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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 72, de 24/02/2005
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2005 VIII Legislatura Núm. 72
PRESIDENCIA EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 67
celebrada el jueves, 24 de febrero de 2005
ORDEN DEL DÍA:
Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas: - Proyecto de Ley por la que se reconoce una prestación económica a los ciudadanos de origen español desplazados al extranjero, durante su minoría de edad, como
consecuencia de la Guerra Civil, y que desarrollaron la mayor parte de su vida fuera del territorio nacional.
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 20-1, de 28 de enero de 2005. (Número de expediente 121/000020.) ...
Enmiendas del Senado: - Proyecto de Ley por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (procedente del Real Decreto-ley 5/2004, de 27 de agosto). 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie
A, número 8-1, de 27 de septiembre de 2004. (Número de expediente 121/000008.) ... (Página 3445)
- Proyecto de Ley por la que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los incendios e inundaciones acaecidos en las Comunidades Autónomas de Aragón, Cataluña, Andalucía, La Rioja, Comunidad Foral de Navarra y Comunidad
Valenciana (procedente del Real Decreto-ley 6/2004, de 17 de septiembre). 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 10-1, de 15 de octubre de 2004. (Número de expediente 121/000010.) ... (Página 3454)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas: ...
- Proposición de Ley del Senado, de modificación de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 138-1, de 17 de diciembre de 2004.
(Número de expediente
124/000002.) ... (Página 3460)
Propuestas de creación de Subcomisiones: ...
- Propuesta de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales, de creación de una Subcomisión para la emisión de un informe que analice la ordenación y adecuación del tiempo de trabajo, la flexibilidad horaria y de la jornada, así como de las
posibilidades de adecuación del horario laboral a la conciliación de la vida laboral y profesional. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 79, de 5 de octubre de 2004. (Número de expediente 158/000009.) ...
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas ...
(Página 3430)
Proyecto de Ley por la que se reconoce una prestación económica a los ciudadanos de origen español desplazados al extranjero, durante su minoría de edad, como consecuencia de la guerra civil, y que desarrollaron la mayor parte de su vida
fuera del territorio nacional ... (Página 3430)
Presenta el proyecto de ley el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Caldera Sánchez-Capitán), en nombre del Gobierno. Comienza agradeciendo a todos los grupos parlamentarios la sensibilidad y diligencia en gestionar un proyecto de
ley para el que el Gobierno solicitó su tramitación con carácter de urgencia y en lectura única, cuya principal característica es la de la justicia con aquellos a los que, tras una larga ausencia, después de muchos avatares de todo tipo, se les va a
reconocer sus derechos como ciudadanos españoles de pleno derecho.
Explica el contenido del proyecto de ley que, según el señor ministro, en su exposición de motivos, sus cinco artículos, sus dos disposiciones adicionales y sus dos disposiciones
finales nos hablan de un texto breve pero profundo por la síntesis de historia y de historias que contiene.
Intervienen en defensa de las enmiendas presentadas los señores Tardá i Coma, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Fernández Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Jauregui Atondo, del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez y Labordeta Subías, la señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la
señora García Suárez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Grau Buldú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y Fernández Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A continuación se procede a la votación de las enmiendas presentadas al proyecto de ley.
Sometido a votación el proyecto de ley por la que se reconoce una prestación económica a los ciudadanos de origen español desplazados al extranjero, durante su minoría de edad, como consecuencia de la guerra civil, y que desarrollaron la
mayor parte de su vida fuera del territorio nacional, con la incorporación de las enmiendas aceptadas, se aprueba por 318 votos a favor.
Enmiendas del Senado ... (Página 3445)
Proyecto de Ley por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (procedente del Real Decreto-ley 5/2004, de 27 de agosto.) ... (Página 3445)
En turno de fijación de posiciones sobre las enmiendas del Senado al proyecto de ley intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda
Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Bonás Pahisa, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); el señor Guinart Solá, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió); y las señoras De Lara Carbó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Carcedo Roces, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Proyecto de Ley por la que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los incendios e inundaciones acaecidos en las Comunidades Autónomas de Aragón, Cataluña, Andalucía, La Rioja, Comunidad Foral de Navarra y Comunidad
Valenciana (procedente del Real Decreto-ley 6/2004, de 17 de septiembre) ... (Página 3454)
En turno de fijación de posiciones sobre las enmiendas del Senado al proyecto de ley intervienen las señoras Fernández Dávila, del Grupo Parlamentario Mixto; Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los señores Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Cerdà Argent, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Guinart Solá, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió);
Ballestero de Diego, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Quirós Pulgar, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
A continuación se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
Finalmente se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los incendios e inundaciones acaecidos en las comunidades autónomas de Aragón, Cataluña,
Andalucía, La Rioja, Comunidad Foral de Navarra y Comunidad Valenciana.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página 3460)
Proposición de Ley del Senado, de modificación de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria ... (Página 3460)
Defiende la enmienda de totalidad a la proposición de ley del Senado el señor Saura García, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso
En turno en contra interviene la señora Báñez García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Replica el señor Saura García, y duplica la señora Báñez García.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Azpiazu Uriarte, del
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Puig Cordón, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Sometida a votación la enmienda a la totalidad de devolución del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre la proposición de ley del Senado de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, se aprueba por 163 votos a favor, 148 en
contra y dos abstenciones.
Propuesta de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales, de creación de una subcomisión para la emisión de un informe que analice la ordenación y adecuación del tiempo de trabajo, la flexibilidad horaria y de la jornada, así como de las
posibilidades de adecuación del horario laboral a la conciliación de la vida laboral y profesional ... (Página 3469)
Interviene para una cuestión de orden el señor Martínez-Pujalte López.
Sometida a votación la propuesta de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales para la creación de una subcomisión para la emisión de un informe que analice la ordenación y adecuación del tiempo de trabajo, la flexibilidad horaria y de la
jornada, así como de las posibilidades de adecuación del horario laboral a la conciliación de la vida laboral y profesional, se aprueba por 311 votos a favor.
Se levanta la sesión a las dos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE RECONOCE UNA PRESTACIÓN ECONÓMICA A LOS CIUDADANOS DE ORIGEN ESPAÑOL DESPLAZADOS AL EXTRANJERO, DURANTE SU MINORÍA DE EDAD, COMO CONSECUENCIA DE LA GUERRA CIVIL, Y QUE DESARROLLARON LA MAYOR PARTE DE SU VIDA
FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL.
(Número de expediente 121/000020.)
El señor PRESIDENTE: Punto VIII del orden del día: Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas. Proyecto de ley por la que se reconoce una prestación económica a los ciudadanos de origen español desplazados al
extranjero, durante su minoría de edad, como consecuencia de la guerra civil, y que desarrollaron la mayor parte de su vida fuera del territorio nacional.
Para la presentación del proyecto, el señor ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Muchas gracias, señor presidente.
Señores y señores diputados, los sentimientos acumulados en este momento solo pueden compararse con los que este Parlamento vivió el pasado 24 de enero en el Centro Español de Moscú, cuando un grupo de diputados y diputadas de esta Cámara,
acompañando a los supervivientes de aquellos niños desplazados hace ahora casi 70 años fuera de sus paisajes y sus afectos, se encontraron. Aquellos niños huían del horror de una guerra que ni ellos ni sus padres buscaron ni quisieron.
Quiero comenzar por donde se debe, y ello es por agradecer a todos los grupos parlamentarios de esta Cámara la sensibilidad y la diligencia en gestionar un proyecto de ley para el cual el Gobierno solicitó su tramitación con carácter de
urgencia y en lectura única, cuya principal característica es la de la justicia; justicia con aquellos a los que, tras una larguísima ausencia, después de muchos avatares de todo tipo, vamos a ser capaces de reconocerles sus derechos, pero no como
emigrantes, sino como ciudadanos españoles de pleno derecho. El esfuerzo realizado por SS.SS. para mejorar el texto inicial rellenando huecos y perfeccionando su alcance es digno del más profundo agradecimiento, no solo del Gobierno, no solo de
los beneficiarios de la ley, sino de todas las españolas y todos los españoles que con su promulgación nos reconciliamos un poco más, si cabe, con aquellos niños y con la historia.
La exposición de motivos de este proyecto de ley, sus cinco artículos, sus dos disposiciones adicionales y sus dos disposiciones finales nos hablan de un texto breve pero profundo, un texto que es doblemente bueno por su brevedad, por la
síntesis de historia y de historias que contiene. La exposición de motivos es expresiva de un conjunto de situaciones vividas, a la par que explícita en su empeño por paliar una situación a todas luces injusta con aquellos que, como se afirma en la
exposición de motivos, vieron truncadas sus perspectivas personales y profesionales como consecuencia del levantamiento militar contra el Gobierno legítimamente constituido que dio lugar a la guerra civil de 1936-1939.
De ahí que el reconocimiento
que se hace de la deuda histórica que tiene España con estos ciudadanos adelanta algunas de las medidas previstas en la Comisión interministerial para el estudio de la situación de las víctimas de la guerra civil y el franquismo, constituida en
virtud del acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de julio de 2004, en cumplimiento de la proposición no de ley aprobada por el Pleno de este Parlamento el 1 de junio de 2004.
Este proyecto de ley, señorías, constituye un homenaje a quienes han sobrevivido a los más de 32.000 niños y niñas expatriados desde los primeros meses de nuestra guerra civil, a los que retornaron a España recién terminada la guerra, a los
que lo hicieron años después y especialmente a los que no pudieron volver, estigmatizados los primeros por el origen ideológico de sus entornos familiares, sometidos a privaciones y a situaciones terribles de nuevas guerras el resto. Los
supervivientes representan a un conjunto de generaciones a las cuales la guerra les marcó de forma indeleble y que por ello se han hecho acreedores de nuestro reconocimiento. Desplazados a Francia, Bélgica, Reino Unido, la antigua Unión Soviética,
Suiza, México o Dinamarca, nunca fueron otros en aquellos países. La hospitalidad con que fueron recibidos fue encomiable; la generosidad colectiva internacional para quienes nunca entendieron el significado de la guerra, digna de aprecio. Sin
embargo, no todos vivieron la misma suerte. Los destinos fueron determinantes para su futuro y aun para su propia existencia. Muchos de los que no fueron repatriados tuvieron que asumir la condición de exiliados, además de sufrir las consecuencias
del desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y sus efectos posteriores. La Casa Dichosa, en Olerón, las casas infantiles para niños españoles de Rusia, las escuelas de Morelia, en México, y tantos otros lugares nos evocan situaciones vividas por
niños y niñas españoles, algunos, fíjense ustedes, con solo dos años de edad, que durante mucho tiempo vivieron una doble existencia, la de la realidad, la del momento, y la de la memoria. El Libro de la Memoria del centro español de Moscú se abre
con unas palabras muy sentidas por quienes han soportado cerca de siete décadas de distancia, cuando menos. Dice lo siguiente el Libro de la Memoria del centro español de Moscú: 'Quien dice que la ausencia
causa olvido merece ser olvidado'. Es una hermosa expresión de nuestros niños. Para nosotros, a la vista está, nunca esa ausencia, esa distancia, ha sido ni será causa de olvido; nunca. La iniciativa por tanto que se presenta beneficia a
este colectivo de aquellos niños desplazados hoy en Rusia, Georgia, Ucrania, Chile, México y Venezuela, además de un pequeño número que vive entre nosotros a modo de compensación por las expectativas de vida truncadas. Como SS.SS. conocen, se les
garantiza unos ingresos equivalentes a la cuantía de la pensión contributiva por jubilación para mayores de 65 años, 6.090 euros, teniendo en cuenta que hasta ahora percibían una media anual de entre 1.200 y 1.400 euros.
Supone por tanto un
importante esfuerzo económico. Se les garantiza, pues, la cuantía de la pensión contributiva por jubilación para mayores de 65 años sin cónyuge a cargo, además de la cobertura sanitaria, caso de que estén excluidos de ella, en sus países de
residencia. Una iniciativa, en suma, señorías, para acabar, que trata de paliar los efectos de una infancia y adolescencia truncadas por la barbarie, de un adelanto traumático de la adultez de compatriotas nuestros, obligados a asumir
responsabilidades que ni les correspondían ni eran propias de sus tempranas edades.
Señor presidente, señorías, aquellas lejanas fechas no lo son tanto. Si miramos a nuestro alrededor, podremos comprobar la cantidad de situaciones similares a las que vivieron nuestros niños de la guerra, unas situaciones que no podemos
olvidar porque precisan de nuestros esfuerzos para ser erradicadas y porque todavía no ha habido ni un solo niño que haya iniciado una guerra; sin embargo, son ellos los que más las sufren. En favor de la memoria, en favor de los que nos la
recuerdan permanentemente para el bien de todos nosotros, además de reiterarles a todos ustedes, señorías, mi profundo agradecimiento en nombre del Gobierno, les pido -estoy seguro que será así- su posición favorable a este proyecto de ley que parte
de un impulso moral de justicia histórica.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Comenzamos ahora con los turnos de las enmiendas presentadas por los grupos. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Tardá.
El señor TARDÁ I COMA: (Comienza su intervención en catalán.)
El señor PRESIDENTE: Señor Tardá, lo lamento profundamente. Usted sabe cuáles son los criterios de la Presidencia. No puede estar usted permanentemente porfiando públicamente con la Presidencia en este Congreso y en un tema como este. Le
llamo al orden. ¡Respete los criterios de la Presidencia, se lo ruego por favor! ¡Le llamo al orden!
El señor TARDÁ I COMA: Vamos a aprobar una ley que llega tarde e incompleta... Perdón, antes quisiera traducir, tal y como pretendía hacer, el texto. Celebro poder dirigirme a todas aquellas personas, algunas de las cuales quizás estén
aquí, a fin de agradecerles su perseverancia a favor del reconocimiento de los perjuicios provocados por el régimen franquista y el reconocimiento de su honor como víctimas del fascismo. Sin ellas ahora no estaríamos aquí hablando de lo que
hablamos.
Gracias.
Vamos a aprobar una ley que llega tarde e incompleta, lo cual puede convertirla en escasamente justa. Al inicio de esta legislatura el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana pidió la máxima voluntad para con el tema que nos ocupa, y
así lo expresamos en el discurso de investidura y apoyo al candidato Zapatero. Después de 25 años de silencios, de haber permanecido las fuerzas mayoritarias más calladas de lo necesario respecto a la memoria republicana y al reconocimiento del
victimario antifascista y la reparación moral y económica de miles de demócratas, creíamos que había llegado el momento de llevar a cabo con urgencia esa gran tarea que ya se hubiera tenido que ejecutar a lo largo de la década de los ochenta del
siglo pasado y que, por intereses políticos diversos, se intentó burlar. Mientras, fueron desapareciendo por imperativo biológico miles de hombres y mujeres sin poder verse reconocidos, tanto ellos como sus familiares, como víctimas de una
ilegalidad que provocó su desgracia o como luchadores de la libertad. Todo ello, para más perversión, edificado sobre un discurso lleno de equívocos que pretendió, y desgraciadamente todavía muestra su fuerza, convertir el olvido y la desmemoria de
los horrores del totalitarismo en corrección política y asistíamos a la vergonzosa suplantación de papeles, a través de los cuales los verdugos y sus descendientes políticos pretendían convertirse en adalides de la democracia y el europeísmo...
(Palabras retiradas del 'Diario de Sesiones'.), y los hombres y mujeres protagonistas del antifranquismo, así como aquellos jóvenes que han asumido esa tarea, en sospechosos de revanchismo. Es evidente que de todo ello existen unos responsables,
aquellos que desde la derecha y también, por desgracia, en algunos momentos desde la izquierda, creyeron -con supina ingenuidad estos últimos- que con el paso del tiempo la historia aparcaría sus contradicciones. No ha sido así y la prueba es que
hoy estamos aquí enfrentados a un debate que -repito- debería haberse llevado a cabo hace un cuarto de siglo, pero estamos aquí. Ciertamente algunos de aquellos dirigentes han tenido la honradez intelectual y política de reconocer ese error. El
señor Semprún dijo públicamente que quizá la clase política confundió en demasía amnistía con amnesia. Pensamiento público que le honra -repito- intelectual y políticamente. Pero la historia es perseverante, nuestro grupo ya anunció en esta
legislatura que el tema que nos ocupa, dentro del cual se enmarca también el concreto que atañe a esta de hoy,
iba a ser central, porque así lo han querido las nuevas generaciones, las más cultas de las habidas hasta ahora en el Estado, y porque también es nuestra voluntad política como republicanos.
En el año 2005 ya no es posible repetir la operación de amago y oscurecimiento, por no decir tergiversación de la historia. Fíjense, llevamos solo un año de legislatura y a la espera de los resultados de la Comisión interministerial, que a
nuestro parecer nació con déficits, contrariamente a lo que opinábamos algunos de los grupos parlamentarios sobre la conveniencia de crear una comisión parlamentaria que tuviera el encargo de redactar el Libro Blanco de la Reconciliación, a la
manera de otros Estados que tuvieron la desgracia de sufrir pasados totalitarios.
Aún así, ¿qué tenemos encima de la mesa con solo un año de legislatura? La anulación de las causas sumarísimas que llevaron ante el pelotón de ejecución a miles y
miles de demócratas, entre ellos al presidente de nuestro país Lluís Companys, fusilado por el ejército español; la rehabilitación moral y económica de las víctimas de la policía franquista y de las cárceles franquistas; la rehabilitación del
honor y bienes de la masonería; la retirada de los símbolos fascistas y de las estatuas del dictador en centros oficiales, por ejemplo, el que preside el recinto donde se ubica el ministerio del señor Caldera; el retorno de la documentación
incautada depositada en Salamanca; la dilucidación de las responsabilidades del Estado español en el holocausto, que las hubo, porque miles de muertos en los campos de exterminio y miles de esclavos republicanos al servicio de los nazis no fue
posible por casualidad, fue posible porque hubo un convenio entre el Estado español y la Cancillería hitleriana; la declaración del 14 de abril como el día de la memoria republicana; el inventario del exilio español; el cierre del Valle de los
Caídos, vergüenza y anomalía en Europa sin parangón; la rehabilitación del honor y el reconocimiento de los derechos de los guerrilleros antifranquistas, aquellas personas que con toda la legitimidad optaron por la lucha armada para acabar con la
dictadura, repito, con toda la legitimidad, y hoy día le reconocemos. Es el caso, por ejemplo, de Kiku Sabaté u otros ciudadanos leoneses, castellanos, asturianos, a los que hoy día, al final de sus vidas, se les restituye este reconocimiento.
Lamentamos que no se aceptara una enmienda en los presupuestos a tal fin, pero la iniciativa de nuestro grupo a favor de este reconocimiento existe y habrá que afrontarla. Y un largo etcétera. Y solo llevamos un año de legislatura.
Es en este marco donde hay que situar esta ley, una ley a la que, repito, hemos presentado enmiendas con la intención de mejorarla; una enmienda de adición a la exposición de motivos que pretende que el ámbito de actuación de la ley incluya
también aquellas pensiones contributivas, que las hay, en la medida en que puedan verse discriminados aquellos ciudadanos que, aun percibiendo una pensión -repito- contributiva, estuviesen por debajo de los límites establecidos como tope. Y una
segunda enmienda que tiene por objeto el reconocimiento de la prestación económica a los ciudadanos de origen español desplazados durante su minoría de edad al extranjero, en el periodo establecido entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre
del año 1945. Es evidente que el nuevo statu quo europeo nace en el año 1945, máxime si tenemos en cuenta las complicidades extraordinarias entre el régimen fascista español y la Cancillería hitleriana, máxime si tenemos en cuenta hasta qué punto
todas las esperanzas quedaron depositadas en la victoria de los aliados por parte del republicanismo español. En este caso se podrían acoger menores nacidos en los primeros años del exilio, campos de concentración, nacidos en los barcos que
arribaban a los puntos de acogida, básicamente las repúblicas sudamericanas, y otros infiernos a los que se vieron abocados.
Esperamos de ustedes el apoyo a nuestras enmiendas y este diputado siente haber tenido que protagonizar el lamentable hecho que se produjo al inicio de mi intervención. Pretendía hacer un texto en catalán e inmediatamente traducirlo a la
lengua castellana.
El señor PRESIDENTE: Abandone la tribuna, inmediatamente.
El presidente, señor diputado, ha adoptado unos criterios permitiendo, como ustedes saben, facilidades que no están contempladas en el Reglamento. Lo he explicado en Junta de Portavoces de una manera muy extensa, corriendo yo mismo con la
responsabilidad de interpretar de la manera más amplia todas las posibilidades del Reglamento, hasta que intentemos resolver esta cuestión en las actuales discusiones y negociaciones para el futuro Reglamento de la Cámara. Los señores portavoces
que deseen utilizar otra lengua distinta del castellano saben perfectamente cómo hacerlo. Y este es un juego que se tiene que respetar.
En consecuencia, el incidente no lo ha protagonizado la Presidencia. Ha sido el señor Tardá, que es portavoz,
que conoce perfectamente los criterios y no los ha respetado. Les ruego que lo entiendan así.
Tiene la palabra portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Con la venia, señor presidente.
Señorías, quería empezar mi intervención, en nombre de mi grupo parlamentario, afirmando nuestra profunda satisfacción por que podamos celebrar una sesión como la de hoy, en un clima de consenso, de unanimidad ante una cuestión como la que
hoy nos convoca aquí -y quiero saludar con gran respeto y afecto a los que están siguiéndola desde la tribuna de invitados de esta Cámara-, que tiene una extraordinaria dimensión humana, lógicamente, sin quitarle su dimensión política, que es
consecuencia de su dimensión humana y familiar. Es evidente que hay quienes en lugar de mirar al futuro quieren seguir hurgando en lo peor de nuestro pasado colectivo. La lamentable y penosa intervención
del portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya es el fundamento de lo que acabo de decir. Sé que es pedir demasiado al señor Tardá que retire sus palabras absolutamente injuriosas en relación con el señor Fraga.
Hacer corresponsable de
asesinatos al actual presidente democrático de la Xunta de Galicia es una injuria y una calumnia, incluso diría que es ofensiva si no fuera porque no ofende quien quiere, sino quien puede, y usted no puede ofender, señor Tardá, porque su dignidad no
se lo permite.
(Aplausos.) Venir aquí a hablar de verdugos y de sus descendientes políticos cuando estamos todos en el mejor espíritu constitucional por intentar resolver una herida que todavía permanece abierta desde la guerra civil es
absolutamente lamentable. Por desgracia, cuando uno estudia la historia se entiende que con intervenciones como la suya, después de tantos años de acabada la guerra civil, como alguien dijo en aquellos momentos, no fuera posible la paz. Si por
ustedes fuera, seguiríamos todavía en un clima de guerra civil. Así, no nos extraña que ustedes quieran desenterrar la guerra civil y, en lugar de dejar descansar en paz a los muertos, a todos los muertos, ustedes nos los están poniendo encima de
la mesa cada día.
Sin embargo, señor presidente, señorías, estamos para lo que estamos, a pesar de las provocaciones lamentables, y como obras son amores y no buenas razones, además de lo que acabo de afirmar en cuanto a que venimos aquí con el mejor espíritu
de consenso y con el mejor espíritu constitucional para apoyar la resolución y el restañamiento de esa herida todavía dolorosamente abierta y que trae su causa de la guerra civil, quiero decir que apoyamos plenamente esta iniciativa. Apoyamos su
contenido material, la hemos apoyado también facilitando con nuestro voto favorable su tramitación por un procedimiento tan extraordinario como es el de lectura única y urgencia y la hemos apoyado presentado unas enmiendas que, sin desnaturalizar el
espíritu de la norma, intentan mejorar, a nuestro juicio, técnicamente el propio proyecto de ley.
También quiero decir que nuestro apoyo no ha empezado ahora, sino que viene de bastante atrás y quiero aportar algunos datos al respecto. En la última sesión de la Comisión de Política Social y Empleo de la pasada legislatura, celebrada el
17 de diciembre del año 2003, se debatieron dos proposiciones no de ley conexas con la cuestión que hoy nos convoca aquí, con este proyecto de ley. La portavoz del Grupo Popular afirmaba en aquella ocasión, y así consta literalmente en el 'Diario
de Sesiones' correspondiente a esa sesión, lo siguiente: No quiero dejar de señalar en el seno de esta Comisión que nuestro Grupo Parlamentario Popular no será obstáculo en ningún caso para el futuro estudio de esta situación en un marco más
global, si cabe, que el de esta Comisión. Afortunadamente, hoy estamos en ese marco más global al que se refería entonces nuestra portavoz. Asimismo, en apoyo de las afirmaciones que acabo de efectuar y para justificar mejor nuestra posición
favorable y nuestro apoyo a esta iniciativa, quiero recordar que, efectivamente, el Real Decreto de 1993, que establecía una serie de pensiones asistenciales por ancianidad a favor de los emigrantes españoles en general fue modificado por otros
decretos posteriores -en el año 1994, con Gobierno socialista, es cierto, pero también el año 1999 y el año 2001, con gobiernos del Partido Popular- para los denominados niños de la guerra. De tal manera que, por ejemplo, en virtud de las
correspondientes actualizaciones de las pensiones asistenciales y no contributivas en el año 2003, la pensión garantizaba a los niños de la guerra residentes en Rusia la cantidad de entonces 2.031,90 euros anuales, que ya entonces, en el año 2003,
representaba un importe que como mínimo era el doble de la pensión máxima que se abonaba por la Seguridad Social en Rusia, lo cual no quitaba para que evidentemente, desde el punto de vista español, no fuera una cantidad -ni lo afirmamos así- con la
que nos pudiéramos sentir satisfechos, y por eso estamos hoy aquí apoyando esta iniciativa. Asimismo, bajo gobiernos del Partido Popular se establecía un sistema para que aquellas personas incluidas en el colectivo de referencia que requerían
operaciones quirúrgicas o atención sanitaria específica que les obligara a desplazarse a España lo pudieran hacer y pudieran recibir ese tipo de asistencia sin ningún tipo de coste para las mismas. También desde el año 1999, con gobiernos del
Partido Popular, se ha venido reconociendo anualmente una ayuda de 60.000 euros a través de la Orden comunicada de 15 de octubre de 1997, de colaboración entre la Dirección General de Ordenación de las Migraciones y el Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales, Imserso, para su distribución precisamente entre los españoles residentes, los llamados niños de la guerra, en la Federación Rusa.
Señorías, me ha parecido conveniente hacer este sucinto recorrido normativo en el tiempo, primero, porque recoge la realidad y nos permite situarnos mejor en el contexto en el que estamos debatiendo este proyecto de ley y, segundo, para que
resulte más que evidente que este proyecto culmina un camino que también durante los ocho años de Gobierno del Partido Popular obtuvo un importante y decidido impulso. Como dijo la representante de nuestro grupo en esa Comisión a la que vengo
refiriéndome, estamos ahora en condiciones de afrontar esta situación en un marco más global, tanto desde un punto de vista no solo espacial -allí estábamos en la Comisión, ahora estamos en el Pleno-, sino sobre todo desde un punto de vista temporal
y desde un punto de vista geográfico.
