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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 161, de 21/03/2006
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2006 VIII Legislatura Núm. 161
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 150
celebrada el martes, 21 de marzo de 2006
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
-Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Labordeta), de modificación del Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios.
'BOCG. Congreso de los Diputados',
serie B, número 105-1, de 10 de septiembre de 2004. (Número de expediente 122/000089.) ... (Página 8010)
-Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), de protección y promoción de lenguas españolas distintas del castellano. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 202-1, de 23 de septiembre de 2005.
(Número de expediente
122/000163.) ... (Página 8017)
Avocación por el Pleno:
-Del Proyecto de Ley de capitalidad y de régimen especial de Madrid.
(Número de expediente 121/000072.) ... (Página 8027)
Tramitación directa y en lectura única:
-De la Proposición de Ley sobre la declaración del año 2006 como Año de la Memoria Histórica. (Número de expediente 122/000180.) ... (Página 8027)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley. (Votaciones.) ...
(Página 8028)
Proposiciones no de Ley:
-Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre impulso de las relaciones de la Unión Europea con América Latina y el Caribe y preparación de la Cumbre de Viena. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 336, de 17 de
febrero de 2006. (Número de expediente 162/000436.) ... (Página 8028)
-Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la articulación de medidas de mejora de la competitividad y en contra de la inflación. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 341, de 24 de febrero de 2006. (Número
de expediente 162/000441.) ... (Página 8035)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
-Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Rodríguez), sobre la necesidad de un plan de medidas globales, especialmente sociales, laborales y administrativas, destinadas a trabajadores afectados de asbestosis y a sus familias. (Número de
expediente 173/000122.) ... (Página 8042)
-Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), sobre la reclamación de los intereses de demora de los créditos concedidos por las riadas de 1987 por parte del ICO. (Número de expediente 173/000123.) ...
-Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la violencia de género. (Número de expediente 173/000124.) ... (Página 8053)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 8010)
Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Labordeta), de modificación del Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios ...
(Página
8010)
Defiende la proposición de ley para su toma en consideración el señor Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto. Con esta iniciativa no trata de hablar de macroeconomía ni de conceptos políticos de desarrollo, sino de un problema
puntual que provocó la aprobación del Real Decreto-Ley 6/2000 en la pasada legislatura, que dejó a los ayuntamientos, a los que denomina los grandes olvidados de la acción de los distintos gobiernos centrales, sin capacidad. Nuevamente los grandes
triunfaban frente a los débiles y se concedía la oportunidad a las macrosuperficies comerciales de instalar estos distribuidores sin contar ni con los ayuntamientos ni con las comunidades autónomas. La Administración local se encuentra en numerosas
ocasiones sin herramientas económicas para atender las peticiones por la escasa financiación que recibe y en otros casos sin instrumentos legales dado que los ayuntamientos son meros gestores de una ley aprobada en este Parlamento.
Recuerda que la
autonomía local es una potestad reconocida en la Constitución y desarrollada en la legislación posterior. La salvaguarda de la calidad de vida de la ciudadanía también es un precepto básico del ordenamiento jurídico y el real decreto-ley supone una
limitación de parte de estos derechos al dejar a los ayuntamientos sin capacidad de decisión en asuntos que afectan a cuestiones básicas de su ordenación urbana. Es un problema que afecta a todos los ayuntamientos del Estado y las situaciones que
se pueden generar son muy diferentes en virtud de las distintas condiciones locales. Finaliza resaltando que con esta iniciativa su grupo no pide que se impida la instalación de gasolineras sino que se tenga en cuenta lo acordado por los
ayuntamientos a la hora de aplicar esta ley,
y señala las modificaciones que entiende lógicas y razonables.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Pérez Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Puig Cordón,
del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Delgado Arce, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Fuentes Pacheco, del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.
Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), de protección y promoción de lenguas españolas distintas al castellano ... (Página 8017)
Defiende la proposición de ley para su toma en consideración el señor Tardá i Coma, en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC). Considera que la iniciativa que presenta llega en buen momento, atendiendo a la necesidad
de demostrar de una vez por todas la madurez de nuestras sociedades y sepultar los mensajes reaccionarios que nos alejan del plurilingüismo, es decir, de la modernidad. En su opinión, durante los dos primeros años de la actual legislatura se ha
pretendido criminalizar la política lingüística de la Generalitat de Catalunya con el fin de impedir dotar al Estado español de una ley de lenguas que desplegara lo mandatado por la Constitución española en cuanto al especial respeto y protección de
la riqueza de las distintas modalidades lungüísticas. Esta iniciativa pretende que se declaren oficiales en la Administración General del Estado y en las entidades de derecho público que de ella dependen, además del castellano, las demás lenguas
cooficiales, es decir, el catalán, el euskera y el gallego. Para lograrlo solicita el voto favorable a su iniciativa.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Labordeta Subías y Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds;
Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Vilajoana Rovira, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Rodríguez-Salmones Cabeza, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el señor Jáuregui Atondo, del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Avocación por el Pleno ... (Página 8027)
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, la Presidencia somete al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de la ley de capitalidad y de régimen especial de Madrid, lo que
se aprueba por asentimiento.
Tramitación directa y en lectura única ... (Página 8027)
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del Reglamento la Presidencia informa que la Mesa, oída la Junta de Portavoces, ha acordado someter a la aprobación de la Cámara la tramitación directa y en lectura única por el propio Pleno
de la proposición de ley sobre la declaración de 2006 como Año de la Memoria Histórica. Sometida a votación se rechaza por 57 votos a favor, 236 en contra y nueve abstenciones.
Intervienen los señores Pérez Rubalcaba y Llamazares Trigo.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votaciones.) ...
(Página 8028)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, Sr. Labordeta, de modificación del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de intensificación de la competencia en
mercados de bienes y servicios, se rechaza por 32 votos a favor y 277 en contra.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), de protección y promoción de lenguas españolas distintas del castellano, se rechaza por 27 votos a favor y 282 en
contra.
Proposiciones no de ley ... (Página 8028)
Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre impulso de las relaciones de la Unión Europea con América Latina y el Caribe y preparación de la Cumbre de Viena ... (Página 8028)
Defiende la proposición no de ley el señor Moscoso del Prado Hernández, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. Manifiesta que América Latina vive una etapa decisiva para su futuro, una etapa en la que la economía crece a
ritmos estables y constantes por primera vez en muchos años, pero una etapa en la que subsisten numerosos problemas, como unos índices de pobreza, de paro y de desigualdad muy elevados, un índice medio de pobreza por encima del 40 por ciento y una
situación de cohesión social insostenible. Políticamente se están celebrando procesos electorales, democráticos, que representan una oportunidad para reforzar la democracia de la región y para que los gobiernos sean más eficientes, más
transparentes y funcionen con parámetros y cánones más razonables.
Todo ello, a su entender, constituye un desafío único para la política exterior de nuestro país. Es un período difícil pero lleno de retos. El objetivo de la iniciativa es
comenzar a fraguar un consenso básico en el ámbito multilateral y referido a la actuación de nuestro país y a la actuación de la Unión Europea en América Latina. Por ello insta al Gobierno a trabajar junto a la Presidencia austríaca de la Unión
Europea para conseguir que la cumbre de la Unión Europea América Latina-Caribe del próximo mes de mayo sea un éxito. Finaliza señalando que su grupo aceptará las enmiendas de los grupos de Esquerra Republicana (ERC) y del Bloque Nacionalista Galego
por entender que mejoran el texto.
En defensa de las enmiendas presentadas, intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Moragas Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Ramón Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana (ERC).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor Moscoso del Prado Hernández.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la articulación de medidas de mejora de la competitividad y en contra de la inflación ... (Página 8035)
Defiende la proposición no de ley el señor Folgado Blanco, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Señala que tras la aparente bonanza económica se está gestando un gravísimo problema de desequilibrios y pérdida de
competitividad, y sin embargo da la impresión de que las prioridades del Gobierno van por veredas distintas a las de la ordenación de la economía. La responsabilidad de un gobierno en política económica consiste en introducir de manera constante
las reformas oportunas para propiciar un horizonte de confianza inversora y de oportunidades de empleo. El aumento de la población hace que la renta per cápita crezca igual o menos que en otros países europeos; los desequilibrios de precios y de
balanza de pago son tan graves que están minando nuestra competitividad económica, y no se hace nada para afrontar con éxito los nuevos desafíos que presenta el escenario mundial. Por último, debemos asumir la drástica reducción para España de los
fondos estructurales. Finaliza exponiendo una serie de medidas que considera vitales para mejorar la competitividad, para contener la inflación y para aumentar el crecimiento sobre bases estables y de progreso para todos los españoles.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Pérez Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds ; Azpiazu
Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Puig Cordón del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Hierro Recio, del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre impulso de las relaciones de la Unión Europea con América Latina y el Caribe y preparación de la Cumbre de Viena, con las enmiendas de los
grupos de Esquerra Republicana y Mixto, se aprueba por 312 votos a favor.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la articulación de medidas de mejora de la competitividad y en contra de la inflación, se rechaza por 129 votos a favor y 183 en contra.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 8042)
Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Rodríguez), sobre la necesidad de un plan de medidas globales, especialmente sociales, laborales y administrativas, destinadas a trabajadores afectados de asbestosis y a sus familias ...
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto. Manifiesta que quiere dejar claro que la moción tiene dos partes claramente diferenciadas aunque interrelacionadas entre sí.
La primera afecta a cuestiones relativas a la problemática socioeconómica que padecen los afectados y sus familias y la segunda se refiere a las administraciones sanitarias.
Para su grupo es muy importante flexibilizar los criterios para el
reconocimiento de enfermedad profesional y la consideración de la asbestosis como invalidante. Su grupo pretende que se promulgue una norma que posibilite el cese o las jubilaciones anticipadas en base a la aplicación de los coeficientes reductores
y que se establezca un sistema público de indemnizaciones para los afectados, en concreto que se recoja en la legislación el derecho a indemnización por causa de enfermedad profesional. Finaliza solicitando la aprobación de la moción para que los
afectados tengan la esperanza de que sus objetivos van a ser conseguidos, por lo menos en los aspectos fundamentales.
En defensa de las enmiendas presentadas, intervienen los señores González López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Membrado Giner, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; las señoras García Suárez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds; Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Tardá i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor Rodríguez Sánchez.
Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), sobre la reclamación de los intereses de demora de los créditos concedidos por las riadas de 1987 por parte del ICO ... (Página 8048)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Cerdà Argent, en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).
Manifiesta que no es la primera vez que su grupo propone que haya una solución negociada para
todas las familias afectadas por los créditos que a 31 de diciembre del año 2001 quedaron pendientes de ser cobrados.
Resalta que en este momento no piden que se haga tabla rasa ni que se acabe porque sí; están pidiendo que se sienten en la mesa y
negocien y que aquellos créditos que han sido cobrados con un interés abusivo tengan un proceso de negociación. Solicita una salida negociada para el conflicto. Finaliza pidiendo que se compense el daño que se ha hecho a muchas familias
trabajadoras, campesinas, pues muchas de ellas van a tener serios problemas para devolver los créditos.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y el señor Torres Balaguer, del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Grau i Buldú, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió y la señora Ramón-Llin i Martínez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor Cerdà Argent.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la violencia de género ... (Página 8053)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente la señora Camarero Benítez en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Manifiesta que su grupo, en su afán de colaborar con el Gobierno a mejorar la ley, ha presentado
esta moción con nueve puntos que intentan dar solución a algunas de las deficiencias que un mal desarrollo de la ley ha puesto de manifiesto. Un primer bloque redunda en la seguridad y protección de las mujeres maltratadas e insisten en mejorar la
implantación de las medidas de telealarma, teleasistencia y dispositivos móviles; establecer un programa individualizado de protección a las víctimas que tengan una orden de protección e incrementar el número de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado. Para su grupo la protección y seguridad de las víctimas es fundamental y una de las partes de la ley que se debe cuidar. Insiste en la necesidad de
poner en funcionamiento los 21 juzgados exclusivos de violencia, prometidos para antes de que finalice 2006. Igualmente considera necesario modificar el real decreto por el que se crea el Observatorio estatal de violencia sobre la mujer,
con el fin de dar mayor participación a las asociaciones de mujeres. Finaliza señalando que espera contar con el respaldo de los grupos pues su único objetivo es mejorar la eficacia de la ley.
En defensa de la enmienda presentada interviene la señora Monteserín Rodríguez, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; García Suárez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Uría Etxebarría, del
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Tardá i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) y la señora Pigem i Palmés.
A los solos efectos de aceptar o rechazar la enmienda presentada interviene la señora Camarero Benítez.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez, sobre la necesidad de un plan de medidas globales, especialmente sociales, laborales y administrativas, destinadas a trabajadores afectados de asbestosis y a sus
familias, se aprueba por 300 votos a favor, uno en contra y una abstención.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), sobre la reclamación de los intereses de demora de los créditos concedidos por las riadas de 1987 por parte del ICO, se rechaza por 138 votos a favor, 153
en contra y 11 abstenciones.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la violencia de género, se rechaza por 128 votos a favor y 173 en contra.
Se suspende la sesión a las diez y cinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR LABORDETA), DE MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO-LEY 6/2000, DE 23 DE JUNIO, DE MEDIDAS URGENTES DE INTENSIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA EN MERCADOS DE BIENES Y SERVICIOS.
(Número de expediente 122/000089.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, se inicia la sesión del Pleno del Congreso de los Diputados correspondiente al martes 21 de marzo de 2006. Punto I del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley. Del Grupo Parlamentario
Mixto (señor Labordeta), de modificación del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios.
Tiene la palabra, en un turno a favor, el autor, señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Muchas gracias, señor presidente. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.)
Decía un paisano mío que de aquellos polvos provienen estos lodos, y es que allá por el año 2000 se aprobó en este mismo hemiciclo el conocido decreto Rato, vulgarización del denominado Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas
urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios. Se nos decía entonces por el que ahora es presidente del Fondo Monetario Internacional que con estas normas se adoptaban una serie de medidas para modernizar la
economía, para favorecer la libertad y conseguir un objetivo: reducir el precio de los servicios que se prestaban al ciudadano. Se decía que uno de esos objetivos era rebajar el precio de la gasolina liberalizando las condiciones para la
instalación de los centros distribuidores. No haré comentarios sobre la bondad de aquellas medidas porque ante tanta evidencia que sufre uno cuando intenta rellenar el depósito de su vehículo, sobran las palabras. A lo que íbamos. No se trata
ahora, con esta iniciativa parlamentaria, de hablar sobre macroeconomía ni de conceptos políticos de desarrollo, sino de un problema puntual que provocó la aprobación de este decreto por la mayoría parlamentaria en la pasada legislatura, y es que se
dejó a los ayuntamientos, los grandes olvidados de la acción de los distintos gobiernos centrales, sin capacidad, como se dice popularmente, ni para trinchar ni para cortar.
Nuevamente los grandes triunfaban frente a los débiles y se concedía la
oportunidad a las macrosuperficies comerciales de instalar estos distribuidores sin contar ni con los ayuntamientos ni con las comunidades autónomas, todo en nombre del dios libre mercado. Miren que se lo advirtió un nada sospechoso diputado de
Convergència i Unió, señor Sánchez i Llibre, en aquel 29 de junio de 2000 durante el debate de este decreto, del que no me resisto a incluir esta cita: Valdría la pena -dijo- que ustedes estuvieran atentos, ya que podría ser que en esta cuestión de
las gasolineras existieran indicios de inconstitucionalidad, ya que la autorización a las grandes superficies para instalar gasolineras o estaciones de servicio atendiendo
a las regulaciones de las estaciones de servicio son competencias exclusivas en régimen energético y de equipamientos comerciales de las comunidades autónomas. No se hizo caso de estas advertencias y las consecuencias de este pensamiento
global liberal empezaron a notarse en lo local. Pondré un ejemplo que conozco por la cercanía, pero que es buen reflejo del problema.
El pasado mes de diciembre de 2004 una serie de asociaciones de vecinos de uno de los barrios más populosos de Zaragoza, el polígono Rey Fernando de Aragón -más conocido como Actur- recurrieron ante el Defensor del Pueblo y el Justicia de
Aragón contra la instalación de una gasolinera impulsada por una de estas grandes superficies al calor de este decreto que hoy pretendemos modificar. Alegaban ante estas instituciones que la instalación de este dispensador de gasolina se ubicaba en
una zona muy habitada de la ciudad con gran densidad de tráfico, lo cual supondría un aumento de la contaminación acústica y medioambiental, lógicas razones ante las que nada se pudo hacer ni desde el Ayuntamiento de Zaragoza ni desde el Gobierno de
Aragón para atender las demandas de estos vecinos, porque como administraciones públicas tuvieron que acatar la legislación vigente, injusta, pero ley al fin y al cabo. Por este motivo pedimos modificarla ahora con esta proposición de ley, porque
aunque lleguemos tarde para este caso -la gasolinera finalmente se instaló-, este ejemplo puntual que motivó la presentación de esta propuesta de modificación de la normativa vigente puede volver a repetirse en cualquier ayuntamiento o en cualquier
territorio del Estado. Por eso, les pido a los grupos políticos con representación en el Congreso, que suponen la práctica totalidad de los gobiernos municipales y de los ayuntamientos de todo el Estado, que piensen también en estos gestores
locales que van a llamar a sus puertas pidiéndoles amparo para atender las posibles y previsibles quejas vecinales. Y es que la Administración local, la más cercana al ciudadano, se encuentra en numerosas ocasiones sin herramientas económicas para
atender las peticiones por la escasa financiación que recibe y, en otros momentos, como en el caso que nos ocupa, sin instrumentos legales dado que los ayuntamientos son meros gestores de una ley aprobada aquí y que en su día no tuvo en cuenta esta
realidad.
La autonomía local es una potestad reconocida en la Constitución y desarrollada en la legislación posterior. La salvaguarda de la calidad de vida de la ciudadanía también es un precepto básico del ordenamiento jurídico vigente y, como
decimos en la exposición de motivos que acompaña a esta iniciativa, el Real Decreto-ley de medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios supone una limitación de parte de estos derechos, al dejar a los
ayuntamientos sin capacidad de decisión en asuntos que afectan a cuestiones básicas de su ordenación urbana. En este caso, la obligación de los denominados grandes establecimientos comerciales de instalar un espacio destinado al suministro de
productos petrolíferos está diseñado más en función de una mera actitud liberalizadora del mercado que de una mejora eficaz en las condiciones de habitabilidad de las ciudades.
Evidentemente, esta medida ha sido tomada sin tener en cuenta todas las
externalidades que se pueden generar en la trama urbana donde se ubique este tipo de instalaciones. La afección al tráfico rodado, la pérdida de calidad de vida de los habitantes del entorno, entre otras cuestiones, son una serie de problemas
inducidos por esta situación que desde Chunta Aragonesista consideramos necesario modificar estableciendo las oportunas limitaciones en los planteamientos urbanísticos por parte de los ayuntamientos en función de la idoneidad del emplazamiento de
este tipo de instalaciones suministradoras de productos petrolíferos.
Hay que tener en cuenta que es un problema que afecta a todos los ayuntamientos del Estado y que las situaciones que se puedan generar son muy diferentes en virtud de las diversas condiciones locales.
Entiéndannos bien, no pedimos que se
impida la instalación de gasolineras, sino que, en un mero ejercicio de sentido común y de la necesaria y mutua colaboración entre las administraciones públicas en un mundo complejo, se tenga también en cuenta lo acordado por los ayuntamientos a la
hora de aplicar esta ley. Habrá casos en los que no supondrá mayor problema, al contrario, puede beneficiar al consumidor, pero habrá otros casos, como el que hemos comentado, de una gran superficie enclavada en una zona habitada, consolidada, que
provoque más problemas que soluciones. Por todos estos motivos, pedimos modificar dos cuestiones simples, lógicas y entendemos que razonables del artículo 3, concretamente el punto 1, del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes
de intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios, que quedaría así: Los establecimientos que, de acuerdo con el artículo 2.3 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista, tengan la consideración de
gran establecimiento comercial podrán incorporar entre sus equipamientos, al menos, una instalación para suministro de productos petrolíferos a vehículos, siempre que el planeamiento urbanístico municipal o la normativa autonómica en la materia así
lo permita, para cuyo abastecimiento, con carácter preferente, no podrán celebrar contratos de suministro en exclusiva con un solo operador al por mayor de productos petrolíferos. Estas instalaciones deberán cumplir las condiciones técnicas de
seguridad que sean exigibles, así como el resto de la normativa vigente que, en cada caso, sea de aplicación, en especial la referente a la metrología y metrotecnia y a la protección de consumidores y usuarios. En ese mismo artículo 3, pedimos la
modificación del punto 2, quedando como sigue: En los supuestos a los que se refiere el párrafo anterior será necesaria la obtención de las oportunas licencias municipales para la instalación de suministros de productos petrolíferos.
Hay que recordar, aunque ustedes ya son perfectamente conscientes, que estamos debatiendo solamente la admisión a trámite, que la propuesta que presentamos
puede y seguramente debe ser mejorada en su debate posterior en la Comisión correspondiente, pero entendemos que sería bueno y conveniente que esa posibilidad existiera. No pretendemos decir que esta sea la solución definitiva al problema.
Estamos convencidos de que con el esfuerzo de todos se podrá modificar esta norma para que los derechos ciudadanos y las competencias locales y autonómicas queden perfectamente garantizados porque, además, para eso se legisla. Tenemos que intentar
dar una solución a este problema que se ha ocasionado y con esa constructiva intención pedimos el voto favorable de la Cámara para la toma en consideración de esta proposición de ley de modificación del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de
medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios.
Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señorías.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Labordeta, muchísimas gracias.
Señorías, si algún grupo parlamentario desea ejercer el turno en contra, este es el momento y, si no, pasamos a la fijación de posiciones de los grupos parlamentarios que lo deseen.
Tiene la palabra el señor Pérez, en nombre de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Efectivamente, el real decreto-ley al que se hace referencia en la proposición de ley del Grupo Mixto venía a culminar las presiones que desde el Ministerio de Economía en la anterior legislatura se realizaban hacia los ayuntamientos para
que estos fueran favorables a la instalación de estaciones de servicio en las grandes superficies. Se beneficiaba de esta forma, evidentemente, a estos grandes comercios, más que resolver el problema de la distribución de combustible. El real
decreto-ley suponía y supone una regulación especial para estaciones de servicio vinculadas a grandes superficies y para ello se obvian los procesos de concesión de licencias y el control de la edificación y usos del suelo, de una parte, y, de otra,
las competencias a efectos de ordenación urbana que corresponden evidentemente a los ayuntamientos. Pasa por encima de competencias locales y lo hace, como no podía ser de otra forma, en nombre de la competencia, esta vez, eso sí, de la gran
competencia del mercado. Por estas razones, porque el real decreto-ley modificaba y a día de hoy modifica plazos, porque ignora planes urbanísticos, porque atenta contra competencias de administraciones que son competentes, vamos a votar a favor de
la proposición del Grupo Mixto haciendo la salvedad de que en esta iniciativa no se propone eliminar ni prohibir nada, sino simplemente respetar el planeamiento urbanístico, respetar las normas autonómicas y garantizar la seguridad y la protección
de los consumidores, tal y como se dice en el propio texto que se nos propone esta tarde.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Pérez, muchas gracias.
Continuamos con el turno del Grupo Vasco y tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, la proposición que hoy plantea la Chunta Aragonesista tiene para el Grupo Vasco todo el sentido que debe dársele; es decir, lo que no puede ocurrir es que, a través de un real decreto-ley como el que se aprobó anteriormente, los
grandes centros comerciales tengan que tener instalaciones de gasolineras en sus centros en contra de la voluntad de los propios municipios. La propuesta que se debate supone, a nuestro entender, la salvaguarda, tal y como aparece reflejado en la
legislación vigente, de las competencias en materia de ordenación urbana otorgadas a las entidades locales. Cualquier injerencia o exclusión en las mismas supone una pérdida injustificada de atribuciones bajo el pretexto de una supuesta medida
liberalizadora del mercado. Son, a nuestro juicio, las entidades locales las que, bajo la cobertura de su planeamiento urbanístico y sin ningún tipo de imposición, deben conceder la autorización a través de la oportuna licencia municipal de
instalaciones de suministros de productos petrolíferos en los grandes establecimientos comerciales. Lógicamente, la decisión sobre la implantación de la instalación de este tipo de equipamientos debe fundamentarse, además de en la normativa de
ordenación del territorio municipal o autonómico, en las correspondientes especificaciones técnicas y de seguridad recogidas en la normativa sectorial correspondiente. Por lo tanto, nuestro grupo va a votar favorablemente la propuesta de Chunta
Aragonesista.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Azpiazu.
Continuamos con el turno del señor Puig en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, quisiéramos agradecer al Grupo Mixto la oportunidad de debatir esta proposición de ley porque entendemos que es de justicia. Me parece que es un avance en el sentido de intentar paliar lo que en su momento provocó el real
decreto-ley, que es una afectación para los municipios, cuya potestad es necesario recuperar. El Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios estableció en su
artículo 3 la obligación de los denominados grandes establecimientos comerciales de instalar un espacio destinado al suministro de productos petrolíferos, de tal forma que
el otorgamiento de las licencias municipales requeridas por tales establecimientos debería llevar implícita la concesión de las licencias necesarias para la instalación de una estación de suministro de productos petrolíferos. De la
exposición de motivos del real decreto-ley se desprende que la principal motivación de esa obligación era la promoción de las instalaciones de estaciones de servicio en grandes superficies comerciales, con el objetivo de aumentar la competencia en
el sector de la distribución minorista de hidrocarburos. Uno de los costes fundamentales de la norma era, a nuestro entender, el menoscabo del principio de autonomía local, puesto que dejaba a los ayuntamientos sin parte de su capacidad de decisión
en cuestiones básicas que afectan a la ordenación urbana. La pregunta que uno debería formularse en buena lógica era si el hipotético beneficio que producía el aumento de la competencia en el suministro de hidrocarburos superaba o no el coste de
reducir la capacidad de decisión de los ayuntamientos en cuanto a la planificación de los usos en territorio urbano. Los hipotéticos beneficios de la mejora del suministro de los hidrocarburos, gracias a la ubicación de instalaciones de estaciones
de servicio en grandes superficies comerciales, son para nuestro grupo dudosos, por lo menos por lo que respecta a los cambios en las condiciones de precios. De todos es sabido que el mercado de los hidrocarburos es muy poco competitivo debido a la
existencia de unos pocos operadores dominantes que en la práctica determinan el precio del mercado. La existencia de nuevas estaciones de servicio en poco o nada ha afectado a los precios finales de los productos petrolíferos. En muchos casos el
comportamiento de los pequeños operadores ha sido fijar los precios siguiendo la estrategia del operador dominante, con lo cual han conseguido garantizarse beneficios, sin que con ello el consumidor haya conseguido mejores condiciones en los
precios. El respeto a los principios de la autonomía local y a la subsidiariedad aconsejan dejar al arbitrio de cada municipio aquellas decisiones que tienen que ver con los usos del territorio urbano. La administración más próxima al ciudadano
debe tener en cualquier caso algo que decir en todas aquellas cuestiones que afectan a la planificación urbanística y a la afección del suelo, actividades que potencialmente tienen que ver con el entorno y con la calidad de vida de los habitantes
del lugar. Consideramos, por tanto, que supone un coste relativamente elevado en los términos expresados anteriormente no modificar la ley para permitir la intervención de los poderes públicos locales y que no viene justificado en ningún caso este
coste por la exigua mejora de que puedan gozar los consumidores en las condiciones de suministro.
Finalmente, queremos resaltar que la modificación de la ley no es por sí misma restrictiva de la oferta en el ámbito de los productos petrolíferos; lo que sí hace con buen criterio en nuestra opinión es dar voz a las administraciones que
mejor conocen el territorio a la hora de tomar decisiones sobre la instalación de estaciones de suministro de productos petrolíferos en los distintos municipios. Por todo ello, nuestro grupo parlamentario va a votar favorablemente la toma en
consideración de esta proposición de ley que ha presentado el Grupo Mixto.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Puig, muchas gracias.
Continuamos con el turno del señor Sánchez i Llibre en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) va a votar favorablemente la proposición de ley de modificación del Real Decreto-ley 6/2000, de
23 de junio, de medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios. Como muy bien ha dicho el señor Labordeta al inicio de su intervención, nuestro grupo, Convergència i Unió, ya se mostró a favor de lo que esta
proposición de ley contiene, ya que cuando el Partido Popular, concretamente el vicepresidente segundo del Gobierno, don Rodrigo Rato, presentó ante esta Cámara en el mes de junio del año 2000 un real decreto-ley de medidas urgentes de cara a la
liberalización de la competencia nuestro grupo parlamentario, Convergència i Unió, se posicionó en contra de su convalidación, pues entendía que alguno de los aspectos como el que hoy estamos debatiendo interfería o laminaba competencias autonómicas
y locales. Este fue el motivo por el que el Gobierno de la Generalitat en aquellos momentos presentó dos recursos de inconstitucionalidad ante el Real Decreto-ley 6/2000 sobre medidas urgentes de intensificación de la competencia.
Me referiré a la intervención de nuestro grupo parlamentario, Convergència i Unió, en aquellos momentos, que sería la que consecuentemente avalaría la dirección de nuestro voto afirmativo a la proposición de ley presentada por el Grupo
Mixto. En aquellas fechas nuestro grupo ya decía que estaba a favor de la liberalización del sector de los hidrocarburos con todas las consecuencias y con todas las medidas que el Partido Popular propugnaba con el real decreto, porque sabemos
-decíamos- que el objetivo final que ustedes persiguen es el mismo que el de la coalición de Convergència i Unió, o sea, que los consumidores tengan un precio más barato de la gasolina, pero desde otra óptica también le hacíamos llegar en aquellos
momentos una apreciación al señor vicepresidente segundo del Gobierno, don Rodrigo Rato. Le decíamos que valía la pena que, tal como ha manifestado en su exposición el señor Labordeta, los señores del Partido Popular estuvieran atentos al
despliegue y al desarrollo de este real decreto, ya que podría ser que en esta cuestión de las gasolineras existieran indicios de inconstitucionalidad, siendo así que la autorización a las grandes superficies para instalar gasolineras -estaciones de
servicio en este caso-, atendiendo a las regulaciones de las estaciones de servicio, es competencia
exclusiva, en régimen energético y de equipamientos comerciales, de la comunidad autónoma correspondiente. En este caso hacíamos referencia al Gobierno de la Generalitat y avisábamos al Partido Popular que nos hubiera gustado que en
aquellos momentos se hubieran replanteado la posibilidad de un cambio legislativo que fuera en la dirección opuesta, la que planteaba nuestro grupo parlamentario, Convergència i Unió. Hoy también nos hubiera gustado que el Grupo Parlamentario
Socialista que da soporte al Gobierno tuviera la sensibilidad que no tuvo en aquellos momentos el Gobierno del Partido Popular y que se pudieran respetar con la máxima pulcritud, que es el objetivo fundamental de esta iniciativa presentada por el
Grupo Mixto y defendida por el señor Labordeta, todas aquellas competencias autonómicas y locales que en un momento determinado tendrían que posibilitar que una gran superficie pudiera instalar un equipamiento para la distribución de productos
petrolíferos. Hoy el Grupo Parlamentario Socialista tendría que recoger esta sensibilidad y aprobar la toma en consideración de esta proposición de ley para su debate en la comisión correspondiente. Parece que no va a ser así y si el Gobierno no
se apresta a corregir o rectificar la legislación, lo que se va a producir en todo el territorio español es un incremento de instalaciones petrolíferas que no van a tener el soporte jurídico y constitucional que se requiere, como es que dichas
adjudicaciones o instalaciones vengan avaladas por un permiso municipal o de la comunidad autónoma correspondiente. Todavía, señores del Grupo Socialista, están a tiempo de rectificar y recoger la sensibilidad de esta propuesta que ha presentado el
Grupo Mixto y que, repito, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) va a votar favorablemente por coherencia.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Sánchez i Llibre, muchas gracias.
Don Celso Delgado tiene desde este momento la palabra para fijar posición en nombre del Grupo Parlamentario Popular.
El señor DELGADO ARCE: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el día 29 de junio de 2000 el vicepresidente segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y ministro de Economía, el admirado y añorado Rodrigo de Rato y Figaredo, presentaba ante el Pleno de esta Cámara el Real Decreto-ley 6/2000.
Era la primera vez que un Gobierno recurría a un instrumento de necesidad y urgencia no para corregir una determinada situación económica desde el punto de vista del empleo o de una negativa situación económica, sino, al contrario, para garantizar
de una manera contundente la continuidad y la profundización de los resultados de la buena marcha entonces de la economía española. Se trataba de un importante paquete de medidas, más de setenta, que el Gobierno del Partido Popular dispuso para
avanzar en el proceso de liberalización y de flexibilización del marco económico en el que operaban los agentes productivos. El acuerdo se tomó en los primeros momentos de la VII Legislatura, con unos destinatarios principales que eran los
consumidores y las familias. Pues bien, señorías, nos propone el señor Labordeta una modificación del citado Real Decreto-ley 6/2000 de medidas urgentes de intensificación de la competencia en los mercados de bienes y servicios, y dice, porque
supone una limitación a la autonomía local. En especial la Chunta Aragonesista, que presenta esta modificación, reprocha la imposibilidad de que los ayuntamientos puedan, a través de los instrumentos de planeamiento, establecer las oportunas
limitaciones, entre otras consideraciones. Fijaré la posición del Grupo Parlamentario Popular al respecto.
Para valorar la procedencia de esta modificación hay que examinar el contenido en su conjunto del Real Decreto-ley 6/2000, en especial aquellos aspectos que se refieren a su regulación energética. Sobre este tema el Real Decreto-ley 6/2000
no prevé una única medida que pueda ser modificada o suprimida, antes al contrario, la obligación impuesta a los establecimientos que tengan la consideración de gran establecimiento comercial de incorporar una instalación para el suministro de
productos petrolíferos se integra en un conjunto complejo que conviene recordar.
Regulaba este Real Decreto-ley 6/2000 y partía de una situación de competencia limitada en el marco de la venta minorista de carburantes.
