CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2006 VIII Legislatura Núm. 151

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ

Sesión plenaria núm. 140

celebrada el jueves, 16 de febrero de 2006

ORDEN DEL DÍA:


Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:


-Proyecto de Ley sobre técnicas de reproducción humana asistida. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie A, número 39-1, de 13 de mayo de 2005.
(Número de expediente 121/000039.) ... (Página 7567)


-Proyecto de Ley por la que se regula el estatuto del miembro nacional de Eurojust y las relaciones con este órgano de la Unión Europea. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie A, número 40-1, de 20 de mayo de 2005.
(Número de expediente
121/000040.) ... (Página 7578)


-Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 51-1, de 26 de agosto de 2005. (Número de expediente 121/000051.) ...
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SUMARIO


Jueves, 16 de febrero de 2006


Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.



Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página 7567)


Proyecto de Ley sobre técnicas de reproducción humana asistida ...
(Página 7567)


Interviene la señora ministra de Sanidad y Consumo (Salgado Méndez), en nombre del Gobierno.



En defensa de las enmiendas mantenidas al texto del dictamen intervienen el señor Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); las señoras Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Bonás Pahisa, del
Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); y Roldós Caballero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.



En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias y Fidalgo Francisco, del Grupo Parlamentario Socialista.



Proyecto de Ley por la que se regula el estatuto del miembro nacional de Eurojust y las relaciones con este órgano de la Unión Europea ...
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Interviene el señor ministro de Justicia (López Aguilar), en nombre del Gobierno.



En defensa de las enmiendas mantenidas al texto del dictamen intervienen los señores Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Astarloa Huarte-Mendicoa, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.



En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; las señoras Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Juanes Barciela, del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.



Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes ... (Página 7587)


Interviene la señora ministra de Medio Ambiente (Narbona Ruiz), en nombre del Gobierno.



En defensa de las enmiendas mantenidas al texto del dictamen intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
Verds; la señora Bonás Pahisa, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); el señor Grau i Buldú y la señora De Lara Carbó.



En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Quirós Pulgar, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.



Se procede a las votaciones de las enmiendas defendidas y mantenidas para el Pleno de los dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas del proyecto de ley sobre técnicas de reproducción asistida, así como el texto del dictamen,
que es aprobado.



A continuación se procede a las votaciones de las enmiendas defendidas y mantenidas para el Pleno de los dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas del proyecto de ley por la que se regula el estatuto del miembro nacional de
Eurojust y las relaciones con este órgano de la Unión Europea, así como el texto del dictamen, que es aprobado.



Finalmente se procede a las votaciones de las enmiendas defendidas y mantenidas para el Pleno de los dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas del proyecto de ley por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de
Montes, así como el texto del dictamen, que es aprobado.



Se levanta la sesión a la una y cinco minutos de la tarde.



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Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.



DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:


-PROYECTO DE LEY SOBRE TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA. (Número de expediente 121/000039.)


El señor PRESIDENTE: Reanudamos la sesión.



Punto VI del orden del día: Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. En primer lugar, proyecto de ley sobre técnicas de reproducción humana asistida.



La señora ministra presentará el proyecto en nombre del Gobierno.



La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.



Señorías, el proyecto de ley que hoy se somete a la aprobación de esta Cámara es la respuesta a una demanda social que ha ido aumentando a medida que evolucionaban las técnicas de reproducción humana asistida.
Para su elaboración, el
Ministerio de Sanidad y Consumo ha trabajado durante meses con la inestimable colaboración de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida, integrada por expertos de reconocido prestigio que nos han aportado generosamente sus conocimientos y
que, desde nuestra llegada al ministerio, nos solicitaron la reforma de la ley de reproducción asistida en vigor, aprobada en el año 2003. Con su valioso asesoramiento pudimos recoger los diferentes aspectos médicos y jurídicos de estas técnicas
desde un riguroso respeto a los principios éticos universalmente reconocidos. Este proyecto de ley se gestó, además, con el propósito de lograr una normativa perdurable que no necesitara modificaciones constantes aunque el progreso científico en
este campo no se detuviera. Por tanto, la ley abrirá puertas a nuevas técnicas que ya son realidad y a las que en el futuro puedan aparecer, a nuevas posibilidades de aplicación y a la investigación que de todo ello se derive, eliminará trabas y
limitaciones existentes hasta el momento pero siguiendo siempre criterios éticos, científicos y de salud pública.



Hace ya tres décadas que se hizo necesario abordar una reflexión sobre la reproducción asistida. Mediante sus técnicas, se presentó la posibilidad de hacer madres y padres biológicos a personas que no lo serían nunca sin la ayuda de estos
adelantos. Pronto estas nuevas técnicas, que empezaron a aplicarse sin marco legal, plantearon dilemas a los que había que dar respuesta: la inseminación de mujeres sin pareja, la donación de gametos, el consentimiento libre e informado, la
confidencialidad o el destino de los embriones sobrantes. En esos primeros momentos hubo recelos pero también esperanza por las oportunidades que se abrían para las personas con problemas de fertilidad y por el potencial investigador que se
vislumbraba. Hoy, treinta años después y sin temor a equivocarnos, podemos decir que la opinión generalizada de la sociedad respecto de la reproducción asistida es de plena aceptación.



Señoras y señores diputados, España fue pionera en Europa al abordar la regulación de esta materia con la promulgación de la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre técnicas de reproducción humana asistida. Dicha ley supuso un gran avance al
regular la utilización de estas técnicas y, además, dio seguridad jurídica a todos aquellos que necesitaban un marco legal al que adaptarse. En ella se protegían los derechos de los padres, de los donantes de gametos y, principalmente, de los niños
nacidos mediante este procedimiento. El derecho comparado siguió por caminos análogos, siguiendo las líneas marcadas por el Consejo de Europa desde el año 1978 y las establecidas por los informes elaborados por los comités existentes. En España,
el informe Palacios, aprobado por el Congreso en el año 1986, fue el origen directo de aquella ley. Pero como decía aquella ley en su preámbulo, los avances científicos cursan por lo general por delante del derecho, y así sucedió. Desde su
promulgación, el desarrollo de técnicas no previstas en la ley, el aumento de su potencial investigador y la necesidad de decidir el destino de los embriones sobrantes hicieron necesaria su revisión. Para dar solución a la acumulación de embriones
sobrantes, el anterior Gobierno abordó su modificación promoviendo la aprobación de la Ley 45/2003, de 21 de noviembre, que resolvía el problema pero solo a medias, resultando cuando menos insuficiente y confusa. Por una parte, para evitar la
generación de más embriones sobrantes limitó a un máximo de tres los ovocitos que podían fecundarse en cada ciclo reproductivo. Los grupos científicos que trabajan en reproducción humana asistida expresaron desde el principio su desacuerdo con esta
medida. También la comisión nacional fue especialmente crítica con este aspecto de la ley por considerar que dificultaba la práctica de las técnicas impidiendo poner los medios necesarios para lograr el mayor éxito con el menor riesgo para la salud
de la mujer. Es cierto que, actualmente, el número de embriones que es necesario transferir en cada caso se ha reducido de forma significativa -el promedio está incluso por debajo de tres-, pero también es cierto que la generación de un número de
embriones superior a esa cifra sigue siendo necesaria para seleccionar los que tengan una mayor probabilidad reproductiva y así evitar más procesos de estimulación ovárica. Por otra parte, al abordar el destino de los embriones sobrantes, la ley
permitió que pudieran ser utilizados para la investigación, pero bajo condiciones que restringían excesivamente esa posibilidad y, además, solo lo autorizó para los conservados antes de la fecha de su entrada en vigor. Los generados posteriormente
solo podrían ser utilizados para fines reproductivos, nunca para la investigación. Señorías, es difícil comprender qué tipo de criterios pueden conducir a diferenciar la esencia y destino de los


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embriones por una fecha en el Boletín Oficial del Estado. Por todo ello, y por nuevas demandas surgidas respecto al diagnóstico preimplantacional con fines terapéuticos para terceros, prohibido hasta el momento, el programa electoral del
Partido Socialista incluía el compromiso de elaborar una nueva ley de reproducción asistida que permitiera dar una respuesta moderna y de calidad a los problemas de infertilidad que fuera una norma al servicio de los ciudadanos, que respondiera a
sus necesidades y a principios científicos, jurídicos, éticos y al sentido común.



Esta ley responde también al compromiso que adquirí en mi primera comparecencia en esta Cámara, el 31 de mayo de 2004, al exponer las líneas generales de actuación del ministerio. En aquella ocasión ya avancé las medidas que adoptaríamos a
corto plazo, medidas que se plasmaron en los siguientes meses en las normas que han posibilitado aplicar las condiciones de fecundación de ovocitos de manera que tengan en cuenta los problemas reales de los padres y eviten generarles más dolor y
nuevas dificultades en el proceso reproductivo o, también, en normas que han permitido en la práctica y de verdad el comienzo de las investigaciones con preembriones, regulando los mecanismos de consentimiento de los donantes y la autorización de
los proyectos y equipos de investigación. En esa comparecencia también anuncié que elaboraríamos una nueva ley sobre técnicas de reproducción asistida para dar respuesta a las necesidades actuales, a las nuevas posibilidades técnicas y a las nuevas
demandas sociales desde la reflexión y el diálogo, buscando el beneficio para los pacientes y el más amplio consenso político y social, y teniendo en cuenta siempre las recomendaciones de los expertos en esta materia. Al igual que la ley de 1988,
el objetivo principal de esta norma es facilitar al máximo que parejas con problemas de fertilidad o mujeres solas puedan tener hijos biológicos, pero, además, regula con mayor profundidad y ampliando su ámbito la aplicación de las técnicas para la
prevención y tratamiento de enfermedades que, hoy por hoy, son todavía incurables. Por último, esta ley persigue incrementar la seguridad y las garantías que se ofrecen en estos procesos y facilitar una mayor y mejor información a los usuarios.



Para determinar las técnicas autorizadas en nuestro país, la ley del año 1988 enumeró en lista cerrada las conocidas en aquel momento, fijando así los límites legales de actuación. Desde entonces, la nuevas técnicas que han ido surgiendo
con los avances científicos se vienen aplicando por la vía de los hechos, acompañadas siempre de controversias y debates sobre su legalidad. Para evitar esta situación de inmovilidad y confusión, en la norma que hoy nos ocupa se relacionan las
técnicas ya acreditadas científica y clínicamente que pueden aplicarse en nuestro país, pero se establece también un procedimiento para incluir las que puedan aplicarse en el futuro, y para ello se habilita a las autoridades sanitarias de las
comunidades autónomas a autorizar la práctica provisional de cada nueva técnica, que deberá ser tutelada como experimental previo informe de la Comisión nacional de reproducción humana asistida. Esta norma habilita también al Gobierno para incluir
en esa lista de técnicas autorizadas aquellas cuya evidencia científica y clínica haya sido constatada mediante real decreto.



En el proyecto de ley, como no podía ser de otra manera, se establecen las condiciones que deben cumplirse para aplicar estas técnicas. Para no extenderme demasiado, mencionaré únicamente, como novedad importante respecto a la normativa
anterior, que se suprime la limitación de fecundar un máximo de tres ovocitos en cada ciclo, dejando esta decisión cuantitativa al criterio del médico en función de cada caso. Con ello se incrementan las posibilidades de éxito y se evita la
repetición innecesaria de procesos que tienen siempre un coste importante para la salud de la mujer y un coste económico.



Otro aspecto recogido de manera distinta en esta ley es el destino de los embriones sobrantes. Serán la mujer o la pareja quienes lo decidan: podrán reservarlos para su propia utilidad en el futuro, donarlos a otra pareja, autorizar su uso
con fines investigadores o bien pedir el cese de su conservación. En cualquier caso, se generaliza la posibilidad de investigar con ellos, suprimiendo la sorprendente limitación de hacerlo con los generados después de la entrada en vigor de la Ley
45/2003.



Señorías, como dije antes, el objetivo de este proyecto de ley no es únicamente regular la aplicación de las técnicas para paliar los problemas de fertilidad, sino también para ayudar en la prevención y tratamiento de enfermedades
incurables. Por eso, una importante innovación que contiene este texto legal, y de la que nos sentimos especialmente satisfechos por lo que supone para la esperanza de muchas personas, es la ampliación de la posibilidad de utilizar el diagnóstico
preimplantacional no solo como medida preventiva para evitar enfermedades hereditarias graves que impiden a muchas parejas tomar la decisión de tener hijos, sino también con fines terapéuticos para terceras personas, permitiendo que células de niños
nacidos mediante reproducción asistida puedan transplantarse a otros para salvar su vida, y sin daño alguno para el donante. Las insistentes y desesperadas demandas de los grupos de personas afectadas por enfermedades muy graves, susceptibles de
tratamiento con procedimientos terapéuticos como los indicados, constituyen, a juicio del Gobierno, una razón suficiente para no cerrar por completo la posibilidad de su aplicación para terceros, como lo estaba en la legislación anterior. Será en
casos limitados y excepcionales, con la autorización expresa, caso por caso, de la autoridad sanitaria correspondiente, y siempre previo informe favorable de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida. Recientemente, hemos tenido noticia
del primer bebé sano nacido de padres portadores de LHH, una enfermedad genética que afecta al sistema inmunológico. Sin embargo, este avance no ha estado exento de las críticas de aquellos que, desde posiciones pseudomorales, anteponen estos
criterios al avance científico


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y, lo que es peor, a la salud de las personas. La extensión del diagnóstico preimplantacional con las máximas garantías clínicas y éticas va a permitir en el futuro la selección de embriones histocompatibles para que una criatura, tras su
nacimiento, pueda ayudar a salvar la vida de un familiar enfermo. Pretendemos que las personas que están sufriendo por la muerte próxima y segura de un hijo no tengan que viajar a otros países de Europa o a Estado Unidos en busca de esta técnica,
como está sucediendo actualmente.



Por último, señorías, quiero señalar el empeño en conseguir que exista una información clara y precisa sobre las actividades y los resultados de los centros y servicios que practican estas técnicas. La información pública sobre la actuación
profesional es la mejor garantía de la adecuada aplicación de las técnicas y de proporcionar a los ciudadanos instrumentos adecuados que les permitan ejercer su capacidad de decisión con criterios sólidos. Por ello, la ley crea el Registro de
actividad de los centros de reproducción asistida como complemento al ya existente registro de donantes de gametos y preembriones con fines de reproducción humana. Este nuevo registro permitirá conocer los datos relativos al número de técnicas y
procedimientos de diferente tipo para los que se encuentra autorizado cada uno de los centros, las tasas de éxito en términos reproductivos obtenidos en cada técnica y la información complementaria que se considere precisa para que los usuarios de
las técnicas que regula esta ley puedan valorar la calidad de la atención proporcionada en cada uno de los centros.



Señorías, quiero agradecer a los grupos parlamentarios que se hayan mostrado sensibles ante la realidad social que subyace tras esta ley y que, por ello, hayan colaborado no solo en la mejora del texto, sino sobre todo en que nos hayamos
puesto de acuerdo sobre casi todas las disposiciones de la norma, con la excepción del Partido Popular que, al menos hasta ahora, parece que nuevamente prefiere aislarse en vez de contribuir a un consenso global. En efecto, tengo que lamentar que
hasta ahora no se haya podido llegar prácticamente a ningún acercamiento con el Grupo Parlamentario Popular, entre otros motivos porque su orientación en este debate ha sido dejar las cosas como se establecieron en la ley del año 2003, anclados en
el pasado e ignorando el progreso científico y las demandas sociales por puro interés partidista al defender una norma que, a todas luces, fue un paso atrás en esta materia. Hasta ahora ha sido difícil llegar a acuerdos -que sí los ha habido en
mayor o menor grado-, con los restantes grupos políticos. Lo más sorprendente es que en el debate en Comisión el Grupo Parlamentario Popular justificó la reforma del año 2003 sobre la base de los estudios y recomendaciones de la Comisión nacional
de reproducción humana asistida, pero o no debía ser así o, como ocurre con frecuencia con el Grupo Parlamentario Popular, solo valen los informes de los órganos independientes cuando son favorables a las tesis que ese grupo intenta defender.



Señorías, como he comentado al principio de mi intervención, han sido muchos los meses de trabajo con esta Comisión, y en los cimientos del texto que se somete a esta Cámara está precisamente la petición y el criterio de los expertos, pero
es más fácil ignorar el trabajo de estos y suplir la falta de argumentos por la demagogia. ¿Verdaderamente es admisible que se diga que la finalidad última de esta ley es fomentar la clonación con fines de investigación para la industria
farmacéutica o cosmética? (Un señor diputado: Sí.) ¿Es creíble que un partido afirme tener vocación de diálogo cuando acusa al Gobierno y al grupo que lo sustenta de fomentar la clonación con fines de investigación genética o incluso con fines
militares? (Una señora diputada: Sí.) El Partido Popular quiere presentarse en esta materia como el más avanzado, como el que en el año 2003 resolvió los problemas y adoptó soluciones para todo, pero la realidad es que aquella fue una ley
retrógrada que no atendió ni a las demandas sociales ni a criterios científicos sino exclusivamente a criterios pseudoreligiosos que no pueden estar en la base de las decisiones que afectan a la salud de las personas. Fueron esos criterios, fue esa
pseudomoral lo que se antepuso a las necesidades de las parejas con problemas de infertilidad, estableciendo un máximo de tres ovocitos por ciclo sin ningún criterio objetivo ni científico sino simplemente para satisfacer la demanda que se les
efectuaba de que no se fomentara la existencia de más preembiones, y el Gobierno de entonces no tuvo ningún rubor en atender esa petición que derivaba de sus compromisos con las instancias más conservadoras de la jerarquía eclesiástica, pese a que
ello supusiera más dolor para las mujeres, más coste y más frustración para las parejas, al igual que hicieron una ley de punto final en materia de investigación para dar satisfacción a esos mismos sectores.



Señorías, no ignoramos que existen opiniones contrarias a los aspectos innovadores de este proyecto de ley, sobre todo en lo referente a las técnicas de diagnóstico preimplantacional para terceros. Hay quienes califican de inmoral tener un
hijo con el propósito -además de quererlo- de salvar la vida de otro ya nacido, pero más deseado y querido que ese hijo que nace también con el don de salvar a otro. A veces, lo que ayer nos parecía intolerable, cuando nos encontramos en un caso
concreto no solo lo toleramos sino que lo defendemos y lo apoyamos, por tanto, ¿por qué no permitir desde el principio aquello que beneficia, aunque sea a muy pocos, sin perjudicar a nadie? Esta ley va a suponer un gran avance para las técnicas de
reproducción asistida y para la investigación.
Estamos convencidos de que va a beneficiar a toda la sociedad, y de manera especial a las personas que claman por su aprobación porque se encuentran en situaciones críticas y muy dolorosas, y estamos
seguros también de que esta ley no va a perjudicar a nadie.



Señorías, quiero terminar agradeciendo nuevamente a todos los grupos parlamentarios, en particular a los diputados miembros de la Comisión de Sanidad y Consumo,


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el trabajo que han desarrollado en la tramitación parlamentaria de este proyecto de ley.



Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.



Turno a favor de las enmiendas. En primer lugar, por un tiempo de 10 minutos, tiene la palabra el señor Xuclà, que entiendo que será el que defienda el paquete que estaba previsto que presentara el señor Duran i Lleida y otros
parlamentarios.



El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.



Señora ministra, señorías, intervengo en nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió) para defender las enmiendas que presenta mi grupo, así como las cuatro suscritas por el señor Duran i Lleida y otros diputados de mi grupo parlamentario,
concretamente las enmiendas 104, 105, 108 y 110.



Dicho esto, me quiero remitir básicamente -no me extenderé mucho, señor presidente, señorías- al 'Diario de Sesiones' del debate en Comisión porque, de hecho, esta fue una ley planteada para su tramitación en Comisión e incluso se empezó a
tramitar en ella con capacidad legislativa plena. Al final, se eligió la opción de que se avocara por el Pleno, y hoy estamos aquí en esta tramitación final. Muchos de los argumentos de mi grupo parlamentario ya han sido desarrollados con este
ánimo de capacidad legislativa plena durante el debate en Comisión, pero voy a hacer unas cuantas consideraciones sobre la ley en sí misma, sobre lo que hemos incorporado y sobre las enmiendas que mantenemos vivas.



Esta es la ley anunciada como la ley de reproducción humana asistida, y de ella se podría decir, con un trazo un poco gordo, que es la ley de actualización de la fecundación in vitro. Era absolutamente necesaria, señora ministra, una
actualización de las medidas, de las previsiones y también de las garantías -porque también se mejoran las garantías- en materia de fecundación in vitro. Pero también es cierto -y esta es una reflexión para futuras legislaciones que se discutan en
la Cámara- que esta ley, no sé si decir por la puerta de atrás o colateralmente, abre otros aspectos de la investigación científica vinculada a las posibilidades de curación de algunas personas.



En esta recta final de la tramitación de la ley, y una vez que ya hemos defendido las enmiendas en el Pleno, quiero subrayar que tenemos pendiente una ley estrictamente sobre biomedicina y sus aspectos éticos porque, en el fondo -y no sé si
por la puerta de atrás o de forma colateral-, hoy culminamos la tramitación parlamentaria referida a aspectos que serían los propios de una ley y de un gran debate en el cual seguramente mi grupo parlamentario discrepará en algunos puntos y en otros
discrepará respecto de los planteamientos del Gobierno, y a ello volveré a hacer referencia al final.



En todo caso, en esta tramitación ha habido algunas aportaciones de mi grupo que han sido aceptadas en el debate en Comisión, en la transacción.
Quiero destacar algunos aspectos y algunas enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán que han
sido incorporadas. En primer lugar, un aspecto muy importante: la protección de los donantes de óvulos ante presiones económicas. La ley define claramente que los donantes de óvulos lo hacen a título gratuito, y a partir de aquí se hacen unas
consideraciones sobre algunas gratificaciones por indemnización, dispensamiento, etcétera, pero, en todo caso, la compraventa de óvulos no puede entrar en la lógica comercial.



Hemos introducido un conjunto de enmiendas que mejoran la ley en cuanto al rechazo de las presiones económicas y a la mercantilización de las donantes de óvulos. Hemos mejorado también, a través de algunas enmiendas del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), el consentimiento informal de los receptores de óvulos. Esta era la cuestión relativa a la garantía en la cual hemos hecho algunas aportaciones importantes.