Temporal porque este proyecto de ley incluye como beneficiarios a los que en su momento regresaron a España con independencia de su fecha de regreso a España, y geográfico porque extiende asimismo sus
beneficios a todas las personas que fueron desplazadas a otros países y no solo -como perseguían aquellas iniciativas en aquella fecha a la que me voy reiteradamente refiriendo en esta intervención- a las personas que habían sido exiliadas o
llevadas
contra su voluntad al territorio de la antigua Unión Soviética. En coherencia, pues, con lo que hicimos desde el Gobierno y lo que defendimos también desde este Congreso de los Diputados en esa Comisión en cuanto a la actualización de este
tipo de ayudas y con el comportamiento habitual en las pensiones de todo tipo para precisamente impedir que pierdan poder adquisitivo, todo lo contrario, garantizárselo, hemos presentado una enmienda al apartado 2 del artículo 3, donde decimos que
la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio actualizará el importe de la prestación económica de acuerdo con el índice de precios al consumo. Señor presidente, aprovecho para decir en este trámite que el Grupo
Parlamentario Socialista nos ha presentado una enmienda transaccional que ya anticipo públicamente que vamos a aceptar, en ese espíritu de concordia y de consenso que está presidiendo nuestra intervención.
Por otro lado, y en la medida en que este proyecto de ley establece, como es sabido, dos tipos de prestaciones, una económica y otra de asistencia sanitaria, hemos presentado una enmienda a la disposición adicional primera donde proponemos
una redacción que asegure la cobertura de asistencia sanitaria también a estos ciudadanos de origen español, los niños de la guerra a los que se refiere el proyecto, con independencia de que reciban o no la correspondiente prestación económica.
Señor presidente, en ese espíritu que algunos no solo proclamamos sino que con nuestros hechos confirmamos, en aras del consenso y dadas las explicaciones que el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Jáuregui, me ha dado en cuanto a la
dificultad de regular jurídicamente con nivel normativo de ley esta cuestión puesto que depende de convenios bilaterales con los países correspondientes, y en la confianza de que así va a ser impulsado por el Gobierno, nosotros en este acto, una vez
explicada y justificada esta enmienda, la retiramos.
Aprovecho ahora, señorías, para anunciar la aceptación de la primera enmienda transaccional, como he dicho, que nos ofreció el Grupo Socialista y el anticipo también de nuestro voto favorable a las tres enmiendas de mejora técnica que el
Grupo Parlamentario Socialista ha presentado al proyecto de ley. Les hago gracia de justificarles por qué votaremos en contra de las enmiendas del Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya. Supongo que después de su intervención entenderán
perfectamente nuestra posición.
Señoras y señores diputados, dije al comienzo de mi intervención que estábamos satisfechos de haber podido culminar un proceso, éste, que trae causa directa de la tragedia guerra civil, de nuestra pasada guerra civil, y que además lo hayamos
podido hacer en el clima de consenso y de reconciliación que, salvo alguna excepción que no es honrosa, está presidiendo esta sesión en los trabajos previos a este proyecto de ley.
Como diputado, tuve la fortuna de formar parte de la delegación
parlamentaria que acompañó al ministro a Moscú y de estar en el Centro Español, sede social de los niños de la guerra en aquella capital.
Tuvimos ocasión de estar con una nutrida representación de esos niños, hoy ya personas adultas, venerables y
ancianas muchos de ellos. Puedo asegurar que no vi en ellos ni resentimiento ni odio. Vi por el contrario un profundo amor a su patria, un profundo amor a España y una emoción apenas contenida por el recuerdo y la solidaridad que España, a través
de sus representantes legítimos, es decir todos nosotros, les demostraba.
Hay trayectorias vitales impresionantes, testimonios humanos de una hondura que difícilmente las palabras pueden apenas transmitir. En todo caso, constato con un gran
respeto que hay mucha dignidad, pero, insisto, ni odio ni resentimiento. Seguramente por eso el portavoz de Esquerra Republicana, grupo del que nadie fue a esa visita, como no lo pudo comprobar, sigue todavía anclado en el año 1936 o quizás en el
año 1934, en ese golpe contra otro Gobierno legítimo de la República que su partido impulsó. (Aplausos.) Desde hace unos cuantos meses, venimos denunciando, señorías, con preocupación creciente el intento de algunos por reavivar heridas de la
guerra civil y por reescribir la historia, por dar por superado el espíritu de concordia que presidió la elaboración de nuestra Constitución, auténtica Constitución de la concordia, superadora de la historia de nuestro constitucionalismo en buena
parte de los siglos XIX y XX. Con ese espíritu de reconciliación, con ese espíritu de concordia y con ese espíritu, en definitiva, constitucional, el Grupo Popular da su apoyo sin reservas a esta iniciativa y por eso lamentamos profundamente esa
indigna intervención.
Creo, señorías, que con este proyecto de ley España salda una deuda moral contraída con esas personas, porque, en definitiva, los niños son siempre los seres más desprotegidos y los más inocentes. Y creemos que la salda como merece la
ocasión, con generosidad. Deseamos que el sufrimiento de los entonces niños de la guerra y su dignidad actual nos impulsen a todos a mirar hacia delante en lugar de seguir mirando hacia atrás, hacia lo peor de nosotros mismos y hacia lo peor de
nuestro pasado colectivo. En un debate de un proyecto de ley que encuentra su razón de ser en una herida abierta por la guerra civil, y que la cerramos, podemos y debemos aspirar a que nunca más una generación de españoles y una generación de
diputados tenga que plantearse otro proyecto de ley como el que hoy vamos a aprobar, porque las causas que lo motivaron no se hayan tenido que reproducir. Me parece, señorías, con eso concluyo, señor presidente, que por ello y para ello no es
demasiado pedirles que no sigamos desenterrando la guerra civil, que dejemos a la guerra civil y a sus muertos, a todos los muertos, que descansen en paz.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Jáuregui.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Señor presidente, señorías, quiero también comenzar mi intervención con un saludo a la delegación de los llamados niños de la guerra, de nuestros niños octogenarios, a quienes hoy dedicamos este debate importante
en relación con uno de los temas que atraviesan nuestro recuerdo y también nuestro presente, porque aquí están. De la enorme huella que dejó la guerra civil en todos nosotros, personalmente siempre he retenido dos imágenes que me parecen
particularmente elocuentes del dolor y del sufrimiento que produjo aquel acontecimiento histórico. Una de ellas es el paso de las familias catalanas, del exilio catalán, en el invierno de 1938-1939, por el Pirineo hacia Francia. La foto o la
imagen que refleja ese recuerdo es la de una niña con una pierna amputada, apoyada en una muleta, con una vieja manta sobre su pequeño cuerpo, junto a su madre, atravesando bajo la nieve el Pirineo. La otra es aquel famoso barco que en el muelle de
Santurce estaba abarrotado de niños, exactamente 2.000, casi todos vascos pero también de las provincias limítrofes, que desde la barandilla gritaban y cantaban alborozados ante la extraordinaria aventura que iniciaban, ante un viaje que creían
maravilloso, mientras sus madres en el muelle lloraban porque los perdían sin saber cuándo volverían a encontrarlos, mientras sus maridos, es decir, los padres de esos niños, luchaban en el frente y quizá morían o habían muerto ya. Una maravillosa
exposición de la Fundación Pablo Iglesias nos permitió contemplar esas y otras muchas fotos de aquella tragedia que fue nuestra guerra y que hemos representado ahora en esas dos imágenes que reflejan aquel dolor.
La enorme tragedia de la guerra dejó muchas escenas semejantes, de aquello que muchos han llamado con acierto y también se acaba de decir ahora que debiéramos llamar 'Nunca jamás'. Nos quedaron a los españoles, sin embargo, muchas deudas y
seguramente demasiadas heridas. Hoy lo hemos vuelto a ver, porque las heridas vuelven a abrirse. Me gustaría señalarles, señorías, cuál ha sido la posición que nuestro partido, al que tengo el honor de representar en esta tribuna en esta ocasión,
ha mantenido en eso que hemos llamado el espíritu de la transición, el espíritu de la concordia, a la hora de atravesar estas deudas y estas heridas. Lo que marcó el espíritu constitucional fue quizá reflejado en tres frases: en primer lugar,
perdón, porque decidimos perdonar; en segundo lugar, no olvidar, porque no se puede construir el presente ni el futuro sobre el olvido de la memoria histórica, y, en tercer lugar, no a la venganza, no a exigir responsabilidades a nadie, porque de
esa manera no podíamos construir conciliadamente un futuro de convivencia entre todos nosotros. Quizás esta debiera ser la forma de abordar esta disputa que se ha vuelto a abrir esta mañana entre dos partidos; tendríamos que intentar conciliar
nuestras posiciones a la hora de rememorar y de afrontar estos recuerdos y esta historia pasada.
Lo hicimos también nosotros desde el compromiso con esas deudas, y yo quiero decir aquí que me siento orgulloso de que sucesivos gobiernos socialistas, a lo largo de los años en los que hemos tenido la oportunidad de gobernar nuestro país,
no olvidaron y trataron de ir cerrando, pero ir compensando también las deudas que había con toda una parte del país que había sido cuarenta años no solamente aplastada sino olvidada de las compensaciones que aquella guerra produjo; por ejemplo,
cuando establecimos el reconocimiento de las pensiones a favor de los familiares de los fallecidos en la guerra, a favor de los mutilados civiles en aquella guerra; o cuando en la Ley de 1984 reconocimos como años trabajados a efectos de la
Seguridad Social los periodos de prisión sufridos como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley de Amnistía; o cuando se establecieron pensiones para los combatientes republicanos; o cuando se fueron compensando los periodos de prisión
que sufrieron los republicanos después de la guerra; o cuando en el año 1990 se establecieron indemnizaciones para quienes sufrieron esa prisión y además se les aplicó una exención fiscal de esas percepciones.
En el año 1993 -y voy a lo que hoy nos trae- se estableció también por el Gobierno socialista de entonces la pensión asistencial a los niños de la guerra, se fijó un porcentaje de la pensión no contributiva que se acababa de establecer en
España, para asegurar la supervivencia de aquellos jubilados en países en los que el nivel de pensiones era absolutamente insuficiente para una dignidad y una supervivencia vital, de manera que se acordó que aquellos que fueron evacuados de España
durante la guerra, aquellos que habían desarrollado la mayor parte de su vida en otros países, en el exilio, y que además, por circunstancias de esos países, tenían unas pensiones insuficientes para la supervivencia, recibirían una pensión
asistencial del Gobierno español, equivalente aproximadamente al 50 por ciento de la que entonces se llamaba y sigue llamándose en España pensión no contributiva. Teníamos una deuda con aquellos españoles que siendo niños fueron separados de sus
familias, evacuados en muchas ocasiones por el Estado, o huyeron con ellas, que también es el caso, como exiliados a países tan distintos como Bélgica, Francia, Inglaterra, Chile, México o la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Muchos de ellos, señorías, volvieron, otros se quedaron allí, más o menos voluntariamente, pero si cabe hacer una referencia específica a este colectivo o a un país en concreto donde los niños de la guerra sufrieron particularmente, cabe hablar de
Rusia, porque es verdad que allí recibieron estudios, sí, y vivieron, claro, pero quiero recordarles que muchos de esos niños que cantaban alborozados en el barco fueron a la Segunda Guerra Mundial a luchar contra el fascismo alemán y murieron allí;
otros muchos se quedaron en la ex Unión Soviética con la pobreza inmensa de 1937, 1938, 1939, de la guerra y de la posguerra, y con la dictadura que allí se
vivió, y hasta el año 1957 no pudieron volver. Son veinte años. Es fácil imaginar el sufrimiento no solamente de ellos, que habían sido apartados, yo diría casi brutalmente, de sus familias, de sus hermanos, de sus padres, sino también hay
que pensar en la angustia de sus padres, de sus madres, que no pudieron volverlos a ver siquiera veinte años después. Si cabe hablar de un colectivo de los niños de la guerra que sufrió particularmente hay que hacerlo del de aquel país, de aquel
que nos llamó cuando nos recordó que teníamos una deuda cuando en ese país, a finales de los ochenta, cuando cayó el comunismo, se produjo un tránsito yo diría que absolutamente descontrolado y desordenado, hacia un capitalismo que hoy podemos
llamar capitalismo salvaje, y desplomó todo el sistema de protección social y de pensiones, y nos encontramos con que nuestros niños de la guerra no podían siquiera sobrevivir, con una indigna pensión, en aquel país. Es por eso por lo que en 1993
nuestro Gobierno resolvió aquel problema fijándoles la pensión de la que les hablaba antes.
Hace dos o tres años, una delegación de esta Cámara, de todos los grupos políticos, prácticamente de todos nosotros, visitó Rusia a propósito de una relación de amistad con ese país y por supuesto vimos a los niños de la guerra. Los grupos
aquí presentes, insisto, todos los grupos políticos, recibimos una llamada angustiosa de todos ellos. Nos dijeron que la pensión que estaban recibiendo de España no era suficiente, que no podían vivir con ella, que las 22.000 pesetas, grosso modo,
la mitad de la pensión no contributiva española que recibían, no les servía en una situación en la que, repito, se había desplomado el sistema de protección social. Todos los grupos nos comprometimos a tramitar aquí en esta Cámara una solución a
ese problema. No eran muchos, había aproximadamente 300 niños de la guerra en la antigua URSS: en Rusia 250 y aproximadamente unos 50 en el resto de las ex repúblicas. No era gran cosa económicamente hablando, y todos los grupos políticos lo
pedimos, lo planteamos formalmente. Tengo que reconocer, y no quiero abrir más heridas, valga la expresión, que el Gobierno anterior dijo no. Importa poco, señor Fernández Díaz, lo que dijo la portavoz del Partido Popular en esa intervención; lo
cierto es que dijo no, y no se resolvió el problema. La verdad hay que decirla, aunque moleste.
Yo quiero manifestar hoy aquí, señor Caldera, que estamos orgullosos de nuestro Gobierno. A usted le han sobrado tres años de legislatura para resolver un problema que estaba pendiente. Al señor Zapatero le bastó una visita a Moscú;
cuando fue a ver a Putin a primeros de diciembre y alguien tuvo la afortunada idea de presentar a los niños de la guerra le bastó un minuto para ver que allí había un problema de justicia y para tener la sensibilidad de resolverlo. Me felicito, y
aquí tengo que decirlo, perdónenme, de que mi grupo pueda hoy enorgullecerse, repito, de una medida que este Gobierno ha adoptado, por supuesto de acuerdo con todo el mundo, pero que la ha adoptado resolviendo los problemas que tiene una decisión
política y económica de esta naturaleza. Mi agradecimiento quiero extenderlo a los demás grupos políticos y en particular a Izquierda Unida. Quiero recordar que Izquierda Unida ha venido reivindicando esta materia desde hace mucho tiempo y que en
concreto, dentro del pacto que ha habido para el presupuesto este año entre el Partido Socialista e Izquierda Unida, este grupo presentó una enmienda, que el Grupo Socialista aceptó, para que resolviéramos este problema en dicho presupuesto, y como
Izquierda Unida lo dijo, quiero hacer honor a esa reivindicación, porque sencillamente es la verdad. A los demás grupos les digo lo mismo. Me siento orgulloso también, señor Caldera, de que la resolución del problema haya sido inclusive generosa,
porque lo que habíamos acordado con los niños de la guerra en Moscú era duplicarles la pensión no contributiva, pasarles de las 22.000 pesetas, la mitad de la no contributiva, a la totalidad, a las 45.000 o casi 50.000 pesetas que son ahora las
pensiones no contributivas, pero hay que reconocer que este Gobierno ha traído una ley que recoge un complemento con lo que se llega al triple, es decir, que ha superado los 6.090 euros al año, el millón largo de pesetas, al equiparar la pensión no
a las no contributivas sino a la pensión mínima contributiva que tenemos en España. Se han superado las previsiones en relación con las peticiones que nos habían hecho. Además, ha habido particular generosidad porque se ha extendido no solo a los
niños de la guerra residentes en Rusia o en el resto de la ex Unión Soviética, sino también a todos los que estén en estas circunstancias en cualquier lugar del mundo, ya sea en Venezuela, en Chile, en México, en Cuba o en España, que también los
hay. Se estima que van a ser 556 los afectados por esta medida en los países que acabo de citar.
Quiero agradecer a todos los grupos que no hayan enmendado. Quiero recordar al portavoz de Esquerra Republicana y en parte al del Partido Popular -aunque con este último he consensuado la pequeña enmienda que nos han incorporado- que los
grupos, para tramitar este proyecto de ley con rapidez y para que la pensión llegue rápido, decidieron tramitarlo por urgencia. Eso explica que Izquierda Unida, que el Grupo Mixto, que CiU, que el PNV, que Coalición Canaria no hayan presentado
enmiendas.
¿Por qué? Porque queríamos hacer una ley de consenso de toda la Cámara en la que complementábamos esta decisión por acuerdo de todos. Respeto su derecho a presentar enmiendas, pero los demás no lo han hecho en gran parte porque han
querido resolver este problema con este espíritu y de esta manera. Creo que expreso el sentimiento de los demás grupos.
Entrando en la materia, Esquerra Republicana ha presentado tres enmiendas, dos de ellas para la misma petición. Propone que no solo cobren esta pensión las personas que reciben la pensión asistencial, sino aquellas que reciban también una
pensión contributiva.
Tengo que decirle que es una enmienda innecesaria, porque quien ya tiene en España una pensión contributiva ya recibe los 6.090 euros, creo que me explico bien, de manera que es innecesaria, sencillamente no afecta a nadie. Por eso, vamos a
rechazar las dos enmiendas que hacen referencia a ese aspecto, salvo que usted las retire con un mejor criterio a la vista de la explicación que le ofrezco. La otra enmienda tiene más entidad. El señor Tardá nos ha propuesto que ampliemos el
periodo histórico del colectivo de los niños de la guerra. Los niños de la guerra, lo repito, son los que fueron evacuados por la República o huyeron de la guerra con sus familias, como ya hemos explicado, en el periodo de la guerra: huyeron de la
guerra con sus familias y es un colectivo determinado.
Ampliar el período de 1936 a 1945 tiene algunos problemas que les quiero exponer. El primero de ellos es ¿por qué hasta 1945? ¿Por qué no hasta 1951, como piden algunos? Porque yo también
tengo papeles en los que nos piden que se amplíe el período en el que acaba la segunda posguerra.
Puesto que usted lo amplía seis años, de 1939 a 1945, ¿por qué no lo ampliamos desde la Segunda Guerra Mundial hasta 1951? Podríamos hacerlo.
Segundo, ¿es que los que se fueron de 1939 a 1945 tienen más derecho que los que se quedaron aquí? Porque aquí se quedaron muchos. Yo casi soy de esa generación. Yo también sufrí toda la posguerra, toda la pobreza y toda la miseria, y como yo,
muchos de ustedes. ¿Hay una enorme diferencia entre los que se fueron e hicieron su vida en otros sitios después de la guerra y los que se quedaron aquí, a los que no reconocemos ese derecho? ¿Sería justo, señorías? En tercer lugar, ¿podemos
extender una medida de esta naturaleza tan concreta a un colectivo indeterminado, para establecer que las repercusiones económicas son imposibles? Ustedes tienen el derecho de pedir, pero nosotros tenemos la necesidad de gobernar y la necesidad de
gobernar nos exige decirle que no, señor Tardá, y que esta enmienda, que puede tener una lógica social, tiene que ser atendida en otro plano. Usted mismo ha dicho que hay un informe de la Vicepresidencia del Gobierno pendiente sobre esta materia
que tiene que ser resuelto en otro espacio, en otro momento, en otro tracto legal. Yo le sugiero y le solicito que retire esta enmienda para que aprobemos esta medida que todos queremos aprobar por consenso pleno, sin enmiendas parciales.
El Grupo Socialista ha presentado tres enmiendas que amplían el colectivo.
Les pido su aprobación. Son enmiendas que incluyen colectivos que no habíamos previsto en la ley, por ejemplo, aquellos que reciben el SOVI y, sin embargo, es una
pensión inferior a la contributiva mínima, a los 6.090 euros; aquel que reciba el SOVI y no llegue a los 6.090 euros estará integrado en esta medida con arreglo a la enmienda socialista, y a aquellos que reciban otras rentas que no lleguen a 6.090
euros en otros países, aunque no recibieran la no contributiva española, también los hemos incluido.
Señorías, termino como empecé. La guerra dejó huellas y dejó deudas, seguramente no las hemos cerrado todas y no las hemos compensado todas.
Señor Tardá, señorías, a mí me consta que quedan colectivos y problemas pendientes, pero
permítanme que les diga que hoy estamos resolviendo o compensando una deuda no solo de justicia sino particularmente simbólica de nuestro recuerdo. Hoy estamos dando una pensión digna a aquella niña que procedía del exilio catalán y que cruzó los
Pirineos con una pierna amputada y una muleta, y a muchos de aquellos niños que gritaban: agur! desde el barco de Santurce y que hoy son niños octogenarios -y están allá arriba- necesitados de la ayuda que han encontrado de nuevo en nuestro país,
en España, que está a su lado.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Jáuregui.
Concluido el turno de defensa de las enmiendas, pasamos a la fijación de posiciones de los distintos grupos parlamentarios. En primer lugar, por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Señor presidente, quiero comenzar por expresar la satisfacción del Bloque Nacionalista Galego por que se vaya a aprobar hoy este proyecto de ley. Sin embargo, aun entendiendo la urgencia del problema, desde
nuestro punto de vista hubiese sido mucho mejor contemplar esta medida dentro de lo que sería el estudio de la situación de las víctimas de la guerra civil y del franquismo tal y como se decidió en este Congreso de los Diputados el 1 de junio de
2004. Lo digo porque sin duda en un estudio global de todas las situaciones, de todas las casuísticas, hubiésemos hecho un análisis más pormenorizado y hubiese habido la posibilidad de no dejar a nadie excluido. Dejando aparte que siempre para
nosotros es mejor la visión global que la particularizada, quisiéramos hacer algunos comentarios al respecto de este proyecto de ley.
En primer lugar, para nosotros la memoria histórica no es solamente un problema de mirada al pasado, sino también de cómo asume el Estado español actual, cómo reconoce y cómo se autorresponsabiliza de toda su historia, que tiene nombres y
apellidos y tiene también personas vivas.
Por lo tanto, el Estado español tiene que asumir las situaciones de pobreza, de marginación, de olvido y de abandono para acabar con ellas como un Estado democrático y responsable. No estamos solamente
ante un problema histórico, sino ante un problema de modelo social vigente. En este aspecto sentimos desde luego no lástima pero sí un cierto estupor al comprobar como muchas evoluciones en la historia son hacia peor. En el caso concreto de la ex
Unión Soviética, causa lástima y tristeza ver como nuestros muchachos y nuestros niños, que fueron trasladados allí en un momento histórico crítico y con grandes penalidades y que -al margen de las valoraciones que nos merezca ese régimen- pudieron
vivir y salir adelante como
personas, ahora se puedan encontrar precisamente en una involución política y social de consecuencias calamitosas no solamente para el pueblo ruso sino también para el conjunto de la humanidad.
En todo caso, el Bloque Nacionalista Galego quiere celebrar los compromisos que el actual Estado español tiene asumidos con todos sus ciudadanos. Solamente lamentamos que los medios que podamos poner al alcance de estas personas sean, desde
nuestro punto de vista, aún escasos, como lo son los medios que tiene gran cantidad de personas mayores en el Estado español. Por lo tanto, este tema forma parte de un problema mayor, que es el cuidado de nuestros mayores, de nuestros ancianos, que
sin duda tienen derecho a una vida mucho mejor.
Acabo diciendo que apoyaremos las enmiendas del Grupo de Esquerra Republicana, porque somos conscientes de que hay más casos fuera de este periodo histórico, y lamentamos que no se pueda estudiar esta casuística de forma más pormenorizada,
que esperemos que aparezca claramente tratada en las medidas que adopte la comisión interministerial.
Deseamos expresar nuestra solidaridad, nuestro amor y nuestro cariño, no solamente sentimental sino también de responsabilidad política, hacia nuestros ancianos y en especial hacia quienes tuvieron que pasar y están pasando por situaciones
calamitosas que ahora vamos a intentar remediar.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Gracias, señor presidente.
Tomo la palabra fundamentalmente para agradecer a los niños de la guerra que fueron sacados a la fuerza de los territorios españoles durante la guerra civil el valor y la dignidad que han tenido para mantenerse en posiciones absolutamente
heroicas en medio de todas las convulsiones que hemos visto a lo largo de la historia. Ahora muchísimas veces vemos con horror en las imágenes de televisión la tragedia de las masas o de los niños que son desplazados de un lugar a otro.
Últimamente Televisión Española ha estando mostrándonos esas imágenes a las que se refería el señor Jáuregui, en las que veíamos a los niños despidiéndose en esos barcos que se marchaban, mientras las madres se quedaban en tierra pensando que la
guerra iba a acabar pronto e iban a regresar.
Desgraciadamente, regresan con una edad -los estamos viendo ahí arriba, en la tribuna- muy convulsa. También querría decirle al señor Jáuregui, para aclararle un detalle de la historia, que la muchacha
que sale en las imágenes con una muleta es una paisana nuestra, es una muchacha de Monzón que ya había sufrido un exilio anterior. Ante el avance de la guerra, había tenido que huir de Monzón hacia Barcelona y de Barcelona salía exiliada hacia
Francia.
Creo que poco a poco -no vamos a entrar en discusiones- vamos reponiendo la memoria histórica. Considero que, efectivamente, una cosa es amnistiar y otra cosa es olvidar. No tenemos que olvidar, porque la realidad está ahí arriba y la
vemos dramáticamente. Con lentitud este Parlamento va recomponiendo los juguetes rotos de este país. Desgraciadamente, este reparo llega muy tarde porque muchísimas de aquellas personas que salieron, hombres y mujeres -niños y niñas entonces-, han
muerto ya y nunca podrán reconocer lo que se ha dicho sobre su amor a la patria, su amor a una España que les dio la espalda absolutamente y que no tuvo ningún reconocimiento hacia ellos hasta hace muy pocos años.
Naturalmente, vamos a votar que sí y vamos a apoyar las dos enmiendas del Grupo de Esquerra Republicana, porque creemos que aquellos españoles que nacieron en los campos de concentración del sur de Francia también merecen un reconocimiento.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Labordeta.
Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, yo también quiero saludar a la delegación de los niños de la guerra que están aquí. Lo han hecho en varias ocasiones; no es la primera vez que vienen para interesarse por un tema de justicia, no solamente para ellos, sino
para otras muchas personas que hoy no pueden estar aquí. Por tanto, les agradezco los esfuerzos, que me consta son grandes, que han realizado a lo largo de estos años.