Tras el proceso de
desmonopolización de la antigua empresa Campsa, buena parte de las gasolineras estaban en manos de un reducido grupo de empresas dominantes y las limitaciones a la competencia eran evidentes, constantemente intervenían el Tribunal y el Servicio de
Defensa de la Competencia. Por ello se tomaron medidas para impedir que cualquier persona física o jurídica superara el 25 por ciento del capital de la Corporación Logística de Hidrocarburos; se impusieron limitaciones a los grupos que tenían
cuotas de mercado importantes para que tuvieran que ver restringido el incremento del número de sus instalaciones; se imponían obligaciones de información sobre los contratos y sobre los precios; se adoptaron medidas para favorecer el consumo de
biocombustibles y se tomaba la medida a la que se refiere el artículo 3. Por tanto, se trata de un amplio abanico de medidas que perseguían desde distintos frentes promover la introducción de competencia en la comercialización de los carburantes,
que estaba, repito, dominada por un reducido número de empresas. En este contexto la imposición de obligaciones a operadores económicos inicialmente totalmente ajenos al sector como las grandes empresas de distribución representaba y representa una
apuesta por facilitar la rápida introducción de un número significativo de estaciones de servicio libres, es decir, no abanderadas por los operadores dominantes, en plazos cortos de tiempo, decisión que fue convalidada, por cierto, por esta Cámara
el 29 de junio de 2000.
¿Se produce algún tipo de merma de la autonomía local? Nosotros pensamos que no se produce ningún atentado a la autonomía municipal en materia urbanística. Esta argumentación de que se vulnera no se corresponde con la realidad, dado que la
implantación de una gran superficie está sometida a múltiples controles, entre otros controles comerciales y urbanísticos. En cuanto al control comercial tenemos que recordar que la instalación de una gran superficie exige la obtención de una
licencia que otorgan las comunidades autónomas a través de la Ley 7/1996, de 15 de enero, que reguló la ordenación del comercio minorista y que da la segunda licencia comercial o la licencia comercial específica a las comunidades autónomas. Por
tanto, ellas tienen su legislación específica propia para dar este tipo de licencias. Por otra parte, las comunidades autónomas habrán de ponderar, para conceder o no esta licencia, la existencia de un equipamiento comercial adecuado en la zona por
el nuevo emplazamiento y los efectos que este pudiera ejercer sobre la estructura comercial de aquella. Pero también hay un control urbanístico importante.
La autonomía municipal en esta materia es una potestad, pero no es, señor Labordeta, una
potestad de carácter absoluto. Nos encontramos ante competencias concurrentes de las administraciones autónomas, de las corporaciones locales. Así, si los ayuntamientos aprueban los planeamientos de forma provisional e inicialmente, la aprobación
definitiva corresponde a las comunidades autónomas. Por tanto, el Real Decreto-ley 6/2000 no pretende evitar ni estos controles comerciales ni estos controles urbanísticos, sino coordinar los mismos con competencias estatales que concurren en
determinados ámbitos de actuación. Por tanto, no podemos dejar de decir aquí que en el procedimiento para el otorgamiento de las licencias municipales para estos grandes establecimientos comerciales, al llevar las mismas implícitas las licencias de
estaciones de servicio, junto con los proyectos de la superficie comercial, deben adjuntarse a los proyectos de las estaciones de servicio, debiendo dicho precepto ajustarse a la normativa existente en materia de seguridad medioambiental y a
cualesquiera que resulten de aplicación. Por tanto, el ayuntamiento sí puede denegar la licencia global si el proyecto presentado por la estación de servicio no se ajustase a la normativa. En consecuencia, el Real Decreto-ley 6/2000 no vulnera la
autonomía local, sino, repito, la coordina con las competencias en aras del interés general.
Se ha citado aquí por usted y por el señor Sánchez i Llibre un pretendido atentado a la normativa constitucional, y no se ha producido en este período de tiempo ningún fallo del Tribunal Constitucional que acredite que la norma que hoy
debatimos, y este artículo en concreto, sea un precepto anticonstitucional. Por el contrario, ha sido reafirmada en su integridad la competencia del Estado para legislar sobre bases de política general.
Concluyo, señor Labordeta, nuestro grupo se va a posicionar en contra de esta toma en consideración, porque creemos que es una decisión, tomada en su día, acertada; porque no supone una disminución de las competencias en materia urbanística
de los municipios; porque este Real Decreto-ley 6/2000 ha pretendido como objetivo buscar el crecimiento económico del país, buscar sobre todo el incremento de la competencia; porque no es argumento de peso el que se diga que esto afecta a la
trama urbana y que se produce, como se dice en su exposición de motivos, un empobrecimiento de la calidad de vida de las ciudades porque se implanten estaciones de servicio en los grandes centros comerciales. Usted sabe, igual que yo, que uno de
los requisitos imprescindibles para el otorgamiento de estas licencias a los grandes establecimientos es justamente que no lesionen la trama urbana, y se ubican sin exclusión, repito, sin exclusión, en rozas razonablemente abiertas del tejido urbano
en las que las instalaciones de esos equipos no plantean ningún tipo de dificultad. Creemos que es una afirmación gratuita el decir que se produce un empeoramiento de las condiciones de habitabilidad de las ciudades. Al contrario, la existencia de
estas estaciones de servicio al lado de los centros comerciales está mejorando y facilitando la compra de carburante y otros artículos, especialmente para las familias, porque en un mismo acto de desplazamiento pueden adquirir el carburante, por
cierto, a precios normalmente bastante competitivos. Entendemos demagógica la conclusión a la que se llega con esta proposición de ley si partimos de la consideración de que un suministro de carburante eficaz, cercano y accesible al ciudadano,
prestado en un mercado competitivo, favorece, que no entorpece, la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Es un hecho incontestable que los ciudadanos ahorran tiempo y dinero, repito, con un suministro cercano y competitivo.
Por todas estas razones, porque entendemos que esta legislación fue buena en su momento; porque entendemos que los legisladores debemos pensar principalmente en las familias y en los consumidores, que están por encima de las presuntas
autonomías de los poderes locales, autonómicos o estatales; porque existe un marco de normas perfectamente definido -hay unas competencias para legislar en bases de interés general otorgadas al Estado, unas competencias autonómicas y unas
competencias locales-, no podemos supeditar, en aras del que yo ahora digo dios autonomía local, a las familias y a los consumidores y privarles de la posibilidad de acceder al mercado en condiciones de comodidad, fiabilidad y seguridad, y sobre
todo abaratándoles los precios.
Nada más, señora presidenta. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA: (Chacón i Piqueras): A usted, señor Delgado, muchísimas gracias.
Finalizamos el debate sobre esta proposición de ley con el turno de la señora Fuentes, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
La señora FUENTES PACHECO: Gracias, señora presidenta.
Intervengo para posicionar al Grupo Socialista en torno a la proposición que ha presentado el Grupo Parlamentario Mixto, Chunta Aragonesista, por la que pretende una modificación del Real Decreto-ley 6/2000, de medidas urgentes de
intensificación de la competencia en mercados y servicios, y lo hago con una clara intención, la de decir que por supuesto -y ya lo hemos demostrado en esta Cámara y nos hemos posicionado en torno a este tema- no entendimos que el Real Decreto-ley
6/2000, de 23 de junio, fuese el mejor para mejorar la competencia, pero sí entendimos que desde luego fue una regulación por la que se pusieron en marcha una serie de medidas que hacían que el mercado se dinamizase, y precisamente es este artículo
número 3 el que en determinadas cuestiones lo ha conseguido. Por eso, señor Labordeta, empiezo mi intervención tendiéndole la mano y diciéndole que el Grupo Socialista está dispuesto a mejorar este Real Decreto, está dispuesto a hacer una
proposición no de ley en la que se conjuguen, por un lado, las corporaciones locales, por otro, las comunidades autónomas y, por otro, como no puede ser menos, este Congreso de los Diputados, para mejorar ese Real Decreto y que por fin consigamos
los objetivos que pretendidamente suponía la exposición de motivos del mismo, que no eran otros que hacer más competitivo el mercado existente en aquel momento.
Usted propone una modificación del apartado primero del artículo 3 del real decreto y pretende sustituir 'incorporarán' por 'podrán incorporar'.
El Grupo Parlamentario Socialista entiende que con eso estamos desarticulando las medidas que
se tomaban con este real decreto, sin poner otras medidas alternativas encima de la mesa. Este real decreto, que no fue para nosotros la mejor opción y que sigue sin serlo, sí ha conseguido determinadas cosas. En cierta medida ha conseguido que
haya un poco más de competitividad en el sector, y si permitimos que sean los que están creando grandes superficies los que decidan si pueden o no montar gasolineras, no estaremos favoreciendo la competencia. Todos queremos que nuestras ciudades
sean más habitables, y para ello los ayuntamientos y las corporaciones locales están haciendo normativas. Tendremos que contar con ellos a la hora de tomar todo este tipo de medidas y no tutelarles ni creer que nosotros tenemos la verdad absoluta,
y que si permitimos a los ayuntamientos que ellos determinen cómo van a crecer y en qué modo lo van a hacer, estos lo harían peor.
Voy a hacer referencia a la segunda modificación en la que propone que se suprima de forma directa la licencia o tramitación de forma conjunta. Lo que está permitiendo esta licencia o tramitación de forma simultánea y conjunta es que sean
más ágiles los trámites a la hora de hacer un centro comercial que implique que una gasolinera que, desde el punto de vista de mejora de las condiciones con las que están comprando los ciudadanos las gasolinas, sí ha sido efectiva. Desde el año
2003 en que la Dirección General de Política Energética está midiendo cuál es el precio de la gasolina, vemos que la gasolina está siendo 101,72 céntimos por litro más barata y el gasóleo 1,23 céntimos por litro más barato, lo cual nos demuestra que
estamos obteniendo resultados. Facilitar que estos resultados sigan dándose no puede ser algo que rompamos en el Congreso de los Diputados.
En el punto segundo solicitaba S.S. la inclusión en el mismo artículo de la frase: siempre que el planeamiento urbanístico municipal o la normativa autonómica en la materia así lo permitan. Es evidente que estamos redundando con lo que
dictan el resto de las normativas, tanto de las comunidades autónomas como del Gobierno central, que no permiten que se construya cuando se esté alterando el planeamiento urbanístico y municipal. Por lo tanto, estaríamos repitiendo algo que ya se
ha dicho de forma reiterada.
Por último, si estamos hablando de fomentar la competitividad, tendremos que hablar desde el punto de vista comercial. La modificación que nos propone nos plantea un nuevo problema: la definición de gran establecimiento comercial.
Actualmente por establecimiento comercial, desde el punto de vista de la ley de ordenación de comercio minorista, se entiende todo establecimiento de más de 2.500 metros, pero las comunidades autónomas pueden decir cuáles son, según entiendan ellas,
determinados grandes comercios, con lo cual es más restrictiva y podrá determinar que gran comercio sean superficies menores de 2.500 metros.
¿Estaríamos aplicando entonces esta normativa a todas las superficies que tuviesen más de 2.500 metros o
estaríamos posibilitando que hubiese gasolineras en todas aquellas que tuviesen menos de 2.500 metros? Debemos dejar esto claro. Le repito que tenemos el mismo objetivo, pero no entendemos de la misma manera la modificación de la normativa.
Por último, quiero decir que desde el Grupo Socialista entendemos que esta es una disposición de la normativa básica estatal y que, por tanto, no debemos renunciar a la misma; que la ley debe implicar el carácter estatal de la limitación
general. Si hablamos de una posición muy importante en esta proposición de ley y en el real decreto nos referiremos a la posición de los consumidores y usuarios, y entendemos que esta queda garantizada tal como está establecido en el real decreto.
La protección de los consumidores y usuarios también tiene que estar garantizada en la planificación que se haga.
Señor Labordeta, termino diciendo que votaremos en contra de esta modificación que usted presenta en forma de proposición no de ley, pero esta negativa no quiere ser un no rotundo, simplemente es que no entendemos que la modificación que
usted hace sea la más ajustada a las necesidades de la competitividad. Por tanto, sentémonos, dialoguemos, cambiemos, hagamos una propuesta conjunta en la que se defiendan los intereses de los consumidores y usuarios, la competencia y en la que,
sobre todo, se consiga hacer algo muy importante, que es mantener a raya los precios de los carburantes.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Fuentes.
Muchas gracias.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LENGUAS ESPAÑOLAS DISTINTAS DEL CASTELLANO. (Número de expediente 122/000163.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, continuamos con el siguiente punto del orden del día, aun referido a las proposiciones de ley, en este caso la del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, de protección y
promoción de las lenguas españolas distintas del castellano.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Tardá.
El señor TARDÁ I COMA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, hace tan solo unos días, desde esta misma tribuna ensalzábamos la sociedad alemana de la posguerra por haber sabido emprender no solo el camino de su desnazificación sino, además, por haber sido capaz de metabolizar la ideología
prusiana, sin la cual no hubiera germinado el nacionalsocialismo. Y apelábamos a ello en referencia a la derecha española que, además de costarle tanto alejarse de la herencia franquista, se atrinchera en la castellanización del Estado español.
Una derecha que se niega a participar en la construcción de un escenario de convivencia fraternal e igualitaria entre las lenguas y las culturas.
Pero desgraciadamente no se trata solo de una negación, la derecha pretende fomentar su enfrentamiento
para lograr unos hipotéticos beneficios electorales.
La proposición de ley que hoy les presentamos llega, pues, a entender de nuestro grupo parlamentario, en buen momento, atendiendo a la necesidad de demostrarnos de una vez por todas la madurez de nuestras sociedades y sepultar los mensajes
reaccionarios que nos alejan del plurilingüismo, es decir, de la modernidad. Durante los dos primeros años de la actual legislatura se ha pretendido criminalizar la política lingüística de la Generalitat de Catalunya a fin y efecto de impedir,
entre otros objetivos, la evolución del Partido Socialista hacia postulados de modernidad lingüística, a saber: dotar al Estado español de una ley de lenguas que desplegara lo mandatado por la Constitución española en cuanto al especial respeto y
protección de la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas. Y desgraciadamente lo han conseguido. La mayoría de las señorías del Partido Socialista posiblemente hoy se sentirán satisfechas de coincidir en la votación negativa con el
Partido Popular; otras, por ejemplo los miembros del Partido Socialista de Cataluña y otros diputados dels Països Catalans y algunos, quizá pocos, de mentalidad más abierta del Grupo Socialista, estoy seguro de que lo lamentarán profundamente.
En el ámbito sociolingüístico, la sociedad catalana goza de madurez; madurez adquirida a golpe de esfuerzo para evitar la división de la ciudadanía por cuestión de lengua. Y no nos ha resultado fácil. Siempre que, gracias a las libertades
democráticas, se ha podido avanzar en la recuperación de la lengua, han aparecido quienes han intentado boicotear el proceso, desde el manifiesto de los 2.300 autoproclamados intelectuales del año 1981, que pretendían sabotear las primeras
actuaciones de la Generalitat reinstaurada, hasta llegar a las actuales críticas a la inmersión lingüística tan loada por la Unión Europea, pero tan denostada por la totalidad de los dirigentes políticos del Partido Popular y algunos del Partido
Socialista; ataques que chocan contra los pronunciamientos de los jueces, que nunca han cuestionado la Ley de Política Lingüística del año 1998, y por encima de todo topan con la voluntad del pueblo de Cataluña, que siempre ha contemplado cómo el
sistema escolar de conjunción lingüística es el único que permite evitar la división de la sociedad catalana entre catalanohablantes y castellanohablantes. Deben saber que nuestra conciencia nacional se ha configurado básicamente alrededor de la
lengua catalana; razón por la cual la reivindicación de los derechos nacionales ha transcurrido íntimamente ligada a la pervivencia de la lengua. En contrapartida, quienes planificaron el genocidio lingüístico preveían alcanzar con su éxito la
plena y total desnacionalización a través de la castellanización y españolización de los países catalanes. Todo lo dicho viene a cuento porque entendíamos que la experiencia catalana hubiera podido contribuir a facilitar el tránsito del Estado
español desde el uniformismo lingüístico al respeto y fomento de la pluralidad de las lenguas. Superar la minorización de las lenguas exige iniciar ese camino marcado, por otro lado, por la Carta europea de las lenguas regionales que el Estado
español suscribió. Que esta proposición de ley que pretende la asunción por parte del Estado del plurlingüismo les llegue, pues, desde un grupo parlamentario catalán, seguro que no les sorprende, pero -dicho con toda humildad- debería haberles
estimulado.
La proposición de ley cuya toma en consideración se pretende persigue que se declaren oficiales de la Administración General del Estado y de las entidades de derecho público que de ella dependen, además del castellano, las demás lenguas
cooficiales, es decir, el catalán, el euskera y el gallego. Repárese en que lo que no pretende esta proposición de ley es convertir a dichas lenguas distintas del castellano en lenguas oficiales en todo el territorio español, sino en la
Administración General del Estado en tanto que administración compartida por todos los ciudadanos y territorios del Estado español. Es decir, si la Administración General del Estado es de todos los ciudadanos, es lógico que esta haga suyas y
reconozca como propias y oficiales las demás lenguas españolas. Para oponerse a este argumento tan claro y meridiano no es posible levantar como bandera el artículo 3.2 de la Constitución, argumentando que el mismo restringe la oficialidad de las
lenguas distintas del castellano al ámbito de las respectivas
comunidades autónomas, y ello no es posible porque la proposición de ley que presentamos no se refiere a la oficialidad territorial, es decir, no se trata de que el catalán sea oficial en Dos Hermanas ni de que el euskera lo sea en Cornellà
de Llobregat. La oficialidad que se reclama se predica de una administración pública en tanto que administración situada en una sede central compartida para el conjunto del territorio español; sede central que podría haber sido localizada en
cualquier lugar, aunque generalmente se sitúe en Madrid.
Por el contrario, la proposición de ley que presenta el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana encuentra todo su sentido constitucional en el artículo 3.3 de la Constitución, que reconoce la riqueza del plurilingüismo y obliga a todos a
dedicar a las lenguas un especial respeto y protección. Pues bien, qué mejor respeto y protección que dar a las demás lenguas el mismo trato de oficialidad que ya tiene por mandato constitucional la lengua castellana en la Administración General
del Estado. ¿Acaso no tiene ese mismo rango legal la lengua castellana en la Administración de las distintas comunidades autónomas? ¿Por qué negar, pues, a otras lenguas oficiales del territorio español el mismo trato? Lo cierto es que no existe
ninguna previsión constitucional que lo impida. En efecto, no solo no existe impedimento constitucional para dar vía libre a la finalidad pretendida por esta proposición de ley, sino que ello viene a ser una exigencia del artículo 14 de la
Constitución cuando establece la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y prohibe la discriminación por razón de nacimiento o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Por otra parte, el Estado español firmó y ratificó la Carta de lenguas regionales y minoritarias, cuya plena aplicación requiere la adopción de una medida como la que aquí se propone. Ese tratado internacional constituye parte del
ordenamiento jurídico por aplicación del artículo 96 de la Constitución. Si la firma de dicho tratado no era contraria a los preceptos constitucionales -y en ese sentido estamos todos de acuerdo que no lo era- tampoco lo será la proposición de ley
que aquí se presenta.
Todos los Estados tienen una política lingüística directa o indirecta. El Estado español la hace a través de la Constitución y mediante numerosas leyes, reglamentos y disposiciones. Pues vayamos a ella. Nosotros proponemos
desplegarla, ponerla al día, al nivel de lo que requiere el siglo XXI. Demandamos, pues, abrir los ojos a la realidad, con mirada del siglo XXI, trasladar al cuerpo jurídico nuestra realidad plurilingüística, por otro lado nada excepcional. El
actual Estado español goza de las características comunes a la inmensa mayoría de Estados europeos. Como bien saben, excepto Islandia, Portugal y Albania el resto de los Estados europeos son plurilingües y en el Estado español más del 40 por ciento
de sus ciudadanos y ciudadanas viven en territorios donde se habla lengua distinta a la castellana. El respeto y protección a que obliga la Constitución se ha materializado hasta ahora, principalmente, a través de las disposiciones lingüísticas de
los distintos estatutos de autonomía y poco más, aun cuando la ratificación de la antes mencionada Carta europea de lenguas regionales presupone la aceptación de un compromiso de futuro. Por tanto, ha llegado el momento, a nuestro entender, de
desplegar todas las potencialidades de la Constitución española en beneficio del Estado plurilingüe, acorde con su contenido, para poder legislar a favor de la protección y promoción de las lenguas españolas distintas al castellano, es decir, las
lenguas catalana, euskara y galega. Todas ellas nacionales en sus territorios y habladas en más de una comunidad autónoma española. Con ello, haremos realidad la normalización de su uso en los ámbitos de la vida cotidiana en todos los territorios
que constituyen su dominio lingüístico en todo aquello que, sin perjuicio de las competencias autonómicas, corresponde al ámbito comercial, productivo, a los medios de comunicación -para que, por ejemplo, las emisoras de radio y televisión públicas
y privadas emitan al menos la mitad de su programación en las lenguas oficiales distintas al castellano-, a la difusión o conocimiento de la realidad plurilingüe, a la inclusión de su conocimiento en los planes de estudio de enseñanza del resto del
Estado, etcétera. Ante la magnitud de lo propuesto y a fin y efecto de que todo ello pueda ejecutarse, entendemos que la misma ley debe contemplar la existencia de un comisionado cuya misión sea garantizar el cumplimiento de la ley propuesta. De
igual manera, la proposición de ley contempla aquellos apartados que deberían ser legislados a fin y efecto de reconocer los derechos lingüísticos de los ciudadanos para con su relación con la Administración de Justicia.
Como no podía ser de otra manera, la proposición de ley contempla la posibilidad de que las comunidades autónomas y el Gobierno central determinen la aplicación de esos mismos derechos previstos en la ley para con las lenguas catalana, vasca
y gallega pero también para aquellas que no tienen el reconocimiento de oficiales. Es evidente que existen realidades lingüísticas, hoy por hoy no reconocidas ni con el estatus de cooficiales, que deben gozar de protección y ser susceptibles de
fomento en el tránsito hacia su posible oficialidad. Hablamos de lenguas minoritarias, algunas de las cuales sufren procesos de minorización, que obligan a una actuación prioritaria: la lengua asturiana, la lengua aragonesa o la lengua tamazigh,
por ejemplo, lenguas propias de los territorios de Asturias, Aragón y Melilla, que ofrecen ejemplos claros de lo relacionado.
Señorías, estamos convencidos de que es posible alcanzar la modernidad lingüística. Instalados en el primer mundo desarrollado y culto, protagonistas contemporáneos de revoluciones tecnológicas de tamaño descomunal, corresponde al Estado
español dar un paso definitivo a favor de la radicalidad democrática, que posibilita la expresión libre de las culturas y de las lenguas que conviven en el actual Estado español, y, en definitiva, invertir en su desarrollo, en su supervivencia.
Culminar esta legislatura con la tramitación y aprobación
de una ley de lenguas bajo el auspicio de las fuerzas progresistas y nacionalistas que son mayoría en este Parlamento hubiera podido sembrar las bases de una mayor fraternidad entre las naciones del Estado y hubiera marcado un sendero a
seguir por otros Estados europeos que hoy día se resisten a reconocer lenguas distintas a las que permitieron la construcción del Estado nación.
Hablamos de progreso, señorías del Partido Socialista, pero en el fondo ustedes también confunden, como el Partido Popular, el Estado español con Castilla y con su lengua, y no es menos cierto que en este mismo Parlamento las fuerzas
nacionalistas y progresistas van a apoyar esta proposición de ley. Ustedes, diputados socialistas, tienen la palabra y, situados en un cruce de caminos, pueden escoger entre la vía de la reacción o la vía del progreso. A nuestro entender, la
modernidad y la profundización de la sociedad democrática también pasan por el plurilingüismo. Si no se produjera por lo menos una actitud de tan solo aceptarla a trámite después de los apoyos parlamentarios recibidos de Esquerra Republicana,
entenderíamos que estamos ante una situación lamentable, penosa y desleal y demostraría hasta qué punto no se han dignado ni siquiera a valorar nuestros posicionamientos. Hoy ustedes, negándose a dar luz verde, nos vuelven a demostrar que la España
plural que predican es un puro espejismo, un puro engaño, y ustedes sus protagonistas. Debía tener razón Josep Pla cuando en referencia a los asuntos de la lengua afirmaba que lo más parecido a un español de derechas se encontraba en un español de
izquierdas, y si además este vive instalado en el maquiavelismo amoral, doble ración.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Tardá.
Pasamos al turno de fijación de posiciones, señorías, a no ser que algún grupo desee ejercer turno en contra. Comenzamos por el señor Rodríguez y el señor Labordeta, en nombre del Grupo Mixto. En primer lugar, Señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Muchas gracias, señora presidenta.
Nosotros vamos a defender y a votar a favor de esta proposición de ley, fundamentalmente porque pertenecemos a un territorio en el cual hay tres lenguas: el castellano, que es mayoritario, el catalán, que es el de la zona oriental
fundamentalmente, y el aragonés. Sabemos que durante muchos años a la gente que ha estado hablando aragonés o, sobre todo, catalán se la avergonzaba diciendo que hablaban chapurreando, es decir, que no sabían hablar el castellano porque la lengua
materna de ellos era el catalán. Vamos a votar a favor porque es el momento de defender un idioma reducido por la historia pero que ha tenido momentos importantes y que sigue utilizándolo una minoría, y hay que defender a esa minoría al igual que
defendemos las pequeñas ermitas románicas que hay en el Pirineo aragonés. Queremos hablar de la ley de lenguas. Llevamos muchos años reclamando al Gobierno de nuestra comunidad autónoma que saque adelante una ley de lenguas, sobre todo para
defender estos dos idiomas que son el aragonés -reducido, mínimo- y el catalán de la zona oriental que poco a poco va cobrando mayor personalidad. Ahora hay un grupo de gente, intelectuales y artistas, que publica semanalmente una revista que se
llama La Franja que da una visión aragonesa de la zona donde se habla catalán, que yo creo que está francamente bien. Por esas razones vamos a apoyar la proposición de ley presentada por Esquerra Republicana.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Labordeta.
Señor Rodríguez, en el mismo turno del Grupo Mixto, adelante.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
El Bloque Nacionalista Galego también va a apoyar, y de forma entusiasta, la iniciativa del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Lo hacemos porque, sin duda alguna, es una asignatura pendiente en la democratización del Estado
español. La propuesta de Esquerra Republicana tiene un amplio valor desde el punto de vista de perseguir que la estructura del poder lingüístico del Estado español responda a su pluralismo; a su pluralismo lingüístico y, por tanto, a su pluralismo
nacional. Si se quiere un Estado español plurilingüe, el modelo que se presenta en esta proposición de ley es perfecto. Se pueden discutir algunos aspectos puntuales, pero se trata de asegurar que en los espacios territoriales y en las distintas
lenguas que hay en el Estado español haya un proceso de normalización total, incluidos los ámbitos de competencia del Estado, y que después haya el derecho individual a relacionarse con la Administración central en la lengua que sea elegida por los
individuos. Nos gustaría señalar aquí que no se trata efectivamente de que en Sevilla o en Madrid hablen catalán o gallego, sino de posibilitar que todos los ciudadanos del Estado español, en concreto los catalanes, vascos y gallegos, puedan
ejercer los mismos derechos lingüísticos que hoy tienen los que hablan español. Esto se hace a partir de una concepción que puede caber en la Constitución española, de una interpretación de los artículos 3.3, 9.2 y 46. Esta iniciativa desarrolla
un mandato constitucional en una interpretación que se puede considerar abierta, y desde luego extensa, del espíritu de la Constitución española, pero no se puede decir, en absoluto, que no sea constitucional y va destinada a acabar con dificultades
y discriminaciones que padecen nuestras lenguas.
Me gustaría recordar algunos de los puntos cruciales de la proposición de ley. No voy a referirme a los servicios centrales y periféricos de la Administración central, que quedarían plenamente comprometidos en procesos de atención a los
usuarios de estas lenguas que no son el
castellano en plenitud e igualdad de condiciones con el español. Nos colocaría a todos en una situación de igualdad y de dignidad frente a la Administración pública del Estado. Pero hay otras cuestiones aún más interesantes. Por ejemplo,
todo lo que se refiere a la Administración de Justicia, en la que, miren por donde, se exige algo tan mínimo como que los magistrados conozcan, por lo menos de forma pasiva, y puedan leer y atender, en las reclamaciones y juicios, las intervenciones
orales en las distintas lenguas del Estado español si ejercen en un determinado territorio. Consecuentemente, se llega a la modificación del artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y, más importante todavía en estos procesos de
globalización: que nuestras lenguas estén presentes en el mercado de bienes y servicios, en las actuaciones de los medios de comunicación públicos y privados que se mueven en el Estado español, por tanto, con algunos deberes en relación con este
carácter plurilingüe del Estado. Por supuesto, en el mundo de las nuevas tecnologías, en la distribución de productos audiovisuales, el cine, los DVD y todos los soportes informáticos o comunicativos, cada vez en mayor transformación; en los
programas informáticos; en la telefonía móvil y fija y, en concreto, en la actuación en el exterior en representación del Estado español. Como gallego, tengo que recordar que tenemos muchos emigrantes en Andorra o en la Unión Europea y que no
sabemos por qué razón no se pueden atender las demandas de que sus hijos reciban clases de lengua y literatura gallega para seguir vinculados a sus orígenes. Sin duda, por esto no va a padecer el Estado español, sino que se va a presentar como un
Estado no solamente más rico, sino más democrático y más plural si su representación ante la Unión Europea, ante el Consejo de Europa, ante la Organización de Naciones Unidas y de forma especial ante la Unesco, mantiene este carácter plurilingüe en
estos organismos internacionales.
Por tanto, vamos a apoyarlo.
Por otra parte, queremos felicitar a Esquerra Republicana por haber presentado este texto tan estructurado, con un valor objetivo tan grande, que no niega lo que la romanística tradicional, en concreto Menéndez Pidal, admitía en pleno
franquismo, que efectivamente hay presencia de las lenguas como el gallego, el catalán o el vasco fuera de sus fronteras administrativas, en aquel momento de provincias y hoy de comunidades autónomas, y en especial en el caso gallego, que está
presente en una franja de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y en una franja también del Principado de Asturias. Es una pena que no se dé trámite a esta proposición de ley, pero es muy indicativo de lo reacios que son los poderes políticos
actuales a democratizar el Estado español en un punto crucial cual es este. No lo quieren aceptar porque en el fondo esto supondría democratizar otras estructuras de poder. Pero no hay que desanimarse, señor Tardá. Es una primera propuesta que
acabará dando sus frutos con el tiempo y siempre contarán con nuestro apoyo decisivo y entusiasta en esta cuestión.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Rodríguez.
Señor Mardones, ¿desea intervenir? (Pausa.)
Continuamos con el turno del señor Herrera en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señora vicepresidenta.
No es la primera vez que se trae a esta Cámara una propuesta, en este caso una proposición de ley, para discutir sobre la necesidad imperiosa de que se garanticen los derechos lingüísticos no solo de los territorios sino también de las
personas, y la libertad para poder ejercerla. Digo que no es la primera vez -el señor Tardá ya lo afirmaba- porque esta Cámara, este Gobierno y gobiernos anteriores, aprobaron la Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias. En el año
1997, Joan Saura presentó una interpelación y posterior moción en la que se hablaba en términos equivalentes a los que plantea hoy el señor Tardá. Al inicio de la legislatura, en el año 2004, se instaba a revisar la legislación vigente para llevar
a cabo las modificaciones necesarias para que el pluralismo lingüístico que se establece en la Constitución sea una realidad. Hubo una moción, fruto del debate del estado de la Nación, que iba en la misma línea. Hace apenas 15 días hablábamos de
la tramitación de una ley que permitiese la traducción de las leyes que se aprueban en el BOE a todas las lenguas oficiales. Se ha aprobado casi todo, y lo que nos tenemos que preguntar es por qué otra vez vienen con la misma historia. La
respuesta es muy sencilla. No es una cuestión de que en las escuelas catalanas nos enseñen a ser pesaditos, o de que en el ADN del señor Tardá, de nuestro grupo parlamentario o de tantos otros llevemos una etiqueta de persistentes. No; la razón
por la que se insiste es porque, pese a que se han aprobado muchas mociones, pese a que se han aprobado muchas proposiciones no de ley, lo cierto es que no se garantiza ese derecho lingüístico a poder vivir plenamente en cualquiera de los idiomas
oficiales en España. Les pongo un ejemplo. En la proposición no de ley que aprobábamos en el año 2004, al inicio de la legislatura, se hablaba de la promoción del conocimiento básico de todas las lenguas diferentes del castellano en todo el
territorio español; de fijar criterios efectivos en la programación general de radios y televisiones públicas -hoy precisamente tenemos una propuesta de la SEPI que no va en esta línea-; de avanzar en las señalizaciones, como mínimo bilingües, en
todas las dependencias de la Administración General del Estado. Se hablaba de muchas cosas; unas se han cumplido, por ejemplo, lo que respecta a las lenguas en los documentos de carácter oficial -DNI, pasaporte, etcétera-, pero otras no. No se
debe a la pesadez, sino a la perseverancia, a la necesidad de que lo que ha aprobado este Congreso sea una realidad, para que lo que se ha acordado políticamente haga que se cambien las leyes,
tal y como aprobamos y votamos la mayoría de este Pleno a principio de la legislatura en el año 2004.
