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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 61, de 22/12/2004
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2004 VIII Legislatura Núm. 61
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 57
celebrada el miércoles, 22 de diciembre de 2004
ORDEN DEL DÍA: Modificación del orden del día ... (Página 2891)
Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes: ...
- Real Decreto-ley 9/2004, de 3 de diciembre, por el que se determina el plazo para la ejecución de los procesos previstos en la Ley 16/2001, de 21 de noviembre, por la que se establece un proceso extraordinario de consolidación y provisión
de plazas de personal estatutario en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social de los Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud. ('BOE' núm. 292, de 4 de diciembre de 2004.) (Número de expediente 130/000009.) ...
Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados: ...
- Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de Excmos. Sres. Diputados. (Número de registro 34806.) ... (Página 2898)
Veto del Senado: ...
- Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005.
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 9-1, de 30 de septiembre de 2004. (Número de expediente 121/000009.) ... (Página
2899)
Enmiendas del Senado: ...
- Proyecto de Ley por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 1-1, de 24 de junio de 2004. (Número de expediente 121/000001.) ...
- Proyecto de Ley Orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 2-1, de 1 de julio de 2004. (Número de expediente 121/000002.) ...
Preguntas ... (Página 2942)
Interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en relación con la política farmacéutica del Gobierno. (Número de expediente 172/000067.) ... (Página 2967)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
Modificación del orden del día ... (Página 2891)
La Presidencia propone dejar para un momento posterior el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados.
Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes ... (Página 2891)
Real Decreto-ley 9/2004, de 3 de diciembre, por el que se determina el plazo para la ejecución de los procesos previstos en la Ley 16/2001, de 21 de noviembre, por la que se establece un proceso extraordinario de consolidación y provisión de
plazas para personal estatutario en las instituciones sanitarias de la Seguridad Social de los Servicios de Salud del Sistema Nacional ... (Página 2891)
La señora ministra de Sanidad y Consumo (Salgado Méndez) presenta el Real Decreto-ley 9/2004, de 3 diciembre, explicando las razones de urgencia y necesidad que han aconsejado al Gobierno su promulgación y solicitar de la Cámara la
convalidación de dicha norma. Explica la Ley 16/2001, de 21 de noviembre, por la que se establecieron los criterios y procedimientos aplicables para desarrollar el procedimiento excepcional extraordinario y especial para la consolidación de empleo
en las instituciones sanitarias del Sistema Nacional de Saludon Para llevar a cabo en su totalidad el desarrollo de la Ley 16/2001, añade, es necesario prorrogar urgentemente, mediante una norma con rango legal, el plazo para la resolución de las
convocatorias, con el fin de permitir que los procesos extraordinarios de consolidación de empleo iniciados tras la entrada en vigor de la Ley 16/2001 puedan completarse con la imprescindible seguridad jurídica y el suficiente amparo legal. Por
ello el Gobierno presenta este Real Decreto-ley a la Cámara para el que pide el voto favorable.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; la
señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); y las señoras Roldós Caballero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Grande Pesquero, del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
El señor Pérez Rubalcaba, del Grupo Parlamentario Socialista, solicita que se lleve a efecto en este momento la votación secreta relativa al dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados, prevista en el orden del día como primer
punto, a lo que se opone el señor Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso por entender que no se ha avisado con anticipación.
La Presidencia explica a la Cámara que las votaciones que se tienen que anunciar con una hora prevista son las relativas a las leyes orgánicas, por lo que se procede al desalojo de la tribuna de invitados, como indica el Reglamento, y se
procede a la votación del dictamen del Estatuto de los Diputados.
Continúa la sesión con carácter secreto.
Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados ... (Página 2898)
Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de excelentísimos señores diputados ... (Página 2898)
Sometido a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados, es aprobado.
Se reanuda la sesión con carácter público.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación.) ...
(Página 2898)
Real Decreto-ley 9/2004, de 3 de diciembre, por el que se determina el plazo para la ejecución de los procesos previstos en la Ley 16/2001, de 21 de noviembre, por la que se establece un proceso extraordinario de consolidación y provisión de
plazas de personal estatutario en las instituciones sanitarias de la Seguridad Social de los Servicios de Salud del Sistema Nacional de Saludon ... (Página 2898)
Sometida a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 9/2004, de 3 de diciembre, por el que se determina el plazo para la ejecución de los procesos previstos en la Ley 16/2001, de 21 de noviembre, por la que se establece un
proceso extraordinario de consolidación y provisión de plazas de personal estatutario en las instituciones sanitarias de la Seguridad Social de los Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud, se convalida por 270 votos a favor y una
abstención.
Veto del Senado ... (Página 2899)
Proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005 ...
(Página 2899)
El señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira) comparece de nuevo ante el Pleno, tras el veto en el Pleno del Senado al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, para explicar las, a
su juicio, falsas razones por las que ha sido devuelto al Congreso de los Diputados. Defiende la bondad de los presupuestos mandados a la Cámara y pide de nuevo el voto favorable por entender que el presupuesto es el correcto para la situación
actual y permitirá avanzar en la buena dirección de un crecimiento económico estable.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Barkos Berruezo, Lasagabaster Olazábal, los señores Labordeta Subías y Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Rivero Baute, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria;
Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Puigcercós i Boixassa, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC);
Vilajoana Rovira, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Fernández Marugán, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Tras una cuestión de orden del señor Martínez-Pujalte López, se procede a la votación del proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado.
Sometido a votación el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2005, se aprueba por 180 votos a favor y 162 en contra.
Enmiendas del Senado ... (Página 2920)
Proyecto de Ley por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales ... (Página 2920)
En turno de fijación de posiciones sobre las enmiendas presentadas por el Senado al proyecto de ley, intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Pérez Martínez, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Puigcercós i Boixassa, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Delgado Arce, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, y Torres Balaguer, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Proyecto de Ley Orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género ... (Página 2928)
En turno de fijación de posiciones sobre las enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica de medidas
de protección integral contra la violencia de género, intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; las señoras García Suárez, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Bonàs Pahisa, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió); Camarero Benítez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Esteve Ortega y Monteserín Rodríguez, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Cierra el debate el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Caldera Sánchez-Capitán).
Se procede, en primer lugar, a las votaciones de las enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
En segundo lugar se procede a las votaciones de las enmiendas del Senado relativas al proyecto de ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género.
Votación de conjunto ... (Página 2942)
Sometido a votación de conjunto el proyecto de ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género, por su carácter de orgánica, se aprueba por 325 votos a favor.
Se suspende la sesión a las tres y diez minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
Preguntas ... (Página 2942)
Del Diputado don Gaspar Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que formula al Sr. Presidente del Gobierno: ¿Piensa usted anticipar el final de esta legislatura al 2006
como ha afirmado este fin de semana el Partido Popular? (Número de expediente 180/000478.) ... (Página 2942)
Del Diputado don Josu Iñaki Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula al Sr. Presidente del Gobierno: ¿Cuándo tiene previsto dar cumplimiento al compromiso que adquirió a cambio del apoyo del Grupo Vasco a los
objetivos de estabilidad presupuestaria para el año 2005? (Número de expediente 180/000454) ... (Página 2943)
Del Diputado don Joan Puigcercós i Boixassa, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), que formula al Sr. Presidente del Gobierno: ¿Considera oportuna y necesaria la integración de Turquía en la Unión Europea? (Número de
expediente 180/000455.) ... (Página 2944)
Del Diputado don Mariano Rajoy Brey, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Presidente del Gobierno: ¿Cuál es la posición que mantiene el Presidente del Gobierno en relación a la negociación hispano-británica
sobre Gibraltar? (Número de expediente 180/000479.) 2944)
Del Diputado don Ángel Jesús Acebes Paniagua, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Sra. Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia: ¿Considera la Vicepresidenta que el Gobierno está
generando confianza? (Número de expediente 180/000468.) ... (Página 2946)
Del Diputado don Eduardo Zaplana Hernández-Soro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Sra. Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia: ¿Piensa el Gobierno alcanzar en 2005 un pacto que le
garantice una mayoría parlamentaria estable? (Número de expediente 180/000469.) ... (Página 2947)
Del Diputado don Andrés Ayala Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Sra. Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia: ¿Qué directrices marcan la comunicación institucional del
Gobierno? (Número de expediente 180/000470.) ...
(Página 2948)
De la Diputada doña Ana Pastor Julián, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Sra. Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia: ¿Considera la Vicepresidenta que el Presidente está cumpliendo
su compromiso de hacer de ésta 'la Legislatura del diálogo y del entendimiento'? (Número de expediente 180/000471) ...
(Página 2949)
De la Diputada doña María Salom Coll, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Sra. Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia: ¿Puede afirmar la Vicepresidenta que el año próximo terminarán
los graves problemas de descoordinación del Gobierno, de los que es responsable? (Número de expediente 180/000472.) ...
(Página 2950)
Del Diputado don Rafael Estrella Pedrola, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación: ¿Qué valoración hace el Gobierno del comunicado conjunto sobre Gibraltar hecho
público el pasado día 16 de diciembre? (Número de expediente 180/000477.) ... (Página 2951)
Del Diputado don Juan Moscoso del Prado Hernández, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación: ¿Qué perspectivas se abren, a juicio del Gobierno, en materia de
reforma de Naciones Unidas, con la publicación de las conclusiones del Grupo de Alto Nivel? (Número de expediente 180/000459.) ... (Página 2952)
Del Diputado don Eduardo Madina Muñoz, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación: ¿Qué valoración hace el Gobierno sobre el consenso alcanzado en el ámbito de la
Unión Europea para levantar las sanciones diplomáticas a Cuba? (Número de expediente 180/000460.) ... (Página 2953)
Del Diputado don Julio Padilla Carballada, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Ministro de Administraciones Públicas: ¿Qué piensa hacer el Gobierno ante el recurso anunciado por la Federación Española de
Municipios y Provincias por su desacuerdo con la liquidación del Impuesto de Actividades Económicas (IAE)? (Número de expediente 180/000473.) ... (Página 2954)
Del Diputado don Paulino Rivero Baute, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, que formula al Sr. Ministro del Interior: ¿Cómo valora el Gobierno el cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 66 de la Ley de Extranjería
de que las compañías de transporte controlen la salida efectiva de España de los ciudadanos extranjeros no comunitarios? (Número de expediente 180/000452.) ... (Página 2955)
De la Diputada doña María Mercè Pigem i Palmés, en sustitución del Diputado don Josep Antoni Duran i Lleida, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula a la Sra. Ministra de Educación y Ciencia: ¿Qué valoración hace
el Gobierno sobre el informe PISA? (Número de expediente 180/000456.) ... (Página 2956)
De la Diputada doña Joana Serna Masiá, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Educación y Ciencia: ¿Cuál es la valoración sobre los resultados del Informe PISA? (Número de expediente
180/000461.) ... (Página 2957)
De la Diputada doña Arantza Mendizábal Gorostiaga, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula Sr. Ministro de Industria, Turismo y Comercio: ¿Qué valoración hace el Gobierno acerca de las noticias aparecidas recientemente
sobre la interrupción del suministro de gas a algunas centrales de generación eléctrica? (Número de expediente 180/000462). ... (Página 2958)
Del Diputado don Fernando Vicente Castelló Boronat, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Ministro de Industria, Turismo y Comercio: ¿Está cumpliendo actualmente el Gobierno con la obligación legal de
garantizar las reservas estratégicas de gas? (Número de expediente 180/000474.) ... (Página 2959)
Del Diputado don Luis de Torres Gómez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Ministro de Industria, Turismo y Comercio: ¿Cuál es la decisión del Gobierno en relación con la fabricación y montaje del Eurocopter
en Andújar, Jaén? (Número de expediente 180/000475.) ... (Página 2960)
De la Diputada doña M.ª Olaia Fernández Dávila, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula a la Sra. Ministra de Medio Ambiente: ¿Cuál es la posición del Gobierno respecto al mantenimiento o no del actual plazo concesional otorgado a la
empresa ENCE (Pontevedra) y fijado en el año 2018, en función de la vigente Ley de Costas? (Número de expediente 180/000451.) ... (Página 2962)
Del Diputado don Francisco de Asís Garrido Peña, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Medio Ambiente: ¿Puede informar la Ministra de Medio Ambiente sobre los trabajos realizados por la
Conferencia de Naciones Unidas contra el Cambio Climático recientemente celebrada en Buenos Aires? (Número de expediente 180/000465.) ... (Página 2963)
Del Diputado don Herick Manuel Campos Arteseros, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de la Vivienda: ¿Qué medidas va a poner en marcha el Gobierno para hacer efectiva la participación de los
jóvenes en la política de vivienda y suelo? (Número de expediente 180/000466.) ... (Página 2964)
De la Diputada doña Fátima Aburto Baselga, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Sanidad y Consumo: ¿Cuáles son los objetivos previstos en el recientemente creado Observatorio de Salud de la
Mujer? (Número de expediente 180/000463.) ... (Página 2965)
De la Diputada doña Isabel Pozuelo Meño, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Sanidad y Consumo: ¿Puede informar la Ministra de Sanidad y Consumo del desarrollo del último Pleno del Consejo
Interterritorial? (Número de expediente 180/000464.) ... (Página 2966)
Interpelaciones urgentes ... (Página 2967)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en relación con la política farmacéutica del Gobierno ... (Página 2967)
Presenta la interpelación urgente el señor Mingo Zapatero, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Afirma que la prestación farmacéutica es sin duda uno de los pilares del Sistema Nacional de Saludon Por ello, añade, los
gobiernos tienen la responsabilidad de acometer políticas activas que garanticen la calidad y la seguridad en la prescripción y en la dispensación de medicamentos, así como una adecuada relación coste/eficacia. Considera necesario llegar a acuerdos
entre los distintos grupos políticos, los distintos sectores y entre el Estado y las comunidades autónomas para potenciar iniciativas positivas que conduzcan en la dirección adecuada. Explica el plan que presentan en su iniciativa en líneas
generales y hace cuatro propuestas
concretas a la señora ministra de Sanidad: Aprobación de un plan de calidad y seguridad en la prestación farmacéutica consensuado por todos, promoción de un plan nacional de investigación en farmacoterapia, fomento de la prescripción y la
dispensación de los medicamentos genéricos, implementar la utilización de la unidosis a fin de personalizar el tratamiento, continuar aplicando el modelo del sistema de precios de referencia con revisión anual, crear el observatorio de la
administración farmacéutica del Sistema Nacional de Salud y respaldar las iniciativas de investigación de la industria farmacéutica con incentivos y estímulos fiscales.
Contesta en nombre del Gobierno la señora ministra de Sanidad y Consumo (Salgado Méndez). Señala que ya en su primera comparecencia en esta Cámara se comprometió a la elaboración de un plan estratégico de política farmacéutica antes de
finales de este año y lo reiteró en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el 16 de junio en Bilbao, donde avanzó algunas de las líneas básicas de dicho plan, pero los consejeros de las comunidades autónomas gobernadas por el
Partido Popular ya habían abandonado la sala. Se refiere a dichas líneas básicas como el impulso a la extensión de los genéricos, la revisión del sistema de precios de referencia, la financiación selectiva de medicamentos, la incorporación de la
receta electrónica, el refuerzo de la Agencia Española del Medicamento y una nueva relación del Sistema Nacional de Salud con la industria farmacéutica, las oficinas de farmacia y la distribución mayorista. Afirma que a día de hoy ha cumplido con
su compromiso porque el 23 de noviembre presentó a las comunidades autónomas dicho plan estratégico y ha solicitado su comparecencia ante la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados para informar de las líneas generales del plan,
por lo que no considera oportuna la interpelación urgente.
Replica el señor Mingo Zapatero, y duplica la señora ministra de Sanidad y Consumo.
Se levanta la sesión a las seis y cuarenta minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Hay una propuesta de modificación del orden del día. Para el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados en el momento presente no parece que exista quórum suficiente. Postergamos el momento de la votación a un estadio posterior.
(Rumores.) Silencio, por favor.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:
- REAL DECRETO-LEY 9/2004, DE 3 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE DETERMINA EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS PREVISTOS EN LA LEY 16/2001, DE 21 DE NOVIEMBRE, POR LA QUE SE ESTABLECE UN PROCESO EXTRAORDINARIO DE CONSOLIDACIÓN Y PROVISIÓN
DE PLAZAS DE PERSONAL ESTATUTARIO EN LAS INSTITUCIONES SANITARIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. (Número de expediente 130/000009.)
El señor PRESIDENTE: Punto VI del orden del día: Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. Real Decreto- ley 9/2004, de 3 de diciembre, por el que se determina el plazo para la ejecución de los procesos previstos en la Ley
16/2001, de 21 de noviembre, por la que se establece un proceso extraordinario de consolidación y provisión de plazas de personal estatutario en las instituciones sanitarias de la Seguridad Social de los servicios de salud del Sistema Nacional de
Salud.
(Rumores.) Silencio, por favor.
En primer lugar, un miembro del Gobierno, la señora ministra de Sanidad, procederá a exponer las razones del Gobierno.
Señora ministra, su turno, por favor.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Salgado Méndez): Señor presidente, señorías, tengo el honor de comparecer hoy ante el Pleno de esta Cámara para, en cumplimiento del artículo 86 de la Constitución y de acuerdo con el artículo 151
del Reglamento del Congreso, presentar el Real Decreto-ley 9/2004... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, por favor, señora ministra.
Por favor, señorías, les ruego silencio. (Pausa.) Adelante, señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Salgado Méndez): Decía que iba a presentar el Real Decreto-ley 9/2004, a exponer las razones de urgencia y necesidad que han aconsejado al Gobierno su promulgación y solicitar de ustedes la
convalidación de dicha norma.
Hace poco más de tres años las Cortes Generales aprobaron, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, la realización de un proceso extraordinario para
la consolidación de empleo en las instituciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud. La alta tasa de interinidad, con porcentajes de empleo temporal que superaban el 30 por ciento de las plantillas y que afectaba a la casi totalidad de
los servicios de salud, aconsejó la adopción de tal medida de carácter excepcional y único con el fin de solucionar un problema que afectaba de manera sustancial al conjunto de recursos humanos de nuestro Sistema Nacional de Salud. Se aprobó así la
Ley 16/2001, de 21 de noviembre, que estableció los criterios y procedimientos aplicables para desarrollar ese procedimiento excepcional, extraordinario y especial. Dicha norma legal determinó un sistema extraordinariamente complejo pues trataba de
coordinar los intereses legítimos pero no coincidentes de dos colectivos; de una parte, el personal estatutario con nombramiento fijo y, de otra, el personal temporal. Así se articularon dos procedimientos sucesivos, el primero, el de selección,
basado en un concurso-oposición que, una vez superado, daría lugar al nombramiento de personal estatutario en expectativa de destino, y a continuación de este un segundo procedimiento, el de provisión de plazas, que permitía tanto el traslado del
personal que ya tenía la consideración de fijo como la adjudicación de destinos al personal temporal que hubiera superado la primera fase de selección.
La Ley 16/2001 establecía un plazo para la resolución de todos los procedimientos, 18 meses desde la publicación de las correspondientes convocatorias en el Boletín Oficial. En aquel momento aún no se habían completado las transferencias
del antiguo Insalud, por lo que el Ministerio de Sanidad y Consumo procedió a efectuar en los últimos meses del año 2001 las oportunas convocatorias de plazas en el ámbito de los servicios de salud de las 10 comunidades autónomas últimamente
transferidas. Se realizaron un total de 89 convocatorias, en las que se ofertaban en la primera fase de selección más de 37.000 plazas y a las que concurrieron más de 300.000 aspirantes, en concreto 306.902. Con esas cifras estamos hablando
probablemente de la mayor oferta de empleo público que se ha hecho jamás en España y ello, unido al complejísimo procedimiento de tramitación que establecía tanto la ley de 2001 como las bases de las convocatorias, ha impedido el cumplimiento del
plazo de 18 meses de resolución establecido en la ley. Por dos veces, en las leyes de medidas fiscales, administrativas y de orden social para los años 2003 y 2004 se prorrogó dicho plazo; en ambas ocasiones, hasta el final del año
correspondiente. A finales del año 2003, por ejemplo, solo se había resuelto una de las convocatorias de selección, es decir, solo en la primera de sus fases, de las 89 convocatorias realizadas por el ministerio y una convocatoria que únicamente
afectaba a 28 de las 37.078 plazas y a 59 de los 306.902 aspirantes. Similar situación se producía en las cuatro comunidades autónomas transferidas con anterioridad, que habían realizado convocatorias al amparo de la Ley 16/2001. Me refiero a los
servicios de salud de Galicia, Andalucía, Canarias y la Comunidad Valenciana, que, en su conjunto, realizaron 371 convocatorias, en las que se ofertaron 35.435 plazas y a las que concurrieron 218.840 aspirantes.
Por tanto, señorías, se lo repito, a
finales del año 2003 solo se había resuelto una de las 89 convocatorias, que afectaba únicamente a 28 de las 37.078 plazas.
Para valorar adecuadamente el carácter extraordinario y urgente del contenido del real decreto-ley cuya convalidación solicitamos es preciso partir de esa situación que les acabo de comentar y que es la que se encontró el Gobierno cuando
tomó posesión el 18 de abril del año 2004. El nuevo equipo directivo que, como consecuencia de las elecciones de 14 de marzo, se ha incorporado al Ministerio de Sanidad y Consumo tuvo desde el inicio de su función instrucciones expresas del
Gobierno para impulsar al máximo todo este proceso y así, desde el mes de mayo de 2004, este procedimiento ha conocido un innegable impulso. En apenas dos meses se publicaron en el Boletín Oficial del Estado más de 40 convocatorias, se ha realizado
ya la primera de las tres fases de entrevistas en 44 convocatorias de facultativos especialistas de área y por ello, en muy breve plazo, vamos a estar en condiciones de realizar los primeros nombramientos definitivos en estas especialidades.
También se ha realizado ya la convocatoria de la fase de provisión en 55 categorías y especialidades de las 89 convocadas y todo ello se ha hecho dotando a la unidad de gestión de las pruebas de los medios materiales y humanos precisos para agilizar
la tramitación de este proceso.
El Ministerio de Sanidad y Consumo se ha reunido igualmente con las comunidades autónomas y los sindicatos para impulsar y agilizar los procedimientos. En concreto, se ha reunido la comisión de desarrollo y seguimiento, integrada por el
Ministerio de Sanidad y las diez comunidades autónomas del antiguo ámbito denominado territorio Insalud; se ha reunido también la comisión de coordinación, en la que participan, junto con el ministerio, Andalucía, Canarias, Galicia, Valencia y el
Instituto Social de la Marina, dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que están desarrollando asimismo el proceso de forma coordinada con el resto, y se ha reunido la comisión paritaria de seguimiento, integrada por el Ministerio
de Sanidad y Consumo y las organizaciones sindicales. No obstante todo ello, ha resultado materialmente imposible finalizar el proceso dentro de la última prórroga del plazo establecido legalmente, plazo que les recuerdo que finaliza el día 31 de
este mismo mes.
Los informes técnicos y jurídicos elaborados por el Ministerio de Sanidad y Consumo; las opiniones de las diez comunidades autónomas cuya OPE especial gestiona el ministerio, es decir, Asturias, Cantabria, Aragón, Castilla y León, La Rioja,
Baleares, Extremadura, Castilla-La Mancha, Madrid y Murcia; las opiniones
de las cuatro comunidades con OPE especial propia, Galicia, Andalucía, Canarias y Comunidad Valenciana; y las opiniones de las organizaciones sindicales que firmaron el acuerdo que en su día dio origen a la tramitación de la Ley 16/2001,
Comisiones Obreras, UGT, Cesif, Cemsatse y SAE, han coincidido en manifestar la absoluta necesidad de prorrogar urgentemente, mediante una norma con rango legal, el plazo para la resolución de las convocatorias, con el fin de permitir que los
procesos extraordinarios de consolidación de empleo iniciados tras la entrada en vigor de la Ley 16/2001 puedan completarse con la imprescindible seguridad jurídica y el suficiente amparo legal.
Todo ello me llevó a proponer al Gobierno la adopción de un real decreto-ley que determine un nuevo plazo de doce meses desde su entrada en vigor, para finalizar las convocatorias de los procesos extraordinarios de consolidación de empleo en
las instituciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud. El Gobierno, en su reunión del 3 de diciembre, entendió que se producían en este caso los supuestos de extraordinaria y urgente necesidad, que, conforme a las previsiones constitucionales,
aconsejan la promulgación de una norma de tal carácter, y en esa misma reunión acordó la promulgación del Real Decreto-ley 9/2004, que fue publicado en el Boletín Oficial del Estado del día 4 de diciembre, y cuyo voto favorable para su convalidación
solicito, en nombre del Gobierno, al Pleno del Congreso.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señora ministra.
A continuación, ¿algún grupo parlamentario desea ejercer el turno en contra? (Pausa.) Si no es así, pasamos a fijación de posiciones.
En primer lugar el señor Mardones, por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor presidente, señorías, señora ministra de Sanidad, mi grupo va a votar favorablemente la convalidación de este real decreto-ley, que era largamente esperado por los colectivos de este personal estatutario de la Seguridad Social. En las
conversaciones que he mantenido con la Consejera de Sanidad, doña María del Mar Julios, compañera nuestra en la anterior legislatura, sobre esta materia, me ha venido insistiendo en la necesidad de disponer de un instrumento que satisfaga todas las
aspiraciones de este personal estatutario pero que al mismo tiempo resuelva los tremendos problemas que hay, como bien y detalladamente acaba de señalar usted, señora ministra.
Nosotros entendemos que, siendo la Comunidad Autónoma de Canarias una de las cuatro a las que se ha referido la señora ministra que lo han puesto en marcha, digamos, a trancas y barrancas, con toda la dificultad que tiene, como se ha
señalado -un colectivo con más de un 30 por ciento de interinidad, con una frustración de carreras profesionales, sobre todo en el sector médico y sanitario de la Seguridad Social, que veían cómo se iban agotando los tiempos y los plazos que había
señalado ya en su día la Ley 16/2001 para todo este problema, con dos leyes de acompañamiento de los presupuestos generales del Estado para los años 2003 y 2004 que habían tenido que incluir artículos de prórroga del cumplimiento de los 18 meses que
la Ley 16/2001 para este personal estatutario de la Seguridad Social había señalado-, hubiera sido muy difícil soportar un incumplimiento legal, que a 31 de diciembre de este año, que era el plazo marcado por la última ley de acompañamiento que se
aprobó en la legislatura pasada para este año, no se diera satisfacción a esta aspiración.
Cuando nos pusimos a estudiar todo el mecanismo que ponía en marcha la Ley 16/2001, vimos que aquello era de una complejidad tremenda. Yo tengo cifras muy parecidas a las que acaba de dar la señora ministra y en ellas se ve que en estas
convocatorias los presentados alcanzaban y superaban la cifra de las 218.000 personas. Además se había establecido un doble mecanismo; por un lado, la selección de la cualificación profesional de la que este personal tenía que ser objeto, como
garantía profesional, y, por otro, que de esta selección se pasaba todavía a una complejidad muchísimo mayor, porque es un personal que estaba en condiciones de interino, es decir, no era un personal que venía libre de la calle para presentarse a
una especie de concurso-oposición, sino que estaba ya trabajando en sus actividades profesionales, sanitarias y de los servicios de la Seguridad Social en los hospitales, residencias, consultorios, etcétera, en esta actividad. Cuando se pasa a la
segunda fase, a lo que son los procesos de provisión, se pone en marcha un mecanismo de tres fases que hay que ir sucesivamente resolviendo para toda esta enorme masa de personal, que creaba incluso problemas por la pura gestión humana de estos
recursos en disponibilidad de centros de examen, de selección, criterios, etcétera.
Ha habido cuatro comunidades autónomas que estaban en condiciones, por una serie de razones de tipo profesional, de tipo político, de hacer una buena labor de mesa redonda política, no solamente con los profesionales, las direcciones y
gerencias de los hospitales de la Seguridad Social y centros asistenciales de los mismos, sino también con los sindicatos presentes en el sector, teniendo largas conversaciones que estaban impulsando esta situación. No podía, digamos, admitirse ni
tolerarse, porque hubiera sido, a mi juicio, un escándalo político, que hubiéramos traído una tercera ley de prórroga para estas cuestiones.
Creemos que la urgencia de este real decreto-ley, fundamento constitucional para que un gobierno pueda traer al Parlamento un real decreto-ley, aquí se cumplen plenamente, porque de otra forma sería dar una
insatisfacción a todo el personal estatutario de la Seguridad Social que se encuentra en estas situaciones. Por tanto, señor presidente, mi grupo parlamentario va a votar favorablemente la convalidación de este real decreto-ley, a los
efectos indicados de su necesidad perentoria.
Nada más y muchas gracias, señor presidente, señora ministra.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Mi grupo parlamentario respaldará y convalidará también este real decreto-ley. Nos gustaría que después de sucesivas prórrogas supiéramos dónde está el final, que al final se cumplan los criterios de la ley y no tengamos que continuar
convalidando en cada real decreto ese objetivo.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Llamazares.
Grupo Vasco (EAJ-PNV), señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, señora ministra, permítame que utilice el lenguaje incluso cheli para manifestarle que el hecho de que se haya visto usted obligada a traer este real decreto-ley a convalidación de la Cámara es realmente un auténtico marrón, un
marrón heredado, eso sí, pero no solamente de los gobiernos del Partido Popular que le han precedido a usted, sino incluso de tiempos anteriores. En veinticinco años de consolidación de un sistema sanitario público no se ha sabido tener una función
pública que pudiese ser tal. El número de recursos, el número de procedimientos judiciales, incluso declaraciones de inconstitucionalidad en las que se van asentando todos los procesos de selección referidos al sistema sanitario público, es algo de
lo que ni usted ni gobiernos precedentes pueden sentirse orgullosos.
Se alude a la extrema complejidad del mecanismo previsto en la Ley 16/2001, que prevé hasta tres mecanismos sucesivos de adjudicación de las plazas, y a las prórrogas que ha habido en tiempos precedentes, pero tampoco nos parece de recibo -y
esto es tacha para el Gobierno actual- que, para justificar la urgencia y la necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución, se aluda a que, como no hay ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social, se ha tenido que prescindir
de la legislación ordinaria y acudir al mecanismo del real decreto-ley.
Realmente se ha prescindido de hacer una ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social porque es criterio de su Gobierno que esta legislación no resultaba ser
tampoco muy ordinaria. Resultaban estas leyes río, estas leyes de objeto diverso, con una cierta irregularidad desde el punto de vista de su tramitación, y por eso se ha prescindido de ellas. Se prescinde de un mecanismo que tampoco es ordinario
para utilizar un decreto ley y ello nos lleva a pensar que se podría haber hecho algún esfuerzo mayor por parte del Gobierno para justificar las razones de auténtica eficacia, de auténtica urgencia, en cuanto al sistema selectivo que se está
previendo, incluso del interés social, de cara a los agentes sociales implicados, para traer ahora una norma de este estilo. Cuando se elaboró y aprobó la ley que establece el procedimiento que ahora se pretende prorrogar -y ojalá sea por última y
definitiva vez-, la formación política a la que represento fue la única que se abstuvo. Decíamos que dudábamos incluso de que fuese constitucional establecer un procedimiento como el que se establecía en el entonces proyecto y luego texto legal,
que contenía reglas restrictivas de la igualdad en el acceso a las funciones y cargos públicos cuya legalidad depende, según la doctrina del Tribunal Constitucional, de una ponderación de proporcionalidad entre las razones que existen para excluir
la igualdad en el acceso y el tipo de discriminación que se pretende.
A pesar de este razonamiento tan rotundo, optamos por la abstención, no por el no, porque sabíamos que existía una auténtica necesidad de consolidar una relación de empleo donde existía y donde sigue existiendo un auténtico caos, porque
conocíamos las negociaciones habidas con los agentes sociales, a las que dábamos la justa importancia que nos merecían -se había llegado a acuerdos-, y también los acuerdos habidos con determinadas formaciones políticas. Éramos por tanto
conscientes de que debería agilizarse el proceso y, aunque no fuese asentado sobre bases sólidas, desde el punto de vista de la estricta legalidad y la constitucionalidad, nos parecía que era un bien social mayor permitir, cuando menos, aunque no
fuese con nuestro voto, la consolidación de este proceso. Nos producía y nos sigue produciendo, pero esto ya está hecho, una cierta alarma la extensión que se hacía de lo básico, pretendiendo que la regulación fuese establecida sobre parámetros que
fuesen obligatorios para todos; eso sí, en la negociación con quienes entonces eran los portavoces del Partido Popular y el Gobierno que entonces estaba en el poder se consiguió que se estableciese en la norma una disposición adicional primera, que
permitía la no utilización de la excepcionalidad que la ley prevé para aquellas comunidades autónomas, como era el caso de la vasca, que no se encontrasen, en cuanto a la gestión de los recursos humanos de la sanidad, en esas circunstancias de
excepcionalidad, y así quedó definitivamente el proceso.
Nuevamente tenemos que hacer observaciones sobre estas circunstancias, entendiendo que no es de recibo, no parece sensato, ni justo, ni siquiera eficaz, desde el punto de vista de un sistema sanitario que se pretende adecuado a los tiempos
modernos, que estemos con estas circunstancias de excepcionalidad. Ello no obstante,
mi formación política ha indicado que se abstuvo, pero estando vigente la norma, estando en el Boletín Oficial del Estado, estando abiertos los procesos, en el día de hoy creo que lo sensato será desearles que tenga éxito y que tengan buen
fin los procesos que están iniciados. Tampoco mi formación política va a poner obstáculos y, a pesar de la irregularidad con la que nos parece que se regula, vamos a decir que sí, por fin, a que sea convalidado este decreto-ley. Ojalá vayan bien
las cosas, señora ministra.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señora Uría.
Señor Xuclá, adelante, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a intervenir brevemente para anunciar el voto afirmativo de este grupo parlamentario a la convalidación de este real decreto-ley que da continuidad y salida a la viabilidad de unas previsiones de la Ley 16/2001, que fue una ley votada
favorablemente por este grupo parlamentario. Este grupo parlamentario siente una corresponsabilidad y una copaternidad en los errores de previsión, de cálculo y de desarrollo de esta ley, en cuanto a la provisión de plazas sanitarias. Esta es la
tercera prórroga y en la exposición de motivos del real decreto-ley se dice que es la tercera y la última. Esperamos que sea así, que a la tercera vaya la vencida. Todos los grupos parlamentarios tenemos que reconocer que hubo un error de
previsión y de cálculo en cuanto a la viabilidad de la provisión de estas plazas, un déficit que no viene solo del anterior Gobierno, sino que, como muy bien se ha apuntado, viene de mucho más lejos, del conjunto del diseño del sistema público
sanitario.
Quiero señalar también que las otras dos prórrogas se produjeron con otra mayoría parlamentaria y, por lo que he podido ver en el 'Diario de Sesiones', con unos discursos distintos, en los que quien pedía la generosidad de la Cámara era la
mayoría del Grupo Popular y quien planteaba sus objeciones era el primer grupo de la oposición, el Grupo Socialista. Esta tercera prórroga se produce con los papeles cruzados. En definitiva, es una lección más de que a veces la vida es complicada
y que el gobierno y el buen gobierno a veces trae estas situaciones. Creo que simplemente tenemos que superar estos discursos distintos en función de que estemos en la oposición o en el gobierno en temas como este. Esto viene al hilo también de
una reflexión que este grupo parlamentario viene haciendo desde el inicio de la legislatura y que hasta el momento no ha tenido un eco positivo en el grupo mayoritario de la oposición y tampoco en los bancos del Gobierno en cuanto a la necesidad de
establecer un pacto de Estado en materia de sanidad, tanto más necesario que el que en su momento se planteó en materia de pensiones.
Una última consideración. Estamos ante la convalidación de un real decreto, ante la previsión del artículo 86 de la Constitución española, estamos estudiando en este Pleno si se dan las condiciones de una extraordinaria y urgente necesidad
y se dan estas condiciones de extraordinaria y urgente necesidad, damos paso a un nuevo plazo de 12 meses, pero esta extraordinaria y urgente necesidad se da básicamente porque en este año no hay una ley de acompañamiento, no hay una ley de medidas
de orden social, administrativo y económico. Esto es por una medida del Gobierno que le parece a este grupo parlamentario, de entrada, oportuna, porque ciertamente al final se convirtió en una ley escoba que recogía, con una tramitación y una
técnica parlamentarias francamente deficitarias, algunas modificaciones legislativas importantes. Pero en este paso del cien al cero, en este paso del mucho a nada, quizá tendremos que hacer una reflexión en este Parlamento sobre situaciones como
las que vemos hoy, como las que veremos, previsiblemente, el martes de la próxima semana, situaciones en las que, en la última recta del año parlamentario, se tiene que dar salida y esto no se hace a través de un real decreto que da satisfacción a
una extraordinaria y urgente necesidad, sino a una falta de previsión del Gobierno sobre el calendario legislativo y las reformas en la recta final del año.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Xuclà.
Grupo Popular, señora Roldós.
La señora ROLDÓS CABALLERO: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías. Señora ministra, es un honor tenerla aquí, porque usted no se prodiga mucho en el cumplimiento de su deber de control al Gobierno. (Rumores.)
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular va a votar favorablemente a la convalidación de este real decreto, y lo vamos a hacer en aras del interés general de los profesionales sanitarios y, en última instancia, cómo no, de los ciudadanos.
Pero permítanme que hoy aquí, ante una justificación sesgada de traer aquí este real decreto podamos hacer un ejercicio de comparación de algo que llevamos oyendo durante ocho meses en esta Cámara: de talante, de diálogo y de consenso. Y les voy a
decir por qué. De talante, de buen talante el del Partido Popular, cuando impulsó una Ley como la 16/2001, con un objetivo claro: solucionar un problema heredado de 14 años de gobierno socialista. Un buen talante para solucionar un grave problema
de estabilidad en el empleo de los trabajadores sanitarios del sistema público, donde, como bien decía la ministra, la tasa de temporalidad en muchas de las categorías era superior al
30 por ciento. Esa alta precariedad conllevaba hacer incompatible con una gestión eficaz, que conllevaba un problema de continuidad asistencial y que además producía una gran incertidumbre en los profesionales sanitarios, e hizo que fuera
el Partido Popular el que impulsara esa ley, y con un gran talante también, porque los gobiernos del Partido Popular llevamos a cabo esa descentralización, ese traspaso completo a 10 comunidades autónomas de la gestión de la sanidad. Y ese talante
además teníamos que compatibilizarlo con el derecho del personal estatutario fijo a la movilidad. Por tanto, la complejidad era extraordinaria, porque en ese traspaso competencial traspasábamos 150.000 trabajadores; traspasábamos 1,6 billones de
las antiguas pesetas a las comunidades autónomas y traspasábamos más de 1.000 centros asistenciales. Además había que hacerlo con convocatorias independientes por cada una de las categorías y por cada uno de los servicios, y además hacerlo de
manera coordinada y de manera simultánea. Pero también, aparte del buen talante, lo hicimos con un amplio diálogo, que viene recogido en los diversos acuerdos entre el antiguo Insalud y los sindicatos mayoritarios representantes en la mesa
sectorial, como así lo acredita un acuerdo del 23 de noviembre del año 1999, en el que el objetivo era reducir la temporalidad a menos del 3 por ciento en los trabajadores sanitarios y como era el acuerdo entre el Insalud y los sindicatos en la mesa
sectorial para habilitar un proceso extraordinario de consolidación del empleo de los trabajadores sanitarios. Pero además lo hicimos con consenso, con el máximo consenso, y como decía aquí la ministra, lo hicimos así porque esa ley se aprobó por
unanimidad en el Congreso y en el Senado. Además les quería recordar que fíjense hasta qué punto hubo consenso, que a la Comisión no llegó viva ni una sola enmienda, porque todas se consensuaron y todas se incorporaron al texto legal.
Frente a esto, frente a ese buen talante, a ese máximo diálogo, a ese máximo consenso, nos encontramos el del Partido Socialista, el mal talante, la ausencia de diálogo y el nulo consenso, y me voy a explicar.
El mal talante en esa
justificación sesgada, donde se es incapaz de reconocer aquello que han hecho bien y muy bien los gobiernos del Partido Popular. La ausencia de diálogo trayendo un real decreto. Desde luego la fórmula de gobernar a golpe de real decreto creo que
no es la del máximo diálogo ni la del máximo consenso. Y en cuanto a la justificación de la extraordinaria y urgente necesidad, tengo, como decía el señor Zapatero, también la buena costumbre de leerme los diarios de sesiones y leyéndolos esa
urgente necesidad queda entrecomillada, ¿por qué? Porque el 31 de mayo la señora ministra, en su única comparecencia en ocho meses en la Comisión de Sanidad a petición del Grupo Parlamentario Popular, ya decía, y lo leo textualmente, que era
previsible que la OPE extraordinaria a la que nos referimos se prolongara hasta mediados de 2005. Esto lo decía el día 31 de mayo de 2004. El 28 de septiembre, en la comparecencia del subsecretario, también a petición del Grupo Parlamentario
Popular, se decía que por razones de imposibilidad técnica muchas convocatorias no se podían terminar hasta bien entrado el año 2005. Y en contestación parlamentaria a una pregunta escrita de una diputada del Grupo Popular, el ministerio contestaba
que los plazos estimados para la mayoría de las categorías, es decir, para el gran grueso de las categorías que convocaba esta OPE, para médicos de medicina familiar y comunitaria, para ATS, para auxiliares de enfermería, para auxiliares
administrativos, para celadores, los planes previsibles de este ministerio eran tercer y cuarto trimestre del año 2005. Sin embargo, nos traen la convalidación del real decreto en el último pleno de este periodo de sesiones. Urgente necesidad, sí
señores, porque casi no les da tiempo. Pero, señorías, cuando además vemos en esa justificación, en la que digo que hay ausencia de diálogo y de consenso, que el procedimiento que se elige es el del real decreto-ley, comparándolo con las anteriores
prórrogas que fueron las leyes de acompañamiento, les digo que ustedes, que han venido a sustituir las leyes de acompañamiento, no se han cortado un pelo en introducir en la ley de presupuestos generales del Estado disposiciones adicionales que
cambian y modifican leyes básicas, y me remito a una sanitaria concretamente, a la disposición adicional número 48, en la que ustedes, de manera unilateral sin diálogo y sin consenso, establecen una tasa o tributo para la industria farmacéutica,
dando por roto un pacto -y en los pactos sí que hay diálogo y consenso- que venía funcionando bien.
Como les decía el Grupo Catalán aquí, en esa nueva tasa o tributo resulta que hay dudas importantes de constitucionalidad. Pero, señorías, no
solamente ahí se queda la falta de talante, de diálogo y de consenso, porque el Grupo Parlamentario Popular presentó a estos Presupuestos Generales del Estado del año 2005 una enmienda para dotar a las comunidades autónomas de suficientes medios
económicos para impulsar y acelerar el proceso extraordinario de determinar esta OPE extraordinaria.
Sin embargo, el Partido Socialista, con su mal talante, con su falta de diálogo y con su falta de consenso, votó en contra de esta enmienda.
Señorías, para terminar les digo lo que suele decir mi presidente del partido: que no es lo mismo predicar que dar trigo. Ahora les toca a ustedes dar el trigo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Roldós.
Grupo Socialista, señora Grande.
La señora GRANDE PESQUERO: Señor presidente, señorías, señora ministra.
Señora Roldós, se ha llenado la boca de hablar de talante, diálogo y consenso; se ha llenado la boca de decir que eso no existe en este momento, y yo, sin llenarme
la boca y con toda la humildad del mundo, le diré que entre el 10 de julio de 2002 y el 17 de abril de 2004 el Ministerio de Sanidad y Consumo no efectuó ninguna convocatoria derivada de las previsiones de la Ley 16/2001, de 21 de noviembre.
¡Viva la gestión del Partido Popular en Sanidad! ¡Viva, señora Roldós! (Aplausos.)
Pero estamos hablando de la convalidación de un real decreto que es producto de algo como que el continuo crecimiento y desarrollo de nuestro Sistema Nacional de Salud, en busca de las respuestas satisfactorias a las necesidades de
protección de la salud, a la que la ciudadanía de nuestro país tiene derecho, al amparo del artículo 43 de nuestra Constitución, ha dado lugar a la incorporación paulatina de diferentes recursos, tanto materiales como humanos, para el mantenimiento
de la continuidad y de la calidad de las prestaciones asistenciales. La Ley General de Sanidad de 1986 significó un hito trascendental porque, además de establecer la organización básica del sistema, orientó éste hacia las premisas fundamentales de
equidad, eficiencia y universalidad. Su desarrollo posterior y la propia configuración del dispositivo en servicios de salud, permitió el acercamiento de la Administración sanitaria a la población a través de las transferencias de las comunidades
autónomas, pero introdujo una evidente complejidad, ya que la diversidad de medidas de gestión no fueron siempre ni equivalentes ni coetáneas. Sin embargo, durante todo este tiempo se fueron incorporando al sistema un gran número de profesionales
sin que al mismo tiempo se habilitaran los procedimientos administrativos adecuados para que las ofertas públicas de empleo se dirigieran a conseguir la estabilidad de estos profesionales. De esta forma, y salvo algunas excepciones, las
administraciones sanitarias acumularon entre sus plantillas tasas de temporalidad muy difíciles de compatibilizar con la motivación laboral, fundamentalmente por la incertidumbre existente entre los profesionales sanitarios. Así lo entendieron los
agentes sociales, asociaciones sindicales, colegios profesionales y partidos políticos, que impulsaron en el año 2001 un acuerdo con el Ministerio de Sanidad que este Parlamento valoró muy positivo y que dio origen a la Ley 16/2001, de 21 de
noviembre, donde sí que hubo consenso, donde no hubo enmiendas porque el Grupo Socialista, igual que los otros grupos de esta Cámara, también apoyaron esta ley y, por tanto, también contribuimos a aquel consenso que consiguió esta ley.
Esta ley, aprobada por unanimidad, efectivamente, tanto en esta Cámara como en el Senado, establecía y regulaba un proceso extraordinario de consolidación y provisión de plazas de personal estatutario en las instituciones sanitarias de la
Seguridad Social, de los servicios de salud del Sistema Nacional de Salud. La Ley 16/2001 pretendía consolidar, a través de 89 convocatorias, más de 37.000 plazas, lo que significaba aproximadamente la regulación de la mitad de toda la plantilla
sanitaria en el territorio del antiguo Insalud; convocatorias a las que, como se ha dicho aquí, concurrieron más de 300.000 aspirantes. Así, el proceso, que debía estar finalizado en 18 meses, necesitó de dos prórrogas sucesivas, formalizadas a
través de la Ley de acompañamiento de los años 2003 y 2004, pero, a pesar de ello, lo cierto es que, iniciándose el año 2004, la casi totalidad de los profesionales afectados -y lo que también es importante, sus familias- seguían en la inseguridad
de los vericuetos de la Administración.
El impulso decidido del Gobierno socialista, comprometido desde las primeras comparecencias de la señora ministra, está dando resultados. Ha trasladado tranquilidad al sector y las perspectivas son las antes señaladas por la señora
ministra. Sin embargo, el retraso que se había acumulado obliga ahora a formular durante el año 2005 la solución definitiva de las pruebas que se están desarrollando, ahora sí, con toda normalidad, y por eso es necesaria una nueva prórroga que
seguro será la última. Curiosamente, esta es la única vez que esta prórroga viene a este hemiciclo de manera diferenciada, clara y transparente, tramitada como real decreto-ley y sometida, así, a la consideración de sus señorías. Es más,
seguramente es la primera vez que muchos de ustedes oyen hablar aquí de estas prórrogas, aunque sí conocen -estoy absolutamente segura- de la inquietud de los profesionales afectados.
Señora ministra, usted está cumpliendo de nuevo su compromiso y nuestro grupo está seguro de que todos los que en su día aprobamos la ley por unanimidad y con consenso y que, asimismo, no pusimos impedimento alguno a las anteriores
prórrogas, votaremos ahora favorablemente la convalidación de este real decreto-ley.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Grande.
Vamos a votar. En primer lugar, votación relativa al dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados, que no se ha podido llevar a cabo esta mañana a primera hora porque no había quórum. Se había evacuado una consulta de orden y,
efectivamente, cabe votación separada. Les propongo que votemos al final del día. Evacuaremos las tribunas porque es un voto secreto y les confirmo que hay votación separada o que hay esa posibilidad.
Pasamos ahora a la votación relativa a la convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (El señor Pérez Rubalcaba pide la palabra.)
Dígame, señor Pérez Rubalcaba.
El señor PÉREZ RUBALCABA: Muchas gracias, señor presidente.
Mi grupo pediría que, como se ha hecho otras veces, se pida sencillamente que se vacíe la Cámara de los pocos espectadores que hay y se haga la votación en este momento. (La señora Cunillera i Mestres: No
vamos a seguir esperando toda la mañana, ¡ya está bien!.)
El señor PRESIDENTE: Bien. En ese caso, pido disculpas al público. (El señor Martínez-Pujalte López pide la palabra.)
Dígame, señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, yo entiendo la solicitud del portavoz del Grupo Socialista, pero las votaciones se anuncian en la Cámara... (Rumores.) Cuando esta mañana... (Continúan los rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio.
¿Cuál es la cuestión de orden, señor Martínez-Pujalte?
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Es en respuesta a lo que ha dicho el señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Dígame exactamente lo que desea.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Mi grupo solicita que la hora de la votación se especifique claramente y no se haga a solicitud del señor Pérez Rubalcaba. (Protestas.)
El señor PRESIDENTE: Esa no es una cuestión de orden. (Protestas.-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.) Silencio, por favor.
Las votaciones que se tienen que anunciar con una hora prevista, como ustedes saben perfectamente, son las relativas a las leyes orgánicas. En este caso concreto no cabe tal cuestión de orden. El presidente lo había dicho simplemente
porque había constatado que había público en la tribuna. Evacuado el público de la tribuna se cumplen las garantías del Reglamento para proceder a la votación.
Y respecto a la cuestión de orden que ustedes me habían sometido, que eso es una auténtica cuestión de orden, les confirmo que en el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sí caben, porque hay precedentes, votos separados.
Eso sí es una cuestión de orden.
Así, pues, vamos a proceder a la votación.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: ¿Qué votación es?
El señor PRESIDENTE: La del dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, mi grupo pide votación separada del número 4 y luego pediremos explicación de voto.
El señor PRESIDENTE: Bien, se puede hacer; eso es correcto. Ojalá siempre fuera así: pedir explicación de voto, porque eso es lo correcto.
Continúa la sesión con carácter secreto.
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS:
- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES DE EXCELENTÍSIMOS SEÑORES DIPUTADOS. (Número de registro 34806.)
Se somete a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados, que es aprobado.
Se reanuda la sesión con carácter público.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN.)
