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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 47, de 15/11/2004
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2004 VIII Legislatura Núm. 47
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 43
celebrada el lunes, 15 de noviembre de 2004
ORDEN DEL DÍA: Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas: ...
- Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005.
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 9-1, de 30 de septiembre de 2004. (Corrección de error en 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, numero 9-4,
de 2 de noviembre de 2004). (Número de expediente 121/000009.) ... (Página 2090)
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página 2130)
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:
- Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005.
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 9-1, de 30 de septiembre de 2004. (Corrección de error en 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 9-4,
de 2 de noviembre de 2004). (Número de expediente 121/000009.) (Votaciones) ... (Página 2130)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página 2090)
Proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005 ...
(Página 2090)
El señor Presidente informa a la Cámara sobre la ordenación del debate de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, según lo acordado en la Junta de Portavoces.
Títulos I y II ... (Página 2090)
La señora Barkos Berruezo, del Grupo Parlamentario Mixto, da por defendida su enmienda número 244, de adición de un apartado 9 al artículo 10.
La señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto, da asimismo por defendidas sus enmiendas en los términos que aparecen en la justificación de las mismas.
La señora Fernández Dávila, del Grupo Parlamentario Mixto, da por defendida su enmienda en los mismos términos de su justificación.
El señor Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, da igualmente por defendidas sus enmiendas, tendentes a un incremento de la transparencia.
El señor Puig Cordón, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), defiende las dos enmiendas que mantienen al artículo 10, encaminadas a fomentar la cultura de la paz por encima de la cultura de la guerra, modificando
planteamientos que considera obsoletos.
El señor Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), defiende las enmiendas números 1986 a 1992, esperando de la sensibilidad del grupo mayoritario que puedan llegar a algún tipo de acuerdo que sea beneficioso
para el sector de la enseñanza concertada y los servicios de la misma.
La señora Báñez García defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, números 680 a 688, con la pretensión de mejorar la transparencia y conocer los costes reales de la educación concertada, adecuando los gastos a la eficacia y
procurando mejorar el tratamiento de la educación especial. Añade que estos presupuestos se fundamentan en un cuadro macroeconómico poco consistente en cuanto a sus previsiones, como han puesto de manifiesto la mayoría de los analistas, con un
precio del petróleo muy por debajo de los niveles actuales y, por tanto, con una tasa de crecimiento del PIB y del empleo demasiado elevadas y, como resultado de ello, una sobrevaloración de los ingresos, todo lo cual redunda en un problema
importante como es su credibilidad.
En turno en contra de las enmiendas interviene el señor Saura García, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Título III ... (Página 2095)
La señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto, da por defendidas las dos enmiendas presentadas a este título III.
La señora Fernández Dávila, del Grupo Parlamentario Mixto, interviene para defender las enmiendas presentadas a este título III, en materia de personal, encaminadas a adecuar la subida salarial del personal del sector público al incremento
del IPC real, compensándoles además de la pérdida de poder adquisitivo arrastrada, y a la regulación del destino de los fondos adicionales para pensiones privadas de los empleados públicos, de forma que se respeten las competencias de las
administraciones en materia de personal; asimismo propone que la limitación en la reposición de efectivos se transforme en un criterio orientativo, en vez de constituir una imposición centralista.
La señora Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, se remite a los argumentos expuestos en la Comisión de Presupuestos en la defensa de las enmiendas que se mantienen.
El señor Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), antes de pasar a defender sus enmiendas, explica brevemente al marco general en el que ha de interpretarse el contenido y el sentido de sus enmiendas, que ya fue expuesto en
el debate de totalidad de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, y valora positivamente la supresión de la ley de acompañamiento. Sin embargo,
añade, la falta de utilización de esta ley no ha de significar estirar el alcance de la ley de presupuestos más allá de lo que el Tribunal Constitucional considera como razonable en los contenidos a incluir en una ley de presupuestos. A
continuación pasa a defender las dos enmiendas vivas al título III, una al artículo 19, que pretende la modificación del título de dicho artículo; y otra que se refiere a la supresión del apartado 5 del artículo 20.
El señor Cerdà Argent, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), defiende las enmiendas que su grupo mantiene vivas a este título III, dos enmiendas en relación con la subida salarial a los trabajadores de la función pública.
El señor Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) defiende las cuatro enmiendas que su grupo mantiene vivas al título III, correspondiente a los gastos de personal.
El señor Padilla Carballada defiende, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, las pocas enmiendas que su grupo ha hecho a este título III, porque, explica, es un título que viene predeterminado, y sus enmiendas tienen
sencillamente una voluntad perfectiva.
En turno en contra interviene la señora Malaret García, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
Títulos IV y VIII y sección 07 (Clases pasivas.) ... (Página 2101)
La señora Fernández Dávila, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las enmiendas presentadas, con la pretensión de aumentar la cuantía de las pensiones más bajas, especialmente las pensiones no contributivas y del SOVI, respecto de las que
debe realizarse un especial esfuerzo para ir incrementándolas paulatinamente.
El señor Sánchez y Llibre defiende las enmiendas de Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativas a todas aquellas cuestiones que consideran más relevantes de estos títulos y sección, como son las pensiones públicas, las
cotizaciones sociales y algunos aspectos que hacen referencia al SOVI.
La señora García Suárez defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds al título IV, haciendo especial hincapié en las enmiendas relativas al SOVI, cuyas pensiones debían
situarse en unos niveles mínimos de dignidad.
El señor Pérez Martínez defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds al título VIII, concretamente las números 1289 y 1290, relativas a los trabajadores por cuenta propia
del Régimen Especial Agrario, a los que considera en una de las situaciones más desprotegidas y discriminadas de nuestro país.
El señor Azpiroz Villar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, defiende la enmienda 719 al artículo 99 y, al igual que hicieron en Comisión y en anteriores debates presupuestarios en el Pleno, hace referencia a diversas
disposiciones adicionales que por la materia tienen conexión directa con esta parte del articulado.
En turno en contra interviene la señora López i Chamosa, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Replica el señor Azpiroz Villar, duplicando la señora López i Chamosa.
Título V y sección 06 (Deuda pública.) ... (Página 2108)
No habiendo enmiendas de ningún grupo respecto de la deuda pública, en turno de fijación de posiciones interviene el señor Torres Balaguer, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Título VI ... (Página 2109)
En el título VI la señora Fernández Dávila, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las enmiendas que el Bloque Nacionalista Galego propone en materia fiscal, que intentan introducir ciertas reformas urgentes en el impuesto sobre la renta de
las personas físicas.
El señor Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), da por defendidas las 21 enmiendas a este título VI.
El señor Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), defiende la enmienda que su grupo plantea a este título VI, que hace referencia a incorporar en el impuesto sobre actividades económicas un epígrafe nuevo que
contemple todos aquellos aspectos productivos de la energía termoeléctrica en centrales térmicas de ciclo combinado, y otras enmiendas dirigidas a actualizar las normas tributarias de las pequeñas y medianas empresas.
El señor Utrera Mora, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, defiende las más de 20 enmiendas que su grupo ha presentado a este título VI, correspondiente a la política tributaria. Presenta las enmiendas en seis bloques, el primero
de los cuales es la actualización del impuesto sobre la renta de las personas físicas; el segundo bloque de enmiendas se refiere a la reducción de módulos para agricultores, ganaderos y transportistas; el tercer bloque se refiere al apoyo a la
inversión empresarial y a la pequeña y mediana empresa; el cuarto bloque se refiere a la reducción en el impuesto sobre el valor añadido; el quinto bloque, a los impuestos especiales, y el sexto bloque a las aportaciones económicas obligatorias
por parte de la industria farmacéutica que realiza ventas de medicamentos al Sistema Nacional de Salud.
En turno en contra interviene el señor Torres Balaguer, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Replican los señores Utrera Mora y Sánchez i Llibre, duplicando el señor Torres Balaguer.
Título VII y secciones 32 (Entes Territoriales) y 33 ( Fondo de Compensación Interterritorial.) ... (Página 2116)
La señora Fernández Dávila, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende la enmienda que su grupo mantiene a este título, con la que se pretende que se preste mayor prioridad al Fondo de Compensación Interterritorial, que considera insuficiente
para asegurar la disminución de los desequilibrios territoriales.
El señor Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende la enmienda 147 a este título, que pretende aumentar la cantidad económica del fondo que recibe Teruel, para dar satisfacción a una demanda planteada por esta provincia.
La señora Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, defiende una enmienda en la que se pide destinar un 0,15 por ciento del PIB al Fondo de Compensación Interterritorial.
Asimismo mantiene las demás enmiendas al título VII y las relativas a la sección 32.
El señor Puig Cordón, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), mantiene la enmienda 1782, de corte municipalista, que se refiere a los municipios de menos de 50.000 habitantes que tienen prestación de servicio público de
transporte y no reciben ninguna subvención, pero la retira en este acto parlamentario en aras de lograr un acuerdo en el Senado.
El señor Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) defiende las enmiendas presentadas al título VII, correspondiente a entes territoriales, y todas aquellas presentadas a las disposiciones adicionales y
administraciones públicas, que van dirigidas básicamente a conseguir que los ayuntamientos y los entes locales dispongan de un mayor potencial económico y financiero.
El señor Padilla Carballada, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, da por defendidas ante el Pleno, con la expresa solicitud de apoyo de la Cámara, las enmiendas relacionadas con el título VII y con las secciones 32 y 33, haciendo
hincapié en una enmienda que tiene como objeto asegurar la capacidad financiera de las diputaciones provinciales de régimen común, y en las enmiendas 673, a la sección 32, entes territoriales, en la que solicitan para Andalucía una partida
presupuestaria de 120 millones de euros, y 753, en la que se pide una modificación presupuestaria para incrementar la dotación del Plan Galicia. A continuación hace una breve referencia a otras enmiendas sobre el metro de Granada, los Juegos de
Almería y el consorcio de la ciudad de Toledo, así como a las de supresión de varias disposiciones adicionales que tienen conexión con este título.
En turno en contra interviene la señora Malaret García, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Disposiciones adicionales, transitorias y anexos ... (Página 2121)
La señora Barkos Berruezo, del Grupo Parlamentario Mixto, da por defendidas las enmiendas 245 a 253, en los términos de la justificación de las mismas.
La señora Lasagabaster Olazábal, defiende las doce enmiendas a las disposiciones adicionales referidas a cuestiones de diversa naturaleza, como la formación continua, las cooperativas de trabajo asociado, las víctimas del franquismo, la
asistencia sanitaria y una prestación digna al colectivo de los llamados niños de la guerra o la ayuda oficial al desarrollo, entre otras.
La señora Fernández Dávila, del Grupo Parlamentario Mixto, reitera, en la defensa de las enmiendas a las disposiciones adicionales y transitorias, los argumentos aducidos en las enmiendas presentadas
al título III, pasando a explicar brevemente el modelo de financiación de las bonificaciones previstas para el fomento del empleo.
El señor Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, defiende brevemente las enmiendas 1291, que es el pago a cuenta a la iglesia católica española en el año 2005; 1295, sobre
la implementación de un plan de choque contra el fraude; 1300, que propone que la casilla correspondiente a otros fines de interés social se amplíe a otros fines de interés social y medioambiental; 1303, que plantea que haya un plan de recursos
humanos para la Administración General del Estado; 1305, que habla de la indemnización por residencia a los empleados públicos del sector en Islas Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, y 1308, sobre el fondo de compensación de las servidumbres de
las bases militares.
El señor Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), defiende cinco de las ocho enmiendas presentadas a las disposiciones adicionales y anuncia que las otras tres serán defendidas por la señora Uría Etxebarría. La primera de
sus enmiendas es de adición de un nuevo inciso en la disposición adicional novena; la segunda es una enmienda alternativa de supresión de la disposición adicional segunda, y la tercera es a la disposición adicional vigesimosexta, relativa a la
formación continua.
La señora Uría Etxebarría, también del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), defiende las tres enmiendas restantes, que son la 216, sobre la transferencia de los inmuebles del patrimonio de la Seguridad Social afectos a los servicios públicos
sanitarios y sociales a las comunidades autónomas que todavía no disponen de la titularidad de éstos, y las enmiendas 1218 y 1219, que hacen referencia a lo que su grupo entiende que es contenido prohibido en una ley de presupuestos, puesto que se
trata de preceptos que tradicionalmente se venían incluyendo en la ley de acompañamiento, ofreciendo una enmienda alternativa al grupo mayoritario.
La señora Bonás Pahisa, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), defiende las enmiendas 1792, 1793 y 1794 a la disposición adicional cuadragésima octava, en la que se dispone que las empresas que dispensan medicamentos a través de
recetas del Sistema Nacional de Salud deberán hacer unas aportaciones en función de sus ventas.
El señor Puig Cordón defiende brevemente el resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC) a las disposiciones adicionales. Dos de ellas, la 1783 y la 1789, se refieren al Ministerio de Defensa;
otras dos, la 1784 y la 1785, referidas al mecenazgo, y por último, las números 1786 y 1787, de las que anuncia su retirada.
El señor Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), defiende algunas de las enmiendas que su grupo ha presentado a las disposiciones adicionales, transitorias y anexos, en especial aquellas que pretendían
cambiar la opinión del Grupo Parlamentario Socialista en todos aquellos aspectos que hacían referencia a una nueva tasa que afectaba al sector farmacéutico español. Asimismo defiende las enmiendas números 2044 y 2049 y otras que considera
importantes y es que se incluya en las actividades prioritarias de mecenazgo durante el año 2005 a todas aquellas entidades y asociaciones que dirijan sus esfuerzos hacia la promoción y difusión de las lenguas cooficiales. Se refiere de pasada,
debido a la premura de tiempo, a las otras enmiendas presentadas a las disposiciones.
La señora Madrazo Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, defiende las 25 enmiendas presentadas a las disposiciones adicionales, que se complementan con dos enmiendas de adición que plantean incluir dos nuevas disposiciones
transitorias en el articulado de la ley. Dada la limitación de tiempo y para no cansar en exceso, se centra en aquellas enmiendas especialmente relevantes al incidir de forma directa en cuestiones de política económica que mejorarán sin duda la
buena marcha de la economía en un futuro próximo. Un primer bloque completa una serie de iniciativas fiscales presentadas por el Grupo Popular para mejorar la fiscalidad de las pequeñas y medianas empresas, por un lado, y de los agricultores,
ganaderos y transportes afectados por el alza del precio del petróleo, por otro, destacando las enmiendas 742 y 743. El segundo bloque de enmiendas va encaminado a poner de relieve que el conjunto de disposiciones adicionales contiene de manera
encubierta una ley de acompañamiento, al modificarse a través de ellas diez leyes en vigor.
Desde esta discrepancia, plantean numerosas enmiendas de supresión de determinadas disposiciones que consideran que vulneran la doctrina constitucional en
la materia. Hace una especial referencia a la disposición adicional cuadragésima octava, que añade una disposición adicional a la Ley del Medicamento, a la disposición adicional trigésima, que modifica el concepto de la Ley de Estabilidad
Presupuestaria y el poder de decisión del Senado en el caso de modificación de esta ley, y a otras enmiendas en las que piden que se cumpla en Plan Galicia o que hacen referencia a los descuentos en el transporte aéreo a Baleares y Canarias.
Contestan, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, el señor Torres Balaguer y la señora López i Chamosa.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página 2130)
Proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005.
(Votaciones.) ... (Página 2130)
A continuación se procede a las votaciones de las enmiendas defendidas y mantenidas para el Pleno a los títulos y secciones del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005 debatidos en la sesión de hoy, así como del
texto del dictamen.
Se suspende la sesión a las nueve y cincuenta minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.
- PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2005.
(Número de expediente 121/000009.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, iniciamos el Pleno que hoy se va a ocupar del dictamen del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado que, como ustedes saben, tiene personalidad propia dentro de nuestro Reglamento.
Esta mañana, en Junta de Portavoces, se ha ordenado el debate de la siguiente manera: hoy lunes, tarde; martes, mañana; martes, tarde; miércoles, mañana; y miércoles, tarde, con el objetivo de terminar el miércoles tarde-noche. Habrá
dos convocatorias diarias para votar: de una a dos de la tarde, y de ocho a nueve. Así pues, en el turno de mañana, a la una se interrumpirá la sesión, estemos en el momento del debate que estemos, y se votará a las dos; y luego, por la tarde, se
interrumpirá de ocho a nueve, y la Mesa ajustará la sesión de noche -ya comprendemos que esto siempre suscita especiales emociones en el hemiciclo- al ritmo que vayan teniendo los diferentes debates, tratando de que no terminemos muy tarde,
excepción hecha de la noche del miércoles que, si es necesario, tendremos que terminar tarde para no convocarles el jueves.
El orden de los debates será de menor a mayor, y se utilizará el sistema legislativo ordinario, como si fuera un proyecto de ley; es decir, defensa de enmiendas: a favor, 10 minutos, y en contra, 10 minutos; fijación de posiciones, 10
minutos; y, eventualmente, réplica -si fuera aconsejable-, entre los grupos enmendantes y el que se opone a la enmienda. Llegado el caso, y cumpliendo estrictamente las prescripciones del Reglamento, podrá haber explicación de voto.
Hechas estas aclaraciones que, insisto, han sido aceptadas por unanimidad en la Junta de Portavoces, iniciamos el debate del dictamen del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado.
Comenzamos con los títulos I y II. Han presentado enmiendas el Grupo Parlamentario Mixto -señora Barkos, señora Lasagabaster, señor Rodríguez Sánchez-, Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds,
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Grupo Parlamentario Popular.
Para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra la señora Barkos.
La señora BARKOS BARRUEZO: Gracias, señor presidente.
Doy por defendida la enmienda número 244, enmienda de adición al artículo 10 con la creación del apartado número 9, en los términos explicitados en la justificación de la misma.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Barkos.
Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente.
También damos por defendida nuestra enmienda que coincide con la presentada por la señora Barkos, así como las dos enmiendas referentes a las modificaciones en lo que se entiende por competencias propias de cada una de las administraciones
del Estado. Nosotros entendemos que en materia de organización, régimen y funcionamiento corresponde al autogobierno de las propias comunidades autónomas y por tanto todo aquello que se refiere al sector público también sería parte del
autogobierno, en este caso la Comunidad Autónoma del País Vasco. Por tanto, entendemos que esa parte no puede ser una cuestión básica sino competencia de la Administración autonómica. Damos por defendidas las enmiendas en los términos que aparecen
en la justificación.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lasagabaster.
Señora Fernández.
Títulos I y II
La señora FERNÁNDEZ DÁVILA: Señor presidente, damos por defendida la enmienda que presentamos, en los mismos términos que indica la justificación.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Izquierda Verde.
El señor HERRERA TORRES: De la misma manera el Grupo de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds da por defendidas sus enmiendas, habiéndose incorporado algunas de nuestras propuestas al informe de la ponencia y
habiendo transaccionado para garantizar una mayor transparencia en los presupuestos. Por tanto, el resto de enmiendas, la 1271 y la 1273 también las damos por defendidas, ahondado aún si cabe más en el incremento de la transparencia sobre todo
cuando el Gobierno se comprometa a adjuntar a los documentos presupuestarios una memoria de beneficios sociales en torno a las bonificaciones, exenciones y subvenciones que se presenten.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Herrera.
Esquerra Republicana.
El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señor presidente.
(Comienza su intervención en catalán, cuyo texto, que entrega a la Redacción del 'Diario de Sesiones', dice lo siguiente: 'Com a representant electe de Esquerra Republicana en aquest parlament vull expressar la meva esperança que aquest
serà l´últim debat de pressupostos en que no podré intervenir en la meva llengua. Reclamo, una vegada més, el reconeixement dels meus drets lingüístics. Els mateixos drets lingüístics que tants i tantes de vostès ja tenen reconeguts'.-El señor
diputado continúa su intervención en castellano.)
Como representante electo de Esquerra Republicana en este Parlamento quiero expresar mi esperanza de que este será el último debate de presupuestos en el que no podré intervenir en mi lengua. Reclamo una vez más el reconocimiento de mis
derechos lingüísticos, los mismos derechos lingüísticos que tantos y tantas de ustedes ya tienen reconocidos.
Pasaré a defender las dos enmiendas que el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana ha presentado a los títulos I y II. Mi grupo mantiene vivas dos enmiendas que hacen referencia y afectan a los presupuestos de Defensa de una manera muy
concreta. Nuestro grupo es partidario de fomentar la cultura de la paz por encima de la cultura de la guerra y creemos conveniente tender a modificar planteamientos obsoletos y a dar prioridades. En ese sentido, las dos enmiendas afectan al
artículo 10 del título II, que hace referencia a las competencias específicas en materia de modificaciones presupuestarias. En concreto, la enmienda 1778 afecta a la supresión de la totalidad del párrafo 5 del apartado uno, que dice: Autorizar
generaciones de crédito en el Ministerio de Defensa como consecuencia de ingresos procedentes de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de la Defensa destinados a gastos operativos de las Fuerzas Armadas. Esta supresión va en línea con la
posición expresada por parte de nuestro grupo en relación con el Ministerio de Defensa y quiere evitar el aumento del presupuesto vía modificaciones, como ha venido sucediendo en los años anteriores, durante el Gobierno del Partido Popular.
La segunda enmienda que mantenemos en el debate en Pleno es la 1779 que afecta a la supresión de la totalidad del párrafo 2 del apartado dos del mismo artículo, que dice: Autorizar las transferencias de crédito que deban realizarse en el
presupuesto de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de la Defensa para remitir fondos al Estado con destino a cubrir necesidades operativas de las Fuerzas Armadas, incluso con la creación de conceptos nuevos. Más de lo mismo; queremos
evitar el aumento indiscriminado del presupuesto del Ministerio de Defensa por las vías no previstas. Estas dos enmiendas van estrechamente ligadas a la financiación de los ayuntamientos. Sí, señorías, de los ayuntamientos, lo han escuchado bien.
Estoy hablando de dotar de recursos a todos los municipios del Estado, ya que nuestro grupo parlamentario defiende el traspaso a coste cero de las propiedades del Ministerio de Defensa a los ayuntamientos respectivos; enmienda que ya defenderemos
en su momento en el título VII.
Hablando de los capítulos que nos ocupan en este momento, ¿por qué plantea nuestro grupo estas dos enmiendas? Lo hacemos por coherencia con nuestros planteamientos. Entendemos que el Ministerio de Defensa no puede ampliar sus presupuestos
y menos aún por la vía de fomentar la especulación inmobiliaria y, en definitiva, poner dificultades y deslealtades a la competencia, ya traspasada, de las políticas de vivienda que, desde las comunidades autónomas, ya se vienen practicando. No
podemos permitir encontrarnos con una inmobiliaria que encarece los precios. Por ello pedimos el voto favorable a estas dos enmiendas que dan un impulso a los ayuntamientos del Estado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Puig.
Convergència i Unió. Señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, mi grupo parlamentario, Convergència i Unió, continúa manteniendo todas las enmiendas a los títulos I y II, ya que en el debate en Comisión no fueron aceptadas por parte del grupo parlamentario que da soporte al
Gobierno. De todas formas, en este debate en el Pleno del Congreso de los Diputados, apelamos a la sensibilidad del Grupo Parlamentario
Socialista para ver si es posible llegar a algún tipo de acuerdo, que sea beneficioso, en alguna de estas enmiendas para que, en definitiva, podamos llegar, en determinados sectores como podía ser el sector de la enseñanza concertada y los
servicios de la misma, a una analogía retributiva para el personal docente de dicho colectivo, así como para el personal de la Administración y los servicios de la enseñanza concertada.
Las enmiendas que mantenemos, desde la 1986 a la 1992, van en la dirección, en primer lugar, de eliminar la reducción del coeficiente de otros gastos en el concierto de centros de formación profesional específica que cuentan con una
autorización para una ratio inferior a los 30 alumnos por unidad, de conformidad con el Real Decreto 77/1998. Al mismo tiempo, nosotros pretendemos también aplicar a los centros que impartan enseñanzas de ciclos formativos de formación profesional
y/o programas de integración social todos aquellos módulos previstos para estas enseñanzas. En la misma línea, también pretendemos que la disminución se derive de las partidas y no del módulo completo. También planteamos en la enmienda 1989
incluir las enseñanzas de educación infantil y primaria en la dotación de servicios de orientación educativa y que, al mismo tiempo, podamos modificar la ratio orientativa de 20 a 25 unidades concertadas. Incluimos también la relación
profesor/unidad en la concertada para fijación de los módulos económicos, así como que las administraciones competentes pudieran incrementar dicha relación.
Pretendemos que las administraciones educativas puedan asumir el pago de la antigüedad de
los profesores en la misma dirección que se pudiera hacer en el pago delegado. Planteamos la obligatoriedad de incrementar todas aquellas relaciones profesor/unidad de los centros concertados para adaptarlo a la realidad y acomodar los módulos de
conciertos a dichas ratios.
Finalmente, desde la perspectiva de la Dirección General de la Economía Social del Trabajo de Autónomo y del Fondo Social Europeo, pretendemos que, de una vez por todas, se puedan transferir todas las partidas correspondientes a la
asistencia al desempleo, al autoempleo de la Dirección General de la Economía Social, a fin de modificar y unificar su gestión y obtener todas aquellas mejoras en la eficacia y en la agilidad en el tratamiento de las políticas activas de empleo.
Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Sánchez i Llibre.
A continuación, para la defensa de sus enmiendas, Grupo Parlamentario Popular, señora Báñez.
La señora BÁÑEZ GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señorías, para comenzar me referiré a las enmiendas que ha presentado mi grupo a los títulos I y II de este proyecto de ley. Al título I hemos presentado una enmienda, la 680, al artículo 13.2. El objetivo de esta enmienda es continuar
avanzando en el proceso de separación de fuentes, en cumplimiento del acuerdo para la mejora y desarrollo de la protección social, de abril de 2001, y del Pacto de Toledo, renovado en 2003, contribuyendo así a la solidez del fondo de reserva y con
ello a la viabilidad del sistema de pensiones.
En cuanto a las enmiendas al título II, la 681 a 688, todas ellas son al artículo 14 que, como saben SS.SS., trata del módulo económico de distribución de fondos públicos para el sostenimiento de centros concertados. Mi grupo, con esta
presentación de enmiendas, pretende fundamentalmente mejorar la transparencia y conocer los costes reales de la educación concertada, adecuando los gastos a la eficacia, prever la financiación de nuevas unidades de formación profesional y mejorar el
tratamiento de la educación especial.
A continuación, me gustaría hacer unas consideraciones generales sobre este proyecto de ley de presupuestos para el año próximo. Los presupuestos presentados por el Gobierno se fundamentan en un cuadro macroeconómico poco consistente en
cuanto a sus previsiones, como han puesto de manifiesto la mayoría de los analistas económicos, con un precio del petróleo muy por debajo de sus niveles actuales previstos y, por tanto, con una tasa de crecimiento del PIB y del empleo demasiado
elevadas. Por ello y como resultado de lo anterior, se está produciendo también una sobrevaloración de los ingresos. Si esto es así, el déficit del Estado con el que finalizará el año será superior al previsto en los presupuestos. Todo esto
redunda en un problema importante de política económica: la credibilidad. Por tanto, los presupuestos son pocos creíbles y podemos afirmar que ha pesado más el criterio político que el económico. El proyecto que ha presentado el Gobierno es el
resultado de muchos condicionamientos y no contiene, como se ha anunciado, ningún cambio en el patrón de crecimiento. La demanda exterior apenas despega, sigue recortando el crecimiento del PIB y, un año más, ha de ser la demanda interna, y más
concretamente el consumo privado, el motor de la economía. Por tanto, no es fácil apostar por un crecimiento del 3 por ciento del PIB, como prevé el Gobierno, y menos todavía si se perjudica a la confianza de los ciudadanos, que son básicamente los
que han de sostener el crecimiento del año próximo con sus decisiones de inversión y de consumo. Además, el Gobierno socialista lleva seis meses enviando a la sociedad mensajes equivocados. Desde la manipulación política del déficit de este año
para aumentar su margen de gasto, hasta las escasas iniciativas económicas que, además, han sido contraproducentes. Así ha ocurrido, por ejemplo, con el recorte de la libertad del comercio y con los continuos mensajes negativos para las
expectativas del mercado inmobiliario.
La siguiente discrepancia de mi grupo con estos presupuestos se refiere a la estabilidad presupuestaria. El diferencial de inflación y el desequilibrio de la balanza por cuenta corriente parecen demandar no ya estabilidad presupuesta sino
superávit presupuestario. Al llegar aquí surge una gran alarma: en los presupuestos se indica la voluntad del Gobierno de emprender de inmediato una reforma de la actual legislación en materia de estabilidad para introducir el concepto de la
estabilidad a lo largo del ciclo. Señorías, se abre así, sin duda, el portillo al déficit, porque la primera y gran dificultad es la de decir si se está o no en un ciclo alcista o depresivo y la duración de éste para poder equilibrar ingresos y
gastos a lo largo de él, algo que desde el Gobierno no saben o no quieren decir. Por otro lado, está la dificultad añadida de determinar técnicamente el equilibrio a lo largo del ciclo. Además, con estos presupuestos perderemos durante 2005 el
ritmo de convergencia real con Europa y se enfriará la creación de empleo. El Gobierno socialista ha dejado de hablar de pleno empleo en España y mantiene su obsesión por una variable ficticia: la productividad aparente del trabajo. Por esta
razón recorta el objetivo de empleo para engordar un poco la productividad aparente. Por tanto, lo que recogen los presupuestos es poco y malo: el aumento de algunos impuestos indirectos y la decisión de deflactar parcialmente la tarifa del IRPF.