Quizá hoy el voto de este proyecto de ley sea uno de los votos que produce más satisfacción, al menos a esta diputada, porque trata de alguna manera de resarcir mínimamente -nunca llega a resolver- cuestiones de una injusticia tremenda y que
quizá, a veces, llegan demasiado tarde para muchos y que debieran haber sido objeto de una resolución mucho antes.
Por tanto, la primera cuestión es satisfacción, a pesar de que, como todos sabemos, existen otras muchas circunstancias y muchas
otras situaciones de diferentes colectivos que, con las mismas, iguales o parecidas injusticias, todavía no están resueltas. Por tanto, en primer lugar satisfacción y en segundo lugar incentivar a aquellos que tienen que hacerlo -en este caso, el
Gobierno- a que resuelvan todos estos problemas de manera rápida para evitar estas injusticias que ya llevan demasiado tiempo.
La segunda cuestión es que este es un tema en el que llevamos trabajando todos -al menos esta diputada lleva trabajando mucho tiempo en estas cuestiones-. Hace ya muchos años que fuimos también al centro de Moscú en el cual, de manera
cariñosa, nos hacían referencias históricas, nos hacían referencias personales, nos hacían referencias a las situaciones que habían
vivido y, desde luego, todas ellas eran dramáticas y de una cercanía personal y humana impresionante, al igual que de una dignidad increíble.
Llevamos muchos años trabajando, quizá lo hubiéramos tenido que hacer antes. Me sorprende que el
Grupo Parlamentario Popular no haga ni tan siquiera una mínima autocrítica, porque lo podía haber hecho en los años que gobernó -se lo pedimos en muchas ocasiones y no quiso hacerlo-. Nos satisface que ahora se una a este consenso, pero, en todo
caso, debían de haber hecho un mínimo de autocrítica.
En último lugar, creo que en este tipo de cuestiones no hay que hacer revancha, no hay que hacer venganza, pero no se puede olvidar, y no me parece justificado que la mejor defensa sea un buen ataque porque cada uno está donde está y en el
pasado estuvo donde estuvo. Yo no voy a entrar en ello, pero no ataquemos a quien no se debe atacar. Por tanto, ha sido un ataque injustificado a Esquerra Republicana de Cataluña.
Muchas gracias, señor presidente. (Protestas.)
El señor PRESIDENTE: Grupo de Coalición Canaria. Señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Con la venia, señor presidente.
En nombre de Coalición Canaria me sumo desde el principio constitucional de la solidaridad, desde un principio democrático, desde un principio del humanismo en cualquiera de las versiones en que se quiera valorar y en el sentido también de
compromiso histórico. Coalición Canaria va a votar favorablemente esta iniciativa. Quiero reconocer en ello que, en la guerra civil, Canarias, en las circunstancias de ocupación de uno y otro bando, no tuvo la desgracia de tener que sacar a niños
que, fuera de su voluntad, tuvieron que ser acogidos en esos países que se han citado aquí -esa gran diáspora-, hoy aquí representados, y nos sumamos a ese homenaje.
Tuve la suerte parlamentaria -por mis muchos años en el hemiciclo- de formar parte de la primera comisión, señor presidente, de este Parlamento que ya en la democracia, en la II y III legislaturas, visitó la entonces Unión Soviética. Allí
fuimos unos diputados, don Miguel Angel Martínez, por el Partido Socialista; el señor Muñoz Alonso, por la entonces Alianza Popular; Andoni Monforte, por el Partido Nacionalista Vasco, PNV; Juan Mari Bandrés, por el entonces Grupo Mixto, y el
diputado que ahora les habla. Fue la primera visita de parlamentarios que realizamos a los niños de la guerra, donde encontramos el primer mensaje de vinculación de deseo y en donde la emoción nos embargó a todos. Hoy, como bien ha señalado el
señor Jáuregui, quiero sumarme a ese sentimiento por Coalición Canaria, y vamos a estar en esa línea. Suscribo plenamente sus palabras y añado que no presentamos ninguna enmienda, primero, por entender que el texto que venía del Ministerio de
Trabajo, del Gobierno, satisfacía plenamente, señor ministro. No se nos ocurrió ni cambiar una coma de sitio porque entendíamos que, cualitativa y cuantitativamente, como bien ha señalado el señor Jáuregui, la petición de doblar la pensión no
contributiva que les correspondía se ha multiplicado, no por dos, sino por tres, y ahora se va a complementar con la única enmienda que nosotros vamos a votar favorablemente, la transaccional que ha presentado el Partido Socialista conjuntamente con
el Partido Popular, para su actualización anual de acuerdo con el IPC en los Presupuestos Generales del Estado. También nos sumamos a ello porque entendíamos que era un trámite de urgencia y no queríamos perturbar, digamos, con la tramitación de
unas enmiendas, legítimas por supuesto, pero a nosotros no nos movía más que el principio de identidad parlamentaria, de consenso y de solidaridad para hacerlo por esa vía.
Hoy se repara de una manera contundente una cuestión de compromiso, de dignidad histórica, y la legislación lo ha permitido. En el texto articulado que ha presentado el Gobierno en este proyecto, cuando se define a los beneficiarios, se
parte, acertadamente, de la Ley 45/1960, que después se basa en un escalonamiento cuando vamos tomando conciencia democrática de esta realidad. Porque la Ley de 1960 no tenía una connotación política, sino que se refería a las pensiones
contributivas en el área laboral, pero es el primer escalón de solidaridad legislativa que nos ha permitido desarrollar después los decretos de 1981, de 1993 y finalmente del año 1999, decretos que, en la línea de las pensiones que no son
contributivas, como se contempla en la ley, suponían una reparación económica. Pero yo no quería que hoy nuestra mentalidad quedara solamente ceñida a un concepto presupuestario, a una reparación económica cuantitativamente hablando, sino que
también quiero expresarles nuestro sentimiento cualitativo de adhesión diciéndoles: bienvenidos a esta casa de la libertad y de la democracia que es el Parlamento español, a lo que ustedes, entonces, como niños, abandonaron sin voluntad de hacerlo.
Hoy, como adultos, por lo menos desde mi grupo de Coalición Canaria, que se suma a los demás, les tendemos esa mano de llamarnos todos ciudadanos demócratas de la misma nación, del mismo Estado, de la misma patria.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo de Izquierda Verde, señora García Suárez.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, empezaré esta intervención, si ustedes me lo permiten, con un comentario que mi compañero Gaspar Llamazares me ha hecho ahora referente a una preciosa película que se llama Para que no me olvides, en la que hay una frase que dedico
expresamente a todos los niños de la guerra y a todos aquéllos que se sienten identificados con ella. La frase es: Nosotros nos
moriremos sin que nos reconozcan a nosotros, a los republicanos. Cuando se reconozca a los republicanos será cuando empezaremos a cerrar de verdad las heridas. Cada uno puede explicar la historia, y hoy lo estamos viendo aquí de nuevo, de
muchas maneras. Por supuesto, yo no la explicaré, señor Fernández, con la línea de Pío Moa; intentaré explicarla desde otro punto de vista o como nosotros entendemos que ha sido la historia.
Señorías, quisiera dividir mi intervención en dos partes. En primer lugar, la relativa al procedimiento de esta iniciativa y, en segundo lugar, al contenido de la misma. En ese sentido, manifestamos nuestra queja y disconformidad por cómo
se ha tramitado por parte del Gobierno, en cuanto al procedimiento, este proyecto de ley, un proyecto de ley, señorías, que aparece en este Parlamento por primera vez en el año 1995, cuando el grupo al que represento realizó una pregunta al Gobierno
correspondiente a la problemática de los niños de la guerra y las soluciones que pensaban adoptar al respecto. Voy a recordar algo de la historia reciente de nuestro Parlamento y no lo voy a hacer ni por lamentación, que no me gusta que parezca que
los grupos minoritarios nos estamos lamentando continuamente de que no se nos tiene en cuenta. Sabemos cuál es la situación y la coyuntura y entendemos perfectamente nuestro papel, pero no lo voy a hacer por lamentación, sino simplemente porque
justamente hoy estamos haciendo algo referente a la recuperación de la memoria histórica y lo que no podemos es perder la historia más reciente.
En la pasada legislatura también mi grupo parlamentario presenta, en primer lugar, una proposición de ley, concretamente el 17 de febrero de 2003, instando al Congreso de los Diputados para que a la vez éste instara al Gobierno a que
adoptara las medidas necesarias para que se reconociera a los ciudadanos pertenecientes al colectivo de niños de la guerra una pensión específica. Dicha proposición de ley fue debatida, también se ha dicho aquí, en la Comisión de Trabajo y Asuntos
Sociales y espectacularmente ha parecido que se le dio apoyo y, por tanto, tenía que haber salido adelante. No salió adelante precisamente porque no tuvo el apoyo en este caso del grupo mayoritario en aquel momento, el PP.
Rectificar es de sabios
y, por tanto, saludamos que hoy en estos momentos estén en otra posición.
Señorías, en esta legislatura, con una nueva mayoría, va a ser posible aprobar esta proposición de ley. Ahora bien, de la misma manera que es cierto que en el mes de mayo el ministro Caldera, que hoy nos acompaña, anunció su voluntad de
resolver el problema y la situación del colectivo de ciudadanos que tuvieron que emigrar de manera forzosa de nuestro país, como consecuencia de la guerra civil, no deja de ser menos cierto, señorías, que esa voluntad no se vio reflejada en el
proyecto de presupuestos del Gobierno para el año 2005 ni en texto ni en cantidad económica. De nuevo, con gran satisfacción debo recordar -para que conste en el 'Diario de Sesiones'- una enmienda presentada a los presupuestos por parte de mi grupo
parlamentario, y que fue aceptada en este caso. En concreto decía que el Gobierno adoptará las medidas necesarias para que una vez reconocida la condición de emigrantes forzosos se les conceda a los ciudadanos pertenecientes al colectivo de niños
de la guerra una pensión específica digna y superior en cualquier caso al salario mínimo interprofesional al tenerse en cuenta los años de trabajo y exilio obligados en la URSS. Entendemos que al aprobarse esta enmienda ha motivado que hoy podamos
estar resolviendo este problema. Después de todo este proceso, el desencanto surge cuando en el mes de enero inicia un proceso de aprobación en el Consejo de Ministros y de desarrollo del proyecto de ley de una manera de urgencia, sabemos que es
urgente, pero eso no significa precipitación. Nosotros lo hemos vivido como una situación en la que desde el Gobierno se hace un tratamiento demasiado exclusivista sobre un proyecto.
Bien está lo que bien acaba, señorías, y para nuestro grupo lo importante no son las fotos, las medallas y en este caso tampoco los viajes, aunque estábamos también allí en ese viaje que se realizó a Moscú recientemente.
Digo que bien está
lo que bien acaba, pero a nivel de contenido está acabando muy bien y nosotros celebramos que algo que nosotros iniciamos hace ya bastantes años esté acabando muy bien, pero a nivel de procedimiento no lo vemos así, ya que no se entiende que el
Gobierno plantee un procedimiento de urgencia y de lectura única para el proyecto de ley, para lo cual tuvo el apoyo de todos los grupos parlamentarios, y después se aceptan enmiendas e incluso el propio grupo parlamentario y el Gobierno también
presentan. Algunos grupos, como ya se ha dicho, no lo hemos hecho porque el acuerdo fue realmente este: que no hubiera enmiendas para que se hiciera una tramitación de urgencia. La sensación es extraña y podemos estar dando una impresión de
improvisación, por un lado, y una sensación de desinterés por parte de aquellos grupos que no hemos presentado enmiendas, por otro lado absolutamente injusta. ¿Todo esto cómo se hubiera podido evitar? Se hubiera podido evitar, en primer lugar, con
serenidad, con diálogo por parte del Gobierno con todos los grupos, realizando una tramitación de urgencia, reduciendo el período de trámite de enmiendas, pero dando la oportunidad de mejorar este proyecto de ley, un proyecto de ley que otros
grupos, en este caso el nuestro, habíamos iniciado hace tiempo. Pero quizá -permítanme que lo lamente- todo esto hubiera significado compartir el proyecto, las ideas y el proceso y, por tanto, compartir el logro que el mismo supone. De eso nos
quejamos, de eso nos lamentamos. También decimos que este procedimiento está muy bien a corto plazo, pero nunca suma, a la larga más bien resta.
Señorías, la iniciativa legislativa -y ahora ya paso al contenido, que realmente es lo importante de lo que hoy nos ocupa- reconoce una prestación económica
de 6.090 euros anuales más la cobertura sanitaria en todos aquellos países que no la tengan para los ciudadanos y ciudadanas de origen español desplazados al extranjero durante su minoría de edad como consecuencia de la guerra civil española
y que han desarrollado la mayor parte de su vida fuera del territorio nacional. Para nuestro grupo parlamentario esta iniciativa tiene un gran calado político y social y significa una recuperación, como ya hemos dicho, de la memoria histórica del
Estado español. Por algo la planteamos nosotros en su momento. Qué les puede decir esta diputada que no hayan dicho durante todos estos años mis compañeros diputados y diputadas anteriores. En primer lugar, decir -y es mi obligación recordarlo-
que si hoy es una realidad esta propuesta es precisamente por esa insistencia de todos estos compañeros, pero sobre todo por la insistencia de todos aquellos niños de la guerra y de las asociaciones que los han apoyado durante todos estos años.
Este es el logro y estos colectivos y estas asociaciones que los han apoyado son los únicos que se pueden poner estas medallas.
Señorías, hoy vamos a saldar una deuda histórica y quisiera decir que ningún niño empezó jamás una guerra. Es una frase de la exposición del exilio de los niños. Ciertamente es así, nunca la infancia fue responsable de crímenes, de
violencia, de guerras, de expolios, de violaciones ni del hambre. Sin embargo, debido a las decisiones de los adultos, siempre han sido ellos los que más han pagado las consecuencias y después de ellos las mujeres y los ancianos. Debemos recuperar
esa memoria histórica que durante demasiados años ha estado aletargada en nuestro país. Hemos tenido una guerra civil total, sangrienta y con graves consecuencias, tanto para los hombres y mujeres que murieron como por el triste y lamentable futuro
que tuvieron miles y miles de personas al finalizar la misma y con la ascensión al poder del general Franco. En plena guerra civil española, en el año 1937, y por disposición del entonces Gobierno republicano de España, miles de niños tuvieron que
ser evacuados para poderlos salvar, para librarlos de las bombas y de la violencia del conflicto bélico. Estaban convencidos entonces de que esa separación sería por poco tiempo y lamentablemente no fue así. El proyecto de ley tiene una clara
repercusión, sin duda, de compensación económica que dignificará -más vale tarde que nunca- a todos estos niños y niñas, hoy abuelos y abuelas, personas mayores que aún arrastran los recuerdos de su truncada infancia. Señorías, no podemos devolver
esos años de juegos, de inocencia, de tranquilidad, de compañía y de amor con sus padres y sus madres, no podemos devolverles la tranquilidad de su convivencia en su pueblo natal o en su ciudad, pero debemos intentar que les llegue nuestro
reconocimiento, nuestra consideración y nuestro respeto y darles así una compensación que va más allá, mucho más allá que la meramente económica. En este sentido, nuestro grupo quiere hacerles llegar también, de alguna manera, nuestro compromiso de
luchar incansablemente por la idea de que es preciso renunciar a la guerra como instrumento de gestión de conflictos y de controversias, que es lo mismo que decir que ningún fin justifica un golpe de Estado como el que hubo, como fue el nuestro,
generador sin duda de una guerra segura.
El testimonio de estos colectivos ha de servir para la reflexión de las actuales generaciones. Los valores de la paz, de la democracia, el respeto a la diversidad y a la diferencia y de la justicia social han de ser los que permitan que no
vuelva a haber niños y niñas que hayan de sufrir una expatriación forzosa ni tampoco que los que quedaron aquí hayan perdido también su infancia, privados además de derechos, como fue, ya lo adelanto, todo el colectivo de mujeres, que perdieron
todos los derechos que tenían reconocidos en la República. Adelanto que muy pronto empezaremos a hablar precisamente de esta recuperación de la memoria histórica y de que también se ha de compensar en este sentido a las mujeres. La propuesta que
debatimos pretende cerrar las situaciones de precariedad, de injusticia y de cobertura de necesidades básicas para todas las personas pertenecientes al colectivo afectado. Señorías, en este punto mi grupo...
El señor PRESIDENTE: Señora García, se ha excedido en el tiempo.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Ya acabo.
Simplemente quiero adelantar que mi grupo no podrá votar favorablemente las enmiendas del Grupo de Esquerra Republicana, no porque no estemos de acuerdo, sino por los argumentos que en este caso ha dado el señor Jáuregui, que compartimos,
los vemos realmente igual. Votaremos a favor, cómo no, de las enmiendas del propio Grupo Socialista, pues nosotros también veíamos que tenía que incrementarse al colectivo del SOVI y votaremos favorablemente la transaccional que han acordado los
grupos Socialista y Popular.
Finalizo diciendo que mi grupo parlamentario considera que la transición democrática confundió demasiado la palabra perdón con el olvido. Mi grupo continuará luchando y trabajando precisamente por esa recuperación de la memoria histórica y
por la dignidad de todas aquellas personas que vieron cómo sus vidas quedaban absolutamente sesgadas y truncadas por sus ideales.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García.
Por el Grupo Vasco, el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señorías, mis palabras son también de saludo a quienes nos acompañan hoy en la tribuna representando a los niños de la guerra, niños de la guerra que en un alto porcentaje son de origen vasco,
como bien comentaba
el señor Jáuregui, y que conviene contextualizar para apaciguar ciertos incidentes que han tensionado este debate y que han incorporado una sombra a un acto que debería ser de alegría, un acto de reafirmación democrática, un acto de
reconciliación en definitiva. Convendría leer un poema que a un compañero mío que acudió a Moscú con la delegación parlamentaria le entregó una niña de la guerra, una niña de la guerra que era vasca. Es una elegía al árbol de Gernika. Su título
es Al árbol de Gernika, réquiem, y nos permite contextualizar e identificar exactamente la intensidad del dolor que han sufrido estas personas. Dice lo siguiente: Érase un árbol tan frondoso, brillantes verdes hojas, finas flores, en tierra vasca
oculta sus raíces, en la lejana Rusia sus frutos como soles. Hoy ya me asomo al nicho de mi tumba, sin esperanza estoy, pues ya se ha hundido todo. Más vasca y tuya soy que nunca mi árbol viejo, morir deseo con mis raíces, a mis raíces vascas
aferrada, con dignidad morir Euskadi a ti aferrada. Adiós árbol de Gernika, gora Gernika, gora guernikako arbola. Josefina Iturrarán. Identificar el dolor no es fácil, señor presidente, pero hacerlo a veces admite aproximaciones mediante la
lectura de un verso poético que, evidentemente, aflora del sentimiento. No aflora del ordenamiento jurídico, ni siquiera del pensamiento racional, sino del corazón, del alma y del sufrimiento que estas personas han padecido, en definitiva, que es
algo vinculado al espíritu, al alma.
Señor Fernández, estoy de acuerdo con algo que usted ha comentado, primero hay que enterrar a los muertos y hay que dejarles descansar. Los muertos desgraciadamente están enterrados y hay que dejarles descansar. Lo que pasa es que la
guerra civil en este país sigue siendo un tabú, está mal metabolizada por nuestro cuerpo social, por los ciudadanos del Estado español. Es un tema que por necesidades psicológicas de nuestro inconsciente colectivo o por la forma de concebir la
transición política tiene muchos temas pendientes de resolución. El olvido sí, dejar descansar a los muertos también, pero también la reparación de las indignidades y de las atrocidades cometidas, tanto con los niños de la guerra como con muchos
otros colectivos como los fusilados; los afectados por juicios sumarísimos que se mantuvieron artificial e ilegítimamente durante 10 años después del año 1939; los batallones de trabajadores en los que estuvieron trabajando en régimen de
esclavitud o de semiesclavitud durante muchos años personas no condenadas por sentencia de los tribunales militares; los funcionarios inhabilitados; la incautación del patrimonio a personas y colectivos, como los partidos políticos. Por cierto,
algunos partidos políticos no han sido reparados en el ámbito de la devolución del patrimonio que les fue incautado.
Algunos de los que estamos aquí tuvimos presencia y sufrimos los rigores de la guerra civil, puesto que formamos parte del bando
perdedor. Olvido sí y dejar descansar a los muertos sí, pero reparación también, señor Fernández. Reparación es lo que tenemos que hacer consensuadamente entre todos y sin tabúes. La reparación va con cuentagotas, va lenta, no se termina de
cerrar nunca, como revela exactamente la fecha de la creación de la comisión interministerial para atender la problemática de las víctimas de la guerra que es el año 2004. Parece un poco tarde empezar a pensar en una reparación institucionalizada y
sistematizada en el año 2004, cuando la guerra acabó -como sabe usted perfectamente- en el año 1939. Decía Theodor Adorno, filósofo alemán muy importante de la Escuela de Frankfurt, el representante más ilustre de la escuela llamada del pensamiento
crítico, que en las guerras civiles hay un momento en el que durante el vórtice de su intensidad se cometen asesinatos físicos, se prescinde del derecho, se prescinde de la civilidad y se cometen asesinatos físicos. Cuando se va diluyendo la guerra
civil, el golpe fascista, que en este caso desgraciadamente fructificó, se van cometiendo por accesión, de forma de tracto sucesivo, asesinatos morales históricamente. Se va matando civilmente a la gente. Se producen incautaciones,
inhabilitaciones y juicios. Se obliga a trabajar en batallones de trabajadores en régimen de semiesclavitud. Se obliga a la gente a exiliarse. En el ámbito de la problemática de los niños de la guerra se produce el mayor daño que se puede cometer
con una familia. Se produce el desgarro o la separación familiar. El desgarro para los niños a los que se les obliga a marcharse y el desgarro para sus parientes, para sus familiares y particularmente para sus padres, a los que se les priva del
bien más querido de cualquier persona bien nacida. Nada menos que se les priva de la compañía de su hijo y de la posibilidad de convivir con su propio hijo. No es posible concebir algo más doloroso para una persona que la privación de lo que más
quiere cualquier persona que tiene un hijo o cualquier pariente que tiene un familiar que tiene que marcharse por razones forzosas -voy a utilizar esta expresión- que la privación de su compañía, que la privación de su propio hijo. Desde esta
perspectiva empiezan a acometerse, afortunadamente, los elementos de reparación, tímidamente, pero algunos ya han sido citados. Se ha rehabilitado a las personas que pertenecieron al Ejército republicano, se les ha rehabilitado desde una
perspectiva simbólica y se ha indemnizado a distintos colectivos desde una perspectiva material, a través de distintas normas. Se han indemnizado a los miembros del Ejército vasco, a los gudaris. Todavía está pendiente la indemnización de aquellas
personas que también sufrieron los rigores de la represión franquista trabajando en batallones de trabajadores, puesto que no fueron condenados por sentencia en los juicios sumarísimos de los tribunales militares y al no haber una condena firme hay
dificultades jurídicas para identificarlos.
Lo está haciendo el Gobierno vasco, que sí ha acometido una línea de ayudas específicas, quizá insuficientes en su cuantía, para las personas que tuvieron que sufrir el rigor de los batallones de
trabajadores, que tuvieron que trabajar en régimen de esclavitud. Se está realizando el incremento de las pensiones a través de los reales decretos que han sido aquí citados; en concreto
el de mayo de 1993 y el de abril de 1999, el acceso de las personas represaliadas pertenecientes a distintos colectivos, el acceso a pensiones asistenciales por ancianidad en primer lugar y a pensiones no contributivas en segundo lugar. Y,
por fin, acometemos la reparación económica, que más que económica es simbólica -como ya ha sido dicho aquí por otros portavoces-, de los niños de la guerra mediante este proyecto de ley que debía haber sido en un momento de firmeza o de afirmación
democrática, de consenso, de superación de ciertos fantasmas y de ciertos tabúes que están todavía -como se ha podido comprobar fehacientemente- mal metabolizados tanto en esta Cámara como en el cuerpo que constituye la ciudadanía del Estado
español. Y eso es una desgracia, señor ministro, pero esto contribuye seguramente a ir relativizando de alguna forma estos problemas que están pendientes. Hay otros también pendientes y por eso esperamos mucho de esta comisión interministerial
creada en el año 2004.
Está pendiente la devolución de los patrimonios incautados a los partidos; a algunos sindicatos, no a todos, ya se les ha devuelto, se les ha reparado el patrimonio incautado; está pendiente la rehabilitación de
determinados funcionarios que todavía no se han beneficiado de una inhabilitación realizada por quienes nunca debieron tener legitimidad para inhabilitar a nadie, por los fascistas que ganaron la guerra civil.
En definitiva, están pendientes
bastantes cuestiones pero la atinente a los niños de la guerra está razonablemente bien resuelta y el consenso -yo comparto en esto las palabras del señor Jáuregui- debía ser el valor paradigmático a la hora de afrontar este problema. Esta
prestación que se consigna en este proyecto de ley nos parece suficiente, y sobre todo nos lo parece porque le parece suficiente al colectivo de los afectados, de los beneficiarios; les parece suficiente a los niños de la guerra.
Incrementar hasta
6.090 euros el cómputo anual en 14 pagas, complementando hasta esta cantidad el disfrute -entrecomillando la expresión disfrute dada la menguada cuantía de las prestaciones de las que ahora se benefician- de las pensiones asistenciales por
ancianidad a las que tienen derecho, a las pensiones no contributivas, nos parece razonable.
No nos parecen razonables, y por lo tanto nos vamos a abstener, algunas de las enmiendas presentadas por Esquerra Republicana de Catalunya. A nosotros, que somos un grupo que practicamos cierta empatía con las propuestas de Esquerra
Republicana y las miramos con simpatía, sin embargo nos parece, señor Tardá, que sus propuestas tienen deficiencias conceptuales notables. Me parece extraño, me parece ajeno a un análisis riguroso de lo que aquí estamos planteando, extender hasta
el año 1945 el volumen de los afectados que se convierten, por tanto, en sujetos pasivos beneficiarios de estas prestaciones. Yo no sé por qué hasta el año 1945.