- REAL DECRETO-LEY 9/2004, DE 3 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE DETERMINA EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS PREVISTOS EN LA LEY 16/2001, DE 21 DE NOVIEMBRE, POR LA QUE SE ESTABLECE UN PROCESO EXTRAORDINARIO DE CONSOLIDACIÓN Y PROVISIÓN
DE PLAZAS DE PERSONAL ESTATUTARIO EN LAS INSTITUCIONES SANITARIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. (Número de expediente 130/000009.)
El señor PRESIDENTE: Punto VI del orden del día: Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 9/2004, de 3 de diciembre, por el que se determina el plazo para la ejecución de los procesos previstos en la Ley 16/2001, de 21 de noviembre,
por la que se establece un proceso extraordinario de consolidación y provisión de plazas de personal estatutario en las instituciones sanitarias de la Seguridad Social de los servicios de salud del Sistema Nacional de Salud.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 271; a favor, 270; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda convalidado el real decreto-ley.
¿Desea algún grupo parlamentario que se tramite el real decreto-ley convalidado como proyecto de ley? (Pausa.)
Muchas gracias.
VETO DEL SENADO:
- PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2005.
(Número de expediente 121/000009.)
El señor PRESIDENTE: Continuamos con el punto VII del orden del día: Veto del Senado al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005. (Rumores.)
Señorías, les ruego silencio, por favor. El Pleno continúa. (Continúan los rumores.)
Señorías, la famosa escalera de las izquierdas, el Pleno continúa.
Perdone, señor vicepresidente. Señorías, el Pleno continúa. Deshagan el corro, por favor.
Adelante, señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, comparezco nuevamente ante este Pleno tras el veto en el Pleno del Senado al proyecto de Presupuestos Generales del Estado tal y como había sido aprobado por esta Cámara. Como ustedes conocen, el proyecto de presupuestos generales
se sometió a negociación en esta Cámara donde, en nuestra opinión, se benefició de un proceso de escrutinio y discusión, fruto de la dinámica parlamentaria, siendo aprobado el pasado 27 de octubre. En el Senado, por el contrario, la correlación de
fuerzas ha impuesto un veto y la devolución del proyecto a esta Cámara. Las razones esgrimidas para ello han sido muy diferentes, como lo son sin duda los puntos de vista de los grupos que han apoyado dicha actitud. La capacidad negociadora del
Gobierno, que ha intentado llegar a acuerdos, no ha permitido sin embargo conseguirlos; tiene sus límites, como todos ustedes conocen: el techo de gasto aprobado en julio por ambas Cámaras, pero también nuestros compromisos con la Unión Europea,
concretamente el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El Gobierno ha intentado negociar dentro de estos márgenes, y las demandas expuestas en las negociaciones previas en la Cámara Alta rebasaron dichos límites, por lo que, siguiendo lo previsto en
la ley, se vuelve a someter el proyecto de Presupuestos Generales del Estado a la consideración de esta Cámara.
Señorías, sin duda alguna hemos hecho el mejor de los presupuestos posibles en el contexto actual, el que sirve a las necesidades que este país tiene en estos momentos, pero en el debate en el Pleno del Senado se pudo percibir cuáles eran
las razones por las que a unos y otros grupos parlamentarios no les daba satisfacción, en primer lugar, yo creo que por unas falsas razones macroeconómicas. Se ha dicho que no vamos a crecer tanto, que el cuadro macroeconómico no está bien
calculado y que las previsiones de ingresos son optimistas. Cualquiera que compare los datos del momento actual con los del mes de septiembre será perfectamente consciente de las diferencias. La situación actual de la economía española y su
evolución reciente pueden calificarse de claramente favorables a la vista, entre otros datos, de las últimas cifras de contabilidad nacional trimestral. Nuestro incremento interanual del 2,6 se mantiene elevado, superior al del pasado año, superior
al del año anterior y muy superior al de nuestros principales socios comerciales. En términos intertrimestrales incluso se registra una aceleración de una décima respecto al trimestre anterior. La valoración cualitativa de la contabilidad nacional
trimestral también es positiva. Se pone de manifiesto un sustancial impulso de la inversión de bienes de equipo, cuya tasa anual de incremento es de prácticamente un 10 por ciento. Esta variable es fundamental porque refleja una buena situación
financiera de nuestras empresas y una notable confianza empresarial, y especialmente porque es un determinante fundamental de la productividad, aspecto esencial de nuestra política económica. En cuanto al sector exterior es verdad que su aportación
negativa al crecimiento ha aumentado. La causa fundamental es la débil evolución del turismo extranjero desde marzo, variable que, sin embargo, muestra a partir de septiembre unos claros síntomas de recuperación. Los datos del mercado de trabajo
son también muy positivos. La encuesta de población activa del tercer trimestre refleja una aceleración de la ocupación y una notable disminución del desempleo, que decrece en un 4 por ciento frente al mismo trimestre del año anterior. Desde
septiembre los datos han sido aún más positivos, con una aceleración de los afiliados a la Seguridad Social (tasas con un incremento del 3 por ciento) y una notable reducción del paro registrado que se torna negativo, con una caída del 1 por ciento
en noviembre. La inflación, por otra parte, ha aumentado básicamente como consecuencia del aumento del precio del crudo, variable exógena a nuestra economía, y esperamos que con la desaparición de parte de las tensiones, tanto reales como
especulativas, que afectaban al mercado del petróleo, la inflación registre descensos significativos en los meses venideros. (La señora vicepresidenta, Chacón Piqueras, ocupa la Presidencia.) Las previsiones para el año 2005 siguen estando en línea
con lo que planteamos en su día: una tasa próxima al 3 por ciento que, como consecuencia de las hipótesis de cálculo, especialmente la del precio del petróleo definida por la Comisión Europea, nos lleva a cambiar nuestro cuadro macroeconómico, a
los efectos de puesta al día del Programa de Estabilidad, al 2,9 por ciento. La composición del crecimiento del gasto en consumo final empieza a dar muestras de moderación, por lo que la previsión para el próximo año supone una reducción de varias
décimas en su tasa de variación debida a un menor avance del consumo en los hogares y sobre todo el consumo público.
La inversión fija, sin embargo, experimentará una aceleración, ya que la notable reactivación del componente bienes de equipo compensará ampliamente la moderación esperada en la construcción. El resultado es que la demanda interna
experimentará una desaceleración que será contrarrestada por una contribución menos negativa al sector exterior gracias al buen comportamiento de la exportación.
En definitiva, yo diría que nuestra situación actual es claramente favorable y las perspectivas para el año próximo son aún mejores. No se trata sólo de una apreciación nuestra. Con la reciente mejora de nuestra calificación crediticia por
parte de Standar & Poors, el Tesoro español dispone ya del máximo ranking según las tres principales agencias de calificación del mundo. La solvencia del Estado español es -como a nadie se le escapa- el mero reflejo de la fortaleza de nuestra
economía. Un estado con la máxima solvencia no es más que el trasunto de una economía potente, flexible y con las mejores perspectivas cara al futuro.
En cuanto a los ingresos, hemos tenido ocasión de comentar con detalle en el Senado cuál ha sido la evolución de los mismos hasta el mes de octubre. Puedo avanzarles ya que en el mes de noviembre la situación sigue en la misma dirección.
Los crecimientos previstos para el próximo año son inferiores al que se ha producido este año, cuya tasa de crecimiento económico es inferior al que estaba previsto en cualquiera de los supuestos que se tomen para el año 2005. En cuanto al déficit
de este año será mejor que el inicialmente calculado y prevemos cumplir con cierta holgura el superávit presupuestario para el año próximo. Si analizamos todos estos factores vemos que no hay una razón de fondo para decir que no al proyecto de
presupuestos y menos justificado en razones macroeconómicas.
Se ha criticado también la falta de elementos de política económica, elementos que están implícitos en el presupuesto y fundamentalmente están incluidos en las grandes prioridades. Puedo aceptar que ninguna de ellas supone un cambio radical
en un corto periodo de tiempo, dado que son prácticas y rutinas de muchos años que deben ir cambiándose de forma progresiva. ¿Es la falta de la ley de acompañamiento la que crea la preocupación por el presupuesto? Puedo entender la posición más o
menos favorable de uno u otro grupo sobre una ley de acompañamiento, pero hemos intentado ser muy rigurosos; lo dije en otras ocasiones y lo vuelvo a repetir ahora. En su día pusimos en marcha la ley de acompañamiento porque se creyó que era
necesaria y se ha suprimido porque creemos que ahora es necesario devolver a las Cámaras su capacidad legislativa. Eso no quiere decir que no vaya a haber nuevas leyes específicas de medidas concretas que seguirán su procedimiento ordinario de
debate y que lógicamente se aprobarán o no en función de la posición de cada uno de los grupos parlamentarios. También han existido preocupaciones particulares en algunos grupos específicos del Senado que -en mi opinión- no estaban justificadas
bien porque no correspondía su análisis a la realidad, bien porque se basaban en razones externas al debate presupuestario.
En resumen, señorías, les reitero que la situación actual de la economía y su evolución reciente son claramente favorables; que en el año 2005 esperamos una tasa de crecimiento anual en torno al 3 por ciento, y hemos fijado esa tasa en el
2,9, de acuerdo con los supuestos de la Comisión Europea. En definitiva, si nuestra situación actual es favorable, las perspectivas para el año que viene son aún mejores. En cuanto a los ingresos, como he señalado, el crecimiento previsto para el
próximo año es inferior al que se está produciendo este año, por lo que seguimos pensando que nuestro planteamiento es conservador. En cuanto al déficit, este año será mejor que el inicialmente previsto y creemos que se cumplirá con cierta holgura
el superávit que está calculado para el próximo año. El proyecto de Presupuestos Generales del Estado, por tanto, señorías, aprobado en el Congreso en la sesión plenaria del 27 de octubre y presentado al Pleno del Senado vuelve a esta Cámara y a
ustedes les corresponde la votación. En el Gobierno creemos que el presupuesto es el correcto para la situación actual y seguiremos trabajando para conseguir los resultados que nos permitan avanzar en la buena dirección de un crecimiento económico
que sea estable y conseguir los mejores resultados posibles para nuestro país.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor vicepresidente.
Señorías, como saben, en el procedimiento que fijamos en la Junta de Portavoces del día 21 este es el momento de fijar posiciones. Lo haremos por un tiempo de 15 minutos, comenzando con los grupos parlamentarios de menor a mayor.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Barkos.
La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, señora presidenta.
Intervendré muy brevemente. Señorías, señor vicepresidente, asistimos hoy a un debate que se produce en los mismos términos que el que desarrollábamos en esta misma Cámara hace poco más de un mes -creo recordar- y, por tanto, asistimos a
este debate con los mismos posicionamientos que ya tuvimos ocasión de desarrollar aquel día. Nada ha cambiado en esta ocasión formalmente excepcional, no tan excepcional en lo que a contenidos respecta, y por tanto empiezo por anunciar el no de
Nafarroa Bai a estas cuentas que vuelve a producirse -lo resumiré brevemente- en aquellos términos: No a unos presupuestos que siguen penalizando a una comunidad cuyo desarrollo a futuro depende en estos momentos de manera fundamental
del compromiso en cifras en lo referido a la comunicación con el exterior de esta comunidad, de la Comunidad Foral de Navarra; no a unas cuentas que obvian necesidades culturales de urgencia con respecto a la otra lengua oficial que sí lo
es de los ciudadanos de Navarra, el euskera; finalmente, no a unas cuentas que si en lo social contienen un esfuerzo importante -tampoco el listón en ese sentido estaba tan alto- no tienen la virtud de acometer esta tarea con el reconocimiento
necesario de otras posiciones también en la izquierda en esta Cámara. Más todavía -y debo finalizar con esto-, no a unos presupuestos que en lo que respecta a la Comunidad Foral de Navarra siguen utilizando ese lastre del PIB capitativo, ya
denunciado en otras ocasiones por esta diputada, para castigar a un conjunto de ciudadanos por mor de las estadísticas. Esos no son posicionamientos desde la izquierda.
Es cierto que esta mañana la Cámara va a dar el sí necesario en este trámite excepcional a las cuentas para el próximo año, para 2005, pero lo va a hacer por la mínima. Estos presupuestos eran la ocasión más propicia para dotar de contenido
al tan reivindicado talante por parte del grupo parlamentario del Gobierno, pero no ha sido así. Su paso por el Senado es ejemplo claro de ello y también lo va a ser la votación de hoy, en la que Nafarroa Bai va a decir no a este proyecto de
presupuestos.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora Barkos.
Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Señor vicepresidente del Gobierno, señorías, Eusko Alkartasuna también va a votar no a estos presupuestos en este trámite excepcional de debate del veto del Senado, cosa que nunca había sucedido en estas Cámaras. ¿Por qué? Ya explicamos
cuáles eran las razones para no apoyar estos Presupuestos Generales del Estado. En el trámite en el Congreso de los Diputados presentamos más de 80 enmiendas a diversos conceptos que no fueron aceptadas, negociadas ni atendidas. Por tanto,
difícilmente podemos solventar un cambio de posición cuando no ha habido ningún cambio en las justificaciones que hacíamos y el grueso de nuestra posición se mantiene.
¿Cuáles son las razones por las que no podemos apoyar estos Presupuestos Generales del Estado? No entraremos en el cuadro macroeconómico, pues ya quedaron solventadas las dudas sobre cómo podía afectar, pero sí en tres elementos claves,
desde el punto de vista general y desde el punto de vista particular, para la representación que esta diputada tiene de Euskadi. En primer lugar, desde el punto de vista general, aunque haya habido un aumento en el gasto social, no es suficiente
como para poder contrarrestar ese gap, esa distancia que hay en relación con la inversión media a nivel europeo, y sorprendía -no lo volveré a citar- que determinados ministerios que no afectaban al gasto social, como el Ministerio de Defensa,
tuvieran unos aumentos muy superiores a otros ministerios que sí afectaban directa y claramente a esa inversión en gasto social, en educación o en otra serie de cuestiones. Desde el punto de vista de la competitividad a medio o largo plazo, la
investigación científica y desarrollo tecnológico es un elemento clave. Sin embargo, por muchas dudas que hubiere o por muchas justificaciones que haya habido, no ha existido un compromiso -al menos no el compromiso que había adquirido el Gobierno
anteriormente- en relación con ese aumento clave en I+D+I que se venía pidiendo. Además, no acabamos de entender ese destino a la inversión militar en relación con otros países de la Unión Europea. Pero quizás nuestros argumentos más claros y
contundentes se refieren a la Comunidad Autónoma del País Vasco en relación con tres cuestiones. La primera es el problema del cupo, el problema del acuerdo que no se ha cumplido. Se podrán tener dudas, se podrán hacer matices, pero parece claro
que todavía no se ha cumplido ese acuerdo en la liquidación del cupo en distintos conceptos. El segundo tema, importantísimo, son las inversiones en infraestructuras. La Y vasca no ha visto reflejada la suficiente entidad y la necesidad de
inversión en este gran proyecto de red transeuropea, con el correspondiente corredor navarro, que entendemos no ha sido suficientemente reconocido en su necesidad. Y cuando hablamos de necesidad hablamos de inversión, hablamos de números y
hablamos, en definitiva, de la correcta inversión que requiere cada presupuesto, que no ha sido atendido y creemos que es un error. Alguno puede decir que ciertamente no es el momento. El momento no lo será para hacer una transferencia de
competencia, pero es el momento que afecta a unas inversiones claras en lo que se refiere a las competencias que por ley nos corresponden y que en la práctica no tenemos. Hablar de cómo están los centros penitenciarios es hablar de presupuestos;
hablar de cómo está la formación continúa en relación con la competencia que tenemos pero que no se ve reflejado en los Presupuestos Generales del Estado, hablar de gestión del empleo, hablar de la Inspección de Trabajo y hablar de la Seguridad
Social es hablar de competencias que deben ser transferidas pero que también tiene su reflejo presupuestario, en la medida en que si no se recogen de esta forma esas transferencias de competencias y los correspondientes envíos a través del cupo
ciertamente tenemos un problema grave en relación con estos temas que afectan a la ciudadanía vasca en concreto.
Estas son las razones, de manera muy sucinta, que nos impiden apoyar estos Presupuestos Generales del Estado y que entendemos deben hacer reflexionar para que en posteriores ejercicios podamos llegar a una
entente en lo que se refiere a cumplimiento de la ley, cumplimiento de las necesidades y, en definitiva, a un equilibrio de lo que deben ser unos presupuestos generales de atención a la ciudadanía y también a la ciudadanía vasca.
Muchas gracias, señora presidenta, señorías.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Señor Labordeta, su turno.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, señorías, nuestra intervención es para mostrar el apoyo de Chunta Aragonesista para levantar el veto del Senado a los Presupuestos Generales del Estado del 2005 y dar vía libre a su aprobación. Creemos que ahora es tiempo de
actuaciones y de inversiones -no de bloqueos- necesarias y beneficiosas para todos pero especialmente -permítanme que pueda congratularme y congratularnos de ello- para un territorio como el aragonés que necesitaba unos presupuestos para dar los
primeros pasos hacia la Expo 2008 de Zaragoza. Quiero recordar que la presentación del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado del 2005 supuso un profundo recorte a la inversión en Aragón. Los datos objetivos eran elocuentes, un 25
por ciento menos de inversión, siendo la primera comunidad no uniprovincial que más caía respecto a 2004. Hecho más contradictorio precisamente en unos presupuestos que crecían, que tenían un marcado carácter social: subida de pensiones, más becas
para estudiantes, etcétera. Se eliminaba la gatera para todo en la que se había convertido la ley de acompañamiento y se iniciaban los pasos para eliminar el rígido corsé de la estabilidad presupuestaria. El giro a la izquierda comparado con lo
que había tampoco era muy difícil, estaba en marcha, pero el análisis territorial no resistía la comparación. Con este paso cambiado se decidió negociar y uno, que ya lleva una legislatura completa -créanme lo que les digo-, se sintió diputado por
primera vez.
En cuatro años, el que les habla pudo debatir, negociar y finalmente acordar un documento mediante la introducción de determinadas enmiendas parciales y Chunta Aragonesista se comprometió a apoyar los Presupuestos Generales del Estado.
Se trataba de ser coherente con nuestro programa y de recordar al Gobierno las promesas que realizó su partido cuando estaba en la oposición, las demandas que ha realizado en las instituciones aragonesas en las que gobierna, compromisos para la
Expo, para el ferrocarril de cercanías de Zaragoza, para infraestructuras, carreteras y para la recuperación de nuestro patrimonio pasaban a formar parte del documento presupuestario. El proceso había permitido, gracias entre otros a nuestra
modesta aportación, corregir el déficit inversor aragonés, más proyectos que cuando gobernaba el Partido Popular y puesta en marcha de reclamaciones endémicas en nuestro territorio, sin olvidar que además introducía más políticas de izquierda con
propuestas de otros partidos.
Tampoco quiero pasar por alto nuestra crítica que realizamos votando en contra de los criterios inversores del presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente sobre el recrecimiento del pantano de Yesa y del pantano de
Biscarrués. Alejado el fantasma del trasvase, y creo y deseo enterrado definitivamente, hay que apostar por la nueva cultura del agua y desterrar la política del pantano y tentetieso que tanto gustaba en tiempos pasados. Un deseo precisamente hoy
que los hechos al final confirman: la caduca política hidráulica ya no tiene acomodo en la casa de la izquierda. Confiemos en ello para poder dar el visto bueno en próximos ejercicios a todos los departamentos. Con estos antecedentes y en el
primer debate plenario, CHA se unió a los partidos nacionalistas de izquierda como Esquerra Republicana de Catalunya y a los ecologistas de Izquierda Verde-Izquierda Unida para dar el primer visto bueno a la tramitación de estos presupuestos. Por
primera vez en cuatro años, se había sido capaz de influir directamente en los Presupuestos Generales del Estado para 2005, se había cumplido una promesa electoral y un compromiso con la ciudadanía: contribuir a conseguir unos presupuestos más
dignos para nuestro territorio.
Aportamos nuestro voto para que estos presupuestos, especialmente necesarios en estos momentos, salgan adelante y que el diálogo sirva para cumplir compromisos como los adquiridos aquí con el vicepresidente segundo del Gobierno respecto a
Zaragoza, antes de ser elegida sede de la futura Exposición de 2008. Ya que está elegida. Pensamos que en estos momentos están ustedes cumpliendo y, por lo tanto, nuestro voto será afirmativo para levantar el veto.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Labordeta.
Finalmente, para acabar con el turno del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez Sánchez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Señor vicepresidente, quiero decirle con claridad que estamos ante un problema político, que es la tendencia estructural ya de los gobiernos de España a considerar que Galicia es periferia política, sin perfil propio, sin instituciones ni
vertebración social que merezcan tenerse presentes y que, por lo tanto, puede ser confundida con dosis de propaganda adecuada pero sin consecuencias para el Gobierno. Aquí, señor vicepresidente, existe continuismo en este aspecto entre la política
del Partido Popular y la del Partido Socialista Obrero Español. Ustedes consideraron que con un ligero maquillaje respecto al año 2004 sería suficiente para
la sociedad gallega, en concreto 1.258 millones de euros, frente a 1.092 millones de euros, con zona franca de Vigo incluida, igual que hacen ustedes. Por lo tanto, la diferencia serían 166 millones de euros en relación con el año 2004, y
si le aplicamos el coeficiente del 3 por ciento, quedaría en un 11 por ciento de subida. Esto fue suficiente para que ustedes consideraran que se trataba de unos presupuestos históricos en un momento de ciclo electoral; sin embargo, los
presupuestos no coinciden ni con el criterio de participación de la población de Galicia, que serían 1.500 millones de euros; tampoco, mucho menos, con sus necesidades; mucho menos con el nivel de renta relativa, puesto que en una relación
inversamente proporcional nos corresponderían 1.900 millones de euros; tampoco con las reivindicaciones del Parlamento de Galicia ni con los presupuestos tal como los consideraba el Partido Socialista Obrero Español cuando, desde la oposición en el
Parlamento gallego, en el año 2004, pedía al Partido Popular 2.700 millones de euros.
Estamos en una situación sin cambio cualitativo alguno y eso provoca que Galicia siga siendo la sexta comunidad autónoma en cifras absolutas en los presupuestos y la octava en inversiones por habitante, precisamente por detrás de Castilla y
León, de Asturias, de Extremadura y de todo lo que ustedes consideran el noroeste, en definitiva, señor vicepresidente, por debajo de la media estatal en términos per cápita. Por lo tanto, no ha habido un cambio de tendencia ni de consideración
política práctica.
Sería absurdo e incoherente que el Bloque Nacionalista Galego, después de ocho años de oponernos a la política del Partido Popular, pudiese decir ahora que sí a estas cuentas del Estado para Galicia.
Seguimos con los siguientes problemas e interrogantes. Hay una total lentitud en la ejecución de las obras, que no acabarán en los horizontes previstos, incluso aquellas que se están ejecutando, por ejemplo, el eje Atlántico, en una zona de
gran relieve demográfico y de gran relieve socioeconómico; a las estaciones depuradoras de aguas residuales les pasa exactamente igual; seguirán retrasando en el tiempo las obras necesarias que tenían calendarios previstos, por ejemplo, la
conexión con la meseta, la conexión con Portugal o completar el eje atlántico entre Ferrol-Coruña; otras obras seguirán siendo virtuales, con total falta de realismo y cumpliendo por lo tanto el axioma de la propaganda; no le voy a hablar de los
AVE que se dejan para a partir del año 2010. Por otra parte, sufrimos la falta de planificación, que puede conllevar despilfarros, siempre con la indiferencia del Gobierno y no a su costa -podríamos hablar del problema de los puertos exteriores-, y
no corrigen el fraude de considerar que las inversiones correspondientes al ámbito militar se imputen a nuestro país -es disparatado- y, sin embargo, un quinto de lo que corresponde a Galicia es inversión de carácter militar.
Si bien todo esto,
señor vicepresidente, coincide con el reconocimiento de un cambio de talante del Gobierno, un cambio parlamentario, un cambio en muchos aspectos -esto hay que reconocerlo-, sin embargo, con Galicia siguen cometiendo auténticas atrocidades; por
ejemplo, avalan desde el Gobierno la violación contra la pequeña legalidad lingüística que tenemos en Galicia, desde sus propias filas, desde sus alcaldías. Incentivan el localismo sin ningún coste para el Estado, pero con muchos costes para
nuestro país. Ustedes consolidan incluso la exclusión de Izar Fene de la construcción naval evaporizando prácticamente este astillero. Ustedes siguen la misma tendencia del Partido Popular con esta emigración utilizándola como carne de carácter
electoral, pero sin cambiar las reglas de juego para que su participación se haga con pureza democrática.
Son demasiadas cosas como para que nosotros, con el continuismo presupuestario y en un contexto político específico en relación con Galicia
-no me refiero a otras mecánicas parlamentarias o a otras políticas que nosotros no solamente aceptamos sino que en cierta manera aplaudimos-, no podamos sino avalar el veto del Senado. En ese sentido, quiero decirles, ya acabo señora presidenta,
que cada uno mantuvo el veto por sus intereses. Es una confluencia desde ópticas y desde distintos objetivos, pero queremos que el Gobierno comprenda que existe una realidad específica, que existe una sociedad y una opinión pública gallega y que a
veces no es fácil confundirla. No se equivoquen, por favor. A veces no es fácil confundirla a pesar de todas sus deficiencias.
Por tanto, cualquier alternativa para nuestro país pasa por un futuro diferente, no por tenernos simpatía paternalista,
sino por considerar que somos una realidad específica con problemas específicos. Este es el motivo fundamental por el que nosotros mantenemos nuestro veto.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor vicepresidente, señoras y señores diputados, Coalición Canaria en su momento apoyó el proyecto de presupuestos presentado por el Gobierno y hoy va a apoyar el levantamiento del veto que ha interpuesto el Senado.
Va a apoyar el
levantamiento de este veto a pesar de que aún no se han cumplido todos los acuerdos a los que el Gobierno, el Grupo Parlamentario Socialista se comprometió con Coalición Canaria. Vamos a apoyar el levantamiento de ese veto por coherencia y por
responsabilidad. Por coherencia, porque siempre hemos tenido la disposición de apoyar los Presupuestos Generales del Estado. Esa ha sido nuestra tónica a lo largo de las dos últimas legislaturas y va a ser la de hoy también. Por responsabilidad,
porque nos
parece que las cuentas públicas, cuando están en un margen razonable, con un mayor apoyo parlamentario serán mucho más viables y podrán afrontarse de forma efectiva a lo largo de este próximo año.
Se nos hace muy difícil no apoyar unos presupuestos que parten de cuatro grandes objetivos que compartimos. El objetivo de la estabilidad presupuestaria, la transparencia, lograr una sociedad más productiva y un compromiso de mayor gasto
social. Nos es muy difícil no apoyar un presupuesto que apuesta por el incremento de la inversión en el sistema sanitario, que apuesta por la educación, que apuesta por la investigación y el desarrollo, que apuesta por llevar a cabo políticas
relacionadas con toda la problemática de la inmigración, que apuesta por la seguridad, que apuesta por mantener unas inversiones que dinamicen el empleo y que generen una mejora de las infraestructuras y de los equipamientos en el ámbito del Estado.
Por tanto, compartimos los criterios generales de un presupuesto, que no es el definitivo, es decir, se trata de los objetivos políticos que se fijan en un presupuesto. Lo que sí vamos a hacer es un seguimiento permanente para que eso quede
plasmado en la acción de cada una de las áreas del Ejecutivo. Además, se han tenido en cuenta nuestros planteamientos con carácter general, aunque queden algunas cuestiones pendientes, insisto, y en ese sentido nos merece toda la confianza el
vicepresidente el Gobierno y el Gobierno, desde el punto de vista de que se cumplirán los acuerdos que se han adquirido con mi grupo parlamentario. Vamos a dar ese margen de confianza porque los planteamientos que ha hecho mi grupo parlamentario
son sensatos, razonables y no parten de ninguna posición de ventaja política. Tienen que ver con la problemática que tiene Canarias, que fundamentalmente tiene dos vertientes: una, relacionada con su situación de lejanía, de insularidad, de
fragmentación y consiguiente dificultad por ser el territorio más alejado de Europa. Las otras cuestiones a las que se ha comprometido el Gobierno con Canarias tienen que ver con el espectacular incremento de la población que ha tenido lugar
durante los últimos años y que ha producido un desequilibrio notable en el mantenimiento de los servicios esenciales de la Comunidad Autónoma de Canarias.
El primer acuerdo al que llegamos se ha desarrollado adecuadamente, y nos congratulamos por ello. Tiene que ver con el traspaso de recursos económicos derivados del antiguo ITE, para compensar la desviación que se estaba produciendo en el
mantenimiento de los servicios públicos canarios. El acuerdo se ha plasmado adecuadamente por medio de la comisión mixta Canarias-Estado. También se ha plasmado el acuerdo que tiene que ver con el incremento de la subvención al transporte, tanto
para Canarias como para Baleares, Ceuta y Melilla, para los pasajeros que se mueven entre las islas y entre estas y la Península, así como para el tráfico de mercancías. Hemos fijado, y se incluye en los presupuestos del próximo año, las cantidades
adecuadas para atender ese incremento pasando del 33 al 38 por ciento. Además, nuestro acuerdo alcanza el medio plazo, porque pretende cumplir también el objetivo de que en 2007 alcance el 50 por ciento, para lo cual tenemos pautado que en 2006 se
alcance el 45 por ciento y en 2007 el 50 por ciento. Este acuerdo ha sido bendecido en sede parlamentaria con el apoyo unánime de todos los grupos parlamentarios, apoyo que queremos agradecer por su sensibilidad para entender la necesidad de
compensar a estos territorios alejados y de garantizar a sus ciudadanos las mismas condiciones que los que viven en territorio continental. Falta un solo acto administrativo para que el acuerdo entre en vigor el 1.º de enero, tal y como figura en
el compromiso que adquirimos. A partir de ahí, vendrá la promulgación del instrumento jurídico adecuado -un decreto del Gobierno- para autorizar el incremento del 33 al 38 por ciento. Confiamos, tal como señalaba la ministra de Fomento en la
sesión de control de la semana pasada, que una vez aprobados los presupuestos se dictará inmediatamente el instrumento jurídico. La fórmula más adecuada es el decreto.
El tercer bloque tiene que ver también con una cuestión razonable, que no produce encontronazo alguno con ningún otro territorio del Estado, porque el objetivo de Canarias es que allí se invierta lo mismo por habitante que la media de lo que
se invierte en la Península. Dado que el salto es espectacular, porque el déficit presupuestario que se ha producido en Canarias por habitante es muy elevado, debido fundamentalmente al incremento de la población y también porque, durante los ocho
últimos años, ha habido un incremento notable de la inversión en territorio peninsular, hemos acordado alcanzar en Canarias la media peninsular de inversión por habitante durante esta legislatura y que eso tendría reflejo en distintos convenios:
convenio de carreteras, convenio de infraestructuras hidráulicas y convenio de costas. Hay algunos problemas, pero confiamos en que podrán solventarse en las reuniones que ya tenemos concertadas.
Insisto en que los presupuestos nos inspiran confianza por los cuatros grandes objetivos que compartimos: la transparencia, la estabilidad presupuestaria, lograr una sociedad productiva y un incremento notable del gasto social. Desde el
punto de vista político, existe el compromiso de atender las necesidades de Canarias y tenemos un Gobierno que, mientras no se demuestre lo contrario, a nosotros nos genera confianza.
Muchas gracias, señores diputados, muchas gracias, señor Solbes, muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Rivero.
Turno de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Tiene la palabra el señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señora presidenta.
Señor vicepresidente, señoras y señores diputados, en nuestra intervención en el debate de presupuestos en Pleno decíamos que estos presupuestos constataban algo que temíamos, que hubo un discurso de investidura muy valiente y que nos
encontrábamos con unos presupuestos de transición.
Decíamos en su día que teníamos un Gobierno a dos velocidades y nuestro grupo planteaba lo que pretendía en la negociación, que era adelantar cambios con un compromiso de agenda social y ambiental,
acentuar giros -los que se recogían en el presupuesto-, corregir errores y hacer que estos fuesen los últimos presupuestos de transición.
Nuestro grupo parlamentario está satisfecho de la negociación porque sabiendo que estos eran presupuestos de transición, coincidiendo por tanto en el diagnóstico que hacían en este caso los sindicatos, hemos garantizado lo que pretendíamos
en los mismos. Y hoy ¿ante qué nos encontramos? Ante la votación que debemos realizar en torno al veto, en la que nuestro grupo va a votar en sentido contrario al mismo, porque el hecho de devolver estos presupuestos y prorrogar los anteriores
entendemos que sería una situación claramente negativa.
El primer interrogante que queremos hacernos es en torno al sentido del veto. En este veto estamos discutiendo algo sin precedentes, un veto en el Senado a los presupuestos que han salido del Congreso de los Diputados. Aquí hay que
preguntarse algo muy básico. Parte de la Cámara se puede quedar en la autocomplacencia de la situación, pero hoy habría que interrogarse si este veto deslegitima los presupuestos. Deberíamos preguntarnos sobre ello porque hoy este veto, en vez de
bloquear los presupuestos o de ralentizar su tramitación, lo que hace precisamente es acelerar la misma. Alguien debería preguntarse e interrogarse ante esta constatación sobre su estrategia, porque hoy el veto, lejos de desestabilizar la mayoría,
lo que ha hecho precisamente es estabilizarla, reforzarla. ¿Y saben por qué? Porque una vez constatada la mayoría parlamentaria que existe en este Congreso de los Diputados, esta mayoría lo que hace es consolidar las mejoras que introdujo en la
tramitación en el Congreso. Por tanto, la primera constatación que deberíamos hacer es que hoy existe una renuncia expresa en el Senado a mejorar los presupuestos, que el veto no los pone en crisis, sino que lo que hace es cuestionar el
funcionamiento de una institución, en este caso la Cámara Alta. Y es que en la anterior legislatura la Cámara Alta acabó siendo aquello de la Cámara trampa: eran capaces, en la Ley de acompañamiento, de modificar el Código Penal, y hoy han
intentado hacer de la Cámara Alta no ya la Cámara trampa -no tienen la mayoría absolutísima que tenían anteriormente-, sino la Cámara de bloqueo, de deslegitimación, de ralentización, pero es que tampoco les ha salido bien. Nuestro grupo entiende
que hoy lo que se pone de manifiesto con el veto no es la devolución de los presupuestos, sino que, precisamente, lo que hay que cambiar es el sentido, el funcionamiento, qué hace y qué decide la Cámara Alta, para que realmente sea una Cámara de
representación territorial que no acabe siendo Cámara trampa o Cámara de bloqueo, sino que lo que haga es expresar ese sentido de representación territorial. Hoy lo urgente, por tanto, no es devolver los presupuestos; lo urgente es cambiar el
sentido del Senado, conseguir que lo que se haga en el Senado sea discutir de un modelo territorial determinado, de determinadas competencias y, en definitiva, darle un sentido distinto al que hoy se demuestra que no tiene, a nuestro pesar.
Segundo interrogante, ¿a quién interesa el veto? Nuestro grupo entiende el sentido de algunos vetos. En un momento de confrontación política con el Gobierno, nuestro grupo entiende el veto del Partido Nacionalista Vasco o el veto del BNG;
en este caso es un veto con sentido, dadas precisamente las posturas divergentes en este caso con el Gobierno, y así interpretamos por tanto el veto que presentan. Pero el veto del Partido Popular hoy se ubica en la lógica de la desestabilización.
Puede llegar a entenderse, pero lo cierto es que hoy resulta que el tiro les ha salido por la culata porque se ha acelerado el trámite precisamente. Hoy existe esta mayoría, que ustedes intentan camuflar con este veto en el Senado, pero que se va a
dar sin duda alguna en la votación.
A nuestro grupo parlamentario le llama la atención especialmente el cuarto de los vetos, el veto de Convergència i Unió. De hecho, Convergència i Unió nos tildaba a nosotros de radicales y ellos eran el partido de Estado. Pues bien, los
radicales, aquellos que no teníamos sentido de Estado, resulta que estamos apoyando los presupuestos y condicionando los mismos, y aquellos que tenían sentido de Estado lo que hacen precisamente es romper con una tradición de décadas, la tradición
de votar siempre el primer presupuesto del Gobierno que entra. Era para algunos una buena tradición, pero lo cierto es que con este veto lo que hacen precisamente es romper con esta tradición de décadas, y a nosotros nos sorprende, porque lo cierto
es que hoy Convergència i Unió ha renunciado en este caso, en el trámite del Senado, a defender aquello que decían que defendían -nuestro grupo parlamentario lo puso en duda de forma frecuente-, los intereses de Cataluña. Hoy se pone de manifiesto
otro factor y es que el monopolio de la defensa de los intereses de Cataluña no lo tiene un grupo parlamentario, lo tenemos todos. Este veto compartido en este caso y alimentado y alentado también por Convergència i Unió ha puesto de manifiesto
precisamente sus carencias, y la carencia principal es que hoy -y los señores de Convergència i Unió creo que empiezan a saberlo- los intereses de Cataluña los defiende nuestro grupo parlamentario, los defiende Esquerra Republicana, los defiende
también
Convergència i Unió, los defiende el Partido Socialista, pero no son monopolio de nadie. Eso es algo que creo que es fantástico, fundamental, que ayuda a la salud democrática de nuestro país, de Cataluña, del conjunto del Estado y que, por
supuesto, pone de manifiesto que aquellos que decían defender los intereses de Cataluña no lo hacían tan bien.
¿Por qué vamos a votar en sentido contrario a este veto? Porque para nosotros prorrogar los presupuestos del año pasado significaría que no se implementasen medidas que van a ser trascendentales para la vida de la gente: las medidas de
lucha contra la siniestralidad, las medidas en materia de integración para la inmigración, el incremento de la Ayuda Oficial al Desarrollo, las nuevas líneas de impulso del ferrocarril -que son aún claramente insuficientes pero que marcan una
tendencia-, más recursos para las energías renovables, una estrategia de ahorro energético que realmente sea eficaz, la integración para la inmigración...Para nosotros estos elementos son punta de lanza; sin duda no son elementos definitivos, no
hacen frente al déficit social estructural que existe en nuestro país, pero lo cierto es que significan una punta de lanza, una avanzadilla a aquello que tienen que ser unos presupuestos realmente de cambio en el próximo año.
No es que todo haya ido bien. Nuestro grupo parlamentario se abstuvo en la sección de Defensa, porque, entendiendo que había habido elementos positivos -se habían rebajado 80 millones de euros en dicha sección para pasarlos precisamente a
Ayuda Oficial al Desarrollo-, también continuábamos con una lógica excesivamente ofensiva, un gasto militar excesivo. Por ejemplo, en materia de vivienda, se puso de manifiesto que tiene que haber otra orientación de dicha política -ya no los
recursos, que también, con muchos más recursos-, con políticas activas y con menos desgravación fiscal, pero sobre todo liderando dicha política las comunidades autónomas. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Las mejoras que hemos introducido son importantes, pero para nuestro grupo parlamentario lo realmente trascendente y lo determinante son precisamente los compromisos de futuro. Estos son los elementos determinantes, porque han supuesto, por
ejemplo, acordar, en este caso con el Grupo Socialista, una agenda social que se desarrolle y que acompañe a estos presupuestos y que determine los presupuestos de 2006, con el Libro Blanco de dependencias, con una reforma de la Ley de calidad que
avance en la laicidad y en la gratuidad de la educación, con la ley de igualdad de género en materia laboral, con la elaboración de ese plan de uso racional del medicamento, con la reforma del sistema de financiación de la sanidad, con la regulación
y desarrollo del estatuto del cooperante, con el incremento de la suficiencia municipal, con la ley del suelo, que es urgente que abordemos el Grupo Socialista y aquellos grupos que hemos dado apoyo y, si puede ser, el conjunto de la Cámara. Lo que
es realmente determinante para nuestro grupo parlamentario es que en la negociación presupuestaria hemos estado discutiendo no solo sobre los gastos sino también sobre los ingresos. Difícil sería hacer unos presupuestos rigurosos y decir que se
tiene que hacer frente, precisamente, a los déficits sociales que existen en el país sin hacer una discusión, que se ha anunciado y sobre la que tenemos que entrar en materia, sobre cuál es la política de ingresos; una política de ingresos que
supondrá, sin duda alguna, una reforma fiscal profunda, reduciendo algunos beneficios fiscales, incrementando la progresividad fiscal, incrementado la equidad y, sobre todo, la suficiencia del gasto.
El segundo compromiso que debemos presentar ya es la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Nuestro grupo parlamentario comparte la necesidad de la estabilidad en el ciclo. No nos vamos a tirar a la montaña diciendo,
precisamente, que no debe haber estabilidad en el ciclo, pero nuestro grupo parlamentario -y así lo acordó en este caso con el Grupo Socialista- dice que una cosa es la estabilidad en el ciclo y otra es continuar con el dogma del déficit cero.
Creemos que con la situación de déficit social y ambiental estructural que hay en nuestro país es fundamental tener los márgenes que existen en otros países de la Unión Europea. Por tanto, entendemos que esta reforma debe garantizar precisamente
una política de comunidades autónomas, de la Administración Central del Estado y de ayuntamientos para que tengan margen para desarrollar estas políticas activas.
El cuarto elemento es que este veto supone algún aviso, porque va a haber mejoras técnicas que, sin duda, se van a poder realizar; en este caso no hay problema con el veto del Senado, pero también les tengo que decir a los amigos
socialistas que, con el automatismo del no, algunas enmiendas que nosotros presentamos finalmente no se pudieron aprobar. Les voy a poner como muestra un botón. Nuestro grupo parlamentario presentó una enmienda sobre el Iprem, en la que decíamos
que la valoración no fuese anual sino mensual. Pues bien, este es uno de los errores que no se han podido corregir en el trámite del Senado. Con el automatismo del no a algunas de nuestras enmiendas, esas enmiendas de corrección técnica finalmente
no fueron aprobadas. Pues bien, quizá nos tengamos que acostumbrar para años posteriores a que el automatismo del no no funcione tanto y que algunas enmiendas -en este caso, de corrección técnica y también de actualización de determinadas
pensiones- sean aprobadas.
Por último, y para ceñirme al tiempo, este país -y creo que también ustedes- necesitan de una mayoría parlamentaria sólida y esta mayoría sólida tan solo se tendrá si se garantiza lo comprometido. Estos son para nuestro grupo parlamentario
los primeros y últimos presupuestos de transición. Queremos que también lo
sean para el Gobierno y para el Grupo Socialista. En este Parlamento se han abierto ventanas a los presupuestos, pero lo que precisamente quiere nuestro grupo parlamentario es que estas pequeñas ventanas acaben siendo cristaleras que
iluminen la casa de todos los presupuestos, que los giros sociales y ambientales y los anuncios de reforma de la política fiscal, introduciendo elementos de progresividad y de equidad, sean hechos en este año 2005. Significa también empezar a
trabajar en los próximos meses. En el mes de mayo -el ministro lo sabe mejor que yo- los departamentos ministeriales empiezan a trasladar las prioridades presupuestarias de cara al año 2006 y mi grupo parlamentario quiere compartir esas
prioridades. Hoy podemos decir que son los primeros presupuestos de una mayoría diferente, pero mi grupo entiende que esta mayoría diferente necesita estabilidad y, para que exista estabilidad, lo que hace falta es cumplir con los compromisos. Hoy
vamos a cerrar unos presupuestos históricos. Los presupuestos en esta Cámara se habían aprobado o bien con mayorías absolutas o bien acompañados en este caso de grupos conservadores; nacionalistas, pero conservadores. Estos son los primeros
presupuestos que no se agotan con mayorías absolutas o acompañados de grupos conservadores, aunque algunos de sus miembros parezcan progresistas y lo sean. Ante esta constatación, lo que tenemos que hacer precisamente es consolidar esta realidad,
conseguir que las líneas económicas, los presupuestos, se pongan al servicio de la gente, de las clases populares, de las necesidades ambientales; conseguir que los tímidos giros sociales y ambientales sean giros profundamente ambientales y
profundamente sociales. Esto no es flor de un día, sino, como mínimo, de una legislatura. Las pautas, los raíles por los que se han movido los presupuestos anteriores han cambiado y ahora lo que vamos a hacer es apostar por un modelo
presupuestario, por un modelo de mayoría de Gobierno, de izquierdas, ecologista, federal, que apueste por otro modelo de crecimiento más sostenible social y ambientalmente.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Herrera.
Continuamos con el turno de fijación de posiciones. En nombre del Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señoras diputadas, señores diputados, señor ministro, como saben SS.SS., hoy celebramos en esta Cámara un debate absolutamente inédito, un debate y una posterior votación para levantar el veto
presentado y aprobado por la mayoría del Senado a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005. Este hecho no es políticamente baladí y me van a permitir una breve reflexión al respecto.
A pesar de que el impacto mediático del veto aprobado en el Senado fue bastante pequeño debido a que los titulares de los medios de comunicación fueron acaparados por la comparecencia del presidente del Gobierno ante la Comisión del 11-M
-curiosa coincidencia-, esta nueva situación supone a nuestro juicio un castigo político, un varapalo político que el Gobierno debería tener muy en cuenta. La devolución del proyecto de presupuestos en este caso al Congreso es siempre muy
significativa desde el punto de vista político y refleja la debilidad del Gobierno. Señor ministro, ustedes se encuentran hoy en esta situación por la absoluta falta de cintura y voluntad política que han demostrado a la hora de abordar el proceso
de negociación presupuestaria. Me estoy refiriendo, como es lógico, a la actitud que han mantenido a lo largo de estos meses en relación con el Grupo Parlamentario Vasco. Como usted bien sabe, mi grupo parlamentario ha mostrado abiertamente su
predisposición a negociar y a llegar a acuerdos. En el debate de totalidad, le decía entre otras cosas que teníamos la esperanza de poder abrir un período de colaboración que, huyendo de posiciones ideológicas, nos acercara a la resolución de los
problemas prácticos. Ese era y ese es nuestro ánimo, pero, evidentemente, no es esa su predisposición y actitud. He de recordarle que esa voluntad de acuerdo y acercamiento, esas ganas de mi grupo parlamentario de dar un margen de confianza a su
Gobierno se reflejó claramente cuando pactamos y decidimos apoyar el acuerdo de estabilidad, el límite del gasto y el déficit no financiero para el año 2005. Sabíamos que rechazar el acuerdo de estabilidad, tal y como lo establecen las leyes de
estabilidad, suponía imposibilitar al Gobierno la aprobación de unos presupuestos. Sabíamos que para su Gobierno ello significaba un problema político de la mayor envergadura y motivo de inestabilidad institucional. Y por eso quisimos pactar y
evitarle al Gobierno un mal trago. Llegamos finalmente a un acuerdo o al menos a lo que nosotros creíamos que era un acuerdo. ¿Si se le hubiera presentado en Euskadi al Partido Socialista de Euskadi una oportunidad como esta para poner en una
situación límite al lehendakari y a su Gobierno qué habría pasado? Yo tengo pocas dudas al respecto. Nuestro grupo apoyó la estabilidad institucional de su Gobierno. Nos abstuvimos en el Congreso y votamos favorablemente en el Senado al acuerdo
de estabilidad, a pesar de que, como saben SS.SS., nuestro grupo fue a lo largo de la pasada legislatura un firme opositor a estas leyes de estabilidad, junto con otros grupos, como el socialista, que ahora parece olvidar de alguna manera sus
posiciones.
Los acuerdos eran cuatro, señor ministro. Tres de ellos de Perogrullo, que parece casi irrisorio que formaran parte de una negociación, pues habrían de resolverse en todo caso en el sentido acordado. Me estoy refiriendo a la ampliación de
la Ertzaintza en 500 personas para poder desarrollar sus funciones, al pago de
los gastos en que incurrió el Gobierno vasco como consecuencia de la catástrofe del Prestige (56 millones de euros) y al establecimiento de un procedimiento ad hoc en la Comisión mixta del concierto para acordar conjuntamente la senda de
endeudamiento de la Administración pública vasca. Tan solo una, señor ministro, que también ha de resolverse más tarde o más temprano, cual es la liquidación del cupo del año 2002, podía ser objeto de mayor o menor controversia. Y su Gobierno
aceptó llegar a un acuerdo en los términos que le planteaba el Grupo Vasco. ¡Qué fácil y qué barato, políticamente hablando, fue aquel acuerdo, señor ministro! Sin embargo, incomprensiblemente, aún sigue sin cumplirse. Espero que se cierre ya este
capítulo sinceramente antes de que este episodio se convierta, si no lo es ya, en un auténtico culebrón político. Y de esta manera podremos avanzar.
Señor ministro, usted sabía que, resuelta la cuestión inicial, nuestro grupo parlamentario estaba dispuesto a discutir y a llegar acuerdos en materia presupuestaria, a pesar de que nuestras posiciones en relación con los Presupuestos
Generales del Estado estaban muy alejadas. Y lo estaban por motivos de fondo y de concepción política del presupuesto. En primer lugar, porque este presupuesto olvida a Euskadi en materia de inversiones. Y no es que exijamos para Euskadi
exposiciones universales o unos juegos olímpicos, lo único que reclamamos es un mínimo de atención desde la vertiente de la inversión pública que el Estado, en el ámbito de sus competencias, debería desarrollar en Euskadi. No es una cuestión menor,
desde un punto de vista político, para nuestro grupo parlamentario que el Estado y sus organismos autónomos prevean invertir en Euskadi la ridícula cifra de 43 millones de euros frente a los 82 millones del año anterior, un 0,38 de la inversión
total y un 0,8 de la regionalizada. Y ello es así año tras año, Partido Popular tras Partido Socialista y Partido Socialista tras Partido Popular. El PIB vasco, como usted bien sabe, representa más del 6 por ciento del PIB estatal, con lo cual la
diferencia entre ambos porcentajes pone en evidencia la enorme brecha que existe entre el peso de la comunidad vasca en el conjunto del Estado y el peso de las inversiones del Estado en Euskadi. No estamos hablando de décimas, sino de muchos puntos
porcentuales, y eso a la larga afecta negativamente al crecimiento económico. Ello responde a decisiones conscientes de los gobiernos como el actual, que sitúa las inversiones de Euskadi a la cola, después de Navarra, del conjunto de las
comunidades autónomas del Estado. Euskadi es la comunidad en que menos va a invertir el Estado, tanto en términos absolutos como relativos. Este argumento, en nuestra opinión, es más que suficiente para que nuestro grupo rechace estos
presupuestos. Pero, además, creemos que hay que llevar a cabo la reforma pendiente en materia de gasto público, situando las competencias y los recursos económicos allá donde deben estar, tanto porque lo señalan las leyes (Constitución y estatuto
de autonomía), como para la búsqueda de una mayor eficacia y eficiencia económicas. Tampoco en este sentido avanza este presupuesto en la dirección correcta. Un ejemplo, señor ministro, es suficientemente ilustrativo al respecto. En materia de
vivienda, en lugar de respetar el reparto competencial establecido, se crea un nuevo ministerio con el fin de implementar una política de vivienda solapada a la que llevan a cabo las comunidades autónomas y, por tanto, de más que dudosa eficacia y
eficiencia. Pretende de esta forma recentralizar una competencia autonómica, es decir, ir en dirección contraria a la que nosotros planteamos e incluso al sentido común.
