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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 36, de 30/09/2004
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2004 VIII Legislatura Núm. 36
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 32
celebrada el jueves, 30 de septiembre de 2004
ORDEN DEL DÍA:
Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2003:
- Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2003. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 15, de 25 de junio de 2004. (Número de expediente 260/000001.) ...
Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes:
- Real Decreto-ley 6/2004, de 17 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los incendios e inundaciones acaecidos en las Comunidades Autónomas de Aragón, Cataluña, Andalucía, La Rioja,
Comunidad Foral de Navarra y Comunidad Valenciana.
('BOE núm. 226, de 18 de septiembre de 2004) (Corrección de error en BOE núm. 230, de 23 de septiembre de 2004) (Número de expediente 130/000006.) ... (Página 1563)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2003 ... (Página 1539)
El señor Defensor del Pueblo (Múgica Herzog) expone ante la Cámara un resumen del informe correspondiente a la gestión realizada durante el año 2003, que ha sido distribuida entre los señores diputados. Antes de entrar en la exposición
resumida de los asuntos más significativos que integran el informe, hace una reflexión sobre la naturaleza y el objetivo de la institución del Defensor del Pueblo, resaltando su absoluta independencia, no recibiendo instrucciones de ninguna
autoridad y desempeñando sus funciones con autonomía y según su criterio, según el mandato de la Ley Orgánica que lo regula. Sin embargo, añade, esta posición privilegiada del Defensor del Pueblo en el ordenamiento jurídico no convierte esta figura
en una instancia dominante, dogmática o por encima de los poderes del Estado, sino que, tras ponerse en el lugar del que reclama y tratar de superar los conflictos inherentes a la queja, procura establecer un puente, poniéndose en contacto con las
diferentes administraciones públicas, proponiendo una salida acorde con el espíritu de la norma y elaborando una resolución conciliadora.
A continuación se refiere a los diferentes apartados del informe, que tiene la misma estructura que en ejercicios precedentes, con objeto de facilitar la comprensión comparativa interanual y asentar los criterios de elaboración del complejo
documento, deseando que el breve balance expuesto contribuya a esclarecer los asuntos tratados y estimule a SS.SS.
a reflexionar sobre los mismos, para así poder perfeccionar la labor realizada que la institución viene efectuando en defensa de los
derechos constitucionales.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda
Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los señores Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Cerdà Argent, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Xuclá i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió); Puche Rodríguez-Acosta, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Rascón Ortega, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página 1563)
Real Decreto-ley 6/2004, de 17 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los incendios e inundaciones acaecidos en las comunidades autónomas de Aragón, Cataluña, Andalucía, La Rioja, Comunidad
Foral de Navarra y Comunidad Valenciana ... (Página 1563)
La señora ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación (Espinosa Mangana) somete a la consideración de la Cámara, para su convalidación, el Real Decreto-ley 6/2004, de 17 de septiembre, que tiene por objeto atender con carácter urgente las
situaciones generadas como consecuencia de los daños causados por los incendios e inundaciones acaecidos en las comunidades autónomas de Aragón, Cataluña, Andalucía, La Rioja, Comunidad Foral de Navarra y Comunidad Valenciana. Hace una descripción
de los daños habidos y de la magnitud de las consecuencias que de ellos se han derivado y pasa a explicar el contenido y el carácter extraordinario y urgente de las medidas introducidas en el Real Decreto-ley. Termina diciendo que la magnitud de
los hechos y sus consecuencias obligan, por solidaridad y en aplicación del principio de equidad e igualdad de trato respecto a otras actuaciones en similares circunstancias, a adoptar las medidas que se señalan en el Real Decreto-ley, con objeto de
reparar los daños producidos y propiciar la vuelta a la normalidad de las zonas siniestradas.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Barkos Berruezo y el señor Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Beloki Guerra, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Canet Coma, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Guinart Solá, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Sánchez Camacho-Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y
el señor Barrero López, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Sometida a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por
los incendios e inundaciones acaecidos en las comunidades autónomas de Aragón, Cataluña, Andalucía, La Rioja, Comunidad Foral de Navarra y Comunidad Valenciana, se aprueba la convalidación por 292 votos a favor, uno en contra y una
abstención.
Sometida a votación la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-ley convalidado, obtiene 143 votos a favor, 143 votos en contra y cinco abstenciones.
Ante el empate alcanzado en la votación, se efectúa una segunda que obtiene 146 votos a favor, 146 en contra y dos abstenciones.
Al no haberse alcanzado ninguna mayoría, se suspende la sesión para efectuar una tercera votación una vez reanudada.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
El señor presidente comunica a la Cámara que la tercera votación se pospone al martes de la semana que viene.
Se levanta la sesión a la una y veinte minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN REALIZADA DURANTE EL AÑO 2003.
- INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN REALIZADA DURANTE EL AÑO 2003. (Número de expediente 260/000001.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión con el punto VI del orden del día: Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2003. Esta memoria ha sido distribuida y publicada, con lo cual
está a disposición de sus señorías.
El procedimiento que utilizaremos es el tradicional. En primer término, la exposición por el Defensor del Pueblo de un resumen del informe; a continuación comenzarán las deliberaciones sobre el mismo y los distintos portavoces, de orden de
menor a mayor, tendrán una intervención máxima de 15 minutos por cada grupo parlamentario.
Señor Defensor del Pueblo, tiene la palabra.
El señor DEFENSOR DEL PUEBLO (Múgica Herzog): Muchas gracias, señor presidente.
Señor presidente, señorías, tras la comparecencia hace una semana ante la Comisión Mixta Congreso-Senado de relaciones con el Defensor del Pueblo para presentar y debatir el contenido del informe correspondiente al ejercicio de 2003, me
satisface dar cuenta hoy de ese mismo informe ante este Pleno, dando así cumplimiento a las normas por las que se rige la institución.
Antes de entrar en la exposición resumida de los asuntos más significativos que integran el informe, permítanme exponer unas cuantas circunstancias de carácter previo y complementario, que me parecen relevantes para su mejor comprensión. La
actividad del Defensor del Pueblo se encuentra muy relacionada con los factores de todo tipo que condicionan la vida de los ciudadanos, factores que a su vez reflejan de modo natural el grado de eficacia de los derechos fundamentales de las personas
reconocidos por el ordenamiento vigente, finalidad principal de la institución, lo cual, unido a la confianza otorgada por la población española al Defensor, puesta de manifiesto con ocasión de diferentes encuestas en épocas distintas, nos anima y
estimula nuestro esfuerzo. De ahí el amplio y creciente abanico de problemas que plantea la actuación de los entes y organismos de la Administración en relación con el ámbito de los derechos constitucionales y la atenta vigilancia con que seguimos
la cada día más compleja trama configurada por los poderes del Estado en sus respectivas parcelas de actuación. De este modo, la figura del Defensor se convierte, por el mero ejercicio de sus competencias, en observatorio privilegiado para el
análisis y la propuesta subsiguiente de posibles reformas que pretenden favorecer la convivencia democrática a la que aspira nuestro Estado de derecho.
Semejante objetivo no es fácil de lograr y para llevar a cabo las tareas consiguientes el Defensor del Pueblo dispone de diversos instrumentos en tanto que comisionado de las Cortes Generales, en tanto que comisionado de sus señorías. Pero
lo que proporciona su auténtico sentido es el arma de su independencia a ultranza. El Defensor del Pueblo, declara tajantemente la Ley Orgánica que lo regula, no estará sujeto a mandato imperativo alguno. Por si esto fuera poco, añade y precisa
que no recibirá instrucciones de ninguna autoridad, desempeñará sus funciones con autonomía y según su criterio. Independencia, pues, a toda costa; independencia que debe presidir todas y cada una de sus actuaciones; independencia que, desde el
mismo momento de ser elegido, le concede autonomía incluso respecto de los diputados y senadores que lo eligieron.
Ningún poder del Estado, ninguna fuerza política, por predominante que sea en los diferentes ámbitos de ese
poder, condicionará una actuación celosa de la autonomía y de la independencia característica del Defensor. Manifestación suprema de esa radical independencia es la legitimación para recurrir las normas emanadas del propio poder que lo
elige y comisiona, así como la duración de su mandato institucional, más dilatada que las de las legislaturas.
Esa privilegiada posición del Defensor del Pueblo en el ordenamiento jurídico no convierte, sin embargo, a esta figura en una instancia dominante o dogmática, al margen o por encima de los poderes del Estado.
Muy al contrario, cuando el
Defensor admite una queja a trámite trata de ponerse en el lugar de quien reclama, de superar los conflictos inherentes a la queja. A tal efecto, procura establecer un puente poniéndose en contacto con las diferentes administraciones públicas,
proponiendo una salida acorde con el espíritu de la norma y elaborando una resolución conciliadora. La resolución del Defensor del Pueblo pretende ser por eso un elemento superador de divergencias originadas en el ejercicio de la actividad
administrativa pública, nunca un parapeto ni una barricada; ni un parapeto candoroso, ni una barricada desde la que se enarbolan, sistemáticamente y sin reflexionar, banderas reivindicativas.
En este sentido, y sin perjuicio de la firmeza con que han de ser defendidos los derechos ciudadanos, se estima que el mandato recibido de las Cortes Generales tiene mucho más que ver con la creación de condiciones propiciadoras de
soluciones activas que con la simple manifestación de opiniones poco matizadas, que a la larga resultarían seguramente contraproducentes. Tiene mucho más que ver con la prevención de situaciones de conflicto que con la intervención quirúrgica en
situaciones de abierta conculcación del derecho; tiene mucho más que ver, en definitiva, con las auctoritas persuasiva que con la potestas imperativa, sin que ello afecte, repito, señorías, a la sólida convicción de que la tutela de los derechos
exige a veces una firmeza y una determinación a toda prueba. Convicción férrea, pues, bajo propuestas conciliadoras. Más de 20 años actuando con estos criterios han conseguido que la gran mayoría de los ciudadanos y de los grupos y las fuerzas
sociales sigan depositando su confianza en una institución que desea y se esfuerza por seguir mereciendo ese crédito privilegiado. Precisamente ahí radica, con toda seguridad, la causa de que el Defensor del Pueblo reciba peticiones ciudadanas de
carácter individual o colectivo, que a veces se encuentran alejadas de las competencias propias de la institución. Así ha ocurrido, por ejemplo, en el año 2003, con las quejas derivadas de la participación española en el conflicto de Irak, más de
36.000, que pusieron a prueba, por su concentración en pocas fechas, el sistema informático recientemente instalado y que no se han computado, en su inmensa mayoría, como quejas a efectos de los datos globales ofrecidos en el informe, aunque sí
aumentaron considerablemente la carga de trabajo de los servicios de la oficina, puesto que todas ellas se analizaron y respondieron puntual y escrupulosamente. Teniendo en cuenta, sin embargo, que la institución del Defensor del Pueblo no tiene
atribuidas facultades que le permitan determinar u orientar la política exterior del país o la misión de las Fuerzas Armadas o la convocatoria de consultas populares en relación con las decisiones de los poderes del Estado, esas peticiones no
pudieron admitirse a trámite; ni tampoco pareció viable la actuación procesal que permitiera cuestionar las correspondientes decisiones gubernamentales ante el Tribunal Constitucional, tal y como proponían algunas de esas quejas. Pero todas las
peticiones fueron, como he dicho, cuidadosamente analizadas y respondidas.
Continuando la labor emprendida en ejercicios precedentes, en el ejercicio 2003 se registró un espectacular crecimiento de las tareas que integran las relaciones institucionales que de ordinario reflejan los medios informativos. En lo
referente a la actividad internacional, se produjo un notable aumento del número de actuaciones y de la presencia en muy diversos foros por parte de quienes trabajamos en la institución. Aunque el informe contiene una relación completa de estas
actuaciones, permítanme subrayar, señorías, la importancia de la comparecencia ante la Comisión de Derechos Humanos número 59, en Ginebra. Ahí tuvimos ocasión de presentar un texto sobre la situación de las víctimas del terrorismo en España y la
relevancia de la participación en el VIII Congreso de la Federación Iberoamericana de Ombudsman, en el que se aprobó la Declaración de Panamá. Entre las numerosísimas visitas de intercambio y cooperación mutua, debo destacar, como un humilde
homenaje a su memoria, la reunión celebrada en el palacio de Bermejillo con el que fuera Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Sergio Vieira de Melo, luego asesinado en Irak, cuando se encontraba allí cumpliendo su misión de
paz.
Haciendo referencia ya al documento del informe, tiene la misma estructura que en ejercicios precedentes, con objeto de facilitar la comprensión comparativa interanual y asentar los criterios de elaboración del complejo documento. Todo ello
sin perder flexibilidad, teniendo en cuenta la construcción modular e intercambiable de sus contenidos. La presentación y conclusiones tratan de estimular y facilitar su consulta y los apartados sustantivos del informe dan cuenta de la gestión,
siguiendo una progresión lógica en el modus operandi básico en la institución.
Los datos principales de la gestión se centran en la tramitación de quejas y peticiones ciudadanas. Aparte de las relativas a la intervención en Irak que, como dije, no son computables a esos efectos, el total de las quejas de los
ciudadanos recibidas por el Defensor del Pueblo alcanzó la cifra de 17.389. Las quejas iniciadas de oficio desde la propia institución, también incluidas en este total, ascendieron a 165. Aunque pueda tenerse por
un dato cuantitativo menor, la gestión de estos expedientes de oficio es de una gran importancia, pues, por un lado, exige mantener un alto nivel de alerta ante la posible aparición de conflictos y, por otra parte, requiere la puesta en
marcha del mecanismo indagatorio habitual sin partir de más datos que los proporcionados por alguna noticia, sin apoyo en una reclamación inicial que suele aportar unos niveles de conocimiento superiores de partida utilizables como base de la
investigación correspondiente. En términos cuantitativos, la cifra más importante de las quejas tiene su origen en las reclamaciones ordinarias o quejas de los ciudadanos. Reclamaciones que, dentro de una tendencia netamente creciente, oscilan de
año en año con altibajos, con ejercicios punta y ejercicios valle; con cantidades que pueden presentar un registro más elevado, como sucedió en el ejercicio 2002, o como parece que lleva camino de suceder en el que nos encontramos de 2004 si
continúa la progresión observada en la primera mitad de este año. Por ejemplo, a 21 de septiembre del año 2003, del que se ocupa este informe, el total de quejas recibidas ascendió a 12.915. En este año -que será objeto de posterior informe en el
próximo año y queremos que sea a comienzos del mismo-, a 21 de septiembre, se ha pasado de 12.915 a 23.150, casi el 80 por ciento más este año que el pasado. Del total mencionado, de las 17.389 quejas citadas, tenían carácter individual 12.612,
fueron consideradas como colectivas otras 4.612 y, como ya se ha dicho, 165 se incoaron de oficio. Por comunidades autónomas destaca la de Madrid, con poco más del 33 por ciento de las quejas recibidas, seguida con gran diferencia por la Comunidad
Valenciana, casi el 11 por ciento, y Andalucía y Cataluña, con más del 9 por ciento. De las recibidas del extranjero, unas 400 en total, vuelven a ocupar los primeros lugares los países iberoamericanos, sobre todo Argentina, México y Venezuela, y
los países vecinos, como Francia y Marruecos. Es de notar asimismo el peso constante, mantenido en los últimos ejercicios, de las quejas procedentes del conjunto de países de la Unión Europea, como la ya aludida Francia, Alemania, Reino Unido,
Bélgica e Italia, lo cual sugiere, salvando los modelos defensoriales, una cierta conciencia de la homogeneidad en los hábitos ciudadanos ante las instituciones.
Por lo que se refiere a las distintas administraciones u organismos afectados, las quejas tienen que ver de modo sobresaliente con los sectores de inmigración y atención a emigrantes españoles, Administración de Justicia y a la Función
pública. En este sentido se observa un cierto cambio en los primeros puestos, porque este último sector, el de la Función pública, venía figurando a la cabeza en los ejercicios precedentes. Conservan sus altas frecuencias, asimismo, los sectores
de la sanidad y la Seguridad Social, la acción social, la ordenación de la actividad económica y la Administración educativa. Especial interés en la gestión reviste el estado de tramitación de las quejas que venimos mencionando. De las quejas
totales recibidas o incoadas, 9.476 no fueron admitidas a trámite, otras 6.249 se admitieron para ser investigadas ante las correspondientes administraciones y 1.664 se encontraban pendientes de tomar la decisión oportuna a 31 de diciembre de 2003.
Entre los motivos de no admisión de las quejas, es preciso destacar la no existencia de indicios de irregularidad administrativa, la comprobación de no intervención de los poderes públicos en el caso reclamado y el hecho de haber recaído sentencia
firma o haberse producido intervención judicial. El alto número de inadmisiones se debe a que se consideran incluidas en ese grupo quejas de carácter colectivo con numerosos componentes que se cuentan como quejas distintas. Así ha sucedido en
concreto con quienes interpusieron quejas contrarias a la experimentación con células madre embrionarias y con quienes habían solicitado equiparación de vacaciones en el servicio de Correos o determinadas reformas en las modalidades de los distintos
ciclos universitarios. Por cierto, en el caso de las células embrionarias, una vez asentados los criterios científicos y normativos correspondientes, han sido admitidas las quejas de ciertos colectivos, muy singularmente las procedentes de personas
afectadas por diabetes, para facilitar la oportuna terapia. Las quejas objeto de admisión se habían dado por concluidas en más del 41 por ciento de los casos a 31 de diciembre del ejercicio 2003 y poco más del 58 por ciento se encontraban en fase
de tramitación a esa misma fecha. El documento del informe contiene in extenso cuadros y gráficos explicativos con motivos de inadmisión, administraciones ante las que se tramitaron las quejas, tipos de conclusiones y un listado completo con su
número de expediente y el enunciado sucinto de todas las quejas de oficio gestionadas.
Las resoluciones institucionales dirigidas a las administraciones públicas como consecuencia de la gestión de las distintas quejas admitidas alcanzaron un total de 154 recomendaciones de alcance general, 228 sugerencias en torno al
tratamiento concreto de determinadas situaciones, 103 recordatorios de deberes legales y una advertencia por estimarse falta de colaboración adecuada. A finales año 2003, del total de recomendaciones y sugerencias, habían sido admitidas 176 y
rechazadas 88, y se encontraban pendientes de decisión 118. Esas cantidades actualizadas a principios de este mes de septiembre alcanzaban las 243 para las admitidas, 115 para las rechazadas y 24 para las pendientes, cifras que arrojan una
proporción cercana al 65 por ciento de resoluciones aceptadas por las administraciones a las que habían sido dirigidas. (La señora vicepresidenta, Chacón Piqueras, ocupa la Presidencia.) Además, el estudio monográfico sobre funcionarios interinos,
puesto a punto por la institución en el ejercicio, generó otras 168 recomendaciones ante diversas administraciones
y organismos, aceptadas total o parcialmente en más del 86 por ciento de los casos.
A la hora de entrar en el apartado más voluminoso del informe, el de la supervisión de la actividad concreta de las diversas administraciones públicas, hemos de proceder forzosamente con un cierto criterio selectivo dentro de cada sector.
En cuanto a lo que afecta al empleo público, cabe delimitar las materias que se sitúan en el ámbito del régimen general de la Función pública, por un lado, y aquellas otras que afectan a situaciones estatutarias singulares. Por lo que hace
referencia al régimen general, las quejas recibidas han manifestado de modo principal la preocupación existente entre los funcionarios públicos por considerar que no se cumplen con rigor los principios constitucionales de acceso a funciones y cargos
públicos en condiciones de igualdad, mérito y capacidad. Por citar algunos ejemplos de las resoluciones elaboradas en esta Cámara, se destacan: la recomendación finalmente atendida para que en los sistemas de selección y provisión de ciertos
puestos de trabajo reservados a funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional, se exija titulación académica de grado medio o superior; la recomendación, asimismo aceptada, estableciendo el criterio de que las
calificaciones obtenidas por las personas con discapacidad cuando hubieran superado el proceso selectivo pero no hubieran conseguido plaza en el cupo de reserva de la convocatoria sean tenidas en cuanta para que puedan optar a las plazas de turno
libre; la recomendación, esta vez no atendida, para que se reconociera el derecho a disfrutar de una situación de licencia a quienes formalicen una pareja de hecho, en tanto se proceda a regular las uniones de hecho; y finalmente, la elaboración
de un informe específico acerca de la situación de los funcionarios interinos y del personal eventual en el sector público del que se dio cuenta a las Cortes Generales y que recogía todo un abanico de problemas y dentro del que se formulaba una
completa batería de sugerencias y recomendaciones para superarlos.
El otro gran ámbito del empleo público, el referido a situaciones estatutarias específicas, acoge cuestiones que afectan principalmente a los siguientes grupos: al personal de los servicios de salud y a las tareas conducentes a la esperada
aparición de su estatuto marco, finalmente aprobado por Ley de 16 de diciembre del pasado año; al personal que presta sus servicios en el sector docente público, tanto universitario como no universitario; al personal al servicio de la
Administración de Justicia, sobre todo en cuanto se refiere al sistema selectivo, la organización de las bolsas de trabajo o las repercusiones derivadas de la nueva ley modificativa del Poder Judicial; al personal de instituciones penitenciarias y,
en concreto, a la demanda integración en el cuerpo de maestros o a las dificultades originadas por el incremento del horario de presencia en los centros; al personal al servicio de la Administración militar y su manifestada inquietud por el nuevo
modelo organizativo de las nuevas Fuerzas Armadas profesionales; al personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por aspectos como la inadecuación de algunas funciones encomendadas y las dificultades de llevar a cabo la acción sindical al margen
de los cauces reglamentarios; y al personal laboral, preocupado por la alta tasa de interinidad y por los inconvenientes que produce la movilidad interadministrativa.
La gestión llevada a cabo por el área organizativa de Defensa e Interior se centró durante el ejercicio 2003 en tres ámbitos materiales de actuación: el penitenciario, la seguridad ciudadana y la actividad militar. Por lo que se refiere al
marco general del ordenamiento, las modificaciones normativas producidas condicionaron muy acusadamente la gestión correspondiente en este apartado. Hasta cuatro leyes orgánicas aparecieron en ese sector: la de medidas de reforma para el
cumplimiento íntegro y efectivo de las penas; la de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros; la de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de prisión
provisional y la de modificación del Código Penal, que supuso una amplia reforma del mismo y que en sus aspectos sustanciales entrará en vigor el próximo octubre.
En lo que hace referencia al sistema penitenciario, es preciso señalar, además, el esfuerzo que supone adecuar los centros para un tratamiento conveniente de los internos cuando se produce un incremento de la población penitenciaria superior
a un 8 por ciento, cuando el empleo de nuevas tecnologías se está llevando a cabo aún de forma incipiente por parte de la Administración penitenciaria y cuando los problemas se hacen más y más complejos debido a las dificultades específicas
derivadas de un notable incremento del número de internos extranjeros que en la actualidad alcanza la proporción de uno a cuatro. Desde el Defensor del Pueblo hemos seguido trabajando con especial dedicación en esta parcela, con objeto de preservar
de la mejor manera posible el derecho a la vida y a la integridad física en los centros penitenciarios, la tutela de la salud, la libertad religiosa de los internos, los aspectos educativos, la confidencialidad y la libertad de correspondencia o las
actividades laborales. Se ha prestado una singular atención a los problemas que se les plantean a las mujeres en prisión. Cada uno de estos asuntos ofrece tantas posibilidades de debate y tantas facetas sugerentes para la acción que no es posible
pasarles ni una breve revista ni extenderse mucho más en ellos. Sus señorías disponen de una panorámica más amplia sobre el mundo de las prisiones en el texto íntegro del informe y del paralelo que hace de nuestra gestión en ese ámbito durante el
ejercicio 2003. Un aspecto de crucial interés que se trata el informe es el de las infraestructuras de los centros penitenciarios. Las visitas realizadas periódicamente a todos y cada uno de esos centros han permitido
conocer su estado material, con muchas carencias en determinados casos puntuales y con necesidades evidentes de mantenimiento, distribución y situación higiénico-sanitaria, que, unidas a la masificación creciente, sobre todo en el caso de
internas con hijos, han provocado la formulación de recomendaciones y sugerencias a la Administración competente, con objeto de subsanar esas deficiencias y de prevenir posibles conflictos por su causa.
