CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2007 VIII Legislatura Núm. 955

AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ PLIEGO CUBERO

Sesión núm. 52

celebrada el jueves, 29 de noviembre de 2007

ORDEN DEL DÍA:


Proposiciones no de ley:


- Sobre la demanda de la flota española que agotó su cupo de merluza en los caladeros de Gran Sol. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/001867.)... (Página 2)


- Sobre el periodo de retención en el sector ovino y caprino. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/002179.)... (Página 2)


- Para que se mantengan precios justos para los agricultores y los consumidores. Presentada por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 161/001933.)... (Página
3)


- Para la elaboración de un mapa de zonas óptimas donde ubicar las nuevas instalaciones para el desarrollo de la acuicultura que tengan en cuenta los requisitos técnicos, los factores socioeconómicos y geofísicos que puedan favorecer el
desarrollo de la actividad acuícola sin perjuicios medioambientales. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/002365.)... (Página 5)

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Para la promoción de medidas de I+D+i encaminadas a una mayor optimización de los costes en la flota pesquera. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/002366.)... href='#(Página7)'>(Página 7)


- Sobre la renovación y modernización de la flota comunitaria. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/002367.)... (Página 8)


- Relativa a la adopción de medidas para paliar la inseguridad jurídica de empresas de armadores españoles en Argentina. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002416.)... href='#(Página10)'>(Página 10)


- Relativa a la adopción de medidas urgentes para paliar la crisis en los precios de la merluza fresca. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002417.)... (Página
12)


- Sobre los daños provocados por el temporal de lluvia y granizo en la provincia de Lleida y particularmente en la comarca del Pla d'Urgell.
Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya, ERC. (Número de
expediente 161/002437.)... (Página 14)


- Relativa a los problemas de la flota dedicada a la captura de pez espada en Namibia. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/002442.)... (Página 17)


- Sobre la elaboración de un plan específico para la adecuación de la flota de artes menores y artesanales a las necesidades del tratamiento del pescado. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente
161/002390.)... (Página 20)


Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.



PROPOSICIONES NO DE LEY:


- SOBRE LA DEMANDA DE LA FLOTA ESPAÑOLA QUE AGOTÓ SU CUPO DE MERLUZA EN LOS CALADEROS DE GRAN SOL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/001867.)


El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente al día de hoy que, de acuerdo con el orden del día establecido, tal y como acordó la Mesa y portavoces en la
sesión al efecto, hoy está dedicada a proposiciones no de ley. (El señor Díaz Díaz pide la palabra.) Me pide la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.



El señor DÍAZ DÍAZ: Señor presidente, en nombre de mi grupo quisiera retirar la proposición no de ley que por error se introdujo en el primer punto del orden del día -no fue mi grupo, sino concretamente el Grupo Popular-; proposición del
año 2006 que en este momento no tiene vigencia.



El señor PRESIDENTE: Señorías, a riesgo de no equivocarnos, vamos a dar las seis de la tarde como hora de referencia de votación, que en ningún caso se producirá antes, y a partir de ahí, lógicamente, tendrá lugar en el momento en que se
agote el orden del día.



- SOBRE EL PERIODO DE RETENCIÓN EN EL SECTOR OVINO Y CAPRINO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/002179.)


El señor PRESIDENTE: Me pregunta el señor Grau, portavoz de Convergència i Unió, si habría alguna dificultad en que alteráramos el orden del día, de modo que se debatiese en primer lugar la número 3. ¿Se manifiesta por parte del resto de
los grupos alguna dificultad al respecto? (Pausa.) Pasamos, por tanto, al punto 3.º del orden del día: proposición no de ley del Grupo Catalán de Convergència i Unió sobre el periodo de retención en el sector ovino y caprino. Su portavoz, señor
Grau, tiene la palabra.



El señor GRAU I BULDÚ: Muchas gracias, por su benevolencia, señor presidente, y a los grupos por autorizarme a intervenir, ya que me coinciden a esta misma hora dos intervenciones, tanto en la Comisión de Radio televisión Española como en
esta de Agricultura, de las


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cuales soy portavoz. Para no demorarme más en el tiempo, quiero dar por presentada nuestra proposición no de ley, correspondiente al punto 3.º del orden del día, sobre el periodo de retención en el sector ovino y caprino, y dar por asumida
la enmienda que presenta el Grupo Socialista, subsumiendo su presentación en nuestra proposición, y, por tanto, aceptándola plenamente en sus propios términos. Aprovechando también esta coincidencia, quiero señalar que nuestro grupo ha presentado
dos enmiendas, que ruego a la Presidencia tenga por defendidas, a la propuesta del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida para que se mantengan los precios justos para los agricultores y los consumidores.



Termino agradeciéndoles una vez más su benevolencia y su comprensión.



El señor PRESIDENTE: Efectivamente, a esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Socialista.
Para su defensa tiene la palabra el señor Fuentes.



El señor FUENTES CURBELO: Presentamos esta enmienda porque entendemos que la proposición no de ley presentada por Convergència i Unió no se ajustaba realmente a lo establecido en el Reglamento de la Comisión, 1782/2003. Por este motivo
hemos creído conveniente modificarla con esta enmienda que damos por aceptada por parte de Convergència i Unió.



- PARA QUE SE MANTENGAN PRECIOS JUSTOS PARA LOS AGRICULTORES Y LOS CONSUMIDORES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS. (Número de expediente 161/001933.)


El señor PRESIDENTE: Continuamos con el punto 2.º del orden del día.
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, para que se mantengan precios justos para los agricultores y los
consumidores. Su portavoz tiene la palabra.



La señora MUÑOZ DE DIEGO: Intervengo muy brevemente para explicar la proposición no de ley que ha presentado nuestro grupo parlamentario, que tiene por objeto básicamente establecer una relación por lo menos transparente entre los precios
de los productos de la agricultura en origen y los precios de los productos en destino. Pensamos que esta proposición no de ley tiene en este momento máxima actualidad, teniendo en cuenta que los datos de inflación del mes de octubre eran
preocupantes y que en la inflación habían influido de modo decisivo los productos alimenticios de primera necesidad, lo que se conoce habitualmente como cesta de la compra. A raíz del debate sobre cómo ha influido en la inflación el precio de
productos como la leche, los huevos, el aceite, la fruta, etcétera, ha surgido otra discusión que viene a colación respecto a esta proposición no de ley, y es por qué suben estos precios en este momento cuando las razones que se están esgrimiendo,
como puede ser la subida del petróleo o la subida del precio de los cereales, no parece que estén incidiendo por igual en todos los países, pero en España están incidiendo de manera muy importante en la inflación. Asimismo, hemos podido observar
todos cómo en estos días tanto distribuidores como agricultores y demás entidades que están interviniendo en el precio de los productos de primera necesidad, los productos alimenticios, expresan que no son ellos los responsables de esta subida. Los
agricultores manifiestan que siguen recibiendo unos precios muy bajos por sus productos; los distribuidores manifiestan que no están cargando el precio del producto, y los intermediarios hasta ahora manifiestan menos, pero seguro que algo
manifiestan para no considerarse directamente responsables.



Esta proposición no de ley pretende establecer cuáles son las condiciones para fijar el precio del producto y que sobre todo sean unas condiciones transparentes para el consumidor. En esa línea, la proposición no de ley plantea una serie de
medidas, en este caso al Gobierno, para facilitar a los consumidores el ejercicio del derecho a conocer con total transparencia cómo se forman los precios y el funcionamiento del mercado.
Para ello planteamos que se produzca una mejora en los
mecanismos de recogida de precios, la creación de un observatorio de precios eficaz y operativo, así como un marco legislativo adecuado. En segundo lugar, planteamos que es imprescindible promover políticas orientadas a conseguir que los
agricultores y ganaderos perciban un precio adecuado por los productos que venden que cubra sus costes y además les permita un nivel de vida digno. En tercer lugar, planteamos que se tiene que perseguir con firmeza y eliminar las posibles prácticas
comerciales fraudulentas como es el caso, por ejemplo, de la venta a pérdidas. En cuarto lugar, planteamos intensificar el control de las importaciones e impedir la comercialización de productos prohibidos en la Unión Europea, con el fin de
garantizar la seguridad de los consumidores y reconocer la calidad de los productos agrarios comunitarios. Por último, instamos al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para implantar el sistema de doble etiquetado en precios en origen y
precios en destino como criterio de transparencia al servicio de información al consumidor.



Esta es una demanda histórica de los consumidores, y creemos que esta medida permitiría dar a conocer al consumidor el precio en origen y el precio en destino. Esa transparencia podría evitar también prácticas fraudulentas que se pueden
estar dando en este momento; en todo caso, esta práctica transparente no perjudica a nadie, sino que beneficia al propio mercado, al consumidor y también a los que son más perjudicados en la opacidad, que suelen ser los agricultores y los que
tienen el producto en origen. Eso es lo que plantea la proposición no de ley. Pido a los grupos parlamentarios que la apoyen,


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entre otras cosas, porque es una proposición no de ley que en este momento es especialmente interesante, importante y que trasladaría a la ciudadanía la sensación de que se está trabajando en el ámbito que corresponde, en el ámbito
legislativo o de actuación del Gobierno, para que haya transparencia en un tema tan importante como el precio de los productos de primera necesidad. Además, es muy importante para los agricultores, que también han pedido en muchísimas ocasiones que
se tenga una información exacta del precio en origen y del precio en destino.



Hay un listado en la proposición no de ley que es bastante ilustrativo, en el que vienen precios en origen y precios en destino de determinados productos agrícolas. Es verdad que es del año 2005-2006, porque la proposición no de ley es del
año 2006, pero nada más ver esos datos podemos hacernos una idea de en qué terreno nos estamos moviendo.
Solamente con esos datos, apoyar esta proposición no de ley es apoyar la transparencia y también al agricultor o al que está poniendo el
producto en origen, que es el menos beneficiado de estas prácticas opacas.



El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se han presentado tres enmiendas, dos de ellas del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, que su portavoz ha dado por defendidas en su anterior intervención, y una tercera, del
Grupo Parlamentario Socialista. El señor Alonso tiene la palabra para su defensa.



El señor ALONSO NÚÑEZ: Estamos analizando y debatiendo una proposición no ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, con el que coincidimos en la preocupación por una traslación justa de los incrementos o decrementos que se producen en
los productos agroalimentarios y la repercusión que tiene a lo largo de toda la cadena de valor, específicamente sobre la economía de los agricultores y los consumidores. Habiendo coincidencia en esa preocupación, haré algunas precisiones.



Estamos integrados dentro de la Unión Europea y la formación de los precios se determina con carácter general de acuerdo con las leyes de la economía de mercado, por lo que, salvo en la formación de determinados precios de algunos servicios
esenciales -que no es el caso de los productos agroalimentarios-, la fijación del precio de origen y de destino se fija con total libertad por parte de los operadores comerciales. La única limitación existente es que puedan contravenir alguna norma
específica tanto nacional como comunitaria. Efectivamente, existe normativa en relación con el tema de la venta a pérdidas. Así está especificado en el artículo 17 de la Ley Orgánica de Comercio Minorista, que prohíbe expresamente la venta a
pérdidas y, por tanto, es lógico que exijamos desde aquí a las distintas administraciones públicas que vigilen, que controlen y que sancionen cualquier incumplimiento que pueda producirse en este sentido. Coincidimos con la portavoz de Izquierda
Unida en que tenemos que asumir cada vez más compromiso con la transparencia en este mundo del comercio de productos agroalimentarios.
Tanto los departamentos de Agricultura como de Industria, Comercio y Turismo han realizado importantes
aportaciones a lo largo de esta legislatura para mejorar la transparencia del comercio de productos agroalimentarios. Existe la posibilidad de conocer con periodicidad mensual y con la sola consulta de las páginas web del Ministerio de Agricultura,
del Ministerio del Industria y de la empresa nacional Mercasa los precios en origen de mayorista y de destino de 32 productos frescos. En estos momentos se puede comprobar cuánto vale un producto en origen, en destino y a nivel de mayorista. Se
están realizando distintos mecanismos o modificaciones en el Observatorio de precios de la distribución comercial para mejorar su funcionamiento y sobre todo garantizar que se traslade esta información a productores y consumidores, pero en cualquier
caso coincidimos con la portavoz de Izquierda Unida en el sentido de que se puede mejorar -y, de hecho, siempre es mejorable- un sistema que está implantado y que está funcionando.



En cuanto al tema de la competencia, también existe coincidencia.
Incrementar la competitividad del sector primario en los procesos de comercialización es algo en lo que todos vamos a coincidir en esta Comisión. Estos temas de mejora de
los procesos de comercialización entran en el ámbito de competencia de las comunidades autónomas, que son las que tienen competencia y recursos económicos para mejorar las infraestructuras y satisfacer este objetivo. Se plantea también en la
proposición no de ley de Izquierda Unida el tema del control de las importaciones. Nuestro país, España, está integrado en el mercado único europeo que configura la Unión Europea con un sistema homogéneo en todos los puertos sin fronteras para
trabajar y actuar bajo los mismos principios, lógicamente con criterios de preservación tanto de la calidad como de la sanidad de los productos que se incorporan a los mercados interiores; en este caso, vuelvo a repetir, mercado interior es todo el
ámbito de la Unión Europea. En cualquier caso, coincidimos en promover acciones que mejoren el control y que se puedan perseguir los incumplimientos, por lo que, lógicamente estaríamos dispuestos a votar conjuntamente.