Finalmente, con algunas de las enmiendas de mi grupo parlamentario hemos trasladado al ministerio algunas competencias que estaban residenciadas en la comisión asesora. Uno de los aspectos muy importantes de esta ley -sin duda estarán de
acuerdo conmigo SS.SS.-es el aspecto garantista. Es una ley que, por la materia de su contenido, se tiene que afrontar desde un principio y unos criterios de prudencia, primero, en los aspectos económicos, pero también de prudencia en las
autorizaciones y en los criterios éticos. Hemos mejorado al trasladar algunas competencias de la comisión asesora al ministerio, y también hemos reforzado el propio órgano de control acercándonos bastante, al menos este era el ánimo y el espíritu
de mi grupo parlamentario, al modelo británico de una comisión de control importante a la hora de intervenir en todas estas materias.



Por otra parte, llegan vivas al debate en Pleno algunas enmiendas. Quiero recordar el límite de lo que nosotros considerábamos razonable en el debate de estas enmiendas. Primero, nosotros estábamos a favor y contemplábamos la
experimentación con los embriones sobrantes; como punto de partida estamos de acuerdo con esto. También estamos de acuerdo con el diagnóstico preimplantacional y, por tanto, con la selección de embriones en algunos casos, con los cuatro criterios
que contempla la ley y con algunos elementos restrictivos a partir de los cuatro criterios que contempla la ley. Las enmiendas referidas a estos límites no han sido aceptadas por parte del grupo de la mayoría por no tener un planteamiento
coincidente con el del Gobierno. Por eso mantenemos vivas algunas enmiendas, aunque en este momento del trámite parlamentario me gustaría anunciar que retiramos -por entender que en una lectura final del dictamen quedan subsumidas en la propia
transacción a la que se llegó- las enmiendas 81 y 85. En todo caso, nosotros votaremos en contra de aquellos artículos del dictamen que no incorporan las enmiendas que para nosotros suponían un aspecto nuclear de nuestra aportación


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a esta ley, que son unos pocos artículos de la misma.



Quiero terminar con una referencia muy breve a lo mismo que decía al principio. Esta es una ley que tiene una parte fácil de discusión -difícil técnicamente para los que no son expertos en la materia, pero fácil de discusión-, que es la
dimensión de fecundación in vitro -para decirlo esquemáticamente-, y otra un poquito más complicada. Señora ministra, señorías, en primer lugar, desde que empezó el debate, creo que en el mes de mayo del año pasado, hasta ahora, algunas evidencias
científicas que se mantenían en el comienzo del debate en estos momentos están puestas en cuestión. En segundo lugar, algunos instrumentos, algunas investigaciones con animales, por ejemplo, que se contemplaban como normales en el mes de mayo del
año pasado, en estos momentos han quedado descartadas por la comunidad científica. Traigo a colación estos dos ejemplos para subrayar que nos encontramos ante una materia, como mínimo, muy dinámica, muy voluble, en la que debe presidir el principio
de prudencia. Insisto en que algunos importantes criterios, algunos avances científicos de hace un año, en estos momentos ya no son considerados por la comunidad científica como lo más avanzado.



Termino, señora ministra, sin ánimo de entrar en polémica sino simplemente emplazándonos para el próximo debate, que seguramente será el de la ley de biomedicina que el Gobierno tiene en cartera y que discutiremos en los próximos meses.
Usted ha hecho referencia no a mi grupo parlamentario -con lo cual podría evitar esta referencia- sino al Grupo Popular hablando de posiciones pseudomorales. Creo que debates como este, o cualquier debate, incluso algunas legislaciones, aunque de
una forma no tan acentuada, deben tener un componente ético-médico muy importante, con el cual estaremos de acuerdo en algunos aspectos y en otros no; no sé si era pseudomoral, moral, moral con la que coincidimos, moral con la que no coincidimos,
etcétera. Sabe que en mi grupo parlamentario también hay algunos planteamientos con los que hemos singularizado esta diferencia a través de las enmiendas que, señor presidente, defiendo conjuntamente con las firmadas por el señor Durán y otros
diputados del grupo. Simplemente quiero hacer una consideración final sobre la necesidad de que los debates bioéticos, biomédicos que presiden esta materia también se trasladen al debate parlamentario con absoluto respeto a cualquiera de las
posiciones, insisto, y con bastante prudencia, porque lo que un día puede ser avance científico, la sublimación de la investigación científica, a veces, con el paso del tiempo, vemos que no lo es.



Muchas gracias, señor presidente.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Xuclà.



Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra doña Margarita Uría.



La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señor presidente.



Señorías, en opinión de mi formación política aprobamos hoy una ley importante; importancia que además queda señalada por la presencia en el hemiciclo de la señora ministra, presencia que, como siempre, agradecemos desde esta tribuna.
Estamos hablando de una ley que para nosotros supone un enorme avance científico. La Ley 35/1988 fue pionera. Además de ayudar a paliar los efectos de la esterilidad, permitió avanzar, como he indicado, de una manera importante en la materia
científica y clínica; sin embargo, el paso del tiempo evidenció que esta norma era incapaz de dar respuesta al destino de los embriones presobrantes, que entonces merecieron la atención del Gobierno popular mediante la Ley 45/2003, aprobada por
esta Cámara. Sin embargo, creemos que se hizo bajo condiciones muy restrictivas, tanto por el número de ovocitos que se permitía por cada ciclo reproductivo como por el distinto tratamiento que se daba a los óvulos según la fecha de su generación.
Ya la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida se mostró particularmente crítica con respecto a estos recortes. La ley actual es importante por cuanto define el concepto de embrión, intenta delimitar las técnicas de reproducción humana
asistida y, teniendo en cuenta la evolución de la ciencia, permite la utilización y aplicación de estas técnicas como vía de prevención de enfermedades genéticas, así como por otra cuestión que es objeto de polémica, pero que a mi formación política
le parece bien, que es la posibilidad de que bajo el debido control y autorización administrativa puedan servir de ayuda para salvar la vida de un familiar enfermo. La ley -dice su exposición de motivos- es respetuosa con la realidad autonómica del
Estado español, pero para mi formación política esto no es del todo cierto y trataré de explicarlo más adelante.



En Comisión manifesté que todas las enmiendas de mi grupo de naturaleza científica y técnica relacionadas con la garantía de las historias clínicas habían sido objeto de aceptación; sin embargo, nos quedaban las de índole competencial, a
las que ahora me referiré, que en concreto son la 4, la 7, la 11, la 12, la 13 y la 15. Empezaré por la 7, puesto que hace referencia a una cuestión a la que se le ha dado un corto tratamiento en el texto del proyecto y que mi grupo tratará de
enmendar en el Senado. Cuando se habla de las posibilidades de remuneración por la donación, que se supone que siempre es gratuita, se pretende en el proyecto que sea igual en todos los lugares del territorio del Estado, es decir, que se fije por
las instancias centrales. A nosotros nos parece que es una competencia meramente ejecutiva y si bien entendemos las razones de evitar desigualdades y posibles tentaciones de comercio, la competencia autonómica ha de mantenerse. En este sentido,
nos gustó especialmente el contenido de la enmienda 57, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, en la que se hacía referencia a la necesidad de que quedase claro en la ley la ausencia de lucro en tales donaciones; sin embargo -sobre esto


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quería llamar la atención de la Cámara en relación con las carencias- no se ha incluido en el texto del proyecto referencia alguna a la Directiva 2004/23 de la Comunidad Europea, que tiene por objeto evitar el comercio de óvulos y es
relativa al establecimiento de normas de calidad y seguridad para la donación, obtención, evaluación, procesamiento, preservación, almacenamiento y distribución de células y tejidos humanos, máxime cuando en fechas recientes se ha dado a conocer la
existencia de un supuesto en el que dos ciudadanas rumanas fallecieron a causa de una donación de óvulos por haber sido objeto de un tratamiento de preestimulación ovárica. A este suceso concreto se refiere la resolución del Parlamento Europeo
sobre comercio de óvulos humanos, de 10 de marzo de 2005, que también debiera ser objeto de especial atención y consideración en la mejora del texto que nuestro grupo pretende hacer en el Senado.



En cuanto a las enmiendas de índole competencial, respecto de las que podría decirse que pivotará la postura que mi grupo adopte definitivamente en la votación, íntegra o no, del texto del dictamen, cotejado el texto vigente con lo que se
establece en el proyecto, nuestro balance es el siguiente. Por lo que se refiere a la composición de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida, la Ley de 1988 no prevé la presencia de representantes de las comunidades autónomas en su
seno. El proyecto de ley establece que formarán parte de la citada Comisión los representantes designados por el Gobierno y también los de las comunidades autónomas. Algo es. En el proyecto de ley se prevé además que el Registro Nacional de
Donantes y el Registro Nacional de Actividad de los Centros y Servicios de Reproducción Asistida, si bien serán regulados por el Gobierno mediante real decreto, requerirán el informe previo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Por tanto, aunque de forma indirecta, las comunidades autónomas podrán participar en la elaboración del reglamento donde se regule la organización y el funcionamiento de ambos registros. La ley actual de 1998, en su disposición final tercera, no
prevé la participación expresa del Consejo Interterritorial para la regulación del Registro Nacional de Donantes.



Otra cosa es lo relativo al Centro Nacional de Trasplantes y Medicina Regenerativa que el proyecto pasa a denominar Organización Nacional de Trasplantes. No se detectan en la práctica, aunque a nivel jurídico sí existe una diferencia
sustancial, diferencias en cuanto a la participación de las comunidades autónomas. Digo en la práctica, puesto que si bien la Ley 45/2003 no se pronuncia sobre la participación de las comunidades autónomas en el consejo rector, el Real Decreto
176/2004 sí prevé que estas participen con cuatro miembros. El inconveniente es que el Real Decreto se puede cambiar desde el Gobierno, el proyecto, sin embargo, nos ofrece más garantías puesto que instaura la participación autonómica en el propio
texto legal al exponer que en la Organización Nacional de Trasplantes estarán representadas las comunidades autónomas de la forma que reglamentariamente se determine. Algún avance hay, aunque intentaremos que los haya mayores en el Senado.



Esta llamada a la regulación reglamentaria, señora ministra, nos suscita enormes suspicacias, porque tengo todavía muy reciente la modificación que, mediante real decreto ley, se ha hecho de la Ley del Tabaco. A mi grupo, creo que a otras
formaciones políticas también, nos ha parecido desleal que el amplio consenso obtenido en esta Cámara respecto de la prohibición de venta en determinados lugares, ahora unilateralmente, haya sido roto desde el Gobierno. Nos parece -insisto- desleal
para con un acuerdo que en esta materia fue íntegro de toda la Cámara. Además es muy incorrecto jurídicamente. La extraordinaria urgencia y la necesidad que la Constitución exige para que pueda utilizarse el instrumento del real decreto ley, ya me
contará como puede articularse con la venta de cajetillas de tabaco en los kioscos de periódicos.



Con todo, después de mi enfado, vuelvo al hilo. En primer lugar, mantenemos todas nuestras enmiendas competenciales. En segundo lugar, sugerimos que en el paso de la ley por el Senado se tenga en cuenta alguna referencia expresa a la
directiva que he mencionado, y también a su contenido, por supuesto, atendiendo además a lo que la resolución del Parlamento Europeo señala sobre la evitación del comercio de óvulos humanos. Finalmente, como punto tercero de las conclusiones,
votaremos favorablemente el contenido de todo el dictamen. (El señor vicepresidente, Vilajoana Rovira, ocupa la Presidencia.)


El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señora diputada.



Tiene la palabra la señora Bonás.



La señora BONÁS PAHISA: Gracias, señor presidente.



Señorías, señora ministra, la posición de Esquerra Republicana ha sido favorable al proyecto de ley sobre técnicas de reproducción humana asistida, porque creemos que después de 17 años era necesario modificar la Ley 35/88, de 22 de
noviembre, sobre técnicas de reproducción humana asistida, ya que durante este período se han producido cambios científicos y tecnológicos importantes y porque esta ley suprime las modificaciones restrictivas que había introducido la Ley 45/2003, ya
que principalmente esta ley modificaba el número de ovocitos a fecundar a tres como máximo. La comunidad científica se opuso a esta limitación por varias razones: porque no se puede saber cuántos óvulos fecundarán ni cuántos preembriones se
dividirán correctamente ni, por tanto, cuántos podrán ser transferidos. La limitación a tres del número de ovocitos fecundables reducía inequívocamente la probabilidad de conseguir gestación y atentaba contra el derecho a utilizar las prácticas
sanitarias más adecuadas para solventar una patología, en este caso la esterilidad. La ley del anterior Gobierno suponía repetición de tratamientos con el


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subsiguiente dolor innecesario para las mujeres y el aumento del coste del tratamiento.



Señorías, el objetivo del tratamiento es que la mujer quede embarazada, si es posible, al primer intento. Aunque las técnicas van mejorando y cada vez es posible con menor estimulación ovárica, varía de mujer a mujer. La limitación a tres
ovocitos fecundables disminuye las posibilidades de éxito. Por tanto, supone un encarnizamiento innecesario. En realidad la anterior ley perseguía evitar embriones sobrantes por motivos electorales, sin pensar en el perjuicio que causaban a las
mujeres. En países como Italia, donde para cubrir un vacío legal se legisló una ley muy restrictiva, se está produciendo un gran auge del turismo clínico a Eslovenia. Hoy San Marino se está convirtiendo en un gran centro ginecológico. Esto es
probablemente lo que hubiera ocurrido en el Estado español si no fuera porque la mayoría de los centros aceptaban cada caso como una excepción, lo que suponía una inseguridad jurídica para los mismos. Era evidente que se imponía una modificación.
Otro aspecto particularmente importante es que en la Ley de 2003 se limitaba la posibilidad de investigar con embriones, ya que no se podían dejar desarrollar hasta el decimocuarto día para obtener líneas celulares. Con la ley anterior no se
permitía disponer de preembriones congelados, ya que podían ser destinados solamente a fines reproductivos y solo se podían utilizar los que quedaban antes de promulgarse la ley. Esta situación ponía en grave peligro la continuación de la
investigación biomédica en el Estado español. Con la actual reforma legislativa se posibilita la investigación con células madre para determinadas enfermedades neurodegenerativas, para las que hasta ahora no se ha encontrado tratamiento
farmacológico.



El Partido Popular sigue confundiendo a la ciudadanía con un discurso de mal gusto incluso e injustificable en un tema tan delicado como el de técnicas de reproducción humana asistida, que responde a situaciones de angustia, a temas
biomédicos; se trata de niños a veces gravemente enfermos cuya vida depende de tener un donante. ¿Cómo se pueden lanzar al aire discursos demagógicos con el solo fin de desgastar al Gobierno? Les deseo, a los que lanzan estos discursos
peyorativos sobre bebés medicamento, que no se encuentren nunca en la disyuntiva de tener que tomar una decisión de este tipo dentro de su ámbito familiar. No es admisible frente a las dudas y el dolor de las familias, que al menos ven una puerta
de esperanza en el avance de la técnica, que políticos sin escrúpulos los utilicen para su ambición personal. Señorías, hay grupos de católicos que se manifiestan abiertamente a favor de la investigación con preembriones cuando el fin es investigar
una vía de curación para enfermedades incurables. Por favor, no nos vengan con discursos de ética, cuando lo que debían hacer es aprender el significado de la palabra ética. (Rumores.)


Un aspecto positivo a destacar de la ley, que ha mejorado a su paso por la Comisión, es la apertura para toda mujer que desea acceder a la maternidad biológica, con independencia de su estado civil u orientación sexual. El dictamen solo
permitía usar las técnicas para la procreación en casos de esterilidad.



Señorías, las leyes son para hacer más fácil la vida de la ciudadanía. Hoy es una realidad que mujeres con diferente opción sexual desean ser madres y la técnica está preparada para satisfacer este legítimo deseo. Por ello celebramos este
cambio legal, del que nos sentimos particularmente satisfechos. Pero no nos gustan algunas herencias de la ley anterior, como la del Centro Nacional de Transplantes y Medicina Regenerativa. Este organismo, que debía llamarse estatal, pretende
centralizar todas las competencias en estas materias, vaciando de contenido la capacidad investigadora y decisoria de las autonomías en este tema. Las comunidades autónomas con una estructura sanitaria de investigación suficiente deberían tener su
propio centro de trasplantes y medicina regenerativa con capacidad decisoria en este ámbito. El centro estatal debería tener una función de coordinación con los diferentes centros autonómicos, tal como promulga la Constitución en el artículo
149.1.15.ª Dice la Constitución que es competencia exclusiva del Estado el fomento y la coordinación científica y técnica. La lectura sesgada de la Constitución por parte del Gobierno, la negativa del Gobierno a aceptar las enmiendas de Esquerra
Republicana, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y del Grupo Vasco sobre respeto competencial refleja una voluntad centralizadora, que creemos que es una deslealtad, contenida incluso en el discurso del presidente Zapatero en la
toma de investidura, y manifiesta una desconfianza del aparato del Estado hacia los pueblos periféricos bárbaros con menor capacidad de decisión.



La ley concede también una relevancia a la Comisión Nacional de Reproducción Asistida que ha estado prácticamente inoperante. Si lo que se presupone es un mayor control, creemos que la decisión es errónea, porque es más fácil controlar
desde la proximidad, coordinando naturalmente desde el centro. Hay aspectos que serán de difícil cumplimiento también en esta ley como la exigencia de un seguro para cubrir cualquier accidente que afectase a la bioconservación de gametos o
preembriones, ya que ninguna aseguradora acepta ese tipo de pólizas.



En cuanto a nuestras enmiendas, hemos planteado la número 36 simbólicamente, ya que en el Reino Unido está permitida la elección del sexo para el tercer hijo con el fin de obtener familias más equilibradas.
Lo hemos hecho porque la técnica
ya está disponible y existen muchas familias con dos hijos del mismo sexo que se atreverían a ir a por el tercero si pudieran escoger. La técnica no supone ningún tipo de manipulación genética, solamente supone una separación física de los
espermatozoides, y probablemente habrá clínicas que estén dispuestas a facilitarlo. Su regulación ofrecería más garantías a los usuarios. Ningún grupo se ha manifestado a favor de esta enmienda, aunque, particularmente, a


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muchos diputados y diputadas de todos los grupos les hubiera gustado que se incorporase.



Mantenemos las enmiendas 41, 43, 45 y 49, porque -como ya he comentado- la ley supone una vez más una invasión de competencias. El Estado se extralimita una vez más en sus competencias como si se tratara de un Estado unitario. No es
incompatible con la Constitución que una comunidad autónoma que disponga de estructura sanitaria y de investigación suficiente pueda crear su propio registro de donantes y de actividades de centros de reproducción asistida, cuya información debe ser
compartida con el registro estatal, es más, creemos que esto propiciaría un mejor funcionamiento y un mayor control. Por tanto, se trata de funcionalidad, no de celo competencial. La oposición a este tipo de medidas refleja de qué modo el modelo
centralista e inoperante de anteriores gobiernos sigue impregnando el funcionariado español. Pensamos que se trata más bien de una presión de los funcionarios españoles que de que el Gobierno español considere que tiene un gen especial, un gen
español más eficaz y más inteligente. No creemos que la ministra Salgado se considere superior a la consejera de Sanidad, Marina Geli, para controlar las clínicas que hay en Cataluña ni los registros de donantes.



Con esta ley se pretende dotar de instrumentos a personas que pretenden acceder a algo tan importante como ser madre, curar a un hijo muy enfermo o tener descendencia sana, libre de horribles enfermedades genéticas. Por tanto, a pesar de la
deslealtad que demuestra el Gobierno con esta ley, vamos a olvidar el agravio de las competencias y vamos a votar favorablemente, porque es una ley destinada a mejorar la salud de las personas y a aliviar su dolor. Estamos profundamente dolidos por
la actitud del Partido Popular, que no es leal con la ciudadanía. Lo único que pretende es confundir y sembrar dudas sobre lo que se está haciendo en este Congreso. Ha sido un trabajo consensuado y serio. Esta no es una ley de manga ancha que
vaya a permitir todo tipo de investigaciones, como se está diciendo. Especialmente denigrante es utilizar el término bebé medicamento. Esto añade al dolor de las familias que están sufriendo, que tienen un hijo en peligro de muerte inminente, un
mar de dudas sobre lo que están haciendo, cuando nadie puede atribuirse la palabra ética, ni siquiera ningún tipo de religión. La ética, señores, no es preceptiva de la religión católica ni de la musulmana, hoy en día la ética trasciende a las
religiones, es otro concepto, y para utilizar la palabra ética hay que ser éticos incluso en el comportamiento.



Gracias.



El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señora diputada.



Por el Grupo Parlamentario Popular, para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra la señora Roldós.



La señora ROLDÓS CABALLERO: Muchas gracias, señor presidente.



Hace apenas dos años y tras un intenso debate académico, social y político, el Gobierno del Partido Popular reformó la Ley de técnicas de reproducción humana asistida del año 1988 con un doble objetivo. Primero, solucionar el grave problema
de la acumulación de embriones humanos congelados. Señora ministra, ¿sabe usted cuántos embriones humanos congelados existen? Decenas de miles. Segundo, reducir el elevado número de embarazos y partos múltiples consecuencia de la aplicación de
estas técnicas -por cierto, nuestro país tiene la tasa más elevada de la Unión Europea-, con el consiguiente riesgo para la salud de la madre y de los niños. Hicimos esta reforma con una solución ética y abierta a la investigación, incorporando
actualidades científicas y medidas de tutela y, sobre todo, defendiendo la dignidad del embrión humano.



Señorías, con vistas a evitar la generación de nuevo de embriones sobrantes, se limitó a tres el número de ovocitos a fecundar y a tres el número de embriones a transferir, y se hizo con criterios científicos y de acuerdo con lo establecido
en las legislaciones del ámbito europeo, en Alemania, en Austria, en Italia, en Suecia y en Finlandia. Además se reguló un protocolo adicional para los casos que requirieran un número mayor de óvulos, dando varios destinos a los embriones
acumulados antes de la entrada en vigor de la reforma y abriendo la puerta a la investigación con células madre embrionarias. Hemos sido nosotros, el Partido Popular, los que hemos abierto esta puerta para investigar en nuestro país con células
madre embrionarias, porque nosotros estamos a favor de toda la investigación que pueda ayudar a curar a las personas.
Sin embargo, hoy, el Gobierno socialista plantea una reforma cuyos objetivos no se centran en las necesidades de las parejas con
problemas de infertilidad, que es y debe ser el objeto principal de esta ley, sino que parece atender exclusivamente a las demandas de las clínicas privadas, rebajando los niveles de protección de la mujer y del embrión humano. Los cambios
introducidos no responden a una demanda social, ni siquiera a una necesidad técnica manifestada por las sociedades médicas.
Esta reforma carece de justificación clínica y social. Este proyecto de ley plantea cambios radicales que han sido
desaconsejados por los comités de bioética de todo el mundo y que son contrarios a la tradición jurídica española en materia de bioética.



