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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 297, de 28/11/2005
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
VIII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
28 de noviembre de 2005
Núm. 297
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
Proposiciones no de Ley
Pleno
162/000403 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de regulación del permiso de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogida ... (Página 5)
162/000404 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política de precios y tarifas de los servicios ferroviarios del AVE en Aragón ... (Página 6)
Comisión de Asuntos Exteriores
161/001342 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la utilización por parte de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de instalaciones
aeroportuarias del Estado español ... (Página 7)
161/001351 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al reconocimiento del status de ciudadanos uruguayos residentes en España ... (Página 8)
Comisión de Justicia
161/001332 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista del Congreso y de Esquerra Republicana (ERC), relativa a la creación de un partido judicial en Formentera (Baleares) ... (Página
9)
Comisión de Interior
161/001334 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas a adoptar por el Gobierno en la resolución de casos de desaparición de personas ... (Página 9)
Comisión de Fomento y Vivienda
161/001335 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, relativa a la intercambiabilidad de billetes entre las navieras que operan en el Estrecho ... (Página 10)
161/001336 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a ceder las estaciones situadas en la vía verde del Baix Ebre y Terra Alta ...
161/001339 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a inclusión de la supresión del paso a nivel en O Porriño (Pontevedra) en la partida presupuestaria de 2006 ... (Página 12)
161/001340 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al estudio correspondiente al proyecto de obra del nuevo trazado de la vía del Tren de Alta Velocidad, -Eje Atlántico, Vigo-Tui-, a su paso por el
Ayuntamiento de O Porriño (Pontevedra) ... (Página 12)
161/001343 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en relación con los proyectos de infraestructuras para el futuro desarrollo de la Comunidad Autónoma de Cantabria ...
161/001344 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), sobre descuentos en el trayecto del AVE Madrid-Lleida ... (Página 14)
161/001346 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), sobre la línea 7 de cercanías de Renfe en Barcelona ... (Página 15)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/001338 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a medidas para garantizar un precio mínimo por la leche ... (Página 16)
161/001345 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación de un fondo de garantía para el gasóleo profesional del sector pesquero ... (Página 17)
Comisión de Medio Ambiente
161/001333 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a la adquisición de espacios litorales amenazados de las Illes Balears ...
(Página
17)
161/001341 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al proyecto del colector general de saneamiento del río Louro ... (Página 19)
161/001347 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, para que se tomen las medidas legales oportunas con el fin de que se respete la Directiva 92/43/CEE en los proyectos de construcción de un parque
ferial y una estación de autobuses en Alcalá de Henares (Madrid) ... (Página 19)
161/001348 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre el programa de adquisición de fincas en la zona costera del Mediterráneo del Ministerio de Medio Ambiente ...
161/001349 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, por la que se insta al Gobierno a transferir las carreteras y caminos pertenecientes a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ...
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/001330 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de Esquerra Republicana (ERC), Vasco (EAJ-PNV), de Coalición Canaria-Nueva Canarias y Mixto, sobre
la Cumbre de la Organización Mundial del Comercio (OMC) ... (Página 21)
161/001337 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la cumbre de la Organización Mundial del Comercio (OMC) ... (Página 22)
161/001350 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a apoyar la transparencia de las industrias extractivas ... (Página 23)
Interpelaciones
Ordinarias
170/000001 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la desorbitada subida del precio del gas. Decaída ... (Página 24)
Preguntas para respuesta oral
Comisión de Justicia
181/001453 Pregunta formulada por el Diputado don Juan Santaella Porras (GP), sobre medidas para la puesta en marcha de un plan de choque para actualizar la Justicia ... (Página 25)
181/001454 Pregunta formulada por el Diputado don Juan Santaella Porras (GP), sobre previsiones acerca de exigir el cumplimiento estricto de los plazos legales en todos los procedimientos judiciales y la responsabilidad del Estado por las
dilaciones indebidas en los mismos ... (Página 25)
181/001455 Pregunta formulada por el Diputado don Juan Santaella Porras (GP), sobre medidas para resolver los conflictos antes del juicio mediante mecanismos de conciliación, mediación y arbitraje ... (Página 25)
181/001456 Pregunta formulada por el Diputado don Juan Santaella Porras (GP), sobre fecha prevista para revisar el Plan de Estudios de la Escuela Judicial para mejorar la formación que imparte ... (Página 25)
181/001457 Pregunta formulada por el Diputado don Juan Santaella Porras (GP), sobre previsiones acerca del establecimiento de los mecanismos legales precisos para posibilitar el trasvase directo desde la carrera judicial a la fiscal, y
viceversa ... (Página 25)
181/001458 Pregunta formulada por el Diputado don Juan Santaella Porras (GP), sobre previsiones acerca de la creación de un sistema de prestación de asistencia jurídica preventiva y gratuita para que el ciudadano sin recursos económicos
pueda ser asesorado por abogados en cuestiones civiles y administrativas ... (Página 26)
181/001459 Pregunta formulada por el Diputado don Juan Santaella Porras (GP), sobre previsiones acerca de modificar el sistema de designación de abogado de oficio para que el ciudadano pueda elegir el que le defienda ...
181/001460 Pregunta formulada por el Diputado don Juan Santaella Porras (GP), sobre previsiones acerca del establecimiento de un horario de atención al ciudadano de mañana y tarde, así como un sistema de cita previa para evitar esperas
injustificadas en los Juzgados ... (Página 26)
181/001467 Pregunta formulada por el Diputado don Carmen Matador de Matos (GP), sobre situación del proyecto para la construcción de un nuevo edificio que albergue la dispersión de los Juzgados en Badajoz ...
(Página
26)
Comisión de Interior
181/001452 Pregunta formulada por el Diputado don Carles Campuzano i Canadés (GC-CiU), sobre medidas para garantizar la formación en materia de asilo a los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado encargados de la seguridad
de los perímetros fronterizos de Ceuta y Melilla ... (Página 26)
Comisión de Fomento y Vivienda
181/001448 Pregunta formulada por el Diputado don Andrés José Ayala Sánchez (GP), sobre motivos por los que no se ha cubierto la plaza de Consejero General de Seguridad creada por orden ministerial comunicada de 29/12/2000 ...
181/001449 Pregunta formulada por el Diputado don Andrés José Ayala Sánchez (GP), sobre seguimiento de las actuaciones del Ministerio de Fomento en materia de seguridad ... (Página 27)
181/001450 Pregunta formulada por el Diputado don Andrés José Ayala Sánchez (GP), sobre coordinación y control de la seguridad de la ejecución de las obras de titularidad del Ministerio de Fomento ...
(Página 27)
181/001451 Pregunta formulada por el Diputado don Andrés José Ayala Sánchez (GP), relativa a elaboración del informe anual sobre actuaciones del Ministerio de Fomento en materia de seguridad correspondiente al año 2004 ...
Comisión de Industria, Turismo y Comercio
181/001463 Pregunta formulada por el Diputado don Celso Luis Delgado Arce (GP), relativa a opinión del Gobierno sobre el dato de que en los primeros seis meses de 2005 la inversión extranjera directa bruta total en España registrase una
caída del 65,1% con respecto al mismo período del año anterior ... (Página 27)
181/001464 Pregunta formulada por el Diputado don Celso Luis Delgado Arce (GP), relativa a opinión del Gobierno sobre el dato de que en los primeros seis meses de 2005 la inversión española neta en el exterior descendió el 11% ...
181/001465 Pregunta formulada por el Diputado don Celso Luis Delgado Arce (GP), sobre valoración del hecho de que el gasto medio por turista en España vuelva a caer el 3,4% al cierre de 2005 en términos normales ...
181/001466 Pregunta formulada por el Diputado don Celso Luis Delgado Arce (GP), sobre incidencia de las políticas del Gobierno en la consecución del dato de que durante los ocho primeros meses de 2005 la tasa de cobertura comercial se
situase en el 66,6%, 5,4 puntos porcentuales menos que en los ocho primeros meses de 2004 ... (Página 28)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
181/001462 Pregunta formulada por la Diputada doña María Olaia Fernández Davila (GMx), sobre razones por las que cinco meses después de que se aprobara en el Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley en la que se instaba al
Gobierno, de manera urgente, a proceder a la eliminación del certificado veterinario creado en virtud del Real Decreto 3424/2000, de 15 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI),
continúa en vigor el mencionado certificado ... (Página 28)
Comisión de Medio Ambiente
181/001468 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa María Bonàs Pahisa (GER-ERC), sobre conveniencia de permitir el proyecto de nuevo puerto y dique que el Gobierno balear pretende llevar a cabo en Ciutadella ...
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
181/001461 Pregunta formulada por el Diputado don Carles Campuzano i Canadés (GC-CiU), sobre política de la cooperación española de lucha contra la malaria ... (Página 29)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000403
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno
AUTOR: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Proposición no de Ley de regulación del permiso de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogida.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, y entendiendo que se insta al Gobierno al ejercicio de su iniciativa legislativa en la materia, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del
Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno y al Grupo proponente y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2005.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su debate en Pleno,
la siguiente Proposición no de Ley de regulación del permiso de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogida.
Antecedentes
Uno de los cambios más significativos de la sociedad moderna ha sido la incorporación de la mujer al mercado del trabajo. Esta situación conlleva inevitablemente un nuevo modelo de familia: la madre, al igual que el padre, debe conciliar
su vida familiar con su vida laboral. Las leyes actuales en esta materia han avanzado para facilitar esta conciliación de la vida laboral y familiar de las personas que trabajan, aunque han incidido básicamente en dotar a las mujeres de un marco
más favorable para hacer posible esta conciliación, dejando en un segundo plano el papel de los padres.
En la actualidad los padres tienen derecho a disfrutar del permiso laboral excepto durante el período de descanso obligatorio de 6 semanas posteriores al parto que corresponden a la madre, siempre que sea de forma ininterrumpida y que en el
momento de hacerse efectivo este derecho por parte del padre la reincorporación al trabajo por parte de la madre no suponga un riesgo para su salud. Asimismo, también pueden disfrutarlo bien de forma simultánea o sucesiva con la madre, siempre que
la suma de ]os períodos de descanso no exceda de las 16 semanas o de las que correspondan en caso de parto múltiple.
Aun así, en todos los supuestos actuales, el derecho a que el padre disfrute de un permiso por nacimiento, adopción o acogida de hijo o hija sólo es posible si la madre, transcurridas las seis semanas posteriores al parto, opta porque el
padre disfrute de una parte determinada de este período de descanso.
Se considera conveniente introducir en la legislación un elemento de discriminación positiva dirigido a los padres a los efectos de permitirles la posibilidad de disfrutar de un cierto período de descanso en los supuestos de paternidad,
independientemente de si la madre opta por reservarse todo el período de descanso o si desea compartirlo con el padre.
Por todo ello, el Grupo parlamentario Catalán (Convergència i Unió), presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
A) Efectuar las modificaciones legislativas y normativas que sean necesarias para conseguir los siguientes objetivos:
1. Incrementar el período de descanso por maternidad y paternidad en 4 semanas, de dieciséis a veinte, estableciéndose que las cuatro últimas semanas del período de descanso podrán ser únicamente utilizadas por el padre de forma que éstos
puedan disfrutar de los primeros meses de vida de sus hijos o hijas, al mismo tiempo que se incentiva la distribución a partes iguales
de las responsabilidades familiares entre los integrantes de la familia.
