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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 173, de 09/05/2006
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2006 VIII Legislatura Núm. 173
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 162
celebrada el martes, 9 de mayo de 2006
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
-Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Lasagabaster), Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en su redacción dada por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre. 'BOCG. Congreso de los Diputados',
serie B, número 99-1, de 12 de julio de 2004. (Número de expediente 122/000083.) ... (Página 8629)
-Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), por la que se denominarían oficialmente Araba y Álava, Bizkaia y Gipuzkoa los Territorios Históricos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 100-1, de 12
de julio de 2004. (Número de expediente 122/000084.) ... (Página 8638)
Prórrogas de plazo ... (Página 8646)
Exclusión y modificación del orden del día ... (Página 8646)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley. (Votación.) ... (Página 8646)
Proposiciones no de Ley:
-Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, relativa a la conservación del litoral. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 377, de 28 de abril de 2006. (Número de expediente 162/000471.) ...
-Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se modifica el artículo 183 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 373, de 21 de abril de
2006. (Número de expediente 162/000469.) ...
(Página 8654)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
-Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre las intenciones que abriga el Gobierno para garantizar la suficiencia del conjunto de las pensiones que se sufragan con cargo al Sistema Público de la Seguridad Social.
'BOCG. Congreso de los
Diputados', serie D, número 380, de 5 de mayo de 2006. (Número de expediente 173/000132.) ... (Página 8659)
-Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en materia de seguridad vial. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 380, de 5 de mayo de 2006. (Número de expediente 173/000133.) ... (Página 8666)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 8629)
Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Lasagabaster), Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial en su redacción dada por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre ... (Página
8629)
La señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto, presenta esta proposición de ley por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en su redacción dada por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre.
Señala que la intención de esta iniciativa es proceder de manera rápida y concreta a deshacer unas reformas llevadas a cabo por el Partido Popular en su etapa de Gobierno que, en su opinión, habían sido negativas.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Cerdà Argent, del
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Guinart Solá, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Atencia Robledo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
La señora Lasagabaster Olazábal pide la palabra, invocando el artículo 71.1, que no le es concedida.
Finaliza el turno de fijación de posiciones el señor Pedret i Grenzner, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), por la que se denominarían oficialmente Araba y Álava, Bizkaia y Gipuzkoa los territorios históricos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya ... (Página 8638)
El señor Esteban Bravo presenta, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), esta proposición de ley. Hace mención a la naturaleza especial de los territorios históricos vascos cuyo régimen jurídico-político va más allá del de meras
provincias o corporaciones locales. Señala que a pesar de su convencimiento de que las instituciones forales, las juntas generales, son competentes para aprobar la denominación contenida en la proposición de ley, viendo la insistencia de las
instituciones del Estado en no aceptar esta regulación y en que esa nueva
denominación deba basarse en la característica de provincia, de acuerdo con el artículo 25 del Real Decreto 781/1986, traen a debate la iniciativa presente.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Herrera Torres, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Tardá i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Azpiroz Villar, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso y la señora Unzalu Pérez de Eulate.
Interviene el señor Esteban Bravo para manifestar que en vista de la postura mantenida por los dos grupos mayoritarios, retira la iniciativa.
Prórrogas de plazo ... (Página 8646)
De conformidad con el acuerdo adoptado por la Mesa de la Cámara, oída la Junta de Portavoces, la Presidencia somete al Pleno la prórroga del plazo otorgado a la subcomisión para potenciar y promover la responsabilidad social de las empresas,
constituida en el seno de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales, para rendir informe hasta el día 30 de septiembre de 2006, así como la prórroga del plazo otorgado a la subcomisión sobre la reforma del servicio exterior, constituida en el seno
de la Comisión de Asuntos Exteriores para rendir informe, por un plazo de seis meses a contar desde la fecha de aprobación por el Pleno de dicha prórroga, lo que se aprueba por asentimiento.
Exclusión y modificación del orden del día ... (Página 8646)
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento, la Presidencia somete al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día de la presente sesión del punto número 33, correspondiente a la interpelación urgente del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la posición que piensa defender el Gobierno sobre emigración y política mediterránea en la próxima cumbre euro-africana a celebrar el próximo mes de julio en Marruecos, y la modificación del
orden del día en el sentido de debatir el punto número 47, relativo al dictamen de Comisión sobre el proyecto de ley de capitalidad y de régimen especial de Madrid como primer punto de la sesión plenaria del jueves día 11 de mayo, lo que se aprueba
por asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación.) ... (Página 8646)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, señora Lasagabaster Olazábal, orgánica, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial en su redacción
dada por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, se rechaza por 28 votos a favor, 271 en contra y seis abstenciones.
Proposiciones no de ley. ... (Página 8646)
Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, relativa a la conservación del litoral ... (Página 8646)
Defiende la proposición no de ley la señora Ortiz Rivas, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. Recuerda que los más de 10.500 kilómetros de costa que conforman el litoral español están sometidos a una preocupante
presión urbanística, turística e industrial que producen una acelerada degradación física y ambiental en muchos casos irreversible. Los informes de los expertos acerca de la situación del litoral español son alarmantes. Por ello, su grupo presenta
la proposición no de ley que insta al Gobierno a acordar con comunidades autónomas y entidades locales actuaciones que garanticen la efectividad de las limitaciones o servidumbres del dominio público marítimo terrestre, así como las necesarias para
una protección integral del litoral, intensificar los trabajos de deslinde del dominio público marítimo terrestre, e incrementar en los próximos Presupuestos Generales del Estado el programa de adquisición de fincas, reforzando la protección del
litoral mediante su incorporación al dominio público.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto y el señor Ramón Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Guinart Solá, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora Ramón-Llin i Martínez, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, interviene la señora Ortiz Rivas.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se modifica el artículo 183 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General ... (Página 8654)
Defiende la proposición no de ley la señora Muñoz Uriol, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Señala que su grupo quiere devolver, a través de esta proposición, la normalidad al Ayuntamiento de Marbella, y considera que
la única vía posible es mediante la celebración de elecciones. Manifiesta que la extraordinaria gravedad de los hechos no está suficientemente contemplada en la legislación vigente, por lo que cree que han de reforzarse los mecanismos legales para
hacer frente democráticamente a situaciones tan excepcionales y devolver a los ciudadanos en el menor plazo posible el derecho a elegir a sus representantes directos y legítimos. Pide voluntad política para llevar a cabo la modificación que
pretende su iniciativa.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Tardá i Coma, del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Xuclá i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Cuesta Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, relativa a la conservación del litoral, se aprueba por 173 votos a favor, tres en contra y 130 abstenciones.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se modifica el artículo 183 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, se rechaza por 131 votos a favor y
174 votos en contra.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 8659)
Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre las intenciones que abriga el Gobierno para garantizar la suficiencia del conjunto de las pensiones que se sufragan con cargo al Sistema Público de la Seguridad Social ...
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Olabarría Muñoz, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Manifiesta que dado que los argumentos a favor de la moción fueron objeto de exposición por parte de su
grupo con profusión de argumentos en la interpelación origen de la moción, va a ser muy breve. Su grupo pide la equiparación de todas las rentas o pensiones del sistema público de pensiones al salario mínimo interprofesional, pues con ello se
realiza una aportación a la configuración de un sistema público de pensiones en el Estado español. La moción pretende que la cuantía de las pensiones sea suficiente y que se aproximen las pensiones mínimas, las de las personas que viven en una
situación por debajo del umbral de la pobreza, al salario mínimo interprofesional.
En defensa de la enmienda presentada interviene la señora López i Chamosa, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; la señora García Suárez, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds ; los señores Tardá i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Echániz Salgado, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en materia de seguridad vial ... (Página 8666)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Souvirón García, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Manifiesta que la inseguridad vial sigue siendo uno de los principales problemas de la sociedad
española. La accidentalidad producida como consecuencia del
tráfico de vehículos por nuestras carreteras y ciudades sigue estando por encima de la media europea y el Gobierno se muestra incapaz de articular una política integral de seguridad vial que pueda homologarse con la que se desarrolla en los
países de nuestro entorno. La moción pretende crear un marco básico y necesario para que a partir del mismo se pueda desarrollar una política de seguridad vial que esté a la altura de las que se desarrollan en los países de nuestro círculo en pleno
siglo XXI.
En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Mayoral Cortés, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Cerdà Argent, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) y Grau i Buldú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada, interviene el señor Souvirón García.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre las intenciones que abriga el Gobierno para garantizar la suficiencia del conjunto de las pensiones que se sufragan con cargo al Sistema Público de la Seguridad
Social, se aprueba por 152 votos a favor y 150 en contra.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en materia de seguridad vial, se rechaza por 128 votos a favor, 157 en contra y 17 abstenciones.
Se suspende la sesión a las nueve de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA LASAGABASTER), ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL EN SU REDACCIÓN DADA POR LA LEY 19/2003, DE 23 DE DICIEMBRE. (Número de expediente 122/000083.)
El señor PRESIDENTE: Pleno del Congreso correspondiente a la sesión de hoy martes 9 de mayo de 2006. Comienza la sesión. Primer punto del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley. En primer lugar, la correspondiente
al Grupo Parlamentario Mixto (señora Lasagabaster), Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial en su redacción dada por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre.
Señora Lasagabaster, dispone usted de quince minutos para presentarla.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Muchas gracias, señor presidente.
Cuando se inició esta legislatura, desde Eusko Alkartasuna entendimos que uno de los sectores, por llamarlo de alguna manera, o una de las políticas sectoriales que debía ser objeto de una importante y profunda reforma era -y lo sigue
siendo- aquella cuestión relativa a la justicia en términos mayúsculos y a la justicia en términos minúsculos, en el bien entendido de que para nosotros justicia es sobre todo servicio público al ciudadano. Los años del Partido Popular en el
Gobierno habían dado lugar a importantes reformas que para nosotros habían calado de manera muy negativa en alguno de los aspectos sustanciales de los principios rectores de un Estado de derecho en materia de justicia. No solo no estábamos de
acuerdo en cuestiones relativas a política criminal, en cuestiones relativas a los principios básicos en los cuales se establecen los grandes elementos de política penitenciaria, de política civil, etcétera, tampoco habíamos llegado a estar de
acuerdo ni tan siquiera en los elementos de adecuación de la Administración de Justicia o la organización y la estructuración de las propias oficinas judiciales, por no citar alguno de los temas que hoy mencionaremos, como es el sentido que para
nosotros debía tener la figura del juez que imparte justicia en una sociedad democrática o el acceso a esa judicatura por distintas vías, para que no se quedara en un aspecto muy endogámico a través solo de una determinada vía. Nuestra pretensión a
la hora de iniciar la legislatura fue proponer una serie de iniciativas de manera concreta, de manera puntual, sin esperar a hacer un gran cuerpo de leyes más difíciles o más complicadas, y proceder de manera rápida y concreta a deshacer unas
reformas del Partido Popular que para nosotros habían sido negativas.
Esta es la razón por la que se presenta una modificación muy concreta en esta iniciativa sobre dos cuestiones diferenciadas pero sustanciales.
Ciertamente, esta casa tiene sus tiempos, que a veces no se compaginan con el devenir de lo que sucede tanto aquí como fuera. Lo cierto y verdad es que esta proposición, quizá porque hay una acumulación o tenemos todos mucho interés en
presentar iniciativas, no había podido ser sujeto de análisis, de debate y de posterior votación hasta este momento. Desde el punto de vista del procedimiento y desde el punto de vista de la oportunidad, sin perjuicio de que es de total actualidad
lo contenido en esta iniciativa, la realidad es que hoy hay en esta Cámara dos proyectos de ley orgánica presentados
por el Gobierno que modifican algunos elementos contenidos en esta iniciativa, aunque no de la misma manera y desde luego alguno falta.
Nuestra pretensión en la Junta de Portavoces era que como habíamos presentado ya más de ciento y pico
enmiendas a esos proyectos de ley, por razones de eficacia y para no debatir sobre lo mismo, pensábamos que podría ser razonable que a día de hoy y en este momento debatiéramos otro tema ya que el que nos ocupa podía ser sujeto de debate conjunto
con el proyecto de ley que está hoy en tramitación; los proyectos de ley y las enmiendas que habíamos presentado todos. Pero, avatares de la vida -y no por voluntad de esta diputada ni de su grupo-, no parece que la casa tenga el elemento de
racionalidad y eficacia suficiente para proceder a esta serie de cambios absolutamente claros y oportunos en el tiempo, en definitiva, para dotarnos de una realidad acompasada a la eficacia, que también debe predominar en esta casa, y si por mor de
la voluntad de algunos grupos parlamentarios, en este caso del Partido Popular, no se nos ha permitido cambiar, lo que no vamos a hacer es retirar iniciativas simplemente para obligarnos a no poder debatir. Lo sentimos mucho.
Creemos que por
eficacia podría entrar conjuntamente en la tramitación de otras iniciativas que ya hay en la casa, pero dado que no se nos ha permitido cambiar, claro que debatiremos. Además, debatiremos porque las tres cuestiones que se proponen son ciertamente
de absoluta y auténtica actualidad e importancia. ¿Qué estamos diciendo? Tres cuestiones. La primera, que en su momento ya presentamos enmienda a la totalidad porque no nos gustó -y así lo dijimos en el debate de totalidad del año 2003- la
reforma que presentó el Partido Popular y que fue aprobada, por la cual se hacían desaparecer -en un caso de forma clara y directa y en otro caso de manera más indirecta porque se complicaban tanto las circunstancias que impedía la existencia de un
cuarto turno- las posibilidades de acceso a magistrado, en el caso del cuarto turno, de juristas de reconocido prestigio o, en el caso del tercer turno, de personas que habían tenido acceso al ejercicio de la profesión jurídica durante seis años.
Estas dos posibilidades de acceso se hacían desaparecer y nosotros entendíamos que esto no era de recibo. Los jueces, los magistrados se convertían de facto en la única vía en la que no se tenía en cuenta que el acceso no solamente se hacía a
través de una oposición y de un posterior curso en la Escuela Judicial, en contra de lo cual no tenemos nada, salvo que quizá tengamos que regular cómo se pueden mejorar estos temas. En todo caso, se hacía desaparecer uno de los accesos que, desde
nuestro punto de vista, había resultado más satisfactorio para todas las instancias relacionadas con la Administración de Justicia, el llamado tercer y cuarto turno. Los que estuvimos en aquel debate de 2003 sabemos que esto fue objeto de mención
-recuerdo que el señor Pedret también se refirió a ello-, porque en definitiva hacía cambiar cualitativamente uno de los elementos de lo que se entendía como la figura de juez -del magistrado posteriormente-, entendiéndola no solo como una manera de
acceder, sino rodeándola también de otra serie de posibilidades de acceso a través de personas, de operadores jurídicos que reunían los requisitos de conocimiento y tenían una experiencia bien recogida en diez años, en el caso de magistrados, y en
los que no se valoraba una determinada memorística, sino un conocimiento del derecho como mérito, y un conocimiento de la lengua en la que iban a tratar, en el caso de que hubiere lenguas diferentes del castellano en su jurisdicción o en su
territorio. Nos parece importante volver a recuperar esto, porque permite que no haya endogamia -que no sé si existe o no, pero en todo caso evita el peligro de que la haya-, permite determinar todos los accesos, en definitiva, el conocimiento muy
cercado para una serie de personas y tener la satisfacción de contar con la aportación constructiva de aquellas personas que habiendo ejercitado la abogacía o habiendo sido en otros campos juristas de reconocido prestigio podían aportar al hecho de
impartir justicia y por tanto a lo que son los jueces y magistrados. Lo que estamos pidiendo, y lo que hemos pedido también a través de enmiendas con mayor detalle de lo que hoy se propone en esta iniciativa, es, en primer lugar, que se vuelva a la
situación anterior al año 2003, y en segundo lugar, que a estas personas que pueden acceder a juez o magistrado se les tenga en cuenta de manera clara y rotunda, incluso más que en la situación preexistente, el mérito de la lengua, por supuesto, más
que el mérito y el conocimiento del derecho.
La segunda parte de esta iniciativa hace referencia a las oficinas judiciales, en concreto a las unidades de apoyo y a los servicios comunes procesales. No estuvimos en absoluto de acuerdo con la forma en la que se produjo la reforma de la
oficina judicial de 2003, pues entendíamos que lo único que se estaba consiguiendo era imbricar sin colaborar las tres instancias que tienen competencia en la Administración de Justicia.
Nosotros entendíamos que con la legislación actual -no hablo
del proyecto de ley, sino de la legislación actual- en lugar de mecanismos de colaboración se estaban produciendo una serie de interdependencias que en lugar de ayudar a obtener el mayor beneficio y eficacia de la colaboración entre las tres
estructuras básicas como son el ministerio, como son las comunidades autónomas que tienen competencias en materia de justicia y como es el Consejo General del Poder Judicial, lo único que se producía son imbricaciones de los unos en los otros sin
dar lugar, en principio, a ningún resultado positivo y sin saber exactamente qué gestión coherente, qué eficacia y qué determinación de competencia tenía o tiene cada uno. Por tanto, nosotros presentamos de forma urgente, apenas en el segundo mes
de legislatura, una iniciativa con la que pretendíamos de manera clara determinar a quién corresponde la competencia en materia de oficina judicial y más singularmente en estos dos temas, en servicios comunes procesales y en unidades de apoyo
directo. Estos son los dos temas que recogía esta iniciativa.
Lógicamente nos gustaría, en la medida en que se ha producido sin tener ninguna voluntad propia este debate, que sí se produjera una aportación a la tramitación de esos proyectos de ley de esta iniciativa. Creemos que puede ser bueno, que
puede ser una aportación más, y que sería incluso positivo para todos que además de las enmiendas existentes también esta iniciativa estuviera en la tramitación conjunta que vamos a tener que hacer.
Hay un último punto -y aquí quisiera hacer una reflexión general- que hace referencia al tema al que antes me he referido, a la imbricación o a las tres estructuras básicas que afectan a la Administración de Justicia, al Consejo General del
Poder Judicial en relación con el Ministerio de Justicia y a las comunidades autónomas. Nosotros también proponíamos, a la vista de lo que había sido la experiencia reciente -la más reciente todavía es peor, no me satisface nada decirlo pero la
realidad es bastante cruda y cada vez va a peor-, de lo que está siendo la dependencia, la influencia, o la actuación del Consejo General del Poder Judicial en materia de competencia de las propias comunidades autónomas y del Ministerio de Justicia,
que en las materias competenciales, que no hay ningún lugar a duda que son del Ministerio de Justicia y de las comunidades autónomas, que el Consejo General del Poder Judicial pudiera de forma clara y sin ningún tipo de duda hacer las propuestas
oportunas, pero que no dependieran y que no tuvieran una interdependencia de forma que impidiera que el propio ministerio y las comunidades autónomas ejercitaran las competencias debidas y, por tanto, pusieran en marcha procedimientos eficaces para
resolver el grave problema de la justicia, que no es otro que la lentitud. Este es el tercer elemento práctico que introducíamos en nuestra iniciativa y en el que, como es lógico, incidiremos de manera muy sustancial en la tramitación conjunta de
los proyectos de ley sobre la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Al hilo de la actualidad quisiera hacer una última reflexión sobre el Consejo General del Poder Judicial, que realmente está siendo todo un culebrón -no sé de qué tipo, pero un culebrón importante-, donde no está habiendo colaboración y al
parecer no solo con el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas sino tampoco con este Congreso. Algo habrá que hacer y que reflexionar respecto del sistema de elección, sobre la situación que se nos plantea en este momento, sobre la
situación de la estructura de una disposición transitoria que ya no es de aplicación, sobre la nota que los propios jueces y magistrados dan al Consejo General del Poder Judicial. Al día de hoy, un periódico como El País señala -y supongo que
aparecerá en otros periódicos la misma noticia- cómo los jueces y magistrados al propio Consejo General del Poder Judicial le otorgan un 2,7 sobre 10 respecto a su propia actuación, aunque esto no es nuevo porque viene a ser la constante en las
encuestas que se están realizando. En definitiva, se ha iniciado un proceso de nombramiento de renovación del Consejo General del Poder Judicial que ha tenido líos y que ha sido politizado en extremo. Esta diputada es de las pocas que en esta
Cámara, en el año 2001, se opuso al sistema que se iba a implantar porque entendíamos que iba a llevar a mucha más politización y el tiempo nos ha dado la razón. La realidad es que hoy hay que poner en marcha, al parecer, un sistema del que todavía
no sabemos muy bien cuáles van a ser los procedimientos para nombrar o para votar a estos miembros del Consejo y que lo más que ha hecho es politizar si cabe más la justicia. No se merece esto. Por tanto, dejo sobre la mesa que si lo que no ha
funcionado no ha funcionado, es mejor hacer una reflexión seria, pensarlo bien desde esta Cámara y ver realmente cómo podemos tener un Consejo General del Poder Judicial que se dedique a lo que se tiene que dedicar, que establezca relaciones de
colaboración con el resto de las instancias e instituciones, ya sea en materia de Administración de Justicia en lo que se refiere al ministerio y a las comunidades autónomas, ya sea en relación con otros poderes, como el Parlamento, en materia de
colaboración, información y cordialidad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lasagabaster.
¿Algún grupo parlamentario desea ejercer turno en contra? (Pausa.) Si no es así, pasamos a fijar posición. En primer lugar, tiene la palabra doña Isaura Navarro por un tiempo de diez minutos.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.
Hasta la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial a través de la Ley 19/2003, que contó con la oposición de nuestro grupo parlamentario, el sistema de ingreso en la carrera judicial estaba abierto para la categoría de jueces a
licenciados en derecho con seis años de ejercicio profesional que superasen los cursos de la Escuela Judicial, y para la categoría de magistrados a juristas de reconocido prestigio con más de diez años de experiencia profesional, valorándose en el
concurso sus conocimientos del derecho y la lengua propios de la comunidad autónoma.
La reforma del Partido Popular, en definitiva, eliminó completamente el acceso a la carrera judicial conocido como tercer turno y apostó por restringir el cuarto
turno.
En coherencia con nuestros ejes programáticos y con la oposición que mantuvimos ya en su día durante la tramitación de la Ley 19/2003, en la que no solo defendimos la necesidad de mantener los sistemas de acceso del tercer y cuarto turno,
sino que demandábamos una mejora de los mismos y una exigencia de una mayor cualificación profesional para consolidar un sistema alternativo al sistema único de oposición libre, nuestro grupo mantiene una posición firme en defensa del acceso a la
judicatura por vías distintas a la simple oposición. Entendemos que es imprescindible que la
carrera judicial se nutra también de profesionales con experiencia en distintas ramas del derecho y que cuenten con un bagaje profesional que les permita una proximidad real a los problemas de los ciudadanos. No se trata de la apertura o
clausura de distintas vías o turnos para el acceso a la judicatura, sino de garantizar que cuanto menos un 20 por ciento de las plazas en juzgados y tribunales se destine a profesionales que, una vez superadas las pruebas correspondientes, se
integren con plenitud de derechos y obligaciones en las funciones jurisdiccionales. La opción adoptada por el Partido Popular en su día ha supuesto una merma importante de estas vías de acceso al suprimir, como decía, el denominado tercer turno y
al fijar un cuarto turno que a su vez queda sometido a la reserva de un tercio de las plazas a secretarios judiciales. Detrás de este conjunto de ataques concertados contra los conocidos tercer y cuarto turno, así como contra la Escuela Judicial,
durante los gobiernos del Partido Popular, lo que existía era la firme intención de mantener un sistema de acceso a la judicatura basado exclusivamente en la repetición memorística de los temarios de las oposiciones. Señorías, este modelo ha
demostrado que produce peores jueces que otros sistemas de acceso a la judicatura existentes en Estados miembros de la Unión Europea, sin embargo, el Gobierno del Partido Popular pretendió reforzarlo, a nuestro juicio de forma interesada, porque el
mismo es ideológicamente funcional a los intereses de la derecha judicial y política. Está comprobado sociológicamente que este sistema memorístico de selección de personal al servicio de la Administración de Justicia produce, especialmente entre
los jueces, funcionarios conservadores con escasa vocación de prestar el servicio público de justicia teniendo en cuenta los valores presentes en la sociedad española y el potencial transformador del Estado social y democrático de derecho de nuestra
Constitución española. Por ello, consideramos que la Ley 19/2003 supone un ataque frontal a la Escuela Judicial y al tercer y cuarto turno, pues estas técnicas permiten una mayor osmosis entre la sociedad y la justicia. Esperamos que este Gobierno
tome nota, ponga coto al mercado ilegal de preparadores de oposiciones y facilite medios económicos a aquellos ciudadanos que quieran acceder a la judicatura a través de oposiciones y, sobre todo, cursos en la Escuela Judicial. Este tipo de
reformas sin duda democratizarían la judicatura uniéndola y acercándola a la sociedad española.
Finalmente, respecto al reparto competencial entre Ministerio de Justicia, Consejo General del Poder Judicial y comunidades autónomas, en líneas generales, compartimos la propuesta contenida en la proposición de ley.
Es necesario aclarar el
marco competencial de la Administración central y de las consejerías de las comunidades autónomas con competencias en materia de justicia y establecer mecanismos de coordinación entre las administraciones, con el objetivo de mejorar los servicios de
la Administración de Justicia como servicio público de calidad y próximo al ciudadano.
Para nuestro grupo parlamentario, la reforma operada en la pasada legislatura de esta Ley Orgánica del Poder Judicial no facilitaba los medios adecuados para favorecer ni la eficacia de la justicia en tanto que servicio público, ni la
independencia de la misma en tanto que Poder Judicial. Entendemos necesario introducir reformas que afecten al menos a tres asuntos medulares: el remarcado carácter centralista de la Ley Orgánica del Poder Judicial -que es ciertamente innegable-,
la incapacidad de esta ley de generar mecanismos ágiles, eficaces y solventes de cooperación entre todas las instituciones competentes en materia de justicia y, finalmente, entre los defectos estructurales de la Ley Orgánica del Poder Judicial
debemos reseñar la falta de compromisos presupuestarios creíbles y solventes de la misma.
Desde una óptica progresista de la justicia, para la consecución de una justicia equilibrada, independiente, imparcial y eficiente, creemos necesario abordar en un sentido amplio la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que se
encuentra actualmente en esta Cámara en tramitación. Por ello, delegamos en la tramitación de esta reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en sentido amplio el contenido de estas propuestas que hoy se han puesto encima de la mesa para su
debate en esta Cámara. De ahí deriva el voto de nuestro grupo parlamentario, que va a ser la abstención, pero con el compromiso de apoyar, y también de proponer, todas estas reformas en cuyo contenido coincidimos plenamente.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Navarro.
