presentación del informe tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): El informe fue aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas el pasado 28 de mayo de 2006. Debe señalarse desde el principio que a la fecha de la celebración de las elecciones a
las que se refiere este informe, la normativa electoral de la Comunidad Autónoma de Cataluña no especificaba cuál debería ser el órgano fiscalizador de la contabilidad electoral correspondiente a elecciones circunscritas a su ámbito. En estas
condiciones, y de acuerdo con la disposición adicional primera de la Ley de Régimen Electoral General, correspondía al Tribunal de Cuentas la fiscalización de las contabilidades electorales relativas a las citadas elecciones celebradas en Cataluña.
Una vez sentada esta premisa competencial, el tribunal consideró la alternativa de que la Sindicatura de Cuentas de Cataluña realizar las pertinentes comprobaciones sobre la contabilidades electorales y remitiera los resultados al Tribunal de
Cuentas para que este redactara el correspondiente informe y la propuestas que procedieran. Esta alternativa fue comunicada a la Sindicatura de Cuentas de Cataluña y fue la que finalmente se puso en práctica. Por lo tanto, el presente informe
parte de resultados presentados por la Sindicatura de Cuentas al tribunal, completados con las comprobaciones que este ha realizado en los casos en que se ha considerado conveniente, por ejemplo, para cotejar datos con los de las contabilidades
ordinarias de los partidos políticos. Todas las formaciones políticas obligadas a presentar la contabilidad electoral de ambas elecciones han cumplido dicha obligación. El gasto total declarado por las formaciones asciende a 12,5 millones de euros
en el caso de las elecciones del Parlamento de Cataluña y a algo menos de 24.000 euros en las elecciones al Consejo General de Arán.
En todo lo que se refiere a las elecciones al Parlamento de Cataluña el Tribunal de Cuentas efectuó dos propuestas de reducción de las subvenciones que corresponde percibir a sendas formaciones políticas. En un caso la propuesta de
reducción cuantificada en 22.170 euros, obedece a la falta de acreditación documental del origen de una parte de los ingresos y a la supresión de los límites legales de las aportaciones privadas y de los gastos de publicidad en prensa y radio. La
segunda propuesta de reducción, de 26.545 euros, corresponde a la superación del límite legal de los gastos de publicidad en prensa u radio. En cuanto a las elecciones al Consejo General de Arán, el tribunal propone dos reducciones de 49 y 500
euros, en ambos casos por la superación de los límites máximos de gastos.
Al margen de los incumplimientos señalados, se han detectado otros similares a los hallados en las fiscalizaciones de contabilidades de los procesos electorales anteriores, en materias como la superación de los plazos para disposición de las
cuentas corrientes electorales o el empleo de tesorería ordinaria para realizar ingresos y gastos electorales. La Ley catalana 7/2004 ha atribuido a la Sindicatura de Cuentas la función de fiscalizar la contabilidades de los procesos electorales
cuyo ámbito se circunscribía a la comunidad autónoma, solucionando la situación a la que se ha hecho referencia al comienzo de esta presentación. No obstante, el tribunal estima conveniente que se proceda a la promulgación de una ley electoral
específica que regule de manera integral todos los aspectos relacionados con el ejercicio de esa función. Asimismo se considera conveniente que en esa Ley Electoral se tenga en cuenta las recomendaciones formuladas por el tribunal en su moción
sobre la fiscalización de la contabilidades ordinaria electoral de los partidos políticos aprobada en el 2001.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Herrera): Por el Grupo Popular tiene la palabra su portavoz señora Madrazo.
La señora MADRAZO DÍAZ: Agradezco desde el Grupo Popular nuevamente la exposición de este informe al presidente del Tribunal de Cuentas, que nos parece un informe interesante en el ejercicio de la función fiscalizadora que tiene atribuida
el Tribunal de Cuentas en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, sobre la regularidad de las contabilidades electorales correspondientes a determinados procesos electorales. En ese sentido, desde el Grupo Parlamentario Popular es interesante
constatar que las formaciones políticas han mejorado notablemente el cumplimiento de sus obligaciones contables para dar cuenta al Tribunal de Cuentas de su contabilidad electoral. Nos parece que el correcto funcionamiento contable de los partidos
fortalece sin duda nuestra democracia y nuestro Estado de derecho y, por tanto, nos parecen interesantes todos los informes presentados en este sentido y que los partidos tiendan a mejorar notablemente el cumplimiento de sus obligaciones contables.
Por otro lado quería plantear o formular al presidente del Tribunal de Cuentas si en este momento se están cumpliendo las propuestas y sugerencias expresadas en la moción sobre financiación y fiscalización de los partidos políticos aprobadas por
esta Comisión mixta en el año 2001, ¿en qué medida se están cumpliendo la recomendaciones o las resoluciones que se aprobaron en esa moción? Y si él estima que esto ha contribuido a mejorar de alguna manera la contabilidad de los partidos
políticos.
Se pone de manifiesto que sí se han detectado algunas anomalías que no tienen relación con nuestro partido, el Partido Popular. El Tribunal de Cuentas no detecta ninguna irregularidad en la contabilidad que se ha presentado, y por tanto
tampoco hace tampoco ninguna propuesta de reducción de la subvención que corresponde a nuestra formación política.
Sí que se han detectado algunas anomalías que se ponen de manifiesto en este informe y que hacen referencia a las elecciones al
Parlamento de Cataluña y a la federación Convergència i
Unió, donde el Tribunal de Cuentas pone de manifiesto que se ha superado del límite de gastos electorales por operaciones ordinarias, así como el límite de gastos de publicidad en prensa y radio. Esto ha motivado una propuesta de
disminución de la subvención electoral de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Asimismo, el tribunal ha detectado en el Partido Socialista de Cataluña determinadas irregularidades, que se refieren
fundamentalmente a los ingresos electorales por aportaciones, al no haberse acreditado el origen de estas aportaciones a la formación política, y se refieren también las irregularidades al límite de gastos en publicidad en prensa y emisoras de
radio. Estas dos causas traen como consecuencia también la propuesta de disminución de la subvención electoral. Por otro lado, en las elecciones celebradas al Consejo General de Arán se detectan algunas pequeñas irregularidades que por su cuantía
no son significativas.