Las 80 enmiendas que presentó nuestro grupo parlamentario trataban de subsanar en parte los dos grandes déficit que presenta este proyecto y que son la pendiente reforma del gasto público y el olvido de Euskadi en materia de inversiones
públicas. Estas enmiendas ofrecían un margen de maniobra para la negociación y el acuerdo presupuestario si su Gobierno o su ministerio, señor ministro, así lo hubieran deseado, pero ni su Gobierno ni el Grupo Parlamentario Socialista creyeron
oportuno buscar un mínimo acuerdo con el Grupo Vasco. Su Gobierno y su grupo parlamentario han hablado y llegado a acuerdos de distinta índole con todos los grupos de esta Cámara, a excepción del Partido Popular y del Partido Nacionalista Vasco.
Tras la reunión del mes de julio para negociar sobre el acuerdo de estabilidad presupuestaria no ha habido más encuentros. Es más, dos de las reuniones previstas, una con su grupo parlamentario y otra con usted mismo, fueron unilateralmente
suspendidas por su parte sin ninguna explicación. Esa ha sido su estrategia política, y yo la respeto, pero no se podrá decir que el Grupo Vasco se ha opuesto o ha dificultado el acuerdo; eso no lo podrán decir. Insisto, señor ministro, en que yo
respeto su estrategia política, aunque no la comparta en absoluto.
Ustedes no desean ofrecer ninguna muestra de acercamiento al Grupo Vasco o al Partido Nacionalista Vasco antes de que se celebren las elecciones al Parlamento vasco; nos dicen que el diálogo y el acuerdo serán más posibles una vez pasadas
dichas elecciones. Por si hay alguna duda, señor ministro, le quisiera recordar que nosotros somos los mismos hoy y dentro de unos meses. Queríamos sinceramente avanzar en acuerdos y no ha sido posible, ninguna de nuestras enmiendas, ni las de
carácter competencial ni las que contemplaban mayores inversiones para Euskadi, fueron tenidas en cuenta. La actitud pragmática mostrada por nuestro grupo parlamentario contrasta sobremanera con la que ustedes están manteniendo en el Parlamento
vasco, donde, so pretexto del nuevo estatuto político comúnmente conocido como el Plan Ibarretxe, o mejor dicho de una tergiversación del mismo, están hurtando el debate sobre el propio presupuesto. Detrás de esta maniobra se están ocultando
problemas reales, como la gestión de los fondos de la formación continua o la no
transferencia de competencias vitales para el futuro económico de Euskadi, como la I+D.
Nos gustaría que su Gobierno reconsiderase de cara al futuro el impulso de una inversión básica para Euskadi, cual es la instalación de una fuente de espalación de neutrones. Como sabe, nuestro grupo parlamentario presentó una enmienda con
tal fin que fue rechazada por el Grupo Socialista. Una inversión de estas características en el ámbito de la I+D en Euskadi hubiera sido al menos un gesto orientado a terminar con más de veinte años de incumplimiento estatutario y de olvido en
materia tecnológica. Por el contrario, señor ministro, llegaron a nuestros oídos afirmaciones tales como: si han estado diez años sin esa competencia, pueden estar otros diez, refiriéndose en este caso al traslado de la titularidad, que ya se
tenía que haber producido, de los inmuebles de la Seguridad Social correspondientes a los centros hospitalarios cuyas competencias fueron transferidas ya hace muchos años. Este no es el mejor camino para la colaboración. Incluso hemos llegado a
oír recientemente que con nuestro veto en el Senado hemos renunciado a gestionar en Euskadi fondos relativos a la formación continua. Esto ya nos parece realmente increíble, esto suena a una enmienda trampa. Como bien sabe -y, si no, lo puede
comprobar en los 'Diarios de Sesiones'-, nuestro grupo ha venido demandando, de manera incluso machacona diría yo, que los fondos de la formación continua sean gestionados por Hobetuz. Ustedes no han estado siempre de acuerdo con este
planteamiento, y me remito a los 'Diarios de Sesiones', pero si de verdad quieren dar un paso en este sentido pueden responder favorablemente a las demandas formales del Gobierno vasco para que se transfieran definitivamente las competencias
relativas a las políticas activas de empleo al Gobierno vasco. Mientras se concreta la transferencia de la competencia pueden transferir los recursos que correspondan a las cuotas pagadas por los trabajadores vascos para la formación continua a la
fundación vasca Hobetuz. Soluciones hay, señor ministro, si hay una auténtica voluntad política de encontrarlas.
Para concluir, me va a permitir que le traslade otras dos preocupaciones de distinta naturaleza o entidad. La primera de ellas se refiere a las leyes de estabilidad presupuestaria. Usted, señor ministro, se comprometió a modificar las
leyes de estabilidad en respuesta a una demanda de toda la Cámara, a excepción del Partido Popular, con el fin de adecuarlas a dos parámetros: uno, a la evolución del ciclo económico; y, otro, al respeto competencial al conjunto de las
instituciones públicas del Estado. Yo me temo, señor ministro, que después de que se apruebe la disposición trigésima del proyecto de ley de presupuestos su Gobierno tendrá pocos incentivos para adentrarnos en un debate necesario relativo a la
estabilidad presupuestaria y a la redefinición del marco legal.
Salvando el escollo por el que actualmente el Senado tenía la última palabra al respecto, y ello incomodaba, como es lógico, enormemente al Gobierno, no creo que tengan mayor interés
en la reforma. Sin embargo, yo quisiera recordarle que existe un compromiso político firme al que su Gobierno no le puede dar la espalda.
En último lugar me gustaría referirme, aunque sea telegráficamente, al asunto del astillero La Naval por el que nuestro grupo ha mostrado especial interés. Se ha consumado, en nuestra opinión, la crónica de un abandono anunciado de La Naval
de Sestao por parte de SEPI al albur de que aparezca un inversor privado que garantice su futuro. La decisión política inicial hoy ya está concretada. Esa decisión fue la de apostar por Puerto Real frente a Sestao, una decisión política que
ustedes, señores del Gobierno Socialista, han tomado para bien o para mal. Así, La Naval de Sestao entrará en una situación de quiebra y estará a expensas de que tenga una efectiva carga de trabajo y un inversor solvente que garantice su futuro,
dos condiciones como usted bien sabe realmente difíciles. La primera de ellas puede suponer un alivio temporal, pan para hoy y hambre para mañana, pero nosotros estamos preocupados por la viabilidad económica y por el futuro de la actividad del
astillero.
Algunos, como Patxi López, dicen que lo tienen claro. Los trabajadores del astillero y este humilde diputado, señor ministro, no lo vemos de esa manera.
A pesar de lo dicho y de anunciarle que vamos a votar en contra del levantamiento del veto del Senado, quiero reiterarle sinceramente que nuestro ánimo no es el de oponernos por oponernos a sus planteamientos.
Le dije hace dos meses, en el
debate de totalidad, y se lo reitero ahora, que nuestro deseo es el de avanzar en el diálogo y acuerdos por el bien de Euskadi. Espero y deseo sinceramente que ello sea posible. Aprovecho esta intervención para desearles a todos ustedes unas
felices fiestas y un próspero año nuevo. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señoras y señores diputados, miembros del Gobierno, gracias, señor presidente. Vamos a hacer aquí un debate yo diría que inusual pues es la primera vez que hay un veto en el Senado a unos
Presupuestos Generales del Estado, pero ya dijimos y explicamos en la sesión de investidura de esta legislatura que va a ser una legislatura diferente. Ya lo ha dicho el portavoz de Izquierda Verde: es una legislatura donde habrá coaliciones,
habrá amplios acuerdos, y habrá que buscar en esta Cámara una nueva resultante de equilibrio de fuerzas a la izquierda y en pluralidad.
Consideramos, en primer lugar, después de escuchar las referencias a las modificaciones que ha habido,
algunas incluso podríamos decir sustanciales en el cuadro macroeconómico por parte del vicepresidente del Gobierno, que las previsiones apocalípticas que se hacían en el primer debate en esta Cámara por algunos grupos no se están cumpliendo,
todo lo contrario. El paro no sólo no repunta, sino que está mejorando la ocupación. También están aumentando los afiliados a la Seguridad Social. Lo que parecía una situación compleja, difícil, con el alza del precio del crudo, también se está
estabilizando y están mejorando las condiciones de la inflación, que podían ser muy negativas hace pocos meses cuando parecía que los elementos eran imparables en la subida del petróleo.
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana coadyuvará a levantar el veto del Senado, que por lo que parece es plural. Responde a diferente grupos y a distintas percepciones políticas. Estamos convencidos de que el veto que presentó el
Grupo Parlamentario Vasco nada tiene que ver con el que podía apoyar el Grupo Parlamentario Popular, como también estamos convencidos de que el veto de los demás grupos, como el Bloque Nacionalista Galego o Convergencia i Unió, no respondía a los
intereses y a la voluntad por política, repito, del Grupo Parlamentario Popular. Hoy levantaremos el veto porque somos consecuentes con la aprobación que asumimos en esta Cámara de estos Presupuestos Generales del Estado. Unos presupuestos que en
estos momentos consideramos positivos porque imprimen un giro importante. En primer lugar, a la competitividad. Es evidente que si un país quiere una redistribución de la riqueza, si quiere una igualdad de oportunidades, necesita un modelo de
crecimiento económico no sólo sostenible sino que ofrezca buena internacionalización y un buen valor añadido.
Esquerra Republicana presentó unas enmiendas que fueron aprobadas en esta Cámara que ayudan a este giro productivo y sostenible. Consideramos que las enmiendas que presentó el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, pactadas con el
Grupo Parlamentario Socialista y algunas también con el Grupo de Izquierda Verde, en la línea de mejora de la competitividad de la pequeña y mediana empresa, son importantes. Hoy la pequeña y mediana empresa es el principal factor que permite a
nuestra economía tener un modelo de crecimiento y que permite la internacionalización. Pondré el ejemplo de nuestra aportación. La amortización de los beneficios para la reinversión o la desgravación del impuesto de sociedades para la creación de
ocupación estable son elementos indispensables para mejorar nuestro tren productivo. La economía y el modelo productivo es mejorable, perfectible. Si nos comparamos con otros países de la Unión Europea, tenemos una baja productividad. Estamos muy
por debajo de esta media. La pequeña y mediana empresa es un factor clave. Por eso incidimos especialmente en la negociación en este aspecto. También en las mejoras para los trabajadores autónomos, difícilmente separable de la mejora de la
producción de las pequeñas y medianas empresas. Es necesario facilitar la inserción de jóvenes emprendedores, flexibilizando su cuota y también las mejoras, no solo de carácter social, porque también se aplica a los mayores de 40 años. Se podrá
aducir que las condiciones de los trabajadores autónomos o las de los trabajadores autónomos dependientes son muy mejorables.
Estamos de acuerdo. Pero poco a poco vamos avanzando en mejorar las condiciones de vida de ese sector tan importante de
nuestra economía.
También nos felicitamos por los acuerdos conseguidos para apoyar la industria farmacéutica, una industria clave en nuestro país que hasta hace poco veíamos cómo el anterior Gobierno no adoptó ninguna medida de apoyo a la investigación. El
esfuerzo investigador del sector no tuvo ningún apoyo de la Administración. Curiosamente se bonificaba a las multinacionales que se dedicaban básicamente a la distribución de productos farmacéuticos y no se ayudaba a los que en nuestro país, en
este caso en Cataluña pero también en el resto del Estado, apuestan claramente por la investigación y el valor añadido. Por estas razones Esquerra Republicana presentó y acordó enmiendas para pasar el descuento del 5 al 25 por ciento en los
productos de aquellas empresas farmacéuticas que fabriquen productos de carácter excelente, que tengan valor añadido y que detrás de los productos haya investigación y desarrollo. Es un concepto claro. Estamos a favor de la producción, estamos a
favor de la investigación, pero tiene que existir apoyo de la Administración con incentivos y descuentos en su aportación al sistema sanitario. Lo que no se puede hacer es valorar la simple distribución de productos, que era el modelo que aplicaba
el anterior Gobierno. También valoramos, aunque es perfectible, el esfuerzo en mejorar la capacidad de investigación y desarrollo. Seguramente el problema no estaba tanto en mejorar las condiciones para que las empresas, los emprendedores, se
pudieran acoger a este sector sino que seguramente falta información y faltaba el automatismo, que esperemos quede solucionado finalmente, entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Industria.
Considera muy importante Esquerra Republicana que en estos Presupuestos Generales del Estado se hable definitivamente de turismo. El turismo es la aportación de capital exterior más importante que tiene hoy el Estado español. En este
Congreso se habla poco de turismo. Durante muchos años el turismo ha sido visto desde Madrid como una cosa alejada, como una industria menor, como una industria sin importancia, seguramente porque había una desfocalización de este subsector tan
importante, por ocupación y por los diversos sectores que de él se nutren. Seguramente alguien podía pensar que la industria era la construcción, que el turismo era sencillamente construcción o pequeños sectores. Hoy el modelo turístico necesita
relanzarse, competir con nuevos sectores, mejorar nuestra calidad
y por eso estas aportaciones en materia de renovación, de instalaciones hoteleras, es un producto que nos puede permitir poner al día franjas importantes de nuestro litoral. También necesitamos mejorar las instalaciones turísticas en
general y que se puedan acoger a las partidas que han creado diferentes instituciones, tanto públicas como privadas. En este aspecto de competitividad es necesario señalar que este Gobierno hace en estos presupuestos una apuesta por modelos más
sostenibles. El agua hoy es un factor de competitividad muy importante y consideramos que ahorrar y reciclar son elementos clave para tener una economía más competitiva. La derogación en su momento del Plan Hidrológico fue un acto racional en esta
línea. Tendremos pronto oportunidad de discutir sobre las emisiones de CO2, que será el reto más importante que va a tener nuestro modelo industrial y energético.
Estos presupuestos consolidan y mejoran el Estado del bienestar. La apuesta que hicimos el 31 de agosto, en la primera reunión con el Grupo Socialista, en materia de pensiones, en el ámbito de creación de un fondo de inmigración y de
atención a la dependencia, ha quedado reflejada en estos presupuestos. El incremento en pensiones también es mejorable, pero el giro que han imprimido estos presupuestos necesita una continuidad en los próximos años. En materia de vivienda
Esquerra Republicana ha dejado siempre claro la necesidad de que se respeten las competencias exclusivas que tienen hoy las comunidades autónomas en este ámbito. El Gobierno español tiene que tener una actitud de apoyo, de coordinación -que no de
armonización- en materia de vivienda. Celebramos el acento especial que sobre esto se ha puesto en los presupuestos.
Queremos destacar una aportación propia de Esquerra Republicana: la creación de un fondo de inmigración. Hoy el fenómeno migratorio es el problema y el reto más importante que tenemos para los próximos 20 años.
Ayer mismo, cuando
estábamos discutiendo las conclusiones del Consejo Europeo vimos que había una partida importante, un acuerdo de los diferente gobiernos de crear políticas de integración de la inmigración.
Este es nuestro reto, el reto social más importante que
tenemos en los próximos años. Este es un reto que solo se puede afrontar si hay una mejora del Estado del bienestar. Si no se mejoran las políticas sociales, tanto en lo que respecta a entes locales como a comunidades autónomas, tendremos el
colapso que en estos momentos están padeciendo ya muchas administraciones: se colapsan los servicios sociales, se colapsan las ayudas en materia escolar, en materia sanitaria, en materia de vivienda y en pocos años podríamos tener -esperemos que no
sea así- un auténtico choque, auténticos conflictos sociales larvados.
A Esquerra Republicana le preocupa la integración, dar soluciones para que no haya una sociedad fracturada en los próximos años, por eso ha aportado esta iniciativa para la creación de un fondo de inmigración con dos finalidades. En primer
lugar, ayudar a aquellos municipios, a aquellos ayuntamientos que hoy, por porcentajes importantes de población de origen inmigrante, de nuevos ciudadanos, tienen colapsados sus servicios sociales. En segundo lugar, una parte importante de este
fondo debe estar destinado a aquellas comunidades autónomas que hoy tienen también en materia educativa un porcentaje alto de integración en las aulas. La integración en las aulas es la esperanza para evitar problemas y fracturas sociales el día de
mañana. Por eso celebramos que estos Presupuestos Generales del Estado contengan ya este fondo de inmigración, básico y necesario para evitar problemas el día de mañana y facilitar una auténtica integración e igualdad de oportunidades a estos
nuevos ciudadanos que, fruto de desigualdades territoriales en sus países, han optado por el siempre difícil viaje de la emigración.
Avanzar en la línea de la atención a la dependencia es otra de las apuestas de Esquerra Republicana. El Estado del bienestar tiene cuatro patas: la educación, la sanidad, la política de pensiones y la vivienda; pero muchas veces se olvida
una quinta pata: la atención a la dependencia. Hoy la población ha envejecido y han aparecido enfermedades crónicas que necesitan curas paliativas, que necesitan una atención permanente. Hay que avanzar en esta línea. Hay que abrir políticas en
colaboración con las comunidades autónomas, con planes y acciones de atención domiciliaria, para la creación de centros especializados y centros de investigación en este ámbito.
En otra línea, en estos presupuestos hemos hecho una apuesta clara por un modelo de movilidad más sostenible, para invertir la tendencia en materia de infraestructuras. El ferrocarril es hoy el gran reto para los próximos años. En su
momento asistimos -aún está por terminar- a la apuesta por el tren de alta velocidad, del AVE, pero consideramos que las mercancías son también un factor claro de competitividad y de productividad. Por eso apostamos por enlazar las zonas
logísticas, las zonas de puertos con nuevas redes de ferrocarriles de mercancías y también de cercanías. El ferrocarril es la gran apuesta para los próximos años. Si no hay competitividad en este sector, difícilmente podremos ser el gran centro
logístico del sur de Europa. En esta línea, en Esquerra Republicana consideramos que en estos presupuestos hemos habilitado partidas y hemos abierto proyectos informativos para consolidar esta apuesta clara por el ferrocarril.
En estos presupuestos, por primera vez, se consolidan partidas para la pluralidad lingüística. Consideramos que los diferentes idiomas, el gallego, el catalán, el euskera, más allá del castellano, son también una cuestión de Estado. La
normalización lingüística en el acceso a las nuevas tecnologías no debe ser solo una opción de aquellas comunidades autónomas que comparten una lengua diferente del castellano. Este es un
reto común y, por primera vez, en estos presupuestos se expresa esta necesidad.
Hasta aquí, una breve referencia de las aportaciones que consideramos importantes en estos presupuestos: mejorar la productividad, mejorar el Estado del bienestar, conseguir una pluralidad cultural y lingüística y apostar por un nuevo
modelo de movilidad más sostenible. Pero es evidente que la ejecución de estos presupuestos va a suponer importantes retos. En primer lugar, en este primer trimestre, señor vicepresidente del Gobierno, tenemos un reto importante: buscar una
fórmula para solucionar la importante deuda sanitaria que tienen algunas comunidades autónomas.
Este es un primer reto, que va más allá del debate presupuestario. El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, el Grupo Socialista y el Grupo de
Izquierda Verde han establecido ya contactos para buscar las fórmulas para enjuagar esta importante deuda que afecta a más de una comunidad autónoma.
En segundo lugar, este próximo año tenemos un reto importante respecto de la ejecución presupuestaria: corregir y consolidar los déficit de la educación. Estos días hemos visto los resultados del informe Pisa. En materia educativa estamos
en una época de tránsito entre la Logse y la LOCE. Hay algunos aspectos que hay que corregir. En esta legislatura entraremos en las modificaciones legislativas para consolidar definitivamente un modelo educativo, pero esto también tiene
trascendencia presupuestaria. A nadie se le escapa que en los presupuestos de este año -ha ocurrido antaño- hay una partida clara de concertación de preescolar que luego no tiene plasmación presupuestaria.
Este es uno de los retos que hay en los
diferentes ámbitos, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y que va a tener una importancia cabal en la ejecución de estos presupuestos.
Desde el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana queremos señalar que estos presupuestos y su ejecución tienen otro criterio importante, que es el de lealtad institucional. Creemos que la relación entre ayuntamientos, comunidades
autónomas y Gobierno del Estado deben regirse por este criterio, un criterio no escrito muchas veces. Han sido demasiadas las veces que el anterior Gobierno, el Gobierno del Partido Popular, ha centrifugado a comunidades autónomas y ayuntamientos
determinados gastos, determinadas responsabilidades que eran del Estado o eran fruto de legislación excesiva, que al final tenía efectos perversos sobre ayuntamientos o comunidades autónomas.
Tenemos otro reto en la ejecución y el control de la ejecución presupuestaria, que es garantizar que haya una auténtica ejecución por parte de algunos ámbitos específicos de las partidas en materia de infraestructuras. Era en el debate
previo a la aprobación de los presupuestos en la Cámara Baja cuando se discutía que era verdad que algunos presupuestos del anterior Gobierno tenían altas dotaciones en materia de carreteras, en materia de aeropuertos o de ferrocarriles, pero se
decía por parte del actual Gobierno y del Grupo Socialista que había habido una ejecución bajísima de las previsiones presupuestarias. Aquí está el reto: la ejecución de estos presupuestos tiene que tener niveles más que aceptables y superar lo
que se consideraba como una ejecución bajísima por parte del anterior Gobierno.
Finalmente, en el marco presupuestario, tenemos la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Consideramos que la autodisciplina de comunidades autónomas, el equilibrio presupuestario es un bien en sí. Sin embargo, esto no puede
crear condiciones de rigidez y de incapacidad para invertir y para modular los ciclos. En este ejercicio presupuestario tendremos, pues, también este ámbito importante de modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, evidentemente bajo los
criterios y las directivas europeas.
En conclusión, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana ya avanzó en esta Cámara la voluntad de estabilizar el marco político y económico en esta legislatura. Queremos un Gobierno del Estado estable, una buena ejecución
presupuestaria, porque consideramos que los giros sociales, productivos y territoriales que tienen que implicarse en esta legislatura requieren un marco estable. A nadie se le escapa, como hemos dicho siempre desde el Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana, que esta va a ser una legislatura de importantes cambios en materia estatutaria, importantes cambios en el ámbito de la financiación, importantes cambios en el ámbito de la financiación sanitaria. Son los déficit que heredamos
de un anterior Gobierno sólo obsesionado con armonizar, controlar, laminar las competencias de las comunidades autónomas. Estos importantes cambios requieren estabilidad y a esto nos brindamos por parte del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana.
Muchas gracias, señoras diputadas, señores diputados, señores miembros del Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Puigcercós.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Vilajoana.
El señor VILAJOANA ROVIRA: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, señor vicepresidente, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) va a votar en contra del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, y lo vamos a hacer por
coherencia con nuestra actuación anterior en este Congreso, donde presentamos una enmienda a la totalidad, y por coherencia también con nuestra actuación en el Senado, donde presentamos un veto y apoyamos el veto presentado en Comisión por el Bloque
Nacionalista Galego. Pero sobre todo, señor ministro, lo hacemos por coherencia con nuestra visión sobre unos presupuestos presentados con poca ambición
en política social, con poca ambición en política económica y con las mismas insuficiencias en política de infraestructuras para Cataluña denunciadas no solo por nuestro grupo, Convergència i Unió, y por amplios sectores económicos y
sociales, sino por el propio presidente de la Generalitat con la explícita afirmación de que 2005 iba a ser un año perdido para Cataluña.
El balance y trámite en el Congreso fueron igualmente insuficientes porque no se supo, o no se pudo, corregir la falta de ambición original del proyecto. Las enmiendas pactadas por los grupos que apoyan al Gobierno apenas significaron
variaciones apreciables. De un montante de 420 millones de euros de redistribución de gasto, apenas 150 millones de euros se han destinado a Cataluña y, de estos, solo algo más de 100 millones corresponden a mejoras en la inversión de
infraestructuras; tema, como usted sabe, señor ministro, que constituye una de nuestras mayores preocupaciones por cuanto los déficits que soporta Cataluña a causa de las ya crónicas insuficiencias de la inversión del Estado están afectando
gravemente a la competitividad de nuestra economía y, lo que es aún más grave, a la calidad de vida de nuestros conciudadanos.
Con las enmiendas aprobadas, el 15,5 por ciento que usted, señor ministro, reconocía como valor de la territorialización de las inversiones del Estado en Cataluña para 2005 se ve mínimamente incrementado y es claramente inferior al
porcentaje del año pasado. Con esta tendencia, Cataluña no sólo no va a poder corregir el déficit de inversiones, sino que éste se agravará. De todas maneras, hay que reconocer, señor vicepresidente, que usted ha salido airoso de la negociación.
Usted ha ganado la partida del mantenimiento del presupuesto inicial en casi todos los frentes. Las enmiendas de Convergència i Unió han sido mayoritariamente rechazadas. Se ha perdido una gran oportunidad para dotar a Cataluña de las
infraestructuras y servicios que su población reclama. Cerca de 2.800 millones de euros previstos en las enmiendas de Convergència i Unió no han podido ser destinados a Cataluña. Cifra, por cierto, muy semejante a los 2.500 millones que muy
justamente sí se concedieron a Andalucía el día antes del debate de totalidad de los presupuestos.
Quizá lo peor del balance del debate en el Congreso de los Diputados fue la negativa de los grupos de la mayoría gubernamental a afrontar temas tan importantes como la mejora de la financiación de la sanidad, el cumplimiento de las
sentencias del Tribunal Constitucional que obligan al Estado a transferir los fondos del Forcem a las comunidades autónomas, la adopción de medidas compensatorias para los sectores productivos afectados por el aumento del precio de los carburantes,
la mejora de la financiación de la educación, concretamente en los centros concertados, y la territorialización del 0,52 por ciento del IRPF que se destina a fines sociales. Todos ellos, aspectos que no son propios o exclusivos de Cataluña y que,
por tanto, hubieran beneficiado a los ciudadanos de cualquier comunidad del Estado.
Señor ministro, es de justicia que, a pesar de todo lo anterior, no deje de mencionar las enmiendas de Convergència i Unió aprobadas en el susodicho debate aquí, en el Congreso. Fueron pocas y, sin embargo, algunas de ellas han sido
significativas y, en determinados casos, reconocemos en ellas un indicio de predisposición al diálogo constructivo en temas sociales y económicos que, de haber tenido continuidad, nos hubiera conducido a un pronunciamiento bien distinto hoy en esta
Cámara.
En cualquier caso, Convergència i Unió manifiesta su voluntad de reforzar ampliamente en el futuro dicho diálogo, con la mirada situada en los objetivos de bienestar social y de progreso económico que siempre han constituido nuestra razón
de ser. En el ámbito social, se aprobó una enmienda, coincidente con otra presentada por el PSOE, para garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, así como una enmienda transaccional para garantizar la compatibilidad de las
pensiones de viudedad y del SOVI a partir del año 2005, tal como establece la proposición de ley de Convergència i Unió que se encuentra en trámite parlamentario. También salió adelante otra enmienda que incrementó en 600.000 euros las subvenciones
destinadas a entidades sin ánimo de lucro, para financiar programas de prevención del sida. En el ámbito económico, se aprobó ampliar la aplicación del tipo reducido para las pymes en el impuesto sobre sociedades un 30 por ciento, desde una base de
90.000 euros a una de 120.000 euros. Por cierto, esta es una de las pocas medidas económicas para pymes que contienen los Presupuestos Generales del Estado. Otra enmienda, pactada por Convergència i Unió, reduce en un 25 por ciento la tasa sobre
medicamentos que implanta el proyecto de ley.
Otras enmiendas comprometen a los ministerios económicos a difundir de forma eficaz los incentivos fiscales para actividades de investigación y desarrollo a las empresas. En el ámbito cultural, se
logró corregir el auténtico despropósito que constituye la supresión de los incentivos fiscales a las actividades de difusión y promoción de la lengua catalana y del resto de lenguas oficiales en el Estado. En el ámbito de infraestructuras, tan
solo una enmienda de Convergència i Unió tuvo la fortuna de prosperar. Se trata de la dotación necesaria para la puesta en servicio del apeadero de Premià de Mar, sin duda premio de consolación a un trabajo ímprobo del diputado Sánchez i Llibre.
Para el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, la presentación de la enmienda de veto y nuestro voto afirmativo al dictamen de la Comisión constituyen, en cualquier caso, un episodio que no se debería repetir en una
legislatura que puede y debe ser reconducida por el partido del Gobierno en el sentido de recuperar aquel espíritu inicial de diálogo y de colaboración política que el particular mapa electoral
diseñado por los españoles obligaba a asumir. Sepa el Gobierno, una vez más, que por nuestra parte, por parte de Convergència i Unió, no quedará el renunciar a un esfuerzo de colaboración, de diálogo y de construir sin duda un futuro que
creemos puede ser mejor. Todos estos aspectos que les he relatado, señor ministro, justificaron en su día la presentación de la enmienda a la totalidad al proyecto de ley en el Congreso de los Diputados y, no habiendo sido modificados de forma
relevante en la tramitación en esta Cámara, justificaron la presentación de nuestro veto en el Senado y justifican hoy, señor ministro, el que no demos apoyo a levantar este veto del Senado.
Dicho esto muy claramente, me gustaría reiterar para terminar, señor ministro, que para Convergència i Unió todo ello debería constituir un serio motivo de reflexión para el Gobierno. Cuando se ha querido, se ha hecho, y ha habido ocasiones
como la constitución de las mesas de las Cámaras, o como el proceso de amparo de las lenguas oficiales en Europa, o incluso en proyectos de ley que en esta Cámara se han aprobado con el consenso y con el diálogo con nuestro grupo. Sería importante
que fuéramos capaces de establecer una mayoría más amplia para evitar situaciones como las que se producen a menudo en este Congreso y también muy a menudo en el Senado que dificultan, sin duda, que podamos avanzar en una legislatura que antes se ha
valorado como muy importante y que nosotros valoramos como muy importante. Por tanto, consideramos, le reitero. señor vicepresidente, la voluntad y nuestra predisposición a contribuir a crear un marco más estable para la economía española y para
el avance de la política en nuestro país.
Muchas gracias, señor ministro, señoras y señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vilajoana.
Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, señor vicepresidente, señorías, subo a esta tribuna a hablar del levantamiento del veto a los presupuestos que se ha producido en el Senado, y subo a esta tribuna haciéndome eco de las
palabras del señor Puigcercós. Ha dicho que iba a ser una legislatura diferente. Efectivamente, es la primera vez que subo a esta tribuna para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, que mañana tienen que ir al BOE, sin saber, señor
vicepresidente, qué cifras estamos aprobando, lo cual es tremendo. Que se nos haga votar hoy los Presupuestos Generales del Estado sin saber las cifras que estamos votando es tremendo. Desde luego que es una legislatura diferente.
Yo he ido a la documentación que nos da la Cámara; no a una que yo haya sacado de ningún sitio. Pues bien, abro el texto que vamos a aprobar y, en el título I, capítulo I, artículo 2 -luego pasa en el artículo 4 y en todos los anexos-,
como no pueden cuadrar las cifras, como no se saben las cifras que vamos a votar, como esto es una irregularidad como no ha existido nunca en el Parlamento, hacen una llamadita, cosa que yo no he visto nunca; claro que el señor Puigcercós decía que
la legislatura iba a ser diferente. La llamadita dice: las cifras contenidas se han de entender modificadas. Yo me he puesto a intentar cuadrarlas, y es imposible; por eso no se han cuadrado. Las cifras que vamos a votar se tienen que saber, y
mi grupo va a pedir que, previamente a la votación, se sepan las cifras que vamos a votar, señorías. (Aplausos.) Y no solo nos tiene que decir qué cifras vamos a votar, señor vicepresidente; también nos tiene que decir cómo se ha llegado a ellas.
Algunas de las enmiendas están mal instrumentadas; otras son imposibles de aplicar porque no existe concepto de baja, y otras elevan el techo de gasto.
Estamos aprobando los presupuestos -el grupo de la mayoría sabrá lo que hace-, quieren levantar
el veto del Senado, cuando, por primera vez en la historia, el Senado ha dicho que no a unos presupuestos; que no, por muy diversas razones. El Bloque Nacionalista Gallego, el PNV, Convergència i Unió y el Partido Popular han dicho que no. Y
hemos dicho que no en el Senado porque estos no son los presupuestos adecuados; porque están mal hechos. Están hechos chapuceramente, aparte de no responder a las necesidades que tiene la economía española y que tienen los ciudadanos españoles.
Señorías, creo que, al menos, deberían hacer una reflexión sobre la importancia que quieren darle al Senado. No pueden decir que el Senado es muy importante porque va el señor Zapatero alguna vez, para decir hoy, cuando el Senado les dice que no a
los presupuestos, que es políticamente irrelevante. (El señor Ballesteros de Diego: ¡Bien, Vicente, bien!)
Todo aquel que les contradice es políticamente irrelevante. (Aplausos.-Una señora diputada: ¡Muy bien!-Rumores.) Les contradice el Consejo General del Poder Judicial: los jueces son unos carcas, son unos retrógrados. Les contradice el
Senado: es políticamente irrelevante. Les contradice cualquier otro sector social, económico, cultural: a las galeras con ellos. Señorías, ¿es que quieren ustedes quitar el derecho a la discrepancia y no quieren reconocer sus propios errores?
Nos han hablado mucho, hasta la saciedad, de talante y de consenso. ¿Qué talante y qué consenso se puede observar sobre un texto presupuestario al que el Senado dice que no y ustedes declaran la votación irrelevante? ¿Qué consenso se puede
entender que quieren ustedes alcanzar cuando no hablan con los grupos de la Cámara? ¿Qué consenso quieren alcanzar ustedes cuando traen unas cifras que no sabemos cuáles son?
Señorías, quieren ustedes aprobar un presupuesto que es la demostración palpable de un Gobierno débil; de un Gobierno que, por primera vez en la historia de la democracia, no consigue que ambas Cámaras le
aprueben el texto. Y estamos hablando de los Presupuestos Generales del Estado, que es la norma que debe guiar las políticas económicas, sociales, culturales y ecológicas para el año próximo. Decía el portavoz de Izquierda Unida, primero,
y luego el de Esquerra Republicana que se observaba un giro: el único giro que se observa aquí, señorías, es el de la falta de rigor. (El señor Fernández Marugán pronuncia palabras que no se perciben.) Falta de rigor; sí, señor Marugán. Miren si
tienen falta de rigor estos presupuestos que ustedes, en el Senado, señorías -ahora, cuando se suba a la tribuna, lo explicará usted, señor Fernández Marugán-, reconocen, en 57 enmiendas que presentan, que hay más de medio centenar de errores. Si
es que ustedes dicen en el Senado que son enmiendas para corregir errores. ¿Cómo se puede llevar al BOE un texto que tiene más de medio centenar de errores? Errores importantísimos, errores que no dejan cuadrar las cifras presupuestarias, errores
que pueden llevar a que el año que viene la gestión del presupuesto sea de imposible cumplimiento. Ya han anunciado un decreto-ley. Es sorprendente que antes de aprobar los presupuestos ya quieran modificarlos con un decreto-ley, eso es la prueba
del nueve de que hoy vamos a aprobar un texto que está mal hecho. Ustedes dicen: vamos a aprobarlo pero luego ya haré un decretazo para corregir los errores. ¡Qué cosas nos decían cuando hacíamos decretos-ley! Pues ahora quieren que con un
decreto-ley cambien las cifras presupuestarias antes de entrar en vigor porque hay más de medio centenar de errores.
Hay cinco razones de fondo que no nos permiten apoyar estos presupuestos.
La primera es una falta absoluta de reformas estructurales. Sube a la tribuna el señor Puigcercós y dice: estos presupuestos son para la competitividad. Señorías,
aparte de que los datos de productividad ahora, con la modificación del producto interior bruto que ha hecho el INE, son similares en los años del Gobierno del Partido Popular que en los años del Gobierno socialista, desde que ustedes llegaron al
Gobierno la competitividad ha caído en nuestro país radicalmente. Lo que resta el sector público al crecimiento económico ha pasado del 0,6 a dos puntos.
En el último dato del INE, señor Solbes, usted lo sabe, el sector público resta dos puntos al
crecimiento económico; de hecho, si el sector público estuviera comportándose igual que con los datos del Gobierno del Partido Popular, estaríamos creciendo hoy bastante más, señorías. Y esto pasa porque no hacen nada, es que llevan ocho meses sin
tomar ni una medida.
Estos presupuestos no toman ni una medida de carácter estructural.
Además, señorías, estos presupuestos -aparte de lo que diga el señor Solbes aquí hoy en la tribuna- van a hacer que se incurra en déficit público. Es evidente que, solo con las enmiendas incorporadas a este presupuesto que hoy quieren
aprobar, se aumenta el techo de gasto que esta Cámara autorizó. Autorizamos un techo de gasto, señorías, y ustedes se lo saltan con unas cuantas enmiendas. Eso, señor Solbes, usted lo ha querido corregir en el Senado y lo tendrá que corregir, ¿o
va a dejar en papel mojado el techo de gasto? ¿Va a ser a partir de ahora la Ley de Estabilidad Presupuestaria un papel mojado y las votaciones de las Cámaras un papel mojado que no sirve para nada? ¿El techo de gasto se va a poder elevar porque
se hagan unas enmiendas u otras? Señorías, me parece poco razonable. Pero es que además -y usted lo sabe, señor Solbes- ustedes autorizan a las comunidades autónomas a que incurran en un endeudamiento del 1 por ciento y sin embargo lo que recogen
en los presupuestos es un 0,1 por ciento. Este presupuesto, para el sector público, señor Solbes, va a incurrir en déficit.
Hay una tercera razón muy importante, y es que el objetivo de crecimiento no se va a cumplir. Y dicen: eso lo dirá usted. Ya es una razón suficiente que lo diga yo, porque seguro que acertaría más que el señor Solbes. Pero no es que lo
diga yo, es que lo dice usted, señor Solbes.
Antes de aprobar el presupuesto, que tiene un objetivo de crecimiento del 3 por ciento, usted ha dicho que eso ya no va a ser así, que al año que viene el crecimiento va a ser menor, un 2,9. Es un
reconocimiento explícito, pequeño pero explícito, de que los presupuestos que hoy ustedes quieren aprobar no son reales. Pero es que además, señor Solbes, usted sabe que el crecimiento para el año siguiente va a ser menor. Usted dijo en junio que,
si el precio del barril de petróleo crecía en 3 dólares, había que rebajar dos décimas el crecimiento. Usted ha hecho una previsión de incremento del precio del barril de 33 a 45 dólares para el año próximo y rebaja una décima. En junio dice usted
que 3 dólares, dos décimas, y ahora hace un reconocimiento de 12 dólares, una décima; es que no cuadra. Usted sabe, señor Solbes, que el crecimiento va a ser menor.
Pero no estamos hablando de análisis económicos, que usted, señor Solbes, los
hace bien -le reconozco que usted sabe bastante de economía y que hace buenos análisis-; usted llegó y dijo que para el 2004 íbamos a crecer el 3, luego dijo que el 2,8, después que el 2,6; para el año 2005, el 3, el 2,9. Usted se está
aproximando y está haciendo buenos análisis económicos del reconocimiento de lo que llamaba el señor Fernández Marugán el empobrecimiento de la sociedad española con el Gobierno socialista. Pero, señorías, es que lo que se pide al ministro de
Economía no es que haga buenos análisis económicos, lo que se le pide es que tome medidas. Y estos presupuestos no son el instrumento adecuado para llegar al objetivo que ustedes se fijan; son unos presupuestos que no ayudan a conseguir el
objetivo de crecimiento.
Hay una cuarta razón muy importante, señoría, y es que el esfuerzo inversor cae notabilísimamente. Se le llena la boca de hablar de competitividad y de productividad y el esfuerzo inversor cae radicalmente. Han ocultado la cifra del
esfuerzo inversor del Estado, pero el año pasado el crecimiento era superior al 10 por
ciento y este año el crecimiento del esfuerzo inversor es superior en muy poco al 5 por ciento, menos de la mitad. Eso pone en peligro real sus objetivos de mejorar la productividad y la competitividad. No creo, señor Solbes, que usted
quiera volver a que la productividad en nuestro país crezca como consecuencia de un aumento masivo del desempleo. Lo que hay que procurar es que la productividad crezca con empleo; lo que hay que procurar es que mejoremos nuestra capacidad de
producir y nuestra capacidad de vender y estos presupuestos, que no afrontan reformas estructurales, que no consolidan la política de la Ley de estabilidad presupuestaria, que no hacen esfuerzo inversor, son unos presupuestos que no van en esa
línea.
Por último, hay una quinta razón, señor Solbes, para votar que no y yo se la haría considerar seriamente a los diputados de esta Cámara. Las enmiendas estaban mal hechas, empeoraban el presupuesto y ustedes lo saben; 57 enmiendas en el
Senado corrigiendo errores; incluso corregían la enmienda estrella de dotar de mayor financiación a las políticas de cooperación. Estaban mal hechas y por eso ustedes presentan 57 enmiendas que titulan: corrección de errores. Si hay 57 errores,
¿cómo pueden ustedes venir a esta Cámara y decir que votemos los presupuestos? Ustedes están reconociendo en el Senado que hay 57 errores graves, 57 errores graves, ¿cómo quieren ustedes que aprobemos este texto? Es imposible, es imposible,
señorías. (Rumores.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos.) Señor Pérez Rubalcaba, ya que me hace señas, a usted que se le llena la boca de decir que hay que reconocer los propios errores, reconozcan ustedes que se han equivocado, tengan
la mínima humildad de reconocer que se han equivocado. Es que ustedes presentan un texto en el Senado que dice: nos hemos equivocado 57 veces. No una, ni dos, ni tres; 57. (Rumores.) Señorías, cuando los presupuestos se hacen mal, cuando se
pactan mal, cuando no hay una negociación transparente, cuando hay carreras por los pasillos del Congreso y cuando se actúa atolondradamente, ¿cuál es la consecuencia? 57 enmiendas de corrección de errores. Esa es la consecuencia de la
precipitación. (Rumores.)
Del Plan Galicia ni hablamos, señorías. Hoy votamos el veto que presenta el Bloque Nacionalista Galego. Que hoy los diputados socialistas gallegos vayan a decir que sí a estos presupuestos supone un recorte extraordinario al Plan Galicia,
señorías. (Rumores.) Señor Blanco, usted que es gallego...
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez-Pujalte, vaya concluyendo y en la medida de lo posible no cite, porque corro el riesgo de las alusiones.
Vaya concluyendo, por favor.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Perdone, señor presidente. No citaré al señor Blanco, que va a votar que sí a recortar el Plan Galicia.
(Rumores.-Aplausos.)
Señorías, mucha sonrisa y mucha visita a los afectados, pero recortes del Plan Galicia. Estos presupuestos suponen recortes del Plan Galicia.
Señorías, por coherencia y por responsabilidad, debían enviar estos presupuestos a los corrales.
Les ha dicho que no el Senado, tienen 57 errores reconocidos por ustedes, las cifras no cuadran, no sabemos las cifras que vamos a votar; tendrían que retirar estos presupuestos por coherencia y por responsabilidad, repito. (Aplausos.) Señorías,
nadie les da credibilidad a ustedes.
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez-Pujalte, concluya ya. Prométame que concluye ya.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Concluyo, señor presidente.
Iba a citar a analistas importantes que han dicho que no hay credibilidad.
(El señor Martínez Sanjuán: Eso antes.) Solo citaré uno: InterMoney, donde trabajaba el asesor del señor Zapatero -el señor Sebastián-, donde trabajaba el
secretario de Estado de Economía del señor Solbes, donde trabajaba a quien han nombrado vicepresidente de la CNMV. InterMoney les dice que estos presupuestos no son creíbles, que no van a conseguir el objetivo de crecimiento y que estos
presupuestos no van a ir en la línea de mejorar el bienestar de los españoles, sino al contrario.
(Rumores.-Protestas.)
Señorías, hago caso al presidente de la Cámara y concluyo, pero les digo que estos presupuestos no son los que España necesita. Y, señor presidente, antes de votar, para que luego nadie se queje, mi grupo va a solicitar que sepamos qué
cifras votamos. No pueden exigirnos que vayamos a una votación sin decir las cifras. (Un señor diputado: ¡Muy bien!) Queremos saber las cifras que vamos a votar y, si están mal, lo arreglan, pero no nos hagan votar cheques en blanco por sus
chapuzas.
(Aplausos.-Rumores.) Desde luego, estos presupuestos no representan ni giro social, ni giro ecológico...
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez-Pujalte, concluya ya.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Lo que son es nuevamente una chapuza monumental del PSOE.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez-Pujalte.
Para la fijación de posición del Grupo Parlamentario Socialista, señor Fernández Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Muchas gracias, señor presidente.
Estamos discutiendo unos presupuestos debatidos y conocidos, que en su día fueron apoyados por otros grupos y por nosotros, el Grupo Parlamentario Socialista, cuyos rasgos intrínsecos merecieron el acuerdo para aprobarlos porque dan más
transparencia a las actuaciones del sector público. El Gobierno renunció al edicto del pretor, porque nosotros siempre hemos creído que la política monetaria del Banco Central Europeo generaba una excesiva expansión y que carecía de sentido en este
contexto que la política presupuestaria la acentuara; los presupuestos que se debatían aquí contribuían a una mayor estabilidad presupuestaria. El gasto social era el primer renglón de las partidas presupuestarias y en una sociedad como la
española, donde existen muchas y muy bajas pensiones, era conveniente hacer un esfuerzo para incrementar la cuantía de las mismas, con un doble compromiso con el conjunto de las pensiones y con aquellos compatriotas nuestros que vienen padeciendo
una situación peor a través de percepciones bajas en las pensiones de mínimos y que afectan a comunidades autónomas como Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Galicia. Para nosotros, el crecimiento económico estaba basado en un
conjunto de elementos diferenciales, como puede ser la existencia de factores ociosos, la incorporación rápida de una población de inmigrantes, la recepción de ayudas comunitarias, los bajos tipos de interés y el tipo de cambio muy favorable.
Ese tipo de crecimiento es un crecimiento cuyo futuro es discutible y desde luego, si nos apoyáramos en él, seríamos bastante ineficientes. El proyecto de presupuestos dotaba partidas para el I+D, para el capital físico, para el capital
humano, que nos permitían alcanzar cotas más altas del PIB, por lo que también merecían nuestro apoyo. Pero no solamente había elementos intrínsecos, sino también diferenciales. El paquete de fin de año suele ser un paquete muy condicionado por la
legislación presupuestaria. Pues bien, esta legislación no es una legislación de rebaja. Aquí todos nos hemos referido a la abominable experiencia de Montoro y nosotros no querríamos que el ordenamiento jurídico padeciera la entrada del Gobierno
como un elefante en cacharrería, como ha venido sucediendo en períodos anteriores. Los presupuestos que presentaba el Gobierno socialista eran unos presupuestos al servicio de la sociedad y por lo tanto renunciaban a poner a la sociedad al servicio
del presupuesto; no escondían sus objetivos políticos ni quedaban como ley fundamental en la cuadratura contable de los mismos, además de poder contribuir a la paz social.
Los presupuestos nos permitían, por último, salir del período de bajo crecimiento tendencial. La mitad del período aznarí la hemos vivido deslizándonos y retrocediendo en un mundo con mucha competencia. Queremos parar esta trayectoria
haciendo que la economía marche en un sentido diferente. Nuestro lugar en la división internacional del trabajo es el de las naciones que pretenden estar en la gama alta de bienes y servicios. Es ahí donde los trabajadores podrán tener mayor
productividad y donde podrán lograr mayores retribuciones y un bienestar más elevado.
Por eso desde el primer momento hemos hecho frente a algunos problemas reales de esta sociedad, el de Izar o el Plan nacional de asignaciones, cuestiones que
estaban pendientes y que se habían escondido por el Gobierno del Partido Popular. Para nosotros, la estabilidad presupuestaria ni es un cabo suelto ni es un verso libre. Al del verso libre le va a pasar lo mismo que a Zaplana, que le van a
recordar por sus deudas y por sus campañas. Hoy la estabilidad presupuestaria y la estabilidad macroeconómica constituyen restricciones al funcionamiento de la economía que hay que saber asimilar, sobre todo en esta parte del mundo, porque si no
van a determinar ajustes de capacidad o ajustes de empleo. Nosotros creemos que es recomendable una buena dosis de salud económica y de disciplina presupuestaria. Y esos factores positivos del presupuesto se vieron incrementados en el tránsito por
esta Cámara. 220 enmiendas, introducidas con el apoyo de Esquerra Republicana, de Izquierda Unida, de Coalición Canaria y de la Chunta, así lo demuestran.
Esos factores positivos del presupuesto se ven incrementados en el tránsito por esta Cámara.
Doscientas veinte enmiendas introducidas a los mismos con el apoyo de Esquerra Republicana, de Izquierda Unida, de Coalición Canaria y de la Chunta así lo demuestran.
Hemos hecho un esfuerzo que hubiéramos estado dispuestos a hacerlo en el Senado si el trámite allí hubiera sido distinto del que ha habido en este momento y hubiéramos vivido un tránsito habitual. En cualquier caso, se ha producido una
fuerte reasignación del gasto público, que se ha hecho respetando el nivel público del presupuesto inicial, el techo del gasto del Estado, el objetivo de equilibrio presupuestario y el nivel de endeudamiento. Por lo tanto, el presupuesto que aprobó
el Congreso, que es el que vamos a aprobar esta mañana aquí, respeta las coordenadas macroeconómicas del proyecto que envió el Gobierno. Además, el Congreso hizo un esfuerzo para alcanzar acuerdos sin necesidad de emplear nuevos recursos;
simplemente optimizando los recursos anteriores, los recursos disponibles. Fue una negociación compleja de la que nos sentimos satisfechos y esa complicidad la hizo fundamentalmente meritoria.
Hoy hemos oído hablar aquí de debilidad, hoy hemos oído hablar aquí de inestabilidad y de dificultades para que el Gobierno sacara adelante su acción política. No voy a prestar mucha atención a los chascarrillos de la derecha, que no sé si
son el recurso por haber perdido el poder o una muestra de obstruccionismo. Solo quiero decir que no compartimos ese diagnóstico, que solo un Gobierno fuerte y afianzado es capaz de conseguir aprobar un presupuesto en un Parlamento como este y unos
presupuestos como los que hoy ratificamos. La votación es una votación de fortaleza.
Los contenidos del trabajo que se ha hecho aquí no los voy a relatar porque me remitiré con mucho placer y con mucho gusto a las intervenciones del señor Herrera y del señor Puigcercós, que han hecho una descripción exhaustiva de las
modificaciones que hemos introducido.
