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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 199, de 14/09/2006
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2006 VIII Legislatura Núm. 199
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 183
celebrada el jueves, 14 de septiembre de 2006
ORDEN DEL DÍA:
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
-Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias, sobre medidas de control de inmigrantes irregulares que llegan por puertos, aeropuertos y fronteras terrestres. (Número de expediente 173/000145.) ...
-Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las futuras directrices de la política aeroportuaria. (Número de expediente 173/000146.) ... (Página 10001)
-Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en materia de política de vivienda y, especialmente, respecto al criterio del Gobierno en relación con la Sociedad Pública de Alquiler. (Número de expediente 173/000147.) ...
-Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en materia de seguridad ciudadana. (Número de expediente 173/000148.) ... (Página 10014)
Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes:
-Real Decreto-ley 8/2006, de 28 de agosto, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de incendios forestales en la Comunidad Autónoma de Galicia. 'BOE' núm. 206, de 29 de agosto de 2006. (Número de expediente 130/000035.) ...
Informe anual sobre la Cuenta General del Estado:
-Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2003, así como la Resolución adoptada por dicha Comisión.
'BOCG. Sección Cortes
Generales', serie A, número 275, de 7 de julio de 2006. (Número de expediente 250/000007.) ... (Página 10032)
SUMARIO
Jueves, 14 de septiembre de 2006
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. ... (Página 9993)
Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias, sobre medidas de control de inmigrantes irregulares que llegan por puertos, aeropuertos y fronteras terrestres ... (Página 9993)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Rivero Baute, en nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias. Manifiesta que cuando se presentó la interpelación que ha dado origen a esta moción en el
último Pleno del anterior periodo de sesiones, el Gobierno aventuró que se había contenido la inmigración clandestina que nos llegaba de África, que los datos eran positivos y que la evolución iba a mejor. Señala que los meses de julio, agosto y lo
que va de septiembre no están en la línea de lo que el Gobierno había avanzado, respecto a que la inmigración que iba a llegar por mar iba a ir a mejor y que el drama del mar empezaba a remitir, sino todo lo contrario, se han batido todos los
récord, pues han llegado más de 25.000 irregulares a Canarias en lo que va de año, y en lo que queda del mes de septiembre y octubre, no augura nada bueno. Hoy la prioridad sigue siendo el mar, y la prioridad exige actuaciones concretas para
disminuir las muertes en el mar. Debe ser la principal preocupación de la comunidad internacional, de la Unión Europea y de España, que es quien tiene las competencias en materia de inmigración y control de fronteras. España tiene que convencer a
la Unión Europea de que estamos ante un drama humano superior a lo que está ocurriendo en Líbano, pues en lo que va de año son 3.000 los muertos.
En su opinión al Gobierno le molesta que los canarios denuncien lo que está ocurriendo con la inmigración irregular, y recuerda que en el debate del estado de la Nación cuando manifestó que había que fortalecer las medidas de control de
fronteras porque estaba muriendo mucha gente en el mar, el presidente del Gobierno le llamó imprudente. Y ayer en la respuesta en el Pleno a una pregunta sobre el tema se le echó la culpa a Canarias del coladero que en estos momentos es España en
materia de inmigración, cuando el Gobierno de Canarias atiende a 800 menores, que son responsabilidad del Estado, tiene firmado desde noviembre de 2005 el acuerdo de acogida, tiene 10.000 irregulares en territorio canario y asume el deterioro de la
imagen de Canarias que puede afectar al turismo, que es su principal industria. Los canarios no merecen ese trato en materia de inmigración y exige respeto para el Gobierno canario.
Finaliza señalando que la moción tiene cuatro apartados orientados a propiciar medidas que mejoren el control de la seguridad de nuestras fronteras, que puede verse enriquecida con propuestas de otros grupos parlamentarios.
A favor de las enmiendas presentadas intervienen los señores Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora
González Segura, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Cerdà Argent, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana
(ERC) y la señora Álvarez Otero, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, interviene el señor Rivero Baute.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las futuras directrices de la política aeroportuaria ... (Página 10001)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Jané i Guasch, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Manifiesta que la moción no es improvisada, y plantea y pide a la Cámara un conjunto de
medidas, que están de acuerdo con la legalidad vigente porque están de acuerdo con lo que prevé el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña. Plantea autonomía de gestión para el aeropuerto de Barcelona, que las decisiones que afectan al aeropuerto
de Barcelona se tomen en Cataluña y que las instituciones públicas y económicas catalanas, encabezadas por la Generalitat de Cataluña, tengan capacidad decisiva para la gestión del aeropuerto de El Prat. No quieren una gestión a distancia.
Finaliza pidiendo la aprobación de la moción.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Puig Cordón, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) y el señor
Fernández González, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Ayala Sánchez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, interviene el señor Jané i Guasch.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en materia de política de vivienda y, especialmente, respecto al criterio del Gobierno en relación con la Sociedad Pública de Alquiler ... (Página 10008)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Matos Mascareño, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Manifiesta que la moción es positiva y pacífica y todos los grupos parlamentarios, independientemente de su ideología, pueden apoyarla sin traicionar sus propias convicciones. En sus apartados se solicita elaborar una estadística de precios
que refleje fielmente los precios y su evolución, agilizar la tramitación de los expedientes que en ejecución del Plan de Vivienda han calificado todas las comunidades autónomas y pedir al Gobierno que cumpla las resoluciones aprobadas por el
Congreso de los Diputados, en particular la proposición no de ley que instaba a modificar cuatro aspectos concretos del Plan de Vivienda.
En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Contreras Pérez, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Beloki
Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Puig Cordón, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) y Grau i Buldú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada, interviene el señor Matos Mascareño.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en materia de seguridad ciudadana ... (Página 10014)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Ballestero de Diego, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Manifiesta que con el debate de hoy su grupo pretende
que el Gobierno escuche y dialogue de verdad y abandone el discurso autocomplaciente y destructivo del ministro en la presentación de la interpelación y acepten sus propuestas, pues pretenden que todos sepamos dónde estamos de verdad para
acertar en la dirección a seguir. Solicita que se ponga en marcha un plan estratégico que contemple la delincuencia de forma integral, con medidas operativas, legislativas y policiales, así como medidas que mejoren la coordinación entre las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado y las policías autonómicas. Propone reformas en el Código Penal para dotar de mejores instrumentos a los jueces y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Cerdà Argent, del
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Guinart Solà, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y González Serna, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias, sobre medidas de control de inmigrantes irregulares que llegan por puertos, aeropuertos y fronteras terrestres, se rechaza por 139 votos a favor, 167
en contra y 16 abstenciones.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las futuras directrices de la política aeroportuaria, se rechaza por 31 votos a favor, 289 en contra y dos abstenciones.
Sometida a votación, punto por punto, la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en materia de política de vivienda y, especialmente, respecto al criterio del Gobierno en relación con la Sociedad Pública de Alquiler, se
rechaza el primer punto por 139 votos a favor, 162 en contra y 21 abstenciones; sometido a votación el segundo punto, se rechaza por 144 votos a favor, 158 en contra y 20 abstenciones; sometido a votación el tercer punto, se aprueba por 154 votos
a favor, 153 en contra y 14 abstenciones; sometido a votación el cuarto punto, se rechaza por 137 votos a favor, 158 en contra y 26 abstenciones.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en materia de seguridad ciudadana, se rechaza por 137 votos a favor, 174 en contra y 11 abstenciones.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página 10021)
Real Decreto-ley 8/2006, de 28 de agosto, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de incendios forestales en la Comunidad Autónoma de Galicia ... (Página 10021)
El señor ministro del Interior (Pérez Rubalcaba), en nombre del Gobierno inicia su intervención enviando sus condolencias a las víctimas y a los familiares de las personas fallecidas como consecuencia de los incendios que asolaron la
comunidad gallega durante la primera quincena del mes de agosto. Resalta el enorme esfuerzo y la generosidad de las personas que intervinieron en su extinción, tanto de los trabajadores profesionales como de los voluntarios.
Hace una enumeración de las medidas más importantes que se contemplan en el Real Decreto-ley, pidiendo el apoyo de todos los grupos parlamentarios para su convalidación.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; la señora Navarro Casillas, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds ; los señores Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Ramón Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Grau i Buldú, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió); y las señoras Sainz García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Marón Beltrán, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 8/2006, de 28 de agosto, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de incendios forestales en la Comunidad Autónoma de Galicia, se aprueba por 308 votos a favor y uno en
contra.
Sometida a votación la tramitación del Real Decreto-ley 8/2006 como proyecto de ley, se rechaza por 136 votos a favor, 168 en contra y seis abstenciones.
Informe anual sobre la Cuenta General del Estado ... (Página 10032)
Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la declaración sobre la Cuenta General del Estado para el ejercicio 2003, así como la resolución adoptada por dicha Comisión ...
Intervienen la señora Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los señores Tomé Muguruza, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Vallès Vives, del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso.
Sometido a votación el dictamen de la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la declaración sobre la cuenta general del Estado del ejercicio 2003, así como la resolución adoptada por dicha Comisión, se
aprueba por 294 votos a favor.
Se levanta la sesión a las dos y diez minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICIÓN CANARIA-NUEVA CANARIAS, SOBRE MEDIDAS DE CONTROL DE INMIGRANTES IRREGULARES QUE LLEGAN POR PUERTOS, AEROPUERTOS Y FRONTERAS TERRESTRES. (Número de expediente 173/000145.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a reanudar la sesión.
Punto cuarto del orden del día, mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, moción del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias sobre medidas de control de inmigrantes irregulares que llegan por
puertos, aeropuertos y fronteras terrestres.
Para la defensa de la moción consecuencia de la interpelación, por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias tiene la palabra el señor Rivero, por siete minutos.
El señor RIVERO BAUTE: Señor presidente, señoras y señores diputados, subo a esta tribuna para defender la moción de mi grupo parlamentario, moción consecuencia de la interpelación presentada en el último Pleno del anterior periodo de
sesiones. En aquel momento, hablando de inmigración irregular, del principal problema que tiene en estos momentos España, del principal problema que perciben los ciudadanos, hablábamos en un tiempo en el que el Gobierno había aventurado que se
había contenido la inmigración clandestina que nos llegaba de África, que los datos eran francamente positivos y que la evolución iba a mejor. Por tanto, la interpelación tenía el centro en la otra preocupación, la inmigración que desde el punto de
vista cuantitativo es la más importante, la más numerosa, que es la que nos entra por las fronteras terrestres, por los puertos y por los aeropuertos. Pero los meses de julio, agosto y lo que va de septiembre no están en la línea de lo que el
Gobierno nos había avanzado, que lo que nos iba a venir por mar iba a ir a mejor, que el drama del mar empezaba a remitir, sino todo lo contrario, se han batido todos los récords posibles, han llegado más de 25.000 irregulares a Canarias en lo que
va de año, agosto y lo que va de septiembre han sido terribles y lo que se espera para octubre, con las calmas de octubre, no es nada bueno, los anuncios son que hay 15.000 cayucos pendientes de ser alquilados por las mafias correspondientes en las
costas de Senegal y cerca de 100.000 personas a la expectativa de poder dar el salto a Europa a través de Canarias. Hoy la prioridad sigue siendo el mar, la prioridad siguen siendo actuaciones concretas para atenuar y disminuir las muertes en el
mar; esa debe ser la principal preocupación de la comunidad internacional, de la Unión Europea y fundamentalmente y primero de quien tiene las competencias en materia de inmigración y control de fronteras, que es España, que tiene que convencer a
la Unión Europea de que estamos ante un drama humano superior a lo que está ocurriendo en Líbano, que son 3.000 los muertos en lo que va de año -y luego hablaremos de este asunto-.
En segundo lugar, hay que seguir hablando de medidas concretas, hay que poner medios que permitan el control de nuestras fronteras, que España no sea un coladero, que España tenga una inmigración equilibrada; inmigración sí, pero a través
de las vías que nos da la regularidad. Lo que hace falta es simplemente cumplir con la ley del 22 de diciembre del año 2000, que en el apartado sexto de su preámbulo dice que todo el que esté en una situación de irregularidad en España será
expulsado mediante el correspondiente expediente. Es simplemente cumplir con la legalidad.
El comportamiento de mi grupo en esta materia ha sido de una responsabilidad absoluta, siempre apoyando a los gobiernos de turno, al Gobierno del Partido Popular y al Gobierno del Partido Socialista, porque entendemos que entre los objetivos
de los gobiernos está, en primer lugar, atender este fenómeno con la mejor voluntad, teniendo en cuenta la complejidad del mismo. Fuimos el primer grupo que hicimos una propuesta de pacto de Estado, propuesta que tuvo escaso eco. Ahora nos
encontramos
sobre la mesa una propuesta de pacto de Estado lanzada por la vicepresidenta del Gobierno. ¿Es el camino adecuado para lograr un pacto de Estado el comportamiento de ayer de la vicepresidenta del Gobierno agrediendo al Gobierno de Canarias?
¿Qué es lo que se pretende con un pacto de Estado, un pacto de silencio en materia de inmigración o un pacto para la adopción de medidas concretas? Si es un pacto para adoptar medidas concretas mi grupo desde luego está dispuesto a firmar ese
pacto, que es necesario para Canarias y para España; si es un pacto de silencio, no van a contar con nosotros.
Señoras y señores diputados, al Gobierno le molesta especialmente que los canarios denunciemos lo que está ocurriendo con el tema de la inmigración irregular, le molesta más que el que le critique el principal partido de la oposición, y es
por lo siguiente. En el debate sobre el estado de la Nación dije que había que fortalecer las medidas de control de fronteras porque estaba muriendo mucha gente en el mar. El presidente del Gobierno me recriminó y me llamó imprudente. El señor
Frattini ha asegurado que son tres mil los ahogados en las aguas entre África y Canarias. Ayer hacíamos una pregunta constructiva con el ánimo de proponer medidas concretas. La respuesta fue la que todas SS.SS. pudieron escuchar, una respuesta
llena de prepotencia y de soberbia: echarle la culpa a Canarias del coladero que en estos momentos es España en materia de inmigración; echarle la culpa a Canarias. El Gobierno de Canarias, sus instituciones, los canarios, somos los culpables de
lo que está ocurriendo en estos momentos en España. La vicepresidenta intentó ayer echar una cortina de humo, distraer lo que está ocurriendo en materia de inmigración centrando las culpas, falseando la verdad, falseando la verdad, mintiendo con
respecto a la actuación del Gobierno de Canarias. El Gobierno de Canarias atiende a ochocientos menores que son responsabilidad del Estado; el Gobierno de Canarias tiene firmado desde noviembre de 2005 el acuerdo de acogida; el Gobierno de
Canarias tiene en estos momentos diez mil irregulares en territorio canario; el Gobierno de Canarias asume en estos momentos responsablemente el deterioro que pueda tener la imagen de Canarias y ver afectada su principal industria, su principal
sector, que es el turístico.
Señorías, en Canarias no nos merecemos este trato en materia de inmigración. Exigimos respeto para nuestro Gobierno. Si lo que pretenden es que nos callemos, si pretenden que convirtamos Canarias en el campo de concentración de África, no
nos vamos a callar; cada día vamos a ser más firmes en la defensa de nuestro territorio. Los tiempos de las colonias han terminado, señorías. El régimen enviaba a Canarias a los confinados; si lo que se pretende en estos momentos es que el
territorio de Canarias sea la cárcel de África, están equivocados. Exigimos más autogobierno y que el Estado cumpla con las obligaciones que tiene con Canarias y con el Estado; un Estado soberano debe controlar sus fronteras, es su
responsabilidad.
La moción que hoy presentamos tiene cuatro apartados que están orientados a propiciar medidas que mejoran el control de seguridad de nuestras fronteras, pero puede verse enriquecida -a la vista de lo que está ocurriendo en el mar- con otras
propuestas de otros grupos parlamentarios, que estamos dispuestos a estudiar.
Muchas gracias. (Aplausos.-Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rivero.
¡Silencio, por favor! Para la defensa de las enmiendas presentadas a la moción consecuencia de interpelación, tienen un turno de cinco minutos cada uno de los grupos. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya Verds tiene la palabra la palabra el señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.
Nuestro grupo ha presentando una enmienda porque consideramos que la propuesta que hace el Grupo de Coalición Canaria es manifiestamente mejorable. Ante la situación que se vive en Canarias -que no es un coladero, que es un grave problema
humanitario, pero que supone 25.000 ó 30.000 personas frente a las 600.000 personas que entrarán el próximo año-, pensamos que hay que dar soluciones razonables. Obviamente, podemos optar por las soluciones efectistas, pero nuestra elección es que
optemos por las soluciones efectivas. Sabemos cuáles son las soluciones efectistas, como el concurso para ver quién hace el discurso más duro. Es más, hoy mismo podríamos aprobar por unanimidad en el Pleno del Congreso que vamos a expulsarlos a
todos. Podríamos entrar en la dinámica de endurecer más la Ley de Extranjería, como si una de las leyes más duras en materia de extranjería hubiese servido de algo para frenar el fenómeno de la inmigración irregular. Podríamos decir que vamos a
continuar estableciendo órdenes de expulsión para aquellos que son expulsables, pretendiendo que esas personas que tienen orden de expulsión se disuelvan en la península. Nos quedaríamos muy tranquilos, pero serviría de bien poco; nos quedaríamos
muy tranquilos, pero nos situaríamos en el terreno de la derecha. Por eso lo que nosotros decimos es que hay que plantear no soluciones efectistas, sino soluciones efectivas.
En primer lugar, no podemos pretender que vamos a repatriar a miles de inmigrantes, no podemos decir que estamos en contra de la inmigración irregular y no dar canales estables de entrada al África subsahariana de forma compartida con la
Unión Europea porque lo que hacemos es no dar salida ninguna a una olla a presión, como es hoy África. Si queremos combatir la inmigración irregular se tienen que establecer convenios con los países del África subsahariana para crear canales
estables de entrada. Si hoy fracasa la repatriación a Senegal no
es porque le hayamos dado o dejado de dar dinero, es porque la opinión pública de Senegal y del resto de países del África subsahariana sabe que ninguno de sus ciudadanos va a poder entrar de forma legal en España o en la Unión Europea. Por
tanto -primera responsabilidad y primera enmienda que planteamos-, para gobernar la inmigración hacen falta canales estables de entrada. Para decir no a la inmigración irregular hay que establecer marcos de inmigración regular. Segundo elemento,
hay que respetar los derechos humanos. Nuestra autoridad con estos países será respetando los derechos humanos, y ello significa, como hemos dicho en Comisión, que en los convenios sobre control de fronteras con terceros países -con Marruecos,
Mauritania u otros- haya una condición explícita de respeto a los derechos humanos. Tercer elemento, que haya garantía de asistencia jurídica individualizada para que no continuemos con unos porcentajes ridículos en materia de asilo y refugio.
Cuarto elemento, que hagamos programas de acogida realistas; no quince días para que cuando lleguen a la península estén unos días con una ONG o con una comunidad autónoma, sino doce semanas, como se hacía en los años 1996 y 1997, lo que permite el
conocimiento de la lengua y una mínima base para el acceso al mercado de trabajo. Hay que crear un sistema de acogida integral duradero para menores y mujeres embarazadas; facilitar las cédulas de inscripción porque hoy muchos inmigrantes no se
pueden empadronar ni acceder a servicios sociales básicos y, por supuesto, dar permisos temporales de trabajo y residencia a aquellos inexpulsables que tienen orden de expulsión y que están de cinco a diez años vagando por la península, que no se
esconden debajo de las piedras y que son los nuevos parias de nuestra sociedad, y que son una bolsa de marginación y a veces de explotación de empresarios desaprensivos. Por último, implementamos la propuesta que hacía Coalición Canaria para
incrementar significativamente los medios de inspección de trabajo y poder detectar la explotación de trabajadores extranjeros porque hoy hay dos efectos llamada: el de la desesperación y la realidad de que hoy los inmigrantes extranjeros en
situación irregular trabajan y no se reciben las suficientes inspecciones.
Para terminar, a nosotros, señor Paulino Rivero, no nos parece asumible uno de sus puntos, el punto número tres. Este punto exige que se crucen los datos entre el padrón y los inmigrantes irregulares y esto supondría dejar sin los derechos
elementales más básicos a miles de personas y para nosotros eso significaría no respetar los derechos humanos. A partir de ahí, estas son nuestras propuestas y estamos dispuestos a discutirlas, hablarlas y transaccionarlas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Herrera.
Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, señor Campuzano, por favor.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Señorías, necesariamente tengo que empezar esta intervención trasladando la preocupación y la perplejidad del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió por la noticia de ayer por la noche con la que hemos desayunado esta mañana de
que este primer vuelo de repatriación de ciudadanos de Senegal tuvo que ser suspendido. Digo perplejidad porque el Gobierno ha anunciado en diversas ocasiones que esas repatriaciones se estaban produciendo, ayer mismo expresaba con contundencia que
eso iba a suceder y por razones que desconocemos hemos vuelto a no poder enviar a esas personas a su país de origen. Hay algo que no termina de funcionar bien en la acción diplomática del Gobierno en relación con Senegal. En todo caso, le traslado
al Gobierno que tenga prudencia al anunciar medidas que, destinadas a tranquilizar a la opinión pública y a cumplir la legalidad, cuando no se terminan ejecutando confirman la sensación de descontrol que los ciudadanos tienen respecto al fenómeno de
la inmigración.
En segundo lugar, mi grupo va a apoyar la iniciativa que plantea Coalición Canaria por la coincidencia en el análisis de fondo que el Grupo de Coalición Canaria viene realizando en esta materia, con la convicción de que un territorio como
las islas Canarias percibe la realidad migratoria de una manera mucho más dramática que el resto de los ciudadanos del Estado y coincidiendo también en la referencia al drama humano que ha hecho el señor Rivero. Este drama humano debe obligar al
conjunto de la Unión Europea a asumir sus responsabilidades y a asumir que este no es un problema de España ni de las islas Canarias, sino que es un problema del conjunto de la Unión Europea. También coincidimos -y ahí el señor Rivero entenderá
perfectamente la posición que expresamos Convergència i Unió y las fuerzas políticas catalanas- en que, aunque para nuestro país la complejidad y el drama de la inmigración irregular no tiene los tintes que tiene en las islas Canarias, en términos
cuantitativos la ineficacia de los sucesivos gobiernos españoles en el control de los flujos migratorios, en un país fronterizo como Cataluña y con una capacidad de atracción económica tremenda, hace que esto también se viva con preocupación por la
ciudadanía. Estamos absolutamente de acuerdo con sus referencias a la necesidad del adecuado control de las entradas terrestres y de las entradas aéreas. En Cataluña, la percepción del descontrol de los flujos migratorios no está relacionada con
lo que sucede en el mar, sino con lo que sucede en Girona, en la frontera del Pirineo, y lo que sucede en El Prat de Llobregat. Por tanto, existe esta coincidencia que nos lleva a apoyar su moción.
Mi grupo no va a renunciar en las próximas semanas, a pesar de que ayer el principal grupo de la oposición insistió en rechazarlo, a ese pacto. El conjunto de la sociedad reclama a las fuerzas políticas, a las instituciones, a los agentes
sociales la capacidad de trabajar conjuntamente frente al principal reto que tiene planteada
la sociedad española en los próximos años y frente al principal reto que tiene planteado el conjunto de la Unión Europea. Hasta el momento hemos sido incapaces de organizar adecuadamente las entradas de ciudadanos extranjeros a nuestro
Estado. Además, no estamos planteando la cuestión de fondo que es cómo vamos a vivir conjuntamente, cómo vamos a vivir en comunidad personas de orígenes diferentes. Esas dos cuestiones exigen un esfuerzo compartido de fuerzas políticas, de
Gobierno central, de gobiernos autonómicos, de agentes sociales, y de ahí la vocación, la voluntad de Convergència i Unió de continuar promoviendo ese pacto de Estado en esa materia.
Finalmente, hemos planteado una enmienda al señor Rivero que pretende resolver una duda que planteaba el señor Herrera, la referencia al redactado del punto tres de la moción de Coalición Canaria. Yo comparto la preocupación que expresa esa
enmienda, pero esa necesidad de conocer los datos debe hacerse adecuándose al marco legal que tenemos en materia de protección de datos. En este sentido, Convergència i Unió propone la sustitución del punto tres -espero que esta sustitución también
pueda satisfacer al señor Herrera- por un redactado del siguiente tenor: Que se establezcan los cauces interadministrativos necesarios y se perfeccionen las bases de datos y los instrumentos informáticos adecuados para tener un conocimiento más
preciso e inmediato de las personas en situación irregular. Nos parece un redactado ajustado a derecho y que puede permitir efectivamente una mayor coordinación en esta materia. En todo caso, sepa Coalición Canaria que cuenta con nuestro apoyo y
plena solidaridad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Campuzano.
Grupo Parlamentario Popular, señora González.
La señora GONZÁLEZ SEGURA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Rivero, permítame, como canaria, iniciar mi intervención mostrándole mi extrañeza, cuando no mi perplejidad, por encontrarnos debatiendo una moción sobre la inmigración que llega por puertos, aeropuertos y fronteras terrestres cuando
la realidad es que en Canarias la auténtica gravedad del problema, el verdadero drama humano se encuentra en la inmigración que llega a través de pateras y cayucos. Ya son 25.000 los inmigrantes llegados a Canarias en lo que va de año y se cuentan
por miles los que han dejado su vida en el intento, todo ello agravado por la desidia, la descoordinación, la incapacidad, la improvisación y la nefasta política migratoria del Gobierno del señor Zapatero.
En el año 1999, creo recordar, Coalición Canaria decidió no apoyar al Gobierno de José María Aznar en la aprobación de la Ley de Extranjería argumentando que se trataba de una ley demasiado restrictiva. Un año después denegó nuevamente su
apoyo a la modificación de esa ley utilizando el mismo argumento. Fechas más tarde el Gobierno autónomo canario, de Coalición Canaria, ponía más que reparos a la construcción de un centro de internamiento en Tenerife. Por las mismas fechas el
presidente del Cabildo de Tenerife, también de Coalición Canaria, se negaba a acoger inmigrantes que provenían de Fuerteventura. Más recientemente, en un acto absolutamente incomprensible, Coalición Canaria votó en contra de una moción del Grupo
Parlamentario Popular que pretendía la coordinación de los diferentes departamentos ministeriales en política de inmigración. Sin embargo, Coalición Canaria sí prestó su apoyo al Gobierno socialista en el proceso de regularización masiva llevado a
cabo, que, como ya todos sabemos, contó con el rechazo frontal de la Unión Europea, contó con la crítica de todos los países de nuestro entorno, contribuyó al aumento de las mafias que trafican con seres humanos y, lo que es peor, ha permitido que
hoy vivan en España más inmigrantes en situación de irregularidad que antes incluso del proceso de regularización.
Esta es la cronología de la política de Coalición Canaria en materia migratoria a lo largo de los últimos años y, como podemos ver, es una política de puertas abiertas, una política de papeles para todos. Sin embargo, con el transcurso del
tiempo y también con el desarrollo de los últimos acontecimientos hemos podido ver cómo ahora esa solidaridad que ustedes negaron a Fuerteventura la reclaman al resto de España y también a la Unión Europea. El señor Becerra, portavoz del Gobierno
canario, critica la falta de responsabilidad del Gobierno para abordar regularizaciones. Usted mismo, señor Rivero, ha declarado recientemente que el Gobierno no cumple con su deber de defender la soberanía del territorio nacional; ha criticado
que no se refuercen las dotaciones policiales de las islas y que, por el contrario, se manden 200 guardias civiles a Cataluña para proteger zonas residenciales y, lo que resulta más insólito, usted mismo, que apoyó el proceso de regularización, ha
dicho que hay que acabar con el actual efecto llamada. Señor Rivero, como majorera, quiero pensar que este giro en la política migratoria de Coalición Canaria no se debe al hecho de que anteriormente las pateras llegaban a Fuerteventura y ahora
llegan a Tenerife, que es donde se encuentra el mayor feudo electoral de Coalición Canaria. A pesar de ello, señorías de Coalición Canaria, hoy les tengo que decir: bienvenidos a la cordura, bienvenidos a la responsabilidad, bienvenidos a la
sensatez, ya que la moción que nos ocupa pretende del Gobierno la adopción de medidas tendentes a controlar la inmigración, algunas de ellas, por cierto, incluso más restrictivas e intervencionistas que aquellas adoptadas por los gobiernos del
Partido Popular a los que, como ya he dicho, siempre negaron su apoyo. La moción de su grupo, señor Rivero, recoge varias medidas que resultan necesarias y que son muy positivas para un eficaz control de las fronteras -si bien consideramos que la
enmienda presentada por mi grupo parlamentario permite completar
esa acción integral que debe poner en marcha con urgencia el Gobierno-, entre las que cabe destacar, en primer lugar, la imposibilidad de que se lleven a cabo nuevas regularizaciones masivas o extraordinarias, la intensificación de los
controles de las fronteras, especialmente en los Pirineos y en el aeropuerto de Gerona, que se implante el SIVE en todas y cada una de las islas del archipiélago canario o que se desplieguen efectivos de la Armada en aguas internacionales próximas a
Mauritania y Senegal. Pero debo decir que no hubiera estado de más añadir un punto que exigiera a la señora vicepresidenta respeto después del espectáculo que vivimos ayer en la sesión de control y a los señores Caldera y Zapatero les pediríamos
silencio porque cuando estuvieron en Canarias, en Tenerife y en Fuerteventura, en el mes de julio -por cierto, con el único fin de hacerse la foto y poner en marcha la maquinaria propagandística del Partido Socialista-, se permitieron hacer
declaraciones que, sin duda, han producido un segundo efecto llamada: anunciaron permisos de residencia para los inmigrantes que no pudieran ser devueltos después de 40 días y anunciaron además la supresión de repatriaciones automáticas de
inmigrantes irregulares que cometan delitos. A la vista de la falta de responsabilidad y de la incapacidad demostrada por el Gobierno socialista, ya ni siquiera les pedimos soluciones, nos basta con que no sigan creando problemas.