El área dedicada a justicia y violencia doméstica gestiona, entre otros contenidos funcionales, los expedientes sobre los asuntos planteados acerca del funcionamiento en el ámbito de la Administración de justicia, por un lado, y por otro, de
los problemas lacerantes y frecuentes suscitados, por lo que ha dado en englobarse bajo la etiqueta, antes de violencia doméstica, ahora de violencia de género. Uno de los puntos que con más asiduidad aparece en los informes preceptivos cada año es
el de las dilaciones y retrasos judiciales, que no acaban de encontrar vías de solución plenamente satisfactorias, a pesar de la importancia que reviste el objetivo de que la justicia sea impartida a tiempo, tanto para la prevención de conflictos
como para que la acción de juzgar se desarrolle en las mejores condiciones posibles que permitan alcanzar un máximo de eficacia. A pesar de las medidas adoptadas, dotando a la Administración de justicia de mejores medios, las dilaciones, de acuerdo
con las quejas formuladas por los ciudadanos, se han mantenido, cuando no ensanchado, por lo que se requiere una actuación urgente tras una reflexión ponderada. Las dilaciones afectan tanto a los órganos colegiados como a los unipersonales. Como
ejemplo de superación deben destacarse las actuaciones del plan de apoyo puesto en práctica por el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia, en el que se tuvieron en cuenta algunas propuestas y sugerencias formuladas por el
Defensor del Pueblo, con la finalidad de ir resolviendo los 21.879 asuntos civiles pendientes en la Audiencia Provincial de Madrid. Dos años después de iniciado el plan, a 31 de diciembre de 2003, los asuntos pendientes habían descendido en casi
9.000 casos y se situaban en 13.180. Por otro lado, junto con las dilaciones, también hay que tener en cuenta las quejas en torno al servicio público judicial, distinto de la función jurisdiccional propiamente dicha, un servicio que puede mejorar
si se toman medidas organizativas apropiadas, si se incorpora tecnología informática o se introducen técnicas modernas de gestión.
Especial atención se dedica a las quejas relacionadas con la delincuencia de menores, atención que se ha manifestado el pasado ejercicio en las visitas giradas a centros de internamiento en Ceuta, Valencia, Asturias, Ciudad Real, Madrid,
Sevilla y Cádiz, para comprobar el número de plazas disponibles, el estado de las instalaciones y equipamientos y cambiar impresiones con los menores y educadores, con el objeto de conocer las dificultades para una aplicación de la Ley orgánica del
12 de enero de 2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. De igual modo, se procedió, en el ejercicio del que se informa, a efectuar un seguimiento de las recomendaciones elaboradas como consecuencia del estudio realizado por la
institución sobre la situación existente, transcurrido un año de vigencia de la mencionada Ley orgánica.
Las actividades relacionadas con la violencia doméstica desgraciadamente no pierden actualidad, lo que puede comprobarse por la asiduidad indeseable no de los noticieros, sino de su contenido. Soy partidario de que los noticieros, las
noticias de televisión, den continuamente informes de cualquier agresión. Yo recuerdo que hace años hubo un debate sobre si los servicios informativos de las televisiones debieran transmitir con toda plasticidad y con todo vigor e intensidad los
atentados terroristas. Algunos decían que eso alentaba a los terroristas.
Yo y otros muchos manteníamos el punto de vista -que sigo manteniendo- de que debe darse cuenta e informar de todos los atentados, porque, aunque complazcan a una banda de
terroristas o a la minoría de cómplices que puedan tener, hacen crecer la conciencia colectiva y ciudadana frente al terrorismo. Yo soy partidario de que la información sea plena, tanto entonces en relación con el terrorismo como ahora en relación
con la violencia de género. En esta institución se abrieron diversas investigaciones por este motivo durante el ejercicio 2003, tanto con relación a mujeres fallecidas como a distintas agresiones sufridas por mujeres y a investigaciones que tenían
que ver con las crisis de convivencia, también influenciadas en cierta medida por el mundo judicial, puesto que las decisiones judiciales que afectan al régimen económico, a la relación con los hijos, a la espera prolongada de sentencia o a
cualquier otro aspecto contribuyen de modo indirecto a la superación o al agravamiento de esas fases críticas.
Mención singular debe hacerse de la recomendación dirigida al Ministerio de Justicia con objeto de que se contemplara la posibilidad de elección por parte de la mujer extranjera de la ley española en los casos de separación o divorcio,
cuando ambos cónyuges residen en España, recomendación que fue atendida con la modificación del artículo 107 del Código Civil mediante ley orgánica. Esto es importante en la lucha por la igualdad de sexos, porque en el caso de un matrimonio
marroquí o magrebí que viene a España y se separa, se divorcia, antes se utilizaba la ley de origen, con lo que, dada la desigualdad, muy cierta, que existe entre el hombre y la mujer, se favorecía al hombre. Nosotros propusimos, y se ha conseguido
-está en el Código Penal-, que sea la cónyuge que requiere la separación o el divorcio la que diga cuál sea la ley aplicable. En estos casos, casi todas las mujeres han pedido que se aplique la ley nacional porque es una ley basada en la igualdad
de sexos, tal y como figura en nuestra Constitución.
Dentro de ese núcleo de trabajo, aparte de distintas actuaciones relacionadas con el servicio exterior y el Registro Civil, se celebraron unas jornadas especializadas para tratar de los problemas planteados por la asistencia jurídica a los
extranjeros, jornadas en las que intervinieron responsables de la Administración central y autonómica, abogados, jueces, fiscales y representantes de organizaciones no gubernamentales, con la finalidad de elaborar un informe especializado y
multifocal destinado a generar propuestas e iniciativas para mejorar la eficacia del derecho constitucional de asistencia letrada. El área de gestión dedicada a la tutela de los derechos que tienen relación con la Administración económica está
adquiriendo una importancia creciente en nuestro país y como consecuencia en la labor de la institución del Defensor del Pueblo, sea por la influencia del bloque económico en que nos encontramos integrados, la Unión Europea, sea porque la conciencia
ciudadana va asumiendo de modo progresivo los avances que en cuanto a cultura económica y financiera se han producido en los últimos años. Si a ello unimos las modificaciones relacionadas con esta materia producidas últimamente en el ordenamiento,
tendremos esbozado un cuadro en el que se nos muestra el progreso, en cuanto a eficacia se refiere, de los derechos económicos constitucionales. La actividad correspondiente se ha visto muy influenciada por las nuevas leyes orgánicas recientemente
aparecidas y también por los progresos tecnológicos y la generalización del uso de las telecomunicaciones.
Entre las modificaciones normativas aludidas destaca el nuevo marco regulador -ya viejo marco regulador en realidad- ofrecido por la Ley General Tributaria, de 17 de diciembre de 2003, que recoge los principios esenciales de la regulación
tributaria y regula las relaciones entre la Administración tributaria y los contribuyentes. Aunque su aparición debe ser acogida con cautela hasta que se publiquen los oportunos reglamentos, sí que parece resolver ciertos problemas que se
planteaban con la normativa anterior. Me refiero, por ejemplo, a la posibilidad que se abre con la nueva ley de que los tribunales económico-administrativos rectifiquen sus propias resoluciones cuando incurran en error de hecho, o a la de suspender
total o parcialmente el ingreso de la deuda tributaria sin aportación de garantía alguna. Otra modificación legal digna de mencionarse es la aprobación de la Ley de 18 de noviembre de 2003, sobre protección patrimonial de las personas con
discapacidad, cuya elaboración fue recomendada en su día por la institución del Defensor del Pueblo.
Hay también determinados puntos relacionados con este sector que merecen destacarse. Así, se efectuaron investigaciones sobre el rechazo manifiesto de aseguramiento o la petición de primas exageradas de seguros, en el ramo del automóvil, a
personas jóvenes; sobre las limitaciones de horario de caja en oficinas bancarias y los inconvenientes que eso supone para el pago de determinadas facturas; sobre diversas cuestiones, como la información relacionada con el consumo contenida en los
envases de alimentos; sobre las dificultades que para el adecuado suministro a determinados pacientes suponen los márgenes comerciales regulados en las oficinas de farmacia; sobre las cuotas y procedimientos previstos para la instalación y la
desconexión telefónica y sobre las cantidades facturadas por las empresas de servicios telefónicos correspondientes a las llamadas líneas de tarifación adicional, que se reconocen por la utilización de determinados prefijos, y a las líneas para
adultos; y sobre las actuaciones llevadas a cabo para tratar de que se generalicen los servicios de internet y la recepción televisiva en ciertas zonas sin cobertura dentro del territorio nacional.
El área de ordenación territorial está encargada de gestionar las quejas y otras peticiones relacionadas con sectores tan amplios como el medio ambiente, en general, el urbanismo y la vivienda. Por lo que se refiere al medio ambiente, la
heterogeneidad de aspectos que comprende se orienta por el concepto negativo de la contaminación. Se trate de contaminación atmosférica, de la protección de espacios naturales, de la de espacios marítimos o litorales, del ruido, de los residuos o
de las líneas de alta tensión, el fondo de las quejas formuladas está condicionado por el deseo de que los sistemas naturales no contaminen ni se vean contaminados, un deseo de que la Administración lleve a cabo, impida o corrija determinados actos,
con el fin de asegurar el derecho constitucional a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona así como el deber de conservarlo, tal y como literalmente prevé nuestra Constitución. En esta dirección se ha actuado
razonablemente para que se facilite el acceso a la información ambiental a los representantes de asociaciones o entidades preocupadas por esa información, y no sólo a los interesados directos y personales. Se han hecho esfuerzos repetidos con
objeto de potenciar y extender la aplicación de las evaluaciones de impacto ambiental. Se han efectuado investigaciones diversas en materia de contaminación atmosférica así como en relación con la obligación de proteger los espacios naturales,
entre los que destacan, por la necesidad de especial cuidado, las vías pecuarias, que sufren agresiones relacionadas con la ocupación ilegal de su superficie, el descuido y falta de restauración o los vertidos de escombros.
En cuanto a la protección del espacio marítimo, incluyendo mar, costas y puertos, ha destacado durante el ejercicio de 2003 la continuación de las actividades desarrolladas en torno al naufragio del petrolero Prestige en la costa gallega.
El gran número de quejas recibidas y la investigación realizada generaron un volumen documental extraordinario y dieron lugar a un informe de la institución en el que, tratando de sistematizar lo actuado, se reflejaron consideraciones sobre la
información suministrada, sobre la actuación de la Administración
General del Estado y sobre la actuación de la Junta de Galicia, para concluir poniendo de relieve la necesidad de una investigación integral en sede parlamentaria al tiempo que se formulaban recomendaciones varias, de las que se dio traslado
a las administraciones competentes. Los problemas generados por la contaminación acústica, la prevención y gestión de residuos o el uso de líneas de alta tensión y telefonía móvil dieron lugar a numerosas quejas y absorbieron buena parte del
trabajo de análisis e investigación. Destacan en este sentido los casos del ruido provocado por el tráfico de los aeropuertos en las poblaciones cercanas, el ruido callejero, incluido el provocado por los adictos al conocido botellón, o el ruido
procedente de locales de ocio o diversión.
Si se tiene en consideración la hasta ahora débil presencia de la acción pública en el sector de la vivienda y del urbanismo, el incremento excesivo de los precios y el muy elevado endeudamiento de las familias en relación con la renta
disponible, no debe extrañar a nadie que el Defensor del Pueblo haya reflexionado sobre un modelo urbanístico del que se trazan en el informe de 2003 algunas directrices orientativas, directrices que pasan por una adecuada política de vivienda que
comprenda extremos tan sustanciales como el cuidado en la elaboración de los planes y la oportuna evaluación ambiental, una información completa y accesible a todos los ciudadanos, la participación de los mismos en los planes, la ejecución puntual,
descentralizada y diferenciada, y una especial vigilancia en el caso de las urbanizaciones ilegales sobre las que por cierto se formulan un apreciable número de quejas. En lo que respecta a la vivienda, el compromiso constitucional de hacer
efectivo por los poderes públicos el derecho a una vivienda digna se convierte en objeto de atención específica por parte del Defensor del Pueblo. Por eso, las recomendaciones y sugerencias correspondientes se dirigen a la mejora de las actuaciones
públicas, los planes de vivienda y el régimen legal de las viviendas protegidas.
El área que se ocupa de la gestión de quejas en el campo de la sanidad y la política social cubre los ámbitos funcionales de la Administración sanitaria, de la acción social, de la Seguridad Social y de la Administración laboral. En la
parcela de la Administración sanitaria, las reclamaciones ciudadanas giran en torno a la accesibilidad a los servicios, la participación de usuarios y profesionales y el creciente interés por los aspectos cualitativos de la relación sanitaria. Se
han recibido y estudiado quejas y se han elaborado resoluciones acerca de la universalización plena y efectiva del derecho a la asistencia sanitaria, sobre el derecho a conocer la información y la documentación clínica, sobre las listas de espera,
sobre el transporte sanitario, sobre la atención extrahospitalaria, sobre presuntos errores clínicos, sobre la dispensación, financiación y control de los medicamentos y sobre los problemas que se plantean a los pacientes con enfermedades raras o
poco frecuentes, tanto por las dificultades de diagnóstico como por la inexistencia de centros especializados de referencia.
El campo de la acción social tiene tres elementos de referencia: los menores, las personas con discapacidad y los ancianos. Más en concreto, los problemas suscitados por las quejas ante el Defensor del Pueblo llevaron a investigar
determinados casos con objeto de que, ante el desamparo en el que se encuentran algunos menores, fueran tomadas medidas materiales de protección u otras referidas a la patria potestad o a la tutela, para dejar a salvo sus intereses de todo tipo,
incluso los económicos. Cabe citar aquí los problemas generados por los procesos de adopción internacional y las limitaciones de actuación derivadas de la aplicación de ordenamientos de distintos países que, como es lógico, no pueden ser
directamente supervisados.
El grupo de las personas con discapacidad, que aparece con regularidad en diversos apartados de nuestro informe, ha sido objeto de una especial atención en el año 2003, declarado Año europeo de las personas con discapacidad, propiciando
modificaciones normativas y generando planes de acción por parte de los poderes públicos. Las quejas formuladas se han referido a cuestiones de criterios, aplicación de baremos y demoras en el proceso de reconocimiento de las minusvalías, a las
dificultades de acceso a oficinas y edificios públicos, a la adquisición y adaptación de vehículos a motor para personas con deficiencias, al incremento de las prestaciones económicas y a las necesidades de plazas residenciales. En cuanto a los
ancianos, es preciso resaltar la mayor cobertura social y económica dedicada a las personas que atienden a otras con minusvalía o enfermas, entre las que abundan los ancianos y se ha seguido investigando para comprobar la instalación efectiva del
programa de teleasistencia y seguimiento de mayores en la Comunidad de Madrid, especialmente en previsión de la tristemente consolidada soledad estival y de los fallecimientos de ancianos incomunicados en sus domicilios. Se trató de agilizar los
trámites seguidos para las solicitudes de plaza en este punto y se hicieron esfuerzos por lograr que la atención en los centros residenciales sea la idónea en todos los sentidos, especialmente en el sanitario.
Por lo que se refiere al sistema de la Seguridad Social, que sigue motivando un elevado número de quejas, continúan recibiéndose muchas reclamaciones relativas a la afiliación, a los errores en los informes sobre vida laboral y cuotas
acreditadas y a la gestión recaudatoria por descubiertos en la cotización. En cuanto a las prestaciones, se investigó, entre otras quejas, sobre incapacidad temporal, incapacidad permanente y maternidad, pensiones de jubilación, prestaciones de
supervivencia y desempleo y pensiones no contributivas. En el ámbito de la Administración laboral, ante las quejas sobre la selección de alumnos para
ingreso en las escuelas-taller, casas de oficio y talleres de empleo, se propuso al entonces Instituto Nacional de Empleo que tomara medidas para que los requisitos de acceso a los talleres fueran mejor divulgados.
Asimismo se investigaron
determinados cursos de formación impartidos por una fundación privada con financiación de fondos europeos y se instó la regulación del llamado empleo con apoyo a las personas con discapacidad en las empresas ordinarias. El área de inmigración y
asuntos exteriores despliega una actividad constante, teniendo en cuenta las circunstancias actuales y los desplazamientos continuos de personas procedentes de países menos desarrollados, los problemas derivados del control de fronteras y la
acumulación de expedientes y casos singulares por tramitar. Modificaciones normativas, régimen de entradas al territorio nacional y entradas por puestos no habilitados, menores extranjeros no acompañados, centros de internamiento, expulsiones y
devoluciones, asilo, racismo y xenofobia, son algunos de los grandes epígrafes del informe en este sector.
No me queda más remedio, señorías -y voy terminando- que entresacar unos pocos asuntos que pueden considerarse más interesantes, por no alargar esta presentación más allá de lo que se considera razonable. Las circunstancias que rodean al
fenómeno migratorio y el hecho evidente de que no todas las personas que lo desean pueden ser acogidas con las garantías necesarias en España provocan una situación evidente de conflicto que repercute en el marco normativo, lo cual siempre produce
desasosiego e inseguridad en los procesos de integración. Si a eso unimos la existencia reconocida de numerosos inmigrantes que se encuentran de manera ilegal en territorio español, sin papeles, en paro o trabajando en la economía sumergida, la
preocupación se intensifica, porque da lugar a una situación no deseable que puede generar tensiones en cualquier momento. Desde que la presión migratoria fue haciéndose más elevada y con motivo de la aparición de las sucesivas normas en materia de
extranjería, hemos mantenido contactos permanentes con las diferentes administraciones, ofreciendo nuestra colaboración en la elaboración de reglamentos y tratando de perfilar y normalizar los criterios de arraigo.
En primer lugar el arraigo
familiar, cuya existencia y eficacia ha resultado evidente y, en segundo lugar, otros motivos de arraigo e integración, como el que se deriva de la contratación laboral o de la prestación continuada de servicio, que también podría contribuir a la
oportuna regularización y a suavizar las tensiones que provoca la situación incontrolada de gran número de personas que llegan a España.
Bajando al terreno de los casos concretos, como consecuencia de las quejas formuladas ante la institución o de las visitas giradas a diversos puestos fronterizos y centros de internamiento para comprobar in situ las instalaciones y los
procedimientos empleados, cabe destacar ciertos asuntos de entre la multitud de cuestiones que el informe detalla. Así, la especial atención prestada en los casos frecuentes de menores extranjeros no acompañados, en virtud de la cual se han
analizado e investigado los procedimientos de repatriación y documentación de esos menores, siempre desde el criterio básico de su seguridad. De igual modo se ha supervisado el trato a los menores en los centros, tanto en cuanto a una adecuada
relación personal propicia a la integración como a la idoneidad de las instalaciones previstas. Se han visitado durante el ejercicio que nos ocupa los centros de internamiento de extranjeros adultos situados en Algeciras, Barcelona, Málaga, Murcia
y Valencia, lo que ha permitido comprobar determinadas deficiencias en las prácticas comunes de acogida y servicio, en la dotación de personal y en las instalaciones deficientes, de las que se dio el oportuno traslado a las autoridades responsables.
En lo concerniente a expulsiones y devoluciones, se han llevado a cabo investigaciones en relación con las garantías establecidas para normalizar el procedimiento sancionador de expulsión, con la propia tramitación de las expulsiones
efectuadas, con el estado, sentido y naturaleza de un edificio conocido como sala de repatriaciones en el complejo del Aeropuerto de Madrid-Barajas, destinada a la custodia de extranjeros en trámite de expulsión, y con el caso producido con motivo
de la detención y traslado a Algeciras de un grupo de inmigrantes en situación irregular para incoarles expediente de expulsión. Por lo que se refiere al funcionamiento de centros y oficinas que se ocupan de la regularización de inmigrantes, se han
llevado a cabo actuaciones dirigidas a conocer el funcionamiento de las oficinas consulares en lo que afecta a atención a los usuarios y a la garantía de los procedimientos establecidos, fundamentalmente en los procesos de reagrupación familiar, con
respecto a los cuales se ha recibido un gran número de quejas. Asimismo se ha vuelto a investigar el funcionamiento de las oficinas de extranjeros y la tramitación de las regularizaciones y de los procesos ordinarios de extranjería.
El área que se ocupa del análisis y la gestión de quejas en el ámbito de Educación y Cultura invirtió buena parte de su trabajo en poner a punto para su presentación y difusión un informe monográfico acerca de la escolarización de los
alumnos hijos de inmigrantes, cuyas conclusiones pusieron de manifiesto algo que ya apuntaba la investigación derivada de algunas quejas recibidas en la propia institución. A saber, la concentración de tales alumnos afecta de manera muy especial y
concreta a determinados centros, que son los que acogen a hijos de inmigrantes en porcentajes muy superiores a los de otros centros situados en la misma zona. Ahora bien, todos los expertos coinciden en señalar que, cuando esos porcentajes superan
una proporción determinada, es probable que se altere o perturbe el proceso educativo ordinario, de acuerdo con la planificación
prevista. Como resultado de la investigación, se formularon las oportunas recomendaciones a las autoridades educativas. Se ha llamado además la atención correspondiente con objeto de que trate de evitarse el deterioro de las instalaciones
escolares y se cubran de modo adecuado las nuevas necesidades de plazas que vayan surgiendo. Se ha investigado acerca de los criterios de admisión de alumnos, ante determinadas quejas recibidas.
Se ha vuelto a insistir en el perfeccionamiento de
la metodología y de los recursos aplicables en educación especial y se han puesto de relieve las dificultades de convalidación y homologación de estudios, así como la necesidad de ir perfeccionando los trámites y los criterios correspondientes, dada
la creciente incorporación de alumnado extranjero a nuestro sistema educativo. Por lo que se refiere al campo de la cultura, merecen ser destacadas las actuaciones en materia de propiedad intelectual, muy en concreto en lo relativo a la venta
callejera ilegal y al pago previsto de remuneración por copia privada, y las relacionadas con la conservación del patrimonio histórico-artístico, muy en especial las conectadas con los problemas del urbanismo y la edificación.
Hasta aquí la revisión en síntesis de la gestión derivada de la tramitación y administración de las quejas, pero, como es lógico -ya lo he mencionado de pasada-, nuestras inquietudes van mucho más allá. No se trata tan sólo de curar o de
rehabilitar los derechos menoscabados, sino también de prevenir el menoscabo. Así, por ejemplo, señorías, en el aspecto que tanto nos interesa de la garantía y la defensa del derecho de todos a la educación, nos parece inquietante -y así lo hicimos
saber también ante la Comisión Mixta- una circunstancia concreta que está adquiriendo caracteres alarmantes y que puede desvirtuar, o hacer estériles en muchos casos, los esfuerzos dirigidos a lograr la eficacia de los procesos educativos. Me
refiero a los contenidos y al formato de ciertos programas televisivos conocidos como televisión basura. Sin ánimo de generalizar, y naturalmente sin que puedan en absoluto verse afectados los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de
empresa, entre otros, sería preciso establecer unos principios, formular algunas recomendaciones o poner de relieve ciertos riesgos evidentes que la situación actual puede producir en el resultado de los procesos educativos.
A nadie con sentido común, en una sociedad moderna y progresista, puede resultarle indiferente algo que sucede de manera cotidiana en muchos de nuestros hogares. A los niños y a las niñas que vuelven a casa del colegio cada tarde cargados
con una pesada mochila y unos deberes pendientes les espera en la sala de estar, o en el cuarto de cada uno, la programación televisiva ritual, una programación por lo general, salvo honrosas excepciones, poco propicia a la sedimentación de los
valores o de la información que hayan podido recibir en las aulas. Esa programación se impone en las horas libres, y se necesita mucha fuerza de voluntad para evitarla porque se adoba con un lenguaje fácil, pobre y caótico, con situaciones en las
que sobrenada la violencia y la procacidad, con la presencia de unos cuerpos atractivos y tentadores que todo lo experimentan sin dificultad en un clima de falso compañerismo, de indolencia o de pasotismo. Las horas pasan veloces, los padres no
pueden intervenir porque o no están en casa o han arrojado la toalla, y al día siguiente vuelta a empezar. La conciencia del tiempo, que debería dedicarse a dar contenido y a afianzar el derecho a la educación, se esfuma como el azucarillo en el
agua. Nuestros niños y adolescentes crecen y la sociedad se encuentra así de modo irremediable con unos individuos que han pasado por el medio escolar, pero a los que les resulta difícil convivir y que hacen difícil la convivencia, atiborrados de
imágenes zafias, de cotilleos inútiles y absurdos, alejados de una realidad que por ley natural están obligados a tomar en sus manos sin recursos aprendidos para transformarla.