Ahora, con sus intervenciones, han demostrado que en nuestra sociedad la democracia, el ejercicio del poder, es una realidad compartida y esta Cámara ha hecho que estos presupuestos sean mejores que los que en
su día remitió el Gobierno, que gocen de mayor respaldo parlamentario y que se haya incrementado el apoyo social gracias a las políticas redistributivas que hay en ellos. A lo largo de dos meses hicimos política, buscamos el diálogo, el acuerdo y
la participación de muchos grupos políticos. El señor Rivero, el representante de Coalición Canaria, decía hoy que él continúa haciendo ese trabajo de negociación política.
La bondad de estos presupuestos ha sufrido a su paso por el Senado un rechazo total, que ha hecho entrar por primera vez en funcionamiento el artículo 90.2 de la Constitución. Es verdad que se ha configurado una mayoría absoluta en el
Senado que no coincide con la mayoría absoluta del Congreso. Pero en nuestro sistema político constitucional es en el Congreso donde se forma el Gobierno, donde este gana y pierde la confianza, y mientras el Gobierno mantenga en el Congreso sus
apoyos va a resultar difícil que perviva el veto senatorial. Esta afirmación que se saca a relucir fácilmente leyendo el texto constitucional se constata mucho más cuando uno ha oído las intervenciones del señor Rivero, del señor Puigcercós, del
señor Herrera y, cómo no, la cálida intervención del señor Labordeta. Hoy se ha demostrado en esta Cámara lo limitada que resulta la efectividad de la decisión adoptada en el Senado.
He hecho una referencia al artículo 90.2 y querría continuar con ella. El artículo 90.2 dice que el Senado puede vetar o puede enmendar, pero que no puede hacer las dos cosas. Por lo tanto, cuando se quiere mejorar una ley lo que tiene que
hacer uno es enmendarla. Cuando acabe este punto del orden del día, vamos a mejorar dos leyes porque así lo ha querido el Senado. En el sentido contrario, cuando una ley se veta se renuncia a la mejora, porque el veto actúa como una barrera
infranqueable. Este es el dilema en el que ha vivido el sistema constitucional español en el Senado desde 1978. La prudencia de los senadores hizo que no recurrieran nunca a este procedimiento, que sea hoy la primera vez que asistimos a este
trámite. Y quiero decir a quienes con tanta diligencia han sostenido y han ofrecido su disponibilidad a vetar esta ley, a quien fuera y con cualquier tipo de argumento, que han adoptado una decisión contradictoria, oportunista, y sobre todo que han
atribuido un uso indebido al papel del Senado.
Pocas intervenciones se han hecho con referencia al mensaje motivado; lamentablemente las razones del mensaje motivado han pasado prácticamente desapercibidas en esta Cámara. Nosotros nos las hemos leído y, cuando uno se las lee, lo que se
nota es que en las mismas se incorpora una crítica severa, severísima, al Gobierno de Fraga y al Gobierno de Aznar y, a partir de esas críticas, es a esas fuerzas políticas a las que hay que pedir fundamentalmente explicaciones, ya que ellas han
gobernado catorce años en Galicia y ocho años en el Gobierno de España. (Aplausos.) Por tanto, pretender disimular la responsabilidad que han contraído en una comunidad autónoma como Galicia a través de apoyar el veto de otra formación política nos
parece un acto oportunista, sobre todo en un Gobierno que es el Gobierno que por primera vez hace frente y se hace cargo de los problemas de Galicia. La inversión pública va a crecer en el año 2005 el 25 por ciento, pero tengo que recordar que,
siendo Galicia una comunidad autónoma con el 10 por ciento de la población, los gallegos con pensiones mínimas son más del 10 por ciento de los perceptores de mínimas en España. Esa es la realidad política de aquella comunidad y ante esa situación
no debería valer subirse al carro del veto de otros partidos políticos.
El oportunismo también se hace de una manera que queremos clarificar.
Existían varios vetos y había diferentes argumentos, pero qué duda cabe de que el Partido Popular tuvo el temor de que el resto de las formaciones políticas no votaran su
veto y se subió de manera oportuna al veto del Bloque Nacionalista Galego. Hicieron aquello que se dice -y me lo va a permitir el señor Rodríguez- en Ferrol, salir corriendo a todo filispin para subirse al primero de los vetos que pasaba por la
Cámara.
Aquí nada más había un objetivo político, que era una derrota al Partido Socialista y, de paso, poner en tela de juicio el papel institucional del Senado. Hace un año se dedicaban con fruición a la utilización abusiva de aquella Cámara
para introducir modificaciones en normas jurídicas que no querían ustedes que se discutieran ampliamente. Ahora han recurrido a otra utilización espuria del Senado, el veto a los presupuestos, renunciando a mejorarlos y a perfeccionarlos, y aquí
dan un giro brusco en el papel de la Cámara Alta, porque ha dejado de ser una cámara de segunda lectura para convertirse en una cámara de confrontación, de bloqueo. Las imágenes valen algo; hace un año la intervención legislativa del Senado que
auspiciaba el Partido Popular respondía a una verdadera bulimia legislativa, por cierto bastante promiscua, y hoy hacen todo lo contrario, auspician un Senado ayuno totalmente de capacidad normativa y donde la abstinencia es absoluta. Eso deberían
aclararlo, porque estamos hablando de una institución representativa de la política española.
Hablando de política, yo creo que se puede perder, se puede ganar, pero hay que saber perder y hay que saber ganar, y sobre todo hay que saber gestionar bien el éxito y el fracaso. Eso es fácil de comprender, pero yo tengo la sensación de
que ustedes no son capaces de hacer ese tipo de razonamiento. Hoy hemos asistido
aquí a una astracanada, no me voy a referir más a ella, pero en cualquier caso estamos asistiendo a la política del órdago, que quiere decir todo o nada, el órdago ante la reforma constitucional, el bloqueo de los nombramientos de los
órganos institucionales, especialmente el Consejo General del Poder Judicial, y el veto al presupuesto en el Senado. Con lisura, pero sin mayor interés -no voy a dedicar mucho tiempo a explicárselo-, tengo que decirle que por ahí no está la salida.
Ustedes sabrán por dónde encuentran su salida, ese es su problema, pero no por ahí.
El objetivo que ustedes tenían de condicionar la estabilidad política a la estabilidad presupuestaria ha devenido en un fracaso, un fracaso absoluto, cosa que era previsible. Nunca debe amenazarse con lo que no se puede cumplir, hace
cientos de años dijo esto Maquiavelo, pero eso debe formar parte de un intento de no cultivarse, tan abundante en algunos portavoces del Partido Popular. Han fracasado ustedes hoy día porque carecen de la capacidad para crear una mayoría
alternativa. Desechen toda esperanza, no disponen hoy día, en esta sociedad y en este país, de esa posibilidad. En el mejor de los casos, y de una forma relativamente corta en el tiempo, podían ustedes ser capaces de liderar en alguna oportunidad
una coalición negativa, pero, insisto, ni sería estable, ni será frecuente.
En este Parlamento, quienes padecen una situación ortogonal son ustedes y no el resto de formaciones políticas. Ahora, padeciendo una situación ortogonal, ustedes están en la disposición y en la predisposición de hacer daño, y lo han hecho
en el papel que atribuyen al Senado, lo han hecho en la negociación de algunas transferencias, como puede ser la formación continua. Y lo han hecho en algo que es más significativo y que yo no me resisto a dejar de mencionar esta mañana. El señor
Rajoy, en la intervención que hizo durante el debate a la totalidad de los presupuestos, dijo: Con el tema de las pensiones conviene no jugar, las pensiones subirán con el IPC previsto y tendrán la garantía de la revalorización en el caso de
desvío. Pues bien, la desviación se ha producido y tendrá que ser el Gobierno el que venga en ayuda de los pensionistas y de los perceptores de prestaciones sociales. Y lo hará mañana aprobando un decreto-ley para que no sean víctimas y resulten
perjudicados por los atropellos del Partido Popular. Ha pasado poco tiempo, pero me gustaría recordárselo. Ustedes han pasado de pagar las campañas especiales del señor Zaplana a olvidarse de las desviaciones que la inflación ocasiona en las
pensiones de los pensionistas. (Aplausos.)
Termino mi intervención dirigiéndome al conjunto de grupos de la Cámara.
Sepan ustedes que a nosotros, al Grupo Parlamentario Socialista, estos presupuestos siempre nos proporcionaron seguridad, seguridad que vimos incrementada a través de
una correcta negociación llevada a cabo estrictamente en términos presupuestarios. Mi grupo observó con serenidad lo que había ocurrido en el Senado, y esa serenidad nos las proporcionaron algunas intervenciones de grupos significativos de aquella
Cámara. El señor Macias i Arau, como ha dicho el digno representante de Convergència i Unió, dijo en aquella Cámara que este era un episodio que no debería repetirse. El señor Albistur Marín, en una brillante y bella exposición, dijo que no sólo
existía disposición al compromiso, sino que la disposición era para que el Gobierno pudiera gobernar bien. Por último, el senador Quintana González, senador del BNG, dijo que, no existiendo ningún afán de obstruccionismo, resultaba poco conveniente
agitar en exceso la coctelera. Los hechos demostrarán hoy que los acontecimientos han ido en una dirección y en un sentido que una vez más pone en evidencia la soledad que vivirá durante mucho tiempo en esta Cámara el Grupo Popular. Aunque no lo
quieran admitir, de todos los grupos políticos, el que tiene la posición más frágil es el Grupo Popular; los demás tienen otras opciones políticas.
A la vez que se ha podido percatar de ese aislamiento, de esa falta de alternativa del Partido Popular para encarar los problemas de las mujeres y de los hombres de España, la articulación política e institucional de esta sociedad, también
se ha podido ver que nosotros hemos estado y estamos abiertos al diálogo y a la negociación, porque queremos y porque pretendemos sumar el mayor número de apoyos posibles a este progreso de avance y de modernización de España.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.-El señor Martínez-Pujalte López pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández Marugán.
Señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, nos acaban de distribuir, hace tres minutos, las cifras de los Presupuestos Generales del Estado que quieren que votemos ahora mismo. Mi grupo solicita que se lean para que se conozcan.
Es un atraco al Parlamento que hoy votemos los Presupuestos Generales del Estado... (Protestas.)
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez-Pujalte, esto es una cuestión de orden. Se la concedo. Dígame qué es lo que desea leer. Le recuerdo que ha pedido hace 10 minutos la entrega de las cifras. Si se le entregan las cifras porque usted
las ha pedido, no se queje ahora porque le han dado las cifras. Las dos cosas, no. (Aplausos.) Cuestión de orden. Por favor, cuestión de orden.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor Presidente, por cuestión de orden.
Mi grupo parlamentario, que representa a unos ciudadanos, cree...
El señor PRESIDENTE: Cuestión de orden, señor Pujalte. ¿Qué desea usted?
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Quiero pedir el conocimiento expreso...
El señor PRESIDENTE: Ahora se lo explicará el presidente.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Pero déjeme explicar, señor presidente, lo que solicito. Nos han distribuido a los grupos parlamentarios unas cifras nuevas del presupuesto. Mi grupo para votar, solicita saber. Estas cifras son el
resultado ¿de qué operación? ¿Quién las ha hecho y cómo?.
Nos parece una falta de respeto que dos minutos antes se nos cambien las cifras del presupuesto. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego un momento de atención. En primer lugar, como es evidente, esta es la primera vez que esta Cámara va a tramitar un veto propuesto por el Senado a los Presupuestos Generales del Estado. El artículo
122 del Reglamento dice muy claramente que lo que se tiene que someter a votación es el texto inicialmente aprobado por el Congreso. Y eso es lo que vamos hacer, votar el texto inicialmente aprobado por el Congreso. Usted, legítimamente, ha pedido
cuáles eran las cifras. Para su tranquilidad, he pedido a los servicios que entreguen las cifras resultantes de lo que figura en el Boletín Oficial de las Cortes del día 25 de noviembre, junto con los acuerdos adoptados por esta Cámara, en el bien
entendido, señor Pujalte, y la Presidencia ha hecho un esfuerzo para clarificar el voto, que en estas cifras no figuran lo que usted llama enmiendas incorrectas. Así pues, lo que votamos no incluye ninguna posibilidad de incorporar en esas cifras
lo que usted llamaba las enmiendas. Me está entendiendo perfectamente. (El señor Martínez-Pujalte López hace signos negativos.-Rumores.) En consecuencia, me parece muy bien que se planteen batallas políticas. Esas cifras son el resultante de la
decisión tomada por el Congreso y los acuerdos tomados por el Congreso. Pero no figuran en el texto que han hecho los servicios, y el presidente los cubre, lo que usted llamaba las enmiendas en el Senado y que, obviamente, no han sido incorporadas.
Obviamente este no es un problema para la Cámara ni para el presidente, usted lo ha dicho muy bien; será un problema para el Gobierno y el Gobierno tendrá que arreglarlo como entienda que es más correcto. Este no es un problema para la Cámara.
Así pues, señorías, para que quede rotundamente claro, el presidente va a pedir votación. Plantéeme la cuestión de orden ahora, porque cuando diga que empieza la votación ésta no se puede interrumpir.
Cuestión de orden.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, la cuestión de orden que planteo es para conocimiento exacto de lo que vamos a votar.
El señor PRESIDENTE: Ya lo ha dicho el presidente.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, nos han dado unas cifras que figuran en el orden del día de hoy que hemos podido estudiar.
Por ejemplo -lo digo para conocimiento de la Cámara-, Defensa: 6.794.
El señor PRESIDENTE: Eso ya lo sé.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Un minuto, señor presidente; sólo medio segundo.
El señor PRESIDENTE: Esa no es una cuestión de orden.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, sólo es para exponer la cuestión de orden. La cifra de Defensa que era 6.794 está reducida y pone 6.757. Este es el resultado ¿de qué?
El señor PRESIDENTE: Se lo explico y lo sabe usted perfectamente. Es el resultado de los acuerdos tomados en esta Cámara y en esas cifras -lo digo por última vez- no figura ninguna de las enmiendas que se presentaron en el Senado, que al
haber sido rechazadas evidentemente no pueden entrar en lo que vamos a votar. Queda clarísimo.
Señorías, vamos a votar.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 180; en contra, 162.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el proyecto de ley de presupuestos.
(Aplausos.)
Señorías, los portavoces me han señalado el deseo de intervenir todos en la Ley de violencia de género. Al ser orgánica tengo que anunciar que si hay intervenciones de todos los grupos votaremos no antes de las tres de la tarde. (Rumores.)
Si quieren ponemos a las dos, pero no me creo que ustedes vayan a ser breves. (Rumores.) Bueno, votaremos no antes de las dos de la tarde. En todo caso no votaremos antes de las dos de la tarde, pero supongan ustedes que será bastante después de
las dos de la tarde.
(Rumores.)
ENMIENDAS DEL SENADO:
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD EN LAS OPERACIONES COMERCIALES. (Número de expediente 121/000001.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, continuamos con el proyecto de ley por la que se establecen medidas
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
Procede fijar la posición de los distintos grupos parlamentarios. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Mi grupo va a votar favorablemente las enmiendas que vienen de la Cámara Alta, excepto aquélla que en el mensaje motivado del Senado se ha clasificado con el número 12 y hace referencia a lo que más adelante diré. Voy a terminar con la
parte positiva, porque en el Senado se han introducido una serie de enmiendas perfeccionadoras y que dan mayor seguridad jurídica. Quiero destacar la enmienda al artículo 3.2, que introduce un punto 2 nuevo, que considera esta ley de aplicación
supletoria en aquellos contratos regidos por la Ley de contratos de las administraciones públicas. También quiero destacar la modificación del artículo 8, en cuanto a las indemnizaciones por costes de cobro para incorporar por el acreedor, que
tendrá derecho a reclamar al deudor.
Creemos que esto es beneficioso para todos los proveedores, para el amplio mundo de las pequeñas empresas, cooperativas, etcétera. Igualmente cabe destacar la enmienda al artículo 9, que se refiere a la
confidencialidad, para que los empresarios protejan la confidencialidad en los elementos de prueba que se aporten en cualquier denuncia o contencioso.
Ahora me voy a referir a la enmienda que vamos a votar en contra. Pido a los servicios de la Cámara que anoten que pediremos votación separada de esta enmienda, que viene a modificar el texto que había salido del Congreso y que había
obtenido un gran consenso, según pudimos apreciar en los trámites de Comisión. La enmienda modifica la disposición final segunda de la Ley 7/1996, de ordenación del comercio minorista. Señorías, hemos hecho el esfuerzo de traer aquí un proyecto de
ley cuyo meollo es establecer medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Este es un fenómeno que se venía detectando desde hace años, prácticamente desde la aparición de las grandes superficies y áreas de distribución
comercial en España. Los proveedores individuales, de pymes o de cooperativas agrarias fundamentalmente, se veían sometidos a lo que en principio se llamaron demoras, pero estas demoras pasaban de 90 días e incluso de 120 días y se convertían ya en
aplazamientos de pago desde una posición dominante de la gran superficie o del gran distribuidor comprador de estos productos de consumo.
Pues bien, incluso con el afán de homologarnos a países vecinos, como es el caso concreto de Francia, donde la limitación está en los 60 días para atender los pagos a los proveedores, introducimos en su momento correspondiente en el Congreso
de los Diputados la limitación en los 60 días, porque estábamos prácticamente homologándonos con el derecho comparado de la legislación que tiene Francia al respecto. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.)
Sorpresivamente en el Senado se ha introducido una enmienda que desvirtúa el texto.
Resulta que la enmienda, aunque sí respeta en el primer párrafo la cuestión de los 60 días teóricamente, viene a condicionar, y por tanto lo desvirtúa, el texto.
La enmienda que se propone, y que mi grupo va a votar en contra, dice: salvo pacto expreso en el que se prevean compensaciones económicas equivalentes al mayor aplazamiento y de las que el proveedor sea beneficiario, sin que en ningún caso pueda
exceder el plazo de 90 días. Esto es un auténtico trapicheo y supone someter a la parte más débil, a la parte vendedora o proveedora de productos de consumo, y sobre todo en el campo agroalimentario, a una vulnerabilidad tremenda porque desde luego
no existe nada que no garantice que no se va a ejercer una posición de fuerza. ¿Dónde se puede evaluar que se prevean compensaciones económicas equivalentes al mayor aplazamiento? Por mayor aplazamiento, ¿qué se entiende? ¿Los 30 días que hay
entre los 60 días de la primera parte del párrafo con los 90 días de la enmienda introducida? ¿Son 30 días de interés bancario en el mercado operativo? ¿Dónde se fijan esos intereses para compensarlos? ¿Cómo y con qué? Eso es dejar a la ley en
una indefinición grave y en una inseguridad jurídica. A lo mejor el comprador oferta unas condiciones, que teóricamente en su valor venal pueden estar más o menos próximas a precios de mercado, pero no sabemos si la compensación es a precios de
mercado, o a precios de interés bancario correspondiente, o de préstamos. Desde luego esto viene a desvirtuar el consenso que habíamos tenido en el Congreso de los Diputados de por primera vez fijar el límite de las demoras de pago en 60 días.
Consideramos que este tiempo es suficiente porque no conocemos ningún caso en el que estas grandes áreas o superficies de distribución hayan presentado suspensión de pagos porque tienen déficit de tesorería y de caja correspondiente.
Por tanto, proponemos volver al texto que había salido aprobado de este Congreso de los Diputados para el Senado y votamos en contra de esta enmienda de la Cámara Alta, por lo que hemos pedido su votación por separado. Solicitamos que se
restituya el espíritu, el criterio y el consenso que mayoritariamente habíamos tenido aquí los grupos que defendimos esta situación.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Mardones.
Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, tiene la palabra el señor Pérez.
El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Gracias, señor presidenta.
Intervendré con brevedad. Nosotros vamos a reiterar nuestra posición positiva global en cuanto al proyecto de ley por el que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. No obstante, queremos señalar
que seguimos creyendo que las dificultades financieras y comerciales que genera la morosidad, utilizada como política por las grandes empresas, genera no solo inestabilidad y perjudica los resultados de las pequeñas empresas, sino que también puede
repercutir en los consumidores finales. En ese sentido, queremos lamentar que en toda la tramitación no haya sido posible incluir a esas organizaciones, tal y como se incluyen a otras organizaciones a la hora de ejercer sus derechos en el artículo
9 de la ley.
De otra parte estamos de acuerdo con las enmiendas que vienen a dar mayor claridad y que eliminan ambigüedad e inseguridad a lo largo de todo el texto. En relación con esos criterios, y por ser concreto y abreviar el tiempo, nosotros vamos
a estar a favor de la enmienda que se propone al artículo 3, de la enmienda que se hace al artículo 7, de la primera enmienda que se hace al artículo 8, a la disposición derogatoria y a las dos enmiendas a la disposición final segunda.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Pérez.
Para fijar posición, tiene la palabra el señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Señoras diputadas, señores diputados, por parte del Grupo de Esquerra Republicana valoramos muy positivamente la tramitación de este proyecto de ley que pospone al ordenamiento jurídico español la Directiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo de 29 de junio de 2000, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, si bien cabe manifestar que este proyecto se trae a este Parlamento con un retraso que podríamos definir casi como
espectacular respecto a lo dispuesto en la propia directiva, que establece como muy tarde el 8 de agosto del año 2002 para que se adopten todas las medidas en ella previstas por los Estados miembros. Si estamos descontentos con el retraso, cabe
decir que el actual proyecto de ley no recoge la totalidad de las inquietudes de nuestro grupo parlamentario, que reflejamos en su día con las enmiendas presentadas, algunas de las cuales fueron aceptadas e incorporadas al texto que hoy se somete a
aprobación.
En nuestras enmiendas y en el debate en la Comisión parlamentaria hicimos mucho hincapié en la insatisfactoria redacción del artículo 9.4 de la ley por entender que es poco ambiciosa, ya que nuestro grupo parlamentario cree, y seguirá
defendiendo en el futuro, que la legitimación activa de las organizaciones empresariales, colegios profesionales, gremios, etcétera, para la defensa de sus miembros, se amplíe a todos los aspectos derivados del comercio entre las empresas y entre
empresas y la Administración en aquellas materias afectadas por la presente ley.
Entendemos, pues, que en este punto concreto la ley que se somete a votación ha pecado de poca ambición y esperamos que en un futuro este debate se vuelva a plantear,
bien por una reforma de este mismo texto, bien por una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Otro de los aspectos que no nos placen del proyecto de ley que hoy aprobamos definitivamente es la redacción dada a la disposición transitoria segunda, que establece que la limitación de 60 días a la que se refiere el artículo 17.3 de la Ley
del comercio minorista se aplicará a partir de julio de 2006. Si bien el plazo de junio de 2006 quedó fijado mediante la transacción de una enmienda presentada por nuestro grupo, nosotros, en la enmienda presentada inicialmente, acortábamos el
plazo fijándolo en el 1 de enero de 2005. Nuestra posición en este tema parte del enorme retraso con el que se ha presentado este proyecto en las Cortes -repito, dos años- y, por tanto, no parece razonable alargar más el límite máximo previsto para
su entrada en vigor. De todas formas, como decía, aceptamos la transaccional que hicimos en su momento como un mal menor.
En el trámite del Senado se ha añadido una serie de enmiendas que nuestro grupo parlamentario no puede aceptar. En concreto, no se aceptan los siguientes artículos enmendados en el dictamen de la Comisión. En primer lugar, artículo 3,
apartados 1 y 2. Frente a la redacción que consta en el dictamen de la Comisión, resulta mucho más adecuada la redacción originaria del artículo 3.1, en la que los contratos de las administraciones públicas se incluyen plenamente en el ámbito de
aplicación de la ley. Así lo exige el principio de igual que para las entidades públicas o privadas establece el derecho comunitario. En concreto, el considerando 22 de la Directiva 2000/35 de la Comunidad Europea, de 29 de junio, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, señala que en su ámbito se comprenden todas las operaciones comerciales, con independencia de si se llevan a cabo entre empresas públicas o privadas o entre éstas y los
poderes públicos.
En segundo lugar, no votaremos favorablemente a las enmiendas presentadas a la disposición final primera, apartado 3, al apartado 4 del artículo 116 del texto refundido de la Ley de contratos de las administraciones públicas. La redacción
que se pretende dar al artículo 116.4 del texto refundido de la Ley de contratos de las administraciones públicas es manifiestamente contraria a la Directiva 2000/35, y su incorporación en esos términos a la ley supondrá, sin duda, una condena a
España por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
Como ya señaló el Consejo de Estado, y cito textualmente: No parece lógico hacer de peor condición a los subcontratistas que al resto de las empresas que contratan con otras empresas privadas. En relación con ello, debe aludirse a los
problemas de compatibilidad con la directiva que puede plantear el artículo 116 de la LCAP, puesto que, mientras la norma comunitaria fija, como regla general, un plazo de pago de 30 días desde que se recibe la factura, y permite que se fije en 60
días en casos especiales, en el artículo 116 se prevé, con carácter general, que el plazo se extienda hasta 90 días (30 días desde la presentación de la factura para que el contratista principal dé su conformidad a la factura, y 60 días más para
efectuar el abono) He citado textualmente. Por tanto, entendemos que la redacción dada por el Congreso de los Diputados en su día es más adecuada y es la que debe permanecer, a nuestro entender, en el texto definitivo que salga de esta Cámara.
Finalmente, no estamos satisfechos con la enmienda introducida en la disposición final segunda de modificación de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista, en el epígrafe 1 apartado 3: La directiva que se pospone
busca una mayor claridad en la determinación de los plazos de pago, tratando de impedir que los plazos de pago puedan ser utilizados para proporcionar a los compradores una liquidez adicional a expensas de los vendedores, filosofía que está recogida
en el párrafo 4 de la exposición de motivos de este proyecto de ley. Ese mismo principio filosófico se recoge en el artículo 9, cláusulas abusivas, en cuyo epígrafe 1, párrafo 3, recoge la presunción de que una cláusula es abusiva cuando sirve
principalmente para proporcionar al deudor una liquidez adicional a expensas del acreedor. Según este principio, la cadencia de pagos debería acomodarse al período de rotación de los productos. Si el producto acaba en siete días y hay que
repornerlo significa que ya ha sido vendido y, por tanto, cobrado del consumidor.
La rotación media de los productos perecederos es de 14 días y los demás productos de alimentación de 28 días. Ello significa que un aplazamiento de 30 y 60 días genera ya financiación positiva, pero esos plazos son admisibles porque
proporcionan una simplificación administrativa claramente positiva a la hora de delimitar los derechos y obligaciones de los contratantes. Nos parece que llevar el aplazamiento máximo de los productos no perecederos a 90 días es excesivo. Nuestro
objetivo era 60.
No es justificable con el espíritu y la letra del propio proyecto de ley y de la directiva que se traspone, pues el período que se marca equivale a más de tres ciclos de rotación del producto, lo que a nuestro criterio es excesivo.
Además, si tenemos presente la posición de dominio de las grandes empresas respecto de los proveedores, parece obvio que impondrán sistemáticamente el pacto expreso de 90 días. Asimismo, no se establece que dicho pacto expreso deba figurar por
escrito, lo que lleva a cierta indefensión y, por otro lado, las compensaciones económicas serán, según la redacción de la enmienda, claramente subjetivas y su determinación quedará en la práctica en manos del distribuidor. También cabe manifestar
que en la actualidad en el Estado español se aplican los plazos de pago más largos de Europa. Esta situación influye enormemente en la competitividad de la industria suministradora de comercio, que debe financiar en su mercado doméstico unos
períodos de cobro más dilatados que los de sus competidores en la Unión Europea, con los consiguientes mayores costes financieros.
Con la supresión de las referidas enmiendas y con la redacción del proyecto de ley remitido por el Senado con el resto de enmiendas aprobadas, aprobaremos el presente proyecto de ley que, repetimos, nos hubiera gustado que fuera más
ambicioso, pero en los términos que ha quedado redactado es enormemente positivo para la seguridad de nuestro comercio. Esto nos lleva a la adaptación a Europa, a la mejora de las condiciones de defensa de los pequeños proveedores y a la sensación
de que finalmente ha llegado la ley. Más vale tarde que nunca.
Gracias, señoras diputadas, señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Puigcercós.
Continuamos con el turno de Convergència i Unió. Tiene la palabra el señor Sánchez Llibre.
El señor SÁNCHEZ LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, debatimos hoy aquí una serie de enmiendas provenientes del Senado correspondientes al proyecto de ley por el que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Es bien cierto
que nuestro grupo parlamentario de Convergència i Unió ha venido reclamando reiteradamente la necesaria trasposición de la Directiva del Parlamento Europeo, de 29 de junio del año 2000, y que estaba pendiente desde agosto del año 2002. También es
cierto que durante esta legislatura presentó una iniciativa ante la Comisión de Economía y Hacienda para que la trasposición se llevara a cabo inmediatamente, iniciativa que fue aprobada por la mayoría de los grupos de la Comisión. Finalmente, el
Gobierno presentó este proyecto de ley al Parlamento.
Convergència i Unió ha mantenido siempre que la morosidad genera importantes cargas financieras y administrativas a las empresas, hasta el punto de amenazar la supervivencia de la actividad, especialmente cuando los afectados son empresas
pequeñas y medianas, trabajadores autónomos y profesionales. Hay que resaltar como dato significativo que los retrasos en el pago generan todos los años en Europa alrededor de 90.000 millones de euros de deudas vencidas y exigibles pendientes de
cobro, y que España se sitúa entre los Estados de la Unión Europea que tienen un plazo
más elevado de pago. La morosidad es, por tanto, uno de los riesgos que afectan a la actividad económica, tanto por la dificultad en el cobro de los impagados como por el retraso de los plazos de pago que practican diversos operadores
económicos.
En el trámite parlamentario correspondiente, nuestro grupo parlamentario presentó una serie de enmiendas en el Congreso y en el Senado. Algunas de ellas fueron aceptadas, y estamos satisfechos del pacto a que llegamos en su momento con el
grupo parlamentario que da soporte al Gobierno para incorporar algunas enmiendas que se habían convertido en marca de Convergència i Unió durante las últimas legislaturas. Por ejemplo, se nos aceptó la que decía que son cláusulas contractuales
abusivas aquellas que se apartan de los requisitos que establece la ley para exigir intereses de demora por incumplimiento del plazo de pago; o la que negaba explícitamente que pueda considerarse uso habitual del comercio la práctica repetida de
plazos abusivos. También se incorporó la que proponía que se pudiera facilitar a las entidades asociativas la defensa de los intereses de sus asociados, con la posibilidad de personarse en los procedimientos iniciados por otras entidades
legitimadas. Igualmente la que contenía un mandato al Gobierno para que realizara un informe del seguimiento de la aplicación de la ley, cuestión a la que estaremos atentos a fin de poder incorporar todas aquellas modificaciones que no contenga la
ley. Asimismo, pudimos incorporar que se delimitara el ámbito temporal de aplicación de la futura ley, de forma que sólo puedan ser declaradas nulas las cláusulas de contratos firmados a partir de la entrada en vigor.
Señorías, por medio de diferentes iniciativas ante la Comisión de Economía y Hacienda y ante el Pleno habíamos planteado reiteradamente una cuestión determinada, ya que estábamos hablando de morosidad y que esta afectaba básicamente a la
iniciativa productiva de pequeñas y medianas empresas y de profesionales, y es que cuando el IVA estuviera impagado durante un año -en vez de los tres que ahora tiene la ley- pudiera ser considerado IVA deducible y, por este motivo, todas aquellas
compañías que no pudieran cobrar las cantidades con el IVA incluido al término de dicho año pudieran deducírselo de sus declaraciones. Es una situación que afecta a muchas actividades empresariales de nuestro país, y no pudimos convencer al grupo
parlamentario que da soporte al Gobierno de que incorporara el cambio, que viene siendo reclamado por muchos sectores de la economía productiva española.
En el Senado pudimos presentar algunas enmiendas que fueron aceptadas en el Congreso y que hoy no serán probablemente aprobadas por el cambio de opinión de algunos grupos parlamentarios que las apoyaron en la Cámara Alta y a los que el
filibusterismo político les llevó a votar una cosa en el Senado y otra diferente aquí. Estas enmiendas no gozarán hoy de la aprobación del grupo parlamentario que da soporte al Gobierno. Nos referimos concretamente a una cuestión que nuestro grupo
parlamentario viene tratando históricamente: la modificación de la disposición final primera, que se refiere a la modificación de la Ley de contratos de las administraciones públicas, concretamente del artículo 116.5. Se trata de la derogación del
apartado de la Ley de contratos que permite a los contratistas aplazar mediante acuerdo los pagos a los subcontratistas, lo cual comporta enormes problemas de funcionamiento y malestar general entre los subcontristas de obras o servicios públicos.
Nuestro grupo ha mantenido firmemente a lo largo de las últimas legislaturas esta posición, recogiendo inquietudes que nos habían manifestado desde diferentes sectores productivos. Si bien es cierto que conseguimos incorporar esta enmienda en el
debate de este proyecto de ley en el Pleno del Senado, no sé si ahora voy a ser capaz de convencer al Grupo Parlamentario Socialista para que sea sensible a estas necesidades y pueda aprobarse esta enmienda que, repito, afecta a un sector muy
importante de la economía productiva española, afecta a muchos subcontratistas, la mayoría de ellos pequeñas y medianas compañías.
Nosotros creemos que con la aprobación de esta enmienda haríamos justicia en el sentido de que la ley de morosidad
que se va a aplicar en muchísimos sectores también se pudiera aplicar en el sector de la subcontratación.
Hay otra enmienda que nosotros consideramos muy importante y es la que hace referencia a la disposición final segunda (nueva disposición transitoria segunda de la Ley de ordenación del comercio minorista), en la que se establece que el
inicio del cómputo de los plazos de 30 y 60 días a que se refiere la dicha ley sea desde la entrega de la mercancía.
Esta es una cuestión que consensuamos en el Senado y parece ser que en este caso sí se va a conseguir el consenso de todas las
fuerzas políticas para que los plazos no empiecen a contar desde la recepción de la factura sino a partir de la entrega de la mercancía, en vez de fijarse la fecha determinada a que se refiere el artículo 4 del proyecto de ley contra la morosidad.
Este es un aspecto muy relevante para nuestra formación política. Ya tuvimos un éxito considerable en el Senado y esperamos que ahora también pueda gozar de la confianza de la mayoría de los grupos de esta Cámara.
Hemos presentado otra enmienda en el Senado a la disposición derogatoria única en la que se evita la derogación de aquellas normas anteriores a la nueva ley que fueran más beneficiosas para el acreedor en relación con la determinación de los
plazos de pago.
Finalmente, hay una enmienda que consensuamos con el Grupo Parlamentario Socialista a la disposición final segunda, correspondiente al artículo 17.3 de la Ley de ordenación del comercio minorista, en la cual se establece el aplazamiento de
pago de productos frescos y perecederos que no excederá en ningún caso de los 30 días y para los demás productos de alimentación
y consumo no excederá de los 60 días. En este caso sí que se contempla la excepción de un pacto expreso que pueda existir entre el proveedor y el cliente para el caso en que se excedieran los 60 días, siempre y cuando se prevean
compensaciones económicas que no pueden exceder de un plazo determinado, lo que sería una solución equilibrada que beneficie a todos los sectores de la economía productiva española.
Estas son las enmiendas más relevantes que nuestro grupo parlamentario va a plantear en la votación que se va a celebrar después del debate de las enmiendas del Senado al proyecto de ley contra la morosidad.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Turno del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra el señor Delgado.
El señor DELGADO ARCE: Señora presidenta, señorías, el Grupo Popular le concede una enorme relevancia a la trasposición de esta directiva comunitaria. Compartimos sus objetivos: combatir la morosidad en el pago de deudas dinerarias y el
abuso en perjuicio del acreedor en la fijación de los plazos de pago en las operaciones comerciales que den lugar a la entrega de bienes o a la prestación de servicios realizadas entre empresas o entre empresas y la Administración. Entendemos que
la correcta aplicación de esta ley que hoy aprobaremos servirá para fomentar una mayor transparencia en la determinación de los plazos de pago, en las transacciones comerciales y también su cumplimiento.
El proyecto de ley que presentó el Gobierno socialista en esta Cámara en esta legislatura es, en parte, copia casi literal del proyecto de ley que el entonces Gobierno del Partido Popular presentó a final de la pasada legislatura y que
decayó por finalización de la misma, pero cabe señalar dos grandes e importantes diferencias. Por una parte, se modifica de un modo más amplio el texto refundido de la Ley de contratos de las administraciones públicas y también se modifica la Ley
7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista. Cuando este proyecto de ley llegó a la Cámara dijimos que se producía un exceso en la trasposición de la directiva comunitaria por las razones que luego comentaré. Anunciamos en la
tramitación parlamentaria de esta ley un defecto procesal para nosotros importante, cual fue la ausencia de dictamen del Consejo de Estado, por cuanto se acompañó con este proyecto de ley el que en su momento había sido tramitado con ocasión del
proyecto de ley del Partido Popular, lo cual representa un incumplimiento claro de los artículos 88 de la Constitución española y 109 del Reglamento del Congreso de los Diputados, pues el Consejo de Estado debe ser consultado cuando de proyectos de
ley de trasposición de directivas comunitarias se trate. En cualquier caso, señorías, la tramitación parlamentaria que aconteció después tuvo una enorme singularidad. En la Comisión de Industria del Congreso ofrecimos al grupo mayoritario de la
Cámara, al Grupo Parlamentario Socialista -aquí representado por su portavoz el señor Ricard Torres, a quien quiero reconocer personalmente su gran trabajo y dedicación a este proyecto de ley y a todos cuantos tiene oportunidad de llevar-, nuestro
claro apoyo en la línea de buscar una mejora de una ley técnica con unos objetivos tan importantes para la economía nacional.
Lamentablemente no tuvimos éxito en Comisión y salimos de allí con un texto mucho más impreciso y mucho más
contradictorio. Especialmente mal había quedado la modificación de la Ley de ordenación del comercio minorista, a la que me referiré a continuación. Tenemos dos Cámaras en nuestro sistema legislativo constitucional y en el Senado, en el ámbito de
la Comisión, se produjo algo realmente importante. Fueron aprobadas enmiendas de todos los grupos parlamentarios de las cuales nuestro grupo consiguió aprobar ocho que sirvieron para mejorar notablemente el texto legal. Tan diferente era el
proyecto que fue nuestro grupo el que apoyó el dictamen de la Comisión y fue el Grupo Socialista el que tuvo que abstenerse y no pudo apoyarlo. Y en el Pleno del Senado, señorías, se mantuvieron algunas de las enmiendas y se alcanzaron
transacciones en un par de artículos, transacciones en las que el Partido Popular no fue realmente consultado ni tuvo parte y que hoy comentaré también en este breve debate.
Pues bien, señorías, pedimos al Pleno de esta Cámara el mantenimiento de la enmienda número 21, del Grupo Parlamentario Popular, que es una enmienda al artículo 3 que se refiere al ámbito de aplicación en la que entendemos que queda mucho
mejor precisado cómo ha de aplicarse esta ley a todos los pagos efectuados como contraprestación en las operaciones comerciales realizadas entre empresas, así como las realizadas entre los contratistas principales y sus subcontratistas y
proveedores; pero esta ley debe ser de aplicación supletoria a los contratos regidos por la Ley de contratos de las administraciones públicas. Pedimos también el mantenimiento de la enmienda número 22 al artículo 3.2, que pretende eliminar la
referencia genérica a otros pagos y también precisar el concepto de operaciones financieras. En el artículo 8 pedimos el mantenimiento de la enmienda número 23, que busca que el deudor no esté obligado a pagar la indemnización establecida cuando
pueda probar que no es responsable del retraso en el pago, y así darle el mismo tratamiento que se establece en el artículo 6.b) para los intereses de demora.
También pedimos el mantenimiento de la enmienda 24 al artículo 9.2, referido a las
cláusulas abusivas. Señorías, nos congratulamos de que el proyecto de ley que vamos a aprobar hoy recoja las acciones colectivas para impedir la utilización de cláusulas abusivas cuando hayan sido redactadas para uso general. En este sentido
valoramos que las asociaciones,
las cámaras de comercio y las corporaciones de empresarios, profesionales y agricultores dispongan de la acción de cesación y de la acción de retractación. En la tramitación parlamentaria conseguimos que la mayoría nos aceptase que las
entidades pudieran personarse en los procesos promovidos por cualquiera de ellas para la defensa de los intereses que representan. Somos partidarios de estas acciones y no lo hemos sido de ir más lejos, en concreto, de apoyar acciones de nulidad
porque siempre hemos entendido que estas acciones son de carácter individual. Señorías, se ha aceptado la enmienda número 25 -y pedimos al grupo mayoritario que la mantenga-, que introduce la reserva de confidencialidad para aquellas pruebas que
sean aportadas por aquellos que reclamen en el ejercicio de estas acciones. Es cierto que en determinados procedimientos pudiera existir un temor fundado a que el conocimiento de la identidad del contratante perjudicase el éxito de la reclamación,
por lo que pedimos confidencialidad. No se trata de que se desconozca a quien se demande, que es la asociación, sino quien ha firmado determinado contrato cuya veracidad, integridad y exactitud no se discute. Creemos, además, que esto no vulnera
nuestro ordenamiento jurídico porque ya está vigente, por ejemplo, en el artículo 53 de la Ley de defensa de la competencia.
En materia de la Ley de contratos de las administraciones públicas, señorías, nuestro grupo parlamentario ha querido leer adecuadamente la directiva comunitaria, que en el considerando 18 permite a los Estados miembros que en determinados
tipos de contrato pueden estar justificados periodos de pago más amplios al señalado en la directiva, si bien en esos casos se exigen contrapartidas de tipos de interés más altos o una restricción en la libertad de contratación. Ello hace que
hayamos introducido la enmienda 27, que fue aceptada, que afecta al apartado cuatro del artículo 116 y que nosotros pedimos que se mantenga porque permite que tenga mucho mejor tratamiento la enorme problemática de la contratación en la que están
implicadas las administraciones públicas, entre las que está la del Estado pero también los ayuntamientos y las comunidades autónomas.
Me refiero finalmente a aquellas enmiendas que afectan a la Ley de ordenación del comercio minorista, que se modifica por esta ley.
Señorías, el sector de la distribución comercial minorista ya tenía un tratamiento en nuestro ordenamiento
diferente y mucho más exigente en cuanto al cumplimiento de plazos de pago. Ustedes optaron por reformarlo a través de esta trasposición de la directiva comunitaria y nosotros en este momento somos conscientes de que esa decisión está tomada.
Creemos que con nuestra enmienda 28, que en su momento planteamos y que fue rechazada en el Senado, hemos contribuido a sentar las bases de lo que ustedes hoy introducen como una enmienda transaccional que, desde nuestro punto de vista, es una
enmienda transaccional que recoge claramente el equilibrio entre el importante sector de la fabricación y el importante sector de la distribución, ambos vertebradores de la economía nacional española. Es acertado establecer un pacto expreso para
aquellos aplazamientos de pago superiores a 60 días que afecten a los artículos de gran consumo con la limitación que se establece. Eso contribuirá - lo que entendemos que es mucho mejor- a dejar que sea una ley que establezca unos mínimos, pero
también un pacto expreso, la que regule unas relaciones tan interesantes e importantes y que no son unas relaciones tan lacerantes o tan duras como las que realmente se nos plantean, sino que se suelen compensar con planteamientos adicionales y no
siempre económicos, como se recoge en su texto. Señorías, lamentamos que no se haya acogido nuestra enmienda que establecía y pedía un periodo transitorio del 1 de enero de 2008 para la entrada en vigor de los aplazamientos fijados para los
productos frescos y perecederos y para la limitación máxima de 60 días a que se refería el artículo 17.3 de esta ley. Finalmente, se rebaja en seis meses la previsión de su propio proyecto de ley, de 1 de enero de 2007 a 1 de julio de 2006. Esto
podía haberse mejorado, pero lo cierto es que está en estos términos.
Termino ya, señora vicepresidenta -presidenta en estos momentos-, agradeciendo a todos los grupos el trabajo que han hecho en la tramitación de esta ley y deseándoles a todos una feliz Navidad.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchísimas gracias, señor Delgado. Feliz Navidad a usted también.
Adelante, señor Torres, para finalizar con el turno del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor TORRES BALAGUER: Señora presidenta, señorías, venimos a aprobar la ley de medidas de lucha contra la morosidad y las operaciones comerciales, que tiene como objeto trasponer, aunque con mucho retraso, la Directiva comunitaria
2000/35, del Parlamento Europeo. En este sentido, cabe señalar que la ley no es útil sólo para combatir fenómenos de retraso y excesivos aplazamientos entre las empresas, sino que también afecta a las administraciones públicas. Conviene recordar
que este retraso ha producido una demanda interpuesta por la Comisión Europea contra el Reino de España por no haber cumplido los plazos para la trasposición. Repasaremos brevemente los mecanismos que contempla el proyecto.
Antes de comenzar este repaso, quisiera afirmar que el trabajo que se ha hecho en Comisión ha sido un trabajo positivo en el que todos los grupos han intentado acomodar las posiciones y que esta ley tuviera un resultado efectivo y no
perjudicara a ningún sector de los que estaban en juego. Es cierto que hay sectores especialmente débiles, el del comercio minorista y el de los fabricantes, sectores que quedan suficientemente amparados
por la regulación. Quiero señalar brevemente que, en principio, el Grupo Socialista va a rechazar muchas de ellas por cuestiones de carácter técnico. No podemos olvidar que esta ley tiene una concatenación con nuestro ordenamiento jurídico
en múltiples aspectos y, por tanto, no podemos tocar algunas cuestiones como, por ejemplo, la señalada de la subcontratación que afecta a la Ley de contratos de las administraciones públicas. En este caso contraviene una directiva comunitaria en
cuanto que no podemos en un texto legal concretar una situación peor para los subcontratistas que la norma general de la Ley de morosidad. Tenemos el informe del Consejo de Estado y los informes del Gobierno, pero, en definitiva, no es que no
estemos por mejorar los periodos de pago con los que la subcontratación está cargando, sino que en estos momentos no podemos solucionarlo a través de esta técnica legislativa. Por tanto, en la voluntad de ir sector a sector acortando los plazos y
las relaciones contrapuestas entre suministradores y receptores, la propia -insisto- necesidad de acomodar nuestro ordenamiento jurídico limita las cosas que hemos podido mejorar. Y cuando hemos podido transaccionar diferentes posiciones lo hemos
hecho. Los mecanismos que contempla esta ley, en primer lugar, se aplican a la generalidad tanto de empresas como de administraciones públicas, comunidades autónomas y entes locales y no afectan a las normas específicas que vienen reguladas por
procedimientos concursales a los consumidores o a todas las entidades financieras. El proyecto respeta el principio de la libertad de pactos, pero todos sabemos que no puede ser limitada porque precisamente esta libertad ha llevado a una dilación
excesiva por parte de los grupos que tienen mayor poder. La primera cuestión que aborda es que, en defecto de pacto expreso, el pago debe efectuarse en el plazo de 30 días y los intereses de demora se pueden fijar de una manera automática, con un
tipo que actualmente ronda el 9 por ciento. Por tanto, hay unos mecanismos de defensa del acreedor. Ya no hace falta denunciar la mora, ya se puede exigir al acreedor la compensación por los costes de cobro en que haya incurrido. Si los plazos se
acuerdan más allá de los 30 días y el interés que se pacta es inferior al que hemos señalado, el deudor puede haber abusado de su relación contractual y se permite, por tanto, que se declare la nulidad de estas cláusulas abusivas, permitiendo al
juez una amplia facultad de interpretación y valorar las consecuencias de este posible abuso. Se reconoce, como se ha señalado, la legitimación procesal de cámaras de comercio y asociaciones empresariales cuando hablamos de las acciones de cesación
y retractación en cuanto a las condiciones generales de contratación. El Senado ha mejorado algunos aspectos y nosotros lo valoramos positivamente.
En cuanto a la modificación señalada de la Ley del comercio minorista, este tratamiento específico que creemos es necesario viene amparado porque España es el país de la Unión Europea con mayores periodos de aplazamiento de pago: 68 días
frente a los 38 de la Unión Europea. La industria suministradora tiene muchísimos problemas de competitividad, porque se le añaden unas cargas adicionales que no tienen en otros países. Quiero simplemente recordar que entidades que operan en
España, grandes entidades del sector de la distribución, tienen plazos de pago en sus países de origen, en Francia por ejemplo, tres veces más pequeños que en España. Por consiguiente la economía española, y en este caso las relaciones entre la
gran distribución, la fabricación y el comercio de minoristas, está necesitada de unas reglas de juego que nos lleven a posiciones razonables. Esto está contrastado con datos de la central de balances del Banco de España. Por ejemplo, ¿cuáles son
los plazos de pago que tiene la industria de alimentación respecto a la distribución y a la vez qué plazos tiene ella de pago a sus proveedores? Hay un pequeño diferencial de siete días. En el comercio mayorista el diferencial es cero y en el
comercio minorista hay un número de días, como el que he señalado, que no tiene ninguna justificación. Por tanto, se están beneficiando de una financiación adicional que en muchos casos está sirviendo para no solamente ampliar sus cuentas de
resultados, sino para operaciones que desde el punto de vista de operativa financiera no se pueden financiar con circulante, grandes inmovilizaciones o financiar filiales en otros países.
Creemos que con esta ley hemos logrado una posición de equilibrio y yo diría que cuando hemos pactado fundamentalmente el periodo de entrada en vigor hemos pensado tanto en la industria que tiene que adaptarse a estos nuevos periodos como en
el sector de distribución, porque la garantía que debe dar esta Cámara en las leyes no debe tener un impacto negativo sobre ningún sector. En este caso, el sector de distribución tiene que moderar esos plazos, pero tampoco podíamos fijar un periodo
de entrada en vigor que causara un gran trastorno en sus cuentas de resultados. Hemos llegado a un punto de equilibrio tanto en la entrada en vigor como en los plazos de pago, en los que entendemos que la modificación que ha hecho el Senado de
30/60 días -30 días para perecederos, 60 días para productos de alta rotación, con la ampliación a los 90 días, pagando en este caso el distribuidor ese diferencial de una manera expresa- es un punto de equilibrio que va a mejorar la situación en
general de los pagos en el sector de la distribución. El objeto de mi grupo parlamentario ha sido que todos los sectores afectados tuvieran una buena solución en esta ley y que no hubiese ningún sector con un grave impacto. En ese sentido, tengo
que agradecer a todos los grupos parlamentarios su colaboración pensando solamente en que las empresas, que es nuestra fuente de generación de riqueza, no pueden tener más allá que una acomodación a las normas generales y a una libertad excesiva en
cuanto el mercado y su posición les proporciona.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Torres.
Señorías, finalizamos el debate sobre esta ley, que votaremos después de la siguiente.
