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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 79, de 05/04/2005
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2005 VIII Legislatura Núm. 79
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 74
celebrada el martes, 5 de abril de 2005
ORDEN DEL DÍA: Toma en consideración de Proposiciones de Ley de Comunidades Autónomas: ...
- Del Parlamento de Cataluña, de modificación del artículo 53 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Orgánica). 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 8-1, de 16 de abril de 2004. (Número
de expediente 125/000008.) ... (Página 3796)
Minuto de silencio por la muerte de Su Santidad el Papa Juan Pablo II ... (Página 3807)
Avocación por el Pleno de Proyectos de Ley:
- Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. (Número de expediente 121/000003.) ...
(Página 3807)
- Proyecto de Ley por la que se modifica el Código Civil en materia de separación y divorcio. (Número de expediente 121/000016.) ... (Página 3807)
- Proyecto de Ley por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio. (Número de expediente 121/000018.) ...
(Página 3807)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley: ...
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de transferencia de medios personales, materiales y funcionales en materia de gestión de los aeropuertos catalanes a la Generalitat de Catalunya. 'BOCG. Congreso de los Diputados',
serie B, número 20-1, de 23 de abril de 2004. (Número de expediente 122/000006.) ... (Página 3807)
Proposiciones no de Ley: ...
- Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre actuaciones para prevenir e impedir la aparición y consolidación de grupos de jóvenes violentos y organizados. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 38, de 18 de junio
de 2004. (Número de expediente 162/000108.) ... (Página 3818)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al proceso de transición a la Televisión Digital Terrestre. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 169, de 14 de marzo de 2005. (Número de expediente 162/000291.) ...
(Página 3825)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes: ...
- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre los propósitos del Gobierno en torno a la revisión de la legislación dictada en la legislatura anterior que vulnera las competencias de las Comunidades Autónomas. (Corrección de error en
escrito con número de registro 50178).
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 178, de 1 de abril de 2005. (Número de expediente 173/000059.) ... (Página 3834)
- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), sobre la necesidad de mejorar la financiación local. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 178, de 1 de abril de 2005. (Número de expediente 173/000060.) ...
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas adoptadas por el Gobierno para garantizar los derechos de los profesores vascos discriminados por razones lingüísticas. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número
178, de 1 de abril de 2005. (Número de expediente 173/000061.) ... (Página 3848)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de Proposiciones de Ley de Comunidades Autónomas ... (Página 3796)
Del Parlamento de Cataluña, de modificación del artículo 53 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Orgánica) ... (Página 3796)
Defienden la proposición de ley del Parlamento de Cataluña, para su toma en consideración, la señora Gispert i Català, y los señores Pérez Ibáñez y Bosch i Mestres, todos ellos representantes del Parlamento de Cataluña.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Dávila, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora García Suárez del Grupo Parlamentario de Izquierda
Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; el señor Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Bonás Pahisa, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); el señor Guinart Solá, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió); y las señoras Sánchez-Camacho Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Batet Lamaña, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Minuto de silencio por la muerte de Su Santidad el Papa Juan Pablo II ...
(Página 3807)
Por decisión unánime de la Junta de Portavoces se guarda un minuto de silencio por la muerte de Su Santidad el Papa Juan Pablo II.
Avocación por el Pleno de Proyectos de Ley ... (Página 3807)
Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 1/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional ... (Página 3807)
Proyecto de Ley por la que se modifica el Código Civil en materia de separación y divorcio ... (Página 3807)
Proyecto de Ley por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio ... (Página 3807)
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, la Presidencia somete al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final de los proyectos de ley reseñados anteriormente, lo que se aprueba por
asentimiento.
Toma en consideración de Proposiciones de Ley de Comunidades Autónomas.
(Votación.) ... (Página 3807)
Del Parlamento de Cataluña, de modificación del artículo 53 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Orgánica) ... (Página 3807)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Cataluña, de modificación del artículo 53 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se rechaza por 33 votos a favor y
270 en contra.
Toma en consideración de Proposiciones de Ley ... (Página 3807)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de transferencia de medios personales, materiales y funcionales en materia de gestión de los aeropuertos catalanes a la Generalitat de Catalunya ... (Página
3807)
El señor Xuclà i Costa defiende en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) la toma en consideración de la proposición de ley de transferencia de medios personales, materiales y funcionales en materia de gestión de los
aeropuertos catalanes a la Generalitat de Cataluña, porque los aeropuertos constituyen una infraestructura vital para el desarrollo económico y social del territorio y una gestión eficaz y eficiente de las infraestructuras aeroportuarias es
condición necesaria para garantizar la competitividad futura en todos los órdenes del territorio. Explica el contenido de la proposición de ley que, dice, está planteada en los términos del traspaso de competencias a Cataluña, por ser esta una
larga reivindicación de la sociedad civil, de los sectores económicos más dinámicos y de la mayoría de los partidos políticos catalanes, pero el modelo de gestión compartida, añade, es válido para el conjunto de autonomías, por lo que pide el voto a
favor, con el ánimo de iniciar una tramitación parlamentaria que pueda impulsar desde ahora y desde el Parlamento el traspaso de competencias a las comunidades autónomas y la definición, a través de la modificación de la actual ley vigente, de un
nuevo sistema de cogestión.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Rivero Baute, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Andreu Domingo, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Ayala Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y la señora Puig
Gasol, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de transferencia de medios personales, materiales y funcionales en materia de gestión de los aeropuertos catalanes a
la Generalitat de Catalunya, se rechaza por 27 votos a favor, 278 en contra y siete abstenciones.
Proposiciones no de Ley ... (Página 3818)
Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre actuaciones para prevenir e impedir la aparición y consolidación de grupos de jóvenes violentos y organizados ... (Página 3818)
Defiende la proposición no de ley el señor Pedret i Grenzner en nombre del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. Presenta la realidad social de la violencia entre los jóvenes y considera que cerrar los ojos ante ella es un error y
que es indispensable abordar el tema en sede parlamentaria. Se trata, dice, de algo que afecta directamente a la libertad y a la seguridad de los ciudadanos y, por lo tanto, a la responsabilidad de los representantes políticos. El Grupo
Parlamentario Socialista presenta en esta proposición no de ley una serie de medidas que, con el consenso de todos, conformen un plan que establezca las bases para atacar el fenómeno de forma preventiva, porque por suerte el fenómeno es aún
incipiente y se plantea generalmente en áreas urbanas, para elevar los grados de dignidad, libertad, justicia y seguridad de los ciudadanos.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Vázquez Blanco, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y el señor Cerdà Argent, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC).
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Dávila, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; y los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Guinart Solá, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al proceso de transición a la televisión digital terrestre ... (Página 3825)
Defiende la proposición no de ley la señora Montesinos de Miguel, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Considera que la proposición de ley que su grupo presenta tiene un objetivo totalmente claro, definido y
transparente que es acelerar el imprescindible periodo transitorio de la televisión analógica a la televisión digital, siguiendo las recomendaciones que desde la Unión Europea se han hecho en los últimos tiempos en materia audiovisual. Europa,
dice, se vuelve digital y España no puede quedarse atrás, sino que debe incorporarse a ese proceso de modernidad, de pluralidad y de migración hacia la televisión digital con una auténtica y eficaz disposición y con un enérgico e irreversible
impulso de su administración.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Pérez Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Puig Cordón, del
Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Vilajoana Rovira, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y López Agueda, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso sobre actuaciones para prevenir e impedir la aparición y consolidación de grupos de jóvenes violentos y organizados, en los términos de la enmienda
transaccional presentada, se aprueba por 311 votos a favor y uno en contra.
Sometido en primer lugar el primer párrafo de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al proceso de transición a la televisión digital terrestre, se rechaza por 135 votos a favor, 163 en contra y 14
abstenciones.
Sometidos a votación en segundo lugar los párrafos segundo y tercero de dicha proposición no de ley, se rechazan por 142 votos a favor, 169 en contra y dos abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 3834)
Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre los propósitos del Gobierno en torno a la revisión de la legislación dictada en la legislatura anterior que vulnera las competencias de las Comunidades Autónomas ...
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Olabarría Muñoz, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Asegura que en la anterior legislatura se aprobaron treinta y una leyes que vulneraban los techos
competenciales ya transferidos a Euskadi, en virtud de los requerimientos de su estatuto de autonomía, no habiendo reaccionado el Partido Socialista de una manera clara al llegar al Gobierno, por lo que se acredita,
según su opinión, que existe una identidad ideológica absoluta entre el Partido Popular y el Partido Socialista en lo relativo a la configuración territorial e institucional del Estado.
En defensa de la enmienda presentada a la moción interviene la señora Malaret García, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto; y los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Tardá i Coma, del Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana (ERC); Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la señora Sáenz de Santamaría Antón, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptar o rechazar la enmienda presentada interviene el señor Olabarría Muñoz.
Del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), sobre la necesidad de mejorar la financiación local ... (Página 3841)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Puig Cordón, en nombre del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC).
Recuerda que el 19 de abril se van a cumplir veintiséis años de las primeras elecciones
municipales, y considera que han sido veintiséis años de promesas incumplidas, de falsas voluntades, de discursos vacíos de contenido, en definitiva de abandono del mundo local y de su financiación. Por eso su grupo presenta esta moción que
contiene una serie de medidas concretas basadas en las demandas más elementales de los ayuntamientos, después de años de esfuerzos muy por encima de sus propias responsabilidades.
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción intervienen los señores Padilla Carballada, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mas i Estela, del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, y la señora Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y Guinart Solá, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas interviene el señor Puig Cordón.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas adoptadas por el Gobierno para garantizar los derechos de los profesores vascos por razones lingüísticas ... (Página 3848)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente la señora Arrúe Bergareche, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Manifiesta que supone un honor para ella subir a la tribuna a defender los derechos de las 157
familias de profesores interinos del sistema público del País Vasco, profesores que tras muchos años de docencia y dedicación van a ser excluidos de su actividad laboral por el único hecho de no acreditar el conocimiento del euskera exigido al
profesorado por el actual gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción intervienen los señores Puig Cordón, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), y Benzal Román, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto, y García Suárez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; y los señores Esteban
Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas interviene la señora Arrúe Bergareche.
Sometida a votación, en sus propios términos, la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre los propósitos del Gobierno en torno a la revisión de la legislación dictada en la legislatura
anterior que vulnera las competencias de las comunidades autónomas, se rechaza por 31 votos a favor y 263 en contra.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), sobre la necesidad de mejorar la financiación local con las enmiendas de adición presentadas por el Grupo Parlamentario
Esquerra Republicana (ERC) y el Grupo Parlamentario
Mixto, se rechaza por 10 votos a favor, 274 en contra y 10 abstenciones.
Finalmente se somete a votación, en sus propios términos, la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas adoptadas por el Gobierno para garantizar los derechos de los
profesores vascos discriminados por razones lingüísticas. Tras una votación errónea por problemas en el tablero electrónico, se procede a una segunda votación de la moción, quedando rechazada por 103 votos a favor, 170 en contra y cuatro
abstenciones.
Se suspende la sesión a las once y veinte minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS:
- DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA, DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 53 DE LA LEY ORGÁNICA 2/1986, DE 13 DE MARZO, DE FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD (ORGÁNICA). (Número de expediente 125/000008.)
El señor PRESIDENTE: Iniciamos la sesión con el punto I del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas, la del Parlamento de Cataluña de modificación del artículo 53 de la Ley Orgánica 2/1986, de
13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El procedimiento será, en primer lugar, la presentación de la iniciativa por parte de la delegación del Parlamento de Cataluña compuesta por la honorable señora doña Núria de Gispert i Català, del
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, el ilustrísimo señor don David Pérez Ibáñez, del Grup Parlamentari Socialistes-Ciutadans pel Canvi, y el ilustrísimo señor don Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya
Verds-Esquerra Alternativa. Su intervención será por quince minutos compartidos, obviamente, y a continuación la fijación de posiciones por parte de los grupos parlamentarios.
Tiene la palabra doña Núria de Gispert i Català.
La señora DIPUTADA DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (Gispert i Català): Muchas gracias, excelentísimo señor presidente.
Señoras y señores diputados, nos encontramos ante una iniciativa presentada en su día por el Grupo Parlamentario de Iniciativa per Catalunya Verds que modifica el artículo 53 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; iniciativa
que fue tomada en consideración el 26 de febrero de 2003 y adoptada por el Pleno del Parlamento catalán el 5 de junio del mismo año. Es una modificación puntual pero importante, ya que lo que se pretende con ella es complementar las funciones en
materia de seguridad de las policías locales y, así, seguir avanzando en la idea de la coordinación de estas por parte de la policía de la Generalitat y llegar en su día a conformar ambos cuerpos la policía de Cataluña. Con esa modificación se
pretende concretamente que las policías locales, además de llevar a cabo las diligencias y actuaciones de prevención del delito, lleven a cabo también aquellas actuaciones que sean imprescindibles para mantener el orden público y la seguridad
ciudadana, y así colaborar con la policía de la Generalitat y facilitar su coordinación. Esta iniciativa fue presentada y tomada en consideración con otras tantas que venían a incrementar las competencias de la policía de la Generalitat, Mossos
d'Esquadra, en un momento en que la asunción de esta materia por el Gobierno de la Generalitat ya era una realidad patente. Pero antes de seguir defendiendo esta iniciativa, quiero recordar que justo hace tres semanas fue sustanciada en este
Congreso de los Diputados una de las proposiciones a que he hecho referencia hace un momento: aquella que planteaba un cambio en la Presidencia de la Junta de Seguridad de Cataluña, proposición que no fue tomada en consideración por los votos de la
mayoría parlamentaria y especialmente por los votos del Partido Socialista, que, en cambio, en sede parlamentaria de Cataluña votaron a favor. Por las noticias que tengo, parece ser que la de hoy tampoco será tomada en consideración. No sé los
motivos porque al ser la primera diputada en defenderla no he oído los argumentos del representante del Partido Socialista, pero me permito rebatir aquellos que dio en su día para la anterior proposición, por si fueran parecidos: la oportunidad
política de la proposición, la ponencia para un nuevo estatuto de autonomía de Cataluña o la redacción de una nueva ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
La oportunidad de esta regulación, si llega o no en el momento oportuno y en qué momento fue sustanciada son las preguntas que se hizo el diputado socialista. Se hicieron al final de una legislatura y nos encontramos ahora en el inicio de
otra. Nuevos gobiernos aquí y allá; eso decía el diputado socialista. Por cierto, señor diputado, en Cataluña el pueblo no decidió el cambio de mayorías ni el cambio de Gobierno; los que lo decidieron legítimamente fueron los partidos políticos
con su aritmética parlamentaria, pero quien ganó las elecciones fue nuevamente Convergència i Unió. Me permito recordarlo pues no sé si al señor diputado le quedó claro. Según el mismo diputado -que esgrimió también ese motivo-, en junio de 2003
en Cataluña era impensable hablar de un nuevo estatuto de autonomía y
por ello no se tomaba en consideración aquella proposición, porque el nuevo estatuto ya lo tendría en cuenta. No fue así, señor Pedret. En abril de 2003, dos meses antes de la aprobación de esta proposición de ley, la Federación de
Convergència i Unió presentaba a la sociedad catalana un documento de bases para el nuevo estatuto que nos es ahora muy útil para los trabajos de la ponencia parlamentaria. Además, en aquellas fechas, el 17 de diciembre de 2002, se había acabado el
trabajo de una comisión parlamentaria que con el nombre de Impulso para el autogobierno lo había finalizado con la presentación por parte de los diferentes grupos parlamentarios de su propuesta para un nuevo estatuto de autonomía. Por tanto, no
busquemos excusas de mal pagador. De impensable, nada de nada. ¿No será que como ahora están en el Gobierno del Estado ya no tienen tan claro tomar en consideración estas iniciativas? Porque si la solución es que ya constará en el nuevo estatuto,
aprobemos hoy esta proposición y avancemos en esa voluntad política que dicen que tienen y tendrán respecto del contenido del nuevo estatuto de autonomía de Cataluña. Su voto a favor hoy sería una buena muestra. Por otra parte, esa modificación no
impedirá ni irá en detrimento de la gran modificación que quiere impulsar el Gobierno sobre la Ley Orgánica de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; por cierto, interesaría a esta diputada conocer cómo están los trabajos de elaboración de esta
iniciativa. Pero volvamos ahora a la proposición de ley que hoy debatimos y a la modificación que se plantea de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
En Cataluña nos encontramos en un momento decisivo en cuanto al despliegue de la Policía autonómica. Por eso, porque estamos en un momento decisivo, es entre otras razones por lo que fueron planteadas esas iniciativas parlamentarias y por
lo que nuestro grupo parlamentario apoyó en su momento esas y las otras iniciativas, no porque ahora estemos en la oposición sino también porque cuando fue votada en el Pleno del Parlamento catalán votamos a favor, y entonces formábamos parte del
Gobierno de la Generalitat y entendimos esta propuesta como una mejora en el servicio público de seguridad. Estamos de acuerdo en que las policías locales incrementen sus funciones para mantener el orden público y la seguridad ciudadana, sigan
colaborando con los Mossos d'Esquadra y lleguen ambos cuerpos a conformar en un futuro la policía de Cataluña.
Por todo ello, desde Convergència i Unió solicitamos su voto a favor en la toma en consideración de esta iniciativa, y por todo ello
pedimos al Partido Socialista Obrero Español que vote la iniciativa que ya en su momento el Partido Socialista de Cataluña votó en el Parlamento.
Muchas gracias, señoras y señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señora Gispert.
Tiene la palabra don David Pérez.
El señor DIPUTADO DEL PARLAMENTO CATALÁN (Pérez Ibáñez): Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
Señorías, la propuesta que llega hoy a este Congreso fue presentada por Iniciativa per Catalunya Verds en el Parlamento de Cataluña en el año 1999 y defendida por el señor Boada y el señor Ribó, pero les aseguro que la situación de 1999 era
muy diferente a la de hoy. En las ciudades catalanas existía en aquel momento una situación de repliegue efectivo de los cuerpos estatales, de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Las plantillas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil
estaban prácticamente al 50 por ciento y en algunas ciudades al 30 por ciento. De hecho, las policías locales tenían que asumir toda la competencia, toda la responsabilidad y todo el compromiso en materia de seguridad. El despliegue de Mossos
d'Esquadra se estaba haciendo de manera lenta e incompleta, sin aprovechar la experiencia de los buenos profesionales de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que había en Cataluña, y se estaba eternizando. Hasta el año 2004, las posibilidades
de modificar el marco legislativo y el Estatuto de Autonomía de Cataluña con el acuerdo del Partido Popular y de Convergència i Unió eran absolutamente inimaginables. En reiteradas ocasiones los representantes del Partido Popular habían manifestado
en el Parlamento de Cataluña que había un compromiso entre Convergència y el Partido Popular de no modificar el Estatuto de Autonomía de Cataluña. También era impensable en aquel momento la modificación legislativa de la Ley Orgánica de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado. Efectivamente, en aquel momento, al no haber alternativa, al no haber efectivos policiales y tener que asumir las policías locales todas las competencias en materia de seguridad, al no haber ninguna posibilidad de
modificación legislativa del marco reglamentario en materia de seguridad, votamos a favor de la propuesta que se está viendo hoy en esta Cámara. Es cierto que la situación actual es completamente diferente. En este momento, en Cataluña, los
efectivos de Policía Nacional y de Guardia Civil están remontando su número. En este momento está abierto un proceso de modificación del Estatuto de Autonomía de Cataluña en el que muchas de las competencias, incluidas las de seguridad, se están
estudiando en el Parlamento catalán. En este momento la situación es completamente diferente a la que existía cuando el señor Ribó y el representante de Iniciativa per Catalunya presentaron su propuesta en el año 1999. Por tanto, desde la total
coherencia, porque las cosas cambian a lo largo de los años; desde la total coherencia, porque también los gobiernos cambian en función de las mayorías, es cierto, pero en función de mayorías parlamentarias que son el resultado de mayorías
populares y el resultado de las votaciones en unas elecciones, resultados -esa es la democracia-
que hacen cambiar las mayorías legislativas y los gobiernos; en función de la coherencia que significa que en este momento en Cataluña hay un Gobierno conformado por la actual mayoría, diferente de la que representaban el Partido Popular y
Convergència i Unió; en función de la coherencia que significa que hoy se está elaborando un nuevo estatuto que permitirá hacer algo que había sido incapaz de realizar el Gobierno conformado por Convergència i Unió y el Partido Popular durante 23
años; en función de esa coherencia que representa una nueva mayoría de izquierda frente a la mayoría que representaban el Partido Popular y el Convergència i Unió, en función de esa coherencia pedimos al Grupo Socialista esa complicidad en el
modelo de seguridad que defendemos tanto desde el Gobierno de Cataluña, desde el tripartito, como desde el Gobierno del Estado; un sistema de seguridad basado en la proximidad, en las autoridades y en las competencias, un sistema que sea
participativo, un sistema que sea desconcentrado, un sistema en el que los alcaldes tengan competencias, un sistema en el cual las fuerzas de seguridad trabajen de manera coordinada y no desde la competencia de un cuerpo con el otro. Desde esa
coherencia, señoras y señores diputados, pedimos al Grupo Socialista su complicidad con el modelo y pedimos algo más: la posibilidad de llevar a cabo la modificación legislativa que hace unos años era absolutamente imposible, la modificación de la
Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para intentar plantear en nuestro país un sistema de seguridad más moderno, más eficaz, más participativo, más descentralizado y, sobre todo, que sirva para garantizar una cosa tan sencilla como es la seguridad
y la tranquilidad de todos los ciudadanos.
Muchas gracias, señoras y señores diputados. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez.
Finalmente tiene la palabra don Jaume Bosch i Mestres.
El señor DIPUTADO DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (Bosch i Mestres): Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, presentamos hoy la segunda de las tres proposiciones para modificar la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad votadas y aprobadas por el Parlament de Catalunya el año 2003 a instancias de mi grupo
parlamentario, Iniciativa Per Catalunya Verds. Sin embargo, la proposición que nos ocupa tiene una característica distinta de las dos restantes. No plantea una reforma para aumentar el autogobierno de Cataluña, nada tiene que ver con su estatut de
autonomía, sino que pretende mejorar el tratamiento general de todas las policías locales en el marco del modelo policial español. La Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad atribuyó, en el año 1986, un papel secundario a las policías
locales que se concretó en la atribución de funciones que realiza el artículo 53 en la posibilidad de efectuar diligencias únicamente de prevención. Ese tratamiento subordinado fue criticado en su momento por municipios y sindicatos policiales.
Especialistas como el profesor José Manuel Castells, en su informe sobre el modelo policial español, han definido ese papel secundario como expresión del tratamiento de Cenicienta que la Administración local ha padecido durante años aplicando esa
misma calificación a las policías locales. La propuesta que presenta el Parlament de Catalunya pretende corregir ese error ampliando la cobertura legal de las actuaciones de las policías locales; ese y no otro es el objetivo. Si algún grupo
parlamentario estima que es preciso evitar otras interpretaciones, las posibles enmiendas al texto inicial podrían permitir aclarar su contenido. Diversos especialistas en seguridad pública, como Jaume Curbet, plantean en estos momentos una
reflexión sobre un modelo policial sometido a nuevos retos: la existencia de una red global del crimen, la evolución del terrorismo, la degradación del servicio público de seguridad en beneficio de la seguridad privada. Mientras los cuerpos
estatales de seguridad deberían especializarse en la lucha contra el crimen organizado global, los cuerpos autonómicos y locales deberían ocuparse en reducir la inseguridad ciudadana. El propio Curbet señala, en consecuencia, la necesidad de
reformar la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Es más, el propio Gobierno hace tan solo dos meses, el 14 de febrero, en respuesta a una pregunta planteada por quien les habla en el Senado afirmaba: Es intención del Gobierno proceder
durante esta legislatura a una reforma de la actual Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ocasión que sin duda se aprovechará para hacer real, con el apoyo normativo adecuado, la importante y necesaria participación de los cuerpos de
Policía local en la garantía de la seguridad ciudadana en los territorios más próximos al ciudadano. La verdad, señorías, es que resultará incomprensible que el Grupo Socialista no admita a trámite una proposición del Parlamento catalán votada allí
por el PSC y que sintoniza, según parece, con las intenciones del Gobierno central, más todavía si la finalidad de la misma es, como afirmaba el portavoz socialista en el Parlament de Catalunya en el año 2003, prestar apoyo a la tarea de las
policías locales y reconocer su trabajo, que está por encima del que les correspondería por ley.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted.
¿Algún grupo parlamentario desea ejercitar su derecho a un turno en contra? (Pausa.) Si no es así, pasamos directamente al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, damos la bienvenida a los representantes del Parlament catalán que han venido para defender esta iniciativa, que desde nuestro grupo parlamentario vamos a apoyar por las razones que seguidamente voy a exponer.
El modelo policial implantado en Cataluña, en ejercicio de su autogobierno y a partir del diálogo y consenso con el Estado, ha evolucionado hacia un modelo de policía integral, de forma que la policía de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, es
la policía ordinaria de Cataluña y tiene atribuidas competencias en materia de seguridad ciudadana, investigación de delitos, tráfico y las relacionadas con la policía administrativa. Ha demostrado ser eficiente desde la perspectiva del gasto
público, sin que por ello se pierda efectividad en las funciones policiales, y el reconocimiento social a su labor se ha ido asentando en la sociedad catalana. El paulatino despliegue de la policía de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, ha
incrementado su presencia en todos los municipios de Cataluña, lo que hace necesario perfeccionar los mecanismos de coordinación con las restantes fuerzas y cuerpos de seguridad. En octubre de 1994, la Junta de Seguridad de Cataluña, al establecer
las bases del vigente modelo policial en ese territorio, determinó las competencias reservadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los mecanismos de coordinación. Ahora se nos plantea la necesidad de abordar una reforma para adecuar
el marco legal sobre los cuerpos de seguridad a las funciones que efectúan las policías locales en Cataluña, de acuerdo con el modelo policial que sus instituciones y órganos de gobierno han aprobado y aplicado en Cataluña. Lógicamente, esta
iniciativa va a contar con el apoyo del BNG, como dije al principio, pues se trata de remover obstáculos en la legislación estatal, en este caso en materia de seguridad, para adecuarla a las distintas formulaciones que pueden hacer las comunidades
autónomas, en este caso Cataluña, en el ejercicio de sus competencias de desarrollo y ejecución de normas de carácter orgánico.
También queremos saludar la oportunidad de esta proposición desde nuestra perspectiva, pues en estos momentos se está tramitando la ley de policía de la Comunidad Autónoma de Galicia, después de haber conseguido un consenso sobre su diseño
básico por las fuerzas políticas con representación parlamentaria en Galicia, en la que se plasma también su consideración como policía ordinaria e integral, con lo que esta modificación permitirá una mayor adecuación a las funciones que se le
otorguen a las policías locales una vez aprobada la ley gallega. Desde nuestra perspectiva, el modelo de policía gallega ha de asumir la coordinación y colaboración de las policías locales de Galicia estableciendo normativamente su relación, además
de su organización, obligaciones y facultades, por lo que el marco legal estatal ha de acoger las posibles actuaciones que la futura legislación autonómica otorgue a las policías locales. En esta línea está la proposición de ley del Parlamento
catalán y por todo ello, repito, la vamos a apoyar.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señora Fernández.
Grupo de Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Mi grupo, Coalición Canaria, quiere que nuestras primeras palabras sean de salutación y de bienvenida a la digna representación del Parlamento de Cataluña. Mi grupo, en la línea que es habitual y consecuente con sus principios de respeto
democrático a las decisiones de los parlamentos autonómicos, va a votar favorablemente la toma en consideración de esta proposición de ley que nos llega del Parlamento de Cataluña, bien entendido que aceptar nuestro voto positivo para su toma en
consideración deja abiertos los trámites de ponencia y comisión para debatir aquellas enmiendas que lo adecuen a los momentos actuales, teniendo en cuenta los discursos que hemos escuchado de los dignos y honorables representantes del Parlamento de
Cataluña al respecto, dado que en el calendario aparece esta iniciativa en su Cámara autonómica y la fecha de hoy para el debate que tenemos aquí para su toma en consideración.
Nosotros vamos a entrar solamente en este apoyo con un respeto a las decisiones de los parlamentos autonómicos, ya que nuestra Constitución democrática señala este campo soberano de legislación compartida en el Parlamento nacional y en el
Parlamento autonómico. Hemos apreciado que lo que en el fondo subyace, sin entrar en otras disquisiciones, es una disparidad de competencias, precisamente las que señala el artículo 53 -artículo que se trata de modificar- de la Ley Orgánica 2/1986,
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, frente a las competencias del Estatuto de Autonomía de Cataluña en los artículos que aquí se señalan, tanto en la competencia exclusiva que tiene la Generalitat en materia de régimen local, donde
administrativamente se encuadran las policías, los guardias municipales de cada localidad que los tenga, como en las competencias que también se señalan en el artículo 13 del mismo estatuto.
Si el trámite parlamentario se puede armonizar en esta
línea que aquí se pretende, todos estaremos predispuestos favorablemente a su toma en consideración. Y, como ya he dicho, señor presidente, nosotros vamos a votar favorablemente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, señora García Suárez.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, la proposición de ley que hoy nos traen para su toma en consideración los representantes del Parlamento de Cataluña, a los cuales saludo, es -como ya se ha dicho- la segunda de las tres proposiciones de ley que en su momento se
aprobaron en el Parlament de Catalunya relacionadas con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a propuesta de Iniciativa per Catalunya. De hecho, esta proposición de ley tiene como objetivo algo que en estos momentos es una realidad: reconocer y
regular lo que en la práctica ya está sucediendo de forma cotidiana en nuestros municipios en relación con las tareas y actuaciones profesionales de nuestras policías locales.
Como muy bien sitúa la exposición de motivos, nos encontramos con diferentes marcos competenciales y legislativos que en cierta manera han quedado desfasados por la realidad del día a día y por la necesidad de dar respuestas eficaces y
eficientes a los problemas de orden público, también de prevención y evitación de actos delictivos y, en definitiva, de seguridad ciudadana. ¿Qué está pasando realmente? Que a pesar de que el artículo 9.8 del Estatuto de Autonomía atribuye a la
Generalitat la competencia exclusiva en materia de régimen local, como ya menciona la exposición de motivos de la proposición de ley es realmente la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la que regula en
su artículo 53 las funciones que deben ejercer las policías locales. Señorías, si las policías locales se ciñeran realmente a las funciones marcadas en la citada ley orgánica, a la de hoy, esto sería un verdadero conflicto, un verdadero problema;
significaría que realizarían trabajos básicamente entendidos como administrativos, de control de tráfico y alcoholemia en el casco urbano y de colaboración con la Policía judicial. En este sentido, el concepto de colaboración debería limitarse a
actuar únicamente cuando no existen faltas ni delitos en los que haya de intervenir la Policía judicial, trasladando así a la Policía Nacional todas las actuaciones que sean de estas características. Pero, señorías, el sentido común, la necesidad
de abordar de manera rápida, sensata, eficaz y con la máxima proximidad al ciudadano los problemas, para lograr así un mejor resultado, ha comportado que en un porcentaje muy significativo la Policía local haga las instrucciones completas,
desarrollando competencias que en la práctica no son reconocidas por la ley orgánica.
La proposición de ley pretende modificar la letra g) del artículo 53 de la ley para elevar al rango de legalidad las actuaciones que realizan las policías locales, que por supuesto todas y todos sabemos que no son de meros colaboradores.
Durante una etapa la Policía local, debido a la falta real -aquí se ha dicho también- de otras policías autonómicas o de suficientes policías de ámbito estatal, es decir, del Cuerpo de Policía y de la Guardia Civil, realizaron un papel de
extraordinaria valía, pero no es que lo realizaran en aquel momento, lo realizaron, han continuado realizando y siguen realizando en estos momentos un papel de extraordinaria valía, como digo, en la protección de la seguridad ciudadana. Es un papel
no reconocido, y lo que es más grave y ya lo he dicho antes, ni recogido en la ley orgánica que regula las competencias de las fuerzas y cuerpos de seguridad. La propuesta, pues, señorías, es absolutamente coherente, necesaria y está políticamente
apoyada por la mayoría de las fuerzas políticas del Parlamento catalán, entre ellas por el Partido Socialista de Cataluña. Entendemos que debería ser así en esta Cámara, a no ser que estemos asistiendo, cada vez más, con demasiada frecuencia, y
esto lo lamentamos profundamente, a una práctica parlamentaria en la que decimos y hacemos discursos adaptados a cada momento electoral, a cada situación coyuntural y, por tanto, a intereses muy alejados de las verdaderas necesidades de la
ciudadanía. Nuestro grupo parlamentario defiende que a las policías locales se les reconozca lo que ya es una realidad y, por tanto, se haga la ampliación legal clara de sus competencias para todo aquello que concierne a los temas de orden público
y de seguridad ciudadana en sus posibles y necesarias actuaciones, evidentemente siempre sin perjuicio de las competencias que tienen reservados otros cuerpos de seguridad.
El papel que se está dando a las policías locales, legalmente hablando, tiene un doble mensaje. Por un lado, legalmente, como ya he dicho, tiene unas competencias reducidas y residuales, pero en la práctica todo el mundo espera, y en cierta
manera también se les exige que diariamente realicen actuaciones de respuesta más allá de sus competencias, entre ellas, de actos de seguridad ciudadana, de protección de la seguridad ciudadana en toda la extensión de la palabra. Los municipios
están soportando una carga no reconocida ni valorada y este es otro elemento fundamental, un elemento que está dando vueltas alrededor de esta proposición y de lo que es este problema. Los municipios están soportando todo esto a dos niveles, desde
un cargo presupuestario que están asumiendo y desde una falta de concreción competencial. Señorías, esta es la situación. No es comprensible ni razonable que esta proposición de ley no sea tomada en consideración, para que en caso de haber matices
o aspectos que algún grupo quisiera mejorar, tenga la oportunidad de hacerlo precisamente en la tramitación parlamentaria.
Por todo esto, y en reconocimiento a ese papel de las diferentes policías locales y a la evidencia de que hoy, al margen de lo que la ley recoge, están actuando más allá de sus competencias en muchos de los casos, nuestro grupo votará
favorablemente la proposición de ley y pide el voto favorable al resto de grupos parlamentarios.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García Suárez.
Grupo Vasco, señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero saludar a los ilustres representantes del Parlamento de Cataluña. A algunos de ellos, aplicándoles las reglas del derecho del trabajo, señor presidente, se les podría considerar diputados ya, dada la recurrencia de
su presencia en esta Cámara, o fijos discontinuos, cosa de la cual nos felicitamos. A mi grupo le parece que este procedimiento legislativo es particularmente pertinente. Honra al Parlamento de Cataluña tener una capacidad legislativa tan intensa.
Como ya nos conocemos casi íntimamente los tres aquí presentes y yo mismo en estos debates que estamos dilucidando sobre materias conexas, quiero decirles que vamos a apoyar esta proposición presentada por el Parlamento de Cataluña con más
entusiasmo que la anterior. Seguimos sin comprender -no se trata de recuperar debates pretéritos- la importancia que ustedes le daban, en materia de profundización del autogobierno, el que presida la Junta de Seguridad el presidente de la
Generalitat. La Junta de Seguridad en Euskadi no sólo no la preside el lehendakari, ni siquiera el consejero de Interior, ni siquiera el viceconsejero, el director en ocasiones, en numerosas ocasiones altos funcionarios de la policía; pero hay que
reconocer que los títulos competenciales no son idénticos, la competencia en materia de policía y seguridad pública de Euskadi tiene una profunda raíz o matriz foral, la suya es de otra naturaleza, está prevista en el artículo 13 del estatuto de
autonomía, y ustedes sabrán cómo deben configurar estas cuestiones y no somos nosotros ni tenemos ninguna legitimidad para darles lecciones en esta materia. Sin embargo, esta proposición nos parece particularmente oportuna porque es uno de los
debates pendientes en materia de coordinación policial que se han agravado notablemente, sobre todo tras los debates de la comisión sobre el brutal atentado del 11 de marzo.
En este momento nosotros mantenemos el viejo aforismo romano de que lo que está en la realidad tiene que estar en las leyes, y en la realidad está que las policías locales tienen capacidad de intervención, al margen de las previsiones de la
Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en la incoación de diligencias preventivas y el aseguramiento del orden del público en todos los casos -hay una única excepción identificada perfectamente en la Ley de policía vasca, de 17 de julio
de 1992-, salvo en aquellas cuestiones que proceden de diligencias judiciales derivadas de la Audiencia Nacional y vinculadas, por lo tanto, a aquellos delitos que son competencia exclusiva de la Audiencia Nacional, que son delitos específicos, muy
especiales, como ustedes saben; para la cual no solo es preferida la policía local de Cataluña y la de Euskadi, sino incluso la Ertzaintza porque los jueces centrales de instrucción de la Audiencia Nacional tienen una cierta propensión perversa a
encargar este tipo de funciones a la Guardia Civil y a la Policía Nacional y no a la Ertzaintza, policía integral y con competencias para participar en este tipo de actuaciones o para llevar estas diligencias, salvo en algunas ocasiones en las que
estos jueces centrales de instrucción -desconocemos por qué razones o quizás las conocemos demasiado bien- tienen la delicadeza de dedicar la Ertzaintza a operaciones del tenor de cerrar sedes de partidos políticos ilegalizados y otras actuaciones
policiales de afín naturaleza.
Al margen de estas digresiones, señor presidente, es un problema pendiente en la configuración del ordenamiento jurídico destinado a la compenetración y coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las policías autonómicas
de carácter integral, como los Mossos d´Esquadra y la Ertzaintza, y las policías locales modificando el artículo 53 que resulta, cuando menos, perturbador en su interpretación literal. En este momento no hay delito en el cual la policía local
-sobre todo en las grandes ciudades, donde hay un gran desarrollo de la policía local- no pueda intervenir en el ámbito preventivo y en el ámbito de actuación y de reparación del daño del injusto penal que se está causando. Puesto que esto es así,
nosotros lo vamos a aceptar conceptualmente. La única reserva que con toda honestidad y humildad le vamos a comentar es que quizás la vis atractiva competencial no tendría que ser la competencia en materia de régimen local. Estamos hablando de un
problema de seguridad pública. Nos parece más adecuado que la vis atractiva competencial sea la prevista en el artículo 13, la relativa a la seguridad pública. Esto no es stricto sensu un problema o una cuestión de régimen local, sino de seguridad
y de orden público, de materia policial.
Dicho esto, apoyaremos la toma en consideración de la proposición, en primer lugar, por el respeto que nos merece la institución que ustedes representan, y en segundo lugar, porque nosotros estamos particularmente interesados en que se acabe
con esta perversión consistente en que prácticamente ninguna proposición que dimana de los parlamentos autonómicos se convierte en ley en esta institución. Sólo ha ocurrido en dos ocasiones desde que existe esta institución parlamentaria, y eso es
una perversión que nos gustaría que se acabase. Esperemos que con esta proposición que ustedes tan brillantemente han defendido se consiga.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Olabarría.
Tiene la palabra el Grupo de Esquerra Republicana. Señora Bonás.
La señora BONÁS PAHISA: Gracias, señor presidente.
Me permito saludar a los ilustres representantes del Parlament de Catalunya. (La señora diputada pronuncia palabras en catalán.) En nombre de Esquerra Republicana doy la bienvenida a los ilustres representantes del Parlamento de Cataluña.
Señorías, esta proposición de ley de modificación del artículo 53 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se aprobó en junio de 2003 en el Parlament de Catalunya, con el voto a favor de nuestro
grupo parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya. Ese mismo día se acumularon tres proposiciones de ley de reforma de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
En la anterior sesión plenaria esta Cámara no tomó en
consideración una de ellas. En la anterior sesión del Pleno del Congreso se rechazó reformar la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de manera que el president de la Generalitat pudiera ostentar la presidencia de la Junta de
Seguridad. No es lógico, señorías, desde una perspectiva institucional y nacional, que este órgano mixto paritario Estado-Generalitat no esté presidido en este caso por el máximo representante ordinario del Estado en Cataluña, que es el presidente
de la Generalitat de Catalunya. En la misma sesión plenaria a la proposición de ley a la que hemos hecho referencia se acumuló la proposición de ley que hoy debatimos.