La reacción natural es presentar, como hace hoy Esquerra Republicana, una proposición de ley para hacer efectivas las mociones y las proposiciones que hemos aprobado. Ese es el motivo de tanta insistencia. Necesitamos no solo que la
periferia sea bilingüe, sino que en las instituciones de la Administración central del Estado se reconozca la realidad más plurilingüe de toda Europa. Eso es lo que reivindica la proposición de ley. La pregunta es: ¿Con quién tenemos que hacer
esto? Nosotros entendemos que lo tenemos que hacer con el Gobierno socialista. Es cierto que este es el Gobierno más activo en los últimos años en defensa del carácter plurilingüe del Estado. Es el Gobierno que ha garantizado la presencia del
catalán, del euskera y del gallego en las instituciones europeas. La conclusión es que es un Gobierno con voluntad política de hacerlo, pero sorprende que lo que pide en Europa no puede hacerlo realidad en España. ¿Por qué lo que nos sirve para
Europa no nos sirve para nosotros? Nosotros creemos que también nos debería servir. Si decimos sí al plurilingüismo y a la periferia bilingüe, es hora de que el centro reconozca el carácter plurilingüe de las instituciones básicas del Estado, de
que reconozca un principio que aparece en la proposición de ley, como es la disponibilidad lingüística. ¿Con quién lo tenemos que hacer? Sin lugar a dudas, solo lo podemos hacer con un Gobierno que ha hecho gestos, con instrumentos que vayan al
grano y que permitan cambiar la legislación, hacer realidad ese principio de disponibilidad lingüística, que todos los ciudadanos puedan vivir en cada una de sus lenguas. Las diferentes lenguas del Estado deben ser oficiales en los órganos
ejecutivos, legislativos y judiciales centrales, lo cual no significa que se hable catalán en Sevilla o en Santander, sino que asociemos el derecho lingüístico a la persona para que esta se pueda dirigir a las instituciones del Estado en su lengua,
algo que parece bastante razonable. En este sentido, hay que adecuar toda la legislación sectorial al principio de personalidad en el ámbito español y de oficialidad oral y escrita de las cuatro lenguas, con plena igualdad lingüística también en la
Administración periférica del Estado y en los símbolos del mismo. ¿Qué proponemos? Al igual que el grupo proponente, pluralismo igualitario, así como plurilingüismo igualitario de catalán, de catalán-valenciano, como reconocen las instituciones
europeas, de euskera y de gallego. ¿Qué pretendemos? Que se reconozca el derecho a conocer estas diferentes lenguas, algo que hoy no está garantizado en el conjunto del Estado, sino que solo está escrito negro sobre blanco en las proposiciones no
de ley que hemos aprobado; que las instituciones del Estado o, por ejemplo, Radio Televisión Española ejerzan esta función; que exista una cadena pública de carácter educativo que realice esta función, y no que cerremos cadenas o emisoras en
catalán pensando que la emisión en catalán, en gallego o en euskera es solo responsabilidad de la Administración de las comunidades autónomas. No, también lo es de la Administración central del Estado, como también lo es de Radio Televisión
Española. Pretendemos medidas concretas como las que se han acordado en los diferentes convenios que ha aprobado y ratificado el Gobierno y el Congreso, que se garantice ese derecho a conocer. Señor Tardá, señoras y señores diputados, nosotros
somos partidarios del gradualismo y llevamos muchos años haciendo declaraciones de intenciones y pronunciamientos políticos. Sin lugar a dudas, ha habido avances, pero no son suficientes porque hoy ese derecho individual a utilizar la lengua -se
pongan como se pongan- no se garantiza. Por este motivo valoramos de forma muy positiva que el Estatut de Cataluña que acabamos de aprobar en Comisión recoja el derecho y el deber de conocer el catalán. Este es un avance importantísimo; un avance
sin precedentes; un avance que hará que por primera vez en la historia en Cataluña haya igualdad jurídica entre catalán y castellano. ¿Sentido común? Sí, pese que a veces y en algunas formaciones últimamente el sentido común parece el menos común
de los sentidos.
Segundo elemento: gradualismo. En el Poder Judicial, cuando hemos aprobado un Estatut y vamos a aprobar una ley orgánica del Poder Judicial que va a hacer posible que el catalán sea una realidad en los juzgados, que el derecho individual a
utilizar una lengua sea realidad en los juzgados en Cataluña, con el mérito determinante y, por supuesto, con el requisito de conocer el catalán para consolidar plaza, con medidas concretas que se han aprobado ya en la Unión Europea o en el DNI. A
todo esto le tenemos que sumar una voluntad que nos falta, que es la voluntad de adecuar la Administración central del Estado al plurilingüismo más rico de la Unión Europea. Por eso decimos que sí a la proposición de ley y por eso también decimos
que no solo deberíamos aprobarla, sino que deberíamos abrir un camino para que este plurilingüismo fuese efectivo, por ejemplo, con una reforma del artículo 3 de la Constitución española. También, claro que sí.
Señor Tardá, como le decía el portavoz del Bloque Nacionalista Galego, nosotros tampoco nos desanimamos. Creemos que en esta legislatura estamos trabajando con quien debemos trabajar, también notamos que hay veces que les falta decisión
política para aprobar lo que hay que aprobar, pero se ha avanzado y lo que haríamos con la tramitación de esta proposición de ley sería poner negro sobre blanco el compromiso de este Congreso, que es modificar las leyes para que las instituciones
centrales del Estado se adecuen a la realidad más plurilingüe de toda Europa y para que cumplamos el fin de defender, de promocionar ese plurilingüismo.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Herrera, muchas gracias.
Continuamos con el turno del señor Beloki, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco, para fijar posición en esta proposición de ley.
Adelante, señor Beloki.
El señor BELOKI GUERRA: Señora presidenta, señorías, como supongo que a estas alturas no le extrañará a nadie en este hemiciclo, mi grupo votará favorablemente la toma en consideración de la proposición de ley que el Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana presenta a la Cámara con la denominación de protección y promoción de lenguas españolas distintas del castellano. Y aclaro. Lo vamos a hacer sin insistir en las razones que para ello tiene mi grupo y que son de sobra conocidas
por todo el mundo.
Por cierto, son también las que figuran en la exposición de motivos de la ley, por lo que no es necesario que insistamos en ellas. Se trata, como digo, de razones archiconocidas por todo el mundo; pero no solo conocidas, sino
que han sido enunciadas e incluso proclamadas en numerosísimas ocasiones yo diría que prácticamente por todo el mundo en esta Cámara, por quienes se sientan a la derecha, a la izquierda y en el centro; por todo el mundo. Los diarios de sesiones de
esta Cámara -por solo referirnos a los que más directamente nos competen- contienen numerosísimos testimonios de lo que digo. El respeto, el amor incluso a las distintas lenguas del Estado constituye algo así como un cierto leitmotiv, una especie
de lugar común, un lugar socorridísimo al que se ha apuntado prácticamente todo el mundo en una u otra ocasión, y hoy seguramente se apuntará también todo el mundo. Si la mitad de las veces en las que se ha hecho una declaración de amor hacia todas
las lenguas del Estado se hubiera dado un mínimo paso hacia delante, hoy seguramente no estaríamos hablando de lo que estamos hablando. Pero por falta de declaraciones, incluso de amor, que no quede; otra cosa son los hechos.
En el terreno de los
hechos seguimos malamente, por lo que hace al ámbito de la proposición de ley que hoy se toma en consideración, en apenas algunos gestos, por cierto los pocos gestos llenos de discusión y debate; hechos que, en la mayoría de los casos, han venido
también a rastras de las presiones del momento y sin horizonte alguno de en qué finalmente puede consistir el llamado Estado plurilingüe que dicen que definió la Constitución. Después de tantos y tantos años de democracia, hoy todavía seguimos ahí.
Mi grupo ha lamentado en diversas ocasiones que cuantas veces se ha planteado alguna iniciativa a favor de las llamadas otras lenguas del Estado, las que no son el castellano, los promotores de la misma siempre han tenido que ser grupos que no son
ninguno de los dos grupos mayoritarios; siempre han sido otros grupos los que han promovido las iniciativas. Esto demuestra que ese principio tan amplia como vanamente enunciado de que estamos en un Estado plurilingüe, apenas constituye otra cosa
que una mera retórica que se mueve al albur de los tiempos y de las ocasiones entre quienes hablan una lengua en la intimidad un día y otro día promueven que allá en Europa, en la lejanía, se hable también la lengua, pero que no terminan de tener
una traducción real, razonable y normalizada a la situación del Estado.
La toma en consideración de una proposición de ley como la que hoy debatimos puede constituir una ocasión magnífica para pasar de enunciados a realidades y de dichos a hechos. No es evidentemente la primera ocasión, como ya se ha citado
aquí, y al parecer tampoco será la última, pero en todo caso constituye una oportunidad más para corregir ese rumbo hacia más bien ninguna parte, que es lo que de hecho ha recorrido hasta hoy la inmensa mayoría de las administraciones y entidades
dependientes de instancias centrales y que parecerían, a tenor de lo ocurrido, condenadas a hacerlo también en el futuro. Mi grupo, a decir verdad, tiene poca esperanza también en esta ocasión. Reconocemos -no tengo reparo alguno en decirlo- que
el tema no es fácil, que no es sencillo, que es mucho más fácil enunciar genéricamente el Estado plurilingüe que saber traducirlo con realismo y decisión a la práctica diaria del complejo entramado institucional; con realismo, con decisión e
incluso también, si se quiere, con delicadeza. Eso es mucho más difícil. Mi grupo reconoce, incluso, que puede haber distintas formas de entender y concretar esa obligación constitucional y, por lo mismo, aclaro que a la hora de votar
favorablemente la toma en consideración de la proposición de ley que hoy nos presenta Esquerra Republicana, no entramos a valorar en absoluto los términos precisos en los que está redactado su articulado. Hablaremos de eso en su momento, si se dan
el caso y la oportunidad. Lo que hoy nos gustaría promover con nuestro voto, junto con Esquerra y otros grupos, es que de una vez se abra un debate a fondo sobre ese enunciado de la España plurilingüe que conlleve antes o después y en los términos
que proceda la concreción administrativa de la misma.
Todo menos mirar una vez más para otro lado. En la medida en que se siga mirando para otro lado y no se promueva ninguna iniciativa, a nuestro grupo le parece que dos tipos de conclusiones se
imponen. Por un lado, se confirma que cuantas afirmaciones se hagan hoy o mañana -por muy solemnemente que se hagan- de Estado plurilingüe son absolutamente increíbles y no merecen ninguna credibilidad, son palabras hueras, vacías. Por otro lado,
que haya o no debate, que haya o no concreción administrativa del Estado plurilingüe, en el Estado seguirá habiendo eso que se llaman otras lenguas además del castellano, pero ese Estado será cada vez menos -y ya es decir después de tantos años de
obligación constitucional- el Estado de esas lenguas y, consecuentemente, será también cada vez menos el Estado de los que hablan esas lenguas. Un día, quizá también los nacionalistas vascos, catalanes y gallegos, entre otros, dejemos de plantear
la adecuación de las estructuras del Estado a la realidad plurilingüe del mismo y nos cansemos de tener iniciativas en tal sentido. Pero ténganlo por seguro, no lo haremos porque hayamos desistido de nuestras propias lenguas sino que habremos
desistido de una vez por todas de un Estado que se resiste hasta el final a ser el Estado de las mismas. Hoy todavía no es el caso, al menos de quienes estamos aquí. Esquerra presenta una iniciativa, nosotros la apoyaremos y ojalá
que sea el comienzo de algo que pudiera fructificar en eso que todos decimos pero, al parecer, nadie se decide a llevarlo a efecto con realismo.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchísimas gracias, señor Beloki.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Para ejercerlo tiene la palabra don Jordi Vilajoana.
El señor VILAJOANA ROVIRA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, sean mis primeras palabras para manifestar en nombre de mi grupo, Convergència i Unió, el voto favorable a la toma en consideración de esta proposición de ley de la protección y promoción de lenguas españolas
distintas del castellano, presentada y defendida por Esquerra Republicana. Vamos a votar favorablemente porque, como ha dicho muy bien don Joan Herrera cuyas palabras quiero suscribir al cien por cien, esta ley resume las inquietudes, los esfuerzos
y las voluntades de muchos políticos, de muchos grupos parlamentarios que en los últimos 25 años de democracia han ido acercándose, mejorando o intentando ganar cuotas para las lenguas distintas del castellano del Estado español.
Lamento, por lo
que nos ha dicho el señor Tardá, que esta proposición de ley no vaya a tener el apoyo del Grupo Socialista, con lo cual no va a ser posible algo que planteaba el señor Beloki y que yo también quería manifestar: la necesidad de debatir claramente
sobre este tema.
El 27 de febrero, hace unos días, nos reunimos un conjunto de representantes de los partidos políticos catalanes en esta Cámara -Esquerra Republicana, Partido Socialista, Iniciativa per Catalunya y Convergència i Unió-, convocados por el
Observatori de la llengua catalana en las instalaciones de Omnium Cultural y estuvimos analizando junto a filólogos y juristas esta proposición de ley. Allí se vieron varias cosas. En primer lugar, que era una iniciativa con unos contenidos
claramente mejorables, que había voluntad de mejorarlos, y se resumía de alguna forma esta voluntad global expresada durante muchos años por todos estos grupos políticos -Esquerra, Convergència, Iniciativa y en muchos aspectos el Partido Socialista-
de construir conjuntamente este Estado plurinacional y plurilingüístico. También el martes de la semana pasada fuimos visitados por el Observatori de la llengua catalana, por el Observatorio de la lengua vasca y el de la gallega, quienes nos
comunicaron el informe del comité de expertos del Consejo de Europa sobre la aplicación en el Estado español de la Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias, uno de los avances que se han conseguido en estos años y que firmó el Partido
Popular. ¡Fantástico!. ¿Qué decía este informe? En primer lugar, mencionaba un aspecto muy importante que se ha debatido en las últimas semanas -ha hablado usted bien, señor Herrera-, el catalán en las escuelas. Pues bien, este informe del
comité de expertos del Consejo de Europa, formado por expertos nombrados por los Estados -es decir, el Estado español nombra a una serie de personajes que forman parte de este comité de expertos-, valora muy positivamente la forma y el tratamiento
en el sistema educativo catalán de la lengua catalana y su convivencia con la lengua castellana. Frente a algunas opiniones que se han oído en esta Cámara sobre el problema del español o castellano en Cataluña, este informe valora muy positivamente
el tratamiento que se da en el sistema educativo catalán de la lengua catalana y también del castellano. Repito, estos expertos valoran positivamente el esfuerzo que hacen los gobiernos de las comunidades autónomas con lenguas oficiales distintas
al castellano. Sin embargo, en el informe hay cosas como que de la lengua vasca prácticamente faltan datos, porque el Gobierno estatal no los tiene, el Gobierno autónomo es el que lleva toda la política lingüística, pero no ha hecho el esfuerzo de
solicitarlos para añadirlos al informe. Es decir, el debate que es importante realizar y que de una forma u otra estamos haciendo en estos últimos meses en esta Cámara es el debate de si las lenguas españolas distintas del castellano son un tema
que afecta al Estado, y por tanto el Estado debe colaborar, construir y ayudar a la construcción del Estado plurilingüe, o este es un problema de los gobiernos autonómicos.
En un debate reciente que tuvo lugar en esta Cámara respecto a una proposición de ley -lo planteaba antes el señor Herrera-, el Partido Socialista reconocía en un momento dado que se planteaba que esto de las lenguas minoritarias era un tema
de los gobiernos autonómicos, e incluso yo he escuchado a diputados de esta Cámara que en conversaciones o debates privados dicen que el Estado no es plurilingüe, que el Estado es monolingüe, tiene una lengua que es el español, el castellano, y los
que son plurilingües son Cataluña, el País Vasco, Valencia, las Islas Baleares, Galicia... Este es el debate. Nosotros entendemos que el Estado es plurilingüe, y hoy el señor López Garrido decía, cuando debatíamos el Estatuto, que el catalán es
una lengua española. Este es el tema de esta proposición de ley. Si realmente el catalán es una lengua española, el Estado debe preocuparse del catalán con la misma intensidad que se preocupa el Gobierno de la Generalitat en Cataluña del catalán,
y esto es lo que no ocurre, esto es lo que no ha ocurrido de una forma sistemática.
Sí hay cosas, hay hechos, hay victorias, hay avances; como decía el señor Herrera, forma parte de esta especie de ADN que siempre haya aquí un diputado catalán, o
dos, 25 ó 30, que van planteando proposiciones no de ley, proposiciones de ley o mociones que permiten ir avanzando, como por ejemplo que los DNI sean bilingües, y parece un gran avance, pero es como una cesión del Estado hacia aquel Gobierno
autonómico o hacia aquel ciudadano cuando realmente tenía que ser un elemento en el que el Estado asumiera que forma parte de su construcción y de su evolución defender estas lenguas y, como se ha dicho aquí por parte de diferentes portavoces de
distintos grupos de esta
Cámara, que el Estado asumiera que el catalán, el vasco y el gallego son lenguas propias de este Estado porque forman parte de lenguas de este Estado global. Esto es lo que intentaba sacar adelante esta proposición de ley.
Creo que es importante que, si ahora no lo conseguimos, como se ha dicho, sigamos y que este debate no se pierda, este debate finalmente lo hemos de construir y definir claramente, y también se ha dicho antes por parte del señor Herrera -y a
mí me gustaría recalcarlo- que hace unas horas se ha aprobado en Comisión el Estatut de Catalunya en una primera fase, después de una brillantísima dirección por parte del presidente de esta Comisión Constitucional. Este Estatuto supone un avance
muy importante respecto al Estatuto de 1979 en el reconocimiento del catalán, que tiene en Cataluña los mismos derechos que el castellano, es decir, el derecho a usarlo y el deber de conocerlo, es un avance de una gran importancia, y también se han
abordado algunas áreas que parecían intocables e inabordables: la justicia, donde el conocimiento del catalán para las personas que quieran ejercer de juez en Cataluña es un mérito y en el fondo también un deber. Este es otro salto importantísimo
pero muy simple, muy llano, es una cosa que ocurre muchas veces en Cataluña: la integración, la cohesión que se ha producido en Cataluña y el conocimiento de esta lengua es muy alto, pero había unas áreas muy concretas donde había un déficit, y
repito que el Estatuto que esta mañana hemos aprobado en Comisión da un salto muy importante en esta línea, aspectos que recogía esta ley que hoy se propone.
Por todos estos motivos, dos cosas. Tienen nuestro apoyo, Grupo de Esquerra Republicana, entendemos que se debe seguir trabajando en esta proposición de ley cuya toma en consideración parece ser que hoy no se aprobará, e incluso yo diría
que hay grupos en Cataluña interesados en trabajar más en esta ley y creo que no hemos de perder la oportunidad, y en este sentido agradecemos la actitud de l'Observatori de la Llengua Catalana, que hizo esta jornada con la idea de construir
elementos que mejoren esta proposición. Tenemos mucho tiempo por delante para ir avanzando en este tema y no duden, señoras y señores diputados, que finalmente este debate tendrá que concluirse y que un Estado plurilingüe pasa por que el Estado
asuma como propias las lenguas distintas del castellano del Estado español.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Vilajoana, muchísimas gracias.
Continuamos, señorías, con el turno de la señora Rodríguez-Salmones, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Muchas gracias presidenta.
Voy a hacer en primer lugar una alusión, señor Tardá, al tono de su intervención diciendo sencillamente que usted ha intentado ofender, ha cargado la suerte y ha utilizado muchos minutos preciosos en esta Cámara solo para ofender e insultar
(Aplausos.) No ofende quien quiere sino quien puede y nunca encontrará en nuestro grupo una actitud semejante hacia nadie sentado aquí como representante de la soberanía popular. El tono y los insultos de esa índole nos los utilizaremos nunca.
(Rumores.-Un señor diputado: ¡No!) No lo podía dejar pasar, señor Tardá, y no quiero perder más tiempo en esto.
Entro ahora en la materia que nos ocupa. Nosotros tenemos una discrepancia sencillamente con el objeto de la ley que usted ha titulado muy bien de la oficialidad de las lenguas. Nuestra postura no puede ser más fácil y sencilla. Ustedes
mencionan, y lo apreciamos, varias veces la Constitución española a lo largo de su texto, mencionan repetidamente el artículo 3.3. Pues nuestra postura es el artículo 3 de la Constitución entero. El artículo 3.1 dice que el castellano es la lengua
española oficial del Estado. Lo dice la Constitución, señor Vilajoana, no lo decimos cualquiera de nosotros. Es la lengua española. ¿Por qué? Porque las demás son lenguas españolas también. No porque lo digamos nosotros.
Lo dice la
Constitución. El artículo 3.2 dice que en cada comunidad autónoma, además del castellano, hay una lengua propia oficial también en el mismo nivel que es aquella que reconoce su Estatuto de Autonomía. Y el 3.3 dice que existe el deber del Estado de
apoyar dentro de todo el territorio nacional y también fuera a todas las lenguas que denomina españolas. No es que alguien diga aquí que son españolas. No, la Constitución, y por tanto yo y mi grupo, dice que todas son lenguas españolas, que el
Estado tiene, según el artículo 3.3 de la Constitución, el deber de apoyarlas, que son cooficiales en sus comunidades autónomas y que la lengua española oficial es el castellano. El asunto no puede ser más simple. Pocos artículos hay en los que
quepan menos interpretaciones.
Cabe un desarrollo muy amplio, pero las interpretaciones no pueden estar más claras. (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Silencio.
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: El señor Tardá, y me vuelvo a referir a él, ha reconocido ante una compañera mía en un programa de televisión que nunca se avanzó tanto en el plurilingüismo y en la cooficialidad que la Constitución
reconoce en las comunidades autónomas que tienen lengua propia como en tiempos de Gobierno del Partido Popular. El señor Herrera ha mencionado al señor Saura. Sí, usted lo reconoció. Yo llevé ese debate con el señor Saura. (El señor Herrera
Torres hace signos negativos.) Si cumplimos o no, eso será opinable. Lo que usted dijo es: el señor Saura propuso. El señor Saura propuso y este Parlamento con nuestro voto aprobó una moción que no tiene nada que ver con lo que hoy nos están
trayendo aquí de la oficialidad en todo el territorio nacional. Nosotros seguimos siendo coherentes, lo haremos mejor o peor,
pero con coherencia. Lo que hoy se nos trae es la oficialidad de las lenguas españolas, de las cinco, en todo el territorio nacional. A veces lo hemos simplificado, y a ustedes no les gusta, y piden que un ciudadano que hable catalán pueda
presentar en una comisaría de Sevilla una denuncia en catalán porque le han robado el coche, y que además, dicen ustedes en su proposición de ley, esa Administración le tenga que responder en catalán. Por tanto, no se trata del plurilingüismo o de
las lenguas españolas, sino de la oficialidad. Pues bien, ahí, señor Tardá, nosotros lo tenemos muy claro, el castellano es la lengua oficial, además es la común, tenemos esa suerte, sencillamente es la lengua oficial. En la cooficialidad en cada
una de las comunidades autónomas que tienen lengua propia nos encontrarán al máximo, lo haremos mejor o peor, pero al mil por ciento en la cooficialidad. Fuera de las comunidades autónomas que tienen esa lengua no es lo que dice la Constitución,
así de claro.
No sé si se va a tomar en consideración, creo que el Grupo Socialista -según ha dicho el señor Tardá- no lo va a hacer, pero a pesar de eso no puedo dejar de referirme a algunas cuestiones que se revelan aquí y que nos preocupan. Una, su
actitud ante el valenciano. Es inadmisible, señor Tardá, que cuando aquí últimamente se ha expresado la voluntad del pueblo valenciano de tener una lengua propia que se llama valenciano, ustedes sigan tratando con el desprecio que tratan a ese
pueblo y esa actitud.
(Aplausos.) No se pueden hacer las menciones que ha hecho usted. Me extendería en algunas de las cuestiones que ustedes plantean. Por ejemplo, ¿han leído detenidamente los señores que tienen otra lengua, el gallego, el
euskera, en virtud de qué dice el Grupo de Esquerra Republicana que debe ser apoyada cada una de ellas dentro del territorio y fuera de él? En virtud del número de habitantes. No es la lengua, pretenden que sea diez veces más apoyado el catalán
fuera de nuestras fronteras que el euskera o el galego. Lo dicen literalmente así en su artículo 3. Es una señal de que vienen atropellando, porque es muy grave decir eso.
Podría citarle más cuestiones, por ejemplo, una totalmente insolidaria.
Usted puede presentar esa denuncia en Sevilla pero no lo puede hacer en Euskadi, no sabemos por qué. Usted no se dirige a las comunidades con lengua propia, y lo dice
expresamente en el artículo 6 de su proposición.
Por todas partes, señor Tardá, se revela una voluntad atropelladora por parte de su grupo, y lo tengo que decir así.
Voy a hacer un inciso con los medios de comunicación, que desde luego no es tema sustancial, pero deben saberlo. Que usted diga que todas las televisiones españolas deben emitir al menos el 50 por ciento de su programación y en prime time
en cada una de las lenguas españolas es sencillamente decir que quiere que cierren esas cadenas de televisión. No hay en este mundo una empresa que pueda aguantar tener el 50 por ciento de su programación en seis lenguas.
Por último, el colmo de la incongruencia, el señor Saura y nosotros hablamos de que todo esto fuera vigilado por una subcomisión dentro de la Comisión Constitucional -y me uno a las felicitaciones al señor Guerra por el trabajo que ha
hecho-, ahí es donde residíamos la vigilancia, y ustedes nos sacan a un comisionado del Estado. O sea, todo esto lo va a vigilar el centralismo más puro en nombre de un comisionado -señor Puigcercós, artículo 4 de su propuesta- cuyas funciones se
desarrollarán reglamentariamente. La incongruencia total, el avasallamiento de una de las lenguas, concretamente al valenciano, pero también de todas las demás, y el salirse completamente del marco constitucional, señor Tardá, nos pone muy fácil
nuestro voto negativo. Y, señor Jáuregui, ahí le quiero ver.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Rodríguez-Salmones.
Finalizamos el debate de esta proposición de ley con el turno del Grupo Parlamentario Socialista y, en su nombre, del señor Jáuregui.
El señor JÁUREGUI ATONDO. Muchas gracias, señora presidenta. No sé si ustedes recuerdan, señorías, uno de los pasajes del Quijote en el que Cervantes reivindica la capacidad de todas las lenguas para ser vehículos de cultura y de
literatura. La cita, oportuna creo yo, dice así: Y a lo que decís, señor, que vuestro hijo no estima mucho la poesía de romance, doyme a entender que no anda muy acertado en ello y la razón es ésta.
Homero no escribió en latín porque era griego,
ni Virgilio escribió en griego porque era latino. En resolución, todos los poetas antiguos escribieron en la lengua que mamaron en la leche, y no fueron a buscar las extranjeras para declarar alteza de sus conceptos. Y siendo esto así, razón sería
se extendiese esta costumbre por todas las naciones, y que no se desestimase al poeta alemán porque escribe en su lengua, ni al castellano, ni aun al vizcaino que escribe en la suya. La cita de Cervantes acaba aquí, y cuatro siglos después no está
de más decir, señorías, que esa es precisamente una de las señas identitarias de España, precisamente esa, su diversidad lingüística. Elemento de nuestra identidad secularmente ocultado en muchas ocasiones o despreciado por quienes se empeñaron y
todavía se empeñan en una idea estrecha y esencialista de España, de una España negadora de su pluralidad de pueblos, culturas y lenguas. Comienzo, señorías, mi intervención en esta proposición de ley haciendo un canto con Cervantes a nuestra
pluralidad lingüística y a nuestra identidad lingüística o plurilingüe, si ustedes quieren llamarla así, para explicar mejor la negativa del Grupo Parlamentario Socialista a esta proposición de ley, que pretende extender al conjunto del territorio
de España la declaración de lenguas oficiales de las lenguas españolas distintas del castellano. Porque una cosa es declarar orgullosos, como lo hacemos los socialistas, que en España hay varios idiomas oficiales
en varias de sus comunidades, y otra es decir, como pretende la proposición, que esos idiomas oficiales en sus respectivas comunidades autónomas lo son también en la totalidad del Estado, en la totalidad del país. Esto es lo que nos lleva,
señorías, a la discusión sobre el alcance de esta expresión que a veces utilizamos de manera común, que es Estado plurilingüe, y que tiene que concretarse de una manera clara en torno a la significación que entendemos nosotros. Quiero decir que en
aquellas comunidades en las que hay una lengua propia distinta del castellano esa es lengua oficial y corresponde a la legislación autonómica -cuidado, señorías, a la autonómica- establecer las medidas de tal declaración a efectos de derechos,
deberes, protección y fomento. Por cierto, como lo acabamos de hacer en el Estatuto de Cataluña estos últimos días. Pero en el resto del país donde no hay más que una sola lengua el castellano es el idioma oficial y único. Los derechos
lingüísticos de los ciudadanos bilingües lo son en el ámbito de su comunidad y no fuera de ella. Esta es la posición no solo de sentido común político, en nuestra opinión, sino la jurídica. Y lo voy a explicar. Nosotros creemos que esta
proposición no encaja en la Constitución. Primero, porque el artículo 3.1 y 3.2 de nuestra Carta Magna declara que el castellano es la lengua oficial del Estado, y en el apartado 2 se sanciona la oficialidad de las demás lenguas españolas en sus
respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. El artículo 3, en sus puntos 1 y 2, corresponden a la base reguladora del pluralismo lingüístico, en cuanto a su incidencia en el plano de la oficialidad en el ordenamiento
constitucional español.
Señorías, este es el marco jurídico de esa declaración de oficialidad. La cooficialidad de las lenguas propias de las comunidades autónomas es un derecho que tiene un contenido estrictamente territorial. Esto tenemos que
aceptarlo. El Estado debe respetar y proteger esas lenguas autonómicas, y lo hace, pero no puede imponer, señorías, su oficialidad en otras comunidades autónomas ni puede proclamar derechos lingüísticos derivados de la cooficialidad de las lenguas
distintas del castellano a través de una ley ordinaria. No se puede. La ley que estamos discutiendo aquí no sería constitucional; inclusive, insisto, el deber de respeto y de protección de la riqueza lingüística no ampara declarar lengua oficial
del Estado español las distintas lenguas a que se refiere dicho artículo; una interpretación sistemática de ese mismo artículo excluiría tal declaración de oficialidad de esas lenguas por estar claramente acotada, como ya he dicho antes, en los
apartados 1 y 2 de dicho precepto.
Pero no es solamente el argumento jurídico, señorías, constitucional o jurisprudencial -que luego citaré, que también hay jurisprudencia muy expresa a este respecto-, es un criterio de lógica política, que yo quiero señalarles, el que nos
mueve a decir que no a esta proposición. El PSOE considera que la plasmación de muchas de las propuestas que en esta ley se plantean da lugar a una diversidad de situaciones inconvenientes, por decirlo suavemente. Yo no quiero hacer caricatura con
las situaciones que se pueden producir, pero pongamos un ejemplo. ¿Es que el servicio exterior del Estado, embajadas y consulados, tiene que relacionarse en cuatro idiomas? ¿Es que tenemos que celebrar tratados internacionales en todas las lenguas
oficiales? ¿Es que tenemos que obligar a toda la Administración pública del Estado, en cualquier lugar de España, a tramitar en catalán, valenciano, vasco o gallego los expedientes de los ciudadanos, con independencia del lugar de su residencia?
¿Es que hay que obligar a todos los servicios de juzgados de España a traducciones de todos esos idiomas? ¿Es que tenemos que establecer el principio que aquí se instituye de que el monolingüismo tiene que establecerse a petición del ciudadano y
que un libro de familia escrito, por ejemplo, en vasco tenga que tener validez cuando un ciudadano o un funcionario de Sevilla o de Valladolid no lo entienda? Hay una cantidad de situaciones que ustedes tienen que entender que corresponden a una
cierta lógica organizativa del Estado, que es la que nos obliga a dar una respuesta negativa a esta proposición.
La pregunta es si el derecho de los ciudadanos bilingües es un derecho no reconocido. No, no es verdad. Es que esos derechos se protegen y se defienden en su comunidad autónoma, por cierto, con una legislación que dicta la propia
comunidad. Y ahora vuelvo al otro argumento jurídico. No solamente se trata de la inconstitucionalidad, también está el argumento de su carácter antiautonómico, porque solo las normas autonómicas pueden declarar la oficialidad de las lenguas
propias de esas comunidades autónomas. En nuestra opinión, esta ley roza con competencias de las comunidades con lengua propia. Citaré una sentencia que lo dice claramente. Las Cortes Generales no pueden tomar en consideración una proposición de
ley cuyo objeto y finalidad es claramente contrario al principio de autonomía, al significado de la cooficialidad de las lenguas propias de las comunidades autónomas y a la jurisprudencia constitucional. Dice así la sentencia que voy a citar a
continuación: El Estado puede regular, si lo considera oportuno, las garantías básicas de la igualdad del uso del castellano como lengua oficial ante todos los poderes públicos, así como las garantías del cumplimiento del deber de conocimiento del
castellano. Pero, señor Tardá, no cabe entender que este título competencial habilite al Estado para regular con carácter general, siquiera en sus aspectos básicos, la cooficialidad de las lenguas españolas distintas del castellano y su
consiguiente utilización por los poderes públicos, o el derecho al uso de otras lenguas españolas oficiales por las particulares. Interpretar el 149.1.1 con este alcance equivaldría a vaciar de contenido las competencias lingüísticas asumidas por
las comunidades autónomas según sus estatutos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.2 de la Constitución.
Señorías -voy terminando-, la proposición que hoy discutimos no es, pues, imposible de encajar en nuestra Constitución, sino que además vulnera el reparto competencial. Piensa el proponente que hay un mandato constitucional por el que los
poderes públicos tienen que garantizar la conservación y promover el enriquecimiento del
patrimonio histórico cultural de los pueblos de España. Pero, señor Tardá, la proposición confunde este texto y deriva de él esta ley. Señorías, el texto constitucional ya ha sido desarrollado y lo ha sido con arreglo a la cooficialidad de
ambos idiomas en las comunidades bilingües. No se hace imponiendo, pues, el multilingüismo en la España que habla castellano. Dicho sea con todos los respetos y con toda la cordialidad, señor Tardá, siguiendo a Cervantes -vuelvo al principio-, es
bueno que el vizcaino escriba en vasco; lo que no es lógico es que obliguemos a los sevillanos o a los madrileños a entenderlo o a usarlo. Esa es la cuestión.