Se trata de cosas ante las que no podemos dar la callada por respuesta. La institución del Defensor del Pueblo, encargada por la Constitución de la tutela de los derechos básicos de los ciudadanos, tiene que hacer sonar la sirena de alarma,
aunque otras han sonado anteriormente y yo me añado a ellas, pero desde la institución, como configuradora de la defensa de los derechos, para que ese panorama cambie de algún modo. Somos conscientes de que ya se están dando algunos pasos en esa
dirección.
Hemos participado incluso en la promoción de ciertas sugerencias con este mismo propósito y estamos propiciando una serie de debates con todos los grupos sociales afectados que pongan coto a una pendiente que sólo nos conduce al abismo;
unos debates dirigidos a estudiar la compatibilidad de la programación televisiva con el deber constitucional de otorgar una especial protección a la cultura y a la infancia, establecido en el artículo 20.4 de nuestra Constitución y amparado también
en el deber de cooperación con el sistema educativo que expresa la legislación vigente y la misma exposición de motivos del Estatuto de la Radio y la Televisión.
Pero quizá sea también esta comparecencia momento propicio para insistir en la
conveniencia de disponer de unos nuevos materiales básicos de referencia sobre los que fundamentar las recomendaciones oportunas a las distintas administraciones competentes. Considerando que forma parte vital de nuestra encomienda constitucional
la vigilancia de los derechos básicos de todos, pero muy en especial de los niños y de los jóvenes, a esa tarea pensamos dedicar en el futuro inmediato, contando con la colaboración y los recursos que puedan allegarse, la firme decisión de aportar
nuestro esfuerzo, sin regateos, al objeto de incentivar y estimular el perfeccionamiento de una verdadera democracia por la vía imprescindible de una educación adecuada y no impedida por recursos tecnológicos que
tendrían que servir, por el contrario, para facilitar la educación que deseamos.
Espero que este necesariamente breve balance contribuya a esclarecer y estimular sus reflexiones, señorías, y con ello se pueda perfeccionar la labor realizada y que venimos efectuando en defensa de los derechos constitucionales.
Muchas gracias por la atención de los presentes y también de los ausentes.
(Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Defensor del Pueblo, por el informe de la gestión realizada durante el año 2003.
Señorías, pasamos a continuación a la fijación de posición por parte de los grupos parlamentarios. En primer lugar, la del Grupo Mixto. Tiene para ello la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Señores diputados, señoras diputadas, el informe del Defensor del Pueblo expresa, como es ya habitual, datos de carácter cuantitativo y actuaciones más significativas desde el punto de vista político en este ejercicio referido al año 2003.
Empezaremos por referirnos a dos temas de gran calado significativo y a cuál fue la reacción de la institución del Defensor del Pueblo en relación con ellos.
En primer lugar nos vamos a referir a la convulsión social, ideológica y moral provocada por la participación del Estado español en la guerra de Irak. Resulta algo sorprendente, o sintomático, que un acontecimiento de tal calado y que
además provocó que hubiese nada menos que 36.000 escritos -proceso, además, paralizado ante el Defensor del Pueblo- para que cuando menos se instase o se aludiese a los deberes del Gobierno del Estado español en relación con el artículo 8 de la
Constitución española, a los deberes de una consulta popular en todo caso ante un fenómeno tan irritante y tan grave como la colaboración en la agresión a un Estado soberano o incluso las posibilidades de que la propia institución recurriese al
Tribunal Constitucional. Nos extraña que, tratándose de una institución cuyo representante ha presumido hoy aquí de que no tenía el mandato imperativo de ningún poder político y que su criterio fundamental era la independencia, su reacción ante un
fenómeno cualitativo de tal calibre haya sido la pasividad y el silencio.
El segundo aspecto al que nos queremos referir, también de carácter significativo, cualitativo, diferencial, es el referido a todas las reclamaciones que tuvieron que ver con la catástrofe del Prestige. Sin duda, en la exposición, en el
texto escrito del Defensor del Pueblo, hay algo contradictorio que oscila entre una opinión tremendamente crítica en relación con el comportamiento de las administraciones públicas, tanto la Administración central como la Xunta de Galicia, y después
su asunción de que no tenía nada que hacer en este tema. Hay varios aspectos significativos en el texto del Defensor del Pueblo. Dice: Tampoco se apreció que el Defensor del Pueblo pudiera exigir posibles responsabilidades políticas o penales por
las actuaciones de los Gobiernos estatal y autonómico y de las administraciones públicas bajo su dirección, que habían de dilucidarse en sede parlamentaria y judicial.
Esta era la vía abierta por entonces. Pero la gravedad de los hechos aconsejó,
con carácter previo a la admisión de las quejas, en cuanto a las demás pretensiones, solicitar un informe general a la Vicepresidencia Primera del Gobierno y Ministerio de la Presidencia, como órgano coordinador de la actuación administrativa
estatal, y a la Presidencia de la Junta de Galicia (sic) -Junta de Galicia no es el nombre oficial de la institución de gobierno de Galicia, es Xunta de Galicia, y rogaría al Defensor que lo corrigiese en su informe para que estuviese de acuerdo con
la legalidad constitucional, la legalidad administrativa y la legalidad autonómica, que es incuestionable en este aspecto-, pero una vez que pide los informes, sus opiniones son radicalmente críticas y, por lo tanto, no hay ilación ni coherencia
entre la opinión crítica y el comportamiento práctico. Dice: La afirmación de la Administración estatal de que las autoridades españolas fueron desde un principio conscientes de la magnitud y gravedad que suponía el accidente del Prestige,
contradecía la información proporcionada en un principio sobre la existencia de peligro de contaminación del litoral. Y sigue: La voluminosa, escasamente estructurada y pretendidamente abrumadora documentación remitida por la Administración
General del Estado era más bien, a juicio de esta institución, una recolección de notas, informes, disposiciones normativas y faxes efectuados sin orden ni concierto. No había tratamiento sistemático, ni siquiera alusiones sobre el sistema de
información proporcionado al público; no había información sobre restitución ni reparaciones que el Estado pudiera requerir a quienes resultaran responsables, acciones administrativas y judiciales emprendidas, sólo mentadas en algunos faxes e
informes de urgencia apenas ilustrativos. Y continúa: Esta institución se vio obligada a consultar los seis volúmenes paso a paso para encontrar datos relevantes que el informe no contenía.
Nuevamente, la opinión cursada a la Administración fue
muy crítica con lo que pareció una falta de atención debida al Defensor del Pueblo -imagínense si esta era la atención debida al Defensor del Pueblo, cuál sería la atención al público y a la sociedad-. Pero, curiosamente, estas posiciones críticas,
que continúan a lo largo de todo el informe, se subsanan diciendo que esta institución consideró que no era posible proseguir las actuaciones por varios motivos de índole diversa: por la existencia de unas diligencias penales en trámite y porque
las quejas se originaron ante la denunciada insuficiencia de la relación administrativa de dos administraciones, la estatal
y la autonómica, denuncia, primero, genérica y, segundo, sobre una catástrofe de gran magnitud, a lo que no es posible atender con una investigación sumaria. En fin, concluye en todo caso que se pusieron paliativos, uno de ellos el Plan
Galicia -nada menos que para paliar las consecuencias de la catástrofe-, que a la vista está que no existe, que no es práctico y que no hay nada cualitativo o diferenciado para Galicia, ya no en la anterior etapa de Gobierno sino ni siquiera en
esta. Por lo tanto, la independencia de una institución de este calado, de tan gran importancia en un régimen democrático, no estuvo a la altura de las circunstancias en los dos temas más convulsivos que se vivieron a lo largo del año 2003.
Cierto es, sin embargo, que el informe no solamente es ponderado, minucioso y además con ciertos visos de credibilidad en cuanto a las actuaciones de la institución en otros temas que para los diputados y diputadas son de gran eficacia para
poder vehiculizar nuestras iniciativas parlamentarias o hacer propuestas de modificaciones legislativas. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con la función y el empleo públicos y, en particular, a aquellos funcionarios que
consideran mermados sus derechos en procesos de cambios administrativos o incluso en cuestión de licencia o en cuestión, por ejemplo, de remodelación de las Fuerzas Armadas.
Capítulo sustancial, como es ya frecuente en los últimos años, es el dedicado al ámbito penitenciario. Alarma, señorías, el sistema penitenciario que tenemos en el Estado español, con cada vez más cantidad de internos, prácticamente el
mayor número de internos en términos proporcionales de toda la Unión Europea, con unas circunstancias dentro de las cárceles que no solamente no mejoran sino que empeoran, a tenor de los fallecimientos en prisión -que es una lacra con la que se
debería acabar rápidamente-, de los malos tratos y de la falta de inspecciones adecuadas en las cárceles.
Capítulo interesante también, matizado y ponderado, es el referido a la violencia doméstica y, por supuesto, todo lo que tiene que ver, aunque no se acabe de solucionar, con los desmanes o abusos y prepotencias de las empresas de servicios
telefónicos, o la falta de cobertura de seguros, por primas exorbitantes, para los automóviles conducidos por personas jóvenes. No voy a pormenorizar todo lo que tiene que ver con la Seguridad Social y los problemas derivados de una falta de
armonización, sobre todo cuando llegan las jubilaciones o las pensiones de viudedad de las personas que trabajaron en Estados de la Unión Europea y que hoy están viviendo en el Estado español. Y capítulo alarmante es, como siempre, el referido a la
inmigración, también perfectamente bien tratado desde el punto de vista humanitario. Alarma la situación de los centros de estancia temporal, el trato a los menores inmigrantes, la expulsión desconsiderada, el traslado por el territorio del Estado
español, el funcionamiento de las oficinas de regulación, la falta de la mínima acogida del sentido de asilo, y así sucesivamente.
Señorías, pensamos que el informe del Defensor del Pueblo da una idea de que hay deficiencias graves de carácter económico, social y cultural en el Estado español. Son problemas estructurales, pero que el Gobierno de los cuatro últimos años
no hizo más que agudizar en cuanto a precarización, marginalidad y desigualdad. La eficacia de la atención de una institución como la del Defensor del Pueblo a los problemas de todo tipo que existen en el Estado español, efectivamente, está
condicionada por la independencia de criterio, también, sin duda alguna, por su capacidad y su arrojo a la hora de defender los derechos humanos en toda su extensión, de atacar la discriminación de todo tipo. En este aspecto, tengo que indicar que
en el informe del Defensor hay un cierto desequilibrio en la atención no solamente a problemas menores, sino también a problemas que no son desde ningún punto de vista ilegalidades, ni siquiera irregularidades administrativas, y que merecen una
atención no ponderada sino excesiva. Por ejemplo, en cuanto a los usos lingüísticos, porque si un ciudadano en Galicia recibe un documento de una consejería de la Xunta de Galicia en gallego, es amparado por el Defensor del Pueblo; sin embargo, el
Defensor del Pueblo no tiene en cuenta que eso no solamente no es irregular sino que es perfectamente legal y, cuando menos, no se comportó así ante denuncias claras de discriminación lingüística de otra orientación. Creo que sería muy importante
que, en todo caso, el Defensor actuase con contundencia, desde la autonomía frente al Gobierno, desde la ponderación competencial y sobre todo teniendo en cuenta que en este juego de poderes, la independencia, el carácter no reglado, el carácter no
ejecutivo y el carácter no legislativo le proporcionan también una gran capacidad y amplitud moral para manifestar una opinión que siempre debe ser ponderada, pero en todo caso clara.
Acabo ya, señora presidenta, diciendo que este informe nos será de gran utilidad en nuestra actividad parlamentaria, pero que echamos en falta el arrojo y la independencia que tanto ha recalcado el señor Defensor del Pueblo en su
intervención.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Rodríguez.
A continuación tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Con la venia, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, una vez más la institución del Defensor del Pueblo pone en manos de las fuerzas políticas del Parlamento democrático español, este Congreso de los Diputados, un instrumento que permite hacer una radiografía de
qué es lo que el pueblo
ciudadano y soberano democrático demanda ante la Administración, le pide y exige, y nos da este informe correspondiente al año 2003, una radiografía de la relación administrativa del binomio pueblo y administraciones públicas que tutelan el
cumplimiento de los principios constitucionales.
Al comenzar esta legislatura me ha parecido muy acertada la intervención del Defensor del Pueblo en el prólogo o introducción que ha hecho a la presentación de su informe: recordarnos a las fuerzas parlamentarias aquí presentes lo que fue
el principio inspirador de la Ley 3/1981, del Defensor del Pueblo, porque ese instrumento constitucional es el que ha permitido la credibilidad y la valoración de la institución. Por tanto, reitero que el prólogo con que se nos ha dicho el sentido
radical de independencia que tiene la institución, en palabras del señor Múgica pronunciadas hace unos minutos en esta tribuna, y que ningún poder del Estado y que ningún poder político puede utilizar, dar instrucciones o instrumentalizar a la
institución del Defensor del Pueblo para conseguir unos logros determinados, es una llamada muy oportuna a la sensibilidad democrática de respeto a un comisionado de las Cortes Generales españolas. Para tener el grado de credibilidad ante el pueblo
al que tiene que defender ante la Administración y ante el análisis político de esta Cámara, si el Defensor del Pueblo perdiera ese principio de independencia radical, quedaría totalmente desacreditado y sería un informe puramente publicitario el
que trajera aquí. Afortunadamente no es así, y mi fuerza política se congratula de ello.
Los aspectos de detalle que habíamos expuesto en el trámite de Comisión correspondiente me exoneran de entrar en un análisis pormenorizado, pero sí quiero exponer, en la línea de credibilidad y de análisis que permite a las fuerzas políticas
de este Parlamento utilizar los datos de ese informe y los análisis de valoración, los juicios de valor que de forma importante viene introduciendo la institución del Defensor del Pueblo -y este año se evidencia en lo que diré un poco más adelante-.
Esto nos permite, sin tener nosotros que ejercer ningún principio de tutela o de indicación al Defensor del Pueblo, que se produzca en estos trámites de Comisión y de Pleno una relación institucional entre el Defensor y el Parlamento para que
sepamos utilizar el instrumento del dato que nos da, tanto en sus aspectos cuantitativos puramente estadísticos, que se reflejan en el informe, como los juicios de valor que he dicho, para que nosotros hagamos la función de control del Gobierno con
los datos que aquí están, en cualquiera de las áreas de las distintas administraciones, desde función pública hasta sanidad, desde Fuerzas Armadas hasta principios de seguridad, de medio ambiente, a cualquiera de las relaciones del epígrafe
correspondiente que trae el informe del Defensor del Pueblo. Porque esto nos puede permitir a nosotros cubrir, en el binomio de toda democracia, los dos principios que adornan y deben dar el valor a cada una de las instituciones.
El Defensor del Pueblo, también acertadamente, en su prólogo ha dicho: El principio de independencia y de base democrática constitucional hace que la institución del Defensor del Pueblo tenga su fuerza en una cuestión de autoritas y no de
potestas. La potestas estará en el Gobierno y en este Parlamento, porque tenemos capacidad y poder legislativo, como el Gobierno lo tiene ejecutivo, pero en toda sociedad democrática, en todo orden institucional democrático hace falta una
institución que no teniendo potestas sí tenga autoritas, porque está basado entonces en el principio del respeto y del valor democrático de esa institución. Porque ese principio es el que va a permitir que en la memoria y en el informe que tenemos
delante se puedan hacer recomendaciones por el Defensor del Pueblo ante las administraciones. Y vaya si tienen efecto, y quiero traer aquí una prueba contundente. Con la comparecencia del Defensor del Pueblo el pasado día 23 coincidió en esta
Cámara la comparecencia ante la Comisión de Interior de la señora directora general de Instituciones Penitenciarias, y precisamente en el informe del Defensor del Pueblo presentado en esta Cámara se habla de una recomendación que la institución del
Defensor hace a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias de que se está produciendo una disparidad de criterios en las autoridades penitenciarias al considerar en unas prisiones españolas un objeto que se le mande a un recluso como carta
y en otro se le considera como paquete postal. Se hace llegar eso. Aprovechando esa comparecencia del pasado día 23, planteé a la señora directora general esta denuncia o esta recomendación que hace el Defensor del Pueblo. En el día de ayer la
señora directora general de Instituciones Penitenciarias ha tenido a bien dirigirme esta carta en la que reconoce que la institución del Defensor del Pueblo le hizo esta recomendación y que en el mes de julio pasado ella misma firmó una instrucción
circular a todos los directores de las prisiones del Estado español diciéndoles que se respete y se acate esta recomendación que el Defensor del Pueblo le hizo llegar para proteger un derecho que en una sociedad democrática tienen los penados o
reclusos que estén en cualquier centro penitenciario. He traído este ejemplo de actuación positiva que puede ser oportuno en el tiempo.
El informe del Defensor del Pueblo también trae una llamada -y hago énfasis aquí igual que lo hice en Comisión- de atención sobre las dilaciones improcedentes en los procesos judiciales. En el apartado de justicia, cuando se refiere a las
dilaciones indebidas en procedimientos judiciales, el informe del Defensor del Pueblo es de una radical contundencia, porque emite un juicio de valor legítimo y democrático que viene a decir que en una sociedad democrática las dilaciones judiciales
van en contra del principio de la justicia democrática. Así de claro y así de sencillo. Por tanto, esperemos que cuando comparezca también aquí el
señor presidente del Consejo General del Poder Judicial a presentar su memoria anual ante la Comisión de Justicia, recoja esta advertencia, en principio de doctrina democrática, que le hace la institución del Defensor del Pueblo.
He prestado atención también a lo relativo a medio ambiente, porque estamos comenzando a debatir en el Parlamento lo que puede afectar el Protocolo de Kioto en la legislación española sobre la emisión de gases de efecto invernadero, la
contaminación, el cambio climático, y va a haber una auténtica demanda de reivindicaciones, no por un principio puramente sanitario sino de supervivencia de la humanidad. Me congratulo de que en el apartado correspondiente al medio ambiente ya se
recojan denuncias y situaciones respecto a la emisión de anhídrido carbónico, de gases de efecto invernadero, de cambio climático y más temas que llegarán a la institución del Defensor del Pueblo y sobre los que ya está plenamente sensibilizada.
Termino, señora presidenta, haciendo un recordatorio de lo que también ha introducido la institución del Defensor del Pueblo en este dictamen del año 2003. Es el recordatorio de los deberes legales, porque lo que es verdaderamente
impresentable en una cultura democrática es que distintas administraciones públicas se olviden de las obligaciones legales que tienen respecto a los ciudadanos, al pueblo soberano y democrático.
Felicito e incito a la institución del Defensor del
Pueblo a mantener una línea y a que llegue a sus conclusiones haciendo un juicio de valor, como decía, respecto a las actuaciones más significativas. Quien no quiera entrar en datos cuantitativos y estadísticos, que se lea con detenimiento, desde
cualquiera de los ministerios, qué actuaciones son las que ha llevado a cabo la institución del Defensor del Pueblo. Se ha discutido en doctrina nacional o internacional, incluso autonómica en España, que a veces los poderes públicos tratan de
neutralizar la voz crítica y la luz roja que encienden las correspondientes instituciones del Defensor del Pueblo de las comunidades autónomas. Esa llamada de atención siempre tiene que ser interpretada como una labor constructiva, democrática y no
como una labor de crítica. Tampoco es una labor de control al Gobierno, porque esto lo dejó bien claro la Ley 3/1981.
Quiero terminar haciendo extensivas mis palabras de felicitación al Defensor del Pueblo, a sus adjuntos y a toda la institución, porque este es un trabajo de equipo del que los parlamentarios demócratas que representamos a la soberanía
popular nos podemos sentir orgullosos y satisfechos.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra la señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señora presidenta.
Señor Defensor del Pueblo, siéntase en casa, puesto que de ella es comisionado. Le traslado el respeto de mi grupo a su labor que nosotros creemos debe revitalizarse y relanzarse para ejercer con más dinamismo, rapidez y eficacia esta tarea
que tiene encomendada. Por eso, tomamos nota de esas 18 administraciones entorpecedoras; una comunidad autónoma; 17 ayuntamientos; dos ministerios; tres comunidades autónomas y 23 ayuntamientos que no han respondido a pesar del tercer
requerimiento, y los 80 que han tardado tres requerimientos en responder. Esta claro que hay administraciones que no le dan suficiente respaldo. Reflexionemos sobre ello.
Voy a comentar su detallado informe y su prolija intervención en cuatro bloques de comentarios de carácter general sobre el papel de la institución. En primer lugar, tenemos la sensación de que hay un cierto agotamiento del revulsivo que
supuso su creación, sobre todo para el ciudadano de a pie. Existe el riesgo de que pueda verse como una instancia más a la que recurrir con poca eficacia para influir en las administraciones públicas. Asimismo, hay demasiadas quejas inadmitidas:
5.885 individuales y 3.591 colectivas, lo que demuestra que hay un desconocimiento sobre el papel de la institución. De ellas afirma que 2.844 se desestiman porque no hay indicios de irregularidad. Nos gustaría saber qué trabajos de comprobación
hacen antes de desestimar una queja.
Por otra parte, se observa que es un Defensor demasiado madrileño. El 33,25 por ciento de las quejas son de Madrid, y las comunidades menos quejosas, Ceuta, Melilla y Navarra, tienen unos porcentajes muy bajos.
¿Será por la lejanía? ¿Será por el conflicto fronterizo entre Ceuta y Melilla? ¿Cómo es que no hay más quejas en ese caso sobre derechos humanos dada la conflictividad que esa situación acarrea? También se observa que es un Defensor demasiado
masculino, porque la mayoría de las quejas son de hombres. Con la discriminación y marginación social que existe, la laboral y familiar que sufre la mujer, choca un poco. También hay pocas acciones de oficio, apenas 165 de las 17.389 recibidas en
un año convulso y con mayorías absolutas en instituciones del Estado y otras administraciones públicas. Hay una escasa relación con los comisionados autonómicos, 1.558 quejas, cuando este podría ser un camino para asentar territorialmente la
institución. Entendemos que es necesario una mejora en las relaciones entre el Defensor del Pueblo y los defensores de cada Administración pública cuando la competencia de la institución corresponde al Defensor. Los trámites son muy largos. Al
día de presentar este informe, a 22 de junio, hay pendientes o en trámite 3.651 quejas, es decir, el 58,4 por ciento de las mismas. ¿Me podría precisar de estas quejas en trámite cuáles se han concluido en la actualidad? Se intuye demasiada
complacencia con la Administración,
porque de las 1.559 quejas concluidas, 1.249 se han estimado con una actuación correcta de la Administración. ¿Podría el Defensor decirnos qué actuaciones realizó la institución ante la queja de 1.734 ciudadanos españoles que manifestaban
su disconformidad con el conflicto de Irak? Nos ha comentado que fueron inadmitidas, pero entendemos que debería haberse actuado, debería haber un informe, debería haber una respuesta, pues seguramente estas quejas hacían referencia a la
vulneración de derechos humanos. Por tanto es de su competencia. Se observa escasa resolución y muchas advertencias, sólo 486 resoluciones y de ellas sólo 176 aceptadas. Le propongo, por considerarlo interesante, que para el próximo ejercicio
analice las quejas por tramos de edad para ver el uso de los jóvenes, por nivel de estudios, por tipo de trabajo o por extracción social para ver si llega a quienes más necesitan esta institución.
Respecto al tipo de quejas y los servicios de actuaciones que se plantean, nos preocupa el nivel tan elevado de quejas sobre los empleados públicos, 1593. La inmigración, como se ha comentado, es la mayor causa de queja individual, 1943 y
sólo hay 28 actuaciones de oficio, siguiéndole la atención de los españoles en el extranjero. El nivel de queja de los servicios del Estado del bienestar, de la Administración sanitaria, de la acción social y de la educación también nos preocupa,
así como del funcionamiento de la justicia que es ya un clásico. Pero quiero detenerme en varios ejemplos. Quiero resaltar del informe que nos presenta las casi 80 páginas dirigidas a la inmigración recogiendo la regulación y normativa y sus
efectos sobre los derechos fundamentales, la situación de los centros de internamiento de extranjeros y las intervenciones en la tramitación de expulsiones. ¿Cuántas de las resoluciones, recomendaciones, sugerencias o recordatorios legales sobre la
inmigración han sido desestimados? En cuanto al accidente del Yak 42 en Turquía es bastante pobre la acción emprendida frente a las 34 quejas recibidas, primero porque afirma en la página 147: El ministro de Defensa ha facilitado a esta
institución la información disponible. ¿De verdad cree usted que ha sido así? Y sigue diciendo: No ha concluido el trabajo de la comisión internacional de investigación sobre el accidente. Esta institución formará un criterio valorativo sobre el
suceso de referencia.