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. (Número de expediente 121/000002.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Proyecto de ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género. Como procedimos anteriormente, fijaremos posiciones por diez minutos y lo harán los grupos
parlamentarios de menor a mayor. Comenzaremos con la intervención del Grupo Mixto, en este caso de la señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DÁVILA: Gracias, señora presidenta, y muy brevemente, porque vamos a ratificar nuestro voto favorable a la ley de medidas de protección integral contra la violencia de género, si cabe con más satisfacción que cuando
votamos el proyecto de ley en este hemiciclo, por una razón, el proyecto de ley viene mejorado en el aspecto técnico, pero también con la inclusión de algunas enmiendas que fueron defendidas en esta casa, lo cual para nosotros es muy satisfactorio,
concretamente aquellas que modifican el artículo 25 y por las que se introduce la disposición adicional decimonovena, es decir, las que eliminan el requisito de edad para que las mujeres en situación de violencia de género puedan acceder a las
ayudas económicas, así como para que aquellas mujeres que perciban estas ayudas puedan prorrogarlas durante un plazo de hasta 24 meses si tienen a su cargo o son ellas mismas personas con algún tipo de discapacidad, minusvalía, etcétera. En cuanto
a la disposición adicional decimonovena, se trata de algo que nosotros siempre entendimos que era muy importante en general en todas las sentencias de divorcio, que tiene que ver con el incumplimiento de la obligación económica por parte del padre a
favor de los hijos, pero en concreto en aquellos casos de violencia de género, porque las necesidades son mucho mayores. Por tanto, que en la disposición decimonovena, apartado 2, se recoja que el Estado garantizará el pago de alimentos reconocidos
e impagados a favor de los hijos e hijas menores de edad para nosotros es una satisfacción que queremos mencionar aquí.
Por lo que respecta a los artículos 27, la delegación especial del Gobierno, y 28, el observatorio estatal de violencia, la modificación respecto del proyecto de ley aprobado en este Congreso es menor, pero queremos mencionarla porque a lo
largo del debate y sobre todo en los momentos en que pudimos tener diálogo directo con asociaciones y con mujeres que estaban siendo víctimas de esta violencia de género, nos encontramos con situaciones realmente kafkianas respecto a decisiones
judiciales o de atención por parte de los cuerpos especiales de la Policía que en este momento están tratando estos temas. Pensamos que es urgente que el Gobierno adopte estas medidas de creación de la delegación especial contra la violencia de
género, así como el observatorio estatal.
Es necesario responder a estas situaciones kafkianas que yo decía anteriormente y por tanto a la necesidad de la formación de magistrados, de fiscales, de los cuerpos de la seguridad del Estado y de todos
aquellos elementos que actúan en la atención a las mujeres víctimas de malos tratos y que en ese observatorio se haga un seguimiento de todas aquellas sentencias -y del retraso de las mismas- que puedan dar una solución definitiva a estas
situaciones que padecen estas mujeres. Nos parece que, junto con todo lo que en la ley se recoge, son unas medidas que requieren del Gobierno una voluntad política urgente, y así lo demandamos, independientemente de que en futuras ocasiones podamos
hablar más ampliamente de estas cuestiones.
Aprovecho que estamos en estas fechas para felicitar a todos y a todas por poder llegar a este consenso en una ley de esta trascendencia y espero que a partir de ahora el Gobierno, teniendo en cuenta que existe este instrumento jurídico,
asuma, con la agilidad que corresponde, aquellas cuestiones que es preciso afrontar para que efectivamente la ley tenga virtualidad y opere positivamente en estas situaciones de violencia de género. Les deseo a las señorías que están aquí muchas
felicidades en estas fechas.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA: (Chacón i Piqueras): Igualmente a usted.
Gracias, señora Fernández.
Continuamos, señorías, con el señor Mardones, puesto que es el turno del Grupo de Coalición Canaria.
El señor MARDONES SEVILLA: Con la venia, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, mi grupo desde el primer momento en que se planteó esta posibilidad de una iniciativa legislativa para la defensa de las víctimas que fueran objeto de malos tratos o violencia, incluso con la pérdida de la vida
por la cuestión de género, familiar o doméstica, como se la ha venido denominando -hoy tenemos ya la denominación legal de medidas de protección contra la violencia de género-, dio su voto a favor total y absoluto. Tanto desde el Gobierno autónomo
de Canarias como desde nuestra comunidad autónoma recogimos con otras fuerzas políticas lo que era un deseo vehemente de obtener una legislación, ya incluso en la legislatura pasada con iniciativas que habíamos apoyado, y celebro que esté aquí el
señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, don Jesús Caldera, porque él sabe que colaboramos desde el primer momento y apoyamos esta iniciativa que felizmente trae su departamento ministerial a través del Gobierno
al trámite parlamentario. Lo apoyamos en la primera fase en esta Cámara, lo apoyamos en el Senado y ahora vamos a ratificar con nuestro voto de apoyo total y absoluto su convalidación como ley orgánica, así como la aceptación de las
enmiendas del Senado, y a ellas me quiero referir muy brevemente, porque creemos que en el trámite del Senado se ha hecho una serie de mejoras, la mayoría técnicas, pero otras muy interesantes que habían pasado posiblemente desapercibidas en la
primera lectura que habíamos hecho en esta Cámara y que han sido motivo de feliz recogida en el documento del Senado.
Muy brevemente, me refiero, por ejemplo, a la enmienda que viene a introducir la competencia de las comunidades autónomas que tienen policías autonómicas dedicadas a la protección de personas que puedan estar en la misma línea que las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para la protección de estas víctimas de la violencia de género.
Otra introducción, que era un problema muy grave, es que se pueda permitir el uso de todos los medios técnicos que la ciencia y la tecnología van poniendo en el mercado para la localización de los agresores que están con condena y tienen que
cumplir la orden de alejamiento. Estábamos viendo que uno de los puntos más débiles era que una vez dictada la orden de alejamiento por el juez correspondiente, se producía el acto de agresión, incluso muchos, lamentablemente, con muerte de la
mujer, porque prácticamente era imposible ponerle una escolta permanente a la víctima que estaba condenada, y después, para la vigilancia de un agresor de este tipo, que busca la nocturnidad y alevosía o cualquier hora del día o de la noche para
cometer su tropelía sobre la víctima y vengarse -según entiende él en su fuero verdaderamente canallesco-, era necesario recurrir a la técnica. Hoy en día hay brazaletes electrónicos de localización del que tiene orden de alejamiento para que desde
una comisaría de Policía o por parte de las Fuerzas de Seguridad se haga el seguimiento de esta persona sobre la que pesa orden de alejamiento.
Incluso hemos tenido que perder vidas de mujeres a causa de la actuación de personajes que estaban con
orden de alejamiento, cuyo control visual, físico y de localización ha sido imposible, y han cometido la conculcación de la ley llegando incluso a ocasionar la pérdida de una vida.
Otra cuestión que se ha introducido en el trámite de enmiendas del Senado y que nos parece positiva es la regulación de la garantía por el Estado del pago de alimentos reconocidos e impagados. En la semana pasada hemos tenido en la Comisión
de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados la comparecencia del señor fiscal general del Estado. Allí coincidimos en señalarle que una cuestión que puede ser considerada como violencia de género es que en las separaciones o divorcios
matrimoniales, la mujer que tiene confiada por el juez la custodia de los hijos no recibe por parte de su cónyuge la pensión correspondiente, a la que está obligado pero que no paga. Esto tiene que ser considerado punible como auténtica violencia
de genero. No es una violencia física, pero está condenando a esa ex esposa y a esos hijos a una vida de miseria, de pobreza y de marginación. Esto tiene que ser considerado en la ley.
Afortunadamente, el Senado ha recogido el pago de los
alimentos.
Otro aspecto es el estigma del apellido en los hijos habidos en las relaciones de la pareja. Se venía produciendo ya en algunos colectivos, sobre todo de mujeres y de hijos de víctimas de la violencia de género, una especie de rechazo
normalmente del primer apellido, que de acuerdo con la ley civil, era del padre, lo que estaba produciendo una serie de demandas y de tensiones. También se ha podido recoger en el Senado el derecho a que víctimas de esta violencia puedan recurrir a
la ley para el cambio de sus apellidos. Porque no merece el honor del apellido quien no lo ha respetado como persona y como dignidad. Nosotros, en la línea de defender este proyecto de ley y votarla con todas las responsabilidades y consecuencias
políticas, creemos que es el mejor servicio que podemos hacer a la sociedad y que todos los medios instrumentales, desde los judiciales a los policiales, desde los asistenciales de todas las administraciones públicas y organizaciones, podamos
sentirnos orgullosos para acabar con una lacra que no dice nada a favor de la dignidad humana, cuando una persona se tiene que amparar en medidas policiales porque hay alguien que no quiere respetar los derechos humanos. Nuestro voto será
inconfundible de adhesión en esta misma línea que el consenso nos lleva hoy a aprobar el proyecto de ley con la mayoría o la totalidad absoluta de esta Cámara.
Muchas gracias, señorías.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Mardones.
Continuamos con el turno de Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Tiene la palabra la señora García Suárez.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro, hoy se visualiza la última fase del proceso que se inició, formalmente hablando, al menos para todos los diputados y diputadas, el 8 de junio, fecha en la que se nos entregó el proyecto de ley orgánica de medidas de
protección integral contra la violencia de género. La propuesta presentada por el Gobierno y la que finalmente hoy se trae para su aprobación definitiva ha contado con aportaciones importantes a lo largo de todo este proceso, en primer lugar las
que tuvieron lugar por parte de entidades, asociaciones representativas, así como de profesionales y personas expertas, realizadas durante las sesiones de comparecencia en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales, llevadas a cabo durante los meses
de julio y septiembre. A todos y a todas ellas, de nuevo, nuestro
agradecimiento, pues sin duda el proyecto de ley mejoró considerablemente con sus aportaciones. Por otro lado, los grupos parlamentarios, en el transcurso del proceso, presentamos enmiendas al proyecto de ley que hoy ya no es momento de
volver a recordar, pues en el debate del día 7 de octubre, en esta misma Cámara, ya tuvimos ocasión de defender y argumentar. Solo quiero recordar que la suma de estas enmiendas ha servido para mejorar el texto inicial del proyecto de ley.
En la fase parlamentaria de discusión y aprobación del Senado, el proyecto de ley se ha visto también mejorado con la introducción de las enmiendas de los diferentes grupos. Por nuestra parte, hemos puesto nuestro granito de arena con la
incorporación de cuestiones relacionadas con los medios de comunicación, en cuyo en detalle no entraré, como tampoco lo haré en el de otras enmiendas, algunas de las cuales ya han comentado los portavoces que me han precedido, pero no es mi
intención argumentarlas ahora, porque es el conjunto de todas estas enmiendas lo que ha dado lugar a un texto muy interesante.
Por nuestra parte, si hemos insistido en los medios de comunicación ha sido debido a que en la sociedad de masas en la que vivimos, donde la prensa, la radio y la televisión ejercen una elevada influencia sobre las personas, el Gobierno está
obligado a ejercer actuaciones de control para salvaguardar la igualdad entre el hombre y la mujer. Entendemos, por tanto, que no es el momento de volver a desgranar punto a punto el proyecto de ley, sino -como ya se ha dicho también- de
felicitarnos colectivamente; felicitarnos por haber conseguido aprobar definitivamente la ley antes de finalizar el año, que había sido uno de los objetivos planteados desde el inicio, aunque nosotros como grupo considerábamos que era un poco
apretado, pero se ha conseguido. Desde nuestro grupo queremos recordar que aprobamos este proyecto para que la ley sea una realidad legislativa, pero que este paso, aun siendo importante, no es lo que garantizará la eficacia de esta ley, que por sí
misma no conseguirá reducir y hacer desaparecer de nuestra sociedad los casos de violencia.
Lamentablemente en este punto quisiera recordar que precisamente en el transcurso de la aprobación de la ley, en nuestro país han fallecido diecisiete mujeres más y que sin duda, a pesar de la aprobación de la misma, por desgracia no vamos a
poder evitar tener algún caso más, pero esto no significa que no estemos en el buen camino, y es uno de los mensajes claros que quisiera dejar. La ley es necesaria, es un instrumento legislativo imprescindible para la protección de la mujer, pero
será insuficiente si no cuenta con la voluntad política, social y ciudadana para hacerla funcionar. El Estado deberá demostrar su voluntad poniendo en marcha todos los instrumentos necesarios recogidos en el proyecto de ley tanto en el ámbito
normativo como en el organizativo y, sobre todo, en el aspecto presupuestario. Ya dijimos en su momento -y ahora queremos insistir en ello- que no tiene sentido y que a veces es contraproducente hacer leyes con grandes aspiraciones e importantes
compromisos, que a la vez deben ser mayoritariamente asumidos por las comunidades autónomas y los ayuntamientos, y no aportar la financiación adecuada para su desarrollo. Este es un interrogante -y lo tenemos que decir honestamente, señorías- que
nuestro grupo parlamentario aún tiene abierto. En los presupuestos que se acaban de aprobar solo hay una partida de 50 millones de euros destinada a las diferentes necesidades reconocidas en la ley, que se incluyó por la insistencia de una enmienda
de nuestro grupo, pero, señorías, miembros del Gobierno, con 50 millones de euros no vamos a ninguna parte. Mediten sobre esta cuestión para preparar los presupuestos del próximo año.
A su vez también decimos que las comunidades autónomas deberán demostrar su voluntad política para el desarrollo de esta ley y tendrán que aportar también a los municipios los recursos para que lo hagan. Si no es así, señorías, y por
desgracia tenemos demasiados ejemplos que nos obligan a pensar que esto puede suceder, la Administración local continuará teniendo los problemas en su localidad y los resolverá o no en función de sus posibilidades y su capacidad, también de su
voluntad política o no, por tanto de sus prioridades, para querer o poderlo hacer, pero siempre condicionada en parte a los fondos de que disponga.
Sobre lo que hay que reflexionar, entendemos, es sobre las consecuencias de una escasa financiación. Será la mujer quien pagará las consecuencias de la falta de medios, porque es más que posible que reciba atención de urgencia o emergencia
cuando se encuentre en estado de extremo peligro -en este sentido, casi no dudamos de que esto será así-, pero no se abordará la prevención ni la atención sobre la mujer que está sufriendo violencia de género y que no sabe cómo hacer frente a su
problema, ni habrá un lugar en el que la puedan atender de manera integral. Esto, señores del Gobierno, señorías, no es un buen camino para resolver esta grave lacra.
La ley prevé el derecho a la información y a la asistencia social integral. Desarrollar ese derecho y garantizarlo es fundamental para la prevención y la erradicación de la violencia, como lo es la educación y la atención a los servicios de
salud pública. Todos estos ámbitos y los que la ley detalla en cada uno de sus artículos han dado sentido al calificativo de ley integral; si no, no tiene sentido, tendríamos que haber hablado de otro tipo de ley. Para nuestro grupo parlamentario
aquí está la clave del futuro, es decir, llegar a la conclusión de que el fenómeno de la violencia tiene que ver con una manera de entender las relaciones y ello está íntimamente ligado a la cultura de la discriminación, de la desigualdad y de las
relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. Para transformarlo es necesario desarrollar procesos de cambio de valores
en la sociedad a través de la educación y de la cultura del respeto, la igualdad y la no discriminación.
Por último, para la implementación de las medidas que se han de llevar a cabo es imprescindible que la sociedad civil, las entidades, las asociaciones y los profesionales implicados continúen colaborando y sensibilizando activamente, como lo
ha hecho hasta ahora todo el mundo.
Les pido que nos ayuden a estar atentos, por decirlo suavemente; que nos ayuden a vigilar el cumplimiento de todos los compromisos que esta ley plantea y con los que nos estamos comprometiendo en función de una
reclamación social, concretamente de un colectivo que nos lo debe exigir.
Estamos adquiriendo muchos compromisos que son necesarios. No podemos permitirnos descansar una vez que hayamos votado hoy esta nueva ley y creer que ya hemos hecho lo más
importante. Lo que hemos hecho en definitiva ha sido comenzar una nueva etapa. Hemos dado el primer paso, el más sencillo en el fondo. Ahora tenemos que caminar todos juntos. Nos queda lo más difícil, hacer realidad entre todos y todas el deseo
que hoy suscribimos, el fin de la violencia sobre las mujeres por su mera condición.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora García Suárez.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro, gracias por estar presente, denota la importancia que para usted tiene este proyecto de ley integral contra la violencia contra las mujeres, porque este trámite de pase por la Cámara de enmiendas que provienen del
Senado no es el que suscita mayores entusiasmos.
Manifesté en los primeros trámites de esta ley que el Gobierno tenía suerte de encontrar que en esta norma todas las formaciones políticas éramos partidarias de que se elaborase de una vez por todas una ley integral contra la violencia de
género, y así ha resultado ser en definitiva. Esta es una ley coral, con mucha participación, con participación de todas las formaciones políticas; cada uno podría encontrar aspectos en los que unos u otros hemos incidido. En su momento di las
gracias aquí a todos los y las ponentes de la ley en su paso por el Congreso; justo es ahora hacer lo mismo con quienes han trabajado en el texto de la norma en el Senado. Manifestaba entonces en esta Cámara la valoración general que hacíamos de
la ley. Aunque entonces nos quejábamos de la falta de respeto institucional que había habido en relación con la participación de administraciones distintas de la propia del Estado -lo que se ha corregido durante la tramitación de la norma-, nuestra
formación política valoraba la ley en conjunto como muy positiva, pues entendíamos que era oportuna y necesaria, ya que no solo afecta al principio de igualdad, sino también a la dignidad, al derecho a la vida y al derecho a la integridad física.
No haré ahora un esquema del elenco de medidas que se proponen y que justifican la calificación como integral, sino que me entretendré en algunas de las cuestiones que fueron objeto de especial consideración y que motivaron la retirada de un
importante número de enmiendas en el paso por esta Cámara, tras haber sido aceptadas determinadas cuestiones que a mi grupo, considerando bueno lo que se preveía, le interesaban especialmente. Así, en concreto, en el texto inicial del proyecto
traído a la Cámara, parecía como si no se diese por buena la delimitación competencial que la Constitución representa en materia de competencias asumidas por las comunidades autónomas en relación con lo previsto por los estatutos de autonomía. Con
lo dispuesto ahora en la disposición final quinta ha quedado claro que la ley en principio reconoce que hay incluso potestades de índole normativa, como pueden ser las de vivienda, que se residencian en las comunidades autónomas y no solo en el
nivel reglamentario, sino que es posible que sean las leyes propias de las comunidades autónomas las que deban adecuarse, eso sí, al espíritu y a lo previsto en esta norma. De la misma manera, cuando se estableció la idea de dotar un fondo en
relación con lo que se prevé en el artículo 17, de una asistencia social integral, nos pareció que debía reconocerse expresamente en el texto que respecto a la Comunidad Autónoma vasca y a la Comunidad Foral de Navarra este sistema de dotación del
fondo debiera hacerse respetando escrupulosamente el sistema de concierto económico con el País Vasco y de convenio con la comunidad foral. También tuvo aceptación lo que pretendíamos en relación con las previsiones de aquellas comunidades que
tienen policías integrales, cuerpos de policía que tienen encomendada la totalidad de la seguridad, excepción hecha de las cuestiones vinculadas a terrorismo. Me referiré más adelante a cómo ha quedado el artículo 29, en relación con alguna
cuestión que puede suscitar dudas y que será objeto previsiblemente de comentario por alguna otra de las intervinientes en nombre de otras formaciones políticas.
¿Qué nos ha venido ahora del Senado? El Senado ha trabajado mucho, ha trabajado bien, justo es reconocerlo, por su condición de Cámara de segunda lectura. Junto a las aportaciones que hacen referencia a la terminología, a la sistemática o
a cuestiones técnicas, hay otras cuestiones, de cuya lectura en su totalidad no haré gala, pero sí me quiero referir a algunas como el añadido que se ha hecho en el artículo 15 de una proclama general, en la que se manifiesta que se garantizan los
derechos reconocidos en la ley a todas las mujeres víctimas de violencia de género con independencia de su origen, religión o cualquiera otra condición o circunstancia personal o social. Esta proclama genérica nos
parece interesante como elemento interpretativo de otros preceptos contenidos en la norma, al igual que nos lo parece que en el artículo 25 se haya suprimido el requisito de la edad de cara a la percepción de determinadas ayudas sociales.
He aludido antes al artículo 29 cuando se hace referencia a las policías integrales distintas de la Policía Nacional o la Guardia Civil, incluyendo también las obligaciones que incumbirán a las policías locales. Ha desaparecido -y creemos
que no de manera voluntaria, sino más bien inadvertida por el cruce de textos en el trámite en el Senado- una referencia que se hacía al compromiso que asumen los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de garantizar la protección personal e
individualizada de las mujeres maltratadas. Podría argumentarse al contrario que existiendo todavía la obligación por parte de las fuerzas y cuerpos de garantizar esta protección, se diría que no hay garantía ninguna si no es personal e
individualiza. Quizá hubiera quedado mejor y mi formación política va a apoyar la enmienda que en tal sentido todavía se sostiene por parte del Grupo Popular, porque nos parece que ata en alguna medida más el compromiso que asumen todos los cuerpos
y fuerzas en relación con esta garantía de la existencia de planes de protección personal e individualizada, e insisto.
Nos ha gustado también que se incluya -y ha hecho referencia a ello el señor Mardones- la posibilidad de utilización de instrumentos con la tecnología adecuada para verificar el cumplimiento o incumplimiento de las órdenes de alejamiento.
También nos parece hoy positivo que en la disposición adicional primera, cuando se habla de las pensiones de viudedad y de la posibilidad de pérdida por el maltratador, se haya hecho referencia al asesinato doloso, introduciendo también la
referencia al delito de lesiones, y que se equipare la unión o disolución matrimonial a la unión de hecho. También se hace una referencia a la posible reconciliación como causa que evita la penalización. En esto hay que ser muy cuidadoso. Todos
sabemos y conocemos qué frecuencia de reconciliaciones no siempre reales se produce en esta materia, pero al operador jurídico le incumbirá valorar los sucesos en los que se produzcan.
En relación con la posibilidad de suspensión del contrato de trabajo obligado por una circunstancia de maltrato, nos parecen adecuados los plazos mayores que se han incluido en el apartado cuarto de la disposición adicional séptima, de la
misma manera que la posibilidad de prórroga del período de excedencia con derecho a reserva de puesto de trabajo cuando de relaciones funcionariales estemos hablando. Novedad en el Senado ha sido la introducción de la disposición adicional
decimonovena, en la que se regula la garantía por el Estado del pago de alimentos reconocidos e impagados a favor de los hijos e hijas menores de edad en convenio judicialmente aprobado o en resolución judicial a través de una legislación
específica. Cierto es que es una proclama que llama a una normativa posterior y que está solo vinculada a los supuestos de maltrato. Es una larga reivindicación por muchos y por muchas que los fondos de garantía de alimentos deben tener de una vez
existencia en nuestro ordenamiento, no solo vinculados a estas situaciones, y además en alguna medida, o al menos desde la querencia de la formación política a la que yo represento, es perfectamente posible que sean regulados por la normativa propia
de las comunidades autónomas. Sin embargo, ahí está en esta norma el llamamiento a que deberá en un futuro regularse estos fondos a cargo de administraciones públicas, en garantía del pago de alimentos reconocidos e impagados a favor de los hijos e
hijas menores en determinadas circunstancias.
También nos gusta que se haya incorporado lo que ya es práctica en muchos colegios de abogados, que no es necesario en el momento inicial para que a uno le asignen abogado de oficio acreditar la insuficiencia de recursos cuando el
solicitante sea víctima de la violencia de género, sin perjuicio de que si en el futuro se acredita que tuviera medios bastantes, deba satisfacer los honorarios correspondientes.
Señorías, concluyo, no sin antes hacer alguna manifestación a lo que fue objeto de mayor escándalo del texto inicial del proyecto, lo que hace referencia a la inclusión de determinados tipos penales distintos. Desde nuestra perspectiva -lo
hemos dicho en todos y cada uno de los caminos de la tramitación-, la clave no está, como se decía creando alarmismo con ello, en que el sujeto activo sea un hombre y el sujeto pasivo sea una mujer, sino en que la conducta de maltrato constituya la
creación de un clima de sometimiento, de vejación, de erosión de la autoestima o de temor idóneos para esa sumisión. Así es como lo ha venido interpretando la jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto de preceptos que ya están hoy en
vigor y tal es el tenor con el que ha de entenderse la tutela de un bien jurídico distinto a la mera adhesión o el valor vida en relación con los tipos penales que se crean respecto de los cuales muchos albergamos determinadas dudas sobre si hemos
acertado o no. Ahí están los tribunales para ponernos luego en nuestro sitio, como suele manifestarse, y también está la capacidad de esta Cámara para, en un momento futuro, si se acreditase que no se ha dado la solución correcta, volver sobre los
textos y efectuar las revisiones que parezcan pertinentes al objeto que la ley pretende establecer. Es lo que hemos sido capaces de hacer los legisladoras en este momento y mi formación política está relativamente conforme también con esa parte de
la norma.
Señorías, concluyo manifestando que nos parece perfecto -y nos felicitamos, como han hecho las portavoces anteriores- la existencia de una ley integral contra la violencia de género. La especificidad de este fenómeno, por sus datos
empíricos, por su fenomenología universal, por su significado, expresión de rechazo
del valor igualdad y de autonomía de la mujer respecto del hombre, por la constancia de un cuadro de incremento y de peligro para la salud, en ocasiones para la vida, siempre para la dignidad de la persona, merecía este esfuerzo y mi
formación política, votando hoy que sí, se felicita, insisto, por la aprobación definitiva de este texto en esta Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora Uría.
Señora Bonás, su turno en nombre de Esquerra Republicana de Catalunya.
La señora BONÁS PAHISA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, después de revisar el texto comparado del proyecto de ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género, Esquerra Republicana manifiestará su conformidad con el nuevo proyecto devuelto por el Senado.
A pesar de que, como ya expresamos en su momento, esta ley adolece de una concepción muy centralista -nos dio la impresión de que los que redactaron el primer anteproyecto no conocían la creación de un nuevo Estado con competencias
traspasadas-, en aras de contribuir a la reducción de la violencia ejercida contra las mujeres, Esquerra Republicana dio entonces su apoyo a esta ley y lo va a dar ahora porque hay una necesidad muy urgente, que es poner todos los instrumentos para
luchar y erradicar esta lacra de nuestra sociedad. A su paso por el Senado el texto ha mejorado en varios aspectos. Esquerra se opuso en su momento a la creación de la Delegación del Gobierno porque en Cataluña la autoridad máxima es el Institut
Català de la Dona, que ahora ha sufrido un cambio de denominación y se llama Delegación Especial del Gobierno, lo que en algún sentido puede diferenciar el concepto que percibíamos entonces de una delegación de Gobierno. Por tanto, admitimos la
nueva denominación.
Celebramos la enmienda al artículo 25 mediante la que se suprime el requisito de edad para la percepción de ayudas sociales. Esquerra Republicana se alegra de este cambio, ya que el límite del anterior proyecto de 55 años nos parecía muy
injusto. Si una mujer tenía 54 años, debía esperar un año a recibir las ayudas. No voy a detallar la serie de modificaciones que ha habido en este artículo en relación con las mujeres con responsabilidades familiares porque ya se ha aludido a
ellas anteriormente. Entendemos la prudencia del Ejecutivo. No sabemos cuántas mujeres van a animarse a denunciar que son víctimas de la violencia. Se está hablando de dos millones de mujeres que no la han denunciado. No se pueden abrir unas
grandes expectativas de ayudas sin saber si después se podrán cumplir, pero confiamos que, en un futuro, cuando la ley esté en marcha y tengamos más datos, podamos decidir aumentar estas ayudas que hasta ahora son insuficientes, repito, y que
afectarán a un pequeño número de mujeres; hablamos del 65 por ciento del salario mínimo interprofesional.
En el texto remitido por el Senado observamos una mejora en cuanto refleja un mayor respeto de las competencias autonómicas. Es importante la enmienda al artículo 28, sobre la necesidad de segregar por sexo los datos de los informes
elaborados por el Observatorio estatal contra la Violencia Doméstica. En la enmienda al artículo 29 vemos reflejada la propuesta de Esquerra Republicana respecto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El nuevo texto contempla mejor la coordinación
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad superando la ambigüedad del anterior proyecto donde se hablaba en general de fuerzas del Estado, cuando en Catalunya hay diferencia entre los cuerpos del Estado y cuerpos autonómicos. Tal como está redactado
este texto se ofrece mayor seguridad jurídica. (El señor vicepresidente, Gil Lázaro, ocupa la Presidencia.) Asimismo, celebramos la enmienda al artículo 62 en el que, previa autorización del juez, se incluye la posibilidad de que la persona
protegida pueda permutar el uso de la vivienda familiar de la que son copropietarios por otra vivienda. Esto es muy importante porque el tema de la vivienda coacciona en muchos casos la posibilidad de abandonar la familia y la pareja maltratadora.
También es importante la inclusión de instrumentos para verificar que el inculpado pueda aproximarse a la persona protegida.
Estas medidas pueden contribuir a una mayor seguridad de las víctimas que, en definitiva, es uno de los principales
objetivos de esta ley, proteger a las víctimas de la violencia de género, acabar con las muertes y agresiones a manos de sus maridos, novios y similares relaciones afectivas. Bienvenidas sean todas aquellas aportaciones al ordenamiento legislativo
que refuercen la seguridad de las víctimas.
El Senado ha introducido asimismo mejoras técnicas que contribuyen a clarificar el texto y a mejorar la futura ley. No voy a entrar en detalles. Por último, hay dos disposiciones adicionales que me parecen de suma importancia. En primer
lugar, la disposición adicional decimonovena acerca de los fondos de garantía. Dice que el Estado garantizará los pagos de alimentos reconocidos e impagados. En nuestras enmiendas pedíamos reconocer la violencia económica como una forma de
violencia de género. No se introdujo este concepto en el proyecto, pero consideramos que la actuación económica es el primer paso hacia la violencia de género. Estamos hablando de los fondos de garantía y, tal y como está el texto, por primera vez
el Estado se hará responsable cuando se produce un impago de alimentos. No es que creamos que el Estado deba pagar los alimentos, pero sí que va a garantizar que quien lo pueda hacer lo haga.
Consideramos positiva también la nueva disposición
adicional vigésima que prevé un cambio de apellidos cuando el o la solicitante sea objeto
de violencia de género. Indudablemente, puede ser una buena medida protectora.
Esquerra Republicana espera que la puesta en marcha de esta ley cumpla su objetivo, liberar a nuestra sociedad de la lacra de la violencia sobre las mujeres. Celebramos la unanimidad de los grupos. Todos hemos renunciado a parte de
nuestras propuestas en aras del consenso y de agilizar el trámite de la ley, en la confianza de que comiencen a aplicarse las medidas realmente importantes para avanzar contra la violencia que día a día se ejerce sobre demasiadas mujeres.
Probablemente estas prisas, esta precipitación provocará la necesidad de modificaciones. En el proceso inicial de ejecución de la ley, de la puesta en marcha de las medidas, pedimos al Ejecutivo la suficiente flexibilidad y amplitud de miras para
corregir, cuando sea necesario, y escuchar a los gobiernos autonómicos que son competentes en muchas de las materias que afectan a la seguridad e integridad de la mujer, así como a su promoción, recuperación y reinserción. El Ejecutivo debe
escuchar también a los ayuntamientos, a los municipios que día a día deben hacer un seguimiento y tomar medidas de urgencia sin recursos. El Gobierno español deberá promover, escuchar, apoyar y estar abierto a propuestas que puedan realizar los
sectores afectados: educativo, mediático, judicial, policial, gobiernos autonómicos y ayuntamientos. Todo ello siempre en aras de nuestro objetivo, la máxima eficacia en la lucha contra la violencia.
Confirmamos nuestro voto afirmativo, solicitamos a los demás grupos que se unan a que esta ley se ponga en marcha. Debemos recordar que la consignación presupuestaria sigue siendo insuficiente, pero nos damos un año de plazo para ver cómo
reacciona la sociedad, cuáles son las necesidades y esperamos que en los presupuestos de 2006 podamos ser más seguros respecto a la asignación.
Me uno a desearles Felices Navidades y un próspero año nuevo.
Gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señora Bonás.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, hoy el proyecto de ley de medidas integrales contra la violencia de género entra en la recta final de su tramitación parlamentaria, porque hoy, tras el voto de las enmiendas introducidas en el Senado, podrá, por
fin, ver la luz. Un voto que Convergència i Unió anuncia sin mayor preámbulo que será positivo por su parte; no podía ser de otra manera, compartiendo como compartimos la necesidad de una ley integral que, como la que va a salir de esta Cámara,
nace con vocación de ser instrumento eficaz que dé respuesta a una realidad que, desgraciadamente, nos habla de mujeres fallecidas casi a diario y de miles de mujeres que en un solo año han solicitado ser amparadas por medio de una orden de
protección. Ha sido un proyecto del Gobierno, un proyecto necesario y, además -a juicio de mi formación política-, un proyecto que se ha ido mejorando sensiblemente a lo largo de su tramitación parlamentaria. Se mejoró ya en esta Cámara -lo han
señalado las portavoces que me han precedido en el uso de la palabra- donde, a pesar de lo precipitado de la tramitación, el esfuerzo que todos los grupos realizamos para acercar posiciones y llegar a acuerdos permitió la aprobación de enmiendas que
introducían elementos interesantes e importantes para la mejora de aspectos técnicos y competenciales, y la asignación de mayores recursos.
En cuanto a las enmiendas, mi grupo se veía reconocido en ellas, como tuvimos ocasión de manifestar, y se han completado de manera muy positiva, a nuestro juicio, con las modificaciones introducidas en el Senado, donde una tramitación quizás
un punto más sosegada ha permitido una segunda lectura de las enmiendas presentadas, un debate más acorde con la complejidad del proyecto de ley y, en definitiva, la negociación y la transacción de un buen número de ellas, que han fructificado en un
texto que mejora, como he dicho, el que salió de esta Cámara.
Convergència i Unió se reconoce claramente en el texto final, ya que constata que muchas de las enmiendas que en su día presentó han sido aprobadas, bien en su literalidad o bien transaccionadas con las de otros grupos. Por mencionar
algunas, y sin ánimo de hacer una lista pormenorizada, nos reconocemos en la modificación del texto que implica que van a tener garantizados los derechos reconocidos en la ley todas -y subrayo la palabra todas- las mujeres víctimas de violencia de
género, con independencia de su origen, religión o circunstancia personal o social. Esto, junto con la introducción en esta Cámara de la dimensión de la discapacidad y la vulnerabilidad, supone algo tan importante como evitar la desprotección en la
que podrían quedar las mujeres inmigrantes en situación irregular que fueran víctimas de violencia de género.
Nos reconocemos también, y de manera muy especial, en el aumento del número de beneficiarias de las ayudas sociales. Valoramos muy positivamente que se haya eliminado el requisito de la edad mínima para acceder a ellas, porque no hay una
edad determinada que por sí sola implique dificultad para acceder a un empleo. Nos alegra también que se haya incrementado la duración de la ayuda en caso de que la víctima sea una mujer con discapacidad, ya que precisamente a causa de la
discapacidad puede tener -a nadie se le escapa- mayor dificultad para encontrar empleo. Nos alegra la aceptación de la enmienda que supone que los datos de los informes y estudios que se hagan vayan
desagregados por sexo, algo que últimamente se había dejado de hacer por razones que desconocemos. Nos parece bueno que se recupere este formato, para mejorar la utilidad y la información que los datos proporcionan. (La señora
vicepresidenta, Chacón Piqueras, ocupa la Presidencia.) También valoramos que se prevea legalmente la posibilidad de utilizar instrumentos con la tecnología adecuada para verificar el cumplimiento y la efectividad de la orden de alejamiento y, en
definitiva, el control de las medidas de protección de la víctima. Una medida cuya aprobación venía solicitando mi grupo ya desde la pasada legislatura, cuando se empezaron a abordar las reformas penales en materia de violencia de género, y que
vemos finalmente plasmada en este texto.
Una valoración también positiva nos merece el acuerdo alcanzado por todos los grupos para tomar en consideración la proposición de ley de mi grupo parlamentario que tenía como objetivo una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para
permitir la persecución extraterritorial de los delitos de mutilación genital. Un acuerdo que se materializó la pasada semana, como todos ustedes recordarán, y que ha iniciado ya su tramitación parlamentaria. Finalmente, valoración también
positiva nos merece el compromiso asumido por el Estado de garantizar el pago de alimentos reconocido en resolución judicial e impagados. Esperamos que la legislación específica para concretar el sistema de coberturas no se demore, y no quede todo
esto en una simple declaración de buenas intenciones. Anuncio ya que mi grupo, a través de las correspondientes iniciativas parlamentarias, impulsará que este fondo de garantía de alimentos esperado y reclamado desde hace tantas legislaturas pueda
ser finalmente una realidad.
No obstante esta valoración globalmente positiva, hemos de manifestar que sentimos que hayan quedado fuera del mismo cuestiones de no menor importancia que han apuntado ya otras portavoces, como, por ejemplo, la introducción de una
definición de lo que esta ley entiende por violencia, tal como se ha hecho en otros países que han legislado sobre esta materia, o que los nuevos juzgados no puedan conocer de los asuntos civiles derivados de la ruptura de pareja de hecho. Sentimos
asimismo que no se haya aceptado el estudio de la concesión de asilo o de otras formas de protección duradera a las mujeres que lo solicitan precisamente para poder escapar de la violencia de género que padecen en sus países de origen, en donde no
están suficientemente protegidas ni amparadas por una legislación adecuada.
Respecto a una enmienda concreta (la relativa al artículo 29) hemos de manifestar que nos gustaba más la redacción que salió de esta Cámara en el sentido de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen que adoptar las medidas
adecuadas para garantizar una protección individual y personalizada de las mujeres víctimas de la violencia de género. Entendemos que la redacción dada en el Senado desnaturaliza un poco lo que aquí se acordó y se voto. Como además de no gustarnos
era materia de un pacto entre el grupo parlamentario que lo propuso -que espero será expuesto con más detalle por su portavoz-, entendiendo que pacta sunt servanda, nos gustaría que se volviera a la redacción que se dio en esta Cámara.
En cuanto al tema penal por lo que a la valoración de tipos penales se refiere, hago mías totalmente las afirmaciones que al efecto ha realizado la portavoz del Grupo Vasco, doña Margarita Uría, y únicamente respecto a los juzgados queremos
reiterar la opinión de Convergència i Unió acerca de lo innecesario de los mismos, opinión que es compartida por algunos colectivos de jueces. Quiero traer a colación la declaración que al respecto han realizado los magistrados de Instrucción de
Barcelona en el sentido de considerar que la creación de juzgados especializados de violencia de género no servirá para combatir con más eficacia los casos de malos tratos ya que difícilmente podrán absorber los casos que hoy se tramitan en los
juzgados de Instrucción además de los asuntos civiles de separación matrimonial y de las órdenes de protección. Sinceramente, señorías, señor ministro, nos gustaría equivocarnos y nos gustaría que ellos se equivocaran también en su apreciación.
Nos gustaría que estos juzgados fueran realmente eficaces en el cumplimiento de la finalidad para la que nacen. Para que pueda ser así es imperativo no solo crear los juzgados que hagan falta en cada partido judicial de acuerdo con las necesidades
reales sino, especialmente, dotar a todos los juzgados (a los de nueva creación y también a los actuales que van a ser adaptados) de los medios personales y materiales necesarios y suficientes para que todos estos pronósticos negativos no se hagan
realidad. A tal fin le impulsamos encarecidamente al Gobierno.
Finalmente, señora presidenta, señorías, señor ministro, reiteramos nuestro voto afirmativo y realizamos un par de consideraciones de carácter general. La primera de ellas abunda en una opinión que ya ha señalado la portavoz de Izquierda
Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, Carme García, en el sentido de que a nuestro juicio ningún trifunfalismo ha de caber en la presentación de este instrumento legal. Todos conocemos la especial dificultad de la erradicación de la
violencia de género, que se ancla en mentalidades que no se van a modificar únicamente con una ley. Siendo realistas -y es nuestra obligación serlo- hemos de admitir que una ley por sí sola difícilmente va a acabar con el maltrato; va a ser
necesario seguir implementando de manera incansable cuantas políticas creamos necesarias para ello, las previstas en esta ley y otras que consideremos que pueden ser eficaces aunque sea rectificando o ampliando lo que hoy aprobamos. Una violencia
que se ejerce para perpetuar las situaciones de sometimiento de la mujer al hombre que la maltrata solo finalizará como fenómeno cuando la
igualdad de los hombres y las mujeres sea una realidad internalizada por todos y no como sucede ahora que solo es un ideal de justicia. En todo caso, mientras no seamos iguales, la obligación de los poderes públicos es la de adoptar
instrumentos como el que hoy vamos a aprobar que sean eficaces en la protección de las mujeres y que actúen también como revulsivo para rechazar estas conductas, unas conductas que son un grave atentado a la vida, a la integridad, a la libertad, a
la dignidad y, en definitiva, a los derechos humanos de las mujeres.
Quiero manifestar que, a nuestro juicio, el proyecto que hoy votamos es, como ya he dicho, sensiblemente mejor que el que entró en esta Cámara y del que se puede afirmar, como ya se ha hecho desde el Senado, que este no es ya solo el
proyecto del Gobierno sino que es el proyecto de todos los grupos, porque al valor y a la eficacia que pueda desplegar por sí mismo hay que añadir el valor del consenso, un valor importante porque va a permitir que transmitamos a toda la sociedad, y
especialmente a todas las mujeres que están siendo víctimas de violencia de género, que la erradicación de esta violencia es un tema de tal importancia, tan prioritario para todos los grupos, que somos capaces de aparcar nuestras legítimas
discrepancias partidistas para adoptar un instrumento legal, como el que estamos viendo que confío se apruebe por unanimidad y del que esperamos que contribuya a mejores y más eficaces soluciones.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora Pigem.
Continuamos, señorías, con el turno del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra la señora Camarero.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, señor ministro, quisiera en primer lugar saludar y agradecer a las asociaciones de mujeres que hoy nos acompañan su trabajo y su infatigable lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. A ellas y a las que no
han podido acompañarnos esta mañana quiero expresarles la gratitud de mi grupo parlamentario por las aportaciones que han realizado y que han sido fundamentales para que este proyecto de ley haya mejorado durante su tramitación parlamentaria.
Señorías, por fin hoy vamos a aprobar la ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género, una ley que ha suscitado importantes expectativas en la sociedad española. Se han producido durante la tramitación
parlamentaria comparecencias de numerosos y variados expertos en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales. Se ha producido un importante debate social que, sin duda, favorece la sensibilización sobre un problema que, no me cansaré de decirlo, es
responsabilidad de todos, de toda la sociedad. Cuando acaba hoy el iter parlamentario de este proyecto de ley, algunos tenemos un sabor agridulce. Dulce porque hoy ve la luz un proyecto en el que hemos trabajado mucho y sabemos que puede ayudar a
las mujeres que son víctimas potenciales de la violencia de género; un proyecto que, como han dicho los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, ha mejorado a lo largo de su tramitación parlamentaria y al que se han incorporado
aportaciones de los distintos grupos parlamentarios, entre ellos el nuestro. Pero, a la vez, amargo, porque creemos que esta ley podía ser mucho mejor, mucho más útil y eficaz. Lamentamos especialmente que el Gobierno y el Grupo Parlamentario
Socialista no hayan realizado el esfuerzo necesario de diálogo con el resto de los grupos parlamentarios y que no hayan buscado el consenso que debería ser lógico en la lucha contra una lacra social de esta naturaleza. No se ha seguido el ejemplo
que dio el Partido Popular en la pasada legislatura con la Ley reguladora de la orden de protección, que sí fue fruto del consenso de todos los grupos parlamentarios. En este caso, por el contrario, nos encontramos con un proyecto de ley que nació
rodeado de una fuerte polémica, que recibió las críticas del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial, que se ha tramitado de forma atropellada, sin diálogo entre los grupos parlamentarios y aplicando el rodillo de la mayoría.
Después de ocho meses de legislatura ya hemos tenido ocasión de comprobar sobradamente que ese es el verdadero talante del Grupo Socialista y del Gobierno, que desprecia absolutamente a los órganos consultivos y que insulta a quienes no le dan la
razón.
A pesar de todo eso, a pesar de que la ley tiene muchos defectos que no se han corregido durante su tramitación parlamentaria, el Grupo Popular votó favorablemente este proyecto de ley antes de su remisión al Senado y hoy, señorías, lo va a
hacer de nuevo. Votamos favorablemente por una razón en la que hemos venido insistiendo desde que conocimos el primer borrador de esta ley, porque estamos convencidos de que cualquier avance en la lucha contra la violencia de género, por tímido e
insignificante que sea, merece nuestro decidido respaldo. Porque ya son 70 las mujeres que han muerto en lo que llevamos de año a manos de sus maridos o compañeros, porque pensamos en ellas y en las miles de mujeres que cada año sufren esa lacra
social, en las que lo denuncian y en las que todavía no se atreven a denunciarlo. A estas últimas especialmente queremos dar hoy un mensaje de esperanza y apoyo y decirles que no están solas, que cuentan con la protección de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado y que todos los poderes públicos estamos haciendo un gran esfuerzo para que dejen de sufrir, para ayudarlas a vivir sin miedo. Una ley de esta naturaleza puede servir para hacerles llegar este mensaje.
Les decía, señorías, que esta ley ha mejorado durante su tramitación parlamentaria. Ciertamente, entre
otras, se ha mejorado la definición de los recursos sociales a disposición de las víctimas de violencia doméstica, aunque no hemos logrado la concreción que nosotros pedíamos en cuanto al número de servicios y el calendario para su puesta en
funcionamiento. Se respetan mejor las competencias de las comunidades autónomas, se elimina el requisito de edad para la percepción de las ayudas sociales. Como ha explicado el portavoz del Coalición Canaria, el tema de los apellidos también se ha
solucionado, así como la inclusión de inmigrantes, discapacitados, mujeres rurales -también se ha explicado a lo largo de la mañana-; se eliminan algunas competencias civiles en los juzgados de violencia y, paralelamente a este debate, hemos
aprobado por unanimidad la toma en consideración de una proposición de ley para establecer la extraterritorialidad de la persecución de la mutilación genital femenina.
Pero esta ley, señorías, sigue teniendo deficiencias muy importantes que hemos
denunciado durante su tramitación. Por no ser reiterativa, quisiera ahora referirme brevemente a tan sólo cuatro de ellas.
En primer lugar, nosotros hemos defendido, y continuaremos haciéndolo, la ampliación en la aplicación de la ley. Hemos sostenido un argumento muy sencillo: no por proteger a más sujetos se iba a prestar menor protección a las mujeres.
Hemos defendido la inclusión en la ley sobre todo de los niños, no sólo como víctimas indirectas, sino como directas de la violencia de género. Hemos logrado que se incluya esta referencia en la exposición de motivos, pero no nos han permitido
incluirla en el artículo primero de la ley. También hemos defendido la inclusión de otras posibles víctimas como homosexuales y mayores. En segundo lugar, nos parece que no va a ser operativa la mezcla de competencias civiles y penales en los
juzgados sobre violencia. En tercer lugar, pensamos que no se han disipado las dudas de constitucionalidad que planteaban los nuevos preceptos que la ley introduce en el Código Penal. En esta cuestión, que ha sido muy debatida pero conviene
recordar, el Gobierno quiso un tipo penal distinto para hombres y mujeres, aunque la conducta sea la misma, en este caso amenazas y coacciones. Si un hombre amenaza o coacciona es un delito más grave que si lo hace una mujer. Esta medida suscitó
la crítica prácticamente unánime de los profesionales del derecho, que consideraban que nos encontrábamos no solamente ante una discriminación inconstitucional sino ante un grave retroceso a tiempos pasados. Antes, es cierto, en regímenes
predemocráticos, se tipificaba de forma distinta el adulterio y el amancebamiento. Ante las fuertes críticas recibidas y las enmiendas presentadas por todos los grupos de la Cámara, finalmente se extendieron las penas previstas para los delitos
cometidos contra las mujeres a otros sujetos especialmente vulnerables. Se trata, sin duda, de una mejora, aunque ciertamente mínima, pues este nuevo tipo penal va a presentar importantísimas dificultades de interpretación y aplicación.
Por último pensamos que el Gobierno ha desaprovechado una excelente oportunidad para crear un fondo de garantía de pensiones alimenticias para las víctimas de violencia de género. El Grupo Popular presentó una enmienda en este sentido y
apoyamos también la presentada por CiU, pues creemos que es importante que el Estado sea garante del pago de pensiones alimenticias a favor de los hijos. Sin embargo, en el Partido Socialista volvemos a apreciar posturas contradictorias. Mientras
esto era objeto de su reivindicación en la pasada legislatura, no les parece oportuno incluirlo en el proyecto de ley y cuando se ven obligados a recogerlo por la aprobación de una enmienda en la Comisión del Senado, proponen una transaccional que
remite a una regulación futura, argumentando que se produciría una discriminación respecto de otras mujeres en esta situación. Yo me pregunto, señorías: ¿la discriminación no es positiva cuando tiene por objeto ayudar a la mujer que parte de una
situación de discriminación? Si una mujer con hijos tiene problemas por el impago de pensiones, parece razonable pensar que muchos más problemas tendrá si además se trata de una víctima de malos tratos. El Partido Socialista ha perdido una buena
oportunidad para ayudar a estas mujeres, para dar un paso adelante y regular una situación que requiere ser regulada.
Quiero referirme a una última cuestión que me parece particularmente importante y grave. Estos últimos días hemos conocido un nuevo caso de violencia de género, el de Susana Arias, quien salvó su vida milagrosamente hace unos días 0gracias
a la colaboración de unos ciudadanos anónimos que la rescataron de las manos de su marido, salvándola de una muerte segura. Hoy, Susana es una mujer que vive atemorizada, huyendo de su marido, que ha sido puesto en libertad. Como ella, muchas
mujeres se encuentran en su misma situación y necesitan una mayor protección en estos difíciles momentos. Por eso, desde el Grupo Popular hemos insistido tanto en la necesidad de incrementar la seguridad de las víctimas desde el momento de la
denuncia. Ya aprobamos en el Congreso una introducción en el artículo 29.3 de la Ley de la adopción de medidas adecuadas para garantizar la protección individual y personalizada de las mujeres víctimas de la violencia de género; sin embargo,
observamos con horror y preocupación que en el trámite del Senado ha desaparecido este párrafo y ha sido sustituido por otro. Sus señorías saben, porque lo hemos repetido incansablemente, que para nosotros era esencial esta protección. Fue una de
las pocas enmiendas que transaccionamos con el Partido Socialista, fue objeto de la negociación con el partido del Gobierno y nos parece muy grave que incumplan su palabra y rompan los pactos alcanzados en el Congreso. Nos tienen, por otra parte,
acostumbrados a ello y recientemente han vulnerado,
por ejemplo, el Pacto de Estado por la justicia, pero no esperábamos que lo hicieran en relación con un tema tan sensible como es la violencia de género. Esta situación nos produce sobre todo tristeza, tristeza por ser una medida que
consideramos vital, porque creemos en su utilidad y porque al final las perjudicadas por esta actitud del PSOE son las mujeres, las víctimas. El Grupo Socialista todavía tiene oportunidad de corregir esta situación en este trámite votando en contra
de la enmienda introducida en el Senado; si no lo hace, dudaremos de su verdadera voluntad de prestar una protección eficaz a las víctimas de la violencia de género. Sus señorías saben que el Grupo Popular ha presentado una proposición de ley para
la protección de estas víctimas. Si este aspecto no se incluye definitivamente en este proyecto de ley, traeremos al Pleno nuestra iniciativa y solicitaremos el voto favorable de todos los grupos de la Cámara.