Por otro lado, utilizan una técnica legislativa confusa y contradictoria.
Para comprender con exactitud los objetivos y el calado de este proyecto de ley no basta solo con leerlo, sino que es necesario compararlo con el vigente y conocer
las verdaderas intenciones de este Gobierno socialista, que veremos dentro de poco en esa anunciada ley de investigación biomédica. Desaparecen en este proyecto de ley todos los criterios recogidos en la ley vigente en defensa de la salud de la
mujer, eliminando todas las referencias a la necesidad de ajustar el tratamiento para evitar estimulaciones hormonales abusivas, evitar embarazos y partos múltiples y la práctica


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de la reducción embrionaria. No contempla medida alguna para reducir la demora en el acceso a estas técnicas y rechazan una enmienda del Grupo Parlamentario Popular sobre su incorporación a la cartera de servicios con garantía de tiempos
máximos, perjudicando a las mujeres con menos recursos económicos que no pueden acceder a las clínicas privadas para alcanzar su legítimo deseo de ser madres.



Al desaparecer el Centro Nacional de Trasplantes y de Medicina Regenerativa, desaparece uno de sus objetivos principales, la promoción de la investigación con todo tipo de células troncales, señora ministra, las adultas, las de cordón
umbilical, las de placentas, las de fetos abortados, etcétera. Señorías, quisiera pararme aquí para decirles que, a día de hoy, por desgracia para muchos enfermos, todavía las células madre embrionarias no han sido útiles ni para ayudar ni para
curar a un solo enfermo en todo el mundo y, sin embargo, las células madre adultas a día de hoy curan más de ochenta enfermedades.



Señorías, en este proyecto de ley además se desvirtúa la necesaria tutela de las administraciones públicas en relación con los diferentes usos de los embriones, de las células y de los tejidos en beneficio de las clínicas privadas. Además,
plantea la generalización del diagnóstico genético preimplantacional, con fines ilimitados, incluso distintos a la salud y viabilidad del propio embrión, con el objeto de ser donantes de un tercero -por eso se les ha llamado bebé medicamento- ,
aludiendo incluso a motivos sociales, ya no a clínicos o terapéuticos, sino a oscuros motivos sociales y yendo en contra del artículo 63 del Tratado de la Constitución europea que prohíbe las prácticas eugenésicas, en particular las que tienen como
finalidad la selección de personas. Señora ministra, ustedes rechazan la alternativa propuesta por el Grupo Parlamentario Popular de promover la conservación y utilización de la sangre de cordón umbilical, de esos cordones que se tiran todos los
días a la basura, para donaciones autólogas y heterólogas que sirvan para tratar y curar enfermedades, como están haciendo la mayoría de los países desarrollados.



Además, este proyecto de ley carece de las adecuadas cautelas normativas para evitar la posible especulación económica con relación a la comercialización de células y tejido. Abre la posibilidad de obtener embriones con fines diferentes a
la reproducción humana. Elimina, sin aportar justificación alguna científica, social o ética, algunas de las prohibiciones más importantes, como infracciones muy graves en la ley vigente, por ejemplo, la comercialización, el uso industrial o el uso
cosmético de los embriones humanos. Señora ministra, ¿por qué oscuros motivos usted elimina esto de la ley vigente?


Señorías, esto supone un giro radical hacia el mercantilismo del cuerpo humano en contra del Convenio de Oviedo -que nos obliga-, en contra del Tratado de la Constitución europea y de la práctica habitual en materia de donación no lucrativa
de órganos y tejidos que ha llevado a España a ser líder mundial en donaciones. Al prohibir ustedes solamente la clonación reproductiva dejan un inmenso vacío legal con respecto a otros fines, en contradicción con nuestro vigente Código Penal, que
castiga con prisión e inhabilitación la fecundación de óvulos humanos con cualquier fin distinto a la procreación humana. Como digo, en contradicción con el Convenio de Oviedo, que prohibe la creación de embriones con fines de investigación; en
contradicción con la reciente Declaración de Naciones Unidas, y en contradicción con las resoluciones del Parlamento Europeo, que se han manifestado en contra de cualquier tipo de clonación.
Señorías, en este sentido el Grupo Popular ha presentado
enmiendas encaminadas a establecer límites y garantías de cara al respeto, a la salud y a la ética. A la ética, señora ministra; a la ética, señora Bonás.



Señora ministra, lamentándolo mucho le tengo que decir que me ha parecido impresentable su referencia a criterios seudomorales. No está usted a la altura, señora ministra; permítame que se lo diga. (Aplausos.-Rumores.) Señorías, la ética
es imprescindible en cualquier acción humana, pero si en alguien es imprescindible es en nosotros, en los médicos y en los científicos, que tenemos un alto componente ético. También es verdad que hay excepciones y lo acabamos de ver hace poco
tiempo con lo sucedido en el Centro mundial de investigación con células madre en Corea, donde esa falta de ética ha llevado a lo que es una realidad: a que cuando la ciencia se aplica sin ética se convierte en una auténtica aberración.



Para concluir quisiera destacar que el actual Gobierno socialista demuestra, una vez más, que está actuando de espaldas a la sociedad; que plantea problemas en forma de supuestas necesidades allí donde no existen; que el único objetivo de
este Gobierno es borrar todos los avances que logró el Gobierno del Partido Popular poniendo en marcha reformas que ya están hechas (Un señor diputado: ¡Venga hombre!), por lo que ustedes tienen que ir más allá; sin ningún límite; sin ninguna
medida. Señorías, como les decía, este proyecto de ley no responde a las necesidades de la sociedad -ni siquiera a una demanda científica- y plantea una ética -ética con mayúscula- que no responde a la que comparte la mayoría de la sociedad
española.



Muchas gracias. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!)


El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señora diputada.



En el turno de fijación de posiciones tiene la palabra el señor Mardones.



El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.



A lo largo de varias legislaturas hemos seguido en esta Cámara una serie de debates sobre iniciativas recomendadas por las distintas acepciones científicas, sociológicas, económicas y políticas. La problemática que se


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presentaba en países de la Unión Europea y siguiendo sus directrices llevó a que en el año 1988 debatiéramos aquí por primera vez la que posteriormente fuera la Ley 35 sobre técnicas de reproducción asistida.
Yo estuve de ponente en aquella
ocasión y en la Comisión de Sanidad recibimos a docenas de comparecientes expertos en el campo de la ginecología y de la investigación biológica, genética y científica que, como digo, cuajó en esta Ley 35/1988. El enfoque que se dio iba dirigido a
resolver a las parejas -concretamente a la mujer- aquellos casos de esterilidad que tenían que ser abordados de una manera científica, médica y fisiológica distinta a la reproducción ordinaria de los seres vivos.



Cubierta esa etapa, en la que ya se abrían puertas a seguir avanzando en la problemática que se presentaba -ginecológica, en primer lugar, y terapéutica en segundo lugar-, la Ley 45 del año 2003 vino a significar un gran avance, un paso
adelante con todas las cautelas, que permitió la producción de estos preembriones congelados con una limitación a tres ovocitos. Ahora llega ya, en esta tercera instancia, este proyecto de ley sobre técnicas de reproducción humana asistida que
viene, una vez recogida una síntesis de toda la experiencia anterior, a reflejar una serie de avances y conocimientos científicos en el campo de la reproducción y, sobre todo, de la genética y de la reproducción fisiológica de los seres vivos.



Mi grupo, visto este panorama y las motivaciones que ha expuesto aquí la señora ministra, como hemos tenido ocasión de escuchar en los debates en ponencia y en Comisión y fuera del debate parlamentario -porque estos temas conllevan también
unos posicionamientos, legítimos por supuesto, ideológicos, de creencias y de ideas-, cree que, como decía Ortega, hemos de distinguir lo que es una idea de lo que es una creencia, respetando ambas, las creencias, donde van las ideologías, y las
ideas, donde van muchas veces los componentes científicos y sociológicos de todo comportamiento humano, cuando se entra en una materia en que a veces se rompen modelos.



El proyecto que nos llega hoy aquí es en cierta medida moderado, porque incluso ante posiciones más avanzadas en el uso de las células madre en cualquiera de sus acepciones fisiológicas, temporales o biológicas tiene que subyacer un deseo
que el político debe transformar en realidad y, por tanto, el órgano legislativo, el Parlamento, llevarlo a la letra de una ley que resuelva unos problemas que tiene la ciudadanía, más allá muchas veces de concepciones ideológicas, porque son
realidades fehacientes ante las que se encuentra la reproducción humana y sobre todo cuando entramos en el gran escenario de la utilización terapéutica para todo aquel tipo de enfermedades que con una base biomolecular tienen que ser respondidas con
un tratamiento científico. Posiblemente dentro de pocos años estemos otra vez actualizando el proyecto de ley que ahora estamos debatiendo, una vez transformado en ley por el Parlamento. (La señora vicepresidenta, Chacón Piqueras, ocupa la
Presidencia.)


Mi grupo va a votar favorablemente este proyecto de ley porque entiende que es un paso hacia delante, pero con un criterio de responsabilidad científica, porque lo que no puede mi grupo, o al menos este diputado, es negar que en la
colectividad científica puede haber intereses mercantilistas, de clínicas privadas o de actividades que cualquier experto, científico, médico o genetista puede desarrollar en el ámbito de la concepción o del tratamiento. ¿Dónde se pone la fina
línea roja donde terminan unas competencias y empieza algo que podría incluso entrar en el ámbito de la penalización, como ha ocurrido en el Código Penal español y de muchos países? Pues aclarémoselo a la comunidad científica, a los ciudadanos y a
todos los que necesiten de avances para tratar no ya cuestiones puramente de esterilidad, sino de enfermedades genéticas degenerativas, como el alzheimer o cualquier otra enfermedad en que haya una mínima posibilidad de resolver científicamente un
problema humano, y dentro del respeto a cualquiera de las ideologías mi grupo estará en una línea progresista y positiva para resolver estos temas.



Este proyecto de ley avanza en la respuesta a estos problemas y permitirá que la humanidad se dote de aquellos instrumentos que le permitan corregir cualquier aberración patológica que el propio desarrollo biocelular de los seres vivos, en
este caso de los seres humanos, pueda tener. Nosotros vamos a dar nuestro voto positivo a este proyecto de ley porque es un paso adelante, aunque posiblemente menor del que hubiéramos deseado y del que desean determinados miembros de la
colectividad científica. Que cada uno responda con unos conocimientos de seguridad y de conciencia porque la calidad de la vida humana no puede estar cercenada por leyes de imperativo retrógrado que impidan el avance científico, sociológico y ético
de estas cuestiones. Por eso mi grupo vota cómodamente la aprobación de este proyecto de ley.



Muchas gracias, señora presidenta. (Rumores.-Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Mardones.
Muchas gracias.



El último turno de fijación de posiciones corresponde al Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el señor Fidalgo para llevarla a cabo.



El señor FIDALGO FRANCISCO: Muchas gracias, señora presidenta.



Señorías, señora ministra, en esta Cámara debatimos muchas iniciativas legislativas dirigidas a mejorar los derechos de las personas y la calidad de vida. Sin embargo, seguramente son las iniciativas sobre la salud las que permiten una
identificación inmediata del resultado de nuestro trabajo con la expectativa de personas concretas que, como las que ahora están siguiendo este debate, confían en ver que se abra la puerta de la esperanza


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a situaciones de sufrimiento en torno a su salud o a la de familiares queridos. De eso se trata en las actuaciones sanitarias y eso tan concreto es lo que esperan de nosotros los ciudadanos a los que representamos, más allá de nuestras
posiciones previas más o menos encontradas y de nuestras consideraciones más o menos coherentes para defenderlas con ahínco.



Por eso, después del debate las cosas que de verdad importan han de quedar diáfanas. La señora ministra, a quien tengo que felicitar por la iniciativa del Gobierno -que, como ella ha relatado, tenía sus antecedentes en los reales decretos
del año 2004-, ha desglosado con claridad en su intervención las medidas más importantes que el proyecto de ley contempla. Sin embargo, parece que el Partido Popular se ha instalado desde hace ya mucho tiempo en el ensimismamiento rencoroso, en el
retortijón de tripas, en el tremendismo y en la huida desesperada y demagógica hacia delante, es decir, hacia el precipicio. Es una carrera irresponsable en la que pretende arrastrarnos a todos. Lo suyo es la estrategia manipuladora que despreci,
no solo la inteligencia y la buena fe de los ciudadanos, sino también la posible resolución de sus problemas, que es para lo que realmente nos han puesto aquí. La gente desde sus casas, desde sus trabajos, nos observa y nos juzga, y estoy seguro de
que después de lo que hemos escuchado solo algunos de ustedes del Grupo Popular permanecen en la obcecación ciega con la que venían predispuestos.



Evidentemente, hay que dejar las cosas claras y yo voy a hacer una última tentativa, a ver si lo consigo. A partir de ahora las mujeres, solas o en pareja, que deseen tener hijos mediante estas técnicas no sufrirán con angustia la
posibilidad de reiteración de dolorosos ciclos de estimulación, puesto que, según criterio clínico, con su autorización previa y con las garantías debidas para su salud y la de su posible descendencia, se podrá obtener en cada ciclo un mayor número
de ovocitos a fertilizar, aunque luego solo pueda implantarse un máximo de tres para lograr un embarazo. Los sobrantes quedan en reserva para realizar nuevos implantes si fuera preciso, pero sin repetir ya necesariamente un nuevo y doloroso ciclo
de estimulación ovárica. Como indicativo, para que nos demos cuenta de lo que estamos hablando y aunque las cifras son variables, les puedo decir que la media actual de ciclos es de 3,5 por embarazo y que solo alrededor de uno de cada cuatro
embarazos concluye en parto. Echen ustedes cuentas, señores diputados. Seguro que muchas mujeres sí las echan, al menos las mujeres que forman parte de ese 15 por ciento de las parejas españolas que tienen problemas para tener hijos.
Sigan
echando cuentas; lo pueden hacer cínicamente, defendiendo la Ley de 2003 que limita a tres los ovocitos de cada ciclo, supeditando el bienestar de las mujeres a la obligación que les había venido impuesta a ustedes de evitar a toda costa nuevos
embriones sobrantes que pudieran ser destinados, por ejemplo, a la investigación, en una pretendida protección de sus derechos, olvidando que, sin embargo, los sobrantes antes de 2003, como bien ha dicho la señora ministra, sí pueden ser utilizados
para investigación. Es un rasero diferente. Señorías, es evidente que la derecha promueve las desigualdades ya desde el embrión.
(Un señor diputado: ¡Muy bien!- Aplausos.) Quieren hacer de la desigualdad algo genético. Por eso mismo y ya desde
la genética los socialistas queremos lo contrario: tratar como iguales a los que desde su origen ya son iguales.



Dicho esto, otra afirmación rotunda: la nueva ley no permite producir embriones destinados expresamente a la investigación pues solo lo permite con los sobrantes, es decir, lo mismo que en 2003, con la variación que antes hemos comentado.
No quiero ser aquí el altavoz de las exposiciones demagógicas del Grupo Parlamentario Popular, pero no puedo pasar la ocasión sin dar respuesta a una serie de consideraciones que se plantean reiteradamente por su parte porque tampoco quiero que
queden sin respuesta en el 'Diario de Sesiones'. Por ejemplo las referencias a que estamos incentivando la mercantilización, porque más allá de la introducción permanente y maliciosa de la sospecha -base de la intolerancia que es también fundamento
de su actuación- lo cierto es que la ley dice en su artículo 5 apartado 3 que la donación nunca tendrá carácter lucrativo o comercial y el artículo 11, sobre crioconservación y destino de los preembriones, en su apartado 6 termina estableciendo que
los preembriones quedarán a disposición de los centros en los que hoy se encuentran crioconservados, que podrán destinarlos conforme a su criterio a cualquiera de los fines citados, manteniendo las exigencias de confidencialidad y anonimato
establecidas y la gratuidad y ausencia de ánimo de lucro además de la información previa y exhaustiva. Se califica como infracción muy grave la investigación con embriones humanos con el incumplimiento de los límites, condiciones y procedimientos
de autorización establecidos en esta ley. Significativamente, el Grupo Popular no ha querido admitir intentos de mejora o transacciones a este respecto porque se plantea la estrategia del todo o nada. El todo es que hubiésemos aceptado sus 16
enmiendas que significan volver a la ley de 2003, el nada, por supuesto, es votar hoy no a todo el texto.



Este texto va a ser apoyado por el resto de los grupos porque entre todos hemos hecho un buen trabajo de acercamiento y más del 60 por ciento de las enmiendas han sido transaccionadas. Evidentemente, quedan algunas en pie, sobre todo, las
referidas a temas competenciales tanto de la Comisión Nacional de Reproducción Asistida como la Organización Nacional de Trasplantes o incluso los registros. Sin embargo, en cuanto a la Comisión Nacional de Reproducción Asistida también hemos
introducido, por ejemplo, una transaccional -que recoge el dictamen- sobre la consideración de las comisiones homólogas autonómicas como referencia y soporte de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida y que debiera permitirnos un
desarrollo coordinado de las mismas reglamentariamente o como proceda. Insisto, el Grupo Popular introduce la sospecha


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permanentemente también en la composición y funciones de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida. Ahora no les vale porque sugiere y ha sugerido iniciativas que han dado pie a esta ley. Esta es la realidad, pero esta sospecha
permanente sobre la capacidad de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida e incluso sobre su ética está en la base de la intolerancia y en la base de la estrategia del Grupo Popular. Esa intolerancia, esa intransigencia, ese integrismo,
¿no les suena? Sida o preservativo, integrismo de la moral retrógrada o tolerancia y variabilidad de la vida; ese don maravilloso y tan raro en el mundo y en el universo que Jacques Monod dijo que había que conservarlo a toda costa; don que es en
sí mismo futuro y esperanza. Por supuesto la Comisión Nacional de Reproducción Asistida -cuya creación fue aprobada por los gobiernos del Partido Popular- tiene una composición que por sí misma ya denota las garantías que trata de amparar. Por
ejemplo, se compone de cinco representantes de las comunidades autónomas, designados por el Consejo Interterritorial; cuatro representantes de la Administración General del Estado; cuatro más por parte de las asociaciones relacionadas con la
fertilidad humana -la bioética médica, la obstetricia y la ginecología-, y por parte de la representación social nueve más, por ejemplo, Consejo General del Poder Judicial, consumidores y usuarios, usuarios de técnicas de reproducción humana
asistida, colegios oficiales de médicos, abogados, etcétera; que se ponga en duda su ética, su capacidad de regulación y de asesoramiento nos parece evidentemente desproporcionado.



El Partido Socialista cree en el sentido positivo de la vida, en el optimismo de la especie y en las acciones para que ese optimismo se materialice. A pesar de la lucha histórica entre el negativismo y la utopía o quizás también por esa
lucha a lo largo de los tiempos el resultado es el que es; estamos ahora aquí debatiendo sobre un anteproyecto de ley que quiere mejorar las condiciones de vida de las personas. Más aún, facilitar la vida y, además, con técnicas que hace solo una
generación eran inimaginables. Sin esa lucha estaríamos aún como nuestros antecesores en aquella película de Kubrick, lanzando el hueso al aire y esperando que Dios juegue a los dados. ¿Recuerdan, por cierto, lo del feto? Algunos siguen mirando
hacia el cielo perdidos en disquisiciones; aguardan que el hueso caiga. Nosotros apostamos por la superación del sufrimiento y empujamos para que la salud haga la vida de las personas más digna. Esta ley facilita tener hijos biológicos, facilita
la prevención y el tratamiento de enfermedades hoy incurables y mejora la seguridad, la información y la autonomía de la mujer en su decisión. Por tanto, esta ley contribuye a la vida, a su dignidad y a la salud de las personas. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Fidalgo.



-PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REGULA EL ESTATUTO DEL MIEMBRO NACIONAL DE EUROJUST Y LAS RELACIONES CON ESTE ÓRGANO DE LA UNIÓN EUROPEA. (Número de expediente 121/000040.)


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Finalizado este debate, pasamos a debatir el siguiente proyecto de ley: Proyecto de ley por la que se regula el estatuto del miembro nacional de Eurojust y las relaciones con este órgano de la
Unión Europea. Comenzamos por la intervención del señor ministro de Justicia. Cuando quiera, señor ministro.



El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Muchas gracias, señora presidenta.