Esta medida, que tiene efectos desfavorables para las rentas bajas, supone en total una inyección de 170 millones de euros, cantidad insignificante frente a los 5.000 y a los 4.000 millones que las bajadas del IRPF en los años 1999 y 2003 aportaron
a las familias españolas. Por cierto, ¿en qué artículo de esta ley de presupuestos está el compromiso del señor Zapatero de extender la ayuda de 100 euros a todas las madres españolas, trabajen o no? Como siempre, más propaganda que verdad.
Según el Gobierno, las prioridades de gasto de este presupuesto son: la educación, las pensiones, la vivienda, las inversiones en I+D+I y las infraestructuras. Pero la realidad de las cifras nos muestra que no estamos ante un presupuesto
ni más social ni más inversor. En primer lugar, es falso que esta sea la primera vez que el gasto social en el presupuesto supere el 50 por ciento, ya había ocurrido con gobiernos del Partido Popular. La educación se puede plantear como una
prioridad presupuestaria, pero hay que considerar que se trata de una competencia autonómica y, por tanto, el aumento es sólo de 90 millones de euros; hay un incremento en becas del 10 por ciento frente al 9 por ciento del año pasado. Señorías, el
número de becas entre 1996 y 2004 aumentó en un 50 por ciento. Por cierto, en estos presupuestos no encontramos por ningún lado la gratuidad de los libros de texto, compromiso estrella del señor Zapatero en su programa electoral. Mucho nos
tememos, señorías, que ocurra aquí lo mismo que en Andalucía, en mi tierra, que en el año 1990 el señor Chaves prometió los libros gratis para las familias andaluzas y todavía lo están esperando. Pero es que, además, en septiembre, mientras
millones de españoles compraban los libros de texto para sus hijos, el director general del Libro desveló la política del Ministerio de Cultura, que pretendía, nada más y nada menos que eliminar los descuentos a los libros de texto. Más
incumplimientos de este Gobierno socialista.
Señorías, las pensiones. Las pensiones son la parte más importante del presupuesto, ascienden a casi 80.000 millones de euros, un 10 por ciento del PIB. El incremento propuesto para el presupuesto de 2005 es del 6,8 por ciento, sin duda
menor que el del año pasado, que era un 7,1 por ciento. Esta reducción en el ritmo de crecimiento se traduce en una menor participación de las pensiones en el gasto total, se pasa del 32 al 31,8 por ciento. Por cierto, nos parece llamativo que en
estos presupuestos el gasto para pensiones de minusválidos sea de 98 millones de euros, frente a los 112 millones de euros del año pasado; es decir, se reduce un 12 por ciento el gasto que los presupuestos del año próximo dedicarán al pago de las
pensiones derivadas de la Ley de Integración Social del Minusválido.
Si nos atenemos a las cifras, el presupuesto no es más social que los presupuestos de los años de gobierno del Partido Popular y, si tenemos en cuenta que crean menos empleo, son
menos sociales todavía. Donde sí se incrementa el gasto social de una manera muy importante es en las prestaciones por desempleo, que crecen nada más y nada menos que un 14,4 por ciento. En definitiva, señorías, no son unos presupuestos más
sociales, son simplemente unos presupuestos socialistas.
En I+D+I, si se comparan las inversiones totales de 2005 con el año pasado, el incremento es del 16 por ciento, lejos del 25 por ciento prometido en el programa electoral del PSOE. Este porcentaje de subida es en gran medida debido al
incremento de los préstamos, un instrumento financiero que resulta de difícil ejecución.
Respecto a las inversiones en infraestructuras, el incremento global, lo que llamamos el esfuerzo inversor del Estado, se incrementa en este presupuesto un 5 por ciento. El año pasado, 2004, creció un 10,5 por ciento y en la etapa de los
gobiernos del Partido Popular se multiplicó por más de dos.
En relación con la vivienda, el esfuerzo se centra en el incremento del gasto, cuyo aumento absoluto es de 200 millones de euros, 5 euros por español, un aumento que se dedicará en buena parte al acondicionamiento, mantenimiento y
retribuciones del nuevo Ministerio de Vivienda. Sin embargo, el incremento de las deducciones en el IRPF a la compra de vivienda habitual que el año pasado fue de más de 3.000 millones de euros ascienden únicamente al 1,1 por ciento. Y aquí me
gustaría referirme a la enmienda que aprobamos en Comisión, presentada por el Partido Nacionalista Vasco, referente a la transferencia de fondos a las comunidades autónomas. Señorías, esta enmienda pone de manifiesto dos cosas principalmente.
Primero, la
oportunidad o inoportunidad en la creación de un Ministerio de Vivienda, que prácticamente no tiene competencias y, segundo, la debilidad de este Gobierno que ante la ausencia de un pacto de legislatura está a lo que decidan sus socios todos
los días de esta legislatura que nos queda. Por tanto, el presupuesto que estamos debatiendo hoy es una aproximación frente al presupuesto definitivo que quedará al final de toda su tramitación parlamentaria.
Señorías, con este presupuesto se acaba con una etapa de control del gasto corriente, que ha permitido afrontar por primera vez en la historia de España bajadas de impuestos...
El señor PRESIDENTE: Señora Báñez, esta semana hay que ser más estricto que en otras ocasiones. Termine, por favor.
La señora BÁÑEZ GARCÍA: Acabo, señor presidente.
Decía que ha permitido afrontar por primera vez en España bajadas de impuestos continuas y permanentes y que ha centrado su esfuerzo en el gasto social, en la viabilidad del sistema de pensiones y en las inversiones de infraestructuras de
I+D+I. Se acaba también la política basada en la mejora de expectativas y en la generación de confianza entre los agentes económicos.
Señorías, para terminar, estamos ante un presupuesto que representa una oportunidad perdida, la de seguir avanzando en la línea de la convergencia con los países de nuestro entorno, que no es más que seguir creciendo por encima de la media
europea para llegar al pleno empleo y al bienestar de las familias españolas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señora Báñez.
¿Turno en contra? (Pausa.) Señor Saura.
El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señorías, ¿qué nos ha dicho el Partido Popular en materia económica desde que están en la oposición y también desde que estamos debatiendo los presupuestos aquí en esta Cámara? En primer lugar, nos han dicho que el crecimiento económico y
el empleo son unos indicadores de la credibilidad de cualquier Gobierno, de la credibilidad económica del PP en su momento o del Partido Socialista en este. Si atendemos a esa máxima, lo que dicen los últimos datos es que ahora se crece más que
cuando el PP dejó el Gobierno y además en materia de empleo se crece también a una tasa superior a la que se crecía cuando el Partido Popular dejó el Gobierno.
Por tanto, la credibilidad económica del Gobierno, atendiendo a ese razonamiento del
Partido Popular, es superior a la del Gobierno anterior.
También se nos ha dicho que el Gobierno Socialista ha perdido seis meses en materia económica. Si fuese verdad que el nuevo Gobierno ha perdido esos seis meses, desde luego en materia de
reformas estructurales el Gobierno anterior no perdió seis meses, perdió ocho años.
El Grupo Popular, desde la oposición, también nos ha dicho que este Gobierno, el Gobierno socialista, es un gobierno de déficit, un gobierno que no va a cumplir el equilibrio presupuestario, que no está en la racionalidad económica. Lo que
hemos podido comprobar es que justamente el Grupo Popular fue en materia económica y presupuestaria el gobierno o el grupo de la ocultación, puesto que el déficit para 2004 anunciado por el Partido Popular, por el Gobierno anterior no será del 0,4
por ciento del producto interior bruto, sino que alcanzará el 1,8 por ciento, tal y como hemos demostrado en reiteradas ocasiones en esta Cámara. Asimismo, se nos ha dicho que es un gobierno con pocos apoyos y, cuando han visto que tenía apoyos y
estabilidad política suficiente, nos han hablado de pactos ocultos, de que determinadas comunidades autónomas se llevaban no sé qué dinero. Pues bien, desde el punto de vista del equilibrio territorial, este es un presupuesto solidario, por lo que
desde ese punto de vista el argumento del PP no es muy consistente y desde luego no se puede avalar con ninguna cifra; un presupuesto solidario no sólo en lo social, sino también en lo territorial. La portavoz del Grupo Popular nos ha dicho hoy
también que el precio del crudo invalida todas las estimaciones de crecimiento que ha hecho el Gobierno cuando estos días vemos cómo la rápida caída del precio del petróleo junto con la apreciación del euro hace que las estimaciones del Gobierno
sean cada vez más creíbles y por tanto que el Grupo Popular nuevamente se equivoque -porque sus estimaciones de crecimiento van mal, no es su fuerte- en cuanto a sus estimaciones de crecimiento para el año 2005, insisto, con la evolución reciente
del precio del crudo y del tipo de cambio del euro.
Los del Grupo Popular nos dicen también que es necesario conocer en qué momento del ciclo económico estamos para estimar el déficit o el equilibrio presupuestario a lo largo del ciclo.
Evidentemente, eso no es necesario, sino que lo importante es conocer la estimación del crecimiento tendencial. Eso es lo necesario y no saber en qué momento del ciclo nos encontramos.
Señorías, estamos hablando por tanto de unos presupuestos modernos, como hemos demostrado, sociales, encaminados a aumentar la productividad, transparentes y que aseguran la estabilidad presupuestaria a lo largo del ciclo. Estos
presupuestos para el año 2005 se enmarcan en una nueva política económica más moderna, que tiene como marco, en primer lugar, las llamadas reformas estructurales, esas que no hizo el Partido Popular durante ocho años, una apuesta por la empresa, por
los emprendedores, unas cuentas públicas sanas y transparentes a lo largo del ciclo y un incremento de la productividad. En definitiva, reorientar el patrón de crecimiento, tal y como es necesario y tal y como desean
los agentes económicos y sociales y la mayoría de la sociedad española.
El modelo de crecimiento del Partido Popular ha tenido algunas consecuencias: salarios bajos -en materia de salarios nos alejamos de la media europea-, temporalidad, precariedad, una pérdida de competitividad, como se está viendo a partir
de los datos del comercio exterior, y también un incremento en la brecha de productividad entre 1995 y 2003.
Por eso es necesario reorientar el gasto público buscando una mejor conexión y un impulso del capital tecnológico, del capital físico y del
capital humano. Crecen los recursos destinados al capital humano, crecen los recursos destinados al capital tecnológico, la I+D+I crece a una tasa superior al 25 por ciento y además se apuesta por el capital físico. El conjunto de organismos y el
Ministerio de Fomento crecen a una tasa superior al 9 por ciento, el ADIF crece a una tasa del 18 por ciento y el nuevo Gobierno ha aprobado un plan de carreteras que implica una inversión el año 2005 en torno a 2.500 millones de euros. Por tanto,
más capital físico, más capital humano, más capital tecnológico.
Además, son unos presupuestos que no suponen mayor presión fiscal y se elaboran en el marco de la estabilidad presupuestaria. No suben los impuestos y se deflacta la tarifa del IRPF. He oído a la portavoz del Grupo Popular decir aquí esta
tarde que no se ha hecho bien la deflactación en la tarifa del IRPF, como si en algún momento de estos últimos ocho años el Partido Popular hubiera trabajado en esa dirección, hubiese descontado la inflación en el impuesto sobre la renta de las
personas físicas. Por tanto se hace en el marco de la estabilidad presupuestaria esta apuesta por un nuevo modelo de crecimiento y se hace en el marco de no subir los impuestos.
Es un presupuesto social porque los gastos sociales crecen a una tasa del 9,5 por ciento, por encima del crecimiento del presupuesto, por encima del crecimiento de la economía. Son unos presupuestos sociales en vivienda, en educación, en
sanidad y en pensiones. Además, todo ello se hace con la adecuada transparencia, evaluación y calidad del gasto público.
Desde luego, el Grupo Parlamentario Socialista cree que estamos ante el primer presupuesto del nuevo Gobierno que va en la dirección correcta, moderno, sin duda mejorable, que busca construir un nuevo modelo de crecimiento.
No vamos a votar a favor de las enmiendas relativas a los títulos I y II por varias razones. La reforma fiscal hay que sopesarla, hay que analizarla y, por tanto, se va a plantear, como saben SS.SS., para el año 2005. Muchas enmiendas ya
están contempladas en la Ley de formación profesional, muchas de las enmiendas que se plantean a los títulos I y II tienen que ver con competencias de las distintas comunidades autónomas, la antigüedad ya es una componente tenida en cuenta en la
fijación de las retribuciones de la enseñanza pública y otras enmiendas contienen errores en la construcción de las mismas.
Ya termino, señorías. Estamos ante un presupuesto que abre un nuevo ciclo político, un presupuesto moderno que sienta las bases de un nuevo patrón de crecimiento.
Gracias, señorías. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Saura.
A continuación, ¿algún grupo de los enmendantes desea replicar? (Pausa.)
¿Algún grupo que no haya fijado posición quiere fijarla? (Pausa.) Damos por concluido el debate relativo al título I.
Pregunto para ser claro: La mayoría de los intervinientes han vinculado el título I al II. ¿Desean repetir turno? (Pausa.) Creo que no es necesario porque ha quedado clara la posición de todos. En consecuencia, damos por debatido también
el título II.
Título III. Artículos 19 a 35. Tienen enmiendas la señora Lasagabaster, el señor Rodríguez Sánchez, Izquierda Verde, Vasco, Esquerra, CiU y Popular.
Tiene la palabra la señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente.
Creo que he cometido un error y he defendido las dos enmiendas que tenía al título III en el título II. Lo siento y las doy por defendidas. Hay un poco desorden pero ya nos aclararemos poco a poco.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Habíamos intuido que había ocurrido así. Gracias.
Señora Fernández, tiene la palabra.
La señora FERNÁNDEZ DÁVILA: Gracias, señor presidente.
Intervengo para defender las enmiendas que presentamos a este título III.
Frente al anuncio propagandístico del Gobierno de subida de los salarios de los empleados públicos en un 3,5 por ciento, la subida es realmente tímida, ya que
solamente es de un 2 por ciento, más el 0,5 por ciento en el fondo adicional de pensiones. El restante 0,7 va a un incremento del porcentaje del complemento de destino en las pagas extraordinarias, que realmente es de un 20 por ciento, puesto que
en años anteriores se había incluido el 40 por ciento, y en complementos de productividad de carácter subjetivo y, por lo tanto, no extensible a todos los empleados públicos.
A nuestro juicio, esta subida no sirve para recuperar el poder
adquisitivo perdido durante los últimos años, especialmente en los comprendidos en las anteriores legislaturas, en los que se sacrificó el incremento retributivo de los empleados públicos en aras a la estabilidad presupuestaria. Las sucesivas
congelaciones en las retribuciones salariales, así como las subidas salariales por debajo del incremento
Título III
real del IPC sin revisión salarial posterior, tal y como ha sucedido prácticamente todos los años desde el año 2000 y como ha sucedido a lo largo del año 2004, han supuesto una merma en las condiciones de trabajo de los empleados públicos
que debe ser corregida de forma más decidida.
Por ello, en materia de personal, formulamos varias enmiendas a lo largo del texto articulado para adecuar la subida salarial del personal del sector público al incremento del IPC real, compensándoles
además de la pérdida de poder adquisitivo arrastrada. Para ello se propone una subida del 4 por ciento, que responde a una subida acorde al IPC previsto por el Gobierno -el 2 por ciento-, la recuperación del poder adquisitivo por la desviación
inflacionista del último año, según los datos de inflación interanual del INE, y una recuperación adicional del IPC por la pérdida de poder adquisitivo. Además, la enmienda al artículo 19.2 pretende garantizar la recuperación de poder adquisitivo
de los empleados públicos de forma anual, con un mecanismo similar al aplicado a los pensionistas y para evitar pérdidas acumuladas de poder adquisitivo como las que han venido sucediendo en los últimos años.
En el artículo 19, apartado 3, se enmienda la regulación del destino de fondos adicionales para pensiones privadas de los empleados públicos, de forma que se respeten las competencias de las administraciones en materia de personal, dejando
un ámbito de autonomía para decidir el destino del incremento del 0,5 por ciento adicional. Por otro lado, la financiación por parte de la Administración de planes privados de pensiones al personal a su servicio supone avanzar por la senda de la
privatización de la protección social pública en materia de pensiones. Como alternativa, sería más aconsejable destinar ese incremento al aumento de las aportaciones al régimen de clases pasivas, lo que permitiría dotar de mayor financiación la
protección social pública de los funcionarios y reforzar así los sistemas públicos de pensiones.
Asimismo, entendemos que este Gobierno es continuista respecto a la política restrictiva de creación de empleo por parte de las administraciones, fomentada ya desde la pasada legislatura por el Gobierno del Partido Popular, al regular una
imposición genérica a todas las administraciones públicas en la reposición de efectivos que, además de no tener en cuenta situaciones singulares que pueden concurrir en las mismas, excede las competencias básicas del Estado al regular taxativamente
aspectos que inciden en la potestad de autoorganización de las administraciones y entes territoriales, pues la determinación de relaciones de puestos de trabajo de cada Administración tiene vinculación directa con la capacidad que tiene cada una
para ordenar los medios humanos con el fin de desarrollar y ejecutar las funciones y servicios que tiene encomendados. Esta medida no supone ningún beneficio público ni menor gasto para las haciendas públicas sostenidas por todos los ciudadanos, al
provocar en muchos casos la necesidad de acudir por parte de las administraciones públicas a la externalización de servicios en detrimento de actuar a través de servicios propios por falta de personal.
En este sentido, defendemos con nuestras
enmiendas que la limitación en la reposición de efectivos se transforme en un criterio orientativo, en vez de constituir una imposición centralista, que será aplicado por cada Administración de acuerdo con las características específicas de cada
momento y que además no sea aplicable en relación con la provisión de plazas en los ámbitos de la sanidad y los servicios sociales ni en actividades de I+D.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
A continuación, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, tiene la palabra la señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.
Quisiera intervenir únicamente para defender las enmiendas que se mantienen y remitirme a los argumentos expuestos en la Comisión la semana pasada.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Navarro.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, en esta primera intervención del Grupo Vasco en el Pleno en el que debatimos las enmiendas presentadas al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2005 me van a permitir que me refiera
muy brevemente al marco general en el que ha de interpretarse el contenido y el sentido de nuestras enmiendas. Hace apenas tres semanas tuvimos ocasión de criticar con profundidad estos presupuestos con motivo del debate de totalidad de los mismos.
Como sabe SS.SS. nuestro grupo parlamentario reclamó, una vez más, que se acometiera lo que venimos denominando la reforma del gasto público. No basta con gastar ni emplear más o menos recursos en una u otra política pública. El sentido común, la
eficiencia y eficacia económicas y el reparto competencial establecido en la Constitución y en los estatutos de autonomía aconsejan que muchas de las políticas, vivienda, industria, I+D+I, formación, empleo, etcétera, han de ser ejecutadas por las
instituciones competentes de las comunidades autónomas. Veinticinco años después de la aprobación del Estatuto de Gernika ello no es posible.
Pedimos respeto competencial y racionalidad económica y no logramos entender por qué no se nos dice nada
respecto a estas cuestiones.
También tuvimos la ocasión de denunciar lo que constituye un año más el olvido de Euskadi en materia de inversiones públicas. El Estado debería invertir en Euskadi en el ámbito de sus competencias y no lo hace. Las inversiones previstas
para Euskadi por parte de la Administración General del Estado y sus organismos autónomos se sitúan en los 43 millones de euros, un 0,38 por ciento de las inversiones totales y un 0,8 por ciento de las inversiones regionalizadas y además suponen un
descenso del 50 por ciento en relación con las previstas del año anterior. Ello nos preocupa enormemente de cara al desarrollo futuro de Euskadi, al que desde Madrid no se contribuye en absoluto. Igualmente criticamos la falta de respeto
competencial o, lo que es lo mismo, la intromisión competencial en múltiples parcelas de poder político que han sido ya transferidas. Estos eran de manera muy resumida los argumentos utilizados por el Grupo Vasco.
Hoy quisiéramos, amén de defender las enmiendas planteadas al título III del proyecto de ley, resaltar precisamente algunas cuestiones que nos parecen importantes. Valoramos positivamente la supresión de la ley de acompañamiento, que, por
cierto, fue creada por el ministro Solbes hace unos años. Los abusos legislativos cometidos especialmente en la pasada legislatura mediante esta ley modificando multitud de leyes que no tenían relación alguna con los presupuestos y evitando los
debates sectoriales ponían en cuestión la propia esencia del Parlamento e incluso de la democracia. Por lo tanto, bienvenida sea la eliminación de la ley de acompañamiento. Sin embargo, creemos que la falta de utilización de esta ley no ha de
significar estirar el alcance de la Ley de presupuestos más allá de lo razonable o más allá de lo que el Tribunal Constitucional considera como los contenidos razonables a incluir en una ley de presupuestos. Hay múltiples sentencias que delimitan
el alcance y los contenidos de la ley de presupuestos que, a nuestro juicio, esta ley de presupuestos no respeta.
Sin ser jurista, y sin ánimo de ofender al que lo sea, me van a permitir que me refiera a esta cuestión que me parece crucial puesto que no vale vender la idea de la supresión de la ley de acompañamiento y extralimitarse a la vez en la
propia ley de presupuestos. La función de la ley de presupuestos es ser vehículo que formaliza y aprueba el plan económico de ingresos y gastos del Estado, y tal función singulariza a dicha ley en su contenido, tanto por lo que necesariamente ha de
tener, como por lo que podrá tener y por lo que no podrá contener. Tres ejes configuran la doctrina constitucional del contenido de la ley de presupuestos: el contenido mínimo e indispensable, el contenido posible no necesario y el contenido
imposible o prohibido. El contenido mínimo lo constituyen tanto los gastos que se autoricen como las previsiones de ingresos del sector público estatal, junto con el presupuesto de gastos fiscales; de lo contrario, no estaremos ante una ley de
presupuestos. En cuanto a los contenidos posibles, también el Tribunal Constitucional ha establecido unos límites al respecto. No podrá, por ejemplo, reformarse el sistema tributario cuando se cuente con la previa habilitación por ley tributaria
sustantiva. Es posible que la ley de presupuestos sirva de instrumento de política económica siempre que las medidas planteadas tengan conexión directa con el objeto de la ley de presupuestos; sensu contrario, puede descartarse la inclusión
injustificada de materias no relacionadas con la disciplina presupuestaria, pues su inclusión significaría una restricción ilegítima de las competencias del Legislativo al disminuir sus facultades de examen y enmiendas sin base constitucional. Se
considera contenido imposible la creación o modificación sustancial de tributos sin cobertura previa y la regulación de materias inconexas.
La inclusión injustificada de materias que no tengan que ver con la ley de presupuestos puede ser contraria a la Constitución. En opinión del Grupo Vasco, existen algunos supuestos que no encajan en la doctrina constitucional y que superan
el ámbito de expansión que tal doctrina viene permitiendo como contenido eventual de la ley presupuestaria. La disposición adicional sobre el programa de fomento del empleo ha de encajarse en el ámbito de la normativa laboral y no presenta ninguna
conexión ni con el núcleo fundamental de los presupuestos ni con la orientación económica del Gobierno. La disposición adicional que modifica la Ley de Estabilidad Presupuestaria debería realizarse en el marco de un nuevo proyecto de ley de
estabilidad, tal y como se comprometió el Gobierno con la mayoría de los grupos parlamentarios de esta Cámara. La disposición adicional que modifica la Ley del Medicamento, creando un nuevo ingreso sobre el volumen de ventas de medicamentos, a
nuestro entender supone una figura tributaria que contradice lo dispuesto en el artículo 134.7 de la Constitución española y de la doctrina constitucional elaborada al respecto. Son ejemplos suficientes que cuestionan la Ley de presupuestos. Por
tanto, espero que no se utilice dicha ley para evitar los debates sectoriales que necesariamente han de producirse.
Dicho esto, he de señalar que el Grupo Vasco ha presentado 80 enmiendas parciales, 31 al articulado y 49 a las secciones, de las cuales quedan vivas 79. La semana pasada, en Comisión, tras dos días de intensos debates, intensos pero
prácticamente estériles, se aprobaron, además de las transaccionales entre el Grupo Socialista y los grupos que apoyan el presupuesto, tan sólo dos enmiendas, una del Bloque Nacionalista Galego y otra del Grupo Vasco, del Partido Nacionalista Vasco.
La falta de voluntad política para llegar a acuerdos y la escasa confianza en el debate son aspectos que, si se me permite la expresión, no concuerdan con el supuesto buen talante del Gobierno. La enmienda presentada por nuestro grupo parlamentario
y aprobada en Comisión, relativa a la vivienda, restablece en parte la intromisión competencial que suponía que el Gobierno gastara en
materia de vivienda sin contar con las comunidades autónomas, que son las competentes en la materia. Creemos que con su aceptación se sitúan los recursos económicos en las comunidades autónomas, que es donde deben estar. Deseamos, por lo
tanto, que no se utilicen artilugios discutibles de vuelta atrás de esta enmienda que la mayoría tuvo la oportunidad de aprobar.
Si me permiten, voy a defender brevemente las dos enmiendas al título III.
Una de ellas, al artículo 19, pretende en primer lugar modificar el título de dicho artículo puesto que la actual denominación, bases y coordinación de la
planificación general de la actividad económica en materia de gastos de personal al servicio del sector público, creemos que es un título absolutamente inapropiado. Sería más correcto titularlo gastos de personal al servicio del sector público
dependiente del Estado.
En nuestra opinión, que los incrementos retributivos de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales sean considerados de interés general y estén limitados en los Presupuestos Generales del Estado nos parece una
alteración del orden constitucional, una reducción del margen de decisión de las comunidades autónomas y, en definitiva, una intromisión inaceptable. Nos parece especialmente además cuando por parte muchas veces del Gobierno y del Partido Popular
se dice que este es el Estado más descentralizado del mundo. Esto es un contrasentido en toda regla. La segunda enmienda que hemos presentado a este título se refiere a la supresión del apartado 5 del artículo 20 del proyecto de ley de
presupuestos Generales del Estado sobre oferta pública de empleo y los argumentos que podemos esgrimir también en la defensa de este artículo son exactamente los mismos que en la enmienda anterior.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Azpiazu.
A continuación, Esquerra Republicana. Señor Cerdà.
El señor CERDÀ ARGENT: Presidente, señorías.
(Comienza su intervención en catalán, cuyo texto, que entrega a la Redacción del 'Diario de Sesiones', dice lo siguiente: ' Com a representant electe d'Esquerra Republicana en aquest parlament vull expressar la meva esperança que aquest
serà l'últim debat de pressupostos en que no podré intervenir en la meva llengua, el catalán de València.
Reclamo una vegada més el reconeixement dels meus drets lingüístics. Els mateixos drets lingüístics que tants i tantes de vostès ja tenen
reconeguts.'- El señor diputado continúa su intervención en castellano.) Como representante electo de Esquerra Republicana en este Parlamento quiero expresar mi esperanza de que este será el último debate de presupuestos en el que no pueda
intervenir en mi lengua que es el catalán hablado en Valencia. Reclamo una vez más el reconocimiento de mis derechos lingüísticos, los mismos derechos que muchos, tantos de ustedes ya tienen reconocidos.