Y nos parece todavía más extraño que se incluya a los nasciturus o a las personas que
fueron concebidas entre el tracto de tiempo comprendido entre 1936 y 1939. Señor Tardá, sobre el concepto de niños de la guerra hay una convención histórica que nadie discute ya a estas alturas. Es una convención asumida por todos los
historiadores, es una convención de aceptación universal políticamente. Son los niños que tuvieron que abandonar el país durante el tiempo que duró la guerra civil, entre el año 1936 y el año 1939; esos son los niños de la guerra y no otros. Para
atender a otras situaciones, que las podemos extender hasta 1945 ó hasta la fecha que a usted y a todos los demás nos parezca pertinente, existe la comisión interministerial que está afrontando la problemática muy poliédrica, muy heterogénea, que
deriva todavía de las víctimas de la guerra civil. Pero no es este el momento porque estamos atendiendo al colectivo que afecta a los señores dignamente representados aquí por quienes nos acompañan en la tribuna. No nos parece de recibo, desde una
perspectiva conceptual y desde los requerimientos del principio de igualdad ante la ley, que consagra el artículo 14 de la Constitución, que aquellas personas o niños de la guerra que posean o hayan adquirido el derecho a obtener una pensión de
naturaleza contributiva, cuya cuantía -suponiendo que haya alguna- sea inferior a la cantidad en cómputo anual de 6.090 euros, se les incremente hasta 6.090 euros la pensión, porque entonces todos los demás pensionistas que no son niños de la
guerra, apelando a los requerimientos del principio de igualdad ante la ley, podrían -con legítimo derecho, con el mismo legítimo derecho que los niños de la guerra- reclamar ese incremento de sus pensiones de naturaleza contributiva. Por tanto,
porque practicamos cierta empatía con ustedes, nos vamos a abstener en sus enmiendas y vamos a apelar a esta comisión interministerial para que algunos problemas no resueltos de naturaleza heterogénea, como he comentado, vayan siendo afrontados.
Señor Fernández, deje de convertir que la guerra civil siga siendo un tabú, algo que nos enfrenta y que provoca tensiones de la dimensión que hemos podido comprobar en el debate de esta mañana. La señora doña Josefina Iturrarán, que no sé
si nos acompaña hoy en la tribuna, terminaba diciendo: ¡Oh, niños de la guerra, contad vuestros dolores! Yo solo espero de este debate una cosa, que nuestras afirmaciones o nuestras exposiciones no hayan contribuido a agravar sus dolores; lo
espero sinceramente. Esta reparación no es solo de naturaleza económica, es una reparación simbólica de muchos años de sufrimiento. Ninguno de los que estamos aquí tenemos derecho ni legitimidad para agravar el carácter reparador simbólico de esta
prestación que en este momento hemos podido consensuar trabajosamente entre todos. Nuestra obligación como políticos que no hemos vivido los rigores de la guerra civil ni de la posguerra -algunos sí que hemos padecido los rigores de las
postrimerías de la postguerra, y acabo ya, señor presidente- es amortiguar su dolor en la medida de lo posible en lo que les resta de vida. Esta es nuestra obligación, y a eso sepan, porque yo lo afirmo, que nuestro grupo va a contribuir con todas
sus energías.
Eskerrik asko. Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Grau.
El señor GRAU I BULDÚ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, no puedo más que sumarme a los anteriores intervinientes y saludar al colectivo de niños de la guerra que nos acompañan en este acto, y anunciar de entrada nuestro voto afirmativo al proyecto de ley que presenta el Gobierno para su
aprobación.
Como ya han dicho algunos de los últimos intervinientes en la fijación de posiciones, nuestro grupo no presentó ninguna enmienda a este proyecto de ley porque entendía que, de acuerdo con el pacto de caballeros que hicimos en el viaje a
Moscú, tenía que aceptar de entrada la máxima celeridad en la aprobación del mismo, a efectos de que entrara en vigor lo antes posible y fuera operativo el próximo mes de marzo. Por tanto, nuestro grupo se sumó al consenso, a la posición única de
esta Cámara a favor de los niños de la guerra. Sin embargo, como ha dicho la portavoz de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, nos hubiera gustado compartir este proyecto de ley; nos hubiera gustado participar en algunas
de las correcciones que ha introducido el Grupo Socialista y que vamos a votar favorablemente. Nuestro grupo, cuando intenta llevar adelante soluciones positivas o reparaciones absolutamente necesarias, se suma al consenso, y el consenso quiere
decir participación. Por ello, además del proyecto de ley nuestro grupo votará afirmativamente, porque entiende que así debe ser, las correcciones técnicas que ha introducido el Grupo Socialista y, en aras del consenso, las que ha propuesto el
Grupo Popular en la enmienda transaccional. Para centrar nuestro posicionamiento, nuestro grupo se va a abstener en las dos primeras enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana por entender que se subsumen en el texto de la ley y en
las enmiendas presentadas, y va a votar en contra de su tercera enmienda porque este es un tema -me referiré a ello más adelante- que queda pendiente y no nos gustaría empañar la aprobación de la reparación a los niños de la guerra con otras
consideraciones. El Gobierno y esta Cámara tenemos el compromiso firme de dar una solución lo antes posible, porque así lo acordamos en junio del año pasado. Confío en la palabra del señor ministro de que la comisión interministerial decidirá lo
antes posible para que vuelva a esta Cámara la respuesta final que dé solución a todas las cuestiones coyunturales, hoy una más, que intentan resolver los problemas que aparecen y que debido a la edad del colectivo y al tiempo pasado hay que
arreglar lo más rápidamente posible. Insisto en que este proyecto de ley ha generado determinadas expectativas y determinadas ilusiones. Este diputado ha recibido comunicaciones desde Argentina y Francia solicitando el apoyo parlamentario para
determinadas situaciones desgarradoras de personas que abandonaron el Estado español, que abandonaron su hogar y que hoy están jubiladas y sin recursos. Por ello tenemos que profundizar en estos casos. Esperaremos a este informe de la comisión
interministerial para tomar una decisión favorable y dar una solución a este tema, como la que damos hoy para el colectivo de los niños de la guerra. La lectura única es eficaz legislativamente, y pido a la comisión interministerial eficacia para
que demos a los afectados una solución definitiva consensuada por todos y se acaben las discusiones en esta Cámara sobre este tema. Agradecemos al Grupo Popular la transaccional porque mejora técnicamente el proyecto de ley y el Gobierno necesita
esta celeridad para dar solución a este compromiso.
Termino mi intervención reiterando que nuestra posición tiene tres puntos básicos. En primer lugar, es una propuesta de justicia y de reparación, es un recuerdo a la memoria y nuestro grupo se honra en darle todo su apoyo. En segundo
lugar, como ya he dicho antes, es una iniciativa coyuntural, en definitiva una más, y aunque la solución es para un colectivo que lo necesita con toda urgencia tenemos que resolver más cuestiones. Por ello, no siendo esta una respuesta definitiva
hay que urgir la máxima celeridad a la acción de la comisión interministerial para que con la alegría que hoy damos a este colectivo, con el consenso de todas las fuerzas políticas, la sociedad actual pueda reparar el sufrimiento de quienes creyendo
en la convivencia, en el derecho y en la libertad sufrieron ataques, vejaciones y olvido. Por ello el recuerdo tiene que darles nueva vida. No podemos terminar esta legislatura sin que quede resuelto este asunto lo más pronto posible. Por ello
pido al Gobierno que los resultados de esta comisión interministerial estén en esta Cámara antes del próximo mes de junio, para que en este año se resuelva definitivamente una problemática, una deuda histórica, una reparación a una generación que es
la predecesora de nuestra estabilidad y la que ha transmitido los valores democráticos y de libertad que ha podido recuperar la sociedad actual. Que su memoria, su acción y su confianza en la sociedad puedan en estos momentos, igual que los niños
de la guerra, verse reparados y que con nuestro consenso y con esta reparación seamos capaces unos y otros de dar una solución definitiva a un problema histórico.
Muchas gracias, señor presidente. (El señor Fernández Díaz pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Fernández Díaz.
El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.
No pretendo, obviamente, reabrir el debate. Simplemente, como usted sabe muy bien, ha habido una intervención del portavoz de Esquerra Republicana que ha merecido mi réplica y yo he solicitado que retirara esas expresiones para que no
figuraran en el 'Diario de Sesiones'. Como él no ha accedido a mi petición yo confío, señor presidente, que usted hará un adecuado uso de sus atribuciones y las dará por no reproducidas en el 'Diario de Sesiones'.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones. (Pausa.) Como se ha anunciado a los grupos parlamentarios, habrá hasta seis votaciones, la última la del texto del proyecto de ley.
En primer lugar, enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Se somete a votación la enmienda número 1.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 12; en contra, 289; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 2, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 13; en contra, 289; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 3, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 12; en contra, 298; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. Votación de la enmienda transaccional aportada al texto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 316; en contra, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. Votamos en bloque las enmiendas 6 a 9.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 318.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Finalmente, procedemos a la votación del texto del proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 318.
El señor PRESIDENTE: El proyecto de ley ha sido aprobado.
(Prolongados aplausos de la Cámara puesta en pie.)
ENMIENDAS DEL SENADO:
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REGULA EL RÉGIMEN DEL COMERCIO DE DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 5/2004, DE 27 DE AGOSTO). (Número de expediente 121/000008.)
El señor PRESIDENTE: Punto VI del orden del día, enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. (Rumores.)
Señorías, el Pleno continúa.
Por el Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo de Coalición Canaria va a votar favorablemente todas y cada una de las enmiendas que nos remite el Senado en su mensaje motivado a este proyecto de ley que regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto
invernadero. (Rumores.) Señorías, esto es entrar en la senda de la normativa europea derivada del Protocolo...
El señor PRESIDENTE: Perdone, señor Mardones.
Por favor, señorías, están interrumpiendo el Pleno. Salgan del hemiciclo, por favor.
Adelante, señor diputado.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.
Venía a decir que estas enmiendas del Senado están dirigidas a este proyecto de ley debatido ampliamente en esta Cámara en el sentido de recoger aquellos grandes principios que el Protocolo de Kioto señala para evitar que el efecto
invernadero de la emisión de gases en todos los procesos industriales, de transporte, etcétera, alteren la evolución normal climática en la tierra. Entiendo que las enmiendas del Senado están dirigidas a perfeccionar la norma, porque había un
problema que ya este diputado expuso en los debates plenarios, en el momento procedimental del trámite de este proyecto de ley, estando presentes tanto la señora ministra de Medio Ambiente como el señor ministro de Industria, Comercio y Turismo, y
era el relativo a buscar un equilibrio
para no caer en un principio maximalista de Kioto que produjera unos efectos verdaderamente negativos en la política industrial española, establecimiento de empresas industriales, desarrollo, creación de puestos de trabajo, que se podían ver
menoscabados por un entendimiento radical y no ortodoxo en sentido estricto del Protocolo de Kioto, produciendo incluso desde el cierre de fábricas, empresas, emisiones que no son contaminantes en sentido estricto y que tenían un efecto muy negativo
en la política laboral de creación de puestos de trabajo. Creemos que con el texto del proyecto español y con las cautelas pertinentes se trata de dar satisfacción a uno y otro sector, tanto el medioambiental, cuyo cometido es una defensa del
Protocolo de Kioto, como el sector de administración de industrias, cuyo sentido es también seguir permitiendo una línea de competitividad. No olvidemos que el motivo de este proyecto de ley cuando se transforme en ley es regular el régimen del
comercio de derechos de emisión. Nuestro criterio es que los derechos de emisión se van a transformar en un activo financiero, van a ser objeto de una compraventa, porque es lo que viene a regular esta ley, una compraventa de un activo financiero
como otros muchos que hay en el mercado bursátil y en las transacciones comerciales de bancos y de cajas para transformar un activo financiero que aquí va a tener unos efectos compensatorios, ya que a quien le sobren derechos de emisión podrá
vendérselos a quien necesite regular el efecto invernadero, la emisión de gases, con este comercio puramente de los derechos de emisión. Por tanto, es importante mantener el mercado de estos activos financieros en un régimen de transparencia
absoluta, no permitir especulaciones ni sobreprecios a las industrias que necesiten adquirir y comprar estos derechos de emisión, porque su cuenta de resultados se va a ver afectada y, en consecuencia, la productividad y la eficiencia de una empresa
va a estar muy condicionada a este respecto.
Prueba de ello es que el legislador no ha querido tocar al sector más contaminante, que es el transporte de coches, vehículos, camiones, etcétera, sino que se va a otros sectores, como puede ser la
industria petroquímica, la cementera, la de la cerámica, donde es más fácil empezar con esta regulación.
Las enmiendas que vienen del Senado, señor presidente, en el sentido que he dicho de participación son, a nuestro juicio, muy sensatas y perfeccionan el texto con garantías a ambas partes. En relación con el artículo 4, hay que permitir el
funcionamiento provisional de instalaciones sometidas a autorización de emisión, porque si la práctica inspectora va a ser larga no se puede condenar a una empresa a cerrar y decirle dentro de tres meses que puede volver a abrir. En cuanto a la
enmienda al artículo 14, creemos que ha habido un olvido y no se ha tenido en cuenta la participación del Consejo Nacional del Clima para que esté dentro del Plan nacional de asignaciones, hecho que se corrige con esta enmienda. Igualmente, en el
apartado 2 de la enmienda al artículo 16 pasamos al cien por cien el porcentaje de asignación de derechos, que será gratuito a partir del uno de enero de 2008. En la enmienda número 19 se hace una valoración a nuestro juicio muy interesante. Si
hay una burocracia administrativa muy lenta ¿qué va a pasar con la interpretación del silencio administrativo? El artículo 19 viene a decir claramente, con una nueva redacción en su párrafo quinto, que las solicitudes de asignación de derechos de
emisión se entienden concedidas en caso de silencio administrativo. La enmienda a la disposición transitoria tercera habilita las fórmulas para el reparto gratuito de derechos no asignados de manera equitativa entre todas las instalaciones. Y la
disposición transitoria octava, que aparece ya como nueva, hace una regulación de las posibilidades de revisión de las asignaciones hasta el uno de junio de 2005. Por tanto, la prudencia, la cautela, la sensatez y el sentido común permiten dar una
garantía a todos los sectores, los que se consideren en una línea primera de defensa de los protocolos de Kioto y los que tienen que hacer una política pragmática de respeto a estos principios en la realidad de la política técnica, económica y
laboral de las industrias y actividades que quedan incursas todavía en la competencia de este proyecto de ley. De aquí, señor presidente, que nuestro voto será favorable a todas las enmiendas del Senado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones. Tiene la palabra el señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.
Dicen que todos defendemos el medio ambiente, que a todos nos preocupa el efecto invernadero, que todos estamos por que haya menos gases de efecto invernadero. Es el lugar común, el discurso ambientalista transversal.
Dicen que atraviesa
toda la Cámara. De hecho, estamos en el tópico de que todos estamos para defender el medio ambiente. Pero la realidad es muy obstinada. Seguramente la señora De Lara después dirá que el Partido Popular cuando estuvo en el gobierno hizo mucho,
pero lo cierto es que los gases de efecto invernadero en su etapa de gobierno subieron un 34 por ciento. Algo tendrá que ver el modelo de crecimiento, algo tendrán que ver las medidas adoptadas o, lo que es más grave, las medidas no adoptadas. Y
ahora, sobre este proyecto, todos dicen defender el medio ambiente, pero las medidas aprobadas por el Senado son un misil en la línea de flotación en el objetivo de cumplir con Kioto. Sí, todos nos instalamos en la retórica ambientalista, pero
acaba siendo la práctica desarrollista. Las palabras las conocemos bien. Hay que proteger el bien del medio ambiente, ese bien jurídico a proteger. La realidad es que de forma muy frecuente en la práctica nos olvidamos de ese bien jurídico a
proteger. Todos sabemos que el alud de centenares, si no de miles, de solicitudes en cuanto a los derechos de emisión puede
suponer un colapso en la Administración. Todos lo sabemos. Todos sabemos que las previsiones de ello pueden estar en el cálculo de determinadas empresas a la hora de emitir. ¿Qué sería lo razonable en este contexto? Desde nuestro punto
de vista, para aquellos que entendemos que se tiene que proteger el medio ambiente de una forma real y efectiva, es el principio de prevención. La traducción de ese principio de precaución que rige de forma transversal el derecho medioambiental,
también el derecho comunitario, es el silencio administrativo negativo, aplicando la máxima del sentido común. Este es el país que incumple más con Kioto. Ante esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Ser más flexibles que el resto de Europa o, en cambio, ser
más exigentes, aplicando el principio del derecho medioambiental y del derecho comunitario e informes de letrados de la Cámara, aplicando, por tanto, aquello que se hace en Europa? ¿Qué es lo que nos plantean las enmiendas que vienen del Senado?
El silencio administrativo positivo. El hecho de que se reconozca que se parte del derecho a contaminar, como si ése fuese el punto de partida y, desde nuestro punto de vista, en vez de un derecho a contaminar es un derecho a adquirir. Nuestro
grupo apuesta por el silencio administrativo negativo porque entendemos que se aplica el principio de prevención y de precaución y porque, en definitiva, lo que se garantiza es la protección del medio ambiente.
Hay otra enmienda que no deja de ser curiosa. El cien por cien de los derechos correspondientes al periodo de cinco años que se inicia el 1 de enero se asignará de forma gratuita. No parece muy razonable. ¿Y por qué no parece muy
razonable? Porque puede haber nuevos sectores y porque los derechos de emisión no se pueden repartir todos como punto de partida.
Parecería razonable que aquellos que dicen que protegen el medio ambiente no repartan el cien por cien de forma
gratuita y que se reserve una parcela para los nuevos sectores. ¿La enmienda para qué esta pensada? Quizás esté pensada para no cumplir. Lo repartimos todo y si luego vienen unos sectores ya les daremos más derechos de emisión. ¿El problema cuál
es? Que cuando se piensa en la enmienda no se piensa precisamente en la protección del medio ambiente. Se piensa en una norma que ya se incumple por parte del Estado español. El problema de fondo es que en estas enmiendas lo que tendríamos que
estar discutiendo es cómo se introducen elementos de mayor control, cómo conseguimos que en los mecanismos de flexibilidad, de desarrollo limpio no se haga trampa y cómo llevamos industrias muy contaminantes de España al sur sin garantizar que en el
cómputo global no haya más emisiones de gases efecto invernadero. Porque las emisiones no saben de fronteras y, por tanto, el compromiso debería ser controlar más los mecanismos de desarrollo limpio; o controlar los sumideros y garantizar que
cuando estamos pagando por sumideros que están en el sur, esos sumideros no se pagan a cambio de destrucción de nuevos sumideros; o la inclusión, por ejemplo, de todas las centrales eléctricas, independientemente de que estén conectadas o no en la
red.
Esa fue una recomendación de la Unión Europea, fue una enmienda rechazada también por nuestro grupo parlamentario. Esto es lo que tendríamos que estar discutiendo, porque pueden ser elementos de fraude. De fraude ¿a quién? Al medio
ambiente. No es que el tratado se negociase mal, es que no podemos estar instalados en los gases per cápita. ¿Qué significa? ¿Se negoció mal? ¿Cuál es el modelo de crecimiento? Y si se negoció mal y nos instalamos en los gases per cápita, ¿cuál
es la lógica que tendrían que aplicar países en desarrollo? ¿Cuál es la lógica, cuál es el límite al que podría llegar China o la India? Si la lógica son los gases efecto invernadero per cápita, podríamos poner como referente a los Estados Unidos
y simplemente el planeta duraría bien poco. El problema es que hoy Kioto es una exigencia y una oportunidad. ¿Por qué? Porque ustedes saben muy bien que el crecimiento en España ha sido profundamente ineficiente.
Por cada punto de crecimiento
del PIB la demanda energética ha crecido el doble. Esto lo que supone es que precisamente la economía no tira, o que la economía tira pero cargándolo en las espaldas de la salud ambiental del conjunto del territorio. ¿Qué es lo razonable en este
contexto? Aprovechar Kioto como una oportunidad; aprovechar Kioto para que tengamos industrias más eficientes, más competitivas y con menos consumo energético; aprovechar Kioto para conseguir que el modelo de crecimiento sea menos insostenible;
aprovechar Kioto para invertir más en tren convencional y menos en AVE y muchos menos en carretera; aprovechar Kioto, en definitiva, para conseguir un modelo de crecimiento sostenible.
Existe el tópico de que el desarrollo no es posible sin contaminar más. En los cincuenta, en la época del desarrollismo esto quizás se interpretaba así, pero a estas alturas desarrollo es sinónimo de sostenibilidad. Tan preocupados como
estamos por la industria, la primera preocupación que deberíamos tener es por la principal industria de este país. ¿Y cuál es la principal industria de este país? El turismo. ¿Y qué le va a pasar al turismo con las consecuencias del efecto
invernadero? Ese debería ser el compromiso. Tan preocupados como estamos por determinadas industrias y no tenemos una mirada a medio o largo recorrido en la que calculemos los costes extraordinarios que pueden tener para España las consecuencias
del efecto invernadero y de la subida de temperaturas.
Kioto ofrece una oportunidad para que el conjunto de la economía española sea más sostenible no solo desde el punto de vista ambiental sino desde el punto de vista social y más perdurable en el tiempo. De lo que deberíamos tratar hoy aquí
es precisamente de cómo situamos mayores exigencias, cómo conseguimos que las empresas se adecuen a los compromisos para después hablar de lo que planteaba el señor Mardones, de los sectores no asignados, de los sectores que no están en este 40 por
ciento. Es verdad que ahí vamos a tener
que volver a ser exigentes. ¿Cuál es el problema que vamos a tener? Que cuando hablemos del sector transportes de forma muy transversal, lamentablemente continuaremos muy instalados en la lógica del puro y duro desarrollismo. Cuando
hablemos del PEIT, del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes, seguramente se pondrá mucho énfasis en la necesidad de construir autopistas y autovías y se pondrá menos acento en la necesidad de construir transporte público, ferrocarril
convencional.
Seguramente muchos hablarán de la necesidad de que el AVE llegue a 350 kilómetros por hora a todas las capitales de provincia, pero se olvidarán de que el AVE es mucho más ineficiente. Ser conscientes de eso también significa cumplir
con Kioto. Y es más ineficiente porque usted sabe que supone tres veces más contaminación que un tren a 250 kilómetros por hora y que además consume tres veces más energía. El problema está en que tenemos que cambiar de paradigma y el cambio de
paradigma significa hacer entender que hoy desarrollo va de la mano de sostenibilidad y que los parámetros de crecimiento en que se basaba la economía de siempre hoy no tienen sentido, porque si el planeta no tira, si no podemos parar el efecto
invernadero, ya veremos cuál es la productividad y la competitividad de la industria contaminante o no contaminante española.
Ese debería ser el compromiso.
Me gustaría -y concluyo como empecé- que esto de lo ambiental que recorre todos los grupos parlamentarios fuese menos retórico y más de políticas reales y prácticas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Herrera.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, señor Txueka.
El señor TXUEKA ISASTI: Presidente, señores diputados, en todo el debate de este proyecto de ley nuestro grupo ha mantenido un bloque de enmiendas centradas básicamente en que el Estado vienen haciendo uso del artículo 149.1.13 de la
Constitución para implantar medidas de corte ejecutivo que no tendrían cobijo de hacerse uso del título básico en materia de medio ambiente, que sería el artículo 149.1.23, ya que el mismo no le da cobertura para la adopción de este tipo de medidas.
Se materializa, por tanto, acudir a un título competencial genérico cual es el de la planificación de la actividad económica para suplir la falta de competencias ejecutivas en materia específica medioambiental, eso sí, contraviniendo sin ningún
pudor la abundante doctrina del Tribunal Constitucional al respecto. El Gobierno del Grupo Socialista ha realizado tímidos esfuerzos, sin entrar en el meollo del tema competencial que he descrito. En el debate en el Senado su postura ha vuelto a
ser tímida, por no decir cicatera, y tengo la impresión de que van a echar para atrás en el Congreso las enmiendas que los grupos hemos podido introducir en el Senado.
Respecto al silencio negativo seguimos teniendo una posición clarísima. A mí me extraña que ahora lo progresista en este país sea no contestar, que eso les sirva, y que sea progresista para el Gobierno, en contra de los derechos normales y
naturales del ciudadano y de las empresas. Los gobiernos o las administraciones tienen y deben de tener suficientes recursos para poder responder a estas solicitudes, es más, tienen la obligación de responder. Se utilizan argumentos que,
sinceramente, no voy a citar porque me dan auténtica vergüenza y además se parte de un hecho que prácticamente considera que los ciudadanos y las empresas que solicitan tienen intenciones delictivas; encima, eso es lo progresista.
Le digo que no,
así de claro. Le digo que no al Partido Socialista y le digo que no al Grupo de Izquierda Unida, sin ningún complejo. El Gobierno tiene que cumplir sus obligaciones, lo mismo que las cumplen los ciudadanos y las empresas cuando solicitan -hacen un
esfuerzo, trabajan, hacen la solicitud en regla- y hay unos plazos administrativos para responder. Ningún comentario más.
Finalizo. Esto es una reflexión. Cuando se trasponen las legislaciones europeas a las legislaciones del Estado no finalizan cuando se trasponen al Gobierno central o a las leyes del Gobierno central; finalizan, según el propio
ordenamiento jurídico que tiene el Estado, cuando se trasponen a las comunidades autónomas que tienen muchas competencias ejecutivas en materia de medio ambiente, y esta ley no lo respeta. Se dice que es una mera trasposición de la legislación
europea. Eso acaba cuando acaba, no acaba cuando a usted le interesa, aquí y como yo lo digo. Eso no es el ordenamiento que tenemos -esa Constitución que tanto algunos respetan, esos estatutos de autonomía que tanto algunos respetan-, que dice lo
contrario. Esta ley va a un buen fin, todos esperamos que logre un buen fin, pero entendemos que el desarrollo de la propia ley no le da el fin al que legítimamente aspira todo el mundo y fundamentalmente las administraciones competentes
involucradas en su desarrollo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Txueka.
Esquerra Republicana, señora Bonás. Adelante.
La señora BONÁS PAHISA: Gracias, señor presidente.
Señorías, la directiva europea por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero constituye una iniciativa de obligado cumplimiento que los Estados miembros asumieron al ratificar el
protocolo de Kioto.
Esquerra Republicana participó con entusiasmo en el debate de este proyecto de ley porque la puesta en marcha del protocolo de Kioto supone un avance en políticas ambientales imprescindibles para salvar nuestro planeta. Fruto de ese
entusiasmo fueron 44 enmiendas
presentadas, prácticamente ninguna de ellas aceptada. Las presentamos a sabiendas de que no se aceptarían, pero no renunciamos a que en un futuro se tengan en consideración. Esquerra Republicana opina que en un Estado descentralizado el
papel de las comunidades autónomas no puede limitarse a una simple acción administrativa. En la trasposición de la directiva debería haberse responsabilizado a las comunidades autónomas que así lo deseasen, evidentemente no todas las comunidades
autónomas tienen un sentido de responsabilidad histórica. Esquerra Republicana opina que el papel de las comunidades autónomas con competencias en la materia no debe limitarse a tareas de control administrativo y consultivo, sino que deben ser las
planificadoras efectivas y las últimas responsables. Cataluña es un país sin Estado pero con deberes, con derechos y con responsabilidades. Cataluña debe poder planificar su futuro energético, debe desarrollar su propia estrategia de lucha contra
el cambio climático, incluyendo el diseño de su propio Plan nacional de asignación.
