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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 291, de 16/10/2007
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2007 VIII Legislatura Núm. 291
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 269
celebrada el martes, 16 de octubre de 2007
ORDEN DEL DÍA:
Retirada del orden del día... (Página 14304)
Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes:
- Real Decreto-ley 8/2007, de 14 de septiembre, por el que se modifican determinados artículos de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada. ('BOE' núm. 225, de 19 de septiembre de 2007.) (Número de expediente 130/000048.)...
(Página 14304)
Exclusión del orden del día... (Página 14313)
Prórroga de plazo... (Página 14313)
Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes. (Votación.)...
(Página 14313)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
- Del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre disponibilidad de la propia vida (Orgánica). 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 68-1, de 23 de abril de 2004. (Número de expediente
122/000057.)... (Página 14314)
Proposiciones no de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la ilegalización de Acción Nacionalista Vasca y la disolución de las Corporaciones locales en las que gobierna. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 600, de 14 de
septiembre de 2007. (Número de expediente 162/000622.)... (Página 14324)
- Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre atención al parto. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 609, de 28 de septiembre de 2007. (Número de expediente 162/000627.)... (Página
14330)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Oramas), sobre las medidas previstas por el Gobierno para abordar la problemática de los menores inmigrantes no acompañados que llegan de forma irregular. (Número de expediente 173/000218.)...
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que el Gobierno dé cuenta del grado de cumplimiento de sus compromisos en materia de vivienda. (Número de expediente 173/000219.)... (Página 14342)
- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), sobre las medidas a adoptar por el Gobierno para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos para ejecutar la Ley 21/2005, de 17 de noviembre, de restitución a la Generalidad de
Cataluña de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española y de creación del Centro Documental de la Memoria Histórica. (Número de expediente 173/000220.)...
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
Retirada del orden del día... (Página 14304)
La Presidencia informa a la Cámara de que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha retirado la toma en consideración de su proposición de ley de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados por la que se crea una nueva
comisión legislativa permanente sobre seguridad vial.
Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes... (Página 14304)
Real Decreto-ley 8/2007, de 14 de septiembre, por el que se modifican determinados artículos de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada... (Página 14304)
El señor ministro del Interior (Pérez Rubalcaba) expone ante la Cámara que el real decreto ley que hoy trae a la Cámara para su convalidación modifica la Ley 23/1992, de Seguridad Privada, con la finalidad esencial de dar cumplimiento a la
sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 26 de marzo de 2006. La Ley de Seguridad Privada regula la prestación por personas privadas físicas o jurídicas de servicios de vigilancia y seguridad de personas o de bienes, que
tienen la consideración de actividades complementarias y subordinadas en relación con las de la seguridad pública. Para la prestación de estos servicios la ley establece una serie de requisitos que deben cumplir tanto las empresas como el personal
de seguridad. El Gobierno español en todo momento ha mantenido que existen imperiosas razones de interés general que justifican el control e intervención administrativa en el sector de la seguridad privada, y así lo ha manifestado en reiteradas
ocasiones a la Comisión Europea, pero el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en sentencia de marzo de 2006 consideró que la Ley de Seguridad Privada era contraria al derecho comunitario por cuanto los requisitos exigidos en España
suponían restricciones a la
libertad de establecimiento y libre prestación en el marco de la Unión Europea.
Expone las modificaciones a llevar a cabo que afectan a determinados artículos de la Ley 23/1992.
Finaliza señalando que la seguridad y la garantía de las condiciones del servicio han sido los ejes sobre los que se ha llevado a cabo la reforma, solicitando de la Cámara la convalidación del real decreto-ley.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los señores Beloki Guerra, del
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Cerdà Argent, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Guinart Solá, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y las señoras Torme Pardo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
y Hermosín Bono, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Exclusión del orden del día... (Página 14313)
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento, la Presidencia somete al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día de la presente sesión del punto 35, correspondiente a las enmiendas del Senado al proyecto de Ley
de calidad del aire y protección de la atmósfera, lo que se aprueba por asentimiento.
Prórroga de plazo... (Página 14313)
La Presidencia somete al Pleno de la Cámara la prórroga del plazo otorgado a la subcomisión sobre la reforma del servicio exterior, constituida en el seno de la Comisión de Asuntos Exteriores para rendir informes, hasta el final del presente
periodo de sesiones, lo que se aprueba por asentimiento.
Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes. (Votación.)...
(Página 14313)
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 8/2007, de 14 de septiembre, por el que se modifican determinados artículos de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, se aprueba por 173 votos a favor y 124
abstenciones.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley, se rechaza por 130 votos a favor, 155 en contra y 12 abstenciones.
Toma en consideración de proposiciones de ley... (Página 14314)
Del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre disponibilidad de la propia vida. (Orgánica.)... (Página 14314)
La señora García Suárez presenta, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, esta proposición de ley.
Señala que con esta iniciativa su grupo pretende modificar el artículo 143.4 del Código Penal
para la despenalización de la eutanasia, concretamente para la despenalización de aquellas personas que mediante actos necesarios o de cooperación activa permitiere, propiciare o facilitare la muerte digna y sin dolor de otra persona a petición
expresa, libre e inequívoca de esta, en caso que sufriera una enfermedad grave que hubiera conducido necesariamente a su muerte o le produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar. Igualmente pretenden añadir un nuevo apartado
al artículo 10 de la Ley General de Sanidad mediante el que se introduce el derecho del paciente a decidir libremente, así como modificar la Ley 41/2002, reguladora de la autonomía del paciente, para delimitar con mayor detalle el consentimiento
informado y para introducir el consentimiento por representación.
Finaliza exponiendo las razones que inducen a su grupo a presentar la proposición de ley y solicita al Grupo Socialista que diga lo que piensa sobre la misma, es decir, la despenalización de la eutanasia, no los cuidados paliativos.
El señor Nasarre Goicoechea, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, pide la palabra por alusiones.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Bonàs Pahisa, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana
(ERC); los señores Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Mingo Zapatero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Grande Pesquero, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Intervienen el señor Nasarre Goicoechea, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora García Suárez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre disponibilidad de la propia vida, se rechaza por 20 votos a favor, 282 en contra y ocho
abstenciones.
Proposiciones no de ley... (Página 14324)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la ilegalización de Acción Nacionalista Vasca y la disolución de las corporaciones locales en las que gobierna... (Página 14324)
Defiende la proposición no de ley el señor Zaplana Hernández-Soro, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Señala que esta iniciativa persigue acabar con uno de los pilares del discurso del Gobierno actual de que ANV no es
ETA o que no se puede demostrar que ANV sea ETA. Opina que ANV es el caballo de Troya que ha elegido ETA para volver a las instituciones y expone toda una serie de argumentos y pruebas que demuestran que ANV sigue la estrategia de ETA. En su
opinión si no se ilegaliza ANV no será porque no se tengan razones legales, sino para dejar una puerta abierta al diálogo con los terroristas.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Esteban Bravo, del
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Cerdà Argent, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Guinart Solá, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Muñoz González, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre atención al parto... (Página 14330)
En defensa de la proposición no de ley interviene la señora Aburto Baselga, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Manifiesta que es necesaria la implicación de toda la sociedad y de las familias en su conjunto en la
atención humanizada al parto. No se trata de ganar en seguridad, puesto que las cifras son muy buenas, pero indudablemente se puede progresar, teniendo en cuenta que el parto no es un proceso patológico, sino un proceso feliz. Por ello, es
necesario un tratamiento individualizado del dolor, es necesario preservar la intimidad de la madre y es necesario suministrar el máximo confort, sin disminuir la seguridad, mediante una información cuidadosa, mediante el acompañamiento de quien
desee la madre y mediante el respeto de los hábitos culturales, sociales o emocionales en todo lo que sea posible hacerlo.
Finaliza señalando que nuestro sistema sanitario puede y debe permitirse la excelencia en todos los procesos y, en el caso de los partos, que estos constituyan cada vez más la fiesta que se merecen ser en toda la sociedad.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Pan Vázquez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; García Suárez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y el señor Xuclà i Costa,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Bonàs Pahisa, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).
A los efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora Aburto Baselga.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la ilegalización de Acción Nacionalista Vasca y la disolución de las corporaciones locales en las que gobierna, se rechaza por 128 votos
a favor, 176 en contra y tres abstenciones.
Sometida a votación la enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre atención al parto, se aprueba por 305 votos a favor.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes... (Página 14336)
Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Oramas), sobre las medidas previstas por el Gobierno para abordar la problemática de los menores inmigrantes no acompañados que llegan de forma irregular... (Página 14336)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente la señora Oramas González-Moro, del Grupo Parlamentario Mixto.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Matador de Matos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; Coello Fernández-Trujillo, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso y el señor Cerdà Argent, del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y el señor Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas interviene la señora Oramas González-Moro.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que el Gobierno dé cuenta del grado de cumplimiento de sus compromisos en materia de vivienda... (Página 14342)
En defensa de la moción consecuencia de interpelación urgente interviene el señor Matos Mascareño, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Andreu Domingo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC);
Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Contreras Pérez, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
A los efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas interviene el señor Matos Mascareño.
Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), sobre las medidas a adoptar por el Gobierno para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos para ejecutar la Ley 21/2005, de 17 de noviembre, de restitución a la Generalidad de
Cataluña de los documentos incautados con motivo de la guerra civil custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española y de creación del Centro Documental de la Memoria Histórica... (Página 14349)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Tardà i Coma, en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora García Suárez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los señores Vilajoana Rovira, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y
Fernández González, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y la señora Rodríguez-Salmones Cabeza, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
La señora Cunillera i Mestres pide la palabra por alusiones.
A los efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas interviene el señor Tardà i Coma.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Oramas) sobre las medidas previstas por el Gobierno para abordar la problemática de los menores inmigrantes no acompañados que llegan de forma irregular, se rechaza por 10
votos a favor, 159 en contra y 130 abstenciones.
Sometidos a votación los puntos 1 y 3 de la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que el Gobierno dé cuenta del grado de cumplimiento de sus compromisos en materia de vivienda, se rechazan por 133 votos a favor, 154 en
contra y 12 abstenciones.
Sometidos a votación los puntos 2, 4 y 5 de la misma moción, se rechazan por 127 votos a favor, 158 en contra y 14 abstenciones.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), sobre las medidas a adoptar por el Gobierno para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos para ejecutar la Ley 21/2005, de 17 de noviembre, de
restitución a la Generalidad de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la guerra civil custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española y la creación del Centro Documental de la Memoria Histórica, se rechaza por 25 votos a
favor, 271 en contra y dos abstenciones.
Se suspende la sesión a las diez y quince minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
RETIRADA DEL ORDEN DEL DÍA.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS POR LA QUE SE CREA UNA NUEVA COMISIÓN LEGISLATIVA PERMANENTE SOBRE 'SEGURIDAD VIAL.' (Número de expediente 410/000003.)
El señor PRESIDENTE: Comenzamos la sesión del Pleno del Congreso correspondiente al martes 16 de octubre. Anuncio a la Cámara, antes de empezar con el orden del día, que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha retirado su
proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, por la que se crea una nueva Comisión legislativa permanente sobre seguridad vial, que figura como punto 2 del orden del día.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:
- REAL DECRETO-LEY 8/2007, DE 14 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE MODIFICAN DETERMINADOS ARTÍCULOS DE LA LEY 23/1992, DE 30 DE JULIO, DE SEGURIDAD PRIVADA. (Número de expediente 130/000048.)
El señor PRESIDENTE: Punto I del orden del día, convalidación o derogación de reales decretos-leyes. Real Decreto-ley 8/2007, de 14 de septiembre, por el que se modifican determinados artículos de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de
Seguridad Privada.
Por el Gobierno tiene la palabra el señor ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el Real Decreto-ley 8/2007, de 14 de septiembre, que hoy traigo a esta Cámara para su convalidación, modifica la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, con la finalidad esencial de dar cumplimiento a
la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 26 de marzo de 2006. La Ley de Seguridad Privada, a la que me refería antes, regula la prestación por personas privadas físicas o jurídicas, de servicios de vigilancia y
seguridad de personas o de bienes, servicios que tienen la consideración de actividades complementarias y subordinadas en relación con las de la seguridad pública. Para la prestación de estos servicios la ley establece una serie de requisitos que
deben cumplir tanto las empresas como el personal de seguridad. El Gobierno español en todo momento ha mantenido que existen imperiosas razones de interés general, que justifican el control e intervención administrativa en el sector de la seguridad
privada, y así lo ha manifestado a la Comisión Europea en reiteradas ocasiones. No obstante, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en sentencia, de 26 de marzo de 2006, consideró que la Ley de Seguridad Privada era contraria al
derecho comunitario, por cuanto los requisitos exigidos a las empresas comunitarias de seguridad privada y a su personal para ejercer sus actividades en España, suponían restricciones a la libertad de establecimiento y a la libre prestación de
servicios en el marco de la Unión Europea. En junio de 2006, esta Cámara aprobó en la Comisión de Interior una proposición no de ley por la que se solicitaba la modificación de la normativa española, en materia de seguridad privada para su
adecuación al ordenamiento jurídico comunitario. Ahora bien, las modificaciones requeridas suponen un cambio sustancial del modelo de seguridad privada existente hasta el momento en España, lo que hacía imprescindible que la reforma tuviera en
cuenta la necesaria garantía de prestación del servicio, sin que ello pudiera generar riesgos para los destinatarios del mismo y, por supuesto, sin que afectara a la seguridad pública. Es por lo anterior, entre otras cuestiones, por lo que, si bien
la sentencia del tribunal es de 26 de marzo de 2006, en el real decreto-ley concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad previstas en el artículo 86 de la Constitución para que el Gobierno español pueda dictarlo.
Conforme a dicha sentencia, los requisitos de la Ley 23/1992 que afectan al derecho comunitario serían los siguientes. Primero, la exigencia de que las empresas de seguridad adopten necesariamente la forma societaria.
Segundo, que dichas
empresas dispongan de un capital mínimo específico.
Tercero, el depósito obligatorio de una fianza ante un organismo español.
Cuarto, la exigencia de que la empresa disponga de una plantilla
mínima y de determinados medios materiales y técnicos. Quinto, la exigencia de que el personal de seguridad privada esté en posesión de una habilitación expedida por las autoridades españolas. Sexto, el no reconocimiento mutuo de las
cualificaciones obtenidas en otros Estados miembros para el ejercicio de la profesión de detective privado. En consecuencia, las modificaciones que se llevan a cabo en la Ley 23/1992, de Seguridad Privada, además del imprescindible y posterior
desarrollo reglamentario, afectan a los artículos 1, 7, 9 y 10, dando cumplimiento en sus estrictos términos a la citada resolución judicial. Así, en el artículo 1 se incluye expresamente en el ámbito de aplicación de la ley a todas las categorías
de personal de seguridad privada. Con ello se pretende su reconocimiento expreso como profesiones reguladas en España por norma con rango de ley, a efecto de que sean de aplicación a las mismas los procedimientos de carácter general de
reconocimiento mutuo de cualificaciones profesionales previstas en las directivas comunitarias y en los correspondientes reales decretos de trasposición. En el artículo 7 se elimina el requisito de la forma societaria para las empresas de
seguridad, pudiendo ser en consecuencia personas físicas o personas jurídicas. Se elimina la necesidad de capital social mínimo, con algunas precisiones. Respecto a los medios humanos, financieros, materiales y técnicos, de los que han de disponer
las empresas de seguridad, se efectúa una remisión a la futura regulación reglamentaria. También se remite al reglamento de la seguridad privada la constitución de la fianza y, asimismo, todas las empresas de seguridad, personas físicas, jurídicas,
nacionales o comunitarias, tendrán la obligación de inscribirse en el registro de empresas de seguridad que se lleva en el Ministerio del Interior. En el artículo 9 se especifica que solo cuando las empresas de seguridad sean personas jurídicas se
les exigirá los requisitos previstos en la legislación mercantil. Y en el artículo 10, sobre personal de seguridad, se introducen finalmente determinadas modificaciones, básicamente formales, en la enumeración de los requisitos necesarios para la
obtención de la habilitación que faculta para el ejercicio en nuestro país de actividades de seguridad privada.
Los nacionales de los Estados miembros de la Unión o Estados parte en el acuerdo sobre el espacio económico europeo que pretendan desempeñar actividades o prestar servicios de seguridad privada en España, deberán poseer alguna titulación,
habilitación o certificación, expedida, eso sí, por las autoridades competentes de cualquier Estado miembro que les autorice para el ejercicio de funciones de seguridad privada. Y por último, deberán tener conocimientos de la lengua castellana
suficientes para el normal desempeño de las funciones de seguridad privada. La carencia o insuficiencia de estos conocimientos o aptitudes podrá suplirse bien con la superación de una prueba específica o bien con la realización de un periodo de
prácticas conforme a la Directiva 2005/36, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre, relativa al reconocimiento de las cualificaciones profesionales.
Finalmente, las disposiciones adicionales y transitorias, así como las derogatorias, establecen que en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor del real decreto-ley, cuya convalidación sometemos hoy a esta Cámara, se llevarán a cabo
las modificaciones reglamentarias necesarias para dar cumplimiento a las previsiones de la norma, siendo hasta entonces aplicable la legislación vigente.
En consecuencia, señorías, además de adecuarnos al derecho comunitario, la seguridad y la garantía de las condiciones del servicio han sido los ejes sobre los que se ha llevado a cabo la reforma, y por eso pido a esta Cámara la convalidación
del decreto ley que acabo de presentarles.
Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Fijación de posiciones de grupo parlamentario, por un tiempo de diez minutos. Por el Grupo Mixto, señor Mardones.
Adelante, por favor.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.
Cuando en el año 1992 se votó la Ley 23, de Seguridad Privada, Coalición Canaria la apoyó, pues era una forma de racionalizar un segmento que demandaba el sector privado de seguridad sin que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
sufrieran un cargo en su presupuesto, en sus nóminas o en sus plantillas. Había que elaborar una ley para las empresas de seguridad privada y el texto de la Ley 23/1992 fue ampliamente consensuado. Ahora, como ha relatado el señor ministro del
Interior, nos encontramos con un imperativo legal, la sentencia del Tribunal de Justicia de las comunidades europeas. ¿Y qué pretende esta directriz jurisdiccional de la Unión Europea? Al constituirse las empresas de seguridad privada, la Ley de
1992 era más de tipo operativo técnico que de tipo societario. No se trataba de las competencias de sus agentes, de si tenían que ir armados o no con arma corta de fuego o de qué servicios podían prestar. Quedó bien claro que no eran agentes de la
autoridad, pero que coadyuvaban a estas funciones. De lo que trata la sentencia europea es de que el derecho societario, bien mediante la fórmula de la sociedad anónima o bien mediante la fórmula de sociedad limitada, regule lo que la jurisdicción
comercial y mercantil española y de la Unión Europea señalan al respecto. Por tanto, es un real decreto-ley que trata de ser garante y de dar una serie de garantías de orden jurídico estructural para que, partiendo del derecho societario, se puedan
exigir plantillas mínimas y evitar lo que siempre se había acusado, que era una atomización del sector, si se iban a dejar empresas de ámbito puramente localista, de nivel municipal, en que hay que tener una plantilla mínima.
También hay gestiones garantistas de parte de la Administración Central del Estado que no puede renunciar a una de sus competencias, que es la de obtener las habilitaciones o las autorizaciones administrativas específicas, porque no
entenderíamos que en esta sociedad por la peculiaridad de su función en cuanto a la seguridad privada, sus agentes no tuvieran -que visten de una manera determinada con un uniforme, valga la expresión, porque así es gráficamente- una autorización
administrativa específica o habilitación expedida por las autoridades correspondientes, en este caso por las autoridades españolas, referidas al Ministerio del Interior o en aquellos casos que estuvieran delegadas en policías autonómicas, caso del
País Vasco y de Cataluña. Nosotros entendemos que de lo que se trata es de una adecuación a este imperativo legal europeo, por lo cual vamos a dar nuestro voto favorable en la misma línea que nos lo ha pedido el señor ministro del Interior, porque
coincide plenamente con armonizar esta sentencia del Tribunal de las Comunidades Europeas con los principios de funcionamiento societario de las empresas de seguridad privada en España.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, nuestro grupo parlamentario no quiere desaprovechar la oportunidad que nos brinda esta reforma legislativa a través de este real decreto, para hablar de la situación respecto a la seguridad privada. Las empresas de seguridad
privada siguen aumentando sus empleados y prestaciones. Así se desprende de todas las estadísticas, de los informes públicos y de la percepción diaria que cualquier ciudadano puede comprobar. Es un sector en continua expansión. Poco que decir
tendríamos sobre el éxito de tal mercado, si no fuera porque el mismo puede ir en detrimento de la seguridad pública y de la razonable igualdad entre los y las ciudadanas. Se avanza hacia una sociedad en la que solo quienes estén dispuestos a
pagar, y puedan permitírselo, llegarán a contar con dispositivos para sentirse seguros y eso nos llama mucho la atención. Fue un camino que se incrementó en desmedida bajo el Gobierno del Partido Popular. La seguridad privada se incrementó en más
de un 42 por ciento, en detrimento siempre de la seguridad pública.
Para nosotros el marco legal es claro. La seguridad privada, en todo caso, debe ser complementaria y subordinada a la seguridad pública y en ninguno debe sustituirla. La proliferación hoy en día de personal de seguridad privada está
originando problemas graves muy diversos que todos los días aparecen en los medios de comunicación. La selección de personal se sabe que tiene grandes fallos y se requiere un mayor y mejor control en los procesos de selección. También se padecen
en este ámbito horarios abusivos, salarios precarios con jornadas prolongadas hasta la extenuación o la falta de formación continua. Estos son factores que originan deficiencias importantes en el servicio y que afectan a la seguridad en términos
absolutos.
Por otra parte, está la actuación del personal de seguridad privada en zonas públicas, en calles, en los centros de tránsito. Todos los parlamentarios acudimos a los aeropuertos y podemos comprobar que la seguridad privada nos trata como si
fueran seguridad pública, y que lucen uniformes exactamente iguales a los que corresponde a la seguridad pública precisamente para que no puedan ser diferenciados. Los ciudadanos tienen la percepción de que se trata de seguridad pública cuando en
realidad no es así, y esto también ocurre en áreas comerciales. De esta manera se está propiciando que ejerzan tareas estrictamente policiales correspondientes a la seguridad pública, es decir, una extralimitación en sus funciones no amparadas en
ningún caso por la normativa vigente, sin olvidar que algunas actuaciones de escoltas privados protegiendo a sus clientes son auténticas exhibiciones de fuerza desproporcionada, dando además una imagen claramente atentatoria hacia los derechos
cívicos. Ha sido también expuesto por alguna organización policial pública, que las instituciones públicas se están encontrando con dificultades y falta de colaboración por parte de este personal, en contravención de su deber de auxilio y de
notificación de incidentes. Por tanto, señorías, una primera conclusión es que la proliferación de personal de seguridad privada, la extensión de la seguridad privada en detrimento de la pública, debe ser objeto de preocupación del Gobierno.
Asimismo, reiteramos por parte del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, la defensa de la seguridad pública como valor de las democracias avanzadas, resultando su ejercicio particular y desigual un menoscabo de los
derechos cívicos. Por eso, señor ministro, queremos llamarle la atención en este sentido. Es más, la Ley de Seguridad Privada es de 1992, han pasado quince años y es necesario adaptar la legislación de la seguridad privada a la realidad, al día de
hoy, por supuesto, con el consenso máximo de los grupos parlamentarios, escuchando a los sindicatos y a los empresarios del sector. A las alturas de legislatura en que nos encontramos es obvio que esta cuestión queda pendiente, pero es una tarea
que se debería haber llevado a cabo por su Gobierno. El Real Decreto que nos presentan pretende adaptar nuestra legislación al derecho comunitario e incorporar así la doctrina de la sentencia, de 26 de enero de 2006, del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas. Por supuesto, es una obligación que debe cumplirse y, en este sentido, en el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds nada tenemos que objetar.
Respecto a la cuestión de la exclusión de los extranjeros no comunitarios para desempeñar las funciones de vigilantes de seguridad, el real decreto opta por mantener
la regulación actual que no permite a los no comunitarios acceder a la profesión de vigilante de seguridad con habilitación. No existe ningún argumento de peso para mantener la discriminación actual, que se desaprovecha la aprobación de
este real decreto para acabar con una discriminación que, como digo, carece totalmente de sentido y carece, además, de reconocimiento de una realidad que está ahí, que es evidente y que hay que recoger legalmente para que no se sufran
discriminaciones de tipo salarial, todo vuelva a la legalidad y exista un control como el establecido en la propia normativa a la que hemos hecho referencia, y para que no exista una seguridad privada al margen de la legalidad. Como digo, lo que
más nos llama la atención es la discriminación en sí misma respecto a los extranjeros comunitarios y a los no comunitarios. En primer lugar, por analogía a la legislación según la cual se integran en las Fuerzas Armadas, carece absolutamente de
sentido. Por otra parte, se ha de incorporar a los inmigrantes a estos ámbitos para que en su trabajo, en el desarrollo de sus funciones en todos los ámbitos de la sociedad, exista un reflejo de la sociedad en la que vivimos todos, en la que hay
personas extranjeras del ámbito comunitario y del ámbito no comunitario. Por último, se debe regularizar, como decía, una realidad que forma parte del mercado, porque estas empresas del sector de la seguridad privada o bien utilizan la figura del
auxiliar de servicios, o bien recurren a la contratación a través de empresas de servicios para contratar extranjeros no comunitarios que prestan servicios en el ámbito de la seguridad privada. En este sentido, existe además un descontrol respecto
a la legalidad, porque en ese ámbito no se requiere autorización alguna. Por ello, lo más razonable, lo no discriminatorio y lo que sería mejor para todos los ciudadanos, para la seguridad de todos nosotros y para la mejor prestación de estos
servicios, sería precisamente que se acabara con esta discriminación. Por tanto, carece de sentido mantenerla en la aprobación de este Real Decreto.
Respecto a la incorporación de la doctrina europea, no mantenemos ninguna objeción, pero entendemos que se debe abordar a fondo la reforma de la Ley de Seguridad Privada del año 1992, y que en ningún caso parece razonable que un Gobierno que
se llama socialista mantenga una discriminación de este tipo, respecto a la contratación de extranjeros no comunitarios en el ámbito de la seguridad privada. Es una flagrante discriminación que carece totalmente de sentido.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Navarro.
Grupo Vasco, señor Beloki.
El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, tal como usted mismo ha dicho y han insistido quienes me han precedido en el uso de la palabra, el Real Decreto-ley 8/2007 viene básicamente a ajustarse a los requerimientos de la sentencia del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas, de 26 de enero de 2006. Han insistido ya, quienes me han precedido en el uso de la palabra -y usted también lo ha dicho-, en qué puntos se trata de ajustarse a aquella sentencia del Tribunal. No voy a volver sobre cada uno de
ellos, porque, por otra parte, vienen explicitados en la exposición de motivos del Real Decreto-ley 8/2007. Mi grupo se adhiere, entendiendo que este ajuste a los requerimientos de la sentencia del tribunal es absolutamente necesario. Nosotros
apoyaremos la convalidación.
Para terminar, sometemos a su consideración la posibilidad de que, junto a la convalidación de este real-decreto, también se pueda tramitar como proyecto de ley y aprovechemos la oportunidad para incorporar algunos elementos de los que se
viene hablando entre los grupos parlamentarios, y creo que con su propio ministerio, básicamente en orden a la regulación de que ciudadanos extracomunitarios puedan pasar a formar parte de los distintos cuerpos privados de seguridad. Si tienen a
bien hacer esto, nuestro grupo estará encantado de que se tramite como proyecto de ley. En todo caso, apoyaremos la convalidación del real decreto, tal como se nos ha presentado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Beloki.
Esquerra Republicana. Señor Cerdà, por favor.
El señor CERDÀ ARGENT: Señor presidente, señorías, la seguridad privada conceptualmente es, al mismo tiempo y en muchas ocasiones, la primera línea de detección de delitos por proximidad a la persona o al bien objeto del delito y la última
línea, muchas veces, de defensa de esta persona o bien ante la ausencia de policía pública mientras se comete este delito. Este es el papel de la seguridad privada. No se debieran permitir situaciones en las que la ausencia o carestía de presencia
policial de seguridad pública haga que los particulares opten por privatizar la seguridad de comunidades concretas. Esquerra Republicana apuesta claramente, y no es nuevo es desde siempre, por un servicio de seguridad pública al servicio de la
ciudadanía. A partir de ahí, no podemos cerrar los ojos ante una realidad en crecimiento que en Cataluña representa un colectivo de más de 9.000 personas con permiso de armas, y una cifra muy superior de vigilantes sin armas de fuego.
Una perspectiva realista es la que nos conduce a abordar la convalidación de este real decreto-ley. Desde este punto de vista, consideramos que el modelo de seguridad en nuestros territorios deberá comportar la capacitación y supervisión
por la Escuela de Policía de Cataluña, de las personas que profesionalmente se dedican a la actividad de la seguridad privada, una uniformidad de identificación común, la revisión de las retribuciones del sector y la necesaria coordinación,
comunicación rápida con la Policía autonómica o con la Policía estatal, si este fuera el caso.
Según recoge el 'Diario de Sesiones', el señor Camacho, secretario de Estado de Seguridad, en su comparecencia en la Comisión de Interior para explicar el programa del Gobierno, en relación con el impulso de cambios normativos en materia de
seguridad privada, informó de que se había convocado la Comisión mixta central de coordinación de seguridad privada, principal instrumento de coordinación de la seguridad privada y la seguridad pública, donde la Administración estatal y los
distintos representantes del sector, después de varias reuniones y trabajos de análisis, elevaron 36 propuestas concretas, cuya puesta en marcha implica la necesidad de adaptar la normativa de seguridad privada. Se realizaron propuestas como la
adaptación de las medidas de seguridad a las nuevas tecnologías, la adaptación de la uniformidad y de los medios de defensa del personal a las exigencias de seguridad y la prevención de riesgos laborales, la recogida, entrega y transporte de fondos,
las medidas de seguridad en el sector de la joyería, la selección y formación de los vigilantes de seguridad, la realización de trámites administrativos que están relacionados con la habilitación de las empresas y de los funcionarios que se dedican
a la seguridad privada, el régimen sancionador en materia de centros de formación o la regulación legal de la figura del director de seguridad entre el personal de seguridad.
Ninguna de estas propuestas demandadas por el sector, entre otras, ha
sido incorporada en este real decreto-ley.
Por otra parte, la tramitación de la Ley de Seguridad en el año 1992 ya puso de manifiesto, a través de las enmiendas e intervenciones de varios grupos parlamentarios, que el proyecto de ley, tal como sucede en la actualidad, se redactó al
margen de la existencia del Estado de las autonomías, obviando el contenido de los estatutos de autonomía y la existencia de policías autonómicas integrales, ya muy consolidadas, y de autoridades autonómicas con importantes competencias en el ámbito
de la protección de personas y bienes y de su seguridad pública. Finalmente se resolvió, de alguna manera, transaccionando en la Comisión a última hora -como casi siempre-, con una enmienda in voce, del señor Olabarría, en la que se introducía una
nueva disposición final cuarta, que reservaba las competencias administrativas de autorización de la empresa, inspección y sanción a las comunidades autónomas. Lamentablemente, no se pudo llegar a transaccionar, tal y como recoge el 'Diario de
Sesiones', la competencia de habilitación personal, cuya ausencia sirvió de argumento al abogado general del Estado en el conflicto positivo de competencias, promovido por el Consejo Ejecutivo de la Generalitat de Catalunya, contra el real decreto y
la orden ministerial que desarrollaron posteriormente la Ley de Seguridad Privada. La sentencia del Tribunal Constitucional 154/2005 declaró inconstitucional los artículos 65.3 y 81, apartado c), y 81.2, del Reglamento de Seguridad Privada, y el
artículo 14 de la orden ministerial. Asimismo, cabe recordar de nuevo que, en julio de 2006, entró en vigor la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, cuyo artículo 163, sobre seguridad privada,
establece que corresponde a la Generalitat la ejecución de la legislación del Estado en las siguientes materias: la autorización de las empresas de seguridad privada que tengan su domicilio social en Cataluña y cuyo ámbito de actuación esté
limitado a su territorio; la inspección y sanción de las actividades de seguridad privada que se realicen en Cataluña; la autorización de los centros de formación de personal de seguridad privada y la coordinación de los servicios de seguridad e
investigación privadas con la policía de la Generalitat y las policías locales de Cataluña. Asimismo, la Comisión bilateral Estado-Generalitat de Catalunya, celebrada el 17 del pasado mes de septiembre, acordó resolver, mediante convenio entre el
Ministerio del Interior, Relaciones Institucionales y con la participación de la Generalitat, los servicios relativos a empresas, centros de formación y actividades de seguridad privada.
A las demandas concretas del sector y a la necesaria adaptación al bloque constitucional, como son los estatutos de autonomía, han venido a sumarse nuevas circunstancias, como es la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas, de 26 de enero de 2006, cuyo fallo determina que el Gobierno español ha incumplido las obligaciones que le incumben al mantener en vigor las disposiciones de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada y el Real Decreto 2364/1994,
de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada, que impone una serie de requisitos a las empresas extranjeras de seguridad privada para que puedan ejercer sus actividades en España. A saber: la obligación de revestir
la forma de una persona jurídica; de disponer de un capital social mínimo específico; de depositar la fianza ante un organismo español; de contratar una plantilla mínima cuando la empresa en cuestión ejerza sus actividades en ámbitos distintos
del de transporte y distribución de explosivos; general, de que su personal posea una autorización administrativa específica expedida por las autoridades españolas, y a adoptar las disposiciones necesarias para garantizar el reconocimiento de los
certificados de competencia profesional para el ejercicio de la actividad de detective privado.
Este real decreto, señorías, se limita a adaptar la Ley de Seguridad Privada a dicha sentencia, puesto que la legislación actual supone, según el tribunal, una restricción a los derechos de establecimiento de empresa y libertad de prestación
de servicios en el marco de la Unión Europea, sin poner en riesgo la seguridad de los destinatarios de los servicios de la seguridad privada, tal y como se aprobó en la votación de la proposición no de ley, en la Comisión de Interior, el pasado 6 de
junio, con el amplio acuerdo de los grupos parlamentarios, por lo que desde el Grupo de Esquerra Republicana no nos vamos a oponer a su convalidación.