De acuerdo con el informe y el estudio que el Tribunal de Cuentas ha efectuado se establecen una serie de recomendaciones al entender que efectivamente la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, como ha puesto de manifiesto el presidente del
Tribunal de Cuentas, a partir de la modificación introducida por la Ley de Medidas Fiscales para el año 2005, tiene entre sus funciones la de fiscalizar la contabilidad de los procesos electorales cuyo ámbito se circunscriba a Cataluña, pero
entiende y pone de manifiesto el tribunal en su informe que aún existen otros muchos aspectos relacionados con el control económico-financiero que deberían regularse mediante una ley electoral específica. Asimismo también pone de manifiesto que
deberían armonizarse las distintas normativas electorales de las diferentes comunidades autónomas, tanto de carácter estatal como autonómico, para establecer un adecuado régimen sancionador tanto en el ámbito estatal como en el ámbito autonómico.
Como siempre, el Grupo Parlamentario Popular tendrá en cuenta estas recomendaciones del Tribunal de Cuentas a efectos de efectuar las propuestas de resolución que consideremos oportunas.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Herrera): Por el Grupo Socialista tiene la palabra su portavoz Françesc Vallès.
El señor VALLÈS VIVES: Es cierto que históricamente esta Comisión ha venido conociendo sobre los informes de fiscalización que el Tribunal de Cuentas iba elaborando respecto de los distintos procesos electorales que se iban celebrando en
España, bien fueran municipales, autonómicos, regionales, generales, incluso las elecciones al Parlamento Europeo, y hemos visto también a lo largo de esta legislatura informes de estas características. Lo cierto es que en este caso aparece un
elemento que el presidente ha expuesto en su intervención y aparece también bien recogido en la introducción del informe de fiscalización que hoy debatimos, que es que en estas elecciones celebrada en Cataluña en el año 2003 se produce un hecho que
implica la modificación de la Ley de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, una reforma efectuada en julio de 2004, mediante la cual se habilita a la propia Sindicatura de Cuentas para poder hacer este tipo de fiscalizaciones circunscritas
estrictamente al ámbito autonómico y para las elecciones al Parlament de Catalunya. Entonces, con relación a esa nueva habilitación legislativa, a esa nueva atribución de competencias que la ley autonómica establece para la propia Sindicatura de
Cuentas a fin de fiscalizar ese proceso electoral, hecho que hasta la fecha no podía venir realizando, lo que le pregunto al presidente de Tribunal de Cuentas es si como consecuencia de ese trabajo fiscalizador previo que elabora la propia
Sindicatura de Cuentas continúa siendo preceptivo, desde el punto de vista legal normativo, que el Tribunal de Cuentas remita otra vez a esta Comisión el informe de esas elecciones, cuando el informa no solo ya ha sido elaborado por la propia
Sindicatura de Cuentas, sino que además ha sido objeto de debate en la Comisión de relaciones con la Sindicatura de Cuentas en el Parlament de Catalunya. Es evidente que ese informe debe remitirse al tribunal, y es evidente que el tribunal debe
tener y hacer sus propias recomendaciones. Yo lo que pregunto es si debemos reproducir ese debate otra vez en sede de esta Comisión, en la medida que la Sindicatura de Cuentas y el Parlamento de Cataluña tienen atribuido por ley unas competencias
que hasta ahora no tenían. ¿Podríamos hacer como otros informes de fiscalización que vienen haciendo los órganos de control externo autonómicos, y que una vez analizados se remiten al Tribunal de Cuentas para su conocimiento y en su caso para que
detecte si pueden existir responsabilidades contables en algún momento, y ahí se quedan, o deben remitirse también a esta Comisión para que nos volvamos a pronunciar sobre ese informe de fiscalización? Es una pregunta estrictamente referida al
marco jurídico normativo. ¿Es preceptivo que volvamos a celebrar este debate? En caso de que lo sea o de que no lo sea, quizá, en la medida en que ya se ha aprobado el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, que establece en relación con el
Tribunal de Cuentas la celebración de un convenio, esa creo que es la palabra, entre la Sindicatura de Cuentas y el propio Tribunal de Cuentas para que se puedan determinar y armonizar, a tenor de los principios de colaboración y coordinación, los
trabajos de fiscalización que anualmente vienen realizando o vayan a desarrollar ambas instituciones. Quizás este pudiera ser uno de esos informes que la Sindicatura de Cuentas pudiera realizar a título individual, sin perjuicio de que pudiera
conocer de él después el Tribunal de Cuentas. En caso de que no fuera así, es decir en el caso de que tuviéramos que volver a conocer de informes parecidos, sería interesante para esta Comisión poder disponer de cuanta mayor información mejor con
relación a estos procesos de fiscalización, en la medida que, en palabras del propio presidente, creo que han sido más o menos así, pero también se deduce del propio informe que
realiza el tribunal que se hace sobre la base del informe elaborado por la Sindicatura de Cuentas de Cataluña. No voy a decir que sea una traducción ni una síntesis, que no lo es, pero sí es verdad que es más extenso, como después diré
sobre algunos aspectos, el informe de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, y no solo en el contenido sino también, por ejemplo, en las alegaciones formulas por los partidos políticos, que en este caso tampoco se incluyen, en el caso que se hayan
formulado, en el informe; en algunos no se formulan, y en otros casos en que se han presentado se remiten a aquello presentado ante la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, pero no se adjuntan en este informe.
En segundo lugar, también le quisiera preguntar sobre los tiempos en que conocemos ese informe de fiscalización. Aquí tampoco controlamos la posibilidad de celebrar elecciones anticipadas y de que se agoten o no legislaturas, pero estamos
fiscalizando un proceso electoral después de que ya ha sucedido otro en Cataluña, Supongo que lo más llamativo de todo eso es que, en primera instancia, la Sindicatura de Cuentas elabora ese informe y lo aprueba en fecha 29 de noviembre de 2005 y
que ese informe sobre las elecciones al Parlamento de Cataluña de 2003 es objeto de debate en la Comisión de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña en marzo de 2006. El Tribunal de Cuentas no aprueba el informe de fiscalización, sobre la base del
que le remite la Sindicatura de Cuentas y que viene a ser una síntesis de aquel, hasta casi un año después, el 29 de noviembre de 2006, con lo cual yo le preguntaría al presidente a qué se debe ese desfase temporal de un año, entre otras cosas
porque tampoco hay más alegaciones por parte de los distintos partidos políticos. Sí es cierto que debe haber una fase procesal en la que el Tribunal de Cuentas inste a las partes a formular alegaciones, pero en la medida en que son las mismas que
ya se han presentado y solo las presentan, de acuerdo con el informe que nos han enviado, tres partidos, que son el PSC, Convergència y Partido Popular, tampoco acabo de entender muy bien a qué se debe ese desfase temporal, si es que lo hay, en la
medida que se basa en ese informe de fiscalización previo elaborado por la Sindicatura de Cuentas.