Consideramos que el centro de decisión de los aspectos relacionados con la planificación industrial, ambiental y económica debe residir en el Gobierno de la
Generalitat o en las respectivas comunidades autónomas con competencias en la materia que así lo deseen, sin omitir la necesaria coordinación entre las diferentes administraciones. La posibilidad de pactar una cuota nacional de emisión y
planificarla desde el Gobierno catalán, según las particularidades socioeconómicas y territoriales de nuestro país, seguro que optimizaría el desarrollo de la directiva para promover la reducción de gases de efecto invernadero de la forma más
eficiente posible.
Las enmiendas de Esquerra no iban dirigidas a concretar una trasposición diferente de la directiva, sino a permitir que la aplicación de la directiva pueda concebirse desde un marco de autoridad radicado en las comunidades autónomas. En el
marco de cumplimiento de los pactos acordados por el Estado español, la decisión del Consejo Europeo de 25 de abril de 2002 relativa a la aplicación conjunta del Protocolo de Kioto, las comunidades autónomas que lo deseen deben poder decidir sobre
sus propias estrategias para implantar su mercado de emisiones y convertirse en las únicas mediadoras con las empresas y sectores implicados en la directiva. La justificación del título competencial se fundamenta en el artículo 149.1 de la
Constitución española y en los artículos 10.6, 12.1 y 12.2 del estatuto de autonomía. Los derechos de emisión se han otorgado a instalaciones sin considerar su ubicación y con criterios uniformes de asignación para cada sector. Una vez hecho este
reparto inicial, se podría dejar en manos de las autoridades autonómicas la competencia para gestionar la dualidad de los derechos de emisión asignados a su ámbito territorial. De la misma forma que los Estados son responsables de definir las
sendas de los diversos sectores incluidos en la directiva a fin de minimizar los impactos económicos y sociolaborales, apelando al mismo principio se podría trasladar esta capacidad de gestión a las comunidades autónomas, esperando los mismos
efectos de eficiencia y eficacia.
Las posibilidades de desarrollar un Plan nacional de asignaciones propias de Cataluña permitiría diseñar unos escenarios más ajustados a la realidad energética e industrial del país; configuraría unos métodos de asignación más comprometidos
con la innovación; permitiría dibujar unos itinerarios de reducción más acordes con la realidad de cada sector y de cada instalación; atribuiría responsabilidades más acertadas a las emisiones difusas; optimizaría el reparto de esfuerzos entre
las reducciones directas, los sumideros y los mecanismos de desarrollo limpio; incrementaría el protagonismo internacional de nuestras instalaciones y, en definitiva, permitiría avanzar en el autogobierno. En este momento no es posible porque la
visión del Estado español no coincide con nuestra visión, pero no renunciamos a que en un futuro -esperamos que no lejano- esto sea así.
Respecto a las enmiendas que nos llegan del Senado, nuestro voto será afirmativo a las enmiendas a los artículos 4.4 y 14.3, porque consideramos que mejoran el texto; en cambio, será negativo a la enmienda al artículo 16.2, porque no sigue
las recomendaciones del Libro Verde sobre el comercio de emisiones de la Unión Europea. Por el mismo motivo, nuestro voto será negativo a las enmiendas a los artículos 18.3. En cuanto al artículo 19.7, preferimos el texto original. Respecto a la
disposición transitoria octava, nuestro voto será favorable porque durante la asignación de los derechos ha habido errores de peso, lo que nos lleva a ser prudentes; por tanto, consideramos oportuna esta enmienda. Por lo que se refiere a la
disposición final primera bis, relativa a incentivos fiscales a las empresas, que en un principio podía ser positiva, merece una deliberación más exhaustiva y una legislación específica; por tanto, votaremos en contra. Esquerra presentó al
proyecto original las enmiendas a los artículos 12.3 y 19.5 por cuanto si exigimos a las empresas eficacia en la tramitación de sus solicitudes -presentar la documentación en regla en el plazo previsto-, la Administración debe ser consecuente y
responder también en el plazo previsto. Esto debe ser así en un país del siglo XXI, con una Administración moderna y eficaz.
Por lo visto, la realidad no es esta. Tenemos una Administración del siglo XIX susceptible de corrupciones, y no podemos
permitirnos que el medio ambiente quede en manos de unos funcionarios que, al parecer, no son competentes. Para proteger el medio ambiente debemos admitir a nuestro pesar el silencio negativo de la Administración. Al admitirlo estamos diciendo que
tenemos una Administración ineficaz e incompetente, por lo que votaremos en contra de la enmienda del Senado.
Esperamos que este proyecto de ley sirva para poner en marcha el Protocolo de Kioto, suponga un cambio de políticas ambientales en todo el país y que algún día
nuestra visión de Estado y de medio ambiente sea aceptada por esta Cámara.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Bonàs.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Guinart.
El señor GUINART SOLÁ: Gracias, señor presidente.
Señorías, la tramitación del proyecto de ley por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero está siendo larga, pormenorizada y completa, como debe corresponder a una norma de su
importancia, de su trascendencia y que merece la atención y las aportaciones proactivas y de buena voluntad de todos los grupos, aunque Izquierda Verde parece negarnos el pan y la sal en este tema, arrogándose un papel mesiánico excluyente. No es,
pues, por puro trámite gratuito el que lo volvamos a debatir -esta vez ya solo parte de sus contenidos- en esta sede parlamentaria sino que responde al tan repetido interés general, tanto por su interés medio ambiental de presente y de futuro como
por la necesaria compatibilidad y equilibro en su aplicación para no traumatizar nuestra economía con pérdida de la tan apreciada competitividad y los puestos de trabajo relacionados directa o indirectamente con los efectos de su aplicación.
Hoy se trata de debatir y acabar de decidir sobre las enmiendas, ahora incorporadas en su articulado, que se formularon en la Cámara de representación territorial, Cámara que tiene una diferente proporcionalidad política a ésta, que responde
también a una diferente visión de la realidad lo que, sin duda, enriquece y mejora el proceso de maduración legislativa. Vaya por delante nuestra consideración hacia esta óptica diferente, a esta segunda lectura hecha desde el Senado, más
territorial, y la petición a todos los grupos -probablemente innecesaria, ya se verá- de la máxima atención y respeto a las posturas de la Cámara alta.
Nuestro grupo defendió en el Senado tres bloques de enmiendas. En primer lugar, un bloque que giraban en torno a la precisión y encaje del contenido de la norma con la realidad de un Estado integral, donde las comunidades autónomas
necesariamente deben tener voz y decisión en esa materia medioambiental, como se comentaba en la anterior intervención; enmiendas, no obstante, que no prosperaron en aquella sede parlamentaria y que ni siquiera contaron con el apoyo, aunque fuera
moral o testimonial, del otro partido nacionalista de nuestro territorio, a diferencia de los planteamientos que esgrimió en esta Cámara y que hoy hace un momento ha repetido. No vamos a entrar más en este ámbito pues lamentablemente está
descartado. Un segundo grupo de enmiendas, que afectan a los artículos 12 y 19, hacían referencia conceptualmente al silencio administrativo como figura generadora o denegadora de derechos.
Nuestro grupo seguía pronunciándose en la línea de que la
no respuesta de la Administración ante peticiones de los ciudadanos surtiera efectos positivos, como debe ser por norma general, lo que en este tema no debe ser una excepción dada su importancia. Los tiempos de la posición preeminente de la
Administración frente al administrado ya están o deberían estar felizmente superados y es la Administración quien debe autoimponerse la obligación de ser ágil y responsable en sus actuaciones y no dotarse, por el contrario, de una coraza ante su
ineficacia, produciendo efectos negativos para el administrado en los casos de no respuesta y menos basarlo en la presunción de una posible corrupción de los funcionarios, hecho que a nuestro grupo le parece muy ofensivo para este colectivo.
Sin soslayar el informe jurídico al respecto, nuestro grupo cree -como ya dijo en el Senado- que existen mecanismos jurídicos para mantener el silencio administrativo positivo sin contravenir la referencia a la normativa europea y el
carácter de trasposición que tiene la ley en cuestión. No redundaré en mayores argumentaciones sobre la bondad y los efectos terapéuticos e incentivadores para una mayor eficacia burocrática, para una administración reformada que tiene la
aplicación generalizada del silencio administrativo positivo, porque ya se ha hecho en múltiples ocasiones por nuestro grupo y también desde todos los prismas políticos en otros casos. Así pues, nuestro grupo mantiene la redacción surgida del
Senado en este artículo y confía que los demás grupos entiendan esta posición.
Un tercer conjunto de enmiendas fue definido por nuestro portavoz en el Senado como de carácter general. Hay que decir que siguieron diferente suerte en su tramitación, algunas prosperaron y están incorporadas al articulado que hoy
discutimos y otra no, pero todas ellas estaban orientadas a un mismo objetivo que era el de hacer menos gravoso, más digerible para nuestra economía, para nuestras empresas y trabajadores, para nuestro actual modelo económico -perfectible sin duda,
pero producto de nuestra propia evolución desde la revolución industrial- la implantación gradual de los contenidos y la filosofía del protocolo de Kioto, que compartimos plenamente, como hemos dicho desde el principio y siempre en nuestra
propuesta, con un añadido singular como es la estrategia del incentivo fiscal paralelamente a otras medidas de tipo más coercitivo o limitativo. En este sentido, mostramos nuestro acuerdo con las modificaciones que apuntan hacia la gratuidad del
cien por cien de las asignaciones de derechos de emisión a partir del 2008. Nosotros planteábamos el 95 por ciento, así como, y en la misma línea, la gratuidad que prevéN el artículo 18 y la disposición transitoria tercera para el reparto de los
derechos no asignados.
Defendemos también la introducción de una nueva disposición transitoria que prevé la revisión de asignaciones hasta el 1 de junio del año 2005, porque nos parece necesario -cada día se oyen más voces que lo fundamentan-, dada la premura con
que este tema se
ha tramitado para cumplir con las disposiciones de la normativa europea y la indolencia del anterior Ejecutivo al respecto, lo cual ha provocado quejas de ciertos sectores económicos afectados por no coincidir con los cálculos iniciales
realizados por informaciones incompletas o por simples errores involuntarios. Vale la pena esa transitoriedad, aunque tan breve, para no arrastrar deficiencias en el futuro en un tema tan transcendente para la sociedad y para las empresas como es
ese, porque más adelante sería mucho más complejo y laborioso de modificar por los efectos interrelacionados entre los sectores. En el ámbito de los incentivos, celebramos que el proyecto que viene del Senado lo haga con una disposición final nueva
resultante de nuestra enmienda por la que se dota de tratamiento fiscal en forma de acicate, de incentivo a las empresas que realicen inversiones en bienes de equipo con el objetivo contrastable de reducir las emisiones de CO2, a través de
deducciones en el impuesto sobre sociedades. Nos parece más importante decantarnos por el esfuerzo de las industrias y empresas de estos sectores que invierten en la reducción de emisiones que no adoptar una actitud indiferente frente a la compra
por parte de las empresas de derechos de emisión a otras empresas o a otros países. Ese incentivo vía deducción fiscal marca una clara voluntad de la norma hacia el esfuerzo para la disminución de emisiones, eso que llaman eficiencia energética,
que hacia el puro control de un global de emisiones, cuestión que debe resaltarse, porque, en definitiva, pretende reconocer a las industrias que muestren un comportamiento responsable y que puedan también servir de ejemplo y modelo a seguir de los
diversos subsectores industriales afectados directamente por esta normativa.
Finalmente, el resto de modificaciones sobre enmiendas de otros grupos, artículos 4 al 14 y la disposición final tercera, mejora el texto pues contempla una mayor información, control, seguimiento, participación de todo el proceso de
implantación de los contenidos del Protocolo de Kioto y, en consecuencia, nuestro grupo también los va a apoyar.
Acabo recordando, una vez más, que esta ley que hoy aprobaremos solo contempla y regula las emisiones de gases de efecto invernadero que representan el 40 por ciento del total de emisiones a la atmósfera, las que genera la industria que es
fácilmente identificable y susceptible de control e intervención y, no nos olvidemos, también fácilmente deslocalizable. Sin embargo también hay que abordar inmediatamente la problemática de las llamadas emisiones difusas provocadas por el
transporte, los usos domésticos de la energía y otros focos de emisión individualmente insignificantes, a pesar de la dificultad que la dispersión y tamaño de esas emisiones representa, porque su proporción del 60 por ciento sobre el global de las
emisiones es muy relevante y globalmente resultan transcendentes. Confiemos, pues, en tener en un plazo breve encima de la mesa las pertinentes medidas para abordar y afrontar esta situación.
Muchas gracias, señor presidente, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Guinart.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señora De Lara.
La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señor presidente.
Señorías, nos encontramos ya en el tramo final del trámite parlamentario para aprobar el proyecto de ley que regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Mi grupo parlamentario apoya este proyecto de
ley y lo hace por un triple motivo.
De un lado, porque entendemos que es uno de los instrumentos que constituye los mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kioto, protocolo que, conviene que lo recordemos, ratificó la Unión Europea precisamente
durante la Presidencia española, en el año 2002, con un Gobierno del Partido Popular. De otro, por coherencia política, ya que el Plan nacional de asignación de derechos de emisión se basa en gran medida en los trabajos y reuniones mantenidos con
los distintos sectores por el anterior secretario de Estado de Energía. Por último, porque el objetivo que se fija en los sectores incluidos en la directiva para el período 2005-2007, estabilizar las emisiones en la media de los tres últimos años
disponibles, parece asumible con el esfuerzo ya realizado por la industria española y con la aplicación de las medidas establecidas por el Gobierno del Partido Popular, medidas entre las que quiero destacar la apuesta decidida por el gas, el ciclo
combinado, el Plan de fomento de energías renovables y la estrategia de ahorro y eficiencia energética.
Quiero referirme al esfuerzo realizado por la industria española, esfuerzo reconocido en todos los ámbitos y especialmente en una publicación que muy brevemente les voy a leer. Dice: En los últimos años el sector eléctrico ha invertido más
de 11.000 millones de euros en tecnologías limpias, lo que se ha traducido en una reducción del 14 por ciento de emisiones. El cemento, con un incremento de la demanda de casi el 30 por ciento, ha conseguido una reducción del 2 por ciento de las
emisiones y la siderurgia precisa hoy un 10 por ciento menos de energía para producir una tonelada de acero que a comienzos de la década. Hasta aquí, señorías, un documento escrito por la Unión General de Trabajadores. Estamos, por tanto, ante un
escenario de eficiencia tecnológica y medioambiental, de esfuerzo continuado por parte de nuestro sector industrial y por ello solicitamos al Gobierno que promueva en Bruselas apoyo a las inversiones descontaminantes, ya sea de manera directa o
mediante la financiación de beneficios fiscales.
Hoy, señorías, se van a votar en esta Cámara cinco enmiendas del Grupo Popular y otras enmiendas de otros grupos parlamentarios, para las cuales ya manifiesto
nuestro apoyo y les pido el suyo para que se incorporen al texto del proyecto de ley, ya que todas tienen como denominador común ayudar a la industria española a cumplir los objetivos que se le ha asignado, lo que redundará en beneficio de
todos y evitará que sus esfuerzos se trasladen a las tarifas y a los precios, que pierdan competitividad y que se produzcan deslocalizaciones y pérdida de empleo. Conviene que recordemos, como ya se ha dicho aquí, que los sectores a que se refiere
la directiva son solamente responsables del 40 por ciento de las emisiones, el otro 60 por ciento corresponde a los sectores difusos: transporte, edificación, agricultura y residuos.
Nuestras enmiendas números 50 y 53 establecen el silencio administrativo positivo, pues entendemos, señorías, que el administrado no debe cargar con la posible ineficacia de la Administración. Creemos que hay que agilizar la Administración
y que debe responder en el plazo y forma que se le exige. La enmienda número 51 solicita que en el período 2008-2012 el cien por cien de los derechos asignados al sector industrial sea gratuito. Señorías, la directiva establece que al menos el 90
por ciento de los derechos sea gratuito. Entonces me pregunto: ¿Por qué ponen más trabas y más costes en este segundo período, en el que habrá que hacer un esfuerzo de reducción del 25 por ciento? Si otros países de la Unión Europea conceden este
cien por cien de derechos de emisión gratuitos, ¿por qué no en España? No podemos entender, señorías, este afán de la Administración de querer tener una parcela de poder para repartir a su antojo este 10 por ciento restante de derechos.
Finalmente, las enmiendas números 52 y 54 pretenden que se redistribuyan los derechos incluidos en la reserva de nuevos entrantes que no se hayan asignado y que estos derechos no asignados sean repartidos gratuitamente de manera equitativa entre el
resto de las industrias del sector. Como he dicho, son medidas que apoyan la competitividad y la convergencia con la Unión Europea.
Señorías, el Protocolo de Kioto ya ha entrado en vigor. El Grupo Parlamentario Popular apuesta decididamente por la colaboración de todas las administraciones y de todos los ciudadanos para reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero. Se requiere el esfuerzo de todos y ahí estará, sin duda, nuestro grupo parlamentario, pero el Gobierno, señorías, tiene sus obligaciones. La ministra, que hoy está ausente de este debate, todavía no es consciente de cuáles son sus
responsabilidades y su único objetivo parece ser derogar, revisar y buscar fórmulas que supongan nuevos impuestos y nuevas cargas para los ciudadanos. La ministra sigue mostrando sus obsesiones con sus críticas constantes al Partido Popular. La
pasada semana pidió al presidente del Partido Popular un cambio de actitud ante la entrada en vigor del Protocolo de Kioto y ya hemos pedido explicaciones parlamentarias a estas declaraciones. También lanzó una frase amenazante que les reproduzco,
dijo: Espero que sea la última vez que desde el Gobierno tengamos que llamar la atención al mayor partido de la oposición. ¿Pero qué se ha creído, señorías, la ministra de Medio Ambiente? Desde esta tribuna la emplazo a que cumpla con sus
obligaciones en el ministerio y a que deje de amenazar a 10 millones de españoles que apoyaron a nuestra formación política. ¿Por qué en lugar de tanto amenazar, de tanto derogar, de tanto revisar, no pone en marcha la Estrategia de ahorro y
eficiencia energética aprobada en diciembre de 2003? ¿Por qué no hace lo propio con la Estrategia española de cambio climático aprobada por el Consejo Nacional del Clima también en diciembre de 2003? ¿Por qué no acude a Bruselas -a donde tanto
acudía cuando estaba en la oposición para pedir que no se financiara el Plan Hidrológico Nacional y para renunciar a los 1.200 millones de euros a los que España tenía derecho- a solicitar ayudas para nuestras empresas?
Mostramos nuestro rechazo al mensaje catastrofista de la ministra de Medio Ambiente precisamente el mismo día que entró en vigor el Protocolo de Kioto. Mensaje catastrofista que tuvo que ser corregido horas más tarde por el Secretario
General del Cambio Climático que rebajó las previsiones de la ministra a la mitad. Señorías, este mensaje tenía un único objetivo y era encubrir la falta de actuación, la ineficacia del Gobierno socialista durante once años en materia de medio
ambiente. Acabo afirmando con rotundidad que las dos únicas apuestas que conocemos del Gobierno socialista, la desalación masiva como alternativa al trasvase y el cierre de las centrales nucleares, lo único que aportarán será un incremento de las
emisiones de dióxido de carbono, cuando la obligación del Ministerio de Medio Ambiente es justamente lo contrario: proponer políticas que tiendan a reducir las emisiones. Desde esta tribuna solicito a la ministra de Medio Ambiente que asuma sus
responsabilidades, que asuma que ya no es portavoz de la oposición, que tiene en su mano arreglar lo que denuncia y que, más que denunciar, su obligación es solucionar los problemas medioambientales de los españoles.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora De Lara.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Carcedo.
La señora CARCEDO ROCES: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, permítanme que al inicio de mi intervención para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista muestre mi satisfacción por el acto que estamos celebrando en el día de hoy como es aprobar una norma española que da concreción
a un compromiso moral y también a una obligación legal que adquirimos como país y como país miembro de la Unión Europea, para detener el deterioro del equilibrio del planeta. Recordaré asimismo algunos hitos que han permitido
que llegásemos al día de hoy y también que en el día de hoy pusiésemos un hito más en la historia del empeño por detener el deterioro del planeta, fruto de la emisión de gases de efecto invernadero. Empezaré por el hito de pronunciamiento
de Naciones Unidas en 1988, con el compromiso de un desarrollo más sostenible y con la creación de la convención marco para el cambio climático y posteriores cumbres que a partir de ese momento se fueron celebrando, donde se fue consolidando este
compromiso de Naciones Unidas: la Conferencia de Berlín, la de Río y finalmente la de Kioto, que concreta los compromisos de reducción de la emisión de gases de efecto invernadero.
Quiero poner de manifiesto, porque creo que es de justicia, el papel pionero que el conjunto de la Unión Europea tuvo en el cumplimiento y en el impulso del compromiso adquirido para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
También es necesario subrayar el pronunciamiento, casi por unanimidad, del Parlamento Europeo en apoyo y respaldo a los compromisos de Kioto. El último hito que es obligado poner de manifiesto es la entrada en vigor del Protocolo de Kioto, fruto de
la ratificación por más del 51 por ciento de las partes que exigía el protocolo para su entrada en vigor y, por tanto, con la ratificación de 141 países.
Tengo que decir también que ha habido un pronunciamiento, por unanimidad de este Parlamento, de apoyo al anterior Gobierno para la ratificación de este protocolo, dentro del compromiso adquirido en la Unión Europea, aun siendo conscientes de
la mala negociación, que ya en aquel momento se intuía y sobre la que ya se empezaba a haber datos e indicios. La realidad al día de hoy nos ha demostrado que se ha complicado enormemente el cumplimiento por parte de España de ese protocolo, lo que
nos está obligando a hacer unos esfuerzos titánicos para conseguir el objetivo de asumir el incremento del 15 por ciento, cuando al día de hoy, señorías, sabemos que estamos en un 45 por ciento de desviación sobre las emisiones del año 1990, que es
el año base. A pesar de eso, el Gobierno actual ha realizado un esfuerzo inmenso para que podamos presentar el Plan nacional de asignación, a pesar de los incumplimientos en el tiempo que exigía la Unión Europea.
Celebramos el debate de la trasposición de una directiva europea, en la que la Unión Europea concreta el cumplimiento de sus compromisos de reducción del 8 por ciento de emisión de gases de efecto invernadero, fruto del Protocolo de Kioto.
Estamos trasponiendo al derecho español esta directiva europea que afecta al conjunto de los países. El sentido de esta directiva debe de guiar la trasposición al derecho español de todos los extremos que regula. Por tanto, todas las orientaciones
-y luego haré referencia a alguna- y las formas sobre cómo se traspone esa legislación deben de responder al espíritu de la directiva europea y tendrán como objetivo final el cumplimiento de los compromisos.
En cuanto al ordenamiento interno, asunto traído aquí por algunos portavoces, he de decir que ha respetado la distribución competencial existente en estos momentos en nuestro país. Establece una pieza clave para coordinar estas políticas,
que tienen una distribución competencial clara entre la Administración General del Estado, que tiene la competencia en la legislación básica sobre la protección del medio ambiente y en la ordenación básica sobre la planificación económica, y las
comunidades autónomas, que tienen competencias ejecutivas, y que en razón de esas competencias crea la Comisión de coordinación para las políticas del cambio climático. Ese es el punto de encuentro de las administraciones y tendrá mucho que decir.
A lo largo del trámite parlamentario se ha incorporado la representación de las comunidades autónomas en la autoridad nacional designada, que es la interlocutora con la Unión Europea, permitiendo de esta manera que estén perfectamente
informadas al día y sean corresponsables de esta decisión. Asimismo, tengo que recordar que a lo largo de la tramitación parlamentaria se han incorporado varias enmiendas que han mejorado el texto y han mostrado una especial sensibilidad con el
papel que tienen que jugar las comunidades autónomas.
En cuanto al texto que estamos debatiendo el día de hoy y que nos ha sido remitido desde el Senado, tengo que señalar alguna cuestión como consecuencia de las aseveraciones que acabo de hacer. En primer lugar, un reconocimiento de aquellas
aportaciones que mejoran el texto y que suponen una mayor participación, como es la enmienda que facilita y regula la participación del Consejo Nacional del Clima, ya que incorpora la necesidad de realizar un informe preceptivo no solamente durante
la elaboración del plan, sino también en el seguimiento y en la ejecución del Plan Nacional de Asignación. Otra enmienda ratifica la incorporación de las comunidades autónomas, a la que antes hacía referencia, en la autoridad nacional designada,
impidiendo de esta manera que cualquier Gobierno tenga la tentación de excluir su presencia. Me estoy refiriendo a la disposición final tercera.
En cuanto al resto de las enmiendas, hay tres bloques: unas tienen que ver con el silencio positivo o negativo, otras tienen que ver con la reasignación de derechos y otras tienen que ver con la incorporación de nuevas prescripciones en la
directiva. La valoración que se debe hacer de esto con carácter general es que debe responder, en primer lugar, al espíritu legislador de la directiva comunitaria y, en segundo lugar, debe perseguir el objetivo de reducir las emisiones. Por tanto,
todo lo que hagamos tiene que estar en consonancia con el espíritu de la ley, pero también con el derecho comunitario. En consecuencia, no podemos respaldar las enmiendas que cambian el sentido del silencio administrativo de negativo a positivo,
porque consideramos que el texto que se aprobó en el Congreso de los Diputados y que fue remitido al Senado recogía fielmente la orientación del derecho comunitario en
materia medioambiental. Tengo que decir que el texto que se remitió no fue el original del proyecto de ley, en su origen real decreto, sino un texto fruto de la aportación del letrado de la Comisión a petición de los diputados miembros de
la misma. Además, después de muchas intervenciones aclaratorias, el propio letrado de la Cámara advierte que una autorización tácita -o sea, silencio positivo- no puede ser compatible con las exigencias de la directiva, máxime cuando semejante
autorización no permite la realización de investigaciones previas ni posteriores, ni la realización de controles. Este excelente informe del letrado de la Comisión dice también: La posibilidad de las autorizaciones por silencio positivo podría dar
lugar a un requerimiento de la Comisión y, eventualmente, a la interposición por esta de un recurso ante el Tribunal de Justicia contra el Reino de España, con posibilidades de prosperar en absoluto desdeñables. Este es el informe que el letrado de
la Comisión de Medio Ambiente realizó a petición de algunos diputados. Por tanto, no estamos hablando de caprichos ni de proteger a no sé qué Administración con calificativos varios, como aquí se dijo, estamos hablando de responder al sentido de la
legislación comunitaria en una materia tan decisiva como el medio ambiente y de no poner en riesgo el cumplimiento del propio Plan nacional de asignación, porque esto puede trastocar el cómputo total de asignaciones concedidas. En consecuencia,
tanto por la propia materia de la que estamos hablando, la materia medioambiental, como por el sentido del derecho comunitario, consideramos que se adecua al texto que, a sugerencia del letrado de la Cámara a partir del excelente informe al que he
hecho referencia y del que he leído algunos párrafos, finalmente aprobó el Congreso de los Diputados y que fue remitido al Senado. Ese es el texto que, señorías, nosotros consideramos responde mejor a lo que pretendemos con esta trasposición de la
directiva comunitaria. Tengo que recordar brevísimamente que un silencio positivo supone que puede haber autorizaciones mayores de emisión y, por tanto, seguiría un sentido diametralmente opuesto al que pretendemos, que es precisamente reducir las
emisiones.