Desde el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tal y como manifestamos en el debate del Parlament de Catalunya en junio de 2003, estamos especialmente de acuerdo con la modificación que se plantea. Es una modificación del artículo 53
de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que beneficia al conjunto de policías locales de Cataluña y del resto del Estado español. Esta proposición de ley del Parlament de Catalunya simplemente pretende armonizar esta ley orgánica del
año 1986 con nuestra Ley 16/1991, de 10 de julio, de las policías locales; también pretende armonizarla con la práctica habitual, y ya se recoge en la mayoría de convenios suscritos entre la Generalitat de Catalunya y las administraciones locales,
por cierto, una práctica habitual que ya consagra la Ley de Seguridad Pública de Cataluña. Por tanto, nuestro voto será a favor de esta proposición.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señora Bonás.
Convergència i Unió. Tiene la palabra el señor Guinart.
El señor GUINART SOLÁ: Señor presidente, señorías, representantes del pueblo de Cataluña, buenas tardes, bienvenidos, otra vez, cuando apenas han transcurrido pocas semanas desde su última presencia ante esta Cámara para proponer en aquel
caso la toma en consideración de otra proposición de ley del Parlament de Cataluña en orden a que el presidente de la Generalitat pudiera presidir en exclusiva la Junta de Seguridad. Contra todo pronóstico, recordarán que la citada iniciativa que
estaba soportada por una amplia mayoría de nuestro Parlamento nacional, incluido el PSC, cuyo representante lo defendió con convicción desde esta tribuna, fue rechazada en este Parlamento estatal, pues recolectó los votos y la voluntad contraria del
PSOE, incluidos en este caso también los votos del PSC, pero paradójicamente en sentido contrario al sentido del voto en Cataluña. Se da esa contradicción tan llamativa y flagrante en un ejercicio como trascendente por su materia, es cierto, pero
por eso mismo significativo del comportamiento futuro errático, me atrevo a decir, de esa formación o bloque político del PSOE-PSC en otras iniciativas procedentes del Parlament de Cataluña, como puede ser nuestro estatut de Cataluña. Confiamos en
que no sea así y que en el caso del estatut el conjunto PSOE-PSC sea coherente y cumpla con el compromiso del partido y de su presidente de apoyar el proyecto que acuerde la Cámara autonómica y, por tanto, lo vote a favor.
Pues bien, hoy tienen ustedes una nueva y segunda oportunidad para demostrar su talante respetuoso con lo que deciden los parlamentos autonómicos, en ese caso también con un amplio consenso, con una amplia mayoría. Es una de las condiciones
que a menudo se argumentan, pues la proposición que se somete a la consideración del Congreso de los Diputados fue aprobada en el Parlament de Cataluña con la aquiescencia de cuatro de los cinco grupos existentes y con 112 votos a favor por solo 11
en contra, insisto, con la posición favorable del Partido Socialista en Cataluña. Se trata en ese caso simplemente de la modificación de la letra g) del artículo 53, de un aspecto relativamente puntual y accesorio en el contenido global de la Ley
Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el que hace referencia a las competencias de las policías locales, para las cuales -esa es la cuestión- es trascendente y de capital importancia, y lo es también para los ayuntamientos y sus alcaldes, para
moverse con certeza en el complejo ámbito de la seguridad ciudadana y perseguir así un objetivo más elevado en la eficacia en coordinación con otras fuerzas de seguridad, especialmente en el caso de Cataluña con el cuerpo de Mossos d'Esquadra,
quienes forman conjuntamente la Policía Nacional de Cataluña. De hecho, la modificación legal que se propone no hace más que reconocer -y se ha dicho hace unos momentos por parte de la portavoz de Iniciativa per Catalunya- una realidad táctica que
ya se da en muchas de las policías locales de nuestro país, puesto que su actuación en el día a día, en la mayoría de los casos, ya representa un plus sobre lo que en principio les tenía reservados la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ese papel
secundario de policía, de colaboración, como una especie de policía auxiliar.
Como decía, la realidad es lo suficientemente tozuda para demostrar que las policías que dependen de los municipios deben ejercer, y lo hacen vocacionalmente y con convicción, a mi entender, como una policía total o integral, capaz de
afrontar y resolver todas las vicisitudes de seguridad ciudadana que se les presentan cuando salen a la calle, pues no puede ser de otra manera, lógicamente en constante e interactiva coordinación con otros cuerpos y fuerzas de seguridad, en el caso
catalán, sobre todo, con los Mossos d'Esquadra. Con ellos, con los Mossos d'Esquadra, se formalizan antaño, hace casi 10 años, los correspondientes convenios de cooperación y coordinación, con el objetivo de conformar conjuntamente la actuación de
la Policía Nacional de Cataluña, diferenciándose y atribuyéndose entre las dos policías ámbitos y funciones concretas y específicas, primándose para las policías locales las tareas de una policía de proximidad por su mejor y mayor conocimiento del
territorio y de las dinámicas ciudadanas y de barrio, y para los Mossos d'Esquadra tareas más generalistas y de persecución de la delincuencia más compleja.
Eso sí, sin que una u otra policía ejerza funciones de mayor o menor importancia que la
otra y sin que haya ninguna jerarquización ni subordinación entre las mismas, y todo ello sin menoscabo de las funciones superiores y extraordinarias de coordinación e impulso de las tareas policiales y de orden público en el propio territorio que
ejercemos los alcaldes, como ya reconoce la normativa catalana.
Así pues, insisto, aquella proposición de ley de Iniciativa per Catalunya Verds, que recibió el apoyo de casi todos los grupos parlamentarios de Cataluña, no hacía mas que, yendo por detrás de la realidad, como ahora mismo sucede, pretender
solemnizarla y elevarla a categoría de norma; legalizarla, como decía la señora García. Y alguien se preguntará, si las policías locales ya actúan conforme a lo que esa modificación pretende recoger y reconocer, ¿qué necesidad hay de hacer el
cambio? Pues precisamente por seguridad jurídica, porque la ley debe contener el marco básico de actuación de las policías, que es un ámbito muy sensible y, en ese caso, con la ventaja de haber contrastado ya la eficacia de lo que la ley regula ex
novo, para que unos y otros conozcan con precisión, con definición exacta, cuál es el ámbito jurídico en el que fundamentan su actuación, todo ello sin perjuicio de las competencias de las otras policías concurrentes en las tareas genéricas -los
mossos- o específicas -la Policía Nacional en temas de inmigración y control de fronteras o la Guardia Civil en temas fiscales, de aduanas o de vigilancia costera-.
Un dato que llama la atención y que coadyuva a fundamentar la equiparación en funciones y competencias de las policías locales y los demás Cuerpos y Fuerzas de Seguridad es la mejora radical de la calidad de las policías locales en los
últimos tiempos y especialmente su formación. En el caso de Cataluña, es idéntica a la de los Mossos d'Esquadra, con los mismos programas, en las mismas instalaciones, contemporáneamente y con el mismo nivel de exigencia. Es sin duda frustrante y
desmotivador para un policía local que ha compartido curso y enseñanzas con un Mosso d'Esquadra que, después, en la tarea diaria, ejerciendo de policía, se vea relegado a funciones secundarias, logísticas, de colaboración o de apoyo de otra policía
y, además, eso contradice el modelo de policía de Cataluña, donde se contempla un mismo protagonismo de ambos cuerpos, conformando, como ya he dicho, la Policía Nacional de Cataluña.
Por otro lado, y por experiencia propia, puedo afirmar que las actuaciones profesionales de muchas policías locales gozan de una gran confianza por parte del Poder Judicial, confianza que se ha convertido en continuos reconocimientos y
alabanzas de los jueces y magistrados a los procedimientos instruidos y diligencias practicadas por las policías locales cuando han actuado motu proprio o siguiendo las indicaciones del juez instructor. Este es, pues, un argumento más para sostener
esa modificación en la definición de las competencias y funciones de las policías locales, que, a nuestro juicio, han de ser lo más amplias posible en materia de seguridad y para la prevención y persecución de delitos, con el único límite de las
competencias específicas y definidas de los otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en el bien entendido de que, con carácter general, deben ser los Mossos d'Esquadra y las policías locales quienes asuman la responsabilidad, en exclusiva,
de las competencias en materia de seguridad ciudadana, en la cual los alcaldes deben consolidar su papel protagonista y ejercerlo responsablemente con el necesario asesoramiento.
Para el Parlament de Catalunya, en su día, y para justificar su posición favorable a esa modificación, el portavoz del Partido Socialista de Cataluña argumentaba que pretendía poner un poco de orden en el mundo de la seguridad en Cataluña.
Hoy veremos si aquella vehemente pretensión se mantiene votando favorablemente nuestra proposición de ley o si esa voluntad, manifestada en el Parc de la Ciutadella, se ha ido diluyendo al cruzar las no trasvasables aguas del Ebro. Es ocioso decir
que nuestro grupo apoyará la proposición de ley procedente del Parlament de Catalunya.
Muchas gracias, señor presidente, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guinart.
Grupo Popular. Señora Sánchez-Camacho.
La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoras y señores diputados.
Subo a esta tribuna para posicionarme, en nombre del Grupo Popular, sobre la toma en consideración de la proposición de ley de modificación del artículo 53 de la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado, presentada por el Parlament de Catalunya.
Permítanme, antes de comenzar mi intervención, que salude a los ilustres diputats del Parlament de Catalunya que están representados y que han estado representando en
diferentes ocasiones la capacidad e iniciativa del Parlamento catalán en la actividad legisladora del Estado, que además ha sido felicitada y así calificada por otros compañeros, por otras señorías. Así ocurrió en el pasado Pleno en el que a través
de esa capacidad legisladora del Parlament de Catalunya se solicitaba a esta Cámara la modificación de la configuración de la Junta de Seguridad para que fuera presidida por el president de la Generalitat de Catalunya.
Nuestro grupo, señorías, se
opuso al igual que lo hizo en el Parlament de Catalunya y, a su vez, esa iniciativa fue rechazada por el Pleno con el voto contradictorio del Partido Socialista Obrero Español, PSC, que allí votó una cosa y aquí vota otra. Este grupo parlamentario
no va a incidir más en esta cuestión, salvo lo apuntado en esta materia con estas palabras, pero querría hacer una referencia breve a algunas de las alusiones que ha hecho el diputado Pérez.
Cuando se viene a justificar lo injustificable, lo difícilmente justificable para que parezca que se vota lo mismo allí que aquí uno incurre en algunas cuestiones que no son coherentes. Cuando usted hablaba del 50 por ciento de las
plantillas tendría que haber explicitado en las zonas en las que se ha realizado el despliegue en Catalunya, y más del 80 por ciento de los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las zonas donde no estaba realizado ese
despliegue. Lo sabe usted muy bien porque así consta en los acuerdos y protocolos de seguimiento de la Junta de Seguridad en la que, además, formaban parte dos ilustres diputadas que hoy están aquí presentes, una con el cargo de consellera de
Interior y la otra con el cargo de delegada del Gobierno que seguro que lo saben mejor que usted y que yo, pero se lo recuerdo para su conocimiento. Cuando ustedes hablan de que la coherencia de los gobiernos en virtud de la voluntad popular es
absolutamente legítima, faltaría más, señor diputado, pero eso no obsta para que el mismo partido político que está en la oposición diga unas cosas en la oposición y otras cuando está en el ejercicio del Gobierno legítimo en virtud de la voluntad
popular. Eso es lo que se le ha olvidado decir a usted, señor diputado, y eso es lo que tiene que explicar difícilmente el Partido Socialista Obrero Español hoy en esta Cámara.
Además está la última cuestión, y es que ustedes aluden a que el argumento que hizo el señor Pedret en el último Pleno, relativo a una resolución de esta materia, era el de que este tema sería tratado en la negociación del nuevo estatut.
Sin duda alguna el estatut es la norma básica de nuestro país, de Catalunya, pero no piensen ustedes que el estatut es la panacea ni que el estatut es óbice para que no asuman ustedes sus responsabilidades de incumplimiento en esta Cámara, porque si
algo les diferencia ustedes y a nosotros, al Partido Socialista Obrero Español y al Partido Popular, es que nosotros somos coherentes, decimos lo mismo allí, somos criticados por el Partido Socialista de Catalunya, y decimos lo mismo aquí. Ustedes
allí tienen las gracias del resto de diputados porque dicen una cosa y aquí dicen otra muy diferente. Esa, gracias a Dios, es la diferencia entre el Partido Popular y el Partido Socialista en Catalunya y en España.
La modificación que se nos propone esta tarde va referida a la posible ampliación de las competencias en materia de orden público y de seguridad ciudadana. Para el Partido Popular una sociedad democrática, cívica y convivencial se traduce
también en una sociedad justa y segura, donde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado deben realizar su función de forma eficaz, eficiente y con la máxima colaboración y cooperación entre las mismas. En el ámbito competencial que hoy nos
ocupa el título I de la ley establece que la seguridad pública es competencia exclusiva del Estado, así como que las policías autonómicas y las corporaciones locales podrán participar en el mantenimiento de la seguridad pública. La policía
autonómica ha ido asumiendo progresivamente competencias otorgadas en el estatuto de autonomía de Cataluña y en los diferentes protocolos y acuerdos de las diversas juntas de seguridad, lo que, añadiendo el despliegue ejemplar que se ha venido
realizando, constituye en Cataluña un elemento eficaz en la lucha contra la inseguridad.
A su vez las policías locales, el tema que nos ocupa hoy aquí -y también debe decirse-, han ido constituyéndose de forma diferenciada en los diferentes municipios, con diferentes ratios en número de policía local por habitantes, y también
han sumido diferentes competencias y capacidades en la lucha contra la inseguridad en todas aquellas actuaciones y diligencias de prevención que tiendan a evitar actos delictivos, todo ello en el marco de la colaboración establecido en las juntas
locales de seguridad, tal y como establece el mismo artículo que se quiere hoy modificar, el precepto 53 y el artículo 54 de la Ley 2/1986.
Señorías, en el compromiso de optimizar, de eficacia y de eficiencia y de colaboración entre las fuerzas policiales, el Gobierno del Partido Popular suscribió el 19 de septiembre del año 2002 un convenio marco de colaboración en materia
policial entre el Ministerio del Interior y la Federación Española de Municipios y Provincias. En este convenio ya se manifestaban aspectos decisivos de coordinación, como los referidos a intercambio de información policial, a constitución de
grupos de trabajo conjuntos y a utilización conjunta de bases de datos policiales, entre otros. Parece ser que ustedes lo han olvidado y no lo han mencionado.
Pero, además, en el ámbito de competencia de ese convenio marco se suscribieron
diferentes protocolos de actuación con diversos ayuntamientos de forma singularizada en los que se recogen aspectos tan concretos como
el uso compartido de instalaciones policiales, la presencia de Policía local en las oficinas de denuncias de la Policía Nacional e incluso la celebración de reuniones bimensuales para evaluar la situación delincuencial, asignación de
efectivos y valoración de resultados.
Por ello entendemos desde el Grupo Parlamentario Popular que existe un buen marco de colaboración con las policías locales y que la propuesta presentada por el Parlamento Catalán, que en una primera lectura parecería que constituye una
modificación menor, no es tal, ya que se refiere a que la Policía local pudiera llevar a cabo diligencias y actuaciones de prevención y evitación de actos delictivos, algo que ya se preveía en el artículo anterior, pero a lo que se añade una
cuestión no menor, y es todas aquellas actuaciones que sean imprescindibles para mantener el orden público y la seguridad ciudadana. Es decir, estamos hablando de conferir a la Policía local las competencias en materia de seguridad ciudadana y de
orden público. En este último aspecto, relatado de forma genérica, podrían entenderse incluidas esas competencias más amplias para la Policía local, e incluso algunas competencias propias de la Policía judicial que actualmente competen a la Policía
Nacional.
El Grupo Parlamentario Popular conoce a su vez que existe cierto interés por parte del Gobierno del Partido Socialista de modificar la normativa en el ámbito de las competencias de las policías locales. Ese va a ser un debate interesante,
que esperamos que el Partido Socialista lo plantee con más rigor que el que hoy estamos tratando aquí diciendo una cosa en Cataluña y otra en esta Cámara. Esperemos además que ese debate se plantee no solo con el diálogo y talante del que tanto se
jactan las señorías del Partido Socialista Obrero Español, porque eso no da para tanto, porque estamos hablando de algo tan importante como la seguridad ciudadana, y ni se puede trasladar su responsabilidad a otros agentes, en este caso a los
ayuntamientos, ni se puede abordar estos temas sin hablar con seriedad y con rigor de financiación: cómo se financiarían esas policías locales si se les dieran esas competencias, cómo se formaría a esas policías locales, cuál sería la real
capacidad de coordinación operativa y efectiva de esas comunidades autónomas en el ámbito que nos compete.
Yo recuerdo un lío manifiesto, porque el alcalde de Hospitalet, el señor Corbacho, decía que quería que los alcaldes fueran quienes coordinaran a sus diferentes cuerpos de policía en su determinado territorio, y otros, como el señor Siurana,
entonces alcalde de Lleida y actual conseller de Agricultura del Govern de la Generalitat, decía que no debía ser así, sino que debía estar coordinado por el conseller de Interior, quien debía coordinar las policías locales. Señores del Partido
Socialista Obrero Español, no solo dicen diferentes cosas aquí y allí, sino que además allí ustedes tienen un manifiesto lío, ustedes ni se aclaran allí, y perdónenme ustedes, señores del PSOE.
Por todo ello entendemos que esta reforma es parcial, la del artículo 53 no aporta las soluciones que algunas ilustres señorías han aportado aquí con el objetivo de que esas policías locales fueran tendentes a una mayor eficacia en la
colaboración y la coordinación.- Y lo decimos porque este planteamiento no aporta las reformas que nosotros entendemos necesarias y que debían tratarse de coordinación efectiva de las policías locales, de financiación, de formación, y sin duda lo
más importante, tener claro el modelo policial que quieren ustedes para España. Cuando ustedes tengan claro ese modelo policial, el Partido Popular y nuestro grupo debatirán con ustedes, porque -permítanme, señorías- nosotros sí lo tenemos claro.
Muchas gracias, señoras y señores diputados. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sánchez-Camacho.
Grupo Socialista.
La señora BATET LAMAÑA: Gracias, señor presidente.
Quiero empezar también dando la bienvenida a los diputados autonómicos que vienen a defender el texto aprobado en la Asamblea legislativa de Cataluña. Bienvenidos, don Jaime Bosch, doña Nuria de Gispert, amigo y compañero don David Pérez.
Esta es una de las tres proposiciones de ley de Parlamento de Cataluña que propone modificar la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la segunda que vemos en el Pleno en este periodo de sesiones. En este
caso el Parlamento autonómico nos propone la modificación del artículo 53 de dicha ley, que recoge las competencias de los entes locales, pretendiendo la ampliación de estas competencias municipales en su apartado g) y atribuyendo con carácter
genérico funciones de prevención y evitación de actos delictivos y los imprescindibles para el mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana.
Voy a fundamentar mi exposición en tres elementos básicos, sin entrar, de todos modos, al debate de fondo de la propuesta, ya que seguramente será más adecuado plantearnos las líneas generales del modelo policial que el Grupo Socialista, al
que represento, defenderá en el momento en que se aborde, de manera genérica a integral, y no parcial como hoy, este tema.
Por tanto, los elementos en los que fundamentaré mi intervención serán los siguientes, y seré muy breve. En primer lugar, la
desaparición de la oportunidad política de esta iniciativa legislativa autonómica. En segundo lugar, la necesidad de abordar en un debate profundo y de mayor calado, la reforma completa de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tal y
como se está planteando en estos momentos ya el Ministerio del
Interior. En tercer lugar, la coincidencia sustantiva en el modelo policial que se defiende desde el Gobierno del Estado, desde el Gobierno de España y el Gobierno de Cataluña. Es obligado en este caso, y refiriéndome al primer punto,
hacer referencia al contexto en el que se aprobó esta proposición de ley y compararlo con el contexto en el que nos encontramos actualmente. Hay que tener en cuenta, sobre todo, que han pasado dos años entremedio. Es más, como apuntaba el señor
Pérez, esta iniciativa entra en el Parlamento de Cataluña el año 1999, por tanto, estaríamos hablando de seis años de diferencia a la hora de analizar el contenido de esta proposición de ley. Ayer el presidente del Congreso hacía alusión en una
conferencia en Barcelona, que dio en Tribuna Barcelona, al tiempo parlamentario y lo difícil que es, a menudo, adaptarlo a las necesidades reales de los ciudadanos. Bien, el caso que nos ocupa esta tarde es paradigmático. Dos años después, o seis
años, si hacemos referencia al momento en el que entra la iniciativa en el Parlamento de Cataluña, es complicado hacer la misma valoración, el mismo análisis o la misma aproximación al texto de la proposición de ley. En las circunstancias que se
daban en el momento de aprobar esta proposición en el Parlamento de Cataluña, 5 de junio de 2003, tal y como apuntaba el señor Pérez también, hay un repliegue de Policía Nacional y de Guardia Civil, se pasa de 17.000 efectivos a 7.000 y
paralelamente el despliegue de los Mossos d'Esquadra, que se tenía que ir dando, no se lleva a cabo en la misma medida, de manera que no alcanza a cubrir ni tan sólo el 30 por ciento de la población catalana, previendo la totalidad de su despliegue
para el año 2011. Las circunstancias actuales son completamente distintas. Desde el punto de vista de efectivos policiales se han incrementado los agentes de la Policía Nacional, por un lado, y el despliegue de los Mossos d'Esquadra sí que se está
llevando a buen puerto. Se está cubriendo ya más del 60 por ciento de la población y se prevé terminar este despliegue en Barcelona ciudad este mismo noviembre, en 2005, y en la totalidad en el 2008. También desde el punto de vista formal estamos
frente a otras circunstancias, redactando un nuevo estatuto de autonomía en el que se hace una reflexión general sobre la distribución de competencias entre Estado y comunidades autónoma, y los que creemos en esta reforma, no como otras
intervenciones que se han hecho en esta tribuna, no minusvaloramos este contexto, sí que creemos que es un contexto que cambia las circunstancias.
En segundo lugar, hay previsión de modificación de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, hay de hecho el compromiso, mediante el programa electoral del Partido Socialista y también el compromiso directo del presidente
del Gobierno, que así lo anunció en su discurso de investidura el 15 de abril al señalar precisamente la necesidad de reforzar las competencias de las policías locales y una mayor coordinación de todas las estructuras policiales del país. Es en ese
sentido, como decía, en el que el Ministerio del Interior trabaja ya en el texto de reforma de esta ley.
La proposición de ley que hoy se debate en esta Cámara responde, por tanto, a una motivación puramente política, de exigencia de encontrar soluciones para un tema al que no se le veía salida. Se valoró la urgencia de garantizar la seguridad
de los ciudadanos de todas aquellas áreas donde los efectivos policiales iban desapareciendo y sin ser sustituidos por otros. En este caso se valoró que tenía que repensarse el papel de la policía local para cubrir el vacío que se estaba
produciendo.
Con respecto al texto de la proposición de ley, no quiero entrar a fondo, ya lo he dicho. Apunto tan solo que jurídicamente no habría impedimento para sacar adelante esta propuesta, el artículo 104.2 de la Constitución permite llevar a cabo
la modificación que se propone, ya que tan solo nos remite a la regulación de una ley orgánica sin poner más condicionamientos. Ahora bien, desde la misma oportunidad política por la que se valoró en su día a votar a favor esta proposición de ley
en el Parlamento de Cataluña no podemos defender la toma en consideración de esta proposición de ley autonómica. Ha habido un cambio de circunstancias absoluto, desde el punto de vista material, debido, como decía, a las necesidades de seguridad de
la ciudadanía, y también desde el punto de vista formal teniendo abierto un debate de fondo sobre la Ley Orgánica que nos ocupa. Estos cambios nos obligan a adaptarnos a ellos. La coherencia política, señor Guinart o señora Sánchez-Camacho, pasa
por tener claros los objetivos a alcanzar en beneficio de la sociedad, en este caso la seguridad de la ciudadanía, y tener la capacidad de adaptarse a los cambios que nos ofrece la realidad. No se es más coherente defendiendo la misma posición
siempre, sino que la coherencia pasa por saberse adaptar a las nuevas necesidades, lo otro es un simple anclaje en determinados posicionamientos, y si no pregunten a sus alcaldes qué es lo que harían en esta proposición de ley.
Ahora, como apuntaba al inicio de la intervención, lo que se hace necesario es pensar de manera global en el modelo de seguridad que el Gobierno quiere y para ello es preciso modificar la Ley Orgánica en sus... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Perdone, señora Batet.
Señorías, por favor, guarden silencio. Por favor, no hagan corrillos ahí, están interviniendo, se lo ruego por favor, no hagan corrillos. (Pausa.)
Continúe, señora Batet.
La señora BATET LAMAÑA: Será entonces, en la reflexión general sobre la modificación de la ley orgánica cuando hablemos del fondo. En cualquier caso
parece claro que los Gobiernos de España y Cataluña comparten que hace falta modernizar y reforzar nuestro sistema de seguridad, el sistema policial español. Será vital en este sentido la cooperación en los ámbitos tanto operativos como de
inteligencia de todos los cuerpos policiales, estatales, autonómicos y también municipales. Un buen ejemplo de esto es la reunión del Consejo de Política de Seguridad celebrada el pasado 28 de febrero.
Además, otra cuestión a tener en cuenta, y parece que algunos representantes de otros partidos políticos lo desconocen, es que en el ínterin se aprobó la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas de modernización del Gobierno local, que
apunta precisamente la reforma en la línea propuesta. En esta norma se prevé ya la potenciación de los Cuerpos de Policía Local en el mantenimiento de la seguridad ciudadana como policía de proximidad. Todo ello, como decía, se abordará con la
reforma general de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que próximamente conoceremos en el Congreso. Esa es la manera de poner orden y coherencia a cualquier regulación.
Muchas gracias, señor presidente.
MINUTO DE SILENCIO POR LA MUERTE DE SU SANTIDAD EL PAPA JUAN PALO II.
El señor PRESIDENTE: Antes de proceder a la votación, la Junta de Portavoces, en su reunión de esta mañana, ha tomado la decisión por unanimidad de que guardemos un minuto de silencio para expresar las condolencias de este Parlamento por la
muerte del Papa Juan Pablo II.
(Pausa.) Tomen asiento.
AVOCACIÓN POR EL PLENO DE PROYECTOS DE LEY:
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 10/2001, DE 5 DE JULIO, DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL. (Número de expediente 121/000003.)
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL CÓDIGO CIVIL EN MATERIA DE SEPARACIÓN Y DIVORCIO. (Número de expediente 121/000016.)
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL CÓDIGO CIVIL EN MATERIA DE DERECHO A CONTRAER MATRIMONIO. (Número de expediente 121/000018.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de votar tengo que solicitar a la Cámara tres decisiones de avocación por el Pleno.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento se somete al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final de los siguientes proyectos de ley: proyecto de ley por la que se modifica la Ley 10/2001,
de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, proyecto de ley por la que se modifica el Código Civil en materia de separación y divorcio y proyecto de ley por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)
En consecuencia quedan aprobadas las propuestas de avocación.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
(VOTACIÓN.)
- DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA, DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 53 DE LA LEY ORGÁNICA 2/1986, DE 13 DE MARZO, DE FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD (ORGÁNICA). (Número de expediente 125/000008.)
El señor PRESIDENTE: Procedemos a la votación de la toma en consideración de la proposición de ley de comunidad autónoma, del Parlamento de Cataluña, de modificación del artículo 53 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 33; en contra, 270.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), DE TRANSFERENCIA DE MEDIOS PERSONALES, MATERIALES Y FUNCIONALES EN MATERIA DE GESTIÓN DE LOS AEROPUERTOS CATALANES A LA GENERALITAT DE CATALUNYA. (Número de expediente 122/000006.)
El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley. La primera es del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de transferencia de medios personales, materiales y funcionales en
materia de gestión de los aeropuertos catalanes a la Generalitat de Catalunya. (Rumores.)
Señorías, les recuerdo que el Pleno continúa. (Continúan los rumores.) Señorías, por favor, guarden silencio.
Para un turno a favor del grupo proponente, tiene la palabra el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, los aeropuertos constituyen una infraestructura vital para el desarrollo económico y social del territorio. Por este motivo una gestión eficiente y eficaz de las infraestructuras aeroportuarias es una condición necesaria para
garantizar la competitividad futura en todos los órdenes del territorio. Cataluña cuenta en la actualidad con una importante red aeroportuaria, gracias básicamente a su localización estratégica. Sin embargo, Cataluña no dispone de capacidad de
gestión autónoma de una de las mayores infraestructuras para un país, como son los aeropuertos. En estos momentos, la gestión de los aeropuertos de El Prat, Girona, Reus y Sabadell está encomendada al organismo público de ámbito estatal AENA, hecho
que dificulta la adopción de soluciones adecuadas en el ámbito del transporte aéreo. A causa de ello los aeropuertos catalanes no son lo eficientes que podrían ser ni su gestión responde a las particularidades de su territorio, e incluso llegan a
veces a constituir un freno para el desarrollo económico del país.
Tener más capacidad para gestionar grandes infraestructuras, es decir, diseñar un modelo aeroportuario catalán caracterizado por el fuerte interés del territorio y de los distintos agentes implicados -Generalitat, Administración local,
operadores y sociedad civil- está previsto tanto en el estatuto de autonomía como en la Constitución.
Mediante la Ley 4/1990, de 29 de junio, de los Presupuestos Generales del Estado para 1990, se creó el ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, al cual le compete, entre otras, las funciones de ordenación, dirección,
coordinación, explotación, conservación y administración de los aeropuertos públicos de carácter civil. Por lo que respecta al Estatuto de Autonomía de Cataluña, en su artículo 11.8, asigna a la Administración catalana las funciones para ejecutar
la legislación del Estado respecto a los aeropuertos de interés general, cuando el Estado no se reserve la gestión directa de los mismos. Este es el petitum, esta es precisamente la motivación de esta proposición de ley.
El marco legal vigente, señorías, permite el desarrollo de las competencias ejecutivas estatutariamente reconocidas a la Generalitat de Cataluña sobre los aeropuertos de interés general situados en su territorio. Ello posibilita una
intervención de la Administración catalana en la gestión de los aeropuertos comerciales, en el marco de un modelo más flexible y más descentralizado, similar al que existe en la mayoría de países europeos, con la participación de los agentes y la
posibilidad de incorporar fórmulas de gestión privada.
Aquello que es posible en Francia -este modelo mixto con la participación de las administraciones más próximas al territorio-, modelo y espejo de un Estado centralizado, no es posible en estos momentos en España. Dicha descentralización de
la gestión de los aeropuertos a favor de la Generalitat y de otras administraciones y sectores implicados no solo contribuiría a dotar a éstos de un mayor dinamismo y ajustarlos a las necesidades de desarrollo de los sectores productivos, sino que
indudablemente dotaría de mayor eficiencia a todo el sistema aeroportuario español.
Dicha proposición de ley está planteada en los términos del traspaso de competencias a Cataluña, por ser ésta una larga reivindicación sostenida en el tiempo por la sociedad civil, los sectores económicos más dinámicos y la mayoría de los
partidos políticos catalanes, sin que en ningún caso sea una iniciativa que tenga vocación de quedar circunscrita a Cataluña; nace de un grupo parlamentario catalán, pero tiene vocación de modelo también válido para el conjunto del Estado. Nuestro
grupo parlamentario siempre ha sostenido que aquello que nosotros consideramos bueno para el autogobierno de Cataluña en ningún caso podemos ni queremos negarlo a ninguna otra comunidad que lo considere necesario para su desarrollo económico y
social. Evidentemente, el modelo de gestión compartida es un modelo válido para el conjunto de autonomías, y les pido el voto a favor con el ánimo de iniciar una tramitación parlamentaria que pueda impulsar desde ahora y desde el Parlamento el
traspaso de competencias a las comunidades autónomas y la definición a través de la modificación de la actual ley vigente de un nuevo sistema de cogestión, tal como se definió exactamente en la definición de los puertos de interés general durante la
VI Legislatura, tal como vienen planteando gobiernos autonómicos del Partido Socialista y del Partido Popular y tal como vienen planteando el Gobierno catalán, la Comunidad Autónoma de Madrid, la comunidad autónoma de Galicia o la comunidad autónoma
de Baleares, tanto el Gobierno autonómico balear, de un color político, como el delegado del Gobierno en Baleares, de otro color político. Durante la tramitación podremos acomodar el redactado inicial pensado para los aeropuertos catalanes de
interés general al conjunto de aeropuertos españoles.
Pido también un voto de coherencia entre lo que plantea el actual Gobierno catalán y lo que pretende esta proposición de ley. Pido un voto de coherencia, voto que no podemos imaginar de ninguna otra forma más que en sentido positivo.
Señorías, les quiero recordar que esta misma proposición de ley, con el mismo redactado, fue discutida y votada durante la anterior legislatura, concretamente el día 23 de septiembre del año 2003. En aquella ocasión fue rechazada con los votos del
grupo de la mayoría y fue votada favorablemente por todos los otros grupos, por todos ellos, y cuando digo todos ellos, quiero decir y diría: principalmente
también por el Grupo Socialista. Entre el 23 de septiembre del año 2003 y el 5 de abril del año 2005 solo ha cambiado una cosa: que, además de Convergència i Unió, ahora también comparte este planteamiento el Gobierno tripartito de la
Generalitat, o al menos esto es lo que dice públicamente. Incluso ha sucedido otra cosa, que antes ustedes, señorías de la mayoría, eran oposición y ahora son Gobierno, pero esto, evidentemente, es irrelevante, porque no podemos pensar otra cosa
más que los integrantes del Grupo Socialista son parlamentarios de convicción y partidarios de la coherencia.
A mi grupo parlamentario, en la toma en consideración de esta proposición de ley, no le valdría un argumento que si alguien se atreve a esbozar es porque tiene poco respeto a esta Cámara, a sus funciones y a sus capacidades. En ningún caso
se puede supeditar esta propuesta de transferencia de competencias y de definición de un nuevo modelo de cogestión de los aeropuertos a una futura y eventual, esperemos que exitosa, reforma estatutaria. Cada cosa en su sitio. Hoy se solicita la
opinión de esta Cámara para iniciar una reforma legal. Oponerse a ella con el simple argumento de que hay una propuesta de reforma estatutaria es condicionar un Parlamento autonómico -esto quiere decir autónomo- desde esta Cámara, y condicionar o,
aún más, coaccionar, no es la forma de respetar las instituciones y su autonomía política. La doctrina: todo queda parado hasta que ustedes no formulen una reforma estatutaria que a nosotros, Gobierno socialista, nos parezca bien, es coaccionadora
y esto es, en cierta forma, matonismo político. Esta doctrina sería una desautorización al Gobierno catalán, a este Gobierno que anunció con grandes redobles de tambores en el mes de mayo del año 2004 que se proponía negociar 97 competencias en el
marco del actual estatuto y de la Constitución antes de cualquier reforma estatutaria. Por cierto, entre esas 97 competencias se encuentra el traspaso de la gestión de los aeropuertos. Pero ustedes, con la doctrina del todo queda parado, lo que
perpetrarían sería el funeral de un órgano estatutario como es la Comisión mixta de traspasos.
Señorías, el conjunto del Estado necesita ya un nuevo modelo aeroportuario. No necesitamos más técnicas dilatantes de un gobierno que con el paso de los meses pierde la memoria respecto a su compromiso de convertir el Parlamento en el
centro de la vida política española. Nos habría gustado que esta proposición de ley se hubiera podido discutir conjuntamente con la que hace escasamente una semana presentó el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, una proposición de ley que
tiene un contenido básicamente en el mismo sentido, aunque también tiene un punto de arranque y una vocación inicial en el ámbito de los aeropuertos y en el espacio catalán, y cuya tramitación podría convertirse en la redefinición de un modelo para
el conjunto del sistema aeroportuario español.
Nos habría gustado haber acumulado las proposiciones, y ya desde ahora anunciamos nuestro voto afirmativo a dicha iniciativa el día que se discuta y que se vote; el día que se discuta y que se vote bajo la doctrina: todo queda parado hasta
que haya una reforma estatutaria en Cataluña. Nosotros -este grupo parlamentario- no podemos pensar nada más que el grupo de la mayoría realizará un ejercicio de coherencia votando hoy lo mismo que votó el día 23 de septiembre de 2003. Hoy ponemos
el talante a votación. Hoy ponemos el protagonismo del Parlamento a votación. Hoy ponemos a prueba la receptividad del grupo de la mayoría a las peticiones muy mayoritarias de la sociedad catalana y, por cierto, también, parece ser, fragmentada o
no fragmentadamente -hoy lo podremos comprobar-, del Gobierno catalán o de parte del Gobierno catalán.
Señorías, al cumplirse el primer año de la legislatura es la hora de pasar de las palabras a los hechos. Por todo ello, les pido el voto
favorable a la toma en consideración de esta proposición de ley.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Xuclà.
¿Algún grupo parlamentario desea ejercer su derecho a un turno en contra? (Pausa.)
Si no es así, pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, en la anterior legislatura, cuando el Partido Popular tenía mayoría absoluta, el Bloque Nacionalista Galego fue el primer grupo en plantear formalmente la asunción de la gestión aeroportuaria por parte de las
comunidades autónomas y en particular por parte de Galicia. Decíamos entonces que era nuestra intención dar pie al primer debate concreto sobre este tema sin aspiraciones a que saliese triunfante la propuesta en ese momento, pero sí a iniciar el
debate necesario para poder tomar decisiones sobre la transferencia aeroportuaria a las comunidades autónomas. Lo cierto es que el debate sigue vivo, pero poco se va avanzando.
La negativa del Partido Popular cuando estaba en el Gobierno central era rotunda. Por cierto, que raya en el esperpento escuchar ahora, con énfasis, reclamaciones de dirigentes y cargos del Partido Popular en Galicia exigiendo la
transferencia inmediata de los aeropuertos gallegos a la Xunta, cuando callaban y otorgaban ante la negativa del Gobierno central del Partido Popular. El PSOE ha afirmado su postura favorable a la gestión de los aeropuertos por parte de las
comunidades autónomas e incluso de los ayuntamientos. El propio Plan estratégico de infraestructuras y transportes así lo recoge, excepto en el caso de grandes aeropuertos, estructurantes
o básicos, a uno de los cuales precisamente se refiere esta proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán, el de El Prat, de Barcelona.
Saludamos, por lo tanto, que este debate siga en un lugar destacado.
Como Bloque Nacionalista Galego, seguimos manteniendo nuestra opinión favorable a que esa transferencia se efectivice, y sin mucha demora. Y lo hacemos porque partimos de tres consideraciones fundamentales. La primera, coincidente con lo
que defiende el Grupo Parlamentario Catalán -y así lo expresa en la exposición de motivos-, es que se trata de una infraestructura muy importante para el desarrollo económico y social de cualquier territorio. Por ello, debe existir la posibilidad
de ejercer una política aeroportuaria propia por parte de las comunidades autónomas, sin tener que supeditarse a las directrices del Gobierno central, que en muchos casos sitúan en desventaja competitiva a los aeropuertos centrales de algunas
comunidades autónomas. La reciente política en esta materia, concentrando inversiones y tráfico aéreo en el aeropuerto de Barajas, ha limitado las aspiraciones a que aeropuertos internacionales situados en algunas comunidades autónomas, en nuestro
caso el de Santiago de Compostela, sean también aeropuertos de referencia y que gestionen vuelos internacionales directos a más destinos, además de optar por una gestión del espacio aéreo más racional y descentralizada. La estrategia centralista de
AENA en este sentido no ha sido potenciar toda su red aeroportuaria acorde con sus posibilidades, sino que ha truncado el desarrollo de una red más compensada, y ello tiene que ver con la falta de participación de las comunidades autónomas en la
toma de decisiones sobre el modelo y la gestión de los aeropuertos.