Señor Defensor del Pueblo, ¿puedo entender que la institución que usted dirige ha hecho un trabajo plausible para defender a los ciudadanos de la acción de la Administración en este accidente?
Al trabajo acerca de la violencia género o violencia doméstica -como usted dice en el informe realizado sobre la investigación relativa a las mujeres fallecidas- apenas dedica tres páginas. Sumando las quejas por las agresiones a mujeres,
hay unas cinco páginas en total en un informe de 646. En cuanto a los caminos para hacer frente a este terrorismo desbocado que sufre nuestra sociedad, debería haberse hecho un trabajo más detallado. En uno de los casos -en la página 77- narra
cómo la víctima de Pamplona había comparecido hasta ocho veces en las dependencias policiales denunciando a su ex marido, y concluye diciendo que tras la investigación abierta por la institución, hizo llegar unas consideraciones con la finalidad de
que en el futuro no se volverían a producir más unas deficiencias como las señaladas. ¿Puede precisar más estos extremos y los contenidos de las recomendaciones remitidas? Con la información que nos da se nos antoja insuficiente. ¿Basta con
habérselo remitido al Consejo General del Poder Judicial y la realización de la inspección? Señor Defensor del Pueblo, nosotros entendemos que se debe hacer más. Por el contrario, ha hecho un buen trabajo en la defensa del medio ambiente y, en
concreto, en el esfuerzo en el accidente del Prestige y las actuaciones de las administraciones públicas y sus servicios ante el mismo, así como en lo relativo a las condiciones del transporte de mercancías peligrosas por el mar y la defensa de éste
y las costas al responder a las quejas recibidas y realizar actuaciones que detalla en las páginas 345 a la 350 con las siete carencias detectadas acerca de los sistemas de alerta, salvamento marítimo, la prevención y lucha contra la contaminación,
la coordinación entre las administraciones públicas, la cobertura de emergencia, junto con la denuncia de no poder proseguir con sus actuaciones y las recomendaciones detalladas a las administraciones. Que Nunca máis vuelva a pasar.
Nos parece parca su actuación dirigida hacia el problema de la vivienda y a garantizar el derecho constitucional a su acceso. Únicamente hace una descripción o constatación sobre que el precio de la vivienda va subiendo a largo de 2003, un
16,9 por ciento, y concluye diciendo: Deben arbitrarse medidas en las que se amplíe la oferta de vivienda en alquiler. Entendemos que debería hacer más, señor Defensor del Pueblo.
Respecto a los recursos de inconstitucionalidad y amparo, lamentamos la escasez que viene siendo habitual del recurso de inconstitucionalidad en defensa de los derechos fundamentales en una etapa en la que el Gobierno abusó de las leyes no
dialogadas y del conflicto político e institucional que el cuerpo legal aportaba, así como el abuso de la Ley de Acompañamiento de los presupuestos que generaba una alarmante inseguridad jurídica y bordeaba siempre el incumplimiento de una conocida
sentencia del Tribunal Constitucional. No se ha actuado lo suficiente ni de oficio ni como respuesta a la solicitud de interposición que se le planteaba.
Finalmente, en las conclusiones se hace una valoración poco imaginativa y poco autocrítica. Esta institución está necesitada de medidas de relanzamiento y de cobertura, incluso de la modificación legal que le dé una dimensión similar a la
que tiene en el centro y norte de Europa, porque, si no se renueva, seguirá siendo una instancia más a la que acudir pero sin cumplir el papel
moderno que debe jugar en una sociedad donde el protagonismo debería residir en el ciudadano.
Quiero darle las gracias a usted y a su equipo de trabajo por este trámite parlamentario. Le aseguro que para mí y para mi grupo su informe nos es de gran utilidad.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchísimas gracias, señora Navarro.
Tiene a continuación la palabra, por el Grupo Vasco (EAJ-PNV), el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: (Comienza su intervención en euskera, cuyo texto, que entrega a la Redacción del 'Diario de Sesiones', dice lo siguiente: 'Jaun-Andreok, Ekitaldi garrantzitsua dogu gaurkoa, demokraziaren oinarria herritarren
eskubideak direlako eta zentzu horretan honeen erakunde babesleak ezinbestekoak dira. Nahiz eta, ohi dan lez, legebiltzarkide gitxi egon izapide honetan.'-El señor diputado continúa su intervención en castellano.)
Para esta asamblea parlamentaria es este un trámite importante porque se trata de una institución del Estado cuya labor principal en el ámbito de los derechos y libertades fundamentales, donde se asientan las democracias, los derechos
humanos, realza su importancia. Que sea una institución confirmada por los ciudadanos, como así aparece en las estadísticas en las quejas y reclamaciones hechas llegar por los ciudadanos en número significativo, es importante, aunque sea el número
inferior al año anterior, lo cual no tiene que constituir per se un mal signo, sino, quizás, todo lo contrario.
Queremos reseñar en nombre de nuestro grupo, el buen trabajo, en general, realizado por la institución en materias muy diferentes, muy amplias, muy complicadas, y no hay nada más que leer el informe para ver el extenso abanico de
competencias. Sería imposible atender a todo, por supuesto, pero hay algunos aspectos que mi grupo quisiera reseñar, en algunos casos para animarle a continuar la labor iniciada y en algunos otros para manifestar nuestra disconformidad con la
actuación del Defensor del Pueblo o nuestro diferente punto de vista. Nos parece muy importante la labor realizada en actuaciones relacionadas con los problemas derivados de la violencia doméstica. Como es bien conocido, el Congreso de los
Diputados está empeñado en sacar adelante una nueva legislación que ayude a disminuir esa lacra. Estoy seguro de que la casuística contenida en el informe, aparte de ser más o menos conocida, va a servir como material valioso para los trabajos en
esta Cámara.
Un capítulo importante también para nosotros y al que en el informe se ha hecho una extensa mención es el referente a la inmigración y a la situación de los inmigrantes. Como recordará el Defensor del Pueblo, solicitamos que se recurriera
la Ley de Extranjería en su momento, cosa que no fue atendida por la institución, pero tenemos que reconocer que se ha hecho un seguimiento profundo de la ejecución de la ley y de los pasos dados por la Administración. No voy a repetir algunas
cosas que vienen en el informe, pero hay algunos aspectos que nos gustaría subrayar y en los que estaríamos muy interesados que el Defensor del Pueblo continuara su labor y en los que ahondase. En todo lo relacionado con los menores, las terribles
condiciones de los centros de acogida que se describen en el informe son más que preocupantes. Algunos de los centros ya han sido cerrados, pero otros no. Si es cierto que el tema de la inmigración es delicado y exige nuestra atención, mucho más
lo es en el aspecto referente a los menores.
Otro asunto importante es el asilo, asunto que el otro día se debatió en Comisión, con motivo de la petición de algunos grupos parlamentarios de la derogación de algunos artículos de la Ley de Extranjería, en concreto, los problemas que
puede causar la propia ley para las solicitudes de asilo. Es evidente, según el informe, que hay dificultades para ejercer este derecho. Hay una recomendación para que no se demore la formalización de las solicitudes de asilo, para que se deje
constancia de la primera comparecencia -con independencia del formato en que se presente-, para que se preserven los derechos de los solicitantes en cuanto a las dilaciones imputables a la Administración y no les causen perjuicios y para la
resolución expresa de las peticiones efectuadas; aspectos muy delicados que demuestran que existe un incumplimiento, una falla y un mal mecanismo en cuanto al cumplimiento y la atención al derecho de asilo.
Hay otro punto que merece una mención más extensa dentro del informe, en concreto, el referido al accidente del Yakolev, sufrido por los militares españoles destinados en Afganistán. Hay muy poca información en el informe sobre un asunto
tan relevante. Se señala que el ministerio ha transmitido la información disponible hasta el momento, aunque de los hechos conocidos durante este año 2004 y recientemente se deduce que hay mucha más información de la que el ministerio ha
transmitido. Esperamos de la institución que no deje este asunto y continúe su labor en este punto concreto. Coincido también con el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto en cuanto a las reflexiones que ha hecho sobre el Prestige. Es tremendo
que en el informe se señale que lo remitido por el Gobierno eran simples notas sin orden ni concierto, de las que no se podía sacar ninguna conclusión. Nos parece muy preocupante -y es algo que quisiéramos subrayar- que se presenten recomendaciones
por parte del Defensor del Pueblo pero que no sean atendidas y, sobre todo, nos parece muy importante que se diga que el tratamiento coordinado, el ofrecimiento al público de información sistemática, completa y objetiva faltaba y sigue faltando a
día de hoy en este tema.
Hay otro asunto que le recordamos el año anterior y que vuelve a mencionarse en el informe respecto al tratamiento de los detenidos en las dependencias policiales. Se trataba del caso de una ciudadana brasileña que, como queda probado en
una sentencia, fue violada en los calabozos de la Policía Nacional por una persona que, supuestamente, tenía que velar por su seguridad. Sin embargo, no fue posible castigar al culpable porque en el proceso, a pesar de que el hecho quedó
absolutamente probado, hubo encubrimiento entre los implicados, en un mal entendido corporativismo, de manera que fue imposible descubrir quien había sido el autor. Ustedes pedían un control efectivo de los calabozos, a lo que respondió que sí la
dirección general, pero haciéndolo depender de las posibilidades presupuestarias. Nosotros les dijimos que estuvieran muy atentos a ello.
No hay ninguna mención en el informe; queremos pensar que es porque ya se ha subsanado, aunque nos gustaría
tener la certeza, porque, desde luego, la respuesta de la dirección general no nos satisfizo. Lo más grave es que decían que la reforma del régimen disciplinario que se solicitaba por parte del Defensor del Pueblo no era necesaria, porque el
régimen vigente era suficiente y, además, que se haría siempre y cuando resultaran probadas las acusaciones. Las acusaciones habían resultado probadas, se había cometido un delito. La resolución de la dirección general de Policía exonera de
responsabilidad disciplinaria a los funcionarios encargados de la guardia de calabozos y afirma que no se aprecia la existencia de conductas constitutivas de infracción disciplinaria. Por tres veces el Defensor del Pueblo ha solicitado que se
reforme el régimen disciplinario, para poder castigar esas conductas de encubrimiento, y por tres veces se ha contestado que no. Confiamos en que el Gobierno actual modifique esa actitud y proceda a la adecuación, para que no queden impunes esas
conductas del régimen disciplinario interno. Nos ha preocupado entender que en su discurso -quizá no ha sido así- ha elogiado las reformas en la legislación penitenciaria y penal habidas en la última legislatura, reformas que no iban encaminadas a
buscar la reinserción social de los delincuentes. Que las reformas mencionadas no causen ninguna preocupación en el Defensor del Pueblo nos parece extraño.
Desde luego, es un criterio que no compartimos.
Un capítulo importante es el de la guerra civil. Es necesario que se asegure el acceso a la información que figura en registros y archivos.
Aquí se mencionan algunos casos. Nosotros conocemos de la labor de la Sociedad de Ciencias
Aranzadi, una institución fuera de toda duda, cuyas peticiones para acceder a información en los registros de la localidad han sido rechazadas por los juzgados; por ejemplo, en el juzgado de Gernika. Querríamos que esas actuaciones se siguieran
más de cerca y que se impulse y se coordine esa sensibilidad, junto con los Defensores del Pueblo autonómicos, de manera que en las certificaciones de defunción se supriman alusiones de carácter político, que se adecuen las normas de registros
civiles a efectos de la correcta identificación de las causas de la muerte y que se impulsen otra serie de medidas, como la desclasificación y catalogación de archivos diplomáticos y militares, normalización legislativa de los bancos de datos ADN,
elaboraciones de manuales de antropología forense, etcétera. Por cierto que, unido a esto, hemos hablado recientemente, a cuenta de la proposición sobre el president Companys, de reconciliación, etcétera, y sorprende la mención que se hace de la
denegación de los derechos para ocupar una plaza en una residencia militar a un militar de la República, incumpliendo una sentencia del Tribunal Constitucional que es nada más y nada menos que del año 1987. Parece que a algunos cuarteles la
reconciliación todavía está por llegar.
Hay otro aspecto que quisiéramos señalar. En algunas páginas de este informe apreciamos falta de objetividad. Nosotros entendemos las circunstancias personales de cada cual, circunstancias personales en muchas ocasiones duras, terribles,
que sólo conoce la propia persona afectada. Todos, absolutamente todos, tenemos nuestras filias y nuestras fobias, pero en un cargo como el del Defensor del Pueblo la objetividad es inexcusable y nos tiene acostumbrados -más antes que ahora- a
manifestaciones en el ámbito de lo político que quedarían fuera de la esfera de lo que corresponde estrictamente al Defensor del Pueblo. Esos comentarios han pasado a algunas de las páginas de este informe; me refiero en concreto al discurso
realizado en la comparecencia ante la 59.ª Comisión de Derechos Humanos, en Ginebra, en la que el Defensor del Pueblo dice: Puede afirmarse que su origen y evolución -habla del terrorismo etarra-, así como su posible desaparición, han dado lugar a
una tímida respuesta institucional, sobre todo por parte de los poderes públicos de autogobierno que tienen atribuidas las competencias en materia de seguridad y de determinadas instancias relacionadas con la Iglesia católica. Y sigue diciendo: El
aprovechamiento de la inercia criminal y del terror que provocan los atentados para proponer falsas salidas a la situación, como las divulgadas soluciones soberanistas y secesionistas o los acuerdos secretos entre formaciones políticas, son otras
tantas muestras y ejemplos de la endeblez de la voluntad de esas instituciones para reponer en su integridad los derechos humanos en el País Vasco tras la erosión producida por los crímenes terroristas.
Me temo que de nuevo viene esa tendencia a la que nos tenía muy acostumbrados el Gobierno anterior de mezclar terrorismo con nacionalismo vasco y se parece mucho a esa auténtica campaña que sufrimos durante muchos años. Estas menciones
hechas por el Defensor del Pueblo son injustas cuando existe un Gobierno autónomo en el que hay una dirección de atención a las víctimas dirigido por la viuda de una persona asesinada por ETA; cuando existen ayudas
económicas, psicológicas y otras medidas de apoyo por parte del Gobierno autónomo; cuando ha habido manifestaciones públicas continuadas por parte del lehendakari y convocatorias de protesta contra el terrorismo por parte de las
instituciones autonómicas; cuando incluso dentro del Parlamento vasco ha habido una comisión sobre este asunto. Nos parece injusto y parcial, incluso raya con la falta de lealtad institucional.
Esto enlaza con una crítica que se hace en el
informe -la única- a las instituciones comunes de Euskadi. En concreto, se refiere a un caso en el que, con motivo de las manifestaciones de un grupo de vecinos en contra del párroco de Maruri, fue convocada una contramanifestación de Basta Ya.
El
Defensor del Pueblo preguntó por qué se utilizaban videocámaras en esa manifestación, y la contestación del Gobierno vasco fue la de que, en este caso concreto, el hecho tenía causa en la simultaneidad -no anunciada- en un mismo espacio físico de
dos concentraciones con fines no coincidentes, y en el peligro concreto que de tal circunstancia se seguía, basándose en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto. La consejería señalaba la neutralidad de esta medida, acordada
dentro del marco legal, al existir unas circunstancias habilitantes de riesgo concreto, por coincidir en el mismo espacio físico dos concentraciones de signo contrario, y señalaba también que se habían cumplido todos los requisitos formales.
Sin embargo, el Defensor del Pueblo añade lo siguiente: Según testimonios reiterados y recogidos en prensa -a pesar de lo que le ha dicho la Administración autonómica, el departamento de Interior-, por la capacidad de convicción de los
testimonios concurrentes que la prensa ha recogido, se ha de entender que existe una desviación de poder de la motivación y, por tanto, una grave ausencia de justificación legal en la misma. O sea, que lo que dice la prensa y lo que el Defensor del
Pueblo lee en ella, sin más, tiene más validez que la contestación de las instituciones autonómicas. El propio Defensor del Pueblo dice que lo que opina se basa en suposiciones y que no tiene ninguna prueba para afirmar lo contrario.
Esta
atribución de mayor capacidad de convicción a la prensa que a la institución nos parece, cuando menos, frívola.
Nos congratulamos -y termino ya, presidenta- de que, en una aparente situación de anormalidad -según algunos- en el País Vasco, ninguna institución de Euskadi -ni autonómica, ni foral ni municipal- aparece en el informe como Administración
entorpecedora, como Administración que no ha contestado tras el tercer requerimiento, o como Administración que ha contestado al tercer requerimiento. Esto demuestra que las instituciones vascas conocen sus obligaciones y se aplican, en su deber de
colaboración y lealtad interinstitucional, en defensa de los derechos de los ciudadanos.
Le deseamos suerte, en el plazo que le resta de mandato, para cumplir los objetivos ambiciosos e importantes -muy importantes- de la institución que dirige.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Esteban.
A continuación, en representación del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), tiene la palabra el señor Cerdà.
El señor CERDÀ ARGENT: Buenos días, presidenta.
Señorías, Defensor del Pueblo, quiero destacar el aumento de quejas respecto del año 2003, y también que un porcentaje mayoritario proviene de la Comunidad de Madrid, del País Valenciano y de Cataluña. Su informe describe con claridad
serios problemas, y expresamos nuestra preocupación por todos ellos, como no podría ser de otra forma. Sin embargo, queremos hacer hincapié en nuestra preocupación e inquietud por las administraciones entorpecedoras y, en concreto, por los
ayuntamientos del País Valenciano, en cuestiones urbanísticas. Aprovecho esta ocasión para denunciar que la Administración valenciana está entorpeciendo los derechos de gran parte de la ciudadanía y la correcta ordenación del territorio respetando
el medio ambiente, por los numerosos abusos urbanísticos que ampara la Ley reguladora de actividades urbanísticas de la Generalitat Valenciana. Se trata de una ley que ha de suspenderse, tal y como recomienda la Comisión de investigación que visitó
el País Valenciano el pasado mes de junio.
Otro apartado importante del informe, a nuestro entender, es el de las dilaciones indebidas de los procedimientos judiciales, que constituyen uno de los índices más claros del fracaso del sistema judicial. Es una denuncia que se recoge en
cada informe del Defensor del Pueblo, de la que se debe tomar nota y contra la que se debe actuar con eficacia. Parece ser que el actual Gobierno toma nota y esperemos que el próximo año no tengamos que volver a ver en el informe quejas referentes
a dilaciones indebidas de la Administración de Justicia ni en la fase de declaración, ni en la fase cautelar, ni en la fase de ejecución.
Otra de las cuestiones que nos preocupa enormemente es la carencia de plazas y de medios en los centros de internamiento de menores a que el Defensor del Pueblo hace referencia en un amplio apartado. El hecho de admitir menores implicados
en hechos delictivos en centros de internamiento que no están preparados para ello provoca graves incidentes violentos. Por ello, instamos, junto con el Defensor del Pueblo, a las diferentes administraciones competentes a intentar tomar nota de
ello de una vez y dejar de vulnerar los derechos fundamentales de los menores desamparados castigándoles de nuevo a convivir en una situación de conflictividad.
Las instituciones penitenciarias son otro de los puntos flacos del Estado español y así se ha manifestado en diferentes informes del Defensor del Pueblo. En concreto, el año 2003 ha significado, como dice el informe, la promoción de
importantes leyes con incidencia en el ámbito penitenciario: la aplicación del límite máximo de cumplimiento de penas, la generalización del régimen de expulsión del territorio español de los extranjeros y la regulación de la prisión provisional.
No creemos que éstas sean leyes que vayan a mejorar la situación penitenciaria. Estas reformas no cumplen en absoluto con el objetivo rehabilitador que la Ley penitenciaria establece, y conducen a una vulneración continua de derechos fundamentales
de la población penitenciaria.
Es nuestra obligación insistir en la denuncia de la situación de sobresaturación de los centros penitenciarios del Estado español. El Defensor del Pueblo nos informa que en el año 2003 el número de internos ha crecido en 4.230, un 8,15 por
ciento, nada novedoso, pero de necesaria intervención ya que pone en peligro la convivencia de la población penitenciaria, obliga a convivir dos, tres, cuatro o cinco personas por celda, incumpliendo la legalidad penitenciaria, ya que el artículo 19
de la Ley General Penitenciaria establece el derecho de cada preso y presa a habitar una celda individual; imposibilita las tareas propias del tratamiento penitenciario y conduce a situaciones de conflictividad que pueden desencadenar violentos
episodios. Entendemos que se trata de una problemática claramente reducible con una política penal y social que realmente debe relegar a una opción segregativa como la última ratio de la reacción penal. El incremento de la población en las
prisiones consecuencia del incremento de la actividad de los aparatos judiciales y policiales, y el endurecimiento de las penas que han supuesto las reformas del Código Penal del Gobierno anterior nos han llevado a una situación cuyos problemas
pueden ser paliados, pero se necesita un importante esfuerzo de adecuación de los medios personales y materiales de la propia Administración de Justicia.
Nos indigna también la situación descrita en el informe del Defensor en el centro de internamiento de extranjeros de Valencia: limpieza deficiente, sin mejoras, ausencia de funcionarias en plantilla, obligación de comer en los dormitorios,
falta de privacidad en las visitas, etcétera, un centro de internamiento del Estado donde se están conculcando día tras día los derechos fundamentales de los internos. Esperamos una pronta renovación de las instalaciones, la subsanación de todas
las carencias del centro de internamiento de extranjeros de Valencia, los antiguos cuarteles de zapadores.
Del mismo modo, queremos hacer referencia y solidarizarnos con la queja iniciada por la sección sindical de bomberos de Comisiones Obreras de la Comunidad de Madrid, que denuncia una situación de deterioro del servicio de atención de
emergencias entendido desde un punto de vista global. El informe del Defensor del Pueblo hace una serie de recomendaciones al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid para que mantenga la especificidad del SERCAM como servicio de atención de
emergencias de la Comunidad de Madrid, se dote al SERCAM de unos procedimientos operativos elaborados en perfecta colaboración con el cuerpo de bomberos, como protocolos conjuntos de actuación, así como a centrar la activación de emergencias, la
112, integrando a todos los cuerpos de emergencias de la Comunidad de Madrid para establecer un sistema fluido de comunicaciones entre los mismos y a que se realicen los convenios necesarios para que el SERCAM disponga del servicio de comunicación
de bomberos compartiéndolo con este cuerpo. Toda esta serie de recomendaciones demuestra la vulneración de derechos fundamentales en la Comunidad de Madrid y, por ello, nuestra denuncia de la Administración y nuestra solidaridad con los afectados.
Respecto a los derechos ambientales, coincidimos con el Defensor del Pueblo respecto a las deficiencias halladas en la Administración ambiental, en las funciones técnicas y materiales que la Administración no corrige ni impide a pesar de las
normas legales y reglamentarias. La redacción de requerimiento a los infractores de derechos medioambientales es, a todas luces, insuficiente. No es suficiente con una apariencia de actuación, el medio ambiente requiere actuaciones contundentes y
efectivas. Las actuaciones promovidas por los poderes públicos tienen la obligación general de evaluar el impacto ambiental y de determinar medidas correctoras. Esperemos que el actual Gobierno tenga en consideración el informe del Defensor del
Pueblo, sin excepciones.
El Gobierno debería aplicarse y corregir seriamente estos problemas. Así lo ha hecho o lo ha intentado hacer respecto a la recomendación que se hace en el informe de desarrollar reglamentariamente la Ley orgánica 5/2000, reguladora de la
responsabilidad legal de los menores, y consideramos que también se va a hacer un esfuerzo para mejorar el servicio público de la justicia, pero hay muchas quejas, numerosas vulneraciones de derechos fundamentales de la ciudadanía que debemos atajar
inmediatamente. Esta es la función del Defensor del Pueblo, que tomemos nota y que actuemos en consecuencia. El Gobierno del Estado español, coincidiendo con las valoraciones del informe del Defensor del Pueblo, todavía debe aplicarse a la
resolución de problemas. La preocupación de la ciudadanía y las reclamaciones que presenta son intolerables en los niveles de precariedad y de deterioro de los servicios públicos. Tendrá, desde luego, el Gobierno nuestro apoyo para subsanar el
deterioro paulatino que han tenido en estos últimos años los servicios públicos.