Para finalizar, quisiera decir que en el caso de que se acepte nuestra enmienda prestaremos nuestro apoyo a una iniciativa que recoge medidas que, complementadas con las propuestas por mi grupo parlamentario a través de la referida enmienda,
pretenden servir de instrumento para alcanzar la solución del grave drama de la inmigración irregular.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora González.
Comenzamos la fijación de posiciones. Por el Grupo Mixto, señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Efectivamente, tomamos la palabra para fijar nuestra posición ante esta moción que nos presenta Coalición Canaria. En primer lugar, queremos decir que entendemos perfectamente el ánimo con que el señor Rivero acaba de defender su propuesta,
dado que conocemos la grave situación en que se encuentra la Comunidad de Canarias debido al flujo masivo de emigrantes que está llegando, sobre todo en los últimos tiempos. Entendiendo esto y entendiendo también que la solidaridad de todo el
Estado español tiene que hacerse efectiva -sabemos que desde el Gobierno central se están derivando a otras comunidades distintos grupos de inmigrantes que llegan a Canarias y podemos compartir con los compañeros de Canarias que es necesario
intensificar ese trasvase de personas a otras comunidades-, hay argumentos que se nos acaban de dar que consideramos que no resuelven el problema de la inmigración. Estamos completamente de acuerdo en que el problema de la inmigración es de los
dramas humanos más graves que estamos viviendo en estos momentos, y con esto no quiero decir que sea más grave que lo que pasó en Líbano o lo que pueda pasar en Irak, pero sí que es uno de los problemas humanitarios más graves de los que estamos
viviendo porque no solamente es el problema de la inmigración que vivimos en nuestro territorio, sino también el problema que provoca que esa inmigración llegue a nuestro territorio y, por tanto, el drama es impresionante. En ese sentido, y
entendiendo lo que acaba de exponer el señor Rivero, no podemos estar de acuerdo con todos los puntos de la moción que se presenta, porque no es cuestión de resolver este problema con más medidas de control policial. En esta Cámara, y también en el
Senado, se han aprobado mociones y proposiciones no de ley que van mucho más allá de estas medidas y, por lo menos, tenían el objetivo de llegar a profundizar más en las acciones que es conveniente llevar a cabo respecto a la inmigración, incluyendo
la necesidad de que este problema se afronte desde la propia Unión Europea y, por tanto, más allá de ser considerado un problema del territorio español.
Esa razón nos hace considerar que no toda la moción que nos presenta Coalición Canaria-Nueva Canarias es oportuna. Y en concreto, en el punto número 3, señor Rivero, aunque hay buena intención en lo que usted plantea, además de la cuestión
que acaba de exponer el portavoz de Iniciativa per Catalunya Verds, existe otro punto, y es que no solamente los inmigrantes podrían quedar sin cobertura social -que es así-, en caso de que no se anotaran en el padrón municipal por miedo a lo que
realmente se pretende, que es el control de la situación irregular y la expulsión, sino que socialmente nos encontraríamos con un problema muy grave, que ante la falta de cobertura social de estas personas, tendríamos un problema, no sé incluso si
de orden público -estoy convencida de que no tenemos problemas de orden publico con la inmigración, y me refiero a problemas delictivos-, pero sí en cuanto a que estas personas tendrían que buscarse de alguna manera el sustento que les negarían los
servicios sociales. Ya en su momento no compartimos que se controlaran los padrones municipales por parte de la policía, porque esto es negativo no solamente para la mejor convivencia con las personas inmigrantes, sino que nos crearía un problema
mayor. Si Coalición Canaria-Nueva Canarias pudiera llegar a acuerdos, por ejemplo, con el portavoz de Iniciativa per Catalunya Verds, Joan Herrera, aceptando su enmienda o parte de ella, podríamos votar a favor. Si esto no es así -aunque he
entendido, señor Rivero, que tenía intención de aceptar alguna enmienda-, y las enmiendas aceptadas van en la dirección de la que presenta el Partido Popular, votaremos en contra.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
Grupo Vasco; señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.
Nosotros también nos vamos a adherir al contenido de la moción presentada por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias. No obstante, el señor Rivero en la defensa que ha realizado durante su alocución ha ido por derroteros
muy diferentes a los que configuran su contenido material, su pedimento. ¿Nos parece tan irrazonable lo que ha dicho el señor Rivero? El problema de la inmigración, señor presidente, en este momento, es el problema con mayúsculas con el que vamos
a tener que convivir en las próximas décadas y casi es irrelevante ya el lugar o el procedimiento que utilicen los extranjeros para entrar en el Estado español, sea por fronteras terrestres, por mar o por aire. Este es un problema que al final
tiene otra dimensión, una naturaleza multidisciplinar, con una etiología muy compleja, que tenemos que afrontar y, por tanto, compartimos la opinión manifestada por el señor Campuzano y por otros portavoces. Hoy es más importante que nunca
preconizar un pacto real de Estado para afrontar esta fenomenología, que no es nueva -desde el año 1985 ha adquirido una gran dimensión-, pero que está adquiriendo ya unas dimensiones verdaderamente patológicas.
Comparto su indignación, señor Rivero, y manifiesto mi adhesión incondicional -a pesar de que la alocución adhesión incondicional rememora viejos tiempos-, porque las reflexiones de la vicepresidenta del Gobierno no nos parecen
particularmente acertadas en los últimos tiempos.
Por fin nos hemos enterado, a tenor de la opinión de la vicepresidenta del Gobierno, quiénes son los verdaderos responsables de lo que no constituye más que un mal problema de incompetencia gubernativa a la hora de abordar este problema.
Ahora resulta que los responsables son los canarios, son las islas Canarias. Hay reflexiones que deberían ser objeto de una mayor meditación antes de proclamarlas tan enfáticamente. También nos adherimos a la indignación legítimamente manifestada
por el señor Rivero. Si de algo pueden presumir en este momento los habitantes y las instituciones de las islas Canarias es de la solidaridad que el resto del territorio del Estado español les está negando en buen grado, señor presidente. Yo
pediría a la señora vicepresidenta que invierta sus reflexiones, que el Estado español manifieste la solidaridad que las islas Canarias en este momento requieren y sobre todo que la utilicen como referencia para constituir una forma de atención
solidaria a un problema que los habitantes de las islas Canarias están soportando de forma dramática en estos momentos.
En cuanto al contenido material de esta moción, del cual casi nadie ha hablado, quiero decir que algunas cuestiones nos producen ciertas reservas jurídicas, intelectuales. El número 3, relativo al trasvase de datos, ya ha sido comentado y
se ha presentado una enmienda. ¿Cómo puede contradecir lo previsto en la Ley de Protección de Datos, dada la privacidad de algunos de los datos que se pretenden cruzar? El señor Rivero utiliza una alocución que no nos gusta usar -negamos que
exista-, que es la alocución efecto llamada. El efecto llamada es algo que tiene como substrato una filosofía conservadora en relación con afrontar el problema de la inmigración y del trabajo de los inmigrantes si llegan al Estado español. No solo
renunciamos a la utilización de la locución efecto llamada, sino también a esas enfáticas expresiones hechas también por la vicepresidenta del Gobierno diciendo que no va a haber más regularizaciones, que ya han sido debidamente corregidas por el
secretario de Empleo de su propio Gobierno, lo cual es una paradoja que debería ser objeto de corrección. ¿Cómo no va a haber más regularizaciones si al fin y al cabo informes como el de La Caixa o el del BBVA indican que el mercado de trabajo del
Estado español necesita extranjeros? Nosotros aquí estamos con el señor Joan Herrera, con Izquierda Unida, porque nos parece injusto e hipócrita que los cupos de regularización, y los que va a haber en el futuro a pesar de las enfáticas
manifestaciones de la Vicepresidencia, coincidan exactamente con el número de trabajadores que las organizaciones empresariales españolas piden al Gobierno porque no hay mano de obra española o nacional que quiere cubrirlos. Eso se llama hipocresía
en la determinación de los cupos a regularizar o en la atención desde la perspectiva del trabajo y del empleo de los extranjeros, pero eso lo hacen los franceses, los norteamericanos, los alemanes y todo el mundo.
La hipocresía es el substrato de
las políticas de inmigración de casi todos los países ricos del mundo. Todo esto requiere un pacto de Estado porque son problemas múltiples. Esta es una expresión que parece un poco coherente, pero este problema es poliédrico y requiere la
atención de todos desde la perspectiva del consenso y no desde la confrontación política y desde lo más vergonzante que se puede hacer, que es intentar rascar un puñado de votos con un drama humano de estas características.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
Esquerra Republicana de Catalunya. Señor Cerdà, por favor.
El señor CERDÀ ARGENT: Señor presidente, señorías, nosotros no vamos a entrar en la discusión ni en la polémica puntual de las declaraciones que cruzaron ayer la vicepresidenta y el señor Rivero porque no es el tema que nos ocupa hoy. Nos
ha llegado una moción relativa a un problema que, como ya han dicho otros ponentes, tiene una complejidad y una profundidad en toda su extensión que no tiene que ser fruto ni motivo de confrontación partidista. Sencillamente, no estaríamos dando
solución a un problema grave que tiene muchas
repercusiones en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Tiene complejidad en su planteamiento y unos orígenes profundos, causas que se remontan al colonialismo, la desigualdad entre los mundos, la miseria y a la pobreza, que expulsa a mucha
gente de su tierra. Nadie se va de su tierra voluntariamente si no es por una necesidad y ese drama humano de tener que salir de la tierra de uno para buscarse la comida, la vida y el sustento en otras tierras es en sí mismo ya un drama y tiene
efectos en el sistema de globalización, repercute en toda la filosofía del mundo occidental y ha impregnado a todo el mundo. En ese sentido, también nosotros hemos inoculado algún virus extraño en África y de alguna manera los europeos somos
responsables de los efectos. Efectivamente, conlleva una problemática y no podemos cerrar los ojos al drama humanitario, al control de las fronteras para dar garantías a los seres humanos, a los que estamos aquí y a los que puedan venir de fuera;
todos tienen derecho, los unos a buscarse la vida, a buscarse el pan y nosotros también tenemos derecho a una cierta cohesión social de nuestras sociedades y a un cierto bienestar. Cuando los derechos se confrontan, se chocan, ahí es donde el
legislador debe ser hábil para no lanzar campanas al vuelo, para no lanzar puyas, para no lanzar diatribas que no nos llevan más que al enfrentamiento político y no a la solución de los problemas.
Del incremento de la diplomacia, de los intercambios con los otros países, de la creación de oficinas de empleo en origen para que haya unas condiciones laborales adecuadas para la que gente que viene aquí, de la persecución de las mafias y
de los empresarios explotadores que se sirven de estas condiciones laborales, que efectivamente se sirven, y revientan el mercado laboral, de las condiciones de acogida y de convivencia y de las garantías de cohesión social, de todo esto deberíamos
hablar, con toda su complejidad; desde el origen de la desigualdad entre los mundos, entre el primero y el tercer mundo, de eso también tenemos que hablar, de la globalización, de la defensa de las fronteras, de la cohesión social, de los derechos
y garantías laborales, de todo tenemos que hablar.
En ese sentido, nos parecía oportuna, pero muy parcial, muy sesgada y dirigida a un tema muy concreto, la moción de Coalición Canaria. Ya le dijimos al señor Rivero que nos gusta la enmienda presentada por Convergència i Unió al punto 3
porque podría cuestionar algunas leyes, como la ley de las bases del Régimen Local o todo el sistema de protección de datos. A partir de ahí, nos parece interesante la enmienda que ha presentado Convergència i Unió. Asimismo, nos parecen muy
interesantes las enmiendas que ha presentado Iniciativa per Catalunya, y no nos parecen interesantes porque sí, sino porque intentan dar salida a un fenómeno que es muy complejo. Sin embargo, las enmiendas que ha presentado el Grupo Popular al
final solo se resumen en una -como los Diez Mandamientos en dos-, que no va a haber más regularizaciones. Estoy convencido -y se lo digo con toda franqueza- de que si ustedes estuvieran en el Gobierno no hubieran planteado esto, porque saben
perfectamente que, a pesar de todos los controles de frontera, de todas las inspecciones laborales, de todos los dispositivos que se puedan poner, de todos los convenios, al final llegan. Y cuando llegan ustedes tienen que hacer algo, no pueden
tenerlos por la calle como si fueran perros; han de tener alguna cobertura humana, legal, legalizada, con papeles y garantizarles de alguna manera sus derechos humanos, que también los tienen, en un Estado democrático como es el Estado español.
Yo le pediría al señor Rivero que nos dijera algo que no ha aclarado en su intervención y que va a condicionar el sentido de nuestro voto, dada la coyuntura en la que nos encontramos, y es qué enmiendas van a aceptar o no porque en función
de ello votaremos a favor o en contra de la moción que ustedes han presentado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cerdà.
Finalmente, Grupo Parlamentario Socialista; señora Álvarez.
La señora ÁLVAREZ OTEO: Señor presidente, señorías, una vez más en sede parlamentaria vamos a debatir el fenómeno de la migración. Es cierto, como he dicho muchas veces, que los inmigrantes huyen de la pobreza para buscar un nuevo
horizonte para ellos y para sus hijos. Es cierto también que solo se acabará cuando atajemos la miseria y la desesperanza con la que viven millones de seres humanos cuya frontera más cercana con la Europa del bienestar somos nosotros, es España;
sin embargo, España no puede cruzarse de brazos ante la entrada de inmigrantes ilegales. Estos inmigrantes tienen que saber que van a ser devueltos a sus países de origen o a sus países de procedencia, pero siempre aplicando las medidas legales y
con el respeto a los derechos humanos. Hoy el señor Rivero nos trae una moción y el Grupo Parlamentario Socialista, de verdad, quiere conciliar el consenso con la enmienda presentada por Convergència i Unió al apartado 3, porque a lo largo de las
intervenciones, y por todos los grupos, se ha dicho que garantiza la protección de datos de todas las personas. (El señor vicepresidente, Gil Lázaro, ocupa la Presidencia.) Aceptaríamos la moción solamente con esta enmienda, pero vuelvo a insistir,
igual que el resto de los grupos, en que no nos ha dejado claro si va a aceptar las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, con las que no estamos de acuerdo.
Todos y cada uno de los que estamos aquí hemos de reconocer el esfuerzo que está realizando el Gobierno con las políticas puestas en marcha para el control de la inmigración ilegal, para la lucha contra el tráfico de personas, para la
integración, para la apuesta por la inmigración legal y con las políticas de cooperación y codesarrollo. También hemos de reconocer los esfuerzos realizados por todas las comunidades autónomas -señor Rivero, por todas las comunidades autónomas-,
que
deben hacer frente al fenómeno de la inmigración. Europa necesita a la inmigración por razones demográficas y socioeconómicas, pero no es menos cierto que no puede acoger a todos los que llegan, ha de tener una respuesta más eficaz y
colaborar con España, al margen de otras medidas, en el control de las fronteras marítimas, terrestres y, lógicamente, en los aeropuertos. Por tanto, son necesarias políticas de cooperación para controlar los flujos migratorios, hacer más eficaz la
vigilancia de las fronteras, luchar contra las mafias e incrementar las operaciones contra las redes.
Señorías del Partido Popular, me gustaría que me escucharan un momento.
Estamos viendo que el Gobierno se preocupa y se ocupa. La inmigración se va a convertir -escúchenme un momento, por favor- en el mayor problema de esta década,
problema número uno para la convivencia en España; habrá que hallar fórmulas para asegurar la convivencia. No debe ser un elemento para arrinconar al Gobierno ni un arma política arrojadiza, sino un pacto de Estado. El desarrollo de España atrae
a inmigrantes. Por eso es absurdo el debate sobre qué produce esa llamada. ¿Están de acuerdo con esto, señorías del Partido Popular? ¿Están ustedes de acuerdo con esto? Estas afirmaciones fueron hechas por el señor Mayor Oreja en el año 2000,
siendo ministro del Interior. ¿Cómo podemos tomarles a ustedes en serio si no tienen rigor ni coherencia? (Aplausos.) Apelaban a un pacto de Estado entonces en el año 2000 y ahora nos dicen que llegamos tarde. Era absurdo hablar del efecto
llamada en el año 2000 y ahora lo repiten incesantemente cuando saben que el único efecto llamada es la miseria, el hambre y la falta de derechos.
Señorías del PP, dejen de utilizar la inmigración contra el Gobierno y dedíquense a trabajar, porque este Gobierno trabaja sin descanso para ser más eficaz; no sean tan oportunistas porque a ustedes la inmigración ni les ha interesado ni
les interesa. (El señor Ayala Sánchez: ¡Qué barbaridad!) Súmense a un gran pacto nacional. Sean leales y coherentes con la misma propuesta que hizo en el año 2000 el ministro del Interior, señor Mayor Oreja. Es la misma propuesta que en el año
2004 le hizo el presidente del Gobierno, señor Zapatero, y es la misma propuesta que les estamos haciendo nosotros en el 2006, y dicen que llegamos demasiado tarde. Hemos de dar respuesta a este fenómeno, que no es nuevo en la historia, que no es
coyuntural, sino que en este momento y en los años venideros va a ser uno de los elementos clave con los que tendremos que convivir. Súmense. A esto les apelo y a esto les convoco.
Señor Rivero, solo me resta decir, que el problema de la inmigración es un problema de todas las comunidades autónomas. El Gobierno está haciendo un gran esfuerzo. Se han aprobado medidas con carácter adicional en un Plan Integral de
Seguridad y Canarias cuenta actualmente con 190 millones de euros, hasta el 2007, para un Plan Conjunto de Inmigración. La inmigración no es solamente de Canarias, no es solamente de España, no es solamente de Europa. Es una inmigración para la
cual tenemos que hacer todos y todas juntos, ayuntamientos, comunidades y grupos políticos, un gran pacto de Estado y un gran pacto nacional.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señora López.
Por último, exclusivamente para la aceptación o rechazo de las enmiendas, tiene la palabra el señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señor presidente.
Mi grupo no va a aceptar o rechazar enmiendas -permítanme, señor presidente, señorías- en un asunto tan importante como éste en función del color de quien las haya presentado. Nosotros no vamos a jugar a la política en este asunto y vamos a
estar a la altura de lo que exigen los ciudadanos, que son medidas concretas. Por eso, pensando en los ciudadanos, nos parece que complementa adecuadamente la moción de Coalición Canaria la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) y corregida, como corrigieron, eliminado la modificación de la Ley de Extranjería en el primer punto antes de registrarla la del Partido Popular. Nos parece que deben concitar a la mayoría de la Cámara, habida cuenta de que el
Grupo Socialista ha expresado que está de acuerdo con las medidas propuestas por el Grupo Popular, que son las bases para ese pacto de Estado.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Rivero.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS FUTURAS DIRECTRICES DE LA POLÍTICA AEROPORTUARIA. (Número de expediente 173/000146.)
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Finalizado el debate del punto 29, pasamos a iniciar el debate del punto 30 del orden del día: Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre
las futuras directrices de la política aeroportuaria.
Para la defensa de la moción tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, señoras y señores diputados, la moción sobre el modelo de gestión aeroportuaria que hoy presenta y defiende Convergència i Unió ante el Pleno del Congreso de los Diputados, no fue presentada ni este
mes de septiembre ni el pasado mes de agosto ni en julio; fue presentada en junio. No es, por tanto, señorías, una moción improvisada
o una moción que obedezca a un hecho puntual; es una moción que plantea y pide a la Cámara un conjunto de medidas, que además están de acuerdo con la legalidad vigente porque están de acuerdo con lo que prevé el nuevo Estatuto de Autonomía
de Cataluña, con las previsiones que el mismo incorpora. No es -decía- una moción improvisada ni puntual, aunque, desgraciadamente, señorías, los hechos puntuales del pasado mes de julio y agosto nos han dado la razón. La crisis del aeropuerto de
El Prat del pasado mes de julio, que afectó a miles de ciudadanos, muchos de los cuales aún hoy esperan recuperar su equipaje, desgraciadamente nos ha dado la razón. No es -repito- ni improvisada ni puntual; fue presentada el pasado mes de junio,
de acuerdo -repito- con el artículo 140.3 del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, que prevé de manera expresa que la Generalitat de Cataluña ante un aeropuerto de interés general, como el de Barcelona, puede participar en su gestión y asumirla.
¿Y qué plantea CiU? Plantea desarrollar ese punto del Estatuto y adquirir un compromiso concreto en esta Cámara, en el Congreso de los Diputados.
¿Qué proponemos? Autonomía de gestión para el aeropuerto de Barcelona.
Planteamos que las
decisiones del aeropuerto de Barcelona se tomen en Cataluña; pedimos que las instituciones públicas y económicas catalanas encabezadas por Generalitat de Cataluña tengan capacidad decisiva para la gestión del aeropuerto de El Prat. No queremos
para Barcelona una gestión a distancia; no queremos para Barcelona una gestión a 600 kilómetros que se dirija desde AENA, que se dirija desde la Administración General del Estado. Queremos garantizar y concretar que la Administración General del
Estado y AENA no tendrán capacidad decisiva en la gestión del aeropuerto de Barcelona; queremos concretarlo, debemos concretarlo, porque, señorías, el actual modelo, desgraciadamente además, se ha demostrado claramente ineficaz y a los hechos me
remito. Es claramente una situación de consenso en Cataluña, las instituciones económicas, las cámaras de comercio, la mayoría de fuerzas políticas cuando hay una situación crítica, todos miran hacia Madrid, todos miran hacia AENA y todos piden
superar el actual sistema, un sistema, el de AENA, centralista y centralizado, un sistema, el de AENA, que pivota sobre Madrid-Barajas. Es un sistema unipolar; es un sistema que no tiene parangón en los países de nuestro entorno; es un sistema
que debemos superar y nosotros queremos superarlo garantizando para Cataluña esa capacidad decisiva con la Generalitat de Cataluña al frente. Queremos garantizar claramente una decisión sobre el aeropuerto de Barcelona, crucial para el futuro
económico de mi país, de Cataluña, crucial para hacer una apuesta de Barcelona como aeropuerto no únicamente que distribuya el tráfico a nivel europeo o del sur del Mediterráneo; queremos hacer de Barcelona un aeropuerto transoceánico. No queremos
un modelo que siempre pivote Barcelona, pasando por Madrid para ir a otros continentes, centrando siempre en Madrid-Barajas el modelo que está defendiendo AENA. Por tanto, queremos ese modelo distinto, ese modelo que no es un modelo, como decía
ayer el presidente del Gobierno, descentralizado con un sistema único; descentralizado no, queremos una gestión desde Cataluña, claramente además respetando las competencias estatales de control y navegación aérea que no discutimos, pero queremos
que esa decisión se tome desde Cataluña y se tome también primando los propios intereses económicos de proyección internacional que debe tener Cataluña a través del aeropuerto de El Prat.
Se nos ha presentado una enmienda de sustitución por el Grupo Socialista que no podemos aceptar; no la podemos aceptar, señor presidente, porque no concreta nada, no concreta absolutamente nada. Deja el modelo abierto.
Habla de un futuro
consorcio, pero en ningún caso concreta y garantiza que en ese consorcio la Administración General del Estado no tendrá la mayoría; no se dice, no se concreta; ni se dice ni se concreta ni quieren adquirir ese compromiso. Hablan incluso de tener
un veto por parte de la Generalitat en decisiones importantes, pero no lo escriben ni lo concretan en su enmienda y además el modelo no es el del veto. El señor Montilla ayer hablaba de vetos, que se pueda vetar, decía el señor Montilla, pero aquí
no se concreta por escrito. No sale la palabra veto en la enmienda de sustitución. Además nosotros no queremos que desde Cataluña se pueda vetar, queremos que desde Cataluña se pueda decidir. Es muy distinto. Queremos que se pueda decidir desde
Cataluña sobre una infraestructura de primer orden como el aeropuerto. Y pedimos también concreción con los otros aeropuertos catalanes. Queremos el compromiso de que se van a descalificar como de interés general el aeropuerto de Girona, el de
Reus y el de Sabadell, que se diga que son esos tres los que vamos a descalificar porque ustedes en su enmiendan dicen: la Generalitat tendrá capacidad en los que se descalifiquen. Claro que sí, si lo dice el Estatuto; no hace falta escribirlo en
una enmienda. El Estatuto ya garantiza hoy que, si se descalifica un aeropuerto y pasa a no ser de interés general, automáticamente es la Generalitat la que asume una competencia exclusiva sobre el mismo. Lo que quiero es que concreten.
¿Estamos
de acuerdo en que estamos hablando de los aeropuertos de Girona, de Reus y de Sabadell? Si es así, díganlo y adquieran ese compromiso en esta tribuna, en el Congreso de los Diputados, porque, si no, estamos lanzando las campanas al vuelo, no
concretamos y sobre todo damos a los ciudadanos de Cataluña la sensación de que se quiere resolver un problema, pero no se quiere concretar la solución. Nosotros pedimos esa concreción y pedimos que se apruebe la moción que hoy ha presentado
Convergència i Unió. No es una moción que obedezca a unos hechos concretos, no es oportunista, la presentamos el pasado mes de junio, está de acuerdo con la legalidad vigente que marca el Estatuto y sobre todo da una respuesta positiva, respuesta
que está esperando la sociedad catalana en su conjunto.
Señor presidente, señorías, termino. Esta vez no podemos fallar, no podemos dejar de mover pieza. Debemos concretar y por tanto debemos aprobar la moción que hoy presenta Convergència i Unió.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Jané.
Iniciamos el turno de defensa de las enmiendas presentadas por los diferentes grupos. En primer lugar, para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra
el señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.
Desde Iniciativa Verds-Esquerra Unida lo que pedimos precisamente es el desarrollo del Estatut de Cataluña, de lo que se ha aprobado en estas Cortes, de lo que han votado la mayoría de los diputados, y entendemos que en el desarrollo del
Estatut de Cataluña cabe el liderazgo de la Generalitat y de las administraciones catalanas en la gestión aeroportuaria. ¿Qué queremos? En primer lugar, la desclasificación de los aeropuertos de Reus, de Girona y de Sabadell, para que dejen de ser
aeropuertos de interés general, para que se pueda definir una estrategia entre estos aeropuertos, que algún grupo parlamentario calificó de menores, y que nos permita, en definitiva, tener una estrategia desde Cataluña. En segundo lugar, un
consorcio para el aeropuerto de El Prat, para el aeropuerto de Barcelona, que permita a las administraciones catalanas, a la Generalitat, pero también a los ayuntamientos, poder liderar una estrategia propia. Porque, si desclasificamos Reus, Girona
y Sabadell, pero continuamos con un modelo centralista y centralizado para el aeropuerto de El Prat, ya me dirán ustedes cómo podremos realizar una estrategia propia desde Cataluña.
Hagamos lo que dice el Estatut, abramos la puerta, concretemos lo que dijo la resolución pactada en el debate del estado de la Nación, que también fue votada por el Grupo Socialista. Barcelona, el aeropuerto de El Prat es hoy la T5, la
terminal 5 del aeropuerto de Barajas, por una razón muy simple, porque las estrategias se deciden con una lógica centralista y centralizada. Lo que pedimos es únicamente lo que hacen en tantos países de la Unión Europea. Hoy no hay un solo país de
la Unión Europea que tenga un modelo tan centralista y tan centralizado como el que tenemos en España. Podemos hablar de descentralización, pero es paradójico que hablemos de descentralización en el Estado de las autonomías, un modelo cuasi
federal, que permite precisamente la autonomía de gobierno. Lo cierto es que no tiene sentido alguno que hoy continuemos apostando por un modelo que algunos llaman descentralizado, pero que tiene muchos tics centralistas, cuando en el modelo de
Estado que tenemos, bajo el principio de subsidiariedad, lo que hacemos es dar autonomía a las comunidades autónomas y no dar, por ejemplo, autonomía, como hacen en el resto de la Unión Europea, a los aeropuertos.