Esta propuesta se aplicaría tanto a los trabajadores sujetos a relación laboral determinada por el Estatuto de los Trabajadores como al personal al servicio del sector público sujeto a la normativa de la Función Pública.
2. Incrementar el período de descanso de dos a cuatro semanas más por cada hijo o hija a partir del segundo en los casos de parto, adopción o acogida múltiple para así dar una respuesta más adecuada a las dificultades con las que se
encuentran los padres cuando se produce uno de estos casos que obliga a incrementar su período de descanso laboral más del que la normativa establece.
3. Incrementar en cuatro semanas más el período de descanso en el caso de parto, adopción o acogida de un hijo o hija con discapacidad.
B) A que, en el marco de sus competencias y de acuerdo con las Comunidades Autónomas y los agentes sociales, lleve a cabo campañas de sensibilización con la finalidad de dar a conocer los nuevos derechos que podrán disfrutar los padres e
incentivar la distribución a partes iguales de las responsabilidades familiares entre el padre y la madre, así como a presentar anualmente a las Cortes Generales un seguimiento estadístico de las medidas introducidas para conocer su impacto social.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2005.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
162/000404
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno
AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Proposición no de Ley sobre la política de precios y tarifas de los servicios ferroviarios del AVE en Aragón.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno y
publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2005.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Mixto, mediante el diputado de Chunta Aragonesista, José Antonio Labordeta, presenta la siguiente Proposición no de ley sobre
la política de precios y tarifas de los servicios ferroviarios del AVE en Aragón solicitando su tramitación ante el Pleno.
Exposición de motivos
Desde la puesta en funcionamiento de la línea AVE entre Madrid-Zaragoza y Lleida, la prestación del servicio se ha desarrollado de forma difícilmente explicable en cuanto a su política de precios y tarifas; especialmente por la inexistencia
de abonos y descuentos especiales frente a la línea de Madrid a Sevilla, pasando por Ciudad Real y Córdoba, que sí los tenía. Los altos precios de los servicios de alta velocidad que afectan a los aragoneses, la supresión de servicios
convencionales de precio asequible, y la no implantación de tarifas de abonos y descuentos, alejan del ferrocarril a decenas de miles de potenciales usuarios, desplazándolos al transporte por carretera.
La discriminación percibida en Aragón en relación con la consolidada línea del AVE Madrid-Sevilla, en cuanto a precios y servicios prestados, se ve agravada con la puesta en servicio del AVE Madrid-Toledo. Las tarifas y características de
este nuevo servicio frente a las que se dan en los trayectos Zaragoza-Huesca o Zaragoza-Calatayud no resiste comparación alguna.
Por tanto presentamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Pleno del Congreso de los Diputados, conscientes del malestar de los usuarios y ciudadanos aragoneses por la política de precios del AVE entre Madrid, Calatayud, Zaragoza y Lleida y entre Zaragoza y Huesca, en relación con el resto de
líneas AVE del Estado, insta al Gobierno a implantar, en el menor periodo de tiempo posible y para todos los usuarios de los servicios de Alta Velocidad española, el establecimiento de precios y condiciones equivalentes para los servicios, trayectos
y prestaciones similares, evitando todo agravio y discriminación en las líneas de Alta Velocidad Madrid-Calatayud-Zaragoza-Lleida
y viceversa, así como con el servicio de AVE a Huesca.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre de 2005.-José Antonio Labordeta Subías, Diputado.-El Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2005.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/001342
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, los Grupos parlamentarios firmantes presentan la siguiente Proposición no de ley sobre la utilización por parte de la CIA de instalaciones aeroportuarias del Estado español, para su
debate en la Comisión de Fomento.
Existen datos que prueban el uso por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de aeropuertos españoles (Son Sant Joan en Palma de Mallorca o Los Rodeos, Reina Sofía, Tenerife sur) como base de las operaciones denominadas 'entregas' o
'renditions' que vienen a consistir en la práctica de detenciones sin procedimientos judiciales con la intención de obtener información de manera ilegal en terceros países de ciudadanos presuntamente relacionados con el terrorismo islamista.
Concretamente, ha trascendido a la opinión pública, entre otros, el caso del Aeropuerto de Son Sant Joan que recibió al menos en dos ocasiones durante el mes de enero de 2004 al avión Boeing 737 que la CIA utiliza como prisión volante.
Igualmente se ha comprobado que aviones de la CIA que pudieran estar destinados a este tipo de operaciones han llegado a hacer escalas en aeropuertos españoles en varias ocasiones. También la prensa mundial se ha hecho eco de estas detenciones
sistemáticas de ciudadanos sin trámites legales, llevadas a cabo por la CIA y para las que ha utilizado el aeropuerto de Palma de Mallorca entre otros. Los mismos medios de comunicación internacionales han denunciado las presuntas torturas
efectuadas mediante prisiones volantes, a pesar de que estos extremos sean negados por las autoridades norteamericanas y, por otro lado, el Gobierno español en respuesta a preguntas realizadas por este Grupo Parlamentario, ha declarado que no está
acreditado y no tiene certeza alguna al respecto y se remite a las diligencias judiciales que siguen en un Juzgado de Instrucción de Palma. Precisamente este Juzgado de Instrucción ha dictado auto por el que se inhibe a favor de los Juzgados
Centrales de Instrucción en las diligencias previas que se siguen por supuestos delitos de detención ilegal, secuestro y torturas.
Además, resulta relevante el hecho de que varias fiscalías europeas también hayan abierto investigaciones ante las denuncias de posibles torturas o el uso de su suelo para este tipo de operaciones sin control judicial, como es el caso de la
Fiscalía de Milán, Alemania o Suecia.
Ante la posible utilización por parte de la CIA de las instalaciones del Aeropuerto de Son Sant Joan (Palma de Mallorca), y posiblemente otros aeropuertos nacionales, para llevar a cabo operaciones de secuestro o entrega de ciudadanos
presuntamente vinculados al terrorismo internacional, sin las mínimas garantías jurídicas y vulnerando los derechos humanos.
El Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Solicitar del Gobierno de EEUU información acerca del avión Boeing 737 que supuestamente la CIA utiliza como prisión volante y que se ha probado que ha hecho escala en el Aeropuerto de Son Sant Joan al menos en dos ocasiones durante el
mes de enero de 2004.
2. Que con carácter urgente y previo a la autorización, se solicite del Gobierno de EEUU información puntual y documentada del objeto y destino de los aviones de la CIA que prevean hacer escala en alguno de los aeropuertos españoles.
3. Que adopte las medidas de todo tipo que estime necesarias para garantizar el respeto a los derechos humanos, de forma que los aeropuertos españoles no puedan ser utilizados como base de las operaciones de secuestro de presuntos
terroristas en aviones de la CIA
sin ningún tipo de garantías de cumplimiento de los derechos humanos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de noviembre de 2005.-Gaspar Llamazares Trigo y Joan Herrera Torres, Portavoces del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
161/001351
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley, relativa al reconocimiento del
status de ciudadanos uruguayos residentes en España, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
En el año 1870 entre España y Uruguay se suscribió un Tratado de Paz y Amistad en el cual el artículo 8 señala que 'Los súbditos españoles en la República Oriental de Uruguay y los ciudadanos de la República de España podrán ejercer
libremente sus oficios y profesiones, poseer, comprar y vender por mayor y menor toda especie de bienes y propiedades, muebles e inmuebles, extraer del país sus valores íntegramente, disponer de ellos en vida o por muerte y suceder en los mismos por
testamento o abintestato; todo ello con arreglo a las leyes del país, en los mismos términos que usan o usaren los de la Nación más favorecida'
Este Tratado internacional no ha sido denunciado por ninguna de las partes, manteniendo su plena vigencia jurídica. Cierto es que con posterioridad por el Parlamento español se han dictado algunas leyes que pudieran incidir sobre la materia
como es, singularmente, las diversas normas aprobadas a propósito de la regulación de la inmigración.
No obstante es indudable que desde un punto de vista de fuentes normativas, los tratados internacionales tienen un rango muy cualificado tal y como los configura el artículo 96 de la Constitución Española de modo que otro tipo de normas
internas de cualquiera de los países firmantes no pueden alterar lo suscrito entre dos Estados soberanos, debiendo tenerse en cuenta que incluso la Ley Orgánica 3/2000, de Derechos y Libertades de los extranjeros en España y su integración social,
establece que sus disposiciones han de interpretarse 'en los términos establecidos en los tratados internacionales' ( artículo 3.1).
El Tratado de 1879, no modificado en este punto por otro posterior de 1992 entre ambas naciones, consagra la cláusula de nación más favorecida para los ciudadanos de los dos países, configurándose esta cláusula en el derecho internacional
como una estipulación por la cual las dos partes contratantes se confieren mutuamente la participación en las ventajas más considerables que ellos han acordado o puedan llegar a acordar en el futuro respecto un tercero.
A pesar de todo ello, la Administración española aplica un criterio contrario a lo que se acaba de señalar y que ha tenido que ser reiteradamente corregido por los Tribunales de justicia a los que han acudido ciudadanos uruguayos en defensa
de sus derechos invocando el Tratado de 1870. En todos estos casos, los juzgados españoles en Tenerife, Navarra, Alicante y hasta el Tribunal Supremo han venido dando la razón a los demandantes, reiterando la plena vigencia de la cláusula de nación
más favorecida que se deriva de las disposiciones del tratado de paz y amistad antes citado.
Es legitimo que los Estados aborden en su normativa interna cual es el enfoque más adecuado ante el fenómeno tan característico de la globalización cual es la emigración y la integración a todos los niveles de quienes llegan a los países de
occidente. No obstante, un Estado no puede ignorar el valor de lo fijado mediante acuerdo en Tratados internacionales, debiendo cumplir lo que en éstos se expresa o, en su caso, promoviendo un acuerdo entre ambas partes que permita facilitar
mecanismos alternativos de reconocimiento de derechos recogidos en normas de esta naturaleza.
Recientemente, La Vicepresidenta del Gobierno de España, en visita oficial a Uruguay se comprometió públicamente en nombre del Estado que representaba a buscar una solución y dar respuesta a las demandas que los ciudadanos uruguayos plantean
y que han sido trasladadas oficialmente por la Cámara de Diputados de Uruguay al Gobierno español.
Es por ello que el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Estado español procederá al reconocimiento de los derechos singulares que el Tratado de 1870 reconoce a los uruguayos residentes en España mediante la aplicación directa de este convenio internacional o articulando mecanismos a pactar
entre ambas partes que signifiquen la aplicación extensiva de derechos respecto lo actualmente aplicado por la Administración española a los ciudadanos mencionados'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2005.-Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Justicia
161/001332
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (GER-ERC) en el Congreso de los Diputados, al amparo de los dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la creación de un Partido Judicial en Formentera, Baleares, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
La creación de Partidos Judiciales, paso previo a la implantación del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en Formentera (Baleares), debe hacerse mediante Ley que modifique la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta
Judicial, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los apartados 1 y 5 del artículo 35 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Estableciendo el artículo 32.2 de la misma norma que la modificación de los Partidos Judiciales
se hará, en su caso, en función del número de asuntos, las características de la población, medios de comunicación y comarcas naturales.