Termino con una referencia personal. Creo que nadie les engaña. No hay ningún maquiavelismo amoral, como usted nos señalaba. No creo que España esté dando la espalda a sus peticiones. No creo que sea justo que haya una interpretación de
rechazo a las pretensiones y al avance del plurilingüismo, de la cooficialidad o del propio catalán. No me parece justo ese tratamiento después de unas semanas de negociación del Estatuto en las que usted sabe como yo que se ha hecho un avance
enorme, precisamente para potenciar y fomentar el catalán en Cataluña. Ese tratamiento por parte de nuestro partido, por parte de esa izquierda que les ofrece una mano tendida al consenso y al entendimiento en la construcción de la España plural y
plurilingüe, no merece los calificativos que usted ha empleado esta tarde.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Jáuregui.
Muchísimas gracias. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
AVOCACIÓN POR EL PLENO.
-DEL PROYECTO DE LEY DE CAPITALIDAD Y DE RÉGIMEN ESPECIAL DE MADRID.
(Número de expediente 121/000072.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de proceder a la votación de las dos proposiciones de ley hay dos decisiones previas.
En primer lugar, confirmar o no la avocación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento. Se somete al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de la ley de capitalidad y de
régimen especial de Madrid. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) En consecuencia, queda aprobada la propuesta de avocación.
TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA:
-DE LA PROPOSICIÓN NO DE LEY SOBRE LA DECLARACIÓN DE 2006 COMO AÑO DE LA MEMORIA HISTÓRICA. (Número de expediente 122/000180.)
El señor PRESIDENTE: La segunda decisión es la siguiente: Acuerdo de tramitación directa y en lectura única. La Mesa, oída la Junta de Portavoces y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del Reglamento ha acordado someter a la
aprobación de la Cámara la tramitación directa y en lectura única por el propio Pleno de la proposición de ley sobre la declaración del 2006 como Año de la Memoria Histórica. En la Presidencia consta que hay un grupo que se opone. ¿Se mantiene en
la oposición? (Pausa.) Pregunto, ¿se mantiene en la oposición? (Asentimiento.) Eso es lo que preguntaba. Gracias.
Procedemos a votar.
Comienza la votación. (Pausa.-Varios señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista: Pero, ¿qué estamos votando?-Varios señores diputados del Grupo Parlamentario Popular: Se están equivocando.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 57; en contra, 236; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Esto es bien simple. (Aplausos.-Protestas.) Esto es bien simple porque no quiero que en este tema de votaciones haya este tipo de situaciones, de ninguna de las maneras. (Rumores.) No quiero que nadie grite al
escándalo, ni nada de nada. Es posible, a pesar de que el presidente lo ha pedido hasta tres veces al grupo, porque no se estaba atento a lo que decía el presidente (Continúan los rumores.)... ¡Qué barbaridad! No obstante, el presidente entiende
que el sentido del voto probablemente no haya sido claro. (Protestas.-El señor Martínez-Pujalte López: ¡Ya está bien! ¿Cómo se va a repetir la votación?) Vamos a ver.
(Pausa.) Perfecto. Así las cosas, consultada la Mesa, el presidente considera
que, con independencia de la situación que se haya creado, el resultado es inamovible y, en consecuencia, es el que cuenta. (Varios señores diputados: Pásalo.-Rumores.) Lo siento en el alma. Intento componer. (El señor Pérez Rubalcaba pide la
palabra.)
Señor Rubalcaba, adelante.
El señor PÉREZ RUBALCABA: Muchas gracias, señor presidente.
Es evidente que hay diputados que tienen una lamentable falta de educación. (Protestas.-Aplausos.) Es evidente, señor presidente, que mi grupo parlamentario no ha entendido el sentido de la votación porque probablemente, como el presidente
ha dicho, se ha preguntado en distintas ocasiones y no hemos visto a ninguno de los dirigentes habituales del Grupo Parlamentario Popular decir ni sí ni no. En estas condiciones, la votación demuestra que mi grupo no sabía lo que estaba votando.
(Continúan las protestas.) Señor presidente, más allá de los formalismos parlamentarios, entiendo que lo que procede es volver a votar para conocer exactamente el sentido...(Protestas.)
El señor PRESIDENTE: Termine, por favor.
El señor PÉREZ RUBALCABA: Nada más. Muchas gracias, señor presidente. (El señor Llamazares Trigo pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Llamazares. (Un señor diputado: La voz de su amo.)
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor presidente, tal votación como esta no tiene precedente en la Cámara. No tiene precedente no solo por la confusión de lo que se tiene que votar sino porque la Cámara se pronuncie sobre si hay lectura única o
no. No. La Cámara no se pronuncia sobre la lectura única, la que se pronuncia sobre la lectura única es la Mesa oída la Junta de Portavoces, y ya se ha pronunciado a favor de la lectura única. No necesita ratificación de la Cámara. (Rumores.)
Por tanto, señorías, señor presidente, nosotros nos atenemos a la decisión legítima, según el Reglamento de la Cámara, y en ningún caso a esta decisión.
El señor PRESIDENTE: Señor Llamazares, en lo que concierne a su petición, la interpretación del artículo 150 es clara, en el sentido de que le corresponde al Pleno de la Cámara formalizar definitivamente lo que previamente la Mesa, oída la
Junta de Portavoces, ha decidido. Estoy leyendo el artículo 150.1, que es suficientemente claro para darle al Pleno de la Cámara esta legitimidad.
Dicho esto, les comunico que la Mesa, por unanimidad, con independencia del error o no error, de si se sabía o no se sabía, da el tema por zanjado y concluido y, en consecuencia, procedemos a las votaciones previstas sobre la toma en
consideración de las proposiciones de ley de grupo parlamentario. Lo lamento. (Rumores y protestas.-La señora Navarro Casillas pide la palabra.) He cometido un error. Es un sentimiento mayoritario de la Mesa, pero es interpretación nuestra.
Daré lectura al artículo 150, para que conste en el 'Diario de Sesiones' y para tranquilidad de todos, espero. Artículo 150: 'Cuando la naturaleza del proyecto o proposición de ley tomada en consideración lo aconseje o su simplicidad de
formulación lo permita, el Pleno de la Cámara...' -el Pleno de la Cámara- '...a propuesta de la Mesa, oída la Junta de Portavoces, podrá acordar que se tramite directamente y en lectura única.' Obviamente, es el Pleno de la Cámara, después de la
decisión de la Mesa y oída la Junta de Portavoces. Es que no admite discusión; es así. Lo lamento.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (Votaciones.)
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SR. LABORDETA), DE MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO-LEY 6/2000, DE 23 DE JUNIO, DE MEDIDAS URGENTES DE INTENSIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA EN MERCADOS DE BIENES Y SERVICIOS.
(Número de expediente 122/000089.)
El señor PRESIDENTE: Votamos la toma en consideración de las proposiciones de ley de grupos parlamentarios. En primer lugar, del Grupo Parlamentario Mixto, señor Labordeta, de modificación del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de
medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 32; en contra, 277.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LENGUAS ESPAÑOLAS DISTINTAS DEL CASTELLANO. (Número de expediente 122/000163.)
El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, de protección y promoción de lenguas españolas distintas del castellano.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 27; en contra, 282.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Comunico a los señores portavoces que en unos minutos habrá una reunión en la sala Mariana Pineda para concluir la agenda de esta mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE IMPULSO DE LAS RELACIONES DE LA UNIÓN EUROPEA CON AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y PREPARACIÓN DE LA CUMBRE DE VIENA. (Número de expediente 162/000436.)
El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día: Proposiciones no de ley.
Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre impulso de las relaciones de la Unión Europea con América Latina y el Caribe y preparación de la cumbre de
Viena. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, vamos a continuar con la sesión plenaria. Si
desean abandonar el hemiciclo, les ruego que lo hagan en silencio y con celeridad.
Punto II del orden del día que, como saben SS.SS, se refiere a las proposiciones no de ley, en particular la del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre impulso de las relaciones de la Unión Europea con América Latina y el Caribe
y preparación de la cumbre de Viena.
Para defender la proposición no de ley tiene la palabra el señor Moscoso del Prado.
El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Muchas gracias, señora vicepresidenta.
Señorías, en nombre de mi grupo parlamentario me corresponde defender la siguiente proposición no de ley sobre el impulso de las relaciones de la Unión Europea con América Latina y con el Caribe, y también de preparación e impulso de la
cumbre de Viena del próximo mes de mayo.
América Latina vive una etapa muy decisiva para su futuro; una etapa en la que la economía crece a ritmos estables y constantes por primera vez en muchos años. Por tanto, una etapa que es una oportunidad, pero en la que subsisten numerosos
problemas, como unos índices de pobreza, de paro y de desigualdad muy elevados, insoportables; un índice medio de pobreza por encima del 40 por ciento; una situación de cohesión social insostenible, cohesión que no se ha beneficiado de la
estabilidad macroeconómica; y unos Estados sin capacidad fiscal, sin instrumentos, incapaces de recaudar más allá del 15 por ciento de su producto interior bruto, y que no pueden poner en marcha instrumentos para desarrollar sus sociedades y sus
países. Políticamente también se vive una situación muy interesante, porque se están celebrando procesos electorales, todos ellos democráticos, y que representan una oportunidad para reforzar la democracia de la región y para que los gobiernos sean
más eficientes, más transparentes y funcionen con parámetros y cánones más razonables. En definitiva, una oportunidad para todo y, por supuesto, para profundizar en la democracia y en la defensa de los derechos humanos.
Todo ello constituye un desafío único, una oportunidad única para la política exterior de nuestro país. Este es un período difícil, pero lleno de oportunidades, lleno de retos. Un período difícil, pero en el que el Gobierno español, tanto
en el ámbito bilateral como en el ámbito multilateral, como hemos venido conociendo en el Congreso por sus diferentes comparecencias y actuaciones, sabe que debe ser aprovechado.
El Gobierno español ha apostado por mantener y reforzar un diálogo
político directo y claro en defensa de la democracia, de los derechos humanos, del desarrollo, y de los intereses españoles en la región.
Cuando digo la región, me refiero a todos y cada uno de los Estados, a todos sin exclusión e, insisto, defensa
de los derechos humanos, de la democracia y del desarrollo. No obstante, para hacer frente a esta tarea hace falta un consenso básico en las líneas principales institucionales de la política exterior de nuestro país en este continente y una actitud
responsable de todos.
El objetivo de esta proposición no de ley es comenzar a fraguar aquí, en el Congreso, un consenso básico o inicial en el ámbito multilateral y el mismo referido a la actuación de nuestro país y a la actuación de la Unión Europea en América
Latina. Por eso esta proposición insta al Gobierno a trabajar activamente junto a la Presidencia austríaca de la Unión Europea para conseguir que la cumbre de la Unión Europea-América Latina-Caribe del próximo mes de mayo sea un éxito. Señorías,
les recuerdo a todos ustedes que esta es la IV cumbre, después de la de Río del año 1999, la de Madrid y la de Guadalajara. Estas cumbres son acontecimientos deseados y muy importantes, pero que necesitan ser impulsados y reforzados y que también
exigen este impulso que hoy pedimos, porque es necesario asegurar una continuidad que está en entredicho. En este sentido no hay país más capacitado que España para promover esta cuestión en el seno de la Unión Europea.
La proposición profundiza en los contenidos de esta cumbre. En ella se abordarán cuestiones como la cohesión social, la integración regional y el multilateralismo. En Viena los europeos debemos ser capaces de buscar una solución a la
difícil situación de la negociación con Mercosur, porque Mercosur es un modelo de crecimiento y de integración económica; es un modelo de mercados, sí, pero también de cohesión, que es el ingrediente fundamental en la integración económica para
reemplazar o continuar en el tiempo el agotado modelo del consenso de Washington.
También en Viena se debe analizar cuál es la situación respecto a los acuerdos estratégicos de Europa con la comunidad andina y con Centroamérica. Asimismo, en Viena
se revisará y se pondrá encima de la mesa cuál va a ser la política europea de cooperación y cuáles van a ser los fondos destinados a contribuir al desarrollo en esos países durante el periodo 2007-2013. Todo ello en un contexto en el que la Ayuda
Oficial al Desarrollo española de este año va a ser de 613 millones de euros; todo un récord, un máximo histórico. En esta cumbre también se celebrará un foro empresarial que debe servir para que las empresas y los agentes sociales -la sociedad
civil en general- se coordinen y contribuyan al logro de compaginar el desarrollo económico con el social y con la cohesión. Obviamente nuestras empresas, el mascarón de proa de nuestra política exterior en América Latina, nuestra imagen más
visible y nuestra presencia más real y efectiva también deben estar ahí. En definitiva, esta proposición insta al Gobierno a seguir impulsando estas cuestiones en el seno de la Unión Europea, en el seno del club europeo del que formamos parte, pero
en el que nadie como nosotros es capaz de promover las políticas buenas para América Latina y para que Europa siga viendo en América Latina una prioridad para nuestra política exterior.
Quiero recordar que en la cumbre iberoamericana de Salamanca de este año se apostó también por reforzar el vínculo entre la Unión Europea y América Latina, así
como por reforzar y resolver, como decía al principio, la finalización del acuerdo con Mercosur y poner fin a los acuerdos con los países andinos y con Centroamérica. La proposición insta también al Gobierno a promover la máxima
participación de jefes de Estado y de Gobierno en esta cumbre, y concretamente a poner en marcha medidas de la Unión Europea para reforzar las líneas estratégicas de la acción europea y española en ese continente, como es la erradicación de la
pobreza, la gobernabilidad democrática, el desarrollo sostenible, la ampliación de conflictos, la gestión conjunta de las crisis en la región, y, por supuesto, el apoyo incondicional de la democracia y de los derechos humanos.
Quiero finalizar esta intervención explicando que aceptamos las enmiendas tanto de Esquerra Republicana de Catalunya como del Bloque Nacionalista Galego, porque entendemos que mejoran el texto, pero lamentablemente no podemos aceptar la del
Grupo Popular. Este grupo parlamentario no debería encontrar nada en esta proposición con lo que no esté de acuerdo, salvo quizás su propia enmienda, porque jamás el Parlamento Europeo ha sido la instancia que ha marcado la política exterior de la
Unión Europea, sino que ha sido el Consejo, eso sí, obviamente atendiendo y escuchando siempre las recomendaciones del Parlamento, con lo cual no podemos aceptar esta enmienda. Insisto en el hecho de que reconsideren su posición.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias a usted, señor Moscoso del Prado.
Comenzamos por los turnos de los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas. Por un tiempo de cinco minutos tiene la palabra, en primer lugar, el señor Rodríguez, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto.
Adelante.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
El Bloque Nacionalista Galego va a apoyar la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, y lo va a hacer porque tiene verdadero empeño en que sea un éxito la IV cumbre entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea. Es
esencial que esta cumbre tenga éxito porque las relaciones, no solamente económicas sino políticas y culturales, entre ambos lados del Atlántico deben ser unas relaciones sustentadas en el diálogo, en el interés mutuo y en la cooperación y en un
aprendizaje de la política como multilateralismo. Tenemos la conciencia de que, en todo caso, en este momento uno de los principales peligros en la Unión Europea es que se pueda dejar arrastrar por cualquier tipo de prejuicios u hostilidades contra
alguna parte de América Latina simplemente por el seguidismo de la política de los Estados Unidos. A nadie se le oculta que, a veces, bajo el criterio democrático y la defensa de los derechos humanos, se esconde la defensa de intereses no
precisamente humanitarios ni democráticos ni ampliamente populares.
Por eso, participando de la parte resolutiva de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, nos parece que efectivamente ganaría si se añadiesen algunos aspectos sustanciales en la política internacional actual. El primero
de ellos es que todo tipo de política de asociación, de cooperación, de libre comercio, debe hacerse siempre desde el respeto mutuo, la consideración de que se trata de una relación entre iguales y, por supuesto y fundamental, en mutuo beneficio, es
decir, que no se trate de una relación desigual. El segundo es que, cuando se habla de crisis en cualquier parte del mundo, es muy importante que las crisis se traten dentro del respeto al derecho de los pueblos a decidir libremente su futuro.
Sería penoso que, bajo la capa de instauración de cualquier régimen democrático o simplemente de la defensa de los derechos humanos, se propiciase la injerencia descarada en los asuntos internos de otros países. Pensamos que la proposición no de
ley ganaría con estas enmiendas de adición, que lo que hacen es perfeccionarla desde el punto de vista del contexto de la política internacional actual y sin, por lo tanto, ser confesional de ningún bloque de poder.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Rodríguez, muchas gracias.
El siguiente grupo parlamentario que ha presentado enmienda es el Grupo Popular. Tiene la palabra don Jorge Moragas para defender su enmienda.
El señor MORAGAS SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, en primer lugar, en nombre del Grupo Popular, queremos decir que compartimos los objetivos que supone esta proposición no de ley para impulsar la asociación estratégica de la Unión Europea con América Latina y Caribe. Es evidente
que el Partido Popular en su época de Gobierno acreditó con trabajo y resultados tangibles este compromiso. Recuerdo simplemente que la institucionalización de estas cumbres se produjo en el año 1999, como recordaba S.S., en Río de Janeiro,
coincidiendo por lo tanto con las responsabilidades de Gobierno del Partido Popular; en Madrid, en el año 2002, durante Presidencia española, se celebró con éxito la II cumbre y, durante ese periodo de tiempo, esas cumbres que tienen un objetivo
clarísimo, que es acercar las realidades políticas y económicas de ambas zonas regionales, se saldaron con dos grandes éxitos, en los que no en poca medida el Gobierno del Partido Popular tuvo un papel importante, como fueron el acuerdo con México,
del año 2000 y el acuerdo con Chile, en el año 2003. Por lo tanto, para nosotros, el texto originalmente era aceptable, pero claramente perfectible y por eso hemos presentado una enmienda. No obstante, tengo que mostrar mi desconcierto al escuchar
al portavoz del Grupo Socialista cuando rechazaba nuestra enmienda utilizando un
argumento que, con todos los respetos -que sabe que se los tengo-, no se sostiene. Un argumento que solamente se sostendría si aceptamos que el Grupo Socialista está aquí hablando de Latinoamérica y, al mismo tiempo, haciéndose trampas en
el solitario.
Nosotros en ningún momento decimos en la enmienda que el Parlamento Europeo tenga que dirigir la política exterior del Gobierno de España ni de la Unión Europea. Simplemente decimos que tiene una tradición en la defensa de los derechos
humanos, de la libertad y de la democracia muy acreditada y que las resoluciones que se hayan adoptado en el Parlamento deberían tenerse en cuenta y formar parte del corpus político que la Unión Europea debe desplegar en esa acción hacia el
continente iberoamericano. Si ustedes rechazan la enmienda es por otras razones que ocultan, ya que de esa forma se pone en evidencia la asimetría entre el sentir y el pensar del Parlamento Europeo en relación con algunos casos muy concretos -Cuba
y Venezuela- y lo que piensa la mayoría de izquierdas que gobierna este país. Por tanto, es justo que el Parlamento sepa cuáles son las razones que se ocultan a ese rechazo. En todo caso, en nombre de mi partido y de mi grupo, no vamos a rechazar
esta proposición no de ley sino que vamos a prestarle nuestro apoyo, incluso teniendo en cuenta que ha sido rechazada nuestra enmienda. No vamos a caer en la trampa, ya que consideramos que el éxito de esa cumbre es importante para el interés de la
Unión Europea, para el interés del continente y la región latinoamericana y el Caribe y, sobre todo, para España. Ahora sí, vamos a ser muy exigentes en el seguimiento de esta instancia que se le traslada al Gobierno, ya que entendemos que el éxito
y el trabajo de un gobierno se miden con resultados tangibles. Nosotros los tuvimos. Es su ocasión para obtener un acuerdo claro, concreto y enriquecedor en lo que se refiere a la relación de la Unión Europea con Mercosur. Ahora bien, permítanme
que manifestemos nuestro escepticismo, teniendo en cuenta que los arietes de la política exterior de nuestro Gobierno son el señor Moratinos y el señor Zapatero. El señor Zapatero lleva cien días escondido, solo en casa, y así no se defienden los
intereses nacionales; debería estar trabajando para que ese acuerdo, que es una fórmula concreta que facilita el desarrollo del continente latinoamericano, sea una realidad, y no está haciendo nada. Y respecto al señor Moratinos, no quiero cargar
contra él pero reconózcame el derecho al escepticismo y a considerar que sus gestiones en su reciente gira por los países del Mercosur no son una garantía de éxito.
En todo caso, nosotros respaldamos la iniciativa porque creemos en la necesidad del éxito de esta cumbre, agradecemos las gestiones que ha hecho la Presidencia austríaca e instamos al Gobierno a que sea consciente de que este es el momento
del éxito, porque luego viene la Presidencia alemana y la finlandesa y en esos semestres me parece que será más difícil encontrar a alguien con la sensibilidad de la comisaria Benita Ferrero, en su doble condición de comisaria y de ciudadana
austriaca, que ha demostrado una gran sensibilidad hacia este punto de la agenda. Por tanto, pese a nuestro escepticismo y por sentido de Estado y de responsabilidad, respaldamos esta proposición no de ley porque creemos, de verdad, que el libre
comercio es la fuente de progreso de los pueblos hermanos. Hoy tienen nuestro apoyo para que la cumbre de Viena sea un éxito en resultados tangibles y en certezas. Tienen una oportunidad para demostrar al mundo que España marca la agenda europea
en Latinoamérica. No la desaprovechen otra vez.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Moragas.
La tercera enmienda la presenta el Grupo de Esquerra Republicana y para defenderla tiene la palabra el señor Ramón.
El señor RAMÓN TORRES: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, en el año 2005 la política exterior europea centró gran parte de su atención en la cumbre Euromediterránea de Barcelona. Junto al Mediterráneo, otra de las grandes prioridades en política exterior es el
fortalecimiento de las relaciones entre Europa y los países latinoamericanos y caribeños. Esperamos que para Europa el año 2006 sea el año de América Latina, coincidiendo con la celebración de la IV cumbre Unión Europea-América Latina y Caribe que
tendrá lugar en Viena y que dará continuidad a la cumbre de Río celebrada en 1999. De la primera cumbre de Río surgió el compromiso de fortalecer la relación entre Europa y América Latina en los ámbitos político, económico y cultural, compromisos
que fueron realizados en la cumbre de Madrid de 2002 y concretados en la cumbre de Guadalajara de 2004. En particular se firmaron acuerdos sobre cohesión social, multilateralismo e integración regional.
Desde Esquerra Republicana valoramos globalmente de forma positiva el enfoque de la Comisión Europea sobre la estrategia para una asociación reforzada entre la Unión Europea y América Latina que se debatirá en la cumbre. Creemos que la
Comisión apunta en una buena dirección y queremos hacer especial énfasis en algunos aspectos. Aspectos como los acuerdos comerciales, el crecimiento económico de los países latinoamericanos, la mejora de su posición económica a nivel mundial, el
incremento de los intercambios comerciales y, en especial, la creciente entrada en la Unión Europea de productos agrícolas latinoamericanos que hacen aconsejable mejorar las relaciones comerciales entre los dos bloques regionales. Se debe impulsar
un contexto de estabilidad económica y seguridad jurídica que favorezca las inversiones europeas en América Latina para así contribuir a su desarrollo económico, garantizando siempre el interés general, en especial la reducción de las desigualdades
económicas y la lucha contra la pobreza.
De todos los aspectos nos gustaría destacar el multilateralismo. La Unión Europea debe ser un interlocutor privilegiado de América Latina y actuar como plataforma para proyectar su acción exterior. Europa y América Latina conjuntamente
deben colaborar en la defensa y promoción de los derechos humanos, la democracia y el multilateralismo a escala mundial.
Además, la Unión Europea ha hecho de la integración regional no solo en Europa sino en otras latitudes uno de los leitmotiv de
su política exterior.
Otro aspecto que nos gustaría remarcar es la democratización. Desde Esquerra Republicana creemos necesario hacer especial énfasis en la necesidad de la plena democratización de América Latina, un continente que ha sufrido de forma tan
dolorosa los desmanes de los regímenes autoritarios. Constatamos que en las últimas décadas ha habido avances considerables hacia la democratización de la región en cuanto al alcance territorial y a la calidad de la democracia, y así valoramos
positivamente la creciente participación de algunas comunidades como las indígenas, anteriormente excluidas de la vida política. A pesar de todo, en algunos países persiste una fuerte inestabilidad política derivada de las sucesivas crisis
económicas que hipotecan el desarrollo de los derechos humanos, civiles y políticos.
El último aspecto que me gustaría destacar es la cohesión social y la lucha contra la pobreza. Una de las prioridades en política exterior ha de ser el apoyo a la consecución de los objetivos del Milenio. Todos los países de América Latina
y el Caribe, con excepción de Haití y Nicaragua, están considerados por la OSCE como países de renta media. En promedio, los países de América Latina y el Caribe tuvieron en el año 2000 un ingreso medio por cápita de 3.763 dólares, que es la mayor
cifra de los países receptores de ayuda oficial al desarrollo. Dada su situación económica, podrían existir objeciones contra la conveniencia de destinar a estos países un volumen de la AOD. Si bien es cierto que los importantes recursos naturales
de la región contribuyen a un crecimiento global de las economías latinoamericanas, no es menos cierto que este crecimiento es el más inequívoco de todo el planeta. El crecimiento económico en América Latina está generando una gran disparidad
económica entre las clases sociales de cada país y entre los distintos países del continente, y pese a todo persiste un elevado grado de pobreza y exclusión. En esta situación bien merece una atención especial por parte de la ayuda oficial al
desarrollo de Europa. Las profundas desigualdades que existen en América Latina, a diferencia de otros países de renta media con una sociedad más igualitaria, justifican la inversión de la ayuda al desarrollo de Europa, si bien el enfoque de estas
ayudas debe hacer más hincapié en la calidad que en la cantidad.
Para terminar, valoramos positivamente la implicación de la Presidencia austríaca en los objetivos de la cumbre, ya que estos pueden representar un mayor compromiso con América Latina por parte de países europeos con otras prioridades en
política exterior. Este hecho se suma a la histórica cumbre de Guadalajara, de 2004, en la que por primera vez participaron los diez nuevos Estados miembros de la Unión Europea...
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Debe determinar, señor Ramón, por favor.
El señor RAMÓN TORRES: Voy acabando, señora presidenta.
... con lo que cada vez existe una mayor implicación del conjunto de Europa hacia los desafíos de Latinoamérica. Todo apunta a que con esto se aleje el temor de que la política hacia América Latina quede arrinconada entre otras prioridades,
como la política europea de vecindad o ampliación.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Ramón, muchísimas gracias.
Pasamos al siguiente turno, señorías, que es el de fijación de posiciones, y comenzamos con el del señor Mardones en nombre de Coalición Canaria-Nueva Canarias.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, desde Coalición Canaria todo tema que trate de hacer una labor política de reto en América Latina es valorado como de primer orden. Hay todo un acervo histórico tras muchos siglos de emigración de ciudadanos de Canarias hacia
distintos países de Hispanoamérica, hoy en día llamada Latinoamérica, un acervo de mestizaje de civilizaciones, culturas y personas. El pasado día 2 de marzo, con motivo de la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, señor
Moratinos, en la Comisión de Asuntos Exteriores, a petición propia, tuvimos ocasión de pronunciarnos sobre el reto de la política exterior española con respecto a Latinoamérica, también fijamos nuestra posición y hoy lo hacemos sobre la cumbre de
Viena.
Nuestra preocupación sería que los acuerdos en la anterior cumbre de Guadalajara, en México, se quedaran en pura retórica. Es una preocupación permanente de todos los foros latinoamericanos que nos vayamos a una verborrea de buenas
intenciones en los discursos de muchos líderes y jefes de Estado latinoamericanos, que cubren más una faceta preelectoral que un compromiso con los verdaderos problemas de pobreza, de limitaciones democráticas, de falta de cohesión, de falta de
interrelación, de predominio de intereses puramente económicos capitalistas, de oligopolios o de monopolios que desfiguran esta realidad. De cara en el mes de mayo a la cumbre de Viena y sus prolegómenos -el IV Foro de la sociedad civil, que es
imprescindible que sea la antesala en el mes de abril de lo que va a ocurrir en la cumbre de la Unión Europea de Viena en mayo-, he de significar que, así como la cumbre de Salamanca del año pasado tuvo más bien un compromiso dentro de la comunidad
de Estados iberoamericanos entre las repúblicas
americanas de Centro y Sudamérica y del Caribe, Portugal y España, ahora es el momento del compromiso de la Unión Europea. Yo creo que es un buen marco para definir lo que necesita la Unión Europea para proporcionar una serie de ayudas y
cooperación a Latinoamérica, porque es la solidez democrática de la Unión Europea la que puede ejercer una labor de magisterio o de engarce de valores democráticos, de sentido de la independencia de las naciones, para definir su futuro en modelos
políticos democráticos y en modelos de mercado.
Cuando estamos viendo los contenciosos abiertos en el área de los alimentos para la exportación -en Canarias lo tenemos en primera persona con los derechos arancelarios por la entrada del plátano o el banano procedente de países de Centro y
Sudamérica en el mercado europeo-, los intereses de terceras personas poderosas, como son las multinacionales norteamericanas del cultivo de estos productos agrícolas que quieren obtener unos mercados libres de competencia en Europa a base de pagar
salarios ínfimos a los braceros de las grandes extensiones y fincas productoras de banano en Latinoamérica y que no hacen más que perpetuar una auténtica injusticia social, si somos capaces en la cumbre de Viena de pasar a compromisos en favor de la
cohesión, del sentido interterritorial, de esas agrupaciones que han venido surgiendo en distintos países latinoamericanos, como el tratado de libre comercio entre distintas repúblicas centro y sudamericanas, si somos capaces de una proyección
positiva sobre dos países, dos gobiernos con pujanza en este momento, como son México y fundamentalmente Chile, con su recién estrenada presidenta, que abre una serie de horizontes positivos, podemos implicar una serie de ayudas y colaboración sin
faltar a la bilateralidad entre el Gobierno español y todas y cada una de esas repúblicas latinoamericanas, para que todos esos países sean también la extensión de un marco de la Unión Europea en este compromiso. De ahí que nuestro grupo va a votar
favorablemente y se congratula de esta iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista para reforzar, desde las medidas que puedan salir de este Parlamento y del Gobierno español, la cumbre de Viena para que sea pragmática, realista y dé una
satisfacción para luchar contra los problemas que allí existen, que son también problemas nuestros por la inmigración que nos está llegando de Ecuador o Colombia a trabajar en España, también con una serie de problemas y compromisos. A la solución
nuestra aportamos toda la ayuda dentro de esta proposición no de ley a la que damos la bienvenida y apoyaremos en la cumbre de Viena del mes de mayo.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Mardones, muchísimas gracias.
Continuamos con la fijación de posición del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.
Mi grupo parlamentario también va a respaldar esta iniciativa que intenta impulsar y reforzar la cumbre de Viena en las relaciones entre Unión Europea y América Latina, en el bien entendido que nosotros consideramos en estos momentos un
proceso de cambio y de aceleración histórica en América Latina.
En América Latina ha entrado en crisis lo que se ha denominado el consenso de Washington, que pretendía las políticas de apertura neoliberales como la solución a todos sus males y, como consecuencia, estamos asistiendo a un proceso de
renovación política profunda en la representación de muchos países latinoamericanos. En América Latina hay también un latido de fondo que es la incorporación de lo que podemos denominar indigenismo a la política, excluido de la política a lo largo
de mucho tiempo. En ese sentido consideramos muy importante el papel que pueda jugar España en América Latina, el papel económico, político y cultural, desde el respeto a la soberanía de los pueblos latinoamericanos, pero también desde la
contribución al progreso económico y al progreso cultural y político de América Latina. Por ello consideramos que esta es una iniciativa acertada, situada en el espacio de la colaboración entre Unión Europea y América Latina. No viene a sustituir
esta iniciativa la política exterior española para América Latina que discutimos en la última reunión de la Comisión de Asuntos Exteriores y que fue prácticamente consensuada por todas las fuerzas políticas parlamentarias, salvo por el Grupo Popular
que consideraba que un fantasma recorría América Latina, el fantasma del chavismo-indigenismo. No opinábamos así el resto de los grupos parlamentarios, que no creemos que haya ningún fantasma en América Latina sino un proceso de cambio político,
social y cultural que hay que saludar, apoyar y con el que hay que colaborar. Esta es la posición que nosotros mantenemos. Por tanto, dentro de la política exterior española fijada en la Comisión de Asuntos Exteriores, consideramos que esta
iniciativa de colaboración de la Unión Europea y de América Latina es coherente. No estaríamos de acuerdo ni con las puñaladas de pícaro ni con los abrazos al cuello. Puñalada de pícaro es pretender modificar la política exterior española a través
de esta iniciativa que se sitúa en el marco de colaboración de la Unión Europea y de América Latina. Abrazo al cuello es decir que se apoya esta iniciativa y, al mismo tiempo, desautorizar de manera global la política exterior y sus autores.
Nosotros creemos que esta iniciativa es coherente con esa necesaria nueva política exterior para América Latina y por ello la apoyamos sin más aditamentos. Nos parece que es una iniciativa correcta en el marco de la política exterior que estamos
decidiendo en la Comisión de Asuntos Exteriores y que, como digo, cuenta con un amplio consenso, salvo el del Grupo Popular.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Llamazares.
Turno del Grupo Parlamentario Vasco, señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.