El segundo bloque de enmiendas pretende que se redistribuyan nuevos derechos sobrantes por diversas razones, según diversos artículos.
Nosotros no podemos respaldar estas modificaciones incorporadas en el Senado porque están explícitamente
prohibidas por la Comisión Europea y han sido motivo de requerimientos y de exigencias de modificación de algunos planes nacionales de asignación, por ejemplo en Alemania. Por tanto, en modo alguno podemos admitir estas enmiendas porque correríamos
el riesgo de que la Comisión Europea rechace el plan español. De igual forma, tampoco podemos admitir la enmienda a la disposición transitoria octava que establece de facto un nuevo procedimiento de recurso, con lo cual transformaría nuestro Plan
nacional de asignación que ahora es definitivo en un plan provisional y también correríamos riesgo de sanciones por parte de la Unión Europea. Por tanto, no podemos apoyar ese tipo de modificaciones. Asimismo, tampoco podemos apoyar las
modificaciones que proponen que durante el período 2008-2012 el cien por cien de las asignaciones sea gratuitas porque también van en contra del espíritu del legislador, es decir, de la directiva europea que regula que sea el 90 por ciento y que
según la evolución del plan se conceda el 10 por ciento restante. Esto no quiere decir que no vayan a ser gratuitas, sino que esa concesión no va a ser automática.
El señor PRESIDENTE: Señora Carcedo, debe concluir, lo siento.
La señora CARCEDO ROCES: Ya termino, señor presidente.
Tampoco podemos apoyar la enmienda que introduce una regulación de legislación fiscal para las empresas porque se trata de la trasposición de una directiva de emisión de gases de efecto invernadero y esta enmienda introduce una fiscalidad
para las empresas no solamente por emisión de gases de efecto invernadero, sino por residuos, por políticas de aguas, etcétera. Nosotros consideramos que aun siendo el sentido de esa enmienda positivo, debe tener su ubicación correcta -que nos
consta que el Gobierno está preparando y que remitirá a esta Cámara- dentro de una legislación específica en materia fiscal y no dispersa en otras materias sectoriales.
Mi grupo rechazará todas estas enmiendas, tanto por razones ambientales como por razones de interés de España y por respeto al Plan nacional de asignación, que ya fue aprobado por la Comisión y que, por cierto, fue origen de una felicitación
por el enorme esfuerzo que el actual Gobierno hizo para presentar en tiempo -en la prórroga que se le otorgó- este plan. Considero que no podemos poner en riesgo los intereses ambientales, pero sobre todo los intereses en estos momentos del Estado
español.
Señorías, termino pidiendo del conjunto de la Cámara un respaldo a la iniciativa que en estos momentos estamos debatiendo y que vamos a votar en el día de hoy, porque -insisto- significa tanto el cumplimiento de las normas y el procedimiento
por parte de España, como el cumplimiento del compromiso moral y legal y una oportunidad para modificar nuestro modelo de desarrollo económico para que sea más sostenible en el tiempo y mucho más respetuoso con las generaciones venideras y con la
salud del planeta.
Muchas gracias. Le pido disculpas, señor presidente, por el tiempo.
(Aplausos.)
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES PARA REPARAR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LOS INCENDIOS E INUNDACIONES ACAECIDOS
EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE ARAGÓN, CATALUÑA, ANDALUCÍA, LA RIOJA, COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA Y COMUNIDAD VALENCIANA. (Número de expediente 121/000010.)
El señor PRESIDENTE: Debate sobre las enmiendas del Senado en relación con el proyecto de ley por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los incendios e inundaciones acaecidos en las comunidades autónomas de
Aragón, Cataluña, Andalucía, La Rioja, Comunidad Foral de Navarra y Comunidad Valenciana.
¿Grupos parlamentarios que deseen fijar posición? (Pausa.)
Señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Tomo la palabra para posicionarnos respecto de las enmiendas que vienen del Senado, concretamente a favor de la enmienda a la exposición de motivos y las dos enmiendas al artículo 1 porque, al mismo tiempo que apoyamos esta propuesta en
cuanto a los incendios de las comunidades a las que se hacía referencia, ya en su momento consideramos que también era necesario que se contemplaran otras realidades como el caso de los incendios forestales de Galicia. En las enmiendas del Senado
así se recoge, resuelve un problema muy grande concretamente en incendios acaecidos en la provincia de Ourense y soluciona problemas de muchas personas afectadas, también de empresas, pero fundamentalmente de personas relacionadas con el sector
agrícola. Nos vamos a abstener en el resto de las enmiendas porque si bien es cierto que puede parecer que mejoran el texto, tampoco resuelven sustancialmente ningún problema importante.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
Izquierda Verde. Señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Señor presidente, quería manifestar que las modificaciones operadas a través de las enmiendas en el Senado por el Partido Popular y Convergència i Unió implican, desde nuestro punto de vista, una
desnaturalización del proyecto de ley que regula medidas urgentes para reparar daños por incendios e inundaciones, es decir, medidas excepcionalísimas. Entendemos que es necesario abordar las cuestiones recogidas en las enmiendas, pero este no es
el proyecto de ley adecuado. Es decir, en el fondo tienen razón pero la forma no es la adecuada, y por eso no las vamos a apoyar. Por una parte, se presentan medidas a desarrollar por las comunidades autónomas y no por este proyecto de ley y
además intentan solucionar, por otro lado, situaciones que no consideramos extraordinarias, sino que deben ser reguladas de otra manera.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Navarro.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, señor Beloki.
El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señor presidente.
Tomo la palabra muy brevemente para expresar el apoyo de mi grupo a las enmiendas que ha merecido el real decreto-ley, hoy ya proyecto de ley, en el Senado. Nuestro apoyo está en línea con los criterios que ya mostramos en su día aquí para
apoyar también el texto tal cual fue remitido desde esta Cámara al Senado. Las razones que entonces teníamos y que hoy seguimos teniendo son que hay que actuar en situaciones como las que aquí se intenta abordar de forma generosa, sin excesivos
matices, de forma que seamos capaces de responder a las necesidades que unas desgracias en un determinado momento suscitan en diversos sitios. Aquí somos de la opinión de que lo que abunda no daña. Si estuviéramos actuando al día siguiente de unas
determinadas desgracias podrían acotarse con mucha precisión, pero al estar abordando esta situación al cabo de los meses lo lógico es ser generoso, no irse en tanto matiz y tanta precisión extrema, de forma que nosotros vamos a apoyar las enmiendas
que han sido introducidas en el Senado.
Tenemos alguna pega técnica que yo no sé quién debe sustituir, porque nos parece que las enmiendas que han sido introducidas no se ajustan en sus términos a una precisión jurídica excesiva. Me refiero en concreto a que el proyecto de ley,
como recordarán todos, se refiere a actuaciones en determinados ámbitos de comunidades autónomas, y sin embargo vemos que, por lo que respecta a la Comunidad Autónoma del País Vasco, en vez de referirse a la Comunidad Autónoma del País Vasco, se
refiere a uno de sus territorios, que es Álava, lo cual nos parece que no está bien en técnica jurídica. Tendría que referirse a la Comunidad Autónoma del País Vasco, que luego tendrá aplicación, como en el resto de las comunidades, en determinados
sitios, y en este caso en el territorio de Álava. No sé quién tiene que modificarlo, no sé si son los propios letrados los que tendrían que hacerlo. Por otra parte, entendemos que ningún grupo debiera presentar objeción alguna a este tema, que es
de puro formalismo jurídico.
Esperando que esto se rectifique, vuelvo a decir que el voto de mi grupo será favorable a las enmiendas introducidas en este proyecto de ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Beloki.
Por Esquerra Republicana, señor Cerdà.
El señor CERDÀ ARGENT: Gracias, señor presidente. Intervendré muy brevemente.
Nosotros daremos nuestro voto en el mismo sentido que ya lo hizo nuestro grupo en el Senado y, por tanto, en contra de las enmiendas 1 a 9, a favor de la 10 y la 11 y en contra de la 12.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cerdà.
Por Convergència i Unió, señor Guinart.
El señor GUINART SOLÁ: Gracias, señor presidente.
Señorías, pretendo ser muy breve para defender la redacción del artículo 2 del proyecto de ley de medidas urgentes con motivo de incendios e inundaciones que estamos tratando tal y como viene del Senado, una vez incorporada la enmienda de
nuestro grupo que hace referencia a la ampliación -de poca envergadura, seamos conscientes- de los supuestos a que podrán aplicarse las citadas ayudas o medidas, concretamente a los proyectos de entidades locales en temas de obras por extinción de
incendios en infraestructruras, incluidas las forestales, y caminos rurales. Esta referencia explícita que tal vez no sería necesaria en una interpretación extensiva del término infraestructuras, pero que nuestro grupo estima necesario pormenorizar
para evitar discusiones en su interpretación, no deja de ser una precisión semántica en el conjunto de la norma y con un efecto económico irrelevante, pero valoramos conveniente la coherencia con nuestro planteamiento en el Senado, que a su vez se
basa en la experiencia real de responsables municipales o entidades locales que han subrayado también la explicitación de este concepto, infraestructuras forestales y caminos rurales, susceptible de ser compensado por su deterioro con motivo de la
extinción de incendios.
Nuestro grupo ya reconoció en su día la buena disposición del grupo que da apoyo al Gobierno al incorporar dos de nuestras tres enmiendas en el proyecto de ley y lo ratificamos hoy, pero entendemos al mismo tiempo que, por respeto al papel
que en el proceso normativo está asignado al Senado, a las reglas de juego de la Constitución que consagran el trámite de las leyes, y ya que esta modificación del texto definitivo tiene su origen en la Cámara Alta y la cuantía y trascendencia de la
inclusión y ampliación de la que tratamos es menor, solicitamos el apoyo de los grupos a la redacción resultante del artículo 2 de la citada ley.
En cuanto al resto de las modificaciones procedentes del Senado, nuestro grupo en principio se decanta por la abstención, por razón de la argumentación en torno a la excepcionalidad obligada del carácter de la norma y su inevitable
limitación en el tiempo y en el espacio, por un lado, y los principios de solidaridad y no discriminación de territorios, por otro. No obstante, una vez conocidos los posicionamientos del resto de los grupos, adoptaremos nuestra opción definitiva.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: A usted, señor Guinart.
Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Ballestero.
El señor BALLESTERO DE DIEGO: Gracias, señor presidente.
Señorías, subo en nombre de mi grupo a defender las enmiendas que hemos presentado a este proyecto de ley y lo hago en la creencia firme de que son enmiendas que lo mejoran sustancialmente, igual que las del resto de los grupos, que son
enmiendas que vamos a apoyar, y pensando además que Este es un debate en el que se nos plantean dos oportunidades claras. La primera es una oportunidad que tenemos todos los grupos: la de compartir un acto de solidaridad constitucional inspirado
en el artículo 2 de nuestra Carta Magna, en todo lo referente a la solicitud de ayudas ante catástrofes como las que nos ocupan, y donde creo que los gobiernos del Partido Popular dieron un buen ejemplo, como los 14 decretos de solicitud de ayuda en
la pasada legislatura, donde por cierto el Partido Socialista en reiteradas ocasiones demandó la declaración de zona catastrófica. Creo además, señorías, que es un buen momento para potenciar la solidaridad interterritorial que tan denostada
tenemos hoy en día, debido principalmente, en mi opinión, a la irresponsabilidad de algunos que insisten en basar su acción política casi únicamente en la reclamación, llegando a veces a planteamientos separatistas con gérmenes excesivamente
insolidarios. Soy de los que piensan, señorías, que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa, y desde luego esta es una buena ocasión de demostrar que la solidaridad ante las catástrofes naturales es, sobre todo y por encima de las
diferencias políticas, un motivo de encuentro de las diferentes formaciones.
La segunda oportunidad la tiene solo el Gobierno y el Partido Socialista y es la de enmendar los errores, algunos de ellos muy graves, cometidos en el real decreto-ley; rectificar y abandonar, de paso, la idea de apropiarse también de la
solidaridad -lo hicieron con la justicia, lo pretenden hacer hoy con los medios de comunicación-, para instalarse en una posición mucho más coherente que beneficiaría especialmente a muchas familias en Andalucía, Galicia, Extremadura y el País
Vasco, además de las comunidades originariamente propuestas. Ya en la presentación del real decreto-ley cometieron fallos importantes como no incluir a La Rioja, fallos que se pudieron subsanar gracias a la moción presentada en el Senado por el
Grupo Popular el 14 de septiembre incluyendo a esta comunidad. Hoy les ofrecemos de nuevo la oportunidad de rectificar aceptando unas enmiendas y unos posicionamientos sobradamente justificados.
Empezando por Andalucía, con los incendios de Sevilla y Huelva, llama poderosamente la atención que, no sin dificultad, pues el Gobierno nacional y el de la Junta no querían reconocer no solo la falta de previsión y de capacidad de
respuesta, sino ni siquiera las hectáreas
exactamente incendiadas, al final, en la presentación del Real Decreto 6/2004, la ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación hiciera una descripción pormenorizada de unas pérdidas personales, materiales, ecológicas y medioambientales, así
como de producción agrícola y empleo, que nos situaba en un escenario claro de declaración catastrófica. Dicha catástrofe, la mayor de Andalucía en 25 años, requerirá en algunas zonas no ya de dos años, como en la catástrofe del Prestige, para
regenerarse, sino de cincuenta a cien años. Señorías, si hoy damos un paso al frente nuestros hijos van a tener difícil ver el paisaje como estaba. Ahora bien, no dándolo, para los más jóvenes de nosotros, e incluso haciéndolo, será desde luego de
todo punto imposible.
Pues bien, estando de acuerdo en el diagnóstico que ha hecho el Gobierno, ¿cómo se puede entender que ante una catástrofe de esta naturaleza no sea precisamente el Gobierno el primer interesado en utilizar la posibilidad más ambiciosa que
plantea nuestra legislación, como es la declaración de zona catastrófica? ¿No se da cuenta el Gobierno de que es imprescindible un plan de reforestación de choque que ustedes han olvidado, otro gravísimo olvido, y que nuestras enmiendas plantean?
En el Senado utilizaron argumentos tan peregrinos como que las ayudas se iban a cobrar mucho más tarde o que los inversores privados iban a salir corriendo y que nadie de la zona lo había solicitado. La realidad es bastante diferente,
empezando por las denuncias y solicitudes de realizar unas mejores actuaciones, pues a pesar de la mordaza puesta por los gobiernos de la nación y la Junta -y le recuerdo el último caso, el submarino nuclear-, a pesar de ello, ha habido diferentes
colectivos, entre los que podemos citar Fuegos nunca más, pidiendo auténticos planes de choque como el de reforestación que planteamos o la agilización de las ayudas. Ayudas que deben saber SS.SS. que, pese a lo dicho por el Partido Socialista, se
conceden, en caso de declaración de zona catastrófica, de modo anticipado. En cuanto a la inversión privada, lo que está esperando es precisamente que lleguen allí las ayudas del Gobierno para venir.
Ahora bien, quien por ahora tiene muy poca o
nula credibilidad en su capacidad de gestión en este caso es un gobierno que en el caso de las inundaciones de marzo en Málaga tardó seis meses en actuar, frente a, por ejemplo, los dos meses en que lo hizo el Gobierno del Partido Popular con los
incendios de Extremadura.
Señores del Grupo Socialista, me temo que las explicaciones que van a tener que dar en Andalucía serán muchas si no rectifican y siguen sumando un error más al lamentable hecho que denunciaba recientemente la comisaria europea de Medio
Ambiente, Margot Walström, quien afirmó -lo tengo aquí- que España no había solicitado a la Unión Europea ayudas para paliar los incendios del pasado verano. Ahí es nada: 820 millones de euros no pedidos que estaban esperando. Ya los pagarán los
ciudadanos.
¡Qué diferente posición! ¿Dónde estarán hoy los diputados del Partido Socialista y de Izquierda Unida? Probablemente sigan enclavados en Aznalcóllar, pero desde luego, y sobre todo, sigan instalados en la irresponsabilidad en este tipo
de acciones.
El caso de Galicia creemos que está también lo suficientemente sustanciado en los debates previos como para que hoy apoyemos la inclusión de las más de 31.000 hectáreas incendiadas en este proyecto de ley. Ha habido en Galicia más de 10.000
incendios, debidos principalmente a las circunstancias pluviométricas y a la propia orografía. Señores del Grupo Socialista, justificar en el elevado número de incendios, como han hecho ustedes, el carácter no excepcional de los mismos es un
argumento que me gustaría ver cómo lo da la señora ministra a cada una de las familias afectadas que lo han perdido todo y que se encuentran con las manos prácticamente vacías. Pero tener que escuchar además, como lo tuvieron que hacer los
compañeros del Senado, cómo se deja deslizar el argumento de la especulación para justificar ese elevado número de incendios en las zonas donde se produjeron es, cuando menos, un desconocimiento supino.
Sería también interesante, en el capítulo de
las explicaciones ante los incendios de Galicia, gran parte de ellos concentrados en Carballeda de Valdeorras, Rivas de Sil, Rairiz de Veiga, Pena, Coedo y Bande, ver cómo va algún dirigente del Gobierno del Partido Socialista a contarles por qué se
les va a dejar fuera. Si lo hacen, empiecen por favor por Bande, que es donde mandaron autobuses de su partido a protestar, en vista de que el alcalde es del Partido Popular. Lo que de verdad tiene que hacer el Gobierno con Galicia es copiarle el
plan de extinción de incendios, que posibilita en esa región la rápida y coordinada actuación de la Administración autonómica, y planteárselo a las comunidades gobernadas por su partido como Andalucía, para que la ineficacia de la Junta no agrave
más situaciones como la que esta mañana nos ocupa.
En Extremadura hay 15.000 hectáreas, de las que 4.000 son de cepa en Llanos de Cáceres, además de 5.000 en Montehermoso, en Pozuelo de Zarcón y en otros municipios donde se han sufrido importantes daños, tanto en agricultura como en
ganadería, amén de tratarse de una zona especialmente deprimida. De hecho, algunos ecologistas lo han calificado como una verdadera catástrofe. No quiero olvidar tampoco -y hacía referencia a ello el portavoz del PNV- los daños materiales causados
en el País Vasco -y me uno también a esa rectificación que entiendo deben hacer los letrados-, concretamente en la provincia de Álava. Señorías, estoy convencido de que el debate de hoy nos gustaría no celebrarlo, pero no es menos cierto que la
actualidad del barrio del Carmelo, en Cataluña, nos sitúa a todos, muy especialmente a las administraciones, frente a un espejo que creo que nos va a ser muy
útil. Desde mi grupo hoy podría poner ejemplos, comparando unas actuaciones con otras, que serían muy esclarecedoras de la esencia de algunas políticas del Gobierno Zapatero. Pero si de algo estamos orgullosos en el Partido Popular es
precisamente de que la nuestra no se parezca a la política del Gobierno en algunos aspectos como en éste. Sé que si algo tiene ZP es su habilidad con las fotos y los gestos, muy especialmente en lo que se refiere a las que tienen que ver con sus
socios de Gobierno. Pero creo sinceramente que solo con las fotos no se lleva ni la solidaridad ni la justicia allí donde hace falta. Si hoy los diputados socialistas no votan favorablemente las enmiendas del Grupo Popular estarán cometiendo un
agravio comparativo, que será aún más evidente por motivos de actualidad, pero, sobre todo, consumarán una idea de solidaridad socialista basada en la negociación política y no en la justicia material, basada en la necesidad de votos y no en la
igualdad interterritorial. Qué diferente, señores del Grupo Socialista, vara de medir: de la pancarta, de la solicitud de comisiones, del dejar abiertas comisiones en asuntos ya resueltos, a la situación que plantean hoy dejando de lado a muchas
comunidades autónomas. No cometan esa equivocación. Ya saben además que en los asuntos de Estado -y desde luego la igualdad y la solidaridad entre todos los territorios de España es uno de ellos- el Gobierno cuenta siempre con el apoyo del Grupo
Popular.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ballestero.
Por el Grupo Socialista, señor Quirós.
El señor QUIRÓS PULGAR: Gracias, señor presidente.
Señorías, debatimos de nuevo en esta Cámara el proyecto de ley por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los incendios e inundaciones acaecidos en varias comunidades autónomas, procedente del Real Decreto-ley
6/2004, de 17 de septiembre. No le concreto las comunidades autónomas no por ahorrar tiempo, sino porque como consecuencia de su tramitación en el Senado se han ampliado, aprovechando el Grupo Parlamentario Popular su mayor representación en
aquella Cámara, y vaya por delante que este grupo parlamentario va a votar en contra.
Consideramos que este proyecto de ley se enriqueció en su tramitación en la Comisión de Interior de esta Cámara y que en el Senado se ha vuelto a enriquecer con las mejoras técnicas de diversos artículos, con los que estamos también de
acuerdo. Me estoy refiriendo a la incorporación de mejoras técnicas donde se modifica la referencia del Real Decreto-ley por la presente ley en diversos artículos y en las disposiciones adicionales primera y segunda y finales primera y segunda, que
subsanan y ponen en referencia la norma que estamos tramitando como proyecto de ley, tal y como presentó como enmienda mi grupo parlamentario en el Senado. Por tanto, entendemos que con estas enmiendas referidas anteriormente se mejora y se
mantiene el fundamento y el espíritu del real decreto-ley cuya convalidación aprobó esta Cámara -y tengo que recordárselo- por unanimidad el 30 de septiembre del 2004. No vamos a apoyar el resto de enmiendas introducidas en el Senado y que fueron
rechazadas anteriormente en la Comisión de Interior porque simplemente desnaturalizan esta norma, cosa, señor Ballestero, que no ha ocurrido con ningún real decreto-ley del Grupo Popular. Por tanto, hay que mantener también un poquito de coherencia
a la hora de votar. La inmensa mayoría de las modificaciones son de ampliación del ámbito de aplicación de este proyecto de ley, perdiéndose el carácter de excepcionalidad que marca la línea de los reales decretos de ayudas que aprueba el Gobierno
dentro del marco de sus competencias, convirtiéndolo en generalista, más acorde con las ayudas que tienen que poner en marcha las distintas comunidades autónomas en virtud de sus competencias. Señor Ballestero, si dice usted que en Galicia ninguna
familia ha recibido ninguna ayuda, no se lo achaque al Gobierno central, que no tiene más que las competencias que tiene, acháqueselo al Gobierno de la Xunta de Galicia, que no ha sido capaz de dar respuesta a los ciudadanos de aquella zona. En
este sentido, el ámbito de aplicación recogido en el real decreto-ley en su momento no se debió a una decisión unilateral del Gobierno, o no se debe a una cierta simpatía hacia ciertos territorios de nuestro país; se debe a una valoración de los
daños en cooperación entre la Administración general del Estado y los órganos competentes de la comunidad autónoma. Resulta paradójico que muchas de las enmiendas aprobadas en el Senado no cuentan con una valoración del daño y ni siquiera con la
petición y el respaldo de la propuesta del Gobierno autonómico donde ha ocurrido la inundación o el incendio forestal. Me estoy refiriendo concretamente a la inclusión de Álava, la inundación en julio en Estella, Navarra, y los incendios de Galicia
y Extremadura. Con respecto a Álava y las inundaciones de julio, quiero decir que no podemos aprobarlas simplemente porque no se adaptan a la disposición adicional cuarta del proyecto de ley, ya que tampoco se justifica qué tipo de infraestructuras
sufrieron daño, y menos en Álava, que se resume escuetamente de esta forma: en Álava también ocurrió alguna inundación. Nos parece, por tanto, que deberían ser atendidos por las comunidades autónomas de Navarra y del País Vasco, basándose en las
competencias transferidas en materia de agricultura y desarrollo rural, máxime cuando en la Comunidad Foral de Navarra se incluyen otras zonas donde se han producido daños de gran magnitud e importancia y no cualquier adversidad climática, como pudo
ocurrir en el mes de julio, igual que sucedió con otras comunidades autónomas que en su día no se incluyeron en el real decreto originario.
Con respecto a la ampliación del ámbito de aplicación de las zonas afectadas por los incendios de Galicia y Extremadura, tampoco cuentan con la petición y el
apoyo de los gobiernos autonómicos. La inclusión de los incendios de Galicia y Extremadura no se ajustan al carácter de excepcionalidad de la norma del Real Decreto-ley 6/2004, de 17 de septiembre. En Galicia la superficie forestal quemada
-usted lo ha dicho- se debe a 10.245 siniestros y, más que medidas de ayuda, lo que necesita esa comunidad es regular normativamente los cambios de uso porque quizás esa sea la gran causa de los incendios forestales en Galicia. Fíjense ustedes, el
52,3 por ciento de los incendios que se producen en el país ocurren en Galicia. Y ¿sabe cuál ha sido la respuesta del Gobierno de Galicia? Parece ser que van a sacar una norma para prohibir el cambio de uso después de un incendio forestal durante
solo tres años. Dígame usted, señor Ballestero, si eso no es un aliciente para que se sigan produciendo fuegos en la Comunidad Autónoma de Galicia.
Con respecto a Extremadura, tampoco se han dado en el año 2004 las circunstancias de excepcionalidad que ocurrieron en el año 2003 y que dieron lugar al Decreto-ley 6/2003, de 21 de noviembre. Aquel año se quemaron en torno a las 44.000
hectáreas por la confluencia, como todos sabemos, del incendio de Portugal y de otras comunidades autónomas, que propiciaron, junto con la adversidad climática, ese importante daño forestal. Este año no ha sido tan perjudicial como el año anterior
y en ese sentido nos debemos alegrar todos. Solo se han perdido en torno a 13.000 hectáreas, la mayoría de herbácea forestal, señor Ballestero.
Tampoco vamos a apoyar la inclusión de un nuevo artículo 17 que hace mención a la declaración de zona
catastrófica de la zona afectada por los incendios de Huelva y Sevilla. Señor Ballestero, nosotros tenemos la conciencia muy tranquila, como los ciudadanos de Andalucía, que se lo demostraron el 14 de marzo votando mayoritariamente al Partido
Socialista y no al Partido Popular.
