DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES


COMISIONES MIXTAS

Año 2005 VIII Legislatura Núm. 33

DE RELACIONES CON EL DEFENSOR DEL PUEBLO

Sesión núm. 4

celebrada el miércoles, 20 de abril de 2005,

en el Palacio del Senado

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del defensor del pueblo, Excmo. Sr. D. Enrique Múgica Herzog, para presentar el Informe correspondiente a la gestión realizada por el Defensor del Pueblo durante el año 2004, remitido en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 32.1 y 33.3 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo. (Número de expediente del Senado 780/000002 y número de expediente del Congreso 260/000002.) ... (Página 2)

Página 2


Se abre la sesión a las once horas.



Comparecencia del defensor del pueblo, Excmo. Sr. D. Enrique Múgica Herzog, para presentar el Informe correspondiente a la gestión realizada por el Defensor del Pueblo durante el año 2004, remitido en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 32.1 y 33.3 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo. (Número de expediente del Senado 780/000002 y número de expediente del Congreso 260/000002.)


El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.



Buenos días, señoras y señores diputados, señoras y señores senadores, en primer lugar, quisiera resolver una cuestión técnica. Como ustedes saben, previo a la reunión de la comisión es preceptiva la celebración de una reunión de mesa y
portavoces que, en este caso, no hemos podido hacer. Me parece de rigor plantear esta cuestión a fin de poder aprobar el acta de la sesión anterior.



Igualmente quiero pedir disculpas porque por una cuestión de fechas sé que no ha habido tiempo suficiente para leer los informes, y en este sentido he recibido la amonestación de varios portavoces de algunos grupos parlamentarios. Las
fechas se fijaron por el presidente del Parlamento y también por el defensor del pueblo y consideramos que alterarlas e irnos al segundo periodo de sesiones era más complicado, y era peor el remedio que la enfermedad.



Si les parece, vamos a dar por celebrada la reunión de mesa y portavoces preceptiva y previa a esta convocatoria de comparecencia del defensor del pueblo. (El señor Puche Rodríguez-Acosta pide la palabra.)


Tiene la palabra el señor Puche.



El señor PUCHE RODRÍGUEZ-ACOSTA: Señor presidente, sólo quiero intervenir para decir que por supuesto acepto su excusa, pero quisiera sugerirle que esto no se convirtiera en norma habitual de la comisión porque iría en detrimento del propio
Parlamento.



Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Puche.



Tomo nota y procuraré que no vuelva a ocurrir en el futuro porque también lo considero perjudicial.



Sin más, tiene la palabra el Defensor del Pueblo.



El señor DEFENSOR DEL PUEBLO (Múgica Herzog): Muchas gracias, señor presidente.



Señorías, como cada año y como previene nuestra Ley Orgánica, en la Institución del Defensor del Pueblo hemos elaborado el correspondiente Informe sobre el trabajo desarrollado y la gestión llevada a cabo por los servicios correspondientes.
También en esta oportunidad, la referida a 2004, se ha hecho entrega formal del documento íntegro del informe a los presidentes de ambas Cámaras, en las que quedó registrado para posibilitar el acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados que lo
admitiera a trámite y diera traslado del mismo a esta Comisión Mixta, cuyos miembros lo han podido tener a su disposición al día siguiente de haber quedado registrado.



Junto con el Informe sustantivo de actuación, se ha hecho entrega asimismo en las Cámaras del documento descriptivo de la oportuna liquidación presupuestaria anual, completando con ello la información previa necesaria a la celebración de
esta comparecencia y al subsiguiente debate. Así pues, la gestión presupuestaria y la gestión de actividades de supervisión encomendadas por la Constitución, que configuran las coordenadas del quehacer del Defensor del Pueblo, constituyen el objeto
principal de mi intervención.



En este sentido, señorías, comienzo señalando determinados aspectos relativos a la gestión presupuestaria que me parecen ciertamente significativos. Por lo que respecta a la ejecución del presupuesto, el índice de más del 99 por ciento
resulta lo suficientemente explícito acerca de la labor realizada y no necesita, me parece, comentarios adicionales. Asimismo, se ha dado continuidad al proceso de consolidación de la solvencia financiera en la Institución, manteniendo la cuenta de
Patrimonio, estabilizada en torno al 14 por ciento del presupuesto inicial, a pesar de las necesidades generadas por el equipamiento y acomodación en el nuevo edificio de la calle Zurbano y de los gastos extraordinarios en materia de informática y
seguridad.



La puesta en funcionamiento del edificio de Zurbano permitió rescindir el contrato de arrendamiento establecido con objeto de descongestionar la sede del palacio de Bermejillo y, lo que es más importante, ha mejorado notablemente las
posibilidades de atención e información al público. Con la misma finalidad de mejorar la infraestructura inmobiliaria en el ejercicio 2004 se adjudicaron las obras de restauración del artesonado principal del palacio, que es un artesonado morisco
que descubrimos que era del siglo XVI, y que Patrimonio ha restaurado. Se iniciaron también los trámites para la reforma material de la primera sede y se formalizó el acta de afectación, por parte del Ministerio de Economía y Hacienda, de las
Cortes Generales y del Defensor del Pueblo para conformar el destino del edificio, sito en la calle Eduardo Dato, 31, al uso de la Institución.



Todos estos aspectos de orden presupuestario y patrimonial tienen una gran importancia como factores que potencian la autonomía y la independencia institucionales; criterios estos que, por otra parte, representan el rasgo más sobresaliente
que nos caracteriza. No siempre resulta fácil actuar de acuerdo con los principios de autonomía e independencia, pero una adecuada gestión patrimonial y presupuestaria puede contribuir indudablemente a una mejor observancia de los mismos. En ese
sentido la auctoritas que debe caracterizar a la figura del Defensor del Pueblo debe cimentarse también, entre otros componentes, sobre una adecuada


Página 3


administración de sus recursos materiales. Y en un plano mucho más práctico, incluso la gestión ordinaria se ve directamente afectada por el buen funcionamiento de los medios técnicos disponibles. Así sucede, por ejemplo, con sólo observar
el incremento del número de quejas recibidas vía internet.



Dentro del campo propio de la gestión de actividades descritas en el Informe, debo mencionar, señorías, la trascendencia de las relaciones institucionales, sobre todo en lo que se refiere a las relaciones internacionales, por una parte, y a
las relaciones con los distintos Comisionados Autonómicos, por otra. La presencia internacional de la Institución se ha reforzado considerablemente durante el ejercicio 2004.
Entre las numerosas actividades que se relacionan en el apartado
correspondiente del Informe, cabe destacar el aumento de la participación en eventos sustancialmente dirigidos al fomento y apoyo de nuestro modelo constitucional de Defensor del Pueblo. Especial referencia debe hacerse en el ámbito iberoamricano
de la particular e intensa colaboración con la Federación Iberoamericana de Ombudsman, cuyo noveno Congreso tuvo lugar en la capital de Ecuador, en el marco del cual se aprobó la llamada Declaración de Quito, que se ha reproducido íntegramente en el
texto del Informe.



Por lo que se refiere a la colaboración con los Comisionados Autonómicos, conviene destacar asimismo el aumento de las actividades de intercambio, información y cooperación. Las decimonovenas Jornadas de Cooperación de Defensores del
Pueblo, de Santiago de Compostela -así también nos ganamos el Año Santo-, máxima expresión de esta colaboración, culminaron en el ejercicio 2004 con una serie de conclusiones concernientes a la atención a las personas mayores que configuran un grupo
singularmente vulnerable de ciudadanos, que ha centrado la preocupación especial del Defensor del Pueblo durante el ejercicio cuyo Informe se presenta. Precisamente en esas Jornadas de Coordinación se elaboró una serie de conclusiones con objeto de
activar el contenido del artículo 50 de la Constitución, que se ocupa de la tercera edad. Partiendo de la recomendaciones de Naciones Unidas, esas conclusiones hacen hincapié, entre otras finalidades, en el perfeccionamiento de las prestaciones
sociosanitarias, la ayuda a domicilio, las medidas preventivas y la sensibilización social dirigida a superar las necesidades más urgentes de este sector de población.



La estructura del Informe tiene una configuración semejante a la de los ejercicios precedentes, con el ánimo ya conocido de facilitar la comparación interanual y la orientación de quienes consulten sus contenidos. Los apartados que componen
su núcleo central incluyen los datos estadísticos de la gestión realizada, la relación de las administraciones que no han colaborado debidamente con el Defensor del Pueblo y la supervisión de la actividad de las distintas Administraciones Públicas,
con unos índices detallados, en diversos niveles, que permiten la localización inmediata de los problemas planteados.



En lo relativo al apartado sobre datos estadísticos, el ejercicio 2004 ha destacado por el elevado número de quejas registradas, con un total de 28.990, de las que 14.264 tenían carácter individual, 14.614 eran quejas pertenecientes a
colectivos diversos y otras 112 fueron iniciadas de oficio. El incremento de casi un 67 por ciento respecto del número registrado en el ejercicio precedente es lo suficientemente expresivo, en primer término, del mantenimiento de la confianza de
los ciudadanos en la Institución y, además, del mejor conocimiento que esos ciudadanos tienen sobre la garantía de los derechos que la Constitución les atribuye.



Al hablar del número total de quejas, se prescinde de otras actuaciones que sobrecargan los puestos de trabajo y precisan de un tiempo de atención nada desdeñable. El Defensor del Pueblo considera, como unidad básica de gestión, la queja,
que da lugar a un expediente único. No se consideran equiparables -y por ello no se computan como tales- otras actuaciones. Si no fuera así, crecería considerablemente el número de acciones gestoras. Lo que se hace, y así lo especifica el
Informe, es considerar de modo unificado y global las consultas telefónicas, aunque tengan contenidos complejos y hasta decisivos; las visitas personalizadas, aunque tengan una duración muy prolongada; o el cuidado de la página de internet y otras
acciones individuales o de intermediación.



En cuanto a la distribución de esas quejas, los hombres siguen presentando más quejas que las mujeres, aunque como tendencia se observe un tenue acercamiento en los porcentajes. Una aplastante mayoría de las quejas, como es natural, procede
del territorio nacional español. Se advierte también un cierto aumento del total de quejas remitidas por los Comisionados Autonómicos. Por sectores administrativos concernidos destacan las quejas relacionadas con el ámbito de la Educación, que
alcanzaron las 8.953; la Economía, 3.446; la Administración de Justicia, 2.349; la Inmigración, 2.183 y el Empleo Público, con poco más de 2.000.



El estado de tramitación de las quejas registradas a finales del ejercicio es el siguiente: 9.507 habían sido admitidas a trámite; 16.846 no habían sido admitidas y 2.637 se encontraban pendientes de tomar una decisión al respecto. Entre
las admitidas, se comprenden 3.880 concluidas; 5.600 en trámite y 27 en suspenso. Las no admitidas lo fueron, entre otros motivos, por no haberse encontrado indicios de la irregularidad administrativa, por no haberse producido actuación de los
poderes públicos -nos las envían personas privadas y ahí no actúan los poderes públicos y a lo público se remite nuestra actuación-, por haber recaído sentencia firme sobre el asunto planteado o por existir intervención judicial en la materia. Las
que se encontraban en situación de pendientes requerían más información, un mayor grado de análisis o que se subsanara algún aspecto formal.



Página 4


Por otra parte, sobre los totales expuestos, correspondientes a las quejas registradas en 2004, se recuperan además otras 1.136 quejas, que habían sido registradas en otros ejercicios, de las cuales se admiten 741, se reabren 373 y se
reponen 22.



En cuanto a la eficacia de la supervisión de las Administraciones públicas, como consecuencia de las quejas, se elaboró durante el ejercicio de 2004 un total de 413 resoluciones dirigidas a las autoridades pertinentes, en concreto 124
recomendaciones, 183 sugerencias y 106 recordatorios de deberes legales.



De todas estas resoluciones, según los últimos datos recibidos en esta misma semana, diferentes de los que aparecen en el Informe, que son los de 31 de diciembre, han sido admitidas 169 recomendaciones y sugerencias, se han rechazado 82, y
otras 56 aún se encuentran pendientes de comunicación. Así pues, de las 251 respuestas recibidas por las Administraciones, se aceptó la propuesta de la Institución en más del 67 por ciento de los casos, lo que evidencia un grado más que aceptable
de eficacia práctica de nuestro trabajo.



Aunque no sea lo más agradable de esta presentación, debo referirme también a las Administraciones incumplidoras, que han retrasado o incumplido su obligación de responder a los requerimientos del Defensor.
Las más renuentes a hacerlo
fueron la Secretaría de Estado de Infraestructuras, del Ministerio de Fomento, que, sin embargo, ha dado muestras últimamente de modificar su actitud y, en orden alfabético, los ayuntamientos de Alcalá de Xivert (Castellón), Calella (Barcelona),
Gozón (Asturias), Las Rozas (Madrid), Llanes (Asturias), Marbella (Málaga), Meco (Madrid), Sangonera la Verde (Murcia), Segovia y Tresviso (Cantabria). Hay para todos los gustos y para todos los colores, o sea, que aquí no hay un solo color.
(Risas.) Además, en el Informe se incluye una larga lista de Administraciones, Corporaciones y Asociaciones poco diligentes -y soy benévolo- a la hora de responder a nuestros requerimientos cuya relación oral evito a sus señorías para no recargar en
exceso esta comparecencia.



A continuación, como viene siendo costumbre, trataré de exponer, en apretado resumen, las principales actuaciones de supervisión de las Administración Públicas incluidas en el Informe. Para ello, mencionaré aquellas que, por un motivo u
otro, me parecen más significativas. Y voy a hacerlo así porque si bien quiero ser riguroso, también quiero ser cortés, y eso implica, cuando se trata como en este caso, de una intervención de presentación, que sea lo más precisa y breve posible.



Seguiré para ello, como en años anteriores, el orden expositivo derivado de la organización funcional en que se estructura la Institución para la recepción, examen y tramitación de las quejas. Espero que mi descripción permita llegar a una
comprensión cabal de la labor desarrollada, aunque para conocer con detalle ese trabajo siempre ha de tenerse como referencia, señorías, el texto del Informe, donde aparece descrito con la minuciosidad necesaria. La labor parlamentaria a buen
seguro encontrará una fuente de inspiración en las páginas de este Informe, porque en él se refleja un amplio abanico de deseos y aspiraciones ciudadanas que a veces no encuentran la esperada respuesta en las Administraciones Públicas. De
inspiración o de reflexión, porque parece que la inspiración solo la tiene la elección del Papa por el Espíritu Santo; vamos a decir, por tanto, reflexión.