Tras un pormenorizado estudio de la iniciativa nosotros también la vamos a votar favorablemente. Nos parece relevante lo que presenta el Grupo Socialista, señora presidenta. Lo que pasa es que la relevancia de estas iniciativas quedan
relativizadas porque el Gobierno va a ser muy poco capaz de hacer algo muy diferente de lo que ya está aquilatado en relación con la cumbre de Viena. La verdad es que posibilidades de actuación gubernamental de esta envergadura están tan
aquilatadas, no solo por el contenido previsible de lo que se va a aprobar en las próximas cumbres, en este caso la de Viena, sino también por las cumbres precedentes -me estoy refiriendo a la de Guadalajara- y las reuniones de trabajo de los grupos
birregionales de altos funcionarios, de las cuales ha habido varias que el señor Moscoso conocerá, la de Bruselas de abril de 2005, la de Lima de noviembre de 2005 y la reunión de febrero. Hasta tal punto queda aquilatada una estructura de trabajo
de tracto sucesivo -podemos calificarlo así- que ya está prevista la próxima cumbre, la V, que se va a celebrar en Perú en fechas próximas. Desde esa perspectiva, estando todo esto muy aquilatado y siendo el margen de maniobra operacional del
Gobierno muy limitado, nosotros consideramos que el pedimento de la proposición no de ley es razonable, que hay que potenciar las medidas de asociación estratégica entre la Unión Europea y América Latina; que hay que apoyarlo porque ya se están
haciendo cosas muy importantes y hay relaciones de naturaleza bilateral con México, con Chile, con Mercosur, y ahora se está en previsión de realizar actividades de signo similar con América Central, con la comunidad andina. El reforzamiento de
estas estructuras de asociación es particularmente relevante para los intereses de todos los países desde una perspectiva bilateral, sobre todo en un momento en que adquiere una relevancia sobrevenida la preocupación por la seguridad global y
regional, por la inquietud por el rumbo que va adquiriendo la globalización económica y sus efectos en el ámbito de la competencia mundial, y la organización de sistemas económicos y sociales de carácter transnacional o internacional para competir
con otros que espontáneamente se están generando en otras zonas del mundo. Por otra parte -y esto no es baladí, señora presidenta-, quiero indicar que este puede ser un elemento importante para superar ciertas inercias y cierta abulia que ha
cundido en la Unión Europea tras los referendos de Francia y Holanda sobre el Tratado constitucional europeo, que han resultado verdaderos fracasos y que han provocado una cierta crisis institucional en el entramado europeo que se puede reactivar
por mecanismos o por actuaciones de esta naturaleza.
Solo tenemos una única reserva mental que citar, señor Moscoso, que es la siguiente, y es que no citan ustedes en su proposición no de ley la importante participación de empresarios y de la sociedad civil. El ámbito de actuación que ustedes
predican se reduce al puramente institucional, y la incorporación e incardinación de entidades de naturaleza jurídico-privada resultaría pertinente. Con esta única matización manifestamos nuestra adhesión a la pertinencia y a la bondad de los
efectos que presumiblemente quede atribuida a esta iniciativa del Grupo Socialista.
Gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA: (Chacón i Piqueras): A usted, señor Olabarría, muchísimas gracias.
Finalizamos con el turno del señor Xuclà en nombre del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió para fijar la posición, que es favorable a esta proposición no de ley que ha defendido en nombre del Grupo Socialista el diputado Juan Moscoso; nuestra posición
será favorable a este debate que estamos teniendo en el Pleno del Congreso de los Diputados. También es importante traer a debate a este Congreso algunos de los puntos más relevantes de las discusiones que habitualmente tenemos en la Comisión de
Asuntos Exteriores. También es importante subrayar y apoyar los esfuerzos que debe hacer el Gobierno español respecto a la futura cumbre Unión Europea-América Latina-Caribe en la cumbre de Viena, que arranca, como bien se ha recordado por las
personas que me han precedido en el uso de la palabra, de las distintas iniciativas básicamente a partir de los años noventa del Grupo de Río y de la voluntad de una realidad política, jurídica e institucional bastante sólida, como es que la Unión
Europea encuentre interlocutor, encuentre, si me permiten -usando una expresión ya muy utilizada-, alguien al otro lado del teléfono para intercambiar los puntos más importantes de la agenda de las relaciones internacionales de la Unión Europea.
Es evidente que España puede y debe tener un especial peso en la fijación de posición de la Unión Europea en un par de ámbitos de su política exterior. Hago referencia a la política de América Latina y hago referencia a la política
euromediterránea, y en el ámbito de la política de América Latina al cumplimiento de los objetivos de cohesión social, de integración regional y del multilateralismo; también al objetivo de calibrar -y se va a calibrar en la próxima cumbre de
Viena- si la negociación entre la Unión Europea y Mercosur está lo suficientemente madura como para dar paso a un nuevo escenario más reforzado de libre mercado. Este grupo parlamentario es un firme convencido de que el libre mercado, de acuerdo
con los parámetros de los países latinoamericanos, ayuda también a la consolidación de
la democracia y es motor de progreso, y este motor de progreso también lo es de redistribución de la riqueza. A partir de lo que tiene que ser una actualización del consenso de Washington, debe haber algunos reajustes respecto al
planteamiento inicial, pero -y eso también lo recordábamos en la Comisión de Asuntos Exteriores- con el cumplimiento de los mismos objetivos: libre mercado, democracia, solidaridad y redistribución de la riqueza. Por cierto, este Congreso de los
Diputados votará hoy favorablemente el apoyo a las negociaciones de Mercosur, pero es importante recordar también que en Latinoamérica algunos líderes políticos, algunos jefes de Estado, están impulsando espacios de integración. Como mínimo hay
cuatro niveles distintos de integración, no siempre coincidentes, y en algunos casos claramente contradictorios.
Nuestro grupo parlamentario es favorable a este marco institucional reforzado, a este regionalismo mundial que debe confluir en estas
seis, siete u ocho grandes regiones que hablen de tú a tú a nivel mundial. Y es partidario también del multilateralismo, del reforzamiento de la democracia y del reforzamiento de los derechos humanos, subrayando que Europa puede tener un papel
especialmente protagonista a la hora de influir positivamente en el ámbito latinoamericano. Algunas experiencias de los años ochenta hacen que otras potencias y otros actores mundiales no tengan el mismo peso y la misma autoridad que puede tener
Europa en la culminación de estos objetivos, que en estos momentos están viviendo horas decisivas. Este año en Latinoamérica se celebrarán 13 elecciones, de las cuales diez han sido presidenciales. Este año es también importante para revisar y
poner al día la situación de los derechos humanos en los distintos países iberoamericanos. Es evidente que la cumbre de Viena será el momento para hablar de la situación de los derechos humanos y del incumplimiento de los mismos en Cuba. También
deberá ser un momento para afrontar la situación de un gobierno democráticamente elegido pero con una preocupante deriva populista, como es el Gobierno venezolano, con alguna entrega muy reciente de algunos comportamientos no muy propios de la
primera línea de una política exterior responsable y razonable. Nosotros no vamos a hacer juicios de valor sobre gobiernos elegidos democráticamente, no vamos a criticar. Al revés, vamos a subrayar el valor que tiene la emergencia de algunas
opciones indigenistas. Y algún discurso antiindigenista que se ha sentido en la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados expresa un desconocimiento importante de lo que está sucediendo en América Latina.
Señora presidenta, termino anunciando el voto favorable a la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. No hemos presentado ninguna enmienda porque consideramos que es necesario hacer un mayor énfasis en el
ámbito de los derechos humanos, pero esto está recogido en el punto 1. Consideramos muy acertadas las tres enmiendas presentadas por los grupos, pero sea cual sea la redacción final de esta proposición no de ley el voto de este grupo parlamentario
será favorable.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Xuclá.
Señor Moscoso, en el turno de aceptación o rechazo de enmiendas, ¿nos reitera, por favor?
El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Aceptamos la enmienda de Esquerra y la del Bloque Nacionalista Galego.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Se someterá a votación con la incorporación de ambas enmiendas.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA ARTICULACIÓN DE MEDIDAS DE MEJORA DE LA COMPETITIVIDA Y EN CONTRA DE LA INFLACIÓN. (Número de expediente 162/000441.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos con la última de las proposiciones no de ley del día de hoy, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la articulación de medidas de mejora de la competitividad y en
contra de la inflación. Por siete minutos tiene la palabra el señor Folgado.
El señor FOLGADO BLANCO: Señora presidenta, señorías, comparezco aquí para defender la proposición no de ley relativa a la articulación de medidas de mejora de la competitividad y en contra de la inflación.
Tras la aparente bonanza económica se está gestando -yo creo que son conscientes SS.SS.-un gravísimo problema de desequilibrios y de pérdida de competitividad; sin embargo, da la impresión de que las prioridades del Gobierno transitan por
veredas bien distintas a las de la ordenación de la economía. El diálogo social para la reforma laboral se halla en vía muerta; la reforma fiscal, después de tanto retraso, se mueve entre la levedad y el error; las medidas energéticas recientes
van en dirección contraria a lo conveniente para la necesaria seguridad jurídica y la confianza inversora; el superávit presupuestario es reconocidamente insuficiente y la reforma de la Ley de estabilidad presupuestaria ampliará las dificultades
para aplicar la política presupuestaria necesaria. En general, la política socioeconómica se desenvuelve entre el intervencionismo arbitrario -últimos reales decretos-ley en materia energética, Ley de igualdad- y la inhibición clamorosa frente a
los graves desequilibrios, con el consiguiente deterioro del sentimiento de los consumidores.
La responsabilidad de un gobierno en materia de política económica consiste en introducir de manera constante las reformas oportunas para propiciar un horizonte de confianza inversora y de oportunidades de
empleo. Y no hay que esperar, porque sería tarde, a que exista un clamor popular para tomar la iniciativa, escudándose en una aparente bonanza económica; aparente pero falsa, por tres motivos. En primer lugar, porque, de hecho, el aumento
de la población está haciendo que la renta per cápita crezca igual o menos que en otros países europeos, de manera que ahora no estamos avanzando en convergencia real con los países europeos. En segundo lugar, los desequilibrios de precios y de
balanza de pagos son tan graves que están minando nuestra competitividad económica a marchas forzadas. En tercer lugar, no se hace nada para afrontar con éxito los nuevos desafíos que presenta el escenario mundial: precios de los hidrocarburos
persistentemente altos, intensa y creciente competencia de importantes países asiáticos en numerosas manufacturas, los países comunitarios del este de Europa son una fuente de nueva e intensa competencia y, por último, hay que asumir la drástica
reducción para España de los fondos estructurales.
La inflación se halla en la órbita del 4 por ciento, la más elevada de la zona euro, el doble del objetivo razonable, y 1,7 puntos por encima de la media europea; es decir, el diferencial de inflación en estos momentos es el triple del que
teníamos a comienzos de 2004, y eso por sí mismo ya es una sentencia en materia económica, en la medida en que cualquier economista serio valora la importancia que tiene precisamente el tener una relativa estabilidad de precios. Y los precios
energéticos no pueden explicar este diferencial tan adverso que tritura la competitividad de nuestra economía, porque también los demás países sufren ese incremento de los precios energéticos. La explicación hay que buscarla a nivel interno en la
falta de liderazgo y nula coordinación de una política económica que debería ir dirigida a lograr un crecimiento sobre bases sólidas y estables. Sin embargo, estamos viendo cómo perdemos cuota de mercado en el interior, porque las importaciones
crecen el 13 por ciento, muy por encima de la demanda interna, mientras que las exportaciones han crecido el 5,8 por ciento en el año 2005, claramente por debajo del comercio mundial. Consecuencia: el cierre de la balanza de pagos en 2005 ha sido
el más deficitario, con el 6,7 por ciento, de la historia de España con datos conocidos. Y el futuro no es halagüeño, porque, además, España parte de una presencia muy escasa en los mercados que se presentan como más dinámicos, como es el caso de
los países del este de Europa y los grandes asiáticos emergentes.
No se ve que el Gobierno tome iniciativa alguna relevante o coherente para transmitir confianza y, por tanto, no es de extrañar el enorme deterioro que arroja el indicador de sentimiento económico de los españoles, elaborado por el CIS. Los
ciudadanos que consideran la situación económica buena o muy buena han pasado del 44,2 por ciento, en abril de 2004, al 24 por ciento, casi la mitad, en 2006; y los que la consideran mala o muy mala han pasado del 11,8 al 26,6 por ciento entre
ambas fechas, o sea, más que duplicado. En la misma línea, el indicador de confianza que elabora Eurostat sitúa a España en los dos primeros meses de este año en los niveles más bajos desde la crisis de 1993-1994, tras un descenso de 10 puntos. De
todas formas, cualquier experto sabe que los mayores temores para el desarrollo de un país no deben provenir de desafíos externos ni de la carencia de recursos naturales o de catástrofes ocasionales internas, como nos enseña perfectamente la
experiencia internacional, sino de la ausencia de una buena Administración, de no hacer lo que se debe, dejar pasar, no quemarse, inhibirse; o de hacer lo que no se debe, como sucede muchas veces con iniciativas costosas para rentabilizar un
populismo a corto plazo, sin pararse a analizar la factura para las finanzas públicas y la capacidad futura de crecimiento y empleo. Además, nuestro escenario económico nacional es complicado porque los mencionados desequilibrios y desafíos
internacionales están enmascarados, cual gangrena anestesiada, por la política monetaria europea, que nos proporciona tipos de interés reales negativos, haciendo atractivo el creciente endeudamiento de las familias, tanto para la adquisición de
viviendas como para mantener pujante el consumo, como ya hemos visto. Esto se traduce de manera creciente en empleo pero en otros países, se filtra hacia el exterior.
En este contexto nacional e internacional, que es claramente delicado -no podemos quedarnos simplemente pensando en que el PIB está creciendo algo más del 3 por ciento o que está aumentando el empleo, porque, de hecho, se están minando los
cimientos más importantes de la competitividad de nuestro país; ya no avanzamos en convergencia real- es en el que hay que situar las medidas que hemos adoptado; medidas que van en tres frentes.
Ya las conocen SS.SS., por lo que no voy a insistir
en ellas, pero hay claramente tres frentes. Uno, la necesaria flexibilización y funcionamiento más eficiente de determinados sectores como la energía, la distribución comercial, la agricultura, suelo y vivienda y el abastecimiento de agua. Dos, la
adopción de medidas para mejorar el mercado laboral. Es absolutamente vital que se flexibilice el mercado laboral, que la negociación colectiva establezca una relación más estrecha y directa entre la evolución del salario y la productividad y que
se reduzca la temporalidad. Finalmente, las medidas en materia presupuestaria y fiscal. Hay que reducir el consumo público. Se aprobó un mal presupuesto para 2006 y, de hecho, el consumo público está contribuyendo al enorme aumento del consumo
nacional y a los desequilibrios que estamos teniendo. Y, como dije al comienzo de mi intervención, la reforma fiscal es absolutamente miope. Es vital realizar una rebaja eficaz, efectiva y sustancial del impuesto sobre sociedades y del impuesto
sobre la renta de las personas físicas y no dañar el ahorro, como pretende la actual reforma fiscal. Hay que transformar el impuesto sobre sociedades, fijando un tipo muy inferior al actual, y además estableciendo práctica libertad de
amortizaciones, porque el escenario nacional e internacional tan delicado que tenemos exige esa
apuesta por aumentar la oferta, precisamente para mejorar la competitividad, para contener la inflación y aumentar el crecimiento sobre bases estables y de progreso para todos los españoles.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Folgado.
Muchísimas gracias.
¿Grupos parlamentarios que desean fijar posición, señorías? (Pausa.) Comenzamos por el Grupo Mixto. La señora Fernández tiene la palabra durante cinco minutos.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
Intervengo para exponer nuestra posición respecto a la proposición no de ley que acaba de defender el Grupo Popular, en la que se propone una batería de medidas con el objetivo de mejorar la competitividad y reducir los niveles de inflación.
Alguna de las propuestas podría recibir nuestro apoyo. Nos referimos, concretamente, a la que alude a fomentar el uso y la productividad de las energías alternativas y renovables, ya que desde nuestro punto de vista esta es la medida más eficaz a
medio o largo plazo para contrarrestar los incrementos del IPC provocados por la subida del precio del barril de crudo. La otra medida con la que podríamos estar de acuerdo se refiere a reducir la temporalidad en los contratos de trabajo.
Si bien
esta medida no tiene una relación directa con la evolución del IPC, sí se trata de una de las mayores y más preocupantes deficiencias del mercado de trabajo que es necesario corregir con urgencia. Estas dos propuestas de la proposición no de ley
podrían contar con nuestra posición favorable, pero el resto de las medidas -y son la mayoría- son en su conjunto inasumibles y además no resuelven el problema de la inflación que acaba de exponer el señor diputado, o enfocan su resolución, desde
nuestro punto de vista, desde una perspectiva liberalizadora que no compartimos. Tenemos que resaltar también que varias de las medias no guardan relación con la fundamentación realizada en la exposición de motivos de la proposición no de ley y en
la intervención del diputado que defendía esta proposición no de ley. Por tanto, tenemos que expresar nuestra posición contraria a esta iniciativa y trataré de explicar los aspectos que, desde nuestro punto de vista, merecen el rechazo del BNG a
esta propuesta del Grupo Popular.
El punto de fomentar la competencia en el sector energético bajo un rótulo que podría ser asumible -el de defender la libre competencia, la competencia oligopolista o monopolista-, en realidad, lo que esconde, desde nuestro punto de vista,
es la intencionalidad del Grupo Popular de reforzar su postura con respecto a la OPA de Gas Natural sobre Endesa.
Asimismo, la medida tendente a la liberalización del sector de la distribución no puede contar con nuestro apoyo porque es evidente
que es una medida que beneficia el nuevo modelo de comercio de las grandes superficies comerciales en detrimento del pequeño y mediano comercio, tan agredido por estos nuevos modelos de comercio. También se propugna en la proposición no de ley un
incremento presupuestario del Ministerio de Medio Ambiente para garantizar el suministro de agua. Esta propuesta, desde la perspectiva que nosotros tenemos de la iniciativa, defiende los criterios y la vigencia del antiguo Plan Hidrológico Nacional
del Gobierno de Aznar y, como SS.SS. saben, este proyecto fue rechazado en su momento por nuestro grupo debido a su fuerte impacto ambiental.
En la proposición no de ley se insta al Gobierno a una reforma que flexibilice el mercado laboral. Además del problema de la dificultad práctica de esta medida, detrás de la propuesta de ligar los aumentos salariales a los crecimientos de
la productividad se esconde en el discurso repetido hasta la saciedad por la derecha y la patronal la moderación salarial en la negociación colectiva. Además, sorprende que se hable de flexibilización laboral en un país donde la tasa de
temporalidad es la más alta de la Unión Europea de los Quince, lo que es sintomático del alto grado de flexibilización y precariedad de dicho mercado, como lo confirman diversos estudios e informes. Asimismo, en esta iniciativa se propugna una
reforma fiscal que significa una rebaja real del impuesto de sociedades y del IRPF. Desde el BNG tenemos una posición no muy favorable a la actual reforma del Gobierno puesto que, en nuestra opinión, supone una rebaja considerable de la recaudación
del impuesto, con lo cual entendemos que el Grupo Popular quiere profundizar mucho más en dicha rebaja. Tenemos que tener en cuenta que la presión fiscal en el Estado español se encuentra casi siete puntos por debajo de la media de la zona euro y
más de cinco puntos por debajo de la media de la Unión Europea de los Veinticinco, según los últimos datos del Eurostat, lo que hace menos comprensible aún ese empecinamiento en una rebaja de dichos impuestos. De ahí nuestro voto negativo a esta
iniciativa.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Fernández.
Continuamos con la fijación de posición. Por parte del Grupo de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra su portavoz en esta iniciativa, don Ángel Pérez.
El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, los precios no subieron en el mes de febrero con respecto al mes anterior. La contención en el segundo mes del año rebajó dos décimas la inflación interanual global, manteniendo la inflación subyacente en el 2,9. A pesar del buen
comportamiento en el mes de febrero, los precios siguen aumentando a un ritmo del 4 por ciento anual, que repercute negativamente sobre el poder de compra de las personas de menor de renta y, de hecho,
actuando como un impuesto regresivo sobre el consumo. En este sentido, la alimentación constituye uno de los artículos más básicos e imprescindibles y opera en un crecimiento del 4,3 por ciento. Por otro lado, la acumulación constante de
diferenciales de inflación con nuestros socios comunitarios repercute negativamente sobre las posibilidades de crecimiento de las empresas más abiertas a la competencia internacional, que son a su vez las más innovadoras y productivas. Ese
diferencial de precios no se explica por un aumento de los costes salariales, por lo que pediríamos al Partido Popular que se haga ver esa obsesión por mencionar la reforma laboral como una medida de competitividad. Los salarios negociados crecen
al 3 por ciento, esto es, por debajo de la inflación, y los costes laborales medios de las empresas aumentan una tasa inferior gracias al abaratamiento de los salarios de entrada y al aumento de la actividad en los sectores intensivos de mano de
obra poco cualificada. El crecimiento de los precios lo está impulsando el alza del crudo, pero también la falta de competencia del mercado interior español y un crecimiento económico basado en los sectores menos productivos y cerrados a la
competencia internacional. El diferencial de precios que se observa también entre la inflación subyacente española y la europea apunta hacia un aparato productivo menos eficiente energéticamente y a un sector de distribución energética menos
competitivo. En suma, circunstancias que tienen poco que ver con las medidas propuestas por el Grupo Popular, que hace dos tipos de propuestas desde ese pretendido espacio de centro, una hacia la izquierda y otra hacia la derecha. Hacia la
izquierda, el Partido Popular nos habla de fomentar la competencia en los mercados energéticos, que los consumidores puedan elegir entre varios proveedores de gas y electricidad, de acabar con el control férreo de las petroleras sobre los precios en
las estaciones de servicios, de la diversificación energética, de fomentar energías renovables y alternativas y de aumentar los presupuestos del medio ambiente. Señorías, sería para emocionarse si no fuera porque el Partido Popular ha estado
gobernando hasta hace dos años y, desde luego, de todas estas medidas, nada de nada; ninguna, en absoluto. Creo que se les ha olvidado poner una nota, un llamamiento diciendo que todo esto es urgente, en la medida en que como ustedes piensan, de
manera absolutamente legítima y normal, volver al poder decirle al Partido Socialista que se den prisa en hacer estas cosas porque cuando ustedes estén en el Gobierno no piensan aplicar ninguna, como han hecho cuando gobernaban. Hasta aquí la
poesía, luego viene la parte de la prosa, y la parte de la prosa es la de siempre. La reforma laboral, es decir, uno de los responsables de la situación económica es el mercado laboral, del crecimiento de la inflación, y por tanto responsable de
los males. Dentro del mercado laboral ¿quiénes? Pues los trabajadores, que es a los que hay que flexibilizar, por supuesto, como un elemento de competitividad. Hay que reducir la temporalidad para incrementar la productividad. Nosotros aceptamos
esto como un reconocimiento -ya era hora de que alguien lo realizara- de los gobiernos actuales y pasados, en el sentido de que fomentar la temporalidad impide el crecimiento de la productividad. Ni gobiernos anteriores ni este han planteado hasta
ahora seriamente esta cuestión. Contener la inflación, de la que se responsabiliza evidentemente al consumo, y del consumo, como siempre en el discurso de la derecha, terminarán siendo responsables los salarios y por supuesto los bajos tipos de
interés. Una reforma fiscal atractiva en un país que tiene siete puntos menos de presión fiscal que el conjunto de Europa, y menos impuestos a las empresas, es decir, el discurso conocido de la derecha de toda la vida. Legislación segura para los
arrendadores y para los arrendatarios, evidentemente, que también necesitarían ciertas garantías en cuanto a precios y fiscalidad. Y la vieja política de viviendas, que ya todos conocíamos: aumentar la oferta de suelo. Fórmulas fracasadas que
solo favorecen a los oligopolios y a los que tienen el suelo. Lo único que consigue la medida propuesta por el Grupo Popular en todas las comunidades autónomas en donde se ha aplicado es que los que tienen el suelo lo retienen y, de hecho, son los
que fabrican los precios y los que terminan fabricando las viviendas, que una veces son más necesarias que otras pero, en cualquier caso, inasumibles e inasequibles para los salarios de este país.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Pérez. Muchas gracias.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señora presidenta.
Da la sensación que a través de esta proposición no de ley lo que busca el Partido Popular es una disculpa o una justificación para plantear algunos temas de calado político cuyo interés es incluso ajeno o trasciende al título de la
proposición. Creo que no es el marco más adecuado para hablar de la OPA de Gas Natural, del Plan Hidrológico Nacional derogado, de las reformas del IRPF o de la reforma del mercado laboral. Lo pueden hacer SS.SS. porque están legitimados para
ello, pero creo que se pierde credibilidad y consistencia.
Tal y como reza en el título, en apenas dos páginas ustedes plantean un diagnóstico y las medidas oportunas tendentes a la mejora de la competitividad. Aunque sinceramente reconozco la capacidad de análisis y síntesis de sus portavoces
económicos, esto me parece un poco excesivo.
La proposición no de ley se denomina de medidas de mejora de la competitividad y en contra de la inflación. No voy a entrar en cuestiones semánticas, pero usted, señor Folgado, sabe perfectamente que
las medidas en contra de la inflación van orientadas a la mejora de la competitividad; constituyen o pueden constituir medidas clave de cara a conseguir una mejora de
la competitividad del sistema económico, pero no son las únicas, como ustedes bien saben, ni son independientes, como cabe deducir del enunciado, por tanto, quizá sería más correcto hablar exclusivamente de medidas de mejora de la
productividad.
Ustedes, para realizar un diagnóstico de la situación económica, utilizan indicadores que les vienen bien y esto rebaja cierta consistencia al análisis. La información que utilizan es parcial y está orientada no a profundizar en el
diagnóstico, sino a ofrecer la posibilidad de que realicen el discurso político que a ustedes les interesa. Por una parte, plantean un plan integral, pero, por otra, solo proponen algunas medidas sectoriales poco definidas y poco concretas;
sinceramente, muchas de ellas suenan bien, son medidas con las que podemos estar de acuerdo no solo el Grupo Vasco, sino el conjunto de grupos de la Cámara: fomentar la competitividad en los mercados energéticos, diversificación energética,
fomentar las energías alternativas y renovables, mejorar las conexiones energéticas, etcétera. Es cierto que medidas como la subida del precio de la electricidad, del gas y del petróleo no favorecen en nada; es más, impiden claramente la tan
deseada liberalización y competencia en el mercado energético y repercuten adicionalmente provocando el efecto indeseado de la subida del IPC. Promover actuaciones como el fomento de la competencia en los mercados energéticos es una medida positiva
pero insuficiente si no se aportan actuaciones y planteamientos concretos que no se encuentran ya en las políticas energéticas del actual Gobierno.
Respecto a otras medidas, como la propuesta de volver al Plan Hidrológico del Partido Popular, o la
reforma del impuesto de sociedades y del IRPF, tenemos nuestros lógicos reparos y seguramente, entrando a fondo, tendríamos bastantes diferencias. También nos da cierto temor cuando el PP o la derecha política y económica hablan de flexibilización
del mercado de trabajo. Esto, salvo que nos lo expliquen claramente -y en la proposición no queda suficientemente claro- nos suena a abaratamiento del despido, precariedad, salarios basura, aunque es verdad que inmediatamente ustedes proponen
medidas para reducir la temporalidad.
Utilizando un término -y en esto no quiero, señor Folgado, que usted se compare con el eurodiputado al que voy a hacer referencia- empleado por un eurodiputado del Grupo Popular, nos da la sensación de que esto
tiene algo de proposición trampa. Ustedes, legítimamente, quieren hablar, y lo entiendo, de otras cuestiones como la OPA, el Plan Hidrológico o la reforma del IRPF, y lo introducen aquí comprimido, de manera que es difícil llegar a ninguna
conclusión clara a través de esta proposición.
Seguramente tendremos oportunidad de hablar de todos estos asuntos que ustedes plantean; lo tendremos que hacer, y en algunas cuestiones estaremos de acuerdo y en otras no, pero, lamentándolo, no
vamos a poder apoyar esta proposición.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Azpiazu.
Turno del señor Puig en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana para fijar posición sobre esta proposición no de ley del Grupo Popular.
El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor Folgado, seguramente compartimos, sin ser tan apocalípticos, algunas partes del diagnóstico que usted refleja en la exposición de motivos de esta proposición no de ley que estamos debatiendo. El problema de la economía en el
Estado español es un problema de falta de competitividad, que si no se traduce en bajos niveles de crecimiento económico es por el comportamiento excepcional y coyuntural de determinados sectores económicos, como, por ejemplo, la construcción. El
modelo actual de crecimiento de la economía en el Estado se basa en la incorporación, por ejemplo, de mano de obra poco cualificada o en sectores como el de la construcción, poco o nada expuestos a la competencia exterior y nada sostenibles a medio
plazo, tanto desde el punto de vista ecológico como desde la propia demanda del sector. El crecimiento de la productividad, verdadero motor de los incrementos de bienestar económicos de un país, es bastante decepcionante. Estos elementos
configuran un panorama en el que, si bien no puede negarse que la economía crece a buen ritmo y la creación de empleo es notable, se vislumbran negros nubarrones para un futuro económico a medio plazo. Los síntomas más evidentes de los problemas
que se avecinan son el importante diferencial de inflación con los países de la Unión Europea y el creciente déficit por cuenta corriente. Queda claro que uno de los principales retos de la política económica del Gobierno para los años venideros
será poner en marcha todas aquellas reformas que sean necesarias para transformar el sistema productivo en el Estado español, con el objetivo de basar el crecimiento económico en el desarrollo de actividades que generen un mayor valor añadido,
apoyándose en una mano de obra más cualificada y productiva, y la inversión en conocimiento e innovación.
La presente proposición no de ley que nos propone el Partido Popular contiene un conjunto amplio de medidas excesivamente genéricas y poco detalladas, que presuntamente deberían contribuir a la mejora de la competitividad de la economía en
el Estado. ¿Qué evaluación nos merece este paquete de actuaciones de política económica? Algunas de las medidas propuestas por el Grupo Parlamentario Popular, de entrada, nos parecen sorprendentes, puesto que son actuaciones que no llegaron a
llevarse a cabo cuando muchos de los miembros del grupo actual tenían responsabilidades de gobierno. Podríamos preguntarnos cuáles han sido las contribuciones del Gobierno del Partido Popular, por ejemplo, al fomento del uso de las energías
alternativas y renovables, al fomento de la competencia entre distintos operadores en el mercado de hidrocarburos o la reducción de la
temporalidad en los contratos de trabajo, para así fomentar esa productividad de la que ustedes hacen gala. Cuanto más vehementes son las reclamaciones que ahora se hacen desde el Partido Popular, más evidente es la falta de iniciativas que
en todos los campos caracterizó los ocho años de gobierno del señor Aznar. Creo que todas las medidas propuestas son excesivamente genéricas y poco detalladas, por ejemplo, adoptar medidas que aumenten las posibilidades de diversificación
energética con el objetivo de garantizar un suministro más seguro, más barato y con el menor efecto posible para el medio ambiente. Esto, de entrada, suena bien, pero no pasa de ser una declaración de intenciones sin ningún tipo de contenido
sustantivo respecto de la operatividad de la medida, sus costes, etcétera.
Mención aparte nos merecen dos tipos de medidas que aparecen en el catálogo de esta proposición no de ley. La primera por poco rigurosa; la segunda, porque ilustra a las claras lo que el Partido Popular entiende por desarrollo económico en
pleno siglo XXI. Poco riguroso es que se proponga una política fiscal de contención del consumo público para reducir la tasa de inflación y en el siguiente punto se proponga una reducción de los impuestos. Mientras por una parte se propone una
política fiscal antiinflacionista, por otra se propone lo contrario.
Desde la marcha del señor Rato, el nivel de análisis macroeconómico del Partido Popular está descendiendo en su valoración.
Respecto a la referencia al Plan Hidrológico Nacional, es indicativa de las prioridades del Partido Popular en cuanto a sus estrategias de desarrollo económico para gran parte del territorio del Estado español.
El Plan Hidrológico Nacional
era poco más que un enorme despilfarro de recursos económicos, de recursos públicos, que tenía como objetivo hacer factible un desarrollo económico en determinadas zonas del país fundamentado en la construcción y en la agricultura, actividades poco
sostenibles y basadas en el empleo de mano de obra barata. ¿Es este el tipo de estrategia de desarrollo económico que debe diseñar un país europeo de renta media a principios del siglo XXI? ¿Realmente nos haría más competitivos? Sinceramente
creemos que sería mucho mejor para el progreso económico del Estado que los recursos públicos se invirtieran en el desarrollo de sectores económicos de futuro a medio y largo plazo, y no en operaciones de clientelismo político. En definitiva, es
una cuestión de estrategia, de una estrategia real para una economía realmente competitiva.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señor Sánchez i Llibre, continuamos con su intervención en nombre del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió para fijar posición en esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió comparte, igual que lo han hecho otros grupos parlamentarios, algunas de las conclusiones de la iniciativa legislativa que ha presentado el Grupo Popular ante esta
Cámara; sin embargo -y esto lo hemos manifestado con ocasión de la comparecencia de diferentes cargos del Ministerio de Economía y Hacienda tanto en la Comisión como aquí en el Pleno-, Convergència i Unió también ha planteado iniciativas dirigidas
a mejorar la competitividad de nuestro tejido industrial, ya que los niveles de inflación alcanzados en España prácticamente superan en un cien por cien los objetivos mínimos fijados desde la perspectiva de la Unión Europea, lo cual afecta
negativamente a la competitividad de nuestro tejido industrial, así como a los bolsillos de todos los consumidores y consumidoras españolas y desgraciadamente a las cuentas de explotación de nuestro tejido empresarial. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
Estamos de acuerdo con los aspectos nucleares de la iniciativa parlamentaria que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular, pero no ocurre lo mismo con algunas de las medidas o conclusiones que han planteado para conseguir que la
inflación pueda llegar a los porcentajes previstos en la Unión Europea y de los que está necesitada la economía española. Asimismo quisiera recalcar que en multitud de ocasiones a lo largo de esta legislatura hemos dicho que la bestia negra de la
economía española y el principal enemigo del ministro de Economía durante esta legislatura iba a ser la inflación y que si el Gobierno o en este caso el ministro de Economía no planteaba medidas de choque contundentes, probablemente se vería
afectado nuestro tejido industrial, tanto de pequeñas y medianas empresas como de grandes compañías, y que esta desviación de los índices de inflación también repercutiría negativamente en la generación de ocupación. Por tanto, repito que nos
oponemos diametralmente a algunas de las cuestiones que ha planteado el Grupo Popular, como podría ser la medida que hace referencia a la liberalización del sector de la distribución. En este aspecto nosotros estamos en el polo en cuanto al
planteamiento de la limitación de los horarios comerciales en función de las diferentes comunidades autónomas.
Por otra parte, tampoco estamos de acuerdo en establecer el Plan Hidrológico Nacional, ya que nosotros en su momento estuvimos en contra
de su desarrollo, aunque sí compartimos algunos de los aspectos puntuales que podrían ser interesantes para poder atajar la inflación.
