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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 19, de 21/05/2004
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
VIII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
21 de mayo de 2004
Núm. 19
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
Pleno
051/000002 Composición del Pleno. Altas y bajas ... (Página 5)
Grupos Parlamentarios
010/000009 Composición de los Grupos Parlamentarios. Altas y bajas ...
(Página 6)
Junta de Portavoces
031/000009 Composición de la Junta de Portavoces. Altas y bajas ...
(Página 6)
Comisiones, Subcomisiones y Ponencias
153/000002 Creación de una Comisión no permanente sobre seguridad vial y prevención de accidentes de tráfico ... (Página 7)
153/000003 Creación de una Comisión no permanente para las políticas integrales de la discapacidad ... (Página 7)
158/000002 Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Interior, presentada por los Grupos Parlamentarios Mixto, de Esquerra Republicana (ERC) y de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds,
para el reconocimiento y apoyo de todas las víctimas de todo tipo de terrorismo ... (Página 7)
Personal
299/000003 Personal eventual como Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Socialista. Ceses ...
(Página 8)
299/000005 Personal eventual como Asistente para la atención de la Presidencia de la Comisión de Economía y Hacienda. Nombramiento ...
(Página 9)
Personal eventual como Asistente para la atención de la Presidencia de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales. Nombramiento ... (Página 9)
Reglamento del Congreso y normas complementarias
411/000002 Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados, de 18 de mayo de 2004, por la que se modifica el punto primero de la de 23 de septiembre de 1986, de desarrollo del artículo 113 del Reglamento, sobre designación y
funciones de las Ponencias ... (Página 9)
Control de la acción del Gobierno
Proposiciones no de Ley
Pleno
162/000057 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, para eximir del pago del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a los ex presos
políticos acogidos a la Ley 46/1977, de Amnistía, que no cumplían con los requisitos de la disposición adicional 18.ª de la Ley 4/1990, de Presupuestos Generales del Estado para 1990 ... (Página 10)
162/000058 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la revisión de los acuerdos del Estado con la Santa Sede ... (Página 11)
162/000059 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, por la que se insta al Gobierno a que estudie con la máxima urgencia un trazado alternativo a la
Autopista del Occidente en Asturias, a partir de la Variante de Navia hasta su enlace con la citada infraestructura en la Comunidad Autónoma de Galicia, alejándola de la rasa costera ...
(Página 12)
162/000060 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre medidas para posibilitar a las Comunidades Autónomas la capacidad de recurso a los Tribunales
europeos en materias en las que tengan competencia exclusiva ... (Página 13)
162/000061 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre desarrollo de las medidas recogidas en el documento 'Estrategia española de lucha frente al
cambio climático' aprobado por el Consejo Nacional del Clima ... (Página 14)
162/000062 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la condena de las torturas y tratos inhumanos y degradantes infligidos a ciudadanos y ciudadanas iraquíes por militares de las potencias ocupantes en
Iraq y por particulares por ellas contratados ... (Página 15)
162/000063 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la minería del carbón y los planes a presentar a la Comisión Europea por el Gobierno español en
aplicación del Reglamento (CE) número 1407/2002, del Consejo ... (Página 16)
162/000064 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la adopción de medidas necesarias para aumentar la oferta de vivienda en alquiler y proporcionar mayor seguridad jurídica ...
162/000065 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa al respeto a la identidad del Derecho Civil catalán ... (Página 19)
162/000066 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al reconocimiento de una selección española única en todas las modalidades deportivas para participar en competiciones internacionales
oficiales ... (Página 21)
162/000067 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a facilitar la integración de las federaciones deportivas
autonómicas que así lo decidan en las correspondientes federaciones deportivas internacionales y la participación de sus selecciones en competiciones oficiales ... (Página 21)
162/000068 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, relativa a la aplicación de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) ... (Página 23)
162/000069 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), para garantizar el cumplimiento del Estatuto de Radiotelevisión Española (RTVE) en lo referente al respeto e impulso del pluralismo
cultural y lingüístico del Estado español, así como en la proyección exterior de sus lenguas, culturas y realidades ... (Página 24)
Comisión de Asuntos Exteriores
161/000023 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la revisión de los Acuerdos del Estado con la Santa Sede ... (Página 25)
161/000028 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la condena de las torturas y tratos inhumanos y degradantes infligidos a ciudadanos y ciudadanas iraquíes por militares de las potencias ocupantes en
Iraq y por particulares por ellas contratados ... (Página 27)
161/000029 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la posición activa del Gobierno contra el Plan de Estados Unidos para asfixiar económicamente a Cuba ... (Página 28)
Comisión de Interior
161/000021 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el centro penitenciario de Pamplona (Navarra) ... (Página 29)
Comisión de Defensa
161/000030 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la desmilitarización del aeropuerto de Zaragoza ... (Página 30)
Comisión de Economía y Hacienda
161/000036 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la necesaria adopción por parte del Gobierno de medidas de lucha contra la morosidad en las transacciones comerciales ...
Comisión de Fomento y Vivienda
161/000022 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la creación de un servicio ferroviario de cercanías entre Ferrol y A Coruña ... (Página 32)
161/000025 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la revisión de peajes en la autopista A-9 ...
(Página 34)
161/000027 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, por la que se insta al Gobierno a que estudie con la máxima urgencia un trazado alternativo a la
Autopista del Occidente en Asturias, a partir de la Variante de Navia hasta su enlace con la citada infraestructura en la Comunidad Autónoma de Galicia, alejándola de la rasa costera ...
(Página 34)
161/000031 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la autovía Mudéjar (A-23) ... (Página 35)
Comisión de Educación y Ciencia
161/000024 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a integración de la enseñanza de la lengua y cultura catalana, gallega y vasca dentro de la acción educativa española en el exterior ...
Comisión de Administraciones Públicas
161/000033 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la presentación de un Proyecto de Ley de expropiación forzosa que sustituya al actual ... (Página 37)
Comisión de Medio Ambiente
161/000026 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a las concesiones otorgadas a la Empresa Nacional de Celulosa, S. A. (ENCE) ... (Página 38)
161/000035 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre realización urgente de las inversiones previstas para la protección del delta del Ebro ...
(Página 38)
Comisión de Control Parlamentario de RTVE
161/000032 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al uso del gallego en las emisiones de Radiotelevisión Española (RTVE) ... (Página 39)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
De conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de los cambios habidos en la composición de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2004.-P. D. el Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
PLENO
051/000002
A) Relación por orden alfabético de señores Diputados que han adquirido la plena condición de Diputado:
Bajas:
ALMUNIA AMANN, Joaquín 26-04-2004
DÍAZ-CANO DEL REY, Máximo Ramón 03-05-2004
GARCÍA BREVA, Francisco Javier 11-05-2004
LISSAVETZKY DÍEZ, Jaime 30-04-2004
MORLÁN GRACIA, Víctor 30-04-2004
NAVARRO GARZÓN, Micaela 26-04-2004
PAJÍN IRAOLA, Leire 30-04-2004
RATO FIGAREDO, Rodrigo de 12-05-2004
RIPA GONZÁLEZ, Vicente 24-05-2004
RUMÍ IBÁÑEZ, Consuelo 30-04-2004
SEGURA CLAVELL, José 27-04-2004
VALCARCE GARCÍA, Amparo 30-04-2004
Altas:
ALCÁZAR ESCRIBANO, María Angustias 12-05-2004
ARMAS DARIAS, Erasmo Juan Manuel 27-04-2004
BECANA SANAHUJA, José María 12-05-2004
FERNÁNDEZ SANTOS, Luis 12-05-2004
HERNANDO VERA, Antonio 27-04-2004
HERRERO SAINZ-ROZAS, María Soledad 12-05-2004
LóPEZ VILLENA, Carmelo 12-05-2004
MARTÍNEZ HIGUERAS, Antonia 27-04-2004
MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ
Juan 12-05-2004
SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTóN, María Soraya 13-05-2004
TORRADO REY, Clemencia 12-05-2004
TURIEL SANDÍN, Agustín 12-05-2004
B) Relación de Diputados que han presentado su credencial, por circunscripciones:
Alicante:
TORRADO REY, Clemencia PSOE
Almería:
LÓPEZ VILLENA, Carmelo PSOE
Cuenca:
ALCÁZAR ESCRIBANO, María Angustias PSOE
Guadalajara:
HERRERO SAINZ-ROZAS, María Soledad PSOE
Huesca:
BECANA SANAHUJA, José María PSOE
Jaén:
MARTÍNEZ HIGUERAS, Antonia PSOE
León:
TURIEL SANDÍN, Agustín PSOE
Madrid:
FERNÁNDEZ SANTOS, Luis PSOE
HERNANDO VERA, Antonio PSOE
SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN, María Soraya PP
Navarra:
MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ, Juan PSOE
Santa Cruz de Tenerife:
ARMAS DARIAS, Erasmo Juan Manuel PSOE
C) Relación de Diputados por orden de presentación de credenciales:
Nombre: MARTÍNEZ HIGUERAS, Antonia.
Circunscripción: Jaén.
Número: 351.
Fecha: 27 de abril de 2004.
Formación electoral: PSOE.
Nombre: HERNANDO VERA, Antonio.
Circunscripción: Madrid.
Número: 352.
Fecha: 27 de abril de 2004.
Formación electoral: PSOE.
Nombre: ARMAS DARIAS, Erasmo Juan Manuel.
Circunscripción: Santa Cruz de Tenerife.
Número: 353.
Fecha: 27 de abril de 2004.
Formación electoral: PSOE.
Nombre: TORRADO REY, Clemencia.
Circunscripción: Alicante.
Número: 354.
Fecha: 12 de mayo de 2004.
Formación electoral: PSOE.
Nombre: BECANA SANAHUJA, José María.
Circunscripción: Huesca.
Número: 355.
Fecha: 12 de mayo de 2004.
Formación electoral: PSOE.
Nombre: MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ, Juan.
Circunscripción: Navarra.
Número: 356.
Fecha: 12 de mayo de 2004.
Formación electoral: PSOE.
Nombre: LÓPEZ VILLENA, Carmelo.
Circunscripción: Almería.
Número: 357.
Fecha: 12 de mayo de 2004.
Formación electoral: PSOE.
Nombre: FERNÁNDEZ SANTOS, Luis.
Circunscripción: Madrid.
Número: 358.
Fecha: 12 de mayo de 2004.
Formación electoral: PSOE.
Nombre: TURIEL SANDÍN, Agustín.
Circunscripción: León.
Número: 359.
Fecha: 12 de mayo de 2004.
Formación electoral: PSOE.
Nombre: ALCÁZAR ESCRIBANO, María Angustias.
Circunscripción: Cuenca.
Número: 360.
Fecha: 12 de mayo de 2004.
Formación electoral: PSOE.
Nombre: HERRERO SAINZ-ROZAS, María Soledad.
Circunscripción: Guadalajara.
Número: 361.
Fecha: 12 de mayo de 2004.
Formación electoral: PSOE.
Nombre: SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN, María Soraya.
Circunscripción: Madrid.
Número: 362.
Fecha: 13 de mayo de 2004.
Formación electoral: PP.
GRUPOS PARLAMENTARIOS
010/000009
Grupo Parlamentario Socialista (010/000007).
Número de miembros al 18 de mayo de 2004: 162.
Bajas:
ALMUNIA AMANN, Joaquín 26-04-2004
DÍAZ-CANO DEL REY, Máximo 03-05-2004
GARCÍA BREVA, Francisco Javier 11-05-2004
LISSAVETZKY DÍEZ, Jaime 30-04-2004
MORLÁN GRACIA, Víctor 30-04-2004
NAVARRO GARZÓN, Micaela 26-04-2004
PAJÍN IRAOLA, Leire 30-04-2004
RIPA GONZÁLEZ, Vicente 04-05-2004
RUMÍ IBÁNEZ, Consuelo 30-04-2004
SEGURA CLAVELL, José 27-04-2004
VALCARCE GARCÍA, Amparo 30-04-2004
Altas:
ALCÁZAR ESCRIBANO, María Angustias 12-05-2004
ARMAS DARIAS, Erasmo Juan Manuel 27-04-2004
BECANA SANAHUJA, José María 12-05-2004
FERNÁNDEZ SANTOS, Luis 12-05-2004
HERNANDO VERA Antonio 27-04-2004
HERRERO SAINZ-ROZAS, María Soledad 12-05-2004
LÓPEZ VILLENA, Carmelo 12-05-2004
MARTÍNEZ HIGUERAS, Antonia 27-04-2004
MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ,
Juan 12-05-2004
TORRADO REY, Clemencia 12-05-2004
TURIEL SANDÍN, Agustín 12-05-2004
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (010/000008).
Número de miembros al 18 de mayo de 2004: 148.
Baja:
RATO FIGAREDO, Rodrigo de 12-05-2004
Alta:
SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN,
María Soraya 13-05-2004
JUNTA DE PORTAVOCES
031/000009
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) (031/000005).
Portavoz sustituto:
BELOKI GUERRA, José Ramón.
En consecuencia, los Portavoces del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) son los siguientes:
Portavoz:
ERKOREKA GERVASIO, Josu Iñaki.
Portavoz sustituto:
BELOKI GUERRA, José Ramón.
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
153/000002
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, previa audiencia de la Junta de Portavoces, en relación con la solicitud formulada por los Grupos Parlamentarios Socialista del Congreso y Catalán (Convergència i Unió), mediante escrito
registrado con el número 1476, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 del Reglamento de la Cámara, ha adoptado el siguiente acuerdo:
1. Se crea una Comisión no permanente sobre seguridad vial y prevención de accidentes de tráfico.
2. Dicha Comisión se compondrá conforme al criterio establecido por la Mesa con carácter general para las restantes Comisiones de la Cámara, en los términos previstos en el artículo 40 del Reglamento.
3. La Comisión elegirá de entre sus miembros una Mesa en los términos previstos en el artículo 41 del Reglamento de la Cámara.
Se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2004.-P. D. el Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
153/000003
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, previa audiencia de la Junta de Portavoces, en relación con la solicitud formulada por los Grupos Parlamentarios Socialista del Congreso y Catalán (Convergència i Unió), mediante escrito
registrado con el número 1477, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 del Reglamento de la Cámara, ha adoptado el siguiente acuerdo:
1. Se crea una Comisión no permanente para las políticas integrales de la discapacidad.
2. Dicha Comisión se compondrá conforme al criterio establecido por la Mesa con carácter general para las restantes Comisiones de la Cámara, en los términos previstos en el artículo 40 del Reglamento.
3. La Comisión elegirá de entre sus miembros una Mesa en los términos previstos en el artículo 41 del Reglamento de la Cámara.
Se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2004.-P. D. el Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
158/000002
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(158) Solicitud de creación de Subcomisiones y Ponencias
AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto, de Esquerra Republicana (ERC) y de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Interior, para el reconocimiento y apoyo de todas las víctimas de todo tipo de terrorismo.
Acuerdo:
Admitir a trámite y trasladar a la Comisión de Interior, a los efectos de lo dispuesto en la Resolución de la Presidencia de 26 de junio de 1996, advirtiendo que no cabe predeterminar en este momento el conocimiento por el Pleno del informe
final que se elabore. Asimismo, publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y comunicar este acuerdo al Grupo Parlamentario solicitante.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2004.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) y el Grupo Parlamentario
Izquierda Verde (IV-IU-ICV) proponen, al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, la creación de una Subcomisión para el reconocimiento y apoyo de todas las víctimas de todo tipo de terrorismo en el seno de la
Comisión de Interior.