Por otra parte, señorías, la ley crea dos figuras nuevas: la Delegación especial del Gobierno contra la violencia sobre la mujer y el Observatorio estatal de la violencia sobre la mujer. Crea juzgados de violencia, establece unas ayudas
sociales para las víctimas y, sin embargo, nos sorprende, igual que le ha pasado a la señora Carme García, comprobar que en los Presupuestos Generales del Estado para 2005 no se haya previsto dotación económica alguna para el desarrollo de una ley
que entrará en vigor en enero de 2005. Al Grupo Popular le gustaría saber cómo se va a poner en marcha una ley que no cuenta con dotación presupuestaria ninguna. Señorías, nuestra labor desde el día de hoy va a ser la de vigilar la aplicación y
ejecución de la ley. No vamos a disminuir ni un ápice nuestro interés y esperamos que el Gobierno la desarrolle adecuadamente para que sea una ley útil, lo más útil y eficaz posible, y que no se convierta en papel mojado. Para ello nos tendrán,
como no podía ser de otra forma, a su lado, en ésta y en cuantas iniciativas parlamentarias se presenten en esta materia,
Me gustaría hacer un reconocimiento expreso al esfuerzo de las administraciones autonómicas y locales, que desde sus respectivas competencias han ido desarrollando y poniendo en marcha desde hace años instrumentos y medidas que han
contribuido sin duda a que este problema que ha permanecido oculto durante años viera la luz y se creara la sensibilidad necesaria para que la sociedad lo asumiera como un problema que nos afecta a todos, a la sociedad en su conjunto. Ha sido una
ardua tarea, pues en muchos casos se contaba con más voluntad, dedicación y esfuerzo que recursos.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señora Camarero, por favor, termine.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Termino, señoría.
Quiero mostrar mi agradecimiento a cuantos han realizado aportaciones durante el debate de la ley: al Consejo General del Poder Judicial, al Consejo de Estado y al resto de los órganos consultivos y, cómo no, a las asociaciones de mujeres,
a las diferentes organizaciones no gubernamentales y a los numerosos expertos que han comparecido en esta Cámara, que han posibilitado con sus aportaciones que los grupos parlamentarios presentáramos un buen número de enmiendas que han contribuido
sin duda a mejorar el texto de la ley. Termino haciendo nuestras las palabras de Kofi Annan: La violencia contra la mujer es quizá la más vergonzosa violación de los derechos humanos, que no conoce límites geográficos, culturales o de riquezas, y,
mientras continúe, no podemos afirmar que realmente hemos avanzado hacia la igualdad, el desarrollo y la paz.
Muchas gracias, señorías, y les deseo a todos felices fiestas. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Felices fiestas también para usted. Muchas gracias, señora Camarero.
Finalizamos con el turno del Grupo Parlamentario Socialista, que van a compartir la señora Esteve y la señora Monteserín. Tiene primero la palabra la señora Esteve.
La señora ESTEVE ORTEGA: Señora presidenta, señorías, señor ministro, hoy es un día importante para este Parlamento, para el Gobierno, pero sobre todo para el conjunto de la sociedad española, y por eso no voy a entrar en polémicas
innecesarias. Creo que las destinatarias de la ley merecen otra cosa. Hoy pueden empezar a cambiar, para todas y para todos, las cosas. Es un día importante, como digo, para tantas mujeres que han sufrido y sufren malos tratos de mano de sus
parejas o ex parejas. Hoy, por fin, toda la sociedad va a recibir de su Parlamento un nítido mensaje de esperanza, porque a partir de hoy vamos a tener un marco general, normativo y operativo claro para conseguir un objetivo difícil: que las
relaciones entre los hombres y las mujeres se estructuren sobre la base de la igualdad y el respeto, porque nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho, en función de los condicionantes que se quieran, a avalar o comprender, aunque sea levemente,
el ejercicio del poder, la discriminación y la subordinación de un género respecto del otro. Esta ley le dice al conjunto de la sociedad que esto no se va a permitir, que no tiene justificación, que la propia sociedad dice basta. Y por esto se va
a prevenir, se va a proteger, se va a educar y se va a perseguir al o a los causantes del maltrato y de la muerte. Lo que se plantea, en definitiva, es dar un viraje al modo en como se estructuran las relaciones sociales, que facilitan que la
desigualdad y el desamparo estén presentes con demasiada frecuencia.
Señorías, vamos a aprobar, deseo que por unanimidad, la primera ley integral para luchar contra la violencia de género, una ley necesaria y magnífica, con un alto valor pedagógico. La ley ha sido mejorada en su
tramitación legislativa por todos los grupos parlamentarios, y así ha ocurrido también en el Senado, que ha introducido enmiendas, como han dicho los intervinientes que me han precedido, que mejoran diferentes aspectos del proyecto
inicialmente aprobado.
Permítanme tan solo destacar algunas de estas enmiendas. Por ejemplo, la relacionada con el artículo 15, que extiende los derechos a todas las mujeres víctimas de violencia de género, con independencia de su origen, religión o cualquier
otra condición o circunstancia personal y social.
Esto es complejo, pero seguro que vale la pena esta apuesta porque da la talla moral y la solidaridad que tenemos en este país. O el artículo 25, que elimina el requisito de edad para la percepción
de las ayudas sociales y se aumenta la duración de la ayuda cuando la víctima sea mujer con discapacidad o con personas discapacitadas a cargo. O la disposición adicional decimonovena, con la creación del fondo de garantía de impago de pensiones de
alimentos, etcétera. Pero, hoy y, sobre todo, una vez aprobada la ley, creo que es menos importante quién o cuál grupo ha aportado tal o cual enmienda, quién ha aportado más o menos al texto, porque cuando se incorporan modificaciones y se aceptan
éstas pasan a ser patrimonio de todos. Por tanto, esta ley ha de ser un patrimonio colectivo.
Antes de acabar mi intervención, quisiera agradecer a todas las personas y colectivos que han hecho posible que esta ley sea una realidad, sobre todo a los grupos de mujeres que han liderado durante muchos años el discurso y la acción
(Aplausos.), la denuncia y la reivindicación, a menudo a contracorriente. También una especial mención a los municipios y a los y a las profesionales que han desarrollado experiencias prácticas contra la violencia en las mujeres muy efectivas,
desde la proximidad del territorio, desde lo cercano, sin apenas recursos, pero sí con mucha imaginación. A las mujeres, a las que ya no están con nosotros, allí donde estén, les digo que su muerte no ha sido en vano. Esta ley no va a acabar -en
esto coincido con las intervenciones de los otros grupos- con el maltrato y la muerte, pero es un camino imprescindible. A partir de ahora, será necesaria toda la decisión y el compromiso de los que tendrán que aplicarla para conseguir los
objetivos que se pretenden. Estamos seguros de que así será porque ahí están la voluntad y el compromiso del Gobierno y la respuesta que está dando, que debe dar a la sociedad, este Parlamento.
Enhorabuena, pues, a todas SS.SS. por el trabajo realizado y por el apoyo importante a la ley. Déjenme decirles que estamos haciendo una apuesta clara para la vida, individual o colectiva, para una sociedad más sana y mejor. Con este
espíritu de paz de estos días, les doy las gracias y les deseo a todos y a todas la mayor felicidad. (Aplausos.)
La señora MONTESERÍN RODRÍGUEZ: Señora presidenta, señorías, buenos días.
Aunque este es el final del proceso del trámite parlamentario, estoy muy de acuerdo con mi compañera, Esperanza Esteve, en decir que hoy es un día importante para
esta Cámara, es un día importante para las mujeres y es un día importante para la sociedad, y lo es, señorías, porque es en leyes como la que hoy estamos aprobando cuando la política recobra toda su razón de ser, lo es aun sabiendo que hoy no vamos
a acabar con el problema, pero sí estamos cambiando las bases de todo un Estado de derecho que ha decidido otorgar el estatus de ciudadanía plena a las mujeres, y es importante porque las mujeres víctimas de violencia de género van a encontrar al
fin en el Estado la protección y seguridad, seguridad ciudadana, seguridad jurídica y seguridad para abordar sus necesidades más inmediatas, en definitiva, seguridad para recuperar su vida y su libertad.
Señorías, hoy nos podemos felicitar todos y todas porque el recorrido social y político de esta ley ha sido impecable, me atrevería a decir que ha sido un ejemplo de la mejor manera de elaborar leyes, un ejemplo de la mejor manera de
entender y desarrollar la acción política, porque hacer política, en definitiva, es recoger las inquietudes, analizar los problemas, encontrar soluciones y buscar el consenso en el Parlamento y en la sociedad para las mismas, como lo hemos hecho con
esta ley. Por eso mi agradecimiento, como el de todos los demás grupos, a los grupos parlamentarios, a los comparecientes y especialmente a las organizaciones de mujeres, no solo por sus aportaciones hoy, sino por su lucha a lo largo de tanto
tiempo.
Todos debemos hoy sentar un precedente de buen hacer, porque detrás de esta ley hay rostros humanos, rostros de miles de mujeres que viven a diario la angustia de convivir con el terror de la violencia que sobre ellas ejercen las personas
con las que un día decidieron compartir su vida, porque detrás de esta ley hay víctimas y miles de vidas destrozadas. Por eso, el compromiso del Gobierno, el compromiso del Grupo Parlamentario Socialista, ha sido en todo momento aunar la voluntad
unánime de todo el Poder Legislativo para intentar erradicar el problema de la violencia contra las mujeres. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Todos y todas creemos firmemente que los derechos de las mujeres, y sobre todo el derecho a la igualdad y autonomía y el derecho a vivir sin violencia, forman parte de los derechos humanos. Hacer un desarrollo legislativo de ese derecho
definiendo las responsabilidades del Estado ante su vulneración ha sido el objetivo último de esta ley, de esta ley que pretende nada más y nada menos que extender la democracia a la vida privada, donde nadie tiene derecho a denigrar ni humillar a
nadie, independientemente de los lazos afectivos. Me atrevería a afirmar que este es el gran salto político de la ley.
La violencia de género ha generado en nuestra sociedad un déficit democrático que ha impedido que las mujeres puedan disfrutar de sus plenos derechos de ciudadanía,
y la dignidad y el derecho a la vida definidos por los artículos 10 y 15 de nuestra Constitución tienen que ser protegidos cuando se vulneran tan impunemente como hasta ahora. Somos conscientes de que acabar con esta situación necesita algo
más que una ley, necesita invertir más en políticas públicas, ya se ha dicho por otros grupos, que contribuyan a que las mujeres dejen de estar en la situación de subordinación en la que se encuentra actualmente una gran mayoría.
Una de las primeras feministas, Mary Boston Kraft, decía que el peor enemigo de las mujeres es su silencio, y el silencio ha tenido mucho que ver con la violencia, no solo el silencio de las mujeres, también el de la sociedad y el de todos
nosotros. El trámite parlamentario de la ley nos ha servido también para profundizar en el problema y para romper definitivamente con el silencio, para saber que esta ley requiere además voluntad política en su aplicación a todos los niveles. Por
eso la ley obliga al Gobierno, a los poderes públicos, pero también a la ciudadanía y a todos los agentes y profesionales que también tienen que encontrar respuestas al reto que a partir de ahora tienen encomendado. Contamos, pues, con la primera
ley integral de Europa. España será el primer país que contará con una ley orgánica integral de estas características.
Aunque somos conscientes de que la ley es sólo un instrumento esperamos que esta norma sea un referente en Europa a partir del
cual poder elaborar una norma marco para todos los Estados.
Nos queda, en definitiva, mucho por recorrer. El desafío ahora es para toda la sociedad: para nosotros, que tendremos que velar por la eficacia de la norma; para el Gobierno, que tiene que llevar a cabo su implementación; para las
comunidades autónomas y los ayuntamientos; para las organizaciones de mujeres; para todas las personas, para aquellas que incluso con nuestra conducta cotidiana tenemos que dar ejemplo de una intolerancia absoluta hacia este tipo de
comportamientos, y de eso nos ocuparemos en los próximos tiempos.
Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Monteserín.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señor presidente.
Distraigo su atención por muy escasos segundos, señorías, señoras y señores diputados, porque este es un momento en el cual, por si alguien tenía alguna duda, el Parlamento, esta casa, es la sede de los anhelos y de las esperanzas de la
mayoría de las españolas -de todos, diría yo- y los españoles de ir hacia una sociedad en la cual quepamos todos y todos además en pie de igualdad.
Señorías, quiero agradecerles su trabajo porque ha merecido la pena. Ha merecido la pena el trabajo de todas y de todos, el acuerdo unánime, dentro del lógico juego de la discrepancia, y sobre todo el esfuerzo cuya resultante es la ley
orgánica que se va a aprobar definitivamente. Ha merecido la pena la esperanza de años, quizá de siglos, para llegar a la conclusión de que cuando los derechos no son patrimonio de todos es preciso forzar el ritmo con acciones discriminatorias
positivas. Cuando las desigualdades son de gran calado es preciso introducir acciones desiguales para realmente igualar. Y cuando el derecho a la autonomía personal, léase en femenino, se constriñe o simplemente se anula, no podemos mirar hacia
otro lado. Desde el 25 de junio, en que se presentó este proyecto de ley orgánica, hasta hoy se ha producido todo un proceso de creciente sensibilización social que ha puesto de manifiesto un antes y un después perfectamente reconocibles, un antes
y un después en el que hay que hacer mención al gran trabajo de síntesis y de consenso desarrollado por ambas Cámaras para llegar a la aprobación definitiva de hoy. El conjunto de enmiendas presentadas en el Senado, el debate, las lógicas
discrepancias han hecho que esta ley se conozca por una gran mayoría de las españolas y de los españoles, y sobre todo ha acentuado su compromiso contra la violencia de género. Es algo que personalmente agradezco, y estoy seguro que colectivamente
el Congreso de los Diputados se suma también al agradecimiento. Un agradecimiento por cuanto que su esfuerzo, lo mismo que el del Senado, va a coadyuvar a tener una convivencia igual y libre.
Señor presidente, señoras diputadas, señores diputados, representantes de los grupos en defensa de los derechos de la mujer, esta ley es un homenaje a mucha gente. En primer lugar, a los cientos de víctimas mortales de la violencia, a las
decenas de miles de mujeres amenazadas, a las familias de las víctimas, a las mujeres y sus organizaciones, a las organizaciones de hombres contra la violencia, a los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado, a las comunidades autónomas y
ayuntamientos. En fin, a todos, a toda España que en un clamor democrático nos ha venido reclamando esta iniciativa legislativa. También a quienes a lo largo de la historia han abogado a favor de un mundo libre e igual para todos. Por citar solo
a algunos, desde doña Emilia Pardo Bazán a doña Concepción Arenal o John Stuart Mill, que fue un economista y parlamentario inglés que murió con la frustración de no haber podido convencer a sus compañeros de la aprobación de una ley capaz de
conculcar la idea de sumisión de la mujer respecto al hombre. Sin embargo, hoy lo hemos hecho, lo han hecho todas y todos. Es por eso, señor presidente, señoras y señores diputados, que, siendo hoy un día especial, no es sino el primero
de un largo y arduo proceso al que todos estamos llamados: acabar definitivamente con esta violencia.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Vamos a proceder a la votación. En el primer proyecto de ley existe uno bloque de doce enmiendas. Procederemos pues a efectuar doce votaciones consecutivas. En el segundo proyecto, de medidas de protección integral contra la violencia de
género, habrá tres votaciones y la votación de conjunto al tener éste el carácter de orgánico.
Votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. En primer lugar, enmiendas al artículo 3.1 y 3.2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 138; en contra, 172; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda al artículo 3.3 b).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 324; en contra, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Enmienda al artículo 7.2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 192; en contra, tres; abstenciones, 130.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Enmienda al artículo 8.1.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 192; abstenciones, 132.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Enmienda al artículo 8.2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 153; en contra, 171; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda al artículo 9.2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 134; en contra, 172; abstenciones, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda al artículo 9.4.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 162; en contra, 163.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda a la disposición derogatoria única.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 322; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda a la disposición final 1.ª, 3.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 153; en contra, 170; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda a la disposición final 2.ª, 1, párrafo 3.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 318; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Hay otra enmienda que es distinta y que votamos ahora, a la disposición final 1.ª, 3 bis.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 17; en contra, 305; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Por último, enmienda a la disposición final 2.ª, 2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 189; en contra, dos; abstenciones, 134.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Hemos concluido las votaciones relativas al proyecto de ley por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
Iniciamos la votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género.
Como les dije, habrá tres votaciones y una cuarta al conjunto, por tener el proyecto de ley
carácter orgánico.
Votamos la enmienda al artículo 29.3.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 174; en contra, 152.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación de las enmiendas al artículo 11 y disposición adicional 6.ª
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 190; en contra, 136.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Por último, votación en bloque del resto de las enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 324; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el resto de las enmiendas.
VOTACIÓN DE CONJUNTO.
El señor PRESIDENTE: Ahora procede, al tener la ley el carácter de orgánica, la votación de conjunto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 325.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el proyecto de ley. (Prolongados aplausos de las señoras y señores diputados, puestos en pie.)
Señorías, se suspende la sesión.
Eran las tres y diez minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
PREGUNTAS:
- DEL DIPUTADO DON GASPAR LLAMAZARES TRIGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿PIENSA USTED ANTICIPAR EL FINAL DE ESTA LEGISLATURA AL
2006 COMO HA AFIRMADO ESTE FIN DE SEMANA EL PARTIDO POPULAR? (Número de expediente 180/000478.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, vamos a dar inicio a la sesión de preguntas al Gobierno de esta tarde, recordándoles que hay incorporada una interpelación del Grupo Parlamentario Popular que había quedado pospuesta
de la semana anterior, así como que al finalizar el Pleno de esta tarde hay convocada una Junta de Portavoces por esta Presidencia.
Comenzamos con las preguntas que realizan los diputados al señor presidente del Gobierno. En primer lugar, la número 14 del señor Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Adelante.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor presidente, las fiestas navideñas son tiempos de buenos deseos pero también de augurios, y algunos auguran desde la derecha que usted no agotará la legislatura. ¿Cuál es la posición del Gobierno y con qué
política va a agotar la legislatura?
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Llamazares.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Llamazares, el Partido Socialista comprometió un proyecto de cambio ante la ciudadanía. Yo prometí aquí un Gobierno y un programa de cambio, de cambio en la política y en las políticas de este país, y creo que estamos llevando
adelante ese proyecto de cambio, que empezó el primer día con la retirada de tropas de Irak y que hoy, el último día hasta ahora de la legislatura, continuamos con la aprobación de la Ley integral contra la violencia de género. Eso gracias no solo
a la voluntad de cumplimiento de un programa, sino a los apoyos de
distintos grupos parlamentarios que se producen en esta Cámara, que reconozco y agradezco, porque más allá de la necesidad numérica forma parte también de mis convicciones sobre la bondad del pluralismo político en la sociedad española.
(Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor presidente.
Adelante, señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Mi amigo Joan Garcés dice que en estas navidades la derecha se va a ir con la zambomba. (Risas.) La estrategia no es ya la de oposición sino la de desestabilización, porque desestabilización es cuestionar el
resultado electoral del 14 de marzo en la Comisión de investigación; desestabilización es utilizar la bandera nacional frente a una hipotética dispersión del país cuando se acuerda con el Gobierno norteamericano debilitar la política exterior,
soberana del Estado español; desestabilización es cuando alguien se atrinchera en los aparatos del Estado. De libro ha sido la desestabilización política.
Frente a ello la izquierda de esta Cámara ha acreditado su compromiso; su compromiso con
el cambio, aprobando hoy mismo la Ley contra la violencia de género, pero también incluso su compromiso a veces con el lastre del continuismo, con un excesivo continuismo. Eso se demuestra en la política presupuestaria, en la que en nuestra opinión
no ha habido excesivo cambio sino excesivo continuismo, con algunos matices de giro social. Para el próximo año 2005, señor presidente, hay que levantar el vuelo. Ya no vale acumular fuerzas y hay que levantar el vuelo básicamente en dos
prioridades que son las prioridades de la gente y las prioridades de la izquierda. En primer lugar, hacer de este país un país plural pero al mismo tiempo un país solidario; creemos que ahí está la forma de exorcizar buena parte de los demonios
familiares en torno a la nación. Y, en segundo lugar, realizar el giro social y ambiental: la vivienda, el empleo, la política educativa y el cuarto pilar del Estado del bienestar.
Es decir, el próximo año debe ser un feliz cambio para el año
2005.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Llamazares.
Adelante, señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Gracias, señora presidenta.
Señor Llamazares, el ritmo del cambio es el adecuado en el terreno de lo político, también en lo económico, sin duda alguna con resultados en lo social, que van a ser muy evidentes en el año 2005, que será un año lleno de proyectos de cambio
nuevamente. La mejor prueba de que hay un proyecto de cambio activo y decidido es la reacción de determinados sectores inmovilistas dentro y fuera de esta Cámara; es el mejor testimonio. Creo en la fortaleza de la ciudadanía, creo en la fortaleza
del cumplimiento de la palabra dada y creo en la fortaleza de un gobierno que diga la verdad. Con esos elementos no tengo ninguna duda de que los augurios de algunos y los pronósticos sobre la duración de la legislatura no se van a cumplir, como no
se han cumplido, por cierto, otros pronósticos (Un señor diputado: ¡Bush!), porque no parten de un análisis sensato o sosegado sino de un análisis de recuerdo de un pasado y no del trabajo por el futuro en el que está empeñado este Gobierno y la
mayoría que lo apoya en esta Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos.)
- DEL DIPUTADO DON JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CUÁNDO TIENE PREVISTO DAR CUMPLIMIENTO AL COMPROMISO QUE ADQUIRIÓ A CAMBIO DEL APOYO DEL GRUPO VASCO A
LOS OBJETIVOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2005? (Número de expediente 180/000454.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, continuamos con la pregunta número 17 que realiza el diputado don Josu Iñaki Erkoreka, del Grupo Parlamentario Vasco.
Adelante, señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señora presidenta.
Señor presidente del Gobierno, una antiquísima tradición navideña de origen nórdico recomienda satisfacer todas deudas pendientes antes de fin de año, y si esto no se hace así (dice esta tradición) se corre el riesgo de iniciar el nuevo año
bajo muy malos augurios. No se me oculta la inconveniencia de hablar precisamente hoy, el Día de la Salud, de cuestiones relacionadas con la economía, pero la política es así, como usted bien sabe, señor presidente.
Esta mañana, como seguro que no se le oculta, la Cámara ha tenido que hacer algo que no había hecho en los últimos 25 años; ha tenido que levantar el veto que el Senado ha impuesto al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado que
esta Cámara le remitió hace un mes.
Como usted bien sabe, señor presidente, este veto contó en el Senado con el apoyo del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, como previamente contó también con una posición nuestra similar aquí, en el Congreso
de los Diputados; ambas posiciones, la de nuestro grupo aquí y la del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos en el Senado tenían un mismo fundamento: en ambos casos hemos creído que no era pertinente dar un nuevo crédito a quien ya se lo habíamos
dado en una ocasión anterior, sin que, sin embargo, hubiéramos recibido a cambio la contraprestación prometida. El crédito, señor presidente, se lo dimos con
motivo de la tramitación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y la contraprestación, que entonces prometió usted personalmente, no se ha visto cumplida hasta el momento. Por eso, señor presidente, le formulo la pregunta que figura
en el orden del día.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Erkoreka.
Señor presidente, adelante.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Señora presidenta, señor Erkoreka, desde luego es verdad que hay personas más apegadas a las tradiciones que otras, y no discuto con usted que esté en el terreno de los más apegados a
las tradiciones. Por eso quiero felicitarle en primer lugar la Navidad como quería hacer con el señor Llamazares.
Le diré al respecto, sobre los compromisos y el escenario que tenemos con el Gobierno vasco, que fundamentalmente afectan a tres cuestiones: al aumento de policía autónoma vasca, al pago de determinados gastos en relación con la catástrofe
del Prestige y a una discusión sobre el cupo y sobre lo que fundamentalmente supone la liquidación en función de la materia de la sanidad. Estoy en condiciones de decir que en los dos primeros los avances son sustanciales y prácticamente estamos al
borde de formalizar un acuerdo definitivo y que hay más dificultades en relación con la tercera cuestión, lo reconozco. Creo que también hay una posición del Gobierno vasco que ha de ser más flexible para llegar a un entendimiento, que el Gobierno
desea en los términos de mi compromiso. El compromiso no tenía un plazo limitado, aun en el respeto de lo que ha hecho su grupo parlamentario en relación con los presupuestos, pero créame que en los tres ámbitos de diálogo abierto, de compromiso
establecido vamos a llegar a un acuerdo; espero que el Gobierno vasco y su grupo pongan en eso el mejor empeño en aras de ese principio de diálogo intenso y de cooperación que este Gobierno quiere establecer con todos los gobiernos autonómicos y,
por supuesto, con el Gobierno del lehendakari Ibarretxe. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor presidente.
Adelante, señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señora presidenta.
Señor presidente del Gobierno, como usted bien sabe, nuestro apoyo a los objetivos de estabilidad presupuestaria no fue gratuito, como nada lo es en esta Cámara; tampoco se hicieron efectivos a cambio de que sencillamente el Gobierno se
comprometiera a negociar en el ámbito de la Comisión mixta del concierto económico, porque la disposición a negociar de su Gobierno, habida cuenta del talante que exhibe, se daba por supuesta. Nosotros prestamos nuestro apoyo en el Congreso y en el
Senado a los objetivos de estabilidad presupuestaria a cambio de que el Gobierno satisficiera las pretensiones de la parte vasca en el seno de la Comisión mixta del concierto económico. Ya veo que una vez más exhibe buenas palabras, buenas promesas
(ya las conocemos de antes), pero nosotros nos vamos con la sensación de que el rey mago Zapatero en esta ocasión no nos da el turrón que nos debía, sino que nos ha dejado carbón.
Muchas gracias. (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Erkoreka.
Señor presidente, nuevamente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Gracias, señora presidenta.
Quiero hacerle una matización sobre todo el desarrollo del diálogo que he mantenido con el lehendakari señor Ibarretxe, que en ningún momento condicionó ni fue un intercambio, sino una petición para solucionar estas tres cuestiones que yo
acepté de inmediato; lo digo porque me parece interesante que la actitud del señor Ibarretxe quedara clara. Le reitero: Estamos prácticamente de acuerdo en dos cuestiones para llegar a una solución final, pero queda una tercera, y el esfuerzo ha
de ser de las dos partes, y estoy convencido de que con talante y poniendo sentido común a lo que se discute llegaremos al acuerdo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor presidente.
- DEL DIPUTADO DON JOAN PUIGCERCÓS I BOIXASSA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), QUE FORMULA AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CONSIDERA OPORTUNA Y NECESARIA LA INTEGRACIÓN DE TURQUÍA EN LA UNIÓN EUROPEA? (Número de
expediente 180/000455.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Decae, señorías, la pregunta del diputado Joan Puigcercós.
- DEL DIPUTADO DON MARIANO RAJOY BREY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CUÁL ES LA POSICIÓN QUE MANTIENE EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA NEGOCIACIÓN HISPANO-BRITÁNICA
SOBRE GIBRALTAR? (Número de expediente 180/0000479.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos con la pregunta número 29 que realiza el diputado don Mariano Rajoy del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Adelante, señor Rajoy.
El señor RAJOY BREY: Muchas gracias, señora presidenta.
El día 16 del presente mes la OID hizo público un comunicado de los señores Moratinos y Straw, consultado el señor Caruana que también expresó su acuerdo y que recibió algo a cambio de nada. Se hablaba allí entre otras cosas de lo
siguiente: un nuevo foro de diálogo a tres bandas sobre Gibraltar. Se dice que cualquier acuerdo precisa del voto de las tres partes y además de una manera expresa se dice que el Reino Unido no puede prestar su acuerdo sin el consentimiento del
Gobierno de Gibraltar en los temas en que el acuerdo debiera ser entre España y el Reino Unido.
Como dice hoy un analista conocido en un periódico nacional es como si en un litigio sobre la propiedad se le da al inquilino voz, voto y veto.
¿Nos
puede explicar usted este asunto, señor presidente? (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Rajoy.
Adelante, señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Rajoy, ayer expliqué la cuestión relativa al acuerdo que ha habido sobre Gibraltar y hoy quiero reiterar ante la Cámara cuáles son los principios de ese acuerdo político en torno a Gibraltar con el Gobierno británico y con la comunidad
de gibraltareños. El primer principio es que España, como no puede ser de otra manera, mantiene su histórica reivindicación por la soberanía de Gibraltar. El segundo principio es que con ese acuerdo se recupera el diálogo con Gran Bretaña y con
los gibraltareños, un diálogo que toda la Cámara conoce y que usted me reconocerá que había quedado en vía muerta; no había diálogo sobre Gibraltar desde hace algún tiempo. Ese diálogo se articula con un nuevo foro, en el que participan los
gibraltareños y los dos Estados: España y Gran Bretaña. Respecto a las cuestiones de soberanía, el diálogo es únicamente entre España y Gran Bretaña; sobre cuestiones que afecten al Campo de Gibraltar y a las distintas situaciones de los
españoles en Gibraltar participan las tres instancias, porque ese es el camino más favorable para arreglar problemas concretos y también para abrir el camino del diálogo ante la cuestión de fondo.
Muchas gracias. (Aplausos.-Un señor diputado: Muy bien.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Adelante, señor Rajoy.
El señor RAJOY BREY: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor presidente del Gobierno, el único que lo interpreta así es usted.
(Rumores.) Basta con leer lo que dijeron ayer sus socios parlamentarios en el debate que se produjo en esta misma Cámara, lo que dicen todos los medios de comunicación,
lo que dice el señor Straw y, lo que es peor, lo que dice el señor Caruana. Yo quiero decirle que mi partido no acepta este acuerdo; este es el desprecio más absoluto hacia lo que significa nuestra propia dignidad nacional (Rumores.); esto rompe
el principio básico del contencioso entre dos partes, porque se coloca a Gibraltar en pie de igualdad, porque se le da un derecho de veto en lo esencial, porque rompe con el proceso de Bruselas, porque refuerza la posición internacional de
Gibraltar, porque es un giro copernicano en nuestra política exterior, porque va más allá de la doctrina internacional, porque se hace a cambio de nada, porque es una muestra más de una ingenuidad increíble y que no se ha consultado con nadie.
Señor Rodríguez Zapatero, fue el señor Caruana el que se negó a la propuesta del señor Piqué, que estaba muy avanzada por cierto, con las autoridades del Reino Unido.
Le quiero decir una cosa, señor presidente, en España se habla en este momento demasiado de soberanía; hace usted demasiadas concesiones. Ahora tiene usted unos retos muy difíciles, y le digo que todo el mundo toma nota de su debilidad.
Desde luego también le quiero decir que este partido será el garante de que no se hagan disparates en lo que se refiere a la soberanía nacional, sépalo usted. (Aplausos.-Rumores)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Rajoy.
Adelante, señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Rajoy, se empeña en un discurso como el de ayer en torno a la debilidad y a los logros del Gobierno, cuando cada día tenemos un ejemplo que desmiente rotundamente sus afirmaciones y su estrategia. Por ejemplo, hoy ha habido un
magnífico acuerdo de pesca en la Unión Europea (Aplausos.), después de una propuesta de la Comisión, enormemente positiva para los intereses españoles. Se partía de una reducción del 90 por ciento y ahora se mantiene prácticamente todo lo que
significa la actividad pesquera. (Rumores.) Eso son logros; hechos: hacer una buena política exterior en la Unión Europea. Sobre Gibraltar, cuando vengan los resultados hable (Varios señores diputados: Ahora.-Rumores.); de momento señor Rajoy
creo que debe hacer lo que otros hicimos en la oposición (Rumores.): apoyar lo que significa una política de Estado y del Gobierno. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor presidente.
- DEL DIPUTADO DON ÁNGEL JESÚS ACEBES PANIAGUA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA: ¿CONSIDERA LA VICEPRESIDENTA QUE EL GOBIERNO ESTÁ
GENERANDO CONFIANZA? (Número de expediente 180/000468.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, continuamos con las preguntas dirigidas a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la presidenta.
En primer lugar, la pregunta del diputado don Ángel Acebes, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Adelante, señor Acebes.
El señor ACEBES PANIAGUA: Gracias, señora presidenta.
Señora vicepresidenta, vamos a ver si ordenamos los turnos porque se pregunta sobre Gibraltar y nos contestan sobre la pesca. Yo hoy lo que le quiero preguntar es si considera el Gobierno que está generando con sus iniciativas y
declaraciones confianza y estabilidad (Un señor diputado: Mucha, mucha.) en dos cuestiones muy importantes: la política económica y el modelo de Estado.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Acebes.
Adelante, señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Muchas gracias, señora presidenta.
Señoría, agradezco que me formule la misma pregunta que me formuló su compañero señor Zaplana el pasado 29 de septiembre. Le contesto lo mismo que a él, que sí, que los ciudadanos cada día confían más en este Gobierno, a tenor de las
encuestas. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora vicepresidenta.
Adelante, señor Acebes.
El señor ACEBES PANIAGUA: Gracias, señora presidenta.
Señora vicepresidenta, es verdad, pero es que desde el 29 de septiembre todo ha ido a peor. (Varios señores diputados: ¡Ah!) Sinceramente creo que hay inquietud por la política económica del Gobierno; son muchos los organismos y los
institutos de estudios económicos que alertan sobre la falta de credibilidad y la desconfianza económica. (Rumores.) Hoy quiero referirme a un tema esencial, como es el modelo de Estado, en el que están generando inestabilidad e incertidumbre. La
situación que estos días estamos viviendo es que mientras están avanzando en las instituciones planes secesionistas y rupturistas (Varios señores diputados: ¡Ah!-Rumores.) el presidente del Gobierno de España discute que esta sea una nación. En
Cataluña y en el País Vasco el Partido Socialista promueve planes, según algunos de ellos acordados con el presidente del Gobierno (y para que no me acusen de crispar voy a citar algunas de las expresiones utilizadas en público por destacados
socialistas, todos ellos con representación y mandato institucional en las últimas 24 horas). El modelo del Partido Socialista, de comunidad nacional (dicen ellos), lleva a España a un modelo confederal; es nacionalista; no cabe en nuestra
Constitución; comunidad nacional es un término utilizado por Franco, Hitler y Pinochet (Rumores.); están provocando división e inestabilidad y no se puede confundir con pluralismo. Claro que no se puede confundir con pluralismo la falta de
convicciones y el desestimiento. El presidente del Gobierno ha elegido entre todas las opciones las más equivocada, más nacionalismo y menos España, y a nacionalismo, señorías, siempre les van a ganar los nacionalistas. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón iPiqueras): Gracias, señor Acebes.
Adelante, señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Gracias, señora vicepresidenta.
Hablando de confianza he de decirle que los ciudadanos confían en nosotros, es verdad. ¿Por qué? Porque cumplimos nuestros compromisos, porque trabajamos para resolver sus problemas y porque no les engañamos, señor Acebes. La repetición
es una técnica de propaganda sobradamente conocida con muchos ejemplos históricos, pero una cosa no por mucho repetirla se convierte en verdad, y los ciudadanos son conscientes de que uno de los mayores empeños de este Gobierno es no defraudar el
inmenso caudal de confianza que nos han depositado, y para ello trabajamos todos los días. Es verdad que hay un debate territorial y es verdad que en ese debate territorial, señoría, el Gobierno ha puesto los límites y está dejando que la gente
hable con tranquilidad. Se trata de trabajar (por eso le voy a dar la receta de por qué confían en nosotros, que es lo que le preocupaba) con la vista puesta en la defensa de los intereses de la mayoría, con el oído atento a las demandas que
formulan y los problemas que le preocupan a los ciudadanos, con la voz presta a decir siempre la verdad, señor Acebes, y el tacto listo
para asumir responsabilidades propias, ya sea en los aciertos, ya sea en los errores. (Rumores.) Los últimos datos demoscópicos (se lo decía antes) muestran que los ciudadanos están de acuerdo con la acción del Gobierno, de ahí que nos
renueven su confianza. Por tanto, habrá que empezar a pensar que son ustedes los únicos empeñados en hacer oídos sordos a la realidad, en ponerse las gafas de no ver, los guantes de no palpar y la voz de no aceptar que tenemos una realidad
plurinacional, una realidad plural, un país en el que se puede debatir y que, desde luego, las reformas se harán con arreglo a lo establecido en la Constitución y con los límites que hemos marcado. Señor Acebes (le reitero) este Gobierno está
llevando a la práctica los proyectos que la mayoría de los ciudadanos han avalado en las urnas con sus votos y, por ello, se fían de nosotros. Yo, desde aquí quiero decirles que no les vamos a defraudar, que no vamos a fallar a los ciudadanos en la
confianza que han depositado en nosotros. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora vicepresidenta.
- DEL DIPUTADO DON EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA: ¿PIENSA EL GOBIERNO ALCANZAR EN 2005 UN PACTO QUE
LE GARANTICE UNA MAYORÍA PARLAMENTARIA ESTABLE? (Número de expediente 180/000469.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos con la pregunta que realiza el diputado don Eduardo Zaplana, del Grupo Parlamentario Popular. (Rumores.)
Señorías, por favor, silencio.
Adelante, señor Zaplana.
El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Señora vicepresidenta, doy por formulada la pregunta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Zaplana. (La señora Cunillera i Mestre: Es que no se la sabe.)
Adelante, señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Señoría, el Gobierno tiene una mayoría parlamentaria estable. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora vicepresidenta.
Adelante, señor Zaplana.
El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Gracias, señora presidenta.
Señoría, llevan ya ocho meses gobernando y en estos ocho meses en cada votación importante han tenido que pagar el precio que les han exigido Esquerra Republicana e Izquierda Unida o han caído y están en situación de morosidad, como acaba de
denunciar el portavoz del PNV. El resultado de esta forma de gobernar es ya conocido: un día salta por los aires la estabilidad presupuestaria; otro día la existencia del valenciano (Rumores.); otras veces anuncian el traslado forzoso de la sede
de algún organismo a Barcelona o dan la vuelta a los Presupuestos Generales del Estado hasta dejarlos irreconocibles, como esta mañana, porque todavía no sabemos lo que hemos votado. (Rumores.) Pues, siendo todo esto grave, lo peor desgraciadamente
está por venir. Ya nos están preparando ustedes sobre la irrelevancia que tiene el término nación o sobre la nueva configuración de España como nación de naciones. Señorías, sinceramente así no pueden seguir. Es mejor que lleguen ustedes a un
pacto, público y escrito, por incómoda que pueda ser esa foto para el señor Rodríguez Zapatero; al menos de una vez acoten las cesiones que van a realizar.
Nuestro deber como oposición es exigirle que nos cuente cómo piensa gobernar en el próximo
ejercicio porque nadie se cree (ha quedado patente hace un momento) que sus cesiones y sus acuerdos puedan ser gratis; no lo son, como ha quedado palpablemente claro esta misma tarde.
Afortunadamente, ya empiezan a sonar alarmas importantes en el seno de su propio partido por lo que puede venir encima. No pueden abrir un nuevo curso político poniendo todo permanentemente a subasta. Señoría, esto no es crispación ni
soledad, ninguna de esas dos situaciones nos acompaña; deje ya, señoría, de perseguir curas, jueces y a la oposición y dedíquese de verdad a defender los intereses de los ciudadanos españoles.
(Aplausos.-El señor Martínez Sanjuán: Ave María
Purísima. - El señor Villarrubia Mediavilla: ¡Qué barbaridad!-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Zaplana.
Adelante, señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Señor Zaplana, no me sorprende que usted todavía no se haya dado cuenta de que con nuestra mayoría estable se han
aprobado en esta legislatura más de una ley por mes, con el acuerdo de la mayoría que usted no acepta que ha salido de las urnas: Ley de morosidad, Ley de horarios comerciales, se han convalidado todos los decretos leyes que hemos traído,
indemnizaciones del Yak, del Prestige, emisiones,
inundaciones; algunas incluso se han aprobado, señor Zaplana, por unanimidad, como ha ocurrido esta mañana con la Ley de protección integral frente a la violencia de género y la Ley del Consejo de Estado.
Hoy mismo hemos aprobado los
Presupuestos Generales del Estado; lamento que usted no se haya enterado de lo que ha votado. (Rumores.) Esta, señoría, es la expresión de la voluntad mayoritariamente manifestada por los ciudadanos hace apenas nueve meses, aunque a usted no le
guste.
Entonces el mensaje de los ciudadanos fue muy claro: querían una mayoría estable que se forjara sobre la base del diálogo, negociando, buscando y alcanzando acuerdos; así lo estamos haciendo. Para que lo entienda bien, señor Zaplana,
tenemos un método de trabajo que es el diálogo, la negociación y el acuerdo; tenemos unos principios, señor Zaplana, que a lo mejor usted no los tiene: el pluralismo, la lealtad, la integración y la cooperación; tenemos unos objetivos, señor
Zaplana: los que dijimos en la investidura; y tenemos unos resultados: los que garantiza esta mayoría parlamentaria estable.
Señor Zaplana, creo que el hecho de que el señor Acebes y usted intercambien y repitan las mismas preguntas semana tras semana sólo puede obedecer a dos circunstancias: o bien están ustedes absolutamente descoordinados, o bien el Gobierno
lo hace tan bien que no les deja espacio para la crítica. (Rumores.-Risas.) Usted verá, señor Zaplana, con qué versión se queda. Aunque, mirándolo bien, no resultan excluyentes. La verdad es que el Gobierno cree, después de oírle, que lo está
haciendo razonablemente bien; todo lo contrario que ustedes, señor Zaplana.
(Aplausos.-Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora vicepresidenta.
- DEL DIPUTADO DON ANDRÉS AYALA SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO: ¿QUÉ DIRECTRICES MARCAN LA
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO? (Número de expediente 180/000470.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos, señorías, con la pregunta del diputado don Andrés Ayala, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Adelante, señor Ayala.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señora vicepresidenta, ¿qué directrices marcan la comunicación institucional del Gobierno? (Rumores.-El señor Cuesta Martínez: ¿Y no la hace Zaplana?)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Ayala.
Por favor, señorías, silencio.
Adelante, señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Señoría, permítame que le haga, con todo respeto, una matización importante: nos son directrices lo que rigen
nuestra comunicación institucional, son principios. Concretamente, tres: transparencia, respeto y veracidad.
(Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora vicepresidenta.
Adelante, señor Ayala.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Señora vicepresidenta, ya sabía yo que me iba a salir con la receta. ¿Le parece que el anuncio del Ministerio de Fomento que se está emitiendo a diestro y siniestro en las televisiones responde a esos principios? ¿Es que esta carretera o
este tren han sido ustedes capaces de hacerlos en estos ocho meses? (Risas.-Rumores.) ¿Ustedes, que han bajado la inversión en carreteras el 17 por ciento, y el 31 por ciento en ferrocarriles? No, claro que no; los pueden enseñar porque se los
han encontrado hechos.
(Rumores.-Risas.-Una señora diputada: ¡Ya ves!) Y tienen el cinismo de decirles a los españoles que, gracias a su esfuerzo y a las ayudas europeas, se hacen carreteras. ¿Qué ayudas, si España las va a perder porque van a
ser incapaces de comprometer las que tenemos concedidas antes de 2007?
Señora vicepresidenta, hasta mañana no van a dar a conocer -que no a aprobar- el plan que dice las infraestructuras que van a hacer. ¿Cómo pueden estar vendiéndolas como hechas desde hace más de una semana, con esos principios? Su política
no es de comunicación, es de manipulación y propaganda. (Risas.-Rumores.) Se dedican a intoxicar desde el Gobierno.
Por cierto, ¿van a cesar al director del gabinete del ministro Caldera, participan de su forma de actuar o actúa bajo sus
directrices? (Continúan los rumores.) Ustedes se gastan en propaganda falsa lo que el Partido Popular ha invertido en infraestructuras. (Un señor diputado: ¡Muy bien!) Esa es su manera de manipular: apuntarse como suyos los éxitos del Partido
Popular, y adjudicarle al Partido Popular sus fracasos; y todo ello con dinero público.
La ministra de Fomento lo ha parado todo: las carreteras y los ferrocarriles. Todo el anuncio está rodado en obras realizadas durante los ocho últimos años. Esto
tiene solo un nombre: parasitar la labor del Gobierno anterior. El Ministerio de Fomento no está en marcha, está parado. Ya sabemos cuáles son sus principios: manipulación, propaganda sectaria e intoxicación.
(Risas.-Rumores y
Protestas.) Manipulación interesada, con ejemplos como el de que los reyes iban a venir al Congreso el día de la Constitución.
Propaganda sectaria encubierta, con programas como Cincuenta y nueve segundos o Las cerezas; e intoxicación, como los
seguros del señor Bono, aunque aquí le salió el tiro por la culata. (Rumores.)
Señora, pero usted, genio y figura hasta la sepultura.
Muchas gracias. (Aplausos.-Rumores.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señor Ayala, no he querido interrumpirle. Por favor, señorías, guarden silencio durante la sesión de control. Si no, es imposible que nos hagamos las preguntas y las respondamos.
Adelante, señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Señor Ayala, nuestra comunicación institucional, mal que le pese, consiste en facilitar información. (Rumores.)
Toda la información de la que dispone el Gobierno, de manera fluida y accesible. En eso consiste la transparencia; que, por cierto, es un requisito indispensable de la calidad democrática.
Transparencia informativa, que no propaganda, para que
los ciudadanos se formen su criterio y exista una opinión pública libre.
Por ello, la comunicación institucional de este Gobierno está basada en el respeto. Respeto a la verdad, comunicando hechos y datos. Respeto a los ciudadanos, que exigen -y deben recibir- información veraz, y no tener que soportar
invectivas o descalificaciones. Respeto a los medios de comunicación, promoviendo su función y su independencia, y facilitando su trabajo de forma neutral. Por eso precisamente, por respeto institucional a los ciudadanos y a los medios, no se
vierten críticas descalificadoras de planteamientos o personas que discrepan de las posiciones del Gobierno, como hacía su portavoz en el Consejo de Ministros. (Rumores.) Por lo mismo, por respeto institucional a los ciudadanos, para que esté usted
tranquilo, señor Ayala, preparamos una ley que regulará la comunicación y la información institucional para que no se pueda volver a hacer propaganda con dinero público, amparándose en el gran paraguas de las campañas institucionales de las que su
portavoz es tan experto.
(Protestas.) Señor Ayala, una ley que evitará que se puedan repetir los abusos en beneficio de parte o de partido que han sufrido los ciudadanos, que hemos padecido todos durante ocho años en que muchos de sus compañeros de
escaño formaban parte del Gobierno y hoy están siendo denunciados por el Tribunal de Cuentas. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora vicepresidenta. (Rumores.)
Señorías, les voy a acabar pidiendo un poco de espíritu navideño esta tarde y un poco de respeto entre todos.
- DE LA DIPUTADA DOÑA ANA PASTOR JULIÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO: ¿CONSIDERA LA VICEPRESIDENTA QUE EL
PRESIDENTE ESTÁ CUMPLIENDO SU COMPROMISO DE HACER DE ESTA 'LA LEGISLATURA DEL DIÁLOGO Y DEL ENTENDIMIENTO'? (Número de expediente 180/000471.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Pregunta de la diputada doña Ana Pastor Julián, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Adelante, señora Pastor.
La señora PASTOR JULIÁN: Señora presidenta, doy por reproducida mi pregunta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Pastor.
Adelante, señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Señoría, porque conozco su disposición y su talante sé que compartirá conmigo que diálogo y entendimiento son
valores esenciales para la convivencia. Y le afirmo: sí, el señor presidente del Gobierno está haciendo la bandera del entendimiento y del diálogo esta legislatura. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora vicepresidenta.
Adelante, señora Pastor.
La señora PASTOR JULIÁN: Señora vicepresidenta, no es necesario que yo le recuerde esta tarde aquí las imposiciones del Gobierno socialista que gran parte de la sociedad española estamos padeciendo. La sectaria paralización de la Ley de
Calidad de la Enseñanza, el PHN, el Plan Galicia, el trágala de la justicia (esa ley que es conocida como ley exprés) para intentar -creo yo- mangonear a aquellos que no se dejan mangonear (Rumores.), o los nombramientos sectarios (por cierto,
en contra de su programa electoral) del CNI o de Radiotelevisión Española.
Me gustaría, señora vicepresidenta, con todo el respeto, de mujer a mujer (Varios señores diputados: ¡Ohhh!) que me explicara cuál es exactamente el concepto de
diálogo, el suyo y el del presidente del Gobierno que, perdóneme, después de lo que hemos visto ya no es el presidente del talante. (Rumores.)
Señora vicepresidenta, sus constantes descalificaciones, ese hostigamiento que les ha entrado de pronto contra algunos, ese desprecio que tienen ustedes, ese flirteo que tienen ustedes con partidos ilegales, esa -perdónenme- falta de diálogo
hasta incluso interno, y le pongo el ejemplo claro de los militantes socialistas vascos que le tienen que recordar a ustedes de impresentable, innecesaria, inadecuada, ilógica y sencillamente un error de bulto esa propuesta que ustedes hacen. Se lo
dicen sus concejales. Y por si fuera poco, señora vicepresidenta, ustedes le ofrecen 10.000 euros a cada una de las organizaciones del Consejo Escolar. ¿Para qué? Contéstenos usted. Y le decía que de mujer a mujer (Rumores.) porque a las mujeres
nos gusta la concreción. Ustedes, señora vicepresidenta, no creen en el diálogo con la sociedad y menos en el consenso. El diálogo, señora Fernández, se practica, no se compra, y el caudal de ustedes a día de hoy -se lo digo con todo respeto- es
como el caudal que llega a Murcia del agua del trasvase del Ebro. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Pastor.
Adelante, señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Gracias, señora presidenta.
Señora Pastor, entendimiento viene de intelligere: usar la inteligencia, la capacidad de entender, usar el juicio. El entendimiento requiere el reconocimiento del otro, suele asociarse a claro porque requiere inteligencia, y a recto, no
enturbiado por prejuicios. Y debe ser, señora Pastor, mutuo, con disposición para aceptar lo propio de cada uno y también las diferencias.