La creación del Partido Judicial de Formentera (Baleares) se haría mediante ley que modificará el anexo I de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial, donde el Municipio de Formentera actualmente integrado en el
Partido Judicial número 5 de Baleares, pasarían a constituir un nuevo Partido Judicial, el número 7, de Baleares. Es cierto que Formentera no alcanza algunos parámetros fijados en el Preámbulo de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, pero sí reúne
singularidades que la hace acreedora de albergar un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción: la insularidad, con la consiguiente dificultad de comunicación con Ibiza; y el aumento de población en la temporada turística que puede hacer que la
población de derecho se multiplique por cuatro en determinados periodos. En otras ocasiones han existido diversas iniciativas parlamentarias sobre la creación de un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en Formentera, por ello debe de fijarse
un plazo para que el Gobierno proceda a enviar el correspondiente proyecto de ley al Congreso de los Diputados.
Por todo lo expuesto, los Grupos Parlamentarios firmantes presentan la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que a lo largo del año 2006 presente en esta Cámara un proyecto de ley en el que se que modifique el anexo I de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial, en el
sentido de crear el Partido Judicial de Formentera, Baleares'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2005.-Los Portavoces de los Grupos Parlamentarios Socialista del Congreso y de Esquerra Repúblicana de Cataluña (ERC), José Ramón Mateos Martín y Agustí Cerdá Argent, Diputados.
Comisión de Interior
161/001334
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la
Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley de medidas a adoptar por el Gobierno en la resolución de casos de desaparición de personas.
Antecedentes
En la actualidad en todo el Estado existen unos 14.000 desaparecidos y unos 4.500 cadáveres sin identificar. Anualmente desaparecen unas 10.000 personas y, un año después, aproximadamente un 10 por ciento continúan desaparecidas. Estas
cifras, por si solas, ponen de manifiesto una grave situación.
En el ámbito internacional, el Gobierno ha venido realizando esfuerzos de mejora como, por ejemplo, la web española que ayuda en la búsqueda de menores desaparecidos y el programa Datirel que facilitará la consulta de datos de cualquier país
miembro de Interpol.
En la esfera interna, se observan diversas disfunciones que es necesario que se remedien. Un ejemplo de estas disfunciones lo constituye el hecho que la única base de datos unitaria de desaparecidos es el Registro de Ausentes, que cumple
más una función a efectos jurídicos que policiales.
A mayor abundamiento, debemos ser conscientes que en este ámbito incide especialmente la sensibilidad ciudadana, que viene reclamando reiteradamente un esfuerzo importante de los cuerpos y fuerza de seguridad de todas las Administraciones
públicas. Así ha sido como, desde la sociedad civil, se han adoptado muchas iniciativas que tratan de superar las deficiencias manifestadas.
Pero, no cabe ninguna duda que corresponde a las Administraciones públicas adoptar las medidas que sean necesarias con objeto de dar respuesta a estas
situaciones, con la agilización de los procedimientos de resolución, el apoyo a los familiares de la persona desaparecida, la asignación de recursos suficientes para desarrollar las investigaciones necesarias, etc. Así, concretamente, en el
mes de marzo de 2005, la Comisión de Interior del Senado aprobó una moción por la que se instaba al Gobierno a adoptar una serie de medidas en relación a la búsqueda de personas desaparecidas. Por el momento, no se tiene conocimiento del
cumplimiento por parte del Gobierno.
En otro ámbito, en relación a los atentados terroristas cometidos el 11 de septiembre de 2004, la Comisión de investigación, entre otros aspectos, insistió en la necesidad de establecer medidas de coordinación entre las distintas policías,
de dar acceso directo a archivos policiales o de compartir los bancos de datos con que cuentan las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Por todo ello, y considerando la necesidad de avanzar en la adopción de medidas que permitan una mayor eficacia en la resolución de los supuestos de desaparición de personas, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar, en el seno de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, una unidad especializada dedicada a la investigación y búsqueda de personas desaparecidas, desarrollando su cometido en coordinación con las policías autonómicas y
policías locales. Esta unidad deberá contar con los medios humanos, técnicos y presupuestarios suficientes para desarrollar su cometido.
2. Crear, en el seno de la Secretaría de Estado de Seguridad, una oficina de atención sobre desaparecidos, que actúe como interlocutor con los familiares y allegados y centralice las informaciones disponibles.
3. Promover la creación de una única base de datos de ADN a nivel estatal, en la que confluya toda la información de las actuales bases de datos de los cuerpos policiales, coordinada con las mantenidas por las policías autonómicas. Se
permitirá su acceso y consulta a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, policías autonómicas y locales.
4. Crear una única base de datos de personas desaparecidas en el territorio del Estado, en la que se incluyan todas las denuncias por desaparición interpuestas ante las fuerzas y cuerpos de seguridad. La misma deberá poder ser consultada
por todos los cuerpos policiales y se coordinará con las policías autonómicas y locales.
5. Establecer un protocolo de actuación en casos de desaparición a seguir por todos los sujetos que intervengan en la formulación de la denuncia de desaparición, la investigación y la resolución de estos casos.
6. Promover la asistencia psicológica a las familias de personas desaparecidas desde el mismo momento de la interposición de la pertinente denuncia, a instancias de las fuerzas y cuerpos de seguridad y policías autonómicas y locales.
7. Poner en marcha de una red de alertas automáticas que detecten de inmediato la realización de cualquier procedimiento administrativo, por ejemplo de renovación de D.N.I., pasaporte, actuaciones ante la Seguridad Social, etc., que
permitan la resolución de expedientes de desaparición.
8. Establecer la asignación y concesión de ayudas a las familias de desaparecidos en aquellos supuestos en que el desaparecido sea la única fuente de ingresos familiares y la familia se halle desasistida y sin derecho de acceso a ningún
tipo de ayuda pública.
9. Desarrollar la normativa necesaria con objeto de reconocer el derecho de los familiares a conocer el paradero de personas desaparecidas, con la excepción de aquellos supuestos en los que la persona desaparecida manifestara su voluntad de
no ser encontrado'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2005.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comisión de Fomento y Vivienda
161/001335
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley relativa a la intercambiabilidad de billetes entre las navieras que operan en el estrecho, para su debate en la Comisión de Fomento y Vivienda.
Exposición de motivos
Para los residentes en la Ciudad Autónoma de Ceuta el transporte marítimo con Algeciras es la fundamental y básica forma de entrada y/o salida de la ciudad. Por eso siempre ha sido muy valorado y bien recibido la posibilidad de que el
usuario del barco utilice un billete único o intercambiable entre las distintas navieras, pues les ofrecen embarque rápido y en cualquiera de las empresas que unen ambas orillas del Estrecho de Gibraltar, además de otros aspectos beneficiosos que
ofrece la intercambiabilidad de los billetes.
Lo mismo ocurre con respecto a la prestación de servicios en otras líneas, como Algeciras-Tánger.
Es razonable que no se acogiera favorablemente por ciudadanos, instituciones y colectivos de la Ciudad Autónoma de Ceuta la Resolución de 13 de junio de 2003 declarando la infracción del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia,
consistente en la adopción de un acuerdo de concertación de precios para el servicio de transporte marítimo de pasajeros y de vehículos en la línea Algeciras-Ceuta de las empresas autoras, así como el reciente auto de 26 de septiembre de 2005
denegando el acuerdo provisional iniciado como consecuencia de la solicitud de autorización singular para un acuerdo de interlíneas entre Transmediterránea, S. A., Buquebus y Euroferrys en la línea marítima Algeciras-Ceuta.
Este Grupo Parlamentario no entra a valorar dicha Resolución y Auto del Tribunal de Defensa de la Competencia, al ser este un organismo soberano e independiente y que, además, le merece el máximo respeto y consideración, pero mostramos
preocupación por la incidencia negativa que el mismo ha tenido para los usuarios y, especialmente, para los residentes en Ceuta ya que no pueden intercambiar los billetes entre diferentes navieras en la línea Ceuta-Algeciras, con los perjuicios
evidentes.
Sin querer entrar tampoco en aspectos que no son de nuestra competencia relativos a situaciones en que se encuentran las tarifas de precios o la ordenación de horarios en relación a la efectiva competencia entre las diversas navieras, ni aun
mucho menos en evitar la relación de prácticas que dificultan o impiden el adecuado funcionamiento del mercado de billetes, no es menos cierto que somos conscientes de la importancia que tiene para el Gobierno el transporte marítimo en el Estrecho y
los inconvenientes que supone no poder intercambiar los billetes entre las diferentes navieras que prestan el servicio.
Ante ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
1. A través del Ministerio de Fomento, se sigan manteniendo negociaciones con el Tribunal de Defensa de la Competencia, así como con las empresas navieras, en orden a encontrar una solución acorde con la normativa sobre competencias, de
manera que se permita la utilización del intercambio de billetes durante todo el año, en el servicio que las diferentes navieras prestan en el Estrecho de Gibraltar, tal y como se ha podido encontrar la Operación Estrecho 2005.
2. Traslade a las diferentes navieras que operan en el Estrecho la necesidad de establecer un sistema de compensación entre compañías claro, definido y completo; la articulación de un sistema operativo de consulta a los usuarios y mayor
publicidad en cuanto a normas, tarifas y descuentos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2005.-Salvador de la Encina Ortega, Diputado.-Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
161/001336
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la
Comisión de Fomento y Vivienda del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a ceder las estaciones situadas en la vía verde del Baix Ebre y Terra Alta.
Antecedentes
El proyecto de línea ferroviaria de la Val de Zafrán fue aprobado a finales del siglo XIX (1880). Tenía que unir a las poblaciones de Sant Carles de la Ràpita, Tortosa, Alcanyís y Teruel con Zaragoza. Después de veinte años del inicio del
proyecto se habían realizado todos los trabajos de infraestructura (explanación, construcción de túneles y estaciones) en todo su trayecto. Durante la guerra civil se aceleraron los trabajos y en el año 1954 se inauguró el tramo entre Tortosa y
Alcanyís, desde donde enlazaba con Zaragoza. Con el tiempo, quedaron eliminados los trayectos entre Sant Carles de la Ràpita y Tortosa y el que había de unir Alcanyís y Teruel, a pesar que las infraestructuras estaban ya construidas.
Después de dieciséis años de funcionamiento del único tramo de la Val de Zafrán que estaba en funcionamiento, RENFE decidió clausurar la vía alegando que no era rentable. Durante mucho tiempo la reapertura de esa vía de comunicación fue una
de las principales reivindicaciones de los habitantes de las Terres de l'Ebre, que veían en esta línea que les unía a Aragón, el futuro para su desarrollo comercial, económico y turístico, especialmente si se conseguía abrir el tramo que conectaba
Tortosa con el puerto comercial de Sant Carles de la Ràpita. Finalmente, RENFE optó por desmantelar la vía y abandonar las estaciones en el año 1973.