Exposición de motivos
A lo largo de los últimos meses de la pasada legislatura, y como consecuencia de la creación de una Subcomisión sobre las víctimas del terrorismo en la Comisión de Justicia e Interior, el Congreso de los Diputados analizó y debatió diversa
documentación y las explicaciones proporcionadas por los comparecientes invitados relacionadas con la situación de las víctimas del terrorismo, desde asociaciones de víctimas del terrorismo hasta miembros de diferentes Administraciones relacionadas
con víctimas y los derechos humanos.
Los trabajos de la citada Subcomisión quedaron sin concluir, según se recoge en el informe de la propia Subcomisión, 'por el escaso tiempo disponible' entre la fecha de constitución de la Subcomisión y la finalización de la legislatura. No
obstante, en el mismo documento se subraya que 'resulta conveniente que, una vez constituidas las nuevas Cámaras (...), los Grupos Parlamentarios evalúen entonces la continuidad, en su caso, de los trabajos iniciados'.
Se da la trágica circunstancia que meses después de concluirse las labores de esta Subcomisión, y en pleno proceso electoral, tres días antes de la jornada en la que los ciudadanos iban a acudir a las urnas, Madrid sufrió alguno de los
atentados terroristas más sangrientos de la historia, con el fatídico resultado de dos centenares de personas muertas como consecuencia de las explosiones en la línea férrea entre Alcalá de Henares y la estación de Atocha, así como de centenares de
personas heridas.
Esta nueva circunstancia en la que se ha incrementado el número de víctimas del terrorismo, así como el origen de este tipo de prácticas de la violencia, hace necesario retomar los trabajos de esta Subcomisión para estudiar y analizar la
forma en que las instituciones deben ayudar y colaborar para el reconocimiento de todo tipo de víctimas del terrorismo e independientemente del origen de las actuaciones delictivas, desde el punto de vista legal, y execrables, desde el punto de
vista humano, que hayan conducido a los afectados a esa situación.
Por todo ello, y ante la necesidad, en opinión de los Grupos Parlamentarios firmantes, de que todas las víctimas puedan recibir el reconocimiento, la ayuda y el apoyo de la sociedad, así como de las instituciones que la representan, se
propone la creación de una Subcomisión para el reconocimiento y apoyo de todas las víctimas de todo tipo de terrorismo en el seno de la Comisión de Interior.
Composición y funcionamiento:
1. Composición:
La Subcomisión estará integrada por tres representantes de cada uno de los Grupos Parlamentarios con más de 100 Diputados en la Cámara y dos representantes de cada uno de los demás Grupos Parlamentarios.
2. Adopción de acuerdos:
Los acuerdos se realizarán con criterio de voto ponderado, establecido en el artículo 52.3 del Reglamento.
3. Objeto:
Estudiar la situación de todo tipo de víctimas de cualquier terrorismo y establecer las medidas oportunas para proporcionarles el reconocimiento económico, moral y social, así como las ayudas de toda índole que precisen dada su situación.
4. Duración:
El plazo para la realización de los trabajos de la Subcomisión de investigación será de seis meses desde su constitución.
5. Las conclusiones de la Comisión:
Serán aprobadas por la Comisión, serán debatidas y aprobadas, junto con los votos particulares, por el Pleno de las Cámaras y publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y comunicadas al Gobierno.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 2004.-Begoña Lasagabaster Olazábal, Francisco Rodríguez Sánchez, José Antonio Labordeta Subías y Uxue Barkos Berruezo, Diputados.-María Olaia Fernández Dávila, Portavoz del Grupo
Parlamentario Mixto.-Joan Puigcercós i Boixassa, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).-Joan Herrera Torres, Portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
personal
299/000003
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, he tenido a bien disponer el cese, con efectos de 13 de mayo de 2004, de doña Pilar Fernández Koall como personal
eventual en el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Socialista.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 2004.-El Presidente del Congreso de los Diputados, Manuel Marín González.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, he tenido a bien disponer el cese, con efectos de 13 de mayo de 2004, de doña María del Mar Soria del Río como personal eventual en el
cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Socialista.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 2004.-El Presidente del Congreso de los Diputados, Manuel Marín González.
299/000005
En virtud de lo acordado por la Mesa del Congreso de los Diputados en su reunión de 13 de abril de 2004, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, he tenido a bien nombrar a doña
María del Mar Soria del Río, a propuesta del Excmo.
Sr. D. Antonio Gutiérrez Vegara, con efectos de 14 de mayo de 2004 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención del Presidente de la Comisión de Economía y
Hacienda.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 2004.-El Presidente del Congreso de los Diputados, Manuel Marín González.
En virtud de lo acordado por la Mesa del Congreso de los Diputados en su reunión de 13 de abril de 2004, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, he tenido a bien nombrar a doña
Pilar Fernández Koall, a propuesta de la Excma.
Sra. D.ª Carmen Marón Beltrán, con efectos de 14 de mayo de 2004 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención de la Presidenta de la Comisión de Trabajo y Asuntos
Sociales.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 2004.-El Presidente del Congreso de los Diputados, Manuel Marín González.
REGLAMENTO DEL CONGRESO Y NORMAS COMPLEMENTARIAS
411/000002
De conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados, por la que se modifica el punto primero de la Resolución de la Presidencia de
desarrollo del artículo 113 del Reglamento, sobre designación y funciones de las Ponencias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2004.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, DE 18 DE MAYO DE 2004, POR LA QUE SE MODIFICA EL PUNTO PRIMERO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE DESARROLLO DEL ARTÍCULO 113 DEL REGLAMENTO, SOBRE DESIGNACIÓN Y FUNCIONES DE LAS
PONENCIAS
Dada la nueva composición del Congreso de los Diputados en la VIII Legislatura y constituidos los nuevos Grupos Parlamentarios, se hace preciso adaptar la Resolución de la Presidencia de la Cámara de desarrollo del artículo 113 del
Reglamento sobre designación y funciones de las Ponencias, de 23 de septiembre
de 1986. Para ello es necesario modificar el punto primero relativo a la composición de las Ponencias, siendo también conveniente, como ha demostrado la práctica, una referencia a la posibilidad de utilizar el criterio del voto ponderado en
su funcionamiento.
A tal efecto, esta Presidencia, en el ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 32 del Reglamento del Congreso de los Diputados, previo parecer favorable de la Mesa de la Cámara y de la Junta de Portavoces, ha resuelto
modificar el punto primero de la citada Resolución, en la redacción que le fue dada por la Resolución de la Presidencia de 3 de mayo de 2000. En consecuencia, tal punto quedará redactado en los siguientes términos:
'Las Ponencias colegiadas se compondrán de once miembros, de los que tres pertenecerán al Grupo Parlamentario Socialista, dos al Grupo Parlamentario Popular y uno a cada uno de los Grupos Parlamentarios Catalán (Convergència i Unió),
Esquerra Republicana (ERC), Vasco (EAJ-PNV), Izquierda Verde-Izquierda Unida-lniciativa per Catalunya Verds (IV-IU-ICV), de Coalición Canaria y Mixto. En el caso de producirse votación, se aplicará el criterio de voto ponderado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2004.-Manuel Marín González, Presidente del Congreso de los Diputados.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000057
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno
AUTOR: Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Proposición no de Ley para eximir del pago del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a los ex presos políticos acogidos a la Ley 46/1977, de Amnistía, que no cumplían con los requisitos de la disposición adicional 18.ª de la
Ley 4/1990, de Presupuestos Generales del Estado para 1990.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, y
publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, así como notificarlo al Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2004.-P. D. el Secretario general del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición no de Ley para eximir del pago IRPF a los ex presos
políticos acogidos a la Ley 46/1997, de Amnistía, que no cumplían con los requisitos de la disposición adicional 18.ª de la Ley 4/1990, de Presupuestos Generales del Estado, para su debate en el Pleno de la Cámara.
La Ley 46/1997, de Amnistía, supuso la extinción de las penas y todos sus efectos por motivos políticos de todas las personas que durante la Guerra Civil o la dictadura sufrieron por su compromiso con los ideales de la libertad.
Posteriormente, la Ley 4/1990, de Presupuestos Generales del Estado, en su disposición adicional 18.ª instaba a establecer las disposiciones precisas para regular la concesión de indemnizaciones a quienes hubieran permanecido en prisión. No
obstante, esta disposición sólo era aplicable a quienes hubieran padecido penas de prisión a partir de tres años y para un grupo de población que en 1977 tuviera cincuenta y dos años o más.
Diversas comunidades autónomas han establecido normas propias que mejoran el tratamiento estatal.
Las indemnizaciones que otorgan las Comunidades Autónomas están sujetas actualmente a tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), lo que supone un trato discriminatorio de unas indemnizaciones respecto de otras.
La Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre Renta de las Personas Físicas y otras normas tributarias, modificada, asimismo, por una Ley de modificación de enero de 2002 introdujo una serie de cambios
en el artículo 7 que determinan la exención del pago de rentas por parte de diferentes receptores.
Entre los casos de exenciones que incluye la modificación de la Ley se encuentran las pensiones reconocidas a favor de las personas que sufrieron lesiones o mutilaciones con ocasión o como consecuencia de la Guerra Civil.
Los ex presos reconocidos en la Ley de Amnistía han padecido lesiones de carácter moral, por lo que la exención de la tributación debería contemplarse al igual que el grupo anteriormente mencionado.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo las modificaciones normativas necesarias de tal forma que las indemnizaciones satisfechas por las Comunidades Autónomas a aquellas personas que, habiendo sufrido privación de
libertad en los supuestos previstos en la Ley 46/1997, de Amnistía, no cumplían los requisitos exigidos en la disposición adicional 18.ª de la Ley 4/1990, de Presupuestos Generales del Estado para 1990, sean definidas como rentas exentas del pago
del IRPF.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2004.-Gaspar Llamazares Trigo y Joan Herrera Torres, Portavoces del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
162/000058
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno
AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.
Proposición no de Ley relativa a la revisión de los acuerdos del Estado con la Santa Sede.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, y
publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, así como notificarlo al Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2004.-P. D. el Secretario general del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de los Diputados don Francisco Rodríguez Sánchez y doña Olaia Fernández Dávila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan la
siguiente Proposición no de Ley, relativa a revisión de los acuerdos Estado-Santa Sede, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
La Constitución de 1978 declara que 'ninguna confesión tendrá carácter estatal'. Esta afirmación rotunda supuso la superación del estatus confesional que el Estado español mantenía hasta esa fecha, en virtud del Concordato de 1953 con la
Iglesia Católica y por el cual el Estado se identificaba con la religión católica, de forma que existía una inspiración directa de la moral y religión católica en la actividad y decisiones de los poderes públicos.
Durante el período constituyente se realizó una revisión del Concordato, materializándose en un Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede, de fecha 28 de julio de 1976, que fue desarrollado por tres instrumentos más: El acuerdo sobre
la enseñanza y asuntos culturales, el acuerdo sobre asuntos económicos y el acuerdo sobre asuntos jurídicos, todos ellos firmados el 3 de enero de 1979 y en vigor a partir del 4 de diciembre del mismo año.
La aconfesionalidad del Estado español sitúa las creencias religiosas en la esfera de la conciencia íntima de las personas. El texto constitucional, al mismo tiempo que garantiza la libertad religiosa de las personas, no acoge una
identificación de cualquier religión con la actividad del Estado.
Para hacer conciliable esa doble vertiente (aconfensionalidad estatal y libertad religiosa individual) se admite lógicamente la cooperación del Estado con las iglesias y confesiones religiosas, todo ello dentro del acuerdo con los principios
y valores que dimanan del texto constitucional y la realidad social de cada momento. En este marco debemos encuadrar los acuerdos suscritos entre el Estado español y la Santa Sede, es decir, como un marco regulador de cooperación que debe respetar
la premisa de aconfesionalidad del Estado y, además, las restantes normas del Estado que puedan afectar al desarrollo del contenido de los acuerdos.
Como se desprende de los antecedentes reseñados, los acuerdos del Estado español y la iglesia católica, aunque en vigor una vez aprobada la Constitución, fueron gestados en paralelo al período constituyente. Por ello, se consideran una
especie de 'instrumentos de excepción' que rigen en exclusiva y por sí solos las relaciones entre la iglesia católica y el Estado, al margen del principio general de sometimiento de todos los
ciudadanos y poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
Estas dos circunstancias han sido determinantes en el desarrollo de las relaciones de la iglesia católica y el Estado español, pues aquélla ha gozado de privilegios y ámbitos de decisión autónomos ajenos al control del Estado, incluso cuando
tiene encomendadas tareas enmarcadas en servicios públicos, como es el caso de la educación religiosa. En efecto, no sólo la posible redacción vinculante para el Estado que contienen los citados acuerdos, impropia en algunos aspectos de un Estado
aconfesional, al ser elaborada en una situación histórica incierta y sin un marco constitucional de referencia, ni el carácter de Tratado internacional de los mismos, podría determinar 'a priori' un desarrollo de la cooperación entre el Estado y la
iglesia católica tan propicio para ésta, y que comprometiese de tal manera el apoyo público a la enseñanza religiosa católica, el mantenimiento de bienes pertenecientes a la iglesia o una fiscalización tan austera del régimen económico de la iglesia
como ha venido sucediendo en los últimos años.
Y aún más grave resulta la discrecionalidad e impunidad jurídica en la que realiza la iglesia católica las funciones pactadas con el Estado en materia de enseñanza religiosa, amparándose en los poderes omnímodos que le otorga el acuerdo
sobre enseñanza y asuntos culturales, y que en muchas de sus actuaciones vulnera el régimen de derechos y libertades de los ciudadanos que colaboran en esas funciones, como se evidencia con el continuo goteo de casos de despidos de profesores de
religión que imparten clase en escuelas públicas en atención a criterios ideológicos y morales.
Por otra parte, la realidad social es distinta a la de hace veinte años.
Cada vez se cuestiona con más fuerza la necesidad de integrar la enseñanza religiosa en el sistema educativo reglado y se generaliza la opinión de mantener en el
ámbito interno de la iglesia la formación en la doctrina católica, como correspondería de verdad a un Estado aconfesional. Ello no excluiría totalmente la cooperación y apoyo público (al igual que con otras confesiones religiosas minoritarias), que
se otorgaría para que a la formación religiosa pudiesen acceder libremente los ciudadanos en la propia iglesia y no como ahora sucede en las escuelas públicas o sostenidas con fondos públicos.
Además, no sólo en el ámbito educativo y cultural hay que efectuar una revisión del actual escenario de cooperación entre el Estado y la iglesia católica, sino también a nivel económico, al haberse detectado por parte de algunas órdenes y
Congregaciones Religiosas el desvío de fondos a tramas de especulación financiera y finalmente jurídico, para ponderar adecuadamente su inviolabilidad y adecuar las disposiciones relativas al matrimonio a las reformas legales introducidas en esa
materia.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Iniciar las conversaciones oportunas con los representantes de la iglesia católica para revisar y modificar los acuerdos internacionales suscritos con la Santa Sede en 1976 y 1979, para adecuarlos al carácter aconfesional del Estado
español y fijar un nuevo marco de cooperación basado en la subordinación del mismo a los principios y derechos constitucionales.