Señorías, en mi opinión el aspecto fundamental para poder vencer la inflación en España no está en manos de la oposición ni de los partidos que apoyan al Gobierno -que no es el caso de Convergència i Unió-, sino que está en manos del
Gobierno, motivo por el cual quisiera hacer referencia ante este Pleno del Congreso de los Diputados a una iniciativa que ha presentado nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió en la Comisión de Economía y Hacienda para que en el plazo de
los próximos treinta días comparezca el ministro de Economía
y Hacienda y vicepresidente segundo del Gobierno para presentar un plan de choque efectivo contra la inflación. Pensamos que este es el sistema más efectivo y dado que algunos de los aspectos nucleares de su proposición no de ley no
coinciden con los postulados de Convergència i Unió, vamos a votar que no a la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez i Llibre.
Finalmente, Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. Señor Hierro, adelante, por favor.
El señor HIERRO RECIO: Muchas gracias, señor presidente.
Como es de esperar -creo que el señor Folgado lo entenderá también así-, el Grupo Parlamentario Socialista va a votar en contra de esta proposición no de ley, y va a votar en contra porque, siendo muy prudentes, le diría que esta proposición
no de ley carece totalmente de sentido, es más un instrumento de discusión que un instrumento de solución, y si no fuéramos prudentes -personalmente usted no se lo merece, pero su grupo últimamente sí-, yo le diría que es una patochada y me explico.
Su grupo propone trece presuntas medidas para combatir la inflación y mejorar la competitividad. De esas trece medidas, nueve, que son el 70 por ciento, caen en un error de principiante de policy maker, que es que confunden objetivos con medidas.
Es decir, nueve son objetivos, objetivos que suscribiríamos cualquiera de los que estamos aquí, algunos de ellos dados por solucionados por su parte hace ya mucho tiempo. Por ejemplo, aquí nadie va a dejar de asumir el objetivo de reducir la
temporalidad -ustedes lo dieron por solucionado con un decretazo que costó una huelga-; ni el de aumentar la oferta de suelo, aunque he oído alguna palabra por aquí al respecto, que ustedes dieron por solucionado con la Ley Montoro -y eso fue en la
primera legislatura que gobernaron ustedes-; ni el de aumentar la oferta de vivienda en alquiler: el 25 de abril de 2002 hubo un real decreto de medidas para la reforma económica donde ustedes daban por solucionado ese tema también.
En realidad,
ustedes ponen aquí una serie de objetivos, no de medidas.
Después hay otras dos de esas presuntas medidas que son retornos al pasado. Ustedes quieren solucionar las cosas volviendo hacia atrás y hay cosas que no tienen vuelta atrás. Por ejemplo,
el Estado no va a recuperar competencias en materia de apertura de centros comerciales y de horarios -porque no las va a recuperar-, ni se va a volver atrás en la reforma del Plan Hidrológico Nacional que fue aprobada por esta Cámara con la mayoría
prácticamente unánime de la misma, a excepción de ustedes.
Por tanto, son vueltas atrás que no son factibles ni creíbles.
Hay algo que es falso y contradictorio. Usted no puede echar la culpa de la inflación al exceso del consumo público cuando en toda su exposición de motivos hace referencia a factores de oferta: al incremento del precio del petróleo, a
falta de competitividad en los mercados, a problemas climatológicos... Todo cuestiones de oferta. Y ahora se saca de la manga el tema de inflación de demanda por la parte del consumo público cuando, curiosamente, por primera vez desde hace 30
años, hay superávit presupuestario.
En definitiva, si queremos hablar en serio de los problemas que nos aquejan, que existen, tenemos que valorarlos dentro del ámbito en el que estamos y de la situación económica en la que nos encontramos. Nos encontramos en una situación
económica con aumento de la producción y aumento de la convergencia, con aumento del empleo, disminución del desempleo y acercamiento a la media de la eurozona, con una estabilidad presupuestaria y unas cuentas públicas saneadas. Y me preocupa
mucho eso que usted ha calificado -creo que ha dicho- de gangrena anestesiada de la bajada del tipo de interés o de tipos de interés bajos, porque esa gangrena anestesiada es la que les ha permitido a ustedes el crecimiento económico durante los
ocho años que han gobernado, esa gangrena anestesiada.
Es cierto que la economía española tiene dificultades en dos materias: la inflación -me refiero al diferencial de inflación, no a la inflación en términos absolutos, y además todos los expertos coinciden en que en agosto volveremos a estar
prácticamente en el 3 por ciento, cuando se absorba el incremento de precios del petróleo, si no se produce un nuevo incremento gracias a las políticas bélicas y cosas de ese tipo- y el problema de la balanza de pagos por cambios estructurales de
nuestra economía y del exterior: de nuestra economía, porque hemos pasado a ser un país de economía desarrollada, con una moneda fuerte, lo que afecta al turismo; receptor de inmigrantes, lo que afecta a las transferencias con el sector exterior,
y también con cambios en la composición de la demanda de las materias primas y de los carburantes, como consecuencia del incremento de la demanda de China y de la India. Para eso existen las políticas estructurales y de eso es de lo que usted me
tiene que hablar: me tiene que hablar de I+D+i, me tiene que hablar de educación. Son políticas a largo plazo que ya se han puesto en práctica y ustedes saben que para su virtualidad o para su efectividad material requieren un cierto tiempo.
Dicho esto, por tanto, no puedo más que recordarle que vamos a votar en contra de su proposición no de ley.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones de las dos proposiciones no de ley que han sido debatidas. En primer lugar, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso sobre impulso de las relaciones de la Unión Europea con
América Latina y el Caribe y preparación de la cumbre de Viena, con las enmiendas del Grupo de Esquerra Republicana y del Grupo Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 312.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Segunda votación. Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la articulación de medidas de mejora de la competitividad y en contra de la inflación, que se vota en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 129; en contra, 183.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR RODRÍGUEZ), SOBRE LA NECESIDAD DE UN PLAN DE MEDIDAS GLOBALES, ESPECIALMENTE SOCIALES, LABORALES Y ADMINISTRATIVAS, DESTINADAS A TRABAJADORES AFECTADOS DE ASBESTOSIS Y A SUS FAMILIAS. (Número de
expediente 173/000122.)
El señor PRESIDENTE: Punto III del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, del Grupo Parlamentario Mixto sobre la necesidad de un plan de medidas globales, especialmente sociales, laborales y
administrativas, destinadas a trabajadores afectados de asbestosis y a sus familias. Para la defensa de la moción consecuencia de la interpelación urgente en un turno de siete minutos tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
La moción consecuencia de la interpelación que hicimos al señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales la semana anterior intenta ser coherente con el debate que mantuvimos y con las posiciones del Gobierno en relación con la resolución por
lo menos de los problemas más candentes que padece este sector de trabajadores afectados por asbestosis y sus familias. En este sentido, queremos dejar claro que nuestra moción tiene dos partes diferenciadas, aunque lógicamente interrelacionadas
entre sí.
La primera parte afecta sobre todo a cuestiones relativas a la problemática socioeconómica que padecen los afectados y sus familias, derivada sin duda alguna de una deficiente normativa administrativa y de cobertura social, como en todo
caso quedó claro también implícitamente en las palabras del señor ministro. Por eso, para el Bloque Nacionalista Galego es muy importante que se tomen en este apartado las siguientes medidas: en primer lugar, flexibilizar los criterios para el
reconocimiento de enfermedad profesional, tanto a los trabajadores expuestos al amianto como a todas aquellas personas afectadas, incluso no habiendo desarrollado una actividad profesional directamente relacionada con el mismo; en segundo lugar, la
consideración de la asbestosis, actualmente reconocida ya como enfermedad profesional, como invalidante por parte de los equipos de valoración de incapacidad, de acuerdo con los informes que se emitan por las unidades médicas específicas, por cierto
hoy prácticamente inexistentes. A partir de ahí consideramos que habría que tomar las siguientes cuatro medidas sustanciales: en primer lugar, incluir en el cuadro de enfermedades profesionales una serie de ellas matizadas en relación con la
afectación por asbesto y en concreto la carga, descarga o el transporte de mercancías que pudieran contener fibras de amianto, en términos análogos a las existentes para el carbunco, y además habría que posibilitar la declaración de una incapacidad
permanente total o de mayor grado cuando no existan dentro de las empresas puestos de trabajo exentos de riesgo por amianto compatibles con el estado de salud del trabajador.
Sabemos que hay otros dos objetivos que sin duda, a partir del debate que mantuvimos la semana pasada con el ministro, van a ser más difíciles de lograr, pero son objetivos irrenunciables, en concreto que se promulgue una norma que
posibilite el cese o las jubilaciones anticipadas sobre la base de la aplicación de los coeficientes reductores y que se establezca un sistema público de indemnizaciones para los afectados, como ya recomienda la Unión Europea, en concreto para que
se recoja en la legislación de los Estados el derecho a indemnización por causa de enfermedad profesional. Está claro que con la trasposición de la Directiva 2003/18, del 17 de marzo, mediante un proyecto de real decreto seguramente se va a mejorar
sensiblemente todo lo que tiene que ver con la seguridad y la salud aplicable a los trabajadores con riesgo de exposición al amianto, en concreto para que se actúe con la debida diligencia y cuidado, sobre todo por parte de las empresas que tengan
que llevar a cabo actividades de desamiantado. Nosotros tenemos claro que nuestro lema fundamental es que ningún trabajador afectado quede desprovisto de sus legítimos derechos, como dijo asumir el señor ministro.
En relación con la segunda parte, que se refiere a las administraciones sanitarias, está claro que hay que tener en cuenta las competencias autonómicas en la materia y que los programas de vigilancia de la salud deben de guiarse en concreto
por los siguientes criterios: la identificación de poblaciones de alto riesgo; el establecimiento de un registro fiable y global de afectados por el amianto, y aquí es muy importante tener en cuenta que, a la hora de concretar la oferta del señor
ministro de convenios del ministerio con las comunidades autónomas para hacer un estudio de identificación del colectivo afectado, el conocimiento exhaustivo de su situación sanitaria y la protección social que recibe, es fundamental
que se haga con las administraciones implicadas, en concreto las comunidades autónomas, para poder establecer un registro fiable y global de afectados. Por otra parte, nos parece sustancial la elaboración del protocolo para la realización
de autopsias, en el que se especifique la búsqueda de fibras de amianto, y después que se tenga en cuenta que hay que crear unidades específicas para realizar controles médico-preventivos en todas y cada una de las comunidades autónomas. Saben
ustedes que hasta ahora está funcionando exclusivamente el Centro de Silicosis de Oviedo, con todas las dificultades que esto ofrece para los trabajadores afectados por amianto que viven en otras partes del Estado español. Por último, nosotros
somos conscientes, igual que los afectados, de que es necesaria una garantía de coordinación entre los ámbitos sanitarios y laborales, especialmente en los supuestos de finalización de la relación laboral, y también, cómo no, de que hay que
desarrollar métodos de tratamiento, rehabilitación o prevención de la asbestosis. Esta parte que, sin duda, parece mucho más fácil de asumir y seguramente lo es desde el punto de vista político, sin embargo, tiene un gran valor preventivo, de
amparo y de seguimiento de cuál es la situación de los afectados y también de sus familias, y a la hora de legislar y amparar es fundamental.
Nosotros estamos en disposición de llegar a un acuerdo con el Grupo Parlamentario Socialista y también en esforzarnos por que sea aprobada esta moción con el apoyo de todos los grupos parlamentarios de la Cámara.
Es un compromiso que
significa un paso adelante. Esperamos que este compromiso se haga efectivo por parte del Gobierno y signifique un amparo mayor para los afectados y sus familias, sobre todo, para ir acabando con las sombras de discriminación e indefensión y con la
falta de coberturas sociales que, vuelvo a repetir, son urgentes. Si se aprueba esta moción, aunque sea en algún caso con alguna deficiencia, como es la falta de consideración de la posibilidad de la aplicación de coeficientes reductores, valoramos
que el resto pueda ser asumido y admitido, por lo menos en su esencia. Esperemos que las organizaciones de afectados que se van a concentrar mañana en las proximidades de este Congreso de los Diputados vean en esta moción y en su aprobación por
toda la Cámara la esperanza de que sus objetivos van a ser conseguidos, por lo menos en los aspectos fundamentales. Este es nuestro deseo también y espero que sea el de todos los grupos que hoy van a debatir esta moción.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a la moción tiene la palabra por cinco minutos, en primer lugar, por el Grupo Popular el señor González.
El señor GONZÁLEZ LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, subo a esta tribuna en representación del Grupo Popular para poner de manifiesto su posición respecto a la moción presentada por el Grupo Parlamentario Mixto relativa a la urgente necesidad del plan de medidas
globales, especialmente sociales, laborales y administrativas, destinadas a los trabajadores afectados de asbestosis y a sus familiares. Para iniciar mi intervención he de decir que el Grupo Popular es sensible y siempre lo ha sido respecto a este
particular, y así lo ponen de manifiesto las medidas del anterior Gobierno del Partido Popular con el adelanto en la aplicación de las directivas europeas, acortando incluso los plazos de aplicación, de 2005 a 2002, en la prohibición de la
producción, comercialización, instalación y utilización de todos los productos que contengan amianto y otros derivados del asbesto. A su vez, el Grupo Popular se posicionó a favor en las recientes proposiciones no de ley presentadas por distintos
grupos en la Comisión de Sanidad en este Congreso de los Diputados, que posteriormente, por asumir una enmienda de sustitución del Grupo Socialista, quedaron descafeinadas, devaluadas y carentes de contenido funcional para las demandas de los
afectados, como puede ocurrir con esta moción si el grupo proponente acepta la enmienda de sustitución del Grupo Socialista, plagada de indefiniciones, potencialidades, impulsos, estudios, con el único ánimo de demorar su implantación.
Es por la congruencia y consecuencia que caracteriza al Partido Popular en sus posicionamientos ideológicos de centro reformista, dirigidos a resolver los problemas que presentan las personas o colectivos de ciudadanos españoles, por lo que
votaremos a favor de esta moción. Si bien, para resolver una serie de posibles situaciones injustas, consecuencia de la redacción de la presente moción, hemos presentado un conjunto de enmiendas que a nuestro parecer enriquecen el texto. Por la
precariedad de tiempo no puedo detenerme ahora en pormenorizar una por una todas las modificaciones propuestas, sé que SS.SS. las conocen, pero sí he de incidir en que sería un error hablar exclusivamente, como dice el título de la moción, de
familiares afectados de los trabajadores expuestos cuando debemos hablar de convivientes, ya que según toda la literatura al respecto se ven afectados también todos los que manipulan la ropa de trabajo y los enseres de los trabajadores expuestos al
polvo del asbesto, los que lavan los monos de trabajo, las empleadas del hogar u otros convivientes que pueden inhalar estas microfibras del asbesto o del amianto, sufriendo a su vez las terribles consecuencias de esta enfermedad tanto a corto como
a largo plazo.
Por otra parte, señor Rodríguez, creo que es menester poner plazos para la aplicación de todas estas medidas. Todos sabemos de quién estamos hablando, a quién le corresponde la ejecución y aplicación del contenido de esta moción, si es que
resulta aprobada: a un ministerio dirigido por un ministro que nunca dice que no pero que raramente es que sí; a un ministro que hoy dice que no nos moverán, en relación con los archivos de Salamanca,
y mañana, y tómese como metáfora, está cargando las cajas con todos los documentos; a un ministro que da unos datos en las respuestas a las preguntas escritas a las diputadas y diputados de este Parlamento y al subir a esta tribuna los
multiplica por dos, a su conveniencia, como ocurrió la semana pasada con la diputada Susana Camarero; a un ministro que funambulista y prestidigitador de la palabra las hace desaparecer como un mago bajo la chistera del tipex, además del donde dije
digo, digo Diego; por otra parte, un ministro que no está presente para escuchar la moción que corresponde a su departamento.
Así termino, señor presidente, y concluyo con una serie de propuestas que hace el Grupo Popular con respecto a esta moción. Proponemos extender la aplicación de esta moción no solo a los trabajadores expuestos al polvo del asbestos y a sus
familiares, sino también a los convivientes; proponemos un plazo de tres meses para aprobar y ejecutar el programa de vigilancia de salud de los trabajadores expuestos al amianto y a los convivientes, y que esto se realice en el marco de la
Conferencia Sectorial; proponemos la elaboración de un mapa de riesgo que delimite los ámbitos territoriales de incidencia singular a esta exposición y a las poblaciones de alto riesgo de enfermedad; proponemos la revisión del Plan de buenas
prácticas en el marco de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en relación con el desamiantado; proponemos la elaboración de un plan de detección precoz de asbestosis en colaboración con las comunidades autónomas; proponemos la puesta en
marcha de un programa específico de atención sociosanitaria, que además coordine las actuaciones sanitarias, sociales y laborales.
Desde el Grupo Popular proponemos estas cuestiones y esperamos que esta vez no se plieguen a las propuestas descafeinadas del Grupo Socialista como en la Comisión de Sanidad, para que todo quede en una propuesta elocuente pero que de nada
sirve para las decenas de miles de afectados condenados a la insuficiencia respiratorio y al cáncer por la inhalación del polvo del asbestos.
Nada más, señor presidente, y muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González. Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Membrado.
El señor MEMBRADO GINER: Señor presidente, señorías, yo creía que íbamos a hablar de una enfermedad profesional grave que afecta fundamentalmente a los trabajadores que han estado inhalando amianto durante muchos años, que algunos de ellos
están en situación comprometida y otros perdiendo la vida. El señor representante del Partido Popular ha utilizado un hecho tan luctuoso y tan comprometido como este, desde el punto de vista social, para hacer una descalificación de una serie de
elementos fundamentales de la gestión del Ministerio de Trabajo, y no me parece que sea el momento adecuado para ello. Es un tema lo suficientemente serio como para no hacer demagogia. Además, me gustaría recordarle al Partido Popular una
cuestión. Todo lo que ha dicho usted en la tribuna, han tenido ocho años para hacerlo. Háganlo. (Una señora diputada: ¡Muy bien!) Si lo hubiesen hecho, hoy no tendrían que haber subido a esta tribuna a decirlo.
Me parece una moción muy interesante y, desde nuestro punto de vista, el Bloque Nacionalista Galego ha tenido el mayor grado de colaboración a la hora de buscar unas enmiendas transaccionales con las que pudiésemos sentirnos cómodos y que
nos permitiesen avanzar. Queremos agradecer al Bloque la posición que ha mantenido coherente y absolutamente respetuosa con las víctimas, con las personas afectadas, con el trámite parlamentario y con su posición el otro día en la interpelación y
hoy en la moción. Señorías, estamos hablando de una enfermedad que afecta a miles de trabajadores y trabajadoras, que han estado en contacto con el amianto, que han estado manipulándolo y que hoy en día todavía están viviendo en el entorno de
edificios y de cualquier otro habitáculo contaminado del mismo. Estamos hablando de un mineral milagroso en el siglo XX por sus cualidades ignífugas, que pasó a ser denunciado, primero, prohibida después su manipulación y comercialización, para
ponerse en marcha a continuación, en la mayoría de los países de la Unión Europea, mecanismos para su preservación y erradicación. Estamos ante un problema que lleva más de 30 años, sobre el que se está regulando en nuestro país durante ese tiempo,
sobre el que hay cantidad de normativa dispersa en el conjunto de todo el Estado español desde el año 1983, y que se necesita actualizar y optimizar, porque desde el punto de vista jurídico es necesario, pero desde el punto de vista científico,
médico y sanitario es urgente. Eso es lo que está haciendo el Ministerio. A eso es a lo que se va a comprometer hoy el Ministerio a través de las enmiendas que hemos presentado. Es fundamental realizar un trabajo que vaya dirigido a las personas
que están afectadas por haber trabajado en empresas donde manipularon amianto. Por eso es imprescindible cerrar el listado de enfermedades profesionales aprobado hace 28 años, que no ha sido actualizado. Un grupo técnico lo está elaborando en
estos momentos y en el que se recogen los problemas derivados de la inhalación de asbestos, así como la lista de neoplasias relacionadas con la inhalación del polvo del amianto. Es un elemento fundamental porque, partiendo de ese listado de
enfermedades profesionales, los trabajadores y las trabajadoras afectadas por esta enfermedad van a tener mayor posibilidad y mayor rapidez a la hora de declarar una enfermedad profesional como esa, y sin problemas a para acogerse a los beneficios
económicos, sociales y sanitarios. Por eso apoyamos algunos de los planteamientos del señor Rodríguez en el punto segundo y en las letras a) y b).
Otra de las líneas de trabajo que está desarrollando el Ministerio es la que pretende preservar a aquellos trabajadores que todavía están en contacto con el amianto,
para lo cual está realizando la trasposición de la Directiva Europea 2003/18, con la intención de que en esa trasposición se recopile toda la normativa jurídica que sobre ese tema se está realizando. ¿Para qué? Con una intención bien
clara: para que los afectados sepan dónde recurrir y para que aquellos que tienen que trabajar en desamiantado tengan en estos momentos las garantías de la prevención y la información suficiente.
Otra línea de actuación, la tercera, es el seguimiento de la salud del conjunto de los trabajadores expuestos al amianto. ¿Por qué? Porque consideramos que en estos momentos es necesario tener un índice de personas afectadas, un control de
las empresas que tienen todavía trabajadores realizando algún tipo de actividad y que han tenido algún tipo de contaminación. Eso se está haciendo ya y se tiene la intención de hacerlo.
Nosotros no estamos de acuerdo -y lo sabe perfectamente el señor Rodríguez- en hacer una modificación de la edad de jubilación basándose en la aplicación de coeficientes reductores. Y no estamos de acuerdo porque para nosotros el problema
es que esta es una enfermedad profesional, en estos momentos no es una actividad nociva, tóxica, insalubre o peligrosa; por tanto, lo que tenemos que facilitar a los trabajadores es que cuando estén afectados por esta enfermedad profesional lleguen
a tener los elementos necesarios para ser tratados como tales y tener las coberturas adecuadas de carácter social y sanitario.
Respecto al fondo de gestión, que planteaba también la propuesta del señor Rodríguez, no estamos de acuerdo, porque es un fondo que no tiene marco jurídico al que acogerse. Si es necesario tener recursos para poder atender a esas personas,
que se haga por la vía de los Presupuestos Generales del Estado.
El señor PRESIDENTE: Señor Membrado, lo siento, ha concluido el minuto de cortesía.
El señor MEMBRADO GINER: No quisiera terminar sin antes dar las gracias a todos aquellos que han estado trabajando para poder prevenir esta enfermedad en distintos colectivos, sindicatos y organizaciones de carácter social, que
indudablemente van a ver con buenos ojos la solución que hoy proponemos.
Gracias. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Estaba recordando, con notas obtenidas de los archivos de la Cámara, el debate que en su día mantuvimos en la Comisión de Asuntos Exteriores, y quiero recordar una magnífica intervención del entonces portavoz del Grupo Socialista, don
Ciriaco de Vicente -estoy hablando del año 1989-, en la convalidación del convenio o acuerdo, que venía de la firma en 1986 en Ginebra, sobre utilización del asbesto en condiciones de seguridad.
Era una iniciativa de la anterior Organización
Internacional de Trabajo que, con el tiempo, ha llegado a cuajar en lo que ahora se trata de hacer y reconocer. Creo que se reconoce de una manera acertada -quiero dar este reconocimiento al grupo proponente, al BNG- y mi grupo lo va a votar
favorablemente, más aun si el BNG, como grupo proponente, acepta la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista. Estamos de acuerdo en que un problema que tenemos que atender es la calificación como enfermedad profesional para
todos los trabajadores que estén en contacto con el amianto o asbesto, que yo creo que es el fondo de lo que plantea la iniciativa del grupo proponente, del BNG.
Cuando hicimos el convenio sobre utilización del asbesto en condiciones de seguridad se había alertado sobre esto. Hoy es un problema general, porque nos encontramos no solo con los trabajadores que están en industrias especializadas en el
uso del asbesto o amianto para trajes ignífugos, materiales de prevención de incendios en locales, hoteles, etcétera, sino que hay un problema en la construcción, que es la demolición o la habitabilidad de determinados edificios, muchos en España,
donde se emplearon técnicas de aislamiento ignífugo en las paredes con fibra de amianto. Muchos edificios de España tienen las paredes de las habitaciones de las viviendas protegidas contra el fuego con amianto, ya que en aquella época existía la
creencia de que esa enfermedad profesional no estaba relacionada con la presunta y después evidente toxicidad del amianto o asbesto.
De ahí que nosotros consideremos que esta actuación viene a recoger el propio compromiso del Estado español con los organismos internacionales, a través del acuerdo firmado en 1989, y recoge ahora la trasposición de la directiva comunitaria
del año 2003 para atender esta cuestión, que es un problema real que está ocurriendo, y nosotros tenemos que determinar legislativamente estas actuaciones.
Por estas razones, señorías, vamos a votar favorablemente esta iniciativa, así como las enmiendas presentadas. Sobre todo, vemos con gran sentido de la oportunidad -aunque no somos quienes tenemos que aceptarlo o no- la enmienda que ha
defendido el portavoz del Grupo Socialista, que creemos que tiene los fundamentos adecuados, sobre todo la invocación a la trasposición de la directiva de la Unión Europea.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Tiene la palabra la señora García.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, empezaré por hacer desde aquí un reconocimiento, como también hicimos hace muy pocos días en la Comisión de Sanidad, a todas las familias afectadas por este gran problema de la asbestosis y, sobre todo, a las asociaciones de
familias afectadas y, como se ha dicho aquí, a los sindicatos que desde hace años y años están intentando que este problema se ponga encima de la mesa y en la agenda de resolución. Algo a lamentar es que, por un lado, quizás estamos repitiendo
demasiado las cuestiones que es necesario abordar y, por otro, quizá se sea poco eficiente en su resolución.
Hace pocos días aprobamos en la Comisión de Sanidad unas proposiciones que presentamos el señor Rodríguez, por el BNG y yo misma, en nombre de mi grupo parlamentario. No importa que insistamos en este tema si esto lleva verdaderamente a una
solución, pero la reflexión que nos hemos de hacer es que ya tenemos que pasar a las acciones. Allí aprobamos por unanimidad aquellas proposiciones y acordamos que trasladaríamos a la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales algunas de las propuestas
que presentaba tanto el Grupo Parlamentario Mixto como mi grupo porque tenían que ver más bien con aspectos relacionados con aquella Comisión. Así lo ha hecho mi grupo parlamentario y ha registrado otra proposición para su debate en esta Comisión.
Adelanto que ojalá no fuera necesario discutir esta nueva proposición porque de la aprobación de esta moción -parece que ser que ustedes han llegado a un acuerdo con el Grupo Socialista y nosotros nos alegramos- se derivara esa consecuencia. Si no
es así, nuestra proposición se encargará de poner este tema encima de la mesa todas las veces que sea necesario. Deseo recordar -fue un acuerdo de la Comisión de Sanidad- que también hemos registrado la petición de creación de una Subcomisión para
trabajar en profundidad en este tema. ¿Por qué? Por todas las consecuencias y ramificaciones que tiene esta enfermedad, que no está catalogada como tal, y que tiene en una situación de desprotección a muchísimas familias y personas que la están
padeciendo.
No voy a alargarme. Quiero dejar constancia de que hace falta un compromiso y una voluntad clara de que se cumplan los acuerdos que ya se han ido tomando. Ya ha habido acuerdos concretos con las comunidades autónomas dentro del Programa de
vigilancia de la salud, aprobado por el Consejo Interterritorial, pero a pesar de tener las competencias transferidas, está teniendo un desarrollo desigual en las comunidades autónomas. En definitiva, debemos empezar a exigir que se cumpla todo lo
aprobado, lo aprobado en estos últimos días, lo que vamos a aprobar hoy, lo que se aprobó en la Comisión de Sanidad y, por supuesto, todos aquellos acuerdos con los sindicatos que hace tiempo que se desarrollaron. No deberíamos tener que discutir
más sobre este tema y, en todo caso, deseamos que la moción de hoy sea un paso más en la resolución del mismo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García.
Grupo Vasco, doña Margarita Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señor presidente. Sé que con mi tamaño escapo a su visión pero me estaba acercando para ahorrar tiempo.
También yo quiero empezar reconociendo el mérito del diputado del Bloque Nacionalista Galego, señor Rodríguez, respecto de la cuestión que hoy nos trae a esta Cámara, en este caso referida fundamentalmente, aunque no solo, a aspectos
sociales, laborales y administrativos. En el deambular de las iniciativas que se presentan para ser tramitadas en comisiones, por aquellas cosas de los deseos de la Mesa en la adjudicación de las materias, lo que en su día él pretendía que fuese
una propuesta global acabó llevándose a la Comisión de Sanidad y Consumo, quedando por tanto desgajados de ella los aspectos referidos a otras cuestiones, dándose prioridad a las que tenían un contenido preferentemente sanitario.
Mañana hará dos meses que se vio como proposición no de ley en la Comisión de Sanidad y Consumo junto a otra presentada por el Grupo de Izquierda Verde a la que también ha hecho referencia la señora García. En aquella ocasión el señor
Rodríguez decía que se veía obligado a tratar exclusivamente las cuestiones que se referían al ámbito sanitario y medio ambiental y que no desistía de que las cuestiones de índole laboral y social, a las que antes yo también he hecho referencia,
fuesen finalmente llevadas a la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales. Las ha traído al Pleno y dada la magnitud del problema que se aborda nos parece una solución adecuada, como también nos pareció adecuado en su día el llamamiento que hacía en
su intervención -y que se recoge en la propuesta de la moción que nosotros vamos a apoyar- al respeto escrupuloso que debe tenerse respecto a lo que les corresponde hacer a las comunidades autónomas en esta materia, sin demérito de la colaboración y
coordinación que deban existir entre ellas, y a la necesidad de trasponer la directiva que ha sido citada por todos los intervinientes, la 2003/18 de la Unión Europea.
La señora García hizo referencia a los retrasos que ha habido en esta materia puesto que en el Parlamento Europeo desde el año 1978 se empezó a hablar de los peligros del amianto y de la posibilidad de ser considerada sustancia cancerígena.
Después comenzó, como ha ocurrido hoy aquí, el rifirrafe entre las dos formaciones mayoritarias para decidir quién no hizo qué en su tiempo y a quién le correspondía. Creemos que la magnitud del asunto que se trae merece una decisión de toda la
Cámara en su conjunto. A nosotros nos parece bien el contenido de lo presentado por el Bloque Nacionalista Galego. En el mismo sentido, creemos que puede haber puntualizaciones interesantes de las dos formaciones políticas. En todo caso,
manifiesto que nuestro grupo, como ya lo hizo en la Comisión de Sanidad, va a votar favorablemente esta iniciativa, e insistimos en que la gravedad de los asuntos tratados y la importancia de las medidas a
adoptar, sobre todo en la adecuación de las medidas en el ámbito de lo sanitario y de la investigación, requerirían un acuerdo unánime de esta Cámara.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Uría.
Esquerra Republicana, señor Tardá.
El señor TARDÁ I COMA: Señor presidente, en primer lugar queremos felicitar al diputado del Bloque Nacionalista Galego por el acierto de presentar la interpelación que permite debatir la necesidad de priorizar un conjunto de iniciativas y
la adquisición de una serie de compromisos para con los afectados de asbestosis y otras enfermedades producto del contacto con el amianto, y no solo por la gravedad de las enfermedades sino también por el número de personas afectadas y la gran
cantidad de profesiones a las que concierne, desde el servicio de bomberos a los trabajadores del sector textil, del transporte y, sobre todo, del sector de la construcción. En el caso catalán ha sido y es un problema ciertamente preocupante.
Cataluña es uno de los territorios en donde tradicionalmente se ha dado un buen número de casos de la enfermedad, ligada -repito- al sector de la construcción, muy concretamente a raíz del uso de materiales manufacturados, hoy día prohibidos pero
que durante muchos años fueron de gran consumo industrial. En el año 1998 Cataluña todavía era la primera comunidad autónoma con mayor impacto, y en algunas ciudades de Cataluña, en concreto en Cerdanyola del Vallès, a raíz de la instalación y de
la larga vida de una empresa como Uralita, ha habido una gran cantidad de afectados, es más, existe una asociación de afectados, y debo decirles que hemos sido espectadores de relatos francamente trágicos, desde aquellas mujeres que contrajeron
enfermedades a raíz del contacto en el lavado de las ropas de sus maridos hasta niños que, acostumbrados a llevar la comida a su padre en la empresa, contrajeron enfermedades. Por tanto, hablamos de algo muy sentido en algunas zonas industriales,
también de Cataluña. Hoy se ha controlado el uso de esos materiales nocivos, pero ello no obsta para que aquellos obreros que han padecido y padecen las consecuencias de una deficitaria política de seguridad y salud laboral así como la falta de una
mejor inspección laboral sean reconocidos y especialmente protegidos por nuestro sistema, máxime cuando todavía existen algunas enfermedades o patologías como algunas afecciones bronquiales crónicas que no son todavía reconocidas como causadas por
el amianto.
Por tanto, valoramos muy positivamente la moción porque además de abarcar de manera integral tanto la reparación como la indemnización de las personas afectadas introduce nuevos reconocimientos de la enfermedad profesional. En definitiva,
entendemos que es una moción extensa y rica en propuestas. El contenido de la moción acoge, a grandes rasgos, las recomendaciones de los criterios establecidos en Helsinki en 1997, que han formado parte del guión de los sindicatos y de las
reivindicaciones en seguridad y sanidad laboral. Todo ello nos lleva a felicitar al grupo proponente por el contenido de la moción.
Vale la pena introducir un apunte final a manera de reflexión. Nosotros no hemos enmendado lo que diré a continuación, pero creemos que conviene dejarlo dicho. De la misma manera que cuando muchos de nuestros trabajadores eran condenados a
contraer enfermedades relacionadas con el amianto y en otros Estados con legislaciones laborales más avanzadas ya no era posible este contacto, hoy día deberíamos ser conscientes de lo injusto que es que se desplacen los peligros hacia Estados
africanos o sudamericanos mediante inversiones productivas que no van acompañadas de medidas de seguridad laboral en tanto en cuanto estos países receptores tienen legislaciones laborables parecidas a las que había en nuestro Estado años atrás y que
fueron la causa de que tantos obreros contrajeran en muchísimos casos enfermedades incurables. Por todo ello, reitero la felicitación al Grupo Nacionalista Galego por el acierto de presentar la interpelación y la riqueza de la moción, que pensamos
aprobar.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tardá.