En el quinto punto de la proposición es donde realmente se plantea una reflexión que tiene muchísimo más calado, que es lo relativo al doble etiquetado. La implantación del doble etiquetado de los productos agroalimentarios es un tema que
ha surgido a lo largo de los últimos años. Los que tenemos experiencia en esta materia hemos comprobado cómo en distintas épocas, sobre todo coincidiendo con momentos en los que se producen importantes incrementos de precios en la alimentación,
este tema es puesto encima de la mesa. Conocemos una experiencia piloto desarrollada en Francia exclusivamente para productos hortofrutícolas, pero existen muchas dudas sobre que se haya producido


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alguna mejora en relación con la problemática de fijación de precios y márgenes comerciales. Existen importantísimas dudas jurídicas respecto del rango de la norma que tendría que regular la implantación de este sistema. Existen muchísimas
dudas en el sentido de quién controlaría todo este sistema y quién pagaría los costes de la implantación de un sistema de doble etiquetado. Existen, por otra parte, grandísimas dudas, y así lo han manifestado los expertos del grupo de trabajo del
Observatorio de precios, en ese sentido de señalar -dicen ellos- la inviabilidad de poder utilizar precios de referencia en origen para su comparación en destino, sobre todo teniendo en cuenta que en muchas ocasiones se está comprando en origen una
cosa y se está vendiendo otra distinta en destino; por tanto, comparar magnitudes sobre productos distintos es un tema de gran complejidad. En cualquier caso, el Grupo Socialista no se muestra contrario al doble etiquetado. Sabemos que es una
demanda de algunas asociaciones en determinados momentos, y aunque nuestra proposición no de ley alternativa no lo contempla, intentaríamos llegar a un consenso con Izquierda Unida que pasaría por instar al Gobierno a la creación de foros donde
participen la producción, el comercio y los consumidores, en la línea de fijar en qué sectores y en qué condiciones podría implantarse el doble etiquetado en nuestro país. Concluyendo podríamos estar de acuerdo en cuatro puntos de los cinco de la
proposición no de ley e intentaríamos buscar una transacción en el punto quinto de la misma.



El señor PRESIDENTE: En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular el señor Madero tiene la palabra.



El señor MADERO JARABO: El Grupo Parlamentario Popular apoya esta proposición no de ley que presenta Izquierda Unida. Es una iniciativa que ya tiene bastantes meses, más de un año, pero tiene vigencia porque de un año a esta parte tampoco
se ha hecho nada en la materia. Por tanto, no solamente tiene vigencia, sino que se han agravado los problemas. Esta tabla de diferencia de precios entre origen y destino que se refleja en la iniciativa en el Boletín de las Cortes habla de
diferencias entre origen y destino de entre el 300 por cien y el 2.000 por cien. Todavía se han aumentado las diferencias. Por tanto, apoyamos sin ninguna reserva esta iniciativa tendente a facilitar a los consumidores el ejercicio de su derecho a
conocer con transparencia cómo se forman los precios en el mercado, a promover políticas orientadas a conseguir que los agricultores y ganaderos perciban un precio justo, que es una vieja reivindicación que no se cumple y dudamos que se vaya a
cumplir con la marcha actual de este ministerio, y a intensificar el control de las importaciones e impedir la comercialización de productos prohibidos en la Unión Europea. Entendemos las cautelas que puede tener el Grupo Socialista en implantar un
sistema de doble etiquetado, pero creemos que es necesario y no tiene por qué conllevar un incremento en el precio para el consumidor.



Apoyamos sin reservas esta proposición no de ley, pero también les voy a decir que esto es como un juego floral; apoyar esta proposición no de ley y nada es lo mismo, ya que aunque se apruebe, no va a valer absolutamente para nada. Valdría
algo, si quiere el Gobierno, si en los Presupuestos Generales del Estado -no hace tanto los hemos debatido- se aprobara alguna enmienda, por ejemplo la que presentó mi grupo -que usted, señora portavoz de Izquierda Unida, no apoyó-, tendente a esta
materia. A base de fondos y medios dentro del ministerio para poder financiar el doble etiquetado y otras muchas actuaciones, las que están aquí previstas y otras más, a lo mejor se consigue algo, no digo que mucho, pero llevamos tres años en que
el diferencial entre lo que cobran los agricultores y lo que pagan los consumidores es un auténtico escándalo, una auténtica vergüenza. Vamos a aprobar aquí una proposición no de ley que apoyamos, repito, desde la cruz a la raya, incluidas las
enmiendas que puedan presentar los demás grupos, que son perfectamente asumibles, tanto las de Convergència i Unió como la del Grupo Socialista, sobre la base de decir claramente a los consumidores que es un canto al cielo y un juego floral repito
que no va a valer absolutamente para nada, pero por nosotros que no quede. Nuestro voto será afirmativo.



El señor PRESIDENTE: Señora Muñoz, ¿estima oportuno pronunciarse en este momento sobre las enmiendas?


La señora MUÑOZ DE DIEGO: Las dos enmiendas presentadas por Convergència i Unió creo que vienen a incidir sobre lo expuesto en la proposición no de ley y no habría problemas. Respecto a la planteada por el Grupo Socialista, le pediría al
presidente que esperáramos para ver si es posible llegar a una transaccional y cerrar el punto quinto con el máximo consenso de la Comisión.



El señor PRESIDENTE: Le ruego que antes de la votación hagan llegar la nota oportuna en el sentido que se debe producir el voto.



- PARA LA ELABORACIÓN DE UN MAPA DE ZONAS ÓPTIMAS DONDE UBICAR LAS NUEVAS INSTALACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA ACUICULTURA QUE TENGAN EN CUENTA LOS REQUISITOS TÉCNICOS, LOS FACTORES SOCIOECONÓMICOS Y GEOFÍSICOS QUE PUEDAN FAVORECER EL
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA SIN PERJUICIOS MEDIOAMBIENTALES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/002365.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 4.º del orden del día, proposición no de ley del Grupo Parlamentario


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Parlamentario Socialista. Para su defensa tiene la palabra el señor Benito Serra.



El señor BENITO SERRA: Seré muy breve en la defensa de esta proposición no de ley, entendiendo que tanto ésta como la siguiente plantean dos actuaciones difícilmente discutibles y necesarias, en este caso para el sector pesquero. Quiero
anunciar que a esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda de mejora técnica por parte del Grupo Popular que mi grupo va a aceptar. Es un error de transcripción en el redactado final de la proposición no de ley y lo que se propone
añadir es perfectamente asumible y encaja con el sentido de la misma. En la proposición no de ley destacan algunos aspectos. La importancia de la acuicultura cada vez es más destacada en nuestro país, hoy genera empleo de manera directa o
indirecta prácticamente a 35.000 personas, sobre una base de facturación de 400 millones de euros, lo que representa un extraordinario potencial.
Respecto a la producción, en la actualidad, España produce prácticamente una cuarta parte de toda la
producción de la Unión Europea, cerca del 25 por ciento. En este sentido se han desarrollado diversas iniciativas, que arrancan ya de los años ochenta, sobre distintos planes nacionales de cultivos marinos que han llegado hasta este año 2007,
promovidos a través de la Junta Asesora de Cultivos Marinos, Jacumar, que seguro son conocidos por los miembros de esta Comisión y que encajarían en esa necesidad global de establecer un plan de actuación, que es lo que pide al Gobierno la
proposición no de ley, sobre los posibles efectos que esta actividad, cada vez más importante dentro del sector, podría desarrollar.



Es necesario analizar la capacidad de la acuicultura española, esto es obvio y evidente, y sobre todo su horizonte productivo a medio y largo plazo. También es necesario estudiar la capacidad real de absorción de esta producción por parte
del mercado, que todo el mundo coincide en prever que va a ser creciente. La consecución de los objetivos de aumentar la producción, desarrollar el mercado, la comercialización y las redes de información, fomentar la creación de un trabajo cada vez
más estable en esta actividad, garantizar la seguridad de los productos y la preservación del medio ambiente e impulsar de manera simultánea la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica en esta actividad son los motivos que
fundamentan esta proposición no de ley, que a estas alturas de la legislatura somos conscientes de que no tiene otra intención que recopilar o sintetizar todo lo que el Gobierno ha ido realizando en esta actividad para poderlo desarrollar en la
próxima legislatura.



El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Popular. El señor García Díez tiene la palabra para su defensa.



El señor GARCÍA DÍEZ: Hemos presentado una enmienda que a continuación comentaré, pero como esta tarde tenemos varios asuntos quiero ser lo más breve posible y adelantar que estamos de acuerdo con el espíritu y la filosofía de esta
proposición no de ley. Creemos más que conveniente la elaboración de un mapa de zonas óptimas para ubicar lo que pueden ser nuevas plantas de acuicultura. No solamente lo vemos conveniente, sino que yo diría que es imprescindible. Ello no quiere
decir que no tengamos que hacer una crítica política -es nuestra obligación-constructiva, como siempre he procurado hacer cuando hay que decir las cosas claras. El Gobierno en todo este tiempo pudo haber abordado este tema con mucha más celeridad y
sensibilidad para no tener que hacerlo de forma soslayada, mediante una proposición no de ley y ya casi escuchando la campana de final del tiempo reglamentario. Les diré por qué. Les voy a recordar a todas SS.SS. que una iniciativa como la que
hoy estamos aprobando ya estaba contemplada en lo que era el documento de evaluación intermedia del IFOP, instrumento financiero operativo de la pesca. Eso se hizo en el año 2003 y fue presentado por el Gobierno del Partido Popular a la Comisión
Europea. La Comisión aprobó aquel documento de evaluación intermedia como posteriormente también lo hizo el comité de seguimiento del IFOP. Les voy a leer lo que se decía en la página 28 de ese documento de evaluación intermedia porque hace
mención expresamente a la acuicultura. Apartado 2. La gestión integrada de zonas costeras en las que se puedan definir mapas de zonas marítimas para instalar plantas de producción o engorde puede suponer una buena oportunidad de reducir la
incidencia ambiental. La letra no es la misma, pero es el mismo espíritu y tiene la misma finalidad que persigue ahora el Gobierno a través de esta proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista. Por tanto, si se utiliza el documento
aprobado en el año 2003 por la Comisión Europea, entendemos en el Grupo Popular que parte del camino administrativo, que no es baladí, ya está realizado y se podrá proceder a concretar de inmediato las actuaciones necesarias.



Yo no puedo pasar por alto que las consecuencias de no tener perfectamente definido este tipo de actuaciones, de mapas o de normativas haya provocado en mi tierra, en Galicia, situaciones muy preocupantes que han sido duramente contestadas y
solo voy a recordar dos de ellas, una en un sentido y otra en el contrario. Cuando se produce el cambio de Gobierno hace dos años en la Xunta de Galicia, estaba autorizada, entre otras inversiones, una gran planta que una importante empresa iba a
colocar en la zona de Touriñán. Se argumentó medioambientalmente la no conveniencia de autorizar esa planta y hoy, lo que podía haber sido colocar a España y sobre todo a Galicia, como el mayor productor de rodaballo del mundo, no ha sido posible
porque esa planta, que no es otra que Pescanova, se ha tenido que instalar en Portugal. Y, al contrario, donde no había ningún problema, en una hermosa ría conocida por muchos de los aquí presentes, la de Camariñas y Muxía, en una zona muy


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sensible de terrenos agrícolas, el Plan galego de acuicultura incluye 270.000 metros cuadrados de tierras productivas para una instalación de planta acuícola. Es decir, donde no había un problema ahora lo hay.
Tenemos dos casos, uno en el
sentido de prohibir una planta, y otro, crear una planta donde no estaba previsto, al amparo de un Plan de acuicultura, y en ambos casos la polémica -no es aquí el lugar para debatirlo ha sido conocida y está servida. Este problema no solo afecta a
Galicia -yo he puesto ejemplos de Galicia por ser mi tierra- sino que también lo podemos ver en otras comunidades autónomas con litoral. Es importante que sean conscientes todas SS.SS. de lo complejo que es hoy obtener un permiso de instalación,
porque hay que recordar que la media de tiempo que se puede tardar en obtener esta autorización es de aproximadamente dos años, y muchas veces por eso, por no estar decididos estos mapas o emplazamientos. Creo que este tema requiere un compromiso
político firme. Entiendo que sería necesaria la presencia de todas las comunidades autónomas interesadas en una mesa de trabajo sobre el tema que aquí se propone. Hay que proponer la discusión en el seno de la Conferencia Sectorial de Pesca porque
hay competencias compartidas con otros ministerios y, finalmente, las asociaciones sectoriales deben definir, junto con la Administración, cuáles son los lugares más apropiados.



