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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 183, de 31/05/2006
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2006 VIII Legislatura Núm. 183
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 172
celebrada el miércoles, 31 de mayo de 2006
ORDEN DEL DÍA:
Comunicación del Gobierno:
- Comunicación del Gobierno para el debate de política general en torno al estado de la Nación. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 394, de 26 de mayo de 2006. (Número de expediente 200/000003.) (Continuación.) ...
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
Comunicación del Gobierno ... (Página 9147)
Comunicación del Gobierno para el debate de política general en torno al estado de la Nación. (Continuación.) ... (Página 9147)
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) interviene el señor Erkoreka Gervasio. Se dirige al presidente del Gobierno y le señala que hay gente en el País Vasco que no quiere bajo ningún concepto que la formación política a la que
pertenece mantenga el más mínimo entendimiento con el Partido Socialista y con el Gobierno. Se les reprocha viajar tanto a Madrid y haber alcanzado, según dicen, tantos acuerdos con su Gobierno. Frente a ello quiere dejar constancia clara de que
pese a quien pese los integrantes de su grupo parlamentario seguirán viniendo a Madrid cuantas veces sea necesario a tratar de negociar con el Gobierno todo lo que tenga que ver con el círculo de intereses del País Vasco y, si se dieran las
circunstancias pertinentes, para alcanzar los acuerdos que requiera el futuro del pueblo vasco. Ahora bien ello no significa que compartan necesariamente diagnósticos y soluciones. Existen coincidencias pero también muchísimas discrepancias.
Resalta que el asunto más relevante del momento político es el de la paz. Y cree que el tema de la paz en este debate debería elevarse a categoría de asunto central, aunque el presidente del Gobierno ha optado por sustraer este tema de este debate
de política general. Le manifiesta que le corresponde al señor presidente comparecer o no ante la Cámara para dar cuenta de los pasos dados y los que vaya a dar en el futuro, pero le pide lealtad con la institución parlamentaria y le dice que no
aproveche los actos de partido para cumplir trámites que tienen sus procedimientos legal y reglamentariamente establecidos. En cualquier caso le reitera su más noble, franco y leal apoyo.
Su grupo cree que se inaugura una fase llena de retos, entre ellos la reconstitución de la comunidad política vasca. Ha pasado la hora de las promesas; ahora se ha de comprometer en la búsqueda de un acuerdo histórico y definitivo que fije
las condiciones pactadas en las que los vascos decidirán su futuro.
Señala que el Gobierno está vaciando de contenido, incluso antes de su entrada en vigor, las reformas estatutarias en curso. Al Gobierno le corresponde enderezar la situación si de verdad cree en la descentralización, el pluralismo y la
diversidad.
Finaliza refiriéndose al acuerdo presupuestario alcanzado con su grupo para poner a Euskadi en el mapa europeo de la tecnología y la comunicación, y manifiesta que ahora hay que cumplirlo con escrupulosidad y diligencia.
Contesta el señor presidente del Gobierno (Rodríguez Zapatero).
Replica el señor Erkoreka Gervasio y duplica el señor presidente del Gobierno.
Intervienen de nuevo el señor Erkoreka Gervasio y el señor presidente del Gobierno.
En representación del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds interviene el señor Llamazares Trigo, que muestra su discrepancia con la declaración inicial del señor presidente del Gobierno sobre la realidad
económica y social de nuestro país, en el que a pesar del giro social emprendido son todavía bastante precarias las condiciones sociales en materia de jubilaciones, prestaciones sanitarias, educativas, etcétera. Ha echado también en falta un poco
de generosidad, al no mencionar el apoyo de la mayoría parlamentaria de izquierdas.
Su grupo parlamentario expresa el compromiso con los cambios democráticos y la regeneración democrática producidos durante los dos primeros años de legislatura, con el proceso de paz en el País Vasco sin ningún tipo de ambigüedad, con el
desarrollo federalizante de nuestro Estado y con una reforma constitucional en la que defenderán su republicanismo, así como con el reforzamiento de los giros sociales llevados a cabo en la primera parte de la legislatura.
En relación con el País Vasco adelanta su compromiso y lealtad con el proceso en marcha, pidiendo también la colaboración de todos los poderes del Estado e incluso de los poderes mediáticos.
Igualmente se compromete con unas reformas autonómicas que permitan combinar pluralidad y plurinacionalidad y la extensión de este proceso a los municipios, aumentando sus competencias y especialmente su financiación.
En materia económica considera que la situación no es sustancialmente diferente de la que existía hace dos años, no habiendo llegado aquí el cambio de izquierdas y sí, por el contrario, la que califica de contrarreforma fiscal iniciada por
el Gobierno. Asimismo debe irse hacia una nueva política exterior, ya que el Gobierno no puede seguir viviendo de las rentas de la guerra de Irak ni en una especie de compensación permanente a Estados Unidos enviando nuevas tropas a Afganistán.
Completa el turno del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds el señor Herrera Torres fijándose en los tres principales retos del Gobierno, el primero de los cuales es el avance hacia un modelo de Estado más
federal, en un proceso imparable iniciado con el Estatut; el segundo la normalización y desarrollo democrático, el proceso de la paz, los derechos y las libertades, para el que se necesita más responsabilidad por un lado y también más decisión, y
como tercer y último reto u objetivo sitúa la apuesta por un modelo de crecimiento socialmente justo y ambientalmente sostenible, lo que significa dejar atrás el modelo de crecimiento del Partido Popular.
Desarrolla el señor Herrera los tres aspectos anteriormente reseñados, haciendo especial hincapié en el nuevo Estatuto de Cataluña y la mejora que va a representar para la vida de los catalanes, y finaliza reiterando su apoyo al Gobierno
para lo que resta de legislatura siempre que se trate de políticas de izquierdas, solidarias y que nos hagan avanzar hacia un modelo claramente federal.
Contesta el señor presidente del Gobierno (Rodríguez Zapatero).
Replican los señores Llamazares Trigo y Herrera Torres y duplica el señor presidente del Gobierno.
Intervienen de nuevo los señores Llamazares Trigo y Herrera Torres y el señor presidente del Gobierno.
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias, el señor Rivero Baute quiere fijar su posición en el análisis de la situación del Estado desde una visión realista y con ánimo constructivo.
No quieren caer en el
tremendismo y quieren huir de la demagogia pero al mismo tiempo tampoco quieren caer en la autocomplacencia y el conformismo y menos en mantener un silencio que en nada ayuda a resolver los problemas. Resalta que el principal problema que tiene la
sociedad española, y Canarias en particular, es la inmigración irregular, que probablemente sea el fenómeno más importante que va a tener que afrontar el mundo a lo largo del siglo XXI. El pueblo canario espera de este debate propuestas claras y
concretas de cómo afrontar este problema. En Canarias se tiene la sensación de una cierta improvisación al afrontar el problema de la inmigración irregular. Mucha gente en las islas se pregunta qué tiene que pasar, cuántos muertos más tiene que
haber en el mar, cuántos menores sin tutela tienen que llegar a Canarias para que este asunto sea abordado como un tema de Estado y no se enfoque como un tema partidario entre el principal partido de la oposición y el Gobierno.
Su opinión es que
hay que intensificar los acuerdos de colaboración con otros países para llevar a cabo un control en fronteras, pues si se controla en origen estaremos atenuándolo, pero además evitaremos el drama de los que llegan a Canarias, que en unos casos son
repatriados. De una capacidad de acogida de 1.500 plazas, existen 4.000 personas recogidas en los centros canarios. Su grupo quiere saber qué planes tiene el Gobierno para aliviar esta situación a corto plazo.
Señala al ministro de Economía y Hacienda que el asunto del Régimen Económico Fiscal de Canarias ha dormido el sueño de los justos durante tres meses en el ministerio debido a los cambios producidos. Quiere saber también si España va a
defender en el seno de la Unión Europea un asunto importante, por lo que significa para Canarias, como es el plátano.
Manifiesta que el reconocimiento de Canarias como territorio ultraperiférico por parte de la Unión Europea significa que las políticas, tanto legislativas como económicas, se deben adaptar a la realidad de un territorio que tiene unas
necesidades diferentes. Ese reconocimiento de Canarias como territorio ultraperiférico es el eje en el que se apoya la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias que en este momento está en marcha.
Finaliza señalando que a su grupo le gustaría conocer la visión del Gobierno respecto a la problemática de la inmigración irregular y las medidas que se van a tomar tanto en sus centros de acogida como de control de los aeropuertos.
Contesta el señor presidente del Gobierno (Rodríguez Zapatero).
Replica el señor Rivero Baute y duplica el señor presidente del Gobierno.
Intervienen de nuevo el señor Rivero Baute y el señor presidente del Gobierno.
Se suspende la sesión a las dos y treinta minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
El señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto, expone que por primera vez en veinte años pueden hablar sobre la posibilidad de adaptar el Estado español a su carácter plurinacional, pluricultural y plurilingüe, aunque ello no es
fácil ante la reacción visceral, intolerante y prepotente que todavía hoy emana de la estructura de poder en la que se fundamenta lo que llaman indisoluble unidad de la nación española, es decir, del carácter centralista del Estado español. Topan
así con el poder mediático y económico, el poder judicial, el institucional, religioso y académico que tienen como centro Madrid,
que niega absolutamente la diversidad nacional y los derechos que le son inherentes.
Frente a la actitud descrita, cree llegada la hora de que se asuma un Estado español realmente plurinacional, democrático y basado entre iguales. En este sentido, la actual política de integración y diálogo del Gobierno para lograr la paz
en Euskadi no puede fracasar por la presión de poderes y sectores inmovilistas e intransigentes.
Termina reivindicando una vez más la necesidad de acometer una serie de obras en la Comunidad Autónoma de Galicia.
El señor Labordeta Subías, también del Grupo Parlamentario Mixto, comienza animando al presidente del Gobierno a que continúe por el camino de logros progresistas emprendido en los dos primeros años de la legislatura. Por lo que respecta a
Aragón, anuncia la próxima llegada a esta Cámara del nuevo proyecto de Estatuto, que espera que suponga una reforma en profundidad del Estado y que dote a los aragoneses de un auténtico autogobierno, con verdadero poder político y financiero, de
manera que permita una mejora de las condiciones de la sanidad, educación, el tejido empresarial y productivo, la protección de sus lenguas, así como su riquísimo patrimonio cultural, a la vez que les dote de un servicio público de justicia de
calidad donde su derecho civil foral sea la línea maestra.
En resumen, quieren recuperar su dignidad como pueblo, construir un futuro solidario y con los otros territorios de la España plurinacional ir hacia una Europa federal.
Concluye expresando su preocupación por la actitud del obispo de Lleida negándose a restituirles las 113 piezas que permanecen en su diócesis y que puede provocar una radicalización de la catalanofibia si el tema no se soluciona. Asimismo
reclama la acometida de una serie de obras necesarias para el desarrollo de su comunidad autónoma.
Interviene la señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto, aludiendo a la novedad del debate, pues por primera vez no se alude a la losa de ETA, y aunque no se puede abordar la cuestión desde la perspectiva que dan el tiempo
y la historia, se puede decir que existe una luz al final del túnel. Señala que estamos en un momento crucial para el futuro, en el que debemos hablar de conceptos claves como identidad, nación o Estado, y todo ello en la búsqueda de soluciones y
acuerdos que permitan el mayor respeto de todos y para todos. Este debate resulta urgente porque quedó pendiente desde la transición, que por las complicadas circunstancias no pudo ser resuelto y durante muchos años no ha querido abordarse por
falta de voluntad política.
Se refiere a la presentación por parte de cuatro parlamentos autonómicos de propuestas y en todas ellas ha habido elementos comunes de reflexión: identidad, nuevas realidades como la inmigración, la igualdad, la Unión Europea o el blindaje
de competencias. Las fuerzas políticas vascas van a volver a plantear el debate en el que se trabajará con elementos y principios que ya se recogían en la propuesta del Parlamento Vasco.
Finaliza analizando temas como competitividad, educación, I+D+i, empleo, igualdad, pensiones, integración de los inmigrantes y seguridad para todos los ciudadanos, objetivos que su grupo ha compartido y en los que han colaborado desde una
aportación constructiva.
La señora Barkos Berruezo, perteneciente también al Grupo Parlamentario Mixto, señala que el de hoy es un debate que deja para una próxima sesión el tema que es el eje central de la acción política, que es el proceso de paz. Recuerda al
presidente del Gobierno que en Nafarroa Bai tendrá compañeros firmes y empeñados en hacer el camino hacia la paz. Y manifiesta que el futuro de Navarra está única y exclusivamente en manos de los hombres y mujeres de Navarra y nada más. En su
opinión, si se ha de acometer el proceso de paz con generosidad y valentía y, por supuesto desde la justicia y la legalidad, hoy más que nunca es necesaria una política penitenciaria de acercamiento.
Pregunta al presidente del Gobierno por la posición del Gobierno en torno a la Ley de la memoria histórica y la situación de los inmigrantes.
Igualmente le pregunta si asume los compromisos firmados por España respecto a la protección y
promoción de las lenguas minoritarias.
Finaliza refiriéndose a la instalación de centrales térmicas, los compromisos de Kioto y la deslocalización.
Contesta el señor presidente del Gobierno (Rodríguez Zapatero).
Replican los señores Rodríguez Sánchez y Labordeta Subías, y las señoras Lasagabaster Olazábal y Barkos Berruezo, del Grupo Parlamentario Mixto, y duplica el señor presidente del Gobierno.
Finalmente interviene el señor López Garrido, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso dando las gracias a su grupo por la cariñosa bienvenida a este su debate primerizo del estado de la Nación.
Manifiesta al presidente del
Gobierno que el Grupo Socialista ha respaldado y respalda su acción de Gobierno, sus objetivos, sus políticas, su proyecto de modernización y de progreso. Su grupo ha sido su más firme apoyo parlamentario y lo va a seguir siendo hasta el final de
la legislatura, en
la que el discurso de investidura se completará y el programa del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso se ejecutará. Su investidura fue votada por la mayoría absoluta de esta Cámara, es el compromiso con el Parlamento y el programa
electoral socialista es el compromiso con los ciudadanos que lo votaron también mayoritariamente.
La acción de gobierno defendida por el señor presidente es la proyección a un programa de gobierno de lo que el Partido Socialista ha defendido como objetivos para España cuando comienza un nuevo siglo.
Hace un repaso de los logros del Gobierno en estos dos años, refiriéndose a una política exterior con perfil propio, en la que la cooperación internacional es un pilar esencial.
Se refiere a la inmigración resaltando que el Gobierno anterior dejó una herencia de más de un millón de inmigrantes trabajando en la ilegalidad.
El modelo socialista es inmigración legal, con derechos y con obligaciones.
Para los socialistas hay un permanente objetivo nacional: hacer un país unitario, que reconozca su pluralidad, que sepa descentralizar y distribuir el poder y que lo haga potenciando la solidaridad.
Resalta que España como país, como Estado, como cultura en el sentido más amplio de la palabra, está viviendo uno de sus mejores momentos. España es una sociedad moderna, desarrollada, dinámica y vital cuyas cifras de crecimiento, de
empleo, de inversión y de capacidad productiva son consideradas por organismos internacionales como propias de un país líder.
Finaliza señalando que la sociedad española tiene hoy mejores oportunidades profesionales, de trabajo, educativas; que sus derechos políticos y sociales, sus libertades y sus relaciones familiares están más protegidas; que es mayor su
calidad de vida, que es más amplio y plural su campo de información y de comunicación y que es mayor su seguridad.
Cierra el debate el señor presidente del Gobierno (Rodríguez Zapatero).
Se levanta la sesión a las seis y cuarenta y cinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO:
- COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO PARA EL DEBATE DE POLÍTICA GENERAL EN TORNO AL ESTADO DE LA NACIÓN. (CONTINUACIÓN.) (Número de expediente 200/000003.)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Siguiendo el orden de intervenciones de mayor a menor, corresponde su turno de debate al Grupo Parlamentario Vasco. Señor Erkoreka, tiene la palabra.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias señor presidente.
Buenos días, escasas señorías presentes en el hemiciclo, escasas pero cualitativamente relevantes. (Risas y aplausos.)
Señor presidente del Gobierno, hay gente en Euskadi que desearía que hoy yo no estuviera aquí debatiendo con usted. Hay gente en Euskadi que no quiere bajo ningún concepto que la formación política a la que yo pertenezco, el Partido
Nacionalista Vasco, mantenga el más mínimo entendimiento con su partido político y el Gobierno que usted preside.
Hay gente en Euskadi que, en interminables entrevistas y farragosos comunicados, nos censuran, y lo hacen además con severidad, por
hacer, según dicen, tantos viajes a Madrid y por haber alcanzado, según dicen también, tantos acuerdos con su Gobierno. Fíjese lo que nos reprochan. Es curioso. Por una parte se jactan de llevar seis años hablando con su partido y de hacerlo,
además, ininterrumpidamente y con creciente intensidad. No tienen reparo alguno en reconocer abierta y públicamente su disposición a hablar con su partido y con su Gobierno y de incluso alcanzar acuerdos y entendimientos tras la pertinente
negociación. Sin embargo, nos reprochan a nosotros el hecho de venir a Madrid a tratar y a negociar con usted los temas que interesan a la gran mayoría de los vascos. Es curioso, pero es así. Ellos pueden hablar con usted, nosotros no. Ellos
pueden negociar con usted, nosotros no. Ellos, incluso, pueden aspirar a pactar con usted, nosotros no. En ellos, hablar, entenderse, negociar y pactar con usted es bueno, es positivo, es plausible, incluso heroico -no hay más que ver la
literatura casi épica que desarrollan a este respecto-, y en nosotros sin embargo es esencialmente malo, negativo y pecaminoso. Así están las cosas en Euskadi, señor presidente, como seguramente no se le ocultará. Es como aquel juego de niños que
se desarrollaba bajo el lema: Yo sí y tu no. Todo para mí y nada para vos.
Un juego de niños cuyas trampas ya conocemos todos, porque todos lo hemos practicado.
Pues bien, frente a quienes así sienten y piensan, señor presidente, yo quisiera dar comienzo hoy a mi intervención dejando constancia clara y terminante de que, pese a quien pese -y ya veo que a algunos les pesa bastante-, yo, mi grupo
parlamentario y la formación política a la que pertenecemos, seguiremos viniendo a Madrid cuantas veces sea necesario, a tratar y negociar con usted y con su Gobierno todo lo que tenga que ver con el círculo de intereses del País Vasco. Y, en su
caso, si se diera la oportunidad, si se dieran las circunstancias pertinentes, para alcanzar también los acuerdos que requiera el futuro de nuestro pueblo. Lo vamos a hacer por tres razones: primero, porque nos han elegido para eso y no tenemos
absolutamente ninguna intención de
renunciar a nuestro mandato parlamentario; segundo, porque es doctrina y práctica tradicional e histórica de mi partido estar presente en todos los foros en los que directa o indirectamente se adoptan decisiones que conciernen a Euskadi, y
aquí hoy por hoy eso ocurre. Nosotros no hemos estado en Sudáfrica, como otros, aprendiendo técnicas de negociación, pero en mi grupo parlamentario, señor presidente, no falta formación, ni voluntad, ni ganas de trabajar por nuestro pueblo; y,
tercero, porque esa gente que pretende monopolizar la relación con usted y con su partido, incluso con su Gobierno, téngalo en cuenta, señor presidente, no nos representan -quiero dejar constancia clara de esto-, no nos representan.
Ni nos
representan a nosotros ni representan a los miles de ciudadanos que nos han votado.
Nada tenemos que objetar al hecho de que se entrevisten con usted y con su Gobierno, nada, y nada reprocharemos por ello ni a ellos, ni a usted; al contrario, aplaudiremos, incluso fervientemente si hace falta, el hecho de que, aunque
tarde, finalmente hayan descubierto que el diálogo es mejor que el cóctel molotov, pero tenga claro que en las conversaciones que eventualmente mantengan con usted, con su Gobierno o con su partido, lo que le expondrán serán sus problemas,
inquietudes y aspiraciones, las suyas, no las nuestras. Es posible que haya una cierta coincidencia, una coincidencia siquiera parcial entre nuestros problemas, inquietudes y aspiraciones, y las suyas, pero aun a partir de esa coincidencia tenga
claro que la significación política de esas inquietudes, problemas y aspiraciones, es diferente, porque nosotros nunca hemos hecho uso del cóctel molotov ni lo hemos amparado.
Señor presidente, por lo demás, venir aquí, a Madrid, al Congreso de los Diputados, a debatir con usted sobre los asuntos que conciernen a Euskadi no significa, ni mucho menos -y esto lo sabe perfectamente-, que hayamos de compartir
necesariamente diagnósticos y soluciones. Entre ustedes y nosotros existen coincidencias, que no voy a negar, pero existen también muchas, muchísimas, discrepancias. Y existen discrepancias porque nunca, ni antes, ni ahora, nunca, hemos sido
interlocutores cómodos, sumisos y complacientes. En el futuro probablemente tendrá que seguir siendo así, seguiremos alternando disensos y consensos, porque en eso consiste esencialmente la política, en modular las discrepancias hacia la búsqueda
de coincidencias o, si prefiere en otros términos, en buscar puntos de encuentro desde el territorio propiamente marcado por cada uno, teniendo en cuenta siempre lógicamente que ese punto de coincidencia tiene que situarse en lo más cercanamente
posible al territorio marcado por cada uno.
El asunto principal, el más relevante del momento político que vivimos es, señor presidente, a juicio de mi grupo parlamentario, el de la paz. La agenda está cargada de cuestiones graves, importantes e incluso urgentes, pero ninguna de
ellas cierra, a nuestro juicio, la significación simbólica y la enorme potencialidad práctica que reviste la consecución de la paz. Creo, además, que muy pocos, dentro o fuera de este hemiciclo, discreparán de esta apreciación. Es más, tengo para
mí que incluso quienes más escépticos y críticos se muestran con los pasos que ha dado su Gobierno y los que próximamente haya de dar en relación con este asunto discreparán de lo que digo.
Desde esta perspectiva, lo lógico hubiese sido, no ya incorporar este asunto, el de la paz, a este debate, el debate sobre política general o sobre el estado de la Nación, que está concebido precisamente para evaluar la gestión desarrollada
por el Ejecutivo durante el último año y marcar las líneas, las pautas, que el Gobierno ha de seguir en el año entrante. No ya, insisto, incorporarlo a este debate, sino además elevarlo a la categoría de asunto central, de asunto principal. Sin
embargo, usted ha optado por sustraer este tema de este debate de política general y diferirlo a un momento posterior. No le criticamos por ello, es a usted a quien corresponde guiar el proceso y marcar la agenda, porque solamente usted cuenta con
la información necesaria para ponderar la pertinencia material y también la pertinencia temporal de cada uno de los pasos a dar en el insoslayable marco de la resolución de 18 de mayo del año pasado, que constituye a todos los efectos la hoja de
ruta de la que no tenemos que apartarnos. Precisamente en el marco de esta hoja de ruta, hace aproximadamente dos semanas, en un acto de partido que tuvo lugar en Baracaldo, usted anunció que se dan ya las condiciones que según esta resolución
permiten iniciar las conversaciones que harán efectivo el fin dialogado de la violencia. Expresó entonces, también públicamente, su propósito de comparecer próximamente ante la Cámara para comunicar a los grupos parlamentarios el inminente inicio
de los contactos y conversaciones que harán posible la consecución de ese último horizonte del fin dialogado de la violencia. ETA -nos vino a decir- tiene la voluntad clara de cerrar la persiana. Y esa voluntad clara se está expresando ya a través
de actitudes y comportamiento inequívocos.
Si todo esto es verdad, señor presidente, si esto es así, se trata de una excelente noticia que solo amerita aplausos y felicitaciones. Solo le haré una apostilla. Si repasa el debate que a este respecto mantuvimos el año pasado,
comprobará que, ante su empeño en comparecer ante la Cámara para dar cuenta detallada, meticulosa, de todos y cada uno de los pasos que hubiera de dar o que haya de dar en relación con este asunto, yo le hice una apelación a la cautela. La
transparencia total y absoluta, con luz y taquígrafos, perjudica más que beneficia a este tipo de operaciones, que requieren para prosperar mucho sigilo y mucha discreción. Esto que le dije hace un año lo reitero sin matices hoy y ahora. Por
nosotros, si usted considera conveniente no comparecer, no está obligado a hacerlo. Creo que si usted pondera, si usted considera que ya se dan estas condiciones que le permiten iniciar los contactos para abrir el fin dialogado de la violencia, por
nosotros cuenta ya con los avales, con los consentimientos y las autorizaciones necesarias.
Puede omitir el trámite de la comparecencia, si lo desea. Ahora bien, usted, pese a lo que yo le dije el año pasado a este respecto, consideró que había
que parlamentar el proceso y someterlo al escrutinio
de la opinión pública. Muy bien, es una decisión suya, que mi grupo acepta. Solo le digo, señor presidente, que una vez tomada la decisión de someterse a la consideración de la Cámara, de traer ese asunto en una comparecencia suya ante la
Cámara, se ha de ser leal con la institución parlamentaria y no parece muy oportuno y pertinente anunciar las convocatorias a través de actos de partido. Vamos a ser leales con la institución parlamentaria. La decisión de traer o no este asunto al
Parlamento le corresponde a usted, y ya le he expresado cuál es mi punto de vista, punto de vista que reitero aquí y ahora, expresándole una vez más mi disposición a dar por cumplidas todas las condiciones que hayan de darse para iniciar ese fin
dialogado de la violencia. Si usted considera pertinente comparecer ante la Cámara para dar cuenta de los pasos que ha dado y de los que vaya a dar en el futuro, hágalo, pero sea leal con la institución parlamentaria y no aproveche los actos de
partido para cumplir trámites que tienen sus cauces, tienen sus procedimientos legalmente y reglamentariamente establecidos.
Señor presidente, por lo demás ya sabe que en este delicado cometido cuenta con nuestro más noble, franco y leal apoyo; es más, creemos sinceramente que nadie que actúe con honestidad puede regateárselo. Usted tiene pleno derecho a
explorar un camino que otros rastrearon con anterioridad y en condiciones incluso objetivamente más desfavorables que las actuales. Y no es cuestión de protagonismo, sino de responsabilidad; es cuestión de saber jerarquizar prioridades, de saber
anteponer el bien común superior a las pequeñas mezquindades del partidismo sectario. Ahora bien, señor presidente, con la misma intensidad con la que le animo a avanzar por el camino emprendido le invito una vez más -ya sé que no hace falta que lo
haga; ya sé que no necesita mi consejo a este respecto- a que lo haga con tiento, con mucho tiento. Nunca antes se habían dado las condiciones que ahora se dan para poder poner fin en torno a una mesa a treinta años de iniquidad terrorista;
nunca. No hay razón por tanto para considerar que las experiencias fracasadas del pasado hayan de constituir un augurio inexorable, un presagio seguro de que también su esfuerzo de hoy va a fracasar. Esto está claro, no hay razón. Y creo que
nadie puede sumarse a esta tesis para establecer rígidos paralelismos entre lo que antaño sucedió y lo que ahora haya de acontecer. La experiencia acumulada en los años precedentes, señor presidente, no debe arrojarse al cubo de la basura. Por
tanto, mi recomendación es que no la ignore, que no la desprecie. Aunque las situaciones no sean idénticas, y no lo son -ya he dicho que nunca antes se habían dado las condiciones actuales-, los interlocutores son los mismos y en ellos se dan unas
constantes, se da una cierta tendencia a reproducir estrategias y planteamientos. Le digo esto porque, como ocurría en El túnel, de Ernesto Sábato, a veces, cuando vemos y cuando escuchamos algunas cosas, nos da la impresión de que ya hemos pasado
por aquí y que el desenlace de lo que entonces ocurrió no fue enteramente satisfactorio.
Mi grupo, señor presidente, celebra como el que más que ETA cierre la persiana, no solamente porque con ello se pone fin a un espantoso periodo de nuestra historia reciente, sino además porque con ello se inaugura una nueva fase cargada de
retos de entre los que yo quisiera destacar uno que creo que constituye el principal desafío al que se enfrentará Euskadi en el próximo futuro, que es el de la reconstitución sobre nuevas bases de la comunidad política vasca, esto que usted en
múltiples declaraciones ha definido como la refundación de la convivencia entre vascos; una asignatura pendiente que acumula ya numerosas convocatorias y que solamente podrá darse por concluida tras la definición de un nuevo marco para la
convivencia y el autogobierno; un marco consensuado y avalado por la mayoría de la sociedad vasca que dé satisfacción a todos, no solamente porque permite a todos defender sus respectivos postulados y proyectos, sino porque además garantiza que, si
cuentan con el aval mayoritario, si cuentan con el respaldo democrático suficiente, todos y cada uno de ellos podrán efectivamente materializarse, siempre y cuando -insisto- cuenten con ese aval democrático. Durante años se nos ha dicho a los
nacionalistas vascos que sin violencia todo era posible, que nada era por definición implanteable e irrealizable. Se nos ha asegurado que, una vez desterrado el uso de las armas, la democracia es generosa y puede dar cabida sin excepción a todo
tipo de planteamientos, aspiraciones y proyectos políticos, y nosotros, señor presidente, creemos sinceramente en ello. Creemos de verdad en la generosidad y en la grandeza de la democracia; de una democracia que busca la concordia y concibe la
ley como un instrumento al servicio de la convivencia y no como una trinchera para enfrentarse a la voluntad popular; de una democracia sin dogmas esencialistas, que ni proscribe debates, ni conoce tabúes, ni rechaza proyectos por esencialmente
irrealizables.
Señor presidente, usted y yo hemos debatido en esta Cámara en numerosas ocasiones sobre el futuro político del País Vasco. Si no me equivoco, lo hicimos por última vez cuando le pregunté en una sesión plenaria sobre el derecho de
autodeterminación. Por cierto, llegados a este punto, permítame hacer un pequeño inciso. La próxima vez que debatamos sobre el derecho de autodeterminación procure poner al día sus argumentos, porque se ha quedado usted anclado en los años
setenta, cuando el Consejo de Seguridad de la ONU dictó aquellas dos resoluciones, la 2625 y la 1514, que la práctica internacional ha dejado completamente obsoletas. Como la experiencia de los últimos años pone de manifiesto, invocar hoy en el
debate político aquellas resoluciones como determinantes constituye un anacronismo evidente. Concluyo el inciso.
En estos debates que usted y yo hemos mantenido en la Cámara sobre el futuro político del País Vasco he advertido en su discurso -y quiero decirlo con claridad- un punto de esperanza. No sé si este punto de esperanza que he creído advertir
en su discurso es un espejismo alimentado por la necesidad de aferrarse a algo o si es un asidero de verdad sólido y fiable, pero insisto en que me ha parecido advertir en su discurso un
rayo de luz. Fíjese, en la sesión en la que usted, su grupo parlamentario, junto con otros, rechazaron la toma en consideración de la propuesta del nuevo Estatuto para Euskadi el 1 de febrero del año pasado, usted aseguraba literalmente, en
frase extraída del 'Diario de Sesiones': Me siento con autoridad para decir al pueblo vasco que la construcción de su identidad y sus aspiraciones de las más altas cotas de autogobierno son posibles. Ahora voy a pasar por alto -que ya es mucho
pasar- el hecho de que dijera esta frase el mismo día en que usted, con su grupo parlamentario, impedía la tramitación de una propuesta en la que se plasmaba también la aspiración mayoritaria del pueblo vasco a las más altas cotas de autogobierno.
El hecho cierto es que, aun cuando votó en contra de la toma en consideración de aquella iniciativa, abrió -creo yo- una puerta a la esperanza y dijo lo siguiente, también extraído textualmente del 'Diario de Sesiones': La votación en democracia
cierra el debate pero no lo resuelve; el debate, cuando se trata de una norma fundamental para la convivencia, solo lo resuelve el acuerdo. Hoy es previsible que terminemos cerrando un debate y deseable que abramos el tiempo de un acuerdo
histórico y definitivo. Hasta aquí sus palabras.
Yo suscribo plenamente esta reflexión, señor presidente. Aquella votación efectivamente cerró un debate, pero no resolvió el profundo contencioso vasco, que sigue abierto en toda su crudeza. Desde aquel momento, la situación me parece que
ha madurado lo suficiente para que hoy podamos afirmar que ya se ha concluido la fase de prometer. A partir de ahora usted ya no puede limitarse a prometer; ahora se debería comprometer. Si realmente ETA ha cerrado la persiana, como usted mismo
sugiere al disponerse a comunicar próximamente a la Cámara el inicio de contactos para hacer efectivo el fin dialogado de la violencia -trámite que, insisto una vez más, por mi grupo parlamentario se puede ahorrar-, creemos que ya ha llegado el
momento de ponerse manos a la obra para trabajar en pos de ese acuerdo que usted califica de histórico y definitivo, ese acuerdo histórico y definitivo en sus palabras, que, añado yo, fijará las condiciones pactadas en las que los vascos decidiremos
y configuraremos nuestro futuro. Ha llegado ya, señor presidente, el momento de hincar el diente en toda su profundidad a la cuestión política vasca, y me interesa reseñar este punto no con el designio de pagar precio político alguno a ETA, no,
sino precisamente como todo lo contrario, como una impecable lección democrática que hemos de dar a los violentos, que hemos de dar a ETA, a la que se hará ver que si ahora es posible abordar en toda su integridad y en toda su complejidad el
problema vasco es porque ella ha desaparecido; es precisamente porque ha desaparecido el obstáculo que lo impedía, que era la propia existencia de ETA y los métodos violentos y antidemocráticos que utilizaba. Se trata de dar una lección
democrática impecable a ETA, no de pagar precio alguno, cosa que ya está proscrita en la resolución de 18 de mayo del año pasado. El arreglo político será posible no como consecuencia de la violencia, sino como consecuencia de su cese. Porque ha
cesado la violencia es posible abordar en toda su complejidad el problema político vasco, el contencioso político vasco, y no como precio político a una ETA que ya está extinta y va a desaparecer.
Mientras los partidos políticos en Euskadi, señor presidente, trabajan por la reconstitución de la comunidad política vasca y no alcanzamos ese acuerdo histórico y definitivo al que usted se comprometía en la sesión de 1 de febrero del año
pasado, hemos de seguir gestionando el marco actual, al que desde luego nosotros no renunciamos en absoluto, y hemos de seguir gestionándolo y trabajando en ese marco para responder a imperativos urgentes, para responder a los imperativos de una
sociedad globalizada, crecientemente compleja y enormemente competitiva, algo cada vez más urgente y perentorio si queremos garantizar a nuestros hijos un futuro de prosperidad, de bienestar y de calidad de vida. Señor presidente, ya ve que también
entre los vascos hay quien, más allá de las reivindicaciones seculares que solemos formular los nacionalistas vascos, nos ocupamos y nos preocupamos por el futuro de prosperidad, bienestar y calidad de vida. Acuciados por la necesidad de responder
a los apremios del futuro de esta sociedad globalizada, con todos sus retos, durante el último año mi grupo parlamentario ha alcanzado acuerdos con su Gobierno que hoy quisiera poner en valor y reconocer en su justa dimensión.
En el debate del año pasado yo le recriminaba a usted que, tras un largo año de legislatura, los asuntos conflictivos sobre el cupo que su predecesor en el cargo, el señor Aznar, había dejado sin responder en la Comisión mixta seguían
estancados en la misma situación en la que el señor Aznar los había dejado. Pues bien, hoy, un año después, he de constatar con satisfacción precisamente todo lo contrario, que aquellos asuntos que estaban pendientes y estancados en el seno de la
Comisión mixta del concierto han quedado resueltos. Con retraso, sí, pero resueltos, que finalmente es de lo que se trata. Aquel acuerdo abrió camino a otro de mayor envergadura, un acuerdo presupuestario muy importante, que ha contribuido a
paliar el secular y lacerante déficit de inversiones estatales en Euskadi y va a dotar al País Vasco de unas infraestructuras tecnológicas y de comunicación que son vitales para avanzar en la carrera por la competitividad, a la que inexorablemente
nos aboca el devenir de la economía globalizada.
Este acuerdo presupuestario pone a Euskadi en el mapa europeo de la comunicación y de la investigación tecnológica, incorporándolo a las principales arterias ferroviarias del continente. Pero ahora, señor presidente, este acuerdo
presupuestario -que no dudo en calificar de excelente- ha de ser cumplido, ha de ser lealmente ejecutado. Una cuestión esta -la de cumplir lealmente y ejecutar el acuerdo presupuestario- no menor, porque, como dice el refrán, acuerdo sin cumplir,
enfrentado porvenir. No oculto que esperamos de su Gobierno una actuación escrupulosa, diligente y responsable, en la ejecución de este acuerdo. Mi grupo -ya se lo adelanto
no está dispuesto a que concluya el ejercicio presupuestario y nos encontremos con que un número determinado de partidas que formaban parte de ese acuerdo presupuestario se queden sin ejecutar, beneficiando indirectamente al Ministerio de
Hacienda, que no tiene que ser el beneficiario de estos acuerdos presupuestarios. De otra cosa no sé, pero de tenacidad para el seguimiento de los asuntos que nos interesan en mi grupo parlamentario estamos sobrados. Seguirán por ello, se lo
anuncio, sintiendo nuestro aliento en el cogote. Hay que felicitarse por el hecho de que los convenios destinados a instrumentar la relación entre el Gobierno vasco y el Gobierno central para la construcción de la Y vasca ya se han formalizado y
ahora es urgente constituir las comisiones técnicas que prevé su clausulado. Por lo tanto, si me permite sugerírselo, tome nota para que dé las órdenes oportunas a efectos de que estas comisiones puedan constituirse cuanto antes. Le invito a que
tome nota y dé las órdenes oportunas.
Junto a este importante acuerdo que hemos alcanzado en torno al presupuesto, durante el último año se han producido también algunos desencuentros entre su Gobierno, su grupo parlamentario y el nuestro, que son para nosotros motivo de
preocupación y que no quisiera dejar de expresar aquí con el inevitable tono crítico. Entre los desacuerdos que se han producido no puedo dejar de reseñar ahora lo que jocosamente en mi grupo parlamentario conocemos como los hechos diferenciales
negativos. En el lenguaje iuspublicista habitual se conoce como hecho diferencial una circunstancia fáctica o jurídica que permite que una comunidad autónoma pueda disponer de atribuciones, facultades o competencias que se niegan a otra u otras.
Aquí se produce todo lo contrario; se producen circunstancias que hacen que se nos niegue a nosotros lo que se reconoce y autoriza sin problemas a otros que se encuentran en idénticas situaciones, un hecho diferencial pero negativo con respecto al
País Vasco. El primer hecho diferencial negativo tiene que ver con la restitución a las instituciones vascas de los documentos incautados en Euskadi durante la guerra civil y que actualmente se encuentran en el Archivo de Salamanca. Es un tema del
que usted y yo hemos hablado en el Pleno y que seguro que recordará.
El 2 de junio de 2004, hace dos años, le pregunté sobre esto en una sesión de control. Me respondió usted dándome cuenta del contenido del acuerdo que en aquel momento se había adoptado en relación con la restitución de estos documentos a
la Generalitat de Catalunya y me dijo: Y esto es válido obviamente para las aspiraciones de las instituciones vascas -'Diario de Sesiones'-. Esto es válido obviamente para las aspiraciones de las instituciones vascas. Desde entonces mi grupo
parlamentario ha hecho todo lo que cabe hacer para hacer efectivo su compromiso. Ha vuelto a preguntarle a usted en el Pleno, hemos presentado una proposición no de ley en la Comisión de Cultura, hemos presentado enmiendas al proyecto de ley que
ustedes remitieron para declarar la restitución a Cataluña de los bienes y efectos incautados en aquel territorio durante la guerra civil, a efectos de que la restitución a Cataluña pueda hacerse también extensiva a Euskadi, pero todo lo que hemos
hecho ha sido absolutamente infructuoso. Nuestra solicitud de equiparación tiene un claro fundamento: con arreglo al marco legislativo republicano solo se constituyeron dos gobiernos regionales, dos gobiernos autonómicos, solo dos, el catalán el
año 1932 y el vasco en plena guerra, el año 1936. Esta no es una reivindicación generalizable. Solo dos. Su Gobierno ha decidido restituir los documentos solo a uno de los dos, sin que nosotros alcancemos a vislumbrar cuáles son los fundamentos
que justifican esta diferencia de trato. Por tanto, es una reivindicación que yo, insisto, le formulo una vez más, aunque no sea más que para recabar de usted una respuesta mínimamente satisfactoria, que nos permita comprender en qué se fundamenta
esta diferencia de trato y si está dispuesto a seguir manteniéndola en el futuro.
Otro hecho diferencial negativo. Este guarda relación con la fijación de la denominación oficial de los territorios vascos siguiendo la grafía vasca. A lo largo de los años noventa, ustedes, su grupo parlamentario, han apoyado e incluso
promovido el cambio de denominación oficial de numerosas provincias del Estado, siguiendo el procedimiento que al efecto contempla la legislación de régimen local. En algunos territorios bilingües han establecido ustedes como oficial -se ha
acordado formalmente en esta Cámara establecer como oficial- a todos los efectos la voz determinada por la lengua vernácula correspondiente, el catalán o el gallego. Los ejemplos son numerosos y son conocidos por todas SS.SS.: Lérida cambió por
Lleida, Gerona por Girona, Orense por Ourense, La Coruña por A Coruña, Alicante por Alacant. Son conocidos estos cambios de denominación oficial que instauraban la voz de la lengua vernácula como la oficialmente establecida. Sin embargo, en el
caso vasco se niegan a hacer posible esto que en el resto de las lenguas cooficiales del Estado ha sido ya una realidad. Además, en el caso vasco el problema es menor que en otras lenguas, porque no hay diferencias fonéticas de ningún tipo;
estamos hablando solamente de un cambio de la grafía, porque Gipuzkoa y Bizkaia seguirán siendo Guipúzcoa y Vizcaya en eusquera y en castellano, incluso después del cambio de denominación. El único impacto que tendrá el cambio de denominación será
el gráfico, que se instaurará como oficial el establecido por la Academia Oficial de la Lengua Vasca para estas voces que son de origen, de raíz y de raigambre vasca. ¿También van a seguir aquí manteniendo esta diferencia de trato injustificada?
Nos preocupa igualmente la naturalidad con la que ha hecho suyas su Gobierno algunas de las más viciosas prácticas legislativas del pasado.
Le voy a poner un par de ejemplos. Tras el debate del año pasado, mi grupo consiguió que se
aprobase aquí, en la Cámara, por una inmensa mayoría una resolución que instaba al Gobierno a utilizar exclusivamente normas con rango de ley para incorporar normativa básica al ordenamiento jurídico. Yo creo que era una resolución importante
-usted mismo
en una sesión de control me lo reconoció así- que aspiraba a corregir una práctica viciosa muy arraigada en los poderes centrales del Estado, contribuyendo a dotar de claridad, estabilidad y certeza normativa al ordenamiento. ¿Cuál es el
balance que podemos hacer un año después? No demasiado positivo porque transcurridos doce meses podemos decir que los proyectos de ley que el Gobierno sigue remitiendo a la Cámara siguen habilitando al Ejecutivo para dictar normas básicas de
carácter reglamentario. En alguna ocasión, como ha ocurrido recientemente con las leyes de estabilidad presupuestaria, hemos conseguido corregir in extremis este vicio normativo, pero en otras ocasiones ha sido imposible aun a pesar de las
enmiendas que ha planteado mi grupo parlamentario a ese respecto. Ya en el culmen del desprecio a una resolución parlamentaria, en este mismo periodo -es decir, durante los últimos doce años- el Gobierno ha seguido dictando normas básicas de rango
reglamentario. Tengo una relación de ejemplos que se los podría decir si usted está interesado en conocerlos, pero no hace falta probablemente porque no se me oculta que conocerá esta información. Le pregunto: ¿tiene intención de corregir esta
preocupante tendencia que incumple una resolución mayoritariamente aprobada por la Cámara o no?
Otra deriva muy preocupante de la práctica legislativa que impulsa su Gobierno tiene que ver con el constante recurso a títulos de carácter horizontal, algunos de los cuales tienen una enorme fuerza corrosiva con respecto a las competencias
autonómicas. No se me oculta que este es un fenómeno nuevo, data por lo menos de los gobiernos de Felipe González, pero el hecho de que no sea un fenómeno nuevo no le resta gravedad, sigue siendo muy grave. Fíjese, durante años la principal fuente
de erosión de los poderes autonómicos fue la ordenación general de la economía, cuya implacable acción ha conseguido bajar de rango prácticamente todas las competencias autonómicas de contenido económico, las que eran exclusivas han pasado a ser
compartidas y las que ya eran de origen compartidas han quedado vaciadas de contenido hasta quedar reducidas a un mero símbolo.
Recientemente un distinguido hombre de las finanzas decía que la descentralización política en el Estado español ha ido
acompañada en los últimos 25 años de una rabiosa centralización económica. Bien, las decisiones económicas están hoy más centralizadas que lo estaban hace 25, 30 e incluso 50 años en el Estado español, pero a esto ha contribuido también de forma
bastante decisiva el recurso sistemático que los gobiernos han hecho a este título horizontal, el de la ordenación general de la economía, para recuperar y poner en manos de las instituciones centrales del Estado unas competencias autonómicas de
contenido económico que estaban ya descentralizadas. Pero en los últimos años, señor presidente, el Gobierno está echando mano además de nuevos instrumentos legislativos de erosión del poder autonómico y nos inquieta, se lo anuncio ya de manera
especial, la intensidad con que su Gobierno está recurriendo al título competencial recogido en el artículo 149.1.1.ª de la Constitución, este que reserva al Estado la competencia para fijar las condiciones básicas que garanticen la igualdad de
todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes fundamentales. Señor presidente, nosotros no tenemos nada que oponer a su programa de ampliación de derechos. Mi partido, y lo puedo decir con orgullo, siempre
ha estado en primera línea a la hora del ensanchamiento de las libertades, a la hora de ampliar el horizonte de los derechos. Mi grupo nunca ha constituido una rémora a la hora de ampliar el horizonte de los derechos, incluso históricamente ha sido
así. En tiempos de la República, en un hito fundamental, el reconocimiento del derecho de voto de la mujer, todos los parlamentarios de mi partido votaron a favor y, sin embargo, no ocurrió esto con los socialistas que se dividieron a este
respecto. No tenemos nada que oponer a su política de ampliación de derechos, pero la ampliación de derechos no puede acabar convirtiéndose en un nuevo pretexto para nivelar otra vez la tabla autonómica. El capítulo de los derechos no puede
constituir una nueva coartada para el centralismo. Ese título, el del artículo 149.1.1ª, que su Gobierno está empezando a utilizar con excesiva profusión, encierra un extraordinario potencial invasor del espacio competencial de titularidad
autonómica, un potencial que adquiere especial riesgo en el ámbito de la asistencia social o si lo prefiere de los servicios sociales.
Si me permite la metáfora, señor presidente, operar en el ámbito de esta competencia autonómica, en el ámbito de la asistencia social, desde el artículo 149.1.1ª de la Constitución es como pretender cortar un queso de Burgos con una
motosierra, algo imposible de hacer si no es con el objetivo de romper el queso. Con estas técnicas legislativas -y concluyo- su Gobierno está vaciando de contenido -fíjese lo que voy a decirle-, antes incluso de su entrada en vigor, las reformas
estatutarias en curso.