2. Emprender las acciones necesarias para reformar los convenios administrativos firmados entre el Estado y la iglesia católica para adecuar el marco de relaciones al ordenamiento jurídico, de manera que la actuación de la iglesia también
esté presidida por el respeto a las leyes y reglamentos vigentes.
3. Extender las relaciones de cooperación por parte del Estado a las demás confesiones religiosas con presencia en el Estado español, en base a los principios de igualdad de trato y no discriminación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 2004.-Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.-María Olaia Fernández Dávila, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000059
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno
AUTOR: Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a que estudie con la máxima urgencia un trazado alternativo a la Autopista del Occidente en Asturias, a partir de la Variante de Navia hasta su enlace con la citada infraestructura en la
Comunidad Autónoma de Galicia, alejándola de la rasa costera.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, y
publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, así como notificarlo al Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2004.-P. D. el Secretario general del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en el Pleno de la
Cámara.
El anterior Gobierno de nuestro país se empeñó en imponer en el Occidente de Asturias un trazado de la autovía del Cantábrico, que ha sido contestado por ciudadanos e instituciones por resultar lesivo para la rasa costera y conllevar la
desaparición de numerosas explotaciones agrícolas y ganaderas.
La situación actual de ejecución del proyecto y desarrollo de las obras de la infraestructura indicada aún puede permitir la introducción de modificaciones en el proyecto que permitan aminorar el impacto, alejando la autopista de la rasa
costera, y reducir los costes ambientales y socioeconómicos del actual proyecto.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que estudie con la máxima urgencia un trazado alternativo a la Autopista del Occidente en Asturias, a partir de la Variante de Navia hasta su enlace con la citada infraestructura en la
Comunidad Autónoma de Galicia, alejándola de la rasa costera.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo de 2004.-Gaspar Llamazares Trigo y Joan Herrera Torres, Portavoces del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
162/000060
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno
AUTOR: Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Proposición no de Ley sobre medidas para posibilitar a las Comunidades Autónomas la capacidad de recurso a los Tribunales europeos en materias en las que tengan competencia exclusiva.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, y
publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, así como notificarlo al Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2004.-P. D. el Secretario general del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el vigente reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente proposición no de ley para su debate en el Pleno para
posibilitar a las Comunidades Autónomas la capacidad de recurso a los Tribunales Europeos en materias en las que tengan competencia exclusiva.
Se abre una nueva legislatura donde se hace necesario plantear el fortalecimiento de la autonomía y el autogobierno de las Comunidades Autónomas. De igual manera es preciso abordar las reformas legales necesarias para conformar el Senado
como una auténtica Cámara de representación territorial, donde las Comunidades Autónomas sean las que protagonicen su futuro y proyecten a la Unión Europea la realidad plural del Estado español en todos sus ámbitos.
Al mismo tiempo, se inicia una nueva etapa en la Unión Europea, que adquiere una dimensión distinta cuando, después de la celebración de la Convención Europea sobre el Futuro de la Unión, en junio de 2003, en el Consejo Europeo de Salónica
se abre la puerta a un Tratado por el que se instituya la Constitución Europea.
El protagonismo de las Comunidades Autónomas en el marco de la nueva Constitución Europea y el papel determinante que deben desempeñar las Comunidades Autónomas en el desarrollo de la Unión Europea está siendo planteado por las distintas
Fuerzas Políticas y por los propios Parlamentos Autónomos. En concreto, el nuevo Gobierno ha anunciado su voluntad de promover en la Unión Europea las reformas necesarias para la
inclusión del Catalán, Vasco y Gallego, junto al Castellano, como lenguas propias.
El proyecto de Constitución en los objetivos de la Unión del artículo 3, dice: 'La Unión respetará la riqueza de su diversidad cultural y lingüística...'. Por otro lado, el artículo 5.1 de las relaciones entre la Unión y los Estados
miembros también plantea: 'La Unión respetará la identidad nacional de los estados miembros, inherente a las estructuras políticas y constitucionales de éstos, también en lo que respecta a la autonomía local y regional.'
Pero, además, hay que señalar que hay competencias que en esa propuesta son compartidas entre la Unión y los Estados, que en algunos casos son competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas según nuestra Constitución y sus Estatutos de
Autonomía: agricultura y pesca, medio ambiente, política social, protección de consumidores, sanidad, cohesión económica y social, etc.
Todo ello nos debe llevar a dotar de un mayor protagonismo a las Comunidades Autónomas como parte del Estado, en las decisiones europeas que le afectan y en la defensa de sus legítimos intereses; por tanto, hay que promover esa
participación determinante en la regulación legal de nuestro país y en el de la Unión Europea.
Por todo ello, se presenta para su debate en el Pleno la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
1. Adopte las medidas y promueva las reformas normativas necesarias, para regular la participación de las Comunidades Autónomas en la toma de decisiones de la Unión Europea en los temas que afectan a competencias exclusivas recogidas en sus
Estatutos de Autonomía.
2. Tome la iniciativa para lograr el reconocimiento del Catalán, Vasco y Gallego como lenguas de la Unión Europea.
3. Promueva las iniciativas precisas para que el Tratado de la Constitución Europea y la regulación legal que se derive de la misma incorpore, como se recoge para los Estados, el derecho de las Comunidades Autónomas a interponer recurso
ante los Tribunales Europeos en materias en las que tengan competencia exclusiva, según su Estatuto de Autonomía, para garantizar así la tutela judicial efectiva en el ámbito del Derecho Comunitario.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 2004.-Gaspar Llamazares Trigo y Joan Herrera Torres, Portavoces del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
162/000061
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno
AUTOR: Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Proposición no de Ley sobre desarrollo de las medidas recogidas en el documento 'Estrategia española de lucha frente al cambio climático', aprobado por el Consejo Nacional del Clima.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, y
publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, así como notificarlo al Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2004.-P. D. el Secretario general del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición no de ley, para su debate en el Pleno de la Cámara.
Según recientes estudios, entre ellos el del sindicato Comisiones Obreras, y World Watch, la emisión de gases de efecto invernadero durante el año pasado ha mantenido un preocupante incremento que se sitúa en el 40,43 por ciento respecto al
año de referencia, 1990.
España, a pesar de haberse comprometido al cumplimiento del protocolo de Kioto, supera en más de 25 puntos lo estipulado en dicho acuerdo. Si el Gobierno no impulsa las medidas oportunas para combatir esta grave tendencia, está previsto que
España llegue al período de aplicación del protocolo (2008-2012) con un 54 por ciento de aumento respecto a 1990, en el mejor de los casos.
Al comienzo de la pasada Legislatura, la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados
aprobó, por unanimidad, una Proposición no de Ley que en su parte dispositiva, decía:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
a) La elaboración durante el primer semestre del año 2001 del Plan de acción sobre el Cambio Climático al objeto de garantizar el cumplimiento de los compromisos de Kioto sobre emisiones de gases de efecto invernadero de un incremento de
emisiones inferior al 15 por ciento.
b) Que en este marco se incorporen objetivos cuantificables, acciones, medidas y previsiones presupuestarias y fiscales encaminadas a reorientar los actuales modelos de transporte y energético en un sentido sostenible.'
A pesar de ello, y del cambio de Gobierno, se desconocen los compromisos para cumplir el protocolo de Kioto ni si hay estrategia de lucha contra el cambio climático, con el agravante de que desde entonces hasta ahora nuestro país ha ido
incrementando sus emisiones año tras año hasta llegar a los niveles actuales.
Es grave que aún padezcamos la ausencia de políticas de ahorro y eficiencia energética, y las políticas existentes en las dos anteriores legislaturas han incentivado los consumos energéticos, con lo que esto tiene de pérdida de
competitividad de nuestra economía, situación que habrá que subsanar en el futuro.
Por otra parte, el pasado 5 de febrero, el Consejo Nacional del Clima, después de más de un año y medio de trabajo realizado por la administración, organizaciones de consumidores, sindicatos, empresarios, ecologistas y científicos, aprobó
más de 444 medidas recogidas en un documento llamado 'Estrategia española de Lucha frente al Cambio Climático'. El texto establece grandes ámbitos de actuación para reducir los gases de efecto invernadero en nuestro país.
Sin embargo, y tal como indicó la entonces secretaria socialista de Medio Ambiente, hoy ministra de Medio Ambiente, dicho documento no fija plazos, ni prioridades, ni compromisos presupuestarios y normativos para hacer efectivas las medidas
que reducirían las emisiones de gases de efecto invernadero.
Por todo ello se presenta, para su debate en el Pleno de la Cámara, la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
Desarrolle, en el plazo más breve posible, las medidas recogidas en el documento 'Estrategia española de Lucha contra el Cambio Climático', aprobado por el Consejo Nacional del Clima, incluyendo un calendario de aplicación, con objetivos
cuantificables, acciones, medidas y previsiones presupuestarias y fiscales para conseguir los objetivos de reducción a que nos obliga el Protocolo de Kioto dentro de la llamada 'burbuja europea'.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 2004.-Gaspar Llamazares Trigo y Joan Herrera Torres, Portavoces del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
162/000062
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno
AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.
Proposición no de Ley relativa a la condena de las torturas y tratos inhumanos y degradantes infligidos a ciudadanos y ciudadanas iraquíes por militares de las potencias ocupantes en Iraq y por particulares por ellas contratados.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, y
publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, así como notificarlo al Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2004.-P. D. el Secretario general del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de los diputados don Francisco Rodríguez Sánchez y doña Olaia Fernández Dávila (BNG), al amparo de lo dispuesto en los artículos 190 y siguientes del reglamento de la cámara, formula Proposición no
de Ley, relativa a la condena de las torturas y tratos inhumanos y degradantes infligidos a ciudadanos y ciudadanas iraquíes por militares de las potencias ocupantes en Iraq y por particulares por ellas contratados, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
En los últimos días, la opinión pública mundial ha descubierto horrorizada lo que los gobiernos de las potencias ocupantes en Iraq habían autorizado y conocían desde hace meses: que las tropas de las potencias ocupantes y el personal de
empresas privadas de seguridad por ellas contratadas torturan, maltratan y humillan a los ciudadanos y ciudadanas iraquíes detenidos, sin acusación ni juicio previo, en las cárceles de ese país.
Estos hechos, claramente constitutivos de crímenes internacionales e incompatibles con las Convenciones de Ginebra y demás instrumentos internacionales de Derechos Humanos y de lucha contra la tortura y los tratos inhumanos y degradantes,
merecen una condena rotunda por parte del Estado español, cómplice activo en la ocupación de Iraq, hoy felizmente retirado de allí, y por parte de las instancias internacionales competentes en materia de derechos humanos.
Así pues, con el fin de hacer patente la repulsa de estos crímenes y la persecución de sus responsables, se formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:
- A interesar inmediatamente del Fiscal General del Estado la persecución de los crímenes cometidos contra la población civil por las fuerzas militares ocupantes de Iraq y por el personal de empresas privadas por ellas contratadas y, en
particular, las torturas y tratos inhumanos y degradantes aplicados a los ciudadanos iraquíes detenidos.
- A promover inmediatamente una resolución de condena de estos hechos en el Consejo de Seguridad, la Asamblea General y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 2004.-Francisco Rodríguez Sanchez, Diputado.-María Olaia Fernández Dávila, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000063
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno
AUTOR: Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Proposición no de Ley sobre la minería del carbón y los planes a presentar a la Comisión Europea por el Gobierno español en aplicación del Reglamento (CE) número 1407/2002, del Consejo.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, y
publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, así como notificarlo al Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2004.-P. D. el Secretario general del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición no de ley sobre la minería del carbón y los
planes a presentar a la Comisión Europea por el Gobierno español en aplicación del Reglamento (CE) número 1407/2002, del Consejo.
El Reglamento (CE) número 1407/2002, del Consejo, de 23 de julio de 2002, sobre las ayudas estatales a la industria del carbón (sustituye a la Decisión número 3632/93/CECA, de la Comisión que expiró con el Tratado CECA el 23 de julio de
2002), establece las normas sobre la concesión de dichas ayudas con la finalidad de contribuir a su reestructuración.
Estas normas 'tienen en cuenta los siguientes aspectos (art. 1 del Reglamento):
- Los aspectos sociales y territoriales de la reestructuración del sector.
- La necesidad del mantenimiento, como medida cautelar, de una cantidad mínima de producción de carbón autóctono que permita garantizar el acceso a las reservas.'
Como consecuencia de lo dispuesto en los apartados 4 y 5 del artículo 9 y otros del Reglamento, el Gobierno ha de notificar a la Comisión Europea (a más tardar en junio de 2004) la identificación de las unidades de producción que formen
parte de un plan de acceso a reservas de carbón ('Reserva Estratégica'), que asegure una aportación significativa del carbón autóctono
a la cuota de fuentes de energía de primarios propios, especialmente las dedicadas a la producción de electricidad.
En el mismo plazo ha de presentar un plan de cierre (a más tardar el 31 de diciembre de 2007) de las unidades de producción que no formen parte del plan anterior.
La minería del carbón española viene soportando desde hace años una profunda reestructuración con fuertes recortes de producción y empleo (en 1989 existían unos 45.000 empleos mineros, a finales de 2001 estaban por 14.000) y los
consiguientes impactos sociales y territoriales tremendamente negativos.
Actualmente está en vigor el Plan 1998-2005 de la Minería del Carbón y Desarrollo alternativo de las comarcas Mineras comprometido y acordado en julio de 1997 por el Gobierno con los agentes sociales del sector al que se sumó posteriormente
la patronal CARBUNION. Como breve balance del mismo se puede decir que los ajustes de producción y empleo se están produciendo a ritmos superiores a los previstos en el Plan y no así los compromisos de recolocación. La reactivación económica de
las comarcas mineras es débil ya que aunque se pusieran en juego notables recursos económicos públicos la situación en que se encontraban (y de alguna medida aún se encuentran) en materia de aislamiento geográfico, deterioro medioambiental, escasez
de suelo industrial, etc., dificulta el éxito de las medidas de desarrollo alternativo. Mas, si tenemos en cuenta las características de su tejido industrial, escaso y dependiente de la industria del carbón.
Es urgente, por tanto, corregir los incumplimientos y mejorar la aplicación del actual plan. Para ello se debe retomar el diálogo con las partes firmantes del Plan y con las Comunidades Autónomas afectadas.
Por otra parte, el próximo mes de junio finaliza el plazo para que el Estado español presente ante la comisión Europea los planes antes citados de acceso a reservas y cierre. Los sindicatos FMM, de CCOO y FIA-UGT vinieron reclamando, al
Gobierno anterior, diálogo con el objetivo de presentar 'en Bruselas' una propuesta consensuada. La respuesta fue diferir las reuniones a después de las pasadas elecciones generales (parece ser que la fecha prevista era 17 de marzo, lo que induce a
pensar en una propuesta difícilmente aceptable desde el punto de vista social y territorial; también parece ser que el Gobierno del PP quería definir primero el parque termoeléctrico y así el 'nicho del carbón autóctono' y no al revés que sería más
lógico). El Gobierno actual debe corregir esta situación reiniciando con urgencia el diálogo para llevar a la Comisión unos planes que gocen del mayor respaldo institucional y social posible.
Además, de no hacerlo antes del 30 de junio, se
incurriría en el incumplimiento del Reglamento (CE) número 1407/2002, del Consejo, de 23 de julio de 2002.