¿Qué decimos en nuestra enmienda? Decimos que se cumpla el Estatuto, que se desarrolle el Estatuto, que se desclasifiquen Reus, Girona y Sabadell, que haya un consorcio con mayoría decisoria para las administraciones catalanas -y aquí sí
que decimos: Generalitat de Catalunya y ayuntamientos- y, por supuesto, que se garantice la gestión pública. Para nosotros es un elemento fundamental que se garantice el liderazgo público en la gestión del aeropuerto de El Prat.
Segundo elemento. Consideramos que el modelo de movilidad no es un problema solo de aeropuertos. Hoy todo es: aeropuerto, sí; aeropuerto, no, cuando los problemas de movilidad que padecen los ciudadanos de Cataluña pasan por el
aeropuerto pero también pasan por otras muchas cosas. Ayer mismo, después de las lluvias, en cercanías Barcelona, dos de sus líneas estaban paradas. Hoy sería muy sesgado plantear la transferencia del aeropuerto de El Prat y no plantear, por
ejemplo, que se cumpla el Estatuto en un elemento clave y fundamental: la transferencia, de una vez por todas, de las cercanías y de los trenes regionales que empiezan y acaban en Cataluña. Hoy existe un problema de movilidad y no existe ningún
país de la Unión Europea donde la gestión de la movilidad, la gestión de las cercanías, se haga desde 600 kilómetros de distancia. Un elemento clave y fundamental que debemos incorporar a esta moción, y para nosotros es un elemento sin el cual no
podríamos dar apoyo alguno, es que haya cercanías. El aeropuerto es muy importante, pero tanto o más importante para la mayoría de usuarios que se mueven y se desplazan en toda Cataluña es la transferencia de las cercanías, la transferencia de una
estrategia propia en materia de movilidad, así como en materia de puertos.
Señor presidente, para acabar quisiera decirle que estos son los contenidos que nosotros planteamos. Pero queremos también hacer una reflexión en torno a las formas. Primero, porque entendemos que esta es una reivindicación de todos, que
no es una cuestión por la que se pueda colgar la medalla nadie; nadie, desde la oposición, puede venir a decir que esta es una cuestión suya, porque es una reivindicación transversal; nadie, en una combinación de Gobierno y de partido, puede decir
que lo va a resolver, más aún cuando no lo resuelve. Por tanto, exigimos a Convergència i Unió, pero también al Partido Socialista, que entienda que es una cuestión de todos y que no es una cuestión electoral.
Otro elemento es que no nos vale posponer la decisión. El Estatuto se tiene que cumplir y se tiene que cumplir ya. No nos vale el argumento de esperar a ver qué pasa el 1 de noviembre. La responsabilidad de todo buen Gobierno es cumplir
con las leyes y la responsabilidad de todo buen gobernante es cumplir con las leyes que hacen precisamente las políticas más efectivas. Hoy, lo efectivo es que haya un modelo de autonomía para El Prat, que haya desclasificación para Reus, para
Girona
y para Sabadell. Hoy, lo efectivo es que haya transferencia en el servicio de cercanías. Y nosotros lo que pedimos es más responsabilidad, no querer adjudicarse unos y otros las medallas y que haya una decisión, una decisión real y
efectiva, que signifique la autonomía en la gestión del aeropuerto de El Prat y la transferencia en cercanías antes del 1 de noviembre. Lo otro será tirar balones fuera, no tomar decisiones, y seguramente acabaremos encontrándonos con que no
tenemos lo más fundamental, ni el aeropuerto de El Prat ni cercanías. Espero que no se lo planteen, espero que lo tengamos y que lo tengamos ya.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Herrera.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya tiene la palabra el señor Puig.
El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señor presidente.
Señor Jané, usted sabe que su partido, en el Estatuto, aflojó la cuerda en las negociaciones sobre los aeropuertos. Perdieron una oportunidad en el Estatuto. Ustedes aceptaron un compromiso del entonces ministro Montilla, en el sentido de
que, a través de dos leyes, se traspasaría la gestión de los aeropuertos. Aceptaron, pero sin calendario y sin concretar qué tipo de cesión. Incluso hoy se está incumpliendo el Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte, que fue aprobado
en julio. Llevamos tres meses de retraso en el incumplimiento de lo que establece el PEIT, apertura de la gestión de los aeropuertos y regularización del ejercicio de las competencias del Estado en materia de aeropuertos. El Gobierno está
incumpliendo los plazos y la moción de Convergència i Unió, tal y como está en este momento, lo agrava. Esquerra Republicana dice ya que basta de humo. Los ciudadanos quieren cosas reales y en ese sentido, tal y como está la moción -repito-,
nosotros creemos que no aporta nada en concreto que mejore la percepción ciudadana del traspaso de los aeropuertos. Asimismo, las declaraciones que se están produciendo por parte de los responsables del Gobierno y del Partido Socialista van en un
sentido negativo; el señor López Garrido avanzó que el Gobierno central no aceptará ceder más del 49 por ciento de los futuros organismos y la ministra recordó a Convergència i Unió, en el debate de la interpelación que motiva la moción de hoy, que
lo que quiere y lo que va a defender bajo su responsabilidad es la competencia de una red española de aeropuertos. Esta mañana precisamente, el consejero de Política Territorial de la Generalitat de Catalunya, el señor Nadal, en declaraciones en
TV-3, ha aceptado esta sumisión a los designios del Partido Socialista.
Desde Esquerra Republicana sabemos que estos recortes nos van a enfrentar en este ámbito. No podemos estar de acuerdo, la voluntad del Gobierno no es el traspaso de los aeropuertos, especialmente del aeropuerto de El Prat. Pensamos que,
tal como está la moción que presenta Convergència i Unió, es una oportunidad perdida; a veces los intentos de acaparar un éxito se convierten en un fracaso de los partidos catalanes. Por eso hemos presentado una enmienda de sustitución al primer
punto que establece cosas claras, el traspaso concreto, la mayoría de gestión por parte de la Generalitat. Ustedes han intentado llegar a un acuerdo con el Partido Socialista a través de un punto en el cual no especifican nada, no concretan nada, y
a pesar de ello ha sido su fracaso que el Partido Socialista no les haya aceptado este primer punto, que no aclaraba nada; incluso, el Partido Socialista, con su enmienda, ha intentado rebajarlo.
Ustedes hablan de autonomía, de participación con
capacidad decisiva, pero no concretan, y entendemos que nuestra enmienda de sustitución deja las cosas bastante claras.
El segundo punto de la moción hace referencia al traspaso del resto de los aeropuertos. Entendemos que la enmienda de adición que presenta nuestro grupo parlamentario lo esclarece, para evitar errores, como sucedió en el traspaso de la
línea de ferrocarril Lleida-La Pobla, que se hizo sin la inversión necesaria, sin el dinero necesario, y que hemos tenido que asumir. Es necesario disponer del cien por cien de la capacidad de los aeropuertos de Girona, de Reus y de Sabadell, pero
también lo es disponer del dinero preciso para afrontar los déficit que tienen estos aeropuertos. ¿Qué va a pasar, tal como está su moción, con la inversión prevista de 31 millones de euros en el aeropuerto de Girona entre los años 2007 y 2009?
¿Qué va a pasar con los 15 millones de euros comprometidos con el aeropuerto de Sabadell? El aeropuerto de El Prat proporciona 50 millones anuales de beneficio a AENA. ¿Y los catalanes vamos a tener que pagar los 50 millones que nos cuestan los
otros aeropuertos para adaptarlos a la realidad? El modelo de café para todos no nos sirve. Según las informaciones de que disponemos, no facilitadas por AENA, tan solo ocho de los cerca de cincuenta aeropuertos que gestiona AENA tienen beneficios
y los beneficios del aeropuerto de El Prat proporcionan a AENA unos 50 millones de euros, que suponen el 45 por ciento de los beneficios. Por tanto, lo que no tiene sentido es que AENA siga encerrándose en una visión centralista de la gestión.
El pasado julio el aeropuerto de El Prat fue una vergüenza, fue la vergüenza de quienes gestionan y tienen la responsabilidad del aeropuerto, y hoy algunos de ustedes nos piden que no hagamos nada, que todo siga igual. Señorías del Partido
Socialista y del PSC, tal como ha dicho el consejero de Política Territorial hoy en TV-3, el señor Nadal, no hace falta hacer nada, hay que seguir con lo mismo, más de lo mismo.
Señorías del Partido Socialista y del PSC, no cuenten para ello con
Esquerra Republicana, Esquerra Republicana clar y catalá; como dice su enmienda, queremos un consorcio participado de forma mayoritaria por la Generalitat de Catalunya. Eso es lo que queremos los ciudadanos de Cataluña, para
evitar errores y vergüenzas como los que se produjeron en el mes de julio en el aeropuerto de El Prat.
En esta moción de Convergència i Unió, esperamos que acepten parte o la totalidad de las enmiendas que presentamos. Si no, lo que nos trae la moción es más humo, y los ciudadanos de Cataluña no están para más humo, quieren realidades para
evitar que vuelva a suceder otro julio.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Puig Cordón.
Por último, para finalizar este turno de defensa de enmiendas, la presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, en cuyo nombre tiene la palabra el señor Fernández González.
El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, el debate al que hoy asistimos no es nuevo y con toda seguridad tampoco será la última vez que abordemos en esta Cámara la política aeroportuaria del Gobierno en Cataluña y en el resto de España. Hoy, el motivo es la moción
consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que tuvo lugar en el mes de junio, como lo fue en el pasado el debate sobre el Estatuto de Cataluña u otras iniciativas parlamentarias.
A esta moción nuestro grupo ha presentado una enmienda que efectivamente tiene una dirección y unos contenidos distintos de los del texto que nos presenta el grupo proponente, a pesar de que con alguno de sus conceptos podríamos lograr algún
espacio de encuentro. Me refiero en concreto a la posibilidad de que el aeropuerto de Barcelona, El Prat, pueda ser gestionado por un consorcio que tenga una composición mixta de administraciones y sector privado, posibilidad que no es nueva, que
no es solo una idea del Grupo de Convergència i Unió, pero que este grupo afrontó inicialmente con una explícita vocación de acuerdo -nosotros así lo creímos-, que se ha ido diluyendo a lo largo de esta semana. ¿El clima preelectoral que vive
Cataluña ha podido influir en esta deriva? Juzguen ustedes mismos. Nosotros creemos que tiene mucho que ver, creemos que incluso es legítimo que tenga mucho que ver, pero también afirmamos que no nos ayuda en nada a avanzar en esta cuestión. Lo
cierto es que Convergència i Unió -tal como nos ha anunciado el señor Jané- va a impedir con su rechazo a nuestra enmienda que el debate que hoy celebramos tenga una conclusión positiva y sea útil para sentar las bases del cambio copernicano de la
gestión del aeropuerto de Barcelona, El Prat.
En el debate del Estatuto de Cataluña a Convergència le parecía suficiente aquello que hoy rechaza. En aquel momento estábamos de acuerdo en que se desclasificaran como de interés general los aeropuertos de Reus, Sabadell y Girona. También
en aquel momento estábamos de acuerdo con que la gestión del aeropuerto de Barcelona, El Prat, fuese asumida por un consorcio, con las atribuciones que detallamos en nuestra enmienda y en el que hubiera participación de la Administración del Estado,
de las de Cataluña -la Generalitat, pero también el Ayuntamiento de Barcelona-, tal y como recoge la Carta municipal que aprobamos por unanimidad en este Congreso, y del sector privado. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la
Presidencia.) Es evidente que se mantenían todavía motivos de desacuerdo, por ello no fue posible concluir satisfactoriamente un pacto global. El debate de la norma que nosotros proponemos en nuestra enmienda ha de ser el ámbito en el que el
acuerdo fructifique; por nosotros -no lo dude, señor Jané- no quedará. En suma, hoy a Convergència i Unió le parece poco el avance que supone nuestra enmienda y por tanto rechaza que tengamos la posibilidad de ir construyendo en común un cambio
sustancial y de gran trascendencia en el modelo aeroportuario de Cataluña; un cambio sustancial orientado a hacerlo más competitivo y a mejorar la calidad del servicio que presta a los ciudadanos, a los usuarios, cambio que requiere, además del
compromiso político, el acierto técnico.
Señorías, el Gobierno al que el Grupo Socialista respalda en esta Cámara cumple las leyes, faltaría más, y por tanto va a cumplir escrupulosamente lo que establece el Estatuto de Cataluña; lo podrán comprobar de manera diáfana los próximos
días en el debate de los Presupuestos Generales del Estado. Es un Gobierno que cumple también con sus compromisos electorales y con sus compromisos y acuerdos parlamentarios; los que contiene la enmienda que hoy va a ser rechazada, en el contexto
de una determinada lógica electoral a la que me he referido, también serán cumplidos, porque esta es una enmienda del Grupo Socialista que el Gobierno asume en su integridad.
En esta primera legislatura de Gobierno socialista se producirá la desclasificación como de interés general de aeropuertos catalanes y se hará realidad la creación de un consorcio para la gestión del aeropuerto de Barcelona, El Prat, del que
formarán parte las administraciones catalanas y el sector privado. Comparando estos avances con los que en este terreno se produjeron durante los ocho años de gobiernos de José María Aznar, en los cuales el Grupo de Convergència i Unió tuvo algo
que ver, llegaremos con relativa facilidad a la conclusión de que en el tema que estamos abordando hoy existen -no por desgracia en el día de hoy- elementos suficientes para mantener una actitud optimista y abandonar cualquier tentación melancólica.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Fernández.
Muchas gracias.
Señorías, continuamos con el turno de fijación de posiciones. Lo haremos con el señor Mardones, en nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señora presidenta.
Mi grupo va a votar favorablemente esta moción, iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y lo hacemos desde la siguiente reflexión. En concreto, dentro de los tres primeros puntos de la moción se pide una autogestión
en la política aeroportuaria para los aeropuertos de la Comunidad Autónoma de Cataluña que se relacionan, partiendo de una demanda de autogestión para el aeropuerto principal, que es el de El Prat, en Barcelona. El cuarto punto se refiere a una
cuestión más extensa, a cuestiones de la competencia relacionados con las actuaciones de AENA, que tienen que ser remitidos a los correspondientes órganos de defensa de la misma. Nosotros damos nuestro voto de apoyo por entender que, en primer
lugar, el sistema de gestión aeroportuaria en España que lleva AENA está obsoleto. Se ha mantenido a lo largo del tiempo una especie de rutina, cuando se han ido desbordando las capacidades de todos los grandes aeropuertos, por ser España un país
fundamentalmente receptor de millones de turistas que, como ocurre con el archipiélago canario, utilizan básicamente el trasporte aéreo para su entrada y salida. Además, están las interconexiones económicas dentro del territorio peninsular y el
territorio insular -con Baleares y Canarias- y todo lo que está alrededor de los grandes aeropuertos peninsulares, como el de Madrid-Barajas, El Prat, el de Bilbao, el de Málaga o el de Sevilla, por poner unos ejemplos en cuanto a intensidad de
tráfico aeroportuario.
Pues bien, la administración y la gestión de todo ese entramado está con el mismo modelo de hace treinta o cuarenta años. Y ha llegado el momento de mirar hacia el exterior y ver cómo se está haciendo la gestión aeroportuaria. En Estados
Unidos -aunque aquí se han hecho más referencias a Europa y a nuestro entorno- hay una autoridad portuaria que es de residencia administrativa municipal. Una cosa es la autoridad federal de todo el control del espacio aéreo, donde también entran en
juego cuestiones militares. Aquí nos estamos refiriendo a la aviación comercial y a los aeropuertos civiles. Integrados dentro de una disciplina aeronáutica de aviación civil, cada aeropuerto en Estados Unidos es un aeropuerto de una
administración municipal específica, donde los intereses económicos y de racionalidad están representados. Porque AENA no solamente gestiona los llamados slots, los usos horarios, por una compañía comercial aeronáutica del aeropuerto, sino que
también gestiona las concesiones de las tiendas libres de impuestos, los puestos de prensa, el aparcamiento, etcétera. Además, esto está desarrollado bajo unos criterios centralistas que están chocando con lo que se está obteniendo con los
estatutos de autonomía que estamos tramitando en la Cámara y con los que vendrán. Hay que tomar una decisión, pero no puede ser tomada aisladamente. Nosotros apoyaremos esta moción, pero esta moción arrastra que haya que poner en cuestión y encima
de la mesa el análisis del sistema de gestión aeroportuaria en España. ¿Cómo no se va a sumar a esto, por ejemplo, Canarias, que es la comunidad autónoma con mayor número de aeropuertos en España? De las siete islas, tenemos una con dos
aeropuertos, como es Tenerife, y tenemos ocho aeropuertos en la red aeroportuaria, que administra AENA.
Da la casualidad también de que en la Comunidad Autónoma de Canarias está funcionando desde hace años -prácticamente veinticinco- el consorcio del Instituto Astrofísico de Canarias, donde hay una preeminencia de la Administración General del
Estado; consorcio cuyos consejos preside normalmente un ministro del Gobierno español y los copreside el presidente de la comunidad autónoma, y donde hay una representación de distintos países que forman parte del consorcio para administrar el uso
de los telescopios y de todas las instalaciones de observación astrofísica, con un volumen de gestión enorme. ¿Cómo no lo vamos a aplicar aquí? Habrá que poner encima de la mesa la racionalización del sistema de gestión de AENA. Si se aceptara lo
que pide en este momento Convergència i Unió -a lo que nosotros nos sumamos-, habría que plantear inmediatamente qué pasa con la gestión de los aeropuertos que, quedando en manos de AENA, tuvieran que tener la relación de despegues y aterrizajes con
respecto a los pasajeros que quieren entrar o salir por el aeropuerto de El Prat. Llegaríamos a la esquizofrenia, si un aeropuerto tuviera una administración A y otro aeropuerto tuviera una administración B. Se abre una brecha interesante en esta
cuestión traída por Convergencia i Unió para poner encima de la mesa el debate de la gestión del sistema aeroportuario español -el actual no nos sirve, es obsoleto-, las cuestiones de trasvase de donde se gana dinero con las tasas aeroportuarias a
donde se pierde porque no tienen la densidad de vuelos, despegues y aterrizajes que generen el primer recurso de AENA, que son las tasas aeroportuarias.
Por todas estas razones votaremos a favor de esta iniciativa, señora presidenta.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Mardones.
Muchas gracias.
Señor Beloki, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señora presidenta.
Mi grupo, como es sabido, el Grupo Vasco, es favorable a lo que en sustancia demanda Convergència i Unió con su moción y que a nuestro juicio es compatible con las demandas también presentadas a modo de enmienda por otros grupos, como
Esquerra Republicana de Catalunya e Iniciativa per Catalunya, aunque esto les toca resolverlo a ellos. En el fondo no es otra cosa que una descentralización, solo que una descentralización en serio, no una descentralización de boquilla, del sistema
aeroportuario tal cual hoy está diseñado y se lleva a cabo
en el Estado. Ese es el núcleo central de la moción de Convergència i Unió, ante el cual no es fácil estar en contra; desde luego al Grupo Vasco le es imposible estarlo.
Todo tiene su origen y su explicación en que el sistema aeroportuario español es, como ya se ha dicho aquí, centralizado y centralista. Se trata de un sistema que, como mínimo -y en esto mi grupo entiende que todos deberíamos estar de
acuerdo-, no responde a los requerimientos y necesidades que plantea una sociedad y una economía modernas como en las que vivimos. Por lo mismo, todos deberíamos estar de acuerdo en que algo se debiera mover de la situación presente. No podemos
seguir con un sistema de gestión aeroportuaria en el que sus gestores -AENA y el Ministerio de Fomento-, incluso con la mejor voluntad, se creen capaces de definir y de ejecutar, en excelsa soledad, al margen, cuando no en contra, de las ideas, de
los planes, de las visiones, por ejemplo, de instituciones de proximidad de los propios aeropuertos, como tantas veces ha ocurrido. El último ejemplo, por lo que afecta a este grupo parlamentario, es el nuevo plan director del aeropuerto de San
Sebastián.
La evolución de los aeropuertos españoles debe ir hacia la descentralización. Esto lo dijo hace pocas semanas el comisario de Transportes de la Unión Europea. Debe caminar hacia la descentralización y mi grupo diría que hacia la
autonomía -lo antes posible, por cierto-, porque, entre cosas, andamos tarde y algunas consecuencias de ello estamos viendo prácticamente todos los días. El sistema es claramente ineficiente, lo que no quiere decir que se esté haciendo mal ex
profeso.
El sistema está mal, no funciona a la altura de los desafíos del siglo XXI, de una economía desarrollada en el siglo XXI y, como indicador a tener siempre en cuenta a nuestro juicio, no hay más que mirar alrededor qué ocurre con la gestión
aeroportuaria de tantos y tantos sistemas europeos. Empezamos a ser la excepción y eso hace que sea urgente que tengamos que modificar el sistema hacia la descentralización y autonomía de los aeropuertos.
Esta no es una demanda nacionalista, este no es un debate identitario, tampoco es un debate electoral. Si la oposición sigue siendo clara a una descentralización en serio, el debate identitario o el debate nacionalista lo mantendrán quienes
se opongan a una demanda, que es -insisto en ello- para la modernización de los sistemas aeroportuarios y para situarlos a la altura de los desafíos del siglo XXI. Este cambio en el modelo de gestión se pudo y se debió hacer antes y quizás también
se pudo hacer de manera distinta a la que hoy se propone, que es un cambio determinado en un territorio determinado, en Cataluña; se pudo hacer asimismo a través de un cambio generalizado del sistema. Lo que no vale es retrasar permanentemente a
la espera de algo que nunca llega y oponerse a cada cosa, porque las vías de hacerlo puedan ser más o menos discutibles. Por eso mi grupo no entra en la discusión de si una vía u otra es la mejor, porque el retraso le suena a lamento innecesario, y
las supuestas complejidades de los temas que siempre retrasan las cosas hacen que al final un Estado que supuestamente es descentralizado, y lo es, autonómicamente descentralizado, y lo es, con una estructura urbana que no responde para nada al
sistema aeroportuario, se encuentre con este tipo de contradicciones que cuanto antes resolvamos será mejor para todos. Cuenta Convergència i Unió con nuestro apoyo a su moción; y si acepta las enmiendas que han propuesto grupos como ERC e
Iniciativa per Catalunya seguirán contando tales enmiendas con nuestro voto favorable en la esperanza de que sirva al menos para desatascar este tema atascado aparentemente por razones que son, proporcionalmente, tan poco convincentes como
reiteradas explícitamente.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Beloki.
Finalizamos el turno de fijación de posiciones con la intervención del señor Ayala en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Señora presidenta, señores y señores diputados.
No es serio. Estamos debatiendo hoy por motivos puramente electorales, se trata de justificar que la moción se presentó en el mes de junio cuando ya se sabía que se iban a convocar elecciones en Cataluña. Estamos trasladando la plaza de
Sant Jaume a la Carrera de San Jerónimo y la pugna política de los partidos catalanes al resto de España, y estamos utilizando al Congreso no para hacer políticas constructivas que mejoren el desarrollo de España sino para tratar de conseguir
torticeramente elementos que puedan esgrimirse en campaña electoral para tildar de anticatalanes a quien se oponga y de víctimas a quien no lo consiga. Pero a eso no se va a prestar el Grupo Parlamentario Popular ni en el Congreso ni en Cataluña.
Aquí hemos tenido ocasión de verlo: da igual que el aeropuerto de El Prat esté creciendo por encima de la media, da igual que las inversiones sean grandiosas -por cierto decididas e iniciadas por el Gobierno del Partido Popular-, da igual que sea
indiscutible el funcionamiento del aeropuerto como hub. A ustedes todo eso les da igual, simplemente quieren la infraestructura, simplemente quieren mandar en El Prat. Es el tema que no han conseguido en el Estatuto y no se pueden presentar a las
elecciones sin ese trofeo y, por supuesto, presumiendo que la gestión que ustedes van a hacer va a ser mejor, que ya es mucho presumir. Y para todo eso ponen en cuestión la eficacia profesional confundiéndola con el ejercicio de la política. En un
claro oportunismo traen siempre a colación los hechos de este verano en El Prat, que desde luego fueron una vergüenza, un desastre de gestión que no ha tenido aquí la actuación correspondiente del Gobierno con las dimisiones o con los ceses
necesarios. Pero ya lo dijo mi grupo en la Diputación Permanente en el mes de julio: estaban dando oportunidad a los nacionalistas para que se hiciera uso del
victimismo falsario de que hacen gala para exigir la transferencia. Eso no justifica en ningún caso la desastrosa actuación de la ministra de Fomento y del ministro del Interior. Insisto, estamos transformando en un hecho político una
cuestión que es de eficacia de gestión. Poco tardaremos en que alguien traiga a este Congreso que debatamos si dos y dos siguen siendo cuatro.
Y caen en la pura contradicción. La moción trata de las directrices del sistema aeroportuario. Pero aquí no se trata de revisar el sistema aeroportuario español, aquí se trata únicamente de revisar las competencias de El Prat. El único
afán es la mayoría en la Generalitat; criterios de gestión, ninguno; sistema aeroportuario, da igual; lo que pase con el resto de los aeropuertos, no importa. A eso, señores diputados, no se presta el Partido Popular porque en todo eso se olvida
que los slots no los pone AENA, que la decisión de dónde y cuándo pueden despegar o aterrizar los aviones se toma en una comisión europea y no es AENA la responsable. Ustedes, insisto, no quieren cambiar el sistema aeroportuario español, ustedes
quieren matarlo, y el papel del grupo que apoya al Gobierno, empezando por la intervención del señor presidente ayer, con todos mis respetos, es indigno. ¿Qué han querido decir? Nada nuevo, lugares comunes, todo ello adaptado gaseosamente al
sistema aeroportuario, almibarado con el talante, el cambio, la colaboración, etcétera, pero nada más. Como hay que ganar las elecciones y el señor Montilla sabe mucho de aeropuertos, ofrecen un consorcio -balsámico término éste-, que no sabemos lo
que tiene ni lo que contiene. El Partido Popular va a votar en contra de la moción, pero no un voto que signifique algo distinto a cuál es nuestra explicación: no consentimos que un tema tan serio como es el sistema aeroportuario español, tan
serio como es el aeropuerto de El Prat -así lo considera el Partido Popular-, se utilice demagógicamente con fines de coyuntura electoral puramente. El Grupo Parlamentario Popular está dispuesto a sentarse a hablar del sistema aeroportuario en su
conjunto, estamos dispuestos a hablar de la participación de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos en la gestión del sistema aeroportuario, estamos dispuestos a colaborar en la mejora de la vertebración territorial, pero esa disposición
no puede tener la componente del oportunismo que barniza el debate de hoy. Como he dicho al principio, eso no es serio y a eso, señorías, decimos claramente que no.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Ayala.
Señor Jané, en turno de aceptación o rechazo de enmiendas, tiene la palabra.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias señora presidenta.
Se han presentado enmiendas por parte de tres grupos parlamentarios.
Nuestro grupo no acepta la enmienda del Grupo Socialista que es de sustitución y, como he afirmado ya, no concreta los aspectos esenciales, y comparte la enmienda
presentada por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre todo en el primer punto, en el sentido de garantizar que en ese futuro consorcio también estén aquellas corporaciones municipales directamente implicadas en la gestión de El
Prat. A efectos de poder facilitar la votación y para que sea un solo texto, se votaría la moción de Convergència i Unió incorporando como enmiendas de adición los puntos 2 y 4 de la enmienda presentada por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya y la enmienda de adición que ha presentado el Grupo de Esquerra Republicana. Así, sería un solo texto coherente el que pasaríamos a votar: todo el texto de Convergència i Unió más las aportaciones de textos adicionales que nuestro
grupo asumiría.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señor Jané, la enmienda de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds hay que aceptarla en su globalidad, no se puede aceptar por puntos por cuanto que la enmienda es una, no es troceable,
en este caso por su parte, que sería quien incorporaría la enmienda. A no ser que ustedes transaccionaran y lo aceptara el resto de la Cámara no sería posible porque la enmienda presentada es una y usted la acepta como adicional o no la acepta.