Ya hay ejemplos elocuentes de que lo que está dando con una mano lo está quitando con la otra. Haga un ejercicio de contraste de los Estatutos en tramitación o incluso de algunos recientemente aprobados por las Cortes
Generales con los proyectos legislativos que están en tramitación o han sido recientemente aprobados también por las Cortes, y podrá comprobar que el ajuste en algunos casos resulta muy complicado. Los blindajes competenciales de los nuevos
Estatutos podrán ser todo lo férreos que se quiera, pero algunas de las prácticas legislativas que su Gobierno está utilizando son -yo soy de un pueblo marinero y me gustan las imágenes marineras- salitre puro que penetra inexorablemente en el
hierro del blindaje hasta oxidarlo. Mi grupo no se cree la cantinela del Estado famélico ni la fábula de que estamos en el Estado más descentralizado del mundo, este tópico infundado que está tan al uso en el debate político.
El Estado español ni
está famélico ni corre riesgo de estarlo ni es el más descentralizado del mundo; antes al contrario, en algunos ámbitos de la gestión pública puede afirmarse sin temor a errar que es de los más centralizados de Europa y a usted le corresponde
enderezar esta situación, si cree de verdad en la descentralización, en el pluralismo y en la diversidad.
Estas son, señor presidente, para concluir, las reflexiones que mi grupo parlamentario aporta a este debate. Como puede ver, hay puntos de sintonía y de colaboración con su Gobierno, pero también se dan amplios espacios de discrepancia y de
disensión.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Erkoreka.
Corresponde contestar al Gobierno. El señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor Erkoreka, por su intervención, por su tono y por su voluntad de colaboración en aspectos importantes para el desarrollo del autogobierno en Euskadi con el Gobierno de España y para el diálogo parlamentario, la búsqueda
de acuerdos y el entendimiento; nuestro grupo agradece la actitud del Partido Nacionalista Vasco en este último año. En esta respuesta quiero hacer cuatro consideraciones: la primera sobre algo a lo que se ha referido en la primera fase de su
intervención; la segunda sobre los temas que ha planteado con relación al proceso de paz; la tercera sobre el futuro político de Euskadi y, la cuarta, sobre cuestiones de carácter técnico y que afectan a los acuerdos que hemos tenido, a las
quejas, incertidumbres, sugerencias, recomendaciones y peticiones que ha planteado el señor Erkoreka.
En relación con esa primera introducción sobre quién dialoga con quién en el País Vasco, creo que puede entender que mis palabras han de tener en este punto la máxima prudencia, siguiendo también un consejo que aplicaba en general el señor
Erkoreka para lo que es el proceso del fin de la violencia, el proceso de paz con la banda terrorista ETA. Ojalá que podamos tener un escenario en un tiempo razonable donde el diálogo político entre todas las fuerzas y todas las ideas que
representan, lógicamente, a un número importante de ciudadanos en Euskadi, se pueda producir. Ojalá. Eso significaría que todas, inequívocamente, aceptan las reglas del juego democrático y la legalidad y, por supuesto, creo que todo lo que sea
trabajar en esa dirección, desde los parámetros del Estado de derecho, es un deber de las fuerzas políticas, de los gobiernos y, en general, de los poderes públicos. Sabe a ese respecto cuál es mi posición y creo que tendremos seguramente mucho
tiempo por delante antes de hacer una evaluación de lo que han hecho unos o hayan dejado de hacer otros. Debemos pensar ante todo en la oportunidad que estamos fraguando e intentar dejar a un lado los legítimos intereses de unas siglas o de otras.
Le puedo asegurar que el Gobierno y el Partido Socialista saben muy bien lo que representa el Partido Nacionalista Vasco en Euskadi -siempre lo han reconocido, siempre lo han respetado y así será en el futuro- para la sociedad vasca, para su futuro
político y para la relación con el conjunto de las instituciones del Estado. En segundo lugar, le agradezco su plena disponibilidad y apoyo a lo que hemos denominado el proceso de paz -usted lo decía en términos muy gráficos, el cierre de la
persiana por parte de ETA-. Le agradezco esa posición muy especialmente porque usted conoce muy bien que la tarea es difícil, que la tarea es de envergadura, que va a exigir toda la prudencia y toda la inteligencia y desde luego, la prudencia y la
inteligencia tienen mucho que ver también con la actitud de todos los actores políticos para acertar en ese proceso de diálogo. Le agradezco que dé por bueno lo que puede representar el apoyo de su grupo a que el Gobierno intente, en las
condiciones razonables que creemos que existen, ver el fin de la violencia, que su grupo dé cobertura, dé apoyo e incluso que considere suficiente los pronunciamientos que ha hecho el Gobierno al respecto, como ayer hacía el representante del Grupo
Parlamentario Popular.
Simplemente haré un matiz que ayer no hice pero que hoy sí quiero hacer en relación con mi intervención en Baracaldo. Quiero decirle, señor Erkoreka, que mi intervención en Baracaldo la hice para todos los españoles, para
todos los ciudadanos, y lo hice ante mis compañeros de Euskadi que, como usted podrá reconocer con honestidad, han sufrido mucho, han soportado mucho y han sido fuertes y valientes, como los miembros de otro partido en Euskadi. (Aplausos.) Ese
intento de convocar a todos a la tarea del fin de la violencia tiene su mejor plasmación en mi interés por que este Parlamento ya desde el debate del estado de la Nación, hace un año, fuera un cauce a través del cual se expresara qué análisis de la
situación tenía el Gobierno y qué pasos podía dar el Gobierno en la confianza de que todas las fuerzas políticas, unas con más entusiasmo, otras con más escepticismo, iban a dar un margen de respaldo al Gobierno para hacer las cosas bien en torno al
fin de la violencia. En más de una ocasión he dicho que el camino será largo, duro y difícil, pero eso no le quita un ápice a que es un camino de gran esperanza, querido por la sociedad vasca, deseado por la inmensa mayoría de los españoles y en el
que el Gobierno va a comprometerse, se ha comprometido a fondo para lograrlo, consciente además de que la oportunidad que tenemos por delante es una oportunidad que seguramente no se han planteado nunca en democracia hasta ahora con tanto margen de
posibilidades y, consciente además, de que tiene la confianza plena de que las fuerzas políticas van a saber estar a la altura de las circunstancias. Esa es la seguridad con la que afrontamos esta etapa que sin duda tendrá dificultades.
En todo caso, tiene mi agradecimiento por el apoyo prestado que, por cierto, tengo que subrayar que durante todo este año en todas las declaraciones públicas, actitudes privadas del Partido Nacionalista Vasco, del lehendakari Ibarretxe han
sido enormemente favorables y positivas para ese objetivo del Gobierno de ver el fin de la violencia. Y quiero reconocerlo hoy aquí en sede parlamentaria a su partido y al lehendakari, más allá de las profundas discrepancias que hemos tenido, como
bien ha recordado sobre el llamado Plan Ibarretxe, tema en el que ahora entraré, profundamente democráticas que cuajaron en el debate celebrado en esta Cámara que usted ha recordado en algunas de mis expresiones y hacia ese puerto me dirijo en mi
intervención. Es un puerto al que tenemos que llegar juntos, que tenemos que decidir juntos porque vivimos
juntos, como yo recordaba en la intervención del debate del Plan Ibarretxe y eso representa recorrer un camino que ha de fraguarse desde el principio con la voluntad de acuerdo y con el máximo concurso de las fuerzas políticas que tienen
representación en Euskadi.
Hemos discutido en más de una ocasión sobre el derecho de autodeterminación, pero las posiciones que he mantenido aquí sobre el mismo, lo que dicen las resoluciones de Naciones Unidas, señor Erkoreka, no son anacrónicas, son plenamente
vigentes. No hay ningún amparo de ninguna resolución de Naciones Unidas o no hay ningún anclaje en nuestro sistema constitucional que permita hablar del derecho de autodeterminación y usted lo sabe. Además, debería saber también porque, como le he
reconocido en más de una ocasión, es un buen jurista, incluso muy buen parlamentario, que deberíamos tener la capacidad política y la capacidad histórica de dejar a un lado los conceptos, en cierta manera míticos, de todos, que en muchas ocasiones
han dificultado enormemente el entendimiento para esa convivencia política y para ese marco político de Euskadi.
Señor Erkoreka, por supuesto, que sin violencia todas las ideas se van a poder defender; por supuesto, que hay un camino para ensanchar el autogobierno de la comunidad de Euskadi, como afirmé en el debate del Plan Ibarretxe y, por supuesto,
que los ciudadanos vascos decidirán su futuro dentro de la legalidad como he reiterado en más de una ocasión. Le diré cuál debe ser en mi opinión el discurrir de ese camino, el método y el fin. El método ha de ser el diálogo, el diálogo político
de una sociedad, la vasca, en el conjunto de España, de una España europea en un mundo en cambio, con profundas transformaciones en el que muchos de los esquemas que de manera blindada se han podido defender por todos -subrayo, por todos-,
seguramente necesitan una cierta revisión. El camino ha de ser un gran acuerdo, dije histórico en el debate del Plan Ibarretxe y hoy lo reitero, un gran acuerdo histórico de convivencia en Euskadi, para una Euskadi que es, usted lo sabe bien, señor
Erkoreka, plural y de convivencia de Euskadi con España, con el conjunto de España.
Ese es el objetivo. ¿Ambicioso? Sin duda. ¿Posible a tenor de las circunstancias? En mi opinión, sí, y probable. Llevará el tiempo que sea necesario, pero la
tarea merece la pena si uno mira con perspectiva hacia el pasado y advierte todo lo que representaría ese posible acuerdo. Y subrayo todos.
Puedo asegurarle que el Partido Socialista valora extraordinariamente la representación del Partido Nacionalista Vasco, pero el Partido Socialista en Euskadi tiene muy presente también lo que representa el Partido Popular y sería un error
que no hiciéramos el máximo esfuerzo por que todas las fuerzas políticas democráticas intenten fraguar ese acuerdo.
Hoy sé que las condiciones son difíciles, pero nuestro objetivo es intentarlo. No adelantaré contenidos, aunque le puedo asegurar
que el Gobierno tiene ideas y propuestas para cuando llegue el momento. No las adelantaré por dos razones: la primera de ellas porque, como he dicho en muchas ocasiones, primero la paz y luego la política. La teoría de ver la paz, de alcanzar el
fin de la violencia va a ser una tarea que nos lleve su tiempo. Eso no va a impedir que el diálogo político empiece, pero va condicionar las expectativas para ese diálogo que va a exigir tiempo, sensatez, prudencia, máxima sinceridad por todas las
partes y una voluntad de acuerdo, sin prejuicios y sin clichés que en muchos momentos se han podido mantener y defender. Le aseguro que es una ventana a la esperanza. Este horizonte es una ventana a la esperanza. Estamos en el momento de
sustituir el túnel, oscuro y solitario, del que hablaba Ernesto Sábato, por esa ventana a la esperanza para Euskadi, para la paz y para el conjunto de la sociedad española. (Aplausos.)
Dije en Baracaldo que todos teníamos una visión parcial del mundo y seguramente también de Euskadi y de lo que es una España políticamente descentralizada, una España en la que se puedan defender todas las ideas, las identidades, el
autogobierno y las máximas aspiraciones de realización de una voluntad política propia. Ahora se trata de que esas visiones parciales del mundo, de Euskadi, de España, se pongan encima de la mesa y sepamos hacer una tarea de entendimiento, de
cesión, lógicamente, de acuerdo y de refundar esa convivencia de la que he hablado en alguna ocasión y que hoy recordaba el señor Erkoreka; refundación de la convivencia que tiene una dimensión de integración social y una dimensión de justicia, con
lo que ha pasado en términos históricos y lo que han sufrido muchas personas, y de generosidad, porque solo se puede llegar a la generosidad desde la justicia y desde el reconocimiento. Esa es la posición que mantengo al respecto.
Entro en los aspectos más concretos de la relación política y de las cuestiones que ha planteado el señor Erkoreka en relación con los acuerdos, hechos diferenciales negativos. No quiero recordar aquí los hechos diferenciales positivos que
tiene la Comunidad Autónoma vasca, su régimen económico, consagrados constitucionalmente, pues me parece que aun siendo imaginativos los hechos diferenciales negativos es manifiestamente exagerado. Voy a arrancar de la parte relativa a los acuerdos
sobre el concierto, a los acuerdos presupuestarios y a lo que representa una de las decisiones más importantes que en este último año se han tomado para Euskadi, que es el acuerdo entre el Gobierno vasco y el Gobierno del Estado sobre la Y vasca.
Es uno de los acuerdos más importantes que se han tomado en los últimos años para Euskadi por dos razones. Primero, por lo que representa para su desarrollo, para su potencial económico, para el transporte de comunicación en Euskadi y, segundo, por
lo que representa como forma de trabajar, como forma de colaborar en beneficio de Euskadi entre el Gobierno vasco y el Gobierno de la totalidad. En efecto, esa Y vasca supone 4.178 millones de euros de inversión y una longitud de líneas de 165
kilómetros. El Estado va a asumir el coste de la actuación, pero el Gobierno vasco va a anticipar, financiando inicialmente las obras, 1.642 millones de euros en el tramo
llamado guipuzcoano, entre Mondragón y San Sebastián. Quiero felicitarme por este acuerdo -creo que el Gobierno vasco también se ha felicitado a sí mismo-, pues se trata de algo que estaba estancado desde hace mucho tiempo. En un año hemos
conseguido llegar a un acuerdo y estoy convencido de que tanto el Gobierno vasco como el Gobierno de España van a ser capaces de imprimir rapidez en la ejecución de las obras, lo que sin duda alguna abre una nueva gran expectativa a una economía
pujante de por sí como es la economía del País Vasco. Le puedo decir que en el año 2006 el Gobierno va a dedicar a la Y vasca 180 millones de euros y, en los próximos ejercicios presupuestarios, esa cantidad aumentará progresivamente a medida que
las obras entren en su fase de mayor actividad.
Celebro también el acuerdo sobre el impulso a un centro tecnológico de gran excelencia en Euskadi, que además puede tener una dimensión europea y que también representa un gran símbolo de muchas cosas, de cómo se pueden hacer las cosas bien
para Euskadi desde el liderazgo en este caso del Gobierno vasco, que le reconozco; un gran centro tecnológico extraordinariamente avanzado, liderado por el Gobierno vasco con la colaboración del Gobierno de España y que puede ser referencia en el
marco del sistema de investigación de la Unión Europea. Es un gran símbolo y el resultado ha sido una voluntad política de acuerdo, de colaboración, de escuchar la demanda, la iniciativa acertada del Gobierno vasco y la buena disposición de este
Gobierno. Con ello se fortalece el autogobierno vasco, el Estado contribuye económicamente, ganamos competitividad ante la Unión Europea en materia de investigación y va a ser enormemente beneficioso para los investigadores, para la investigación,
para las empresas y para la productividad en Euskadi. El Gobierno se siente muy satisfecho -reconociendo su iniciativa- de haber podido llegar a este acuerdo; igual que tenemos satisfacción y agradezco que, aunque tarde, los acuerdos relativos al
concierto se hayan desarrollado adecuadamente. Es verdad que fue tarde, lo reconozco, pero también es cierto que hay algunos aspectos que han tenido que ser discutidos a fondo y que tienen su complejidad técnica.
En cuanto a los hechos diferenciales, el Grupo Socialista está dispuesto a estudiar lo que afecta a los cambios de denominación. Vamos a estudiarlo, asumo ese compromiso. Estamos haciendo un esfuerzo por restringir lo que puede ser la
normativa básica en disposiciones reglamentarias, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Eso ha sido objeto de debate intenso en los estatutos de nueva generación, como los denominamos. Las conclusiones que se han adoptado en
los estatutos tienen dos efectos: un efecto que sin duda alguna va a incidir en la interpretación de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y, en segundo lugar, un efecto político que compromete al Gobierno a la hora de establecer que la ley
ha de ser el vehículo fundamental para la disposición de aspectos básicos de nuestra normativa. Subrayo que con carácter fundamental habrá alguna excepción -algunas de ellas son inevitables- que ha de transitar a través de instrumentos
reglamentarios, especialmente lo que tiene que ver con algunos aspectos económicos.
Discrepo de la idea de la centralización económica. Discrepo porque lo que necesita nuestra sociedad y la economía no es un debate sobre centralización o descentralización económica, sino un debate que garantice la unidad de mercado como un
bien colectivo para todos y para el funcionamiento del sistema económico. Las medidas que puedan adoptarse en defensa de la unidad de mercado no pueden ser interpretadas como centralización económica. Ayer hacíamos también una acotación sobre este
punto en relación con el Estatuto de Cataluña. De igual manera, señor Erkoreka, cuando el Gobierno extiende derechos por ley, desde luego, lo último en lo que piensa es en cercenar competencias de las comunidades autónomas. Piensa en los
ciudadanos, en los ciudadanos de Euskadi en este caso -ya que usted ha hecho una referencia indirecta o directa a la Ley de Dependencia- que pueden necesitar servicios que superen, que alivien y que contribuyan a la ayuda ante una situación de
dependencia. Compromete sus recursos y los compromete para la gestión por parte de las comunidades autónomas, para la gestión además de las competencias que en materia de servicios sociales les corresponden.
Le voy a hacer una reflexión, señor Erkoreka, que quizá nos ayude y quizá ayudaría al Partido Popular a comprender algunos de los fenómenos que estamos viviendo. Es cierto que los servicios sociales son una materia competencial atribuida a
las comunidades autónomas con carácter exclusivo, pero no es menos cierto que cuando el constituyente elaboró la Constitución seguramente no tenía en la cabeza -porque la realidad de nuestro país, desgraciadamente, presentaba una escasísima
extensión de los servicios sociales- que algún día pudiéramos tener un sistema de dependencia que es prácticamente un nuevo sistema de protección social.
No quiero compararlo al sistema de Seguridad Social, pero es un nuevo sistema de protección
social, y el constituyente no estaba en eso, no podía estar, igual que no lo estuvo, señor Erkoreka, en lo que representaba el fenómeno de la inmigración, que ahora hemos tenido que abordar en la reforma de los estatutos dando competencias a las
comunidades autónomas en esta materia. ¿Qué título competencial sostiene una u otra tesis? Hay un título competencial que también debemos tener presente, que es el de la evolución de las cosas, el de la realidad. No ha habido ni habrá blindajes
cerrados ni compartimentos estancos cuando se trata de atribuir las competencias públicas en una serie de materias que son cambiantes. A lo mejor, dentro de equis años, cuando ese sistema de protección social de la dependencia esté desarrollado,
madurado y consolidado, tendremos que poner encima de la mesa las decisiones sobre transferencias, pero, créame, no hay el más mínimo interés en utilizar el salitre a la hora de abordar leyes que están pensadas no para nuestro modelo territorial
sino para nuestro modelo
social, para que lleguen a todos los ciudadanos, igual que la extensión de derechos. Fíjese, señor Erkoreka, que en esta dirección vamos en un camino que quiero subrayarle, que es el de la ampliación de derechos que se está produciendo en
los estatutos de autonomía, de manera singular y especial en los de Cataluña y Andalucía. Es un campo nuevo de obligaciones de los poderes públicos, de las comunidades autónomas ante sus ciudadanos, un campo inexistente hasta ahora, de gran
potencial para el autogobierno de los ciudadanos de cada comunidad y, como consecuencia, para el autogobierno en sí mismo. Ese es un elemento que debería tener presente.
En consecuencia, en primer lugar, le expreso mi agradecimiento por su posición con el Gobierno ante el proceso hacia el fin de la violencia, hoy y durante todo este año. En segundo lugar, le pido que hagamos un esfuerzo para ver esa Euskadi
del futuro, de la convivencia y del acuerdo con tiempo y entre todos, sin prejuicios, sin adoptar una visión parcial irreductible por ninguna de las partes y contando al máximo con todas las fuerzas políticas que representen todas las ideas, solo
con una condición, que respeten la legalidad, las reglas del juego. Esa será la manera en la que Euskadi aborde un futuro en el que decida dentro de esa legalidad, dentro de las reglas del juego. Uno es no solo porque piensa que es, sino también
porque los demás le reconocen que es, y uno decide y debe decidir teniendo muy presente siempre que la mejor decisión no es contar ni recontar las identidades. No. La mejor decisión es acordar la convivencia, el marco político, el futuro dentro de
una España plural y en una Europa que avanza y que ojalá pudiera ir más rápido en esos cambios.
Sobre lo que afecta a los acuerdos y al desarrollo creo que le he contestado a todas las cuestiones, y si me he dejado alguna, seguramente la agudeza parlamentaria del señor Erkoreka me obligará a volver a precisar alguno de los temas.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Erkoreka, su turno de réplica, por favor.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señor presidente.
Señor presidente del Gobierno, yo quisiera comenzar esta segunda intervención, la de réplica, reiterando el mensaje que he formulado ya en la primera en el sentido de que, en lo que a mi grupo parlamentario se refiere, usted y su Gobierno
han cumplido ya todos los requisitos imprescindibles para empezar a dar los pasos necesarios para hacer efectivo ese fin dialogado de la violencia que marcamos como horizonte último en la resolución del 18 de mayo del año pasado. Si usted insiste
en comparecer aquí en la Cámara, nosotros vendremos diligentemente, porque somos respetuosos con las instituciones, y básicamente repetiré entonces lo que le estoy diciendo ahora, no entraré en mayores jardines.
Por tanto, insisto, si usted
considera pertinente llevar a cabo esa comparecencia, hágala y vendremos, pero, en lo que a mi grupo parlamentario se refiere, las cosas están listas ya para que pueda abordarse esa segunda fase del proceso de paz en los términos en los que la
definimos en la resolución de 18 de mayo del año pasado. En esa resolución no se habla de ninguna comparecencia; por tanto, esta no es absolutamente imprescindible para seguir puntualmente la hoja de ruta allí trazada.
Voy a hacer una breve referencia respecto a la comparecencia suya de Baracaldo. Me dice que habló, sí, en un acto de partido en Baracaldo, pero lo hizo para todos los españoles y ante sus compañeros socialistas del País Vasco. Yo creo que
esto, y perdóneme una pequeña puntualización, no le exime del cargo. Fue un acto de partido y lo que yo le pedí aquí es una cierta lealtad con la institución parlamentaria. Creo que no hay que confundir planos y no es bueno que se produzcan
interferencias entre el discurso o el flujo parlamentario y el flujo político-partidista. Usted se comprometió en su primera comparecencia a convertir el Parlamento en el centro de la vida política del país y eso supone una serie de gravámenes.
Requiere una serie de compromisos en cuanto a los procedimientos y al respeto a los cauces reglamentarios, que creo que en alguna ocasión en relación con este tema, concretamente por lo que hace referencia a la comparecencia suya de Baracaldo, no se
han respetado.
Nada más.
En cuanto al futuro político del País Vasco, quisiera tomar como punto de partida una clarividente máxima de un escritor francés, André Malraux, que dice que es una verdad absoluta que la verdad es relativa. Creo que esta clarividente
máxima debe ser la que guíe el entendimiento entre los partidos políticos vascos cuando nos sentemos a la búsqueda de ese punto de encuentro. La verdad no pertenece a uno, es patrimonio de la colectividad. Por eso es importante e imprescindible el
concurso de todos y es urgente que nos sentemos ya; sentémonos y confrontemos nuestros respectivos puntos de vista, nuestras respectivas verdades parciales para la búsqueda de esa verdad paccionada, de esa verdad consensuada que nos permitirá
sentar las bases de nuestra convivencia futura, pero hagámoslo ya. Sé que las dificultades son reales. Hablamos en puridad en nuestros discursos de cosas distintas. Ustedes nos hablan de un autogobierno mejor, mientras nosotros hablamos de un
autogobierno diferente. Ustedes nos hablan de mejorar lo existente. Nosotros hablamos de cambiarlo. Hay matices, hay diferencias en los discursos. Ustedes hablan de enfatizar la legalidad, destacan y subrayan la necesidad de respetar unos marcos
legales. Nosotros subrayamos sobre todo la necesidad de tomar como referencia la voluntad popular, que creemos además que es la última ratio de la democracia. No es el respeto a la legalidad la última ratio de la democracia; es el respeto a la
voluntad popular. Hasta tal punto esto es así que una ley en términos democráticos puede considerarse legítima o no en función de que sea o no expresión de la voluntad popular. Una ley que no es expresión de la voluntad popular no es legítima o
lícita en democracia. Lo que da y quita marchamo democrático, por tanto, al ordenamiento
jurídico es su correspondencia con la voluntad popular. Es la voluntad popular la que determina la frontera entre lo que es lícito y no es lícito, lo que es legítimo y no es legítimo en términos democráticos.
Me habla de la conveniencia de suprimir del debate los conceptos que dividen más que unen, en concreto el derecho de autodeterminación. Yo le devuelvo la moneda. Yo les veo francamente a ustedes más aferrados a algunas categorías
tradicionales, a algunos dogmas históricos del derecho público, como el de la soberanía indivisible y las unidades indisociables, que parece que son verdades inapelables absolutamente incontrovertibles. Les veo a ustedes más rígidamente aferrados a
esas categorías conceptuales de lo que podamos estar nosotros a otras de diferente signo.
Respecto al diálogo político, yo sé que será difícil alcanzar un punto de encuentro, porque las posiciones de partida son muy diferentes entre sí.
Tampoco se me oculta que en Euskadi, precisamente por la distancia que existe entre las
posiciones políticas de unos y otros, los acuerdos que eventualmente podamos alcanzar reflejarán equilibrios inestables, serán acuerdos hasta cierto punto discordantes, puntos de equilibrio como, por otra parte, lo son prácticamente todos los
acuerdos que pretenden encauzar complejos conflictos políticos, pero creo que los vascos estamos emplazados a dirimir nuestras diferencias en una mesa, estoy absolutamente convencido de eso, siguiendo la máxima del autor francés al que antes he
hecho referencia. Ningún partido político se puede sustraer a esto que yo calificaría de designio colectivo de los vascos. Todos estamos llamados a hacer nuestra aportación a este propósito común sin que sea legítimo que nadie pueda sustraerse o
autoexcluirse de este cometido. Además, debemos hacerlo sin exclusiones y sin condiciones previas, mejor dicho, con una condición previa: el compromiso por excluir radicalmente las vías violentas, sin imponer, señor presidente, y sin impedir, que
es otra manera de imponer, y desde el máximo respeto a la voluntad de los ciudadanos que, como antes le decía, es la última ratio de la democracia. La ley, como también intentaba argumentar, solo es legítima cuando es expresión de la voluntad
popular, y cuando deja de estar en concomitancia con esa voluntad popular pierde en esa misma medida de contar con legitimidad democrática.
Ha hecho una pequeña referencia a las resoluciones de Naciones Unidas sobre el derecho de autodeterminación. Yo creo que este es un debate que nos llevaría muchísimo tiempo y que no estoy yo, con el tiempo limitado del que dispongo para mi
intervención, en condiciones de abordar ahora en toda su integridad. Le voy a poner solo un ejemplo elocuente. Que las resoluciones 2625 y 1514 están superadas por la realidad lo pone de manifiesto el hecho de que existan ahora en Europa,
reconocidos expresamente por la ONU, Estados como el de Eslovenia, cuya Constitución en su artículo 3 dice que es un Estado de todos sus ciudadanos que se funda en el permanente e inalienable derecho de la nación eslovena a su autodeterminación.
Esto no existía cuando se aprobaron esas resoluciones de la ONU a las que antes hacía referencia y, sin embargo, ahora existe; o un Estado como el de Estonia, cuya Constitución proclama en el preámbulo que es un Estado que se fundamenta sobre el
inextinguible derecho del pueblo estonio a su autodeterminación nacional; o el preámbulo de la reciente Constitución alemana, que dice que los alemanes han consumado en libre determinación la unidad y la libertad de Alemania.
Esto significa que
esas resoluciones de la ONU están absolutamente superadas.
Me dice que los hechos diferenciales negativos que he identificado son exagerados. Yo no he negado, sería absurdo que intentara hacerlo, la existencia de hechos diferenciales positivos en relación con el País Vasco, no. He partido además
de ese presupuesto y he dicho que en nuestro caso existen con todo el aval jurídico y con el máximo respaldo del ordenamiento, pero también los hay negativos, he intentado identificárselos y creo que lo he hecho con suficiente claridad y usted no ha
sido capaz de desmentirme en ninguno de los dos casos en que existe una circunstancia fáctica o jurídica que hace que se nos diga a nosotros lo que es legítimo, lo que es lícito y se permite a otros.
Agradezco su compromiso sobre las denominaciones de los territorios históricos vascos. Seguiremos la cuestión para ver en qué se traduce.
Pero le vuelvo a preguntar: y con respecto a los papeles de Salamanca, ¿qué? No me hado ninguna
respuesta.
Si dispusiera del tiempo del que usted ha dispuesto para poner en valor el acuerdo presupuestario que en su día alcanzamos, hubiese dedicado tanto tiempo como usted para destacar los aspectos positivos de ese acuerdo parlamentario, pero creo
que he hecho una valoración lo suficientemente enfática de los elementos más destacables de ese acuerdo en mi primera intervención. Hay otros muchos temas. Creo que el tema pendiente en relación con ese acuerdo presupuestario radica en este
momento en la ejecución y, como he dicho en mi primera intervención, mi grupo parlamentario va a seguir haciendo un seguimiento escrupuloso y puntual de esos acuerdos parlamentarios. Recientemente, por ejemplo, preguntábamos en una sesión de
control a la ministra de Fomento sobre las aportaciones que el Gobierno tiene que hacer para participar plenamente en una sociedad institucional constituida para la regeneración de una zona de Guipúzcoa muy degradada, la bahía de Pasaia. La
ministra de Fomento nos decía que esa partida efectivamente está comprometida y recogida en el presupuesto, pero que no pertenece a su ministerio sino que está registrada en el presupuesto del Ministerio de Hacienda. Yo no sé exactamente en qué
ministerio está, pero con esa respuesta nos daba la impresión de que estábamos reproduciendo la historia de los evangelios: de Anás a Caifás y de Caifás a Pilatos. Esperemos que este no sea el preludio de un calvario procesal que acabará en una
cruz.
En cuanto a la centralización económica, me dice usted que no se ha producido en el Estado español durante los últimos veinticinco años.
Difiero radicalmente. Decisiones
económicas que estaban muy descentralizadas hace incluso cincuenta años ahora están rabiosamente centralizadas y además en el centro político del Estado y a eso no es ajeno el conjunto de decisiones que el Gobierno ha ido adoptando durante
estos años relativas a la recuperación de la intervención por parte de los poderes públicos en la economía. La unidad de mercado, señor presidente, ya no es española, es europea, y las normativas que configuran la unidad de mercado tienen que ser
sobre todo europeas. Eso no justifica la recentralización de las competencias autonómicas.
Una última referencia al artículo 149.1.1.ª de la Constitución, como título competencial habilitante para actuar en el ámbito social. Usted me dice que el Gobierno piensa sobre todo en los ciudadanos. Yo creo que la acción de los poderes
públicos debe estar siempre orientada a los ciudadanos, la del Estado y la de las comunidades autónomas, toda, y la política social de manera especial. ¿Pero sabe usted lo que ha ocurrido en materia de política social en los últimos veinticinco
años? Originariamente era una competencia compartida -y le emplazo a que se lea el Estatuto de Gernika, al que ya hice referencia en mi primera intervención aquí en la Cámara como portavoz de mi grupo parlamentario- entre el Estado y la comunidad
autónoma. La comunidad autónoma gozaba de competencias para la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, en la política social por tanto. La Seguridad Social era una competencia compartida. Ustedes han hecho que eso pasara de ser una
competencia compartida a ser una competencia exclusiva del Estado, porque ya no importa lo que el Estatuto diga a ese respecto, es una competencia exclusiva del Estado. Pero en los albores de los años ochenta nos dijeron: la competencia sobre
Seguridad Social será exclusiva del Estado a partir de ahora, aunque según el Estatuto haya de ser compartida, pero en su comunidad autónoma gozan ustedes de plenos poderes para diseñar las políticas que quieran en el ámbito social, porque la
competencia sobre servicios sociales, sobre asistencia social es suya con carácter exclusivo. Eso nos dijeron entonces. ¿Qué ha ido pasando desde entonces hasta ahora? Primero, que el Tribunal Constitucional dijo que en un Estado social de
derecho no se pueden establecer ámbitos acotados y exclusivos de actuación de los poderes públicos en el área de las políticas sociales; por tanto, lo que nos dijeron ustedes que era una competencia exclusiva de las comunidades autónomas pasaba a
ser competencia compartida. Pero es que ahora, con el recurso a este título competencial, al artículo 149.1.1ª, lo que nos están diciendo es que incluso la política social, las políticas a diseñar en el ámbito de la asistencia social, que
originariamente nos dijeron que eran exclusivas de las comunidades autónomas, ya no es que sean compartidas, sino que el tronco central de esas políticas las va a fijar el Estado, y lo que pueden hacer las comunidades autónomas es dictar
disposiciones complementarias que mejoren o que doten de mayores recursos a las prestaciones sociales. Es decir, lo que había sido una competencia compartida -la Seguridad Social- es exclusiva del Estado y lo que había sido originariamente una
competencia exclusiva de las comunidades autónomas -la asistencia social- es ahora no ya una competencia compartida entre el Estado y las comunidades autónomas, sino una competencia compartida en la que las atribuciones centrales, los poderes
fundamentales corresponden al Estado, y a las comunidades autónomas solo les queda la posibilidad de complementar y de mejorar puntualmente los mínimos de prestaciones sociales que fije el Estado. Esto es lo que le puedo decir a propósito de lo que
ha dado de sí la evolución de esta materia a lo largo de los últimos veinticinco años. Usted me habla de la voluntad del constituyente, pero yo creo que por encima de la voluntad del constituyente está lo que dijo el constituyente, que a este
respecto fue claro y terminante. Dijo que la asistencia social es competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Es muy arriesgado considerar que la evolución y la realidad de las cosas es un título competencial implícito. Es muy arriesgado
sobre todo para nosotros, porque ese título competencial implícito y latente finalmente acaba derivando siempre a favor del Estado. La realidad de las cosas siempre, indefectiblemente, evoluciona a favor del Estado. Es muy arriesgado.
El señor PRESIDENTE: Señor Erkoreka, concluya. Fíjese el tiempo que lleva consumido.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Concluyo ya, señor presidente.
Por tanto, no antepongamos títulos competenciales implícitos y latentes a lo que explícitamente dijo el constituyente primero y el estatuyente después.
Muchas gracias y gracias también, señor presidente, por su amabilidad.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Erkoreka.
Su réplica, señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.
Señor Erkoreka, no merece la pena que sigamos en el pequeño debate sobre lo que representó el acto de Baracaldo. Es verdad que fue un discurso ante el Partido Socialista de Euskadi, pero no fue un discurso de partido. Le invito a que relea
toda mi intervención porque no hubo ninguna referencia a otras fuerzas políticas, menos una crítica, sino todo lo contrario, una convocatoria al acuerdo y al entendimiento. Es un matiz nada más.
Ha hecho una referencia nuevamente al derecho a la autodeterminación y al significado del concepto de la legalidad, voluntad popular y legitimidad.
Tengo que decirle que en este punto he visto algún concepto confuso por su parte, lo tengo
que decir con toda nitidez, a pesar de que siempre le he reconocido como un buen jurista. Que la legalidad, que la ley emane de la representación de los ciudadanos -porque la hacen los órganos habilitados
para ello, como esta Cámara- es lo que le da el carácter de plena legitimidad. Eso es lo que le da el carácter de plena legitimidad: que sea elaborada por aquellos que representan a los ciudadanos. Esa es la legitimidad de la ley. Señor
Erkoreka, la democracia tiene dos pilares: uno, la voluntad popular y, otro, el respeto a las reglas dadas en cada momento histórico, a la legalidad. Los dos pilares tienen la misma importancia, el mismo alcance conceptual para lo que representa
democracia y Estado de derecho, porque no hay democracia si no se respetan las reglas y no hay democracia si no son reflejo de la voluntad popular. Por tanto, uno y otro concepto, uno y otro fundamento del funcionamiento de una sociedad libre,
libremente sometida a la ley, son la garantía de la convivencia pacífica y de los derechos y de las libertades, siendo conscientes de que las leyes se cambian cuando las mayorías pueden cambiarlas. Creo que es impecable, es un planteamiento
universal en la teoría política de la democracia, en la teoría del constitucionalismo moderno, que afortunadamente ha dado etapas de construcción democrática, de sociedades libres, y dentro de ese contexto y ese marco hay una voluntad política
detrás que hay que intentar acomodar a lo que puede ser la representación mayoritaria, a lo que son las distintas ideas, las distintas formas de ver las cosas. Señoría, respeto las reglas del juego, respeto la legalidad, y dentro de esa legalidad
la última palabra la tienen siempre los ciudadanos para decidir su futuro, y por supuesto Euskadi, pero con el respeto a toda la arquitectura de la legalidad, arquitectura que engarza lógicamente el ordenamiento que podríamos llamar exclusivo del
País Vasco con el ordenamiento del conjunto del Estado, del que, por cierto, nace el ordenamiento jurídico vasco, incorporado en la propia Constitución con el reconocimiento de derechos históricos como un hecho singular evidente que también tienen
su plasmación en el propio Estatuto y que han de estar presentes a la hora de la reflexión.
En relación con los papeles de Salamanca, he de decirle que la actitud del Gobierno es el cumplimiento de la ley que aprobó esta Cámara, donde se reconoce la posibilidad de iniciativas individuales para reclamar documentación situada en ese
archivo.
Centralización económica versus unidad de mercado. Centralización política. Señoría, realmente la centralización económica que han vivido España y todos los países de la Unión Europea es la que se sitúa en Bruselas, porque todo el proceso
de construcción de la unión económica y monetaria para muchos países efectivamente es un proceso de centralización, pero no del Gobierno del Estado, sino de Europa.
Construcción de mercado único y moneda única para muchos países. Eso sí es
centralización, y no por un afán centralizador o de negación de identidades, de poder democrático, de autogobierno, porque es bastante evidente que tener un mercado único en el ámbito de la Unión Europea y por supuesto una moneda única en la que
estamos con otros catorce países es bueno para la economía, para el progreso y para el desarrollo de todos. Eso es lo que ha habido, y lo que hace el Estado, en buena medida por mandato de la Unión Europea, es frecuentemente transponer directivas
para garantizar la unidad de mercado. No tiene que ver con el proceso político que hemos vivido en nuestro país en la dialéctica centralización-descentralización, en la dialéctica entre el desarrollo del Estado autonómico, en la dialéctica entre lo
que pueden ser limitaciones en el desarrollo de los estatutos, sino que esencialmente tiene que ver con la construcción europea y afortunadamente se ha producido ese proceso, además, creciente, señor Erkoreka, de unificación de las políticas que
tienen que ver con el mercado único y con la moneda única. Tiene muchas más restricciones el Gobierno del Estado hoy y son de tanto alcance como que no tenemos una potestad para modificar, por ejemplo, los tipos impositivos del impuesto sobre el
valor añadido.
Fíjese si es una cuestión de poder y de trascendencia, porque hay una normativa en Bruselas que determina esas posibilidades y que está fijada desde hace tiempo. Por tanto, créame que en este punto sinceramente no tiene razón. Eso
nada tiene que ver con que haya zonas del territorio de nuestro país que hayan tenido un desarrollo económico mayor o menor; esto tiene que ver muchas veces con la naturaleza de la posición geográfica, lo que representa la capitalidad o las propias
condiciones naturales de una economía que en el mundo en que vivimos está más favorecida por el desarrollo del sector servicios, de los sectores tecnológicos, como es bien conocido. Otras economías han tenido y tienen más problemas para mantener su
crecimiento y su desarrollo.
Puede ser un terreno mucho más discutible su argumentación sobre los títulos competenciales relativos a servicios sociales, puede ser más discutible, pero, señor Erkoreka, el constituyente no estaba pensando en lo que representa la
construcción de un sistema de protección social como el de la dependencia. Me puede dar la razón en eso y yo le doy la razón en que es discutible y lo hemos discutido y seguramente lo discutiremos en los próximos años, pero usted debe admitir que
el último objetivo que el Gobierno ha tenido a la hora de poner en marcha esta ambiciosa ley social es cercenar, limitar o buscar una interpretación que pudiera poner en cuestión el ámbito competencial pleno y exclusivo que en materia de servicios
sociales tienen las comunidades autónomas. Le invito a que me diga alguna gestión, algún ámbito, alguna Administración del Estado en Euskadi que realice este tipo de políticas. No lo hay; todo lo realiza el Gobierno vasco. En todo caso, podrá
haber convenios de colaboración que siempre representan el compromiso, una ayuda financiera, etcétera.
Tenemos ante la ley de la dependencia, lógicamente, un terreno que va a ser de discusión.
En cuanto al título competencial del artículo 149.1.1.ª, está en la Constitución. Por supuesto que hay títulos competenciales que han de ser ajustados en función de la evolución de las cosas. Pasa en todos los países federales, ayer lo
recordaba. La discusión competencial, que en unas ocasiones tiene una ampliación del espacio de autogobierno de las partes que integran el conjunto y, en otras ocasiones -es verdad-, ha tenido un reflujo centralizador
es una discusión habitual, igual que lo es el modelo de financiación.
¿Sabe cuál es el principio que produce estabilidad? El principio del acuerdo razonable, de la racionalidad de las cosas. La racionalidad de las cosas dice que en una
competencia como inmigración las comunidades autónomas han de tener un ámbito propio de intervención y decisión. Esto era impensable hace 15 ó 20 años, todo lo que afectaba a la extranjería pertenecía al Estado, casi era una manifestación del
núcleo duro de la soberanía. Hoy la realidad demuestra que el alcance del fenómeno, sus consecuencias sociales en el ámbito laboral, exige la intervención de los gobiernos autonómicos en un ámbito de competencias importante. ¿Esto tiene algo que
ver con una discusión de principios, de actitud más centralista o menos centralista? No, señor Erkoreka, tiene que ver con la realidad y la evolución de las cosas y aplicar a la evolución de las transformaciones sentido común, racionalidad,
utilidad para que las cosas funcionen. Este Gobierno no es centralista, y usted lo sabe, pero sí quiere ser un Gobierno útil a todos los ciudadanos y al progreso de Euskadi, en primer lugar, y del conjunto de España.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su dúplica, señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señor presidente.
Cinco puntos telegráficamente. Primero, para poner fin al asunto, con respecto a sus palabras de Baracaldo, no fue efectivamente un discurso de partido. No es lo que le he reprochado; le he reprochado el hecho de que fuera un acto de
partido y que un mensaje, un discurso de esa envergadura y de esa dimensión lo formulara en un acto de partido. El discurso no era de partido, pero el acto sí era de partido y llevaba unas fotografías, una escenografía, unas imágenes, unos
símbolos, unas banderas que son de partido, y no es el marco adecuado para lanzar un mensaje que no era de partido, y menos un mensaje de esta envergadura y de esta dimensión cuando está comprometida una comparencia ante esta institución
parlamentaria.
Segundo, seguramente no hay muchas diferencias entre lo que usted dice y lo que digo yo a propósito de la prioridad entre el ordenamiento y la voluntad popular. Lo que he dicho, insisto en ello, es que la última ratio de la democracia, si
alguna existe, es la voluntad popular, que es la fuente de toda legitimidad. Un sistema es democrático si se construye sobre la base de la voluntad popular y construye toda su producción legislativa sobre la base de la voluntad popular, y no lo es
si la voluntad popular no es operativa a esos efectos. Por tanto, el criterio último que determina la legitimidad o no de la ley es la voluntad popular.
Archivo de Salamanca. Me dice usted que se compromete a aplicar y a ejecutar lo que haya acordado la Cámara a este respecto, pero ¿qué es lo que ha acordado la Cámara a este respecto? Solo la restitución a la Generalitat de los documentos
y efectos incautados en su territorio durante la guerra civil. Por eso lo que le he preguntado desde el principio: ¿esto lo va a hacer extensivo a Euskadi, habida cuenta que la situación es exactamente la misma, sí o no? En el marco de la
legislación republicana solo hubo dos gobiernos autonómicos, el catalán y el vasco.
Con respecto al catalán se ha acordado ya la restitución de toda la documentación incautada, y le pregunto: ¿va a operar de la misma manera con el Gobierno vasco y
las instituciones autonómicas vascas, sí o no? Esta es la pregunta a la que quisiera que me respondiera.
Centralización económica. Bien, esto abriría un debate probablemente de consecuencias inabarcables e imprevisibles en este momento. Creo que no hace falta que me convenza a mí de la importancia de la Unión Europea en el ámbito de la
definición de los marcos económicos, soy yo precisamente el que le ha hablado de la importancia de la Unión Europea a la hora de definir el mercado único. El mercado único -lo decía para replicarle a usted- no lo define la institución estatal
española, sino el contexto europeo, el mercado es único en Europa, pero ¿me va a negar, señor presidente, que los centros de decisión económica están más intensamente localizados ahora en Madrid, más centralizados en Madrid que en los últimos
veinticinco, cincuenta e incluso setenta y cinco años y, además, me va a negar que esa centralización de las decisiones económicas en Madrid tiene que ver con decisiones políticas adoptadas también por las instituciones centrales del Estado que
apuestan por esa centralización? Yo creo que esto es absolutamente innegable. Insisto que seguramente podremos aportar argumentaciones en un sentido o en otro, pero el dato es incuestionable. Los centros de decisión económica, no ya en los
últimos veinticinco años, incluso en cincuenta años -tomando como referencia este amplio abanico temporal-, se han centrado mucho más intensamente en Madrid que con anterioridad.
Finalmente, con respecto a la política social y la utilización de títulos competenciales horizontales de efecto corrosivo en lo que concierne a las competencias autonómicas, me limito a reproducir la metáfora a la que antes he recurrido que
me parece muy gráfica y lo dice todo. En estos ámbitos de competencia autonómica como el de la asistencia social, recurrir a títulos como el artículo 149.1.1.ª de la Constitución me parece que es como intentar cortar un queso de Burgos con una
motosierra.
Esto lo dice todo: la motosierra rompe, destruye el queso de Burgos y es imposible operar con la motosierra como pieza de precisión para distribuir las raciones equitativamente entre los comensales. Por lo demás, me doy por satisfecho
con que usted se ha hecho eco de la inquietud y de la preocupación que embarga a mi grupo parlamentario en relación con algunas de las tendencias legislativas que parecen imponerse en el Gobierno que usted preside en relación con estos temas y el
recurso excesivo, a nuestro juicio, que está haciendo a este título competencial para incidir en ámbitos competenciales que creemos que son por excelencia autonómicos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Erkoreka.
Su turno, señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señor Erkoreka. Doy por cerrado el tema del debate en torno al acto de Baracaldo y paso directamente al debate más de fondo que hemos tenido sobre legalidad, legitimidad, democracia.
Usted ha dicho que la última ratio de la democracia es la voluntad popular. Permítame que le haga un matiz: no hay última ratio. Respetar las reglas y la voluntad popular no tienen un lugar de preferencia; no hay ni primera ni última en
un presunto orden de jerarquía de valores en la democracia. Sin respeto a la voluntad popular no hay democracia y sin respeto a las reglas no hay democracia, hay otra cosa, y la historia ha puesto ejemplos muy evidentes y muy nefastos. (Aplausos.)
Es así, y este debate, señor Erkoreka, lo tiene muy mal porque usted sabe que es así; usted tiene buenos fundamentos jurídicos, buenos fundamentos constitucionalistas y buenos fundamentos de la esencia de la democracia.