Las unidades de producción que conformen la llamada 'Reserva estratégica' deben suponer el mayor volumen posible para que:
- Su aporte signifique una cuota de fuentes autóctonos de energía primaria suficiente dentro de nuestro consumo energético.
- No agravar situaciones sociales y territoriales ya fuertemente afectadas por anteriores y actuales reestructuraciones.
En este proceso, el Principado de Asturias debe tener una especial consideración:
- En su tejido empresarial coincidieron en el tiempo, décadas ochenta y noventa del siglo pasado, los más duros ajustes de producción y empleo de la reconversión industrial (siderurgia, naval, minería del carbón), a lo que hay que añadir la
sufrida por el sector ganadero.
- El ajuste minero en Asturias supone más de la mitad del conjunto del sector en toda España.
- Sigue sin acabar de resolver sus problemas de comunicaciones ('periferia de la periferia').
- El crecimiento económico que en los últimos años experimentó España no tuvo su correlato en Asturias, su recuperación económica es débil.
- Esta situación se agrava en sus comarcas mineras centrales y suroccidental, etc.
Un nuevo recorte, más allá del ya previsto, puede frenar su débil reactivación económica. La estabilización de la minería del carbón es fundamental para su futuro.
Además de estas razones que tienen que ver con los criterios sociales y territoriales a que se refiere el Reglamento en su artículo 1, también existen otras a tener en cuenta para la configuración de la 'Reserva estratégica':
- La producción de 2002 (1.600.000 Tm de hulla y 1.550 Tm de antracita) muestra su capacidad, como fuente autóctona, de aportación al parque de generación eléctrica.
- Su volumen de reservas es muy importante el nivel tecnológico de sus explotaciones, la calidad de los recurso humanos ligados al sector, etc.
Todos estos aspectos (capacidad de aportación de producción, volumen de reservas, nivel tecnológico. calidad de recursos humanos, etc.) presentan mayor relieve en el caso de la empresa HUNOSA, lo que hace más necesaria su presencia en la
'Reserva'.
Estas razones indujeron a que el Acuerdo Programático suscrito por la FSA-PSOE y la coalición IU-Bloque por Asturias, origen del actual Gobierno del
Principado, se incluyera la siguiente línea de actuación prioritaria:
'Apostar por el cumplimiento del Plan de la Minería e inclusión del conjunto de la minería asturiana como reserva estratégica dando continuidad a la producción en el horizonte del 2010.'
Por todo ello, en la línea de lo defendido por el Gobierno del Principado y las FMM de los sindicatos CCOO y UGT, el Grupo parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta al Pleno de la Cámara la
siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1.º Iniciar, con carácter de urgencia, el proceso necesario para elaborar, previo diálogo con los agentes sociales y económicos del sector, el proceso necesario para elaborar los planes mencionados en los apartados 4 y 5 del artículo 9 del
Reglamento (CE) número 1407/2002, del Consejo, sobre ayudas estatales a la industria del carbón para su notificación a la Comisión Europea antes del próximo 30 de junio.
2.º Incluir al conjunto de unidades de producción de la minería asturiana del carbón en el plan de acceso a reservas ('reserva estratégica') que se define en el artículo 2 del Reglamento (CE) número 1407/202 del Consejo.
3.º Tomar las medidas necesarias para la aplicación en todos sus términos del Plan 1998-2005 de la Minería del Carbón y Desarrollo alternativo de las Comarcas Mineras.
4.º Una vez se acuerde el plan de acceso a reservas, iniciar el proceso de diálogo con los agentes sociales y económicos del sector para la elaboración de un nuevo Plan de la Minería del Carbón que dé continuidad a la producción en el
horizonte más allá del 2010.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 2004.-Gaspar Llamazares Trigo y Joan Herrera Torres, Portavoces del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
162/000064
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a la adopción de medidas necesarias para aumentar la oferta de vivienda en alquiler y proporcionar mayor seguridad jurídica.
Acuerdo:
Entendiendo que en su apartado d) se insta al Gobierno al ejercicio de su iniciativa legislativa en la materia y considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al
artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, así como notificarlo al Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2004.-P. D. el Secretario general del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, tiene el honor de presentar la siguiente Proposicion no de Ley
relativa a la adopción de medidas necesarias para aumentar la oferta de vivienda en alquiler y proporcionar mayor seguridad jurídica, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La vivienda es un tema que preocupa especialmente a los españoles, encontrándose actualmente entre sus principales inquietudes.
Ello es debido a que contar con una vivienda digna y adecuada es uno de los pilares básicos sobre los que se asienta el bienestar de los españoles.
Así, no se trata solamente de un derecho que reconoce nuestra Constitución, sino de algo más esencial, ya que, junto con el empleo, la vivienda es un requisito de estabilidad imprescindible para poder desarrollar cualquier proyecto personal.
El Partido Popular, que está comprometido con las personas, y con su calidad de vida, es consciente del considerable incremento experimentado en el precio de la vivienda, y de la dificultad y complejidad de su solución.
Así, a pesar de que, en la actualidad, se construyen en España más del doble de viviendas que las que se construían a principios de los años noventa, su precio sigue subiendo, y la demanda de las mismas continúa.
Como dato significativo, hay que señalar que, en los últimos diez años, 2.300.000 familias españolas han decidido comprar una vivienda.
Las razones que explican la fuerte demanda de vivienda en propiedad son: los bajos tipos de interés existentes en la actualidad, que se sitúan por debajo del 3 por ciento, el aumento del empleo (más de 4.300.000 nuevos empleos) y la
reducción del paro juvenil a la mitad, ambos desde 1996, y la debilidad de los parques de viviendas en alquiler.
En este sentido, el Partido Popular considera que una de las líneas fundamentales de actuación en materia de vivienda consiste en promover el mercado de alquiler.
Es preciso contar con un parque adecuado de viviendas en alquiler, disponible no solamente como opción para aquellas personas y para aquellas familias que no pueden o no quieren comprar y para los jóvenes, sino también para propiciar la
necesaria movilidad laboral para conseguir el pleno empleo.
Así, para ello, durante la pasada Legislatura, entre otras medidas, se introdujeron importantes incentivos al alquiler de viviendas, con el fin de incentivar la movilidad laboral de los trabajadores y contribuir a reducir el precio medio de
la vivienda.
En el mismo sentido, el Partido Popular estima que es necesaria más oferta de vivienda en alquiler, dado que la existente continúa siendo insuficiente, para lo cual considera de capital importancia los dos aspectos siguientes: reforzar la
seguridad jurídica de los arrendadores y fomentar el desarrollo de las Sociedades para la Promoción de Viviendas en Alquiler.
El aspecto del refuerzo de la seguridad jurídica de los arrendadores reviste gran importancia, ya que, en la actualidad, numerosos propietarios de viviendas manifiestan que no les compensa poner las mismas en alquiler, porque los riesgos que
se asumen superan los beneficios, con lo que se disminuye considerablemente el parque de viviendas en alquiler.
En este sentido, el Partido Popular considera esencial la adopción de una serie de medidas que permitan paliar la señalada situación, de forma que a los propietarios les resulte atractivo alquilar y a los inquilinos económicamente rentable
el alquiler.
Fundamentalmente, estas medidas consisten en:
- La implantación de los juicios rápidos por falta de pago, de modo que el juicio, en tales casos, se celebre en un plazo máximo de veinte días.
- La eliminación de trámites para presentar la demanda de desahucio.
- La flexibilización de la legislación sobre Arrendamientos Urbanos, para permitir una duración del contrato de un año, prorrogable automáticamente hasta un máximo de tres.
En lo relativo al aspecto de las Sociedades para la Promoción de Viviendas en Alquiler, que fueron aprobadas en el año 2003, y que cuentan con una fiscalidad bonificada, es necesario facilitar su desarrollo, como instrumento fundamental para
incrementar el parque de viviendas en alquiler con opción de compra.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, con la mayor brevedad posible, adopte las medidas necesarias para aumentar la oferta de vivienda en alquiler y proporcionar mayor seguridad jurídica, consistentes en:
a) Impulsar el proceso de reforma y adecuación del marco legislativo para fomentar la oferta de vivienda en alquiler, dado que las trabas al desarrollo del mercado del alquiler en España provienen de una oferta insuficiente.
b) Facilitar el desarrollo de las Sociedades para la Promoción de Viviendas en Alquiler, aprobadas en 2003, que cuentan con una fiscalidad bonificada como instrumento fundamental para incrementar el parque de viviendas en alquiler con opción
de compra.
c) Flexibilizar la Ley de Enjuiciamiento Civil para ofrecer mayor seguridad jurídica a los arrendadores en los casos de falta de pago, reduciendo los trámites y plazos a través de un nuevo juicio rápido de desahucio y garantizando el pago de
las cantidades adeudadas.
d) Flexibilizar el contrato de arrendamiento de fincas urbanas, modificando la Ley de Arrendamientos Urbanos para permitir que la duración mínima de los contratos sea de un año, prorrogable automáticamente hasta un máximo de tres años, salvo
necesidad tasada del arrendador o de sus hijos o cónyuge.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril de 2004.-Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000065
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
AUTOR:
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Proposición no de Ley relativa al respeto a la identidad del Derecho Civil catalán.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, y
publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, así como notificarlo al Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2004.-P. D. el Secretario general del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su debate en Pleno,
una Proposición no de ley relativa al respeto a la identidad del Derecho Civil catalán.
Antecedentes
El derecho civil de Catalunya y la legislación que lo desarrolla constituye un ordenamiento jurídico con vocación de compleción e integridad, con el objeto de dar las respuestas que requiere la sociedad catalana, en constante evolución.
Así, su ámbito de aplicación abarca materias tan relevantes como el derecho de familia, sucesiones, asociaciones y fundaciones, derechos reales y contratos, entre otras.
Tal como expresamente se desprende de los artículos 149.1.8.ª de la Constitución y 9.2 del Estatut d'Autonomia de Catalunya, la Generalitat de Catalunya, y en el ámbito legislativo el Parlament de Catalunya, ostentan la competencia exclusiva
de conservación, modificación y desarrollo del derecho civil catalán. Por ello, no cabe duda de que tienen la capacidad de regular, adaptar e innovar en los diferentes ámbitos de las relaciones privadas en Catalunya.
El año pasado, el Gobierno interpuso recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 25/2001, de 31 de diciembre, de la accesión y la ocupación, la Ley 19/2002, de 5 de julio, de derechos reales de garantía, y la Ley 29/2002, de 30 de
diciembre, Primera Ley del Codi Civil de Catalunya. Estos recursos están basados en un planteamiento reduccionista y de completo menosprecio del contenido de la competencia exclusiva.
Este planteamiento es especialmente manifiesto en lo que se refiere al recurso contra la Ley 29/2002, de 30 de diciembre, Primera Ley del Codi Civil de Catalunya. Esta norma se sitúa de pleno en el marco del proceso de actualización del
derecho civil catalán, en el proceso codificador con el fin de tener un único cuerpo legal que abarque el derecho civil de Catalunya. Es un instrumento que garantiza la cohesión de las normas de un mismo ámbito y que contribuye a la estabilidad del
derecho y a la seguridad jurídica del ordenamiento jurídico.
Y así lo ha manifestado la sociedad civil catalana que, en el acto celebrado en el Colegio de Abogados de Barcelona por la Comisión de Juristas en defensa del derecho civil de Catalunya, presentó el Manifiesto en defensa del derecho civil de
Catalunya, con más de 599 instituciones adheridas y 7.245 personas a título personal. Cabe recordar que, como recoge el texto de este Manifiesto, ya en el año 1991 las entidades más representativas del mundo jurídico catalán, con motivo de los
recursos planteados por el entonces Gobierno del Estado contra la Lley 9/1987, de 25 de mayo, de sucesión intestada, y contra la Ley 7/1991, de 27 de abril, de filiaciones, ambas aprobadas por el Parlament de Catalunya, se firmó otro manifiesto que
contribuyó a la retirada final de los mismos.
Asimismo, todas las fuerzas políticas representadas en el Parlament de Catalunya, excepto el PP, aprobaron una resolución en defensa de la competencia del Parlament de Catalunya en materia de derecho civil, en la que se demandaba la retirada
de los mencionados recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Gobierno del Estado.
En opinión del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) es necesario el respeto de la competencia exclusiva en materia de derecho civil catalán y la consecuente retirada de los recursos de inconstitucionalidad interpuestos, por lo
que presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:
1. A respetar las competencias exclusivas del Parlament de Catalunya y de la Generalitat de Catalunya en materia de derecho civil catalán, de conformidad con lo previsto por el artículo 149.1.8.ª de la Constitución y por el artículo 9.2 de
l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.
2. Consecuentemente, y al amparo de lo previsto en el artículo 80 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, acuerde el desistimiento de los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Presidente del
Gobierno contra las leyes del Parlament de Catalunya 25/2001, de 31 de diciembre, de accesión y ocupación, 19/2002, de 5 de julio, de derechos reales de garantía, y 29/2002, de 30 de diciembre, Primera Ley del Codi Civil de Catalunya.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 2004.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
162/000066
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposición no de Ley relativa al reconocimiento de una selección española única en todas las modalidades deportivas para participar en competiciones internacionales oficiales.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, y
publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, así como notificarlo al Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2004.-P. D. el Secretario general del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley, relativa al reconocimiento de una selección
española única en todas las modalidades deportivas para participar en competiciones internacionales oficiales, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Nuestra Constitución establece que corresponde al Estado la competencia exclusiva sobre las relaciones internacionales y, por tanto, la faceta representativa de los intereses deportivos, que se ejerce a través de las federaciones deportivas
de ámbito estatal y de las selecciones deportivas nacionales.
Al Estado le queda reservado la ordenación del deporte nacional e internacional y la coordinación de las actividades autonómicas en materia deportiva. Las competencias de las Comunidades Autónomas se entienden referidas a la ordenación del
deporte en su territorio y para la satisfacción de sus intereses respectivos.
En el Debate sobre la Investidura, el Grupo Popular solicitó al candidato a la Presidencia del Gobierno que fijara su posición respecto al incumplimiento de la legalidad vigente por la Federación Catalana de Patines, sobre la aspiración de
destacados dirigentes del Partido Socialista de contar selecciones deportivas internacionales para su Comunidad Autónoma y sobre las declaraciones efectuadas por el Presidente de la Generalidad de Cataluña referentes a la necesidad de buscar 'otro
nombre' a la Selección Española. Ninguna de estas cuestiones obtuvo respuesta por el hoy Presidente del Gobierno señor Rodríguez Zapatero.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados, de conformidad con el reparto de competencias que establece nuestra Constitución en el ámbito deportivo, manifiesta que:
- La selección nacional española representa al conjunto de España en cualquier modalidad deportiva.
- La representación internacional del deporte español corresponde al Estado, a través de los cauces legalmente establecidos, entre ellos, las federaciones deportivas españolas, de las que forman parte las federaciones autonómicas.
- En competiciones oficiales, resulta incompatible la participación de la selección nacional española con federaciones o selecciones de las Comunidades Autónomas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo de 2004.-Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000067
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno
AUTOR: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a facilitar la integración de las federaciones deportivas autonómicas que así lo decidan en las correspondientes federaciones deportivas internacionales y la participación de sus
selecciones en competiciones oficiales.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, y
publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, así como notificarlo al Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2004.-P. D. el Secretario general del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en el
Pleno, una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a facilitar la integración de las federaciones deportivas autonómicas que así lo decidan, en las correspondientes federaciones deportivas internacionales, y la participación de sus
selecciones en competiciones oficiales.