El señor JANÉ I GUASCH: Señora presidenta, me imagino que el grupo proponente de la enmienda puede manifestar su voluntad de que sea una enmienda por puntos en lugar de calificarla como de sustitución. Si no fuera así, mi grupo,
entendiendo que es una transacción, propondría el texto de la propuesta de Convergència i Unió con las adiciones de los puntos 2 y 4 de la enmienda del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y la enmienda de adición del Grupo de Esquerra
Republicana. Por tanto, si ningún grupo se opone a que se pueda votar así, ese sería el planteamiento que haría nuestro grupo parlamentario.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Entonces, señorías, primero lo hablan ustedes, porque lo que no vamos a hacer es modificar una enmienda que ha sido presentada como una sola enmienda, como usted entenderá señor Jané. Por lo
tanto, no sería una incorporación de la enmienda de Izquierda Unida, sino una transacción entre Convergència i Unió e Izquierda Unida, si así lo desea el grupo parlamentario y si no se opone ningún otro grupo de la Cámara, y después se sumaría la
enmienda adicional que usted ha comentado de Esquerra Republicana. Así intentaríamos votar ese texto, pero, en primer lugar, tienen ustedes que hacer llegar a la Cámara una decisión común y, después, tendremos que preguntar a SS.SS. en el momento
de la votación si así lo aceptan o no lo aceptan, señor Jané. Muchísimas gracias.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, EN MATERIA DE POLÍTICA DE VIVIENDA Y, ESPECIALMENTE, RESPECTO AL CRITERIO DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA SOCIEDAD PÚBLICA DE ALQUILER. (Número de expediente 173/000147.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos con el punto 31 del orden del día relativo a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso en materia de política de vivienda y,
especialmente, respecto al criterio del Gobierno en relación con la Sociedad Pública de Alquiler. Para presentarnos esta moción tiene la palabra el señor Matos.
Adelante, cuando quiera.
El señor MATOS MASCAREÑO: Señora presidenta, señorías, el pasado 28 de junio en nombre de mi grupo parlamentario interpelé a la ministra de Vivienda sobre tres cuestiones de la política de su ministerio. La primera sobre las diferencias en
los datos publicados por el ministerio y por el Colegio de Registradores de la Propiedad en relación con la evolución del precio de la Vivienda. El ministerio había publicado que en el último año el precio de la vivienda se había incrementado un 12
por ciento y, pocas semanas después, el Colegio de Registradores de la Propiedad daba la cifra de un 16 por ciento. No nos detuvimos ni un solo segundo a valorar en sí mismo el incremento del precio de la vivienda, nos limitamos a preguntarle a la
ministra el porqué de las diferencias de unas estadísticas que en marzo de 2004, también siendo ella ministra, eran prácticamente similares. Le preguntamos a la ministra cuál de las dos estadísticas mentía o no se ajustaba a la realidad, en qué
habían consistido los cambios de criterio introducidos por el Gobierno en mayo de 2005 para producir unos datos tan diferentes, y le preguntamos también cuál hubiera sido el resultado de estas estadísticas si no se hubieran cambiado esos criterios.
Y la ministra, en lo que yo califico como una falta de respeto a esta Cámara, a mi grupo parlamentario y a este portavoz, no dio ni la más mínima explicación al respecto y despachó mi interpelación en relación con el precio de la vivienda con una
sola frase, que era que se estaban obteniendo unos resultados razonablemente positivos, pero ni una sola explicación a las graves diferencias de los datos publicados.
La segunda cuestión se refirió al vigente Plan de Vivienda. Le pregunté directamente a la ministra cuándo y de qué manera iba a cumplir la proposición no de ley aprobada en la Comisión de Fomento y Vivienda del 16 de mayo de 2006, apoyada
por la mayoría de los grupos parlamentarios de esta Cámara, por la que se instaba al Gobierno a modificar cuatro aspectos puntuales del Plan de Vivienda, y tampoco se dignó contestarme; también la interpelé respecto al retraso en la puesta en
marcha del Plan de Vivienda, que motivó la publicación de una orden del propio ministerio ampliando el plazo del programa 2005 hasta el 31 de mayo de 2006, y la ministra no hizo ni una sola referencia a este retraso. Por último, la volví a
interpelar sobre el desastre político, económico y de gestión de la Sociedad Pública de Alquiler. Recuerden los famosos 1.208 contratos en un año, 23 contratos por provincia y un contrato por cada tres agentes colaboradores. Y a eso reconozco que
sí me contestó, asegurando que los 1.208 contratos suponían nada más y nada menos que el cumplimiento del 190 por ciento de los objetivos. Eso se llama confiar en sus propias capacidades. Lo que sí hizo la ministra fue criticar mi labor como
portavoz y afirmar que yo no tenía credibilidad para ejercer la oposición. Yo, de verdad, me lo tomé a broma, porque no me puedo tomar en serio esa afirmación cuando viene de alguien que durante los dos últimos años, trimestre tras trimestre, es
calificada por los ciudadanos como la peor ministra del Gobierno.
Señorías, la moción que presentamos es una moción positiva y pacífica, y sé que todos los grupos parlamentarios, independientemente de su ideología, pueden apoyarla sin traicionar sus propias convicciones. Su primer apartado solicita
elaborar una estadística de precios que refleje fielmente los precios de la vivienda en España y su evolución. No puede haber ningún partido político, no puede haber ningún grupo parlamentario que no quiera manejar datos más fiables y que no
generen la desconfianza que provoca ver estadísticas de otros agentes sociales, tan fiables como el Colegio de Registradores de la Propiedad, reflejando diferencias tan abismales, máxime cuando en el 2004, hace tan solo dos años, los datos que
arrojaban el ministerio y el Colegio de Registradores de la Propiedad eran prácticamente los mismos. En esa fecha, el ministerio arrojaba una evolución del precio de la vivienda del 17 por ciento y del 17,2 por ciento el Colegio de Registradores;
ahora, se producen diferencias de más de cuatro puntos. Además, esta propuesta ni siquiera pretende analizar el incremento del 30 por ciento del precio de la vivienda que ha sufrido en estos dos últimos años, que la ministra llama un aterrizaje
suave de los precios. Porque, señorías, la obsesión por adoptar medidas que permitan contener el precio de la vivienda debemos compartirla todos, pero esa obsesión no puede llegar a utilizar el cambio de criterio en el cálculo del precio como
instrumento para conseguirlo.
La segunda propuesta solicita agilizar la tramitación de los expedientes que en ejecución del Plan de Vivienda han calificado todas las comunidades autónomas, y que en la orden que cité, la Orden 1516, de 20 de abril pasado, se reconocía
expresamente que sufría retrasos. La exposición de motivos de la orden dice: En el caso concreto del programa 2005 han concurrido una serie de circunstancias no habituales para proceder a su ejecución, como son el arranque del mismo plan a
mediados de julio de 2005. Tampoco voy a detenerme hoy en valorar la pésima gestión en la puesta en funcionamiento del Plan de Vivienda, que debería haberse puesto en
marcha en enero y no en julio -siete meses después-, y en que algunos convenios con las comunidades autónomas, como es el caso de Canarias, se hayan firmado en enero de 2006; no vamos a entrar a valorarlo ni a criticarlo en el día de hoy,
pero cuando menos sí es legítimo pedir que se agilice la tramitación de todos los expedientes para compensar esa mala gestión en su puesta en funcionamiento.
La tercera propuesta se refiere a pedir al Gobierno que cumpla las resoluciones aprobadas por el Congreso de los Diputados, en particular la proposición no de ley que instaba a modificar cuatro aspectos concretos del Plan de Vivienda.
Tampoco en este caso voy a detenerme en su contenido, pero su contenido era tan lógico que la propuesta fue apoyada por la mayoría de los grupos parlamentario; pedir su cumplimiento es lo mínimo que se puede hacer, porque no cumplir las
resoluciones de este Parlamento es una intolerable falta de respeto a esta Cámara.
Tampoco voy a detenerme a darle mi opinión sobre la Sociedad Pública de Alquiler; todas SS.SS saben lo que opino de ella, y esta vez ni siquiera he pedido su disolución. Lo que sí he pedido, y creo que todos los grupos parlamentario pueden
apoyarlo, es que los fondos que hoy todavía se siguen enviando a la Sociedad Pública de Alquiler para tapar sus pérdidas sean remitidos por el Gobierno a los organismos competentes de las comunidades que están realizando esa labor. No he pedido su
disolución, pero estoy seguro de que ya lo acabaran haciendo los grupos parlamentario que hoy sustentan al Gobierno, y me comprometo, cuando llegue ese momento, a apoyarles.
Se ha presentado una enmienda de sustitución -y aprovecho, señora vicepresidenta, para contestar ahora- del Grupo Parlamentario Socialista.
Al Grupo Parlamentario Socialista le digo que, en un intento de llegar a un acuerdo, acepto esta
enmienda, pero para sustituir solamente el punto de mi moción que hace referencia al Plan de Vivienda. No podemos aceptar una enmienda de sustitución como la de ustedes, que hace referencia al cumplimiento de la proposición no de ley, que no se ha
cumplido todavía, y renunciar al resto de los puntos que se establecen en la propia moción.
La admitiremos, pero, repito, solo la sustitución de ese punto de la propuesta sobre la que nosotros solicitamos el voto de la Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Matos.
Simplemente quiero recordarle, igual que al anterior grupo parlamentario que presentó la moción, que si el Grupo Socialista se la aceptara, no estaríamos hablando de la
aceptación de una enmienda del Grupo Socialista, sino de una transacción. Por tanto, primero deberán ustedes ponerse de acuerdo y, finalmente, todos los grupos parlamentarios deberán aceptar dicha transacción, pues, si usted lee la moción del Grupo
Socialista, al ser de sustitución, no se puede adicionar y aceptar simplemente por puntos. En cualquier caso, ahora tiene la palabra el señor Contreras en turno de aceptación o rechazo y ya me dirán ustedes cómo ha terminado su voluntad de acuerdo.
Adelante, señor Contreras. Nos presentará usted en este punto del orden del día la enmienda de sustitución a esta moción del Grupo Popular en materia de vivienda.
El señor CONTRERAS PÉREZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, la moción que hoy presenta el Grupo Popular es consecuencia de la interpelación que se debatió en esta Cámara el 28 de junio pasado. En aquel momento, el portavoz del PP abordó en su intervención básicamente tres temas: El precio
de la vivienda, el desarrollo del Plan de Vivienda 2005-2008 y la Sociedad Pública de Alquiler. La intervención del señor Matos estuvo presidida en su crítica, más que por el rigor y los datos, por la descalificación. Hablaba el señor Matos de que
el ministerio manipula la estadística de precios de la vivienda, de que es desastrosa la puesta en marcha del Plan de Vivienda y del escándalo en el que se está convirtiendo la Sociedad Pública de Alquiler, pero para justificar tanta descalificación
se aportó poco rigor en la argumentación. No obstante, siguiendo el principio del Grupo Socialista de búsqueda de acuerdo, hemos presentado una enmienda de sustitución -ya lo aclaro- de todo el texto, que trata de dar una respuesta, bien es cierto,
a lo que el Grupo Popular plantea en el punto 3, es decir, el cumplimiento de lo acordado en la Comisión de Fomento y Vivienda en su reunión de 16 de mayo de 2006 en lo relativo al escrupuloso respeto a las competencias autonómicas en la aplicación
del plan.
Los puntos 1, 2 y 4 no podemos asumirlos, y paso a explicar las razones de esta decisión. El punto 1 propone algo tan impreciso y poco consistente como que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a que elabore una estadística,
modificando los criterios actuales, que refleje fielmente los precios de la vivienda en España y su evolución. Señorías, precisamente para reflejar mejor la realidad, por recomendación de Eurostat, de la OCDE, del Banco Europeo y del Fondo
Monetario Internacionl, se ha procedido a establecer una nueva base 2005 dentro del Plan Estadístico Nacional 2005-2008 que cumple con todos los requisitos que figuran en el manual de buenas prácticas estadísticas de la Unión Europea. La base 2005
se gestiona a través de un acuerdo con la Asociación Profesional de Sociedades de Valoración, Atasa, que permite procesar 245.000 registros, frente a los 150.000 que se procesaban a través de los acuerdos bilaterales que el Ministerio de Fomento
tenía con Tinsa y Servatas, sociedades de tasación que están precisamente incluidas en Atasa. Señorías, un pequeño paréntesis. El Ministerio de Fomento, con el señor Álvarez-Cascos y anteriormente, también sacaba los datos para hacer las
estadísticas de las sociedades de tasación, nunca del Registro de la Propiedad ni de los notarios, pues se entiende que esos datos se ajustan mejor a la
realidad del mercado, pero no ahora, ahora y antes. Ahora hay una novedad fundamental en el tratamiento de los datos y es que a través de esta coordinación en la recogida de datos se eliminan duplicaciones, se minoran sustancialmente los
errores, se incrementa en más de un 50 por ciento el número de datos y esto a su vez se estratifica en función del valor de la vivienda con el fin de reducir los sesgos en la estimaciones.
En definitiva, la estadística base 2005 es más fiable y
precisa y refleja mejor la evolución del mercado de precios de la vivienda que la de base 2001 a la que ha sustituido.
Respecto a lo que el Grupo Popular llama desastrosa gestión del Plan de Vivienda 2005-2008, aportaré algunos datos. El Plan de Vivienda 2005-2008 tiene un presupuesto de 6.822 millones de euros y 720.000 actuaciones previstas, frente a los
3.380 millones y las 442.000 actuaciones del Plan 2002-2005 del Partido Popular. Para abundar más en el compromiso del Gobierno del presidente Zapatero en esta materia hay que recordar que el presupuesto de vivienda en el año 2001 fue de 523
millones de euros y en el año 2004, último del Partido Popular, fue de 680, lo que supone un incremento del 29 por ciento en cuatro años; en solo un año, de 2004 a 2005, el Gobierno Socialista incrementó el presupuesto en un 32 por ciento.
En cuanto a la gestión del Plan de choque y del Plan de Vivienda, hay que afirmar sin euforias, pero sí con el realismo de los datos, que el número de viviendas financiadas en dos años ha sido de 349.140, lo que supone el 48,49 por ciento de
lo previsto para toda la legislatura, precisando que no hay ningún retraso en la gestión del plan por parte del ministerio, salvo el que se deriva de los retrasos en la regulación y en la gestión de algunas comunidades autónomas, véase Comunidad
Valenciana y Murcia.
Para terminar, señorías, me referiré a la Sociedad Pública de Alquiler. Lo suyo, señor Matos, con la SPA ha pasado al rango de esas obsesiones casi enfermizas que padece su partido. En una Comisión celebrada el día 21 se rechazó su
propuesta de eliminar la Sociedad Pública de Alquiler. A la semana siguiente, el día 28, vuelve usted a la carga con que se elimine la Sociedad Pública de Alquiler, y se volvió a rechazar esa propuesta.
Nosotros hemos presentado una enmienda para contraer un compromiso con lo que se aprobó en esa Comisión en la que usted dice que se aprobaron modificaciones para el Plan de Vivienda y, si usted la acepta, es una enmienda de sustitución a
todo el texto.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Contreras.
Le recuerdo lo que le he dicho a su compañero, señor Matos. No sería una enmienda de sustitución, sería una transacción que harían estos dos grupos parlamentarios.
Pasamos al turno de fijación de posiciones. Comenzaremos, de nuevo, con el turno del señor Mardones por Coalición Canaria. Adelante.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Hay un tema recurrente en la política española, no solo en todas las legislaturas sino prácticamente en todos los periodos de sesiones, que viene a los órdenes del día, que es el de la vivienda. Ello sucede porque, evidentemente, es uno de
los derechos fundamentales que está recogido en la Constitución española, que es el derecho de los españoles a una vivienda digna. Por tanto, mientras este problema no se resuelva -no porque sea insoluble-, será siempre un elemento de debate
parlamentario necesario e imprescindible en el que todas las fuerzas tenemos que hacer nuestra aportación.
En esta línea de reiteración, debatimos ahora esta moción consecuencia de la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular presentada el pasado mes de junio. Mi grupo en este tema siempre le ha exigido al Gobierno una legislación
todo lo flexible y necesaria que sea pertinente, sobre todo cuando se vuelve a crear el Ministerio de la Vivienda y se entra en contradicción con las competencias que los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas señalan a las mismas.
Hay tres aspectos importantes que queremos señalar para la orientación del sentido de nuestro voto. En primer lugar, es imprescindible que la información estadística de los precios de la vivienda se dé en metros cuadrados, como es habitual,
o por cualquier otro parámetro que permita al ciudadano saber cuál es la dinámica del precio de la vivienda. Por tanto, tiene que haber, como acertadamente denuncia el Grupo Popular, una cierta equivalencia -no tiene que ser llamativa la
disparidad- entre las cifras que da el Ministerio de la Vivienda y las del Colegio de Registradores de la Propiedad, que desde el pasado año empiezan a tener un diferencial bastante llamativo. Esto tiene que tener una explicación política. No nos
gustaría que se tratara de influir en los precios de la vivienda mediante una cifra que no refleja la realidad del mercado.
El segundo punto que afecta a las comunidades autónomas, concretamente a la canaria, es todo lo que se refiere al Plan de Vivienda. Las demoras son continuas, sobre todo porque se ha entrado en confrontación con las competencias de las
comunidades autónomas y hay que resolver este hecho.
No se puede llevar adelante el citado Plan de Vivienda con todos los problemas que conlleva la disponibilidad de suelo urbanizable, de suelo útil, los acuerdos con los ayuntamientos, la
participación, las limitaciones y los condicionantes con recursos escasos, porque el recurso escaso en vivienda no es el capital ni los medios de financiación.
Estamos viendo la dinámica del mercado hipotecario en España. Somos en este momento una
excepción en las tendencias de los mercados financieros europeos, porque el número uno -y con una distancia tremenda- es el mercado financiero
de las hipotecas sobre la vivienda en España. No hay país en occidente que tenga esta dinámica. Posiblemente sea un gran negocio para los bancos, entidades y cajas de crédito y de ahorro. Estamos ante el primer factor preocupante en este
momento para la economía doméstica y además se están anunciando subidas del coste del precio del dinero en el área del euro con lo que conlleva el encarecimiento de las hipotecas vinculadas a la adquisición de viviendas. Esto requiere una armonía
entre la Administración General del Estado y las competencias de las comunidades autónomas para llevar adelante sus planes de vivienda, lo que, al parecer, no está ocurriendo.
Si vamos al tercer punto que se denuncia, la Sociedad Pública de Alquiler, apaga y vámonos. Coalición Canaria considera que el alquiler de vivienda es un tema que tiene que ser regionalizado cuya ejecución, no solamente competencia, debe
residir en las comunidades autónomas. Coincidimos con lo que ha manifestado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular relativo a que las comparecencias del responsable de la Sociedad Pública de Alquiler no son de recibo. Tiene que haber un
sentido común y una sensatez para resolver estos tres grandes problemas, sobre todo los relativos al Plan de la Vivienda y a la Sociedad Pública de Alquiler. No multipliquemos estructuras caras. Actuemos con sensatez. Las comunidades autónomas y
los grandes ayuntamientos de los núcleos urbanos de España, los más inmediatos en la resolución del problema, son los que tienen que buscar las viviendas alquiler sin tener que buscar un crédito de la Sociedad Pública de Alquiler.
Señora presidenta, mi grupo va a votar favorablemente esta moción cuyo texto tiene un gran sentido común en la denuncia de estos problemas. Ello es motivo para que todos tratemos de solucionarlos armónicamente en el respectivo marco de
competencias.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Mardones, muchas gracias.
El señor Herrera en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señora presidenta.
Señor Matos, en primer lugar, le tengo que reconocer la tarea que está realizando desde la oposición. De hecho, su sello en esta materia es distinto al sello de otros portavoces, por lo que tenía que empezar mi intervención reconociéndole
su labor y su tarea.
Primer elemento, usted sabe cuál es nuestro diagnóstico: echamos en falta en su moción, al igual que en las políticas del Partido Socialista, puntos claves y fundamentales. Hoy en materia de vivienda continuamos fiando toda la política de
vivienda, la principal acción en esta materia, a desgravaciones en el acceso a la vivienda. Este es uno de los elementos de los que Convergència i Unió y mi amigo Sánchez i Llibre han hecho bandera en la reforma fiscal. La experiencia de la Unión
Europea nos dice que tenemos que cambiar esa tendencia. Las desgravaciones en el acceso a la vivienda son una transferencia de capital de la Administración al promotor, porque lo que hacen es internalizarse en el precio. Por tanto, primer elemento
que echamos en falta, señor Matos. Lo decimos en un contexto en el que en España la economía tira gracias a la construcción y eso hace que debamos corregir esta política.
Segundo elemento que echamos en falta: que se acote lo que entendemos por vivienda de protección oficial y que tenga un precio referenciado. ¿Por qué? Para evitar que aquí, en la vivienda de protección oficial, entren las falsas viviendas
de protección oficial. Nosotros hemos criticado mucho lo que en Madrid se conoce como las esperanzitas: unas viviendas que promociona el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid y que tienen poco de VPO. Echamos en falta la acotación de esta
vivienda de protección oficial. Asociado a todo esto, vamos a tener en los próximos meses, en las próximas semanas, un debate presupuestario sobre es si es suficiente o no este incremento del 14 por ciento que se plantea en materia de vivienda.
Entendemos que no. Tercer elemento que queríamos introducir: faltan cosas en su moción y faltan cosas también en la política del Gobierno. Falta rehacer de arriba abajo la débil política de vivienda que ha tenido este país, que hace que estemos
en un tercio de lo que se gastan en la Unión Europea en política de vivienda. De cada cien euros que destinamos, 83 van a políticas de desgravación -hoy aún es así- y solo 17 a políticas activas. En la Unión Europea es al revés: 75 a políticas
activas y 25 a políticas de desgravación.
Cuarto elemento al que queríamos hacer referencia: el contexto. Usted sabe que coincidimos con parte de su diagnóstico, pero tenemos que añadir que hay un cambio de actitud en el Ministerio de Vivienda. Iniciativa Verds e Izquierda Unida
gobiernan en materia de vivienda en tres comunidades autónomas: Cataluña, Euskadi y Asturias y hemos tenido en estos años problemas de interlocución con el ministerio. Es cierto que a estas alturas -quizá sea por la presión parlamentaria que hemos
ejercido entre todos o por el estado que se ha generado en la opinión pública- la actitud es distinta. El Ministerio de Vivienda tiene una actitud distinta que nos permite intervenir y conseguir que haya una mayor autonomía de gestión. Esto hay
que decirlo.
Quinto elemento: la SPA, Sociedad Pública de Alquiler. He estado en algunas de las comparecencias del responsable de la SPA que a nuestro grupo parlamentario no le han gustado nada. Creo incluso que a algunos diputados socialistas tampoco
les han gustado. Mi opinión es muy franca y sencilla: la SPA no va a funcionar, a no ser que cambie. Tengo la impresión de que está empezando a cambiar, entre otras cosas porque la política de la Sociedad Pública de Alquiler no va a dar frutos si
no es desde la proximidad, desde el principio de subsidiariedad. O se deja que haya un liderazgo de las
comunidades autónomas en ese reparto de los fondos o la SPA va al fracaso.
El problema que tiene este Gobierno es que puede hacer las cosas regular en materia de vivienda, pero puede acabarle pasando que el éxito o el fracaso se midan en
función de la SPA, de la Sociedad Pública de Alquiler, y eso sería un mal trago para el Ministerio de Vivienda.
Nuestra opinión es que en la Sociedad Pública de Alquiler -ya está empezando a pasar- se va a imponer el sentido común. Donde funcionan
bien las sociedades públicas de alquiler es donde hay liderazgo autonómico y, sobre todo, municipal. Un buen ejemplo de buen funcionamiento es Euskadi, donde la agencia que se ha creado, a partir de la colaboración con ayuntamientos de todos los
colores, donde participan el PNV, Eskerbatua y el Partido Socialista de Euskadi, está dando sus frutos. Nosotros estamos esperanzados -quizá seamos ingenuos- en este cambio de actitud del ministerio. Vamos a esperar a que este cambio de actitud dé
sus frutos y a que en torno a la Sociedad Pública de Alquiler se acabe imponiendo el sentido común.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Herrera.
Continuamos con el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Señor Beloki, su turno.
El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, creo que sin riesgo mayor de errar la calificación de lo ocurrido el pasado día 28 de junio en este mismo Congreso con motivo de la interpelación presentada por el propio señor Matos y de la que trae causa la moción que hoy
debatimos y que vamos a votar, los términos del debate, tal cual tuvieron lugar ese día entre el señor Matos y la ministra, pueden ser calificados de un auténtico diálogo de sordos. Animo a los señores diputados y diputadas a que hurguen cuanto
deseen en los términos en que tuvo lugar ese debate, que están recogidos en el 'Diario de Sesiones', para ver si lo allá dicho por la ministra les da un solo criterio -uno solo- para discernir y decantar su voto en el punto primero, en el segundo,
en el tercero o en el cuarto de la moción que hoy presenta el señor Matos en nombre del Grupo Popular. A mi grupo no le da ni un solo criterio, de forma que abordamos el debate de esta moción con la nula esperanza de que esto pueda llevar a algo
positivo.
La ministra nada quiso saber del debate que, sin embargo, deseaba plantear el señor Matos, que planteó sobre las nuevas estadísticas del ministerio y las razones de las diferencias que existen entre las distintas estadísticas. Mi grupo no
tiene una posición fijada sobre las estadísticas del ministerio, como tiene el portavoz del Grupo Popular.
Por lo mismo, no vamos a decantarnos a favor de lo que él propone como una salida a ese problema, que es un problema real, como señalaba
también el señor Mardones, porque si algo en este tema tan delicado debe ser creíble para todo el mundo son las estadísticas. En fin, la señora ministra no entró en este tema, no nos lo aclaró, y nosotros en este punto, si el señor Matos acepta que
vayamos votando punto por punto, nos abstendremos.
Tres cuartos de lo mismo diríamos de los términos del debate respecto a los otros tres puntos: la necesidad o no de agilizar la tramitación de determinados expedientes, el cumplimiento de la resolución aprobada por la Comisión de Vivienda
en la reunión del 16 de mayo y la tan traída y llevada, tan debatida y cuestionada Sociedad Pública de Alquiler. A mi grupo le parece que resulta poco menos que imposible -hablando democráticamente- votar en contra de que se cumpla una resolución
aprobada por este Congreso. ¿Cómo vamos a votar en contra de que se cumpla la voluntad mayoritaria de este Congreso? Por esta razón, si se acepta la votación por separado, votaremos a favor del punto tercero.
Otro tanto podemos decir del punto
número 2, en el que todo lo que se pide, sin que por lo demás la ministra objetara razón alguna en contra -insisto-, es que se agilicen determinados expedientes. ¿Cómo vamos a decir que no? Votaremos favorablemente. Respecto a la Sociedad Pública
de Alquiler, mi grupo ha mantenido una postura vigilante y crítica tanto por lo que se refiere a los términos de su creación como a su gestión. Sin embargo, estando a las alturas en las que estamos, tampoco estamos dispuestos a dejarnos llevar por
la melancolía de las cosas que nunca pueden remediarse y que, supuestamente, siempre tienen que ir por ese camino en el que todos estaríamos en contra y nadie sabría qué hacer, es decir, los términos que ha expresado quien me ha precedido en el uso
de la palabra. No sé si alguien está de acuerdo, pero todo sigue así, melancólicamente, sin que nada cambie. Llevaba razón la ministra. En fecha todavía reciente, la Sociedad Pública de Alquiler superó, me atrevería a decir que por los pelos, una
votación en la Comisión de Vivienda que cuestionaba grandemente su razón de ser. En aquella ocasión, nosotros presentamos una enmienda parcial a la propuesta del Grupo Popular, que no se aceptó y votamos, de forma que fuimos de los derrotados. Lo
digo con toda la claridad del mundo. Sin embargo, se equivoca quien crea que aquella votación significó un apoyo entusiasta y generalizado a lo que estaba haciendo la Sociedad Pública de Alquiler. Mi grupo tampoco es partidario de estar en un
permanente y prácticamente diario cuestionamiento de las cosas, máxime situados como estamos en la segunda parte de la legislatura, con una Sociedad Pública de Alquiler a la que los frutos terminarán por calificar. Veo que el Grupo de Iniciativa
per Catalunya tiene esperanzas. Mi grupo no las tiene tanto, pero en cualquier caso, en este punto tampoco estamos por un continuo cuestionamiento que nos lleve a una derrota tras otra para no hacer nada y a la melancolía.
Termino. El Consejo Económico y Social ha dicho que la intervención legislativa del Gobierno central en
el tema de la vivienda, y no ahora sino en toda la trayectoria, ha estado a caballo de sucesivos fallos constitucionales y la ha calificado de enormemente accidentada. Es verdad. Como muestra habría que añadir que la gestión de este
ministerio recién creado, y en particular de la Sociedad Pública de Alquiler, está siendo altamente accidentada. Sería bueno que esto se encauzara de una vez en una dirección que no nos perjudicara a todos y que no hiciera sino retrasar la solución
de un problema grave.
Por tanto, en el punto cuarto mi grupo se va a abstener, todo esto siempre que el Grupo Popular acepte que las votaciones se hagan por separado. En caso de que no fuera posible votar por separado, mi grupo se abstendría en el
conjunto de la moción presentada.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Quedó claro, señor Beloki.
Muchas gracias.
En nombre de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Puig Cordón.
El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señora presidenta.