Señora Pastor, estoy segura de que si prevaleciese su talante y se sobrepusiese a la parte más beligerante de su grupo parlamentario nos entenderíamos en la mayoría de los pasos que hay que alcanzar para ese objetivo de entendimiento. Por
empezar, podríamos ponernos de acuerdo en lo que es necesario para el entendimiento político porque lo primero que hay que hacer es un diagnóstico de los problemas, de muchos problemas. En segundo lugar, tener la voluntad de alcanzar soluciones
razonables y seguramente encontraríamos soluciones comunes. En algunos casos ha ocurrido ya, señora Pastor. Por ejemplo, en la Unión Europea, en la Constitución europea, en leyes como la que hemos aprobado esta mañana sobre la violencia de género.
Sin embargo, podría ocurrir seguramente con su talante en muchos otros temas, en el diálogo social, en sanidad, que usted conoce bien y sabe cómo nos forzaron a aceptar las transferencias, y en muchas otras cuestiones básicas y esenciales para la
convivencia.
Señoría, estoy convencida de que usted por carácter y por formación se mueve mejor en la moderación y en la crítica razonada que en el tremendismo y la visceralidad que le impone la dirección de su grupo parlamentario. Como estoy
convencida de que los ciudadanos recibirían con alivio que en su partido se abriese paso su manera de hacer oposición, porque como diría Borges, ya que usted lo mencionaba también, la mejor cosa que registra la historia universal es el
descubrimiento del diálogo, pero del diálogo de verdad. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora vicepresidenta.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA SALOM COLL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO: ¿PUEDE AFIRMAR LA VICEPRESIDENTA QUE EL
AÑO PRÓXIMO TERMINARÁN LOS GRAVES PROBLEMAS DE DESCOORDINACIÓN DEL GOBIERNO, DE LOS QUE ES RESPONSABLE? (Número de expediente 180/000472.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Finalmente, la pregunta que realiza la diputada doña María Salom, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Adelante, señora Salom.
La señora SALOM COLL: Muchas gracias, presidenta.
Señora vicepresidenta, ¿terminarán el próximo año los graves problemas de descoordinación de su Gobierno, de los cuales usted es la responsable? (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Salom.
Adelante, señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Señoría, al igual que le he dicho a sus compañeros de escaño, no sólo no tengo inconveniente alguno en responder
semana tras semana las preguntas que me formulan, aunque sean siempre las mismas, sino que agradezco la oportunidad que me brindan para poder informar a los ciudadanos de la acción de
Gobierno. Respondiendo concretamente a su pregunta, es verdad, este Gobierno trabaja de manera coordinada para cumplir sus compromisos contraídos con la mayoría de los ciudadanos con orden, con calendario y con objetivos. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora vicepresidenta.
Adelante, señora Salom.
La señora SALOM COLL: Señora vicepresidenta, esto no es cierto. En su Gobierno existe descoordinación y por estar descoordinados ni siquiera se ponen de acuerdo en el concepto de España. (Rumores.) Ni siquiera en eso.
El presidente del
Gobierno habla de que la nación es un concepto discutible y discutido. El ministro de Defensa dice que España es una e indivisible. El presidente de la Generalitat catalana ni quiero pensar ya lo que piensa de España. (Rumores.) En el País Vasco
hablan de incluir otro concepto de comunidad nacional. Ustedes no se ponen de acuerdo ni se coordinan en lo que es España y le podría contar muchos otros ejemplos: Los descuentos de los libros de texto, si tiene que haber deducciones o no en el
impuesto sobre la renta en materia de vivienda o en materia de los planes de pensiones o la última de ayer, que existen discrepancias en su Gobierno, señora vicepresidenta, sobre si hay que opinar o no en cuanto a la libertad del imán. Ni siquiera
en eso se ponen de acuerdo.
(Rumores.)
Cada ministro tiene su agenda propia y en ninguna están los españoles en primera página (Continúan los rumores.) Su descoordinación es un peligro porque genera desconfianza y yo que vengo de Baleares sé lo que es eso.
En Baleares había
descoordinación, había enfrentamientos sectoriales, allí era con los agricultores y con los hoteleros. Eso generó desconfianza y Baleares, de ser la primera comunidad autónoma de España en crecimiento económico, pasó a la cola. Y Baleares era la
primera comunidad en materia turística y perdimos el liderazgo. (Rumores.) En Baleares retrocedimos cuando gobernó un conjunto de partidos de todos contra el Partido Popular. Lo mismo que pasa aquí. Señora vicepresidenta, vayan con cuidado que
les puede pasar lo mismo que en Baleares: que retrocedamos, que España retroceda con ustedes y los españoles no nos merecemos esto. Créame, los españoles no nos merecemos retroceder con su Gobierno.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Salom.
Adelante, señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Muchas gracias, señoría.
Señora Salom, entiendo que le haya tocado a usted cerrar esta sesión de preguntas parlamentarias con una cierta retórica dura. Yo me alegro de que su grupo le haya dado la oportunidad de participar, han democratizado la sesión de control al
Gobierno, le doy la enhorabuena, creo que es muy positivo que las mujeres jóvenes entren también en esta forja parlamentaria. (Protestas.) Me alegro. Y le voy a decir una cosa: lo entiendo, lo respeto y la creo. Pero, señora Salom, a veces lo
que ocurre es que, cuando se ignoran las cosas, se tiende a magnificar. Hay datos de la realidad que son contundentes, son muy tozudos y van a demostrar algunas de sus inexactitudes. Este Gobierno lleva aprobados en ocho meses 1.700 acuerdos en el
Consejo de Ministros, pensando en los ciudadanos, cerca de mil decretos, una ley por mes. Todo eso, señora Salom, no se puede hacer sin coordinación. Todo eso pone de manifiesto que hay un acuerdo, que hay unos objetivos, que hay unos principios,
que hay una coordinación y que el Consejo de Ministros se expresa todos los viernes a través de todo eso que viene en el Boletín Oficial del Estado, que le recomiendo que se lo mire, porque ahí hay muchas soluciones para los problemas de los
ciudadanos. (Rumores) Le recomiendo que lo mire.
Si a usted todos estos datos no le resultan clarificadores es porque, evidentemente, el ejemplo que tiene de la dirección en la coordinación de su grupo no es lo mejor. De todas formas, aunque el señor Rajoy no estuviese de acuerdo, le voy
a poner un ejemplo de coordinación de las administraciones: La Expo de Zaragoza. Fue un éxito de los zaragozanos, de los aragoneses, de la diplomacia, del Gobierno... (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señora vicepresidenta, lo siento, se acabó su tiempo.
- DEL DIPUTADO DON RAFAEL ESTRELLA PEDROLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE EL GOBIERNO DEL COMUNICADO CONJUNTO SOBRE GIBRALTAR
HECHO PÚBLICO EL PASADO DÍA 16 DE DICIEMBRE? (Número de expediente 180/000477.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos, señorías, con las preguntas que se realizan al ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación. (Rumores.) Señorías, la sesión de control continúa y lo hace con la pregunta que
realiza el diputado don Rafael Estrella, del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso.
Adelante, señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Señora presidenta, de hombre a mujer, muchas gracias por darme la palabra.
Al señor Rajoy le regalaron ayer una bicicleta. Sé que se va a saber mantener enhiesto sobre la bicicleta, pero en una pájara tal que no sabemos si van hacia el monte o hacia el abismo. La pájara es manifiesta en política exterior. En
Gibraltar, en el debate que acaba de producirse entre el señor Rajoy y el presidente del Gobierno, ha quedado manifiestamente claro que España mantiene íntegramente su posición, sus derechos en lo que se refiere a la soberanía sobre Gibraltar.
Quedó claro también ayer que en política exterior, y en particular en Gibraltar, ante la nueva estrategia que pretende poner en marcha el Gobierno hay un consenso de nuevo de ocho menos uno. Finalmente, ha quedado claro también que en el tema de
Gibraltar el Partido Popular practica una deslealtad que puede poner en peligro los intereses de España. Como esto ha quedado todo claro por el presidente del Gobierno y el señor Rajoy, se retira la pregunta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Estrella.
- DEL DIPUTADO DON JUAN MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN: ¿QUÉ PERSPECTIVAS SE ABREN, A JUICIO DEL GOBIERNO, EN MATERIA DE
REFORMA DE NACIONES UNIDAS, CON LA PUBLICACIÓN DE LAS CONCLUSIONES DEL GRUPO DE ALTO NIVEL? (Número de expediente 180/000459.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos con la pregunta siguiente, que realiza el diputado don Juan Moscoso del Prado al ministro de Asuntos Exteriores.
Adelante, señor Moscoso.
El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, como usted bien sabe, el multilateralismo efectivo, la defensa de la legalidad internacional, la reivindicación de Naciones Unidas como garante efectivo de la paz y seguridad internacionales son la base de la nueva política
exterior de este Gobierno. Tal y como el presidente del Gobierno expuso en su discurso de investidura, nuestra acción exterior privilegia la diplomacia, el diálogo -cuyos resultados son más que obvios-, la cooperación y el respeto a los principios
de la Carta de Naciones Unidas. Así lo especifica también claramente nuestro programa electoral. Como usted ya ha explicado ante esta Cámara en comparecencias anteriores, la reforma del sistema de Naciones Unidas debe buscar democratizar sus
instituciones, renovar sus agencias sectoriales y crear nuevos organigramas que respondan a los retos actuales, dotados de recursos financieros y humanos que garanticen su eficacia. El Gobierno español viene apoyando activamente esta línea de
reforma, con clara voluntad política, así como la necesidad de acelerar el ritmo de cumplimiento de los objetivos de la declaración del Milenio. Todos sabemos que las Naciones Unidas deben ser también un instrumento eficaz y útil en la lucha contra
la pobreza, si no la reforma no será efectiva.
El Gobierno español ha aportado en los últimos meses ideas nuevas a este debate, como la aportada por nuestro presidente en la última asamblea general de Naciones Unidas con el fin de instaurar una alianza de civilizaciones. En este marco
de reforma de Naciones Unidas totalmente en marcha, que empezó hace ya más de 10 años, el señor Kofi Annan estableció un grupo de alto nivel con el fin de formular nuevas ideas acerca del tipo de normas que necesitan las Naciones Unidas para ser
eficaces en el siglo XXI. El secretario general ha afirmado que el documento que este grupo acaba de presentar hace unos días solamente, un documento que se llama Un mundo más seguro, la responsabilidad que compartimos, contiene una visión nueva y
audaz de la seguridad colectiva para el siglo XXI. En este marco, señor ministro -ya termino-, ¿qué perspectivas se abren a juicio del Gobierno con la publicación de las conclusiones de este también llamado grupo de sabios?
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Moscoso.
Adelante, señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, señora presidenta.
Como bien ha señalado, las señas de identidad de la política exterior de este Gobierno es una apuesta clara por el multilateralismo eficaz y en ese multilateralismo eficaz, lógicamente, apoyamos todos el esfuerzo de Naciones Unidas.
Lógicamente, cuando estamos en el umbral del 60.º aniversario de Naciones Unidas, cuando la comunidad internacional está dedicada a la reforma del sistema de Naciones Unidas, el Gobierno está trabajando intensamente para dar respuesta a las
recomendaciones, a los informes presentados dentro del marco de Naciones Unidas e impulsados por el secretario general, señor Kofi Annan. El último informe del grupo de alto nivel, que ha sido presentado en las dos últimas semanas, nos indica ya el
camino por el que los grandes expertos internacionales quieren liderar el debate y, por tanto, las recomendaciones que hará suyas el secretario general y que presentará en la cumbre de septiembre para revisar las perspectivas del milenio en el año
2005. En ese sentido, consideramos que el informe
presentado va en la dirección de las preocupaciones que siempre ha defendido el Gobierno y en general los distintos grupos políticos de este hemiciclo.
Es verdad que hay otros informes, como el del anterior presidente brasileño, el señor Cardoso, sobre la participación de la sociedad civil, y un informe importante sobre los objetivos del milenio, que presentará el profesor Jeffrey Sachs.
Todo ello alimentará lo que será un último informe personal del secretario general y abrirá el debate para que tanto el club de amigos de la reforma, del que forma parte España, como el Kofi Club, que es una iniciativa liderada por la diplomacia
italiana, nos permitan realizar una reflexión general. Por eso mismo, dentro de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado y del Congreso el Ministerio de Asuntos Exteriores propuso la visita de una delegación de congresistas, de diputados y de
senadores, para poder participar y debatir en Nueva York el 27 de enero. Yo espero que el grupo de la oposición, el Grupo Popular, y otros se sumen a esta visita, puesto que está en juego la...
(Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Lo siento, señor ministro, se acabó su tiempo.
- DEL DIPUTADO DON EDUARDO MADINA MUÑOZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE EL GOBIERNO SOBRE EL CONSENSO ALCANZADO EN EL ÁMBITO DE LA
UNIÓN EUROPEA PARA LEVANTAR LAS SANCIONES DIPLOMÁTICAS A CUBA? (Número de expediente 180/000460.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos con la pregunta que realiza el diputado don Eduardo Madina, del Grupo Socialista.
Adelante, señor Madina.
El señor MADINA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, quisiera señalarle que el Grupo Socialista hace una valoración altamente positiva de los acuerdos que han sido adoptados en el marco de la Unión Europea y por los que fundamentalmente se levantan las acciones y las medidas
restrictivas para con la isla de Cuba. En nuestra lectura, destacamos que la acción diplomática del Gobierno de España ha conseguido resultados positivos en esta materia y la percepción del Grupo Socialista es que esta acción diplomática ha
ampliado algunos instrumentos que quisiera subrayar en esta breve intervención. Primero, el diálogo y, segundo, la búsqueda del acuerdo internacional. Yo creo que sobre su base España ha contribuido a que por fin se pase la página de la estrategia
de aislamiento y confrontación para con la isla y con el Gobierno de Cuba.
Se ha dicho basta al intento de imposición de criterios propios que, como casi todos los buenos diplomáticos saben, en materia de relaciones internacionales nunca es buena compañera. La percepción de mi grupo es que los instrumentos deben
ser diálogo y búsqueda de acuerdo para que las expectativas de éxito sean posibles. Celebramos que nuestro Gobierno haya asentado en ese sentido su actividad internacional bajo el paraguas de estos dos instrumentos. Desde esta perspectiva es desde
donde se ha construido un espacio para el acuerdo internacional, sustentado sobre la constatación de una evidencia: la necesidad de cambios en la estrategia de la Unión Europea hacia Cuba para que los ciudadanos de la isla puedan elaborar con más
solidez y con más confianza un principio de esperanza para un futuro mejor.
La realidad -decía- es que las medidas restrictivas no daban resultado alguno. La realidad terca en la historia nos decía que no daba resultado alguno esa política y por lo tanto obligaba a que algún actor internacional se decidiera en la
exploración de nuevas vías de carácter político y diplomático que consiguiera resultados tangibles en materia de democratización y de avances sustanciales en materia de derechos humanos.
Hoy, gracias al Gobierno de España y a su acción
internacional, a pesar de algunas interferencias interesadas por parte de algunos que en estos momentos no están en la Cámara y de otros, el acuerdo en el marco de la Unión Europea ha sido posible para que el levantamiento de las medidas
restrictivas sea una realidad.
Señor ministro, quisiera señalarle que el objetivo del Grupo Parlamentario Socialista, grupo al que yo pertenezco, para con Cuba es de democratización, entendiendo ésta también como una creciente germinación de la actividad de la sociedad
civil, la defensa de los derechos humanos y la liberación de todos los presos en su conjunto... (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Lo siento, señor Madina, se acabó su tiempo.
Adelante, señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, señora presidenta.
Señoría, como no podía ser de otra manera, la valoración que hace el Gobierno de la decisión del grupo de trabajo de suspender la aplicación de las medidas de junio de 2003 es altamente positiva. Esperamos que se consolide formalmente, a
nivel ministerial, en el próximo mes de enero.
El Gobierno, desde que inició su andadura política, intentó mejorar la situación de las relaciones con Cuba y dentro del marco europeo. Esto no ha sido una victoria exclusivamente de la diplomacia española; es una victoria para los cubanos
y para Europa. Por lo tanto, lo que se ha tratado siempre de alcanzar es que todas las
medidas que se adopten se hagan de manera unánime y consensuada por la Unión Europea.
Se nos dijo en este hemiciclo que España estaba aislada en Europa, que España no contaba con los apoyos suficientes, y España ha contado con la unanimidad de la Unión Europea. Y ha contado con la unanimidad de la Unión Europea para
suspender unas medidas que eran instrumentales, que no iban más allá de la posición común del año 1996, que sigue España manteniendo y defendiendo; que mantenía el diálogo y no la confrontación con las autoridades cubanas; que quería celebrar que
los embajadores y los representantes diplomáticos tuviesen interlocución y capacidad de influencia en las autoridades cubanas, y esto ha dado sus frutos; sus frutos específicos, concretos: 14 disidentes que habían sido encarcelados fueron
liberados. Y no es suficiente. Seguimos en diálogo con las autoridades cubanas para permitir y exigir que puedan ser liberados todos los presos de conciencia, pero a través del diálogo, la comprensión.
Lógicamente, el objetivo que todos
compartimos, y que el Partido Popular tiene que compartir, es la democratización, la defensa de los derechos humanos y las libertades públicas de Cuba y de todos los cubanos.
(Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JULIO PADILLA CARBALLADA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿QUÉ PIENSA HACER EL GOBIERNO ANTE EL RECURSO ANUNCIADO POR LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
MUNICIPIOS Y PROVINCIAS POR SU DESACUERDO CON LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE)? (Número de expediente 180/000473.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos, señorías, con las preguntas dirigidas al ministro de Administraciones Públicas.
Pregunta que realiza el diputado don Julio Padilla, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Adelante, señor Padilla.
El señor PADILLA CARBALLADA: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, la pregunta que hoy le haría el portavoz de Administraciones Públicas del Grupo Popular, del principal grupo de la oposición, si el Reglamento lo permitiera, es con qué criterios soslaya el Gobierno la Ley del Gobierno y de
la Administración para designar secretario de Estado a un rector de una universidad sin depurar la incompatibilidad y sin conocer sus funciones, pero como no podemos hacerla, le formulo la que figura en el orden del día, que es, señor ministro, ¿qué
piensa hacer el Gobierno ante el recurso anunciado por la Federación Española de Municipios y Provincias por su desacuerdo con la liquidación del impuesto de actividades económicas?
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Padilla.
Adelante, señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Muchas gracias, señora presidenta.
Señoría, respecto a la pregunta que figura en el orden del día, respetarlo, estudiarlo y en su caso acatarlo; respecto a la otra, le aseguro que con un criterio bastante más estricto que el de algunas incompatibilidades que autorizó el
Gobierno del Partido Popular.
(Aplausos.-Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor ministro.
Por si acaso no es una evidencia para muchos de ustedes, estamos justamente en medio de la sesión de control. Vamos a intentar seguir con ella.
Adelante, señor Padilla.
El señor PADILLA CARBALLADA: Señor ministro, naturalmente depende de las gafas. Su señoría y yo tenemos dioptrías y no sé quién tiene más, por lo que evidentemente el resultado puede ser diferente. Me temo que las suyas están peor
graduadas.
Dicho esto, ¿se da cuenta, señor ministro, de que ese cooperativismo activo que predica el Gobierno del que forma parte es una pura cantinela y que con ese recurso entran ustedes en conflicto nada menos que con la Administración más directa
de los españoles, estando presidida la FEMP por un ilustre miembro del Partido Socialista? Podría usted decir: A ustedes no les recurrieron porque entonces la presidenta de la FEMP era del Partido Popular. Efectivamente, pero ahora tienen ustedes
un conspicuo miembro del PSOE que impulsa un recurso. ¿Sabe por qué? Porque dejan ustedes a la Administración local, que es la Administración que ven los españoles. Además, señor Sevilla, en este momento ven su cooperativismo, el suyo -que, dicho
sea de paso, a mí me parece el más interesante-, bastante huérfano de recursos. Naturalmente, eso pone de relieve lo que supone todo, lo que supone su manera de entender el diálogo: poco; lo que supone su manera de entender las cosas:
generalmente, a su medida; y, desde luego, la poca generosidad para impulsar una reforma de la Administración local española.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Padilla.
Adelante, señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Muchas gracias, señora presidenta.
Señoría, la verdad es que tiene un poquito de gracia, si no fuera un asunto tan serio, que un representante del Partido Popular me plantee una pregunta como esta. Sobre la liquidación del IAE hay un acuerdo entre el Gobierno de la nación
-firmado en aquel momento por el señor Montoro y el señor Arenas- y la FEMP -firmado en aquel momento por doña Rita Barberá-, que es exactamente lo que estamos cumpliendo y que es exactamente lo que está recurriendo la FEMP. Es decir, estamos
intentando resolver un embolado que nos dejaron ustedes. (Aplausos.) Ustedes hicieron una chapuza electoralista con la supresión del IAE que ha dejado vendidos a los municipios españoles, y con eso tenemos que pechar, y tenemos que pechar de la
única manera que consideramos razonable. Pasemos página cuanto antes de esa etapa vergonzosa y abordemos de verdad los problemas de financiación de los municipios, abordemos de verdad fórmulas alternativas que permitan compensar no solo la
suficiencia financiera de los ayuntamientos, sino también su autonomía y su capacidad de tomar decisiones propias. Y hagámoslo como ha propuesto este Gobierno, hablando con los ayuntamientos, elaborando una modificación de la Ley de Bases del
Régimen Local y haciendo un libro blanco que se debata con todo el mundo, que se acuerde con todo el mundo. No hagamos electoralismo chapucero como el que hicieron ustedes con la supresión del IAE.
Creo que deberían tomar una posición muy clara: o lo hicieron bien, en cuyo caso tendrían que denunciar la demanda que ha anunciado la FEMP, o deberían reconocer que ustedes lo hicieron mal y que los demás estamos pagando sus platos rotos.
(Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON PAULINO RIVERO BAUTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICIÓN CANARIA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿CÓMO VALORA EL GOBIERNO EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE
EXTRANJERÍA DE QUE LAS COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE CONTROLEN LA SALIDA EFECTIVA DE ESPAÑA DE LOS CIUDADANOS EXTRANJEROS NO COMUNITARIOS? (Número de expediente 180/000452.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, continuamos con las preguntas dirigidas al señor ministro del Interior. Pregunta que realiza el diputado don Paulino Rivero, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Adelante, señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, ayer coincidíamos el presidente del Gobierno y el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria en que la situación geográfica de Canarias requiere un sistema de protección integral del conjunto de su territorio, de sus aguas y de
sus costas. Esa situación geográfica, que nos afecta porque estamos a más de 1.000 kilómetros de distancia del territorio peninsular, de tierra firme y apenas a 100 kilómetros de las costas africanas, ha significado que a lo largo de los últimos
años Canarias haya tenido una gran invasión de inmigrantes irregulares, no solo por aquellos que desgraciadamente más llaman la atención y más impacto producen, que son los que llegan a través del mar, lamentablemente también por las actuaciones de
las mafias en las costas marroquíes con total libertad -sin que entendemos que se realice un esfuerzo importante por parte de Marruecos en este sentido-, sino también por los que nos llegan a través de los aeropuertos. Esto hace que hoy en Canarias
se calcule que en torno a 30.000 personas vivan en una situación de irregularidad. En ese plan integral de protección de Canarias hay que evaluar -y ese es el sentido también de la pregunta que le hago al señor ministro- el artículo que se
introdujo en la última Ley de Extranjería por medio del cual las compañías aéreas tenían la obligación de controlar mediante los billetes de vuelta a todos aquellos ciudadanos no comunitarios que accedieran al archipiélago canario. ¿Cuál es, señor
ministro, la evolución del control, si esta siendo efectivo o no y qué datos tiene el ministerio con respecto a este asunto?
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Rivero.
Adelante, señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Rivero, efectivamente el plan de seguridad que se elabora con relación a todo el territorio nacional, a todo el territorio del Estado, necesita ajustes específicos a algo que tiene, como otras partes de los territorios de España, sus
singularidades específicas. En este caso el carácter insular, la insularidad, y la situación geográfica que usted ha descrito, cercana a las costas africanas, así como el resto de las circunstancias que concurren en el archipiélago de las islas
Canarias hacen necesario que la seguridad sea contemplada también desde posiciones singulares.
En cuanto a la primera parte de su pregunta, usted sabe que la lucha contra la inmigración irregular y contra el tráfico de seres humanos, contra las mafias, es una preocupación del Gobierno de España y de todos los gobiernos de la Unión
Europea. Señoría, el artículo 66 de la Ley orgánica establece dos obligaciones a las compañías de transportes en cuanto a las personas
que tienen que ser trasladadas a territorio español: la primera, que se informe a las autoridades españolas antes de su partida de los países de origen, que además es una obligación que se está afilando extraordinariamente en la Unión
Europea; y la segunda, los billetes de regreso no utilizados por los pasajeros en el plazo que tendrían que utilizarlos, es una obligación no menos exigible a las compañías de transporte. Ambas son faltas muy graves. ¿Cómo lo están haciendo las
compañías? Las compañías, en general, están colaborando bien, sobre todo en relación con la primera de las obligaciones, con lo cual se devuelven y se controlan todas las listas de embarque para saber quién viene y para saber quién se tiene que ir.
El segundo problema, la no utilización de los billetes de regreso, es más complejo porque se pueden endosar o pueden entrar en el circuito del mercado y eso hace mucho más difícil su control. Por ello nosotros mantenemos desde Interior reuniones
periódicas con las compañías de transportes, estamos controlando al día estas cuestiones y valoramos en general positivamente la colaboración y el esfuerzo realizado por estas compañías para evitar la inmigración irregular en territorio canario por
las vías apuntadas por S.S. en su pregunta.
Muchas gracias, señor diputado. Gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor ministro.
Señor Rivero, adelante.
El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, hacen falta medios materiales y recursos humanos, al margen de la obligación de las compañías que contempla la ley. Coalición Canaria, que en este momento presta apoyo al Gobierno en asuntos puntuales, va a ser implacable en
el seguimiento del acuerdo que ayer adquirió el presidente del Gobierno ante la Cámara de diseñar urgentemente un plan integral de seguridad para el archipiélago canario.
Canarias no es un territorio que esté en igualdad de condiciones con el
conjunto del Estado. Yo espero, señor ministro, que tenga la sensibilidad...
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Lo siento, señor Rivero, se acabó su tiempo.
Señor ministro, le quedan cinco segundos. ¿Quiere utilizarlos? (El señor ministro del Interior, Alonso Suárez, hace gestos negativos.)
Gracias, señor ministro.
Les recuerdo que si miran ustedes en algún momento hacia la luz del monitor les será mucho más fácil no saltarse su tiempo.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA MERCÈ PIGEM I PALMÉS, EN SUSTITUCIÓN DEL DIPUTADO DON JOSEP ANTONI DURAN I LLEIDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVÈRGENCIA I UNIÓ), QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA: ¿ QUÉ VALORACIÓN
HACE EL GOBIERNO SOBRE EL INFORME PISA? (Número de expediente 180/000456.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos, señorías, con las preguntas que se dirigen en este caso a la ministra de Educación y Ciencia. Comenzamos con la pregunta que formula la diputada doña Mercè Pigem, en sustitución
del señor Duran i Lleida.
Adelante, señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, ¿qué valoración hace el Gobierno del informe PISA, que no nos deja precisamente en muy buen lugar?
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Pigem.
Señora ministra, adelante.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Sansegundo Gómez de Cadiñanos): Gracias, señora vicepresidenta.
Señoría, el informe PISA ofrece evaluaciones de los conocimientos y competencias de nuestros jóvenes francamente insatisfactorias, que exigen reformas educativas ambiciosas. Parlamento y administraciones diversas debemos hacerlas posibles y
por ello vamos a trabajar para alcanzar el mayor acuerdo posible. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora ministra.
Señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señora ministra.
Es evidente que en la valoración del informe se puede ver el vaso medio lleno o también medio vacío, pero entiendo que, como usted ha señalado, hay que ser realistas y aprovechar los resultados del mismo para, manteniendo la equidad de
nuestro sistema, que es un valor positivo, diseñar estrategias de mejora abordando la corrección de aspectos importantes para superar la actual situación global, que es, cuanto menos, manifiestamente mejorable.
Potenciar la cultura de esfuerzo individual reintroduciendo la necesidad global de una mayor exigencia; motivar la labor docente impulsando la consideración y valoración social de maestros y profesores, para lo que es necesario crear una
verdadera carrera docente que aúne aspectos sustantivos y también pedagógicos, tanto
en la formación inicial como en la necesaria formación continuada; mejorar el clima escolar dotando de mayor autoridad a los profesores, fomentando el respeto entre los alumnos y buscando la complicidad y la implicación de las familias en
su realidad actual, en que ambos progenitores trabajan fuera de la casa; potenciar la autonomía de los centros y volcar los recursos suficientes serían algunos de los aspectos que habría que mejorar. Pero me gustaría hacer hincapié de manera
especial en algo que se ha indicado prácticamente desde todos los sectores implicados, que es la necesidad de una mayor estabilidad del sistema educativo, superando la situación actual de que en 20 años vamos a realizar seis reformas del mismo.
En este sentido, una de las primeras iniciativas de Convergència i Unió al comienzo de esta legislatura, y que fructificó con la aprobación de una moción, fue la de impulsar un pacto de Estado por la educación; un pacto que, implicando a
todas las fuerzas políticas, sirviera para sacar el tema educativo de la contienda electoral. Entendemos que el proceso de reforma de la LOCE puede ser una buena oportunidad y el marco adecuado para buscar este pacto para la educación, y a este
respecto nos gustaría conocer cuál va a ser la intención del Gobierno.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Pigem.
Señora ministra, adelante.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Sansegundo Gómez de Cadiñanos): Gracias, señora vicepresidenta.
Señoría, comenzando por su último punto, bienvenida a la búsqueda de pactos y acuerdos amplios, siempre que tengan contenido y persigan una educación de calidad para todos. Creo que sobre esas premisas será posible trabajar en los próximos
meses y alcanzar acuerdos de mínimos.
Bienvenidas las evaluaciones educativas, como la que representa el proyecto PISA, especialmente éstas de carácter internacional que nos dan un punto de referencia. El Gobierno también cree que son importantes las evaluaciones de diagnóstico
en el sistema educativo, en primaria y en secundaria, y por ello hemos propuesto recientemente que se integren dos en nuestro sistema a edades que permitan tomar medidas de corrección del rendimiento académico.
Bienvenida la preocupación y hasta la alarma, diríamos, creadas por los últimos resultados, pero creemos que deben empujarnos a redoblar nuestros esfuerzos de mejora del sistema educativo. Los datos de PISA 2003 ciertamente no son buenos,
pero ya en 1995 España se situó en el puesto 23 entre 25 países analizados en matemáticas. Estos datos se conocieron en 1997 y cabe preguntarse por qué no se hizo nada al respecto durante muchos años. Que no nos vuelva a ocurrir, que trabajemos
todos para que de estas evaluaciones surja el convencimiento de que debemos redoblar nuestros esfuerzos. Y estoy de acuerdo con usted, el informe de la OCDE ofrece importantes recomendaciones para mejorar el rendimiento, la calidad y la equidad de
los sistemas educativos. No queremos renunciar a la equidad y la OCDE ha puesto de manifiesto cómo países que aparentemente buscaban una estrategia de mejora del rendimiento medio a partir de la estratificación de los alumnos, no han conseguido
mejorar el rendimiento medio y además han creado una gran desigualdad en el rendimiento de sus estudiantes. Por tanto, coincidimos con ustedes en prestar una gran atención a la formación del profesorado. Este sin duda será uno de los puntos en los
que necesitaremos...(Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señora ministra, lo siento, se acabó su tiempo. Por favor, miren al monitor cuando hagan las preguntas y las respondan.
- DE LA DIPUTADA DOÑA JOANA SERNA MASIÁ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA: ¿CUÁL ES LA VALORACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DEL INFORME PISA? (Número de expediente
180/000461.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Pregunta de la diputada doña Joana Serna, del Grupo Socialista.
Adelante, señora Serna.
La señora SERNA MASIÁ: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, como vemos, el informe PISA ha generado un gran revuelo.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista quería hacerle algunas reflexiones al respecto. Efectivamente, tiene dos malas noticias: una, que hay un porcentaje excesivo
de fracaso escolar de los adolescentes de 15 años, de más de un 20 por ciento; otra, que España gasta poco en educación; y otra noticia que a mí me parece buena es que la escuela española es realmente equitativa. Con relación a las dos malas
noticias, que es lo que en una sesión de control tendríamos que ver, quería decirle lo siguiente. El gasto educativo al Grupo Socialista no nos preocupa mucho por una cuestión, y es que el presidente Rodríguez Zapatero ha dicho en múltiples
ocasiones que su objetivo principal es la educación, y no solamente lo ha dicho sino que lo ha demostrado con un fuerte incremento en los presupuestos para 2005 dentro del gasto educativo. Es verdad que España ha gastado muy poco, pero nosotros
como grupo parlamentario pensamos que es el Partido Popular quien tiene que explicarle a los españoles por qué durante ocho años el gasto educativo ha caído
de la forma que ha caído y por qué nos hemos alejado tanto de la media europea.
La otra cuestión que nos preocupa es la del fracaso escolar, que en estos días se ha unido a otra mala noticia, y es que un porcentaje excesivamente alto de adolescentes en España, aparte de que no hacen un buen uso de la escuela, tampoco
están haciendo un buen uso de su ocio, de su tiempo libre, y nos encontramos con que casi un 50 por ciento de los adolescentes madrileños de 15 años -pero se puede extender a todas las comunidades, incluida la catalana, señora Pigem- beben
habitualmente. Ese es un porcentaje altísimo y de alguna manera nos recuerda lo que dicen los expertos en educación, y es que no solamente es necesario, como dice también la señora Pigem, un pacto de Estado, pactos políticos en educación, sino que
es importantísimo que haya un gran pacto social. Esa es una de las claves -también lo dice el informe PISA- de que en Polonia ese pacto social haya dado un resultado enormemente satisfactorio, y nosotros también como Grupo Parlamentario Socialista
vemos que el título de su propuesta, una educación de calidad para todos y entre todos, es la clave del éxito. La cuestión está, señora ministra, en que a partir de esta propuesta nos indique cuál es la valoración del informe PISA y cómo piensa
resolverlo.
Muchísimas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Serna.
Adelante, señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Sansegundo Gómez de Cadiñanos): Gracias, señora vicepresidenta.
Señoría, efectivamente, no podemos estar satisfechos con los resultados, como no lo están países que han obtenido resultados próximos a los nuestros, como Alemania, Noruega o Estados Unidos, donde estamos viendo que el informe PISA está
conduciendo a importantes debates educativos.
Como antes comentaba con la señora Pigem, bienvenido este interés por debatir de verdad cómo mejorar nuestro sistema educativo. Debemos aspirar a los mejores resultados para nuestros alumnos y el
informe de la OCDE nos ofrece ejemplos de buenas prácticas de países que consiguen esa educación de calidad para todos, que creemos que solamente se puede hacer entre todos. Los datos del informe PISA vienen a confirmar lo que otros indicadores
también de la Unión Europea nos han señalado, y es que debemos perseguir objetivos más ambiciosos para nuestros jóvenes para que completen bachillerato o formación profesional. En el pasado no hemos realizado suficientes esfuerzos y usted ha
señalado una parte del problema. Tenemos que hacer más esfuerzo presupuestario todas las administraciones. El principal indicador de esfuerzo educativo es el porcentaje de gasto sobre el producto interior bruto. En 1985 España apenas alcanzaba el
3,7 por ciento, a principios de los noventa se alcanzó el 4,8 ó 4,9 por ciento y hemos caído al 4,4 por ciento a principios del siglo XXI. Efectivamente, estamos de acuerdo, el gasto es importante y el estudio de la OCDE lo pone de manifiesto, y no
podemos pretender que nuestros resultados vayan a mejorar si reducimos nuestro esfuerzo en gasto en educación como país. Los presupuestos del año 2005 recogen un incremento para el Ministerio de Educación y Ciencia del 10 por ciento
aproximadamente, gracias al apoyo del Parlamento que leemos como una importante apuesta por el capital humano y la investigación en nuestro país. Suponen un paso en la dirección correcta que necesitaremos continuar en el futuro. Hacen falta
iniciativas y medidas para mejorar nuestro sistema educativo. En el mes de enero propondremos a las comunidades autónomas programas de refuerzo que deben comenzar a aplicarse en centros con necesidades especiales de atención a la diversidad.
Comenzaremos a tomar medidas entre todas las administraciones para comenzar a atacar algunos de los problemas que estos estudios ponen de manifiesto en secundaria.
Muchas gracias. (Aplausos.)
- DE LA DIPUTADA DOÑA ARANTZA MENDIZÁBAL GOROSTIAGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE EL GOBIERNO ACERCA DE LAS NOTICIAS APARECIDAS
RECIENTEMENTE SOBRE LA INTERRUPCIÓN DEL SUMINISTRO DE GAS A ALGUNAS CENTRALES DE GENERACIÓN ELÉCTRICA? (Número de expediente 180/000462.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, continuamos con las preguntas dirigidas al ministro de Industria, Turismo y Comercio.
En primer lugar, la pregunta que le dirige la diputada doña Arantza Mendizábal, del Grupo Socialista.
Adelante, señora Mendizábal.
La señora MENDIZÁBAL GOROSTIAGA: Señor ministro, la preocupación de este grupo parlamentario por la garantía del suministro de energía ha sido una constante, como se constata en los diarios de sesiones, ya que siempre lo hemos considerado
como uno de los tres objetivos fundamentales de la política energética. También, en su momento, este grupo parlamentario consideró acertada la puesta en marcha de centrales de ciclo combinado que permiten, por un lado, diversificar al máximo las
fuentes de energía primaria y, por otro, dar paso a un tipo de centrales mucho más modernas y por tanto más respetuosas con el medio ambiente.
Por eso, señor ministro, los hechos acaecidos la semana pasada por los que Enagas -empresa propietaria de la mayoría de las infraestructuras gasistas- se vio obligada a cortar el suministro de gas a grandes clientes industriales y a las
compañías eléctricas, que necesitan el gas para sus distintas plantas de generación, nos produjo una cierta preocupación. De todas formas, también somos conscientes, señor ministro, de que el corte del suministro es debido precisamente a las
cláusulas de interrumpibilidad que tenían contratadas estas empresas con Enagas, que era una cuestión negociada. Asimismo, somos conscientes de que las centrales se mantienen como garantía de potencia y que podrían ponerse en marcha utilizando otro
tipo de gasóleo. Por tanto, la preocupación es ciertamente relativa. También hemos conocido que las empresas suministradoras han dicho que existe gas natural de sobra y el propio operador del sistema ha dicho en algunos casos que el suministro de
gas natural está garantizado para todos los clientes de tarifa y para los contratos de suministro no interrumpibles. No obstante, señor ministro, la tranquilidad a este grupo le viene por la palabra de su propio Gobierno. Por tanto, queremos saber
cuál es la valoración que hace el Gobierno y qué nos dice respecto a la situación que se está dando en el suministro de gas. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora Mendizábal.
Señor ministro, adelante.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera): Gracias, señora presidenta.
Efectivamente, desde el pasado día 13 de diciembre Enagas ha estado realizando cortes selectivos y puntuales en el suministro de gas a clientes industriales y a centrales de ciclo combinado que tenían contratos de interrumpibilidad. La
existencia de consumidores interrumpibles es un elemento habitual en todos los sistemas gasistas para optimizar los recursos y permitir los ajustes en situaciones excepcionales de demanda, por ejemplo, en puntas de demanda en invierno o en aumentos
de consumo por incidencias imprevistas en la demanda -como, por cierto, la parada de la central de Ascó- o en situaciones de insuficiencia de oferta debida a eventos imprevisibles, como en este caso también ha sido la avería de la central de
comprensión del gaseoducto del Magreb en Argelia. En consecuencia, el corte de suministro a consumidores interrumpibles, que abonan menores tarifas, como S.S. ha dicho, y ofrecen la posibilidad de funcionar temporalmente con un combustible
alternativo, es algo normal en la gestión del sistema gasista y no resulta extraño efectuar cortes cuando las circunstancias así lo aconsejan.
Este ha sido el caso que nos ocupa, al que se ha dado una trascendencia superior a la merecida, tal vez por las fricciones que todavía se observan en un mercado energético en proceso de ajuste a los cambios recientes en el marco legal. Sin
embargo, sí es cierto que la situación del mercado internacional del gas está incentivando el tránsito del mercado libre al mercado regulado por parte de algunas empresas, al encontrar en este último mejores costes. Los retornos a tarifa, que
pueden realizarse en un plazo tan sólo de seis días, son algo contra natura en el actual proceso liberalizador y son el indicio de una carencia o deficiencia en la regulación.
Constituyen además un peligro por la incertidumbre que introducen y pueden desestabilizar un sistema que está ajustándose a un nuevo marco legal.
Por este motivo, y al objeto de evitar en lo posible comportamientos no adecuados de las
empresas que puedan comprometer la seguridad del suministro, que en estos momentos no está comprometida, el Gobierno está estudiando un conjunto de medidas, entre ellas la modificación de la regulación vigente en el sector del gas, para evitar la
disfunción a la que anteriormente he hecho alusión.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON FERNANDO VICENTE CASTELLÓ BORONAT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO: ¿ESTÁ CUMPLIENDO ACTUALMENTE EL GOBIERNO CON LA OBLIGACIÓN LEGAL DE GARANTIZAR
LAS RESERVAS ESTRATÉGICAS DE GAS? (Número de expediente 180/000474.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos, señorías, con la pregunta del diputado don Fernando Vicente Castelló, del Grupo Parlamentario Popular.
Adelante, señor Castelló.
El señor CASTELLÓ BORONAT: Gracias, señora vicepresidenta.
Señor ministro, ¿está cumpliendo actualmente el Gobierno con la obligación legal de garantizar las reservas estratégicas de gas?
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Castelló.
Adelante, señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera): Gracias, señora presidenta.
Señoría, el Gobierno está comprometido a asegurar el cumplimiento de la obligación de garantizar la existencia del volumen de gas requerido, las existencias
estratégicas de gas en los términos previstos en la normativa que regula la obligación de mantenimiento de existencias mínimas de seguridad, el Real Decreto 1716/2004, de 23 de julio. Asimismo el Gobierno velará por que dichas reservas
estén constituidas y se mantengan en los términos señalados en el mencionado real decreto. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor ministro.
Señor Castelló.
El señor CASTELLÓ BORONAT: Gracias, señor ministro.
La pregunta tenía un objetivo añadido detrás de su literalidad, objetivo que también comparte el Grupo Socialista junto a la preocupación de lo que ha ocurrido en estas últimas fechas. Queremos que esta pregunta y la posible contestación
del ministro sea el inicio de conocer y de dar luz de lo que ha ocurrido durante estas últimas semanas, que desembocó en los cortes de suministro de gas del pasado día 13 al mercado interrumpible y a ciertas centrales de generación. ¿Cómo ha
tratado el Gobierno y su ministerio esta crisis, cuál es la situación actual y también cuáles son las previsiones para los próximos meses, dado que es invierno y que pueden tener incidencia en esta cuestión?
Señor ministro, hemos dicho en diversas ocasiones, y lo reitero ahora, que desde el Grupo Parlamentario Popular consideramos que asuntos como la política energética no se pueden tratar con criterios partidistas o ideológicos y menos vivir de
la herencia, que es lo que está haciendo el Gobierno. Somos partidarios de una auténtica política de Estado y de desarrollar un modelo energético que, en el marco de la Unión Europea, garantice para el futuro nuestra capacidad de crecimiento y el
nivel de bienestar social de los españoles, es decir que garantice un desarrollo sostenible. Para ello es necesario que desde el Gobierno se tenga también voluntad e iniciativa política para caminar en ese sentido.
El ministro se comprometió a dialogar en la primera comparecencia en este Parlamento, y reiteradamente se la he oído hasta la saciedad ese nuevo talante. A fecha de hoy no hemos tenido la más mínima noticia, comunicación o información de la
situación que ha venido sufriendo este país en estas últimas fechas, a la que he hecho referencia, sobre los cortes de suministro de gas. Solo sabemos lo que ha salido en la prensa y es bien poco. Por eso quiero aprovechar esta pregunta y esta
intervención para que el ministro nos dé más información y garantías de futuro en cuanto al suministro de gas.
Señor ministro, ¿en qué momento conoce el Gobierno la situación de escasez de gas que provoca los cortes del pasado día 13? ¿Cuáles han sido, a partir de ese momento, las gestiones que realiza el Gobierno sobre el asunto? Por ejemplo, el
año pasado, señor ministro, se consideró conveniente la contratación por Enagas de un buque de GNL -de gas natural licuado- fondeado en las costas, que sufragó el sistema a través de las tarifas. Este año no se ha considerado necesario y habría
contribuido, sin duda, a evitar la situación que se ha provocado. El gestor técnico del sistema...
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Lo siento, señor Castelló, se acabó su tiempo.
Adelante, señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera): Gracias, señora presidenta.
Señoría, la obligación del mantenimiento de existencias mínimas de seguridad de gas natural de los transportistas que incorporan gas al sistema se estableció, como S.S. sabe, en la Ley 34/1998, ley que, por cierto, no ha sido desarrollada
hasta julio de este año, casi seis años después. El mantenimiento de una reserva de seguridad es una obligación que tienen los comercializadores, los distribuidores y los transportistas, no es una obligación del Gobierno; la obligación del
Gobierno es controlar la existencia de estas reservas y, para ello, era preciso desarrollar la normativa, y es lo que ha hecho este Gobierno, desarrollar esta norma para poderla hacer efectiva mediante la aprobación del Real Decreto 1716, de 23 de
julio. Una vez aprobado este real decreto, el Gobierno puede realizar su función de control. Este real decreto aprobado por el Gobierno establece la forma en que estas obligaciones han de desarrollarse, precisando el contenido de la obligación, la
cantidad, la forma y la actualización de estas existencias, la información de los diferentes sujetos junto con los aspectos relativos a la diversificación de abastecimientos y la regulación de la inspección y control de las citadas obligaciones, así
como la facultad para la apertura de expedientes sancionadores por la administración competente y la regulación de su tramitación. Por tanto, señoría, el Gobierno ha actuado con rapidez y rigor al desarrollar esta norma. Evidentemente, el Gobierno
ha estado puntualmente informado de estos incidentes y, por supuesto, tomando decisiones conjuntamente con el operador del sistema, asegurando, repito, el cumplimiento de las obligaciones del operador del sistema del transportista y todas aquellas
obligaciones que se derivan de la legislación vigente. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON LUIS DE TORRES GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO: ¿CUÁL ES LA DECISIÓN DEL GOBIERNO EN RELACIÓN
CON LA FABRICACIÓN Y MONTAJE DEL EUROCOPTER EN ANDÚJAR, JAÉN? (Número de expediente 180/000475.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Última pregunta al señor ministro de industria, que realiza el diputado don Luis de Torres Gómez, del Grupo Parlamentario Popular.
Adelante, señor de Torres.
El señor DE TORRES GÓMEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
¿Cuál es la decisión del Gobierno en relación con la fabricación y montaje del Eurocopter en Andújar, Jaén?
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor De Torres.
Señor ministro, adelante.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera): Gracias, señora presidenta.
Señoría, la decisión acerca de la ubicación de la planta donde Eurocopter fabricará, entre otros, los helicópteros Tigre contratados por España, le corresponde a la empresa y no al Gobierno, aunque sí es verdad que el Gobierno ha hecho valer
sus argumentos para que la fabricación y montaje se realice en España, a fin de continuar desarrollando nuestra industria aeronáutica. La empresa está valorando distintas posibilidades, para lo cual está manteniendo los contactos que cree oportuno,
gestiones que el Gobierno conoce.
Insisto, no será el Gobierno quien adopte ninguna decisión, sino que esta decisión será adoptada en su momento por la empresa.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor ministro.
Adelante, señor de Torres.
El señor DE TORRES GÓMEZ: Gracias, señor ministro.
Nosotros no pedimos que ustedes decidan como Gobierno dónde se va a ubicar esta candidatura. Pedimos que hagan lo que hizo el anterior Gobierno del Partido Popular: que apoyen la constitución de esa candidatura en el Ayuntamiento de
Andújar.
Señor ministro, en una pregunta escrita dirigida a su ministerio por un diputado socialista -donde, por cierto, al comunicarlo a la prensa, omite el último párrafo-, se dice que la SEPI, como accionista de la compañía, apoyará la decisión
que resulte más favorable a los intereses de esa compañía, la EADS. Eso ya lo sabíamos. El anterior presidente de la SEPI, señor Ruíz-Jarabo, había manifestado lo mismo sobre la ubicación definitiva, y agregó que, a pesar de que se había
especulado con otras ciudades, la propuesta única de la SEPI sería la ciudad de Andújar (Jaén), por ser la más idónea, al cumplir todos los requisitos objetivos planteados por Eurocopter. La oferta del Ayuntamiento de Andújar, el terreno, exención
de impuestos, la situación geográfica, el eje de la N-IV, Renfe, el agua, la fibra óptica, la zona prioritaria subvencionable y la necesidad de empleo -señor ministro, la necesidad de empleo de Andalucía- hacen urgente dicha ubicación y justifican
nuestra terquedad.
A mayor abundamiento, el consejero delegado de EADS, en una carta dirigida al Ayuntamiento de Andújar, manifiesta que está de acuerdo con la línea que le propone el ayuntamiento, resaltando la calidad de la propuesta. No me diga
usted que el Gobierno no tiene capacidad de influencia a través de la SEPI, cuando, precisamente, en el último Consejo de Ministros ustedes han aprobado la fabricación de aviones por valor de 140 millones de euros.
Señor ministro, como S.S. sabe -y esto sí es serio-, Andalucía es la segunda autonomía por la cola en desarrollo económico. Un 20 por ciento de los trabajadores de Andalucía vive con cargo a los presupuestos de la comunidad.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Lo siento, señor diputado, se acabó su tiempo.