Una vez más tengo el honor de subir a la tribuna del Congreso de los Diputados para expresar, en el trámite parlamentario de la votación de las enmiendas que vertebran el dictamen de Comisión de la iniciativa legislativa adoptada por el
Gobierno con la forma de proyecto de ley para regular el estatuto del miembro nacional de Eurojust y las relaciones de este órgano con la Unión Europea, el reconocimiento al trabajo de la Cámara en el primer momento que resulta procedimentalmente
posible hacerlo, toda vez que esta iniciativa legislativa no fue objeto en su momento de ninguna enmienda a la totalidad. Por ello creo cumplir un deber de reconocimiento al trabajo parlamentario y, al mismo tiempo, de agradecimiento al modo en que
ha tenido lugar el trámite hasta el momento, en la esperanza de que pueda verse culminada la tramitación legislativa completa y entrar en vigor cuanto antes una iniciativa legislativa que quiere actualizar nuestra legislación en una dimensión
constitucional tan relevante de la construcción europea como es la del espacio de Libertad, Justicia y Seguridad. Déjenme simplemente, en dos pinceladas, dejar constancia en el 'Diario de Sesiones' de que todos somos conscientes de que, a pesar de
que la construcción europea se presentó con carta de naturaleza de una unidad económica y de mercado en los años cincuenta con el Tratado fundacional de la Comunidad del Carbón y del Acero, en 1951, y los sucesivos de Roma de 1957, era claro, si se
leía entre líneas, que teníamos entre manos la construcción de un objeto político con vocación constitucional que quería crear una comunidad supranacional de Estados y de ciudadanos regida, estructurada y limitada por el derecho. Esto se hizo
especialmente patente en la década de gran impulso que arrancó en los ochenta y cuajó en el Tratado de Maastricht de 1992 y adquirió plena conciencia de sí misma en el Tratado de Amsterdam de 1997 con la incorporación del espacio de Libertad,
Justicia y Seguridad como una dimensión constitutiva de la construcción europea desde el punto de vista de sus ambiciones, desde el punto de vista de su vinculación a los derechos fundamentales que integran las tradiciones constitucionales comunes
de los Estados miembros y desde el punto de vista, sobre todo, de las


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competencias de la Unión Europea. En este marco que se ha ido produciendo en la década de los noventa es cuando ha tenido lugar un despegue espectacular de esta ambición de cooperar, con todos los instrumentos de la seguridad y la justicia,
con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dependientes de los Estados miembros y con los poderes y sistemas judiciales de persecución del delito de los Estados miembros en la construcción de un espacio común de respeto a los derechos fundamentales, de
garantía de lucha contra las infracciones del derecho comunitario, búsqueda de la seguridad y, en este último campo, de lucha contra el crimen, contra todas las formas de delincuencia y, en especial, contra las formas de delincuencia de nuestro
tiempo, que son las formas de delincuencia transnacionales y que requieren también instrumentos supranacionales para ser combatidas con eficiencia.



Es aquí donde hay que encuadrar la Decisión 2002/187, de 28 de febrero de 2002, adoptada por el Consejo de Ministros de Justicia e Interior, una de las formaciones del Consejo, por la que se crea Eurojust para reforzar la lucha contra las
formas graves de delincuencia. Este es un paso decisivo en la construcción del espacio de Libertad, Justicia y Seguridad.
Eurojust se configura así como un órgano específico de la Unión Europea, dotado de personalidad jurídica propia, financiado
con cargo al presupuesto de la Unión Europea, con el objetivo de facilitar la coordinación de fiscalías y sistemas judiciales nacionales para apoyar las investigaciones penales contra todas las formas de delincuencia organizada, en particular
aquellas que más nos preocupan: narcotráfico, tráfico de personas, corrupción, persecución del blanqueo de dinero procedente de negocios ilícitos y, cómo no, nuestra prioridad absoluta, la número uno en España, tanto en política interior como
exterior, la lucha contra todas las formas de terrorismo. Así, se acuerda la cooperación de Eurojust con Europol -el instrumento de cooperación policial europea- y su imbricación con la red judicial europea, al objeto de simplificar el trámite de
los instrumentos más cualificados de cooperación judicial, las comisiones rogatorias y las euroórdenes, que ha revolucionado la técnica tradicional de la extradición. De manera que el objeto de esta iniciativa legislativa, que hoy está viendo este
trámite en el Congreso de los Diputados, es articular todas las disposiciones necesarias para hacer posible la actuación de Eurojust, particularmente en lo que respecta al estatuto del miembro español de Eurojust como órgano de la Unión Europea y a
las relaciones de ese miembro nacional y de Eurojust con las autoridades españolas encargadas de la persecución del delito. La iniciativa legislativa integra también la articulación de este órgano con la red judicial europea e incorpora a nuestro
derecho positivo la figura que ya no solamente está ensayada, sino que está funcionando a satisfacción en la relación bilateral con distinguidos aliados de España en la estrategia de la lucha contra el crimen, que hemos denominado magistrados de
enlace.



Lo primero que quiero destacar de este texto que hoy está viendo este trámite es que está consiguiendo ser un proyecto consensuado, no solamente porque, como es preceptivo, fue sometido a un trámite consultivo ante distintas instituciones
del Estado -el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado-, que dictaminaron, dada su naturaleza, pues hemos de tener en cuenta que estamos cumpliendo compromisos internacionales y que tiene que ver y afecta a la
organización judicial, que debía contar con los informes preceptivos de estos órganos de relevancia, que han ayudado a perfeccionar la iniciativa, el anteproyecto en su fase de redacción.
Además, en este trámite, se han producido modificaciones,
que agradecemos y reconocemos porque están ayudando a mejorar la perfección del texto en relación con su objeto y con su objetivo. Así sucede con la inclusión del director de la Agencia Española de Protección de Datos como autoridad común de
control de Eurojust y con la posibilidad de que el miembro nacional de Eurojust pueda ser llamado a informar ante las comisiones de Justicia y de Interior del Congreso de los Diputados y del Senado sobre la actividad que desempeña. Son
modificaciones que representan una contribución y quiero reconocerlo de forma expresa.



Déjenme concluir señalando que el texto que hoy va a ser votado por supuesto mantiene las líneas básicas del proyecto que hemos puesto en marcha desde el Gobierno para cumplir este importante objetivo de la construcción del espacio de
Libertad, Justicia y Seguridad. España va a disponer en Eurojust de tres representantes: el miembro nacional, el asistente y el corresponsal para asuntos de terrorismo quedando abierta la posibilidad de nombrar a otros corresponsales nacionales en
relación con otras formas de delincuencia y de criminalidad organizada que requieran una especial articulación de la respuesta.



La normativa europea permite que para el desempeño de estos cargos puedan ser nombrados miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, como es el caso de los ordenamientos de cuño anglosajón, responsables de la persecución del delito;
miembros de sus respectivos sistemas judiciales o especialmente miembros de la carrera fiscal, en la medida en que es la figura dominante y la tendencia que se abre paso en la conjunción europea la de encomendar al ministerio público, al ministerio
fiscal o a órganos análogos a este que en España denominamos históricamente ministerio fiscal la investigación de los delitos y, consiguientemente, la conducción de la fase preprocesal que esclarece las circunstancias de los hechos aparentemente
delictivos e individualiza las responsabilidades que deban ser depuradas para que se haga justicia y se castiguen los delitos.



En España, la opción legislativa, como está a la vista en el texto que sometimos al trámite de esta Cámara, ha apostado por que sean miembros del ministerio fiscal y de la carrera judicial los que puedan desempeñar los puestos que acabo de
referir: miembro nacional, asistente y corresponsal en materia de terrorismo. El miembro


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nacional de Eurojust tendrá como función la dinamización de la cooperación jurídica de forma activa, recibiendo y transmitiendo solicitudes de asistencia judicial con poderes de actuación complementaria a partir de la respuesta de las
autoridades judiciales, siempre bajo control de aquella autoridad judicial o del ministerio fiscal que hubiera cursado en origen la petición de asistencia.



Es importante referirse también a la autorización de acceso a las fuentes de información para el miembro nacional de Eurojust. Es ahí donde se produce no solamente la conexión con Interpol sino con la información Schengen, con las
investigaciones resultantes de la cooperación judicial en la defensa de los intereses de la Unión, una de cuyas expresiones más sobresalientes es la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), sin perjuicio de otras autoridades españolas que
puedan cumplir funciones para estos mismos objetivos. El proyecto de ley establecía ya en su primera redacción un deber general de colaboración de todas las autoridades españolas con Eurojust que se hace extensivo no solo a los órganos del Poder
Judicial y del ministerio fiscal sino al resto de los poderes públicos, de las entidades públicas, dentro del respeto, por supuesto, a sus respectivas competencias y a sus propios espacios de responsabilidad. A través de la Fiscalía General del
Estado se encauzarán las peticiones que puedan producir efectos sobre el proceso penal, y corresponde al fiscal general del Estado la pertinencia de atender a lo solicitado dando en su caso -ahí está una vez más el fiscal general del Estado como
cúspide de una organización piramidal regida por los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica- las instrucciones oportunas a todos y cada uno de los miembros del ministerio fiscal que actúan como uno, tal y como establece su
estatuto orgánico.



Por último, en el texto legislativo se crean esos magistrados de enlace a los que hacía referencia, que ya están funcionando, como saben sus señorías, y están prestando servicios muy notables que deben ser agradecidos en la lucha contra
todas las formas de delincuencia transnacional y supranacional. Viene funcionando desde hace años de forma ejemplar la figura del magistrado de enlace en nuestra colaboración judicial con Francia, Italia, Bélgica, Reino Unido y, más recientemente,
bajo mi mandato como ministro de Justicia en esta legislatura, hemos ensanchado las potencialidades de esta figura. Quiero destacar de forma particular el trabajo que está efectuando el titular de esta magistratura de enlace ante el Reino de
Marruecos. Serán seis las plazas de magistrado de enlace que quedarán incardinadas en la articulación de esta técnica de colaboración en el marco de la Unión Europea y fuera, cuatro en la Unión Europea y dos adicionales en Estados no miembros de la
Unión.



En definitiva, estamos sintonizando el derecho europeo con nuestro ordenamiento jurídico en la lucha contra el crimen. Estamos apostando una vez más por expresar nuestro compromiso en la lucha contra la criminalidad organizada y contra
aquella que más nos preocupa, la más perseverante, aquella que nos obliga todos los días a continuar empeñados y concentrados en la lucha contra el terror, contra todas las formas de terrorismo y en la que España figura, sin duda alguna, por su
ordenamiento jurídico, por su determinación política y la voluntad de su ciudadanía, como una verdadera referencia puntera en la construcción del espacio de Libertad, Justicia y Seguridad. España ha estado siempre en la locomotora de la Unión
Europea en lo relativo a la construcción de esta cooperación.



Quiero hacer una apuesta, desde luego, por la importancia de Eurojust junto con otros instrumentos, como la armonización y convergencia del derecho penal sustantivo, lo que se ha denominado en origen la Eurolista, que es un principio de
convergencia de tipos penales para combatir formas de criminalidad organizada y para unificar criterios de actuación de política legislativa en materia penal contra el terrorismo; la cooperación policial, Europol; la cooperación judicial en la red
judicial europea, Eurojust, y, por supuesto, la superación de los tradicionales instrumentos de cooperación jurídica del derecho internacional en pos de una verdadera y genuina construcción europea absolutamente innovadora, del que es un ejemplo tan
útil, que ha producido, por tanto, tantos rendimientos en la lucha contra el crimen, como ha sido la Euroorden.
Vamos a continuar trabajando y haciendo de España una verdadera referencia de confianza y de liderazgo en todo lo que se refiere a los
progresos de la construcción del espacio de Libertad, Justicia y Seguridad.



Quiero agradecer el apoyo que han expresado ya en el trámite los distintos grupos parlamentarios de la Cámara a cada uno de los pasos de esta construcción y, por supuesto, reconocer la línea de continuidad que de esta participación que
ejerce verdadero liderazgo en la construcción europea describen los distintos gobiernos de la democracia desde que nos incorporamos a la Unión Europea. Así fue con los gobiernos que presidió Felipe González, con los gobiernos que presidió José
María Aznar, bajo cuyo mandato se adoptaron algunas de las decisiones más importantes de esta construcción del espacio de Libertad, Justicia y Seguridad, y así está siendo en esta legislatura bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, en la
que España está brillando siempre, en todas y cada una de las formaciones del Consejo y de forma muy particular en la de ministros de Justicia y de Interior, en cuanto toca arrimar el hombro por la convergencia, desde el respeto a los derechos
fundamentales y a las tradiciones constitucionales, para ser más eficaces en la lucha contra el crimen y hacer de Europa un verdadero espacio no solamente de libre circulación de mercancías, de bienes, de servicios profesionales y de capitales, sino
sobre todo de cultura de la libertad y de la seguridad.



Muchas gracias. (Aplausos.)


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La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchísimas gracias, señor ministro.



Señorías, abrimos el debate de los grupos parlamentarios. Comenzamos con los que han presentado enmiendas a este proyecto de ley. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Xuclà.



El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.



Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en este trámite final en el Pleno para fijar nuestra posición y también para hacer la defensa de las enmiendas que mantenemos vivas a este proyecto de ley.
Como bien saben SS.SS., el Consejo de Europa de Tampere, de octubre de 1999, acordó que antes de finalizar el año 2001 debía crearse una unidad integrada por fiscales, magistrados y funcionarios de policía para coordinar las investigaciones
policiales y las actuaciones judiciales de los Estados miembros en el ámbito de la delincuencia organizada. El objetivo de Eurojust es fomentar y mejorar la coordinación de las investigaciones y las actuaciones judiciales llevadas a cabo por las
autoridades competentes de los Estados miembros, de acuerdo con la solicitud de estas y con la información que puedan adoptar los órganos competentes. La creación de Eurojust tiene también como objetivo facilitar la asistencia judicial
internacional y la tramitación de las solicitudes de extradición, así como dar apoyo a las autoridades competentes de los Estados miembros para aumentar la eficacia de sus actuaciones.



Con este proyecto de ley, señorías, desde el ordenamiento jurídico interno, otorgamos el estatuto del miembro español en Eurojust, aspecto que cierra su creación desde nuestra perspectiva. La valoración que hace el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) de esta tramitación es en parte positiva, ya que en Comisión han sido acogidas mediante transaccionales distintas enmiendas de nuestro grupo parlamentario que en nuestra opinión han mejorado técnicamente el proyecto.
Entre otras enmiendas incorporadas a raíz de planteamientos del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), concretamente hago referencia a la posibilidad de compatibilizar, a efectos de plazos, el cargo de asistente y de miembro nacional, la
posibilidad de mejorar la relación de funciones del corresponsal para asuntos de terrorismo, así como otra incorporación que valoramos positivamente, que es la facultad del miembro para corregir los errores en los que puedan incurrir las solicitudes
de asistencia judicial.



Dicho esto, señorías, también es cierto que mantenemos un importante paquete de enmiendas. Quedan vivos para este debate final en el Pleno cuatro grandes elementos de discrepancia. Un primer paquete son las enmiendas números 7, 11, 12 y
18, que se refieren a los nombramientos. A nuestro juicio es necesario adscribir al miembro de Eurojust nombrado por España al órgano correspondiente a su carrera de procedencia. Por otro lado, consideramos que el informe previo a su nombramiento
debe contener necesariamente la idoneidad, méritos y experiencia, que obligatoriamente, por las competencias que ostentará, deben estar relacionados con la cooperación judicial internacional. En cuanto a los asistentes, se considera necesario que
de forma obligatoria se nombre, como mínimo, un asistente o más, en atención a la situación del resto de Estados miembros, de su legislación y de la carga de trabajo. Con la enmienda número 12 mi grupo parlamentario pretende llenar una laguna del
proyecto, que es prever que el corresponsal para asuntos de terrorismo, por las funciones que le corresponden, debe ser un magistrado, fiscal o jurista de reconocido prestigio. Creemos que esta es la responsabilidad concreta que debería asumir este
corresponsal. En atención a su adscripción orgánica, sería necesario el informe previo del Consejo para proceder al nombramiento y a la remoción de magistrados, concretamente de magistrados de enlace.



En cuanto al segundo paquete, las enmiendas 9 y 20 se refieren al mantenimiento de la condición. El proyecto puede provocar que desde la perspectiva interna, el juez, magistrado o fiscal nombrado como miembro de Eurojust pierda su condición
de tal a pesar de ejercer sus poderes.
Por ello, consideramos que se debe prever en el proyecto su paso a la situación de servicio activo en comisión de servicios.



En el tercer paquete, la enmienda número 16 se refiere a la competencia para resolver las solicitudes de Eurojust. Compete al fiscal general del Estado la resolución de dichas solicitudes, pero creemos que en el caso de denegación debe
competer al orden judicial la resolución de la procedencia o no de la solicitud de Eurojust, todo ello sin perjuicio de que la Fiscalía General del Estado imparta la oportuna instrucción para que el ministerio fiscal inste las actuaciones que se
consideren oportunas. La enmienda que defiende este grupo parlamentario sigue el planteamiento de la mayoría de los órganos judiciales, que entienden que la previsión del proyecto de atribuir a un órgano de naturaleza no jurisdiccional la facultad
de definir la posición del Estado respecto a las solicitudes de Eurojust puede conllevar problemas cuando el fiscal general del Estado resuelva negativamente o cuando se archiven diligencias procesales de investigación sin que exista la facultad de
dirimir por parte de la autoridad propiamente judicial, que podría haber adoptado ante el mismo supuesto una decisión favorable a la apertura de una investigación o al reconocimiento de que las autoridades de un Estado miembro están en mejor
condición para llevar a cabo una investigación o unas actuaciones judiciales sobre hechos concretos. La decisión del ministerio fiscal de no promover la persecución de los hechos denunciados no tiene efecto vinculante para la autoridad judicial,
por lo que se considera necesario incluir un control judicial a posteriori -esto lo plantean también nuestras enmiendas- en los supuestos de denegación por parte de la Fiscalía.



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Finalmente, señorías, el cuarto y último bloque de enmiendas se refiere a la regularización de los extranjeros, concretamente la enmienda número 19. Esta enmienda pretende que el ordenamiento jurídico prevea la posibilidad de cerrar
fronteras en los supuestos en que el Gobierno inicie un procedimiento de regularización con el debido refrendo parlamentario. Señorías, algunos de ustedes pueden decir que esta es una enmienda que hemos colgado de este proyecto de ley a partir de
algunos aspectos mal resueltos en otras normas legales, concretamente en la Ley sobre regularización de extranjeros, actualmente vigente. Hemos observado atentamente, más en las provincias que tienen frontera, bien sea con Francia o con Portugal,
que ante procesos extraordinarios de regularización, como el que vivimos desde el mes de febrero hasta el mes de mayo del año pasado, es necesaria una suspensión de los acuerdos Schengen, un cierre transitorio de fronteras durante este período de
tiempo para llevar a cabo un proceso de regularización ordenado. Como diputado por la provincia de Girona, les puedo asegurar que en estas provincias fronterizas se produce el denominado efecto llamada. No es para crear alarma, pero de acuerdo con
algunos datos que aportó el Ministerio del Interior con motivo de una pregunta que formuló mi grupo parlamentario, es evidente que hay un crecimiento del número de personas que intentan entrar de forma ilegal en el Estado español produciéndose lo
que de forma más o menos rigurosa se denomina efecto llamada. Debemos aprovechar la tramitación de este proyecto de ley que hace referencia al espacio común de Libertad y Seguridad, a su reforzamiento con la creación de Eurojust y a la
incorporación de España a dicho órgano para enmendar aquello que hace unos años fue mal resuelto y que posteriormente, si hoy no se aprobara esta enmienda número 19, tendrá que ser objeto de atención y de revisión legislativa en esta Cámara.



Muchas gracias, señora presidenta.



La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Xuclà, muchísimas gracias.



El otro grupo parlamentario que ha presentado enmiendas es el Grupo Popular. Tiene la palabra para defenderlas el señor Astarloa.



El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Gracias, señora presidenta.



Señorías, tomo la palabra para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular en relación con la tramitación del proyecto de ley por el que estamos desarrollando la figura nacional de Eurojust. Es un proyecto en apariencia muy técnico,
pero como ya tuvimos ocasión de comprobar en Comisión y como hoy han puesto de manifiesto las intervenciones que me han precedido, tiene un calado y una relevancia política incluso político-constitucional en el seno de la construcción europea muy
grandes, porque es uno de los instrumentos esenciales que hemos sido capaces de desarrollar en lo que podríamos llamar el ámbito orgánico del espacio de Libertad, Seguridad y Justicia europeo, junto a la red europea de jueces y fiscales y junto a
los magistrados de enlace. Esa parte orgánica del JAI, del espacio de Libertad y Seguridad europeo, en el que hemos tenido el privilegio -lo recordaba el señor ministro- de trabajar muy a fondo en los años pasados para ver nacer figuras tan
importantes como la de Eurojust de la mano de la sucesión de gobiernos y, en concreto, de la que a mí me correspondió, del Gobierno de José María Aznar, es una parte significativa de lo que no ha hecho más que empezar a crecer, que es el espacio de
Libertad y Seguridad; espacio que, junto a la parte orgánica, ya ha tenido dos manifestaciones muy relevantes, tanto la Euroorden, ya mencionada, como la decisión marco de armonización del terrorismo, que pasaba a incorporarse como capítulo
esencial y novedoso, desapareciendo del tercer pilar, al nuevo Tratado de la Unión, a la llamada Constitución europea, en lo que era entonces y más aún después de no salir adelante la Constitución -insisto- solo el embrión de algo que tiene que
desarrollarse infinitamente más y en relación con el cual tanto el Gobierno como todos los grupos parlamentarios tenemos todavía que hacer un gran esfuerzo para que efectivamente se desarrolle en todas sus posibilidades y ámbitos el espacio de
Libertad y Seguridad en la Unión Europea, tanto en lo que se refiere a la vertiente judicial o jurídico-procesal como en lo que se refiere a la vertiente policial, que, como SS.SS. saben -igual que yo sé-, todavía está en un espacio preembrionario
en relación con lo que hoy estamos hablando.



Desde esta tribuna se ha dicho que ha habido una tramitación cordial entre los grupos parlamentarios. Estoy de acuerdo; por mi parte también lo agradezco. Hemos intentado entre todos hacer que una ley que, efectivamente, regula una figura
importante responda al mayor consenso y acierto posible. Esto quiere decir que se han ido introduciendo algunas enmiendas o se han propuesto enmiendas transaccionales que han llevado a que, por ejemplo, por parte del Grupo Parlamentario Popular
hayamos retirado algunas de nuestras enmiendas.