En relación con el contenido del informe de fiscalización, las principales conclusiones a que llega el informe creo que se podrían reducir a que la Federación de Convergència i Unió supera el límite de gastos ordinarios en 20.723 euros, lo
que implica un 0,94 por ciento de superación de ese máximo; un gasto en publicidad en prensa y en emisoras de radio de 179.609 euros, que es un 40,6 por ciento más del límite fijado. Y en relación con el Partit dels Socialistes de Catalunya en
coalición con Ciutadans pel Canvi, detecta también un aumento del gasto en publicidad en prensa y radio de 18.271 euros, que supera en un 4,1 por ciento el límite máximo establecido por la ley, aunque es verdad que el PSC ha alegado ya tanto ante el
Tribunal de Cuentas como ante la Sindicatura de Cuentas que entiende que no ha superado esos límites, y me voy a referir también a una intervención que tuvo el sindic major de la Sindicatura de Cuentas ante la Comisión de la Sindicatura en el
Parlamento de Cataluña, en la que venía más o menos a decir que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece, efectivamente, límites de gasto electoral en publicidad exterior y en publicidad en prensa y emisoras de radio, pero no detalla
exactamente cuál es su naturaleza, y el propio presidente del Tribunal de Cuentas hoy mismo creo que coincide en ese planteamiento y me ha parecido entender que sería bueno que la normativa identificase de forma mucho más clara de lo que lo hace los
conceptos de gastos que deben incluirse en estas clasificaciones, bien sea el diseño, la edición, el montaje, etcétera, en casos de campaña. En caso contrario, como ya decía el sindic major de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña en su
comparecencia ante la comisión, la vaguedad conceptual hace difícil precisar realmente los importes efectivos que deben computarse en cada uno de esos gastos y para cada una de estas partidas, con lo cual el PSC entiende y así lo ha hecho constar en
sus alegaciones que no ha superado ese gasto electoral, más si cabe en la medida que hay una cierta ambigüedad con relación a cuáles son esas partidas presupuestarias o contables en relación a la contabilidad electoral. Como decía, es un debate que
se ha reproducido hasta tres veces: tenemos el informe de la Sindicatura de Cuentas, el debate en el Parlamento de Cataluña y el informe de Tribunal de Cuentas, con su exposición por parte del presidente e incluso la intervención de la portavoz del
Grupo Popular, que evidentemente ha vuelto a destacar que el Partido Socialista había superado el máximo en su gasto electoral, pero antes le decía que sería bueno, en la medida que eso pudiera ser así, que pudiésemos disponer de cuanta más
información fuera posible, porque es cierto que el informe del Tribunal de Cuentas no hace referencia a irregularidad alguna por parte del Partido Popular, pero sí lo hace el informe de la Sindicatura de Cuentas y además la intervención del sindic
major y de los portavoces parlamentarios ante la comisión, en la que se dice entre otras cosas que el Partido Popular, aun no habiendo superado el gasto electoral, sí ha registrado como gastos electorales numerosas facturas con asientos directos en
tesorería y no en cuentas de proveedores; por cierto, eso dificulta evidentemente, enormemente diría yo, la identificación de los proveedores con un facturación superior a los 6.010 euros, que es el máximo que establece la ley, por lo cual sí hay
algun matiz y alguna indicación por parte del informe que previamente se ha realizado, pero evidentemente no puede ser comprobado, en la medida que no se utiliza contablemente como debería ser utilizado.
Finalmente, una de las recomendaciones que formula el Tribunal de Cuentas en su informe hace referencia a la sanción. Como consecuencia de estas irregularidades detectadas de exceso de gasto electoral, el tribunal propone una sanción. A mí
me gustaría que el presidente hiciese alguna reflexión o algún comentario sobre esta cuestión, porque estamos hablando de que el PSC, aun
reduciendo en un 24 por ciento su gasto electoral respecto a las elecciones de 1999, creo que eso es destacable, supera en 18.271 euros, lo que es un 4,1 por ciento, el límite de gasto en prensa y emisoras de radio, como he dicho antes, y
superándolo Convergència en 179.000 euros, lo que implica un 4,6 por ciento, ambas formaciones obtienen una sanción, el PSC de 22.170 euros y Convergència i Unió de 26.545 euros. Es decir, ante una disparidad tan grande en el exceso de gasto
electoral, yo por lo menos veo una cierta desproporción en la propuesta de sanción sugerida por parte del tribunal. Yo ya sé y mi grupo tambien, y así lo ha constatado el presidente del tribunal en anteriores intervenciones y comparecencias suyas
ante esa Comisión sobre informes parecidos, que ustedes aplican una fórmula, unos baremos en el Tribunal de Cuentas con la finalidad de calcular esa sanción, pero yo creo que quizá sería bueno matizar o actualizar ese baremo con el fin de que no se
llegue a esos criterios desproporcionados, que se actualice de acuerdo a criterios de proporcionalidad, porque si no, en el caso contrario, ante infracciones tan dispares como las que tenemos, nos encontramos ante una sanciones con una diferencia
desproporcionada. No estoy diciendo que eso sea un incentivo para que los partidos políticos se excedan en su gasto electoral, pero es evidente que ante infracciones tan dispares las sanciones son desproporcionadas. Yo con esto terminaría, más si
cabe porque tal y como ha recomendado el presidente y también el informe del Tribunal de Cuentas con relación a esos aspectos de la sanción, se está recomendando que la propia Generalitat de Catalunya apruebe una ley electoral en la que se incluya
entre otros aspectos la definición de esos conceptos de gasto electoral, pero también la posibilidad de establecer sanciones por parte de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña. En la medida en que esto no se haga, el tribunal sigue aplicando este
baremo o esta fórmula para calcular las sanciones. Si no lo va a calcular en el futuro para las elecciones al Parlament de Catalunya, sí va seguir aplicándolo para el resto de elecciones celebradas en el Estado español, con lo cual yo creo que
estaría bien esa actualización de las sanciones propuestas. Éstas serían las sugerencias y las preguntas que con relación a este informe formulo al presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Herrera): Tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas para responder a las cuestiones planteadas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): En primer lugar debo aclarar que este es un informe que se ha hecho en razón a una situación en la que por el momento en que se hizo, al no estar promulgada todavía la Ley
catalana 7/2004, de medidas fiscales y administrativas de la Generalitat, se añadió un apartado para que la Sindicatura de Cuentas pudiera fiscalizar la contabilidad de los procedimientos electorales en el ámbito de Cataluña. Entonces se procedió
de la forma en se procedió y aquí esta escrito en el informe. Respecto a en lo sucesivo se seguirá haciendo este tipo de informes, yo entiendo que a efectos de esta norma que ha salido ya no se hará este tipo de informes. Ahora, naturalmente, esto
quien lo que tiene que decidir es el tribunal. El presidente no puede venir aquí a dar opiniones públicas, salvo que ya las haya expresado en otros diarios de sesiones -y en otros diarios de sesiones siempre ha dicho que esta función que la
legislación le da al Tribunal de Cuentas de España de fiscalizar las cuentas de los partidos políticos no se da en ningún otro país-, y menos prestarse al debate de este tema.