Grupo Vasco, doña Margarita Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Sus intentos de racionalización del trabajo parlamentario y de los horarios que padecemos, señor presidente, tropiezan constantemente con la tozudez de un Reglamento que nos hará hoy entretenernos, una hora más o menos, en algo carente,
ahora, de todo fundamento; no la iniciativa, que tuvo su razón de ser cuando se presentó, sino el momento en el que llega a debate. El criterio único de ventanilla, unido a la falta de amabilidad del Grupo Parlamentario Popular, que impidió al
Grupo Mixto su sustitución por otra iniciativa, como era la petición del propio grupo, dándole como única alternativa que la retirase, nos lleva a esta situación, señorías, creo que poco deseada por todos. En la pasada legislatura se aprobaron
muchas leyes que, desde nuestra perspectiva y so pretexto de cumplir aquello que los dos grupos mayoritarios de la Cámara llamaron Pacto de Estado para la reforma de la Justicia, supusieron importantísimos retrocesos en materia de derechos y
libertades o pretendieron consolidar una regulación alejada de cualquier idea de Estado autonómico o, como algunas de las cuestiones
que se traen hoy a la Cámara con esta iniciativa, se hicieron eco de los criterios más retrógrados y corporativistas en materias tales como el acceso a la carrera judicial. Y eso que el señor Michavila, cuando nos presentaba la reforma de
la Ley Orgánica 19/2003, nos decía que se trataba de conseguir una justicia para el siglo XXI. Por eso, era lógico que al comienzo de la legislatura, con un Gobierno distinto, se propusiese o se alentase el interés por volver atrás en muchas de
aquellas normas. Esperanza de cambio, señorías, que muchos todavía alentamos y que pretendemos obtener en esta legislatura con otras iniciativas que actualmente están en la Cámara. Al compromiso del Gobierno de reformar la Ley Orgánica del Poder
Judicial, compromiso por cierto cumplido con la presentación de dos proyectos de ley sobre la materia, se ha unido el movimiento de reformas estatutarias que plantean novedades en materia de Administración de Justicia y Poder Judicial, no solo el
Estatut catalán, sino también los que están ya en tramitación muy avanzada, como es el caso del Estatuto valenciano, o el Estatuto andaluz que se presentará en breve en esta Cámara, con un alcance no exacto al que nosotros pretendemos -por supuesto
pretendemos algo más-, pero que, con todo, es distinto de lo que era objeto de debate en la legislatura anterior. Estamos todavía en plazo de enmiendas a los dos proyectos de Ley Orgánica del Poder Judicial. No hace ni un mes que se produjo el
debate de totalidad de uno de ellos, y este jueves está incluido en el orden del día el debate del otro. Parece que ese sería el momento adecuado para que todas las inquietudes que se incluyen en esta proposición de ley fuesen debatidas y
trasladadas a la Cámara. En otro caso, de tomarse en consideración la iniciativa como nosotros proponemos, lógicamente deberá tenerse por texto de enmiendas o por planteamientos referidos al texto de la norma, que deberá barajarse o tratarse en las
correspondientes ponencias junto con los dos proyectos de ley ahora en tramitación.
¿Qué contenido pretende modificar esta proposición? En parte ha quedado desfasado, insistimos, puesto que fue presentada en julio de 2004 y muchas cosas han ocurrido desde entonces. Hay una propuesta de modificación del artículo 301,
referido al tercer turno, que pretende restablecer la situación anterior y que nos parece correcto. Se habla del conocimiento de la lengua y del derecho propio como mérito preferente.
Nosotros preferimos acogernos al criterio del mérito
determinante y creemos que el lugar adecuado sería el artículo 110 y no el 301. En el 306 se pretende que exista una audiencia de las comunidades autónomas a la hora de establecer las normas para la oposición de ingreso en la carrera judicial. No
lo hemos reivindicado nosotros en otras ocasiones por entender que esto forma parte del núcleo esencial que a la competencia del Estado corresponde, pero creemos que una mera audiencia a las comunidades autónomas en nada dañaría esta competencia que
al Estado reconocemos como exclusiva. El artículo 311, ya referiéndose al cuarto turno, pretende excluir el curso teórico-práctico que se había introducido por la modificación de la Ley 19/2003 y evitar que exista esa reserva a secretarios
judiciales que viene arrastrándose y que ha podido quedar ya sin ninguna justificación. En el artículo 313 se introducía un nuevo apartado referido a la lengua propia y a la validez que había de darse al conocimiento de esta. Desde nuestra
perspectiva, el lugar adecuado sería el artículo 110. En el vigente ya está este requisito con carácter general, pero, insisto, como mérito preferente. En los proyectos que están ahora en tramitación queremos sustituirlo por la idea del mérito
determinante. Por cierto, mérito determinante era la expresión que utilizaba el Estatut de Catalunya, tal y como salió del Parlament de Catalunya en su tramitación en esta Cámara, pero esto ha sido rebajado puesto que se dice que en cuanto al
conocimiento de las lenguas se estará a lo que diga la Ley Orgánica del Poder Judicial. A ver si de una vez la Ley Orgánica del Poder Judicial recoge este criterio y queda así ya consolidado el conocimiento de la lengua propia. No se entenderá
como requisito como tantas veces se dice en los medios, sino que será mérito, pero mérito no preferente sino determinante. El artículo 437, en la adición que se pretende en la proposición, es exacto a lo que nosotros sostuvimos como enmienda en la
Ley Orgánica 19/2003. Ahora, sin embargo, ya en las enmiendas que hemos presentado a los proyectos de Ley Orgánica del Poder Judicial, pretendemos más. Cuando se baraja la posibilidad de existencia de consejos autonómicos, cuando se ha consolidado
en una parte importante de la opinión pública y desde luego en el propio Gobierno la existencia de estos consejos, creemos que la adición de este artículo 437 debiera adaptarse a la existencia de estos y no prever solamente la inclusión de un
trámite por parte de las comunidades autónomas, sino que lo que en él se regula debiera estar referido a los consejos de Justicia.
El artículo 438 se refiere a la Oficina Judicial, y en relación con los servicios comunes se propone incluir o
modificar dos apartados, el tres y el siete, pretendiendo excluir que el informe que se exija del Consejo General del Poder Judicial deba tener el requisito de favorable. Informe sí, pero sea cual sea su tenor debiera poderse seguir adelante con la
modificación de la oficina y también sustituir la expresión de criterios del Consejo por recomendaciones o propuestas, que parecería que da más ámbito de actuación a las comunidades autónomas.
Lo mejor será considerar el contenido de esta iniciativa como enmiendas al texto con las modificaciones que sucesos posteriores y el contexto legislativo actual sugiere, además del transcurso del tiempo. Quizá hubiese sido todavía mejor,
señor presidente, de cara a la limpieza de los procedimientos legislativos, que todos hubiésemos votado en el día de hoy no a la toma en consideración de esta iniciativa, incluida su autora, para que se viese lo absurdo de un Reglamento que nos
lleva a tramitaciones como la presente. En todo caso, puesto que la iniciativa ha sido objeto de defensa por parte de la portavoz de Eusko Alkartasuna, dentro del Grupo
Mixto, vamos a votar favorablemente su toma en consideración, pero hay que pensar que el sistema, señor presidente, resulta realmente absurdo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Uría.
Por Esquerra, el señor Cerdà tiene la palabra.
El señor CERDÀ ARGENT: Señor presidente, señorías, muy brevemente. Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 se incorporó una novedad en el acceso a la judicatura. La novedad fueron los llamados tercer y cuarto
turno, es decir, una tercera parte de las plazas de jueces y una cuarta parte de las de magistrados debían ser cubiertas por el sistema de concurso de méritos entre juristas de reconocida competencia. Aquella medida legal innovadora fue en términos
generales un acierto desde nuestro punto de vista, supuso en los 18 años de vigencia un enriquecimiento del mundo judicial, del endogámico mundo judicial, un mundo judicial que demasiadas veces parece estar aislado de la realidad social. La
realidad social que se juzga puede ser más comprensible si se ha estado unos años involucrado en ella, al otro lado de la barrera.
Suscribimos las palabras del legislador de 1985, cuando decía: Lograr entre la carrera y el resto del universo jurídico la ósmosis que a buen seguro se dará cuando se integren en la judicatura quienes, por haber ejercido el derecho en otros
sectores, aportarán las perspectivas diferentes e incorporarán las distintas sensibilidades a un ejercicio que se caracteriza por la riqueza conceptual y la diversidad de enfoques. Sin embargo parece ser que no, porque el pensamiento único parecía
y parece ser la seña de identidad del Consejo General del Poder Judicial y el entonces Gobierno del Partido Popular apostó por introducir de nuevo un sistema de judicatura y acceso a la carrera judicial alejado de criterios de calidad y de
conciencia crítica. La supresión del tercer turno y la limitación del cuarto fueron dos de los puntos polémicos del proyecto solicitados por la mayoría conservadora del Poder Judicial que el Gobierno de José María Aznar no incorporó al proyecto de
ley inicialmente. Resultó más sencillo incorporar las enmiendas por el Senado.
El señor Pedret, tal y como se recoge en el 'Diario de Sesiones' del Congreso del 11 de diciembre de 2003, acabó su intervención diciendo: Les advierto -refiriéndose al Partido Popular- una cosa en el viejo lenguaje del derecho castellano:
las leyes sacan leyes, y esta ley la sacaremos -dijo rotundamente en aquel entonces-. Ahora ustedes afirman que ya se contemplaba la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero no restablecen el tercer y cuarto turno -lo abordan para los
jueces de proximidad nada más- ni incorporan el conocimiento de la lengua y el derecho propios de una comunidad autónoma considerándolo requisito en el supuesto de ingreso en la carrera judicial por el cuarto turno si ello conlleva el desarrollo de
funciones jurisdiccionales en tal comunidad autónoma. Han incorporado las cuestiones relativas a la oficina judicial y las competencias autonómicas, que, tal y como plantearemos en nuestras enmiendas, necesitan una mejora indudable.
Por lo que respecta a la proposición de ley que se nos presenta, entendemos desde Esquerra Republicana que es una buena oportunidad para cumplir con la palabra dada y regenerar al mismo tiempo la judicatura, y por tanto le daremos nuestro
voto favorable.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cerdà.
A continuación, por CiU, el señor Guinart tiene la palabra.
El señor GUINART SOLÁ: Gracias, señor presidente, señorías.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) lamenta que este debate se produzca en el Pleno -en el mismo sentido se han pronunciado otros grupos-, toda vez que la diputada Begoña Lasagabaster, proponente de la iniciativa que
debatimos, ha manifestado su interés en retirarla -lo manifestó en su momento- por razones de pertinencia y en que, por tanto, no se produjera esta discusión. Lamentamos también que sus razones fundamentadas no hayan sido suficientemente
consideradas por el grupo mayoritario de la oposición, de forma que mostrara su conformidad y nos ahorráramos este debate que probablemente no llevará a ninguna parte.
Desde nuestra perspectiva, este debate carece de oportunidad, como decía, ya que
en la actualidad se están tramitando -se ha dicho ya- en la Cámara dos proyectos de ley de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los correspondientes, de un lado, a la justicia de proximidad y los consejos de Justicia -cuya enmienda de
totalidad se discutirá el próximo jueves- y, de otro, a la adaptación de la legislación procesal a la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y la reforma del recurso de casación y de la doble instancia penal. Es en este contexto
desde el que todos los grupos parlamentarios de la Cámara debatiremos esos asuntos y ya se están presentando multitud de enmiendas.
Sin entrar ahora en profundidad, por ocioso y repetitivo, en los cambios normativos señalados en la proposición de ley, recordaré que el Grupo Parlamentario Catalán votó en contra de la Ley 19/2003, considerando que habíamos perdido una gran
oportunidad para configurar la Administración de Justicia como un servicio público y de adaptar la misma a la realidad plurinacional y plurilingüística del Estado. No solo votamos en contra en aquel momento sino que incluso formulamos al inicio de
la tramitación parlamentaria un texto alternativo al presentado por el Gobierno, por el que se hacían efectivas las necesidades que he manifestado anteriormente: servicio público y adecuación a la realidad plurinacional y plurilingüística. Algunas
de las medidas que se proponen en la iniciativa que debatimos van en esa misma línea, especialmente con relación al ejercicio de las
competencias de las comunidades autónomas con competencias en la Administración de Justicia y lengua, a pesar de que nosotros, y ahí hay una diferencia como ya hemos manifestado más de una vez, creemos que el conocimiento de la lengua y el
derecho propio por parte de los jueces, magistrados y personal al servicio de la Administración de Justicia debe considerarse un requisito, no un mérito preferente, ni determinante como se decía por parte de la señora Uría. No obstante, por las
razones expuestas y en solidaridad con la diputada proponente, lamentando otra vez que ese debate se haya producido, nuestro grupo parlamentario votará afirmativamente la toma en consideración de esta proposición de ley.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guinart.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Atencia.
El señor ATENCIA ROBLEDO: Con la venia, señor presidente, señorías.
La verdad es que asistimos a un debate extemporáneo, pero quien es responsable de que se celebre un debate extemporáneo es quien lo propone e incluye en el orden del día una iniciativa presentada hace dos años, que, desde el punto de vista
de quien lo presenta y algunos que lo apoyan, en este momento, desde el punto de vista procesal, queda fuera de lugar. En cualquier caso, la responsabilidad es de cada uno, así como de los que con este Reglamento hacen uso del criterio de llegar
corriendo al registro y del mismo grupo parlamentario tienen el registro lleno de iniciativas -así está en el Reglamento- impidiendo que a lo mejor se pudiera aplicar un criterio de proporcionalidad, cosa que en la reforma del Reglamento tratamos de
alcanzar entre todos, aunque el hecho de que no haya podido prosperar lógicamente lo impida.
Señor presidente, este grupo parlamentario quiere fijar la posición, por respeto a la defensa que se ha realizado y a la iniciativa que se ha planteado, pero por anticipado les anuncio, y creo que no sorprenderá a ninguna de SS.SS., que el
Grupo Parlamentario Popular no podrá votar a favor de la toma en consideración de esta iniciativa. No lo vamos a hacer por cuanto entendemos que la ley Orgánica del Poder Judicial en su actual redacción, modificada sustancialmente de forma amplia y
culminada hace apenas dos años, no requiere una reforma sustancial y porque, además, tampoco compartimos los aspectos que se proponen por el Grupo Mixto, por la señora Lasagabaster, y menos en los términos en los que se formulan.
Ya se ha explicado claramente que lo que se propone es introducir reformas parciales que afectan de forma puntual a siete artículos de los 557 que tiene la Ley Orgánica del Poder Judicial. Sin embargo, desde el punto de vista político, el
debate que interesa en el día de hoy, creo, y lo digo con el mayor respeto, que corresponde a tres obsesiones fundamentales: En primer lugar, es dar pasos atrás en la apuesta por la profesionalidad de jueces y magistrados que con la reforma del año
2003 se introdujo en la Ley Orgánica del Poder Judicial. En segundo lugar, seguir erosionando al Estado y ese deseo de que exista una justicia desigual en los distintos territorios de la nación española, alterando lo que debe ser la relación entre
el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con competencia en materia de justicia, e incluso que se puedan establecer en la ley determinadas diferencias atribuidas al carácter lingüístico. Por último, la obsesión por atacar la posición
constitucional del Poder Judicial como tercer poder del Estado, tal como la configura la Constitución del año 1978.
En cuanto a las dos reformas fundamentales que se proponen en esta iniciativa, que es corta, en lo que se refiere a la carrera judicial como se ha visto y desde el punto de vista de este grupo parlamentario lo que se hace es una propuesta
regresiva. Esa visión progresista de la justicia de la que algunos tanto alardean no sé si consiste, como ha dicho la señora Navarro, en que las plazas de jueces a partir de ahora se sorteen o simplemente lo hacemos por el mecanismo del dedo que
sin duda es muy progresista y está muy en consonancia con la realidad social, aunque nada tenga que ver con el modelo del Poder Judicial que tenemos en un Estado moderno como el español. En todo caso algunos a lo mejor con su progresía de salón
pueden darnos mañana muchas lecciones. Desde el Grupo Popular nos parece que deberían quedar superadas situaciones como las que pretendió establecer la reforma de la ley del año 2003, y ese intento de volver atrás en el tiempo planteando el sistema
de ingresos en la carrera judicial, que se modificó en esa reforma de hace dos años, va en línea radicalmente distinta a la que entonces se planteó, entonces se desarrollaban ni más ni menos no solo las ideas de un Gobierno, el del Partido Popular y
una mayoría política, sino que además era el desarrollo del Pacto de Estado para la reforma y modernización de la justicia que el Gobierno del Partido Popular cumplió, algunos socios cumplieron, y otros de pronto se empezaron a esconder.
Aquí básicamente lo que se quiere es eliminar que la oposición, y se ha dicho claramente, sea el sistema general de acceso a la categoría de juez. El sistema que establece la reforma del año 2003 es bastante equilibrado: el acceso a la
condición de juez siempre a través del sistema de la oposición, porque nos parece -y no somos los únicos, muchos piensan así- que este es el sistema que mejor garantiza la elección objetiva y rigurosa de los que entran en la carrera judicial con la
categoría de juez. Evidentemente el sistema tiene mecanismos de entrada de juristas de reconocido prestigio y precisamente en la reforma que ha defendido la señora Lasagabaster lo que se propone es mantener los preceptos recogidos en el artículo
306 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en cuanto a la presencia de juristas con 10 años de experiencia, pero se propone la eliminación de los secretarios judiciales que precisamente se
priman y se mencionan especialmente en la reforma que está en vigor.
En cuanto a la oficina judicial se hacen una serie de reformas, sobre las que se puede hablar, pero lo que es evidente es que el diseño de una nueva oficina judicial tuvo un amplísimo consenso no solo durante la tramitación de la ley, sino
después durante su desarrollo. Es cierto que hubo cosas que se consensuaron aunque luego no se ratificaron con los votos, pero en esto hubo un amplísimo consenso; sin embargo, en la iniciativa que ha defendido la señora Lasagabaster hay claramente
la voluntad de quitar atribuciones al Consejo General del Poder Judicial y dar a las comunidades autónomas un papel distinto al que nos hemos dado en el encaje constitucional del que nos hemos armado.
El Grupo Parlamentario Popular votará que no, y creo que vamos a coincidir con algún otro grupo. El Grupo Socialista no ha intervenido y seguro que sus razones para votar que no serán distintas. El Grupo Socialista está en este momento en
otra situación y, por tanto, nosotros no creemos que esta reforma parcial y puntual que hoy se nos propone por la señora Lasagabaster deba incluirse en una reforma más amplia, porque sinceramente no creemos en ella hoy, ni creo que se corresponda
con las necesidades de la justicia española. Sin duda el jueves habrá oportunidad en el debate de totalidad de la ley que trata de los jueces de la justicia de proximidad y de los consejos de justicia autonómicos de hablar de ello, pero para que
nadie tuviera la duda de confundir nuestro voto con el del grupo que sostiene al Gobierno, el proyecto del Gobierno sin ninguna duda complementa y profundiza el proceso que abre el Estatuto de Cataluña en lo que significa la desmembración de un
Poder Judicial único e independiente, ya que con esa regulación de los consejos de justicia autonómicos y los nuevos juzgados de proximidad claramente se sigue trabajando en una línea que nosotros no compartimos y que nos parece que además no
corresponde al modelo constitucional.
Se trata de la reforma que propone el Grupo Socialista y que seguro le llevará a argumentar -me estoy adelantando a la intervención del señor Pedret- por qué en este momento no puede respaldar la iniciativa que se plantea pero que afecta
sustancialmente a la definición constitucional del Poder Judicial y que responde a impulsos políticos ajenos por completo a las verdaderas necesidades de la justicia en nuestro país.
Además, sobre todo -y en esto, aunque votemos lo mismo no vamos a
coincidir en nada-, la línea en la que se está trabajando es justo la contraria de la que se mantuvo cuando se inició el pacto de Estado en la pasada legislatura, que está próximo a cumplir cinco años desde su firma y algunos menos desde su
defunción por medio de la mano ejecutora del Partido Socialista. Ese pacto se ha sustituido por un proceso legislativo de alteración, no consensuada -conviene recordarlo-, de la estructura constitucional del Poder Judicial, que nada mejora la
auténtica necesidad sentida por los ciudadanos, que sin duda quieren una justicia que actúe con mayor agilidad, con mayor transparencia, con mayor eficacia y que esté dotada de los medios adecuados a los tiempos que corren. Eso corresponde, por un
lado, al sentimiento de los ciudadanos y, por otro, a la acción de un Gobierno que dice que está en contacto con la ciudadanía, pero que se ha puesto unos tapones muy grandes, lo que le hace ir en una línea distinta. Esta reforma introduce, además,
mecanismos que nos parecen inaceptables desde el punto de vista del control y de la fiscalización política que se atribuye a esta Cámara, rompiendo la división de poderes que el Estado de derecho y las democracias modernas configuran y que se quiere
hacer saltar por los aires con iniciativas como las que en este momento se están discutiendo en esta Cámara.
En todo caso, señor presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Popular, por las razones que ha dado, no puede respaldar la iniciativa que se nos plantea y que nos hubiese gustado que se hubiese discutido antes, sin tener que coincidir con
las circunstancias legislativas del momento.
Entonces o ahora, el Grupo Parlamentario Popular tiene clara su posición; entiende que con la redacción que se le dio en el año 2003, la Ley Orgánica del Poder Judicial sintoniza con los deseos de
modernización y con las necesidades de reforma que tenía la justicia española y que, además, las reformas específicas que se introdujeron en la ley hacen que tengamos una mejor justicia, una justicia más ágil y que sin duda contribuye a prestar
mejor servicio al ciudadano.
Muchas gracias. (La señora Lasagabaster Olazábal pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Atencia.
Dígame, señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Invocando el artículo 71.1, en relación con las inexactitudes referidas a mi persona por el señor Atencia, que no afectan al contenido, me gustaría consumir un turno, si me lo permite el señor presidente,
relacionado con este tema.
El señor PRESIDENTE: Lo lamento, señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Ha habido una serie de inexactitudes referidas a mi persona.
El señor PRESIDENTE: Lo lamento. Ha habido referencias de unos y otros a un sistema más o menos...
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Ha dicho que era esta diputada la que establecía la propuesta en el orden del día de una determinada iniciativa, y no es cierto. Es una inexactitud.
El señor PRESIDENTE: Lo siento, señora Lasagabaster, no vamos a reabrir en sesión plenaria los debates celebrados en Junta de Portavoces. No creo que esto dé para más. Lo siento. Todos ustedes se han quejado de que esto provoca una
situación casi disparatada. Cámbienlo entre todos; en un ejercicio de buena voluntad, cámbienlo, porque si no estaremos aquí pidiendo explicaciones absurdas entre nosotros. Lo lamento, señora Lasagabaster.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Pedret.
El señor PEDRET I GRENZNER: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, nos encontramos realmente, como han dicho prácticamente todos los intervinientes, en un debate que no se entiende por qué tenemos. Con el Reglamento actual, mi grupo entiende que hubiera sido perfectamente posible, con una actitud
flexible por parte del Grupo Popular, evitar este debate y discutir de cosas más actuales, más adecuadas al momento.
Esto ha sido imposible por la rigidez de un grupo, el Grupo Popular, en la interpretación reglamentaria que intenta evitar la
actuación política de los otros grupos. Está en el Reglamento, ha salido así, su interpretación es esta y, por tanto, vamos a debatir ahora algo que es un caso de libro, de manual de lo que es un debate de toma en consideración, que debe tener en
cuenta la necesidad y oportunidad de regular determinados aspectos. Pues bien, en cuanto a la oportunidad de regularlos, parece claro que en este momento no es oportuno iniciar un procedimiento legislativo propio para efectuar las modificaciones
que se contienen en la proposición de ley de la señora Lasagabaster, y ello por lo que se ha dicho hasta la saciedad, porque hace poco rehusamos una enmienda a la totalidad de devolución sobre una reforma muy importante de la Ley Orgánica del Poder
Judicial para el establecimiento de la segunda instancia penal y para la reforma de 21 leyes procesales y porque el jueves se debatirá -porque alguien ha presentado una enmienda a la totalidad de devolución- otro proyecto de ley de reforma de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, sobre justicia de proximidad y consejos de justicia, tema en el que ha entrado el último interviniente, supongo que en una especie de entreno de lo que nos dirá el portavoz del Grupo Popular el jueves. Aquí estamos
tratando de lo que estamos tratando; no de otras cosas.
En relación con los antecedentes solo hay que decir que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que se plasma en la Ley19/2003, de 23 de diciembre, es, señor Atencia, cualquier cosa menos el cumplimiento del Pacto de Estado por la
justicia, es cualquier cosa menos el consenso.
Recordemos -ya que varias de SS.SS. han recurrido al 'Diario de Sesiones'- que contra aquel proyecto de ley se presentaron ni más ni menos que cuatro enmiendas a la totalidad, tres de devolución y una
de texto alternativo, y que aprovecharon ustedes su mayoría en el Senado para consensuar de tal manera con el conjunto de los grupos parlamentarios que nos trajeron aquí 169 enmiendas aprobadas con sus únicos votos en el Senado, hurtando a los
grupos parlamentarios del Congreso y a esta Cámara su participación en el procedimiento legislativo, su capacidad propositiva y su capacidad de enmienda, haciendo una utilización absolutamente perversa. Yo la califiqué el 11 de diciembre de 2003 de
alevosa. Con la capacidad de enmienda del Senado hurtaron a aquella reforma del consenso y de la posibilidad de discusión democrática.
Dejemos, por lo tanto, los antecedentes donde están, recordémoslos y veamos qué es lo que se nos propone hoy. Estoy de acuerdo con casi todo lo que ha dicho la representante del grupo proponente. Es bueno que hablemos de estos temas, es
absolutamente necesario hablar de la reforma de la oficina judicial y es bueno que reflexionemos sobre los sistemas de ingreso en la carrera judicial. Lo que ocurre es que, como se ha dicho, es una proposición presentada el 1 de julio de 2004 que
estamos viendo el 9 de mayo de 2006 y tan cierto es que había que hablar de estos temas, que hemos hablado ya. El Gobierno ha presentado proyectos de ley en los que se trata de estos temas. En este momento, cuando debatimos sobre esta proposición
de 1 de julio de 2004, estamos en periodo de enmiendas para los dos proyectos de ley a los que me he referido anteriormente. Mi grupo entiende que lo sensato, lo lógico, lo coherente, lo adecuado para una buena política legislativa es que estos
temas se discutan como enmiendas en los proyectos, uno de los cuales ya está tramitándose y otro está pendiente de su paso por el Pleno debido a la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Popular. En ellos hay muchas cuestiones sobre las
que seguro que llegamos a acuerdos. El diseño de la oficina judicial para prestar un auténtico servicio público de justicia al ciudadano es algo en lo que coincidimos prácticamente todos. Es necesario que los jueces presten -ellos también
directamente- el servicio público de la Administración de Justicia a los ciudadanos. Por ello hay que pensar sobre su sistema de reclutamiento y hay que pensarlo desde la modernidad, no desde el regreso al pasado, no desde el túnel del tiempo, que
no es el de quienes creemos que hay que pensar cómo se ingresa en la carrera, sino el de quienes se aferran en este momento con una fe extraordinaria al concepto tan moderno, estrictamente napoleónico, de Napoleón I, de la oposición pública como
único sistema de ingreso en la Función pública y de servicio al ciudadano. Esta es su modernidad: principios del siglo XIX; algún día llegarán al siglo XXI, casi seguro. Tómense su tiempo.