No vamos a aprobar la declaración de zona catastrófica por entender que todas las medidas que se derivan de la declaración de zona catastrófica se recogían en el real decreto. Miren ustedes sus contradicciones. Señor Ballestero, el año
pasado, cuando se quemaron 44.000 hectáreas en Extremadura, ustedes no declararon zona catastrófica a aquella comunidad y ahora lo quieren hacer con la Comunidad Autónoma de Andalucía, donde se han quemado menos hectáreas de las que en su día se
quemaron en Extremadura. Vaya contradicciones y vaya falta de coherencia que tienen ustedes. En el incendio al que usted hace mención y que afectó a las provincias de Huelva y Sevilla se quemaron en torno a las 30.000 hectáreas y no las 40.000,
como dicen ustedes reiteradamente. Les pido, por favor, que se pongan de una vez de acuerdo, porque unas veces dicen 30.000 hectáreas y otras 40.000. Sean coherentes porque lo único que demuestran es su engaño permanente y su política de tierra
quemada para sacar alguna rentabilidad económica y, sobre todo, transmitir una mala imagen de la zona afectada, cuando ustedes saben que en esta zona se está actuando con un compromiso serio de apoyo a los afectados y para regenerar las zonas
afectadas, tanto desde el Gobierno central, con el real decreto que se aprobó en su día, como desde la Junta de Andalucía, con la ejecución de un plan de actuación integral con una dotación presupuestaria para el año 2005 de 32 millones de euros y
un apoyo financiero a la zona durante 15 años. Para no extenderme le diré al señor Ballestero que la señora portavoz del Partido Popular en el Parlamento de Andalucía le hizo una pregunta al presidente de la Junta. Aquí tiene la contestación sobre
las ayudas que se están recibiendo en las zonas afectadas para que se dé usted cuenta de que hay un gobierno responsable que está actuando.
Con respecto a la modificación de la disposición adicional cuarta, en el sentido de que las comunidades de regantes puedan realizar obras de emergencia en infraestructuras públicas, tampoco lo vamos a apoyar, simplemente porque no hay una
garantía técnica y jurídico-administrativa, en este tipo de entidades que no son de la Administración General del Estado. Tampoco consideramos admisible la modificación realizada en el Senado consistente en extender las subvenciones de las obras
por extinción de incendios a las infraestructuras forestales y los caminos rurales, simplemente, señor Guinart, porque no tendría aplicación posterior dentro del proyecto de ley porque no son competencias municipales, y queda claro el objeto de
actuación de este real decreto en lo que se refiere a las competencias municipales.
En lo que se refiere a la enmienda para incrementar la línea de préstamos del Instituto de Crédito Oficial de 20 a 30 millones de euros, la consideramos innecesaria, puesto que la propia norma en el artículo 12 deja la puerta abierta a la
ampliación en función de la evaluación de los daños y la demanda consiguiente.
El trámite del Real Decreto-ley 6/2004 como proyecto de ley nos tiene que hacer reflexionar a todos en el sentido de que la inmensa mayoría de las enmiendas presentadas han ido mayoritariamente a la ampliación del ámbito de aplicación y no a
los aspectos fundamentales ni al espíritu del real decreto originario. Tendrán que coincidir conmigo que debe ser el Gobierno quien juntamente con las comunidades autónomas concuerde qué daños deben ser considerados como excepcionales y recogidos
en este tipo de normas. Lo que no se puede negar, señor Ballestero, es la sensibilidad de este Gobierno, que mejora sustancialmente las ayudas y las medidas de otros reales decretos-leyes. Usted ha dado un número, catorce; yo creo que, por los
reales decretos que lleva ya este Gobierno, a lo largo de esta legislatura van a superar con creces los que hicieron ustedes en apoyo de esa sensibilidad hacia los territorios.
Simplemente, quiero pedir, por último, que votemos con sensatez política para no desnaturalizar esta norma.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Quirós.
Vamos a votar. En primer lugar, enmiendas del Senado al proyecto de ley por el que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Votación de las correspondientes al artículo 4.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 315; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votación de la enmienda al artículo 14.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 319.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda a la disposición final tercera.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 313; en contra, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmiendas a los artículos 16 y 18.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 147; en contra, 167; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas al artículo 19.7, a la disposición final segunda y a la disposición transitoria octava.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 151; en contra, 166; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Finalmente, votación del resto de las enmiendas, en bloque.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 149; en contra, 166; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación, votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los incendios e inundaciones acaecidos en las comunidades autónomas de Aragón, Cataluña,
Andalucía, La Rioja, Comunidad Foral de Navarra y Comunidad Valenciana.
Enmiendas al título y al preámbulo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 153; en contra, 166.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda al artículo 1, apartado 1, en lo relativo a la modificación de la referencia al decreto-ley, que se sustituye por: la presente ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 318; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación del resto de enmiendas al artículo 1.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 152; en contra, 167.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas a los artículos 2, 12, 17 y disposición adicional cuarta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 150; en contra, 167; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Finalmente, votamos el resto de enmiendas en bloque.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 317; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.
- PROPOSICIÓN DE LEY DEL SENADO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 18/2001, DE 12 DE DICIEMBRE, GENERAL DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. (Número de expediente 124/000002.)
El señor PRESIDENTE: Punto VII del orden del día, proposición de ley del Senado de modificación de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria. A esta proposición de ley se ha presentado una enmienda a la
totalidad de devolución del Grupo Parlamentario Socialista, que será defendida por el señor Saura. Tiene la palabra.
El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señorías, quiero comunicarles una buena noticia, una noticia novedosa, y es que los señores del Partido Popular ahora se han hecho de la España plural, por ejemplo con la posibilidad de veto definitivo por parte del Senado en cuanto a los
objetivos de estabilidad presupuestaria, pero solo ahora, mientras tengan en el Senado la mayoría para bloquear y obstaculizar, no en estos últimos cuatro años en los que han tenido la mayoría absoluta y en los que no permitieron una reforma del
Senado en la dirección de hacerla una Cámara de representación territorial; tampoco con vistas a los próximos años, en los que habría que discutir una reforma de la Constitución, una reforma del Senado y una modificación en profundidad de la Ley de
Estabilidad Presupuestaria en la que se tenga en cuenta a las comunidades autónomas y el ciclo económico a la hora de definir el déficit de las mismas. Se abrazan ahora a la idea de la España plural porque quieren aprovechar la composición actual
del Senado, con la intención fundamentalmente de bloquear, de obstruir y de parar, como decía anteriormente. Si por ellos fuera, lo que querrían es que en el Senado se nombrase a los distintos ministros y también ahora al presidente del Gobierno de
España.
Señorías, a quien no tiene no se le puede quitar. Dicho de otra manera, al Senado no se le puede quitar lo que no tenía hasta el momento y no lo tiene en el caso de la estabilidad presupuestaria por una doble vía. En primer lugar, porque
vía Constitución española, de acuerdo con el artículo 90, no tiene la capacidad de vetar definitivamente el techo de gasto y la estabilidad presupuestaria, y tampoco la tiene por la vía del artículo 8 de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
¿Qué ha hecho el Congreso de los Diputados en la Ley de presupuestos para el año 2005? Clarificar el procedimiento de tramitación parlamentaria del objetivo de estabilidad presupuestaria. Esto es lo que ha hecho el Congreso de los Diputados
mediante la Ley de presupuestos para el año 2005. ¿Por qué se ha tenido que aclarar esta cuestión en la Ley de presupuestos? Porque el artículo 8 de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, tal y como la redactó el Gobierno del Partido
Popular, fue una verdadera aberración. La prueba es que el Partido Popular cuando redacta ahora la proposición de ley para modificar dicha Ley de Estabilidad Presupuestaria copia y reproduce íntegramente el artículo 8 de la misma, pero introduce
una frase que antes no estaba para aclarar la redacción y, sobre todo, para reinterpretar interesadamente buscando el oportunismo político. ¿Qué decía el antiguo artículo 8 de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria al final del apartado 2?
Decía: En el supuesto de que el objetivo de estabilidad fuese aprobado por el Congreso de los Diputados y por el Senado, la elaboración del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado habrá de acomodarse a ese objetivo. Si por el
contrario fuese rechazado -nos preguntamos por quién-, el Gobierno, en el plazo máximo de un mes, remitirá un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento. ¿Qué dice la propuesta de modificación del Partido Popular ahora? Lo mismo que el
párrafo anterior, con la siguiente pequeña variación a incluir en la segunda parte del párrafo: Si por el contrario fuese rechazado -y aquí ahora lo aclara el Partido Popular- por cualquiera de las dos Cámaras -esta es la pequeña frase que ahora
introduce el Grupo Parlamentario Popular-, el Gobierno, en el plazo máximo de un mes, remitirá un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento. Por tanto, el Partido Popular reconoce varias cosas, en primer lugar, que fue una aberración, en
segundo lugar, que la interpretación que quieren dar ahora no es la que anteriormente se dio y, en tercer lugar, lo que quieren es utilizar ese pequeño matiz, esa pequeña nueva redacción fundamentalmente porque les conviene en este momento, dada la
composición del Senado, para obstruir, para parar, para, evidentemente, hacer oposición al nuevo Gobierno socialista. Lo que pretende, pues, ahora el Partido Popular no es coherente con el papel que la arquitectura constitucional otorga al Congreso
y al Senado. La Constitución y los reglamentos de las Cámaras permiten al Congreso de los Diputados en segunda votación aprobar las iniciativas eventualmente rechazadas por el Senado. Si de verdad, señorías, se quiere que el Senado juegue un papel
profundamente territorial, no se deben hacer propuestas coyunturales, de corto plazo, puntuales, oportunistas, con el objetivo de, como decía anteriormente, obstruir y parar. Se deben hacer propuestas, a nuestro juicio, en el marco de una reforma
en profundidad del Senado, en el marco de una reforma en profundidad de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, como además se ha planteado con iniciativas aprobadas por el Congreso y por el Senado para modificarla en profundidad y que las comunidades
autónomas cuenten a la hora de fijar el déficit global del conjunto de las administraciones públicas, a la hora de fijar, por tanto, el techo de gasto y a la hora de fijar la estabilidad presupuestaria, para que en definitiva el ciclo de cada
comunidad autónoma cuente a la hora de definir el déficit año a año no solo del Estado sino también de las comunidades autónomas. Si en realidad se apuesta por esa España territorial, no se deberían hacer propuestas coyunturales de oportunidad
política, sino propuestas en el marco de la reforma del Senado y de la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, no como ahora, que el Partido Popular sigue manteniendo el déficit cero año a año para cada una de las comunidades autónomas. Yo
creo
que es una muestra más de esa incoherencia con la proposición de ley que hoy el Partido Popular nos trae aquí procedente del Senado.
El PP también quiere que la aprobación del objetivo de estabilidad presupuestaria y de techo del gasto se lleve a cabo en los primeros cuatro meses del año, no en el primer semestre, como se ha aprobado en la Ley de presupuestos para el
ejercicio 2005 por el Congreso de los Diputados. Aquí nos encontramos con lo de siempre. ¿Qué dice la racionalidad económica? Que conviene elaborar el cuadro macroeconómico con la máxima información de la coyuntura económica de que se disponga,
con la máxima en cantidad y en calidad. Esto es lo que dice la racionalidad económica. ¿Qué dice nuevamente el Partido Popular? Que da igual la información en cantidad y en calidad. Como siempre, si no tenemos información, nos inventamos los
números, nos inventamos las estimaciones y luego pasa lo que pasa. Ponemos un número mágico que nos inventamos y a correr. Por tanto, lo que dice la racionalidad económica y lo que dice la Ley de Presupuestos Generales del Estado que ha sido
aprobada por las Cortes Generales es que es mucho más interesante, a la hora de aprobar el cuadro macroeconómico, tener la posibilidad de contar con la máxima información y de la mayor calidad. Por cierto, el último informe del Fondo Monetario
Internacional, que habla de la economía española con relación a 2004 y que se ha publicado este mismo mes, primero, ensalza el compromiso firme -lo digo por si hay alguna duda todavía- del Gobierno con la estabilidad presupuestaria y alaba también
el trabajo que está haciendo el Gobierno en pro de la transparencia. No lo dice el Gobierno de España, lo dice el Fondo Monetario Internacional: el nuevo Gobierno ha adoptado de forma entusiasta la aplicación extendida del principio de
transparencia como un elemento central para mejorar la eficiencia del sector público. Además, el Fondo Monetario Internacional, en cuanto a la estabilidad presupuestaria, dice que es partidario de entenderla a lo largo del ciclo, porque eso evita
acciones procíclicas, porque eso también es racional desde el punto de vista económico.
Insisto, no lo dice el Gobierno de España, lo dice el Fondo Monetario Internacional en su último informe: que le parece correcto y racional que se entienda la
estabilidad presupuestaria a lo largo del ciclo para evitar acciones procíclicas que son inconvenientes para la economía española.
El Fondo Monetario Internacional también recuerda que ya ha criticado al anterior Gobierno por plantear un criterio rígido de estabilidad presupuestaria que se aleja de esa racionalidad y que además ha supuesto el incumplimiento de la propia
Ley de Estabilidad Presupuestaria del Partido Popular. Esto es lo que dice el Fondo Monetario Internacional. Lo digo por si hay alguna duda en relación con el planteamiento que el Gobierno -pero no sólo el Gobierno, sino también el Congreso y el
Senado- ha hecho en relación con la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria en pro de tener en cuenta el déficit a lo largo del ciclo y tener en cuenta el déficit del ciclo de cada comunidad autónoma. Esto sí que es autonomía, esto sí
que es entender también la España territorial. Para que no haya ninguna duda, las tres empresas de rating más importantes dan la máxima credibilidad al Gobierno de España en materia de cuentas públicas. Por si hay alguna duda de la buena gestión
del Gobierno, lo que ya ha dicho el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía es que a pesar de tener que pagar los gastos extras no presupuestados por el anterior Gobierno -de Renfe, de Radiotelevisión y con Andalucía-, el conjunto
de las administraciones públicas vamos a estar en torno al 0,5 por ciento de déficit del producto interior bruto.
El anterior Gobierno hizo una previsión del 0,4 por ciento de déficit del PIB para el conjunto de las administraciones públicas. Por
tanto, digo esto por si hubiese alguna tentación por parte de algún grupo de decir que el Gobierno, el Congreso, el Senado o los grupos que apoyan al Gobierno van por la vía equivocada en cuanto a la modificación de la Ley de Estabilidad
Presupuestaria, que van por la línea inadecuada en cuanto al rigor y en cuanto a que las comunidades autónomas participen efectivamente a la hora de elaborar los criterios de estabilidad presupuestaria.
Finalmente, señorías, mi impresión es que el Gobierno gana credibilidad no solamente en cuanto a la política económica, gana credibilidad en cuanto a la política en general. Y mi impresión es que el Partido Popular pierde credibilidad no
solamente en cuanto a la política en general, sino también en cuanto a la política económica en particular.
Gracias, señorías. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo parlamentario desea consumir un turno en contra? (Pausa.)
La señora BÁÑEZ GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular en este turno en contra, tras la proposición de ley del Senado, de modificación de la Ley 18/2001, General de Estabilidad Presupuestaria. Anuncio el voto en contra de mi grupo
parlamentario a la enmienda de totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
El objeto de esta proposición de ley es, como señala en su exposición de motivos, clarificar el procedimiento de tramitación parlamentaria del objetivo de estabilidad presupuestaria y del techo de gastos del Estado reflejado en la Ley
General de Estabilidad Presupuestaria. Desde el Grupo Parlamentario Popular queremos que quede claro que tanto el Congreso como el Senado tienen la potestad, en igualdad de condiciones, repito, en igualdad de condiciones, de aprobar o rechazar ese
objetivo de estabilidad y techo de gastos del Estado propuesto por el Gobierno, de modo que el rechazo de cualquiera de las dos Cámaras supondrá la devolución
de la propuesta al Gobierno, en cuyo caso tendrá que remitir a las Cámaras una nueva propuesta en el plazo de un mes.
Señor Saura, el procedimiento, en caso de rechazo del techo de gastos por alguna de las dos Cámaras, es claro en la ley. No existe indefinición. La ley es taxativa. Se obliga al Gobierno a presentar un techo de gastos distinto en el plazo
de mes. Y es esto lo que su Gobierno y su grupo parlamentario quieren evitar. Y no están dispuestos, además, a cumplirlo.
Y lo hacen por razones muy distintas a la indefinición de la ley. Además, el contenido de esta propuesta, que se refiere al
objetivo de estabilidad de todas las administraciones públicas, es decir, también de las comunidades autónomas, justifica aún más si cabe la necesidad de que el Senado, como Cámara de representación territorial que es, tenga plena capacidad de
decisión.
¿Y por qué debatimos hoy esta proposición de ley y la enmienda a la totalidad del Grupo Socialista? Muy sencillo, señorías: por responsabilidad, por justicia y porque creemos firmemente en la democracia, en las decisiones soberanas del
Congreso y del Senado. En primer lugar, porque el Gobierno, con el apoyo de sus socios, a través de una disposición adicional en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de este año, anuló, sí, señorías, anuló la capacidad decisoria del Senado
que le otorgaba la Ley de estabilidad. Señorías, este Gobierno, que presume de devolver el protagonismo al Parlamento, además en palabras de su presidente, que esta mañana nos acompaña, a la primera oportunidad que tiene le quita poder al Senado en
una materia tan importante como es el establecimiento del techo de gasto previo a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado. Y lo que me parece especialmente grave, señorías, es que la decisión del Gobierno no se debe a una razón
fundamentada. Quitarle todo el poder decisorio al Senado en materia de aprobación del techo de gastos no se ha hecho porque se crea que es lo más idóneo para el logro de la estabilidad presupuestaria, no se ha hecho porque se crea que favorece o
mejora el ciclo presupuestario -no se escondan ustedes detrás de ningún organismo internacional, señor Saura-, se ha hecho simplemente porque el Gobierno ha echado cuentas de los votos que tiene en el Senado y no le ha gustado lo que ha visto. Es
una auténtica desfachatez modificar las reglas de juego no para mejorar la vida de los españoles, sino de forma arbitraria, cuando a uno le conviene, para adaptarlas a su capricho, sobre todo en una materia tan importante como son los presupuestos.
Demuestran una falta de escrúpulos alarmante, señorías. Este Gobierno no toma decisiones, las perpetra, pero, señorías del Grupo Socialista, ni nos extraña, ni nos sorprende. En estos meses de Gobierno ya han dado muestras suficientes de decir una
cosa y hacer otra completamente distinta, porque estamos ante un Gobierno débil e inestable, un Gobierno que está condicionado todos los días por las peticiones de sus socios, un Gobierno que no tiene un acuerdo de legislatura. Es comprensible -no
es lógico, pero es comprensible- que ante esta situación de debilidad, que además es más grave si cabe en el Senado, no se arriesguen a perder más votaciones de las que ya pierden habitualmente. Esta es la razón principal de la modificación que
hicieron ustedes en los presupuestos, una razón puramente matemática, de matemática parlamentaria, ya que podría conducirles, dada su minoría en el Senado, a tener que presentar distintas alternativas de techo de gasto con cada presupuesto, o lo que
es aún peor, que los apoyos de los distintos grupos en la Cámara Alta o tuvieran muchos ceros o valieran muchos euros.
Por cierto, no quiero dejar pasar la oportunidad de este debate sobre la estabilidad presupuestaria para poner de manifiesto, en primer lugar, que esa modificación que se hizo a través de una disposición adicional en la Ley de presupuestos,
como ya han reconocido muchos juristas y analistas, tiene muchos visos de inconstitucionalidad y, en segundo lugar, que esa modificación responde a una falta total de transparencia, de la que presumen, pero que no tienen. Señorías, desde una
mayoría parlamentaria suficiente, el Gobierno del Partido Popular hizo un esfuerzo por la transparencia y el reforzamiento de la intervención parlamentaria en la elaboración de los presupuestos, lo hizo desde una mayoría suficiente, la mayoría
absoluta del último Gobierno del Partido Popular; aunque le pese, señor Saura, lo hizo un Gobierno del Partido Popular, con una mayoría cómoda. Así, en el primer cuatrimestre de cada año, como se señalaba en la ley, el Consejo de Ministros debía
acordar el objetivo de estabilidad presupuestaria referido a los tres ejercicios siguientes y este acuerdo debía ser remitido a las Cortes Generales para su debate y aprobación.
Esto, señorías, es dar vida al Parlamento en el debate más importante
del año, el de los presupuestos, y tanto al Congreso como al Senado, en igualdad de condiciones, repito, en igualdad de condiciones, por mucho que ahora presuman ustedes de querer revitalizar la Cámara de representación territorial. Es decir, se
establecía una regla sencilla, conocida por todos, que resultó ser una regla efectiva, que los ciudadanos apoyaron y que los mercados respaldaron, y estamos cambiando las reglas de control al Ejecutivo por el Parlamento. Lo están haciendo ustedes,
señorías; lo están haciendo y están haciendo trampas al Parlamento, porque al Gobierno socialista le conviene y, lo que es más grave, es un asalto en toda regla al bicameralismo y, por ende, un asalto a la democracia. El Senado, señorías, no puede
quedar solo como una Cámara de segunda o como un buen escenario donde el Gobierno se haga fotos, es y tiene que ser mucho más: la verdadera Cámara de representación territorial, como le otorga la Constitución española en su artículo 69, apartado 1.
Y para eso, todos tenemos que dar pasos hacia delante, no hacia atrás, como pretenden ustedes con medidas como esta.
Los ciudadanos, la sociedad española no les va a creer cuando hablen de reformar el
Senado con medidas como las que toman continuamente, que lo que hacen es quitar protagonismo al Senado. Señorías, el Grupo Parlamentario Popular sí cree profundamente en la importancia, en el trabajo y en el poder de decisión de las dos
Cámaras, y lo cree de verdad, lo cree con mayúsculas, y nos parece fundamental en una ley que es la ley económica más importante del año, la Ley de los presupuestos, que afecta directamente a todas las administraciones públicas -digo: a todas las
administraciones públicas-, que afecta a las comunidades autónomas y que afecta a los ayuntamientos, que además controlan ya más gasto que el Gobierno central.
Es entonces cuando tiene que intervenir de verdad el Senado, con voz, pero también con
toda la capacidad de decisión, con la máxima capacidad de decisión.
Si ustedes no entienden todo lo anterior, ni creen en el Senado, ni creen en nuestra democracia, ni tienen altura de miras, estarán prestándose una vez más a buscar los atajos legislativos que no perturben su ejercicio de Gobierno.
Señorías, en 10 meses han cambiado en este país muchas cosas, por desgracia. Nuestra democracia es hoy más débil, estamos en lo que podríamos llamar la democracia del Ejecutivo porque desde que llegaron al Gobierno ya le han echado un pulso muy
fuerte a todas las instituciones del Estado: al Poder Judicial, con esa tumultuosa tramitación de la reforma del Consejo General del Poder Judicial; al Legislativo, con decisiones como esta que debatimos aquí esta mañana que le quitan y restan
poder al Senado. Además, ustedes se enfrentan abiertamente a la sociedad española y no les importa atacar frontalmente a instituciones como la Iglesia, o se enfrentan estos días a los empresarios españoles porque no va bien el proceso
extraordinario de regularización de inmigrantes que su Gobierno ha puesto en marcha y del que es el máximo responsable y, por si fuera poco, aludiendo a un falso pluralismo, que no es más que concentración, intentan también controlar, aún más
-repito-, aún más los medios de comunicación. Señores socialistas, lo que no les gusta en este país o no existe o no es democrático. Pues bien, señorías, más control del Gobierno, menos sociedad y menos democracia es lo que ustedes nos ofrecen
hasta ahora.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor Saura, si lo desea tiene un turno de réplica.
Adelante, señor Saura.
El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Muy brevemente, para contraargumentar algunas de las cuestiones que ha planteado la portavoz del Partido Popular. En primer lugar, quiero manifestarle una idea que he transmitido en mi primera intervención: el Senado no tiene la
posibilidad que usted plantea y que plantea el Grupo Parlamentario Popular, no tiene esa posibilidad. Por tanto, al Senado no se le quita nada, porque no lo tiene. Y no solamente no lo tiene porque la Constitución evidentemente reconoce que no
tiene esa posibilidad en su artículo 90, es que la propia Ley General de Estabilidad Presupuestaria que ustedes hicieron no se lo reconoce y como ustedes se han dado cuenta de esa cuestión tratan de aclararlo. Copian todo el artículo 8, pero como
le falta una pequeña frase, esa pequeña frase es la que introducen. Luego ustedes mismos se están reconociendo que la Ley General de Estabilidad Presupuestaria que redactaron no les permite esa posibilidad. ¿Qué sucede? Que les viene bien, desde
el punto de vista del oportunismo político, meter la frase. Muy bien. Pero -insisto- ustedes mismos lo han reconocido a la hora de construir la proposición de ley.
En segundo lugar, no es que el Partido Socialista, o el Grupo Parlamentario Socialista, o el Gobierno digan que el déficit a lo largo del ciclo es mejor. No, no. Yo traigo un informe del Fondo Monetario Internacional, que usted no ha
podido criticar, que dice claramente que es mucho mejor para la racionalidad económica y para la economía española tener en cuenta el déficit cero, pero a lo largo de varios años. Lo dice el Fondo Monetario Internacional y afirma a continuación:
Nos parece que el déficit cero año a año es demasiado rígido. Va contra la lógica económica. El Fondo Monetario Internacional lo dice de su ley, ley que no se ha cumplido, porque no la ha cumplido el Estado y no la han cumplido las comunidades
autónomas, especialmente las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Esta es la realidad de las cosas.
Usted puede inventarse la España irreal y puede plantear aquí que nosotros estamos en esta posición como consecuencia de que no
tenemos mayoría. No. Esto es lo que dice el Fondo Monetario Internacional. Digo yo que usted y su grupo le darán alguna credibilidad a esa institución.
Más allá del mitin que nos ha soltado con sus eslóganes de campaña, lo que he traído aquí son
argumentos. Es mucho mejor, es mucho más serio, es mucho más de largo plazo, es mucho más territorial, es mucho más plural plantear una reforma profunda de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. Es mucho más territorial, mucho más plural,
mucho más interesante plantearse la reforma del Senado, la reforma de la Constitución. Eso es menos coyunturalista, más de largo plazo y menos oportunista. Lo que han planteado aquí ahora es oportunismo político, poco rigor y corto plazo. Esta es
la realidad de las cosas. No me ha contraargumentado. Ustedes mismos se han dado cuenta de que la Ley General de Estabilidad Presupuestaria no recogía con claridad que el Senado pudiera tener veto definitivo a la hora de determinar los objetivos
de estabilidad presupuestaria y el techo de gasto. Y como lo saben, han tenido que introducir ahí en la copia esa pequeña frase, lo que les delata. Eso no es de largo plazo. Ustedes pierden credibilidad día tras día en política general, pero
también específicamente en política económica y quien gana credibilidad en política económica y en política general es el nuevo Gobierno socialista.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señora Báñez.