Nuestro grupo -y me parece que coincidiremos con algún otro- entiende que el tema de la vivienda se está llevando de una manera demasiado frívola en el debate. Estamos ante una materia que preocupa a los ciudadanos. En diversas ocasiones
hemos debatido sobre ella, en una lucha política entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Entiendo la moción que presenta el Grupo Parlamentario Popular y podemos estar de acuerdo en buena parte de sus planteamientos. Como ha dicho el
orador que me ha precedido en el uso de la palabra, estamos de acuerdo en agilizar la tramitación de los expedientes y en que se cumplan las resoluciones. En cuanto al debate sobre la Sociedad Pública de Alquiler, somos pesimistas respecto a su
futuro y a sus actuaciones. Yo creo que uno de los elementos negativos del Gobierno socialista va a ser la actuación del Ministerio de Vivienda. Hemos superado ya la mitad de la legislatura y, como digo, será uno de los puntos negros del
Ministerio de Vivienda. La conclusión a la cual llega nuestro grupo parlamentario es que lo mejor sería, por vía directa, clara y concreta, suprimir el Ministerio de Vivienda. Nos ahorraríamos horas de debate, los ciudadanos verían la situación de
forma más clara y percibirían políticas de vivienda más consecuentes. Lo que se puede hacer de cerca, no lo hagamos de lejos. Los ciudadanos podrán elegir al votar y pedir explicaciones a sus consejeros en las comunidades autónomas que tengan
competencias en materia de vivienda. Creo que sería lo práctico porque nos ahorraríamos problemas y funcionarios. Políticas claras y dinero para las comunidades autónomas para que cada uno asuma sus políticas en cada comunidad autónoma.
El Partido Socialista ha presentado una enmienda en la cual se solicita el respeto a las competencias. Podemos estar de acuerdo en que se respeten las competencias. En ese aspecto -repito- faltan voluntades, faltan realidades. Si en los
presupuestos no se concreta esa política de no invadir las competencias, se nos va a acabar la paciencia con la enmienda del Grupo Socialista. La citada enmienda no va a ser aceptada tal como se ha manifestado en el debate. Nuestro grupo votará a
favor de los puntos 2 y 3 y en cuanto al resto votaremos en contra. Para no entrar en este debate entre el Partido Popular y el Partido Socialista, lo mejor sería cerrar el ministerio, pasar los fondos a las comunidades autónomas y que los
ciudadanos vean qué política en materia de vivienda hacen sus gobiernos. Debería ser una política de cerca y próxima al ciudadano. Esta sería la mejor oportunidad para hacer realidad esa política porque, si no, el Partido Socialista se va a
encontrar con uno de los agujeros negros de esta legislatura, el Ministerio de Vivienda.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Puig.
Finalmente, en nombre de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Grau.
El señor GRAU I BULDÚ: Muchas gracias, señora presidenta.
Intervengo en nombre de mi grupo para tomar posición sobre esta moción que presenta el Grupo Popular sobre un tema que fue clave en el programa del Gobierno, que se sometió a la confianza de esta Cámara: la creación del ministerio. Ello
generó unas expectativas, sobre todo en las viviendas de alquiler, superiores a las anteriores. Se necesitaba un conocimiento especial del mercado y saber cómo evolucionaba la vivienda para esclarecer, en primer lugar, un programa de ayudas para la
compra de viviendas y después para las viviendas de alquiler. Este hecho originó la creación de la Sociedad Pública de Alquiler como si fuera la panacea de establecimiento de unas políticas que ayudaran a los jóvenes en la adquisición de su primera
vivienda, a personas mayores, a desempleados y discapacitados, de forma que pudieran emanciparse y vivir en su propia casa. No entendemos que las estadísticas -tema en cuyo debate no queremos entrar y en el que nos abstendremos- no puedan tener un
tratamiento compartido por todos los grupos. Repito que en este punto nuestro grupo se abstiene, de la misma forma que se abstuvo en la votación que se realizó en Comisión sobre el punto cuarto en cuanto a la rescisión de la Sociedad Pública de
Alquiler, que fue rechazado. Estamos de acuerdo en que la creación de la Sociedad Pública de Alquiler y la transferencia a las comunidades autónomas no han permitido una política propia porque el ministerio no ha seguido un funcionamiento uniforme,
tal como reconocía la ministra en el debate sobre la interpelación; los cumplimientos de los objetivos para la vivienda han sido distintos en las comunidades autónomas; las ayudas no han tenido un peso específico proporcional a la población y las
comunidades autónomas han cumplido bien los deberes.
Nuestro grupo está de acuerdo en los puntos 2 y 3 de la moción que presenta el Grupo Popular y, de existir votación separada, tal como han manifestado los portavoces de otros grupos, daría su voto favorable.
Reiteramos nuestro apoyo a estos
puntos porque corresponden a una voluntad del Gobierno y a una resolución que aprobamos en esta Cámara, el Real Decreto 801/2005, aprobado por Comisión el 16 de mayo, por lo que no podemos abstenernos ni votar en contra. Nuestro grupo no se opone a
las acciones de Gobierno siempre que sean favorables a las transferencias a las comunidades autónomas, al cumplimiento de los objetivos presupuestarios y ayuden a la población. Con ello lograremos alcanzar un objetivo señalado por el Gobierno a
favor de la vivienda. Si se cumplen estas acciones, nuestro grupo se abstendrá en los puntos 1 y 4 y votaremos a favor de los puntos números 2 y 3.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Grau.
Finalmente, señor Matos, tiene la palabra por el turno de aceptación o rechazo de enmiendas.
El señor MATOS MASCAREÑO: Gracias, señora presidenta.
No podemos aceptar la enmienda del Partido Socialista, puesto que propone la sustitución de todo el texto. Por otra parte, la citada enmienda que propone el cumplimiento de la proposición no de ley solo hace referencia a un aspecto, a las
competencias, pero hay otros temas como las ayudas directas a la entrada, prolongar las ayudas que se preveían solo para dos años durante todo el tiempo que persista la mala situación económica del adquirente y otras cuestiones. No podemos aceptar
esa enmienda, pero sí que se vote punto por punto cada una de las propuestas de la moción.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón I Piqueras): De acuerdo. Dado que esa era la otra propuesta que se le había hecho, votaremos la moción del Grupo Parlamentario Popular punto por punto.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. (Número de expediente 173/000148.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Finalmente pasamos al debate del punto 32 del orden del día, relativo a la moción consecuencia de interpelación urgente también del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, esta vez en
materia de seguridad ciudadana. Será el señor Ballestero el que tomará la palabra para presentarles esta moción.
El señor BALLESTERO DE DIEGO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, este ha sido un verano cargado de trágicas noticias que justifican ampliamente la aprobación de esta moción: los gravísimos incidentes del 28 de julio en el aeropuerto de El Prat, donde la falta de reflejos y la descoordinación
generaron una situación de caos; la inmigración ilegal, desbordada y con un Gobierno sin respuesta; los incendios de Galicia, que han generado, ahora sí, la mayor catástrofe ecológica de esta comunidad y donde el Ministerio del Interior y
dirigentes del PSOE solo han sabido echar la culpa al Partido Popular, hasta ayer, cuando el presidente del Gobierno presumió de gestión diciendo que los echan por la tele, o las noticias de violencia de género, no han hecho en estos meses sino
contribuir a incrementar la inseguridad ciudadana y la sensación de impunidad de los delincuentes. A pesar de que el Partido Socialista, en su campaña de 2004, llevaba como punto clave del programa la seguridad ciudadana, la realidad de la política
de interior del Gobierno es que es la quintaesencia del zapaterismo: márqueting y publicidad en estado puro, pero eso sí, contenido escaso, por no decir ninguno. Empezaron diciendo que todo lo que había era nefasto por el solo hecho de venir del
Partido Popular; continuaron promoviendo cambios de diseño, tipo CEMU, que no se sabe que hayan servido para nada; siguieron con planes fantasma que se agotaban en las ruedas de prensa de su propia presentación. Una vez que la situación estaba
desbocada, cambian de ministro del Interior y nombran al señor Rubalcaba, hombre capaz donde los haya de vender arena en el desierto, y de paso intentan evitar que el señor Alonso pase a la historia como el ministro del Interior que en pleno siglo
XXI detuvo en España a dos personas por el solo hecho de militar en un partido diferente al suyo.
Finalmente, y ante los acontecimientos relatados, para dar un nuevo golpe de efecto, el nuevo ministro, sin contar con nadie, nos sorprende con unos
cambios que no sabemos si lo que pretenden es empezar con el fin de la Guardia Civil, colocar a su gente de confianza o pagar los servicios prestados al partido.
El problema, señorías, es que mientras el Partido Socialista sigue preguntando en el departamento de publicidad por el siguiente paso a dar, en España sube la sensación de inseguridad, se incrementan los delitos, sube la indefensión de los
jueces, que el mismo martes pedían medidas, y sube la desmoralización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El debate que pretendemos tener hoy desde el Partido Popular es sobre el modelo, por eso nuestras propuestas son abiertas, son
admisibles, son útiles y no quieren llegar hasta el último detalle, porque al final una buena política de Interior requiere un Ministerio del Interior que funcione con orden, con planificación, con operatividad, con eficacia, con coordinación y que
dé moral. A los españoles Interior y Partido Socialista les suena, y no es casual, a desorden, a improvisación, a desorientación, a clientelismo y a desmoralización. Están ustedes consiguiendo que la sensación de los españoles al asomarse al
Ministerio
del Interior sea como si se estuviesen asomando al camarote de los hermanos Marx.
Hoy les pedimos de nuevo que escuchen, que dialoguen de verdad, que abandonen ese discurso autocomplaciente y destructivo del ministro en la interpelación y que acepten estas propuestas. Estamos instalados en una constante guerra de datos
estadísticos que no tengo muy claro dónde nos llevan. ¿Cuál es la realidad? Señorías, que el 8 de junio de 2005 el Ministerio del Interior emitió una orden que prohibía dar datos estadísticos de criminalidad, salvo autorización expresa del propio
ministerio. Eso sí, a este señor, al firmante de la orden, le han ascendido a director adjunto operativo de la policía, quiero pensar que no por los servicios prestados al PSOE o para que ejerza un control más férreo. Esta orden demuestra dos
cosas. La primera, que no quieren dar los datos porque no les gustan, deben ser horrorosos; la segunda, que consideran que en una materia como la seguridad lo mejor es que los españoles estén engañados, y reconocerán ustedes, señores socialistas,
que esta es una interpretación muy generosa por mi parte. Nuestra propuesta, al fin y al cabo, solo pretende que todos sepamos dónde estamos de verdad para acertar en la dirección a seguir. Para eso hacen falta datos reales y completos.
Solicitamos también en esta moción que se ponga en marcha un plan estratégico que contemple la delincuencia de forma integral, con medidas operativas, legislativas y policiales. La definición de planes fantasmas no es nuestra, la han hecho
el SUP o la Confederación Española de Policía o la Asociación Unificada de la Guardia Civil al referirse a planes como el de prevención y protección antiterrorista o al Plan especial contra el tráfico de drogas en centros escolares. Sus planes no
aguantan examen alguno. Por favor, déjense de reestructuraciones políticas permanentes y escuchen un poco no ya al PP sino a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y copien planes eficaces, como el de seguridad ciudadana del año 2002. Les
pedimos igualmente, como hemos hecho en anteriores ocasiones, medidas que mejoren la coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las policías autonómicas. El caso de El Prat es el resultado del camino que les ha llevado a
ceder a las exigencias de sus socios nacionalistas más radicales y a su modelo de Interior. España no puede ser lo que sobra de lo que quiera ser cada una de las comunidades autónomas, como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no pueden
ser lo que sobra de las policías autonómicas y locales.
Además, señores del Partido Socialista, los cambios no animan mucho. ¿Qué va a hacer a partir de ahora el secretario de Estado de Seguridad? ¿Para qué sirve el CEMU? ¿Y los nuevos CICO? ¿Y
el GESI? ¿A qué motivos reales responden los cambios? ¿Por qué los toman ustedes sin contar con nadie? Demasiadas preguntas sin responder.
En cuanto al control de fronteras y la inmigración ilegal, han pasado ustedes del papeles para todos a una pérdida total de papeles que no sabemos dónde puede terminar. Nosotros hemos considerado siempre prioritaria la cooperación
internacional y el control común de fronteras.
Son ustedes quienes tienen que explicar por qué su irresponsabilidad política, su gestión ineficaz -y el último ejemplo lo hemos tenido hoy- y su concepto de Estado residual lleva al propio presidente
de Senegal -que hoy les sonará más que nunca- a decir que España no ha hecho nada para cumplir sus compromisos en materia de inmigración. Ahora se caen ustedes del caballo y acuden a Europa a pedir dinero o a la 'fracasada' Merkel, pero de vuelta a
España le niegan al propio Partido Popular el pan y la sal, la posibilidad de proponer, como lo hicieron el pasado martes en el Senado, mientras que al mismo tiempo la vicepresidenta ofrece no sabemos qué pactos. Sean valientes, reconozcan que
están ustedes más en la Alianza de Civilizaciones o en los países no alineados que en los problemas de los españoles, o, si no, dígannos con qué opinión quedarnos en esta materia.
Por último, les proponemos reformas en el Código Penal como las tres que también rechazaron el pasado martes en el Senado, referidas a los secuestros exprés o a los robos con violencia en casas habitadas; medidas, al fin y al cabo, para
dotar de mejores instrumentos a los jueces y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que ellos y la propia sociedad están demandando.
Señores socialistas, aprueben ustedes esta moción y avancemos sobre un modelo de Interior mejor. En economía no tuvieron ustedes miedo ninguno a copiar. Háganlo también en materia de seguridad. No se preocupen, de verdad, si ya sabemos
que son unos artistas del márquetin y son capaces de seguir ganando elecciones. Lo mismo las próximas las ganan sin esos remordimientos que parecen tener algunos dirigentes del Partido Socialista y que les llevan a la necesidad de tener como
principal argumento de su actividad política destruir al Partido Popular.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Debe terminar.
El señor BALLESTERO DE DIEGO: En eso tampoco son ustedes originales, señorías. La historia tiene ejemplos sobrados sobre el funcionamiento del remordimiento en la acción humana.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Ballestero.
Muchas gracias.
Señorías, abrimos el turno de fijación de posiciones comenzando por el del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y, por tanto, de la señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señora presidenta.
Vuelve el Partido Popular a la carga con la inseguridad ciudadana.
Presenta una nueva moción que en realidad
no tiene nada de nueva. Es una mera repetición del discurso oficial del Partido Popular que gira en torno al ya famoso barrer las calles y a la supuesta tolerancia cero, sustentado en la demagogia, el oportunismo político y, sobre todo, en
el alarmismo social tipo reality show. Como decíamos, nada nuevo. Ni siquiera las propuestas que plantea la moción se pueden considerar verdaderas alternativas o medidas novedosas; más bien estas sorprenden por su inutilidad e ingenuidad. Llama
la atención la fijación del Partido Popular por ciertos tipos de delitos y no otros, pero eso tampoco es novedoso. Basta ver las reformas que hicieron en el Código Penal. El Partido Popular pretende ser implacable con la delincuencia de baja
intensidad -hasta hace alusión a las faltas- y continúa mirando para otro lado ante la delincuencia que podríamos llamar de cuello blanco, pero, como digo, en las reformas que hicieron en el Código Penal está negro sobre blanco. Ni siquiera sería
nuevo el intento de vincular inmigración con delincuencia, que también se puede leer entre líneas en esta moción, pero lo hemos escuchado muchas veces por parte de líderes del Partido Popular en ataques de sinceridad que tienen.
Se trata de una moción deslavazada que además tergiversa la interpretación criminológica de los datos. Un incremento, señorías del PP, de tipos concretos de delitos no siempre significa mayor inseguridad ciudadana.
Esto es muy simple. La
manipulación más evidente se da en su moción en cuanto a los delitos contra la propiedad intelectual, es decir, la persecución del top manta o la criminalización de la pobreza, porque es lo mismo. Este tipo de delitos tipificados en el Código
Penal, por cierto, ¿generan inseguridad ciudadana? Lo que realmente debiera preocuparles -y en esto el Gobierno tiene ahora la responsabilidad- es que en contadas ocasiones la policía llega a los distribuidores principales y organizadores de la red
delictiva.
Respecto a las llamadas nuevas tipologías delictivas, hace tiempo que se registran en los documentos policiales también en la época de Gobierno del Partido Popular. ¿Dónde está el descubrimiento? ¿Qué decir de la presencia en España de
diferentes bandas organizadas reflejada desde hace años en los informes de Europol y que ya en la etapa de su Gobierno iba in crescendo? Es decir, tenemos un problema común con Europa, que es grave, que son las llamadas bandas del Este, pero, como
digo, así se reflejaba en los informes de Europol e Interpol. Por tanto, cada vez son más conocidos estos fenómenos delictivos recientes y evidentemente es necesario mantener el esfuerzo operativo y continuar mejorando la respuesta ante esta
delincuencia organizada, pero sin ningún discurso tremendista del miedo, por favor. Una verdadera política criminal debería tratar los delitos de fraude fiscal, lo que unos cuantos nos roban a todos y todas, que en España es altísimo, y el Gobierno
sigue sin sacar la policía fiscal en el Ministerio del Interior.
También debiera preocuparnos que España cuente con la cuarta parte de todos los billetes de 500 euros de la Unión Europea. Eso es, entre otras cosas, economía sumergida, redes de falsificación de facturas -que de eso el Partido Popular sabe
un montón: vayan ustedes a ver Terra Mítica- y de contratos ilegales. En fin, no incluir los delitos contra los derechos de los trabajadores, las infracciones penales de seguridad laboral -que quedan olvidados en su moción-, sin olvidarnos de los
delitos ecológicos, con un Seprona desbordado de trabajo, es olvidar lo que nosotros consideramos realmente relevante y donde se ha de implicar el actual Gobierno. Por cierto, todas las actuaciones en el ámbito de la seguridad deberían ir
acompañadas de políticas sociales, porque lo sabemos muy bien, se repite hasta la saciedad, pero ahí es donde se debe trabajar, porque si no se abordan los síntomas no se atacarán las causas profundas de muchos delitos. Al Partido Popular
únicamente le diré que un poquito de seriedad, por favor.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora Navarro.
Continuamos con el señor Olabarría en nombre del Grupo Parlamentario Vasco. Adelante.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.
La verdad es que nos encontramos con la moción, por calificarla de alguna manera, de siempre. Sobre esta materia y con este contenido -prácticamente en sus propios términos- hemos tenido la oportunidad de debatir en esta legislatura más de
seis veces con distintos portavoces en representación del Grupo Parlamentario Popular y prácticamente, señora presidenta, uno tiene la tentación de hacer suyas las palabras de los anteriores debates -que constan en el 'Diario de Sesiones'- y dar por
cumplido el trámite, pero como le tengo afecto y respeto al portavoz que ha intervenido -somos compañeros de la misma Comisión-, como frontispicio de la intervención se podría parafrasear, como dije ayer, esa frase del himno de Madrid, que no
conocen aquí ni los diputados madrileños -porque no hay patriotas de Madrid, como todo el mundo sabe-, pero que efectivamente existe, se le encargó la redacción del texto al profesor García Calvo, cuando reza: ¡Ay! Anacleto, Anacleto, cuántas
vueltas da el mundo y siempre queda quieto. Efectivamente, estamos siempre con los mismos posicionamientos por parte del Partido Popular, en una especie de obsesión por el orden público y la política criminal o no sé si en un intento de
patrimonialización de esta política como si fuera la quintaesencia en las políticas o ideologías de corte conservador.
Dicho esto, señora presidenta, en primer lugar, tenemos cierta reserva, señor Ballestero, sobre los datos con relación al incremento de los fenómenos delictivos que usted expresamente consigna. Yo no sé cuál es la fuente de información que
ha utilizado, pero los datos no coinciden con los de la memoria de la Fiscalía
General del Estado. En algunos de esos fenómenos delictivos incluso duplica usted los incrementos que el propio fiscal general del Estado nos ha presentado recientemente en la memoria del año pasado, particularmente en delitos como la
violencia de género y algunos otros. Yo tengo aquí la memoria y luego podemos hacer el cotejo si usted lo considera pertinente.
Hace una reflexión interesante. Intelectualmente relaciona nuevas fenomenologías criminales que hay que atender y que
el Código Penal no configura adecuadamente, pero quizá se le olvidan otras o no ha sabido mostrar una sensibilidad suficiente sobre algunas que nos deberían preocupar a todos los ciudadanos y a los representantes particularmente como es la
problemática de las bandas juveniles que se están asentando en determinados lugares de las periferias de las grandes ciudades, como es la problemática de los delitos informáticos de nuevo cuño cada vez más complejos de perseguir dado el carácter
transnacional por su propia naturaleza de esta fenomenología delictiva y los delitos contra la propiedad intelectual, con fenómenos como el top manta y algunos otros que deben ser objeto de atención por un Código Penal que no supo prever en el año
1995 la dimensión que posteriormente iban a adquirir estos fenómenos criminales nuevos.
En cuanto a lo demás, es lo que ustedes siempre propugnan, pero que no se separa mucho de lo que luego hace el partido gobernante o este consensúa con otros partidos. ¿Quién no está de acuerdo en incrementar los presupuestos destinados a la
seguridad ciudadana? Esto es casi como recitar una obviedad y todo lo demás es una miscelánea, todas las demás medidas o casi todas constituyen una miscelánea de obviedades en las cuales yo no voy a reparar de forma muy particularizada. En el
punto 4, señor Ballesteros, decir que hay que mantener la presencia de la Guardia Civil en todo el territorio nacional... Aquí uno aprecia quizá ciertos posicionamientos de carácter político. Usted y yo podríamos pormenorizar un poco más, porque
como sabe en algunas comunidades autónomas existen policías integrales que aconsejarían precisamente lo contrario, la exclusión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que tienen muy acotadas y son muy pequeñas sus competencias siendo esas
policías integrales las que ostentan la totalidad de las competencias en materia de seguridad ciudadana. Mejorar la seguridad y controlar el flujo de inmigración es darle una impronta, filosóficamente hablando, señor Ballestero, de política
criminal al fenómeno de la inmigración, con lo cual sabe usted que nosotros discrepamos, desde una perspectiva también filosófica, absolutamente. El fenómeno de la inmigración tiene una dimensión de política criminal o de política de vigilancia de
fronteras, pero en absoluto es la más relevante, ni para ustedes debería serlo, o eso es al menos lo que han dicho sus portavoces en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales. Reforzar la cooperación con las policías autonómicas, sí; pero también
integrar a las policías autonómicas en lo que ustedes preconizan aquí, en Europol y Eurojust. Nunca hemos encontrado ninguna sensibilidad por parte de su grupo parlamentario para que policías como la Ertzaintza o los Mossos d'Esquadra se encuadren
en la estructura orgánica de cuerpos o de estructuras policiales o judiciales como Eurojust y Europol. Desde esa perspectiva nos parece una invocación contradictoria con sus propios actos. Mejorar o reformar el Código Penal es otra obviedad y,
señora presidenta, como para hablar de obviedades tendremos efectivamente ocasiones abundantes porque tengo la impresión -basada en datos fidedignos y fehacientes- de que el Partido Popular va a seguir presentando de forma recurrente esta misma
moción y esta misma interpelación en lo que queda de legislatura y en las posteriores, ya seguiremos comentando estos temas de forma más pormenorizada y detenida.
Gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Olabarría.
Finalmente será el señor Cerdà quien intervenga para fijar posición en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y para ello tiene la palabra.
El señor CERDÀ ARGENT: Gracias, señora presidenta.
Señor Ballestero, nos gustaría de verdad, y se lo digo como cuestión
previa antes de entrar en materia, venir aquí a discutir de lo que pone en las mociones y no de otras cosas. Además, si me lo permite, le daré un consejo gratis et amore. Creo que no es bueno para ustedes que vengan aquí como las hordas de
Asterix a irrumpir sin buscar ninguna repercusión después ni ninguna mayoría que haga triunfar sus propuestas. Les iría mucho mejor que disminuyeran un poco su imagen prepotente, porque prepotencia sin potencia -sin la mayoría suficiente- acaba
siendo impotencia. Es un consejo sano y amable. Vengan ustedes con propuestas constructivas y con mayorías que puedan ganarlas, porque si no esto se convierte en un debate en el que se trata de lanzar piedras los unos contra los otros y no le
sacamos ningún sentido. Es una propuesta que les hago porque la situación se reitera continuamente.
Voy al tema. Para nosotros la seguridad ciudadana es efectivamente un servicio público que debe garantizarse y que preocupa al conjunto de la ciudadanía. Este es el principio que rige nuestro modelo de seguridad ciudadana, que lo tenemos,
diferente efectivamente del suyo. Ustedes, por el contrario, han entrado en un baile de cifras sobre infracciones, detenciones y efectivos policiales que ha habido durante el mandato, el suyo, y el del Partido Socialista. Según los datos, señor
Ballestero, lo que objetivamente parecen demostrar los números es que se ha incrementado tímidamente la plantilla y la oferta de empleo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de la Policía y la Guardia Civil, y que más tímidamente aún han
descendido, por ejemplo, las tasas
de homicidios por cada 1.000 habitantes. Pero lo que nos lleva a votar en contra de su moción no es la guerra de cifras sino el modelo policial y de seguridad ciudadana que ustedes pretenden y por el que han apostado durante sus años de
Gobierno. Ustedes han apostado por un modelo de seguridad que no es otro que el privado. Esos son los hechos. Esquerra apuesta por un modelo de seguridad pública, propio, próximo, integral, coordinado y comandado por el Gobierno autónomo. No es
un capricho, son motivos de eficacia y de eficiencia los que nos hacen fundamentar nuestro modelo policial y, sobre todo, nuestra voluntad de mayor autogobierno.
Cuanto más autogobierno, más eficacia y más eficiencia también en materia de
seguridad. Ustedes obvian en su discurso a las policías autonómicas, a los Mossos d'Esquadra y a la Ertzaintza. Desde Esquerra creemos que debe ser el Govern de Catalunya en este caso el que comande los Mossos d'Esquadra, como sucederá en breve,
como policía integral junto a la Policía municipal. Es el Gobierno más próximo el que debe determinar la policía en materia de seguridad ciudadana, el número de efectivos, el control de fronteras, el modelo policial en definitiva.
Señor Ballestero, mientras gobernaron se dedicaron a legislar compulsivamente -me atrevería a decir- incrementando las penas, estableciendo su cumplimiento íntegro. Era la solución para todos los males. Hoy se ha demostrado que después de
tres o cuatro años y a pesar del endurecimiento de las penas, de su incremento y de su cumplimiento íntegro, las cárceles están llenas y continúan hablándonos de inseguridad ciudadana. ¿No era el endurecimiento del Código Penal la solución? ¿No
era mantener a la gente más tiempo en la cárcel la solución? Parece que se equivocaron y vuelven ustedes proponiendo más de lo mismo.
Señorías, el Consejo de Ministros aprobó un informe de anteproyecto de reforma del Código Penal. Desde el Grupo Parlamentario de Esquerra consideramos que se debe armonizar la legislación a las directivas europeas en materia penal que
regularán las nuevas realidades delictivas tales como los delitos, que ustedes obvian, contra el patrimonio de forma organizada, los delitos contra la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico y del medio ambiente, los
delitos contra las administraciones públicas, los delitos de fraude y corrupción y de falsedad o blanqueo de dinero, así como la protección de víctimas, siempre dentro de los planteamientos políticos criminales de intervención mínima y de
proporcionalidad que regulen un marco mínimo de convivencia y de paz ciudadana. Muchos de ellos son delitos de guante blanco que también provocan -y ustedes lo obvian- inseguridad ciudadana. No me queda mucho tiempo, pero entendemos que en estos
momentos -y ustedes deben recogerlo- para otras comunidades autónomas como el País Valenciano y las Islas Baleares es necesario incrementar la dotación de cuerpos de seguridad autonómicos que se integren en un modelo policial integral y que se rijan
desde los sitios donde se produce esta delincuencia. En ese sentido, nos congratulamos efectivamente del anuncio que han hecho los medios de comunicación del incremento del número de Mossos d'Esquadra hasta 17.000, con un aumento inmediato de 2.000
agentes. Esto nos parece que es tener sentido común, sentido de la realidad y darle soluciones efectivas al problema de la seguridad ciudadana.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Cerdà.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y será el señor Guinart quien tome en su nombre la palabra.