Más de veinticinco años después de su clausura, retornaron las posibilidades de recuperar la antigua vía. Esta vez, en forma de proyecto turístico a través de vía verde. En este sentido, en los últimos años se han acondicionado dos tramos
de vía verde en el antiguo trazado de la línea de la Val de Zafrán: la vía verde de la Terra
Alta, entre Lledó y Pinell de Brai, de 23,42 kilómetros, y la vía verde del Baix Ebre, entre Pinell de Brai y Tortosa, de 26,35 kilómetros. A pesar de este acondicionamiento de la vía verde del Baix Ebre, las antiguas estaciones a su paso,
como Benifallet, Xerta, Aldover, Horta de Sant Joan, Bot, Prat del Comte y Pinell del Brai no se encuentran rehabilitadas para permitir ofrecer mayores servicios a los visitantes de la vía verde, como tampoco pueden realizar obras ni eventos los
Ayuntamientos de estas poblaciones, pues no son de su propiedad.
Estas estaciones podrían ser utilizadas por los Ayuntamientos como infraestructuras turísticas, culturales o deportivas municipales que permitan ofrecer nuevos atractivos a la vía verde y, en definitiva, fomente las actividades económicas y
sociales de la zona.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a instrumentar, en el plazo máximo de seis meses, la cesión a los Ayuntamientos de las estaciones de RENFE en desuso situadas en los términos de Benifallet, Xerta, Aldover, Horta de Sant Joan,
Bot, Prat del Comte y Pinell del Brai para su uso como infraestructuras turísticas municipales y de apoyo, desarrolladas en relación a la vía verde del Baix Ebre.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2005.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/001339
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada doña María Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley,
relativa a inclusión de la supresión del paso a nivel en O Porriño en la partida presupuestaria de 2006, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
La eliminación del paso a nivel existente en el núcleo central de población del Ayuntamiento de O Porriño es una aspiración vieja en este municipio que cuenta desde hace años y en la actualidad con el pronunciamiento unánime de todos los
grupos políticos, entidades administrativas y sociales de la localidad.
En los inicios de los años noventa se hablaba de un proyecto de soterramiento que, según las explicaciones del entonces alcalde no llegó a materializarse por falta de acuerdos entre las distintas administraciones, local, autonómica y
central, acuerdos que tampoco se pudieron llevar a cabo en el momento en el que coincidía en el gobierno las tres administraciones el mismo partido -años 1996-2004-.
A la alta peligrosidad para las personas, como lo demuestran las muertes acaecidas por atropellos, hay que unir el grave problema de tráfico que genera, ya que en el mismo lugar del paso a nivel confluye un cruce de vías de importante
comunicación con otras localidades limítrofes y dos polígonos industriales, que provoca la necesidad de la presencia constante de un agente municipal para regular el tráfico.
Además de lo anterior, la barrera de comunicación que representa el paso a nivel dificulta incluso hace imposible solucionar el problema del tráfico en este municipio. A nivel urbanístico las dificultades no pueden ser más grandes pues esta
barrera hace imposible una unidad urbanística entre los dos mayores núcleos de población municipal, así como dificulta la comunicación entre ellos a través de los pasos a distinto nivel que se construyeron en su día en la Autovía Vigo-Porriño-Tui y
que mientras no se elimine el paso a nivel no pueden ser utilizados.
La urgencia de la eliminación del paso a nivel de O Porriño obliga, desde nuestro punto de vista, a tomar decisiones inmediatas por lo que se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
La inclusión de la eliminación del paso a nivel que está ubicado en el centro del Ayuntamiento de O Porriño en el proyecto de eliminación de pasos a nivel en la Comunidad de Galicia, que cuenta con partida presupuestaria en los Presupuestos
Generales para el año 2006.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de noviembre de 2005.-María Olaia Fernández Davila, Diputada y Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
161/001340
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada doña María Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley, relativa a estudio correspondiente al proyecto de obra del nuevo trazado de la vía del Tren de Alta Velocidad -Eje Atlántico, Vigo-Tui-, a su paso por el Ayuntamiento de O Porriño, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
La eliminación del paso a nivel existente en el núcleo central de población del Ayuntamiento de O Porriño es una aspiración vieja en este municipio que cuenta desde hace años y en la actualidad con el pronunciamiento unánime de todos los
grupos políticos, entidades administrativas y sociales de la localidad.
En los inicios de los años noventa se hablaba de un proyecto de soterramiento que, según las explicaciones del entonces alcalde no llegó a materializarse por falta de acuerdos entre las distintas administraciones, local, autonómica y
central, acuerdos que tampoco se pudieron llevar a cabo en el momento en el que coincidía en el gobierno las tres administraciones el mismo partido -años 1996-2004-.
En los últimos años se estableció un nuevo discurso a este respecto que relaciona la eliminación del paso a nivel con la construcción de infraestructuras generales del AVE Vigo-Porto y la salida sur de Vigo. La gravedad del problema no
permite que volvamos a tener un debate inacabado en el que medien promesas, estudios disquisiciones, propuestas, anteproyectos y demás cábalas sobre estos planes ferroviarios.
La necesidad de la eliminación del paso a nivel de O Porriño, obliga a tomar decisiones, por lo que se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a que en el plazo no superior a seis meses elabore el estudio correspondiente al proyecto de obra del nuevo trazado de la vía del Tren de Ata Velocidad -Eje Atlántico, Vigo-Tui-, a su paso por el Ayuntamiento
de O Porriño, que tenga en cuenta la posibilidad de desviar las vías del tren que actualmente atraviesan el centro de la villa al nuevo trazado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de noviembre de 2005.-María Olaia Fernández Davila, Diputada y Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
161/001343
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Fomento y
Vivienda.
Exposición de motivos
Después de un amplio proceso de diálogo entre partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, Cámaras de Comercio y otras instituciones y organizaciones de Cantabria, el pasado mes de marzo, y por unanimidad de los Grupos
Parlamentarios del Partido Popular, del Partido Socialista Obrero Español y del Partido Regionalista de Cantabria, se aprobó en el Parlamento regional una Proposición no de Ley que enumeraba las alegaciones que el Gobierno de Cantabria debía
presentar al Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte al objeto de corregir las carencias y dar respuesta a las necesidades de infraestructuras que se presentan en dicha Comunidad Autónoma.
Con posterioridad, el pasado 23 de julio, el Portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró que el Ministerio de Fomento 'seguirá estrictamente las pautas' aprobadas por el Parlamento regional.
Sin embargo, una vez aprobado el PEIT, no quedaron recogidos en él aspectos importantes de dichas alegaciones referidas a algunos proyectos esenciales para el futuro desarrollo de Cantabria, así como los plazos de ejecución de los mismos.
Este proceso de falta de respuesta a las peticiones cántabras en materia de infraestructuras se ha visto agravado con el contenido del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2006.
Donde había consenso hace unos meses hay decepción en la actualidad y donde había esperanza hay incertidumbe.
De acuerdo con lo expuesto, y con la finalidad de dar una respuesta satisfactoria a la práctica totalidad de la sociedad cántabra en relación a los proyectos de infraestructuras para el futuro desarrollo de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
1. Se compromete expresamente a finalizar el tramo Torrelavega-Solares de la autovía del Cantábrico en el período 2005-2008.
2. Se compromete expresamente a finalizar la autovía Ronda-Bahía de Santander en el período 2005-2008.
3. Se compromete expresamente a finalizar la autovía Aguilar de Campoo-Burgos en el período 2005-2008.
4. Se compromete expresamente a ejecutar la autovía Dos Mares, garantizando su finalización en el período 2008-2012.
5. Establezca los plazos de ejecución del tren de alta velocidad Santander-Madrid, garantizando su finalización en el período 2008-2012.
6. Establezca los plazos de ejecución del tren de alta velocidad del Cantábrico, que deberán ser los mismos que los programados para las otras Comunidades Autónomas afectadas y considerando prioritaria la conexión con el Mediterráneo y con
Francia, garantizando su finalización en su totalidad en el período 2012-2020.
7. Se comprometa expresamente a remodelar las estaciones ferroviarias en Santander como de espacio de partida y de paso del tren de alta velocidad Santander-Madrid y del tren de alta velocidad del Cantábrico, garantizando su finalización en
el período 2008-2012.
8. Considerar como prioritarias las siguientes actuaciones en Cantabria:
-Ampliación a tres carriles Santander-Torrela-vega.
-Distribuidor de La Marga.
-Acondicionamiento de la CN-629, que incluye la variante de Lanestosa, la variante de Ramales y el tramo Lanestosa-límite provincia de Burgos.
-Acondicionamiento de la CN-621, que incluye los tramos Puentellés-La Hermida, La Hermida-Lebeña, la variante de Potes y Potes-límite provincia de León.
-Adaptación del Plan Director del Presupuesto de Parayas a las nuevas necesidades.
-Adaptación del Plan Director del Puerto de Santander a las nuevas necesidades.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de noviembre de 2005.-Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001344
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentlario de Esquerra Republicana, a iniciativa del Diputado Jordi Ramón Torres, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre descuentos en el trayecto del AVE Madrid-Lleida, para su debate en Comisión de Fomento y Vivienda.
Exposición de motivos
El pasado martes día 15 de noviembre se inauguró por parte del Presidente del Gobierno el tercer AVE existente en el Estado Español hasta la fecha.
La buena noticia que supone la puesta en marcha de este AVE para los habitantes de Madrid y
Toledo, porque acortan los tiempos de desplazamiento entre ambas ciudades a un precio asequible, ha puesto al descubierto una vez más el trato desigual que padecen los ciudadanos del Estado Español en función de su lugar de residencia.
La constatación de este trato discriminatorio de unos frente a otros es fácil. Así, si se analiza el nuevo trayecto Madrid-Toledo, éste tiene una tarifa de 8 euros por un trayecto de 75 kilómetros, lo que equivale a un precio de 1,06 euros
cada 10 kilómetros. Dicho trayecto, además, prevé la posibilidad para los usuarios habituales de acceder a un abono de 50 viajes, con lo que el precio del trayecto se reduce a 3,6 euros o, dicho de otra forma, de 0,48 euros los 10 kilómetros.
Por el contrario, si se procede a analizar el trayecto Madrid-Lleida, éste tiene un precio de 56 euros por trayecto de 470 kilómetros, lo que equivale a 1,19 euros los 10 kilómetros. En este caso no está previsto ningún tipo de abono
descuento, ni tarifas reducidas.
El trato desigual es claro. Al mayor precio por kilómetro que pagan los usuarios del trayecto Madrid-Lleida se le debe añadir la imposibilidad de éstos de obtener tarifas reducidas por la compra de abonos. A este trato desigual, además
debemos añadir la diferencia de velocidades entre ambos trenes, ya que, como es conocido, el AVE Madrid-Lleida, por los problemas de ejecución en la obra, imputables únicamente a la Administración General del Estado, no alcanza la velocidad prevista
de 350 kilómetros/hora, sino sólo los 200 kilómetros/hora, 50 kilómetros/hora menos que el recién inaugurado AVE Madrid-Toledo. Es decir, más despacio y más caro. Además, los propios responsables del RENFE no descartan subir las tarifas en el
trayecto Madrid-Lleida cuando el tren alcance más velocidad.