En materia de Empleo Público, las quejas recibidas aluden en buena medida a los mismo problemas expuestos en anteriores informes. Las distintas Administraciones, como es notorio, agrupan a un numeroso colectivo de servidores públicos que
tienen a su cargo la fundamental tarea de poner en práctica la acción del Ejecutivo, realizando las tareas del Estado y prestando los servicios que los ciudadanos reclaman. Este es un colectivo heterogéneo, sometido a una pluralidad de regímenes
jurídicos diversos, que son aplicados a su vez por numerosas autoridades de los distintos niveles y sectores en los que se organiza la Administración. Los problemas afectan de manera diferente a unos y otros y, con frecuencia, tienen mucho que ver
con esa diversidad jurídica y organizativa a que me refiero.



La selección del personal al servicio de las distintas Administraciones Públicas requiere la aplicación de criterios objetivos que garanticen la publicidad y transparencia de los procesos, la igualdad de oportunidades de los candidatos y la
asignación de las vacantes de acuerdo con los principios de mérito y capacidad. Sin embargo, no son infrecuentes los supuestos en los que, bien sea por el carácter de los requisitos exigidos o de los méritos tomados en consideración en las
correspondientes convocatorias, o bien por la actuación de los órganos de selección, queda en entredicho la imparcialidad de algunos procesos que parecen favorecer la selección de determinadas personas. Estos problemas son más perceptibles en el
ámbito de la Administración Local, y particularmente en la selección de personal sometido al régimen laboral. El que existan más de 8.000 municipios que gestionan de manera autónoma la selección de su personal, y el hecho de que en el caso del
personal laboral se utilice frecuentemente el sistema de concurso y no el de oposición o el de concurso-oposición, tiene mucho que ver con las deficiencias apuntadas por los ciudadanos.



Las condiciones materiales bajo las que se realizan los procesos selectivos son también, a menudo, motivo de queja. La masificación, la escasez de espacio, la incomodidad, la impartición de instrucciones distintas en los diferentes lugares
en los que se realizan las mismas pruebas, la filtración de las preguntas, entre otros, son problemas que afectan, en este caso, a Administraciones que disponen de colectivos numerosos de personal.



Sería conveniente que los aspirantes al empleo público dispusieran de información suficiente sobre los procesos en los que participan: Que les fueran entregadas copias de sus ejercicios, de las plantillas con las respuestas consideradas
correctas por el tribunal y, por


Página 5


supuesto, que tuvieran oportunidad de conocer con anterioridad los criterios de corrección que vayan a utilizarse. Esas alternativas y el establecimiento de vías ágiles y efectivas para resolver sus reclamaciones serían soluciones que
deberían considerarse, recomendadas por la Institución del Defensor del Pueblo. Estas y otras disposiciones podrían incluirse en una norma que recogiera los derechos de los aspirantes y que podría dar lugar a la elaboración de algo parecido a un
Código de buenas prácticas o Estatuto del Opositor.



Las diferencias de régimen jurídico entre los diversos empleados públicos, no siempre bien justificadas, provocan a veces otras diferencias que claramente carecen de cualquier justificación. Ocurre, por ejemplo, que personal de una misma
Administración y con similares funciones y características, pero con regímenes jurídicos distintos, percibe retribuciones diferentes o tiene derechos sociales diferentes. Así, por mencionar un caso concreto, los funcionarios de la Administración
Civil que solicitan una excedencia para atender al cuidado de un hijo tiene derecho durante un año a la reserva del puesto de trabajo que desempeñan, y transcurrido este período, a un puesto en la misma localidad de igual nivel y retribución. Pero
si el funcionario, o más habitualmente la funcionaria, pertenece a las Fuerzas Armadas (Administración Militar), la reserva de destino solo alcanza a los seis primeros meses y no al año; y si fuese de la Guardia Civil, simplemente pierde el destino
por carecer de derecho de reserva. Es evidente que estas diferencias no tienen justificación y por eso nuestros contactos con Defensa y Guardia Civil han tenido un resultado positivo que lograría, al menos en este punto, la equiparación de estos
colectivos funcionariales.



Hay muchos otros aspectos de la vida profesional de los empleados públicos sobre los que podría llamar su atención en razón de las quejas recibidas y de las actuaciones practicadas. Pero, por la repercusión adquirida en los medios
informativos haré referencia tan solo a un asunto sobre el que quiero expresarles mi preocupación. Se trata del incremento de quejas que últimamente viene produciéndose en relación con lo que ha dado en llamarse acoso laboral o mobbing. El
carácter permanente de la mayoría de las relaciones jurídicas que mantienen las Administraciones Públicas con sus trabajadores, así como la transformación de las tareas a realizar y la dificultad de algunos servidores públicos para adaptarse a los
cambios, está con frecuencia en el origen de este problema. Y esto es inaceptable: la Administración, cualquier Administración, debe tener mecanismos suficientes para formar y adaptar a su personal a las nuevas necesidades o, cuando menos,
disponer de puestos convenientes para las particularidades que se produzcan en la dinámica del servicio público.
Pero, a veces aparecen también otras causas del problema. Rencillas personales, envidias, desacuerdos, abusos de poder -siempre
posibles en las organizaciones jerarquizadas- son las mezquinas razones por las que un empleado público puede convertirse en víctima de acoso laboral. Si los problemas de adaptación no son en absoluto excusa para la aparición de esta lacra, menos
lo puede ser aún este cúmulo de miserias que les he citado frente a las que hay que actuar con toda contundencia. Creo que este problema, hasta ahora más frecuente en el sector privado, donde la competitividad personal y laboral es mayor, también
se da en un grado incipiente en nuestras Administraciones Públicas. Pero va en aumento, y por eso creo que sería conveniente abordar la elaboración de un Protocolo de prevención del acoso laboral para impedir su avance y lograr su erradicación.



El área funcional de Defensa e Interior tiene a su cargo en la Institución el tratamiento de los asuntos que en este informe se agrupan bajo los epígrafes de Ciudadanía y Seguridad Pública, Administración Militar y Administración
Penitenciaria.



En el primero de ellos, el Informe se hace eco de la repulsa unánime de toda la sociedad española ante el execrable crimen cometido el 11 de marzo de 2004 mediante un brutal atentado terrorista islámico. Han sido numerosos los escritos y
mensajes remitidos al Defensor del Pueblo en los que los ciudadanos manifiestan su indignación, estupor y condena.
Sobrepuestos en lo posible de aquel terrible suceso, quienes tenemos la responsabilidad de llevar adelante las labores propias de la
oficina del Defensor del Pueblo iniciamos actuaciones ante la Delegación del Gobierno de Madrid y la Presidencia de Renfe para conocer las medidas adoptadas con objeto de garantizar en lo posible la seguridad de los usuarios de los medios de
transporte atacados y de los restantes susceptibles de serlo en otro momento. Los datos e informaciones recibidos -a los que por evidentes razones de prudencia no debe darse publicidad- resultan, a mi juicio, adecuados, lo que por otra parte no es
extraño dada la prolongada experiencia en el padecimiento de la lacra terrorista en nuestro país.



Por esa larga experiencia y por la sensibilización que de ella se deriva, el ordenamiento jurídico español, sobre todo a partir de la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo, del 8 de octubre de 1999, es uno de los más completos
en lo que se refiere a la atención de las víctimas de atentados. Pero aún existen algunas lagunas que desde la perspectiva del Defensor del Pueblo podrían superarse. Pondré un par de ejemplos concretos.



En 1994, en Marrakech (Marruecos), se produjo un atentado islamista del que fueron víctimas al menos dos ciudadanos españoles. Ni por parte de Marruecos que aún continúa la tramitación de un lento expediente ni por parte de España, que no
tiene legalmente previsto este supuesto, han recibido atención, prestación o ayuda alguna las víctimas y familiares españoles en este atentado.



Otro ejemplo. En 1979, se produjo el incendio del Hotel Corona de Aragón, en Zaragoza. Fue un suceso oscuro cuyo origen terrorista no ha sido plenamente confirmado, aunque las sospechas nunca han sido despejadas.



Página 6


Pese a ello, la generosa legislación española en la materia ha posibilitado que las víctimas de este suceso sean beneficiarias de las prestaciones económicas propias de las víctimas del terrorismo. Sin embargo, cuando alguna víctima de este
suceso, o algún familiar de cualquier víctima pretende un resarcimiento moral una condecoración a las víctimas, pongamos por caso, puramente honorífico y sin coste alguno para las arcas del Estado, se encuentra con el más rotundo rechazo. Creo
sinceramente que tras los esfuerzos hechos hasta ahora y en consonancia con la generosidad y la solidaridad acreditadas por la sociedad española, debe darse un paso adelante y atender de algún modo estas peticiones.



La supervisión de la Administración Penitenciaria ha sido desde siempre una actividad especialmente cuidada por el Defensor del Pueblo. No sólo atendiendo las quejas que al respecto recibe, sino también girando frecuentes visitas a los
establecimientos penitenciarios para conocer in situ la realidad de cada uno de ellos.



La población penitenciaria en España no cesa de crecer. Según cifras oficiales del Ministerio del Interior, a 2 de enero de 2004 el número de internos ascendía a 56.016 y al final del año alcanzaba la cifra de 59.421. De éstos, 46.230 eran
penados y 13.191 preventivos. Ha habido, pues, un incremento en 2004 superior al seis por ciento de internos, sin que se hayan puesto en funcionamiento nuevos centros penitenciarios. De todo ello se deduce claramente que sigue lejos de resolverse
el grave problema de masificación que padecen muchos de los centros penitenciarios y que sigue siendo utópico hoy por hoy plantear el objetivo de la Ley General Penitenciaria de que haya sólo un preso por celda.



Iniciadas de oficio actuaciones sobre este asunto ante la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, ésta indicó que había adoptado las siguientes medidas en relación con el grave problema de la masificación: acortar los tiempos de
construcción o rehabilitación de centros penitenciarios; incrementar el uso de medios de control a distancia, instando a otras instituciones a trabajar en esta misma línea; ampliar el plan de construcción de centros de inserción social y optimizar
el uso de dichos centros para internos en régimen abierto para perfiles más amplios de internos; redefinir el uso de espacios penitenciarios para el cumplimiento de condenas e instar la cesión de inmuebles y terrenos para su rehabilitación y uso
como centros de cumplimiento de condenas.



Los fallecimientos de internos en prisión han dado lugar a largo de 2004 a la tramitación de cuatro quejas y a la iniciación de trece expedientes de oficio. En los fallecimientos en prisión subyace una casuística muy variada, siendo de
destacar los fallecimientos como consecuencia del deterioro de la salud asociado al problema de la droga, incluida la sobredosis. En ocasiones, cuando se mezclan las drogas legalmente dispensadas, metadona fundamentalmente, con pastillas, se
producen episodios de sobredosis que pueden desembocar en muertes. Es preciso continuar potenciando los programas libres de drogas, Proyecto Hombre, por ejemplo, dado que en la actualidad hay listas de espera para la incorporación a alguno de
ellos, y en ocasiones es preciso que el interno decida entre permanecer cerca de su familia o ser trasladado a uno de los centros que ofrecen esos tratamientos.



También es importante la prevención del suicidio en prisión. Existe un protocolo de prevención de suicidios, y recurrir a él debe ser obligado cuando se aprecie cualquier indicio. No debiera ocurrir lo que sucedió en un supuesto
investigado el pasado año en el que un interno falleció en un centro penitenciario, de Alicante, sin que se le hubiera aplicado dicho protocolo a pesar de que el interno había protagonizado previamente tres tentativas de suicidio: una en la prisión
de Soto del Real, otra en el Hospital Gregorio Marañón y otra en la prisión de Aranjuez.



Estos y otros muchos problemas tienen relación con el ya mencionado de la masificación que padecen muchos centros penitenciarios y con las deficiencias estructurales de bastantes de ellos. Como he dicho, señorías, en el año 2004 se han
visitado quince centros penitenciarios importantes y de cada visita se ha levantado acta formulando las apreciaciones convenientes, origen de muchas de las actuaciones de oficio de la Institución. A su vez, estas visitas permiten tener un contacto
directo tanto con los equipos gestores y los funcionarios de las prisiones como con los internos, para conocer así de primera mano aspectos, problemas y carencias que de otro modo sería imposible descubrir.



Esta tarea es ardua y recae sobre unos pocos funcionarios de la Institución que suplen con dedicación y esfuerzo las carencias de medios personales y materiales con los que el Defensor del Pueblo tiene que hacer frente a su misión. Pero
produce unos excelentes resultados y un conocimiento detallado de la situación penitenciaria real. En virtud de ello, estoy en la obligación de demandar el máximo apoyo a la Administración Penitenciaria y particularmente al impulso y desarrollo del
nuevo plan de renovación de infraestructuras, que incluye la creación de nuevos centros penitenciarios en Albocásser (Castellón), Madrid, Puerto de Santa María (Cádiz) y Canarias.



En relación con la Administración Militar quiero destacar, muy brevemente, un par de asuntos que ya se citaban en el Informe correspondiente al año 2003. Por una parte, debo reseñar el conjunto de decisiones que se han adoptado en relación
con las víctimas y familiares del trágico accidente del avión Yakolev 42, en Turquía, cuando transportaba a militares españoles procedentes de una misión en Afganistán, y las medidas preventivas y cautelares implantadas por el Ministerio de Defensa
para evitar en lo sucesivo hechos como éste. Por otra parte, debo mencionar también la problemática -que me parece importante- de los militares profesionales cuya vinculación con las Fuerzas Armadas hubo de


Página 7


finalizar definitivamente el 31 de diciembre del año 2003.



En relación con este último asunto, son varias las líneas de actuación en las que se ha venido trabajando de entre las varias que esta Institución ha tratado de impulsar. Se ha iniciado un programa extraordinario de reincorporación laboral,
para facilitar la unión temporal de empresas, con una empresa especializada en formación y otras dos empresas especializadas en recolocación de profesionales. Este programa está siendo seguido a través de informes mensuales que se reciben en la
Subdirección General de Tropa y Marinería. En el momento de la finalización del Informe, se podía afirmar que un 83 por ciento del colectivo afectado había manifestado su interés por el programa, y de los interesados, un 49 por ciento había sido
recolocado.



Por otra parte, se han convocado diversos procesos selectivos de carácter extraordinario para la contratación de personal laboral, por el sistema de concurso-oposición en el que se valoran muy especialmente los servicios previos prestados a
las Fuerzas Armadas y en los que se reserva un mínimo del 80 por ciento de puestos al personal militar profesional temporal. Por último, sigue adelante el convenio suscrito por el Ministerio de Defensa con el Instituto de Crédito Oficial a través
del cual se conceden créditos preferenciales para emprendedores, con un tope máximo de 60.000 euros por solicitante. El Ministerio asume el riesgo del 40 por ciento del total del crédito en aquellos proyectos que resulten fallidos.



Cambiando de asunto, no me queda más remedio que insistir en algo que ya saben de sobra y que han oído en otras ocasiones. Me lo han oído a mí y se lo habrán oído a mis antecesores, porque me refiero a la Administración de Justicia. Se
trata, como seguramente han adivinado, señorías, de las dilaciones, retrasos y acumulación de asuntos que padece un buen número de órganos jurisdiccionales. O mejor dicho, de los retrasos y dilaciones que padecen muchos ciudadanos cuyos asuntos se
estancan largo tiempo en distintos órganos jurisdiccionales.