Dicho esto, he comparecido aquí para la defensa de dos enmiendas que han quedado vivas después del debate en Comisión. Una, ya defendida también por otros grupos, la cláusula de revisión salarial en los actuales presupuestos para impedir la
pérdida de poder adquisitivo real que han tenido todos los trabajadores de la Función pública y que nos parece de justicia revisar. No hemos sido el único grupo que defiende esta posición. Ahora y en el pasado fue una promesa electoral del Partido
Socialista y también ocupó gran parte de sus intervenciones cuando este grupo estaba en la oposición. No me extenderé más. Sólo es una aplicación de la subida, de la paga del diferencial del 2 por ciento que contemplan los actuales Presupuestos
Generales del Estado y la desviación real que ha tenido el IPC. La segunda enmienda también tiene relación con la subida salarial a los trabajadores de la Función pública. En los actuales presupuestos se contempla que la subida salarial será de un
2 por ciento, teniendo también un 0,3 por ciento destinado a cuestiones de productividad, un 0,7 por ciento, que se pagará devengado en pagas extraordinarias y un 5 por ciento que se podrá retribuir devengando su pago como fondo de pensiones, fondo
de pensiones que se articula en base estatal y nosotros pedimos, primero, que este 0,5 por ciento sea fruto de la negociación en los respectivos ámbitos por dos razones básicamente: una, porque así lo contempla la ley, que sea en las
administraciones periféricas donde se pueda negociar el pago de esta cantidad que pueda ser o no devengada como parte tributaria en pensiones, pero en los ámbitos autonómicos, puesto que de lo contrario estaríamos ante de una invasión competencial y
de una apropiación indebida por parte de unos sindicatos en una mesa estatal que lesionaría gravemente los intereses de los sindicatos. Es más, si este fondo de pensiones es articulado desde el Estado muchos de los trabajadores de la Función
pública en las respectivas autonomías donde estos dos sindicatos, la UGT y Comisiones Obreras, no son mayoritarios, se verían beneficiados de una aportación a un fondo de pensiones que no vemos clara. Más aún, este fondo de pensiones iría
gestionado por una entidad denominada gestión de previsiones y pensiones, en la cual del 70 por ciento es accionista el BBVA, del 15 por ciento Comisiones Obreras y del 15 por ciento restante la UGT, con lo que en la práctica, dada esta cantidad
ingente de masa salarial a gestionar por estos sindicatos, volveríamos de alguna manera -por decirlo de forma gráfica- a una especie de bisindicalismo vertical, del cual por supuesto Esquerra Republicana no quiere ser corresponsable.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cerdà.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió mantiene vivas cuatro enmiendas al título III, correspondiente a los gastos de personal. Tal como planteamos en la Comisión, nuestro grupo parlamentario entiende que
hay algunas cuestiones básicas y relevantes que hacen referencia a las retribuciones del personal de las diferentes administraciones públicas en las que se habría de eliminar el carácter básico del establecimiento de los topes a los incrementos
retributivos del personal a su servicio, ya que no en todas las comunidades existen los mismos incrementos. Tuvimos la oportunidad de observar el fin de semana pasado, concretamente el viernes, cómo en diferentes comunidades autónomas existen
distintos índices de precios al consumo, con lo cual entendemos que en aquellas comunidades en las que existen incrementos (o disminuciones, aunque este no es el caso porque nuestra enmienda va orientada a aquellas administraciones públicas donde el
índice de precios al consumo es considerablemente superior al previsto en la inflación en los Presupuestos Generales del Estado) cabría la posibilidad de que fueran ellas mismas las que pudieran establecer los incrementos retributivos del personal
al servicio de sus administraciones correspondientes. Con estas enmiendas también pretendemos eliminar el carácter básico de las disposiciones del proyecto en materia de gastos de personal al servicio del sector público y, al mismo tiempo, que
todas las administraciones correspondientes a los entes locales tengan la posibilidad también de incrementar todas las retribuciones del personal a su servicio a fin de compensar la pérdida de poder adquisitivo, que es lo mismo que planteamos para
todo aquel personal que esté trabajando a cargo de las diferentes administraciones autonómicas.
Finalmente, la enmienda 1996 es histórica en el Grupo de Convergència i Unió y coincide con las enmiendas presentadas por el Partido Nacionalista Vasco en el sentido de garantizar la competencia autoorganizativa de las comunidades autónomas
y de las corporaciones locales en todos aquellos aspectos que hacen referencia a la fijación del número de plazas ofertadas para el empleo público.
Señor presidente, señorías, estas son las enmiendas que nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ha presentado al título III en todos aquellos aspectos que hacen referencia a los gastos de personal.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo Parlamentario Popular para la defensa de sus enmiendas tiene la palabra el señor Padilla.
El señor PADILLA CARBALLADA: Señor presidente, señoras y señores diputados, brevemente en relación con este título III del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, al que el Grupo Popular ha planteado pocas enmiendas, haré una
pequeña relación a lo que sucedió en la Comisión de Presupuestos y, si me lo permite el señor presidente, con toda cortesía, con toda la consideración que sabe que le tengo a S.S. y a cualquier persona que ocupe la Presidencia de esta Cámara, le
diría que hubiera sido interesante que, cuando S.S. se ha referido a las cuestiones del Reglamento que precisan modificación, si hay algún debate que lo necesita es este. Podríamos colocar el disco de la Comisión de Presupuestos, que sería
interesante hasta cierto punto, no sé si tendría audiencia; podríamos repetir el discurso -a lo mejor es el recurso al que muchos acuden-, o podríamos sencillamente polemizar en la polémica, lo cual también puede aportar algo pero poco.
Ciertamente de su sabiduría y de su inteligencia lo esperaba de sus declaraciones puertas afuera de la casa, a la interlocución general, pero yo desde aquí se lo digo con mucho respeto y con mucho afecto, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Padilla, pero léase usted detenidamente la propuesta que he hecho y verá que con ella este debate desaparecería. Ya somos dos, como Simón el Estilita, predicando en el desierto.
El señor PADILLA CARBALLADA: Me alegro mucho de que S.S. lo haya interpretado así.
Dicho esto, nos adentramos en este interesantísimo debate para precisar tres cosas. La primera es porqué nosotros hemos presentado pocas enmiendas a este título. Pues porque este título viene muy predeterminado. Me van a permitir que les
alegre a estas horas de la tarde con una cita relativamente divertida. Hace muchos años hubo un profesor de derecho canónico que intentaba distinguir para el respetable, en este caso alumnos de derecho, entre viudez y viudedad y decía: La gente no
lo distingue muy bien porque como en España casi todo el mundo es funcionario, mientras no se demuestre lo contrario -hace ya bastantes años pero en eso era bastante más parecido-, la mayoría de la gente cree que es lo mismo. Pues no era lo mismo.
Lo cierto es que este título es muy importante pero también viene muy predeterminado, y viene tanto o más predeterminado cuando sociales o no los presupuestos resulta que estos, que decían que eran más sociales, son una continuidad -lo que queda por
saber es si perfectiva o no- de lo que fueron los presupuestos anteriores en lo que se refiere en lo fundamental a la retribución de los funcionarios públicos. (La señora vicepresidenta, Chacón Piqueras, ocupa la Presidencia.)
Nosotros, como hemos dicho que no queríamos un presupuesto expansivo ni queríamos mayor gasto, nos quedamos expectantes, pero expectantes no quiere decir que no. Los ajustes los tiene que hacer quien presenta
el presupuesto. Evidentemente, cualquier enmienda de calado supone cientos de millones de euros y llevaría como vuelta el reproche de decir: Ven, si es que ustedes además de irresponsables no saben lo que dicen. No.
Nosotros suponemos
que el Gobierno ha hecho lo que creía que debía de hacer al traerlos. En su formato no responden a criterios distintos probablemente porque es muy difícil. No hay socialismo ni avance ni progresismo que al día de hoy pueda cambiar el formato. Por
tanto, hemos presentado pocas enmiendas pero sí quisiera concluir defendiéndolas con una pequeña cita a la señora Malaret, que se dedicó a hablar de algo que yo había dicho antes y que tenía poco que ver con esto, aunque es de lo que veníamos
hablando en el debate de la ley de presupuestos. Había dicho yo al anterior interviniente del Grupo Socialista que si la ley de acompañamiento definitivamente había desaparecido o no, lo veríamos, y que como iba a pronunciar mi discurso de ingreso
en la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras sobre este particular con mucho gusto les invitaba y, si no, les enviaría el texto del discurso. La señora Malaret me dio la bienvenida -no sé con qué autoridad a los que sobre esto hablan- y
además me dijo que me mandaba bibliografías. Esa misma frase dicha por mí en un coloquio hizo que un radioyente o telespectador me dijera: ¡Qué talante tienen ustedes! ¿Sabe cuál? El mismo que ustedes, porque usted me dijo lo mismo que yo había
dicho aquel día, espero que con la misma simpatía que su señoría. Las enmiendas tienen una voluntad perfectiva. Ya he dicho que no queríamos en este momento unas enmiendas de calado, por las razones que he expuesto. Pero si estamos hablando de la
oferta de empleo público y añadimos en la enmienda 689: 'y, si no fuera posible, en la siguiente oferta de empleo público.', no estamos hablando de una pura nada, sino de que queremos que eso se produzca y que la ley de presupuestos generales del
Estado lo deje dicho. Si decimos que en la oferta de empleo público los que puedan ser reclutados en servicios del Estado fuera del territorio nacional gocen de los mismos derechos, garantías y deberes que el personal contratado en el territorio
nacional, para que vea que no es una obviedad ni una ociosidad esa enmienda, le mando cuando quiera sentencias interpretando cuestiones del mismo perfil en que se decía: si se hubiera dicho en la norma. Pues como no se decía ahora sí se dice. Y
si decimos que queremos que semestralmente el Gobierno nos mande un informe al Congreso y al Senado sobre la evolución de la oferta de empleo público, supongo que será porque en algo nos concierne, y no sé en qué molesta que el Gobierno nos mande
eso y también la contratación de personal laboral, a lo que se refiere la enmienda 692, salvo que ustedes no quieran practicar la transparencia, porque la transparencia no se practica con las palabras sino con los hechos.
Concluyo, señor presidente, con una sola precisión a este respecto.
Señorías, unos presupuestos generales del Estado son una ley de vigencia del ejercicio. En la próxima sección (éste fue otro aspecto esencial de nuestro debate en la
Comisión de Presupuestos) haré referencia a por qué, a mi modesto juicio, algunas de las disposiciones adicionales de esta ley son mucho más que disposiciones adicionales, por mucho que algún aficionado a la práctica del derecho haya querido
resolverlo diciendo: y con vigencia indefinida. Luego les explico lo de la vigencia indefinida.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA: (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Padilla.
¿Algún grupo desea utilizar el turno en contra? (Pausa.) Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Malaret.
La señora MALARET GARCÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular quiere hacer evidente con estos presupuestos, muy especialmente con el título III, su compromiso en dos objetivos que nos parecen fundamentales. En primer lugar, la estabilidad económica, la
estabilidad presupuestaria, un objetivo que está estrechamente relacionado con el segundo, que es el diálogo social en la búsqueda permanente del consenso social. El objetivo de estabilidad presupuestaria se traduce en una disciplina presupuestaria
que debe afectar a todos los niveles de gobierno, un objetivo que dota a este presupuesto de mayor credibilidad y aceptabilidad, un rigor que ha sido valorado positivamente por los analistas y los mercados. En segundo lugar, como he señalado, un
compromiso directamente vinculado con lo anterior, el de búsqueda del consenso social, y por ello se ha buscado el acuerdo con las centrales sindicales, un acuerdo especialmente relevante en relación con el título III que ahora nos ocupa. Para el
cumplimiento de estos dos objetivos -estabilidad presupuestaria y diálogo social- no podemos admitir las enmiendas que se han presentado al título III. En primer lugar, voy a hacer algunas consideraciones sobre la estabilidad presupuestaria
refiriéndome a las enmiendas presentadas por distintos grupos: el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), el Grupo Parlamentario Mixto, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), etcétera.
En el momento actual, en el que -como he señalado- la estabilidad presupuestaria no es solamente objetivo de este Gobierno sino también objetivo europeo, como bien sabemos, nos parece difícil cuestionar una regla fundamental, un
comportamiento básico del sector público en nuestro país, una pauta de conducta que constituye ya un acervo del Estado compuesto -el Estado autonómico- que nos hemos dado. Me refiero a las enmiendas que cuestionan el alcance subjetivo de
las limitaciones relativas al incremento conjunto de las retribuciones del personal al servicio de las administraciones públicas. Como es bien sabido, el Tribunal Constitucional ha venido señalando desde 1986, siempre que ha surgido la
cuestión -ya sea con ocasión del cuestionamiento de leyes de Presupuestos Generales del Estado, ya sea con ocasión de haberse suscitado conflictos sobre leyes autonómicas- que esta medida de establecimiento de un límite de carácter global -no un
límite preciso respecto a cada funcionario, como se señaló en su momento- encuentra su fundamento en el artículo 149.1.13 de la Constitución, de bases y coordinación de la actividad económica. Yo convendría con algunos portavoces en que de esta
competencia estatal se ha hecho un uso extensivo a otras materias, pero en relación con ésta en concreto la jurisprudencia constitucional es precisa y acotada. ¿Por qué? Porque es una medida que, como ha señalado el Tribunal Constitucional, tiene
relación directa con las exigencias de la política económica general, con las exigencias de una política dirigida a la consecución y al mantenimiento de la estabilidad. Por todas estas razones y porque el proyecto de presupuestos para 2005 respeta
plenamente este canon constitucional, un canon claramente establecido por la jurisprudencia constitucional -como digo-, no podemos admitir el bloque de enmiendas que cuestionan directamente este aspecto de la política de retribuciones de los
empleados del sector público.
Después de la firma, el pasado 30 de septiembre, del acuerdo entre la Administración y los sindicatos sobre medidas retributivas y de oferta de empleo público para 2005, no parece posible aceptar las enmiendas relativas a medidas concretas
sobre los gastos de personal. Es precisamente en este acuerdo donde se fija el incremento global en un 2 por ciento; es en este acuerdo donde se establecen cuáles son los mecanismos para compensar muchos años de pérdida de poder adquisitivo para
los empleados del sector público; y es en este acuerdo donde se apuesta decididamente por que esto se vaya compensando mediante un cambio del régimen económico de las pagas extraordinarias, fundamentalmente.
Asimismo, es en este acuerdo donde se
fija con carácter general lo que se traduce luego en norma por medio del proyecto de ley de presupuestos: la aportación del Estado a un plan de pensiones -un sistema de salario diferido-, pero sobre todo una habilitación a las demás
administraciones públicas para que adopten la misma medida. Por cierto, este régimen relativo a planes de pensiones es equivalente al de las empresas privadas. La única singularidad es que aquí nos encontramos con la Administración pública y con
los sindicatos más representativos del sector público. No hay ninguna otra singularidad, es el mismo régimen.
Por tanto, algunas de las críticas afectan seguramente al régimen general de planes de pensiones, pero no a estos en concreto, que además
han sido defendidos por los sindicatos.
Finalmente, es en el acuerdo con los sindicatos donde está la razón de ser de la tercera gran medida relativa al empleo público, el nuevo régimen jurídico de la oferta pública de empleo. Precisamente para luchar contra la temporalidad en el
empleo público, para dotar de mayor calidad al trabajo en el sector público y para mejorar la prestación de los servicios públicos se flexibiliza fuertemente el régimen del sistema de oferta de empleo público, sobre todo para flexibilizar el límite
del cien por cien en la tasa de reposición. En definitiva, como estamos convencidos de que este proyecto de ley de presupuestos cumple los dos objetivos relevantes que he señalado (estabilidad económica y acuerdo social), ello nos conduce a no
aceptar las distintas enmiendas presentadas a esta parte del articulado que se engloba en el título III.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias.
¿Alguna señoría de los grupos enmendantes, tras escuchar el turno en contra, desea rectificar respecto de sus enmiendas? (Pausa.) ¿Alguno de los grupos desea fijar posición si no ha defendido enmiendas? (Pausa.) Damos por defendidas las
enmiendas al título III, artículos 19 a 35, y continuamos con el debate conjuntamente de los títulos IV y VIII y la sección 07, clases pasivas.
Al título IV, artículos 36 a 45, han presentado enmiendas el Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez Sánchez; el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde y el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Al título VIII, artículos 99
y 100, también ha presentado enmiendas el Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez Sánchez, el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el Grupo Parlamentario Popular. A la sección 07 no se
han presentado enmiendas.
Tiene la palabra la señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DÁVILA: Gracias, señora presidenta.
Voy a defender las enmiendas que presenta mi grupo al título IV y al VIII.
Son unas enmiendas parciales para aumentar la cuantía de las pensiones más bajas, pues el incremento previsto por el Gobierno en el proyecto de presupuestos
generales para 2005 significa un escaso esfuerzo, aunque no dejamos de reconocer el esfuerzo que se hace. El gasto en protección social en el Estado español, en términos de porcentaje del PIB, es inferior a la media comunitaria, como recuerda la
última memoria del CES en sintonía con informes del Eurostat. Es especialmente preocupante el caso de las pensiones no contributivas cuyas cuantías son aún muy bajas, por lo que se debe realizar un esfuerzo para incrementarlas paulatinamente,
iniciando ese proceso de forma inmediata. Nuestras enmiendas a los artículos
Títulos IV, VIII y sección 07
38, 40 y 45 defienden que la cuantía de las pensiones no contributivas y del SOVI se sitúen como mínimo en cifras similares a las del salario mínimo interprofesional, cifrando una cuantía inicial para las pensiones no contributivas que
supondrá para el año 2005 el 70 por ciento del salario mínimo interprofesional previsto, que además es asumible dado que supone un incremento de aproximadamente 921,77 euros al año (65,84 euros por cada paga) para cada beneficiario de pensiones no
contributivas y SOVI, lo que permitirá que en tres años se encuentren totalmente equiparadas las cuantías mínimas de las pensiones no contributivas con el salario mínimo, como acabamos de expresar. También desde una perspectiva social formulamos
una enmienda de adición, por los motivos expresados de falta de convergencia real en esta materia con aquellos Estados que gozan de niveles más altos de bienestar social, para incrementar la acción protectora de los regímenes especiales de la
Seguridad Social (autónomo, agrario y del mar) que presentan aún cifras de gasto público inferiores a la media estatal. Es necesario introducir una serie de mejoras en el nivel de prestaciones reconocido a los trabajadores y trabajadoras incluidos
en los regímenes especiales de la Seguridad Social como un primer paso en el aumento de los niveles de protección social hasta alcanzar un nivel básico digno. Por todo ello presentamos estas enmiendas.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora Fernández.
Es el turno del Grupo Parlamentario Izquierda Verde, pero ahora mismo no está presente ninguno de sus portavoces. Por tanto, si les parece, señorías, durante el tiempo que debatamos este bloque esperaríamos para que interviniera dicho grupo
y, si no, decaería el turno en defensa de sus enmiendas.
Continuamos, señorías, con el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Tiene la palabra -entiendo que repartiéndose el tiempo- el señor Sánchez i Llibre y el señor Vilajoana.
Adelante, señor Sánchez i Llibre. ¿Interviene usted solo, señor Sánchez i Llibre? (Pausa.) Tiene la palabra.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió tiene presentadas una serie de enmiendas, que permanecen vivas, a los títulos IV, VIII y sección 07 que se refieren a todas aquellas cuestiones que son relevantes, a
nuestro entender, en relación con las pensiones públicas, las cotizaciones sociales y también algunos aspectos muy importantes para nuestro grupo como pueden ser los que hacen referencia al SOVI. Por este motivo voy a aprovechar y a defender en
este capítulo nuestra enmienda 2344, a la sección de Trabajo y Asuntos Sociales, que hace referencia al SOVI.
En primer lugar, la enmienda 1997 es al artículo número 38 del título IV.
El Gobierno ha definido estos presupuestos como muy sociales, y nosotros entendemos que esta definición se debería clarificar y se tendría que evidenciar en un
incremento de un 5 por ciento, en relación con los incrementos mantenidos en el año 2004, de todas aquellas pensiones de jubilación y de invalidez no contributivas del sistema de la Seguridad Social. El planteamiento que ha hecho el Gobierno es el
de incrementarlas en un 3 por ciento lineal, pero entendemos que todos los incrementos que hacen referencia a pensiones no contributivas son unas cantidades limitadas; las personas que perciben esas cantidades tienen, en algunos casos, unas
pensiones mínimas y por desgracia llegan difícilmente a final de mes. Nosotros entendemos que valdría la pena tratar de contribuir con un incremento -entre comillas, como hemos definido, en presupuestos sociales- del 3 al 5 por ciento para todas
estas personas que nosotros consideramos muy necesitadas. En la enmienda 1998 volvemos también a plantear un aspecto que de forma reiterada viene defendiendo nuestro grupo parlamentario, legislatura tras legislatura y presupuesto tras presupuesto,
y es que tendríamos que intentar incrementar -y no en un 3 por ciento sino en un 5 por ciento- todas aquellas pensiones que hacen referencia al SOVI, que son pensiones, como saben SS.SS., muy pequeñas.
Esta es una demanda del colectivo de viudas y
viudos de todo el Estado español que, año tras año, también reiteran ante este grupo la posibilidad de que este incremento sea sustancial y no lineal, como se ha venido planteando por todos los gobiernos tanto del Partido Popular como del Partido
Socialista. Nosotros entendemos que quizá tendríamos que hacer también un esfuerzo complementario. Aprovecho también la ocasión en la defensa de la enmienda del incremento de las pensiones del SOVI para defender la compatibilidad entre la pensión
de viudedad y la pensión del SOVI. Todas SS.SS. saben que en este período de sesiones hemos aprobado una proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que ha gozado de la aceptación de todos los grupos
parlamentarios para que, a mediados del año 2005, fuera posible compatibilizar las pensiones del SOVI y las de viudedad. Señorías, es un compromiso que hemos adquirido verbalmente en presupuestos de años anteriores; concretamente en la época en
que gobernaba el Partido Popular, con el señor Azpiroz defendimos interpelaciones para que esto fuera posible. Es cierto que a finales de la legislatura pasada hubo un acuerdo verbal en esta Cámara por el cual el Partido Popular se comprometía a
que fuera efectiva la compatibilidad entre las dos pensiones, pero, desgraciadamente, no ha sido posible. Ganó las elecciones el Partido Socialista. Aprobamos esta proposición de ley y apelamos en el debate del proyecto de
los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005 al compromiso del Partido Socialista, en este caso del grupo parlamentario que da soporte al Gobierno, para que a partir del año 2005 sea posible la compatibilidad del pago de las dos
pensiones porque es una cuestión de justicia. En la última campaña electoral todas las formaciones políticas incorporamos a nuestros programas el que este colectivo tan importante, de unos 300.000 viudas y viudos españoles, pudieran compatibilizar
las dos jubilaciones, la de viudedad y la del SOVI. Saben SS.SS. que si no se consigue continuará habiendo personas con pensiones miserables. Nosotros defendimos esta enmienda en la Comisión de Presupuestos con mucha vehemencia. Fuimos
contestados por la portavoz socialista, también con mucha vehemencia, en el sentido de que lo intentarían arreglar. Ahora es el momento. En la Comisión no fue posible contar con el voto favorable del Grupo Parlamentario Socialista. Esperamos que
en este debate del Pleno, donde quizás existe mayor solemnidad, podamos alegarnos de haber alcanzado algo que es de justicia: que en el año 2005 se puedan compatibilizar las pensiones de viudedad y el cobro del SOVI.
Dentro de este título VII, en el apartado de cotizaciones sociales hemos propuesto algunas enmiendas referidas al régimen especial del seguro agrario, a la adecuación de algunos tipos relativos a las contingencias profesionales respecto a lo
establecido para el régimen de los autónomos.
Incorporamos una reivindicación notable que también es de justicia y que todos los colectivos de autónomos españoles han reclamado en estas últimas legislaturas. Así como el trabajador que trabaja por
cuenta ajena puede incrementar la cotización social para poder percibir una mayor retribución cuando llegue el momento de la jubilación a partir de los 55 años, solicitamos que los trabajadores autónomos puedan incrementar sus cotizaciones sociales
a los 55 años y no a los 50, como está previsto en la legislación actual del régimen especial de trabajadores autónomos.
Estas son las cinco enmiendas más importantes que mantenemos vivas en estos títulos IV y VII. Hacemos especial hincapié en la compatibilidad de la pensión de viudedad con la del SOVI y así se lo expresamos al Grupo Parlamentario Socialista
en el sentido de que todas las expectativas creadas se puedan materializar en este debate presupuestario.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Sánchez i Llibre.
Presentes ya los portavoces de Izquierda Verde, les concederé ahora su turno de defensa de enmiendas, que lo utilizarán de forma repartida. Para la defensa de las enmiendas al título IV hará uso de la palabra la señora García Suárez y a
continuación, para la defensa de las enmiendas al título VIII, el señor Pérez.
Adelante, señora García Suárez.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Muchas gracias, señora presidenta, por haberme permitido hacer uso de la palabra a pesar de haber pasado mi turno.
En primer lugar, nuestro grupo parlamentario defenderá y mantendrá varias enmiendas en este capítulo. Yo me referiré concretamente a las números 1283 y 1296, que forman parte de las disposiciones adicionales, transitorias y anexos; las
defenderé conjuntamente ya que se refieren al mismo aspecto, que no es otro que el seguro obligatorio de vejez y de invalidez.
Empezaré, señorías, por la número 1283, relativa al incremento del cómputo anual de la pensión del SOVI, que proponemos que sea de 4.402,70 euros anuales. Nuestra propuesta es que uno de los sectores más desfavorecidos, con un nivel más
bajo de pensiones -ya que, como todos ustedes conocen, es aproximadamente de 270 euros mensuales, cuando la media de las pensiones del sistema es de unos 575 euros, siendo realmente bajas-, tenga un incremento del cómputo total de la pensión
superior a lo que contemplan estos presupuestos generales para el año 2005. Queremos situar la pensión del SOVI en lo que nosotros consideramos que son unos mínimos de subsistencia. Sabemos, pues así lo hemos comprobado en el dictamen, que el
Grupo Socialista ha incorporado en la disposición quinquagésimo primera un incremento que supone recibir la diferencia entre la pensión percibida en el año 2004 y la que hubiera correspondido de aumentar la cuantía percibida con el incremento real
experimentado por el IPC en el período de noviembre de 2003 a noviembre de 2004, una vez deducido un 2 por ciento. Estamos hablando de un incremento de un 3,2 por ciento de la pensión actual, incremento insuficiente y muy poco generoso. Por estas
razones vamos a mantener esta enmienda. En numerosas ocasiones la mayoría de los grupos de esta Cámara ha manifestado que debía ponerse la pensión de este colectivo en unos niveles mínimos de dignidad. Estimamos que durante la legislatura no será
el momento adecuado para recordar las condiciones en las que se encuentran estas personas sino que es ahora, precisamente cuando estamos elaborando los presupuestos, cuando debemos ponernos de acuerdo en una cantidad mínima y que consideramos
básica, de subsistencia.
También vamos a mantener la enmienda 1296. Como todos ustedes conocen, el 15 de junio, al inicio de esta legislatura, se debatió la primera proposición de ley en la Cámara, que fue precisamente la de compatibilización de las pensiones de
viudedad del SOVI con otras pensiones de la Seguridad Social. Nuestro grupo también tenía presentada una proposición en los mismos términos. En aquel momento, por una decisión que este grupo tomó, sólo se pudo debatir la de Convergència
i Unió, pero la mayoría de la Cámara le dio su apoyo, excepto el Grupo Popular. Entonces nos alegramos de esta iniciativa. Es cierto que el Grupo Socialista, que dio su voto favorable, situó esta discusión en el Pacto de Toledo, pero
nosotros entendemos -y así lo manifestamos en la Comisión la semana pasada- que no es creíble que haya una verdadera voluntad de estudiar esta compatibilidad si en estos presupuestos no se recoge una partida presupuestaria mínima para poder aplicar
esa compatibilidad en el momento en que se haga ese estudio o bien, como solicitamos en nuestra enmienda, una referencia que dé rigor y seriedad a que esta compatibilidad se llevará a cabo en 2005. Por esta razón vamos a mantener esta enmienda.
Nos gustaría llegar a una enmienda transaccional, pero, si no es así, mantendremos la enmienda tal y como está.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora García.
Adelante, señor Pérez.
El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta.
Intervengo para defender las enmiendas números 1289 y 1290, que hacen referencia a los trabajadores por cuenta propia del régimen especial agrario. La enmienda pretende modificar lo que en su momento fue legislado por la Ley 36/2003, de 11
de noviembre, en la que se preveía la incorporación paulatina y progresiva de los trabajadores por cuenta propia del régimen especial agrario al régimen especial de trabajadores autónomos. La situación de los trabajadores por cuenta propia en el
régimen especial agrario es una de las situaciones más desprotegidas y discriminadas que hay dentro de los trabajadores de nuestro país. Hay en torno a 800.000 afectados por esa regulación, la mayoría de los cuales son trabajadores con contratación
eventual; los menos, trabajadores con contratos fijos discontinuos, cuya aportación contributiva es muy superior a la media de los trabajadores del régimen general de la Seguridad Social. Concretamente, estos trabajadores están cotizando un 11,5
por ciento de su base, mientras que los trabajadores de la Seguridad Social están cotizando un 6,4. Además, los trabajadores del régimen especial agrario tienen menores prestaciones en cuanto a pensiones, desempleo o jubilaciones anticipadas. Por
el contrario, y curiosamente, los empresarios agrarios aportan 15 puntos menos que los del régimen general de la Seguridad Social. Esto pone al descubierto un régimen agrario absolutamente injusto, obsoleto y discriminatorio, y son ya ocho años los
que han pasado desde los acuerdos del Pacto de Toledo en cuanto a la integración del régimen especial agrario en el régimen general de la Seguridad Social. El sentido de estas dos enmiendas apunta a que es posible y compatible mantener
peculiaridades de encuadramiento, de afiliación, de cotización, incluso de recaudación de estos trabajadores dentro del régimen general, al tiempo que se establece esa peculiaridad dentro de ese régimen general para estos trabajadores.
Las otras dos enmiendas son las números 1292 y 1293 a la disposición adicional decimosexta, y hacen referencia al Iprem. La primera de ellas propone que sería necesaria la revisión del índice público de rentas de efectos múltiples
anualmente, porque no parece que tenga mucho sentido crear un índice de estas características para congelar su importe. La segunda -para la que yo ruego una especial atención del Grupo Socialista- trata de remediar lo que evidentemente es un error,
cuando se dice que la cuantía mensual del Iprem será de 6.577,20 euros. Evidentemente, es dar unas expectativas que están fuera del alcance de este Gobierno. Por muchas expectativas que éste quiera despertar de ilusión y de cambio, 6.577,20 euros
al mes nos parece una alegría para la economía que posiblemente no nos podamos permitir.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Pérez.