No hay un orden jerárquico,
simplemente son dos conceptos y dos elementos indispensables el uno y el otro. Así como en cuanto a las competencias he admitido un terreno de debate en el que no descarto que algunos de sus argumentos sean más que razonables, en el terreno de la
centralización económica, señor Erkoreka, no es capaz de poner un ejemplo de la centralización económica llevada adelante. No, no es capaz de ponerlo, de decisiones del Gobierno y de los poderes públicos no es capaz. Y de refutar el argumento de
que el proceso de construcción de la unidad de mercado, el proceso de construcción de la moneda única es, uno, positivo y, dos, la causa fundamental de que el Estado, a través del Gobierno central, garantice la unidad de mercado, que es exigencia
del proceso de construcción europea, tampoco, porque es irrefutable. Dígame usted una sola decisión de centralización económica que haya adoptado este Gobierno. Es más, he de decirle que ha adoptado alguna de descentralización económica, como es
el traslado de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones a la ciudad de Barcelona, que es una institución importante en el ámbito de la regulación económica. Le reitero que el proceso de inversión privada tenga una orientación mayor a un
territorio que otro depende de las condiciones que se crean, depende de la posición geográfica, depende de los factores que hoy determinan crecimiento, innovación y aquello que permite mayor desarrollo en unas u otras zonas de nuestro país, pero no
hay decisiones de centralización económica, y no me ha puesto ningún ejemplo.
Cierro con el tema del debate competencial. Estamos dipuestos a tener, lógicamente, en esta materia toda la aproximación, toda la discusión y todo el debate que sea necesario, pero tampoco ha puesto en duda que las leyes, en concreto, la
Ley de la Dependencia, tuviera en su construcción, en su decisión política y en su desarrollo una motivación de centralización. Usted sabe que no la tiene, y sería bueno que lo reconociera, igual que yo le reconozco que tiene una cierta complejidad
en la arquitectura constitucional con lo que representa casi el monopolio de los servicios sociales en materia competencial por parte de las comunidades autónomas y, en este caso, del Gobierno vasco.
En cuanto a los papeles de Salamanca, ni por la naturaleza ni por el alcance se puede establecer una comparación con lo que representaba el archivo que históricamente tenía la Generalitat de Cataluña. Como ya le he dicho, la ley permite la
posibilidad de reclamación con carácter individual. Este es el camino que acordó esta Cámara y todos hemos quedado en que vamos a respetar la ley.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Corresponde el turno al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que han decidido compartir el tiempo.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor presidente, señorías, un sistema pluripartidista como es el nuestro tiene la ventaja de no tener que situarse necesariamente en la complacencia o en la catástrofe. Nosotros no nos sumaremos en el debate de
hoy al Señor de los anillos, tampoco nos sumaremos a la ciencia-ficción, a Harry Potter, seremos más bien Kent Loach o Almodóvar, intentando ser al mismo tiempo realistas y con voluntad de cambio.
Señorías, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds ha actuado en esta legislatura como parte de un proyecto que va más allá de los partidos, un proyecto de cambio que viene ya desde el 11 de marzo y que
incluye a fuerzas sociales y a organizaciones políticas que querían un mundo en paz pero que también apostaban por el progreso y por el cambio en nuestro país, por un cambio de izquierdas. En ese sentido, dimos nuestra confianza al Gobierno en la
primera ocasión del debate de investidura y, más tarde, durante el primer año, apostamos por la estabilidad. Estamos ya en la mitad de la legislatura y, por tanto, no tiene sentido volver a demostrar la confianza ni la apuesta por la estabilidad.
A estas alturas nuestro grupo parlamentario se propone el compromiso y la exigencia. Creemos que es lo que hay que hacer en el día de hoy: compromiso con los cambios y exigencia al Gobierno, que es el principal responsable de que esos cambios se
produzcan. Hemos echado de más en la intervención del presidente del Gobierno un cierto triunfalismo -decía antes Harry Potter, no sabría cómo llamarle-, síndrome de La Moncloa, en relación con la situación económica y política del país, sin lugar
a dudas como contrapunto al catastrofismo del Partido Popular, aunque nosotros creemos que hay que entrar más a fondo en relación con lo que sentirían hoy los mismos grupos sociales y políticos que cambiaron la situación del país el 11 de marzo.
Estoy seguro de que no están de acuerdo, no estamos de acuerdo con la visión de una España tormentosa,
dividida, invadida por la inmigración, que ha tratado de trasladar el Grupo Parlamentario Popular, pero estoy seguro también de que esas mismas ciudadanas y ciudadanos no están de acuerdo con la visión de la situación económica excelente que
ha dado el presidente del Gobierno. Viven en su vida cotidiana situaciones que pueden ser más favorables pero también más complejas: tienen dificultades para tener un empleo de calidad -cinco millones de personas tienen un empleo temporal o
precario-; tienen dificultades para acceder a una vivienda en condiciones dignas -dedican una buena parte de su sueldo al alquiler o al pago de una hipoteca-; buena parte de ellos están endeudados -la deuda privada y familiar es muy importante en
nuestro país-, y ven cómo, a pesar de los cambios, a pesar del giro social, las condiciones sociales todavía son bastante precarias en materia de jubilaciones, en prestaciones sanitarias, educativas, etcétera. Por lo tanto, estoy seguro de que esas
familias, esos ciudadanos y ciudadanas que apostaron por el cambio no creen todavía que ese cambio haya llegado. En ese sentido, discrepo de la declaración inicial del presidente del Gobierno donde se mezcla una realidad vista desde un prisma
bastante favorable, que deforma en parte la realidad, y también una mezcla de realidad y de proyecto. Porque el presidente del Gobierno ha presentado como hechos cosas que solamente son iniciativas, algunas de ellas ni siquiera todavía tramitadas
en el Parlamento. Ahí quiero entrar en otra crítica que me parece importante realizar en este caso. Yo he echado de menos, señor presidente, un poco más de generosidad y un poco menos de monopolio del poder por parte de su partido y por parte del
Gobierno. Si este Gobierno ha logrado tomar iniciativas importantes, que las ha hecho, a lo largo de los últimos meses, de los dos últimos años, ha sido gracias a una mayoría parlamentaria de izquierdas a la que usted prácticamente no ha nombrado
en toda su intervención. Creo que es justo plantear esta cuestión también de la generosidad en las intervenciones parlamentarias.
Vayamos a la cuestión, señorías. Nosotros vamos a hacer nuestra intervención desde el compromiso y desde la exigencia. En primer lugar, nosotros estamos comprometidos con los cambios democráticos y con la regeneración democrática que ha
tenido lugar en estos primeros dos años de legislatura, comprometidos con el proceso de paz en el País Vasco sin ningún tipo de ambigüedad, comprometidos con el desarrollo federalizante de nuestro Estado, en el futuro también estaremos comprometidos
con una reforma constitucional en la que defenderemos no solamente nuestro republicanismo, sino nuestra república, pero además estamos comprometidos con los giros sociales que se han llevado a cabo en la primera fase de esta legislatura. Con todo
eso estamos comprometidos, nos sentimos partícipes y, por tanto, pedimos nuestra cuota parte en esos avances sociales, políticos y democráticos en nuestro país.
Quiero hacer una referencia especial a nuestro compromiso con la paz en el País Vasco. Señorías, independientemente de que en determinado momento el Gobierno traslade a esta Cámara la autorización para el inicio de conversaciones que
disuelvan definitivamente la organización terrorista ETA, nosotros consideramos que no sería un debate del estado de la Nación si no hiciésemos una referencia a una cuestión tan importante. En primer lugar, porque se cumplen tres años sin atentados
terroristas con muertes, sin atentados terroristas cruentos, y, en segundo lugar, porque ha habido un comunicado de alto el fuego permanente que nos parece relevante desde el punto de vista político. Nosotros hoy queremos decir aquí que seremos
parte de los compromisos por la paz y también de los compromisos por el diálogo político que termine definitivamente con el terrorismo en nuestro país, creemos además que este compromiso y esta lealtad con el proceso de paz no nos afecta únicamente
a las fuerzas políticas democráticas que estamos en esta Cámara; este compromiso y esta lealtad afecta al conjunto de los órganos del Estado, porque ha sido este Parlamento quien ha decidido que va a un proceso de paz y, por tanto, todos los
poderes del Estado están en clave del proceso de paz, cumpliendo cada uno de ellos su cometido. Aquí no hay poderes soberanos, aquí hay independencia y autonomía de los poderes del Estado, pero Montesquieu sigue existiendo, señorías. Por lo tanto,
nosotros comprometemos nuestra colaboración leal y, al mismo tiempo, pedimos que haya colaboración leal por parte de todos los poderes del Estado y, yo diría algo más, por parte de los poderes mediáticos, que también tienen deberes de lealtad y de
prudencia con el proceso de paz, aunque tengan sus propios criterios en esta materia. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.)
Segunda cuestión, señor presidente del Gobierno. Nos ha parecido de su intervención que había una minusvaloración con respecto al proceso de desarrollo autonómico. Da la impresión de que el desarrollo autonómico es una iniciativa de las
comunidades autónomas a la cual el Gobierno no tiene más que responder dándole cierta coherencia de Estado, pero nosotros creemos que es algo más. Nosotros, al menos, estamos comprometidos no solamente con las reformas autonómicas, sino con una
reforma autonómica del Estado que permita combinar, por una parte, pluralidad, plurinacionalidad, y, por otra parte, cooperación y solidaridad entre todos los ciudadanos del Estado. Ese compromiso nos lleva a respaldar las reformas estatutarias,
alguna de ellas no, quedará únicamente como una reliquia del pasado -me refiero al Estatuto de la Comunidad Valenciana, del País Valencià, porque está fuera de este proceso federalizante-, pero estamos convencidos de que el resto de las reformas
estatutarias, la reforma del Poder Judicial o las reformas que tienen que ver con la intervención de nuestro país en el ámbito europeo forman parte de un proceso de redistribución del poder, no solamente a las comunidades autónomas, sino también a
los municipios y a los ciudadanos. Señor presidente del Gobierno, le emplazamos a que, además de incluir estas reformas en el desarrollo federal del Estado, incluya también a los
municipios. Nuestros municipios deben tener más competencias, necesariamente la ley de gobiernos locales debe salir adelante con más participación y más competencias municipales. Nuestros municipios deben tener necesariamente más poder
político, más competencias, y eso significa una mejora de la financiación municipal que hasta ahora el Gobierno no ha comprometido; mejora de la financiación municipal que forma parte necesariamente del desarrollo federal del Estado.
Señor presidente, en su intervención hemos considerado de más el triunfalismo sobre la situación económica y hemos echado de menos los retos del cambio económico, social y ecológico. Nuestros datos macroeconómicos son positivos, sin
embargo, nuestra economía, como no podía ser de otra manera, no es sustancialmente diferente de la economía que existía en España hace dos años. Sigue siendo una economía asentada en unos basamentos frágiles: ladrillo, consumo y sector servicios.
Sigue siendo una economía que basa su competitividad en bajos salarios y en exigencias fiscales menores que la media de la Unión Europea, es decir, sigue siendo todavía una economía tradicional. En ese sentido, no es muy de recibo que S.S. hable
prácticamente ya del cambio económico, porque aún no se ha producido en España. En España no hay todavía un cambio económico. Por eso resulta llamativo y contradictorio con el cambio de izquierdas. Por eso para nosotros es un derechazo al cambio
la contrarreforma fiscal que ha iniciado su Gobierno. Esta contrarreforma fiscal consolida lo peor de la situación económica del país. Por una parte, pretende que la competitividad de la economía española se base en menores requerimientos
fiscales, pretende seguir compitiendo con las ventajas competitivas del pasado, precariedad laboral y, por otra parte, también bajos requerimientos fiscales. Asimismo, señorías, es un modelo fiscal injusto porque sigue tratando distintos
rendimientos de manera diferente. Es decir, los asalariados son quienes contribuyen en mayor medida a la Hacienda pública no solamente a través del IRPF sino también de los impuestos indirectos y se desglosa el impuesto a los asalariados de los
impuestos de plusvalías. No solamente se dualiza la sociedad española, sino que se dualiza también nuestro sistema fiscal. Señor presidente, detrás de las cifras globales hay un sistema económico en el que la tarta se reparte de forma asimétrica.
De acuerdo con nuestros datos, se reparte no precisamente a favor de los asalariados. La tarta ha mejorado básicamente para los sectores empresariales y en mucha menor medida para los asalariados. Por eso no comprendemos esta contrarreforma
fiscal. No la comprendemos y no la compartimos. Pero es que, además, esta contrarreforma fiscal es un cierre prácticamente categorial a las ambiciones sociales del Gobierno y a las ambiciones sociales de la izquierda. Según Vicente Navarro,
necesitaríamos más de 6.000 millones de euros anuales adicionales para converger en gasto social con la media de la Unión Europea; más de 6.000 millones de euros. Pues bien, el presidente del Gobierno y el Gobierno con esta contrarreforma fiscal
detraen al menos 5.000 millones de euros anuales del erario público. Los detraen en unas condiciones de superávit fiscal -no existe superávit social, señor presidente-, en unas condiciones en las que va a venir menos dinero de la Unión Europea.
Es, en buena parte, la limitación de las aspiraciones sociales que teníamos en la izquierda y que hemos iniciado con un giro social en materia de salario mínimo en relación con las pensiones, con la atención a la dependencia, con la educación o con
la sanidad. Da la impresión de que ese inicio de giro social se va a quedar a medio camino si prosigue este continuismo en la política económica del Gobierno que nosotros denunciamos y que nos parece un derechazo a las aspiraciones sociales de la
izquierda.
Señor presidente del Gobierno, a mitad de la legislatura para nosotros no basta con una legislatura de restauración democrática o de reformas democráticas; no basta con una legislatura reformadora. Es preciso una legislatura de cambio de
izquierdas y echamos de menos los mimbres para el cambio de izquierdas, porque no solamente hay problemas en la cantidad, en los presupuestos, sino que hay problemas también en la calidad. No basta con la cantidad en política de vivienda, hay que
cambiar la política de vivienda. La política de vivienda hoy subvenciona a los promotores, no permite el acceso a la vivienda ni el acceso a la vivienda de alquiler, en particular de los jóvenes, y ustedes con sus propuestas continúan en esa vieja
política de vivienda. La política científica, en nuestra opinión, no ha cambiado sustancialmente. Es verdad que hemos incrementado el gasto en ciencia en nuestro país, fundamentalmente en créditos, pero el sistema científico no ha cambiado y buena
muestra de ello es la situación de los investigadores, que sigue siendo insatisfactoria. Consideramos que esta política no es la política de cambio y por tanto exigimos y emplazamos al Gobierno a que cambie.
Termino, señor presidente, refiriéndome a otra materia que a nosotros nos preocupa, que es la que tiene que ver con la política exterior. Aquí ya no es el síndrome de la complacencia o del continuismo, como ocurre en la política económica.
En esta materia nos da la impresión de que estamos ante una especie de compensación -no sabemos por qué- en relación con la guerra de Irak. El Gobierno no puede vivir de las rentas de la guerra de Irak, el Gobierno tiene que hacer una nueva
política exterior. Y nueva política exterior no es compensar a Estados Unidos en relación con los aviones de la CIA ni en Afganistán. Nueva política exterior no es compensar a Marruecos defendiendo la autonomía del Sáhara y poniendo al pueblo
saharaui como moneda de cambio de la política de reconciliación con Marruecos. Creemos que esa es una equivocación en la política exterior y queremos transmitir al Gobierno nuestro compromiso con los cambios. No aceptaremos un Gobierno
ambidiestro, porque en todo caso es un gobierno en el que las dos manos tienen la misma fuerza. Nosotros queremos un Gobierno ambiizquierdo, es decir, un gobierno en el que las dos manos tengan sobre todo sensibilidad y voluntad de cambio.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Llamazares.
Continuamos con el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Seguimos con el turno del señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señora presidenta.
Señor presidente, estamos en el ecuador de la legislatura. Si hace un año cuando abordábamos el debate sobre el estado de la Nación se trataba de situar los principales retos, hoy no es momento de relatar datos macroeconómicos, sino de
cumplir con aquello del no nos falles, de liderar las ilusiones de izquierdas, no de dejarnos llevar. Nosotros entendemos que esos retos se pueden hacer respondiendo a tres objetivos.
El primero es el avance hacia un modelo de Estado más federal y
con el Estatut se progresa, porque se abre un proceso imparable. Lo necesario es que la sociedad, y especialmente la sociedad catalana, lo avale con fuerza. El segundo objetivo es el de la normalización y desarrollo democrático, el de la paz, el
de los derechos, el de las libertades, para el que se necesita más responsabilidad, por un lado, pero también más decisión. El tercer objetivo es la apuesta por un modelo de crecimiento socialmente justo y ambientalmente sostenible. Eso significa
dejar atrás el modelo de crecimiento del Partido Popular. El primero de los objetivos, avanzar hacia un modelo de Estado más federal, tiene en el Estatut su principal aliado. Con el Estatut, Iniciativa Verds e Izquierda Unida también, pretendíamos
mejorar la vida de los catalanes y catalanas.
Pretendíamos hacerlo mejorando el autogobierno y, además, aportando una reforma en profundidad para nuestro modelo de Estado. Ha valido la pena, porque hemos incorporado derechos que la ciudadanía
podrá exigir ante las administraciones. Hemos incorporado competencias que van a cambiar la vida de la gente: en inmigración, en Inspección de Trabajo y en cercanías. Hemos incorporado un modelo de financiación que aporta transparencia y
suficiencia, que introduce criterios de solidaridad, que nos da una Agencia Tributaria, que nos permite compartir la gestión de todos los impuestos. Estas Cámaras han votado por primera vez, y para mí es importante, que Cataluña es una nación o que
el catalán estará equiparado jurídicamente al castellano. Además de todo eso, además de todo el ruido, hemos conseguido que el Estatut marque una tendencia claramente federal. Buena prueba de ello es la semejanza del Estatuto andaluz o el hecho de
que hoy un presidente del PP, el señor Matas, pida el mismo modelo de financiación que algunos dicen que rompe España. Ello demuestra que el Estatut no solo va a cambiar Cataluña, sino que también va a cambiar España. Eso es todo lo que tiene.
Pero, ¿sabe qué le ha sobrado a este Estatut, señor presidente?. Le ha sobrado una cosa, las formas. Le han sobrado las censuras previas de muchos dirigentes del PP -también tengo que decirlo- y de alguno del Partido Socialista, que ya de partida
negaban que el Estatut pudiese hablar de competencias o de financiación. Le han sobrado las mentiras, las mentiras del PP, de ver cómo convertían en odio casi todo y cómo hacían de eso un instrumento electoral. ¿Sabe qué le ha sobrado, sobre todo?
Le ha sobrado el protagonismo. El protagonismo excesivo que algunos exigieron para sumarse al Estatut y la falta de protagonismo, que fue la excusa, para que algunos se descolgasen de él y dijeran que era malo aquello que decían que era bueno, sin
ir más lejos, el 19 de enero. Todo eso no puede hacer que el 18 de junio los catalanes -especialmente los catalanes y las catalanas de izquierdas- echemos por tierra un Estatuto que tiene de bueno sobre todo los contenidos. El 18 de junio tenemos
que avalarlo porque nos jugamos mucho. Con un elevado número de noes e incluso con una alta abstención el señor Rajoy repetiría sus mentiras, pero esta vez diciendo que tenía razón. Con una alta abstención no daríamos fuerza a un Estatut que la
necesita para que los ministerios dejen de hacer leyes que laminan competencias, que necesita fuerza precisamente para que cuando vayamos a la ministra de Fomento y le digamos que tiene que transferir las cercanías, lo haga en breve. El Estatut
catalán va a servir mucho. Va a servir para mejorar el autogobierno, va a servir para abrir España y va a servir, en definitiva, para que se empiece a reflejar España en lo que es: la realidad más plural, más plurilingüe y, desde mi punto de
vista, más plurinacional de toda Europa; sí señor. Nosotros sabemos que el apoyo al Estatut es avanzar, avanzar hacia un modelo federal, mientras que el no es hacer posible los sueños de aquellos que solo piensan en un lema: Santiago y cierra
España. Pero si el reto en torno al Estatut es importante, es muy importante también el reto en torno a la normalización democrática. Para la normalización democrática, ¿qué necesitamos? Lo primero la paz, la ausencia de violencia. Por eso
celebramos que este Gobierno, como hicieron otros, abra un escenario de diálogo para conseguir que no haya ni más muertos ni más miedo. Ese es el mejor homenaje que le podemos hacer a las víctimas. Creemos que ahora las condiciones son mejores que
nunca. Si bien, y a diferencia de otros momentos, sobran actitudes, que parecen tener más esperanza en un proceso fallido que en el fin de la violencia. A este elemento de normalización democrática queremos añadir la profundización democrática.
Ahí hay que decir que hemos avanzado. La igualdad de derechos, independientemente de la opción sexual, es un avance y lo valoramos positivamente. Pero, en un sentido contrario, hay veces en las que aparecen ocurrencias. Le voy a poner un ejemplo.
En los últimos días, a partir de la ola de asaltos en Tarragona, se ha abierto la posibilidad de reformar el Código Penal para tipificar la asociación de malhechores. ¿Es que no existe hoy la asociación ilícita? La seguridad -y eso lo comparte la
izquierda- se basa precisamente en más fuerzas de seguridad y no en endurecer las penas.
¿Cuál ha sido la experiencia de la izquierda? Que cuando se hacían reformas del Código Penal en función de una circunstancia, se acababa incrementando la
inseguridad. Ese es el sello de identidad de la izquierda.
Señor presidente, esta puede ser una gran legislatura, puede y debe ser la legislatura, por ejemplo, del derecho a
morir con dignidad, del ejercicio de la confidencialidad del voto para las personas invidentes, de una ley de igualdad ambiciosa, de la prohibición de las donaciones anónimas a los partidos políticos en una nueva ley de financiación de
partidos, etcétera. Incluso podríamos tener unos presupuestos que acabasen claramente con el privilegio de la Iglesia para adecuarnos a lo que somos, un Estado aconfesional. Todo esto lo podemos hacer. En este contexto, señor presidente, le
quiero situar dos retos fundamentales. El primero de ellos es la necesidad de una política integradora en materia de inmigración. Frente a quienes han dado entrada en este hemiciclo al discurso de Le Pen, frente a quienes mezclan de forma obscena
inmigración con delincuencia, solo cabe un discurso y una práctica, una política que garantice una acogida humanizada; que no militarice fronteras; que conceda el derecho de asilo y refugio cuando corresponda; que nunca expulse de forma
improcedente, como ha sucedido en alguna ocasión, que dé cédulas de identificación que permitan a los inmigrantes acceder a lo más básico -hoy no las tienen, señor presidente-; que revise la vigente Ley de Extranjería, una ley hecha bajo el prisma
de la derecha; que reconozca el derecho de voto antes de las próximas municipales, porque además de trabajadores, queremos que sean ciudadanos y eso significa liderazgo en materia de inmigración. A ese desarrollo democrático le queremos sumar otra
propuesta. Usted sabe que la recuperación democrática es básica y que todos los países que han padecido totalitarismo reivindican la memoria democrática. En este momento de la legislatura pedimos una política pública por la recuperación de la
memoria. Eso significa una ley de la memoria que impida, por ejemplo, que en el país de Europa que ha padecido más años de totalitarismo sucedan hechos tan vergonzosos como que en un espacio patrimonio del Estado, el Valle de los Caídos, cada año
se hagan actos de apología del franquismo. No lo critico yo, lo censura la Asamblea de Parlamentarios del Consejo de Europa. No hacer nada es rendirnos a ese perdón que la transición acabó confundiendo con el olvido. Señor Zapatero, para
desarrollar estas políticas necesita, en primer lugar, la mayoría progresista fruto del resultado electoral, y en segundo lugar, la voluntad de utilizar esa mayoría de izquierdas. Lo que pedimos es que haga políticas de izquierdas con la mayoría de
izquierdas para profundizar democráticamente.
Por último, el tercer bloque que le quiero plantear es la necesidad de una apuesta por un modelo de crecimiento socialmente justo y ambientalmente sostenible. Aquí es donde hace falta un giro. Llevamos dos años de legislatura y ustedes se
han instalado -como acostumbra a pasar a veces cuando uno está un tiempo en La Moncloa- en eso de la España que va bien.
Nosotros creemos que hay que corregir algunas cosas. El caso paradigmático está en las líneas divergentes entre la política
social y la política económica y fiscal. La Ley de Dependencia pactada con nosotros, ¿qué supone? Supone que se garantice un derecho subjetivo, universal y exigible, que contará con una financiación estable y que no incluirá en su parte
asistencial un elemento de gestión como el copago.
Si bien aún quedan aspectos por acordar, esta ley tendrá signos de la izquierda, si no hacen un vuelco de última hora. Paralelamente a este gran reto, negocian con CIU una reforma fiscal que
supone de 5.000 a 8.000 millones de euros menos para políticas de equidad y que consagra que tener un sueldo tribute más que invertir en bolsa. Eso se contradice con su programa, señor presidente. Su propuesta continúa sin apoyar el alquiler y su
principal política de vivienda pasa por la desgravación por compra, independientemente de la renta o del precio de la vivienda, a primar a los propietarios por encima de los inquilinos. En esta política fiscal no somos nosotros los únicos
defraudados. Los defraudados son Comisiones Obreras, Attac, e incluso muchos militantes socialistas que ven que esa política fiscal puede suponer la fractura de sus objetivos sociales, el reto de acercarnos a Europa en cohesión y en equidad. Aquí
está el principal problema de su Gobierno. Las medidas para corregir un crecimiento basado en el ladrillo, en el endeudamiento familiar, son insuficientes y la consecuencia es una profunda huella ecológica. La consecuencia de nuestro modelo de
crecimiento es que somos campeones en algo. ¿Saben SS.SS. en qué? En el incumplimiento en el Protocolo de Kioto. Hemos incrementado los gases de efecto invernadero un 52 por ciento y, además, tenemos niveles de calidad del aire pésimos, con
elevados índices de óxido de nitrógeno, que producen 16.000 muertes al año según la Comisión Europea. Ante estos datos no es momento de decir que en lo ambiental vamos bien. Es hora de corregir políticas. Porque cumplir con Kioto significa contar
con bases mucho más sólidas de crecimiento. Usted ha dicho: Vamos a reducir el consumo de energía primaria un 8,5 por ciento, y nosotros queremos que así sea. Pero la pregunta es: ¿Con qué políticas? Por eso le planteamos políticas que pueden
cambiar esa realidad. En primer lugar, la fiscalidad verde. Que llegue ya, que llegue este año, internalizando costes, haciendo realidad la progresividad de la tarifa de la luz; haciendo posible que el que ahorra pague lo mismo, pero que el
consume mucho, el que despilfarra, pague mucho más. Le proponemos revisar el PEIT, el Plan estratégico de infraestructuras y transporte, porque no es lógico que con el barril a 60 dólares construyamos 6.000 kilómetros nuevos de autovías. ¿No sería
mejor optar por el tren, por el tren convencional especialmente, cuando hoy, por ejemplo, los servicios de cercanías en el área de Barcelona van colapsados?
Señor presidente, no decidir en materia medioambiental, como dicen Pérez Arriaga y Jiménez Beltrán, es perder. Por eso queremos que decida. En este contexto le quiero poner un ejemplo que debe ser compromiso en estos inicios del siglo XXI:
el del horizonte sin nucleares. El año pasado me dijo: Le invito a este diálogo para una aproximación a un horizonte temporal, a un calendario de cierre de la energía nuclear en nuestro país. Señor presidente, ya hemos dialogado. Nosotros sí que
no hemos fallado a la mesa por la evolución de la energía nuclear. Otros hablan de la mesa, pero no han ido apenas a esas reuniones. Tenemos que plantear ya alternativas al
cierre de las centrales antes de que estén obsoletas y nos veamos obligados a mantenerlas abiertas en condiciones no adecuadas. Debemos ser responsables con el presente y con el futuro. La energía nuclear es más cara que el resto, pese a
la propaganda del sector. Una energía que no ha resuelto sus problemas, que genera residuos que duran centenares de millones de años. Lo que le pedimos, por tanto, es que demos respuesta a una exigencia de la opinión pública y que abordemos el
calendario de cierre que nos obliga en el campo energético a hacer los deberes.
Llevamos muchos años hablando de ahorro y energía. ¿Sabe cuál es el problema?. Que nunca hemos hecho los deberes en ahorro y energía.
Señor presidente, hace un año usted adquirió un compromiso con nosotros.
Durante un año nuestro grupo ha hecho sus deberes, ha cumplido su parte.
Ha aportado análisis, reflexión e incluso una propuesta razonable y muy atractiva para ese
calendario de cierre. Ahora le toca a usted. Sabemos y creemos que lo va a hacer. Ayer lo dijo, pese a las influencias y los intereses del lobby. Lo va a hacer -esperamos que así sea- empezando por Garoña y anunciando que antes de la legislatura
y bajo su liderazgo, bajo el liderazgo de Moncloa, va a situar un horizonte de cierre de las centrales nucleares pactando con todos los agentes sociales y haciendo lo que hoy es responsable. Y responsable es no dejar que de aquí a quince años
tengamos centrales nucleares obsoletas.
Entrando en el capítulo de la conclusión, señor presidente, yo le decía al principio que este no es un debate del estado de la Nación cualquiera. Es el debate en el momento más decisivo de la legislatura y, me atrevo a decir, más decisivo
de los últimos años. Estamos en un año absolutamente clave para la paz. Estamos a tan solo dos semanas de un referéndum trascendente para Cataluña y para el resto del Estado. Estamos a pocos meses de que en mi país, Cataluña, tengamos que abordar
unas elecciones donde tendremos que decidir entre dos opciones, una de ellas es la de la vuelta de la derecha catalana, que no ganará, por muchas ganas que tengan algunos. No ganará porque hoy en Cataluña existe una mayoría de izquierdas que quiere
políticas de izquierdas y que también quiere que cambien algunas formas de este Gobierno de izquierdas que hemos tenido.
Señor presidente, usted no puede estar al margen. Mi generación ha padecido veinte años de políticas de derechas donde se
primaba lo privado ante lo público. Su responsabilidad, no como presidente sino como persona de izquierdas, es contribuir a que mi generación y las generaciones que vendrán crezcan con una mejor sanidad pública, con una mejor educación pública, con
un mejor medio ambiente, con políticas de vivienda distintas. Usted sabe que eso solo es posible con mayorías y políticas de izquierdas también en Cataluña, porque para cambiar la realidad necesitaremos cambiar las formas del Gobierno catalán, pero
necesitaremos un gobierno más de izquierdas, que continúe escorado en la izquierda.
Además de todo eso, estamos en un momento decisivo. Algunos se ofrecen de forma reiterada a pactar con usted, otros a veces le empujan a que deje de pactar con la
izquierda, y usted sabe que nosotros, cuando estamos convencidos de que se equivocan, nos colocamos enfrente. Nuestras diferencias no son coyunturales. Nosotros no votamos su presupuesto de Defensa; nosotros nos oponemos al envío de tropas a
Afganistán; nosotros criticamos su actitud en el Sahara; nosotros no aplaudimos su reforma fiscal. Pero al lado de eso, nosotros hemos sido un acicate para sus mejores políticas. Sin nosotros su Gobierno no sería el mismo, y sobre todo sin
nosotros su Gobierno no hubiese hecho las mismas políticas. No olvide, señor presidente, que sin nosotros tendría una LOE menos pública, el trabajo de Carme García hizo que la LOE fuese mejor que el trabajo de diez diputados de Convergència i Unió.
Con la derecha acabaríamos con una política de dependencia pensada para hacer negocio, no para atender las necesidades de las personas. No sé si sin nosotros los papeles de Salamanca habrían vuelto; no sé si otros en la negociación hubiesen
priorizado, como nosotros hicimos, un incremento de la Ayuda Oficial al Desarrollo. Si hoy si la Ayuda Oficial al Desarrollo crece es porque tiene una buena secretaria de Estado, pero, sobre todo, porque hay un grupo que le exige que esa Ayuda
Oficial al Desarrollo crezca. Sin nosotros, señor presidente, han aprobado una ley sobre la deuda que, según la alianza contra la pobreza, adolece de ambición y le faltan elementos para ser una buena ley de gestión de la deuda. Sin nosotros no
tendríamos matrimonios homosexuales. No creo que el señor Duran les hubiese dejado hacer matrimonios entre personas de un mismo sexo; seguro que no. Sin nosotros, señor presidente, estaríamos con centrales nucleares obsoletas, de acuerdo con lo
que dijo ayer el señor Duran, y además del trasvase del Ebro también tendríamos ese disparate que solo interesa a los cementeros, que es el trasvase del Ródano. No solo estamos en el ecuador de la legislatura, sino en el momento del ser o no ser,
estamos en el momento del no nos falles. Iniciativa Verds e Izquierda Unida vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que sus políticas sean de izquierdas, solidarias, sostenibles, y que nos hagan avanzar hacia un modelo claramente
federal. Es lo que el electorado nos ha pedido a nosotros pero, es más, es lo que el electorado les exige a ustedes.
Señor presidente, lo que le decimos es que acepte nuestras propuestas, porque será la mejor manera de responder a la gente de izquierdas, a la gente ecologista, también a la gente catalanista, porque será la mejor manera de responder a sus
compromisos electorales, unos compromisos que eran de izquierdas y que deben continuar siendo de izquierdas. Por eso le decimos que en algunas cosas, como en política fiscal y en política ambiental, lo que tienen que hacer ya es corregir.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA: (Chacón i Piqueras): A usted, señor Herrera.
Continuamos con el turno de contestación del Gobierno. Señor presidente, cuando quiera.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Gracias, señora presidenta.
Quiero contestar a los portavoces del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y lo haré siguiendo el orden de las intervenciones de ambos. En primer lugar, quiero decir al señor Llamazares con absoluta honestidad que para mí este
era el momento de los reconocimientos de cómo se conforman, de cómo se han conformado muchas de las políticas de la mayoría que hay en este Parlamento; este era el momento, así lo pensé desde el inicio de este debate. Parecía que ayer, por la
naturaleza de la confrontación que se produce entre Gobierno y principal partido de la oposición, no era el momento más apropiado, entre otras cosas porque, como usted ha podido comprobar una y otra vez, para el principal partido de la oposición
todo lo que pasa en España, como hemos oído recientemente, es responsabilidad del presidente del Gobierno. O sea que parecía que este era el momento. Y quiero decirle dos cosas: una de fondo y otra de actitud, de forma.
Empezando por la forma, quiero agradecer a Iniciativa per Catalunya y a Izquierda Unida la actitud con este Gobierno de apoyo, de respeto, de diálogo y de sumar a la mayoría, que creo que en estos dos años ha hecho ante todo una política
progresista y valiente. Permítame que no diga que es la política del Gobierno sino que es la política de una mayoría social que el 14 de marzo votó progresista y votó valentía y que en lo esencial lo hemos traducido a la realidad. En segundo
lugar, el fondo. Hay muchas políticas en las que programáticamente podía haber coincidencias o puntos de acercamiento, lo que ha facilitado algunas de las leyes, de las iniciativas y de las decisiones que se han ido tomando en este tiempo.
Pero
quería hacer alguna matización, casi más al portavoz de Iniciativa per Catalunya. La Ley del matrimonio homosexual estaba en nuestro programa electoral y es evidente que ustedes han sido un soporte importante para el apoyo de la misma, pero era un
compromiso del Partido Socialista muy explicitado, muy meditado y muy comprometido con el conjunto de la ciudadanía. En todo caso, en cuanto a las políticas de fondo, quiero decirle que siempre hemos visto la capacidad de iniciativa de Izquierda
Unida -respondiendo a lo creo que es su esencia- al plantear las cuestiones sociales de los ciudadanos y, en la medida del criterio de disponibilidad de nuestros recursos públicos, de la racionalidad de lo que representa la evolución del conjunto de
la económica del país, hemos intentado incorporar en la mayor parte de las leyes esos objetivos con un diálogo fluido. Por supuesto que hay una impronta en logros y en resultados de lo que representa su grupo y, lo que es más importante, saben que
el presidente del Gobierno se siente muy cómodo en la relación y en la impronta de iniciativas que han venido en muchas áreas de su grupo. Además, estoy convencido de que piensan que esta afirmación es absolutamente sincera.
Vamos a los temas. Empleo precario. Creo que desde el primer día de la legislatura ha habido un compromiso por situar las condiciones de nuestro mercado laboral como el gran tema económico y social que tenemos por delante, afortunadamente,
porque la creación de empleo va a un ritmo muy positivo. Señor Llamazares, simplemente quiero hacerle un matiz. Crear 2.700 empleos al día desde que estamos en el Gobierno no puede merecer más que el calificativo de muy positivo -no es
triunfalismo, es objetividad- y es un mérito -me lo habrá oído en el discurso- ante todo de trabajadores y de empresarios. En alguna otra ocasión -no en el discurso de ayer- me habrá oído decir que ahora no hay milagros ni nadie es el milagro, que
es el mérito de la sociedad española. Para afrontar ese deseo de convertir mucho empleo temporal en empleo estable hemos estado quince meses propiciando, apoyando, estimulando el acuerdo entre empresarios y sindicatos para que cambie la tendencia
del mercado laboral y empecemos a ver crecer los empleos indefinidos de manera intensa. Sabe que ha costado llegar a ese acuerdo. Incluso recuerdo algún momento, señor Llamazares, en que usted era pesimista sobre el acuerdo y yo mantenía mi
optimismo ya conocido y reconocido. Me alegro de haber acertado en este caso, y sé que se alegra usted también de que mi optimismo fuera al final lo que resultó y haya habido ese acuerdo. Ayer por la mañana dije en el discurso inicial de gestión
que de aquí a 2008 estimamos la conversión de un millón de empleos temporales en empleos indefinidos o estables. Créame que no es una estimación optimista, no lo es; es prudente. Tengo el convencimiento, señor Llamazares, de que si el balance de
la legislatura es el cumplimiento de esta estimación, que insisto en que no es optimista, será enormemente positivo: un millón de personas, sobre todo jóvenes -sabemos muy bien dónde está el problema-, tendrán la expectativa de convertir su empleo
temporal en un empleo estable, y lo que es más importante además de lo que representa esa cifra cuantitativa: el cambio de cultura de modelo; el combate contra los contratos encadenados sin fundamento, el estímulo a la incentivación de la
contratación indefinida, un cambio de cultura de fondo, un antes y un después con efectos inmediatos y directos en muchos trabajadores temporales y con efectos a medio y largo plazo en el cambio de cultura.
Señor Llamazares, me siento
razonablemente satisfecho de ese acuerdo y quiero invitarle -porque creo que también debe formar parte de una fuerza política como la suya-, entre comillas, a celebrar los logros, a tener la máxima ambición para provocar más cambios sociales, hacer
más justicia social, más cohesión social cada día. Por supuesto, pero celebremos los logros, las tareas bien hechas, primero, porque cuestan trabajo y, segundo, porque es enormemente importante para esa mayoría progresista amplia que hay en este
país, para demostrar que una mayoría de izquierdas en esta Cámara hace funcionar mejor la economía, reparte socialmente con decisión los frutos del crecimiento económico y cambia la tendencia histórica de la temporalidad del empleo. Podrá
comprender que en esto estemos preparando no solo el análisis de la gestión sino un discurso de futuro, como en algunos de los temas que ha planteado el representante de Iniciativa por Cataluña. En todo caso, espero que sepa disculparme en relación
con el reconocimiento inicial; si hubiera pensado que no era este el
momento lo hubiera hecho -usted lo sabe- con toda la solemnidad que merece su grupo y, si me permite, que merece su persona.
Sí tengo una discrepancia de matiz sobre el proceso de desarrollo de la España plural o federalizante. Creo que le he oído decir: No se trata solo de que las comunidades autónomas impulsen, promuevan, tengan las iniciativas de las
reformas, sino de que nosotros también hagamos reformas en el Estado. Le llamo a la reflexión sobre el modelo federal, ya que en el modelo federal precisamente en buena medida la iniciativa la tienen las partes que lo integran, los Estados miembros
donde hay un modelo federal y aquí las comunidades autónomas. Créame, es esencial para entender aquello que intentaba explicar ayer sobre lo que no es España, sobre lo que no es el sistema constitucional y sobre lo que sí es la España
constitucional, la España de las autonomías, que es la España de un amplio poder político para las comunidades autónomas, que tienen un espacio constitucional de gran relevancia: derecho de iniciativa, de reformas, no solo de estatutos sino de
leyes orgánicas, la construcción de una arquitectura que evoluciona y que además suma y debe concluir siempre en grandes acuerdos. Como digo, tienen un espacio de iniciativa y, créame, el hecho de que dicho espacio se desarrolle con un grado de
libertad significativo es un elemento integrador que, por supuesto, ha de ir acompañado de toda una política de equilibrio y de dar armonía al conjunto para garantizar la igualdad de derechos, la solidaridad y la cohesión básica de lo que representa
un proyecto común. En todo caso, se trata de una diferencia de matiz. Usted sabe que es voluntad del Gobierno llevar adelante algunas reformas en la dirección de un mayor reconocimiento de lo que es la España plural, incluso alguna reforma de
alcance constitucional, pero que lógicamente está condicionada a que exista voluntad de la mayoría que constitucionalmente se exige para tal fin, y eso depende del principal grupo de la oposición. Reitero, como dije ayer, que llevaré adelante una
ronda de contactos a partir del verano para explorar las posibilidades que existen de iniciar o no la reforma; si no hay posibilidades no vamos a perder el tiempo, no discutiremos, pero haré todo lo posible para que podamos abordarlo porque
especialmente la reforma del Senado podría tener importancia.
A continuación voy a referirme a los aspectos de las políticas sociales, patrón de crecimiento y reforma fiscal. Señor Llamazares, en cuanto a las políticas sociales creo que podemos sentirnos razonablemente satisfechos de las siguientes;
y le quiero recordar que se han hecho todas a la vez, en dos años todas han quedado consolidadas o han sido puestas en marcha de manera muy activa. Podemos ponernos de acuerdo en tener una visión positiva -porque siempre su grupo ha estado en una
posición de apoyo- del compromiso de la subida de un 25 por ciento de las pensiones mínimas a tres millones de pensionistas en la legislatura. No tiene precedentes y lo vamos a cumplir. Podemos estar de acuerdo en hacer una valoración positiva,
como hacen los sindicatos, los agentes sociales, sobre la recuperación de poder adquisitivo en el salario mínimo interprofesional para llegar a los 600 euros comprometidos a final de la legislatura.
Podemos estar de acuerdo en lo que representa el
gran avance de ese nuevo pilar del Estado del bienestar que suponen la Ley de Dependencia y el compromiso de llegar a los 9.000 millones de euros que entre Estado y comunidades autónomas van a gestionar para proteger a un millón de personas
dependientes en nuestro país, bien con ayuda a domicilio, bien transformando la actividad de las personas cuidadoras en un régimen laboral estable, bien a través de plazas de residencias, y por supuesto con una visión progresista porque las rentas
medias y bajas no tendrán que aportar ningún recurso a ese sistema nacional de dependencia que estoy seguro de que compartimos. Igual que podemos hacer, sin duda, una valoración política compartida de lo que representa la Ley de Igualdad entre
hombres y mujeres. Señor Llamazares, reconózcame que es una ley valiente para hacer la transformación en el ámbito de la empresa, en el ámbito laboral, que es indispensable en cuanto a la participación, la integración y la igualdad cada día más
real y efectiva de las mujeres.
Por cierto, en todos los ámbitos en los que se produce -política, educación, ciencia- se traduce en beneficios enormes para la sociedad.
(Aplausos.) Tan es así que el convencimiento de que también pasará en el
ámbito laboral, en la empresa y en la dirección nos ha llevado a una Ley de Igualdad valiente que queremos que tenga el mayor consenso o al menos respeto de los empresarios, pero nuestro convencimiento de que ese estímulo y ese acicate a esa nueva
realidad es imprescindible para la mejora de nuestro país es pleno y absoluto.
Vivienda. Comparto con usted, señor Llamazares, que es uno de los problemas sociales que representa más dificultades desde la acción pública, por razones evidentes, por razones donde juega mucho la ley de la oferta y la demanda, por razones
de cultura social de este país y la vocación por la vivienda en propiedad que tiene una justificación histórica clarísima puesto que ha sido la inversión más segura para millones y millones de familias, y sigue siéndolo, y transforma ahorro en
patrimonio. Le reitero, como hice ayer, el esfuerzo que se está produciendo en cuanto a la disponibilidad presupuestaria. Sabe que hemos duplicado los recursos ya en el plan de choque y ahora en el plan de vivienda. Hemos cambiado la filosofía
del plan de vivienda en buena medida, no solo porque va a llegar a 180.000 familias al año el incremento cuantitativo que va a representar de 2002 a 2005 7.000 millones de euros -es una cantidad para la ayuda a la vivienda considerable-, sino porque
además hemos incorporado una apuesta por el alquiler en el propio plan de vivienda, que por cierto tiene un 70 por ciento de medidas para los jóvenes. Ayer incorporábamos alguna en las iniciativas que planteé ante la Cámara. Además, tenemos
elaborada y aprobada en Consejo de Ministros una nueva Ley del Suelo, que sin duda es el camino más adecuado para intentar dar ese cambio que, comparto con usted, es necesario en la política de suelo, de urbanismo
y de vivienda. Ahora bien, le quiero subrayar que todo lo que el Gobierno está haciendo es un esfuerzo que se suma -porque así lo ha decidido asumiendo una responsabilidad, comprometiéndose con un problema tan difícil- a lo que hacen las
comunidades autónomas, y lo hace con ellas.
Por tanto, es una política, señor Llamazares -diciéndoselo a usted se lo quiero decir a todos los ciudadanos, especialmente a los más jóvenes-, que exige un cierto tiempo para tener y ver resultados más
eficaces. Es verdad que se ha moderado la subida del precio de las viviendas -cuando llegamos al Gobierno aumentaba en relación con el año anterior el 19 por ciento, ahora estamos en el 12 por ciento- y esa tendencia paulatina seguirá adelante; es
verdad que hay más familias y más jóvenes que pueden acceder a las ayudas de promoción a la vivienda; es verdad, señor Llamazares, que habíamos comprometido la disposición de suelo público del Estado en favor de la vivienda protegida y lo estamos
haciendo. Me parece que de eso no ha recordado nada; por ejemplo, la operación Campamento y otras operaciones de gran calado en Madrid que van a facilitar la construcción de miles de viviendas protegidas. Es evidente que desde que la operación
Campamento -esos impresionantes terrenos- se pone en marcha hasta que tengamos las viviendas construidas va a pasar un tiempo. Ahora el suelo público del Estado está destinado, y la primera reflexión que siempre hace el Gobierno es estar en la
disponibilidad de ceder suelo público a comunidades autónomas, a ayuntamientos para que haya más viviendas de promoción pública. Le puedo asegurar que en algunos sitios se está produciendo un cambio. Le haré un matiz, señor Llamazares,
reconociendo que es la parte de su crítica o de su puesta en cuestión: que estamos ante la materia más difícil de dar una respuesta rápida, directa y contundente. Finalmente le diré que usted también es buen conocedor de que hay políticas en
materia de vivienda de ayuntamientos muy distintas. Aquí mismo, en el cinturón de Madrid, hay ayuntamientos que han hecho una política de vivienda para la mayoría, que han concebido la vivienda como un derecho, que han planificado el suelo para los
ciudadanos y no únicamente para el beneficio de los promotores. A ello va a contribuir la Ley del Suelo. En esta cuestión no quiero ser optimista y menos triunfalista, quiero ser realista. La tarea por delante es muy dura, exige la colaboración
de muchos actores, exige esta nueva Ley del Suelo y exige también un cierto cambio de cultura. Y enlazo con el patrón de crecimiento.