En el siglo XXI se habla de la Función pública y de la prestación de servicios a los ciudadanos de una forma no corporativa, de una forma que atienda las necesidades de la ciudadanía y para ello existe un modelo. El Gobierno propone, desde
luego con el sostén del Grupo Parlamentario Socialista, un nuevo sistema de ingreso en la carrera judicial, que es el de los jueces de proximidad y que aunque no es exactamente el tercer turno
que ustedes en mala hora suprimieron, se parece. Hay que ver si con este proyecto del Gobierno es necesario aún el mantenimiento de un tercer turno separado o este método de entrada en la carrera judicial, que garantiza el conocimiento de
la realidad social y profesional anteriormente, como antes se decía desde el otro lado de la barrera, es suficiente. Seguro que lo discutiremos en las muchísimas enmiendas -sospecho- que estos dos proyectos de ley tendrán y que les aseguro
debatiremos profundamente.
Coincidimos casi -en este caso el casi es importante- con la mayoría de los asuntos que plantea la señora Lasagabaster, pero no es oportuno iniciar un nuevo procedimiento legislativo para discutirlos. Estamos en plazo para discutirlos
dentro de un proyecto mucho más amplio, mucho más orgánico, en el sentido propio de la expresión, de reforma en conjunto de la Ley del Poder Judicial. Por lo tanto, señora Lasagabaster, no tome -y también se lo advierto a la Cámara- el voto
negativo de mi grupo a la toma en consideración como un rechazo a todas las ideas que se contienen en la proposición. Queremos hablar de ellas, seguro que lo haremos y llegaremos, estoy convencido, a conclusiones satisfactorias para el interés de
los ciudadanos en la tramitación de los proyectos de ley orgánica.
Para terminar, agradezco a los intervinientes su asidua lectura del 'Diario de Sesiones' y las citas que se me han hecho. Normalmente cuando se cita a un orador es para destacar sus contradicciones, pero les agradezco que las citas que han
hecho no revelen ninguna contradicción entre la postura que expresaba el Grupo Socialista el 11 de diciembre de 2003 y la postura que expresa el Grupo Socialista el 9 de mayo de 2006 sobre estos temas; porque estamos en lo mismo, en la reforma
adecuada de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del sistema de servicio público de la Administración de Justicia para que los justiciables, los ciudadanos tengan la justicia de calidad que es absolutamente necesaria en un Estado democrático.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pedret.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV) POR LA QUE SE DENOMINARÍAN OFICIALMENTE ARABA Y ÁLAVA, BIZKAIA Y GIPUZKOA LOS TERRITORIOS HISTÓRICOS DE ÁLAVA, GUIPÚZCOA Y VIZCAYA. (Número de expediente 122/000084.)
El señor PRESIDENTE: Continuamos con la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Vasco por la que se denominarían oficialmente Araba y Álava, Bizkaia y Gipuzkoa los territorios históricos de Álava, Guipúzcoa y
Vizcaya.
Para la presentación de la proposición de ley tiene la palabra el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señor presidente.
La iniciativa del Grupo Vasco que trae este debate tiene que hacer mención a la naturaleza especial de los territorios históricos vascos, cuyo régimen jurídico-político va más allá del de meras provincias o corporaciones locales. Ustedes
saben que basándonos en la disposición adicional primera de la Constitución y en la mención expresa de su régimen jurídico-político en el Estatuto vasco, los territorios históricos vascos tienen un sistema parlamentario en el que no existe una
corporación local, sino que hay un pequeño Parlamento denominado Juntas Generales, con capacidad de elaborar normas forales, que elige un gobierno que funciona como tal, y un sistema parlamentario normal, que es la diputación foral. Por lo tanto,
la fórmula de elección de sus instituciones no es la misma que la de otros lugares del Estado, en otras comunidades autónomas, y también existe la capacidad por su parte de crear normas forales, que son textos con un funcionamiento idéntico al de la
ley. De hecho, en ellos queda reflejada la normativa fiscal vasca en un tema en el que, como todos bien sabemos, la Constitución española hace una reserva de ley. Por lo tanto, son unas instituciones con un carácter especial. Nosotros siempre
hemos pensado que la competencia para fijar la denominación de sus instituciones y el nombre de esos territorios era de ellos mismos. Entonces, no tendríamos por qué traerlo a esta Cámara ni a las Cortes Generales porque su capacidad de
autoorganización, quedaba señalada convenientemente no solo en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, sobre la base de la disposición adicional primera, sino también en el propio texto estatutario. Por ejemplo, la iniciativa que se aprobó
en el año 1989 en las Juntas Generales de Álava decía: capacidad de autoorganización, donde indudablemente se encuentra la capacidad para determinar su denominación. De hecho, estas características especiales también hay que señalarlas porque los
territorios vascos, como saben, son los únicos que hasta muy recientemente han tenido una denominación diferente a su capital, y así se reflejaba en el Real Decreto-ley de 30 de noviembre de 1833, que crea las provincias y la división territorial
del Estado en el siglo XIX. De hecho, porque era su competencia, las Juntas Generales de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava toman la iniciativa y en Guipúzcoa en el año 1985, en Vizcaya en el año 1986 y en Álava en el año 1989 aprueban la denominación del
territorio. Sin embargo, las instituciones del Estado no han aceptado esa denominación en la práctica y se han mostrado reacias -también lo ha sido el Poder Judicial y algunos ámbitos de los medios de comunicación-, pero refiriéndome a lo que son
poderes del Estado, repito, las instituciones del Estado y el Poder Judicial han sido reacios a utilizar esta denominación aprobada por la mayoría de los representantes del pueblo en esos territorios. Se nos ha dicho que es necesario que llegue a
esta Cámara, y es necesario porque existe una doble naturaleza en los territorios históricos. Es cierto que tienen esa naturaleza
especial, pero al mismo tiempo también son ámbitos en los que se desarrolla la labor de la Administración del Estado, y en ese sentido esos territorios tendrían un carácter residual -si se quiere-, pero también un carácter provincial.
Ciertamente ha pasado el tiempo desde que se aprobaron esas normas. Esas normas no se recurrieron en su momento, de hecho, ha habido partidos que no apoyaron esas normas y, sin embargo, han gobernado en las instituciones vascas utilizándolas y sin
ningún tipo de problemas. Ha habido otro tipo de iniciativas en el ámbito de las Cortes, en las que se ha modificado la denominación provincial o territorial: Logroño pasó a ser La Rioja antes de constituirse en comunidad autónoma a través de la
Ley 57/1980, Oviedo pasó a ser Asturias tras la comunidad autónoma y hoy en día el Estatuto señala la diferencia entre lo que es Comunidad Autónoma Principado de Asturias y provincia Asturias; Santander, Cantabria, a través del Estatuto de
Autonomía. Pero vayamos a otros casos de comunidades bilingües, con lengua propia, como es el caso de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava. Girona y Lleida, a través de la Ley 2/1992, tienen esa denominación, no bilingüe, sino la utilizada en lengua propia;
Illes Balears también queda modificada a través de la Ley 13/1997. Se hace la modificación basándose en tres criterios: para que coincida con el nombre de la comunidad autónoma, por respeto a la tradición cultural -se dice- y porque sea en lengua
catalana, que es la lengua propia del país y parece la más adecuada para los topónimos. Por último, hay otro ejemplo más, que es la Ley 2/1998, en la que las provincias de La Coruña y Orense pasan a ser respectivamente A Coruña y Ourense.
A pesar de que nuestro convencimiento siempre fue que las instituciones forales, las Juntas Generales, eran competentes para aprobar la denominación, viendo la insistencia de las instituciones del Estado en no aceptar esta regulación y en
que esa nueva denominación debe basarse en la característica de provincia, de acuerdo con el artículo 25 del Real Decreto-ley 781/1986, hemos traído esta iniciativa a la Cámara, como también se propuso en el año 1996. Sin embargo, a pesar de que se
tomó en consideración en aquel momento, después se presentaron enmiendas durante su tramitación, tramitación que no llegó a culminar antes del final de esa legislatura, por lo que esa denominación no fue adoptada por las instituciones forales, sino
que se adoptó otra diferente, bilingüe, en castellano y en euskera, que fue la aprobada en las Cortes Generales. Ha pasado el tiempo y, visto lo visto, teniendo casos como el de Girona -muy parecido al caso de Guipuzcoa- o Illes Balears, que desde
luego es más difícil de pronunciar y de deletrear para un castellanoparlante que la grafía euskérica de Guipúzcoa o Vizcaya. Además, teniendo en cuenta que incluso fueron modificadas en el anterior sistema de matriculación de vehículos las
matrículas de estas provincias, adaptándolas a esta grafía del idioma vernáculo, de manera que Gerona pasó a ser GI e IB en el caso de Palma de Mallorca, entendemos que no tendría por qué haber problema en estos momentos para aprobar la iniciativa
que traemos hoy aquí, y dado también el clima, que desde el Gobierno y el grupo mayoritario parece que se intenta impulsar y fomentar, de respeto, de aproximación institucional, de acuerdos.
Uno entiende que esto es lo normal tras tantos años de ausencia de polémica sobre estas materias en las instituciones vascas, e incluso también en algunas del Estado, como voy a demostrarles a continuación poniendo algunos ejemplos bastante
gráficos. La certificación que me acredita como diputado por Vizcaya elaborada por la Junta Electoral Central utiliza la grafía vasca; lo mismo sucede con mis compañeros, no solo del Grupo Vasco, sino también de otros grupos de la Cámara. Por
tanto, algunos ámbitos de instituciones y organismos no autonómicos ya han adoptado esta grafía con naturalidad. Las tarjetas que nos han hecho en la imprenta de esta Cámara también reflejan en mi caso Vizcaya con la grafía euskaldun, y no con la
grafía castellana. También puedo señalarles otra anécdota -aunque esto seguramente se deba al funcionario de turno-, y es que el pasaporte que tenía anteriormente, y que todavía conservo aunque ya no está en vigor, aparecía Bizkaia, grafía vasca,
en la provincia de nacimiento y en el domicilio. En definitiva, hay algunos organismos del Estado, incluida en algún caso esta casa, que usan esta denominación con naturalidad. Por tanto, es hora de que no se produzca lo que el portavoz de nuestro
grupo en un artículo brillante en homenaje al profesor Lidón, asesinado por ETA, escribía, y que denominaba el hecho diferencial negativo vasco. Esto es, que aquello que es posible en Ourense, en Girona o en Illes Balears, en el caso vasco se
convierta en algo negativo y no sea posible. Pedimos que se respete con normalidad la voluntad mayoritaria de esos territorios. Si ustedes se fijan en nuestra propuesta, verán que propugnamos que se apruebe la grafía vasca en el caso de Vizcaya y
Guipúzcoa, pero en el caso de Álava -en ese caso sí- proponemos que sea bilingüe. ¿Por qué? Porque fueron las Juntas Generales de Álava quienes lo decidieron así, como, con la misma legitimidad, lo decidieron de otra manera las Juntas Generales de
Guipúzcoa y de Vizcaya.
Por tanto, que se respete esa voluntad que ya ha existido en otros territorios. No caben enmiendas a la propuesta que hacemos en el sentido de denominaciones bilingües. Quiero manifestar que vamos a oír con mucho interés
la intervención de los distintos portavoces, pero nuestro grupo no está dispuesto a que se dé la vuelta a nuestra iniciativa como a un calcetín y tenga un resultado diferente al que se obtuvo en las instituciones representativas vascas. Por tanto,
si no hay un posicionamiento claro de la mayoría de la Cámara, y del grupo mayoritario en especial, les anuncio que el Grupo Vasco retirará la iniciativa antes de que se produzca la votación. No podemos aceptar que se dé la vuelta a nuestra
iniciativa como a un calcetín para provocar un efecto contrario a la voluntad de las instituciones forales. Por lo tanto, hay argumentos jurídicos de peso, argumentos comparativos
con otras realidades en el Estado que no han producido ninguna fricción y que se han aprobado por unanimidad aquí en la Cámara, y ahora hay argumentos también de peso como son el momento de acercamiento, de ver las cosas con más normalidad
y, por qué no, de la situación vasca en este punto concreto de las denominaciones de sus territorios.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Esteban.
Grupo Mixto. Señora Lasagabaster, por favor.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Muchas gracias, señor presidente.
Quiero señalar que Eusko Alkartasuna, del Grupo Mixto, va a votar, como no podría ser de otra manera, a favor de esta iniciativa. No tenemos nada que añadir, salvo ratificarnos en todos y cada uno de los argumentos que señalaba el diputado,
señor Esteban, en relación con este tema. No es la primera vez que se presenta esta iniciativa ante esta Cámara. Se aprobó su toma en consideración pero, desgraciadamente, quedó en el limbo de lo injusto, en la medida en que en ponencia se
pretendió darle la vuelta al tema. Por tanto, la consideración que se ha hecho en el último momento por parte del proponente no es baladí
Hay tres cuestiones básicas que no deberían tener ningún tipo de objeción por parte de ningún grupo parlamentario. La primera hace referencia a la justificación democrática de lo que han decidido unos parlamentos, unas juntas generales que
están dotadas de competencia y de juridicidad suficientes para abordar esta cuestión. Por tanto, la primera cuestión es legítima y es legal. La segunda es meramente democrática. Si un resultado democrático lo ha sido en su configuración de
legitimidad y legalidad, ¿no resultaría por lo menos curioso que alguien se opusiera a un resultado democrático tan claro y tan evidente dentro de su propia competencia? La tercera hace referencia, como también se ha dicho, a que a lo largo de los
años hemos visto pasar cambios de la misma naturaleza respecto de otras zonas, de otros territorios del Estado español, que no han creado ningún tipo de reparo, ningún tipo de polémica, al contrario.
Lo único que han creado es la satisfacción de
poder acceder al sentimiento mayoritario de quienes han propugnado tal cambio, sin generar ningún tipo de controversia. Son tres elementos muy claros que llevarían a cualquier grupo parlamentario de esta Cámara con sentido democrático a votar a
favor sin ningún tipo de problema. No nos gustaría -lo decía cuando empecé- que ocurriera lo mismo que antes, que la iniciativa quedara en el limbo de la ponencia, donde quienes eran ponentes decidieron darle la vuelta y el respeto al sentir
democrático fue totalmente anulado. No nos gustaría, pero qué decir a una iniciativa que lo que pretende desde hace ya muchos años es ratificar la voluntad democrática, legítima y legal de los ciudadanos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lasa-gabaster.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Coalición Canaria va a votar favorablemente la toma en consideración de esta proposición de ley que nos ha presentado el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) por boca de su portavoz, señor Esteban. Intervengo de manera muy sintética, porque
coincidimos plenamente con el sentido común y la objetividad de sus argumentos y estamos de acuerdo con los antecedentes que existen en las denominaciones oficiales, tanto en el área de las Islas Baleares, como en la de Galicia o en la de Cataluña.
Es necesario hacer normal, natural y no polémico lo que está basado en principios de organismos que se han pronunciado, en razón de sus propios reglamentos y potestades legales, como son las Juntas Generales y los territorios históricos del País
Vasco. Mi grupo sintoniza con este principio democrático de representación. Aquí se trata de votar la toma en consideración de algunos aspectos. Se trata de establecer una denominación oficial, dentro del ámbito de esas administraciones, que
recoja un sentir que se ha plasmado en sendos acuerdos utilizados aquí legítimamente como antecedentes. Mi grupo siempre ha defendido el respeto lingüístico y que ninguna lengua trate de implantar en otra unos principios de pura grafía gramatical.
Ninguna de las lenguas oficiales que existen en España puede pretender imponer a otra una gramática distinta de la que esté utilizándose. Queremos racionalizar este tema con toda naturalidad y, en esta línea, apoyaremos este respeto democrático.
Si se acepta su trámite, pasará a ponencia y comisión, que serán los escenarios en los que se puedan discutir con razones históricas, políticas y democráticas, en el sentido global de la palabra, estas denominaciones en la lengua propia de las
Juntas Generales y de los territorios históricos del País Vasco, porque es un derecho que tienen plenamente reconocido en nuestra Constitución y en nuestro Estado democrático de derecho. De ahí que nuestro voto sea favorable a esta toma en
consideración.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra tiene la palabra el señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds va a apoyar la iniciativa del Grupo Vasco, entendiendo que es hora de que esto sea una realidad. La verdad es que cuando vimos la proposición de ley, a algunos nos
sorprendió que a estas alturas, existiendo los precedentes que existen -en el año 1992, el reconocimiento de Lleida y Girona, y en el
año 1997 y 1998, el reconocimiento de las capitales gallegas o de las Illes Balears-, esto no se hubiese producido aún en Euskadi en las denominaciones que aquí se traen.
Dicho esto, entendemos que la denominación se tiene que producir precisamente con la lengua propia que reconoce el Estatuto vasco, que es el Euskera. De hecho, no entenderíamos que se mantuviese una doble toponimia, ya que lo que se
reivindica en todos los foros internacionales es precisamente que se utilice para la denominación oficial una sola toponimia y que esa toponimia oficial sea la de la lengua propia. Por tanto, ¿qué es lo que tiene lógica? ¿Qué es lo que aconseja el
sentido común? Precisamente, aprobar lo que nos propone el Grupo Vasco. Hay una excepción que plantea la proposición de ley, que es el caso de Araba y Álava, que obedece más a motivos políticos que a lo que debería ser, ya que en Álava o en Araba
la denominación oficial tendría que ser la de la lengua propia. En todo caso, entendemos los argumentos que ha dado el señor Esteban en nombre del Grupo Vasco y, por tanto, aceptaríamos lo que aquí nos viene, si bien lo que dicen todos los tratados
y todas las recomendaciones internacionales es que la denominación debería ser la de la lengua propia. Por eso vamos a apoyar la iniciativa, compartiendo la preocupación del portavoz del Grupo Vasco y sabiendo que lo que tiene que aprobarse en la
ley es precisamente lo que ellos plantean. No tendría ningún sentido que Euskadi fuese una excepción respecto a otros territorios a los que se ha reconocido con plena normalidad su denominación de acuerdo con la lengua propia. Por tanto, nosotros
no solo esperamos que se tramite la proposición de ley sino que se respete, porque entendemos que es lo que se aconseja en todos los foros internacionales, porque todos los precedentes en esta Cámara van en este mismo sentido y porque, en
definitiva, lo que estamos haciendo es normalizar un territorio que en este aspecto no se ha normalizado, y es precisamente el de la denominación en la lengua propia de las respectivas y cada una de las provincias.
Señor presidente, quisiera agradecer al Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) que en este caso nos traiga una iniciativa para normalizar en el año 2006 lo que ya debería estar normalizado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Herrera.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Tardá.
El señor TARDÁ I COMA: Señor presidente, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana va a votar favorablemente a la presente proposición de ley, como no podía ser de otra manera.
El principal argumento para ello es que cada uno de los territorios, cada una de las naciones debe tener el derecho de denominarse como quiera y no solo porque es lo más democrático, sino porque cada colectividad nacional, con identidad
propia nacional, debe tener el derecho de definirse como quiera en todos sus ámbitos toponímicos; es una de las características básicas inherentes al derecho a la propia identidad. A pesar de ello los intentos centralistas de anular las
identidades propias para construir sobre ellas otras impuestas por la fuerza han provocado históricamente la negación de este derecho. Un ejemplo evidente de esta constante histórica francamente lamentable fue el que llevó a cabo la dictadura
franquista y que en nuestro país tan solo hace pocos años hemos conseguido superar. Puedo mencionarles situaciones tan ridículas como convertir Sant Boi de Llobregat en San Baudilio y Sant Cugat en San Cucufate. Aunque ciertamente se ha avanzado
desde la finalización de la dictadura franquista, al centralista y castellanófilo Estado español le cuesta progresar en dicha materia. La verdad es que no deja de ser una vergüenza que hoy día estemos hablando de esto aquí, una vergüenza
básicamente para los demócratas españoles, porque nosotros, los catalanes, los vascos y los gallegos hemos puesto todo el empeño para hacerles cambiar de opinión, pero francamente a veces es golpear en hierro frío. No en vano la catalinización de
los topónimos de Lleida y Girona y el cambio de la matrícula en este último caso lejos de ser impulsado por los poderes estatales fue obstaculizado por estos y solamente fue posible gracias a la presión popular y a la vergüenza de algunos demócratas
españoles que se rindieron a la evidencia.
Afortunadamente se avanza, pero casualmente nunca es el Gobierno de este Estado, que se llena la boca de hablar de plurilingüismo y de la riqueza cultural y lingüística de España, quien empuja a favor de
esos cambios, en todo caso cuando empuja es en contra de ellos.
Hoy es el Partido Nacionalista Vasco quien trae a debate una iniciativa lingüística, como en otro momento lo fueron Eusko Alkartasuna, el Bloque Nacionalista Galego, Nafarroa Bai o nosotros mismos. De hecho desde Esquerra Republicana de
Catalunya esta misma tarde presentamos otra iniciativa que, por un lado, solicita que el Gobierno español cumpla con la legislación catalana en lo que se refiere a la lengua de rotulación de los topónimos y, por otro, reclama que el Gobierno lleve a
cabo las modificaciones legales oportunas para que la legislación española reconozca iguales derechos lingüísticos para todos los territorios del Estado con lengua propia diferente de la castellana. Ya no solo reclamamos el reconocimiento de los
topónimos de la propia comunidad en su propia lengua, sino que reclamamos que los topónimos que tienen una forma tradicional en la lengua propia se escriban necesariamente en esta, con independencia de otras. Es decir, por ejemplo, en los rótulos
de las autopistas catalanas, donde pone Perpignan, en francés, lo queremos en catalán, Perpiñá; en la Renfe, donde pone Alicante, en castellano, lo queremos en catalán, Alacant; en los aeropuertos, donde pone Ibiza en castellano lo queremos en
catalán, Eivissa. Fíjense que los ejemplos expuestos los reclamamos específicamente de topónimos del ámbito dels països catalans. Ello
demuestra la poca sensibilidad de un Gobierno español que castellaniza Londres, Pekín o Nueva York, pero no permite que los catalanes catalanicemos ni siquiera los topónimos que históricamente mantienen su forma catalana, y así continuamos,
y así continuaremos nosotros. Hoy debatimos la proposición de ley del Partido Nacionalista Vasco, mañana la nuestra, y les anunciamos que pasado mañana vendrán más, la siguiente legislatura más y la siguiente más aún, y así hasta que se decidan
ustedes a aprobar definitivamente una ley de lenguas que acabe con la supremacía de una -en este caso la castellana- sobre las otras y permitan un verdadero proceso de normalización lingüística en cada uno de los territorios nacionales con lengua
propia diferente a la castellana que hoy día coexisten en el Estado español.
Recuerden que hace pocas semanas presentamos un proyecto de ley que justamente pretendía poner las cosas en su sitio y ciertamente fue frustrante y lamentable ver cómo, una vez más, coincidían la derecha y la izquierda españolas en rechazar
el proyecto que presentamos. Esta es la realidad. Deberían, de una vez por todas, renunciar a imponer en los territorios con lenguas diferentes de la castellana y en las instituciones del Estado comunes la lengua castellana. Esto, en el siglo
XXI, en la Europa de la civilización posindustrial, ya no tiene ningún sentido. Ustedes deberían renunciar a una visión un tanto imperialista de imponer una lengua como instrumento identitario sobre el cual legitimar la unidad de la nación
española. Mal lo tienen si todavía tienen que utilizar instrumentos de este tipo. Por tanto, nosotros vamos a apoyar la proposición de ley del Partido Nacionalista Vasco y ellos saben que en esos temas siempre pueden contar con nuestra solidaridad
activa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tardá.
En nombre del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías de todos los grupos parlamentarios, especialmente del grupo proponente, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió para fijar la posición ante la toma en consideración de esta proposición de ley y para
avanzar nuestra posición favorable respecto al voto que se producirá hoy, el de la toma en consideración, pero también nuestra posición favorable a lo expresado por el portavoz del Grupo Vasco, señor Esteban, y a la literalidad de este texto. Mi
grupo parlamentario expresa también su deseo de que se respete dicha literalidad e incluso, si se puede, se mejore en cuanto a la definición de un solo nombre para cada uno de los territorios históricos.
Señorías, permítanme que les lea muy brevemente dos artículos de una ley de 28 de febrero del año 1992. Artículo 1: La actual provincia de Gerona se denominará oficialmente de Girona, de acuerdo con su tradición histórica, cultural y
literaria y en concordancia con el nombre oficial de Girona que tiene reconocido legalmente su capital. Artículo 2: La actual provincia de Lérida se denominará oficialmente de Lleida, de acuerdo con su tradición histórica, cultural y literaria y
en concordancia con el nombre oficial de Lleida que tiene reconocido legalmente su capital. Esta ley, que vio luz el 28 de febrero del año 1992, traía causa de una iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió de 23 de noviembre
del año 1990. Como se ha apuntado esta tarde durante el debate, después de este acto de normalidad y de normalización vinieron otros actos de normalidad y de normalización, así como de reconocimiento del carácter pluricultural y plurilingüístico
del Estado español también en el año 1997 en lo referente a la denominación de A Coruña y a la denominación de les Illes Balears. Por esto, cuando se hacía un repaso de las distintas iniciativas se ha cometido un pequeño lapso en la memoria
histórica al remontarnos a algunas iniciativas del pasado sin recordar esta primera iniciativa del año 1990. Como pueden suponer SS.SS., el texto final de la ley, que fue exactamente el mismo que presentó Convergència i Unió, nos invita al voto
favorable, pero también nos invita, señores diputados del Grupo Parlamentario Vasco, a avisarles de la dificultad que tuvimos en los años 1990, 1991 y 1992 para conseguir este viaje legal hacia la normalidad, deseando que se note el paso de más de
quince años, se note la madurez democrática y se note la capacidad de este Parlamento de reconocerse en su pluralidad lingüística, para que no encuentren algunos de los inconvenientes que encontramos nosotros en aquel momento.
¿Qué pedíamos nosotros en aquel momento y qué piden ustedes ahora? Nada más que actualizar un decreto de 30 de noviembre del año 1833, decreto del, entre otras responsabilidades, también ministro impulsor de la división provincial de
España, que en su artículo 1 establecía que cada provincia tendría el nombre de su capital, excepto los cuatro territorios de Euskadi y de Navarra. Pues bien, aún queda pendiente ajustar a la lengua propia la denominación de estos cuatro
territorios. La proposición de ley del Grupo Parlamentario Vasco viene avalada, además, por el respeto a la decisión, legítima, de las Juntas Generales de cada uno de los territorios. Yo me permito sumarme a la consideración del señor Herrera.
Ustedes han propuesto la doble denominación para Araba/Álava y, evidentemente, vamos a respetar su propuesta, que nace del respeto a la decisión de las Juntas Generales, pero también invitamos al conjunto de la Cámara a reflexionar sobre la
conveniencia de que se exprese el nombre con la lengua propia de cada uno de los territorios. Insisto, esperemos que lo que hoy, en este debate de toma en consideración, supongo que tendrá el voto favorable de una amplia mayoría de esta Cámara,
esperemos que aquello que empieza bien, también termine bien, porque el día 10 de septiembre del año 1991, en el debate de toma en consideración de aquella proposición de ley a la cual
hacía referencia, el diputado portavoz del Grupo Parlamentario Socialista anunciaba su voto favorable pero, a la vez, subrayaba el peligro de caer en fundamentalismos chovinistas. Pues bien, la traducción en forma de enmienda de esta
tentación de caer en fundamentalismos chovinistas en aquel momento -que no ahora, estoy convencido de que la experiencia de más de quince años sirve para andar en el buen camino- se tradujo en la opción de la denominación de Gerona/Girona,
Lérida/Lleida. Pero las gentes de aquella tierra, como la de las Illes Balears y la de A Coruña, no tenemos mentalidad de autopista, es decir, una denominación/la otra, sino que simplemente nos referimos a nuestros respectivos pueblos de acuerdo
con la lengua propia de nuestras tierras. Este camino hacia la normalización encontró muchos inconvenientes, por ejemplo, uno que dieciséis años después es ridículo, como fue la gran batalla para la denominación en las placas de las matrículas.