La última enmienda presentada a este bloque es del Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa, tiene la palabra el señor Azpiroz para la defensa de la enmienda número 719.
El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señora presidenta.
Subo a esta tribuna para defender la enmienda 719, relativa al artículo 99 del texto articulado. Si la Presidencia no tiene inconveniente, aprovecharé, como hicimos en Comisión y en anteriores ocasiones en sesiones plenarias, para hablar
también de las disposiciones adicionales que por la materia tienen conexión directa con la parte articulada que hemos venido debatiendo.
En primer lugar, presentamos una docena de enmiendas y en Comisión retiramos cuatro porque fueron objeto de aceptación de enmiendas de otros grupos, que al final han satisfecho nuestras pretensiones en orden a que se ampliaran los límites de
rentas para ser beneficiarios de las prestaciones familiares por hijo a cargo o bien suprimiendo una innovación que incorporaban los presupuestos de este ejercicio en el sentido de establecer un recargo para aquellos regímenes especiales en los que
los trabajadores no hubieran cotizado 20 años a los 65. Aquí nos encontramos con que existe una excepción, una excepción que no existe en el régimen general y que en absoluto va a existir ahora en ningún régimen especial, como es el de los
trabajadores autónomos. Pese a que, efectivamente, se ha presentado una enmienda que ha modificado en parte esta cuestión, sigue habiendo una discriminación. De hecho, el señor Sánchez i Llibre con motivo de una enmienda que ha defendido hace un
momento aquí apuntaba la apertura
de un debate necesario en relación con lo que debe ser el régimen de autónomos. ¿Vamos a seguir topando hasta los 50 años la posibilidad de cotizar a los máximos? ¿Vamos a establecerlo, como en este caso con prudencia plantea Convergència
i Unió, hasta los 55? ¿Vamos a liberalizarlo? ¿Vamos a dejar que las vidas laborales cuando los trabajadores autónomos piden más recursos puedan, efectivamente, aplicar el principio de contributividad con más cotización y por lo tanto hacer que
las pensiones que en el futuro se perciban sean más altas? Señorías, aquí hay un debate -lo decía en Comisión- que el Grupo Popular está dispuesto a asumir, a realizar y a estudiar con toda la Cámara, pero por eso mismo no nos parece de recibo que
en este caso se haga una discriminación negativa al colectivo de autónomos.
En cuanto a las disposiciones adicionales, hay un bloque en el cual no me voy a extender, puesto que mi compañero, Julio Padilla, experto en la materia, va a hacer posteriormente expresa mención a esta cuestión, pero hay varias enmiendas que
hacen referencia a la eventual inconstitucionalidad de las disposiciones adicionales. En concreto, las que se refieren a mi materia, la cuadragésimo cuarta, la cuadragésimo quinta, la cuadragésimo sexta y la cuadragésimo séptima han sido objeto de
enmiendas del Partido Nacionalista Vasco. Puede quedar muy bonito al concluir un Consejo de Ministros decir aquí viene el nuevo Gobierno y fíjense ustedes qué buenos somos que no hacemos una ley de acompañamiento, pero ¿cuál es la realidad? La
realidad es que el texto articulado que se incorpora al debate de este Pleno trae modificaciones sustanciales de leyes que tienen carácter de permanencia y por lo tanto nosotros con prudencia y cautela les estamos diciendo lo que ya dijo en el año
1992 la primera sentencia del Constitucional, entre otras muchas, que conviene deslindar por seguridad jurídica, por transparencia y por información el contenido material de los Presupuestos Generales del Estado y su afectación directa por
modificaciones económicas del ejercicio a determinadas leyes de la modificación de leyes permanentes.
En este sentido, estamos intentando llamar la atención, con toda la lealtad que puede y debe tener una oposición -la nuestra quiere practicar-, en
que pueden incurrir en inconstitucionalidad. Se lo queremos decir en público y bien claro para que nadie se llame a engaño en el futuro si este hecho desgraciado llega a producirse por la imprudencia del Gobierno y por no atender el Grupo
Socialista en este momento a las razones que escuetamente invoco y posteriormente desarrollará mi compañero, Julio Padilla.
Hay una disposición adicional, la decimoquinta, que nos parece particularmente relevante y que ha sido objeto de dos enmiendas, las números 723 y 724. Lo primero que he de decir es que este presupuesto prevé en esa disposición que
enmendamos un servicio público de empleo estatal para financiar la Comunidad Autónoma de Extremadura. Primero con 20 millones de euros, y no sabemos por qué extraña razón objeto de una enmienda en ponencia, elevado a 25 millones, y no sabemos por
qué razón porque no se nos ha explicado. No decimos que esté mal; decimos simplemente que desconocemos el objeto de esta cuestión. Lo desconocemos porque el propio texto de la disposición adicional decimoquinta asimismo lo dice: La mencionada
cantidad se destinará conjuntamente con la aportación financiera que realice la comunidad autónoma -que no sabemos cuánto es- a financiar acciones y medidas de fomento de empleo que se describan en el convenio. ¿Cuándo va a haber ese convenio de
colaboración? La aportación financiera de su seguimiento y evaluación se regirá por lo estipulado al efecto en el convenio. ¿Cuál es el convenio? ¿Cuándo va a entrar en vigor el convenio efectivamente? ¿Con qué cofinanciación va a entrar en
vigor?
A nosotros nos ha parecido oportuno dejar bien claro que desde el apoyo decidido del Partido Popular, sin duda de ningún genero, a la Comunidad Autónoma de Extremadura, a su bienestar, a su progreso, a su empleo, debíamos también hacer -y
así lo proponemos a la Cámara- un planteamiento que pase por que no se produzcan situaciones innecesarias de desigualdad y que en aquellas otras comunidades que por las razones que fuere tienen un mayor nivel de desempleo que el resto de España o
particulares problemas, por ejemplo enormes tasas de desempleo femenino, o cuestiones sin resolver que se pueden calificar de estructurales, haya que adoptar planes integrales de empleo, acciones de discriminación positiva, empezando, cómo no, por
Extremadura, que, por cierto, ha tenido gobiernos socialistas desde hace muchas décadas y que lamentablemente tiene este problema. El Partido Popular avala y apoya cualquier plan en el que consten objetivos, plazos, instrumentos, medios,
financiación, cofinanciación, compromiso, fiscalización, seguimiento, que puedan servir de instrumento y herramienta eficaz para contribuir a que la sociedad extremeña tenga unas mayores cotas de empleo y por lo tanto de riqueza y de cohesión
social. Ahí van a tener al Partido Popular. Por esta razón nosotros presentamos -y lo leo para que no haya equívocos- una disposición adicional en la que literalmente afirmamos: El Gobierno, en los primeros seis meses del presente año (año 2005),
enviará al Parlamento para su debate en Pleno un plan integral de empleo para la Comunidad Autónoma de Extremadura y para aquellas otras comunidades autónomas que presenten altas tasas de desempleo o en las que concurran circunstancias necesarias
que así lo aconsejen, previa firma de los oportunos convenios de colaboración.
Se ha dicho, incluso se ha publicitado de una forma injusta, que el Partido Popular se oponía al plan de empleo de Extremadura. Les acabo de acreditar que nada más lejos de la realidad. En mis varios años de parlamentario no había hecho
nunca algo que me veo
en la precisión de hacer hoy aquí, que es autocitarme. Me voy a autocitar simplemente para que quede claro cuáles han sido las afirmaciones que el Grupo Popular al que me honro en presentar ha hecho en Comisión, en el debate relativo a los
títulos que ahora debatimos y disposiciones adicionales, así como a la sección 90 y 60, que abordaremos también aquí mañana a la tarde. Yo decía: No somos nosotros quienes nos vamos a oponer en modo alguno a medidas que potencien el desarrollo y
la riqueza tan necesaria de Extremadura. Al revés. Estoy convencido de que si hubiéramos tenido la responsabilidad del Gobierno autónomo allí -y el día en que la tengamos sin duda las cosas cambiarán para el bien de sus ciudadanos-, lo que
nosotros plantearíamos sería que el Gobierno trajera a la Cámara un estudio a fondo de aquellas comunidades que realmente requieran una discriminación positiva, una actuación particular, una corrección singular a su situación de desempleo, por
encima del promedio del país.
Creemos que con eso podremos dar satisfacción a la situación existente en Extremadura, pero también a las de otras comunidades que no sabemos por qué razón quedan en el desamparo o en cierta desigualdad. Lo digo
porque ustedes mismos habían planteado también una enmienda, retirada posteriormente. Han retirado 10 enmiendas, primero han enmendado porque el proyecto no era bueno, segundo las han retirado porque con el tripartido han presentado unas similares
e incluso han retirado tres conjuntas con el tripartito. El Partido Popular sí ha planteado una enmienda que afecta singularmente a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla pidiendo la ampliación de la bonificación de cuotas en la contratación de
trabajadores no sólo a los colectivos que selectivamente pueden ser beneficiarios, sino a todos, habida cuenta de la particular necesidad de apoyo en las ciudades de Ceuta y Melilla por razones de todos conocidas. No lo hemos puesto en cuestión en
ningún momento, y este es el debate que ahora hacemos, pero el debate de las secciones 19 y 60 ha sido igual. El Grupo Popular es el primer interesado en defender las posibilidades de empleo en la Comunidad extremeña, que a lo largo de la
democracia -y, por cierto, no con gobiernos autonómicos populares- ha sido lamentablemente incapaz de generar la riqueza que tiene otras zonas de España. Lo que no queremos -por ser claro- son programas que no sean eficaces, programas que no sirvan
al fin que se pretende obtener, que es la generación de empleo; programas que el Gobierno dota con 20 y su grupo con 25, y no sabemos por qué. ¿Por qué no 50 ó 100? Nosotros no nos vamos a oponer. Habrá que dotar con lo que sea preciso en
función de objetivos, de funciones y de colaboraciones financieras de todas las instituciones implicadas. Ahí, en un plan de verdad, en un plan serio, en un plan con vocación de eficacia, van a encontrar al Grupo Popular, no lo duden.
Voy concluyendo, señorías. Hay una última cuestión que ha sido objeto de enmienda por parte de mi grupo y que el Grupo Socialista debería considerar. Se trata de la enmienda relativa a la disposición adicional nueva, en la cual recordamos
que el artículo 9 de la Ley de Protección de Familias Numerosas mandata al desarrollo reglamentario algo que ya contempla y que, por tanto, nosotros no creamos, ni innovamos, ni nos inventamos ahora, que es la bonificación del 45 por ciento en las
cuotas a los cuidadores de familias numerosas cuando ambos progenitores trabajan o cuando la familia numerosa tiene el carácter de especial. Esto no es lo que ustedes han aprobado. Lo que ustedes han aprobado con una enmienda se refiere a un hecho
puntual, buscando equivocadamente un amparo legal, como es el del artículo 9 al que acabo de hacer mención, relativo a algo que no nos parece mal, pero que en todo caso es alicorto, que se queda escaso y que no cumple el mandato del artículo 9 de la
Ley de Protección a las Familias Numerosas, cual es que pueda haber una bonificación en los supuestos de dependencia que nosotros en modo alguno rechazamos, sino que apoyamos. Eso es una cosa, pero que las familias numerosas españolas hoy no tengan
la protección que mandataba una ley de hace más de un año es otra. Está en sus manos evitarlo.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Azpiroz.
¿Algún grupo desea utilizar el turno en contra? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora López i Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, voy a intentar argumentar la posición de mi grupo respecto a las enmiendas que se mantienen a los títulos IV, VII y VIII. Como ya hicimos en Comisión, entraremos en las disposiciones adicionales después, en su bloque
correspondiente. Lo digo porque contestaré al señor Azpiroz en relación con las enmiendas a las disposiciones adicionales más tarde.
Entrando en las argumentaciones, todos los grupos presentan enmiendas en relación con la subida de las pensiones contributivas y no contributivas, del SOVI; enmiendas que modifican el artículo 99, que se refiere a las cotizaciones de los
autónomos y del régimen especial de agrarios y enmiendas tendentes a hacer compatible el SOVI con la pensión de viudedad. A ver si soy capaz de contestar a todos en este tiempo.
El Partido Socialista en su programa -y el Gobierno lo ha reflejado en estos presupuestos- ha apostado por hacer subidas en las pensiones mínimas. Lo dije en la ponencia y lo digo hoy aquí: Seguramente, las subidas que vamos a hacer este
año no van a lograr que estas pensiones alcancen el nivel que desearíamos, pero
a estas subidas seguirán otras en años posteriores, a lo largo de toda la legislatura, a efectos de que tengan continuidad en el tiempo y alcancen un porcentaje por encima del 26 por ciento en esta legislatura, lo que significa un aumento
muy por encima del IPC. Hablamos de subir las pensiones mínimas con cónyuge a cargo el 2 por ciento del IPC, más un 4,5 por ciento adicional; a las pensiones sin cónyuge el 2 por ciento, más un 3 por ciento adicional; a las pensiones del SOVI
solo un 1 por ciento adicional, es decir, un 3 por ciento en general. ¿Por qué? Señorías, porque está en esta Cámara el proyecto de ley y es voluntad del Partido Socialista y del Gobierno que a lo largo del año que viene el SOVI sea compatible con
la pensión de viudedad. Está en esta Cámara, el período de enmiendas se ha cerrado y en las próximas semanas constituiremos la ponencia que hará posible que el SOVI sea compatible con la pensión de viudedad. Señorías, eso significa que
fundamentalmente 80.000 mujeres -aunque seguramente habrá algún hombre- podrán recuperar la pensión SOVI que les fue denegada o a la que tuvieron que renunciar para poder cobrar la pensión de viudedad. Eso significa un coste adicional de 300
millones de euros al SOVI; por eso en este año tiene un aumento adicional solo del 1 por ciento.
Seguramente que todos desearíamos subidas en torno al 7 o incluso en torno al 23 por ciento, que es lo que nos plantea el Bloque Nacionalista Galego en algunos apartados, pero hay que hablar de lo que es real y de lo que es posible y tenemos
que pensar que además de que sea posible, sea sostenible en el tiempo, y esto lo es. Hay que tener en cuenta otras consideraciones. El Bloque Nacionalista Galego nos plantea equiparar la pensión no contributiva al salario mínimo interprofesional.
Nosotros consideramos que esto no sería razonable porque estaríamos diciendo que un trabajador, una persona en activo cobrase igual que una persona en pasivo, cuando el trabajador en activo paga además cotizaciones a la Seguridad Social que el otro
no paga, con lo cual estaríamos creando un agravio comparativo de uno respecto al otro. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que no debemos subirlas? Claro que hemos de subirlas y hemos de alcanzar que no haya pensiones por debajo de los 600 euros. Sin
embargo, no lo podemos hacer de golpe, sino que tenemos que ir haciéndolo paulatinamente y con crecimientos adecuados. Y estos son los presupuestos de este año, unos presupuestos en los que por primera vez el 51 por ciento va destinado a la
protección social, es decir, al estado del bienestar social. Creo que es un cambio fundamental e importante.
Quisiera hacer una reflexión sobre los temas de autónomos y del artículo 99. Señor Azpiroz y señor Sánchez i Llibre, nosotros estamos dispuestos a celebrar un debate en el tema de autónomos. Claro que sí, cómo no vamos a hacer ese debate.
Sin embargo, hay que hacer dos reflexiones importantes.
Primera, estamos hablando de un sistema que ha de ser equitativo. El Pacto de Toledo recoge que hemos de ir equilibrando cada vez más la vida laboral con la pensión al final de toda una
trayectoria. Eso no puede ser compatible con medidas que vayan en la dirección contraria, porque hemos de tener en cuenta que el 30 por ciento de los autónomos que se jubilan lo hacen con menos de 20 años de cotizaciones y hemos de tener en cuenta
que no es posible que en este país no haya autónomos menores de 50 años que coticen por encima de la base mínima. ¿Qué pasa? ¿Que de los tres millones de autónomos en este país todos están en la mínima? No, señorías. Empiezan a subir su
cotización cuando entran en los 50 años porque saben que son los últimos 15 años los que van a servir para calcular su pensión. Señorías, eso no es posible porque un trabajador del régimen general no tiene opción a elegir sus cotizaciones, sino que
cotiza en función de su categoría, y lógicamente al final tiene la pensión que le corresponde. Entre todos hemos de lanzar un mensaje a los autónomos y decirles que estamos dispuestos a equipararles en los derechos y que tengan una protección igual
a la del régimen general de la Seguridad Social, porque además se recoge en el Pacto de Toledo; sin embargo, eso ha de ir acompañado de otras medidas de cotización, que ellos también han de hacer. Por eso me parece razonable y las asociaciones de
autónomos así lo han entendido, porque cuando establecemos aquí que un autónomo que empiece a cotizar a los 50 años y no llegue a los 20 años entre lo que haya cotizado antes más lo que le queda por cotizar tenga un recargo de un 1,5 por ciento, eso
está pactado con las asociaciones de autónomos, lo han visto bien, lo que quiere decir que vamos en la dirección correcta.
En cuanto a la enmienda que presenta Izquierda Unida respecto a los trabajadores agrarios, tenemos un problema y es que las asociaciones agrarias están divididas. La COAG quiere esta enmienda, pero la UPA y los demás no. Nosotros decimos:
organizaciones agrarias, pónganse ustedes de acuerdo, lleguen a un consenso y nosotros lo veremos. Lo que nosotros no vamos a hacer es entrar en una pelea de posiciones diferenciadas. Por eso no podemos aceptar esta enmienda.
En cuanto al SOVI, nosotros les vamos a pasar ahora una enmienda transaccional. Podríamos no hacerlo, porque la ley que estamos tramitando ya en el Parlamento va a hacerlo compatible, pero queremos lanzar un mensaje a los pensionistas del
SOVI de que nuestra voluntad política es hacerlo y que sepan que estamos en ello. Pero lo que no podemos aceptar es la enmienda de CiU, que propone sacar de los Presupuestos Generales del Estado, de los impuestos, 320 millones para llevarlos a
pagar una pensión contributiva. Saben que eso no es posible por ley, porque las pensiones contributivas son del sistema y se pagan con dinero de la Seguridad Social; por tanto, esa enmienda solo se puede plantear desde dos posiciones: o la mala
fe o intentar cubrir el expediente y quedar bien con el colectivo. Señorías,
eso no es así, a la gente hay que informarla en condiciones. No es posible aceptar esa enmienda. Yo tengo que recordarles, y además lo voy a hacer siempre, que si en el año 1998 hubieran apoyado la proposición que presentó mi grupo
parlamentario para hacer compatible el SOVI con la pensión de viudedad, si CiU en aquel momento hubiera votado con Izquierda Unida y con el Grupo Socialista, el SOVI hubiera sido compatible desde ese año. No se puede alzar ahora aquí como el más
defensor de todos.
El Partido Socialista tiene el compromiso con las pensiones mínimas, lo hemos empezado a hacer, lo estamos haciendo y vamos a seguir en esa línea. Tenemos el compromiso de hacer compatible el SOVI con la pensión de viudedad, lo vamos a
hacer, realmente está ya en esta Cámara. Por consiguiente, tendremos que rechazar todas aquellas enmiendas que no son asumibles y que además no se podrían mantener en el tiempo por el coste que supondrían.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora López i Chamosa.
Señorías, tras lo oído, ¿algún grupo desea rectificar sus enmiendas? (Pausa.)
¿Algún otro grupo desearía fijar posición? (Pausa.)
Señor Azpiroz, ¿piensa usted rectificar su enmienda?
El señor AZPIROZ VILLAR: Muy brevemente, señora presidenta, para agradecer la disposición del Grupo Socialista al debate. Lo que pasa es que nosotros seguimos pensando que el debate era previo a adoptar ningún tipo de decisión. Es un
debate complejo, en el cual habrá que analizar la integración de regímenes en el general en el año 1986 o por qué no se rellenan lagunas de cotización en autónomos para las pensiones mínimas.
Es decir, es un debate complejo y el Grupo Popular
insiste en que toma en consideración lo que se acaba de ofrecer, pero nos hubiera gustado que, en el orden lógico de actuación, primero hubiera sido el debate y luego las medidas que haya que adoptar.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Azpiroz.
Muchas gracias.
Señora López i Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Es que realmente tampoco nos ha dado tiempo para hacer ningún debate. El presupuesto lo tenemos aquí y tenemos que cumplir con la ley para tenerlo dispuesto el 1 de enero. El debate lo vamos a hacer y además se
me había olvidado decirle que, como usted bien sabe, en estos momentos hay una mesa de negociación abierta en el Ministerio de Trabajo entre las asociaciones de autónomos y el propio Gobierno; por tanto, estamos en el buen camino y vamos a ponernos
todos de acuerdo al final.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias a ambos portavoces.
Señorías, continuamos con el debate, que también haremos conjuntamente, del título V y la sección 06, respecto de la deuda pública. No hay enmiendas en este caso de ningún grupo; por tanto, pasaríamos al turno de fijación de posiciones.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
El Grupo Socialista solamente; por tanto, tiene la palabra el señor Torres.
El señor TORRES BALAGUER: Gracias, señora presidenta. Voy a ser muy breve.
Tomo la palabra simplemente para señalar que durante el ejercicio 2005 las necesidades brutas de financiación del Tesoro apenas van a suponer un 0,9 por ciento más que en el ejercicio anterior. Por tanto, al final del ejercicio, la deuda
pública en circulación se situaría en torno a los 338.000 millones de euros, es decir, apenas siete décimas menos que lo previsto para el término de este año. Con esto solamente quiero señalar que en los costes de los intereses de la deuda que está
en circulación, a pesar de incluir la carga financiera de entidades como Renfe, tenemos una situación moderada que responde al conjunto y a la evolución de nuestra economía. Por otra parte, el Tesoro tiene previsto financiarse como los años
anteriores emitiendo deuda, bonos y obligaciones. Es motivo de satisfacción comprobar como la deuda va disminuyendo año tras año su porcentaje de participación respecto al PIB acomodándose, como no puede ser de otra manera, a la evolución positiva
de nuestra economía.
Como se ve conjuntamente con el título V, quiero señalar con mucha brevedad que el Estado este año va a proceder, en las cuantías que ustedes conocen, a avalar tanto a Radiotelevisión Española como a Renfe por las necesidades de financiación
que tienen. Al mismo tiempo, va a conceder avales a las navieras para la adquisición de buques que como en esta Cámara hemos comprobado son muy necesarios para mantener cargas de trabajo en los astilleros españoles.
Con objeto de mejorar la financiación de la actividad empresarial y la actividad productiva, tenemos una serie de emisiones de fondos de titulación activos que van a permitir a las pymes financiarse mediante una serie de microcréditos y
también vincular estos microcréditos a fondos de ayuda al desarrollo. Por tanto, en el título V, deuda pública, nos encontramos con todos los entes públicos con sus garantías correspondientes, incluida la SEPI que antes no he nombrado, por importe
de 1.210 millones de euros. Entendemos, pues, que satisface las necesidades que en estos momentos tienen no solamente el Estado sino las empresas y organismos públicos, que además mejoran en la financiación de la actividad productiva empresarial.
(La señora Fernández Dávila pide la palabra.)
Título V y sección 06
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Torres.
Continuamos, señorías, con el siguiente bloque de debate que se refiere estrictamente...
Disculpe, señora Fernández, no la había visto. Adelante.
La señora FERNÁNDEZ DÁVILA: Señora presidenta, no sé si el error es mío.
Desde la Mesa se dice que en el título VI no hay enmiendas y yo creo...
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Todavía no hemos entrado a debatir el título VI.
La señora FERNÁNDEZ DÁVILA: Antes entendí que eran los títulos V y VI conjuntamente.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): No, pero si quiere, puede usted quedarse con el micrófono, porque comenzamos el siguiente bloque, que es el título VI, que corresponde a los artículos 57 a 66. Tienen enmiendas presentadas, por
el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Rodríguez Sánchez, que defenderá ahora la señora Fernández; el Grupo Parlamentario Vasco, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el Grupo Parlamentario Popular. Por tanto, tiene, ahora sí, la
palabra la señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DÁVILA: En materia fiscal el Bloque Nacionalista Galego propone enmiendas para introducir ciertas reformas urgentes en el impuesto sobre la renta de las personas físicas que significarían un mejor y más equilibrado
tratamiento fiscal para muchos contribuyentes.
Por un lado, reformar la regulación de los paraísos fiscales, prevista en el artículo 9.º.3 de la Ley del IRPF presenta el grave inconveniente de no diferenciar entre las personas que han establecido
su residencia en alguno de dichos países y territorios por motivos estrictamente laborales, en tanto que trabajadores asalariados, y los que trasladan o fingen trasladar su domicilio con la finalidad de disminuir así su carga impositiva. El caso
paradigmático de esta situación lo encontramos en el Principado de Andorra, donde la población residente de nacionalidad española, compuesta mayoritariamente por trabajadores y trabajadoras asalariadas, representa una emigración por motivos
laborales. La obligatoriedad de efectuar la declaración del IRPF por parte de dichos trabajadores representa una injusta discriminación cuya solución ha sido reclamada por el consejo de residentes españoles en Andorra a través de una modificación
de la legislación vigente como la que proponemos.
Además se propone incluir como deducciones en el IRPF los gastos médicos satisfechos no cubiertos por la Seguridad Social y las cantidades abonadas en concepto de alquiler de vivienda habitual, dado que esas cantidades suponen una merma en
la renta individual y no tienen el carácter de suntuarias, y facilitaría el arrendamiento de vivienda como vía de acceso a la misma.
Desde el punto de vista tributario, ante el incremento de los precios de los combustibles, que afectan especialmente a profesionales y a trabajadores del sector primario y teniendo en cuenta el margen existente en la fiscalidad sobre
impuestos especiales -porque recordemos que la mayor parte del precio final la determinan los impuestos que recaen sobre los hidrocarburos, en ningún caso los precios en origen del crudo ni la especulación de los mercados financieros en la fase de
contratación de sus derivados-, presentamos una enmienda de modificación del tipo impositivo del gasóleo para establecer una rebaja del 90 por ciento en los impuestos especiales a que afecta -el gasóleo agrícola y de calefacción-, así como
establecer un nuevo tipo impositivo más reducido para el denominado gasóleo profesional aplicable a transportistas y taxistas para paliar las subidas de los carburantes en los sectores más afectados con medidas cuyos efectos serían inmediatos.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora Fernández.
Continuamos con el señor Azpiazu, del Grupo Parlamentario Vasco.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señora presidenta.
Nuestro grupo ha presentado 21 enmiendas a este título VI, que doy por defendidas.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias a usted, señor Azpiazu.
Continuamos con el señor Sánchez i Llibre, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (La señora Navarro Casillas pide la palabra.-Pausa.)
La señora NAVARRO CASILLAS: Señora presidenta, somos pocos pero existimos.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Disculpe, primero se defienden las enmiendas y después está el turno de fijación de posición.
Como ustedes no tienen enmiendas, les tengo que dejar en el turno de fijación de posiciones.
La señora NAVARRO CASILLAS: ¿No tenemos enmiendas?
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): ¿Al título VI? (Pausa.) Gracias, señora Navarro.
Adelante, señor Sánchez i Llibre.
Título VI
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, si tuviera enmiendas la diputada señora Navarro, por parte de Convergència i Unió no tendríamos problemas en cederle el turno, como es habitual en nuestro grupo parlamentario, en un gesto de sensibilidad al resto
de grupos de la Cámara.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene planteada una enmienda al título VI, sobre los aspectos relevantes que aconsejan incorporar en el impuesto sobre actividades económicas un epígrafe nuevo para recoger lo que hace
referencia a la producción de energía termoeléctrica en centrales térmicas de ciclo combinado. Entendemos que la aplicación de nuevas tecnologías en el ámbito de la generación de energía ha dado lugar a diversas actividades económicas que no
estaban contempladas en el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprobaban todas aquellas tarifas y la instrucción del impuesto sobre actividades económicas, que razonablemente aplicaban las diferentes corporaciones
locales para obtener los ingresos correspondientes. Como esta actividad y este nuevo epígrafe no está contemplado en la mencionada ley, nosotros entendemos que sería una buena oportunidad, y dado que en algunos territorios ya se están instalando
producciones de energía eléctrica que llevan incorporadas las centrales de ciclo combinado, para no perjudicar los ingresos y los intereses de las corporaciones locales, sería interesante incorporar en este título VI de los Presupuestos Generales
del Estado esta enmienda.