Como decía también el portavoz de Convergència i Unió, hay algunos aspectos de esta ley que todavía no han sido modificados, que deberían serlo y respecto de los cuales invito al señor ministro en el mismo ánimo y al Grupo Parlamentario
Socialista, ahora en el Senado y, en su caso, a la vuelta en el Congreso, a que no den por cerrada todavía la cuestión, porque aquí se comete un error, señor ministro, que además creo que es innecesario, cuando en una serie de artículos se intenta
asegurar la máxima dependencia del Eurojust nacional respecto del Ministerio de Justicia, es decir, respecto del Gobierno, respecto del Poder Ejecutivo, cosa, señor ministro, que compartimos. El principio lo compartimos. Esta es una figura que
tiene que estar directamente vinculada al Ministerio de Justicia, lo estaba cuando se creó con el Gobierno Popular y debe seguir estándolo como consecuencia de la aprobación de esta ley con Gobierno


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socialista. Pero esa preocupación se lleva a extremos en el sentido de que, resultando innecesarios para asegurar el principio que compartimos -al que se refería también el señor Xuclà-, hacen que en vez de reforzar la figura en el ámbito
judicial y en el ámbito fiscal, es decir, en el mundo jurídico en el que la figura tiene que operar, sea una figura que queda desligada de ese mundo, ajena a ese mundo y, en consecuencia, en dificultad para que el corresponsal nacional de Eurojust
esté en condiciones de que sus colegas jueces o los fiscales la sientan como una figura que forma parte del conjunto de los operadores jurídicos del Poder Judicial a la que es necesario atender. Su señoría sabe que esta figura necesita no solo
tener la consolidación a nivel europeo de que exista un colegio que pueda dar instrucciones a cada uno de nuestros países para que se inicien determinadas investigaciones -eso ya lo tenemos; ahí está la norma que en Europa da origen a la figura-,
sino que, a nivel nacional, Eurojust, que es una figura desconocida, ajena a la tradición, que sin embargo va a aparecer dando instrucciones a jueces y fiscales para que se pongan en marcha investigaciones que a lo mejor no interesan necesariamente
en España pero que interesan y mucho a otros países de la Unión Europea, pueda tomar decisiones, ocupar una posición en la que sus colegas sientan que es una figura a la que hay que respetar y ayudar porque, en definitiva, es respetar y ayudar a una
tarea común de espacio de Libertad y Seguridad en el ámbito europeo. Esto mismo que estoy diciendo para nuestro ordenamiento lo diría para el resto de los ordenamientos de la Unión Europea. Todas SS.SS. compartirán que a los españoles nos
gustaría mucho que cuando un colegio como es Eurojust quiera iniciar una investigación en Francia, en Italia o en Alemania porque tiene el máximo interés por la delincuencia organizada o el terrorismo en España, el Eurojust francés, el Erojust
alemán o el Eurojust italiano tengan capacidad de movilizar de verdad a los jueces y a los fiscales franceses, alemanes o italianos para que nos ayuden en la investigación que nos interesa a nosotros.



Señor ministro, creo que se puede mantener el principio de dependencia de esta figura del Ministerio de Justicia, pero aprobando además cosas que hemos propuesto el resto de los grupos de la Cámara -las ha propuesto Convergència i Unió en
coincidencia con nosotros; incluso lo propuso Esquerra Republicana de Cataluña, aunque luego retiró las enmiendas-, porque responden al sentir del conjunto de los sujetos que han informado estos proyectos. Usted puede leer lo mismo que está en
estas enmiendas en el informe del ministerio fiscal o en el informe del Consejo General del Poder Judicial. ¿En qué se traduce esto? En que el Consejo General del Poder Judicial y el ministerio fiscal puedan informar sobre la persona que va a ser
designada para Eurojust y no solo sobre el cumplimiento de los requisitos legales, que para eso no hace falta que informen: si no se cumplen, ya acabará el asunto en sede judicial. Se trata de que informen de que es una persona efectivamente
adecuada, impulsada por el Ministerio de Justicia, para que goce además del apoyo del resto de los profesionales, por ejemplo. O, por ejemplo, se trata, y no eche en saco roto lo que voy a decir, de que se asegure que en Eurojust, sea juez o
fiscal, siga en una situación de servicios especiales en su carrera para que desde la misma pueda seguir ejerciendo facultades que van a facilitar que el resto de los colegas puedan actuar en la dirección de las investigaciones que Eurojust europeo,
el colegio, a través del Eurojust español, quiere poner en ejecución. O de que no se diga en la ley que a quien nombre el Gobierno, a propuesta del ministro de Justicia, es una persona de libre remoción. Nómbrese con estabilidad a una persona, la
que usted quiera, para que realice un trabajo en un tiempo estable. Tampoco me parece que hay que echar en saco roto que la ley no consagre que el incumplimiento de las peticiones de Eurojust, del colegio, a través del Eurojust español, no tiene
ninguna consecuencia en el ordenamiento español para nadie. Es bueno -hay una enmienda del Grupo Popular, la número 33 al artículo 13- que establezcamos consecuencias, en su caso de orden disciplinario o sancionador, para aquellas personas que no
den cumplimiento de verdad a las instrucciones emanadas de Eurojust.



Hay una última cuestión -y termino- que también ha mencionado el señor Xuclà. No hay ninguna necesidad de que en España incrementemos la burocracia haciendo pasar todas las actuaciones por el fiscal antes de que lleguen a manos del juez.
Se trata de tener en Europa los mecanismos más ágiles para abrir inmediatamente una investigación. Existen los jueces de instrucción y no se entiende por qué la ley hace pasar por las manos previas del fiscal una decisión que, en su caso, acabará
teniendo que adoptar, lo quiera o no la ley, el correspondiente juez. Señorías, creo que en este tema deberían ser sensibles a las enmiendas de Convergència i Unió y del Grupo Popular coincidentes en este punto. Dicho esto, anuncio que votaremos a
favor de las enmiendas de Convergència i Unió que coinciden con las nuestras, no así de dos a las que se refirió su portavoz, las números 6 y 19, la primera porque lleva la intervención del Consejo General del Poder Judicial más allá de lo que
creemos razonable en relación con el Ministerio de Justicia, y la segunda, porque, como decía el señor Xuclà, está descolgada en este proyecto. Es una enmienda que responde a una buena finalidad, que podemos estudiar, pero no es este el lugar, ni
probablemente los términos de la enmienda sean la vía más adecuada para resolverlo.



En cuanto al proyecto de ley, apoyaremos aquello en lo que nos hemos puesto de acuerdo, pero no apoyaremos -en la esperanza de que se modifique en el Senado, si no antes, en el día de hoy- aquello que, en coincidencia con otros grupos
parlamentarios, todavía puede mejorar y mucho este proyecto de ley.



Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)


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La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): ¿Alguien ejercerá turno contra las enmiendas presentadas? (Pausa.)


Pasamos al turno de fijación de posiciones.



Comenzamos con el señor Mardones, en nombre de Coalición Canaria-Nueva Canarias.



El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.



En Comisión ya tuvimos ocasión de mostrar nuestro parecer respecto a este proyecto de ley que viene impuesto por la Unión Europea por los antecedentes de los acuerdos de Tampere en 1999. Previamente, desde el Tratado de Amsterdam, habíamos
establecido que había un espacio de justicia y seguridad europeo, pero que había que ir avanzando en instrumentalizar qué aparatos del Ministerio de Justicia o del Ministerio del Interior se tenían que poner en funcionamiento y armonizarse entre los
distintos miembros de la Unión Europea para que este espacio judicial tuviera el pragmatismo, la eficacia y la efectividad acordes con lo que se estaba definiendo políticamente en Amsterdam o en Tampere. Llegamos así al proyecto que hoy debatimos.
(Rumores.)


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Silencio, señorías.



El señor MARDONES SEVILLA: Es un texto muy técnico, como bien han señalado el portavoz del Grupo Popular, señor Astarloa, y el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Lo que aprobemos en las Cámaras se llevará a
cabo en el ejercicio de la actividad competencial y jurisdiccional de los magistrados de enlace, como en el aspecto que nos había preocupado desde un punto de vista funcionarial, que son las garantías del funcionario, del magistrado, del juez, del
fiscal o del agente de policía especial en la custodia de este ordenamiento de investigación.



Coalición Canaria va a votar favorablemente este proyecto de ley, porque aporta la estructura orgánica, operativa y técnica del funcionariado necesaria para el cumplimiento de lo que se deriva de los acuerdos de Tampere, que es la misión de
facilitar la adecuada coordinación de las fiscalías nacionales, apoyar las investigaciones penales en los casos de delincuencia organizada, cooperar con los análisis de Europol en la red judicial europea y simplificar un hecho tan importante
-estamos luchando aquí contra el crimen organizado y el terrorismo- como es la ejecución de las comisiones rogatorias. No podemos desarrollar una eficaz política de lucha contra el crimen organizado -el señor ministro se ha referido en su
intervención a este tema- sin agilizar los instrumentos judiciales y policiales. Hay que respetar -entre comillas- un orden de fronteras jurisdiccionales entre los distintos países de la Unión Europea. Cuando se reclamaba a delincuentes detenidos
en terceros países o en otros países de la Unión Europea, la puesta en marcha de las comisiones rogatorias dilataba los procesos, mientras que la lucha policial y judicial contra el crimen organizado va a unas velocidades de adaptación de vértigo.
Como los delincuentes no respetan el principio de la ley, la velocidad de crucero de los actos delictivos, de su encubrimiento y de su cooperación es verdaderamente alta. Para los que tenemos que luchar desde el punto de vista jurídico contra estos
aspectos que se nos han señalado esto es importante. Podrían incorporarse algunas enmiendas para salvar las garantías funcionariales de servicios activos en cuestiones que ya hemos comentado aquí.



Quisiera señalar un tema que ha merecido la atención del señor ministro de Justicia y es que Canarias tiene una especial sensibilidad como zona turística, zona de operatividad de mafias del crimen organizado, blanqueo de dinero, etcétera.
Lamentablemente, no solo está globalizada la economía sumergida, sino que está globalizada también la delincuencia de estas mafias operativas del crimen organizado que tienen que ser coartadas con los poderes suficientes. A nosotros nos parece muy
acertada la figura del magistrado de enlace que se regula de manera específica en estas seis plazas a las que se ha referido el señor ministro. Tanto Canarias como el sur de España, como consecuencia de la inmigración clandestina originaria del
Magreb y concretamente de Marruecos, veníamos reclamándolo. Es imprescindible, para armonizar la lucha contra estas mafias organizadas, contar con instrumentos penales, judiciales y policiales, así como una vía de inmediatez con el país del que
sale este flujo de inmigrantes ilegales, que están siendo utilizados torticeramente, en la extorsión más absoluta, por las propias mafias que los sacan de África y los llevan a las costas de Canarias o de Andalucía.
Era, pues, necesaria la figura
de un magistrado de enlace para acelerar estas cuestiones con los jueces marroquíes y evitar esa selva de las comisiones rogatorias que se deben emitir, dentro de las medidas judiciales y policiales oportunas a adoptar contra las mafias que
controlan la inmigración ilegal y clandestina.



Señor ministro, nosotros suscribimos plenamente esta figura del magistrado de enlace, en el caso que ha expuesto S.S. con relación a Marruecos sobre la perentoriedad e inmediatez de estas seis plazas que se puedan crear porque es
imprescindible agilizar este tema con Marruecos. Por todo ello nosotros votaremos favorablemente este proyecto de ley.



Muchas gracias.



La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Mardones.



La siguiente fijación de posición la ejercerá el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV.) Para ello tiene la palabra doña Margarita Uría.



La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta.



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Señorías, nuestro grupo va a votar a favor -como ya en hizo en Comisión- del dictamen del proyecto de ley que estamos examinando, con el que se ha querido incorporar al ordenamiento español una regulación mínima relativa a otros órganos o
entidades que en materia de cooperación judicial han ido surgiendo en los últimos años y que carecían de reflejo normativo en nuestro derecho, como es el caso de las redes judiciales europeas y de la figura de los magistrados de enlace. Ya
manifesté en Comisión, y lo hago también aquí, que no formulamos enmiendas al texto del proyecto porque creíamos que era una competencia íntegramente estatal, una potestad que para nosotros es ejecutiva. Nos parece que es correcta la previsión que
el artículo 1 contiene respecto a que el miembro nacional de Eurojust se haya adscrito orgánicamente al Ministerio de Justicia, no pareciéndonos satisfactorias las pretensiones que alientan las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió) y las del Grupo Parlamentario Popular en cuanto a la participación del Consejo General del Poder Judicial o en algunos casos del Consejo Fiscal. No queremos pensar qué sucedería en este momento en el supuesto de que se quisiera nombrar por
el Ejecutivo un enlace de Eurojust y el Consejo General del Poder Judicial tuviera que pronunciarse sobre una decisión que para nosotros le corresponde íntegramente al Ejecutivo. Es curioso, teniendo en cuenta todo lo relacionado con el ministerio
fiscal puesto que es elegido a propuesta del Gobierno, que cuando uno está en el Gobierno le parece que tiene que tener una importancia tremenda lo que el fiscal diga o decida y, sin embargo, cuando se está en la oposición siempre se pretende
incluir también el parecer del Consejo Fiscal. Nos parece correcta la regulación, que es parcial y respecto de aspectos concretos cuando se han establecido enmiendas referidas a la posibilidad de continuidad, cuando no haya existido renovación del
cargo, así como todo lo referido a las retribuciones o a las situaciones funcionariales, y no vemos necesario que lo sean en el sentido que las enmiendas del Grupo Popular pretenden.



Señora presidenta, no agotaré mi intervención porque ya he indicado que la postura de nuestro grupo es favorable a la corrección del proyecto que se nos presenta, pero, puesto que estamos en un foro político, política ha de ser también mi
intervención, y una vez más -como hago siempre, creo que se está esperando por SS.SS.-, haré referencia a que el tercer pilar de la Unión Europea es espacio de libertad, seguridad y justicia, y a que la cooperación, además de judicial y del
ministerio fiscal, tiene que ser también policial. A este respecto, a España le falta todavía cumplir esa asignatura pendiente. No existe una única policía o dos policías, sino que existen otras policías que tienen el carácter de integrales. Como
todos ustedes saben, la Policía europea no se ha construido en pirámide -la Escuela europea de Policía es una realidad virtual-, sino que de momento se ha construido por la aportación de los Estados miembros. Se ha construido de manera magmática,
lo cual supone que en aquellos espacios como Cataluña y Euskadi, donde existen policías propias con carácter de integrales, existen auténticos agujeros negros que redundarán en perjuicio de las investigaciones a la hora de perseguir delincuencia
organizada. Se me dirá que la Policía Nacional y la Guardia Civil hacen esos cometidos, pero no es cierto. En Euskadi Policía Nacional y Guardia Civil persiguen los delitos de terrorismo vinculado a ETA, pero no así otras tramas organizadas como
pueden ser las de blanqueo de capitales; trata de personas o en estos tiempos de trabajadores vinculados a la inmigración; tráfico de arte o cualesquiera otros delitos, que, insisto, requieren trama organizada. La persecución en estos casos hace
que cuente con auténticas dificultades; con auténticos agujeros negros dentro de la red europea de policías. Ello es especialmente importante cuando las dos policías integrales son propias de comunidades autónomas, como la catalana o la vasca, que
tienen una realidad fronteriza. Es algo que debiera examinarse y de una vez levantar ese impedimento que se viene poniendo constantemente a la consideración de estas policías como de igual entidad y categoría, ya que las dos trabajan en el Estado.



Señorías, ya he indicado que votaremos a favor del texto del dictamen, pero quisiera que tuvieran en cuenta esta reflexión que les hago vinculada a que podamos creer que es verdad esa idea de la España diversa o de la España plural que
ustedes predican y que, sin embargo, en materia policial está todavía muy lejos de ser realidad.



Muchas gracias.



La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Uría.



Finalizamos el turno de fijación de posiciones con la intervención de la señora Juanes, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.



La señora JUANES BARCIELA: Gracias, señora presidenta.



Señorías, señor ministro de Justicia, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para anunciar nuestro voto favorable al proyecto de ley por el que se regula el estatuto del miembro nacional de Eurojust y las relaciones de las
autoridades españolas con este órgano de la Unión Europea. El objeto de este proyecto no es establecer una regulación completa a Eurojust, puesto que esta le corresponde al derecho de la Unión Europea, sino dictar las disposiciones mínimas
necesarias para hacer posible su aplicación, como bien han dicho los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. Este es un proyecto de ley por el que se adapta el ordenamiento jurídico español a las obligaciones impuestas por el
órgano europeo de cooperación jurídica. En este sentido, se ha realizado una trasposición completa para adaptar nuestro derecho nacional a la decisión de creación de Eurojust dado el importante papel que desempeña en materia de justicia penal tanto
en la Unión Europea como


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en el ámbito de cooperación judicial con terceros países. Se puede considerar, por tanto, un observatorio privilegiado de las diferentes legislaciones europeas.



La existencia de Eurojust ya estaba prevista en la recomendación número 46 del Consejo Europeo de Tampere. En dicho Consejo ya se adelantaba cuál tenía que ser la misión de Eurojust. Primero, la de proporcionar la coordinación adecuada
entre las autoridades nacionales facilitando en particular la ejecución de la asistencia judicial penal y de las solicitudes de extradición. Segundo, la de dar apoyo con mayor eficacia a las investigaciones penales y las actuaciones jurídicas
contra el crimen organizado, teniendo en cuenta especialmente la experiencia de Europol.
Y, tercero, la de cooperar con la red judicial europea, en especial con la finalidad de simplificar las comisiones rogatorias. Finalmente el Consejo adoptó en
2002 la decisión por la que se crea Eurojust para reforzar la lucha contra la forma más grave de delincuencia. Su creación, por tanto, se enmarca dentro de la política de adoptar medidas estructurales para hacer posible la mejor coordinación de las
autoridades competentes en materia de investigación y enjuiciamiento penal, especialmente en los procesos referentes a la criminalidad grave u organizada de carácter transnacional que cubran el territorio de más de un Estado miembro, y, como es
obvio, con pleno respeto de los derechos y libertades fundamentales. No obstante, se da un paso más al reconocerle personalidad jurídica propia, dotada de una total autonomía en relación con los demás órganos de la Unión. De ahí que su creación
haya sido considerada un paso de gigante en el nacimiento de un sistema de justicia penal europeo.



En un momento como el actual, caracterizado por el incremento de la delincuencia transnacional, la necesidad de dotar de eficacia a la cooperación jurídica, a la cooperación judicial penal entre los Estados miembros, se ha convertido en uno
de los objetivos prioritarios de la Unión. La mejora de la cooperación en este ámbito, tradicionalmente lenta y compleja, persigue, por un lado, el acercamiento de los sistemas jurídicos de los Estados miembros y, por otro, la fluidez en las
comunicaciones entre las autoridades nacionales: en definitiva, simplifica. Por tanto, es un sistema de colaboración en materia judicial similar a lo que es la Europol en el terreno policial. Esta cooperación judicial entre los Estados miembros
de la Unión Europea obedece a dos lógicas: la lógica nacional, que obliga a los Estados a colaborar entre sí para satisfacer sus propios intereses, y la lógica europea, que los obliga a consolidar un espacio de libertad, seguridad y justicia, el
denominado tercer pilar de la Unión Europea. La idea que hay detrás de este desarrollo del llamado tercer pilar es no dejar que el crimen se aproveche de la casi desaparición de las fronteras interiores de la Unión Europea para crear, repito, un
espacio de libertad, seguridad y justicia, no obstante difícil de alcanzar, pues en él se cruzan culturas jurídicas y policiales muy distintas. Sin embargo, es un desarrollo político que conviene acompasar para evitar que sean los grupos ilegales
-mafias, narcotráfico, etcétera- los que se aprovechen de que las fronteras internas se esfumen. No es posible luchar contra este tipo de fenómenos de criminalidad grave y organizada de carácter transnacional sin una perspectiva global, sin
organizar y coordinar los instrumentos de cooperación judicial, o lo que es lo mismo, que el crimen organizado transnacional debe ser combatido por las autoridades judiciales nacionales igualmente organizadas a nivel internacional.



El texto contempla la figura del corresponsal de Eurojust para asuntos de terrorismo. La lucha contra el terrorismo es un impulso que siempre se ha dado desde España y es una de las áreas donde se puede mejorar notablemente la coordinación
entre los diversos órganos implicados. El shock de los atentados del 11-S y el 11-M ha puesto encima de la mesa la necesidad de reforzar la cooperación intergubernamental en materia de terrorismo en el seno de la Unión. El Grupo Parlamentario
Socialista, con el ánimo de que todos los grupos se hayan sentido representados, ha intentado recoger el espíritu de casi todas las enmiendas que se han presentado para mejorar la ley y creo que con las distintas aportaciones de los grupos se ha
mejorado el texto. Las enmiendas que no se han aceptado, en mi modesta opinión, no mejoran ni complementan desde ninguna óptica jurídica el texto. Ya lo argumentamos de manera serena en la Comisión y lo hicimos con determinación. Tal y como está
redactado el proyecto, la claridad y la precisión son inatacables. Será la experiencia la que muestre en el futuro si las normas vigentes de los Estados miembros son suficientes para dar pleno efecto a la decisión de Eurojust y hacer de ella un
instrumento eficaz y eficiente. Aún es pronto para saber si las medidas adoptadas hasta la fecha por los Estados miembros reciben toda la información necesaria para el ejercicio de sus funciones y responsabilidades.



Termino agradeciendo la buena disposición de todos los grupos parlamentarios para sacar este proyecto de la forma más consensuada posible. Termino como empecé, recordando que Eurojust, como órgano de la Unión Europea encargado de coordinar
las actuaciones penales y mejorar la coordinación, es la pieza clave de lo que puede llegar a ser una auténtica Fiscalía europea en la que se centralice la persecución de los delitos transnacionales más graves y es un paso más para poner cerco de
forma eficaz a los terroristas, que hasta ahora han podido aprovecharse de las lagunas legales que aún quedan en el espacio de libertad, seguridad y justicia. Por otra parte, es un instrumento que refuerza la solidaridad de los Estados miembros
entre sí, estrechando vínculos entre ellos e imponiendo una obligación que va más allá de la buena voluntad.
En una Unión Europea ampliada deberá hacerse un esfuerzo explícito para mejorar la comprensión del funcionamiento de los ordenamientos
jurídicos de los Estados miembros y de sus organizaciones. Solo con una colaboración más estrecha y una mejor coordinación se puede hacer frente a este tipo de delincuencia y solo así será posible proporcionar


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una protección óptima a los ciudadanos y a las infraestructuras vitales de Europa. Del buen funcionamiento de este órgano dependerá en gran medida que el espacio judicial europeo comience a ser una realidad en el ámbito de la lucha contra
la delincuencia organizada.



Muchas gracias. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Juanes.



-PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 43/2003, DE 21 DE NOVIEMBRE, DE MONTES. (Número de expediente 121/000051.)


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Finalizado el debate de este proyecto de ley, pasamos al último proyecto de ley a debatir en el orden del día de hoy: proyecto de ley por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre,
de Montes.



En primer lugar, tiene la palabra la señora ministra de Medio Ambiente.