Señor Llamares, aquí sí me permito ser un poco más optimista que en el tema de la política de la vivienda y, por tanto, poner algo más en duda algunas de las afirmaciones que ha hecho. Le recuerdo que lo que es considerado en términos
económicos del sector de la construcción no es solo la construcción de viviendas sino también la inversión en obra civil. Por tanto, hay una importante aportación que es la mejora de nuestra infraestructura física, todo lo que representa la
inversión pública en carreteras y en ferrocarril. Es compatible la filosofía de disponer de altas velocidades con una concepción mixta transporte de mercancías y pasajeros, con la mejora de las cercanías y la potenciación del transporte público en
las áreas urbanas, que desde luego para el Partido Socialista es una posición absolutamente clara. Estamos mejorando el patrón de crecimiento, pero el resultado de la evolución en un año prácticamente que podemos situar desde la entrada en vigor de
los primeros presupuestos que hemos podido elaborar y aprobar tiene que ser el que está siendo, afortunadamente, que ya hay un cambio del patrón de crecimiento porque están mejorando todos los indicadores de nuestro sistema tecnológico, que a pesar
del intensísimo ritmo de creación de empleo -lo cual limita mucho la mejora de la productividad a un ritmo similar- dará a medio plazo el resultado de una mejora de la productividad; insisto en que a pesar del intenso ritmo de creación de empleo.
Nuestras empresas están cada día mejor dotadas tecnológicamente y la capacidad de innovación de nuestro tejido empresarial crece de manera muy intensa. No solo el dato de las patentes sino otros datos de la sociedad de la información y algunos que
se conocerán dentro de pocos meses ponen de manifiesto que a partir de 2004-2005 las cosas han empezado a mejorar, como han mejorado de forma notable para los investigadores precarios, que hoy tienen estabilidad, hoy tienen vinculación con la
Seguridad Social, y hemos cumplido el programa electoral al cien por cien. Le invito a que revise el programa electoral del Partido Socialista y las decisiones que hemos tomado como Gobierno.
Además, es un tema que he llevado muy directamente y
que por tanto conozco bien su alcance.
Paso ya a la reforma fiscal. Hemos discutido mucho de impuestos y de reforma fiscal. Usted ha llegado a calificar la reforma fiscal de derechazo. Es una exageración pero permisible en el debate. Tenemos ideas distintas. Siempre he
reiterado desde esta tribuna que la política impositiva no es finalista, es una política instrumental. En segundo lugar, el superávit fiscal, señor Llamazares, es el camino del bienestar social y el déficit fiscal es el camino más seguro al déficit
social, a la pérdida de empleo y a la pérdida de una economía productiva. Esa es mi opinión, sin ser y sin tener una actitud dogmática. Cuando hablo de superávit fiscal, por supuesto, puede ser que un año estemos en un superávit del 1 por ciento
porque la evolución económica ha sido incluso mayor de la prevista en empleo, y por tanto en ingresos, y sin embargo otro año si estamos con un 1 por ciento de déficit tampoco pasa nada, si fuera necesario. Todo lo que sea estar en el equilibrio y,
cuando las cosas van bien, ahorrar algo para todos los gastos que tenemos comprometidos de futuro en materia social, especialmente dependencia y educación, es una política acertada.
La reforma del impuesto de la renta sobre las personas físicas beneficia sobre todo a las rentas del trabajo, incorpora equidad en el tratamiento de las familias, que era una de las situaciones más claras de falta de equidad que tenía el
IRPF vigente. En la neutralidad en el tratamiento impositivo del ahorro es verdad que ha habido una rectificación o un cambio en algunos compromisos anteriores,
pero después de hacer una evaluación a fondo esa decisión se toma por un criterio de justicia práctica y al final ocurre lo mismo que con otras figuras impositivas, y es que por intentar hacer una distinción en cuanto a la fiscalidad del
ahorro puedes dar lugar a que se perjudique a los que menos ahorros tienen y también perjudicar el conjunto de la inversión en relación con otros países. De ahí la decisión que hemos tomado, que puedo asegurarle que ha sido meditada pero acertada
en el modelo que el Gobierno ha planteado de reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas.
La reforma del impuesto sobre sociedades era una tarea pendiente. Nos acercamos a la media del tipo impositivo europeo y, por tanto, vamos a estar en condiciones de competir mejor y nuestras empresas de producir mejor. Pero ahora le añado
la reflexión que me parece más importante, señor Llamazares. Usted ha dicho que esto supondrá 4.000 ó 5.000 millones menos al año de ingresos. No, supondrá que ciudadanos y sociedades que hoy pagan impuestos dejarán de ingresar 4.000 ó 5.000
millones de euros, pero seguramente las arcas públicas ingresarán una cantidad similar. ¿Por qué? Porque es bastante razonable que una rebaja de la imposición genere más actividad económica, más empresas, más empleo y, por tanto, más ingresos
tanto de sociedades como a través de cotizaciones y de declaraciones de renta. En este momento nadie está en condiciones de hacer una evaluación con un mínimo de garantías sobre cuál va a ser la evolución, obviamente, pero muchas experiencias ponen
de manifiesto -no es un axioma, yo no lo entiendo como un axioma- que una rebaja impositiva bien hecha, en un clima de empuje económico, de contexto favorable de la economía, puede dar lugar no a menos ingresos para las arcas públicas sino a
ingresos similares, o incluso a más ingresos. De todas formas, le quiero recordar que el Partido Socialista tiene un compromiso electoral y es que no aumente la presión fiscal durante este periodo. Y para que no aumente la presión fiscal en esta
legislatura, dado cómo ha evolucionado la economía y los ingresos del Estado -no sé si conoce las últimas cifras, pero ciertamente los ingresos del Estado van de una manera muy impresionante para las arcas públicas-, si queremos no subir la presión
fiscal al conjunto de la sociedad, estas rebajas del IRPF y del impuesto de sociedades son absolutamente necesarias, sobre todo, señor Llamazares, porque tenemos el convencimiento de que con los porcentajes de gasto público en los que nos vamos a
estabilizar, como país, se pueden afrontar los compromisos y las necesidades sociales en el ámbito educativo, en el ámbito de la I+D+i, en el ámbito del sistema de dependencia y en la ayuda al desarrollo. Con esta cuestión termino con referencia a
su intervención, aunque al final haré una consideración global sobre política exterior.
Estamos cumpliendo también el compromiso del incremento de la ayuda al desarrollo. Estamos en el 0,35 por ciento del PIB, de un PIB que crece -y no sería descartable que creciera aún más, dados los fundamentos de la economía española en
estos momentos-, y llegaremos al final de la legislatura al compromiso establecido. Es evidente, en eso tienen toda la razón, la magnífica gestión que hace la secretaria de Estado de Cooperación y su aportación, que es reconocible. Pero creo que
en esto vamos a duplicar, a duplicar, en esta legislatura solo, la ayuda al desarrollo de España, cumpliendo con los compromisos de la Alianza contra el Hambre. Le puedo decir una cosa, y no lo considero ningún mérito del Gobierno: aquí sí que no
debemos hacer ningún acto de afirmación y de reconocimiento, porque es simplemente una obligación, más que una obligación, llegar al 0,7 por ciento del producto interior bruto en ayuda al desarrollo, tal como está la situación en tantos países del
mundo.
Señor Herrera, comparto básicamente todo el análisis que ha hecho sobre el Estatuto de Cataluña. No voy a pronunciarme sobre la cuestión relativa a los protagonismos, por respeto a todas las fuerzas políticas de Cataluña, pero sí le diré
que esto normalmente es lo que menos preocupa a los ciudadanos de Cataluña y a los ciudadanos en general. Lo que les preocupa es si ese nuevo Estatuto que tienen que ir a votar el día 18 de junio, que va a representar decidir el futuro de Cataluña,
es un Estatuto pensado y con los mecanismos adecuados para mejorar, primero, las posibilidades de desarrollo de Cataluña, de bienestar de Cataluña; segundo, de autogobierno; tercero, un mejor reconocimiento de la identidad de Cataluña. Creo que
esas tres condiciones se cumplen de manera muy satisfactoria para Cataluña. Quiero agradecer su actitud, la actitud de Iniciativa per Catalunya -ayer lo hice, hoy lo reitero- en el trámite de la elaboración del Estatuto. No tenga duda de que toda
la reflexión sobre la izquierda en Cataluña, el futuro de la izquierda política en Cataluña, está presente en mí, le he escuchado con atención y trabajaré por que los valores progresistas estén presentes en el Gobierno de Cataluña.
Agradezco tanto al señor Llamazares -no hice referencia antes- como al señor Herrera la actitud en torno al proceso de fin de violencia y de expectativa de ver la paz en Euskadi. Señor Herrera, la ley de financiación de los partidos
políticos, que considero importante -sabe que estoy de acuerdo en lo que ha dicho sobre las donaciones anónimas-, está en tramitación en la Cámara y por parte del Gobierno deseamos el máximo impulso de los grupos parlamentarios para que se apruebe
cuanto antes. Es una ley necesaria; más transparencia en la financiación de los partidos, más límites, más requisitos y, por supuesto, que desaparezcan las donaciones privadas, porque nada en democracia debe estar bajo la sombra, bajo la
oscuridad, y menos cuando se trata de financiar a los partidos políticos.
La modificación del Código Penal, señor Herrera, es una tarea que inició el Ministerio de Justicia, los estudios para la modificación, prácticamente desde el inicio de la legislatura. No ha habido por tanto una reacción a, este era uno de
los temas que se está estudiando, no estamos hablando de lo que pudiera ser una agrupación de malhechores, pero sí es verdad que algunos expertos señalan la dificultad para tipificar en algunas de las actividades, que estos días hemos
conocido y que son reprobables, que exigen una respuesta penal clara y contundente con el tipo singular de la asociación ilícita. Esa es la reflexión que estamos haciendo, con calma. Todos sabemos que el Código Penal es un instrumento a
largo plazo para dar respuesta a lo que representa la criminalidad y yo comparto con usted que, en muchas ocasiones, el aumento de las penas no es el bálsamo que pueda arreglar y que pueda sobre todo prevenir algunos de los comportamientos
delictivos.
Absolutamente de acuerdo con los principios que ha establecido en relación con la política de inmigración. Sí le puedo asegurar que este Gobierno practicará la tolerancia cero contra cualquier acto de racismo o de xenofobia que se pueda
producir en este país, tolerancia cero. Sería absolutamente exigido por la sociedad, y añado a continuación que tenemos que celebrar que la actitud de la sociedad española es una actitud ejemplar, desde el punto de vista de su apertura, de su
capacidad de convivir y de su solidaridad, como demuestra en muchos actos hacia el exterior, hacia los problemas de muchos países, que desgraciadamente se repiten con gran frecuencia.
Ley de memoria. Estará en el Parlamento dentro de unas semanas; dos, tres o cuatro semanas. Es un compromiso que vamos a cumplir. Y por supuesto que comparto -lo sabe- las reflexiones en torno a lo que representa esta ley de la memoria,
que ha de ser entendida como un acto, nunca mejor dicho, de normalidad democrática. Lo anormal sería no acoger en la democracia a quienes sufrieron por defenderla. Es así de sencillo.
Tendremos por tanto la ley en el Parlamento.
Entro ya por último en el campo medioambiental. Uno, no ha sido fácil todo el proceso para acordar y para aprobar el control y la reducción de las emisiones de CO2 en cumplimiento del protocolo de Kioto y va a exigir un esfuerzo tenaz, en
una economía que crece como crece nuestra economía, cumplir -sabemos cómo es la situación en estos momentos- a rajatabla, como queremos cumplir, para el beneficio del medio ambiente y para contribuir también al cambio de modelo en muchos ámbitos
productivos que tiene nuestro país, que tienen que ver en buena medida con el suelo y con la energía. Hoy reitero, como hice ayer, señor Herrera, mi compromiso de cumplimiento electoral en el ámbito de la energía nuclear, de su progresiva
reducción. Reitero que, antes del final de la legislatura, el Gobierno establecerá un compromiso concreto, que por supuesto vamos a dialogar con su grupo. No le puedo negar que en esto sí representa usted un acicate, que tiene una impronta, y que
desde luego influye de manera determinante. Creo que el trabajo de la mesa de diálogo sobre el futuro de la energía nuclear ha sido un trabajo útil y positivo. Le puedo asegurar que en las últimas semanas, en los últimos días especialmente,
leyendo algunas de las conclusiones y de las aportaciones que allí se produjeron, tienen un enorme interés, desde mi punto de vista, y abren un debate ante la sociedad de gran transcendencia. Le puedo asegurar que intentaremos llegar al mayor
consenso posible con su grupo, dentro de las necesidades energéticas de nuestro país, pero evidentemente con la mayor perspectiva de futuro, que estamos intentando reconducir con el plan de eficiencia energética; sabe que hay unos buenos datos ya
en el último año de ahorro energético, unos buenos datos. Es pronto, sí, pero son positivos y con el Plan de energías renovables, de energías alternativas, estamos multiplicando los esfuerzos para que cada vez más ocupen una parte importante de lo
que representa nuestro modelo energético.
Señor Llamazares, señor Herrera, quiero terminar con dos conclusiones. La primera, creo que hemos cumplido en materia de política exterior. Igual que yo no le niego la coherencia en el tema de Afganistán al Grupo de Izquierda Unida, el
Grupo de Izquierda Unida no nos puede negar la coherencia en el tema de Afganistán. No tiene nada que ver ni es una compensación. En todo caso, señor Llamazares, esto es bastante creíble para la ciudadanía española, porque no parece que haya
ningún gesto que sea entendible por parte de la Administración Bush como compensación a las políticas que este Gobierno ha hecho en materia exterior, en materia de conflictos bélicos, en materia de defensa del multilateralismo y en materia de
defensa de Naciones Unidas, sino más bien lo contrario, por respetar la voluntad de los españoles y los compromisos que con ella habíamos adquirido.
Otro de los pilares de esa política exterior -ya me he referido a ella hace un momento- era desde luego la ayuda a la cooperación. Estamos cumpliendo y estamos adoptando una posición ante todos los conflictos que existen de buscar que el
camino de la resolución sea el camino del diálogo, porque creemos que es lo más seguro, incluido el del Sáhara, señor Llamazares. Treinta años de espera. ¿Cuáles han sido los resultados hasta ahora? Ha habido gobiernos de distinto signo; aquí,
por supuesto; en Marruecos; en la Administración norteamericana. ¿Cuántos secretarios generales de Naciones Unidas ha habido con el conflicto del Sáhara abierto? ¿Merece la pena hacerse esa reflexión? Claro que sí y esa reflexión debe llevar a
una conclusión clara: tiene que haber un acuerdo entre Marruecos y el Frente Polisario, amparado, fomentado, estimulado, por el conjunto de la comunidad internacional. Países como España, que tienen una voz importante por razones históricas
evidentes en esta materia y, por supuesto, en el marco de Naciones Unidas. Es la única solución al conflicto. Eso dicen los antecedentes y estoy convencido de que, antes o después, tendrá una salida en esa dirección. Resulta sorprendente que
algunos que no hicieron nada durante muchos años por el conflicto del Sáhara se acuerden ahora de una manera absolutamente demagógica y sin ninguna credibilidad. (Aplausos.) Yo he tenido siempre la misma postura en relación con este tema y por
tanto espero que su grupo contribuya a lo que puede ser esa solución dialogada.
Segunda conclusión, para terminar, señor Llamazares, señor Herrera. Hoy sin duda alguna hemos hablado más que ayer de lo que puede ser un debate o una política con características de identidad ideológica. Ayer se habló de otros muchos
temas, eso también es una aportación de su grupo al debate en sí sobre el estado de la Nación
y en general a la política que este Gobierno hace y que el país necesita.
La nuestra es una política de izquierdas, sensata, de una izquierda del año 2006, que tiene vocación de ser de izquierdas, de ser mayoría para el futuro y de
compartirla, compartirla con su grupo, al que también considero una fuerza política de izquierdas, por supuesto -no tengo inconveniente en reconocer que más de izquierdas-, y una fuerza política con futuro.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor presidente.
Muchas gracias.
Continuamos, señorías, con la réplica del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que de nuevo dividirá su tiempo.
Comenzaremos con el turno del señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.
Aterrizamos por fin en Almodóvar y nos dejamos un poco de El Señor de los Anillos y de Harry Potter, que ya está bien. Vamos a ver alguno de los argumentos del Gobierno. Quisiera iniciar mi intervención a partir de lo que nos une. En
nuestro caso no nos unió el espanto, pero casi; nos unió la política de oposición y nos unió también la movilización de izquierdas. En nuestra opinión, hay una alianza de fondo en esta legislatura más allá de los partidos políticos y un Gobierno
más allá del Partido Socialista, que no explica todo lo que ha ocurrido en este país.
De forma resumida podríamos decir que la alianza de fondo es la del amplio colectivo en nuestro país de los asalariados, la mayoría de los ciudadanos sin lugar a
dudas, que tienen que consolidar su alianza con los sectores medios y que además deben contar con una realidad transversal en España, que es la igualdad de género y los jóvenes.
Si esta alianza de cambio quiere tener futuro, debe contar con todos sus actores, podemos decir. Por eso, señor presidente, nosotros pensamos que la reforma fiscal no es instrumental. No lo es. Esta reforma fiscal rompe la alianza de
fondo de la legislatura, rompe la alianza entre los trabajadores y los sectores medios, porque realmente es una reforma fiscal para los altos sectores de renta de este país. No es una reforma fiscal para los trabajadores. Fíjese, de lo que se deja
de ingresar, el 30 por ciento se lo llevan las rentas del 5 por ciento más alto. Eso es así en esta reforma fiscal. Y yo no estoy de acuerdo, mi grupo parlamentario no puede estar de acuerdo con esa teoría de la mano invisible del mercado, que nos
ha explicado en diversas ocasiones el Partido Popular, consistente en que sucesivas reformas fiscales iban a producir de alguna manera un incremento de los ingresos públicos. No es verdad. Las dos reformas fiscales del Partido Popular provocaron
un descenso de los ingresos y un descenso del gasto público de cinco puntos, y se produjo el mayor descenso del gasto social de las últimas décadas, señorías. Tres últimos años del último Gobierno socialista, tres años del Gobierno con Convergència
i Unió y los años de Gobierno del Partido Popular han sido años negros para el gasto social en España, a tal punto que hoy nos diferencia del gasto social europeo aproximadamente nueve puntos de producto interior bruto.
Señorías, con una nueva reforma fiscal de estas características, que mantiene los parámetros de las reformas fiscales anteriores y que detrae ingresos públicos, no podremos afrontar la voluntad de convergencia con la Unión Europea en gasto
social. Eso es así, señorías. Y es el principal argumento frente a esta reforma fiscal. Por tanto, señor presidente, buen talante, buena relación entre las dos fuerzas políticas, entre los dos grupos parlamentarios, pero esta contrarreforma
fiscal enfría las relaciones claramente entre nuestros grupos parlamentarios. Porque, para nosotros, esta legislatura debe ser una legislatura de cambio y esta contrarreforma fiscal limita los cambios. En primer lugar, el cambio de la política
económica. Se lo he dicho porque esta contrarreforma fiscal forma parte del modelo económico de la derecha, del modelo económico tradicional de este país, que continúa. Dice el presidente del Gobierno que las propuestas ahora van a ir en el
sentido de mejorar la estabilidad del empleo. Esta es una curva sobre la precariedad laboral, precariedad laboral que en 1996 era del 16 por ciento en el sector público y ahora es del 24,9 por ciento. El Gobierno no puede únicamente atribuir a los
agentes sociales el esfuerzo para garantizar la calidad del empleo. El Gobierno tiene que comprometer aquí las medidas que va a tomar para garantizar la calidad en el empleo, precisamente en el sector público, que es el que más le corresponde. El
Gobierno tiene que darnos aquí una respuesta.
Segunda cuestión, tema de vivienda. Señor presidente, es verdad que algunas medidas se han tomado con respecto a los temas de alquiler, pero ¿ustedes van a penalizar las viviendas vacías? Sí o no, de una vez.
Porque el problema no es el
volumen de viviendas, el problema es que una parte del volumen de viviendas es vivienda especulativa. Por tanto, ¿van a penalizar las viviendas vacías? ¿Van a bonificar el alquiler y no al que alquila, porque estamos financiando básicamente a los
promotores? ¿Van a tener más ambición en la reforma o en la nueva Ley del Suelo? En el País Vasco, nueva Ley del Suelo, suelo urbanizable, protección oficial 55 por ciento -duplica o más que duplica los compromisos que plantea el Gobierno-, y el
20 por ciento para VPO.
Podemos ser ambiciosos en los cambios sociales, señor presidente, y el Gobierno, en mi opinión, se queda a mitad del río. Ese es el principal problema que nosotros queremos denunciar hoy aquí. Si el Gobierno, a mitad de la legislatura,
sigue nadando y llega a la otra orilla con las fuerzas políticas de la izquierda y con las alianzas de izquierdas o si el Gobierno pretende estabilizarse en el centro. Ese es el planteamiento.
Y no nos vale la política ambidiestra, en la que
ustedes nos reconocen a nosotros políticas sociales y sostenibles y negocian con nosotros y sin embargo pactan la política fiscal con el partido conservador, con Convergència i Unió. No nos vale, porque la política que ustedes pactan con
Convergència
i Unió afecta a nuestras políticas, a las políticas sociales y a las políticas ambientales.
Señor presidente, está emplazado a aclarar sus alianzas políticas y a aclarar la orientación de esta segunda parte de legislatura. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Llamazares.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y tomará finalmente la palabra en esta réplica el señor Herrera. (El señor Rajoy Brey pronuncia palabras que no se perciben.)
El señor HERRERA TORRES: Señor Rajoy, hablamos el mismo tiempo que usted, no se preocupe; incluso menos. Bien.
Señor presidente, nosotros nos sentimos cómodos con este Estatuto. ¿Y sabe por qué? Se lo decía antes, porque su columna vertebral se mantiene y porque los instrumentos para cambiar la realidad catalana se mantienen.
Por eso vamos a ir,
entusiastas, a votar que sí. Porque de hecho, Iniciativa Verds es quizás la única fuerza que se sienta cómoda con todos los títulos, porque de hecho nos sentimos cómodos -seguramente también su partido- con todo lo que se ha aprobado, cosa que
algunos que van a decir que sí no lo podrán decir.
Dicho esto, nosotros queremos aclarar que en materia de inmigración se tiene que ser más exigente, a veces más exigente también con nosotros mismos. Hemos tenido episodios de devolución de inmigrantes de países que están en conflicto que se
deberían haber acogido al derecho de asilo y refugio, y no lo hemos hecho. Ahí se debe ser exigente, precisamente garantizando que se va a informar del derecho de asilo y refugio, cosa que hoy no se está haciendo.
Segundo elemento: memoria histórica. Lo esperamos, y usted lo sabe, desde hace un año, pero queremos que sea coherente. Usted sabe que en los últimos días el embajador español en Marruecos ha asistido a la inauguración de un museo
dedicado a Mizzian, que es un genocida de guerra; también lo hicieron representantes del Ministerio de Defensa, del ejército. Nosotros exigimos coherencia y, además, sabemos que la van a exigir a las personas que han ido a la inauguración de ese
museo.
Tercer elemento: política fiscal. Nosotros creemos que la política fiscal tiene que servir para solucionar la vida de la gente y lo cierto es que ustedes plantean que las políticas de dependencia se lleven a cabo en ocho años. ¿A quién
afecta eso? A las personas mayores, a los enfermos mentales, a las personas dependientes y a las familias con menores dependientes. ¿Sabe cuál es la realidad? ¿Sabe qué podríamos hacer con otra política fiscal que, en vez de detraer recursos, los
aporte? Lo que vamos a plantear: cuatro años. Es posible el plazo de cuatro años para hacer políticas de dependencia efectivas. Se trata de priorizar. ¿Con quién tiene que competir hoy la empresa española? ¿Con Eslovaquia o con la Unión
Europea de los Quince? Hoy el tipo real del impuesto sobre sociedades solo tiene un país de la Unión Europea de los Quince por debajo, Irlanda; el resto está por encima. Es así. Estamos en el 24 por ciento. La prioridad de un Gobierno de
izquierdas es hacer políticas para la gente que necesita más. Por ejemplo, usted hablaba de 9.000 millones para comunidades autónomas y para Estado, pero lo cierto es que, de esos 9.000 millones, 3.000 se van a detraer de copago. Lo que nosotros
decimos es: en política fiscal, políticas de izquierdas. Seguramente la política fiscal es el principal elemento que hace que mucha gente de izquierdas, muchos militantes socialistas, estén hoy defraudados con este Gobierno.
Le pedimos que
corrija. Aún están a tiempo, aún pueden cambiar de alianzas y, en vez de conseguir, con el señor Llibre, que la gente se pueda desgravar 12.000 euros en planes de pensiones, pueden conseguir políticas sociales más efectivas. Porque ¿saben quién se
puede desgravar 12.000 euros en un plan de pensiones? El más rico, el más poderoso, y eso no creo que le guste a la gente de izquierdas.
Por último voy a entrar en materia energética. Señor Zapatero, yo venía preocupado a este debate, se lo confieso. Venía muy preocupado porque el lobby nuclear es muy poderoso y había dicho que veinte años más para la energía nuclear e
incluso que íbamos a posponer para la próxima legislatura la decisión de qué hacer con centrales obsoletas. Hoy mismo tenemos una pequeña fuga de agua del circuito primario en Ascó II. Le podría poner muchos más ejemplos que se producen
frecuentemente. ¿Sabe por qué estoy contento? Porque su Gobierno va a ser responsable con lo que se comprometió y porque lo que va a hacer, pese a las presiones de un sector muy poderoso, es afrontar un debate necesario, que es el de un futuro sin
nucleares. Yo estuve en la mesa y vi las conclusiones de alguien tan poco sospechoso como el director del Ciemat, señor Rubio. Lo que se extrae de las conclusiones es que la energía nuclear es profundamente inmadura en los residuos -lo dice el
director del Ciemat-, que no ha solventado sus problemas de seguridad, que no ha solventado sus problemas de suministro, porque depende de un uranio que el libro rojo de la OCDE dice que se acaba en cincuenta años y sobre todo que tiene una opinión
pública contraria. Esto no lo digo yo, lo dice alguien que se declara nuclearista y que dice que a lo mejor en veinte años la energía nuclear solventa sus problemas. Cuando los solvente, hablamos; mientras, lo que hacemos es cerrar las plantas.
Para acabar, señor presidente, quiero decirle que en materia energética podemos hacer no mucho sino muchísimo más. Le voy a poner un ejemplo, un ejemplo paradigmático. El último año han aumentado muchísimo las emisiones de óxido de
nitrógeno, lo que ha significado una pésima calidad del aire. ¿Sabe por qué? Porque las compañías eléctricas han continuado tirando de las centrales de carbón, que contaminan mucho más que otras centrales, por ejemplo las de ciclo combinado. Han
tirado de ellas porque era más barato, no han tirado de lo que contaminaba menos. Eso se debe a una Ley del Sector
Eléctrico, del señor Piqué, que no permite intervenir. Eso es lo que le estamos pidiendo, intervención, precisamente para mejorar la calidad de vida de la gente. En materia energética, le pedimos que decida. Lo que le decimos es que
establezca tramos en la tarifa, que haga una tarifa progresiva, que decida en un PEIT que se tienen que reorientar las políticas en materia de infraestructuras, porque el hecho de que el barril esté a 60 dólares significa también que las tenemos que
reorientar.
Voy a darle un último dato que ilustra muy bien lo que está pasando en este país. Estamos en un 52 por ciento de emisiones de gases de efecto invernadero por encima del año base. De cumplirse el plan de renovables y el plan de ahorro y
eficiencia, ¿saben cómo estaremos en el año 2012? Son datos acreditados por World Watch: en un 52, por ciento, señor presidente. Estaremos igual. Por tanto, el Plan Nacional de Asignaciones nos dice que en una serie de años vamos a disminuir las
emisiones de gases de efecto invernadero, pero las políticas del Gobierno, incluido el Plan de Renovables y el Plan de ahorro y eficiencia, nos sitúan en que nos quedamos igual en el mejor de los casos, y eso siempre y cuando no implementemos todo
el PEIT con los 6.000 nuevos kilómetros de autovías, autovías para todos.
Pues bien, ¿sabe qué tenemos que hacer? Hacer mucho más y, sobre todo, decidir y decidir en torno a sectores que afectan a gente muy poderosa, que lo que prima es el negocio por delante de las necesidades ambientales y sociales, decidir
ante las eléctricas, decidir ante las cementeras, decidir, en definitiva, ante aquellos que lo que quieren es el negocio fácil y un crecimiento insostenible socialmente y medioambientalmente.
Acabo, señora presidenta, diciendo que nosotros sabemos que la política de alianzas se va a determinar bastante en las próximas elecciones en el Parlament de Catalunya. No nos engañamos, va a ser así. Y no solo la política en Catalunya,
sino incluso la política aquí. Pero, ¿sabe qué nos tranquiliza y nos tranquiliza mucho? Que en el resto del Estado, pero también en Catalunya, lo que pide la gente es mayoría de izquierdas y de lo que está cansada es de aquellos que se alían con
unos y con otros siempre para proteger los intereses de unos pocos, y que lo que quiere es políticas sociales, políticas ambientales, políticas sostenibles y políticas catalanistas porque hay que recordar que incluso el Estatut, este Estatut, quien
lo trajo aquí fue un Gobierno catalanista y, no se olviden, de izquierdas.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Herrera, muchas gracias.
Es el turno de nuevo del señor presidente del Gobierno para contestar al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds en su turno de réplica.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor Herrera.
Señor Llamazares, veo que no ceja en su intento de convencer a todos los miembros del Gobierno sobre los temas de la política energética y de las nucleares, que no pierde un minuto. Quiero subrayarle en ese sentido que he hecho un
compromiso anteriormente, que lógicamente mantengo, que muchos de los argumentos y de las razones que esgrime son atendibles, tienen una parte de fundamento y que tendremos que acoplar lógicamente a las necesidades del país todo lo que representa
ese esfuerzo por acomodar nuestro horizonte energético a una energía limpia, a una energía menos contaminante, a una energía que pueda contribuir a tantos desafíos medioambientales que tenemos por delante. Intentamos en todas las políticas, incluso
en un país, como antes le decía, en expansión, en crecimiento, con un potencial muy notable, reducir todos los impactos medioambientales. Concretamente le puedo decir que el Plan de infraestructuras del transporte, el PEIT, va a representar una
reducción de un 20 por ciento en lo que es la emisión de gases de efecto invernadero, según las estimaciones que tenemos, y que además ha tenido una fase, como seguramente conoce, de diálogo, de conversación con organizaciones defensoras del medio
ambiente.
Política fiscal. Este va a ser, espero, un bache más o menos profundo entre lo que representa la cercanía y los puntos de coincidencia de nuestras dos formaciones políticas y que, por supuesto, discutiremos en este Parlamento activamente.
Sinceramente creo que hay una visión excesivamente cerrada de lo que va a representar la reforma del IRPF. El hecho de que esté destinada a beneficiar ante todo a las rentas medias del trabajo, desde nuestro punto de vista, no significa que no
pueda haber otros estímulos, no significa que pueda haber otros incentivos fiscales, por ejemplo, en el tema de planes de pensiones, porque eso más allá de la consideración individual, a qué nivel de renta, puede ser bueno con carácter general para
el país y para el estímulo del ahorro que también necesitamos, aunque no tenemos malas tasas de ahorro. Por tanto, me gustaría que no hubiera esa aproximación un tanto cerrada en algunos puntos a lo que es la reforma del impuesto sobre la renta de
las personas físicas. Y mantengo la tesis, sin convertirla en axioma, de que una reforma fiscal con reducción de impuestos, en este caso en IRPF y en sociedades, puede producir perfectamente un mantenimiento del volumen global de ingresos del gasto
público, reitero que no como axioma, pero hay veces que sucede y puede suceder también en el futuro con esta reforma. Dejémoslo en bache, aunque sea profundo.
Ha hecho una referencia al sector público y le agradezco que la haga, porque es verdad que ha sido poco objeto de debate todo lo que afecta a la Administración, a los empleados públicos. Se ha aproximado por la cuestión de la temporalidad
en el empleo público, es un buen recordatorio, pero le quiero decir que los mejores datos los da la Administración General del Estado, donde estamos conteniendo y reduciendo la temporalidad en relación con las otras Administraciones, comunidades
autónomas y ámbito local, donde la disponibilidad de la Administración General del Estado y, por tanto, del Gobierno de la nación es obviamente mucho menor.
Quiero recordarle que ha habido dos acuerdos muy importantes en el ámbito de los empleados públicos: uno, un acuerdo retributivo y de condiciones de trabajo con los sindicatos de la Función pública sobre poder adquisitivo y sobre otras
cuestiones. Quiero recordar el Plan Concilia, que ha tenido éxito como una apuesta de modernidad y de incorporación a las medidas laborales que exige una sociedad de hombres y mujeres iguales; y quiero recordarle, por último, el acuerdo sobre el
Estatuto Básico de la Función Pública con los sindicatos, que esto sí que era una asignatura pendiente. Yo estuve negociando el Estatuto Básico de la Función Pública en los años 1996 y 1997, con el señor Rajoy además, que era el ministro de
Administraciones Públicas y con su equipo. Diez años después vamos a tener una ley de bases, un estatuto, unas normas básicas de la Función pública, que tendrá un desarrollo con el Estatuto de la Administración General del Estado y con las leyes en
los ámbitos autonómicos.
En definitiva, quiero reiterarles el agradecimiento por la colaboración y por la aportación a una política progresista que de manera evidente se ha llevado adelante en estos dos años. Quiero reafirmarles mi voluntad de esa colaboración. A
mí me une algo más que el espanto, algo más profundo que tiene que ver con el territorio de los sentimientos pero también de las ideas. En las ideas hay discrepancias evidentes, pero eso ha sido siempre sano en la izquierda y en la democracia.
Debatirlas y dialogarlas en el tono en que lo estamos haciendo es un buen ejercicio para que de ese debate fructifiquen aún mejores políticas y más avances para este país. Lo intentaremos hacer así, colaborando, y espero que el bache no sea muy
profundo.
Gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA: (Chacón i Piqueras): Gracias, señor presidente.
Finalizaremos con la dúplica de nuevo del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y, en este caso, tomará la palabra en su nombre el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Es la última intervención y me gustaría dejar algunas cosas claras para el 'Diario de Sesiones' y también como conclusión del debate. En primer lugar, el compromiso de mi grupo parlamentario con la restauración y la regeneración democrática
en nuestro país. En ese sentido, el compromiso que nos parece más relevante es el compromiso con la paz. Nosotros tenemos el compromiso con la paz, estamos convencidos de que estamos ante una oportunidad que debemos aprovechar y, por tanto,
estaremos ahí en cualesquiera condiciones. El Gobierno sabe que tiene la confianza y la lealtad del grupo parlamentario para lograr el objetivo del fin del terrorismo, pero sí queremos transmitir al Gobierno la importancia que tendría que esta
materia fuera compartida con las fuerzas políticas democráticas; no parece que baste la Comisión de Secretos Oficiales para compartir la información y la estrategia -al menos hasta ahora no ha bastado- y, por tanto, queremos compartir ese
compromiso con el Gobierno y con las fuerzas políticas y, por otra parte, también estamos convencidos de que ese compromiso va más allá de esta Cámara.
Segunda cuestión. A mitad de legislatura creemos que lo mejor para todos sería vadear definitivamente el río, no quedarnos a mitad de camino y dejarnos llevar por la corriente. Vadear el río hacia la izquierda -es lo que le planteamos al
Gobierno- y no quedarse a merced de la corriente, en este caso, a merced del continuismo o de políticas conservadoras. En lo que resta de legislatura nuestra posición va a ser apoyar iniciativas de izquierdas y promover cambios ecológicos y
sociales en nuestro país. En ese sentido, tiene nuestra mano tendida para realizar esas políticas.
Desde luego, nosotros no podremos colaborar en políticas conservadoras.
Quisiera transmitirle una reflexión en relación con la política fiscal y con la política social. Dice Vicens Navarro -que además de profesor de salud pública es un teórico y no precisamente de mi ámbito sino del ámbito socialdemócrata- que
cuando se plantean objetivos sociales de convergencia en gasto social con la Unión Europea, es decir, objetivos sociales de bienestar, es necesario tener un sistema fiscal redistributivo potente. Y nosotros tenemos un sistema fiscal que todavía
está seis puntos por debajo en presión fiscal con respecto a la media de la Unión Europea. Sin embargo, a los ciudadanos les transmitimos la imagen de que todavía vamos a bajar más los impuestos. ¿Creen que es creíble transmitirles que con menos
impuestos vamos a generar más garantías y más protección social? No es creíble, incluso pedagógicamente no está bien; en nuestra opinión, es una grave equivocación. Por tanto, si queremos servicios sociales nórdicos -nosotros nos planteamos una
ley de atención a la dependencia más parecida a las leyes nórdicas que a las centroeuropeas-, si queremos esas leyes universales, necesitamos un sistema fiscal redistributivo y potente; y hoy por hoy esa propuesta que hace el Gobierno no nos
permite un sistema fiscal redistributivo y potente. Y si además de la Ley de la Dependencia tenemos la Ley de Igualdad, la Ley de violencia de género y otras leyes que tienen que ver con ambiciones sociales, seguramente con el crecimiento no
tendremos suficiente ingreso público para responder a esas demandas sociales.
Le digo claramente, señor presidente, que nosotros vamos a mantener las ambiciones sociales; no vamos a reducir nuestras ambiciones sociales por mucho que ustedes hayan decidido dar una parte de la tarta a las rentas más altas. No vamos a
reducir nuestras ambiciones sociales y vamos a seguir presionando en materia social y en materia ambiental para que mejore; y que mejore también la Ley de Igualdad de género, que parece que hay ciertos avances, pero que también queremos contribuir
a mejorar.
Termino con dos temas muy concretos. Señor presidente, en relación con el federalismo y el ámbito municipal, nos gustaría que el Gobierno se comprometiera con algo más que la ley de gobiernos locales, nos gustaría que se comprometiera con
una nueva ley de financiación de las haciendas locales. Creemos que es imprescindible. No se puede hablar únicamente de una nueva etapa para las comunidades autónomas, y en los prolegómenos de unas elecciones municipales, cuando sabemos que un
hándicap de los municipios es su deficiente financiación, decir que no hay ley de financiación para las haciendas locales. En nuestra opinión, el municipalismo es un objetivo estratégico de la izquierda por su cercanía, por su carácter social,
etcétera.
Señor presidente, con relación al Sahara, yo puedo admitir que posiciones de otros gobiernos más firmes retóricamente con el Sahara no hayan resultado. Puedo admitir que eso haya sido así y que mantengamos una deuda histórica con el pueblo
saharaui no solamente este Gobierno, sino también gobiernos anteriores y, por tanto, todos los españoles como antigua potencia del Sahara. Pero lo que no puedo admitir es que nuestro Gobierno ejerza de propagandista de las posiciones marroquíes.
Eso no lo puedo admitir. Por lo tanto, señoras y señores del Gobierno, deberían equilibrar sus posiciones en relación con la política exterior y, en concreto, con relación al Sahara porque sigue habiendo un síndrome de compensación con el Gobierno
norteamericano -Afganistán es una compensación a los norteamericanos que no nos sirve de nada por otra parte- y porque sigue habiendo un síndrome de compensación con Marruecos.
Esas son nuestras opiniones y por eso debe cambiar la política exterior
por otra nueva.
Termino, señor presidente. En estos momentos la contrarreforma fiscal no es un bache, es un socavón, pero no para nuestras relaciones particulares entre dos fuerzas políticas que tienen altibajos como siempre, sino un socavón para las
aspiraciones sociales de una parte de la ciudadanía española y también para las aspiraciones a cambiar el modelo insostenible que tenemos en nuestra economía. Espero que se supere el socavón, pero que se haga renunciando a una contrarreforma fiscal
que solamente tiene como aliados a los sectores más conservadores. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Llamazares.
Señorías, finalizamos con la dúplica del señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Llamazares, con toda brevedad, no voy a volver al debate de fondo de los contenidos de lo que representa la reforma fiscal. Solo le diré que su grupo no renuncie a las ambiciones sociales. El Gobierno no solo no renuncia a las
ambiciones sociales sino que está convencido de que las ambiciones se van a convertir en hechos, como en estos dos años se han convertido en hechos muchos de los compromisos que teníamos con los ciudadanos. (Aplausos.) Le diré que si eso se puede
hacer aliviando la carga fiscal a los ciudadanos, mejor que mejor; si eso se puede hacer favoreciendo con menos imposición a las empresas para que puedan invertir más, crecer más, crear más empleo, mejor que mejor. Desde la perspectiva del
Gobierno, con nuestra política económica, con la política que tenemos por delante eso es posible y no vamos a renunciar a ningún objetivo social ni en materia de dependencia ni en materia de educación ni en materia de vivienda, donde tenemos
establecidos compromisos muy concretos, porque ahora las leyes llevan memoria económica, como llevaba memoria económica la Ley Orgánica de Educación.
En cuanto al Sahara, señor Llamazares, le quiero decir que nosotros no hacemos de portavoces de Marruecos ni de ninguna otra de las voces que hay en este coro, que a la vez espero que sea un coro que produzca una partitura común para todos.
La verdad es que nuestro aliado en esta materia es Naciones Unidas; es nuestro aliado de fondo. Nuestro reconocimiento histórico está, como no podía ser de otra manera, con el pueblo saharaui; nuestra relación de vecindad con Marruecos es una
cuestión, sin duda alguna, de interés para este país y, nuestro convencimiento de fondo, junto a todos estos elementos, pero más allá de todos estos elementos, es que eso solo tiene solución con un acuerdo. Y eso es bastante razonable, señor
Llamazares. Yo en absoluto prejuzgo el contenido del acuerdo, pero si las dos voluntades que se han enfrentado y tienen una disputa territorial sobre lo que representa el Sahara, los derechos que históricamente se invocan y han sido reconocidos en
resoluciones de Naciones Unidas y los derechos que invoca Marruecos no tienen como desenlace un acuerdo fundamentalmente entre el Frente Polisario y Marruecos, no veremos la solución. Esto es razonable y desde luego el Gobierno va a trabajar en esa
dirección. No es abandonar a nadie ni renunciar a nada, sino únicamente apostar por una solución viable y factible y, en esta materia, señor Llamazares, la mejor solución después de 30 años y después de todo lo que esto ha representado en cuanto a
sufrimiento, dolor e ideales cercenados, la mejor solución es un acuerdo.
Ojalá podamos ver dicho acuerdo y ojalá sea pronto. Nosotros vamos a trabajar por ello y sería conveniente y constructivo que ese fuera un mensaje compartido por todos los
grupos de la Cámara. Ese es el mensaje responsable, el mensaje útil, el mensaje para el fin del conflicto, es la mejor solución.
Señor Llamazares, señor Herrera, quiero agradecer su intervención una vez más. No sé si bache o socavón, pero tenemos la oportunidad que representa esta legislatura de hacer avanzar valores progresistas en todos los ámbitos de la
convivencia, de la concepción de la democracia, de la extensión de derechos, de las libertades, de la cultura, de la pluralidad territorial, del reconocimiento de la diversidad, de la fortaleza, de los derechos de ciudadanía social, de la concepción
del mundo desde la visión del
multilateralismo, de la lucha por la paz, por la cooperación... Es una gran agenda de izquierdas y yo sé que ustedes no se la van a perder.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias a usted, señor presidente.
Señorías, continuamos con el turno del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias. En su nombre tomará la palabra el señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Señora presidenta, señor presidente del Gobierno, señoras y señores diputados, el grupo formado por Coalición Canaria-Nueva Canarias va a fijar su posición en el análisis de la situación del Estado desde una visión
realista y con ánimo y espíritu constructivo. No queremos caer en el tremendismo y queremos huir de la demagogia fácil, pero al propio tiempo tampoco queremos caer en la autocomplacencia y el conformismo y menos en mantener un silencio que en nada
ayuda a resolver los problemas.
Es imposible mantener un debate del Estado sin hablar de Canarias; es imposible porque el Estado tiene dos partes bien diferenciadas: una parte es el territorio continental y los territorios más próximos y otra parte un territorio
ultraperiférico, frontera con África, con una problemática diferenciada de la del territorio continental. Señor presidente, queremos aproximarnos a los problemas actuales de nuestra sociedad y de nuestra gente y conocer de ellos las ideas, los
planes; algunos de ellos los conocimos ayer en su primera intervención, sobre cómo el Gobierno piensa abordar esos problemas de la gente y la sociedad a lo largo de los próximos años. Por otra parte, también queremos que el presidente y el
Gobierno conozcan cuál es la visión del grupo canario acerca de esos problemas, nuestros planteamientos y nuestras ideas con el único espíritu de que, modestamente, podamos contribuir a la mejora de las condiciones de vida de nuestra sociedad desde
la disposición a la colaboración y desde la lealtad en los grandes temas. Sin duda, hablando de los problemas de la sociedad y de nuestra gente, el problema más importante que hoy tiene la sociedad española -Canarias en particular- y está chequeado
en los distintos estudios de opinión, es la inmigración irregular. España y Canarias sufren con intensidad este problema que, probablemente, sea el fenómeno más importante que va a tener que afrontar el mundo a lo largo del siglo XXI. Señor
presidente, Canarias, lejos de ese reconocimiento que usted hacía ayer al comportamiento y la solidaridad que está teniendo institucionalmente y el conjunto del pueblo canario con este grave problema que estamos viviendo en estos momentos, también
espera de este debate propuestas claras, concretas de cómo poder afrontar este problema. Se tiene la sensación en Canarias de que hay una cierta dejadez, una cierta improvisación al afrontar el problema de la inmigración irregular. Mucha gente en
las islas se pregunta qué tiene que pasar, cuántos muertos más tiene que haber en el mar, cuántos cayucos más tienen que llegar a Canarias, cuántos menores más sin tutela tienen que llegar a Canarias para que este asunto sea abordado como un tema de
Estado y no se enfoque como un tema partidario entre el principal partido de la oposición y el Gobierno. ¿Qué más tiene que pasar para que este sea un asunto de Estado, qué más tiene que ocurrir en el mar que separa África de Canarias para que la
Unión Europea tome conciencia de que este es un problema de todos, que es un problema de la Unión Europea, que no podremos abordarlo con éxito sin la implicación de todos, de Europa, de España y con la colaboración, sin ninguna duda, de Canarias?
Queremos distinguir claramente dos tipos de inmigración irregular: una, la que nos llega por el mar, la que nos viene básicamente de África, y otra, bien distinta, la que entra en España a través de los Pirineos o a través de nuestros
aeropuertos. Sin lugar a dudas, el problema de la inmigración irregular que nos llega de África es la consecuencia de la dejadez, de la marginación que tanto Europa como España han hecho del continente africano durante décadas, de los olvidos sobre
África, de no habernos dado cuenta de mirar a un continente donde viven más de 800 millones de personas, más del 60 por ciento en unas condiciones infrahumanas, y no pensar que había que generar unas condiciones de bienestar necesarias para no tener
el problema que se nos está planteando. Desde mediados de los años noventa advertimos este problema. Las barquillas, las pateras empezaron a llegar a las costas de Fuerteventura y Lanzarote a mediados de los años noventa. Advertimos de esta
situación y del problema que íbamos a tener de futuro. En aquel momento se nos dijo que estábamos alarmando y que era una situación fácilmente controlable. El tiempo nos ha dado la razón, se ha convertido en un problema muy serio, en un problema
muy importante tanto para Europa como para España. A partir de ahí, hemos ido a remolque, no hemos llevado una política global para afrontarlo. Llegamos a acuerdos para situar un sistema de vigilancia en el Estrecho. No pensamos que las mafias
iban a operar desde Marruecos.