El señor GUINART SOLÁ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para fijar nuestra posición sobre la moción del Grupo Popular en materia de seguridad ciudadana. Es evidente e incontestable que la cuestión de la
seguridad pública es uno de los temas recurrentes de preocupación de la ciudadanía y, consecuentemente, una de las materias que con más asiduidad es tratada y discutida en los foros políticos y en los medios de comunicación social debiéndose
distinguir, para intentar reflejar la realidad, lo que por una parte son los indicadores objetivos de la seguridad basados en estadísticas y lo que es la percepción o sensación de seguridad e inseguridad, que suele inferirse por cómo esos temas son
tratados por actuación partidista, los medios de comunicación o la alarma social que puede difundirse por diversos métodos. Por otro lado, la seguridad ciudadana absoluta, completa, entendida por la falta radical de delitos y faltas, es sin duda un
desiderátum envidiable y un objetivo a perseguir, pero probablemente imposible de conseguir, salvo en pequeñas comunidades de especialísimas circunstancias. Por eso todos los gobiernos siempre tienen un margen para mejorar, para incrementar y para
perfeccionar las medidas destinadas a la prevención, persecución y represión de los llamados ilícitos penales, y algunas de las diversas medidas que propone el Grupo Popular en la moción que debatimos van en esta dirección, dotar de más medios,
mejorar el control de fronteras, impulsar la cooperación, fomentar la coordinación, incrementar los recursos, etcétera. Nuestro grupo está lógicamente de acuerdo en conseguir más y mejor, pero no creemos que para eso sea necesario formularlo
especialmente a través de una moción con mandato al Gobierno, pues estamos convencidos, no podría ser de otra manera, de que el Gobierno también participa de la misma máxima de más y mejor.
Por otro lado, vemos una cierta incoherencia en el planteamiento de la moción cuando el grupo proponente cuestiona los planes específicos del Gobierno para abordar ciertas tipologías, novedosas o no, de delincuencia, tráfico de drogas,
tráfico de personas, delincuencia de base informática y delincuencia organizada,
por cierto, con el último episodio grave anteayer, con extrema violencia, de cuatro encapuchados en Sant Julià de Ramis en Girona. Habla también el grupo proponente de un plan estratégico integral por un lado y, por otro, reclama más
recursos para las agencias especializadas. Se contradice lo integral con lo especializado en el tratamiento de formas delictivas -estamos hablando del punto 8-. Tampoco vemos clara la propuesta de creación de un instituto de seguridad ciudadana
como una institución de nuevo cuño, con unos objetivos que ya están definidos y asumidos por los actuales organigramas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y sin ninguna referencia a la existencia de diversos cuerpos de seguridad estatales, pero
también autonómicos y locales, entendiéndolo nuestro grupo como un intento de recentralización de esta materia y de una duplicidad de funciones. Redundando en esta línea, también estamos totalmente en desacuerdo en el punto 4, referido al
despliegue de efectivos en el territorio de todo el Estado, pues no contempla nuestra realidad autonómica ni el reparto competencial, especialmente con la pretensión de mantener la presencia de la Guardia Civil en todo el territorio.
En cuanto a la mejora de fronteras, sin entrar en el debate de desbordamiento o no de nuestra capacidad de acogida, debo recordar que fue nuestro grupo y nuestro portavoz, el señor Duran i Lleida, quien ya denunció en su momento la necesidad
de extremar la vigilancia del acceso de extranjeros por nuestras fronteras, especialmente en los Pirineos, que pasa más que desapercibida, dotando a esa tarea de control de más medios materiales y humanos. Por cierto, sorprende que justamente hoy
se haya sabido que todavía se reducen más los efectivos en la frontera pirenaica con el traslado de más de 150 agentes a Canarias, planteándose también, lo decía nuestro portavoz, la posibilidad de suspensión de los acuerdos de Schengen mientras
durara la regularización, como ya ha hecho algún país europeo como Bélgica. Nuestro grupo defendió y defiende la reforma del Código Penal y las leyes procedimentales para que resulten más eficaces para la lucha contra la delincuencia coincidiendo
en este caso con el punto 9 de la moción, aunque no compartamos su redacción. En definitiva, como sea que no queremos soslayar los contenidos de la moción que pretenden una mejora de las actuaciones en políticas de seguridad ciudadana, coincidimos
en unas pocas propuestas y disentimos a fondo en algunos contenidos de calado de la iniciativa, nuestro voto va a ser la abstención.
Para acabar, suscribo completamente el comentario del señor Cerdà en cuanto a que cuestionaba la estrategia parlamentaria del Grupo Popular de no dialogar con el resto de grupos. El no ya lo tienen y en alguna ocasión, a través del diálogo,
podrían conseguir, aunque fuera en una parte de sus mociones, que pudieran prosperar.
Señora presidenta, señorías, gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Guinart.
Señorías, finalizamos el debate de esta moción con la intervención del señor González Serna en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor GONZÁLEZ SERNA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Ballestero, le aseguro que he escuchado muy atentamente el conjunto de su intervención y permítame que le diga respetuosamente que usted no ha sido creíble. Ha hecho hoy, como tantas veces antes, un planteamiento catastrofista,
alarmista y absolutamente irreal. Ha dado usted un enfoque falaz al discurso de apocalipsis total, de discurso del caos con el que ustedes, con el que el Partido Popular intenta hacer más corto su paso por los bancos de la oposición. Lamento tener
que decirle, señor Ballestero, que con lo que nos ha contado hoy desde esta tribuna ha evidenciado que lo que realmente preocupa y ocupa al primer partido de la oposición, al Partido Popular, es intentar dañar la imagen del Gobierno y no la
seguridad de los españoles y españolas. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Señor Ballestero, ha hecho usted una intervención plagada de afirmaciones erróneas e inundada de exageraciones, que son producto del pensamiento de la Fundación
FAES, que usted tan bien conoce; una intervención, señor Ballestero, en la que ha dejado entrever que ustedes, el Partido Popular, han olvidado ya que han gobernado España durante ocho años y que pudiendo, como pudieron, no hicieron absolutamente
nada de lo que están proponiendo en la actualidad, muy al contrario. Tengo que decirle, señor Ballestero, que la experiencia demuestra que no está el Partido Popular para andar impartiendo lecciones de seguridad ciudadana. Sus años de Gobierno
fueron años de adelgazamiento del aparato de seguridad del Estado. Su receta -todos la recordamos, señorías- fue: menos gasto público y menos policía y también aquello de: quien quiera seguridad que se la pague. La consecuencia de su política
fue el incremento extraordinario, en más de un 20 por ciento, del número de delitos y faltas. Señoría, déjeme que le recuerde brevemente que con el Gobierno del Partido Popular, por primera vez en España, la tasa de criminalidad superó las 50
infracciones por cada 1.000 habitantes; que con su Gobierno, con el Gobierno del Partido Popular, se perdieron más de 10.000 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; que con su Gobierno los homicidios y los asesinatos, que son los
delitos que más alarma social crean, crecieron ni más ni menos que un 68 por ciento a lo largo de los ocho años en los que fueron ministros del Interior el señor Acebes y el señor Rajoy.
Quiero decirles, señorías, que frente a esa errónea política de seguridad del Partido Popular, el Gobierno del Partido Socialista ha convertido la seguridad de los ciudadanos en un objetivo y en una tarea absolutamente prioritaria. Le daré
algunos datos que son absolutamente ciertos y veraces. En dos años la dotación económica de
los programas de seguridad ha aumentado más de un 18 por ciento. En solo dos ejercicios se han creado 19.000 plazas de agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil -escúcheme atentamente-, más que el Partido Popular en sus
seis últimos años de Gobierno, y las detenciones por cada 1.000 infracciones han crecido en un 18 por ciento. Voy a darle tres datos actuales que considero sumamente relevantes para saber con exactitud en qué situación se encuentra la seguridad
ciudadana en este momento. Los delitos contra el patrimonio han descendido en los seis primeros meses del año, comparados con los seis anteriores, en un 5,8 por ciento; los delitos contra la libertad sexual, un 7,4 por ciento y los delitos de robo
con violencia han disminuido un 8,8 por ciento. Esto es producto del cambio que ha habido en la política de seguridad, una política de seguridad, señor Ballestero, que se basa ahora en más recursos, en más medios, en más agentes, en más
coordinación, en más cooperación internacional y también en más especialización policial, una política que ya empieza a ofrecer resultados. Aun así, señor Ballestero, nadie niega la realidad. Se cometen delitos y algunos de esos delitos son
extraordinariamente violentos, nadie lo niega. Precisamente por eso, a pesar de la mejora de los datos que le demostraba anteriormente, el Gobierno no está satisfecho, el Partido Socialista no está satisfecho, y precisamente por eso, señor
Ballestero, no vamos a bajar la guardia. Al contrario, el Gobierno va a seguir impulsando medidas, el Partido Socialista va a seguir proponiendo medidas encaminadas a mejorar la capacidad operativa, la coordinación policial y la eficacia de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En definitiva, medidas que tienen como finalidad fundamental mejorar y aumentar la seguridad de los españoles y españolas en el conjunto de los pueblos y ciudades.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Vamos a proceder a la votación de las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.
En primer lugar, votación de la moción del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias, sobre medidas de control de inmigrantes irregulares que llegan por puertos, aeropuertos y fronteras terrestres, con las enmiendas de
Convergència i Unió y Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 139; en contra, 167; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las futuras directrices de la política aeroportuaria, con las enmiendas de adición de Esquerra Republicana. Ha sido presentada también una enmienda transaccional por parte
de Izquierda Unida. ¿Algún grupo parlamentario se opone? (Pausa.) Se opone el Grupo Popular.
En consecuencia, votamos la moción solamente con las enmiendas de adición presentadas por Esquerra Republicana.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 31; en contra, 289; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso en materia de política de vivienda y, especialmente, respecto al criterio del Gobierno en relación con la Sociedad Pública de Alquiler. Se votará en sus términos, pero se
ha solicitado votación separada, punto por punto.
Votamos el punto 1.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 139; en contra, 162; abstenciones, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Votamos el punto número 2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 144; en contra, 158; abstenciones, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Votamos el punto número 3.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 154; en contra, 153; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. (Aplausos.)
Votamos el punto cuatro 4.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 137; en contra, 158; abstenciones, 26.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Finalmente, votamos la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso en materia de seguridad ciudadana, que se vota en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 137; en contra, 174; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES.
-REAL DECRETO-LEY 8/2006, DE 28 DE AGOSTO, POR EL QUE SE APRUEBAN MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE INCENDIOS FORESTALES EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA. (Número de expediente 130/000035.)
El señor PRESIDENTE: Punto V del orden del día: Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. Real Decreto-ley 8/2006, de 28 de agosto, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de incendios forestales en la Comunidad
Autónoma de Galicia. (Rumores.) ¿Exposición por parte del Gobierno? (Pausa.) El señor ministro del Interior presentará las razones relativas a la promulgación del real decreto-ley. (Rumores.)
Señorías, el Pleno continúa y les rogaría que se reestableciera el silencio lo antes posible. (Continúan los rumores.) Señorías, por favor, abandonen rápidamente el hemiciclo, porque si no perdemos mucho tiempo.
Adelante, señor ministro.
(La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.)
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, antes de iniciar la presentación del real decreto-ley ante esta Cámara para su convalidación quisiera hacer llegar mis condolencias a las víctimas y a los familiares de las personas fallecidas como consecuencia
de los incendios que asolaron la comunidad gallega durante la primera quincena del mes de agosto. Asimismo, no quiero dejar de resaltar el enorme esfuerzo y la generosidad de las personas que intervinieron en la extinción de estos incendios, tanto
trabajadores profesionales como voluntarios. A todos ellos el reconocimiento y agradecimiento del Gobierno por su intenso y, en algunos momentos, arriesgado trabajo.
El objeto fundamental de esta comparecencia, señorías, es solicitar de la Cámara la convalidación del real decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 25 de agosto por el que se aprueban medidas urgentes en relación con los
incendios forestales que asolaron la Comunidad gallega durante los días 4 al 14 del mes de agosto pasado. Los daños producidos como consecuencia de dichos incendios han sido cuantiosos y de muy diversa tipología. Se han producido daños personales,
como el fallecimiento de cuatro personas y varios heridos graves, y materiales, al haber sido afectados enseres y viviendas de familias, infraestructuras y equipamientos municipales y provinciales, explotaciones agrícolas y ganaderas, pastos y un
número importante de hectáreas de masa forestal.
La excepcionalidad de la situación generada como consecuencia del ingente número de incendios ocurridos en un periodo de tiempo extremadamente corto -recuérdense que han sido un total de 1.651 incendios en quince días- ha llevado al Gobierno
a la adopción de medidas extraordinarias, que se basan en el principio de solidaridad que recoge nuestra Carta Magna, así como en la aplicación de los principios de equidad e igualdad de trato en relación con situaciones precedentes. Las medidas
recogidas en el real decreto-ley serán ejecutadas por los distintos departamentos ministeriales competentes y financiadas bien con cargo a los créditos ordinarios de los respectivos departamentos a través de ampliaciones de crédito, bien con
créditos extraordinarios igualmente previstos en el texto del real decreto-ley. En este real decreto-ley se contemplan también situaciones futuras, en la medida en que se extiende a otros incendios que pudieran acaecer dentro del territorio
nacional hasta finales de la campaña del presente año, es decir, hasta el 1 de noviembre de 2006.
Con carácter general, señorías, se prevé un régimen de ayudas específicas a favor de las víctimas y de sus familias, así como la adopción de un conjunto de medidas paliativas y compensatorias dirigidas a la reparación de los daños producidos
y a la recuperación de las zonas afectadas, que paso a enunciar a continuación. En primer lugar, se conceden ayudas de carácter excepcional por daños personales. En segundo lugar, se conceden indemnizaciones por daños en producciones agrícolas y
ganaderas.
Considerando que las principales producciones dañadas han sido los pastos dedicados al aprovechamiento del ganado y teniendo en cuenta las superficies afectadas, las densidades ganaderas en la zona y el valor unitario de las citadas
producciones se estima que la cuantía de estas ayudas podría exceder el millón de euros. Se prevén exenciones y reducciones fiscales especiales en el impuesto sobre bienes inmuebles correspondiente al ejercicio de 2006 y que afecte a viviendas,
establecimientos industriales y mercantiles, explotaciones agrícolas y forestales, locales de trabajo y similares dañados como consecuencia directa de los incendios; en segundo término, en el impuesto sobre actividades económicas y, en tercer
lugar, en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. En cuarto lugar, en relación con el ámbito laboral y de Seguridad Social se prevén una serie de medidas que corresponden a las que habitualmente se incluyen en este tipo de decretos en
situaciones semejantes. En este caso, las medidas inciden
también en el ámbito de la hostelería. Se concretan, básicamente, en la exoneración a los empresarios del abono de las cuotas de la Seguridad Social y en el establecimiento de moratorias de un año sin intereses para el pago de las
correspondientes cotizaciones para las empresas y trabajadores por cuenta propia, cualquiera que sea el régimen de la Seguridad Social en el que estén incluidos. En quinto término, está previsto financiar con cargo al Ministerio del Interior las
ayudas que pudieran solicitarse para pérdida de enseres, las ayudas a corporaciones locales y las ayudas a las personas físicas y jurídicas que hayan realizado prestaciones personales o de bienes. En sexto lugar, se contemplan en el real
decreto-ley ayudas excepcionales en materia de vivienda, bien para alquiler en caso de destrucción total, bien para reparación, rehabilitación o reconstrucción de las mismas, siempre que se trate de la residencia habitual y en los casos y
circunstancias que se especifican en el texto que vengo defendiendo. En séptimo término, y en cuanto a las líneas preferenciales de crédito, se instruye al Instituto de Crédito Oficial, en su condición de agencia financiera del Estado, para
instrumentar una línea de préstamos por importe de 25 millones de euros que tendrá como finalidad financiar la reparación o reposición de instalaciones y equipos industriales y mercantiles, agrícolas, forestales, ganaderos y de regadío, automóviles,
motocicletas o ciclomotores de uso particular, vehículos comerciales, maquinaria agrícola y locales de trabajo de profesionales, lógicamente siempre y cuando se hayan visto dañados como consecuencia de los incendios. En octavo lugar, en materia de
cooperación con las administraciones locales, para subvencionar la reparación de daños en infraestructuras y equipamientos municipales y en la red viaria de las correspondientes diputaciones provinciales el crédito habilitado en el real decreto-ley
se cifra en 20 millones de euros, considerando que son muchos los núcleos de población y municipios que se han visto afectados, dadas las características territoriales propias de la comunidad de Galicia, que cuenta con innumerables pequeños núcleos
de población diseminados. En noveno lugar y por último, como no podía ser de otra forma, la preocupación del Gobierno por el impacto ecológico que ha supuesto esta oleada de incendios conduce a la inclusión en este real decreto-ley de un conjunto
de actuaciones urgentes en materia medioambiental, cuya gestión por parte de la Administración central corresponderá al Ministerio de Medio Ambiente, a través de los oportunos convenios de colaboración con la Xunta de Galicia, y cuya financiación
estará a cargo del Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria. En este apartado se prevén entre otras las siguientes actuaciones: la ampliación del convenio hidrológico-forestal existente, la garantía de calidad de las aguas que abastecen a
la población y la recuperación y regeneración de los espacios de la Red Natura 2000 que hayan sido afectados por los incendios.
Termino ya, señorías. Estas son las medidas más importantes que se contemplan en el real decreto-ley para cuya convalidación pido esta mañana el apoyo de todos los grupos parlamentarios.
Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
(Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor ministro del Interior.
¿Algún grupo desea ejercer el turno en contra, señorías? (Pausa.)
No siendo así, pasamos al turno de fijación de posiciones. Lo haremos comenzando por el turno del Grupo Mixto. En su nombre, tiene la palabra la señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, subo a esta tribuna para exponer nuestra posición respecto al Real Decreto-ley 8/2006, de 28 de agosto, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de incendios forestales en la Comunidad Autónoma de Galicia, como nos acaba
de exponer el señor ministro del Interior.
En primer lugar, el Bloque Nacionalista Galego va a apoyar la convalidación de este real decreto-ley porque es algo que es necesario hacer en este momento. Es evidente que, dada la magnitud de las pérdidas sufridas, nunca nos van a parecer
suficientes las ayudas que el Estado preste a Galicia, sobre todo porque el real decreto-ley está orientado a zonas quemadas y, desde nuestro punto de vista, hubiera sido conveniente que se tuvieran también en cuenta ayudas a zonas de alto riesgo,
de tal manera que se pudieran acometer las necesarias actuaciones preventivas.
Sin embargo, repito que este real decreto-ley, desde nuestro punto de vista, tiene una importancia fundamental en un momento como el actual, en el que la Xunta de
Galicia, concretamente la Consellería de Medio Rural, cifra en más de 60 millones de euros las pérdidas sufridas por los incendios ocurridos del 4 al 14 de agosto -pérdidas de valor forestal, lucro cesante, etcétera-, presupuestando, teniendo en
cuenta la gravedad de las pérdidas, en más de 91 millones las actuaciones necesarias y que la Xunta de Galicia tiene previsto acometer, aunque algunas de estas actuaciones se han planteado no solo a corto, sino también a medio plazo, entre ellas la
reestructuración forestal y la ordenación del territorio.
Igual que se contemplan en el real decreto-ley cuya convalidación estamos discutiendo hoy, en el presupuesto de la Xunta de Galicia se contemplan 13 millones de euros para indemnizar a los
directamente afectados: cuestiones personales -y en este momento también hacemos nuestro el sentimiento de condolencia a los familiares de las personas fallecidas-, personas heridas y destrozos en viviendas e infraestructuras.
Precisamente por
todo lo que acabamos de decir, por lo que significa el presupuesto que tiene la Xunta de Galicia para afrontar la catástrofe que han supuesto los
incendios del mes de agosto, los 20 millones de euros que se contemplan en este real decreto-ley nos parecen necesarios, independientemente -vuelvo a repetir- de que siempre pretenderíamos más.
Señorías, llegados a este punto, una vez manifestado nuestro apoyo a este real decreto-ley, hechas las consideraciones que acabamos de hacer y reconociendo el compromiso político y económico que la Xunta de Galicia tiene previsto hacer,
queremos señalar también algunas cuestiones que nos parecen importantes, sobre todo porque entendemos que en el debate de este real decreto-ley van a aparecer algunas de ellas. Queremos decir que, al mismo tiempo que valoramos el real decreto-ley
que hoy convalidamos, también valoramos la colaboración y participación que en todo momento hubo entre el Gobierno central y la Xunta de Galicia. No tenemos problema en decir -al contrario, nos satisface hacerlo- que consideramos que la Xunta de
Galicia y el Gobierno central estuvieron a la altura de las circunstancias ante una catástrofe de la magnitud de la que sufrimos en Galicia este pasado mes de agosto. Cuando decimos que se estuvo a la altura de las circunstancias lo hacemos
pensando en ese primer momento en que en la Consellería de Medio Rural se detecta que en estos incendios forestales había motivaciones distintas a años anteriores o, cuando menos, aparecían elementos que necesitaban una consideración diferente a la
de años anteriores, y digo esto en el sentido de que todas y todos ustedes saben que en Galicia el 80 o el 90 por ciento de los incendios forestales fueron siempre intencionados, pero en esta ocasión los incendios se estaban produciendo en aquellas
zonas más visibles, en zonas que estaban habitadas, donde vivían personas y, además, afectaban a las vías de comunicación. Estamos hablando de incendios provocados en los montes adyacentes a las carreteras, a las autovías; en definitiva, a las
vías de comunicación. En ese momento -y estamos hablando ya del día 5-, la Xunta de Galicia, y concretamente la Consellería de Medio Rural, comunica a toda la sociedad gallega la situación, se pide la participación de todo el Gobierno gallego, del
Gobierno central y la colaboración de otras comunidades autónomas, y además se solicita al Gobierno central que realice una solicitud de ayuda internacional. Por tanto, junto a esta actuación, la Xunta de Galicia también participa a la sociedad
gallega la necesidad de la colaboración ciudadana para poder hacer frente a esta situación. En todo momento se dijo que sin esa colaboración sería difícil afrontar un problema que -los ciudadanos también lo percibimos- no se sabía cómo podía
acabar, dado que, según se actuaba en la extinción de los incendios, se iban acumulando nuevos incendios provocados. No sabíamos cómo podía resolverse la locura incendiaria que estaba ocurriendo esos días en nuestro país. Por eso digo que el
Gobierno estuvo a la altura de las circunstancias y podemos decirlo sin ningún tipo de dudas ni problemas porque fue lo que percibió la sociedad gallega. La sociedad gallega tuvo la consciencia y la seguridad de que había un Gobierno actuando ante
un problema de aquella magnitud. Por tanto, las acusaciones de falta de coordinación o de que el Gobierno no estaba actuando como era debido no tuvieron efectivamente el eco social que algunos pretendían. Se estuvo practicando desde la oposición
el discurso de que no se era eficaz ni se tenían las medidas oportunas, aprovechando la catástrofe para tratar de evidenciar que el Gobierno gallego no estaba en condiciones de afrontar esa situación.
Desde aquí tenemos que preguntar ¿cómo es
posible decir que un Gobierno no podía coordinar, que tenía dificultades para hacerlo o no sabía, cuando afortunadamente -y manifestamos nuestro profundo agradecimiento-, acudieron miles de voluntarios por un lado y personas especializadas en la
extinción de fuegos que otras comunidades autónomas enviaban a Galicia para afrontar el fuego? ¿Qué cómo sería posible que en ese corto espacio de tiempo se pudiera coordinar no solamente su trabajo, sino todo aquello que tuviera relación con la
infraestructura, la logística de alojamientos, etcétera? Tenemos que recordar -esto fue público y todas SS.SS. lo habrán podido observar en los medios de comunicación- la satisfacción manifestada por estas personas cuando marchaban por la gran
acogida que tuvieron por parte de la organización política, pero sobre todo de la organización ciudadana, en los pocos momentos que tenían de descanso, porque hay que reconocer las múltiples horas que todos ellos tuvieron que trabajar para poder
hacer frente a los fuegos, y hay que decir que la Xunta de Galicia supo canalizar perfectamente la colaboración ciudadana que estuvo a nuestra disposición.
Queremos decirlo porque algunos pueden no entender cómo en otros momentos en Galicia no se produjeron las mismas movilizaciones ciudadanas ante una catástrofe que por la magnitud, no solamente ecológica sino social y la gravedad que
significó para la vida de las personas, se puede considerar incluso mayor. La diferencia está en que este Gobierno nos dijo la verdad, nos demostró que estaba allí para actuar como tal y no tuvo ningún problema en reconocer las limitaciones que
tenía para hacerle frente y en hacernos partícipes de sus necesidades y dificultades y por tanto demandar la colaboración ciudadana. De ahí que podemos entender que el Gobierno gallego y el Gobierno central en esta ocasión estuvieron a la altura de
las circunstancias.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Fernández, muchas gracias.
Señor Mardones, en nombre de Coalición Canaria, su turno.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo parlamentario comparte la justificación expuesta en la exposición de motivos de la necesidad con carácter urgente de la convalidación de este real decreto-ley, que vamos a votar favorablemente. Lo
expuesto aquí coincide plenamente con nuestros principios de apoyo y solidaridad, lo dicho por el señor ministro del Interior, y con esta justificación de la necesidad. Estructuralmente este decreto-ley responde a la línea general con que
se han abordado otras catástrofes ecológicas o medioambientales similares por fenómenos meteorológicos adversos, inundaciones y sobre todo incendios forestales. Cómo no se va a sumar Coalición Canaria a las primeras palabras del señor Pérez
Rubalcaba, expresando su condolencia a las víctimas de Galicia cuando llevamos hoy el cuarto o quinto día de incendio en una isla patrimonio de la humanidad, en su riqueza ecológica, como son los montes de la cumbre de la isla de Hierro en Canarias,
donde se están volcando los medios disponibles en el archipiélago de Canarias. Y cuando estamos padeciendo este tremendo incendio forestal, con más de 1.500 hectáreas carbonizadas de bosque de la isla de Hierro en este momento, nuestro sentido de
solidaridad se ve plenamente comprometido. De aquí que nuestro voto favorable a la convalidación sea un voto de solidaridad, de condolencia, de apoyo, porque a veces nos sentimos hermanados, en este caso Canarias y Galicia, en la lucha contra los
elementos que son contrarios a un buen desarrollo de todo nuestro patrimonio ecológico y forestal. Por esta razón, señora presidenta, el voto de mi grupo será favorable a la convalidación.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Mardones.
Continuamos con el turno de la señora Navarro, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Cuando pueda.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señora presidenta.
Nuestro grupo va a votar a favor de la convalidación de este real decreto, sin entrar en el debate de fondo, es decir, sobre las causas de los incendios y la respuesta de las administraciones implicadas, de todas ellas, de cartas y demás,
así como, en su caso, la responsabilidad de las administraciones públicas por la gestión de esta catástrofe ecológica que ha vivido Galicia y el pésimo espectáculo que se ha dado a la ciudadanía.
Por cierto, fue el señor Fraga, ministro de Franco,
quien utilizó en el año 1989 los incendios como uno de sus ejes argumentales políticos, prometiendo su erradicación. Al ganar, se gastó inútilmente ingentes cantidades de dinero público en el Infoga, que ha sido un estrepitoso fracaso; en el
primer año se gastaron 8.000 millones de pesetas. Con la derecha siempre ocurre lo mismo; ustedes se gastan muchísimo dinero, todo cuesta más y no resuelven los problemas. Los expertos dicen que lo que se gasta en extinción no va a prevención y,
por tanto, los incendios no paran. Los datos son contundentes, casi todos los años se producen en Galicia más del 50 por ciento de los incendios forestales de todo el Estado.
Si nos centramos en el contenido del real decreto cuya convalidación hoy se somete a debate, al igual que en anteriores ocasiones solo podemos manifestar nuestro respaldo a las ayudas específicas para las víctimas, sus familiares y los
dueños de las explotaciones ganaderas o agrícolas afectadas. El real decreto recoge medidas básicas, paliativas y compensatorias con el objetivo de reparar los daños y recuperar las zonas devastadas por el fuego. A nuestro juicio, las medidas
reactivas contenidas en el real decreto que ahora toca debatir, no dejan espacio ni para las lecturas autocomplacientes por parte del Gobierno ni para discursos oportunistas, demagógicos sobre el fuego; del mismo modo que tampoco caben relecturas
de las competencias de las comunidades autónomas asimilando descentralización a ineficacia.
No vamos a reproducir el debate de la Diputación Permanente del pasado 17 de agosto; vamos a convalidar este real decreto desde la urgencia y la necesidad que se deriven de los efectos devastadores que ha dejado la oleada de incendios este
mes de agosto en Galicia y de las repercusiones y consecuencias trágicas que los mismos han dejado en la zona: pérdida de cuatro vidas y miles de hectáreas arrasadas en este nuevo desastre ecológico. Tampoco caben lecturas complacientes, porque el
Gobierno ha de tener presente que queda pendiente abordar de forma integral, desde el debate pausado y reflexivo, sin oportunismos de última hora, en colaboración con las administraciones locales y autonómicas, la adopción de nuevas medidas
proactivas y preventivas que mejoren las políticas forestales que junto con una inversión proporcionada den como resultado una importante reducción o desaparición de los incendios que año tras año, verano tras verano vienen asolando nuestros montes.