Aprovechando que estamos en el capítulo de normas tributarias, vamos a defender algunas enmiendas dirigidas a modificar, en este caso concreto a actualizar, aquellas normas tributarias relativas al impuesto sobre sociedades dentro de la
definición que habíamos establecido en este Congreso de los Diputados en la última modificación de dicho impuesto para pequeñas y medianas empresas y que hacían referencia a la tributación de aquellos beneficios que en la actualidad estaban
incorporados en los 90.000 euros, es decir, 15 millones de las antiguas pesetas, para los que nosotros habíamos propuesto una tributación al 30 por ciento. En la enmienda 2028 establecemos que la tributación de todas aquellas pequeñas y medianas
empresas que tuvieran un beneficio de 90.000 euros se pudieran incrementar a los 180.000, a fin de que pudieran enmarcarse dentro de la tributación especial o del porcentaje del 30 por ciento. Han pasado bastantes años desde la última modificación
del impuesto sobre sociedades. Estamos en la Unión Europea. Nos hemos internacionalizado y afortunadamente ya han pasado muchos años desde que aprobamos las bases para poder enmarcar estos beneficios dentro de una tributación específica reducida
del 30 por ciento, las tecnologías y la internacionalización de la economía ha avanzado muchísimo y muchas microempresas y pequeñas y medianas empresas han incrementado las bases imponibles sujetas a esa tributación y, dado que en la Unión Europea
existen tributaciones específicas similares a las que nosotros planteamos, quizás ahora sería el momento oportuno para poder ampliar el margen de base imponible para que pudiera también aumentar el número de pequeñas y medianas empresas sujetas a
esta tributación que pudieran verse beneficiadas con el tipo del 30 por ciento.
Hay dos enmiendas alternativas, una de ellas pretende, en caso de que no prosperara la 2028, hacer una tributación específica del 25 por ciento del impuesto sobre sociedades para todas las pequeñas y medianas empresas que alcanzaran un
beneficio de 90.000 euros, si no prosperara, repito, la enmienda 2028. También hemos aprovechado este trámite parlamentario para definir las microempresas y qué tipo de porcentaje sobre beneficios se implementaría para las mismas. Hemos presentado
una interpelación que con toda seguridad veremos la próxima semana para debatir con el Gobierno y abordar todas las normas importantes para unificar los criterios de definición y tributación que existen en la Unión Europea y establecer paralelismo
con las normas tributarias que rigen la economía española en todo lo referente a las pequeñas y medianas empresas, a las pymes, a los emprendedores y a las microempresas. Creemos que si la enmienda 2030, que establece un tipo específico y especial
para las microempresas del 20 por ciento, no fuera pudiera ser aceptada por parte del Grupo Parlamentario Socialista, sería interesante abrir este debate en las futuras iniciativas parlamentarias que el Grupo de Convergència i Unió va a platear en
las próximas semanas, con el fin de homologar en los años sucesivos las cifras de facturación y los porcentajes del impuesto sobre beneficios a los que existen en la Unión Europea. En cualquier caso, sería muy importante que por parte del Grupo
Parlamentario Socialista, que da soporte al Gobierno, se aceptara la enmienda número 2028, que hace especial referencia a los aspectos citados. Hoy afortunadamente las pequeñas y medianas empresas que existen en España se han internacionalizado,
han incrementado considerablemente sus ventas y esto ha llevado a que también la tributación por beneficios haya experimentado incrementos razonables, y creemos que es de justicia que esta definición de tipo reducido sobre las pequeñas y medianas
empresas se hiciera extensivo a más empresas que superan este techo del 30 por ciento que nosotros pactamos con el Gobierno Socialista en el año 1995, siempre y cuando los beneficios fueran inferiores a los 90.000 euros. Por este motivo es por lo
que apelamos a la sensibilidad para llegar a un acuerdo transaccional con nuestra enmienda.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA: (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
El último grupo parlamentario con enmiendas es en este caso el Grupo Parlamentario Popular; para su defensa tiene la palabra el señor Utrera.
El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, me cabe el honor de defender las más de 20 enmiendas que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado al título VI del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, correspondiente a la política tributaria. Voy a
estructurar en esta breve intervención las enmiendas presentadas en seis bloques, el primero de los cuales es sobre la actualización del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Nos encontramos ante una situación en la cual, por un lado, se
ha hecho muy poco, una actualización al 2 por ciento de la tarifa del impuesto sobre la renta, y, por otro, se ha dicho que se hace mucho, que prácticamente se ha hecho política social con una actualización que es claramente insuficiente. Quiero
llamar la atención de todos ustedes, señorías, sobre el hecho de que, tal como está estructurado en España el impuesto sobre la renta de las personas físicas -de forma que constituye, por otro lado, una estructura moderna, internacionalmente
homologada-, la progresividad del impuesto depende fundamentalmente de dos conceptos: de la tarifa y de las deducciones; deducciones familiares, personales y de todo tipo. De hecho, la ponderación e importancia tanto de la tarifa como de las
deducciones varían dependiendo del nivel de renta: a menor nivel de renta, mayor es la importancia de las deducciones personales y familiares frente a la tarifa. Para niveles de renta más altos, aumenta la importancia de la tarifa -aunque no llega
a ser el elemento principal- en relación con la progresividad de la tributación de la renta de los sujetos.
Visto de esta forma, la deflactación de la tarifa al 2 por ciento no sólo es insuficiente sino que, en el límite, es además regresiva. Con esta propuesta fiscal han hecho ustedes mucha política y muy poca tributación, hablando de las rentas
más bajas. Nosotros realizamos reformas del impuesto sobre la renta -ya hemos tenido ocasión de debatirlo otras veces-, la última de las cuales consiguió rebajar en más de 4.000 millones de euros -permítanme este único dato- la contribución por
este impuesto de los contribuyentes españoles. Ahora, mediante nuestras enmiendas, proponemos una reducción general no solo de la tarifa sino también del resto de las deducciones: familiares, por edad, por asistencia, por discapacidad, por
aportación al patrimonio de discapacitados o a sistemas de previsión social, por adquisición o rehabilitación de vivienda o por maternidad. Con estas deducciones se superaría el muy limitado incentivo fiscal de apenas 170 millones de euros, que
supone la deflactación de la tarifa, y pasaríamos a un verdadero incentivo para la tributación de la renta de los sujetos, que superaría los 1.000 millones de euros. Sin embargo, eso no es lo importante; lo importante es que daríamos satisfacción
a una auténtica deflactación de tarifa, que, vuelvo a repetir, palidece frente a las reformas tributarias.
Estamos a la espera de que el Gobierno y el Grupo Parlamentario Socialista nos digan qué es lo que quieren hacer en términos de reforma fiscal.
Entiendo que, efectivamente, no ha dado tiempo de presentar a esta Cámara una auténtica reforma
tributaria, pero también observamos con preocupación que hay evidentes contradicciones entre lo que se dice, por ejemplo, desde el Ministerio de Economía y Hacienda y lo que se dice desde Presidencia sobre la reforma de este impuesto. Por nuestra
parte, proponemos un conjunto integrado de enmiendas que permitiría reducir la falsa progresividad que provoca la inflación en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. En caso de que fueran rechazadas, lo que quedaría en el proyecto de
ley de presupuestos sobre el impuesto sobre la renta sería una solución parcial y, además, regresiva, puesto que no apoya suficientemente a las rentas más bajas.
Permítanme un solo ejemplo: trabajador con dos hijos pequeños y una base imponible de 20.000 euros. Con la deflactación que ha practicado el Gobierno en la tarifa del impuesto sobre la renta, el ahorro fiscal para este trabajador con dos
hijos pequeños asciende a la prodigiosa suma de siete euros al año; se ahorra siete euros, poco más de 50 céntimos de euro al mes; es decir, un 0,5 por ciento del total de su carga tributaria. Con lo que nosotros proponemos en estas enmiendas, el
ahorro superaría los 70 euros, lo que llegaría al 5,6 por ciento del total de su carga tributaria. Eso es auténtica deflactación, mientras que la deflactación de la tarifa en este caso de un contribuyente con rentas bajas y con cargas familiares no
deja de ser un mero parche que no se puede presentar como política social, ni mucho menos.
El segundo bloque de enmiendas se refiere a la reducción de módulos para agricultores, ganaderos y transportistas. El precio tan alabado en los últimos tiempos del crudo de petróleo repercute muy negativamente en la actividad económica,
como todos sabemos. Los sectores más afectados, los que hacen un uso más intensivo de la energía, como el del transporte, el agrario y también el pesquero -aunque este no se acoge a los módulos-, terminan trasladando a la economía en su conjunto la
elevación de costes, elevación de precios, aumento de la inflación, pérdida de competitividad y ralentización generada de la actividad económica. Por eso se presenta una enmienda encaminada a rebajar en un 6 por ciento los módulos del régimen de
estimación objetiva del impuesto sobre la renta para transportistas, agricultores y ganaderos. Quiero insistir sobre el hecho de que esta medida fue adoptada en la anterior crisis de precios del petróleo por un importe similar, gobernando el
Partido Popular, como medida para reducir la carga fiscal e indirectamente compensar los mayores costes de producción, no siempre repercutibles
en estos sectores que son incentivos en el uso de energía y por tanto vulnerables a los aumentos del precio de los carburantes.
El tercer bloque de enmiendas, concretamente dos, se refieren al apoyo a la inversión empresarial y a la pequeña y mediana empresa. Además de la reducción en la estimación objetiva del impuesto sobre la renta para los sujetos que tributan
por el impuesto personal, se presentan dos enmiendas para quienes tributan como personas jurídicas en el impuesto sobre sociedades, una va dirigida a pequeña y mediana empresa y la otra a las empresas en general con la finalidad de favorecer la
actividad económica, la creación de empleo y la inversión empresarial. Muy brevemente describo la primera de ellas, la que se refiere a la pequeña y mediana empresa. En esta enmienda se propone ampliar el tipo del 20 por ciento del impuesto sobre
sociedades que es aplicable actualmente a cooperativas fiscalmente protegidas a pequeñas empresas que tengan un volumen de negocio inferior a un millón de euros y aplicarlo sólo a los primeros 30.000 euros de beneficio. Es un incentivo fiscal
incluido en el programa electoral del Partido Popular y entendemos que en estos momentos en que la recuperación económica en España al menos está en cuestión y en que la pequeña empresa y la inversión empresarial requieren ser protegidas y
potenciadas, esta reducción del tipo impositivo sobre esa pequeña parte de los beneficios, sobre ese gran número de pequeñas empresas que son microempresas en España sería un instrumento eficacísimo para relanzar la economía española. Dentro de
esta enmienda se amplía el tipo de gravamen reducido del 30 por ciento a los primeros 150.000 euros de beneficio (actualmente se aplica a los primeros 90.000). En tercer lugar -entiendo que esto ya ha sido incorporado por enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista-, se ampliaría el importe de la cifra de negocios a la que es aplicable el régimen especial de incentivos para las empresas de reducida dimensión de seis a ocho millones de euros. La segunda enmienda, la relativa a
relanzamiento de actividad económica, creación de empleo, inversión en la empresa en general, viene recogida en una disposición adicional nueva en la que se solicita al Gobierno la revisión en el plazo de tres meses de las tablas oficiales de
amortización; se trata de permitir una adecuada valoración de la pérdida de valor de activos fijos al tiempo que se trata de introducir elementos de incentivo a la inversión en activos fijos de las empresas.
En cuarto lugar, tenemos la reducción en el impuesto sobre el valor añadido; se aplicaría en el régimen simplificado del impuesto sobre el valor añadido para reducir la tributación en actividades de transporte, concretamente el transporte
urbano colectivo de viajeros por carretera, por autotaxi, mercancías por carretera y servicios de mudanzas, así como en agricultura, ganadería y pesca, y se refiere tanto a los pagos trimestrales que realizan como a la compensación a tanto alzado
que reciben los empresarios en el régimen simplificado.
En cuanto a los impuestos especiales se insta al Gobierno a crear un gasóleo profesional en los primeros meses del próximo ejercicio sobre la base de que habría que crear un epígrafe nuevo en los impuestos especiales que supusiera la
reducción del impuesto especial que se aplica sobre el gasóleo específicamente para los sectores de transporte, con un tipo impositivo inferior al aplicable al gasóleo de uso general. Se completa esta medida con un plan de renovación, plan Renove,
para maquinaría agrícola de antigüedad superior a 10 años que entendemos -así lo dije en Comisión, aunque la respuesta que recibí no fue positiva- que debería de ser aprobada toda vez que el grupo mayoritario en esta Cámara está de acuerdo con la
misma y que en dicho sentido ha presentado una proposición no de ley, registrada en la Secretaría General el 5 de noviembre de este año, de la cual supongo que no se habrá desdicho y que se refiere precisamente a eso, a la renovación, que en este
caso limita solo a tractores pero sin concretar la antigüedad de los mismos -nosotros entendemos que con antigüedad superior a 10 años-; por coherencia entendemos que esta enmienda debería ser aprobada.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señor Utrera, por favor, vaya concluyendo.
El señor UTRERA MORA: Termino ya, señora presidenta, hablando, muy brevemente, de la disposición adicional cuadragésimo octava. Se refiere ésta a las aportaciones económicas obligatorias por parte de la industria farmacéutica que realiza
ventas de medicamentos al Sistema Nacional de Salud. He oído antes a José Eugenio Azpiroz, uno de los portavoces del Grupo Parlamentario Popular, que desde una perspectiva leal advertía al Grupo Parlamentario Socialista y en general a quienes
tienen más inmediata capacidad de acción sobre el texto final de este proyecto de ley, de la posible inconstitucionalidad de bastantes de los preceptos incluidos en esta ley de presupuestos para el año 2005. De todas ellas, la que me genera menos
duda -aunque podría equivocarme- es precisamente esta adicional cuadragésimo octava porque, en realidad, se ha creado un tributo y, aunque se le llame de otra manera, cualquiera que sea el nombre -como dice el refrán, aunque la mona se vista de
seda, mona se queda-, se ha creado un tributo porque es un pago coactivo que un sector concreto de actividad tiene que realizar a la Administración pública con finalidades diversas, tal como se establece en esa disposición adicional cuadragésimo
octava. Siendo eso así, esta nueva figura que tiene naturaleza tributaria y crea, por tanto, un tributo, entraría en flagrante contradicción con el artículo 134 de la Constitución española en el que claramente se establece que la Ley de
Presupuestos Generales del
Estado no puede crear tributos, en todo caso modificarlos y siempre y cuando una ley sustantiva prevea esa modificación a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Siendo esto así y además añadiendo las consecuencias de esta
medida que entendemos negativas porque van a incidir negativamente en la investigación privada, en el desarrollo de nuevos medicamentos y por tanto van a incidir negativamente en uno de los objetivos presuntamente orientadores de estos presupuestos
generales como es el fomento de la I+D+I, creemos que esta disposición adicional cuadragésimo octava debería ser suprimida en el sentido de la enmienda que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado a la misma y encarezco a SS.SS. que analicen
con atención.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Utrera.
¿Algún grupo parlamentario desea utilizar el turno en contra de las enmiendas defendidas? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Torres por el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor TORRES BALAGUER: Gracias, señora presidenta.
Las principales medidas fiscales que contiene la ley de presupuestos podríamos resumirlas así: se deflacta la tarifa, se eliminan los aumentos encubiertos de impuestos realizados en anteriores presupuestos y suponen un ahorro estimado para
los contribuyentes de alrededor de 175 millones de euros. Lo valoramos en lo que supone, ni más ni menos. Se actualizan impuestos especiales de alcohol y tabaco, lo que origina, aproximadamente, 20 millones de euros y las tasas de cuantía fija
aumentan un 2 por ciento. Al mismo tiempo, estos presupuestos contienen numerosas medidas que van a estimular la inversión productiva, las pymes y todo el proceso de amortización de sus activos. No voy a rechazar todas las enmiendas que el
portavoz del Grupo Popular ha enumerado, entre otras cosas porque son disposiciones adicionales y lo haré en el turno correspondiente, pero sí quisiera recordar que los beneficios fiscales de las pymes están contenidos en el artículo 61,
fundamentalmente la elevación de la cifra de negocios de 6 a 8 millones de euros que determina la aplicabilidad de los beneficios fiscales a las empresas de reducidas dimensiones. Recordaré también que se introduce el límite de libertad de
amortización por creación de empleo que, como SS.SS. saben, pasa de 90.000 a 120.000 euros en función del puesto de trabajo creado, de acuerdo con los criterios que en la anterior normativa venían en el impuesto de sociedades. Por último, como
medida importante, se eleva de 1,5 a 2 el coeficiente multiplicador de la amortización de los elementos de inmovilizado material e inmaterial. Entiendo, pues, que todos los temas referentes a la amortización de activos tienen un tratamiento
importante, más allá de que las tablas se puedan actualizar que, como SS.SS. saben, eso debe ser objeto de un estudio profundo para que traten de coincidir con la vida útil y concordarse con las medidas fiscales.
El conjunto de enmiendas que nosotros rechazamos, excepto una transaccional que vamos aceptar a la enmienda 2028, de Convergència i Unió, parten de una base, y es que son respecto a medidas que afectan al IRPF que, como SS.SS. saben, es un
tributo parcialmente cedido a las comunidades autónomas. Nos encontraríamos, por tanto, en una merma de recaudación que habría que abordar de alguna manera para no atentar contra el principio de lealtad institucional.
Respecto a la actualización de una serie de deducciones o de reducciones, en su caso, enmiendas del Partido Popular que comienza con la 696 y acaban con la 710 (mínimo por descendiente, renta de trabajo, cuidado de hijos, por edad, por
asistencia, discapacitados, vivienda habitual, cuenta ahorro empresa, etcétera), voy a tratar de enumerar el criterio general que entiendo yo que serviría para el conjunto de enmiendas. Como ustedes saben, las cuantías por el mínimo personal, como
el mínimo por descendiente y las reducciones en la cuota relacionadas con las situaciones familiares y de discapacidad, fueron fijadas en la Ley 40/98, vigente desde el 1 de enero de 1999, y no fueron objeto de actualización en ningún ejercicio
hasta 2002, cinco años sin actualizar. La Ley de reforma parcial de 2002, entre otras, fija nuevas cuantías. No se prevé la actualización de estas cuantías. Pero quiero recordar el informe que se utilizó para la reforma del IRPF, según resolución
de la Secretaría de Estado de Hacienda de 28 de enero de 2002, página 89, donde se define la posición del Gobierno del Partido Popular respecto a estos temas: 'No debería indexarse ninguna variable respecto a las variaciones en los precios, pues de
esta forma se estarían estableciendo mecanismos que impulsarían aún más cualquier tensión inflacionista'. Esta es la posición del Gobierno del Partido Popular y es lo que ustedes decían en 2002, que no había que indexar ninguna variable. Y
continuaba diciendo: El mínimo personal y familiar no debería ser objeto de revisión sino cuando efectivamente cambiaran las circunstancias de la renta media familiar. De ahí que se propusiera la revisión, según el informe de esta Secretaría de
Estado de Hacienda -Gobierno del PP-, para que fuera en intervalos de tiempo suficientes. Por tanto, no sabemos por qué cambian de la posición que venían manteniendo cuando gobernaban. O, mejor dicho, sí que sabemos por qué: no es por criterios
técnicos, sino por criterios de oportunidad.
Pero es una falta de coherencia decir una cosa en el Gobierno y la contraria cuando se está en la oposición. La reflexión es predicable al paquete de enmiendas. Rendimientos de trabajo. Nunca se
adoptó una medida de actualización de los rendimientos de trabajo. Saben que actúa como reducción de base
imponible en la Ley de 2002. ¿Por qué proponen ustedes una actualización de la reducción igual a la previsión social? Hay un cambio radical de criterio. Si hablamos de la vivienda habitual, el PP vuelve a contradecirse de lo que propuso
con lo actual. Desde 1999, fecha en la que se estableció la cuantía todavía vigente, en ningún ejercicio, ni siquiera en la revisión más profunda que operó la reforma parcial del impuesto, se produjo actualización alguna. Entendemos que la
reciente introducción de la deducción cuenta ahorro empresa del año pasado no aconseja variar sus límites. ¿Por qué el año pasado en la Ley de Presupuestos de 2004 ustedes no actualizaron la deducción por maternidad? Cada vez actúan ustedes de una
manera, sobre todo porque están en la oposición y no actúan con coherencia política. Esa es nuestra opinión.
Haré un comentario breve respecto a la enmienda de Izquierda Unida, que pretende introducir, dentro de otros fines de interés social, los fines medioambientales. Se plantea como una modificación de la casilla del impuesto y no es posible
porque jurídicamente están definidos los fines de interés social y no es en este ámbito donde hay que modificar esta definición. Por tanto, compartiendo la idea de extender la dedicación del 0,7 de las cantidades que se destinan a estos fines,
creemos que no es posible ampliar ese concepto desde una pura modificación del impuesto que, por otra parte, se regula por orden ministerial.
Respecto al régimen fiscal de las pymes creo que aquí se ha hecho un gran esfuerzo por parte del Gobierno, sobre todo en la aplicación del régimen fiscal de las empresas de reducida dimensión, y vamos a continuar haciéndolo. Por tanto,
vamos a aceptar la propuesta de Convergència i Unió en cuanto a la modificación del tipo de gravamen del artículo 114 del Real Decreto 4/2004, de la Ley del Impuesto sobre Sociedades; ampliar la base imponible comprendida entre cero y 120.000 euros
con una aplicación del tipo reducido del 30 por ciento. Como ustedes saben, el Gobierno plantea una reforma en profundidad, se ha fijado unos objetivos de reducción de la carga tributaria de las empresas, la convergencia con los tipos que tiene la
Europa comunitaria y que, por tanto, son los de referencia para nuestras empresas, combinándolo, como no puede ser de otra manera, con el principio de suficiencia y, por tanto, con la prudencia necesaria. Se tiene que revisar el conjunto de
deducciones para que el tipo efectivo, no el nominal, sea el que converja. Por tanto, aquí tenemos un importante paso del Gobierno adelantándose a esta reforma y aceptando que la parte de la base imponible inferior a 120.000 euros quede comprendida
al tipo del 30 por ciento.
Rechazamos la enmienda de Convergència i Unió para la creación de un nuevo epígrafe del impuesto sobre actividades económicas para la producción de energía en centrales de ciclo combinado, porque sí se encuentra el epígrafe correspondiente,
el 151.4, y por tanto entendemos que no se aporta justificación alguna por la cual tenga que variarse. También rechazamos la propuesta de Convergència i Unió en relación con el epígrafe sobre las Cajas de Ahorro. Desde el año 1996 se viene
regulando en un determinado epígrafe a las instituciones financieras y a las Cajas de Ahorro, según el acuerdo al que se llegó con ellas. Por tanto, no se entiende por qué hay que modificarlo cuando la actual situación fue consensuada con los
representantes de las mismas.
Por último, quiero decir al portavoz del Partido Popular que nos reservamos para el momento del debate de las disposiciones adicionales para entrar a fondo en alguna de sus apreciaciones sobre el bloque del gasóleo profesional. Nos parece
una apreciación equivocada la de la exacción por productos farmacéuticos, con afirmaciones absolutamente erróneas. Repito que en el momento de la discusión de las disposiciones adicionales nos extenderemos en ellos y expondremos nuestra posición y
nuestras razones.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Torres.
Tras lo escuchado, ¿algún grupo desea rectificar sus enmiendas? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Utrera.
El señor UTRERA MORA: Gracias, señora presidenta.
Intervengo únicamente para congratularme de que se haya transaccionado una enmienda con Convergència i Unió que significa un alivio -bien es verdad que menor- de la tributación para la pequeña empresa. Esto iba incluido en nuestra enmienda
como una de las medidas, aunque entiendo que es reducida y parcial; nuestra enmienda era más completa, pero el hecho de que se haya hecho una transacción con Convergència i Unió nos parece bien y creo que para la pequeña y la mediana empresa es una
buena noticia.
Sin embargo, al tiempo que me congratulo de esta transaccional, no lo hago tanto respecto de los razonamientos que se han utilizado aquí para desechar la actualización en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Quisiera decir al
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista que no enrede los argumentos más de lo estrictamente imprescindible. Una cosa es decir que se actualiza el impuesto sobre la renta y otra cosa es decir que no se actualiza el impuesto sobre la renta.
Nosotros en el Gobierno dijimos que no se actualiza en el impuesto sobre la renta la inflación, entre otras cosas, porque teníamos una propuesta mucho más avanzada de reformas tributarias. Obsérvese que en la última -en la anterior fue todavía
mayor- el alivio fiscal que se introdujo a los contribuyentes superaba los 4.000 millones de euros y con la deflactación de la tarifa que nos traen en el año 2005, como una gran
novedad presupuestaria de los signos de los nuevos tiempos que corren en el Gobierno de España, el coste de esta deflactación, y, por tanto, el estímulo fiscal sobre los contribuyentes apenas supera los 170 millones de euros, es decir, 20
veces menos que lo que implica una reforma fiscal en toda regla.
Ante la opción de actualizar o no actualizar con tipos de inflación del 2, 2,5 ó 3 por ciento, lo mejor es no actualizar, pero con buenas reformas fiscales. Pero si lo que se hace es anunciar a bombo y platillo una medida social de primera
magnitud que sirvió para presentar estos presupuestos como unos presupuestos sociales mediante una actualización, hagámosla bien, y eso es lo que se propone en las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. Si se actualiza, actualicen lo que hay
que actualizar. La tarifa es solo una pequeñísima parte de la progresividad del impuesto sobre la renta de las personas físicas y sobre todo es una muy pequísima parte especialmente de la progresividad que soportan las rentas más bajas, para las
cuales es mucho más relevante la actualización de los mínimos exentos de las deducciones por hijos y otras circunstancias familiares. Por tanto, quienes dicen que actualizan el impuesto sobre la renta que lo actualicen de verdad, que lo actualicen
allí donde la progresividad está y, si no, que digan que lo que han hecho es una medida puramente parcial, un arreglillo, que cuesta muy poco dinero -175 millones de euros- y permite un titular de periódico diciendo que se actualiza el impuesto
sobre la renta, que no es verdad. Esa es nuestra tesis, ese es el sentido de nuestras enmiendas, que no entran en contradicción alguna con lo que defendió el Gobierno del Partido Popular durante los ocho años anteriores.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Utrera.
Señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
En primer lugar, quiero agradecer la valoración y la aceptación de la enmienda 2028, de Convergència i Unió; aceptación parcial en el sentido de que estamos de acuerdo con el fondo de la transaccional que se nos ha propuesto y pienso, tal y
como ha planteado el diputado del Partido Popular, que hoy tenemos una buena noticia para un sector que siempre hemos defendido la mayoría de grupos parlamentarios de esta Cámara. Es una buena noticia para las pequeñas y medianas empresas y de la
misma manera que hemos actualizado y hemos deflactado en cierta medida las tarifas de renta a las personas físicas en algunos conceptos, también a las pequeñas y medianas empresas les ha llegado su hora al haber podido deflactar la base imponible a
la cual están sujetos. Por tanto, es un buen momento, hemos iniciado un camino que en Convergència i Unió pensamos que empieza hoy y que puede terminar al final de esta legislatura cuando hayamos homologado todos los conceptos tributables y todas
las deducciones a pequeñas y medianas empresas con el resto de países de la Unión Europea.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Sánchez i Llibre.
Señor Torres.
El señor TORRES BALAGUER: Intervengo brevemente, señora presidenta.
No sé por qué al portavoz del Partido Popular le sabe tan mal que actualicemos la tarifa. Sí, le sabe mal. Nosotros no hemos presumido de actualizar la tarifa, hemos constatado que ha sido la primera vez que se actualiza y hemos constatado
que ustedes han actuado incoherentemente. Le he leído el informe de la Secretaría de Estado de Hacienda, donde decía que no se debería indexar, y ustedes van a la oposición y se desdicen de todo lo que han dicho en su etapa. Son ustedes los que
tienen que reflexionar. Nosotros estamos contentos de actualizar la tarifa.
Evidentemente, ustedes tardaron muchos años en presentar una reforma del impuesto y nosotros nos hemos comprometido en el próximo ejercicio a presentarlo. Quien ha
incurrido en una incoherencia es el Partido Popular y sobre todo lo que quiere es minimizar un paso importantísimo como es el de actualizar la tarifa. Que no contempla la totalidad de los conceptos es evidente, pero que ayuda muchísimo a no
aumentar de forma encubierta los impuestos, como ustedes hicieron, por supuesto. Por tanto, reflexione usted quién es incoherente, lo que decían ustedes el año pasado y lo que dicen ahora.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Torres.
Pasamos, ahora sí, al turno de fijación de posiciones. Su turno, señora Navarro, en nombre de Izquierda Verde.
La señora NAVARRO CASILLAS: No, no he pedido la palabra.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Me pidió usted la palabra para el título VI cuando estábamos defendiendo enmiendas.
La señora NAVARRO CASILLAS: No, no.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muy bien. ¿Algún grupo desea fijar su posición? (Pausa.)
Título VII y secciones 32 y 33
Pasamos al siguiente bloque de debate, correspondiente al título VII y a las secciones 32, entes territoriales, y 33, Fondo de Compensación Interterritorial. Han presentado enmiendas el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Rodríguez Sánchez,
que defenderá la señora Fernández, el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el Grupo Parlamentario Popular. Asimismo, el Grupo Parlamentario
Mixto, el señor Labordeta, el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y finalmente el Grupo Parlamentario Popular.
En primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DÁVILA: Gracias, señora presidenta.