Antecedentes
La Constitución española en su artículo 149.1 establece las materias reservadas al Estado con carácter exclusivo y en ninguna de ellas se hace referencia al deporte. Esta circunstancia unida al hecho que todas las Comunidades Autónomas, en
sus respectivos Estatutos de Autonomía, han incorporado dicha materia como una competencia exclusiva, viene a demostrar que nos hallamos ante una de las atribuciones que el Tribunal Constitucional califica, de competencia exclusiva en sentido
estricto.
Las Comunidades Autónomas tienen en esta materia tanto la potestad normativa como la facultad de ejecución de forma íntegra.
A pesar de ello, en ocasiones y ante la voluntad de federaciones deportivas autonómicas de integrarse en las correspondientes federaciones deportivas internacionales, se ha argumentado que la competencia en materia de relaciones
internacionales reservada al Estado también en la Constitución limita la competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas en materia deportiva. Pero el propio Tribunal Constitucional ha rechazado dicho argumento a través de diversas sentencias.
Por otro lado, las federaciones deportivas son asociaciones de naturaleza jurídico-privada y no gozan de competencia delegada alguna de la Administración. Al igual, que las Federaciones Internacionales y el Comité Olímpico lnternacional son
también entidades privadas caracterizadas por su independencia respecto del poder político de los Estados, tal y como se precisa en sus estatutos.
Cataluña, como realidad nacional dentro del Estado, con una trayectoria dilatada en el ámbito del deporte, con un arraigado sentimiento de autogobierno y una gran vocación de proyección internacional, también en el ámbito deportivo, ha
vivido estos últimos años episodios que refuerzan lo que se persigue con la presentación de esta Proposición no de Ley: el reconocimiento del derecho de las selecciones deportivas de Cataluña a participar en competiciones internacionales de
carácter oficial.
Diversas han sido las iniciativas de la sociedad civil catalana, del mundo del deporte y de sus instituciones de autogobierno, en la línea de lograr esa aspiración. En este sentido, cabe destacar la creación de la asociación privada 'Comité
Olimpic de Catalunya', de la 'Unió de Federacions Esportives de Catalunya', de la campaña de recogida de firmas impulsada por la Plataforma Pro Selecciones Catalanas, con la que se obtuvieron más de 500.000 firmas, así como, la aprobación de la Ley
9/1999, de 30 de julio, del Parlamento de Cataluña, de Apoyo a las Selecciones Deportivas Catalanas.
No obstante, el Gobierno del Estado promovió en su día, un recurso de inconstitucionalidad contra la citada Ley 9/1999, de 30 de julio, de Apoyo a las Selecciones Catalanas, utilizando la Ley del Deporte 10/1990 como fundamento de la
inconstitucionalidad de la Ley catalana. En ningún caso, la Ley 10/1990, que no es ni orgánica ni de bases, puede ser considerada parámetro por no formar parte del bloque de constitucionalidad y además, las eventuales contradicciones que pueda
haber entre la legislación catalana y la estatal deben ser resueltas en base al principio de competencia y no en base al principio de jerarquía.
Por lo expuesto, en materia de deporte, debería ser resuelto a favor de la Ley autonómica.
En cualquier caso, una interpretación adecuada del bloque constitucional debería permitir a las Comunidades Autónomas que desean apoyar una expresión propia en el concierto deportivo internacional, arbitrar los mecanismos necesarios para
hacer efectiva esta aspiración. Y las federaciones deportivas autonómicas, en virtud de su naturaleza privada, deberían ver reconocido su derecho a integrarse en las correspondientes federaciones deportivas internacionales, tal y como viene
reclamando CiU desde hace tiempo y a través de iniciativas como la presentada, en diciembre de 2002, o de propuestas de resolución en Debates de Política General.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar las modificaciones en las disposiciones legales vigentes en materia de deporte, así como los cambios organizativos oportunos, para hacer efectiva la distribución competencial derivada del bloque de constitucionalidad, que
establece la atribución sobre el deporte como una competencia autonómica exclusiva.
2. Adoptar cuantas medidas e iniciativas sean necesarias al objeto de posibilitar la integración directa de las federaciones deportivas autonómicas que así lo decidan, en las correspondientes federaciones deportivas internacionales.
3. Adoptar cuantas iniciativas y gestiones sean necesarias ante las estructuras deportivas supraestatales, al objeto de que éstas apoyen la integración directa de la federaciones deportivas autonómicas que lo deseen, en las correspondientes
federaciones deportivas internacionales, y la participación de sus selecciones en las competiciones oficiales que éstas organicen.
4. Promover y facilitar la participación de las selecciones deportivas de Cataluña y que se constituyan en el seno de las correspondientes estructuras deportivas internacionales, en las actividades y competiciones internacionales con
carácter oficial.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 2004.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
162/000068
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno
AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Proposición no de Ley relativa a la aplicación de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE).
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, y
publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, así como notificarlo al Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2004.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley relativa a la aplicación de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), para su debate en Pleno.
Motivación
La Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) ha generado el rechazo de amplios sectores de la sociedad española. Durante su elaboración, el Gobierno del PP ignoró las propuestas de numerosos sectores educativos y de una buena parte de
las Comunidades Autónomas. Su discusión y aprobación parlamentaria no mejoró ninguno de sus aspectos más controvertidos, además de constituir un ejercicio de aplicación mecánica de la mayoría absoluta de la que el PP disponía en la anterior
legislatura. Un proceso de discusión en el que, por otra parte, se ocultó al Parlamento la memoria económica de la Ley y se ignoraron sistemáticamente la práctica totalidad de las enmiendas presentadas por los diferentes Grupos Parlamentarios. Es
por ello por lo que la Ley vio finalmente la luz con la oposición de la mayoría de dichos Grupos. Por último, el desarrollo de la Ley no ha hecho sino incrementar las tensiones con las diferentes Comunidades Autónomas que se han sentido ignoradas
sistemáticamente.
En el fondo del tenso proceso descrito se encuentra la ruptura por parte del anterior Gobierno de una serie de consensos básicos que, explícita o tácitamente, han permitido el desarrollo de nuestro sistema educativo desde la aprobación de
nuestra Constitución. En efecto, en la LOCE se dificulta la participación de padres y alumnos en los centros educativos; se altera el equilibrio entre la enseñanza pública y la privada concertada; se permite, en la práctica, la interrupción de la
escolarización obligatoria hasta los dieciséis años y se vulneran las competencias educativas que corresponden a las Comunidades Autónomas.
Todo ello sin que, por parte del anterior Gobierno, se pusieran a disposición de las administraciones
educativas los recursos financieros necesarios para la puesta en marcha de la nueva Ley.
Según el calendario dispuesto por el Gobierno del PP una buena parte de las medidas más contestadas de la LOCE debían de entrar en vigor en próximo curso académico. Para que ello fuera posible todo el complejo mundo de la educación, las
administraciones, los centros tanto públicos como privados, los profesores, las editoriales tenían que desarrollar, a lo largo de los próximos meses, una serie de tareas para poner a punto los cambios prescritos. Unas modificaciones, por otra
parte, que dados los compromisos anunciados por el actual Gobierno, y la mayoría política existente en esta Cámara están destinados a ser revisadas en poco tiempo.
En estas circunstancias resulta absolutamente procedente que el Gobierno, en uso de
la potestad reglamentaria que la propia LOCE le concede, comunique primero y proceda después a una revisión del calendario de aplicación de la Ley con el fin de retrasar la puesta en marcha de sus aspectos más conflictivos y disponer del tiempo
suficiente para buscar el consenso entre las administraciones y los diferentes sectores educativos y proceder a una modificación de la LOCE.
La decisión que el Gobierno ha tomado en relación con el calendario de aplicación de la LOCE era, pues, necesaria para revisar una reforma mal diseñada y evitar que el sistema educativo se vea sometido a cambios, que aunque necesarios, no
pueden producirse de forma continuada.
Por todo lo anterior, el Congreso de los Diputados, acuerda:
'1. Apoyar el retraso en la aplicación de la LOCE decidido por el Gobierno con el fin recuperar el consenso necesario para desarrollar las reformas que el sistema educativo necesita.
2. Reiterar la voluntad de las fuerzas políticas expresada repetidamente durante la pasada discusión de la LOCE, para alcanzar un acuerdo parlamentario en relación con la reforma del sistema educativo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 2004.-Alfredo Pérez Rubalcaba, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000069
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno
AUTOR: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).
Proposición no de Ley para garantizar el cumplimiento del Estatuto de Radiotelevisión Española (RTVE) en lo referente al respeto e impulso del pluralismo cultural y lingüístico del Estado español, así como en la proyección exterior de sus
lenguas, culturas y realidades.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, y
publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, así como notificarlo al Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2004.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Puig i Cordón, Diputado del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposicion no de Ley para su debate en el
Pleno.
Exposición de motivos
El Festival de la Canción de Eurovisión nace en Lugano (Suiza) en mayo de 1956 con el objetivo de difundir y promocionar la canción popular de los países europeos. Este festival ha dado a conocer a numerosos compositores, letristas e
intérpretes europeos, al tiempo que proporcionaba la oportunidad de que se escucharan canciones en las lenguas de los países de Europa con los rasgos musicales de cada uno de ellos.
El Estado español, que inició su participación en 1961, ha participado hasta el momento en 34 ediciones, y en ninguna de ellas se ha permitido la representación de las canciones en otra lengua que no sea la castellana, obviando la calidad de
plurinacional y plurilingüe que ostenta el Estado. Es más, ni desde la televisión pública estatal, que forma parte del consorcio organizador, ni desde el Gobierno español, del cual depende RTVE, se ha planteado nunca la conveniencia de que las
personas que representan al Estado español lo hagan en alguna de las otras lenguas oficiales diferentes a la castellana.
El Festival de Eurovisión está organizado por la UER (Unión Europea de Radiotelevisión), a la cual pertenece RTVE. El Estatuto de RTVE establece en su artículo cuarto.3 los principios en qué se inspirarán los medios de comunicación social
del Estado, indicando
como uno de ellos el respeto al pluralismo político, religioso, social, cultural y lingüístico. Asimismo, en el artículo quinto, uno.1 y uno.3 respectivamente, se establece el deber de la programación de RTVE de impulsar la diversidad
cultural y lingüística y de proyectar hacia el exterior las lenguas, culturas y realidades del Estado español.
El Festival de la Canción de Eurovisión es una buena oportunidad para dar a conocer a Europa que, igual que Suiza o Bélgica, el Estado español es un Estado plurilingüe. Eurovisión, más allá de la noche de la gala que se emite en directo
para 26 países, tiene promoción mediante los discos que edita o mediante su página de internet, entre otras. Asimismo en la noche de la gala se emite un vídeo de presentación de la canción que podría servir para dar a conocer la diversidad nacional
y lingüística existente en el Estado.
El hecho de que el Estado español continúe empeñado en que la única lengua de representación en foros internacionales sea la lengua castellana, lejos de ayudarlo, lo empobrece al esconder la riqueza de la variedad cultural, lingüística y
nacional que los defensores de la unidad de España alegan. En sentido contrario, hay quien argumenta que la lengua española es más conocida que las otras lenguas oficiales del Estado y ello beneficia a los intereses de España por la mejor
comprensión de la canción. No obstante, esta argumentación, además de demostrar la ambición de ganar un Festival de la Canción para exaltar el nacionalismo rancio español, es una falacia: en primer lugar, porque no hay ningún otro Estado europeo
donde la lengua castellana sea lengua propia fuera del territorio español, mientras que zonas de otros Estados u otros Estados propiamente tienen como lengua propia el catalán, el euskera o el gallego-portugués; en segundo lugar, porque las lenguas
comunes y oficiales del Festival de Eurovisión son el inglés y el francés, pero no el castellano, y se ofrece una traducción de todas las canciones en estas lenguas -según el Reglamento oficial 'Rules of the 2004 Eurovisión song contest'-.
En 1968, Joan Manuel Serrat, que había sido elegido para representar a España en Eurovisión, decide que sólo cantará en el Festival la Canción 'La, la, la' -que había grabado en varias lenguas- si lo hace en catalán.
Serrat recibiría el
boicot de RTVE y no cantaría en el Festival, haciéndolo en su lugar Massiel. Treinta y seis años más tarde de este hecho, veinticinco desde la aprobación de una Constitución Española que reconoce la condición del Estado de plurilingüístico y
plurinacional, sigue sin permitirse o alentarse que una canción interpretada en una lengua diferente a la castellana sea la que represente al Estado español.
Y ello, a pesar que en este tiempo ha habido canciones españolas parcialmente en inglés
como el 'Made in Spain' o el 'Europe's living a celebration'.
En conclusión, el Estado español debe más allá de reconocer legalmente la oficialidad de las diferentes lenguas, potenciarlas, y es una buena ocasión para ello los certámenes internacionales que tienen como finalidad la promoción de las
lenguas y canciones de los diferentes países europeos. En este sentido, se reclama que el Estado español proteja y promocione las lenguas que considera propias por igual, de la misma manera que lo hacen dos Estados plurilingüísticos como Suiza o
Bélgica.
Es por todo ello que se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Realizar las gestiones oportunas para garantizar el cumplimiento del Estatuto de RTVE en lo referente al respeto e impulso del pluralismo cultural y lingüístico del Estado español, así como en la proyección exterior de sus lenguas,
culturas y realidades.
2. Realizar las gestiones oportunas para que RTVE impulse una presencia equitativa de las lenguas del Estado en su representación en el Festival de Eurovisión.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 2004.-Joan Puig i Cordón, Diputado.-Joan Puigcercós i Boixassa, Portavoz del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/000023
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión
AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.
Proposición no de Ley relativa a la revisión de los Acuerdos del Estado con la Santa Sede.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Asuntos Exteriores. Asimismo, dar
traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2004.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado don Francisco Rodríguez Sánchez (BNG), al amparo de los dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley,
relativa a revisión de los acuerdos Estado-Santa Sede, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
La Constitución de 1978 declara que 'ninguna confesión tendrá carácter estatal'. Esta afirmación rotunda supuso la superación del estatus confesional que el Estado español mantenía hasta esa fecha, en virtud del Concordato de 1953 con la
Iglesia Católica, y por el cual el Estado se identificaba con la religión católica, de forma que existía una inspiración directa de la moral y religión católica en la actividad y decisiones de los poderes públicos.
Durante el período constituyente se realizó una revisión del Concordato, materializándose en un Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede de fecha 28 de julio de 1976, que fue desarrollado por tres instrumentos más: el Acuerdo sobre
Enseñanza y Asuntos Culturales, el Acuerdo sobre Asuntos Económicos, y el Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos, todos ellos firmados el 3 de enero de 1979 y en vigor a partir del 4 de diciembre del mismo año.
La aconfensionalidad del Estado español sitúa las creencias religiosas en la esfera de la conciencia íntima de las personas. El texto constitucional, al mismo tiempo que garantiza la libertad religiosa de las personas, no acoge una
identificación de cualquier religión con la actividad del Estado.