Termino, señor presidente. Entiende nuestro grupo que desde el año 2003 hemos perdido cuatro años y que ahora, al límite de esta legislatura, planteamos esto por hacer un lavado de cara a la gestión del Gobierno en estos temas. La enmienda
que hemos presentado, como bien decía el portavoz proponente, no es más que una mejora técnica donde se pretende corregir una palabra por otra, en vez de prejuicios, es perjuicios medioambientales, y añadir, además de lo que propone el texto: y
precisar las zonas reconocidas para la explotación acuícola. Es decir que queden definidas en el estudio. Igual que en un plan general de urbanismo quedan definidos los distintos tipos de clasificación urbanística del suelo, aquí también deben
quedar igualmente definidas las zonas autorizables y para cada uno de los tipos de autorización.



El señor PRESIDENTE: Como la enmienda fue aceptada, ya que así lo ha manifestado el portavoz socialista, se votará en los términos de la proposición no de ley más la enmienda del Grupo Popular.



- PARA LA PROMOCIÓN DE MEDIDAS DE I+D+I ENCAMINADAS A UNA MAYOR OPTIMIZACIÓN DE LOS COSTES EN LA FLOTA PESQUERA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/002366.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos al 5.º punto del orden del día: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista relativa a la promoción de medidas de I+D+i encaminadas a una mayor optimización de los costes en la flota pesquera.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Benito Serra.



El señor BENITO SERRA: He dicho con anterioridad que las dos enmiendas representan un poco el resumen de las actuaciones, de los problemas y de la situación relativamente grave en la que se ha encontrado durante todo este tiempo el sector
pesquero, y concretan que los problemas del sector han ido surgiendo y apareciendo en función de las circunstancias económicas y sociales de cada uno de los momentos. En ese sentido hemos estado viviendo durante todo este periodo legislativo una
situación que ha afectado directamente a la rentabilidad del sector, sobre todo, por el continuo aumento de los precios del combustible, que ha podido convertir en un problema estructural lo que inicialmente era solo circunstancial.
En este sentido
y para la ayuda del sector es necesario que se actúe con la mayor intensidad posible en el desarrollo de I+D+i, que obviamente no solo se tiene que vincular al mundo de la ciencia, de la tecnología y de las nuevas empresas, sino también a sectores
como el de la pesca. Las necesidades prioritarias en las que debe actuar el I+D+i en relación con la pesca las han definido ya en esos trabajos de elaboración tanto el Centro Superior de Investigaciones Científicas como también, aunque no tenga
tanta incidencia, el Instituto Español de Oceanografía: mejorar el desarrollo de nuevos sistemas de prospección que permitan una mejor identificación de las especies, que entendemos que es un aspecto fundamental, innovación de las artes que
optimizan la selectividad de cada una de las especies y actuaciones que se destinen a modernizar y predecir la dinámica de las especies marinas básicamente explotadas.



No insistiré, y así lo defiende la proposición no de ley, porque es un poco el resumen y balance de todas las actuaciones hechas en esta legislatura y planteada también en este mismo sentido de prospección de la actividad que se pueda tener
a partir de la próxima legislatura.
Previendo, y contestando en ese caso, cualquier intervención en este sentido, no tengo ningún problema en aceptar que es cierto que las situaciones, a veces, no se desarrollan con la celeridad que todos
quisiéramos, pero también es cierto que nunca es tarde cuando la dicha es buena.



El señor PRESIDENTE: Al no haber enmienda a esta proposición no de ley, en turno de fijación de posiciones tiene la palabra el señor Sánchez Ramos por el Grupo Parlamentario Popular.



El señor SÁNCHEZ RAMOS: Desde el Grupo Parlamentario Popular consideramos esta proposición no ley como una cortina de humo para tapar los grandes y graves problemas por los que atraviesa el sector pesquero y que el Gobierno no ha querido o
no ha sabido atajar.



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Intentar optimizar con medidas de I+D+i los costes de explotación de un buque pesquero es lo mismo que administrar una aspirina a un enfermo moribundo para sanarlo y remediar su enfermedad. Todos sabemos la situación de crisis por la que
atraviesa el sector. Crisis en los precios de los productos pesqueros, crisis de rentabilidad, crisis de reconocimiento internacional, crisis de tripulantes, crisis de captura en nuestros caladeros y crisis, y grande, por el precio del gasóleo.
Ante este panorama tan desolador de crisis, lo que nos trae el Grupo Parlamentario Socialista es una proposición no de ley para optimizar costes mediante investigación, desarrollo e innovación. Comprenderán que no podemos valorar esta proposición
no de ley como una solución real a los graves problemas que se le acumulan al sector pesquero. Por ello no podemos votarla positivamente. Nos abstendremos por aquello del espíritu navideño.



Señores del Grupo Parlamentario Socialista, saben que el sector pesquero tiene anunciado un paro general y que si no ponen remedio a su situación, van a hacer acciones de fuerza. Ante esta situación el Gobierno solo nos presenta paños
calientes para su solución. No necesitan paños calientes, necesitan ayudas al gasóleo y ayudas en la Seguridad Social. Dialoguen, vean lo que piden y traten de solucionarlo porque nos jugamos la permanencia del sector pesquero. Recientemente se
han debatido los presupuestos, y les voy a recordar algunas cuantías que se han incorporado para nuevas tecnologías. Han sido 750.000 euros para Innovamar, 100.00 euros para Cetmar, 400.000 euros para OESA, 100.000 euros para OPTI, en total
1.350.000 euros. No podemos decir que con estas cifras el Gobierno esté desarrollando una política firme de investigación y desarrollo pesquero. Convendrán conmigo que esto es más bien un paripé.
Todos sabemos que la investigación es necesaria,
pero con un gasto que no llega a cien euros por barco poco se puede hacer en investigación, desarrollo e innovación.



Es necesario que el Gobierno oiga al sector y asuma las medidas que este grupo le ha ido proponiendo a lo largo de la legislatura para que no perdamos este sector tan importante, estratégico y de carácter social en nuestra economía.
Comprenderán que con la ruina económica que tienen los armadores, no pueden asumir las inversiones necesarias para conseguir el ahorro en gasoil que proponen en el punto número uno, los nuevos sistemas de prospección o un nuevo diseño de artes como
propugnan en los otros dos puntos. Desde nuestro grupo consideramos que la investigación más desarrollo e innovación es buena y necesaria pero, hoy por hoy, lo que se necesitan son actuaciones urgentes, como las que ha tomado Zarkozy en Francia,
para que nuestra flota pueda soportar esta bajada de precios y la tremenda subida de gasoil, nada menos que un 160 por ciento más en los últimos cuatro años. Antes esto, lo único que hace el Gobierno es decir que va a pagar las ayudas que prometió
en 2005, pero que lo va a hacer en 2008, coincidiendo probablemente con la campaña electoral. Y yo les pregunto: ¿quién asume las pérdidas desde 2005 hasta nuestros días? No consideramos eficaz esta medida y no podremos apoyarla. Nos
abstendremos por aquello del espíritu navideño.



- SOBRE LA RENOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA FLOTA COMUNITARIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/002367.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, número 6, proposición no de ley, también del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la renovación y modernización de la flota comunitaria. Tiene la palabra el señor Díaz.



El señor DÍAZ DÍAZ: Señorías, seguimos con un tema importante en el que no se pueden hacer milagros sino continuar trabajando con rigor, como se ha hecho hasta ahora. Recuerdo que hace cinco años había otro gobierno en el sector, incluso
un ministro del sur, y el ministro del sur tampoco hizo milagros en este tema. En aquel momento se hablaba también de la gran catástrofe, de la gran crisis, del gran desastre; el mismo lenguaje lo recogerá mañana el 'Diario de Sesiones', y el
sector sigue ahí trabajando con más o menos esfuerzo para seguir abasteciendo un mercado que es uno de los más importantes del mundo.



En esta proposición no de ley vamos a tratar de la renovación de la flota, que es un problema que está ahí y que entendemos no está bien atendido.
El Comité Económico y Social Europeo en su propuesta sobre el Fondo Europeo de la Pesca
destacó como conclusión la necesidad del mantenimiento de la flota pesquera operativa mediante la renovación y modernización de buques pesqueros, siempre y cuando el estado de los recursos lo permita. Esta consideración es razonable, pero de forma
mayoritaria la Unión Europea, en concreto la Comisión de la Unión Europea, admite que las ayudas sean limitadas a la modernización y dificulta la renovación. Es por ello que España como primera potencia pesquera de la Unión Europea, que tiene al
mismo tiempo territorios fuertemente dependientes de la pesca en Galicia, Andalucía, País Vasco, etcétera, tiene que intentar condicionar, en la medida de lo posible, la política pesquera de la Unión Europea. Se está haciendo en los últimos años, y
esto se nota, por ejemplo, en los últimos TAC y cuotas que conocemos o en la renovación de acuerdos pesqueros. Pero hay materias en las que es necesario seguir insistiendo como son las que afectan a la renovación y modernización de la flota. Los
avances tecnológicos hay que incorporarlos en mayor medida en el sector pesquero. La postura de la Comisión de dificultar la renovación de la flota no parece coherente, desde el punto de vista de la racionalidad económica, pues si la pesca como
actividad sostenible debe tener continuidad en el tiempo, lo lógico es que pueda realizarse con equipos cada vez más eficientes. La racionalidad


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económica en la pesca y su sostenibilidad nos dicen que la flota comunitaria requiere una continua renovación y modernización, con el fin de mejorar las condiciones de trabajo, la seguridad a bordo, así como la mejora en la higiene y calidad
de los productos que se extraen. Todo ello es necesario y también es posible sin incrementar el esfuerzo pesquero en defensa de la sostenibilidad de los recursos. Por otro lado, es necesaria la renovación de las unidades más obsoletas si queremos
la reducción del gasto energético y la disminución de los días de mar para obtener el mismo volumen de capturas, con la consiguiente mejora en la calidad de vida de los trabajadores del mar. Esto es posible porque las nuevas tecnologías permiten
construir embarcaciones más eficientes y eficaces en sus objetivos. La modernización y renovación de buques puede y debe hacerse para conseguir una pesca más eficiente, más segura y más sostenible. Observar la innovación, como se hace por algunos
países de la Unión Europea, solamente por presumir efectos depredadores es un prejuicio negativo de las posibilidades de los avances científicos que no debiera sostener la Unión Europea.



Consideramos que es necesario regular bien los contenidos y diseños de la renovación y nueva construcción, para hacerlos compatibles con la pesca sostenible y también con la mejora en la racionalidad económica del trabajo en el mar. Hecho
esto, un diseño de barcos para pesca sostenible, frenar los avances en modernización y renovación de flota es difícilmente aceptable desde cualquier campo de racionalidad tanto económica como social como medio ambiental. Por ello, creemos que el
Gobierno debe seguir defendiéndolo ante la Unión Europea. Hay flotas que piden a simple vista una renovación urgente. La UE tiene que entender esta necesidad.
Pero, señorías -y aquí entro en la enmienda que se nos presenta-, conociendo que las
políticas comunitarias no se pueden modificar puntualmente en cualquier tiempo, conociendo que los cambios requieren procesos de persuasión y acuerdo y entendiendo que no se puede frenar el desarrollo por prejuicios que no se aplican en otros campos
de actividad, pedimos, en defensa de la racionalidad económica del sector pesquero y la sostenibilidad de los recursos, apoyo de la Comisión de Agricultura a nuestra proposición no de ley, a la que, por cierto, presidente, como enmienda técnica
plantearía la supresión de las dos primeras comas que son innecesarias y que desvirtúan el sentido de la propuesta. Quedaría únicamente la última coma que sería después de 'comunitaria, para'. Esa es la propuesta para la que pido el apoyo. Doy
gracias a la presidencia por su benevolencia en la administración del tiempo.



El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Popular. El señor García Díez tiene la palabra para su defensa.



El señor GARCÍA DÍEZ: Señor Díaz, cuando dice que la flota y el sector pesquero están ahí con más o menos esfuerzo, creo que habría que reconocer que cada día con más esfuerzo. Con mucho esfuerzo. Lo cierto es que en estos cuatro años el
sector pesquero, la flota pesquera española, ha perdido 20.000 toneladas de capacidad. Veinte mil toneladas en cuatro años. No le voy a decir que toda la culpa haya sido de la ineficacia del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, pero
una gran parte sí.
Porque tener declarada, como ha recordado mi compañero Aurelio hace un momento, a la patronal pesquera española en asamblea permanente, no lo recuerdo nunca en los pocos años que tengo de experiencia en este tema.
Esta tarde no
sé en qué acabará la reunión que tienen con el ministerio.
Espero que la ministra, como dijo ayer en la sesión de control al Gobierno, llegue a consensos porque si no, evidentemente, mucha de esta flota cerrará y algunos ya indefinidamente. Ese es
el triste panorama.



Cuando oigo hablar -ahora también- de introducir estas modificaciones para ver si se pueden conceder ayudas a la renovación y a la modernización de la flota pesquera y usted me dice que la enmienda tiene que enmarcarse en lo que es la
legalidad comunitaria, Pienso: pues ¡faltaría más! Lo que tengo claro es que si hay voluntad política para que haya ayudas de la Comisión y de la Comunidad a la flota pesquera para renovación, no valen estas PNL. Esto es como lo anterior, para el
'Diario de Sesiones' y para justificar que hemos tratado este asunto. Pero si la voluntad política del Gobierno es real y es esta, forcemos este debate con la Comisión. Ya sé que es complicado, pero si se quiere, forcemos el debate con la
Comisión. Ya que el Gobierno español lo quiere, que lo fuerce. Ahí va nuestra enmienda. Si no la quieren aceptar es otro problema.