Hago uso de la palabra para defender la última enmienda de mi grupo en la tarde de hoy, que tiene que ver con el título VII. Se trata de una enmienda que mantenemos y que se refiere a la cantidad consignada para el Fondo de Compensación
Interterritorial, al ser insuficiente la inicialmente dotada, con el fin de asegurar la disminución de los desequilibrios territoriales. El Fondo de Compensación Interterritorial no ha cumplido desde nuestro punto de vista la función de hacer
efectivo el principio de solidaridad, de manera que las comunidades autónomas menos desarrolladas pudieran, favorecidas por las inversiones ejecutadas con las dotaciones de este fondo, converger con las más desarrolladas económicamente. Ello es
patente desde 1990, cuando ya acceden al FCI únicamente las comunidades autónomas con umbrales de renta inferior, pues ninguna de éstas ha podido alcanzar diferenciales de crecimiento económico significativamente superiores a los obtenidos por las
comunidades autónomas más dinámicas, por lo que 10 años después de la última modificación legislativa, y a pesar de 20 años globales de operatividad del Fondo de Compensación Interterritorial, el nivel de desarrollo comparado de las comunidades
autónomas es similar al que había antes de ponerse en marcha el FCI.
Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, el FCI no ha servido como instrumento para poner freno a los desequilibrios regionales, sino que los ha mantenido en el mismo nivel, manifestándose como un nulo agente corrector de desequilibrios
regionales. Para ilustrarnos, la última memoria hecha pública del Consello Económico e Social de Galicia alerta de que esta comunidad autónoma no avanza en el proceso de convergencia ni con el resto del Estado español ni con Europa, perdiendo
incluso peso relativo en el conjunto de la economía española. Por todo ello, se considera conveniente prestar mayor prioridad a este fondo, aumentando su dotación para que pueda cumplir eficazmente el objetivo de corrección de los desequilibrios
interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, pues la dotación otorgada hasta el momento se ha demostrado insuficiente.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora Fernández.
Señor Labordeta, tiene usted la palabra para la defensa de su enmienda 147.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Muchas gracias, señora presidenta.
La única enmienda presentada a esta sección por Chunta Aragonesista es la número 147, que pretende dar satisfacción a una demanda planteada por el colectivo Teruel existe, que ha reclamado una mayor cantidad económica del fondo de inversión
que ya se recibe. Por este motivo es por lo que pretendemos aumentar esta cantidad en 15 millones de euros. Es un compromiso, recuerdo, de todos los partidos políticos firmado en Teruel para aumentar este fondo, entendiendo desde Chunta
Aragonesista que en un año no se pueden solventar los ocho años de olvido del Gobierno popular.
Han sido unos presupuestos elaborados en unas circunstancias especiales y con escaso margen de tiempo, pero queremos defender esta enmienda por un
compromiso con esta tierra del sur de Aragón.
Nos gustaría que desde esta tribuna se pudiera oír que existe voluntad de los responsables del Gobierno para tratar de solucionar esta demanda a lo largo de la legislatura, ya sea mediante el aumento de este fondo o de la forma que mejor se
concrete; cuenten para ello con nuestro apoyo. Creemos que es de justicia para una zona que ha visto cómo hasta el 54 por ciento de los habitantes que han nacido allí vive ahora en otros territorios, situación excepcional que requiere tratamientos
propios y específicos. Si el Gobierno se compromete durante esta legislatura a tomar en serio determinadas formas para ayudar a la provincia de Teruel, nosotros no tendríamos ningún inconveniente en retirar esta enmienda a la hora de la votación.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Labordeta.
Señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar quería pedir disculpas por mi interrupción previa del Pleno, por una confusión entre el título en el que nos encontrábamos, debido a este intento de estar en varios sitios a la vez que sucede a los grupos pequeños. Espero
subsanarlo con la brevedad en la defensa de las enmiendas.
En cuanto a las correspondientes al título VII, una de las grandes preocupaciones del Grupo Parlamentario
de Izquierda Verde es la falta de financiación de los municipios, lo que impide dar los servicios que pretenden a estos municipios. Al ser la Administración más cercana al ciudadano, deberían recibir una mayor financiación. Por eso
presentamos una enmienda de sustitución al Fondo de Compensación Interterritorial. Entendemos que los españoles deben comprometer un porcentaje del PIB para corregir los desequilibrios territoriales y de esa manera cumplir con el compromiso de
solidaridad del que todos hablan y ninguno acuerda y ejecuta. Para acabar con esos desequilibrios territoriales hemos de destinar un 0,15 del PIB al Fondo de Compensación Interterritorial.
Asimismo, se mantienen las demás enmiendas. En cuanto a la sección 32, mantenemos la relativa a la reivindicación del pago de la deuda histórica correspondiente a Andalucía y el cien por cien de la deuda de financiación, tal y como se
manifestó precisamente por esta portavoz el día que fue debatida la iniciativa respecto al pago de la deuda de financiación de Andalucía. Se trata de abonar lo que se ha aprobado por el Parlamento de Andalucía en sus propios términos y lo que se
refleja en su estatuto de autonomía, porque es de justicia y porque es lo que les corresponde.
Igualmente, entendemos que es necesario poner en marcha el acuerdo sobre el nuevo sistema de financiación de las haciendas locales, recogiendo la reivindicación de la Federación Española de Municipios y Provincias, que establece la necesidad
de poner en funcionamiento mecanismos de nivelación en cuanto al dinero que se percibe del Estado por número de habitantes en cada municipio. Igualmente, la compensación necesaria de la pérdida de ingresos correspondiente al IAE en cuanto a que en
su momento se produjo un cálculo de la pérdida que se entendía que se iba a producir, que dista mucho de la que en algunos municipios se ha producido realmente. Sería necesario realizar ese estudio y abonar la verdadera pérdida de ingresos como
consecuencia de la pérdida de ingresos del IAE.
Se calcula por parte de la Federación Española de Municipios y Provincias que nos encontramos ante una pérdida financiera de un 30 y un 40 por ciento en los municipios. En esta sección se refleja de
nuevo el incremento del Fondo de Compensación Interterritorial para corregir los desequilibrios territoriales a los que todos los Presupuestos Generales del Estado nos tienen acostumbrados.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora Navarro.
A continuación tiene la palabra el señor Puig, en nombre del Grupo de Esquerra Republicana de Cataluña.
El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señora presidenta.
Estamos en el título VII y el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana mantiene la enmienda 1782, de corte municipalista y que tiende a evitar una injusticia que actualmente se está produciendo. Año tras año, el presupuesto del Estado no
prevé a aquellos municipios de menos de 50.000 habitantes que tienen prestación de servicio público de transporte. El articulado sólo permite dar subvenciones al transporte colectivo de las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona, al
archipiélago canario y a los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes, es decir, solo a aquellos que tienen la competencia de prestar el servicio de transporte colectivo en sus diferentes modalidades. En pleno siglo XXI, el servicio de transporte
colectivo es una prestación necesaria que están dando muchos ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes de todo el Estado, con un gran esfuerzo económico, para dar respuesta a las demandas sociales. Es totalmente injusto discriminar a estos
ayuntamientos que hacen un doble esfuerzo para lograr no sólo un beneficio para los ciudadanos y ciudadanas de sus municipios, sino también para el medio ambiente.
Facilitar los desplazamientos de los ciudadanos y ciudadanas en detrimento de los
vehículos particulares es una obligación de las administraciones, de unas administraciones que creen en el medio ambiente. Por ello presentamos esta enmienda, que lo que hace es universalizar prestaciones en el ámbito de los ayuntamientos medianos
y pequeños que hacen este doble esfuerzo. Entendemos que esta enmienda, apoyada también por los municipios de Cataluña, representaría un avance importante en la mejora de la financiación de los municipios, pues permitiría que aquellos ayuntamientos
que prestan servicios que no son obligatorios, pero que son solicitados por sus ciudadanos, pudieran aspirar a estas subvenciones. (El señor vicepresidente, Vilajoana Rovira, ocupa la Presidencia.) Pero como lo importante es ir avanzando mediante
la negociación y creemos que a lo largo de la tramitación de este presupuesto en las dos cámaras aún podemos llegar a acuerdos que nos acerquen a ese compromiso de dar cobertura a todos los ayuntamientos, nuestro grupo parlamentario retiraría esta
enmienda en aras de lograr un acuerdo que represente una mejora para todos aquellos ayuntamientos que prestan servicios que actualmente no son obligatorios pero que suponen un gasto importante para sus arcas municipales.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor diputado.
Para defender sus enmiendas, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra su portavoz, el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ha presentado una serie de enmiendas al título VII, correspondiente a los entes territoriales. En este mismo turno voy a defender también todas aquellas enmiendas
presentadas a las disposiciones adicionales y referentes a administraciones públicas, que van dirigidas básicamente a conseguir que los ayuntamientos y los entes locales dispongan de un mayor potencial económico y financiero.
El Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ha venido presentando presupuesto tras presupuesto enmiendas en esta dirección, pero lo triste de esta situación es que tanto antes, con el Gobierno del Partido Popular, como ahora, con el
Gobierno socialista, nuestras enmiendas han caído en saco roto. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.) Si no cambian de actitud en este trámite parlamentario, nuestras corporaciones locales volverán a disponer de unos
recursos endebles para hacer frente a todas las necesidades que han de atender, dadas las actuales circunstancias económicas y financieras y tal como va orientada la sociedad, lo cual sería una lástima. Por tanto, seguimos insistiendo en una
cuestión básica para nosotros, que es la modificación de la definición de los municipios turísticos. Desde esta perspectiva tendríamos que modificar la definición y el concepto de lo que hoy se entiende como municipio turístico, en el sentido de
poder rebajar el censo de la población al techo de los 15.000 habitantes para que se pudieran ver beneficiados por los fondos que vienen directamente desde el Estado. Al mismo tiempo incluimos con nuestra enmienda la posibilidad de que se pueda
incorporar como elemento importante esta definición para todas aquellas plazas de alojamiento de oferta reglada, todas las plazas hoteleras y las que puedan ostentar los campings. Nosotros planteamos también dentro del articulado la posibilidad de
referenciar el número de habitantes de hecho en el padrón municipal del año 2005, para poder acceder a todas las subvenciones de entidades locales por los servicios de transporte colectivo urbano. Desde esta misma óptica planteamos la posibilidad
de que se pueda eliminar el límite de las 36.000 unidades urbanas como condición de acceso a las subvenciones a entidades locales por servicio de transporte colectivo y urbano. En esta enmienda también han coincidido diferentes grupos
parlamentarios.
Asimismo planteamos una enmienda al articulado del título VII que está justificada con algunas sentencias del Tribunal Supremo en el sentido de que también se pueda compensar a los ayuntamientos por las bonificaciones en la cuota del
impuesto sobre bienes inmuebles concedidas a las concesionarias de autopistas de peaje. Entendemos que esta es una cuestión de justicia porque si bien es cierto que en determinados casos la ley permite que exista una bonificación en la cuota del
impuesto sobre bienes inmuebles a las concesionarias de las autopistas, no es de recibo que los ayuntamientos, que en unos momentos determinados recibían esas compensaciones por dichos tributos, ahora no lo reciban. Por tanto, tendría que existir
una compensación directa y efectiva por parte de la Administración del Estado para poder fortalecer la debilidad de algunas corporaciones locales que se han visto sustraídas por dichas bonificaciones en la cuota del impuesto sobre bienes inmuebles a
las concesionarias de las autopistas de peaje.
Dentro de esta misma perspectiva hemos ido planteando dos enmiendas a las disposiciones adicionales en estos últimos ejercicios. La primera de ellas pretende reforzar las finanzas municipales. Nosotros planteamos que en estos Presupuestos
Generales del Estado se pueda garantizar la creación de un fondo destinado a las inversiones locales integrado por los IVA soportados e ingresados por los ayuntamientos, por las obras públicas municipales. Nosotros entendemos que esta sería otra
situación de justicia que fortalecería las finanzas municipales, en el sentido de que pudieran revertir a las arcas municipales todos aquellos IVA soportados por adjudicación y ejecución de las diferentes obras municipales para poder tener unas
finanzas muchísimo más solventes.
Existe otra cuestión, que era un compromiso que se estableció con el Gobierno del Partido Popular cuando hubo la modificación del impuesto sobre actividades económicas. Se estableció una promesa de cara a todos los ayuntamientos en el
sentido de que se les compensaría por todas aquellas pérdidas derivadas de la supresión del impuesto sobre actividades económicas, actualizándolo con el IPC del año 2004. Para que dichas corporaciones locales pudieran verse compensadas por la merma
de ingresos obtenidos por la supresión del impuesto sobre actividades económicas nosotros entenderíamos que sería objetivamente muy interesante para dichas corporaciones locales la posibilidad de la creación de un fondo nuevo, que pudiera incorporar
alrededor de 250 millones de euros, para empezar a compensar todas aquellas pérdidas de ingresos por la nueva modificación del impuesto sobre actividades económicas que han sufrido y han soportado muchísimas corporaciones locales. Por tanto, este
es el sentido y la orientación de nuestras enmiendas.
Gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Finalmente, para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el señor Padilla en nombre del Grupo Parlamentario Popular.
El señor PADILLA CARBALLADA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, en primer lugar, doy por defendidas ante el Pleno, con la expresa solicitud
de apoyo de la Cámara, las enmiendas relacionadas con el título VII del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado y, como es natural, también las que hemos planteado en relación con los dos otros particulares que son objeto de
debate en este momento, esto es, la sección 32 y la sección 33.
En cuanto al título VII, señorías, mantenemos estrictamente una sola enmienda, que tiene como objeto asegurar la capacidad financiera de las diputaciones provinciales de régimen común. Además, este es un tema que preocupa muy especialmente
a algunas diputaciones provinciales que, para el cumplimiento de sus fines, en este momento no tienen suficiente con la dotación que les resulta de lo que se deduce para ellas en las previsiones de financiación de las corporaciones provinciales.
Señorías, sabemos bien que las diputaciones provinciales de régimen común, que están en la Constitución por cierto, a algún grupo no les resultan unas instituciones especialmente gratas -lo digo por algunas manifestaciones que hemos escuchado-, pero
es lo cierto, y estoy pensando en diputaciones provinciales como la de Segovia o la de Soria, que las pautas de población y otras circunstancias hacen que les resulte dificultoso alcanzar las posibilidades financieras mínimas para el cumplimiento de
sus fines. Por todo ello, solicitamos en esa enmienda que se garantice a esas corporaciones provinciales un suelo mínimo, aparte de otras transferencias, de 27 millones de euros.
En relación con la sección 32 mantenemos unas enmiendas que para nosotros son especialmente significativas, señorías. Voy a referirme fundamentalmente a dos que para nosotros son tremendamente importantes porque, en definitiva, ponen de
relieve el rigor en el ejercicio de las potestades públicas, los compromisos adquiridos previamente y también la consecuencia en lo que puede resultar de lo que esta Cámara decide, señorías, porque esta Cámara algo tendrá que decidir. Primero voy a
abordar la enmienda 673, a la sección 32, entes territoriales, que es aquella en la que solicitamos para Andalucía una partida presupuestaria de 120 millones de euros. Señorías, esta enmienda tiene una lógica política de enorme rigor porque pide la
inclusión de esta partida presupuestaria, que corresponde a las asignaciones previstas en la disposición adicional segunda del Estatuto para Andalucía y que obedece a lo que se ha denominado, y así resultó en la configuración de esa disposición
adicional del Estatuto de Andalucía, la deuda histórica con Andalucía. En el ejercicio de 1997, el primero del Gobierno del Partido Popular, a cuenta de la liquidación de esta obligación que para el sistema constitucional en su conjunto
correspondía a esa anualidad, se libró una partida de 20.000 millones de pesetas. Con esa legitimidad es con la que solicitamos que se reconsidere en este momento el rechazo de esa enmienda, pero lo hacemos además con una especial preocupación,
porque resulta que en el proyecto de ley de Presupuestos Generales para la Comunidad Autónoma de Andalucía, que en este momento tiene un Gobierno del Partido Socialista, aparece una previsión de ingresos de estos 120 millones de euros. Nos gustaría
saber cómo creen SS. SS. que esto se va a resolver, porque si esta es esa previsión de ingresos quiere decir que los Presupuestos Generales de la Junta de Andalucía no cuadrarán en el momento en que ustedes no contemplan esta partida. En segundo
lugar, además de la legitimidad de que en el ejercicio de las responsabilidades de Gobierno nosotros atendimos al cumplimiento de esta disposición adicional, ya que se ha hablado aquí mucho de contradicciones, aplíquense SS. SS. el cuento. No
entendemos por qué razones durante bastantes ejercicios han estado solicitando desde la oposición que esa partida fuera contemplada en los Presupuestos Generales del Estado.
La otra enmienda a la que quiero dedicar una especial atención es la 753 en la que pedimos una modificación presupuestaria para incrementar en 125.330 miles de euros la dotación del Plan Galicia. He dicho antes, señorías, que el ejercicio
del Gobierno tiene una lógica de continuidad y esta dotación presupuestaria no obedecería mas que al cumplimiento del acuerdo del Consejo de Ministros celebrado en A Coruña, en el que se acordó una serie de medidas que tienen que ser instrumentadas
para paliar las consecuencias económicas y sociales del accidente del Prestige, del que este año se cumplen dos anualidades, para todos los compromisos allí adquiridos. Sin embargo, no es sólo ese acuerdo del Consejo de Ministros en A Coruña, sino
que también la moción que se debatió el 22 de junio de 2004 en esta Cámara y la proposición no de ley del Grupo Popular que fue aprobada en la Comisión de Fomento y Vivienda el 5 de octubre de 2004, que coincide con la resolución de la Comisión no
permanente del Parlamento de Galicia para el seguimiento del Plan Galicia, también inciden en la necesidad de esta previsión presupuestaria. Por ello, con esta enmienda por importe de 357.890 miles de euros se cubren los déficit de consignación
presupuestaria del Gobierno socialista en los siguientes apartados del Plan Galicia que se recogen en la justificación de nuestra enmienda: medio ambiente; saneamiento; fomento, actuaciones ambientales.
Los que tenemos la honra de representar a circunscripciones gallegas, hemos dicho que no abandonaríamos en ningún momento en el curso de esta legislatura toda acción política que lleve al cumplimiento de los compromisos que para paliar las
circunstancias originadas con ocasión del accidente del Prestige se habían comprometido y se habían acordado. Nos comprometimos con el cuerpo electoral en las elecciones generales. Lo hemos venido manifestando. Está expresado precisamente en esa
moción y en esa proposición no de ley, y ahora lo que pedimos es que el Gobierno atienda la indicación de la Cámara, porque esto es un régimen parlamentario, señorías, y como es un régimen parlamentario si la Cámara, por las mayorías precisas,
demanda al Gobierno que en los Presupuestos Generales del Estado se contemplen esas partidas o dejamos de creer que esto es lo que es o sencillamente esto es otra cosa. Con firmeza, con la seguridad de que no vamos a abandonar en absoluto
esta postura, volvemos a pedir el voto favorable para esta enmienda.
A continuación, quiero hacer dos breves referencias, una al metro de Granada y a los juegos de Almería, que son varias enmiendas que tienen un fundamento. Y la otra al consorcio de la ciudad de Toledo, del que ustedes se olvidan en los
presupuestos y que necesita también una dotación presupuestaria para que ese consorcio cumpla sus fines. No hemos conseguido convencerles con nuestras enmiendas en el debate de la Comisión de Presupuestos, lo cual pone de relieve que una cosa es la
contradicción, que significan razones, y otra cosa es lo que pasa.
Solicito un minuto y medio, señora presidenta, para hacer referencia a unas enmiendas de supresión de varias disposiciones adicionales que tienen conexión con este título, como son las disposiciones adicionales trigésimo segunda, trigésimo
cuarta, trigésimo sexta y cuadragésima. En la exposición de motivos de este proyecto de ley de presupuestos se hace un examen de conveniencia de la doctrina del Tribunal Constitucional en relación con los límites de la ley de presupuestos y luego
han hecho SS.SS. y responsables gubernamentales cantos sin fin a que habían acabado con la ley de acompañamiento, de medidas fiscales y del orden social, que por cierto introdujeron SS.SS., sus antecesores en las responsabilidades de Gobierno.
Pues bien, como se nos ha dicho que esto es así, yo sólo querría resumir la doctrina del Tribunal Constitucional en este punto en la última sentencia, la 195/1994, que declaró nulas por inconstitucionales algunas modificaciones de la Ley
General Tributaria, pese a que se trataba precisamente de normas tributarias, o sea, no el hecho de que se trate de normas tributarias justifica ya la posibilidad de su inclusión en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, y basta ver lo que
significa la modificación del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales para darse cuenta de que, además de ser una ley tributaria, en esa adicional se abordan otras muchas cosas.
Decía en síntesis la sentencia del Tribunal Constitucional a la que he hecho referencia que había dos criterios limitativos, además de todos los que con anterioridad había ido enumerando el Tribunal de garantías constitucionales: que lo que
se trate de incluir en esta ley tenga vocación de permanencia -y eso no se arregla con ese estribillo que han cogido: esta disposición tiene vigencia indefinida- y que lo que se incluya en la ley de presupuestos afecte a derechos constitucionales
reconocidos. En ambos casos será inconstitucional la inclusión en la ley de presupuestos.
Yo hago esta síntesis para que reflexionen y dejen de mantener, porque no lo pueden hacer, que ha desaparecido la ley de acompañamiento. Ha incurrido el Gobierno en algo mucho peor. Ya no hay ley de acompañamiento, pero han vuelto a la
peor práctica, que ha sido recoger en las disposiciones adicionales decisiones que en su caso sólo hubieran tenido encaje en la ley de acompañamiento. Si quieren seguir manteniendo que eso ha desaparecido, traigan los correspondientes proyectos de
ley y no hurten a esta Cámara la posibilidad de debatir sobre la reforma de estos textos legales.
Gracias, señorías, y vuelvo a solicitar el voto a favor de nuestras enmiendas.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Padilla.
¿Algún grupo desea utilizar un turno en contra? (Pausa.)
Adelante, señora Malaret, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
La señora MALARET GARCÍA: Gracias, señora presidenta.
La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2005, en su apartado relativo a la financiación de los entes territoriales, esto es, las comunidades autónomas y las corporaciones locales, puede calificarse como una ley de estabilidad
institucional. En efecto, la conciliación de los requerimientos propios de la estabilidad presupuestaria con las exigencias del Estado autonómico hace que el diseño de todas las reglas inherentes al sistema de financiación local y al sistema de
financiación de las comunidades autónomas esté regulado en leyes sustantivas. En consecuencia, la ley de presupuestos lo que hace es aplicar esta legislación sustantiva al hecho presupuestario concreto, pero es un ámbito en el que las disposiciones
no permiten márgenes de discrecionalidad, estamos aplicando reglas, criterios de carácter reglado.
En efecto, la financiación autonómica local responde en torno, más o menos, a un 96 por ciento de las reglas que se infieren de la legislación vigente y por ello la sección 32 y el mismo título VIII han sido objeto de pocas enmiendas
sustanciales.
El sistema que estamos ahora aplicando es el que se deriva de las reformas operadas en los años 2002 y 2001, tanto la Ley de reforma de las haciendas locales, como la de financiación autonómica que fue revisada por la ley de medidas de
acompañamiento del año 2001, como la Ley del Fondo de Compensación Interterritorial del año 2001 también. Unas reformas, por tanto, que, en lo que atañe al sistema de financiación autonómica, fueron fruto de acuerdos en el seno del Consejo de
Política Fiscal y Financiera. Es precisamente en ese ámbito en el que se deberá proceder a abordar de nuevo las reformas necesarias, unas reformas que ya se ha anunciado que deberá procederse a realizar. Ello explica las características de las
enmiendas que hoy discutimos, su poca significación y también
las razones que nos van a conducir, los argumentos que nos van a llevar a no aceptar las enmiendas que quedan vivas en este momento. Si bien es cierto que esta es una parte en la que fundamentalmente a lo que se procede es a aplicar los
criterios que están adoptados en la legislación sustancial, también hay que indicar que los problemas pendientes con esta legislación, y señaladamente la ausencia de reflexión y de previsión en torno al sistema que debía adoptarse para las entregas
a cuentas en el periodo de transición entre el viejo modelo y el nuevo diseñado y que se va a aplicar ahora, se abordan en el proyecto de ley de presupuestos.
Estamos en un momento en el que procedemos a aplicar la legislación sustantiva, pero también es cierto que esta legislación nos deja insatisfechos. Por ello, 2005 será un año en el que deberemos proceder a escrutar profundamente, a
examinar, a evaluar los objetivos perseguidos para ver si se han realizado y, sobre todo, deberemos examinar si se respeta el principio constitucional de suficiencia financiera, regla especialmente significativa en el ámbito municipal, puesto que
está explícitamente enunciada. Por tanto, quiero recordar que, como ha sido enunciado en otras ocasiones, el Gobierno ha empezado ya a caminar en la dirección de la reforma de la legislación de haciendas locales y por ello se ha creado una comisión
de expertos con este cometido. Es precisamente porque consideramos que debe hacerse una reforma en profundidad, una vez evaluado el sistema vigente, por lo que no vamos a poder admitir en este trámite las reformas que pretenden hacer modificaciones
puntuales, retoques a algunos impuestos que constituyen el sistema de financiación local, me refiero al IBI y al impuesto sobre circulación de vehículos.
Consideramos que estas reformas deben hacerse de manera sistemática en el marco de la ley de
haciendas locales que es el marco diseñado en nuestro sistema para estas cuestiones. No es una pura cuestión formal, no es una cuestión de trámite, es que proceder a hacer estas reformas en el marco de la legislación de haciendas locales, permite
una revisión sistemática en profundidad y evita cometer errores como los que hemos sufrido con la reforma relativa al IAE. Por tanto, en este ámbito no podemos ahora en este momento, compartiendo las preocupaciones por la financiación local,
aceptar las enmiendas que se plantean en orden a estos impuestos locales.
Al margen de las enmiendas relativas al texto articulado quiero hacer dos o tres comentarios para explicitar las consideraciones, los argumentos que nos llevan a rechazar algunas de las enmiendas que quedan vivas todavía en relación con la
sección 32. Escogeré fundamentalmente aquellas enmiendas que no fueron objeto por distintas consideraciones de debate en Comisión. En relación con la enmienda relativa a la provincia de Teruel, el Grupo Parlamentario Socialista ya procedió en su
momento a enmendar el proyecto inicial en la misma dirección. Por esto agradezco lo que ha señalado el Grupo Mixto y la buena disponibilidad a retirar esta enmienda.
En cuanto a la enmienda también del Grupo Mixto en relación con el Fondo de Compensación Interterritorial, y el mismo argumentario sobre alguna enmienda de Izquierda Unida, quiero señalar que lo que se hace en el proyecto es aplicar los
criterios que están presentes en la Ley del Fondo de Compensación Interterritorial. Es verdad que nos deja insatisfechos, es verdad que estos criterios no han permitido abordar determinadas cuestiones, pero no podemos ahora modificar las cuantías
sin adoptar unos nuevos criterios, y esto lo debemos hacer en otro marco, en otro contexto, que nos permita una revisión sistemática y serena y no modificaciones puntuales que deberemos arreglar en el año inmediatamente posterior. Lo mismo ocurre
en cuanto a la pérdida de ingresos derivados de la reforma del IAE. Los criterios que se aplican son los que establece la legislación vigente y, como he señalado, habrá que proceder a reformarla.
En cuanto a las dos enmiendas que han sido objeto de la intervención del portavoz del Grupo Popular quisiera señalar que en relación a las relativas a los distintos metros andaluces no es que no estén contempladas las partidas específicas,
sino que estas tienen, como bien sabe el ponente, un procedimiento especial, y es que como se contemplan en el marco de unos convenios, la ejecución de las partidas presupuestarias se dirime en dicho marco.
Señorías, finalmente, en relación con la enmienda planteada sobre el denominado Plan Galicia quisiera señalar que este es un buen ejemplo de la política de escaparate a la que nos tenía acostumbrados el Partido Popular, una política que
generaba perplejidad, cuando no enfado, en la ciudadanía, porque frente a la mayor catástrofe ecológica que ha sufrido este país se nos anunciaron palabras, se nos inundó de retórica, se nos llenó de palabras sin partida presupuestaria. Pues bien,
frente a las palabras, los hechos. Todas las medidas adoptadas en el marco de los acuerdos formulados en esta Cámara tienen ahora respaldo presupuestario, todas las políticas se fundamentan en partidas presupuestarias en esta legislatura. Hemos
pasado de las palabras, que se las lleva el viento, a la fuerza de los números.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Malaret. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: ¿Alguien desearía replicar? (Pausa.)
Pasamos entonces al último bloque de esta tarde, disposiciones adicionales, transitorias y anexos, que van a ser tratados conjuntamente.
Tiene la palabra, en primer lugar, la señora Barkos.
Disposiciones adicionales, transitorias y anexos
El señor BARKOS BERRUEZO: Gracias, presidente, para dar por defendidas las enmiendas 245 a 253 en los términos en los que vienen recogidas las justificaciones de las mismas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señora Lasagabaster, su turno.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente.