La normativa comunitaria no establece un plazo concreto para la adaptación de la legislación española a efectos de dar cumplimiento a esta sentencia y, en
general, a las sentencias del Tribunal de Justicia. Desde Esquerra esperamos que la reforma del Reglamento de Seguridad Privada y futura reforma de la Ley de Seguridad se adapte a la sentencia del Tribunal Constitucional, no solo a la del
Tribunal de Justicia europeo, y sobre todo a la legislación constitucional, como es el Estatuto de Cataluña, a los acuerdos de la Comisión bilateral Generalitat-Estado español y a los convenios de colaboración. Sería necesario abordar una reforma
de la Ley de Seguridad Privada y de sus reglamentos con la participación serena de los sectores implicados y de las administraciones autonómicas, con competencia en materia de seguridad pública y privada, al objeto de mejorar la seguridad de la
ciudadanía, las condiciones de los empleados de la seguridad privada y las empresas del sector, así como la adaptación a la realidad autonómica del Estado español.
Señorías, somos conscientes de la incapacidad temporal de abordarla a estas alturas de la legislatura, por lo que no vamos a solicitar su tramitación como proyecto de ley, pero reclamamos su mantenimiento en la agenda de la próxima
legislatura.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cerdà.
Convergència i Unió. Señor Guinart.
El señor GUINART SOLÁ: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió) para fijar la posición de nuestro grupo sobre la convalidación del real decreto-ley por el que se modifica la Ley de Seguridad Privada. Nuestro grupo, desde principios
de esta legislatura y también de las anteriores, ha seguido con atención la problemática de la seguridad privada, su evolución y las preocupaciones del sector, y ha presentado diversas iniciativas para mejorar la normativa, ajustarla a la realidad y
modernizar el entorno legal de esa actividad cada vez más demandada.
Algunas de ellas se vieron subsumidas en iniciativas de otros grupos, otras formaron parte de nuestras preguntas a responsables del ministerio y otras siguen todavía pendientes de
ser tratadas en Comisión. Sin duda uno de los temas más destacables es la trasposición e incorporación a nuestro derecho positivo de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, de 26 de enero de 2006, que ha considerado que la excepción del
orden público no justifica la exclusión de la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios dentro del ámbito de la Unión, derechos previstos en los artículos 43 y 49 del Tratado constitutivo de nuestra institución europea. En este
sentido, la normativa a modificar, por ser contraria a los principios y características materiales del cuerpo jurídico comunitario, se refiere a la condición que establece nuestra legislación por la que solo pueden ser empresas de seguridad pública
aquellas que se constituyan en personas jurídicas, pues se considera restrictivo y no garante en exclusiva de la seguridad pública, habiendo otras alternativas para conseguir ese mismo objetivo. También se refiere a la constitución de garantías y
avales, que no solo deben ser válidos si se hacen en la Caja General de Depósitos, porque también debe ser válida la garantía constituida en otro Estado miembro. Esta sentencia también se refiere a la plantilla mínima, que debe desaparecer como
restricción para facilitar la constitución de filiales o sucursales de compañías supraestatales, con la única excepción reconocida de las empresas dedicadas al transporte y distribución de explosivos. En lo referente a la autorización
administrativa específica, la sentencia prevé que sean válidas las acreditaciones emitidas por otro Estado miembro.
Finalmente, esta sentencia se refiere al reconocimiento mutuo entre Estados miembros de la cualificación profesional de detective
privado.
Esta sentencia de enero de 2006, con esos contenidos, debería haber sido incorporada a nuestro ordenamiento interno con la máxima celeridad posible a través de una modificación en nuestra normativa, pues lógicamente el Tribunal comunitario
no puede tramitar su ejecución directa. No entendemos, pues, el motivo por el cual el Gobierno ha dilatado tanto tiempo esa iniciativa legislativa y lo corrige precisamente ahora, a toda prisa, por medio de esa técnica del real decreto-ley, que
debe ser convalidado por esta Cámara posteriormente. En cualquier caso -más vale tarde que nunca-, nos parece conveniente la iniciativa y correcto el contenido dispositivo de la norma. No hace más que trasladar a la norma interna el contenido casi
literal de la sentencia, casi se limita a transcribirla con los pertinentes ajustes de coordinación con otras normas internas, y la correspondiente disposición derogatoria de aquellas normas que sean contrarias a la normativa europea, a las
directrices que marca la sentencia. En consecuencia, vamos a votar a favor de su convalidación.
No obstante, como ya hemos dicho, nuestro grupo se ha destacado a lo largo de esta legislatura por su preocupación por la problemática de la actividad de ese sector y quiere manifestar en esta oportunidad que todavía quedan pendientes de
abordar legislativamente algunos aspectos de la regulación que el sector requiere para dar respuesta a la oferta y demanda que todavía persiste en seguridad privada. Es por esto por lo que nuestro grupo consideraría pertinente aprovechar esta
oportunidad legislativa para incorporar otras modificaciones dispositivas que resolvieran de una vez por todas las demandas pendientes de ese sector, después del pertinente debate entre los grupos parlamentarios y el Gobierno. Por ese motivo,
nuestro grupo va a pedir que más allá de la convalidación que vamos a apoyar, que ya significa un paso adelante para el sector, se tramite el presente decreto-ley como proyecto de ley, como se ha producido tantas veces en esta Cámara, y a través de
ese procedimiento se perfeccione la norma y se resuelvan definitivamente las lagunas, disfunciones o inoportunidades de ordenación que todavía presenta.
Sin perjuicio de otras cuestiones que pudieran incorporarse y regularse, existen dos aspectos fundamentales que nuestro grupo tiene pendiente de debate en Comisión en forma de proposiciones no de ley, que resultan básicas para este sector
económico generador de empleo, como son: en primer lugar, la reforma de los requisitos legales por los que se limita el proceso de habilitación del personal de seguridad privada a los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea o de un
Estado parte en el acuerdo sobre el espacio económico europeo asimilando los requisitos, sin entrar en detalles, a los necesarios para formar parte de las Fuerzas Armadas; y en segundo lugar, la regulación del proceso burocrático y administrativo
conducente a la habilitación para el ejercicio de las funciones de seguridad privada, en la línea, aunque sea reglamentariamente, de reducir los requisitos del procedimiento y regular los centros de formación, sus programas, sus métodos y la
formación en prácticas para conseguir una mayor agilidad en este trámite.
En varias comparecencias parlamentarias diversos responsables del Gobierno se han manifestado conocedores de la problemática del sector, valorando las iniciativas de Convergència i Unió y comprometiéndose al estudio y formulación de
propuestas legislativas para abordar su solución definitiva. Por ello, nos sorprende que no se hayan incorporado estas anunciadas propuestas a ese real decreto-ley. Podríamos explicárnoslo por la necesidad de incorporar la sentencia comunitaria a
nuestro ordenamiento jurídico rápidamente y sin generar debate, y así hacer posible su inmediata aplicación. También nos parecería plausible que, una vez conseguido ese primer objetivo de celeridad y ya en la más lenta y sosegada tramitación como
proyecto de ley, con todos los debates necesarios y conociendo todos los posicionamientos, se regulara definitivamente sobre esa actividad tan importante y de proyección futura como es la seguridad privada. El argumento de que a estas alturas de la
legislatura no hay garantía de tiempo suficiente para tramitar esa iniciativa como proyecto de ley, nos parece poco sólido, pues podría intentarse y conseguirse si hubiera una predisposición de todos los grupos, como así sucedería. En el caso
-esperamos que improbable- de que no fuera posible acabar el trámite legislativo, seguro que se habría avanzado al menos en el debate de las filosofías y contenidos acercando a las partes: sector, Gobierno y legisladores hacia una solución para un
futuro más a largo plazo.
Por todo ello, votaremos a favor de la convalidación y solicitamos que se vote el real decreto-ley para que sea tramitado como proyecto de ley.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guinart.
Por el Grupo Popular. Señora Torme.
La señora TORME PARDO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, por segunda vez desde que en el año 1992 se aprobó la ley que regula el sector de la seguridad privada, esta Cámara se encuentra ante un trámite de convalidar un real decreto-ley por el que se producen modificaciones de la
misma como consecuencia en ambos casos de sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que han considerado que ciertos aspectos de nuestra legislación eran contrarios a las normas comunitarias. Sin embargo, el actual trámite se
produce en unas circunstancias que en modo alguno tienen que ver con las que concurrieron en 1999, cuando el Gobierno del Partido Popular adoptó el Real Decreto-ley 2/1999.
En primer lugar y en relación con el supuesto que ampara la utilización de un real decreto-ley, que es la extrema y urgente necesidad que debe necesariamente concurrir, basta señalar que ese real decreto-ley al que hacía referencia aprobado
el 29 de enero de 1999 incorporó a nuestro ordenamiento las exigencias de una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 29 de octubre de 1998, exactamente tres meses después de que el Tribunal de Justicia dictara esa
sentencia. Es precisamente la conciencia plena de las implicaciones que la no modificación de nuestra legislación para adaptarse plenamente a la normativa europea podían tener, lo que justificó la utilización de un mecanismo excepcional como es un
real decreto-ley, porque era palpable que existía una urgente y extrema necesidad, y de ahí su convalidación prácticamente con la unanimidad de la Cámara. Por el contrario, hoy estamos debatiendo un real decreto-ley que se aprueba por parte del
Gobierno el 14 de septiembre de este año para dar cumplimiento a una sentencia de 26 de enero de 2006. Es decir, han transcurrido veinte meses desde que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas consideró que nuestro ordenamiento jurídico
era contrario al derecho comunitario, hasta que el Ejecutivo de nuestro país ha tenido a bien adoptar la norma interna que da cumplimiento a dicha sentencia. En estas circunstancias no está justificada la utilización de un real decreto-ley. En
modo alguno parece que concurra esa circunstancia de extrema y urgente necesidad que lo ampara, porque si el Gobierno ha dejado transcurrir veinte meses, no parece que considerara que hubiera esa situación de extrema y urgente necesidad. Se utiliza
un real decreto-ley, a nuestro juicio, simple y llanamente para impedir a esta Cámara participar en un proceso legislativo que afecta a un ámbito que es de vital importancia para los ciudadanos como es la seguridad, y en concreto la normativa de
seguridad privada. En esta ocasión utilizan un real decreto-ley, en otras, la tramitación directa y en lectura única, hurtando al Parlamento debates sosegados, una reflexión seria y rigurosa sobre estas cuestiones.
En este caso habría que añadir, señor ministro -perdóneme que se lo diga-, dejadez por parte del Ejecutivo, que es más grave cuando hay que tener en cuenta que la Comisión de Interior de esta Cámara, como usted sabrá, a instancias del Grupo
Parlamentario Popular,
aprobó en junio del año pasado una proposición no de ley que contó con el apoyo unánime de todos los grupos parlamentarios. En ella se instaba al Gobierno a adoptar las medidas necesarias que posibilitaran la ejecución de esta sentencia de
la que estamos hablando hoy. Buscamos y obtuvimos el consenso porque creíamos y seguimos creyendo ahora que nos encontramos ante una materia que requiere ese consenso. Sin embargo, es patente constatar cómo el Gobierno ha obviado ese planteamiento
unánime de los grupos presentes en esta Cámara, que expresamente le habíamos urgido a iniciar el necesario proceso de reforma legislativa, para evitar una eventual medida coercitiva del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Se lo
volvimos a advertir el 5 de octubre de 2006, con motivo de la comparecencia en la Comisión del secretario de Estado de Seguridad.
No atendieron nuestra demanda, señor ministro, y finalmente la propia Comisión Europea ha acabado remitiendo un
dictando motivado el pasado 21 de marzo que pudiera conducir a multas coercitivas para nuestro país. En definitiva, la reforma de aquellos aspectos estrictamente vinculados a la sentencia del Tribunal de Justicia podía haberse articulado
perfectamente mediante un procedimiento legislativo de carácter ordinario, en el que los distintos grupos parlamentarios hubiéramos podido estudiar y plantear distintas cuestiones con el sosiego y rigor que merece esta materia.
En segundo lugar, es más grave aún el incumplimiento por parte del Gobierno de ese mandato parlamentario recogido en la proposición no de ley que se aprobó por unanimidad en junio de 2006. Quiero recordar cómo en esa iniciativa se afirma
literalmente lo siguiente: En la reforma de la Ley de Seguridad Privada que a tal efecto se elabore deberán tenerse en cuenta las necesidades de adaptación del ordenamiento jurídico en aquellos aspectos en los que la experiencia ha puesto de
manifiesto su insuficiencia en orden a lograr un marco normativo más dinámico para el sector de la seguridad privada y más útil para garantizar la sujeción, coordinación y cooperación de ésta con los intereses generales de la seguridad pública. Es
decir, se instaba expresamente a que no se dejara de aprovechar esta oportunidad para garantizar tanto la necesaria coordinación y complementariedad entre seguridad pública y seguridad privada, así como para introducir elementos de mayor dinamismo
en el sector.
Quiero traer a colación igualmente cómo cuando en el contexto de esa comparecencia parlamentaria del secretario de Estado de Seguridad en el momento de explicar cómo iba a dar cumplimiento a ese mandato, a esa proposición no de ley, dijo
literalmente: La reforma que abordemos no se va a limitar a la adaptación de la legislación al contenido de la sentencia del Tribunal de Justicia, sino que pretende llevar a cabo una profunda reforma del sector en algunos ámbitos. Añadió que no
creía que existiera retraso en esta materia. Sobran las palabras para valorar el nivel de cumplimiento de ese compromiso. La reforma que ustedes traen atañe exclusivamente al contenido de la sentencia, no abarca otros ámbitos como se comprometió
el secretario de Estado de Seguridad y como aprobamos entre todos en esa iniciativa. Por otra parte, él hablaba de que no existía retraso y vemos cómo han pasado veinte meses y ya tenemos delante de nosotros un procedimiento coercitivo.
Incumplimientos hemos visto algunos a lo largo de esta legislatura, pero en este caso, señor ministro, lo más grave de esta situación es que la reforma con la que nos encontramos hoy no ha asegurado que se mantengan los controles que
permitan garantizar la seguridad y las condiciones del servicio de seguridad privada, como esta Cámara reclamó expresamente. Se han limitado requisitos de acceso, garantías que el legislador había previsto en su momento para la existencia de un
adecuado control del sector por parte de las autoridades públicas. Esas garantías han desaparecido sin que se haya introducido ningún mecanismo adicional ni de control ni de coordinación o cooperación en el sector de la seguridad pública. Hay que
tener en cuenta que han transcurrido quince años desde que fue aprobada la Ley de Seguridad Privada. En esos quince años el sector ha experimentado un importante crecimiento con independencia de cuál fuera la formación política que estuviera al
frente del Gobierno, respondiendo a las tendencias que son propias y comunes en todos los países de nuestro entorno. En estos quince años se han puesto de manifiesto insuficiencias del ordenamiento jurídico, y sin embargo no se aprovecha ahora la
oportunidad de esa necesaria reforma para introducir las adaptaciones necesarias, esas medidas adicionales que permitirían también una mayor utilización de la importante información que pueden suministrar los casi 100.000 profesionales del sector.
Señor ministro, aquí tendríamos que tener en cuenta que se están perdiendo importantes recursos al servicio de la seguridad de todos los ciudadanos. Es algo incomprensible que no se haya aprovechado esta oportunidad para introducir elementos de
mayor dinamismo en el sector, un sector que, según afirma, parece precisar 21.000 efectivos adicionales y no puede acceder a ellos como consecuencia de la burocratización del procedimiento de habilitación y de la limitación que existe ahora para el
acceso al mismo, de manera que solo se permite a nacionales de la Unión Europea, tal y como aparece ya identificado en otras iniciativas legislativas presentadas por otros grupos parlamentarios. Llamo la atención sobre esta cuestión porque la
carencia de mano de obra está conduciendo a la reaparición de elementos de intrusismo que la normativa de seguridad privada había conseguido eliminar, y porque la prolongación de jornadas de trabajo debido a la ausencia de personal habilitado, está
derivando en una merma de la calidad de los servicios, lo que indirectamente repercute también en todos los ciudadanos.
Poco puede apuntarse del contenido de la norma que hoy debatimos. El real decreto incorpora aquellas modificaciones a las que ha hecho referencia el señor ministro impuestas por la sentencia del Tribunal de Justicia, que exigen una
modificación de carácter legal vinculando el
resto de modificaciones a una norma de carácter reglamentario. Como ya hemos dicho con anterioridad, atiende estrictamente a los requerimientos del Tribunal de Justicia, pero deja de lado una necesaria visión conjunta sobre la realidad del
sector. Por poner un simple ejemplo, se elimina el requisito de capital mínimo o se admite que personas físicas puedan realizar servicios de vigilancia, pero no se introduce ningún elemento adicional de garantía. Por poner otro ejemplo más
sorprendente, se reconoce que la formación adquirida por un nacional búlgaro acreditada por las autoridades búlgaras pueda ser reconocida a efectos de ejercer como vigilante de seguridad en España, pero se sigue impidiendo que a dicho proceso pueda
acceder, por ejemplo, un nacional argentino que lleve diez años residiendo en España y que sin embargo sí podría incorporarse a las Fuerzas Armadas. Consideramos que este es un real decreto-ley incompleto e incoherente.
Señor ministro, conscientes de las consecuencias de orden económico que podría aparejar para nuestro Estado la no ejecución de esta sentencia, conscientes también de la imperiosa necesidad de abordar aquellas cuestiones que permiten
garantizar más adecuadamente la cooperación entre seguridad pública y seguridad privada e introducir elementos que den mayor dinamismo al sector como han hecho otros grupos parlamentarios en este trámite, vamos a solicitar que este real decreto-ley
sea tramitado como proyecto de ley. Sabemos que los plazos juegan en contra, pero si existe una voluntad de acuerdo, como parece existir entre los grupos de la Cámara y como se acreditó en la unanimidad con que se aprobó esa proposición no de ley a
la que he hecho referencia anteriormente, sería positivo abrir ese debate sobre urgentes reformas puntuales que precisa la Ley de Seguridad Privada. En mi opinión, podemos ponernos en disposición de abordar de una forma consensuada esas
modificaciones puntuales que requiere nuestro ordenamiento jurídico en esta materia.
Considero que existiendo una adecuada voluntad, un criterio ya conocido de los representantes del sector y un trámite procedimental perfectamente utilizable, en
modo alguno debería desperdiciarse esta oportunidad.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Torme.
Grupo Socialista. Señora Hermosín.
La señora HERMOSÍN BONO: Gracias, señor presidente.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para apoyar la convalidación del real decreto-ley que se nos presenta y que modifica parcialmente la Ley 23/1992, de Seguridad Privada. Como todas SS.SS. han repetido -yo lo haré
también-, este decreto va a dar cumplimiento a las exigencias de la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 26 de marzo de 2006, pero, al mismo tiempo, va a dar cumplimiento a la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Popular que se vio y se aprobó por consenso de los grupos el 6 de junio del año pasado en la Comisión de Interior.
Como sabemos, la sentencia del Tribunal hace referencia al incumplimiento de las obligaciones del derecho comunitario en virtud de algunas directivas de la Unión. Este incumplimiento está motivado fundamentalmente por mantener en vigor las
disposiciones de la Ley 23/1992, de Seguridad Privada, y el decreto que aprueba su reglamento en lo que se refiere a algunos requisitos de las empresas extranjeras que se van a acreditar en España, tales como la forma societaria de la empresa, el
capital mínimo específico exigido, la obligación de unas fianzas determinadas, el tamaño de la plantilla de las empresas o de sus medios materiales y técnicos, la exigencia al personal de estar en posesión de una autorización administrativa expedida
por las autoridades españolas o el adoptar las disposiciones necesarias para el reconocimiento de los certificados de competencia profesional para el ejercicio de la actividad de detective privado obtenido en otros Estados miembros.
El real decreto-ley que hoy convalidamos afectará, por lo tanto, a varios artículos de la ley, concretamente a los números 1, 7, 9 y 10, a los que se da ya una redacción -como ha explicado el ministro y no voy a repetir- en total consonancia
con los términos de la sentencia del Tribunal anteriormente mencionada, e igualmente se modificará el reglamento en los extremos que también está afectado por la sentencia del Tribunal, como son los que ya he mencionado antes, pero en la vertiente
del reglamento: la obligación de constituirse como sociedades, las garantías, etcétera.
En este punto quiero dejar clara mi opinión de que esta reforma parcial que estamos llevando a cabo y que hace más abierta a la ley, se ha hecho sin desdibujar
-al contrario de lo que acabo de oír a la diputada que ha intervenido con anterioridad- el modelo de seguridad privada que señala la Ley de 1992 y que, entre otras cosas, incluye la garantía de la prestación del servicio. Por lo tanto, estas
modificaciones no van a constituir ningún riesgo para los destinatarios de este servicio. Se incorporan los extremos que hemos mencionado en relación con el derecho comunitario, pero salvaguardando nuestro modelo de seguridad privada.
Dicho esto, algunos grupos parlamentarios -prácticamente la totalidad- han mencionado la oportunidad -desde luego, la necesidad es cierta- de haber entrado en una reforma más profunda de la Ley de Seguridad Privada. A estas alturas, a
mediados del mes de octubre de 2007, es inútil lamentarnos por la fecha en la que estamos; lo cierto es que no estamos ahora en un debate de carácter general sobre el sistema de seguridad privada en España o sobre la conveniencia o no en este
preciso momento de modificar a fondo la ley. Aquí hay algunos grupos y algunos diputados como el señor Guinart que tienen inquietudes como, por ejemplo, demandas de asociaciones o empresas de seguridad privada respecto a la limitación en la
contratación
exclusiva de nacionales o de países miembros de la Unión Europea; pero no es ese el único tema que habría que abordar en una hipotética reforma más extensa de esta ley. Antes al contrario, hay muchas otras cuestiones que se han planteado
en debates en Comisión y hoy aquí algunos y algunas portavoces han aludido a otros extremos de la ley que también sería necesario modificar. Es verdad que la Ley de 1992 ha sido una buena ley, en su momento daba respuesta a un sector entonces menos
importante, que después se ha desarrollado y se sigue desarrollando; no en vano más de 170.000 personas están hoy prestando sus servicios en la seguridad privada. Es muy difícil que al socaire de esta reforma, que lo que hace es trasladar las
exigencias de la sentencia del Tribunal Europeo, planteemos unos grupos u otros unas preferencias u otras, porque hay diversos temas. En el ámbito competencial, las reformas de los estatutos de autonomía han incorporado a sus competencias materias
de seguridad privada, y hay otras cuestiones como son las condiciones laborales, profesionales o el posible intrusismo que hay en estas empresas. Es decir, no hay solamente la limitación en la contratación de algunos trabajadores, sino otros muchos
temas. Este no es el momento adecuado, pero no porque no haga falta. Mi grupo y yo creemos que es necesaria una reforma más extensa de la ley, pero no estamos en el momento procedimental adecuado. Desgraciadamente, hemos de dejarlo pendiente para
un momento más oportuno, que tiene que ser el inicio de la próxima legislatura.
Me gustaría decirle a la portavoz del Grupo Popular, aparte de quién tiene la competencia para determinar la situación de extraordinaria y urgente necesidad -según ha dicho el Tribunal Constitucional y lo sabe muy bien la señora Torme-, por
supuesto siempre con el posterior control jurídico constitucional, que el Partido Popular sería muy leal si, como hizo el Partido Socialista y el Grupo Parlamentario Socialista en 1999, apoyara en esta ocasión la convalidación de este decreto,
porque ahora no es el momento ni el procedimiento para entrar en una reforma en profundidad. Es necesaria, pero tendremos que esperar.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Hermosín.
Llamamos a votación. (Pausa.)
EXCLUSIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
ENMIENDAS DEL SENADO:
- PROYECTO DE LEY DE CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA.
(Número de expediente 121/000122.)
El señor PRESIDENTE: Antes de la votación, hay dos asuntos. En primer lugar, exclusión de un punto del orden del día. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la
exclusión del orden del día de la presente sesión del punto 35, correspondiente a las enmiendas del Senado al proyecto de Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) Queda aprobada la exclusión
del punto de referencia.
PRÓRROGA DE PLAZO.
El señor PRESIDENTE: De conformidad con el acuerdo adoptado por la Mesa de la Cámara, oída la Junta de Portavoces, esta Presidencia somete al Pleno la prórroga del plazo otorgado a la subcomisión sobre la reforma del servicio exterior,
constituida en el seno de la Comisión de Asuntos Exteriores, para rendir informe hasta el final del presente periodo de sesiones. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) En consecuencia, queda aprobada la prórroga del citado plazo.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN).
- REAL DECRETO-LEY 8/2007, DE 14 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE MO- DIFICAN DETERMINADOS ARTÍCULOS DE LA LEY 23/1992, DE 30 DE JULIO, DE SEGURIDAD PRIVADA (Número de expediente 130/000048.)
El señor PRESIDENTE: Votación de la convalidación o derogación de reales decretos-leyes. Real Decreto-ley 8/2007, de 14 de septiembre, por el que se modifican determinados artículos de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de seguridad privada.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 173; abstenciones, 124.
El señor PRESIDENTE: Queda convalidado el real decreto-ley.
Algunos grupos parlamentarios han solicitado que este real decreto-ley convalidado se tramite como proyecto de ley. Procedemos a su votación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 130; en contra, 155; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la tramitación como proyecto de ley del real decreto-ley convalidado.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE DISPONIBILIDAD DE LA PROPIA VIDA (ORGÁNICA). (Número de expediente 122/000057.)
El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley. Del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre disponibilidad de la propia vida. Esta proposición tiene
carácter de orgánica. En primer lugar, para consumir un turno de quince minutos, por el grupo parlamentario autor de la proposición de ley tiene la palabra la señora García Suárez.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, nuestro grupo ha traído a esta Cámara en dos ocasiones en esta legislatura el debate de la disponibilidad de la propia vida o la regulación de la eutanasia, como ustedes quieran. En una de ellas el Partido Socialista se
comprometió a crear una Comisión para su estudio y debate. Lamentablemente, no lo han cumplido y no ha habido ninguna voluntad política ni la valentía para hacerlo. Por eso hoy traemos nuestra proposición de ley, registrada al inicio de esta
legislatura.
En primer lugar, lo que plantea nuestra proposición de ley... (Rumores.) Lo siento, señor presidente, pero me voy a esperar.
El señor PRESIDENTE: Lleva usted toda la razón. (El señor presidente agita la campanilla.-Risas.) No tiene gracia, y les explicaré por qué. La señora García Suárez acaba de parar su intervención porque el ruido es tan extraordinario que
prácticamente hace inútil su intervención. Por un mínimo de respeto al orador, y como no estamos en un patio de escuela sino que se supone que esto es el Congreso de los Diputados, sería razonable que se respetara el uso de la palabra. Lo lamento,
señora García Suárez, pero ya sabe que este presidente muchas veces lucha contra molinos de viento y no consigue grandes cosas.
Adelante, por favor.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar voy a plantear lo que proponemos modificar con esta proposición de ley. Lo haré de manera rápida porque vamos a centrar el contenido de la discusión más en el fondo que en la forma. Queremos modificar el famoso
artículo 143.4 del Código Penal para la despenalización de la eutanasia, concretamente para la despenalización de aquellas personas que mediante actos necesarios o de cooperación activa permitieren, propiciaren o facilitaren la muerte digna y sin
dolor de otra persona a petición expresa, libre e inequívoca de ésta, en caso de que sufriera una enfermedad grave que hubiera conducido necesariamente a su muerte o le produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar. En segundo
lugar, planteamos añadir un nuevo apartado 5 al artículo 10 de la Ley General de Sanidad, mediante el cual se introduce el derecho del paciente a decidir libremente. Y, en tercer lugar, planteamos modificar la Ley 41/2002, reguladora de la
autonomía del paciente, en sus artículos 8 y 9, para delimitar con mayor detalle el consentimiento informado y para introducir el consentimiento por representación. Estas tres modificaciones legales son las que proponemos en esta proposición de
ley.
Señorías, no entraré a defender punto por punto el porqué de cada una de ellas, porque a estas alturas todos sabemos a qué se debe cada una de estas propuestas de modificación. Llevamos parte de esta legislatura discutiendo sobre este mismo
tema, nosotros concretamente en dos ocasiones y en otras legislaturas otras tantas. Ahora bien, el ministro Bernat Soria anunció hace apenas dos semanas que creará un comité de bioética para garantizar la muerte digna de enfermos cuyos casos no
pueden ser tratados con cuidados paliativos o con la renuncia a la asistencia terapéutica. También informó que en ningún caso su departamento está creando un real decreto sobre la eutanasia o suicidio asistido, ni está siquiera -lo ha dicho
claramente- estudiándolo. Y hoy, en las páginas de actualidad del diario Público lo confirma también el ministro Caldera. Por tanto, ya nos imaginamos cuál va a ser el sentido de voto del Grupo Socialista, y por supuesto ya contamos con el del
Grupo Popular, al que me referiré más adelante. Pero hoy no estamos hablando de cuidados paliativos -lo dijimos en nuestra interpelación y no lo vamos a volver a decir- y lamentamos que el ministro Soria siga cayendo en el mismo error que sus
antecesores al considerar que la solución a una muerte digna son los cuidados paliativos, cuando son realidades que se complementan. Por favor, pido al Grupo Socialista que diga lo que piense sobre esta proposición de ley, pero que la centren en el
verdadero debate, que es la despenalización de la eutanasia y no los cuidados paliativos. Estamos en precariedad en cuidados paliativos, es verdad, tampoco en eso han cumplido demasiado, pero voy a ser contundente. A pesar de ser lamentable que no
se haya solucionado el problema de los cuidados paliativos, algo que hemos reclamado en otros debates, debo decirles que, aunque lo hubieran resuelto, hoy seguiríamos reclamando el derecho a una muerte digna, pues son cosas complementarias y no
sustitutivas. Que en España se muere mal y caro es evidente. Según el índice de calidad de muertes en España, los resultados de nuestro país para todo tipo de centros y también en atención primaria son mediocres.
En una escala del uno al cien,
donde ochenta sería lo deseable, España obtiene un resultado de cuarenta. Los cuidados paliativos son, pues, mejorables y exigibles, pero no me lo mezclen, por favor, no al menos en esta proposición
de ley, pues no nos parece que sea jugar limpio. Hoy queremos hablar de la despenalización de la eutanasia. Ustedes saben muy bien que en la situación más óptima habría peticiones de eutanasia en cuidados paliativos. Una encuesta del CIS
del año 2002 ya manifestaba que el 84,6 por ciento de los médicos consideraba que los cuidados paliativos no resuelven todas las situaciones de petición de eutanasia. Resuelven algunas o las mitigan o simplemente las mitigan durante un tiempo, nada
más. ¿Se equivocan también los médicos, nos preguntamos nosotros? No, creemos que no. No entendemos, pues, donde está la traba para sacar adelante la despenalización, más aún teniendo en cuenta que desde las propias filas del Grupo Socialista son
diversas las personalidades que se han manifestado a favor de la despenalización o bien, como mínimo, a abrir un debate para hablar de ello. Permítame que cite a algunas de ellas. Por ejemplo, Marina Geli, consellera de Salud de la Generalitat de
Catalunya, quien aboga en La Vanguardia por la despenalización de algunos supuestos de la eutanasia en los próximos cuatro años. Montserrat Tura, consellera de Justicia de la Generalitat de Catalunya, opina en El País que la sociedad está
absolutamente madura para plantearse la despenalización de la eutanasia. Las Juventudes Socialistas, sus Juventudes Socialistas, en su congreso defienden la eutanasia. Y el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, declara en Libertad
Digital que ve madura a la sociedad española para el debate sobre la eutanasia, introduciendo este supuesto derecho en la agenda. ¿De qué tienen miedo? Una vez más creemos que están cediendo a presiones de los sectores más arcaicos y sectarios de
nuestra sociedad y simplemente lo hacen porque están convencidos de que, de no hacerlo, iban a perder algunos votos. Por tanto, es un tema puramente táctico y de estrategia electoral, y eso es lo lamentable.
España es un país cada vez más adelantado en derechos individuales y por eso resulta cada vez más anómala la situación de ilegalidad en la que se encuentra el derecho a una muerte digna. La Constitución española recoge en el artículo 10 la
dignidad de la persona y en el artículo 15 se prohíbe la tortura y las situaciones degradantes. Salvador Pániker, presidente de la Asociación Federal por el Derecho a Morir Dignamente, dice concretamente: El verdadero respeto a la dignidad humana
implica el respeto a su libertad para decidir sobre su vida y su muerte. Debemos acabar con la idea de que despenalizar la eutanasia es promocionarla, porque en esto hay muchos sectores interesados. Yo diría que a mi derecha tenemos a un sector
muy claro y, evidentemente, tendré ocasión de demostrarlo. Esta idea es propia de mentalidades obtusas. Despenalizar nunca significa recomendar, nunca significa normalizar ni aprobar ni inducir; despenalizar es simplemente aceptar una realidad,
una necesidad individual que debe respetarse. Las encuestas demuestran que nuestra sociedad está madura para abordar este debate y todas las encuestas que se han ido haciendo desde el año 1995 hasta el año 2006 han incrementando sistemáticamente
cada año el porcentaje de personas que están a favor de la regulación de la eutanasia, pasando del 70 por ciento hasta el año 2006 al 76 por ciento. Por tanto, nos preguntamos si lo que está esperando el Partido Socialista es que el resultado de
las encuestas del CIS sean del cien por cien. Si no, verdaderamente no lo entendemos.
Señores del Grupo Socialista, su negativa a debatir este tema y a regular la despenalización de la eutanasia activa no hace más que fomentar las ideas que lamentablemente hoy aparecen en el diario ABC a cargo del diputado del PP Eugenio
Nasarre. Yo les invito a todos ustedes a leerlo, porque no tiene desperdicio. No sé si nos acompaña el señor don Eugenio Nasarre. Se ha marchado. Lástima, porque ha dedicado... (Varios señores diputados: No, no.) Le agradezco muchísimo que
esté asistiendo a este debate. Realmente dice mucho a su favor. No acostumbro a hacer propaganda de las ideas -de las ideas, permítanme, muchas veces delirantes del PP-, pero en este caso es de obligado cumplimiento. El artículo se basa en
nuestra proposición de ley y el título es La eutanasia y el nazismo. Es nuestra proposición de ley y se menciona en varias ocasiones a mi grupo parlamentario y nuestra proposición de ley. Señor Nasarre, ni a mi grupo ni a mí personalmente, se lo
aseguro, nos ha ofendido con este artículo, un artículo que no nos puede ofender porque está falto de todo rigor y preñado de una falsa moral y de un paternalismo hipócrita y, perdone, también creo que está cargado de una enorme mala fe por su
contenido. A nosotros no nos ha ofendido, no puede ofendernos. Para ofender hay que tener credibilidad y habérsela ganado con los hechos, no con las palabras vacías. Realmente, ustedes, el PP y su larga historia, no tiene fuerza moral para hablar
de compasión, de humanidad, de dignidad y de justicia.
Ustedes que hablan del nazismo para referirse a la eutanasia han sido incapaces todavía de condenar públicamente el régimen franquista, un régimen autoritario y asesino, el régimen del general
Franco en nuestro país. En concreto el señor Mayor Oreja se niega a hacerlo, y evidentemente el Partido Popular en conjunto, también.