Les voy a recordar brevemente a todas SS.SS. lo que ha sido la situación a lo largo de la legislatura en cuanto a ayudas a la renovación de la flota. Primero, nos estuvieron echando en cara durante todo este tiempo que fue el Partido
Popular, cuando gobernaba, el que perdió las ayudas en el año 2002. Ahora casi lo ha vuelto a recordar también el señor Díaz. Lo que no comentó es que aquello fue una decisión tomada por el Consejo de Ministros a propuesta de la Comisión, y no de
ningún ministro ni del Partido Popular. Cuando accede al Gobierno el Partido Socialista, en la primera presentación que hizo en Europa, allá en el año 2004 - fue en una conferencia que, como recordarán, se celebró organizada por el país que
entonces presidía, que era Irlanda-, el secretario general de Pesca dijo que España consideraba imprescindibles las ayudas a la construcción y que se incorporarían estas ayudas en el nuevo Fondo Europeo de la Pesca.
Posteriormente nos presentan el
primer borrador de ayudas de este Fondo Europeo de la Pesca y ni una línea, ni una línea, dedicada a la renovación de la flota, después de que el secretario general había dicho que la consideraba imprescindible. Mientras tanto, los responsables de
pesca aquí, en España, habían estado diciendo,


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por activa y por pasiva, a los cuatro vientos, que ellos conseguirían incorporar las ayudas de la renovación de la flota, que -es una frase que se me quedó grabada- se había llegado al corazón de Europa, pero lo cierto es que países como
Alemania, Reino Unido, los Países Bajos, Dinamarca o Suecia no debieron considerar que nosotros habíamos llegado al corazón de Europa porque nos trataron como a países de nueva incorporación en toda aquella discusión. Y para reforzar -y aquí viene
la actitud ante ese panorama del Grupo Parlamentario Popular- la posición del Gobierno, no tuvimos ningún inconveniente en transaccionar aquí alguna proposición no de ley en la que instábamos al Gobierno a defender ante la Comisión Europea y el
Consejo de Ministros la incorporación de ayudas para la renovación de la flota. Por lo tanto, nadie más que el Gobierno es responsable de que acudieran a los debates de los grupos de trabajo personas de tercer nivel. Digo tercer nivel en cuanto a
categoría administrativa, no como personas, entiéndaseme bien. Ahora se pasa a decir que para la flota artesanal sí habrá ayudas a la renovación, todo el mundo entiende que así será, y pasamos la página y aquí todo queda -como decía al principio-
como un lavado de cara. Llegamos al Consejo de Ministros en el que se aprueba el Reglamento del Fondo Europeo de la Pesca y ya sabemos lo que pasó. Todo el mundo sabe que al menos una de las reivindicaciones que formula cada país acaba
incorporándose. ¿Conoce el señor Díaz, el portavoz socialista, cuál fue la que le concedieron a España? Porque ya digo, es tradición que una propuesta de cada país se incorpore. La más importante que era esta, de ayudas a la renovación, quedó
fuera. Ahora, al cabo de dos años, nos proponen que van a concienciar a la Comisión de este tema, la van a convencer ahora, al final. Yo no me lo creo. No sé si alguna de SS.SS. se lo cree. Yo no me lo creo, porque si no lo hicieron en su
momento, no lo van a hacer ahora cuando están a punto de pasarle el relevo al próximo Gobierno. El próximo Gobierno, señor Díaz, sí que va a tener que hacer milagros. No sé si el ministro será del sur, del norte, del este, del oeste o de Madrid.
Espero que sea de la costa, pero le puedo asegurar que sí que va a tener que hacer milagros, porque la situación que heredará no tiene nada que ver con la que ustedes heredaron. Yo hace tiempo que deje de creer en los milagros. Aún creo algo, pero
le puedo asegurar que la situación es muy grave. Si aquí realmente lo que se quiere es que se abra un debate serio en la Comisión -que es el único sitio en donde se puede abrir- para que se concedan ayudas comunitarias a la renovación de la flota,
no votemos la proposición no de ley en los términos que ustedes plantean sino como proponemos en nuestra enmienda que lo dice muy claro: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incorporar en el programa operativo del Fondo Europeo de la
Pesca una medida destinada a la renovación de la flota pesquera. No se puede decir más claro. ¿Qué es ilegal o legal? Que se discuta. Forcemos a la Comisión a debatir este tema, pero no andemos con otras milongas.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García Díez.



Señor Díaz, a los efectos de manifestar la aceptación o rechazo de la enmienda presentada.



El señor DÍAZ DÍAZ: Señor presidente, vamos a rechazarla porque nos parece más efectiva nuestra estrategia.



- RELATIVA A LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA PALIAR LA INSEGURIDAD JURÍDICA DE EMPRESAS DE ARMADORES ESPAÑOLES EN ARGENTINA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002416.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos al 7.º punto del orden del día: Proposición no de ley, en este caso del Grupo Parlamentario Popular, relativa a la adopción de medidas para paliar la inseguridad jurídica de empresas de armadores españoles en
Argentina.



El señor Sánchez Ramos, para su defensa, tiene la palabra.



El señor SÁNCHEZ RAMOS: El pasado 20 de julio varias empresas mixtas argentinas de armadores españoles se vieron saqueadas por los trabajadores en Puerto Deseado, en Argentina. Por parte de las autoridades argentinas se aseguró que se
buscarían los mecanismos para resarcir los daños ocasionados por los huelguistas. Hasta la fecha, a pesar de las promesas que se han realizado a las propias empresas, estas no han recibido ninguna indemnización para hacer frente a los daños
sufridos, a pesar de las buenas palabras del entonces presidente argentino a la vicepresidenta del Gobierno español. No nos parece correcta la indiferencia del Gobierno ante estos graves hechos por los que varias empresas españolas han sido
saqueadas, produciéndose daños que han sido cuantificados en 100 millones de euros. Quiero recordarles, señorías, que las empresas instaladas en Puerto Deseado son trece y facturan en torno a los 400 millones de euros, disponiendo de unas
magníficas instalaciones, almacenes y fábricas donde dan trabajo a muchas personas, tanto locales como españolas. Las empresas afectadas son principalmente gallegas y andaluzas, que vieron cómo se les destruían sus medios de producción y material
de oficina. Los hechos acontecidos no solo afectaron a las instalaciones con los graves daños ocasionados, sino que también pusieron en riesgo la vida de muchos trabajadores, entre ellos compatriotas nuestros.



Tengo aquí la descripción de una revista, Pesca y Puertos, de cómo ocurrió aquello. Se dice que los delitos que el fiscal imputa a los presuntos involucrados van desde violación de domicilio hasta amenazas coactivas reiteradas, en siete
oportunidades, delitos de coacción


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agravada en perjuicio de integrantes, amenazas reiteradas a gerentes de las empresas, así como a una periodista, entorpeciendo la actividad comercial, y estrago doloso. Los hechos ocurrieron cuando una masa enardecida cargó contra los
edificios destruyendo el parque pesquero local, cuyas consecuencias están viviendo ahora, por ejemplo, los más de 50 empleados de la empresa Pamar que fueron despedidos. El fiscal Quinteros no dudó en asegurar que la quema de las plantas se trataba
de un hecho pergeñado y planificado y que hombres encapuchados y con palos marcharon organizados hacia las plantas. Hemos sabido también que estas empresas no podrán cobrar sus seguros al no incluir estos el vandalismo.



Han transcurrido ya cuatro meses desde los acontecimientos y las actuaciones de nuestro Gobierno se limitaron a manifestar al Gobierno argentino que velaran por la seguridad e integridad de los españoles.
Nosotros consideramos que esto no
es suficiente. Apreciamos una vez más -y tenemos que dar fe de ello- que no se defienden los intereses españoles en terceros países, particularmente de los pesqueros. Es una dejadez permanente de nuestro Gobierno, y prueba de ello son los
problemas de nuestros atuneros en Somalia, los bacaladeros en Noruega, el hostigamiento de las patrulleras islandesas, los apresamientos injustificados en Marruecos, la pérdida de cuotas de pesca, etcéter ¿Qué hay de la actuación prometida por las
autoridades argentinas? Nada. ¿Qué ha hecho nuestra vicepresidenta o el Ministerio de Agricultura? Nada.
Ante los hechos sucedidos es necesario ayudar a las empresas afectadas, pero también es necesario posicionarnos de una forma clara y precisa
ante las autoridades argentinas, porque este conflicto superó su condición sindical y tiene mucho de político. Por ello, consideramos necesario, primero solicitar al Gobierno argentino la creación de una comisión mixta hispano-argentina, formada
por representantes de ambas administraciones y con participación de las asociaciones pesqueras españolas y argentinas, de cara a conseguir un marco jurídico más seguro y los mecanismos compensatorios oportunos. Segundo, poner a disposición de las
empresas afectadas por los daños una línea de crédito a un tipo de interés preferente por valor de los daños ocasionados. Tercero, alcanzar un acuerdo con el Gobierno argentino para que las empresas afectadas reciban una indemnización por los daños
sufridos.



Señorías -reitero-, tenemos que apoyar al sector pesquero, particularmente al de sociedades mixtas afectadas por estos incidentes, porque ya hemos manifestado en distintas ocasiones su importante labor de aprovisionamiento de nuestro mercado
y el vínculo tan importante que son para mantener a un sector que está pasando por una situación de crisis sin igual. Es por eso por lo que pedimos a los grupos de la Cámara que aprueben esta proposición no de ley.



El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley no se ha presentado ninguna enmienda. Por tanto, en turno de fijación de posiciones, por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Díaz.



El señor DÍAZ DÍAZ: Señorías, reconociendo la gravedad de los hechos, tenemos que decir que en Argentina había un problema para una serie de empresas pesqueras que creemos que en estos momentos está encauzado. Creo que la mayor
discrepancia que existe en este tema entre el Grupo Popular y nosotros es que hay una clara diferenciación en lo que respecta a la política exterior. Nosotros pensamos que las fragatas no están para intimidar sino fundamentalmente para misiones de
salvamento, para misiones humanitarias en tiempo de paz, y que las relaciones exteriores deben basarse en el diálogo, que es el arma más eficaz, y no en intentar defender derechos por otros medios.



Vamos a los hechos. Los empresarios pesqueros argentinos -recordemos esto, empresarios pesqueros argentinos-, entre los que se encuentran las empresas de capital español, firmaron en Buenos Aires un convenio colectivo con el Sindicato de
obreros marítimos unidos, SOMU, de Argentina. Este sindicato es el que agrupa a la mayoría de los marineros a nivel estatal. La delegación de este sindicato en Puerto Deseado rechazó el convenio colectivo firmado por el SOMU a nivel estatal y los
empresarios, y comenzaron una serie de manifestaciones y bloqueos a los accesos a las plantas pesqueras de Puerto Deseado. En Argentina, como en España en menor medida, existen grupos sindicales, que allí llaman piqueteros, que no se caracterizan
precisamente por el uso del diálogo como arma de presión. Así, el día 20 de julio las instalaciones pesqueras ubicadas en el polígono pesquero sufrieron daños, siendo las empresas dañadas Arbumasa, Argenova, Pescargen, Pesquera Santa Cruz, Empesur
y Vieira, de capital español, Santa Elena y Carsa, de capital argentino, y Pespasa, de capital japonés y suizo. La Embajada de España en Buenos Aires se puso en contacto con el Gobierno argentino solicitando, entre otras cosas, que se arbitrasen
medidas para poner fin a la violencia y garantizar la seguridad de las personas y la protección de los bienes. La respuesta argentina fue el envío de un contingente de la gendarmería nacional para garantizar la seguridad en Puerto Deseado. En la
actualidad las empresas pesqueras de Puerto Deseado están trabajando normalmente, excepto Argenova.



Descritos los hechos, ¿cuál es el origen? El origen es un conflicto sindical, como decíamos. El embajador español se reunió el día 1 de agosto con los directivos de las empresas de capital español afectadas por el conflicto de Puerto
Deseado. En la reunión se llegó a la conclusión de que se trataba de una disputa sindical entre una parte del sindicato y el sindicato nacional y no de un conflicto con empresas de capital español. En lo referente a la reparación de daños, tenemos
que decir que la compañía aseguradora se ha hecho cargo de todos


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los daños materiales sufridos por las empresas de Puerto Deseado, con excepción de Arbumasa, cuyos daños son muy elevados y superan el máximo que cubre la póliza de seguros en caso de actos vandálicos, encontrándose la empresa negociando con
la aseguradora. En cuanto a las compensaciones por las pérdidas que se van arbitrando para las empresas, el Gobierno provincial ya adelantó mes y medio de los salarios que se han devuelto por las empresas sin intereses a partir de abril del año
próximo. Por otra parte, el Ministerio de Trabajo ha señalado que pagará el 40 por ciento de los salarios a los trabajadores de las plantas durante cinco meses con independencia de que estén o no trabajando.