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Como el resto de los portavoces, queremos felicitar al Bloque Nacionalista Galego por el contenido de esta moción, orientada a activar un paquete de medidas globales dirigidas a trabajadores afectados por asbestosis, en la medida en que
tanto el texto que el Bloque Nacionalista Galego ha puesto encima de la mesa como el que finalmente vamos a votar como resultado de la transacción que se ha alcanzado con el Grupo Socialista constituye un paquete realmente ambicioso de medidas que
el conjunto de las administraciones públicas, y especialmente la Administración General del Estado, debe ser capaz de tomar en los próximos tiempos en relación con las personas afectadas por la contaminación por amianto y sus familiares.
Como digo,
el texto es ambicioso, sin ningún complejo y aborda las principales cuestiones pendientes en esta materia. En la interpelación que el señor Rodríguez formulaba al ministro la semana pasada recordaba el activismo en su país, en Galicia, en relación
con esta cuestión y otros territorios del Estado, como Cataluña, compartimos esta inquietud, ya que en nuestro país también ha habido trabajadores contaminados por el amianto. Esta propuesta que viene de Galicia, que responde a necesidades de la
sociedad gallega, afecta al conjunto de los ciudadanos del Estado.
Como se recordaba también en el debate entre el señor Rodríguez y el señor Caldera la semana pasada, a lo largo de estos últimos 30 años esta realidad ha cambiado, los gobiernos,
en los distintos niveles, han ido adoptando medidas para superar esa situación, y en nuestro caso podríamos recordar algunas de las iniciativas que se tomaron por el Departamento de Trabajo de la Generalitat cuando gobernábamos en Cataluña.
Pero la realidad es terca y lo cierto es que aspectos sustanciales a los que hacía referencia el señor Rodríguez no se han resuelto en estos años, por lo que esta moción es absolutamente necesaria y bienvenida. En el texto que finalmente vamos a
votar se nos recordaba que hay un primer paquete de medidas de carácter socioeconómico y la petición de trasposición de una directiva -termina el plazo este próximo mes de abril- que debe configurar un ordenamiento jurídico claro, ordenado y
actualizado en esta materia. Hay una segunda cuestión que es fundamental, la actualización del listado de enfermedades profesionales, una demanda importante en esta materia, pero importante también para otras muchas cuestiones relacionadas con la
salud en el empleo, un compromiso que el Gobierno viene arrastrando -lo venía arrastrando el anterior Gobierno y este también- y esperamos que esta moción sea un nuevo estímulo para, efectivamente, actualizar esa lista de enfermedades profesionales.
Por otra parte, tenemos la consideración de la asbestosis como enfermedad invalidante por parte de los equipos de valoración de incapacidades, cuando, de acuerdo con los informes que se emitan por las unidades médicas, se acredite la existencia de
dolencias incapacitantes, una vieja demanda en este ámbito, y estudiar el establecimiento de un mecanismo de resolución que satisfaga las justas reclamaciones de los afectados. Ahí se abre una vía que vamos a ver qué da de sí, pero es importante
que el Gobierno haga esta aproximación desde este punto de vista.
Un segundo paquete son las medidas en el ámbito de la salud, desde el punto de vista preventivo, de común acuerdo con las comunidades autónomas. Un paquete de medidas absolutamente necesario, como citaba el señor Rodríguez en su
intervención la semana pasada y que hemos leído en diversos informes impulsados por los sindicatos. Es un problema con una perspectiva de larga duración. Haber utilizado el amianto hace 30 años va a tener consecuencias durante largo tiempo y es
normal y previsible que, desde la perspectiva de la política de salud, seamos capaces de impulsar un plan como el que esta moción contiene.
Termino, señorías. La iniciativa es acertada, adecuada y es bueno que hoy seamos capaces de ponernos de acuerdo en esta Cámara sobre esta moción del Bloque Nacionalista Galego.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Campuzano.
Respecto a las enmiendas, señor Rodríguez, ¿tendría la amabilidad de confirmar si las acepta o las rechaza?
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Señor presidente, teniendo en cuenta que se respeta la parte fundamental de la moción y que es un paso adelante, vamos a aceptar la transacción del Grupo Parlamentario Socialista.
Consideramos que las enmiendas
del Grupo Parlamentario Popular no son significativas y no las vamos a aceptar porque la transacción tiene una coherencia al margen de las mismas.
El señor PRESIDENTE: Queda claro. Gracias, señor Rodríguez.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), SOBRE LA RECLAMACIÓN DE LOS INTERESES DE DEMORA DE LOS CRÉDITOS CONCEDIDOS POR LAS RIADAS DE 1987 POR PARTE DEL ICO. (Número de expediente 173/000123.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la reclamación de los intereses de demorar de los créditos concedidos por las riadas de 1987 por parte del ICO.
Para la defensa de la moción tiene la palabra por siete minutos el señor Cerdà.
El señor CERDÀ ARGENT: Señor presidente, señorías, en este momento estábamos en los bancos discutiendo sobre las posibilidades que puede tener la resolución negociada de este conflicto que se alarga ya más de 20 años. Lo que proponemos no
es exactamente una barra libre, un botellón ni una condonación de créditos. No; estamos hablando de aquellos créditos que, a 31 de diciembre del año 2001, quedaron pendientes de ser cobrados.
No es la primera vez que este grupo parlamentario hace
llegar esta inquietud a la Cámara y propone que haya una solución negociada para todas aquellas familias que ya en 2001 ó 2002, cuando ya se habían hecho diversas demandas y había habido diversas oportunidades de pago de esos créditos, se
encontraban en esta situación, de manera que pudiera buscarse una solución negociada y pactada que diera satisfacción a todas las partes y, por supuesto, a las 7.284 familias -préstamos- que en un momento determinado no habían devuelto esos
créditos. En este momento no estamos pidiendo que se haga tabla rasa ni que se acabe con este problema porque sí. Estamos pidiendo que se sienten en la mesa y negocien; que aquellos créditos que han sido cobrados con un interés abusivo, a los que
se llegó después de muchas vueltas, tengan un proceso de negociación. No lo decimos ahora; lo decíamos ya la primera vez que presentamos aquí una iniciativa parlamentaria, el 29 de septiembre del año 2204, en la que pedíamos que a estas 7.200
familias, que están repartidas en zonas de Lleida, en el País Valenciano -en la zona de la Ribera, la Marina Baixa y L´Alacantí-, así como en zonas de Murcia, pudieran acogerse a una solución negociada, que se paralizaran los juicios que estaban
teniendo lugar, que se estudiaran los casos y que se abriera una negociación con todos los interesados para
solucionar este conflicto. Desde esta primera iniciativa que, como ya he dicho, presentamos en septiembre de 2004 hasta ahora, no hemos tenido ninguna salida negociada al conflicto. Al final, estos créditos han ido por la vía ejecutiva en
la que el ICO, que tenía responsabilidades después de haber heredado las deudas de otros bancos de la banca pública, traspasa esta cartera al BBVA. Éste inicia una campaña -vía telegramas- de reclamación de estos créditos. Una sentencia en un
juzgado de Orihuela la para porque efectivamente no le corresponde al BBVA la citada reclamación. Es otra vez el ICO, quien inicia la campaña ya en el año 2002, el que hace pagar a estas familias -muchas de ellas en situación de pobreza- no solo
los intereses normales de cualquier situación crediticia, es decir, el crédito y los intereses normales, sino unos intereses de demora abusivos. A tal nivel que en muchas sentencias se ha pagado el 164 por ciento más de la cantidad adeudada 20 años
después de la petición del crédito. Y esto se hace de la manera en que se hace: el ICO hereda de otros bancos una deuda; pasa la ejecución al BBVA; el BBVA la externaliza a un bufete de abogados y el bufete de abogados va a tanto la pieza,
cobrando a cada uno de los que puede condenar por el impago de estos créditos. Por cierto, en las audiencias de Lleida las sentencias son absolutorias del pago de estos créditos; en las de Valencia en algunos casos son condenatorias a pagar el
crédito más los intereses globales y en otras los intereses de demora; y en las de Murcia los afectados son absueltos de toda carga, incluso del pago del nuevo crédito. Esta no es una solución igualitaria ni justa para todos aquellos damnificados
por una catástrofe ocurrida en el año 1987 para la que pidieron un crédito.
Con nuestra moción les pedimos que reflexionen un poco, que estudien, negocien y tramiten de forma nítida, cosa que no se hizo en 2002. No lo digo yo, lo piden centenares de mociones presentadas en ayuntamientos con el voto del Grupo
Popular, con el del Socialista, con el del Bloque Nacionalista Galego, con el de Unión Valenciana, con el nuestro; en definitiva, con el de todos los grupos parlamentarios, que les piden que se sienten con los damnificados y busquen una solución
negociada. Ustedes mismos lo hicieron. El director del ICO bajó a Alicante en plena campaña electoral diciendo que esto se tenía que condonar por justicia social.
Pues bien, háganlo. Nosotros les pedíamos una solución negociada. ¿En qué momento
estamos ahora? Desde septiembre de 2004 hasta ahora hemos presentado iniciativas, pero las han rechazado y mientras, se han ejecutado vía judicial todas las sentencias una detrás de otra. En aquella que han cobrado, han cobrado, y en la que no, no
han cobrado. Eso a ustedes les parece un trato justo, digno de un Gobierno que se llama progresista. Pues bien, señores, a nosotros no nos parece un trato justo, por lo que les pedimos que estudien, negocien y tramiten de forma nítida y
transparente -como no se hizo en el año 2002-, un sistema que indemnice a aquella gente que han sobrecastigado a la hora de pagar un crédito, a todas aquellas personas que han sufrido un trato discriminatorio; son ustedes los que van a decir
quiénes han sufrido un trato discriminatorio al abonar al ICO unos intereses abusivos. En mi opinión, es abusivo pagar un 164 por ciento más, y el propio ministro admitió que había muchos casos en este sentido. Inicien un estudio, una negociación
y una tramitación respecto a estos intereses abusivos; examínenlos y, en su caso, indemnícenlos. Les estamos pidiendo que paralicen los pocos casos de ejecuciones judiciales que en estos momentos están pendientes, porque ya no estamos en el
momento de parar o condonar la deuda. Se ha ejecutado el 90 por ciento de las reclamaciones vía judicial, pero si queda alguna pendiente, paralícenla. Como digo, siéntense, estudien, negocien y tramiten una solución nítida y pactada. No estamos
pidiendo nada del otro mundo. Esta es nuestra petición, y como usted bien sabe, también la de la mancomunidad de La Vera, que agrupa a todos los ayuntamientos, donde todos los grupos sin excepción votaron la misma propuesta. Creemos que estamos en
el momento adecuado para sentarse y hablar, y aunque desde nuestro de punto de vista sea tarde, más vale tarde que nunca. Compensen ese daño que han hecho a muchas familias que no son pudientes, sino trabajadoras; campesinos, labradores de las
diferentes huertas, ya que muchas de ellas van a tener serios problemas para devolver estos créditos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cerdà.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a la moción, por un turno de cinco minutos tiene la palabra la señora Navarro en representación del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.
Parece evidente que estamos ante un caso clarísimo en el que la inoperancia del Estado o el mal hacer -como es no haber notificado, uno por uno, esa posibilidad extraordinaria de reducción de intereses, sino simplemente publicarla en el
Boletín Oficial del Estado y en Internet, como si todos los ciudadanos estuvieran permanentemente pendientes de las publicaciones del Boletín Oficial del Estado- ha acarreado al final un grave perjuicio para los ciudadanos. Este perjuicio se
resuelve de manera desigual, según criterios judiciales, generando una evidente inseguridad jurídica, y también ha tenido una solución distinta en función de cómo hayan actuado los afectados; cada uno tomó una decisión y se encuentran en
situaciones diferentes. En conclusión, nos encontramos con resultados dispares y disparatados. Hoy por hoy, hay ciudadanos a los que se les reclama el 164 por ciento de la cuantía que tenía la deuda. Nadie se la pidió durante más de 12 años,
motivo por el cual incluso algunas sentencias les otorgan la razón; también hay sentencias que les otorgan la razón por no haberse llevado
a cabo esta notificación, uno por uno, a los afectados. En definitiva, lo que pide esta moción -y también lo pedimos a través de nuestra enmienda- es que se dé una solución.
El Gobierno, por poner excusas, adujo la semana pasada que no se podía dar una solución porque ello significaría otorgar un trato discriminatorio, es decir, no tratar a todos por igual. Eso no es más que eludir el compromiso real de cambiar
esta situación y dejar de perjudicar a todos aquellos que en su día recibieron un préstamo pensando que se les estaba solucionando una situación terriblemente grave, que actualmente se suele solucionar a través de reales decretos, con
indemnizaciones cuya vuelta nunca se reclama. No pretendan eludir sus obligaciones con mera retórica.
Los datos son alarmantes y contundentes. El proceso, una mera vergüenza para el Estado y para el funcionamiento de las instituciones públicas.
Las sentencias, como digo, de todos los colores, generando grave inseguridad jurídica porque los afectados no saben cómo van a resolver su situación, en qué ampararse ni qué actuación es la que les puede beneficiar en mayor medida. El Gobierno,
respecto a las sentencias, dice que no hace valoraciones y otorga una solución igual para todos, incluso para los que ya se ha resuelto que tienen que abonar. Retrotraigan las actuaciones y no dejen desamparados a los ciudadanos que en su día
vieron en la actuación del Estado una solución que se les ha vuelto en su contra. Es evidente que está en sus manos. Tampoco se amparen en que no pueden incumplir la ley, porque tienen margen de actuación. De hecho, aprobaron una proposición no
de ley y enmiendas a los presupuestos, pero después no ejecutan nada de lo que aprueban. Por eso, vamos a apoyar esta moción, incluya o no nuestra enmienda, en la que pedimos una dotación suficiente para solucionar este problema, que es la realidad
que sufren los ciudadanos de la Ribera en su día a día y que les está asfixiando.
Dejen de mirar hacia otro lado y solucionemos los problemas reales de los ciudadanos.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Navarro.
Grupo Parlamentario Socialista. Señor Torres.
El señor TORRES BALAGUER: Muchas gracias, señor presidente.
Estamos ante una de estas cuestiones a las que todo el mundo quiere buscar una solución, pero a veces la solución trae consigo múltiples derivadas que no pueden ser dejadas de lado. Aquí hay unos antecedentes, unos créditos por riadas, por
una situación catastrófica. Estamos hablando de 1987, pero tenemos que tener en cuenta que hay múltiples decretos que afectan a muchas riadas de casi todas las zonas de España. En aquel entonces, las antiguas entidades o sociedades de crédito
-Banco Hipotecario, Banco Exterior y, fundamentalmente, Crédito Agrícola- conceden unos créditos. Esos créditos pasaron a Argentaria cuando asumió las acciones de estas entidades y en 1993 el ICO asume la titularidad.
Más tarde acuerda con el BBVA
la gestión y administración de estos créditos. Hay que tener en cuenta que se ha producido ya un acuerdo de condonación del 80 por ciento de los intereses de demora en el año 1999, se amplía al 2000 y, finalmente, hasta septiembre de 2001 fue
posible acogerse a esta condonación. A título de ejemplo, en 1992 hablábamos de 50.400 operaciones; en 2004, de 3.258; ahora, apenas quedan 2.000 operaciones pendientes. Es decir, han sido satisfechos ampliamente los intereses y el principal
que, por cierto, inicialmente, era tan solo por 6 años. Es cierto y podemos aceptar que ha habido circunstancias atenuantes. Son catástrofes recurrentes -es verdadera mala suerte la de mi tierra que recurrentemente tiene inundaciones-; es cierto
que muchos de los actuales titulares han sufrido confusiones porque han entendido que no eran créditos sino subvenciones; es cierto que en este periodo de tiempo los intereses han sido notablemente gravosos -todos recordamos intereses por encima
del 10 y del 15 por ciento-; es cierto que en esta cesión de titularidad se han producido durante este tiempo periodos de espera, situaciones de incertidumbre y también es cierto que hasta ahora la normativa del ICO, muy estricta, no ha permitido
negociar fácilmente.
Pero todo esto no impide que consideremos que los que han pagado podían haber sufrido una discriminación evidente. Ahora hay sentencias diferentes, unas condonan los intereses y otras no y sería de imposible cumplimiento la
propuesta de Esquerra.
Es voluntad del Grupo Socialista solucionar los problemas de los que tengan una especial dificultad y, por lo tanto, hemos presentado una enmienda transaccional. Si no lo hiciésemos así, se podría producir un efecto demostración sobre los
créditos a riadas ex ante, es decir, todos los que se han producido desde 1982, que hay muchísimos pendientes, y ex post; nadie querría devolver créditos que el Estado le diera para catástrofes y, por lo tanto, tenemos que buscar una solución
puntual a los más de 2.000 créditos pendientes. La transaccional trataba justamente de facultar al ICO para que facilitara una solución negociada de las deudas pendientes como resultado de los procedimientos en curso. Esa resolución negociada se
llevaría a cabo con aquellos que lo solicitaran y estaría basada en un análisis de los intereses devengados por las operaciones y el aplazamiento de la deuda. Es decir, sería posible una solución de aquellos que cumplieran determinados requisitos.
No podemos perdonar a quien no ha pagado porque no ha querido y tenemos que proteger a aquellos agricultores, ciudadanos y ciudadanas que han hecho un esfuerzo notable. Probablemente pueda haber algún caso que tenga condiciones suficientes para
haberlo pagado y que no haya querido simplemente por su propia voluntad. Por consiguiente, esa solución negociada afectaría a quien tiene verdaderamente necesidad.
A mi grupo le hubiese gustado llegar a un acuerdo con Esquerra Republicana, dar satisfacción también en este
caso a Izquierda Unida, pero no ha sido posible, aunque entiendo que el texto que proponemos se acerca muchísimo a las pretensiones de Esquerra.
Quedamos abiertos, ahora si es posible y, si no, en un futuro, para solucionar el problema de
esta gente que todos queremos alcanzar. Ribera Alta, Marina Alta, L'Alacantí, Alto Vinalopó, son comarcas que llevamos todos en el corazón, señor Cerdà, señora Navarro, no solamente Esquerra, Izquierda Unida o el Partido Popular. Todos queremos
solucionarlo y les ofrezco la voluntad de mi grupo para hacerlo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Torres. (Aplausos.)
Fijación de posiciones. (Pausa.) Señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Estaba recordando que en una de las campañas electorales que se realizaron en Venezuela por el entonces candidato don Carlos Andrés Pérez, este ofreció condonar toda la deuda agraria que tuvieran los agricultores venezolanos con las
instituciones oficiales del Estado. Así lo hizo y se acabó con el sistema. Tenemos que ser muy prudentes en evitar disparar con pólvora de rey cuando se está hablando de compromisos de devolución de créditos.
La iniciativa que hoy traía el Grupo de Esquerra Republicana la veo totalmente inviable e improcedente y voy a decir por qué. Es improcedente porque sentaría un precedente. Si aprobamos un precedente como este, habría que hacelo en lo
sucesivo para todos los daños en cosechas, bienes y servicios de los ciudadanos por catástrofes naturales tales como riadas y tormentas. Si junto a los habituales reales decretos-leyes de medidas de emergencia para paliar los daños, suprimiendo las
rebajas de cuota de la Seguridad Social, etcétera, se abre una línea de créditos especiales o subvencionados, como a la Administración se le ocurra un cambio en la obligación de restituir estos créditos, con un principio legal y contractual, este
precedente haría inviable establecer en lo sucesivo líneas de este tipo. Pacta sunt servanda y, por tanto, hay que cumplir los pactos. Esto obliga a una disciplina institucional. Estas condiciones son valoraciones subjetivas que en una campaña
electoral valen como discurso, pero no como realidad de Gobierno.
El punto segundo de esta iniciativa de Esquerra Republicana viene a ordenar la paralización de las demandas y ejecuciones judiciales promovidas por el ICO. Esto sí sería adoptar medida arbitraria y discrecional que iría en contra, por
agravio comparativo, de los afectados que han cumplido con sus obligaciones contractuales en la devolución de los préstamos concedidos. Si nos basamos en la literalidad del punto primero, cuando habla de estudiar, negociar y tramitar de forma
nítida y transparente un sistema de indemnizaciones compensatorias para todas las personas que han sufrido un trato discriminatorio, estamos globalizando a todos, a los que ya pagaron, cumplieron y están haciendo su vida normal y a los que no han
cumplido. Porque, ¿quién califica que ha habido un trato discriminatorio hasta el momento presente? En segundo lugar, ¿quién hace la calificación de intereses abusivos? Nos encontramos con la situación llamativa de haberse producido una
ambigüedad en sentencias judiciales, unas que han condonado y otras que no. Eso es responsabilidad del Poder Judicial y cada magistrado o juez tendrá sus motivos para haber determinado esa situación. Si aprobáramos la moción originaria, señor
presidente, estaríamos rompiendo una de las prácticas habituales del mercado crediticio, la relación de bilateralidad y contractual que hay entre el acreedor y el deudor. El acreedor está habituado -la práctica lo dice diariamente en las entidades
crediticias, bancos o cajas de ahorros- a que cuando hay dificultades de morosidad en los pagos se entra una negociación individual. Tenemos que dar nuestro voto negativo a esta moción, salvo que fuera sustituida por lo que nos parece que está más
dentro de la racionalidad de los usos y costumbres de una negociación indicada en el organismo que vuelve a ser receptor de esta capacidad de renegociación, como es el Instituto de Crédito Oficial.
Tanto el portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista como el de Esquerra Republicana han contado -más en detalle el portavoz socialista- los antecedentes del cambio de titularidad de la ejecución de los créditos por los intereses que devengaran. Nosotros entendemos que ir a una resolución
negociada encomendada al ICO caso por caso individualmente puede dar una satisfacción que respete los principios de legalidad, porque la moción que trae Esquerra Republicana cuestiona el principio de legalidad de los mercados restituidos por
créditos de este tipo, aparte de que genera un precedente que mi grupo considera muy peligroso para una normalización en lo sucesivo de todo este tema y que crearía un problema en los que ya han cumplido, que ahora se presentarían otra vez, a través
de un contencioso, a exigir a la Administración que se reconsiderasen hasta las propias sentencias judiciales que les dieron en su día, sobre todo las que fueron de condonación.
Por estas razones mi grupo votaría favorablemente la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista si se aceptara por el grupo proponente en esos términos, pero no podemos aceptar la idea que trae la moción de Esquerra Republicana.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.
Intervengo muy brevemente para fijar la posición política de nuestro grupo en relación con la moción que plantea hoy Esquerra Republicana de Cataluña. Parafraseando a mi compañero Olabarría, podríamos decir que
este es un tema que tiene bastantes aristas y que puede tener jurídicamente bastantes problemas para que el Gobierno pueda dar satisfacción plena a la moción que hoy se plantea. Dicho esto, será un problema que el Gobierno tendrá que
administrar y arbitrar con prudencia, y lo que vamos a hacer desde nuestro grupo es fijar cuál es nuestra posición política, que es -y lo adelanto- favorable a Esquerra Republicana de Cataluña en el siguiente sentido. Se ha explicado aquí por parte
de diferentes portavoces cuál es la problemática, cómo hubo en su día una condonación, cómo unos se acogieron a esa condonación y otros no, y ahí unos pueden pensar que no se acogieron porque creyeron que en el futuro les saldría todavía más barato,
otros simplemente no se enteraron, y yo quiero pensar que la gente no se enteró, de hecho, y sobre la base de sentencias judiciales posteriores de diversa índole se han producido unas situaciones bastante distintas entre unos y otros cuando el
objeto y el problema era el mismo. Se ha producido una situación discriminatoria de hecho entre unos afectados y otros.
De esta manera, lo que plantea Esquerra es: si hay un trato discriminatorio, resuélvase. Esto, desde una posición política, sin mirar los posteriores problemas que puedan derivarse de esta ejecución, entendemos que parece razonable
defenderlo, y en este sentido lo defiende también nuestro grupo. Creemos que las palabras que aparecen en la propia moción, como estudiar, negociar y tramitar, pueden tener el alcance que todos les podamos dar y que en este caso el Grupo Socialista
o el Gobierno les pueda dar. No quiere decir que no se vaya a hacer en serio, sino que son palabras que tienen margen de negociación y de acuerdo. Yo no sé si el segundo punto de la moción, el de ordenar la paralización de los derechos y
ejecuciones, es algo fácil, yo no soy abogado, pero entiendo que si se ha llegado a un acuerdo por las partes, con una negociación previa entre el Instituto de Crédito Oficial y el deudor para retirar la demanda, tampoco tendría que haber ningún
problema. Insisto, en este sentido la posición de nuestro grupo, sin entrar en las consecuencias que pueden derivarse de la tramitación sino en el fondo de la discriminación, y entendiendo que esta discriminación no se debiera producir, es de votar
favorablemente esta moción.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Azpiazu.
Grupo Parlamentario Catalán. Señor Grau.
El señor GRAU I BULDÚ: Muchas gracias. Muy brevemente, para fijar la posición de nuestro grupo respecto a esta moción que presenta el Grupo de Esquerra Republicana. Nos disgusta enormemente que hoy no se haya conseguido aquí una posición
de consenso sobre la voluntad de resolución de un problema. Todos somos conscientes de la existencia de la necesidad de aportar una vía de solución a determinados casos específicos, en unos casos se pide globalmente una reconsideración y en una
contrapropuesta que hace el Gobierno se habla de pormenorizar y negociar directamente con las personas afectadas. Estamos hablando de más o menos 2.000 créditos, un tema del que se ha hablado bastantes veces en esta Cámara y que hoy no va a quedar
resuelto. No es por esta vía por la que vamos a dar una solución y satisfacción a todas estas personas. No es por esta vía por la que vamos a solucionar situaciones que se han ido deteriorando y acumulando disparidades y desajustes en toda su
tramitación que, en muchos casos, no son asimilables las unas con las otras. Es por ello que nuestro grupo declina tomar posición sobre esta moción a la espera de que los grupos consigan un acercamiento de posiciones para que las ciudadanas y
ciudadanos afectados obtengan de esta Cámara una resolución favorable.
El portavoz de Coalición Canaria, más bregado en el tema jurídico, ha aportado elementos concluyentes para no ofrecer esta globalización. Por tanto, nuestro grupo se abstiene porque entendemos que estableceríamos disparidades y precedentes
que no serían buenos para el futuro. Aquí hemos votado este año y el anterior leyes para las heladas, para la sequía, y en muchos casos se ha hablado de créditos y de ayudas específicas y de condonaciones de la Seguridad Social. No sería nada raro
entablar negociaciones que condujeran a arreglos satisfactorios para todas las partes. Un arreglo satisfactorio para ambas partes, aunque no fuera total, terminaría con una situación que hoy no va a solucionarse.
Es imprescindible el acercamiento
de posiciones, el consenso es absolutamente necesario, porque en caso contrario no vamos a progresar.
Creo que esto es lo que esperan los ciudadanos de esta Cámara. Por ello, no vamos a poder explicar los grupos el mantenimiento de una posición de
negociación con otra en términos diferentes, porque ni unos vamos a dar a entender que se cumple con la legalidad ni otros van a poder entender que se ha escuchado su problemática. Por ello, nuestro voto va a ser el de la abstención y no nos vamos
a pronunciar en ninguna de las dos propuestas.
Nos hubiera gustado que hubiera prevalecido la voluntad de negociación porque entendemos que la posición del Gobierno es la de acercarse al administrado e intentar resolverle de forma personal sus
problemas.
Lamentamos que esto no sea así y que no podamos salir hoy de esta sesión con unos objetivos marcados para resolver para estos más de 2.000 créditos las condonaciones, las reducciones o las negociaciones de parte de los intereses.
Estamos hablando de situaciones judiciales que tampoco podemos entrar a discutir en esta Cámara, pero en sentido político tenemos que encontrar una solución intermedia a la cual se avendrían los que han pagado y los que no han pagado también, y el
Gobierno tendría por medio de ICO una solución intermedia al caso. Esto no se va a dar aquí, esta no es nuestra moción y, por ello, no la vamos a votar favorablemente y nos vamos a abstener.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Grau.
Grupo Popular. Señora Ramón-Llin.
La señora RAMÓN-LLIN I MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.
Son diversas las situaciones de catástrofe que se produjeron en la Comunidad Valenciana en los años ochenta del pasado siglo XX, 1982, 1987, 1988 y 1989, que quedarán desgraciadamente para siempre en la memoria de las valencianas y los
valencianos. Muchos de ellos vieron cómo perdían sus casas, sus tierras, sus enseres, algo que realmente marcó un antes y un después fundamentalmente en la comarca de La Ribera. Aunque han pasado casi veinte años, no solo sigue vivo en la memoria
de los valencianos sino también en el bolsillo de muchos de ellos, que todavía ven con gran inquietud esta situación que resulta tan extraña después de varios procesos judiciales y de sentencias contradictorias que en nada aclaran la situación y que
aquí se han comentado.
Por otro lado, es bien cierto que este tema no es nuevo en esta legislatura, lo hemos tratado en dos ocasiones en la Comisión de Economía y Hacienda sin obtener avances en lo que hace referencia a los créditos de la riada del año 1987, que
es la que hoy se plantea en esta moción, que resultaron imposibles de pagar y que han generado, como se ha dicho, elevados intereses de demora, viéndose los afectados inmersos en demandas y ejecuciones judiciales promovidas por el ICO. Ahora
estamos ante una clarísima propuesta del Grupo de Esquerra Republicana, que trae al Pleno de la Cámara tras romper su idilio con el Grupo Socialista mantenido en esta y en otras muchas materias, y hoy tenemos todos los grupos parlamentarios la
posibilidad real de resolver un problema que se encuentra enquistado desde hace muchos años. Al respecto, la pasada semana, en el debate de la interpelación que da origen a esta moción, el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía
y Hacienda, el valenciano señor Solbes, decía literalmente que los gobiernos no pueden hacer lo que quieren, pueden hacer lo que legalmente están autorizados a hacer. Este Gobierno sí hace lo que quiere, este Gobierno hace todo menos lo que tiene
que hacer, y este Gobierno hace o no en función de a quién beneficia. Ese sectarismo tan escandaloso debería ruborizarles y, por supuesto, como se ha dicho aquí, lo que les conviene lo arreglan rápidamente vía real decreto. Tienen una oportunidad
de demostrar que todas las cosas les importan por igual.
Pero hay más. Revisando el 'Diario de Sesiones' el portavoz de Economía del Grupo Socialista, señor Torres, decía el 9 de febrero del pasado año en la Comisión de Economía, también respecto a los créditos de la riada, que el Estado ya hizo
un ejercicio de solidaridad, hubo un ejercicio solidario del Estado, refiriéndose al ejercicio de solidaridad ejercitado por el Gobierno del Partido Popular en el año 1999 cuando, tal como ha explicado el señor Torres en su anterior intervención, se
produjo una condonación de parte de los intereses de demora. Además, aunque ya se produjo la solidaridad, como él dijo, no obstante quisiera recordar que la solidaridad es un concepto que no se agota con su utilización y que se puede y se debe
ejercitar tantas veces como sea necesario, y precisamente en esta ocasión, señores socialistas, lo es. Efectivamente, lo que piensan los ciudadanos es que el Gobierno Socialista sí que está demostrando que hace lo que quiere para quien quiere, pero
no en este caso para los afectados por la riada de 1987 que, dicho sea de paso para los que no son de la Comunidad Valenciana, no afecta a los votantes de un partido o de otro, sino a muchos ciudadanos de extracción básicamente humilde. En este
sentido no se está gobernando con unos criterios de solidaridad y mucho menos con una solidaridad hacia los valencianos. Aquí se han recordado también los muchos acuerdos de diferentes ayuntamientos, el pasado año el Ayuntamiento de Alcira, la
mancomunidad de la Ribera, que tomaron acuerdos precisamente en la línea en la que se han ido presentando las diferentes iniciativas, algunas de las cuales han muerto por el camino textualmente y que lamentablemente no vemos una voluntad para
resolver.
Quisiera finalizar mi intervención no con unas palabras del Grupo Popular, ni mucho menos, que efectivamente vamos a votar favorablemente a esta propuesta, como ya creo que se deduce de mi intervención, sino con unas declaraciones de la
Asociación de damnificados por los préstamos en los medios de comunicación del pasado mes de noviembre. Decían los damnificados que su situación contrasta con lo ocurrido recientemente con el PSC que ha conseguido que un banco le condone la mitad
de la deuda que arrastraba desde 1994, y dicen ellos: Los damnificados no tienen tanta suerte en que se les condone la deuda ni se pacte con ellos en lugar de embargarles. Está claro que los más pobres son los que siempre tienen mala suerte. Hoy
el Gobierno Socialista demostrará que ni es solidario ni se preocupa de los más desfavorecidos, sino que está interesado en otras cuestiones de empresas mucho más importantes. Por todo ello creemos que es una auténtica vergüenza lo que se produce.
Muchas gracias. (Aplausos.-Varios señores diputados: Muy bien.)
El señor PRESIDENTE: Señor Cerdà, a título de aceptación o rechazo, ¿podría confirmarlo?
El señor CERDÀ ARGENT: Mi grupo no va a aceptar ninguna de las dos enmiendas propuestas ni por el Grupo Parlamentario Socialista ni por Izquierda Verde. Nuestra propuesta supera la propuesta hecha. En todo caso, no es el momento.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. (Número de expediente 173/000124.)