El segundo motivo que queremos expresar es el hecho de que el propio PEIT apueste por la autofinanciación y competitividad de todos los aeropuertos. Con ello se pretende romper con la concepción de gestión unitaria del sistema aeroportuario
y se avanza hacia una delegación de mayores responsabilidades, vía autonomía, a cada aeropuerto. En ese modelo, no vemos inconveniente a una transferencia aeroportuaria a las comunidades autónomas puesto que, si existe voluntad de dotar de mayor
autonomía a los propios aeropuertos, también, consecuentemente, debe existir, para acceder, un mayor control sobre los mismos a las comunidades autónomas.
En tercer lugar, señorías, recordemos que la Ley de 21 de julio de 1960, de Navegación Aérea, adoptada en pleno franquismo, era sintomáticamente más condescendiente con la descentralización del sistema. En concreto, los artículos 42 y 43,
especialmente este último, reconocían que las corporaciones locales podrían construir o participar en la construcción de aeropuertos públicos de carácter general y participar en los resultados de su explotación. Obviamente, ese espíritu debe ser
superado ampliamente en el actual marco democrático.
Desde el Bloque Nacionalista Galego apoyamos esta iniciativa por la cual se reclama la gestión por parte de Cataluña de todos sus aeropuertos, incluido el de El Prat, pero también afirmamos nuestro deseo de aspirar a más si existe voluntad
de avanzar en esa dirección y, por supuesto, generalizar la transferencia de los aeropuertos a las comunidades autónomas. Creemos que las comunidades autónomas no solo deben poder asumir las funciones directamente relacionadas con la explotación,
conservación, administración y gestión de los aeropuertos, sino también aquellas relativas a la ordenación del tráfico aéreo que son desarrollo o ejecución de las leyes de navegación aérea y de los tratados internacionales en la materia. Es
evidente que determinados aspectos del control aéreo son desconcentrados en órganos y entidades dependientes de la Administración General del Estado, no prestados directamente por la misma, por lo que esa descentralización de algunas funciones
también ha de recalar en las comunidades autónomas.
Acabo ya, señorías, recordándoles que en Galicia tenemos un sistema aeroportuario que no funciona como tal: tres aeropuertos, con una distancia no mayor de 50, 60 kilómetros cada uno, Santiago, Vigo y A Coruña. Para AENA son aeropuertos
totalmente independientes unos de otros, que viven de forma bilateral su relación; están abandonados al capricho de la oferta y de la demanda, conforme a unos criterios más que discutibles, sin especialización funcional y al margen de los poderes
públicos de Galicia. Realmente, si un país como el nuestro necesita un plan de transportes intermodal y la responsabilidad fundamental de su ejecución debe ser del Gobierno gallego, si queremos estar al servicio del país, no hay ningún motivo para
que el sistema aeroportuario forme parte también de este plan de transportes y, por tanto, que la infraestructura básica que son los aeropuertos sea gestionada de forma prioritaria por la Administración autonómica.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Señor presidente, señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria comparte la filosofía, el espíritu que se plantea en esta proposición de ley y, por tanto, votaremos a favor. Pero queremos
plantear que si esta proposición de ley prosperase presentaríamos las correspondientes enmiendas para que este sistema de gestión de los aeropuertos se hiciera extensivo a otras comunidades autónomas. Estamos de acuerdo en el eje fundamental, en
los argumentos que se esgrimen en la exposición en la que se apoya la modificación del articulado de la ley que plantea el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) desde el punto de vista
de lo que significa un aeropuerto como instrumento para el desarrollo social y económico de un territorio; lo compartimos al cien por cien.
El otro argumento en el que se fundamenta, que es la necesidad que tenemos en estos momentos, ya que estamos en un mundo competitivo, de buscar la mayor eficiencia, qué duda cabe que acercar la gestión al territorio facilita también una
mayor eficacia, una mayor eficiencia de nuestros aeropuertos. Lo decimos desde el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, que representa a un territorio como es el archipiélago canario que está a 100 kilómetros de África, a 1.500 kilómetros de la
frontera sur más cercana de la Península y que es paso para América. Es también un territorio fragmentado, alejado, donde no hay más alternativa para la conexión entre las islas que el barco o el avión; no hay carreteras, no hay ferrocarril y, por
tanto, dependemos exclusivamente de la movilidad que propicia el control del tráfico aéreo y del tráfico marítimo. Esto demuestra la importancia de la gestión de estas infraestructuras para llevar a cabo una labor, un trabajo de coordinación entre
las distintas modalidades de transporte que permita buscar un sistema mucho más eficiente. Esto lo decimos desde un territorio que tiene ocho aeropuertos que en estos momentos mueven más de 30 millones de pasajeros y que tiene reconocido en los
tratados europeos, tanto en el de Amsterdam como en el de Niza -y esperamos que se ratifique definitivamente por todos los Estados miembros el nuevo Tratado constitucional europeo-, el hecho de ser, además de islas, islas alejadas. En función de
esa situación de territorio fragmentado, de territorio insular y alejado, entendemos que si hay un territorio que tenga la necesidad de encontrar fórmulas para gestionar o para cogestionar las infraestructuras portuarias o aeroportuarias, ese
territorio es Canarias. Desde este punto de vista, es necesario acercar la gestión del conjunto de los aeropuertos a cada uno de los territorios de las comunidades autónomas, partimos de esta necesidad imperiosa que tiene Canarias, que también
tiene contemplado en su estatuto de autonomía la posibilidad de la cesión de esta competencia, y esperamos que esta proposición de ley, que es continuación de otra que se debatió en la misma línea al final de la legislatura pasada, vaya creando
conciencia, vaya abriendo el camino para que la descentralización del sistema aeroportuario español sea una realidad y, por tanto, tengamos unas herramientas tan imprescindibles para el desarrollo de los territorios desde el punto de vista social y
económico mucho más eficaces y más competitivas.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Rivero.
Por el Grupo de Izquierda Verde, señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.
Esta proposición de ley de transferencia de gestión de aeropuertos para Cataluña nos puede permitir hablar del fondo y nos va a permitir hablar de las formas. Lo digo porque nuestro grupo, como ya lo hicimos el 23 de febrero de 2003, como
lo hemos hecho de forma reiterada tanto en propuestas como en votaciones, estamos de acuerdo en que hoy es necesaria la transferencia de la gestión de los aeropuertos denominados de interés general en Caraluña; y lo estamos porque ésta es una
gestión apropiada, que permite precisamente el desarrollo no solo económico, sino social, de toda índole, de una región, de un país, de una comunidad autónoma. De hecho, son necesarias gestiones con participación de comunidades autónomas, de
ayuntamientos y de los sectores sociales y económicos. Es más, esta es una práctica no solo de Estados federados, federales, federalizantes, sino incluso es una práctica de Estados claramente centralistas. Está el ejemplo de Alemania, de Canadá,
de Estados Unidos, pero es que está el ejemplo de Francia, donde las cámaras de Comercio, en una gestión pública y con participación privada, lo que hacen precisamente es garantizar una gestión más apropiada.
Los aeropuertos tienen efectos desde el punto de vista urbanístico, acústico y afectan sin duda alguna a un modelo de crecimiento determinado en ayuntamientos, en regiones, en países, en comunidades autónomas. Lo que está claro es que hoy
una estrategia adecuada en Cataluña podría servir precisamente para hacer de los aeropuertos una pieza más en el desarrollo económico. Luego, el señor Ayala dirá que no, que esto lo que supone es el desmantelamiento del Estado -he tenido ocasión de
leerlo en la legislatura anterior- y que precisamente no es la opción más apropiada. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que no solo desde Cataluña, sino desde Galicia, desde Madrid, desde el Pleno del Parlament balear de 4 de febrero de
2004, todos los grupos parlamentarios, todas las fuerzas parlamentarias están pidiendo precisamente la gestión o la cogestión de los aeropuertos. Por tanto, si se pide desde múltiples rincones del Estado y desde el conjunto de fuerzas políticas,
será porque sin lugar a dudas es razonable. Además, en el caso de Baleares, su plan de aeropuertos afecta de forma ostensible al modelo de crecimiento urbanístico, al modelo de desarrollo de las illes Balears.
Si esta es la discusión sobre el fondo, yo no voy a dejar de hablar de la forma, y lo voy a hacer entre catalanes. Seguramente esta sería la ocasión ideal para hacerlo incluso en catalán, y lo digo porque esta debe ser una reflexión que nos
debemos hacer los grupos parlamentarios catalanes que tenemos la voluntad de que haya mayor autogobierno, mayor gestión por parte de la Generalitat y de que haya la posibilidad de gestión de la competencia por la Generalitat
de Catalunya. ¿Por qué lo digo? Porque tenemos muchos años de experiencia pidiendo, pidiendo la gestión de los aeropuertos; la última, vez el 23 de febrero de 2003; porque llevamos muchos años reivindicando; porque hemos pasado largas
temporadas en las que un partido decía que representaba los intereses de Cataluña y mediante proposición de ley los planteaba en el Congreso, y sin duda alguna los reivindicaba, pero, en mi opinión, en pocas ocasiones conseguía su objetivo. Desde
las últimas elecciones han pasado cosas en Cataluña, y lo siento. Cuando en el artículo 23 del estatut se está discutiendo, en ponencia del Parlament de Catalunya, la transferencia de la gestión de los aeropuertos, algo tendrá que ver con este
debate. Cuando mi amigo Xuclà decía: no voy a aceptar que el estatut salga a colación, yo le respondería que si en ponencia del Parlament estamos discutiendo esta materia, no vale obviarlo y hacer aparecer este debate aquí como si nada tuviera que
ver con lo que se está discutiendo en el Parlament. Y voy a explicar el porqué no vale. No vale porque en Cataluña mayoritariamente -eso es verdad, incumbe mucho más a las fuerzas que sustentan el Govern de Cataluya que a las fuerzas que están en
la oposición, como Convergència i Unió- se ha optado por que la estrategia para que haya un avance sustancial en materia de autogobierno sea mediante el estatut y no mediante la estrategia que algunos llamaban peix al cove, la estrategia del
pellizco, que en algunos casos acaba siendo la estrategia de la perdigonada. Hemos optado por esa alternativa, porque su opción seguramente era muy vistosa, tenía mucha pirotecnia; es más, a veces incluso se podían otorgar medallas cuatribarradas
que se quedaban en la solapa, pero significaba poco avance del autogobierno y lo hemos hecho a partir de la experiencia. Si lo de los últimos 20 años hubiese funcionado, les diría que sí, que es la forma de hacer avanzar en autogobierno, pero la
realidad nos dice que hoy lo que era necesario en Cataluña era una opción compartida por el conjunto de fuerzas políticas, una opción de todas las fuerzas políticas, una opción de avance del autogobierno por la vía del estatuto. Y curiosamente,
esta que era la opción elegida es la que ustedes descartan hoy con su proposición de ley.
Como les digo, es una estrategia compartida, en primer lugar, por supuesto, por el conjunto de fuerzas políticas que forman el Govern de Catalunya, pero
también por ustedes, en el momento en que optan por participar en la ponencia del estatut, como no podía ser de otra manera según la tradición de Convergència i Unió.
Lo que nosotros les planteamos es que hace muy pocos días se discutía en el Parlament de Catalunya precisamente el redactado del estatut con el que venir al Congreso de los Diputados, y en su artículo 23, sobre infraestructuras y
comunicaciones, se hace mención al tema que nos ocupa.
En su primera redacción se plantea que la Generalitat tenga competencia exclusiva, que se transfiera a la Generalitat las facultades de gestión de los aeropuertos de interés general situados en
Cataluña y que lo haga -lo establece después en una disposición adicional- por la vía del artículo 150.2. Sin duda alguna es discutible y habrá que acabar de tratarlo en el Parlament de Catalunya si este es el mejor de los redactados, pero me
parece razonable pensar que cuando lo estamos discutiendo en el Parlament de Catalunya y cuando estamos abriendo un camino sobre esta materia, sobre materia de inmigración y sobre tantas y tantas transferencias que se deben centralizar, sobre tantos
y tantos avances en autogobierno, lo razonable es apostar por el camino y no intentar hacer lo que en catalán llamamos drecera, es decir, coger el atajo para intentar capitalizar alguna cosa. Esto es lo que nos parece razonable.
Sin duda alguna tendremos tiempo de discutir estas y muchas otras propuestas, pero lo que sí quiero anunciar hoy es que el compromiso -en este caso es el compromiso de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds- es sin duda alguna
conseguir un estatut lo más ambicioso posible.
Nosotros no vamos a renunciar a nada, pero creemos que la estrategia para conseguir precisamente el avance del autogobierno, el avance de la capacidad de gestionar, es el estatut de Catalunya; la
opción para los catalanistas, para los soberanistas, para aquellos que quieren que haya más autogobierno en Cataluña, es precisamente la vía del estatut. Sin duda alguna, algunos podrán creer y calificar nuestra postura como de ingenua, algunos
dirán que si ustedes hacen esto, apenas van a capitalizar en la negociación con el Gobierno. Y es que, a estas alturas de la película, 27 años después de la Constitución, muchos años después del estatut, quizá la discusión no sea si se capitaliza o
no; la discusión está en si realmente avanzamos o no sustancialmente en materia de autogobierno. Algunos dirán: su postura es ingenua porque no capitalizan. Nosotros creemos que lo ingenuo es pensar que hoy la estrategia del pellizco, que a
veces no pasa de la perdigonada, es precisamente la estrategia acertada.
Le he dicho, señor Xuclà, que mi intervención tenía dos elementos, uno de fondo y otro de forma, uno de orientación en el que coincidimos al cien por cien y el otro, sin duda alguna, de estrategia. La experiencia histórica dice que su
opción, su estrategia, legítima sin duda alguna, hasta el momento no ha funcionado. Por todo ello, nuestro grupo se va abstener de acuerdo con nuestro compromiso -y es un compromiso solemne que hemos discutido en los órganos de dirección de
Iniciativa, que hemos discutido también en el grupo parlamentario-, y no porque no esté de acuerdo, sino porque hace apenas unos días en ponencia del Parlament se estaba discutiendo sobre el posible futuro artículo 23 del estatut de Catalunya,
precisamente porque habíamos adoptado una estrategia y porque creemos que es la estrategia más acertada. Estamos en un momento en que el avance del autogobierno, caminar hacia un
modelo de Estado federal o, como mínimo, federalizante, se dará si se vive como una oportunidad, no como un problema; estamos en un momento en el que estos avances, a nuestro entender, se tienen que plantear desde el conjunto de fuerzas
políticas de Cataluña, no desde una y, sin duda alguna, estamos en un momento clave, en un momento en el que nos jugamos muchas cosas y en un momento en el que precisamente tenemos que apostar no solo por los contenidos, sino por una estrategia
acertada. Lo que está claro es: dejemos que la estrategia del estatut tire adelante. Ya le digo, sin duda alguna lo que no vale es refugiarse en el estatut para que no cambie nada. Nosotros vamos a decir que el estatut se apruebe cuanto antes,
si puede ser en el mes de julio, y que esté aquí a la vuelta de vacaciones, pero lo que tampoco vale, cuando se está discutiendo el estatut, cuando en el estatut estamos planteando posturas claras de avance de autogobierno, es decir que lo del
estatut no tiene nada que ver con lo que discutimos aquí. Sin duda alguna, al menos lo que discute nuestro grupo parlamentario afecta, y nos responsabilizamos de que todo aquello que digamos en Cataluña vamos a acabar votándolo aquí. Vamos a hacer
cosas diferentes, pero, por supuesto, apostemos para que en Cataluña nos hagan una propuesta de todas las fuerzas políticas sabiendo que hoy el avance de autogobierno en Cataluña es cuestión de todos o de casi todos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Herrera.
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Señor Beloki.
El señor BELOKI GUERRA: Señor presidente, señorías, comienzo recogiendo y contando para quien no fuera testigo un hecho que ocurrió el pasado viernes. No había pasado ni siquiera una hora desde que se había acordado a instancias de
Convergència i Unió la toma en consideración de la proposición de ley que hoy debatimos cuando, no sé si decir con sorpresa o sin ella, escuchamos al portavoz del Grupo Socialista declarar que adelantaba ya desde ese momento -ni siquiera había
pasado una hora- el que hoy y aquí se iban a oponer a dicha toma en consideración. Esto ocurría, por cierto, el mismo día en que podía leerse en diversos medios de comunicación que el propio Grupo Socialista había acordado con otros grupos, en este
caso con el Grupo de Esquerra Republicana, lo que en sustancia constituye idéntico objeto al de esta proposición de ley, extremo sobre el que -también lo aclaro- dijo el mismo portavoz socialista que tampoco había tal acuerdo. Y sigo aclarando.
Quien con tanto apresuramiento cerraba las puertas a supuestos acuerdos, y en concreto, por lo que ahora mismo tenemos entre manos, a la toma en consideración de esta proposición de ley, no era ningún portavoz -si se me permite la expresión-
sectorial del Grupo Socialista, era el portavoz máximo del grupo, también si se me permite calificarlo así.
¿A qué venían estas urgencias y estas contundencias, nos preguntamos entonces nosotros y hoy seguimos preguntándonos? ¿De qué cosa tan importante y tan trascendental se trata que es necesario actuar con esa diligencia y de una forma tan
contundente y tajante? Debo reconocer que, leído y analizado el texto de la proposición de ley de CiU con curiosidad, con morbo y con preocupación -para intentar entender la razón de ser de esta forma de proceder de un grupo, el mayoritario, el que
apoya al Gobierno, que al mismo tiempo es también un grupo que, en ocasiones, por ejemplo estos días en Euskadi, dice que apuesta por más autogobierno, por más descentralización, por más competencias para las autonomías; durante estos días lo dice
todos los días-, uno comprueba también, leyendo las actas, que incluso el mismo grupo tomó en consideración esta misma proposición de ley en la legislatura anterior.
Esto, pues, dijo entonces e hizo entonces y esto dice ahora, en Euskadi por
ejemplo. Y aquí y hoy responde a los catalanes, a CiU, lo que entendemos que también es una respuesta a nosotros y yo creo que a todo el mundo, que un proyecto de ley como el que ustedes presentan ni se toma en consideración. Luego, no a la
transferencia de medios personales, materiales y funcionales en materia de gestión de los aeropuertos catalanes y, en definitiva, de todos. ¿Hay que seguir esperando? Se puede preguntar alguien y algo de eso hemos escuchado. ¿A quién? ¿A mister
Marshall? ¿Al señor Godot? Desde luego, si se llama Ibarretxe se le dice que no. No sabemos si con otro nombre, con el nombre de Maragall, se le va a decir que sí, pero, en cualquier caso, parece que hay que seguir esperando.
El Estado español, por razones que no solo no compartimos los nacionalistas, sino que a estas alturas no comparte ningún gestor que pretenda ser eficaz, sigue reservándose la gestión directa de los servicios aeroportuarios. Ese es el hecho.
Por mucha liberalización que se proponga y que promueva la Unión Europea, aquí, el Estado español dice la lista de servicios que vienen recogidos en el anexo del Real Decreto 1161/1999, y que les recuerdo que habla de la asistencia administrativa en
tierra, de la supervisión de la asistencia a pasajeros, de la asistencia en equipajes, la asistencia en carga y correo, la asistencia en operaciones en pista, la asistencia en limpieza, la asistencia de catering, etcétera. Todo esto es necesario
que sea gestionado, en primer lugar, con el control de una autoridad pública y, por si esto no fuera suficiente, por una única autoridad pública nacional o estatal.
Evidentemente, esto no se debe a que eso sea imperativo, sino a una voluntad que,
recordémoslo, responde a un hecho que, al menos a mi grupo, le sale calificar como del más puro y simple centralismo, el más puro y el más duro, no vemos otra explicación. Porque convendría recordar que hubo un momento en que el
Partido Popular lanzó una iniciativa de liberalización y, ¿por qué se echó para atrás? Sencillamente porque, de seguir adelante y en cumplimiento de la legislación establecida en la Constitución y en los estatutos de no gestionar
directamente tales servicios, correspondía a las comunidades autónomas hacerlo en función de la reserva que existe a través de ellas, insisto, en la Constitución y en determinados estatutos, en concreto en el Estatuto de Gernika en el 10.32 y en el
de Sau en el 11.8. Pues bien, para que no pase esto a las comunidades autónomas tampoco habrá liberalización. Así estamos, en estas paradojas, en estos absurdos y disfunciones que van generando estos hechos. Un absurdo y una disfunción del
siguiente calibre: el Gobierno vasco, la Diputación Foral de Guipúzcoa, los ayuntamientos de Ondarribia, Donostia e Irún podrían hoy estar formando parte de los órganos de gestión, por ejemplo, del aeropuerto de Biarritz, a lo que han sido
invitados repetidas veces y, sin embargo, no pueden formar parte del órgano de gestión del aeropuerto de Fuenterrabía. ¿Por qué? Porque manda AENA y punto. Tan y punto que en fechas recientes, a finales de la anterior legislatura, hemos asistido
a la situación absurda, lamentable y contraproducente para los propios intereses del aeropuerto, resultado de esta forma de ver y plantear las cosas, de que AENA haya hecho de espaldas a todo el mundo el plan director del aeropuerto de Fuenterrabía,
al que -un hecho que por desgracia no es tan casual- se opusieron todas las instituciones y también los ciudadanos, a pesar de lo cual AENA siguió adelante. Este hecho ha sido modificado en esta legislatura a través de una proposición no de ley del
Grupo Mixto y hoy aquel esquema director al parecer no va a ser tal.
No obstante, ¿qué más vamos a hacer además de dejar sin vigor un esquema director? Seguir igual, porque las cosas siguen simplemente igual. Si quieren ustedes, están al revés en cuanto a que aquel esquema director ya no está en vigor, pero
en la misma medida en que los procedimientos con los que se está elaborando el nuevo esquema director son los mismos, con nula intervención de ninguna otra institución, volveremos a estar en la misma situación en la que ya estuvimos entonces.
Sobran razones no ya para estar de acuerdo con el fondo de lo que propone CiU, sino para decir que es muy tarde para que las cosas sean medianamente racionales, de forma que va siendo hora de dar un giro para ir a una gestión más eficaz de toda la
gama de servicios de asistencia en tierra que se prestan en un área aeroportuaria, para integrar mejor y más eficazmente en el área económica, geográfica, infraestructural, funcional y de desarrollo en la que se mueven los aeropuertos en los que
operan y deben estar insertados, y yo diría que, además de por otras razones, hasta por simple vergüenza torera a la vista de lo que ocurre ahí al lado, en eso que denominamos Europa, que en la proximidad para nosotros se llama Biarritz, y a la que
lejos de estar acercándonos parecemos estar empeñados en alejarnos todavía más. De ahí que apoyemos plenamente que se tome en consideración la proposición de ley de CiU, porque ya llegamos tarde.
Muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Beloki.
Esquerra Republicana. El señor Andreu tiene la palabra.
El señor ANDREU DOMINGO: Señor presidente, señorías, de paradójico podríamos titular el debate de hoy, con el presidente del Gobierno que por los foros europeos dice que tenemos el modelo federal más desarrollado de todos los Estados de la
Unión Europea, cuando resulta que tenemos en materia aeroportuaria el modelo más centralista y jacobino de toda la Unión Europea. Solo España es ajena a la tendencia de reconocer la autonomía de gestión y la personalidad jurídica de los aeropuertos
de la Unión Europea. En el modelo AENA no solo se echa en falta esta capacidad de autonomía, sino que sorprendentemente ni siquiera existe la presencia de otros agentes interesados en la materia aeroportuaria ni de administraciones que tengan
competencias claves en sus infraestructuras.
De ahí la insensibilidad y la falta de previsión ante los diversos problemas que sufren los entornos aeroportuarios.
En Francia, aparte de los europeos parisinos, la gestión de la mayoría de aeropuertos radica en las cámaras de comercio, que son entidades públicas. En Estados Unidos hay normas comunes muy asentadas sobre el airside y su relación con los
aeropuertos, pero el airside está muy marcado por la presencia de entidades locales, en muchos casos es el propio municipio quien gestiona el aeropuerto. En Alemania los aeropuertos están constituidos como sociedades en las que tienen una posición
predominante los länder y la ciudad que constituye su destino principal. La tendencia europea es establecer una clara separación con sujetos diferenciados en estas materias, lo indica la Directiva 96/67 en lo que se refiere a la separación de
contabilidades en servicios de asistencia de tierra y en lo que afecta a la supervisión de la solvencia y transparencia de la competencia entre operadores.
Por estos motivos nuestro grupo parlamentario ha estudiado las deficiencias que hay en el contexto de la gestión aeroportuaria y ha presentado una proposición de ley al respecto. Nos preocupan las recientes declaraciones de la señora
ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, indicando que la autonomía y la descentralización de los aeropuertos significarán un aumento de las tasas aeroportuarias. Esto no ha sido así ni es así en Europa y en otros ejemplos de descentralización de
infraestructuras que se han dado en nuestro país. Hace dos legislaturas, por un pacto entre el partido en el Gobierno, el Partido Popular, y Convergència i Unió, se procedió a la descentralización y cogestión de los puertos del Estado español. No
ha significado en absoluto
ningún aumento de tarifas y ha implicado una mejor gestión en todos los puertos. Este modelo de descentralización de los puertos de hace dos legislaturas hoy día es alabado por todas las autonomías, incluidas las del Partido Popular.
Señores del PP y de Convergència i Unió, entiendo que con la propuesta que nos hacen en esta proposición de ley nos quedamos cortos en el horizonte.
Solo se pide una nueva formulación en el apartado 2. a), sobre la gestión. Creo que los
nuevos horizontes tendrían que permitir avanzar no solo en el apartado a), de la gestión, sino en la totalidad de los apartados b), e) y f), nuevas infraestructuras aeroportuarias, y parcialmente en los apartados c) y d). No se trata tan solo de
descentralizar la gestión y las tiendas, sino también de qué modelos, qué infraestructuras tiene que desarrollar cada territorio en este mapa aeroportuario que, como en el aeropuerto de El Prat, está creciendo a un ritmo del 10 por ciento anual.
Creemos que la renovación debe ser de más calado y que la Generalitat debe recibir ampliamente, en su totalidad, las competencias en la materia. Por esto nuestro Grupo ha presentado una proposición de ley que va en este sentido. Ya estaba
reflejado en el actual Estatuto de Autonomía catalán, en su artículo 11.8, que otorgaba competencias de la Generalitat sobre aeropuertos. El nuevo estatuto, en su artículo 23, quiere ser mucho más ambicioso. Agradecemos a Convergència i Unió la
presentación de esta toma en consideración.
Podríamos decir que estamos en un momento de negociación; aun así es más que legítimo. Podríamos decir que se están discutiendo las competencias en el nuevo estatuto catalán; también es legítimo.
Quizá también podríamos aducir una cierta oportunidad política; es cierto. Nuestro grupo, ¿qué hará? Pues, votar en coherencia con la proposición de ley que votamos cuando estábamos en el Grupo Mixto el 23 de septiembre de 2003, que era
literalmente la misma. Apelamos a que haga lo mismo el Partido Socialista Obrero Español. Aquí no hay disfunciones como en la anterior proposición que nos ha traído el Parlament de Catalunya. Fueron ustedes, en septiembre de 2003, quienes votaron
que sí a esta proposición de ley, lo mismo que Iniciativa, Izquierda Unida, Coalición Canaria, PNV y Convergència i Unió. Esta será nuestra posición, sabiendo que, aunque no ganemos esta proposición, está planteada para dentro de muy poco una
proposición no de ley de Esquerra Republicana mucho más ambiciosa que trataremos de pedir, parafraseando con toda simpatía de forma educada, abierta y viajera, en la forma que hay que pedirlo, explicándolo bien y deseando que tenga éxito en las
filas del partido que sustenta al actual Gobierno.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Andreu.
Grupo Popular, señor Ayala.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el Grupo Popular mantiene hoy, 5 de abril de 2005, la misma posición que el 23 de septiembre de 2003 ante una proposición de ley idéntica -ya se ha señalado y no voy a insistir en ello-, siendo difícil hasta
distinguir una publicación de la otra si no se da uno cuenta de la fecha del Boletín. El Grupo Popular cuando era partido del Gobierno votó en contra de esta proposición de ley porque era totalmente descabellada, y hoy, siendo el primer partido de
la oposición, va a votar también en contra, porque no ha variado ninguna de las condiciones objetivas y de justificación de la proposición de ley. Vemos cómo se argumenta en un sentido o en otro, pero al final vemos que se confunde gestión con
autonomía, se confunden cuáles son las condiciones objetivas de gestión con quién sea el que las ejerce en este furor autonómico que estamos viviendo. Es posible que haya cambiado otra serie de circunstancias y es posible que hoy haya algún partido
que se vea forzado a mantener posturas distintas en función de las debilidades del Gobierno del señor Rodríguez Zapatero que hemos visto en otros asuntos, pero el Grupo Popular, aún a riesgo de lo que tanto les gusta argumentar al resto de los
partidos de la oposición cuando apoyan al Gobierno, o cuando el Gobierno les apoya a ellos, que ambas circunstancias se dan, pues aún a riesgo de que nos podamos quedar solos, vamos a votar en contra.
Parece que hoy y por ahora esa situación no se va a producir, pero no sabemos qué pasara mañana. Aquí hay que añadir un nuevo análisis, y es la oportunidad de este debate, más que la oportunidad el oportunismo. Esta proposición de ley tuvo
su entrada en el Congreso el 14 de abril de 2004, antes de que tomara posesión el Gobierno, y se publicó en el Boletín de las Cortes el 24 del mismo mes, es decir, hace casi un año, un año menos nueve días. ¿Qué es lo que hace que se incluya en el
orden del día de hoy, 5 de abril de 2005? ¿Por qué se ha incluido? Sin duda por aquella filtración, lógicamente interesada, de que Esquerra Republicana de Catalunya y el Partido Socialista habían llegado a un acuerdo para transferir o traspasar
los aeropuertos de la Generalitat de Catalunya, y ante ese aparente mercadeo Convergència i Unió no se quiere quedar fuera a la hora de las reivindicaciones. Convergència i Unió, cuya situación en Cataluña es la que es, antes de pensar en nada más
allá que la inmediatez del instante, se moviliza ante la posibilidad de que entre PSOE y Esquerra Republicana le vuelvan a hacer la pinza, es decir, permanentemente utiliza el regate corto.
¿Qué es lo que está ocurriendo? Que hoy estamos debatiendo un texto del año 2003 que se queda a mitad del camino de lo que esta misma semana ha presentado Esquerra Republicana de Catalunya en la Cámara. Es decir, Esquerra Republicana de
Catalunya con acuerdo o sin acuerdo con el PSOE, que eso ya lo veremos, presenta
una proposición que deja a la de CiU en mantillas, desde el punto de vista de las reivindicaciones competenciales para Cataluña; proposición de ley que tendremos ocasión de debatir en esta Cámara pronto o tarde, según interese a la
coyuntura de la negociación. ¿Qué el PSOE necesita imperiosamente los votos de Esquerra Republicana de Catalunya? Esta exigirá que se apruebe su proposición de ley. ¿Qué el PSOE se bandea con acuerdos puntuales con otros partidos? Esquerra
Republicana de Catalunya esperará el momento en que sus votos sean imprescindibles. Mientras tanto, Esquerra Republicana de Catalunya aparecerá ante la sociedad catalana como mucho más reivindicadora que Convergència i Unió, es decir, como más
catalana. Este es el flaco favor que Convergència i Unió se ha hecho a sí misma, instando a que sea ahora cuando debatamos esta proposición de ley. ¡Menudo papelón, señores diputados de CiU! Hoy han tratado de corregirlo diciendo que apoyarán en
su momento su proposición de ley. Se han dado cuenta de la jugada. Pero, si me permiten el símil futbolístico, cuando se han dado cuenta de ella, el balón ya estaba dentro de la red.
El Partido Popular no ha participado ni va a participar en ninguna operación que suponga jugar con las instituciones ni que suponga que las competencias exclusivas del Estado van a ser moneda de cambio sin importar cuáles sean las
consecuencias. Parece que, hoy por hoy, solo interesa la victoria pírrica, el sostenernos hoy y mañana, ya veremos.
Ante una proposición idéntica, son idénticos los argumentos que el Partido Popular tiene que hacer respecto a los del 23 de
septiembre de 2003 y, por lo tanto, no los vamos a repetir. Pero nos gustaría que cuando Convergència i Unió dice que hay dificultades en la gestión de AENA, diga cuáles son. Y cuando dice que va a aportar soluciones, que diga cuáles son las
soluciones, porque tampoco sabemos si son las soluciones de Convergència i Unió o las del tripartito, porque en materia aeroportuaria tampoco tienen coincidencia de planteamientos. Me gustaría saber si Convergència i Unió mantiene la afirmación de
que los aeropuertos constituyen un freno para el desarrollo económico de Cataluña, porque entonces el Estado debería de haber invertido en otros territorios que opinan que, lejos de ser un freno, los aeropuertos son un motor de desarrollo. Afirmar
que solo las transferencias a Cataluña permiten flexibilizar e incorporar fórmulas de gestión privada no deja de ser un capricho en el cual creemos que tampoco el tripartito está de acuerdo.
El sistema aeroportuario español responde al criterio de red de aeropuertos. Es un modelo que fue aceptado y asumido y que permite que todos los aeropuertos españoles pueda mantener su oferta de transporte.
No hace falta insistir en que
muy pocos aeropuertos son autosuficientes desde el punto de vista financiero. Tampoco son autosuficientes los aeropuertos catalanes, no se encuentran dentro de esa situación. Por lo tanto, romper el sistema supone desestabilizar y desequilibrar la
viabilidad de nuestros aeropuertos. Señor Herrera, no se trata de que el Partido Popular diga que vamos a desmembrar el Estado. Ese no es el argumento. El argumento es el de la red aeroportuaria española. Se trata de que parece que es mucho más
progresista, mucho más moderno ir diciendo que se asumen permanentemente competencias -el furor autonomista que le señalaba anteriormente-, pero los aeropuertos no funcionan así. Se trata de que los aeropuertos tienen que tener una masa crítica,
tienen que tener un volumen que no se puede compartimentar para permitir que toda la red funcione, porque si no no funciona. Tratar de utilizar a Europa como ejemplo de lo que nos interesa, tampoco vale, porque ellos iniciaron su funcionamiento de
otra manera. Podríamos argumentar que, lejos de descentrar modelos como, por ejemplo, el sanitario, Francia es la más centralista de toda Europa. Sin embargo, su diseño aeroportuario de inicio fue distinto y permite hacer argumentos, pero no
podemos utilizar a Europa como un chicle, cualquiera que sea el modelo que nos interese.
Porque al Grupo Parlamentario Popular le gustaría saber qué es lo que piensa Convergència i Unió de ese Libro Blanco del transporte, porque confundir
liberalización del transporte con asignación de competencias a las comunidades autónomas es no conocer en absoluto el Libro Blanco del transporte y no conocer cuál es el concepto del cielo único europeo que estamos abocados a mantener. Por otra
parte, y quiero decirlo muy claro porque se ha argumentado aquí por varios grupos parlamentarios, comparar los aeropuertos con los puertos es un auténtico dislate, carece de sentido. Un ligero y superficial análisis de la organización y
funcionamiento de estos dos modos de transporte aclara de inmediato que la comparación solo puede ser interesada y que cuanto más se profundiza más se dejan al descubierto diferencias insoslayables. No tienen nada que ver. No hay interdependencia
de tráficos; no hay conexiones forzadas; no hay slots que repartir; no hay conexiones que obliguen a autorizar un aeropuerto como base o como hub de otras conexiones; no existen. Es un argumento que deviene deleznable; no se puede argumentar.
Por tanto, decir que si se hizo en puertos se puede hacer en aeropuertos insisto en que no es de recibo. Convergència i Unió ha querido hoy corregir en el sentido de que las competencias solo se refieran a Cataluña. Si pretenden que se extienda el
modelo al resto del Estado, tiempo han tenido desde el 2003 de corregirlo en la proposición de ley y no lo han hecho.
Por último, con esto acabo, señor presidente. El Gobierno, el Partido Socialista está presentando y sometiendo a información pública el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte. En ese documento no prevé ningún cambio en cuanto al
sistema aeroportuario actual. Esperamos que el PEIT, que debía haber sido presentado ayer a esta Cámara y todavía no lo ha sido,
no sea papel mojado en esta materia como nos tememos que va a ser en tantas otras materias.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ayala.
Finalmente, por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Puig.
La señora PUIG GASOL: Gracias, señor presidente.
Señorías, la toma en consideración de esta proposición de ley es un debate sobre la oportunidad en el tiempo en el que se presenta y sobre lo que se pretende regular. Lo que quiere la proposición de ley de Convergència i Unió es una
transferencia del artículo 150.2 de la Constitución, eludiendo este artículo y presentándola al amparo exclusivo del artículo 11.8 del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Esto, señorías, no es inocente, sino que se hace para evitar las exigencias
del artículo 150.2 de la Constitución referentes, por un lado, a las transferencias financieras y, por otro lado, a las formas de control que se reserva el Estado. En esta proposición de ley no se mencionan estas materias, sino que pretende que a
través de la disposición adicional sean sustraídas del Congreso de los Diputados remitiéndolas a un acuerdo posterior en la Comisión Mixta de traspasos Gobierno-Generalitat de Catalunya, pero queriendo limitarlo a las transferencias de medios, tanto
funcionales como materiales y personales, obviando completamente los medios de control del Estado. Son competencias sobre las que actualmente se está trabajando en la ponencia de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, en cuyo artículo 23 se
contempla esta posibilidad, como ya se ha mencionado. Esta iniciativa no tiene sentido si se está comprometido y si se tiene confianza en que las reformas estatutarias llegarán a buen puerto. ¿Señorías, qué sentido tiene plantearnos reformas
puntuales cuando se está redefiniendo de forma global todo el sistema de distribución de competencias entre el Estado y la comunidad autónoma catalana? El grupo proponente entiende con esta proposición de ley que con un modelo descentralizado de
gestión aeroportuaria se conseguiría un mayor grado de eficiencia; el Grupo Parlamentario Socialista, también en coherencia con la línea que viene manteniendo tanto en esta legislatura como en las pasadas, propugna un modelo de gestión con la
participación de las comunidades autónomas y de los entes locales, implicando también en esta participación a sectores tanto económicos como sociales en los ámbitos geográficos en los que se sitúen los aeropuertos. Aunque llevamos un año escaso de
Gobierno, es un compromiso del Gobierno, y en concreto del Ministerio de Fomento, proceder en esta legislatura a un análisis del modelo de gestión aeroportuaria con vistas a su posible modificación.
No es esta proposición de ley, así como otras iniciativas planteadas, la mejor manera de avanzar en el estudio de las posiciones que técnica y jurídicamente cabe mantener en esta materia. Claro que es necesario dar un mayor protagonismo a
las comunidades autónomas, pero a pesar de ello no nos parece oportuno acceder a la proposición de ley presentada sin que se haya producido un debate previo en profundidad del modelo de gestión, dada sus implicaciones y su complejidad. Así lo
ratificó la ministra de Fomento en su intervención en el Senado el 9 de marzo de 2005, cuando comenzó reafirmando este propósito, recogido ya en el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes (PEIT). Dijo que era un compromiso para la
presente legislatura que las administraciones públicas afectadas y otros sectores interesados participen en la gestión de los aeropuertos, como ya ocurrió en los puertos de interés general, añadiendo que sería un error creer que es mejor la gestión
separada de los aeropuertos, ya que la red nacional de aeropuertos constituye un sistema integrado que permite obtener en todos los sentidos una serie de innumerables ventajas económicas, financieras, sociales y funcionales, que no deben verse
comprometidas por una decisión apresurada; de aquí que se venga trabajando en la búsqueda de las mejores opciones posibles.