Para finalizar, esperemos que el próximo informe del Defensor del Pueblo refleje que la Administración del Estado, que el Gobierno del Estado español, esté a la altura de la demanda social, de la demanda de la ciudadanía y que se respeten
los derechos y libertades fundamentales, como no podía ser de otro modo.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Cerdá.
Tiene la palabra, en representación del Grupo de Convergència i Unió, el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, señor Defensor del Pueblo, adjuntos al Defensor del Pueblo, en primer lugar quiero saludar, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), la presencia del Defensor del Pueblo y agradecer el informe que ha hecho
el alto comisionado de las Cortes Generales, de forma preceptiva pero también de forma muy amplia y pormenorizada, presentado ante el Pleno de esta Cámara. El informe se ha demorado hasta la recta final del año por motivo de la celebración de
distintas elecciones por el ciclo electoral del año 2004, pero tenemos que saludar de forma muy positiva el anuncio realizado por el Defensor de la voluntad de presentar ante la Comisión y ante los plenos de las dos cámaras el informe del año 2004
en los primeros meses del año 2005. Deseamos hacer un reconocimiento no sólo al Defensor del Pueblo sino también a sus adjuntos por los informes realizados. Esta es una buena contribución a una mayor pormenorización, a un mayor detalle de la
actividad realizada por la institución. Estos informes de los defensores, que fueron presentados y debatidos en Comisión, aportan una visión panorámica más amplia y más útil para que este Parlamento tenga un conocimiento más preciso de la realidad
y de las inquietudes que se viven en la sociedad española.
En cuanto al informe del año 2003, desearía subrayar algunos aspectos de intendencia o de modernización de la institución que han redundado de forma positiva en el servicio a los ciudadanos. La incorporación de las nuevas tecnologías, la
modernización de la página web, no sólo el concepto, sino la aplicación práctica de lo que se nos vino anunciando desde hace años en cuanto a la ventanilla única, todo ello ha repercutido positivamente en las funciones de la institución. Se han
presentado 17.389 quejas en el año 2003, unas cuantas menos que en el año 2002, que fueron 21.191. La actividad del Defensor del Pueblo no se tiene que evaluar necesariamente por la cantidad de quejas, sino por el registro de los temas que afectan
en cada momento y que expresan la inquietud de los ciudadanos del Estado español. En este sentido, no creo que esta variación, eso que el Defensor del Pueblo apuntaba como puntos altos y puntos bajos de la actividad año a año, nos tenga que
preocupar. También tenemos que valorar muy singularmente las 165 quejas iniciadas de oficio por la oficina del Defensor a partir de los conocimientos que se puedan tener a través de los medios de comunicación y que expresan una inquietud no de
parte, sino de oficio.
En el balance del año 2003 hay un aspecto muy singular como son las 36.095 quejas relacionadas con el conflicto de Irak, conflicto referido a una materia, la de política exterior, que no es competencia del Defensor del Pueblo. Quiero
subrayar un aspecto de relación con la ciudadanía, que estas 36.000 quejas tuvieron su cumplida respuesta por la institución, y esto se debe valorar de forma positiva. Otro dato del informe del Defensor del Pueblo, y al cual ya se ha hecho
referencia por los portavoces de otros grupos parlamentarios, es el hecho que el 32,2 por ciento de las quejas presentadas al Defensor del Pueblo provienen de la Comunidad Autónoma de Madrid. Este dato nos debe invitar a todos, también a la
institución, a la reflexión. Vivimos en un Estado compuesto, afortunadamente, y esto se debe celebrar, vivimos en un Estado donde en cada una de las comunidades autónomas existe el equivalente del ombudsman, del Defensor del Pueblo, y en algunos
casos con una larguísima tradicional institucional, pero debemos reflexionar sobre el hecho de la gran identificación de los ciudadanos de Madrid con el Defensor del Pueblo y, en cambio la bajísima identificación que se registra en algunas otras
comunidades, por ejemplo, Baleares, Ceuta, Melilla. Deberíamos reflexionar sobre este aspecto y también sobre la conveniencia a veces, desde la autonomía de cada uno de los institutos y de los defensores del pueblo autonómicos, de la distribución
de oficio en la investigación de algunos temas. Hay algunos temas que se dirigen al Defensor del Pueblo y que corresponden competencialmente a las comunidades autónomas y, al revés. La buena colaboración que existe entre los defensores del pueblo
de las comunidades autónomas y el Defensor del Pueblo español debería tener un grado de articulación en cuanto a la distribución competencial.
Ello aumentaría su eficacia.
El informe que se nos ha presentado en este Parlamento hace una radiografía muy exacta de los temas que más preocupan y que más quejas plantean a la institución: inmigración, emigración, justicia, función pública y sanidad. Todo ello
configura la topografía de las inquietudes de los ciudadanos, que también puede servir para los trabajos parlamentarios y para una mejor auscultación de la realidad social española. Desearía hacer referencia a unos pocos casos concretos. Es
evidente que ni el Defensor en su intervención en el Pleno ni los distintos portavoces podemos hacer una reflexión exhaustiva sobre todos los puntos, pero sí sobre algunos. En cuanto a menores y prisiones, otros portavoces ya han hecho
consideraciones en la línea de lo que deseaba apuntar.
Mi grupo parlamentario quisiera destacar un aspecto, que deseamos alentar a la institución a trabajar en la línea de mejorar la ejecución práctica de algunas sentencias en aplicación de la Ley 23/2003, de Arrendamientos Urbanos, que presenta
muchas dificultades en la comunicación de las sentencias a las partes interesadas. Nuestra sociedad tiene un alto índice de personas que viven en casas arrendadas, por lo que el incumplimiento de la Ley de Arrendamientos Urbanos afecta a muchísimas
personas. El problema de la comunicación de las sentencias es relevante y tiene una amplia capilaridad social. Por ello invitamos a tener una actitud especialmente activa en relación con el mismo.
Otro aspecto que podríamos calificar de micro, que se da en el día a día y es muy importante para muchas personas, es el que se refiere a la demora en los pagos de los justiprecios en las expropiaciones por obras públicas. En el marco
constitucional se reconoce la función social de la propiedad. Nadie cuestiona esto, nadie cuestiona la Ley de Expropiación, pero deberíamos lanzar un mensaje de más eficacia, de no frustración de las personas que ven expropiadas sus propiedades a
la hora de cobrar el justiprecio fijado por los tribunales.
Un aspecto muy concreto, referido a un ámbito al que este Parlamento es muy sensible, es el relativo a los servicios y al transporte sanitario.
El informe del Defensor del Pueblo destaca un deficiente servicio sanitario en distintas
comunidades autónomas, algo que habitualmente es objeto de discusión en este Parlamento y en la nueva Comisión que se ha creado, en la Comisión especial de estudio de la Seguridad Vial. Me refiero a la falta de coordinación entre las
administraciones y los servicios sanitarios a la hora de atender los accidentes. Una mejor y más rápida asistencia sanitaria cuando se producen accidentes podría evitar muchos muertos. Este es un ámbito prioritario, en el cual se ha trabajado y ha
sido estudiado por la institución, tiene la atención del Parlamento y también de la institución del Defensor del Pueblo.
El último aspecto al que deseo hacer referencia es el siguiente. En el informe del Defensor del Pueblo del año 2003, se observa un trabajo pormenorizado y de gran calidad centrado en los contenidos televisivos y en la defensa de los
derechos de los menores. En el Estado español no existe ningún tipo de ente regulador, de control, en el marco de las libertades incuestionables y de los derechos fundamentales contemplados en nuestra Constitución. No existe el tan reclamado
consejo de lo audiovisual, que por otra parte parece que en esta legislatura puede ser una realidad, ni tampoco un código de buenas prácticas reconocido por los distintos medios de comunicación y singularmente por los medios de comunicación
audiovisuales. En este sentido, el informe del Defensor del Pueblo hace un estudio muy detallado de lo que afectan los contenidos televisivos a los derechos de los menores y, por qué no decirlo de una forma más informal, de la bajísima calidad
televisiva que hay en el Estado español, de la bajísima calidad del servicio público, de los canales públicos de televisión, pero también -hay que recordarlo- de los tres canales privados, que están en régimen de concesión administrativa y por tanto
presuntamente desarrollando un servicio público. Es evidente que a este Parlamento, al Legislativo, y también al Ejecutivo, corresponde dar una respuesta a este punto negro de la vida española en cuanto a calidad informativa, incluso diría en
cuanto a calidad educativa. Tenemos que tener en cuenta todos las reflexiones del Defensor del Pueblo.
Voy a hacer una última consideración que no está estrechamente vinculada a aquello que hemos podido leer en el informe. En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), invito al Defensor del Pueblo y a sus adjuntos a que
continúen trabajando activamente en la defensa de los derechos humanos y a que se impliquen junto con el Ejecutivo, puesto que estamos hablando de derechos humanos, pero también de algo que trasciende nuestras fronteras, en los casos de los
españoles condenados a muerte en el extranjero. El nuestro, afortunadamente, es un Estado abolicionista, un Estado que desde hace muchos años trabaja activamente no sólo por el abolicionismo dentro de nuestras fronteras, sino también por trasladar
a los foros internacionales, a la Asamblea de Naciones Unidas, que se reúne a finales de año, a través de distintas propuestas de resolución, el planteamiento de una moratoria universal contra la pena de muerte. En todo caso, y mientras esto
llegue, que algún día llegará, la realidad es que hay tres españoles condenados a muerte en el corredor de la muerte. Me refiero a Pablo Ibar, condenado a muerte en Estados Unidos; a Nabil Nanakli, condenado a muerte en el Yemen, que estuvo muy
cerca de ser ejecutado hace menos de un año, y a Francisco Larrañaga, condenado a muerte en Filipinas. Desearía invitar a que se centrara la atención del Defensor del Pueblo en la defensa de los derechos humanos en estos tres casos.
Para terminar, deseo expresar el apoyo de Convergència i Unió, en nombre de estas Cortes Generales, a la labor desarrollada por el Defensor del Pueblo, la aprobación de este informe que se nos ha presentado, el estímulo para continuar
trabajando en el mismo sentido y el apoyo para que tenga una respuesta rápida y eficaz de todas las administraciones; de las administraciones que cumplen de forma ejemplar con sus obligaciones de dar respuesta positiva a las quejas presentadas y
vehiculadas a través del Defensor del Pueblo y muy singularmente de aquellas administraciones autonómicas y locales que no han dado el debido cumplimiento a las quejas tramitadas por el Defensor del Pueblo. La portavoz de otro grupo parlamentario
ha señalado concretamente cuáles son estas instituciones y SS.SS. pueden leer en el informe del Defensor del Pueblo exactamente los dos ministerios, los ayuntamientos y las administraciones autonómicas que no han estado a la altura de las
circunstancias en este Estado
de derecho, en el que las administraciones deben colaborar con esta figura nuclear, central, constitucional, la figura del Defensor del Pueblo.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Xuclà.
Tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Popular, el señor Puche.
El señor PUCHE RODRÍGUEZ-ACOSTA: Señora presidenta, señorías, yo quiero que mis primeras palabras en la mañana de hoy, uniéndome al resto de los que me han precedido en el uso de la palabra, sean para dar una cordial bienvenida al señor
Defensor del Pueblo, a sus adjuntos y a las personas que lo acompañan y también, cómo no, para agradecer muy sinceramente el trabajo desarrollado por la Defensoría, porque ha sido importante.
Además, quiero agradecer el exhaustivo informe que se
nos ha presentado en la mañana de hoy y que también se hizo en su día en la Comisión. Es un informe, señorías, que pasa revista a todos los temas de actualidad del país, a todos los temas que han preocupado los ciudadanos españoles durante el año
2003, que para mi grupo se hace, y es lo más importante, desde la seriedad, desde la objetividad y desde la rigurosidad.
Señorías, una vez escuchado, como digo, ese informe que se nos acaba de presentar, yo debo de manifestar en primer lugar mi enorme satisfacción al comprobar que esta institución cumple sin ningún género de dudas una función y un servicio que
cada vez está más valorado por los ciudadanos.
Hoy, los ciudadanos sin duda alguna se sienten muchísimo más identificados que nunca con la figura del Defensor del Pueblo porque ya conocen que el mecanismo para alcanzar su atención es ágil, sin
costo alguno y mediante un procedimiento con tratamiento personalizado. No obstante lo anterior, sí me gustaría destacar que no debemos olvidar que no está todo hecho, que todavía quedan problemas importantes por resolver, que quedan importantes
lagunas que subsanar. Sabemos que todos los días se producen nuevas situaciones en la sociedad española, situaciones indeseables en el propio seno de la sociedad que deben de ser atendidas. Debemos de estar vigilantes, señorías, para dar
respuesta, de una forma rigurosa, solidaria y segura, a lo que la sociedad demanda, y no hay otra manera de lograrlo sino profundizando en esos aspectos de la sociedad, cambiando algunas normas e introduciendo nuevas leyes. Ese es el objeto
fundamental, señorías, del informe que todos los años se presenta en esta Cámara.
Entrando sin más dilación en el informe propiamente dicho, dado la premura del tiempo, quiero comenzar por los datos de carácter global porque con ello se nos da una idea clara de cuál ha sido el esfuerzo que ha realizado la institución,
esfuerzo de gestión a lo largo del año 2003.
Por eso tengo que hablar de las series estadísticas, que hacen que nos enfrentemos a la frialdad de los números, pero que sin duda alguna nos proporcionan un primera aproximación a las actividades que ha
llevado a cabo la Defensoría. Estos datos reflejan -como ya han dicho el Defensor y todos los portavoces- que las quejas que han sido presentadas este año por los ciudadanos españoles han disminuido. El año pasado, cuando este Pleno del Congreso
de los Diputados se encontraba en este mismo trámite, algún portavoz, ante el aumento de las quejas, decía que se debía sin duda alguna a un deterioro de la gestión de los servicios públicos, a un deterioro de la Administración española y a un
deterioro del Estado de bienestar de España. Hoy, al descender esas quejas, tendríamos que inferir que ocurre todo lo contrario, es decir, que no hay deterioro de los servicios públicos, que no hay deterioro de la Administración y que no hay
deterioro del Estado de bienestar. Para ser sincero, señorías, ni lo uno ni lo otro. Creo que nos movemos en un estado de normalidad y que las quejas se mueven al alza o a la baja en función ni más ni menos que de las circunstancias o de los
acontecimientos que puedan producirse en el país en un momento determinado, independientemente de la gestión de la Administración. En ese campo, señorías, igual que sucediera en los informes precedentes, he comprobado que las mujeres presentan
quejas en mucha menor cantidad que los hombres; en cuanto a la territorialidad de las quejas, que la mayoría procede del territorio nacional; entre las quejas que vienen del extranjero, cabe destacar las que proceden de países iberoamericanos, que
están a la cabeza y que sin duda responden a las condiciones económicas, políticas, sociales y culturales de algunos países de ese continente.
Sobre el estado de tramitación de las quejas, quiero destacar que se han rechazado más del 50 por ciento, y he de decir que es una decisión totalmente justificada porque no ha habido irregularidad de la Administración, porque no se ha
observado ninguna actuación inadecuada de los poderes del Estado y porque no se ha producido ninguna sentencia firme. Por tanto, las claves y las condiciones son tan terminantes que no merecen más comentario por mi parte.
Señorías, como ha señalado previamente el Defensor del Pueblo, el informe de esta institución culmina con una serie de soluciones, recomendaciones, sugerencias y advertencias hechas a la propia Administración. Del informe se desprende que
más del 77 por ciento de esas sugerencias ha sido admitido por la Administración española, por la Administración que gestiona el devenir de los acontecimientos en el país. Creo que esa es una buena respuesta de la Administración ante las
sugerencias que se hacen por la Defensoría del Pueblo.
Me congratula que este año no figure la Administración central entre las administraciones que han incumplido
esa obligación de colaborar con el Defensor del Pueblo y lamento una vez más que esa colaboración no se preste en algunas administraciones autonómicas y locales del arco parlamentario de este hemiciclo. Todos estamos convencidos de que las
administraciones tienen la obligación de atender los requerimientos del Defensor del Pueblo, y no sólo eso, sino que en algunos casos tienen la obligación de contestarle. En cualquier caso, señorías -lo digo plenamente convencido-, el Defensor del
Pueblo es una institución cada vez más prestigiada y que cada día se prestigia más.
Es fácil constatar que goza de la confianza y del respeto de los ciudadanos y del respeto de las administraciones tanto central, como autonómica, como local.
Entrando rápidamente -el informe es muy extenso- en el apartado sustancial que puede afectar a los distintos campos de la Administración administrativa, me voy a referir al área de prisiones. Se ha producido un incremento manifiesto en el
número de reclusos, que ha pasado de un 8 a un 8,5 por ciento. Yo creo que este incremento se debe, sin duda alguna, a la promulgación, y ha hecho referencia a ello el señor Defensor del Pueblo, de importantes leyes con incidencia en este ámbito,
es decir, medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, contra la violencia doméstica, medidas sobre el enjuiciamiento criminal en materia de prisión provisional... Yo creo, señorías, que el endurecimiento de las penas del tercer grado y del
tratamiento penitenciario, de la libertad condicional, de la ampliación del límite máximo de cumplimiento de penas, del nuevo elenco de delitos y de faltas y la mayor eficacia judicial tienen y tendrán en el futuro una incidencia mucho mayor en el
incremento del número de presos. De ahí que yo quiera resaltar esta mañana aquí que lo que sí parece claro y terminante es que, además del endurecimiento de las leyes, que es lo que demandaba la sociedad española y es lo que hizo el Gobierno de
este país, a partir de ahora, a la Administración hay que exigirle un importante esfuerzo de medios, tanto materiales como personales, para que los centros penitenciarios sean suficientes en nuestro territorio. Me parece muy positivo el capítulo de
la institución en cuanto al seguimiento del intercambio de jeringuillas para evitar los contagios y me parece también muy positivo, señor Defensor del Pueblo, comprobar como la Administración ha recogido todas las sugerencias para la lucha contra la
droga en cumplimiento del real decreto que aprobamos sobre la estrategia nacional contra la droga.
Por lo que se refiere a la Administración de Justicia -también muy rápidamente-, lamentamos una vez más que haya que hablar de dilaciones y retrasos en los procedimientos judiciales. Creo que también merece ser destacada la situación de
retraso en la que se encuentra el Tribunal Supremo y especialmente, como viene siendo tradicional, en la Sala de lo civil y en la Sala de lo contencioso-administrativo. A mí me preocupa eso, pero me preocupan aún más las palabras que he oído esta
mañana y que oí en la Comisión Mixta del Defensor del Pueblo cuando se nos pone de manifiesto que lejos de ir avanzando en la reducción de los tiempos, van aumentando los retrasos existentes en el Tribunal Supremo a pesar de la cantidad de normas
que se han ido poniendo en práctica y de la voluntad por tratar de evitarlos. Por tanto, ésta es una reflexión que todos tendremos que hacer para ir dotando de más medios a esa institución para evitar esos retrasos judiciales, porque nosotros
tenemos claro que la justicia no puede considerarse como tal si no se otorga a tiempo y, en aras de que se otorgue a tiempo, queremos dejar esta reflexión hoy en la Cámara a los efectos convenientes.
Por lo que se refiere al capítulo de inmigración y asuntos exteriores, a mí me gustaría resaltar que el informe del Defensor del Pueblo se extiende ampliamente en el aspecto de la inmigración, como no puede ser de otra forma, puesto que sin
duda es una exigencia dado el creciente fenómeno de la extranjería y de la inmigración en nuestro país. Yo creo que la realidad de la inmigración en España debe ser una cada vez más efectiva convivencia entre las personas que vienen a trabajar a
nuestro país y los ciudadanos españoles. Ciertamente, tengo que resaltar que en el año 2003 se han mejorado muchas situaciones gracias a que hubo un gran número de novedades normativas, pero qué duda cabe que aún nos queda mucho camino por recorrer
para ir normalizando este fenómeno inmigratorio. En este terreno creo que es justo reconocer, y quiero hacerlo desde el Grupo Popular, el trabajo, la rigurosidad y la diligencia en el cumplimiento de las previsiones reguladas en la ley por parte
del Defensor del Pueblo.
Señorías -por ir terminando, ajustándome a los tiempos-, en cuanto a esa referencia que ha hecho el Defensor del Pueblo al encarecimiento de los precios de la vivienda, al incremento del esfuerzo de las familias para poder acceder a esa
primera vivienda, creo que tenemos que reflexionar sobre la necesidad de ser eficaces en esta materia y que debemos seguir reordenando nuestros modelos urbanísticos. Yo me quedo con el aspecto positivo del Gobierno de España que durante el año 2003
no solamente hizo un plan de financiación 2000-2005, sino que también apoyó importantes medidas para estimular las viviendas de alquiler.
Señorías, quiero terminar uniéndome a la reflexión que hacía el Defensor del Pueblo esta mañana cuando hablaba, en el capítulo de educación infantil y en el de educación en general, de las agresiones que se producen a los niños en
determinados programas de televisión. Qué duda cabe, señorías, que el Grupo Popular siempre apostará por la libertad de información; qué duda cabe de que apostará por la libertad de opinión y, por tanto, también de la libertad de empresa; creo
que de eso a nadie le puede caber duda, pero también está claro que lucharemos por la libertad de educación. Creemos que deben compaginarse ambos derechos: los
derechos de la libertad de unos con los derechos de la libertad de otros, y entiendo también que una sociedad democrática y progresiva tiene que poner los puntos de alarma cuando ocurren agresiones a la educación de estos niños. Por tanto,
me uno a esa reflexión del Defensor del Pueblo y desde luego creo que todo el arco parlamentario tendrá que sacar importantes conclusiones de ese comentario y de esas alarmas que esta mañana se han encendido en el Congreso de los Diputados.
Señorías, voy a terminar exactamente igual que empecé, es decir, agradeciendo al Defensor del Pueblo, a los funcionarios, al equipo técnico, a los adjuntos y a todo su equipo el esfuerzo realizado, el trabajo importante hecho, el informe
riguroso, serio y objetivo que se le ha presentado esta mañana al Congreso de los Diputados y quiero también, señorías, seguir estimulando a esa institución para que siga vigilante en los derechos que están contenidos en nuestra Constitución, esos
derechos a la libertad, esos derechos a la información, ese derecho en definitiva que tenemos todos los españoles a seguir avanzando en una sociedad democrática. Para eso, señorías, es para lo que nosotros esta mañana venimos a apoyar este informe
y a decir que seguiremos apoyando el trabajo del Defensor del Pueblo, porque sin duda alguna va a redundar en beneficio de todos los españoles.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Puche.
Finalmente, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Rascón.
El señor RASCÓN ORTEGA: Gracias, señora presidenta.
Señor Defensor del Pueblo, señores adjuntos y equipo que le acompaña, muchas gracias por el informe ponderado y útil que nos han traído a la Cámara, como hace unos días lo trajeron a la Comisión, y que permite sin ningún género de dudas
defender de manera material, si es que hay voluntad política de hacerlo -y la va a haber-, los derechos y libertades de los ciudadanos. No olvidemos que los derechos y libertades en nuestro país son el fundamento y el objetivo primordial para todas
las instituciones, cuanto más para las Cortes Generales; son el fundamento de la convivencia democrática, dan sentido a la relación institucional, dan sentido a la relación de los ciudadanos con las instituciones y de los ciudadanos entre sí. Por
eso, la promoción, la defensa y la protección de los derechos y libertades incumbe a ciudadanos, pero incumbe, qué duda cabe, primordialmente a las instituciones, y una de ellas es la del Defensor del Pueblo. Además, resulta que son el objetivo
primordial de todos, también, por supuesto, faltaría más, de las instituciones, y por eso nosotros en las Cortes Generales cuidamos mucho de encomendar el trabajo al Defensor del Pueblo para que, por lo menos una vez al año, dé cuenta del estado de
salud democrático de nuestro país, y eso es lo que se nos ha traído. Es un momento político, por tanto, muy importante, porque viene el Defensor del Pueblo a darnos cuenta del estado de queja ciudadana respecto a los derechos y libertades.