Por cierto, entre paréntesis y sea dicho de paso, el grave conflicto en aquel momento sobre Gi o Ge en la matrícula quedó superado el día en que hubo una sola matrícula para todo el Estado español. Quiero recordar también que hay un compromiso del
actual Gobierno de incorporar los distintivos de las comunidades autónomas en las matrículas de los coches. Parece que esto no provoca ninguna disfunción en la organización territorial del Estado y que en este momento se está produciendo, por
ejemplo, en Italia. Este acertado compromiso del Gobierno español y del anterior ministro de Interior a mitad de la legislatura aún no se ha materializado, aún no se ha convertido en norma positiva, sea dicho de paso y cerrando el paréntesis, pero
esperemos que al final de esta legislatura podamos ver la normalidad en esta materia y el reflejo de la realidad autonómica en algo que alguien dijo que eran unas simples chapas, pero también en las chapas se expresa, como en los documentos del
Estado o en los pasaportes, el carácter plurilingüístico del Estado español. Por eso, señorías, también les quiero anunciar que en el primer punto del Pleno del martes de la próxima semana a las cuatro de la tarde presentaré y defenderé una
iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió para incorporar las distintas lenguas oficiales en los pasaportes del Estado español. Debemos expresar este carácter pluricultural y plurilingüístico sin complejos y con normalidad
en todos los registros y en todos los ámbitos de nuestra vida, también la oficial, a través de modificaciones legislativas. Por eso nos parece lo más normal del mundo, lo más acertado del mundo esta iniciativa del Grupo Parlamentario Vasco, que
vamos a votar favorablemente. Nos permitimos recordarle la tramitación un poco accidentada en los años 1990 y 1991, y vamos a tener la prueba del algodón si quince años después hay una sensibilidad mayor para reconocer las cosas por el nombre
propio de cada una de las tierras del Estado español.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Xuclà.
Señor Azpiroz. Grupo Popular.
El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, he de disentir con lo que se ha venido manifestando hasta ahora en el hemiciclo. Para mí, esta iniciativa desde luego constituye un auténtico anacronismo. Se ha recordado cómo hace más de veinte años, en 1985,
hubo un primer acuerdo por las Juntas Generales de Guipúzcoa, que se transformó en norma foral en el año 1990, y tuve el honor de participar en ese debate. En el año 1986 vino la Norma Foral 12/1986 de Vizcaya; y Álava, que ha establecido la
grafía en castellano y en euskera -Álava y Araba-, con su Norma Foral 61/1989. Agradezco al portavoz del PNV su reconocimiento al recordar el hecho de que en el año 1996 trajeron a esta Cámara una iniciativa prácticamente idéntica; solo había una
diferencia en relación con lo que se refiere a Álava y Araba, lo demás, incluso la exposición de motivos, es calcado. ¿Qué ocurrió con esto? Que fue admitida a trámite y el portavoz, buen amigo y gran político en el PP del País Vasco, Antonio
Merino, ya manifestó sin ningún tipo de engaño cuál era la posición entonces como ahora del Grupo Popular y dijo lo que decíamos en las Juntas Generales, donde por carencia de voto no se atendieron nuestras justísimas razones de que hubiera un
reconocimiento plural a llamar a las cosas como cada uno quisiera; más aún, por ejemplo, en Guipúzcoa; que yo sepa Gipuzkoa es una cosa que se ha aportado ahora, que no tiene la tradición histórica que tiene Guipúzcoa, que es la grafía que se ha
utilizado durante siglos.
Recordaré, para aclarar ya de salida la cuestión, lo que decía mi compañero el señor Merino, entonces diputado, y me remito a él en todas sus argumentaciones históricas, lingüísticas, sociales y políticas, como también
perdonarán que me remita a mí mismo en lo que dije en el debate de las Juntas Generales de Guipúzcoa en su día a la hora de formular enmiendas, que fueron desechadas con un carácter poco plural, por ser suave en la definición de lo que estoy ahora
manifestando. Decía el señor Merino: El Grupo Popular presentará en su momento tres enmiendas, a fin de que la denominación oficial de los territorios históricos de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa sea bilingüe, lo que significa que en lengua castellana
sea su denominación la histórica, consagrada por el uso y costumbre, lo cual existe, no es nada impuesto, no es nada ex novo y no es nada ajeno a la realidad de la vida de los ciudadanos vascos, sean guipuzcoanos, vizcaínos o alaveses -esto lo digo
yo-. Y en lengua vasca esa es su denominación, la que, de acuerdo con los criterios fonéticos y gramaticales del euskera, se propone. El Grupo Popular defiende que los ciudadanos vascos puedan optar por el ejercicio de un derecho que les reconoce
el Estatuto de Autonomía, como es el de conocer y usar ambas lenguas, artículo 6.º1. El texto del propio artículo 2º de
la proposición que ustedes aportaban denomina en euskera como Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y en lengua castellana como Álava, Vizcaya y Guipúzcoa cada uno de los tres territorios.
Pues bien, aquello salió de la ponencia y se ratificó la ponencia con enmiendas del Grupo Popular, cual había anunciado lealmente, y enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, y en el año 1997 se eclipsó el tema cuando las Cortes no se
disolvieron hasta el año 2000. Diez años después se nos vuelve a plantear esta cuestión, que va a caducar. Creo que ha hecho una intervención -cosa que agradecemos- inteligente. Yo había escrito mis palabras diciendo: por estricta coherencia con
lo que hemos defendido allá, en las Juntas Generales, los que hemos sido procuradores junteros y con lo que defendemos acá los diputados vascos del Grupo Popular, vamos a decir en este caso que no a la toma en consideración, porque si cuando hemos
dicho que sí ha quedado caducado, con lo que implica que un acto parlamentario como es una iniciativa legislativa quede en el conservador caducado porque una de las partes que se aviene a tramitarlo anuncia unas enmiendas que el proponente no
quiere, también añadía que me parece lo más respetuoso y honesto con ustedes decírselo de salida: como vamos a enmendar, preferimos en este acto oponernos a la toma en consideración, y si finalmente se aprueba les anuncio que, coherentemente con
todo lo que hemos hecho y dicho hasta el momento, lo haremos así.
Quiero hacer algunas reflexiones, no tanto dirigidas al defensor de la iniciativa, su autor, sino a otras intervenciones, porque algunas me han parecido, con todo respeto, variopintas en algunos aspectos concretos, y diré algunas obviedades.
Usted ha dedicado prácticamente la mitad de su tiempo a justificar la razón por la cual trae hoy aquí este debate. Pues por una razón muy elemental, porque las Juntas Generales tienen una competencia relativa en la materia, no la tienen erga omnes,
y por eso se avienen a plantearla aquí, para que puedan tenerla, como es su deseo. Por tanto, yo he de decir que si las juntas son plenamente competentes, sobraría este debate, y si hay este debate es porque no lo son. Parecerá una verdad de
Perogrullo, pero es una verdad en mayúsculas, y quiero que eso también quede claro.
Segunda cuestión. Se ha hecho una reiterada alusión por parte de varios portavoces, al menos tres, al tema de Lleida y Girona, y se ha hecho incluso lectura de la regulación normativa que ha dado esa formulación a Girona y a Lleida. Se ha
hecho una apelación a la tradición lingüística y cultural. Yo también apelo -apelaré en mis enmiendas- a la tradición lingüística y cultural e iré un poco más allá y diré: ¿es que el castellano es acaso una realidad ajena al pueblo vasco? Pues
no, nosotros tenemos un idioma materno que es el euskera, pero tenemos un idioma paterno que es el castellano. ¿O acaso los fueros no se han escrito en castellano? Perdonarán que les diga que yo hice los cursos del doctorado y me tocó hacer una
transcripción de las actas de las Juntas de Guipúzcoa, creo recordar, de 1500 a 1510, y esa fue la primera aproximación que tuve a que nuestros antepasados en Guipúzcoa exigían que, para tener la condición de procurador o de juntero y representar
los derechos e intereses de los ayuntamientos, tenían que tener el requisito indispensable de saber leer y escribir en castellano, y que yo sepa eso no fue impuesto por nadie, fue una libre decisión. Eso es un hecho histórico y está ahí, y los
lingüistas reconocen que el nacer y el devenir del castellano no son ajenos tampoco al País Vasco. Lo digo porque parece que es una cosa que viene de Marte, que de repente cae encima de todos y se nos impone.
Al hilo de todas estas consideraciones, lo que me planteo, consciente de que la inmensa mayoría de nuestros conciudadanos no están hoy en absoluto ocupados ni preocupados con este tema, es si realmente los problemas que importan a los
ciudadanos vascos son estos, si no preocupan más los problemas de la vivienda, de infraestructuras, de Osakidetza, de los impuestos, de las pensiones, de la deslocalización empresarial, del paro o de la formación. Y si se quiere, de verdad, con
tanta apelación a la democracia, ser demócratas, no solo seamos respetuosos con lo que creo que no se es aquí, que es con la realidad histórica, sino también con un talante de pluralidad, de apertura, de libertad, con un talante de que se permita a
la gente que se exprese como nos llevamos expresando no décadas y décadas, sino siglos y siglos, y podamos convivir cómodamente todos.
Eso fue lo que manifestamos y por lo que luchamos en su día en las Juntas Generales y eso es, si prospera esta
proposición de ley, lo que nosotros con toda claridad y honestidad le decimos al Grupo del PNV: lo enmendaremos por ahí. Cierto es que, por nosotros mismos, no tenemos los votos suficientes para ello, pero cierto es que creyendo, como creo, que
tenemos razón y razones, razones de democracia, de libertad, de historia y de derecho para esta convivencia que a nadie perjudica, salvo que se quieran imponer unos a otros, y si en otro tiempo se hizo mal hecho está, pero peor aún que se legitime
esa posibilidad desde una situación democracia, me parece que puede haber también otras personas que en el futuro actúen como lo hicieron en el pasado, formulando razonables enmiendas para que se puedan expresar en la grafía castellana y euskerica
libremente cada ciudadano: Guipúzcoa y Gipuzkoa, Vizcaya y Bizkaia y Álava y Araba. Desde luego, si prospera la iniciativa tengan claro que esa será nuestra posición mañana, como lo ha sido siempre.
Muchas gracias. (Varios señores diputados. ¡Muy bien!-Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Azpiroz.
Señora Unzalu. Grupo Socialista.
La señora UNZALU PÉREZ DE EULATE: Gracias, presidente.
Señorías, me dirijo a esta Cámara para debatir en nombre del Grupo Socialista -iba a decir una vez más, y me parece que no va a ser la única-, señor Esteban,
sobre el cambio de denominaciones de nuestros territorios históricos.
Antes de entrar sobre las argumentaciones, a pesar de que se han dado algunos datos, sí quisiera hacer una pequeña referencia a los antecedentes de esta proposición de ley. Les tengo que comentar que esta proposición proviene de antiguo.
En el año 1991, el Grupo Mixto, a través de Eusko Alkartasuna, y el Grupo Nacionalista Vasco presentaron una proposición de ley exactamente idéntica a la que hoy debatimos. Por cierto, proposiciones e iniciativas que retiraron, por tanto, no es la
primera vez que esto ocurre. En el año 1992 también presentaron, en este caso, una proposición de ley prácticamente idéntica a la que hoy debatimos, y el principal argumento de esta proposición de ley que expresó en esta tribuna el señor
Gatzagaetxebarría venía a decir que estas Cortes Generales no tenían competencia para dictaminar sobre este tema, sino que la competencia residía en las Juntas Generales. En el año 1996, en 1991, en 1992... si me permite, señor Esteban, le seguiré
explicando en su contumacia hacia dónde nos encaminamos. Año 1996: en este caso, a pesar de mantener la misma argumentación que en el año 1992, ustedes sí dan forma a su iniciativa de proposición de ley. Y su proposición de ley se admite a
trámite por unanimidad de esta Cámara y, como han dicho con anterioridad, a esa proposición de ley se presentan enmiendas que terminan en nada. Es una proposición de ley que en el año 1997 se deja dormitar hasta que caduca al final de la
legislatura. Ahora usted nos viene a avanzar por qué no salió en el año 1996. Porque no hubo diálogo, porque no hubo acuerdo, pero es que en el año 2004 y hoy, en el año 2006, nos avanza exactamente la misma posición: si no nos dan la razón en
todo retiramos la proposición.
Después de estos pequeños antecedentes, puedo decir que, como mínimo, su actitud sin diálogo y sin llegar a algún acuerdo es muy repetitiva, muy reiterativa, y ser reiterativo no es ningún argumento, hay que buscar otras vías de solución, se
ha intentado numerosas veces y no se llega a ese acuerdo, pero quiero entrar en el fondo del asunto. Señor proponente, el único argumento que ustedes mantienen en toda esta trayectoria, años 1992 y 1996, es que en esta materia la competencia reside
en las Juntas Generales, incluso hablan del respeto a las decisiones soberanas de las mismas. Sin embargo, como ya hemos expresado otras veces, los socialistas entendemos que la competencia en esta materia corresponde a las Cortes Generales. Por
tanto, esta iniciativa tiene perfecta cabida en nuestro ordenamiento jurídico, y voy a ser más explícita. El Real Decreto legislativo 781, que usted ha citado, recoge en su artículo 25.2 lo siguiente, leo literal: solo mediante ley aprobada por
las Cortes Generales puede modificarse la denominación y capitalidad de las provincias. La duda interpretativa que ustedes manifiestan quedó zanjada, no sé si usted lo recuerda, señor Esteban, cuando el Tribunal Constitucional, en sentencia 385 del
año 1993 -por cierto, sentencia resolutoria de los recursos de inconstitucionalidad promovidos por el Gobierno de Cataluña, el Gobierno vasco y el Consejo Ejecutivo de la Generalitat de Cataluña precisamente contra esta disposición-, dijo
literalmente: Aun cuando sin tanta nitidez como en el caso de los límites provinciales, la imposición de nombre o su cambio encaja, sin embargo, dentro de las bases cuya determinación corresponde al Estado; denominación y capitalidad, elementos
muy unidos, son dos aspectos esenciales de la configuración de un ente público territorial cualquiera en más de un sentido. En consecuencia, no le pueden resultar diferentes al Estado y su intervención en este punto no significa extralimitación
alguna de su ámbito de competencias en la distribución que de las mismas hace la Constitución y los correspondientes estatutos de Autonomía. Pues bien, esta habilitación legal, pero también el diálogo, el consenso, el acuerdo e incluso la
unanimidad de todos los grupos políticos responsables en sus correspondientes ámbitos territoriales permitió que se aprobase el elenco de normas al que hemos hecho referencia, permitió el cambio de provincia de La Rioja, de Girona y Lleida, incluso
el más reciente, la cooficialidad en Valencia de las provincias de Alacant, Castelló y Valencia. Esa es la causa de por qué ha salido adelante, no el simple hecho de presentar una iniciativa y mantener que si no se está de acuerdo en su totalidad
usted la retira, y prefiero no darle ahora el nombre a esa actitud. En consecuencia, por estas razones y porque creemos que tiene encaje legal, nosotros vamos a votar favorablemente a la toma en consideración. La competencia es de Cortes Generales
y por eso el Grupo Socialista va a votar a favor.
Respecto de la segunda cuestión que plantean, es decir, si denominamos a los territorios de Vizcaya y Guipuzcoa solo en euskera, y con ello suprimimos la denominación en castellano, permítame recordar, sobre todo al señor Herrera y al señor
Xuclà -que no sé si es por desconocimiento de nuestro Estatuto de Autonomía o porque serían partidarios de su modificación-, que el artículo 6 del Estatuto de Autonomía del País Vasco dispone que el euskera, lengua propia del pueblo vasco, tiene,
junto con el castellano, carácter de lengua oficial de Euskadi, reconociéndose a todos los miembros del País Vasco el derecho a conocer y a usar ambas lenguas. Artículo 6 del Estatuto de Autonomía. Pero avanzo más. Derivado de esto, evidentemente
existe el correlativo deber de los poderes públicos vascos de garantizar el uso de ambas lenguas, regulando su carácter oficial y arbitrando las medidas y medios necesarios para asegurar su conocimiento. Como consecuencia de esta razón jurídica y
de otras que voy a exponer, también le anticipo la voluntad política del Grupo Socialista de enmendar esta iniciativa, porque realmente creemos que la diversidad cultural que se manifiesta a través del multilingüismo, y en nuestro territorio del
bilingüismo, es una fuente de riqueza, no un obstáculo ni un escollo ni un problema. La lengua está íntimamente ligada a la conciencia que tiene el ser humano del mundo que le rodea. La lengua comporta valores, formas de sentir y de pensar,
tradiciones,
referencias históricas y literarias, y en este contexto Guipúzcoa y Vizcaya en castellano han existido y existen con toda esta carga que yo le intento transmitir, jurídica, histórica, emocional, vivencial, para una parte muy importante de la
sociedad vasca; como también existen Gipuzkoa y Bizkaia en euskera. Comparto su sentir, pero hágase eco del sentir que yo represento, de esa parte de la sociedad, e integremos ambas lenguas, integremos ambas propuestas. Sobre todo, no nos
aferremos al monolingüismo impositivo, del que tanta experiencia tenemos en nuestra tierra, que hizo mucho daño a nuestra cultura en la dictadura del franquismo. No dejemos pasar estas enseñanzas en balde, respetemos las lenguas como un patrimonio
cultural que nos corresponde a todos los vascos.
Muchas gracias. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos.-El señor Esteban Bravo pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Esteban, por favor.
El señor ESTEBAN BRAVO: Señor presidente, quiero anunciarle, como ya había señalado desde la tribuna, que en vista de la postura mantenida por los dos grupos mayoritarios de querer ir en contra de la voluntad de las instituciones forales,
retiramos en estos momentos nuestra iniciativa.
Muchas gracias.
PRÓRROGAS DE PLAZO.
El señor PRESIDENTE: Antes de votar realizaré dos avisos. En primer lugar, de conformidad con el acuerdo adoptado por la Mesa de la Cámara, oída la Junta de Portavoces, esta Presidencia somete al Pleno la prórroga del plazo otorgado a la
subcomisión para potenciar y promover la responsabilidad social de las empresas, constituida en el seno de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales, para rendir informe hasta el día 30 de septiembre de 2006, así como la prórroga del plazo otorgado
a la subcomisión sobre la reforma del servicio exterior, constituida en el seno de la Comisión de Asuntos Exteriores, para rendir informe en un plazo de seis meses a contar desde la fecha de aprobación por el Pleno de dicha prórroga. ¿Lo acuerda
así la Cámara? (Asentimiento.) En consecuencia, quedan aprobadas las prórrogas de los citados plazos.
EXCLUSIÓN Y MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
El señor PRESIDENTE: Segundo aviso: exclusión de un punto y propuesta de modificación del orden del día. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la exclusión del
orden del día de la presente sesión del punto número 33, correspondiente a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) relativa a la posición que piensa defender el Gobierno sobre emigración y política mediterránea
en la próxima cumbre euroafricana a celebrar el próximo mes de julio en Marruecos, y la modificación del orden del día en el sentido de debatir el punto número 47, relativo al dictamen de Comisión sobre el proyecto de ley de capitalidad y de régimen
especial de Madrid, como primer punto de la sesión plenaria del jueves día 11 de mayo. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) En consecuencia, queda aprobada la exclusión del punto de referencia y la modificación del orden del día.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN.)
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA LASAGABASTER), ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL EN SU REDACCIÓN DADA POR LA LEY 19/2003, DE 23 DE DICIEMBRE. (Número de expediente 122/000083.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a votar. Habrá una sola votación, ya que la segunda proposición de ley debatida, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), ha sido retirada.
Votación de la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, señora Lasagabaster, orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en su redacción dada por la Ley
19/2003, de 23 de diciembre.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 28; en contra, 271; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, RELATIVA A LA CONSERVACIÓN DEL LITORAL. (Número de expediente 162/000471.)
El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día: Proposiciones no de ley.
En primer lugar, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso relativa a la conservación del litoral. (La señora vicepresidenta, Chacón i
Piqueras, ocupa la Presidencia.-Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, les recuerdo que continuamos con la sesión plenaria y, por tanto, si desean abandonar el hemiciclo deben hacerlo con rapidez y en silencio, por favor. (Continúan los rumores.)
Señorías, por favor, de nuevo les ruego que si desean abandonar el hemiciclo lo hagan con rapidez y en silencio.
Señora Ortiz, si sus compañeros diputados y diputadas la dejan continuaremos con la sesión plenaria. Tiene la palabra para la defensa de la proposición no de ley relativa a la conservación del litoral.
La señora ORTIZ RIVAS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, los más de 10.500 kilómetros de costa que conforman el litoral español están sometidos a una preocupante presión urbanística, turística e industrial que produce una acelerada degradación física y ambiental en muchos casos
irreversible. A esta degradación se ha unido la paulatina ocupación del dominio público litoral, entre otras razones, por la falta de deslindes, tal como estableció la Ley de Costas del año 1988. En los últimos años los gobiernos del Partido
Popular demoraron en exceso los deslindes del dominio público y, por ende, la protección del uso público de la costa y los valores ambientales del litoral. En estos momentos, los informes de los expertos acerca de la situación del litoral español
son alarmantes. Las macrourbanizaciones inundan prácticamente el litoral en zonas de Murcia, Alicante, Málaga, Valencia, etcétera. Las zonas sin urbanizar a menos de un kilómetro de la costa son prácticamente inexistentes. Incluso en su momento
el Parlamento Europeo aprobó una iniciativa a favor de una moratoria en las recalificaciones de la Comunidad Valenciana, y entre tanto algunos municipios continúan con proyectos urbanísticos insostenibles y se sigue pretendiendo construir o
construyendo directamente en la zona de dominio público y de protección del litoral. En este caso se podrían citar aquí muchos municipios de todos los colores políticos, pero no es la intención de esta iniciativa política entrar en el debate y
enfrentarnos unos con otros, sino todo lo contrario.
La idea de la iniciativa política que se presenta hoy en la Cámara, de esta proposición no de ley, es llegar a un acuerdo parlamentario de unos mínimos que nos hagan avanzar en la conservación y en la protección del litoral. Ante esta
alarmante y compleja situación, el Ministerio de Medio Ambiente está llevando a cabo como una de sus prioridades la recuperación generalizada del dominio público marítimo-terrestre, impulsando los deslindes como herramienta jurídica para proteger
los derechos de los ciudadanos. De esta forma, durante los dos últimos años se han recuperado cerca de 800 kilómetros de costa para su incorporación al dominio público marítimo-terrestre. Así, de los aproximadamente 10.000 kilómetros de costa del
litoral español se encuentran deslindados, en estos momentos, más del 72 por ciento. En el año 2005 se aprobaron 488 kilómetros de deslinde en la costa, lo que supuso un incremento del 35,60 por ciento respecto a lo que se había hecho en el año
2004, 360 kilómetros, y un incremento del 46,80 por ciento respecto a lo que se había hecho igualmente en el año 2003, 332 kilómetros. Por otro lado, en los últimos años se ha puesto en marcha el programa de adquisición de fincas en el litoral en
áreas de alto valor medioambiental para su integración en el dominio público, con el fin de garantizar su protección y restauración.
No obstante, señorías, el esfuerzo que se hace desde el ministerio no será suficiente si no existe la voluntad
manifiesta y el compromiso firme de todas las administraciones, así como de las fuerzas políticas y sociales, para que de forma conjunta y coordinada se actúe en la protección del litoral, consiguiendo entre todos un acuerdo en su defensa. Por una
vez, frente a intereses especulativos y privatizadores de lo que es público debe estar la voluntad y el compromiso político de todos los grupos y de todas las instituciones para la defensa y protección de nuestro litoral. La protección integral del
litoral y la aplicación de los principios básicos de la Ley de Costas exigen la corresponsabilidad de todas las administraciones; de la Administración General del Estado en lo establecido en la Ley de Costas y de las administraciones territoriales
con competencias tan fundamentales para la protección del litoral como la ordenación del territorio, el urbanismo o la gestión del medio ambiente. Por tanto, señorías, al deslinde del dominio público de forma urgente, sobre todo en las zonas con
más presión urbanística, se ha de sumar el compromiso de todos los partidos y de las instituciones en el ámbito de sus competencias de preservar el litoral con los instrumentos jurídicos y económicos a su alcance.
Por todo esto, el Grupo Socialista ha presentado la presente proposición no de ley que insta al Gobierno de la nación, en primer lugar, a acordar con las comunidades autónomas y las entidades locales actuaciones que garanticen la efectividad
de las limitaciones o servidumbres del dominio público marítimo-terrestre, así como las necesarias para una protección integral del litoral; en segundo lugar, a intensificar los trabajos del deslinde del dominio público marítimo-terrestre, con un
énfasis especial en las zonas con mayor presión urbanística o en peligro de degradación ambiental, de modo que pueda completarse cuanto antes la delimitación definitiva de todo el litoral español; y en tercer lugar, a continuar y a reforzar en los
próximos presupuestos generales el programa de adquisición de fincas, con el objetivo de reforzar la protección del litoral mediante su incorporación al dominio público.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Ortiz, muchísimas gracias.
Señorías, han sido dos grupos parlamentarios los que han presentado enmiendas. En primer lugar tendrá la
palabra la señora Fernández para defender la suya en nombre del Grupo Mixto.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Muchas gracias, señora presidenta.
Subo a esta tribuna para expresar la posición de nuestro grupo parlamentario, el BNG, respecto a esta proposición no de ley y manifestar desde un principio nuestra posición favorable a la propuesta que presenta el Grupo Socialista de
coordinar con las distintas administraciones, autonómica y local, actuaciones que garanticen la efectividad de las limitaciones o servidumbres del dominio público terrestre, así como la protección del litoral. Es para nosotros una enorme
preocupación la cantidad de proyectos urbanísticos que proliferan por nuestras costas. De ahí que nos parezca acertado intensificar los trabajos de deslinde del dominio público terrestre, cuestión que desde nuestro punto de vista evitaría muchos de
los recursos judiciales existentes en estos momentos debidos a un afán de considerar privado lo que de acuerdo con la Ley 22/1988 se establece como dominio público, si bien es cierto que evitar que los complejos urbanísticos invadan las zonas
costeras requiere más medidas que las que al amparo de la Ley 22/1988 se pueden acometer. Es necesario sustituir el concepto de negocio inmediato que representa el urbanismo turístico que de manera salvaje se está imponiendo o se quiere imponer.