Por todo lo dicho, en primer lugar, nos parece innecesaria la creación de la comisión mixta que se propone porque el Plan de asociación estratégico entre Argentina y España, firmado en junio del año 2006, ya establece una serie de mecanismos
de concertación entre los gobiernos de ambos países, incluyendo encuentros periódicos de presidentes, ministros y secretarios de Estado, con planes de acción que vienen desarrollándose de manera satisfactoria. Con motivo de los sucesos del 20 de
julio se activaron de manera inmediata entre los dos gobiernos todos los procedimientos de consulta formales e informales que se desprenden del citado acuerdo, al tiempo que se mantenía un contacto permanente con las empresas españolas del sector en
Argentina. Asimismo, se estableció una comunicación directa con el Gobierno de la provincia de Santa Cruz, con importantes competencias en el sector y en materia de seguridad, cuestión que fue prioritaria en todo momento para el Gobierno de España.
Los actos violentos fueron condenados sin reservas por ambos gobiernos. En segundo lugar, conviene señalar que los ataques contra plantas pesqueras de Puerto Deseado y los daños ocasionados por los mismos afectaron de manera indiscriminada a varias
empresas de capital argentino y de capital español, así como a una empresa japonesa, por lo que en modo alguno se trató de una acción dirigida contra intereses españoles sino contra el conjunto de empresas del sector, en una lucha sindical que no
compartimos. Con ocasión de la visita de la vicepresidenta primera del Gobierno el pasado 8 de agosto, las autoridades argentinas informaron a las españolas de las medidas adoptadas para garantizar la seguridad y para castigar a los culpables. Las
autoridades judiciales de la provincia de Santa Cruz instruyen una causa penal en la que se ha personado la fiscalía.



En relación con los mecanismos compensatorios a los que se hace referencia en el primer punto de la proposición no de ley, tanto las autoridades del Gobierno argentino como de la provincia de Santa Cruz han mostrado su disposición a
establecer mecanismos de compensación o indemnización a las empresas del sector afectadas por los ataques vandálicos del 20 de julio, disposición que fue reiterada durante la visita de la vicepresidenta primera del Gobierno. Según informan las
propias organizaciones empresariales del sector, estas se encuentran actualmente en fase de conclusión de las reparaciones necesarias y discusión con las compañías aseguradoras para determinar la cuantía de los daños, que quedaría cubierta por las
consecuentes pólizas de seguros, requisito imprescindible para que el sector pueda abordar con las autoridades nacionales y de la provincia las posibles compensaciones a sus modalidades, aún por determinar. O sea que es necesario, primero, cerrar
el tema con las aseguradoras para después negociar con los gobiernos las compensaciones complementarias. Por el momento, la reparación de daños ocasionados está ya subsanada y casi todas las empresas han reanudado su actividad.



En cuanto al punto segundo de la PNL, relativo a la apertura de una línea de crédito, hay que tener en cuenta que las empresas del sector no han planteado hasta ahora -que se conozca- esta posibilidad de que se establezca una línea de
crédito como la que se propone.



Por último, quiero resaltar que la embajada de España en Buenos Aires mantiene un seguimiento estrecho con las autoridades argentinas sobre todas las cuestiones derivadas de los acontecimientos del 20 de julio, que dando tiempo al tiempo se
van a resolver satisfactoriamente, dejando claro en todo caso que lo que pasó en esa fecha no fue un ataque a intereses españoles, como alguien quiere presentar, sino un incidente sindical en el que estaban empresas españolas y otro tipo de
empresas.



- RELATIVA A LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS URGENTES PARA PALIAR LA CRISIS EN LOS PRECIOS DE LA MERLUZA FRESCA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002417.)


El señor PRESIDENTE: Punto 9.º del orden del día: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa a la adopción de medidas urgentes para paliar la crisis en los precios de la merluza fresca. El señor García Díez tiene la
palabra para su defensa.



El señor GARCÍA DÍEZ: Esta proposición no de ley fue redactada y presentada hacia el mes de agosto, cuando asistíamos a una de las épocas en que hubo una grave preocupación por los precios que en aquel momento se estaban pagando en lonja
para la merluza fresca; también surgió paralelamente con el bonito -son dos problemas diferentes-, pero yo me voy a ceñir a la problemática de la merluza fresca.



Ya se ha dicho aquí, y no lo voy a repetir, cuáles son los factores que inciden en la rentabilidad de una flota, pero por resumirlos de la manera más sencilla está claro que los costes de explotación y fundamentalmente la incidencia del
precio del combustible es lo que está haciendo más difícil esa rentabilidad, y si le añadimos que la descarga de la pesca no recibe su compensación, porque como SS.SS. saben no se pueden repercutir esos costes de explotación en el precio del
pescado por la


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forma en que este se coloca a la venta, todo ello ha hecho que llegara a no compensar encender el motor para salir a la pesca de merluza. Esto ocurría en el verano y por ello en aquel momento nosotros presentamos esta iniciativa, igual que
otra a la que me referiré como una pregunta escrita que este diputado firmaba también en aquella época y que hace unas semanas recibía contestación del Gobierno. El Gobierno en su contestación termina diciendo: En el caso de la merluza se constató
que los precios habían iniciado su recuperación en el mes de agosto y septiembre, por lo que la situación se considera solventada. Es decir, para la ministra de Agricultura y Pesca, para el secretario general de Pesca, y para el Gobierno la
situación está solventada.



Me gustaría que cualquiera de SS.SS. fuera hoy a una lonja, a un puerto pesquero y viera el precio al que se está pagando la merluza en fresco.
Yo lo he preguntado ayer, no he podido ir evidentemente, pero les puedo decir que el año pasado
por estas fechas -fechas prenavideñas, cuando el precio del pescado y del marisco empieza a adquirir un valor propio de estas fechas- se pagaba en torno a los siete u ocho euros por kilo y la media de este ejercicio ha sido de cinco a seis euros el
kilo. Para el Gobierno la situación está solventada, para la lonja la situación está clarificada, es decir, está muy por debajo. Ya se ha comentado aquí mientras tanto lo que ha pasado con los precios del gasóleo que inciden, como decía, en la
cuenta de resultados.



No voy a hablar ahora aquí tampoco de lo que ha supuesto -aunque sí ha afectado a este tema que estamos hablando- la parada de la flota de merluza del Gran Sol, puesto que ya se ha hablado de ella. Solo voy a decir dos cosas: que lo que
creó fue más incertidumbre de la que ya había en el sector y demostró -eso nadie lo ha podido desmentir- un nivel de improvisación a día de hoy inexplicable. Pero no para aquí la cosa porque el pez espada también está a la baja. Hay una flota muy
significativa en Galicia que se dedica a la captura del pez espada, fundamentalmente en A Guardia, y que ha anunciado que si no se arregla su situación pararán de forma indefinida después de Navidad. Sepan SS.SS. que este anuncio lo hicieron antes
de entrar en escalada el precio del gasóleo, como decía hace un momento. Por tanto, esta no es una situación esporádica. Es una situación que debería dejar de tratarse como coyuntural porque ya son muchos los casos que se van repitiendo en el
tiempo sobre este tema.
¿Cómo resolverlo? Señorías, yo estoy de acuerdo en que a veces no se pueden hacer milagros, no es fácil resolver esto, pero desde luego, quedándonos quietos no lo vamos a resolver. ¿Qué proponemos nosotros en esta
iniciativa? Algo que el sector está demandando. Tuve ocasión de reunirme en Galicia el día 3 de agosto con todo el sector preocupado por este tema y lo que se ha trasladado en esta proposición no de ley no es otra cosa que lo que el sector, que es
el que realmente conoce su problemática y nos da ideas de cómo resolver estos problemas, nos proponía. Son tres medidas muy concretas que paso a leer brevemente.



La primera de ellas es algo que tenía que salir ya del Gobierno y es realizar una campaña publicitaria pagada por el FROM. El FROM ha hecho muchas campañas sobre muchas cosas pero de este tema las he visto en contadas ocasiones y de muy
corta duración. Merecería la pena que ahora que viene una época en la que hay un incremento teórico de los precios en el mercado -ojalá suban para el bien de los marineros, para nuestros bolsillos no será tanto pero yo lo daré por bueno- el FROM
pudiera colaborar haciendo una campaña incentivadora del consumo de pescado fresco. Ya hay grandes empresas encargadas de hacer sus campañas para el congelado, ya que pueden pagarse sus anuncios publicitarios -y no voy a citar ninguna, todas hacen
muy bien en hacerlo-, pero la Administración debería echar una mano para que el consumo de pescado fresco se vea incentivado. Si aquí hubiera algún nutriólogo seguro que decía que haríamos muy bien. Segundo, mejorar la información en el
etiquetado, que es algo que nos piden siempre. Se ha mejorado mucho, es verdad. La trazabilidad está ayudando, pero hay que seguir haciendo esfuerzos para que el consumidor cuando vaya a la plaza de abastos, cuando vaya a la lonja o al mercado,
distinga claramente la procedencia de ese pescado. No sé si debería decir esto porque en el 'Diario de Sesiones' estas cosas a veces no deben figurar, pero ¿saben lo que dice la gente del sector a todo el mundo? Que cuando entra merluza de Chile
caen los precios en Galicia y cuando no entra merluza de Chile se aguantan o se suben los precios. Controlemos adecuadamente todo el desembarco, toda la procedencia de pescado de terceros países; exijámosle exactamente lo mismo que se les exige a
nuestros marineros cuando descargan sus capturas. Es la ley la que lo obliga, no lo digo yo. Por tanto, punto uno, esa campaña del FROM; punto dos, una mejora en la etiqueta para que todo el mundo cuando vaya a comprar sepa claramente de qué país
procede lo que está comprando y, por último, lo que he dicho ahora, incrementemos los controles en la importación de los productos que proceden de terceros países y apliquemos los mayores controles sanitarios posibles. Son de sentido común -no sé
si decirlo yo- cualquiera de las tres medidas que se piden en esta proposición no de ley. No deberíamos discutirla mucho. Se puede decir que el Gobierno ya lo ha hecho, que lo ha hecho muy bien; cada uno dirá lo que crea, pero al final me iría
más satisfecho de aquí si pudiera llevarme la idea de que todos estamos más o menos de acuerdo en que estas cosas hay que hacerlas, con independencia de que se hayan hecho otras muchas y mejor todavía.



El señor PRESIDENTE: No se ha presentado ninguna enmienda a esta proposición no de ley. Por tanto, en turno de fijación de posiciones la señora Fuentes González tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista.



La señora FUENTES GONZÁLEZ: Señoría, nos parece bien la proposición que su grupo parlamentario


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presenta hoy en la Comisión, aunque no terminamos de comprender por qué la traen. Usted ya ha explicado un poco que no viene al caso por el tiempo.
Es, como usted ha dicho anteriormente a mi compañero don Ceferino Díaz, un poco para el
'Diario de Sesiones'.



Señoría, con respecto al punto uno que ha planteado, el Fondo de regulación del mercado de los productos de la pesca y cultivos marinos -FROM- realiza campañas anuales genéricas, incentivadoras del consumo de productos pesqueros, es decir,
de conservas, de productos pesqueros congelados o de la acuicultura, así como de promoción del consumo entre la población infantil y/o juvenil. Tengo aquí -si quiere se lo puedo enseñar- un listado de las campañas publicitarias del FROM desde el
año 2004; son diecisiete campañas aproximadamente. Por ejemplo, contratación de los medios de comunicación para la difusión de las campañas del FROM durante el año 2005-2006, realización de diversas actuaciones publicitarias de orientación al
consumo de productos pesqueros durante el año 2005, realización de las campañas de promoción para el incentivo al consumo de pescado entre la población infantil durante el año 2005-2006, realización de diversas actuaciones publicitarias de
orientación al consumo de productos pesqueros durante el año 2006, realización de diversas actuaciones publicitarias de las campañas institucionales de orientación al consumo de productos pesqueros durante el año 2007, y así sucesivamente hasta
aproximadamente diecisiete campañas. Por otra parte, el consumo de pescado fresco en nuestro país es uno de los más altos de Europa. En este sentido cabe señalar que de los 36,7 kilogramos por persona y año que se consumen en nuestro país, 20,43
son fresco, por lo que parece que no existe un problema de descenso del consumo de estos productos. Asimismo cabe indicar que una campaña de promoción del consumo de la merluza fresca, al no poderse hacer publicidad de la capturada por la flota
española, favorecería a toda la merluza fresca que se encuentra en el mercado, siendo precisamente por precio y no por calidad la más competitiva la que no es capturada por la flota española.



En cuanto al segundo punto que usted ha mencionado, la mejora de la información del etiquetado, la Administración española, a través del FROM, ha destinado 2.921.679,3 euros desde el año 2004 para poner en marcha una campaña anual en la que
se informa al consumidor del etiquetado obligatorio que debe acompañar a los productos pesqueros. La campaña ha recorrido 39 ciudades españolas, ha visitado 114 mercados de abastos y 1.819 pescaderías.