(Rumores.-Aplausos.) No hace falta ir a buscar comparaciones con la Alemania nazi, señor Nasarre. Aquí en
España, bajo el franquismo, Vallejo Nájera -lo conocen, supongo- experimentó con seres humanos asesorado por médicos nazis. Por tanto, no hace falta irse tan lejos, ni muchos menos.
A nosotros no nos han hecho daño, pero han podido hacer daño a
muchos miles de personas que se han encontrado en su vida con una experiencia no buscada que nunca hubieran querido tener que abordar: la enfermedad de un familiar, un amigo, una pareja a la que han visto sufrir hasta niveles insostenibles para
cualquier ser humano, sufrir física y psíquicamente, sin esperanza de cambio y sin ninguna voluntad de seguir viviendo.
Experiencias de vida que remueven todos los cimientos y hacen cuestionar creencias y valores quizá intocables hasta ese momento
o, en otros casos, experiencias de vida que confirman los valores y pensamientos ya incorporados pero que, no obstante, se presentan con la misma dureza y gravedad emocional que en el primer caso. Porque aquí, señorías, estamos hablando no solo de
un
drama individual, sino de un drama colectivo y familiar y, por supuesto, afecta también al personal sanitario de nuestro país. El enfermo es el sujeto titular del derecho, eso es cierto, es quien necesita que se le respete cómo desea
abandonar nuestra condición humana. Y la familia necesita el apoyo legal y el acompañamiento para unos momentos tan dolorosos. Voy a recoger aquí una frase literal de Antonio Martín Pallín, magistrado del Tribunal Supremo: Ayudar a morir en estas
circunstancias es un acto de amor que no puede ser criminalizado. Al fin y al cabo, como nos enseñó Santo Tomás, la ley es la ordenación de la razón y no la voluntad irracional del príncipe. El derecho de una sociedad democrática, señorías, no
puede ser la excusa ni convertirse en una dificultad para el desarrollo del ejercicio de los valores más importantes que dan sentido a la libertad y a la dignidad de las personas. Lo diré muy claro: cuando hay ausencia de signos propios de la
condición humana, cuando la situación de la persona ha llegado a ser un presente insoportable e irreversible, cuando se ha comprobado la decisión de morir y garantizado la concurrencia de las circunstancias justificantes, la muerte asistida debería
ser como una muerte natural a los efectos legales. Señorías, nuestra sociedad se encuentra ante situaciones radicalmente nuevas, complejas y, por descontado, necesitada de soluciones a la altura de las circunstancias. En nuestro país, en este
aspecto, no estamos a la altura de las circunstancias.
Quisiera acabar agradeciendo muchísimo a la Asociación del Derecho a Morir Dignamente la riqueza de sus profundas reflexiones y de sus pensamientos; también a Salvador Pániker; a Ramón Bayés; a Antonio Martín Pallín; a Francesc Abel,
médico y jesuita; a Juan Masiá Clavel, sacerdote y jesuita experto en bioética; a todos ellos y a todas las personas que desde la asociación, desde su lugar profesional y desde su espacio están colaborando, en definitiva, a humanizar una cuestión
tan elemental como es el derecho a decidir cómo y de qué forma queremos vivir. Porque la vida depende de la voluntad de otros, pero la muerte, la muerte es nuestra.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García Suárez.
Fijación de posiciones de los grupos parlamentarios. (El señor Nasarre Goicoechea pide la palabra.) Dígame, señor Nasarre.
El señor Nasarre GOICOECHEA: Señor presidente, por alusiones.
El señor PRESIDENTE: Al final, después de que intervenga su grupo parlamentario, si le parece oportuno. Creo que ha habido alusiones, pero lo más correcto para que todos los grupos parlamentarios se puedan expresar es que intervenga al
final.
Grupo Mixto, señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
El Bloque Nacionalista Galego se va a posicionar favorablemente en esta proposición de ley sobre disponibilidad de la propia vida. Lo hacemos atendiendo a un proceso evolutivo de la historia y de la sociedad. Cabe recordar que aún en el
siglo XIX el suicidio se consideraba un crimen penado, no sé cómo, de forma contradictoria por el propio Código Penal -no creo que lo pudieran hacer post mortem- y, por supuesto, considerado un pecado por parte de la Iglesia católica. Desde el
siglo XIX deberíamos haber avanzado algo y no sería lógico que a estas alturas tuviésemos que asistir aún a debates como los que se producían entonces, muy frecuentes en los círculos literarios e intelectuales, precisamente unos para condenar a
suicidas y otros para defenderlos. Es célebre, por ejemplo, la participación de un gran escritor de la literatura española, Alarcón, llamando criminal a un joven ciudadano gallego, Besteiro Torres, por haber tomado la decisión de suicidarse, y la
defensa que, en sentido contrario, hacían otros escritores gallegos como Curros Enríquez o Victorino Novo.
Realmente, hoy en día hablar de las conductas que están relacionadas con el suicidio pero en circunstancias muy especiales -en circunstancias de enfermedad, de enfermedad penosa, en circunstancias de inconsciencia, en circunstancias de
irreversibilidad-, obliga efectivamente a plantearnos el problema de la muerte asistida, el problema de la muerte digna y de la colaboración que las autoridades médicas pueden tener en esta cuestión, siempre, lógicamente, respetando la voluntad
fundamental, la libertad de la voluntad de los pacientes, de los enfermos, en definitiva, de las personas. No vemos, afortunadamente, nada anticonstitucional, incluso con los límites de la Constitución española, en un planteamiento como el que se
hace en esta proposición de ley, porque la Constitución española siempre está remarcando el criterio de la libertad individual, el criterio de la dignidad, el criterio, en todo caso, de la realización de la persona y del derecho a la propia vida en
unas condiciones de aceptabilidad. Por tanto, si los sujetos, las personas que son dueñas de su vida, llega un momento o unas circunstancias en que, por los motivos que perfectamente circunscribe esta proposición de ley, quieren dejar de existir y
necesitan alguna ayuda de terceros, lo lógico es recurrir a la reforma del Código Penal, a la despenalización de aquellos que puedan cooperar activamente mediante actos necesarios para facilitar la muerte de terceros. Incluso también se debe
modificar la Ley General de Sanidad o la Ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, para que efectivamente se puedan poner las circunstancias de todas las
personas a la altura de un Estado que debe reunir las siguientes características: respeto por la libertad individual, respeto al derecho a vivir una vida digna y una concepción del mundo laica, no confesional. Así cerraríamos un círculo y, por
cierto, creo que es necesario volver a recordar que no obliga a aplicarse en todos los casos, sino solamente en aquellos que tienen
la voluntad explícita de recurrir a esta solución para optar por una muerte en las condiciones en que se considera que no vale la pena seguir viviendo, o simplemente porque hay una inconsciencia total, o porque las autoridades médicas
consideran que es una tortura que no conduce a ningún lado, o incluso un alargamiento de la vida solo de una forma masoquista o, lo que es peor, sádica, a la que nos tienen acostumbrados muchas veces determinadas imágenes en los hospitales.
Por último, estamos por asegurar que en los hospitales del Estado español se está recurriendo muchas veces a prácticas de eutanasia activa o pasiva, o a tácticas de abandono, para provocar la muerte de muchas personas de edad. Sería bueno
hacerlo de forma consciente, de forma legal, de forma perfectamente prescrita y por tanto de forma transparente. Seguir manteniendo que no existen circunstancias en las que los propios médicos o las propias circunstancias de un hospital conducen a
situaciones que no son precisamente dignas del respeto por la vida de las personas, ni siquiera por su dignidad personal, es engañarnos o autoengañarnos en nombre de una especie de cinismo o de hipocresía, que estará basada no se sabe en qué derecho
natural, pero sin duda en un derecho natural que está fundamentado más bien en una teología fundamentalista y no precisamente en la dinámica de una vida material humana. Por supuesto, vamos a apoyar esta proposición de ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.
Grupo Vasco, señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, bajo el título de disponibilidad de la propia vida vemos hoy una proposición de ley orgánica que contempla aspectos penales y otros de regulación administrativo-sanitaria, la posibilidad de regulación de la eutanasia solicitada y
aspectos de intervención médica en la llamada buena muerte. Hemos hablado de ello ya en esta legislatura, mediante propuesta articulada -hubo una proposición de ley orgánica de Esquerra Republicana de Catalunya-, y en dos ocasiones como instancia
al Gobierno, como interpelación seguida de las correspondientes mociones. No incurriré yo en reproches entre grupos, pero sí quiero insistir en una cuestión a la que me referí con ocasión del debate de la propuesta articulada y en lo que hace a la
parte penal. No se nos ha presentado por los proponentes, y no se nos explica por qué, una propuesta de despenalización de la eutanasia. Hasta ahora, en legislaturas anteriores, las iniciativas traídas a la Cámara eran de no incurrirán en delito
alguno; es decir, se despenalizaba absolutamente. La actual, igual que fue la de Esquerra, es de excusa absolutoria, puesto que se habla de que quedarán exentos de pena; es decir, diligencias penales habrá; si se quiere despenalizar, si, como es
voluntad de nuestro grupo, se quiere despenalizar, debería hablarse en términos absolutos y no simplemente como mera excusa absolutoria.
El encaje constitucional de una despenalización nosotros lo vemos perfectamente correcto. La previsión constitucional sobre el derecho a la vida creemos que tiene un sentido garantista y en ningún caso puede limitar la voluntad del sujeto.
El deber del Estado es proteger la vida y no impedir la libre disposición de su titular y desde luego el texto constitucional no permite una interpretación del derecho a la vida no compatible con la dignidad humana. Las serias dudas se introducen
cuando se discute sobre la exigencia de un deber constitucional de tutelar la vida contra la voluntad de su titular y si es clara, o no, la obligatoriedad de someter a sanción penal los comportamientos de ayuda o participación en un suicidio
libremente deseado, de ayuda expresa o inequívoca. La decisión político-criminal de dotar de relevancia penal las conductas de cooperación en el suicidio de otro no es quizás una exigencia constitucional, sino que tiene su justificación en otro
orden de razones, que son más bien de ética, de ética social o de carga religiosa, y que en un Estado definido como laico no necesariamente deben ser tenidas en cuenta. Ya el Código Penal vigente opta por una relativa condescendencia con el sujeto
piadoso ejecutor de la muerte con una rebaja de las penas. Nos gustaría saber si lo que esta Cámara va a decidir es la despenalización o la excusa absolutoria. Se debe ser, señorías, muy cuidadosos con la regulación penal.
Quizás hay otro aspecto, además, que no queda claro. Es una duda que desde nuestro punto de vista es importante: ¿Se deben residenciar estos asuntos en un enjuiciamiento con tribunal de jurado o en un enjuiciamiento con jueces
profesionales? De una parte, nos parece una ventaja, puesto que el sentir social estaría presente en el enjuiciamiento con jurado -la proposición no lo contempla-, pero, por otra parte, también somos conscientes de que podría llevar a una
sistemática declaración de no culpabilidad, puesto que son cuestiones que afectan profundamente a la fibra de los sentimientos. Una regulación de este estilo estaría necesitada de tiempo, para que no hagamos una regulación penal como la
recientemente efectuada -y a la que he tenido ocasión de referirme en esta Cámara- con ocasión de la modificación del Código Penal en materia de tráfico y seguridad vial. Si la modificación del Código Penal en esa área nos parece grave, también
hacerla con defectos, más en una materia como la actual. De cara a un futuro, una despenalización, que para nosotros debiera ser despenalización y no excusa absolutoria, debería ir siempre acompañada de un amplio debate parlamentario, expresamente
referido al tema, para lo que ya no hay tiempo, señorías. Sería además conveniente la creación de una comisión, de la que se ha hablado varias veces en esta legislatura, expresamente dedicada a recabar opiniones de expertos juristas, profesionales
de la medicina, responsables hospitalarios, etcétera. La despenalización debiera también referirse tanto a las conductas eutanásicas de auxilio al suicidio como a las de producción directa de la muerte, pues
legalizar tan solo el primer tipo de conductas, pero no el segundo, no atiende a los casos en los que el paciente no es capaz de quitarse la vida por sí mismo. Además, diversos ejemplos jurisprudenciales de países en los que tan solo está
despenalizado el auxilio al suicido, como es el caso de Alemania, demuestran que en muchas ocasiones resulta muy complejo trazar la frontera entre este y el homicidio solicitado, sobre todo cuando se ha tratado de un auxilio necesario.
Las condiciones que se exigieran a la persona que desea adelantar su muerte podrían ser perfectamente -no se contemplan en el texto- las que se fijan en el actual artículo 143.4, en su redacción del año 1995, que, como sabemos, hoy solo dan
lugar a una atenuación de la pena: la existencia de enfermedad, necesariamente mortal, o de una enfermedad que, aun no reuniendo este carácter, produzca en el sujeto graves y permanentes padecimientos que le resulten insoportables; en este último
caso se encontrarían, por ejemplo, las personas totalmente paralizadas.
En lo que se refiere a la fijación del límite mínimo de edad exigido para otorgar validez jurídica a la petición del enfermo -que también debiera figurar- debería ser coherente
con lo establecido en la legislación sanitaria, al reconocer el derecho de los pacientes a rechazar una medida terapéutica. La conducta eutanásica además solo debería estimarse correcta si existiese una petición expresa del paciente, debidamente
documentada, firmada ante un médico y ante unos testigos no vinculados a él económicamente. Que las prácticas eutanásicas hayan de entenderse fundamentalmente como un acto médico no empece la conveniencia de que en la plasmación de la voluntad del
paciente intervengan diversas personas, pues ello constituye una garantía frente a posibles influencias indebidas en la adopción de la decisión. La conducta eutanásica, creemos, solo debería poder ser llevada a cabo por un médico cuya intervención
asegura, además, que el adelantamiento de la muerte se produzca de la forma más plácida posible para el paciente. Aunque este tipo de conductas deben entenderse ante todo como un acto realizado en el contexto de la profesión médica, resulta
imprescindible que los poderes públicos ejerzan algún tipo de control sobre su práctica, que permita constatar si realmente se han satisfecho los requisitos establecidos en la legislación. Muchas cuestiones, señorías, que creemos deben ser
adecuadamente tratadas.
La proposición que se nos presenta tiene una segunda parte, que es la que hace referencia a los aspectos administrativos o de derecho sanitario, cuando se regula la autonomía personal o la información ante la muerte, consentimiento informado
y los límites del mismo. Creemos que la medicina y las ciencias han avanzado de una manera mucho más importante que las normas penales en los últimos tiempos, que ha habido cambios sustanciales en la organización sanitaria, en la propia regulación
de lo que debe analizarse como requisitos de un buen consentimiento y en el problema de la información ante la muerte. Por eso, en este ámbito, el respeto a la negativa de un paciente a ser tratado, la retirada de tratamientos fútiles, la sedación
en fase de agonía, bien indicada y bien efectuada, creemos que están ya en la lex artis y quizás no necesitarían en este momento una regulación distinta. No quería referirse la señora García a los cuidados paliativos, pero yo algo sí que diré,
puesto que en fechas recientes se ha aprobado en el consejo interterritorial la estrategia de cuidados paliativos. Creemos que está íntimamente unida a esta cuestión y que, en el campo de la sanidad pública, deben reforzarse especialmente los
servicios de cuidados paliativos, garantizando a todos los ciudadanos el acceso gratuito a una medicina paliativa de calidad. Solo en este caso podrá asegurarse la firmeza de una petición de ayuda para morir, pues en el caso de que esta hubiese
sido formulada por un enfermo que no ha podido acceder a unos buenos tratamientos paliativos, si estos siguen radicados fundamentalmente en el ámbito de lo privado, siempre resta la duda sobre si su decisión hubiese sido la misma de haberlos tenido
a su disposición. Nos parece que es imprescindible una regulación que contemple todos estos aspectos.
Señorías, estamos en el fin de una legislatura. El tiempo preelectoral -lo dije en días pasados- es muy mal consejero para hacer bien las cosas.
Creemos que esta es una materia que lo merece. Mi grupo no se opone a una regulación, pero
tampoco ve necesario o útil que esta iniciativa entre en este momento en la Cámara. No nos vamos a oponer a su regulación, siempre hemos sido favorables a que se haga, pero tampoco vamos a propiciar que, tal y como se presenta, faltándole muchos
aspectos sustanciales, entre en este momento como proposición de ley, y creemos que lo más lógico, lo más justo, lo más ético, conforme a la postura que venimos sosteniendo, es apostar por una abstención.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Uría.
Esquerra Republicana. Señora Bonàs.
La señora BONÀS PAHISA: Gracias, señor presidente.
Señorías, mi primera intervención como diputada fue precisamente la presentación a la Cámara de una iniciativa que proponía dos reformas legislativas: una, de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, y otra, de la Ley
14/1986, de 25 de abril, la Ley General de Sanidad, con el fin de despenalizar la eutanasia en determinadas circunstancias. Señorías, hace ya casi cuatro años les pedía que votasen a favor de iniciar un proceso legislativo que abriera un debate en
profundidad para que en esta legislatura saliera de esta Cámara una propuesta consensuada que permitiera respetar el derecho a una muerte digna. Abordamos entonces el planteamiento desde un punto de vista jurídico y no moral. Fundamentamos nuestra
argumentación en el derecho a vivir una vida digna hasta el final en los términos en los que se nos plantea ahora esta iniciativa.
Hablamos entonces de la necesidad de una nueva legislación que permitiera a la persona que así lo desee ejercer su derecho a dimitir de su propia vida en el supuesto de que sufra una enfermedad grave e irreversible, que le provoque grandes
sufrimientos, difíciles de soportar, o que le incapacite de manera general para valerse por sí misma. Argumentamos que el Estado puede proteger la vida, pero no imponer el deber de vivir en todas las circunstancias. Y considerando que el fin de la
agonía, el respeto escrupuloso a la voluntad del enfermo requiere en muchos casos, en la mayoría, la colaboración de personas que le rodean, dijimos que no se puede penalizar la solidaridad con el que sufre por motivos de enfermedad y desea poner
fin al sufrimiento de una forma rápida, eficaz e indolora, para lo cual se precisa la colaboración del médico, que es quien puede garantizar tanto que será efectivamente así como que el paciente se encuentra en las circunstancias determinadas.
La presentación de la iniciativa tuvo lugar en junio de 2004. La propuesta, como ustedes saben, no prosperó, porque el Grupo Socialista, que se había posicionado a favor en otras legislaturas, votó en contra de la toma en consideración.
Desde entonces ha habido varios debates, pero estamos donde estábamos al principio de la legislatura. Así, mientras los legisladores no nos decidimos y avanzan los progresos médicos que permiten alargar la vida hasta límites difíciles de sospechar,
en el Estado español sigue habiendo personas obligadas a vivir en condiciones indignas y en contra de su voluntad. Ya entonces, la diputada Uría dijo: mi formación política está en condiciones de decir que hay necesidad de regular esta materia y
por este motivo estaríamos dispuestos a dar nuestro sí a la regulación que permita empezar un proceso legislativo que, con las enmiendas que sean precisas, pueda dar lugar a un texto de ley correcto. Señorías, este era el procedimiento adecuado a
principios de la legislatura, por medio de una comisión empezar un proceso legislativo con expertos, con debate y llegar ahora a un fin consensuado.
No ha sido así por voluntad del Grupo Socialista, porque tenía la mayoría necesaria. El Grupo
Socialista ha defraudado en muchos aspectos. Esta tenía que ser una legislatura de regeneración de la democracia, de avanzar hacia procesos más abiertos. Se ha hecho en algunos casos, seguramente donde había más capacidad de captar votos; en
este, en el que puede que los votos no fueran tantos, el Partido Socialista ha defraudado una vez más.
Nosotros votaremos a favor de esta iniciativa, a sabiendas de que no va a prosperar, porque, si prosperase, no sería el momento de que esta Cámara aceptase esa iniciativa. Como ha dicho la diputada Uría, debería haberse aceptado a
principios de la legislatura y no ahora. Pero como no queremos que nuestro voto se malinterprete absteniéndonos, vamos a votar a favor.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Bonàs.
CiU. Señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió para fijar la posición ante esta proposición de ley planteada por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, recordando, como ya han hecho
otros portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, que no es la primera vez en esta legislatura que se trae a discusión en el Pleno del Congreso de los Diputados una iniciativa sobre el objeto de esta proposición de ley. Hay una
iniciativa de Esquerra Republicana y también una iniciativa de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds en unos términos muy parecidos, incluso respecto a la redacción de la propuesta que hoy discutimos y que votaremos. Por tanto, esto ya se
ha discutido y votado en Pleno y se ha discutido y votado también en la Comisión de Sanidad y Consumo. No hay ninguna regla o norma parlamentaria que impida la reiteración de los planteamientos y de los debates, porque una legislatura de cuatro
años da también para la actualización de los planteamientos y de los debates.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario de CiU simplemente para remitirme a los argumentos que en su momento expuso mi grupo parlamentario para votar en contra de la propuesta de legislar sobre la eutanasia, sobre este derecho más allá
del buen vivir, de la dignidad de la muerte. Distintas personas que hemos hablado y hemos discutido sobre la muerte, y por tanto no sobre el buen vivir sino sobre el derecho al buen morir, podemos discutir sobre la definición de la eutanasia a la
luz de los avances médicos que pueden concurrir al buen morir y al morir con dignidad de las personas. Yo creo que hoy, a diferencia de hace unos meses o unos años, incluso la propia definición de eutanasia podría cambiar. ¿Por qué digo esto?
Porque afortunadamente, en este proceso por el cual todos pasaremos del buen vivir pero también del morir con dignidad, del buen morir, ha habido avances en el campo médico, con lo cual nosotros decimos sí a las curas paliativas, que han mejorado
notablemente durante estos años; sí a los protocolos de los médicos para aminorar y para evitar al máximo el dolor. Y la otra cara de la moneda de este sí a las curas paliativas es el no al encarnizamiento médico, es no a la prolongación
artificial de la vida. La conjugación de las curas paliativas que han avanzado y el rechazo al encarnizamiento médico nos da la respuesta en estos momentos de la realidad y de la respuesta que, desde el ámbito médico, más que desde el ámbito legal,
se está dando al derecho a morir con dignidad. Curiosamente, estos mismos argumentos sirven para que algunos grupos parlamentarios -respetablemente pero desde la discrepancia respecto de nuestro punto de vista- planteen la necesidad de una ley
sobre la eutanasia.
Nosotros creemos que existen estos dos elementos, a los cuales se debe sumar un tercero, importante y muy relevante, un instrumento legislativo aprobado por las Cortes Generales en la anterior legislatura. Me refiero al
testamento vital, que permite que cada uno de nosotros exprese su última voluntad y exprese con qué criterios quiere ser tratado al momento de afrontar su muerte, si esta es una muerte larga, difícil, prolongada y con sufrimiento. Quiero
recordar especialmente la iniciativa del testamento vital porque fue una proposición de ley que nació del Parlamento de Cataluña, que fue tomada en consideración también, a partir de la propuesta de distintos grupos parlamentarios, por el Senado.
Fue una iniciativa inspirada casi literalmente en la iniciativa aprobada por el Parlamento de Cataluña, que fue presentada por distintos grupos en el Senado y que desde el Senado fue propuesta a este Congreso de los Diputados. Mi grupo
parlamentario tiene un recuerdo muy especial de esta iniciativa, porque fue especialmente impulsada en el Senado por parte del senador Cardona; el doctor Cardona fue ponente de esta ley. Esta fue su última ley, porque él, como doctor, era
perfectamente consciente de su enfermedad y de su proceso; con la autoridad y con la vivencia de aquel momento hablaba y lo hacía con autoridad. Me remito al 'Diario de Sesiones' y a sus planteamientos sobre las posibilidades de las curas
paliativas y al rechazo al encarnizamiento médico. Pues bien, señorías, esta es la realidad, más allá de las etiquetas, de los nombres y de la iniciativa concreta de legislar sobre la eutanasia.
Termino. Sí a las curas paliativas, no al encarnizamiento médico. Avances en el ámbito médico y en el ámbito científico para definir la respuesta a una muerte larga, difícil y dolorosa. La opción del testamento vital está legislada en
España; por cierto, es algo muy poco usado por parte de los ciudadanos, muy pocos han escrito la decisión y la voluntad de cómo ser tratado en un final largo y quizás agónico. En definitiva, señorías, estoy convencido de que el ánimo del grupo que
propone y el ánimo de los grupos que votaremos en contra de esta propuesta, el ánimo de todos, es un ánimo de reflexión sobre cómo afrontar la dignidad en la muerte. Hay aproximaciones distintas y hay respuestas políticas diferentes, pero sobre
todo hay respuestas humanas y, esta tarde, respuestas parlamentarias de carácter distinto.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Grupo Popular. Señor Mingo.
El señor MINGO ZAPATERO: Gracias, presidente.
Señoras y señores diputados, debatimos hoy una vez más una iniciativa legislativa que tiene por objeto despenalizar la eutanasia. La posición del Grupo Parlamentario Popular es bien conocida. Un partido como el nuestro que defiende
fundamentalmente la vida no podía tener otra actitud, señora García, que una actitud de rechazo a esta proposición de ley, que ya ha sido debatida en los últimos años en ocho ocasiones.
Espero que esta Cámara rechace, como en las ocho ocasiones
previas, la tramitación de esta proposición de ley.
Señorías, el debate sobre la eutanasia ha ido evolucionando de una manera muy importante en los últimos cincuenta años. Ha habido muchísima confusión en el uso del lenguaje e incluso hoy se ha podido ver en esta Cámara. Conceptos como
muerte digna o ayuda a morir han sido utilizados con frecuencia y siguen siendo utilizados en defensa de la eutanasia. La definición que da la Organización Mundial de la Salud de eutanasia es la acción del médico que provoca deliberadamente la
muerte del paciente. Sin embargo, nos referimos a la muerte digna cuando se consigue con medidas paliativas del médico de apoyo emocional, físico y espiritual, a enfermos terminales. De la misma manera que el médico ayuda a las personas a nacer y
cuida de nuestra salud a lo largo de la vida, también ayuda a morir bien, que es todo lo contrario que matar. Cuando leemos las distintas revistas de bioética, vemos cómo el interés en el debate de la eutanasia en los últimos años ha decaído.
Actualmente, la mayor parte de los trabajos se centran en los medios para mejorar y dignificar la situación de los enfermos terminales y críticos. Utilizando adecuadamente los cuidados paliativos y la sedación terminal pueden solucionarse muchas de
las situaciones que antaño podían ser consideradas tributarias de eutanasia. Por ello resulta especialmente contradictorio defender la eutanasia hoy, en el año 2007, precisamente en una época como la actual, en la que la medicina ofrece
alternativas como nunca hasta ahora para tratar a los enfermos terminales y aliviar el dolor. La iniciativa de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds que debatimos hoy propone modificar dos leyes que han sido aprobadas en esta Cámara con un
amplio consenso: el Código Penal, en 1995, que afortunadamente recoge bien la protección de la vida en su artículo 143 y que seguía la doctrina del Tribunal Constitucional, al rechazar la existencia de un pretendido derecho a la muerte; y la Ley
de Autonomía del Paciente, año 2002, que fue aprobada prácticamente por unanimidad en esta Cámara, que regula las instrucciones previas, el consentimiento informado, la libertad de elección y que garantiza, señorías, la dignidad de la persona y su
autonomía dentro del marco jurídico vigente y, cómo no, de la lex artis.
Algo sucede en todos los países de nuestro entorno en relación con una defensa mayoritaria a despenalizar el homicidio eutanásico.
Señora García Suárez, le voy a dar ciertos argumentos de los médicos, de la ética y de la existencia, porque estamos hablando del concepto ético y del concepto médico-asistencial. ¿Qué dice el concepto ético? Los principios básicos de todo
el mundo internacional: la vida humana es inviolable; no todo lo que es técnicamente posible puede considerarse moralmente admisible; el fin no justifica los medios; la ciencia, la técnica y el progreso están al servicio de la vida. ¿Qué dicen
los médicos, qué decimos los médicos en el código español de ética y deontología médica vigente hoy? Se recogen tres rotundos principios. Uno, el médico nunca provocará intencionadamente la muerte de un paciente, ni siquiera en caso de petición
expresa por parte de este. Dos, el
médico no deberá emprender o continuar acciones diagnósticas sin esperanza, inútiles u obstinadas. Ha de tener en cuenta la voluntad explícita del paciente a rechazar el tratamiento para prolongar su vida y morir con dignidad. Tres, señora
diputada, el médico aplicará las medidas adecuadas para conseguir el bienestar del enfermo aun cuando de ello pudiera derivarse, a pesar de su correcto uso, un acortamiento de la vida. Señoría, la eutanasia no es una solución médica. Los progresos
de la medicina paliativa han supuesto el ocaso de la noción de eutanasia como liberación del dolor insufrible. Los enfermos necesitan de una mano amiga, no para precipitar su muerte con la eutanasia ni para prolongar su agonía en el encarnizamiento
terapéutico, sino para estar junto a ellos y aliviar su sufrimiento con cuidados mientras llega la muerte.
No lo digo yo solamente, un diputado de esta Cámara, lo dice la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, lo dice el Convenio Europeo de Derechos Humanos, lo dice el Código internacional de ética médica de la Asociación Médica Mundial,
lo dice recientemente el Comité permanente de médicos europeos que, de una manera tajante, se ha manifestado en contra de la despenalización de la eutanasia, animando a los médicos a participar. Lo ha visto en este sentido la Academia de Médicos
Francesa, y recientemente, y por último, la Asociación Médica Mundial, en diciembre del año 2006, en su congreso de Sudáfrica, ha vuelto a rechazar la eutanasia y a recomendar la universalización de los cuidados paliativos en la misma línea que lo
ha hecho la Organización Europea y en este mismo año la Organización Colegial Médica Española. Y, desde el punto de vista de la asistencia, ¿qué dicen los enfermos en situación terminal? ¿Qué decimos prácticamente todos, ya que en esto me parece
que hay unanimidad? ¿Cómo queremos morir? Sin dolor; informados sobre la enfermedad y las posibilidades de tratamiento con palabras comprensibles; pudiendo decidir sobre lo que se nos va a hacer y rechazando tratamientos que prolongan la agonía;
tratados con respeto y con cariño por los profesionales de la salud y acompañados de familia y amigos. Este es el espíritu que siguió la Ley de la autonomía del paciente del año 2002 y este es el espíritu de la Ley de cohesión que aprobamos en el
año 2003, donde se priorizaron, como es natural, los cuidados paliativos, no solamente en atención hospitalaria sino también en atención primaria.
Señora García, ¿qué dice la Sociedad Española de Cuidados Paliativos? Dice lo siguiente: En el control del dolor y de otros síntomas contamos con avances espectaculares; el mejor uso de la morfina y de otros opiáceos potentes de reciente
aparición, así como de otras medidas, consigue suprimir o aliviar el dolor en la mayor parte de los enfermos; la petición individual o social de la eutanasia y el suicidio asistido deben ser considerados como una demanda de mayor atención y suele
desaparecer cuando se aplica la práctica de cuidados paliativos. Siguen hablando los médicos, y los médicos especialistas, es decir, los que atienden a los enfermos terminales: La Sociedad Española de Cuidados Paliativos defiende la consideración
de la dignidad del paciente terminal como un valor independiente de su calidad de vida, porque de lo contrario estaríamos privando de dignidad y de valor a personas que padecen graves limitaciones o severos sufrimientos psicofísicos y que justamente
por ello precisan de especial atención y cuidado. En relación con su intervención, señora García Suárez, fíjese lo que dice la Sociedad Española de Cuidados Paliativos: Cuando en términos coloquiales se habla de unas condiciones de vida indignas,
las que son indignas -señora García Suárez- son las condiciones o comportamientos de quienes la sostienen, pero no de la vida del enfermo. Finaliza la declaración de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos considerando que la legalización de la
eutanasia en España no es oportuna ni prioritaria.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular apuesta, como no puede ser de otra forma, por los cuidados paliativos tanto en atención primaria como en atención hospitalaria. Se requiere potenciar la implantación de más unidades, formar mejor a
los médicos en el manejo del tratamiento analgésico y también de la sedación paliativa, y esto ha quedado bien recogido en el 'Diario de Sesiones' porque llevamos tres años -y lo haremos próximamente otra vez- presentando enmiendas para dotar
presupuestariamente al Sistema Nacional de Salud de más cantidad de dinero para potenciar toda el área de cuidados paliativos.
Desgraciadamente, en los tres años anteriores no hemos contado con el apoyo de los grupos de esta Cámara.
Señorías, concluyo diciendo que este es, a nuestro juicio, el camino adecuado; es el camino que piden y que necesitan los enfermos; es el que preconiza la ética y aconseja la medicina. Esta es la posición del Partido Popular, que defiende
la dignidad de la persona como un atributo esencial en todos y cada uno de los momentos de la vida y también, lógicamente, en el momento de la muerte. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mingo.
Grupo Parlamentario Socialista, señora Grande.
La señora GRANDE PESQUERO: Gracias, señor presidente.
Señorías, hace exactamente ocho meses -a falta de cuatro días para ser exactos- subimos a esta misma tribuna para defender una enmienda presentada a una moción consecuencia de interpelación urgente sobre iniciativas del Gobierno en relación
con la eutanasia. Hoy hablamos de nuevo sobre una proposición de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds sobre la disponibilidad de la propia vida. Esta es la cuarta vez que tratamos sobre esta materia en esta
legislatura y creo sinceramente que no es malo que hablemos de algunos temas en esta Cámara cuantas veces sea necesario, siempre y cuando también
interesen a los ciudadanos a quienes todos y cada uno de nosotros representamos.
Recuerdo que comencé mi intervención del mes de febrero diciendo que entre los grupos parlamentarios había un acuerdo, expresado en todas las ocasiones anteriores por los diferentes portavoces, en avanzar en ámbitos como el llamado
testamento vital, la mejora y ampliación de los cuidados paliativos, en evitar el llamado encarnizamiento terapéutico o la no prolongación artificial de la vida en situaciones de pacientes terminales, así como también en desarrollar protocolos que
mejoraran la seguridad no solo de los pacientes sino también de los profesionales sanitarios. No puedo dejar hoy tampoco de mencionar que en esta legislatura se ha avanzado considerablemente en todas y cada una de estas materias. El pasado mes de
febrero se aprobó el real decreto por el que se regula el registro nacional de instrucciones previas, así como el correspondiente fichero automatizado de datos de carácter personal, que, como SS.SS. conocen, es el instrumento que permite constatar
la existencia de instrucciones previas, su localización en los registros que ya existen en las comunidades autónomas y que incluyen su fecha de inscripción, así como su modificación o revocación, si las hubiere. Esto significa, como todos conocen,
que el paciente que lo desee podrá determinar las futuras decisiones asistenciales sobre su persona y obliga, por tanto, a que estas decisiones sean respetuosas con la voluntad del enfermo, incluso si el paciente no pudiera expresarse por sí mismo.