Es muy cierto, aunque se haya convertido en tópico al repetirlo, que una justicia lenta no es auténtica justicia. En muchas ocasiones, esa lentitud agrava la ya indeseable situación de quienes tienen que acudir a los Tribunales, lo que es
muy grave. Pero es que, además, esta situación destruye la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial, cuando éste precisamente tiene que constituirse en uno de los pilares de la convivencia.



Las Salas Primera y Tercera del Tribunal Supremo sufren retrasos que hay que contar por años cuando no por quinquenios. La Sala Segunda del mismo Tribunal también las padece y a solucionarlo no contribuye la circunstancia de que, a través
de la casación, esta Sala esté actuando en muchos supuestos como segunda instancia penal. Hay razones que explican -pero no justifican- esta situación. El propio legislador las menciona en la Exposición de Motivos de la Ley de Demarcación y Planta
Judicial de 1998: 'los fenómenos de judicialización del Estado, dice el texto, la mayor conciencia ciudadana de los derechos y de sus garantías de contenido real, la desaparición de vínculos sociales y políticos restrictivos de la libertad
individual y del desarrollo del derecho de defensa de las personas, el control democrático de los defectos de funcionamiento de todas las instituciones públicas, la mayor conflictividad social y la culminación del Estado de Derecho mediante el
reconocimiento del valor normativo de la Constitución son las causas del incremento de la litigiosidad y que siguen a día de hoy plenamente vigentes'.



Todo ello es verdad, como también lo es que todavía no se ha logrado perfilar, pese a las fragmentarias reformas legales, de los años 1984, 1992 y 2000, un modelo de recurso de casación perfectamente definido que lleve a cabo las funciones
de garantía de criterios interpretativos y aplicativos del ordenamiento jurídico. Así se evitaría convertir al Tribunal Supremo en una instancia más en el respectivo orden jurisdiccional y, al propio tiempo, posibilitaría en todas sus actuaciones
la compatibilidad de la seguridad jurídica con la rapidez y la eficacia que la auténtica justicia exige.



Pero no sólo el Tribunal Supremo padece estos problemas. También los Tribunales de Justicia de las Comunidades Autónomas sufren acumulaciones de asuntos y retrasos. Particularmente algunos tribunales y algunas salas. Y por no citar a unas
y dejar de citar a otras (aunque en el Informe se han incluido todos los datos) diré tan sólo que suelen ser las salas de lo Contencioso-Administrativo las más afectadas. En general, la litigiosidad de los ciudadanos con la Administración ha
aumentado incesantemente en los últimos años y ese fenómeno no siempre ha sido tenido en cuenta a la hora de legislar y planificar el futuro de la justicia.



A todo lo anterior se suma la secular precariedad de personal y medios materiales que padece la Administración de Justicia. Los esfuerzos hechos hasta ahora, innegables, no han permitido recuperar una situación de penuria crónica. Los
presupuestos son limitados y los frentes que atender son muchos. Esto es verdad. Pero permitánme decir -y crean lo que digo, porque lo he podido comprobar personalmente durante tres años- que los lamentos de un Ministro o de un Consejero de
Justicia, a la hora de pedir más recursos para 'lo suyo', entre comillas, merecen ser atendidos. Y lo merecen porque un sistema democrático, avanzado y eficaz como el nuestro, necesita de un sistema y un aparato judicial que responda a estas
características.



En el Área de Justicia de la Institución, cuya labora les estoy exponiendo, se tratan también otras materias, de entre las cuales hay dos que no quiero dejar de mencionar. Está, por un lado, lo referente al Registro Civil, veterana y
fundamental institución, para la que urge una puesta al día. En pocos años, España ha sufrido múltiples y bruscos cambios sociales y, entre ellos, destaca el de haber pasado de ser país de emigración a ser


Página 8


un país receptor de millones de inmigrantes. Nacimientos, matrimonios entre nacionales y extranjeros, o problemas de nacionalidad, entre otros, generan tareas que el Registro Civil tiene que afrontar con diligencia y eficacia y ello no
siempre es posible en su actual configuración y con sus actuales procedimientos y medios de trabajo.



El otro asunto al que me refería, doloroso como pocos, es el relativo a la violencia doméstica. El Defensor del Pueblo no ha cesado de alertar sobre la gravedad de este problema, dedicando a su estudio y prevención muchos esfuerzos que se
han plasmado en la realización de estudios monográficos y en la formulación de múltiples recomendaciones y sugerencias a las diversas autoridades que pudieran colaborar con la erradicación de esta terrible lacra. Todos los días lo vemos en la
prensa. Hoy mismo hay asesinatos en una y otra parte. Esto es tremendo, me recordaba los años setenta y ocho, setenta y nueve y ochenta, en los que todos los días aparecían asesinatos de la organización terrorista y era terrible.



Es frustrante comprobar cómo, a pesar de todo, año tras año, siguen produciéndose tragedias que no hemos sido capaces de evitar. Aunque no todas las causas dependan de la acción de las Administraciones Públicas, es preciso que éstas traten
de poner algunos remedios con urgencia. En el texto del Informe se relatan varios casos en los que la intervención reiterada de autoridades judiciales, policiales, sanitarias, locales y sociales no han logrado evitar terribles sucesos que, vistos a
posteriori, resultaba evidente que iban a producirse. Incluso puede que la actuación individual de cada una de esas autoridades en el ámbito propio de sus competencias haya sido correcta, pero el conjunto de todas ellas no ha logrado el objetivo
mínimo de evitar la tragedia.



Cada vez que se produce un hecho de este tipo, en la Institución se abre una investigación de oficio (que naturalmente no interfiera en las actuaciones judiciales) para saber qué pasó y qué debe cambiar. Como no he olvidado mi promesa de
brevedad, en la medida de lo posible, me limitaré a remitir a quienes se encuentren interesados el texto del Informe donde se relatan con detalle algunos supuestos y se explicitan las sugerencias y recomendaciones que la Institución ha promovido,
así como su alcance y justificación. Sólo me cabe desear que esas propuestas tengan el éxito que con ellas se pretendía.



Gran importancia se atribuye desde la Institución al reciente esfuerzo legislativo para resolver estos problemas y evitar la violencia y, muy en particular, a la recomendada creación y apoyo a los Juzgados de Familia.
Los retrasos en la
resolución de asuntos que entrañan crisis de convivencia, no hacen más que empeorar la situación familiar, dando lugar a un caldo de cultivo apropiado en el que se originan casos lamentables de violencia.



A veces nos encontramos con matrimonios que no pueden convivir más, y han ido al juzgado. Pues bien, el juez tarda de seis a nueve meses en dictar una providencia de separación y de alimentos. Si se trata de familias más o menos humildes
en cuyo hogar tienen que convivir con los hijos el marido y la mujer -o la pareja de hecho- mientras esperan la resolución, eso es un infierno. Y es lógico que nos preocupe enormemente, porque lo vemos todos los días.



Dentro del Área de Economía, en la Institución se agrupan asuntos de varios ámbitos materiales, que abarcan desde los tributos hasta los servicios de transporte y comunicaciones, pasando por lo que, como conglomerado heterogéneo, podemos
agrupar bajo el concepto de ordenación de la actividad económica.



La amplitud de materias me obliga a ofrecer sólo una pequeña muestra de las actividades desarrolladas en este ámbito durante el año 2004. En materia de tributos, el Defensor del Pueblo orienta su actuación a cooperar con las autoridades
competentes, resolviendo las deficiencias apreciadas en la regulación, aplicación y gestión de los impuestos, tasas y contribuciones especiales, tanto estatales como autonómicas y locales.
Puesto que resulta imposible responder en la legislación a
la infinita casuística derivada de esta materia, esta Institución ha sugerido, recomendado o propuesto interpretaciones más flexibles y modificaciones normativas para incluir supuestos no previstos o para excluir otros susceptibles de producir
resultados injustos. Así, por ejemplo, en el ejercicio de 2004 hemos propuesto, sin que la propuesta fuera aceptada, que los gastos afrontados por los padres en los procesos de adopción internacional sean en alguna medida deducibles en el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas; que se considere a las parejas de hecho como unidad familiar, permitiéndoles la opción de tributar conjuntamente; que la ayuda para apoyos domiciliarios que reciben de Muface los enfermos de Alzheimer no se
considere como renta, y por esta razón no tribute por este concepto; y por fin, que se incrementen anualmente, y de modo automático y equivalente a la inflación, los mínimos exentos de carácter personal y familiar, para que la renta gravada sea
efectivamente la renta disponible.



En materia de tributos locales, la figura impositiva que suscita más quejas es el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y no sólo por el fuerte incremento que el llamado IBI ha sufrido en muchos municipios. Quiero destacar la necesidad de que se
desarrolle reglamentariamente la previsión del artículo 73 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, que habilita a los Ayuntamientos para imponer un recargo de hasta el 50 por ciento de la cuota líquida del IBI a los inmuebles de carácter
residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente.
Comprendo que no es sencillo precisar el concepto de vivienda desocupada a estos efectos. Pero tener un parque inmobiliario de casi tres millones de viviendas vacías, en la
situación


Página 9


en que hoy se encuentra este sector, es completamente inadmisible.



De los muchos otros ámbitos en los que actúa el Área de Economía -seguros, entidades financieras, consumo o transporte-, aludiré, casi telegráficamente a dos asuntos. El primero de ellos no precisa muchas explicaciones: estoy en contra de
la fórmula de redondeo al alza que utilizan los operadores de telefonía, y así se lo he manifestado a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones. El segundo se refiere al vertiginoso incremento de las quejas en relación con los servicios
avanzados de telecomunicaciones, y muy especialmente con los aspectos de prestación y facturación del servicio de internet, sobre todo en los casos de acceso y desconexión.



El Área de Ordenación Territorial agrupa esencialmente las actuaciones de la Institución en materia de medio ambiente, urbanismo y vivienda. En cuanto al medio ambiente, debe destacarse la deficiente o incluso inexistente, coordinación
entre órganos y administraciones; la ausencia de medidas materiales que procuren la efectiva restitución del ambiente dañado y, por último, las carencias en la instrumentación de las denuncias formuladas por los agentes de la Administración, lo que
provoca, en numerosas ocasiones, la inutilidad de la acción correctora.



El acceso de los ciudadanos a la información ambiental es, por decirlo con una fórmula conocida, manifiestamente mejorable. Unas veces no se proporciona la que los ciudadanos deberían conocer, caso, por ejemplo, de la contaminación
atmosférica por superación de los umbrales de aviso y alerta de concentración de ozono troposférico en la Comunidad de Madrid; otras, se les deniega el acceso en razón de interpretaciones extensivas o erróneas de figuras legales como la propiedad
intelectual o la protección de datos personales. Creo, señorías, que en este campo y en muchos otros hay que fomentar -y en ello estamos empeñados- la todavía muy precaria cultura de la transparencia en la actuación de nuestras Administraciones
Públicas.



Debo mencionar también en este apartado la necesidad de que nuestros legisladores decidan la transposición de la Directiva 2001/42, de la entonces Comunidad Europea, sobre evaluación de impacto ambiental, cuyo plazo de incorporación al
ordenamiento interno finalizó ya en julio del año pasado. Ese retraso, aparte del incumplimiento que supone de nuestras obligaciones comunitarias, nos priva de un valiosísimo instrumento de protección preventiva como es la denominada evaluación
ambiental estratégica. Merece la pena resolver este problema.



Fruto de ello es que la costa está plagada -y nunca mejor dicho, porque se trata de una auténtica plaga- de construcciones ilegales, muchas de ellas sancionadas con carácter firme y con orden de restitución, aunque sigan ahí todas sin que
los títulos de demolición se ejecuten ni se inscriban dichos títulos en el Registro de la Propiedad, en la mayoría de los casos. También hay dificultades con los accesos al mar, con la limpieza de las playas, con los ruidos y molestias de las
instalaciones de temporada -los llamados chiringuitos- y con los vertidos y la depuración de aguas residuales. Según a quién se pregunte, el asunto correspondiente es competencia local, estatal o de la Comunidad Autónoma, pero los problemas siguen
ahí y están lejos de resolverse.



En el ámbito del urbanismo, hay que decir que la gestión urbanística sigue caracterizándose por ser demasiado lenta, y ello se debe fundamentalmente a la falta de implicación de la Administración Local. También sigue siendo claramente
insuficiente la información pública de los procesos o programas urbanísticos. Y, ciertos modelos urbanísticos particularmente algunas figuras presentes en ellos -concretamente, la del agente urbanizador, prevista en la ley que se está debatiendo en
el Parlament valenciano- siguen generando un número considerable de quejas. Sobre estos y otros muchos problemas que afectan al urbanismo, tienen sus señorías explicaciones detalladas en el Informe.-


La vivienda es, según el barómetro del CIS -Centro de Investigaciones Sociológicas- de octubre de 2004, la principal preocupación de los españoles, tras el paro y el terrorismo. Desde este punto de vista, hemos de expresar con satisfacción
las modificaciones introducidas en el Plan de Vivienda 2002-2005, algunas de las cuales venían siendo reclamadas por esta Institución desde hace largo tiempo. Por lo demás, siguen siendo numerosas las quejas de los compradores de vivienda libre que
tropiezan con graves dificultades para que se les reparen los defectos de construcción de las viviendas entregadas. Es muy necesario implantar normativamente la exigibilidad de la contratación de seguros que cubran estas eventualidades y, más en
general, los incumplimientos de los requisitos de edificación exigidos por la ley.



En materia de sanidad y política social, es preciso mencionar algunas carencias que debemos esforzarnos en resolver. Decir que el sistema público sanitario español es universal -lo digo yo cuando voy al extranjero- se compadece mal con el
hecho de que la cobertura alcance sólo al 99 por ciento de la población. Puede parecer que una cobertura superior al 99 por ciento es satisfactoria, pero seguro que con tal afirmación no están de acuerdo los aproximadamente 390.000 ciudadanos


Página 10


que, por distintos motivos, carecen de esa cobertura. Así que, para empezar, debería universalizarse de verdad la sanidad pública.



Otra carencia importante es la que se refiere a la salud mental. Me refiero, claro está, a las prestaciones sociosanitarias, y no al estado mental de los ciudadanos, aunque uno a veces tenga muchas dudas sobre determinados comportamientos.
Resultan insuficientes, o incluso inexistentes, las estructuras de rehabilitación con programas definidos de actuación. Es urgente impulsar la coordinación efectiva de las diferentes redes y servicios para aprovechar mejor unos recursos ya de por
sí escasos, y con carácter inmediato debe procederse a establecer programas y actuaciones de ayuda a las familias de los enfermos mentales, sobre las que hasta ahora recae gran parte de la carga asistencial que estos requieren.