Pero, como digo, no solo hablamos de extinción, hablamos de abordar políticas de fondo frente al cambio climático, a la ordenación del territorio y a la especulación en materia forestal. El caso de Galicia llama especialmente la atención, donde
solo entre el 2 y 3 por ciento de los montes está en manos públicas, el resto se divide en montes en mano común y propiedad privada. Estos son más de 650.000 propietarios, más de 650.000 voluntades e intereses distintos y pocos que vivan del monte,
pocos que lo cuiden como requiere. Por tanto, tenemos que abordar este problema y exigimos responsabilidad de todas las administraciones públicas.
Por su parte, estimamos que este real decreto y, por tanto, el trámite de urgencia y excepcionalidad para legislar en este caso, está sobradamente fundamentado por la magnitud de los hechos y sus gravísimas consecuencias. Del mismo modo,
estamos de acuerdo con las ayudas específicas para víctimas y familiares, con las ayudas de reparación o compensación que contiene. Por consiguiente, como he dicho al inicio de mi intervención, votaremos a favor del mismo.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Navarro.
Muchísimas gracias.
Señorías, continuamos con el turno del señor Txueka en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
El señor TXUEKA ISASTI: Presidenta, señorías, mi grupo votará a favor de este real decreto de ayudas, pero me van a permitir una pequeña reflexión. Recientemente, en junio de este año, presenté un proyecto de recomendación a la Asamblea
del Consejo de Europa sobre los incendios en el sur de Europa. El dato de que en los últimos 25 años España y Portugal acumulen cerca del 75 por ciento de los incendios de Europa, con más de 7 millones de hectáreas quemadas -4,5 el Estado español,
de las cuales Galicia se lleva la palma- nos tiene que hacer reflexionar profundamente y volcarnos de veras en afrontar eficazmente este drama humano, medioambiental y económico que son los incendios forestales. Esta acumulación de incendios tiene
unas explicaciones naturales y climáticas, obviamente, pero en muchos casos no son naturales. Otros se deben a la desidia, al abandono y también a un cúmulo de circunstancias, características y peculiaridades de las zonas o regiones incendiadas. A
lo largo de este año he tenido ocasión de visitar repetidas veces tanto Galicia como Portugal, y la impresión general era que muchos de los montes estaban sucios vegetalmente, con una gestión deficitaria y sin limpiezas adecuadas y además en un
escenario y ambiente de descontento rural en esta materia. Se estaban abandonando, y se han abandonado, prácticas culturales de limpieza y aprovechamiento de los montes y apenas va quedando población interesada y práctica para el sostenimiento de
esta realidad forestal y de montes en Galicia y en el resto del Estado. El dicho de que los incendios se apagan en invierno es completamente cierto.
Hasta el presidente del Gobierno, señor Rodríguez Zapatero, lo dijo recientemente. Si no hay
prevención ante este tipo de incendios, poco efectivo cabe hacer a posteriori.
La verdad es que se han vivido escenas dantescas, también desde el punto de vista humano. Lo que más me afectaba eran las escenas televisadas de ciudadanos impotentes intentando apagar los fuegos con mangueritas y chorritos de agua, lo que
implica que no había ninguna previsión ante incendios en esas viviendas rodeadas de bosque. Yo diría que estamos hablando de desidias seculares, pero tanto de la Administración -con todos los respetos- como de los propios ciudadanos. Ellos no
pueden estar personalmente en esa situación. No vale achacar siempre todo a la Administración, que también. Esas son las escenas que más me impactaban, aparte de las tremendas desgracias que los incendios nos transmitían.
Al margen de esa reflexión, lo que verdaderamente me está deprimiendo es el actual escenario político, social y humano existente cuando veo que un fiscal de medio ambiente ha dicho en uno de estos días: los incendios en Galicia han ocurrido
en determinados momentos históricos y sociales; responden a un conflicto social de determinados colectivos o grupos de personas. No me atrevo a afirmar que estén coordinadas, pero sí se trata de una sucesión de incendios que responden a las mismas
causas. Y escuchen esto: los voluntarios o los participantes de los retenes antiincendios son un elemento que incide en la génesis de los incendios, más que de otras cosas. Lo dice un fiscal de medio ambiente. Siguiendo con el tema, un ex
vicepresidente de la Xunta ha llegado a decir hablando de una economía del fuego, que genera una estructura de negocio más lucrativa cuanto más se quema. No voy a hablar de las supuestas acusaciones de altos cargos del Gobierno sobre tramas
organizadas y coordinadas para desprestigiar o aprovechar políticamente estas tragedias o de que el PSOE exige a los populares que aclaren si sus alcaldes retrasaron su colaboración con la Xunta para combatir el incendio.
El Grupo Vasco, para que quede claro, no come en esa parroquia de confusión, en esa parroquia de cainismo político, en esa parroquia de auténtico botero. Pero también les decimos que así no vamos a ninguna parte. A los gobiernos del Estado
-y llevo dos legislaturas, por tanto he estado con dos gobiernos distintos- mi grupo ha manifestado machaconamente, en cuantas intervenciones en esta materia de desarrollo rural e incendios ha tenido, lo mismo, que junto con las comunidades
autónomas y con cada una por competencias y peculiaridades de su estructura forestal planteen líneas específicas de desarrollo rural coordinadas entre los departamentos y los ministerios correspondientes -Agricultura y Medio Ambiente- para el
cuidado y prevención de los montes. Léanse el 'Diario de Sesiones'; hemos insistido machaconamente durante cerca de seis años.
Respecto al real decreto, señor ministro, obviamente vamos a apoyarlo.
Entendemos que las ayudas son básicamente las que se necesitan, las habituales. Ahora bien, con los incendios de los montes no solo se quema la economía forestal y
agroganadera -usted ya lo ha dicho-, sino que también se queman las economías complementarias -medio ambientales, rurales, hosteleras- que tanta ilusión están creando en el medio rural y en concreto en Galicia que se les ha esfumado -y nunca mejor
dicho- este verano. Entiendo que dichas ayudas serán complementadas y atendidas también por la Xunta de Galicia de forma coordinada. Pero insisto, y termino, no nos engañemos; afrontemos y cortemos este nudo gordiano de 4,5 millones de hectáreas
que han ardido en los últimos 25 años y afrontemos de una manera mucho más constructiva y no tan cainita las verdaderas problemáticas y además con diagnósticos en los que básicamente coincidimos todos. Por lo tanto, con todo el respeto, pongámoslos
en práctica.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Txueka.
Continuamos con el turno del señor Ramón en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
El señor RAMÓN TORRES: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, permitan que mis primeras palabras sean para expresar la solidaridad desde Esquerra Republicana con el pueblo gallego y, especialmente, con las gallegas y los gallegos afectados directamente por los incendios
pasados y que exprese también nuestro más sentido pésame a las familias de las cuatro víctimas mortales de estos últimos incendios.
Señorías, por mucho que juguemos con las estadísticas y que las utilicemos para defender la acción del Gobierno o para intentar laminar la acción del Gobierno gallego o el Gobierno español, siempre vamos a tener que convivir con el riesgo de
incendios. Unos años nos puede ir mejor y otros, como éste, nos puede ir peor, pero fruto de las casualidades o las causalidades convivir con los incendios será irremediable. La realidad climática y ecológica del mediterráneo y de otras partes de
la península siempre llevará aparejada el riesgo de incendios. Una presencia muy significativa de masa forestal, sometida a corrientes de aire caliente en periodos de altas temperaturas, siempre será sinónimo de riesgo de incendio. Para reducir
este riesgo y sus consecuencias se pueden llevar a cabo muchas medidas -hoy les hablaré de algunas-, pero hoy desgraciadamente nos encontramos ante la última de las medidas que puede llevarse a cabo: asumir los costes directos del daño ocurrido.
Por solidaridad es necesario e inexcusable compensar los daños y agravios de una situación como la que ha vivido Galicia en este agosto. La impotencia que se vive ante un fenómeno destructivo de estas características obliga a solidarizarse
con los afectados y afectadas para reducir sus pérdidas y su dolor en la medida que sea posible. En este sentido, ya avanzamos que nuestro grupo votará favorablemente este real decreto y no vamos a pedir su convalidación como proyecto de ley porque
entendemos que la urgencia de tomar estas medidas así lo requiere. En Cataluña también se han vivido en años anteriores episodios de incendio que han ocasionado daños funestos; daños que todavía están latentemente en el territorio. El año 1994 se
quemaron 77.000 hectáresas y en 1998 la cifra de terreno quemado ascendió a 21.000 hectáreas, por citar los dos años más intensos de incendios forestales en nuestro país. Las dimensiones de los incendios de Galicia, con alrededor de 90.000
hectáreas quemadas, indican hasta qué punto es necesaria una aportación solidaria.
Señoras y señores diputados, con los antecedentes que tenemos en nuestro país, y que les comentaba anteriormente, entendemos la necesidad y la urgencia de este aporte de solidaridad. A pesar de ello, las medidas para compensar los daños
deben incentivar con más ahínco las medidas de prevención, porque si los incendios se pueden apagar de alguna forma ésta sólo puede ser en invierno. Los profesionales y los que han sufrido saben que si los bosques están secos, si hay poca humedad,
si hay calor y sopla el viento los incendios forestales no se pueden apagar con ningún medio.
Señorías, la dimensión material del daño se podrá analizar cuando haya finalizado la aplicación de las medidas del real decreto, y permítanme recordar también a este efecto el caso de Guadalajara. Esta magnitud del daño es lo que tiene que
dar idea de la magnitud con la que se deben emprender las medidas de prevención. Los incendios forestales son fruto de tres factores: un foco de calor, combustible y aire. Evitar el foco de calor es competencia autonómica, señorías; regular la
quema de rastrojos, prohibir y regular el acceso a determinados lugares, regular actividades, etcétera, son acciones de los gobiernos con competencias. El real decreto de medidas urgentes posterior a los incendios de Guadalajara apuntó algunas
medidas que se saltaron las competencias autonómicas. Esperamos que esto no vuelva a pasar y que cada cual asuma su responsabilidad y competencia en cada materia. Sabemos también, por ejemplo, que en Cataluña durante estos últimos 10 años las
causas de incendio han sido en un 40 por ciento negligencias y, en un 25 por ciento, son intencionados.
Así pues, las causas de los incendios deberían ser el mapa de ruta para diseñar las políticas de prevención en cuanto a evitar el foco de calor
y llevar a cabo una inspección permanente en el territorio para la detección precoz de cualquier incendio.
Otra cuestión, señorías, es el combustible. Aunque la gestión territorial se debe emprender desde la acción autonómica, nuestro grupo no deja de reclamar algo que nos parece de evidente necesidad y que es una lástima comprobar que no
fructifica, el aprovechamiento energético de la biomasa forestal. El abandono de las actividades agrícolas, silvícolas y de pastoreo en muchas zonas rurales obligan a que se pongan todos los medios disponibles para dinamizar nuevas actividades y
fórmulas de gestión de los recursos naturales. Esperamos que los planes autonómicos de desarrollo rural que están a punto de redacción lleven esta línea. Pero sobre el ámbito del aprovechamiento energético, que en la parte tarifaria es competencia
del Estado, creemos que el Gobierno no está dando la respuesta adecuada. ¿Saben que la dependencia energética de los combustibles fósiles nos ha llevado a una deuda de 3.800 millones de euros con las eléctricas, el pasado año 2000, por culpa de la
subida del precio del petróleo? ¿Saben que el mal estado de los bosques acaba a menudo con costes multimillonarios para compensar los daños y para llevar a cabo la extinción? ¿Han calculado el beneficio que supondría ofrecer una prima
extraordinaria para la electricidad procedente de las explotaciones forestales sostenibles o de protección de incendios? Nosotros creemos que no lo han calculado y, como les decía anteriormente, va siendo hora de que lo hagan. Hicimos constar esta
reclamación en la reciente Ley de montes donde, finalmente, aparecía en una disposición adicional segunda que el Gobierno, en el marco del Plan de fomento de energías renovables, actualizará las primas e incentivos
en las centrales de producción de energía eléctrica, en régimen especial, que utilicen como combustible biomasa forestal procedente de operaciones de prevención de incendios y de planes de gestión forestal sostenible.
Nos gustaría saber,
señores del Gobierno de España, qué hay de esta cuestión, si han tomado ya alguna medida en este sentido y entendemos que esa apuesta por la energía procedente de la biomasa forestal tiene que ser ya una realidad.
Señoras y señores diputados, como les he avanzado en mi intervención, nuestro grupo votará favorablemente este tipo de medidas porque entendemos que las acciones de solidaridad con el pueblo gallego son sumamente urgentes. Pero también
queríamos destacar hoy la falta de prevención, que es la única actividad que nos puede llevar a disminuir estos incendios forestales cuya producción, como les comentaba, por causas climatológicas va a ser inevitable. También sería necesario que
muchos partidos políticos intentaran no utilizar los incendios electoralmente.
Gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Ramón.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.
Tiene la palabra el señor Grau para fijar posición en relación con este decreto-ley.
El señor GRAU I BULDÚ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, intervengo en nombre de mi grupo para fijar nuestra posición favorable a la convalidación de este Real Decreto-ley 8/2006, de 28 de agosto, un real decreto general que, en definitiva, intenta resolver de inmediato y de una forma
urgente la problemática acaecida después de una importante serie de incendios. Estos decretos que se originan en el inicio del periodo de sesiones parlamentarias de septiembre es casi una constante -al menos el año pasado y en el actual- y van
dirigidos a convalidar unas acciones de soporte a las llevadas a cabo urgentemente por el Gobierno ante unas catástrofes importantes producidas por los incendios de este verano. Ya han citado otros portavoces la magnitud y la frecuencia con que se
producen en todo el arco mediterráneo los incendios, sobre todo en España y Portugal, y esta constante nos tiene que hacer pensar en alguna acción más preventiva a la que me referiré más adelante. Desgraciadamente, pues, cada verano los periódicos
llenan sus páginas y las televisiones sus noticiarios con temas principales que son estos incendios forestales, y este año de una forma más contundente con los producidos en Galicia, donde ha sido un año puntero respecto a los anteriores veranos.
Quisiera recordar aquí la situación dramática producida el año pasado en Guadalajara que, con once muertos del grupo de voluntarios, movilizó a esta Cámara, en primer lugar, con una reunión de la Diputación Permanente en la que hubo un
acalorado debate y, en segundo lugar, procediendo, de forma también urgente, a la aprobación de la Ley de bosques durante el anterior periodo de sesiones, para fijar unos parámetros que evitaran los incendios o que al menos dieran los elementos de
prevención y de preservación de la riqueza forestal del país y, además, que se recuperaran los bosques para restaurar la situación anterior. Parece que, a la luz de los hechos acaecidos durante este verano en Galicia, la situación no ha cambiado
sino que, todo lo contrario, ha ido a más. Será ahora pues cuando nuestra labor parlamentaria deberá dar sus frutos pidiendo la aplicación más estricta de la Ley de bosques, de los preceptos de la ley y que se realicen, de acuerdo con las
previsiones de este real decreto, los trabajos de reforestación y recuperación de la superficie boscosa, siendo muy escrupulosos con la aplicación de los principios de la ley. En primer lugar, la magnitud de los incendios acaecidos, la diversidad
de focos y las condiciones meteorológicas adversas hicieron imposible actuaciones más rápidas. También quiero lamentar las víctimas que ha habido y los destrozos; nuestro grupo, como han hecho anteriores intervinientes y el señor ministro,
manifiesta nuestro más sentido pésame. Asimismo destacamos, como ha hecho ya la portavoz del Bloque Nacionalista Galego y el señor ministro, la claridad o al menos la veracidad de la información y el mantenimiento de los elementos suficientes o al
menos disponibles en la información a la ciudadanía de las acciones de extinción.
Como decía al principio, y ya lo ha dicho también algún otro portavoz, es importante pensar en más acciones. Tenemos que hacer previsión, no tenemos solamente que acudir cada año, como una retahíla o con una periodicidad normal, a paliar
los daños causados; tenemos que pensar en que esta reforestación, el mantenimiento de los bosques y la ley han de tener al menos algunos efectos positivos en la no reiteración de los daños que se producen en nuestros bosques. Nosotros queremos
manifestar nuestra posición favorable a la ley y decir que revisaremos de alguna forma las acciones de prevención posibles, instando al Gobierno a su cumplimiento. También sabemos que, por razones de proximidad y por razones de competencias
transferidas, corresponde a las comunidades autónomas la implementación de estas medidas y que de alguna forma la mesa sectorial tendrá que establecer los elementos para que esta situación no se repita en los años posteriores.
Nuestro grupo se felicita por la inclusión en el apartado tres del artículo primero del ámbito de aplicación de estas normas excepcionales.
Se cita en el mismo que la inclusión de las normas de ayuda será por analogía cuando los daños
precisen ayudas equivalentes a las que se determinan en el real decreto. Por tanto, este ya es un decreto más general y evita al menos la práctica parlamentaria de tener que acudir a otros reales decretos específicos para zonas que no fueran las de
Galicia. Nuestro grupo se felicita por ello y agradece al ministro la inclusión de este tema en el ámbito de aplicación.
Nuestro grupo tuvo que reiterar esta situación en los reales decretos del Ministerio de Agricultura cuando se produjeron las heladas. Se hicieron tres reales decretos, no solo uno, para pérdidas superiores y para situaciones de tiempo más
extendidas, porque, cuando se actuó con urgencia, no se había acabado el periodo invernal y se introdujeron en las posteriores.
Entendemos que a estas alturas del calendario no se van a producir nuevos incendios más allá del mes de noviembre, pero dado, como ha explicado el portavoz del grupo canario, que en la isla del Hierro en este momento se están quemando 1.500
hectáreas, pensamos que tampoco sería un dislate extender hasta el final del año presupuestario la validez de las medidas, no recortándolas, como hace el real decreto que es objeto de convalidación, a primeros de noviembre. Este principio que en
definitiva pide la aprobación de esta Cámara para esta actuación especial, dado que también se han producido incendios en otras comunidades, a nosotros nos parece que debe aplicarse donde sea necesario, en la provisión que hace el propio decreto.
Considerando, según decía al principio de mi intervención, que tenemos que recurrir a estos reales decretos año tras año, deberíamos establecer algunas bases, de la misma forma que ha hecho el apartado tres, para aunar ciertos mecanismos
legislativos que autoricen de una forma más automática al Gobierno a actuar con mayor comodidad para que de alguna forma pueda transferir las acciones correspondientes a las comunidades autónomas con responsabilidad en este tema, compartiendo con
ellas al menos estas acciones extraordinarias. En este caso me refiero en especial a la Comunidad Autónoma de Galicia.
Finalmente, nuestro grupo manifiesta que va a dar la confianza al Gobierno con la aprobación y convalidación de este real decreto, para, en aras de la urgencia y de la ayuda que nos parece que es necesario dar a los afectados, no entorpecer
con una tramitación como proyecto de ley lo que en este caso ya es suficiente, de acuerdo con el articulado del real decreto cuya convalidación se nos propone.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Grau.
Continuaremos con la señora Sainz, por parte del Grupo Parlamentario Popular, y después con la señora Marón, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, para finalizar la fijación de posiciones de este real decreto-ley.
Tiene la palabra la señora Sainz.
La señora SAINZ GARCÍA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, venimos a este debate a convalidar un real decreto sin que el Gobierno haya querido comparecer, negándose a dar la más mínima información sobre los fallos, sobre las negligencias y sobre la terrible descoordinación, y sin conocer
las causas de una catástrofe humana que segó la vida de cinco personas, a cuyas familias mandamos toda nuestra condolencia, y que provocó la mayor catástrofe ecológica de la historia de Galicia. Supuso tremendos daños socioeconómicos; cerca de
100.000 hectáreas arrasadas hablan de unos daños medioambientales irreparables y que evidencian claramente que la política de prevención, la política de prevención, repito -señorías, llevan dos años gobernando-, la lucha contra los incendios por
parte del Gobierno, del Gobierno también bipartito de la Xunta, PSOE y Bloque, fue un tremendo fracaso. Y el Gobierno central tuvo mucha responsabilidad en la crisis por no actuar adecuadamente. Fue responsable porque tardaron en reaccionar,
señorías, en enviar los medios, cuando los enviaron estaban ya presentes allí los medios del Estado; no coordinaron, no dirigieron, en enviar al ejército, en no suscribir ese convenio tan importante con el ejército, que todos los años estaba
patrullando las llamadas zonas calientes, en solicitar ayudas a tiempo, en ayudar, en escuchar, en no escuchar, porque no lo hacía, a los sufridos alcaldes, que, con los vecinos, fueron quienes apagaron los incendios; por el fracaso, repito, de
toda una política forestal, también del Estado; por la reforma absolutamente fracasada de la Ley de Montes. Y en plena crisis solo se dedicaron a faltar a la verdad. Han inventado tramas falsas, han insultado a los honrados gallegos -como hizo la
ministra de Medio Ambiente-, han insultado al Partido Popular, lo cual, además de ser absolutamente falso, es indigno, señorías. ¿Y todo ello para qué? Para poner una cortina de humo que ocultase su ineficacia. Pero ese es un esfuerzo baldío,
imposible, porque, señorías, la imagen de las llamas avanzando y de los vecinos tratando de luchar contra ellas con cubos, con mangueras, con ramas, abrasándose los pies y sufriendo su vista, sin que ustedes les diesen ningún medio para protegerse,
ha quedado para siempre como una imagen clara y evidente de la mayor ineficacia del Gobierno del Partido Socialista y de la Xunta, del Bloque junto con el PSOE. (Aplausos.)
Ante esta catástrofe, llegan hoy aquí -señor Rubalcaba, lo menos que podía hacer es atender- sin haber dado ninguna explicación de su gestión, con un claro ocultismo, sin querer aclararnos absolutamente nada -cuando la información es una
exigencia democrática-, negándose a admitir la más mínima responsabilidad. Eso sí, solo insultando a los gallegos y solo insultando al Partido Popular. En esta comparecencia, qué menos que exigirle, señor Rubalcaba, una evaluación de la
catástrofe. Porque no se puede venir aquí con un real decreto sin conocer su alcance. Una catástrofe que tiene encima cinco vidas humanas y 100.000 hectáreas abrasadas y que desde luego no fue motivo para que los señores ministros interrumpiesen
sus vacaciones y celebrasen un Consejo de Ministros. Si tarde llegaron a Galicia a apagar los incendios, tarde llegaron también con este decreto: 24 días para hacerlo, para dedicarle la más mínima atención, y más de un mes para convalidarlo.
Y si tarde llegó la respuesta, las ayudas son además -tiene que saberlo la Cámara- manifiestamente insuficientes. Lamentablemente son ridículas y yo diría incluso que son una burla para los ciudadanos gallegos. Si siguiese la tónica de
esta Cámara, las palabras del Bloque Nacionalista Galego, por ejemplo, tendría que felicitarles, pero tengo responsabilidad. Mi obligación es defender los intereses de los gallegos y yo le digo a usted que es una burla para los gallegos. No se
cubren los daños completos directamente sufridos ni se cubren los indirectos, algo que es absolutamente fundamental. No es solidario, no es justo, cubre simple y testimonialmente algunas pérdidas, pero con tantas limitaciones y exclusiones que es
un puro engaño. Lo que hubo en Galicia -no sé si se han enterado ustedes- han sido incendios forestales. Pues bien, ustedes, en el decreto, eliminan a los afectados por los incendios. Sí, es que no lo hacen. El decreto no es de aplicación para
los verdaderos afectados, porque excluyen a los propietarios de las superficies forestales, que son la inmensa mayoría de los propietarios de los montes gallegos, que han perdido su inversión, que han perdido su capital y su futuro, señoría, y a los
que tendrían que contemplar como principales afectados de este decreto. No hacerlo simplemente es una burla. Por cierto, remiten a una orden para la delimitación de los ayuntamientos a los que se va a aplicar este decreto. Yo tengo que decirles
que después del día 14 hay una referencia; después del día 14 ha habido incendios muy graves en Galicia, de las mismas características. Me acuerdo en este momento del de Quiroga, que empezó el día 30 de agosto y finalizó el 4 de septiembre, con
las mismas características, con un dramatismo enorme y con unos daños tremendos. Por cierto, ayuntamiento al que el Gobierno del Bloque Nacionalista Galego y del PSOE redujeron una brigada.
Decía además que estas ayudas están llenas de limitaciones. ¿Y por qué lo digo? Porque justificamos las cosas. Las ayudas a víctimas son ridículas, porque estamos hablando de personas que han perdido la vida. ¿Díganme ustedes qué
indemnización hay ahí? Porque las indemnizaciones de los daños y deducciones fiscales solo se contemplan en producciones y actividades agrícolas y ganaderas, porque no consideran que haya daños indirectos en las empresas, en el sector ganadero,
agrícola, etcétera. Y esto sencillamente es inadmisible, porque hubo muchas pérdidas económicas de este tipo, causadas por los daños de los incendios. Las ayudas no cubren las pérdidas sufridas y esto sencillamente no es justo ni solidario. Yo
les pregunto: ¿Por qué las ayudas solo se destinan a quienes han sufrido pérdidas superiores al 20 por ciento de su producción? ¿Por qué para acceder a ayudas en viviendas hay que residir, señorías, en los términos municipales en los que se han
producido los incendios y tener el domicilio habitual en los mismos? ¿Por qué, señorías? ¿Por qué, si un ciudadano tenía una segunda vivienda, seguramente hecha con su esfuerzo, con sus ahorros y su trabajo, y se ha quemado por negligencia, en
todo caso por la acción de unos pirómanos, no va a tener derecho a ayudas? ¿Por qué si la vivienda solo ha sufrido daños se fija una cantidad mínima de 12.000 euros, cuando puede no llegarle absolutamente para nada? ¿Por qué se fija el tope de
ayudas en el precio de la vivienda de protección oficial? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué, señorías, solo se atenderá al 40 por ciento de las pérdidas de las actividades y únicamente para las agrícolas y ganaderas? ¿Qué sucede con las demás?
Y sigamos, créditos del ICO. Atiendan. No van a servir para impulsar el crecimiento económico gallego. Lo lógico es que ustedes hablasen con todas esas empresas afectadas e impulsaran ayudas para todo el crecimiento gallego, que se vio
frenado por esta tragedia, pero no lo van a hacer, porque para ello tendrían que incrementar un 25 por ciento los recursos. Pero hay algo mucho más grave en relación con esto. Debo decirles que no deben engañar, porque hasta la fecha no han
instrumentalizado ninguna línea específica para Galicia, como dicen en el decreto. Les aseguro que, al menos hasta ayer, cuando llamábamos al teléfono 900 121 121, del ICO -si quieren, hacemos la prueba desde un teléfono del Congreso de los
Diputados-, lo que decían era que no se creó ninguna línea específica para Galicia y que en todo caso deberían irse a una de carácter anual que hay en el medio ambiente. Mire adónde llegan, a traer a convalidar un decreto en el que se dice que se
instruyó un crédito especial y al menos hasta ayer eso no era cierto. Tampoco contemplan las rentas de trabajo para todas aquellas personas que han tenido que dejar de trabajar, como se hizo en otras ocasiones. No hay beneficios fiscales
claramente aplicables a los propietarios forestales y comunidades de montes afectados, ya que es dudoso que en la práctica puedan acogerse a los beneficios del IBE y del impuesto sobre sociedades económicas. Y se olvidan de que los productores
forestales afectados deberán hacer frente a ingresos extraordinarios procedentes de las ventas de maderas quemadas que pueden comercializarse y que deberían beneficiarse de las deducciones fiscales cuando pudieran volver a invertir de nuevo en ello.
El apartado de medio ambiente, señorías -y tengo que ir muy deprisa-, dice muy poco del Gobierno, porque no han sido capaces de concretar absolutamente nada. Se despachan con un texto completamente ambiguo, en el que las pocas medidas
forestales que se incluyen excluyen el objetivo económico. Las preguntas que yo me hacía en relación con ese otro apartado tendría que decirlas ahora, pero no puedo. Les preguntaré simplemente qué va a ocurrir con los montes de titularidad
privada, que suponen en Galicia más del 80 por ciento de la superficie forestal. ¿Se da cuenta de que dejan prácticamente fuera todos los montes quemados? ¿Qué culpa tiene el propietario de hecho? ¿Desconocen que han sido las inversiones
forestales de propietarios particulares las más afectadas y que es necesario disponer de
recursos? Con lo dicho queda claro, señora presidenta, que todas las ayudas son insuficientes e inconcretas.