Con independencia de la diferencia en el coste económico por kilómetro de los distintos trayectos, lo más grave es que todos los trayectos existentes en la actualidad tienen previstos descuentos, excepto el trayecto Madrid-Lleida.
La respuesta del Gobierno de fecha 29 de agosto de 2005 (es decir, cuando aún no estaba en funcionamiento el trayecto Madrid-Toledo) a la pregunta escrita formulada por el Diputado del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, el señor
Jordi Ramón Torres, respecto a los abonos en los trenes de alta velocidad, fue la siguiente (literal):
'Renfe Operadora tiene actualmente en vigor, dependiendo del producto comercializado, los siguientes abonos:
Producto AVE larga distancia:
Abono 10 Talgo Málaga. Sus precios son:
Año 2005: Turista, 400 euros; preferente, 600 euros.
Teniendo en cuenta que el precio medio (trenes valle y llano) de la clase turista para el trayecto Madrid-Málaga es
de 53 euros y el de la clase preferente de 79,5 euros por viaje, y que el abono permite efectuar 10 viajes, el descuento aplicado por el abono es del 24,52 por ciento.
Producto AVE media distancia:
En el producto AVE media distancia existen actualmente tres tipos de abonos:
Tarjeta plus (aplicable a las relaciones Madrid-Puertollano y viceversa y Córdoba-Sevilla y Viceversa).
Tarjeta global plus (aplicable a la relación Ciudad Real-Puertollano y viceversa).
Abono mensual estudiantes (aplicable a la relación Ciudad Real-Puertollano y viceversa).
Los porcentajes de descuento en relación con la tarifa general varían en función del tipo de abono, del trayecto y del número de viajes. Se recogen a continuación algunos ejemplos significativos.
Tarjeta plus (clase turista):
Madrid-Ciudad Real.
Los descuentos oscilan entre el 29,82 por ciento de la tarjeta plus de 20 viajes y el 56,14 por ciento en la de 50 viajes.
Madrid-Puertollano.
Los descuentos oscilan entre el 28,99 por ciento para 20 viajes y el 55,3 por ciento para 50 viajes.
Ciudad Real-Puertollano.
20 viajes: 29,76 por ciento de descuento.
50 viajes: 56,19 por ciento de descuento.
Córdoba-Sevilla.
20 viajes: 29,30 por ciento de descuento.
50 viajes: 55,78 por ciento de descuento.
Tarjeta global mensual (clase turista):
Ciudad Real-Puertollano.
58,33 por ciento de descuento (calculado sobre 60 viajes mensuales).
Abono mensual L-V estudiantes (clase turista):
Ciudad Real-Puertollano.
54,17 por ciento de descuento (calculado sobre 40 viajes mensuales de lunes a viernes).'
De todo ello se desprende que todos los trayectos existentes actualmente tienen previsto algún tipo de abono, excepto el tan mencionado Madrid-Lleida. Desde la puesta en marcha de este trayecto, tanto los usuarios como asociaciones de
empresarios, ayuntamientos y distintas instituciones han venido a reivindicar una rebaja en el precio del billete, así como la implantación de abonos multiviajes. A la vista de la existencia de abonos en los otros trayectos de alta velocidad
existentes, dicha reivindicación no sólo es posible, sino que, además, es escrupulosa con el principio de igualdad entre todos los ciudadanos del Estado Español que predica el artículo 14 de la Constitución Española.
Es por ello que se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a, en un plazo de tres meses:
1. Rebajar el precio del billete del trayecto del AVE Madrid-Lleida, a fin de que el coste de euros/kilómetro sea igual al de los otros trayectos de alta velocidad existentes actualmente.
2. Implantar abonos de descuento para los usuarios habituales del trayecto del AVE Madrid-Lleida, equivalentes a los que vienen disfrutando los usuarios de los otros trenes de alta velocidad.
3. Implantar abonos de descuento para los usuarios habituales del trayecto Zaragoza-Lleida, equivalentes, entre otros, a los que vienen disfrutando los usuarios de los trayectos Madrid-Ciudad Real, Ciudad Real-Puertollano y Córdoba-Sevilla.
4. Con independencia y además de la reducción prevista en el apartado uno, reduzca temporalmente el precio del billete del trayecto Madrid-Lleida, hasta tanto no se solucionen las deficiencias técnicas del trayecto y éste no circule a la
velocidad prevista de 350 kilómetros/hora.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de noviembre de 2005.-Jordi Ramón Torres, Diputado.-Joan Puigcercós i Boixassa, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).
161/001346
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia del Diputado Joan Tardà i Coma y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la línea 7
de cercanías de RENFE en Barcelona para su debate en Comisión.
En el año 2005 se ha puesto en funcionamiento la línea 7 de cercanías de Barcelona. Esta nueva línea de pasajeros transcurre por la que conecta Martorell con Cerdanyola UAB y hasta el momento sólo da servicio de mercancías.
La puesta en servicio de la línea asume una reivindicación histórica de los municipios de Rubí, Sant Cugat
del Vallés y los municipios del Baix Llobregat que pretendían la mejora de la conexión con los municipios del Vallés y con la Universitat Autònoma de Barcelona.
Pero el actual servicio de la línea 7 de cercanías no cumple las expectativas creadas, ya que ofrece servicio desde Martorell hasta L'Hospitalet, pero no abarca los municipios del Baix Llobregat comprendidos entre estas dos poblaciones.
Ello obliga a la población de estos municipios a hacer trasbordos con importantes esperas en la estación de Castellbisbal al no existir una optimización de horarios.
Por lo tanto, ha sido cumplida sólo parcialmente la reivindicación del Baix Llobregat respecto a las comunicaciones con la Universitat Autònoma de Barcelona, que es uno de los destinos con más usuarios/as y uno de los servicios más
reclamados históricamente dada la diferencia de tiempo utilizado entre el transporte privado (veinte minutos) y el uso de RENFE (una hora).
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
Realizar los trámites necesarios para convertir la línea 7 de cercanías de Barcelona de RENFE en una línea circular cubriendo el tramo, actualmente sin servicio de esta línea, entre L'Hospitalet de Llobregat y Rubí, a través del enlace de El
Papiol.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre de 2005.-Joan Tardà i Coma, Diputado.-Joan Puigcercós i Boixassa, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/001338
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada María Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa
a medidas para garantizar un precio mínimo por la leche, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
Entre los problemas con los que se encuentra el sector ganadero y concretamente los productores de leche está la disparidad de precios existente y que provocan agravios comparativos y discriminación en el propio sector. Este desequilibrio
en los precios no está originado por la calidad de la leche sino que es consecuencia de la distribución de la cuota y el control que la industria tiene sobre la producción puesto que le permite imponer el precio al productor, sin que este pueda
hacer nada para mejorar la oferta, a pesar de que exista mejor precio en el mercado.
Se da la paradoja de que cuanto más pequeña sea la explotación menor es el precio que se le ofrece. Esta circunstancia, nos hace pensar, ya que no existe ninguna acción del gobierno orientada a corregir estas diferencias, que la disparidad
de precios y la discriminación que generan persiguen de explotaciones.
Por otro ese desequilibrio en los precios no tiene reflejo en el correspondiente itinerario de su comercialización ya que el precio que llega al consumidor se decide atendiendo a cuestiones de mercado pero nunca teniendo en cuenta las
circunstancias derivadas del precio en origen.
Preocupándonos por el precio de la leche nos estamos interesando por un producto de primera necesidad que debería contar con una determinada 'protección' por parte de las Administraciones, pero también nos estamos preocupando por un sector
de la agricultura que sufrió grandes recortes como consecuencia de la política agraria común, cerrando miles de explotaciones y expulsando del sector agrario a miles de puestos de trabajo que como en el caso de Galicia no fueron absorbidos por el
sector industrial o de servicios sino que pasaron engrosar la lista del paro.
En este sentido cabe recordar que en el período 2002/2003 el número de explotaciones a nivel de todo el Estado se situaba en 44.934, es decir, 4.035 menos que en el período 2001/2002 , de ellas 2.340 en Galicia, es decir el 57,4%.
No dudamos de que las medidas del Plan de Recuperación del Sector Lácteo aprobadas por el gobierno tengan como objetivo paliar la continua sangría del sector, concretamente las que se refieren a la reasignación de cuota 'corrigiendo las
consecuencia que un mercado desordenado y poco transparente había producido en la estructura de la distribución de cuota entre las explotaciones', pero tenemos serias dudas de su eficacia puesto que si continua el control de la industria sobre los
productores y por lo tanto la misma política de imposición de precios, se pueda lograr el cambio generacional y el asentamiento de jóvenes en el sector rural que ha anunciado la Ministra.
Teniendo en cuenta que el sector lácteo es proveedor de un producto de primera necesidad en nuestra sociedad y representa dentro del sector agrario una parte fundamental de la generación de empleo, es decir, la garantía de asentamiento de
población en el medio rural es por lo que se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Convocar la Mesa de precios de la leche de inmediato con los siguientes objetivos, entre otros, de consideración del sector:
a) Garantizar un precio justo para los productores y productoras.
b) Estabilizar un precio en todo el sector de tal manera que se corrijan las discriminaciones de precios que existen por la imposición del precio de la industria.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de noviembre de 2005.-María Olaia Fernández Davila, Diputada y Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
161/001345
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la creación de un fondo de
garantía para el gasóleo profesional del sector pesquero para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
Las medidas adoptadas hasta este momento para paliar la crisis del gasoil no han tenido los efectos esperados, y el sector continúa inmerso en una crisis que está ocasionando la perdida continua de unidades por abandono de la actividad
consecuencia de la falta de rentabilidad.
Por otra parte los precios del gasoil se mantienen estables en unos valores altos que no inducen a pensar en su reducción ni en su regreso a los que tenían en un pasado reciente.
La actividad pesquera independientemente de su contribución al PIB, tiene un efecto social importante al concentrarse esta en determinadas poblaciones que viven dependientes de la pesca, sin tener oportunidad de alternar esta actividad con
otras que pudieran compensar la falta de ingresos por la crisis que atraviesa.
A la vista de esta situación de carácter estructural se hace necesario promover un sistema que garantice un precio estable del gasoil y a su vez vea reducido su importe actual, lo que requiere la contribución de la Administración General del
Estado para su creación y la realización de aportaciones al mismo con el fin de conseguir los objetivos indicados, y así garantizar la estabilidad de los pescadores y en consecuencia la de las poblaciones costeras dependientes de la pesca.
Es por ello, que el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1.º Promover la creación de un fondo de garantía para el sector pesquero que permita la compra de gasóleo profesional en condiciones de mayor estabilidad y por debajo de los precios actuales.
2.º Crear como medida específica de negociación dentro del Plan de reactivación del sector pesquero la ''mesa del fondo de garantía'', con la finalidad fundamental de precisar la contribución de las partes a dicho fondo.
3.º Adoptar medidas tendentes a considerar la gasolina a efectos fiscales como combustible profesional.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de noviembre de 2005.-Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Medio Ambiente
161/001333
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta para su discusión en la
Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados, una siguiente Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a la adquisición de espacios litorales amenazados de las Illes Balears.