Sobre las hipótesis que se han manejado aquí por el señor Vallès, yo lo único que tengo que decir es que, una vez que venga el próximo informe, tendrá que estudiar el tribunal si este informe se hace de la misma forma, se envía al Parlamento
catalán directamente o se envía aquí. En cuanto al retraso, yo no tengo información de cuándo la Sindicatura de Cuentas hizo este informe ni cuándo lo mandó al tribunal. Ahí está en el 'Diario de Sesiones', para esto hay una ponencia y por tanto
ahora no puedo decir por qué se ha retrasado más o menos. Este informe, a su vez, responde a los que ya se han hecho. Tenemos aquí una legislación en donde se dice que hay unas subvenciones finalistas, que estas no pueden superar los gastos reales
y que estos gastos reales no pueden superar los límites de los gastos. Hay una financiación electoral que en materias denominativas no puede superar los 6.000 euros y hay un sistema ya consagrado un poco de propuestas de sanción, porque aquí se
está constantemente preguntando, ya se ha hecho por alguien más que ha intervenido, qué pasa con esa moción que hizo el tribunal en el año 2001, si se cumple o no se cumple. De esa moción lo que se deriva en primer lugar es que hay que cambiar la
Ley de financiación de los partidos políticos. Entonces, si se viene preguntando si se cumple o no se cumple una moción, el presidente del Tribunal de Cuentas también podía preguntar qué hace el Parlamento de una vez para hacer una nueva Ley de
financiación de los partidos políticos, o sea de preguntado habría que transformarse en preguntatario.
En segundo lugar, en esa ley precisamente es donde se dice que haría falta incluso tener una procedimiento sancionador. Aquí se ha ido consagrando con el transcurso del tiempo un procedimiento, y está fiscalización lo contiene, que es: si
las aportaciones privadas superan el límite de los 6.010 euros, se reduce al doble la cantidad excedida; si no se acredita se reduce un 10 por ciento; si los gastos superan el límite, hay una escala que ya se hizo hace muchos años, progresiva, y
esa es la que se aplica. Eso es lo que se ha hecho en esta fiscalización y al aplicar estas escalas y estos criterios, salen estas propuestas de sanción. Este es un informe que ha hecho el tribunal y estas propuestas de sanción son las que dice el
tribunal, y no estoy yo en condiciones ahora de debatir si se han valorado mejor unos gastos u otros, unas partidas u otras.
Esto, además, ha venido siempre así.
Por lo demás, en cuanto a introducir aquí ahora posibles consideraciones con relación a estas modificaciones legislativas que se han hecho para que la Sindicatura de Cuentas tenga sus competencias o incluso con el futuro Estatuto de
Cataluña, no estoy en condiciones ni es mi misión siquiera hacer la más mínima valoración. Lo único que puedo decir es que yo soy el presidente de un Tribunal de Cuentas, que ese Tribunal de Cuentas ha emanado del Parlamento nacional y yo siempre
me sentiré presidente del Tribunal de Cuentas, de un órgano de control técnico externo, al servicio del Parlamento nacional, con arreglo a lo que las leyes nos dicen a la institución, y las leyes de cada momento, claro está. (La señora Madrazo Díaz
pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Herrera): Señora Madrazo, no es para abrir el debate ni en contestación a algún portavoz.
La señora MADRAZO DÍAZ: Solo es para que conste en el 'Diario de Sesiones' una aclaración al portavoz socialista, porque ha hecho mención a una serie de irregularidades en la contabilidad el Partido Popular que aparecían en el informe de la
Sindicatura de Cuentas. Como desconozco ese informe de la Sindicatura de Cuentas y lo que hoy estamos debatiendo es el informe de Tribunal de Cuentas, solamente deseo aclarar que en este informe no se detecta ninguna irregularidad en la
contabilidad del Partido Popular.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Herrera): Es que el debate y votación llegará en su momento. Por tanto empezamos el debate. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
El señor VALLÈS VIVES: Precisamente he articulado toda mi intervención sobre la base de decir que el debate se había celebrado ya en el Parlament de Catalunya. Me ha parecido también entender que el presidente del Tribunal de Cuentas no
tiene la capacidad hoy evidentemente, porque no ha sido objeto de discusión en el pleno del Tribunal de Cuentas, si se va a seguir viendo o no en esta comisión, pero pudiera ser que en función de la nueva legislación eso ya no fuera así y es
evidente que también sería muy útil que en la medida que se pueda volver a celebrar, o bien se haga llegar, se asuma como tal el informe de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, o bien se añada en el informe que el Tribunal de Cuentas remite a esta
Cámara, pues cuanta más información, mejor, cuanto más amplia, mejor, no solo las alegaciones, sino también todos aquellos elementos que puedan servir para que estos diputados puedan tener una mayor conformación de cuál ha sido el resultado final.
Es evidente que en este caso del debate celebrado en el Parlament de Catalunya, en la Comisión de la Sindicatura de Cuentas y en el informe elaborado por la Sindicatura de Cuentas, aparecían elementos que este caso se referían a irregularidades
contables por parte del Partido Popular en el proceso electoral que no han podido ser objeto de conocimiento en esta Cámara y en cambio sí en otro debate.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Herrera): Tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): Vamos a ver, el informe de las contabilidades electorales también está relacionado con el informe de la financiación ordinaria de los partidos políticos.