La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Señora presidenta, señoras y señores diputados, intervengo con satisfacción para defender este proyecto de ley que avanza en su tramitación parlamentaria, que a partir de hoy se podrá
remitir al Senado para concluir dicha tramitación, con la satisfacción de que se vaya enriqueciendo con el propio debate y con las enmiendas que se han presentado. Sin ninguna duda, para mí es motivo de satisfacción la incorporación de 40 enmiendas
en los trámites hasta ahora celebrados que, como comentaré después, mejoran el texto y lo hacen más coherente.



Quiero llamar la atención sobre el hecho de que este proyecto de ley responde a los compromisos del Gobierno socialista en materia de sostenibilidad al menos en tres ámbitos diferenciados. En primer lugar, por lo que se refiere a nuestro
compromiso de incentivar en toda España una política forestal con criterios de mayor sostenibilidad, es decir, incorporando exigencias ambientales en la gestión de los bosques y superando, por tanto, enfoques excesivamente economicistas de la
gestión de nuestro patrimonio natural, teniendo en consideración el valor que éste tiene en problemas globales de tanta envergadura como el cambio climático o el avance de la desertización. En segundo lugar, este proyecto de ley responde al
compromiso del Gobierno socialista de abordar con mayor rigor la prevención y la lucha contra los incendios forestales.
Y en tercer lugar, responde al compromiso de ir reduciendo la tolerancia existente en nuestro país hacia los comportamientos
contrarios al medio ambiente, a la conservación, a la protección y al uso racional de nuestros recursos naturales. Como digo, tres ámbitos diferenciados de nuestra oferta electoral que con este proyecto de ley se ven abordados.



Comenzando por el que se refiere a incentivar una política forestal con criterios de mayor sostenibilidad, el texto ofrece el encaje siempre respetuoso con las competencias de las comunidades autónomas para que podamos tener unas directrices
compartidas en esta materia y para que exista un instrumento financiero específico: el Fondo para el patrimonio natural; un instrumento financiero en el cual haya recursos para acometer todas aquellas medidas de la Administración General del
Estado destinadas a una gestión más sostenible de nuestros bosques, donde haya mecanismos de cofinanciación establecidos con las comunidades autónomas. A la consecución de este mismo objetivo responde también la regulación de los denominados montes
protectores u otros montes sometidos a una especial protección, que permite a los montes de titularidad privada su incorporación a una regulación de sostenibilidad, superando lo que en la legislación vigente es un espacio destinado en exclusiva a
los montes de titularidad pública como montes de utilidad pública. Por otra parte, responde a este mismo objetivo el fomento que plantea este proyecto de ley de la certificación como herramienta para garantizar la gestión sostenible de nuestros
bosques y el papel que deben jugar las administraciones públicas, a través de su propia política de compras, para efectivamente incentivar en España un consumo responsable de madera que no proceda de talas ilegales -como todavía sucede en la
actualidad- y que permita promover en terceros países la gestión sostenible de sus bosques. Como decía, este proyecto de ley también responde a la voluntad manifestada desde el inicio de esta legislatura por parte del Gobierno de prevenir y luchar
mejor contra los incendios forestales. Una voluntad que se ha manifestado claramente en distintas reuniones monográficas de la Conferencia sectorial de medio ambiente; conferencia en la que los consejeros de medio ambiente que tienen la
competencia exclusiva tanto en materia forestal como de lucha contra los incendios han podido incorporar sus distintas sugerencias y planteamientos hasta alcanzar un acuerdo unánime en materia de prevención y lucha contra los incendios forestales en
la conferencia que se celebró en Santander en enero del año pasado.
Todo esto, como digo, responde a un objetivo claro de hacer frente mejor a los incendios forestales en nuestro país.



El proyecto de ley incorpora claramente dos determinaciones que aparecen en las líneas básicas del acuerdo de Santander. En primer lugar, en lo referido a que cada administración debe mejorar su propia normativa para que un incendio no vaya
predeterminado por la voluntad de un cambio de uso del suelo y, en segundo lugar, como recogía el documento final de aquella conferencia sectorial, se pretende que se pueda vigilar mejor el espacio forestal para reducir los riesgos de incendios. A
ambas cuestiones responde el artículo 50 de este proyecto de ley por el cual se prohíbe el cambio de uso de suelos forestales que hayan sido objeto de incendio durante un tiempo no inferior a 30 años. También se prohíben todas las actividades
incompatibles con la regeneración de ese


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espacio forestal durante el periodo que determine la legislación autonómica. Asimismo se tiene en cuenta las excepciones coherentes con el objetivo de la norma, en particular las excepciones derivadas de que el cambio de uso estuviera ya
contemplado en un instrumento de planeamiento propio del ámbito autonómico y que, como mínimo, hubiera sido objeto de información pública con anterioridad al incendio forestal. La prohibición del cambio de uso durante al menos 30 años tiene un
carácter básico al amparo del artículo 149.1.23 de la Constitución y es respetuosa con que cada comunidad autónoma defina sus espacios forestales. Son las comunidades autónomas las que dirán qué terrenos son forestales y también -como se establece
en la excepción prevista en el artículo 50- las que en su caso regularán cambios de uso que deben ser tenidos en cuenta si se produce un incendio forestal. Los 30 años no es un tiempo arbitrario, responde a la evidencia científica de que ese es el
plazo razonable para que se pueda consolidar la regeneración de una masa forestal que haya sido objeto de incendio. Es también el plazo que ya se contempla en el ámbito de la Administración de Justicia en aplicación del Código Penal, de acuerdo con
lo establecido por un juez cuando hay un delito de incendios forestales.



En segundo lugar, para prevenir mejor los incendios forestales este proyecto de ley refuerza claramente la figura de los agentes forestales; agentes forestales que tienen naturaleza de agente de la autoridad.
Anticipo mi opinión muy
favorable a las mejoras que este texto ha sufrido en su paso por ponencia y por Comisión porque, sin lugar a dudas, los agentes forestales deben tener la capacidad de intervenir en una serie de funciones que permitan un mejor control e investigación
de los delitos de incendios.



En tercer lugar, este proyecto de ley da cumplimiento a uno de los compromisos del Gobierno socialista, la creación de una Fiscalía especial para los delitos ecológicos. Creemos que esa Fiscalía de sala -la Fiscalía especial que prevé este
proyecto de ley-, así como la creación de secciones especializadas en todas las fiscalías de los tribunales superiores de justicia y de las audiencias provinciales, constituirá una poderosa herramienta para prevenir, y no solamente para combatir,
los delitos ecológicos, además en un sentido todo lo amplio que plantea el propio texto de la ley: delitos relativos a la ordenación del territorio, a la protección del patrimonio histórico, los recursos naturales y el medio ambiente, la protección
de la flora, la fauna y los animales domésticos y los incendios forestales. Por tanto, se trata de una Fiscalía especial en nuestro país para combatir la tolerancia existente en este momento en todo lo relativo tanto a los delitos ambientales como
a los delitos urbanísticos y, por tanto, para mí es una satisfacción que este Parlamento esté debatiendo precisamente la creación de esa herramienta que, junto con algunas otras modificaciones de nuestro ordenamiento jurídico, debe dar la
posibilidad de que las normas ambientales y urbanísticas en nuestro país se cumplan y, si no se cumplen, tengan la penalización correspondiente.



El texto se ha llevado a cabo con exquisita atención a las competencias de las comunidades autónomas e incluso algunos de sus preceptos responden a conflictos que ya había suscitado la norma aprobada en el año 2003. Es un texto que ha sido
muy valorado en la etapa de su elaboración dentro del Consejo Asesor de Medio Ambiente -por tanto, por parte de todas las organizaciones que componen dicho órgano consultivo- y, por supuesto, ha sido objeto de análisis y de trabajo dentro de la
Conferencia sectorial de Medio Ambiente, en respuesta, además, en lo que se refiere a la política de prevención y de lucha contra incendios forestales, a lo establecido en el acuerdo unánime de la Conferencia de Santander.



Quisiera detenerme un minuto en lo que entiendo que son mejoras derivadas de la tramitación parlamentaria, a las que damos importancia desde el propio Gobierno, muy en particular porque, en primer lugar, de esas enmiendas aceptadas se
refuerzan los propios objetivos de la ley, incorporando de manera explícita tanto el principio de precaución como la atención al efecto de los bosques respecto del cambio climático; en segundo lugar, porque efectivamente esas enmiendas han
reforzado la figura del agente forestal como agente de autoridad, como agente de Policía administrativa, pero también de Policía judicial en el sentido genérico que contempla la legislación vigente sobre enjuiciamiento criminal. Las enmiendas han
mejorado y fortalecido también todos los cauces de concertación social e institucional al máximo nivel, así como la regulación de los montes catalogados de utilidad pública y de los montes protectores.



Quiero señalar de manera expresa el mayor rigor que se exige en el texto que esta mañana es objeto de debate aquí, en el Pleno de la Cámara, en cuanto a los proyectos de ordenación y a la propia gestión de los bosques; la consideración, por
ejemplo, de los corredores biológicos dentro de las determinaciones que deben tenerse en cuenta a la hora de establecer la gestión de nuestros montes. Por último, señorías, una mejora a la que también quiero conceder especial importancia en mi
intervención es el nuevo artículo en el cual se plantea la oportunidad de regular adecuadamente por parte de las comunidades autónomas el acceso público a los montes, muy en especial el acceso motorizado a los espacios forestales.



Señorías, la tramitación de esta norma se ha visto sin ninguna duda condicionada en un sentido favorable por la experiencia muy dura del año pasado, un año con muchos incendios forestales, solamente superado por el año 2000 en cuanto a la
superficie forestal objeto de incendios y en cuanto a incendios de grandes dimensiones, pero un año dramático en pérdida de vidas humanas. La enseñanza que se deriva de todos los debates que han tenido lugar a lo largo de los últimos meses con
motivo de esas circunstancias están, sin ninguna


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duda, reforzando las exigencias de esta reforma de la Ley de Montes con una visión estratégica del papel no solamente ambiental, sino también social de nuestros montes. Por todo ello, señorías, en nombre del Gobierno, agradezco el trabajo
que se está haciendo por parte de todos los grupos parlamentarios y espero que este texto llegue al Senado y se enriquezca también allí en el último tramo del debate parlamentario, de manera que pueda ser una realidad en el mínimo tiempo posible.



Muchas gracias. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora ministra.



Señorías, abrimos el debate de los grupos parlamentarios. Comenzaremos con el debate de las enmiendas presentadas y lo haremos, en primer lugar, dando la palabra a la señora Fernández para defender las enmiendas presentadas en nombre del
Grupo Parlamentario Mixto, Bloque Nacionalista Galego.



La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Muchas gracias, señora vicepresidenta.



Señorías, en su momento expresamos nuestra posición favorable a la modificación de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, porque entendíamos y seguimos manteniendo la necesidad de reforzar las medidas medioambientales, la
preservación de las superficies arboladas y la urgencia en reformar y reforzar las medidas contra los incendios forestales, tanto desde el punto de vista de la prevención como de la penalización de aquellas personas responsables de incendios, la
mayoría de los cuales, como todas y todos sabemos, son provocados. Respecto a la experiencia de los últimos meses en nuestro país, Galicia, hemos de señalar que vivimos -y hay que reconocerlo- el verano más dramático en lo que a incendios
forestales se refiere, incendios provocados en un 99 por ciento, aunque también es necesario manifestar que hubo una mayor eficacia en el reconocimiento de los culpables, los pirómanos. Así, por primera vez se está identificando y deteniendo a
personas que venían actuando durante años en incendios provocados. Desde nuestro punto de vista, no hay duda de que la voluntad política de las administraciones implicadas está consiguiendo resultados positivos, y esto, para abordar un problema de
la dimensión de los incendios forestales, es imprescindible.



Respecto a esta ley, compartimos el avance que se produce en el reconocimiento de las competencias de las comunidades autónomas en materia de gestión y ordenación del monte y en lo referente a la política forestal, cuestión necesaria no
solamente por la conveniencia de dotar a las comunidades autónomas de un mayor techo competencial, sino porque estas administraciones son las más adecuadas para desarrollar estas políticas, dadas las distintas peculiaridades que el monte y las
superficies arboladas tienen en las distintas zonas del Estado. Las características de vegetación, orografía, uso, propiedad e implicación económica en el medio rural son completamente diferentes dependiendo de la comunidad o el país del Estado
español. La peculiaridad que existe en Galicia de la figura del monte en manocomún es propia de nuestro país, y no responde a ningún otro modelo de monte comunal que existe en otros lugares, como es el caso de Cataluña o Aragón. En Galicia, el
monte es pieza importante en el desarrollo de la economía del medio rural, de tal manera que muchas zonas de nuestro país son base para facilitar el asentamiento de población. Esto se debe a los diferentes usos que pueden tener nuestros montes.
Desde nuestro punto de vista, es necesario un esfuerzo de las administraciones autonómicas, en este caso la nuestra, para afrontar una reordenación del monte que permita una mayor optimización de los recursos que el monte ofrece y una mejora en las
políticas de forestación que hasta ahora se han llevado a cabo, que han sido denunciadas en distintas ocasiones por las organizaciones profesionales agrarias como contrarias a los intereses de los agricultores y agricultoras por orientar esta
forestación a superficies agrarias. A esto hay que añadir el tipo de las especies arbóreas que se han utilizado y que cambiaron en muchos lugares la vegetación autóctona, con las negativas consecuencias medioambientales que esto significa. Por
estas razones presentamos las enmiendas número 15 y 16, porque si bien podemos entender lo que desde nuestro punto de vista pretende el Gobierno al no permitir el cambio de uso forestal en monte quemado durante por lo menos 30 años tratando de
evitar los incendios provocados por intereses especulativos, fundamentalmente urbanísticos, repito que aun entendiendo lo que pretende la Administración y siendo esto cierto en muchas zonas del Estado, la experiencia que tenemos en Galicia no es
tanto así. Los incendios forestales, que como ya dijimos son en su mayoría provocados, no responden a este perfil de especulación urbanística sino a otros que, por cierto, son muy variados, por lo que entendemos necesario que en esta cuestión sean
las administraciones autonómicas quienes tengan la competencia de actuar. Esta prohibición de cambio, desde nuestro punto de vista y también de aquellas personas que en Galicia están más relacionadas con la administración de los montes y
concretamente de los montes en mano común, es una prohibición que culpabiliza y castiga a los titulares de tierras, que no son los que provocaron el fuego, porque además de padecer las consecuencias del incendio se les hipoteca el futuro desarrollo
de las mismas. Además, repito, la experiencia nos indica que cuando se produce un fuego en un monte concreto este llega a otros montes limítrofes que, por tanto, también son castigados. Para responder a estas peculiaridades, el Bloque Nacionalista
Galego considera que deben ser las comunidades autónomas quienes asuman las medidas correctoras y coercitivas de tal manera que se pueda responder adecuadamente en cada caso al interés general. A día de hoy creemos que podríamos llegar a un acuerdo
a través de una transacción con el Grupo Socialista a nuestra enmienda número 16 que nos permitiría retirar la enmienda


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número 15, ya que en las excepciones que se contemplan en la propuesta 17 del proyecto de ley que presenta el Gobierno, propuesta de modificación del apartado 1 del artículo 50 de la Ley 43/2003, y en el apartado en el que se regulan con
carácter singular las excepciones que pueden acordar las comunidades autónomas se podría añadir un nuevo punto que dijese que las comunidades autónomas podrían reorganizar aquellos terrenos que no tuvieran relación con las cuestiones que se
pretenden con la ley, que es evitar que disminuyan las superficies arboladas. Presentaremos el texto adecuado en el momento de la votación porque entendemos que podemos llegar a un acuerdo ya que con esta transacción quedaría resguardado el derecho
de las comunidades autónomas a poder reorganizar el monte de acuerdo con la realidad concreta de cada sitio y a procurar la mejor optimización y mayor implicación en la economía agraria del sector rural, cumpliendo además objetivos de fijación de
población y evitando -creo que este es un problema generalizado en todo el Estado español, pero nosotros en Galicia lo vivimos con una gran preocupación- la desertización que en estos momentos está asolando el mundo rural. Con la propuesta estamos
tratando de llegar a un acuerdo y pediríamos a todos los grupos parlamentarios que nos permitieran votarla y así retirar las dos enmiendas, una por darla por transaccionada y otra por darla cumplimentada. De todas maneras, esperamos a la votación
para referirnos a esta cuestión.



Gracias.



La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Fernández.



Continuamos con las enmiendas presentadas. Seguiremos con el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y el turno de palabra es para su portavoz, el señor Herrera.



El señor HERRERA TORRES: Gracias, señora presidenta.



Gracias, señora ministra. Usted sabe que cuando subimos a esta tribuna precisamente para rechazar la enmienda de devolución presentada por parte del Grupo Parlamentario Popular, en el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds valorábamos de forma positiva la Ley de Montes. Ahora bien, entendíamos también que en el trámite parlamentario se debían introducir mejoras. Nuestro grupo parlamentario entiende que, pese a que mantiene
enmiendas y algunas importantes, en este trámite parlamentario se han introducido mejoras cuya paternidad ha sido de los distintos grupos parlamentarios.



Para nosotros uno de los elementos clave de esta ley -y a usted tampoco se le escapa- es que no se permite cambiar los usos forestales de las superficies quemadas y, por supuesto, lo que ofrece a las comunidades autónomas es la oportunidad
de introducir incluso mayor exigencia en función de cuales sean las realidades de cada una de las comunidades autónomas. Para nosotros esta es la primera gran noticia.



El segundo elemento que queríamos destacar, y en estos días se están celebrando unas jornadas en el Ministerio de Medio Ambiente en torno a la madera certificada en las que nuestro grupo parlamentario, en este caso con asesores porque no nos
podemos multiplicar, también está participando, son los elementos en madera certificada y las garantías que se introducen. Segundo elemento positivo.



Tercer elemento. El Gobierno español mediante esta ley lo que hará será introducir criterios de cambio climático y también principios básicos, en definitiva, en materia ambiental. Las políticas de montes, y también la Ley de Montes, por
supuesto, se deben adaptar a la realidad de una política forestal en función de este cambio climático y cómo va a afectar el mismo a nuestros bosques. Esta era una de las demandas en una de las enmiendas que presentábamos y que se ha introducido en
la ley. Pero para nosotros también era importante, y se ha introducido parcialmente, si bien lo mantenemos en algunas enmiendas, que se introdujese el principio de precaución, ese principio tan básico en materia ambiental en la gestión de los
bosques.



Otro elemento que queremos destacar es que la nueva política forestal debe producirse precisamente con la participación de los sectores económicos, pero también de los sectores sociales implicados, de los grupos ecologistas y de las
organizaciones interesadas, incluidas, por supuesto, estas organizaciones que tienen como objeto social la defensa del medio ambiente. Y esta incorporación debe ser transversal a toda la ley.
Nosotros planteamos una serie de enmiendas, algunas se
transaccionaron y otras las mantenemos como, por ejemplo, la enmienda número 92 o la enmienda número 86, que dice que será pública la acción para que las organizaciones cuyo objeto social sea la defensa del medio ambiente puedan personarse, por
ejemplo, en los expedientes de desafectación de los montes. Y si bien entendemos que se ha introducido este elemento de participación en algunas transacciones, no entendemos por qué no se pueden incorporar enmiendas como, por ejemplo, las números
92 ó 86 que hemos planteado, cuando además van a ser realidad de aquí a pocos meses con la trasposición de diversas directivas y el desarrollo legal de diversas leyes. ¿Por qué no podemos poner negro sobre blanco en la ley lo que va a ser realidad
dentro de muy poquitos meses? Elemento positivo de avance, pero digamos que hay un recorrido que podríamos haber hecho.



Hay un aspecto que va más allá de la ley. Nosotros entendíamos que más allá de la ley debería haber una estrategia para la recuperación económica, social y ambiental del bosque; eso supone políticas proactivas que van más allá de la ley,
sobre todo en el capítulo presupuestario. La señora ministra y muchos diputados y diputadas saben que nuestro grupo parlamentario planteó enmiendas en los Presupuestos Generales del


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Estado que permitieron que hubiese una política forestal más proactiva y, en definitiva, que se recuperase esa función económica del bosque. Una de las cuestiones que introducíamos en los presupuestos era el factor de la biomasa, que
también hemos planteado en conversaciones con representantes del Ministerio de Industria. Me comunican que una de las enmiendas presentadas por Esquerra Republicana, que va en este sentido, va a ser incorporada, con lo cual, en definitiva, lo que
estamos haciendo es definir una estrategia en la Ley de Montes, acompañada de la estrategia presupuestaria, que permita cumplir esa función de recuperación.



Voy terminando, señora ministra. Para nosotros uno de los elementos clave de esta ley, y las incorporaciones que se han producido aún lo mejoran, es precisamente la estrategia de prevención. Usted ha hecho mención precisamente a la
Fiscalía de sala para delitos ecológicos que nosotros valorábamos como uno de los elementos fundamentales. Más allá de los delitos urbanísticos o de la depredación del Mediterráneo, que obedece precisamente a falta de cumplimiento de la Ley
-digámoslo también de paso-, algunas políticas en materia de infraestructuras son muy razonables, pero eso sería objeto de otro debate. Lo que está claro, según diferentes datos, es que, por ejemplo, el 50 por ciento de los incendios que se
producen hoy en día, en Galicia clarísimamente, pero también en el conjunto del Estado, son provocados, por eso para nosotros era muy importante la Fiscalía especial para delitos ecológicos.



Se da un paso adelante cuando se reconoce que los agentes forestales son agentes con autoridad. ¿Se podría haber ido más allá? Nosotros creemos que sí. Ahora bien, valoramos el paso que se da, porque no es un paso menor; esta es una
reivindicación histórica de los agentes forestales, una reivindicación que los diferentes grupos incorporábamos con enmiendas. Pero a la vez se da una solución que satisface a los agentes y que supone, repito, que se da un paso más allá.
Entendemos que ese tampoco debe ser el paso definitivo, porque nos hubiese gustado que existiese un capítulo específico que estableciera la regulación básica de los agentes forestales. Entendemos que este colectivo podría ser considerado como
Policía judicial, lo cual es perfectamente compatible con el artículo 283 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por tanto, si bien es positivo que se incorpore su función de agente de autoridad, entendemos que había recorrido para ir más allá.
¿Qué valoramos? El consenso y el paso adelante que se ha dado. Pero también decimos que con esta ley y con este acuerdo entendemos que no se cierran todas las puertas.