En la intervención del Pleno de febrero me permití hablar de ética. Para no repetirme hoy, permítanme que hablemos un poquito de filosofía. En la exposición de motivos de la proposición de ley que hoy nos ocupa se puede leer, y cito
textualmente: Los derechos fundamentales de la persona emanan de la proclamación de su dignidad como fundamento del orden político y de la paz social, de conformidad con los valores superiores del ordenamiento jurídico proclamados en el artículo 1
de la propia Norma Fundamental. Cierro comillas. Argumento desde luego este con el que no podríamos estar en desacuerdo. Déjenme que les diga que cuando hablamos de dignificar el proceso de la muerte hablamos también de la dignidad humana, y en
este punto algunos de nosotros -imagino que algunos de ustedes también- tenemos una duda filosófica en torno al concepto de dignidad humana, que me permitirán que esta tarde les traslade. La pregunta sería: ¿Aceptamos la idea de la dignidad humana
como punto de partida o como punto de llegada? Me explico. Como punto de partida, la dignidad humana se entiende que es congénita y ligada a la propia vida desde su inicio, independientemente de sus condiciones concretas, y vinculada, por
supuesto, a la base de los derechos fundamentales y a la igualdad de todos los seres humanos. En el polo opuesto, si entendemos la dignidad como punto de llegada, esta irá ligada a la calidad de vida de tal manera que, ante situaciones de grave
pérdida de calidad de vida, se puede entender que esta ya no merece la pena ser vivida porque ya se ha perdido la dignidad y sin ella la vida ya no tendría sentido.
Precisamente en esta discrepancia se basa la filosofía de los cuidados paliativos
y, por ello, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, a la que he citado y voy a volver a citar, defiende la consideración de la dignidad del paciente en situación terminal como un valor independiente del deterioro de su calidad de vida; de lo
contrario, se podría privar de dignidad y de valor a personas que sufren graves limitaciones o severos sufrimientos y que por eso precisan de especial cuidado.
Señor Mingo, coincido con usted -porque al fin y al cabo es la Sociedad Española de Cuidados Paliativos la que habla- en que cuando muchas veces hablamos de condiciones de vida indignas, efectivamente, las que son indignas son las
condiciones o los comportamientos de quienes toleran estas situaciones indignas, nunca es indigna la vida del enfermo. Es aquí, desde este pensamiento solidario con los pacientes, donde la ciencia médica ha de ponerse al servicio del enfermo que ya
no tiene curación, desde donde nace la filosofía de los cuidados paliativos.
Precisamente porque los enfermos terminales tienen dignidad es por lo que debemos poner a su servicio toda la atención posible. Por ello, y después de todo lo expuesto,
me permitirá que nuevamente hoy discrepe con la afirmación de que una cosa son los cuidados paliativos y otra distinta el derecho a morir dignamente. En ese camino están todos los que tienen que estar, el Gobierno, las comunidades autónomas, los
profesionales sanitarios y las sociedades científicas, en el del derecho que tienen los ciudadanos a obtener unos cuidados paliativos de calidad que conlleven el respeto a morir dignamente y en el que el Sistema Nacional de Salud pueda dar una
respuesta con la mejor calidad técnica y humana posible y buscando siempre, por supuesto, la excelencia profesional. Si somos capaces de conseguir este objetivo, daremos seguridad y tranquilidad a los pacientes más graves e incapacitados, que de
alguna manera podrían verse coaccionados, aunque sea indirectamente, a solicitar un final más rápido al entender que suponen una carga inútil para la sociedad y para sus familias y, por tanto, conseguiríamos también una garantía de la defensa de la
autonomía de las personas en el momento que tienen una situación más débil. Los profesionales sanitarios suelen decirnos que cuando un enfermo terminal solicita la eutanasia desde luego está pidiendo una atención mejor y de mayor calidad, y esta
solicitud desaparece en muchos de los casos cuando se les aplican cuidados paliativos de calidad. Cuando un paciente dice: Doctor, yo no quiero seguir viviendo así, su opinión cambia cuando se le soluciona el así.
Promover la posibilidad de
legalizar la eutanasia activa en una sociedad donde todavía están insuficientemente implantados los cuidados paliativos, y donde aún no está generalizado el acceso a estos tratamientos integrales con equidad en todo el territorio nacional, así como
tampoco el reconocimiento de la objeción de conciencia
de los profesionales sanitarios, y aunque debemos reconocer que se ha mejorado mucho en los últimos años situándose actualmente España en el puesto duodécimo del ranquin europeo en recursos dedicados a cuidados paliativos, parece que hablar
de esta legalización podría suponer una solución algo precipitada ante un problema realmente pendiente de resolver.
En definitiva, lo que esperan los ciudadanos de todos nosotros es que antes de establecer un debate moral o legal establezcamos un debate asistencial, y en eso estamos. Por eso el Gobierno está apostando por mejorar las condiciones de vida
y la dignidad de los enfermos terminales, lo que constituye el fondo de la cuestión que se plantea en esta proposición, y en ese sentido el pasado mes de marzo el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó la estrategia de
cuidados paliativos. Se ha celebrado también el pasado 15 de julio la primera jornada técnica de presentación de la estrategia de cuidados paliativos en la sede del Ministerio de Sanidad y Consumo, con la participación de expertos nacionales e
internacionales y con representantes de las diferentes comunidades autónomas. Quiero recordar que la dotación económica para las diferentes estrategias de salud, entre las que se encuentra la de cuidados paliativos, tienen en la propuesta de
presupuestos del ministerio para este año la cantidad de 42,4 millones de euros; por cierto, un 14 por ciento más que el año pasado, señor Mingo.
Esto no está nada mal.
Para terminar, señor presidente, quiero repetir una vez más que la reforma normativa que supondría abordar la regulación sobre la disponibilidad de la propia vida no formaba parte del programa con el que el Partido Socialista se presentó a
las elecciones, ni del programa de gobierno que el presidente planteó en esta misma tribuna en su sesión de investidura.
Por tanto, señora García, déjeme que le repita que este Gobierno no tiene ningún compromiso para acometer en esta legislatura
la regulación que su grupo propone hoy de nuevo, y mi grupo parlamentario coincide con el Gobierno en que no existe un sentir social mayoritario que exija esta reforma.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Grande.
A continuación, señor Nasarre, tiene tres minutos. Terminará la señora García con tres minutos. Yo sé que el tema es complicado. Después de esta intervención el debate lo doy por concluido, díganse lo que se digan entre ustedes.
El señor NASARRE GOICOECHEA: Señor presidente, con mucha serenidad intervengo en este debate, y le agradezco muy vivamente que me haya concedido la palabra porque considero que estamos debatiendo un tema fundamental para el futuro de
nuestra civilización.
La señora García me ha acusado de mala fe. Para mí esto significa una ofensa, señora García, y me gustaría, señor presidente, que esas palabras no figuraran en el 'Diario de Sesiones'. Mantengo, en todo caso, todas las afirmaciones de mi
artículo publicado hoy en ABC. Señora García, la historia no puede cambiarse, la historia no es selectiva. Ustedes están acostumbrados a que todo vale. Mal que les pese, la historia nos demuestra que la eutanasia está íntimamente vinculada al
nazismo.
(Rumores.) El nazismo impulsó unos programas de eutanasia que formaron parte de los horrores del régimen nazi. (Continúan los rumores.) Yo solo he recordado... Lamento, señor presidente, estas risas en un tema tan importante.
El señor PRESIDENTE: Señor Nasarre, ya he dicho que usted tiene tres minutos. Utilícelos y argumente. La señora García responde y cierro y concluyo el debate, porque si no no vamos a terminar.
Adelante, señor Nasarre.
El señor NASARRE GOICOECHEA: Estoy terminando, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Por supuesto que sí.
El señor NASARRE GOICOECHEA: Decía, señor presidente, que yo solo he recordado que los argumentos de los actuales defensores de la eutanasia y los que sostuvieron los nazis se parecen demasiado, porque responden a la misma doctrina sobre la
vida y la muerte de los seres humanos. Señora García, me encuentro muy tranquilo y con la conciencia en paz de estar lo más alejado posible de las doctrinas nazis. Lamento que usted no pueda decir lo mismo. (Rumores.-Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señora García, usted replica, insisto, brevemente.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Gracias, señor presidente.
Si no hubiera sido casual que hoy en el periódico ABC haya aparecido un artículo de don Eugenio Nasarre que se titula: La eutanasia y el nazismo, que hace referencia a mi grupo parlamentario y a la iniciativa que hoy estamos debatiendo; si
no hubiera sido así, como lógicamente no puedo leer el contenido íntegro, voy a citar una parte y al finalizar me voy a reiterar en que para nuestro grupo parlamentario es mala fe. Entre otras muchas barbaridades -desde nuestro punto de vista- que
se dicen, una es: Los actuales defensores de la eutanasia son en este punto herederos directos de las doctrinas nazis sobre la vida y la muerte de los seres humanos. (Rumores.) Esta es una de las cosas más o menos graves que se dicen en este
artículo. Mi grupo -y yo personalmente- considera que hay mala fe, porque para usted lo de asimilarse al nazismo no sé qué importancia tiene, pero para nosotros, señor Nasarre, es el insulto más grave que nos pueden decir.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Votación de la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds sobre disponibilidad de la propia vida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 20; en contra, 282; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA ILEGALIZACIÓN DE ACCIÓN NACIONALISTA VASCA Y LA DISOLUCIÓN DE LAS CORPORACIONES LOCALES EN LAS QUE GOBIERNA. (Número de expediente 162/000622.)
El señor PRESIDENTE: Punto III del orden del día: Proposiciones no de ley.
En primer lugar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la ilegalización de Acción Nacionalista Vasca y la disolución de las corporaciones
locales en las que gobierna. Para la defensa de la proposición no de ley, en un turno de siete minutos, tiene la palabra el señor Zaplana. (Rumores.)
Espere un momento. Por favor, el Pleno continúa. (Rumores.)
Señorías, una vez más perdemos una cantidad de tiempo extraordinario en este tipo de situaciones. ¡Por favor! ¡Por favor! (Continúan los rumores.)
Es inevitable. Lo lamento, señor Zaplana.
El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: No se preocupe, señor presidente.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: ¡Por favor, silencio! El Pleno continúa.
Tiene la palabra el señor Zaplana.
El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Gracias, señor presidente.
Señorías, cada día es más evidente que el discurso que durante tres años ha mantenido el Gobierno sobre el mundo de ETA no se sostiene. El Gobierno nos dijo que había verificado una voluntad inequívoca de paz por parte de los terroristas.
Ahora hasta el fiscal general reconoce que nunca existió dicha voluntad y que ETA inequívocamente mantuvo durante todo ese tiempo una actividad terrorista. Se nos dijo que Batasuna ya no existía, que había sido ilegalizada, que lo que existía era
la izquierda abertzale. Ahora se nos dice -y lo sabemos- que la mesa nacional de Batasuna está en la cárcel precisamente por no haber dejado de ser nunca Batasuna. Y si no estuvo antes, en palabras del propio juez que ha redactado el auto, es
porque Batasuna actuaba con el fin de buscar el final de la violencia.
La iniciativa que hoy debatimos persigue, señorías, acabar con otro de los pilares del discurso del Gobierno, que ANV no es ETA o que no se puede demostrar que ANV sea ETA. Señorías, que ANV es el caballo de Troya que ha elegido ETA para
volver a las instituciones es algo que a estas alturas ya solamente niega el Gobierno. ANV no existía políticamente desde 1977. A pesar de ello, siguiendo la estrategia de Batasuna, de la noche a la mañana consiguió en las pasadas elecciones
presentar candidaturas en todos los municipios del País Vasco y de Navarra. Gracias a la complacencia del Gobierno obtuvo un total de 439 concejales y la mayoría suficiente para gobernar un total de 42 municipios. Y he dicho, señorías,
complacencia del Gobierno, que ató las manos de la justicia e impidió que se pudiera ilegalizar al partido y solo se permitiese la anulación de algunas de las listas; un partido que, por si no hubiera motivos suficientes, además no había condenado
las dos muertes del atentado de la T-4, de la terminal de Barajas, ni ninguno de los actos de violencia que precedieron a las elecciones municipales de mayo de 2007.
Son, señorías, decenas las pruebas que demuestran que ANV sigue la estrategia de
ETA. No ha condenado ninguna de las bombas que ha puesto ETA desde el mes de mayo, y ya son al menos ocho los atentados. No ha condenado el secuestro de un niño y una familia en Orio. Es más, ANV convocó una rueda de prensa para no condenar el
atentado contra Gabriel Ginés, pero sí han condenado las detenciones de la mesa nacional de Batasuna y además han tenido la chulería de anunciar que se presentarán a las próximas elecciones generales. Han hecho uso compartido de sedes.
Otegi fue
detenido a la salida de una sede de ANV. En los registros de las sedes de ANV y del Partido Comunista de las Tierras Vascas han aparecido resguardos de transferencias bancarias a miembros de Batasuna.
En la última redada contra la mesa nacional de
Batasuna, un miembro de ANV fue detenido y se han encontrado múltiples nexos entre ANV y Batasuna.
Señorías, es obligado que hoy aquí en esta casa yo dé los argumentos que estoy dando y otros que omito, pero en cualquier caso saben ustedes que son innecesarios. Son innecesarios, señorías, porque todos sabemos la verdad, y ustedes también
saben exactamente la verdad, como la sabemos nosotros. No haría falta extenderse demasiado para acreditar algo que todo el mundo sabe, por mucho que el Gobierno y el partido que lo sustenta se fuercen en negar la evidencia, ni yo tendría que hacer
más citas esta tarde, pero haré una solamente, la de la vicepresidenta del Gobierno, que decía, y cito literalmente, señorías, que una de las condiciones para que cualquier partido sea legal es una condena tajante y absoluta de la violencia. Pues
díganle de mi parte a la señora vicepresidenta que ya no es una, son decenas las ocasiones en las que ANV no ha condenado la violencia de ETA. Si no se ilegaliza ANV, no será porque no se
tengan razones legales, no será porque la ley no esté de nuestra parte; si no se ilegaliza ANV es, señorías, para dejar una puerta abierta al diálogo con los terroristas. Porque no perdamos el verdadero problema de vista, la verdadera
razón que nos lleva a este debate. La vuelta de los terroristas a las instituciones fue y es una parte de un proceso político de concesiones permanentes que el Gobierno no quiere dar por cerrado; proceso que, señorías, salvando las evidentes
diferencias, propicia el nuevo capítulo que hoy hemos vivido en el palacio de La Moncloa. Porque lo que hoy ha exigido el señor Ibarretxe al presidente del Gobierno es algo que firmó el Partido Socialista en el acuerdo del Tinell y que en su punto
1.2 ampara -y cito literalmente también en esta ocasión- un procedimiento de consulta general si este Congreso rechazaba el Estatuto.
Eso lo firmaron ustedes. Eso lo firmó el Partido Socialista, y el propio presidente del Gobierno afirmó
posteriormente en esta casa que el Gobierno respetará las decisiones que los ciudadanos vascos adopten libremente. Eso se ha dicho, señorías, en esta casa. Esa es la constante de esta legislatura y ese es el motivo y la razón fundamental por la
que el presidente hoy no haya podido ser firme, probable y seguramente porque no pueda serlo ya a estas alturas, señorías. (Aplausos.) Porque el cambio en el modelo de Estado y la negociación con ETA han sido las dos mesas en las que el Gobierno ha
estado sentado desde el comienzo de la legislatura. Por eso, la sensación generalizada es que los desafíos que le plantean no son para el Gobierno o no son para ustedes, señorías del grupo mayoritario, más que una cuestión de ritmo y de oportunidad
política que ahora les conviene aplazar porque vienen las elecciones generales.
Señor presidente, señorías del Grupo Socialista, a estas alturas y con estos mimbres, lo significativo ya no es lo que dice el Gobierno, sino lo que hace. Hoy los españoles no saben dónde está ni con quién está el Gobierno. Votar hoy junto
con el Partido Popular a favor de la ilegalización de ANV y la disolución de los ayuntamientos sería un mensaje claro de que el camino del error se empieza a desandar. Desde la bancada socialista se dijo los días pasados que esta iniciativa era una
bajeza moral. Señorías, lo dijo el señor Villarrubia. Lo que es una bajeza moral en una democracia es no aplicar la ley por cálculo electoral o por oportunidad política, como ha mantenido el Gobierno.
(Rumores.-Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor Zaplana, le ruego que concluya. Gracias.
El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Acabo señor presidente.
Señorías, es el momento de abandonar la jugada; jugada de la que habla nada más y nada menos que el ministro de Justicia. Es el momento del Estado de derecho de una vez por todas en esta legislatura. Ustedes que también solicitaron la
ilegalización de Batasuna en su día tienen dentro de unos minutos la oportunidad de rectificar.
El señor PRESIDENTE: Señor Zaplana, concluya.
El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Acabo, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: No, no me diga que acaba y continúa. Tiene que acabar, por favor. (Rumores.)
El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: No den tiempo a ANV a señalar objetivos desde los despachos de las instituciones como en otras ocasiones han hecho. De lo contrario, los españoles tendrán razones para pensar que no se ha renunciado al
diálogo con los terroristas...
El señor PRESIDENTE: Señor Zaplana, le ruego que concluya porque ha excedido su tiempo. (Protestas.) El debate de las proposiciones no de ley es un debate tasado y aprobado por unanimidad en la Junta de Portavoces.
Usted lo sabe
perfectamente, ha excedido ya el tiempo en casi tres minutos y, en consecuencia, esto es tensar la situación con el presidente inútilmente, porque ustedes saben perfectamente que son las reglas del juego. Así pues, señor Zaplana, concluya y, por
favor, aténgase a lo que usted mismo ha votado en Junta de Portavoces. Gracias.
El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Nosotros ya saben dónde estamos, con Regina Otaola y con los luchadores por la libertad. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias. Yo creo que es bueno que todos respetemos las reglas del juego. (Risas.-El señor Martínez-Pujalte López pronuncia palabras que no se perciben.) Es bueno que todos respetemos las reglas del juego.
En fijación de posiciones interviene, en un turno de cinco minutos, por el Grupo Parlamentario Mixto la señora Lasagabaster. Adelante, por favor.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente.
Señorías, no vamos a apoyar esta proposición no de ley. (Rumores.-Varios señores diputados: ¡Claro!) No vamos a apoyar esta proposición no de ley.
(Rumores.-Varios señores diputados: ¡No!) Si no les importa, ¿podría seguir?
El señor PRESIDENTE: Señorías. Un momento, por favor. Vuelvo una vez más a apelar a que todavía nos quedan unos meses de convivir juntos. (Rumores.) Comprendo que, sí, van a ser muy emotivos y muy emocionales, pero el Pleno no puede
convertirse en un rifirrafe permanente y continuo molestándose unos a otros, así pues, señora Lasagabaster... (La señora García-
Hierro Caraballo pronuncia palabras que no se perciben.) Señora Hierro, por favor, deje al presidente dirigir los debates, que bastante difícil es para que haya aquí optimismo de todas las partes. (Rumores.-La señora García-Hierro Caraballo
vuelve a pronunciar palabras que no se perciben.) ¡La llamo al orden, señora Hierro! ¡No trate usted así al presidente! (Una señora diputada: ¡Maleducada!) Cálmense; les ruego que se calmen porque si no no será posible que hagamos un trabajo
mínimamente correcto.
Señora Lasagabaster, tiene la palabra y ruego respeto de todos los diputados.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente.
No apoyaremos esta proposición no de ley porque -sin entrar en el contenido de la misma, que nos parece un despropósito jurídico en cuanto a pensar que esta exposición de motivos pudiera ser factible como fundamentación de cualquier recurso-
entendemos que la Ley de Partidos, como nos habrán oído muchas veces desde 2002, es un tremendo error político y, como decía antes, un despropósito jurídico. Es así porque realmente lo único que ha conseguido es crear un recorte de derechos y
libertades fundamentales, y algún día se darán cuenta de que ese recorte no solo ha sido para quienes ustedes pretendían, ha sido un recorte generalizado en todo el Estado español y ha permitido generar vulneración en muchos temas y en muchas
instituciones que en ningún caso se tenía que haber producido. Ha afectado a estructuras y a pilares básicos del Estado de derecho y ha ido en contra de poderes tan claves en el País Vasco como el Ejecutivo o el Poder Legislativo. Es un
despropósito jurídico y un gravísimo error político. Además, no ha solventado nada, nada, nada.
¿Qué es lo que tendríamos que hacer? La posición de Eusko Alkartasuna ha sido clara, la planteamos aquí los primeros días de esta legislatura con la defensa de una proposición no de ley para la derogación de esta iniciativa legislativa
aprobada en 2002. Lo que hay que hacer es resolver los conflictos a través de tres pilares básicos: el respeto a los derechos humanos y libertades de todo el mundo y, claro que sí, perseguir a quien los vulnere -ahí no hay ningún problema y nadie
ha tenido ningún problema nunca en esta Cámara-, con garantías jurídicas correctas, el consiguiente derecho de defensa y la política penitenciaria adecuada a un siglo XXI. Quien cometa el gravísimo error y la gravísima cuestión ética de haber
vulnerado un derecho humano o una libertad fundamental tiene que ser perseguido, claro que sí, por la justicia, pero eso no significa recortar los derechos de expresión ni las opciones políticas. Esto es lo que hay que respetar también; nos
gustarán unas u otras, a nosotros algunas no nos gustan nada, pero es mejor que la gente hable a que haga otras cosas. Hay que respetar todas las opciones, sin exclusiones de ningún tipo, y al final hay que llegar a resolver los problemas, a
decidir por las mayorías y de conformidad solo con la política, y el derecho a decidir es un derecho universal.
No me gusta que aquí se hayan mezclado, que no venía a cuento, dos cosas que no tienen nada que ver, una, que es un error jurídico, la ilegalización de una opción política y otra es el derecho a decidir de los ciudadanos vascos que tenemos
como cualquier otra nación y como cualquier otro pueblo. Digan lo que ustedes digan, la propuesta del lehendakari Ibarretxe en la representación de la mayoría parlamentaria legítima y social saldrá adelante, en este formato o en otro, porque el no
por el no no paraliza el avance y la decisión de la mayoría.
Señorías, un hombre de Estado o incluso mejor una mujer de Estado tiene por obligación resolver los problemas. Lo que no puede hacer es utilizar los conflictos no solo para no resolverlos sino para conseguir intereses partidistas. Aquí lo
que estamos viendo es que se utilizan los conflictos para conseguir rédito electoral, algo inadmisible en una sociedad democrática y en un Estado de derecho.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Izquierda Unida, señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
El Partido Popular sigue en su laberinto, ensimismado de nuevo, intentando patrimonializar la política antiterrorista, después de haber patrimonializado con desigual fortuna la identidad nacional. Me refiero a la fiesta del 12 de octubre y
me refiero a su intento de convertir los símbolos en dogmas y en liturgia. El Partido Popular tenía la oportunidad hoy, cuando arrecia el intento de ETA de provocar dolor y muerte, de unirse con los demócratas frente al terrorismo. (Un señor
diputado: ¿Demócratas?) Tenía esa oportunidad de reconocer el liderazgo que atribuye la Constitución al Gobierno en esta materia y de unirse con el resto de las fuerzas políticas democráticas en torno al Estado de derecho. El Partido Popular,
inasequible al desaliento, prefiere la lógica del inquisidor a la lógica democrática; prefiere buscar la división entre los demócratas a la unidad de los demócratas y, apurado por este intento de patrimonializar la política antiterrorista, mezcla
churras con merinas. Señores del Partido Popular, es intolerable que hoy ustedes aquí mezclen a ETA con una iniciativa del Parlamento y del Gobierno vasco; es intolerable. Es intolerable por mucho que ustedes estén en desacuerdo con una
iniciativa política. Todas las iniciativas políticas son discutibles en democracia si no se realizan con actividades violentas, como ocurre con la organización terrorista ETA, pero puestos a utilizar y a patrimonializar la política antiterrorista
como política de partido, parece que vale todo. Parece que vale sustituir al Gobierno, parece que vale romper la unidad de los demócratas, parece que vale también incluir una iniciativa legítima
del Gobierno vasco junto con la política antiterrorista frente a ETA. Pero es que esto ocurre precisamente cuando el Ministerio del Interior lucha día a día, tanto la Policía como las Fuerzas de Seguridad, frente al terrorismo, en muchos
casos con éxito, y ocurre también cuando la judicatura, haciendo honor a su función, toma también medidas en esta materia.
Al Partido Popular no le basta con que funcione el Estado de derecho. Solo funciona el Estado de derecho para el Partido Popular cuando es Estado de derechas, es decir, cuando monopoliza el Estado de derecho; solo así funciona el Estado de
derecho. (Rumores.-Aplausos.) No le basta, señorías, y sobreactúa. Esta iniciativa hoy aquí es una sobreactuación.
Fíjense, entre los motivos de ilegalización de ANV incluyen que se opone a la Y vasca, señorías. Nosotros no apoyamos la Y vasca,
apoyamos la U.
¿Es que por la Y o por la U nos van a llevar también a la ilegalización de partidos? Es absurdo incluir la Y vasca. (Rumores.) Hasta incluyen que los gobiernos de ANV no ponen la bandera. ¡Pero, señorías, si hay una sentencia del
Tribunal Constitucional que dice que no poner la bandera no es objeto de sanción penal! Están ustedes sustituyendo a los tribunales de Justicia, al Gobierno y al Tribunal Constitucional. Ustedes no ven límites en su intento de acaparar la política
del Estado y no solamente la política antiterrorista. Se equivocan, señorías. Se equivocan porque, entre otras tantas cosas, se pasan de frenada. Se pasaron de frenada el 12 de octubre con un video que pasará a la historia del esperpento y se
pasan de frenada hoy aquí pretendiendo sustituir al Gobierno y a la fiscalía en la iniciativa para la ilegalización de un partido, que nosotros no compartimos, pero pretenden ustedes algo más grave: anteponer su voluntad inquisitorial a la unidad
de los demócratas frente al terrorismo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Llamazares.
Señor Esteban, por favor.
El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señor presidente.
Es evidente que la posición de nuestro grupo ha sido contraria, desde su discusión y aprobación, a la actual Ley de Partidos Políticos y es manifiesta nuestra voluntad -reiterada en todas las intervenciones que hemos tenido en este
hemiciclo- de que creemos que lo adecuado en una democracia es dar cauce político a todas las ideologías y que es evidentemente una situación mejor que cualquier ideología pueda estar representada en las instituciones democráticamente y no anular o
limitar la representación que libremente puedan adoptar los ciudadanos.
No voy a hacer un discurso sobre a quiénes representan o dejan de representar los electos de ANV. Es evidente que es la izquierda abertzale, en general, pero también es evidente que hay muchos tonos dentro de la izquierda abertzale. Es
evidente que lo que tiene que perseguir la ley es al terrorismo, estrictamente, a los terroristas y a quienes practican directamente la violencia. Entendemos que estamos en una situación diferente. Además, el Partido Popular va un paso más allá.
No solo está hablando de la ilegalización de un partido político, sino que además habla de la disolución de ayuntamientos, y eso sí que sería en nuestra opinión alterar la convivencia pacífica de los pueblos y las ciudades en Euskadi, porque desde
luego en la proposición no de ley se hace una generalización de afirmaciones y de acusaciones sobre todos los representantes de ANV y sobre cada ayuntamiento. En nuestra opinión, eso es muy matizable. Hay muchos lugares en los que existe una
representación de ANV y se lleva una convivencia normal, pacífica, dentro del ordenamiento jurídico, en los diversos ayuntamientos e incluso, en algún caso, en representaciones forales en Juntas Generales en el País Vasco.
Es cierto que
-personalmente es la segunda vez que lo digo en este hemiciclo, lo reitero- da pena ver en qué manos de algunos personajes han caído las siglas de ANV, que son unas siglas que lucharon por la democracia, del lado de la República en 1936, y que
mantuvieron una trayectoria impecable, pero es un partido político legal, entendemos que está representando a unos ciudadanos y muchos de sus representantes están haciendo un trabajo en los municipios, atendiendo evidentemente a su ideología, pero
dentro del ordenamiento jurídico.
Lo que nos preocupa es el oportunismo electoral del Partido Popular presentando esta propuesta. Utilizar como argumento para una ilegalización y como argumento inadmisible que alguien esté dispuesto a aceptar lo que los ciudadanos vascos
decidan libremente nos parece realmente sorprendente, porque no es sino la afirmación de una máxima democrática. Desde luego, esas manifestaciones hechas por parte del señor Zaplana solo pueden caer en la categoría de las recientemente hechas por
Jaime Mayor Oreja sobre la guerra civil y la dictadura, asimismo deplorables. En la intervención se han podido escuchar frases que, curiosamente, en Euskadi estamos habituados a escuchar desde unas bancadas ideológicamente muy diferentes. Estamos
con los luchadores por la libertad. Eso se lo he oído decir a unos cuantos personajes de una concepción ideológica muy enfrentada a la del señor Zaplana. Es preocupante que se intente hacer oportunismo electoral de temas tan delicados como estos.
Es preocupante también que por parte del Gobierno y de sus máximos representantes se digan algunas frases. Desde luego no fue nada afortunada y sí más bien preocupante esa frase del ministro de Justicia que reflejaba El País de que se
procederá en su momento a la ilegalización cuando la jugada lo aconseje. Deplorable, porque si hay que aplicar la ley, hay que aplicarla, pero no porque la jugada lo aconseje o porque convenga al interés electoral. En fin, va en la línea de lo
manifestado por el anterior ministro, aquello de construir imputaciones.
Ese no es el camino desde luego. Lo cierto es que hoy tenemos una inseguridad jurídica absoluta, con una Batasuna suspendida cautelarmente en lo penal, una causa penal que produce unos encarcelamientos y que es impulsada a conveniencia
desde la magistratura: ahora sí, ahora no, ahora se para, ahora es conveniente y ahora no. Tenemos unos medios de comunicación cerrados con sentencias que todavía no son firmes y sin ninguna posibilidad de volver a abrir después de tantos años.
Eso ha ocurrido sobre la base de los abusos de la legislación y de los principios democráticos que en nuestra opinión han sucedido.
Termino, señor presidente. ¿Va a haber una ilegalización de ANV? Nosotros no quisiéramos que esto sucediera, pero, en fin, ¿cuando la jugada lo aconseje? Uno no quiere hacer de Rappel, pero de hacerlo, diría que es posible, quizá después
de las próximas elecciones generales, cuando la jugada lo aconseje.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Esteban.
Señor Cerdà, por favor, Esquerra Republicana.
El señor CERDÀ ARGENT: Muy brevemente, señor presidente.
No quiero contribuir más a una discusión en bucle y reiterativa que hemos tenido muchas veces. Es de todos conocida la posición de Esquerra Republicana, que siempre ha defendido que son los ciudadanos y ciudadanas cuando van a votar los que
ponen y quitan a la gente de las instituciones, y esto nos parece que es una democracia con calidad y no con restricciones como la que permite la Ley de Partidos. Nuestra oposición a la Ley de Partidos ha sido desde el principio y es evidente desde
cualquiera de los posicionamientos que ha tenido mi grupo al respecto. Por tanto, las conclusiones, las invocaciones o la aplicación de esta ley no tiene otro sentido para Esquerra Republicana más que oponerse a la aplicación de una ley que nos
parece restrictiva y que, de hecho, cercena los derechos y libertades de la ciudadanía. Es una ley vigente y, por tanto, nosotros no tenemos otra salida más que acatarla, pero, evidentemente, nos vamos a oponer a cualesquiera que sean sus
planteamientos de aplicación.
Por lo que respecta a la argumentación y a la propia proposición, entendemos que responde más a los desiderátums del Partido Popular que no a la argumentación jurídica que haga posible esta intervención de la fiscalía, por lo cual, nos vamos
a oponer.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Guinart, CiU.
El señor GUINART SOLÁ: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Popular presenta una vez más una iniciativa sobre terrorismo etarra como tema de fondo, en esta ocasión girando en torno a la petición de la ilegalización del Partido Acción Nacionalista Vasca, de la disolución de las
corporaciones locales de las que forman parte y de la convocatoria de elecciones parciales a las que, lógicamente, aquel partido no podría concurrir. Otra vez es una iniciativa unilateral, en solitario, sin buscar consensos o puntos de encuentro
con otras formaciones, ni intentarlo, ni hacer el gesto, con un objetivo puramente partidista, sin contemplar el interés general, como sería sin duda avanzar desde la unidad de los demócratas en la pretensión común de acabar de una vez por todas con
la lacra del terrorismo. Una vez más les será difícil conseguir -lo estamos viendo- que prospere su iniciativa, tan individual, aunque sospechamos que en el fondo es lo que realmente le interesa al Grupo Popular, ese erigirse como único adalid de
la lucha antiterrorista confundiendo a la opinión pública, mezclando los medios con los fines e intentando sacar un rédito electoral, soslayando el objetivo final de la erradicación absoluta del terrorismo, que solo se conseguirá -como he dicho- a
través de la unidad de todos los partidos y del pacto entre todas las fuerzas democráticas.
A nuestro juicio, la estrategia del Grupo Popular -legítima sin duda- no conduce a los fines deseados formalmente expresados. Este mismo año ya nos hemos pronunciado como mínimo en dos ocasiones -en el Pleno del 13 de marzo y del 29 de
junio- sobre este mismo tema de fondo, aunque con matices en la formulación de las iniciativas populares. Nos hemos expresado, nos hemos posicionado sobre los contenidos de las propuestas y sobre la estrategia o tactismo que los inspira y hoy,
lógica y coherentemente, nos mantendremos en términos parecidos. No vamos a cambiar por mucho que se insista de pensamiento y de filosofía en nuestra posición. Ya dimos nuestra opinión en el origen de la Ley de Partidos Políticos -que hoy se
reclama que se aplique- desde las bases de su debate en el año 2002. Nuestro grupo ya se posicionó contrariamente a algunos de sus contenidos, especialmente sobre quién debería tener la legitimidad activa para poner en marcha esos contenidos y
procedimientos.
Diferíamos en que fueran precisamente las Cámaras, donde confluyen los partidos políticos, quienes debieran precisamente instar al Gobierno a la ilegalización de ciertos partidos políticos, siendo al mismo tiempo juez y parte.
Defendimos y seguimos defendiendo -y esto justifica nuestra postura actual- que sea el Ejecutivo quien tenga la iniciativa para ilegalizar a ciertos partidos, con escrupulosa observación de lo establecido en la ley, con el concurso de la fiscalía y
el control del Poder Judicial, entre otros motivos para evitar el uso torticero y partidista del mecanismo, así como la posibilidad de ilegalizar partidos políticos a partir de un debate parlamentario y la consecuente agitación y crispación política
que este hecho suele conllevar.