En la presente legislatura se han presentado diversas iniciativas legislativas con contenidos similares. Asimismo se han registrado otras iniciativas parlamentarias sobre el tema de las transferencias en materia de aeropuertos, entre las
cuales destacaré la siguiente: la moción consecuencia de una interpelación presentada por el grupo de senadores de Coalición Canaria, que fue debatida en la sesión plenaria del 15 de marzo de 2005, resultando aprobada por unanimidad de todos los
grupos parlamentarios. Dice: El Senado insta al Gobierno a que incorpore en el plazo más breve posible a las comunidades autónomas en la gestión aeroportuaria de interés general para su desarrollo de forma integrada y coherente con el territorio
en que se ubica; que además se contemple la posibilidad de que en dicha gestión puedan participar otras entidades de relevancia social. Por eso, el Grupo Parlamentario Socialista cree que esta modificación debería contemplar, como ya he apuntado
anteriormente, la participación en la gestión de las instituciones afectadas, muy en especial las comunidades autónomas, pero también los ayuntamientos y probablemente otras entidades de ámbitos económicos y/o sociales que giran en torno a la
actividad parlamentaria. La única condición previa al establecimiento del nuevo modelo es que la fórmula de gestión que se adopte suponga un avance para la mejor prestación del servicio público y una aportación del desarrollo económico y social de
nuestro país. Ello supone que se asegure un funcionamiento en red de los aeropuertos, la garantía de la seguridad y la eficiencia de la navegación aérea y un avance hacia el espacio aéreo único en Europa, del que nadie habla y que a nosotros nos
interesa.
Con estas premisas el Ministerio de Fomento ha encargado a los servicios competentes un estudio para definir el citado nuevo modelo de gestión de los aeropuertos. Teniendo en cuenta que, como ya se ha señalado, este modelo contemplará la
participación de las comunidades autónomas, por tanto, llegado el momento y a la vista de la solución adoptada habrá que tener en cuenta las posibles necesidades de transferencia de medios a los órganos responsables de las comunidades autónomas,
resulta prematuro plantear dicha transferencia sin conocer todavía el modelo final, ya que ello podría crear distorsiones e interferencias. Una reforma de este calado precisa de una reflexión y un estudio profundo del modelo de gestión que queremos
para nuestros aeropuertos, priorizando en cualquier caso el interés general, la calidad del servicio público y la mejora global para los usuarios de este servicio. Esta ha sido y es la posición del Grupo Socialista sobre la materia. Que haya
medios de comunicación influidos o no por determinados partidos políticos que intenten aportar confusión no va a provocar que nuestro posicionamiento sea menos claro; puede ser más alto, pero igual de claro. El tiempo da y quita razones. La
tenacidad con la que trabajamos los socialistas y los resultados serán los que nos den la razón; tiempo al tiempo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Puig.
Vamos a proceder a la votación de la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de transferencia de medios personales, materiales y funcionales en materia de gestión de los
aeropuertos catalanes a la Generalitat de Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 27; en contra, 278; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE ACTUACIONES PARA PREVENIR E IMPEDIR LA APARICIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE GRUPOS DE JÓVENES VIOLENTOS Y ORGANIZADOS. (Número de expediente 162/000108.)
El señor PRESIDENTE: Punto III del orden del día: Proposiciones no de ley.
En primer lugar la del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre actuaciones para prevenir e impedir la aparición y consolidación de grupos de jóvenes
violentos y organizados. (La señora vicepresidenta, Chacón Piqueras, ocupa la Presidencia.- Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, por favor, para hacer más ágil el Pleno les rogaría que quienes quieran ausentarse del mismo lo hagan rápido y en silencio. (Continúan los rumores.)
Señorías, por favor, intentamos reanudar el Pleno. (Continúan los rumores.)
Señorías, en particular los del pasillo de la izquierda, les rogaría que si desean ausentarse del hemiciclo lo hagan rápido y en silencio.
Señor Pedret, adelante.
El señor PEDRET I GRENZNER: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, intentar ignorar la realidad es el primer requisito para equivocarse; no el único, pero es realmente indispensable. (Aplausos.) Lo cierto, señorías, es que nos encontramos en este momento iniciando el debate de una proposición no
de ley sobre una realidad social que abunda, ante la cual intentar cerrar los ojos no nos lleva más que al error.
El 28 de octubre de 2003, a las puertas del instituto en que cursaba sus estudios, el instituto San José de Calasanz de Barcelona, moría apuñalado el joven de 18 años, de origen colombiano, Rony Tapias; por todos los datos de que podemos
disponer hasta este momento moría por haber sido confundido con un integrante de la banda denominada Latin Kings, y moría, al parecer, a manos de integrantes de la banda denominada los Ñetas. Esto ocurría el 28 de octubre de 2003 en el barrio de
Sans de Barcelona y fue, creo yo, el primer aldabonazo serio en la conciencia social sobre que algo que conocíamos solo a través de las películas estaba empezando a ocurrir en nuestro país. El sábado pasado, 27 de marzo de 2005, era apuñalado y se
encuentra en estado grave, ingresado hospitalariamente, un joven venezolano de 14 años, en la población de L'Hospitalet de Llobregat, parece ser, a manos de miembros de la banda Latin Kings por pertenecer a la banda de los Ñetas. Entre el 28 de
octubre de 2003 y el 27 de marzo de 2005 las noticias, y por desgracia no solo las noticias sino las realidades, se han ido sucediendo; las reyertas, los apuñalamientos, por desgracia las muertes se han producido.
Esta mañana se ha iniciado en la Audiencia Provincial de Barcelona el juicio, luego de haberse constituido ayer el jurado popular, por la muerte de Rony Tapias. La sentencia nos dirá realmente cuáles fueron las circunstancias, quiénes los
autores y si pertenecen o no a una banda organizada. Esto lo dejamos para los jueces, para los jueces populares y para el tribunal sentenciador. Aquí, en la sede política por excelencia, tenemos que hablar de los temas sociales que existen y que
preocupan a nuestros conciudadanos. El Congreso
de los Diputados no puede mantenerse ajeno a esta realidad incipiente. Se empezó en la legislatura anterior; el día 31 de octubre de 2003 el Grupo Socialista presentó una proposición no de ley que decayó por disolución de las Cámaras, el
Grupo de Convergència i Unió también presentó una proposición que si no recuerdo mal sufrió igual suerte por el mismo motivo, pero hasta este momento no hemos podido hablar del tema en el Pleno. No es un tema baladí, señorías; nos encontramos ante
algo que afecta directamente a la libertad y a la seguridad de los ciudadanos, algo que afecta por tanto directamente a nuestras responsabilidades como representantes políticos. Nosotros tenemos la obligación política, legal y ética de proteger la
seguridad y la libertad de todos nuestros conciudadanos, y para ello debemos adoptar las medidas que fueren precisas. Las medidas que consideramos precisas los socialistas, las medidas que proponemos a la aprobación de la Cámara en este acto son
medidas básicamente preventivas, porque por suerte el fenómeno es aún incipiente, no podemos negar su existencia pero aún no está implantado de una forma irreversible en nuestras ciudades, porque donde se encuentra básicamente es en las áreas
urbanas. Esto responde a un modelo globalizado. Existe la comunicación por internet, existe la imitación, parece existir alguna conexión internacional según informes policiales, pero es un fenómeno incipiente en nuestro país que responde
seguramente, de acuerdo con el estadio de estudio en el que nos encontramos en este momento, a causas sociales y económicas bastante claras. Nos encontramos ante un fenómeno de desarraigo social, de falta de cohesión, de falta de posible
integración social, con personas (muchas de ellas, no todas) que han perdido sus pautas de conducta, sus referentes sociales que tenían en sus países de origen y que no han encontrado unos nuevos en nuestro país, pertenecientes a familias en
situaciones difíciles, a veces divididas por el hecho migratorio, que no proporcionan una adecuada y suficiente socialización a estas personas. Por ello son especialmente propensos a caer en este tipo de organizaciones (de las que luego es
enormemente difícil salir) las personas más débiles, aquellas con más carencias educativas, con más carencias de integración social, con situaciones familiares complicadas, sin referentes claros de actuación, sin núcleos de amistad distintos a los
que puedan encontrar en las calles de su barrio.
Frente a ello podemos actuar, debemos actuar. Por eso solicitamos a la Cámara que apruebe que con estricto respeto, con absoluto, total y completo respeto a la enorme complejidad de las competencias administrativas y políticas que recaen
sobre el tema (policiales, de tutela, de protección de menores, escolares, de educación, de formación informal, etcétera) elaboremos con la participación y complicidad social necesaria un plan que establezca las bases para atacar el fenómeno de
forma preventiva; que hablemos de la integración social; que hablemos de cómo estructuramos los barrios; que hablemos de la mediación familiar; que hablemos del refuerzo escolar; que hablemos de las posibilidades de acompañamiento psicológico;
que hablemos de los educadores de calle, de los trabajadores sociales, también de las condiciones económicas en que se encuentran estas personas; que intentemos proporcionarlrs trabajo para sacar de determinadas dependencias a estas personas,
porque lo que hay que hacer es evitar que esto se consolide. Cada persona, menor o mayor de edad, ciudadano en nuestro país, habitante en nuestro país, que a través de los resultados de este plan consigamos que se integre en una organización de
este tipo, seguro que es un futuro ciudadano integrado en la cohesión social, con sus ideas, con su libertad, defendiendo lo que quiera desde el punto de vista político, social y económico, pero respetando los mínimos de convivencia social
necesarios para una sociedad civilizada. Y a ello debemos ir, señorías. Por eso hemos establecido contacto con todos los grupos parlamentarios para intentar acuerdos al respecto y hemos ofrecido una transacción a la enmienda del Partido Popular,
que todos los grupos tienen, en la que integramos aspectos referentes a la atención a las víctimas y a la formación del profesorado.
Desde luego, quisiéramos que esta proposición pudiera ser aprobada por la inmensa mayoría de la Cámara y a ser
posible por toda ella, porque no se trata de una cuestión de partido, siendo respetables absolutamente las cuestiones de partido, faltaría más, no es una cuestión que pueda dividir a la sociedad en su opinión social y su opinión política; es una
cuestión en la que podríamos instar de forma privada al Gobierno para que actuara y no trajera aquí una proposición no de ley, pero queremos traerlo a esta Cámara, representante del conjunto de los ciudadanos, porque creemos que todas las fuerzas
políticas, todos los ciudadanos a través de sus representantes deben sentirse implicados en las posibles soluciones del tema. No se trata de colgarse medallas desde el Gobierno ni desde ninguna mayoría; se trata de que todos los que podamos, todos
los que coincidamos en la defensa de la dignidad civil de todos los ciudadanos, en la defensa de la libertad de todos los ciudadanos, coincidamos también en la aprobación de una proposición debatida en esta Cámara que tiene como objetivo elevar los
grados de dignidad, libertad, justicia y seguridad de los ciudadanos. A ello convoco a todos los grupos de la Cámara. Podemos tener enormes diferencias en lo político, señorías, pero esta es una cuestión de sociedad y nos jugamos una sociedad de
ciudadanos iguales o el fomento de una sociedad comunitarista, con grupos aparte, sin cohesión entre ellos. Desde luego, este último modelo no lo podemos aceptar los demócratas y, por tanto, todos los demócratas aquí estamos llamados a votar a
favor de una propuesta racional de prevención del fenómeno al que nos referimos para elevar, repito, la dignidad, la libertad y la seguridad de todos los ciudadanos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Pedret.
Continuamos con los grupos que han presentado enmiendas a esta proposición no de ley. En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Vázquez.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, tengo que comenzar diciendo que aunque coincidimos en el fondo de esta proposición no de ley que hoy presenta aquí el Grupo Parlamentario Socialista, no coincidíamos en principio tanto en la forma. Es necesario
comenzar afirmando que en España a partir de los años ochenta es cuando empiezan a detectarse los primeros grupos de jóvenes violentos. Al principio estos grupos se hacen más visibles en acontecimientos deportivos, pero progresivamente van
extendiéndose a otros ámbitos de la sociedad, siendo muy frecuente actualmente la violencia entre los escolares. Son grupos formados por jóvenes de 13 a 30 años que utilizan símbolos y vestuario específicos, como se dice en la exposición de motivos
de la proposición no de ley, y realizan acciones violentas a su libre albedrío obedeciendo a un interés estratégico con graves consecuencias para las víctimas en concreto y para la sociedad en general. En estos momentos son grupos que crean una
sensación de inseguridad, indefensión y en ocasiones hasta pánico. Un informe reciente del Movimiento contra la Intolerancia alerta del crecimiento y expansión de estas bandas que muchas veces reclutan a menores para salir -y lo digo entre
comillas; es lo que ellos ponen- a la caza de inmigrantes. Por ejemplo, Madrid figura en 100 páginas web como punto de encuentro de grupos racistas y xenófobos. Pues bien, la lucha contra estas bandas racistas y violentas está siendo objeto de
atención por parte de todos los países de la Unión Europea y el Gobierno de España tiene la responsabilidad y el deber de garantizar el Estado de derecho y por eso se pide, a través de esta iniciativa, que luche eficazmente contra estos grupos de
jóvenes violentos que tanto daño están provocando en la sociedad.
Quiero recordar al portavoz del Grupo Socialista que no debemos olvidar otro tipo de violencia, la violencia juvenil que se sucede en el ámbito escolar. Tristemente, hemos conocido hechos lamentables en los que en algunos centros educativos
se presionaba, insultaba y humillaba a algunos alumnos que en algunos casos han tenido consecuencias muy trágicas. La sociedad española está crecientemente preocupada por los fenómenos de violencia en el ámbito escolar, por la aparición de
actitudes que perturban gravemente la convivencia en los centros y suponen un obstáculo serio para la educación de los menores. Por eso en el Grupo Parlamentario Popular nos preocupa este olvido en la iniciativa del Grupo Socialista de no hablar de
la violencia juvenil en el ámbito escolar. Y no vale decir que el Gobierno no tiene competencias. El respeto a la distribución competencial de nuestro Estado en materia educativa no debe ser obstáculo para que el conjunto de los poderes públicos
reflexionen, estudien e impulsen conjuntamente las iniciativas más adecuadas para hacer frente a este problema que siente hoy el conjunto de la sociedad española. Aunque la violencia escolar no sea un fenómeno generalizado en España ni alcance los
niveles que tiene en otros países de la Unión Europea, lo cierto es que la entidad y la gravedad que supone que cualquier alumno pueda padecer estas agresiones requiere una actuación firme y decidida por parte de los poderes públicos y muy
especialmente por parte del Gobierno de España.
La iniciativa que hoy presenta aquí el Grupo Socialista no hacía mención -y digo hacía- a las víctimas concretas y particulares que son agredidas por estos grupos violentos de jóvenes. La soledad, la falta de apoyo psicológico, la
desinformación, la falta de consideración institucional, las graves secuelas y los gastos médicos derivados de éstas, etcétera, son una asignatura pendiente. Por ese motivo el Grupo Popular presenta una enmienda a esta iniciativa y solicita que en
este plan global el Gobierno incluya apoyar íntegramente a las víctimas afectadas por actos cometidos por jóvenes violentos. Además, en nuestra enmienda incluimos otros puntos que de alguna forma se contemplan en la enmienda transaccional, como la
formación específica al profesorado para afrontar situaciones de conflicto. Pedíamos la creación de observatorios para la convivencia escolar, como el recientemente creado en Valencia, pero hemos llegado a un acuerdo sobre que esto puede debatirse
en otro momento.
Pedíamos también ampliar la protección policial alrededor de las zonas de ocio donde se concentran los jóvenes. Muchos de los aspectos que solicitábamos ya se han incorporado en la enmienda transaccional. Aunque coincidimos, como
he dicho, en el fondo, no coincidíamos en un principio en la forma porque creíamos que esta iniciativa era incompleta, que necesitaba un detalle más específico, en concreto, para los más perjudicados, que eran las víctimas. De ahí la necesidad de
esta transaccional. ¿Con esto qué intentaremos? Evitar que algunos jóvenes sean violentos o, al menos, se organicen en bandas. Una última reflexión que quiero hacer es que en esta Cámara solo se ha hablado dos veces de los jóvenes por parte del
Grupo Socialista: una para presentar un plan global de juventud que no ha gustado a nadie y que fue rechazado, y hoy para hablar de la violencia de los jóvenes. Esto nos debe hacer reflexionar y el Gobierno debe traer a esta Cámara otro tipo de
iniciativas positivas para nuestros jóvenes.
Por último, tengo que agradecer la actitud del portavoz del Grupo Socialista, el señor Pedret. Me ha entusiasmado
la forma con que ha llevado esta iniciativa y he visto que tenía mucho interés en que saliese adelante. Ha mostrado consenso, diálogo, talante y me ha sorprendido -y lo he comentado- porque en el portavoz habitual sobre temas de la juventud
del Grupo Socialista nunca había visto ese diálogo para poder aprobar todo por mayoría. Tenga por seguro que contará con el apoyo del Grupo Popular, pues se ha demostrado que tiene interés en que este grupo colabore con usted y con el Partido
Socialista. Le doy mi palabra de que así será y votaremos a favor. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Vázquez.
Continuamos con el turno del Grupo de Esquerra Republicana de Cataluña.
Para la defensa de su enmienda tiene la palabra el señor Cerdà.
El señor CERDÀ ARGENT: Señora presidenta, señorías, la intervención de mi grupo es para anunciar la retirada de nuestra enmienda dado el clima de amplio consenso que hay y también el acuerdo que nuestro grupo manifiesta con respecto a la
transaccional que se ha acordado. Son problemáticas distintas las que en esta proposición se atajan y las que nosotros ya hemos presentado y debatiremos en su día respecto a la violencia con morfología ideológica o política, que hay que ver en otro
apartado. Nos parece que tienen puntos en común la propuesta del Grupo Socialista y la proposición no de ley que hemos presentado sobre la violencia de los skins o nazis, pero es más interesante separar la violencia juvenil de carácter más social
de la violencia de carácter más ideológico. Por tanto, anuncio que retiramos nuestra enmienda y que daremos nuestro voto favorable a la transaccional que se ha negociado en estos momentos.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Cerdà.
Continuamos con el turno de fijación de posiciones. ¿Grupos parlamentarios que deseen fijar la posición? (Pausa.) Tiene la palabra en primer lugar la señora Fernández.
Adelante.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
Intervengo para fijar la posición de nuestro grupo a favor de la transacción a la que llegaron los tres grupos y que acaban de anunciarnos. La propuesta inicial y esta de ahora en lo sustancial no cambian en absoluto. Entendíamos que la
propuesta iba dirigida al fondo de la violencia que en estos momentos se está dando en la juventud y no en la dirección específica de un determinado modelo o forma de organización juvenil en bandas, como los skins, nazis, etcétera. El plan que se
está instando al Gobierno tiene que ser integral en lo que es la violencia en la juventud en estos momentos, que efectivamente no es una violencia que acaba de empezar ahora, hace mucho tiempo que está ahí, se manifestó de muchas maneras y una de
ellas fue, como dijo antes la portavoz del Grupo Popular, la de los hooligans, como llamamos despectivamente a las personas que actúan de forma violenta en los campos de fútbol y que dejaron trágicas tardes en diferentes zonas del Estado español en
distintos momentos. Entendemos que un plan de las características como el que se le está instando al Gobierno tiene que ir al fondo, y la forma de atajar la violencia juvenil empieza con la educación y la formación en los centros escolares. Hay
una oportunidad, pues en estos días se está discutiendo la modificación de la ley de la enseñanza, e igual que este plan debe afrontar de manera integral la violencia juvenil, también en esa ley se debe afrontar cómo superar las deficiencias de la
educación que hacen posible que un sector de nuestra juventud genere este tipo de violencia. Hay un problema grande que en este momento es más actual que otros, como por ejemplo los skins, que ya es un problema viejo e incluso hay tratados a este
respecto en España. El problema que se está generando ahora en los centros escolares, reforzado por las nuevas tecnologías, es realmente preocupante. No es nuevo, pero sí es nueva la forma de agruparse no solo jóvenes del mismo centro sino de
otros centros y de otras localidades, posibilidad que permite internet. Es conveniente que en este plan se tenga en cuenta todo esto porque si no es así será un plan deficiente.
Otra cosa que quiero decirles -porque se hace hincapié en las medidas de atención a las familias desestructuradas, jóvenes en tutela, etcétera- es que no debemos caer en el error de pensar que la violencia juvenil está ubicada en aquellos
jóvenes educados en estas familias desestructuradas o tutelados por la Administración. Tengamos presente -y eso se comprueba haciendo un análisis de las bandas y de aquellos momentos y circunstancias más dramáticas de la violencia juvenil- que
normalmente los líderes que arrastran a estos grupos de jóvenes en esta situación de, digamos, desventaja social, no son precisamente los jóvenes que están en ese sector de nuestra sociedad. Son otras razones, razones que generan problemas
psicológicos, razones derivadas de las circunstancias -no digo que familiares- y que afectan justamente a otras capas sociales muy distintas a estas que se mencionan especialmente en la proposición de ley, unas capas sociales donde ideológicamente
hay aspectos que funcionan de una manera más reforzada, por decirlo de alguna manera.
Por tanto, que el plan se haga en profundidad. Como grupo político estaremos atentos y haremos el seguimiento correspondiente por si no responde por lo menos a esta parte que acabo de exponer. En principio y en la medida en que ustedes
también hablan de la cuestión educativa, tanto en la educación informal
como en la formal e incluso en la formación profesional, entendemos que tienen intención de que ese plan recorra todo el circuito de las necesidades que existen para, si no eliminar, por lo menos disminuir la violencia juvenil que existe.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Fernández.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
No les quepa duda al señor portavoz del Grupo Socialista y a la señora portavoz del Grupo Parlamentario Popular de que el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria va a votar sí a la aceptación de esta iniciativa.
Cuando hace dos
legislaturas largas en esta Cámara discutimos la Ley del Menor estuvimos considerando, dentro de un principio de filosofía del derecho y de los derechos humanos, al delincuente juvenil aislado, él solo, como una figura a la que era necesario darle
una protección en la línea de una moderna política penal. No era un delincuente curtido que tenía que seguir las veredas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y terminar en una prisión para cumplir una pena por los delitos cometidos, sino que era
merecedor de otra cosa por ser menor de edad; pero se le estaba considerando como un delincuente aislado que comete un acto de delincuencia tipificado en el Código Penal o una falta administrativa por sí solo. Sin embargo, nos hemos dado cuenta
ahora de que está ocurriendo una agregación de delincuentes juveniles y que la Ley del Menor no la alcanza porque no tenía esa consideración. Mi grupo se felicita de esta iniciativa parlamentaria que ha traído el señor Pedret, a quien quiero
decirle que suscribo íntegramente su discurso. Me congratula no solamente el enfoque que le ha dado sino también el entendimiento que ha señalado la señora portavoz del Grupo Popular para reaccionar todos política y jurídicamente ante un fenómeno
que está ahí. No es un fenómeno que hayamos descubierto hace muchos años cuando vimos en West Side Story cómo se enfrentaban las bandas en Nueva York y el señor Scorsese lleva el tema a una película en una especie de romanticismo del enfrentamiento
de las bandas juveniles que solamente ocurría en Nueva York entre bandas de jóvenes que procedían de Puerto Rico y de familias desestructuradas, sin estructura sociológica competente en el aspecto. Bien, pues nos ha llegado. El señor Pedret ha
tenido a bien recordarnos que hoy ha empezado un juicio en Barcelona en el que se sientan en el banquillo unos individuos sobre los que el fiscal ha dicho ya que son culpables todos los acusados y no solamente el que haya dado la puñalada mortal al
joven colombiano a la salida del instituto. La Cámara debe reaccionar y nos felicitamos por esta iniciativa que propone una serie de medidas cautelares en cuanto a la formación, para entrar en esas familias sin una estructura de valores y que es
necesario atender no solo en todos los órganos de formación profesional sino también en los aspectos disuasorios. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Policía municipal están para llevar a cabo los efectos disuasorios, porque en cada
capital donde aparezca una banda de este tipo de delincuentes que se enfrentan entre sí se genera una alarma social y una inseguridad ciudadana. Tenemos unas fuerzas que deben actuar para proteger a la sociedad al mismo tiempo que neutralizar la
proliferación de estas bandas. El fenómeno está ahí. No podemos decir ahora si nos viene importado de Latinoamérica o no. Surgió hace años una especie de selva urbana dentro de las grandes capitales, que es donde está su medio ambiente, esa
especie de ecosistema de la delincuencia y el enfrentamiento.
Dicho todo esto y suscribiendo las palabras de quienes me han precedido, vuelvo a reiterar que suscribo íntegramente el planteamiento que trae la iniciativa que ha defendido aquí el señor Pedret y que podamos encontrarnos con esta enmienda
transaccional conjunta que nos facilita salir ante la opinión pública española con un mensaje de sensatez, de solidaridad. De aquí nuestro voto favorable a esta proposición no de ley.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): A usted, señor Mardones.
Muchas gracias.
Señora Navarro, en representación del Grupo de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señora presidenta.
No es mi intención romper este estupendo clima de consenso que siempre será bien recibido, pero desde nuestro punto de vista en esta iniciativa hay muchas palabras y poco contenido real. Hay una exposición de motivos que no se sabe a dónde
va. Algo nos ha explicado el señor Pedret ahora en su intervención, pero en la iniciativa no está muy claro. Son unas medidas preventivas básicas, que si lo quieren llamar plan global me parece muy bien, pero lo que enumera no son más que
obligaciones básicas sociales de las distintas administraciones públicas al hablar de mediación, de formación profesional, de educación, de integración social.
En fin, no hemos descubierto las Américas. ¿Qué es esto? ¿Un cheque en blanco para el
Gobierno o una llamada para que cumpla con lo que debe cumplir, el Gobierno y las distintas administraciones, los distintos gobiernos? Con esta exposición de motivos, que es un quiero y no puedo, no lo podemos saber. En cualquier caso, no vamos a
decir que no a medidas básicas, pero tenemos que cuestionar el contenido de la
iniciativa, no ya el petitum sino esta absurda exposición de motivos totalmente desligada del mismo. A veces, señorías, el acercamiento de los políticos que suelen vivir en otros ámbitos de la vida real nos conduce a iniciativas de este
tipo -no sé si es el caso-, pero bienvenidos a la calle y bienvenidos a enfrentarse a la realidad que hay en la calle, a un problema que no es únicamente de las bandas, porque ¿cuál es el problema real? Es la violencia juvenil, y no sólo este tipo
de violencia juvenil que por cierto especialmente se da en Barcelona y en Madrid, en el resto de ciudades vivimos mucha violencia juvenil pero en un sentido más amplio. Tenemos una que nos preocupa enormemente, la más extendida, el llamado
bullying, que es la violencia y el acoso psicológico de menores a menores en las aulas, incluso ha habido menores que se han suicidado por padecerla.
Lo cierto es que la realidad bien observada, y no a través de titulares, nos conduce a la necesidad de un plan integral contra la violencia juvenil, y en este sentido no tengo más que coincidir con la portavoz del Partido Popular cuando ha
dicho que es la violencia juvenil la que hay que atajar y que hay que abordar medidas para ello en las que confluyan, cuando se estudien, los agentes sociales, los padres, los sindicatos de estudiantes, los profesores, representantes, psicopedagogos
y también la policía, pero eso sí, una policía formada, porque no sólo hay que formar a los que tienen estas actitudes, a los infractores, sino también a los que ejecutan las medidas.
Esta iniciativa se queda corta, muy lejos de abordar el fondo del asunto -lo que no sabemos es si lo hace deliberadamente-, y ello nos preocupa puesto que si bien las medidas propuestas, como digo, son todas preventivas y por tanto tienen
nuestro voto favorable, nos preocupa el desconocimiento que se refleja y lo poco que se aborda en esa demoledora exposición de motivos que ni aborda la realidad global ni se sabe muy bien a dónde va ni qué es lo que quiere afrontar. De ese modo lo
que se plantea podría incluso dejar abierta la puerta a interpretaciones restrictivas de derechos, como ya se han dado, podría dar pie a la persecución de jóvenes que actúan en el ámbito político, como por ejemplo el movimiento okupa, que fue
perseguido recientemente en Navarra. Yo quisiera recordar aquí -porque se han recordado otros casos- uno en Valencia en el que cuatro jóvenes del centro social ocupado Malas Pulgas fueron acusados de terrorismo e ingresados en prisión. El asunto
llegó a la Audiencia Nacional mientras estos jóvenes estaban en prisión, y fue la Audiencia Nacional la que dijo que no había ningún tipo de terrorismo y, por tanto, fueron juzgados por lo que tenían que ser juzgados y no por terrorismo, todo ello
al amparo del artículo 577 del Código Penal, fruto de las reformas del Partido Popular ampliando enormemente el concepto de terrorismo y bajo la interpretación que hizo de éste el juez de Instrucción número 2 de Valencia, que los acusó de asociación
ilícita con fines terroristas. Lo mismo puede ocurrir con otras tribus urbanas.
En definitiva, lo que vengo a decir es que entendemos que es necesario plantear esto de otra manera, y por ello invitamos a todos los grupos de la Cámara a abordar la violencia como fenómeno, la violencia en las aulas, la violencia nazi,
pero no perseguir señas de identidad, como se dice en la exposición de motivos, ni la reunión, como también se puede interpretar. No queremos exposiciones de motivos que den pie erróneamente a entender otras cuestiones, y por eso manifestamos
nuestro voto favorable a esta transaccional a la que se ha llegado porque aprobar el petitum nos parece bien -son medidas siempre preventivas y de corte social, aunque digo que no es más que cumplir lo que ya se debe hacer-, pero rechazamos
profundamente el contenido de esa exposición de motivos.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Navarro.
Señor Olabarría, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.
La verdad es que da gusto esto, hasta la última intervención no estábamos hablando de consenso político, rayaba en la seducción prácticamente. Que se aplauda al portavoz del Partido Socialista antes de empezar a hablar es algo absolutamente
inusual en esta Cámara, una especie de presentimiento de su grupo de que iba a ser notablemente brillante su intervención, y esas calurosas adhesiones de la portavoz del Partido Popular le honran, nos gusta, pero nosotros no podemos participar
conceptualmente de una adhesión tan incondicional. El problema que se plantea requiere la atención de los poderes públicos desde una perspectiva un tanto reduccionista. Nos ha hablado el portavoz del Grupo Popular de bandas juveniles de origen
extranjero. Estamos hablando de los Latin Kings, cuyo origen está en Chicago en la década de los ochenta, de las Maras hispanoamericanas o latinoamericanas, de los Mechas, de organizaciones en general con una cierta impronta extranjera, cuya
organización es incipiente, pero cuya peligrosidad es notable. No hay más que analizar los ritos iniciáticos consistentes, nada menos, que en asesinar a un miembro de una banda rival para poder ingresar en la banda.
No hay más que analizar que uno
de sus objetivos y de sus dibujos que les identifica como tal consiste en marcar el territorio y la penetración de ese territorio está condenada con la pena de muerte, utilizando su propia terminología.
En definitiva, son manifestaciones que, además, se complementan con un fenómeno igualmente perverso, que es la utilización de estos jóvenes por organizaciones mafiosas de mayor entidad para dedicarse a la práctica
de otros tipos delictivos, como la colaboración en el narcotráfico, práctica de coacciones, amenazas y otros tipos penales en los cuales coadyuvan estas organizaciones bajo la cobertura de organizaciones juveniles que tienen una
consideración o tratamiento comprensivo, autocompasivo por parte de los poderes públicos, dada esta sobredimensión de lo juvenil que es uno de los perfiles o características de nuestra civilización occidental. Todo lo que hacen los jóvenes está
bien. Hay una sobrevaloración de lo juvenil o, si no está bien lo que hacen los jóvenes, es fruto de la ineficiencia de los políticos o de problemas sociales de múltiple naturaleza o de problemas estructurales.
Evidentemente esos problemas
existen. Existen problemas de fracaso escolar, de desestructuración familiar, de inmigración, de acceso al empleo, de marginalidad y de pobreza, pero existen también problemas de peligrosidad, de atentado o peligro contra la seguridad ciudadana.
Este fenómeno efectivamente es incipiente, pero los fenómenos son siempre incipientes al principio y luego, al final, se convierten en fenómenos peligrosos de atender. También era la criminalidad organizada un fenómeno incipiente hace años y en
este momento nos encontramos, según manifestaciones del Ministerio del Interior, con que en la ciudad de Torrevieja hay nada menos que 50 organizaciones mafiosas, y se han creado unidades especializadas, unidades Greco, y en la Comisaría General de
Policía Judicial se ha creado una sección especial para la atención a la criminalidad organizada. Luego la apelación que hacía la portavoz de Izquierda Unida a la especialización policial parecería también una medida pertinente, oportuna.
Además, nos parece que la iniciativa, en cierto modo, es reduccionista también. El problema de la violencia juvenil no se circunscribe a estas bandas, cuya implantación es incipiente. Esta es una de las manifestaciones de una patología
social profunda, que es la de la violencia juvenil. Nos encontramos con las bandas nazis, las bandas skins, las bandas violentas vinculadas a los clubes de fútbol, con otro tipo de bandas de otra naturaleza y nos encontramos también con el fenómeno
del buylling que tendremos que analizar y plantearnos seriamente. Empiezan a proliferar también de forma estructurada, en forma de organizaciones de chicos que estudian la enseñanza secundaria que agreden y que pueden acabar provocando el suicidio
u otro tipo de perversión o delitos penales en el seno de nuestro sistema de enseñanza.
Desde esa perspectiva podría afrontarse el problema de la violencia in generis, sin perjuicio de que puede ser pertinente empezar a tratar esta iniciativa,
puesto que aborda una problemática muy específica. Pero el problema de la violencia en general es un complejo, multidisciplinar que requiere atenciones preventivas y atenciones también que hacen referencia a todo lo que usted ha explicado
brillantemente, a los problemas de fracaso escolar, de la desestructuración familiar, de la emigración, de la dificultad de acceso al empleo, pero también requiere medidas de atención preventiva y represiva desde una perspectiva policial, porque
empieza a ser un problema grave dentro de nuestra sociedad. Está escrito en la enmienda y está escrito también en su propia iniciativa.
Yo propondría, quizá, por complementar un poco sus reflexiones, y no por dar un aspecto crítico a mi intervención, que nos tendríamos que plantear, como decía la portavoz de Izquierda Unida, creo que con pertinencia, un plan sobre la
violencia juvenil no vinculada a organizaciones concretas que a mí me preocupan todavía poco. Ya estamos importando demasiadas cosas de Estados Unidos y de la cultura norteamericana. Hemos importado la fast food, los reallities shows, las
teleseries norteamericanas, sólo nos faltaba ya importar a sus pandillas, a sus grupos, a sus estructuras pandilleras, pero todavía sigue siendo un problema menor. El problema de la violencia juvenil tiene una dimensión mucho más compleja, mucho
más estructural, mucho más profunda. Afecta a problemas profundos de nuestra sociedad y requiere, sobre todo, a veces, desproveerse de ese análisis autocompasivo, permisivo en virtud de lo cual todo lo que hacen los jóvenes, dada esa
sobrevaloración de lo juvenil en nuestra sociedad, como decía antes, obedece no a la propia responsabilidad de los jóvenes y a problemas sociales y estructurales o a la negligencia de la actividad o en la actitud de los partidos políticos.
Vamos a
buscar puntos de equilibrio. Yo sé que requiere un debate incluso monográfico, porque el problema de la violencia va a ser uno de los problemas de Estado con los que nos vamos a tener que enfrentar a corto plazo.
Gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA: (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Olabarría.
Señor Guinart, en nombre de Convergència i Unió, va a cerrar usted este turno de fijación de posiciones.
El señor GUINART SOLÁ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, intervengo para fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre la proposición no de ley del Grupo Socialista, por la que se insta al Gobierno a actuar reaccionando frente a los grupos de jóvenes
violentos y organizados.
Reconocemos la oportunidad de debatir hoy aquí esta proposición no de ley presentada en junio de 2004, pues esta cuestión de los grupos violentos, bandas, tribus urbanas, sectas, ha vuelto a ser lamentablemente de actualidad en los últimos
días. Se citaba ese juicio que empezaba por el asesinato de Ronny Tapias en la población de L'Hospitalet, etcétera, y su existencia con una mayor o menor presencia o intensidad es permanente y ya va siendo hora de que se aborde de forma expresa y
decidida.
Nuestro grupo parlamentario ya presentó en la anterior legislatura en Comisión y en boca de nuestro diputado Carlos Campuzano una iniciativa de características similares, si bien orientada especialmente a las sectas, pero también a otros
grupos y asociaciones de carácter destructivo. La propuesta que hoy defiende el Grupo Socialista tiene algunos otros destinatarios y otros objetivos, pero entendemos que no excluyen a aquéllos, pues todos ellos tienen parecidas connotaciones,
similares características, parejas dinámicas, idénticos mecanismos de proselitismo, etcétera. En definitiva, todos esos colectivos, sectas, grupos bandas u otros son extremadamente perniciosos para nuestra sociedad. Es por eso, vaya por delante,
que nuestro grupo va a apoyar la iniciativa del grupo proponente, en este caso la enmienda transaccional que se nos ha anunciado.
Sin duda los grupos de jóvenes o no tan jóvenes, organizados y de conductas violentas es un fenómeno complejo y poliédrico, inconstante en sus dinámicas, con episodios de mayor o menor efervescencia y dinamismo, sometido en ocasiones a las
modas de difícil lectura e interpretación y en permanente evolución y cambios, y no ajenos a la internalización, que no hay que confundir y a veces no es fácil, con movimientos e iniciativas juveniles de otras características o motivaciones, a veces
musicales, deportivas, lúdicas o políticas, por ejemplo. El discernir entre unas y otras no es fácil y a veces puede ocurrir aquello de que paguen justos por pecadores. En cualquier caso, el abordaje de esta problemática debe hacerse potentemente
desde varias disciplinas, como la pedagógica, la sociológica, la sanitaria, la laboral y, por último, la de la seguridad y el orden público.
Por otro lado, es necesario tener presente la realidad de nuestro estado integral y la distribución de las competencias u ópticas antes citadas en los diferentes niveles de la Administración, pues en el abordaje de esta cuestión convergen
funciones tanto del Estado, como de las comunidades autónomas, como de las administraciones locales, y todas ellas disponen ya de ciertos programas, personas expertas y recursos que en parte trabajan en esta materia. No obstante, vemos interesante
una mayor tarea de coordinación entre todas ellas, que bien podría concretarse en el propuesto plan global para prevenir y evitar la aparición o consolidación de grupos violentos y organizados de jóvenes. La definición y la redacción del plan
global o integral, como bien se dice, deberá partir de la participación y asesoramiento necesarios, y por encima de todo deberá hacerlo con las administraciones subestatales, sobre todo la autonómica, pues las competencias de estas en este ámbito y
las correspondientes actuaciones preventivas y de control son especialmente importantes.
Cualquier pretensión de actuar en esta cuestión sin la filosofía de la coordinación tanto horizontal (diversas materias, disciplinas, competencias), como
vertical (Administración central, autonómica y local) no será lo suficientemente eficaz y, por tanto, un despilfarro de esfuerzos y recursos.
No obstante, aunque nuestro grupo ve con buenos ojos esta propuesta, queremos aportar al contenido del futuro plan, que esperamos que el Gobierno defina y desarrolle, la idoneidad, como ya propusimos en nuestra anterior iniciativa relativa a
las sectas y otros grupos perniciosos, y siguiendo el modelo francés, de dotarse de un observatorio permanente de este fenómeno como organismo público que tenga por objetivo prioritario la centralización de información, el estudio, la evaluación y
las propuestas de actuación en esta materia dirigidas a las administraciones competentes, especialmente en contacto con otros observatorios de características similares, organismos competentes en el extranjero. Por eso insistimos en el carácter,
influencias y relaciones internacionales de esta materia. Asimismo, entendemos que ese plan que debería elaborar el Gobierno tendrá que crear e impulsar una conferencia sectorial en este tema que facilite y formalice la coordinación del conjunto de
las administraciones públicas, tal como existe en otras tantas materias.