En relación con el punto tercero, el país de procedencia no está incluido en la legislación comunitaria en la materia, sino en la zona FAO de captura, por lo que no resulta obligatorio indicar tal extremo. Cuestión distinta es exteriorizar
en la etiqueta el mar u océano en el que se ha capturado, por ejemplo mar Mediterráneo, mar Cantábrico, etcétera -lo cual da pistas al comprador de la flota que lo ha capturado- o cualesquiera otras indicaciones que de manera voluntaria puede
incluir el producto pesquero.



Por todo lo que he dicho, señoría, nos parece bien la proposición que traen a la Comisión, pero consideramos necesario que se sepa que estas actuaciones ya se están llevando a cabo, como usted ha reconocido muy bien al terminar la
presentación de esta proposición. Por tanto, nuestra votación será favorable.



- SOBRE LOS DAÑOS PROVOCADOS POR EL TEMPORAL DE LLUVIA Y GRANIZO EN LA PROVINCIA DE LLEIDA Y PARTICULARMENTE EN LA COMARCA DEL PLA D'URGELL.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA, ERC. (Número de
expediente 161/002437.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, el punto 10.º Proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya sobre los daños provocados por el temporal de lluvia y granizo en la
provincia de Lleida y particularmente en la comarca del Pla d'Urgell. Para su defensa tiene la palabra el señor Ramón Torres.



El señor RAMÓN TORRES: Presentamos hoy esta iniciativa que se refiere -como usted bien ha dicho y explica el titular de nuestra proposición no de ley- a lo ocurrido la tarde del pasado 17 de septiembre cuando se produjo un fuerte temporal
de lluvia y granizo que afectó a unas 900 hectáreas de la demarcación de Lleida, especialmente en la comarca hortofrutícola del Pla d'Urgell y más concretamente en su capital, la ciudad de Mollerussa, donde los daños ocasionados por este temporal
fueron numerosos, no solo en el aspecto agrario, al que después me referiré y que fueron especiales, sino también en la población civil, en el mobiliario urbano, en muchos tejados y en diferentes bienes de los ciudadanos de Mollerussa y también en
todo el patrimonio municipal. La gravedad de estos daños en las poblaciones del Pla d'Urgell y especialmente en Mollerussa hicieron que este ayuntamiento tuviera que hacer unas aportaciones extraordinarias del presupuesto municipal para intentar
reparar y arreglar todo el daño en el mobiliario municipal, en el patrimonio municipal: pabellones, escuelas y en diferentes servicios e instituciones del pueblo. Es un ayuntamiento de una ciudad que en Lleida entendemos como mediana pero
comparándola con cualquier ciudad del Estado diríamos que es pequeña. En Lleida nos gustaría decir que ciudades como Tárrega o Mollerussa son grandes, pero ustedes entenderán que estamos hablando de una población de unos 12.000 habitantes y que
tiene dificultades, como todas las entidades locales, para cuadrar los presupuestos municipales; no diré para llegar a final de mes, que ahora está muy de moda. Es verdad que el Ayuntamiento de Mollerussa ha tenido que hacer una aportación y un


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esfuerzo especial para poder subsanar -como tenemos que hacer todas las entidades locales- los problemas que se nos avecinan y este, como les decía, fue bastante grave.



Esta era una proposición no de ley que el Congreso remitió a la Comisión de Interior, y tengo que decir sería lógico que fuera la Comisión de Interior la que acabara de definir o aprobar una proposición no de ley como esta. No obstante,
nosotros entendíamos que tenía que ser competente esta Comisión, la de Agricultura, debido a la fuerte sensibilidad o la gran importancia económica que tiene el sector agroalimentario no solo en el Pla d'Urgell, sino en toda la demarcación de
Lleida, pero sobre todo en el Pla d'Urgell. Esta es una comarca en la que, como les decía, la huerta y en especial la fruta dulce tienen una gran importancia en la economía de la comarca, pero sobre todo allí donde más grave fueron la granizada y
las lluvias torrenciales. En el entorno de la ciudad de Mollerussa se encuentra gran parte de las explotaciones de fruta dulce -sobre todo de pera- de las comarcas de Lleida, que está intentando potenciar y modernizar su producción y que está
encontrando en la industria agroalimentaria un porvenir y un filón para intentar buscar esa mejor economía para la comarca. Por este motivo nosotros entendíamos que esta era una buena Comisión para defender esta proposición no de ley.



Aparte de los puntos de nuestra proposición no de ley, que piden que haya una estrecha colaboración con la Generalitat de Catalunya y las corporaciones locales para evaluar los daños concretos de esa adversa climatología, así como que se
facilitara una agilización de la tramitación de las ayudas relativas a los reales decretos 307/2005 y 477/2007, que son los que regulan ese tipo de subvenciones que el Estado, en coordinación con las entidades locales, tiene que proporcionar en
situaciones tan adversas como esta, nosotros también planteamos en esta proposición no de ley un punto por el que pedimos que a la mayor brevedad posible se pongan encima de la mesa las medidas necesarias para paliar los efectos contrarios que la
agricultura de la comarca del Pla d'Urgell pudiera haber sufrido con esta climatología adversa. Por este motivo nosotros hemos presentado la iniciativa en esta Comisión, en la que en relación con los reales decretos que están en vigor pedimos que
se agilicen estos trámites y que se haga lo necesario para que los afectados, y sobre todo el Ayuntamiento de Mollerussa, puedan ser compensados por todo lo que pasó, motivo por el que también sentíamos la necesidad de intentar buscar las medidas
necesarias para paliar estos efectos en la agricultura.



En consecuencia, hoy pedimos a los grupos parlamentarios que den su apoyo a una proposición no de ley muy concreta que, como les decía, insta a agilizar todos los trámites para cumplir la ley, para cumplir lo que establecen los reales
decretos aprobados, y para ayudar a un ayuntamiento como el de Mollerussa que, como todos los pequeños ayuntamientos, está necesitado de dichas ayudas porque le resulta muy difícil cuadrar los presupuestos municipales, ya que ha hecho un esfuerzo
presupuestario importante, y porque creo que teniendo esta población una alcaldesa socialista, el Grupo Socialista será muy sensible respecto a esta cuestión. En este sentido, entiendo que hoy tendríamos que ayudar al ayuntamiento a recibir estas
ayudas. Me consta que la alcaldesa de esta población ya se ha puesto en contacto con el Grupo Parlamentario Socialista para intentar que esta sea una iniciativa más a la hora de ayudarles en ese sentido. Por ese motivo nosotros hemos presentado
esta proposición no de ley, en la que pedimos muy concretamente, como les decía, agilizar esa tramitación e intentar buscar a la mayor brevedad posible las medidas necesarias para paliar los efectos provocados por este problema en la agricultura.
En definitiva pedimos algo muy concreto: lo que marca la ley y lo que los agricultores están esperando, y es que cuando tienen un problema como esta las administraciones públicas les ayuden. Señorías, permítanme que haga esta salvedad en un día en
el que el desarrollo rural tiene el protagonismo que tiene en esta Cámara, una comarca tan necesitada de desarrollo rural como esta... (El señor Sánchez Ramos pronuncia palabras que no se perciben.) No se preocupe, no estoy pidiendo compensaciones
por lo de esta mañana. (El señor Sánchez Ramos: Lo parece; lo parece.) Como decía, con una promoción del desarrollo rural como esta no tendría sentido que no viera la luz en esta Cámara en un día en el que esta iniciativa ha tomado el
protagonismo que se merecía.



El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Socialista ha sido presentada una enmienda a esta proposición no de ley. Tiene la palabra la señora Farrera para su defensa y fijación de posición.



La señora FARRERA GRANJA: Hoy, como vemos, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana nos presenta una proposición no de ley para paliar, como muy bien se ha dicho, los daños provocados por el temporal de lluvia y granizo del día 14 de
septiembre de 2007 en la provincia de Lleida, y sobre todo en la comarca del Pla d'Urgell. Tal y como consta en la exposición de motivos de dicha proposición no de ley, el Real Decreto 307/2005, y su modificación a través del 477/2007, regulan las
ayudas en caso de situaciones de emergencia a unidades familiares por daños en viviendas y enseres así como a establecimientos comerciales, siendo concedidas y financiadas dichas ayudas por el programa presupuestario 134.M, protección civil, del
Ministerio del Interior. Aunque esta iniciativa se vea en esta Comisión, la Comisión de Agricultura, es verdad que el Ministerio del Interior se ha mostrado sensible con este problema, y por eso a través de la Subdelegación del Gobierno en Lleida
ha colaborado y está colaborando estrechamente con el Consell del Pla d'Urgell, al objeto de determinar el alcance de los daños ocasionados con motivo de dicha tormenta, de la tormenta que estamos tratando en esta iniciativa. A día de hoy se están
tramitando


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tramitando 72 solicitudes de unidades familiares, tres de entidades locales y dos de establecimientos comerciales; todas ellas de los municipios de Mollerussa, Barbens, Bell-lloc, Bellvís, Castellnou de Seana, Fondarella, Golmés, Ivars
d'Urgell, Miralcamp, El Poal, Sidamon, Torregrossa, Vilanova de Bellpuig y Vila-sana, pueblos evidentemente muy conocidos tanto por el señor Ramón como por mí misma. Se está a la espera de que las entidades locales aporten la documentación
necesaria para su definitiva resolución.



En relación con el punto 3 de esta iniciativa, referente a los daños en agricultura, cabe indicar que el sistema de seguros agrarios ofrece cobertura frente al riesgo de pedrisco para todas las producciones agrícolas. Incluye, por tanto,
las producciones de frutales. Estas producciones disponen de varios tipos de seguro, como los seguros combinados de daño o los seguros de explotación, que amparan en todos los casos este riesgo. De acuerdo con la información facilitada por
Agroseguro, como consecuencia de la tormenta de pedrisco del 17 de septiembre se declararon en la comarca del Pla d'Urgell 331 siniestros que afectaron a 857 parcelas con una superficie de 884 hectáreas de producciones frutales. El Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, otorga subvenciones a los agricultores para la suscripción de los seguros agrarios. Dicha subvención puede alcanzar hasta el 50 por ciento del costo del seguro.
El presupuesto en el año 2007 destinado a estas subvenciones alcanza los 292 millones de euros. Siguiendo con esta política de fomentar la contratación de los seguros agrarios, y tal como se viene actuando por todos los gobiernos, el Plan Anual de
Seguros establece que la Administración General del Estado no concederá ayudas extraordinarias por daños amparados por las líneas de seguros agrarios contenidas en el plan anual, aunque sí tomará las medidas necesarias para agilizar la tramitación
de los pagos correspondientes. En este sentido, cabe destacar que las compañías aseguradoras han procedido a indemnizar los daños asegurados a aquellos agricultores que decidieron asegurar sus producciones.



Por todo lo expuesto, presentamos una enmienda de sustitución, teniendo en cuenta, en primer lugar, que, sin perjuicio de las competencias del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, corresponde al Ministerio del Interior las
competencias reguladas en el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo; y, en segundo lugar, que dicho ministerio ya está trabajando, como he dicho antes, para que se apliquen las ayudas pertinentes en el plazo más breve posible, poniendo en marcha las
medidas necesarias que pueden adoptarse ante este tipo de situaciones de naturaleza catastrófica. La enmienda que presentamos propone lo siguiente -lo leo para que conste en el 'Diario de Sesiones'-: El Congreso de los Diputados, en relación con
la tormenta de granizo que el pasado 17 de septiembre azotó la demarcación de Lleida y la comarca del Pla d'Urgell, insta al Gobierno a: Primero, seguir agilizando la colaboración entre administraciones y la correspondiente tramitación de las
ayudas por gastos de emergencia a unidades familiares por daños en viviendas y enseres, así como a establecimientos comerciales que corresponden, al amparo de lo establecido en el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, para su definitiva resolución;
y, segundo, que los pagos de las indemnizaciones por parte de Agroseguro se agilicen, asimismo, con el fin de paliar la situación de los productores de esta comarca.



El señor PRESIDENTE: En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular el señor Madero, su portavoz, tiene la palabra.



El señor MADERO JARABO: Intervengo para anunciar muy brevemente que apoyamos la iniciativa que Esquerra Republicana presenta en la tarde de hoy en esta Comisión de Agricultura. Efectivamente, una parte de lo que aquí se sustancia dentro
del contenido de esta iniciativa corresponde al Ministerio del Interior, pero como otra parte es puramente agrícola y como la afección que han tenido Mollerussa y su comarca fundamentalmente ha sido por daños agrícolas en las plantaciones de fruta
dulce, está bien tramitada en esta Comisión de Agricultura. Cuenta con nuestro voto favorable para que se apliquen con toda la agilidad posible las ayudas que están previstas en los reales decretos 307/2005 y 477/2007, de 13 de abril. En ambos
decretos se trata de hacer una provisión de ayudas para paliar la situación catastrófica creada en la tarde del 17 de septiembre y que afectó fundamentalmente a viviendas, familias y establecimientos comerciales. Por tanto, requerimos nuevamente
agilidad en la tramitación y que cuanto antes las familias afectadas vean resarcidos, al menos en parte, los daños que ocasionó la tormenta.