Nuestro grupo sigue insistiendo, una vez más, en la necesidad de practicar la discreción, el silencio o el poco ruido en el abordaje de la lucha antiterrorista e insiste también en mantener la confianza en el Gobierno en la
formulación de estrategias adecuadas, pues es quien gestiona más y mejor información, en que explique lo explicable, que comparta datos con los responsables de los grupos políticos y que, en definitiva, obtenga resultados tangibles avanzando
en esa lucha. Queda mucho camino por recorrer, pero los resultados son hasta el momento razonablemente aceptables. En cualquier caso, entendemos que deben ponerse en marcha los mecanismos que establece la ley. La fiscalía y el Gobierno son
quienes tienen toda la información disponible y contrastable. Y si alguno de los hechos que se relatan en la exposición de motivos de la proposición no de ley del Grupo Popular son ciertos -no lo dudamos- suponemos que ya estarán en conocimiento de
las autoridades pertinentes, o si no deberían de estarlo. En consecuencia, que actúen la fiscalía y el Poder Judicial a partir de la iniciativa del Poder Ejecutivo y que sean su estrategia, su proyecto y su filosofía de actuación las que marquen la
dirección y el ritmo del trabajo. Nosotros mantenemos todavía la confianza.
En otro orden de cosas nuestro grupo sigue pensando que es saludable e higiénico que puedan presentarse a una contienda electoral todas las sensibilidades e ideologías en torno a los más variados partidos políticos como principio
democrático, pero evidentemente siempre y cuando cumplan, también por el principio democrático de imperio de la ley. En consecuencia, la cuestión vasca, incardinada profundamente en la sociedad civil -si no, no se explicaría su durabilidad en el
tiempo-, no se solucionará excluyendo ciertas opciones con medidas imperativas impuestas, sino a través del diálogo y la concertación. Nosotros estamos por esta vía. Votaremos, pues, en contra de la proposición.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guinart.
Grupo Socialista. Señor Muñoz.
El señor MUÑOZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, una vez más el Grupo Popular trae a esta Cámara el debate de la política antiterrorista y lo hace, en primer lugar, utilizando argumentos que como más adelante iré detallando no son ciertos. Lo primero que tiene que decir el Grupo
Socialista es que el Gobierno cree y aplica la Ley Orgánica de Partidos Políticos, y porque cree y aplica la Ley Orgánica de Partidos Políticos, antes de las elecciones que tuvieron lugar en mayo de 2007 ya utilizó los mecanismos y los resortes que
la misma establece. En este sentido, impugnó la creación de un nuevo partido político, ASB; impugnó las agrupaciones electorales que pretendieron presentarse en fraude de ley, e impugnó una gran cantidad de listas que aun amparadas en un partido
legal, ANV, eran fraudulentas. Solo pudieron presentarse 133 listas. Cuando el portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha dicho que nosotros calificábamos de bajeza esta iniciativa, ciertamente es así. No podemos calificarla de otra forma porque
en su iniciativa atribuyen al Gobierno -cito textualmente- el ánimo de permitir el regreso a las instituciones de los terroristas. Ustedes saben perfectamente que en las 133 candidaturas de ANV no hay ni un solo condenado por pertenencia o
colaboración con banda armada. Por tanto, ustedes están mintiendo a los ciudadanos y deberían haber aprendido que a los ciudadanos no les gusta que les mientan. (Aplausos.)
El Gobierno continúa con su trabajo y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Audiencia Nacional también. El Gobierno -lo tienen que saber los ciudadanos- tomará las iniciativas que le corresponden, pero no lo hará ningún día
antes de que pueda hacerlo ni ningún día después, porque estamos hablando de certezas, porque estamos hablando de limitación de derechos y porque estamos hablando de algo que es profundamente importante: el respeto a las normas que es lo
fundamental en la convivencia y en el Estado democrático, esa es la grandeza que nos da la fuerza para luchar contra una banda terrorista como ETA. Ustedes saben perfectamente que los requisitos están claros y que la ley -lo citan ustedes en su
proposición no de ley- no se puede aplicar en estos momentos, que no se puede ir por la vía del artículo 9, ni por la vía del artículo 12 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos. No se puede hacer porque el Tribunal Constitucional ha dejado
perfectamente definidos los términos en los que se puede hacer. El Tribunal Constitucional ha dicho que tiene que haber una vulneración sistemática, no solo reiterada; que por sistema se cumplan todos y cada uno de los requisitos que se
establecen. Como así también lo dice el auto del juez Garzón de octubre de este año que usted ha citado, pero no lo ha citado todo. Ese auto en relación con ANV dice: Podrá actuarse, en su caso, en el momento en que haya indicios bastantes para
ello, pero no antes. Esto lo dice el juez Garzón. Tampoco podemos aplicar la vía de la ejecución de sentencia en relación con la sentencia dictada porque el Tribunal Constitucional ha dejado perfectamente claro por dónde tenemos que ir en este
caso. Nos ha dicho que desgraciadamente no valen algunos indicios -aquí la prueba tiene que ser indiciaria- que ustedes dicen. Lo mismo podemos decir en relación con la disolución de los ayuntamientos. Para que pueda operar el artículo 61 de la
Ley de Régimen Local es necesario que previamente, bien por la vía penal o bien por la vía de la Sala del 61 del Tribunal Supremo, se haya primero actuado contra ese partido político. Solo entonces se podrá utilizar la vía de la disolución, nunca
antes, y por tanto esa disolución tiene que dejar claras algunas otras cuestiones.
Además, en el supuesto de que se produzca habrá que actuar en relación con cada uno de los ayuntamientos y, como ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco,
habrá que ver entonces la actuación de cada uno de ellos. Además, hay otra cuestión, y es que ustedes dejarían en peor condición a los ayuntamientos en los cuales ANV no ha ganado porque contra esos ayuntamientos no se podría actuar en relación con
esa disolución. Por otra parte, usted ha dicho
algo que tampoco es verdad; ha dicho que ANV desde 1977 no hizo nada. Sí, señoría, ANV desde 1977 sí hizo algo. En el Consejo de Ministros de 21 de julio del año 2001, gobernando ustedes y aplicando ustedes una ley del año 1998,
concedieron 700.000 euros a ANV. Y eso lo hicieron ustedes; lo hizo el señor Rajoy siendo ministro del Interior y lo hizo el señor Acebes siendo ministro de Justicia. Nosotros no criticamos aquello porque creemos que corresponde al Gobierno la
dirección de la lucha antiterrorista, y por ello, porque antes no lo criticamos, ahora tenemos legitimidad para pedirles que vengan al consenso, que vuelvan a lo que ustedes abandonaron: la unidad de las fuerzas democráticas.
Finalizo, señor presidente, reiterando las palabras del presidente del Gobierno, que hoy ha hecho un ejercicio de lo que hay que hacer, de firmeza democrática, pero a su vez de responsabilidad, de respeto y de normalidad democrática. El
presidente del Gobierno decía: Cuentan las certezas jurídicas y no las certezas políticas.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE ATENCIÓN AL PARTO. (Número de expediente 162/000627.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre atención al parto. Para la defensa de la proposición y en un turno de siete minutos tiene la palabra la señora Aburto.
La señora ABURTO BASELGA: Gracias, señor presidente. (El señor vicepresidente, Vilajoana Rovira, ocupa la Presidencia.-Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Un momento. Señores diputados, por favor, va a intervenir una diputada para defender una proposición no de ley, por lo que les ruego que abandonen el hemiciclo con el máximo silencio, y los que
se queden háganlo también en silencio y en sus escaños. Señora diputada, cuando usted quiera.
La señora ABURTO BASELGA: Gracias, señor presidente.
Sin duda hubiera preferido debatir el tema que traigo a la Cámara antes de que se aprobara en el consejo interterritorial -tema que seguro van a mencionar ustedes-, y evidentemente ustedes también lo hubieran preferido. En cualquier caso
aún es de utilidad debatirlo aquí porque no es igual el tratamiento que las instituciones dan a un tema que el que le dan sus representantes populares y se pueden añadir cosas interesantes o señalar defectos que aparezcan, así como introducir
enmiendas que mejoren la estrategia.
Hoy hemos hablado de la muerte y ahora vamos a hablar del nacimiento.
Ambos procesos fisiológicos son insoslayables, porque aunque a veces lo parezca, y de hecho así se trate, el parto no es solo un asunto de mujeres. Todos nacemos y no es
indiferente cómo lo hagamos si ello implica modificar la primera impresión que tenemos de este mundo, que influirá para siempre en nuestra vida por más que todas las experiencias traumáticas puedan ser mejor o peor compensadas, ya que el mecanismo
humano tiene muchas posibilidades de compensación. En cualquier caso, ¿de dónde nace esta estrategia? No nace del problema que tengamos de la seguridad en cuanto a los partos. Tenemos unas cifras de mortalidad que, si se consulta la web de la SEN
-me enorgullezco de ser socia fundadora de la Sociedad Española de Neonatología-, en 2003 son de 3,4 por mil en mortalidad neonatal y de 7,7 en mortalidad perinatal, que son ya cifras muy buenas, unas de las mejores del mundo, y hoy son aun mejores.
Y, sin embargo, existen muchos problemas: el miedo a parir, el miedo al dolor y el miedo a lo desconocido, y además la obstetricia es una de las especialidades más demandadas ante la justicia, de hecho es la segunda tras la cirugía estética.
Creemos que la colaboración en la información y la responsabilidad de las familias redundarán en una menor exposición del obstetra, como ocurre siempre que existe más transparencia y más corresponsabilidad.
Hay además un creciente movimiento de mujeres que demandan más avances en los protocolos, e incluso hay casos extremos de partos a domicilio que se están produciendo, pensamos, con gran riesgo de la madre y de la criatura; pero se leen
ejemplos en la red.
También las asociaciones de matronas desean adquirir mayor protagonismo, un papel más preponderante que, a mi juicio, es necesario considerar mediante el estudio de la evidencia, pero creo que es importante. Además, objetivamente
sobrepasamos las intervenciones de cesáreas, de episiotomías, etcétera, que son consideradas innecesarias o demasiado frecuentes por la propia OMS y, de hecho, existe una enorme variabilidad entre centros, incluso dentro de las mismas comunidades.
Creo, por tanto, que es necesaria la implicación de toda la sociedad y de las familias en su conjunto en la atención humanizada al parto. Como dije, no se trata de ganar en seguridad; poco más se puede hacer puesto que ya he dicho que las
cifras son muy buenas y en medicina no existe un cien por cien de seguridad, pero indudablemente se puede progresar teniendo en cuenta que el parto no es un proceso patológico y por tanto, de entrada, choca su asistencia dentro de los hospitales,
por lo que en un futuro debería valorarse su separación en casas de partos e incluso, cuando sea posible, en un futuro, en el domicilio, dependiendo, evidentemente, de las posibilidades y de las preferencias, pero partiendo de un mínimo, el mínimo
que ahora contemplamos que es la humanización del parto hospitalario y la separación al máximo de los procesos patológicos.
No es un proceso doloso el parto, no es una enfermedad, sino más bien es algo que
se debería festejar; así debería ser en una sociedad sana y normal. Es un proceso feliz en general y debería ser motivo de festejo en todas las familias y, en general, en toda la sociedad. El proceso del parto además es algo muy especial,
no solo para la madre sino también y fundamentalmente para el niño, solo que para el niño además es esencial el bienestar de su madre. Es preciso, por lo tanto, un tratamiento individualizado del dolor, es necesario preservar la intimidad de la
madre y es necesario suministrar el máximo confort posible sin disminuir la seguridad mediante una información cuidadosa, mediante el acompañamiento de quien desee la madre -la familia, los amigos o quien desee la madre, el caso es que se sienta
segura- y también mediante el respeto de los hábitos culturales, sociales o emocionales en todo lo que sea posible. Todo lo contrario de lo que ahora mismo supone un departamento quirúrgico, algo absolutamente rígido en sus protocolos, como son
todos los departamentos quirúrgicos.
Además existe algo que quizá les va a sonar novedoso, pero que considero que es muy importante. Los seres humanos somos mamíferos y el primer reconocimiento de la madre y el niño se llama la impronta del mamífero.
Ese reconocimiento se
hace fijando la mirada la madre y el niño en el mismo eje. Si ustedes tienen la curiosidad de ir a un hospital y comprobar cómo las madres miran a sus hijos a través de los cristales e incluso de las incubadoras, se darán cuenta de que siempre
intentan fijar la horizontalidad de esa mirada en el eje de la mirada del niño; así es como se hace esa impronta del mamífero. Es cierto que en algunos partos patológicos eso es poco posible, pero siempre se puede hacer algo y desde luego es
imperdonable no favorecerlo en el caso de los partos normales.
Además, si ese reconocimiento no se hace bien, puede causar problemas psicoafectivos y de hecho está comprobado que la separación temprana de madres e hijos produce un aumento del
maltrato de los padres a los niños, fundamentalmente de la madre, pero también del padre, porque todo se contagia cuando es algo que no es muy bueno.
Nuestro sistema sanitario puede y debe permitirse la excelencia en todos los procesos y en el caso de los partos, que estos constituyan cada vez más la fiesta que merecen ser en toda la sociedad.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señora diputada.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley, interviene en un turno de cinco minutos la señora Pan, por el Grupo Popular.
La señora PAN VÁZQUEZ: Señor presidente, señorías, en primer lugar quiero transmitir en nombre de mi grupo la admiración, el respeto y la felicitación a todos los profesionales sanitarios que a lo largo de todos estos años, con su trabajo y
profesionalidad, han colocado a España, a nuestro país, entre los mejores países del mundo en indicadores de morbimortalidad materna e infantil o, lo que es lo mismo, entre los de mayor calidad de atención al embarazo, al parto y al seguimiento del
recién nacido. No partimos de cero, señorías, tenemos un listón muy alto gracias al buen hacer de nuestros profesionales, aunque evidentemente podemos y debemos seguir mejorando. Creemos que es necesario ese reconocimiento y por eso lo hemos
incluido como primer punto en nuestra enmienda.
El Partido Popular creó en la anterior legislatura el Observatorio de salud de la mujer, con el fin de promover la disminución de desigualdades de salud por razón de género, atender sus necesidades específicas en esta materia, así como de
que haya más equidad, más accesibilidad y también de mejorar la asistencia sanitaria a todas las mujeres, incluyendo el embarazo y el parto. El Observatorio de salud de la mujer ha hecho muy poco en toda esta legislatura y, por eso, a la vista de
la trayectoria del Gobierno socialista en materia de sanidad, a nosotros nos parecía que lo de hoy y lo que plantearon también la semana pasada no era más que una ocurrencia, salvo, claro está, que esta iniciativa se completara con los medios
necesarios para desarrollarla. Pero es que llega con retraso, al final de la legislatura, casi sin posibilidad de poner en marcha ninguna de las medidas que se ofrecen y es bastante general e inconcreta, por lo que habrá que seguir, señora Aburto,
trabajando en ella para que llegue a ser un poquito más concreta. Es una declaración de buenas intenciones que todos compartimos, pero solo eso si no se concretan; sin compromiso presupuestario para ponerla en marcha y nos tememos que se le pase
de nuevo la patata a las comunidades autónomas. No tiene en cuenta las necesidades de los profesionales sanitarios, que se necesitarán más -y ustedes saben que los ginecólogos y las matronas son escasos para atender la demanda actual-, máxime si
tratamos de dedicar más tiempo a la información y a la atención de la mujer en este momento tan decisivo de su vida. Es necesario incrementar los recursos humanos dedicados a esta atención; atención que creo que todos compartimos que queremos que
sea más humana, más próxima y de mayor calidad. Queremos que se disminuyan los automatismos, que no se haga por rutina ninguna intervención, que la atención sea más individualizada, que la mujer adquiera más protagonismo y que, con la debida
información y formación, tenga la capacidad de decisión que tiene que tener sobre su embarazo y sobre su parto. El Partido Popular aboga por que se disminuyan las desigualdades entre comunidades autónomas porque creemos firmemente que todas las
mujeres, independientemente de la comunidad autónoma en la que vivan, del lugar, rural o urbano, tienen derecho a las mismas prestaciones con el mismo nivel de calidad. Llega tarde porque la semana pasada los consejeros debatieron este asunto en el
consejo interterritorial y SS.SS. saben que expresaron las mismas reservas, las mismas cautelas o alegaciones que nosotros presentamos hoy aquí. Y no solo fueron los consejeros del PP, señorías,
fueron todos. Es cierto que esta iniciativa es positiva si viene acompañada de la financiación, la planificación y la provisión de profesionales que necesite. No creen ustedes falsas expectativas, no hay nada nuevo en la cartera de
servicios, ninguna nueva prestación, solo mejoras. No pongan en marcha su maquinaria propagandística. El respeto por la diversidad no lleva al parto a domicilio, está ya superado en nuestro país y no podemos reducir el nivel de seguridad y de
respuesta rápida ante una complicación.
Quiero decirles, para finalizar, que si hubieran tenido voluntad, si el ministerio hubiese trabajado al ritmo necesario en esta legislatura, hoy estas medidas estarían en marcha y las españolas se estarían beneficiando de alguna mejora, ya
que ustedes les han negado otras, les han negado la financiación de la vacuna del papiloma, del tratamiento antitabaco, de la cirugía de la refracción, etcétera; muchos incumplimientos de su propio programa. Esto genera desigualdades entre ricos y
pobres, no solo entre comunidades autónomas. Consideramos que nuestra enmienda mejora sustancialmente el objeto de la proposición no de ley y que sin ella, sin la incorporación de nuestra enmienda, quedaría solo relegada a un mero anuncio o
propaganda electoralista. Por el deseo de que salga respaldado por todas las fuerzas un tema tan sensible y que nos afecta a todos a lo largo de nuestra vida, esperamos que sea aceptada. Estaremos atentos a su cumplimiento y esperamos que los
Presupuestos Generales del Estado recojan la suficiencia financiera para poder iniciarla cuanto antes.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señora diputada.
Para la defensa de su enmienda, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, la señora García Suárez.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, ante una propuesta que promueve la calidad de la atención en el parto, nuestro grupo no puede estar en contra y, por tanto, a nivel general lógicamente no vamos a oponernos. Finalmente, nosotros también vamos a apoyarla. Ahora
bien, vamos a apoyarla dejando constancia de cuáles son los inconvenientes importantes que vemos en esta propuesta que nos trae el Grupo Socialista.
Para empezar, creemos que es una propuesta de mínimos, que aporta realmente poco al panorama de servicios y de atención que en estos momentos tiene nuestro país en relación con la maternidad. Se hace referencia a las conferencias
internacionales sobre población y desarrollo, y en la exposición de motivos de la iniciativa detallan claramente qué es lo que se planteaba en la conferencia internacional celebrada en El Cairo en el año 1994 y en las de después, que también
mencionan, como, por ejemplo, la que se celebró un año después en Beijing y en 2003 en el Banco Mundial. ¿Cuál es el problema que nosotros vemos? Que en todas estas conferencias y orientaciones se plantea el acceso a los servicios de atención a la
salud sexual y reproductiva como un derecho de las personas. Se habla también en todas estas conferencias de la importancia de priorizar el acceso a los métodos anticonceptivos para toda la población. No se tiene ninguna duda respecto a la
importancia del acceso a la educación en relación con la salud afectiva, sexual y reproductiva. Por tanto, la justificación de la propuesta que nos trae el Grupo Socialista está basada en toda una serie de recomendaciones de diferentes conferencias
internacionales que nosotros compartimos -como no puede ser de otra manera-, pero que van muchísimo más allá de lo que después se concreta realmente en la proposición de ley. Creemos que esta propuesta apunta solo al final del camino, al parto,
cuando realmente todo el camino anterior, sobre todo en nuestro país, no está garantizado ni cubierto, ni siquiera desde un nivel mínimo, y ahora lo explicaré.
Esta es una de las razones por las que nuestro grupo ha presentado dos enmiendas -que lamentablemente creo que el Grupo Socialista no va a incorporar- de adición a continuación de los puntos que el grupo proponente presenta. El primer punto
dice: Desde el Ministerio de Sanidad y Consumo, en colaboración con las comunidades autónomas... Y después añade las cuatro propuestas. En esa misma línea, nosotros proponíamos dos propuestas más. Una es relativa a la elaboración de un protocolo
para la universalización en la sanidad pública del parto natural, tanto en el hospital -decíamos- como en casa, que contemple, como mínimo, la garantía de información sanitaria y legal y las prestaciones básicas, principalmente la disponibilidad del
servicio de comadronas y de ambulancia medicalizada. ¿Por qué? A diferencia de lo que planteaba ahora la portavoz del Grupo Popular, nuestro grupo no quiere esconder la cabeza debajo del ala. Los partos en casa están incrementándose cada día.
Esta es una realidad que nos gustará o no, pero que un día u otro vamos a tener que abordar. En estos momentos y en esta intervención no tengo interés en defenderlo o no, porque este no es el tema; el tema es que si en una sociedad se da una
situación, la tendremos que aceptar, tendremos que reconocerla y ver cómo y de qué manera se tiene que abordar. Por tanto, creemos que ir un paso más allá es empezar a ponernos en consonancia con países como Holanda o como Suiza, en los que esto es
una realidad que está incorporada y que, además, no es más costosa para la Seguridad Social, eso también está demostrado.
En segundo lugar, el otro punto que proponemos, tiene que ver con esta primera parte que hemos comentado respecto a la salud afectiva, sexual y reproductiva y consiste en incluir como prestación de la Seguridad Social los métodos de barrera
intrauterinos y hormonales. Es increíble que en nuestro país estos métodos, que son los fundamentales desde el punto de vista de prevención, sanitario y de que la decisión del embarazo se tome en
libertad y sea autónoma, no formen parte de la Seguridad Social. Parece que no nos damos cuenta de que los jóvenes en pastillas, en métodos intrauterinos, gastan mensualmente 12 euros; por ejemplo, la cajita de doce condones vale casi 10
euros y un DIU en estos momentos vale 40 euros. Estos métodos, que son también la base de todas estas recomendaciones de las conferencias internacionales, en nuestro país todavía son una quimera y no están cubiertos por la Seguridad Social.
Por tanto, claro que vamos a apoyar esta iniciativa, pero a priori no aporta nada nuevo a la situación en la que estamos. Creemos que es necesario dar un paso adelante; posiblemente ahora no sea el momento, pero en una próxima legislatura
debe abordarse lo que hay, lo que no queremos ver y aquello que se está demostrando que se va a realizar en el futuro.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señora diputada.
Para la defensa de la enmienda presentada tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para fijar la posición ante esta proposición no de ley del Grupo Socialista. Puedo anunciar que esta proposición no de ley expresa un amplio consenso y
que incorporará algunas enmiendas, como la planteada por parte del Grupo de Convergència i Unió, que es una enmienda obvia, una enmienda evidente. Pero cuando hablamos de sanidad es importante recordar una vez más en el Congreso de los Diputados,
que las competencias en materia de sanidad y consumo están traspasadas a las comunidades autónomas y que es importante que el Congreso inste al Gobierno en coordinación con las administraciones competentes, con las comunidades autónomas, y que lo
haga en el marco del Consejo Interterritorial de Sanidad y, concretamente, en relación con el tema concreto que nos ocupa, a la luz de lo que se ha aprobado el día 10 de octubre de este año, la semana pasada, respecto a una actualización de las
políticas sanitarias en cuanto al parto.
Mi grupo parlamentario quiere empezar reconociendo los avances que ha habido estos últimos años, el éxito colectivo de la comunidad sanitaria, de la comunidad científica, en cuanto a una importante disminución del número de los casos de
morbimortalidad materno-infantil. Tenemos que reconocer que aún se puede avanzar más, pero hay que partir de esta realidad. Coincidimos con aquello que apuntaba de manera genérica la diputada Fátima Aburto, portavoz del Grupo Socialista, cuando
decía que el objeto de esta proposición no de ley es humanizar el parto y alejarlo del ámbito de las enfermedades en los hospitales. Evidentemente, estamos de acuerdo, pero vayamos también a aspectos más concretos de debates que se han generado en
estos últimos años y en estos últimos meses sobre el parto. Se ha hablado mucho sobre el incremento del número de cesáreas por planificación sanitaria y por motivos económicos, y se ha hablado mucho del debate que a veces se ha contrapuesto entre
cesáreas y parto vaginal o natural. Pues bien, no podemos caer en la simplicidad de hablar de cesárea en contra de parto vaginal, sino que debemos ponderar la realidad y la situación de cada mujer y de cada caso. También debemos tener muy en
cuenta las situaciones de los perinés dañados en los partos vaginales y la falta de calidad en las relaciones sexuales que supone el daño del periné. Debemos considerar también si se deben ponderar caso a caso las situaciones de incontinencia de
orina que se producen por el parto vaginal, así como los casos de prolapsos uterinos a medio y a largo plazo. En definitiva, señorías, debemos huir de la simplicidad que podría trasladar algún debate, que no es el que propugna el Grupo Socialista,
pero que sí que está instalado últimamente en algunos medios y en algunos sectores sobre suprimir las cesáreas. Se deben ponderar los casos, las situaciones una a una, como otros debates que han planteado algunos otros portavoces sobre el parto a
domicilio. Quiero recordar que la consejera de Sanidad de mi comunidad autónoma, que es del Partido Socialista, se opuso hace muy pocas semanas a fomentar precisamente el parto a domicilio -parece ser que en el tripartito catalán hay diversidad de
opiniones sobre este aspecto-, y que el nuevo ministro de Sanidad y Consumo nos prometió el parto en la bañera hace unas semanas como la gran novedad y la compra de bañeras para los hospitales. Como les decía, son debates que se deben afrontar caso
a caso, situación a situación, teniendo muy en cuenta al paciente, pero también a los profesionales y a los pediatras.
En este sentido, votaremos a favor del punto 3 del texto de la proposición no de ley del Grupo Socialista, que hace referencia a la incorporación de la participación activa de las gestantes en la toma de decisiones, pero siendo conscientes
de que cada persona tiene su responsabilidad y de que la responsabilidad máxima, evidentemente, es del médico, del pediatra, porque, como decía hace muy pocos minutos una pediatra, a veces se hace descansar decisiones en los pacientes ante la
creciente impersonalidad de la medicina, ante la falta de personalización de la relación entre médico, entre pediatra y paciente, en este caso ante la madre gestante.
En definitiva, nuestro voto es afirmativo en el caso de la incorporación de la enmienda por temas competenciales, una enmienda muy importante, reitero, cuando hablamos de sanidad, la confianza de fondo, pero también por querer superar el
debate más allá de la coyuntura sobre cesárea o parto vaginal.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Gracias, señor diputado.
Para su turno de fijación de posición tiene la palabra la diputada Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Intervengo para fijar nuestra posición en relación con una proposición no de ley para nosotros interesante, independientemente de que hace unas semanas se acordara en el consejo interterritorial una serie de medidas para llevar a cabo a
través de las comunidades autónomas, que son quienes tienen competencia en materia de sanidad.
Sobre la proposición que acaba de defender la señora Aburto, he de decir que somos conscientes de que la progresiva masificación de la atención sanitaria ha desembocado en una evitable deshumanización de esa atención, y de manera especial en
todo lo relacionado con los partos. Y decimos que es una deshumanización evitable porque las primeras campañas, las primeras manifestaciones y las primeras propuestas para superar esa deshumanización y proporcionar alternativas para mejorar la
atención a los pacientes, en este caso concreto a las mujeres que van a parir, parten de los profesionales sanitarios. En relación con esto, hemos de ser conscientes de que la progresiva medicalización del parto ha generado una serie de costumbres
orientadas a facilitar la comodidad, tanto de los profesionales asistentes al parto como de la madre y del nuevo ser que va a venir al mundo. De ahí que los profesionales y asociaciones de mujeres definieran los partos en los hospitales como una
cuestión que atenta contra la dignidad de la mujer. Estamos hablando de hace algunos años, pues tenemos que reconocer que desde la década de los ochenta se han mejorado muchísimos aspectos relacionados con la atención hospitalaria a las mujeres en
los partos. Si bien las propuestas que nos hace la señora Aburto en esta proposición no de ley nos parecen interesantes e importantes, también compartimos algunas inquietudes presentadas a través de enmiendas por otros grupos parlamentarios.
Efectivamente, la razón que hace que haya este tipo de casuísticas que se pretenden eliminar con la proposición no de ley, es fundamentalmente la falta de medios hospitalarios, la falta de medios de personal profesional, etcétera. De nada serviría
aprobar una propuesta como esta, si no se explicitan medidas orientadas a ampliar el número de personas relacionadas con la atención sanitaria no solamente en los partos, sino en todo lo relativo al embarazo, y de nada serviría llegar a acuerdos en
el Consejo Interterritorial de Salud si no se adquiere el compromiso de incrementar a las comunidades autónomas la financiación sanitaria correspondiente, para que puedan mejorar la cartera de servicios concretamente en lo relacionado con la
proposición no de ley de la que estamos hablando. De ahí que nos parezca positivo el acuerdo al que ha llegado la señora proponente con otros grupos parlamentarios, para facilitar una transacción que se pueda aprobar en este Pleno. Entendemos que
son necesarias ambas cuestiones, la teórica, con una mejor atención al parto, y la práctica, con una mayor dotación financiera y de profesionales, porque si no, esto no será posible. Por tanto, apoyamos la propuesta y la transacción que pueda salir
de este debate.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señora diputada.
Tiene la palabra en turno de fijación de posición, por el Grupo Parlamentario Vasco la diputada señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señor presidente.
Señorías, nuestro grupo va a votar que sí a esta proposición no de ley, en primer lugar, porque es de las que es imposible decir que no. Una se arriesga a un titular en el día de mañana en el que se diga que el Grupo Vasco se opone a una
mejora en atención al parto. Además, por una segunda razón, está propuesta por una diputada que lo ha hecho con enorme profesionalidad, manifestando tres vertientes de su forma de actuar personal y político. Primera, es portavoz en materia de
relaciones internacionales, y la exposición de motivos es rica en datos que abundan en compromisos internacionales en la materia de la que se trata la iniciativa. En segundo lugar, es neonatóloga, ella lo ha dicho desde esta tribuna, y ello ha sido
evidente en su exposición. Y en tercer lugar, creo yo que es una mujer defensora de causas de mujer y, por tanto, también eso se nota a la hora de elegir los temas por los que una pelea incluso dentro de su propio grupo parlamentario. Pero ocurre,
señorías, que esto es una proposición no de ley en la que instamos al Gobierno a hacer algo. Y para poder instar al Gobierno a hacer algo, tiene que ser para algo para lo que es competente y que es su obligación hacer. Está bien que tengamos aquí
un debate, que charlemos sobre determinadas cosas que pueden tener una trascendencia en prensa, pero eso no es exactamente una proposición no de ley, aunque ya manifiesto que la aprobaremos.
La proposición no de ley, con cuyo contenido estamos de acuerdo, aunque no creemos, insisto, que esto sea competencia del Gobierno, está fechada el 19 de septiembre del año 2007, y muy pocos días después se trató con idéntico contenido lo
que pretende ser la estrategia de atención al parto normal en el seno del Consejo Interterritorial del Consejo Nacional de Salud. Pero es que, señorías, esta estrategia de atención al parto normal tampoco salió de la nada. Las primeras reuniones
al respecto se habían celebrado en el mes de junio, es decir, se venía ya trabajando desde las comunidades autónomas en esta materia y poquito tiempo antes de las elecciones, el 15 de octubre, es cuando esto se lleva al Consejo Interterritorial.
De hecho, me voy a permitir leer a SS.SS. lo que el consejero representante del Gobierno de Euskadi leyó o puso como inconveniente a la hora de fijar su postura en relación con esta estrategia. Se trata -decía el consejero-
de un buen documento técnico en el que, como saben, hemos participado todas las comunidades autónomas. El Gobierno se lo atribuye, hace rueda de prensa para presentarlo como tal, pero habían participado todas las comunidades autónomas.
Están bien descritas -dice- una serie de líneas estratégicas que tratan, por una parte, de evitar en el parto normal, intervenciones innecesarias o incluso desaconsejadas, y, por otra, fomentar actuaciones que respondan a un mayor grado de
participación y de decisión de las mujeres en el parto y en los periodos anteriores y posteriores al mismo. Pero no vayamos -decía el consejero y mi grupo lo asume plenamente- a caer en el error de que partimos de cero y que ha tenido que ser el
ministerio, a través de una iniciativa suya, el que despierte a las comunidades autónomas para que estas mejoren en sus prácticas de atención al parto. Ahora nosotros intentamos despertar a un Gobierno que, insisto, no es el competente; tendrá que
ser el propio Consejo Interterritorial, que no se compone solo del Gobierno, sino del Gobierno y de todas las comunidades autónomas. Afirmaba además el consejero vasco, que hay comunidades, como la vasca, en las que no se necesita de tales avisos,
puesto que llevamos años desarrollando planes de mejora con resultados ampliamente satisfactorios para la salud de la mujer y del recién nacido, y que la gran mayoría de las recomendaciones que se hacen en esta estrategia -buen documento, dice él-
ya se cumplen en nuestra comunidad. Y también anunciaba que eso sí, que estamos dispuestos a seguir trabajando en estas líneas de mejora, siempre buscando un equilibrio entre el deseo de algunas mujeres de ser actoras de un parto lo más natural
posible, y la evidencia científica necesaria para evitar los riesgos.
Nuevamente nos encontramos en esta tarde, en estos días, en un debate que tiene mucho que ver con la incidencia cercana de unas elecciones. Se anuncia algo como propio, o como instancia del Gobierno, que ya era fruto del trabajo de todas
las comunidades autónomas en el seno del consejo interterritorial y, por supuesto, se hace una rueda de prensa. Hoy el grupo mayoritario vuelve a traerlo y mañana volverá a tener eco en los medios de comunicación. Poco vamos a hacer hoy para
conseguir lo que la iniciativa pretende. Eso sí, ya he indicado que pareciéndonos buena en cuanto al fondo, aun estando convencidos de que no instamos al Gobierno a nada porque no es el competente, nuestro grupo sí que votara, señorías,
favorablemente.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señora diputada.
Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) la señora Bonàs.
La señora BONÀS PAHISA: Gracias, señor presidente.