Antecedentes
Desde los años 1960, la costa de las Illes Balears ha sido objeto del asentamiento de muchos procesos urbanizadores y edificatorios, al amparo del crecimiento de la oferta residencial y de la turística. Resultan innegables los impactos
paisajísticos causados, amén de muchos otros, positivos y negativos.
Resulta obvio que la principal actividad económica y social de las Illes Balears es el turismo, atraído principalmente por su costa y su paisaje.
Se entiende que para asegurar un futuro próspero en este sentido es estratégica una política
de conservación de la costa y de la preservación de sus amenazas más directas.
Hoy en día diversos emplazamientos costeros de las Illes Balears se encuentran amenazados por procesos urbanísticos y/o edificatorios y existe una presión social para que esto no ocurra, a parte de otras consideraciones estratégicas.
Tristemente, todavía existen planeamientos de ordenación territorial -municipales o
insulares- que recogen desarrollos costeros y, por otra parte, también se da el hecho de la existencia de procesos consolidados desde hace tiempo.
Esta circunstancia hace más difícil intervenir a la administración local, insular o balear en
la reversión de esos procesos.
Por otra parte, históricamente el Estado español no ha invertido en la compra de terrenos (amenazados o no; o a través de peticiones de administraciones insulares o locales) en las Illes Balears. Así, los ejemplos de esta actuación son muy
pocos. El caso más flagrante es de las islas de Eivissa y de Formentera, donde ninguna administración estatal ha comprado ni un m2 de terreno.
Además hay que tener en cuenta a favor de esta proposición no de ley, el resultado negativo de la balanza fiscal entre las Illes Balears y el Estado. Por lo tanto, resultaría un ejercicio de justicia parcial que el Estado invirtiera en la
adquisición de los terrenos que se proponen en esta Proposición no de Ley.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'1. El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Medio Ambiente a iniciar los trámites administrativos tendentes a la adquisición de los espacios litorales amenazados de las Illes Balears que se detallan en el anejo para
salvaguardarlos de su desaparición o modificación, proteger sus valores y poder ponerlos a disposición del uso público.
2. El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Medio Ambiente a establecer los pertinentes contactos con las administraciones locales donde se asientan los espacios en cuestión con el fin de recabar la información precisa para
concretar su adquisición.
3. El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Medio Ambiente a habilitar una partida finalista en sus Presupuestos del ejercicio de 2006 para hacer frente a las adquisiciones propuestas.
4. El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Medio Ambiente a realizar las adquisiciones según las finalidades siguientes.
a) Su salvaguarda de procesos que puedan hacer que desaparezcan o se desvirtúen.
b) Después de la finalización del proceso de adquisición, el Ministerio de Medio Ambiente procederá a establecer convenios de colaboración con la Consejería de Medio Ambiente del Govern de les Illes Balears para realizar y sufragar los
consecuentes planes especiales para su recuperación, dinamización y, en la medida de lo posible, su disfrute público.'
ANEJO
Isla,Nombre,Localización,Situación actual, Eivissa.,Es Prat de Vila o ses Feixes des Prat de Vila.,T. M. de Eivissa.,Clasificación de suelo urbano según el PGOU de 1987 y la revisión de 2005., Eivissa.,Benirràs.,T. M. de Sant Joan de
Labritja.,Clasificación de suelo urbanizable según el avance de las normas subsidiarias de planeamiento de 2005., Eivissa.,Ses Variades.,T. M. de Sant Antoni de Portmany.,Clasificación de suelo urbano según el PGOU de 1987., Formentera.,Es Ca
Marí.,T. M. de Formentera.,Suelo rústico común pero amenazado por la instalación de un camping., Mallorca.,Hotel Don Pedro.,Pollença.,Edificio en suelo urbano de Cala Sant Vicenç afectado por el dominio público marítimo-terrestre e incluido en un
área de reconversión territorial del Plan Territorial de Mallorca,, Mallorca.,Muleta II.,Soller.,Clasificación formal como suelo urbano en el PGOU de 29 de julio de 1998. Sin ejecutar.,
Isla,Nombre,Localización,Situación actual, Mallorca.,Cala Blanca.,Andratx.,Suelo urbanizable de Biniorella. PGOU 1976. Sin ejecutar., Mallorca.,Cala Carbó.,Pollença.,Clasificación como suelo urbano, afectado por un área de reconversión
territorial del Plan Territorial de Mallorca.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2005.--Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/001341
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada María Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa
a Proyecto del Colector General de Saneamiento del río Louro, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
La Confederación Hidrográfica del Norte, realiza en la actualidad las obras del Colector General de Saneamiento del río Louro, que da servicio a los ayuntamientos de Mos, O Porriño, Salceda de Caselas y Tui.
De mantenerse el proyecto actual de las obras de este colector, que tiene previsto su puesta en funcionamiento para el año 2006, no dará servicio a las zonas rurales, concretamente a distintas parroquias del ayuntamiento de O Porriño, donde
viven más de 9.000 personas, más de la mitad de la población de este municipio.
Es por lo que se considera necesario que la Confederación Hidrográfica y el Ministerio de Medio Ambiente, asuman la realización de las obras de los colectores secundarios necesarios para conectar el colector principal con los núcleos rurales
de las parroquias de Budiño, Atios, Cans, Torneiros, Pontellas e Mosende.
Desde el Ayuntamiento de O Porriño se tienen efectuadas negociaciones con los responsables de la Confederación Hidrográfica del Norte para que se lleven a cabo las actuaciones mencionadas sin que hasta el momento se conozca alguna respuesta
al respecto, por lo que se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Dado que está considerado como de interés general el Proyecto del Colector General de Saneamiento del Río Louro, la Confederación Hidrográfica del Norte y el Ministerio de Medio Ambiente asuman la realización de obra de los colectores
secundarios necesarios para su conexión con el colector principal del proyecto mencionado, a fin de resolver los problemas y condiciones de saneamiento de las parroquias de Budiño, Atios, Cans, Torneiros, Pontellas y Mosende en el ayuntamiento de O
Porriño.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de noviembre de 2005.-María Olaia Fernández Davila, Diputada y Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
161/001347
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley para que se tomen las medidas legales oportunas con el fin de que se respete la Directiva 92/43/CEE, para que sea tramitada en la Comisión de Medio Ambiente.
Exposición de motivos
La Isla del Colegio, colindante con el río Henares, Municipio de Alcalá de Henares (Madrid), forma parte de un ecosistema de alto valor ecológico, incluido por la Comunidad de Madrid en las propuestas para declarar zona LIC por la Unión
Europea y enviada como tal por el Gobierno español. Esta zona se encuentra dentro de los límites establecidos por la Directiva 92/43/CE en su artículo 6, apartado 3, de protección de los hábitats.
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares tiene previsto construir un parque ferial y una estación de autobuses, cofinanciado con los fondos FEDER ob2, en el citado espacio, sin la preceptiva evaluación ambiental. Esta decisión repercutirá
negativamente en el espacio natural de la ribera del Henares.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Medio Ambiente a que, en el marco de las relaciones entre Administraciones que prevé la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se interese ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma de Madrid por la evaluación del impacto ambiental de los proyectos de construcción de un parque ferial y de una estación de autobuses en Alcalá de Henares.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre de 2005.-Dolores García-Hierro Caraballo, Diputada.-Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso.
161/001348
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición
no de Ley en relación al Programa de adquisición de fincas en la zona costera del Mediterráneo del Ministerio de Medio Ambiente, para su debate en la Comisión de Medio Ambiente.
Exposición de motivos
El Ministerio de Medio Ambiente ha anunciado un ambicioso programa para la adquisición de fincas en la zona costera del Mediterráneo, con el fin de reforzar la protección de la costa, mediante la incorporación al dominio público
marítimo-terrestre de nuevos espacios colindantes con el mismo.
Dicho programa, según el Ministerio, se realizará a partir de la colaboración de la administración autonómica y de los municipios involucrados, y siempre buscando el máximo acuerdo con los propietarios afectados, de tal manera que la
posterior gestión de los espacios pueda realizarse por organizaciones ambientales e instituciones locales.
El Ministerio ha informado que para llevar a término estas actuaciones, la Dirección General de Costas mantendrá los contactos necesarios con las distintas administraciones autonómicas y locales, con el objeto de ir identificando y
priorizando las áreas susceptibles de adquisición, esencialmente en función de su interés natural y paisajístico, de su necesidad para controlar o limitar los efectos de la regresión litoral, de las amenazas de procesos urbanizadores sobre espacios
sostenibles de la costa, y siempre considerando la viabilidad de su gestión posterior, de forma que favorezca un desarrollo más sostenible de la zona.
El mencionado programa ha causado un gran interés en les Illes Balears, ya que como todas las islas se caracterizan por tener un territorio y paisaje frágil y, por ello, muy vulnerable, lo que demanda especiales cuidados e iniciativas. En
este sentido cabe citar, además, que las Illes Balears debido a que su principal actividad es la turística ha sufrido una sobreexplotación de la zona costera, sobre todo por la masiva construcción llevada a término en una gran parte de la misma, con
el consiguiente deterioro que ello acarrea. Por tal motivo es indudable que en el nuevo programa del Ministerio, les Illes Balears, atendiendo a sus especiales características, debieran de ser uno de los objetivos prioritarios.
Sin duda con dicho programa se puede facilitar la protección y adecuada conservación de zonas de gran valor ecológico, paisajístico o natural como Ses Feixes (Eivissa), Maristany (Alcudia), Es Canons, Sa Canova y Sa Duvaia (Arta), Cala Carbó
(Pollensa), Ca Marí (Formentera), o Platges de Fornells (Mercadal).
Por tal motivo, sin perjuicio de las conversaciones a mantener con la Comunidad Autónoma de les Illes Balears y con cualesquiera otros Ayuntamientos interesados, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
1. Las Illes Balears, debido a sus especiales características, sean uno de los objetivos prioritarios en el nuevo programa de adquisición de fincas lanzado por el Ministerio de Medio Ambiente.
2. La Dirección General de Costas inicie o continúe los contactos y conversaciones con los Ayuntamientos de Eivissa, Alcudia, Pollensa, Arta, Formentera y Mercadal con el fin de analizar las posibilidades de adquirir las fincas mencionadas
en la parte expositiva de dicha Proposición no de Ley.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de noviembre de 2005.-Francesc Antich Oliver, Diputado.-Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso.
161/001349
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley para su debate en la Comisión de Medio Ambiente.
Exposición de motivos
La comarca de Sevilla del bajo Guadalquivir cuenta con un gran número de poblaciones que dependen económicamente de la agricultura. Algunas de estas localidades están unidas por carreteras y caminos pertenecientes a la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir. El buen estado de estas vías de comunicación es imprescindible para el buen desarrollo socio-económico de sus habitantes.