Finalmente, quiero sugerir que proposiciones no de ley de estas características, y en aras a la eficacia y a la obtención de resultados evaluables en el tiempo en la función de control y en la iniciativa de este Parlamento frente al
Gobierno, aunque sin ánimo de constreñirle en exceso en el cumplimiento de los mandatos del Parlamento, no sería ocioso marcar con carácter general un cierto calendario, aunque fuese muy generoso, para que el Gobierno ejecute los imperativos de este
Legislativo, y en ese caso se estableciera una cronología para la elaboración y puesta en marcha del plan global propuesto.
Concluyo ratificando la decisión inicial de nuestro grupo de votar a favor de esta iniciativa, y en este caso de votar a favor de la enmienda transaccional pactada y anunciada en las intervenciones anteriores.
Señora presidenta, señorías,
muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Guinart.
Señor Pedret, si ningún grupo se opone pasaremos en su momento a la votación la enmienda transaccional que esta Presidencia ha hecho llegar a todos los portavoces parlamentarios.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA AL PROCESO DE TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE. (Número de expediente 162/000291.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos con el punto 4 del orden del día: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al proceso de transición a la
televisión digital terrestre. Para su defensa, tiene la palabra la señora Montesinos.
La señora MONTESINOS DE MIGUEL: Gracias, señora presidenta.
Esta proposición no de ley tiene un objetivo absolutamente claro, definido y transparente que ni se disfraza ni tiene doble fondo. El paso de la televisión analógica a la televisión digital terrestre constituye un cambio tecnológico que
afectará directamente al bienestar de los ciudadanos, al hacer posible el acceso a más información y de mayor calidad. Con la televisión digital terrestre el usuario participa, piensa y decide. Con la analógica es un mero espectador. España tiene
la obligación de acelerar el imprescindible período transitorio hacia lo digital. No para llegar los primeros a ninguna meta y sí para llegar a la vez que los más importantes países de nuestro entorno a las nuevas redes de comunicación. Es de
vital importancia -y leo textualmente- que Europa aproveche todas las oportunidades que le ofrece la tecnología digital en todas sus formas y se prepare para la sociedad de la información, lo que implica que los responsables políticos europeos deben
estimular el desarrollo de los servicios de televisión digital. Esta es una de las principales recomendaciones que desde la Unión Europea se han hecho en los últimos tiempos en materia audiovisual. Por eso, en Europa se trabaja intensamente y con
decisión por hacer, en el menor plazo de tiempo posible, que la radiotelevisión digital sea una realidad y se generalice su acceso a toda la población.
En Alemania, Reino Unido, Francia o Italia se han dado ya pasos firmes en el camino de la implantación a la televisión digital terrestre. Sin ir más lejos, Francia iniciaba la semana pasada el lanzamiento de 14 canales gratuitos, cumpliendo
puntualmente su propio plan de ajuste a lo digital.
En Alemania existen 26 canales digitales y se espera alcanzar una amplia cobertura de estas ofertas a finales de este mismo año 2005. Italia también se encuentra en plena fase de expansión de la
televisión digital, contando, como otros países, con la efectiva colaboración de su Gobierno en el abaratamiento del precio de los aparatos decodificadores, que son precisos para acceder a la televisión digital terrestre, con un horizonte de
culminar su proceso de transición digital en el año 2006. En el Reino Unido, y tras algún que otro batacazo, se ha logrado una alta penetración de la televisión digital entre millones de abonados, calculándose por los expertos una tasa de
penetración superior al 70 por ciento de la población en el año 2005. Hace un mes escasamente visitaba España el gurú de la televisión digital terrestre del Reino Unido, Lindsey Davis, y afirmaba que el éxito británico puede guiar a España. En
Gran Bretaña el apagón analógico se había fijado para el año 2012 y se ha adelantado para el 2007 gracias a un plan perfectamente definido que les ha permitido avanzar muy rápido, porque para que pueda haber un apagón antes se debe de encender
primero. Incluso ayer mismo los expertos que comparecían en la Comisión de Industria para informar sobre el proyecto de ley de medidas urgentes de la TDT coincidían en que se puede perfectamente producir el apagón analógico antes de lo que ha
marcado el Gobierno en ese proyecto de ley y no era imposible -así lo manifestaron- que se pudiera adelantar al 2008, incluso alguno de los representantes pedía claras señales al sector y a la sociedad para demostrar que esto va en serio.
Señorías, Europa se vuelve digital y España no puede quedarse atrás, debe incorporarse a ese proceso de modernidad, de pluralidad y de migración hacia la televisión digital con una auténtica y eficaz disposición y con un enérgico e
irreversible impulso de su Administración. Basta ya de hablar del pasado, basta ya de ser oposición de la oposición. España puede y debe ser ambiciosa en los plazos y en los objetivos. No partimos de cero, sino todo lo contrario, pero no podemos
lastrar el proceso con medidas que distraen y con iniciativas que lo retardan. En toda Europa se está apostando en este momento por el progresivo abandono del limitado y obsoleto espectro analógico. Por tanto, carece de todo sentido y de toda
lógica entretenernos en España en abrir más canales analógicos y cerrar al mismo tiempo más medios al desarrollo digital. Ayer, insisto de nuevo, todos los expertos que comparecieron coincidían en que lo que se haga en lo analógico está
dificultando lo digital, menos el compareciente que invitó el Partido Socialista, pero que coincidía con la posibilidad del adelanto analógico antes de la propuesta del Gobierno. En toda Europa se apuesta por el progresivo abandono. El apagón
analógico es una cita con el progreso que no podemos permitirnos el lujo de aplazar.
Señoras y señores diputados, el apagón analógico no es un fin en sí mismo, es un instrumento, una referencia temporal que hay que adoptar. La desembocadura de un proceso de transición que debe comenzar de inmediato.
El apagón analógico
será la culminación de un trayecto de cambio tecnológico cuyo recorrido no podemos demorar por más tiempo. Pongamos un sencillo ejemplo para explicarlo. Cuando nos mudamos de una casa vieja a otra nueva, más confortable y más amplia, solo apagamos
la vivienda vieja o la vivienda antigua cuando hemos sacado de ella hasta el último mueble.
Por eso, en este caso debemos comenzar la mudanza a lo digital de inmediato, sin lastres ni compromisos que nos retrasen, con el norte puesto en apagar la
luz analógica y vivir en la nueva realidad digital.
El apagón analógico es el medio más eficaz para contribuir a un auténtico pluralismo sin precedentes en la comunicación. Es fundamental que la tecnología digital pueda funcionar lo antes posible.
Queremos creer que ese fin estratégico esencial está en el ánimo y en la voluntad política de una gran mayoría de esta Cámara, como lo está en la sociedad española que va a ser la principal beneficiaria de nuevas oportunidades y servicios.
Hay muchas más razones para considerar positivamente nuestra iniciativa y acortar los plazos. Razones que incluso el propio Ministerio de Industria relataba el pasado día 30 de diciembre y que harían pensar a cualquier observador en un
inmediato y rotundo impulso de la televisión digital terrestre. Decía así el ministerio: la ralentización del proceso perjudica directamente a los operadores de televisiones obligados a difundir en digital los mismos contenidos que difunden en
analógico; a la industria de receptores, que ha realizado fuertes inversiones de fabricación y colocación del producto en el mercado; al sector de la distribución, que no puede argumentar ante los consumidores un nuevo producto, porque es idéntico
al que reciben ya en analógico; a la industria nacional de fabricación y comercialización de equipos para transmisión, recepción y adaptación de antenas colectivas; al desarrollo tecnológico nacional, porque se coarta el despliegue y el fomento de
la industria española de consumo y de las tecnologías de la información, que perderá grandes oportunidades ante la evolución de la industria europea y tendrá una posición competitiva de desventaja ante esa industria. Esto es lo que decía el
Ministerio de Industria. Es decir, hacía un repaso de todos los grandes perjudicados si se producía un retraso.
Es conveniente y absolutamente lógico que incluso se vaya mucho más allá, se adelante al 2008. Por el contrario, ante esta situación, el Gobierno socialista ha provocado un enorme desengaño y una absoluta decepción. El Gobierno describe el
panorama digital con honda preocupación, eso sí, y con una larga nómina de afectados, como hemos podido demostrar. Pero, por el contrario, responde a la sociedad española con un proyecto de ley que no va a remediar ni uno solo de los perjuicios
detectados; un proyecto de ley que ahonda en la brecha digital, que está plagado de sombras y de sospechas, que nos distancia del pluralismo, que ha tenido una crítica contestación, casi unánime, por parte del sector; que ha delatado una absoluta
falta de transparencia, de diálogo y de talante y que desde luego no nos sirve absolutamente para nada en el impulso de la televisión digital terrestre.
La respuesta que requiere nuestro país en este momento es otra absolutamente distinta. Sabemos que hay que realizar un gran esfuerzo; un esfuerzo similar al que llevan a cabo otros países de Europa con notables y apreciados resultados y
avances. Por eso hoy queremos convocar a esta Cámara a realizar ese esfuerzo y a que con esta proposición no de ley comprometamos al Gobierno, primero, a elaborar un plan muy bien definido, concreto, con plazos y compromisos precisos, presentado a
la mayor brevedad posible en cuanto al desarrollo de la tecnología digital, a que promueva en la Unión Europea una iniciativa para equilibrar con los países más avanzados el proceso de migración tecnológico y a que asuma el reto de la apuesta real y
factible de adelantar el apagón analógico en España al año 2008. Ya había previsto su adelanto al 2010, pero es absolutamente razonable, y así coincidimos con el sector, en que se puede adelantar al 2008 perfectamente.
El Gobierno y el Partido Socialista deberían dar muestra de responsabilidad y arrojo político para dedicarse a esta tarea con todo el afán y la perspectiva histórica que de ella se deriva. Hasta la fecha no ha hecho los deberes
adecuadamente y solo ha sembrado el camino de incertidumbre, malestar y desconfianzas. Nosotros, el Grupo Parlamentario Popular, el Partido Popular, preferimos el futuro digital frente al pasado analógico que quiere el Partido Socialista;
preferimos la pluralidad prácticamente ilimitada de ofertas frente a los favores y las rémoras del Partido Socialista; las medidas concretas, positivas, para extender la sociedad de la información frente a las limitaciones y los retrasos del
Partido Socialista; el verdadero impulso de la televisión digital terrestre frente al sucedáneo engañoso de una diversidad acotada que nos presenta el Gobierno socialista. Eso sí, con mucha prisa y sin ningún talante.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora Montesinos.
Continuamos, señor Pérez, con el turno de fijación de posiciones. Tiene usted la palabra en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, la verdad es que desde nuestro grupo observamos este debate con gran escepticismo. Tras los argumentos técnicos y tecnológicos, tras los argumentos que se parapetan en unos supuestos intereses de la sociedad de la información y de
los grandes retos del futuro, tras esas inmensas y grandes preocupaciones por el cambio tecnológico y por cómo afectará a los ciudadanos, tras las declaraciones acerca de la importancia estratégica del sector, detrás de todo eso están los intereses
de grandes grupos mediáticos, entre los cuales debemos confesar que nuestro grupo no tiene ninguna referencia en la que ponga grandes esperanzas para hablar de un mercado realmente abierto, plural, que sea impulsor de medios más democráticos, más
participados y socialmente más útiles.
Abordamos, por lo tanto, todo este debate con gran prudencia y somos perfectamente conscientes, y así lo plantearemos en su momento, de que la ley para el impulso de la televisión digital terrestre es una ley claramente mejorable, y
tendremos la oportunidad de debatirlo, pero hoy evidentemente no es ese el debate. Hoy se trata de hacer un debate de oportunidad, porque el grupo proponente, que en su día nos planteaba el apagón analógico para 2012, después nos dijo que mejor
para 2010 y hoy nos dice que mejor para 2008. El Grupo Popular nos hace una propuesta que dilata los
procesos de puesta en marcha de la televisión digital terrestre contrastando con sus propias propuestas para acelerar su implantación, es decir la contradicción en sí misma. Todo ello no decimos que lo hagan para beneficiar a nadie, pero
desde luego a alguien benefician, y no es ni a los operadores públicos ni a los medios más modestos. Se trata de no equivocarse cuando, evidentemente, se defienden intereses, y esto es algo en lo que no se puede decir que incurra el Grupo Popular.
La igualdad de oportunidades se interpreta manteniendo favoritismos y desequilibrios que existen en la actualidad en el mundo de los medios de comunicación, en los grandes grupos mediáticos. Todo esto, de vez en cuando también, se hace
parapetándose en argumentos del tipo de que la ley que se propone es para favorecer a algún operador amigo, como si el grupo proponente de esta proposición no de ley no tuviera ni tan siquiera conocidos en los grandes grupos mediáticos, como si
estuvieran regañados con todo el mundo y no tuvieran ningún amigo.
Quizás sea el momento de empezar un debate que reinterprete el interés general de forma más democrática y de forma que todos podamos sentirnos más representados en el resultado final de los debates que se han vivido anteriormente en esta
Cámara y en este país. También se trataría de hacer un debate en el que el problema principal no se redujese a un solo problema, a un solo operador, un debate real sobre el pluralismo, que a pesar de lo que algunos piensen, no significa que muchos
medios puedan estar en manos de unos pocos. Eso tiene poco que ver con el pluralismo tal y como este debe ser entendido en democracia. Por tanto, rechazaremos cualquier alternativa que renuncie entre otras cosas a la iniciativa pública, es decir a
la existencia de medios públicos que cumplan objetivos que la simple orientación comercial no puede cubrir. Es decir, nosotros apostaremos por un mercado realmente plural, realmente abierto, más democrático y socialmente más útil; no estaremos en
la línea que el Grupo Popular apunta con sus propuestas y tendremos enmiendas importantes que hacer a la ley que plantea el Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) tiene la palabra el señor Beloki.
El señor BELOKI GUERRA: Señora presidenta, señorías, ayer lunes, tal como ha recordado la portavoz del Grupo Popular, los miembros de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo participamos en una sesión de la Comisión en la que
comparecieron, a invitación de otros tantos grupos parlamentarios de esta Cámara, cinco personas significativas y conocedoras de la materia para expresar sus puntos de vista en torno -dicho en términos genéricos- a la televisión digital terrestre.
Hoy, en esta sesión plenaria, volvemos a abordar este mismo tema, en este caso a propuesta del Grupo Popular, que ha presentado una proposición no de ley.
Esta misma semana, pasado mañana, volveremos sobre el tema por tercera vez en una semana,
otra vez en sesión plenaria, para debatir las enmiendas a la totalidad del proyecto de ley que el Gobierno presentó sobre este mismo tema. Quizás es obligado hacerse una pregunta. Pero antes de preguntarse, quizás quepa recordar que no hace muchas
semanas hablamos también de la televisión digital terrestre y seguro que vamos a seguir hablando en los próximos días, semanas, meses y no sé si años también. Uno se pregunta a qué se debe esta proliferación y, por lo que hace referencia a esta
semana, esta concentración de debates e iniciativas. La primera respuesta obligada es que se debe a que el tema es importante. Yo digo que es la respuesta básica. Ayer fuimos testigos de que todos los comparecientes insistieron en que estamos
efectivamente ante un tema transcendente. Es decir, hay mucho de que discutir y hay mucho que hacer. El desafío, las oportunidades, los riesgos que supone la llamada sociedad digital y dentro de esa sociedad y de esa dirección lo que puede ser la
implantación de una radiodifusión en la televisión digital terrestre o la que sea es un elemento sustancial sobre el que hay mucho que discutir y sobre el que se debe discutir, por cierto, no solo en esta Cámara sino en otras muchas instancias, algo
que no debiéramos olvidar. Sin embargo, que el tema deba ser debatido, que haya mucho que debatir, que deba debatirse a fondo y hasta apasionadamente no avala ni justifica cualesquiera términos en los que se plantee el debate ni cualquier forma de
plantearlo ni el momento de cada uno de ellos porque para empezar el debate requiere -y cuanta mayor trascendencia requiere más- rigor sobre la forma de plantearlo, rigor también sobre el momento de hacerlo y sobre los procedimientos de los que
valerse, algo que dicho así de forma muy simple sinceramente entendemos que ahora mismo más falta que sobra.
La presentación por parte del Gobierno del proyecto de ley, sobre el que debatiremos dentro de un par de días, fue ya ocasión para este grupo de expresarse en estos términos porque entendíamos que no estábamos arrancando bien con el debate.
Así lo manifestamos con ocasión también de una moción que el Grupo Popular presentó sobre este mismo tema y así nos manifestaremos cuantas veces haga falta hasta que por fin -no sé si por suerte o por trabajo de todos- centremos el debate y entremos
en el tema con los términos de rigor que debiéramos haber tenido desde el comienzo.
En cualquier caso, situados en medio de un debate sobre un proyecto de ley que reza como de medidas urgentes para el impulso de la televisión digital terrestre, de liberalización de la televisión por cable y de fomento del pluralismo, que de
todo esto se dice en el enunciado de la ley, el Grupo Popular nos trae hoy
un debate en torno a una proposición no de ley que en este caso reza como relativa al proceso de transición a la televisión digital terrestre, por denominaciones que no quede. Si uno lee y analiza el texto de esta proposición no de ley la
conclusión que al menos este grupo saca es que tampoco esta vez seguramente estemos abriendo un camino en el que el debate vaya a ser serio, profundo y en los términos en que debió plantearse. Más nos parece una reacción momentánea, coyuntural a
una situación e insisto en que para este grupo no está redactada en los términos en que debió plantearse.
En cierto sentido es difícil oponerse a su proposición no de ley si uno lee sus términos literales, tal cual está planteada la misma porque, ¿quién va a objetar al hecho de que se promueva una iniciativa en el ámbito de la Unión Europea para
que la Comisión Europea pilote el proceso de transición a la televisión digital terrestre? Al menos mi grupo no tiene ningún inconveniente en que sea así. Siempre caben dudas, claro, sobre quién entiende qué y con qué precisiones esto de pilotar.
Es una imagen que se traslada a un mundo que no es exactamente el de pilotar un avión. No sabemos exactamente qué entenderíamos después por pilotar, pero en cualquier caso no habría inconveniente en esa generalidad.
Mayores dudas nos suscita el hecho de proponer adelantar la fecha del apagón analógico en España al 2008 por -se dice en el texto- el mayor desarrollo relativo de este tecnología frente a otros Estados miembros.
Insisto en que esto nos
plantea más dudas y más interrogantes. Para empezar nos plantea dudas sobre la efectividad de quitar y de poner, de adelantar y de atrasar con esta facilidad las fechas como si dependiera de que uno subiera aquí y dijera que en el 2008 hay apagón
analógico y ya está. El apagón analógico o la llegada de la televisión digital para que sean de verdad efectivos, para que estemos caminando realmente, requiere de mucha gente haciendo muchas cosas y de muchas instancias. Habla de muchas
condiciones y de muchas circunstancias en las que este Parlamento podrá jugar un papel, pero no se crea que por subirse a declarar aquí alguien que en el año 2008 ya estará el apagón analógico, vaya a estar hecho. Ni de lejos. Si esto se resuelve
con una explicación del mayor desarrollo de esta tecnología que supuestamente habría en el Estado español, a mi grupo no le descansa esta explicación, en primer lugar y dicho con claridad, porque no es de tecnología de lo que mi grupo quiere hablar
cuando de implantación de televisión digital terrestre se trata.
No estamos ante un problema tecnológico y, por muy avanzados que hipotéticamente pudiéramos estar en el ámbito tecnológico, esto no resolvería los problemas. De forma que no estamos
por despachar la fecha del apagón analógico con una simplicidad como la que entendemos que plantea esta proposición no de ley.
Tampoco voy a ocultarles las dudas que nos plantea el tercer punto de su proposición no de ley, no porque estemos en contra de que el Gobierno envíe a este Congreso un informe al respecto, muy al contrario. Si eso sirve para que el Gobierno
tenga y nos transmita a todos, diputados y no diputados, diputadas y no diputadas, al conjunto de las empresas, de los ciudadanos, un plan claro, que lo haga -ojalá estuviera hecho-; que ese plan establezca objetivos, plazos, compromisos que como
tal Gobierno está dispuesto a asumir, mejor que mejor si lo hace así; pero, una vez más, nos parece que en esta forma de plantear el tema por parte del Partido Popular subyace una visión que no sé si calificarla -no sé si será un exceso- de un
tanto equivocada o al menos no del todo acertada, por lo que se refiere al papel que supuestamente un gobierno puede jugar en este tema, porque entendemos que, además, en la proposición de lo que se habla es del papel del Gobierno central y de nada
más. Es evidente que el Gobierno central tiene un papel, pero creer que el Gobierno no solo tiene una llave, ni siquiera la llave principal, sino la única llave que abre el cofre de la televisión digital, a nuestro juicio es equivocado. Ahí reside
un error político pero también simplemente práctico. El proceso es necesariamente más complejo y, si quiere ser de éxito -y no digamos si además quiere que lo sea aceleradamente-, deberá contar con mucha más gente, deberá plantearse, por su
complejidad, en un ámbito mucho más colaborativo entre el resto de las administraciones, pero también con la iniciativa privada y, en algún sentido, con el conjunto de los ciudadanos. De forma que es verdad cuando decimos que estamos en una
sociedad compleja y que además va a ser cada día más compleja. Justamente en ese futuro que se llama, entre otras formas, el futuro de la sociedad digital, hacia donde -si a algún lado- deberíamos caminar y en cuya dirección -si alguna- se sitúa el
tema de la televisión digital terrestre, el proceso colaborativo es absolutamente inevitable.
Hubiéramos apoyado la proposición del PP si hubiéramos visto que, fijados los términos del debate en que el Gobierno nos ha situado con la proposición de ley en trámite en el Parlamento, servía para un planteamiento más a fondo, de mayor
calado y de mejor direccionamiento en este tema. No nos parece que lo sea. Nos parece que responde más a situaciones coyunturales y, en cierto sentido, más a provocar una sensación que otra cosa, y por ello no apoyaremos esta proposición no de
ley.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Beloki.
Continuamos, señor Puig, con el turno del Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya.
El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señora presidenta.
Antes, el portavoz del Grupo Vasco ha expuesto en esta tribuna por qué en pocas semanas, en pocos días
vamos a hablar tantas veces de la televisión digital terrestre.
Coincidimos plenamente. En estos momentos, la televisión digital terrestre representa un gran interés por muchas partes; intereses de los grandes grupos mediáticos, pero
también de los dos grandes partidos de esta Cámara. Lo dijimos ya hace unas semanas con motivo de la anterior iniciativa del Partido Popular referente a la televisión digital terrestre. Nuestro grupo parlamentario no va a entrar en el
enfrentamiento político que se está llevando a cabo entre el Partido Popular y el Partido Socialista. El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana va a defender un proyecto propio, basado en un verdadero pluralismo político, lingüístico y
cultural.
Por eso hoy vamos a votar desfavorablemente la proposición no de ley del Grupo Popular relativa al proceso de transición a la TDT. No lo hacemos por la propuesta en sí sino que lo hacemos por el momento y la propia intención de dicha
propuesta, que más bien parece una previa de la discusión que tendremos el próximo jueves sobre la enmienda a la totalidad del Grupo Popular al proyecto de ley que una propuesta pensada en positivo y para aportar luz al proceso de transición.
En el primer punto de la proposición se insta al Gobierno a promover una iniciativa en la Unión Europea para armonizar la situación de la televisión digital en todo el ámbito europeo. Parece lógico y seguramente podríamos estar de acuerdo,
y más cuando estamos hablando de evitar que se amplíe la brecha tecnológica entre los distintos países, pero entendemos que llega tarde esta propuesta cuando ya en estos momentos en algunos países europeos van a toda máquina en la implantación de
dicha televisión digital.
En el segundo punto de la proposición no de ley se habla de adelantar el llamado apagón analógico al año 2008, una propuesta de sentido común que hubiese necesitado en su momento una verdadera implicación del Gobierno español en la pasada
legislatura. Como ustedes saben, el Gobierno de la Generalitat ha manifestado su interés y la voluntad de realizar dicho apagón tecnológico precisamente en el año 2008, pero también ha advertido que el retraso en los trámites previos por parte del
anterior Gobierno y la inseguridad que presenta el nuevo proyecto de ley de la televisión digital terrestre del actual Gobierno, en estos momentos hace difícil que se cumplan los plazos referenciados por el Gobierno español.
Por ese motivo entendemos mucho más importante avanzar en los contenidos del actual proyecto para mejorarlo y dotarlo de aquellos elementos necesarios que faciliten el tránsito a la televisión digital, no debemos perdernos en más discusiones
ni tampoco perder el tiempo. El pasado lunes, en su comparecencia ante la Comisión de Industria, el representante del Gobierno de la Generalitat, don Santiago Ramentol, dijo que llegamos tarde pero estamos a tiempo de corregir los errores que
entendemos desde nuestro grupo parlamentario que tiene el actual proyecto de ley del Gobierno. En este mismo sentido, el tercer punto de la proposición no de ley del Grupo Popular de elaborar un informe de objetivos cae también en el mismo problema
que el anterior, porque consideramos que la proposición no de ley es extemporánea y está lejos de la propia realidad.
El Grupo de Esquerra Republicana va a votar en contra de la propuesta que presenta el Grupo Popular, pero también dejamos claro que nuestra voluntad es la de avanzar en positivo y con realismo para hacer posible la rápida pero segura
transición a la televisión digital terrestre. Lo hemos manifestado en anteriores ocasiones en esta tribuna al debatir sobre el mismo tema, pero nos reafirmamos en ello. La tecnología que hoy tenemos a nuestro alcance tiene que estar al servicio de
una verdadera pluralidad lingüística, política y cultural. Este es nuestro objetivo y en él nos encontrará quien quiera consensuar un verdadero proyecto de ley que nos garantice el respeto a la realidad plurinacional del Estado español y un
verdadero proceso de transición a la televisión digital terrestre, respetando las plenas competencias de las comunidades autónomas, sobre todo aquellas que tienen desarrolladas televisiones autonómicas.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Puig.
Continuamos, señor Vilajoana, por el turno del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El señor VILAJOANA ROVIRA: Señora presidenta, señorías, no entraré en aspectos generales del debate de una ley que, como se ha dicho por anteriores portavoces, es de una gran importancia y al cual estamos dedicando mucho tiempo; el lunes
dedicamos unas cuantas horas para dialogar con los comparecientes y pasamos mañana lo haremos también en el debate de enmiendas a la totalidad y será allí donde fijaremos nuestra posición con respecto a esta ley. Además, hemos presentado catorce
enmiendas que entendemos que pueden mejorar una ley que nosotros creemos que es necesaria; ley que da una nueva oportunidad, oportunidad que perdimos hace unos años cuando gobernaba el Partido Popular.
Me gustaría analizar la proposición no de ley que nos presenta el Grupo Popular por temas. El primer punto promueve una iniciativa en el ámbito de la Unión Europea para que pilote la transición a la televisión digital terrestre. Se ha
dicho antes, y yo comparto esta opinión, que esta proposición llega tarde. El Partido Popular, que gobernó en los últimos cuatro años, podría haber marcado esta filosofía en la Unión Europea y no la marcó. Así y todo ¿qué hace habitualmente la
Unión Europea en estos temas y qué ha hecho con la televisión digital? Ha marcado los plazos y ha dicho que el límite es el 2012; a partir de aquí da libertad de actuación a los países, y los distintos países de la Unión
Europea ya han tomado sus decisiones y ya tienen sus planes de apagón analógico. Además lo hacen correctamente, como también lo quiere hacer Cataluña, que no se marca un apagón en un solo día, sino que irá apagando por periodos, por zonas,
por comarcas, por regiones, etcétera. Así lo está haciendo Gran Bretaña, que ha marcado su apagón entre el 2006 y el 2012; Suecia, que lo hará en el 2008; Finlandia en el 2007; Alemania en el 2010, por länder; Italia en el 2006. Los países
europeos ya están tomando sus decisiones. Por tanto, no es correcto plantearnos ahora lo que pretende esta proposición no de ley.
Sí que sería interesante aprovechar las experiencias que ya existen en Europa, concretamente en el Reino Unido, que cometió un error inicial con una plataforma que fracasó, pero que fue capaz de reaccionar, hacer una nueva propuesta y ahora
mismo el Reino Unido está liderando este tema de la televisión digital terrestre. Finlandia lo está haciendo bien e igualmente está funcionando muy bien en su país. Francia ha empezado hace un mes. Se ha basado en un informe Boyon de alto
interés, en el sentido de compaginar canales de pago y canales libres. Es decir, es bueno que el Gobierno contemple estos proyectos que están desarrollando otros países de la Unión Europea y que después actúe y proponga -y en esto sí que estamos de
acuerdo- al Congreso de los Diputados un informe donde veamos cómo vamos a desarrollar esta ley que podremos aprobar o no dentro de unas semanas. Respecto al apagón analógico, lo ha dicho claramente el portavoz de Esquerra Republicana. La
Generalitat lo ha planteado en el año 2008 y además lo ha planteado bien, haciendo un apagón progresivo, por comarcas, por áreas. Nos parece bien el año 2008 como le parece bien a Italia el año 2006. Hemos de ver si es posible. La Generalitat
dice que debido al retraso que se ha producido con esta ley y con el desarrollo de la televisión digital terrestre en España, no es seguro que se pueda cumplir este objetivo. Sin embargo, lo importante no es tanto si lo hacemos en 2008 o en 2010,
sino si somos capaces de hacer una transición adecuada. En este sentido, el Consejo de Europa hace unas recomendaciones que yo creo que es bueno que el Gobierno sea capaz de asumir y que nosotros en nuestras enmiendas a la ley intentaremos fijar.
El Consejo de Europa dice que las televisiones públicas deben jugar un papel central en la transición del proceso a la televisión digital terrestre. Estamos plenamente de acuerdo. Además, en el Estado español tenemos televisiones públicas a nivel
estatal, pero tenemos un conjunto de televisiones autonómicas que han hecho un gran servicio a la pluralidad, a la calidad informativa y a la calidad de televisión en este país, que han de ser grandes protagonistas de esta transición a la televisión
digital. En segundo lugar, plantea fomentar la competencia entre empresas proveedoras de hardware, es decir, de aparatos descodificadores televisores. Estamos de acuerdo al cien por cien, y en este sentido sería bueno que en este plan que el
Gobierno nos proponga incorpore qué iniciativas va a desarrollar. Hay países, como Italia, que han subvencionado los primeros descodificadores, otros han ofrecido ofertas importantísimas, otros han confeccionado un plan de marketing muy potente
para fomentar la penetración.
Otro elemento que el Consejo de Europa considera importante son los contenidos. El éxito de la televisión digital terrestre estará en relación con la capacidad de crear contenidos adecuados y este Congreso los tendrá que regular mediante la
ley sobre la que ahora mismo estamos trabajando o con la futura ley de lo audiovisual.
Hay otro aspecto de vital importancia y es que la nueva tecnología no solamente es televisión. Puede ser -y así lo recomienda Europa- que esta televisión se utilice como motivación para incorporar al conjunto de la sociedad a la sociedad de
la información y del conocimiento. Por eso el Consejo de Europa también recomienda diversidad de contenidos, amplitud de cobertura -llegar a todos los públicos- y el máximo de cobertura posible. Europa ha marcado líneas, hay países en Europa que
han captado esto adecuadamente y están trabajando desde el año 1998 y desde el 1999, así como desde fechas más cercanas. Nosotros hemos perdido tiempo y hemos cometido errores, fundamentalmente a partir de propuestas que se hicieron hasta ahora por
parte del Partido Popular. Ahora tenemos una nueva oportunidad para sacar adelante esta ley de una forma adecuada.
Por eso nos abstendremos respecto de los dos primeros puntos de su propuesta y sí estaremos de acuerdo en que creemos bueno y necesario que el Gobierno emita un informe que envíe al Congreso de los Diputados sobre estos aspectos de
objetivos, plazos, compromisos y demás elementos, así como la forma en que va a desarrollar este tema; elementos que no desarrolla ley y que es fundamental que conozcamos.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Vilajoana.
Finalizamos con el turno del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso. Tiene para ello la palabra el señor López.
El señor LÓPEZ ÁGUEDA: Gracias, presidenta.
Señorías, la verdad es que en los últimos tiempos el Partido Popular ha perdido muchas cosas, pero no ha perdido la capacidad de asombrar al resto con su oposición inútil y desnortada como la que estamos viendo hoy aquí. (Protestas.) Justo
ahora que el Congreso está debatiendo una ley para corregir uno de los grandes fracasos del Partido Popular en el Gobierno, como fue la puesta en marcha de la televisión digital, aparece una proposición no de ley para impulsar la transición hacia lo
digital.
Miren ustedes, ni impulsaron lo digital en el pasado ni dejan que lo impulsemos ahora. Esa es la realidad y no la impulsaron porque el fracaso de la implantación
de la televisión digital en nuestro país fue clamoroso, como reconoce todo el sector. No es que lo diga yo, lo dice todo el sector. Lo dicen los usuarios, los fabricantes, y ustedes mismos, que reconocen el fracaso trayendo aquí una
iniciativa como la que presentan hoy. Ustedes mismos reconocen su propio fracaso. Por cierto, en esta materia tienen un problema añadido. Sé que no les gusta que miremos al pasado, pero en esta materia ustedes sí que no pueden mirar al pasado
porque lo digital llegó a España mientras ustedes gobernaban y lo cierto es que tenían ustedes una gran responsabilidad en la materia y nos fallaron a todos, porque fue un fracaso de país. Fue un fracaso porque fallaron a todo el mundo y fracasaron
en poner a nuestro país a la cabeza de las nuevas tecnologías en lo audiovisual.
El canto que ha hecho hoy aquí a lo digital en la exposición de motivos ha sido muy bonito; yo, desde luego, lo comparto, pero el problema es que no hicieron nada. El problema es que todas las iniciativas que estamos viendo hoy, todo el
plan de medidas urgentes para el impulso de lo digital surge de un fracaso, de un retraso que sufre nuestro país porque ustedes -por cierto, con mayoría absoluta- no hicieron nada. En todo caso, agua pasada no mueve molino. Hablemos del presente y
del futuro. En esta, como en otras materias, el Gobierno se ha puesto manos a la obra para corregir los fracasos del Partido Popular. Es en ese contexto en el que el Gobierno ha presentado un plan para el relanzamiento de la radio y la televisión
digital en nuestro país, con medidas entre las cuales se incluye -usted lo sabe bien- este proyecto de ley de medidas urgentes que debatiremos el próximo jueves para el impulso de la televisión digital, de liberalización de la televisión por cable y
de fomento del pluralismo.
En este momento, como decía, el Parlamento ha iniciado su discusión, pero el PP se dedica a torpedear irresponsablemente la tarea de este Gobierno, como demuestra la presentación de esta iniciativa hoy, precisamente
cuando estamos debatiendo la ley.
Les decía que el PP no impulsó la televisión digital en el pasado y no deja que la impulsemos ahora. Usted lo ha dicho, en otros países se ha hecho, otros países van por delante. Aquí no se hizo nada. No es solo por esta iniciativa por lo
que digo que ustedes torpedean el impulso de lo digital, es también el intento desesperado por ralentizar la tramitación de esta ley; una ley que es urgente para nuestro país, como ustedes saben, salvo que queramos perder otro tren más. El ejemplo
más claro lo tuvimos ayer. Ayer se celebró una reunión de la Comisión de Industria, a petición del Grupo Popular, y precisamente no compareció nadie a petición del Partido Popular. Pero, ¿qué tipo de oposición están haciendo ustedes? Como pollo
sin cabeza. ¿Cómo se puede solicitar una comparecencia para escuchar al sector y, a continuación, no citar a nadie? ¿Quién lo entiende? ¿Se entienden ustedes mismos? Yo no les entiendo. (Rumores.) La pregunta es cómo se come eso y si alguien lo
entiende. ¿No será que no existe ningún interés por escuchar a nadie, y eso sí, por intentar paralizar esta ley?
Yo escuché las comparecencias de ayer y las he leído, oí muchas de las cosas que he escuchado aquí hoy, y, desde luego, todos los que comparecieron coinciden en el retraso que sufre nuestro país, en el fracaso de la puesta en marcha de lo
digital en nuestro país, y que yo sepa quien gobernaba en este país era el Partido Popular. (Protestas.) Nosotros escuchamos y no solo ayer, y decían, como todos reconocieron ayer, que partimos de un retraso considerable. Una vez constatado esto,
entremos a ver el fondo de la iniciativa del Partido Popular.
Hablaba usted de afectados en su intervención, les voy a hablar a ustedes de afectados. Después de fracasar estrepitosamente en la puesta en marcha de lo digital, después de establecer el apagón analógico en el año 2012, después de no haber
hecho nada para que Radiotelevisión Española impulsara la transición a lo digital, después de haber cargado el peso de la transición a los más débiles, es decir, a las televisiones locales, después de haber provocado la quiebra de Quiero televisión,
después de haber tenido que modificar las condiciones a las otras dos licencias digitales para que pudieran seguir existiendo, después de haber frustrado las expectativas de usuarios, de productores, de fabricantes y de anunciantes, todos ellos
damnificados por su incompetencia, después de todo eso, y precisamente cuando tratamos de corregir todos esos errores, el PP viene aquí para pedir tres cosas, a saber: una, que se promueva una iniciativa comunitaria para pilotar la transición;
dos, que se adelante el apagón al año 2008 y, tres, que el Gobierno elabore un informe con objetivos, plazos y compromisos concretos. Pues miren, o ustedes no leen o no quieren entender lo que leen, primero, porque la Unión Europea ya está
trabajando en pilotar el proceso salvando la autonomía de los Estados miembros. Les ahorro múltiples comunicaciones de la Comisión Europea, pero basta con saber que en la actualidad, como ustedes conocen, y si no lo quieren entender léanse los
papeles, existen dos grupos de trabajo creados precisamente por la Comisión Europea en los que participa nuestro país y que se han reunido ya en varias ocasiones. Por cierto, han de saber que el Gobierno español asiste siempre acompañado -hablan
ustedes de talante, de diálogo y de escuchar al sector- por representantes de nuestro sector a dichas reuniones. Han de saber también que nuestro país ha participado y participa en reuniones bilaterales con otros países de nuestro entorno que se
encuentran en situaciones similares de puesta en marcha como Gran Bretaña o Italia. Por último, les diré que existe ya una iniciativa -en este caso italiana- para que cinco países -Italia, Francia, Alemania, Reino Unido y España- presenten una
iniciativa conjunta a la Comisión Europea que sirva para coordinar acciones. Este grupo celebrará una reunión en Cerdeña el próximo 16 de abril. Por lo tanto, como les decía, ustedes no leen o no quieren entender lo que leen.
Segundo, solicitan ustedes el adelanto del apagón analógico al año 2008.
Al paso que íbamos con el Gobierno del Partido Popular, ni para el año 2018. Además, ustedes hicieron imposible que se pudiera adelantar el apagón al
año 2008, es decir que quien tenía previsto hacerlo en el año 2012 hoy nos pide que lo hagamos en el año 2008, cuando fueron ustedes, con su incompetencia y con su ralentización de la puesta en marcha de lo digital, los que hicieron
imposible adelantar el apagón al año 2008.
Seamos serios. Saben ustedes que la intención del Gobierno es adelantar al máximo los plazos, esa es la intención de la ley que están torpedeando ustedes. Si quieren adelanto, como dicen hoy, aprueben
ustedes esa ley, parece de sentido común. Desde luego, nosotros sí lo queremos y de ahí que se plantee un plazo realista, el año 2010, como reconoce todo el sector, aunque la intención sea trabajar evidentemente para hacerlo tan pronto como sea
posible. No les quepa duda de que si fuera posible, sería antes, pero empecemos la casa por los cimientos y no por el tejado.
Tercero, la proposición no de ley pide que ya existe. Insisto, o no leen o no quieren entender lo que leen, porque ese
informe no ese otro que el plan de impulso de la televisión digital terrestre, de liberalización de la televisión por cable y de fomento del pluralismo. No olviden que este plan incluye plazos, compromisos y objetivos, como ustedes solicitan.