Señorías, no hace muchas décadas, hace unos años, el parto era uno de los momentos más traumáticos para una mujer. Las mujeres se enfrentaban al parto con miedo porque la mortalidad era elevada. En estos momentos, como ha dicho la diputada
Aburto, estamos en una situación inmejorable en España y en Europa. No es así en todo el mundo; conviene recordarlo; somos unas privilegiadas, de hecho. En la mayoría del mundo las mujeres mueren en el parto o sufren lesiones del parto que
arrastran durante toda su vida. Afortunadamente, en nuestra zona no es así; se ha ganado mucho en seguridad. Lo que es cierto es que para ganar en seguridad se ha perdido en intimidad; se ha hablado del uso innecesario de la cesárea -es
discutible, pudiera ser que sí, pudiera ser que no-. Es cierto que últimamente hay una tendencia en la que las mujeres piden mayor intimidad en el parto y un parto más natural. En mi país, en Cataluña, se puede parir en casa, se puede parir en
agua, se puede parir en una silla, a cargo de la sanidad pública. Las comunidades autónomas, al menos en mi país, hace tiempo que van progresando en este aspecto. Por tanto, señora Aburto, coincido con usted en todos los motivos y coincido con su
preocupación, pero creo que se equivoca de Parlamento; su propuesta la debía haber presentado en el Parlamento andaluz porque la gestión sanitaria es competencia de las comunidades autónomas.
Aquí hablamos de gestión sanitaria, hablamos de comadronas, de ginecólogos preparados, de equipos en el hospital preparados por si surge alguna urgencia y hay que trasladar rápidamente a la madre -que el equipo la esté esperando-; estamos
hablando de fondos económicos. Cuando usted propone que el Gobierno dirija políticas sanitarias, supongo que el Gobierno dispondrá de fondos. ¿Cómo los va a repartir, con el censo de 1999 o con el censo de 2006? ¿Tendrá en cuenta la dispersión de
la población? ¿Tendrá en cuenta el nivel de vida? Como usted sabe, a mayor nivel de vida, mayor exigencia de calidad y servicio. Me da la impresión a estas alturas de la legislatura, de que no se ha entendido lo que es descentralizar. Ustedes
ponen siempre la coletilla: con la colaboración de las comunidades autónomas, y así creen que han resuelto el problema.
Es al contrario; las comunidades autónomas gestionan, hacen sus políticas sanitarias con la colaboración del Gobierno central,
que es el que debe colaborar con los fondos económicos necesarios, pero no al contrario. El Gobierno central tiene claras sus competencias en sanidad, sanidad exterior. Aquí en donde no cumple. Cada día en Barcelona se pudren toneladas de
mercancías porque el Gobierno central no cumple con sus competencias. El Gobierno central tiene competencias en medicamentos y aquí es donde ha intervenido la diputada de Izquierda Unida. ¿Cuándo serán los contraceptivos gratuitos, todos? ¿Cuándo
la Agencia del Medicamento será ágil, eficiente? En este Parlamento es donde nos corresponde exigir al Gobierno que debe cumplir, pero cuando exigimos que cumpla en políticas sanitarias que no son de su competencia, no sabemos, incluso ahora, dónde
nos movemos. Repito, estoy a favor de la iniciativa, no en este Parlamento, sino en los parlamentos de las comunidades
autónomas, que son los que deben promover la salud y la sanidad. Me parece innecesaria y a estas alturas de la legislatura más bien parece un brindis al sol. Nuestro voto iba a ser la abstención, pero hay una enmienda de Convergència i
Unió que deja más claro que estamos hablando de competencias autonómicas, y de que corresponde a las comunidades autónomas desarrollar sus políticas sanitarias. En todo caso, el Gobierno central debe ser solidario y en el consejo interterritorial
las comunidades autónomas pueden plantear mecanismos de cooperación y colaboración. En este caso, si aceptasen la enmienda de Convergència i Unió, para no ser los únicos que votemos en contra sobre algo tan bonito como es el parto natural,
votaremos también a favor.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señora diputada.
Señora Aburto, para definirse sobre las enmiendas tiene la palabra.
La señora ABURTO BASELGA: Gracias, señor presidente.
Vamos a aceptar, en primer lugar, como punto número 1 una transaccional con la enmienda que presenta Convergència i Unió, en la que se recalca que evidentemente la sanidad es competencia de las comunidades autónomas.
Aceptamos también los
dos puntos que presenta el Grupo Popular. En segundo lugar, sería el punto 2, con una redacción prácticamente igual y, el punto número 6, con una redacción un poco diferente, que hemos aceptado ambos grupos. No podemos aceptar las enmiendas que
presenta Izquierda Unida, porque la primera invade competencias de las comunidades autónomas y, la segunda, aunque desde luego pertenece a las conferencias internacionales, no corresponde a este debate.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señora diputada.
Vamos a pasar a las votaciones, pero, señora Aburto, me informan de que no ha presentado las enmiendas. (Pausa.) Ahora, sí. Gracias. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a votar las proposiciones no de ley. En primer lugar, la proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la ilegalización de Acción Nacionalista Vasca y la disolución de las
corporaciones locales en las que gobierna.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 128; en contra, 176; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre atención al parto. Se ha presentado una enmienda transaccional.
¿Algún grupo parlamentario se opone a su tramitación? (Pausa.) Por tanto, se vota la enmienda
transaccional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 305; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA ORAMAS), SOBRE LAS MEDIDAS PREVISTAS POR EL GOBIERNO PARA ABORDAR LA PROBLEMÁTICA DE LOS MENORES INMIGRANTES NO ACOMPAÑADOS QUE LLEGAN DE FORMA IRREGULAR. (Número de expediente 173/000218.)
El señor PRESIDENTE: Punto IV del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Del Grupo Parlamentario Mixto, señora Oramas, sobre las medidas previstas por el Gobierno para abordar la problemática de los menores
inmigrantes no acompañados que llegan de forma irregular.
Para la defensa de la moción, por un tiempo de siete minutos, tiene la palabra la señora Oramas. (El señor vicepresidente, Martínez Sieso, ocupa la Presidencia.-Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Señorías, continuamos con el Pleno. Les ruego silencio, por favor.
Señora Oramas, cuando quiera.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, como saben ustedes, durante el debate sobre el estado de la Nación tuve la oportunidad de plantear al presidente del Gobierno el problema de los menores inmigrantes no acompañados en Canarias. En aquel momento,
en el mes de junio, estábamos cercanos a los 600, y el presidente dijo aquí que él se iba a ocupar personalmente de que se cumplieran los compromisos adquiridos con la Comunidad de Canarias. A principios de septiembre tuve la oportunidad de hacer
una pregunta al ministro Caldera, y ya estábamos cercanos a los 700 menores.
Hace una semana interpelé al ministro Caldera y teníamos 750 menores.
Anteayer y ayer por la noche en Canarias había 800 menores inmigrantes no acompañados, que están en
centros que fueron concebidos de emergencia para tenerlos durante unos días, una semana o un mes,
hasta que pudieran ir al resto de los centros. Esta es la situación.
Con motivo de la interpelación, el ministro y yo tuvimos un debate en el que tendimos puentes a un encuentro entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno central en el que se volviera a plantear un programa de traslado y se hablara de la
financiación de esa estancia, de ese acogimiento en otras comunidades y de esos traslados por parte del Estado. Aquí nadie duda de la necesidad de un cambio de la normativa que existe en este momento en este país, pues el estatuto del menor
inmigrante no acompañando no está recogido en las leyes que regulan el ámbito de los menores. En ese sentido, hemos presentado una moción en positivo, actuando igual que el año pasado, exactamente en las mismas circunstancias, y yo diría que
incluso en mejores circunstancias de las que estamos hoy con 800 menores. Durante todo el día hemos intentando el consenso de todas las fuerzas políticas de este Congreso de los Diputados y hemos propuesto la sustitución de algunos aspectos sobre
los que todavía no hay el consenso suficiente. Por todo ello, hemos presentado a la Mesa una enmienda transaccional que defendemos en este momento. En ella mantenemos ejes fundamentales tales como que el Estado asuma su responsabilidad sobre los
menores inmigrantes tutelándolos solo llegar a territorio español, sin perjuicio de que la guardia y custodia se asigne a las comunidades autónomas. Mantenemos la urgencia de convocar la subcomisión Canarias-Estado para que se analice la situación
y las necesidades de los menores extranjeros no acompañados; que en esa subcomisión se ratifique que la capacidad de acogida de Canarias, por territorio y población, es de 300 menores inmigrantes, como se hizo hace un año; y a su vez, que se
convoque urgentemente el Consejo Superior de Política de Inmigración para ratificar un nuevo programa de actuación que incluya la derivación de los MENA hacia el resto del territorio del Estado bajo los principios de la corresponsabilidad y la
solidaridad, así como la dotación de los fondos adicionales para las comunidades autónomas que acogen a los MENA.
En el quinto punto introducimos modificaciones que, desde el punto de vista de la enmienda del Partido Popular, suponen mejorar y dotar de una legislación adecuada para resolver la problemática actual que no existía cuando se elaboraron esas
leyes. En ese sentido, se incluyen los siguientes puntos: promover una legislación específica sobre los inmigrantes menores de edad no acompañados que facilite su retorno a los países de origen; promover la normativa sobre guarda, custodia y
tutela de menores inmigrantes no acompañados; continuar con la creación de centros de acogida de menores en sus países de origen e incluir una cláusula en todos los convenios internacionales.
Esta enmienda transaccional recoge el contenido de las enmiendas, con algún matiz, y el camino que se debe seguir. Las enmiendas analizadas de todos los grupos por sí solas son incompletas ante la problemática y la magnitud del tema del que
estamos hablando. Solicitamos el apoyo de todos los grupos parlamentarios a esta enmienda transaccional, que insta al Gobierno a sentarse con la Comunidad de Canarias después de esa reunión Gobierno del Estado-Gobierno de Canarias en el Consejo
Superior de Política de Inmigración, y que el Estado asuma su responsabilidad internacional en un problema que no es de La Gomera ni de La Palma. Ayer entraron menores en La Palma, pero los niños no han venido a La Palma; los niños no han venido a
Canarias; los niños no han venido a España; los niños han venido a este mundo desarrollado, a este mundo europeo y tenemos que actuar, no con solidaridad sino con corresponsabilidad, todas las instituciones y todos los grupos políticos. Esa es la
realidad de unos menores que han venido a España no a estar en un centro de emergencia, sino a trabajar. Y en España con 14, con 15, con 16, con 17 ó con 18 años, no pueden trabajar. Es imposible integrar a estos menores en la Comunidad Autónoma
canaria, con el tamaño, la población y las necesidades que tenemos, tampoco lo podemos hacer con la legislación actual.
Tenemos que trabajar de cara al futuro, pero en este momento los centros de Canarias están desbordados; ni siquiera al día de hoy se han cubierto las plazas de emergencia. No estamos ante un problema de Canarias, sino ante un problema de
todas las instituciones, de todos los ciudadanos.
Pedimos corresponsabilidad al Estado y solidaridad a todas las comunidades autónomas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señora Oramas.
En defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Matador.
La señora MATADOR DE MATOS: Gracias, señor presidente.
Señorías, durante el día de hoy y junto con la portavoz del Grupo de Coalición Canaria, hemos intentado que esta transacción saliera adelante.
No sabemos al final cuál va a ser el resultado, ni si se aceptará o no para la votación final del
texto. Ha habido un intento de atajar, no solucionar, el problema tan grande que se contiene tanto en la interpelación como en la moción que hoy debatimos.
Raro es el día que no nos levantamos con esas imágenes de pateras cargadas de personas que vienen en busca de una vida mejor, como ya se ha dicho aquí, y luego resulta no ser así. Ayer leía que llegaron 161 inmigrantes a Las Palmas en un
cayuco, de los cuales 18 eran menores de edad. El pasado 3 de octubre, ante la interpelación presentada por el Grupo de Coalición Canaria, el señor Caldera decía alegremente que era la primera vez que en España entran más personas legales que
ilegales. ¿De verdad se lo cree o quería maquillarlo? El señor Rodríguez Zapatero ha convertido en un problema para los ciudadanos y los inmigrantes la inmigración.
Un 34,5 por ciento de los ciudadanos opina que es un problema la inmigración ilegal, en marzo de 2004 solo opinaba así un 9 por ciento.
Son datos del Centro de Investigaciones Sociológicas. La OCDE ha emitido un informe relativo a las
perspectivas de las migraciones que no puede ser peor para España, a la que responsabiliza del aumento de migraciones internacionales. En el año 2005 entraron 680.000 inmigrantes ilegales; en 2004, 640.000, y en 2006, 636.000; más que los cuatro
países más grandes de la Unión Europea juntos: Francia, Gran Bretaña, Italia y Alemania.
Durante el Gobierno del señor Zapatero el año en el que menos inmigrantes ilegales han entrado ha superado en un 50 por ciento el peor de los años del
Gobierno del Partido Popular. Díganme ustedes si el señor Caldera está o no en lo cierto. En 2006 llegaron a Canarias más de 31.000 inmigrantes ilegales. Señores del Gobierno y grupos que lo apoyan, no podemos y seguir en esta línea permitiendo
la avalancha de inmigrantes ilegales. El Gobierno no ha adoptado medidas eficaces para hacer frente a este efecto llamada y el Grupo Parlamentario Popular apuesta por una inmigración ordenada y legal.
Mi grupo parlamentario ya presentó en enero de este año una proposición no de ley para adoptar medidas y hacer frente a la gestión de la inmigración. Uno de los objetivos que perseguía esa proposición no de ley era promover una regulación
específica sobre inmigrantes menores no acompañados para facilitar su retorno a los países de origen. En esa línea hemos presentado la enmienda y hemos intentado transaccionarla con esta moción del Grupo de Coalición Canaria. La entrada irregular
de los inmigrantes ilegales menores en España, señores que apoyan al Gobierno, es responsabilidad de este Gobierno. El Gobierno está obligado -ahora no hay nadie del Gobierno presente, pero sí están los señores diputados que le apoyan- a negociar
con los países de procedencia para que se cumpla lo dispuesto tanto en la Ley Orgánica 4/2000, como en su reglamento de ejecución. Es una obligación de la Administración General del Estado acordar protocolos de retorno inmediato de estos menores,
bien al entorno familiar, bien a las autoridades de protección de menores del país de origen. Estos acuerdos deben contemplar, como se ha hecho con Marruecos, la creación de centros para el retorno de los menores a sus países de procedencia
especialmente en países como Senegal, Malí o Mauritania.
Como ya dije la semana pasada cuando se presentó la interpelación, se debe financiar a la Comunidad Autónoma de Canarias el mantenimiento de estas instalaciones habilitadas y la creación de nuevas plazas para acoger a estos menores en
condiciones dignas. Actualmente hay más de 700 menores no acompañados en Canarias, y el señor Caldera se comprometió a que no superara la cifra de 300. El señor Caldera, como es habitual, se permitió decir otra vez que todo esto era
responsabilidad del Partido Popular.
Dijo que en el Consejo Superior de Política de Inmigración dependemos de las comunidades autónomas, que ellos presentaron un programa de traslado pero que hubo comunidades autónomas que se negaron a aceptar esos
traslados como Madrid o La Rioja.
Señorías, un gobierno tiene que ser eficaz, tiene que dialogar, tiene que negociar. Así se demuestra la eficacia de un gobierno. El señor Caldera no dijo que estas comunidades autónomas no solo aceptan el traslado sino que también aceptan
los costes de acogida hasta su mayoría de edad, costes que deben ser sufragados por la Administración General del Estado, lo cual no está siendo así, y también su traslado a la Península. Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular
quieren que se establezcan unos criterios transparentes de distribución de estos menores, por ejemplo, y tener en cuenta variables como la densidad de población. También se quiere una financiación adecuada e instrumentos de identificación de esos
menores, así como el establecimiento de un plazo de incorporación de los mismos a diferentes sistemas de protección.
Quiero señalar que tenemos voluntad de arreglar el problema. Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular tienen voluntad de solucionar el problema y zanjar en cierta medida esta situación. La enmienda transaccional que ha
presentado el Grupo de Coalición Canaria, que aceptamos en su totalidad, recoge parte del contenido de nuestra enmienda y aborda parte del problema que existe en estos momentos. En el caso de que no sea aceptada la enmienda transaccional tendremos
que abstenernos en la votación del texto de la moción.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señora Matador.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Coello.
La señora COELLO FERNÁNDEZ-TRUJILLO: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, tomo la palabra en nombre del Grupo Socialista para fijar la posición de mi grupo respecto a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto sobre los menores no acompañados que
llegan irregularmente a nuestro país.
Señora Oramas, la semana pasada tuve la oportunidad de escuchar atentamente su interpelación y tengo que decir que me asombró su exposición, el modo de conciliar y la manera coherente con que intentó llevarla a
cabo. Sin embargo, lamento tener que decirle que no es la misma postura que mantienen en los periódicos y escuchamos de los políticos que apoyan a su grupo en la Comunidad Autónoma de Canarias, donde a veces se hace un uso partidista y partidario
de un tema como es el de los menores, no solo de los inmigrantes, sino de los menores en general. En mi opinión, cuando se habla de menores deberíamos intentar separar los inmigrantes de los menores. Estos chicos son inmigrantes, lo cual les da un
doble sesgo: ser menores e inmigrantes. Deberíamos
proteger la figura del menor por encima de todo y no utilizarlo de una manera partidista y a veces partidaria. Lamento tener que decirlo porque a lo largo de toda la mañana hemos intentado llegar a un acuerdo.
Dice S.S. que el Gobierno del señor Zapatero no le ha tendido la mano.
Añade que el presidente afirmó que iba a ayudar hasta el final, y ha seguido haciéndolo. Hasta el final quiere decir hasta ahora, hasta el día de hoy, hasta esta noche
y hasta mañana. Es verdad que tenemos un problema importante en Canarias porque somos la frontera sur de Europa y por ahí están llegando personas del continente africano, y evidentemente tenemos que buscar soluciones. Es verdad que Canarias es un
territorio acotado e insular en el que no cabe nadie más -lo entendemos- y por eso el Gobierno en su momento trasladó desde Canarias a la Península a 500 menores no acompañados y se hizo cargo de su distribución, de su traslado e incluso de su
mantenimiento, y usted lo sabe. Por otro lado, el Gobierno, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, ofreció la construcción de un centro de menores no acompañados en Canarias, pero hasta ahora no se ha recibido ninguna respuesta por parte del
Gobierno autónomo.
Sé que este es un problema que nos incumbe a todos, de Estado, lo sabemos, pero este problema no va a acabar mañana ni pasado mañana. ¿Qué ocurre? ¿Por qué están llegando más pateras? Este año ha disminuido en un 75 por ciento la llegada
de cayucos a Canarias. No obstante, usted sabe -porque es también es canaria como yo- que ello se debe a las bonanzas del mes de septiembre porque, si no, los cayucos no llegarían con tanta facilidad.
Por otra parte, el hecho de que hoy hayan
llegado a La Palma quiere decir que han modificado el trayecto y están intentando filtrarse a través de las estructuras que ha instalado el Frontex en las costas, ya que no es normal que lleguen a La Palma habiendo otras islas antes. Usted sabe que
La Palma queda escondida detrás de las otras islas.
Lo cierto es que tenemos la mejor intención de ayudar al Gobierno de Canarias para que este problema pueda ser solucionado. Lo ofertó el ministro Caldera, y el texto alternativo que ofrecimos y hemos intentado pactar hablaba de cerrar un
número, 300, que el Gobierno de España devolviera a la Península y se hiciera cargo no solo de su traslado, sino también de su mantenimiento y de su distribución, además de convocar al Consejo Superior de Política de Inmigración para proceder a su
distribución equitativa y solidaria entre todas las comunidades autónomas y que todas participaran de la misma manera. Me extraña que la portavoz del Grupo Parlamentario Popular diga que no se les explicó cómo se iba a repartir, cuando hay
comunidades del Partido Popular que sí los recibieron. Solamente fueron dos comunidades autónomas del Partido Popular que no recibieron a menores: Madrid y La Rioja; la de La Rioja, por cierto, bastante poco afortunada en sus declaraciones al
respecto.
Usted sabe tan bien como yo que la tutela es una figura jurídica que, de acuerdo con la ley, con la Constitución y con el Estatuto de Autonomía de Canarias, le corresponde asumir a la Comunidad Autónoma canaria. Insisto, la tutela es de
la Comunidad Autónoma canaria.
En cuanto a crear un nuevo estatuto del menor no acompañado en Canarias o en cualquier sitio, en la subcomisión que se ha creado dentro de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales de este Congreso de los Diputados se ha estudiado
progresivamente este asunto. Para eso se ha creado esa subcomisión, para estudiar el tema y saber qué soluciones hay que dar; para eso hay que estar, hay que oír y hay que buscar soluciones y una vez que se tengan las soluciones claras, habrá que
ponerlas en práctica. El Gobierno de la nación ha tendido la mano al Gobierno de Canarias y se ha ofrecido a buscar soluciones reiteradamente. Lo que sucede es que al buscar acuerdos a veces se intenta llegar a otras soluciones que son más
partidistas y partidarias -lamento decirlo así- cuando se trata de un tema tan doloroso y tan doliente como es el de los menores no acompañados. Por lo tanto, no admitimos la enmienda transaccional que han pactado entre el Grupo Parlamentario
Popular y Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias. Lo lamentamos porque queremos dar solución a un tema tan importante para Canarias como el de los menores no acompañados.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señora Coello.
Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC) tiene la palabra el señor Cerdá.
El señor CERDÀ ARGENT: Gracias, señor presidente.
Señorías, el artículo 2.f) de la Directiva europea 2003/86 del Consejo define al menor extranjero no acompañado como al nacional de un tercer país o apátrida menor de 18 años, que llega al territorio de los Estados miembros sin ir acompañado
de un adulto responsable de él, ya sea legalmente o con arreglo a costumbre, mientras tal adulto responsable no se ha hecho cargo del menor, o cualquier menor al que se deje solo tras una entrada en los territorios de los Estados miembros. El tenor
literal del apartado 3 del artículo 35 de la Ley Orgánica 1/1996 determina que la Administración del Estado, conforme al principio de la recuperación familiar del menor, previo informe de los servicios de protección de menores, resolverá lo que
proceda sobre su retorno o, en su defecto, sobre su permanencia en el Estado español. Pero debe ponderarse igualmente que habrá situaciones en las que la precariedad del sistema de protección de determinados países puede dar lugar a que se vulneren
en muchos casos los derechos básicos que todo menor tiene por el simple hecho de no haber cumplido aún los 18 años. Es cuestionable que en todos los casos la integración en la unidad familiar y la convivencia con su entorno pueda configurarse de
manera apriorística como la mejor de las alternativas posible para
todos los menores. En todo caso, el automatismo de las repatriaciones a fin reintegrar al menor no constituye una práctica acorde con el cumplimiento de los tratados internacionales ratificados por el Estado español en materia de protección
de menores y, cuando menos, contraria al espíritu de la vigente legislación en esta materia. Asimismo, el menor extranjero no acompañado debiera tener reconocido el derecho a ser asistido y asesorado por un letrado, con independencia de la
presencia del ministerio fiscal en el procedimiento administrativo en el que se decida sobre su repatriación, y también en el expediente administrativo para declararle en desamparo.
La Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas es el instrumento internacional por antonomasia en el otorgamiento y protección de los deberes civiles y políticos de los menores. Se reconoce en la convención los derechos de los
menores a recibir por parte del Estado protección y asistencia especiales cuando éstos se encuentren privados de su medio familiar y, a su vez, indica el derecho del niño a expresar su opinión libremente y a ser escuchado en función de su edad y
madurez en todo procedimiento judicial y administrativo que le afecte. Por su parte, la Ley Orgánica 1/1996, sobre protección jurídica del menor, establece el derecho del menor a ser oído tanto en el ámbito familiar como en cualquier procedimiento
administrativo o judicial en que esté directamente implicado que conduzca a una decisión que afecte a su esfera personal y familiar. En este sentido se presenta el primer punto de nuestra enmienda. Por otra parte, las acciones que ha llevado a
cabo el Estado español hasta hace bien poco han sido puntuales, poco coordinadas y, sobre todo, basadas en el trabajo que realiza la sociedad civil.
Respetamos estrictamente los puntos 2 y 3 de la moción en cuanto afectan exclusivamente a la Comunidad de Canarias, pero en estos puntos de la moción se solicita la convocatoria de una comisión bilateral Canarias-Estado. Entendemos que es
en este marco de la negociación bilateral en el que deben establecerse los acuerdos entre el Estado y las comunidades autónomas y no relegar el establecimiento de un programa de actuación únicamente al Consejo Superior de Política de Inmigración.
Las políticas en materia de inmigración, y más si cabe de menores inmigrantes no acompañados, requieren necesariamente establecer acuerdos de colaboración con las comunidades autónomas para determinar los menores inmigrantes no acompañados que se
encuentran en su territorio y contribuir a la adopción de políticas y respuestas a su situación más integrales. Es evidente la necesidad de fijar objetivos y programas, incrementando, como hemos propuesto desde Esquerra Republicana, la dotación
presupuestaria para el año 2008 del Fondo de Atención a la Inmigración a las comunidades autónomas y también a los entes locales, incluyendo como objetivo la integración integral de los menores no acompañados.
La Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia ejerce la protección de los menores no acompañados que llegan en nuestro caso a Cataluña, y que no tienen referente familiar en nuestro país. Los menores son
mayoritariamente chicos, procedentes en su mayoría de Marruecos y se instalan básicamente en la ciudad de Barcelona. La acción protectora de la Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia de Cataluña tiene un doble objetivo:
por un lado, mejorar la atención y el acogimiento mediante la realización de un estudio individualizado de la situación y, por otro, favorecer el reagrupamiento familiar y el retorno del menor con las condiciones y garantías correspondientes,
siempre que se haya descartado la reinserción sociolaboral del menor en Cataluña. En definitiva, el Plan de ciudadanía e inmigración 2005-2008 de la Secretaría de Inmigración del departamento de acción social y ciudadanía de la Generalitat de
Catalunya marca las pautas de acogida de menores no acompañados desde una perspectiva integral, y en este sentido vamos a estar de acuerdo.
Llegados a este punto, muchas veces se ha intentado conciliar la artillería política, los argumentos de carácter político o electoral con la resolución de un problema. A veces hay que optar por una cosa o por la otra. A nosotros nos
preocupa este problema. Entendemos que han diagnosticado bien, pero el remedio no es el bueno. Han rechazado nuestras enmiendas y crean de verdad que iban en el sentido de solucionar un problema. Nos ha sorprendido que al final no se haya buscado
un consenso para solucionar un problema que es grave, porque nosotros estamos a favor de su solución. Tras el rechazo de nuestras enmiendas, nuestro voto tiene que ser negativo a su propuesta.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señor Cerdà.
En turno de fijación de posiciones por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida tiene la palabra la señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.
Izquierda Unida ya puso de manifiesto su preocupación sobre el tratamiento del Estado español a los menores inmigrantes no acompañados, oponiéndose a la ratificación del Acuerdo bilateral suscrito entre España y Marruecos sobre cooperación
en materia de prevención de inmigración ilegal, protección y retorno de los menores no acompañados. Esta moción está directamente relacionada con el debate al que hacíamos referencia, la obligación que tienen las administraciones públicas de
garantizar los derechos de los menores, es decir, la obligación de proteger, amparar y tutelar a los menores extranjeros no acompañados que se encuentran en territorio español.
En primer lugar, le diré a la portavoz del grupo proponente que son menores inmigrantes, no inmigrantes menores. Un matiz importante. Los menores extranjeros no acompañados son menores ante todo y, por supuesto,
antes de ser inmigrantes. Para Izquierda Unida, este debate no admite ninguna discusión, deben garantizarse los derechos que a los menores desamparados les otorga tanto la legislación internacional como el Convenio europeo sobre los
derechos del niño como la legislación estatal.
En segundo lugar, las medidas que se adopten no deben significar la repatriación de menores forzosa, como hasta ahora ha venido sucediendo y así lo han denunciando las organizaciones de derechos humanos. El retorno, en caso de darse, tiene
que ser concertado, el menor tiene que ser oído en toda decisión que le afecte -artículo 92 del reglamento de la Ley de Extranjería modificado por la Ley 14/2003-, evitando así el riesgo de que asuma una decisión ajena, intentando inmigrar otra vez
poniendo en riesgo su integridad física.
En tercer lugar, no se puede eludir ningún tipo de responsabilidad. Se tienen que crear las condiciones necesarias y óptimas precisamente para protegerles a ellos. No podemos compartir, como digo, repatriaciones forzosas y mucho menos a
países que no posean estructuras adaptadas para la acogida de los menores en desamparo, y menos todavía que no haya voluntad política de hacer de la protección de la infancia un tema prioritario. Por ejemplo, el caso de Marruecos; ya lo
denunciamos en su día y aprovechamos la ocasión para denunciarlo hoy. No podemos aceptar que se recluya a menores extranjeros no acompañados en situación de desamparo en centros de reforma de menores, como ha sucedido, por ejemplo, en Canarias.
Esto es inadmisible. No debemos eludir nuestra responsabilidad y, por tanto, eso implica la protección a los menores, en lugar de esconder la cabeza y financiar centros para los menores devueltos en su origen: Tánger, Nador, Marrakech. España
desvirtúa el concepto de cooperación al desarrollo al presentar la construcción de estos centros dentro de este marco, siendo esta una medida clara de externalización de las políticas europeas.
Por otra parte, deben establecerse mecanismos de corresponsabilidad y solidaridad interterritorial e interadministrativa en nombre del interés superior del menor para garantizar precisamente su adecuada protección.
Esta debe ser la guía de
toda actuación que se lleve a cabo desde todas las administraciones públicas. Si están en territorio español, es obligación precisamente de las administraciones públicas garantizar sus derechos y proteger a los menores en situación de desamparo.
Por lo tanto, es necesario un procedimiento uniforme para la obtención de la autorización de residencia y cédula de inscripción -estamos de acuerdo-; conceder autorizaciones de residencia más allá de la mayoría de edad; impartir las instrucciones
necesarias para que a los menores se les pueda garantizar, al margen de su situación administrativa, el proceso de escolarización, formación e integración sociolaboral, y regular la figura específica de los menores extranjeros no acompañados, aunque
a nuestro juicio tanto la legislación internacional como la estatal son suficientemente claras y rotundas; solo falta voluntad política para aplicarla.
En cualquier caso, todas estas medidas y esta política son contrarias a las manifestaciones que tanto Coalición Canaria como el Partido Popular suelen hacer, y son contrarias a lo que ejecuta el Gobierno socialista.
Se ha de cambiar tanto
la política del Gobierno como las alarmas que ustedes generan. Los discursos xenófobos son muy peligrosos, influyen mucho en la gente y hacen desviar una política que, en vez de proteger al menor, acaba desprotegiéndolo y conduciéndolo a
situaciones como la que hemos visto en el caso de Marruecos. Todos los que ponen la voz en ese discurso tienen responsabilidad.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señora Navarro.
¿Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar, es de justicia expresar el sentimiento de corresponsabilidad de esta Cámara, o al menos de este grupo parlamentario, con lo que viene sucediendo desde hace tiempo en Canarias y con las autoridades canarias, que
deben hacer frente a una situación compleja y difícil de gestión de los flujos migratorios y específicamente de colapso de los servicios públicos en materia de atención a menores no acompañados. Con mi colega Jordi Xuclà tuve ocasión de desplazarme
hace más o menos un año a la isla de Tenerife, conocer mínimamente en directo la situación que se vive en esa isla, y el sentido común te hace ver que es evidente que el Gobierno de Canarias, las autoridades canarias, necesita la corresponsabilidad
del Gobierno de España y de esta Cámara para hacer frente a una situación complicada y difícil que se vive en esa isla. Por la propia singularidad de esas islas, por su ubicación geográfica y por su propia condición de islas, nos parece que es de
sentido común. En este contexto, señorías -y es una cuestión que hemos debatido en esta Cámara en diversas ocasiones, que fue objeto de modificaciones legislativas en diversas ocasiones, me refiero al marco legal y a las políticas públicas de
atención a los menores no acompañados-, el conjunto de los servicios públicos en esta materia en todo el Estado están colapsados, no tan solo en las islas Canarias sino en el conjunto del Estado, por la incapacidad de hacer frente a una nueva
realidad, por la falta de elementos que puedan permitir gestionar un proceso mínimo de acogida e integración de estos jóvenes, con la preocupación consiguiente por la vulneración de los derechos que se contemplan en los tratados internacionales que
España ha firmado y en la propia legislación de protección del menor -y creo que la señora Navarro hacía referencia a esas cuestiones- y
también, evidentemente, por incapacidad del conjunto de las administraciones de garantizar un efectivo proceso de acogida e integración social de estas personas en nuestra sociedad. Este es un problema grave en el conjunto de España y
especialmente grave en las islas Canarias.
Es evidente, señorías, que también existen responsabilidades de la Administración General del Estado. No es de recibo que el Gobierno del Estado español, ante las situaciones que hoy viven las comunidades autónomas en esta materia, opte por
no asumir sus responsabilidades, por ejemplo, en materia de legalizar la situación de estos menores. En el texto de la moción original que nos proponía el Grupo de Coalición Canaria se hacía referencia a la necesidad de unificar criterios en el
conjunto de las oficinas de extranjería en los diversos puntos de España.
Existe un mandato legal que obliga expresamente a proceder a legalizar la situación de un menor a partir del momento en que la tutela de ese menor ha sido asumida por parte
de la comunidad autónoma. Esa es una responsabilidad del Gobierno de España, no es una responsabilidad de los gobiernos de las comunidades autónomas. También existe la obligación del Gobierno de España de facilitar aquellas modificaciones legales
que permitan proceder a la integración social de estos menores, por ejemplo, en el ámbito del empleo. Existe también una responsabilidad del Gobierno desde el punto de vista de proveer de los recursos financieros y económicos que necesitan las
comunidades autónomas, hoy colapsadas, para hacer frente a esa realidad. Existe también una responsabilidad del Gobierno de España desde la perspectiva de la cooperación internacional, de la cooperación de Marruecos respecto a las responsabilidades
de estos menores, pero también de cómo somos capaces, desde nuestras políticas de desarrollo, de ayudar de verdad a Marruecos a construir una política de atención a los jóvenes, de atención a la infancia, que hoy no existe.
Todo ello, señorías, son cuestiones que llevarían a mi grupo a apoyar el texto de la moción que nos presenta esta tarde Coalición Canaria. Si finalmente se acepta la enmienda transaccional del Grupo Popular no la podríamos votar, ya que
discrepamos de algunas de las cuestiones que a través de la misma se han incorporado. Y lamentamos que algunas cuestiones que estaban en el texto original de Coalición Canaria que se nos ha pasado se hayan suprimido. Lamentamos aun más que hayamos
sido incapaces de alcanzar un acuerdo en esta materia. Nos parece que las cuestiones de fondo, los derechos de los menores y la capacidad de las islas Canarias de desempeñar sus obligaciones en materia de acogida de menores indocumentados, hubiesen
exigido de todos una mayor generosidad para que esta tarde hubiésemos podido alcanzar un acuerdo en esta materia. Es una pena.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señor Campuzano.