Otra carencia sociosanitaria es la que padecen los enfermos crónicos o en fase muy avanzada de enfermedad que no pueden ser atendidos, con las condiciones que su estado requiere, en el propio domicilio y no encuentran alternativamente plaza
en una residencia asistencial donde puedan ser ingresados. Según una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, más del 94 por ciento de la población considera que los servicios sociales deberían cubrir las necesidades de atención a las
personas mayores -todos vamos a ser personas mayores, si es que no lo somos ya-, y el 78 por ciento opina que la ayuda a las personas que no pueden valerse por sí mismas debe ser una medida prioritaria del Gobierno a favor de las familias. Espero
que estos datos impulsen la previsión gubernamental de aprobar la anunciada ley que regule la ayuda a las personas dependientes.



En similar orden de cosas, habrá que prestar atención constante en los próximos años a la grave insuficiencia de plazas en residencias públicas para la tercera edad. Una población como la española, que va envejeciendo progresivamente,
requiere un incremento de los recursos públicos destinados a la cobertura de sus necesidades, muy singularmente las de carácter residencial, tan descuidadas hasta el presente y soportadas casi en exclusiva por las familias.



Precisamente las familias, sobre las que viene recayendo ese conjunto de labores asistenciales que nuestro sistema público no contempla, son el núcleo central de otra serie de quejas acerca del número de miembros que dan derecho a la
consideración de familia numerosa. En el año 2003 se aprobó una nueva de protección a las familias numerosas en sustitución de la vieja ley de 1971. Esta Institución acogió con agrado la innovación normativa que venía siendo reclamada desde hace
tiempo. Sin embargo, es de lamentar que prácticamente dos años después de su aprobación la mencionada ley carezca del desarrollo reglamentario preciso para que muchas de las prestaciones por ella contempladas se hagan efectivas.



Hay otras muchas carencias mencionadas en el Informe, pero me limitaré a citar dos viejos asuntos sobre los que se han producido avances y mejoras parciales pero que siguen sin resolverse en términos generales. Por un lado, hay que mejorar
la información clínica que se proporciona a pacientes y familiares, y, por otro, facilitar el acceso a la historia clínica a los propios pacientes, así como a los herederos, ascendientes o descendientes de personas fallecidas, tratando de evitar la
pérdida o extravío de estas historias dada la negativa incidencia que ello tiene en el tratamiento y en el seguimiento clínico.



Por otro lado, tengo que seguir mencionando el tradicional problema de los tiempos máximos de acceso a las prestaciones sanitarias, es decir, las famosas listas de espera, que en el año 2004 superaban, en ocasiones, el año en determinadas
intervenciones quirúrgicas, y con diferencias notables entre unos centros y otros, siendo abultadas en consultas externas y en técnicas y pruebas diagnósticas. Lo que es grave todavía es la tardanza, la demora en las consultas externas y en los
diagnósticos, pues a pesar de estas cifras han mejorado notablemente en toda España en las intervenciones quirúrgicas.



Asimismo, deseo aludir al considerable número de quejas recibidas a lo largo de 2004 acerca de la cuestión de la incompatibilidad de la percepción de la pensión de incapacidad permanente total con la realización de trabajos distintos a los
que dieron lugar a la situación de invalidez. Afortunadamente, la cuestión ha sido resuelta por sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 15 de octubre de 2004, en la que se reconoció la compatibilidad puesta en cuestión. De igual
modo, es oportuno hacer una breve referencia a la problemática de la pensión de viudedad en el sistema de la Seguridad Social. Aunque se hayan aceptado determinadas propuestas, faltan por desarrollar algunas otras que tienen gran importancia, entre
las que simplemente me limito ahora a citar la conveniencia de establecer un subsidio temporal de viudedad por hijos a cargo o por carencia de recursos y la conveniencia de que sean reguladas las correspondientes a las denominadas uniones de hecho.



Como línea orientativa en la materia de política social, puede destacarse en el ejercicio 2004 la de la especial atención a las personas mayores.
Más allá de las prestaciones concretas antes mencionadas, de las que nos ocuparemos
prioritariamente, desde la Institución del Defensor del Pueblo se ha procurado una vez más otorgar la mayor eficacia posible al sentido último del artículo 50 de nuestra Constitución. Un sentido que consiste en promover el bienestar de los
ciudadanos en la llamada tercera edad. Se trata de un núcleo cada vez más amplio de nuestra sociedad que debe ser personalmente atendido, no simplemente desde una perspectiva especializada, sino teniendo en cuenta a un conjunto de personas que se
ven afectadas por todos los problemas de que se ocupa el Defensor. Desde las cuestiones tributarias o de renta, a las que tienen que ver con las comunicaciones, la cultura, la sanidad, la justicia y el urbanismo.



Página 11


Esta perspectiva amplísima queda reflejada, por ejemplo, en la preocupación por los problemas de abandono y soledad, de la que constituyen buena muestra el llamamiento a las autoridades competentes para paliar estas situaciones en los casos
de personas mayores que viven solas en las grandes aglomeraciones urbanas. O las dificultades que se presentan en las épocas vacacionales a las familias en las que convive un anciano con problemas de movilidad. O la importancia que revisten los
distintos supuestos que pueden contemplarse a la hora de regular los casos de dependencia.



En materia de inmigración y extranjería, como sus señorías bien saben, hay mucho trabajo por hacer. La Institución viene prestando una atención cuidadosa a estos asuntos y, con una plantilla de personal limitada, trata de ejercer una
presencia constante en este ámbito y de cooperar con su trabajo y experiencia en la solución de los problemas que afectan a las personas inmigrantes.



El año 2004 ha sido un período de transición claramente marcado en su inicio por la modificación de la Ley de Extranjería producida a finales de noviembre de 2003, y en su final, por la publicación del nuevo Reglamento de la ley, aparecido
en diciembre de 2004. Quiero destacar la valoración positiva que merece el hecho de que la aprobación del Reglamento haya sido fruto de una previa negociación y de un amplio consenso porque creo, como ya he dicho y tendré ocasión de recalcar más
adelante -poco más adelante, no se apuren ustedes, que voy terminando-, que ciertas políticas de gran trascendencia social deben gozar de la aceptación y de la estabilidad que sólo pueden proporcionar el acuerdo y la puesta en común de sugerencias y
recomendaciones.



También el Defensor del Pueblo fue consultado en el proceso de elaboración de esa norma y apuntó algunas propuestas nacidas, como digo, de la experiencia, para que fueran tomadas en consideración. Unas cuantas fueran aceptadas y ya están
dando sus frutos; otras han quedado a la espera de una ulterior reforma de la legislación en la materia, impuesta por nuestras obligaciones comunitarias, y otras, en fin, fueron rechazadas. Sin embargo, debo decir que, aunque algunas propuestas no
hayan sido aceptadas, la receptividad de las autoridades competentes en materia de inmigración hacia las propuestas del Defensor del Pueblo es de lo más esperanzador. Así lo demuestra, por ejemplo, el reciente cambio de criterio de esas autoridades
al asumir la propuesta del Defensor del Pueblo de que pueda acreditarse la residencia previa en nuestro país en el proceso de normalización que se está llevando a cabo en 2005, a través de medios y pruebas distintos del empadronamiento, aunque, por
supuesto, manteniendo el empadronamiento como elemento fundamental para la residencia.



En esta línea de colaboración, debo decir también que se ha atendido el criterio de esta Institución y se ha dejado sin efecto la Instrucción de 2003 de la Fiscalía General del Estado sobre el retorno de menores extranjeros, que automatizaba
la expulsión de estos, contra la que había expresado su absoluta reserva este Defensor del Pueblo. De igual manera, nos parece satisfactorio que se autorice a trabajar a los demandantes de asilo cuando han transcurrido más de seis meses desde la
admisión a trámite de su solicitud y ésta no se ha resuelto, así como que se ponga inmediatamente en libertad a los extranjeros ingresados en centros de internamiento cuando desaparece la causa que motivó el ingreso, sin necesidad de esperar a la
confirmación de la autoridad judicial.



Otro motivo de satisfacción es que el nuevo Reglamento consolide el concepto de arraigo laboral como vía de acceso a la autorización de trabajo y residencia desde situaciones de irregularidad. Existen asimismo buenas expectativas de que en
la futura reforma de la Ley, imprescindible para trasponer al ordenamiento interno la Directiva comunitaria en la materia, se introduzcan las modificaciones precisas para equiparar la pareja de hecho al cónyuge a efectos de reagrupación familiar.



Entre las orientaciones no aceptadas debo destacar la propuesta de que los extranjeros en situación irregular, víctimas de delitos violentos, no sean objeto de incoación de expediente de expulsión cuando acudiesen a denunciar el acto
delictivo que hubieran padecido. No nos hicieron ni caso (Risas) y también la relativa a la notificación personal de la incoación de expedientes de expulsión a los extranjeros a quienes ha sido denegado el permiso de residencia, ya que la
utilización de otras vías, como la postal o mandar edictos, son difícilmente compatibles con la eficacia de las garantías que la normativa vigente atribuye a los sujetos de esos procedimientos.



Interesa poner de manifiesto que siguen planteados diversos problemas a los que inevitablemente hay que hacer frente. Así, hay que buscar alguna solución a los extranjeros en situación irregular sobre los que ha recaído una orden de
expulsión que no puede ejecutarse -hay muchísima gente en esta situación y esta es la realidad, a la que hay que mirar de frente-, ya sea porque se ignora la nacionalidad del interesado o porque su país de origen se niega a su readmisión. No vamos
a echarles al mar (Risas). Ciertamente, en este último supuesto, la vía idónea, sobre la que ya se está trabajando, es la de firmar acuerdos con los respectivos países para que readmitan en todos los casos a sus nacionales expulsados de España.
Pero, mientras esto ocurre, no podemos cerrar los ojos a una situación evidente para los habitantes de muchas ciudades y poblaciones españolas.



También es necesario poner remedio a los retrasos que sufre la tramitación de visados de reagrupación familiar, bien sea por demoras en la emisión de los informes gubernativos, por disfunciones diversas, o por descoordinación entre los
organismos implicados en su tramitación. En este sentido, la Institución ha iniciado a lo largo del año 2004 un atento seguimiento de las oficinas


Página 12


de extranjeros con mayor volumen de expedientes y, en concreto, las de Madrid, Alicante, Almería, Barcelona, Cantabria, Huelva, Málaga, Valencia y Vizcaya. El buen funcionamiento de estas oficinas es clave para que el proceso de
normalización previsto en el nuevo Reglamento de Extranjería que en estas fechas se está llevando a cabo tenga el éxito por todos deseado. Con carácter general, puede afirmarse que en el año 2004 se realizó un trabajo considerable para regularizar
ese funcionamiento, aunque la situación de retraso no pueda considerarse todavía superada, por lo que debe incrementarse el esfuerzo mediante la adecuación de las plantillas a las nuevas necesidades, la incorporación y generalización de los medios
telemáticos y la mejora de los sistemas de gestión e información a los particulares.



Por último, y aún dejando sin citar muchos asuntos relativos a la inmigración, la extranjería y los problemas del servicio exterior español en sus tareas de atención a nacionales y extranjeros, no quiero finalizar este apartado sin hacer
mención al dolorosísimo asunto de los inmigrantes que arriesgan, o, con frecuencia, pierden la vida tratando de llegar a nuestras costas en frágiles embarcaciones, además engañados por las mafias.



Soy consciente de las muchas dificultades y la variedad de asuntos a los que nuestra Administración debe enfrentarse y sé también que, por el carácter ilegal de estas expediciones, tratan de evitar su localización, aumentando así el riesgo,
pero es preciso acabar con esta sangría humana.
Nuestras costas y nuestros suelos no pueden convertirse en el cementerio de los cuerpos y de las esperanzas de tantas personas. Llamo, pues, desde aquí a todas las autoridades y agentes públicos a
que no regateen esfuerzos suplementarios y a que, mediante la utilización de todos los recursos posibles, traten de impedir esta continua tragedia.



Finalizo ya el repaso a las áreas funcionales en que se organiza la Institución con la dedicada a las materias relacionadas con la Educación y la Cultura. La línea conductora de los asuntos tratados en el Informe de este año está
relacionada con los problemas derivados de una deficiente planificación y una incorrecta previsión de las necesidades que van apareciendo en el sistema educativo como consecuencia de diversos factores. La progresiva incorporación de la mujer al
trabajo, la presencia creciente de población inmigrante en nuestro país, las operaciones urbanísticas que crean nuevos núcleos de población o provocan traslados de ésta de un lugar a otro son circunstancias, entre otras, que exigen la previsión de
medios y recursos educativos necesarios para atender las repercusiones que, sin duda, se hacen ya notar en las aulas.



Cuando la previsión y la planificación no son las idóneas, comienzan a surgir problemas en la prestación del servicio educativo, manifestados en la carencia de plazas escolares en determinadas zonas, en la escolarización de alumnos en
centros que no cumplen los requisitos mínimos o padecen deficiencias constructivas notorias, o incluso en aularios prefabricados instalados con vocación transitoria y que acaban siendo una solución permanente. También los problemas de previsión y
planificación dan lugar a una irregular distribución del alumnado con necesidades educativas especiales o específicas y, particularmente, como viene denunciando desde hace tiempo esta Institución, del alumnado procedente de familias de origen
inmigrante, que mayoritariamente se escolariza en determinados centros, generalmente de titularidad pública, provocando así desequilibrio en la composición de la población escolar y disfunciones educativas.



Por lo que hace al ámbito universitario, sigue habiendo problemas respecto al acceso a los estudios preferidos por cada alumno, con el reconocimiento y la puesta a disposición de los interesados de las becas y ayudas al estudio y, como
también viene siendo lo habitual, con la homologación de títulos obtenidos en el extranjero acreditativos de estudios universitarios. Todos estos problemas se detallan en este y en anteriores informes y no creo que sea necesario insistir más en
ello.



Sí tengo sumo interés, en cambio -también he visto un informe similar en el suplemento de un diario nacional, creo que en El Mundo, y es realmente agobiante lo que se lee sobre la capacidad y la formación de los alumnos ya mayorcitos-, en
trasladarles algunas reflexiones que parecen apropiadas en estos tiempos, en los que está en estudio más o menos avanzado la reforma de la legislación educativa, tanto universitaria como no universitaria.



Sus señorías recordarán que en el ejercicio 2004 se dio a conocer en los medios informativos el denominado Informe PISA, iniciales en inglés correspondientes al Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos, elaborado por la OCDE,
en el que se evalúan los conocimientos básicos e instrumentales de alumnos de niveles educativos anteriores a la universidad y se comparan los resultados obtenidos en distintos países.
Lamentablemente, nuestro país se encuentra a la cola
prácticamente en todas las materias evaluadas, y en casi todas las comunidades autónomas, un resultado inquietante, porque de la calidad de la educación que reciben nuestros jóvenes depende en gran medida nuestro futuro.