La señora BÁÑEZ GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Tomo la palabra para responder a algunas cuestiones que ha planteado el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Saura, tiene capacidad máxima de decisión el Senado porque se lo daba la Ley General de Estabilidad, esa que ustedes
se han cargado con una disposición adicional en la Ley de presupuestos de este año. El procedimiento era sencillo, si alguna de las dos Cámaras rechazaba el techo de gasto en un mes se presentaba uno distinto.
En cuanto al déficit a lo largo del ciclo, ni saben qué es ni saben responder cuando se le pregunta al Gobierno en las comparecencias en esta Cámara sobre el déficit a lo largo del ciclo. Por dos cuestiones muy sencillas, porque los mismos
analistas económicos dicen que existen muchas dificultades técnicas en saber cuál es el déficit o el presupuesto a lo largo del ciclo, el superávit o el equilibrio a lo largo del ciclo.
El Gobierno que su partido representa nunca contesta a esas
cuestiones cuando les hemos preguntado en qué momento, en qué fase del ciclo estamos y cuánto dura ese ciclo.
Señor Saura, para terminar, la realidad es que ustedes son rehenes de su debilidad parlamentaria. Están atados por la suma numérica de ustedes más sus socios para gobernar. ¿Y qué hacen? Supeditan los intereses generales de este país por
los intereses particulares de este Gobierno y de sus socios parlamentarios. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Báñez.
A continuación, turno de fijación de posiciones. Comenzamos por el Grupo Mixto, señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, ustedes saben bien que el Bloque Nacionalista Galego no es sospechoso de compartir los criterios del Partido Popular en materia de estabilidad presupuestaria. Cuando el anterior Gobierno trajo a esta Cámara los proyectos de Ley
General de Estabilidad Presupuestaria y orgánica complementaria de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, nuestra posición fue nítida, contundente e inequívocamente contraria a la aprobación de ambos proyectos de ley. Discrepábamos, y lo
seguimos haciendo, de un concepto de estabilidad que identifica estabilidad económica con equilibrio presupuestario o superávit, haciendo abstracción de la situación real de la economía, del momento del ciclo y de las necesidades particulares de
cada territorio en materia de dotación de capital social básico y de necesidades de inversión. Lo dijimos en su día y lo reiteramos hoy: el establecimiento de un objetivo de estabilidad y la fijación de un límite máximo anual de gasto no
financiero que compromete al conjunto de las administraciones públicas con carácter previo a la elaboración del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado constituye una limitación innecesaria al debate de presupuestos, además de una
intromisión en el ámbito competencial de las comunidades autónomas. Pero lo que hoy debatimos no es el fondo de las leyes de estabilidad presupuestaria, sino el procedimiento que debe aplicarse para la aprobación por las Cámaras del objetivo de
estabilidad. En este sentido, la disposición adicional trigésima de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2005 introdujo dos modificaciones relevantes.
En primer lugar, la ampliación del plazo en el que el Gobierno debe remitir a las
Cortes Generales el objetivo de estabilidad presupuestaria, pasando del primer cuatrimestre a los primeros seis meses; en segundo lugar, la previsión de que, aprobado por el Congreso de los Diputados el objetivo de estabilidad, en el caso de que
fuese rechazado por el Senado se someterá a una nueva votación del Congreso, aprobándose, si éste lo ratifica por mayoría simple.
A nadie se le escapa que estas modificaciones fueron introducidas a la vista de la particular correlación de fuerzas en el Congreso y el Senado resultante de las elecciones generales de marzo de 2004. Con respecto al primero de los cambios,
creemos que es razonable ampliar dicho plazo para acercarlo lo más posible al debate de presupuestos. De hecho, consideramos que el objetivo de estabilidad debería ser el resultado de un proceso de diálogo entre las distintas administraciones,
respetando los respectivos ámbitos competenciales. Por otro lado, el establecimiento de un límite anual de gasto debería constituir un resultado final del debate de presupuestos y no una precondición que limita extraordinariamente dicho debate,
obligando en ciertos casos a realizar juegos malabares para cuadrar las cuentas y aprobar los presupuestos.
Con respecto al segundo de los cambios, creemos que es un error privar al Senado de esa capacidad de devolver al Gobierno el objetivo de estabilidad que le había otorgado la redacción original de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
Ya hemos dicho que no compartimos ni el espíritu ni la letra de las leyes de estabilidad presupuestaria del Partido Popular, pero quizá este sea el único acierto de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. No puede obviarse, porque tanto en su
redacción primitiva como en la actual el objetivo de estabilidad presupuestaria concierne tanto a la Administración central como a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales. Por tanto, no estaría de más que el Senado, que está llamado
a ser la Cámara de representación territorial, tuviera un papel determinante a la hora de establecer dicho objetivo, sobre todo si el mismo ha de ser el resultado de un proceso de diálogo entre las distintas administraciones y no una imposición
unilateral del Gobierno central.
En cualquier caso, quiero señalar que el Bloque Nacionalista Galego suscribió la proposición no de ley aprobada en esta Cámara el pasado 19 de octubre de 2004, en la que se insta al Gobierno a realizar una
modificación en profundidad de la legislación vigente de estabilidad presupuestaria, conforme a los criterios definidos en esa proposición no de ley. Creemos que devolver la Ley General de Estabilidad Presupuestaria a su redacción original,
tal y como propone la proposición de ley que hoy debatimos, carece de sentido en este momento, puesto que, aunque fuese aprobada, lo más probable es que no tuviera efectos prácticos por la aprobación de una nueva legislación de estabilidad
presupuestaria.
Confiamos en que el Gobierno remita a esta Cámara a la mayor brevedad posible esta nueva legislación ajustándose a los criterios definidos en la proposición no de ley promovida por todos los grupos parlamentarios, con la excepción
del Grupo Parlamentario Popular.
Es por eso que el Bloque Nacionalista Galego se abstendrá en la votación de esta proposición de ley de modificación de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria remitida por el Senado.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.
Izquierda Verde, señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.
No voy a empezar como lo hacía el señor Saura con un alegato entusiasta en torno a los informes del Fondo Monetario Internacional, pero sí haciendo una reflexión digamos que básica o elemental.
Yo también estoy sorprendido por la actitud del Partido Popular ante la importancia de esta Cámara territorial que tiene que ser el Senado, y me gustaría que esta sorpresa fuese acompañada de una reforma del Senado tal y como nuestro grupo
parlamentario lo pretende, que es un Senado que sea Cámara territorial, que exprese esta territorialidad, donde los senadores se escojan de una forma distinta, y donde por supuesto el Senado lo que puede hacer es bloquear leyes, y no sólo la ley de
presupuestos, que afecten al modelo territorial. ¿Qué es lo sorprendente? ¿Por qué empezamos por el presupuesto y no por las leyes orgánicas? Yo diría que la ley orgánica podría ser el primer paso a la hora de que el Senado pueda bloquear
determinadas iniciativas del Gobierno, además especialmente aquellas que afectan a competencias de comunidades autónomas. Pero cuando veo que no empiezan por donde se debería sino por donde interesa me asalta una duda, que es si el Partido Popular
continuará instalado en el Senado como Cámara, no de representación territorial, sino simplemente como Cámara de bloqueo. La duda tiene fácil solución. No es casual que empiecen la casa por el tejado, por un tejado que hará que haya goteras y que
caigan sobre esta casa, sobre el cimiento básico, y lo cierto es que la duda se reafirma cuando vemos cómo mi colega del Partido Popular ponía tanto énfasis en esta importancia del Senado y cuando de forma tan habitual le han dado al Senado tan poca
importancia.
¿Cuál era nuestra intención en la enmienda que en su día planteamos? Reducir el plazo expositivo, que se reduzca el plazo y que el trámite sea mucho más ágil manteniendo todas las posibilidades, y es cierto que si se rechazan en el Senado
los objetivos de estabilidad presupuestaria el Congreso debe aprobar ese rechazo por mayoría, y por mayoría absoluta.
Este era nuestro sentido. Esto no podía prosperar y, por tanto, vamos a votar favorablemente a la enmienda de devolución que
presenta el Grupo Socialista.
Lo urgente hoy no es discutir sobre si el Senado bloquea o no, sino sobre la modificación de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, porque los señores y señoras del Partido Popular lo que hicieron fue una ley que hablaba del déficit
cero pero que en cambio no cumplía con él; una ley que hablaba de muchas exigencias, pero exigencias que, sin ir más lejos, las primeras que no las cumplían eran las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. ¿Para nosotros qué es lo
fundamental? Que haya estabilidad, pero en el ciclo, que haya márgenes, que las comunidades autónomas tengan capacidad de financiación de determinados proyectos, que el ciclo, además, se fije por comunidades autónomas, que las comunidades
autónomas, el Estado y los ayuntamientos, por tanto, tengan un margen de acuerdo con el Pacto de Estabilidad, no siendo más papistas que el papa y ciñéndonos al déficit cero, a un déficit del 1 por ciento, que sería algo más amplio pero que
continuaría en un alto grado de ortodoxia económica y que además ayuntamientos y comunidades autónomas tengan capacidad de financiar inversiones. La reflexión es bien sencilla.
Estoy seguro de que el Fondo Monetario Internacional está encantado
con la ortodoxia económica que se ha seguido anteriormente y que se podría seguir ahora -esperemos que no- por parte del Gobierno español, pero más allá de los informes del Fondo Monetario Internacional hay otra realidad.
El déficit social que
tiene nuestra sociedad respecto a nuestros países vecinos es extraordinario. La diferencia de gasto social entre España y la media europea de los quince es de seis puntos. Nosotros creemos que sí hay que tener presente la estabilidad en el ciclo,
pero que lo que hay que discutir es cómo la política económica se pone al servicio de esas necesidades sociales apremiantes. Para nosotros eso es lo urgente. Lo determinante no es si el Senado acaba siendo la Cámara de bloqueo que quieren algunos;
lo determinante es que el Senado sea la Cámara de representación territorial que lo que haga es decidir y, si cabe, bloquear las decisiones del Gobierno que afecten a las comunidades autónomas. Lo urgente es modificar la Ley de Estabilidad
Presupuestaria al situarnos como mínimo a escala europea, de acuerdo con el Pacto de Estabilidad, dando márgenes y posibilidades a comunidades autónomas, a ayuntamientos y a la Administración central del Estado para que tengan capacidad de financiar
proyectos y de conseguir, más que déficit cero, déficit social cero. Por todo ello, nuestro grupo va a votar en
contra de la propuesta del Grupo Popular y va a intentar que el Senado se reforme, para lo cual vamos a trabajar, pero que se reforme en el sentido de Cámara de representación territorial, con expresión de lo que ello supone, y no empezando
la casa por el tejado sino por los cimientos. Los cimientos son la reforma del Senado con capacidad de vetar, pero sobre todo vetar aquello que afecta a las comunidades autónomas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Herrera.
Por el Grupo Vasco el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señorías, quiero empezar con dos novedades a la buena nueva que ha avanzado el Grupo Socialista cuando ha señalado que el Grupo Popular ha vuelto a la pluralidad. También hay que darle una
oportunidad al PP para que vuelva a la pluralidad, aunque a veces nos parezca imposible. Hay una buena nueva y otra mala. La mala es que el PSOE, con quien hasta ayer defendíamos una misma posición en relación con la estabilidad presupuestaria, ha
cambiado de posición en la dirección equivocada retrasando o evitando la verdadera reforma de las leyes de estabilidad. La buena es que el PNV y el Grupo Vasco se mantienen en la posición que todos defendíamos hasta que el Gobierno cambió la Ley de
estabilidad mediante la Ley de presupuestos. Siempre hemos defendido una nueva ley de estabilidad, por lo que no entendemos la demora. La crítica es por la demora, no por otra cuestión, puesto que la denominada ley Montoro es un auténtico
despropósito económico y jurídico que todos hemos criticado. El Grupo Popular quiere mantener esta ley en los términos iniciales. Nosotros queremos modificarla. Por motivos absolutamente opuestos estamos en contra de la enmienda a la totalidad.
No queremos ninguna confusión en este sentido.
Abordar por enésima vez un debate sobre la estabilidad presupuestaria, concretamente sobre las leyes de estabilidad, me produce cierto desasosiego, aburrimiento e incluso puedo decir que me baja la tensión.
No se puede hablar tanto de un
tema y avanzar tan poco. Da la sensación de que avanzamos en círculo, que cada cierto tiempo volvemos al punto de partida. Por eso voy a evitar entrar en argumentos económicos y competenciales a los que desde nuestro grupo parlamentario se ha
prestado mucha atención a lo largo de los últimos años. Todo el mundo sabe que nuestra posición, al igual que la de otros grupos de la Cámara, a excepción del PP, fue totalmente contraria a la aprobación de la Ley de estabilidad. Estas leyes son
un sinsentido económico y suponen una grave intromisión competencial. Por estos y otros motivos los grupos de esta Cámara, incluido el Grupo Socialista, al menos cuando estaba en la oposición, estábamos de acuerdo en que había que cambiar estas
leyes porque eran inconstitucionales. De ahí se derivó la aprobación de una proposición de ley con el voto en contra del Grupo Popular y con el compromiso de modificar las leyes de estabilidad en el sentido de dotarlas de lógica económica y evitar
intromisión competencial, es decir, respetando el ámbito de actuación del conjunto de las administraciones públicas. No cabe ninguna duda de que también en este tema la colaboración es preferible a la imposición. La promesa del Gobierno de esa
nueva ley de estabilidad y transparencia parece que responde a este espíritu. Por lo que he podido leer en la prensa -y da la sensación de que el Gobierno ha avanzado en la materia y ha llegado a un acuerdo con Izquierda Unida y Esquerra
Republicana-, a tenor de estas informaciones de prensa -insisto- parece que el resto de los grupos de la Cámara nos quedamos fuera de estas reglas y de estas conversaciones. El Gobierno parece que busca la estricta mayoría en esta Cámara y no el
consenso más amplio que hubiera sido deseable o, al menos, que hubiéramos deseado desde nuestro grupo parlamentario. Se nos deja aparcados y se nos relega a un segundo plano en la importante reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria por la
que tanto hemos peleado en los últimos años.
El Gobierno hace pocos meses, con motivo de la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, modificó la Ley General de Estabilidad Presupuestaria en su artículo 8 a través de la disposición trigésima de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado.
¿Qué es lo que pretendía con ello? Su objetivo a nuestro entender era claro, que el Senado no pudiera rechazar el acuerdo de estabilidad -déficit del Estado y de las comunidades autónomas- que hay que aprobar
cada año, así como el límite no financiero del gasto del Estado para cada ejercicio. El Gobierno dice: Como no tengo mayoría en el Senado, en lugar de buscarla y pactar cambio la Ley de estabilidad de manera que si el Senado rechaza el acuerdo de
estabilidad lo apruebo en el Congreso.
Prefiere usar el rodillo al acuerdo. Además, en nuestra opinión, debilita la posición de Esquerra Republicana y de Izquierda Unida a la hora de negociar la futura ley de estabilidad y transparencia. Si el
Gobierno no llega a un acuerdo con sus socios puede no elaborar una nueva ley y, tras la modificación que ha realizado a través de la Ley de presupuestos, encontrarse cómodamente con la ley Montoro modificada. De esta forma evita también que el
Grupo Vasco, por ejemplo, pueda obligarle a negociar para prestarle su apoyo en el Senado, tal y como ocurrió el año anterior, aunque he de reconocer que con escaso resultado práctico hasta el momento. Nuestro grupo presentó una enmienda con el fin
de suprimir esa disposición trigésima, pero dicha enmienda, al igual que las demás que presentamos, fue rechazada por el Grupo Socialista y por la mayoría de la Cámara. La pregunta que procede es: Salvado el escollo del Senado, ¿qué incentivo real
tiene el Gobierno para plantear una nueva ley de estabilidad y transparencia? Yo sinceramente creo que ninguno. El Gobierno nos dice que sí
va a haber una nueva ley. Por tanto, ¿por qué modifica la Ley de estabilidad a través de la Ley de presupuestos si se va a tramitar y a aprobar, supongo que dentro de poco, una nueva ley? Lo que el Gobierno debería hacer es presentar
cuanto antes un proyecto, a poder ser consensuado, y no parchear la actual ley.
Nuestro grupo parlamentario, en coherencia con lo expuesto y habiéndose manifestado firme partidario de aprobar una nueva ley de estabilidad, cree que se debería aprobar esta proposición o, lo que es lo mismo, rechazar la enmienda a la
totalidad planteada por el Grupo Socialista, que es lo que vamos a hacer.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Azpiazu.
Por Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Puig.
El señor PUIG CORDÓN: (Comienza su intervención en catalán y la continúa en castellano.)
Una vez más quiero manifestarles que los derechos lingüísticos de los ciudadanos y ciudadanas de lengua catalana -por cierto, la novena lengua de Europa por el número de personas que la hablan- no están reconocidos en esta Cámara.
Esperemos...
El señor PRESIDENTE: Señor Puig, le doy las gracias porque acaba usted de respetar los criterios de la Presidencia; se lo agradezco.
Continúe la sesión.
El señor PUIG CORDÓN: Esperemos que pronto nos sea reconocido este derecho.
La reforma propuesta en la proposición puede ser calificada de meramente procedimental en el sentido de que pretende solo dotar de plena capacidad de decisión al Senado en igualdad de condiciones con el Congreso de los Diputados en el
momento de aprobar los acuerdos del Gobierno sobre los planes de estabilidad presupuestaria. Antes la portavoz del Grupo Popular ha intentado darnos una lección de democracia. ¿Qué lección de democracia es aquella que, en su momento, con su
mayoría absoluta impuso una ley de estabilidad presupuestaria que atacaba los principios de las comunidades autónomas? ¿Este es el sentido de la democracia que defiende el Grupo Popular? Me parece que no está en condiciones de dar lecciones de
democracia la portavoz del Grupo Popular. Actualmente solo es necesaria la mayoría simple del Congreso de los Diputados para aprobar los objetivos de estabilidad del Gobierno. Con la reforma sería precisa también la aprobación del Senado. La
justificación de la propuesta viene a ser que el propio contenido de la propuesta que se refiere al objetivo de estabilidad de todas las administraciones públicas, es decir, también de las comunidades autónomas, justifica aún más si cabe la
necesidad de que el Senado, como Cámara de representación territorial, tenga plena capacidad de decisión. Teniendo en cuenta la actual correlación de fuerzas parlamentarias, parece evidente que la propuesta del Grupo Popular en el Senado tiene un
cierto carácter oportunista, lo que motiva desde nuestro grupo parlamentario una serie de reflexiones.
En primer lugar, el carácter del Senado como Cámara de representación territorial está pendiente de las hipotéticas reformas constitucionales que se lleven a cabo en los próximos años. Si bien parece defendible dar al Senado un mayor
protagonismo que el de Cámara de segunda lectura, sobre todo en temas que afectan a las competencias autonómicas, no tiene demasiado sentido hacerlo a pedazos, empezando por la Ley presupuestaria.
La necesaria reforma del Senado tendría que dar
capacidad de decisión a la Cámara en un gran número de cuestiones y tendría que situarse en el marco general de una reforma constitucional más ambiciosa. En segundo lugar, la reforma integral de la Ley de Estabilidad Presupuestaria podría
contemplar cambios en el mismo sentido de los apuntados por la proposición de ley, pero también tendrían que incluirse reformas de mucha más importancia e interés, mayor flexibilidad de los objetivos de estabilidad, déficit cero versus
interpretaciones menos restrictivas del concepto de estabilidad, tratamiento diferenciado de los financiamientos de las inversiones de las administraciones, compatibilización de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de autonomía financiera
de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales. El auténtico debate sobre todas estas cuestiones tendría que producirse en el marco de la reforma global de la ley, y no está claro hasta qué punto tiene sentido ir modificando aspectos
puntuales de la norma. De hecho, la propuesta viene de un grupo parlamentario que se puede suponer que no debe tener demasiada intención de ir más allá en la reforma de la ley que iba a ser aprobada durante la anterior legislatura. En tercer
lugar, la reforma del artículo 8 de la Ley presupuestaria para conceder mayor protagonismo al Senado en la aprobación de las propuestas de estabilidad presupuestaria del Gobierno es un paso modestísimo en la dirección correcta de reforma de la
situación del Senado como Cámara de segunda lectura y sin capacidad real de contradicción con las decisiones de los diputados. En cuarto lugar, no obstante ello se tiene que considerar que el auténtico debate sobre estas cuestiones se producirá en
el marco de la discusión de la reforma constitucional sobre el papel del Senado y, en el caso del que estamos hablando hoy, de la reforma más ambiciosa de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Esperemos que nuestro grupo parlamentario no tenga que
dar la razón al portavoz del Partido Nacionalista Vasco y que cumpla el compromiso de traer a esta Cámara la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. No olvidemos que esta ley ha estado recurrida ante el Tribunal Constitucional por
gobiernos y parlamentos autonómicos, con el apoyo de partidos políticos que posibilitaron la formación de una
mayoría parlamentaria en las Cortes que podría garantizar una reforma mucho más sustancial.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Puig.
Finalmente, señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) no va a apoyar la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Socialista por las siguientes consideraciones. En primer lugar, quiero
recordar al Grupo Socialista que pudieron conseguir la aprobación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que presentaron en el anterior periodo de sesiones y la aprobación del techo del gasto para los presupuestos del año 2005 porque existió un
pacto entre el Grupo Parlamentario Socialista, el Partido Nacionalista Vasco y Convergència i Unió para que en el Senado cambiáramos de opinión y votáramos favorablemente la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Es cierto que se hizo este pacto bajo
el compromiso expreso del Gobierno de que se modificaría la actual Ley de Estabilidad Presupuestaria, sobre la que todas SS.SS. saben el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) instó en su momento al Gobierno de Cataluña a presentar
sendos recursos de inconstitucionalidad. ¿Cuál es la situación actual? Que a pesar de que existió un pacto tácito y expreso entre el Gobierno y el Partido Nacionalista Vasco y Convergència i Unió para modificar la actual Ley de Estabilidad
Presupuestaria, hasta la fecha, nuestra formación política al menos no ha sido llamada a consultas para que este pacto pudiera existir y, sin embargo, sí hemos podido apreciar en los diferentes medios de comunicación que ya están soslayando este
pacto con sus actuales socios de Esquerra Republicana y de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Nosotros no tenemos absolutamente nada que objetar a la línea en la que están tratando de resolver la modificación de la Ley General de Estabilidad
Presupuestaria, pero sí nos sentimos lesionados en el sentido de que cuando existe un pacto que permite modificar una ley tan importante como esta debe cumplirse para que podamos incorporar aquellas aportaciones que en su momento pactamos. Por este
motivo nos parece correcta esta proposición de ley que ha remitido el Senado presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Sin analizar en profundidad si estamos de acuerdo con la totalidad del proyecto que se nos remite a esta Cámara, sí se nos
ha permitido incorporar algunas enmiendas que van en la misma dirección que el pacto de modificación que en su momento suscribimos el Grupo Parlamentario Socialista, el Partido Nacionalista Vasco y Convergència i Unió. Por este motivo no vamos a
apoyar esta enmienda a la totalidad y sí vamos a defender que, en caso de que esta iniciativa prospere, podamos debatir en la Comisión correspondiente todas aquellas propuestas que en opinión de Convergència i Unió devuelven a las comunidades
autónomas y a las corporaciones locales aquellos aspectos de autonomía financiera que defendíamos cuando presentamos los recursos de inconstitucionalidad a la Ley de Estabilidad Presupuestaria que presentó el Grupo Popular y sobre la que nosotros
llegamos a un acuerdo previo con el Grupo Socialista.
Nuestro voto será negativo a la enmienda a la totalidad. Estaremos a la espera de que finalmente se cumpla el compromiso previo al que llegamos el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre
esta ley que, desde la perspectiva de nuestra formación política, es muy importante para la autonomía financiera de las comunidades autónomas.
Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez i Llibre.
Vamos a concluir con dos votaciones. La primera sobre la enmienda a la totalidad de devolución, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre la proposición de ley del Senado de modificación de la Ley General de Estabilidad
Presupuestaria. Una vez concluida la votación, por favor no abandonen la sala porque habrá que votar una propuesta de creación de subcomisión dentro de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales.
Votamos la enmienda a la totalidad de devolución, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre la proposición de ley del Senado de modificación de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 163; en contra, 148, abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda a la totalidad. (El señor Martínez-Pujalte López pide la palabra.)
PROPUESTAS DE CREACIÓN DE SUBCOMISIONES.
- PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES DE CREACIÓN DE UNA SUBCOMISIÓN PARA LA EMISIÓN DE UN INFORME QUE ANALICE LA ORDENACIÓN Y ADECUACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO, LA FLEXIBILIDAD HORARIA Y DE LA JORNADA, ASÍ COMO DE LAS
POSIBILIDADES DE ADECUACIÓN DEL HORARIO LABORAL A LA CONCILIACIÓN DE
LA VIDA LABORAL Y PROFESIONAL. (Número de expediente 158/000009.)
El señor PRESIDENTE: Segunda y última votación. Propuesta de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales de creación de una subcomisión para la emisión de un informe que analice la ordenación y adecuación del tiempo de trabajo, la
flexibilidad horaria y de la jornada, así como de las posibilidades de adecuación del horario laboral a la conciliación de la vida laboral y profesional.
¿Señor Pujalte?
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, creo que ha sido un error de la Presidencia, pero la enmienda que se ha rechazado no es de devolución, es una enmienda de texto alternativo. Por tanto, hay una proposición de ley que se
debe seguir tramitando.
El señor PRESIDENTE: No es ese el criterio que yo tengo en la nota dada por los servicios de la Cámara.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, no es posible una enmienda de devolución sobre una proposición de ley que ha sido admitida a trámite en el Senado. (Pausa.)
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez-Pujalte, respetando mucho su interpretación, consultados los servicios de la Cámara me confirman que la votación realizada es correcta.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, ¿se devuelve la proposición de ley al Senado? ¿A quién se le devuelve?
El señor PRESIDENTE: Su interpretación es muy correcta, probablemente, todo es opinable en derecho, pero los servicios me confirman que la votación tal como se ha efectuado es correcta. (Rumores.-Aplausos.)
Vamos a concluir con la última votación relativa a la propuesta de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales para la creación de una subcomisión y de la que ya procedí a su lectura.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 311.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la creación de la subcomisión.
Se levanta la sesión.
Eran las dos de la tarde.