Habiéndose producido diversas intervenciones en contra de la enmienda transaccional, la señora Oramas tiene un turno para indicar si acepta o rechaza el resto de las enmiendas.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.
No las aceptamos. Siendo aceptable en parte alguna de las materias, desde luego de forma global no responden a la intención que tenía la moción.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, PARA QUE EL GOBIERNO DÉ CUENTA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE SUS COMPROMISOS EN MATERIA DE VIVIENDA. (Número de expediente 173/000219.)
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Pasamos al punto siguiente del orden del día: Moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que el Gobierno dé cuenta del grado de cumplimiento de sus compromisos en materia de
vivienda. Para la defensa de la moción tiene la palabra el señor Matos.
El señor MATOS MASCAREÑO: Gracias, señor presidente.
Señorías, la moción para la que hoy solicitamos el apoyo de la Cámara es consecuencia de la interpelación urgente que debatimos el pasado día 3 a solicitud de nuestro grupo parlamentario. Habíamos solicitado aquella interpelación
principalmente por dos motivos. El primero, porque considerábamos alarmante el espectacular incremento de la preocupación de los ciudadanos en relación a la vivienda. Como ya dije, si en marzo de 2004 eran 19 de cada 100 los españoles que
consideraban que la vivienda era uno de los tres principales problemas que tenía nuestro país, hoy, tres años después, son 36 de cada 100, y ese porcentaje se eleva al 50 por ciento en la franja de menores de 35 años. Además, según el CIS, la
vivienda es hoy el problema que afecta directamente a más ciudadanos, superando por primera vez al problema del paro. Es decir, los índices de preocupación de los españoles en relación a la vivienda se han multiplicado por dos en estos tres años, y
el Ministerio de Vivienda no se había creado para eso. El Ministerio de Vivienda, que es el proyecto estrella del señor Zapatero, se había creado para todo lo contrario, para solucionar el problema y no para agravarlo. El fracaso del ministerio es
el resultado de su pésima gestión, y nosotros en la interpelación queríamos saber qué es lo que iba a corregir la nueva ministra para solucionarlo. El segundo motivo de la interpelación era que la ministra estaba haciendo declaraciones que
considerábamos improvisadas, anunciando medidas muy similares a las que ya están en vigor y haciendo propuestas con poco
apoyo y poco contenido que en algunas ocasiones sabía que no podía cumplir. Eso es lo que produce mayor frustración en los ciudadanos. De lo dicho por la ministra en el debate de la interpelación y, sobre todo, de lo que no dijo, de sus
clamorosos silencios, han quedado absolutamente claras algunas cuestiones. Ni el Gobierno ni el ministerio tienen respuesta alguna ante las dificultades que están sufriendo hoy los ciudadanos españoles en relación al acceso de la vivienda. La
nueva ministra no ha sido puesta al frente del Ministerio de Vivienda para llevar a cabo nuevas políticas ante el agravamiento de las situaciones, sino para lavar la imagen del ministerio a seis meses de la disolución de las Cortes Generales a base
exclusivamente de mejorar o cambiar la comunicación, de puestas en escena como la de la escalinata de La Moncloa y, por tanto, de mejorar el márquetin mediático. El ministerio es el que peor gestiona su presupuesto de todo el Gobierno. Y la
ministra no quiso decirnos qué es lo que va a corregir para cambiar esa situación.
Señorías, como dije, no es de recibo que, con la que está cayendo en España en materia de vivienda, el Ministerio de Vivienda solo haya ejecutado el 14,4 por ciento
en los primeros siete meses del año. También sabemos, en contra del apoyo público que ha expresado la ministra, que no va a financiar la disparatada ley de Andalucía. Por mucho que le pregunté si el ministerio iba a recoger dentro del marco de
ayudas estatales, que es lo que dice el anteproyecto de ley andaluz, la subvenciones a todos los que obtengan ingresos inferiores a 3.000 euros, el silencio de la ministra, como he dicho, fue clamoroso. Ni está en la mente de la ministra ni está
tampoco en los Presupuestos Generales del Estado que nos han presentado recientemente.
Señorías, todos los grupos políticos de estas Cortes Generales no solo hemos criticado la gestión del Gobierno, sino que hemos presentado diversas iniciativas, algunas de ellas aprobadas, dirigidas a mejorar el acceso a la vivienda o una
mayor eficacia de las medidas propuestas.
Fruto de esas iniciativas es el contenido de la moción que hoy debatimos, para la cual solicitamos el apoyo de la Cámara. La moción pretende, en primer lugar, que el Gobierno adopte las medidas oportunas
en orden a agilizar la gestión presupuestaria del Ministerio de Vivienda. Como ya manifesté, es inaceptable la bajísima ejecución del presupuesto del Ministerio de Vivienda, en particular en lo que se refiere a las transferencias a las comunidades
autónomas.
En segundo lugar, se insta al Gobierno a cumplir la proposición no de ley aprobada el 16 de mayo de 2006 y la moción aprobada el 14 de septiembre también de 2006, que instaban al Gobierno a modificar aspectos concretos del vigente Plan de
Vivienda. Al margen del desprecio que supone no cumplir con las resoluciones de este Congreso de los Diputados, las citadas resoluciones pretendían mejorar las ayudas fijadas en el Plan de Vivienda, tanto por lo que se refiere al acceso a la
vivienda como en relación con la ya famosa ayuda al inquilino de 240 euros mensuales.
También pretendían flexibilizar los requisitos para la financiación de unos programas de rehabilitación, aislamiento de edificios y viviendas, impulsar el
arrendamiento y dotar el Plan de Vivienda de un mayor respeto a las competencias de las comunidades autónomas.
En el tercer punto de la moción se reitera al Gobierno la moción aprobada en el Senado el 21 de noviembre de 2006, por la que se insta al Gobierno a liquidar la Sociedad Pública de Alquiler y transferir su fondo a las sociedades públicas,
autonómicas o municipales, de las diferentes comunidades autónomas. La Sociedad Pública de Alquiler no es solo un escándalo desde el punto de vista de su resultado -4.487 contratos en toda España en más de dos años de vigencia- y no es solo un
escándalo económico -siete millones de pérdidas acumuladas-, sino que además nos hemos enterado hoy de que incumple la legislación mercantil, pues a día de hoy aún no ha depositado en el Registro Mercantil las cuentas correspondientes al ejercicio
2006, cuyo plazo venció el pasado 31 de julio. Consideramos que esta circunstancia es impresentable en una empresa pública, una empresa que además tiene unos gastos de personal de dos millones de euros y, como se ha dicho, unas pérdidas de siete
millones de euros. Y el cambio de presidente de la Sociedad Pública de Alquiler no invita a la esperanza, sino todo lo contrario. El nuevo presidente, en su comparecencia ante la Comisión de Vivienda, tachó a las sociedades públicas de alquiler
autonómicas y locales, a las que la sociedad estatal les está haciendo la competencia, de meros agentes inmobiliarios, lo cual a mi grupo parlamentario le parece intolerable.
Los dos últimos apartados de la moción instan al Gobierno a dotar de seguridad jurídica el contrato de arrendamiento y a adoptar medidas para compensar a las familias con hipotecas por la subida de los tipos de interés.
Izquierda Unida ha presentado una enmienda. Acepta los tres primeros puntos de la moción del Grupo Parlamentario Popular y propone la sustitución de los apartados 4 y 5. Pues bien, como la propuesta que hace ideológicamente va en contra de
la posición del Grupo Popular, proponemos a Izquierda Unida -su portavoz no se encuentra en la Cámara en este momento- que la enmienda que presenta sea de supresión de los puntos 4 y 5 -se aprueban los tres primeros-, dejando para posteriores
debates los aspectos fiscales, en los que ambos grupos políticos no estamos de acuerdo. Señor Herrera, ya que ha llegado usted, si me permite, voy a reiterarle la oferta que le hemos hecho a la vista de su enmienda. Le proponemos que cambie su
enmienda de sustitución por una enmienda de supresión de los puntos 4 y 5 de nuestra moción, que son en los que no estamos de acuerdo, dejándolos para un debate posterior, y que se aprueben los tres primeros puntos de la misma, que son en los que
ambos grupos estamos de acuerdo en base al contenido de la propia moción.
Muchísimas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señor Matos.
Efectivamente, a esta moción se ha presentado una enmienda. Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida tiene la palabra el señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.
Ruego que me disculpe el no haber podido asistir a su intervención, señor Matos, pero estaba atendiendo otras obligaciones.
Nuestra enmienda tenía un triple objetivo y el primero de ellos era incorporar nuevas medidas. Ustedes saben que se esta discutiendo en Cataluña el pacto por la vivienda y también la ley por la vivienda en la que lamentablemente -y digo
lamentablemente- han faltado dos actores políticos, el Partido Popular y Convergència i Unió, y han intervenido el conjunto de las organizaciones sociales, económicas y también el resto de actores políticos, en lo que nosotros entendemos que es el
pacto más ambicioso que hay hoy a nivel estatal. Independientemente de si se está de acuerdo o no en torno a un artículo, concurren todos los actores económicos, sociales, con una política de vivienda que va a ser activa y no con alegatos genéricos
en torno a un derecho. Ustedes no se han incorporado por un elemento, elemento que existe en la legislación comparada, que es que en último caso, in extremis, sea posible una intervención forzosa para aquellas viviendas que estén desocupadas.
Nosotros planteábamos en nuestra enmienda incorporar una reforma del reglamento del IBI, que es competencia del legislador estatal, en este caso del Gobierno del Estado, que ustedes saben bien que supondría que las viviendas desocupadas se puedan
gravar más. Para nosotros este es un elemento fundamental porque entendemos que la política de vivienda tiene que ser proactiva y disuasoria de las malas prácticas. Para nosotros este era un contexto fundamental en torno al acuerdo y, por lo que
tengo entendido, no va a ser posible.
A estas enmiendas tengo que añadirle otro elemento que también he comentado estos días con el portavoz socialista. Para nosotros era fundamental un marco de acuerdo con el Partido Socialista en torno a las políticas de vivienda. Ustedes
saben que nosotros pactamos la Ley del Suelo, una ley que, desde nuestro punto de vista, suponía un paso adelante, si bien no era nuestro modelo. Y en la intervención que yo mismo tuve en la Ley del Suelo cuando volvió del Senado, le dije a la
ministra Trujillo y al presidente Zapatero que para pactar con nuestro grupo parlamentario las políticas de vivienda se tiene que adaptar la Ley del Suelo y pactar la Ley del Mercado Hipotecario, y ustedes plantean una de las últimas medidas en su
moción de hoy. Pues bien, hoy hemos tenido la discusión de la Ley del Mercado Hipotecario y la sensibilidad del Grupo Socialista en torno a todas las enmiendas sociales que nuestro grupo parlamentario había planteado ha sido cero. La cuestión es
si podemos continuar así, si se puede continuar pactando las leyes sociales con nuestro grupo parlamentario y las leyes económicas con CiU y, en este caso, la Ley del Mercado Hipotecario, y hay que decirlo, también con el Partido Popular. Nosotros
entendemos que no, que no se puede continuar así, que nos parecen muy grandilocuentes las declaraciones de la señora Chacón delante de Moncloa presentando nuevas medidas y, en cambio, que se nieguen, por ejemplo, a que las viviendas de protección
oficial cuando salgan a subasta mantengan sus características de vivienda de protección oficial y, por tanto, que no se pueda subastar a un precio superior a la función social que tienen que cumplir. Esto es así, lo planteábamos nosotros en la ley
del Mercado Hipotecario y el Gobierno nos ha dicho que no. Nos han dicho que no también a la posibilidad de que pueda haber un acuerdo entre acreedor y deudor que permita que aquellas personas que estén en una situación de insolvencia o
económicamente complicada de forma transitoria puedan acordar que no se les desahucie. Nos han dicho que no a la subrogación de las hipotecas con efectos retroactivos. Nos han dicho que no a tantas y tantas medidas...
Digo esto en esta tribuna porque nosotros no estamos de acuerdo con las políticas de vivienda que planteó y plantea el Partido Popular. En parte sí, pero globalmente tenemos puntos de vista distintos. Nosotros creemos que se tiene que
intervenir para garantizar el derecho a la vivienda.
Pero nosotros tampoco estamos de acuerdo con lo que está haciendo últimamente el Partido Socialista que es anunciar medidas tímidas, efectistas más que efectivas, que no avanzan desde nuestro
punto de vista de forma contundente y clara en el derecho a la vivienda y después, en la Ley del mercado Hipotecario, con enmiendas que eran fundamentales y que iban en coherencia con lo que habíamos pactado con la Ley del Suelo, no nos incorporen
nada. No puede ser. Sé que el problema no está en el portavoz socialista en materia de vivienda, y hay veces que no está ni en el ministerio. El problema está en la coherencia en las políticas del Gobierno socialista en materia de vivienda. Y el
Gobierno socialista en materia de vivienda tiene básicamente dos competencias: la política fiscal y la política hipotecaria. ¿Saben cuál es el problema? Que la política fiscal y la política hipotecaria en materia de vivienda va en sentido
contradictorio no con lo que dice nuestro grupo, sino con lo que dicen todos los expertos mínimamente progresistas. La política fiscal lo que hace es una transferencia de capital del Estado al promotor, con elementos inflacionistas, y la política
hipotecaria hoy lo que hace es dar más garantías a las entidades financieras, y nosotros con eso no estamos de acuerdo. Digo todo esto porque hoy se ha producido un cierto divorcio, y no separación -a ver si son capaces de reconciliarse-, entre su
grupo y el nuestro en materia de política de vivienda. No se puede pactar la Ley del Suelo y despreciarnos en la Ley del Mercado Hipotecario; no se puede. Queríamos subir a esta tribuna para trasladar esto. Ahora
atenderemos también a las transacciones de las enmiendas que acaba de presentar el Grupo Parlamentario Popular. No sabemos qué votaremos porque para nosotros es un elemento fundamental incorporar también las políticas disuasorias en materia
de vivienda, en este caso la reforma del reglamento del IBI que permite gravar las viviendas desocupadas. Por tanto, sin estar de acuerdo con las políticas del Partido Popular, y porque claramente tampoco estamos de acuerdo hoy con las propuestas
del Partido Socialista, nos situaremos, por tanto, en esa línea.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señor Herrera.
Turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Intervendré muy brevemente. Al bloque Nacionalista Galego se le hace muy apetitoso contemplar las mociones que en relación con el problema de la vivienda y el marco competencial presenta el Grupo Parlamentario Popular por boca del señor
Matos. Es indudable que se trata de un bocado suculento porque incide en la contradicción de la política del Gobierno -sobre todo, en temas competenciales que a muchos nos preocupan- y oculta muy bien el modelo socioeconómico que subyace en las
propuestas del Partido Popular. En este aspecto, permítanme decirles que el tema de la vivienda hasta ahora no ha dejado de ser un leitmotiv propagandístico, la utilización de un tema de gran preocupación social con finalidades y réditos
electorales, pero que no hay nadie que haya vencido un problema de fondo que es cómo el gran sector económico del Estado español, que es precisamente la vivienda, puede ser un problema de mercado libre y, al mismo tiempo, cumplir una función social.
Esa contradicción parece que, desde luego, el Partido Popular no la puede superar con sus teorías y el Partido Socialista Obrero Español hace más un lavado de fachada que una política real en este aspecto; dicho esto con toda la conciencia de que
es un problema de difícil solución en estos marcos económicos, políticos y sociales. Una moción como esta se presenta como debate repetido en el momento de un cambio ministerial, justo al final de la legislatura, a pesar de que hay dos puntos que
son muy de recibo, el primero y el tercero. El primero, según tenemos entendido por noticias de la propia Comunidad Autónoma de Galicia, está en camino de superación, y el tercero, sin duda, debe de obligar al Gobierno a recapacitar sobre las
contradicciones de su visión competencial o el interés de hacer políticas de Estado en aquello que, por lo menos, son políticas de las comunidades autónomas. Por tanto, nos vamos a abstener ante esta moción esperando que en el futuro, que será en
la próxima legislatura, el Gobierno que exista compruebe ya por experiencia que no vale solamente con lavados de fachadas o con ministerios propaganda y que hay que coger el toro por lo cuernos; o bien, como haría el Partido Popular, sin duda
alguna, volver a la asunción teórica, no solamente práctica, del modelo neoliberal y a un marco competencial que no sería muy respetuoso con las competencias autonómicas si juzgamos por los discursos con que nos levantamos todas las mañanas sobre la
unidad de España y que España se deshace. Por tanto, mostramos nuestro respeto por este tipo de iniciativas, que están muy bien pensadas para introducir las contradicciones entre el Gobierno y los grupos parlamentarios que coyunturalmente lo
apoyan, pero sin duda alguna nos vamos a mantener al margen de esta dialéctica.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señor Rodríguez.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Beloki.
El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señor presidente.
Prácticamente lo que acabamos de escuchar de boca del representante del BNG sería el razonamiento básico para mi grupo, que también va a abstenerse como acaba de anunciar el señor Rodríguez. Nosotros, a la hora de fijar nuestra posición,
casi hacemos más caso al contexto que al texto. Es cierto que el Ministerio de Vivienda es una novedad de esta legislatura y también lo es que ha tenido un deambular más bien azaroso en estos tres años largos, y lo califico de azaroso con una
cierta asepsia política, de momento; deambular un tanto azaroso en la puesta en marcha del propio ministerio, en la forma en que se organizó, en la forma en que empezó a actuar, en la actividad que ha venido desarrollando. El cambio de titular, de
la titular en este caso, constituye un indicador suficiente de este deambular azaroso del ministerio. Y azaroso ha sido lo que aquí, en este hemiciclo, y en el Senado ha vivido este ministerio con distintas iniciativas parlamentarias. El señor
Matos ha aludido en repetidas ocasiones -aludió el día pasado en su intervención, hoy lo ha vuelto a hacer, y la moción hace referencia a ello- a distintas iniciativas parlamentarias en las que no siempre ha salido bien parado este ministerio. Ha
sido un deambular -califico asépticamente- azaroso el de este ministerio.
Hoy volvemos a estar un poco al parecer en esta misma situación. Este debate es conocido, es un debate hasta recurrente, diría yo, un poco aburrido y hasta archisabido. Es también un debate necesario, porque ha cambiado la titular del
ministerio y ella misma ha resucitado este debate, ha reavivado el debate; desde las escalinatas de La Moncloa y en sus declaraciones en la Comisión ha anunciado medidas y propuestas muy abiertas, con un aire supuestamente novedoso, que no sabemos
en qué se van a traducir, pero es un debate que desde ese punto de vista es necesario, a pesar de ser recurrente, repetido y hasta archirrepetido. No debemos
olvidar nunca que este debate, que se vuelve a resucitar o a reavivar, llega en un momento de la legislatura que es el tramo final; quedan pocos meses. Mi grupo le ha dicho a la ministra: usted nos está anunciando muchas cosas; sin
embargo, dígame qué va a poder hacer en los pocos meses que le quedan. Tratándose de un problema sustancial y enormemente importante como es el de la vivienda, todos debiéramos hacernos esta reflexión, porque es evidente que no se puede volver a
empezar.
Señor Matos, ya no me puedo imaginar que pueda desaparecer en esta legislatura la Sociedad Pública de Alquiler. Usted sabe que yo he sido partidario de que esa Sociedad Pública de Alquiler desapareciera, pero a estas alturas ya no es
posible. De forma que creo que debiéramos centrarnos en lo que es posible y evidentemente usted, en su moción, tiene elementos que lo son. Yo no tendría inconveniente en compartirlos, pero son también los elementos que la ministra nos ha anunciado
que va a poner en marcha: una ejecución presupuestaria mayor, medidas legislativas, etcétera. Nosotros le dijimos entonces, y decimos hoy, que esperamos que se concreten esas cosas y damos tiempo para que efectivamente los hechos sucedan a las
palabras.
Ahora bien, en este tramo final de la legislatura podríamos empezar a debatir sobre qué ha dado de sí la puesta en marcha de este nuevo ministerio, sobre todo de cara a la próxima legislatura. Va siendo hora de ir sacando algunas
conclusiones, porque era una novedad. En los primeros debates de esta legislatura ya dijimos que íbamos a ver qué pasaba con un nuevo ministerio, que surgía en un ámbito competencial en el que el Gobierno central no tenía competencias. Nosotros
decíamos: ustedes han decidido tener una actitud proactiva en el tema de la vivienda, no se lo vamos a discutir, pero entran en un terreno ya ocupado. Y todos hemos sido testigos de lo que ha pasado en este terreno ocupado. Todos debiéramos
reflexionar, pero sobre todo los dos partidos mayoritarios, que son los que finalmente, uno u otro, van a decidir si este Ministerio de la Vivienda va a seguir existiendo, si va a seguir deambulando azarosamente como hasta hora o si de una vez se va
a ordenar.
Como representante del Grupo Vasco, tienen un elemento de orden. Llevo tres años preguntando, sigo preguntando y seguiré preguntando hasta el último día: ¿Este es un Ministerio de la Vivienda también para Euskadi y Cataluña, o no?
Cuando dice la ministra -y lo dijo el día pasado- que el Plan de la Vivienda no afecta a Euskadi ni a Navarra, nos preguntamos ¿es que es un ministerio que tiene dos calvas en el Estado o cuál es la situación? Explíquemelo. No termino de encontrar
la respuesta. Seguiré indagando. Entretanto, señor Matos, frente a esta iniciativa, que era inevitable seguramente y que tiene connotaciones electorales o preelectorales, mi grupo se va a abstener.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señor Beloki.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Andreu.
El señor ANDREU DOMINGO: Presidente, señoras y señores diputados, realmente estamos ante una interpelación que tiene la cara educada y amable y que es la más autonomista que he escuchado desde la bancada del PP. Y yo me pregunto cómo es
posible que, en Cataluña, su grupo, junto con Convergència i Unió, no haya apoyado el Pacto Nacional por la Vivienda, que es el esfuerzo más importante de las diversas comunidades del Estado español en este tema, que preocupa, y mucho, que es el de
la vivienda, y que no lo hayan hecho con la excusa de que en la futura ley de vivienda puede haber ciertos elementos que ustedes juzgan como una posible, lejana, expropiación de la vivienda, cuando todo el mundo ha dicho que en este caso no sería,
ni mucho menos, de viviendas urbanas, deshabitadas, sino que simplemente sería aquello que se consagra en la Constitución como la función social de la vivienda.
Me gustaría que usted cambiara la insularidad por el Principado de Cataluña, porque, si usted es capaz de decir aquí que deja para el futuro las transacciones de la enmienda que le presentaba Izquierda Unida, está haciendo absolutamente lo
contrario que han hecho sus compañeros de partido en Cataluña, en ese esfuerzo colosal que intenta hacer la Generalitat en esta cuestión, que realmente es la preocupación de muchos ciudadanos, el acceso a la vivienda, especialmente de los jóvenes.
Con la intención de que usted nos ha pedido el voto, estoy seguro de que se hubiera sumado al Pacto Nacional por la Vivienda de la Generalitat de Catalunya. Por lo menos así lo interpreto.
La verdad es que hay una preocupación real en el acceso a la vivienda. El Gobierno Socialista y el Ministerio de Vivienda, en esta legislatura, han encauzado esta preocupación con luces y con sombras. Lo cierto es que el aumento sin fin de
los precios en el acceso a la vivienda, que se daba anteriormente, por la política liberalizadora que hizo sobre este tema el Partido Popular, se ha ido moderando, seguramente no por figuras jurídicas como la Ley del Suelo o por las políticas del
Ministerio de Vivienda, sino por simple fluctuación del mercado. Puede ser que en estos pocos meses que nos quedan de legislatura haya una inflexión en el precio de la vivienda, quizás por razones de mercado. Si se produce esta inflexión y no un
aterrizaje suave, como nos gustaría a todos, también lo atribuirá, señor Matos, a errores de la ministra y del Ministerio de Vivienda. Creo que hay que hacer una reflexión sobre el tema de la vivienda; cuando se dan soluciones, como en Cataluña,
con el impulso de 160.000 viviendas anuales de vivienda protegida, ustedes no solo dicen que no, sino que son absolutamente beligerantes, y ahora vienen a pedir a esta Cámara que todos aceptemos sus buenas intenciones.
Nuestro grupo parlamentario, sintiéndolo mucho, apreciando su talante y su exquisitez, le va a decir que no.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señor Andreu.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, señorías, el señor Matos nos ha presentado esta moción en nombre del Grupo Popular. El señor Andreu se ha referido ya a su tono conciliador y constructivo en los debates, y yo también quiero
reconocer que ha sido una constante por su parte en toda esta legislatura en materia de vivienda, que ha sido su principal responsabilidad en la oposición. Cierto es, señor Matos, que ese tono constructivo ha conseguido en ocasiones que todos los
grupos parlamentarios nos pusiéramos de acuerdo en mociones o en proposiciones no de ley, que han sido aprobadas, con el voto en contra del Grupo Socialista, pero aprobadas. Hoy, en esta última fase de esta legislatura, en esta moción se nos pide
que se cumplan por parte del Gobierno algunos aspectos que los grupos parlamentarios habíamos aprobado aquí. Ya le adelanto que a dos de ellos, muy significativos y muy importantes desde un punto de vista autonómico, vamos a decir que sí. Vamos a
decir que sí a los puntos 1 y 3, porque ponen de relieve que se aprueban presupuestos que después no se ejecutan.
No nos engañemos, ¿qué es esto del Ministerio de Vivienda? Un ministerio escaparate, que en el fondo, a través de propuestas llamativas, quiere suplantar lo que es una competencia de las comunidades autónomas. En el caso de Cataluña, mi
nación, estatutariamente reconocida, estas competencias las tenemos en el nuevo Estatuto que han aprobado estas Cortes Generales. En ese Estatuto que han aprobado las Cortes Generales, de manera clara la competencia exclusiva en materia de vivienda
es de la Generalitat de Catalunya y lo es también toda la competencia de fomento de subvenciones. Las competencias no se compran ni se venden, las competencias se tienen, y las que tiene Cataluña se las ha otorgado el Estatuto. Por tanto, no nos
vale ese ministerio escaparate, que viene a intentar suplantar lo que debe ser una política en este caso de la Generalitat de Catalunya, como podía serlo también de la Junta de Andalucía, atendiendo a la literalidad del nuevo Estatuto de Autonomía
aprobado.
Decimos por tanto sí a que se transfiera a las comunidades autónomas y a que se agilice toda la gestión presupuestaria; sí a que se cumpla esa moción que se aprobó en el Senado, proposición no de ley que también habíamos aprobado en el
Congreso, en el sentido de que esto de la Sociedad Pública de Alquiler ha sido un ejemplo de mala gestión, digámoslo claro. Cuando tenía pocos años de vida, porque el ente fue creado tras el ministerio, tuvieron que cambiar a su presidente. Si
observamos el número de contratos en los que había conseguido intermediar esa sociedad y hacemos una simple regla de tres para ver cuánto nos ha costado cada uno, teniendo en cuenta lo que nos ha costado la Sociedad Pública de Alquiler, veremos que,
lamentablemente, no ha valido la pena, no era un buen modelo. Recuerdo una enmienda del Grupo Vasco que se aprobó en unos presupuestos, que pedía que esas transferencias de la Sociedad Pública de Alquiler pasasen directamente a los fondos de las
comunidades autónomas. Estamos en esa línea y por tanto vamos a votar favorablemente los puntos 1 y 3 de la moción. Al resto de los puntos nos vamos a abstener, porque en ellos se plantean algunas actuaciones que en este último tramo de
legislatura no verían la luz de la manera que se incluyen en la moción. Algunas de ellas incluso pueden ser contradictorias con otros textos que estamos tramitando ahora, como es que en el Senado se aprobó por unanimidad el mismo texto de la
proposición de ley de Convergència i Unió que aquí se había rechazado, para agilizar los desahucios, para modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil y para establecer una serie de garantías, a través de un fondo, para aquellas personas que están en
una situación límite; para esos arrendatarios tiene que existir ese fondo. En definitiva, agilizar también los desahucios.
Entendemos, señor Matos, que tramitar a la vez esa proposición de ley con algunas medidas que hoy incorpora la moción no sería viable. También hay una serie de propuestas de nuestro grupo relativas al mercado hipotecario y hoy mismo, en la
Comisión de Economía, se han aprobado una serie de propuestas de nuestro grupo. Por tanto, en aras de esa coherencia, nuestro grupo pide formalmente votación separada de los puntos 1 y 3; solo sería posible tal votación separada si finalmente no
se aceptaran enmiendas a esta moción. Si se aceptaran enmiendas a la misma, haríamos una abstención global. Si no se aceptan enmiendas y podemos votar separadamente, desde un punto de vista autonomista, creemos de forma clara que esos puntos 1 y 3
pueden ser apoyados por Convergència i Unió.
Termino ya, señor presidente, señorías. El señor Andreu se refería a nuestro grupo diciendo que no ha apoyado el Pacto Nacional por la Vivienda. Pero no es una situación opaca. Es cierto que existe un proyecto de ley de la vivienda en
Cataluña en el que hay un artículo específico que nosotros pedimos que se derogue, que se suprima; si se suprime ese artículo, no duden que también estaremos en ese gran acuerdo, que para ser un acuerdo nacional, en Cataluña, debe serlo por lo
menos con los principales grupos parlamentarios y también debe incluir, para que sea un acuerdo nacional, al principal grupo del Parlament de Catalunya, que es Convergència i Unió. Esperemos que se recapacite en la dirección correcta y que se
modifique ese artículo, que vendría a suponer una posible expropiación de pisos que no se alquilan.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Muchas gracias, señor Jané.
Para concluir este turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Contreras.
El señor CONTRERAS PÉREZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, subo a la tribuna para fijar la posición del Grupo Socialista en torno a la moción que hoy presenta el Grupo Popular, que es consecuencia de la interpelación urgente que se debatió el día 3 de este mes en el Pleno del Congreso.
Empiezo diciendo que esta moción que hoy presenta el Grupo Popular es una moción trampa. Lo es porque no plantea cuestiones fundamentales en cuanto a resolver los problemas de los ciudadanos. Y los dos puntos que claramente podían ir en ese
sentido -los puntos 4 y 5- el señor Matos, automáticamente, acepta retirarlos con tal de que Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds apoye su propuesta, que apoye que hoy aceptemos cumplir compromisos de esta Cámara, cuando eso -como le voy a
demostrar- es la trampa, el cebo que hoy ha puesto el señor Matos para atraer los votos de los distintos grupos parlamentarios.
Empezaré por los cebos que nos ha puesto hoy el señor Matos en esta moción. El punto 2 dice que se cumplan los acuerdos de la Comisión. Pero, cuando el Gobierno decide hacer dos reales decretos, uno para la renta básica de emancipación,
que afecta a algunas de las cuestiones que se planteaban en esa moción y en esa proposición no de ley, dice que no le gusta. O cuando planteamos una modificación del Real Decreto 801/2005, y así lo dijo la ministra con motivo de la interpelación y
en la comparecencia, tampoco le gusta esa modificación para atender, entre otras cosas, algunas de las sugerencias que se hacían en la proposición no de ley que se aprobó en la Comisión de Fomento y Vivienda del Congreso de los Diputados. Cuestión
distinta es la moción que se aprobó en el Senado el 21 de noviembre. Es cierto que se aprobó una moción en la que se pedía la supresión de la Sociedad Pública de Alquiler, pero hoy el señor Matos pide que se cumpla esa resolución. ¿Por qué no pide
que se cumpla la resolución de la Comisión de Fomento y Vivienda del día 21 de junio de 2006, en la que todos los grupos parlamentarios, ante la propuesta del señor Matos, o bien se abstuvieron o bien votaron en contra de esa supresión de la
Sociedad Pública de Alquiler? Además, añade una coletilla diciendo que se suprima y que se transfieran los fondos a las comunidades autónomas.
Señor Matos, ¿cómo puede caer en esa contradicción, si hace un momento, en esta tribuna, ha dicho que la Sociedad Pública de Alquiler tiene un déficit de 7 millones de euros? ¿Qué quiere usted, que reparta las pérdidas con las comunidades
autónomas? ¿Es eso lo que está proponiendo? Sí, señor Matos. Porque ni en 2006, ni en 2007, ni en 2008, la Sociedad Pública de Alquiler ha tenido asignación presupuestaria en los Presupuestos Generales del Estado. ¿Luego de qué estamos hablando,
si es una sociedad mercantil que se financia con su propia gestión? Señor Matos, a ver si somos más serios y no ponemos puntos trampa para pedir el voto. Las medidas que realmente podrían afectar a un plan de vivienda, diferenciándose del Grupo
Socialista, usted dice tranquilamente que las retira con tal de que el Grupo de Izquierda Unida le dé su apoyo. Lo ha dicho usted en la tribuna, que retiraba esos dos puntos.
Vamos a analizar el punto 1, al que ha dado una importancia trascendental.
Dice que se adopten urgentemente las medidas oportunas en orden a agilizar la gestión presupuestaria. ¿De qué estamos hablando, señor Matos? Cuando se habla de la
gestión presupuestaria estamos hablando de la justificación de las cuentas ante la Intervención General del Estado, no de la gestión del plan. Usted sabe perfectamente que el plan se ha estado gestionando y que a fecha de julio de 2007, tres años
de gestión del plan, la ejecución era del 75 por ciento, 531.000 actuaciones realizadas. Usted sabe también perfectamente que, en ese mismo periodo de tiempo, se han construido, en 2006, en el último año, más de 95.000 viviendas de protección
oficial. Usted sabe que, cuando se inició el plan, el precio de la vivienda era del 19 por ciento, que el precio de la vivienda en septiembre estaba en el 7 por ciento y que al final de este año estará en torno al 5 por ciento. Usted sabe también
perfectamente que, cuando habla de ayuda para esos ciudadanos que tienen dificultades para llegar a final de mes, porque no tienen posibilidades o porque la hipoteca ha subido, hay que diferenciar dos cosas. Una es el precio de la vivienda y otra
es el precio del dinero. Y el precio del dinero no lo fija el Gobierno, el precio del dinero lo fija el Banco Central Europeo.
¿Qué ha hecho el Gobierno para atender esas necesidades que tienen las familias? En la Ley 35/2006, el mínimo personal
del IRPF se pasó de 3.400 a 5.050 euros. Los importes mínimos por descendientes se sitúan en 1.800, 2.000, 3.600 y 4.100 euros, es decir, un incremento del 28, del 33, del 63 y del 78 por ciento. Eso es lo que se hizo con la Ley de 2006. Y en los
Presupuestos Generales del Estado para este año hay una previsión de deflactación del 2 por ciento en la tarifa general y en la tarifa complementaria.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Señor Contreras, le ruego que vaya concluyendo.
El señor CONTRERAS PÉREZ: Termino, señor presidente.