Digo esto porque hay muchos sitios, en concreto está previsto en las Rias Baixas gallegas, donde se pretende cambiar el paisaje de lugares paradisíacos por el ladrillo y el cemento, que es lo que suponen estos complejos urbanísticos. De manera
reiterativa se habla de desarrollo sostenible, y lamentablemente este, para unas actividades económicas tan ligadas entre sí como son el turismo y la construcción, en vez de ser un objetivo es solo un desiderátum. Por todo ello consideramos
pertinentes los tres puntos de la proposición no de ley que presenta y que acaba de defender la señora Ortiz Rivas, y presentamos nuestra enmienda que pretende añadir un nuevo punto en el que se plantea la agilización de los trámites para la
transferencia a las comunidades autónomas que así lo hayan solicitado de las competencias en materia de dominios públicos marítimo-terrestres, como es el caso de Galicia.
Galicia cuenta con una zona costera de 1.195 kilómetros cuadrados y su litoral necesita una firme protección medioambiental y una adecuada ordenación que ha de tener en cuenta todas las singularidades de su costa, tanto medioambientales como
sociales o poblacionales, de manera que se pueda potenciar al mismo tiempo que proteger toda una riqueza, entre ella la paisajística, que por cierto es de los atractivos turísticos más importantes de nuestro país. Por tanto, toca protegerlo y
conservarlo para poder disfrutarlo. Las transferencias competenciales en esta materia son fundamentales para que el Gobierno gallego pueda acometer una ordenación del litoral acorde con los principios de desarrollo económico y preservación
medioambiental. Hacemos mención explícita de esta cuestión en Galicia porque conocemos directamente las características concretas de esta problemática de acuerdo con la realidad de nuestro país, pero seguramente cualquier otro país o comunidad
autónoma se encuentra en circunstancias iguales o semejantes a las descritas por nosotros. De ahí la consideración que planteamos en la enmienda que presentamos sobre la conveniencia de que las competencias en materia del dominio público
marítimo-terrestre sean transferidas a las comunidades autónomas que así lo tengan solicitado. No queremos imponer esta transferencia a ninguna comunidad, pero sí a aquellas que lo consideren adecuado desde sus gobiernos, desde sus instituciones
legislativas, y que tengan la competencia a este respecto. Por tanto, esta enmienda debería ser apoyada por el grupo que presenta la proposición no de ley y por los demás grupos, porque es de gran importancia para todas las comunidades y desde
luego para Galicia.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Fernández, muchísimas gracias.
El siguiente grupo que ha presentado enmiendas es el de Esquerra Republicana. El señor Ramón tomará la palabra en su nombre para defender su enmienda.
El señor RAMÓN TORRES: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, compartimos los objetivos que persigue el Grupo Socialista con la proposición no de ley que presenta hoy ante esta Cámara, tanto en lo que se refiere a reforzar el proceso de deslinde del dominio público
marítimo-terrestre, así como en la política de adquisición de fincas litorales con valor natural. El dominio público marítimo-terrestre es un bien común que no debe estar restringido a usos privados, excepto en los casos que sea estrictamente
necesario. Como hemos demostrado con algunas acciones concretas, nuestro grupo tiene la firme convicción de que la costa no debe restringirse a usos privados, y menos a usos elitistas. Aunque compartimos los objetivos, queremos trasladarles unos
análisis sobre la situación actual de los deslindes y del proceso de compra de espacios litorales que merecen atención y que justifican la presentación de diversas enmiendas por parte de nuestro grupo.
En primer lugar, permítanme poner en duda la necesidad de los dos primeros puntos de la proposición no de ley. Si ustedes leen la memoria del Ministerio de Medio Ambiente del año 2004, redactada en 2005 y firmada por la ministra Narbona,
verán que en el apartado de políticas de costa lo que ustedes están proponiendo a la Cámara son objetivos ya asumidos por la
Dirección General de Costas. Si estos objetivos ya forman parte de la agenda de trabajo ¿de qué nos puede servir la declaración que hoy nos someten a votación? En este sentido creemos oportuno que se inste a dotar de más recursos para
llevar a cabo estos objetivos, que insisto en que parece que están ya formalmente asumidos. Llegados a este punto, queremos hacer mención a la dotación presupuestaria del programa de deslindes del Ministerio de Medio Ambiente. Los datos más
recientes sobre los deslindes en los països catalans, que hemos obtenido a raíz de una pregunta escrita al Gobierno, muestran que al inicio del presente año 2006 alrededor de un 71 por ciento estaba deslindado del dominio público marítimo-terrestre.
Esto quiere decir que todavía faltan 745 kilómetros de costa por deslindar. ¿Con qué presupuesto se cuenta para ello hasta el 2009? Según los presupuestos vigentes, la suma en los próximos cuatro años ofrece un gasto de 6.000 euros por kilómetro.
Nos parece bastante poco, señoras y señores diputados. ¿Se puede cumplir el compromiso de la ministra de culminar a lo largo de esta legislatura el deslinde del dominio público marítimo-terrestre con estas aportaciones? Más allá de estas
aportaciones simbólicas, nuestro grupo entiende que el proceso de deslinde no debe restringirse al trámite administrativo, sino que debe restituir el estado original de las zonas del dominio público martímo-terrestre que estén afectadas por
construcciones. También creemos que esta tarea de recuperación debe servir para expropiar lo que se considere necesario o para otras eventualidades que perviertan el uso público de estas zonas.
Por este motivo, en la presente proposición no de ley
queremos que se acepte una enmienda para asignar una partida presupuestaria más acorde con los objetivos citados de consumar el deslinde y la recuperación del dominio público.
En cuanto a la adquisición de fincas, entendemos que la proposición no de ley no está suficientemente comprometida y no se posiciona sobre algo que consideramos fundamental: establecer una reglamentación que haga más transparente la
política de compras de espacios litorales y que respete las competencias autonómicas. Alguna sentencia del Tribunal Constitucional ya ha establecido que la titularidad de dominio público no es en sí misma un criterio de la habilitación competencial
y, en consecuencia, la naturaleza demanial no aísla la proporción del territorio así considerado en su entorno ni la sustrae de las competencias que sobre ese espacio corresponden a otros entes públicos que no ostenten esa titularidad. Debe
entenderse que la competencia en la definición y planificación de los espacios de protección natural es autonómica.
En relación con el tercer punto de la proposición no de ley, creemos que se debe concretar una partida más significativa para esta tarea de compra de espacios litorales. Recuerden que los presupuestos del presente año no contemplaban
originariamente ninguna partida para la adquisición de fincas. Como saben, esa asignación fue fruto de una enmienda que presentó nuestro grupo y es evidente que a partir de ahora los presupuestos la deben prever de forma sistemática. Lo que
recalcamos en nuestra última enmienda es que se concreten diversos fondos según la zona de inversión y que se aumente la dotación de forma sustancial.
El Grupo de Esquerra Republicana entiende que la parte dispositiva de la proposición no de ley no aporta elementos nuevos en ningún caso y que debe enmendarse para que efectivamente sea un paso adelante. Insistimos en que es necesario
instar al Gobierno a dotar de más recursos para la tarea de recuperación del dominio público, más aportaciones económicas para la adquisición de espacios litorales, y que estas adquisiciones sean llevadas a cabo de forma más transparente y más
compartida con las administraciones autonómicas.
Gracias, señora presidenta; gracias, señoras y señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Ramón, muchísimas gracias.
Pasamos al turno de fijación de posiciones. Comenzamos por el señor Mardones en nombre de Coalición Canaria-Nueva Canarias.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señora presidenta.
Mi grupo va a votar favorablemente esta proposición no de ley que nos trae el Grupo Parlamentario Socialista. Algunos intervinientes, como la portavoz del Grupo Mixto, Bloque Nacionalista Galego, se han referido anteriormente a la
superficie de costa de muchas de las comunidades autónomas españolas. Después de escucharles, llegamos a la conclusión de que en los archipiélagos canario y balear todo el territorio es costa y, por ello, nuestra sensibilidad es enorme. Con el
deterioro de nuestro litoral estamos pagando los efectos perversos de un sistema económico que ha hecho que el turismo en España sea de sol y playa. Esta oferta mueve millones de personas hacia áreas costeras de sol y playa, a lo que hay que añadir
que el sistema que tira fundamentalmente de la economía, aparte del consumo, es lo que se denomina en el argot económico el ladrillo. De esta forma entramos en el terreno de las plusvalías del suelo urbanizable, que no solamente está en zonas
urbanas interiores, en capitales y grandes municipios, sino también en las costas. Recuerdo que en la III Legislatura, siendo ministro de Obras Públicas el señor Cosculluela, que es quien trajo aquí la ley vigente, la Ley 22/1988, se debatieron
aspectos de este tipo. Yo apoyé la propuesta del señor Cosculluela, del Grupo Parlamentario Socialista, y recuerdo que se hizo una observación que se ha demostrado que ha tenido unos
efectos perturbadores: la cantidad de invasión del territorio costero en que la reserva del Estado quedó supeditada a las decisiones de los tribunales superiores de justicia sobre licencias concedidas por los ayuntamientos antes de la Ley
22/1988. Esto lo hemos visto en el caso de Canarias, donde posteriormente a la Ley Cosculluela de 1988 hubo municipios y concesionarios de licencias de construcción en zona marítimo-terrestre que fueron amparados por sentencias, sentencias que en
un Estado de derecho había que aceptar y que fueron favorables a aquellos que tenían licencias y concesiones de ocupación del espacio marítimo-terrestre. Esto conculcó precisamente los principios que todos queríamos defender para evitar el
deterioro que se contenían en la Ley 22/1988. Nosotros vamos a apoyar hoy esta iniciativa porque más vale tarde que nunca, aunque como se ha dicho aquí incluso en los dos primeros puntos de la memoria del Ministerio de Medio Ambiente se habla de
que están en la línea. Ya que el ministerio está observando que hay una serie de dificultades, daremos nuestro voto positivo para que la Administración General del Estado, en este caso del Ministerio de Medio Ambiente, en colaboración con las
comunidades autónomas siga adelante con el proyecto.
Si no hay una voluntad de armonía entre la Administración General del Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos -lo digo entre comillas y con todos los énfasis posibles-, si no se sustrae de
una apetencia de ingreso de fondos municipales vía venta de terrenos que están próximos o dentro de las zonas de protección marítimo-terrestre, no podremos andar hacia delante.
Señorías, yo insistiría en que el tema de los deslindes tiene que ser prioritario. El tercer punto que habla de adquisición de fincas se puede transformar en un deseo y en una utopía. No creo que haya dinero suficiente en los Presupuestos
Generales del Estado para comprar todas las zonas marítimo-terrestres españolas que puedan ser objeto de venta, porque además habría que condicionar los tipos de venta: por expropiación, por justiprecio o no. Esto sería como decirle al director
general de Tráfico que compre coches para que no circulen los días de puentes o de vacaciones. Apliquemos un reglamento y todo el peso de la ley sobre todo en los deslindes. Mientras todas las costas del dominio marítimo-terrestre en nuestro país
no estén sometidas a la limitación de los deslindes, se seguirán produciendo tropelías especulativas de todo orden y se seguirá produciendo un tremendo deterioro de nuestro litoral, con todo lo que esto conlleva. Además esto obliga a muchas
corporaciones locales a tener incluso, por la contaminación que produce la ocupación de edificios, hoteles, apartamentos y segundas residencias en las áreas marítimo-terrestres, un sistema de depuración que encima invade el propio dominio.
Señora presidenta, nosotros votaremos favorablemente esta iniciativa porque está en la línea de una consecuencia lógica del problema que tenemos en todas las costas de España.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Mardones.
Continuamos con el turno del diputado señor Herrera, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señora presidenta.
Nuestro grupo parlamentario va a votar favorablemente a la proposición no de ley porque existe una problemática que ha explicado la señora Ortiz.
Esta proposición no de ley nos da algunas soluciones y alternativas a esta problemática, si
bien esas alternativas deben ser globales. La señora Ortiz es diputada por la provincia de Almería. En Almería se está realizando actualmente una autopista entre Almería y Murcia que tiene una contestación ciudadana importantísima, a la que el
Partido Socialista en la anterior legislatura se opuso y que en cambio hoy se está realizando.
Por tanto, tenemos multitud de variables y una de ellas es esta, pero la otra por supuesto es el modelo de infraestructuras y de crecimiento que tenemos
en la costa; obviamente a partir de determinados modelos de infraestructuras y de crecimiento lo que hacemos es que la costa aún esté precisamente más degradada y más deteriorada.
Nuestro grupo parlamentario se compromete con esta proposición no de ley.
El señor Ramón decía que fue el Grupo de Esquerra, pero también fue el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, quien presentó y
consiguió precisamente partidas concretas en los Presupuestos Generales del Estado, con el compromiso también del Grupo Socialista y del propio Gobierno para la adquisición de terrenos en el litoral del Mediterráneo; una partida importante que
hasta el momento no había existido y que hay que valorar positivamente. Se está realizando una labor que hasta el momento no existía y por primera vez en muchos años se está interviniendo en aquellas operaciones urbanísticas que suponen una
depredación del litoral. Por tanto, valoramos favorablemente que estas partidas existan y además valoramos de forma muy positiva que con esta proposición no de ley vayamos a tener un mandato para los próximos Presupuestos Generales del Estado, para
que el Gobierno en definitiva cumpla aun de una forma más escrupulosa y más ambiciosa con partidas presupuestarias que permiten esa acción para adquisición de terrenos en el litoral.
Hay un segundo elemento que también es importante, que es el deslinde, al cual hacía referencia el señor Mardones. A nuestro entender va parejo. El señor Mardones decía que era el primero, para nosotros una
línea y otra van en paralelo. De hecho, uno de los elementos positivos de este Gobierno es que el deslinde en el litoral se está produciendo a un ritmo razonable. Donde no se está produciendo este ritmo tan razonable es en el deslinde de
las cuencas fluviales. Ustedes saben que este es precisamente otro de los elementos que se tienen que abordar, tendiendo en cuenta en definitiva que el deslinde en las cuencas fluviales aun es de mayor envergadura que el existente en este caso en
el litoral, pero en el que vamos con mucho retraso. Este es uno de los elementos que, si bien no se trata en esta proposición no de ley, deberá abordarse por el ministerio.
Por último, en esta materia hay que establecer una gran cooperación con las comunidades autónomas. Ellas tienen competencias que en este caso se yuxtaponen con las de la Administración central del Estado, por lo que necesitaríamos una mayor
sensibilidad para que estas tareas se realizasen en cooperación con las comunidades autónomas. Por tanto, con la votación de hoy nosotros queremos que por supuesto haya un mandato, en este caso al ministerio, para que las tareas que están
realizando en esta materia se hagan desde la sensibilidad y la cooperación con las propias comunidades. Por todo ello, nuestro grupo parlamentario va a votar favorablemente.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Herrera.
Continuamos con el señor Txueka en nombre del Grupo Vasco.
El señor TXUEKA ISASTI: Gracias, señora presidenta.
Señora Ortiz, vaya por delante que mi grupo va a apoyar esta proposición no de ley porque considera que todo avance es importante, pero me va a permitir que le realice algunas consideraciones. Primero le expreso mi apoyo y luego le hago las
consideraciones.
Cuando se analiza este tipo de proposiciones no de ley, normalmente muy bien intencionadas y presentadas por los grupos que apoyan al Gobierno, a uno le queda la constatación en este caso de un sonoro fracaso, ya que desde la aprobación de
la Ley de Costas han pasado dieciocho años, en los que ustedes han gobernado diez años y el Partido Popular ha gobernado los otro ocho. Un resumen simplista de esa ley y de esos dieciocho años se basaría en que el Estado asumía el dominio sobre los
cien primeros metros de la costa, se realizaban los deslindes de los dominios públicos marítimo-terrestres y se trataba de regular las autorizaciones al sistema de autorizaciones. Pues bien, la situación actual no la defino yo, sino que lo hace
usted en la motivación, donde plantea términos como degradación, paulatina privatización -de facto estoy de acuerdo, y lo digo en ese sentido-, ocupación del dominio público litoral, inseguridad jurídica, etcétera; es decir, términos que reflejan
que el escenario es bastante desastroso. Pues bien, tras esos dieciocho años de gobierno compartido y tras estos últimos dos años que se planteen frases como que se insta al Gobierno a adoptar el compromiso concreto de completar en lo posible..., a
mí me suena a Woody Allen, a Forges o a mi amigo Pedro Azpiazu, que tiene la virtud de expresar lo obvio mediante lo absurdo.
Por tanto, señora Ortiz, mi grupo apoya su propuesta porque entendemos que es positiva; ahora bien lo que tiene que hacer
el Gobierno es realizar de una vez el deslinde, que sea efectivo, porque dieciocho años son muchos años, sobre todo cuando se está hablando de acordar con las comunidades autónomas. Pues bien, no solamente habría que acordar, sino también denunciar
a las comunidades autónomas que no ejercen su competencia, porque el Estado -de todos es conocido los continuos recursos al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional respecto a otro tipo de actividades y actuaciones de las comunidades autónomas-
en esta materia sencillamente o actúa de hecho, por competencia, o actúa porque no lo hacen las comunidades autónomas. Por tanto, tiene usted nuestro apoyo bienintencionado, pero me va a permitir por lo menos que me desahogue con estos comentarios
ante el escenario tan desastroso en muchas situaciones y ante el fracaso evidente que supone que la Ley de Costas se aprobase hace dieciocho años y que muchas comunidades autónomas actúen y ejerzan con cierta realidad en esta materia ante el
panorama desolador que tenemos y con continuas denuncias incluso ante instancias internacionales respecto a esta materia.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Txueka.
Señor Guinart, continuamos con usted en nombre del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.
El Señor GUINART SOLÁ: Gracias, presidenta.
Señorías, intervengo para fijar la posición de nuestro grupo ante la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la conservación del litoral. No voy a descubrir América afirmando y redundando en las presiones y
acosos de todo tipo que sufre nuestro litoral peninsular e insular, porque ya lo han dicho otros grupos y nadie puede discutirlo. Probablemente a partir de la segunda mitad del siglo XX de forma progresiva hasta nuestros días la mejora de las
condiciones laborales y de vida de los europeos, que ha significado la generalización de los periodos de vacaciones y la ambición de un mayor nivel de vida para muchos urbanitas que supone disponer de una segunda residencia fuera de la ciudad, unida
al atractivo del mar, el litoral y la costa, hasta entonces en un estado bastante primario, explica la presión urbanística sobre todo, pero también demográfica, social, laboral, infraestructural, etcétera.
Hay que contraponer a esa presión, en justicia, el desarrollo y prosperidad que para esas zonas litorales, de sus pobladores de siempre y de los que allí se han desplazado, ha significado el turismo, ya sea como servicio directo o como
actividad inductora de otras dinámicas económicas, siendo especialmente relevante la construcción y sus efectos multiplicadores sobre el resto de la economía. Es bien cierto que todos los excesos son contraproducentes, son perniciosos, y a una
primera ocupación, no planificada y en muchos casos irracional, por no decir salvaje, de la zona litoral en los años sesenta y setenta siguió, ya con la democracia, en los años ochenta y noventa, un intento de racionalizar las intervenciones
urbanísticas de todo tipo en el litoral con la redacción de planes generales de ordenación urbana en las poblaciones costeras y con un debate más profundo sobre los impactos de aquella presión. Un ejemplo de esas reflexiones es el debate Costa
Brava de principios de los ochenta, que tuvo su segunda edición evaluativa -por cierto nada optimista- en el año 2003, y la constatación, a pesar de aquellos esfuerzos, de que el modelo de desarrollo litoral y la intervención de los poderes públicos
en sus diversos niveles, empezando por el de proximidad de los ayuntamientos hasta el del Estado, todavía no ha alcanzado un nivel óptimo ni mucho menos de excelencia, como gusta utilizarse en el sector turístico. En el cambio de siglo, la
sensibilidad y seguimiento de la opinión pública sobre esas presiones ha seguido en aumento, probablemente en la misma proporción en que se ha ido acercando el crecimiento urbanístico a un cierto nivel de saturación por un lado, ampliando su ámbito
de preocupación más allá de la estricta línea del litoral por otro; movimientos como el de Salvem l'Ampurdá es un ejemplo de ello. La mayoría de planteamientos urbanísticos recientes de la costa, con excepciones, ya no proponen mayor superficie de
suelo urbanizable, sino que intentan racionalizar el uso del suelo urbano existente, incluso en algún caso planteándose descalificaciones de suelo costero, si bien es difícil ejecutarlo por su alto coste económico. En Cataluña ya se ha ido
avanzando con la compra de algunas zonas litorales, como el Club Mediterranée en Cadaqués, o la cala Cap Castell en Palamós, o con la redacción del Plan director de costas, que aunque debatido ha sido aceptado ampliamente por los ayuntamientos
afectados. Es cierto, como se ha dicho, que en cada autonomía, como titulares de la competencia de ordenación del territorio, ha tenido desarrollos ostensiblemente diferentes.
Ante esta problemática compleja y poliédrica ahora el Grupo Socialista aborda específicamente una pequeña parte de la cuestión litoral, como es la relativa al dominio marítimo-terrestre, su delimitación, y tímidamente habla también de las
fincas colindantes. Nuestro grupo no puede estar en desacuerdo con el contenido de la proposición no de ley, pero, para ser francos, ya lo dábamos por descontado. Mal vamos si a estas alturas de la legislatura el Gobierno necesita del impulso de
su grupo parlamentario para acordar actuaciones de protección integral del litoral con las comunidades autónomas y las autoridades locales -se agradece la consideración-, o para intensificar los trabajos para la delimitación definitiva -falta casi
un 30 por ciento todavía- del dominio marítimo-terrestre, o para autoobligarse a destinar partidas presupuestarias -de hecho, el presupuesto lo aprueba este Parlamento- para comprar a precio de mercado -se supone- esas fincas colindantes. ¿Es que
no se ha hecho nada de esto hasta ahora? De acuerdo, adelante, háganlo ya. Ya debería estar hecho o más avanzado. En definitiva, esa proposición no de ley se nos antoja más bien preventiva, como un mal menor para evitar que le salgan los colores
de lo poco que se ha ejecutado en este ámbito de protección integral del litoral hasta ahora, pero en cualquier caso votaremos a favor de la iniciativa, de la proposición no de ley. Esperamos ansiosos y controlaremos su cumplimiento.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Guinart.
Finalizamos, señorías, este debate con el turno del Grupo Parlamentario Popular y, en particular, con el de la señora diputada Ramón-Llin.
La señora RAMÓN-LLIN I MARTÍNEZ: Señora presidenta, señoras diputadas, señores diputados, efectivamente se han dado unos datos en cuanto a la superficie, a la cantidad de deslinde del dominio público marítimo-terrestre existente en estos
momentos, que es el 72 por ciento, pero se ha obviado que a octubre del año 2003 con el Gobierno del Partido Popular ya existía deslindada un 65 por ciento de la costa española; es decir, de los más de 10.000 kilómetros, como ha dicho la señora
Ortiz, aproximadamente unos 6.400 se encontraban ya deslindados y había un trabajo preparado para seguir con todo ese deslinde. Por tanto, si hacemos esa resta en tres años, lo que se ha producido es un 7 por ciento de incremento, del 65 al 72, con
lo cual no vemos realmente dónde están sus méritos, sus éxitos y todas estas cosas que se han dicho.
En lo que hace referencia, por otra parte, a la cuestión de la adquisición de fincas -luego centraré este repaso inicial- tampoco es una novedad ni lo que dice la exposición de motivos, ni lo que dicen ustedes, ni la ministra, ni el
ministerio. Efectivamente en el periodo que va de 1998 a 2000 con Gobierno del Partido Popular se realizaron quince adquisiciones de fincas para su incorporación al dominio público marítimo-terrestre, es decir para su protección y para el uso
público común de todos los ciudadanos; en el periodo de 2000 a 2004 en esta misma línea se realizaron cinco adquisiciones más; y en lo que va de esta legislatura, de 2004 a 2006, y siempre atendiendo a la nota de prensa que hizo el Ministerio de
Medio Ambiente el pasado 28 de abril,
solamente se ha adquirido una finca. Por tanto, vamos a situar las cosas en su punto exacto. A la vista de todo esto, hay una cosa muy clara que ustedes siempre contradicen u obvian -que a veces es peor-, y es que cuando gobernaba el
Partido Popular inició estas dos actuaciones muy importantes, no ustedes, como plantean. El Gobierno socialista continuó con los objetivos que el Partido Popular ya había marcado e iniciado, porque efectivamente ese 72 por ciento de deslinde no
surge en dos años sino en muchos años anteriores; ya he dicho que en el año 2003 ya había deslindado un 65 por ciento de la costa española. Por tanto, eso no es así; ni ustedes inician estas actuaciones ni inventan nada nuevo al respecto ni
protegen más la costa por decirlo más veces o traerlo al Parlamento. La diferencia fundamental es que ustedes venden a bombo y platillo estas actuaciones todos los días a todas horas y en cualquier lugar que pasee la ministra o cualquier alto cargo
del ministerio o del Grupo Socialista. Es una propuesta innecesaria desde ese punto de vista.
Aunque le apoyen los demás grupos, no he visto clamorosas adhesiones a la cuestión tal como estaba planteada, porque se trata de instar a cumplir las leyes existentes en esa materia, y estamos absolutamente de acuerdo, pero no porque lo
digamos y toque, sino porque nosotros iniciamos estas actuaciones y las realizamos quizá con más discreción que ustedes, porque cada kilómetro de costa no significaba cuarenta anuncios de los responsables políticos. Hoy ustedes, instando al
Gobierno, como se ha dicho aquí, están diciendo que no ha actuado en dos años y que le tienen que instar a que siga deslindando de forma intensa y no sé cuántas cosas con una serie de falsedades en la exposición de motivos; en definitiva, le dicen
que tiene que acordar con las comunidades autónomas, con los ayuntamientos, que, dicho sea de paso, los echan de menos, porque de esto solo saben lo que aquí se habla y lo que dice la ministra en la prensa, ya que no tienen ninguna noticia directa y
clara al respecto sino la callada por respuesta en muchísimos casos. Por tanto, queremos que se cumpla la ley, pero no queremos tampoco -ustedes eso lo hacen bien- que esto sea la excusa en muchos casos para practicar esa política sectaria y
caciquil que premia a los amigos y perjudica a quienes no les tienen simpatía, y muestras de ello tenemos todos los días y de un ex ministro que lo practicaba mucho.
Con esta iniciativa ustedes pretenden hacer un lavado de cara, que lo hacen bastante bien; pretenden hacer creer a los ciudadanos que ustedes inician una nueva vía para proteger el litoral español. Ustedes son como ese niño pequeño que
quiere ser siempre el primero y dice: y yo más, y yo siempre. Pues no, en este caso coincido con la señora Ortiz en que no se trata de ver quién lo ha hecho peor, porque en cuestiones de este tipo todos los ayuntamientos de todos los colores,
incluidos de Izquierda Unida, tienen mucho que callar. En ese sentido, aunque esto es redundante y cuestiona la acción del Gobierno seriamente, estaríamos dispuestos -no sé si va a haber transacción- a votar favorablemente los puntos 1 y 3, porque
con esta propuesta, como digo, ustedes están diciendo al Gobierno qué es lo que tiene que hacer, que es ni más ni menos lo que ya hizo el Gobierno del Partido Popular, continuar con el deslinde del dominio público marítimo terrestre que se inició y
con la adquisición de fincas, como también se realizó con el Gobierno del Partido Popular. La verdad es que teníamos que haber hecho más anuncios de la cuestión, pero así fue y así consta.