Adelante, señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera): Señora presidenta, señoría, el Gobierno comprende la inquietud que puede existir en distintas localidades del conjunto del país, por las opciones que puedan tener para
acoger la planta de fabricación y ensamblaje de helicópteros de la empresa Eurocopter. De hecho, los diputados de su grupo parlamentario por Albacete se han interesado por las ciudades que han manifestado su interés por este proyecto, no sólo
Andújar, sino varias filiales de las comunidades de Aragón, Cataluña, Castilla La Mancha, Galicia, Madrid y Andalucía. Igualmente, debo decirle que en muchas de estas localidades se han creado expectativas por diversas declaraciones de responsables
del anterior Gobierno, en determinadas ocasiones, casualmente siempre en época preelectoral, anunciando la decisión del Gobierno de defender en el consejo de administración de EADS la ubicación en Galicia, en Madrid o en Andújar, cosa que no ha
ocurrido, porque este asunto no ha sido tratado en el consejo de EADS. Por tanto, insisto, en contra de las declaraciones que ha realizado recientemente el ex ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que ha dicho que la ubicación de la fábrica en
Andújar era una decisión tomada y cerrada por el Gobierno. Esta decisión no se tomó por el Gobierno que formaba parte el señor Montoro, salvo que fuera una decisión clandestina de la que no quedara acta documental. Ningún Consejo de Ministros la
tomó, ni se tomará por parte de este
Gobierno, porque será una decisión empresarial que será abordada por la empresa sobre la base de parámetros y criterios industriales y empresariales. Tenga bien claro que lo que no hará el Gobierno será crear falsas expectativas entre las
ciudadanías de estas ciudades, prometiendo algo con lo que no puede ni debe comprometerse. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA OLAIA FERNÁNDEZ DAVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE: ¿CUÁL ES LA POSICIÓN DEL GOBIERNO RESPECTO AL MANTENIMIENTO O NO DEL ACTUAL PLAZO CONCESIONAL OTORGADO A LA
EMPRESA ENCE (PONTEVEDRA) Y FIJADO EN EL AÑO 2018, EN FUNCIÓN DE LA VIGENTE LEY DE COSTAS? (Número de expediente 180/000451.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Continuamos, señorías, con las preguntas dirigidas a la señora ministra de Medio Ambiente. En primer lugar, la pregunta que le realiza la diputada M.ª Olaia Fernández, del Grupo Mixto.
Adelante, señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DÁVILA: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, el día 9 de septiembre pasado, como consecuencia de una iniciativa del BNG, se aprobó en el Congreso una proposición no de ley, enmendada por el Grupo Socialista, por la que se instaba al Gobierno que al objeto de dar
cumplimiento a la Ley de Costas en el horizonte del año 2018, se estudie con la Xunta de Galicia y la concesionaria ENCE el traslado del complejo industrial situado en la ría de Pontevedra, razón por la cual le preguntamos cuál es la posición del
Gobierno respecto al mantenimiento o no del actual plazo concesional otorgado a la empresa ENCE, en Pontevedra y fijado en el año 2018, en función de la vigente Ley de Costas.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señora Fernández.
Señora ministra, adelante.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, señora presidenta.
Señora diputada, la posición del ministerio de Medio Ambiente, como no podía ser de otra manera, es la de mantener el año 2018 como fecha improrrogable de la concesión, tal y como se establece en la Ley de Costas.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señora ministra.
Señora Fernández, adelante.
La señora FERNÁNDEZ DÁVILA: Gracias, señora presidenta.
Gracias, señora ministra por la respuesta. Realmente esperábamos que nos dijera algo así, teniendo en cuenta algunas otras manifestaciones realizadas por usted estos últimos días. Si presentamos esta pregunta es porque estábamos muy
preocupados por las declaraciones que el 17 de noviembre pasado hizo el secretario general del Territorio y la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente que visitó Pontevedra; declaraciones por las que nos sentimos, además de preocupados,
alarmados, porque decía que si hubiese acuerdo entre todas las partes implicadas en la comunidad autónoma, tanto en el Ministerio de Medio Ambiente y la empresa ENCE, se podría valorar la prolongación del plazo concesional.
Por lo tanto, nos parece
muy importante que usted hoy se comprometa en este Parlamento y diga claramente que lo que pretende el Gobierno es mantener la vigencia de la Ley de Costas y no dar ningún plazo a mayores de lo que represente el año 2018 para la concesión de ENCE
donde en estos momentos está instalada. Señora ministra, para que no quedara ningún tipo de duda, no solamente en esta Cámara, sino en la ciudad de Pontevedra, le pediría que fuera clara y explícita -aunque ya lo fue- y no estaría de más que en
este sentido la claridad pudiera dejarnos a todos más tranquilos.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señora Fernández.
Adelante, señora ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, presidenta.
Gracias, señoría, he sido bastante clara en mi afirmación anterior y posiblemente se han interpretado las declaraciones del secretario general de una manera incorrecta. Sin ninguna duda existe una preocupación por lo que es el mantenimiento
a medio y largo plazo de puestos de trabajo y de actividad económica, pero entiendo que el Gobierno está obligado a cumplir exactamente lo que la proposición no de ley, a la que S.S. hacía referencia con anterioridad, nos establece como contexto de
búsqueda de soluciones y de diálogo. En ese sentido, en la búsqueda de soluciones a futuro para una actividad económica y unos puestos de trabajo, el Ministerio de Medio Ambiente puede y debe colaborar, pero desde el estricto respeto a la Ley de
Costas, señorías.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON FRANCISCO DE ASÍS GARRIDO PEÑA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE: ¿PUEDE INFORMAR LA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE SOBRE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LA
CONFERENCIA DE NACIONES UNIDAS CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO RECIENTEMENTE CELEBRADA EN BUENOS AIRES? (Número de expediente 180/000465.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Pregunta del diputado don Francisco de Asís Garrido, del Grupo Socialista.
Adelante, señor Asís.
El señor GARRIDO PEÑA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señora ministra, la reciente celebración de la Conferencia de mitigación del cambio climático, en Buenos Aires, ha venido a plantear una serie de problemas en la política internacional medioambiental que nos recuerdan la importancia que
tiene el cambio y la importancia que tienen los acuerdos internacionales en la lucha contra el cambio climático. Esta conferencia se ha celebrado después de un éxito importante del Protocolo de Kioto, después del acuerdo de la Duma y de que Rusia
firmara el Protocolo, y ha supuesto un paso adelante en la constitución de un sistema mundial de políticas públicas ambientales. Al mismo tiempo, supone un obstáculo para las consecuencias negativas que el unilateralismo tiene en política
internacional, que no solamente conlleva conflictos bélicos o acontecimientos desagradables de ese tipo, sino que también supone un obstáculo en la concertación de las políticas ambientales. La conferencia parece que se planteaba, por la
información que aparece en los medios de comunicación, sobre cuatro grandes problemas: en primer lugar, cómo se iba a continuar con la congelación o estabilización de las emisiones más allá del horizonte de 2012; en segundo lugar, cómo era posible
mitigar los efectos económicos negativos que sobre las economías desarrolladas contenía precisamente esta congelación de las emisiones; en tercer lugar, cómo se iban a incorporar al control de las emisiones potencias de países no desarrollados
emergentes, como es el caso de China, India u otros países de este tipo, que, si bien no son países desarrollados, precisamente por ese carácter emergente están suponiendo ya unas cifras importantes y, en cuarto lugar, cómo podrían colaborar los
países desarrollados en el desarrollo de los países no desarrollados que ni siquiera son potencias emergentes, a través de los mecanismos de desarrollo limpio que el Protocolo de Kioto implica. En ese sentido, por las informaciones que tenemos, no
podemos decir que estemos absolutamente satisfechos de lo que ha ocurrido, pero parece que ha sido un paso adelante, y en ese aspecto me gustaría reseñar que la posición del Gobierno español y del Ministerio de Medio Ambiente, haciendo una apuesta
clara no solamente por el cumplimiento del Protocolo de Kioto a pesar de la situación heredada, sino por la apuesta tecnológica -por tecnologías eficientes- y energética -por la energía renovable-, es posiblemente la fórmula que puede articular
estos cuatro grandes problemas y permite compatibilizar la estabilización de emisiones y, por tanto, la mitigación de los efectos del cambio climático, con...
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras):Señor diputado, lo siento, pero se acabó su tiempo.
Señora ministra, la pregunta que tiene que contestar es la que consta en el orden del día.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Muchas gracias, señora presidenta, y gracias, señor diputado.
Tengo la satisfacción de trasladar a esta Cámara una valoración razonablemente optimista después de mi participación en la Cumbre mundial sobre cambio climático, la cumbre de Naciones Unidas celebrada en Buenos Aires, puesto que durante la
celebración de esa cumbre ha quedado muy claro que la eminencia de la entrada en vigor del Protocolo de Kioto, consecuencia entre otras cosas de un extraordinario esfuerzo de liderazgo de la Unión Europea, conlleva una serie de efectos positivos
asociados, y así hemos visto, incluso durante los propios días de celebración de la conferencia de Naciones Unidas, a varios países en vías de desarrollo anunciar la ratificación del Protocolo de Kioto por parte de sus parlamentos, de sus gobiernos.
Ha habido más países dentro del Protocolo de Kioto al finalizar la cumbre de los que había al principio y, sin ninguna duda, España, como parte de la delegación de la Unión Europea, ha jugado un papel muy activo, en primer lugar para fijar una cita,
una reunión para el próximo año, en la que se hablará de las medidas asociadas al Protocolo de Kioto, pero también de qué medidas se deberán tomar, más allá del horizonte del Protocolo de Kioto, dando por tanto una continuidad, necesaria para las
decisiones de los inversores privados y también para soportar de manera sostenida en el tiempo el esfuerzo de innovación tecnológica en nuestro modelo energético y, por supuesto, la delegación española ha tenido una actividad muy intensa, que ha
tenido un enorme éxito, en el establecimiento de acuerdos con países de América Latina en relación con la aplicación de los mecanismos previstos por el Protocolo de Kioto. Volvemos a acuerdos con países de América Latina que constituyen en estos
momentos la mitad de la población del Cono Sur, de la parte sur del continente americano.
Todo ello va a permitir el avance real de todos los países: de los desarrollados y de los países en vías de desarrollo. De eso se trata.
Muchas gracias, señoría. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON HERICK MANUEL CAMPOS ARTESEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE VIVIENDA: ¿QUÉ MEDIDAS VA A PONER EN MARCHA EL GOBIERNO PARA HACER EFECTIVA LA PARTICIPACIÓN DE LOS
JÓVENES EN LA POLÍTICA DE VIVIENDA Y SUELO? (Número de expediente 180/000466.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos con las preguntas dirigidas a la señora ministra de Vivienda. Pregunta que le dirige el diputado don Herick Campos, del Grupo Parlamentario Socialista.
Adelante, señor Campos.
El señor CAMPOS ARTESEROS: Gracias, presidenta.
Buenas tardes, ministra.
Ayer mantuvimos en esta Cámara un debate sobre los problemas de los jóvenes y las acciones del Gobierno dirigidas a ellos. Una diputada del Partido Popular habló del Plan de acción global en materia de juventud 2000-2003, y llegó incluso a
decir que este había contribuido a que los jóvenes se pudieran emancipar mejor. Luego veremos que no es así; la política de vivienda era secundaria: no se desarrolló bien el plan, el director general de Vivienda no tenía acciones que llevar a
cabo ni la coordinación directa de las acciones dirigidas a los jóvenes, y todo esto era una opción secundaria para el Injuve.
Los jóvenes realmente eran secundarios. No solo no se hablaba con ellos, sino que, además, se les insultaba directa e indirectamente; directamente, cuando se les decía a los que salían a la calle que eran simplemente vagos que no tenían
otra cosa que hacer; indirectamente, cuando el ministro que desempeñaba antes la cartera que usted ocupa decía que no había problema de vivienda, puesto que las casas se vendían. Si miramos la gestión de los ocho años del Partido Popular, podemos
comprobar que le han dejado a usted muchos retos.
En primer lugar, el Partido Popular consiguió hipotecar a los jóvenes de este país. Los hipotecó para 40 años. Además, convirtió la emancipación de los jóvenes en misión imposible. El sobreendeudamiento ha comportado que no solo estén
hipotecados ahora, sino también que se hipoteque el poder adquisitivo de toda una generación durante 40 años. Un joven de entre 18 y 24 años tiene que dedicar el 65 por ciento de sus ingresos a adquirir una vivienda. La edad de emancipación ha
subido, y nos alejamos de Europa. Esta afirmación no la hace el Partido Socialista; lo dice el Observatorio Joven de la Vivienda del Consejo de la Juventud de España: hay menos vivienda protegida, menos acciones para alquiler y más temporalidad
en el trabajo. El vicepresidente económico del Gobierno de Aznar llegó incluso a mentir con datos del Objovi. Sin embargo, por desgracia, la realidad se impone.
Ahora bien, yo sé que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero del que usted forma parte ha dictado medidas pertinentes. Sé que quieren conocer la opinión de los jóvenes y que quieren dialogar con los jóvenes; de ahí nuestra pregunta:
Queremos saber qué medidas va a tomar para dar participación a los jóvenes en la política de vivienda.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Campos.
Adelante, señora ministra.
La señora MINISTRA DE VIVIENDA (Trujillo Rincón): Gracias, señora presidenta.
Señor diputado, usted sabe que el Ministerio de Vivienda ha querido contar desde el primer momento con los jóvenes como interlocutores; que ha querido valerse de la interlocución con los jóvenes, como principales beneficiarios que son en
este momento, desgraciadamente, de la política del Estado en materia de vivienda. Una de mis primeras reuniones como ministra fue la que celebré el 24 de mayo con el Consejo de la Juventud de España, en el que están representados todos los consejos
de la juventud autonómicos y otras muchas asociaciones de jóvenes. Como digo, esta es una de las plataformas más representativas de la juventud española. En ese encuentro me comprometí con los jóvenes -con la juventud- a cubrir las enormes
expectativas que necesariamente se han generado en materia de vivienda.
Poco después, a principios del mes de julio, firmamos un primer acuerdo de colaboración -un convenio marco de colaboración- con el Consejo de la Juventud, con objeto de que los jóvenes participen en el diseño y en la evaluación de las
políticas de vivienda que se están llevando a cabo, y en las que se llevarán a cabo durante los próximos años. Ese convenio de colaboración es histórico: con este Gobierno se articula por primer vez en España la participación de los ciudadanos -en
este caso, de los jóvenes- en unas políticas determinadas -concretamente, en las de vivienda-. No se trata solo de transparencia, sino también de cumplir los compromisos adquiridos.
El pasado 16 de noviembre firmamos un acuerdo de colaboración para la celebración de unas jornadas que se han desarrollado el pasado fin de semana, donde los jóvenes no solamente han llegado a determinadas conclusiones sino que nos han
planteado propuestas. Han llegado a algunas conclusiones que desmienten lo que
ha sido esa verdad falsa que nos han ido diciendo en los últimos años de que vivienda y empleo están íntimamente relacionados. Además, se han hecho propuestas que se van a incorporar a los nuevos planes de vivienda.
Los jóvenes lo tienen
claro. La vivienda no solo es un techo sino que la vivienda es un modelo de ciudad, un espacio urbano sostenible, bien equipado, donde se presten los servicios públicos básicos: educación, sanidad, deporte, etcétera. Con ese objetivo, en el
presupuesto para 2005 se ha incluido el Plan de vivienda joven, en el que los jóvenes participarán en las políticas.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Lo siento, señora ministra, acabó su tiempo. (Aplausos.)
- DE DOÑA FÁTIMA ABURTO BASELGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO: ¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS PREVISTOS EN EL RECIENTEMENTE CREADO OBSERVATORIO DE SALUD DE LA MUJER?
(Número de expediente 180/000463.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Preguntas dirigidas a la ministra de Sanidad y Consumo en este turno de control al Gobierno.
Pregunta de la diputada doña Fátima Aburto, del Grupo Socialista.
Adelante, señora Aburto.
La señora ABURTO BASELGA: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, en primer lugar, desearía felicitarle por la puesta en marcha del Observatorio de Salud de la Mujer que al Grupo Socialista le parece una iniciativa muy necesaria, muy importante y un paso más para la igualdad de las mujeres
y por tanto para la democracia. Sabemos por la encuesta nacional de salud que las mujeres tenemos peor salud física y más trastornos psicoafectivos; ese peor estado de salud afecta a todos los estratos de edad, nivel socioeconómico y grado o tipo
de ocupación.
En realidad, es bastante sencillo comprender el porqué. Existen razones inevitables, razones biológicas que no afectan al hombre como son los cambios hormonales de mayor intensidad en las mujeres y funciones reproductivas más
complejas como todas las que afectan a la natalidad.
Otras razones son más evitables, como son las razones sociales derivadas de una sociedad androcéntrica y de subordinación de las mujeres. Por ejemplo, los déficit de autoestima derivados de esa
situación de dominación, las dobles y triples jornadas de trabajo por la incorporación de la mujer al trabajo retribuido, el papel de cuidadoras habitualmente atribuido a las mujeres para niños, discapacitados o ancianos, y por supuesto la violencia
de género. Otra razón evitable es un enfoque sanitario sesgado en razón de género, por ejemplo para la salud reproductiva, con una ausencia de corresponsabilidad en temas de reproducción, al igual que pasa con el trabajo doméstico, exactamente
igual; una excesiva medicalización de situaciones que pueden ser fisiológicas como son el parto o la menopausia y en cambio ausencia de tratamiento para temas que en estos asuntos pueden ser importantes como es el tratamiento del dolor en los
partos y una pedagogía cuidadosa durante la menopausia. Por último, los ensayos clínicos realizados casi exclusivamente sobre hombres hacen que los efectos secundarios de la medicación y dosificación puedan ser inapropiados para la mujer. Por eso
le planteamos esta pregunta.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Aburto.
Adelante, señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Salgado Méndez): Muchas gracias, señora presidenta.
Señoría, efectivamente, hay determinados factores que explican que aunque la esperanza de vida de la mujer en España supera casi en siete años a la del hombre, las mujeres perciben y refieren un peor estado de salud, y eso se pone de
manifiesto en todas las encuestas de los últimos años.
Muchas de esas diferencias se derivan de aspectos biológicos esenciales, pero otros que podemos definir como sociales están muy relacionados con el rol atribuido a la mujer, un rol que todavía
sigue existiendo. Por ello, nos parece que reconocer la influencia en la salud de esos elementos es bastante sencillo, pero describir los distintos factores, su importancia y profundizar en su repercusión es tan complejo como necesario y exige
sensibilización, método, participación, iniciativa y constancia en el empeño.
Este Gobierno está convencido de la necesidad de incorporar la perspectiva de género en toda la organización y atención sanitaria, puesto que si no se tienen en cuenta esas diferencias el propio sistema puede incrementar las desigualdades.
Por ello, el Observatorio de Salud de la Mujer es una iniciativa que nos va a permitir favorecer la equidad en las actuaciones del sistema sanitario porque va a obtener y difundir información para mejorar el conocimiento sobre las causas de las
diferencias de salud entre hombres y mujeres, porque va a promover la investigación, el debate, la comunicación, la formación y la difusión de conocimientos para eliminar esas diferencias en salud y para facilitar el acceso y la utilización de los
servicios en condiciones de equidad. Por ello también desea este observatorio promover innovaciones organizativas en la atención sanitaria en los planes y políticas de salud y en las políticas de investigación y en la investigación sobre
medicamentos. Por último, se va a colaborar con otras instituciones, entre ellas el Instituto de la Mujer, y se va a
dar también soporte al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en el desarrollo de indicadores, de metodologías y de procedimientos que nos permitan seguir este proceso. En síntesis, hemos situado la salud de la mujer en la
máxima prioridad de la agenda política.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señora ministra.
- DE LA DIPUTADA, DOÑA ISABEL POZUELO MEÑO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD: ¿PUEDE INFORMAR LA MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO DEL DESARROLLO DEL ÚLTIMO PLENO DEL CONSEJO
INTERTERRITORIAL? (Número de expediente 180/000464.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Finalmente, señorías, la pregunta que realiza la diputada Isabel Pozuelo del Grupo Socialista.
Adelante.
La señora POZUELO MEÑO: Gracias, señora presidenta.
Bienvenida de nuevo a esta Cámara, señora ministra. Desde el inicio de su gestión como ministra de Sanidad y Consumo ha considerado al Consejo Interterritorial de Salud como un órgano de la mayor importancia, como un ámbito de análisis de
debate y de trabajo, como un ámbito de coordinación y de cooperación entre el Gobierno de la nación y los gobiernos autonómicos, necesario y valioso para solventar los problemas de un servicio público tan complejo, pero también tan valioso como es
el Sistema Nacional de Salud para todos los españoles. Lamentablemente, el Partido Popular no lo ha entendido así y quiso utilizar este órgano de coordinación y cooperación como un elemento de confrontación, de veto y de bronca política permanente.
Los consejeros de sanidad del Partido Popular siguieron las instrucciones políticas dictadas por Génova olvidando que su principal deber y obligación es servir y defender los intereses de los ciudadanos a quienes representan y no anteponer los de su
propio partido. Pero hay algo, señora ministra, que no van a poder quebrar y es la firmeza de su voluntad y la convicción que usted tiene en que el Sistema Nacional de Salud sólo puede mejorar, avanzar y desarrollarse si se gobierna mediante el
diálogo, el acuerdo y la cooperación entre todos los ámbitos del Estado. Por eso la semana pasada se ha reunido por tercera vez en los ocho meses de Gobierno el Consejo Interterritorial de Salud y por fin, a la tercera va la vencida, doña Ana
Pastor ha autorizado a los consejeros de las comunidades autónomas del Partido Popular a asistir y a participar en el consejo. Los asuntos que se han tratado y las decisiones que se han tomado en la reunión del 15 de diciembre en Santiago han sido
del máximo interés para todos los ciudadanos porque afecta de manera directa a la vida cotidiana: las listas de espera, la prevención del tabaquismo, el Plan estratégico de farmacia, la rebaja del precio de los medicamentos, la creación de un
registro nacional de instrucciones previas, etcétera. Señora ministra, cada uno de estos temas merece la atención y el conocimiento de esta Cámara y por eso le pido que informe a este Parlamento del contenido de las reuniones del Consejo
Interterritorial de Salud. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señora Pozuelo.
Adelante, señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Salgado Méndez): Muchas gracias, señora presidenta.
Señoría, efectivamente en la reunión del pleno del Consejo Interterritorial de Santiago de Compostela, el pasado día 15 de diciembre, hemos tratado asuntos de gran importancia. Debatimos así el Plan estratégico de política farmacéutica
elaborado por el Ministerio de Sanidad y Consumo y también las propuestas planteadas por las comunidades gobernadas por el Partido Popular en esta materia. Igualmente se debatió el proyecto de real decreto que establece una rebaja de los precios de
los medicamentos y que modifica los márgenes de la distribución y de las oficinas de farmacia. Se trató también con amplio debate el anteproyecto de ley de prevención del tabaquismo. Se informó favorablemente el proyecto de real decreto que regula
el registro nacional de instrucciones previas. Se acordó la creación de un grupo de expertos para mejorar la gestión de las listas de espera y se presentaron los últimos datos de lista de espera quirúrgica en España, que muestra un descenso de seis
días en el tiempo medio de espera en junio de 2004 con respecto a diciembre de 2003. Finalmente, se informó a los miembros del Consejo sobre el borrador de declaración de la Organización Mundial de la Salud, Europa sobre salud mental, y se procedió
a la designación de representantes de las comunidades autónomas en distintas comisiones de selección de ayudas a la investigación.
Es muy importante destacar, como usted lo ha hecho, que en esta ocasión asistieron representantes de todas las comunidades autónomas, porque, aunque desde el inicio de la legislatura el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud
ha desarrollado normalmente las funciones que tiene encomendadas, debatiendo y acordando las acciones y políticas necesarias para seguir mejorando nuestro sistema sanitario, no es menos cierto que el ministerio y las comunidades autónomas allí
presentes han tenido que suplir la inasistencia
de las comunidades gobernadas por el Partido Popular. Por eso creo que la presencia de todos los miembros del consejo, como se ha producido en la última ocasión, permite enriquecer el debate, aumentar las aportaciones, aun desde la
discrepancia, y mejorar los acuerdos. Creo que esa es la línea en la que debemos, entre todos, seguir trabajando.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora ministra.
INTERPELACIONES URGENTES.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, EN RELACIÓN CON LA POLÍTICA FARMACÉUTICA DEL GOBIERNO. (Número de expediente 172/000067.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, finalizadas las preguntas, pasamos a la única interpelación urgente de hoy, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en relación con la política farmacéutica del Gobierno. Para
formular dicha interpelación tiene la palabra el señor Mingo.
El señor MINGO ZAPATERO: Muchas gracias, señora presidenta.
Nadie duda que la prestación farmacéutica es uno de los pilares de nuestro Sistema Nacional de Salud, representa uno de los grandes objetivos y es un elemento determinante para garantizar la sostenibilidad del sistema.
Por ello los
gobiernos tienen la responsabilidad de acometer políticas activas que garanticen no solo la calidad y la seguridad en la prescripción y en la dispensación de los medicamentos, sino que también busquen una más adecuada relación coste/eficacia. Me
estoy refiriendo a todos los gobiernos, al Gobierno del Estado y a los de las comunidades autónomas con sus respectivas competencias, porque ambas administraciones las tienen, y lo idóneo es llegar a acuerdos entre los distintos grupos políticos,
los distintos sectores y entre el Estado y las comunidades autónomas para potenciar iniciativas positivas que nos hagan caminar a todos juntos en la dirección adecuada. Esto es sencillamente lo que hizo el Gobierno anterior. Llegó a acuerdos en
sede parlamentaria por estas mismas fechas hace cuatro años con todos los grupos políticos y llegamos a una moción de acuerdo en relación con la política farmacéutica. De aquella moción, aprobada por unanimidad, dimanada de este Pleno, el Gobierno
llegó a acuerdos con todos los sectores de la cadena del medicamento, con la industria farmacéutica, con las oficinas de farmacia, con los médicos, con los farmacéuticos, con los distribuidores, con los consumidores. Después del proceso
transferencial realizado en el año 2001, aprobamos también todos juntos por consenso la Ley de cohesión y calidad, que marca un nuevo marco en relación con la política sanitaria y también con la política del medicamento y la política farmacéutica,
porque de ahí se derivaba una relación entre el Estado y las comunidades autónomas no paritaria sino con independencia y en relación con sus fuerzas y su representación territorial, porque había que dar mayor participación a las comunidades
autónomas en la toma de decisión de las políticas del medicamento ya que tenía que estar representada en la Agencia Española del Medicamento, y todo eso por ley y con el acuerdo de todos los grupos políticos. Unos meses más tarde, después de haber
hablado en la Comisión delegada, a petición de alguna comunidad autónoma socialista y aprobada por todas las comunidades autónomas, se habló de las propuestas de un plan integral de política farmacéutica. Todo eso, diálogo y consenso, con un
Gobierno en mayoría absoluta con 183 diputados.
Señora ministra, desde su primera intervención, como entonces, queríamos hablar de política sanitaria y de política farmacéutica, y por desgracia hasta ahora no ha sido posible. Los consejeros del Partido Popular se lo pidieron a usted en
el primer Consejo Interterritorial y usted se negó.
Le pidieron un consejo extraordinario para hablar, entre otros asuntos, de política farmacéutica, y usted se negó. Le volvieron a pedir en el segundo Consejo Interterritorial, en Barcelona, en la
Comisión delegada, que tratara aquellos asuntos y entre ellos la política farmacéutica, todas las comunidades autónomas estuvieron de acuerdo y su secretario general de Sanidad también, y usted se negó una vez más. Por eso, el 18 de noviembre
pasado los consejeros del Partido Popular le presentaron a usted una serie de propuestas de política integral en materia farmacéutica de las que usted hasta ahora ha hecho caso omiso. No tuvo la consideración de introducirlas en el orden del día
del Consejo Interterritorial. Pero, lo que es mala suerte, tuvo usted que marcharse a dar la rueda de prensa y no escuchó estas propuestas. Permítame, señora ministra, con el máximo respeto, que hoy, para que la Cámara lo conozca, le ofrezca esas
propuestas.
Mi partido entiende que tiene que haber cuatro objetivos estratégicos en política farmacéutica, y creo que lo vamos a compartir todos. El primero de ellos es que debemos articular una mayor participación de las comunidades autónomas en la
gestión de la oferta, esto es, en la toma de decisiones de financiación y de fijación de precios, puesto que ellas son las que pagan. En segundo lugar, crear instrumentos adecuados de gestión integrada de la farmacia en el Sistema Nacional de Salud
que permitan una constante evaluación de los resultados. En tercer lugar, disponer de un plan de calidad y seguridad en la prestación farmacéutica que garantice la equidad y la cohesión. Y en cuarto lugar, implementar una estrategia de
investigación farmacoterapéutica que dé respuesta a las necesidades de la población.
Este plan que le presentamos y que estoy relatándoles a ustedes en sus líneas más generales presenta medidas básicas y muy concretas encaminadas a conseguir el mayor apoyo de los distintos profesionales sanitarios, a potenciar el uso
racional del medicamento, a buscar la mejora constante en la información y en la formación de los profesionales, a mejorar la eficacia y la eficiencia en la aplicación de los recursos económicos a la política farmacéutica y a fomentar, desde luego,
el apoyo de la investigación y el desarrollo del sector. Cuatro datos extraordinariamente concretos, cuatro propuestas que le hago, señora ministra: aprobación de un plan de calidad y seguridad en la prestación farmacéutica consensuado por todos;
promoción de un plan nacional de investigación en farmacoterapia; fomentar la prescripción y la dispensación de los medicamentos genéricos; implementar la utilización de la unidosis a fin de personalizar el tratamiento; continuar aplicando el
sistema de precios de referencia con revisión anual; crear el observatorio de la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud y respaldar las iniciativas de investigación de la industria farmacéutica con incentivos y estímulos fiscales.
Estoy seguro de que a continuación usted me dará alguna relación de su posición en este sentido.
El Plan Estratégico de Política Farmacéutica que usted ha presentado la semana pasada en Santiago de Compostela viene arrastrando el rechazo de la mayor parte de los sectores. La industria, los farmacéuticos, los médicos, los
distribuidores, los consumidores, los consejeros del Partido Popular, también de Coalición Canaria y algunos de sus consejeros ya están manifestando alguna inquietud en este sentido. Cuando la preocupación es tan unánime, por algo será. Y no le
quepa duda, señora ministra, de que es lesivo y que se ha hecho a espaldas de todos. Es verdad que en su plan hay una parte general que incide en el uso racional del medicamento; no podemos estar más de acuerdo, señora ministra. Nos tendrá ahí
siempre. Tenemos propuestas novedosas en el documento que le hemos presentado. Cualquiera que lea ese documento lo comprobará, y no me quiero extender en ello. Parece que los ocho años del Gobierno del Partido Popular han sido una gran catástrofe
y que en el ámbito sanitario la catástrofe ha sido multiplicada al cubo. Sin embargo, usted ha tenido suerte, le tocó la lotería de que heredó un país con el séptimo mejor sistema nacional de salud del mundo.
El núcleo de su plan, el elemento estrella es el real decreto que modifica el artículo 104 de la Ley del Medicamento. Este decreto es volver al pasado, a las medidas coyunturales, arbitrarias y que dieron malos resultados. Suspender el
modelo de precios de referencia que está avalado en este momento es un tremendo error; sustituir este modelo estructural de eficacia probada, que es previsible, que es garantista, por otro que es imprevisible, coyuntural, arbitrario, desde un punto
de vista racional es incomprensible. Perdóneme, ministra, es como si yo me dedicara a tratar a los enfermos de una úlcera duodenal con regaliz y bicarbonato y dejara aparte la cimitidina, la ranitidina y el omeprazol. Este modelo estructural,
implantado en la mayor parte de los países europeos, que ya fue impulsado por la Ley de cohesión y calidad, garantiza que cada año bajen los medicamentos un gran porcentaje, después de haber tenido su carencia y después de que la industria dedique
el tiempo suficiente para compensar sus inversiones en investigación. Dentro de 10 años, señorías, todos los medicamentos que consumimos hoy estarán, si no cambia usted de criterio, en el modelo de precios de referencia y costarán mucho más
baratos. El precio de la factura de los medicamentos, que todas las comunidades autónomas y todos los ciudadanos pagamos hoy, está en las mejores cifras. El precio medio de la receta, señorías, se ha incrementado un 3 por ciento, y eso es por el
modelo de precios de referencia. Por eso le pido, señora ministra, que reflexione, porque con este real decreto contra el sistema de precios de referencia las comunidades autónomas y los ciudadanos pagarán más por los medicamentos.
Y con las
cifras de que disponemos pagarán más, en una cuantía no inferior a 389 millones de euros.
Señora ministra, es un buen momento para rectificar. Escuché al presidente del Gobierno decir que ustedes son artistas en la rectificación. Yo le pido que rectifique. Rectificó usted en el mes de agosto, cuando incorporó fármacos a los
precios de referencia. Le felicito por ello.
Rectificó usted cuando había congelado el presupuesto del sida y una enmienda transaccional que me hizo la señora Pozuelo significó un mayor incremento presupuestario para el sida, y así pudo usted
contestar a su grupo en las medidas sobre esta situación. Le felicito por ello. No hizo usted lo mismo ni en los planes integrales de salud ni en los fondos de cohesión, y me encanta haber escuchado que algo que ya hizo el Gobierno del Partido
Popular, señora ministra, en 2003 y que tiene su cobertura presupuestaria, como es el Observatorio de la Mujer, digan que ustedes lo han implantado. A mí lo que me interesa es que, con independencia de que se implantó en octubre de 2003, salga
adelante, porque eso es bueno para la salud de todos los españoles. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señor Mingo, le ruego que concluya, por favor.
El señor MINGO ZAPATERO: Termino, señora presidenta.
Tiene usted una propuesta encima de la mesa, señora ministra, que creo profundamente que es buena no para mí ni para el Partido Popular sino para todos los ciudadanos. Retire usted ese plan que no convence a nadie.
Mantenga las medidas
estructurales que tan buenos resultados están dando, como reconocen los consejeros
de salud de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista. Dialogue usted con todos los sectores implicados y proponga medidas encaminadas, desde luego, a fomentar el uso racional del medicamento; a evitar sus efectos
adversos; a que las prescripciones sean más personalizadas, pero también, desde luego, a que los ciudadanos, las comunidades autónomas y el Sistema Nacional de Salud paguen por cada medicamento el precio más ajustado en relación con su valor
terapéutico, con sus características innovadoras y con su patente comercial. Dialogue con todas las comunidades autónomas, con independencia del color político. Le tiendo la mano, señora ministra, le tiendo la mano. Traiga a esta Cámara un plan
estratégico fruto del consenso, y todo ello será una muestra de buen talante y también -lo creo y por eso se lo digo, señora ministra- una prueba de talento.
Gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Mingo.
Para contestar a esta interpelación, tiene la palabra la señora ministra de Sanidad y Consumo.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Salgado Méndez): Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, en mi primera comparecencia en el Congreso de los Diputados, para exponer las líneas generales de actuación del Ministerio de Sanidad y Consumo en esta legislatura, me comprometí a la elaboración de un plan estratégico de política
farmacéutica antes de final de este año, con la finalidad de garantizar que todos los ciudadanos obtengan del Sistema Nacional de Salud los medicamentos que necesitan y al coste preciso, y para promover un uso racional de los medicamentos. Unos
días después reiteré este compromiso en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrado el día 16 de junio en Bilbao, en el que ya avancé algunas de las líneas de este plan de política farmacéutica; lo que pasa es que en ese
momento los consejeros de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular ya habían abandonado la sala.
En aquellos momentos señalé que el plan debía abordar, entre otros aspectos, el impulso a la extensión de los genéricos; la revisión del sistema de precios de referencia para solucionar sus deficiencias; la financiación selectiva de
medicamentos, tal como manda la Ley del Medicamento; la incorporación de la receta electrónica y las nuevas tecnologías; el refuerzo de la Agencia Española del Medicamento y una nueva relación del Sistema Nacional de Salud con la industria
farmacéutica, las oficinas de farmacia y la distribución mayorista, para garantizar la sostenibilidad del sistema sobre esquemas más adecuados, estables y transparentes. En el día de hoy puedo afirmar que hemos cumplido nuestro compromiso, porque
el día 23 de noviembre presentamos ya a las comunidades autónomas el Plan estratégico de política farmacéutica para el Sistema Nacional de Salud, y ya en esa fecha solicité mi comparecencia ante la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso para
informar de las líneas generales del plan. En esa fecha también, 23 de noviembre, dimos traslado del contenido de ese plan a los distintos agentes, para recoger sus alegaciones, y convocamos un Consejo Interterritorial, que en su sesión del pasado
15 de diciembre debatió tanto el plan elaborado por el ministerio como la propuesta formulada por las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular; propuesta en la que en esa sesión ya dije que había muchos aspectos que podían
incorporarse perfectamente, entre ellos la creación de un observatorio del medicamento, como usted ha mencionado. Pese a ello, ustedes han formulado una interpelación urgente sobre la base -y leo textualmente- de que hasta el momento actual no hay
ningún documento serio y fiable para su debate y estudio en los foros de representación de los ciudadanos. A mí me parece poco serio y fiable este tipo de afirmaciones gratuitas, máxime cuando hace pocos días los representantes de 17 comunidades
autónomas y el ministerio debatimos largamente sobre ese documento y también sobre el formulado por las siete comunidades gobernadas por el Partido Popular.
También en la documentación que ustedes han entregado con esta interpelación se afirma que el anterior Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular apostaron firmemente por impulsar y actualizar estas políticas y beneficiar a los ciudadanos, y
prueba de ello -y leo textualmente- es el Plan integral de política farmacéutica aprobado por el anterior Gobierno en el seno del Consejo Interterritorial de octubre de 2003. Digo que es poco serio y fiable porque ustedes saben que la anterior
ministra jamás -y repito, jamás- elevó un plan de política farmacéutica al pleno del Consejo Interterritorial y desde luego no se aprobó en octubre de 2003, entre otros motivos por la sencilla razón de que en ese mes y año no se celebró ninguna
sesión del consejo, ni de la comisión delegada, ni tan siquiera de la comisión de farmacia. Ahí están las actas del consejo, señoría. En ninguna sesión de la anterior legislatura -repito, en ninguna- figura la aprobación de un plan integral de
política farmacéutica. En octubre de 2003 no se reunió el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Por lo tanto, ¿qué es lo que dicen que aprobaron, en qué foro y en qué fecha? ¿Un plan integral de farmacia? No, señoría.
Su ministra de Sanidad remitió apresuradamente a la comisión delegada un documento en el que prácticamente la mitad de su contenido era una fotocopia de normas, como la orden de precios de referencia, o un proyecto de real decreto por el que se
regula el establecimiento de condiciones específicas para la prescripción y dispensación de las especialidades farmacéuticas. Ese documento, al que se denominaba plan, incidía únicamente en el ahorro en el
gasto farmacéutico, planteando un objetivo de 463 millones, del que, por cierto, sólo se han conseguido 270, y ello sin tener en cuenta que en la moderación del gasto también han debido de influir -digo yo- las políticas de uso racional de
los medicamentos llevadas a cabo por todas las comunidades autónomas, incluso las gobernadas por el Partido Popular.
Ese documento preveía, por otra parte, algunas medidas de fácil implementación pero que fueron ustedes incapaces de articular, como insertar en la página web de la agencia la lista de medicamentos aprobados, o la comunicación inmediata de
los precios fijados por la Comisión Interministerial de Precios. Por cierto, el documento alababa también los pactos con la industria farmacéutica, cuando se ha puesto repetidamente de manifiesto que supuso una merma de la autonomía en la toma de
decisiones por parte del Gobierno y una contradicción evidente entre las políticas de contención del gasto y de incentivación de la investigación.
La política farmacéutica del Gobierno del Partido Popular -reconózcanlo- es la historia de un estrepitoso fracaso; fracaso en la calidad de la prestación, en la promoción del uso racional de los medicamentos, en la información y formación
de los profesionales, en la tramitación de nuevos medicamentos, en la articulación de acciones coordinadas con las comunidades autónomas y también en lo que era su objetivo principal: la contención del gasto. Ustedes se aferran a esa política
porque son incapaces de reconocer aquí que estuvo falta de orientación estratégica y sobrada de decisiones improvisadas. Como improvisada fue la única medida de la que parece que ahora les interesa hablar: los precios de referencia; un sistema de
precios de referencia que fue aprobado, se lo recuerdo, en el trámite en el Senado de la Ley de cohesión y calidad.
Fruto de esa improvisación son las muchas disfunciones que incorpora el sistema de precios de referencia, como que su repercusión en
las compañías ha sido completamente asimétrica, creando fuertes impactos en un número limitado de empresas, casualmente nacionales y de genéricos, y prácticamente ningún impacto en las multinacionales. También fruto de esa decisión precipitada ha
sido que los criterios de inclusión, o más bien de exclusión, de formas farmacéuticas del sistema de precios de referencia bajo su calificación como innovadoras carecen de toda evidencia científica y responden a una decisión absolutamente arbitraria
del anterior equipo ministerial, con muy negativas consecuencias para el Sistema Nacional de Salud. Por cierto, nadie de su equipo ni del Partido Popular ha explicado todavía las razones de por qué 146 formas farmacéuticas fueron excluidas del
sistema de precios de referencia por su supuesto carácter innovador. Lo peor de todo es que, aun siendo el ahorro el único objetivo de ese sistema, el sistema se ha revelado como un fracaso puesto que no ha conseguido ni el 60 por ciento de su
objetivo.
Permítame también señalarle que nosotros no hemos planteado la supresión del sistema de precios de referencia; por el contrario, queremos diseñar, con tiempo suficiente, un sistema de precios de referencia que, al contrario del actual, sea
sencillo, sea objetivo, sea gradual, sea predecible y sea estable. Un sistema que sea fruto de la reflexión y del debate con los agentes implicados y que sea tramitado en el Parlamento conforme al procedimiento ordinario y no por vía de enmienda en
la Cámara Alta. Pero esa es solo una de las medidas que contiene el plan estratégico que ha formulado el Gobierno, aunque parece que es la única que les interesa. Me gustaría pensar que solo hablan de precios porque están de acuerdo con el resto
de las medidas que se contienen en ese Plan estratégico de política farmacéutica, pero sé que no es así, me temo que no es así. Me temo que solo hablan de precios porque creen que defendiendo el sistema de precios de referencia santificarán su
política farmacéutica anterior, justificarán sus pactos con la industria y harán olvidar los cientos de expedientes de revisión de precios que guardaron en un cajón sin tramitar.
Nosotros queremos cambiar ese estado de cosas y por ello hemos formulado un plan con 67 medidas que inciden en todos esos aspectos que les he señalado y en muchos más. Un plan que se ha visto enriquecido con las aportaciones de las
comunidades autónomas, también de las gobernadas por el Partido Popular, y que está siendo mejorado con las sugerencias de otros agentes. Un plan del que ustedes dirán que cuenta con la oposición de muchas comunidades autónomas, pero todos sabemos
que es una sola voz y dirigida a un único tema: el sistema de precios de referencia. Un plan, el nuestro, con un calendario de trabajo en el que espero que ustedes dejen colaborar a las comunidades gobernadas por el Partido Popular. Un plan que
espero que pueda incorporar las propuestas de todos los grupos políticos de la Cámara. Y a ello le invito, señoría, porque yo, como usted, quiero recuperar la excelencia de aquel sistema de salud que creó la Ley General de Sanidad del año 1986.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora ministra.
Su turno de réplica, señor Mingo.
El señor MINGO ZAPATERO: Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias por su contestación, señora ministra. Vamos a ver si en este turno de réplica podemos llegar a algún acuerdo. El modelo lineal que usted pretende imponer por real decreto, que es un modelo, como le digo, arbitrario y
antiguo, superado ampliamente, utilizado por ustedes y por gobiernos del Partido Popular, se ha demostrado que hoy es malo.
¿Recuerda usted bien? Le voy a dar datos. Durante todos los años del Gobierno socialista el incremento del gasto farmacéutico fue, en todos los años, superior al 10 por ciento, y en muchos años por encima del 15, del 17 y hasta del 19 por
ciento, excepto en dos. En los ocho años del Gobierno del Partido Popular, en dos se incrementó por encima del 10 por ciento; en los seis restantes, por debajo del 10 por ciento. Y eso fue porque se tomaron medidas. Esos son datos históricos.
¿Qué medidas se tomaron? En el año 1999 se tomaron dos medidas estructurales: la introducción de genéricos y la introducción de los precios de referencia.
Cuando ustedes hablan de los genéricos, nos acusan de que la política de genéricos ha sido
mala, pero ustedes no creían en la política de genéricos, señora ministra. En el año 1996, cuando el Partido Popular llegó al Gobierno, en Europa llevaban 15 años con genéricos. El Partido Popular fue el que creyó en los genéricos; bienvenida al
modelo, señora ministra, bienvenidos, señores socialistas. ¿Usted quiere modificar, como es natural por ley, el modelo de precios de referencia? Haga usted las propuestas. estamos dispuestos a sentarnos a escuchar y a llegar a acuerdos, pero
créame, ministra, es imprescindible, es extraordinariamente positivo mantener el sistema. Ustedes con su plan -y ojalá me equivoque- anuncian en la distancia, con la mirada en el puerto, un barco repleto de genéricos. Ustedes quieren que el barco
llegue a nuestro puerto e lo dije el otro día-, pero con las medidas del real decreto que quiere imponer lanza un misil a la línea de flotación del barco que lo hunde en la entrada del puerto.
¿Qué podemos decir a los ciudadanos el próximo día 1 de enero, a los señores que consumen fármacos para la hipercolesterolemia o para la diabetes? Pues que el 1 de enero van a pagar más caras las medicinas. Si este real decreto usted lo
hubiera hecho antes, si usted hubiera bajado el 4 por ciento antes, los ciudadanos estarían satisfechos con esa disminución del 4 por ciento. Si usted hubiera mantenido el modelo de precios de referencia, habrían pagado muchísimo menos, pero usted
ahora tiene que decir a un ciudadano cualquiera que un medicamento, en vez de costarle 20 euros, le va a costar 25, o en vez de 14 euros, le va a costar 17, o en vez de 54 euros, le va a costar 75. Este modelo es un modelo dinámico. Usted tiene
muchos expertos, señor ministra, y lo habrán valorado. Los medicamentos que tenían que entrar en precios de referencia en el año 2005 y los que tengan que entrar en el 2006 afectan a unas cuantas familias, son medicamentos que se usan
cotidianamente en la práctica clínica; si son medicamentos del tipo del ofloxacino, o del metrimazol o del antibiótico cloxacilina o del oxipan, significa un incremento extraordinario de ahorro para el sistema. Todo esto ha sido bien identificado,
se lo han comentado los representantes populares y los consejeros de sanidad de las comunidades autónomas y se ha cuantificado.
Claro, la cuantificación es muy llamativa.
No tengo más tiempo. Tiene usted a todos los sectores revueltos, encrespados. Espero que haga caso de las distintas alegaciones. Espero que abandone su torre de marfil y recoja el guante del que le hablo en relación con el consenso, con
el acuerdo. Espero que el Grupo Parlamentario Socialista en el primer Pleno del mes de febrero apruebe la moción que desde luego girará en torno a los ejes estratégicos que le he mencionado con antelación y que son, como no podía ser de otra
manera: articular la participación de las comunidades autónomas, crear instrumentos de gestión que permitan la evolución de resultados, desarrollar el plan de calidad y seguridad en la prestación farmacéutica e implementar una estrategia de
investigación en farmacoterapia que dé respuestas adecuadas a la población en general.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Mingo.
Señora ministra, es su turno de dúplica.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Salgado Méndez): Muchas gracias, señora presidenta.
Señoría, veo que de las 67 medidas de nuestro Plan estratégico de política farmacéutica ustedes siguen empeñados en hablar sólo de precios y por ello no les importa ofrecer a los ciudadanos una información parcial e inexacta. Desde luego,
es más ventajoso rebajar el precio de todos los medicamentos un 4 por ciento, en lugar de seguir aplicando el sistema de precios de referencia actual. Nosotros no vamos a suprimir el sistema de precios de referencia, vamos a hacer que no tenga los
efectos perjudiciales que tiene el actual. Se lo voy a explicar porque usted sigue sin hablar de los motivos que llevaron al Partido Popular a excluir 146 formas farmacéuticas del sistema de precios de referencia por su supuesto carácter innovador,
sin ninguna evidencia científica. Tan innovadoras como el ibuprofeno, del que se llegaron a designar hasta 11 presentaciones como formas farmacéuticas innovadoras, y cuya gran innovación era su presentación en sobres monodosis, como el Dolorac, o
en sobres granulados, como el Espidifen, que hubieran supuesto un ahorro adicional de cerca de 27 millones de euros para el año 2004 si ustedes no las hubieran calificado como innovadoras; o como la Fluoxetina, un antidepresivo en el que los
comprimidos dispersables también se consideraron formas farmacéuticas innovadoras, estableciéndose un precio para 14 comprimidos de 11,61 euros, mientras que las presentaciones de iguales dosis en formas farmacéuticas orales tenían un precio de casi
la mitad, 6,65 euros. Dicho de otro modo, sin esta consideración arbitraria como medicamento innovador se habría producido un ahorro de 19 millones de euros sobre los 19 millones consumidos en 2003. También es el caso de uno de los medicamentos
que se ha oído mencionar con frecuencia en
esta Cámara, el Tranquimacin, que nos habría supuesto un menor consumo de 2,3 millones de euros si no hubiera sido declarado una forma innovadora.
En definitiva, señoría, la decisión arbitraria sobre formas farmacéuticas innovadoras, que
forma parte -se lo recuerdo- de su sistema de precios de referencia, ha tenido un impacto estimado en el año 2004 de más de 102 millones de euros; más del 27 por ciento del consumo de esas 146 especialidades innovadoras se podrían haber ahorrado
con un sistema más objetivo de precios de referencia y es ese sistema objetivo el que nosotros queremos implantar.
Por cierto, ayer conocimos los últimos datos de evolución del gasto farmacéutico. Señoría, en el último mes de noviembre el gasto farmacéutico ha crecido un 10,72 por ciento y el interanual se sitúa ya por encima del 8,2 por ciento. Con
todos estos datos me sorprende que siga usted hablando de las bondades de su sistema de precios de referencia. Quiero recordarle aquí que sólo un 6 por ciento de los medicamentos consumidos por el Sistema Nacional de Salud son medicamentos
genéricos.
Antes de terminar, también quisiera hacer mención a otro aspecto del que ustedes ahora se han convertido en máximos defensores, pese a no haber hecho absolutamente nada en ocho años de gobierno. Me refiero a la participación de las
comunidades autónomas en la política farmacéutica.
Señoría, la comisión de farmacia del consejo no se reunía desde el año 2002 y desde julio de este año ha realizado cinco reuniones, aunque algunas comunidades autónomas -precisamente las gobernadas
por el Partido Popular, que reclama mayor participación- no han asistido a esas sesiones. Quiero destacar que, entre los objetivos de este plan, está el aumento de la participación de las comunidades autónomas en la política farmacéutica a través
del consejo rector de la agencia, la designación de expertos para colaborar en el comité de evaluación o la pertenencia al comité técnico de información; una participación, señoría, como jamás antes habían tenido las comunidades autónomas.
En conclusión, señoría, el Gobierno ha presentado un plan serio, trabajado, riguroso y participativo, en el plazo y con el contenido comprometido y que tiene como prioridad el uso racional de los medicamentos y la mejora de la calidad de la
prestación farmacéutica.
Como dije anteriormente, este plan puede ser mejorado con la colaboración de todos, y a ello les invito.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señora ministra.
Señorías, levantamos la sesión. Tengan ustedes buenas fiestas navideñas.
Eran las seis y cuarenta minutos de la tarde.