Ya tuvimos tiempo en su momento ante la Comisión de analizar de manera pormenorizada y detallada cada uno de los aspectos de ese informe y, por tanto, no amenazo a los diputados con reiterar las mismas disquisiciones que en su momento
hicimos. Por ejemplo, en el tema de estadística, le planteamos al Defensor del Pueblo algunas cuestiones, algunas lagunas que a nuestro juicio existían en el informe y también algunas contradicciones. Recordará, señor Defensor, que le preguntamos
por la aparente contradicción entre existencia de sugerencias legislativas de manera material que se hacían a determinadas instituciones y sin embargo que en la estadística no se reflejara nada al respecto. Por ejemplo, nos preguntamos por el
ejercicio de acciones de responsabilidad, que no existían y que bien sabemos que con la Ley orgánica que regula la institución es un mecanismo que puede acabar siendo muy útil para el Defensor del Pueblo de cara a la protección de los derechos y
libertades; incluso nos preguntamos por las comunicaciones al fiscal general cuando hay apariencia delictiva en determinadas actuaciones, que nos consta que se hicieron y sin embargo en estadística no aparecen para nada. Hay algo que a nuestro
juicio es más preocupante, como es el hecho de que no se interpongan recursos de amparo de oficio, que para eso está el Defensor del Pueblo, o incluso que no se interpongan recursos de inconstitucionalidad; también que no quedara constancia
estadística del control e inspección administrativa afectante a derechos y libertades.
Vimos el informe con detenimiento en la Comisión y, por tanto, el único dato sobre el que voy a abundar es el atinente a las recomendaciones y sugerencias, que ya sabemos que aumentan, pero que son desatendidas en un porcentaje que para
nuestro grupo resulta preocupante. El 35 por ciento de las recomendaciones y sugerencias son directamente desestimadas por las instituciones que las reciben. Es preocupante porque después de haber analizado con detenimiento cada una de ellas,
creemos que las mismas son razonables, son perfectamente asumibles y, por tanto, no entendemos cómo instituciones que están llamadas primordialmente a velar por los derechos y libertades, a promover los derechos y libertades de los ciudadanos,
sencillamente desconsideran esa sugerencia o esa recomendación que en nombre de las Cortes Generales, de los representantes directos del pueblo, hace el Defensor del Pueblo. Por eso creemos que ha de surgir un compromiso político serio de todas las
fuerzas que están representadas en esta Cámara para que se haga realidad una mayor sensibilidad de cara a atender esas
sugerencias y esas recomendaciones que se hacen. Fíjense, señorías, la inmensa mayoría de estas recomendaciones y sugerencias que se hacen y que se desatienden se realizan por gestores públicos que pertenecen a las fuerzas políticas que se
sientan en las Cortes Generales. Habrá que preguntarse si no es posible que haya un mayor juego de relación política entre unas y otras instituciones y, desde luego, una mayor atención a esas recomendaciones y sugerencias, que, insisto, son
perfectamente atendibles.
En lo que hace a la consideración temática particular del grupo de quejas ciudadanas que se han presentado ante las Cortes Generales, hay que volver a insistir en que algunos de los problemas que se ponen de manifiesto en ese informe son
problemas ya cronificados y que, por tanto, necesitan de una reacción seria de carácter político, si no para remediarlos, que la mayoría de las veces resulta muy difícil o casi imposible, sí para mitigarlos. Esa reacción política la tenemos que
tener en las Cortes Generales. Por eso el informe del Defensor del Pueblo viene aquí a encender las alarmas correspondientes que permitan esa reacción en defensa material de los derechos y libertades de los ciudadanos, que, vuelvo a repetir, son el
patrimonio más valioso que tenemos los españoles, el que fundamenta y da sentido a la convivencia democrática de todos.
Observamos una vez más como en Instituciones Penitenciarias la masificación hace sencillamente imposible la resocialización a que alude el artículo 25 de nuestra Constitución, especialmente para los extranjeros, que son ya un 25 por ciento
en las cárceles españolas.
Observamos también como la Administración de Justicia con sus retrasos, con sus deficiencias cronificadas ya, hace inviable un derecho fundamental como es la tutela judicial efectiva. Nos sobrecogemos con el informe ante
el tratamiento de la inmigración: deficiencias en centros de estancia temporal, situación de menores, procedimientos de expulsión, inasistencia jurídica. Este sector, ya lo dijimos en la Comisión y lo volvemos a repetir en el Pleno, necesita un
control racional y, sin duda, una integración del emigrante entre nosotros, lo que, con el reflejo que tienen esas quejas ciudadanas, no ha ocurrido en el año 2003; por tanto, tiene que cambiar la situación. También las quejas en materia de
Función pública evidencian serias disfunciones estatutarias y de acceso a la misma: en economía, abusos comerciales en materia de seguros, en servicios telefónicos, actuaciones notariales y farmacéuticas, ordenación territorial, vivienda y
accesibilidad para los disminuidos físicos, preservación del medio ambiente. En sanidad, deficiencias serias en infraestructuras sanitarias, particularmente con mención a la comunidad autónoma contra la que más se protesta, que es la de Madrid. En
política social, una deficiente atención a menores, personas con discapacidad y personas mayores. Por tanto, estamos observando que se trata de quejas de minorías que necesitan un especial impulso de apoyo, tal y como establece nuestra Constitución
nada más y nada menos que en su título preliminar.
El artículo 9.2 está para hacer realidad la libertad, pero también el bienestar social en promoción preferente por parte de los poderes públicos. En Seguridad Social hay también serios problemas,
lo mismo que en educación y en asuntos exteriores.
En definitiva, se trata de un panorama de carencias que tienen que remediarse o mitigarse y eso sólo se produce a partir de un impulso político decidido que haga que efectivamente esta situación de anormalidad para la minoría de ciudadanos
que se quejan se rompa, hasta el punto que permita que estas minorías puedan disfrutar de los derechos y libertades lo mismo que lo hace la inmensa mayoría de los ciudadanos.
Es evidente que son excepciones, pero estas excepciones, si queremos
progresar con seriedad y con rigor en el Estado del bienestar, tienen que romperse, tienen que encauzarse hacia la normalidad democrática que está escrita y bien escrita en nuestra Constitución desde el año 1978, reconociendo ese disfrute material
de los derechos y libertades por todos, en cuya labor de promoción, de apoyo institucional, de protección y de defensa, sin ningún género de duda, tienen cometido constitucional preferente las Cortes Generales, sobre todo a través de su Defensor del
Pueblo, que está en contacto permanente con esa realidad social. Por eso, ya lo dijimos en Comisión, resulta que el Defensor del Pueblo es el observatorio privilegiado de las Cortes Generales para detectar las disfunciones en materia de derechos y
libertades y ofrecer políticamente las respuestas adecuadas que den lugar al disfrute mayoritario de los derechos y libertades por parte de los ciudadanos españoles o extranjeros, según nuestra Constitución.
No me detengo más en las consideraciones temáticas ni tampoco siquiera en las consideraciones que hicimos al Defensor del Pueblo en materia de perfeccionamiento de la institución. Recordará el Defensor del Pueblo que le hicimos algunas
consideraciones por ejemplo sobre la proyección de la institución para la ciudadanía, alguna necesidad de mejora del tratamiento estadístico que se hacía de los datos, también respecto de la mejora del trámite de queja o incluso sobre el
reconocimiento de la actividad de relación con otros defensores del Pueblo, tanto autonómicos como el Defensor europeo o los defensores de los distintos países que forman parte de la Unión Europea. En cualquier caso, son propuestas de carácter
técnico, comentadas en su momento en la Comisión, que estoy seguro que van a ser muy tenidas en cuenta en el informe del año que viene.
Acabo reconociendo ese trabajo ponderado y útil desarrollado por el Defensor del Pueblo, tan ponderado y útil como el trabajo que se ha llevado a cabo por los distintos defensores en las comunidades autónomas.
Nos consta que la relación
entre el Defensor del Pueblo y los defensores de las comunidades autónomas es fluida
y que hay coordinación y eso contribuye, sin ningún género de duda, a la mejora de los derechos y libertades en nuestro país, pero siempre sobre una base importante, que esos impulsos políticos que el Defensor del Pueblo y los defensores de
las comunidades autónomas sugieren a esta Cámara sean tenidos seriamente en cuenta por la misma. Sólo desde ese reconocimiento del problema, aunque sea para unas minorías, y con el impulso político decidido y firme se logrará un Estado del
bienestar desde las Cortes Generales y podremos congratularnos de que los derechos y libertades, como dijo el filósofo, gozan de buena salud.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias. Señor Rascón.
Muchas gracias a la institución del Defensor del Pueblo. (Aplausos.)
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES.
- REAL DECRETO-LEY 6/2004, DE 17 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES PARA REPARAR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LOS INCENDIOS E INUNDACIONES ACAECIDOS EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE ARAGÓN, CATALUÑA, ANDALUCÍA, LA RIOJA,
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA Y COMUNIDAD VALENCIANA.
(Número de expediente 130/000006.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Señorías, continuamos con el punto VII del orden del día, el que se refiere a la convalidación o derogación de reales decretos-leyes, en particular el Real Decreto-ley 6/2004, de 17 de septiembre,
por el que adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los incendios e inundaciones acaecidos en las comunidades autónomas de Aragón, Cataluña, Andalucía, La Rioja, Comunidad Foral de Navarra y Comunidad Valenciana.
Tiene la palabra la señora ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana): Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, el Real Decreto-ley 6/2004, de 17 de septiembre, cuya convalidación se somete hoy a consideración de esta Cámara tiene por objeto atender con carácter urgente las situaciones generadas como consecuencia de los daños causados por
los incendios e inundaciones acaecidos en las comunidades autónomas de Aragón, Cataluña, Andalucía, La Rioja, Comunidad Foral de Navarra y Comunidad Valenciana. Señorías, para fijar con claridad el contenido y el carácter extraordinario y urgente
de las medidas introducidas por este real decreto-ley considero necesario precisar la descripción de los daños habidos y la magnitud de las consecuencias que de ellos se han derivado.
Como ustedes conocen, durante los meses de julio y agosto de 2004 diferentes municipios de la provincia de Huelva sufrieron varios incendios forestales de gran envergadura, con la consiguiente secuela de daños, fundamentalmente sobre masas
forestales y explotaciones agrícolas y ganaderas. Entre estos incendios se encuentra el más importante de Andalucía de los últimos 25 años, conformando una superficie equivalente al 15 por ciento de la provincia de Huelva. Desgraciadamente, estos
fuegos costaron la vida a dos personas poniendo en peligro la de otras muchas y obligando a la evacuación de urgencia de numerosas poblaciones.
Asimismo se vieron afectadas diversas infraestructuras municipales y provinciales como carreteras,
caminos rurales y diferentes tramos de ríos y arroyos correspondientes al dominio público hidráulico. Las pérdidas ocasionadas son de gran importancia, extendiéndose sus efectos al ámbito económico, social y medioambiental de los pueblos afectados;
todo ello agravado por el hecho de que en esta zona el sector primario en general y el forestal especialmente son elementos fundamentales en el contexto socioeconómico de los municipios afectados.
La valoración integral del impacto de estos incendios es compleja y extensa, tanto por sus efectos escalonados en el tiempo como por su dimensión multisectorial. Se pueden identificar impactos a corto, medio y largo plazo, extendiéndose sus
consecuencias a todos los sectores directa o indirectamente e igualmente al plano social, económico y ecológico. Los efectos de estos incendios sobre la fauna, la flora y los recursos en general han sido severos suponiendo para muchos de los
pueblos afectados un verdadero handicap a su principal medio de vida, ligado el aprovechamiento de los recursos de la vida al monte. Se puede significar a modo de ejemplo que para que la zona de alcornocal afectada llegue a alcanzar los niveles de
productividad que tenía antes de los incendios es posible que tengamos que esperar cerca de 50 años. A lo anterior hay que unir el hecho de que esta zona es la que mostraba los mayores niveles de actividad forestal de la provincia en cuanto a
población ocupada y actividades secundarias asociadas como son la industria cárnica y de transformación de madera y corcho. También se han visto afectados sectores de porcino ibérico y apicultura, que son generadores de renta y en los que se basaba
principalmente la economía de aquella zona, si bien también tendríamos que tener en cuenta pérdidas no tanto directas pero sí indirectas, como la falta de bellota en la floresta de terreno afectado, que impediría el desarrollo normal de estas
actividades en los próximos años. Por último, la degradación del paisaje significa la pérdida
del potencial turístico y de los recursos cinegéticos que conformaban una de las principales apuestas de diversificación económica de la zona y que contaba en la actualidad con proyectos de turismo rural en marcha y con previsiones de
comienzo de otros a corto plazo. La magnitud de este suceso y sus graves consecuencias justifican la adopción de un conjunto de medidas paliativas y reparadoras tendentes al restablecimiento gradual de la normalidad en los municipios afectados con
la reparación de los daños producidos.
Por otro lado, el incendio forestal que se ha iniciado el 27 de julio en la localidad onubense de Minas de Riotinto se propagó en los días siguientes a varios municipios de la provincia de Sevilla. Estos han quedado total o parcialmente
devastados por las llamas, registrándose cuantiosos daños materiales, con importantes pérdidas de riqueza forestal en la zona y representando una verdadera ruina para los propietarios de las fincas afectadas. Los municipios afectados tienen su
principal recurso económico en las explotaciones agrícolas, madereras, ganaderas, cinegéticas y en un incipiente desarrollo también del turismo rural, recursos que en algunos casos se han visto sensiblemente mermados y en otros prácticamente han
desaparecido. El incendio forestal ha sido de tal magnitud que representa el mayor de esta naturaleza ocurrido en Andalucía desde 1991. Fueron más de 30.000 hectáreas las quemadas entre las provincias de Huelva y Sevilla. La circunstancia de que
las zonas quemadas son de naturaleza forestal con matorral, encina y alcornoques, que se utilizan para el engorde del cerdo ibérico, nos lleva como primera conclusión a que para esta otoñada y la del próximo año no habrá bellota y, como
consecuencia, tendrá una repercusión sobre este tipo de ganado.
La superficie quemada utilizada para estos fines alcanzaba el 85 por ciento. En lo que a daños personales se refiere, se registró desgraciadamente el fallecimiento de un matrimonio
sevillano, haciéndose además precisa la evacuación de más de 500 vecinos residentes en diversas pedanías. Por su parte, los daños en el sector agrícola y forestal han sido cuantiosos afectando asimismo a una importante riqueza cinegética.
Por último, en la provincia de Jaén el incendio originado el 26 de agosto, que se desarrolló durante ese día y el siguiente, afectó a más de 7.000 hectáreas, con daños también en olivar, matorrales, formaciones de arbolado y pastizales. El
70 por ciento de la superficie quemada es de titularidad privada, mientras que el 30 por ciento restante es de titularidad pública.
Respecto a lo acaecido en la Comunidad Autónoma Valenciana, el 12 de agosto se inició otro incendio forestal que afectó a varios municipios y que fue extinguido el día 19 de ese mismo mes. La superficie fue superior a 650 hectáreas de
terreno forestal y 64 hectáreas de terreno no forestal.
En lo que se refiere a inundaciones, como ustedes conocen, señorías, constituyen un hecho reiterado y característico de la climatología de nuestro país. La presencia de lluvias y otros fenómenos atmosféricos tales como vientos y granizadas
durante los meses de primavera y finales de verano no nos son ajenos durante varios veranos. No obstante, el carácter habitual de los mismos y la intensidad de tales fenómenos en algunos casos producen una secuela de daños de consideración sobre
las personas y los bienes que pueden calificarse de catastróficos. Así, durante los días 26, 27 y 28 de marzo del presente año, se produjeron también fuertes precipitaciones en la provincia de Málaga que ocasionaron inundaciones y daños de
consideración en 29 municipios de la provincia y que afectaron a infraestructuras municipales, calles, carreteras, caminos públicos, viviendas y enseres particulares, así como daños en agricultura y caminos rurales. De igual manera, a comienzos del
mes de septiembre y coincidiendo con el fenómeno que solemos denominar gota fría, se ha producido una serie de intensas precipitaciones en las zonas del litoral mediterráneo, Aragón y Navarra, que, como es costumbre, conducen a desbordamientos e
inundaciones y consiguientemente a secuelas de daños.
En la parte sur de la provincia de Tarragona las lluvias provocaron daños que han afectado a caminos, a infraestructuras municipales, a viviendas y a enseres particulares, a cultivos, como puede
ser la producción de la avellana, y desgraciadamente también hubo dos fallecimientos. En la Comunidad Autónoma de Valencia las cantidades de lluvias caídas en cortos periodos de tiempo, que fueron entre 100 y 200 libros por metro cuadrado, se han
superado también en la provincia de Castellón. Las consecuencias de estos episodios adversos se materializan en inundaciones de calles, bajos, garajes, cortes de suministro eléctrico, cortes en carreteras de la red secundaria y locales, roturas de
tejados, caídas de árboles, destrozos de mobiliario urbano, instalaciones de playas, cierres de puertos, evacuaciones y desalojos, y daños en infraestructuras municipales.
Las precipitaciones en la Comunidad de Navarra afectaron a una década de localidades, obligando a cortar el tráfico en varias carreteras e inundando las plantas bajas de numerosos inmuebles, siendo de total intensidad en tres estaciones
meteorológicas automáticas del Gobierno de Navarra que, en 24 horas, registraron un volumen de agua superior al 25 por ciento del resto del año. Fueron varios rescates de personas los que tuvieron que efectuarse en barrancos, vehículos atrapados
por el agua e inmuebles que corrían especial riesgo para sus ocupantes, en varios casos ocupantes de avanzada edad.
En la Comunidad Autónoma de Aragón, desde el 1 de septiembre comenzaron a sucederse episodios de lluvias intensas que culminaron con fuertes tormentas de granizo y nuevas lluvias entre los días 6 y 7 de septiembre.
Estos fenómenos
meteorológicos han tenido como resultado más grave el desbordamiento del río Arga a su paso por varias localidades ribereñas, que ha
originado la muerte de una persona arrastrada por la corriente en la localidad de Tauste, así como cuantiosos daños en infraestructuras municipales, caminos rurales, inmuebles de titularidad privada anegados por el agua, resultando también
afectadas producciones, cultivos agrícolas y explotaciones ganaderas, lo que ha supuesto la pérdida de importantes cabezas de ganado ovino y porcino. Dentro de la Comunidad Autónoma de Aragón, los efectos de estas lluvias, si bien en menor medida,
pueden hacerse extensivos también a la provincia de Huesca, fundamentalmente en lo que afecta a daños en explotaciones agrarias y caminos rurales.
La valoración de los daños comunicados por las delegaciones del Gobierno correspondientes a las provincias afectadas por incendios es la que les voy a detallar a continuación. En la provincia de Jaén y de acuerdo con los datos expuestos por
cada término municipal, el total ascendía a 1.259.171 euros, que se distribuían de la siguiente forma: daños en cultivos, 65.490 euros; daños en pastos, 8.631 euros; daños en colmenas, 10.980 euros; y, por último, daños en reforestaciones,
1.174.071 euros.
En la provincia de Sevilla, de acuerdo con los datos facilitados por la Delegación del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la totalidad de los daños producidos alcanzó la cifra de 4.597.191,85 euros.
En el desglose por
municipios tendríamos los siguientes datos: 397.613 corresponderían a Castillo de las Guardas... (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Disculpe, señora ministra.
Señorías, por favor, está la señora ministra en el uso de la palabra.
Adelante.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana): 1.173.157 a Gerena; 1.886.422 a Aznalcóllar; 1.140.000 a El Madroño. En cuanto al incendio registrado en la provincia de Huelva, los daños más importantes se han
producido en alcornocal y los costes estimados son de 4.761.220,28 euros. En lo que respecta al incendio registrado en Valencia, los daños ascienden a 2.056.471,71 euros.
Inundaciones en la provincia de Málaga. Estaríamos hablando de 44.311.597 euros, que desagregados serían: 3,3 millones de euros correspondientes a daños en viviendas y enseres; 12,016 a gastos de emergencias en las corporaciones locales;
2,41 a daños en producciones agrarias; 21,50 a daños en infraestructuras municipales, y 5,02 a daños en la red viaria de la diputación provincial. En la provincia de Tarragona estaríamos hablando de una cuantía de daños de 3.627.527 euros, también
distribuidos en producciones agrarias, infraestructuras municipales y daños en viviendas y enseres. En la Comunidad Autónoma de Valencia hablamos de 36.460.094 euros, que se distribuirían de la siguiente forma: 24,96 en producciones agrícolas y
arbolado, 9,36 en infraestructuras municipales y 2,14 en viviendas y enseres. Hablo en millones de euros. En la provincia de Castellón estaríamos hablando de 36 millones, que se desagregarían como sigue: 12 millones en producciones agrícolas,
14,6 en infraestructuras municipales y 9,3 en viviendas y enseres. En la Comunidad Foral de Navarra se superan los 47,5 millones de euros, también distribuidos entre producciones agrícolas, viviendas y enseres y otros gastos por emergencias, por
evacuaciones e infraestructuras municipales.
En la Comunidad Autónoma de Aragón los daños superan los 30 millones de euros y, de la misma forma que en otras comunidades autónomas, se distribuyen entre pérdidas en producciones agrícolas y ganaderas,
infraestructuras municipales y daños en viviendas y enseres, y gastos por emergencias de corporaciones locales, correspondientes mayoritariamente a evacuación de personas. En Huesca todos los daños corresponden a infraestructuras municipales.
Como fácilmente se puede observar, las pérdidas y daños producidos han sido graves y, en consecuencia, era necesario y urgente habilitar medidas para paliar la situación generada. Las medidas establecidas en el Decreto-ley 6/2004 van
destinadas a la reparación de los daños sufridos y sus consecuencias. En infraestructuras municipales y red viaria de diputaciones provinciales se aplicará el trámite de urgencia para las obras y el Estado podrá conceder una subvención de hasta el
50 por ciento de su coste. Respecto a los daños en las restantes infraestructuras públicas, se faculta a los titulares de los departamentos ministeriales para que, por razón de la materia, puedan declarar zona de actuación especial las áreas
afectadas. Sobre las indemnizaciones en producciones agrícolas y ganaderas, aquellas que hayan sufrido pérdidas en sus producciones no cubiertas por líneas de seguro porque no estuviesen activadas, también serán objeto de indemnización, así como
cuando no se hubieran suscrito las pólizas correspondientes de seguros combinados, pero sí lo hubieran hecho en las campañas anteriores.
En cuanto a beneficios fiscales, se concede una exención de las cuotas sobre el impuesto de bienes inmuebles que afecten a viviendas, establecimientos industriales y mercantiles, y también a explotaciones agrarias, forestales, locales de
trabajo y similares dañados directamente por incendios o inundaciones, siempre y cuando se acredite que las personas o los bienes hubieran tenido que ser desalojados. Se concede también una reducción sobre el impuesto de actividades económicas del
año 2004 en condiciones similares a lo que cité anteriormente con respecto al impuesto sobre bienes inmuebles. Otras ayudas recogidas en este decreto se refieren a reducciones fiscales especiales para las actividades agrarias. Una orden
ministerial de Agricultura establecerá la reducción de los índices de
rendimiento neto en el régimen de estimación objetiva del IRPF y el régimen simplificado del IVA.
En cuanto a medidas laborales y de Seguridad Social, los expedientes de regulación de empleo consecuencia de los daños tendrán la consideración de expedientes de regulación por situación de fuerza mayor. Se podrá exonerar al empresario del
abono de las cuotas de Seguridad Social en determinados supuestos, manteniéndose la condición de dicho periodo como efectivamente cotizado para el trabajador y, si se produjera o fuera necesaria la extinción del contrato, las indemnizaciones
corresponderían al Fondo de Garantía Salarial.
Respecto a ayudas excepcionales para daños personales, la cantidad a conceder en cada caso sería la siguiente: en caso de fallecimiento, 18.000 euros por víctima, y esta misma cantidad se concedería en el caso de que se tratase de una
incapacidad permanente absoluta. Las ayudas excepcionales para vivienda se concederán cuando los daños superen el 20 por ciento del valor de la vivienda, con un límite máximo de 20.000 euros. En relación con las líneas preferenciales de crédito,
se instruye al Instituto de Crédito Oficial para que instrumente una línea de préstamos por importe de 20 millones de euros, que podrá ser ampliada por el Ministerio de Economía y Hacienda. Por otra parte, se faculta al Ministerio de
Administraciones Públicas para que proponga el pago de las subvenciones relativas a daños en infraestructuras municipales y en la red viaria de las diputaciones provinciales, hasta un importe máximo de 15 millones de euros.