Dicho plan contiene la ley de medidas urgentes -esta ley de medidas urgentes que ustedes torpedean, ralentizan e impiden que salga adelante-; incluye también un plan técnico nacional de la televisión digital terrrestre, por cierto un plan técnico
que estará acabado antes del verano del año 2005; incluye la asignación de las frecuencias vacantes de Quiero televisión -aquella licencia que ustedes hicieron fracasar- para que se pueda utilizar en otoño del año 2005; el adelanto del apagón
analógico del año 2012 al año 2010, la coordinación de las fechas de lanzamiento de las televisiones a nivel estatal, autonómico y local y el acuerdo entre el Gobierno y el sector. Sí, señorías, acuerdo entre el Gobierno y el sector, por mucho que
a ustedes les disguste. Por eso, el pasado 22 de febrero se constituyó la comisión para el seguimiento de la transición a la televisión digital terrestre, con dos objetivos fundamentales: la propuesta de medidas para el relanzamiento de la
televisión digital terrestre y el diseño de una estrategia global para dicha transición, su seguimiento y su control. Por cierto, que, entre otras actuaciones, dicha comisión ha acordado relanzar el foro técnico de la televisión digital, que
también ustedes tenían paralizado, que, a día de hoy, cuenta ya con más de 100 participantes. Por todo ello, les pido seriedad y responsabilidad y ya que no espero que retiren esta propuesta, les anuncio el voto contrario de mi grupo y les pido que
participen activamente en la tramitación de la ley de medidas urgentes, a ver si entre todos arreglamos un problema más de los generados por el Partido Popular mientras estaba en el Gobierno y conseguimos que el Partido Popular utilice menos las
vísceras y mucho más el cerebro.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor López.
Señor Vilajoana, de su discurso he entendido que pide votación separada del punto tercero de esta proposición no de ley.
El señor VILAJOANA ROVIRA: Primero y segundo puntos juntos y el tercero separado.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Eso he dicho. El tercero separado y, por tanto, el primero y el segundo indefectiblemente juntos.
¿Es así? (Pausa.)
Señorías, me apunta el señor Vilajoana que ha hecho mal la solicitud de votaciones y que solicita votar por separado el punto primero y, después, votar conjuntamente los puntos segundo y tercero. ¿Es así, señor Vilajoana? (Asentimiento.-
El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a votar. En primer lugar, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre actuaciones para prevenir e impedir la aparición y consolidación de grupos de jóvenes violentos y
organizados. Se ha presentado una enmienda transaccional.
¿Algún grupo parlamentario se opone a esa tramitación? (Pausa.) En ese caso, se votará la enmienda transaccional en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 311; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.
Segunda votación. Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al proceso de transición a la televisión digital terrestre. Se ha solicitado votación separada, en primer lugar, del párrafo primero y, en
segundo lugar, de los párrafos segundo y tercero conjuntamente. Iniciamos la votación del primer párrafo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 135; en contra, 163; abstenciones 14.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el primer párrafo de la proposición no de ley.
Votamos a continuación los párrafos segundo y tercero conjuntamente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 142; en contra, 169; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados los párrafos segundo y tercero.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE LOS PROPÓSITOS DEL GOBIERNO EN TORNO A LA REVISIÓN DE LA LEGISLACIÓN DICTADA EN LA LEGISLATURA ANTERIOR QUE VULNERA LAS COMPETENCIAS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. (CORRECCIÓN DE ERROR EN
ESCRITO CON NÚMERO DE REGISTRO 50178).
(Número de expediente 173/000059.)
El señor PRESIDENTE: Punto IV del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Moción del Grupo Parlamentario Vasco, sobre los propósitos del Gobierno en torno a la revisión de la legislación dictada en la legislatura
anterior que vulnera las competencias de las comunidades autónomas.
Para la defensa de la moción tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.
Esta moción trae su causa de la interpelación presentada la semana pasada... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Espere, señor Olabarría.
Por favor, guarden silencio.
Adelante, señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias por su amparo, señor presidente.
Yo no sé si llega nítida mi voz a los que han tenido la amabilidad de quedarse en el hemiciclo para discutir sobre una cuestión trascendente, importante en nuestra opinión, que es la siguiente. El fundamento de esta moción deriva de un
hecho que para mi grupo parlamentario acredita una patología política, una patología institucional, cuando menos preocupante.
La legislatura pasada se aprobaron 31 leyes, nada menos que 31 -esto establece una estadística equivalente a una ley por mes en los cuatro años de duración de legislatura en periodo ordinario de sesiones-, leyes que deterioraron nuestro
ámbito de autogobierno, el ámbito de autogobierno de Euskadi, los títulos o los techos competenciales previstos o ya transferidos a Euskadi en virtud de los requerimientos de su estatuto de autonomía, una lesión importante del autogobierno vasco;
31 leyes que consignamos en esta moción y cuyas vulneraciones competenciales podríamos desagregar, si alguien tiene interés podríamos indicar cuáles son las concretas lesiones o erosiones competenciales que se acometen en cada una de ellas.
La reacción del Partido Socialista no fue particularmente beligerante en la defensa de la autonomía vasca en este caso y de las autonomías en general del Estado español. Hemos encontrado un cuerpo de doctrina escaso, frágil, difuso, seis
intervenciones con relación a estas 31 leyes, cinco intervenciones con menciones genéricas a que desde una perspectiva estratégica de hostigamiento al Gobierno, probablemente del Partido Popular, se indicaba que se podrían estar vulnerando
competencias autonómicas, algo manifiestamente insuficiente que acredita algo ya probado, en nuestra opinión, que es la absoluta identidad ideológica entre el Partido Popular y el Partido Socialista en lo relativo o lo atinente a la configuración
territorial e institucional del Estado; absoluta identidad ideológica. Lo decimos porque nos hemos encontrado con un episodio particularmente lacerante, tanto en el Pleno de hoy como en el Pleno anterior a la Semana Santa, en donde el Partido
Socialista de Cataluña ha sido expresamente desautorizado por el Partido Socialista Obrero Español. Dos proposiciones presentadas a esta Cámara por el Parlament de Cataluya, aprobadas allí por el Partido Socialista de Cataluña, no han sido tomadas
en consideración por el Partido Socialista Obrero Español. Quizá es la primera manifestación de esta nueva doctrina, acuñada con el nombre de la doble S, de la SS, es decir, la doctrina Santillana del Mar más la doctrina Sigüenza, que posibilita
limitaciones a los desarrollos competenciales en curso en Cataluña particularmente y que es en este momento el más significativo.
Desde esa perspectiva queremos hacer esta denuncia manifestando lo siguiente. En expresión de Hobbes, Madrid sigue siendo el gran leviatán, que sigue todavía acumulando el poder político y económico de forma abrumadoramente desmesurada, y
ni el Partido Popular ni el Partido Socialista tienen ningún interés en que esta situación deje de ser así.
Madrid ha captado en los últimos cuatro años el 82 por ciento del total de inversiones extranjeras en el Estado español. Acumulación de
poder económico al que se ha llegado muchas veces mediante medidas de presión absolutamente bastardas, espúreas, y Madrid paradójicamente, a pesar del pretendido desarrollo autonómico -del que se hacen apologetas incluso algunos miembros del Partido
Socialista y del Partido Socialista Catalán-, incrementa su poder político crecientemente. Estas 31 leyes degradadoras del autogobierno vasco así lo acreditan y la escasa fortaleza del Partido Socialista, que incluso le interesaba estratégicamente
hostigar al Partido Popular -la perspectiva de estrategia de oposición-, y también las seis intervenciones que hemos podido desagregar, estudiando prolijamente el 'Diario de Sesiones', acreditan la escasa entidad, la escasa oposición o
diferenciación ideológica entre el Partido Popular y el Partido Socialista con relación a esta materia. Pero esto, además, ha ocurrido históricamente también. El Partido Popular y el Partido Socialista consensuaron la Loapa en el año 1981, una ley
que afloró del golpe de Estado del 23 de febrero y fue consensuada. Y voy a traer a colación aquí, para manifestar la identidad ideológica existente en este momento entre el Partido Popular y el Partido Socialista, dos declaraciones de dos insignes
miembros del Partido Socialista, el señor Solchaga, ministro posteriormente
de Economía, y el señor Almunia. Comentaba Carlos Solchaga que es posible que la elaboración del Estatuto de Autonomía de Euskadi y de Cataluña se llevó a cabo dejando en el ambiente dudas razonables sobre si el tema se había llevado de la
mejor de las maneras posibles o, por el contrario, las concesiones habían predominado en la configuración del título VIII de la Constitución (sic). Palabras textuales del señor Carlos Solchaga. Más lacerantes resultaron las palabras manifestadas
por el señor Joaquín Almunia cuando comentaba expresamente que, a pesar de la razón que acogía en la legitimidad a los partidos nacionalistas reaccionando contra la vulneración autonómica que derivó del espíritu de la Loapa, no del contenido
material sino del espíritu que continuó inspirando la acción gubernamental e incluso la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, había un valor superior a proteger que es la vertebración unitaria del Estado español sobre las legítimas
pretensiones incluso articuladas en el título VIII de la Constitución (sic). Palabras textuales de Joaquín Almunia. Esto ocurrió posteriormente también con los pactos autonómicos en el año 1992, también pactados entre el Partido Popular y el
Partido Socialista. De nuevo nos encontramos con una identidad ideológica y política absoluta entre estos dos partidos que se alternan en el Gobierno con relación a la estructura institucional y política de distribución de poder del Estado español.
Identidad absoluta en los pactos autonómicos de 1992 que dieron lugar a las leyes de 1994, de 1997 y de 2001 que incrementaron los techos autonómicos de las comunidades autónomas aprobadas por el procedimiento del 148 de la Constitución, uniformando
el proceso autonómico y aproximándolas a las aprobadas por la vía prevista en el 151 de la Constitución. Esto se manifiesta hoy palmariamente cuando el señor Zapatero, mediante una perífrasis curiosa, manifiesta que -aparentemente- ya no está
dispuesto, con relación a la reforma estatutaria de Cataluña, a tramitar en estas Cortes lo que apruebe el Parlamento catalán, sino que espera alternativamente -y obsérvese el matiz de la reflexión del presidente del Gobierno- que el Parlamento
catalán apruebe lo que él puede aceptar. Esta es la doctrina Sigüenza y es la doctrina Santillana del Mar, esta es la doctrina SS. A nosotros nos preocupa mucho que haya ocurrido esto, además por procedimientos que le han obligado a una diputada
del Partido Popular a explicar un delirante concepto de la coherencia; ha explicado que la coherencia es hacer cosas distintas ante situaciones o supuestos iguales, ha explicado que es coherente que el Partido Socialista Obrero Español vote lo
contrario de lo votado por el Partido Socialista catalán en el Parlamento de Cataluña con relación a dos normas importantes que hacen referencia a las competencias policiales de la Generalitat. Esto se ha hecho además mediante procedimientos que
han sido convalidados y auspiciados por los dos partidos, primero, la no transmisión o la no transferencia de competencias debidas, las 37 pactadas entre ustedes y nosotros, incluso por el Partido Popular, en el Parlamento Vasco, de las cuales solo
seis se desbloquearon y porque se conformó un gobierno tripartito, un gobierno con el Partido Socialista, donde participó el Partido Socialista en Euskadi, además seis de entidad menor. Ninguna otra competencia desde 1987 hasta el 1994 se
desbloqueó, pero sobre todo el deterioro, la erosión competencial se ha producido por la desmesurada interpretación de conceptos que están previstos en la Constitución y en los estatutos de autonomía, como la desmesurada utilización del concepto
legislación básica del Estado, legislación marco del Estado, alta inspección del Estado, configuración de los cuerpos de funcionarios como cuerpos nacionales, y otros procedimientos convalidados por la jurisprudencia constitucional que han terminado
por degradar y deteriorar casi de forma irreversible el Estatuto de Autonomía de Gernika y que van a poner en solfa y van a dificultar notablemente el desarrollo de las reformas estatutarias, incluso las que están en trance de ser aprobadas por el
Parlament de Catalunya. Lo manifestado -y ya voy terminando, señor presidente- por los grandes constitucionalistas del Partido Socialista Obrero Español en Sigüenza así lo acreditan, y se están poniendo los límites de la reforma estatutaria de
Cataluña. O sea que nosotros no tenemos ninguna fe en que ustedes vayan a regenerar el deterioro de nuestro autogobierno y del autogobierno autonómico con carácter general acometido por el Partido Socialista gobernando en solitario.
Acabo mis palabras, señor presidente, haciendo una reflexión de naturaleza política ajena a la competencia. Yo les voy a recordar que en su día, y me interesaría que los miembros del Partido Socialista escucharan esta reflexión, suscribimos
ustedes y nosotros algo importante para Euskadi: el acuerdo para la pacificación y normalización, en el cual, en los números 2 a) y 2 b), se establecía nada menos que lo siguiente: el desarrollo leal e íntegro de los títulos competenciales, todos
ellos -enfatizo la expresión- del estatuto de autonomía, es un elemento fundamental para generar confianza democrática, confianza política, conseguir la paz. Cuando se incumple esto estamos alimentando posiciones deslegitimadoras de la vía
estatutaria. Piensen bien en esta reflexión que está suscrita como acuerdo solemnizado entre ustedes y nosotros de gran trascendencia y de gran profundidad política, la consecuencia perversa de la deslegitimación de la vía estatutaria. Esto está
sucediendo, esto puede suceder si no cambian notablemente su actitud, y esto es lo que queremos denunciar con esta moción que presentamos, esperando que de la flexibilidad intelectual acreditada por la mayoría de los grupos parlamentarios de esta
Cámara sea tomada en consideración, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.
Se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Socialista. La señora Malaret tiene la palabra.
La señora MALARET GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente. Buenas noches, teniendo en cuenta la hora que es, muy habitual los martes, por cierto.
El PNV ha presentado una moción consecuencia de la interpelación urgente que formuló el último miércoles antes de irnos de vacaciones que es pertinente enunciar en su contenido tal como la formula el propio PNV.
Dice la moción lo siguiente:
Una moción sobre los propósitos del Gobierno en torno a la revisión de la legislación dictada en la legislatura anterior que vulnera las competencias de las comunidades autónomas.
Permítaseme recordar la interpelación urgente que ya tenía un objeto
que vale la pena señalar. Decía: Inquirir al Gobierno por las previsiones que alberga en relación con la revisión de esta legislación. Permítaseme una reflexión de carácter general con relación al alcance y significado de esta interpelación,
primero, y de la moción subsiguiente. Con relación al fondo, me parece que el enunciado que he señalado genera ya una cierta perplejidad, porque su lectura parece indicar que en realidad lo que se está planteando al Gobierno es que explique su
programa de reformas legislativas y muy significativamente la filosofía con la que se va abordar la articulación de las competencias estatales y autonómicas. Creo que, en efecto, este es el enfoque que debe guiar los cambios de política
legislativa, cambios necesarios en un sistema basado en el pluralismo y la alternancia política, pero cambios de política legislativa que deben obedecer y obedecen a los programas políticos que han sancionado los electores con su voto, no a la pura
sustitución de una ley por otra. Una legislación desenfrenada conduce a generar desconfianza y, en definitiva, a la inaplicación de la misma. Y no vamos a entrar en dinámicas de este tipo.
Antes de entrar con más detenimiento, quisiera formular una observación sobre la forma. Hemos visto el fondo, ahora, la forma. ¿Realmente el cauce que estamos viendo ahora es el que debe utilizarse? ¿Este es el formato más pertinente?
Creo que es posible cuestionar el fondo.
Seguramente la disciplina que el Reglamento establece para los tiempos de intervención, la regulación de los minutajes, explica que hayamos utilizado una interpelación urgente y una moción, porque si no hay
algo que no encaja. Tengo serias dudas de que el formato de la moción nos permita entrar a examinar las distintas cuestiones que ha suscitado la intervención del representante del PNV en su momento en la interpelación y hoy en la moción. Aquel día
se aludió fundamentalmente a los traspasos de servicios pendientes, al tema de si se habían cumplido o no las previsiones del Estatuto de Gernika. Sinceramente, hemos pasado de la Loapa a la revisión del Estatuto de Cataluña en un vaivén que cuesta
mucho entrar a examinar. Por ello no creo que sea pertinente entrar a examinar un largo listado de leyes que aparecen enunciados en la moción, un listado muy heterogéneo, que se nos dice vulnera las competencias de las comunidades autónomas, pero
no se aporta mayor precisión. No parece que sea ahora el momento de entrar a examinar estas leyes. En todo caso, me gustaría hacer dos consideraciones al respecto. En primer lugar, destacar la paradoja de que ninguna de estas leyes haya sido
impugnada ante el Tribunal Constitucional ni por el Parlamento ni por el Gobierno vasco, única instancia que en nuestro sistema constitucional tiene la legitimidad, tiene el poder para declarar si se produce una vulneración del sistema competencial
y declarar, consecuentemente, quién ostenta la competencia. En segundo lugar, y avanzo ya que este es el sentido de nuestra enmienda, es preciso señalar que el Gobierno y el Grupo Parlamentario Socialista comparten una visión crítica de las
políticas instrumentadas mediante la adopción de alguna de las leyes mencionadas.
Pero no solo por razones competenciales, sino que existen fundamentalmente razones de fondo, razones sustantivas, razones de orientación de las políticas. Por ello,
en este año de gobierno se ha procedido en dos direcciones que creo oportuno recordar. En primer lugar, se ha procedido a suspender o a retrasar la entrada en vigor y la aplicación de algunas leyes. Por señalar algunas: la Ley del Plan
Hidrológico Nacional o la Ley del Sector Ferroviario. En segundo lugar -esto ya lo señaló el ministro Sevilla en respuesta a la interpelación urgente-, se han modificado algunas otras y sobre todo están en proceso de modificación algunas de las
leyes que se enuncian; leyes que además han sido ya enunciadas por los ministros cuando han comparecido en las distintas comisiones. Me parece que todo el paquete educativo es significativo a este respecto. Recordemos que la ministra de Educación
presentó hace pocos días en la conferencia sectorial un proyecto de ley orgánica de educación muy respetuoso con el diseño constitucional y con el reparto de las competencias que efectúa el bloque de constitucionalidad, Constitución y estatutos.
Paralelamente a este proceso de cambios legislativos que se hace de manera sosegada y dialogante con las distintas instancias, gobiernos y grupos, es importante señalar que también se ha producido una normalización del diálogo entre el Gobierno del
Estado y los gobiernos autonómicos. Un diálogo que ha permitido resolver muchas de las controversias pendientes y que ha llevado precisamente a retirar muchos conflictos que estaban en la sede del Tribunal Constitucional. Ello ha conducido a
rebajar de manera muy significativa y apreciable la conflictividad jurisdiccional y ha permitido incluso efectuar traspasos de servicios que estaban pendientes en los últimos años.
Voy terminando. Por todo este conjunto de consideraciones y por el conjunto de reflexiones que he
señalado anteriormente pido al Partido Nacionalista Vasco que acepte nuestra enmienda que nos permite plasmar la voluntad del Gobierno y de esta Cámara de seguir adelante en esta vía de diálogo y de respeto al marco constitucional de
competencias y, en definitiva, de respeto a la lealtad que se deben las instituciones.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señora Malaret.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente.
Intervengo para fijar nuestra posición favorable a la moción que se ha presentado por el señor Olabarría, del Partido Nacionalista Vasco, en relación con esa revisión necesaria de una serie de leyes que se aprobaron en la legislatura
anterior que vulneran las competencias de las comunidades autónomas. Creemos que esta es una expresión de una realidad que desgraciadamente no es una realidad excepcional, aunque cuantitativamente pudiera ser más numerosa que en otras legislaturas,
pero que se ha venido sucediendo a lo largo de los últimos 25 años en relación -en especial hablaré de lo que más conozco- con el Estatuto de Gernika. Esta ha sido una expresión que a lo largo de estos 25 años se ha utilizado por parte de las
diferentes mayorías o de los gobiernos del Estado para cercenar y para ir vulnerando un determinado contenido competencial que en nuestro caso, en el del Estatuto de Gernika, había sido objeto de un pacto, de una aprobación legislativa y de un
referéndum. Pero no ha sido la única expresión, la única forma en que el Estatuto de Gernika ha sido absolutamente cercenado y vulnerado de lo que fue la realidad, el pacto y el contenido real de aquel Estatuto de Gernika que ahora se nos dice que
es respetado por los dos grandes partidos, mayoritarios en esta Cámara, pero que en definitiva no respetan aquel objeto de pacto, aquel estatuto, sino un estatuto que han convertido en un estatuto mucho menor 25 años después. ¿Qué es lo que han
hecho a lo largo de estos 25 años? La primera expresión ha sido la utilización legislativa con ese carácter básico que predomina en cualquier principio que aparece en cualquier ley, pero ha habido más expresiones de vulneración o de cercenamiento
del Estatuto de Gernika.
Podríamos hablar de la utilización de la jurisprudencia constitucional, podríamos hablar de lo que todavía no ha sido objeto de transferencia competencial en materias muy sensibles como pudiera ser la gestión del régimen
económico de la Seguridad Social, como pudieran ser las competencias de investigación científica y desarrollo tecnológico o como pudieran ser otras competencias que afectan a ámbitos claves como puedan ser el laboral o el empleo. Es decir, una
serie de competencias que son fundamentales en el mundo en el que nos movemos y que al día de hoy, a pesar de haber informes aprobados en el Parlamento Vasco de manera unánime por todas las formaciones representadas en cuanto a qué número de
competencias y a qué prioridades de competencias deben ser transferidas, todavía siguen sin haberse respetado y sin haberse transferido.
Una última expresión de lo que han sido 25 años de vulneración del Estatuto de Gernika ha sido la utilización de lo que no se previó en aquel momento, pues no se podía prever: el proceso de integración a las comunidades europeas, hoy Unión
Europea, que también ha sido una cuarta manera de recuperar por parte del Estado una serie de competencias que en ningún caso le correspondían, ni la negociación en la fase ascendente ni la ejecución en la fase descendente. Hemos visto en 25 años
cómo estas cuatro expresiones -legislación, jurisprudencia, falta de transparencia y procedimiento a nivel de negociación y ejecución comunitaria-, hemos visto cómo el estatuto que se pactó no es el estatuto que hoy tenemos y por tanto hay que hacer
una reflexión de por qué no se ha cumplido lealmente y cuál es el marco jurídico que queremos hoy. Precisamente por eso, una de las cuestiones fundamentales del nuevo marco jurídico-político que los dos grandes grupos mayoritarios quisieron tener a
bien dialogar, pactar o incluso negociar, una de las cuestiones básicas que ahí se recogen son las garantías necesarias para que no nos vuelva a ocurrir lo que nos ha sucedido estos 25 años: garantías bilaterales para que ninguna de las partes
tenga la sartén por el mango, ninguna de las partes, unilateralmente, pueda deshacer determinados instrumentos jurídicos, determinados acuerdos políticos, determinados marcos jurídico-políticos al estilo de lo que él quiera, porque tiene
determinados instrumentos que la otra parte no tiene. Esta era una de las grandes cuestiones, es una de las grandes cuestiones, porque ese nuevo marco jurídico-político sigue vigente y es propiedad del Parlamento vasco, que seguiremos planteando.
La experiencia nos ha demostrado que al parecer no vale determinado acuerdo, por lo que requerimos unas garantías bilaterales para que 25 años más tarde no nos vuelva a ocurrir que después de haber pactado nos encontremos con que legislatura tras
legislatura se llega a un incumplimiento y a una deslealtad que no se merece un acuerdo importante que los dos grandes partidos han incumplido.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lasagabaster.
Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Estoy ronco a estas alturas del debate. Nosotros no vamos a votar favorablemente esta iniciativa por entender que, igual que ha señalado la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el formato de la misma, junto al debate muy eficaz y
clarificador que se hizo en cuanto a la interpelación urgente, no solamente se puede calificar, como ha hecho la portavoz socialista acertadamente, de no adecuado, de inviable, sino que llevaría, señor presidente, a un verdadero colapso del
Parlamento si se propone la modificación de 28 leyes. No es que debatamos 28 proyectos de ley, sino qué artículos adolecen de un presunto delito de inconstitucionalidad, a los efectos de señalar que todas las legislaciones promulgadas sobre
competencias autonómicas están dentro del texto de una ley orgánica, pues cada estatuto de autonomía tiene rango de ley orgánica.
Mi comunidad autónoma ha partido siempre del principio de llevar al Tribunal Constitucional cualquier reclamación o demanda cuando se presume la vulneración de los derechos constitucionales reconocidos en los estatutos de autonomía para las
comunidades autónomas. Como bien ha señalado la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, ninguna de estas leyes aprobadas democráticamente en el Parlamento ha sido llevada al Tribunal Constitucional. Por tanto, ¿dónde está la presunción de que
se pueden haber vulnerado competencias autonómicas? La vulneración de una competencia autonómica es causa de nulidad constitucional, obliga al Tribunal Constitucional a reconocer la inconstitucional, como ha hecho en anteriores ejemplos. Si ahora
tuviésemos que hacer una revisión de estas 28 iniciativas, qué duda cabe, señor presidente, que con el trabajo que tenemos en esta Cámara de proyectos de ley, de proposiciones de ley, de subcomisiones para las más variadas competencias y materias,
habría que modificar hasta los horarios para que esta Cámara no quedara colapsada.
Por tanto, incluso con la enmienda que ha presentado el Grupo Socialista, por sentido de la racionalidad, vamos a dejar esto para un diálogo político con las comunidades autónomas. Este Gobierno ha anunciado una figura institucional
colegiada -vamos a llamarla así-, que es la conferencia de presidentes autonómicos con el presidente del Gobierno.
Ese puede ser un escenario para que se pacten consensos políticos y para que haya un respeto constitucional en todas las leyes que se
quieran traer a este Parlamento o que hayan pasado por el mismo.
Por lo demás, no pierdo más tiempo en especificar el sentido negativo de nuestro voto, porque es discutir sobre la viabilidad de una proposición que el sentido común y el reglamento de funcionamiento de una democracia hacen totalmente
inviable.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones. Cuídese. Ya sabe usted que este Parlamento termina con cualquiera.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Tardá.
El señor TARDÁ I COMA: Gracias, señor presidente.
Intervendré muy brevemente. Es un discurso conocido por todos que ustedes, utilizando la mayoría absoluta, en los ocho años de Gobierno del Partido Popular y sobre todo en sus últimos cuatro, aprobaron un conjunto de leyes de bases y
orgánicas que invadían las competencias exclusivas de las comunidades autónomas. A nuestro parecer, todas ellas gozaban de una característica común en cuanto a sus objetivos: laminar las competencias estatutarias. De hecho, tenían por esencia
actuar en sentido contrario a lo que desde nuestra perspectiva debería encaminarse el Estado español, es decir, al reconocimiento plurinacional.
Durante las dos últimas legislaturas, el Parlamento de Cataluña -para hablar del caso que nosotros conocemos- tuvo que interponer recursos de inconstitucionalidad contra leyes aprobadas por el Congreso de los Diputados porque atentaban
contra competencias autonómicas. De igual manera, han sido múltiples los recursos presentados por el Gobierno español contra la actividad legislativa del Parlamento catalán. Por ello presentamos en su momento una proposición no de ley en la que se
insta al Gobierno a retirarlos. De hecho, esta demanda de retirada forma parte de uno de los gestos que, a nuestro parecer, debería llevar a cabo el Gobierno actual para establecer acuerdos de mayor calado con nuestro grupo, si esta fuera su
intención, que empezamos a dudarlo. Estas leyes catalanas recurridas han sido dictadas y aprobadas respetando el marco constitucional y de competencias de la Generalitat y no entenderíamos que el Gobierno actual quisiera aprovecharse del capital
acumulado por el Partido Popular.
A esta batería de recursos, que tiene como objeto mermar y poner trabas a la capacidad legislativa y competencial de la Generalitat de Catalunya, debemos sumarle el hecho de que todavía hoy, después de 25 años de estatuto de autonomía,
estamos pendientes de 86 transferencias de la Administración central a la catalana -el listado es largo y se lo ahorro-, por no hablar de otro tema recurrente, que fue motivo de una interpelación presentada por el compañero Joan Puigcercós sobre la
lealtad constitucional. Recuerden por ejemplo el caso de Forcem, en el que existen cinco sentencias del Tribunal Constitucional español para que con el traspaso al Gobierno catalán este pueda asumir las competencias.
Estos fallos,
como saben, no se ejecutan. Entenderán que los males que padecemos nos llevan a ser absolutamente solidarios con el Grupo Parlamentario Vasco proponente. Ellos, como nosotros, son víctimas, por no decir damnificados, de una falta de
voluntad política para avanzar en el Estado plurinacional. Al contrario, parece que se tiende a proseguir un camino abierto por el Partido Popular hacia un nuevo uniformismo. Sería un grave error histórico. Nos sentimos absolutamente solidarios
con el Grupo Vasco proponente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tardá.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Intervendré brevemente para fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que es favorable a esta moción consecuencia de interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y que además consideramos
absolutamente apropiada un año después -justo un año después- del inicio de la nueva legislatura. Desde esta perspectiva quiero recordar que precisamente el objeto de esta moción consecuencia de interpelación es la revisión de aquellos aspectos de
aquella legislación que se impulsó, que se aprobó en las Cortes Generales durante la pasada legislatura, y que laminaba competencias, tenía una actitud laminadora en cuanto al diseño del Estado de las autonomías.
Recordemos que en la anterior legislatura había una mayoría absoluta política distinta a la actual y en ese sentido no alcanzamos a comprender la enmienda absolutamente insuficiente en cuanto a interpretación de la moción inicial del Grupo
Vasco que ha planteado el Grupo Socialista. Me quiero mantener aún en la posición de que PP y PSOE no tienen la misma visión en algunos asuntos autonómicos, pero los hechos se demuestran andando, los hechos se demuestran legislando y la realidad es
que un año después hay indicios preocupantes de que esta relación de legislación limitadora de las capacidades en el ámbito autonómico que había impulsado el Partido Popular con mayoría absoluta no tiene una respuesta satisfactoria por parte de la
nueva mayoría, sea dicho de paso una mayoría relativa, no una mayoría absoluta.
Este grupo parlamentario, después de 25 años de dinámica autonómica, entiende y comprende la necesidad de establecer un marco razonablemente estable de relación entre el Gobierno central, entre la autoridad central y los gobiernos
autonómicos, en el marco de un Estado compuesto. En este sentido, durante estos días y estos meses, desde hace aproximadamente un año, hay un intenso debate territorial que tiene su reflejo en las reformas estatutarias, pero también en el anuncio
de una reforma constitucional. Sería razonable, entendiendo siempre que la dinámica de relación entre poderes es una dinámica abierta, que encontráramos un nuevo marco de relación, entendiendo también que siempre hay un margen de interpretación
legal y de interpretación constitucional. Sin embargo, los indicios -habíendose celebrado prácticamente un año desde la constitución de este nuevo Congreso y de las nuevas Cortes y casi un año desde el debate de investidura- no son precisamente muy
alentadores.
Se ha hecho referencia a algo que nos parece muy preocupante a nuestro Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió.) Me estoy refiriendo a lo que podríamos llamar la doctrina de Sigüenza, a esa voluntad de sectores del grupo de la
mayoría de limitar las posibilidades de desarrollo y las expectativas que se habían generado por parte de diversos sectores políticos. La doctrina de Sigüenza, la doctrina si quieren de Santillana del Mar, pero me permitiré también subrayar la
doctrina del 5 de abril de 2005, el día que la mayoría parlamentaria nos ha anunciado que no aceptará ni votará favorablemente ningún otro traspaso de competencias hasta que no se haya afrontado una reforma estatutaria. Pues bien, este grupo
parlamentario interpreta que esta Cámara, o la mayoría de esta Cámara, envía un mensaje coactivo a los parlamentos autonómicos que en estos momentos están teniendo un debate que, basado en el principio de autonomía, es el debate de los parlamentos
autonómicos sobre las reformas de carácter estatutario. En definitiva, un año después de esta nueva legislatura estamos en lo que podríamos definir malos tiempos para la lírica, para la lírica talantosa, para la lírica para la que se nos anunció
una nueva etapa. Sin embargo, después de un año vemos la necesidad de que concreten, señores del Partido Socialista.
En este sentido, el que un año y medio después no se hayan concretado las 97 competencias que el Gobierno tripartito anunció que
se negociarían al margen del desarrollo y de la reforma estatutaria, es un indicio de que lo que el Partido Nacionalista Vasco, de que lo que el Grupo Vasco plantea desde un punto de vista de desarrollo del autogobierno en el ámbito de su país, es
decir, de regresión y de laminación autonómica, también se está produciendo en el ámbito de Cataluña. Por todo esto, el Grupo Parlamentario Catalán dará su apoyo, su voto afirmativo a esta moción del Grupo Parlamentario Vasco.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Xuclà.
Grupo Parlamentario Popular. Señora Sáenz de Santamaría.
La señora SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN: Muchas gracias, señor presidente.
Muy brevemente, voy a manifestar la posición del Partido Popular, que votará en contra de dicha moción, en primer lugar, porque desde el Partido Popular negamos la mayor. Ninguna de las 31 leyes que menciona el señor Olabarría en su moción
incurre en vicio de invasión de competencias de ninguna de las comunidades autónomas, y por tanto no procede su revisión. Pero permítame que le diga con todos los respetos que no creo que aquí estemos hablando de invasión de competencias. Se ha
dicho en esta Cámara, y con toda razón, que si estuviéramos hablando de vicios de inconstitucionalidad, hay un procedimiento debidamente reglado en nuestra Constitución para ponerlo de manifiesto, el recurso de inconstitucionalidad. Pues bien, no
se ha articulado contra ninguna de las leyes que ahora debatimos. De los años 2001 a 2003, el Gobierno vasco, al que apoya su partido, solo ha interpuesto dos recursos de inconstitucionalidad contra leyes del Estado; ahí están las memorias del
Tribunal Constitucional de los años 2001, 2002 y 2003. Y si me permite el símil, que yo creo que el señor Olabarría me entenderá muy bien, para ustedes son leyes consentidas y firmes.
Si no estamos analizando los vicios de inconstitucionalidad de estas leyes, porque queda claro que no les interesó en su momento plantear el recurso, tampoco estamos poniendo de manifiesto si eran más o menos respetuosas con el reparto
competencial establecido en nuestra Constitución. Yo creo que estamos hablando de otra cosa y que en la interpelación que debatió el otro día con el ministro de Administraciones Públicas quedó muy claro. Estamos poniendo de manifiesto si el
Partido Socialista dice ahora una cosa y hace otra, y desde luego lo que están intentando es marcar distancias. Permítame que se lo diga con todos los respetos. Y lo entiendo así porque el otro día le dijo al señor Sevilla, al señor ministro, una
cosa muy clara, que era autonomista fijo discontinuo -luego le diré lo que yo entiendo que es ser autonomista-; pero yo creo que los diputados y los representantes socialistas son autonomistas o cuasi nacionalistas no solo con carácter fijo
discontinuo, sino con una amplia movilidad geográfica -permítame que siga usando el símil del derecho laboral-, y lo digo porque en esta Cámara oímos unas cosas que no son las mismas que se reproducen en muchos lados de la geografía española, y
desde luego no es lo mismo que se está repitiendo con el plan que el señor López ha planteado en Euskadi. Yo creo que ciertas competencias que aquí se están discutiendo están muy superadas, por lo que allí se dice.
Decía que para mí no es autonomismo y permítame que muy brevemente exponga lo que es para mí autonomismo y espíritu descentralizador (que yo creo que el Partido Popular lo ha tenido y ahí está el elenco de traspasos que se hicieron desde el
año 1996 al año 2003), y es que cada administración y cada instancia de poder gestione las competencias que le corresponden y que mejor puede gestionar en beneficio de sus ciudadanos. Le digo esto porque yo creo que es bueno que el Estado gestione
un conjunto de competencias, porque si no las gestionara muy malo sería para los ciudadanos españoles, para la igualdad y la solidaridad de todos nosotros. Y lo digo también porque es necesario que las corporaciones locales gestionen las
competencias que les son propias. Por eso les digo a ciertos grupos parlamentarios en esta Cámara que hay que predicar con el ejemplo y que no se puede ser centralista y descentralizador al mismo tiempo y según quién sea el sujeto.
Por último, quería hacer una breve referencia a la enmienda planteada por el Partido Socialista. Se ha hablado de cooperación y coordinación. Sólo quiero apuntar tres cosas muy brevemente, no tengo más tiempo. Se ha hablado de la
reducción de la litigiosidad entre el Estado y las comunidades autónomas. Hay muchas formas de reducir esta litigiosidad y creo que el Gobierno socialista se ha decantado por la más fácil: decir al abogado del Estado que desista de los recursos
que tiene planteados.
Aquí tengo más de veinte iniciativas en las que se ha desistido de esos recursos y -¡oh casualidad!- el mayor beneficiado es Cataluña, seguido de Andalucía. Pero el día 15 de marzo se recurrieron dos leyes de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León: la Ley de Archivos y la Ley de Patrimonio Cultural. No sé si la litigiosidad es igual para todas las comunidades autónomas.
La segunda cuestión se refiere a algo en lo que incidió el señor Sevilla el otro día y que esperaba que usted repitiera hoy, pero no me gustaría bajarme de este estrado sin decirlo. Desde el Partido Socialista se está presumiendo -lo digo
con todos los respetos- de un acuerdo firmado para la participación de las comunidades autónomas en los consejos europeos, acuerdo que también fue auspiciado por las comunidades autónomas del Partido Popular que, por cierto, lograron sacar adelante
un criterio que me parece sensato. Si esa iniciativa les interesa les pediría que desde sus ministerios se preocuparan de que las conferencias sectoriales hicieran lo que dice ese acuerdo y que no hicieran de su capa un sayo; eso si queremos que
funcione.
Por último, un apunte a la Conferencia de presidentes, a la que aquí se aludía como elemento cooperador y de coordinación; creo que debe serlo.
Pero para serlo tiene que ser una Conferencia de presidentes en la que los presidentes tengan
una palabra, puedan incidir en el orden del día y se atengan a unas reglas de juego. Una Conferencia de presidentes a la que no se le pase la pelota para decidir ciertas cuestiones. El Partido Socialista está en el Gobierno y tiene que plantear
propuestas si quieren que siga adelante.
Una cuestión para finalizar. Comparto la opinión de algunos diputados de esta Cámara de que el procedimiento sería sorprendente si nos pusiéramos a revisar 31 leyes; pero en un año de Gobierno ya está bien de revisar tantas leyes, vamos a
ver si planteamos alguna iniciativa novedosa para los ciudadanos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sáenz de Santamaría.
En turno de aceptación o rechazo de la enmienda, tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Siento comunicarle, señor presidente, que no va a poder ser aceptada la enmienda dado su carácter absolutamente contradictorio con el contenido de la moción y porque mi grupo no puede fiar un problema de esta
dimensión y de esta naturaleza al buen talante.
Comprenderá que hay que ser demasiado confiado para asumir en estos términos una enmienda sobre un problema de esta profundidad, de este calado y tan importante para el futuro de la estructuración del
Estado español.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría. Se votará la moción en sus términos iniciales.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), SOBRE LA NECESIDAD DE MEJORAR LA FINANCIACIÓN LOCAL. (Número de expediente 173/000060.)
El señor PRESIDENTE: Continuamos con el orden del día. Moción de Esquerra Republicana, sobre la necesidad de mejorar la financiación local.
Tiene la palabra el señor Puig.
El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señor presidente.
El próximo día 19 de abril se van a cumplir 26 años de las primeras elecciones municipales democráticas. Veintiséis años de promesas, de falsas voluntades, de discursos vacíos de contenido; en definitiva, de abandono del mundo local y de
su financiación. Si repasamos la reciente historia de la democracia en el Estado español encontraríamos multitud de voluntades -digo voluntades en el mejor de los sentidos-, pero no realidades para dar solución a la mejora de las haciendas locales.