Termino diciendo, señor Matos, que muchos de esos planteamientos que usted hace de forma genérica han sido concretados en los dos reales decretos que le he nombrado o en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2008. Por tanto, está
claro que nuestra posición será contraria a la moción que hoy presenta.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señor Contreras.
El señor Matos tiene la palabra exclusivamente para aceptar o rechazar la enmienda.
El señor MATOS MASCAREÑO: Señor presidente, habiéndome comunicado el portavoz de Izquierda Unida que no acepta la propuesta que yo le he hecho, solicito la votación separada, por un lado, de los puntos 1 y 3 y, por otro, de los puntos 2, 4
y 5.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Muchas gracias, señor Matos, así se hará.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), SOBRE LAS MEDIDAS A ADOPTAR POR EL GOBIERNO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA EJECUTAR LA LEY 21/2005, DE 17 DE NOVIEMBRE, DE RESTITUCIÓN A LA GENERALIDAD DE
CATALUÑA DE LOS DOCUMENTOS INCAUTADOS CON MOTIVO DE LA GUERRA CIVIL CUSTODIADOS EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA Y DE CREACIÓN DEL CENTRO DOCUMENTAL DE LA MEMORIA HISTÓRICA. (Número de expediente 173/000220.)
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Pasamos a la última moción, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre las medidas a adoptar por el Gobierno para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos para ejecutar la Ley
21/2005, de 17 de noviembre, de restitución a la Generalidad de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la guerra civil custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española y de creación del Centro Documental de la Memoria
Histórica.
Para su defensa tiene la palabra el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.
Esquerra Republicana presenta una moción consecuencia de la interpelación urgente formulada al ministro de Cultura, cuyo contenido fue presentado hace tan solo unos días en el Colegio de Periodistas de Barcelona a la opinión pública por la
Comissió de la Dignitat, entidad que, como es bien sabido, recoge desde hace ya muchos años todas las voluntades de Cataluña a favor de la demanda de la devolución de la documentación incautada depositada en Salamanca. Ciertamente, la moción viene
avalada además por los tres grupos parlamentarios catalanes presentes en esta Cámara: Convergència i Unió, Iniciativa per Catalunya Verds y Esquerra Republicana.
Planteamos tres puntos. En primer lugar, la convocatoria de forma inmediata de la comisión nombrada por la Comisión mixta Gobierno-Generalitat, para que pueda oficializar la identificación de los documentos realizada por técnicos
especializados. En segundo lugar, el establecimiento de un calendario para hacer efectiva la entrega de dichos documentos y, finalmente, un tercer punto que reclama la entrega de los fondos de personas y entidades catalanas antes de finalizar el
año 2007, para que la Generalitat pueda realizar su devolución a sus legítimos propietarios, tal y como establece la ley, demanda que fue aprobada en estos mismos términos por el Parlament de Catalunya el 29 de marzo de 2007 con los votos favorables
del Partido Socialista de Cataluña. Estas son nuestras demandas -creo que llenas de razón- y en cambio hemos recibido de ustedes -del Grupo Socialista- una enmienda de sustitución que nos parece insultante. Repito, insultante. Se confirman todos
los temores, temores que se convirtieron en realidad desde el mes de agosto cuando compareció el ministro a instancias de los grupos parlamentarios catalanes. Entonces este mismo diputado dijo sospechar que se pretendía tomarnos el pelo. En la
pasada interpelación, denunciamos que, de la sospecha, se había pasado ya a la realidad, y hoy, con su enmienda de sustitución, ustedes se ratifican en esta voluntad.
Ustedes insisten en unir la devolución de la documentación a la puesta en marcha del Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, lo cual es hacer trampa, puesto que la ley en ningún momento hace mención explícita de esta relación
que ustedes establecen. No nos equivocamos.
Ustedes pretenden hacer coincidir la llegada de la documentación dispersa relativa a la guerra civil al Centro Documental de la Memoria Histórica con la salida de la documentación catalana. Incluso el
nuevo ministro, entrando como un elefante en una chatarrería, se atreve a acusar a Esquerra desde esta tribuna de querer forzar la ley y de actuar motivados por la campaña electoral que se avecina, no vaya a ser que le acusaran de no oponerse a la
voluntad depredadora de los insaciables catalanes. Esto es penoso. Otra victoria del Partido Popular a costa de ustedes. Parece que los del Partido Popular pierden batallas, pero las van ganando, y esta es una de ellas. En cualquier caso, no nos
engañamos. Si el ministro actúa de esta manera es porque alguien se lo permite y este alguien es el presidente del Gobierno. Además, plantean sin ningún pudor que la convocatoria de la comisión de trabajo que debe oficializar la identificación de
la documentación lo haga -y lo digo entrecomillado- en el plazo más breve posible. Ni tan siquiera se han tomado la molestia de sustituir la frase que se nos pidió que incluyéramos en el mes de febrero para transaccionar el texto de una moción
presentada por Esquerra Republicana, que demandaba hacerlo en un plazo de quince días.
Digo que lo solicitó en nombre de los diputados socialistas la actual ministra de Vivienda, señora Chacón, y hoy ni siquiera pretenden disimular. Hoy vuelven sin ningún rubor a repetir la misma jugada, la misma trampa; eso sí, con una
diferencia, en el mes de febrero Esquerra creyó en la palabra dada por ustedes, en la palabra de la señora Chacón, porque incluso creíamos que hablaba
por boca del presidente del Gobierno, pero desde entonces nada se ha movido. En este tema no tienen nuestro respeto porque han jugado sucio y porque no les ha importado echar por la borda tres años de trabajos y de complicidades e hipotecar
su credibilidad. Al fin y al cabo, ¿cuál es el problema, diputados y diputadas del Partido Socialista de Cataluña, para que los papeles no se puedan restituir antes de acabar el año? ¿Qué extraña y oscura fuerza lo impide? Solo les pedíamos un
compromiso concreto, pero ni de eso han sido capaces.
En Cataluña, no les quepa ninguna duda, son miles las personas que se van a indignar con sus trampas y con su falta de honestidad. A ustedes, retrasar la devolución de la documentación a personas que desde hace décadas esperan recibirla, no
parece preocuparles; lo importante para ustedes es no poner en un hipotético aprieto electoral al señor Caldera en Salamanca en las próximas elecciones. Incluso me parece insultante para el electorado socialista salmantino. ¿O acaso sus votantes
están en contra de la justicia y de la reparación del expolio? ¿Acaso los ciudadanos socialistas de Salamanca no han sufrido ya suficiente acoso por parte de la derecha como para hacerles corresponsables pasivos de tamaña desvergüenza? Ustedes
sabrán lo que hacen. Están instalados en el altar de la prepotencia y se atreven con todo, especialmente si se trata de catalanes. En el fondo, esto es lo que ustedes tienen interiorizado: menosprecio a Cataluña, menosprecio a sus ciudadanos y
menosprecio a sus instituciones. Podrán decir lo que quieran, podrán ponerle buenas palabras, pero ustedes con su actuación nos menosprecian. Cuando digo que es un menosprecio a los catalanes incluyo a los socialistas catalanes.
Nunca hubiéramos
creído que a las rotundas y categóricas palabras de Manuela de Madre y de otros dirigentes del Partido Socialista de Cataluña a favor de la devolución de la documentación, el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso respondiera con la enmienda de
sustitución que nos presentan sin ningún tipo de concreción.
Termino mi intervención solicitando a los grupos nacionalistas vasco y gallego y al resto de fuerzas políticas del Grupo Parlamentario Mixto su apoyo, y en particular me dirijo a los diputados y diputadas del Partido Socialista de Cataluña.
Votando en contra de esta moción, ustedes votan en contra de la devolución de la documentación y votan en contra de la Comissió de la Dignitat, que quede claro. El próximo domingo, la ciudadanía catalana se movilizará en demanda de la devolución de
lo expoliado, de lo robado; miles de personas estarán presentes en el Palau Sant Jordi y ustedes, diputadas y diputados del Partido Socialista de Cataluña, no pueden faltar; no pueden faltar. Por ello les pedimos que actúen en consecuencia.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señor Tardà.
A esta moción se han presentado enmiendas por tres grupos parlamentarios.
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra la señora García Suárez.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, Iniciativa per Catalunya fundamentalmente en este caso, aunque también con el apoyo de Izquierda Unida, ha presentado una enmienda que no voy a repetir, ni tampoco los términos de la misma porque me comería parte del tiempo de mi
discurso. Además, los tres puntos que ha mencionado el diputado Tardà y en los que nos hemos puesto de acuerdo los grupos catalanes han quedado ya claros y, por tanto, entraré en la situación que lamentablemente se va a producir: que no vamos a
tener una respuesta positiva en lo que se refiere a los papeles de Salamanca.
No es la primera vez, y esperemos que sea la última, que los grupos parlamentarios catalanes, basándonos en la propuesta de la Comissió de la Dignitat instamos al Ejecutivo en términos parecidos sobre este tema.
¿Cuál es el tema? El
incumplimiento reiterado de la Ley 21/2005, de 17 de noviembre, por parte del Gobierno del Estado español, lo cual no tiene justificación de ningún tipo. Y no solo nos preocupa el incumplimiento del articulado por parte del Gobierno, sino sobre
todo las reiteradas manifestaciones de la anterior ministra, señora Calvo, y del actual ministro, señor Molina, de no proceder a dicho retorno con argumentaciones sin base jurídica y sí con un menosprecio total hacia los afectados por el expolio, y
en general a la recuperación de la memoria y la construcción de una verdadera democracia
Sus señorías saben que la Generalitat de Catalunya, desde octubre de 2006 y a través de los técnicos desplazados a Salamanca, ha identificado los originales cuyos titulares son particulares, entidades, sindicatos y partidos políticos de
Cataluña. Es una cantidad, más de dos millones de documentos, y un más que dilatado tiempo de espera lo que justifica la importancia de llevarnos hoy a apoyar la moción de Esquerra Republicana y, por tanto, que los tres grupos catalanes nos hayamos
puesto de acuerdo. A nuestro entender, no es solo el incumplimiento de una ley, ya que no es exclusivamente el retorno a los legítimos propietarios de la documentación, sino que es el retorno -parece que no se acaba de comprender- de la dignidad,
del reconocimiento a los afectados y de la restitución histórica de la memoria democrática. ¿Cómo podemos, en pleno siglo XXI, después de treinta años de democracia, mantener esta situación de permanente expolio? ¿Cuándo un Gobierno del Estado
español iniciará de forma comprensible, pedagógica y a la vez contundente las políticas de memoria democrática? Nosotros, Iniciativa per Catalunya-Esquerra Unida, contundentemente les decimos que los requisitos para la entrega a la Generalitat de
Cataluña de los fondos de personas y entidades catalanas están más que cumplidos desde la perspectiva técnica y desde la perspectiva de la responsabilidad de la Generalitat.
No hay motivos para la demora en la convocatoria de la comisión técnica mixta. Estamos hablando, señorías, de 68 asociaciones afectadas, de 153 particulares y empresas y de más de 40 organizaciones políticas y sindicatos afectados por el
expolio, con una totalidad de cajas de documentación estimada en torno a 1.300, más del doble de la documentación devuelta a la Generalitat de Catalunya, y unos dos millones de documentos. Quizás haya uno que nada tiene que ver con el cumplimiento
de la ley y con la legitimidad de los propietarios, que nuestro grupo rechaza de pleno y que no quiere ni mencionar. Solo diremos que al incumplimiento legal le sumarán, una vez más, el incumplimiento de la palabra dada por el presidente del
Gobierno, por la vicepresidenta y también por la actual ministra señora Chacón; además, en fecha tan significativa como es para nosotros la conmemoración del aniversario del fusilamiento del presidente de la Generalitat de Catalunya Lluís Companys
por las tropas fascistas, que por cierto ayer recordábamos una vez más.
Es lamentable, pero aún recordamos la satisfacción manifestada por todas las partes, partidos afectados, sociedad civil y los miembros de la Comissió de la Dignitat que estaban
presentes el día de la aprobación de esta ley; satisfacción que se ha convertido en incomprensión, en desencanto, en frustración y en una sensación de auténtico engaño por el Partido Socialista, pero también por el PSC, porque no están a la altura
de las circunstancias. ¿Qué estado de ánimo es el que hay ahora? Se ha comentado que hoy volvemos, después de dos años, a exigir en esta Cámara el retorno inmediato de los documentos y que la Comissió de la Dignitat, con el apoyo de las
instituciones catalanas, ayuntamientos y las cuatro diputaciones provinciales, entidades y el comité de honor, han convocado un acto para este domingo en el Palau Sant Jordi. El Parlament de Cataluña aprobó una resolución este mes de septiembre
-recuerden que el 29 de marzo de 2007 ya había aprobado una con el apoyo de los partidos que representan la inmensa mayoría, por tanto también del Partido Socialista- exigiendo el retorno inmediato de los documentos, y en estos momentos nos
encontramos aquí de nuevo con una situación para la que solamente hay una explicación; una explicación que evidentemente no es técnica, una explicación que nada tiene que ver, tampoco en este caso, con una cuestión de no poder cumplir esos
compromisos políticos, sino que una vez más el Partido Socialista tiene unas contradicciones internas importantísimas que le impiden ni más ni menos que cumplir con una de sus promesas electorales, hecha en primera persona por el presidente del
Gobierno y por gran parte de este Gobierno. Es incomprensible y realmente no se lo merece el Estado español y no se lo merece, por supuesto, Cataluña.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señora García Suárez.
A continuación y en defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Vilajoana.
El señor VILAJOANA ROVIRA: Señor presidente, señoras y señores diputados, la enmienda que hemos presentado a esta moción, correspondiente a la interpelación que planteó Esquerra Republicana, es exactamente igual a la presentada por
Iniciativa per Catalunya, exactamente igual a la moción presentada por Esquerra Republicana y es exactamente la propuesta que nos hizo la Comissió de la Dignitat, que además corresponde exactamente a la moción aprobada unánimemente por el Parlamento
de Cataluña, con la excepción del Partido Popular, es decir, aprobada por el Partit dels Socialistes de Catalunya, y que hoy sorprendentemente, según la información que nos llega, no van a apoyar.
Nosotros hemos aplaudido la intervención del diputado señor Tardà porque compartimos lo que ha dicho. Lo hubiésemos dicho con otras palabras -el señor Tardà tiene una forma muy personal de expresarse-, pero le hemos aplaudido porque
compartimos lo que decía, como hemos aplaudido también la intervención de la diputada de Iniciativa per Catalunya. ¿Cuál es el problema? No entendemos por qué otra vez estamos hablando en esta Cámara de este tema, una ley que aprobamos en el año
2005, hace más de dos años.
No entendemos que, en respuesta a la interpelación de hace quince días de Esquerra Republicana, el ministro de Cultura uniera la devolución de los papeles a la creación del Centro Documental de la Memoria Histórica de
Salamanca, cuando ustedes saben perfectamente que no tiene nada que ver.
Es más, nosotros somos absolutamente partidarios de que se cree este centro y -repito- no entendemos cómo dos años y medio después no lo han hecho. La única explicación es la
incompetencia. ¿Qué les ocurre que no son capaces de poner en una ley una voluntad clara -además hacen unos discursos maravillosos-, no son capaces a los dos años de llevar adelante un centro de documentación que ustedes mismos propusieron en esta
ley y que nosotros apoyamos? La ley dice que hay que devolver los papeles públicos, pone un sistema para los privados, las asociaciones y las entidades, y luego dice que se creará un centro. No une todo esto. Y ustedes lo unen en el discurso del
ministro del otro día, rompiendo absolutamente la opinión de la anterior ministra de Cultura, y además en su propuesta de alternativa de enmienda vuelven a ligar este tema de la puesta en marcha diciendo que hay que acelerar. No hay que acelerar.
Han tenido dos años y medio para hacerlo; háganlo de una vez.
A estas alturas de la situación, el señor ministro no puede decir, como dijo, que ya habían pasado setenta años y que no venía ahora por unas semanas más o unos meses. Esto, señores diputados del Grupo Socialista, es una provocación y no es
tolerable. Esta situación vuelve a dejar con una pérdida absoluta de credibilidad al Gobierno y al grupo que le apoya.
Hemos de decir otra
vez en esta Cámara ante este tema que, aunque ustedes van diciendo que cumplen la ley, la realidad es que a dos años y medio no han resuelto el tema de la devolución de dos millones de documentos y no hay argumentos técnicos razonables.
Ustedes argumentan que estamos ante un tema de una gran complejidad. Ustedes saben perfectamente que desde hace tiempo la Generalitat de Catalunya ha puesto a trabajar a archiveros de primer nivel y tienen todo el listado realizado. No estamos
hablando de cualquiera, estamos hablando del Gobierno de la Generalitat, que es el Estado en Cataluña. Si realmente hay algún problema en algún documento, ¿tienen dudas de que en caso de que hubiera un error no se devolvería? ¿Por qué lo paramos
por este tema técnico? No tiene ningún sentido. Ante esta situación nosotros solo encontramos dos explicaciones -y las dos son muy graves-: o incompetencia o -lo que sería mucho peor- ustedes temen que esto tenga un coste electoral y al servicio
de este temor están incumpliendo una ley. Las dos cosas nos parecen impresentables y por eso nosotros apoyaremos esta moción.
Como decía el señor Tardà, el domingo vamos a asistir a un acto en el que vamos a reivindicar un hecho que es de justicia y que ustedes siempre habían situado como un acto de justicia. Y hay otra cosa muy importante.
Ustedes ahora mismo
están negociando y debatiendo una Ley de la Memoria Histórica cuando están ignorando y reteniendo la memoria histórica de miles de ciudadanos. Actúen con coherencia, acepten este planteamiento, marquen una fecha y comprométanse a una cosa que es
absolutamente razonable, que es devolver los papeles antes de que acabe esta legislatura.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): En defensa de su enmienda, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, hoy no estamos discutiendo sobre los papeles de Salamanca ni sobre los de Cataluña ni sobre los de Castilla. Estamos discutiendo sobre una documentación de ciudadanos y entidades que la dictadura les arrebató con el fin de
perseguirlos, reprimirlos y organizar una verdadera limpieza política e ideológica. No estamos, en definitiva, ante un problema de índole territorial, aunque algunos lo pretendan irresponsablemente con todas sus fuerzas y otros estén dispuestos a
caer en esa trampa; y esa sí que es una trampa temible, señor Tardà. Usted ha caído esta tarde en esta trampa en este Pleno; ha caído de pleno en este Pleno en esta trampa. Lo ha hecho, además, con prepotencia y con palabras gruesas que no le
dan razones sino que se las quitan, señor Tardà. Aquí no estamos discutiendo ni sobre la esencia de España ni sobre la existencia de Cataluña. Hablamos de una documentación que hace años debería haber sido devuelta a sus legítimos propietarios, de
unos documentos que, ahora sí, volverán a sus dueños porque una ley aprobada en este Congreso así lo establece.
En este contexto, la enmienda presentada por el Grupo Socialista a la moción de Esquerra Republicana tiene dos objetivos: reafirmar nuestro compromiso con el estricto cumplimiento de la Ley 21/2005 y aprovechar este debate para acordar un
impulso parlamentario a su ejecución. Nuestra enmienda insta al Gobierno, en primer lugar, a continuar con la ejecución de la ley, concretamente con la restitución a la Generalitat de Catalunya de los documentos incautados con motivo de la guerra
civil, pertenecientes a personas físicas, asociaciones, sindicatos o partidos políticos; continuar con una ejecución que en ningún caso se ha paralizado y que debe proseguir salvaguardando en todo momento el principio de seguridad jurídica en
beneficio, principalmente, de los que han de recibir la documentación que les sustrajo el franquismo. En segundo lugar, pretendemos acelerar la puesta en marcha del Centro Documental de la Memoria Histórica con sede en Salamanca. Porque, señorías,
cuando se reclama el cumplimiento de la ley ha de ser de toda la ley, no solamente de una parte de la misma. Por eso, frente a quienes se han opuesto frontalmente a la ley, a los que dicen no a la devolución de los papeles y no al centro de la
memoria, y más allá de quienes solo parecen preocupados -al menos por sus iniciativas parlamentarias- por el incumplimiento de una parte de la misma, la devolución de los papeles, el Grupo Socialista tiene la necesidad, tiene la obligación -si me
permiten- de subrayar su radical compromiso con la aplicación íntegra de la ley: devolución de los papeles y Centro Documental de la Memoria Histórica en Salamanca. En tercer lugar, proponemos convocar en el plazo más breve posible la comisión de
trabajo nombrada por la Comisión mixta Gobierno del Estado-Generalitat de Cataluña para que pueda oficializar la identificación de los documentos de personas naturales o jurídicas de carácter privado. Finalmente, proponemos establecer un calendario
para hacer efectiva la entrega del conjunto de dicha documentación a la Generalitat de Catalunya.
La diferencia fundamental entre nuestra propuesta y la moción de Esquerra Republicana estriba en la necesidad o no de establecer unos plazos determinados para el cumplimiento de los objetivos de la ley. Quienes los creen imprescindibles
desconfían de la voluntad del Gobierno. Quienes los vemos innecesarios confiamos plenamente en la voluntad de este Gobierno.
Pero más allá de confianzas o desconfianzas, no puedo dejar de señalar una inexactitud o, si lo prefieren, una posible
confusión. La ley no establece ningún plazo ligado a la finalización del año en curso. Lo que sí establece la ley en su artículo 3.2 es la necesidad de depositar en el Archivo General de la Guerra Civil Española una copia o duplicado, a través de
un proceso de digitalización, de todos los documentos restituidos a la Generalitat, lo que en el caso que nos ocupa hace técnicamente inviable, técnicamente imposible, la fecha límite del 31 de
diciembre de este año para la entrega de esa documentación.
Lamento constatar por las amables palabras del señor Tardà que nuestra enmienda no va a ser tenida en cuenta. También me ha sorprendido el ardor guerrero del señor Vilajoana, ya que Convergència u Unió durante ocho años dio apoyo al Partido
Popular en esta Cámara sin que un papel de los llamados de Salamanca llegaran a Cataluña. (Aplausos.) Lo lamento, señorías, porque la experiencia nos demuestra que únicamente a través de la voluntad del diálogo y la capacidad para llegar a acuerdos
se consigue avanzar en los objetivos comunes. También lo lamento, por qué no decirlo, porque intuimos que en el rechazo a nuestra enmienda pesa más el calendario electoral que el objetivo de completar el camino que hemos recorrido conjuntamente
entre todos. Por este camino, señorías, fueron devueltos a la Generalitat de Catalunya el 31 de enero de 2006 los documentos y efectos que le fueron incautados por el franquismo, una devolución de profundo significado histórico, político e
institucional.
Por este mismo camino se culminará la devolución de la totalidad de los documentos incautados a ciudadanos, asociaciones, sindicatos o partidos políticos en Cataluña y, no lo duden, también en el conjunto de España.
Señorías -acabo-, afirmar hoy que la Ley 21/2005 se ha aplicado en su totalidad sería faltar a la verdad, pero mantener, después del camino recorrido, que este Gobierno no tiene voluntad de aplicarla es, además de falso, injusto. Tengo la
confianza de que esta herida de nuestra guerra civil que entre todos debimos haber cicatrizado hace muchos años lo estará en un razonable plazo de tiempo, sin trampas, sin tomaduras de pelo, sin insultos, sin ruido, cumpliendo la ley, con
tranquilidad, con serenidad, con sensatez, con rigor, como desean la mayoría de los ciudadanos en Cataluña y en el conjunto de España.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señor Fernández.
Turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
El Bloque Nacionalista Galego va a apoyar la moción presentada por los tres grupos parlamentarios catalanes. No lo hacemos solo por solidaridad entre fuerzas nacionalistas, sino porque es muy difícil sustraerse a la impresión de que a veces
en el Estado español puede más una ideología prepotente, de exclusión, de fuerza, casi de conquista muy bien representada por ese yugo y las flechas, que una relación democrática, igualitaria, y la asunción de que se cometieron errores, de que se
cometieron expolios y hay que solventarlos democráticamente. No cabe duda de que quien tiene esa reacción de prepotencia responde a una concepción de España que, créanme, hay que calificar de imperial, aunque sea un imperio fracasado y por eso para
dentro muchísimo más intolerante. No se puede explicar de otra forma esta tendencia al retraso. Igual que tengo que reconocer que el Gobierno actual tuvo valentía para pactar la devolución de los papeles a Cataluña, creo que ahora está siendo
víctima de una especie de tendencia a retraerse o a amilanarse ante reacciones que son inducidas y que incluso tienen un cierto impacto popular en una parte de España, pero que no están fundamentadas en la lógica, en la razón y en la justicia. Por
todos estos motivos vamos a apoyar la moción de los tres grupos parlamentarios catalanes. Esperemos que cuanto antes sean devueltos estos papeles a sus legítimos propietarios, sin dejar de hacer una observación. Es cierto que estos papeles
pertenecen a personas y a asociaciones particulares, incluidas sindicales y políticas, pero las personas y las asociaciones políticas y sindicales pertenecemos a sociedades concretas, a países concretos, hablamos lenguas concretas y nos movemos en
dialécticas específicas. Por tanto, no cabe duda de que la Generalitat de Catalunya es la que debe ejercer de intermediaria para la devolución de los papeles.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señor Rodríguez.
A continuación, por el PNV tiene la palabra el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señor presidente.
Me decía mi buen amigo el señor Tardà, hace unos días, que casi le daba apuro tener que estar reclamando una y otra vez, tener que estar insistiendo constantemente para que devuelvan los papeles del Archivo de Salamanca a Cataluña, pero yo
creo que no debe darle ningún apuro. Es más, es su deber y está haciendo bien su trabajo al reclamarlos continuamente. Quien debería estar apurado, quien debería ponerse rojo de vergüenza es el Ministerio de Cultura y todo el Gobierno español,
porque están infringiendo flagrantemente la ley. Yo animo a los catalanes -así lo hará también el Grupo Vasco- a reclamar el cumplimiento de la ley y a reparar las injusticias que la propia ley cometió.
Decía el portavoz socialista que quería garantizar y señalar su compromiso con el cumplimiento íntegro de la ley. ¿Cómo se puede decir esto cuando las previsiones específicas para Cataluña en cuanto a los documentos privados no se han
cumplido en absoluto, cuando la ley crea una injusticia comparativa con el Gobierno vasco y con los papeles vascos, cuando existe una disposición adicional primera que señala que el Gobierno creará un procedimiento para la devolución de los papeles
privados de otras comunidades autónomas diferentes a Cataluña y todavía no se ha escrito una coma ni un punto de esa normativa? Han tenido más de dos años para hacer esto. ¿Cómo se puede decir que se tiene confianza plena en
el Gobierno? ¿Cómo puede afirmar eso el portavoz socialista? Desde luego, el resto de los grupos no tenemos absolutamente ninguna y él tampoco en el fondo, aunque tenga que simular un determinado convencimiento. No han hecho casi nada con
respecto a la ley y se les llenó la boca diciendo que el Gobierno socialista había sido valiente y había dado un importante paso. ¿Pero no nos están recordando un día tras otro que todas las leyes deben cumplirse, que el ordenamiento jurídico debe
cumplirse, que todo dentro de la Constitución y nada fuera de ella? ¿Y qué pasa con esta ley o con otras que, como diría el ministro de Justicia, cuando convenga la jugada sí y cuando no convenga la jugada no? Porque eso es lo que parece que está
haciendo constantemente el Gobierno. Cuando el portavoz socialista afirma el compromiso de su grupo y del Gobierno con la ley y el impulso a la ley sin ninguna tomadura de pelo, yo creo que en realidad lo que está haciendo es intentar tomarnos el
pelo. ¿Cómo se puede afirmar un compromiso con la ley después de dos años dejándola vacía en la mayoría de los puntos? No es que falte una parte a la ley para su cumplimiento, sino que la inmensa mayoría de la misma, documentos privados catalanes
y documentos privados del resto de las comunidades autónomas, no se ha llevado a cabo, en algunos casos ni siquiera la regulación que estaba en manos del Gobierno hacerla inmediatamente y que además no tenía dificultad porque la ley también apuntaba
cuál era el camino.
Ya dijo Shakespeare en Twelfth Night que los que juegan diestramente con las palabras pronto las hacen livianas. Eso es lo que ocurre con lo que nos viene a decir una y otra vez el Grupo Socialista en este tema y en otras leyes, que hacen
livianas incluso las palabras que todos creíamos que querían decir algo en el texto de la ley y que ahora vemos que querían decir lo contrario. La única tranquilidad que me queda es que, aunque no hubieran cometido la injusticia histórica que
cometieron al no incluir los papeles del Gobierno vasco en la ley, estoy convencido de que a esta fecha, aun estando incluida esa previsión en la ley, tampoco tendríamos los papeles en nuestras manos.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señor Esteban.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Rodríguez-Salmones.
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Muchas gracias, presidente.
Sobre esto, señores del Grupo Socialista, creo que a todos aquí nos hubiera gustado decir ya está todo dicho, pero creo que tenemos razón de seguir insistiendo cada uno en lo nuestro. Ya está todo dicho y ¿sabe lo que está dicho por encima
de todo? Pues lo que está dicho por encima de todo es: su Gobierno, ustedes, no tienen credibilidad. ¿Sabe lo que está dicho por encima de todo? Su Gobierno ha hecho trampa. ¿Sabe lo que está dicho? Su Gobierno se ha burlado de todos,
absolutamente de todos. Lo que está dicho, en resumen, es no nos fiamos de ustedes. Eso es lo que se ha dicho desde todos estos bancos que representamos a muchísimos ciudadanos.
(Aplausos.) No nos fiamos de ustedes, cada uno por las razones que
sean, y esto es muy fuerte. De un gobierno se discrepa, se rechaza, se combate ideológicamente con él, pero cuando uno no se fía de un gobierno, incluso los que comparten sus presupuestos, es muy fuerte. El señor Tardà dijo el otro día: Se ha
hecho de esta ley un verdadero icono con esta situación.
Efectivamente, esta ley resume la iconografía más triste. Es la ley del oportunismo, del oportunismo de partido, no del oportunismo político; del oportunismo por arrancar unos votos en la
investidura. Es la ley del doble lenguaje: la ministra de Cultura usando unos términos ternuristas, muy buenas palabras, y el señor Caldera representando la parte dura de: No me mueven un papel. Se han quedado con todos. Al señor Zapatero, por
supuesto, no le hemos oído decir una palabra, y el señor Tardà nos repite una y otra vez que fue su compromiso, de él para su investidura. Es la ley del oportunismo, es la ley del doble lenguaje, es la ley de la inseguridad jurídica. ¿Qué pasa con
los ayuntamientos? ¿Qué pasa con los documentos del Gobierno vasco? ¿Qué pasa con los particulares? Es, sobre todo, la ley de la burla y de la trampa a la dignidad, a la justicia, a los sentimientos de las personas, y, como ha dicho muy bien el
señor Vilajoana, es la ley de la incompetencia, porque a estas alturas no han sido capaces de dar un metro cuadrado a este centro de documentación, ni de hacer un patronato, ni de comprobar un solo documento de las 7.000 cajas que esperan desde hace
un año a que ustedes las revisen porque están ya seleccionadas. Es la ley de la incompetencia, del doble lenguaje, del oportunismo y de la trampa. Y la señora Cunillera ha dicho antes en rueda de prensa -convoca rueda de prensa, que ya hay que
tener cara dura, señora Cunillera (Aplausos.)-... Sí, estoy encantada de que tenga usted un voto, porque ha dicho: Nuestro voto va a ser en contra, pero no es un voto negativo. (Risas.) ¿Cómo se puede decir: Nuestro voto va a ser en contra, pero
no es un voto negativo? Es el colmo, señora Cunillera, de tergiversarlo todo, absolutamente todo. Mire, señora Cunillera, a estas alturas no se fía de ustedes nadie. Carecen de toda credibilidad, y eso es lo peor que le puede pasar a un Gobierno.
(Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Muchas gracias, señora Rodríguez-Salmones. (La señora Cunillera i Mestres pide la palabra.)
¿Señora Cunillera? (Una señora diputada: ¡No!)
La señora CUNILLERA I MESTRES: Clarísimamente, por alusiones, señor presidente (Un señor diputado: ¿Qué artículo?), artículos 72 y 73.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Tiene un minuto para expresarse.
La señora CUNILLERA I MESTRES: Me sobra, señor presidente, para decirle a la señora Salmones que yo no he intervenido en este debate. He intervenido en defensa de mi posición política, como he hecho hasta el momento y como seguiré haciendo
a partir de este momento. Siento que no le guste, pero también le tengo que decir que aprecio que no le guste.
Muchas gracias. (Aplausos.-Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Muchas gracias, señora Cunillera.
Señor Tardà, tiene la palabra a efectos de aceptación o rechazo de enmiendas.
El señor TARDÀ I COMA: Señor presidente, es obvio. Aceptamos las enmiendas que son iguales, las de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y las de Convergència i Unió, y no aceptamos la enmienda del Grupo Socialista.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señor Tardà. (Pausa.) Señor Tardà, me comunican los servicios de la Cámara que las enmiendas de Izquierda Unida y de Convergència i Unió no son exactamente iguales. Por tanto, tendría que
escoger una de las dos. (Risas.-Rumores.-Un señor diputado: La bigamia no vale.)
El señor TARDÀ I COMA: Señor presidente, en ese caso, queda claro que no aceptamos ninguna de las dos, puesto que las dos están en una, que es la nuestra.
Muchas gracias. (Un señor diputado: Se queda con la suya.)
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señor Tardà. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación de las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, del Grupo Parlamentario Mixto (señora Oramas) sobre las medidas previstas por el Gobierno para abordar la problemática de los menores
inmigrantes no acompañados que llegan de forma irregular. Se vota la moción en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 10; en contra, 159; abstenciones, 130.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso para que el Gobierno dé cuenta del grado de cumplimiento de sus compromisos en materia de vivienda. Se vota en sus términos, pero habrá votación separada. En primer
lugar, se votan los puntos 1 y 3.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 133; en contra, 154; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados.
Votamos ahora los puntos 2, 4 y 5.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 127; en contra, 158; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados.
Finalmente, votación de la moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana sobre las medidas a adoptar por el Gobierno para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos para ejecutar la Ley 21/2005, de 17 de noviembre, de restitución
a la Generalidad de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la guerra civil custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española y de creación del Centro Documental de la Memoria Histórica. Se vota en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 25; en contra, 271; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Sin más asuntos que tratar, se suspende la sesión hasta mañana.
Eran las diez y quince minutos de la noche.
Corrección de error.-En el 'Diario de Sesiones' número 290, correspondiente a la sesión plenaria celebrada el pasado jueves 4 de octubre, en la página 14282, segunda columna, línea 2, donde dice: 'Enmiendas al artículo 24.', debe decir:
'Enmiendas al artículo 42.'.