Por otro lado, es muy importante -lo he dicho anteriormente- la cuestión de las comunidades autónomas. Por ejemplo, la Generalitat valenciana les remitió un listado hace cerca de medio año con una serie de zonas susceptibles de ser
adquiridas por el Ministerio de Medio Ambiente, y no es que se vayan a adquirir o no, es que no saben absolutamente nada, porque el ministerio, que tanto interés tiene -debe ser en otras comunidades-, ni ha respondido, ni les ha dicho si se va a
tener en cuenta, ni tan siquiera se ha dignado tener una reunión.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señora Ramón-Llin, por favor, concluya.
La señora RAMÓN-LLIN I MARTÍNEZ: Por todo ello, nos parece que eso está muy fuera de lugar; no obstante, vamos a ver cómo se desarrolla la aceptación o no de enmiendas. Nos parecen correctos los puntos 1 y 3, aunque en cualquier caso no
aportan nada nuevo. Yo desde el Ministerio de Medio Ambiente no me sentiría satisfecho porque se está cuestionando algo que se debería haber seguido haciendo; en la medida en que se ha seguido haciendo es una continuidad, por tanto no hay ninguna
iniciativa nueva por su parte, pero sí ganas de marear a los ciudadanos. En cualquier caso, los datos son estos.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Ramón-Llin.
Señora Ortiz, para la aceptación o rechazo de enmiendas, tiene usted la palabra.
La señora ORTIZ RIVAS: Gracias, señora presidenta.
Hay una enmienda presentada por el BNG que no vamos a aceptar, puesto que pide la transferencia de unas competencias que implica un debate jurídico más complejo que no se puede hacer a la ligera. Por otro lado, las enmiendas presentadas por
Esquerra Republicana hacen referencia a dotaciones presupuestarias a distintos programas que está llevando a cabo el Ministerio de Medio Ambiente y que en su momento, en el debate de presupuestos,
tendrán cabida, pero no en el debate de esta proposición no de ley.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señorías. Se votará la proposición no de ley en sus estrictos e iniciales términos.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 183 DE LA LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DE RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL. (Número de expediente 162/000469.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos con la siguiente proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se modifica el artículo 183 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen
Electoral General.
Para la defensa de esta proposición no de ley tiene la palabra la señora Muñoz.
La señora MUÑOZ URIOL: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, mi grupo va a defender a través de esta proposición que hay que devolver la normalidad al Ayuntamiento de Marbella, y la única vía posible es mediante la celebración de unas elecciones. Hemos visto cómo la extraordinaria gravedad
de los hechos no está suficientemente contemplada en la legislación vigente. A nadie se le hubiera ocurrido pensar que una situación como esta pudiera ocurrir; en cualquier caso, ya que hemos visto que ha ocurrido, han de reforzarse los mecanismos
legales para hacer frente democráticamente a situaciones tan excepcionales y devolver a los ciudadanos en el menor plazo posible el derecho a elegir a sus representantes directos y legítimos. Ese es el argumento que nosotros hoy defendemos, esa es
nuestra postura: devolver la normalidad con un Gobierno elegido democráticamente. No hay mayor interés para un partido político que defender esta postura. Le voy a dar tres razones por las cuales nuestro partido lo va a seguir defendiendo ahora y
durante todo el proceso que dure el mandato de esta gestora: la provisionalidad de la medida, las competencias de la gestora y sobre todo la legitimidad en sus conclusiones.
Marbella no puede ser el único ayuntamiento de España que tenga un Gobierno provisional, un Gobierno que no ha salido de las urnas, un Gobierno que no han elegido los ciudadanos. Para devolver esa normalidad necesariamente tenemos que dar
una garantía democrática sobre todo en un ayuntamiento donde desgraciadamente lo que más ha existido ha sido esa inseguridad jurídica. Esta situación que ahora tenemos en Marbella, señorías, es provisional y no nos parece justo que Marbella tenga
un Gobierno provisional por un periodo de 14 meses. Como segunda referencia nos preocupan las competencias que tiene la propia gestora, las dificultades que va a tener la propia gestora, según marca la ley en lo que actualmente tenemos en Marbella,
en cuanto a su ritmo de actuación y de competencia. La ley marca a la gestora dentro de esa provisionalidad como el autor que va a llevar la administración ordinaria de los asuntos municipales. El ministro Sevilla en unas declaraciones públicas
decía que esta gestora se iba a encargar únicamente de tramitar el día a día. Pues bien, desde aquí les quiero decir que, si es capaz de decir que un Gobierno provisional en la situación de Marbella se puede encargar de gestionar el día a día,
desconoce totalmente la situación de Marbella. La gestora puede estar bien para un municipio pequeño, para un municipio que no haya concurrido con unas listas electorales o para cualquier otra ciudad que no se haya visto metida en esa convulsión
política en los últimos años y fundamentalmente en los últimos meses con ese tripartito y después de aquella moción de censura. Un Gobierno provisional gestionando un día a día por quince meses es inviable en Marbella, y le voy a decir por qué.
Quien diga que una gestora va a llevar el asunto ordinario es no saber lo que tenemos allí.
Les voy a dar tres datos. Actualmente el Ayuntamiento de Marbella tiene contraida una deuda con la Seguridad Social, Hacienda, entidades bancarias y múltiples acreedores, aproximadamente de 500 millones de euros. El gasto corriente del
Ayuntamiento de Marbella supera los diez millones de euros, pero curiosamente los ingresos no llegan a los seis.
Me van ustedes a decir, simplemente en cuestiones económicas, ¿cómo va a gestionar un Gobierno provisional un día a día en el
Ayuntamiento de Marbella? Es inviable. Le voy a dar otro dato más. Si por la cuestión económica no era suficiente les voy a comentar el problema urbanístico que ha sido la gran trama que hemos vivido en Marbella. Ahora mismo, tenemos un
expediente de retirada de las competencias urbanísticas de la Junta de Andalucía; tenemos un plan general en el aire, un plan de ordenación del territorio en el que la gestora no se puede pronunciar porque no sabe si tiene legitimidad o no para
ello. ¿Alguien me puede decir que esa es una gestión ordinaria del día a día? A mí me preocupa como tercera medida, precisamente por estas competencias, las decisiones que va a tener que adoptar la gestora. Yo no dudo de la buena voluntad y de la
capacidad de los miembros de la gestora. He discrepado, hoy concretamente, de alguna de las decisiones que toman, pero no voy a poner en tela de juicio su buena voluntad. Lo que sí pongo encima de la mesa, lo que sí le pido -y apelo a su
responsabilidad- es la legitimidad de las decisiones que va a tener que adoptar la gestora teniendo en cuenta esta realidad de Marbella. Señorías, no van a ser decisiones de la gestión ordinaria; no. Van a ser decisiones de gran calado, con gran
repercusión para los ciudadanos, porque se van a tener que pronunciar en decisiones judiciales; vamos a
tener que personarnos en todos estos procedimientos judiciales que hay abiertos; va a haber grandes decisiones en el tema económico y habrá que hacer un plan de saneamiento con gran repercusión también para los ciudadanos; va a haber
decisiones urbanísticas, y ya hemos oído al presidente de la gestora decir que el aboga, apuesta y va a pedir la demolición de los edificios de la era Gil y que va a apoyar la retirada de las competencias de la Junta de Andalucía respecto al
Ayuntamiento de Marbella. Estos no son asuntos ordinarios, no es un día a día. Son decisiones que tenemos que saber si tienen o no la legitimidad de las urnas, de los ciudadanos y, sobre todo, si la ley, en ese vacío que actualmente tenemos, puede
refrendarlas o no. Van a ser decisiones que no solamente van a marcar esos catorce meses que va a estar en funcionamiento la gestora, si no logramos apelar a su conciencia y tener unas elecciones municipales, sino que van a afectar al futuro, no de
ahora, sino de las próximas corporaciones municipales porque el plan de saneamiento está previsto para 10 años, la retirada de las competencias para 5 años, una reestructuración de personal... Así le podría poner muchísimos ejemplos de lo que
ocurre en el Ayuntamiento de Marbella. Yo creo que estas medidas, como muchas otras, deben de tener el respaldo y el aval de un proceso democrático, y se lo digo además con la legitimidad que nos da no haber querido entrar en un Gobierno por la
puerta de atrás vía moción de censura, con esa legitimidad yo hoy les puedo estar hablando aquí. Lo que pedimos para el Ayuntamiento de Marbella es la legitimidad de las urnas, es lo único, y creo que para un partido, dentro de la democracia, poner
a dedo a las personas que van a gestionar durante este tiempo el futuro de Marbella, no es la mejor solución. Señorías, hoy aquí les pido voluntad política, solamente eso, voluntad política.
Ustedes saben que se puede hacer esa modificación. Es
más, la han hecho cuando sus intereses han conllevado a la modificación de una ley, lo hemos visto concretamente en el tema de la OPA de Endesa. Solamente les digo ahora, en este momento y aquí, defendiendo los intereses de Marbella, que pongan su
interés detrás del interés de Marbella.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA: (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Muñoz.
Señorías, entramos en el turno de fijación de posiciones. ¿Grupos parlamentarios que desean fijar posición? (Pausa.) Comenzaremos con el señor Llamazares, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señora presidenta, señorías, mi grupo parlamentario no va a reabrir en este momento la cuestión de Marbella, ni tampoco va a cuestionar la legitimidad de la gestora, porque hoy es lo que tenemos, una gestora,
formada por todos los partidos políticos representativos, que tiene que administrar el Ayuntamiento de Marbella.
Nosotros consideramos que hoy no hay condiciones para modificar sobre la marcha la Ley Electoral, cambiar las reglas de juego y
convocar elecciones en el Ayuntamiento de Marbella, que es de lo que trata la propuesta del Grupo Popular. Hay una discrepancia de fondo. Nosotros que hemos propuesto a lo largo de todo este período, casi una década, primero medidas preventivas de
lo que podía ocurrir en Marbella, más tarde medidas que podríamos denominar médicas, y finalmente la cirugía, cuando nos hemos encontrado ante una gangrena irreparable ha habido que recurrir a la cirugía. Lo que nos está proponiendo hoy el Grupo
Popular es que cerremos la herida en falso. Sí, nos propone que una vez hecha la operación quirúrgica cerremos la herida, y eso se llama cerrar la herida en falso. Un cierre de la herida hoy, una convocatoria precipitada, la modificación del
sistema electoral por razones coyunturales provocaría, en nuestra opinión, o corre el peligro de provocar, una nueva infección en Marbella, por una parte porque no creo que una modificación electoral por razones de coyuntura mejore la legitimidad
del proceso, pero sobre todo porque no ha dado tiempo, y lo digo así, al saneamiento democrático en Marbella para convocar nuevas elecciones. Señorías, para nosotros la responsabilidad de la gestora es el saneamiento democrático de Marbella,
colaborar con la justicia en la operación quirúrgica que se ha establecido con relación a la corrupción en Marbella y, por otra parte, colaborar también al saneamiento de la Administración municipal. Creemos que eso es lo mínimo que pueden hacer
las instituciones responsables para crear las condiciones de una convocatoria electoral democrática en Marbella. Porque convocar elecciones en Marbella no es solamente la fórmula de modificar la Ley Electoral y convocar de manera inmediata
elecciones, sino dar tiempo a la colaboración con la justicia y al saneamiento administrativo y político de esa ciudad, porque ni mi organización ni yo somos de los que creemos que se ha producido la infección como consecuencia de los miasmas; hay
causas muy evidentes para lo que ha pasado en Marbella y habrá que sanear la situación de su ayuntamiento. Por eso, nosotros creemos que hoy en día lo mejor, además de la operación quirúrgica que hemos venido reiterando hace casi una década, es
dotar de legitimidad a quienes tienen que llevar a cabo esa operación. Por una parte, hay que dotar de legitimidad y de medios a la justicia española -creemos que esa es una prioridad- para que llegue hasta el fondo en la lucha contra la corrupción
en el Ayuntamiento de Marbella; por otra parte, hay que hacer el mayor esfuerzo posible para lograr el saneamiento político y el saneamiento del Ayuntamiento de Marbella de cara al futuro de Marbella. Es verdad que no es toda la legitimidad
democrática de una convocatoria electoral, pero también es cierto que son los partidos políticos
representativos los que tienen esa responsabilidad en estos momentos en la gestora de Marbella. Por tanto, nosotros no cuestionamos ni la legitimidad del Poder Judicial para realizar esa labor quirúrgica ni la de la gestora, y nos parece
que esta iniciativa va en el camino de cuestionar la legitimidad de la gestora, sin poner en cuestión que en su momento se produzca la convocatoria electoral. Hoy por hoy no es posible.
No es posible hacer una reforma ad hoc para realizar esa
convocatoria electoral, nosotros no la compartimos y, por tanto, creemos que hay que esperar al momento oportuno para convocar las elecciones. En estos momentos no basta con tener urgencia electoral, en nuestra opinión no hay que cerrar en falso
las heridas de Marbella, sino que hay que sanear bien esa herida para que no vuelva a producirse la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Llamazares.
Muchas gracias.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y será el señor Esteban quien en su nombre tomará la palabra.
El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señora presidenta.
La verdad es que para nuestro grupo ha resultado sorprendente la presentación que se ha hecho de esta proposición no de ley, porque parecía que era una modificación para un caso ad hoc. No se trata de lo que siempre creo que todo legislador
tiene en cuenta, que es la generalización en la aplicación de las leyes y ver los efectos que puede tener en general, sino que estamos hablando del caso Marbella y para Marbella. Resulta curioso, porque desde luego o mucha prisa nos tendríamos que
dar o ya incluso ni afectaría al caso marbellí, que ha hecho que se escriban tantas páginas en los periódicos. Esta iniciativa subraya la evidente fragilidad de criterio del Partido Popular en estas cuestiones electorales de ámbito municipal;
contrasta que ahora haya una preocupación tan grande para un caso puntual, de evidente interés electoral para su grupo, y sin embargo no les preocupen situaciones de otros municipios de absoluta ingobernabilidad por falta de concejales, como, por
ejemplo, el caso de Guipuzcoa, que nuestro grupo planteó muy recientemente, con carácter general, a través de una moción y que ustedes, como el otro grupo, el mayoritario, el Grupo Socialista, rechazaron y no se avinieron a modificar la Loreg. En
el año 1985 nosotros ya nos pronunciamos en contra de la posibilidad de que unas corporaciones locales fueran disueltas por el Consejo de Ministros, nos parecía una medida realmente grave. Y en este punto curiosamente coincidimos con la postura del
Partido Popular, frente a la del Partido Socialista, que lo llevó adelante, y luego este criterio de los socialistas fue avalado, con matices pero avalado, por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Pero resulta que después, en 2003,
cambian ustedes la ley a través de una hijuela de la Ley de Partidos Políticos, nos cambian los artículos 182, 183 y 61, y nos crean unos problemas realmente serios no en un municipio, sino en bastantes municipios de la Comunidad Autónoma vasca,
porque cuando se produce la renuncia de los concejales, esta puede ser solo completada con la propuesta de partidos políticos, que no pueden ser obligados, o la aceptación de los propios particulares propuestos por los partidos políticos, que
tampoco pueden ser obligados a ello. Y no hay ninguna otra alternativa, ni de disolución y nuevas elecciones ni de gestión directa por parte de las diputaciones forales. Lo que reclamamos es que, como hay un problema real, que no es de un único
municipio, solucionémoslo. Y nos dicen: No. Y resulta que ahora, un mes después, vienen y porque hay un tema puntual que parece que a ustedes les interesa mucho y porque quieren armar bronca política en los medios de comunicación, piden la
modificación de la Loreg. La verdad es que nos resultan difíciles de entender estos cambios de criterio y, sobre todo, esta voluntad de modificación ad hoc.
Por otra parte, el texto es un tanto complicado de interpretar, porque habla de que no será de aplicación ese plazo de un año cuando las circunstancias de la corporación disuelta hicieran imposible garantizar el respeto a la legalidad, la
voluntad de los electores y el pluralismo constitucional. ¿Qué situación puede ser esa? Porque si no se puede garantizar el respeto a la legalidad, la voluntad de los electores y el pluralismo constitucional a la hora de crear una gestora y de que
esta pueda funcionar, me dirán ustedes a la hora de celebrar unas elecciones municipales; es todavía más complicado. Por tanto, no vemos ningún sentido a la propuesta que aquí se plantea. También nos parece reseñable que se hable de garantizar el
respeto a la legalidad, la voluntad de los electores y el pluralismo constitucional, solucionar situaciones de extraordinaria gravedad para hacer frente democráticamente..., y que su grupo político proponga que uno de los miembros de esa gestora sea
el abogado de uno de los imputados. Nos parece todo absolutamente demencial.
No estamos dispuestos a apoyar una propuesta que se mueva a impulso de casos concretos. Es cierto que esa ha sido la política de la última legislatura del PP -yo casi
diría que de las dos-: caso que salía a la calle, enseguida se modificaba la legislación como si esto fuera la panacea. Nosotros creemos que los criterios deben ser más generales y más serios y no moverse a impulso de los intereses políticos
partidistas del momento.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Esteban.
Muchísimas gracias.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
En su nombre tiene la palabra el señor Tardá.
El señor TARDÁ I COMA: Gracias, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana va a votar en contra de la modificación propuesta. Esta posición se basa en los siguientes puntos.
En primer lugar, el Partido Popular actúa en sentido contrario a la modificación que el mismo
partido político protagonizó cuando gozaba de mayoría absoluta. Hasta el año 2003 cuando un ayuntamiento era disuelto la ley preveía que se convocaran elecciones parciales si aquel Gobierno podía tener más de un año de duración. En caso contrario
se debía nombrar una gestora hasta el final del mandato. La modificación del año 2003 introduce un nuevo supuesto de disolución de los ayuntamientos: el hecho de dar cobertura política a los terroristas, pero además castiga a los ciudadanos de
estos municipios a no poder expresarse de nuevo a través de unas elecciones parciales, independientemente del tiempo que falte para la convocatoria de nuevas elecciones municipales. Aquella modificación introducía una discriminación todavía
existente, según cuáles fuesen los motivos de disolución del ayuntamiento, y permitía que ciertos municipios tuviesen de nuevo elecciones parciales y otros no. Ahora el Partido Popular dice que es necesario que el pueblo hable y que es necesario
devolver al pueblo de Marbella su derecho a elegir democráticamente sus representantes, pero hace tres años hizo lo contrario modificando la Loreg para prohibir por ley la expresión de la voluntad popular de ciertos ciudadanos cuando existen
disoluciones de ayuntamientos con un trasfondo claramente político. Si tan importante era para el Partido Popular devolver la soberanía al pueblo, lo que tendría que haber hecho era pensar en la totalidad de los municipios del Estado español y no
solo en los de la nación vasca. Si en el año 2003 hubiera pensado en los ayuntamientos, en su gobernabilidad y en la ciudadanía, hubieran podido introducir una modificación en ese sentido. Pero no, estaban obsesionados en su cruzada antivasca y en
que los ciudadanos de Euskadi no pudiesen volver a votar. En la propuesta del Grupo Popular se plantea introducir una excepción que se fundamenta, a juicio del Grupo Parlamentario Popular, en el respeto a la legalidad, en la voluntad de los
electores y en el pluralismo constitucional. A nuestro entender, la inclusión de criterios subjetivos en la regulación de derechos fundamentales es abrir una puerta al despotismo del gobernante de turno y que, por desgracia, lo padecimos durante
ocho años. Quien tiene que garantizar la legalidad en un ayuntamiento no son sus cargos electos. En cuanto a la voluntad de los electores, esta se manifiesta cada cuatro años. ¿Quién será el sujeto legitimado para decidir que la gestora no es
representativa de la voluntad popular? En cuanto al pluralismo constitucional, evidentemente se trata de un elemento de difícil interpretación. ¿Se refiere al pluralismo político? ¿Los partidos no conformes con la Constitución Española nos
encontramos contenidos en este pluralismo? En definitiva, hay demasiadas preguntas sin respuesta clara y por eso vamos a votar no.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Tardá.
Continuamos con el turno del señor Xuclà en nombre del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, señora Muñoz, proponente del Grupo Parlamentario Popular, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió para fijar la posición ante lo que se nos plantea como una modificación de la Ley Electoral General,
concretamente en su artículo 183.1. Señorías, todos podemos coincidir en que estamos ante una situación concreta y que se nos está planteando una ley de caso único o una modificación de la ley de caso único, como ha quedado claro a partir de la
exposición inicial del Grupo Popular, tras la situación que actualmente vive el municipio de Marbella. En primer lugar, este grupo parlamentario quiere expresar que lamentamos profundamente la desagradable y degradada situación que está viviendo el
municipio de Marbella desde el punto de vista democrático.
Deseamos el restablecimiento de la normalidad democrática y la normalidad en el funcionamiento de las instituciones en el municipio de Marbella, pero en todo caso, desde un punto de vista
de fondo y de los mecanismos previstos en la ley, no nos parece oportuno, como les decía antes, una modificación de una ley de caso único. Además, si me lo permiten, señorías, el planteamiento de esta proposición no de ley podría haber sido un poco
más preciso y detallado desde un punto de vista jurídico, porque para ser benévolos podríamos decir que el redactado de esta proposición no de ley sería de manual de Facultad de Derecho de lo que podríamos llamar un caso de textura jurídica abierta
o algo más, en tanto en cuanto ustedes nos proponen que no sea de aplicación la previsión de un año cuando las circunstancias de la corporación disuelta hicieran imposible garantizar el respeto a la legalidad, la voluntad de los electores y el
pluralismo constitucional, sin arbitrar ningún mecanismo para objetivar estos criterios y además planteando un condicional: pudiéndose además reducir a la mitad los plazos previstos por esta ley para la convocatoria de elecciones, pero sin fijar,
por parte del grupo proponente, si es partidario de reducir a la mitad o no el plazo de un año. Simplemente creo que podría haber sido un planteamiento más preciso y una alternativa jurídica más viable, en el sentido de no poder
presuponer que estamos más ante un debate político ante la situación de Marbella que ante un planteamiento estructural de fondo sobre la Ley Electoral y su previsión del artículo 183.1. Otra cosa, señora Muñoz -y este no es un debate
jurídico, sino un debate político-, es que quizás usted o algún otro representante político de Marbella pueda considerar que hace más de un año y pico, antes de la celebración de las próximas elecciones municipales, se conocía una situación parecida
que podía conducir a la disolución del Ayuntamiento de Marbella y a la convocatoria de elecciones, pero debemos atenernos estrictamente a la ley. Además, al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) le parece bien lo que podríamos definir
como un periodo de descompresión entre una situación degradada institucionalmente y la celebración de nuevas elecciones. Ante una situación de presunta corrupción -debemos hablar con propiedad- es bueno que haya un periodo de saneamiento entre esta
situación degradada y la convocatoria de los ciudadanos a nuevas elecciones. Por eso les decía hace un momento que nos parece oportuno, desde un punto de vista de fondo, este mecanismo contemplado en la Ley Electoral, que no nos parece oportuno
modificar una Ley Electoral a partir de un caso único y, finalmente, que se podría haber tomado en consideración una propuesta jurídica un poco más decidida por parte del grupo proponente, pero no hay criterios objetivos de definición de las
características y, por otra parte, no sabemos si el grupo proponente propone un año o medio año. Con todos estos argumentos mi grupo parlamentario votará en contra, deseando una vez más el restablecimiento de la normalidad democrática en el
municipio de Marbella.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Xuclà.
Muchísimas gracias.
Finalizamos, señorías, este debate con el turno del Grupo Parlamentario Socialista y tiene la palabra para ello don Alvaro Cuesta.
El señor CUESTA MARTÍNEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, quisiera, en primer lugar, recordar que estamos hoy a 383 días del 27 de mayo de 2007, es decir, para que se celebren elecciones municipales en toda España, incluida Marbella. De prosperar la iniciativa que plantea el Grupo
Parlamentario Popular, de ser desarrollada posteriormente a través de reforma legislativa y posteriormente poner en marcha todo el mecanismo electoral, nos encontraríamos con que la corporación que pretende el Grupo Popular que sea elegida para
regir los destinos de Marbella lo sea en el mes de noviembre aproximadamente para un mandato de seis o siete meses. Nos parece que los datos demuestran lo inocuo y lo disparatado de esta iniciativa, iniciativa que, además, incurre en una tremenda
contradicción que todos los grupos han puesto de manifiesto. Yo he sido ponente y he defendido en esta tribuna la proposición de Ley Orgánica para la garantía de la democracia en los ayuntamientos, que ratificaba el principio de la disolución de
los ayuntamientos en determinados supuestos, el artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local, y regulaba el artículo 183. Esto lo hicimos en el año 2003 de manera conjunta el Grupo Socialista, el Grupo Popular y una serie de grupos
parlamentarios que se sumaron posteriormente al consenso.
¿Qué es lo que ha cambiado desde entonces, desde el año 2003 hasta hoy, para incurrir en esta contradicción de planteamientos? Si uno analiza la proposición no de ley, se encuentra con que
se fundamenta en la necesidad de anticipar las elecciones para garantizar la legalidad. Yo creo que la legalidad, señorías, está garantizada con la comisión gestora que surge de la ley, que ha sido elaborada conforme a las previsiones desde el
consenso y aprobada por la Diputación Provincial de Málaga; por tanto, los mecanismos de nuestro sistema democrático han funcionado en estas materias, sobre todo, desde el punto de vista legal. ¿Pero a dónde nos llevaría esta propuesta? Pues,
efectivamente, a elegir una corporación de tan solo seis o siete meses de mandato con relación al 27 de mayo de 2007, fecha en la que se van a celebrar las elecciones locales. Por otra parte, en esta proposición pretenden reducir los plazos
ordinarios de la Ley Orgánica de Régimen Electoral, plazos que son una garantía. Los plazos de 54 a 64 días que contempla la Ley Orgánica de Régimen Electoral son una garantía para los ciudadanos y además para una sociedad que vive en condiciones
normales, se consideran que son los más adecuados y los más idóneos. Por tanto, los plazos cumplen esa función de garantía democrática y se refieren a circunstancias normales. ¿No le parece una imprudencia reducir esos plazos en una sociedad como
la marbellí, que ha vivido traumatizada, coaccionada por mafias, que son las que han acreditado estar organizadas, incluso políticamente, y que han generado el desastre que han generado desde el punto de vista institucional? Ante una sociedad y
ante una situación así, ¿pretenden ustedes restar garantías reduciendo plazos en materia electoral? Señorías, este planteamiento es un auténtico disparate desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político y desde el punto de vista
de las garantías democráticas. ¿A qué vienen las prisas en un tema donde se plantean prioridades fundamentales? ¿No es mejor propiciar una recomposición tranquila de las instituciones, de su administración, depurando y limpiando las secuelas que
la corrupción dejó en el Ayuntamiento de Marbella? Señoras y señores diputados, primero hay que hacer limpieza y sobre todo remover los obstáculos para que la democracia sea efectiva en Marbella.