Para hacer conciliable esa doble vertiente (aconfensionalidad estatal y libertad religiosa individual) se admite lógicamente la cooperación del Estado con las Iglesias y Confesiones religiosas, todo ello dentro de acuerdo con los principios
y valores que dimanan del texto constitucional, y la realidad social de cada momento. En este marco debemos encuadrar los Acuerdos suscritos entre el Estado español y la Santa Sede, es decir, como un marco regulador de cooperación que debe respetar
la premisa de aconfesionalidad del Estado, y además, las restantes normas del Estado que puedan afectar al desarrollo del contenido de los acuerdos.
Como se desprende de los antecedentes reseñados, los Acuerdos del Estado español y la Iglesia Católica, aunque en vigor una vez aprobada la Constitución, fueron gestados en paralelo al período constituyente. Por ello, se consideran una
especie de 'instrumentos de excepción' que rigen en exclusiva y por si solos las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado, al margen del principio general de sometimiento de todos los ciudadanos y poderes públicos a la Constitución y al
resto del ordenamiento jurídico.
Estas dos circunstancias han sido determinantes en el desarrollo de las relaciones de la Iglesia Católica y el Estado español, pues aquélla ha gozado de privilegios y ámbitos de decisión autónomos ajenos al control del Estado, incluso cuando
tiene encomendadas tareas enmarcadas en servicios públicos, como es el caso de la educación religiosa. En efecto, no sólo la posible redacción vinculante para el Estado que contienen los citados Acuerdos, impropia en algunos aspectos de un Estado
aconfesional, al ser elaborada en una situación histórica incierta y sin un marco constitucional de referencia; ni el carácter de Tratado internacional de los mismos, podría determinar a priori un desarrollo de la cooperación entre el Estado y la
Iglesia Católica tan propicio para ésta, y que comprometiese de tal manera el apoyo público a la enseñanza religiosa católica, el mantenimiento de bienes pertenecientes a la Iglesia o una fiscalización tan austera del régimen económico de la Iglesia
como ha venido sucediendo en los últimos años.
Y aún más grave resulta la discrecionalidad e impunidad jurídica en la que realiza la Iglesia Católica las funciones pactadas con el Estado en materia de enseñanza religiosa, amparándose en los poderes omnímodos que le otorga el Acuerdo
sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, y que en muchas de sus actuaciones vulnera el régimen de derechos y libertades de los ciudadanos que colaboran en esas funciones, como se evidencia con el continuo goteo de casos de despidos de profesores de
religión que imparten clase en escuelas públicas en atención a criterios ideológicos y morales.
Por otra parte, la realidad social es distinta a la de hace veinte años.
Cada vez se cuestiona con más fuerza la necesidad de integrar la enseñanza religiosa en el sistema educativo reglado, y se generaliza la opinión de mantener en el
ámbito interno de la Iglesia la formación en la doctrina católica, como correspondería de verdad a un Estado aconfesional. Ello no excluiría totalmente la cooperación y apoyo público (al igual que con otras confesiones religiosas minoritarias), que
se otorgaría para que a la formación religiosa pudiesen acceder libremente los ciudadanos en la propia Iglesia y no como ahora sucede en las escuelas públicas o sostenidas con fondos públicos.
Además, no sólo en el ámbito educativo y cultural hay que efectuar una revisión del actual escenario de cooperación entre el Estado y la Iglesia Católica, sino también a nivel económico, al haberse detectado por
parte de algunas Ordenes y Congregaciones Religiosas el desvío de fondos a tramas de especulación financiera, y finalmente jurídico, para ponderar adecuadamente su inviolabilidad y adecuar las disposiciones relativas al matrimonio a las
reformas legales introducidas en esa materia.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Iniciar las conversaciones oportunas con los representantes de la Iglesia Católica para revisar y modificar los Acuerdos Internacionales suscritos con la Santa Sede en 1976 y 1979, para adecuarlos al carácter aconfesional del Estado
español, y fijar un nuevo marco de cooperación basado en la subordinación del mismo a los principios y derechos constitucionales.
2. Emprender las acciones necesarias para reformar los convenios administrativos firmados entre el Estado y la Iglesia Católica para adecuar el marco de relaciones al ordenamiento jurídico, de manera que la actuación de la Iglesia también
esté presidida por el respeto a las leyes y reglamentos vigentes
3. Extender las relaciones de cooperación por parte del Estado a las demás confesiones religiosas con presencia en el Estado español, en base a los principios de igualdad de trato y no discriminación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 2004.-Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.-María Olaia Fernández Dávila, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000028
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión
AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.
Proposición no de Ley relativa a la condena de las torturas y tratos inhumanos y degradantes infligidos a ciudadanos y ciudadanas iraquíes por militares de las potencias ocupantes en Iraq y por particulares por ellas contratados.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Asuntos Exteriores. Asimismo, dar
traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2004.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado don Francisco Rodríguez Sánchez (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 190 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula Proposición no de Ley, relativa a la condena de las
torturas y tratos inhumanos y degradantes infligido a ciudadanos y ciudadanas iraquíes por militares de las potencias ocupantes en Iraq y por particulares por ellas contratados, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
En los últimos días la opinión pública mundial ha descubierto horrorizada lo que los Gobiernos de las potencias ocupantes en Iraq habían autorizado y conocían desde hace meses: que las tropas de las potencias ocupantes y el personal de
empresas privadas de seguridad por ellas contratadas torturan, maltratan y humillan a los ciudadanos y ciudadanas iraquíes detenidos, sin acusación ni juicio previo, en las cárceles de ese país.
Estos hechos, claramente constitutivos de crímenes internacionales e incompatibles con las Convenciones de Ginebra y demás instrumentos internacionales de Derechos Humanos y de lucha contra la tortura y los tratos inhumanos y degradantes
merecen una condena rotunda por parte del Estado español, cómplice activo en la ocupación de Iraq, hoy felizmente retirado de allí, y por parte de las instancias internacionales competentes en materia de derechos humanos.
Así pues, con el fin de hacer patente la repulsa de estos crímenes y la persecución de sus responsables, se formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:
- A interesar inmediatamente del Fiscal General del Estado la persecución de los crímenes cometidos contra la población civil por la fuerzas militares ocupantes de Iraq y por el personal de empresas privadas
por ellas contratadas y, en particular, las torturas y tratos inhumanos y degradantes aplicados a los ciudadanos iraquíes detenidos.
- A promover inmediatamente una resolución de condena de estos hechos en el Consejo de Seguridad, la Asamblea General y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 2004.-Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.-María Olaia Fernández Dávila, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000029
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión
AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.
Proposición no de Ley relativa a la posición activa del Gobierno contra el Plan de Estados Unidos para asfixiar económicamente a Cuba.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Asuntos Exteriores. Asimismo, dar
traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2004.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado don Francisco Rodríguez Sánchez (BNG), amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a
posición activa del Gobierno contra el Plan de Estados Unidos para asfixiar económicamente a Cuba, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
Estados Unidos ha creado una llamada Comisión de Ayuda a una Cuba Libre, presidida por el Secretario de Estado norteamericano, Colin Powell, para aplicar un Plan con el fin de 'acelerar una transición hacia la democracia en Cuba'. Las
características del Plan son tan claras en la injerencia interna en los asuntos cubanos, tan agresivas con el derecho del pueblo cubano a vivir dignamente y en paz, tan encaminadas a estrangular económicamente a la isla, que encontró la oposición de
la disidencia interna cubana, consiguiendo que ésta coincidiese por vez primera en su percepción con el Gobierno de Cuba. El Plan contempla desde la restricción de los viajes de los exiliados y el endurecimiento del embargo a la financiación de los
grupos opositores. Fidel Castro lo calificó de 'plan anexionista' que pretende rendir a los habitantes de la isla por hambre. La disidencia interna expresó su inquietud porque el plan lejos de promover la democracia en la isla, la torpedea,
provocando sólo endurecimiento del régimen.
El Gobierno de los Estados Unidos quiere recrudecer el embargo y reducir los recursos financieros del Gobierno cubano: se limitarán las visitas de los exiliados a la isla a una cada tres años, se reducirá la cantidad que se puede gastar
diariamente en Cuba de 164 dólares a 50, se prohibirá el envío de paquetes y las remesas a sus familiares si éstos son funcionarios o miembros del Partido Comunista y siempre estarán restringidas a los familiares directos... En fin, parece que el
Gobierno Bush ha optado por una nueva guerra, por lo de ahora económica, centrada en endurecer aún más la vida de las personas, violar sus derechos e imposibilitar su existencia, con el fin de crear caos, desasosiego e ira contra el Gobierno cubano,
asfixiarlo financieramente con la esperanza de provocar hambre. Por lo de pronto, el Gobierno tuvo que subir la gasolina y suspender la venta de productos en dólares.
En el actual contexto internacional, y a la luz de los diseños imperiales descarados que está dispuesto a aplicar Estados Unidos, la agudización de la agresión contra Cuba llegando a estos extremos, anuncia que es posible incluso una
agresión militar directa. Creemos que todos los Gobiernos realmente democráticos del mundo deben posicionarse a tiempo contra esta escalada de injerencia, agresión y guerra larvada, que sólo conduce a un mayor padecimiento del pueblo cubano, obliga
al régimen a endurecerse, para subsistir, y significa una violación de los derechos de las personas a circular libremente a relacionarse con sus familiares y amigos, sin distinción de ideologías, en definitiva a vivir en paz y sin ser víctimas de
decisiones opresivas al servicio de la política imperial de los Estados Unidos.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Expresar, en todos los organismos internacionales, su oposición al Plan del Gobierno Bush para acelerar una transición democrática en Cuba porque significa endurecer el embargo contra ese país, empeorar las condiciones de vida del pueblo
cubano, dificultar las relaciones entre cubanos del interior y del exilio, su libre circulación y su derecho a convivir con sus diferencias ideológicas y políticas y, por lo tanto, representar una escalada peligrosa en la injerencia norteamericana
en la isla, que no comparten ni los partidarios del régimen ni la oposición interna.
2. Crear en el seno de la UE una opinión crítica con el Plan del Gobierno de Bush y favorable a unas relaciones con Cuba basadas en el diálogo, el intercambio en mutuo beneficio y el respeto por la expresión libre de las ideas, como forma
de contribuir a distensionar esta situación mundial tan peligrosa desde los principios de convivencia pacífica, no injerencia y respeto por los derechos humanos.
3. Mejorar las relaciones de todo tipo con Cuba, contribuyendo a que el pueblo cubano pueda decidir su futuro libremente y en paz.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 2004.-Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.-María Olaia Fernández Dávila, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Interior
161/000021
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión
AUTOR: Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Proposición no de Ley sobre el Centro Penitenciario de Pamplona (Navarra).
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la corrección de error contenida en el escrito número de registro 1677 y considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del
Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Interior. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2004.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el Centro Penitenciario de Pamplona
(Navarra), para su debate en la comisión de Interior.
El actual Centro Penitenciario de Pamplona, construido en 1901, carece de los recursos mínimos necesarios para asegurar el cumplimiento de su fin más básico: la reinserción social del penado. Es uno de los cuatro únicos centros
penitenciarios de España construidos hace cien años. Conscientes las Administraciones de esta situación, el Gobierno firmó el 6 de abril de 2000 un Convenio de Cooperación entre la Administración General del Estado y la Administración de la
Comunidad Foral para la construcción y financiación de un nuevo centro penitenciario en nuestra Comunidad.
Sin embargo, han pasado más de cuatro años y el centro penitenciario sigue siendo el mismo. Y lo que es peor, al día de hoy, no se ha puesto en marcha ninguna medida de construcción del nuevo centro penitenciario.
Asimismo, tampoco se ha
rehabilitado en profundidad el recinto penitenciario. Un informe de un sindicato de funcionarios de prisiones, describía su estado en términos de hacinamiento, desprendimiento de techo, temperaturas bajas, brotes de piojos y varicelas como
situaciones propias de esta cárcel.
Por otro lado, es importante señalar que la ubicación está estrechamente relacionada con el modelo penitenciario. Una política penitenciaria orientada a la integración e inserción social del recluso deberá tener muy en cuenta las
consecuencias derivadas de la elección de la ubicación, especialmente en lo que se refiere a las condiciones de acceso para los profesionales que trabajan en el ámbito penitenciario, para los presos y sus familiares, para las asociaciones,
organismos públicos que desarrollan programas de inserción con la población reclusa, etcétera.
Asimismo, las posibilidades de acceder con facilidad a derechos tan básicos como la sanidad,
la educación o la asistencia jurídica pueden verse afectados por la elección de un lugar inapropiado.
Por todo ello, presenta la siguiente
Prosposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
1. Se haga efectivo en el menor plazo posible el Convenio suscrito con el Gobierno de Navarra para construir un nuevo centro penitenciario en Navarra. De tales pasos, se dará cuenta al Congreso en un plazo de seis meses.
2. Entienda que la ubicación no tendrá que estar alejada del casco urbano de Pamplona.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo de 2004.-Isaura Navarro Casillas, Diputada-Joan Herrera Torres, Portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Comisión de Defensa
161/000030
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión
AUTOR: Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Proposición no de Ley sobre la desmilitarización del aeropuerto de Zaragoza.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Defensa.
Asimismo, dar traslado del
acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2004.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, se presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la desmilitarización del aeropuerto de
Zaragoza, para su debate en la Comisión de Fomento y Vivienda.
La guerra es siempre la constatación del fracaso del diálogo sin que resulte aceptable como mecanismo de regulación de las relaciones internacionales. La creciente militarización de la seguridad es un obstáculo para la paz, la democracia y
la justicia social en el planeta, además de no ser la fórmula más adecuada para prevenir y afrontar los desafíos del mundo del siglo XXI, como ya hemos constatado en ejemplos tan terribles como Afganistán e Iraq.
La pervivencia de la OTAN, el Tratado Bilateral con los Estados Unidos de Norteamérica (EUdN), el despliegue militar de tropas extranjeras en las bases de Rota y de Morón, la permanente autorización del tránsito por nuestras aguas y cielos
jurisdiccionales de naves, submarinos y aeronaves con propulsión o armamento nuclear, son restos de la Guerra Fría, de una doctrina militar de mediados del siglo XX.
A pesar de que según el Gobierno español, en respuesta a una pregunta parlamentaria del Grupo Federal de Izquierda Unida en junio de 2001 'no existe ninguna previsión relativa a la Base Aérea de Zaragoza a los fines del Convenio de
Cooperación para la Defensa', que en esos momentos estaba revisándose, el Gobierno reconoció haber autorizado el paso en 2003 de tropas del ejército de los EUdN por la Base Aérea de Zaragoza durante las operaciones militares contra Iraq, en el marco
del Convenio Bilateral suscrito finalmente en abril del 2002.
El Ayuntamiento de Zaragoza se había pronunciado meses antes 'contrario al uso del aeropuerto de Zaragoza' en este conflicto.
Son numerosos los ejemplos que ilustran las afecciones que recaen sobre el aeropuerto de Zaragoza por la preponderancia del uso militar de la base aérea; como punto estratégico de mantenimiento y suministro de combustible, garantizado por
el oleoducto Rota-Zaragoza, para el tránsito de tropas y suministros del ejército de los EUdN (regulado por el artículo 25 del Convenio Bilateral). Asimismo, las afecciones directas y los riesgos potenciales que esta situación generan sobre la
población de la ciudad de Zaragoza han sido denunciadas reiteradamente.