Cualquier alumno que se encuentre en la actualidad en los primeros cursos de enseñanza universitaria ha sido con toda seguridad sujeto paciente, nunca mejor dicho, de casi media docena de leyes reguladoras del sistema educativo. En las
memorias de Alfonso Guerra, que son espléndidas, se dice que cada ministro de educación, sea del color que sea, quiere poner su impronta en educación y que, por tanto, se acumulan cosas y realmente después nos encontramos con un embrollo. Dixit
Alfonso Guerra, no yo.



No se puede afirmar tajantemente que esta variabilidad normativa sea la causa única de los malos resultados que el sistema educativo español está ofreciendo, pero puede sospecharse una cierta relación entre ambas circunstancias. Me parece
claro que el sistema educativo


Página 13


debe gozar de los imprescindibles caracteres de estabilización y flexibilidad. La estabilidad es necesaria para posibilitar una planificación razonable y una aplicación prolongada en el tiempo que lime y mejore los aspectos perfectibles del
sistema. Esa misma estabilidad debe despejar las incertidumbres en un horizonte temporal amplio y posibilitar con ello que los actores y partícipes de la educación comprendan, apliquen y aprovechen dicho sistema en su integridad y con todas sus
posibilidades. Por su parte, la flexibilidad es también imprescindible para que el sistema educativo pueda adaptarse a las exigencias cambiantes que en cada momento demande la sociedad, el estado de los conocimientos y, por supuesto, el mercado
laboral y el empleo.



Son evidentes las dificultades de negociación y acuerdo en esta materia.
Es asimismo notorio que en el transfondo del sistema educativo subyace, inevitablemente, un componente ideológico al que resulta muy difícil sustraerse. Y es también
indudablemente que hay opiniones y modelos enfrentados en el campo educativo cuya conciliación puede parecer, a primera vista, imposible. Pero es preciso hacer un llamamiento con toda urgencia para que se logren los acuerdos necesarios en materia
educativa que posibiliten escenarios estables, flexibles y de calidad. Es una labor de todos. Es un campo en el que no puede haber vencedores ni vencidos.
Con un buen sistema educativo ganamos todos. Con un sistema educativo deficiente todos
perdemos. Por eso, una vez más, el Defensor del Pueblo se permite poner en el candelero en este templo de la democracia una cuestión decisiva para la que reclama, quizá de modo ingenuo, un necesario acuerdo que sirva de cauce para un futuro mejor
que pasa, inevitablemente, por una educación mejor.



Voy a finalizar esta presentación atendiendo otra vez al asunto con el que cerré la comparecencia para presentar el Informe del ejercicio precedente. En esa ocasión, como recordarán sus señorías, expresé mi grave preocupación por los
perjuicios que determinados programas y contenidos televisivos podían provocar en la sociedad, y especialmente también en nuestros niños y jóvenes. Me refiero a la llamada televisión basura.



Me satisface pensar que aquella llamada de atención contribuyó a que apareciera una espontánea identificación con esa postura en distintos sectores sociales y a que se adoptara una serie de iniciativas mediante las cuales se está intentando
afrontar el problema. El Gobierno, con un gran sentido de la oportunidad, inició una ronda de contactos con representantes de las cadenas nacionales de televisión, sean públicas o privadas, tras la que se firmó un llamado Acuerdo para el fomento de
la autorregulación sobre contenidos televisivos e infancia. Este es el largo título. El Acuerdo establece un sistema de control y seguimiento en relación con la programación en horarios en los que es presumible una mayor presencia de público
infantil con la finalidad de respetar los límites establecidos por la normativa vigente.



Comprendo que la programación y la publicidad en televisión no son aspectos que pueden alterarse de un día para otro. También es cierto que existen compromisos de importante repercusión económica, como son los contratos de publicidad o la
producción de programas, que no pueden dejarse de lado. Entiendo, por tanto, que el plazo transcurrido desde que se alcanzó este Acuerdo impide efectuar una valoración global negativa.
En mi apreciación personal, creo que las cadenas de
titularidad pública, bien sean estatales o autonómicas, están mostrando un mayor celo en el cumplimiento del Acuerdo que las empresas privadas, pero quiero pensar que ello se debe a alguna de las razones económicas y contractuales antes mencionadas.
En cualquier caso, las autoridades públicas competentes, desde la propia Comisión Mixta de seguimiento creada por el Acuerdo citada, y en tanto no se proceda a la constitución del Consejo de lo Audiovisual, recomendado por un grupo de expertos que
recientemente ha informado sobre el asunto, deben asumir plenamente su responsabilidad y exigir, como mínimo, el cumplimiento riguroso de los límites a las libertades de expresión y de comunicación que impone la obligada protección de la juventud y
la infancia.



Muchas gracias a todos por su paciencia.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Defensor.



Como hoy hay pocos portavoces en la Comisión, si les parece, hacemos cinco minutitos de receso y entramos ya con las intervenciones de cada uno de los portavoces de los grupos. (Pausa.)


Señorías, reanudamos la sesión.



A continuación, vamos a proceder a un turno de portavoces por un tiempo de diez minutos. Procuren ajustarse al tiempo aunque, como hoy no hay muchos portavoces, seré laxo en la fijación del mismo. De todos modos, pienso que no se puede
decir mucho más después de diez minutos.



Por tanto, de menor a mayor, tiene la palabra el señor Maqueda, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.



El señor MAQUEDA LAFUENTE: Eskerrik asko, presidente jauna. Gracias, señor presidente. Egun on danori. Buenos días a todos y a todas.



Como bien ha dicho el presidente, voy a ser breve porque en el Informe está todo recogido y sólo voy a hacer algunos comentarios sobre el mismo.



Quiero dar de nuevo la bienvenida a esta casa al Defensor del Pueblo, nuestro buen amigo don Enrique Múgica, y felicitarle por el buen trabajo y la clara exposición que ha realizado de dicho informe.



En primer lugar, quiero destacar el importante incremento que se ha producido respecto del año anterior 2003-2004, un 67 por ciento más, en el número de quejas recibidas. Es algo digno de destacar y es el primer dato que quiero señalar, ya
que supone un mayor trabajo


Página 14


para el equipo y, en consecuencia, una mejora en cuanto a las relaciones con los ciudadanos.



Igualmente, es de destacar la mejora en la supervisión de las administraciones, cuestión en la que ha incidido el Defensor del Pueblo a lo largo de su exposición y que después comentaré brevemente.



Hay cuestiones que preocupan al ciudadano, como es el aumento del número de casos de acoso psicológico en el puesto de trabajo, el llamado mobbing, y, en este sentido, las medidas preventivas van a ser uno de los caballos de batalla en este
ejercicio 2005 y siguientes.



También me preocupa el incremento de los casos relacionados con la seguridad pública en todas sus vertientes: la población reclusa y los casos puntuales e impactantes, como el mencionado en el Informe del accidente del Yakolev 42.



Igualmente, es de destacar la labor realizada en ámbitos tales como las dilaciones en procedimientos judiciales, en algunos casos demasiado largas y dolorosas para las familias; todos los asuntos referidos a la violencia doméstica, que cada
día se vive con mayor intensidad, y la protección de los menores. Sé que el Defensor del Pueblo -lo hemos comentado en privado- está muy encima de todo lo relacionado con esta protección en televisión, Internet, etcétera, y creo que es una buena
línea de trabajo.



Asimismo, tenemos presos españoles en el extranjero, casos muy cercanos de ciudadanos vascos y españoles, que se encuentran en una situación muy complicada, y en este sentido quiero animarle a seguir trabajando en la defensa de estas
personas.



En cuanto al medio ambiente, el urbanismo, la vivienda, la sanidad, las modificaciones en materia de extranjería, la protección de las personas mayores, las pensiones y el derecho de los ciudadanos a una educación de calidad, considero que
son todos asuntos en los que habrá que seguir trabajando porque se ha hecho mucho pero, evidentemente, hay que trabajar más.



Por último, nos preocupa seriamente el elevado grado de incumplimiento de las diferentes administraciones públicas a los requerimientos del Defensor del Pueblo. Ese es un asunto al que, a nuestro modo de ver, debemos prestar una especial
atención, ya que en nuestra mano también está colaborar. Le animamos a mantener y profundizar estos contactos y colaboraciones que ha tenido con los comisionados autonómicos, -se lo decía antes- y también con los homólogos a nivel internacional.
Creemos que será de gran ayuda intercambiar experiencias y sinergias.



Finalmente, quiero felicitarle a usted y a todo su equipo por la labor realizada en el pasado ejercicio de 2004 y animarles a seguir con esta importante tarea, en la que sabe que, como siempre, contará con la colaboración y con el apoyo que
precise, como no podía ser de otra manera, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.



Nada más y muchas gracias. Eskerrik asko.



El señor DEFENSOR DEL PUEBLO (Múgica Herzog): Eskerrik asko, naiz pozik entzuteko. Buen trabajo.



El seños MAQUEDA LAFUENTE: Eskerrik asko.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Maqueda.



Tiene la palabra, por el Grupo de Entesa Catalana de Progrés, el señor Batlle.



El señor BATLLE FARRÁN: Gracias, señor presidente.



Para empezar, les diré que la cortesía obliga, por lo que doy la bienvenida al Defensor del Pueblo, a los adjuntos y el equipo que le acompaña, equipo que, por otra banda, es el colaborador directo de ese amplio trabajo, de ese amplio,
exhaustivo y pulcro informe presentado.



Como todos los años cuando se presenta el informe de la defensoría, nosotros entendemos que es un momento político importante. El Defensor del Pueblo y su equipo vienen a las Cortes Generales con las quejas que se producen desde la realidad
social, de esos miles de ciudadanos que, conscientes de la función que desempeña la defensoría, se dirigen a ella desde esa confianza que ha generado el humanismo, la proximidad, la resolución o las recomendaciones, el nivel de atención, en
definitiva, prestado, que, por otra banda, hay que valorar positivamente porque es uno de los más preciados valores democráticos de un país.



Este informe no aporta nada nuevo, detecta una cierta cronicidad en las situaciones detectadas y provenientes de informes anteriores. Por otro lado, es lógico que así sea, ya que las situaciones no son tan fáciles de corregir como para que
de un año para otro se produzcan correcciones. La radiografía que se hace desde este informe de la realidad social debe ser un estímulo para los parlamentarios para gestar y para incitar los impulsos políticos necesarios que permitan corregir en la
medida de lo posible todas esas deficiencias que el informe asevera.



Hay una cosa que nos preocupa, y es que se siguen desestimando recomendaciones y sugerencias por parte de las diferentes administraciones públicas, que en la mayoría de los casos nos parecen razonables y que deberían ser atendidas o al menos
en mayor medida.



Las instituciones penitenciarias están masificadas y se detecta año tras año, y a nuestro entender, algunas de las sugerencias y recomendaciones que se hacen en este tema concreto deberían ser atendidas en cuanto a un proceso más ágil, y a
la mejora de las condiciones de los centros penitenciarios a través de un plan articulado, de un plan viable -porque si no es así, tampoco tendría sentido- de mejora de esos centros en cuanto a condiciones ambientales -me refiero al ambiente propio
de la institución penitenciaria- y en cuanto a condiciones sanitarias.



Página 15


Las infraestructuras en materia de sanidad y en materia educativa, que en informes anteriores se detectaban como insuficientes, siguen apareciendo como tales. Ha bajado el número de alumnos y probablemente en los próximos años haya un
número de alumnos inferior en cualquier tipo de actividad educativa, bien sea de carácter obligatorio, bien sea opcional, me refiero a estudios superiores de carácter universitario. En cambio, no descienden de forma significativa las deficiencias
que se producen y que se detectan, ni el número de quejas. Algo debemos estar haciendo mal cuando no somos capaces de corregir este defecto.



Y no hablemos de políticas sociales. Es cierto que estamos en una sociedad en la que la demanda de protección social crece como consecuencia de un proceso de vida más largo, de una expectativa de vida mayor, la universalización de la
sanidad así como de otra serie de medidas y de derechos fundamentales. Ante esta creciente demanda, tampoco somos lo suficientemente ágiles como para dar salida a todo este proceso, a este proceso que, por otra parte, también mide la calidad
democrática y la calidad de vida de un país avanzado.



Entiendo que la defensoría debe tener innumerables problemas a la hora de tipificar y valorar las quejas que se producen porque algunas son referentes al mismo asunto e incluso contradictorias y me gustaría poner en evidencia algunas. Es
cierto que hay colectivos de ciudadanos que expresan su queja por la señalización horizontal en pasos de cebra o porque las pinturas que se utilizan para estos casos significan un cierto peligro de deslizamiento, pero hay colectivos de ciudadanos
provenientes de las mismas comunidades que expresan también sus quejas cuando la señalización horizontal se ve deteriorada por el paso de los vehículos, por el paso del tiempo o por falta de mantenimiento por parte de las autoridades municipales,
con lo cual me parece que deben tener ustedes un cierto conflicto a la hora de clasificar el tipo de queja. Entre las quejas -y supongo que eso no se podrá evitar- unas hacen referencia a la objeción de conciencia, por qué no, otros ciudadanos
expresan su malestar. Por ejemplo, 1.213 reclamantes solicitaron la intervención del defensor para que se repitieran las últimas elecciones generales por entender que no se había permitido una emisión libre del voto. Supongo que esa es una
creencia lógica de la gente que lo ha reclamado.



Y supongo que no se podrán evitar ni éstas ni las 521 que hacen referencia a declaraciones de un líder político sobre su posición personal o la de su grupo parlamentario respecto a la posición de censura de la Iglesia Católica en cuanto a
cierto tipo de uniones, Además, entiendo que no se deben evitar, que la defensoría debe atenderlas, debe contestarlas. En definitiva, lo que hacen es poner de manifiesto una sociedad dual, muy dual, en la que incluso las opiniones son constatables
y merecen -y creo que eso hay que verlo con espíritu positivo- la atención de una institución tan importante como la nuestra.