Permítanme que acabe mi breve intervención en contra de esta proposición recordando un espléndido artículo de Soledad Gallego titulado: Mejor la honestidad que la finezza. En este artículo Soledad Gallego nos remite a Mark Twain, y
recuerda un discurso titulado: Corrupción municipal. Mark Twain dijo: Podemos estar seguros de que la corrupción no es algo universal. Es un hecho que de cada 50 hombres, 49 están limpios. El asunto es que el número 50 y sus colegas suelen
estar bien organizados, mientras que los 49 honrados andan cada cual por su lado. Señorías, es mejor dar tiempo para que los hombres honrados, los grupos políticos y los electores honestos y sin intereses se organicen a favor de la democracia y de
la limpieza en Marbella, dando tiempo también para destruir la organización política de los corruptos, porque, señoras y señores, de la precipitación solo salen ganando los aventureros, y eso no puede ser tolerado en un Parlamento democrático.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Cuesta.
Finalizado el debate, señorías, llamamos a votación. (Pausa.)
Votaciones de las proposiciones no de ley. En primer lugar, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, relativa a la conservación del litoral.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 173; en contra, tres; abstenciones, 130.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Queda aprobada.
Continuamos con la siguiente proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se modifica el artículo 183 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 131; en contra, 174.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Queda rechazada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE LAS INTENCIONES QUE ABRIGA EL GOBIERNO PARA GARANTIZAR LA SUFICIENCIA DEL CONJUNTO DE LAS PENSIONES QUE SE SUFRAGAN CON CARGO AL SISTEMA PÚBLICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
(Número de expediente
173/000132.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Finalizamos, señorías, la sesión del día de hoy con el debate del punto III: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Moción del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre las
intenciones que abriga el Gobierno para garantizar la suficiencia del conjunto de las pensiones que se sufragan con cargo al sistema público de la Seguridad Social. (Rumores.)
Señorías, vamos a tratar de continuar con la sesión plenaria. Les ruego que si desean abandonar el hemiciclo lo hagan con rapidez y en silencio.
(Rumores.)
Para la defensa de esta moción, tiene la palabra el señor Olabarría.
(Rumores.)
Señorías, les ruego de nuevo que si desean abandonar el hemiciclo, lo hagan, para que podamos continuar con la sesión del día de hoy.
Adelante, señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, voy a ser muy breve en el uso de la palabra porque los argumentos ya fueron objeto de exposición por parte de nuestro grupo, y aunque parezca un poco petulante esta expresión, con profusión de argumentos, y fue respondida con un
vibrante mitin por parte del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, que forma parte de otro estilo de hacer política o de manifestarse igualmente respetuoso pero que no resultó particularmente convincente para quien les habla y para el grupo
parlamentario que representa.
En definitiva, lo que estamos dilucidando es respetar nada menos que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de pensiones cuando ha tenido la oportunidad el Tribunal Constitucional de desagregar e interpretar el contenido
esencial del derecho que proclama el artículo 41 de la Constitución, que es el que configura el sistema público de Seguridad Social en el Estado español. Cuando ha tenido oportunidad de hacerlo, con particular lucidez en la sentencia 32/1985, lo ha
hecho en los siguientes términos. Un sistema público de pensiones de las características del previsto en el artículo 41 y en el artículo 50 en relación con los problemas de los ciudadanos de la tercera edad tiene que poseer las siguientes
características para corresponderse con los requerimientos constitucionales. En primer lugar, tiene que ser un sistema público, las prestaciones tienen que ser provistas por los poderes públicos del Estado competentes. En segundo lugar, tiene que
ser un sistema irregresivo; en relación con cualquier reforma se tiene que mantener el nivel de
protección preexistente o incrementarlo, nunca rebajarlo, no cabe reformatio in peius, en definitiva, en cualquier reforma del sistema. En tercer lugar, tiene que ser un sistema suficiente y este es el concepto que nosotros queremos
enfatizar. La palabra suficiencia es la que sirve de fundamento a la moción que hoy planteamos como consecuencia de la interpelación presentada en el Pleno de la semana anterior, suficiencia en relación con la cuantía de las pensiones. Suficiencia
cuantitativa, se entiende, ha sido definida por el Tribunal Constitucional como pensiones o como determinación de pensiones o prestaciones, y no solo son las prestaciones dimanantes de las contingencias protegibles por el sistema público de
pensiones previsto en el Real Decreto Legislativo 1/1994, sino toda la protección de cualquier situación de necesidad, tal como proclama en sentido lato, en sentido amplio, el artículo 41 de la Constitución.
Suficiencia quiere decir que las
cuantías de las pensiones tienen que ser suficientes para, utilizando la locución del Tribunal Constitucional, subvenir las necesidades de la vida. El Tribunal Constitucional, como es sabido, señora presidenta, usted que es una fina
constitucionalista, es proclive a la utilización de conceptos metajurídicos en sus sentencias y en su jurisprudencia de forma muy reiterada. ¿Qué es subvenir las necesidades de la vida? Hay que recurrir a criterios ajenos al ordenamiento jurídico,
a criterios de naturaleza convencional y a criterios vinculados a instrumentos, institutos u organismos que tengan capacidad para realizar de forma convencional y razonable esta determinación, que es suficiente cuantitativamente para subvenir las
necesidades de la vida. Y aquí tenemos que recurrir, por ejemplo, a los requerimientos del Instituto Nacional de Estadística, que determina que el umbral de la pobreza empezaría más o menos, en términos aproximados, en los 600 euros disponibles al
mes. Nosotros no pretendemos tanto.
Pretendemos incrementar las pensiones contributivas inferiores al salario mínimo interprofesional, que son las pensiones de supervivencia, o prestaciones de supervivencia; todas las pensiones no contributivas o
la mayoría de ellas que por su cuantía y determinación en su propia ley son inferiores al salario mínimo interprofesional; y las rentas ajenas al sistema público de pensiones pero que son rentas para luchar contra los problemas de marginalidad, de
exclusión social, de particular dificultad de inserción en el mercado de trabajo. Pretendemos que alcancen la cuantía del salario mínimo interprofesional, sabiendo, señora presidenta, que el salario mínimo interprofesional en estos momentos está
configurado por una cantidad equivalente a 521 euros mensuales y que esta es una cantidad inferior a la que se determina para definir el umbral de la pobreza por los indicados estudios del Instituto Nacional de Estadística, por las memorias
reiteradas del Consejo Económico y Social y por otros informes, como el Eustat, pero sobre todo por la Carta Social Europea y sus requerimientos, uno de los cuales indica que ninguna pensión en ningún país de la Unión Europea podría ser inferior al
60 por ciento de los salarios medios de los países que configuran la Unión Europea. Esta no es una petición exorbitante, estrambótica o ilegítima. Yo creo que incluso con el pedimento que consignamos en esta moción ni siquiera estamos cumpliendo
los requerimientos constitucionales con relación a la suficiencia de las pensiones o de las prestaciones del sistema público de Seguridad Social que he citado; las contributivas, inferiores al salario mínimo interprofesional; las no contributivas
-prácticamente la totalidad de ellas son inferiores al salario mínimo interprofesional-, y todas estas rentas, salarios o cantidades destinadas a la lucha contra la exclusión social. Pedimos la equiparación de todas estas rentas o pensiones del
sistema público de pensiones al salario mínimo interprofesional y pensamos que con esto realizamos una triple aportación a la configuración de un sistema público de pensiones en el Estado español que se ajuste a los requerimientos de la propia
jurisprudencia del Tribunal Constitucional español. En primer lugar, que la cuantía de las pensiones sea suficiente; en segundo lugar, y en virtud de los requerimientos de la Carta Social Europea, que se aproximen las pensiones mínimas, las de las
personas que viven en una situación por debajo del umbral de la pobreza, al salario mínimo interprofesional cuando estamos hablando de una cantidad sensiblemente superior en los requerimientos de la Carta Social Europea; y en tercer lugar, señora
presidenta -y con esto acabo-, estamos hablando de algo que debería ser congruente con el que ha sido reiteradamente autodefinido como fenotipo progresista del partido que representa el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. Él, reiteradamente en
esta Cámara, ha apelado al fenotipo social progresista que caracteriza las políticas sociales del Partido Socialista Obrero Español. Nosotros lo queremos relativamente; lo queremos siempre que este fenotipo se caracterice con hechos concretos que
permitan identificar esta figura con actuaciones o con políticas sociales que realmente se corresponden con ese fenotipo. Y, señora presidenta, qué gran oportunidad para demostrarlo con esta moción consecuencia de interpelación que nosotros
presentamos en este momento y que no deja de ser más que una asimilación por parte de nuestro grupo parlamentario de los requerimientos de la jurisprudencia constitucional -fíjese qué elementos de autoridad estamos invocando- y, por último, de los
requerimientos más elementales de justicia social.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Olabarría.
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda. En nombre de dicho grupo tiene la palabra la señora López i Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, mi grupo ha planteado una enmienda que voy a intentar explicarles.
Señor Olabarría, usted hacía referencia a la intervención del señor ministro. A veces podemos utilizar un tono u otro, pero lo cierto es que el señor ministro explicó el esfuerzo que este Gobierno socialista está haciendo por superar y
mejorar la condición de vida de los mayores. Usted sabe que en esta Cámara hemos aprobado muchísimas enmiendas provenientes de su grupo y del mío y nos hemos puesto de acuerdo para mejorar las condiciones de vida de los mayores. Le voy a recordar
una serie de datos.
Usted sabe que en estos momentos los mayores de 65 años representan ya un 17,2 por ciento y que en diez años nos vamos a ir al 22 por ciento, y estoy hablando de diez años, no de más. Tenemos un sistema de pensiones que hoy
mismo goza de una buena salud, pero usted sabe que tenemos que hacer compatible esa buena salud, el hecho de mejorar la condición de las pensiones más bajas, con ir garantizando la viabilidad. Dentro de pocos días vamos a enfocar la reforma de la
Seguridad Social, vamos a dar cumplimiento a una moción suya relativa a los prejubilados porque también era un compromiso del programa electoral del Grupo Socialista, lo vamos a hacer, y va a tener un coste de partida de más de 300 millones de
euros, pero no es solo el coste de partida, sino que este año será de 300, el año que viene de 320 y así sucesivamente. Señorías, lo que tenemos que hacer es buscar un equilibrio para hacer compatible la mejora de las pensiones más bajas con
garantizar el sistema para que hoy cobren los que están y además cobren los que han de venir. A veces, cuando voy a alguna reunión, me dicen que la Seguridad Social tiene un fondo de treinta y un mil y pico millones de euros. Sí, señorías, y para
la que les habla esa es una cantidad inimaginable, pero si les decimos que no llega ni a seis mensualidades de lo que paga en la actualidad la Seguridad Social, nos daremos cuenta de que tenemos que ir con mucho tino a la hora de tomar decisiones
que afecten al sistema de la Seguridad Social.
La jurisprudencia constitucional, de la que el señor Olabarría es gran conocedor -muchísimo más que la que les habla-, señala que la mejora de las condiciones de vida de los mayores no corresponde únicamente al sistema de la Seguridad Social
y que es una responsabilidad de todas las administraciones. Señorías, eso es lo que mi grupo comparte y defiende, por eso hace un año aprobamos aquí una proposición de ley para que las comunidades autónomas puedan complementar las pensiones más
bajas y por eso hemos ido aprobando aquí iniciativas en esa dirección. La enmienda que les presento habla de varios temas. Habla de que haya una mayor correlación entre lo cotizado y lo cobrado, habla de que hay que seguir en la línea de las
subidas de los dos últimos años, por encima del IPC, a las pensiones más bajas, hasta alcanzar los 600 euros, y también habla de que desde la Seguridad Social, desde el ministerio, se coordine con las administraciones, las comunidades autónomas y
los entes locales para, como usted decía, ir mejorando conjuntamente las no contributivas, los Pirmi y las rentas de inserción. Eso es lo que yo les propongo y eso, señorías, subir las pensiones más bajas en la dirección adecuada, es compatible con
lanzar un mensaje de toda la Cámara a los pensionistas en el sentido de que somos conscientes de que las pensiones hoy no dan para vivir ni para llegar a fin de mes y que las vamos a mejorar, pero que lo tenemos que hacer con la suficiente
responsabilidad para que puedan cobrar hoy y puedan cobrar mañana. Porque de nada nos serviría, señorías, que hoy aprobáramos aquí que todas las pensiones se equiparan al salario mínimo, que el salario mínimo va al 60 ó al 80 por ciento de la renta
media, si dentro de cinco, seis o siete años tenemos que hacer un recorte porque no llega para todos.
Termino. Yo defiendo, igual que mi grupo, que hay que mejorar mucho el Estado de bienestar, pero hay dos formas de cargarse el sistema del Estado de bienestar: Uno, no poniendo recursos e irnos empobreciendo, y otro, generalizando para
todo el mundo. Si generalizamos tanto, señorías, no da para todos y nos cargamos el sistema. Señor Olabarría, por favor, tenga en cuenta que esta es una buena propuesta. Estoy segura de que ustedes la examinarán con la responsabilidad con que
suelen hacerlo. Son grupo de gobierno, saben lo que es gobernar y saben lo que es hacer sostenible un sistema y un programa.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora López i Chamosa.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Comenzamos con la señora Fernández, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto.
Tiene usted la palabra, señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
Intervengo para precisar nuestro apoyo a la propuesta presentada por el señor Olabarría en relación con el incremento de las pensiones mínimas, así como de otras prestaciones a las personas mayores o con incapacidad.
Nosotros entendemos
muchos de los argumentos que acaba de exponer ahora la portavoz del Grupo Socialista y somos conscientes de los problemas que existen para mantener la sostenibilidad de un sistema de Seguridad Social. Somos perfectamente conscientes de eso, pero
también lo somos de las injusticias que socialmente se continúan cometiendo con los trabajadores y las trabajadoras que, además de percibir salarios bajos, en ocasiones las empresas ni siquiera cotizaban a la Seguridad Social o cotizaban por
unas cantidades aún más bajas de las que cobraban. Esas injusticias son las que hacen posible que haya en estos momentos unas pensiones mínimas en los aproximadamente tres millones de pensionistas. Esas son las razones, junto con la precariedad
del mundo agrario, y por tanto las cotizaciones al régimen especial o al régimen especial del mar, que hacen que efectivamente sean muchas las personas que están cobrando estas pensiones mínimas. A nosotros, en Galicia, esto nos preocupa porque
somos la comunidad donde las pensiones son más bajas con respecto a la media del Estado español. Es importante una subida de estas pensiones por lo que decía el señor Olabarría sobre la suficiencia de las mismas. Entendiendo el esfuerzo que el
Gobierno hizo hasta ahora para incrementar tanto el salario mínimo como las pensiones, hay que hacer una seria reflexión sobre la situación en que estaba el salario mínimo en el momento en que fue incrementado por el Gobierno y en las condiciones
que estaban las pensiones. Es decir, es cierto el esfuerzo, pero también lo es que ese esfuerzo aún está, respecto del salario mínimo, a 42 euros por debajo de la media de la Unión Europea, y que además las pensiones ni siquiera llegan a ese
salario mínimo, lo que evidencia una insuficiencia para garantizar los niveles mínimos de necesidades de la vida diaria. A pesar de que se subiera el 3,4 por ciento de las pensiones para el año 2006 y de que algunas incluso subieron el 8 por
ciento, muchas están por debajo del salario mínimo y algunas, como las contributivas, las de los pensionistas menores de 65 años o las pensiones SOVI evidencian la necesidad de un mayor esfuerzo por parte del Gobierno precisamente para que las
pensiones garanticen la suficiencia de las necesidades para la supervivencia de la vida diaria. Por tanto, reconociendo el esfuerzo realizado, apoyamos la iniciativa del señor Olabarría porque entendemos que el esfuerzo tiene que ser
inevitablemente mayor.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Fernández.
Gracias.
Continuamos con el turno del señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señora presidenta.
La iniciativa que en forma de moción consecuencia de interpelación urgente ha defendido don Emilio Olabarría en nombre del Grupo Vasco (EAJ-PNV) la vamos a apoyar.
Hay un segundo punto de la moción del Grupo Vasco que hace referencia a la Carta Social Europea. Aquí se dan unas cifras y un aspecto comparativo porque España forma parte de los países de la Unión Europea que han aprobado, ratificado y
apoyado al menos dialéctica y retóricamente la Carta Social Europea. Ahí se indica una convergencia en las políticas que deben de llevar a un salario mínimo interprofesional que responda a los parámetros de que la Europa de los derechos sociales y
de la justicia social y democrática, como es el caso constitucional español, debe responder con las cifras más aproximadas posibles a las que se dan por el centro europeo de referencia de la carta social cuando estudia las variaciones. Lo que no
puede estar España es en la misma variación que se denuncia en la moción del Grupo Vasco (EAJ-PNV) cuando se habla ya de niveles del 37 por ciento diferencial. ¿Qué conlleva esto? Conlleva al primer punto de la moción, que pide hacer todo lo
posible para salir de una circunstancia de lamentable pobreza, de injusticia social, aproximando aquellas pensiones contributivas que lo merezcan, pero sobre todo las pensiones no contributivas, que están en niveles deplorables, que constituyen una
de las bolsas de pobreza evidentes dentro del Estado español. El año pasado se aprobó aquí, cosa que había sido frustrada en anteriores debates, la potestad de que las comunidades autónomas pudieran complementar las pensiones más bajas, sobre todo
las no contributivas, con aportaciones con cargo a sus presupuestos. Si estuvimos de acuerdo con aquello porque había una flagrante conculcación de los principios constitucionales de justicia social, ¿por qué ahora no vamos a votar favorablemente
cuando tenemos esta oportunidad? Votar en contra sería dilatar el problema, convertir una situación de permanencia en una situación de penosidad, de auténtico pobre de solemnidad, como a veces se decía en los escritos de tipo benéfico o
asistencial.
Hace pocos días se ha dicho que la ruptura de una caja única de la Seguridad Social pondría -es curioso lo que salió en la prensa- al País Vasco y a tres o cuatro autonomías más en régimen de quiebra, porque en las provincias de Vizcaya y
Guipúzcoa es más lo que se paga en pensiones que lo que se recauda, caso contrario al de Álava, según estas cifras que dieron hace cuatro o cinco días algunos medios de comunicación en España.
Si nos vamos a la cuenta general, tenemos el caso de
Canarias, donde son más las cantidades que se recaudan por las cuotas de la Seguridad Social que los pagos de las pensiones que ésta hace en nuestra comunidad autónoma, y los Presupuestos Generales del Estado lo pueden ir regulando y gestionando sin
que hagamos ningún desperfecto en la caja única de la Seguridad Social, porque nos estamos defendiendo con el principio constitucional de la solidaridad territorial de todo el Estado español a través de sus comunidades autónomas y de la
Administración General del Estado.
Para nosotros esto es la afirmación de una defensa de la justicia social en estas pensiones que están por debajo del salario mínimo interprofesional, por lo que en esta
ocasión votaremos favorablemente la moción del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) que ha defendido el señor Olabarría.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): A usted, señor Mardones, muchas gracias.
Continuamos con el turno de la señora García Suárez, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, señor Olabarría, habiendo leído este fin de semana -porque seguro que todos hacemos algún trabajo en fin de semana- con detenimiento su intervención del pasado 26 de abril, tengo que decirle que, como siempre, ha sido un
placer disfrutar con su capacidad dialéctica y con la riqueza de argumentos que en poco tiempo puede darnos, y se lo digo con sinceridad. No obstante, también debo matizar que alguna de sus apreciaciones me hizo sentirme incómoda, por decirlo de
alguna manera. Por ejemplo, cuando usted dice que es sorprendente que tenga que ser su grupo quien presente esta iniciativa, quiero entender que seguramente se estaba refiriendo al Grupo Socialista, es posible, pero en todo caso queda tan abierto
que podría ser también que se refiriera a cualquier otro grupo. Por tanto, en este caso me siento de alguna manera aludida. Yo quisiera explicarles nuestra opinión al respecto, aunque creo que nadie puede dudar que nosotros hemos escrito
muchísimas páginas hablando de pensiones mínimas o de pensiones en general en nuestro país, no tengo que justificarme, pero las estrategias parlamentarias de cada grupo son las que son y cada uno libremente y con todo su derecho define las que
considera más adecuadas y las que van más acordes con su talante y con sus valores.
Hay temas y sectores de la población tan sensibles para nuestro grupo que evitamos al máximo el uso abusivo de determinadas defensas por una cuestión básica y de esencia. Las mejoras sociales de las prestaciones, de las pensiones
contributivas o no, es decir, del Estado de bienestar social creemos que deben ser defendidas, aunque lógicamente es lícito que cada grupo decida defenderlas cada mes, cada quince días o tres semanas si por cupo se lo permite, en unos momentos
claves, estelares en el trabajo parlamentario en esta Cámara; por ejemplo, las revisiones quinquenales, en este caso los acuerdos del Pacto de Toledo, son revisiones que conllevan diálogo social, institucional y que todos los grupos de esta Cámara
hemos tenido ocasión de debatir, enmendar y votar.
En su caso ustedes votaron favorablemente, si mal no lo tengo entendido y en nuestro caso nos abstuvimos. ¿Por qué nos abstuvimos? Por muchas de las razones que usted ha planteado y expresado en
su moción. Otro momento estelar: los Presupuestos Generales del Estado que, en lo que llevamos de legislatura, hemos enmendado e intentado negociar al máximo con enmiendas concretas y específicas que hemos priorizado de entre otras muchas
precisamente en la línea de las pensiones. Otro momento estelar es el que vamos a tener muy pronto: la reforma del IRPF y otros impuestos. Este es otro momento estelar para hablar, ¿por qué no?, del bienestar social y de las pensiones. Nosotros
queremos más impuestos para poder ejecutar mejores políticas sociales, entre otras cosas para las pensiones no contributivas que se financian y se pagan a través de los impuestos, aquí, en Cataluña, en el País Vasco y en todo el Estado.
Nuestro grupo va a presentar una enmienda a la totalidad con texto alternativo al proyecto de ley del Gobierno sobre la reforma del IRPF, entre otras cosas por esto que estamos debatiendo en estos momentos: porque queremos más ingresos y
que haya más posibilidades. ¿Y para qué? Pues, para no ir poniendo parches y más parches, que es lo que significan este tipo de intervenciones, en política social y para tener más márgenes de maniobra en protección social, en pensiones
contributivas o no y, ¡cómo no!, en servicios sociales, sanidad o educación. Este es para nosotros el debate de profundidad, sin disminuir para nada su propuesta.
Quiero que quede constancia de que, aunque nuestro Grupo no presente proposiciones
durante el curso legislativo para mejorar este tipo de cuestiones, ello no significa que no sea su máxima prioridad. Lo que pasa es que en los momentos clave del debate en profundidad que marcan la política del Gobierno y las prioridades es cuando
nosotros invitamos a todos los grupos, porque por la experiencia del año pasado tuve la sensación, quizá equivocada, de que en el momento de la discusión de los presupuestos esta no acostumbra a ser la prioridad.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora García Suárez.
Será ahora el turno del señor Tardá, en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
El señor TARDÁ I COMA: Señora presidenta, el horizonte hacia el que debemos movernos en la construcción de nuestro Estado del bienestar es el que también pauta la moción del Grupo Parlamentario Vasco. De hecho, nosotros hemos apostado por
las cuantías mínimas que se establecen en la misma como garantía de que las pensionistas y los pensionistas de este país reciban unos ingresos dignos para su subsistencia. Subyace siempre en nuestro discurso social el hecho de que nos parece
reprobable que buena parte de nuestros pensionistas, especialmente de las mujeres pensionistas, rocen el umbral de la pobreza porque nuestro sistema de Seguridad Social no ha sido capaz de optimizarse suficientemente como para garantizarles
unos ingresos mínimos acordes con la realidad económica de este país.
A partir del momento en que se establecen unos mínimos para las situaciones de actividad mediante el salario mínimo interprofesional parece razonable que ello revierta en otros aspectos de política social, y que los mismos ingresos que se
consideran básicos para los activos lo sean también para los que se encuentran en situación de inactividad, puesto que además de necesitar idénticos ingresos para subsistir, ya que el alquiler, suministros, alimentos y demás tienen idéntico coste,
no pueden garantizarse ingresos del trabajo por otras vías dado que su situación de inactividad se lo prohibe o lo limita. Por ello es razonable que las pensiones mínimas deban equipararse progresivamente a los parámetros del salario mínimo
interprofesional. El mismo discurso debe operarse tanto para las prestaciones contributivas del sistema como para las no contributivas y demás ayudas sociales contra la exclusión y marginación social. De hecho, digámoslo claro y alto, un sistema
de Seguridad Social que no garantice unos ingresos mínimos y dignos a sus inactivos es un sistema generador de injusticias en relación directamente proporcional con la escasez de sus prestaciones mínimas.
Nos queda mucho camino por recorrer, pero el iniciado en el año 2004, también queremos decirlo, nos parece, por lo menos hasta ahora, el adecuado, siempre que el Gobierno se comprometa a seguir avanzando hacia la homogeneización del salario
mínimo interprofesional, hacia los parámetros de nuestros socios europeos. Muchas de las promesas se han cumplido, esto no lo vamos a negar. Por ejemplo, para nosotros es muy importante valorar las prestaciones no contributivas y asistenciales
para las que sí que debemos de hacer un mayor esfuerzo de equiparación económica. Los actuales 301 euros en que ha quedado fijada la prestación no contributiva nos parecen muy escasos y debemos de apostar en ese sentido por mejorar ostensiblemente
su cuantía en los mismos parámetros en que se ha avanzado para las prestaciones contributivas, que no lo negamos.
Nuestra postura es fundamentalmente la que se propone en la moción, pero también es cierto que la política desplegada por el Gobierno en esta materia hasta la fecha no nos parece desacertada. Por ello, aun cuando anunciamos nuestro voto
favorable, hubiéramos visto de buen grado que el grupo mayoritario de la Cámara hubiera sido capaz de llegar a una transaccional con el grupo proponente y, si me quieren entender, al revés. A pesar de que esto no ha sido posible, nosotros vamos a
votar favorablemente, lo cual no significa que entremos en contradicción con la política del Gobierno, porque el Grupo Socialista sabe que tenemos muchas complicidades respecto a las políticas sociales, aun cuando en este caso entendemos que lo
propuesto por el Grupo Vasco es adecuado y necesario.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA: (Chacón i Piqueras): A usted, señor Tardá, muchas gracias.
Señor Campuzano, tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, como nos tiene acostumbrados últimamente, el Grupo Parlamentario Vasco y el señor Olabarría vienen trasladando a la Cámara iniciativas relacionadas con nuestro sistema de protección social, todas ellas orientadas a garantizar ese
principio constitucional de suficiencia de los ingresos de las personas que reciben estas prestaciones. Son iniciativas que pretenden impulsar desde este Pleno un efectivo cumplimiento de los compromisos del Pacto de Toledo desde la lógica de la
suficiencia de esas prestaciones y que responden a una realidad que, más allá de los grandes números, más allá de los grandes problemas que afectan a la Seguridad Social, cuando nos paseamos por las calles de nuestros pueblos y de nuestras ciudades
comprobamos día a día: la cantidad de personas mayores que reciben pensiones claramente insuficientes para mantener la dignidad que deberíamos de ser capaces de garantizar desde nuestro sistema de protección social.