Entonces, el Tribunal de
Cuentas en los informes utiliza información también de la financiación ordinaria de los partidos políticos, y hoy entiendo que la financiación ordinaria de los partidos políticos es una competencia exclusiva y por tanto, naturalmente, eso siempre se
tendrá en cuenta. Ya lo he dicho, yo soy presidente de un Tribunal de Cuentas que emana de este Parlamento y entiendo que es obvio que este Parlamento tenga la máxima información.
-INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE PERSONAL DEL GRUPO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA, EJERCICIOS 2002 A 2004. (Número de expediente Congreso 251/000134 y número de expediente Senado 771/000131.)
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Herrera): Pasamos al siguiente punto del orden del día, informe de fiscalización de la gestión de personal del grupo Radiotelevisión Española, ejercicios 2002 a 2004. Tiene la palabra el presidente del
Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): La fiscalización de la gestión de personal del grupo de Radiotelevisión Española (RTVE), ejercicios 2002 a 2004, se realizó a iniciativa del Pleno del tribunal y se aprobó en
diciembre de 2006. En el año 2000, el Grupo de Radiotelevisión Española había acumulado un deuda de 3.300 millones de euros. Esta situación tiene su origen fundamentalmente en el paso de un sistema monopolístico a otro competitivo. Las audiencias
de Televisión Española, que en 1996 alcanzaban el 36 por ciento, fueron del 28 por ciento en el ejercicio 2004. El número medio de personas empleadas durante 2004 en Televisión Española es muy superior al de las televisiones privadas para una cuota
de pantalla similar. El convenio colectivo de Radiotelevisión Española procedente de 1978 establecía 101 categorías profesionales y era demasiado rígido. En el convenio de 2004 se redujeron las categorías a 46, si bien esta nueva organización
estaba pendiente cuando se realizó la fiscalización. En 2002, 2003 y 2004, se incrementaron los contratos temporales, permitidos por las leyes de presupuestos solo para casos excepcionales, con el fin de cubrir necesidades permanentes de personal
en determinadas áreas, ya que el sistema de clasificación
profesional impedía la realización de reajustes de plantillas.
Radiotelevisión Española presentó un expediente de regulación de empleo, aprobado en enero de 1998, que afectaba a unos 1.500 trabajadores y al que se acogieron 1.264 personas. A tenor de los acuerdos con los sindicatos, las plazas
quedarían automáticamente amortizadas; sin embargo, tanto por la promoción interna como por la incorporación de personal fijo o temporal, un 35 por ciento de las bajas fueran cubiertas.
Los complementos retributivos se incrementaron
ostensiblemente, en particular el complemento de antigüedad y las pagas de productividad. La Dirección de Radiotelevisión Española, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales y los representes de los trabajadores firmaron un protocolo cuyo
fin era el mantenimiento de la capacidad de prestación de servicios eliminando el déficit crónico, aunque se previeren actuaciones en distintos ámbitos. En relación con la gestión de personal, se adoptaron acuerdos en el convenio colectivo que no
se han implantado. Sobre la creación de unidades de negocio, no se tiene constancia de avance alguno. Respecto de la reducción de duplicidades y triplicidades de departamentos funcionales y el solapamiento de responsabilidades, no se han
constatado actuaciones. Dos trabajadores fijos de Televisión Española recibieron, además de las retribuciones ordinarias, otras por un importe conjunto de 600.000 euros, en concepto de cesión de derechos de imagen, lo que supone el incumplimiento
de la Ley de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas. Hechos similares ya fueron puestos de manifiesto en el informe aprobado por el tribunal en 2003. Para la mejora de la gestión de personal del grupo
Radiotelevisión Española el tribunal recomienda implantar los consejos asesores, los acuerdos de vigencia diferida del convenio colectivo, revisar estos para controlar el incremento automático de la masa salarial y completar la documentación de los
expedientes. Asimismo se recomienda renunciar a planes de prejubilación por criterio exclusivo de edad, refundir los complementos salariales, aplicar la resolución de 2004 del Congreso regularizando el personal contratado por obra y servicios,
incrementar la productividad propia y reorganizar y redimensionar el grupo.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Herrera): Intervenciones de los grupos políticos. Por Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Teófilo de Luis.
El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: Muy agradecido, señor Nieto, por las explicaciones que ha dado presentando este informe de fiscalización que mi grupo considera de suma oportunidad. Entendemos sumamente oportuno este informe de fiscalización
que nace por propia voluntad del Tribunal de Cuentas y que queda aprobado en diciembre de 2006, por dos razones. En primer lugar, los gastos de personal en el conjunto de las antiguas empresas del grupo Radiotelevisión Española es una de sus
principales partidas de gasto en el presupuesto de explotación, por no decir la más importante, y desde luego también la oportunidad queda acreditada, por lo menos así la valoramos en el Grupo Parlamentario Popular, porque se conoce este informe al
inicio de una nueva etapa de todo este grupo de sociedades que es el nacimiento de la Corporación de la Radio y Televisión Española a partir del 1 de enero de 2007. Para hacer usted la presentación de las recomendaciones del tribunal ha hecho una
valoración del origen del problema y de la situación que ha habido en Televisión en los últimos años y desde luego en principio mi grupo coincide plenamente en sus apreciaciones, hasta el punto que en el 'Diario de Sesiones' de las distintas
comisiones de esta Cámara así queda constancia. En efecto, siempre hemos considerado que a partir del año 1993 el grupo Radiotelevisión Española entra en una situación difícil derivada de la ruptura del monopolio en el ámbito de Televisión Española
fundamentalmente, ya que Televisión Española era la principal fuente de ingresos vía venta de espacios publicitarios para todo el conjunto del grupo, y en ese momento, cuando se rompe el monopolio, tiene que repartir la tarta publicitaria y la
audiencia con la televisiones privadas y las televisiones autonómicas, creadas estas al amparo de una ley del año 1983 y las privadas al amparo de una ley del año 1989. Como consecuencia de toda esta situación, ruptura de monopolio, reparto de
tarta publicitaria y pérdida de ingresos, es evidente que se produce por parte del grupo Radiotelevisión Española una serie de resultados negativos en cada una de sus cuentas de explotación en los sucesivos años. Esos resultados negativos en los
últimos tiempos, de 1997 al año 2004, han tenido oscilaciones, pero desde luego con una trayectoria a la baja, arrancando desde 611,6 millones de euros en 1997 hasta 557,8 millones de euros en el año 2004. Es evidente que la aparición de resultados
negativos en la explotación hace necesaria una financiación externa, con lo cual esa necesidad de financiación externa del grupo a su vez genera otro concepto de gasto que no existía anteriormente, que es el coste por financiación, que también se va
incrementando a medida que el pasivo del grupo va aumentando. Hasta 1996, es algo que yo he repetido muchas veces, la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que cada ejercicio queda aprobada, hace una quita de pasivo del balance del grupo
Radiotelevisión Española, con lo cual no solamente significaba una disminución de los costes financieros por financiación ajena, sino que además también resultaba una mejor situación de balance. Desde 1996 esa situación no se continúa y el
resultado, con los estados contables en la mano, es el que todo el mundo conoce, que incrementa el pasivo, incrementa las bases de financiación y al final incrementa las necesidades de aportaciones desde el exterior. En este momento, con esta
situación, es evidente que para buscar solución había que intentar ver las causas. Mi grupo parlamentario siempre ha considerado que la causa general es que el grupo, en
la fase previa al momento en que empiezan a aparecer los déficit de explotación, no tomó ninguna medida para adaptarse a las nuevas situaciones de una pretendida competencia tanto con las autonómicas como con las privadas. Bien es cierto
que el grupo Radiotelevisión Española realiza un servicio público, pero no es menos cierto que sus ingresos vienen de una sana competencia entre distintos operadores y, desde luego, el grupo Radiotelevisión Española hasta ese momento no ha tomado
medidas en relación a este problema.