Tenemos doce enmiendas referidas a disposiciones adicionales todas ellas en cuestiones de diversa naturaleza. Una disposición adicional existente hace referencia a un tema muy importante, que es la formación continua, y en concreto queremos
añadir lo que nosotros entendemos que debiera ser de obligado cumplimiento, como es el hecho de que la formación continua forma parte de las competencias de las comunidades autónomas, tal como por cierto ha venido señalándolo en los últimos tiempos
reiteradamente el Tribunal Constitucional y, por tanto, el cumplimiento de esa competencia debiera ser en nuestro caso, en lo que se refiere a la Comunidad Autónoma del País Vasco, el respeto a lo que por ley también se entiende que es absolutamente
claro y definitorio, que es la posibilidad de realizar esa formación continua de manera propia. Este no es un hecho nuevo, es una cuestión que ya viene de antiguo. Lo único que queremos es que se proceda a la transferencia de ese montante -el
6,24-, que se transfiera lo que ya existe a una fundación vasca para la formación continua, llamada Hobetuz, que está formada -como bien saben SS.SS., porque hemos hablado de ello reiteradamente en esta Cámara- por la mayoría sindical, por los
empresarios y por el Gobierno vasco, y que sean ellos, por su competencia y con su organización, los que determinen cómo se debe financiar la formación continua.
Por otra parte, tenemos varias enmiendas relativas a las cooperativas de trabajo asociado, cuyo tratamiento creemos que debe mejorarse, de modo que no sean discriminadas según determinadas consideraciones. Hay también una serie de enmiendas
de naturaleza diferente, referidas a las víctimas del franquismo y a algo que ya aprobamos en esta Cámara sin que hayamos visto su plasmación en los Presupuestos Generales del Estado, al menos, no aparece de manera clara. ¿Qué solicitamos?
Solicitamos que se ponga negro sobre blanco el reconocimiento económico que se aprobó en esta Cámara en el mes de junio, y que fue objeto de aprobación, en cuanto a su reconocimiento social, económico y moral, en 2002. Es decir, primero, que haya
compensaciones económicas para las víctimas de la guerra civil y de la dictadura franquista -no voy a citar todo el contenido de la enmienda-. Segundo, que se garantice la asistencia sanitaria y una prestación digna al colectivo de los llamados
niños de la guerra.
Tercero, que haya una serie de subvenciones y transferencias económicas para organizaciones e instituciones que están realizando una gran labor sobre la memoria histórica, en la búsqueda e identificación de desaparecidos y en
cuanto a exhumación de fosas de la guerra civil.
También tiene que haber concreción en lo relativo a las víctimas de la represión policial. El reconocimiento de esta cuestión se recogía también en la proposición no de ley transaccionada, de junio
de este año, pero no aparece reflejado en los Presupuestos Generales del Estado.
Hay una última enmienda, de naturaleza diferente de las anteriores, que hace referencia a la ayuda oficial al desarrollo. Por mucho que se diga, no podemos llegar a cumplir los compromisos adquiridos con las cifras que aparecen hoy en los
Presupuestos Generales del Estado. Una vez más recordamos que, desgraciadamente, durante los últimos años, el montante financiero presupuestario dedicado a esta cuestión no sólo no ha aumentado sino que ha descendido. Desde nuestro punto de vista
y de acuerdo también con la opinión de organizaciones no gubernamentales que conocen bien la materia, debería figurar un aumento de bastantes millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado para cumplir el compromiso que el Gobierno dice
que existe, pero que no llegamos a percibir y que sería necesario para cumplir los compromisos sobre esta materia.
Estas son nuestras doce enmiendas, que hemos justificado y presentamos, para las que pedimos el voto favorable de la Cámara.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: A usted, señora Lasagabaster.
Señora Fernández, su turno.
La señora FERNÁNDEZ DÁVILA: Gracias, señor presidente.
En defensa de las seis enmiendas que presentamos a las disposiciones adicionales, recuperamos simplemente los argumentos aducidos para las presentadas al título III.
En este caso, quiero explicar muy brevemente lo que se refiere al modelo de financiación de las bonificaciones previstas para el fomento del empleo, porque entendemos que este Gobierno continúa la política del anterior al permitir que se
financie con el dinero del desempleo la política de incentivos a la contratación laboral. Es un ejemplo claro de política insolidaria e incoherente, que no ayuda a clarificar la separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social. Nuestra
enmienda pretende que sea el dinero procedente de las aportaciones de los trabajadores y trabajadoras, y no el procedente de la fiscalidad general, el que financie la desgravación empresarial y fomente la contratación laboral. Nuestras enmienda a
la disposición transitoria
está también en consonancia con la efectuadas al título III.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Izquierda Verde, señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.
De forma muy breve quisiera defender las enmiendas que ha presentado Izquierda Verde, la primera de ellas la 1291. Se trata de un debate recurrente que se ha discutido en esta Cámara en varias ocasiones, también se ha discutido en Comisión,
como es el pago a cuenta a la Iglesia católica española en el año 2005. Ustedes saben que la Iglesia católica recibe unos recursos por anticipado, recursos superiores a los que ingresa por la asignación que se le marca en la casilla, y lo que
plantea nuestro grupo parlamentario en esta enmienda es que los pagos a cuenta de la Iglesia católica sean tan solo una doceava parte de lo que viene asignándosele cada año. Se trata de que exista un anticipo pero no por encima de lo que ha querido
cada uno y cada una de los contribuyentes. De hecho, cuando se elevan a definitivas estas cantidades, nuestro grupo pide que la Iglesia católica proceda a la devolución del capital de más que ha recibido, no sobrepasando por tanto lo efectivamente
recaudado ese mismo año. Ese es el sentido de la enmienda como tal.
Hemos presentado otras enmiendas, algunas referentes al Iprem (Indicador público de rentas de efectos múltiples), aunque estamos pensando retirarlas. Este es un debate central importantísimo que ya hubo en Comisión y sería de recibo que el
Gobierno actual afrontase la actualización del Iprem de acuerdo con lo que actualiza otros salarios de referencia.
La 1295 alude a la implementación de un plan de choque contra el fraude.
La 1300 propone que la casilla correspondiente a otros fines de interés social se amplíe a otros fines de interés social y medioambiental debido a que hoy nuestra
sociedad tiene que hacer frente, así como sus entidades, a esos objetivos de fines de interés social pero también de fines medioambientales. La 1303 plantea que haya un plan de recursos humanos para la Administración General del Estado,
diagnosticando cuál es la necesidad de dichos recursos en cada una de las administraciones, en los organismos públicos, etcétera. La 1305 se refiere a la indemnización por residencia a los empleados públicos del sector en Islas Baleares, Canarias,
Ceuta y Melilla, y la 1308 del fondo de compensación de las servidumbres de las bases militares.
Son enmiendas que mejoran el proyecto, que en la mayoría de los casos no suponen coste adicional y que harían mejorarían el articulado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Herrera.
Grupo Parlamentario Vasco. Señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.
Nuestro grupo ha presentado ocho enmiendas a las disposiciones adicionales, cinco de las cuales voy a defender yo y las otras tres serán defendidas por mi compañera Margarita Uría.
La primera enmienda es de modificación de la disposición adicional novena para que se adicione al texto un nuevo inciso final como el que sigue: En virtud de la aplicación de la regulación del régimen de Concierto Económico Vasco, así como
de la especificidad del Estatuto de Autonomía del País Vasco en relación con las competencias asumidas en materia de ejecución de la legislación laboral, deberán excepcionarse para el ejercicio de sus competencias para la Comunidad Autónoma del País
Vasco el conjunto de previsiones sobre presupuestación de fondos de empleo de ámbito nacional que se realizan en el artículo 14 de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de empleo. Creemos que esta adición es absolutamente imprescindible si se quiere
respetar el estatuto de autonomía. El Estatuto de Autonomía del País Vasco es singular en cuanto a la asunción plena de competencias en materia de ejecución de la legislación laboral en tanto que no contempla ninguna reserva al Estado en materia de
fondos de ámbito nacional y de empleo. Asimismo, el régimen singular de financiación que es de aplicación a la Comunidad Autónoma del País Vasco mediante el sistema de Concierto Económico conlleva la imposibilidad de que el Estado realice respecto
a dicha comunidad autónoma ninguna gestión de reparto de fondos sectoriales sino que debe acordarse la correspondiente asunción de la carga financiera conforme al índice de imputación objetivo para su gestión autónoma. Resulta apropiado que la Ley
presupuestaria despeje definitivamente el respeto por estas regulaciones legales vigentes, de manera que la mecánica presupuestaria y financiera que afecta a la Comunidad Autónoma de Euskadi goce de la transparencia y aceptación general que merece.
Asimismo, encontrarán los agentes políticos y sociales explicación real y no engañosa sobre las razones por las que la Comunidad Autónoma de Euskadi ya es la única que no ha podido materializar la transferencia de las funciones y servicios
necesarios para ejercer la competencia que asumió en la materia fundamental de ejecución de la legislación laboral en los ámbitos del trabajo, el empleo y la formación.
La segunda enmienda plantea la supresión de esta disposición. Sería una enmienda alternativa a la que acabo de defender; plantea la supresión porque entendemos que, al ser una mera trasposición de los artículos 13 y 14 de la Ley 56/2003,
de empleo, no aporta nada al ordenamiento jurídico vigente. La tercera de las enmiendas planteadas es a la disposición adicional
vigésimo sexta, relativa a la formación continua. Nuestro grupo cree que se deben suprimir los incisos referentes a la atribución a la conferencia sectorial de una función financiera, así como la referencia a la imposición de condiciones en
la resolución de transferencias de fondos.
Pretendemos con ello asegurar en condiciones adecuadas la financiación del acuerdo sobre formación profesional continua suscrito en aplicación de los artículos 83 y 84 del Estatuto de los Trabajadores en
septiembre de 1995.
Otra enmienda, la número 1215, plantea la supresión de la disposición adicional trigésima del proyecto de ley de presupuestos generales del Estado. Pensamos que, a través de esta disposición por la que se modifica la Ley general de
estabilidad presupuestaria, el Gobierno pretende salvar, por la puerta de atrás, el expolio que se ha encontrado este ejercicio; salvar la situación de minoría que tienen en el Senado y, en el caso de que el acuerdo de estabilidad no tenga la
suficiente mayoría en el Senado, que vuelva al Congreso y la puedan aprobar con la mayoría del Congreso. Nosotros creemos que este artilugio del Gobierno socialista tiene, además, el riesgo de que evite la tramitación del proyecto de ley que se ha
comprometido a llevar a cabo. Los grupos de la Cámara, junto con el Grupo Socialista, llegamos a un acuerdo, mediante una proposición no de ley, para que el Gobierno planteara un nuevo proyecto de ley de estabilidad presupuestaria, en el sentido de
que este nuevo proyecto fuera respetuoso, primero, con las competencias de las comunidades autónomas y que tuviera también más sentido desde el punto de vista económico. Creemos que, salvado el escollo del Senado, el Gobierno puede tener la
tentación de evitar la tramitación del nuevo proyecto de ley y nos quedemos con la ley anterior modificada en el sentido que plantea esta enmienda, lo que, además, después del compromiso, es bastante impresentable políticamente. También hemos
planteado otra enmienda relativa al fomento del empleo en 2005 cuyo contenido no guarda relación alguna con el núcleo esencial de los presupuestos ni de la política económica del Gobierno. Se trata de una ordenación en el área laboral que debe
tener su encaje en una norma sectorial y, tal y como he planteado anteriormente en la primera de mis intervenciones, esta cuestión es de dudosa constitucionalidad.
Por mi parte, nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Es tarea ingrata defender las enmiendas conociendo cuál será el inexorable resultado, puesto que ya se nos ha manifestado que no existirá ninguna receptividad al contenido de nuestras propuestas, siendo como son materias importantes y
amparadas, creemos, por el ordenamiento jurídico, por el derecho vigente. La primera de ellas, que es la enmienda número 216, hace referencia a la transferencia de los inmuebles del patrimonio de la Seguridad Social afectos a los servicios públicos
sanitarios y sociales a las comunidades autónomas que todavía no disponen de la titularidad de estos, estando específicamente previsto en los reales decretos de transferencia. Repito, los reales decretos de transferencia contemplaban que estos
inmuebles, cuando cese la cofinanciación de los recursos del sistema sanitario con los de la Seguridad Social, iban a pasar a ser propiedad de las comunidades autónomas, lo que ya ocurre puesto que la financiación de la sanidad en este momento es
íntegramente presupuestaria. Creíamos en la buena disposición que nos manifestó la señora ministra de Sanidad e igualmente en las conversaciones que ha habido con el señor secretario de Estado de Seguridad Social; creíamos también en las ofertas
de diálogo, de consenso, de espacios de encuentro que tanto se predican desde el grupo mayoritario, pero hoy conocemos que no va a ser aceptada esta iniciativa y, finalmente, si esto sigue así, tras muchos años de vigencia de la transferencia en
materia de sanidad, va a resultar que serán los tribunales quienes deban dirimir una cuestión que podía establecerse perfectamente a través de lo que sería deseable, que es un acuerdo entre las administraciones de las comunidades autónomas y el
Gobierno del Estado.
Las enmiendas 1218 y 1219 hacen referencia a lo que mi grupo entiende que es contenido prohibido a una ley de presupuestos, puesto que estamos hablando de preceptos que tradicionalmente se venían incluyendo en la ley de acompañamiento. Bien
nos parece que haya desaparecido este instrumento normativo, pero tampoco se pueden hacer trampas incluyendo preceptos dentro del articulado de la ley de presupuestos. Creemos, además, que la exacción referida a la Ley 25/1990, del Medicamento, tal
y como han manifestado otras formaciones políticas, tiene naturaleza tributaria -nos parece sinceramente- y exigiría, por tanto, una regulación ajena a la ley de presupuestos tanto en lo que se refiere a la regulación de los conceptos de hecho
imponible, sujeto pasivo, base imponible, tipo impositivo, cuota tributaria, etcétera, tal y como establece el artículo 134.7, de la propia Constitución. Nos parece, además, que tratándose de un tributo, si es lo que se pretende establecer, debiera
regularse fuera, pero en el caso de la Comunidad Foral de Navarra y de la Comunidad Autónoma del País Vasco debiera ser concertado o convenido. Asimismo, respecto de las comunidades de régimen común, los criterios de corresponsabilidad fiscal
aconsejarían la atribución a esta exacción de carácter de tributo cedido y la adecuación del texto en este sentido al marco de la Lofca.
Ofrecemos una enmienda alternativa al grupo mayoritario, al propio Gobierno, si así lo desean, en la que cuando menos se establezca que correspondería a los servicios públicos de salud de las comunidades autónomas
cuál sea el destino que se vaya a dar a estas cantidades y no ser dirigido desde el Gobierno, como se pretende en el texto de la norma que se va a someter a votación. La decisión respecto del destino final de estas cantidades compete
exclusivamente a los titulares de dichos ingresos, que serían los servicios sanitarios de las comunidades autónomas, excepción hecha de Ceuta y Melilla. Quiero poner en conocimiento de la Cámara que sobre esta cuestión existe pendiente un pleito.
El Gobierno Vasco, respecto de los pactos anteriores efectuados con Farmaindustria, los llamados cheques de Farmaindustria, llevó a los tribunales esta decisión entendiendo que la señora ministra, entonces titular, que había acordado con los
fabricantes carecía de legitimación, ya que el Servicio Nacional de Salud no estaba representado por ella puesto que las comunidades autónomas tienen ya asumidas las competencias. Ahora son 17 las comunidades autónomas titulares con las que se
debiera haber contado en el seno del Consejo interterritorial y no decidir desde el centro del sistema, desde el Estado, cuál va a ser el destino que se le va a dar a estas cantidades. La Audiencia Nacional desestimó el recurso del Gobierno vasco,
pero con un casi empate de votos, un interesantisimo voto particular que llevó a la Administración vasca a intentar el recurso de casación. Podría ser -esta diputada tiene confianza en ello- que en fechas próximas el Tribunal Supremo fallase que
efectivamente el Gobierno, las instancias centrales carecen de legitimación para decidir sobre estas cantidades que -insisto- corresponden al conjunto del Sistema Nacional de Salud compuesto por 17 comunidades autónomas.
Tal es el tenor de nuestras enmiendas. He creído honesto defenderlas ante la Cámara sabiendo -insisto-, señorías, cuál va a ser el resultado de la votación.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Uría.
La Presidencia se dirige a los portavoces prenotados, señor Puig, señora Bonás, señor Sánchez i Llibre, señor Vilajoana, señora Madrazo y señor Torres diciéndoles que, según el formato del debate de la Junta de Portavoces, deberíamos
interrumpir en este momento porque son las ocho de la tarde, la hora para llamar a votar. Ahora bien, vamos muy bien de tiempo. Si ustedes en media hora hicieran las intervenciones podríamos terminar todo el cupo del bloque de hoy, con lo cual
ganaríamos bastante para mañana. Si me prometen que van a ser breves, retraso la votación a las ocho y media y podremos liquidar todo el orden del día de hoy. ¿Les parece bien? (Asentimiento.)
Tiene la palabra la señora Bonás.
La señora BONÀS PAHISA: Gracias, señor presidente.
Voy a defender las enmiendas 1792, 1793 y 1794, referentes a la disposición adicional cuadragésima octava, en la que se dispone que las empresas que dispensan medicamentos a través de recetas del Sistema Nacional de Salud deberán hacer unas
aportaciones en función de sus ventas. Entendemos la preocupación del Ministerio de Sanidad por el aumento del gasto farmacéutico, aunque hay que incidir en que hasta ahora las medidas adoptadas no han reducido este gasto; en cambio, esta medida
puede suponer un perjuicio para un sector de la industria farmacéutica.
Debemos aclarar que hay dos partes del sector farmacéutico: las multinacionales, que sólo invierten en la promoción de sus productos, y la industria autóctona, que fabrica sus
productos en nuestro territorio, que invierte en I+D; de hecho, el farmacéutico es el sector industrial que más invierte en I+D en el Estado. Nuestra enmienda va dirigida a paliar en lo posible las aportaciones de estas empresas. Ya en el texto
original introdujimos un aumento de los descuentos pero creemos que son insuficientes. Por tanto, en esta enmienda queremos que estas empresas, que son las que más invierten en investigación, vean reducidas sus aportaciones en un 5 por ciento.
En la enmienda 1793 nos preocupa que proyectos de investigación que se están llevando a cabo, financiados por la industria farmacéutica, debido a esta disposición puedan verse interrumpidos. Por tanto, creemos que las aportaciones para
proyectos que se están haciendo en centros de investigación y en hospitales mediante esta disposición adicional deben deducirse de las aportaciones que estas empresas tienen que hacer.
La enmienda 1794 pretende paliar el efecto perverso de los precios de referencia. Los precios de referencia han tenido un efecto nulo en la disminución del gasto farmacéutico; en cambio, ha sido un descalabro para algunas empresas,
especialmente para las que tienen más arraigo en el territorio, para las más antiguas, que disponen de productos que llevan más tiempo registrados. Una de estas empresas ya ha cerrado y otras están haciendo reducciones de plantilla. Creemos que la
revisión de precios de referencia, aplicada de forma paulatina y con un tope, será importante para salvar estos puestos de trabajo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Bonás.
Señor Puig.
El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señor presidente.
Defenderé brevemente el resto de las enmiendas que hemos presentado a las disposiciones adicionales. Dos de ellas, la 1783 y la 1789 se refieren al Ministerio de Defensa. Por lo que se refiere a la enmienda 1783, ya hemos hablado antes de
la posición del Grupo de Esquerra Republicana en cuanto a fomentar la cultura de la paz y hacer un esfuerzo en ese sentido. Por tanto, proponemos que el número máximo de efectivos del ejército pase de 80.000 a 60.000. La enmienda 1789 se
refiere al fomento de la ayuda a los municipios. En esta enmienda pedimos la transferencia a coste cero a los diferentes ayuntamientos de aquellas propiedades del Ministerio de Defensa y de la Guardia Civil que estén en desuso. No podemos
entender que estas propiedades, algunas de las cuales en su día fueron cedidas por los propios ayuntamientos, pudieran entrar ahora en el mercado inmobiliario desde el Ministerio de Defensa.
Otras dos enmiendas son la 1784 y la 1785, referidas al mecenazgo.
Proponemos que el mecenazgo esté presente también en aquellas comunidades donde haya lengua oficial. Parece que estas enmiendas van a ser transaccionadas. Si se aceptaran,
retiraríamos las nuestras porque en la transacción se incluye lo que pedimos en nuestras enmiendas.
Por último, tenemos otras dos enmiendas, las números 1786 y 1787, cuya retirada anunciamos. La primera hace referencia al traspaso a las comunidades autónomas de la atención en materia de asistencia social, juventud y promoción de la mujer,
proveniente del 0,52. La retiramos porque hemos registrado ya en esta Cámara iniciativas parlamentarias en ese sentido. Igualmente la 1787, que hace referencia al traspaso en formación continua, que también hemos registrado iniciativas
parlamentarias en este mismo sentido.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Puig.
Señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha presentado diversas enmiendas dirigidas a las disposiciones adicionales, transitorias y anexos. En mi intervención voy a defender las más relevantes para
poder cumplir ese pacto que hemos hecho entre todos los portavoces y votar entre las ocho y las nueve de la noche.
Nosotros presentamos una serie de enmiendas que pretendían cambiar la opinión del Grupo Parlamentario Socialista en todos aquellos aspectos que hacían referencia a una nueva tasa en la Ley General Presupuestaria que afectaba al sector
farmacéutico español y que lo colgaban de una percha que afectaba a la Ley del Medicamento. Se trata, desde nuestro punto de vista, de un aspecto que es inconstitucional porque, por las informaciones que nosotros tenemos, es imposible crear un
nuevo impuesto en la Ley General Presupuestaria puesto que no lo permite la legislación actual. Se hubiera podido hacer si hubiera habido ley de acompañamiento, pero como en este caso no se ha enviado a las Cortes Generales entendemos que es a
todas luces inconstitucional. Con ello se grava a la industria farmacéutica, tan importante en España, que da lugar a mucha ocupación y que es de las pocas industrias en las que afortunadamente existen unos recursos importantes en investigación,
desarrollo e innovación. Por tanto, nosotros habíamos planteado que se suprimiera la modificación de la Ley del Medicamento en la que se incorporaba esta tasa novedosa para nosotros y al mismo tiempo gravosa. Es cierto que hemos intentado dialogar
y plantear este obstáculo a nuestro entender importante al Grupo Socialista, lo intentamos negociar en el debate en Comisión y no es menos cierto que en este debate en Pleno nos han entregado una enmienda transaccional que minora y es menos gravosa
para el sector farmacéutico.
Nosotros, aun entendiendo que sería más interesante para el sector aceptar nuestra enmienda para que desapareciera esta tasa, aceptamos esa transaccional en la que se introduce una reducción del 25 por ciento de dicha
tasa en el mejor de los casos. No obstante, tendremos que seguir negociando en el Senado a fin de poder llegar a un acuerdo en el cual estén en el mismo lado de la negociación el sector farmacéutico y el Gobierno, como no podía ser de otra manera,
para que se pueda dar una buena solución a este sector tan importante que invierte tanto en investigación, desarrollo e innovación.
Asimismo hemos planteado dos aspectos a nuestro entender importantes, uno de ellos el que hace referencia a la enmienda número 2044. Proponemos que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el Ministerio de Economía y Hacienda
difundan de una forma mucho más amplia e importante la actual legislación sobre los incentivos fiscales a la innovación entre las pequeñas y medianas empresas que la desconocen. Nosotros estamos plenamente de acuerdo con que hoy en día España
dispone de los mejores incentivos fiscales a la investigación, a la innovación y al desarrollo, pero lo más triste del caso es que esto está al alcance de las grandes compañías, de las grandes multinacionales que afortunadamente también existen en
España, pero justamente las pequeñas y medianas empresas, las pymes, no conocen los incentivos que están a su alcance. Por eso nosotros hemos planteado una enmienda que cuesta poquísimo dinero a la Administración, para que se haga una campaña de
difusión dirigida a las pequeñas y medianas empresas de nuestro tejido industrial a fin de que conozcan dicha legislación y puedan acogerse a las mismas desgravaciones.
La enmienda 2049 va en la dirección de que tanto el Ministerio de Economía y Hacienda como el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio puedan hacer un estudio que cuantifique el coste económico para el sector español del transporte de
mercancías de la propuesta de Directiva 1999/62/CEE por la que se modifica la enmienda, relativa a la implantación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la utilización de determinadas infraestructuras en los diversos
países europeos. Esta es una cuestión que está en estudio y que se aplica en países de la Unión Europea, como Francia y Alemania, y nos parece razonable
que el Gobierno español haga un estudio que vaya en la misma dirección.
Hay otras enmiendas que consideramos importantes y que se deben a un olvido del legislador, un olvido para nosotros significativo en estos Presupuestos Generales del Estado, como por ejemplo que el Grupo Parlamentario Socialista pueda
estudiar en este debate que se incluya en las actividades prioritarias de mecenazgo durante el año 2005 a todas aquellas entidades y asociaciones que dirijan sus esfuerzos hacia la promoción y difusión de las lenguas cooficiales, llevado a cabo por
las instituciones de las comunidades autónomas con lengua oficial propia.
Esta cuestión estaba perfectamente clarificada y determinada en los anteriores Presupuestos Generales del Estado. Había diferentes instituciones que podían hacer promoción
de las distintas lenguas cooficiales, promoción sujeta a donaciones procedentes de actividades empresariales que se podían beneficiar de las subvenciones y de los incentivos fiscales previstos en la Ley de Mecenazgo. Esta cuestión para nosotros es
importantísima y tengo que decir que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda transaccional en esta dirección, con lo cual aceptamos la posibilidad de transaccionarla y que finalmente se puedan incluir en estos Presupuestos
Generales del Estado a aquellas asociaciones, a aquellas entidades sin ánimo de lucro que promuevan y difundan las lenguas cooficiales, llevado a cabo por las instituciones de las comunidades autónomas con lengua oficial propia.
Hemos presentado una serie de enmiendas dirigidas a incrementar las prestaciones por hijos a cargo y muchísimas enmiendas orientadas a agilizar todos aquellos aspectos que hacen referencia a las cooperativas y a los socios que trabajan en el
régimen cooperativo. También hemos presentado enmiendas que van en la dirección de reducir la siniestralidad laboral. Asimismo presentamos enmiendas dirigidas a permitir que los trabajadores acogidos al régimen especial agrario puedan optar a un
sistema en función de las cotizaciones y contraprestaciones establecidas en su historia laboral. Todas estas enmiendas las defendemos ya con...
El señor PRESIDENTE: Señor Sánchez i Llibre, habíamos prometido ser breves hoy.
El señor SÁNCHEZ LLIBRE: Como soy breve, voy a concluir ya mi intervención. El resto de las enmiendas las damos por defendidas en la misma dirección que lo hicimos en la Comisión de Presupuestos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Señora Madrazo, su turno.
La señora MADRAZO DÍAZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, mi intervención se va a centrar en el contenido de diferentes enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular al articulado del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005 y más en concreto en las
que hacen referencia a las disposiciones adicionales y transitorias. Mi grupo ha presentado 25 enmiendas a las disposiciones adicionales que se completan con dos de adición que plantean incluir dos nuevas disposiciones transitorias al articulado de
la ley.
Señorías, las enmiendas se refieren a muy diversos aspectos recogidos y regulados por este proyecto de ley de presupuestos generales, como por otro lado no podría ser de otra manera, ya que se recoge en estas disposiciones adicionales y
transitorias la modificación de nada más y nada menos que 10 leyes diferentes. Aquí radica para mi grupo parlamentario una de las cuestiones más controvertidas, a nuestro juicio, del proyecto de ley presentado por el Gobierno socialista y a la que
voy a intentar hacer referencia en la última parte de mi intervención. Dada la limitación del tiempo de que disponemos y para no cansar en exceso, intentaré centrarme en aquellas enmiendas que nos parecen especialmente relevantes y que, por tanto,
merecerían la consideración por parte de esta Cámara al incidir de forma directa en cuestiones de política económica que mejorarán sin duda la buena marcha de nuestra economía en un futuro próximo.
Un primer bloque de las citadas enmiendas completan una serie de iniciativas fiscales presentadas por mi grupo para mejorar la fiscalidad de las pequeñas y medianas empresas, por un lado, y de los agricultores, ganaderos y el transporte
afectados por el alza del precio del petróleo, por otro. Me refiero en concreto a la enmienda 740, que insta al Gobierno a revisar en el plazo de tres meses las tablas oficiales de amortización de los activos fijos empresariales contenidas en el
actual anexo del reglamento del impuesto sobre sociedades. Este incentivo fiscal planteado por mi grupo parlamentario beneficia a todos los empresarios, tanto a los que tributan en el impuesto sobre la renta de las personas físicas como a aquellos
que lo hacen en el ámbito del impuesto sobre sociedades. Los empresarios, señorías, necesitan incentivos que mejoren su competitividad porque ellos son los que crean empleo y riqueza en este país. Por ello, no admitimos ni nos parecen convincentes
los argumentos empleados desde el Grupo Parlamentario Socialista cada vez que mi grupo plantea iniciativas fiscales de este calibre. Siempre terminan amparándose en el marco de una reforma... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Perdone, señora Madrazo.