En consecuencia con lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate y votación.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a transferir las carreteras y caminos pertenecientes a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y su gestión y mantenimiento de acuerdo con la Comunidad Autónoma de Andalucía, las
Diputaciones Provinciales y, en su caso, los Ayuntamientos, en función de la categoría e interés de estas infraestructuras viarias, a fin de adoptar las características de las mismas a la nueva funcionalidad social que han pasado a cumplir, distinta
de aquella para la que inicialmente habían sido diseñadas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre de 2005.-Emilio Amuedo Moral, Diputado.-Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/001330
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, los grupos parlamentarios abajo firmantes, presentan la siguiente Proposición no de Ley sobre la Cumbre de la Organización Mundial del Comercio (OMC), para su debate en Comisión de
Cooperación Internacional al Desarrollo.
Exposición de motivos
En la Declaración Ministerial aprobada durante la Cumbre de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2001, todos los países miembros reconocieron la función que puede desempeñar el comercio internacional en cuanto a la promoción del
desarrollo económico y el alivio de la pobreza, y asumieron el compromiso de adoptar medidas que permitieran a los países más pobres beneficiarse del aumento de las oportunidades y los avances del bienestar que genera el sistema multilateral del
comercio.
En 2020 la población del mundo en desarrollo se habrá incrementado unos mil millones de personas. Más de dos tercios de la población económicamente activa vivirá en los países que hoy son pobres y necesitará medios de vida y empleos dignos.
Es necesario lograr que las normas de la OMC sean normas justas y hacer del comercio una herramienta para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Durante 2005 organizaciones sociales de todo el mundo, que representan en conjunto a más de 150 millones de personas, han participado en diferentes actos y movilizaciones solicitando medidas concretas para la erradicación de la miseria y el
hambre, como el incremento de la ayuda oficial al desarrollo y unas reglas justas en el comercio internacional.
El día 17 de octubre, con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, el Secretario General de las Naciones Unidas, Kofin Annan, recordó que en la actualidad hay cerca de 800 millones de personas que sufren hambre y
malnutrición crónicas, y 300.000 niños que mueren diariamente por causas directamente relacionadas con la pobreza.
Asimismo recordó que en septiembre de 2005, durante la 60.ª Asamblea de las Naciones Unidas, los países desarrollados convinieron en
prestar apoyo a las iniciativas de los países en desarrollo mediante el aumento de la asistencia para el desarrollo, la prestación de apoyo a los acuerdos sobre el alivio de la deuda en favor de algunos de los países más pobres del mundo y la
adopción de medidas para asegurar que el comercio desempeñe de modo pleno su papel de promotor del crecimiento económico, el empleo y el desarrollo para todos.
Cada uno de nosotros, en el marco de nuestra actuación y responsabilidad, debemos participar en la resolución de estos problemas y en la construcción de un mundo más justo. El Congreso de los Diputados y los grupos parlamentarios debemos
seguir implicándonos también en estas cuestiones como representantes que somos, en esta Cámara, de la voz de la sociedad española y asegurarnos que se cumplen los compromisos asumidos por el Gobierno español.
En coherencia con lo anteriormente expuesto, y ante la próxima Cumbre Ministerial de la OMC en Hong Kong el próximo mes de diciembre de 2005, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados constata la influencia que tiene la Organización Mundial del Comercio (OMC), como órgano regulador del comercio mundial, en la vida de millones de personas en el mundo, sobre todo aquéllas que viven en los
países más pobres. Las
reglas de esta Institución determinan aspectos cotidianos como la comercialización de alimentos o el acceso a medicamentos.
Asimismo constata la estrecha vinculación que existe entre el comercio internacional y la lucha contra la pobreza, como lo prueba el hecho de que aumentando tan sólo un 1 % de las exportaciones de África, Asia y América Latina, 128 millones
de personas dejarían de ser pobres; y, en concreto, este mismo incremento en África Subsahariana haría que la región pudiera alcanzar por sí sola los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Ante esta situación, el Congreso de los Diputados está convencido de la importancia que tiene la próxima Cumbre de la OMC, que tendrá lugar en Hong Kong del 14 al 18 de diciembre próximo para dilucidar cuestiones que afectan a los países más
pobres.
Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que, en el seno de la próxima Cumbre Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC):
1. Promueva y apoye un acuerdo comercial que genere mayores oportunidades de empleo y comercio en todos los países en desarrollo, avanzados y menos avanzados, y permita a los países menos adelantados beneficiarse del aumento de las
oportunidades y avances del bienestar que genera el sistema multilateral del comercio, tal y como se reconoció en la Declaración Ministerial de Doha, adoptada en la Cumbre de la OMC de 2001. España trabajará para lograr un acuerdo de este tipo en
agricultura, el acceso a mercados para productos no agrarios y los servicios, garantizando en este último caso servicios básicos públicos para la población, tales como la educación, la salud y el acceso a medicamentos más esenciales para luchar
contra enfermedades tan graves como el Sida o la malaria, y la provisión de agua potable.
2. En particular, España debe promover en el seno de la Unión Europea una reforma de las políticas agrarias que, sin arriesgar la protección del medio rural español, garantice mayores oportunidades para los campesinos del mundo en
desarrollo.
3. Apoye y promueva la inclusión y participación en la Cumbre de representantes de la sociedad civil y agentes sociales, así como del Parlamento español, de acuerdo con las normas y los mecanismos que al efecto están establecidos por dicha
Cumbre.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 2005.-Los Portavoces de los Grupos Parlamentarios de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de Esquerra Republicana (ERC), del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV), de Coalición Canaria-Nueva Canarias y Mixto, Francisco Rodríguez Sánchez, José Antonio Labordeta Subías y Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputados.
161/001337
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la
Comisión de Cooperación Internacional al Desarrollo del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley relativa a la Cumbre de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Antecedentes
En la Declaración Ministerial aprobada durante la Cumbre de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2001, todos los países miembros reconocieron la función que puede desempeñar el comercio internacional en cuanto a la promoción del
desarrollo económico y el alivio de la pobreza, y asumieron el compromiso de adoptar medidas que permitieran a los países más pobres beneficiarse del aumento de las oportunidades y los avances del bienestar que genera el sistema multilateral del
comercio.
En 2020 la población del mundo en desarrollo se habrá incrementado unos mil millones de personas. Más de dos tercios de la población económicamente activa vivirá en los países que hoy son pobres y necesitará medios de vida y empleos dignos.
Es necesario lograr que las normas de la OMC sean normas justas y hacer del comercio una herramienta para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Durante 2005 organizaciones sociales de todo el mundo, que representan en conjunto a más de 150 millones de personas, han participado en diferentes actos y movilizaciones solicitando medidas concretas para la erradicación de la miseria y el
hambre, como el incremento de la ayuda oficial al desarrollo y unas reglas justas en el comercio internacional.
El día 17 de octubre, con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, el Secretario General de las Naciones Unidas, Kofin Annan, recordó que en la actualidad hay cerca de 800 millones de personas que sufren hambre y
malnutrición crónicas, y 300.000 niños que mueren diariamente por causas directamente relacionadas con la pobreza.
Asimismo recordó que en septiembre de 2005, durante la 60.ª Asamblea de las Naciones Unidas, los países desarrollados convinieron en
prestar apoyo a las iniciativas de los países en desarrollo mediante el aumento de la asistencia para el desarrollo, la prestación de apoyo a los acuerdos sobre el alivio de la deuda en favor de algunos de los países más pobres del mundo y la
adopción de medidas para asegurar que el comercio desempeñe de modo pleno su papel de promotor del crecimiento económico, el empleo y el desarrollo para todos.
Cada uno de nosotros, en el marco de nuestra actuación y responsabilidad, debemos participar en la resolución de estos problemas y en la construcción de un mundo más justo. El Congreso de los Diputados y los grupos parlamentarios debemos
seguir implicándonos también en estas cuestiones como representantes que somos, en esta Cámara, de la voz de la sociedad española y asegurarnos que se cumplen los compromisos asumidos por el Gobierno español.
En coherencia con lo anteriormente expuesto, y ante la próxima Cumbre Ministerial de la OMC en Hong Kong el próximo mes de diciembre de 2005, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados constata la influencia que tiene la Organización Mundial del Comercio (OMC), como órgano regulador del comercio mundial, en la vida de millones de personas en el mundo, sobre todo aquéllas que viven en los
países más pobres. Las reglas de esta Institución determinan aspectos cotidianos como la comercialización de alimentos o el acceso a medicamentos.
Asimismo constata la estrecha vinculación que existe entre el comercio internacional y la lucha contra la pobreza, como lo prueba el hecho de que aumentando tan sólo un 1 % de las exportaciones de África, Asia y América Latina, 128 millones
de personas dejarían de ser pobres; y, en concreto, este mismo incremento en África Subsahariana haría que la región pudiera alcanzar por sí sola los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Ante esta situación, el Congreso de los Diputados está convencido de la importancia que tiene la próxima Cumbre de la OMC, que tendrá lugar en Hong Kong del 14 al 18 de diciembre próximo para dilucidar cuestiones que afectan a los países más
pobres.
Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que, en el seno de la próxima Cumbre Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC):
1. Promueva y apoye un acuerdo comercial que genere mayores oportunidades de empleo y comercio en todos los países en desarrollo, avanzados y menos avanzados, y permita a los países menos adelantados beneficiarse del aumento de las
oportunidades y avances del bienestar que genera el sistema multilateral del comercio, tal y como se reconoció en la Declaración Ministerial de Doha, adoptada en la Cumbre de la OMC de 2001.
España trabajará para lograr un acuerdo de este tipo en
agricultura, el acceso a mercados para productos no agrarios y los servicios, garantizando en este último caso servicios básicos públicos para la población, tales como la educación, la salud y el acceso a medicamentos más esenciales para luchar
contra enfermedades tan graves como el Sida o la malaria, y la provisión de agua potable.
2. En particular, España debe promover en el seno de la Unión Europea una reforma de las políticas agrarias que, sin arriesgar la protección del medio rural español, garantice mayores oportunidades para los campesinos del mundo en
desarrollo.
3. Apoye y promueva la inclusión y participación en la Cumbre de representantes de la sociedad civil y agentes sociales, así como del Parlamento español, de acuerdo con las normas y los mecanismos que al efecto están establecidos por dicha
Cumbre.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de noviembre de 2005.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/001350
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta para su discusión en la
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a apoyar la transparencia de las industrias extractivas.
Antecedentes
Las industrias del petróleo, del gas y de la minería son una de las principales actividades económicas en más de 50 países en desarrollo, donde viven aproximadamente 3,5 billones de personas, 1,5 billones de las cuales con menos de 2 dólares
diarios. A pesar de contar con valiosos recursos naturales, 12 de los países cuyos ingresos provienen en mayor medida de las industrias mineras y 6 de los países que dependen principalmente de las industrias petroleras están clasificados por el
Banco Mundial como 'países pobres muy endeudados' y por el PNUD como países con uno de los índices de Desarrollo Humano más bajos del mundo.
Las rentas procedentes de las industrias extractoras de recursos naturales son pagadas a los gobiernos de estos países a través de impuestos, derechos y otro tipo de pagos. Sin embargo, la falta de medidas de promoción de la transparencia
en estas prácticas hace que como norma habitual ni los gobiernos ni sus agentes estatales, se vean obligados a dar cuenta de la gestión de los recursos obtenidos a las instituciones democráticas, a los parlamentos, y a los ciudadanos, desviando
dichos fondos hacia conceptos que no son prioritarios para la lucha contra la pobreza extrema de estas poblaciones. A excepción de algunas iniciativa, ni los gobiernos,
ni las empresas extractoras publican información sobre los ingresos percibidos y los pagos efectuados, respectivamente, por la explotación de los recursos naturales.