Cuando llegamos a acuerdos con Marruecos no tuvimos en cuenta lo que los técnicos decían, que a continuación era Mauritania. Llegamos a Mauritania tarde. Cuando logramos acuerdos con Mauritania hemos llegado tarde a
Senegal. Es decir, a pesar de la dificultad del problema, cuya solución reconocemos que no es fácil abordar, no hemos tenido una política de anticipación. Hoy me pregunto: ¿en qué situación estaríamos si hubiéramos tenido una política de
anticipación global respecto a lo que iba a ocurrir en esa zona?
Nos preguntamos sobre una cosa a la que el presidente fue muy receptivo hace más de dos años con ocasión de un debate para dar cuenta del resultado de un consejo europeo, sobre el Plan integral de seguridad para Canarias. El presidente fue
receptivo, pero el señor Alonso, ministro del Interior en aquel momento, no creyó en el Plan integral de seguridad para Canarias -Plan integral de seguridad para Canarias cuyas líneas básicas, por cierto, el Consejo de Ministros acaba de aprobar el
pasado viernes; veremos
cómo se articula-, sobre el que nosotros nos desgañitamos en explicar que se trataba de poner en coordinación todos los medios que tiene el Estado para afrontar globalmente la seguridad de Canarias, e indirectamente nos estábamos refiriendo
al tráfico de las personas también, al tráfico de las mafias, porque hablábamos de coordinar los esfuerzos de Fomento con Salvamento Marítimo, de Trabajo y Asuntos Sociales, competente en temas de acogida y del que dependen las ONG, del Ministerio
del Interior, del que dependen la Guardia Civil y la Policía, de Exteriores, por la acción diplomática, y los medios, las patrulleras, que dependen den Defensa, lo que estamos haciendo hoy pero tarde. Si hubiéramos creído que era de verdad un
asunto necesario para abordar globalmente la seguridad de Canarias, sería ingenuo decir por mi parte que hubiéramos acabado con el problema, pero seguramente lo hubiéramos atenuado, y hemos llegado tarde.
Nunca es tarde si la dicha es buena, si
tenemos voluntad de reconsiderar y abordar las cosas rápidamente para intentar dar la vuelta a esta situación. Desde nuestro punto de vista, abordar hoy esta situación no tiene sino dos caminos en el corto plazo. Uno es el iniciado por el
Gobierno: contactos y acuerdos bilaterales y más cooperación con los países que en este momento son objeto del tráfico de las personas o que son origen de la inmigración irregular. Hay que intensificar los acuerdos de colaboración con estos países
para llevar a cabo un control en fronteras, un control en origen, porque el control en origen lo primero que nos está garantizando es que evitemos lo que nos debe preocupar más, el drama de lo que está ocurriendo en el mar, los centenares de
personas que están muriendo. Si controlamos en origen, estaremos atenuando ese problema, pero además evitaremos el drama de aquellos que llegan a Canarias, en unos casos porque tienen que ser repatriados, con el golpe que significa después de ocho
o nueve días de navegación tener que ser devueltos a su tierra. En el caso de los que son derivados evitaríamos que esto funcione como un efecto de atracción. Los que llegan al territorio continental porque han sido derivados, al final, producen
el efecto clásico del éxito conseguido y, por supuesto, un incentivo para los que están allá. Por tanto, a corto plazo, señor presidente, esto no tiene otro camino que intensificar los acuerdos de cooperación con los países de origen y complementar
esa actuación con el plan integral para el control de las aguas en torno a Canarias.
Señor presidente, Canarias en estos momentos está desbordada en sus posibilidades. La capacidad de acogida de Canarias, que para tranquilidad de este Gobierno fue un acuerdo alcanzado con el Gobierno anterior y avalado por el Congreso de
los Diputados por unanimidad -creo que con la abstención del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-, se fijó en 1.500 plazas. Esa es la capacidad de acogida que tiene Canarias. Hoy tenemos los centros absolutamente desbordados, porque tenemos a
4.000 personas recogidas en nuestros centros. Hoy tenemos 450 menores en Canarias cuando la red de centros de acogida de Canarias tiene una capacidad de 250.
Nosotros queremos saber qué planes tiene el Gobierno, señor presidente, para aliviar esta
situación a corto plazo. ¿Qué mensaje podemos trasladar a la sociedad canaria acerca de los planes que tiene el Gobierno para aliviar la situación que tiene Canarias en este momento? ¿Tiene previsto el Gobierno alguna modificación puntual de la
ley? Los técnicos dicen que ante situaciones de este tipo no se suelen llevar a cabo modificaciones precipitadas, pero es que este no es un fenómeno que vayamos a tener puntualmente, sino que vamos a tener que acostumbrarnos a convivir con él en el
tiempo. ¿Existe alguna modificación puntual para abordar algunos de los temas importantes no previstos en la ley? En cuanto a la problemática de los menores, ¿tiene previsto el Gobierno impulsar acuerdos con el resto de las comunidades autónomas
para que funcione la solidaridad en un tema de Estado como este cuando estamos absolutamente desbordados? La problemática prevista para el menor no era para la casuística que tenemos en este momento.
En relación con el papel de la Unión Europea en todo este asunto, a nosotros nos parece muy bien el acuerdo alcanzado el otro día durante la visita de la señora vicepresidenta sobre el envío de patrulleras, aviones y helicópteros y el
compromiso de aportación de recursos económicos, pero creemos que es claramente insuficiente. Señor presidente, ¿tiene previsto el Gobierno presionar políticamente para que este sea un asunto central en la agenda del próximo Consejo Europeo?
Nosotros entendemos que ante un problema de esta naturaleza Europa no puede mirar para otra parte. Hace falta que el esfuerzo que empieza a hacer España en el origen, el esfuerzo de cooperación y de acuerdos se haga también desde el ámbito de la
Unión Europea, que tendrá muchas más posibilidades de éxito. No hablo solamente de acuerdos de cooperación económica, que también, porque son fundamentales, sino que hablo asimismo de la acción diplomática. Desde luego, una acción decidida de la
Unión Europea, complementaria de la de España, nos ayudará a controlar este fenómeno en origen.
El acuerdo de la Unión Europea, señor presidente, el que ha tramitado la señora vicepresidenta, del despliegue para controlar las aguas ¿es permanente o es un tema puntual? Es muy importante. Los recursos económicos que nos ha anunciado
son claramente insuficientes para el asunto que tenemos que abordar. ¿Cuándo espera la Unión Europea afrontar este asunto? El delegado del Gobierno en Canarias decía hace unos días que en las próximas semanas el mar que separa África de Canarias
se va a convertir en una gran autopista donde solamente veremos cayucos. Lo ha dicho el delegado del Gobierno hace unos días y seguramente con las bonanzas del mar se va a incrementar el problema. ¿A qué espera la Unión Europea, a que en lugar de
llegar 800 inmigrantes irregulares diariamente tengamos 5.000? ¿Qué vamos a hacer cuando tengamos 5.000? Porque eso nos lo podemos encontrar. Por tanto, sin ningún tipo de alarmismo, con realidad -creo que este asunto lo tenemos que tratar con
mucho realismo-, la Unión Europea tiene que comprometerse y España tiene que comprometer en el próximo Consejo Europeo un gran debate sobre un asunto central como es este.
Decía antes que la inmigración irregular tiene también otra vertiente que es la de los aeropuertos. Los aeropuertos se nos han convertido desde luego en un coladero. No sé la dimensión del problema en el conjunto del territorio
continental, de la Península, pero sí sabemos, porque tenemos datos, lo que está significando en Canarias. Tenemos datos fehacientes de cuántos están entrando en Canarias desde el año 2001 de una forma constante: 19.500 irregulares cada año,
19.500 falsos turistas, porque llegan a Canarias con un permiso turístico, vencen los tres meses y se quedan en Canarias en una situación de irregularidad. ¿Qué hace esta gente, estos ciudadanos que llegan en unas condiciones de irregularidad?
Solamente hay dos posibilidades: ser explotados por empresarios desaprensivos en el mercado de trabajo con unos contratos basura, sin pagar Seguridad Social, o intentar ganarse la vida como puedan. Este es un asunto dramático que está afectando al
bienestar del conjunto de Canarias y luego hablaremos del empleo y de lo que esto está suponiendo para Canarias. Por eso, señor presidente, ¿qué medidas va a impulsar el Gobierno para llevar a cabo un efectivo control de los aeropuertos? En el
tema de Canarias creemos que hay posibilidades de llevar a cabo rápidas medidas que permitan el control de los aeropuertos. ¿Qué vamos a hacer con esta cantidad importante de ciudadanos que están en una situación irregular en estos momentos?
Señor presidente, señorías, la inmigración es probablemente el fenómeno o el problema más importante que vamos a tener en el siglo XXI y afrontarlo globalmente -me refiero a la Unión Europea y también al Estado, al Gobierno- es la única
posibilidad de éxito. Hoy las responsabilidades para afrontar este asunto están muy dispersas. Siempre recurre usted al cajón de sastre -dicho en términos muy positivos- de la vicepresidenta.
Aquellas cosas que hay que coordinar las coordina la
vicepresidenta, pero son muchas cosas las que tiene que coordinar en asuntos tan importantes como el que estamos hablando. ¿No ha pensado el presidente del Gobierno adecuar la estructura, tanto administrativa como política, del Gobierno a una nueva
realidad que es la que tenemos y crear un ministerio de inmigración que dé respuesta globalmente a este problema? Este no es un asunto novedoso, ya hay países que tienen un ministerio de inmigración: Alemania es un ejemplo, Suecia, Dinamarca,
Austria, Canadá. Por eso nos parece que hay que abordar este asunto globalmente y nos gustaría conocer su criterio y si estamos buscando medidas que nos ayuden a todos a afrontar mejor este fenómeno.
Hablábamos de medidas a corto plazo para la inmigración irregular, pero desde luego la solución para un problema con el que vamos a tener que convivir décadas tiene que verse también en el medio y largo plazo, y la única posibilidad en el
medio y largo plazo es inversión, cooperación y desarrollo con África, no hay otro camino, y ahí tenemos que implicar a la comunidad internacional, a la Unión Europea y a España. Modestamente, Canarias, dada la situación geográfica que tiene, ha
adoptado medidas de cooperación con Marruecos, con Mauritania, con Senegal y con Cabo Verde.
Hay una relación ya con estos países. España está apostando en una buena dirección con el Plan África. Nos parece un paso importante y positivo.
La
creación de la Casa de África en Canarias es un paso también importante. El esfuerzo que se está haciendo en incrementar la cooperación es otro paso acertado, pero la Unión Europea tiene que implicarse, como decíamos antes, en hacer un esfuerzo muy
importante para llevar a cabo más cooperación con los países africanos. Tenemos que generar desarrollo. Tiene que haber una línea igual que la de la comunidad internacional. La comunidad internacional apunta en una buena dirección para la próxima
década, pero la comunidad internacional tendrá que hacer un esfuerzo para mantenerlo sosteniblemente en el tiempo. Esos 90.000 millones de euros que se van a invertir a partir de este verano en los dieciocho países más pobres, inversión que va a
controlar el Fondo Monetario y el Banco Mundial, nos parece que es el camino para generar esas condiciones necesarias en África que posibiliten un mejor bienestar para los ciudadanos que viven allí. El presidente Wade, de Senegal, ya decía cómo hay
que resolver el asunto: invertir en pantanos para generar riqueza y poder crear áreas agrícolas donde su gente pueda trabajar. Ese es el camino que tenemos que seguir a lo largo de estos próximos años y en ese papel que tienen que jugar España y
Europa en África, señor presidente, es muy importante el cometido que estratégicamente puede desempeñar Canarias como cabeza de puente a África.
El año pasado, con ocasión del debate sobre el estado de la Nación, creamos un grupo de trabajo Canarias-Estado para los temas de África.
Este grupo no ha funcionado con toda la capacidad que debía tener y tenemos que aprovechar lo que
significa Canarias como frontera en África para todos estos planes de desarrollo. La Administración americana ya lo ha visto y ha situado a Canarias como un tema estratégico. La Cámara de Comercio americana va a abrir -está anunciada- la
delegación número 93 en Canarias para abordar todos estos planes. Hay que impulsarlo y nos gustaría, señor presidente, un compromiso. Lo que es un hándicap para Canarias, su situación geográfica, vamos a convertirlo en oportunidades para este
siglo en que hay que desarrollar África y ese papel lo puede jugar Canarias en favor de España y en favor de la Unión Europea dada su situación geográfica. De igual manera habría que llevar a cabo una acción diplomática relevante, eso es lo que
entendemos nosotros, y nos gustaría saber cuál es el criterio del presidente. De la misma manera que por la situación geográfica de Canarias la Agencia Europea de Fronteras piensa establecer una delegación, ¿por qué no pensar, dada la situación
geográfica, en alguna delegación, oficina o antena de la ONU, del Banco Mundial, del Fondo Monetario o de la OCDE respecto a un continente donde tanto hay que hacer durante las próximas décadas? Nos parece que también es un tema de interés que hay
que abordar en los ámbitos internacionales que correspondan.
Señor presidente, señorías, la Constitución europea, el proyecto político europeo pasa por un periodo en estos momentos de reflexión. Nos parece que es una magnífica oportunidad para ello, para que se vea la utilidad de la Europa política,
la necesidad de tener un instrumento, de crear más Europa, precisamente para que Europa aborde asuntos que implican a todos los ciudadanos y que ellos los entiendan -el de la inmigración es uno de ellos, pero hay otros- para reavivar y para volver a
dar fuerza al proceso de la Constitución europea. Entendemos que España puede jugar un papel destacado en cuanto a este problema, pero Europa será más creíble si afronta problemas reales que los ciudadanos perciban, como es este del que estoy hoy
hablando en esta intervención y que ha ocupado gran parte del debate de estos dos días. En ese proyecto europeo se refleja la situación de Canarias. Los tratados europeos hacen una consideración especial al archipiélago canario, a ese estatus como
territorio ultraperiférico, y precisamente nosotros queremos, señor presidente, que nos diga hoy algo acerca de dos problemas canarios importantes ante Europa que entendemos que el Gobierno de España tiene suficiente anclaje para poder defender con
la máxima contundencia. Uno se refiere al Régimen Económico Fiscal, que está en este momento en periodo de negociación para notificar a Bruselas y que, señor Solbes, ha dormido el sueño de los justos durante tres meses en su ministerio debido a los
cambios producidos. Nosotros sabemos de su interés en este asunto y esperamos que se le dé la máxima diligencia porque hay que notificarlo a Bruselas, pero nos gustaría conocer no si va a ser diligente o no el ministro, que lo va a ser, dado que
conoce los problemas de Canarias y sabemos su compromiso con dicha comunidad, sino si el Gobierno de España se va a comprometer en defender todos los aspectos contemplados en los instrumentos del Régimen Económico Fiscal de Canarias. Queremos saber
también, señor presidente, si España va a defender en el seno de la Unión Europea un asunto como el del plátano, por lo que significa para Canarias, para el producto interior bruto, para la mano de obra, para el elemento constructor del paisaje, y
que en estos momentos está en una situación de incertidumbre después de la entrada de la tarifa única el 1º de enero y de ese periodo transitorio de tres años hasta ver cómo funciona el asunto de la subvención, de las tasas o del arancel. Es
necesario que España defienda la ayuda a los productores europeos, por tanto, a los productores canarios, que están planteando una ayuda similar a la obtenida en el año 2000 hasta tanto se clarifique todo el funcionamiento de la tarifa única.
Señor presidente, señorías, hablábamos de un estatus especial de Canarias en Europa, hablábamos de que Europa reconoce a Canarias la condición de territorio ultraperiférico y que eso significa que las políticas tanto legislativas como
económicas se adaptan a la realidad de un territorio que tiene unas necesidades diferentes. Ese reconocimiento de la Unión Europea a Canarias como territorio ultraperiférico es el eje en el que se apoya la reforma del Estatuto de Autonomía de
Canarias que en este momento está en marcha, esa consideración singular que hace Europa de territorio alejado y, por tanto, del que se derivan necesidades diferenciadas. Nosotros queremos aprovechar este momento para hablar, aunque sea brevemente,
del modelo de Estado. Nosotros apoyamos desde el primer momento al Gobierno en las reformas emprendidas de los estatutos y hoy queremos ratificar aquí nuestro apoyo. Nos parece una acción valiente y decidida intentar, después de veinticinco años,
ajustar los estatutos de autonomía a la realidad del Estado, un Estado plural y un Estado diverso, y eso desde Canarias lo vemos mejor que nadie porque tenemos unas necesidades diferenciadas. Por eso queremos que el Estatuto de Autonomía de
Canarias pueda salir con el reconocimiento a sus especificidades, entre ellas que incluya la consideración que hace la Unión Europea como territorio alejado, el tema de las aguas, la sanidad exterior, el tráfico aéreo interinsular o los temas del
REF. Por cierto, en este proceso que contaba con amplio apoyo de todas las fuerzas políticas, incluido el Partido Popular, dicho partido apunta a la retirada de su apoyo al Estatuto sobre la base de que determinadas competencias que tienen que ver
con las singularidades canarias rompen el esquema del discurso que está teniendo respecto al Estatuto catalán. Es decir, el Partido Popular entiende que todas las comunidades tienen que ser similares, comunidades de régimen común, con las mismas
competencias, y que, por tanto, el hecho de que a Canarias se le reconozcan aspectos debidos a su singularidad resta fuerza en el discurso del debate territorial. Pero hay una mayoría parlamentaria en Canarias para sacar este Estatuto y creo que el
Gobierno, el Grupo Parlamentario Socialista y el Partido Socialista deben implicarse en que salga el Estatuto de Canarias. Si quieren contrarrestar el efecto de todo lo malo del Estatuto catalán, aquí hay otro estatuto singular, no un estatuto de
régimen común, el Estatuto canario. En ese sentido, hace falta generosidad también por parte del Partido Socialista para solventar un problema que no tiene nada que ver con el marco competencial, con el que estamos al cien por cien de acuerdo, un
problema además que tienen pactado con el Partido Popular, y resulta que quien quiere cargarse el Estatuto pacta con el PSOE el sistema electoral para que esté incluido en el Estatuto.
¿Qué estatuto de las diecisiete comunidades autónomas tiene
incluido el sistema electoral? (La señora Roldós Caballero: El vigente.) Nosotros decimos: sistema electoral, una ley en el Parlamento de Canarias. Por tanto, esperamos que se solucione este asunto, que es importante, que no tiene que ver
solamente con Canarias sino con el modelo de Estado del que estamos hablando, tiene que ver con el reconocimiento de territorios singularizados y con romper el discurso de que todo tiene que ser similar en el conjunto del Estado.
Señor presidente, usted ayer hablaba de un tema que nos parece sumamente importante, del escenario económico con el que nos vamos a encontrar, un escenario económico en el que hay dos variables que pueden alterarlo, el precio del petróleo y
la subida de los tipos de interés. Es un escenario que hay que contemplar y que
puede romper la dinámica de creación de empleo. Si algunas de esas variables -incremento del precio del petróleo o alteración al alza de los tipos de interés- tienen lugar, le pido que reflexionemos sobre su incidencia en el conjunto del
Estado y, volvemos a lo mismo, en Canarias, donde la dependencia del petróleo por el tema de los transportes es vital para su economía. En Canarias, en una economía de servicios que depende del turismo, un alza de los tipos de interés es mortal
para su economía y para el turismo. Es decir, las previsiones en Canarias en cualquier situación no son nada halagüeñas. Canarias desde el año 2001 está alejándose de la convergencia en renta per cápita del conjunto de España y de la Unión
Europea. Desde el año 2001 hay una tendencia al alza del paro. Lo habíamos llevado al 10 por ciento y en estos momentos hay un repunte y estamos en el 12 por ciento. Usted habló ayer de una cosa muy importante, del pilar del Estado del bienestar
social que es el empleo, que tiene que ver con cómo evolucione de la economía. Decía que el empleo es la garantía de la autonomía personal -nosotros estamos de acuerdo- y hablaba de la defensa de un empleo estable y de calidad, un empleo en el que
los jóvenes y las mujeres vean una esperanza de futuro. Pues bien, señor presidente, señorías, en Canarias para nuestros jóvenes y para nuestras mujeres no hay futuro esperanzador en el tema del empleo y no lo hay porque, a pesar de que la economía
canaria en los últimos nueve años ha sido la que comparativamente ha crecido más de todo el Estado -acumulado, el crecimiento económico de Canarias es el más importante de todo el Estado-, sin embargo, se da la paradoja de que nos alejamos de la
convergencia en renta per cápita y crecemos en desempleo. ¿Y qué está pasando en Canarias? Que el crecimiento de la población en estos momentos está por encima de los 50.000 habitantes anualmente. Canarias en el año 1996, hace aproximadamente
nueve años, apenas superaba 1.500.000 habitantes; hoy estamos por encima de los 2.000.000 de habitantes. De seguir esta dinámica, en el año 2020 tendríamos 2.500.000. Para que nos demos cuenta de lo que está ocurriendo en Canarias y de cómo se
traduce eso en los pilares del Estado del bienestar social, en la sanidad, en la educación, en la vivienda, en el territorio, en un territorio frágil y limitado como es Canarias -es muy importante de lo que estamos hablando, no solamente de los
pilares del bienestar, sino del territorio-, veamos por ejemplo qué ha ocurrido en el País Vasco. En el País Vasco en los últimos nueve años la población es similar, en estos momentos 70.000 habitantes más que hace nueve años. ¿Qué ha ocurrido en
Castilla y León? Había 2.500.000 hace nueve años y hay 2.500.000 ahora. ¿Y qué ha ocurrido -estoy buscando ejemplos próximos a la realidad de Canarias- en Castilla-La Mancha? Hace nueve años había exactamente 1.700.000 y actualmente son 1.800.000
habitantes, cifras razonables a las que puede acompasarse el crecimiento de las infraestructuras, de los servicios y de los equipamientos. En Canarias, 50.000 personas más cada año y este es un camino que la sociedad canaria no puede aguantar, no
solo por el desequilibrio que produce en su mercado de trabajo, en la sanidad, en la educación y en los equipamientos, sino porque no tenemos territorio, porque estamos matando el territorio, y el territorio es el bien más preciado de Canarias. El
territorio es el elemento clave para tener un turismo de calidad y si lo echamos a perder no tendremos futuro y tendremos que buscar medidas para acompasar el crecimiento en función de nuestro territorio. En estos nueve años hemos creado 316.000
puestos de trabajo en Canarias; es importante quedarnos con estas cifras. La población vegetativa de Canarias creció en nueve años en 58.000 personas.
Le daríamos trabajo a doscientos y pico mil, tendríamos pleno empleo y no tendríamos el
problema que tenemos en estos momentos de baja calidad del empleo y de temporalidad, porque el tema de la inmigración regular en Canarias, estos 58.000, produce también baja calidad del empleo y temporalidad, porque se produce un abuso en ese
sentido y se contrata una mano de obra más barata por parte de un sector del empresariado canario o de los empresarios que tenemos en Canarias. No estamos diciendo cosas que en estos momentos sean novedosas, como el control de la población. Por
los temas territoriales, Hawai, las islas Galápago, las islas Feroe, las islas del Canal, tienen un control ponderado, miden cuánto se puede crecer en población. Además tenemos otros ejemplos en la Unión Europea, de otro tipo, porque por
desestabilización del mercado de trabajo hay moratorias dentro de la Unión Europea. Alemania y Austria han decretado moratorias a la libre circulación de trabajadores precisamente para que no se les desequilibre el mercado de trabajo. No se trata
de un tema de xenofobia, no se trata de dar la vuelta a las cosas, se trata de una cuestión de supervivencia para el futuro de un territorio importante y entiendo que es un tema de Estado que debe cuidar el Gobierno de España y las instituciones del
Estado. Deben de fijarse en Canarias y deben conocer que estamos ante un problema y que hay que abordarlos sensatamente y con rigor. Hay un grupo de trabajo creado, lo creamos el año pasado, y usted fue receptivo a esto, señor presidente, aunque
no es fácil ser receptivo a este asunto; fue usted muy receptivo y ese grupo de trabajo está funcionando. Ha funcionado, hay una serie de medidas, pero a la vez son insuficientes. Hace falta algunas medidas más valientes, más contundentes, que
ayuden a aliviar esta situación. Me gustaría saber si usted tiene disposición a que hablemos sobre medidas que nosotros creemos que el Gobierno puede decretar sin ningún tipo de traumatismo, que no significan ningún tipo de traumatismo y ayudan a
aliviar esta situación que tenemos en Canarias. Si el señor presidente tiene disposición, con mucho gusto en la segunda intervención se las haré llegar.
En definitiva, señora presidenta, señor presidente, nos gustaría conocer hoy aquí los aspectos de la visión que tiene el Gobierno con respecto a la problemática del tema de inmigración irregular; qué medidas se van a adoptar, tanto para
aliviar la situación que tiene Canarias en estos momentos en sus centros de acogida como qué disposición hay para el control de los aeropuertos; qué medidas,
propuestas o qué implicación hay en los temas de Canarias, por ese papel que puede jugar hacia el desarrollo de África, qué compromisos hay acerca de los temas canarios en Europa. Señor presidente, reflexionemos sobre una realidad que
tenemos ahí, a la que no hay que darle la espalda, hay que afrontarla y tenemos que hablar: esto está sucediendo en Canarias, esta es la radiografía, vamos a ver si encontramos la medicina adecuada que sea respetuosa con la normativa vigente y que
pueda ser aceptada por el conjunto de la sociedad.
Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señoras y señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias a usted, señor Rivero.
Continuamos, señorías, con la contestación del señor presidente del Gobierno al señor Rivero, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias. Cuando quiera, señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señora presidenta.
Gracias, señor Rivero, por su intervención. Quiero iniciar la misma haciendo alguna consideración de matiz y alguna refutación sobre alguna valoración que ha hecho en torno a la actitud del Gobierno y en torno a los problemas de la presión
migratoria que hemos vivido hoy de manera intensa con Canarias y hace unos meses, como bien se recordará, con Ceuta y Melilla. El Gobierno ha afrontado el problema de manera inmediata, con todos los medios a su alcance. Permítame, por tanto, que
no le admita que ha habido improvisación y mucho menos dejadez. (Aplausos.) Usted conoce muy bien el alcance del fenómeno de la presión inmigratoria y sabe muy bien que en el tiempo que llevamos en el Gobierno, respondiendo a las circunstancias que
venían siendo históricamente, hemos abordado la relación con Marruecos. Los resultados han sido muy claros: una reducción drástica de la presión migratoria de las tradicionales pateras en algunas de las islas de Canarias, muy singularmente
Fuerteventura. Como ocurre cuando estamos ante un volumen de presión migratoria de esta envergadura, estamos hablando del África Subsahariana, de un número elevado de países de la zona más pobre del mundo, donde además, lamentablemente, se instala
gente para buscar el beneficio traficando con las personas, donde hay muy poca esperanza y donde ha habido mucho olvido. Permítame que le diga que ha habido mucho olvido hasta ahora, olvido desde el punto de vista diplomático, desde el punto de
vista de la cooperación al desarrollo, elemento fundamental a medio plazo, y desde el punto de vista de la presión a la Unión Europea para comprometer fondos, como ha ocurrido en estas perspectivas financieras, a raíz de lo que ya se hizo y no hay
que hacer ahora, señor representante de Coalición Canaria, porque ya está en las perspectivas financieras y se realizó en la cumbre de Londres de octubre pasado a la que hacía referencia. La envergadura del fenómeno produce inquietud en nuestra
población, y estoy convencido de que la produce no solo por el número de personas que intentan entrar en nuestro país, sino por ver cómo vienen esas personas, lo que arriesgan, lo que se juegan. Me gustaría que fuera mucho más prudente a la hora de
hablar de los muertos que se puedan producir o que se hayan producido. No sé si usted tiene alguna confirmación, algún dato fehaciente para hablar en esos términos. Le pido que sea más prudente. Si los tiene, apórtelos, porque, evidentemente, el
Gobierno los tendrá en cuenta. Como le decía, más allá de esa inquietud, tenemos que ser conscientes de la magnitud del problema y de lo que el Gobierno trata de afrontar movilizando todos sus esfuerzos. De ahí precisamente que sea la
vicepresidenta del Gobierno quien coordine aspectos que afectan a muchos ministerios: Ministerio de Exteriores, Ministerio del Interior, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y, en algunos aspectos concretos, Ministerio de Defensa, por la
colaboración que pueda prestar circunstancialmente. La vicepresidenta del Gobierno representa más que un ministerio, por la autoridad política que le da el carácter de ser vicepresidenta del Gobierno. Además, su dedicación y su eficacia son
notables. Así, ha venido coordinando cuando tuvimos las dificultades con los asaltos a las vallas de Ceuta y Melilla y también cuando se ha producido este incremento notable de la presión, especialmente a partir del mes de abril. Hasta el mes de
abril no se produce este fenómeno de incremento, pero a partir de primeros del mes de abril hay un aumento espectacular de la presión, que aún vivimos entre abril y mayo, en las islas Canarias, especialmente en Tenerife, como bien es conocido.
Señor Rivero, estará de acuerdo conmigo en que es la primera vez que Europa está en Canarias, la primera vez que va a haber una oficina de la Agencia de Fronteras, la primera vez que va a haber barcos y medios técnicos de países europeos en
Canarias y en toda la costa africana para el control de fronteras junto a los medios que el Gobierno de España está desplazando. Creo que cualquier ciudadano puede entender que estamos hablando de una costa que tiene en torno a 3.500 kilómetros y
de varios países de origen de los que, sin duda alguna, hay salidas de los ya bien conocidos cayucos. La tarea es de envergadura y, además, obliga a hacer a corto plazo una política lo más efectiva posible para disuadir a las personas que,
engañadas o no por aquellos que trafican, desean venir en la ilegalidad a España y a Europa. Conviene recordar que el destino último de muchas de esas personas que intentan llegar, y muchas de ellas que se quedan porque no pueden ser repatriadas,
no es España, no es Canarias, sino que son otros países europeos, lógicamente a través de nuestra frontera. Esa política de mandar un mensaje de desistimiento tiene mucho que ver con la repatriación efectiva. En ese sentido puedo anunciarle, y
también a toda la Cámara, que Senegal ha aceptado la repatriación de los inmigrantes irregulares que han llegado a Canarias, que al día de hoy hay identificados 623, que pueden llegar a los 800, que los oficiales de enlace de Senegal siguen
trabajando para identificar a las personas que están en Canarias y que esos 623 ciudadanos senegaleses empezarán a ser repatriados a partir de hoy hasta el día 6 de junio y continuarán las identificaciones.
Exactamente igual estamos
intentando que eso se consume con Guinea Bissau, también con Argelia, con un número reducido de ciudadanos, ayer con Marruecos repatriando ciudadanos y mañana con Rumanía. Pero, sin duda alguna, el que Senegal haya aceptado la repatriación de los
hasta ahora identificados 623 inmigrantes irregulares que han llegado a las costas de Canarias, puede constituir un elemento positivo para que se traslade el mensaje de desistimiento y de que, más allá de la presión que haya, las repatriaciones van
a existir y se van a producir.
En segundo lugar, le quería decir que no hay un desbordamiento de las plazas de los CIE en Canarias. En estos momentos en Canarias hay una ocupación de 3.661 personas en los diferentes CIE, y el total de plazas es de 4.497: plazas, 4.497;
ocupación, 3.661. Es verdad que tenemos en el centro provisional de Las Raíces, en Santa Cruz de Tenerife, un número mayor de las plazas que contiene dicho centro, pero en el conjunto de Canarias esa es la situación. Por supuesto, le puedo decir
que el Gobierno está permanentemente encima, preocupado, siguiendo la situación, por si hubiera que incrementar el número de plazas y de centros. Esta es la situación. Reitero: 4.497 plazas disponibles; ocupación, 3.661. Solo hay un problema en
lo que representa, como decía, el centro provisional de Las Raíces, en Santa Cruz de Tenerife, que evidentemente hoy mismo se están adoptando las medidas oportunas al respecto. Quería aportarle esa información y también alguna consideración más
sobre el esfuerzo continuado. De ahí mi refutación en torno al tema de la improvisación o mi posición de rechazo de la improvisación y sobre todo de la dejadez. Le puedo asegurar que prácticamente en el último año este es un tema diario en la
preocupación de varios ministros, de la vicepresidenta, y por supuesto también del presidente del Gobierno. En estos momentos la Guardia Civil cuenta con el 95,31 por ciento de la plantilla en Canarias establecida en el catálogo, que ha pasado de
tener 2.563 efectivos en 2004 a 2.629 en la actualidad. La Policía Nacional ha aumentado los 2.335 efectivos que había en 2003 hasta los 2.899 en 2006. Hay un compromiso del ministro del Interior de completar las plantillas hasta el cien por cien
del catálogo de ambos cuerpos, lo que supondría alrededor de 300 nuevos miembros en cada cuerpo. Asimismo existe el compromiso de crear un grupo de respuesta especial contra el crimen organizado, conocido como Greco, de la Policía Nacional en las
islas y un grupo de respuesta de la Guardia Civil, compromiso adquirido en el Plan de seguridad para Canarias que el Gobierno analizó en el último Consejo de Ministros y que será próximamente aprobado. En consecuencia, señor Rivero, el Gobierno ha
venido trabajando y reforzando los medios, ahora de una manera mucho más intensa como consecuencia de la explosión que hemos tenido de la presión demográfica, especialmente en los dos últimos meses. Nadie pensará que el resultado que acabo de
comunicar a la Cámara sobre la política de repatriación con Senegal es fruto del trabajo de una semana, de dos semanas o de un mes, sino que es fruto del trabajo de muchos meses, casi de la totalidad de estos dos años, donde el Gobierno sí ha
empezado a tener una relación política directa, intensa, con el África Subsahariana, con el África Occidental, no solo por la vía de la cooperación, sino del incremento diplomático. Creo que usted es plenamente consciente de las dificultades que
para estos países supone todo lo que viven en relación con la inmigración, con el drama de la inmigración y con el drama de ver los riesgos que corren, y por supuesto lo que representan políticas de repatriación. Espero que en eso tenga la adecuada
comprensión.
Aquí está el Plan integral de seguridad para Canarias, como le digo, a punto de aprobarse, y le agradezco que haya valorado el cumplimiento de los dos compromisos que hemos tenido durante este ultimo tiempo en relación con Canarias: el
grupo de trabajo sobre población y el grupo de trabajo sobre la plataforma logística, de despegue, que puede representar Canarias en la relación hacia el continente africano. No debemos prejuzgar las conclusiones del grupo de población. Se está
haciendo un diagnóstico a fondo y le puedo asegurar que la voluntad del Gobierno es dar respuesta a este problema de manera coordinada con el Gobierno de Canarias. Somos sensibles a lo que representa la evolución de la población en Canarias y
estamos interesados en trabajar de una manera plenamente coordinada con el Gobierno de Canarias. Es verdad que Canarias tiene un incremento de la población por encima de la media nacional, también tiene un incremento del crecimiento del producto
interior bruto en los últimos cuatro o cinco años, y tiene un número de turistas al año que visitan Canarias en torno a los diecinueve millones. Usted denunciaba que había un dato, que yo no lo tengo por cierto, de 19.000 personas que habrían
entrado al año a través de los aeropuertos burlando su condición de turistas para quedarse en Canarias. Sencillamente creo que podemos felicitar a quienes están a cargo del control de los aeropuertos, porque con ese volumen de turistas que tiene
Canarias el porcentaje es realmente muy bajo. Aun así les recuerdo que hemos reforzado lo que representa el control de todas las fronteras, el número de efectivos, tanto en aeropuertos como en puertos, que era una necesidad evidente y esperemos que
podamos seguir combatiendo esa entrada irregular en nuestro país que, efectivamente, tiene un volumen, según todas las opiniones bien formadas, superior, por supuesto, a los intentos que se producen a través de nuestras costas, especialmente de las
costas de Canarias, y en menor medida también -como es conocido- algunas provincias andaluzas.
Por otro lado, quería recordar el esfuerzo inversor que el Gobierno de España, en colaboración y diálogo con el Gobierno de Canarias, está haciendo en aquella comunidad. Estamos en la dirección de converger sobre la inversión per cápita del
Estado en Canarias respecto a la media nacional, independientemente de toda la singularidad
y de los efectos positivos que produce el régimen especial fiscal de Canarias, al que luego me referiré. Como bien sabe S.S., en los presupuestos para 2006 hay 604 millones de inversión para Canarias, con un incremento, por tanto, del 13,5
por ciento en relación con el año anterior; hemos firmado un convenio de carreteras entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España que supone una inversión de 2.437 millones de euros en los próximos once años. Para el año 2006 ya hay un
presupuesto de 126 millones de euros. También quiero recordarle que el Gobierno tiene en marcha un ambicioso plan de infraestructuras aeroportuarias, decisivas para Canarias, en el que se van a invertir 2.897 millones en los próximos quince años.
La cifra de inversión media anual en los aeropuertos de Canarias se va a situar, por tanto, en 193 millones de euros, lo que triplica la inversión media de los últimos años en los aeropuertos de Canarias. Y en materia de puertos, para 2006 también
hay previstas inversiones por un valor total de 158 millones de euros. Además, el Ministerio de Medio Ambiente va a invertir 50 millones de euros con fines esenciales en potabilizadoras, depuración y reutilización del agua. Como bien recordará, el
Gobierno del Partido Socialista ha alcanzado un acuerdo con el Gobierno canario para elevar progresivamente las bonificaciones al precio de los pasajes aéreos y marítimos para los residentes en Canarias desde el 33 por ciento hasta el 50 por ciento;
en 2006 ya se ha situado en el 45 por ciento, dando respuesta a un compromiso que habíamos establecido con la sociedad canaria.
Quiero recordar que Canarias ha salido bien parada de las perspectivas financieras 2007-2013, que fue uno de los objetivos fundamentales de esa negociación; que el acuerdo final para el periodo 2007-2013 supone 1.310 millones de euros de
las perspectivas financieras; que casi la mitad de los fondos de esos 1.310 millones no los obtiene por su condición de región fhasing-out, sino por negociaciones del Gobierno que se han materializado en fondos específicos para Canarias; alrededor
de 436 millones para Canarias en su condición de región ultraperiférica y cien millones de euros adicionales exclusivos, solo para Canarias. Además, hay que recordar que Canarias contará con 93 millones de euros del Fondo Tecnológico aprobado en
esas perspectivas financieras, que también es exclusivo en este caso para España. Por supuesto, como he recordado hace un momento, en esas perspectivas financieras se acordaron fondos para la inmigración y, como he recordado también, esa
financiación va a ascender a 4.000 millones de euros que se destinarán a cuatro aplicaciones. Dos ya existían, aunque no tenían financiación, como refugiados y retorno, y dos son fondos de nueva creación: fronteras e integración. Ese nuevo
instrumento nos permitirá disponer de una capacidad de en torno a 400 millones de euros, de una cantidad similar del Fondo Europeo de Desarrollo y, por tanto, nos permitirá abordar las cuestiones de inmigración. No tengo que dar las razones por las
cuales Canarias será la receptora fundamental de muchas de estas partidas provenientes de las perspectivas financieras en lo que afecta a inmigración.
En definitiva, dada la magnitud del problema, de la presión migratoria en Canarias, creo poder afirmar que el Gobierno ha reaccionado volcando todos los esfuerzos que están a su alcance, implicando a la Unión Europea; que el Gobierno -como
he podido demostrar con las cifras- tiene un compromiso inversor de apoyo al desarrollo económico, que ha hecho en esta Cámara y que ha llevado a la Unión Europea con resultados muy positivos en lo afecta a las perspectivas financieras; que el
Gobierno tiene el compromiso de abordar con el Gobierno de Canarias todo lo relativo a la población y su evolución; que el Gobierno tiene el compromiso de abordar e implementar la Casa de África, como se ha recordado. La aprobaremos el próximo
viernes en Consejo de Ministros y será un elemento de referencia para esa plataforma continental hacia África que puede y debe representar Canarias, y he acogido algunas de las ideas que le oído hoy aquí sobre esta cuestión. Por supuesto, le quiero
agradecer desde aquí la colaboración que en el ámbito parlamentario Coalición Canaria viene prestando al Gobierno. Tenga la convicción más absoluta de que vamos a seguir volcando los esfuerzos por la seguridad en Canarias con la aprobación del Plan
integral de seguridad para Canarias -que es verdad que ha sufrido un cierto retraso, se lo reconozco- y, por supuesto, poniendo todos los medios para frenar, reducir, controlar la presión migratoria que ha tenido Canarias.
Señorías, no puedo terminar esta intervención sin reiterar lo que ya afirmé ayer. Deseo felicitar a todos los empleados públicos de la Policía, Guardia Civil, Salvamento Marítimo, personal del servicio sanitario de la Administración de
Canarias, por el ejemplar comportamiento que están teniendo ante la presión migratoria. (Aplausos.) Por el ejemplar comportamiento, porque como país -y Canarias de manera singular- estamos dando un ejemplo de tratamiento adecuado a las personas en
el respeto a los derechos humanos, como se advierte en las imágenes y en el esfuerzo continuo. La sociedad canaria está dando ejemplo. Creo que a muchos españoles les produjo una sensación de enorme satisfacción, incluso llegó a conmoverles la
reacción de los ciudadanos de la isla de Hierro cuando el otro día llegó un cayuco, el comportamiento solidario y humanitario que tuvieron. Quizá esa sea la mejor lección que estamos obteniendo de la presión migratoria tan dura que sufre Canarias,
que está demostrando ser un pueblo ejemplar.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias a usted, señor presidente.
Señorías, continuaremos con la réplica del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias y, en su nombre, del señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Gracias, señora presidenta.
Señor presidente, señorías, el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias ha hecho un esfuerzo
importante por valorar a medio y largo plazo el trabajo que se está haciendo en materia de inmigración. Probablemente en mi primera intervención no se me entendió o me expliqué mal al hablar del esfuerzo diplomático que se está haciendo y
de los acuerdos bilaterales. Dije que tenía que ser una referencia y un ejemplo para la Unión Europea. Añadí, señor presidente, que iba a hablar con sinceridad y con lealtad. Nuestras palabras no tienen nada de alarmismo ni de demagogia, sino que
reflejan la realidad que estamos viviendo en Canarias, la sensación que tenemos en Canarias, sensación que se constata diariamente en los distintos medios de comunicación. Ni siquiera dije, ni voy a decir porque sería injusto por mi parte, que esa
cierta improvisación es solo fruto del Gobierno actual. Señalé que en política de inmigración globalmente hemos cometido errores, porque si hace ocho o nueve años, cuando empezó la inmigración irregular, hubiéramos acometido un plan global para
atender este problema, en estos momentos tendríamos el mismo problema, pero atenuado.
No reconocer eso es alejarnos de la realidad; no haberlo diseñado de manera global. Cuando hablaba de la dejadez, señor presidente, que probablemente no sea el
término más apropiado -no hablo del Gobierno actual, sino de manera global-, me estaba refiriendo a que es cierto que cuando se actúa en el estrecho de Gibraltar baja la presión de las mafias en Marruecos. Con Marruecos se produjo el hecho de que
las malas relaciones diplomáticas entre el Gobierno de España y el Gobierno de Marruecos hicieron que desde Marruecos llegara la primera avalancha masiva de pateras a Canarias. Sin embargo, la llegada del Gobierno actual, al recuperar las
relaciones con Marruecos, se atenuó la intensidad de la llegada de inmigrantes desde Marruecos. En cualquier caso, lo que he dicho y repito ahora es que cuando actuamos en Mauritania, fruto de la complejidad del asunto, llegamos tarde, cuando ya
habían actuado las mafias. Cuando el Gobierno de España trabaja para llegar a acuerdos con Mauritania, algo que valoramos positivamente, las mafias se nos anticipan y empiezan las salidas desde San Luis, en Senegal. No he dicho nada más que eso;
no estoy descalificando, sino todo lo contrario. Estoy diciendo que en estos momentos hay una acción decidida del Gobierno que nos parece el camino adecuado, que hay que generar acuerdos de colaboración y cooperación con los países emisores y todo
un trabajo de futuro para el desarrollo de África. Ese es el camino.
Desde nuestro punto de vista y dicho sea con todos los respetos, creemos que el paso que está dando España no lo está dando en la misma proporción la Unión Europea. Esperamos
que este asunto sea abordado en el Consejo Europeo, ya que este es un tema que hay que tratar de manera global. Hay que hacer un esfuerzo para que Europa nos entienda, para que entienda que este es un problema de todos y que implicándonos todos
será mucho más fácil abordar todas las dificultades que este fenómeno va a entrañar a lo largo de las próximas décadas. Señor presidente, yo no tengo medios para contar las desgracias que se han producido en el mar, pero el Gobierno sí. Desde
luego, se han producido desgracias en el mar a lo largo de los últimos años, la última en el mes de marzo. El informe del Centro Nacional de Inteligencia filtrado por la Guardia Civil decía que centenares de personas habían muerto. ¿Hay
constatación de eso? El último hecho constatable es el del cayuco que llega a Barbados con una serie de personas muertas. No alarmamos, pero se han producido muertes en el mar en los últimos años. Yo no puedo precisar si han sido en los últimos
meses o en los dos últimos años, pero durante la última década cientos de personas se han dejado la vida en el mar entre Canarias y África.
El señor presidente no se ha referido a un tema que es importante para Canarias, el relativo a los menores. Aunque es competencia de las comunidades autónomas, la casuística de los menores estaba prevista para otro tipo de cuestiones, no
para los que llegan a través de la inmigración irregular. Aquí no hablamos de los recursos económicos, de si cuesta 4 millones de pesetas el sostenimiento de un menor; hablamos de la capacidad para que puedan ser acogidos dignamente y en Canarias
en este momento no hay capacidad de los centros; los centros tienen capacidad para 250 y están desbordados. Antes, cuando hablaba del ministerio y le sugería la posibilidad de estudiar una reestructuración del Gobierno para crear un ministerio, no
pretendía descalificar el trabajo de la vicepresidenta -nada más lejos de mi intención-, que reconocemos y que en los temas de Canarias siempre ha estado ahí. Me refería a que no es un asunto que me haya inventado. Cuando usted aspiraba a ser
presidente en septiembre de 2002, en una visita a Canarias, dijo: Si llego al Gobierno habrá un ministerio de inmigración. (Rumores.) No es una cuestión que pueda resolverse de hoy para mañana, pero la inmigración es un problema que los ciudadanos
perciben como el más importante que tiene el Estado.
No tiene nada de extraño pensar que en el futuro un gobierno tenga un ministerio para abordar globalmente todos los problemas derivados de la inmigración. Lo hemos planteado con la mejor
disposición y con un espíritu constructivo, como anuncié en mi primera intervención.