Hablando de contrasentidos en las quejas, choca mucho, sobre todo a alguien que proviene del mundo rural, como es mi caso, que los colectivos proteccionistas acudan a la Defensoría para reclamar más y mejores medidas de protección del medio
natural, y que las agrupaciones de usuarios relacionados con actividades lúdico-deportivas, como puede ser el motocross, etcétera, presenten precisamente esas mismas quejas en el sentido contrario por las limitaciones que suponen en la utilización
de este espacio natural. O las de los diferentes colectivos relacionados también con el proteccionismo y el medio ambiente, que, desde posiciones más o menos ecologistas, mantienen y defienden posturas contrarias al incremento de líneas eléctricas
de alta o de baja tensión, teniendo en cuenta que estamos en una sociedad que evoluciona, con una demanda creciente de energía, y que no puede ser trasladada a puñados. Hay que regularla, evidentemente, pero si queremos alcanzar esas cotas de
bienestar, si queremos mejorar centros hospitalarios, si queremos mejorar colegios, si queremos mejorar la asistencia sanitaria, necesitamos una actividad económica generadora sobre el territorio, que deberá llevarse a cabo, lógicamente, con
sistemas de protección del medio ambiente, pero que no tengan un efecto limitador sobre esa actividad económica. O las quejas que se presentan respecto al incumplimiento de los Protocolos de Kioto por la falta de medidas de soporte a las llamadas
energías alternativas o renovables. O aquellas que me han llamado mucho la atención porque, a mi entender, suponen una contradicción flagrante, como la demanda de movimientos ecologistas, e incluso sociales no ecologistas, de protección del medio
rural, cuando, en algunos casos, colectivos semejantes se refieren a los derechos adquiridos en ese mundo rural a través de las ayudas públicas de la PAC. Por una banda se le pide al mundo rural que ejerza una acción proteccionista sobre el medio y
por la otra se le critica que dependa tanto de esta acción -de medidas agroambientales, de diferentes medidas protectoras- que dependa tanto de esta acción, por otra parte necesaria, porque el mundo rural gestiona aproximadamente el 80 por ciento
del territorio español


Podríamos extendernos mucho más. Creo que su informe ha sido exhaustivo, como siempre, como nos tiene acostumbrados, y, por tanto, tampoco es necesario incidir más en lo que usted ya ha insistido y en lo que la defensoría pone de manifiesto
en este informe.



Le garantizo que nosotros estamos dispuestos a colaborar con la defensoría y con el resto de los grupos políticos para, en la medida de lo posible, y siendo conscientes de lo que representamos en las Cortes Generales, avanzar en la
corrección de estos defectos crónicos, cuya detección parece fácil, pero no así su eliminación.



Señor Múgica, adjuntos y personal de la defensoría, bienvenidos a esta su casa.



Muchas gracias por todo.



Página 16


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Batlle.



Tiene la palabra el señor Puche, del Grupo Parlamentario Popular.



El señor PUCHE RODRÍGUEZ-ACOSTA: Muchas gracias, presidente.



Vaya por delante, señor Múgica, mi más cordial bienvenida, que hago extensiva, por supuesto, a los dos adjuntos, al personal de la Casa que hoy, además, tiene a bien acompañarnos a la presentación del informe anual que usted hace, a un acto
que yo considero uno de los más importantes que se pueden realizar en el Parlamento, como es la presentación de las quejas de los ciudadanos, la presentación de las posibles soluciones a sus quejas ante los representantes del pueblo en el Congreso y
en el Senado. Vaya por delante mi bienvenida -repito- a todos y, además, mi gratitud por la exposición del informe, que se nos ha hecho de forma resumida, lo que agradezco, puesto que su lectura prolija hace que uno se mueva en cauces procelosos
que hacen llegar incluso hasta la desesperación de ver la falta de tiempo.



En cualquier caso, señor Múgica, no tengo más remedio que, en la misma línea en la que usted ha comenzado, introducirme en la frialdad de los datos, pero la frialdad de los datos nos acerca, sin duda alguna, a la realidad del Defensor del
Pueblo, nos acerca, sin duda alguna, al ejercicio de su función y a cuál ha sido la actividad de la institución a lo largo de todo un año. El incremento que se refleja este año en el número de quejas -incremento importante: más de un sesenta y
tantos por ciento, creo recordar que el 68 por ciento- no me va a hacer caer en la demagogia fácil en la que, a lo mejor, antaño hubieran podido caer otros portavoces de decir que se ha deteriorado la Administración o que hay peor servicio público o
que se ha deteriorado el sistema económico; ni siquiera en la fácil demagogia de aludir a que ha podido existir, desde el principio de este año, un cambio de Gobierno. Nada más alejado de la realidad. Quiero mantenerme dentro de la sensatez y de
la cordura, pero también deseo decirle que el análisis de ese incremento de quejas no debe circunscribirse solamente al hecho de que la institución sea más conocida -que lo es, sin duda alguna-, al hecho de que la institución tenga más prestigio
entre los ciudadanos -que lo tiene, sin duda alguna, y lo va a seguir teniendo-. Hay que ampliar ese análisis, porque podemos encontrarnos con que en procesos de descenso en el número de quejas podamos decir que la institución es más conocida o más
prestigiada. Por tanto, sería conveniente introducir también la sensatez ya que nos movemos en una dinámica constante y, afortunadamente, permanente, dado el gran conocimiento que se tiene de la institución del Defensor del Pueblo y el prestigio
del que goza, y que los aumentos y los descensos se deben a circunstancias especiales, a determinados acontecimientos, como los que, por ejemplo, casi vienen reflejados en la distribución por sectores de las quejas tramitadas donde uno ve que el
sector de la inmigración abarca un número importante, o que entre éste, el de la Administración de Justicia y el de la Educación, abarcan prácticamente -entre los tres- el número total de quejas.



De acuerdo con esa normalidad, señor defensor del Pueblo, el informe sigue una línea que se mantiene constante respecto a los años anteriores, es decir, figuran menos mujeres que hombres, aunque se nota un cierto incremento, lo cual es
satisfactorio porque se ve el proceso de normalización de la sociedad española. Desde mi punto de vista, el hecho de que en el proceso de distribución territorial, sistemáticamente, se repitan más las quejas españolas en ciertas comunidades como
pueden ser Madrid, Andalucía, Valencia o Cataluña, etcétera, responde más al número de habitantes que al número de defectos que puedan producirse, puesto que son las cuatro comunidades más pobladas -insisto: Madrid, Valencia, Cataluña y Andalucía-
las que presentan un mayor número de quejas.



Respecto al resto del informe, en líneas generales, en mi grupo estamos satisfechos por ver que incluso sobre las quejas que se rechazan -en un porcentaje también muy similar al de años anteriores, en torno al sesenta y tantos por ciento- mi
grupo no tiene ningún comentario que hacer: no se han producido irregularidades, existen sentencias firmes sobre el caso, no habido violación flagrante de derechos fundamentales. Por tanto, no hay nada que decir desde ese punto de vista.



Y quiero introducirme rápidamente en el informe para suscribir o remachar algo que he escuchado en los dos informes a los que he asistido como portavoz -el año pasado y éste, pero también he hecho la lectura de años anteriores- y que me
preocupa profundamente. Me refiero a la Función Pública y el empleo, a la matización que usted ha hecho de las quejas sistemáticas, tradicionales, de las personas que se presentan a unas oposiciones para acceder a la Función Pública. Recojo hoy
clara y francamente esa falta de respeto a la igualdad, a la capacidad y al mérito que están consagrados en nuestra Constitución, porque entiendo que los que representamos a los ciudadanos, tanto en el Congreso como en el Senado, aquí tenemos cosas
que decir y sin duda alguna lo trasladaremos a los grupos parlamentarios para que puedan salir iniciativas enriquecedoras de cara a establecer algunas normas fundamentales.



En cuanto al incremento de presos que se aprecia este año, en línea con el año anterior, tampoco nos llama demasiado la atención porque ya dijimos el año pasado -y lo certifico éste- que la puesta en marcha de determinadas leyes que
endurecían la legislación -pedido ello también por la sociedad española-, como el cumplimiento íntegro de las penas, como los cambios de la libertad provisional en las leyes de enjuiciamiento criminal, como los juicios rápidos, como las actuaciones
en materia de violencia de género, etcétera, sin duda alguna incrementaría el número de reclusos, y esto seguirá produciéndose en los años sucesivos. Lo


Página 17


que pasa es que aquí hay un reto que exigir a la Administración: frente a ese endurecimiento de las leyes pedido por el ciudadano -administradas y en este caso aplicadas por el Gobierno y la Administración-, hay que exigir un mayor aporte
de medios materiales y personales. Y, desde luego, como diputados y representantes del pueblo tenemos la obligación de exigírselo a los que nos gobiernan e incluso también de proponer las medidas necesarias para que sean aprobadas por todos los
grupos parlamentarios en aras de esa mayor potenciación de los medios humanos y materiales.



Señor presidente, para ser respetuoso con el tiempo que se me da, quiero centrarme en algo que también me viene preocupando tremendamente desde el año pasado y que, señores diputados, lamentablemente, vengo apreciando en la lectura de los
informes con bastante frecuencia. El que la dilación y los retrasos en los procedimientos judiciales sea una constante en la presentación de todos los informes es intolerable, y todavía más que se incida en el Tribunal Supremo y en la Sala I y en
la Sala III. Digo que es intolerable, señor presidente y señor defensor del pueblo, porque algo tendremos que hacer; no podemos quedarnos simplemente todos los años con la queja sistemática del Defensor del Pueblo -muy bien reflejada, por
supuesto- y con la intervención de los que tenemos aquí la oportunidad de hablar.



Sinceramente, yo creo que la Administración de Justicia lo es cuando es cercana al ciudadano y además cuando es rápida, si no la Administración de Justicia no existe. Creo, asimismo, que el reconocimiento de un derecho que tiene el
ciudadano refleja también una obligación por parte de los poderes públicos. Y no es ni siquiera una aspiración retórica la que me lleva a este comentario -que podría serlo-, ni es una aspiración retórica del ciudadano, ni una aspiración doctrinal,
ni una aspiración teórica de recibir ese derecho a la Justicia, sino que es algo que se consagra en nuestra Constitución: ni más ni menos que el derecho a una justicia rápida sin dilaciones indebidas. Y, señor presidente, voy a detenerme en esta
cuestión porque quiero -y creo que puedo- hacer alguna reflexión y alguna aportación, si puede ser.



Señor defensor del pueblo, como eminente jurista que es -así como lo son los integrantes del equipo que le acompaña-, usted es conocedor de que el artículo 24.2 de nuestra Constitución Española habla del derecho de los españoles a tener una
justicia sin dilaciones indebidas. Mi pregunta y mi reflexión es qué ocurre cuando llegan a la defensoría las quejas tan continuadas por esta lentitud en la Administración de Justicia, se abre la investigación oportuna -como he leído detalladamente
en el informe- y posteriormente se le contesta al ciudadano que presenta la queja. ¿Qué se le dice al ciudadano? Porque estoy convencido de que el ciudadano no es conocedor del artículo 24.2 de la Constitución, si no no acudiría con tanta
frecuencia al Defensor del Pueblo, utilizaría los cauces legales que le da la Constitución. Y digo esto por lo siguiente: si tras la apertura de esa investigación, en la contestación que se le da al que presenta la queja se le informase de que el
artículo 24.2 de la Constitución Española le permite tener una justicia sin dilaciones, podríamos estar ayudando, primero, a que se agilizaran los trámites y, segundo, a la posibilidad de reducir las quejas ante el Defensor del Pueblo. No
tendríamos ni siquiera que limitarnos a decir al ciudadano: tiene usted la posibilidad de argumentar ante el Tribunal Supremo -por cierto, las actuaciones ante la Sala I las recogería el Tribunal Constitucional encantado, dicho sea de paso (El
señor defensor del pueblo, Múgica Herzog: ¡Claro, claro!.- Risas), lo digo simplemente como comentario-. En definitiva, argumentar al ciudadano: tiene usted la posibilidad del artículo 24.2 para que su procedimiento se agilice, sería una buena
medida a tener en cuenta y la pongo encima de la mesa. Y digo más, porque inquieto por este tema me he preocupado de leer a su vez las sentencias del Tribunal Constitucional y creo que sería conveniente que al informar al ciudadano de la
posibilidad de plantear el amparo del Tribunal Constitucional se le informara también del procedimiento normal del artículo 44.1.c) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para evitar los defectos de forma, porque luego el Tribunal
Constitucional dice en sus sentencias que de haberse dirigido al órgano correspondiente donde está la causa -bien sea el Tribunal Supremo, bien sea el tribunal ordinario que está encausando el tema- no se hubiera rechazado por parte del propio
Tribunal Constitucional. Es decir, váyase primero por el artículo 44.1.c) de la ley orgánica a denunciar el amparo en la correspondiente sala o en el correspondiente tribunal, y si no se ha reparado el daño y la lesión causados a ese ciudadano por
el procedimiento retardado, el Tribunal Constitucional dé sentencia favorable de derecho violado y, en cualquier caso, de agilización de su trámite.



Señor Múgica, le dejo encima de la mesa esta reflexión en el día de hoy.
Creo que puede agilizar, primero, que haya mucha información que se descargue de la defensoría y, segundo, que se puedan resolver muchos casos con sentencias
condenatorias al Estado en favor del ciudadano, que en definitiva es quien tiene el derecho, porque la obligación reconocida es la del Estado.



Y para terminar le voy a decir algo fundamental. En el informe se lee que cuando se abren las investigaciones y se acude a la Administración de Justicia ésta contesta que sí, que efectivamente es así, pero que no hay medios materiales, que
no hay medios personales y se carece de infraestructura. Pues bien, el propio Tribunal Constitucional en una sentencia -no me acuerdo exactamente, pero me parece que es la 232/99- dice que la falta de medios materiales, de recursos humanos y de
medios de infraestructura puede eximir al magistrado, pero en ningún caso puede eximir a la Administración,


Página 18


que tiene la obligación de no provocar dilación en el procedimiento judicial.



Me parecía interesante poner esta reflexión encima de la mesa por la preocupación que vengo observando a lo largo de todos los informes reiterada y sucesivamente, y si la defensoría informa a los ciudadanos -que desconozco si lo hace, por
eso se lo pregunto- de la posibilidad del amparo del artículo 24.2 de la Constitución, podremos resolver y agilizar muchos procedimientos que están, insisto, en el mundo del olvido o en casos como el que he visto leyendo el informe: con personas y
abogados del Estado a los que les parecen correctos los cinco y los 10 años del contencioso-administrativo.



Dicho esto, señor presidente, incido con el resto de los portavoces en que en la educación, la sanidad o los medios de comunicación coincidimos plenamente con el informe y no tenemos nada más que aportar. Simplemente nos ponemos una vez más
a su disposición como grupo parlamentario y cogeremos estas ideas para llevarlas a los órganos a los que representamos -como son el Congreso y el Senado- para que sean iniciativas que redunden en beneficio de los ciudadanos. Le hemos puesto esta
reflexión encima de la mesa por si hace uso de ella y por si tiene a bien considerarla. Como digo, le agradezco el Informe, la exhaustividad, la imparcialidad y el equilibrio del mismo, dando cordialmente la bienvenida a todo el equipo y
felicitándoles a todos en general.



Muchísimas gracias, señor presidente. Quedo atento a las respuestas que me pueda facilitar.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Puche.



Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Salazar.



La señora SALAZAR BELLO: Muchísimas gracias, señor presidente.



Doy la bienvenida al señor defensor del pueblo y a todo su equipo, pues realmente estamos encantados de volverlos a tener aquí, sobre todo porque la actividad que van realizando durante un año se refleja en un montón de recomendaciones,
resoluciones y sugerencias, recordatorios de deberes legales que tenemos como políticos y también como responsables.