¿Señorías, por qué no guardan un poco de silencio? (Pausa.)
Continúe.
La señora MADRAZO DÍAZ: Decía que mi grupo no admite los argumentos empleados desde el Grupo Parlamentario Socialista cada vez que planteamos iniciativas
fiscales puntuales como la que estamos planteando con esta enmienda.
Siempre terminan amparándose en el marco de una reforma fiscal más amplia que, según ustedes, acometerán en el segundo año de su legislatura. Mi grupo, señorías, se
congratula de que el Gobierno haya anunciado que tiene intención de que el impuesto sobre sociedades vaya convergiendo con Europa, lo que implicará por tanto una reducción progresiva del impuesto, pero discrepamos totalmente con ustedes de que sea
imposible ir tomando ya mismo medidas puntuales que mejoren la competitividad de nuestras empresas. Los empresarios, señorías, necesitan que se adopten medidas incentivadoras ya, ahora, porque en economía es importante anticiparse al futuro. Por
ello entendemos que esta iniciativa planteada por el Grupo Parlamentario Popular no es la determinante y definitiva, pero ayuda a las empresas a renovar su inmovilizado y a adoptar decisiones inversoras ante la ausencia de otras medidas de mayor
calado que, desde luego, no se vislumbran a corto plazo. Nos parece una oportunidad perdida no aprobar esta enmienda presentada por mi grupo aprovechando la tramitación de estos Presupuestos Generales del Estado.
Dentro de este bloque de enmiendas de carácter fiscal cabe destacar la número 742, que insta al Gobierno a que impulse las acciones necesarias para crear un gasóleo profesional con un tipo impositivo reducido para la actividad de transporte,
así como la enmienda 743, que asimismo insta al Gobierno a aprobar en el plazo de tres meses un plan de renovación de maquinaria agrícola, todo ello en coherencia con la interpelación presentada por mi grupo y la posterior moción sobre las medidas
que piensa adoptar el Gobierno para minimizar el impacto en el sector agrícola, ganadero, pesquero y del transporte, sectores todos ellos afectados por la subida del precio del gasóleo. Sólo quiero recordar aquí, dada la limitación de tiempo, que
con posterioridad, concretamente el 19 de octubre, fueron aprobadas propuestas en la Comisión de Economía y Hacienda para paliar el efecto negativo de la subida del precio de los carburantes, como consecuencia de una proposición no de ley presentada
por Convergència i Unió. En coherencia con estas propuestas mi grupo ha planteado un conjunto de enmiendas relativas al apoyo a estos sectores de los que estoy hablando.
En la segunda parte de mi intervención quiero centrarme en una cuestión que a mi grupo le parece de especial relevancia y que afecta a numerosas enmiendas que hemos presentado a esta disposición adicional que estamos debatiendo aquí. El
Gobierno socialista ha suprimido en este ejercicio 2005 la denominada ley de acompañamiento que venía siendo utilizada desde el año 1993; por tanto, el Grupo Popular no fue el primero en utilizar esta práctica legislativa. La supresión obedece,
según las palabras del propio ministro de Economía y Hacienda, a un ejercicio de transparencia presupuestaria. Para nuestro grupo, nada más lejos de la realidad, y es aquí donde surge nuestra discrepancia fundamental con este conjunto de
disposiciones adicionales que a nuestro juicio contienen una ley de acompañamiento en la sombra al modificarse, a través de ellas, diez leyes en vigor. Desde esta discrepancia planteamos numerosas enmiendas de supresión de determinadas
disposiciones que consideramos que vulneran la doctrina constitucional en la materia. Además, como se ha puesto de manifiesto esta tarde, no sólo ha sido nuestro grupo parlamentario el que ha mostrado esta discrepancia sino que otros grupos
parlamentarios de la Cámara han manifestado la misma opinión al respecto. Entendemos que lo que el Gobierno pretende vender a los ciudadanos como un ejercicio de transparencia es justamente lo contrario porque, además de atentar contra la seguridad
jurídica, está restringiendo las facultades de esta Cámara en su función legislativa por las peculiaridades de tramitación que presenta el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado. Por todo ello, este conjunto de disposiciones
adicionales que hacen referencia a muy diversas materias supone, a juicio del Grupo Parlamentario Popular, una vuelta atrás y un ejercicio de oscurantismo que nada tiene que ver con la transparencia, pudiendo incluso ponerse en tela de juicio la
propia constitucionalidad de la norma. Señorías, la Ley de acompañamiento no tiene por qué ser ni buena ni mala en sí misma, depende del uso o abuso que se haga de ella, máxime cuando el Partido Popular, en la época de su Gobierno, impulsó reformas
legislativas importantes que reforzaron sin lugar a dudas la seguridad jurídica del ciudadano; me refiero especialmente, en el ámbito tributario, a la Ley de derechos y garantías del contribuyente y a la última reforma de la Ley 30/1992, de régimen
jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, que extiende a otras administraciones la obligación de información a los ciudadanos.
Quiero hacer también especial referencia a la disposición adicional cuadragésimo octava que añade una disposición adicional a la Ley del Medicamento. En este caso, a nuestro juicio, se vulnera claramente la Constitución porque se está
creando un impuesto que grava el volumen de ventas de las industrias farmacéuticas que suministren medicamentos al Sistema Nacional de Salud. Tiene todas las características para tratarse de un impuesto y concuerda con la definición que de impuesto
hace la propia Ley General Tributaria. Por tanto, vulnera claramente el artículo...
El señor PRESIDENTE: Señora Madrazo, vaya concluyendo, por favor, porque hay que llamar a votar.
Gracias.
La señora MADRAZO DÍAZ: Nos parece especialmente importante la disposición adicional trigésima que modifica el concepto de la Ley de Estabilidad Presupuestaria
y el poder de decisión del Senado en el caso de modificación de esta ley.
Por último, mi grupo ha presentado -y voy concluyendo- otras enmiendas, dentro de este conjunto de disposiciones adicionales que son muy amplias, en las que pedimos que se cumpla el plan Galicia porque es un plan de Estado aprobado en
Consejo de Ministros, así como varias enmiendas que hacen referencia a descuentos en el transporte aéreo a Baleares y Canarias.
Con esto, por no extenderme más, concluyo mi intervención.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Madrazo.
Señor Torres.
El señor TORRES BALAGUER: Gracias, señor presidente.
Comenzaré refiriéndome a aquellas enmiendas que vamos a aceptar o a las que vamos a proponer una transaccional: a la disposición adicional décima, actividades prioritarias del mecenazgo, que incluiría la número 2008 de Convergència i Unió;
la número 722 del Grupo Popular y las números 1784 y 1785 de Esquerra Republicana, que hacen referencia a la promoción y difusión de lenguas oficiales, a la investigación de instalaciones científicas del ministerio, a la investigación en ámbitos de
microtecnologías y nanotecnologías. Asimismo proponemos una transaccional a la enmienda 2049, en la que se acuerda realizar estudios para los sectores afectados y el coste económico en cuanto que el transporte de mercancías queda gravado por la
directiva comunitaria que hace referencia a la circulación de vehículos pesados de transporte en infraestructuras de diversos países europeos. Proponemos una transaccional a la enmienda 2044, también de Convergència i Unió, respecto a que los
ministerios de Economía y Hacienda y de Industria, de forma coordinada, procederán a adoptar las medidas que sean oportunas para una mayor difusión del sistema vigente de innovación, investigación y desarrollo. De todos es conocido que tenemos un
sistema que puede ser bueno, pero que solamente es aplicado por las grandes compañías produciendo un efecto perverso, ya que el tipo efectivo de las grandes compañías al poderse aplicar estas deducciones es un tipo efectivo mucho más reducido que el
de las pymes que no tienen esa capacidad, independientemente de que se deba avanzar en la clarificación de los conceptos y en aquellas entidades que pueden acreditar qué es innovación, qué es investigación, que hasta este momento tienen una
dificultad enorme para poder ser aplicada.
Por último, proponemos una enmienda transaccional a la disposición adicional novena a las cuantías resultantes de la aplicación en el marco de la acción Profarma del descuento de ventas de los medicamentos, transacción que se hace a las
enmiendas 1792, 1793, 1794, 2020, 2021 y 2022. Simplemente quiero señalar que este descuento sobre ventas de medicamentos no reúne los requisitos de un tributo que requiere el artículo 31 de la Constitución porque ni es obligatorio, ni es de
carácter general. Por tanto, no se encuentra dentro del ámbito de esta definición de tributo. Es un concepto del campo mercantil, como rappels de venta. Por lo tanto, no es un ingreso tributario ni una prestación patrimonial de carácter público.
Podríamos comentar muchas enmiendas, pero por falta de tiempo simplemente voy a decir que el Partido Popular ha hecho gala de incoherencia, de atrevimiento, y ha presentado múltiples enmiendas a disposiciones adicionales con la justificación
de que no son constitucionales. Por ejemplo, la modificación que pretenden de la Ley del Catastro Inmobiliario. Resulta chocante que respecto a una modificación que pretende entroncar con la política económica del Gobierno, con el conocimiento de
los titulares de los inmuebles que permita la formulación de declaraciones de IRPF a todos los contribuyentes, la clarificación por lo tanto de la imputación de las rentas inmobiliarias, una proposición que afecta directamente a nuestro sistema, se
diga que no tiene nada que ver con la política económica del Gobierno. En definitiva, presenta múltiples incoherencias.
Para acabar, quisiera contestar a Izquierda Unida respecto al régimen que pretende aplicar a la Iglesia católica con su enmienda y recordarle que nos regimos por los acuerdos del año 1979, y que el Estado sigue asumiendo el compromiso de su
sostenimiento. Es un sistema que tiene sus raíces en acontecimientos históricos y seculares. Pensamos que esa autofinanciación de la que la propia Iglesia está hablando se tiene que acomodar en el tiempo y que en los próximos años habrá que ir
constatando que se va avanzando, siempre dentro del marco de lealtad y respeto entre las instituciones.
El señor PRESIDENTE: Señora López i Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Gracias, señor presidente. (Rumores.)
Voy a intentar referirme a una serie de transaccionales para el 'Diario de Sesiones', porque SS.SS. van a escuchar poco.
Respecto a las transaccionales a las disposiciones adicionales decimocuarta y decimoquinta, de trabajo y relativas a los planes de Canarias y Extremadura, quiero decirle, señor Azpiroz, que las dos son iguales, ustedes han establecido las
diferencias. ¿Cómo se les puede pedir que entiendan el plan de empleo para Extremadura cuando su presidente Aznar le dijo al presidente de Extremadura que, después de ocho años de Gobierno, todavía no sabía si Extremadura necesitaba un plan de
empleo? No podemos hacer más debates, los extremeños ya saben quién los defiende y quién no.
En cuanto a la disposición vigesimosexta, de formación continua, está clara nuestra posición. Vamos a adecuarlo a las sentencias del Tribunal Constitucional. Valga remarcar que para el año que viene habrá 137 millones para las comunidades
autónomas.
A la disposición adicional cuadragesimosexta hay 35 enmiendas relativas a la ampliación de bonificaciones a los autónomos para que contraten. Aquí hemos visto la posibilidad de bonificar al autónomo que contrata a un trabajador en las
condiciones que ya estaban establecidas, lo hemos ampliado a los becarios y hemos incluido a los trabajadores que apoyan a las familias dependientes.
Respecto al traspaso de políticas pasivas, nuestra posición ya está fijada. Son políticas de Estado y no creemos que puedan ser transferidas.
En cuanto al SOVI, ya tienen ustedes una enmienda transaccional. Por lo que se refiere a la
pensión de viudedad, quiero decirle al portavoz de Convergència i Unió que nosotros planteamos subir las pensiones mínimas de viudedad. Pasar del 52 al 62 significaría subir las pensiones de viudedad más altas y la subida de las más bajas volvería
a quedar absorbida con los complementos a mínimo. Por lo tanto, no aceptamos su enmienda.
Respecto a la disposición relativa a la transferencia de los inmuebles...
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, el ruido ya es excesivo, simplemente excesivo. En consecuencia, si no pueden guardar silencio por lo menos hablen bajo.
Continúe.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Señor presidente, permítale a esta diputada que le sugiera que en el futuro o se llame antes a votar o después porque si no es imposible hablar.
El señor PRESIDENTE: Soy consciente.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Para no alargarme, diré que hay dos transaccionales nuevas. Una sobre el síndrome tóxico que presenta Izquierda Unida-Izquierda Verde-Iniciativa per Catalunya. Ya les dijimos en Comisión que lo que hemos hecho
es ampliar la partida para este colectivo. No vemos la posibilidad de mantener las pensiones contributivas, pero sí estamos estudiando fórmulas que permitan cubrir a aquellas personas que queden desprotegidas y, repito, estamos en negociaciones con
ellos.
En cuanto a los autónomos, a los que se referían las enmiendas números 733 y 734 del Grupo Popular, no tengan problema SS.SS. porque no son inconstitucionales. Tranquilos. Es precisamente la doctrina del Tribunal Constitucional, en su
sentencia 76/92, la que establece que pueden quedar incluidas en la Ley de Presupuestos materias que tengan relación directa con los compromisos de gasto y previsiones de ingresos, como es el caso.
Por ello, no podemos aceptar sus enmiendas. En
cuanto al resto de las enmiendas, las doy por defendidas. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora López.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder al juramento o promesa de acatamiento de la Constitución de un nuevo diputado.
Conforme al artículo 20 del Reglamento se procede al llamamiento del diputado proclamado electo por la Junta Electoral Central, don José Ramón Calpe Saera, en sustitución de don Juan Costa Climent, para prestar juramento o promesa de acatar
la Constitución.
¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?
El señor CALPE SAERA: Sí, prometo.
El señor PRESIDENTE: Don José Ramón Calpe ha adquirido la condición plena de diputado. Felicidades. (Aplausos.)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2005.
(VOTACIONES.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar las votaciones, pero antes de levantar la sesión y como ha funcionado bien afortunadamente la ordenación del debate porque es relativamente pronto, señalo que mañana empezaremos a las nueve con las
secciones 01 a 05 y 08 conjuntamente. A continuación, sección 12, Asuntos Exteriores y Cooperación; sección 13, Justicia; sección 14, Defensa; sección 16, Interior, y pensamos que podremos recuperar la sección 17, Fomento, antes de la votación
entre una y dos de la tarde. Así, pues, los señores portavoces están advertidos.
Vamos pues a comenzar la votación. En primer lugar, al título I, artículos 1 a 13, del Grupo Parlamentario Mixto, enmienda de la señora Barkos Berruezo, número 244.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 21; en contra, 173; abstenciones, 127.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, la enmienda ha sido rechazada.
Enmienda de la señora Lasagabaster Olazábal número 153.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 20; en contra, 172; abstenciones, 126.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 1045, del señor Rodríguez Sánchez y de la señora Fernández.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 19; en contra, 299; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Grupo Parlamentario de Izquierda Verde, enmienda 1271.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 134; en contra, 175; abstenciones, diez.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, enmiendas 1778 y 1779.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 17; en contra, 295; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), enmienda número 1985.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 20; en contra, 174; abstenciones, 126.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Grupo Parlamentario Popular, enmienda 680.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 128; en contra, 180; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Concluidas las enmiendas procedemos a votar el texto del dictamen: título I, del artículo 1 al 13, sin perjuicio de las variaciones que puedan experimentar las cifras como consecuencia de la aprobación de enmiendas en el curso del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 174; en contra, 146; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Comenzamos el título II, artículos 14 a 18. En primer lugar, enmienda 1046 del Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez Sánchez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 19; en contra, 299; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Grupo Parlamentario de Izquierda Verde, enmienda 1273. (El señor Herrera Torres pide la palabra.) Señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Retiramos esta enmienda.
El señor PRESIDENTE: Tomamos nota.
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), enmiendas 1986 a 1992.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 147; en contra, 172; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas,
Grupo Parlamentario Popular. Votamos las enmiendas 681 y el resto de las presentadas por este grupo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 124; en contra, 176; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Hemos concluido las enmiendas al título II. Procede ahora la votación del texto del dictamen, que va del artículo 14 al 18.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 174; en contra, 146; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Comenzamos con el título III.
En primer lugar, enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, señora Lasagabaster, números 154 y 155.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 20; en contra, 301.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Mixto, señor Rodríguez Sánchez, números 1050, 1053, 1054, 1058, 1065, 1066, 1067, 1070, 1073, 1076, 1083, 1086 y el resto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 21; en contra, 177; abstenciones, 122.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Señora Fernández, me dicen los servicios de la Cámara que usted quería votación aparte del resto. El resultado no va a variar, pero, si quiere, lo hago. ¿Lo pide? (Pausa.) Es el Grupo Popular el que lo había pedido.
No se preocupe, señor
Martínez-Pujalte, porque así se hará.
Votamos el resto de las enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 19; en contra, 301.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Grupo Parlamentario de Izquierda Verde. Votación separada de la enmienda 1279.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, seis; en contra, 181; abstenciones, 134.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Segunda enmienda, la número 1280, sobre la cual se solicitó votación separada.
Comienza la votación (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, siete; en contra, 301; abstenciones, diez.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas números 1189 y 1190 del Grupo Parlamentario Vasco.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 20; en contra, 299; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Votamos conjuntamente las enmiendas 1780 y 1781.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 21; en contra, 292; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) había pedido dos votaciones separadas. En primer lugar, las enmiendas 1993 y 1996.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 19; en contra, 175; abstenciones, 127.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación, votamos el resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 19; en contra, 301.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Grupo Parlamentario Popular. Votamos las enmiendas de la número 689 a la 692.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 139; en contra, 173; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Concluido la votación de las enmiendas, pasamos a votar el texto del dictamen del título III, es decir, del artículo 19 al 35.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 170; en contra, 147; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto del dictamen del título III.
Título IV. Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez Sánchez, números 1087 a 1089.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 20; en contra, 175; abstenciones, 126.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Grupo Parlamentario de Izquierda Verde. Votamos la enmienda número 1283.
(El señor Herrera Torres pide la palabra.)
Señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Esta enmienda queda transaccionada con la que nos ha ofrecido el Grupo Socialista sobre el SOVI y, por tanto, la retiramos.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Entiendo que la votaremos al final, cuando se voten las transaccionales. Muchas gracias. Tomamos nota.
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Sánchez i Llibre, el de la 1998 es el mismo caso, ¿no? Aceptan ustedes la transacción al final.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: La enmienda original de Convergència i Unió planteaba la compatibilidad del SOVI; por eso aceptamos esta transacción.
El señor PRESIDENTE: Gracias. La votaremos al final.
Entonces, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), queda solo la votación de la 1997.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 20; en contra, 171; abstenciones, 129.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Procedemos a la votación del texto del dictamen del título IV, que comprende del artículo 36 al artículo 45.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 171; en contra, 137; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto del dictamen del título IV.
Procedemos a la votación de las enmiendas del título VIII. En primer lugar, las del Grupo Parlamentario Mixto, de las que se ha solicitado votación separada. Enmienda 1096.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 21; en contra, 173; abstenciones, 126.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 1097, del mismo grupo parlamentario.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 20; en contra, 300; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. En primer lugar, votamos separadamente la enmienda 1289.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, seis; en contra, 305; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 1290, del mismo grupo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, seis; en contra, 303; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), votamos las enmiendas 2004 y 2005.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 20; en contra, 172; abstenciones, 128.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Grupo Parlamentario Popular. Enmienda 719.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 125; en contra, 182; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Concluida la votación de las enmiendas, procede la votación del texto del dictamen del título VIII, que comprende el artículo 99 y el artículo 100.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 172; en contra, 149.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto del dictamen del título VIII.
Sección 07, clases pasivas. No hay enmiendas. Procede votar directamente el texto del dictamen relativo a la sección 07.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 173; en contra, 137; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la sección 07 relativa a clases pasivas.
Título V. No tiene enmiendas. Procede, pues, la votación del texto del dictamen, del artículo 46 al artículo 56, sin perjuicio de las variaciones en las cifras del artículo 46 que puedan resultar de la aprobación de enmiendas en el curso
del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 173; en contra, 137; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto del dictamen del título V.
A continuación sección 06, deuda pública. No hay enmiendas. Pasamos a votar directamente el contenido de la sección.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 172; en contra, 137; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la sección 06 relativa a deuda pública.
Título VI. En primer lugar, enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto.
Votación separada de las enmiendas 1090 y 1092.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 19; en contra, 301.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda 1091.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 20; en contra, 178, abstenciones, 123.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco. En primer lugar, enmiendas 1195, 1198, 1200, 1201 y 1211.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 19; en contra, 176; abstenciones, 126.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado este bloque de enmiendas.
Segundo bloque de enmiendas sobre las que se solicita votación separada, enmiendas números 1196, 1197, 1199, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1209 y 1210.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 148; en contra, 172.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado este segundo bloque de enmiendas.
Tercer bloque, resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 21; en contra, 299; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado, pues, el resto de enmiendas.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) se ha presentado una sola enmienda, la número 1999.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 148; en contra, 172; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Vamos a votar a continuación las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, de la número 693 a la 715.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 130; en contra, 172; abstenciones, 19.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Hemos concluido la votación de enmiendas. Procede la votación del texto del dictamen del título VI, que comprende del artículo 57 al artículo 66.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 170; en contra, 151.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto del dictamen del título VI.
Título VII. En primer lugar, enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez. Votación separada de las enmiendas números 1093 y 1094.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 21; en contra, 175; abstenciones, 125.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Segunda enmienda, 1095.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 20; en contra, 297; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Grupo Parlamentario de Izquierda Verde, enmienda número 1288.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor seis; en contra, 177; abstención, 137.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
La enmienda del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana está retirada.
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), enmiendas 2000 a 2003.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 146; en contra, 174.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Grupo Parlamentario Popular, enmienda número 716.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 139; en contra, 173; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Concluida la votación de enmiendas, procede la votación del texto del dictamen del título VII, que comprende del artículo 67 al artículo 98.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 171; en contra, 147; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Sección 32, entes territoriales. En primer lugar, enmienda del Grupo Parlamentario Mixto 143, que corresponde al señor Labordeta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 139; en contra, 171; abstenciones, diez.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación, Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, tres votaciones separadas. En primer lugar, la 1569.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 144; en contra, 167; abstenciones, diez.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
En segundo lugar, la 1572.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 17; en contra, 169; abstenciones, 135.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Finalmente, se vota el resto de las enmiendas de Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, siete; en contra, 178; abstenciones, 136.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Dos votaciones separadas. En primer lugar, enmienda 2338.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 147; en contra, 172; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación se vota el resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 19; en contra, 176; abstenciones, 126.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. Solicitan dos votaciones separadas. En primer lugar, la número 673.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 129; en contra, 172; abstenciones, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el resto del bloque de enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 128; en contra, 184; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Concluida la votación de las enmiendas, procede la votación del texto del dictamen correspondiente a la sección 32, entes territoriales.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 173; en contra, 145; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto del dictamen correspondiente a la sección 32, entes territoriales.
Sección 33, Fondo de Compensación Interterritorial. Enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, números 1577 y 1578.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, cinco; en contra, 180; abstenciones, 136.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Procedemos ahora la votación del texto del dictamen relativo a la sección 33, Fondo de Compensación Interterritorial.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 173: en contra, 147.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto del dictamen de la sección 33, Fondo de Compensación Interterritorial.
A continuación pasamos a votar las enmiendas a las disposiciones adicionales y transitorias.
Votamos las enmiendas del Grupo Mixto, de la señora Barkos. Solicita dos votaciones separadas. En primer lugar, las números 245, 246, 248, 249, 252 y 253.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 20; en contra, 172; abstenciones, 128.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación, votación separada para el resto del bloque de enmiendas presentadas por la señora Barkos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 18; en contra, 301.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Enmiendas de la señora Lasagabaster, en tres votaciones separadas. En primer lugar, la relativa a las enmiendas 157, 158, 161, 164, 165, 166 y 167.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 20; en contra, 174; abstenciones, 126.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado este bloque de enmiendas.
Votación de la enmienda número 163.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 143; en contra, 173; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Por último, votamos el resto del bloque de enmiendas presentadas por la señora Lasagabaster.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 22; en contra, 298.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
A continuación, enmiendas presentadas por el Grupo Mixto, señor Rodríguez, en dos votaciones separadas. En primer lugar, enmienda 1102.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 20; en contra, 171; abstenciones, 128.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación, votamos el resto del bloque de las enmiendas del señor Rodríguez Sánchez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 20; en contra, 300; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde. La número 1296 la transfieren al final con una transaccional. Comenzamos por la enmienda número 1291.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 15; en contra, 297; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 1300.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 10; en contra, 177; abstenciones, 134.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación, la enmienda 1305.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 134; en contra, 177; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Procedemos a votar el resto del bloque de enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, cinco; en contra, 306; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el resto de enmiendas.
Grupo Parlamentario Vasco. Enmiendas 1212 a 1219.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 20; en contra, 297; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Las enmiendas 1784 y 1785 pasan a transaccional, así como las enmiendas 1792, 1793 y 1794. En consecuencia, sólo quedan dos, la 1783 y la 1789. ¿Es así? (Asentimiento.) Para nota.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 26; en contra, 286; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Grupo Parlamentario Catalán. Señor Sánchez i Llibre, las enmiendas 2008, 2020, 2021, 2022 y 2028 pasan a transaccional y nos quedan, pues, tres votaciones separadas exclusivamente: de la 2044, de la 2049 y del resto.
Enmienda 2004.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 192; en contra, 19; abstenciones, 110.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Segunda votación separada. Enmienda 2049.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 304; en contra, ocho; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Por último, resto del bloque de enmiendas presentadas por el Grupo de CiU.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 20; en contra, 300; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas. (El señor Martínez-Pujalte López pide la palabra.)
Señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, mi grupo pide votación separada de la enmienda 741, que pretende incrementar las subvenciones al transporte aéreo de Canarias, Baleares y las ciudades de Ceuta y Melilla al 50 por ciento.
Gracias. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Por favor, silencio. Gracias, señor Martínez-Pujalte.
Para ordenar bien el debate de las transaccionales, entiendo que la incorporan la enmienda 742 a la votación final. (Asentimiento.) Gracias.
Comenzamos por la enmienda número 731.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 139; en contra, 173; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se somete a votación la enmienda 741.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 148; en contra, 170; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos ahora en bloque las enmiendas 737, 740, 742; 743 y 752.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 129; en contra, 172; abstenciones, 19.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación votamos la enmienda 725.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 129; en contra, 181; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el resto del bloque de enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 128; en contra, 172; abstenciones, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el resto del bloque de enmiendas.
Corresponde ahora votar las enmiendas transaccionales. ¿Algún grupo parlamentario se opone a la tramitación de las mismas? (Pausa.)
Se incorporan pues a la votación. Revisen los señores portavoces: las enmiendas están anotadas con el número de registro 29130, 29131, 29132 y 29133. Me consta que han sido distribuidas y son conocidas por los grupos parlamentarios. Con
independencia de cuál sea el número de registro o el número en el debate, entendemos que son las cuatro enmiendas transaccionales que han sido negociadas por todos los grupos parlamentarios y creo que la votación está lo suficientemente clara como
para que procedamos a una votación en bloque. (El señor Martínez-Pujalte López pide la palabra.)
Señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, mi grupo pide que se vote separadamente la 29133, según su numeración.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo.
¿Algún otro grupo parlamentario desea votación separada? (Pausa.)
Para que no haya dudas de lo que vota el Pleno, según la numeración de registro, votamos en primer lugar la 29130, la 29131 y la 29132.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 319; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las tres primeras transaccionales con la numeración dicha.
Votación separada de la transaccional 29133.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 179; en contra, 137; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda transaccional referida.
Concluidas las enmiendas, pasamos a votar el texto del dictamen de las disposiciones adicionales primera a cuadragésimo octava y de las disposiciones transitorias primera a sexta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 173; en contra, 137; abstenciones, diez.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto del dictamen relativo a las disposiciones adicionales y transitorias.
Por último, los anexos. En primer lugar, enmiendas de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds números 1314 y 1315.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, siete; en contra, 179; abstenciones, 134.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), dos votaciones separadas. En primer lugar, las enmiendas 2055, 2057, 2058, 2059, 2060, 2062, 2064, 2065, 2066 y 2067.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 20; en contra, 170; abstenciones, 129.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Segunda votación del resto del bloque de enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 19; en contra, 300; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda 751, del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 128; en contra, 182; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Finalmente, procedemos a la votación del texto del dictamen de los anexos I a XII, sin perjuicio de las variaciones que resulten de la aprobación de enmiendas en el curso del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 171; en contra, 149.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto del dictamen de los anexos I a XII.
Tal y como hemos previsto, parece que está funcionando el formato del debate. Comenzaremos a las nueve de la mañana y es probable que a última hora entre la sección relativa a Fomento.
Se suspende la sesión.
Eran las nueve y cincuenta minutos de la noche.