En el período democrático los ayuntamientos han realizado un enorme esfuerzo para adaptarse a las necesidades y exigencias de sus conciudadanos y una vez y otra los partidos políticos que han tenido posibilidades y que han gobernado el Estado
español, desde la UCD al PSOE y al Partido Popular, han escuchado pero no han ejecutado acuerdos en beneficio de aquellas administraciones más cercanas a los ciudadanos. Estamos hablando de los entes locales, las verdaderas instituciones a las
cuales no se les ha reconocido el esfuerzo realizado y que siguen realizando.
Seguramente si hoy tuviéramos publicadas las balanzas fiscales podríamos hablar con mucha más tranquilidad y transparencia de financiación de los entes locales. Por eso queremos expresar nuestra satisfacción por las palabras pronunciadas
ayer en Barcelona por el presidente de esta Cámara a favor de su publicación. Creemos haberlo pedido en su momento con buena música y buen tono. En ese sentido, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana ha presentado esta moción consecuencia
de la interpelación realizada en el anterior Pleno en esta Cámara; una moción que presenta una serie de medidas concretas basadas en las demandas más elementales de los ayuntamientos, después de años de esfuerzos muy por encima de sus propias
responsabilidades. La descentralización administrativa en los tres niveles del Gobierno que establece la Constitución, estatal, autonómico y local, queda aún lejos de encontrar un modelo de financiación equilibrado suficiente y estable para los
niveles subcentrales y es evidente además que las reformas efectuadas en la anterior legislatura por el Gobierno del Partido Popular han acentuado aún más el problema de los entes locales y han dejado en evidencia las carencias del actual sistema de
financiación.
Esta insuficiencia financiera, agravada por las últimas decisiones del Gobierno popular, se basan en tres aspectos básicos: en primer lugar, con respecto a las competencias que la ley actualmente les atribuye; en segundo lugar, respecto a
las legítimas aspiraciones que las corporaciones locales tienen en lo que se refiere al papel que les corresponde dentro del ordenamiento competencial; y en tercer lugar, la importante labor de suplencia en servicios y labores que son titularidad
de otras administraciones, lo que representa una importante dedicación de recursos económicos (se calcula que en algunos casos llega al 30 por ciento del presupuesto). El producto de esta situación queda reflejado en el actual marco financiero de
las corporaciones locales, que puede sintetizarse en tres aspectos: primero, reducir el tamaño económico del nivel local. En los últimos años el nivel de participación de las corporaciones locales en el gasto público se ha quedado estancado entre
el 12 y el 13 por ciento, una cifra insuficiente y que un destacado dirigente del Partido Socialista de Cataluña ha destacado en los últimos días. El señor Celestino Corbacho, presidente de la Diputación de Barcelona, secretario de Política
Municipal, en una reciente visita a las comarcas de Girona ha declarado (traduzco de El Diario de Girona: El Partido Socialista quiere que los ayuntamientos pasen del 13 al 16 por ciento del gasto público. En dicha visita a las poblaciones de
Blanes y
Palamós y después de reunirse con los alcaldes respectivos ha declarado que en una primera fase los ayuntamientos tendrían que recibir del 13 al 16 por ciento, que en el caso de Cataluña representaría 1.400 millones de euros al año, y en una
segunda fase pasarían al 20 por ciento del gasto público. Estamos totalmente de acuerdo con esta voluntad que expresa el señor Celestino Corbacho. En ese sentido entendemos el motivo de esta moción que presentamos, que sin lugar a dudas contará
con el beneplácito de los diputados y diputadas del Partido de los Socialistas de Cataluña, que harán caso a su secretario de Política Municipal en estas recientes declaraciones que hizo el día de ayer. El segundo aspecto sería el elevado grado de
corresponsabilidad fiscal a través de los impuestos deficientes y el tercero la falta de suficiencia financiera, la configuración del actual PIE, porque la participación en los ingresos del Estado no garantiza en absoluto en los servicios públicos
locales un nivel de cobertura parecido a los de otros niveles de la Administración.
Ante todos estos elementos presentamos una serie de propuestas concretas y claras que den a los ayuntamientos verdaderas herramientas de poder político y
financiero. Mi grupo parlamentario no tiene ningún temor de que los ayuntamientos desarrollen sus políticas con auténtica capacidad financiera. Otros parece que sí que tienen pánico a un verdadero poder descentralizador, por lo que no ofrecen
poder y recursos a nuestros ayuntamientos. La moción que hoy presentamos tiene 18 propuestas de resolución en las que instamos al Gobierno a que actúe en un plazo de seis meses en medidas legislativas a favor de un verdadero modelo de financiación
local. Son medidas históricas del municipalismo en Cataluña que han venido exigiendo las dos asociaciones municipalistas, l' Associació Catalana de Municipis i Comarques y la Federación de Municipios de Cataluña. En definitiva, se trata de medidas
fruto de un gran consenso en Cataluña. Hoy ya no nos sirven propuestas alternativas de retrasar hasta el infinito la resolución del problema de la financiación local. En política hay que estar a las verdes y a las maduras, decir lo mismo cuando se
está en la oposición y cuando se está gobernando. Por eso hoy las enmiendas que nos presentan, sobre todo el Grupo Popular, pero también el Grupo Socialista, quedan lejos de las reivindicaciones que hace el mundo municipal en Cataluña. Me dirijo
concretamente a los diputados y diputadas del Partido Socialista de Cataluña, que una vez más les toca representar el papel de intentar demostrar o convencernos de que no es éste el momento de llevar a término nuestras propuestas u otras parecidas,
como ha sucedido esta tarde. Por un lado, se alega el proceso de redacción de un nuevo estatuto y de un nuevo modelo de financiación; por otro, hay que dar tiempo y tener paciencia para avanzar en nuevas medidas y más adecuadas a las capacidades
financieras de los ayuntamientos. En ese sentido la enmienda del Grupo Socialista queda lejos. En su espíritu podemos estar de acuerdo en parte de lo que dice, igual que con la enmienda que presenta el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Cataluña, que lo que propone está reflejado en nuestra proposición, lo que pasa es que nosotros pedimos ya medidas legislativas y no dejarlo en el ámbito de la pura especulación del futuro. También aceptamos la enmienda del Grupo Mixto, que se
puede adicionar a la propuesta que nos presenta, y rechazamos la propuesta que nos hace el Grupo Popular.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Puig.
Grupo Popular, señor Padilla.
El señor PADILLA CARBALLADA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, me van a permitir que en este breve debate de esta moción en relación con la financiación local y por la actualidad que tiene por el papel que cada uno quiere interpretar me refiera a lo que yo creo que es lo más importante, que es
que al tomar posesión como diputado acatamos la Constitución y también la ley cuando está vigente; cuando no está vigente lo que debemos hacer naturalmente es instar su modificación. Digo eso porque hoy mismo, señor Puig, ha aparecido la noticia
de que una alcaldesa de Ripoll, un ayuntamiento muy notable de su circunscripción electoral, la señora Teresa Jordà, ha hecho unas declaraciones ante una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que revoca un acuerdo adoptado por ese
ayuntamiento (cuyo gobierno ostenta el tripartito completo, con PSC e Iniciativa por Cataluña), en la que se le dice que el acuerdo por el que decidieron incumplir la normativa vigente en materia de banderas es nulo y ordena naturalmente que se
ejecute esa sentencia en sus propios términos dando cumplimiento a la legalidad. Esta munícipe de Ripoll dijo ayer que para que se cumpliera la sentencia tendrían que ir los tanques. Es curioso, con lo pacifistas que son ustedes, qué cosas dicen.
Espero alguna rectificación de su partido y del Partido Socialista de Cataluña, que supongo que algo tendrá que decir, o por cualquier otro representante de cualquiera de los elementos integradores del tripartito, porque, señor Puig, creo que el
diálogo y los tanques tienen poco que ver. Menos tanques (parece que ahora están ustedes aprendiendo un vocabulario belicista) y más cumplir la ley, que es de lo que se trata, también en los ayuntamientos.
Dicho eso, esta moción es un refrito inconexo y además incoherente e incompatible con lo que decían en el discurso de la interpelación.
Efectivamente, resulta extemporáneo, porque si en este momento hay
en marcha una negociación en torno a la financiación local hay dos posibilidades: estar en la negociación o no estar. Se supone que ustedes están en esa negociación a través de sus representantes electos que participan en la Federación
Española de Municipios y Provincias. Ustedes son de dirección única, pero en todo caso creo que alguna vez habrá que ser un poco coherentes. Por lo demás, nosotros hemos propuesto una enmienda en la que naturalmente instamos a continuar el proceso
de descentralización. Todos estamos de acuerdo en que hay que ultimar esa segunda descentralización de las corporaciones locales. Le aconsejo la lectura de la ley que el Parlamento de Galicia está tramitando a instancias del Gobierno gallego del
Partido Popular, que es un ejemplo de lo que supone realmente creer en ese proceso. Señor Puig, cuando el artículo 142 de la Constitución habla de la financiación de las corporaciones locales no habla solamente del Estado sino también de las
comunidades autónomas, pero parece que ustedes siempre están en una especie de guión particular, que además interpretan a conveniencia, en unos momentos en que ustedes intentan mantener que la descentralización local (que algunos desde luego
queremos alentar con mucha más convicción) supone un detrimento para las comunidades autónomas. Pónganse de acuerdo y procuren que eso suceda.
Ese refrito, como he dicho, de propuestas que ustedes hacen tiene cosas que no compartimos en absoluto, como ocurre con el punto 7 por el que se establece un recargo para las zonas comerciales en el impuesto sobre bienes inmuebles o (una
perla aún mejor) modificar el impuesto de actividades económicas de forma que no estén exentos del mismo los profesionales que actúan como autónomos o colegiados, contra los que no sé exactamente qué poca simpatía tienen ustedes. Evidentemente, eso
no lo compartimos, creemos que es una propuesta (vuelvo a repetir) extemporánea y desordenada, que aporta muy poco al debate. Nosotros habíamos hecho una propuesta constructiva, podríamos haber llegado incluso a una enmienda transaccional sobre la
que ha formulado el Grupo Socialista, en definitiva una propuesta constructiva para el diálogo, para mejorar efectivamente la estructura, la financiación y por lo tanto la autonomía de nuestras corporaciones locales, con diálogo de verdad, no con
diálogo de boquilla, y desde luego los tanques se los dejamos para ustedes.
Votaremos, como es natural, en contra de esta moción.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Padilla.
¿Grupo Mixto? Señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente. Nos limitaremos en nombre del Bloque Nacionalista Galego a hacer una pequeña clarificación de nuestra enmienda.
Desde nuestra perspectiva el modelo de financiación local es poco equitativo y en muchos casos regresivo. Su reforma a corto plazo para mejorar el agobio financiero de muchos municipios pasa por una adecuación de sus bases fiscales a la
actividad económica actual y por mejorar su autonomía financiera. En esencia las medidas que se proponen en la moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana se ajustan a esos criterios y pueden ser un paso adelante para solucionar
transitoriamente el deficiente modelo de financiación local, pero evidentemente no colma la aspiración de una fuerza política nacionalista de que la financiación local, así como todo lo que afecte al régimen local sea interiorizado por las
comunidades autónomas y que sean estas quienes sustenten la capacidad y competencia de regular todos los aspectos de financiación local. En la actualidad, como sabemos, existe la Ley de Bases de Régimen Local. Aunque su regulación es más
exhaustiva de lo que habría que entender por básico, cuestión en la que no vamos a profundizar por no ser objeto propio de la moción, interesa resaltar que a la hora de establecer el régimen jurídico de los entes locales se parte de una concepción
en que el Estado fija un mínimo común y las comunidades autónomas desarrollan en función de las características y su organización local ese mínimo común. No sucede así en lo relativo a la financiación local, donde el Estado se reserva todas las
facultades de regulación, dejando un margen escaso de autonomía a los ayuntamientos en lo que atañe a determinados impuestos locales. Nuestra enmienda persigue que se inicie un debate sobre la necesidad de un cambio en profundidad del modelo, sin
cuestionar la necesidad de retoques urgentes en el marco de la financiación local por la situación, decíamos, de agobio financiero de muchos entes locales, que sirva para atender mejor a las necesidades de gastos perentorios, como pretende la moción
de Esquerra Republicana, y que reconozca la competencia plena de las comunidades autónomas en la financiación local, dado que se trata de una materia más relacionada con el régimen local que con la Hacienda general del Estado. Ello debe concretarse
no solo en la posibilidad de que se dicten por los parlamentos autonómicos leyes de haciendas locales para cada comunidad autónoma, sino también para asumir las comunidades autónomas las distintas transferencias del Estado destinadas a la
financiación local y que puedan distribuirlas de acuerdo con criterios que tengan en cuenta las características de la organización local en cada territorio. Desde el Bloque Nacionalista Galego siempre hemos denunciado que el uniformismo de la Ley
de Haciendas Locales a la hora de distribuir la participación de ingresos del Estado perjudica a los municipios
gallegos, pues no considera determinados criterios muy importantes que obedecen a características muy acusadas en los ayuntamientos de Galicia como es la dispersión demográfica o el envejecimiento poblacional. Es evidente que otras
comunidades autónomas tendrán otras características presentes en sus municipios que no aparecen reflejados en los criterios de reparto en la participación de ingresos del Estado. Este problema solo se solventaría dejando autonomía y libertad a las
comunidades autónomas para repartir esos recursos conforme a criterios propios, como proponemos en nuestra enmienda.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.
Grupo Socialista, señor Mas.
El señor MAS I ESTELA: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, la situación financiera de las corporaciones locales es un asunto recurrente en la vida política de nuestra democracia. Algunos durante años no hemos hablado de otra cosa, con resultados aparentemente escasos,
aunque realmente más sólidos de lo que se piensa. Hoy el Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya trae a la consideración de esta Cámara una moción sobre este tema, consecuencia de una interpelación urgente.
Los alcaldes andan nerviosos. En realidad, los alcaldes siempre andan nerviosos, se lo digo por experiencia; es normal. La presión que tienen al dirigir este nivel de la Administración pública tan cercano a la ciudadanía y a sus problemas
cotidianos es notable; nunca llegan a tener los recursos suficientes para lo que necesitan o al menos eso creen y pregonan desde siempre. El peligro es que su lamento se convierta en un tópico o, peor, que puedan acabar como el cuento de Pedro y
el lobo: otra vez la insuficiencia financiera, la corresponsabilidad fiscal, los servicios impropios, las nuevas necesidades, la deuda histórica. Hace poco la cúpula de la Federación Española de Municipios y Provincias volvió a la carga. En una
sede simbólica como es el Senado de nuevo proclamaron solemnemente su hartazgo. Supongo que algo tiene que ver el hecho de que se vuelva a hablar tanto de la recién llegada administración autonómica. Si no levantamos la voz, nos vamos a quedar
nuevamente postergados, pensaron al unísono, más allá de sus diferentes adscripciones partidarias. Por ejemplo, la diputación de Barcelona, siempre activa en ese terreno, presentó el enésimo estudio, que ha sido muy aireado.
La moción de Esquerra Republicana de Catalunya presenta un conjunto de medidas concretas, que no voy a calificar, para mejorar y resolver, si cabe, la endémica situación financiera de las corporaciones locales; pero la dinámica
parlamentaria, señor Puig, juega malas pasadas. Justo el día antes de verse la interpelación urgente, el Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias llegaban a un principio de acuerdo para resolver puntuales diferencias:
liquidación de las compensaciones por la desaparición parcial del IAE, además de plantear el futuro de la situación. Por eso, la respuesta que dio el vicepresidente segundo a la interpelación urgente abundó en la línea de la negociación y en la
necesaria espera del análisis de los resultados de la última reforma efectuada en las haciendas locales, que, aunque es conocido que no fue del agrado de nuestro grupo, del Grupo Parlamentario Socialista, data de 2002 y todavía no son conocidos con
exactitud sus efectos. Estas manifestaciones del vicepresidente segundo fueron reconocidas por el diputado señor Canet desde esa tribuna.
Si la situación de las finanzas locales es endémica (lo que no tiene por qué corresponderse exactamente con mala), ¿es conveniente tomar en consideración una propuesta pergeñada apresuradamente con retazos de todas las cuestiones que se han
planteado durante años en muchos pero también (permítanme decirlo) poco relevantes foros municipalistas? ¿No hay en estos momentos presentado en esta Cámara un nuevo Libro Blanco sobre el mundo local, que espero que sea el último, al menos por
largo tiempo? ¿No hay, por el acuerdo de 15 de marzo, establecida una mesa de negociación entre el Gobierno y la FEMP para trabajar los temas de financiación en la Administración local? ¿Hay ahora más prisa o es la situación más angustiosa que
hace poco para considerar que hay que tomar medidas concretas, en el sentido de transferencias, tributos, bonificaciones, consideraciones financieras varias ya? Un tema que lleva tantos años en el candelero y que, por decirlo de alguna manera, goza
de una mala salud de hierro, ya que en mi larga y antigua experiencia municipal solo vi contados ayuntamientos (contados con los dedos de las mano)- no cumplir con sus obligaciones financieras (y son más de 8.000 las corporaciones locales que hay en
España), creo que bien merece una atención más reposada, y más cuando los agentes responsables implicados han manifestado que se han puesto a ello. Por esa razón, el Grupo Parlamentario Socialista no está de acuerdo con la moción presentada por
Esquerra Republicana de Cataluña y plantea una alternativa en forma de enmienda, que veríamos gustosos que fuera aceptada por el grupo proponente.
En síntesis, nuestra enmienda saluda el establecimiento del diálogo entre el Gobierno y la FEMP, indica al Gobierno algunos o muchos de los temas que han de tratarse en materia de hacienda local a los efectos de resolver el estado de la
cuestión, insta al Gobierno para que analice la realidad actual de nuestros
pueblos y ciudades y que a partir de ahí pueda establecerse un marco competencial más correcto y, por último, insta al Gobierno a que comparezca ante esta Cámara para dar cuenta de sus propuestas, de las negociaciones y de los resultados de
la negociación, oyendo al mismo tiempo a la representación municipal articulada a través de la FEMP. He de confesarles que teníamos la ilusión de poder llegar a un acuerdo unánime sobre el tema. No creíamos que fuera difícil y si analizamos las
enmiendas presentadas por los otros grupos (Izquierda-Verde, los diputados del Bloque Nacionalista Galego, el Grupo Popular e incluso la autoenmienda del Grupo de Esquerra Republicana) veremos que ello es así.
Probablemente la experiencia
municipalista que acumulamos nos hizo pensar que ello sería tan factible como lo ha sido hasta el presente en las reuniones y asambleas del mundo local. Quizás la bisoñez en estas lides del grupo proponente no ha sabido apreciar la paciencia y
responsabilidad institucional que hay en este ámbito político. Espero que estas razones conlleven la recapacitación del mantenimiento de la moción y la aceptación de la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Socialista desde el conocimiento,
el rigor y la responsabilidad.
Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mas.
Izquierda Verde, señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.
Es un tema relevante, recurrente, pero no veo aquí a muchos de los alcaldes de los municipios importantes del Estado español (El señor Aragonés Mendiguchía pronuncia palabras que no se perciben.) español sí, del Estado español, que deberían
estar aquí para compartir con nosotros este debate, pero la hora no acompaña a la relevancia del mismo. En Izquierda Verde compartimos los planteamientos de la proposición no de ley en cuanto a que consideramos urgente y necesario abordar reformas
en el modelo de financiación de las corporaciones locales. Así lo hemos manifestado en todas nuestras intervenciones y en las enmiendas que año tras año hacemos a los Presupuestos Generales del Estado; también del Estado español, por cierto.
Defendemos la descentralización de la gestión al ámbito local de todas aquellas materias que por su naturaleza sea posible, por ser este el espacio de mayor cercanía a la hora de abordar las necesidades de los ciudadanos desde una perspectiva
integral y porque facilita la participación de la ciudadanía en la gestión de lo público.
Por ello Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya ha reivindicado y sigue considerando prioritario avanzar en el desarrollo de los principios de autonomía y
suficiencia financiera previstos en nuestra Constitución junto a una necesaria clarificación del marco competencial; clarificación de competencias exclusivas y compartidas entre las diferentes administraciones (la local, la autonómica y la central)
conforme a los principios de cooperación y colaboración; aumento de las competencias revisando las actuales que se confieren en los artículos 25 a 28 de la Ley de Bases de Régimen Local para adecuarlas a las necesidades de los municipios en
materias diversas como inmigración o dependencia. En definitiva, los ayuntamientos deben asumir aquellas competencias que por capacidad y cercanía se puedan prestar mejor desde el ámbito local. Lo que está ocurriendo es que cada vez asumen más
competencias sometidos a una escasa financiación que les ahoga año tras año. Nuestro grupo parlamentario apuesta por reforzar el marco de diálogo ya existente entre Gobierno y ayuntamientos, entre Gobierno y la Federación Española de Municipios y
Provincias y entre todas las fuerzas políticas para alcanzar un pacto local. Ante este contexto no consideramos positivo que esta iniciativa de Esquerra Republicana se sitúe extramuros de este escenario abierto del marco de la negociación.
Concretamente en fecha 15 de marzo se ha suscrito entre la Federación Española de Municipios y Provincias y el Gobierno un acuerdo que debe desembocar en una reforma del modelo de financiación local. Estamos trabajando en esta negociación y
esperamos que no sea un brindis al sol, algo que quede en el aire, sino que vamos a ser, estamos siendo exigentes en el desarrollo de los acuerdos. Vamos a ser ambiciosos como siempre y rigurosos en el control de la ejecución de los mismos.
Después de veinticinco años de democracia, como estamos reiterando todos los que estamos interviniendo, en los que los ayuntamientos han sido los grandes olvidados, ya era hora de abordar esta demanda, sobre todo si atendemos al desarrollo que por
otra parte en este mismo espacio de tiempo han tenido las comunidades autónomas. Por tanto, no consideramos positivo que esta iniciativa se sitúe extramuros de ese escenario del marco de la negociación, y del mismo modo reiteramos la necesidad de
un pacto local de progreso, de fortalecimiento del poder y de las competencias locales que desarrolle la subsidiariedad, el incremento y clarificación competencial y la suficiencia financiera, con el objetivo de asegurar la calidad de los servicios
públicos, que es a lo que todos debemos aspirar.
Centrándonos en la proposición no de ley que trae Esquerra Republicana a debate, aun compartiendo, como digo, los argumentos de fondo, no compartimos inicialmente el vehículo para alcanzarlos. La proposición no está en la línea de potenciar
el desarrollo negociado del acuerdo entre la Federación Española de Municipios y Provincias y el Gobierno para hacer frente a las reformas necesarias en todo lo relativo a la financiación local. Al margen de las diferencias en los
cauces que han de seguir estas reformas, que consideramos, como ya vengo diciendo y reitero, necesarias, y entrando en el análisis de las propuestas contenidas en la iniciativa, hemos de manifestar que pese a compartir algunas de ellas hay
otras tantas que nos resultan difíciles de asumir en los términos que se plantean. Es el caso de rebajar el límite de población para participar de los ingresos del Estado, sustituir el recargo del IBI por el de participación porcentual en el
impuesto de hidrocarburos para la financiación del transporte público, supresión del IAE para autónomos o recargo para zonas comerciales del IBI. Sí estamos conformes con establecer recargos para las grandes superficies con un gran volumen de
negocio, como sucede en Madrid o Barcelona, o tasas sobre instalaciones como líneas de alta tensión, por la sencilla razón de que nos oponemos a las mismas. Por tanto compartimos en parte las medidas propuestas por Esquerra Republicana, en cambio
creemos que otras habrá que matizarlas o más concretamente suprimirlas. Por estos motivos hemos presentado una enmienda de sustitución en la que instamos al Gobierno a abundar en esa vía de negociación, que por otra parte no se ha abierto con
anterioridad en la etapa que nos precede, del Partido Popular, desarrollando de forma negociada el acuerdo de 15 de marzo entre el Gobierno y la Federación Española para profundizar en la suficiencia financiera de las corporaciones. Además creemos
que este proceso de diálogo debe tener una serie de pautas y compromisos que se deberían abordar sin dilaciones. Concretamente proponemos la modificación del IAE, que ha supuesto la pérdida de alrededor del 20 por ciento, como se ha denunciado, de
lo que se ingresaba en el año 2002, a pesar de las promesas de compensación que aún hoy se están negociando. Es imprescindible que además de la compensación que corresponde se tenga en cuenta la evolución de los ingresos derivados del IAE que se
producirían como consecuencia de la actividad económica. El resto de cuestiones (por la hora que es no voy a torturar a SS.SS.) consta en la enmienda que se ha presentado y son las propuestas que históricamente venimos defendiendo tanto como
Izquierda Unida como Iniciativa per Catalunya Verds, por tanto me remito a las mismas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Navarro.
Tiene la palabra el señor Mardones, por Coalición Canaria.
El señor MARDONES SEVILLA: Muy brevemente, señor presidente.
Mi grupo no puede votar favorablemente esta moción que trae el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana porque consideramos que es inviable. Si creemos que en España hay pocos problemas y queremos soliviantar a más colectivos, apliquemos
medidas de este tipo. (Un señor diputado: ¡Muy bien!) Nosotros tenemos que respetar, en primer lugar, un órgano institucional como es la Federación Española de Municipios y Provincias, que tiene sus vías de diálogo con el Gobierno. Está además el
Consejo de Política Fiscal y Financiera, que tiene que pronunciarse en muchos aspectos de fiscalidad, algunos de los cuales son inaplicables constitucionalmente en Canarias, fuera del área IVA, de los impuestos y de la estructura que su régimen
económico y fiscal le señala. Sería prácticamente inviable que el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tuviera que votar una cosa que va en contra del propio estatuto de autonomía y contra la propia Constitución española.
Cuando hablaba de soliviantar, decir textualmente en el punto tres: garantizar la participación indirecta de todos los municipios en los ingresos y tributos del Estado..., esto es inviable, sería una dislocación de todo el sistema
financiero que se aprueba en la ley de Presupuestos Generales del Estado. El punto 7 dice: Establecer un recargo para zonas comerciales en el impuesto de bienes inmuebles. Dígase esto en cualquier calle comercial de España y a ver qué responden
los empresarios, que están discutiendo que les han puesto una gran superficie comercial y están cerrando negocios, cuando encima se les ponga un impuesto. El número 11 no tiene desperdicio al modificar el impuesto de actividades económicas de forma
que no estén exentos los profesionales que actúan como autónomos o colegiados. El número de profesionales en España que actúan como autónomos supera cualquier censo de estructura empresarial en la media europea. El punto 12 habla de la creación de
un impuesto sobre pernoctaciones en empresas turísticas. Señores, ¿qué pasó en Baleares cuando se intentó meter la ecotasa? ¿Es que esto es un nombre distinto de la ecotasa o del impuesto para una tasa ecológica? Decir esto al sector hotelero
español, en las circunstancias de precaución y de precrisis que tiene en áreas como Canarias, Baleares y las zonas turísticas de la Península en el Mediterráneo, es poner en pie de guerra a todo el empresariado turístico español, que ya vimos cómo
se comportó en Baleares con el intento del Gobierno de meter la ecotasa, y ahora que están en una situación peor con la crisis del turismo alemán y centroeuropeo encima le metemos una ecotasa por pernoctación en establecimiento turístico. ¿Pero a
quién se le mete? ¿Al turista que viene de un país de la Unión Europea o al ciudadano español que se desplaza a una provincia y tiene que alojarse en un hotel? ¿Se le va a cobrar la pernoctación? Esto es de tal calibre que lleva al sentido común
de decir a los proponentes que por favor tengan responsabilidad, porque estas son unas ocurrencias que no creo que haya gobierno de ni ningún partido en España en este momento que quiera
asumir el coste político de proponer ni siquiera una de las 16 medidas que propone esta iniciativa. Me parece mucho más lógica la propuesta que hace de enmiendas el portavoz del Grupo Socialista, dejar esto en un diálogo para ir avanzando,
como venimos haciéndolo durante todos los años de la democracia, hablando del Fondo de Compensación Interterritorial, del Fondo de ayuda municipal, etcétera, ir solventando esta cuestión en un diálogo entre la Administración local y los poderes
centrales. Lo demás es meternos en una dinámica que mi grupo no está dispuesto a suscribir.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Grupo Vasco, señor Azpiazu. (Pausa.)
Finalmente CIU, señor Guinart.
El señor GUINART SOLÁ: Señor presidente, señorías, nuestro grupo ha estado valorando la oportunidad de presentar una enmienda de sustitución a la moción de Esquerra Republicana, consecuencia de la interpelación urgente sobre financiación de
las corporaciones locales, pero finalmente se ha decidido por desechar esa posibilidad, y a continuación expondré cuáles son nuestros argumentos, pero antes no debe quedar ni la menor sombra de duda de que el Grupo Parlamentario de Convergència i
Unió coincide con la visión de otras formaciones políticas -en este caso ha sido Esquerra Republicana quien ha formulado la propuesta a través de la interpelación- en el diagnóstico de que las corporaciones locales, que es el nivel de la
Administración que está más próximo al ciudadano, con todas las ventajas e inconvenientes, tiene y arrastra problemas de financiación o, dicho de otra manera, padece un crónico creciente y preocupante desequilibrio financiero. En ese mismo sentido
se ha pronunciado repetidamente, aparte de otras entidades municipalistas, la Asociació Catalana de Municipis y Comarques, que abarca más de 800 entidades locales en Cataluña, que en diversos documentos, trabajos y estudios ha insistido en la
gravedad de esa deficiente financiación, por ejemplo en el reciente documento aprobado el 29 de enero de este año titulado Bases para el municipalismo en el siglo XXI, que incorpora una ponencia de la Asociación de Municipios llamada Una proposta
catalana de finançament, que recogía cuáles debían ser las directrices para una reforma profunda de las haciendas locales inspirado en lo que todos los municipios catalanes aprobaron en su segundo congreso; el primero había tenido lugar en 1936.
Quede claro, pues, que este es un tema que preocupa mucho y desde hace mucho tiempo a Convergència i Unió y, permítanme la licencia, le preocupa enormemente a quien les habla en su condición de alcalde de un municipio turístico, pero a nadie se le
escapa, y menos a Esquerra Republicana, que actualmente el Parlament de Catalunya está abordando intensivamente la reforma del estatuto de autonomía. En la última sesión de la ponencia parlamentaria, la pasada semana, hubo un acuerdo de la mayoría
de los grupos, entre ellos Convergència i Unió y Esquerra, para que el nuevo texto asuma las competencias íntegras en organización local, su grado competencial y el sistema de financiación, siendo competencia exclusiva del Parlament de Catalunya
-está en la propuesta- la determinación de los criterios de la participación en los ingresos del Estado, el llamado PIE, y del reparto de los ingresos entre territorio y población. No parece pues acertado en esa dinámica todavía de debate en
Cataluña introducir, vía moción y de forma subrepticia, unas propuestas específicas de modificación y mejora de las haciendas locales que como objetivo final sí compartimos, como he dicho. Aún resuenan en los oídos de este diputado las palabras de
disgusto e incomodidad del portavoz de Esquerra Republicana tachando de oportunista la propuesta de nuestro grupo de la tan necesaria transferencia de las competencias de gestión de las costas a la Generalitat de Catalunya, arguyendo que se estaba
debatiendo el nuevo estatut, aunque finalmente votaran a favor, justo es reconocerlo, pues por otro lado no podía ser de otra manera.
Desde el Gobierno del Estado contemporáneamente, y nos consta, se está trabajando para la elaboración del Libro Blanco de reforma local y existe un proceso paralelo para la mejora de la financiación local que ha de dar como resultado
propuestas maduras, realistas e integrales para abordar ese objetivo de mejora financiera. Por tanto, la moción de hoy debe tener dos análisis: uno en el ámbito de Cataluña y otro en el ámbito estatal. A nivel estrictamente catalán la moción no
respeta y trastoca los trabajos elaborados desde la ponencia del nuevo estatut de Cataluña, pero es que además es una moción que está poco elaborada, poco estudiada, poco contrastada, con unos efectos reales para los municipios muy limitados y que
no consigue dar cumplimiento a la autonomía local de la suficiencia financiera que queremos para todos los municipios. A nivel del conjunto del Estado esta moción no propone unos principios rectores para incrementar la suficiencia financiera de los
municipios ni configura una estructura coherente para un nuevo modelo de financiación. Se proponen apaños inconexos, chapuzas -como les gusta decir a ustedes- de poco alcance que adolecen de descuidos tan necesarios en el corto plazo como la
garantía de la compensación de las exenciones del IAE, que sigue siendo la pesadilla de las corporaciones locales porque continúa sin estar resuelto, al menos mirando al pasado, a pesar de los sucesivos compromisos ministeriales. En esa línea del
IAE proponen una incomprensible marcha atrás en sus exenciones, recuperando esa fiscalidad para un colectivo tan indefinido y heterogéneo como
los profesionales autónomos o colegiados, por citar algunas de las propuestas varias.
Veo que se me acaba el tiempo, por lo que voy a intentar dar dos ideas finales en relación con las diversas propuestas de Esquerra Republicana.
Algunas de ellas proponen establecer recargos en determinados sectores, unas medidas
probablemente impopulares, como decía el señor Mardones, y que van a tener una aplicación casi nula por la escasa incidencia que suponen para los ingresos de cierta tipología de municipios que no tienen estructuras comerciales importantes ni son
turísticos. Por otro lado, Convergència i Unió, siendo consciente de la problemática y comprometiéndose a trabajar en su solución, pero de otra manera, no puede apoyar unas medidas que no solucionan la financiación local pero sí contribuyen a
penalizar la actividad económica de los comercios, de los autónomos, las actividades turísticas en general y las de alojamiento en particular, y las de los constructores. En seis meses deberíamos tener en Cataluña y para Cataluña el nuevo estatut y
también finalizado el Libro Blanco del gobierno local y su financiación, instrumentos que deben garantizar la autonomía local y una auténtica y definitiva suficiencia financiera, y no tan sólo los coyunturales e improvisados arreglos a toda prisa
propuestos en esta moción.
Acabo, señor presidente. Como puede deducirse de nuestra explicación, y sin dejar de coincidir en el fondo, nuestro grupo no puede votar a favor de la iniciativa de Esquerra Republicana. No obstante, lo haríamos a favor de la enmienda de
sustitución que ha ofrecido el Grupo Socialista, que nos parece más realista y rigurosa, no en vano ha sido preparada por el señor Más, alcalde de Mataró durante muchísimo tiempo y presidente de la Federación de Municipios de Cataluña, que coincide
en muchos planteamientos con el sentido de nuestra explicación de voto, si lógicamente fuera aceptada por el grupo proponente, a lo cual nuestro grupo le anima.
Muchas gracias, señor presidente, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guinart.
En turno de aceptación o rechazo de enmiendas, señor Puig.
El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señor presidente.
En principio aceptamos la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, que ha propuesto el Bloque Nacionalista Galego, y la enmienda que hemos presentado desde el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
Rechazamos la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista y la del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, que pide que comparezca el Gobierno en seis meses, pues eso lo podemos solicitar nosotros. Y respecto a la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, digo con la palabra que
la rechazamos sin los tanques.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Se votará esta moción con la enmienda de adición del Grupo Parlamentario Mixto y de Esquerra. El resto de enmiendas se entienden rechazadas.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS PROFESORES VASCOS DISCRIMINADOS POR RAZONES LINGÜÍSTICAS. (Número de expediente 173/000061.)
El señor PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, moción consecuencia de interpelación sobre las medidas adoptadas por el Gobierno para garantizar los derechos de los profesores vascos
discriminados por razones lingüísticas. Para su defensa tiene la palabra la señora Arrúe.
La señora ARRÚE BERGARECHE: Gracias, señor presidente.
Señorías, es un honor para mí subir a esta tribuna a defender esta moción que presenta el Grupo Parlamentario Popular en defensa de las 157 familias de profesores interinos del sistema público del País Vasco, algunos de los cuales nos
acompañan hoy aquí y a quienes doy la bienvenida. Son profesores que tras muchos años de docencia y dedicación van a ser excluidos de su actividad laboral, otorgada al resto de profesores que están en las mismas condiciones laborales y
profesionales que ellos, por el único hecho de no acreditar el conocimiento del euskera exigido al profesorado por el actual Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Tenemos que recordar que en Euskadi, en 25 años, la sociedad vasca y la
comunidad educativa en especial han hecho un esfuerzo extraordinario en el proceso de incorporar el euskera en el sistema educativo vasco. Como resultado de este esfuerzo, muchos profesores, ya sean de lengua materna castellana o de lengua materna
vasca, han ido adquiriendo la capacitación lingüística en esta última lengua; pero en materia de lengua, como en todos los demás ámbitos que afectan a las condiciones en que se desenvuelve la vida de las personas, siempre hay que tener en cuenta la
realidad social y respetarla si no queremos violentar los derechos básicos personales. En Euskadi hay y habrá en el futuro necesidades de educación en castellano por la decisión voluntaria y libre de los padres, que siempre debemos proteger, pues
la gran mayoría de los habitantes del País Vasco son de lengua materna castellana; también por la llegada
progresiva de emigrantes a la Comunidad Autónoma Vasca y por ser la lengua oficial del Estado que todos tenemos el deber de conocer y el derecho de usar. Hay que tener en cuenta que en atención precisamente a la realidad sociolingüística
del País Vasco, el sistema educativo prevé diversos modelos en los que las dos lenguas cooficiales de la Comunidad Autónoma Vasca se utilizan en distinta proporción y diferente peso, incluso en las diversas etapas educativas, como medios vehiculares
de la transmisión de la enseñanza en los distintos centros educativos. En materia lingüística, señoras y señores diputados, las medidas basadas en la imposición no responden a los parámetros en los que se fundamentan las sociedades que se rigen por
el valor de la libertad.
El pasado agosto, el Gobierno vasco, mediante una resolución que mi grupo considera gravemente atentatoria de derechos, como expuse en la interpelación a la ministra de Educación y Ciencia, determinó que aquellos profesores interinos que no
tengan acreditado el perfil lingüístico PL2 perderían su estabilidad como docentes del sistema público de enseñanza. Esta situación afecta a 157 profesores con una edad media de 45 años y con más de 20 años de antigüedad, 157 profesionales de la
enseñanza de acreditada experiencia y conocimientos que, si no lo remediamos, perderán su plaza en el próximo curso. Teniendo en cuenta, conforme a lo que establece el artículo 3 de la Constitución, que el castellano es la lengua oficial del
Estado, que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla y, como he dicho antes, que las demás lenguas españolas serán también oficiales de las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos, no es
constitucionalmente admisible que se produzca discriminación por razones lingüísticas, particularmente en los ámbitos social y laboral, en ninguna parte del territorio nacional. Asimismo, el Estatuto de Autonomía del País Vasco, que forma parte del
bloque de constitucionalidad, establece en su artículo 6.3 que nadie podrá ser discriminado por razones lingüísticas. Esta actuación del departamento de Educación del Gobierno vasco supone una discriminación muy clara por motivos lingüísticos que
provoca una pérdida de los derechos individuales de estos profesores.
Tengo que referirme aquí a las terribles declaraciones de la consejera vasca, señora Iztueta, a la que no se le ha ocurrido otra cosa que, de modo despreciativo y con una actitud
propia de pensamientos más autoritarios, declarar públicamente que estos profesores lo que tienen que hacer es estudiar, estudiar y estudiar. Ha puesto así en la picota a unos profesores experimentados y excelentes profesionales. Esta actitud de
la consejera es intolerable y muy grave, ya que la responsable de un departamento como Educación debería defender a los profesionales de su sector en vez de humillarlos, como lo hizo, con sus declaraciones la señora Iztueta. Cuando lo que nuestro
sistema educativo más necesita es un claro apoyo a los profesores, a la función docente que llevan a cabo en las aulas, cuando lo que más necesita es que el profesor goce de un prestigio y consideración social, que tenga el respaldo de los poderes
públicos para una tarea que resulta vital para el futuro de la sociedad, la señora Iztueta nos ha descubierto a las claras cómo valora la función docente, qué consideración le merecen los profesores que dedican su vida y su esfuerzo a la noble
actividad educativa. Estos profesores merecen respeto a su dignidad personal y profesional por lo que han dedicado al sistema educativo. Este desprecio corresponde a la misma conducta del señor Ibarretxe que no ha dedicado un minuto de su tiempo a
conocer el problema de este grupo de profesores ni se ha dignado a recibirlos en los más de 40 días que llevan encerrados. ¿A qué obedece esta cerrazón del Gobierno vasco? ¿A qué obedece esta conducta implacable? ¿Por qué hemos de constatar que
se produce también un agravio comparativo si recordamos el procedimiento seguido para incorporar las ikastolas a la red pública vasca? No hace mucho tiempo de todo esto. En aquel momento, por el Gobierno vasco se decidió buscar una solución -y la
encontraron- que permitió continuar en el sistema educativo a quienes no acreditaban ni perfiles ni titulaciones. ¿Es que para el Gobierno vasco hay ciudadanos de primera y de segunda categoría? ¿Es que el Gobierno vasco no se siente obligado por
el elemental principio de la igualdad de trato, que es la base de una civilización fundamentada en la libertad, en la democracia y en la justicia?