Quiero señalar, señorías, que no se incluye ninguna previsión del coste de las medidas referidas a beneficios fiscales, expedientes de regulación de empleo y moratoria de las cuotas de Seguridad Social, en cuanto que dichas medidas no
implican gasto directo, sino disminución del mismo para la Administración General del Estado, y su cuantía resulta imposible de establecer a priori. El coste de las medidas directas, correspondientes al 50 por ciento de subvención de obras y
servicios contenidos en el artículo 26.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y a la red viaria de las diputaciones provinciales, a gestionar por el Ministerio de Administraciones Públicas, y el de las ayudas de emergencia, a conceder por el Ministerio
del Interior, ascendería a un total de 52.846.028 euros.
Señoras y señores diputados, la magnitud de los hechos y sus consecuencias nos obligan, por solidaridad y en aplicación del principio de equidad e igualdad de trato respecto a otras actuaciones en similares circunstancias, a adoptar las
medidas que se señalan en el decreto-ley, con objeto de reparar los daños producidos y propiciar la vuelta a la normalidad de las zonas siniestradas. Todos somos conscientes de que en situaciones como las descritas nunca se reparan los daños
producidos, que van mucho más allá de la cuantificación económica. No obstante, no cabe duda de que los poderes públicos están obligados a actuar con toda urgencia para que estos desastres puedan repararse en la medida de lo posible, y sé que
ustedes coincidirán conmigo en esto. La finalidad de esta norma es, por tanto, aprobar todas aquellas medidas que afecten a varios departamentos ministeriales, e intentar paliar el impacto económico y social provocado. Por todo ello, solicito de
esta Cámara la convalidación del Real Decreto 6/2004, de 17 de septiembre.
Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchísimas gracias, señora ministra.
¿Desea algún grupo parlamentario intervenir en turno en contra? (Pausa.)
¿Y en turno a favor? (Pausa.)
Adelante, pues, con las fijaciones de posición. En primer lugar, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, la señora Barkos.
La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, turno a favor, por necesidad, y no por satisfacción; sinceramente, señora ministra. Los incendios e inundaciones que se produjeron durante los meses pasados exigen ayudas urgentes. Por tanto, anunciamos ya nuestro voto favorable
a la convalidación del real decreto-ley, a pesar de que las ayudas reseñadas nos parecen absolutamente insuficientes. No hablo para hacer demagogia fácil; hay partidas que son tan poco ambiciosas, señorías, señora ministra, que no cubren siquiera
lo permitido por las directrices comunitarias -severas directrices comunitarias- sobre ayudas estatales al sector agrario, en casos como el que nos ocupa. En el artículo 11.2, relativo a las ayudas a la compensación de daños sufridos por la
producción o por los medios de producción agrícola, la Comisión ha considerado siempre que los conceptos de desastre natural, así como los acontecimientos de carácter excepcional, deben ser interpretados de forma restrictiva. Eso sí, la Comisión
acepta -leo textualmente- que los terremotos, avalanchas, corrimientos de tierras e inundaciones constituyen, de hecho, desastres naturales. La misma directriz, en su punto 11.2.2 dice que una vez demostrada la existencia de un desastre natural (es
el caso en que nos encontramos con respecto a Navarra) o de un acontecimiento de carácter excepcional, la Comisión autorizará ayudas de hasta un cien por cien de los daños materiales. En definitiva, las directrices comunitarias no pueden ser, o no
lo son clarísimamente en este caso, motivo de contención a unas ayudas que más que poco ambiciosas debiéramos decir que son poco realistas, ya que ni tan siquiera contemplan en este capítulo los daños ocasionados en las herramientas, en los medios
de producción de agricultores y ganaderos.
En infraestructuras agrarias, los daños sufridos en mi circunscripción, en Navarra, han sido de aproximadamente 10 millones de euros en una primera aproximación, pero mucho me temo que las ayudas presupuestadas no son sólo insuficientes sino
además ineficaces. Ligar la posibilidad de recibir ayudas al hecho de haber contratado alguna línea de seguro supone dejar fuera de cualquier tipo de ayuda relativa a los daños en producciones agrícolas y ganaderas a un porcentaje muy elevado de
afectados, debido a los bajos índices -esto es generalizado en todo el territorio del Estado- de contratación de seguros.
Poco realista, poco ambicioso, seguramente insuficiente, por tanto, en lo que se refiere al artículo 4, que es al que me refería en el inicio de mi intervención. Pero también lo es en lo referido al artículo 10, ayudas excepcionales para la
vivienda. En el punto 1 de este artículo del real decreto se establece que las ayudas por los daños sólo se concederán cuando estos superen el 20 por ciento de su valor y en todo caso tendrán un límite de 24.000 euros. Señorías, en Navarra, los
daños estimados en vivienda y enseres superan los 10 millones de euros, y seguimos con estimaciones de un primer momento que seguramente se verán superadas en próximas estimaciones. Voy a decir más, en una localidad muy concreta de Navarra, en la
localidad de Cortes, la zona más castigada por las inundaciones del pasado 6 y 7 de septiembre, son decenas de vecinos los que han tenido que abandonar definitivamente sus viviendas (las abandonaban el pasado 6 de septiembre) y mucho me temo que ese
máximo establecido por el real decreto de 24.000 euros difícilmente va a solucionar su drama.
Voy a referirme también de manera muy breve al artículo 7, relativo a las medidas laborales y de Seguridad Social, para reseñar que deja absolutamente desasistidos a todos aquellos trabajadores temporales que no pierden un contrato porque ya
no se les va a ofrecer, esto parece bien evidente, hablo de la recolecta que ya no se va a producir o de los contratos temporales en las empresas conserveras. Seguiría con el artículo 12, líneas preferenciales de crédito con un interés especial del
2 por ciento. Hay entidades navarras que lo están ofreciendo ya, de hecho, a un cero por ciento.
En el final del breve tiempo que nos corresponde me voy a centrar en la disposición adicional primera del real decreto-ley, que recuerda, como no podía ser de otra manera, eso sí parece evidente, que las ayudas establecidas se entienden sin
perjuicio de las competencias que corresponden a las comunidades autónomas. Pues bien, esto deja sin efecto, en lo que a Navarra compete, los artículos 2, 5, 6 y 13. Hablamos de una partida muy especial del real decreto que hoy se nos propone,
hablamos del grueso de las ayudas en infraestructuras viarias, hablamos de la totalidad de las ayudas por vía fiscal y hablamos por tanto de la colaboración con las entidades locales. Una partida, repito, lo suficientemente importante, señora
ministra, como para haber buscado otra línea de colaboración y no la simple mención de Navarra en el listado de comunidades afectadas, porque esto sin duda -ya ha ocurrido en otras ocasiones- va a ocasionar equívocos importantes y por tanto retraso
en las ayudas en los municipios de la ribera de Navarra afectados muy duramente por las inundaciones del 6 y 7 de septiembre.
Termino ya, señora presidenta. Por lo demás, aunque escasas, lo que sí esperamos es que las ayudas se tramiten con la urgencia que los afectados por las inundaciones y los incendios en el conjunto del Estado necesitan.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señora Barkos.
Tiene la palabra el señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, mi intervención es para apoyar el decreto de medidas urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones e incendios acaecidos en diversas comunidades autónomas. En el caso de Aragón se trata de una serie de lluvias
intensas que comenzaron el día 1 de septiembre y que culminaron con unas fuertes tormentas de granizo y nuevas lluvias entre los días 6 y 8 de septiembre, afectando las comarcas del Campo de Borja, Tarazona-Moncayo, Ribera alta del Ebro y Cinco
Villas.
Queremos destacar -y hay que reconocerlo- que con experiencias similares de catástrofes hemos pasado de los siete meses en aprobar un decreto a los dos meses en la última ocasión, en 2003, y ahora apenas un mes. La valoración de los daños
realizada, y que se adjunta en la memoria económica que acompaña al real decreto, expresa que sólo en daños que han de ser reparados por el Gobierno central se llega a una cifra que supera los 30 millones de euros, fundamentalmente en producciones
agrícolas y ganaderas, con casi 25 millones de euros, o un millón de euros en viviendas y enseres. Organizaciones como UAGA, uno de los sindicatos mayoritarios en el campo aragonés, han manifestado sus críticas a las ayudas que se han destinado con
este real decreto para cubrir los daños ocasionados, y las califican de insuficientes. Indican -y es cierto- que este decreto es una mera réplica del aprobado en febrero de 2003 para paliar los daños causados por el desbordamiento del río Ebro o el
que se utiliza en situaciones catastróficas similares.
Por eso queremos hacer una propuesta en positivo -y lo comentaba concretamente en esta misma Cámara el ex diputado don Luis Carlos Rejón el pasado mes de junio de 2003-, que creemos que es una buena propuesta.
Habría que trabajar en el seno
de una comisión o de una ponencia, bajo la fórmula parlamentaria que se considere más conveniente, en la creación, mediante un amplio consenso político, de un modelo de ayudas
amplio y abierto, con la suficiente flexibilidad territorial y siempre adaptado a las circunstancias del momento, para lograr incluso mayor inmediatez en la respuesta política ante este tipo de acontecimientos.
Esperemos que no caiga en
saco roto esta propuesta.
Se vuelve a incidir en un problema que se cuestionaba cada vez que se trataba en Pleno del Congreso una propuesta de decreto en este sentido.
Sólo hay derecho a indemnización a aquellas explotaciones agrarias con seguros y que hayan sufrido
pérdidas superiores al 20 y 30 por ciento de la producción. Hay una pregunta concreta, señora ministra: ¿Se ha explorado la posibilidad de acogerse a las ayudas previstas en los artículos 11 y siguientes de las directrices comunitarias sobre
ayudas estatales al sector agrario? Por otro lado, tenemos experiencias negativas en las que sí se ha aprobado el real decreto, como en las últimas riadas del Ebro en febrero de 2003, pero todavía hay afectados que no han recibido estas ayudas.
Ese ejemplo tan cercano hace que exista inquietud en la zona, dado que en la disposición final primera, referida a las facultades de desarrollo, se habla de que el Gobierno y los distintos ministerios establecerán los plazos. Agilicen las ayudas,
cooperen entre las administraciones públicas y ejecuten con rapidez lo establecido en este decreto. Por eso nos gustaría -y se ha repetido aquí en algún otro debate similar- que se pudiera negociar entre instituciones públicas y entidades bancarias
la concesión a los afectados, con independencia de los pactos individuales, de una moratoria de pago de créditos personales e hipotecarios pendientes, compensando, en su caso, a las entidades crediticias. Es necesario, por otra parte, que se
contemplen no sólo las ayudas para cubrir el daño, sino que se pueda incentivar la puesta en marcha de la producción, porque cubrir sólo los costes no permite que el agricultor tenga la posibilidad de retomar su cultivo. UAGA reclama, además, que
los daños se valoren por parcela, no por explotación, como recoge el decreto, ya que de este modo los datos se aproximarán más a la situación real. Igualmente demanda -y recogemos sus propuestas- que los daños a la alfalfa se recojan dentro de los
cultivos a indemnizar, tal y como se hizo en 2003.
En cualquier caso, vamos a votar a favor de la convalidación del real decreto porque entendemos que hay que aportar ayudas urgentes, pero pedimos que se tomen en cuenta las demandas y que se satisfagan las necesidades evidentes que ha habido
en la zona tras la catástrofe producida.
Muchas gracias, señora presidenta; gracias, señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchísimas gracias, señor Labordeta.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo, como testimonia el 'Diario de Sesiones' de pasadas legislaturas, actuando dentro del principio de solidaridad y reciprocidad ha apoyado siempre este tipo de iniciativas y va a votar favorablemente la convalidación de este real
decreto-ley. La señora ministra de Agricultura ha expuesto los razonamientos lógicos y consecuentes que se reflejan en la exposición de motivos y en la justificación de la especial urgencia con que el Gobierno ha actuado después de las calamidades
ocurridas el verano en las comunidades autónomas por los incendios forestales.
Nosotros apoyamos toda política de lucha contra los incendios forestales que pueda evitar o al menos paliar en el futuro los efectos de estos daños, con la fórmula de estos dispositivos legislativos de los reales decretos-leyes o cualquier
otra arbitrada en derecho administrativo por las administraciones públicas para luchar contra estos daños. En esa línea está también el sentido de nuestro voto afirmativo a esta convalidación.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Mardones.
A continuación, por el Grupo Vasco tiene la palabra el señor Beloki.
El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señora presidenta.
También mi grupo va a apoyar este real decreto por los motivos que aquí se han expuesto sobradamente y ante todo porque la urgencia nunca es suficiente a la hora de atender las necesidades que se generan en desgracias de este tipo. De forma
que este apoyo es claro e induscutible.
Sin embargo, también quisiera hacer alguna reflexión en línea con algunas de las que han hecho quienes me han precedido en el uso de la palabra. En primer lugar, el decreto, en su preámbulo, dice que se
trata de un conjunto de medidas paliativas y reparadoras concordantes con las adoptadas anteriormente en ocasiones semejantes, y es verdad. Uno puede efectivamente remitirse a decretos-leyes que recogen análogas medidas a las que recoge este real
decreto, lo cual no obsta para sumarnos nosotros como grupo a la solicitud que hacía ahora mismo el representante de la Chunta Aragonesista en el sentido de que bueno sería que de una vez se estableciera un modelo de ayudas amplio y abierto, que no
diera lugar a la invención permanente ni a que estemos ante determinadas dudas, como las que yo en este momento quiero expresar.
Este modelo de ayudas debiera tener no sólo determinados contenidos de las ayudas que se van a dar, sino también los procedimientos que se van a seguir a la hora de otorgar estas ayudas. En concreto, quiero referirme a algo a lo que ha
hecho referencia también la representante de Nafarroa-Bai, porque mi grupo tiene
serias dudas y entiende que el real decreto está muy lejos de ser claro hasta donde debiera serlo en lo que se refiere a la aplicación en este caso concreto a Navarra. Si uno lee el preámbulo o el artículo 1, del ámbito de aplicación, es
evidente que la Comunidad Foral de Navarra es recepcionaria de estas ayudas en los mismos términos que lo son el resto de las comunidades autónomas que se citan. Si uno lee la disposición adicional primera, ya empieza a haber matices en el sentido
de que el Estatuto de Autonomía de Navarra, la Lorafna, no da exactamente las mismas competencias a esta comunidad foral que las que sus propios estatutos dan a otras comunidades forales. Uno empieza a preguntarse en concreto: Cuando el real
decreto en su artículo 5 habla de los beneficios fiscales y establece los que establece, ¿son estos de aplicación a Navarra? ¿Y cómo se casan, en caso de que lo sean, con el artículo 45.3 de la Lorafna, que dice que Navarra tiene potestad para
mantener, establecer y regular su propio régimen tributario? Y en caso de que no sean de aplicación a Navarra, ¿ tampoco lo es el punto 5.6, donde se dice que la disminución de ingresos en tributos locales que los anteriores apartados de este
artículo produzcan en los ayuntamientos y diputaciones provinciales serán compensados por los Presupuestos Generales del Estado? Uno se pregunta si efectivamente los navarros pueden acogerse a estos beneficios fiscales, sin que por su parte no haya
ningún otro hecho más que la publicación de este real decreto. Pero no sólo se refiere al tema de los beneficios fiscales. Otro tanto cabe decir de otros artículos que ha citado también la representante de Nafarroa-Bai. Cuando se habla de que va
a haber las ayudas que se establecen en el artículo 4 para la indemnización de daños en producciones agrícolas y ganaderas, ¿cómo se casa esto con el artículo 50.1 de la Lorafna, que dice que Navarra, en virtud de su régimen foral, tiene competencia
exclusiva, entre otras materias, sobre la agricultura, la ganadería, etcétera? ¿Es de aplicación esta indemnización que se propone en el real decreto-ley a Navarra? Lo mismo podría decirse, lo ha citado ya la representante de Nafarroa Bai, de los
artículos 2 y 3. De forma que cuando usted, ministra, habla de 47,5 millones de euros, que son las pérdidas estimadas en las 10 localidades de Navarra, ¿esas localidades de Navarra y las personas que hayan sido perjudicadas pueden acogerse
realmente a este decreto? ¿Y en qué términos? Es una duda que induce como mínimo a confusión, constándome que dicha confusión se ha dado ya en circunstancias anteriores. Nos preguntamos por lo mismo si no es hora de efectivamente llegar a la
propuesta que hacía antes el representante de la Xunta, de elaborar de una vez por todas un modelo de ayudas, pero no sólo en el contenido, sino también en los procedimientos. ¿No sería mucho más lógico que este real decreto estuviera ya acordado
en algunos términos con el Gobierno de Navarra antes de venir aquí? Si es que se entiende que, para la aplicación en concreto de este real decreto, hace falta algún acuerdo o hace falta que el Gobierno de Navarra tome algunas decisiones. Yo
personalmente creo que sí, según la Lorafna.
Pienso que va a haber una confusión, que ya ha habido en circunstancias anteriores, confusión que en el fondo se deriva de un hecho sobre el que quisiera terminar llamando la atención. Todavía hoy es el día en que, cuando se establecen
determinados procedimientos, no se atiende debidamente a la estructura autonómica del Estado y, como no se atiende esa estructura autonómica, se opera como si esta no existiera o como si no se supiera muy bien si existe o no y en qué términos. Esto
induce e inducirá a mucha confusión a muchos ayuntamientos y a muchos ciudadanos de Navarra, de forma que nos parece que sería bueno que de una vez por todas se clarificaran los contenidos y los procedimientos, para que en casos análogos -habrá
otros muchos, como ha habido en el pasado- no se produzcan las confusiones que ya se han producido y que, si no me equivoco, se producirán también con este real decreto-ley. En cualquier caso, tienen nuestro apoyo, puesto que la urgencia es
urgencia y esperemos que sepan ustedes arreglar ese tipo de problemas procedimentales.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Beloki.
A continuación, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya tiene la palabra el señor Canet.
El señor CANET COMA: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, vamos a votar favorablemente la convalidación del real decreto-ley; la urgencia lo requiere. No nos encontramos en el momento oportuno para iniciar una revisión de los puntos manifiestamente mejorables de las políticas
preventivas contra incendios e inundaciones.
Valorando el alcance y la metodología de actuación que contempla el real decreto-ley, vemos que contiene los mínimos indispensables y ya habituales, y así se ha reconocido, como reacción de las
administraciones públicas en situaciones puntuales de desastres ya producidos. Son mínimos y nos gustaría que en el futuro, como también se ha apuntado, se pudiesen redactar modelos más ambiciosos y justos de actuación en casos semejantes.
Reitero en todo caso que votaremos afirmativamente y tan sólo pido que se tenga especial cuidado en mimar, léase puntualidad, a particulares y a administraciones locales a la hora de percibir las subvenciones correspondientes, sobre todo en
los casos de daños en infraestructuras de urgente reparación para la vida cotidiana y, tal como ya se indica en la disposición adicional primera y en el artículo 16, que se aplique ese plan en coordinación con las comunidades autónomas.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias a usted, señor Canet.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Guinart.
El señor GUINART SOLÁ: Señora presidenta, señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para fijar la posición de mi grupo en relación con la convalidación del Real-Decreto ley 6/2004, por el que se
adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los incendios forestales e inundaciones que han afectado este reciente verano y en el mes de marzo a diversas comunidades autónomas. Las catástrofes naturales de grandes magnitudes que
ocasionan daños irreparables, a menudo incluida la muerte de ciudadanos, y perjudican gravemente los intereses económicos de la comunidad, ya sea en infraestructuras públicas o en propiedades privadas, difícilmente pueden ser evitadas, a pesar de
que los poderes públicos de todos los órdenes tengan la obligación de no cejar nunca en el empeño de implementar todo tipo de mejoras en infraestructuras y servicios para su prevención, evitación o minimización, cuando se producen y en definitiva
intentar llegar interactivamente a las más altas cotas de seguridad.
A pesar de ese esfuerzo, que entendemos han desarrollado las administraciones de todos los niveles -la local, la autonómica y la estatal-, lamentablemente y por muy grande que haya sido el esfuerzo y la imaginación en prever nuevas
eventualidades -indeterminables objetivamente en algunos casos-, se producen catástrofes de grandes magnitudes. Y ahí están como una provocación a la petulancia humana de querer controlar la naturaleza, a veces simplemente como producto del azar o
de la concatenación negativa de circunstancias, y que dejan una secuela de dolor, de pérdidas humanas y daños materiales, además de efectos sobre el medio ambiente difícilmente reparables. Así, este año -que recuerdo que todavía no ha finalizado-,
en una dispersa distribución de la geografía del Estado, hemos padecido desastres o catástrofes, como inundaciones o incendios, que han impactado en la normalidad de las vidas de los ciudadanos afectados y de las administraciones territoriales,
causando graves trastornos, perjuicios y daños, sin olvidar, por encima de todo, las vidas humanas perdidas.
Es lógico que, ante estas eventualidades, ante la magnitud de los hechos y sus consecuencias, y sin entrar en esta oportunidad en evaluar las causas, en la falta o no de prevención, en la idoneidad de las políticas de gestión, en la eficacia
en la intervención durante las emergencias, en buscar culpables, sea exigible que todas las administraciones que velan por el interés común de la ciudadanía, cada una desde su nivel de responsabilidad y competencia, inspirándose en el principio
constitucional y humano de solidaridad, equidad e igualdad, así como de justicia, arbitren medidas para paliar y reparar los daños en la medida de lo posible -algunos, como la pérdida de vidas, son irreparables- y para restablecer la normalidad en
las zonas castigadas por incendios e inundaciones, como es este caso.
Este es, pues, el objetivo del real decreto-ley que se nos propone convalidar, con todo el conjunto de medidas indemnizatorias, fiscales, laborales, ayudas por daños personales o de vivienda, en cooperación con las administraciones locales
-ayuntamientos y diputaciones- y con las comunidades autónomas, que nos parecen en principio acertadas, en parte también porque vienen de la trágica experiencia de haber tenido que ser adoptadas en ocasiones anteriores. Incluimos en nuestra
valoración positiva cuestiones formales o de trámite pero importantes, como la agilización de los pagos, los pagos compensatorios o los convenios con otras administraciones.
Hemos repasado en los documentos complementarios al real decreto la descripción de los daños causados en Cataluña, concretamente en Tarragona, a principios de septiembre, por las lluvias torrenciales y las inundaciones consecuentes, en las
que lamentablemente se perdieron tres vidas humanas, y consideramos que está correctamente recogida esta eventualidad así como la valoración de los daños producidos en algunos conceptos y, aunque parca, la consideramos un punto de partida.
Lógicamente desconocemos el detalle de los siniestros de otros puntos de nuestra geografía, pero seguro que otros señores diputados -y así lo han hecho aquellos que me han precedido en el uso de la palabra- ya lo habrán comprobado exhaustivamente.
Queríamos llamar la atención en nuestro apunte inicial sobre que el año todavía no ha finalizado y desgraciadamente hay que constatar que en Cataluña -donde las circunstancias de este año habían situado una campaña de incendios forestales
con los índices más bajos de las últimas décadas- precisamente este fin de semana un pavoroso incendio forestal ha arrasado la zona del parque natural del Montgrí, en Girona, y los municipios de Torroella de Montgrí, Ullà i Bellcaire, localidades
vecinas de l'Escala, donde habita el diputado que les habla. El fuego quemó más de 700 hectáreas -equivalentes a 1.000 campos de fútbol, el triple de lo que se había quemado en toda Cataluña durante el resto del año- de bosque, matorral y zonas
agrícolas, y causó daños en granjas y en viviendas, mató animales de explotaciones agropecuarias y hubieron de ser desalojadas más de 400 personas. Todo esto entre otros daños.