Cuando yo valoraba como muy positivo, en nombre de mi grupo parlamentario, la fiscalización que hoy se trae a debate en esta Comisión, es porque uno de los ejes fundamentales de cualquier rectificación de la situación económico-financiera
del grupo Radiotelevisión Española está en el conjunto de los gastos de personal, en la administración de los recursos humanos, y en todas la cuantías económicas que figuran en torno a él, por el enorme peso que tiene en el conjunto de los estados
económicos del grupo; y también porque, en cierta forma, la administración de esos recursos humanos está unida o condiciona otra de las grandes partidas del presupuesto de Radiotelevisión -y el señor presidente del Tribunal de Cuentas sabe que en
varias ocasiones hemos tenido oportunidad de debatir en esta Comisión sobre las cuentas de Televisión Española- que es la de servicios exteriores, es decir, todo aquello de lo que Televisión Española tiene que hacer acopio desde el mercado para
conseguir su funcionamiento, entre ellos nada más y nada menos que los productos terminados; es decir, todas las producciones que se emiten a través de Televisión Española que, como digo, es la empresa potente, la empresa que genera ingresos,
porque Radio Nacional de España no tiene esa capacidad de generar ingresos. En esta situación, a partir de 1996, y responsables con este análisis y conscientes de esta situación, lo primero que se pone en marcha es un expediente de regulación de
empleo por razones edad, 58 años, y con carácter voluntario; expediente de regulación de empleo que pretendía corregir algo que el presidente del Tribunal de Cuentas ha señalado, que es la importante desviación que había entre la plantilla de
Televisión Española, Radio Nacional de España y el grupo Radiotelevisión Española en su conjunto y otros operadores que, con la misma cuota de pantalla, tenían una menor dotación de personal. Subsiguientemente a esa decisión, en esta Cámara, a
iniciativa de mi grupo, se crea una Comisión para estudiar un nuevo modelo para el grupo de comunicación de titularidad estatal y cobertura nacional. Esa Comisión funcionó durante muchísimos meses en esta Cámara, hizo sus aportaciones, ahí
quedaron, y posteriormente el Gobierno presentó un plan de viabilidad, en donde se pretendía corregir algunas de estas deficiencias e ir de una forma paliativa, no traumática, acercándose a lo que podía ser una mejor situación económica y financiera
del grupo Radiotelevisión Española. El plan de viabilidad tuvo después un reflejo en el protocolo con la SEPI, y a su vez el protocolo de la SEPI debía tener un acuerdo en el convenio del grupo Radiotelevisión Española que, junto con la legislación
laboral, es la base en donde quedan reguladas las relaciones laborales de la casa con sus trabajadores, y esto es de suma importancia, como después tendré ocasión de señalar.
Mi grupo parlamentario comparte en gran medida las recomendaciones que el Tribunal de Cuentas propone, consideramos que son recomendaciones en positivo, como decía al inicio de mi intervención, creo que deben ser tomadas como pauta, como
indicación o como consejo para los gestores que han asumido responsabilidades hoy en la Corporación, para intentar corregir algo que requiere un actuación para mejorar y equilibrar, o por lo menos sanear, las dificultades de la Corporación de la
Radio y Televisión Española. Mi grupo quiere destacar la importancia que tiene la recomendación que pretende reordenar los recursos de Televisión Española siguiendo las pautas marcadas en el 17.º convenio colectivo, que pretende una reducción de
las categorías, que pretende una mejor utilización de los recursos humanos disponibles, que puede conducir, entre otra cosas, a una reducción significativa de los gastos. Creo también muy importante la recomendación recogida en el punto 6, en donde
se establece que debía desarrollarse lo que yo entiendo un procedimiento objetivo, un procedimiento interno, y no centrar todo en el ámbito de competencias de la dirección de organización, sino un procedimiento que permita realmente realizar toda
esta reordenación de recursos de forma sistemática y con criterio razonable. También es muy importante la llamada que la recomendación número 11 recoge, en donde esa reorganización y redimensión puede dar lugar a una estructura mucho más funcional,
garantizando la consecución del servicio público, pero evitando ciertas disfuncionalidades que al final pueden dar lugar a conflicto. También es de sumo interés, y por eso lo mencionaba antes y establecía una cierta idea de vasos comunicantes, la
necesidad y la conveniencia de que, adoptadas todas estas medidas, o parte de las medidas, especialmente las que mi grupo quiere destacar en este debate, se podría conseguir probablemente una mayor productividad de los recursos humanos de Radio
Televisión Española, y creo que es eso lo que nosotros debemos de alentar, y debemos animar a que así se produzca, de tal forma que parte de lo que hoy se encarga fuera del ámbito del grupo Radiotelevisión Española, parte de los gastos que significa
la producción exterior que tiene que comprar Televisión Española llave en mano, por decirlo así, pueda ser realizada dentro de la propia corporación, con lo cual se conseguiría una mejor administración de los recursos materiales y también una mejor
administración de los recursos humanos de grupo, y además probablemente también se produciría una reducción de los costes de producción y unas mejores condiciones para obtener un retorno de la inversión en producción, retorno que no siempre es fácil
obtener cuando la producción es de origen externo.