Respecto a los seguros agrarios y por nuestras conversaciones con algunos agricultores de Mollerussa y de su comarca, estos están preocupados, porque efectivamente se quiere aplicar la norma con rigor. Si hay trescientos siniestros que
afectan a ochocientas y pico hectáreas en aquel momento, nosotros pedimos al Ministerio de Agricultura que a los propietarios que no tenían hecho el seguro agrario de sus plantaciones se les atienda, aunque no sea en la misma medida, igual que a los
que las tenían aseguradas. La catástrofe fue importante, el daño fue importante.
El hecho de que no se tenga asegurado indudablemente coloca a ese agricultor en una situación de indefensión frente al que sí hizo el seguro, pero tampoco las
condiciones del seguro son alegres, baratas y para ir allí y firmarlas sin mirar. El agricultor mira mucho porque cuesta mucho dinero el seguro, a pesar de que está fuertemente subvencionado, y por eso cuando ocurre una catástrofe de este estilo
atiéndase a los que están asegurados, pero también, en la medida en que se pueda, a los que no suscribieron el seguro por la razón que sea, o a aquellos que lo tenían firmado y no perfeccionado técnicamente. Por tanto, hacemos una llamada en nombre
de mi grupo desde la Comisión a Agroseguro para que atienda a todos los


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agricultores y ganaderos que están pasando un momento malo y que el día 17 de septiembre se les vino el mundo abajo porque realmente algunas de sus parcelas quedaron arrasadas, no solamente las cosechas sino también el arbolado. Por tanto,
damos nuestro voto favorable a la iniciativa, esperando ver qué hace el grupo proponente con la enmienda que se le ha presentado.(Rumores.)


El señor PRESIDENTE: Les ruego que, por favor, bajen el volumen de sus conversaciones para que los portavoces puedan intervenir en condiciones aceptables.



- RELATIVA A LOS PROBLEMAS DE LA FLOTA DEDICADA A LA CAPTURA DE PEZ ESPADA EN NAMIBIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/002442.)


El señor PRESIDENTE: Undécimo punto del orden del día, que no el último -recuerdo que queda el séptimo por debatir-: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a los problemas de la flota dedicada a la captura de pez
espada en Namibia.



La señora Fernández Davila, su portavoz en este caso, tiene la palabra.



La señora FERNÁNDEZ DAVILA: En una reciente visita a Namibia, acompañando a un grupo de diputados y diputadas del Congreso, tuvimos la oportunidad, entre las muchísimas que hubo para conocer este país y su realidad actual, de poder tener
entrevistas con las diferentes empresas españolas, y concretamente gallegas, que están instaladas en aquel país y en la zona costera fundamentalmente. Al mismo tiempo, tuvimos ocasión de tener entrevistas también con el sector de la pesca tanto de
aquellas embarcaciones...(Rumores.)


El señor PRESIDENTE: Perdón, señora Fernández Davila. Podemos estar repitiéndolo cada dos minutos, pero si ustedes no hacen un poco de caso es imposible atender el debate. Les ruego que, por favor, la conversación la mantengan fuera.



Continúe, por favor.



La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Como decíamos, entre las oportunidades que tuvimos, nos entrevistamos con el sector de armadores de pesca, y pudimos conocer algunos aspectos concretos de la situación que tienen estas empresas armadoras en el
Estado namibio o las circunstancias que se les genera alrededor de su actividad. Entre las cuestiones que nos transmitieron -y lo hicieron con preocupación-, estaba el caso concreto de los barcos que se dedican a la captura del pez espada y que no
congelan después en las fábricas que están en este momento instaladas en el Estado namibio, en la costa de Namibia, como decía anteriormente, sino que trasladan la mercancía para la posterior manipulación tanto en zonas de Galicia como incluso en
otros lugares del Estado. El caso es que estos armadores manifestaban una preocupación en relación con lo que entienden que merma la calidad del producto del pez espada. Una vez que tienen que bajarlo de los barcos -una vez ya también congelado-,
lo tienen que pesar y luego volverlo a cargar en el barco que lo va a trasladar a territorio del Estado. Es decir, que hay una función primera después de la pesca, que es congelar este producto de pez espada en el propio barco, para trasladarlo
después a la costa gallega, y continuar su comercialización de manera normal, etcétera. El caso es que la preocupación radica en el hecho de que el tiempo que va desde que descargan del barco la mercancía congelada, la pesan y la vuelven a cargar
en el otro barco que tiene que trasladarla, pasa un tiempo en ocasiones de dos y tres horas, lo que hace que se rompa un poco la cadena de congelado y, por lo tanto, se deteriore el producto, de tal manera que cuando vuelve a congelarse no siempre
queda en las mejores condiciones para después continuar la cadena de comercialización y, en definitiva, llegar al consumo. Hasta ahora es evidente que no se tienen detectados grandes problemas en la comercialización pero sí entienden que la calidad
de este producto podría llegar al mercado en mejores condiciones si se resolviera el problema que significa el tiempo que está fuera de las cámaras, es decir, el tiempo que se tarda entre el traslado de un barco al otro barco con ese intermedio de
la función del pesado. Ni estas personas ni mucho menos nosotros estamos poniendo en cuestión las tasas que tiene establecidas el Estado de Namibia, su fiscalidad y los cobros por la utilización de los puertos y la pesca en aguas territoriales
namibias, sino que queríamos que se habilitase alguna fórmula -y para eso pedimos la intervención del Gobierno del Estado- de tal manera que se pudieran cobrar sin tener que utilizar el peso de la forma que en este momento se está haciendo, porque
entendemos que eso redundaría en la calidad del producto, que por otro lado tiene un mercado muy importante. Estamos hablando de 40 barcos gallegos, concretamente de la zona de A Guarda, que tuvieron que resolver el gravísimo problema de perder la
pesquería de aguas cercanas a Marruecos, igual que los muchos que había en esta otra pesquería, la mayoría de los cuales fueron desguazados u orientados a otras pesquerías.
Desde nuestro punto de vista cualquier apoyo que se pudiera dar al negocio
de la pesca, en este caso en aguas namibias, y concretamente para la mejora de la calidad de los productos, en este caso -vuelvo a repetir y valga la redundancia- el pez espada, redundaría en que este sector, para el que el problema que estamos
planteando es pequeño en comparación con los que tiene en este momento, como la subida del gasoil, mejoraría el negocio y las condiciones de colocar el producto en el mercado.



De ahí que presentáramos esta proposición no de ley, porque nos parecía que la preocupación transmitida era lo suficientemente importante como para que desde el


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Gobierno se tomasen medidas que pudieran resolver el problema dirigiéndose al Estado namibio, a las autoridades competentes, de manera que, como decimos en la propuesta, se pudieran habilitar formas que impidan el deterioro y la merma de la
calidad del producto.



No tenemos que decir nada más que entendemos que es una iniciativa nada complicada, es simplemente una intervención para buscar una fórmula que mejore esta cuestión. Por tanto, no entenderíamos mucho que algo que desde nuestro punto de
vista es tan elemental pudiera tener alguna complicación por parte del grupo mayoritario.



El señor PRESIDENTE: No hay enmiendas presentadas. ¿En turno de fijación de posiciones quiere tomar la palabra algún grupo? (Pausa.) El señor García Díez.



El señor GARCÍA DÍEZ: En principio no tenemos ninguna objeción ni reparo que hacer a esta iniciativa ni a todo lo que sea contribuir desde esta Comisión a facilitar y mejorar las condiciones, en este caso de una flota muy querida y especial
en la zona de La Guardia, en Galicia. Lo único que tengo que manifestar es que, cuando conocí la proposición no de ley, me entraron serias dudas al pensar cómo hemos podido llegado a esta situación en la que tenemos que traer a debate en el seno de
esta Comisión una cuestión que a mi entender podría verse resuelta por dos vías sin necesidad de haber llegado aquí, o bien por la gestión política que un Gobierno puede hacer con otro -y evidentemente no se ha intentado, no se ha hecho o ha
fracasado- o bien porque algunos técnicos del Gobierno español, del ministerio, pudieran haber hablado o desplazado su preocupación, su interés, ya no digo su queja formal, porque a lo mejor no hubiera sido necesario, para resolver un problema que,
como acaba de decir doña Olaia Fernández Davila, afecta a un tema tan serio y tan sensible como es la calidad de un producto, cuando se puede subsanar corrigiendo lo que es un protocolo de actuación, una forma de actuar en una inspección sanitaria o
una inspección de control de descarga en puerto. Por tanto, entiendo que, de haber actuado de esta otra manera, no hubiera sido necesario llegar a esto. No quiero más que terminar diciendo que el Grupo Popular apoyará esta iniciativa.



El señor PRESIDENTE: El señor Veiga Soto, por el Grupo Socialista, tiene la palabra.



El señor VEIGA SOTO: Namibia posee una de las zonas económicas exclusivas más ricas y productivas del planeta, una zona regada por los nutrientes transportados por la corriente del Benguela, que proporciona a las numerosas especies marinas
presentes en ella el mejor de los hábitats posibles. Esta ventaja diferencial de este caladero fue descubierta por los marineros gallegos en el momento en el que se vieron obligados a abandonar sus zonas de pesca ante la escasez de recursos y
caladeros rentables en nuestras aguas. Se crearon los primeros congeladores, el Lemos y el Andrade, destinados a faenar durante largos periodos de tiempo en caladeros muy alejados de su costa de origen, y las primeras embarcaciones partieron de
Vigo y de Marín hacia aguas de estas zonas del Atlántico. El primer destino del Lemos -el primer barco congelador del mundo, que costó por aquel entonces 30,4 millones de pesetas- fue el sur de Brasil, Uruguay y Argentina. En esos países ya se
conocía la existencia de merluza, pero no se practicaba la pesca industrial. El Lemos llenó sus bodegas enseguida y regresó a Vigo con 240 toneladas de pescado. Mientras tanto, el Andrade se dirigió a África del sur, en donde se sabía que había
merluza, pero no fue necesario que llegara tan al sur.
A la altura de Namibia la pesca fue tan abundante que llenó sus bodegas.



Armadores como Manuel Nores, cooperativas como la de San Miguel y empresas como Pesquerías Marinenses se embarcaron en ambiciosos proyectos de extracción de recursos en caladeros alejados, entre ellos el mencionado de Namibia, que
permitieron mantener las frágiles economías locales con estas iniciativas. Al mismo tiempo y como saben SS.SS., el proceso de nacionalización de las zonas económicas exclusivas se iba extendiendo por todo el mundo, generalizándose en la Convención
sobre derecho del mar de Naciones Unidas de 1982. Desde ese momento a los barcos españoles solo les quedó la posibilidad de mantener su presencia en estas zonas de pesca por dos vías: a través de acuerdos internacionales de pesca o creando
sociedades mixtas entre las empresas de capital español y las empresas de capital nacional, en este caso las de Namibia. Desde ese momento la gestión de los recursos de estas áreas pasó a manos de los países ribereños, como es natural, y ellos se
convirtieron en las autoridades competentes, con capacidad de gestionar la sostenibilidad de sus recursos, con mejor o con menor acierto, pero siempre con la legitimación de la soberanía sobre esos recursos, sobre sus recursos, se plasmaba en ese
acuerdo internacional antes referido este derecho.



En Namibia era patente la necesidad de establecer elementos de control y de gestión destinados a que la pesca, por un lado, se convirtiese en uno de los pilares fundamentales de su economía y, por otro, que ese crecimiento económico contase
con las garantías suficientes de sostenibilidad que asegurasen un firme y sólido futuro para su economía y para sus recursos. Este cambio de gestión no fue posible hasta el momento de su independencia en 1990 y basándose en el libro blanco Hacia un
desarrollo responsable del sector pesquero, un brillante instrumento de gestión estratégica realizado por el ministro de Pesca Helmut Angula, donde se plasmaba la preocupante situación de muchos de los bancos más importantes del caladero, como el de
merluza, el de atún, el de rape, el de especies pelágicas y, cómo no, el de pez espada, tema que hoy centra el debate de esta proposición no de ley. Al mismo tiempo, en ese documento se fijaban los tres principios básicos que han regido a lo largo
de este periodo la gestión de las pesquerías namibias:


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namibias: en primer lugar, recuperar los sobreexplotados recursos pesqueros namibios; en segundo, el establecimiento de un efectivo sistema de control y monitorización pesquera, y en tercero, el establecimiento de viables industrias de
extracción y procesados nacionales, con una máxima namibización del capital y de los puestos de trabajo y la puesta en valor de las clases previamente excluidas.



Siguiendo estos tres principios, la recuperación de los caladeros, el progresivo peso del sector pesquero en la economía nacional y la reinversión de los beneficios obtenidos en este sector para desarrollar un incipiente sector industrial
han sido una constante en la reciente historia de Namibia. Hoy, y gracias a estos instrumentos, podemos afirmar que Namibia cuenta con uno de los caladeros más importantes para la flota española, no solo para la palangrera, especialmente para la
guardesa, pero sí es cierto que para este tipo de arte en concreto reúne unas condiciones óptimas, siendo uno de los caladeros más importantes de los países pertenecientes al Iccat, la conocida Comisión Internacional para la Conservación de Atún del
Atlántico.