Desde el Grupo Parlamentario Socialista, quisiéramos decir que su informe nos crea un debate, una fijación de ideas y de posicionamientos ideológicos, pero también cualifica y califica las funciones de un Gobierno que ha estado en funciones.
Considero que este informe ha favorecido el que le pueda señalar las actuaciones por parte del Partido Socialista, del Gobierno socialista y del señor Rodríguez Zapatero, que ha recogido sus recomendaciones, sus alegaciones y sugerencias y ha puesto
en movilidad su gran paquete de Gobierno.



Así pues, también podemos entender, por supuesto desde nuestro punto de vista, en los últimos períodos el Partido Popular no atendía estas reclamaciones y demandas que pedía usted desde el Defensor del Pueblo porque quizás estaban muy
alejadas de la sociedad real, de la ciudadanía que están pidiendo que se realizaran no esa minoría que les apoyan constantemente sino esa gran mayoría que fue capaz de hacer cambiar a un gobierno.



Dentro de su informe, nos llama la atención la valoración global del número de quejas; el incremento no nos importa porque estimamos, como el resto de los grupos, que representa un fortalecimiento de la personalidad de la Institución, en la
que los ciudadanos confían cada día más. Pero sí nos llama la atención una parte especial, que son las quejas colectivas, pues ha habido un incremento de 10.000 y por ello nos gustaría que usted nos explicara cuál ha sido el fenómeno que ha
producido este incremento.
Hay una en especial que me gustaría que nos contestara, que es la queja que presentan 581 ciudadanos en relación al retraso por parte de la sección consular de Pekín en la inscripción de menores adoptados. Me gustaría
saber cuál es la situación actual en la que se encuentra esta queja.



Es muy llamativo para nosotros, el Grupo Parlamentario Socialista, que todavía existan administraciones hostiles -sean nacionales, autonómicas o locales- y sobre todo que existan algunas asociaciones y colegios de abogados que sean hostiles
y entorpezcan su trabajo, a pesar de que saben que tienen la voluntariedad de cumplir con urgencia y preferencia sus demandas. Por ejemplo, sigue habiendo dos colegios de abogados que todavía, al finalizar este informe, estaban sin contestar a sus
demandas, como es el Colegio de Abogados de Ávila y el de Lanzarote, y es realmente llamativo que una organización que obliga a la enseñanza de una leyes y al cumplimiento de éstas sea la primera que no cumplen con ellas.



Cuando hablaba de la diferencia entre los gobiernos de diferentes ideologías y los cambios efectuados por el Partido Socialista, he tratado de recoger dentro de su informe los ministerios que, desde mi punto de vista, considero que reflejan
más la situación real, social de nuestros ciudadanos, y por eso he citado unos ministerios que refleja absolutamente el interés del Gobierno socialista en recoger sus recomendaciones y actuar. Entre ellos, quisiera citar primeramente al Ministerio
de Sanidad y Consumo, que es uno de los que recogía año tras año múltiples quejas, al igual que en éste, y trató de actuar y solucionar sus demandas con una premura y eficacia bastante importantes.
Y no solamente actúa a nivel de la asistencia
sanitaria en sí, sino que actúa en otros puntos, como es el cumplimiento de aquellas demandas que usted nos hacía.



Una de las leyes más importantes que van a entrar en vigor este año es la ley de dependencia. Exactamente el Ministerio de Sanidad junto con el Ministerio de Trabajo fue capaz de elaborar el Libro Blanco de atención a las personas en
situación de dependencia, que fue presentado después.
Posteriormente, le puedo hablar de un


Página 19


apartado muy importante que usted ha tocado y que en este momento supone una crisis económica financiera importante de las autonomías, donde la sostenibilidad financiera en el Sistema Nacional de Salud se está poniendo en marcha desde el día
22 de junio con la Comisión Interministerial. También se ha creado tras la Conferencia de Presidentes un grupo de trabajo que analice el gasto sanitario -es la primera vez que se está trabajando en ello-; convenios de incapacidad temporal, que
habían quedado rotos por el Partido Popular desde el año 2002 y que nos permite, mejorar la eficacia y la eficiencia de la dotación a las comunidades autónomas entre 88 y 277 millones de euros que van a aumentar las arcas del Estado en las
comunidades autónomas.



En cuanto a un apartado que usted ha mencionado que es muy importante, que es el empleo, le puedo decir que el Ministerio de Sanidad en este año ha realizado la consolidación de la Oferta Pública de Empleo para acabar definitivamente con la
inestabilidad laboral del sector público sanitario y no sanitario.



Respecto a la política farmacéutica, tengo una noticia muy buena -recogida ayer del Ministerio de Sanidad-, y es que el gasto sanitario farmacéutico crece en marzo solamente el 0,03 por ciento. Ésa es una demanda que usted hacía, porque el
precio de los medicamentos era excesivo para los ciudadanos. El Ministerio de Sanidad, por medio de Farmacia y las políticas farmacéuticas, la logrado una disminución del precio de los medicamentos en un 4,2 por ciento -que es el Real Decreto de
diciembre que entró en vigor a partir del 1.º de marzo- y los resultados los tenemos ahora.



Otro apartado que usted enuncia varias veces en su informe es la investigación. Se ha creado el anteproyecto de Ley de Reproducción Asistida y el inicio de una ley de investigación de biomedicina. Así pues, se inició el Real Decreto para
ampliar el número de ovocitos fecundados por ciclo -que usted demandaba se insistiese sobre ello-, y, además, nace un nuevo real decreto para la utilización de los ovocitos ya fecundados sobrantes para proyectos de investigación, lo que ha permitido
en España iniciar la investigación con células madres. Esto quiere decir que a la vez hemos firmado unos convenios con las comunidades autónomas -usted conoce perfectamente cuáles son- para mejorar el conocimiento de enfermedades tan importantes
como la diabetes, que afecta a 2.400.000 ciudadanos españoles, y se está trabajando con las células madre en este estudio. Igualmente, en la enfermedad del Alzheimer y otras demencias que afectan a 800.000 ciudadanos, el Ministerio de Sanidad,
junto con las comunidades autónomasn, está trabajando en la investigación científica con células madre para poder saber cuáles son las causas y cómo se podrían evitar esas enfermedades.



Por último, dentro del Ministerio de Sanidad, querría enumerarle algo muy importante. Por primera vez se ha constituido la Comisión de Sanidad con expertos y se han publicado todos los datos globales del territorio del Estado español sobre
la situación de las listas de espera de patologías quirúrgicas. Por supuesto que han descendido de manera importante, sin embargo, la situación sigue siendo grave. Hay comunidades como, por ejemplo, la mía, donde hay listas de espera quirúrgicas
por encima de los dos años, lo que sucede es que son datos globales que han rebajado los datos de las comunidades autónomas. Sin embargo, las listas de espera tanto diagnósticas como terapéuticas se mantienen por encima de los dos años, como usted
mismo señalaba. Por eso, desde el Partido Socialista nosotros decíamos que un botón es la muestra de un buen hacer y exactamente esto es un ministerio que demuestra que cuando uno tiene deseo político, voluntad política y conocimiento de la
situación real es capaz de hacer. A pesar de que desde el Partido Popular y el Consejo Interterritorial trataron de bombardearnos constantemente, el Ministerio de Sanidad ha sido capaz de sacar todos estos proyectos que están funcionando y,
posiblemente, dentro de un año veamos los resultados.



Como contrapartida, le voy a hablar de un tema que a usted le preocupaba muchísimo. En el Informe del año 2003 denunciaba que estaba sumamente preocupado -y lo clasificaba como un anormal funcionamiento y muy preocupante- por el traslado de
los pacientes en la Comunidad de Madrid, y anunciaba en el año 2003 que iba a realizar una investigación de oficio. Exactamente usted añade en el informe de este año que realizó un elenco de regulaciones, recomendaciones e ideas para poder
solucionar este problema, que este fin de semana ha vuelto a salir en la prensa de la Comunidad de Madrid, donde los alcaldes de una zona muy importante se posicionan otra vez en contra de la situación de la asistencia sanitaria y del transporte
sanitario de la Comunidad de Madrid. Exactamente usted afirmaba que había hecho ese elenco de recomendaciones, pero que al revisar el año 2004 volvían a aparecer datos muy constatados de que un ciudadano cuyo médico de atención primaria hubiera
decidido su traslado a un centro hospitalario tardaba por encima de las siete horas de espera, a pesar de haber trabajado con la Comunidad de Madrid, a pesar de haber hablado con el consejero de Sanidad de Madrid y a pesar de haber abordado
igualmente a la presidenta de la Comunidad de Madrid. En el Grupo Parlamentario Socialista nos gustaría conocer las recomendaciones del defensor del pueblo a la Presidencia de Madrid sobre transporte sanitario urgente.



Enunciaba usted que la justicia tenía una deuda enorme con la sociedad; opinamos como usted: no hay justicia si es lenta. Tengo una queja suya sobre la falta de información y el trato inadecuado que padecían las víctimas de delitos; y
ponía como ejemplo, sobre todo, la falta de información a la víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual. En una ley de 1995, que fue modificada después, se señalaba perfectamente cómo se debían tramitar las ayudas que podían recibir
estas víctimas. A este respecto, nos da usted un dato abrumador:


Página 20


590.000 personas fueron víctimas de delitos, desde el homicidio hasta malos tratos, y no recibieron ayuda alguna; sólo 540 personas fueron informadas sobre su derecho a solicitar estas ayudas, y sólo el 0,1 por ciento de ellas fueron
capaces de cumplimentar la petición; una cifra muy restringida. Sin embargo, he visto que, tras ponerse usted en contacto con los responsables, se habían restablecido y mejorado los protocolos.



Por mi parte, puedo darle buenas noticias, aunque todavía es pronto para hacer una evaluación completa; usted mismo considera que la justicia ha evolucionado notablemente, aunque hay que esperar para saber cuánto. Se han creado 250
unidades judiciales; se ha revisado la plantilla del Ministerio Fiscal, aumentándola en 135 unidades mediante el Decreto 2004 de especialización del Ministerio Fiscal en materia de género, y en cada fiscalía habrá una sección contra la violencia de
género, tanto en los tribunales superiores como en las audiencias; y, aún más importante, habrá 430 juzgados que entenderán en la materia, 16 de ellos de forma exclusiva. Igualmente, hay equipos de trabajo para poner en marcha los juicios rápidos,
y se hará una experiencia piloto en cuatro comunidades: Galicia, Andalucía, Valencia y Madrid. Así se podrán agilizar los juicios. La justicia lenta no es justicia, decía usted, y nosotros pensamos lo mismo, como le he dicho. Y el aserto tiene
más razón en el caso al que se refería del Tribunal Supremo, en el que un ciudadano lleva más de 10 años esperando la sentencia.



Igualmente importante en 2004 fue la aprobación del reglamento de la Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal del menor, que ha establecido algo que usted había demandado con urgencia: que se desarrollara la ley. El Gobierno
socialista lo ha hecho posible. Se ha establecido el régimen disciplinario de los centros y nuevos mecanismos para la reinserción, pero, a pesar de todo, pensamos como usted que hay que extremar la vigilancia sobre la reinserción y la protección de
los derechos de este colectivo de menores. No quiero olvidar lo que nos cuenta que sucedió en el momento del cierre de su informe: su demanda de cierre de un centro de menores de Melilla, que sigue abierto. Es algo muy grave; las instituciones y
las administraciones tienen que escucharle y tienen que responder a sus reclamaciones.



Hay un apartado muy especial sobre el que quiero preguntarle.



El señor PRESIDENTE: Señora Salazar, ha excedido con mucho el tiempo que le correspondía. Le ruego que vaya resumiendo.



La señora SALAZAR BELLO: Una última pregunta; es de género y no quisiera dejar de formularla. Nos gustaría conocer su opinión sobre el proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros, por el que se modifica el Código Civil en materia
de separación y divorcio. Por ella desaparece la obligación de aducir una causa para romper la unión, hay acceso directo al divorcio sin período de separación, y se regula la custodia con plena garantía de los derechos de los menores. Además y muy
importante, se acortan los trámites y se reducen las costas. ¿Cree usted, señor defensor del pueblo, que esta modificación del Código Civil puede mejorar notablemente las tensiones de convivencia que ha mencionado y las dificultades de los
tribunales de justicia?


Permítame, señor presidente, hacer una última observación sobre las jornadas institucionales con los defensores del pueblo de las comunidades autónomas, uniéndome a una petición de ellos: la defensa de nuestros mayores; que se les trate
dignamente y se contribuya a su cuidado y dignidad personal. Hay ocho puntos, apoyados en el artículo 50 de la Constitución y en declaraciones de Naciones Unidas. Para 2005, el Partido Socialista tiene proyectado aprobar la ley y solucionar todos
estos problemas.



Muchas gracias, señor presidente; muchas gracias, señor defensor del pueblo.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Salazar.



Tiene la palabra el señor defensor del pueblo, para contestar a todas las peticiones de sus señorías.



El señor DEFENSOR DEL PUEBLO (Múgica Herzog): Quiero agradecer a todos las buenas palabras que han dirigido a nuestro equipo, y que se corresponden con la realidad. Somos un equipo que trabaja de forma colegiada, y el hecho de proceder de
horizontes culturales y políticos diferentes nos ha permitido trabajar con comodidad e independencia; quiero decir que no ha habido diferencias en la institución del Defensor del Pueblo. Esto es imprescindible, por otra parte, en una organización
como la nuestra.



Se ha ido mi compatriota -perdonen la licencia: él es bilbaíno, y yo donostiarra-, el señor Maqueda, que me ha hablado de varias cosas; entre ellas, de la visita a ciudadanos españoles que cumplen penas en cárceles extranjeras. Los
cónsules españoles tienen que visitarles por imperativo legal, para ver la situación en que se encuentran, y tienen que aportarles incluso lo que antes se llamaba un viático. Son numerosos los viajes que hace nuestra institución al extranjero, en
función de relaciones con nuestras homónimas en el exterior. Este es un asunto que corresponde a la Adjuntía Primera, y doña María Luisa Cava de Llano -adjunta primera- visita siempre que va al extranjero a los españoles que cumplen pena en estos
centros, y cuando hay que presentar denuncias las presenta. Como es tan cristiana, va como una visitadora mercedaria.