Mi grupo parlamentario se reserva la oportunidad de presentar propuestas de resolución, como este trámite contempla, y entiendo que el otro grupo que participará coincidirá conmigo en apoyar la recomendación del tribunal y alentar a la
corporación para que de una vez por todas podamos tener un grupo de comunicación que además de cumplir con el servicio público, tenga una situación de futuro estable y asegurada.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Herrera): Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Salvador.
El señor SALVADOR GARCÍA: En primer lugar, igual que en cada uno de los informes que llevamos en esta Comisión, he de felicitar al presidente del Tribunal de Cuentas y reconocer el trabajo técnico también de sus adjuntos y del conjunto del
personal que trabaja en su institución, que es muy importante para nuestra democracia. Nos parece muy bien, además, el carácter integrado de la fiscalización en relación al cumplimiento financiero y operativo o el análisis de sistemas y
procedimientos que han acometido para la elaboración de este informe, compartiendo con el tribunal que usted preside la justificación dada sobre la trascendencia de la gestión de las políticas de recursos humanos para la viabilidad económica del
grupo Radiotelevisión Española, y más teniendo en cuenta, como ha mencionado el portavoz del Partido Popular, el cambio de modelo desde el 1 de enero de 2007 y los antecedentes que llevaron a duplicar la deuda acumulada desde el año 2000, dejándola
en 7.500 millones, con una plantilla envejecida que ascendió hasta la 9.369 trabajadores en el última año de esta fiscalización, muy por encima de sus competidoras del momento, Antena 3 y Tele 5, que estaban con una plantilla de 1.600 y 1.200
trabajadores, respectivamente. Más difícil de comprender aún si luego esa diferencia de plantilla, que triplicaba a la de las dos cadenas competidoras juntas, no repercutía de manera favorable en la audiencia, sino al contrario, las cadenas
privadas mantenían al final de 2005 el 43,6 por ciento de la audiencia, por el 40,2 por ciento de Televisión, sumándole también las cadenas autonómicas. Sin poder dejar de recordar cómo en esa época un director de Telediario fue condenado por el
juez por manipulación informativa, algo que nunca había sucedido hasta entonces en Radiotelevisión Española. Demostración palpable de la falta de independencia que Radiotelevisión Española mantenía durante esa época, incumpliendo su carácter de
servicio público, entendido este desde la pluralidad informativa y la emisión de información contrastada y sin manipular.
Se detalla igualmente en su informe el excesivo número de categorías profesionales con que contaban las cadenas de radio y televisión, fruto de la ordenanza laboral de 1978, y aunque había un intento de propuestas de rebajar esas categorías
profesionales, también el tribunal detalla que en el momento en que se realizó la presente fiscalización esto todavía no se había producido. El informe detalla pormenorizadamente el aumento de plazas de promoción interna y su incremento
retributivo, con un coste de 550.000 euros, como también el incremento presupuestario de más de 3.267.000 euros en concepto de antigüedad principalmente. Destaca también el fuerte incremento de productividad, cercano al 21 por ciento de media, en
el conjunto de los ejercicios, más de 15 millones de euros en el último, en concreto en 2004. Sorprende también el hecho de que las cantidades certificadas por Televisión, Radio Nacional de España y el Ente Público Radiotelevisión Española superase
los importes autorizado por la Cecir en 2003, con un exceso de más de 3.800.000 euros, que se elevó hasta 13 millones en 2004. La Cecir ya observó un desplazamiento de la masa de complementos salariales sin que se aportase la justificación al
respecto, lo que motivo que los incrementos solicitados fuesen reducidos, aunque se incrementase la masa salarial por los complementos asociados a puestos tras el cese de los trabajadores. Para la necesaria progresión de los trabajadores, el
artículo 61 del 16.º convenio colectivo establecía dos requisitos: el primero, una permanencia mínima de seis años en el nivel económico inferior, y el segundo, superar cuatro evaluaciones periódicas anuales en los últimos seis años, algo de lo que
los gestores de esa época se olvidaron, produciéndose la progresión, como dice el tribunal, por el simple transcurso del tiempo. Sorprende, además, que dos trabajadores fijos de Televisión Española, algo que también ha salido publicado en algún
medio de comunicación nacional, cobrasen, además de la retribución propia de su relación laboral, cerca de 600.000 euros por contratos de cesión de derechos de imagen, incumpliendo la Ley de Incompatibilidades del personal al servicio de las
administraciones publicas, y en concreto la Ley 53/1984, y extraña más cuando el Tribunal de Cuentas ya avisó de ello en el año 2003. La inclusión incorrecta de los complementos por antigüedad del personal fijo y temporal en el Fondo de Acción
Social provocó un exceso de dotación de más de 500.000 euros en los dos primeros años y más de 300.000 en el tercero. No parece muy lógico establecer la productividad a base de objetivos generales no prefijados, y menos aún que para su aplicación
se tuviesen en cuenta aspectos únicamente económicos de Radiotelevisión Española, mientras que la audiencia se les iba de la cadena, o que al final se pagase esta productividad solo con el cumplimiento de la jornada laboral, sin analizar el
absentismo ni la participación en el proceso productivo de los trabajadores. La falta de implantación efectiva de mecanismos para optimizar la gestión del personal o la inexistencia de propuesta alguna para corregir las duplicidades o
triplicidades, como bien dice el tribunal, que originaba mayores costes y personal redundante, son una muestra más del despiste de sus gestores, diciéndolo así por ser generosos, además de no saber aplicar adecuadamente el Plan General de
Contabilidad, algo grave y difícil de entender hablando de un ente público.