Respecto al crecimiento de la población, hay que seguir intensificando el trabajo y hay que sacar más propuestas de ese grupo de trabajo. Si extrapoláramos la densidad de población que tiene Canarias en estos momentos -es uno de los
Archipiélagos más poblados del mundo- a la Península, España tendría en estos momentos 130 millones de habitantes, si tuviera la densidad que tiene Canarias ahora. Si queremos ver gráficamente qué es lo que está ocurriendo en Canarias para darnos
cuenta de lo que significa el crecimiento poblacional en un territorio frágil y limitado -es muy importante porque en un territorio donde no se vea el horizonte no es un problema, el problema está en un territorio frágil como Canarias en el que a la
gente que llega hay que prestarle infraestructuras, equipamiento, servicios, más coches en las carreteras, más sanidad y educación-, si queremos verlo gráficamente, digo, es como si trasladáramos a Canarias un año una ciudad completa -Villareal,
Cuenca, Ávila o Segovia, por ejemplo- y le pusiéramos
todos esos servicios. Esto significa 50.000 personas; una ciudad completa cada año en Canarias, un territorio frágil. Le agradezco, señor presidente, que fuese receptivo en el anterior debate del estado de la Nación y hoy también le
agradezco que siga comprometiéndose con este asunto. Hay una medida con la que podemos avanzar un paso y no nos parece dramático que se estudie. ¿Por qué no hay una moratoria por un tiempo de los permisos de trabajo en Canarias de los extranjeros
que no pertenezcan a la Unión Europea? ¿Por qué no se trabaja en una idea de este tipo? El Gobierno tiene la facultad para ello y en el Estatuto de Canarias está previsto que el Gobierno de Canarias pueda proponer el número de extranjeros no
comunitarios con permiso de trabajo en Canarias. Es un camino. De los 50.000 tendríamos unos 20.000 ó 22.000 menos. Podríamos adoptar esta medida durante un tiempo razonable -dos o tres años-, ver qué pasa y se revisa si cambia la situacion del
mercado.
Señor presidente, usted habla de las capacidades de los centros y yo decía que estaban desbordados pero aquí hay un acuerdo. Salvo que se vaya a modificar el acuerdo que tiene el aval del Congreso de los Diputados, los centros de acogida de
Canarias tienen una capacidad de 1.500 plazas. Ese es el acuerdo que existe. En estos momentos si hay 4.000 ó 3.600, estamos por encima de las condiciones pactadas. Hablábamos del catálogo de la Guardia Civil y de la Policía. Se han cubierto los
catálogos. Ahora que está presente el señor ministro del Interior, le quiero decir que ha crecido constantemente el número de personas, desde el año 2002, en 50.000 y que tanto el catálogo de 2002 como el actual son exactamente iguales. Desde 2002
hasta hoy no se han revisado los catálogos, lo que se ha hecho es completar las plazas que estaban previstas.
En definitiva, señor presidente, señoras y señores diputados, nosotros apostamos desde la responsabilidad por contribuir a los grandes temas de Estado. No le quepa la menor duda de que para nosotros -lo hemos dicho en nuestra primera
intervención- el tema de la inmigración es muy difícil, muy complejo, hay llevarlo con mucha prudencia, con mucha sensatez y saber adónde vamos. Necesitamos el esfuerzo de todos los partidos políticos, nosotros estamos ahí y hacemos contribuciones
positivas. Lo único que pedimos es que no dejen sola a Canarias con este problema. Yo sé que su Gobierno no la va a dejar, señor presidente, pero es bueno que el resto de España lo sepa. No dejen sola a Canarias con un problema que es de todos.
Quiero transmitir al resto de las fuerzas políticas que sean conscientes de que estamos ante un tema de Estado y que todos tenemos que asumir la cuota como tal; es un tema de la Unión Europea, y a la Unión Europea hay que decirle que también tiene
que asumir su responsabilidad en este asunto.
Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias, señora presidenta, muchas gracias, señoras y señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Rivero.
Continuamos con el turno de réplica del señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Rivero, podemos estar de acuerdo en la valoración de lo que representa el fenómeno de la inmigración. Debemos estar de acuerdo en que, razonablemente, ante la envergadura del problema, el Gobierno ha procurado movilizar todos sus
esfuerzos políticos y medios de control de fronteras diplomáticos. Quiero recordarle que desde hace un año, el Ministerio de Exteriores viene desplegando una estrategia diplomática en el África subsahariana con reiteradas visitas del secretario de
Estado y del ministro en el mes de diciembre y en las últimas semanas, tejiendo toda una alianza de confianza política para abordar un problema de esta envergadura, comprometiendo y materializando a la vez ayuda al desarrollo para el África
subsahariana en un volumen ciertamente importante al que está contribuyendo el Gobierno central. Sobre la ayuda al desarrollo, quiero hacerle un comentario para su reflexión. La Administración General del Estado, es decir, el Gobierno, dedica a la
Ayuda Oficial al Desarrollo el 0,71 por ciento de su presupuesto, no del PIB; la Comunidad de Canarias, el 0,09 por ciento, está a la cola de las comunidades autónomas en cuanto a compromiso con la ayuda al desarrollo. Sé que tiene muchas
necesidades en el presupuesto y en la gestión, pero deberíamos intentar trasladar a todas las comunidades autónomas que acompañen el esfuerzo que están haciendo los Presupuestos Generales del Estado, con el voto de todos los grupos, con la ayuda al
desarrollo. Dentro de las limitaciones, seguramente esta debería de ser una de las prioridades porque otras muchas comunidades autónomas estarían -seguro- dispuestas a colaborar con Canarias a lo que ya hace la Administración General del Estado y
hacer un esfuerzo suplementario mayor en el área del África subsahariana.
Uno de los problemas más difícil que tenemos como consecuencia de la presión inmigratoria es lo que afecta a los menores. Sabe S.S. que la Secretaría de Estado de Inmigración ha estado en permanente diálogo y negociación al efecto con el
Gobierno de Canarias. Sabe también que estamos encauzando el tema de los menores con Marruecos. Ha sido durante muchos años un problema de extraordinaria complejidad y estamos dispuestos a afrontarlo, como decía, ayudando y apoyando al Gobierno de
Canarias. Como usted conoce, todo lo relativo a menores es competencia de las comunidades autónomas, con lo cual tenemos una limitación para adoptar algunas decisiones, pero le puedo asegurar que el Gobierno no se va a desentender del problema tan
sensible y tan grave de los menores inmigrantes. Junto con el Gobierno de Canarias vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, que tendrá que ver -seguramente no a corto, pero sí a medio plazo- con ese diálogo político con los países del
África subsahariana y, en el corto plazo quizá con la habilitación de centros, de instalaciones, para que
podamos tener un tratamiento y dar una respuesta acorde a los derechos humanos y a las necesidades de los menores.
Señor Rivero, le reitero el agradecimiento por la colaboración parlamentaria y nuestra plena disposición. Comprendo que en los días de más presión migratoria y de más llegada de cayucos a las islas la respuesta inmediata puede ser la
crítica como consecuencia de la inquietud, pero tengo que asegurarle que esa presión migratoria, esa llegada de cayucos, tiene una permanente sensibilidad en el Gobierno de España, en todos los ministerios. Puedo garantizarle que no les hemos
dejado solos ni lo vamos a hacer, porque ante todo están los intereses de los ciudadanos y del país. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para dar una respuesta lo más tranquilizadora, segura, de mayor control y de mayor repatriación
que podamos ante el fenómeno de la presión inmigratoria. Si he hecho una apelación a la responsabilidad sobre las personas que trágicamente pueden perder la vida intentando llegar a nuestras costas es porque creo que en algún momento sobre alguna
noticia se ha hecho una valoración que no es acertada ni correcta.
Tenemos que ser prudentes. ¿Para qué vamos a crear una alarma innecesaria?. Sabemos que hay personas que han muerto intentando atravesar el océano Atlántico, pero no podemos hacer
un balance ni saber si es o no un hecho trágico que ocurre a menudo; no lo sabemos y, desde luego, en buena medida, tampoco lo saben los países de origen de la inmigración. En cualquier caso, estamos a disposición de Canarias y vamos a hacer todo
el trabajo que merece su comunidad.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor presidente.
Finalizamos con el turno de dúplica del señor Paulino Rivero en nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias.
El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta.
Señor presidente, brevemente y para concluir, dije que hablaría con sinceridad y lealtad. Reconozco que no tengo el dato, pero, de ser cierto que la Comunidad canaria en estos momentos dedica a la cooperación esa cifra que usted ha
mencionado, es francamente mejorable, y en esa tarea estaremos para entre todos afrontar este problema. Insisto, no tengo el dato y no puedo en este momento certificar que exactamente sea ese el porcentaje que se dedica a la cooperación.
Hay algunas cosas sobre las que conviene reflexionar respecto a la situación actual. Le pregunté en mi primera intervención si tenía previsto realizar alguna modificación puntual en la Ley de Extranjería.
Hay un problema, los cuarenta
días. Por razones de seguridad y de tipo sanitario, hay personas que cumplen esos cuarenta días y, según nuestra ley, tenemos que dejarlas en libertad. Hay situaciones excepcionales sobre las que tendremos que reflexionar para las que la ley debe
contemplar determinadas casuísticas que en estos momentos no existen y que pueden generar un problema importante. Imaginemos que en lugar de 800 lleguen un día 2.000 ó 3.000 y que no tengamos capacidad para producir en cuarenta días las
repatriaciones correspondientes, las derivaciones, todo lo que conlleva la complejidad de un asunto de esta naturaleza. El Gobierno debe contar con los mecanismos pertinentes para afrontar situaciones excepcionales. Lo apuntamos como reflexión,
para con nuestra aportación mejorar y tener previstas situaciones que se pueden producir.
He hecho referencia a que eran muy importantes los asuntos que teníamos que abordar hoy con la Comunidad canaria. Ayer hacía S.S. un balance de lo que han
significado estos dos primeros años de legislatura desde el punto de vista de avanzar en la extensión de los derechos fundamentales a las personas, en las políticas sociales; básicamente es en lo que ayer ponía gran énfasis. No solamente valoramos
este hecho en positivo sino que, modestamente, nos sentimos parte de esos avances porque hemos contribuido a la gobernabilidad, hemos aportado nuestro apoyo parlamentario al Gobierno. Al mismo tiempo, ayer marcaba unos objetivos para el resto de la
legislatura, básicamente para el próximo año, la orientación de una política para lo que resta de legislatura y enfatizaba mucho en el acceso más asequible a la vivienda, la mejora de la educación y la formación, la mejora del salario mínimo, las
pensiones, etcétera.
Sepa, señor presidente, que de la misma manera que decimos con claridad aquellas cosas que hay que corregir, decimos que esto apunta en una buena dirección y que va a contar con el apoyo del grupo parlamentario que yo
represento en esta tribuna. Le avanzo que en lo que se refiere al terrorismo apoyaremos como siempre al Gobierno. Esperamos que de la misma manera que esa bisagra abre en una doble dirección de apoyo a los temas de Estado, a las políticas que
significan mejoras para los ciudadanos en general en las que usted va a contar con el apoyo de mi grupo parlamentario, en los grandes temas para Canarias, en aquellos en los que se la juega en Europa y en las grandes políticas de Estado, Canarias
cuente asimismo con la colaboración y disposición del Gobierno de España.
Muchas gracias, señor presidente, señora presidenta, señoras y señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Rivero.
Finalizamos con el último turno de dúplica del señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Rivero, voy a ser muy breve para hacer algunas precisiones. La primera de ellas está relacionada con la iniciativa que plantea, con la posibilidad de una reforma de la Ley de Extranjería. He de decirle que el Gobierno está estudiando
el ordenamiento de la Unión Europea, las directivas y reglamentos que van a dar lugar a su
desarrollo y que en su caso, si eso lo comportara, el Gobierno lo abordaría. Lógicamente siempre está abierto al estudio de esa posibilidad de mejorar nuestra legislación. Quiero recordarle, no obstante, que la Ley de Extranjería está
pendiente de una sentencia del Tribunal Constitucional, factor que deberíamos tener en cuenta.
En segundo lugar, quiero agradecerle el apoyo que ha expresado en sus últimas palabras sobre la tarea de acabar con el terrorismo, con la violencia de ETA. Su grupo siempre se ha destacado por tener una clarísima actitud de Estado ante
estas cuestiones y se lo quiero reconocer y agradecer. En tercer lugar, la posición del Gobierno y del Grupo Socialista es de colaboración con Coalición Canaria. Antes no me referí a ello y quiero hacerlo ahora: Queremos que haya un nuevo
Estatuto de Autonomía en Canarias; queremos que haya un consenso sobre la cuestión del sistema electoral y que ese consenso se fragüe esencialmente allí para que no plantee problemas aquí, en esta Cámara y, por supuesto, que los compromisos que
tenemos pendientes relativos tanto al grupo de población como al grupo de la plataforma continental, den sus frutos, sus resultados. Canarias tiene un futuro de desarrollo y de crecimiento no solo por el turismo, por los 9 millones de turistas
-antes dije 19, quiero rectificar el número, como bien sabe el señor Rivero- que llegan cada año a Canarias, sino porque cada vez más esa sociedad ha avanzado en su capacidad de producir, de innovar, de extender la educación, de tener una educación
más cualificada de todas sus personas, con todo lo que representa el esfuerzo de inversión pública que vamos a hacer para cumplir los compromisos establecidos y que vamos a mantener en colaboración con su Gobierno.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor presidente.
Señorías, les anuncio que suspendemos la sesión del debate del estado de la Nación y que la reanudaremos a las dieciséis horas, en primer lugar, con el Grupo Parlamentario Mixto y, finalmente, con el Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias.
Se suspende la sesión.
Eran las dos y treinta minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Corresponde el turno al Grupo Parlamentario Mixto. En primer término, Bloque Nacionalista Galego, señor Rodríguez Sánchez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Señor presidente del Gobierno, especialmente en el último año asistimos a un duro debate sobre la estructura institucional del Estado español. Se centra en si existen varias naciones dentro de él o solo una. El debate se produjo con motivo
de la elaboración de nuevos estatutos de autonomía, de forma muy viva con el salido del Parlament de Catalunya. Por vez primera en veinte años tenemos ocasión de analizar y aclarar en el terreno ideológico y político lo que es una nación y lo que
es un Estado.
En definitiva, hablamos sobre la posibilidad de adaptar el Estado español a su carácter plurinacional, pluricultural y plurilingüe. Sin embargo, no es fácil clarificar en vez de confundir y dialogar y acordar en vez de amenazar,
intimidar e imponer, si tenemos en cuenta la reacción visceral, intolerante y prepotente, cuasi imperial, que emana todavía hoy de la estructura de poder en la que se fundamenta eso que llaman indisoluble unidad de la nación española, patria común e
indivisible de todos los españoles, dicho de otra manera, del carácter centralista del Estado español, pese a las apariencias. Topamos con el poder mediático, el poder económico, el Poder Judicial, el militar, el institucional, el religioso, el
ideológico cultural, el académico, que tienen como centro Madrid. En cierta manera, recuerda la situación vivida en los tiempos de la II República a raíz de la presentación y aprobación del Estatuto de Cataluña en las Cortes. Como explicaba
Castelao: (Continúa su intervención en gallego, cuyo texto, que entrega al 'Diario de Sesiones, dice lo siguiente: É forzoso recoñecer que se alporizaron os odios -vellos e novos- contra Catalunya e os primeiros gobernantes da República, porque o
Estatuto Catalán aparecía como un privilexio irritante, concedido por medo ás rexións separatistas.) Diríamos hoy que el odio se agita desde la tesis de que se rompe España y desde la negación absoluta e inquisitorial de la diversidad nacional y de
los derechos que le son inherentes. Se pasó de atacar un sistema de financiación que pretendía territorializar todos los tributos, contar con una agencia tributaria propia, la participación pactada en los gastos del Estado y un fondo de
solidaridad, es decir, una verdadera autonomía fiscal y financiera, acusándola de egoísta e insolidaria, a concentrar toda la artillería contra la consideración de Cataluña como nación y de su lengua como idioma prioritario y propio del país con el
mismo estatus legal que el castellano. En estas estamos, en la negación de realidades empíricas incuestionables y de derechos humanos fundamentales. Los poderes que se presentan como pilares de la unidad de España no renuncian a mandar en ella
desde Madrid. No conciben ni soportan un reparto plural y compartido del poder, de la soberanía política. No admiten ni siquiera la consideración de que las instituciones de autogobierno actuales sean la expresión de la voluntad política de las
sociedades que representan y que haya que respetarlas y tenerlas en cuenta, concepción en la que usted, señor presidente, se mueve en principio.
Como representante del BNG quiero recordar qué era para Castelao lo más viejo, más negro y más podrido de la España centralista: el militarismo, que se considera siempre herido en sus sentimientos patrióticos; el clericalismo,
que se considera herido en sus sentimientos religiosos, y el semifeudalismo o cierto tipo de capitalismo, que se considera herido en sus intereses. Nosotros podríamos añadir la prepotencia corporativista y antidemocrática de una parte del
Poder Judicial. Resulta llamativo el paralelismo entre el esfuerzo de democratización del Estado y su adaptación al pluralismo y la diversidad que lo sustenta. Esta es una enseñanza incontestable de la experiencia política que estamos viviendo.
Va siendo hora de que se asuma un Estado español realmente plurinacional, realmente democrático, basado en la relación entre iguales. Es este el modelo de Estado que no se quiere aceptar por aquellos que nos hablan continuamente de unidad, igualdad
y solidaridad, mientras los resultados de su política son el sometimiento, la desigualdad y la amenaza.
Ciertamente parece, señor presidente, que frente a una concepción autonomista concebida como gestión administrativa descentralizada, muchas
veces encubridora de un tradicional y furibundo centralismo, no se levanta a nivel estatal y con la misma relevancia un modelo de Estado que opte por la plurinacionalidad, el autogobierno de las naciones y su relación igual, sin miedo a compartir el
poder que se fundamente en su soberanía. Entre una Constitución española agitada de forma sacralizada como texto inmutable y sus lecturas posibilistas para justificar concesiones limitadas o puntuales es difícil que se abran paso cambios
cualitativos, aquellos que conducirían a un verdadero Estado federal o confederal. Se actúa con criterios de coyuntura, incluso cuando hay el deseo de integrar y no excluir como es su caso. Así es muy difícil construir sobre bases de igualdad e
incluso existe, señor presidente, el peligro de que su discurso de la diversidad, el pluralismo y el diálogo contraste o palidezca frente a la práctica de la centralización de competencias a través de la legislación y las normas del Estado:
proyectos de ley de régimen local, de discapacidad, de Radiotelevisión Española, de política de vivienda, intentos de reformar la Ley Electoral, competencias sobre la formación continua, y podríamos enumerar muchos más. Le decimos todo esto porque
reconocemos su empeño en comprender el carácter plurinacional del Estado e incluso su disposición a que las lenguas que no son el castellano tengan un verdadero estatus de oficialidad en sus territorios, empeño y disposición que están muy
condicionados por el poder dominante y por la visión que del conjunto del Estado y del papel que cada nación juega dentro de él tienen el principal partido de la oposición y una buena parte de la fuerza política que sustenta a su Gobierno. De esta
forma, el actual debate y su plasmación reivindicativa se encuentran con límites que no deberían imposibilitar avances reales para todos y en concreto para Galicia. Concretamente, su política de integración y diálogo para lograr la paz en Euskadi
no puede fracasar por presión de poderes y sectores inmovilistas e intransigentes.
Recientemente ha hablado usted del valor estratégico de Andalucía para España. Coincidiendo con el señor Rajoy en tal apreciación, constataron su importancia para la vertebración institucional del Estado. Galicia es una nación diferente,
con su lengua y su trayectoria histórica cultural específica, con sus problemas socioeconómicos peculiares. Para el Estado español es marginal, siempre sometida a estrategias que no la benefician.
Por esto mismo Galicia es objetivamente la más
interesada en cambiar la estructura del Estado, la concepción de unidad, igualdad y solidaridad en que se fundamenta. Tenemos grandes dificultades para avanzar a causa de muchas políticas del Estado y de la Unión Europea. Desde 1995 hicimos un
gran esfuerzo reivindicativo a favor de la modernización de la red ferroviaria de Galicia. Conseguimos así aparecer en el mapa de los planes del Gobierno español en el año 2000. Desde entonces algo hemos avanzado en la práctica, pero distamos
mucho de recibir un trato no discriminatorio. Todavía domina la propaganda frente a los hechos. La lentitud caracteriza la ejecución de obras. No hay una planificación creíble. El eixo atlántico A Coruña-Vigo, iniciado en el año 2000, no estará
a este paso concluido hasta el año 2010; 10 años para un recorrido de 160 kilómetros, un corredor de alta rentabilidad económica colapsado por el tráfico. Por supuesto, A Coruña-Ferrol y Vigo-Frontera portuguesa del eixo atlántico no salen de la
fase pendiente de declaración de impacto ambiental y de estudio informativo respectivamente. Se desatascó hace exactamente un mes gracias a la presión política el itinerario Ourense-Lubián, pendiente de la declaración de impacto ambiental. Pero no
hay una planificación de inversiones plurianuales ni horizontes temporales creíbles para estos corredores que son prioritarios.
Necesitamos veracidad, compromiso y responsabilidad. Los presupuestos para el año 2006, apoyados por el Bloque
Nacionalista Galego, después de introducir algunas modificaciones, significaron un avance: por primera vez se nos destinó el 8 por ciento del total estatal para infraestructuras terrestres, 600 millones de euros para el ferrocarril.
Sospechamos
que no se invertirá todo lo presupuestado. Las distintas iniciativas parlamentarias, aprobadas incluso en este mismo debate del año pasado, para mejorar los servicios regionales y de largo recorrido de Galicia se incumplen sistemáticamente. El
nuevo Gobierno de Galicia está empeñado en la restauración de nuestra base agraria, en una política forestal planificada, que no sea monocultivo de eucalipto, para celulosas. No renuncia a contar con un grupo lácteo propio en consonancia con la
importancia del sector, más de un tercio de la producción total del Estado. Necesita colaboración en relación con este sector estratégico, no discriminación y rutina por parte del Gobierno central.
Nos desmoraliza ver que, en un momento de gran demanda mundial de construcción de buques, un astillero de grandes dimensiones como el Navantia-Fene sigue un proceso de desmantelamiento inexorable, sin carga de trabajo propia, reducido a una
subcontrata de bloques para las fragatas F-100 de Navantia-Ferrol, excluido de la construcción civil, sin horizonte clarificado alguno. Se da la paradoja, sarcástica, de que un astillero privado
de la ría de Vigo, por falta de capacidad en sus gradas, subcontrata la construcción de cascos de quimiqueros a Navantia para hacerlos no en Fene, excluido por una prohibición política, sino en Puerto Real, a considerable distancia, y es
dinero de la Xunta el que avala los contratos. Está clara la opción estratégica del Gobierno.
Nuestra lengua necesita otro estatus de oficialidad que sitúe sus derechos al mismo nivel que el castellano. Sin entrar a valorar los deberes, carencias y dejaciones internas, está claro que necesitamos otro comportamiento de la
Administración central: dificultades para casarse en gallego, para galleguizar el nombre, para restaurar la forma original de los apellidos, para la documentación con destino al Registro de la Propiedad o al Mercantil, para desarrollar las causas y
procesos judiciales. No es de recibo que después de 20 años la Administración General del Estado todavía reproduzca topónimos de Galicia deturpados, deformados, no los oficiales y originarios; que se desprecie o dificulte el uso del gallego para
todas las actividades en empresas públicas, como Navantia, en nuestro territorio; que la Delegación del Gobierno se apresure a llevar a los tribunales normativas del uso del gallego en las corporaciones locales acordes con la legalidad vigente;
que el gallego, pese a reiteradas promesas positivas, siga excluido de la página web de la Agencia Tributaria. Es un derecho humano elemental. No queremos seguir viviendo como extranjeros en el propio país.
La ficción de la igualdad que nos predican los defensores del statu quo se desmiente en el caso de Galicia fácilmente. La remuneración salarial bruta media gallega en 2004 está a una distancia de 9,3 puntos de la declarada en el ámbito
estatal. En el quinquenio 2000-2004 emigraron al resto de España 85.850 gallegos, jóvenes, muchas veces con alta y buena formación. Entre 2001 y 2005 perdimos 29.272 habitantes, mientras el Estado español ganaba 2.991.688. En 1900 representábamos
el 10,64 por ciento de la población del Estado y en 2005, el 6,2 por ciento. Madrid pasó del 4,16 al 13,52 en el mismo periodo, un macrocentro de riqueza e inversiones. Pasamos de representar el 6,30 del PIB español en 1980 al 5,6 en 1994 y el
5,08 en 2005. Necesitamos políticas de equilibrio territorial reales, no declarativas.
El mercado de trabajo, señor presidente, refleja que Galicia significaba en 1980 el 8,8 de los activos del Estado, el 9,3 de los ocupados y el 4 por ciento de los parados; en 2006 representa el 5,9 de los activos y de los ocupados, pero el
6,6 de los parados, una evolución contradictoria con la del Estado. La realidad es que el diseño político y la forma de funcionamiento de la economía provocan fenómenos demostrativos de que seguimos en un Estado centralista. Según el informe de la
Agencia Tributaria 2003, el 47,5 por ciento de la recaudación tributaria se atribuye a Madrid; sin embargo, su PIB significaba solo el 17,4 por ciento. Ya se ve que ser capital del Estado tiene muchas ventajas, no solo un elevadísimo aparato
político, sino también la localización de las sedes de importantes empresas cuyos centros productivos operan en otras partes del Estado, y concretamente en Galicia. Por eso, el modelo de financiación es clave para instaurar la transparencia, la
autorresponsabilidad y la relación entre iguales. El nuevo modelo que se nos quiere aplicar es continuista con el anterior del Partido Popular. Su Gobierno -es cierto- está más abierto a debatir algunas cuestiones de tipo sociolaboral, pero falta
decisión para enfrentar problemáticas derivadas de incuria e irresponsabilidad de la Administración pública y de las empresas. Ahí están los afectados por la abestosis, por silicosis -canteras de granito- o aquellos que realizan actividades
peligrosas -los bomberos-. Hay que asumir claramente las indemnizaciones, las jubilaciones anticipadas, los coeficientes reductores, los cuidados médicos adecuados y las oportunas declaraciones de enfermedad profesional en cada caso. La Inspección
de Trabajo necesita un marco legal más descentralizado y prescriptivo para garantizar seguridad y salud en el trabajo. Falta mucho por andar en el caso de los siniestros en el mar. Da la sensación de fatalidad, de destino trágico de los hombres,
pero la verdad es que se conjuga un inapropiado funcionamiento de Salvamento Marítimo, del sistema mundial de socorro, con las deficiencias técnicas de los barcos, la falta de formación de las tripulaciones, la precariedad y la falta de auxilio en
el mar: O'Bahía, Siempre Casina, Dinis, entre otros. Galicia, señor presidente, no está ajena a la dialéctica política mundial. Muchos pueblos aspiran a cambiar las relaciones de poder y de dominio que padecen. El Bloque Nacionalista Galego
aplaudió su decisión de retirar las tropas de Irak porque formaban parte de un ejército de ocupación agresor y anulador de la soberanía del pueblo iraquí y de su derecho a un futuro libre. Vemos con preocupación que se envíen progresivamente más
tropas a Afganistán, presentándolo como labor humanitaria cuando objetivamente se incardina en los diseños imperiales de Estados Unidos: control del epicentro petrolífero del mundo e intimidación a otras potencias. Celebramos que no haya caído en
una posición beligerante con Bolivia, Venezuela o Cuba. Es mejor optar por el diálogo y por el respeto de decisiones políticas soberanas.
Acabo ya, señor presidente. En este mundo complejo y difícil, el Bloque Nacionalista Galego considera, señor presidente del Gobierno, que se necesita un avance cualitativo en la estructura institucional del Estado español: más justicia
social y mayor sensibilidad, atención y diálogo entre iguales con Galiza, dicho en su forma originaria y gallega: Galiza.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.
A continuación, turno del señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Gracias, señor presidente.
Señor presidente del Gobierno, creemos desde Chunta Aragonesista que en los dos años y poco más que usted lleva dirigiendo el Gobierno ha mostrado comportamientos que han hecho de España ejemplo de una
sociedad abierta hacia el futuro, ocupando uno de los primeros lugares en desarrollo de temas sociales, aunque sus estadísticas de ayer fueron bastante frías, y enfrentándose a una rémora ideológica a la que le gustaría que este país se
mantuviese en el tedio continuado que durante 40 años nos hicieron vivir. Quisiera empezar mi comparecencia animándoles a usted y a su Gobierno a que sigan por ese camino de logros progresistas: detención de trasvase, no a la guerra de Irak,
matrimonios gais, células madre, etcétera. Usted no se encogió ante los desvaríos catastrofistas que anunciaban los alegres agoreros de siempre. Por el contrario, usted y su Gobierno se han embarcado en futuros esperanzados que confiamos en que
vayan por buenos caminos y para los que, al igual que ha explicado el portavoz del PNV, también contará con nuestro apoyo.
Este año celebramos el 75º aniversario del advenimiento de la II República y el 70º en que las fuerzas políticas de Aragón culminaron el magnífico trabajo del Estatuto de Caspe. El levantamiento de las fuerzas reaccionarias de 1936 se llevó
por delante tantas y tantas esperanzas, ilusiones y personas, que preferimos seguir con la esperanza y no caer en el amargo rencor de tantos y tantos años de sufrimiento, de hambre y de incuria cultural. En este momento, en Aragón está a punto de
surgir un nuevo Estatuto, al que esperamos que las cinco fuerzas que componen las Cortes de mi tierra den el último impulso y que con el consenso de todas se pueda presentar en este mismo hemiciclo el resultado de una reforma en profundidad del
Estado que nos dote a los aragoneses de un auténtico autogobierno con verdadero poder político y financiero. Esto lo indico porque, así como el gato escaldado huye del agua caliente o fría, nosotros hemos sufrido ya en los pocos años de democracia
varios revolcones suntuosos y nos gustaría que esta vez, bajo su Gobierno, la desilusión no nos llevase a la amargura de sentirnos maltratados. Desde Chunta Aragonesista queremos este nuevo Estatuto de Autonomía para mejorar las condiciones de
nuestra sanidad, con largas listas de espera, de nuestra educación, de nuestro tejido empresarial y productivo; para proporcionar una buena asistencia social a los más desfavorecidos; un Estatuto para proteger nuestras montañas y no arrasarlas,
con una política de turismo y de la nieve sostenible; para proteger nuestras lenguas, cuando una de ellas, el aragonés, está en peligro de extinción; para poner en valor nuestro riquísimo patrimonio cultural y dotarnos de un servicio público de
justicia de calidad en el que nuestro derecho civil foral sea la línea maestra. Queremos el autogobierno para recuperar nuestra dignidad como pueblo, construir un futuro solidario y, con los otros territorios de la España plurinacional, ir hacia
una Europa federal.
Pensamos, señor presidente, que en algunos momentos el carácter progresista se ha visto detenido, nunca sabremos las razones, como por ejemplo en la reforma del IRPF, en la reforma laboral y en la de educación, en la que nuestro voto fue la
abstención porque encontramos asuntos que para nada nos parecían un paso adelante y aparecían demasiados titubeos con la enseñanza concertada y temas como el de la religión. Tenemos nuevos retos, como la Ley de Dependencia, que necesita un elemento
básico para poder ser eficaz, la financiación, y usted ya la ha prometido. Por esa línea de radical compromiso hay que acabar con la violencia contra las mujeres, terminar con la dura realidad de la generación que sobrevive con menos recursos que
sus padres -los jóvenes mileuristas-, tomar en serio la situación del profesorado, igual en la enseñanza media que en la universitaria, la escolar o la primera enseñanza. Ayer confirmó la mejora de las pensiones de las viudas españolas y una
política justa para con los inmigrantes y no confundirlos miserablemente con las bandas de delincuentes por puras razones electorales.
Señor presidente, ¿qué vamos a hacer con el Sáhara? ¿Se va a solucionar el tema de los trabajadores autónomos con la nueva ley que promete el Gobierno? ¿Cuándo los jóvenes y no tan jóvenes podrán acceder a una vivienda digna? ¿Qué pasa
con la Sociedad Pública de Alquiler? Le pedimos que radicalice su actitud frente a una ley para el control internacional del comercio de armas. ¿Vamos a hacer algo con la condonación de la deuda externa, con las nuevas tecnologías y con el
software libre? ¿Sabe, señor presidente, que hay millones de usuarios de videojuegos que no tienen regulación legal y que en su mayoría exaltan la violencia? ¿Por qué estamos tan lejos de cumplir con Kioto a pesar de que su ministra de Medio
Ambiente combate contra tirios y troyanos? ¿Sabe usted que en las calles hay mucha gente que reclama una ley de protección de los derechos de los animales y de las mascotas domésticas? Dijo Gandhi: Dime cómo trata un pueblo a los animales y te
diré cuál es su moral.
Como gentes de izquierdas, somos inconformistas, críticos y exigentes, pero sabiendo siempre quiénes son nuestros compañeros de camino y quiénes nuestros defenestradores de las ilusiones. Por eso nos sigue preocupando el declive rural y nos
interesa incentivar la vida de las personas de esos núcleos para un reequilibrio territorial y que se beneficie el campo de Daroca, Gúdar-Javalambre o la Ribargoza, pero también el Bierzo, el Pallars o el Priorato, junto con las tierras extremeñas o
sorianas. Señor presidente, desde Aragón reclamamos una deuda del Gobierno de más de 400 millones de euros por mermas de ingreso a través de leyes del Gobierno central. Exigimos que en el nuevo reparto de fondos europeos y en el Fondo de
Compensación Interterritorial se tenga en cuenta el criterio de envejecimiento y despoblación del territorio, ya que por el método actual se deja fuera a toda la provincia de Teruel con un sarcasmo realmente increíble. ¿Van a renegociar el Plan
Miner, que nos ha hecho perder a las comarcas mineras de Aragón más de 250 millones de euros, de modo curioso ya que les quitan la ayuda porque cumplen las normas exigidas? ¿Se entiende esto? Queremos recordarle que aquí mismo usted confirmó un
plan especial con Teruel. ¿Se ha dormido en los ministerios? Creemos que hay que reanimarlo.
Con el agua queremos que se ponga en aplicación la nueva cultura del agua y reclamamos la unidad de cuenca
como solución al rifirrafe que políticos interesados sacan a la palestra.
Señor presidente, en Aragón hemos conseguido soluciones de consenso entre el llano y la montaña con proyectos alternativos a Santaliestra y el Matarraña. ¿Por qué no
podemos hacer lo mismo para Bardenas, Monegros y el reino de los Mallos de Riglos y la Jacetania? ¿Por qué no impulsar las regulaciones internas de riegos del Alto Aragón y las Cinco Villas mejorando la financiación de la modernización de los
regadíos? Hay temas que parecen cansados por lo reiterativos, pero, señor presidente, reclamamos la creación del Patronato del Archivo de la Corona de Aragón, que ya ha visto cuatro leyes orgánicas que se ignoran de un modo increíble, como
increíble es el derrotero al que nos ha conducido la actitud del señor obispo de Lleida ignorando las sentencias del Vaticano y negándose a restituir las 113 piezas que permanecen en su diócesis.
Históricamente, cuando una jerarquía de la Iglesia
desobedecía las sentencias del Vaticano era excomulgada. Ahora resulta que no solo no le obliga a cumplir la sentencia al señor obispo, sino que el Parlament de Catalunya le apoya. Nos preocupa. Somos fronterizos, nos conocemos de largo y en mi
tierra hay gente que ya está usando esta debacle eclesiástica en un intento de radicalizar la catalanofobia. Muchos años de educación, cultura y convivencia se pueden venir abajo si este tema no se soluciona. Y la solución es que cumpla el señor
obispo la sentencia, que se deje de parafernalias y que los partidos catalanes atiendan otros temas mucho más importantes que este.
Nosotros seguimos también, como ahora, ocupándonos de temas importantes: las infraestructuras, por ejemplo. Reclamamos una red de cercanías ferroviarias para una ciudad y un entorno de más de 700.000 habitantes.
Seguimos con usted y con
su antecesor también reclamando el Canfranc, que fue un sueño europeo de unos visionarios y que ahora se encuentra malherido por Francia y olvidado por el Gobierno central, a pesar de que el secretario de Estado de nuestra tierra va una y otra vez a
su tierra natal a prometer que todo llegará, pero son demasiados futuribles para un territorio que ve cómo los sueños de Somport, Bielsa, Portalet y el túnel de Benasque se quedan en un olvido interesado. ¿Cuándo veremos el Plan estratégico de
infraestructuras y transporte para los años 2006-2020? Tráigalo al Congreso, señor presidente, para señalar las carencias y exponerlas sin ninguna acritud. Queremos incluir en este plan la autovía de Huesca-Ejea-Gallur-Tudela, ya que esta comarca
de las Cinco Villas no tiene ni un solo kilómetro de carretera estatal. Pedimos una salida al mar del Bajo Aragón por el desdoblamiento de la N-232 entre El Burgo y Alcañiz y también entre Mallén-Figueruelas, convirtiendo la N-II en autovía II.
Nos gustaría que se cumpliesen los plazos de la autovía mudéjar. Su antecesor, cada vez que se lo recordaba, me aseguraba que en el 2004 iría de Zaragoza a Teruel por ella. Él se ha ido y yo no voy a Teruel por ella. Por favor, cumplan los plazos
al igual con el eje Pamplona-Huesca-Barbastro-Lleida y el eje pirenáico. Lleven adelante el corredor de velocidad de alta ferroviaria entre Valencia, Teruel, Zaragoza y Cantábrico. En Zaragoza y Aragón nos enfrentamos con la Expo Internacional en
el año 2008. Sabemos que el Gobierno apoya este evento, pero hay temas como el proyecto de Expo social, para ayuda y cobijo de los miles de trabajadores que acudirán a Zaragoza en estos años. Nos gustaría también que el aeropuerto dejase ya de una
vez por todas de ser una base militar. El señor Bono nos prometio compensaciones junto a algunos otros temas, pero se fue y nos dejó con la amarga miel de la desilusión en los labios. Nos gustaría que el nuevo ministro, señor Alonso, se
comprometiese a seguir lo iniciado. Entiendo, señor presidente, que han sido demasiados temas y muchas peticiones, pero cuando somos pocos y se nos escucha también poco tenemos que aprovechar esta situación para poner la voz de una tierra que sale
adelante con su esfuerzo y con escasas ayudas históricas, porque somos un pueblo poco zalamero, poco lamedor de los poderes y nos jugamos siempre la historia a una sola carta. Muchas las hemos perdido, pero nunca hemos perdido la dignidad como
pueblo. Y con esa misma dignidad seguiremos apoyándole en todos aquellos temas trascendentales y progresistas para la mejor gobernación de este país, como lo hemos venido haciendo hasta ahora, aun soportando a veces incompresibles actitudes de
algunos de sus compañeros en la gobernación aragonesa que incumplen palabras dadas y acarrean pactos antinaturales, para asombro de muchas gentes progresistas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Por Eusko Alkartasuna tiene la palabra doña Begoña Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente.
Señor presidente del Gobierno, señorías, inicio esta intervención en nombre de Eusko Alkartasuna aludiendo a la novedad de este debate. Por primera vez asistimos a esta cita anual parlamentaria sin aludir a la losa de ETA, y aunque somos
conscientes de que todavía no podemos abordar la cuestión desde la perspectiva que dan el tiempo y la historia, con rigor y responsabilidad podemos decir que existe una luz al final del túnel.
Señorías, ahora estamos en un momento crucial para el futuro; un momento en el que debemos hablar de conceptos claves como identidad, nación o Estado, y todo ello a la búsqueda de soluciones y acuerdos que permitan el mayor respeto de todos
y para todos. Este debate resulta ya urgente, no solo por lo que pueda derivarse de una coyuntura determinada, o por las reflexiones que determinados parlamentos nos presentan para su estudio en esta Cámara, que ya de por sí sería suficiente, sino
porque es un debate que quedó pendiente desde la transición, un debate que por las complicadas circunstancias no pudo ser resuelto y que durante muchos años no ha querido abordarse por falta de voluntad política. Algunas voces han señalado que este
problema no existe. Contestando a quienes niegan la realidad, me gustaría decirles que los
ciudadanos lo único que quieren es que se respete su identidad, sentirse cómodos en su sentimiento de pertenencia a una nación, sea cual sea, a un pueblo, a una realidad nacional; quieren que su identidad, que conlleva lengua, historia,
acervo cultural y cultura, no sea puesta en cuestión constantemente o negada porque no tiene la protección de un Estado.
Debemos conseguir el respeto de todas las identidades en la convivencia desde la diversidad.
A lo largo de estos dos años hemos sido protagonistas en esta Cámara de la presentación de cuatro propuestas de distintos parlamentos de comunidades autónomas. En todas ellas ha habido elementos comunes de reflexión: identidad, nuevas
realidades como la inmigración, la igualdad, la Unión Europea, o el blindaje de competencias. Cada Parlamento ha adoptado las soluciones que ha estimado mejores. Por ejemplo, en materia de identidad el Parlamento vasco se refirió a la nación
vasca, Valencia al reino, Cataluña a la nación, o Andalucía a la realidad nacional. Pero no todas estas propuestas han recibido el mismo trato por parte de esta Cámara, esta ha sido la gran diferencia. Mientras que las propuestas de Valencia,
Cataluña y Andalucía han sido objeto de diálogo y debate, la de Euskadi solo recibió un no rotundo. Las razones que se esgrimieron para ese rechazo al diálogo realmente se han desmoronado. Hoy, además de analizar lo ocurrido, nos corresponde mirar
hacia delante. Como ya señalé el año pasado en este mismo debate, más pronto que tarde las fuerzas políticas vascas van a volver a plantear el debate, un debate en el que se trabajará con elementos y principios que ya se recogían en la propuesta
del Parlamento vasco. ¿Cuándo? Cuando los partidos que representan a los ciudadanos puedan estar todos en la mesa, porque es a ellos, a los distintos representantes de los ciudadanos vascos, a quienes les corresponde decidir el momento, los
procedimientos, los contenidos y los ritmos de trabajo, a nadie más. Confiamos en que nadie vete este procedimiento democrático y que nadie se excluya del mismo. Señorías, desconozco el resultado de ese debate pero, en aplicación de un principio
básico irrenunciable, debe respetarse lo que allí se acuerde, por consenso o por el tradicional principio de toda democracia de mayorías y minorías, sea cual sea el acuerdo de procedimientos que sobre esta materia haya sido pactado.
Señor presidente del Gobierno, competitividad, educación, I+D+i, empleo, igualdad, pensiones, integración de los inmigrantes, seguridad para todos los ciudadanos, son objetivos que compartimos y hemos colaborado con ustedes desde una
aportación constructiva. Ahora bien, hemos discrepado en ocasiones en los modelos a seguir, y en especial en la uniformización de los mismos. En el ecuador de esta legislatura alrededor de un 32 por ciento de los proyectos de ley que se han
presentado en esta Cámara han sido objeto de enmiendas de los distintos grupos por razones competenciales. La razón, señor presidente, por la que traigo a colación esta cuestión es por la auténtica necesidad de buscar garantías bilaterales para el
futuro, para que no vuelva a ocurrir lo anterior, y este va a ser uno de los elementos claves para la negociación y acuerdo del futuro marco jurídico-político de Euskadi. Bien es verdad, como siempre ha señalado Eusko Alkartasuna, y hoy también lo
hemos hecho, que la garantía final siempre la van a tener los ciudadanos vascos, como es evidente.
Me voy a referir a una última cuestión sensible y difícil, la situación de la justicia en sentido amplio, desde la justicia como poder independiente hasta la justicia como servicio público al ciudadano. Por cierto, a quienes crean que esta
reflexión es fruto de las circunstancias coyunturales, no sé si de esta tarde, les remito a los 'Diario de Sesiones' de los debates de años anteriores, en los cuales ya manifestábamos y advertíamos desde Eusko Alkartasuna nuestra honda preocupación.
Y cuando hablamos de justicia nos referimos a la responsabilidad que tiene este Parlamento para garantizar que las leyes respeten principios básicos tales como humanidad de las penas, no retroactividad de leyes penales y sancionadoras, principio de
proporcionalidad o respeto a la integridad física de cualquier persona, independientemente de su situación procesal.
Nuestra obligación es revisar aquellas leyes que no cumplen estos criterios, y me temo que en muchos casos no lo estamos haciendo. Seguimos manteniendo reformas legislativas reaccionarias llevadas a cabo en épocas pasadas que en dos años
debieran haber sido objeto de profundas modificaciones. ¿Podemos seguir manteniendo una incomunicación de hasta trece días en prisión? Le pido, señor presidente, un especial impulso en esta materia. Pero también voy a hablar de la justicia como
poder judicial independiente. Sé que es un tema de los que se habla en privado, pero nunca en público. Lo cito porque también esta Cámara tiene responsabilidad colectiva en ello. En el año 2001, cuando se nos planteó un pacto sobre el Consejo
General del Poder Judicial que iba a despolitizar la justicia, como dice en su exposición de motivos la Ley 2/2001 -dice literalmente: cimentar un consenso que asegure que el Poder Judicial actúe como poder independiente, unitario e integrado,
regido por una coherencia institucional comúnmente aceptada que le permita desarrollar con la máxima eficacia sus funciones constitucionales-, algunos, muy pocos, nos opusimos, señalando que con el sistema que se nos proponía no solo no se iba a
despolitizar la justicia sino que este efecto se iba a agravar. Y el tiempo nos ha dado la razón. Hoy una mera lectura de la prensa nos da una idea de a dónde hemos llegado. Ya se habla, por ejemplo, de miembros del Consejo General del Poder
Judicial del Partido Popular o de otros partidos. Observamos -y no hablaré de la función jurisdiccional, en la que no entro- que hay un sector de la judicatura muy localizado que hace intentos de politizar la justicia y no podemos permitirlo; como
no podemos permitir que el presidente del Consejo General del Poder Judicial no colabore con este Parlamento, y esto también hay que decirlo aquí.
Por último, no quiero dejar de referirme a la política penitenciaria.
Necesitamos un debate en profundidad. En las cárceles hay un aumento de internos del 37 por ciento,
y ya decía la señora Gallizo, directora general de Instituciones Penitenciarias, al inicio de esta legislatura, que si esto para cualquier sistema con estas carencias es una barbaridad, para el nuestro es casi una catástrofe. En esta
importante materia le solicitamos, además de un profundo debate, tres cuestiones claves. Primera, cumplimiento del Estatuto de Gernika en el apartado 14 del artículo 10, cumplimiento de la ley, transferencia de esta materia. Segundo,
provisionalmente, hasta que podamos hacernos cargo de cómo organizar -como dice el Estatuto de Gernika- la política penitenciaria, o al menos su ejecución, solucionar la grave situación de Martutene, Basauri y Nanclares de Oca, que no reúnen las
mínimas condiciones de higiene y dignidad para quienes están internos. Y tercero, acercamiento de las personas privadas de libertad a su entorno familiar y social. Hoy es evidente que me refiero solo a aquellos con los que no se cumple este
principio inspirador, evidentemente solo a un sector: a los presos de ETA. Lo hacemos así porque consideramos que es un principio inspirador para conseguir la reinserción, pero además porque este alejamiento supone una condena a personas,
familiares de presos, que no han cometido delito alguno. Señor presidente, para Eusko Alkartasuna esta es una cuestión exclusivamente de cumplimiento de la legalidad y no está ligada a contrapartidas de otra naturaleza. Hoy nos gustaría, señor
presidente, que aquí y en esta tribuna nos garantizara el cumplimiento de este principio.
Señoras y señores diputados, señor presidente, concluyo como empecé.
Tenemos ante nosotros la responsabilidad de hacer política con mayúsculas, de actuar más allá del corto plazo y, en definitiva, de ser capaces de diseñar una relación de
convivencia y respeto para las generaciones futuras.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lasagabaster.
Nafarroa-Bai, señora Barkos.