Hay un último aspecto que quería destacar. Desde el punto de vista competencial esta ley es mucho mejor que la del año 2003. Claro que sí, como no podía ser de otra manera. Mal iríamos si su Gobierno y su Ministerio hiciese, desde el
punto de vista competencial, lo que hizo el Gobierno del Partido Popular. Pero esta ley, desde el punto de vista competencial, es mejorable. Por eso quiero anunciarle que nuestro grupo parlamentario, aparte de apoyar las enmiendas orientadas al
ámbito competencial, básicamente presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) -que supongo que el señor Grau explicará acto seguido-, presentará enmiendas en el Senado en este mismo sentido, porque entendemos que hay parcelas
desde el punto de vista competencial que podrían ajustarse más. Desde el apoyo y el compromiso con esta ley, con los elementos positivos que introduce, con el fortalecimiento de la protección del medio ambiente, entendemos que la misma es
mejorable. Le pondré un ejemplo, nuestra enmienda número 85, en la que decimos que la gestión de montes catalogados de las entidades locales corresponde a la Administración pública forestal de la comunidad autónoma. Es la comunidad autónoma la que
gestiona mejor estos montes catalogados de entidades locales. No entendemos por qué cuestiones tan elementales, si se me permite la expresión, no se pueden incorporar. Y además hay otros aspectos que realmente nos podrían permitir elaborar una ley
que se ajustase a lo que usted ha dicho, a una competencia que es exclusiva de las comunidades autónomas, tal y como lo reconoce la Constitución. Aún hay margen de mejora y, ya que estamos trabajando bien -así lo entendemos nosotros- en el Congreso
de los Diputados, nos gustaría que conitnuásemos haciéndolo igual en el Senado. Teníamos una buena ley cuando empezó el trámite parlamentario y ahora tenemos una ley mejor y lo que queremos es que, cuando finalice la tramitación en el Senado,
tengamos una ley óptima. Por eso vamos a presentar esas enmiendas en el Senado, esperando que sean bien recibidas por el Gobierno y por el Grupo Socialista.



Muchas gracias.



La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Herrera.



En nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Bonás para la defensa de sus enmiendas por un tiempo de 10 minutos.



La señora BONÁS PAHISA: Gracias, señora presidenta.



Señora ministra, señorías, Esquerra Republicana ya dio su voto a favor de la modificación de la Ley 43/2003, de Montes, en su debate en Comisión.
Señorías, la situación climatológica de la península Ibérica, las sucesivas épocas de sequía
que hemos padecido y el abandono de las masas forestales ha propiciado que grandes incendios devasten cada verano grandes zonas forestales. Además de las pérdidas económicas inmediatas y a largo plazo, hay que lamentar la pérdida de vidas humanas y
la de ecosistemas, con la consiguiente pérdida de biodiversidad, y una consecuencia funesta para la península Ibérica, la desertización. Los bosques, como ustedes ya saben, señorías, actúan además como sumideros de carbono, por lo que tienen un
papel fundamental en la lucha para mitigar los efectos del cambio climático. A los


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efectos funestos de cada incendio, además de la emisión de CO2 a la atmósfera por la combustión de grandes masas leñosas, hay que añadir la pérdida de absorción de dióxido de carbono. A los factores climáticos se ha añadido otro factor
negativo para nuestros bosques, el uso intensivo de suelo para su urbanización. Como ustedes ya saben, durante la última década el crecimiento económico se ha sustentado en la ocupación intensiva del suelo para la construcción. El alto valor del
suelo ha sido un factor más en contra de la preservación de nuestros bosques. Esquerra Republicana cree que la conservación de los bosques debe ser un acto prioritario de una sociedad comprometida con la preservación del medio ambiente contra la
lucha del cambio climático. Una de las primeras acciones conservacionistas llevada a cabo con la finalidad de preservar los bosques, y de la que consta rigurosamente toda la información, fue el proceso de catalogación de montes de utilidad pública,
exceptuado este proceso desamortizador de principios del siglo XX. El interés por conservar determinados espacios forestales por su contribución al régimen hidrológico, a la lucha contra la erosión, a la conservación de la biodiversidad y al
mantenimiento de los ecosistemas parece que fue un preludio de la situación actual. Ahora tenemos claro que hay muchos sistemas en peligro, sobre los cuales deben establecerse directrices de conservación: los recursos pesqueros, la atmósfera, las
cuencas hidrográficas, la diversidad biológica. De hecho, en muchos casos hemos recuperado la idea original de inventariar los ecosistemas y especies más originales para garantizar su protección. Un ejemplo evidente es la Red Natura 2000. Desde
Esquerra Republicana creemos necesaria la reforma de esta ley. Se ha repetido varias veces en la Comisión de Medio Ambiente que los incendios se apagan en invierno y con esta ley se ha querido dotar de los instrumentos jurídicos necesarios para
llevar a cabo actuaciones que se traduzcan en una mejor protección de en un bien común a varias generaciones.



En Comisión se han debatido varias enmiendas, la mayoría de las cuales han sido incorporadas y por eso felicitamos a la señora ministra y al Grupo Socialista que sustenta al Gobierno, por el espíritu de diálogo y por haber avanzado. Un
bloque de enmiendas versa sobre los agentes forestales, como ha mencionado la señora ministra, y ha sido un avance importante. En este sentido, quiero recordar que la Lecrim está siendo objeto de modificación en esta Cámara y, para ser consecuentes
con el reconocimiento que se hace en esta Ley de Montes que hoy debatimos, la Lecrim debe ser el marco apropiado en el que reconocer finalmente estas facultades tan necesarias en estos cuerpos de agentes ambientales. Como saben, los agentes rurales
o medioambientales están fuertemente comprometidos con la investigación y persecución de delitos relacionados con los incendios forestales. Y también saben que es una reclamación histórica de estos cuerpos disponer de las facultades de
investigación y persecución de delitos, que les otorgaría la condición reconocida de Policía judicial. Nos gustaría que en el debate de hoy -y así lo solicitamos expresamente- el Grupo Parlamentario Socialista nos expresase su intención de
reconocer estas facultades de policía judicial de los agentes medioambientales y que nos expusiera su voluntad de hacerlo constar en la actual modificación de la Lecrim. Otras enmiendas son de carácter competencial, y la mayoría han sido
incorporadas al dictamen.
Reconocemos que se ha hecho un gran esfuerzo para subsanar en parte las invasiones competenciales.



Quedan vivas nuestras enmiendas números 19 y 20. No debe excluirse que las comunidades autónomas con competencias plenas en la materia puedan ser interlocutoras válidas ante organismos internacionales o de la Unión Europea. La contribución
del Estado no debe ser excluyente. Existen antecedentes y ejemplos que demuestran que esta colaboración es posible.



La enmienda número 21 versa sobre las competencias locales. El principio de autonomía local, garantizado por el artículo 140 de la Constitución a los entes locales, exige que se reconozca a estos entes la gestión de sus terrenos forestales,
tal y como hace, por ejemplo, la Ley 6/1988.
Forestal de Cataluña, en su artículo 15. Esta debe ser la norma general.



La enmienda número 22 trata sobre las obras del Estado. Debido a que comunidades autónomas como Cataluña tienen competencias en planificación territorial, medio ambiente, etcétera, creemos que la declaración de utilidad pública debe
respetar las competencias básicas y no debe estipularse la posibilidad de una decisión unilateral por parte del Estado. En el debate en Comisión, el Grupo Parlamentario Socialista no aceptó que el interés general, que supone la conservación de los
montes protegidos y que compete a la Generalitat, se anteponga al interés general de las obras realizadas por el Estado español, es decir, que el Consejo de Ministros decidirá si una obra es más importante que la conservación de un monte.
Preguntamos: ¿por qué el Consejo de Ministros debe decidir qué es más importante, si la obra o la conservación de un monte?


Las enmiendas números 30, 31, 32 y 33 versan sobre las actuaciones de restauración hidrológico-forestal. Hay otros aspectos en la Ley de Montes que sobrepasan las competencias estatales. Fíjense que en la parte derogatoria del proyecto de
ley se eliminaron que las actuaciones de restauración hidrológico-forestal fueran de competencia estatal. Se ha reconocido que son competencias autonómicas y que el Estado, en todo caso, puede definir objetivos generales, igual que en lo que
compete a la desertificación. Aun así, en el artículo 41 del Plan nacional de restauración hidrológico-forestal y en el Programa de acción nacional contra la desertificación se mantiene que la aplicación de los citados planes debe hacerse de forma
coordinada entre las administraciones, manteniendo el papel ejecutivo del Estado. En este aspecto hay una clara vulneración de competencias. No es coherente aprobar la eliminación del apartado 7.2.h)


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y no aprobar las enmiendas números 30 y 31 que pretenden concretar esta eliminación.



Igualmente, la enmienda número 32 trata de mantener la facultad de declarar de interés general las intervenciones hidrológico-forestales por parte de la comunidad autónoma y no del Estado. Esta cuestión fue objeto de recurso de
inconstitucionalidad, y consideramos que no ha sido solventada en la presente modificación.



Por último, la enmienda número 40 se refiere a las energías renovables.
Repetidas veces se nos recuerda que los aprovechamientos energéticos de la biomasa son una de las herramientas esenciales en la prevención de incendios. De hecho, el
estado marginal de la actividad forestal es una de las causas fundamentales, y aquí tenemos unos datos que igual discrepan un poco de los mencionados hasta ahora. Lean, por ejemplo, la memoria del fiscal general del Estado del pasado año 2004, en
la que se concluye, según el fiscal, que la causa principal de los incendios es el progresivo abandono de los bosques. Lean también las conclusiones de la Conferencia sectorial de medio ambiente, del pasado 29 de enero de 2005, en las que se
explicita que una medida necesaria es el fomento del uso de la biomasa forestal residual a través de primas que cubran su obtención.
Lean la revisión del Plan de fomento de energías renovables 2005-2010. En el capítulo dedicado a la biomasa expone
que la obtención de residuos forestales supera los precios obtenidos energéticamente, pero esta actividad se justifica ambientalmente. En ese sentido, insta a que se doten los recursos económicos por parte de los organismos implicados en la
prevención de incendios. Sepan que, desde la puesta en marcha del Plan de energías renovables 2000-2010, la biomasa tan solo ha llegado a un 9 por ciento del objetivo. Lean el libro blanco sobre la reforma del marco regulatorio de la generación de
energía eléctrica, en el que se constata que las primas de la biomasa son insuficientes y que hacen falta ayudas complementarias en las primas, por lo menos hasta que se cumplan los objetivos.



A nuestro grupo le parece que si en la presente modificación de la Ley de Montes, que se ha hecho para reforzar la prevención de incendios, se han modificado aspectos tan variados como el relativo al ministerio fiscal o la planificación
territorial, es un error no comprometerse con medidas de fomento de la biomasa forestal residual. De hecho, si quisiéramos cumplir con las recomendaciones del fiscal, sería más efectiva la medida que proponemos que las que se aprueben hoy en esta
Cámara. El Grupo Socialista evitó apoyar esta enmienda, que no deja de ser una orientación política genérica, remitiéndose a que se refiere a una nueva energía y que debe ser en el Plan de fomento de las energías renovables en el que se regule este
asunto. Finalmente, a última hora ha propuesto una transaccional que, por fin, implica un cierto compromiso, que nosotros aceptaremos si ningún grupo se opone.



Anunciamos ya que retiramos nuestra enmienda número 40. Consideramos que la enmienda es un primer paso, aunque no se incentiva suficientemente la retirada de la masa boscosa, que es la parte más costosa y que impide que se adelante el
aumento de la energía producida por la biomasa. También anunciamos que retiramos las enmiendas 28 y 39, porque consideramos que la 39 podremos mejorarla en el Senado. Aceptaríamos la 40, y si algún grupo se opusiera, espero que en el Senado el
Grupo Socialista cumplirá su compromiso de apoyarla.



Gracias.



La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Bonás.



Continuamos con el turno del señor Grau para defender la enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Les pido por favor silencio, señorías. Adelante, señor Grau.



El señor GRAU I BULDÚ: Muchas gracias, señora presidenta.



Señora ministra, señorías, finalmente cerramos en el Congreso este debate sobre la Ley de Montes, un ciclo que empezó en el mes de agosto con la presentación de la ley a esta Cámara inmediatamente después del triste y lamentable accidente de
los incendios de Guadalajara. En octubre, celebramos este debate de totalidad y los trabajos de comisión, que creo que hoy finalizarán, y esperamos que este proyecto de ley salga con luz verde de esta Cámara.



En el debate de totalidad mencionábamos nuestra voluntad de enmendar con profundidad el texto, y para ello le dimos soporte. Nuestro grupo propuso 47 enmiendas parciales, que han tenido diversa consideración. El objetivo principal era
definir, de acuerdo con las propuestas que había hecho el Gobierno, la cualificación de los agentes forestales para que su actuación en el ámbito de ordenación de actividades durante la extinción y su declaración tuvieran un mayor efecto,
asimilándolos a los agentes de la autoridad. Se les dota de un voto de confianza, que debe permitirles una mejor coordinación y una ejecución administrativa más acorde con sus acciones en el caso de siniestros.



La situación de Cataluña y su corresponsabilidad en las acciones de extinción nos han permitido presentar la demanda de una responsabilidad competencial importante. La Ley de Montes actual, creo que por eficacia, se ha basado en la Ley
43/2003 anterior, aprobada con el voto del Partido Popular y con un grado de consenso inferior al que esperamos que salga hoy de esta Cámara. Esta ley mejora algo la situación, dejando sin embargo unas lagunas competenciales, como ya han citado
otros intervinientes, que, a nuestro entender, no se han atendido y a las que me referiré junto con las enmiendas que no han sido aceptadas y que hemos dejado para su debate y votación en este Pleno.



En primer lugar, anuncio la retirada de nuestra enmienda número 113, que en su apartado c) destaca con mayor énfasis la necesidad de solidaridad y armonización de los intereses concurrentes. En el apartado h),


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hacíamos una referencia al principio de subsidiariedad y autonomía en la distribución de responsabilidades. Nos parece que estas puntualizaciones pueden ser redundantes, y por ello vamos a retirarla.



Mantenemos la enmienda 126 al artículo 16.2, que tiene un carácter competencial. La inclusión, exclusión y llevanza de los catálogos de los montes de utilidad pública debe corresponder a las comunidades autónomas.
Estamos de acuerdo en la
necesidad de que sea el ministerio el que tenga conocimiento de ellos, sin necesidad de que las comunidades autónomas expliciten la resolución administrativa. Es bueno el control de la coordinación, pero si hablamos de corresponsabilidad, la
decisión corresponde a las comunidades autónomas con informe al ministerio.



La enmienda 128 al artículo 19.1 es también competencial. Debe respetarse la regulación de la usucapión de derecho civil que hayan podido dictar las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias. Lo mismo podemos decir de la
enmienda 136 al artículo 33, porque nuestro grupo entiende que corresponde al órgano forestal de cada comunidad autónoma la regulación de todos los aprovechamientos, los maderables y los no maderables.



La enmienda 140, al artículo 141, también es competencial, pues cita las competencias de los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente. Como pensamos que es una capacidad ejecutiva, entendemos que ha sido transferida y, por tanto,
corresponde a la comunidad autónoma esta ejecución y la responsabilidad de su gestión. Lo mismo podemos decir respecto a la enmienda 141 en cuanto a los argumentos que se citan en la enmienda anterior.



En la enmienda 144 al artículo 49, entendemos los esfuerzos hechos por el ministerio en el Real Decreto 11/2005, de medidas urgentes, pero lo consideramos supletorio, y nos gustaría que esta ley permitiera la inclusión de unos principios de
seguro. Si requerimos al Ministerio de Agricultura que incorpore estos principios para otros temas agrícolas, también sería bueno incluirlos en esta ley, porque queremos decir a nuestros ciudadanos que la cobertura de un siniestro que se ha
prevenido, cuando también se ha pagado la póliza, genera un derecho y a la vez una corresponsabilidad. Por ello, aunque aceptamos la acción del Gobierno y consideramos positivos los créditos y las exoneraciones concedidas para los impuestos, esta
ley, como ley de bases, debería recoger esta inclusión. Por ello, estamos de acuerdo en presumir la existencia de derechos del asegurado, aunque los daños del siniestro forestal pueden ser totalmente imprevisibles y, posiblemente, desmesurados, y
las primas pueden hacer inasumibles los riesgos que se generen a partir del daño producido por el incendio. Esta ayuda que pedimos va dirigida a mejorar o al menos a incrementar las coberturas con una prima base dentro de la generalidad del
agroseguro que se pretende para todas las explotaciones agrícolas. No discutimos el real decreto de referencia. Esta es una medida excepcional que seguramente no es suficiente, pero que no genera una jurisprudencia ni asegura una continuidad, pues
la dejamos a la discrecionalidad del Gobierno. Por ello, nuestro grupo cree que sería bueno mantenerla.



La enmienda 146 al artículo 56.1 de la Ley 43/2003 es también competencial. Si hablamos de unidad de administración y de corresponsabilidad, no nos cabe pensar que no lo seamos para salvaguardar la vía de colaboración con el Estado y en las
zonas que se determinen por la normativa internacional, tanto si son redes técnicas como si son parcelas de seguimiento internacional.



Retiramos la enmienda 150, que habíamos presentado al régimen sancionador.



La enmienda 156 propone la adición de una disposición final segunda, y va destinada a asegurar la posibilidad de aplicación subsidiaria de derechos civiles, forales, específicos o especiales allí donde existan, para todos aquellos aspectos
relacionados con la legislación aplicable a los montes y a su regulación. Reiteramos nuestro apoyo, con el mismo objetivo, a todas las enmiendas relacionadas con el respeto competencial, insistiendo en la necesidad de establecer un sentido de
unicidad en la acción del Gobierno, presentando la coordinación como un elemento de cohesión y entendimiento por parte de los ejecutivos y no presentando al Gobierno como único responsable y garantía de unicidad y eficiencia. El incendio que ha
generado esta ley ha sido objeto de un debate nefasto, y entendemos que tienen que salir de aquí reforzadas la unidad administrativa, la unidad de gestión y la unidad de Gobierno en esta ley.
Por ello, la corresponsabilidad ha de ser un elemento
que inspire las acciones de protección a los ciudadanos. No nos corresponde aquí debatir la dilución de responsabilidades; aquí nos corresponde resolver.
Esperamos que esta ley sea un camino para ello y que podamos mantenerla más tiempo vigente.
Si es así, habremos hecho un buen trabajo. Así lo espera nuestro grupo. Confiemos en que no tengamos que lamentar nuevas víctimas, a las que los diversos grupos hemos ofrecido de forma reiterada nuestro sentido recuerdo en nuestras intervenciones
cuando hemos hablado de siniestros forestales.



Muchas gracias, señora presidenta.



La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, muchísimas gracias, señor Grau.



Las últimas enmiendas presentadas han sido las del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de manera que todavía en el debate de la defensa de enmiendas tiene la palabra la señora De Lara. (Rumores.)


Silencio, señorías.



Adelante.



La señora DE LARA CARBÓ: Muchas gracias, señora presidenta.



Señorías, el Grupo Parlamentario Popular mantiene sus enmiendas al articulado. Son enmiendas que pretenden introducir racionalidad en varios aspectos en los


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que el proyecto de ley modifica la vigente Ley de Montes, como voy a explicar a sus señorías. Precisamente algunos de estos aspectos ni siquiera han sido mencionados por la ministra de Medio Ambiente.



Sin embargo, anuncio nuestro voto favorable a la disposición adicional única que crea el Fondo para el patrimonio natural para poner en práctica medidas destinadas a la prevención de incendios y a la protección de espacios forestales y
naturales, pese a que, curiosamente, carecía de dotación presupuestaria en los presupuestos del año 2006, y ha tenido que ser a través de una enmienda como ha podido corregirse el error del Ministerio de Medio Ambiente, que tanta importancia dice
que da al Fondo para el patrimonio natural. Asimismo, apoyaremos la disposición final que crea secciones de medio ambiente en las fiscalías de los tribunales superiores de Justicia y de las audiencias provinciales, ya que entendemos que la medida
puede ser efectiva en el objetivo que todos perseguimos, que es la lucha contra los incendios forestales.
Indudablemente, el tiempo lo dirá.



Sin embargo, rechazamos el abandono de funciones que se produce por parte de la Administración General del Estado al negar el proyecto de ley a aquella la posibilidad de gestionar los montes de su titularidad y al suprimir por completo las
competencias de la Administración General del Estado en colaboración con las comunidades autónomas, en relación con las actuaciones de restauración hidrológico-forestal, obviando el título competencial del Estado en las cuencas hidrográficas que
exceden del ámbito territorial de una comunidad autónoma. ¿Por qué, señora ministra? ¿Puede usted explicarnos a qué se debe esta cesión? Nosotros creemos -aunque les moleste oírlo- que esto es una clara concesión al tripartito catalán, que tenía
recurridos estos artículos. Por cierto, en este delicado momento en que se hallan las relaciones del Gobierno con el tripartito, tal vez no habrían hecho ustedes estas concesiones, por lo que pueden solucionarlo votando a favor de nuestras
enmiendas.



Asimismo, en el proyecto de ley se elimina la labor del ministerio en el establecimiento de las redes europeas de las parcelas para el seguimiento de las interacciones del monte con el medio ambiente, quedándose el ministerio -el Gobierno-
como mero transmisor de información. A todo ello, señorías, mi grupo parlamentario lo califica de abandono de funciones del Gobierno, y aunque este hecho va siendo habitual en todos los ámbitos, especialmente en estos días, el Grupo Parlamentario
Popular lo rechaza.



También rechazamos el intervencionismo intolerable que se halla en el trasfondo del texto cuando afirman ustedes que todos los montes, tanto públicos como privados, serán protegidos. ¿Qué es lo que van a proteger, señorías socialistas?
¿Cómo lo van a hacer? ¿Con qué consecuencias? ¿Van a proteger también los terrenos yelmos, roquedos y arenales o los terrenos agrícolas abandonados, definidos también como monte en el artículo 5 de la ley? ¿Alguien cree de verdad, señorías
socialistas, que el hecho de proteger todos los montes españoles implica una mayor efectividad en la lucha contra los incendios forestales que su aprovechamiento ordenado y sostenible? ¿Acaso no recuerdan, señora ministra, el incendio de
Guadalajara? ¿Recuerda, señora ministra, que cuando el monte que se incendió en la provincia de Guadalajara era explotado por la Unión Resinera el monte estaba cuidado, el monte estaba limpio? Le recuerdo a usted cómo estaba después de que el
señor Bono lo comprara y lo cediera a los ayuntamientos sin fondos para cuidarlo. ¿Este es el modelo que quieren ustedes, señorías socialistas?