Como bien conoce el señor presidente, el Gobierno actual desde el primer día acometió el estudio -acuérdese de la creación del Comité de expertos-, y ahí se crea una profunda remodelación de la gestión del Grupo Radio Televisión Española
para garantizar su viabilidad y fortaleza, corrigiendo los errores arrastrados, aumentando la calidad de sus contenidos en la producción propia, asumiendo el reto del cambio a la televisión digital terrestre, cuyo plazo este Gobierno también ha
adelantado, pero sobre todo respetando su función como servicio público orientado al respeto a la pluralidad, a la transparencia y a la debida independencia que ese ente público debe siempre mantener. Se acabó por tanto la Radiotelevisión Española
del Gobierno, comenzó la Radio y Televisión Española de los ciudadanos. Ello no excluye que analicemos pormenorizadamente todas sus propuestas para proponer todas aquellas que puedan mejorar este servicio tan importante para la ciudadanía española.
En estos precisos instantes, el nuevo presidente de la Corporación de la Radio y Televisión Española, don Luis Fernández, refrendado por las Cortes Españolas, está compareciendo en la Comisión Mixta, de reciente creación para el control
parlamentario de las Cortes Españolas sobre Radio Televisión Española, todo un hito, para explicar la base de su proyecto de trabajo a las Cortes Españolas, es decir, a senadores y diputados. Estamos por tanto, señor presidente, con la sensibilidad
demostrada por mi grupo en esta materia, totalmente abiertos a cualquier otra sugerencia que el señor presidente pueda hoy realizarnos.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Herrera): Tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): En primer lugar quiero aclarar que aquí vengo a presentar un informe que se ha hecho, y no a renacer otro tipo de consideraciones y debates. Pero se trata de un tema en el
siempre que he venido a presentar un informe ha salido a colación la evolución de Radiotelevisión Española. Precisamente en dos comparecencias en esta Comisión Mixta, una en noviembre de 1999 y otra en enero de 2003, hice también unas
consideraciones de tipo organizativo y estructural y dije que si no se solventaban difícilmente se podría mejorar la gestión de Radiotelevisión Española. Y, en efecto, siempre sale que cuando se terminó el monopolio, los ingresos disminuyen, los
gastos siguen aumentando y es patente la necesidad de elaborar un modelo de servicio público, de informativos y de programas comerciales.
Pero en este tiempo en el que yo he ido presentando informes, también se han puesto de manifiesto dos cosas.
Por ejemplo, recuerdo que en el año 2003 me preguntaba un parlamentario, el señor De Luis, que si el presidente opinaba que iban a mejorar las cosas y si las medidas que se estaban tomando tendrían efectos positivos de futuro. Nunca me gusta hablar
del futuro, sin embargo, como ya en otra ocasión también puse manifiesto, si hay un ente público que el Tribunal de Cuentas tenía que decir que estaba en quiebra técnica y las sociedades anónimas Televisión Española facturan a ese ente público a
precio de coste y no residencian los resultados de su gestión allí donde se producen, se dan lo que llamamos, en la terminología de la gestión, riesgos morales. Hay que residenciar allí donde se gestionan los resultados de los programas, y en los
diarios de sesiones consta cómo al trasladar a precios de coste al ente y este venderlo a menor precio, al no residenciar los resultados en cada sociedad, se estaba estimulando este crecimiento de gastos y de costes, todo ello, también decían esos
informes, unido al traslado del IVA, que después no se recuperaba, y a problemas de costes de tipo financiero hasta que no se definían los avales. Y nos encontramos con que -se ha sacado también a colación- se ha cambiado el marco normativo, pero
para esto ha tenido que mediar una Comisión de sabios, y esta Comisión de sabios, tengo que informar, pidió información que con mucho gusto, el tribunal le dio. Ahora se ha mencionado aquí un marco normativo que yo no tengo por qué calificarlo,
esto será objeto ya de futuras fiscalizaciones, pero que en principio, si va a desaparecer el ente público y van a funcionar solo unas sociedades en donde se van a residenciar todos los costes y todos los gastos, no cabe la menor duda de que
jurídicamente la transferencia de pérdidas de las sociedades al ente, que este ya se disuelve, al menos formalmente, parece que aquello que venía diciendo el tribunal -digo formalmente porque, después, cómo funcione en la realidad será objeto de
fiscalización- se ha solventado. Y lo único quee tengo que decir, es que el tribunal viene diciendo estas cosas desde el año 1999, en una sesión aquí y en otra sesión del año 2003, y estamos en el 2007; es una lástima que no se haya ganado tiempo.
Quizá es que no tenga mucha capacidad de convicción, pero ahí están los diarios de sesiones. (El señor De Luis Rodríguez pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Herrera): Señor De Luis, por favor no reabra el debate. Estamos en la presentación del informe del presidente del Tribunal de Cuentas, el debate y votación viene en otro momento. Si ahora abrimos
debate...
El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: Solo una precisión a lo que ha dicho el portavoz del Grupo Socialista. Precisamente el modelo que nos ocupa del tipo de debate, el modelo que nos ocupa del tipo de documentos, es un modelo que mira hacia el
futuro y no hacia el pasado. No quiero entrar en discusiones sobre la objetividad o no del grupo Radiotelevisión Española, porque creo que es algo que corresponde al pasado. El portavoz del Grupo Socialista nos hablaba de una falta de objetividad
de un determinado periodo; yo podría remontarme a la falta de objetividad de otros periodos, pero no es la cuestión. Simplemente quiero aclararle que en relación
al contrato de imagen al que ha hecho referencia el portavoz del Grupo Socialista existe una resolución de septiembre del año 2004, en donde se da cuerpo a ese tipo de contrato. Quizás la disparidad o la diferencia sea entre
laboral-administrativo y contrato de imagen. Creo que es bueno saber que, de forma excepcional, hay una resolución que autoriza ese tipo de contrato en septiembre de 2004. En septiembre de 2004, el Grupo Parlamentario Popular en esta Cámara no
había tenido nada que ver en la dirección del grupo Radiotelevisión Española.
Y luego, simplemente señalar algo que iba formulado como pregunta al presidente de Tribunal de Cuentas. Para mí, parte del tiempo que quizá no se ha podido ganar hasta el momento, ha sido por la no aplicación del convenio colectivo 17.º,
que entra en vigor el 1 de enero de 2004, y según dice el propio tribunal no se han incrementado las medidas que en el convenio se recogían. Anteriormente he señalado que legislación laboral y convenio son los instrumentos legales que regulan las
relaciones de personal del grupo.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Herrera): Agradecer nuevamente al presidente del Tribunal de Cuentas su presencia aquí. Se levanta la sesión.
Eran las dos y treinta minutos de la tarde.