La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor presidente del Gobierno, el de hoy es un debate que deja para una próxima sesión el que, sin duda, es el eje central de la acción política. Me refiero, lógicamente, al proceso de paz. Es por eso que, a pesar de que
tendremos un Pleno dedicado a ello -cuya fecha nos encantaría conocer, sin mayores sobresaltos-, nos parece fundamental tratar determinadas cuestiones básicas. Lo primero, señor presidente del Gobierno, es repetir hoy -un año después- lo que ya le
adelantó Nafarroa-Bai en el debate de 2005. Tendrá en nosotros, en Nafarroa-Bai, compañeros -no voy a decir leales; en el Pleno de hoy lo hemos oído con profusión- firmes y empeñados en hacer este camino hacia la paz. Un año después no todos
pueden decir lo mismo. Me refiero a aquellos que han centrado este tiempo -no era difícil preverlo- en resucitar aquel apocalíptico: Navarra, moneda de cambio, tratando de dibujar peligros irreales para entorpecer el proceso. Y digo peligros
irreales porque, señorías, el futuro de Navarra está sola, única y exclusivamente en manos de los hombres y mujeres de Navarra y de nadie más. Eso sí, para ello, lógicamente, hay que reivindicar claro y muy alto lo que Nafarroa-Bai tiene como lema
primero y ha repetido en esta tribuna en multitud de ocasiones: el derecho de los ciudadanos a decidir y a que se respete siempre su decisión. Por eso y en esta misma línea nos van a tener enfrente -y lo decimos desde ya- quienes pretendan
utilizar el nombre de Navarra para entorpecer el proceso de paz con planteamientos de réditos partidistas. Por ello, señor presidente, hoy queremos empezar diciendo: mire bien sus compañeros de viaje para este viaje.
Por nuestra parte, en ese empeño firme hacia la paz nos vamos a empeñar en pedir todos los gestos necesarios a todas las instancias concernidas en este primer escenario; gestos que, a nuestro entender, deben resultar especialmente generosos
en estos momentos para con las víctimas. Ya lo anunció usted mismo hace unas semanas en Baracaldo. Eso es prioritario y lo compartimos, pero hay otros ámbitos de dolor que atender. Lo señalaba la señora Lasagabaster y yo quiero incidir también en
ello. Señor presidente, si hemos de acometer el proceso de paz con generosidad y con valentía y, por supuesto, sin discusión, desde la justicia y desde la legalidad, hoy más que nunca es necesaria una política penitenciaria de acercamiento que,
además de cumplir con la legalidad vigente, posicione al Gobierno en la vanguardia del proceso de paz. Y ese posicionamiento de vanguardia nos parece fundamental en este momento, un gesto que se adelante en el cumplimiento de la legalidad
pertinente; vanguardia con respecto a las víctimas -lo he dicho ya antes; lo ha expresado usted sin ambages de ningún tipo; ha dado a conocer su intención, la suya y la de su partido-, además de reconociendo la aportación de las víctimas en este
proceso, en forma de reconocimiento en el preámbulo de la Constitución.
En esta reforma vamos a participar en positivo porque esperamos, señor presidente -y aquí quiero añadir un tema nuevo-, un reconocimiento tan amplio y concreto como real de lo
que el colectivo víctimas del terrorismo supone en la historia más reciente del Estado español. No podemos aceptar que todo se resuma en un solo tipo de terrorismo, terrorismo con un solo nombre. El 11 de marzo de 2004 nos dejó la constatación
dramática de que se equivocaban quienes se empeñaban en mirar hacia un solo lado, y hoy, dos años después, aquel día espeluznante nos recuerda también que la violencia no tiene un solo nombre. Y digo también porque otras muchas víctimas igualmente
golpeadas, igualmente dignas nos lo vienen recordando desde hace más de medio siglo.
Señor presidente, en el ecuador de la legislatura tengo que preguntarle por la posición de su Gobierno en torno a la ley de la memoria histórica.
Es uno de sus compromisos de campaña y legislatura, pero es mucho más: es la esperanza de ver
reconocidos en dignidad los derechos de
muchos, pero sobre todo, presidente, de quienes nos han legado a nuestra generación el espíritu más entusiasta, más combativo y más digno de la democracia. Nadie como aquellos que hoy reclaman la recuperación de la memoria histórica puede
atribuirse el mérito de haber guardado el espíritu de la democracia en los peores años. Por lo tanto, a nadie como a ellos les debemos la devolución de la dignidad. Señor presidente, les debemos una ley y Nafarroa-Bai entiende que debe ser en esta
legislatura; una legislatura para la que usted ha planteado siempre la reforma desde el cambio generacional. Le propongo que hagamos ese salto, que recupere la dignidad de aquella generación que hoy reclaman sus hijos y empiezan a reclamar sus
nietos. Nos parece que es hora de hacer ese salto.
Seguramente no es una cuestión de mayorías aritméticas -en cualquier caso tiene usted sobradas mayorías aritméticas para llevar adelante una iniciativa de ese calado en la Cámara- pero es una
cuestión de mayorías cualitativas, de una mayoría que recoja el sentir de quienes no pueden seguir siendo perdedores. Algunos dirán que aquello está ya olvidado.
Nosotros entendemos que quienes a día de hoy, 31 de mayo de 2006, siguen buscando
partidas de defunción -y esto ocurre, lo sabemos todos- no pueden tener nada olvidado.
Es curioso pero esta es una actitud que usted ha mantenido sin complejo alguno y con enorme contundencia en el reconocimiento a los derechos de otros núcleos de la población. Me estoy refiriendo a la situación de los inmigrantes. Acometió
sin complejos una política de regularización y hoy centra el eje de su política de inmigración en involucrar a los miembros de la Unión en un asunto europeo; un asunto de solidaridad que nada tiene que ver con problemas de mafias y de inseguridad.
Quería señalarlo específicamente esta tarde en la Cámara, primero, porque entendemos que mezclar inmigración y mafias es una absoluta grosería intelectual -quien lo haya hecho- y, segundo, porque de este tótum revolútum difícilmente vamos a
conseguir medidas efectivas. Por lo tanto, apoyo a la política que se ha planteado desde el Gobierno. El asunto de la inmigración requiere medidas de control pero fundamentalmente -y lo apuntaba usted ayer- medidas de solidaridad y este es un reto
europeo. En este sentido, señor presidente, nos preguntamos si las actuaciones de cara a comprometer a Europa en este ámbito no han llegado tarde. Quiero que insista en este punto y, sobre todo, saber si en estos momentos es suficiente el
compromiso asumido por la Unión Europea.
En cualquier caso, no es este el único compromiso que nos interesa. En el ámbito europeo existen compromisos en otras áreas fundamentales para la cohesión social de los Estados miembros y, entre ellos, las lenguas.
También lo dijo ayer
aquí, no largamente pero sí lo apuntó. Las lenguas minoritarias europeas cuentan con una carta para su promoción y recuperación de la que el Estado español participa y, debo decirlo, con compromisos muy ambiciosos. Este compromiso -hay que
reconocerlo en la Cámara- lo firmó el Gobierno de Aznar y es, como digo, el más ambicioso.
Creo sinceramente que no podemos esperar menos de usted, presidente Rodríguez Zapatero. Se impone, por tanto, esta pregunta: ¿Asume usted los compromisos
firmados por España en lo que a promoción y protección de las lenguas minoritarias respecta? Lo digo porque este compromiso es esencial, por lo que me voy a detener si el tiempo me lo permite y me lo permite. No lo decimos solo nosotros, también
lo dice la Unión Europea, cuyos organismos competentes han denunciado un caso que quiero traer hoy al Pleno de la Cámara; un caso clamoroso, único en Europa como es el del euskera en Navarra. Denuncia Europa la acción nefasta del Gobierno foral en
este ámbito. Señor presidente, no voy a caer en la tentación de solicitar una actuación que suponga injerencia alguna en el Gobierno de mi comunidad pero si le diré -y aportaré la documentación a quien lo desee- que su Gobierno está obligado a
responder a la persecución que se impone a una lengua europea. Digo persecución porque si no de qué otro modo se puede entender que en toda la ribera de Navarra existan desde hace lustros centros docentes con el único sustento real -no simbólico,
sino real- de los padres del alumnado, que no constituyen un grupo de furibundos de la educación privada, al contrario, son un grupo amplio de padres que tienen a gala estar enormemente orgullosos haber elegido para sus hijos educación en euskera.
Todo esto a pesar de que la Administración les niega el pan y la sal o simplemente otras instancias administrativas no conocen o miran para otro lado. Digo persecución cuando la única radio en euskera que emite en Pamplona y su comarca -300.000
ciudadanos- tiene que ver un año tras otro denegado su acceso a las subvenciones oficiales, a pesar de los requerimientos de la justicia.
Señor presidente, en el Estado español hoy hay lenguas perseguidas en términos administrativos, según le estoy
dibujando. Y esto sí es asunto del Gobierno central.
También merece una actuación efectiva en ese intento de dar un salto generacional al actual modelo de Estado, que se hace especialmente patente en el terreno de las lenguas, pero no solo. En materia energética, y en el ecuador de la
legislatura, la posición de su Gobierno sigue teniendo una asignatura pendiente a nuestro entender, sigue sin acometerse una política firme de reconversión de las centrales térmicas de carbón y, al mismo tiempo, siguen produciéndose permisos
administrativos para nuevas centrales en zonas que no requieren mayor consumo. Ocurre en muchos puntos del Estado, esto es cierto, también en Navarra y concretamente en la localidad de Castejón, que traigo como ejemplo para ilustrar este dato,
donde, si su Gobierno no lo impide, vamos a ver multiplicada por dos la implantación de centrales térmicas duplicando una producción que ni la actividad industrial ni el consumo doméstico requiere. Señor presidente, al día de hoy estamos lejos de
cumplir con los compromisos de Kioto, pero con casos como este lo estaremos todavía más al término de su legislatura. Hoy queremos compromisos suyos en temas como este y en otros retos.
Voy terminando, señor presidente. Recientemente aprobó esta Cámara, a instancias de Nafarroa Bai, una moción que insta a su Gobierno a varias medidas tendentes a hacer frente al problema de la deslocalización. Yo espero que su Gobierno
atienda a ese requerimiento que su propio grupo apoyó, pero todavía más, yo espero hoy -Nafarroa Bai lo espera- no solo para Navarra, pero sí muy especialmente, un apoyo fundamental a las infraestructuras de aquellas zonas, como es el caso de la
circunscripción que yo represento, como es el caso de Navarra, que tienen un serio déficit en esta materia. Espero hoy, señor presidente, un compromiso serio en materias como la conexión navarra a la alta velocidad en el eje
Cantábrico-Mediterráneo, como punto fundamental para el desarrollo socioeconómico de sus ciudadanos.
Termino, señorías, señor presidente del Gobierno. Estas son cuestiones que nos parecen pendientes en el ecuador de la legislatura para las que Nafarroa Bai espera -hoy sí- no tanto cifras, como compromisos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Barkos.
Contestación por parte del Gobierno. Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.
Voy a respetar el orden de las intervenciones que se han producido por parte del Grupo Mixto. Con carácter general haré una consideración dirigida a todas las personas, a todas las señorías que han tomado la palabra. Esa consideración es
de agradecimiento por el tono que han tenido en la intervención y, por supuesto, por la actitud de colaboración que en muchos casos, en muchos temas y en muchas circunstancias, unas más fáciles que otras, han mantenido de respaldo y de cooperación
con el Gobierno desde la sesión de investidura, de manera muy singular, lógicamente, a aquellos que nos dieron el apoyo en la sesión de investidura. Voy a empezar por el señor Rodríguez, portavoz del Bloque Nacionalista Galego, que ha hecho una
reflexión sobre lo que podríamos decir el modelo territorial, la naturaleza de la distribución del poder político desde el punto de vista territorial en la que se encuentra hoy España, los avances que se pueden producir en esta legislatura. Ha
citado la reforma de los estatutos. Es sin duda un avance en una concepción de enriquecimiento de la diversidad, en una concepción de descentralización del poder político, de aumento del autogobierno, de nuevos mecanismos para preservar ámbitos
competenciales de la autonomía, de nuevos medios para la relación bilateral con el Estado, y también abre sin duda alguna la puerta a un debate y a una deliberación que concluirá con un nuevo modelo de financiación autonómica. Es verdad que hay
diversas lecturas posibles de la Constitución a la hora de impulsar el conocido título VIII, los ámbitos competenciales de las comunidades autónomas, y todo ello ha de tener una perspectiva de adaptación a la evolución, a los cambios sociales,
económicos, culturales y políticos que se han producido, que se producen, y de manera muy singular también a la experiencia que ya tenemos con veinticinco años de funcionamiento del llamado Estado de las autonomías y de emergencia de los poderes
autonómicos. Uno de los datos más notables que se produce en este momento en comparación con lo fue el arranque del Estado de las autonomías -la aprobación de los primeros estatutos, como el de Cataluña, como el de Galicia, como el del País Vasco,
como el de Andalucía, que no han sido reformados hasta este momento, singularmente Cataluña y Andalucía- es que aquellos estatutos se hicieron sin que hubiera comunidades autónomas, sin que hubiera un poder institucional con toda la capacidad que
hoy tiene desde todos los puntos de vista. En consecuencia, es bastante evidente que la mirada a día de hoy, con esa experiencia y con lo que representan como poder político en el conjunto del Estado y en nuestra democracia las comunidades
autónomas, tiene un enfoque distinto. Este es un dato que quizás no se ha tenido en cuenta, sobre todo referido a aquellos estatutos de autonomía -algunos con una identidad tan fuerte como Cataluña, Galicia o País Vasco- que fueron elaborados
cuando aún no existían las instituciones de autogobierno.
En consecuencia, es lógico y positivo que ahora estemos en un proceso de reformas, a pesar de que algunas voces o muchas -y algunas es verdad que poderosas- hayan expresado inquietud, a pesar de que algunas fuerzas políticas hayan
transmitido riesgos y amenazas incalculables para el ejercicio de un proceso de reformas legislativas que, desde mi punto de vista, junto al mejor reconocimiento de la identidad del Estado, de los pueblos que la integran, tiene ante todo una gran
virtualidad como fuerza a favor de la democracia, de una mejor gestión y de una mayor eficacia, desde el punto de vista de las tareas de los poderes públicos en beneficio de los ciudadanos. En esto sí tenemos experiencia ya. Este es el Estado
prácticamente más descentralizado desde el punto de vista del gasto -no hablo de la descentralización del poder político- de todos los países de nuestro entorno, de la Unión Europea. Tenemos unos servicios públicos básicos en lo que conforma el
Estado del bienestar -educación, sanidad, etcétera- con un rendimiento alto, que admite cualquier comparación con otros países, especialmente la sanidad pública, y que están gestionados por las comunidades autónomas. Somos un país que tiene
superávit en las cuentas públicas. Muchos recordaremos que, cuando se puso en marcha el Estado de las autonomías, uno de los discursos recurrentes era que aumentaría el gasto público, el despilfarro, la ineficacia, que tendríamos diecisiete clases
políticas, diecisiete parlamentos, diecisiete administraciones. Eso de los diecisiete ha vuelto en los últimos tiempos, y ahora son diecisiete poderes judiciales y diecisiete agencias tributarias, según hemos escuchado. El argumento que se
invocaba entonces era no solo la pérdida de cohesión, sino una menor eficacia a la hora del gasto público y un mayor despilfarro. Pues bien, ¿qué nos dice la experiencia
contrastada y la comparación con otros países que han seguido manteniendo esquemas centralistas de poder? Nos dice que el Estado de las autonomías y la descentralización del poder político produce un gran resultado en beneficio de los
ciudadanos: acercar la gestión. Especialmente produce un gran beneficio para aquellos territorios que históricamente han tenido un desarrollo menor, unas mayores dificultades, porque adquieren voz política, poder para que se les tenga en cuenta,
para que las reivindicaciones incluso de los ciudadanos de los sitios que más olvidados han podido estar por distintas circunstancias a lo largo de la historia puedan tener una representación fuerte y eficaz. En consecuencia, los hechos avalan el
acierto de la descentralización política. Es más, España es un país estudiado en cuanto al proceso de descentralización política por muchos otros Estados por los resultados que acabo de exponer y más por la descentralización del gasto público, como
acabo de indicar. Fueron ríos y ríos de tinta, páginas y páginas de periódicos, incluso estudios en el ámbito de la academia los que en su día se derramaron sobre el despilfarro y el desastre para la eficacia de la gestión de los asuntos públicos
que iba a ser el Estado de las autonomías. Algunas de esas firmas son las mismas que en este último año han pronosticado todos los males porque íbamos a reformar los estatutos para avanzar, enriquecer, profundizar en algo que ha salido muy bien y
que exige adaptación a los tiempos, y una de las adaptaciones que exige de los reconocimientos históricos más claros es el hecho lingüístico que, como muy bien conoce el señor Rodríguez, desde mi punto de vista es determinante para la explicación de
la pluralidad de identidades nacionales o como queramos denominarlas que existen en nuestro país.
Créame que en esto el Gobierno está empeñado en un esfuerzo constante. Le puedo informar -por citar algunas de las cosas que usted ha referido- que
en la Agencia Tributaria se va a disponer en muy breve plazo -está ya preparado y muy avanzado el proceso de traducción- de la lengua gallega para el uso y el conocimiento de todo lo que afecta a la Agencia Tributaria. No tenga ninguna duda de que
igual que hemos hecho un empeño político muy fuerte -como explicaba ayer- para el reconocimiento de las distintas lenguas en el ámbito de la Unión Europea, lo haremos en todos aquellos aspectos de la vida pública e institucional que puedan tener que
ver con las lenguas de nuestro país, en este caso con el gallego, con la lengua propia de Galicia. Creo que el paso que se ha dado en esa dirección en el Estatuto de Cataluña, desde mi punto de vista, es determinante, no solo por el valor jurídico
estatutario que tiene sino también por el gran valor político, teniendo en cuenta lo que ha sido la historia, incluso la historia reciente. Esa es una senda en la que no vamos a cejar. Sabe, señor Rodríguez, que cuenta en ese sentido con un
compromiso claro del Gobierno.
Quiero hacer una referencia, más allá de otras consideraciones, a la situación de Galicia y a aquellos esfuerzos que el Gobierno está haciendo, siempre en colaboración con el nuevo Gobierno de Galicia al que, lógicamente, deseamos suerte y
con el que el Bloque Nacionalista Gallego y el Partido Socialista tienen bastante que ver. Esa colaboración se ha plasmado en un esfuerzo sobre el cual quiero llamar la atención a S.S. Sabe que estamos haciendo un esfuerzo notable para el
ejercicio presupuestario de 2006. Le quiero recordar que hay 1.495 millones de inversión para Galicia, que es un incremento del 18,3 por ciento de la inversión en Galicia, que acabamos de tomar la decisión de liberar el peaje del Puente de Rande,
que hemos constatado cómo van los grandes proyectos de infraestructuras, especialmente de la alta velocidad, y le daré algún dato al respecto. En 2004, cuando llegamos al Gobierno, había 21 proyectos de la alta velocidad que afectan a Galicia sin
tan siquiera estudio informativo. Al final de 2006 todos tendrán su estudio correspondiente. Hemos duplicado la ejecución presupuestaria y se ha triplicado el ritmo de inversión. Sobre el eje Atlántico se ha multiplicado casi por tres el nivel de
ejecución. Hoy estamos ya en un 43 por ciento y esperamos que ese ritmo inversor y de ejecución se mantenga, igual que estamos razonablemente satisfechos con lo que ha representado el fondo tecnológico obtenido en las perspectivas financieras para
España y que lógicamente afecta de una manera muy directa y positiva a Galicia, o también con el proyecto de ampliación del puerto de El Ferrol, con las medidas de reindustrialización para El Ferrol y, en definitiva, con un conjunto de actuaciones
en estos momentos que hemos detallado en numerosas ocasiones y que afectan a Galicia. Por ello le quiero subrayar que aquellos otros aspectos relativos a la política forestal donde en el desarrollo de los Presupuestos Generales del Estado hemos
tenido la posibilidad de incorporar nuevas iniciativas y todo aquello que tiene que ver con el medio ambiente, preocupación esencial para la garantía de un futuro con potencial de desarrollo en Galicia, están presentes en la relación, en la
comunicación, en la colaboración entre el Gobierno de Galicia y el Gobierno de España. Es cierto que algunas de las obras de infraestructuras más relevantes para Galicia tienen un horizonte dilatado en el tiempo. Vamos a hacer todos los esfuerzos
necesarios para que el ritmo de ejecución de las obras sea un ritmo acelerado, sea un ritmo fuerte que compense lo que ha sido históricamente una dificultad enorme para que a Galicia llegaran las grandes obras de infraestructuras de comunicación
tanto desde el centro como en la conexión Atlántica y en lo que ha representado luego el sistema integrador de enmallado de la propia Galicia internamente. Y, por supuesto, he retenido el dato de esos 10 años que suenan ciertamente lacerantes para
lo que representa alguna de las acciones del llamado eje Atlántico.
En definitiva, señor Rodríguez, avanzamos en la buena dirección del reconocimiento de las identidades para hacer que la estructura institucional, el uso de las lenguas, lo que representa cada pueblo que integra este proyecto común, se
corresponda con la realidad y que avancemos positivamente con la solvencia de una experiencia fecunda como es la descentralización del poder político, en acercar el Estado a los ciudadanos con un
espíritu que es imprescindible de cooperación y que tengo el convencimiento de que va a ser también fecundo entre el Gobierno de Galicia y el Gobierno de España.
Señor Labordeta, ha hecho usted la intervención más intensa que le recuerdo en toda la legislatura. Digo intensa porque ha tocado prácticamente todos los temas, no solo los que afectan a Aragón, sino incluso muchos de la política general de
nuestro país. Quería hacerle algunas consideraciones sobre Aragón y, en concreto, sobre lo que representa. Dos aspectos. En primer lugar, la buena relación que hay con el Gobierno de Aragón en proyectos conjuntos que estamos desarrollando y, en
segundo lugar, lo que representan los proyectos de inversión de infraestructuras, que son ciertamente muchos a tenor del conjunto que le voy a referir, aunque sea de forma breve, pero creo que se lo merece y, por supuesto, se lo merece Aragón.
Ha hablado de la autovía Huesca-Ejea-Tudela-Gallur. Le tengo que referir que no está en el PEIT porque es un itinerario autonómico y no correspondería a lo que representa el PEIT, que son las redes de comunicación que afectan al Estado.
Conexiones transfronterizas en Aragón, tema de gran importancia no solo para Aragón sino para toda España. Hemos hecho avances con Francia con respecto a la cumbre que se celebró precisamente en Zaragoza, porque en octubre pasado hemos establecido
un programa de trabajo entre los dos gobiernos con compromisos a realizar conjuntamente. Por ejemplo, el tramo Huesca-Canfranc, la travesía central de los Pirineos, la línea Huesca-Canfranc, de 140 kilómetros de longitud en vía única de ancho
ibérico sin electrificar. El Gobierno ha licitado en diciembre de 2004, adjudicado en abril del 2005 e iniciado en junio de 2005, las obras de la variante de Huesca -12 kilómetros-. Hemos avanzado la redacción de los proyectos del resto de los
tramos -cuatro-. Hemos firmado un convenio con otras administraciones para la rehabilitación de la estación de Canfranc, hemos iniciado los estudios de la travesía central de los Pirineos y hemos licitado el estudio de reparto modal de tráfico a
través de los Pirineos, concretamente en mayo de 2006. Por lo que respecta a la línea de alta velocidad Zaragoza-Teruel, en los dos años que llevamos de legislatura hemos puesto en servicio dos tramos -43 kilómetros-, hemos iniciado las obras de
tres nuevos tramos -62 kilómetros- y hemos licitado las obras de un tramo -18 kilómetros-. Todas estas actuaciones estarán integradas en el corredor de altas prestaciones Mediterráneo-Cantábrico, cuyo estudio está en redacción. Corredor
Mediterráneo-Cantábrico. Se trata de un nuevo corredor ferroviario de altas prestaciones para tráfico mixto. Unirá Valencia con la Y vasca, pasando por Teruel, Zaragoza y Pamplona. También se contempla en este corredor la conexión de Logroño con
Miranda de Ebro. El estudio funcional actualmente está en redacción y estará finalizado en abril de 2007. Además, en este año 2006, de acuerdo con el compromiso reflejado en el Plan Teruel, licitaremos el estudio informativo del tramo
Teruel-Sagunto. Autovía Jaca-Pamplona. Esta autovía permitirá la conexión de Huesca con Pamplona a través de Jaca, con un presupuesto de 338 millones de euros. Al principio de la actual legislatura no se había iniciado la redacción del proyecto
de ningún tramo de esta autovía. Hoy tenemos los nueve proyectos del tramo en redacción. Autovía Huesca-Lleida, que permitirá la conexión de Huesca con Lleida y Barcelona sin necesidad de pasar por Zaragoza. Tiene una longitud de 108 kilómetros.
En estos momentos se encuentran adjudicadas las obras de 43,9 kilómetros, lo que supone un 43 por ciento de longitud.
En los presupuestos de 2006 hay 51 millones de euros para esta autovía y al final de 2006 se encontrarán en licitación o ejecución
las obras del 87 por ciento de la longitud de la misma. Duplicación de la N-232 en Aragón. Se trata de una autovía de 30 kilómetros. Hemos previsto en el PEIT la transformación en autovía y ya tiene una inicial pequeña partida presupuestaria en
el año 2006.
Por lo que afecta al Plan Teruel -que sabe S.S. que fue un empeño en el que he participado muy directamente- quiero recordarle que está dotado con un volumen muy importante de inversiones en lo que afecta a las infraestructuras por valor de
3.833 millones de euros, que van más allá del horizonte temporal del plan 2006-2008. En carreteras son 706 millones para la autovía Zaragoza-Alcañiz y la autovía Teruel-Cuenca y actuaciones de acondicionamiento en diversas carreteras nacionales.
En ferrocarriles se producirán inversiones para la alta velocidad Zaragoza-Teruel, la estación invernal de Teruel y el corredor de altas prestaciones Cantábrico-Mediterráneo. La inversión total de ferrocarriles asciende a 3.126 millones de euros.
Por tanto, se ha avanzado en los distintos estudios y proyectos de las actuaciones incluidas en el plan y hemos conseguido que ya estén en marcha las obras de todos los tramos, excepto uno de la alta velocidad Zaragoza-Teruel.
No quiero seguir cansando a la Cámara con datos relativos a las actuaciones. Sin embargo, sí quisiera referirme -porque sé la importancia que tiene para Aragón- al desarrollo de la Expo 2008 y a la colaboración que el Gobierno de España
tiene con este importante proyecto para la ciudad de Zaragoza y para todo Aragón. Usted sabe que hemos suscrito un convenio de financiación con la comunidad autónoma relativo a diversas actuaciones en materia de infraestructuras como el cierre del
cuarto cinturón, el acceso norte a Zaragoza y conexión con el cuarto cinturón, la adecuación de la autovía de los Pirineos, la modernización del aeropuerto y la inclusión de Zaragoza en el Plan de Transporte Ferroviario de Cercanías. La Sociedad
Zaragoza Alta Velocidad está llevando a cabo las siguientes actuaciones: el cierre del tercer cinturón con el puente del tercer milenio, obras ferroviarias y desarrollos urbanísticos que faciliten la movilidad. La marcha de las obras y la relación
de cooperación con la Expo de Zaragoza 2008 es satisfactoria, aunque, como es bien conocido, deberemos tener la máxima diligencia para que se puedan cumplir los objetivos previstos, los medios y los compromisos establecidos en el tiempo que nos
hemos marcado y que necesita
la propia celebración de la Expo 2008. Le agradezco todo el reconocimiento a las políticas de carácter social, de extensión de derechos, de compromisos de la mejora de la democracia, de avances en la calidad de las instituciones y de su
funcionamiento que hemos intentado desplegar en estos dos años. Creo que se ha dicho en algún momento que ha sido una política dirigida a cumplir con la palabra dada a los ciudadanos. Ha sido una política para incorporar valores progresistas en el
ámbito del poder y en el ámbito de la ciudadanía y también ha sido una política que ha resistido -como usted ha reconocido- ciertos ataques, con la paciencia democrática que exige el respeto a los mejores valores de convivencia que tenemos. En todo
caso, le reitero mi agradecimiento y mi simpatía personal que conoce muy bien y a la que he hecho referencia en más de una ocasión.
Señora Lasagabaster, quiero agradecerle la claridad con la que ha hablado.
Es enormemente importante que representando lo que usted representa en esta Cámara hablemos con claridad, con el mejor espíritu constructivo y con la conciencia de
que tenemos una etapa por delante para una buena arquitectura, para un buen proyecto y también para una buena ejecución de ese proyecto y de la arquitectura que consigamos forjar entre todos. Es verdad que ha reiterado el presunto trato desigual a
las propuestas emanadas de los parlamentos. Lo hemos discutido en más de una ocasión. No nos vamos a poner de acuerdo, y como tiene el alcance que tiene porque es pasado -y conozco bien a la señora Lasagabaster, que siempre tiene mucho más empeño
en el futuro que en el pasado-, no voy a hacer nuevamente el recordatorio de las razones, de los argumentos que se explicitaron, en mi opinión, con muy buen talante democrático en un Pleno del Congreso, en un debate intenso, pero de gran
trascendencia.
Futuro de Euskadi. En más de una ocasión he manifestado de manera muy explícita -lo recordaba hoy el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, el señor Erkoreka- que el futuro del País Vasco es el acuerdo; reconocimiento, acuerdo y
capacidad de integración. Los ciudadanos vascos tienen el derecho a decidir su futuro, pero dentro de la legalidad, dentro del ordenamiento, como hemos coincidido esta mañana en el debate con el señor Erkoreka. Más allá de eso, me importaría
resaltar que, conociendo cuál es la composición sociológica, la pluralidad que tiene Euskadi, pero también la fuerte identidad -que está reconocida y que, desde luego, es absolutamente reconocida por mí- en todos aquellos aspectos que ha referido,
historia, cultura, lengua, forma de ser como pueblo, vocación de tener su propio destino, de autogobierno político, nos debe llevar a un gran acuerdo, no sé si histórico, pero al menos sí de gran alcance. ¿Existen condiciones? En mi opinión, sí.
Tan importante es que existan condiciones como que exista voluntad política. Voluntad política que tiene que partir de una larga conversación, del reconocimiento a que nadie tendrá la verdad absoluta sobre cómo ha de abordar Euskadi el futuro de su
marco político. Hoy tiene uno, que es el Estatuto de Autonomía, en el marco de lo que es el ordenamiento constitucional y, evidentemente, la senda ha de ser siempre respetar el marco normativo. ¿Que permite reformas? Permite reformas, por
supuesto, pero respetando los cauces normativos y, si queremos hacer algo de alcance, con un gran acuerdo político, si queremos hacer algo de gran alcance, y Euskadi merece hacer algo de gran alcance. Nos va a llevar tiempo, sin duda, pero la
predisposición del Gobierno es favorable a que eso se pueda realizar teniendo el máximo protagonismo las fuerzas políticas de Euskadi, la máxima capacidad de entendimiento, pero teniendo muy presente que esas fuerzas políticas representan cosas
distintas. No es este el lugar en el que yo debo hablar como secretario general del Partido Socialista y nuestra relación con el Partido Socialista de Euskadi, pero, desde esa perspectiva, como es normal, el Partido Socialista mantendrá sus
posiciones y sus tesis que, a tenor de lo que representa la sociedad vasca, deberán ser tenidas en cuenta como una opinión trascendental. Mi deseo es que el acuerdo sea un acuerdo en Euskadi, ese es mi deseo. Será el más fuerte, el más útil, el
que más garantías tenga y el que diseñe ese futuro de estabilidad, de convivencia, de cohesión en Euskadi y de Euskadi con el conjunto de España. Apueste por conseguirlo, y desde luego por intentarlo, porque eso está en marcha. Yo también voy a
apostar por ello.
En relación con lo que representa el posible fin de la violencia, agradezco mucho que haya introducido una reflexión que yo siento día a día después del alto el fuego permanente de ETA, incluso desde antes, cuando expresaba una convicción en
aquel entonces. Era una convicción sobre las posibilidades que tendríamos por delante de cara a ver un principio del fin. Fue la frase que utilicé. Ese sentimiento del día a día que tengo es que debemos poner un poco de perspectiva histórica ante
lo que nos enfrentamos y ante lo que representa. Desde mi punto de vista, es un error dar un análisis y una respuesta cada día a las posibles intenciones, a las cosas que unos u otros dicen. Pongámosle perspectiva por el alcance y el calado que
tiene una tarea como es ver el fin de la violencia después de más de 30 años con el dolor y la tragedia que ha supuesto la acción del terror. Le agradezco, por tanto, que introduzca esa reflexión. Como procuro guiarme por esa perspectiva de
alcance, de poner las luces largas cuando los problemas tienen una profundidad como este, permítame que exprese lo que ha de ser no solo una convicción por mi parte sino una obligación, más allá de lo que uno piense -lo dije en su día y a algunos no
les gustó nada- sobre la configuración constitucional del Consejo General del Poder Judicial. Ante todo, hay que expresar el respeto a la acción de la justicia. Desde que soy presidente del Gobierno no he valorado ninguna actuación judicial ni en
un sentido ni en otro, no he valorado ninguna instrucción judicial, no he valorado ninguna resolución judicial. No lo he hecho, no lo voy a hacer, no lo haré. Nuestros ciudadanos deben tener confianza plena en quien tiene el encargo de aplicar la
ley, y la ley la elabora esta Cámara, al igual que puede reformar el contenido de la misma. La política tiene su espacio y la
Administración de Justicia el suyo, y especialmente el presidente del Gobierno debe ser enormemente respetuoso con las decisiones y la acción de la justicia.
Quería hacerle una referencia a la política penitenciaria. Tengo que informarle que dentro de los planes de mejora que ha presentado el Ministerio del Interior a través de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias están incluidos
los tres centros a los que ha hecho referencia, donde habrá actuaciones y una inversión significativa. En cuanto al tema del acercamiento, siempre ha expresado -es coherente por su parte- lo que supone su posición al respecto. Es verdad que se ha
discutido mucho en este tema en torno a la legalidad, pero quiero expresarle, señora Lasagabaster, que, como todos conocemos, cada cosa tiene su tiempo. Comprendo la sensibilidad que expresa, la tengo presente, la tengo en cuenta, y tengo que
reconocerle que su voz en esto tiene credibilidad, más allá del proceso de paz, en donde lógicamente tiene una afectación, como todo el mundo puede comprender. En todo caso, señora Lasagabaster, le invito a intentarlo. Creo que su fuerza política
puede coadyuvar de manera relevante a lo que representa un proceso político de debate y de acuerdo democrático en Euskadi, y espero que en esa tarea sepa que cuenta con mi comprensión y con mi apoyo en cuanto fuerza política, más allá de lo que es
la tarea y la responsabilidad de Gobierno.
Señora Barkos, quiero agradecer también la actitud que normalmente ha mantenido con el Gobierno en representación de Nafarroa Bai en muchas leyes, en muchas decisiones, en muchas actuaciones. Su intervención me va a permitir hacer la
primera reflexión sobre Navarra. Desde hace dos meses ha habido mucha gente que ha hablado de Navarra y se han dicho muchas cosas. Yo lo voy a hacer desde la tribuna del Congreso de los Diputados, que es sin duda alguna donde hay que hacerlo.
Algunos han dado respuestas sin hacer preguntas, algunos han expresado que existían compromisos sin ni siquiera preguntar, solo por una intención que no voy a valorar aquí, pero el tiempo hará que respondan de ella. (Aplausos.) En lo que afecta a
Navarra, como a lo que es la conformación de cualquiera de nuestras comunidades, solo cabe decir que la voluntad de este Gobierno es el respeto absoluto al ordenamiento, a lo que significa el marco político actual de Navarra y a las decisiones que
tome la sociedad navarra, como no puede ser de otra manera. En consecuencia, espero y confío en que las posiciones de todos ayuden no solo al proceso de paz, sino también a generar la tranquilidad necesaria en la vida pública de Navarra y en
aquello que tiene que ver con la pluralidad que existe, como es conocido también, en la Comunidad navarra. Sería deseable. Le puedo asegurar que no conozco la denuncia a la que ha hecho referencia por parte de las instituciones europeas y, por
tanto, no voy a dar una opinión. Lo único que le puedo decir es que el Gobierno sí ha mantenido una política firme de defensa de nuestras lenguas cooficiales minoritarias en Europa, como se ha venido en denominar; lo hemos demostrado no solo por
la defensa de su uso en las instituciones europeas, sino porque, por ejemplo, hemos sido el primer país que hemos enviado a su Parlamento el convenio de la Unesco sobre diversidad cultural, que supone un amplio reconocimiento de lo que representa la
pluralidad lingüística en el ámbito de la Unesco. En definitiva, señora Barkos, creo que afrontamos un proceso de paz con perspectiva histórica. Sería muy deseable la tranquilidad y el debate democrático natural que puede haber en Navarra,
sabiendo que los navarros son los dueños de sus instituciones, de su futuro y del respeto al ordenamiento institucional. Fíjense que se han hecho y dicho cosas graves, pero mi obligación es contribuir al sentimiento de responsabilidad de todos.
Creo que esta mañana he comprometido que habrá ley de memoria. El Gobierno la tiene prácticamente elaborada y la tendremos en un periodo de tiempo razonable. Nos habíamos comprometido a que estuviera en este periodo de sesiones. En definitiva,
señora Barkos, le expreso mi reconocimiento por el tono constructivo que ha utilizado en su intervención, mi agradecimiento por el apoyo que ha expresado en muchas ocasiones sobre el proceso de paz y también mi deseo de colaboración en todo el
amplio campo que va más allá de lo que representa el proceso de paz, el amplio campo de política gubernamental, de leyes que tenemos por delante, y de seguir contando, al menos en la mayoría de las ocasiones, con su apoyo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Empezaré por agradecer algunas aclaraciones del señor presidente del Gobierno y dedicaré esta intervención de forma incisiva a cinco aspectos fundamentales. Comparto con usted, señor presidente del Gobierno, que las mejores etapas en el
Estado español son cuando se acepta el pluralismo, la diversidad y también cuando se conjuga la combinatoria de un partido estatal gobernando sin mayoría absoluta, apoyado en partidos nacionalistas. Creo que incluso la etapa peor, que fue de 1993 a
1996, fue una etapa muchísimo más democrática que la anterior, sin embargo, la imagen pública puede ser al revés, pero en los hechos no fue así. Quiero dejar constancia de que participo con usted de esa tesis: pluralismo, diversidad, democracia.
Dicho esto, quiero advertirle que en el caso de Galicia no es tan cierto que la evolución del país fuese positiva en los 20 años de marco autonómico, por tres factores conjugados: el mal uso del marco autonómico, una política del Estado muy
negativa para nuestro propio país y su falta de consideración estratégica, y un elemento básico, que es que la autonomía política sin autonomía financiera está tremendamente coja. Por eso pensamos que para que el modelo territorial sea un modelo
descentralizado, tiene que estar descentralizado no solamente el gasto, sino también el ingreso, y usted sabe que con el
nuevo modelo autonómico este fenómeno no se va a producir, tendremos más gasto posiblemente descentralizado, pero el ingreso sigue adoleciendo de estar muy controlado desde el punto de vista central, y sin capacidad de autonomía para poder
aplicar en aquello que necesita cada territorio con libertad, con autentica decisión propia para hacer frente a los problemas que tenemos.
Segunda cuestión, el tema lingüístico. Créame que para un país como Galicia es esencial, incluso para recuperar la dignidad colectiva, para recuperar la credibilidad en nosotros mismos y para acabar con un cierto autoodio que tiene una
parte de la sociedad. Creo que el avance en el terreno lingüístico significará una labor higiénica fundamental para Galicia. En la medida que usted lo comprenda no sabe hasta qué extremo el Bloque Nacionalista Galego se lo agradece. Pero le
quiero advertir sobre dos cuestiones: Tenga un poco en cuenta la Delegación del Gobierno, que se caracteriza por unas actitudes que en Cataluña serían impensables, en concreto con las normativas de uso del gallego en las corporaciones locales. No
es de recibo que en normativas que reproducen lo que es la legalidad autonómica haya una agresividad tan fuerte en un país con una situación tan mala desde el punto de vista lingüístico. También me gustaría decirle que, desde el punto de vista
lingüístico, sería muy importante en Galicia contar con una Radiotelevisión Española que mantuviese un programa en lengua gallega. La reestructuración de la compañía no sé si va a ir por esa vía. Por último, me gustaría plantearle dos cuestiones
más, y estas sí le agradezco que las apunte. Créame que en el Bloque Nacionalista Galego no tenemos ni afán de convertir el tema de las infraestructuras en una especie de pim pam pum, ni queremos tampoco que nos hagan obras faraónicas, pero
queremos coherencia y responsabilidad; y la coherencia y la responsabilidad tiene que llevarnos a que ustedes admitan que hay que buscar una solución a corto plazo con el horizonte de 2009 para ejecutar esas obras, Ferrol-Coruña, porque forma parte
del eje atlántico; Vigo-frontera portuguesa, que son 30 kilómetros, es una miseria; y después el tema de Lubián-Ourense, porque si no, el esquema es totalmente disparatado y vamos a tener auténticos problemas de incoherencia y de
interoperabilidad. Creo que esto debían de pensarlo. Igual que la integración de Lugo; si hay que cambiar el proyecto o estudiarlo lo discutimos, nosotros no le tenemos miedo a eso, enfrentamos el problema que haya que enfrentar socialmente, pero
lo que no podemos es seguir agachados en una especie de confusión propagandística donde todo se reduzca a ataques al Gobierno, o bien defensa de proyectos, da igual, aunque sea desde el punto de vista demagógico. En este aspecto sería fundamental
que para los presupuestos del próximo año hubiera un porcentaje similar al de este año para obras e infraestructuras. Si eso se hace así, es posible enfrentar todo este tipo de obras, pero hay que planificar la inversión y hacerlo con la mínima
inteligencia.
Acabo ya, señor presidente. Creo que para la agricultura gallega es muy importante que se tome en consideración que, por ejemplo, el reparto de los fondos europeos de modulación se haga con un criterio algo más objetivo, teniendo en cuenta
la población agraria y el PIB per cápita. No se está haciendo así, Galicia recibe como mucho el 2 por ciento de todos los fondos de la modulación, es un escándalo. Los planes de reestructuración de la cuota láctea creo que hay que hacerlos también
con el criterio de dónde es fundamental el sector desde el punto de vista de la articulación y de la cohesión social. Nosotros aspiramos a vivir de nuestro trabajo y no a ser un país subvencionado. Creo que estamos haciendo un esfuerzo en este
sentido que merece la pena ser apoyado. Por último, solamente quiero decirle que el topónimo de la ciudad en la que vivo es Ferrol a secas, se lo digo con toda la simpatía y el respeto que le tengo, y que la organización política a la que
represento se llama Bloque Nacionalista Galego. Creo que es bueno que todos estemos en ese tipo de atmósfera.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Muchas gracias, señor presidente.
Señor presidente del Gobierno, usted ha dado una cantidad de cifras que efectivamente se están cumpliendo, es decir, las infraestructuras en nuestro territorio van funcionando, pero cuando se habla de Canfranc desde aquí, resulta que todavía
hay un viejo tren que fue rechazado por Lérida y que ha descarrilado como cinco o seis veces desde Zaragoza a Canfranc. Hay que mejorar todo eso. Yo creo que se está haciendo. La obra es muy dura, pero hay que pensar que en este momento las cosas
suceden así.
Hay un tema que al principio de la legislatura matizó usted muy bien, que es el de los desequilibrios territoriales. El presidente del Gobierno aragonés también se planteó ese problema, cómo solucionar los desequilibrios territoriales.
Nosotros hemos planteado varias medidas a lo largo de estos años, pero nos encontramos con que los desequilibrios territoriales están ahí y que no hay manera de que se solucionen. Hemos oído al representante del Bloque Nacionalista Galego cómo en
Galicia han bajado de un 10 por ciento de la población a un 6 por ciento, ha sido una bajada increíble. En Aragón, por el contrario, estamos subiendo la población, por la inmigración, porque la gente ha decidido tener más hijos en principio, pero
el interior de Aragón se está quedando desocupado, y eso nos preocupa. Esos desequilibrios no se producen solamente en Aragón, sino en toda España, y precisamente en Castilla y León, la zona de la que usted es oriundo, también se producen, es una
zona donde la gente se marcha.
Le hemos hablado de la deuda, tampoco usted lo ha dicho. El Estado nos debe 480 millones de euros, que además las Cortes de Aragón han pedido que se den. Por otro lado, cuando hablamos de Europa, resulta que Europa hasta ahora nos ha
tenido absolutamente abandonados.
Ahora hay unos nuevos repartos de fondos tecnológicos, hemos oído como usted prometía al Bloque Nacionalista Galego que a la hora de repartir el fondo tecnológico se pensaría mucho en Galicia. También le pedimos que ese fondo tecnológico
nos llegue a nosotros de alguna manera, porque el señor Bono nos prometió me parece que era un tanque, y al final el tanque se lo llevó Albacete, y están encantados los de Albacete con el tanque que van a hacer allí, pero nosotros nos hemos quedado
sin él. Tráiganos usted también algo de este fondo tecnológico.
Hemos insistido muy claramente en que queremos que vuelvan los bienes de La Franja, porque son bienes que no se llevaron claramente. También hay otro problema, que es el archivo de la Corona de Aragón. Somos cuatro comunidades, Baleares,
Valencia, Aragón y Cataluña, las que queremos tener intervención sobre los fondos del Archivo de Aragón. No vamos a reclamar papeles que hay en Salamanca de muchos pueblos de Aragón, por ejemplo, Mas de las Matas, que también el franquismo se los
llevó por delante -que también lo reclamamos, pero no lo vamos a hacer aquí-, pero sí pedimos, por favor, que se aclare el problema de los bienes de La Franja y que el archivo de la Corona de Aragón tenga la organización que merece, que son las
cuatro comunidades autónomas y nada más.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Labordeta.
Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente.