Insisto, iniciativas del señor Olabarría, del Grupo Nacionalista Vasco, que responden a esa necesidad. Hoy nos hace un planteamiento ambicioso que pretende situar un horizonte de elevación de las pensiones mínimas de carácter contributivo
en relación con el salario mínimo interprofesional y mandatar a la Cámara el compromiso de alcanzar un salario mínimo interprofesional equivalente al 60 por ciento de los salarios medios de España. Señorías, dos propuestas que conforman programas
electorales de todos los grupos que nos sentamos en esta Cámara. Por tanto, razonablemente Convergència i Unió va a votar a favor.
Quiero trasladar una reflexión al Grupo Parlamentario Socialista -y ni mucho menos pretendo personalizar en su portavoz, la señora López i Chamosa, que es una diputada trabajadora, seria, rigurosa y que nos consta que siempre intenta
alcanzar acuerdos en los textos que ella defiende o en los debates en los que ella participa-, a sus portavoces que asisten hoy a este Pleno. Alguna cosa tiene que estar pasando en el área de asuntos sociales, en el área del ministro Caldera,
cuando es tan difícil alcanzar acuerdos. Previsiblemente esta moción puede tener hoy un apoyo amplio. La Comisión del Pacto de Toledo no está funcionando, llevamos dos años de legislatura y hay una gran inactividad. Las reformas que el Gobierno
está proponiendo en materia de Seguridad Social, las tres reformas de la Ley de la Seguridad Social que hemos tramitado en esta legislatura, han sido iniciativas de Convergència i Unió que han contado con el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista,
con el apoyo del conjunto de los grupos de
la Cámara, pero no han sido iniciativas del Gobierno. Para el Partido Socialista esto debe ser objeto de reflexión. ¿Qué está pasando en el desarrollo del Pacto de Toledo?
En segundo lugar, estamos tramitando en esta Cámara un proyecto de ley tan importante como el de autonomía personal y dependencia y el Gobierno ha preferido pactar esta iniciativa con dos grupos de la Cámara: con Izquierda Unida y con
Esquerra Republicana, obviando al resto de los grupos. Hoy mismo el señor Beloki y yo hemos podido participar en un debate en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales, donde las enmiendas que defendían los grupos Vasco y Catalán (Convergència i
Unió) en materia de subcontratación han sido sistemáticamente obviadas por el Grupo Parlamentario Socialista. Alguna sucede en el área de trabajo y asuntos sociales cuando las cosas no están funcionando en relación con los grupos parlamentarios.
Mañana formulará el señor Duran una pregunta oral al señor Zapatero sobre qué sucede con el borrador de real decreto de la formación continua y ocupacional, que supone un incumplimiento sistemático de las sentencias del Tribunal Constitucional en
esta materia. Señores del Grupo Parlamentario Socialista, alguna cosa no funciona en su Gobierno, y quizá sea el ministro Caldera.
Mi grupo hoy quiere aprovechar el voto favorable a esta iniciativa del Grupo Parlamentario Vasco para expresarles esa preocupación e instarles a tomar las medidas para resolverlo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Campuzano.
Señorías, finalizamos el debate de esta moción consecuencia de interpelación con el turno del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra el señor Echániz.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, si este debate y lo aprobado de forma ulterior es un sincero intento de mejorar nuestra Seguridad Social o si es un mero aviso a navegantes entre el grupo proponente y el grupo principal que respalda al Gobierno, como consecuencia
de las iniciativas presentadas a la inversa en el Parlamento autonómico correspondiente, lo vamos a saber enseguida, en cuanto veamos el tipo de acuerdo al que se pueda llegar si al final ocurre en este sentido.
Señorías, el sistema público de pensiones español es, sin duda, uno de nuestros principales instrumentos de cohesión social que todos debemos preservar; es un sistema que establece como uno de sus requerimientos la suficiencia, pero que
también tiene elementos básicos como son la proporcionalidad y la sostenibilidad; un sistema que no debe usar el ámbito contributivo, que supone la existencia de unos derechos generados de acuerdo con unas cotizaciones, como instrumento
redistribuidor de la renta, porque para ese objetivo ya existen otros instrumentos impositivos que precisamente tienen esa finalidad. Un sistema de reparto que tiene en su unicidad, es decir, en el principio de caja única, uno de sus elementos
esenciales de equidad y de solidaridad toda vez que, como ponen en evidencia los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, no todas las provincias ni tampoco las comunidades autónomas, tienen tasas de autosuficiencia para hacer frente a
sus compromisos de pensiones con los ingresos de sus cotizantes, a la vez que de eficiencia, puesto que, con arreglo a la teoría del seguro, la viabilidad de los sistemas aumenta proporcionalmente con relación a las dimensiones del grupo asegurado,
por lo que el fraccionamiento de los sistemas nacionales de solidaridad en grupos más pequeños crea inevitablemente desigualdades e incertidumbres respecto a las prestaciones.
Señorías, no es la primera vez que insistimos en la necesidad de reformar ahora, en este momento, la Seguridad Social. Los nuevos datos sociodemográficos, las previsiones y los estudios internacionales de Ecofin, de la OCDE, del Banco
Mundial, etcétera, aconsejan en estos momentos adoptar medidas que garanticen la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones en el futuro. Esa es, sin duda, una responsabilidad de esta legislatura que, desde nuestro punto de vista, tiene
infinitamente mayor calado y mucha mayor incidencia en la vida de las personas que otras muchas iniciativas políticas que preocupan mucho a los grupos políticos impulsores, pero que, sinceramente, preocupan muy poco a los españoles. Por este
motivo, señorías, la casi totalidad de las medidas a emprender en esta reforma están ya escritas, debatidas y consignadas en el Pacto de Toledo como un auténtico mapa de ruta consensuado. Por ello la iniciativa que debatimos hoy nace de la
recomendación decimotercera del Pacto de Toledo, como del Pacto de Toledo nace también la necesidad de avanzar en la separación de las prestaciones contributivas y las no contributivas y la de impulsar los sistemas complementarios de previsión
social -la semana pasada exactamente hablábamos de los fondos de pensiones de empleo-, con el ánimo no únicamente de que las personas mayores no vivan en la pobreza, sino de que puedan mantener su nivel de vida después de la jubilación.
Tampoco es la primera vez que discutimos sobre estas cuestiones y estoy seguro de que no será la última. El 11 de enero ya aprobamos en esta Cámara medidas sobre las pensiones de viudedad y sobre la pobreza y la exclusión social y entonces,
como ahora, mi grupo hizo lo que ha hecho siempre: priorizar las políticas sociales y ocuparse de los que más lo necesitan, como hacemos cada día en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos en que gobernamos y como lo hicimos también
durante los ocho años en que los españoles nos
confiaron el Gobierno de España, realizando las reformas económicas más importantes desde la vuelta a la democracia y sentando las bases para el periodo económico más brillante, de mayor crecimiento y de mayor creación de empleo de los
últimos 30 años; dando viabilidad y estabilidad a una Seguridad Social que estaba en crisis y sin futuro; aumentando el gasto en pensiones casi en un 50 por ciento, desde los 40.000 a los 64.000 millones de euros; garantizando por primera vez el
mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones por ley; aumentando casi en un 30 por ciento las pensiones mínimas de jubilación y casi en un 80 por ciento las de viudedad para menores de 60 años, beneficiando a más de dos millones de
perceptores; o creando por primera vez en la historia de España un fondo de reserva que permite a los españoles mirar su futuro con más seguridad.
El Partido Popular cumplió con su obligación, actuó de forma responsable y mejoró sustancialmente las políticas sociales en este país. Son otros los que no están acometiendo las reformas necesarias ante las luces naranjas que se están
encendiendo, ahora que aún se puede hacer. Probablemente esperen a que de nuevo sea un Gobierno del Partido Popular el que saque las castañas del fuego a los españoles. Son otros los que, a base de mantener una inflación alta, están haciendo
perder capacidad adquisitiva a los pensionistas españoles. Son otros los que se llenan la boca con objetivos confusos y difusos como son la dependencia, y cuando hay que descender a los compromisos, cuando hay que descender a los presupuestos,
cuando hay que descender al calendario, si te he visto no me acuerdo. Son otros, en definitiva, quienes utilizan los discursos triunfalistas, la retórica del fenotipo o del código genético social, pero se apean de él rápidamente, como si una
mutación lo hubiera alterado, cuando, como hoy, se trata de avanzar en las políticas sociales o en la solidaridad.
Señorías, nosotros creemos -y lo hemos demostrado con eficacia- que se puede hacer compatible la sostenibilidad del sistema con mejoras en las pensiones. Ahí siempre van a encontrar al Grupo Popular.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Echániz.
Muchas gracias.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL. (Número de expediente 173/000133.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Pasamos, señorías, al último punto del orden del día de hoy, el referido a la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en materia de seguridad vial.
Para la defensa de esta moción tiene la palabra el señor Souvirón.
El señor SOUVIRÓN GARCÍA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, han transcurrido ya dos años de legislatura y la inseguridad vial sigue siendo uno de los principales problemas de la sociedad española. La accidentalidad causada como consecuencia del tráfico de vehículos por
nuestras carreteras y ciudades sigue estando por encima de la media europea y el Gobierno se muestra incapaz de articular una política integral de seguridad vial que pueda homologarse con la que se desarrolla en los países de nuestro entorno, con
los que nos comparamos política, social o económicamente. Lo que aquí hace el Gobierno es una política de control y sanción que viene desarrollando la Dirección General de Tráfico con numerosos problemas de gestión y cada vez con mayores críticas
-y mejor fundadas- por parte de las asociaciones representativas de los diversos sectores que interactúan en el complejo mundo del tráfico y por parte de este grupo parlamentario, y también con las reacciones espasmódicas del Ministerio de Fomento
cuando como consecuencia de las desgraciadas cifras que se han registrado en esta Semana Santa o en el último puente de mayo decide que hay que hacer algo como invertir, por fin, en conservación de carreteras y acabar, por fin, con los guardarraíles
cuando antes no se había hecho ningún caso ante el enorme clamor social que sobre este asunto ha habido. Todo ello sin un plan que nos diga qué va a pasar a medio y largo plazo, sino simplemente para cubrir el expediente en una situación de crisis.
Eso sí, ante la evidencia de que el Gobierno es absolutamente ineficaz para lograr integrar una política moderna en materia de seguridad vial, echa la culpa a los conductores, a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil o a las administraciones
autonómicas y locales. De lo que se trata, en definitiva, es de quitarse el problema de en medio y no asumir la responsabilidad que como Gobierno le corresponde. Esta es la situación real y sin ninguna exageración del momento en que traemos la
moción para su debate en este Pleno del Congreso de los Diputados y esas que he expuesto son las razones que han hecho que desde el Grupo Parlamentario Popular planteemos la iniciativa.
¿Qué pretendemos? Lo que pretendemos es, simple y llanamente, crear un marco básico y necesario para que a partir de él pueda desarrollarse una política de seguridad vial que esté a la altura de las que se desarrollan en los países de
nuestro círculo en pleno siglo XXI. ¿Quién puede considerar que no es eficiente crear un órgano de coordinación cuando las acciones que es necesario emprender para mejorar la seguridad vial dependen de diversos organismos que están en distintos
ministerios? ¿Quién puede pensar que no es lo más
adecuado crear una secretaría de Estado que además dependa del órgano coordinador del Gobierno como es el Ministerio de la Presidencia? ¿Quién puede entender que no es un avance que se elabore una ley integral de seguridad vial dada la
magnitud del problema que intentamos abordar que clarifique los derechos y deberes de cada uno de los actores que intervienen en el mundo del tráfico y de la seguridad vial? ¿Quién puede entender que no es necesario establecer un protocolo claro
sobre cómo debe ser la actuación de la policía de tráfico en este momento como hacen los países más avanzados en esta materia y que mejor combaten la inseguridad vial, teniendo en cuenta que la labor de policía de tráfico corresponde a la Agrupación
de Tráfico de la Guardia Civil? ¿Quién no es partidario de aumentar sus medios materiales y económicos y mejorar tecnológicamente sus dotaciones? ¿Quién ante la desgraciada gestión de la Dirección General de Tráfico no considera necesario y
oportuno que se clarifique el esquema y las escalas funcionariales de la Dirección General de Tráfico, de forma que se pueda hacer más eficaz? Si verdaderamente los organismos no responden, ¿qué podemos hacer estableciendo normas nuevas si a la
hora de su implantación no hay quien las lleve a cabo de la manera adecuada? ¿Quién no aprovecharía este momento para recomendar a la Dirección General de Tráfico que ya que su política casi única se refiere a las campañas las haga de la forma que
dan más resultados y que científicamente está comprobado, que es dirigiéndose a aquellas causas que están en el origen de los accidentes y no haciendo campañas en general que en vez de ir a la razón de las personas y a conseguir su responsabilidad
desde la libertad, tratan de intervenir hasta el último momento en las labores de tráfico?
Eso es lo proponemos en esta iniciativa. Yo quisiera resaltar que lo importante de esta iniciativa no es quién es su autor, sino quiénes son los grupos que, decidiendo jugar el partido de la seguridad vial en el campo que le corresponde y
no en otro, decidan apoyar la iniciativa y, con ello, instar al Gobierno a que haga sus deberes como debe hacerlos.
Ese es el sentido de nuestra iniciativa de hoy. En este Parlamento, en la Comisión de Seguridad Vial, que se ha convertido en un
órgano especializado, y yo me atrevería a decir que en una caja de resonancia del mundo de la seguridad vial y de sus problemas, siempre hemos tratado de llegar a acuerdos, de buscar el acuerdo para ser más prácticos, pero hoy, en nombre del primer
partido de la oposición, del que logró en las últimas elecciones la mayor representación en esta Cámara, nuestra responsabilidad es simple y llanamente -ya que el Gobierno no lo hace- plantear un marco alternativo para conseguir avanzar. No hay
otro camino, y ese es el camino que nosotros planteamos esta tarde aquí e invitamos a los grupos desde lo importante, que es el voto y la capacidad de instar al Gobierno, a que apoyen una iniciativa que beneficia a los ciudadanos y que, desde luego,
busca eliminar el enorme peligro que para la vida y para la integridad física de los españoles supone en este momento la inseguridad vial ante la inacción absoluta del Gobierno.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Souvirón.
Queda viva una sola enmienda de las presentadas, señorías, la del Grupo Socialista, y para su defensa tiene la palabra don Victoriano Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Señora presidenta, señorías, el señor Souvirón acaba de echarnos aquí un discurso auténticamente irreal y patético. Digo irreal porque nada de lo que ha dicho se sostiene ni en las cifras, ni en la imagen, ni en la
opinión pública, ni en las decisiones que se han adoptado ya en este país en materia de seguridad vial, y patético porque trata de demostrar lo indemostrable y, sobre todo, porque ha escogido una posición que en este momento significa -y se lo tengo
que decir con toda firmeza- la ruptura de una filosofía, de un modo de actuación, de un entendimiento que entre los distintos grupos políticos hemos tenido con relación a esta cuestión, cuestión suficientemente grave y delicada, que afecta a
millones de ciudadanos españoles, como para que no la convirtamos en batalla partidista. Nosotros hemos intentado hacer eso a lo largo de toda esta legislatura, esta ha sido la actitud que hemos mantenido en la Comisión de Seguridad Vial y esto es
lo que viene a romper aquí esta tarde el Grupo Popular. El Grupo Popular, muy legítimamente, ha planteado una moción consecuencia de interpelación, pero también nosotros hemos planteado unas enmiendas que han buscado siempre la aproximación, el
acuerdo, el punto medio, de tal manera que, obviamente, siempre tenemos que ceder algo todos para encontrar soluciones consensuadas, y hoy el señor Souvirón, en nombre del Grupo Popular, ha estado durante toda la tarde mareando la perdiz con
relación a una serie de posibles enmiendas que nos han llevado a hacer las máximas cesiones. Nosotros hemos aceptado prácticamente la literalidad del contenido de la moción del Grupo Popular, pero finalmente el Grupo Popular sale diciendo que hay
que poner un plazo. Una vez que lo sustantivo y lo fundamental está acordado, señorías, viene el Grupo Popular y dice que eso no vale porque hay que poner un plazo; es decir, hemos visto una carrera de obstáculos que finalmente acaba en lo que,
posiblemente, es lo que quiere hacer el Grupo Popular con este asunto: que sea un campo de batalla más. Señor Souvirón, nosotros hemos trabajado aquí para que esto no siga siendo un campo de batalla y nosotros le podemos decir que sí tenemos
política de seguridad vial, que nosotros hemos tomado medidas, las que no quisieron ni pudieron adoptar ustedes en su día. Aquí debatimos sobre el carné
por puntos y ustedes se opusieron, y hasta que no hemos ganado nosotros no ha habido carné por puntos, y así sucesivamente: campañas, medidas, programas, plan estratégico de seguridad vial. Todo lo hemos puesto sobre la mesa. Y ahí está
el resultado, porque nuestros resultados son mejores que los suyos. En este tema no es cuestión de soltar cifras, pero si usted quiere vemos los estudios comparativos de unas campañas y de unos años sobre otros, y verán ustedes como el resultado de
la inexistencia de políticas de seguridad vial, de inactividad de la Dirección General de Tráfico y de incomparecencias de los ministros del Interior del Partido Popular en estas cuestiones abocaba a una situación como en la que finalmente el país
se encontraba en esta cuestión, a la deriva. En este asunto nosotros hemos cogido el toro por los cuernos, hemos reconocido la realidad que ustedes trataron de olvidar y de ocultar -ocultar esta cuestión es una de las mayores torpezas- y hemos
venido esta tarde a plantear con ustedes un entendimiento a partir de una serie de enmiendas sobre la coordinación, sobre la creación de una posible agencia de seguridad vial; hemos dicho que podíamos impulsarlo y, sin embargo, respecto a todo
esto, ustedes nada de nada. También hemos hablado de otros aspectos como el cumplimiento de la disposición adicional undécima de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial, de la reforma en la ley del carné por puntos. También hemos hablado de una posible
norma de carácter general o integral que abarque todos los aspectos relacionados con la seguridad, algo que ustedes querían. Pero yo no sé cómo queriendo las mismas cosas que nosotros, finalmente ponen obstáculos tan absolutamente inanes e
insolventes como decir: o me pone usted un plazo o si no no hay nada que hacer. Eso es lo que han hecho ustedes esta tarde. En consecuencia, tengo la impresión de que no nos van aceptar ni la enmienda que inicialmente hemos presentado ni la
transaccional que después hemos querido buscar para aproximar las posiciones aún más. Esto quiero decirlo porque la responsabilidad de la ruptura de este consenso en esta materia es única y exclusivamente del Grupo Popular y, desgraciadamente,
usted lo representa en este momento.
También hemos tratado de buscar aproximaciones en otras cuestiones, como es el incremento de los efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, las campañas, etcétera. Voy a terminar mi intervención con este dato. Durante el mandato del Partido
Popular la Guardia Civil de Tráfico estuvo estancada en su número total durante ocho años. En el tiempo que llevamos nosotros por lo menos hemos conseguido que haya 300 ó 400 efectivos más, además de la subida de la productividad en un 91 por
ciento, cosa que tampoco hicieron ustedes. Después de tan brillante palmarés en política de seguridad vial del Partido Popular, llegar esta tarde a este punto me parece realmente deplorable.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Mayoral.
¿Grupos parlamentarios que desean fijar posición? (Pausa.)
El señor Cerdà, en nombre del Grupo de Esquerra Republicana, tiene la palabra.
El señor CERDÀ ARGENT: Gracias, señora vicepresidenta.
Señorías, los poderes públicos deben impulsar de forma prioritaria las medidas destinadas al incremento de la seguridad vial y a la disminución de los accidentes de tráfico, con especial incidencia en la prevención y educación vial y en la
atención a las víctimas. La disposición adicional tercera de la propuesta de Estatuto de Autonomía aprobado por el Parlament de Catalunya establecía que la Generalitat ejerce las competencias en la ejecución de la legislación estatal en materia de
tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial en Cataluña. Esta disposición adicional fue suprimida en las enmiendas pactadas, pero tratándose de ejecución de competencias consideramos que las medidas propuestas en la moción se han mejorado
sustancialmente con las enmiendas presentadas, que, por lo visto, no van a ser aceptadas.
El objetivo de reducir la accidentalidad no es trabajo fácil cuando año tras año aumenta tanto el número de vehículos que circulan por la red vial y el número de kilómetros recorridos por los ciudadanos y ciudadanas en sus desplazamientos.
Por tanto, nos queda un gran camino por recorrer en la prevención y en la concienciación. Por este motivo las medidas planificadas, a diferencia de otros países del centro y norte de Europa, a nuestro entender, han de ser más contundentes y más
generales.
El Gobierno de la Generalitat ha presentado un plan trienal, el Plan de seguridad viaria 2005-2007 aprobado por acuerdo del Gobierno el 28 de diciembre de 2004 y enviado al Parlament de Catalunya el 29 de diciembre de 2004, que puede ser una
herramienta valiosa y de primer orden, en la que se condensa la voluntad política del Gobierno de atacar uno de los grandes problemas del país, y un indicador útil para conseguir el objetivo fijado por la Unión Europea de reducir en un 50 por ciento
el número de las víctimas mortales en carretera entre 2000 y 2010, implicando en esta tarea a todos los actores claves concernidos en la seguridad vial, tanto públicos como privados, y por supuesto a la ciudadanía. En este sentido, y desde
diferentes actuaciones como la de incrementar y potenciar las actuaciones relativas a la prevención de accidentes, dar alternativas al uso del vehículo privado para garantizar una movilidad sostenible y fluida, mejorar las infraestructuras y
pacificar el tráfico, potenciar toda el área de investigación en seguridad vial y hacer una evaluación continua de la ejecución del plan, se trabajará
activamente para que la reducción progresiva de la siniestralidad vial sea un hecho. Si a todo esto le sumamos el debate social que se ha generado alrededor de la siniestralidad vial y la adopción de más medidas por parte de la
Administración estatal, podemos aproximarnos al camino que nos ha de llevar a una movilidad segura y sin riesgos.
Creíamos también que era un tema especial para llegar a consensos y a unanimidades, pero como no va a ser así y entendemos que en la moción, sin las enmiendas, hay una cierta invasión competencial, les anunciamos que no vamos a poder votarla
favorablemente.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Cerdà.
Finalizamos con el turno del señor Grau, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el último turno de fijación de posiciones del orden del día de hoy.
Adelante, señor Grau.
El señor GRAU I BULDÚ: Muchas gracias, señora presidenta.
Intervengo para fijar posición en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre la moción consecuencia de una interpelación que no debería haber tenido lugar. Es una moción que llega a destiempo y una digresión de todo
un trabajo parlamentario que está realizando en un estilo constructivo la Comisión de Seguridad Vial. Esta propuesta rompe una línea de consenso que había existido no ya en la redacción de la Constitución y de las leyes fundamentales sino en las
prácticas parlamentarias más corrientes, como son las pensiones en el Pacto de Toledo o la Ley de violencia de género. Resulta que en un tema que produce trece muertos diarios no somos capaces de mantener esta línea de coherencia y de no hacer
política sobre un tema que lleva sufrimiento a muchas familias y que tiene que estar fuera de todo debate político, ya lo ha dicho algún otro portavoz antes que nosotros. Por tanto, este consenso que hoy se rompe es un paso atrás, una marcha atrás
en la redacción de las nuevas leyes o de los nuevos acuerdos que se elaboran a través de posicionamientos muy diversos. Hay respetos competenciales y muchas comparecencias que explican muchos aspectos que deben ser tenidos en cuenta. Es una moción
precipitada. Nosotros nos hubiéramos sumado a ella en el sentido de instar al Gobierno a acelerar los procesos legislativos o las acciones que hubieran podido tener lugar; también hubiéramos aceptado, aunque esté en nuestro programa, la creación
de una agencia de seguridad vial como una medida alternativa a una secretaría de Estado, pero todo esto si se nos hubiera razonado y hubiéramos debatido este tema en la Comisión. Hubiera sido un gran debate y una gran resolución para presentar en
este Pleno. También era preciso instar al Gobierno a un cumplimiento más exacto, que sí se ha propuesto, de la Ley 17/2005 y, sobre todo, de la disposición adicional duodécima, que fue objeto de un gran debate y de un acuerdo muy difícil pero
equilibrado en la Comisión. Esta moción es apresurada, restrictiva y no respeta o, al menos, no ha tenido en cuenta las competencias ni el cumplimiento de todos estos puntos y, por tanto, no podemos darle soporte.
Tampoco era hoy el día de debatir en una moción la creación de la agencia o secretaría de Estado, sin que hubiera pasado por el debate en Comisión.
Tendríamos que recuperar la serenidad y el compromiso de esta Cámara de generar soluciones.
Esta digresión que hemos tenido hoy a raíz de la propuesta del Grupo Popular debería haber propiciado el consenso de todos los grupos. Las transacciones que se practican en la Comisión deberían haberse practicado aquí en todo lo que se refiere a la
seguridad vial, pero ello no es posible. Nuestro grupo no participa de este juego.
Nuestro grupo, que ha generado la necesidad de pactos de Estado en educación y en pensiones y que ha tratado de alejar la política de los elementos que la
ciudadanía requiere a los poderes legislativos, nuestro grupo, que es responsable de este tema, reitera la necesidad de que vuelva la serenidad y el compromiso de servicio a la ciudadanía, con el consenso, con el debate y con el acuerdo. Si no hay
acuerdo, nuestro grupo no va a votar favorablemente esta moción del Grupo Popular. Nos vamos a abstener, porque tampoco estamos en contra de los examinadores ni de la necesidad de los agentes de tráfico, sean de la Guardia Civil, ertzaintzas o
mossos d'esquadra, al servicio de la seguridad vial.
Finalmente, es necesario que mostremos que la sensibilidad que tenemos hacia este tema es máxima, igual que la que hemos tenido con otros, y por tanto es preciso que lleguemos al compromiso de
avanzar todos juntos en esta solución. Esta moción no lo hace y por tanto nuestro grupo no se va a sumar a ella, porque no se ha llegado al grado de negociación, de debate y de consenso que era necesario.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, terminado el debate de esta moción, llamamos a votación.
Como se deduce de las presentaciones de las mociones, votaremos ambas, la primera y la segunda, en sus términos. Señor Souvirón, entiendo que esto es lo se ha deducido de su intervención.
El señor SOUVIRÓN GARCÍA: Sí, señora presidenta. No podemos aceptar las enmiendas transaccionales, porque a este asunto le sobran matices y le faltan realidades y porque una cosa es el consenso y otra el pasteleo.
(Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señor Souvirón, tal como le decía se votará en sus estrictos términos. En cualquier caso, muchas gracias por sus matices.
Señorías, procedemos a las dos últimas votaciones del orden del día de hoy. Por favor, tomen posesión de sus escaños. Votación de las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Rumores.)
Silencio, por favor, señorías. En primer lugar, votamos la moción del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) sobre las intenciones que abriga el Gobierno para garantizar la suficiencia del conjunto de las pensiones que se sufragan con cargo al
sistema público de la Seguridad Social.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 152; en contra, 150.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Queda aprobada. (Aplausos.)
Señorías, votamos la segunda moción, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en materia de seguridad vial.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 128; en contra, 157; abstenciones, 17.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Queda rechazada.
Señorías, suspendemos la sesión plenaria hasta mañana a las dieciséis horas.
Eran las nueve de la noche.