Como consecuencia de todo ello, el aeropuerto de Zaragoza está perdiendo oportunidades de desarrollo, a pesar de que es una infraestructura aeroportuaria de pistas de situación con una capacidad de recepción de aeronaves muy importante. Las
Cortes de Aragón, al objeto de que se convierta en una pieza clave en el transporte intermodal, y para que sirva como un elemento revulsivo de acción económica de la Comunidad
Autónoma, se han manifestado en varias ocasiones sobre la necesidad de mejorar los servicios que presta como la plataforma logística, impulsando nuevas infraestructuras, incardinándolo con la llegada del tren de alta velocidad a Zaragoza
mediante una segunda estación del AVE, al mismo tiempo que impulsando programas de promoción y captación de tráfico aéreo-mercancías y pasajeros.
Resulta difícil imaginar que esto vaya a ser posible si continúa subordinado a los usos militares, ya estructurales, ya coyunturales.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español para que proceda a reducir de forma progresiva los usos militares del aeropuerto de Zaragoza, así como a revertir los terrenos de la base aérea, al objeto de que se convierta en una
pieza fundamental en el transporte intermodal y en un elemento revulsivo de acción económica de la Comunidad Autónoma.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 2004.-Isaura Navarro Casillas, Diputada-Joan Herrera Torres, Portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Comisión de Economía y Hacienda
161/000036
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión
AUTOR: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Proposición no de Ley relativa a la necesaria adopción por parte del Gobierno de medidas de lucha contra la morosidad en las transacciones comerciales.
Acuerdo:
Entendiendo que en sus apartados 2 y 3 se insta al Gobierno al ejercicio de su iniciativa legislativa en la materia y, considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme
al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Economía y Hacienda.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2004.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la
Comisión de Economía y Hacienda, una Proposición no de Ley relativa a la necesaria adopción por parte del Gobierno de medidas de lucha contra la morosidad en las transacciones comerciales.
Antecedentes
El incumplimiento de los plazos contractuales o legales de pago en las operaciones comerciales realizadas entre empresas genera importantes cargas financieras y administrativas sobre las mismas, hasta el punto de amenazar la supervivencia de
la actividad, especialmente cuando quien se ve afectado por la misma son las pequeñas y medianas empresas, los trabajadores autónomos o los profesionales. Las causas de la morosidad en las transacciones comerciales debe buscarse, tanto por la
dificultad en el cobro de los impagados, como por el retraso en los plazos de pago que pueden practicar algunos operadores económicos.
Cada año en Europa los retrasos en el pago generan unos 90.000 millones de euros de deudas vencidas y exigibles pendientes de cobro, pérdidas de créditos incobrables por un valor de 23.600 millones de euros y más de 10.000 millones de euros
en concepto de costes financieros. Asimismo, la Unión Europea cifra en 450.000 puestos de trabajo anuales perdidos que se producen como consecuencia de la morosidad de las empresas.
En España, en el año 2003, la tasa de morosidad cayó hasta el 0,813 por ciento, según los datos publicados por el Banco de España, a pesar del aumento que se registró en el mes de diciembre. Pero, por otro lado, España se sitúa entre los
Estados miembros de la Unión Europea con un plazo más elevado de pago.
En la pasada legislatura, el Gobierno remitió un Proyecto de Ley de transposición de la Directiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales. Este
Proyecto de Ley, finalmente, no llegó a aprobarse. Al respecto, cabe recordar que el plazo para su transposición al ordenamiento jurídico interno venció en agosto de 2002.
En opinión del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), la actual coyuntura económica es el momento propicio para impulsar una serie de medidas de lucha contra la morosidad en el tráfico mercantil, por los riesgos que supone este
hecho para el conjunto de la actividad económica.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergéncia i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados, consciente de la problemática que genera la morosidad en las transacciones comerciales y de las negativas consecuencias que comporta para el correcto funcionamiento de la actividad económica, insta al Gobierno
a:
1. Impulsar, con carácter urgente, una rápida transposición de la Directiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, cuyo período máximo de entrada en vigor se había previsto inicialmente para el 8 de agosto de 2002. Dicha transposición deberá suponer la implantación del plazo general de pago no superior a un mes y, en su caso, de dos meses, en las
operaciones comerciales realizadas entre empresas y entre empresas y Administraciones Públicas.
2. Adoptar las disposiciones legales necesarias al objeto de posibilitar la recuperación del IVA devengado en aquellas cuotas repercutidas que lleven impagadas al menos un año a contar de la fecha del devengo del citado impuesto.
3. Proceder a la modificación de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con objeto de:
a) Eliminar el supuesto de responsabilidad subsidiaria del contratista por las deudas tributarias de las empresas subcontratadas derivadas de las retenciones y repercusiones devengadas como consecuencia de las obras o servicios contratados,
prevista en la letra f) del artículo 43.1, toda vez que constituye una derivación injusta de las responsabilidades de la Administración a las empresas.
b) Avanzar en la descentralización de la Administración Tributaria y de dotar de mayor eficiencia la gestión tributaria, con mayor y más importante implicación de las Comunidades Autónomas en la resolución de conflictos en materia tributaria
y que éstas se doten de organismos que permitan una mayor agilización de los procedimientos de gestión tributaria.
4. Favorecer las buenas prácticas mercantiles en los pagos entre contratistas y subcontratistas o suministradores, así como velar para el efectivo cumplimiento de las disposiciones concernientes a los plazos de pago en la Ley 7/1996, de 15
de enero, de Comercio Minorista.
5. Proceder a la adopción de las medidas necesarias y la asignación de recursos suficientes que permitan la plena y eficaz aplicación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, cuya entrada en vigor está prevista el día 1 de septiembre de
2004.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 2004.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comisión de Fomento y Vivienda
161/000022
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión
AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.
Proposición no de Ley relativa a la creación de un servicio ferroviario de cercanías entre Ferrol y A Coruña.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Fomento y Vivienda. Asimismo, dar
traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2004.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado don Francisco Rodríguez Sánchez (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 190 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula Proposición no de Ley, relativa a la creación de un
servicio ferroviario de cercanías entre Ferrol y A Coruña, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
El abandono de las infraestructuras y la escasez de servicios ahuyentó a los usuarios reales y/o potenciales del ferrocarril en la zona Ferrol-A Coruña, en la que viven 500.000 habitantes. La velocidad media de los servicios de viajeros era
hasta 2002 de 48 km/h. Debido a las protestas sociales y al debate político, así como a un tráfico de mercancías en ascenso notable pese al estado calamitoso de la infraestructura, desde el puerto de Ferrol, la Xunta, dentro de un Convenio firmado
con Renfe a finales de 1998, destinó 1.200 millones de pesetas para la mejora del tramo Ferrol-Betanzos-A Coruña, un trayecto de 42 kilómetros. Estas obras de mejora (cambio de traviesas y raíl, reforzamiento de túneles y puentes, básicamente)
dieron una velocidad media sobre 70-80 km/h y la seguridad aumentó notablemente. No es un modelo de ferrocarril para comienzos del siglo, pero puede ser el inicio de un cambio, si hay voluntad política de servir a los usuarios potenciales del
ferrocarril en una zona tan densamente poblada.
En la actualidad, entre las ciudades de Ferrol y A Coruña sólo circulan cuatro trenes diarios en cada sentido, trenes que tardan entre 60 y 90 minutos en realizar un recorrido de apenas 60 km. Se trata, a todas luces, de una oferta
insuficiente e incapaz de competir con otros medios de transporte o en especial, de competir con el vehículo privado o y que contrasta con la existencia de servicios ferroviarios de cercanías en otras comarcas urbanas con menos población que la de A
Coruña-Ferrol.
Conviene recordar que existen servicios de cercanías RENFE en Asturias (entre Oviedo-Gijón-Avilés), Santander, Bilbao, San Sebastián, Madrid, Barcelona, Valencia-Castellón, Alicante, Murcia, Málaga, Cádiz y Sevilla.
Servicio que implica la
existencia de trenes al menos cada hora, en todas las direcciones y hasta casi la medianoche.
Entre A Coruña y Ferrol, sin embargo, la política de RENFE parece ser, justamente, la contraria: eliminación de estaciones (como la de Betanzos), resistencia a la construcción de nuevos apeaderos y cuando los construye no los rentabiliza
(como el de Elviña) todo ello a pesar de que la línea Coruña-Ferrol es uno de los trayectos subvencionados por la Xunta de Galicia en virtud del convenio firmado con el Ministerio de Fomento y RENFE.
Con la red existente, sería posible conectar zonas como Betanzos y O Burgo con el centro de A Coruña, con el puente de A Pasaxe, con el complejo hospitalario 'Juan Canalejo', y muy especialmente con el Campus Universitario, apeadero de
Elviña. De este modo no sólo se ofrecería a la ciudadanía un medio de transporte más eficiente energéticamente sino que también se ayudaría a solucionar los graves problemas de tráfico que sufre la comarca coruñesa.
Con la actual línea entre A Coruña y Ferrol, es posible conectar estas dos ciudades en menos de una hora, convirtiendo al tren en un medio de transporte capaz de competir, por economía y rapidez, con el transporte público o privado por
carretera.
Las mejoras que se están efectuando en el trayecto Betanzos-Lugo-Monforte, incidirán en la seguridad y en una cierta mejora de la velocidad, haciendo el ferrocarril competitivo con la carretera en esta zona de Galicia si se colocan los
servicios adecuados a las necesidades.
Por todo ello, el Bloque Nacionalista Galego considera primordial que las Administraciones Públicas tengan una posición favorable a revitalizar los servicios de viajeros y mercancías por ferrocarril para bien de la economía y de la sociedad
en estas zonas, especialmente abandonadas dentro de Galicia. Sería una burla que una relativa mejora de las infraestructuras no conllevase la mejora de los servicios y el inicio de una apuesta por el ferrocarril.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento-Renfe a:
1. Mejorar los servicios ferroviarios de viajeros, tanto en frecuencia como en calidad y tiempos de viaje, en el corredor Ferrol-Betanzos-A Coruña, teniendo en cuenta la demanda potencial de una zona con 500.000 habitantes, de acuerdo con
la Administración Autonómica y con su participación.
2. Llegar a un Acuerdo o Convenio con la Xunta de Galicia, la Diputación de A Coruña y los Ayuntamientos interesados para impulsar el uso del ferrocarril, especialmente por estudiantes, en este corredor, aprovechando el apeadero de Elviña
en el Campus Universitario, así como para establecer un servicio de cercanías entre Betanzos y A Coruña, que alivie los actuales problemas de tráfico, contemplando la posible construcción de apeaderos en Puente A Pasaxe, Hospital Juan Canalejo y
estación de San Diego.
3. Estudiar, conjuntamente con la Xunta de Galicia, un plan de potenciación de los servicios ferroviarios interurbanos entre Ourense Monforte-Lugo-A Coruña/Ferrol y viceversa, teniendo en cuenta la funcionalidad a estos efectos de los
trenes de largo recorrido y la adecuación de los regionales, en función de la demanda potencial, mejorando la calidad de los servicios y los tiempos de viaje, en paralelo con la mejora de las infraestructuras.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 2004.-Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.-María Olaia Fernández Dávila, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000025
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión
AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.
Proposición no de Ley relativa a la revisión de peajes en la autopista A-9.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Fomento y Vivienda. Asimismo, dar
traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2004.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada María Olaia Fernández Dávila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa
a revisión de peajes en la A-9, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
Diferentes Administraciones, tales como los Ayuntamientos limítrofes y la Xunta de Galicia, tienen reconocida la demanda de la necesidad de liberalizar de peaje el tramo de la Autopista A-9, O Morrazo-Vigo, así como la reducción en al menos
un 50 por ciento del tramo Pontevedra-Vigo.
En el caso del tramo O Morrazo-Vigo, esta demanda de eliminar el peaje es una necesidad imperiosa pues se da la circunstancia que prácticamente la única vía de comunicación terrestre que tienen los vecinos de O Morrazo para trasladarse a la
ciudad de Vigo, lo que tienen que hacer tanto para acudir al trabajo como para acceder a una serie de servicios imprescindibles tales como la asistencia sanitaria y no sólo la hospitalaria sino todo lo referente a pruebas diagnósticas, analíticas,
etcétera, sin olvidar la urgencias.
Aunque la Xunta de Galicia asumió de manera provisional y entendemos que en tanto no exista una solución definitiva, algunas medidas paliativas, éstas además de no ser las adecuadas son insuficientes pues afectan de manera restringida a
algunos automovilista que utiliza la autopista pero no a todos los usuarios, como por ejemplo los que tienen que utilizar los transportes colectivos que tienen que pagar un precio en el que está incluido el coste de peaje.
Los tráficos existentes en O Morrazo y Vigo tienen una naturaleza metropolitana, como referimos anteriormente, con una actividad industrial, asistencia sanitaria, comercio, educación y cantidad de actividades económico-sociales que se
desarrollan en las áreas de influencia de la mencionada ciudad de Vigo.
Hay que reconocer así mismo que la situación de la A-9 está fuertemente condicionada por la ausencia de un marco hegemónico a nivel estatal. La situación generada en el Estado Español como consecuencia del Plan de Autovías originan
evidentes desequilibrios, con el consiguiente efecto sobre los usuarios que no entienden los criterios empleados para establecer peajes en unos trayectos frente a otros, por ejemplo: Pontevedra-Vigo, 22 km. 2,50 euros tarifa, 0,113 euros km.
Santiago-Coruña 4,35 euros tarifa, 70 km., 0,062 euros km.. Jerez-Cádiz, 1 euro Km., 27 km. 0,037 euros km.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Liberalizar de peaje el tramo de la Autopista A-9 O Morrazo-Vigo.
- Reducir el peaje de la Autopista A-9, tramos Pontevedra-Vigo en un 50 por ciento de su coste actual. '
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 2004.-María Olaia Fernández Dávila, Diputada y Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000027
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión
AUTOR: Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a que estudie con la máxima urgencia un trazado alternativo a la Autopista del Occidente en Asturias, a partir de la Variante de Navia hasta su enlace con la citada infraestructura
en la Comunidad Autónoma de Galicia, alejándola de la rasa costera.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Fomento y Vivienda. Asimismo, dar
traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2004.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de
Fomento y Vivienda de la Cámara.
El anterior Gobierno de España se empeñó en imponer en el Occidente de Asturias un trazado de la Autovía del Cantábrico, que ha sido contestado por ciudadanos e instituciones por resultar lesivo para la rasa costera y conllevar la
desaparición de numerosas explotaciones agrícolas y ganaderas.
La situación actual de ejecución del proyecto y desarrollo de las obras de la infraestructura indicada aún puede permitir la introducción de modificaciones en el proyecto que permitan aminorar el impacto, alejando la autopista de la rasa
costera, y reducir los costes ambientales y socioeconómicos del actual proyecto.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposicion no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que estudie con la máxima urgencia un trazado alternativo a la Autopista del Occidente en Asturias, a partir de la Variante Navia hasta su enlace con la citada infraestructura en la Comunidad
Autónoma de Galicia, alejándola de la rasa costera.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo de 2004.-Gaspar Llamazares Trigo y Joan Herrera Torres, Portavoces del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
161/000031
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión
AUTOR: Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Proposición no de Ley sobre la Autovía Mudéjar (A-23).
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Fomento y Vivienda. Asimismo, dar
traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2004.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, se presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la Autovía Mudéjar, para su debate en
la Comisión de Fomento y Vivienda.