Señor presidente del Gobierno, voy a hacer dos simples reflexiones -y no lo digo porque sean simples, ya que tiene mucho contenido el contexto- que quiero dejar enunciadas, aunque sabemos que usted y yo hemos hablado mucho de esto. Es
verdad que soy una persona que trato de mirar hacia delante. Es verdad que creo que tenemos que utilizar ingeniería jurídico-política nueva, y estoy totalmente de acuerdo en que quizá hay que cambiar clichés o conceptos. Creo que la Unión Europea
nos da muy buenos ejemplos, y yo soy de la escuela del Colegio de Europa, como el señor presidente de esta Cámara, que hemos estudiado allí los dos, y nos exigía pensar en el fenómeno de la Unión Europea, que es novedoso y que además es imaginativo,
qué técnica jurídico-política nos permitía ser novedosos para adaptarnos a las realidades. Pero siempre hay un elemento básico que no se puede perder de vista. Podremos pensar en ingeniería todo lo que queramos, pero hay un concepto claro: los
ciudadanos y lo que quieren. Sobre esa base podemos hacer todos los cambios estructurales que queramos. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Señorías, estamos dispuestos a sentarnos, y ojalá estén todos los que en Euskadi representan a los
ciudadanos, y lo que queremos es llegar a un consenso sobre qué procedimiento, sobre qué mayorías, sobre qué es lo que queremos, para qué. Esta es la clave de la cuestión, para qué. Para conseguir que lo que nos han transmitido hasta ahora las
generaciones pasadas -y no me negarán que Euskadi es un pueblo bien antiguo, con sus propias señas de identidad- pueda tener traslación al futuro, en un momento en el que observamos que realmente es difícil sobrevivir y persistir en el idioma, en el
acervo y en la manera de ser en el mundo en el que vivimos. Si ustedes en el Estado español, si Francia, si Reino Unido, si Alemania tienen problemas, imagínense Euskadi. Por eso es importante lo que queremos hacer, que es transmitir lo que se nos
entregó como señas de identidad de un pueblo a generaciones futuras, bajo la idea de hacer en cada momento lo que esos ciudadanos quieran. Eso lo podemos establecer a través de una ingeniería financiera, la que usted quiera. ¿Por qué tiene que ser
lo que decidan allí? Porque, señor presidente del Gobierno, del total de diputados, de todos los partidos, que estamos aquí, de Euskadi somos 19. ¿Qué contrabalanza es 19 contra 350? Jamás podríamos tener una igualdad a la hora de negociar nada
aquí. Imagínese en la Unión Europea Luxemburgo negociando por peso demográfico con Alemania. Sería imposible basarnos solo en eso. Esto es lo que hay. Respecto a la justicia, señor presidente, yo soy jurista -no sé si buena o mala, a veces bien,
a veces mal; cuando ejercía intentaba hacerlo lo mejor posible, como lo intento siendo parlamentaria- y tengo mi propia opinión de cada caso concreto y nunca me he metido en la función jurisdiccional. Por cierto, respeto a la justicia, lo que no
me impide poder opinar sobre cada caso. A ver si nos aclaramos. Respeto las sentencias, lo que no me impide, ni como persona ni como jurista ni como parlamentaria, poder dar mi opinión. Otra cosa es la responsabilidad de este Parlamento, que la
tiene en los artículos 117 al 127, que se refieren a la justicia, nuestra responsabilidad de establecer un sistema que permita el Poder Judicial independiente. Esa es nuestra responsabilidad, esa es de la que yo hablo. Eso no se lo podemos dejar a
nadie, porque es nuestra responsabilidad.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lasagabaster.
Señora Barkos, por favor.
La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, presidente.
Señorías, señor presidente del Gobierno, seré muy breve en este turno de réplica. Empezaré por agradecer muy sinceramente, señor presidente del Gobierno, la expresión que hoy ha dedicado usted a Navarra y a la falsa polémica alentada
artificialmente desde determinadas instancias.
Entendemos, asumimos, compartimos y agradecemos, lógicamente, ese respeto absoluto al actual ordenamiento jurídico de Navarra como compromiso asumido por el presidente del Gobierno y compartimos muy
especialmente -y lo venimos diciendo durante mucho tiempo- ese respeto a la decisión de la sociedad navarra, de los
hombres y mujeres de Navarra. Efectivamente, aquí debería terminar la polémica y aquí debería empezar un papel protagonista de Navarra, como el de cualquier otra sociedad muy especialmente concernida en el camino hacia la paz, de sus
hombres y de sus mujeres. Dicho esto, en cualquier caso debo decir que no solo de paz, fundamentalmente de paz, pero no sólo de paz vive el hombre, tampoco las navarras y los navarros. Sí me gustaría que se contrajese un compromiso en
infraestructuras, presidente.
He escuchado a los señores Labordeta y Rodríguez hablar de balances y cifras que también tienen que ver con Navarra; nos hemos quedado en términos más escasos. No sé si al vicepresidente Solbes le va a gustar, pero a
mí sí me gustaría un compromiso por parte del presidente del Gobierno en torno a la financiación de la alta velocidad, el corredor eje cantábrico-mediterráneo de Navarra. Veo que se sonríe; entiendo que probablemente no sea de su gusto, pero creo
que un acuerdo como el que se llevó a cabo con la Comunidad Autónoma vasca entra perfectamente dentro de los términos del convenio navarro, siempre y cuando exista voluntad política, presidente. Es lo único que falta para llegar a un acuerdo
similar por el que Navarra pudiera adelantar, si así lo consideraran las dos partes, el inicio de las obras de la alta velocidad en el corredor cantábrico-mediterráneo. Nos parece fundamental e insisto, es otro de los ejes por los que una sociedad
avanza. Es, vuelvo a insistir, señor presidente, una cuestión de voluntad política, como voluntad política es poner fin a una situación insostenible en el dibujo que usted nos ha hecho, a lo largo de estos dos días de debate, de España, de esa
sociedad moderna y de vanguardia a la que se quiere llegar y en la que -se insiste- estamos en el camino. Seguramente en muchos ámbitos sí, presidente, pero no lo es -y no quiero terminar este debate sin aludir a una cuestión tan recurrente en el
discurso de Nafarroa Bai como recurrente e insistente ha sido la posición de los gobiernos a lo largo de los últimos treinta años- en cuanto al mantenimiento del polígono de tiro y bombardeo de Bárdenas. Es decir, tener un polígono de tiro aéreo y
de bombardeo en el corazón de una reserva mundial de la biosfera -así declarada por la Unesco- casa mal con una sociedad moderna y casa peor con el sentido común. Termino, señor presidente. Me decía usted que no conocía las denuncias realizadas
desde organismos oficiales europeos -quiero que quede bien claro que son europeos; no ONG, como algunos se han empeñado en decir en alguna ocasión- con respecto al sostenimiento y a las medidas de desarrollo del euskera en Navarra. Yo le haré
llegar la copia de esa información oficial europea.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor presidente para la réplica.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.
Quiero decirle al señor Rodríguez, del Bloque Nacionalista Galego -gracias por la matización-, que lo que representa la autonomía financiera es quizá un elemento determinante del proceso que vamos a vivir en la reforma del modelo de
financiación. Antes dije, y le llamo la atención nuevamente para la reflexión sobre la característica del proceso de descentralización que hemos vivido, que hay mucha más descentralización del gasto que en cualquier modelo federal y, sin embargo,
hay menos descentralización desde mi punto de vista político. Tomo nota de lo que me ha transmitido sobre la Delegación del Gobierno en Galicia y actuaremos igual que en relación con Radiotelevisión Española en Galicia, no tenga ninguna duda. Me
parece razonable lo que ha planteado sobre las infraestructuras, las necesidades básicas, las tres prioridades. Vamos a hacer el máximo esfuerzo. Incluso creo que es más creíble para los ciudadanos que no insistamos en las fechas o que intentemos
mejorar.
Vamos a hacer el máximo esfuerzo de inversión de esos tres ejes que tienen, sin duda, una gran transcendencia para el desarrollo de la economía de Galicia. Pero le quiero decir que la economía gallega está dando muy buenos datos -usted
los conoce- en crecimiento, especialmente en creación de empleo y últimamente en potencial exportador. Todo esto está dibujando un horizonte de fortalecimiento de la estructura productiva de Galicia, aun siendo conscientes de que tiene una ardua
tarea por delante.
Señora Lasagabaster, no sé si ha sido una invitación a encargarle a Manolo Marín, al presidente de la Cámara, que vaya pensando en la ingeniería jurídica en torno a los problemas de Euskadi. Me da la impresión, por la tarea que tiene en
estos momentos, que no es una oferta realmente apasionante. En todo caso, es cierto que la última palabra está siempre en manos de los ciudadanos. Esa es la esencia de la democracia y una democracia que por su propia supervivencia tiene que
dotarse de unas reglas. Tenemos unas reglas y en ellas, como es notorio y conocido, hay una participación determinante del Parlamento vasco y de este Parlamento.
Son reglas institucionales. ¿Se pueden reformar? Sí, por supuesto, pero respetando
las propias reglas de reforma. Esto es esencial. ¿Más allá de eso puede haber acuerdos políticos de fondo en torno a lo que venimos situando sobre el futuro de Euskadi? Claro que los puede haber. Como he dicho antes, estamos dispuestos y todos
aquellos que estén destinados a defender las señas de identidad, como creo que ha utilizado la señora Lasagabaster, de esa identidad que generaciones legaron al pueblo vasco y que las generaciones presentes quieren dejar a las futuras. Me parece
que es razonable, yo lo entiendo. Desde luego, pondré todo mi empeño en que podamos hacer ese acuerdo con la máxima capacidad de decisión por parte de las fuerzas políticas de Euskadi, en el respeto al ordenamiento jurídico pero con toda la
voluntad política.
Señor Labordeta, representante de la Chunta Aragonesista, quiero agradecerle el reconocimiento del esfuerzo en planificación, inversión y ejecución que estamos haciendo en Aragón. Entiendo perfectamente que sobre todo en esa parte interior
de Aragón haya una demanda
creciente para recuperar el tiempo perdido por la pérdida de población, por la dificultad de que la gente tenga una expectativa, particularmente la gente joven, frente a lo que, reconozcámoslo objetivamente, es una realidad pujante y
dinámica, como representa todo el área en torno a Zaragoza. A ese motivo respondió el Plan Teruel, que fue un compromiso fuerte y del que seguramente los ciudadanos de Teruel nos exigirán su cumplimiento más allá de que, como siempre, cualquier
otro plan que se establezca sería criticado en algunas partes y reclamado. Creo que el señor Labordeta en un momento de su intervención ha expresado algo así como: no vino el Tigre -que es el proyecto de helicópteros-; llévenos alguna cosa a
Aragón, señor presidente. Es expresivo de lo que a veces representa este debate y muy significativo de la autonomía territorial que tenemos. Claro que estoy dispuesto a hacer cualquier compromiso que sea factible y posible en pro de Aragón. Hasta
ahora hemos comprometido y nos hemos centrado mucho en lo que significaba la apuesta, como usted conoce bien, de la Expo 2008, que va a tener además un alcance mundial.
Le puedo asegurar que prácticamente en todas las reuniones que celebro con
dirigentes de otros países invito a la participación, invito a la asistencia a la Expo 2008, sobre todo por el contenido que tiene, el futuro del agua, y vamos a volcarnos para que sea un éxito esa Expo 2008; siempre estaremos abiertos como
Gobierno a cualquier iniciativa o empuje que pueda favorecer la instalación de empresas, el desarrollo industrial, económico, de servicios, tecnológico, con un potencial que también tiene su tierra muy notable. Le reitero el agradecimiento a su
actitud y le pido que siga siendo como es. (Aplausos.)
Por último, a la señora Barkos quiero agradecerle sus palabras por lo que tienen de clarificadoras frente al debate de la Comunidad Autónoma de Navarra y desde luego le puedo asegurar que, más allá de la paz, vamos a estudiar -en el PEIT
está contemplado lo que representa la alta velocidad por Navarra- con tiempo las posibilidades para establecer un modelo de financiación. Tiene hoy mi compromiso de que va a ser objeto de estudio por el Gobierno. Deseo por supuesto, como antes
decía, que la comunidad navarra siga manteniendo una convivencia con el respeto a la pluralidad que tiene, una convivencia de muy buena relación con todas las comunidades que la rodean, con todos los pueblos, más allá de que algunos se puedan sentir
cerca o perteneciente o con más identidad hacia otra comunidad. Creo que somos y seremos capaces de articular la mejor convivencia posible.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Corresponde el turno al Grupo Socialista del Congreso.
Tiene la palabra el señor López Garrido. (Aplausos.-El señor Ayala Sánchez: ¡Qué confianza!- Rumores.)
El señor LÓPEZ GARRIDO: Señor presidente, señorías, señor presidente del Gobierno, el Grupo Socialista ha respaldado y respalda su acción de Gobierno, sus objetivos, sus políticas, su proyecto de modernización y de progreso. Nuestro grupo,
a quien agradezco esta cariñosa bienvenida a este debate primerizo del estado de la Nación, ha sido su más firme apoyo parlamentario y lo va a seguir siendo hasta el final de la legislatura, en la que el discurso de investidura se completará y el
programa del Partido Socialista se ejecutará. La investidura, tras un discurso en el que se recogieron aportaciones de los partidos que la apoyaron, fue votada por la mayoría absoluta de esta Cámara: Grupo Socialista, Esquerra Republicana de
Catalunya, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, Coalición Canaria, Bloque Nacionalista Galego, Chunta Aragonesista. Es el compromiso con el Parlamento. El programa electoral socialista es el compromiso con los ciudadanos, que lo votaron
también mayoritariamente.
El señor Rajoy afirmó ayer reiteradamente que el presidente del Gobierno no tenía programa. No sé, señor Rajoy -ausente, aunque agradezco la presencia de miembros ilustres del Grupo Popular, los que están aquí esta tarde,
no muchos, pero se lo agradezco (Rumores.)-, qué valor conceden ustedes a los programas. Les aseguro que los dos compromisos, el de investidura y el electoral, son los puntos de referencia constantes e ineludibles del Gobierno, del partido y del
Grupo Socialista; son nuestra hoja de ruta; son el mandato democrático, que quizás -no quizás, seguro- el principal grupo de la oposición querría desoír, pero que el Gobierno y una mayoría de esta Cámara nunca van a traicionar.
La acción de gobierno que usted ha defendido, señor presidente, es la proyección a un programa de gobierno de lo que el Partido Socialista ha defendido como objetivos para España cuando comienza un nuevo siglo. Lo decíamos en el programa
electoral que venció en el 2004. Los españoles quieren para la España del siglo XXI fundamentalmente tres cosas: una España europea en un mundo en cambio -como usted lo ha definido-, una España plural y una España social, lo que hemos llamado la
democracia de los ciudadanos. Ese es nuestro proyecto, esa es nuestra idea de España, señor Rajoy. El primer objetivo es que España, junto a otros países, participe en un lugar destacado en la construcción europea y sostenga una política exterior
de paz en el mundo. Nuestro país tiene básicamente resueltos sus viejos problemas históricos cuando se aprobó la Constitución de 1978, por eso se puede dedicar con todas sus energías a una importante política exterior y a un papel en Europa
decidido, con grandes aspiraciones. Desde el 14 de marzo España, después de que el Gobierno anterior descarrilara nuestra política internacional, ha vuelto a situarse en una posición políticamente central en Europa, aunque geográficamente no seamos
un país central. Una actitud europeísta es imprescindible en Europa, sea cual sea el color del gobierno de que se trate. Lo hemos visto en el caso del Gobierno de Merkel, en Alemania -demócrata-cristiano-; lo hemos visto en el caso del Gobierno
de Prodi, en Italia. Merkel lo primero que hizo fue definir su posición, y dijo:
Apuesto por Europa y apuesto por su Constitución. Prodi lo mismo, fue su primera decisión, además de decidir retirar las tropas italianas de Irak, un lugar donde nunca debieron estar nuestras tropas ni las de ningún otro país democrático,
por ejemplo, Estados Unidos o el Reino Unido, cuya soberanía respetamos, pero cuyos líderes actualmente están pasando por un momento de dificultad a causa de la debacle de Irak en todos los aspectos, también en el campo de los derechos humanos.
(Aplausos.) Los españoles lo supieron antes, y el 14 de marzo no permitieron que un Gobierno desacreditado y subordinado a otros gobernara en España. No permitieron que gobernara España un Gobierno escéptico con la Carta de Naciones Unidad y con la
legalidad internacional. No hablo del pasado, señor Rajoy, señorías del Grupo Popular, hablo del presente, porque desgraciadamente todos los días vemos en los telediarios el horror de la guerra de Irak. Si ustedes hubieran seguido gobernando, hoy
nuestras tropas estarían en Irak; esa es la situación. ¿Ustedes se imaginan esa situación, nuestras tropas en Irak, en ese desastre humanitario? Eso estaría pasando si ustedes estuviesen gobernando hoy, y además la Unión Europea estaría
dramáticamente dividida. Como decía, señorías, los españoles eligieron a un Gobierno que no cometiera tales errores y además sin explicarlos y reconocerlos, como les pasa a ustedes todavía.
Eligieron a un Gobierno que respeta a Naciones Unidas,
que asegura el multilateralismo en la política internacional, un Gobierno fuerte y soberano en las relaciones atlánticas, en las relaciones con Marruecos, con el norte de África -tan vitales para nuestros intereses- y en las relaciones con
Latinoamérica. Además el Gobierno ha aportado a la comunidad internacional una idea fundamental, la alianza de civilizaciones, lanzada cinco meses después del 11 de marzo; una idea estratégica que contribuye a que España pise fuerte en el
escenario internacional. Se han sumado muchos países; se ha sumado: la Liga Árabe, la Secretaría Permanente de Estados Iberoamericanos, la Unión Europea, y también la han hecho suya las Naciones Unidas y su secretario general Kofi Annan. El PP
no se ha sumado, ha despreciado la iniciativa, ha hecho gala de una ceguera política impensable en quien sufrió bajo su Gobierno el ataque terrorista más fuerte de nuestra historia a manos de quienes enarbolan la coartada de una supuesta guerra de
civilizaciones y de religiones. (Aplausos.)
El Gobierno socialista, señorías, ha diseñado una política exterior con perfil propio en la que la cooperación internacional es un pilar esencial, con un presupuesto previsto del 0,5 por ciento del PIB para el final de esta legislatura, como
ayer reafirmó el presidente del Gobierno.
Nosotros no podemos ser imperturbables ante el sufrimiento humano, el sufrimiento que experimenta un continente superpoblado, desesperado, como África. El Gobierno socialista ha sido sensible a esa
situación, ha desarrollado iniciativas en relación con la inmigración ante los países africanos de origen que nunca antes se habían hecho; iniciativas que sirvan para ayudarlos y para evitar migraciones masivas de personas que ponen en grave riesgo
su vida. Señorías, por mucho que ustedes se empeñen, no son los procesos de documentación los que traen a los inmigrantes, son el hambre y la cercanía geográfica. Si Canarias fuera territorio noruego, por ejemplo -afortunadamente es español-, los
inmigrantes irían a Noruega; como Canarias es español, van a España. Es un problema de hambre y de cercanía geográfica, esa es la razón fundamental y no los procesos de documentación. (Aplausos.) El Gobierno, a diferencia de la desastrosa
política de inmigración -si es que se le puede llamar así- del Gobierno Aznar-Acebes-Rajoy, que nos dejaron una herencia de más de un millón de inmigrantes trabajando en la ilegalidad, ha puesto las bases para una política sólida de inmigración, con
el apoyo por cierto, no lo olvidemos, de sindicatos, empresarios, organizaciones sociales, asociaciones de inmigrantes, de la Iglesia; una política que va a las raíces del problema, a erradicar la economía sumergida y a establecer catálogos de
trabajo ajustados a la demanda de nuestra economía, es decir a situar en la legalidad a la inmigración laboral, siendo a la vez firmes y dejando claro que una entrada ilegal no es admisible y que no puede dar lugar a una situación legal. Nosotros
preferimos desde luego unos inmigrantes que residan legalmente, con derechos, como el resto de los trabajadores, con obligaciones, como el resto de los ciudadanos, para que paguen impuestos o coticen a la Seguridad Social y permitan despejar el
futuro de nuestros pensionistas, por cierto. Ese es nuestro modelo: inmigración legal, con derechos y con obligaciones. Ese es el modelo del Gobierno socialista. (Aplausos.) La política de inmigración no puede ser hipócrita ni cínica, como lo
son algunas declaraciones que hemos escuchado a algún dirigente del Partido Popular, declaraciones sonrojantes. Es injusto criminalizar a los inmigrantes, es injusto e hipócrita criminalizar a personas a las que confiamos, por ejemplo, el cuidado
de nuestros hijos y de nuestros ancianos, lo más valioso que tenemos. Un delincuente de una mafia no tiene nada que ver con la inmigración. Las organizaciones sofisticadas del crimen no vienen a España en patera. Los inmigrantes vienen a
trabajar, no a robar ni a agredir. Les diré que lo más irresponsable y peligroso que han hecho ustedes estos días, señores del PP, ha sido vincular inmigración y delincuencia, y lo han hecho por boca de un ex ministro del Interior que debería saber
las graves consecuencias que pueden acarrear sus declaraciones. Miren lo que está ocurriendo en otros países. Trabajen con el Gobierno para mejorar la convivencia, practiquen pedagogía política para explicar las causas de las migraciones y
promover la integración de los inmigrantes y, si no quieren hacer nada de esto, por lo menos no agiten el fantasma de la xenofobia. (Aplausos.) No van a recibir, por otra parte, ningún tipo de complicidad de la sociedad española, que ha dado
muestras y ejemplos de capacidad integradora y de rechazo total del veneno del racismo.
Señor presidente, señorías, para los socialistas hay un permanente objetivo nacional: hacer un país unitario, que reconozca su pluralidad, que sepa descentralizar y distribuir
el poder, que lo haga potenciando la solidaridad. Los españoles -no, sin embargo, el principal grupo de la oposición- saben que democracia y Estado de las autonomías es como decir lo mismo y que su profundización es continuar la historia de
un éxito. El Grupo Socialista apoya y cree en el Estado de las autonomías, en su integridad, el Grupo Popular no, y esa es probablemente una de las grandes razones por las cuales perdió el 14 de marzo de 2004. (Aplausos.-Rumores.) Los españoles lo
vieron, apostaron por la cohesión de la España plural y el autogobierno de las comunidades y rechazaron la involución autonómica que Aznar y Rajoy protagonizaron en su legislatura horribilis 2000-2004; hubo una involución autonómica en esa
legislatura. (Aplausos.-Rumores.-Un señor diputado: Muy bien.) El señor Rajoy dice que el Estado de las autonomías va mal; no solo dice que va mal, sino que va catastróficamente mal, que hay un enorme lío autonómico, que el Estado se debilita,
que la Constitución es inservible, que España se extingue, y todo por culpa de José Luis Rodríguez Zapatero.
En eso se resume el discurso del señor Rajoy. Señorías, para empezar, ni cuando gobernaban ustedes ni cuando acabaron su Gobierno, nunca
hemos hecho esa descripción tenebrosa de nuestra patria, nunca hemos hecho esa descripción de España, la descripción que hace todos los días sistemáticamente el señor Rajoy. España como país, como Estado, como cultura en el sentido más amplio de la
palabra, está viviendo uno de sus mejores momentos y eso no es hacer triunfalismo. Estamos viviendo uno de nuestros mejores momentos de la historia; esa es la realidad. España es una sociedad moderna, desarrollada, dinámica y vital cuyas cifras
de crecimiento, de empleo, de inversión y de capacidad productiva son consideradas por organismos internacionales como propias de un país líder. Es imposible que un país con esas cifras macroeconómicas tan espectaculares como ayer presentó el
presidente del Gobierno o que tenga un progreso individual o social en oportunidades profesionales empresariales como el que conocemos se dé en un Estado destrozado, en ruinas como lo pinta el portavoz del Grupo Popular; es imposible. España tiene
el Estado más legítimo y eficaz de su historia. Es una democracia sana y robusta y lo son sus instituciones. España está cada vez más cohesionada no solo socialmente entre sus pueblos y entre sus generaciones, sino también en lo territorial. No
hay antagonismo entre comunidades autónomas, ni entre estas y el Estado central. Hay un antagonismo del Partido Popular con Cataluña y con Andalucía, pero ese es el problema del PP, no de España. (Aplausos.)
Se tienen que acostumbrar, señor Rajoy y demás dirigentes del PP, a no creer que ustedes son España o la soberanía nacional, porque esta la representan, como hemos dicho aquí muchas veces, solo estas Cortes Generales. España no está peleada
con Cataluña o Andalucía ni ellas con España. (Rumores.) Además España no se cohesiona con golpes de pecho supuestamente patrióticos. España se cohesiona garantizando becas, pensiones, salario mínimo interprofesional, empleo, investigación e
infraestructuras; se hace con esas cosas que el señor Rajoy ni mencionó ayer. Esa es la verdadera cohesión de España. (Aplausos.) Por otra parte, España ha pasado por muchas situaciones. Ha pasado por golpes de Estado, dictaduras, regímenes
absolutistas; ha pasado por todo y ahora, cuando estamos en una democracia estable en la Unión Europea, ¿alguien puede pensar seriamente que está en peligro la cohesión de España? A esta estabilidad ha contribuido sin duda el Estado de las
autonomías, eso que ustedes no entienden; ese Estado que tiene nacionalismos, que tiene realidades identitarias, que tiene diversidad, y la construcción de España se hace con ellas, no contra ellas. Las comunidades autónomas están ahora mismo
gestionando el Estado del bienestar; esto era impensable hace algunos años, y lo están gestionando bien, con responsabilidad. Las comunidades autónomas, los ayuntamientos también -luego me referiré a ello- dan poder al Estado, no se lo quitan. El
Estado no es Madrid, y lo dice un madrileño (Un señor diputado: ¡Oh!), ni la unidad de España es el centralismo. Cuando ustedes descalifican las transferencias de los estatutos de autonomía de Cataluña o de Andalucía, las transferencias que el
Estado da a Cataluña o a Andalucía parece que se las dieran al extranjero, como que salieran del Estado central al extranjero. Por si no lo saben, se quedan en España. Cataluña y Andalucía son España (Aplausos.), y el Estado central tiene
suficientes poderes legislativos, ejecutivos y de soberanía para representar al conjunto de España y a los españoles y para garantizar la solidaridad.
Cuando una comunidad autónoma participa en competencias del Estado no fractura el Estado, coopera con él. Cuando una comunidad autónoma participa en la Unión Europea junto al Gobierno del Estado o cuando se crea una comisión bilateral entre
el Gobierno central y comunidad autónoma no se establece un régimen confederal, se aumenta la colaboración. El modelo autonómico, señorías, ha dado a España unidad y estabilidad, y en ese modelo es natural que comunidades como Cataluña y Andalucía,
por ejemplo, que nunca reformaron sus estatutos, lo hagan 25 años después y que lo hagan otras comunidades autónomas. Nosotros lo apoyamos. Han pasado muchas cosas en un cuarto de siglo: envejecimiento de la población, inmigración, innovación
tecnológica y pertenencia a la Unión Europea. El traje autonómico, que reconozcan que se hizo en 1980 con un cierto grado de incertidumbre -ahí sí incertidumbre- y con un cierto grado de intuición, hoy se ha quedado pequeño. Así que el proceso de
reforma estatutaria no es una ocurrencia ni un capricho, es una necesidad política que además ha surgido mucho antes de esta legislatura.
En muchas comunidades autónomas hubo demandas: en Andalucía -lo vimos el otro día en el debate-; en la
Comunidad Valenciana, que lleva reivindicando el derecho a la convocatoria anticipada de elecciones desde el año 1996; en Madrid Esperanza Aguirre quiere también cambiar las circunscripciones electorales; los partidos políticos catalanes hace
muchísimo tiempo que se
están planteando la reforma estatutaria, y no digamos en el País Vasco. Es decir, había una demanda de autogobierno y una demanda de mejor financiación. Por tanto, estas reformas estatutarias son solo la puesta a punto del modelo
autonómico constitucional, no su ruptura; son la adecuación del Estado autonómico al siglo XXI, no su demolición. El problema es que la reforma del Estatuto de Cataluña ha desatado la furia del PP, que ha visto en ella la ocasión para escenificar
lo que consideran el principal pecado del PSOE, que es romper todos los consensos -la palabra mágica, la frase mágica-. Como diría Aristóteles, aquí niego la mayor. Nosotros no aceptamos que nos acusen por más tiempo de romper unos consensos
constituyentes que siguen intactos. (Rumores.) Lo que ocurre es que el Partido Popular, que siempre ha tenido una desconfianza innata en el Estado de las nacionalidades y regiones, ha situado como núcleo de su estrategia de acoso y derribo al
Gobierno acusarlo de la ruptura de los consensos sobre el Estado; es una acusación que nos arrojan sistemáticamente, y no lo admito. Yo les acuso a ustedes de bloquear y obstruir cualquier acuerdo sobre su profundización.
(Aplausos.-Varios
señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.) Yo soy el que les acuso. Les acusamos de impedir cualquier acuerdo sobre la España autonómica, sobre su reforma, ya sea de los estatutos o ya sea, por ejemplo, de la reforma constitucional
del Senado, que figuró en su programa electoral durante años y que ahora rechazan absolutamente, o parece que rechazan -ya veremos después del verano si han cambiado de opinión-. La prueba de esta impostura es que esa ficticia acusación al Gobierno
socialista, allí donde gobiernan, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, no existe y hay una facilidad enorme para el consenso o para incluir en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana derechos sociales que niegan en los estatutos de
donde no gobiernan , Cataluña y Andalucía. Las reformas autonómicas son un tema de gran sensibilidad social, el PP lo sabe, pero no vamos a endosar nosotros un chantaje. Vamos a intentar acuerdos con el PP siempre, en cualquier reforma autonómica,
pero no admitiremos que una decisión premeditada del PP de obstruir cualquier consenso con el PSOE se nos lance a la cara. Que quede claro que quien ha roto todos los consensos ha sido el PP, porque ha llegado a la conclusión de que es lo único que
puede hacer como oposición. (Aplausos. -Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.)
Quisiera referirme muy brevemente, señorías, a los ayuntamientos. Creo que es importante en un debate del estado de la Nación. Es el tercer nivel de gobierno de nuestro Estado complejo, el más cercano a la gente, el que afronta los
problemas de la gente, de los españoles y de los no españoles, en primera persona, el más cercano, el que los afronta y los tiene que resolver aunque a veces no tenga posibilidades financieras para ello. El Gobierno también cumple con el Estado
complejo, con los ayuntamientos, cuando incluye en su agenda política un importante paquete de medidas en defensa de la autonomía política y financiera de los gobiernos locales. Están, por ejemplo, la dotación presupuestaria a la financiación de
los entes locales, que sube un 12 por ciento; el acuerdo con la FEMP para una compensación adicional de 120 millones de euros a las entidades locales que hayan tenido pérdidas de recuperación como consecuencia de la reforma del IAE; un fondo de
solidaridad a favor de municipios de menos de veinte mil habitantes y, como ayer anunciaba el presidente del Gobierno, la Ley de gobierno local, una ley que va a aumentar las competencias de los ayuntamientos, que fomenta la autonomía local, que
desarrolla la participación ciudadana y un estatuto del concejal y que garantizará la suficiencia financiera. El Grupo Socialista manifiesta su compromiso con la defensa de un gran acuerdo político en el diseño del nuevo Gobierno local.
Esta apuesta por la expansión del Gobierno local, señorías, me permite enlazar con el tercer gran objetivo para la España del siglo XXI que el Gobierno está desarrollando. Hemos visto el compromiso con una España en Europa en un mundo en
cambio, el compromiso con la España plural, el tercer gran objetivo: la democracia de los ciudadanos. Es un nuevo concepto de ciudadanía basado en la garantía de los derechos sociales.
Queremos que la ciudadanía y la condición de español
signifiquen en el siglo XXI más que los derechos y civiles y políticos clásicos, decía el presidente del Gobierno en el debate de investidura. Ciudadanía debe significar hoy también el derecho a la sanidad, a la educación, a los servicios públicos
esenciales, a la seguridad integral, a la ayuda a quienes necesitan de otros permanentemente solo para vivir o para sobrevivir. Los españoles votaron eso en el año 2004 y el Gobierno está haciendo realidad los desafíos para la España del nuevo
milenio. Lo hace sin desoír el latido que en cada momento nace de la sociedad y con diálogo con todas las fuerzas políticas, de las que espera buena fe, lealtad y espíritu constructivo. El Gobierno ha extendido los derechos de los ciudadanos sin
imponer comportamiento ideológicos o una moral a nadie. Efectivamente los españoles tienen más derechos en muchos ámbitos y además no han perdido sus libertades, ni han sido amenazadas o coartadas como desgraciadamente hemos presenciado en otros
países democráticos que han sufrido igualmente el zarpazo del terrorismo islamista. En España la ley y sus agentes (jueces, fiscales y policía) han trabajado para enfrentar ese terrorismo diferente al clásico que han sufridos los españoles y
especialmente los vascos. Por cierto, déjeme hacer un paréntesis para lamentar que el Partido Popular sea el único partido que haya exhibido con toda naturalidad su hostilidad y desprecio a la labor de jueces, fiscales y policías en el sumario del
11-M.
(Aplausos.) Aprovecho para decir que nuestro grupo parlamentario se une al Consejo General del Poder Judicial en el apoyo que ha dado al juez Del Olmo frente a las insidias lanzadas contra él. (Aplausos.-Rumores.-El señor Martínez-Pujalte
López pronuncia palabras que no se perciben.-El señor Trillo-Figueroa Martínez-Conde: Solo en eso.)
Señorías, si la primera parte de la legislatura se centró en los derechos civiles, esta segunda parte va a ensanchar los derechos sociales con la Ley de Dependencia y la Ley de Igualdad, mencionada ayer también por el presidente del
Gobierno. Así pues, los mayores que han obtenido en el último año mejores prestaciones, y más cuanto más vulnerable era su situación, seguirán viendo crecer esas prestaciones y con más seguridad después del acuerdo de ayer de los agentes sociales
respecto a las pensiones. Los jóvenes van a beneficiarse más que nadie con toda seguridad de la reforma educativa y del acuerdo de reforma laboral sobre estabilidad en el empleo que va más allá de esto. Es un acuerdo importante para establecer las
bases de un nuevo modelo de crecimiento con valor añadido tecnológico y científico. Los ciudadanos también se benefician de la democracia de la opinión pública. Si hay más posibilidades de comunicación y de información los ciudadanos tienen más
posibilidades de opinar y de poder participar y decidir sobre los asuntos públicos.
El Gobierno ha cumplido también su palabra con la televisión y la radio públicas. Se han acabado la televisión y la radio de partido y la deuda interminable mediante la reforma de Radiotelevisión Española y, además, su director va a ser
elegido por esta Cámara por mayoría cualificada.
(Aplausos.) Asimismo, el Gobierno ha procedido a la ampliación de canales de televisión antes de la transición a la televisión digital, que ha sido impulsada por ley aprobada en este Parlamento. (El
señor Martínez-Pujalte López pronuncia palabras que no se perciben.) Así que los españoles van a vivir en un entorno comunicativo más plural y abierto. (Rumores.) Señorías, quiero enfatizar que la independencia y la pluralidad en radio y televisión
ya se practican. Los informativos son plurales, las tertulias son plurales y los debates son plurales. (Rumores.-Varios señores diputados: ¡Sí! ¡Si!) Con ustedes no había debates. La televisión de Urdaci acabó con los debates, desaparecieron.
(Aplausos.-Rumores.-Los señores Martínez-Pujalte López y Del Burgo Tajadura pronuncian palabras que no se perciben.) Señor Del Burgo y señor Martínez-Pujalte, voy a darles solamente un dato. (El señor Martínez-Pujalte López: 59 segundos.) ¿Saben
ustedes lo que tardó José Luis Rodríguez Zapatero en ser entrevistado por Televisión Española, en la televisión de Urdaci, desde que fue elegido secretario general? Tres años. ¿Saben ustedes lo que tardó Rajoy en ser entrevistado con el Gobierno
socialista por la televisión pública desde que fue elegido presidente del Partido Popular? Tres días. Esa es la diferencia. (Aplausos.-Rumores.-El señor Martínez-Pujalte López pronuncia palabras que no se perciben.) Señorías, los españoles saben
que tienen un Gobierno que hace de la seguridad un derecho y no un privilegio para los que lo pueden pagar. El anterior Gobierno era el Gobierno de la seguridad privada; el Gobierno socialista es el de la seguridad para todos. Se han producido
casos de delincuencia organizada que han golpeado algunas zonas de nuestro país hace poco y que han alarmado lógicamente a la población. El Gobierno ha actuado inmediatamente, ha reaccionado inmediatamente y ha tomado medidas -ayer lo explicó
detenidamente el presidente del Gobierno-; sin embargo, hay otras dimensiones de la seguridad, por ejemplo, la lucha contra la corrupción. Ayer hubo un silencio atronador en el discurso del señor Rajoy en la lucha contra la corrupción. Es lógico,
la Fiscalía Anticorrupción fue neutralizada por el señor Cardenal, pero ahora con otro fiscal general del Estado esta fiscalía está destapando numerosos casos de corrupción. La noticia es que se persigue a las mafias y el señor Rajoy no dice nada.
¿Quizá porque no es un problema? ¿Quizá porque lo hace bien el Gobierno? ¿Quizá porque no quiere que se profundice en determinados casos especialmente notorios? (Un señor diputado: ¿Cuál?-Rumores.) Lo cierto es que no dice nada sobre la lucha
contra la corrupción. Los españoles tienen un Gobierno, jueces, fiscales y policías que luchan contra la corrupción. Esa es la realidad.
Los españoles -es otro aspecto de la seguridad- ven con esperanza el fin del terrorismo etarra, después del alto el fuego permanente. Hace un año, aun no habiendo asesinatos, había otras formas de terrorismo; cuando debatíamos sobre el
estado de la Nación había otras formas de terrorismo, aunque no hubiera asesinatos. Hoy no hay ninguna forma de terrorismo. No es solo un dato positivo, es el único camino. Para que no haya más violencia se necesita el consenso de todos y
agradecemos a los grupos parlamentarios su apoyo en el proceso hacia la paz, paz incondicionada y en toda su extensión.
En resumen, señor presidente, podemos decir que la sociedad española tiene hoy mejores oportunidades profesionales, de trabajo, educativas; que sus derechos políticos y sociales, sus libertades y sus relaciones familiares están más
protegidas; que es mayor su calidad de vida; que es más amplio y plural su campo de información y de comunicación y que es mayor su seguridad. Si por esos criterios juzgamos la situación de los españoles en el año 2006, hay que decir con
objetividad que los españoles, entendidos no como una suma de individuos sino como un colectivo que comparte un espacio público común, tienen razones para mirar su futuro con absoluta confianza. España tiene confianza en sí misma, España tiene un
Gobierno que le da confianza, un Gobierno de los ciudadanos. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!) Podemos decir, para resumir, que el Gobierno ha dirigido su política -lo va a hacer también en lo sucesivo-, como ha señalado su presidente, hacia
los grandes desafíos de la sociedad española, su compromiso indestructible con Europa, con la paz, la libertad y la solidaridad, con un Estado que respeta la identidad plural del pueblo español y con los derechos sociales de una ciudadanía moderna.
Este sí que es un gran proyecto, un proyecto de futuro y un proyecto de presente, porque es un proyecto que se está haciendo realidad. Esto es, sin duda un gran proyecto. Esta es la orientación que está
siguiendo el Gobierno socialista, para lo cual ha gozado de amplio apoyo parlamentario, cada vez más amplio, como lo ponen de manifiesto los últimos Presupuestos Generales del Estado, que fueron aprobados por partidos que no participaron en
el apoyo a la investidura del presidente del Gobierno en su momento. Esto es la prueba de que el Gobierno no solamente es fiel a su programa, sino que además dialoga, practica el debate abierto, el intento constante de encontrar acuerdos. El Grupo
Parlamentario Socialista agradece esta actitud al Gobierno y a los grupos parlamentarios que han dado muestras siempre de su talante democrático.
Queremos que este clima continúe. El Grupo Socialista dialoga y dialogará con todos los grupos y
sabrá ser abierto a todas las iniciativas parlamentarias que no vayan, evidentemente, contra su programa electoral o contra el programa de investidura aprobado por la Cámara. Se incluye ahí naturalmente al Grupo Popular, a pesar de que somos -lo
entenderán- muy escépticos ante un grupo que, como hemos dicho, ha convertido en su conducta política el desacuerdo a cualquier cosa que venga del Gobierno, sin preocuparle si beneficia o no a los ciudadanos.
La oposición es también, por cierto, parte de la nación y el estado de la oposición del PP en estos momentos -hay que decirlo- se resumiría en dos palabras: fracaso absoluto. Ayer, el presidente del Gobierno habló de un fracaso como
profetas, yo añadiría dos fracasos más: como estrategas de la destrucción de la mayoría del Gobierno y como alternativa de Gobierno.
Es decir, no son solo un desastre como profetas, son también un desastre como estrategas. Han venido diciendo
desde el principio -al día siguiente de las elecciones- que el Gobierno no iba a durar ni año y medio y que no merecía la pena, por tanto, plantear propuestas a un Gobierno que iba a durar tan poco. Su estrategia la han montado sobre una hipótesis
fantasiosa. Anunciaron el fin de la familia cuando se aprobó la Ley sobre los matrimonios homosexuales, anunciaron el fin del Estado con ocasión de las reformas estatutarias, el señor Rajoy anunció la desaparición del Ministerio de Hacienda, con
gran sobresalto del señor Solbes (Risas.), han acusado al Gobierno de acabar con las libertades, han proclamado la ruptura de la Constitución, han dicho que se han roto todos los consensos, han afirmado que estamos ante la desestructuración,
desvertebración de la unidad de España, de su unidad cultural, de su unidad lingüística. (El señor Martínez-Pujalte López: Dos detenidos.) Siete plagas bíblicas, que han caído sobre la familia, el Estado, los ministerios más importantes, las
libertades, la Constitución, los consensos constituyentes y, en fin, toda España. Siete plagas.
(Aplausos.) Se han dedicado a golpear al Gobierno de forma abrupta y sin matices en un ejercicio de obstrucción a la acción del Gobierno de la mayoría
democrática. Han planteado esas siete plagas como forma de tumbar al Gobierno, como un boxeador desesperado que trata de noquear desde la esquina alocadamente al rival que domina el cuadrilátero. Se trata, claro está, de una pretensión ridícula,
patética, que se vuelve contra quien lo dice. Ustedes no suscitan -perdonen que se lo diga- ninguna confianza; más bien, un poco de miedo, porque si para que tengan razón tiene que pasar todo eso cualquiera les apoya. (Risas.) Para que el PP
gane, tiene que quebrar España. Mejor que no gane. (Un señor diputado: ¡Muy bien!-Risas.-Aplausos.)
Señorías, el Gobierno sigue ahí y sigue aquí, firme, con el mismo programa que hace dos años, con más apoyos. (Un señor diputado: ¡Alfredo, vuelve!) Ustedes también siguen ahí, con la misma ausencia de programa, ni nada que se le parezca,
que hace dos años, y aislados, cada vez más solos (Rumores.) y, lo que es más incomprensible aún, regodeándose y presumiendo de estar solos, retando insensatamente a todo el que pasa por su lado. (Aplausos.) De ahí nace su más grave fracaso como
alternativa de Gobierno. No les puedo negar que el PP es un partido que hace oposición.
¡Vaya si la hace! La hace sobre todo con cualquier pretexto, incluso cuando no lo hay; la hace con cualquier medio, lícito o no tanto, cayendo en la falsedad
si es necesario o en la bronca si es conveniente. Hacen ustedes una oposición irreflexiva, poco meditada, imprecisa, apresurada, improvisada y también -permítanme- previsible. Por tanto, son oposición, sí, pero no son alternativa. (Un señor
diputado: Ah, ¿no?) No han logrado ser alternativa porque ni siquiera lo han intentado. Son oposición, pero no son alternativa. Algunos ciudadanos quizá les confiarían la oposición, pero no les confiarían el Gobierno. (Aplausos.) Desde el 14 de
marzo no les han dado ningún motivo para que cambien de opinión al respecto, así que ni el PP es alternativa al Partido Socialista en España ni el señor Rajoy es alternativa al señor Zapatero, porque solo se dedica a dar palos de ciego, y así no se
llega a casi nada en política, por lo menos en política democrática.
Como no son alternativa, tampoco serán alternancia, que es el objetivo final de todo partido de Gobierno, naturaleza que en este momento ustedes no poseen. Lo malo es que el tiempo corre en su contra. España por ahora no se hunde, ni la
Constitución ni el Estado, y la legislatura ya está en su segunda mitad. Cada vez tienen menos tiempo y más urgencia el señor Rajoy -hoy ausente-, los dirigentes del PP y los medios de su ámbito de influencia, y se les nota mucho. Comprendo que es
difícil rehacer estrategias erradas, pero es mejor hacerlo a tiempo, es mejor recapacitar y girar en la buena dirección cuando es posible y no cuando ya es imposible. Si lo hacen, nosotros no se lo vamos a reprochar, lo aplaudiremos, porque los
consensos con una oposición responsable e inteligente son buenos para todos, para el Gobierno, para la oposición y sobre todo para lo que más nos deben interesar: para los ciudadanos. Los ciudadanos no aprueban desencuentros innecesarios sobre
temas importantes y de Estado, particularmente aquellos en los que el adversario principal no está aquí, está fuera del campo democrático. Por eso deben atender nuestra llamada a los acuerdos y no deberían intentar ocultar su responsabilidad en los
desacuerdos lanzando sobre el Gobierno la acusación absurda de que rompe los consensos. Esa actitud les
dificulta participar en los proyectos de futuro que tiene no este Gobierno sino España, la España que tanto dicen defender. Desde luego, es difícil colaborar en objetivos de progreso mientras se fomenta el miedo. Sin embargo, señorías, no
creo que los españoles tengan miedo a los retos que tenemos delante: el crecimiento sostenible, la sociedad del conocimiento, el pluralismo y el multiculturalismo, la democracia deliberativa, la autonomía de los ciudadanos, la igualdad entre hombre
y mujer, la exclusión social, los desequilibrios entre países, el comercio justo, la cooperación internacional, la ciudad o el desarrollo rural, los derechos sociales de tercera generación, en definitiva, la convivencia en los valores democráticos y
la ética pública. (La señora Sánchez García: ¿Y la seguridad?) En esos retos y en su respuesta estamos llamados a participar todos, y en primera fila naturalmente el Gobierno, elegido para seguir dirigiendo el Estado en los próximos dos años.
El Gobierno, vicepresidenta, vicepresidente económico, ministros y ministras saben que cuentan con toda la confianza y el apoyo del Grupo Socialista y de la mayoría de los ciudadanos de este país para seguir adelante en sus políticas
económica, social, de seguridad, educativa, europea, exterior, en todas ellas, en diálogo con el resto de fuerzas políticas, para culminar un programa reformador y de cambio democrático que se inició el 14 de marzo de 2004, por una decisión tomada
por el pueblo español con total libertad y con total normalidad, y con ello comenzó la tarea en la que el Gobierno está comprometido: ir construyendo la España del siglo XXI.
Gracias, señor presidente. (Prolongados aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Contesta el Gobierno. Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.
Quiero expresar al Grupo Socialista y a su portavoz, señor López Garrido, mi más profundo agradecimiento por su intervención y por el respaldo del grupo. Constato que el Grupo Socialista está en plena forma por la acertadísima elección de
su portavoz, como hemos comprobado tras su primera intervención en un debate sobre el estado de la Nación.
(Aplausos.)
Más allá de la consideración hacia el Grupo Socialista, hacia el grupo que sostiene con un apoyo incondicional al Gobierno, quiero manifestar al conjunto de los grupos políticos mi agradecimiento por el desarrollo del debate y por el tono de
las intervenciones, y estoy seguro de que expreso la voluntad mayoritaria de la Cámara si digo que el objetivo del Gobierno, el interés del Gobierno y de toda la Cámara, es que este debate que ahora termina haya sido útil a los ciudadanos, que es la
misión que nos trae aquí.
Muchas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista, puestos en pie.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señorías, antes de levantar la sesión quiero recordarles que mañana a mediodía los Reyes, don Juan Carlos y doña Sofía, procederán a la inauguración de la tercera ampliación del Congreso, a la cual les recuerdo que están todos invitados.
Se levanta la sesión.
Eran las seis y cuarenta y cinco minutos de la tarde.
Corrección de error.-En el 'Diario de Sesiones' número 182, correspondiente a la sesión plenaria celebrada el pasado martes, 30 de mayo de 2006, en la intervención del señor Zaplana Hernández-Soro (página 9113, segunda columna), donde dice:
'En el debate del 18 de marzo de 2003 se le dijo al señor Rodríguez Zapatero cuatro veces que se había excedido del tiempo que se le había asignado ...', debe decir: 'En el debate del 18 de marzo de 2003 se le dijo al señor Rodríguez Zapatero que
se había excedido por cuatro veces del tiempo previsto que se le había asignado.'
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