Don José María Batlle hablaba de los males de la patria. Evidentemente, los males de la patria son crónicos; por eso hay tantas repeticiones en nuestro informe. Por nuestra parte, tratamos de distinguir entre el tópico y lo posible, y se
consiguen cosas. Ahora bien, en cuanto al ejemplo de la Ley Orgánica penitenciaria y la


Página 21


consecución de un preso por celda, eso lo votaron gozosamente por unanimidad en tiempos de la UCD, bajo el Gobierno de don Adolfo Suárez, pero es imposible llevarlo a cabo. Yo lo he experimentado dentro, y fuera como ministro: es
imposible. Cuando estaba preso -he sido cocinero antes que fraile- había tres por celda; ahora se hace un esfuerzo notable creando centros penitenciarios, pero es imposible llegar. Por otra parte, va aumentando la delincuencia; este es un país
que prospera, que se desarrolla, y a un panal de rica miel acude la gente. Quiero decirle que siempre habrá diferencia entre el número de presos y el cumplimiento de la Ley penitenciaria. Es un problema que sufren todos los gobiernos, sean del
signo que sean: lo sufrió el Partido Socialista, lo sufrió el Partido Popular y lo sufrirán todos; yo no tengo muchas esperanzas. Ahora bien, dejando aparte la cronicidad del problema, hay que tener en cuenta ciertas concreciones: si se ha
aceptado el 69 por ciento de las recomendaciones y sugerencias del defensor del pueblo sobre temas puntuales y se han corregido las deficiencias, eso es bueno. Perseguir la utopía les corresponde más bien a los partidos políticos; a nosotros, aun
sin perder de vista la utopía, nos interesa subrayar los logros.



Mejora de las condiciones penitenciarias; aquí encaja también lo que he dicho. Ayer nos visitó la adjunta al defensor del pueblo de Suecia. Vino con un equipo numeroso para visitar las cárceles españolas, para ver cómo están los centros
penitenciarios, y había visitado ya centros penitenciarios de otros países. Pues bien, no es un consuelo, pero nuestros penitenciarios son bastante mejores que los de otros países europeos. Yo señalo los males, desde luego, pero en otras partes
están peor; los nuestros son mejores. Recuerdo que en 1988 ó 1989, cuando las cárceles dependían del Ministerio de Justicia -que es donde debían estar, no en el Ministerio del Interior-, vino un hombre del Ministerio del Interior británico -allí
las cárceles sí dependen del Ministerio del Interior- y nos dijo que en lugar de cárceles teníamos centros vacacionales. Pues mire usted, centros vacacionales para que lo pasen lo menos mal posible los funcionarios.



Ayer, la defensora del pueblo de Suecia nos dijo que la situación de los centros penitenciarios españoles había experimentado una mejora en comparación con los de otros países, aunque eso no nos sirve de consuelo.



Se ha referido también a las quejas sobre las últimas elecciones generales para que se repitan porque se ha hecho mal. Ocurre lo mismo que con las más de treinta mil quejas que recibimos sobre lo de Iraq. Este no es un problema nuestro,
sino político. Nosotros tenemos los problemas públicos.
Esos temas dependen del Gobierno y del Parlamento y, por tanto, deben plantearse ahí a través de las correspondientes comisiones de peticiones.
Ahí no podemos marcar ningún criterio porque
no estamos facultados para ello.



Finalmente, el señor Batlle dice que nos anima a avanzar en la solución.
Seguro que con la colaboración de todos ustedes seguiremos avanzando en la solución, aunque yo diría avanzar en las soluciones, no en la solución. Yo tiemblo cuando
se habla de la solución, sobre todo cuando considero que los nazis asesinaron a seis millones de judíos por aplicar la solución.



Paso a contestar a don Gabino Puche, que se ha referido al incremento de las quejas. Evidentemente, cada vez hay un mayor número de quejas. A lo mejor el año que viene es menos. Yo he sido defensor del pueblo con dos gobiernos de distinto
signo político, y eso no significa que las cosas vayan mal, sino que las cosas progresan porque el país progresa. Lo que pasa es que los ciudadanos sienten que sus derechos son menospreciados -no vulnerados, que para eso están los tribunales- y
vienen a la Institución del Defensor del Pueblo para que sean restituidos en su plenitud. Quizá el menosprecio se refiere a una prepotencia de la Administración, que debe ser sancionada o advertir a la jerarquía o superioridad de ese funcionario
que hace mal las cosas. Además, los ciudadanos tienen confianza en la Institución.



Hay quejas por el ingreso en la Función Pública porque hay elementos incorrectos en los procesos selectivos a través de las oposiciones. No es un problema que se dé en la Administración Central ni en la Autonómica -se da, pero menos-, sino
en la Administración Local, donde es verdaderamente llamativo. Es lo mismo que cuando se habla de los defectos del urbanismo y se meten con las comunidades autónomas o el Gobierno de la nación, cuando realmente deberían meterse con los
ayuntamientos, que son los que tienen las competencias.



Volviendo a la Función Pública, debo decir que, igual que en sus tiempos uniformaron a todos los policías municipales y los vistieron de policías británicos, hemos pedido que se haga un estatuto del opositor para que sepan los derechos que
tienen y conozcan los deberes de la administración, sobre todo la municipal. Eso puede homogeneizar los derechos del opositor en su intento de acceso a la Función Pública municipal.



La administración penitenciaria, don Gabino, evidentemente tiene que tener más medios personales y materiales. Nosotros sólo podemos insistir en eso, en medios personales y materiales, así como que se hagan más cárceles y se cumpla la Ley
Orgánica Penitenciaria en lo que sea más necesario.



En cuanto a jueces y magistrados, tenga en cuenta que nosotros estamos limitados. Hay dos aspectos de la Justicia: su organización administrativa y la potestad de la independencia del juez. Cuando se habla de que la Justicia debe ser
independiente no se debe entender que es el colectivo de jueces, sino que cada juez, cada magistrado es independiente. Ahí, afortunadamente, nuestro acceso está restringido en cuanto a la independencia porque si no, no sería independencia. Tiene
que ser el Poder Legislativo e incluso el Poder Ejecutivo, aunque no pueden perturbar la independencia. ¿Qué


Página 22


vamos a hacer nosotros? Lo que sí podemos hacer es reclamar más medios, y lo hacemos continuamente.



En España el problema de los medios materiales y personales es terrible. A veces hay un desfase y no sé lo que pasa con los gobiernos de nuestro país. Me refiero, por ejemplo, al problema diplomático. Qué duda cabe que España es un Estado
mucho más fuerte, vigoroso y desarrollado que lo era bajo el franquismo, y el cuerpo diplomático tiene más trabajo que hace 25 ó 30 años, porque ha pasado de ser un servicio protocolario-diplomático a un servicio diplomático. Pues bien, tenemos el
mismo número de diplomáticos que hace 30 años, situación que se ha mantenido por todos los gobiernos que han pasado por la democracia. Digo esto como ejemplo a aplicar a medios personales. En mis tiempos de ministro procuré hacerlo mejor, como
todos los ministros, pero siempre estamos con estos trámites y barreras presupuestarias.



El artículo 24 de la Constitución Española, al que usted ha aludido, se refiere a la tutela judicial efectiva, pero debe ser efectiva y rápida, porque si no es rápida, si se demora, ya no es ni justicia ni nada, porque ha pasado el plazo y
todo se ha arreglado bien por la muerte o bien por el paso del tiempo.



Evidentemente, como dice usted, la conculcación de la tutela judicial efectiva es susceptible de interposición de un recurso de amparo. Aquí viene la madre del cordero, porque hay muchos recursos de amparo en el Tribunal Constitucional, por
lo que es como la merluza que se muerde la cola. Por una parte hay recursos de amparo relacionados con el artículo 24 y, por otra, esos recursos son tan numerosos que son agobiantes y taponan el propio funcionamiento del Tribunal. De ahí viene lo
que usted ha aludido, es decir, esa diferencia que existe entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Como toda vulneración de derechos fundamentales pasa al Tribunal Constitucional si el ciudadano lo quiere, habrá que determinar qué es
derecho fundamental, porque para el ciudadano puede ser cualquier cosa, pero el hecho de interponer recurso de amparo tapona absolutamente el Tribunal Constitucional porque no está objetivado en norma dicho recurso de forma debidamente justa y
tasada.



Los juicios rápidos son importantes y creo que se ha hecho un gran esfuerzo. Recuerdo que yo inicié esto en 1988 con el procedimiento abreviado en materia penal, y yo estaba encantado cuando se decía que los juicios se iban a terminar
rápidamente, pero después metieron una coletilla porque a través del procedimiento abreviado se impuso la pena en el banquillo, de manera que hubo gente a la que no se procesó pero se les imputó, y estuvieron meses y meses imputados, y en una
sociedad mediática como la nuestra imputado es casi como procesado. En definitiva, estimo que los juicios rápidos ha sido una promesa de los gobiernos durante los últimos años y creo que es bueno que se haga de forma intelectualmente rigurosa.



Respecto a las quejas colectivas, cómo son, por qué se hacen, voy a referirme a dos casos. Por ejemplo, hay una queja colectiva de 7.000 psicólogos. Evidentemente, si sumásemos todas las individuales aumentaría enormemente su número,
aunque eso no tiene mucho sentido. Al respecto, un excelente defensor del pueblo, que no voy a decir quién es, manifiesta que las llamadas telefónicas son quejas y las suma como tales. Nosotros no hacemos eso. Por tanto, agrupamos esas 7.000
quejas en una colectiva.
Se trata de 7.000 psicólogos que reclaman que, mediante la Ley de ordenación de las prestaciones sanitarias, se considere prestación sanitaria el trabajo del psicólogo. Y el otro caso es el de 2.000 personas que reclaman
la modificación de la Ley de supervisión de los seguros privados.



En cuanto a las listas de espera, ya expusimos ante esta comisión un estudio monográfico sobre el asunto. Y alguna comunidad -y no digo cuál para no favorecer a una, en detrimento de las demás-, como consecuencia del mismo, ya ha actuado
fijando en seis meses el tiempo máximo en la lista de espera. Por tanto, aquel estudio que realizamos y les presentamos a ustedes ya está empezando a ser seguido.



Respecto al transporte sanitario en Madrid, como consecuencia de las recomendaciones hechas, se sacó a concurso la prestación de este servicio, habiendo descendido de forma significativa el número de quejas al respecto. Además, creo que se
va a seguir en todas las comunidades.
Existen transportes que no cumplen con todas las obligaciones que dimanan del concurso, pero se terminará por hacer así en todas ellas.



Finalmente, en cuanto a los ciudadanos que exponen sus problemas sobre la inscripción de niños adoptados en China, en primer lugar, en cuanto al crecimiento exponencial en las adopciones, se ha pasado de 20 niños a más de 2.000, lo que hace
que el personal sea escaso para tramitar las inscripciones, aunque también ha aumentado su número. Pero existe una dificultad, ya que es exigencia de las autoridades chinas que estos niños salgan para España con visado, ante lo que el Ministerio de
Asuntos Exteriores ha comunicado que este requisito ineludible indudablemente ralentiza el proceso.



Creo que he contestado poco más o menos a todo lo manifestado.



Como en las antiguas comedias, sean benévolos con los actores. Les agradecemos a todos enormemente, de verdad, de corazón, la colaboración que mutuamente llevamos a cabo y haremos que los elogios, y no las críticas, sean para nosotros un
incentivo para trabajar más y mejor.



Gracias.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Múgica. (El señor Puche Rodríguez-Acosta pide la palabra.)


Tiene la palabra el señor Puche.



Página 23


El señor PUCHE RODRÍGUEZ-ACOSTA: Gracias.



Señor presidente, no puedo pasar por alto la intervención de la portavoz del Grupo Socialista, desde mi punto de vista lamentable, demagógica e irresponsable, que pone de manifiesto un nuevo talante en esta comisión, que me preocupa que sea
el talante del Partido Socialista, porque me preocuparía menos que fuese el talante de la señora portavoz, ya que ha abierto una espita muy peligrosa en esta comisión.



Creo que ha equivocado el foro y ha equivocado el discurso, puesto que se trataba de hacer un análisis del Informe del Defensor del Pueblo. Creo que en absoluto procedía una crítica velada al Gobierno del Partido Popular, cuando además es
una intervención poco rigurosa y poco leída, puesto que el Defensor del Pueblo a lo largo de todos los años muestra su satisfacción en un 65 por ciento de las recomendaciones atendidas -no lo digo yo, lo dice el defensor del pueblo-.



Por tanto, no se puede hacer esa intervención demagógica y falsa, que puede motivar al engaño y que insisto que ha abierto una espita muy peligrosa, y es que a partir de este momento la presentación del Informe del Defensor del Pueblo ante
esta comisión no será el foro adecuado, como hasta ahora, donde veníamos a entendernos, a dialogar con la institución y entre todos los grupos políticos para intentar solucionar problemas. A partir de este momento se va a convertir en un arma
arrojadiza contra el Gobierno de turno.



Por tanto -insisto-, lo lamento muchísimo y me voy triste de esta comisión, porque se ha roto un consenso existente desde el año 1982. Creo que el revisionismo que la portavoz del grupo socialista ha hecho de la labor del Grupo Popular
también se producirá desde aquella época de los gobiernos del Partido Socialista y, por tanto, a partir de ahora nos tiraremos a la cara el informe del Defensor del Pueblo, en función del gobierno de turno, precisamente habiéndole abierto otro
camino en mi primera intervención al decirle que yo no iba a caer en esa posibilidad de hacer demagogia.



Por tanto, señor presidente, lamento muchísimo esa intervención, lamento muchísimo que se haya abierto esa espita y que a partir de este momento el informe de años sucesivos vaya a servir para una lucha política en esta comisión, para lo que
no es, evidentemente, el foro adecuado.



Gracias.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.



Quiero intervenir para rogar a todos los miembros de la comisión que volvamos a la normalidad de lo que ha sido hasta ahora esta comisión, y se lo pido formalmente a todos.



Creo que es una comisión para la reflexión, para un cierto examen de conciencia sobre lo que es la Administración y lo que es la vida y la actividad parlamentaria y la vida democrática. Es una comisión donde algunas de las cosas que no
funcionan cabe la posibilidad de que puedan ser vistas de forma transparente.



Por tanto, les pido a todos que hagan un esfuerzo para mantener esta comisión en los términos que nos han dado buenos resultados, que sea un foro de debate y también un observatorio de lo que es la realidad de los derechos en el Estado
español. Les hago la petición formal, sin entrar en valoraciones de comentarios, de que mantengamos en sus justos términos lo que es el motivo y la finalidad de esta comisión. Imagino que el defensor del pueblo estará completamente de acuerdo con
mi petición. (El señor defensor del pueblo, Múgica Herzog: ¡A las órdenes del presidente!) Apelo a la seriedad y al rigor que han demostrado ya en muchas ocasiones para que esto vuelva a sus cauces. Una actuación no marca una tendencia, sino que
sólo es puntual. De ahí que les pido a todos que vuelvan a los cauces normales y que ésta sea la Comisión del Defensor del Pueblo que todos los ciudadanos y todos los políticos de este Parlamento y de estas Cortes merecemos.



Si no hay otra petición de palabra, que agradezco que no la haya, doy por levantada esta sesión.



Eran las trece horas y cincuenta y cinco minutos.