De otro lado, recordemos que cerca del 70 por ciento de los montes españoles son de propiedad privada, y en el proyecto de ley se establece que podrán ser declarados protectores o protegidos, no a instancias del propietario, como refleja la
vigente ley, sino simplemente oído el propietario, lo que implica para él una serie de limitaciones y obligaciones, limitaciones que, según afirma el texto, podrán ser compensadas. Es decir, la mayoría de las veces no lo serán.



Señorías socialistas, ¿de verdad creen ustedes que estas son las medidas que se necesitan para incentivar los tratamientos preventivos contra los incendios de nuestros montes? ¿Y qué decir del cúmulo de despropósitos que suponen las nuevas
categorías que establece el texto en la clasificación de los montes? Su propuesta solo viene a introducir confusión y a colisionar con lo dispuesto en la legislación autonómica ya aprobada y en vigor. (Rumores.)


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Silencio, señorías.



La señora DE LARA CARBÓ: Respecto a la nueva figura de los montes protegidos, conviene que recordemos que en nuestro ordenamiento estatal y autonómico se recogen actualmente más de cincuenta definiciones de espacios protegidos. Señorías,
¿no creen que ya es suficiente?


Por último, señorías, haré referencia al tema estrella de su proyecto de ley: se prohíbe el cambio del uso forestal por razón de incendio durante un plazo de treinta años. Esta es la cuestión que más demagógicamente han utilizado ustedes.
Pues bien, señorías, el cambio de uso forestal por razón de incendio ya está recogido en el artículo 50.1 de la vigente Ley de Montes, ley aprobada por esta Cámara en la anterior legislatura, con un Gobierno del Partido Popular. Anticipándome a la
demagogia del Grupo Socialista y de la ministra de Medio Ambiente voy a repetir desde esta tribuna, y para que quede constancia en el 'Diario de Sesiones', que el Partido Popular no se opone a que se establezca un plazo de treinta, de cuarenta años
o de los que sean durante los cuales no se podrá modificar el cambio de uso forestal. A lo que se opone el Partido Popular es a que este plazo lo establezca el Gobierno, ya que ello supone una clara invasión de las competencias autonómicas.
Señorías, la


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Comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular, y la Comunidad Valenciana, gobernada por el Partido Popular, ya lo tienen establecido, pero lo han establecido ellas, que son las competentes. Esto es lo que defiendo desde esta
tribuna, anticipándome a la demagogia del Grupo Socialista.



Nos extraña que varios grupos de esta Cámara, de manera habitual tan celosos de sus competencias, en un curioso intercambio de favores muestren hoy su disposición a consentir esta cuestión. Repito, señorías, que no estamos en contra de
establecer un plazo para el cambio de uso forestal por razón de incendio, ya recogido en la vigente Ley de Montes y en la normativa de la Comunidad de Madrid -en la que se establece un plazo de treinta años- y de la Comunidad Valenciana. Estamos en
contra de que sea el Gobierno quien lo establezca, en una clara invasión de las competencias autonómicas.



Señorías, termino diciendo que el Grupo Parlamentario Popular apuesta por la gestión sostenible de los montes; por el cumplimiento equilibrado de su multifuncionalidad en sus valores ambientales, económicos y sociales; por el fomento de
las producciones forestales y sus sectores económicos asociados; por la creación de empleo y el desarrollo del medio rural; por la consignación y la restauración de la biodiversidad de los ecosistemas forestales. Nuestra apuesta es por la
política preventiva como la esencia de la lucha contra incendios; nuestra apuesta es por el plan forestal y por el papel de los montes como sumideros de dióxido de carbono.
Asimismo, manifestamos nuestro rechazo absoluto a la dejación de funciones
de la Administración del Estado en este proyecto de ley, al intervencionismo socialista intolerable que se manifiesta de nuevo, a la demagogia y a la confusión.



Muchas gracias. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora De Lara.



Señorías, finalizado el turno de defensa de enmiendas pasamos al de fijación de posiciones. ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Comenzamos por el señor Txueka, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco, y finalizaremos con el señor
Quirós, en nombre del Grupo Socialista.



Tiene la palabra el señor Txueka.



El señor TXUEKA ISASTI: Gracias, señora presidenta.



Señora ministra, cuando se debatió la Ley 43/2003, de Montes, el Grupo Vasco se posicionó a favor porque se produjeron unas abiertas negociaciones tanto institucionales como en el propio Congreso de los Diputados. Teníamos y seguimos
teniendo unas prevenciones de base respecto al uso y abuso que habitualmente se hace del título competencial de la ordenación general de la economía, que normalmente sirve para todo y que se usa de paraguas también en este caso. Por tanto, tampoco
vamos a oponernos a la modificación de dicha ley propuesta por su ministerio y el Gobierno como ampliación y adecuación legislativa, sino que vamos a posicionarnos a favor. La verdad es que teníamos nuestras dudas, sobre todo respecto a la
necesidad de la urgencia de la modificación de esa ley, dado que cuando aquella se inició apenas habían transcurrido dos años. Quizá entendíamos que habría sido más adecuada una iniciativa más compacta, con más tiempo, que no una modificación tan
prematura, pero también tenemos que reconocer el espíritu abierto del ministerio en muchas materias que han mejorado la propuesta de modificación.



Respecto al régimen de distribución de competencias, creemos que se vuelve a repetir esa prevención nuestra respecto a lo que ya he comentado. Dicho esto, quizás muestre una ingenua creencia este portavoz de que, en la práctica, el Estado
actuará de acuerdo con el espíritu competencial que subyace en todos estos acuerdos y que, además, se ha mostrado como el más eficaz y práctico para la resolución de los problemas que se plantean en la gestión de los montes.



Termino con un consejo monotemático que he dado en anteriores intervenciones a la ministra: abordemos la auténtica problemática de base de por qué España y Portugal siguen sufriendo el 75 o el 80 por ciento de los incendios que se producen
en Europa, incluida toda la parte sur, que creemos que es consecuencia de la enorme despoblación rural y de otra serie de cuestiones que ya he planteado y que no voy a repetir. La insto, señora ministra, a que haga un esfuerzo importante y en bien
de todos, básicamente con el Ministerio de Agricultura, para que el monte y su multifuncionalidad sean también un reflejo de la coordinación multifuncional en el Estado entre todos sus Ministerios.



Muchas gracias.



La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señor Txueka.



Finalizamos con la intervención del señor Quirós, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.



El señor QUIRÓS PULGAR: Gracias, señora presidenta.



Señorías, quisiera iniciar mi intervención agradeciendo a todos los grupos parlamentarios, a excepción del Partido Popular, su colaboración y su actitud en la tramitación del proyecto de ley por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes.
Gracias al trabajo que hemos realizado en estos meses, se ha podido mejorar tanto la propuesta de modificación como aquella parte de la Ley de Montes que no se modificaba con el proyecto de ley. Se han aceptado cuarenta enmiendas, once directamente
y veintinueve mediante transaccionales presentadas por mi grupo parlamentario, lo que representa un 35 por ciento de aceptación si no contabilizamos las que se han retirado en los trámites de ponencia y debate en comisión.



Consideramos que se ha enriquecido, con las aportaciones de los distintos grupos parlamentarios de esta


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Cámara, un proyecto de ley que se presentaba al Congreso con un amplio consenso de las comunidades autónomas, del Consejo asesor de medio ambiente y de las organizaciones profesionales, sociales y empresariales del sector forestal, por lo
que, en un esfuerzo mayor de consenso, hemos ido también a un acuerdo con Esquerra Republicana y con el Bloque Nacionalista Galego para admitir dos enmiendas transaccionales que van a mejorar tanto los aspectos de la apuesta decidida del nuevo
Gobierno en Galicia por el desarrollo rural como lo relativo a la biomasa forestal con Esquerra Republicana. Aceptamos la última propuesta del Bloque Nacionalista Galego, y la enmienda transaccional quedaría como un punto tercero al final del texto
del artículo 50.1, que vendría a decir: una directriz de política agroforestal que contemple el uso agrario o ganadero extensivo de montes no arbolados con especies autóctonas, inculto o en estado de abandono.



Tengo que reprochar la actitud del Partido Popular, que se podría calificar de preocupante, por dos motivos fundamentales. En primer lugar, porque con la enmienda a la totalidad que presentaron en su día han querido que no se aprobara una
norma para la mejora de la prevención y la lucha contra los incendios forestales y para dotarnos de mayores instrumentos para la protección y conservación de nuestros montes. En segundo lugar, porque con la petición de avocación por el Pleno, que
ha sido el único grupo que lo ha pedido, ha querido que se retrase la entrada en vigor de un proyecto de ley que tenía una tramitación de urgencia, y solamente por sacar rédito político de la tierra quemada.
(Rumores.)


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Silencio, por favor.



El señor QUIRÓS PULGAR: Se lo dije y se lo repito: ¿cómo un partido político que se ha convertido en auténtico pirómano de la alarma social va a querer que se apruebe hoy un proyecto de ley para la mejora de la prevención y la lucha contra
los incendios forestales? Señora De Lara, ¿desde cuándo la protección de los montes va en contra de la conservación? Me gustaría que aclarara esa barbaridad que ha dicho en esta Cámara y que dijo también en el debate de la Comisión. El día 21 de
diciembre dijo usted durante el debate en la Comisión que con la protección de los montes privados se impide a sus propietarios el aprovechamiento de los montes. Señora De Lara, lo que manifestó usted ese día y hoy en esta Cámara es una auténtica
barbaridad. Dijo que va en detrimento de la limpieza, del cuidado del monte y, por consiguiente, hay un mayor peligro de que haya un incendio forestal. En definitiva, señora De Lara, para usted el capítulo I de la Ley de Montes, que se aprobó
cuando ustedes gobernaban estaba prácticamente de adorno. Su planteamiento se podría resumir de una forma muy sencilla: la protección de los montes públicos y dejar una patente de corso a los montes privados. Esa era y es, por desgracia, su
política forestal: la defensa del interés particular en detrimento del interés general. En cambio, para mi grupo parlamentario prima el interés general. Por eso nos dotamos de un nuevo modelo de protección como son los registros de montes
protectores y de montes con otras figuras de protección, que responden a la lógica constitucional derivada del artículo 45 y a la necesidad de extender la protección a la totalidad de la masa forestal, sobre la base de las cualidades objetivas del
recurso a conservar y a restaurar y no basada exclusivamente en la naturaleza jurídica del titular del monte.



La especial importancia de estos montes por su valor intrínseco constituye un patrimonio común de todos los ciudadanos de este país, que debemos preservar, conservar y restaurar porque tiene una incidencia primordial en la protección del
suelo, en el ciclo hidrológico, en la fijación del carbono atmosférico y en ser soporte de la biodiversidad y de unos valores económicos y sociales fundamentales. Y no estamos hablando de una cuestión baladí, señora De Lara y señorías del Grupo
Popular, si tenemos en cuenta que el 70 por ciento de la masa forestal de este país está en manos privadas. Parece que lo quieren realmente ustedes es que en la masa forestal más grande de este país no se pueda realizar una gestión forestal
sostenible. En cambio, la inmensa mayoría de los miembros de esta Cámara apuesta por esta gestión forestal sostenible. Por eso nos dotamos del fondo para el patrimonio natural. Señora De Lara, le tengo que decir que no fue un error del
ministerio. Lo único que usted puede criticar al ministerio es que fuera garantista. Se presenta en esta Cámara un proyecto de ley para su debate anterior al de los Presupuestos Generales del Estado y nos encontramos con una enmienda a la
totalidad de su grupo parlamentario. Por tanto, es una cuestión de previsión el que no apareciera dotado el fondo del patrimonio natural en los presupuestos, pero existía el compromiso de que si se aprobaba esta ley -y no le quepa la menor duda-
habría inversiones para el fondo del patrimonio natural.



Además, señora De Lara, nos solamente se quedan ustedes solos en esta Cámara, sino también en la sociedad. El Instituto Nacional del Bosque ha emitido un informe sobre incendios forestales en el que pide que se fomente la gestión forestal
sostenible de los montes privados. Al contrario de lo que ustedes piensan, el Instituto Nacional del Bosque dice que es sin duda la herramienta más eficaz en la lucha contra los incendios forestales; cosa que se quiere impulsar con este proyecto
de ley, por lo que le tengo que decir, señora De Lara, que van contracorriente con sus planteamientos.



Otra cuestión preocupante de la actitud del Grupo Popular en la tramitación de este proyecto de ley ha sido lo relativo al apartado 1 del artículo 50. Ustedes dicen que es una competencia de las comunidades autónomas. Yo le diría que
también de la Administración General del Estado, tal como establece el artículo 149 de la Constitución. Resulta paradójico, señora De Lara, el amor de su grupo parlamentario y su defensa exacerbaba


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de la Constitución y, a la vez, el desconocimiento que tienen de la misma y de las sentencias del Tribunal Constitucional. Lo que ustedes quieren en realidad es dejar una puerta abierta a que pueda haber recalificaciones, como ocurrió en su
día con Terra Mítica. Señora De Lara, no estamos pagando ningún favor a ningún grupo parlamentario de esta Cámara. Simplemente reconocen que, tal y como ha quedado el artículo 50.1, la Administración General del Estado también tiene competencia a
ese respecto. Señora De Lara, léase las sentencias del Tribunal Constitucional, la 64/1982, la 170/1989, la 149/1991, la 102/1995 y la 101/2005 y verá como la nueva redacción del artículo 50.1 se ajusta a la distribución constitucional de
competencias en razón de los siguientes argumentos. El precepto establece una prohibición con una finalidad de protección medio ambiental que es compatible con la facultad del Estado para determinar la legislación básica en esta materia como
reconoce la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. La fijación de un plazo mínimo de 30 años para la prohibición encaja asimismo con el reparto competencial de normas mínimas, normas adicionales de protección que el Tribunal Constitucional ha
atribuido respectivamente al Estado y a las comunidades autónomas. La determinación del plazo de 30 años no tiene un carácter arbitrario, sino que deriva del lapso temporal necesario para la regeneración de la vegetación forestal. Además hace una
casación y se garantiza la misma protección administrativa de la ya prevista por nuestra legislación penal en el cambio de uso de montes o terrenos forestales incendiados. Sin duda, estamos ante un instrumento preventivo, disuasorio, efectivo desde
el primer día que entre en vigor esta ley, para todos aquellos que busquen provocar un incendio para un cambio de uso. Fíjense, señorías, la efectividad que tiene esta medida que el Parlamento Europeo ha solicitado a la Comisión que elabore una
recomendación a todos los Estados miembros con medidas recogidas en este proyecto de ley, como la prohibición temporal hasta los 30 años y también la creación de fiscalías especiales por delitos ambientales.



Señora De Lara, usted hoy no defiende a las comunidades autónomas; usted lo único que busca es que el fuego de nuestros montes se pueda seguir utilizando como elemento de especulación. Mientras este país e incluso la Unión Europea quieren
dotarse de mayores instrumentos en la lucha contra los incendios forestales ustedes se oponen a ello. Y lo hacen de una forma frontal al Gobierno socialista a través de la negación de este proyecto de ley, para que el Gobierno socialista no pueda
poner en marcha los acuerdos alcanzados con las comunidades autónomas en la reunión de la Conferencia sectorial de medio ambiente celebrada en Santander. Ustedes ya no representan a las comunidades autónomas donde gobiernan porque quieren utilizar
también el fuego como arma arrojadiza contra el Gobierno. Señora De Lara, estoy seguro de que más de un consejero o consejera de medio ambiente de las comunidades autónomas donde ustedes gobiernan va a dormir más a gusto cuando este proyecto de ley
se apruebe, porque le vamos a quitar la presión que le dejaron ustedes con su Ley de Montes.



Señorías, vamos a aprobar un proyecto de ley que se basa en el respeto pleno a la Constitución, a la estructura territorial del país, a la nueva sensibilidad medio ambiental y a la valoración de la multifuncionalidad de los bosques y de sus
externalidades positivas. Señorías, a pesar del Grupo Popular vamos a tener un instrumento normativo que va a incidir en la mejora de la prevención y lucha contra los incendios forestales. Estoy seguro de que los ciudadanos de este país nos lo van
a agradecer.



Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchísimas gracias, señor Quirós.



Estamos llamando a votación y dado que hay muchas votaciones en el día de hoy hemos decidido poner el reloj en diez segundos. Ténganlo en cuenta, por favor. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)


El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de proceder a las votaciones quiero hacerles un pequeño aviso. Para ir mejorando la participación, por primera vez tendrán ustedes en el escaño, en el icono correspondiente al orden del día, las
enmiendas transaccionales, de manera que a partir de ahora todas las enmiendas transaccionales podrán ser seguidas por todos los diputados desde el escaño. (Aplausos.)


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.



-PROYECTO DE LEY SOBRE TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA.
(VOTACIONES.)


El señor PRESIDENTE: Votación en pleno de las enmiendas al proyecto de ley sobre técnicas de reproducción humana asistida. He de advertirles que la votación también ha sido reducida a diez segundos.



Votación de las enmiendas del señor Duran i Lleida y otros, Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En primer lugar, votación de la enmienda número 108.



Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 136; en contra, 178; abstenciones, seis.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Votación del resto de las enmiendas del señor Duran i Lleida y otros.



Comienza la votación. (Pausa.)


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, tres; en contra, 311; abstenciones, cinco.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).



Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 25; en contra, 293; abstenciones, una.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Votación de las enmiendas números 43, 45 y 49.



Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 20; en contra, 295; abstenciones, siete.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Votación del resto de enmiendas del Grupo de Esquerra Republicana.



Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 11; en contra, 305, abstenciones, siete.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Votación de las enmiendas 89 a 93.



Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 24; en contra, 296; abstenciones, tres.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Votación de las enmiendas 96, 98 y 99.



Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 26; en contra, 297.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Votación del resto de enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió).



Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 155; en contra, 166; abstenciones, dos.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. Votación de todas las enmiendas del Grupo Popular.



Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 136; en contra, 177; abstenciones, nueve.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Votación del dictamen. Votación de la exposición de motivos, el artículo 16, el artículo 21, el artículo 25, las disposiciones adicionales 2.ª y 3.ª con la enmienda de subsanación distribuida, disposición adicional 4ª y la disposición
derogatoria única.



Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 187; en contra, 135.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.



Votación de los apartados 2 y 3 del artículo 1, del artículo 11 y del apartado 2 del artículo 12.



Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 177; en contra, 144.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.



Votación del resto del artículo 1 y del resto del artículo 12.



Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 310; en contra, nueve.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.



Votación del artículo 14.



Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 178; en contra, 146.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.



Votación del artículo 15.



Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 313; en contra, 11.



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El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.



Votación del artículo 19.



Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 304; en contra, 16; abstenciones, dos.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.



Votación del artículo 20.



Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 171; en contra, 146; abstenciones, seis.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.



Finalmente votamos el resto del dictamen.



Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 320; en contra, tres.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.



-PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REGULA EL ESTATUTO DEL MIEMBRO NACIONAL DE EUROJUST Y LAS RELACIONES CON ESTE ÓRGANO DE LA UNIÓN EUROPEA.
(VOTACIONES.)


El señor PRESIDENTE: Comenzamos la votación del proyecto de ley por la que se regula el estatuto del miembro nacional de Eurojust y las relaciones con este órgano de la Unión Europea. En primer lugar, Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió).



Votación de la enmienda número 6.



Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 10; en contra, 303; abstenciones, 11.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Votación de las enmiendas números 7, 16 y 20.



Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 146; en contra, 161; abstenciones, 17.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Votación de la enmienda número 19.



Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 17; en contra, 296; abstenciones, diez.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Finalmente votamos el resto de las enmiendas de CiU.



Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 144; en contra, 168; abstenciones, 11.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Votamos en bloque todas las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.



Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 137; en contra, 176; abstenciones, diez.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Votación del dictamen. En primer lugar, votación de los artículos 2.1, 3.2, 4.1.d), 13, 14 y 16.1.



Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323, a favor, 187; en contra, 135; abstenciones, una.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.



Por último, votamos el resto del dictamen.



Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 318; en contra, seis.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.



-PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 43/2003, DE 21 DE NOVIEMBRE, DE MONTES. (VOTACIONES.)


El señor PRESIDENTE: Votamos ahora las enmiendas al proyecto de ley por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. En primer lugar, Grupo Parlamentario Mixto, señora Fernández Davila. Votación de la enmienda
transaccional a la enmienda número 16. ¿Se opone algún grupo parlamentario a su tramitación? (Pausa.)


Votamos la enmienda.



Comienza la votación. (Pausa.)


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 187; en contra, uno; abstenciones, 134.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Votación de las enmiendas números 81, 89, 92 y 100.



Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 12; en contra, 166; abstenciones, 145.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Votamos el resto de las enmiendas del Grupo de Izquierda Verde.



Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 22; en contra, 291; abstenciones, 11.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Votación de las enmiendas 20, 21, 26, 29 y 38.



Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 29; en contra, 157; abstenciones, 138.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Votación de la enmienda transaccional a la enmienda 40. ¿Algún grupo parlamentario se opone a su tramitación? (Pausa.) Si no es así, votamos la enmienda.



Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 324.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



Votación del resto de las enmiendas del Grupo de Esquerra Republicana.



Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 31; en contra, 292; abstenciones, una.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Votación de las enmiendas 126, 128, 136 y 156.



Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 30; en contra, 158; abstenciones, 136.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Votación de las enmiendas 140, 141 y 146.



Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 31; en contra, 289; abstenciones, cuatro.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Finalmente, votación de la enmienda 144.



Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 152; en contra, 167; abstenciones, cinco.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Votamos en bloque las enmiendas del Grupo Popular.



Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 137; en contra, 171; abstenciones, 16.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Pasamos a votar el dictamen.



Votación de la disposición adicional única y de las disposiciones finales primera a tercera.



Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 322.



El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.



Finalmente, votamos el resto del dictamen.



Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 187; en contra, 135; abstenciones, una.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el resto del dictamen.



Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.



Era la una y cinco minutos de la tarde.