Nosotros vamos a apoyar el decreto, porque todo aquello que represente un mínimo recurso para Galicia siempre contará con nuestro apoyo, pero es lamentable que se haga de esta manera tan excluyente y ambigua, hasta el punto de que más que
ayudas supone un nuevo freno a la recuperación económica de Galicia. Ya han frenado el Plan Galicia y ahora, lejos de aportarnos un plan de regeneración económica y medioambiental, presentan un decreto que es una filfa. Demuestran que simplemente
es para salir del paso, que es irreflexivo y que no conocen la realidad de Galicia ni lo que ha sucedido en Galicia con los incendios. La habrán visitado en coche oficial, pero no se han enterado de nada. Bien es verdad que no han querido hablar
con las personas afectadas, han seguido de vacaciones y hoy, sin haber dado ninguna explicación -algo que las más mínimas reglas democráticas exigen a todo Gobierno-, presentan un real decreto, que pedimos que sea tramitado, señora presidenta, como
proyecto de ley, porque el que hoy vamos a convalidar deja fuera a los verdaderos afectados por los incendios y está lejos del impulso que la economía gallega requiere para hacer frente a la mayor catástrofe ambiental y socioeconómica que sufrió
Galicia.
Nuestro grupo, señora presidenta -y termino-, ha solicitado una comisión de investigación para que expliquen y aclaren esta catástrofe, en la que han faltado los medios en el momento preciso. No ha existido la coordinación que hubiese
permitido combatir a tiempo los incendios e impedir esta terrible catástrofe. Tenían competencias, señorías, pero han sido claramente incompetentes e ineficaces. Desconocen desde luego la palabra dimisión. Les ha sobrado -eso sí- mucha demagogia
y eso, señorías, el pueblo gallego no lo merecía. (Un señor diputado: ¡Muy bien!-Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Sainz.
Finalizamos este turno de fijación de posiciones, señorías, con la intervención de la señora Marón en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Adelante, cuando quiera, señora Marón.
La señora MARÓN BELTRÁN: Gracias, presidenta.
Señorías, en nombre del Grupo Socialista quiero que mis primeras palabras sean de solidaridad con las familias de las cuatro personas fallecidas, solidaridad con las personas afectadas por las consecuencias de los tremendos incendios que
asolaron una parte de Galicia durante diez días, que parecieron infinitos, y por la impotencia y la gran incógnita de saber quién quiere tal desastre.
Como diputada coruñesa y apenada, como miles de gallegos, por lo ocurrido, quiero decirles que, pese a ello, hago esta intervención con orgullo y mirando al futuro. En primer lugar, porque durante los días en que los fuegos arrasaban
Galicia hemos tenido a nuestro lado al Gobierno de España, a nuestro presidente Rodríguez Zapatero; los ministros del Interior, Medio Ambiente, Agricultura y Defensa, con prontitud han acudido a Galicia. Han estado codo con codo con el presidente
de la Xunta y su Gobierno y por tanto con los gallegos -no como en otras circunstancias-. Y no solo con su presencia, señorías, sino con recursos materiales y humanos, con un despliegue impresionante de medios nunca visto hasta el momento, hemos
tenido la solidaridad internacional, la solidaridad de la España plural, de todas las comunidades autónomas y de miles de profesionales y voluntarios, que lucharon con todas sus energías contra el fuego en Galicia. Quiero agradecérselo. En segundo
lugar, estoy orgullosa de la respuesta del Gobierno que, una vez conocidos los daños, en el primer Consejo de Ministros aprueba el real decreto que acaba de presentar con toda brillantez el ministro del Interior, señor Pérez Rubalcaba, y que cubre
un amplio abanico de medidas para hacer frente a las consecuencias del fuego, algunas irreversibles, como la vida, pero que al menos permiten paliar y mitigar sus consecuencias, tanto en pérdida de vidas humanas como en daños materiales y humanos y
abre un futuro a la esperanza para la regeneración medioambiental de las zonas afectadas.
En el real decreto que viene hoy a convalidación, y que ha detallado con precisión el ministro, las medidas se agrupan, como saben, en seis grandes bloques: ayudas por daños personales y en materia de vivienda; ayudas para compensar
pérdidas en producciones agrícolas y ganaderas; beneficios fiscales sobre bienes inmuebles y actividades económicas, agrarias, módulos de IRPF o IVA; medidas laborales y de Seguridad Social; líneas de crédito preferencial, de créditos del ICO,
que abre una línea por valor de 25 millones de euros -y no le quepa la menor duda, señora diputada del Grupo Parlamentario Popular, que el Gobierno dialogará con todas las empresas y con todos los colectivos-, y un último bloque de cooperación con
las administraciones locales y con actuaciones de cooperación con la Comunidad Autónoma de Galicia, que incluye actuaciones urgentes de gran importancia contra la erosión y para la restauración hidrológica, forestal y la regeneración de las zonas
afectadas, que suponen unos 126 millones de euros; con la capacidad para declarar zona de actuación especial y, algo muy importante, con la creación de una comisión interministerial de seguimiento y aplicación de las medidas, como ya se ha hecho en
Guadalajara, con excelente gestión, y no con decretos, como en otros tiempos, a beneficio de inventario, que ni se evaluaban, ni se conocía su cumplimiento. Valorando las medidas que vienen en este real decreto en unos 40 millones de euros,
aproximadamente, y sumando las medidas de la Xunta de Galicia y las medidas de regeneración, los 126 millones a los que acabo de hacer referencia se ponen en 179 millones de euros.
Si me lo permiten, señorías, quiero resaltar, como gallega que ha vivido con angustia los diez días más duros del verano, algunas reflexiones. En Galicia, desgraciadamente los incendios han sido una constante cada verano, porque el Partido
Popular, que ha gobernado prácticamente los 25 años de democracia, no ha hecho nunca una política de prevención, de la que tanto hablaban; no han hecho nunca una política de prevención ni de protección de los montes. Les voy a dar un dato, y ya lo
di ayer: la acumulación de masa combustible en los montes de Galicia supera la cifra de 28 millones de toneladas. Dicho de otra manera, 14 toneladas de combustible por cada hectárea de monte. Los montes gallegos, con calor, sequía y viento, como
ocurrió este verano, son un polvorín en potencia, que es muy fácil activar. Hay connotaciones específicas en los fuegos de este verano, concentrados de una manera infernal entre el 4 y el 13 de agosto. Casi 2.000 incendios, con un promedio de
cinco focos por fuego, concentrados en zonas costeras muy habitadas y en entornos urbanizados, más de 500 núcleos de población -que se dice pronto- cercados por las llamas de dimensiones sin precedentes, que hacen peligrar vidas humanas, bienes y
enseres, y que causaron un tremendo daño medioambiental. Los fuegos fueron una constante cada verano en Galicia, se quemaron miles de hectáreas, pero nunca se dieron estas circunstancias. Desde luego, evidencia a las claras una intencionalidad
manifiesta y considero que las 66 detenciones, aproximadamente, son solo una anécdota ante tan dramáticos hechos que tienen unas connotaciones muy profundas que aún tenemos que conocer.
El general de la Guardia Civil decía ayer en algún medio de comunicación que no cree que haya una trama, pero que debemos hablar de criminalidad organizada. No sigo la frase. Tanto el Gobierno de España como el Gobierno de la Xunta de
Galicia actuaron coordinadamente, con un despliegue de recursos impresionante. Algún día se contabilizaron más de 8.500 efectivos, casi 1.000 vehículos, 750 aviones y helicópteros, y trabajando desde los primeros días en las medidas para paliar tan
trágicas consecuencias. Nunca, nunca, se concentraron tantos medios y nunca las medidas acordadas fueron tan amplias. Hubo total transparencia informativa en los medios públicos, no como en otras ocasiones. Señora Sainz, en mi grupo parlamentario
no hay una carrera contra reloj a ver quién interviene con más dureza, agresividad y desatino. En mi grupo parlamentario hay responsabilidad y en el Gobierno hay capacidad para gestionar, y eso es lo que se necesita cuando se gobierna un país o
cuando se gobierna una comunidad autónoma. Compara esta catástrofe con otras situaciones de mal recuerdo y que no voy a citar; manos y remos sí que hemos visto de muchos ciudadanos en las rías gallegas, porque no tenían medios y porque su
Gobierno, que tenía que estar allí, no estaba.
En mentiras y manipulación son unos excelentes expertos. Mientras tanto, me hago alguna reflexión: ¿Cómo colaboraba en desactivar el fuego el principal partido de la oposición en Galicia? ¿Cómo
participaba? ¡Qué me va a decir de manguerita, señora Sainz! El ejemplo del señor Feijoo manejando una manguerita de jardín de regar geranios fue un ejemplo de que una foto vale más que mil palabras. (Aplausos.) Ese fue uno de los ejemplos.
Incitar a la rebelión civil, cuando durante dieciséis años de Gobierno del PP no han hecho nada más que apagar fuegos puntuales pero nada para prevenirlos, porque ni siquiera pedían ayuda al Gobierno, ni siquiera hubo un solo decreto ley de medidas
para protección de los suelos de Galicia y de los montes quemados.
Díganme cuándo vinieron a este Parlamento medidas para paliar los fuegos de Galicia. Eran tan suficientes que se quemaba el monte pero no había ayudas. (Aplausos.) Dirigentes del Partido Popular han cometido una tremenda irresponsabilidad
política, señorías. Han enviado, como es público y notorio en todos los medios, una carta con instrucciones a alcaldes y militantes del partido, donde dicen, en primer lugar, que en los convenios no hay grandes diferencias con los anteriores -por
tanto, estos no eran tan malos- y, en segundo lugar, algo mucho más grave: les invitan a no firmar tales convenios -también lo saben- con una estrategia basada no en la negativa sino en la maliciosa dilación, que puede llegar a no tener operativas
las brigadas, como ocurrió, con los medios necesarios para actuar. Esto está en los medios. Señorías, es una irresponsabilidad política de la que deben dar cuenta, anteponiendo pingües réditos políticos a vidas humanas, a bienes, a enseres y a
nuestra gran riqueza forestal. (Aplausos.) Son unos desaprensivos. ¿Es acaso esta carta y esas instrucciones el primer peldaño de algo más? Lo dejo en el aire. Señorías, es normal que los ciudadanos les valoren como les están valorando. Es
normal y que estén viviendo sus propias contradicciones. El señor Barreiro decía ayer que retaba a que se demostrara, pero el señor Feijoo dice que admite errores y que desconocía la carta. Bien grave es que no se entere ni de lo que ocurre en su
propio partido. (El señor Martínez-Pujalte López: ¿Ha habido incendios?)
Para finalizar, señorías, el Grupo Socialista valora muy positivamente la gestión de los incendios, los medios aportados, la coordinación, la respuesta a los múltiples daños ocasionados y, sobre todo, los medios, que se abren a la esperanza,
al futuro, a la regeneración de las zonas calcinadas, y las medidas de prevención que ya han empezado a ponerse en práctica. Señorías, finalizo. Que el monte gallego sea riqueza y no catástrofe y en eso colaboremos todos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora Marón.
Llamamos a votación. (Pausa.-El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a realizar dos votaciones. En primer lugar, votación del Real Decreto-ley 8/2006, de 28 de agosto, por el que se aprueban
medidas urgentes en materia de incendios forestales en la Comunidad Autónoma de Galicia.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 308; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
El Grupo Parlamentario Popular ha solicitado que se tramite el real decreto-ley convalidado como proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 136; en contra, 168; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la solicitud del Grupo Parlamentario Popular para que se tramite como proyecto de ley.
INFORME ANUAL SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO.
-DICTAMEN DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS EN RELACIÓN CON LA DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO DEL EJERCICIO 2003, ASÍ COMO LA RESOLUCIÓN ADOPTADA POR DICHA COMISIÓN.
(Número de expediente
250/000007.)
El señor PRESIDENTE: Punto VIII del orden del día: Informe anual sobre la cuenta general del Estado. Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la declaración sobre la cuenta general del
Estado del ejercicio 2003, así como la resolución adoptada por dicha Comisión.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra Doña Isaura Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Únicamente quiero explicar nuestro voto. Vamos a votar favorablemente la resolución que plantea la aprobación por la Cámara de un conjunto de medidas que servirán para obtener una información más amplia, mejor y
más transparente respecto a la evolución de las distintas cuentas que componen la cuenta general del Estado, así como para aumentar el control sobre la misma a través de la introducción de obligaciones para los entes y entidades que la conforman,
todo ello con el fin de mejorar nuestras técnicas presupuestarias y obtener un mayor control sobre la evolución y ejecución del presupuesto y en suma del conjunto de cuentas públicas.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias. Tiene la palabra el señor Tomé.
El señor TOMÉ MUGURUZA: Señor presidente, señoras y señores diputados, quiero en primer lugar reconocer el exhaustivo trabajo llevado a cabo por el Tribunal de Cuentas y la presentación que su presidente hizo a la Comisión Mixta el pasado
26 de mayo, que sirvió para aclarar aspectos muy importantes. Quiero también expresar la satisfacción de mi grupo por los acuerdos alcanzados en la Comisión Mixta, un conjunto de recomendaciones que van a servir para mejorar la información que el
Gobierno presenta con ocasión de la rendición de la cuenta general del Estado y para facilitar los trabajos tanto del Tribunal de Cuentas como de las Cámaras en el examen de la misma.
El Grupo Popular va a votar favorablemente, como no podría ser menos, la declaración sobre la cuenta general del Estado del ejercicio 2003, cuenta que, tal y como señala el dictamen de la Comisión Mixta sobre la base de lo expuesto por el
Tribunal de Cuentas, presenta la estructura y contenido establecidos en las disposiciones legales aplicables, es coherente internamente con la documentación complementaria que le sirve de fundamento y refleja adecuadamente la actividad
económico-financiera, así como la situación patrimonial del Estado en el año 2003. Con la aprobación por las Cámaras de la declaración sobre la cuenta general del Estado, espero que con la misma unanimidad que se puso de manifiesto en la Comisión
Mixta, se habrá cerrado el ciclo presupuestario correspondiente al ejercicio 2003, cumpliéndose así el mandato que la Constitución atribuye a las Cámaras en relación con el presupuesto del Estado.
Señorías, con la aprobación de la cuenta general correspondiente a 2003 no solo se cierra un ejercicio presupuestario más, sino todo un ciclo político desde el punto de vista económico y financiero, el correspondiente al Partido Popular en
el Gobierno de la nación; ocho años de Gobierno que supusieron un cambio fundamental en la gestión de la política económica y presupuestaria, en los que se equilibraron las cuentas públicas superando una situación de déficit estructural que
lastraba nuestro bienestar y nuestra capacidad de crecimiento desde el comienzo de nuestra democracia; ocho años de Gobierno en los que la política presupuestaria fue un elemento clave de una política económica que contribuyó a la convergencia de
la renta per cápita de los españoles hasta el 90 por ciento de la Unión Europea o a que más de cinco millones de nuevos empleos redujesen la tasa de paro en más de diez puntos, por debajo del odioso 20 por ciento de la población que había llegado a
alcanzar; ocho años de transparencia, de cuentas claras y objetivos cumplidos sin desviaciones ni escándalos.
Del análisis de lo expuesto por el Tribunal de Cuentas se deduce una espectacular mejora de las cuentas públicas con respecto a la situación existente en 1995, tanto en lo que se refiere a las salvedades y observaciones
efectuadas como a la mejora de la cuenta general como instrumento resumen de la gestión presupuestaria del Gobierno y, sobre todo, al radical cambio del saldo presupuestario y el cumplimiento de los objetivos de déficit. Frente a unos
gastos pendientes de contabilizar, superiores a un billón de pesetas, y a un déficit que supuso, después de ajustes, más del 7 por ciento del producto interior bruto en 1995, nos encontramos con un superávit presupuestario en 2003. El ejercicio
2003 fue importante también por ser el primero en el que se aplicó la Ley General de Estabilidad Presupuestaria en la programación y elaboración de los presupuestos, con sus principios de estabilidad, plurianualidad, transparencia y eficacia. Se
culminaron así las reformas que desde 1996 venían reforzando la transparencia y las garantías del proceso presupuestario.
Por eso, y sin ánimo de ser polémico en esta ocasión, permítanme, señorías, que exprese la satisfacción de mi grupo en el momento en el que vamos a aprobar la declaración sobre la cuenta del Estado correspondiente a 2003. Lo habremos hecho
dos meses y medio antes que la aprobación de la cuenta general del ejercicio 2002 en noviembre del año pasado. Algo se ha ganado, pero no suficiente. Para que el examen de la cuenta general del Estado por las Cámaras tenga la deseable
trascendencia política y sea un auténtico instrumento de control del Gobierno es necesario continuar el proceso de reducción de los plazos que se está llevando a cabo a lo largo de esta legislatura. El informe del Tribunal de Cuentas pone de
manifiesto distintos defectos que sin embargo no impiden su aprobación por la falta de representatividad relativa de las entidades no incluidas por no haberse recibido la documentación en el momento del cierre de la cuenta y porque la realidad de
los mismos no ha impedido al Tribunal de Cuentas hacerse opinión y manifestar que las cuentas representan adecuadamente la actividad económico-financiera del Estado. Señorías, también el Tribunal de Cuentas ha vuelto a poner de manifiesto en su
informe correspondiente a 2003 las mismas discrepancias de años anteriores con respecto a determinados criterios e interpretaciones sobre el alcance y la forma de presentar la información, en particular en lo que se refiere al procedimiento de
consolidación de cuentas entre todos los agentes del sector público estatal. Todo ello sin perjuicio de que se reconozca que la cuenta se ha formulado conforme a la normativa aplicable.
Conocen SS.SS. que la cuenta general del Estado está integrada por la cuenta general de las administraciones públicas estatales, la cuenta general de las empresas estatales y por la cuenta general de las fundaciones estatales. Por eso
resulta tan importante la correcta consolidación, mediante ajustes y eliminaciones que vayan más allá de la mera agregación algebraica, de las cuentas rendidas por los responsables de las distintas entidades. El objetivo es poder disponer de una
información sintética y de conjunto de la actividad de la totalidad del sector público estatal, tanto en lo que se refiere a los resultados del ejercicio como a la ejecución y liquidación de los presupuestos.
El debate sobre la cuenta general del Estado, sin embargo, no puede convertirse año tras año en un debate entre los diferentes criterios de interpretación y aplicación de principios técnico-contables previstos en el Plan general de
contabilidad pública. Por eso resulta tan importante a este respecto la aplicación efectiva de la moción sobre la formación, alcance y contenido de la cuenta general del Estado que aprobó el Tribunal de Cuentas a instancias de las Cámaras.
En este sentido van las resoluciones que se han aprobado en la Comisión Mixta y que hoy se someten a la consideración de esta Cámara. Por un lado, se insta al Gobierno a que impulse las modificaciones legislativas necesarias para dar
cumplimiento a las resoluciones de las Cámaras en relación con la moción del Tribunal de Cuentas; por otro lado, se le insta a que acelere el proceso de consolidación de las cuentas públicas presentando en todo caso información periódica a la
Comisión Mixta sobre la marcha del proceso. La resolución también insta al propio Tribunal de Cuentas a que en su informe presente la información de una forma más sintética que permita la fácil comparación intertemporal. Si queremos que el examen,
debate y, en su caso, aprobación de la declaración sobre la cuenta general del Estado tenga la auténtica relevancia política que merece una evaluación ex post sobre el cumplimiento de los objetivos presupuestarios hace falta que las cámaras y toda
la sociedad dispongan de información sintética, suficiente y relevante en el plazo más breve posible desde el cierre del ejercicio. Los trabajos que a lo largo de esta legislatura se han llevado a cabo tanto por la Comisión mixta como por el propio
Tribunal de Cuentas deben contribuir a ello. Al Gobierno le corresponde ahora dar cumplimiento a la resolución que la Cámara va a aprobar y lograr que podamos avanzar de manera efectiva en el cumplimiento de estos objetivos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tomé.
Finalmente, por el Grupo Socialista, señor Vallès.
El señor VALLÈS VIVES: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, voy a fijar posición sobre el dictamen elaborado por la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas relativo a la cuenta general del Estado del
ejercicio 2003, que fue aprobado, como todos ustedes saben, el pasado día 27 de junio. Aunque es una obviedad que la continuidad en la tramitación de esta cuenta ha sido interrumpida por la finalización del anterior periodo de sesiones, lo cierto
es, señorías, que esta es la tercera cuenta general del Estado que aprobamos en lo que llevamos de legislatura y que, muy probablemente, también antes de final de año
estemos en disposición de conocer, analizar y cerrar la del ejercicio 2004. Eso quiere decir que incluso antes de que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado para el año 2007 podamos haber liquidado en sede parlamentaria la cuenta
relativa al año 2004; una cuenta que, a fecha de hoy, ya ha sido remitida por la Intervención General de la Administración del Estado al Tribunal de Cuentas para la elaboración de la declaración que formalmente le corresponde. A mi grupo también
le consta que la propia Intervención del Estado está trabajando con eficacia y rigor para tener lista la cuenta de 2005 antes del 30 de octubre de este año, tal y como establece la ley. Y estoy seguro de que todos los grupos de la Cámara y los
miembros de la Comisión vamos a procurar agilizar su tramitación para poder superar el desfase que arrastrábamos desde la anterior legislatura y situarnos en una desviación temporal a la que me atrevería incluso a calificar de estrictamente técnica,
es decir, un desfase cercano únicamente al año y medio entre la aprobación de la ley de Presupuestos Generales del Estado por el Parlamento y el cierre del último ejercicio presupuestario.
Este es el horizonte hacia donde debemos mirar, señorías. Estos son los plazos en los que transcurren las tramitaciones de las cuentas generales en las democracias más avanzadas, y este Gobierno y mi grupo parlamentario van a trabajar para
que se adopten aquellas medidas técnicas y normativas que sean necesarias para conseguir ese objetivo; un objetivo que no es otro que el de conseguir que el concepto parlamentario del control político de la acción del Gobierno tenga virtualidad.
Es en ese mismo sentido en el que nuestro grupo parlamentario presentó en su momento las propuestas de resolución que hoy configuran el dictamen que sometemos a consideración de la Cámara; unas propuestas que pretenden superar aquellas limitaciones
que vienen afectando de forma sistemática a la representatividad de la cuenta general del Estado y que, de una vez por todas, la cuenta pueda llegar a cumplir de un modo efectivo el objetivo de facilitar la información ajustada y real sobre la
situación económica, financiera y patrimonial del sector público estatal.
Hoy, señorías, presentamos ante esta Cámara un dictamen que por tercera vez en esta legislatura recoge íntegramente las propuestas de todos los grupos parlamentarios, como consecuencia de los trabajos llevados a cabo en la Comisión; una
práctica, señor Tomé, muy distinta a la que se desarrolló durante las dos anteriores legislaturas, en las que la mayoría del Partido Popular impedía que las propuestas que presentaban el resto de los grupos parlamentarios quedasen integradas en el
dictamen final que debe someterse a la consideración de este Pleno. Unas propuestas que se derivan, como también se derivaban entonces, de las propias recomendaciones efectuadas por el Tribunal de Cuentas y cuya única finalidad era la de mejorar el
cumplimiento de la legalidad contable por parte del Gobierno y la corrección de los numerosos defectos e irregularidades contables detectados por el tribunal.
Por ese motivo, mi grupo va a votar favorablemente el dictamen elaborado por la Comisión Mixta y lo haremos porque entendemos que con ello contribuimos con responsabilidad y eficacia a mejorar los mecanismos de conformación de la cuenta
general, a corregir irregularidades contables y a garantizar una mayor transparencia en la gestión de los recursos públicos. Sin embargo, comprenderán que mi grupo no haga uso de un turno a favor de esta cuenta general, como tampoco lo hemos hecho
en las dos anteriores cuentas generales que han precedido a la que hoy estamos tratando, entre otros motivos porque no vamos a ser nosotros quienes nos hagamos responsables de su anterior gestión o, mejor dicho, en palabras del Tribunal de Cuentas,
no vamos a ser nosotros quienes nos hagamos responsables de su mala gestión presupuestaria.
Señorías, en palabras del presidente del Tribunal de Cuentas, que constan en el 'Diario de Sesiones', la cuenta se rindió de forma incompleta, dado que no están incorporadas en la misma las cuentas de determinadas entidades, es decir, que
los responsables o gestores del Partido Popular no rindieron en tiempo y forma las cuentas de hasta 42 entidades públicas, alguna de ellas muy significativa. Quizás fuese por miedo a que el Tribunal de Cuentas evidenciara esa mala gestión del
erario público, cosa que finalmente ha acabado haciendo, como no podía ser de otra manera, puesto que por su experiencia y su profesionalidad tiene la capacidad y el deber de hacer, aunque ustedes intentasen dificultar esa labor constitucional.
Además, señorías, el Tribunal de Cuentas denuncia que la información facilitada por los anteriores gestores del Partido Popular en la conformación de la cuenta de 2003 es insuficiente; es insuficiente en comparación con lo que debería ser y con lo
que debería haber aportado de acuerdo con lo previsto en el Plan general de contabilidad pública. En la declaración del Tribunal de Cuentas se constata también, a juicio del tribunal, la falta de homogeneidad en la elaboración de los respectivos
estados contables y se pone de manifiesto que se ha utilizado una vez más el método de agregación en la formación de la cuenta de las empresas estatales.
Respecto a los resultados quisiera destacar que frente a un intento de maquillaje de las cifras por parte del anterior gobierno del Partido Popular, en el que hoy mismo, en esta tribuna, ha insistido su portavoz, la realidad es que el
Tribunal de Cuentas pone de manifiesto que el Estado y los organismos del sector público administrativo tal y como se desprende de esa declaración obtuvieron un resultado negativo por operaciones no financieras de 2.543 millones de déficit. Cabe
destacar también la existencia de operaciones pendientes de aplicar al presupuesto final del ejercicio, cuantificadas en 3.150 millones de euros en operaciones de gasto y de 891 millones en operaciones de ingreso, cuantías que como ustedes bien
saben deberán ser trasladadas a ejercicios presupuestarios posteriores al de 2003.
Por lo que se refiere al examen de las liquidaciones presupuestarias contenidas en la cuenta general, el tribunal ha incluido por primera vez y como novedad los procedimientos de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y el
grado de consecución del objetivo de estabilidad presupuestaria. Esta novedad responde a las innovaciones introducidas en la regulación de los procesos de elaboración y gestión de los presupuestos por la Ley General Presupuestaria y, curiosamente,
como consecuencia de esa misma novedad en la confección de la cuenta y como consecuencia del análisis del proceso de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, el tribunal ha comprobado que, en relación con las operaciones no financieras,
el subsector Estado acumula un déficit de 8.821 millones de euros, los organismos autónomos otro déficit de 533 millones de euros y el resto de organismos hasta 39 millones de euros, es decir, un déficit total acumulado de 9.393 millones de euros.
Si tenemos en cuenta que la Ley de Estabilidad Presupuestaria señala que, en tanto no se culmine el proceso de separación de fuentes, el objetivo de estabilidad se computa conjuntamente para el Estado y la Seguridad Social, la conclusión es que el
mencionado saldo negativo que acumuló el Estado fue compensado por el saldo positivo de la Seguridad Social.
Señor Tomé, como usted ha dicho aquí, se cierra un ciclo económico, y aunque la cuenta de 2004 será compartida, debemos tener en cuenta también el legado que nos han dejado. ¡Vaya legado que nos han dejado para nuestra gestión! No se
preocupe que lo vamos a mejorar y así lo estamos haciendo.
En definitiva, señorías, el anterior Gobierno del PP rindió una cuenta general incompleta, insuficiente, con falta de homogeneidad y llena de limitaciones y salvedades que, a juicio del propio tribunal, ha afectado muy negativamente a su
representatividad y fiabilidad. Ante tales denuncias, mi grupo se pregunta quién asume la responsabilidad de esta cuenta, quién asume la responsabilidad de esta mala gestión. Nosotros no, desde luego, y aunque ustedes lo hicieran desde la
oposición tampoco tendría ninguna eficacia ni virtualidad. La principal preocupación de mi grupo parlamentario, la que ha tenido a lo largo de la tramitación de la cuenta, ha sido la de procurar que esos errores no se vuelvan a producir en el
futuro y que la transparencia y la eficacia contable vuelvan a ser los criterios que rijan la gestión administrativa y el gasto público de nuestro país. Transparencia y eficacia en la gestión pública para fortalecer así a nuestra democracia y a
nuestras instituciones. Por ello les presentamos hoy este dictamen. Un dictamen con mandatos claros tanto al Gobierno y a la Intervención General de la Administración del Estado como al propio Tribunal de Cuentas. Unos mandatos que pretenden, por
un lado, mejorar los mecanismos gubernamentales para la elaboración de la cuenta general y, por otro, garantizar que este Parlamento pueda disponer de más y mejor información para realizar la labor de control de la acción gubernamental que le es
propia y que constitucionalmente le corresponde.
Esa es la voluntad y el empeño del Gobierno y de este grupo parlamentario: mejor gestión y mayor transparencia frente a la opacidad que caracterizó a su Gobierno y que el Tribunal de Cuentas ha
sacado a relucir. Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Llamamos a votación. (Pausa.)
Señorías, ocupen sus escaños. Vamos a votar.
Procedemos a la votación del informe anual sobre la cuenta general del Estado. Dictamen de la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la declaración sobre la cuenta general del Estado del ejercicio
2003, así como la resolución adoptada por dicha Comisión.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor, 294.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
Eran las dos y diez minutos de la tarde.