En todo momento los buques españoles tuvieron una buena acogida por parte de las autoridades namibias, es uno de los principales caladeros para nuestra flota y para los mercados españoles, y esto se vio reconocido con la presencia de
numerosos buques de capital español en esas aguas, empresas de transformación en sus zonas costeras, acuerdos formativos que ponían en valor el capital humano del país, etcétera. También es justo y necesario afirmar que en el desarrollo sostenible
del sector pesquero de Namibia ha sido fundamental en esta estrecha y fluida colaboración, tanto con el Estado español como con comunidades autónomas como la de Galicia, a través de su apoyo directo, formando y especializando tanto al sector como a
las autoridades pesqueras, como también con los empresarios españoles, la mayoría de ellos gallegos, como se puede confirmar al constatar que más de la mitad de los empleos generados por este sector en Namibia son proporcionados por ocho empresas
gallegas.



En cuanto al tema que nos trae hoy aquí, cabe reseñar que la pesca de pez espada en aguas del Atlántico sudoccidental es practicada por más de 55 palangreros españoles. Estos buques operan en su mayoría en aguas libres del citado océano al
amparo de las cuotas de pesca que posee España. Sin embargo, existe una parte mínima de ellos, 12 unidades en concreto, que lo hacen al amparo de contratos de fletamento conforme a la recomendación Cicaa 02-21, de fletamentos de barcos de pesca, y
con cargo a la cuota concedida por la Cicaa a los diferentes Estados costeros con los que se firman. De esas 12 unidades tan solo ocho lo hacen en aguas de Namibia, al amparo de contratos de fletamento en su mayoría con empresas mixtas poseedoras
de una licencia de pesca del citado país, lo que les habilita para capturar pez espada y tiburones en la zona económica exclusiva Namibia con cargo a su cuota.



La resolución antes citada, la 02-21, impone una serie de obligaciones, tanto al Estado de abanderamiento del buque, como al Estado que concede una licencia de fletamento. En concreto, el control de las capturas y la recolección de
información estadística recaen de forma específica en el Estado que concede la licencia. De acuerdo con el punto 11 de esta recomendación de fletamento, las capturas de los buques fletados deben desembarcarse exclusivamente en los puertos de la
parte fletadora o bajo su supervisión directa, indiferentemente de cuál sea su destino final.
Namibia, como parte contratante del Cicaa, está obligada a controlar las capturas realizadas por la flota con licencia que les habilite a estas
pesquerías. Este control implica la medición y pesado de la totalidad de las capturas con fines estadísticos y científicos. Este es el principal motivo que obliga a los buques de pabellón español que estén fletados a efectuar su actividad conforme
a las normas que establece Namibia, en especial, las relativas al control y verificación de sus capturas.
Asimismo, las empresas hispano-namibias de transformación utilizan una parte de las capturas realizadas por esta flota para su procesado y
envío al mercado español o a otros mercados como el de Brasil, por ejemplo.



No resulta adecuado solicitar a Namibia que relaje sus controles argumentando que existe una pérdida de calidad del producto, cuando la realidad es que esos controles apenas llevan unos minutos y no suponen una rotura de la cadena de frío.
Además, el pesado y control de las capturas es uno de los pilares en los que se sustenta la información con fines biológicos, que luego permite evaluar la estructura de los diferentes stocks pesqueros. Con esa información se puede determinar la
estructura de los stocks y permitir una mejor evaluación del recurso.



Por otro lado, el puerto de Walbis Bay, que sé que la ponente señora Fernández Davila conoce perfectamente a raíz de su visita a la región, es uno de los mejores de la zona, con excelentes servicios y una eficacia demostrada, por el hecho de
que una parte importante de la flota que opera en aguas libres, y por tanto no obligada a descargar sus capturas en Namibia, lo usa como punto de trasbordo, sin que hasta la fecha se haya recibido ninguna protesta por parte de los armadores.



Entendemos, desde el Grupo Socialista, que este tipo de controles no solo son adecuados sino que deberían extenderse a todas las flotas que operan en aguas internacionales, prohibiendo cualquier operación de trasbordo en alta mar y forzando
a las flotas de terceros países, en su mayoría asiáticas, a que tengan que acercarse a un puerto autorizado para realizar su trasbordo ante una autoridad de control, reclamación que el sector palangrero gallego, en concreto el guardés, ha
manifestado recientemente y que el Gobierno ha hecho suya en numerosas ocasiones.



El señor PRESIDENTE: Tiene que terminar, señor Veiga.



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El señor VEIGA SOTO: Acabo ahora mismo, señor presidente.



Por este motivo no podemos votar afirmativamente esta proposición no de ley y consideramos que lo más adecuado es instar al Gobierno a trabajar dentro del dentro de la Cicaa y de las demás organizaciones regionales de pesca de especies
pelágicas para que se prohíban los trasbordos de especies reguladas por éstas, y que se obligue a todos los buques a realizar los trasbordos en puertos autorizados ante las autoridades de control de los mismos. Pero esta es una iniciativa que
tendremos que debatir en una próxima Comisión.



- SOBRE LA ELABORACIÓN DE UN PLAN ESPECÍFICO PARA LA ADECUACIÓN DE LA FLOTA DE ARTES MENORES Y ARTESANALES A LAS NECESIDADES DEL TRATAMIENTO DEL PESCADO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente
161/002390.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 7.º y último del orden del día: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre la elaboración de un plan específico para la adecuación de la flota de artes menores y artesanales a las
necesidades del tratamiento del pescado. Para su defensa, tiene la palabra el señor Benito.



El señor BENITO SERRA: Esta tercera proposición no de ley que me toca defender y que cierra la sesión de hoy se refiere a la situación que está viviendo la flota que configura el censo de artes menores. Es sabido por todos que la flota
tiene una situación muy singular y compleja, con un elevado número de embarcaciones caracterizado por buques que, además de su escasa dimensión, son notablemente antiguos y algunos de ellos difícilmente se adaptan a las nuevas necesidades de una
pesca en condiciones. En este sentido, como la proposición no de ley no tiene ninguna enmienda, anticipándome a la probable respuesta que dé el diputado del Grupo Popular y repasando los antecedentes parlamentarios que tiene una iniciativa de estas
características, obviamente la proposición no de ley se basa también en otras actuaciones anteriores; curiosamente, excepto una pregunta oral del Grupo Parlamentario Popular, todas las demás, tanto las comparecencias como las proposiciones no de
ley, han sido presentadas desde 2006 por el Grupo Socialista. En este sentido, tanto la 161/1603 como la 161/1615 avanzan ya ese proceso de actuación. Esta proposición no de ley debe permitir reforzar sobre todo la calidad del pescado y el
cumplimiento de las exigencias sanitarias de la flota artesanal de artes menores.



No me voy a extender más en los detalles de las distintas actuaciones que ha llevado a cabo el ministerio en esta legislatura sobre este proceso de modernización y regularización de esta flota, y concluyo de la misma manera que he empezado,
diciendo que estas proposiciones no de ley resumen la actividad llevada por el Gobierno durante estos cuatro años y de alguna manera son una proyección hacia la próxima legislatura.



Quiero terminar mi intervención diciendo cariñosamente a mi oponente del Partido Popular que en política y en cualquier actividad los futuribles son imposibles. Por tanto, en tanto que es imposible, no me atrevo a negar que el próximo
Gobierno pueda ser del Partido Popular. Pero sí que hay improbables. Por tanto, incluso en la improbable posibilidad de que el futuro Gobierno que se genere en la próxima legislatura fuera del Partido Popular, estoy absolutamente convencido que
estaría contento con las tres proposiciones que, con mucha probabilidad, van a salir aprobadas y que las recomendaciones van a servir seguramente para cualquier Gobierno que haya en la próxima legislatura.



El señor PRESIDENTE: Pasamos, ahora sí, a la probable intervención del portavoz del Grupo Popular, señor Sánchez Ramos.



El señor SÁNCHEZ RAMOS: Mantengo buena relación, de la que me enorgullezco, con el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, aunque lógicamente tenemos ciertas diferencias y creo que el futuro Gobierno debe ser el mejor porque es el que
más necesitará el sector pesquero.
Pero tengo que decir, y no hablo desde la bancada de mi partido, que en estos cuatro años el Gobierno socialista no se ha volcado precisamente ni ha estado a la altura de la Champion League de la pesca, como era
de esperar y como se trata de vender.



Entrando en materia, esta proposición no de ley tiene un cierto tufillo electoral. Me explico. Presentar esta proposición no de ley cuando ya se sabe que no da tiempo de aplicar sus posibles efectos y no haberla presentado a principios de
legislatura significa que, o antes no había esa intención, o ahora nos acordamos del voto perdido que hay que pescar de alguna manera. Se va buscando más la rentabilidad electoral que el fin que realmente persigue esta proposición no de ley con la
que estamos de acuerdo. Yendo al tema de que cualquier gobierno haría algo bueno por el sector pesquero, no deberían desechar lo que ya hizo el Gobierno del Partido Popular, cuando en el año 2003 el FROM hizo un estudio denominado: Calidad a bordo
de los buques pesqueros, que abarca todo tipo de barcos, incluida la flota artesanal, y que reúne lo que es el fin de esta proposición no de ley. Allí se escogió a personal técnico especializado, se subió a bordo de los barcos, analizaron todas las
faenas, establecieron recomendaciones para obtener un pescado que respondiera a las necesidades de los consumidores, que se evitara el tiempo de exposición a la acción solar, que se mejorara su clasificación, incluso se trató hasta del anisakis para
impedir que emigrara desde el interior del músculo hasta el abdomen. Lo que nos parece mal es que esto no se tenga en cuenta y a la altura que estamos se pretenda hacer un nuevo plan, un nuevo estudio y una posible aplicación que llegaría al final
de la siguiente legislatura.



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Hubiera sido más honrado decir que se ha hecho ese estudio y que se puede mejorar, pero no ignorarlo, hacer uno nuevo y presentarlo ahora. Se lo digo con todo el cariño del mundo, ahora mismo el mejor plan que se podía presentar para la
flota artesanal es utilizar los fondos comunitarios que existen para su renovación y de esta manera se mejoraría el tratamiento del pescado y la seguridad de estos barcos. Desgraciadamente en mi provincia, Cádiz, hemos tenido un triste accidente
con el Nuevo Pepita Aurora, donde se puso de manifiesto la necesidad de mejorar la seguridad en estos buques. Por ello no vamos a apoyar esta proposición no de ley.
Tampoco vamos a votar en contra porque, como decía antes, impera el espíritu
navideño en estas decisiones, pero al ser extemporánea y para uso exclusivo electoral y no para beneficio del sector es por lo que no la apoyamos.



El señor PRESIDENTE: Concluido el orden del día estamos en condiciones de pasar a la votación. Solo nos queda que el señor Ramón Torres, que en este momento escucha poco, manifieste la aceptación o no de la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista a su proposición no de ley. Es la única duda que tiene pendiente la mesa para proceder a la votación.



Aunque ha habido alteración del orden del día, vamos a votar en el orden en que está recogido en la documentación oficial. Retirado el primer punto, votamos el punto 2.º del orden del día, proposición no de ley del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que se vota en el siguiente sentido: los cuatro primeros puntos de Izquierda Unida en sus términos tal como los recogía la proposición no de ley, el punto 5.º es el derivado de la transaccional con la
enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, y los puntos 6.º y 7.º las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) que quedan añadidas en sus términos.



Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.



Punto 3.º del orden del día. Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que se vota en los términos de la propia proposición no de ley más la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, que fue aceptada.



Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.



Punto 4.º del orden del día. Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, presentada la enmienda del Grupo Parlamentario Popular que ha sido aceptada. Por tanto, se vota en los términos de la proposición no de ley más la
enmienda del Grupo Parlamentario Popular.



Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.



Punto 5.º del orden del día. Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, que se vota en sus términos.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; abstenciones, 15.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



Punto 6.º del orden del día. Proposición no de ley del Grupo Socialista.
Se vota en sus propios términos al no haber sido aceptada la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; abstenciones, 15.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



Punto 7.º del orden del día. Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, que se vota en sus términos.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; abstenciones, 15.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



Punto 8.º del orden del día. Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, que se vota en sus términos.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra; 20; abstenciones, una.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Punto 9.º del orden del día. Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, que se vota también en sus términos.



Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.



Punto 10.º del orden del día. Transaccional derivada de los términos de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya más la enmienda del Grupo Socialista.



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Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.



En último lugar, punto 11.º del orden del día. Proposición no de ley del Grupo Mixto, que se vota en sus términos.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 18; abstenciones, una.



El señor PRESIDENTE: Hay que calcular el voto ponderado de acuerdo con la distribución de escaños en el Pleno. Por tanto, será el señor letrado el que nos ilumine. (Risas.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 169; en contra, 164; abstenciones, 10.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.



Agradezco su trabajo a lo largo de la tarde y la disciplina en el uso del tiempo.



Se levanta la sesión.



Eran las seis y veinticinco minutos de la tarde.