La Autovía Mudéjar (A-23), entre Somport y Sagunto, acumula un retraso en su ejecución tal que, según los planes iniciales del Ministerio de Fomento, debería estar terminada este año, 2004. En estos momentos, sólo se hallan en servicio los
tramos Nueno Zaragoza, Calamocha-Santa Eulalia del Campo, y Altura-Sagunto. El resto de tramos se encuentran en obras, o pendientes de adjudicación. De esta forma, ya en noviembre del año pasado, 2003, el Ministro de Fomento informó que esta obra
no estaría terminada hasta 2007.
El injustificado retraso en la ejecución de esta autovía es doblemente doloroso para la situación de las comunicaciones de una provincia como Teruel, que sólo cuenta en todo su territorio con 40 kilómetros de autovía, precisamente los del
tramo Calamocha-Santa Eulalia del Campo.
Además, esta futura autovía debe soportar un intenso tráfico rodado de camiones que, en algunos casos, incluye el transporte de mercancías peligrosas que se ven implicados en accidentes tan espectaculares como los que tuvieron lugar a
mediados de marzo en Sarrión (Teruel) y Barracas (Castellón).
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español para que, en relación con la Autovía Mudéjar (A-23) Somport-Sagunto:
1. Establezca los mecanismos oportunos al objeto de concluir, en el menor plazo de tiempo posible, las obras de los tramos pendientes.
2. Adopte las medidas necesarias para prevenir adecuadamente los riesgos potenciales de la circulación de mercancías peligrosas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 2004.-Isaura Navarro Casillas, Diputada.-Joan Herrera Torres, Portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Comisión de Educación y Ciencia
161/000024
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión
AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.
Proposición no de Ley relativa a integración de la enseñanza de la lengua y cultura catalana, gallega y vasca dentro de la acción educativa española en el exterior.
Acuerdo:
Entendiendo, en relación con el apartado tercero de la iniciativa, que se insta al Gobierno al ejercicio de su iniciativa legislativa en la materia y considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como
Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Educación y Ciencia. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2004.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado don Francisco Rodríguez Sánchez (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley,
relativa a integración de la enseñanza de la lengua y cultura catalana, gallega y vasca dentro de la acción educativa española en el exterior, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
El Real Decreto 1027/1993, de 25 de junio, regula la acción educativa en el exterior. Por su parte, la Ley 7/1991, de 21 de marzo, por la que se crea el Instituto Cervantes, introduce en el ámbito general de la acción exterior del Estado un
organismo especializado para la difusión del español. Tanto en un caso como en otro, pero de forma determinante para el tema que nos ocupa, por ser la obligada referencia legal, en el Real Decreto 1027/1993, sólo se tiene en cuenta la enseñanza de
la lengua y cultura españolas. Sin embargo, en el artículo 4 del Real Decreto se afirma que 'la acción educativa española en el exterior contribuirá al mantenimiento de vínculos culturales y lingúísticos de los residentes españoles en el exterior'.
Es una evidencia que, en muchas ocasiones, los residentes españoles en el exterior pertenecen a territorios del Estado con lengua y cultura propias, como la gallega, la catalana o la vasca.
Por ejemplo, en los centros de primaria y secundaria de
París, que dependen del Estado español, la mayor parte del alumnado es gallego. En el caso de Sao Paulo, casi el 90 por ciento son hijos de gallegos.
Es, por lo tanto, fundamental que, si la Administración española presta especial atención a la organización de enseñanzas y actividades dirigidas a residentes españoles escolarizados en niveles no universitarios de sistemas educativos
dependientes de la acción educativa española en el exterior, con el fin de mantener los vínculos culturales y lingüísticos, se tenga en cuenta también la lengua y cultura gallega, la catalana y la vasca. En la actualidad, están fuera de
consideración en la acción educativa exterior. Sólo son contempladas en los cursos que, de forma esporádica, organiza el Instituto Cervantes en algunas ciudades, que nada tiene que ver, además, con el sistema de enseñanza reglada.
Ya en la anterior legislatura, en el debate sobre una Proposición no de Ley del Partido Popular relativa a la
firma de un Convenio con la Xunta de Galicia para promocionar en el exterior la enseñanza y difusión de la lengua y cultura gallegas, su portavoz afirmó que el Gobierno del PP estaba dispuesto a hablar de la posibilidad de la enseñanza del
catalán, gallego y vasco en la enseñanza reglada exterior, y a 'buscar fórmulas para que efectivamente la difusión y promoción de estas lenguas se realice con el mayor abanico de actuaciones y posibilidades' (Comisión de Educación y Cultura, Diario
de Sesiones, 21 de noviembre de 2001). Ahora, teniendo en cuenta la intención del Gobierno actual de asumir el pluralismo cultural y lingüístico como un tema de Estado, debe plasmarse este propósito en la acción educativa española en el exterior.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a
1. Incluir, dentro de la acción educativa española en el exterior, la enseñanza de la lenguas y culturas catalana, gallega y vasca, de forma prioritaria en el caso de alumnado de nacionalidad española de familias procedentes de esas áreas
lingüístico-culturales, con el objetivo de contribuir al mantenimiento de sus vínculos culturales y linguísticos originarios.
2. Establecer, para la acción educativa española en el exterior, de acuerdo con las Comunidades Autónomas implicadas, el currículo de las enseñanzas de lengua y cultura gallega, catalana y vasca, en los niveles no universitarios del sistema
educativo español o de otros sistemas, el régimen del personal docente necesario y los procedimientos para la obtención de los certificados y diplomas oficiales respectivos.
3. Realizar las modificaciones legales pertinentes, de acuerdo con las Comunidades Autónomas implicadas, de forma que la acción educativa del Estado español en el exterior se adapte a su realidad lingüística y cultural plural, con el fin de
contribuir realmente a un conocimiento verdadero en el extranjero y al mantenimiento de los vínculos culturales y lingüísticos de los residentes españoles en el exterior.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 2004.-Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.-María Olaia Fernández Dávila, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Administraciones Públicas
161/000033
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposición no de Ley relativa a la presentación de un Proyecto de Ley de Expropiación Forzosa que sustituya al actual.
Acuerdo:
Considerando que no solicita el debate de la iniciativa ni en Pleno ni en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Administraciones
Públicas. Asimismo, publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, dando traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2004.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley.
Exposición de motivos
Hace casi cincuenta años se aprobó la Ley de Expropiación Forzosa de 1954, norma que mantiene su vigencia tanto tiempo después.
Sin embargo, es claro que el tiempo transcurrido ha puesto más que en evidencia la necesidad de llevar a cabo un proceso legislativo que debería conducir no a mera reforma de dicho texto sino a una nueva Ley completa.
Ya lo que supuso la Constitución de 1978 debería ser razón suficiente para impulsar un nueva norma legal, sobre todo en lo que supone el fortalecimiento de las garantías del procedimiento. Además, otras muchas razones justificarían también
una nueva Ley como es la organización plural del Estado, con unas instituciones autonómicas, la progresiva modernización de las Administraciones Públicas, el desarrollo económico y social del país, la constante utilización del procedimiento de
urgencia o las distorsiones en el proceso de determinaciones del justiprecio, la falta de homogeneización de valores, el anacrónico sistema de pagos, o la necesaria adecuación de los Jurados Provinciales a una organización no sólo más adecuada con
la realidad sino también con el hecho autonómico.
Éstas, entre otras razones, justifican la presentación ante el Congreso de un Proyecto de Ley de Expropiación Forzosa, texto sobre el cual se ha venido trabajando intensamente en estos últimos años desde el Gobierno y por órganos de expertos
como Comisiones Interministeriales e incluso la Comisión General de Codificación y que se encuentra ya en condiciones de ser remitido a esta Cámara.
Por lo expuesto, se presenta esta Proposición no de Ley por la que se:
'Insta al Gobierno a que remita al Congreso de los Diputados, al amparo del artículo 149.1.18, un Proyecto de ley de Expropiación Forzosa que sustituya a la aún vigente de 1954 y que responda a los retos de la modernización de las
Administraciones, la satisfacción de los intereses públicos, las garantías de los ciudadanos en un Estado de Derecho y la adecuación a una realidad social, económica y autonómica hoy existente.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril de 2004.-Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Medio Ambiente
161/000026
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión
AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.
Proposición no de Ley relativa a las concesiones otorgadas a la Empresa Nacional de Celulosa, S. A. (ENCE).
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Medio Ambiente. Asimismo, dar traslado
del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2004.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada doña María Olaia Fernández Dávila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley,
relativa a concesiones otorgadas a la empresa ENCE para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
La Orden del Ministerio de Medio Ambiente, de 23 de julio de 1999, declara que el plazo de las concesiones otorgadas a la empresa ENCE, situada en la ría de Pontevedra, vence en el año 2018. La empresa (ahora privatizada) solicitó del
Ministerio la declaración de innecesariedad de dominio público marítimo-terrestre, en lo referente a los terrenos que actualmente ocupa el complejo pastero.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Declarar improrrogable el plazo concesional fijado a la empresa ENCE (Pontevedra) para el año 2018.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 2004.-María Olaia Fernández Dávila, Diputada y Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000035
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión
AUTOR: Grupo Parlamentario Catalán (Convergéncia i Unió).
Proposición no de Ley sobre realización urgente de las inversiones previstas para la protección del delta del Ebro.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Medio Ambiente. Asimismo, dar traslado
del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2004.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la
Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley para la urgente realización de las inversiones previstas para la protección del delta del Ebro.
Antecedentes
La disposición adicional décima de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, preveía la elaboración del Plan Integral de Protección del Delta del Ebro, incluyendo la definición de las medidas necesarias para evitar la
subsidencia y regresión del Delta, la mejora de la calidad del agua, la mejora del hábito físico de los ecosistemas, la definición y aplicación de un modelo agronómico sostenible, etc.
Correlativamente, el anexo de inversiones que contiene la misma
Ley contempla las actuaciones ambientales derivadas del Plan Integral de Protección del Delta del Ebro.
Con posterioridad, el Ministerio de Medio Ambiente aprobó la Declaración de Impacto Ambiental, sin haber elaborado el preceptivo Plan Integral de Protección del Delta del Ebro. Asimismo, la disposición adicional vigésima tercera de la Ley
62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, modificó la mencionada disposición adicional décima, suprimiendo las principales garantías ambientales del río Ebro, del Delta y del ecosistema marítimo próximo.
En el debate de investidura celebrado la presente legislatura, el candidato y actual presidente del Gobierno reiteró su compromiso de abordar una profunda reforma de las confederaciones hidrográficas y de revisar el Plan Hidrológico Nacional
vigente, manteniendo aquellas actuaciones del anexo de inversiones que resulten coherentes con la reorientación de la política del agua. Asimismo manifestó su interés en derogar, mediante Real Decreto-ley, el capítulo de la Ley 10/2001, de 5 de
julio, del Plan Hidrológico Nacional, relativo al trasvase del Ebro.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergéncia i Unió) considera que, previa a cualquier acuerdo en materia de planificación hidrográfica, y dada la trascendencia de la preservación del Delta del Ebro, deben impulsarse de forma prioritaria
medidas que garanticen la estabilidad del Delta del Ebro y, especialmente, de lucha contra la intrusión salina y la subsidencia, previendo todos aquellos recursos necesarios para dar cumplimiento a las medidas agronómicas que deben garantizar que el
desarrollo socioeconómico en las Terres de l'Ebre y su preservación ambiental sean compatibles. Ello requiere iniciar, con urgencia, la ejecución de aquellas inversiones ya previstas en el Plan Hidrológico y destinadas específicamente a la
preservación y protección del Delta del Ebro, inversiones para las que ya existe una primera anualidad en los presupuestos para el presente año 2004.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a iniciar la urgente ejecución de las inversiones previstas en el Plan Hidrológico Nacional destinadas a la preservación y protección del Delta del Ebro, con la finalidad de asegurar el
mantenimiento de sus especiales condiciones ecológicas.
Para la ejecución de dichas inversiones ya existe una primera anualidad en los presupuestos para el presente año 2004. Las inversiones se ejecutarán, en coordinación con la Generalitat de Catalunya y las Administraciones y entidades con
competencias e intereses en el ámbito del Delta del Ebro.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 2004.-Josep Antoni duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comisión de Control Parlamentario de RTVE
161/000032
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión
AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.
Proposición no de Ley relativa a uso del gallego en las emisiones de Radiotelevisión Española (RTVE).
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Control Parlamentario
de RTVE. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2004.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado don Francisco Rodríguez Sánchez (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley,
relativa a uso del gallego en las emisiones de RTVE para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
Son muy escasos los informativos territoriales y locales de RNE en Galicia que se realizan en lengua gallega. Esto, añadido a la desaparición de Radio-4 en Galicia, que sí tenía mayor vinculación e identificación con la lengua y la cultura
del país, provoca que RNE sea, en su dimensión global, una emisora prácticamente en lengua castellana para los oyentes de Galicia. Teniendo en cuenta que es mucho más del 50 por ciento lo emitido desde la emisora central, en castellano, sería
lógico realizar todas las desconexiones territoriales y locales de Galicia en la lengua propia del país. Es, además, una necesidad para que los usuarios del idioma gallego puedan tener una mínima cobertura en los medios de comunicación de
titularidad pública, elemento básico para un proceso de normalización lingüística del que el gallego está muy necesitado. Esta presencia del idioma debe conllevar que, en el funcionamiento de RNE y TVE como emisoras para todo el Estado se potencie
la presencia habitual de solistas y grupos musicales que hagan uso de las diferentes lenguas del Estado, incluido el gallego. En estos momentos se da la paradoja de que artistas con gran éxito de ventas y con éxito de crítica y público en otros
Estados, no aparecen o sólo aparecen marginalmente en la parrilla de TVE.
Por otra parte, no puede continuar una situación en la que no siempre se hace uso de la toponimia oficial de Galicia en los medios de comunicación del Estado, contrastando en esto con la mayoría de los privados que respetan la Ley y las
formas originarias, legales y no deturpadas de los ayuntamientos y ciudades de Galicia.
La disposición del Gobierno a respetar el carácter plurilingüe y pluricultural del Estado y a cumplir las leyes que lo amparan, por lo de ahora muy tímidamente, debe ser clara y contundente en los medios de comunicación de titularidad
pública, como ejemplares para la sociedad.
Proposicion no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta a la Compañía de RTVE a:
1. Hacer las desconexiones informativas de RNE para Galicia en lengua gallega.
2. Recuperar una emisora de RNE que emita en gallego, como fue Radio-4, que emitió en gallego hasta 1992, cuando fue suprimida.
3. Equiparar las desconexiones horarias de TVE en Galicia con las realizadas en Cataluña, y hacer siempre estas desconexiones en la lengua del propio país, así como aumentar la financiación en producción propia en el Centro territorial
gallego.
4. Utilizar la toponimia oficial de Galicia en todos los medios de comunicación del Estado, de forma especial en el Canal 24 Horas de TVE, que es el que más la viola.
5. Potenciar la presencia habitual de solistas y grupos musicales que hacen uso de las diferentes lenguas del Estado, incluido el gallego, para que no se dé la paradoja de que artistas con gran éxito de ventas y con éxito de crítica y
público en otros Estados, no aparezcan o sólo lo hacen marginalmente en la parrilla de TVE.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 2004.-Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.-María Olaia Fernández Dávila, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.