Esta situación, la falta de transparencia en esta materia, favorece la corrupción, la enajenación de los fondos y el fraude en países en desarrollo ricos en recursos naturales, y convierte además, a las compañías en cómplices de ello.
Existe actualmente un amplio consenso en la comunidad internacional, a favor de impulsar la transparencia como instrumento para promover el crecimiento económico, el buen gobierno y la disminución de la pobreza a escala mundial. El
llamamiento se hace extensible a las empresas pues para ellas también supondría beneficios. Mejorarían su responsabilidad social empresarial al hacer desaparecer, por la vía de publicitar los pagos, la posibilidad de estar participando directa o
indirectamente en prácticas corruptas.
Son numerosas las iniciativas internacionales que promueven la transparencia de estas transacciones y entre ellas podría citarse: la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, el Pacto Mundial propuesto por el Secretario de la ONU
en el año 2000, las declaraciones del G8 respecto a la lucha contra la corrupción en 2003, o la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la armonización de los requisitos de transparencia relativos a la información sobre los emisores
cuyos valores se admiten a negociación en un mercado regulado y por la que se modifica la Directiva 2001/43/CE.
En este mismo contexto cabría señalar la iniciativa promovida por el Gobierno Británico, anunciada por el Primer Ministro Tony Blair en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de Johannesburg en septiembre de 2002, para alentar a las
compañías y a los gobiernos a publicar sus gastos y sus ingresos conocida como EITI (Extractive Industries Transparency Iniciative) o ITIE en castellano (Iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas) a la que se han sumado
numerosos países, organizaciones y empresas.
Los objetivos de la ITIE y de otras iniciativas de impulso a la transparencia, concuerdan perfectamente con los objetivos actuales de la política exterior española de cooperación al desarrollo, ya que pretenden promover la democracia, luchar
contra la corrupción y, en definitiva, luchar contra la pobreza.
Por ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
-Apoyar las iniciativas multilaterales de impulso a la transparencia informativa sobre los ingresos y los pagos derivados de la explotación de recursos naturales, en concreto a apoyar la ITIE e informar a las empresas españolas del
compromiso del Gobierno respecto a dichas iniciativas.
-Efectuar aportaciones económicas al Fondo creado por la ITIE y a iniciarlas con cargo a los presupuestos para el 2006.
-Promover entre las empresas españolas la adhesión a la ITIE.
-Requerir la transparencia informativa como condición para todo tipo de asistencia, financiera o técnica, o de ayuda al desarrollo prestada por el Gobierno español a países ricos en recursos y no transparentes.
-Impulsar la adopción de la condición de transparencia tanto a empresas como a gobiernos, en los órganos multilaterales que prestan asistencia o ayuda a estos países.
-Impulsar en el marco estatal, europeo e internacional el establecimiento de normativas que exijan a las empresas extractivas la publicación de los pagos efectuados en los países en los que operan.
-Modificar la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, para exigir a las empresas extractivas cotizadas en bolsa la publicación de todos los pagos realizados a los gobiernos de los países donde están presentes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2005.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convèrgencia i Unió).
INTERPELACIONES
Ordinarias
170/000001
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Renuncia a la tramitación de su interpelación sobre la desorbitada subida del precio del gas.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por decaída la citada iniciativa, de conformidad con lo dispuesto en el apartado séptimo de la Resolución de la Presidencia para desarrollo de los artículos 180 a 184, en relación con el artículo
67.4 del Reglamento, acerca de interpelaciones, de 6 de septiembre de 1983, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2005.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2005.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Comisión de Justicia
181/001453
Grupo Parlamentario Popular
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Justicia.
Diputado don Juan M. Santaella Porras.
Texto:
¿Qué medidas se piensan adoptar por el Ministerio de Justicia en orden al compromiso de poner en marcha un plan de choque que ponga la Justicia al día?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de noviembre de 2005.-Juan M.
Santaella Porras, Diputado.
181/001454
Grupo Parlamentario Popular
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Justicia.
Diputado don Juan M. Santaella Porras.
Texto:
¿Cuándo piensa el Ministerio de Justicia exigir el cumplimiento estricto de los plazos legales en todos los procedimientos y la responsabilidad del Estado por las dilaciones indebidas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de noviembre de 2005.-Juan M.
Santaella Porras, Diputado.
181/001455
Grupo Parlamentario Popular
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Justicia.
Diputado don Juan M. Santaella Porras.
Texto:
¿Cómo el Ministerio promoverá la resolución de conflictos antes del juicio mediante mecanismos de conciliación, mediación y arbitraje?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de noviembre de 2005.-Juan M.
Santaella Porras, Diputado.
181/001456
Grupo Parlamentario Popular
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Justicia.
Diputado don Juan M. Santaella Porras.
Texto:
¿Cuándo revisará el Ministerio de Justicia el Plan de Estudios de la Escuela Judicial para mejorar la formación que imparte?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de noviembre de 2005.-Juan M.
Santaella Porras, Diputado.
181/001457
Grupo Parlamentario Popular
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Justicia.
Diputado don Juan M. Santaella Porras.
Texto:
¿Cuándo y de qué manera va a establecer el Ministerio de Justicia mecanismos legales precisos para posibilitar, en las debidas condiciones, el trasvase directo desde la carrera judicial a la fiscal, y viceversa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de noviembre de 2005.-Juan M.
Santaella Porras, Diputado.
181/001458
Grupo Parlamentario Popular
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Justicia.
Diputado don Juan M. Santaella Porras.
Texto:
¿Cuándo piensa el Ministerio de Justicia crear un sistema de prestación de asistencia jurídica preventiva y gratuita, con cargo al Estado, para que el ciudadano sin recursos económicos pueda ser asesorado por abogados en cuestiones civiles y
administrativas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de noviembre de 2005.-Juan M.
Santaella Porras, Diputado.
181/001459
Grupo Parlamentario Popular
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Justicia.
Diputado don Juan M. Santaella Porras.
Texto:
¿Cómo piensa el Ministerio de Justicia modificar el sistema de designación de abogado de oficio para que el ciudadano pueda elegir el abogado que le defienda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de noviembre de 2005.-Juan M.
Santaella Porras, Diputado.
181/001460
Grupo Parlamentario Popular
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Justicia.
Diputado don Juan M. Santaella Porras.
Texto:
¿Cuándo establecerá el Ministerio de Justicia un horario de atención al ciudadano de mañana y tarde, y un sistema de cita previa para evitar esperas injustificadas en los Juzgados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de noviembre de 2005.-Juan M.
Santaella Porras, Diputado.
181/001467
Grupo Parlamentario Popular
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Justicia.
Diputada doña María Carmen Matador de Matos.
Texto:
Situación actual del Proyecto para la construcción de un nuevo edificio que albergue la dispersión de los diferentes Juzgados en Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de noviembre de 2005.-María Carmen Matador de Matos, Diputada.
Comisión de Interior
181/001452
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior.
Diputado don Carles Campuzano i Canadés.
Texto:
¿Qué medidas tiene previsto impulsar el Gobierno para garantizar la formación en materia de asilo a los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado encargados de la seguridad de los perímetros fronterizos de Ceuta y Melilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2005.-Carles Campuzano i Canadés, Diputado.
Comisión de Fomento y Vivienda
181/001448
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento y Vivienda
Diputado don Andrés Ayala Sánchez.
Texto:
¿Por qué no ha cubierto la plaza de Consejero General de Seguridad creada por orden ministerial comunicada de 29 de diciembre de 2000?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2005.-Andrés Ayala Sánchez, Diputado.
181/001449
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento y Vivienda.
Diputado don Andrés Ayala Sánchez.
Texto:
¿Cómo se efectúa el seguimiento de las actuaciones del Ministerio de Fomento en materia de seguridad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2005.-Andrés Ayala Sánchez, Diputado.
181/001450
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento y Vivienda.
Diputado don Andrés Ayala Sánchez.
Texto:
¿Cómo se coordina y controla la seguridad de la ejecución de las obras de titularidad del Ministerio de Fomento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2005.-Andrés Ayala Sánchez, Diputado.
181/001451
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento y Vivienda.
Diputado don Andrés Ayala Sánchez.
Texto:
¿Se ha elaborado el informe anual sobre actuaciones del Ministerio de Fomento en materia de seguridad correspondiente al año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2005.-Andrés Ayala Sánchez, Diputado.
Comisión de Industria, Turismo y Comercio
181/001463
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio.
Diputado don Celso Delgado Arce.
Texto:
¿Qué opinión tiene el Gobierno sobre el negativo dato de que en los primeros seis meses de 2005 la inversión extranjera directa bruta total en España registrase una caída del 65,1 % con respecto al mismo período del año anterior?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de noviembre de 2005.-Celso Delgado Arce, Diputado.
181/001464
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio.
Diputado don Celso Delgado Arce.
Texto:
¿Qué opinión tiene el Gobierno sobre el muy negativo dato de que en los primeros seis meses de 2005 la inversión española neta en el exterior descendió un 11 %?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de noviembre de 2005.-Celso Delgado Arce, Diputado.
181/001465
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio.
Diputado don Celso Delgado Arce.
Texto:
¿Considera el Gobierno un buen dato el que el gasto medio por turista en España vuelva a caer el 3,4 % al cierre de 2005 en términos normales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de noviembre de 2005.-Celso Delgado Arce, Diputado.
181/001466
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio.
Diputado don Celso Delgado Arce.
Texto:
¿Qué incidencia han tenido las políticas del Gobierno socialista en la consecución del muy negativo dato de que durante los ocho primeros meses de 2005 la tasa de cobertura comercial se situase en el 66,6 %, 5,4 puntos porcentuales menos que
en los ocho primeros meses de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de noviembre de 2005.-Celso Delgado Arce, Diputado.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
181/001462
Grupo Parlamentario Mixto (BNG)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
Diputada doña Olaia Fernández Davila.
Texto:
¿Cuáles son las razones por las que cinco meses después de que se aprobara en el Congreso una Proposición no de Ley en la que se instaba al Gobierno, de manera urgente, a proceder a la eliminación del certificado veterinario creado en virtud
del Real Decreto 3424/2000, continúe en vigor el mencionado certificado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de noviembre de 2005.-Olaia Fernández Davila, Diputada.
Comisión de Medio Ambiente
181/001468
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Medio Ambiente.
Diputada doña Rosa María Bonàs.
Texto:
¿Cree conveniente la Ministra permitir el proyecto de nuevo puerto y dique, que el gobierno balear pretende llevar a cabo en Ciutadella y que comportaría unos graves impactos ambientales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre de 2005.-Rosa María Bonàs Pahisa, Diputada.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
181/001461
Grupo Parlamentario Catalán (Convèrgencia i Unió)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Diputado don Carles Campuzano i Canadés.
Texto:
¿Cuál es la política de la cooperación española de lucha contra la malaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de noviembre de 2005.-Carles Campuzano i Canadés, Diputado.