El señor PRESIDENTE: Continuamos con el orden del día. Moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre la violencia de género. Para la defensa de la moción consecuencia de la interpelación, por siete minutos, tiene la palabra
la señora Camarero.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, la semana pasada celebramos una interpelación muy importante para el Grupo Parlamentario Popular. Hablamos de violencia de género y echamos de menos una explicación más profunda por parte del ministro de Trabajo
sobre algunas cuestiones de la ley que nos preocupa y sobre las nuevas medidas impulsadas por el Gobierno. Esta explicación no se produjo, pero sí asistimos a un gran enfado del ministro cuando pusimos de relieve las deficiencias de esta ley tras
más de un año de su puesta en marcha, enfado que le llevó a asegurar que no le importaban nada las críticas de la oposición. Es decir, al Gobierno del talante le molesta soberanamente que la oposición ejerza su labor y su responsabilidad de control
al Gobierno. El ministro Caldera, en su arrebato, exigió al Grupo Parlamentario Popular alguna solución al grave problema de la violencia. Pues bien, señorías, en este afán del Grupo Parlamentario Popular de colaborar con el Gobierno a mejorar la
ley, hemos presentado esta moción con nueve puntos que intentan poner solución a algunas de las deficiencias que un mal desarrollo de la ley han puesto de manifiesto. El primer bloque de estas medidas redundan en la seguridad y protección de las
mujeres maltratadas e insisten en mejorar la implantación de las medidas de telealarma, teleasistencia y dispositivos móviles. Establecer, además, un programa individualizado de protección a las víctimas que tengan una orden de protección e
incrementar el número de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Para el Grupo Parlamentario Popular la protección y la seguridad de las víctimas es fundamental y una de las partes de la ley que más debemos cuidar, porque es la
que más y mejores resultados pueden darnos a corto o medio plazo. En este sentido, nuestro objetivo sería mejorar las herramientas con las que hoy cuentan las víctimas y que se coordinen las mismas de la mejor forma posible, buscando optimizar
recursos y que resulten lo más útiles posibles. Hace unos meses debatimos una proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular para el establecimiento de un plan de seguridad personalizado, y a pesar de que esta iniciativa no prosperó, desde el
Grupo Parlamentario Popular creemos necesario insistir en su importancia. En esta seguridad se deben coordinar los efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, policías autonómicas y, cómo
no, Policía local, y además reclamar nuevos efectivos. En este sentido, debo recordar que el Partido Popular impulsó la creación y desarrollo de las unidades especializadas dejando presupuestado y planificado el incremento de efectivos, algo de lo
que se ha beneficiado claramente el Gobierno del Partido Socialista.
Sin embargo, y a pesar del anuncio del Gobierno de la existencia de 1.102 efectivos, que no coinciden ni con lo que dicen los sindicatos ni lo que reflejan sus páginas oficiales
-y les remito a las páginas de la Guardia Civil que reconoce solo la existencia de 132 agentes de las Emumes, mucho menos de lo que reconoce el Gobierno y menos de los que contábamos con el Gobierno del Partido Popular-, a pesar de ello, creemos que
las más de 59.000 mujeres que denunciaron el pasado año malos tratos y las más de 35.000 órdenes de protección solicitadas reclaman más esfuerzo y más efectivos. Para una efectiva protección creemos necesario combinar los agentes con instrumentos
como la teleasistencia. Por eso, la baja implantación de estos sistemas, fruto a nuestro entender de una mala planificación y de una mala coordinación con las comunidades autónomas, nos preocupa y nos hace solicitar un mayor esfuerzo del Gobierno.
No podemos entender que este sistema no funcione cuando en otras comunidades como la Valenciana, donde lleva años implantado, está funcionando a la perfección.
Hay otros puntos importantes en la moción que quiero tratar someramente por la falta de tiempo, como es la necesidad de poner en funcionamiento los 21 juzgados exclusivos de violencia prometidos para antes de que finalice 2006. Hemos
debatido largamente sobre esta cuestión en otras ocasiones y hemos coincidido todos en la necesidad de incrementar la planta de los juzgados exclusivos. Hace solo unos meses aprobamos por unanimidad una moción del Grupo Mixto, de la señora Barkos,
en la que se pedía al Gobierno la implantación de más juzgados sin concretar el número. Hoy queremos ser más precisos y cuantificar el número de juzgados que se necesitan. Creemos que es necesario el mandato del Parlamento, un compromiso firme
ante la difícil situación que viven estos juzgados y que nos obliga a no dejar pasar más tiempo sin que se convierta en una realidad. También creemos necesario modificar el Real Decreto por el que se crea el Observatorio estatal de violencia sobre
la mujer, con el fin de dar mayor participación a las asociaciones de mujeres, decreto que fue aprobado el pasado 3 de marzo en Consejo de Ministros sin contar con el consenso de las asociaciones de mujeres, que han criticado abiertamente la
composición del mismo. Fruto de estas críticas se amplió hasta cinco el número de plazas que correspondía a las asociaciones, aunque estas siguen reclamando que se replantee el modelo, más presencia y una presidencia autónoma; es decir, un modelo
que garantice su independencia.
Nosotros compartimos con las asociaciones la necesidad de que se les conceda más cupo, ya que cinco plazas de las 31 que componen el observatorio son, desde nuestro punto de vista, escasas; además, no tiene ningún
sentido que la presidencia la ostente un miembro del Gobierno, en este caso, la delegada del Gobierno contra la Violencia, porque esto impedirá que cumpla sus objetivos, que son vigilar y controlar la gestión del Gobierno. Nos sorprende que el
Gobierno pretenda controlarse a sí mismo.
Creemos desde el principio están haciendo las cosas mal en este observatorio.
Hay un grupo de medidas dirigidas a los grupos más vulnerables y que requieren acciones eficaces en cuanto a la detección, a la protección y a la erradicación de la violencia. En este grupo especial hemos incluido a los menores, a las
mujeres inmigrantes y a las discapacitadas. En cuanto a los menores, podemos reabrir un debate, que debe ser más amplio y profundo, sobre la necesidad de definir los derechos que los menores tienen recogidos en esta ley. Esta cuestión ya se trató
durante el debate inicial de la ley y algunos de los grupos, así como de los órganos consultivos, como el Consejo de Estado o el Consejo Escolar, manifestamos nuestra voluntad de incluir a los menores como sujetos directos de la ley, aunque la falta
de concreción inicial y las situaciones que conocemos cada día nos obligan a retomar la cuestión y a concretar la posición de los menores en la ley.
Para finalizar, creemos importante poner en marcha un plan de sensibilización en el plazo de tres meses. Este plan está sufriendo un largo retraso. El Gobierno ha pedido información a las comunidades autónomas, pero no vemos ningún avance.
Como creemos que es un instrumento necesario para el buen funcionamiento de la ley, pedimos al Gobierno agilizar la puesta en marcha del mismo.
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda que nos parece que intenta vaciar de contenido la moción. Da la impresión de que al Grupo Socialista le da miedo concretar y para nosotros es importante que centremos las
deficiencias de la ley, que las enumeremos y que intentemos poner remedio a las mismas manteniendo, cómo no, el respeto debido a las competencias de las comunidades autónomas. Pero en la línea de nuestra voluntad de consenso no nos importaría,
señorías, adicionar la enmienda del Grupo Socialista a nuestra moción como complemento de la misma. El Partido Socialista insta en su enmienda a que se concreten medidas de la ley que quedan por desarrollar. Coincidiendo en el propósito hemos
querido definir cuáles son y buscar solución. Por tanto, esta es una más de nuestras aportaciones a la Ley contra la violencia, una más de estas aportaciones que nos reclamaba el ministro y esperamos en el Grupo Socialista el mismo ánimo y la misma
voluntad de consenso que nosotros manifestamos esta tarde. Esperamos contar con el respaldo del resto de los grupos porque nuestro único objetivo es mejorar la eficacia de la ley para que las mujeres víctimas de violencia tengan mejores condiciones
de vida y por fin lleguemos a conseguir entre todos la ley que necesitan las mujeres víctimas de violencia.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Camarero.
Para la defensa de las enmiendas, en un turno de cinco minutos, por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Monteserín.
La señora MONTESERÍN RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, paso a fijar la posición de mi grupo respecto a la moción del Grupo Parlamentario Popular y a la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. Señorías, es fácil salir a esta tribuna en nombre del
Grupo Parlamentario Socialista a tratar una vez más el problema de la violencia de género, porque la violencia de género ha sido una prioridad para mi grupo en la oposición y es una prioridad en el Gobierno. Por tanto, no necesitamos demostrar
nada. Hemos adquirido un compromiso con las mujeres y lo estamos cumpliendo. La Ley integral da fe de ese compromiso. Fue ampliamente debatida, consensuada y aprobada por unanimidad. Es, por tanto, un texto unánimemente apoyado por esta Cámara y
yo reclamo esa misma unanimidad para seguir trabajando en este asunto porque, además de ser de gran trascendencia, es un problema social que afecta a miles de mujeres y no puede haber fisuras en la lucha contra la violencia machista. No podemos
mandar mensajes confusos a la sociedad con discrepancias que no existen con la aprobación por unanimidad de esta ley. Además, el éxito de esta batalla será que vayamos todos juntos y que el mensaje de reprobación ante este tipo de comportamientos
permanezca indemne.
No cabe ninguna duda de que la aplicación de esta ley es una prioridad para el Gobierno. Un análisis somero nos dice que, al año de su aplicación, la práctica totalidad de las medidas están en funcionamiento, con una celeridad inusual en la
Administración General del Estado. En dos de cada tres reuniones del Consejo de Ministros se han aprobado medidas que tienen que ver con su aplicación. Además, señorías, esta ley no es solo una prioridad para el Gobierno, como se ha demostrado;
es también una prioridad para este Parlamento. En más de 24 ocasiones, tanto en la Comisión mixta como en este Pleno se han tratado iniciativas de todos los grupos en este sentido para hacer seguimiento de la aplicación de la ley.
Por lo tanto,
todos los actores del Estado estamos trabajando en positivo para que la ley alcance el objetivo de que las víctimas de violencia se sientan acompañadas, protegidas y seguras; todos los actores menos uno, señorías, el Grupo Parlamentario Popular,
que desde el día siguiente de la entrada en vigor de la ley la está poniendo en cuestión una y otra vez en cada iniciativa y con cada víctima. Y esto es un problema porque se aleja tremendamente del consenso alcanzado en la aprobación de la ley y
precisamente porque el tema fundamental es generar confianza en el sistema de protección que hemos definido para que las mujeres denuncien, para que se corte esa relación que las priva de libertad y denuncien.
Solo la confianza aumenta las
denuncias y estas aumentan la seguridad de las mujeres. Esta es la clave para reducir el número de víctimas mortales.
Señora Camarero, este problema así tratado, como usted propone, no desgasta al Gobierno, no se confunda; solo desgasta la confianza en la ley. Por eso no podemos
entender su actitud ni la de su grupo, más allá de una necesidad de demostrar continuamente que tienen una preocupación por ese gravísimo problema. La moción que hoy presentan no añade nada a lo aprobado en los diferentes artículos de la
ley y, sin embargo, genera mucha confusión. No implementan medidas, no cuantifican propuestas; ni una sola de las medidas de la a) a la i) que proponen podría haber evitado ninguno de los asesinatos producidos desde la entrada en vigor de la ley.
Por eso les hago un llamamiento a la responsabilidad y a la comprensión del fondo de la ley. Siempre dijimos que la ley era un instrumento muy importante para luchar contra este problema, pero éramos conscientes de que no terminaría con las
víctimas de un día para otro. Si analizan una por una las últimas víctimas, verán que la inmensa mayoría se producen porque todavía confían más en algunos de sus agresores que en el sistema que hemos puesto a su disposición para salir del infierno
en que viven. Necesitamos que las víctimas confíen, una vez más, en el sistema. De ahí la enmienda de sustitución que hemos presentado y que tiene que ver con que el Gobierno y el resto de instituciones del Estado sigamos haciendo el trabajo
trazado, dando tiempo a su aplicación, no cuestionando su eficacia antes de tiempo y esperando una evaluación objetiva, cuantificada, científica y sistemática para ver entonces si hay cambios de medidas en artículos e instrumentos tal y como propone
la ley, es decir, necesitamos correr en la dirección contraria a la que ustedes van. Por eso, señora Camarero, le solicito que asuma la enmienda presentada por el Grupo Socialista que sustituye los puntos que usted ha señalado. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Monteserín.
Fijación de posiciones, turno de cinco minutos. En primer lugar, Grupo Mixto, doña Olaia Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Señorías, cuando aprobamos en esta Cámara la Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género, cuando utilizábamos nuestro turno para fijar la posición de nuestro grupo manifestábamos que considerábamos que la violencia de
género no iba a ser eliminada de nuestra sociedad en tanto que no quedara eliminada la cultura, la ideología, la política de la desigualdad, la violencia que se ejerce para garantizar la discriminación. La discriminación es indispensable para
plasmar la desigualdad y por eso la violencia se hace más virulenta cuando la mujer abandona la posición de sumisión y se enfrenta al trato discriminatorio y vejatorio, en definitiva, cuando quiere ejercer su papel como persona en la sociedad sin
subordinaciones. Precisamente por esto, en el momento de la aprobación de la ley decíamos que el hecho de que contásemos con ese instrumento tan necesario para poder trabajar y hacer frente a las consecuencias de la violencia no iba a significar
que la violencia por sí misma se fuera a acabar o que las mujeres iban a dejar de morir asesinadas por sus maridos, compañeros, etcétera. No dudamos de la necesidad de la importancia de las medidas paliativas que en la ley se contemplan, pero
seguimos manteniendo que para poder orientar un futuro en el que desaparezca la violencia que se ejerce contra las mujeres es fundamental que se desarrollen todas aquellas medidas que en la ley tienen por objetivo superar el marco de la desigualdad
existente. Medidas orientadas a través de la educación a superar el concepto de diferenciación de roles que aún hoy nuestros y nuestras jóvenes, nuestras niñas y nuestros niños acreditan porque se les está inculcando y a la superación de conceptos
educativos que permiten la eliminación de la cultura de la desigualdad; medidas orientadas a superar las diferencias que siguen existiendo y se siguen perpetuando en el mundo laboral y las desigualdades que se manifiestan a la hora de evaluar o
valorar el mérito, la capacidad y la acción de trabajo entre hombres y mujeres.
Señora Camarero, no vemos que ninguna de estas medidas estén recogidas en la propuesta que acaba de defender como moción, que incide exclusivamente sobre aquellas al respecto de las cuales se está trabajando, las paliativas, las represivas o
las judiciales. Podemos compartir con S.S.
que todas las medidas que usted presenta y que están contempladas en la ley y sobre las que se está haciendo una acción de Gobierno tienen un desarrollo lento que necesita más eficacia. Por ejemplo,
estamos completamente de acuerdo en que es necesario emplear los juzgados exclusivos de violencia, pero plantearlo de manera genérica como lo está haciendo la moción, en mi opinión, no es lo más correcto. Pensamos que lo que necesitamos es que el
Gobierno comience la ampliación de estos juzgados instalándolos de acuerdo a las necesidades existentes, es decir, en los lugares concretos ya que a estas alturas el Gobierno, no lo dudamos, ya tiene suficiente conocimiento de la necesidad que se
está generando en los distintos partidos judiciales, ciudades, comunidades autónomas, etcétera. Sobre todo, señorías y señoras y señores del Gobierno, es tan necesario, fundamental y vital como respirar que los jueces, fiscales e incluso los
administrativos de estos juzgados o de aquellos que en estos momentos están juzgando los casos de violencia sí estén especializados, formados en la cultura de la igualdad y liberados de todo tipo de misoginia. Lo decimos porque la actitud de estos
jueces, de estos fiscales, incluso la del aparato de los juzgados que juzga los casos de violencia, es la que está generando más problema a la hora de resolver judicialmente estas cuestiones. De nada nos valen las leyes si quienes las tienen que
aplicar siguen estando sujetos a la idea de que la diferencia significa desigualdad, porque eso quiere decir que se sigue considerando fundamental la discriminación y que, por tanto, es imprescindible la violencia. En la medida en que la moción no
aporta nada nuevo a lo que ya está actuándose a través de lo que emana de la propia ley y entendiendo que se necesitan otras medidas, no vamos a apoyar esta moción.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Señora García.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, paso a exponer la opinión de mi grupo parlamentario en relación con la moción consecuencia de la interpelación presentada por el Grupo Popular sobre violencia de género. Antes de nada, aunque me voy a comer algunos segundos de mi
intervención, quisiera hacer una reflexión a la señora Camarero. Leí detenidamente su intervención de la pasada semana y debo decirle que me parece que fue un error enorme por su parte iniciarla haciendo referencia al altercado que había sucedido
aquel mismo día y con unos términos como los que utilizó cuando estaba haciendo una interpelación sobre la violencia de género. Dicho esto, a todo lo que viene después en la moción que ustedes han presentado le falta credibilidad. Es mi opinión,
señora Camarero. Debe entender que en política todo es importante; son importantes los contenidos y es importante también la forma. En este Parlamento, nosotras igual que los demás, se debe predicar bastante con el ejemplo. A mí me parece que no
fue afortunado por su parte.
Le voy a decir lo que pienso de la Ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género. Como todos sabemos, se aprobó por mayoría absoluta, pero es obvio, y se va demostrando, que eso no era sinónimo de que todos
los grupos tuviéramos la misma opinión respecto de ella ni tampoco de que creamos que hay el mismo modelo. Es evidente que hay diferentes modelos. Usted prioriza claramente en su moción toda una serie de aspectos que no son los que priorizó mi
grupo parlamentario en la discusión ni tampoco los que prioriza ahora. ¿Usted qué plantea? Plantea una vez más ir detrás de los acontecimientos. Usted plantea una vez más como grandes soluciones la telealarma; más juzgados exclusivos -no digo
que no hayan estado positivos- porque por aquí está la solución; programas individualizados de protección a las víctimas, que tengan una orden de protección -esto es intervenir siempre después de la denuncia-; incrementar el número de efectivos en
las unidades especializadas -intervenir después de los hechos, después de la denuncia-. Señora Camarero, esta es la política de ir detrás, no de ir delante. Nosotros defendimos y continuamos defendiendo que una de las claves fundamentales es,
desde nuestro punto de vista, la prevención. La prevención está, señora Camarero, fundamentalmente en aquellos aspectos que finalmente recogió la ley que hablan del derecho a la información y a la asistencia social integral, tanto para la mujer
como para sus hijos. Estos aspectos son los que más preocupan a nuestro grupo parlamentario y usted prácticamente ni los ha mencionado. Usted resuelve los problemas de violencia exclusivamente con la intervención después de que ya han sucedido los
hechos y nos tenemos que hacer a la idea de que hemos de intervenir mucho antes de que suceda esto; mucho antes. ¿Por qué hay tantas estadísticas, por qué se cuenta tanto el número de denuncias que hay? ¿Por qué no nos interesa a todos y a todas
saber cuántas mujeres han pasado durante un año por los centros de atención primaria o por los centros de atención a la mujer de las diferentes comunidades autónomas? ¿Cuántas mujeres han pasado, al margen de si han presentado denuncia o no, para
explicar su situación? ¿Con cuántas de estas mujeres y sus familias, con sus hijos, en su entorno, se ha trabajado? ¿Cuántas de ellas han salido de ese círculo de violencia y, por tanto, cuántos éxitos ha habido? Eso no interesa. Si esto
interesara, interesaría la prevención. Si eso interesara y se viera que es muy eficiente, tendríamos que poner más profesionales. Yo no quiero más policías, señora Camarero, yo quiero más asistentes sociales, más psicólogos, más terapeutas y más
educadores.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra la señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señor presidente.
A mí grupo le pareció bien la interpelación como llamada de atención respecto de un problema que, estoy segura, a todas y a todos los miembros de esta Cámara nos parece una tremenda lacra social; sin embargo, no nos parecieron tan bien los
términos en los que discurrió el debate. Yo no pude estar presente y leída resulta ya bronca, muy bronca, pero vista me han dicho que resultó realmente terrible. Mi grupo parlamentario alienta el miedo de que la materia de la violencia de género
vaya a convertirse en algo que sirva de arma arrojadiza, sobre todo en la lucha partidista de las dos formaciones mayoritarias en esta Cámara, como ocurre desgraciadamente con otros asuntos. La Ley integral contra la violencia de género, aprobada
como texto primero en esta legislatura, con la que creíamos hacer frente a esta violencia, nos llevó a una votación unánime de la Cámara y unánime creemos que debe seguir siendo la respuesta a este problema, sin utilizarlo, insisto, como instrumento
para decir: en mis tiempos se hizo más o a mí me preocupa más de lo que le preocupa al Gobierno en este momento. Además, la ley contiene sus propios mecanismos y formas de evaluación a los que hay que darles tiempo suficiente para saber cómo va
rodando realmente la ley. Esto en cuanto a instar modificaciones normativas. A mi formación política nunca le pareció muy feliz la redacción que se daba en el Código Penal a las modificaciones en esta área, pero creemos que todavía hay que esperar
para ver cómo funcionan, cómo son interpretadas por los tribunales antes de adentrarnos en una modificación nueva. La petición de medios técnicos o personales está bien, pero es obligación que no solo pesa sobre el Gobierno del Estado, sino que
todos somos conscientes de que afecta a todos los poderes públicos. Lo que sí es
realmente necesario -lo ha mencionado la señora Fernández en su intervención, pero también figura en la enmienda que se propone por el Grupo Socialista- es que se pongan en marcha cuanto antes todos los instrumentos, todas las políticas
concretas que contiene la ley, respecto de las cuales mi grupo comprende que todavía no ha transcurrido tiempo bastante.
He hecho alguna referencia a la tutela institucional que respecto de la puesta en práctica de la ley y de las medidas referidas a la violencia de género se ejerce a través del Observatorio del Consejo General del Poder Judicial y también,
por qué no decirlo, a través de otros observatorios creados de distinto ámbito, entre ellos los de comunidad autónoma. En fecha reciente -los días 22 y 24 de febrero- se celebraron en la ciudad de Granada unas jornadas en las que se hacía la
segunda recapitulación respecto de los contenidos y la puesta en marcha en la ley. No vi muchas diputadas, aunque cierto es que, en justicia, tampoco puedo reprochárselo puesto que la publicidad que se hizo de estas jornadas por parte del propio
Observatorio del Consejo General del Poder Judicial no fue suficiente como para que nos pudiésemos enterar. Debo manifestar que yo misma acudí invitada por amigas magistradas. El trabajo que se hizo en esos días respecto a cómo se interpreta la
ley por el propio Poder Judicial y desde la Fiscalía y también por quienes tienen responsabilidad en los centros de atención y realizan el trabajo social y de prevención al que se refería antes la señora García, de la misma manera que oír a los
responsables del propio observatorio, a los del Consejo General del Poder Judicial o a los responsables políticos de la propia Junta de Andalucía, que en esta ocasión oficiaba de anfitrión, resultó excesivamente gráfico y nos parece que enormemente
enriquecedor como material a aportar a la ley, pero que yo no me atrevería a sintetizar en una sola iniciativa. Es material a observar y a analizar y a que, con el paso del tiempo, pueda dar lugar a iniciativas de distinta índole.
Por otra parte, lo que se propone como medidas dentro de la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular nos parece una mezcla de cuestiones heterogéneas. No acertamos a saber qué tienen que ver las medidas de telealarma con que
haya más mujeres en el Observatorio estatal de violencia para la mujer. Ocurre siempre, señorías, que quien está en la oposición tiende a dar un papel preponderante a las asociaciones de mujeres, papel que, sin embargo, le estorba sobremanera
cuando es su formación política la que ocupa el Gobierno. Insistimos, no vemos qué relación directa puede haber en el aumento o disminución de la violencia el que haya una presencia mayor de las asociaciones dentro del observatorio. Nos parece,
señorías, que son cuestiones que hay que abordar con seriedad. Nos gustaría que la decisión de la Cámara sobre esta cuestión en el día de hoy pudiera ser unánime, y en tal sentido, nos parece más prudente que el elenco de medidas propuestas desde
el Grupo Popular sean sustituidas por lo que desde el Grupo Parlamentario Socialista se propone, estar atentos a poner en marcha todos los mecanismos que la ley prevé y a lo que se ha indicado por otros participantes, incidir en los aspectos de
prevención hasta que vayamos viendo cómo evoluciona la ley para conocer si con el tiempo son necesarias modificaciones normativas, pero sin precipitarnos y sin utilizar como instrumento a arrojar unos grupos sobre otros las políticas o las posturas
concretas en relación con los contenidos de esta ley.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Por Esquerra Republicana, señor Tardá.
El señor TARDÁ I COMA: Señorías, año tras año continuamos constatando con impotencia el número creciente de mujeres que sufren situaciones de violencia. Lo más triste de todo ello es que, tal y como demuestran las estadísticas realizadas
periódicamente y las noticias que nos llegan cada día, parece que la situación de violencia contra las mujeres está lejos de desaparecer. El aumento de las denuncias no es un hecho casual, debemos entenderlo como el fruto de la pérdida del miedo a
denunciar por parte de las mujeres maltratadas y la pérdida del miedo al proceso que se desencadena con la denuncia. También entendemos que el aumento de las denuncias se puede atribuir a la seguridad que les ofrecen los recursos y las acciones
hasta ahora emprendidas y realizadas por parte de las diferentes administraciones implicadas, y sobre todo por parte de las entidades.
Hoy nos encontramos con una nueva iniciativa del Grupo Parlamentario Popular relativa a la violencia contra las mujeres. Es totalmente legítimo cuestionar y proponer nuevas medidas o mejoras cuando observamos impotentes la muerte de tantas
mujeres como consecuencia de la violencia de género, pero no nos parece una iniciativa sincera ni profunda. Se trata una vez más de intentar romper el consenso que todos los grupos parlamentarios procuramos ofrecer frente a un problema común. Se
hizo un esfuerzo importante con la aprobación de la Ley integral contra la violencia de género. En su momento, Esquerra Republicana presentó diversas enmiendas que entendíamos podían mejorarla, enmiendas que insistían sobre todo en la coeducación y
en la necesidad de establecer protocolos de actuación en los diferentes ámbitos y administraciones competentes: sanitarios, educativos, de seguridad, etcétera. En esta línea es en la que actuamos, trabajando también en el Parlament de Cataluña y
en la Consellería de Bienestar y Familia, comandada por Esquerra Republicana en Cataluña. Se está haciendo un esfuerzo presupuestario, pero es necesario ofrecer un nuevo impulso a todos los esfuerzos realizados hasta ahora. En este sentido, será
muy importante el desarrollo y la dotación económica suficiente de la Ley orgánica de medidas integrales contra la violencia de género, por la especialidad de esta norma y por las medidas sociales que la misma contiene. Por ello, no podemos más que
reiterar nuestro compromiso
de lucha contra la violencia de género, de insistir en la necesidad de mantener y mejorar las medidas educativas, preventivas y de sensibilización, con especial incidencia en el principio de coeducación y en la difusión de los valores de
igualdad, tolerancia y respeto a la diferencia entre todos los ciudadanos y ciudadanas.
Queremos finalizar la intervención instando al Gobierno español a incorporar de nuevo una dotación presupuestaria suficiente en cada uno de los ministerios afectados para poder desarrollar total y rápidamente la Ley integral contra la
violencia de género que aprobamos todos los grupos hace escasamente un año. Por ello, votaremos favorablemente la moción en el caso de que se acepte la enmienda del Grupo Socialista; en caso contrario, evidentemente votaremos en contra.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tardá.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señor presidente.
En Convergència i Unió vamos a posicionarnos con respecto a la moción que hoy nos trae el Grupo Parlamentario Popular desde las siguientes consideraciones. En primer lugar, expresando, como han hecho también otros grupos, nuestra
preocupación, incluso nuestra contrariedad, ante el tono de la interpelación que formuló el Grupo Popular el pasado miércoles. No quisiéramos pensar que también en este tema de la violencia de género el Grupo Popular va a pasar del no solo
conveniente, sino también necesario control del Gobierno a utilizarlo como materia de desgaste del mismo, rompiendo algo que siempre se había dado en esta materia, tanto cuando gobernaba el Partido Popular como con el Partido Socialista, y que es el
consenso. Señorías, quiero recordar que hemos aprobado dos de los instrumentos esenciales en la lucha contra esta lacra social, como que son la orden de protección y la Ley de medidas integrales contra la violencia de género, y lo hemos hecho por
consenso.
Lo hemos hecho por consenso no porque no tuviéramos discrepancias, y no solo de matiz, con respecto a algunas de las medidas contenidas en la ley o en alguno de los puntos de la orden de protección, sino porque tal como se ha dicho ya en
muchas ocasiones en esta materia el consenso es un valor en sí mismo, es un valor añadido porque permite dar seguridad a las víctimas para denunciar. Las víctimas reciben así un solo mensaje invitándolas a salir, a cortar el infierno de la
violencia y denunciar en la seguridad de que desde los poderes públicos vamos a aparcar nuestras legítimas discrepancias partidistas para adoptar cuantos instrumentos sean necesarios y creamos más convenientes, más efectivos y más útiles para
salvarlas de este infierno. (Rumores.) Señor presidente, no puedo seguir.
El señor PRESIDENTE: Siendo ya la última intervención, les ruego que guarden silencio.
La señora PIGEM I PALMÉS: ¿Quiere esto decir -y entro en una segunda consideración- que después de la Ley integral está todo hecho? En modo alguno, y si ustedes recuerdan se han planteado en el propio Pleno dos mociones a las que ha
aludido la señora Camarero como consecuencia de sendas interpelaciones. Una, por el propio Grupo Popular, y otra por la señora Barkos, de la que resultó el compromiso de ampliar el número de juzgados que de manera exclusiva enjuiciará los temas de
violencia de género. También se han presentado proposiciones no de ley en la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer y se han formulado preguntas al secretario de Estado de Seguridad acerca de los recursos materiales y personales destinados
precisamente a la protección de las víctimas. Es evidente que deberemos seguir reclamando la concreción de las medidas previstas en la Ley integral, la necesidad de reforzar al máximo las medidas de prevención y las medidas de primera atención a
las que ha aludido la señora García, que son las que proporcionarán a la víctima la seguridad en los pasos que ha de dar. Tenemos que reclamar la materialización de la creación de estos nuevos juzgados exclusivos, la necesidad de dotar a los ya
existentes de más medios personales y materiales e incluso la modificación de las medidas que resulten ineficaces, y recordemos que está ahora en discusión judicial la obligatoriedad de la imposición de la pena de alejamiento cuando la víctima no lo
desea. Todo ello, a nuestro entender, sin perder de vista que si hay un tema en el que no se puede ser triunfalista es precisamente el de la violencia de género, porque todos y todas sabemos de la dificultad de su erradicación.
No compartimos tampoco los análisis que se hacen con datos comparativos sobre el número de víctimas mortales. Para Convergència i Unió, una sola víctima son ya demasiadas víctimas. Además, las medidas deben valorarse por cómo y a cuántas
mujeres se les facilita que puedan salir de la violencia y no únicamente de las que, desgraciadamente, no lo consiguen.
Por lo que se refiere al contenido concreto de la moción, podemos desde luego compartir alguno de los puntos del texto de la misma, pero entendemos, en primer lugar, que la competencia para desarrollar o ejecutar muchos de ellos es de las
comunidades autónomas, a las que ni siquiera se menciona, de lo que resulta que, de aprobarse, se estarían laminando sus competencias; otros han sido objeto ya de aprobación o rechazo en mociones específicas, tal como ha señalado la señora
Camarero, y otros -me refiero al tema de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado- han sido abordados en la Comisión Mixta de Derechos de la Mujer, donde el secretario de Estado de Seguridad, la pasada semana, a preguntas
precisamente de la señora Camarero, nos informó del porcentaje de aumento de efectivos de las unidades especializadas en la lucha contra la violencia
de género y también de que, después de la aprobación de la Instrucción 14/2005, del pasado mes de julio, ninguna mujer inmigrante en situación irregular que ha denunciado ser víctima de violencia ha sido expulsada, lo cual nos parece una
magnífica noticia.
Compartimos, por supuesto, la necesidad de poner en marcha y concretar la totalidad de las medidas previstas en la Ley integral, pero esto es algo a lo que precisamente alude la enmienda de sustitución que ha presentado el Grupo
Parlamentario Socialista, que circunscribe además dicho desarrollo al año 2006, lo cual nos parece un plazo razonable porque algunas partes de la ley han entrado en vigor hace relativamente poco tiempo, y la propia ley prevé un plazo de desarrollo
para evaluar la viabilidad y la eficacia de estas medidas. Por tanto, en el caso de que el Grupo Parlamentario Popular aceptara esta enmienda de sustitución, la apoyaríamos, sintiendo no poder hacerlo en el caso de que se rechace esta enmienda de
sustitución.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pigem.
Señora Camarero, a título de aceptación o rechazo, por favor.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Señor presidente, nuestra voluntad de consenso ha llevado a ofrecer al Grupo Parlamentario Socialista adicionar su enmienda a nuestra moción, pero en ningún caso podemos aceptar una enmienda que vacía de
contenido el texto de la misma.
El señor PRESIDENTE: Para que no haya ningún tipo de error. En la medida en que el grupo que propone la transacción no lo acepta, se entiende que mantenemos la moción en sus términos. (Asentimiento.) Gracias, señora Camarero, así se
votará.
Llamamos a votación.
Señorías, vamos a votar. Tres votaciones. Primera votación, moción del Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez, sobre la necesidad de un plan de medidas globales, especialmente sociales, laborales y administrativas, destinadas a
trabajadores afectados de asbestosis y sus familias, con la enmienda socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 300; en contra, uno; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana sobre la reclamación de los intereses de demora de los créditos concedidos por las riadas de 1987 por parte del ICO. Se vota en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 138; en contra, 153; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre la violencia de género. Se vota en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 128; en contra, 173.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se suspende la sesión.
Eran las diez y cinco minutos de la noche.
Corrección de error.-En el 'Diario de Sesiones' número 158, correspondiente a la sesión plenaria celebrada el martes, 14 de marzo de 2006, en la intervención de la diputada del Grupo Parlamentario Socialista señora Batet Lamaña -página 7880,
primera columna-, donde dice '... Carl Smith' debe decir '... Carl Schmitt'. En el mismo párrafo, donde dice '...su intervención. En ese extremo...', debe decir '... su intervención. Sin embargo, yo soy kelseniana, y en ese extremo...'. Por
último, en los dos párrafos siguientes, donde dice señora Bartet Lamaña, debe entenderse lógicamente señora Batet Lamaña.