El Grupo Parlamentario Popular, ante este grave problema, ha presentado esta moción que consideramos que defiende unos principios irrenunciables y que busca la buena voluntad de los demás grupos de la Cámara, a los que pide que se adhieran a
la misma. Son principios irrenunciables porque estamos en presencia de un caso claro de discriminación por razones lingüísticas, que nunca debe aceptarse, por conculcar los valores fundamentales sobre los que se asienta nuestra convivencia. Por
eso esta Cámara no puede dejar en el desamparo a estos profesores. Tenemos la obligación moral y política de pronunciarnos con claridad, sin ambigüedades, en justicia y en derecho. Decía la ministra de Educación, contestando a una interpelación
formulada por esta diputada, que no debemos inventarnos un conflicto. Supongo que no era un reproche a mi grupo por haber tomado la iniciativa de defender a este digno grupo de profesores. ¿O es que estamos otra vez ante la perversa actitud de
culpabilizar a las víctimas de los atropellos? Aquí el único que ha provocado este conflicto ha sido el Gobierno vasco y su departamento de Educación al dictar una resolución auténticamente draconiana, injusta y lesiva
de los derechos; él es el único responsable y por ello pedimos un nítido pronunciamiento de esta Cámara no sólo sobre el asunto en sí, sino también reclamando al Gobierno que ponga en marcha todas las acciones necesarias para garantizar de
modo efectivo los derechos de los profesores afectados y para buscar una solución en el marco de nuestro ordenamiento.
Señor presidente, para finalizar, se han presentado dos enmiendas de diferentes grupos de la Cámara. Sobre la de Esquerra Republicana poco voy a decir, salvo que además de ofensiva para estos y para muchos profesores no es digna de un
partido que profese valores democráticos, pues revela una concepción autoritaria de la política, por lo que es absolutamente inaceptable para quien crea en una convivencia basada en la libertad. Por otra parte, el Partido Socialista ha presentado
otra enmienda respecto de la que expreso mi decepción.
El señor PRESIDENTE: Señora Arrúe, ha pasado con creces el tiempo extra que suele atribuir el presidente. Le ruego que concluya.
La señora ARRÚE BERGARECHE: Enseguida.
Realmente, me esperaba algo más del Grupo Socialista en la defensa de los derechos de unos trabajadores. Mi grupo no puede tampoco aceptarla porque se mueve en la tibieza y en la ambigüedad. ¿Por qué no quiere admitir que este es un caso
de discriminación por razones lingüísticas? ¿Tiene acaso miedo de decirlo? La enmienda se...
El señor PRESIDENTE: Señora Arrúe, por favor, casi va a triplicar el tiempo.
La señora ARRÚE BERGARECHE: Termino.
El señor PRESIDENTE: No se trata de que termine; termine ya por favor. ¡Si todos hicieran lo que usted...!
La señora ARRÚE BERGARECHE: Sí, señor presidente.
Como he dicho antes, este caso es de justicia, de lesión de derechos y en tanto en cuanto sucede, señores socialistas...
El señor PRESIDENTE: Termine ya, por favor.
La señora ARRÚE BERGARECHE: ..., no es lícito ponerse de perfil y formular consideraciones para salir del paso. Señorías, espero que reconsideren y que apoyen esta moción por el bien de los profesores.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a la moción tiene la palabra, en primer lugar, el Grupo de Esquerra Republicana, señor Puig.
El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señor presidente.
Teniendo en cuenta que el artículo 3 de la Constitución dice que el castellano es la lengua oficial del Estado, que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla, que las demás lenguas serán también oficiales en las
respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos, no es constitucionalmente admisible que se produzcan discriminaciones por razones lingüísticas, particularmente en los ámbitos social, laboral y político, en ninguna parte del
territorio del Estado español. He empezado con palabras parecidas a las del comienzo de la moción del Grupo Parlamentario Popular. Me gustaría, como representante de una lengua minoritaria en el Estado español, que algún día el Partido Popular
presentase en esta Cámara una moción en defensa de las lenguas catalana y gallega o el euskera. Me gustaría muchísimo que el Partido Popular defendiera los derechos de las minorías lingüísticas del Estado español, porque verdaderamente nuestros
ciudadanos tienen en condiciones nefastas el derecho a los más mínimos requisitos de defensa de estas lenguas. Nos gustaría que el Partido Popular defendiera algún día que nuestros ciudadanos, que nuestros chavales pudieran acceder a la
información, al cine, a la televisión en catalán, gallego y euskera, si realmente cree que los catalanes, gallegos y vascos somos españoles; si no lo cree, que siga en esta línea, porque definitivamente debe creer que no formamos parte de España.
Esta moción que presenta el Partido Popular representa una afrenta a aquellos que hemos sufrido la persecución de la lengua catalana.
(Rumores.) Sí, es verdad, a aquellos que hemos sufrido la persecución y el trato desigual de nuestros
derechos lingüísticos. Hacer demagogia en plena campaña electoral de las elecciones vascas sobre el proceso de estos profesores, que según el Partido Popular han sido injustamente tratados, es hacer demagogia política. Ya nos hubiese gustado a
muchos profesores en Cataluña tener las facilidades que ha dado el Gobierno del País Vasco para que los profesores -digo los profesores, aquellos que hacen pedagogía y para los que la educación es lo más importante- aprendan. (Rumores.) Sí, que
estudien. ¿De qué sirve un profesor que no estudia, un profesor que no quiere aprender? ¿Sirve para enseñar? Yo creo que no, no sirve para enseñar en el País Vasco ni en ningún sitio.
(Rumores.) ¿Cómo pueden enseñar, cómo pueden hacer pedagogía
de la educación personas que se niegan a estudiar, a aprender la lengua de acogida de un territorio? ¿Cómo se puede dar categoría
de profesores a unas personas que se niegan, teniendo todo el tiempo del mundo y cobrando el sueldo, a aprender la lengua de acogida? ¿Alguien me lo puede explicar? (Rumores.- Aplausos.)
Señorías, estamos ante una propuesta que rebasa los límites de los derechos de las personas a estudiar en su idioma. Si en Cataluña los profesores se hubiesen negado a aprender y a adaptarse a la enseñanza del catalán, no hubiera sido
posible hoy la normalización lingüística. La enmienda que hemos presentado es de sustitución porque sabemos que el Grupo Popular no va a aceptar por ningún motivo esta enmienda. Es una enmienda democrática, de respeto a las minorías, es una
enmienda de tradición democrática. ¿Cómo nos puede acusar el Partido Popular de ser un partido antidemocrático? ¿Cómo nos puede dar lecciones el Partido Popular, anclado en un pasado...(Rumores.- El señor González Pérez pronuncia palabras que no
se perciben.)
El señor PRESIDENTE: No, eso no, eso de ninguna de las maneras. Si se vuelve a repetir le invitaré a salir inmediatamente del hemiciclo. La falta de respeto empieza por intentar evitar ese tipo de expresiones. Le vuelvo a advertir que
una expresión de ese estilo me llevará a considerar que se ha producido un desorden en la sala y le invitaré a salir. Esto es serio. Es un orador que tiene plena libertad. Tome en serio mi advertencia.
Continúe.
El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señor presidente. Voy terminando.
Termino con la propuesta que hacemos desde el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana con toda legitimidad democrática. Pedimos que se inste al Gobierno y, en particular, al Ministerio de Educación a que otorgue pleno apoyo a las
decisiones tomadas por el Gobierno vasco y su Consejería de Educación fundamentadas en el más estricto respeto a los principios de la pedagogía. Un colectivo que a pesar de las facilidades que ha tenido es incapaz de aprender conocimientos está
incapacitado para dedicarse a la enseñanza, no solo en Euskadi sino también en todo el Estado español. (Un señor diputado: ¡Muy mal!- Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Puig.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Benzal.
El señor BENZAL ROMÁN: Muchas gracias, señor presidente.
Nosotros queremos empezar también dando la bienvenida a los profesores afectados por la situación en el País Vasco. Hace unas semanas, en una contestación a una interpelación que da pie a esta moción, la ministra de Educación y Ciencia
hablaba de que nuestro Gobierno defiende las lenguas del Estado, todas las lenguas del Estado, que esa defensa, además, se extiende a los derechos laborales de todos los trabajadores y que promueve y defiende por supuesto el bilingüismo de los
ciudadanos.
Además, le decía al Partido Popular que la forma de resolver estas situaciones no es en absoluto confrontando a las instituciones.
Hoy con la moción que se nos presenta se quiere insistir, instando al Gobierno del Estado para que resuelva un problema y buscando una falsa división, que en absoluto compartimos, y que nos lleva a hacer una primera apreciación formal, que
desde luego en democracia quiere decir también de fondo, sobre las intenciones del Partido Popular. El modelo autonómico del Partido Popular es aquel en el que para resolver un problema confronta instituciones. Seguramente algún miembro
anteriormente interviniente del Partido Nacionalista Vasco empezará a ver alguna diferencia en esta posición entre el Partido Popular y el Partido Socialista.
En relación con la moción, la postura del Partido Socialista es que ni ve el peligro en la lengua, ni tampoco advierte eso de que vienen a por la lengua, sobre lo que algún otro en cambio parece apostar. El Partido Popular no plantea en su
moción ninguna solución práctica, y tampoco la presenta en el sitio oportuno, al problema que sin duda alguna esos ciudadanos tienen. Además, el Gobierno vasco ha visto el problema y lo ha resuelto solo desde un ámbito rígidamente lingüístico. De
tal manera que el Partido Socialista quiere pasar a una solución más flexible buscando soluciones a los problemas. Esa flexibilidad nos indica que es posible y compatible la unión de los derechos laborales de los trabajadores y los derechos
lingüísticos sociales. Nos parece que hay en el espacio vasco un ámbito suficientemente abierto como para tener recursos para resolver esa situación. Hay espacios abiertos en lo político, hay espacios en lo laboral, hay espacios en lo social y hay
espacios en lo docente. Estos ámbitos político, social, laboral y docente son propios de la izquierda y por tanto los reivindicamos, aunque desde luego no los patrimonializamos, puesto que todo el mundo entiende que también otros los comparten.
En el aspecto político -se ha dicho ya, pero queremos abundar en ello-, tanto la Constitución como el estatuto de autonomía aseguran el derecho a no discriminar por lengua, pero a la vez también asegura una reivindicación, en este caso del
euskera para todos. Se nos va a permitir la legitimidad que tenemos como socialistas para decir que el Partido Socialista vasco ha contribuido de una manera determinante a ese éxito, a ese formidable éxito escolar que ha habido de euskaldunización
del 80 por ciento al día de hoy del profesorado. Hasta tal punto esto es así que parece
que prácticamente a partir de entonces simplemente el sistema educativo ha seguido la inercia de lo que en su momento se hizo. En el ámbito siempre político hay un informe del Ararteko vasco que nos dice que ya se está buscando en dicha
institución una solución por parte del Grupo Parlamentario Socialista en Euskadi y por parte del Gobierno. También hay un ámbito laboral y los acuerdos que dan pie a esta situación provienen del año 2002. Hay que recordar que el Partido Popular
estaba en el Gobierno en el año 2002 y no vieron en aquellos acuerdos ningún tipo de problema para traer a este Congreso una solución como la que ahora se propone. En aquella época no propusieron ninguna solución en el ámbito vasco, que es donde
nosotros creemos que reside el problema y que hay que resolver.
Con ese ámbito laboral, desde el año 2002, hubo legítimamente un acuerdo del Gobierno vasco con una serie de sindicatos, alguno de los cuales ha exteriorizado y ha hecho circular un manifiesto con relación a esta situación en donde pone los
derechos laborales por delante de cualquier otro tipo de derecho, puesto que sindicalmente creen que esa es la solución más adecuada, y que nosotros compartimos. Proponen, incluso, una solución personalizada para cada uno de los miembros del
colectivo, no ya solo mantener laboralmente la situación de estabilidad; estabilidad que, a partir del año 2002, estos profesores vieron truncada a pesar de estar en una lista de 1.500 profesores estabilizados, en el argot educativo docente bolsa
de profesores, que el Gobierno vasco creyó oportuno -y nos parece muy bien- tener a disposición para el propio sistema educativo. Se les ha evitado esa continuidad en la estabilidad. Por tanto, condiciones de dos tipos para los aspectos docentes:
lingüístico y de especialidad.
La especialidad está más que demostrada e incluso reconocida por esa incorporación inicial que se hizo, en el bloque de los 1.500, a esos 157 que hoy tienen ese problema. Y además, por supuesto, condiciones
lingüísticas.
Con esa situación, se da la paradoja, aunque no es determinante en sí misma, de que estos profesores podrían ser sustituidos por otros que aun teniendo esa condición lingüística, dieran al día siguiente clase a los mismos alumnos sobre la
misma materia, puesto que tienen la especialidad, y en la misma lengua.
El señor PRESIDENTE: Señor Benzal.
El señor BENZAL ROMÁN: Voy acabando, señor presidente.
Puesto que han tenido la oportunidad, y es cierto, de formarse en euskera, también tenemos que hacer una referencia a esa situación porque el Gobierno vasco les ha dado la posibilidad, pero posibilidad truncada porque, desde el año 2002, han
endurecido inexplicablemente -y creemos que artificialmente- las condiciones. En primer lugar, por la edad, que no se exige a otros colectivos de servidores públicos, elevando de 45 a 55 años la edad para estar exento de ese conocimiento
lingüístico; y en segundo lugar, por el propio tiempo, puesto que en sólo dos años, desde 2002 a 2004, se restringe esa situación.
El Partido Popular querría que se creara un conflicto de Estado donde, como mucho, puede haber un problema del Estado, que nosotros queremos residenciar en el sitio oportuno, que es el Gobierno vasco, pero sin dejar de manifestar la opinión
del Congreso de los Diputados; opinión que nosotros trasladamos (y que ya hemos dicho que el Partido Popular se encargó muy bien de no hacer explícita y de traer a esta institución anteriormente cuando pudo hacerlo) a esta institución simplemente
como un manifiesto que recoge explícita e íntegramente las condiciones que el Ararteko, el Defensor del Pueblo vasco, indicó para estos docentes, que desde luego pasaban por la estabilidad.
El señor PRESIDENTE: Señor Benzal, por favor.
El señor BENZAL ROMÁN: Termino, señor presidente.
Por eso nosotros proponemos una enmienda al Partido Popular, pero no hacemos referencia a otro tipo de enmiendas que se han indicado aquí porque nos parecen demasiado duras, y por tanto menos sociales y laborales con relación a la situación
que nos ocupa. Nosotros queremos, en primer lugar -y así sí se resuelven los problemas-, que se cambien los acuerdos que dan lugar a la situación concreta que están viviendo estos profesionales, para que tengan esa estabilidad a la que sin duda
alguna tienen derecho.
El señor PRESIDENTE: Señor Benzal, no me haga como anteriormente, no me prometa que va a terminar y luego no termina. Termine, por favor.
El señor BENZAL ROMÁN: Acabo.
En segundo lugar, la compatibilidad de los derechos laborales y profesionales con los lingüísticos y, en tercer lugar, reformular los criterios para que la selección del profesorado no pase por estas vicisitudes. Proponemos estas
alternativas a la moción del Partido Popular, que creemos que en absoluto resuelve el problema.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Turno de fijación de posiciones.
En primer lugar, Grupo Parlamentario Mixto. Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente.
Me pide el señor presidente que, por favor, no me alargue mucho y por tanto seré breve. No corresponde a este Parlamento debatir ni tratar de intervenir en un ámbito en el que no es competente. Por lo cual, la primera consideración,
señorías del Partido Popular, es: respeten el entramado institucional, respeten el ordenamiento jurídico. Injerencia competencial y, por tanto, no admisión del respeto a las instituciones vascas. Es inadmisible que digan ustedes que defienden las
instituciones vascas cuando están vulnerando sus competencias, claramente establecidas en el Estatuto de Gernika. Pero no se preocupen, que les vamos a dar una serie de datos que no han citado ustedes y que no les interesa decir. (La señora
vicepresidenta, Chacón Piqueras, ocupa la Presidencia.)
Primera consideración. ¿Por qué han presentado en este momento esta cuestión? Probablemente porque les debe ir muy mal en la campaña electoral, porque en otros ejercicios educativos no han tenido ningún interés por los profesores
interinos; no dijeron nada hace un año, cuando cuarenta y ocho profesores interinos, por no cumplir la legalidad, se encontraron en una situación parecida por no presentarse a la oferta pública de empleo. Precisamente los profesores interinos que
hoy dicen ustedes defender -dicen defender- se beneficiaron de esas vacantes para tener la estabilidad que antes no tenían. Por tanto, absoluta utilización de un tema electoral para una cuestión que no compete a este Congreso.
Flaco favor hacen
ustedes a un Estatuto de Gernika y a unas instituciones vascas que dicen defender.
Segunda consideración. Les voy a dar unos datos que quizá la mayoría de los parlamentarios, de los diputados y diputadas no conocen. En primer lugar, hablamos de un colectivo de profesores que no son funcionarios de carrera. En segundo
lugar, hablamos de un colectivo de profesores interinos, con estabilidad, que tienen una situación de protección que no existe en ninguna otra comunidad autónoma. En tercer lugar, hablamos de un colectivo que habiendo podido participar en las
ofertas públicas de empleo de los años 1993, 1994 y 2003 no han logrado la condición de funcionario de carrera. En cuarto lugar, hablamos de un colectivo que ha gozado y goza de la posibilidad de euskaldunizarse con liberación de hasta tres cursos
escolares, no ejercer la docencia, aprender euskera cobrando la integridad del sueldo, lo que ha supuesto un coste para la Administración y para los ciudadanos y ciudadanas vascas de más de dos mil millones de pesetas. ¿Quieren que les dé algún
dato más? De los 157 profesores, 102 suspendieron el examen realizado en castellano; 54 obtuvieron un cero, puesto que firmaron y se fueron; 25 no se presentaron.
Le voy a dar más datos que usted no ha señalado, señora portavoz. En primer lugar, que el departamento de Educación ha cumplido con la legalidad, con la normativa vigente; que el departamento de Educación ha cumplido con una normativa que
viene avalada por una gran mayoría de sindicatos mediante un acuerdo sindical en el sector de la educación; que el departamento de Educación lo que ha hecho ha sido cumplir un pacto de convivencia plurilingüe de la sociedad vasca; que el
departamento de Educación lo que ha hecho ha sido seguir con un compromiso de estabilidad suscrito en el año 1992, estando el departamento de Educación, Universidades e Investigación en manos del Partido Socialista de Euskadi, en el que se
establecía una de las prioridades en materia de estabilidad en el sector educativo que dice lo siguiente: Las nuevas estabilidades atenderán en todo caso las necesidades del sistema de enseñanzas medias en función de la euskaldunización. Tampoco
han dicho ustedes qué es lo que va a ocurrir con estos profesores, que es un colectivo que sí pierde la estabilidad, que no son funcionarios de carrera y que tienen una situación de protección que no existe en ninguna otra comunidad autónoma, pero
que en ningún caso las posibilidades de seguir prestando servicio en el sistema educativo vasco se les anulan, porque pasan a integrar las listas de candidatos y candidatas a sustituciones, al igual que otros 17.000 sustitutos.
Señorías, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la utilización electoral del Partido Popular en una campaña y en un tema que no corresponde a esta Cámara. Señorías del Partido Popular, lo primero que tienen que hacer, si ustedes
respetan las instituciones vascas, es llevar cada tema donde corresponde, respetar el entramado institucional, respetar la normativa, respetar la legalidad vigente y olvidarse de utilizaciones y de sectarismo en temas que no corresponden. ¡Claro
que hay que intentar buscar soluciones a los temas! ¡Claro que hay que buscar soluciones a la convivencia plurilingüe en la sociedad vasca! ¡Claro que hay que cumplir con todo e intentar buscar las mejores soluciones! Lo que no se puede hacer es lo
que ustedes han hecho.
De autoritarismo -termino, porque la señora presidenta así me lo pide- mejor no hablemos, que algunos en esta Cámara ya hemos sufrido demasiado su autoritarismo, su mayoría absoluta, su Gobierno del Partido Popular y su mayoría autoritaria
de mucho tiempo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Lasagabaster.
Continuamos, señorías, con el turno de la señora García Suárez, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Muchas gracias, señora presidenta. Intentaré ser lo más breve posible.
Quiero confesar que nuestro grupo parlamentario ha dudado en presentar o no enmiendas a la moción consecuencia de la interpelación urgente del Grupo Popular, sobre las medidas adoptadas por el Gobierno para garantizar los derechos de los
profesores vascos discriminados por razones lingüísticas. Digo que hemos considerado hasta el último momento el presentarla y finalmente hemos renunciado, en coherencia con lo que para nuestro grupo es un elemento de gran importancia y que en
cierta manera voy a repetir porque tengo la necesidad de expresarlo. Hemos renunciado porque nos parecía que presentar incluso una enmienda era dar demasiada credibilidad a esta moción. Consideramos que no es aquí donde debería de estarse
debatiendo este tema. Creemos que esta moción está cuestionando competencias de una comunidad autónoma y está intentando convertir un problema laboral concreto de un colectivo de profesores en un problema político, y todo ello sin duda, y también
se ha dicho, muy relacionado con el proceso electoral que se está viviendo en el País Vasco. Señoría, todo no puede continuar valiendo en política. Por tanto, queremos dejar constancia de lo siguiente.
Para nuestra formación política cualquier problema laboral, individual o colectivo, merece un respeto, una consideración y un tratamiento de rigor y seriedad. Por este motivo, después de conocer con una cierta profundidad los antecedentes,
es decir, el marco legislativo de la ley de normalización de euskera de 1982, el proceso de euskaldunización impulsado por el Gobierno vasco, las diferentes etapas y procesos de acreditación del perfil lingüístico, el denominado compromiso de
estabilidad, después de conocer que desde 1993 se han acreditado unos 17.000 profesores y profesoras, después de conocer también que se han destinado a lo largo de todos los años de todo el proceso más de 11 millones de euros desde esta fecha,
también conociendo que de estas 157 personas afectadas no todas ellas están en las mismas condiciones, ya que algunas de ellas, 34 en concreto, parecen realmente haber agotado todos esos márgenes para acreditar perfil, pero que el resto aún tienen
entre uno y dos años para hacerlo todavía con la posibilidad de recuperar estabilidad si acreditan perfil, y sin que estas valoraciones signifiquen en absoluto menospreciar ni quitar importancia a la problemática laboral que a través de esta moción
nos ha hecho llegar el Grupo Popular, y que repito, no es el marco en el que deberíamos estarlo discutiendo, quiero dejar aquí constancia de que nos preocupa esta situación y que consideramos que deben buscarse, sin duda, todos los mecanismos para
encontrar vías alternativas no traumáticas para el colectivo de profesores mencionados. Pero también con la misma claridad manifestamos nuestra disconformidad con el método que se está utilizando para abordar un problema laboral. Desde nuestro
punto de vista, este no es un problema de discriminación lingüística, como parece haber intentado plantear el Grupo Popular, ni tampoco es un problema de conjunto de trabajadores, de profesores en contra o a favor del euskera.
Por la poca dimensión -y esto no le quita importancia- del conflicto, por la variedad del colectivo afectado y la situación también diversa en la que se encuentran es básicamente un problema laboral que debe resolverse en el marco de la
Comunidad Autónoma del País Vasco, con total independencia y sin que desde este marco parlamentario tuviéramos que manifestar ni tan siquiera una opinión y no por falta de interés hacia las personas afectadas, sino precisamente por respeto hacia
ellas y por respeto profundo al Gobierno vaso. Esperamos y deseamos que encuentren una solución adecuada, tanto para el colectivo afectado como -y no se ha mencionado- para el colectivo que sí ha acreditado perfil y que, sin duda, también debe
considerarse para no caer en soluciones que puedan comportar un agravio comparativo, ya que han tenido entre tres y siete años para acreditar el perfil, habiéndolo conseguido, como ya he dicho antes, más de 17.000 profesoras y profesores,
seguramente con dedicación y con esfuerzo. Por tanto, este colectivo también tiene unos derechos y merece unas consideraciones que se deben tener en cuenta de manera responsable y rigurosa.
Señorías, no tenemos la menor duda de que las fuerzas políticas del País Vasco -y por tanto, el Gobierno vasco- encontrarán las mejores fórmulas para solucionar lo que, por otro lado, es absolutamente normal, y es que cualquier proceso de
normalización lingüística tiene o puede tener obstáculos y dificultades que se necesitan asumir y gestionar de la manera más consensuada posible.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Le ruego que concluya, por favor.
La señora GARCÍA SUÁREZ: También, sin duda, siendo fieles a los objetivos que dicho proceso de normalización lingüística pretendían. Nuestra formación política debe decir aquí que compartimos el principio de euskaldunización progresiva y
no traumática del conjunto del sistema educativo vasco y que todos los grupos vascos asumieron el compromiso de trabajar en pro del bilingüismo desde que se aprobó la Ley de normalización del euskera en 1982.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Le ruego que concluya, por favor, señor García.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Por todo eso respetamos el proceso interno del País Vasco y votaremos en contra de la moción del Grupo Popular.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias y disculpe.
Señor Esteban, continuamos con su turno en nombre del Grupo Parlamentario Vasco.
El señor ESTEBAN BRAVO: Señoras y señores diputados, esta propuesta del Grupo Popular es claramente electoralista basada en falsos datos y falsas conclusiones, utilizando el euskera en detrimento de la convivencia. Para empezar habría que
decir que, desde luego, no compete a esta Cámara discutir esta materia en virtud de la distribución competencial. La materia educativa está ya transferida y no es de recibo que, como hace el Grupo Popular, se le pida a una Cámara sin competencias
que tome acciones en un ámbito que corresponde a otras instituciones. Cualquier día en el Parlamento vasco nos vamos a poner a discutir de las convocatorias del Ministerio de Defensa o de la política del Ministerio de Asuntos Exteriores. Tampoco
se han debido enterar de la jurisprudencia, a tenor del texto de la moción, puesto que el Tribunal Constitucional ha afirmado una y otra vez que cuando existen perfiles lingüísticos no se produce discriminación por razones lingüísticas y, por lo
tanto, no cabe hablar, como hacen ustedes, de ello en esa propuesta. Estamos hablando de un colectivo que no son funcionarios de carrera. Es una categoría especial, en Euskadi la de interinos estables; una estabilidad que se garantiza en un
tiempo determinado y bajo unas condiciones determinadas, que están relacionadas con las necesidades docentes del sistema educativo vasco. Es un colectivo que ha podido participar en ofertas públicas de empleo en 1993, en 1994 ó en 2003. Como bien
saben ustedes, en el modelo educativo vasco hay libertad de elección para poder cursar los estudios en castellano, en bilingüe o en euskera.
Les voy a dar un ejemplo de un lugar que no es precisamente el territorio más euskaldun o donde se hable más el euskera, un municipio como Agurain, en Álava. En 1985-1986 demandaban el sistema A en castellano 339 alumnos, en 2002-2003 solo
31, y la realidad es que hoy, de cada 100 alumnos, solo ocho demandan ese modelo A, de manera que los últimos datos que constan -por no aburrirles con muchos datos- son que en primaria el modelo en eusquera lo solicita el 62,4 por ciento, el modelo
B, bilingüe, el 28,7 por ciento y el modelo A, en castellano, solo el 8,4 por ciento de manera voluntaria. Por lo tanto, lo que ocurre, como se diría en El Quijote -vamos a usar frases en castellano-, ya en los nidos de antaño no hay pájaras de
hogaño, y lo que ocurre es que verdaderamente las necesidades del sistema educativo son otras. Hay un decreto que hace que haya un compromiso de estabilidad para los docentes hasta el 31 de agosto de 2004 y deben acreditar los perfiles 1 en un
tiempo más corto de un año o el perfil 2 en un tiempo algo más largo. Se basan en el Decreto 47/1993, de 9 de marzo, de perfiles lingüísticos y fechas de preceptividad de los puestos de trabajo docentes. No lo hizo ningún nacionalista periférico o
sectario, sino que fue aprobado en tiempos del recordado y vilmente asesinado por ETA, Fernando Buesa, cuando él era consejero de Educación.
También con él se aprobó la Ley 1/1993, de escuela pública vasca, que señala el derecho de los alumnos a
matricularse libre y voluntariamente en el modelo lingüístico que prefieran, pero, como en El Quijote, de mis viñas vengo, el PSOE parece que no tiene nada que ver con esto. Este decreto y el posterior del año 2004 son decretos de naturaleza
especial, pactados con los sindicatos, unos sindicatos con una representación del 63 por ciento en el sector, y nadie protestó, ni los sindicatos no firmantes ni tampoco los interesados.
La Administración ha gastado, como ya se ha señalado, mucho dinero en la euskaldunización de estos profesores, hasta tres años con cursos pagados y con el sueldo íntegro. Yo creo que ahí habría que aplicar lo de adoba tu paño y pasarás el
año y cada uno es artífice de su ventura, que se decía también en El Quijote, porque, desde luego, menudo ejemplo edificante para el alumnado que en una OPE, sabiendo que para mantener la estabilidad por lo menos hay que presentarse, vayan 50 de
estas personas y únicamente firmen el examen y lo dejen en blanco. Desde luego no sé en qué estaríamos pensando si a cualquier trabajador de una empresa pública o privada se le estuviera capacitando por las nuevas necesidades de esa empresa y no
aprovechara el tiempo ni tampoco se viera capacitado para responder a las exigencias de esa empresa. El fracaso no debe ser una vergüenza ni motivo de escarnio, pero tampoco puede considerarse un mérito.
Discriminación. Supongo que un principio de la izquierda será también la igualdad. ¿Qué pasa con todas las personas que han hecho un esfuerzo y que aprobaron? Podrían pensar: ¿de qué les ha servido? Lo que queremos que se aplique es el
Estado de derecho, normas constitucionales que no discriminan; que se aplique el Estado de derecho. Porque aquí todos dicen amar el eusquera, algunos se ponen hasta un pin con una ikurriña en campaña, pero ¿qué propuestas ha traído el Grupo
Popular o el Grupo Socialista a favor del eusquera?
A estos profesores no se les expulsa del sistema educativo, pasan a la lista de gestión de candidatos, como miles de sustitutos docentes en cada curso escolar, y muchos de ellos por antigüedad ocuparán los primeros lugares de esas listas,
incluso algunos en algunas especialidades. No sabemos todavía la RTP de los centros, pero podrán seguramente acceder a una plaza en el curso que viene. Además hay una cosa que todavía no se ha dicho y creo que es muy importante reseñarla. No
arrojemos -El Quijote también lo dice- la soga tras el caldero porque aquí parece que se expulsa a la gente -no es así- y que además ya no hay ninguna solución.
Pues no, porque el Decreto del año 2004 pactado con los sindicatos dice lo siguiente: primero, aunque había perdido la estabilidad por no cumplir los perfiles en el año 2004, se les alarga hasta el año 2005 -que es lo que está sucediendo en
estos momentos-, segundo, este año incluso pueden solicitarlo para aprender eusquera y, tercero, dice una cosa muy importante -lo leo literalmente-: si alguna de las personas a las que se refiere la presente disposición adicional -este colectivo
afectado- acreditara en el futuro el perfil lingüístico 2, podrá recuperar la condición de estable con motivo de las bajas que en cada curso escolar se produzcan sobre el cupo máximo establecido, y ello con carácter preferente respecto al
procedimiento ordinario de cobertura, no al de dicho cupo. Dicho de otra manera, si en el futuro, en un curso determinado, acreditaran estas personas tener el perfil lingüístico 2, lograrían de nuevo recuperar la estabilidad; la consejera se
refería a eso cuando decía que lo que tenían que hacer era estudiar, porque está abierto sine die, según el decreto. Mayor flexibilidad que pedía el Partido Socialista no puede haber.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Le ruego concluya, señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Concluyo.
La señora Arrúe habla de eusquera como instrumento de conflicto utilizado por los nacionalistas. Yo creo que está sucediendo al revés: ustedes quieren ir en contra de la igualdad del derecho de oportunidades, quieren despilfarrar el dinero
público, quieren violentar la libre demanda al alumnado castigando un idioma que desgraciadamente no sienten como suyo.
Al cuerdo engañarán una vez, al loco dos y al necio tres, pero la opinión pública vasca no es loca ni necia. Exigimos, pedimos
el cumplimiento del ordenamiento jurídico y respeto al Estado de derecho, y como diría Sancho, el de El Quijote: Eso pido, y barras derechas.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Esteban.
Finalizamos con la intervención del señor Xuclà, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Adelante, señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Gracias, señoras presidenta.
Voy a ser muy breve porque creo que se han vertido argumentos suficientes y muy contundentes, y también se ha visto cómo se ha pretendido ventilar en este Congreso de los Diputados un asunto que creo que tiene mucho de material de desgaste
electoral y unos fundamentos, como mínimo, inexactos.
Se ha intentado plantear un presunto conflicto laboral a partir de lo que hemos podido estudiar como un régimen laboral especialmente generoso hacia estos profesores; ante una situación que tiene el aval de los sindicatos vascos de una
forma mayoritaria; ante unas personas de las que de forma más que inexacta se dice que se les ha perseguido cuando, en el más extremo de los casos, después de haber suspendido tres oposiciones y de haber tenido tres cursos dedicados exclusivamente
al estudio y formación en la lengua vasca, incluso pueden quedarse en la bolsa de interinos. La portavoz popular, proponente de esta moción, citaba a la ministra de Educación, quien en la interpelación del anterior Pleno del Congreso le decía que
no se debían inventar conflictos de forma artificial. Creo que el estudio detallado, pormenorizado de este tema que se trae a colación al Pleno de este Congreso de los Diputados confirma lo que le apuntaba la ministra de Educación: que se ha
creado un conflicto de forma artificial, que se intenta crear una división de forma artificial. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Finalmente, una reflexión. Las lenguas pueden ser cuestión de derecho individual y de elección como derecho individual, pero las lenguas también tienen su reconocimiento en el marco del bloque de constitucionalidad y en el marco del régimen
estatutario y es evidente que el estatuto vasco, como el estatuto catalán, gallego o valenciano reconocen como lenguas propias distintas al castellano, lo que requiere protección, tal como se contempla en la Constitución, artículo 3, y protección
también por parte de los poderes públicos autonómicos. Esto es lo que ha hecho con diligencia el Gobierno vasco y, por tanto, este es un debate absolutamente artificial y con un cierto intento de rédito electoral por parte del Grupo Popular. Por
esto, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), anuncio el voto contrario a la moción consecuencia de interpelación presentada por el Grupo Popular.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xuclà.
En turno de aceptación o rechazo de enmiendas, tiene la palabra la señora Arrúe.
La señora ARRÚE BERGARECHE: Como es lógico, la enmienda de Esquerra Republicana es inadmisible por ofensiva, como ya he dicho en la exposición, y no vamos a admitirla. La del Grupo Socialista nos parece ambigua y que soluciona poco los
problemas que verdaderamente tienen estos profesores. No vamos a admitir ninguna de las dos enmiendas.
El señor PRESIDENTE: Vamos a votar. Primera votación. Moción del Grupo Parlamentario Vasco sobre los propósitos del Gobierno en torno a la revisión de la legislación dictada en la legislatura anterior que vulnera las competencias de las
comunidades autónomas. Se vota en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor, 31; en contra, 263.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.
Moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana sobre la necesidad de mejorar la financiación local con las enmiendas de adición presentadas por el Grupo de Esquerra y el Grupo Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor, 10; en contra, 274; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.
Finalmente, moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre las medidas adoptadas por el Gobierno para garantizar los derechos de los profesores vascos discriminados por razones lingüísticas. Se vota la moción en sus términos.
(La señora Sánchez Díaz: El tablero.) Perdón, ¿qué ha pasado?, ¿qué ocurre? (Rumores.- En el tablero electrónico sale reflejada la siguiente votación: votos emitidos, 229; a favor, 111; en contra, 99; abstenciones, 19.- Aplausos.- El señor
Pérez Rubalcaba pide la palabra.) Silencio, por favor. Vuelvan a los escaños. (Pausa.) Vuelvan a los escaños. Comprenderán que hay muchos votos que no han emergido porque el presidente ha activado el botón de paro. (Protestas.) Vuelvan a los
escaños, por favor. El presidente no ha dicho comienza la votación y el presidente ha activado el paro, y por eso se han quedado muchos huecos que no figuraban. Lo pueden comprobar ustedes, si quieren, mañana en el listado electrónico. Vayan a
los escaños, por favor, vamos a repetir la votación. (Pausa.)
Por favor, ocupen los escaños, vamos a repetir la votación. (Protestas.) Es que no se ha votado. Señores, ocupen sus escaños, las votaciones se producen cuando el presidente dice comienza la votación, que no ha sido el caso. (Aplausos.)
Debido a que alguien ha dicho algo, he preguntado qué pasaba y no he activado el mando, y eso es lo que ha procurado que haya habido tantos huecos. Eso es todo, no tiene mayor problema. De todas maneras, si se quieren crear problemas siempre se
crearán problemas.
Llamen a votar y, por favor, siéntense, esto no tiene mayor trascendencia, es una moción. Vamos a proceder a la votación. (Protestas.- El señor Zaplana Hernández-Soro pide la palabra.)
Señor Zaplana, ¿es por una cuestión de orden?
El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Es una cuestión de orden.
El señor PRESIDENTE: Dígame.
El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Señor presidente, efectivamente el presidente ha hecho algún gesto en el transcurso de la votación que mi grupo no ha alcanzado, ni yo mismo, a interpretar, pero lo que no es menos cierto es que el mecanismo
de votación no ha sido paralizado en ningún momento. Yo no quiero, en nombre de mi grupo, crear mayores dificultades al funcionamiento normal de la Cámara... (Protestas.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: ... Pero quiero hacer constar expresamente que en estos momentos, aunque vamos a proceder a votar por segunda vez, se ha cometido una irregularidad por parte de la Presidencia no parando el mecanismo de
votación si alguna duda tenía en ese momento.
Quiero que quede constancia del error y quiero que quede constancia de que en ningún momento el presidente, durante el tiempo destinado a la votación, ha hecho constar a SS.SS. que la votación estaba
paralizada.
(Aplausos.- El señor Labordeta Subías pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Labordeta, si es para iniciar una sucesión de cuestiones de orden yo prefiero hacer constar en el 'Diario de Sesiones' que probablemente mis dedos no han tenido la suficiente agilidad, pero desde luego de lo que
estoy convencido es de que no he dicho comienza la votación, de eso estoy absolutamente convencido. En consecuencia, puedo haber cometido un error en la agilidad de mis dedos, pero yo no he dicho que comienza la votación.
Señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Señor presidente, el señor Zaplana ha dicho que vamos a votar por segunda vez y yo quería decir que vamos a votar por primera vez. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Lleva usted razón.
Comienza la votación. (Varios señores diputados: ¿De qué?, ¿de qué?, ¿qué estamos votando?- Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 277; a favor, 103; en contra, 170; abstenciones, cuatro.)
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.
Lamento profundamente haber sido el origen de este incidente que se ha debido sobre todo a mi torpeza.
Se suspende la sesión.
Eran las once y veinte minutos de la noche.