Es legítima, y entendemos que oportuna, la pretensión de nuestro grupo parlamentario de que este tan reciente incendio del Montgrí también se incluya entre los que el real decreto-ley relaciona y que por tanto puedan ser aplicadas de
inmediato a ese territorio y a esos municipios ampurdaneses las medidas que el decreto de referencia prevé. De no existir otro mecanismo más ágil para incluir esa zona entre las relacionadas en la normativa
que hoy convalidamos, nuestro grupo votaría la validación de la norma, pero pediría su tramitación como proyecto de ley para que, en su proceso y por vía de enmiendas, pudiera incluirse esta tragedia, a menos que esto no sea posible porque
su tramitación como real decreto-ley retardara la aplicación de esta norma, que entendemos que ha de ser con carácter de urgencia. Cuando se nos aclare la metodología jurídica para poderlo adoptar, tomaríamos la decisión última de voto. En todo
caso, será positiva pero con esa petición o no, según el caso, de la tramitación como proyecto de ley.
Acabo, señora presidenta, diciendo que nuestro grupo, como opción nacionalista, quiere insistir una vez más, aunque sea como recordatorio, en la necesidad de que el Gobierno tenga presente permanentemente las competencias que las comunidades
autónomas tienen en muchas de las materias afectadas directa o indirectamente por ese real decreto-ley y en otras medidas relativas a la prevención y extinción de incendios, así como a cuestiones relacionadas con las inundaciones. Reiteramos
también la necesidad de que sean consultadas y respetadas en relación con la adopción de las medidas previstas y a su ejecución. Concluyo diciendo que nuestro grupo, como no podría ser de otra manera, votará favorablemente la convalidación y
valorará la posibilidad de pedir su tramitación como proyecto de ley, si el hecho de que se pidiera no retrasara la aplicación de las medidas, cosa que de ninguna forma quisiéramos provocar.
Gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señor Guinart.
A continuación, en representación del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Sánchez-Camacho.
La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señora ministra, señorías, subo a esta tribuna para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular en relación con el Real Decreto-ley 6/2004, al que nosotros vamos a votar favorablemente.
Estamos tratando un tema absolutamente trágico y dramático: los acontecimientos producidos este verano en las distintas zonas de la geografía española, en los que se han perdido vidas humanas, pérdidas irreparables que con este real
decreto-ley no vamos a poder compensar.
Nuestro grupo parlamentario va a mostrar desde esta Cámara su reconocimiento y solidaridad con esas familias que han perdido vidas humanas este verano en los numerosos incendios e inundaciones que han
devastado el territorio español.
Por lo que se refiere a los incendios, se han quemado más de 108.000 hectáreas hasta principios de septiembre, con cuantiosas pérdidas en viviendas, explotaciones agrarias y ganaderas e importantes pérdidas materiales, con el grave riesgo
que conllevan estas catástrofes para la población y para los núcleos poblacionales. Pero queremos referirnos, señora ministra, a uno de los incendios y a una de las catástrofes medioambientales y ecológicas más importantes, los incendios
acontecidos en Huelva y en Sevilla, sobre los que usted ha dado una explicación muy pormenorizada de todas las pérdidas materiales, ecológicas y medioambientales, así como de la producción agrícola, directa e indirecta, que queda afectada en esta
zona, con la pérdida de empleo, de mantenimiento de puestos de trabajo y de crecimiento económico que va a suponer en esa zona. Por eso queremos reiterar aquí, señora ministra, señorías, que nuestro grupo entiende primordial que esta zona sea
considerada como zona catastrófica. Entendemos que el Gobierno no ha asumido la responsabilidad que ello supone y no está defendiendo en la medida correspondiente que esa zona sea asumida como zona catastrófica y que esté mejor situada para la
recepción de ayudas a nivel europeo, como usted bien sabe. Volviendo a la catástrofe ecológica, entendemos que puede tener un coste superior a la catástrofe del Prestige, porque -como ustedes sabrán-, señorías, esa parte de bosque mediterráneo de
Huelva y Sevilla va a tardar más de cincuenta años en recuperarse. Desde luego, los jóvenes andaluces, como decía muy bien mi compañera Fátima Báñez en la interpelación al Gobierno, no van a ver esa zona de bosque repoblada hasta dentro de
muchísimo tiempo y esa capa negra se va a mantener durante muchísimos años.
Señorías, volviendo al inicio del debate de convalidación de este real decreto-ley, permítanme que diga varias cosas al equipo de Gobierno del Partido Socialista Obrero Español. En primer lugar, usted no ha hecho ninguna mención a la
prevención, que es la mejor manera de evitar esos daños, especialmente en Andalucía. Le tengo que decir, señoría, que en otras comunidades autónomas, como por ejemplo Galicia, se han podido apagar esos fuegos en 24 horas, y ustedes lo saben muy
bien, mientras que en Andalucía se ha tardado días en poder sofocar esos fuegos. Por eso le pedimos a la señora ministra de Medio Ambiente que tomara medidas urgentes de coordinación entre las comunidades autónomas y el Gobierno para poder evitar
esos retrasos. La ministra respondió que se realizaría una conferencia sectorial en Mérida, una conferencia sectorial específica en incendios forestales, que parece que ha tenido que retrasarse y que aún no se ha llevado a cabo. Pero vamos al real
decreto-ley de cuya convalidación estamos hablando.
Voy, señora ministra, señoras y señores diputados, a reiterar las palabras que dijo ayer el señor Rajoy, jefe de la oposición, y es que su Gobierno miente, miente constantemente, hoy también ha vuelto a hacerlo y lo hizo hace 10 días la
señora ministra. Le diré por qué, le leeré textualmente lo que dijo la señora ministra: Hemos enviado un informe con los datos gravísimos relativos al incendio de Andalucía, informe que tendrá
una mayor diligencia que la que tuvo el real decreto-ley de Extremadura, será más rápido y los afectados podrán tener las ayudas extraordinarias por los grandes incendios con la mayor diligencia posible. Pues bien, le tengo que decir que,
por ejemplo, en el caso de las inundaciones de Málaga, que se produjeron en marzo, y en las que además las valoraciones de ayudas tienen una cuantía mayor, 44 millones de euros, ustedes han tardado seis meses en hacerlo cuando el Partido Popular, en
el tema de los incendios de Extremadura, tardó solamente dos meses y sacó el decreto el 29 de noviembre, como muy bien deberá conocer la señora ministra.
Hay otra cuestión. Ustedes, las señorías del Grupo Socialista, cuando venían aquí a defender las convalidaciones de los reales decretos, decían que no se debía acumular más de una comunidad autónoma y resulta que en éste no sólo acumulamos
más de una, sino que acumulamos seis, señora ministra. Y no sólo eso, sino que ustedes producen fallos irreparables.
En este caso lo han podido reparar corriendo e introduciendo la Comunidad Autónoma de La Rioja. Gracias a la moción que presentó
en el Senado el Grupo Parlamentario Popular el 14 de septiembre, que exigía al Gobierno central que incluyera a la comunidad riojana en ese real decreto, se ha podido incluir esa comunidad y se ha adjuntado una complementación de la memoria
justificativa de daños. Pero yo, señora ministra, le quería preguntar por dos comunidades autónomas que realmente nos sorprende que no estén incluidas en este real decreto, Extremadura y Galicia.
¿Tiene usted conocimiento, señora ministra, de que en Galicia se han quemado más de 31.000 hectáreas, con lo que eso supone para núcleos de población muy dispersa que están afectados por esos incendios y que necesitarían estas ayudas?
Ustedes hablan mucho de diálogo, pero nos hemos puesto en contacto con el Gobierno de Galicia y dicen que ustedes sólo les han llamado para solicitar información sobre un incendio, para enviar esa información a la Dirección General de Solidaridad de
la Unión Europea. Sólo un incendio y este verano ha habido 10.000, en pequeños núcleos, en la Comunidad Autónoma de Galicia. Le recordaré que el Partido Popular, en el año 2001, hicimos un real decreto-ley concediendo 3.500 millones de pesetas por
los daños ocasionados por las inundaciones y, además, el Ministerio de Administraciones Públicas habilitó un crédito de 3.500 millones para ayudas directas a los ayuntamientos.
Ustedes hablan mucho de diálogo, hablan mucho de servicio público, pero a la hora de la verdad ustedes se olvidan de todo. Porque están cometiendo unos fallos que muestran la incompetencia de este Gobierno y yo no sé, señora ministra, si es
por inexperiencia. Vamos a esperar que sea por inexperiencia de este joven y nuevo Gobierno, no por incompetencia, porque evidentemente los ciudadanos de Galicia tienen todo el derecho a estas ayudas; y si no es así, ustedes deberían haber
explicado el porqué o al menos haberse puesto en contacto con la comunidad correspondiente.
Pero es que ocurre lo mismo en Extremadura, señoría. En Extremadura se han quemado más de 10.000 hectáreas. Sólo en Montehermoso y Pozuelo, en Cáceres, se
han quemado más de 3.000 hectáreas en los últimos días, pero el total de las 10.000 hectáreas se ha quemado a lo largo de julio y agosto y usted no ha mencionado en absoluto la Comunidad Autónoma de Extremadura ni las ayudas que esa comunidad
requiere. Yo le digo que si ustedes no rectifican este real decreto-ley, los diputados del Partido Popular instaremos con iniciativas urgentes, tanto en Galicia como en Extremadura, para que esas comunidades autónomas gocen de esos privilegios, que
son los que les corresponden, y de esas subvenciones, que son las que deberían tener.
Permítame usted, señora ministra, volver otra vez a Huelva y a Sevilla, porque entendemos que es de suma gravedad lo ocurrido allí. En Huelva y en Sevilla la zona catastrófica tendría que ser considerada ya. Pero además, en la zona en la
que se ha producido mayor número de inundaciones, creemos que este real decreto-ley es insuficiente en sus cantidades. Por ejemplo, en Navarra, le tengo que decir que los diputados de la UPN serán los que se encargarán, si ustedes no lo solucionan,
de solicitar el aumento de las cantidades fijadas para Navarra, porque también ahí están muy lejos de lo que solicitaron los ayuntamientos.
Además, señorías, debemos decirles que, en zonas como Cataluña, como Tarragona, donde también han muerto
tres personas, en zonas de Cambrills, la valoración de los daños que hemos visto en la memoria justificativa y complementaria es absolutamente insuficiente. Nosotros creemos que deben ser mayores, dada la transcendencia de los daños producidos en
esa comunidad autónoma.
Uniéndonos a lo que ha solicitado el compañero de Convergència i Unió, en el último incendio ocurrido en Turruella, en la provincia de Girona, mi provincia, entendemos que debería también incluirse ese incendio y la reparación de los daños
provocados por el mismo.
Lo que solicitamos a la Cámara es que, aunque vamos a dar apoyo a la convalidación de este real decreto-ley, considerando esa oposición tranquila que dicen ustedes que hacían y ese Gobierno tranquilo, demasiado tranquilo, que parece que son
ahora, tramiten ustedes esto como proyecto de ley, para superar las insuficiencias, para incluir Galicia y Extremadura, que también existen y que también tienen derecho a esas indemnizaciones y sobre todo para establecer como zona catastrófica
Huelva y Sevilla y para establecer un plan de regeneración forestal de esa zona, que ustedes han olvidado.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señora Sánchez-Camacho.
Finalmente, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista el señor Barrero tiene la palabra.
El señor BARRERO LÓPEZ: Gracias, señora presidenta, señorías.
Estamos hoy ante un acto sencillo en términos parlamentarios, que en lo posible debe ser objeto de la máxima urgencia y de la máxima agilidad, que busca en el fondo ratificar en vía parlamentaria y convalidar una serie de medidas, decididas
por el Ejecutivo, y que buscan paliar, a través de esas acciones de carácter extraordinario y urgente, los daños de gran envergadura producidos en distintas comunidades autónomas, particularmente como consecuencia de los incendios producidos en
julio y en agosto en Andalucía y en Valencia y de las graves inundaciones habidas en otras comunidades autónomas como La Rioja, Aragón, Cataluña, Navarra, Valencia y en la provincia de Málaga.
Quiero recordar a SS.SS. que son cinco comunidades autónomas las que en nuestro país han sufrido graves daños en bienes de titularidad pública y de titularidad privada. Además, como bien saben ustedes, que sin duda han seguido con
sensibilidad las noticias referentes a estos desastres, a estas situaciones tan lamentables, ha habido también pérdidas humanas, fallecimientos, desgraciadamente, como consecuencia de estas acciones de la naturaleza. Quiero en nombre de mi grupo,
lógicamente, expresar mi recuerdo más entrañable y más solidario a los familiares de estas personas, aprovechando también la ocasión para reconocer y homenajear desde esta tribuna a tantas personas, profesionales, que han tenido, incluso en
ocasiones con riesgo para su vida, la oportunidad del servicio público de ayudar, con su trabajo, a los demás, evitando más riesgos, circunstancias peores, más daños. Incluso a aquellas personas, habitantes de determinados pueblos de Huelva, de
Sevilla, de Aragón, que han tenido la oportunidad de mostrar hospitalidad en grado sumo ayudando a otras personas cuyos enseres habían desaparecido o cuyas viviendas habían sido muy dañadas. Desde aquí, mi solidaridad, nuestra solidaridad y nuestro
homenaje.
Las comunidades autónomas, como es lógico en atención a sus competencias, señorías, ya están planteando los auxilios que precisan y la urgencia que en la puesta en marcha de estos auxilios hay que articular para que los daños producidos se
puedan paliar. Pero es indudable que la Administración central, además de lo residual de sus competencias, tiene que estar atenta en términos de solidaridad, como se ha dicho, para paliar, para reparar con medidas rápidas estos daños. Este real
decreto-ley que convalidamos -y yo agradezco que todos los grupos hayan mostrado su posición favorable- busca restablecer los servicios públicos con rapidez, busca reparar los daños con rapidez y busca algo importante, señorías, que es recuperar lo
más rápidamente posible la normalidad, la normalización de las circunstancias sociales, geográficas y humanas de esas zonas.
Como grupo parlamentario que hemos vivido muy de cerca alguno de los incidentes realmente devastadores que han tenido lugar este verano en el sur de España, hemos querido apoyar -y lo hacemos con entusiasmo- este real decreto-ley que tiene
características que seguramente no compensarán de todos los daños producidos, porque algunos son de carácter sociológico, psicológico, humano, y esos, señorías, son irreparables; pero sí tiene una virtud que no debemos dejar de subrayar: la
urgencia.
La solidaridad de un Estado de derecho social y democrático no sólo se marca y se subraya por la articulación de las medidas que compensen los daños de sus ciudadanos con motivo de una desgracia, sino por la forma rápida de tomar esa
decisión. Quiero decir con orgullo a SS.SS. que el 17 de septiembre el Consejo de Ministros decidió articular estas medidas, estas acciones, por vía de real decreto-ley y el 18 de septiembre aparecían las medidas en el Boletín Oficial del Estado;
dicho de otra manera, dos meses después o apenas dos meses después del primer y más devastador incendio producido en Huelva y apenas unos días después de las últimas inundaciones producidas en algunas comunidades autónomas.
Subrayar esto es sorprenderse también, señorías, de la intervención del portavoz de alguna formación política, en este caso en concreto del Grupo Popular, que, previsiblemente por hacer méritos, que seguro que tiene sin precisar de
intervenciones de estas características, presumía de urgencia en las medidas adoptadas por el Gobierno del Partido Popular. Pues bien, este Gobierno, en Extremadura, por incendios producidos el verano pasado, tardó cinco meses en hacer lo que ahora
ha hecho este Gobierno en dos meses. Por cierto, ese decreto, profundamente insuficiente, no contempló medidas en Galicia, medidas en Andalucía, medidas en Valencia, en Castilla, en Baleares, donde también se habían producido incendios. Es
evidente que ese real decreto-ley, como este, articulaba medidas de carácter extraordinario para supuestos devastadores y por tanto extraordinarios, producidos por siniestros causados por incendios o inundaciones. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.) Reiterar otra cosa, reclamar otra cuestión, es incoherente, porque, por un lado, no lo hizo el Gobierno del Partido Popular cuando tuvo esa oportunidad y, por otro, es innecesario, ya que hay competencias propias. Es asimismo
demagógico. Estamos ante una articulación seria de medidas para supuestos especialmente graves.
La segunda característica del real decreto-ley que ampara nuestra posición favorable, y me imagino que ampara también la de SS.SS., es la de suficiencia de las medidas. No son todas las medidas que creíamos ni que queríamos, ni que creíamos
suficientes ni que queríamos como reparadoras, pero son las medidas suficientes y necesarias de un Gobierno sensible que ha aumentado, por cierto, de manera muy subrayable, las medidas adoptadas por el Gobierno anterior del Partido
Popular ante situaciones similares. Se procura reparar los daños personales con transferencias directas de 18.000 euros, los daños a viviendas con 24.000 euros -por cierto, antes eran 9.000 euros-, los beneficios fiscales son no sólo los
habituales sino también algunos de carácter extraordinario que permiten la exención de tasas, de impuestos, del IBI, etcétera. Hay beneficios laborales, como la exoneración de las cuotas a la Seguridad Social, que no todos los decretos del Partido
Popular tenían en cuenta, o subvenciones en infraestructuras de carácter local para apoyar las reparaciones de los proyectos destinados a restablecer caminos en el ámbito local o provincial, por cuantía de más de 15 millones de euros, financiando el
50 por ciento de esos proyectos -no tengo que recordar a SS.SS, y de manera especial a la muy digna portavoz del Grupo Popular, que el último real decreto del Gobierno del Partido Popular referido a los incendios en Extremadura por este concepto
articulaba una cantidad poco generosa de 400.000 euros-, una línea de crédito preferente para ayudar a pequeñas y medianas empresas a través de los créditos ICO, por una cuantía de 20 millones de euros, el doble exactamente, señora diputada, de lo
que propuso el real decreto destinado a paliar los incendios de Extremadura de fecha noviembre del 2003.
Este real decreto merece nuestra confianza y nuestra aprobación porque además va a mantener en el tiempo, señorías, el seguimiento, la tutela y el auxilio, a través de una comisión interministerial, que permita que no haya situación de
desamparo ni para personas, ni para enseres, ni para diputaciones, entidades locales o pequeñas y medianas empresas.
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor. (Pausa.)
Adelante, señor diputado.
El señor BARRERO LÓPEZ: Gracias, señor presidente.
Además de estas iniciativas articuladas en este real decreto, quiero informar a SS.SS. o reiterar la información que dio la ministra de Medio Ambiente según la cual este Gobierno ha hecho una petición de ayuda al Fondo de Solidaridad
europeo remitida el 7 de septiembre de este año. Por cierto, no sólo para las cinco comunidades autónomas que son objeto del real decreto, sino para toda España, para todas las comunidades autónomas, incluida Galicia, que han tenido unos siniestros
similares.
Por último, señorías, nos han preocupado algunas intervenciones, de manera especifica la de la portavoz del Grupo Popular. Quiero decirle que nosotros no vemos en este real decreto sino la forma de paliar, a través de acciones concretas,
una situación producida por unos incendios y por unas inundaciones de carácter especialmente virulento. No queremos, señoría, una visión catastrofista del asunto -y le ánimo a que se despoje de ella-, sino una visión reparadora. No queremos una
visión parcial ni de intereses partidistas, sino una visión eficaz, urgente e, insisto, reparadora de los daños, de los servicios y de la situación de las localidades que han sido afectadas por este grave problema. Los alcaldes de las zonas no han
pedido que la zona sea adjetivada como catastrófica, han pedido que haya medidas, que son las que articula este real decreto, que solventen sus problemas a partir de ahora. No lo han hecho los alcaldes ni tampoco ustedes lo han hecho jamás en
Galicia ni lo han hecho jamás cuando gobernaron durante ocho años en el Gobierno de la nación y administraban nuestras cuentas. Nunca consideraron catastrófico el Prestige, nunca consideraron zona catastrófica a Aznalcóllar, nunca, señoría, en los
últimos 20 años ha habido esa declaración que, en todo caso y al margen de las medidas que sí deben adoptarse, termina configurando una estigmatización -no le quepa la menor duda, y así lo pensaba su Gobierno durante los últimos ocho años y todos
los gobiernos de los últimos veinte- de la zona que impide la transferencia de capital de empresas que tengan interés en invertir en la zona.
Señores diputados, representantes del pueblo de nuestro país y de todas las comunidades autónomas, vamos a pedir a SS.SS. que haya una mayor conciencia social sobre este asunto. La Agencia Europea de Medio Ambiente ha advertido que en los
próximos 25 años, como consecuencia de los cambios climáticos, puede haber climatología o acciones climatológicas de carácter excepcional. Merece la pena hacer sobre esto una reflexión serena, intensa y oportuna. Señoras diputadas, señores
diputados, el 74 por ciento de nuestro monte es de propiedad privada, y Europa debe reconocer y responder...
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, le ruego que vaya concluyendo.
El señor BARRERO LÓPEZ: Sin duda alguna, señor presidente.
... a los apoyos al monte mediterráneo como una iniciativa exclusiva y excepcional que nos permita mantener nuestra riqueza medioambiental. Las ayudas a los propietarios privados no son recibo desde este punto de vista. Por cada euro
destinado a las políticas forestales hay 300 euros destinados a las políticas agrarias. Es preciso -y en esto sí, señora portavoz del Grupo Popular, le pedimos su apoyo y el de todos- aumentar la rentabilidad de las propiedades forestales para que
disminuya el abandono de las zonas rurales y de los montes. Es preciso aumentar las rentas en las zonas rurales, lo que, por cierto, señora parlamentaria, no hizo el Gobierno del Partido Popular en los últimos años para mejorar la vida de los
habitantes de esta zona. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señor Barrero, concluya por favor.
El señor BARRERO LÓPEZ: Es preciso -y termino, con ese nivel de aceptación del Grupo Parlamentario Popular- un apoyo de todos para que hagamos un pacto nacional contra el fuego, para que evitemos la especulación, señores del Partido
Popular, en todas y cada una de las comunidades autónomas. Para ello la ministra de Medio Ambiente tiene previsto someter a esta Cámara el proyecto de ley de montes.
Termino, señor presidente, agradeciendo a todos los grupos parlamentarios su apoyo a esta convalidación y pidiéndole al Partido Popular de manera tranquila y serena que reflexione sobre lo que con estas medidas significan los apoyos a la
reparación de los daños producidos por los siniestros. No se puede hacer juego político del fuego ni se puede hacer un cálculo electoral de las desgracias producidas este verano para muchos españoles y para muchas zonas de nuestra geografía.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos votar en primer lugar la convalidación o derogación del real decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los incendios e inundaciones acaecidos en las
comunidades autónomas de Aragón, Cataluña, Andalucía, La Rioja, Comunidad Foral de Navarra y Comunidad Autónoma Valenciana.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor, 292; en contra, uno; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda convalidado el real decreto-ley.
¿Desea algún grupo parlamentario que se tramite el real decreto-ley convalidado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia? (Pausa.)
Al menos en sus intervenciones, me dicen, dos grupos parlamentarios lo han pedido. El Grupo Popular me lo confirma, Convergència i Unió me lo confirma. En consecuencia, vamos a votar su tramitación como proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a favor, 143; en contra, 143; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Al haberse producido un empate, procede una segunda votación. Les advierto de que, como ustedes saben, en el supuesto de dos empates sucesivos, decaería.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor, 146; en contra, 146; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Señorías, habiéndose producido por dos veces un empate, queda rechazada la tramitación como proyecto de ley del real decreto-ley convalidado. (Protestas.) Se suspende la sesión.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
El señor PRESIDENTE: Señorías, quiero agradecer a los señores portavoces su flexibilidad para encontrar la solución más apropiada al problema que se ha planteado. Como no se trataba tampoco, por sucesivas cuestiones de orden, de
interpretar el Reglamento y lo que contiene el Reglamento respecto a la problemática de votaciones sucesivas que dan como resultado un empate, la Mesa, y con ella el presidente, en su capacidad de ordenación de los debates, vamos a aceptar el
sistema, que funcionará ya para toda la legislatura, de que cuando se produzca un empate sucesivo después de dos votaciones habrá una interrupción de la sesión, que se considerara como un intervalo para la posibilidad de hablar, refrescar y reducir
las posibilidades de que haya una tercera votación con el mismo resultado, y después de esa interrupción de la sesión se procederá a otra votación y será esta tercera la que determine cuál es la decisión final de la Cámara. En consecuencia, esta
interrupción computa a efectos de interrupción del Pleno. Ahora bien, hoy no habrá votación, que se pospone al martes de la semana que viene, porque probablemente muchos diputados ya han abandonado la Cámara. Este es el acuerdo de los portavoces,
y quiero que así conste en acta.
Se levanta la sesión.
Era la una y veinte minutos de la tarde.